BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 47 Miércoles 24 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 22639
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
2848 Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de 
productos sanitarios en Castilla-La Mancha.
Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo 
la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Con  motivo  de  la  situación  de  emergencia  de  salud  pública  ocasionada  por  el 
COVID-19, que la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional el 11 
de  marzo  de  2020,  el  Gobierno  de  España  acordó  declarar,  mediante  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria en todo el territorio nacional, estableciendo en su artículo 12 las 
medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y, 
además, medidas para garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el 
territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que 
se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a todos en el ámbito sanitario a realizar 
importantes esfuerzos y trabajar de manera conjunta para vencer esta amenaza sin 
precedentes en el Sistema de Salud; sin embargo la deslocalización productiva, y la 
dependencia del mercado asiático, han condicionado la disponibilidad de determinados 
productos necesarios para hacer frente a la pandemia, lo que ha puesto de manifiesto la 
fragilidad  del  abastecimiento  de  productos  sanitarios,  y  la  existencia  de  graves 
dificultades  que,  aunque  momentáneas,  comprometen  seriamente  la  salud  de  la 
población.
En estas circunstancias, el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La 
Mancha post COVID-19, preveía la aprobación de una ley cuyo objetivo fuera crear 
reservas estratégicas de material sanitario básico, fomentando que la producción fuera 
en el territorio nacional y regional y orientando a ciertos sectores a su producción.
Por ello, las Cortes y el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de las 
competencias contenidas en el Estatuto de Autonomía, y en el cumplimiento de su deber 
de velar por la protección de la salud de su población, quieren dar un paso más y 
asumen el compromiso legal de garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento 
de todos aquellos productos sanitarios que se consideren esenciales, estableciendo a tal 
efecto una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha, así como la 
obligación  en  el  ámbito  de  los  centros,  servicios  y  establecimientos  sanitarios, 
sociosanitarios y sociales de la región, con independencia de su titularidad pública o 
privada, de mantenimiento de unas existencias mínimas de productos sanitarios que se 
determinen reglamentariamente.
Al objeto de cumplir con los objetivos anteriormente señalados, la presente ley 
dispone  la  creación  de  una  Corporación  de  Reservas  Estratégicas  de  Productos  e.
Sanitarios  para  garantizar  el  suministro  de  material  sanitario  en  situaciones  de  w.b
necesidad. 48ww
podiAdsoi mprisompoor,c idoandaor,  qcuoen  lsae r ahpai ddeezte yc teal daolc qaunece n ni eecl emsearrcioasd, ola nsa dcoiotancailo nnei se ls euufircoiepnetoe sh adne 
EdiPrigI’sid eans  laa sfa dciisliptaors liac iaodnqeus isaidciicóino ndael eesq dueip olas  pdree spernottee clecyió sne i nindcivluidyueanl  mpaerdai dhaasc eers fpreecnítfeic daes 
manera inmediata al impacto del COVID-19, con vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2022.
No obstante ello, las Cortes de Castilla-La Mancha y la Administración regional, 
reconocen y agradecen las donaciones de diferente material realizadas por distintas 
empresas, colectivos, asociaciones y particulares, durante los primeros meses de la 
pandemia. Gracias a todos ellos y a la unidad mostrada por los castellano-manchegos en 
general, la lucha contra la enfermedad ha podido ser librada en mejores circunstancias.
La presente ley cumple con los principios de buena regulación que se contienen en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, justificándose su necesidad al pretender establecer 
una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha que permita el 
suministro  de  material  en  situaciones  de  necesidad,  y  de  este  modo  garantizar  el 
derecho a la protección de la salud de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la presente ley se dicta en 
coherencia con el ordenamiento jurídico autonómico, y con respeto al ordenamiento 
nacional,  generando  un  marco  normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de 
certidumbre que facilita su aplicación por los operadores afectados por la misma.
En aplicación del principio de eficiencia esta ley no impone cargas administrativas 
innecesarias.
II
La presente ley consta de diecisiete artículos, y se estructura en cinco capítulos, tres 
disposiciones adicionales, y tres disposiciones finales.
El capítulo I describe el objeto y ámbito de aplicación, en el que se delimitan los tres 
ejes centrales de la ley, de una parte el establecimiento de una reserva estratégica de 
material y equipamiento sanitario, la obligación de los centros sanitarios, socio-sanitarios 
y sociales de dotarse de unas existencias mínimas de productos sanitarios, y en tercer 
lugar la creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de 
Castilla-La Mancha para su gestión.
El capítulo II, que consta de un único artículo, regula la reserva estratégica de 
material sanitario, definida como el conjunto de existencias de material sanitario que se 
determine  reglamentariamente,  y  que  estará  conformado  por  todas  aquéllas 
almacenadas en los centros obligados así como por las depositadas, en su caso, en la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
El capítulo III enumera las obligaciones que deben asumir los centros afectados por 
la presente ley, distinguiendo a tal efecto entre lo que sería la obligación principal de 
cubrir el umbral de existencias mínimas de seguridad que se determine por el Gobierno, 
y  el  resto  de  obligaciones  de  carácter  instrumental.  Así,  por  lo  que  respecta  a  la 
obligación de mantener las existencias de material sanitario, que deberán respetar un 
mínimo de 30 días de su consumo anual, los centros afectados deberán calcular antes 
del 30 de octubre la composición de su reserva estratégica en vigor para el 1 de enero 
del año siguiente. Para el cumplimiento de esta obligación, no será necesario que los 
centros  sean  propietarios  de  los  productos,  bastando  para  ello  con  acreditar  su 
disponibilidad. En todo caso las instalaciones para su almacenamiento deben estar 
ubicadas en la región.
La adquisición de los productos y materiales que resulten precisos para cubrir las 
existencias mínimas de los centros, debe efectuarse a través de la Corporación de  s
Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha, que a estos  e.
efectos actuará con sometimiento a las reglas de derecho privado. w.
Son obligaciones generales de los centros: a) facilitar la información que resulte  48ww
pnreioceristaarriioas,  bq)u ep osnee rs ae ñdailsepno, syic icó)n  pdreo cleadse ar uato rlaid aindsecsr ipcocirórens peonn duine nrteegsi sltoros  sguemneinraislt rdoes 
existencias. Para verificar el correcto cumplimiento de todas estas obligaciones, se
atribuye a las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, la labor de inspección de los centros.
El  capítulo  IV  describe  la  naturaleza  jurídica  de  la  Corporación  de  Reservas 
Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha configurada como entidad 
de derecho público con personalidad jurídica propia, de marcado carácter mercantil. 
Dicha  entidad  tiene  por  objeto  la  adquisición  y  gestión  del  material  sanitario  que 
conforma la reserva estratégica que permita atender las demandas de los miembros de 
la Corporación y asume funciones de supervisión y control respecto de los distintos 
sujetos obligados.
Finalmente  el  capítulo  V,  bajo  la  rúbrica  «Infracciones  y  Sanciones»  tipifica  las 
conductas  constitutivas  de  infracciones  administrativas  por  vulneración  de  las 
obligaciones establecidas en la presente ley, así como sus correspondientes sanciones, 
todo ello en el marco de los principios y procedimiento previstos en las Leyes 40/2015 
y 39/2015 respectivamente.
Como  medida  complementaria  destinada  a  evitar  que,  en  estos  escenarios 
excepcionales  de  pandemia  se  produzcan  situaciones  de  desabastecimiento,  la 
disposición adicional primera de la presente ley habilita al Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha para la adquisición, por el trámite de emergencia, de equipos de protección 
individual necesarios para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, el material 
sanitario  de  la  reserva  estratégica,  así  como  el  equipamiento  y  construcción  de 
infraestructuras sanitarias, fomentando que los materiales sanitarios sean elaborados por 
empresas locales que tienen o pueden tener la capacidad necesaria para producirlos, 
facilitando su posterior adquisición, y así contribuir al estímulo económico de la región. 
En este sentido se prevé que la Administración pueda abonar las materias primas o los 
productos acabados por adelantado, así como otorgar incentivos.
En cuanto a la colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el 
Colegio de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha para la dispensación activa de las 
especialidades farmacéuticas, los efectos y accesorios, las fórmulas magistrales y los 
preparados  oficiales  que  estén  incluidos  en  la  prestación  farmacéutica  del  Sistema 
Nacional de Salud, se toma en consideración el marco normativo actual, en particular la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, dicha 
colaboración entre ambas partes queda excluida del ámbito de la contratación pública y, 
por ende, debe instrumentarse mediante la figura del convenio de colaboración, como 
así se recoge en la disposición adicional segunda.
La disposición adicional tercera introduce la habilitación legal necesaria para la 
puesta en marcha de un registro para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, así 
como de una App que controle el acceso de personas a establecimientos de ocio o 
donde se realicen eventos multitudinarios, en cumplimiento de la normativa en materia 
de protección de datos.
Por último, la disposición final primera introduce, por seguridad jurídica, un régimen 
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables 
en Castilla-La Mancha ante el COVID-19.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La presente ley tiene por objeto: b
seasntriabatat))é  rigoEEiscss att aaedbbnell  eemcceaeel trre  álraeima nolb  byiltal oieg  qaCudcoiiepóm anum lodniseeid  namtcdoae  tnnAettceruonntósoim,nl óoigesminecatroov   isdcdaeieon  sieCt axariysiso tte.ielnlasc-tiaLabasl  emMcíiamnnimiechnaatso  sdu en sapa ronreditsauercirotvosas,    OE-A-2021-28able en https://
sociosanitarios y sociales.
c)  Creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de 
Castilla-La Mancha para la gestión de las reservas estratégicas de productos sanitarios 
en Castilla-La Mancha.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Las medidas previstas en esta ley serán de aplicación a los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales ubicados en Castilla-La Mancha, 
cualquiera que sea su titularidad, en los términos establecidos en sus disposiciones de 
desarrollo.
CAPÍTULO II
Reserva estratégica de material sanitario de Castilla-La Mancha
Artículo 3.  Reserva estratégica de material sanitario.
1.  La  reserva  estratégica  es  el  conjunto  de  existencias  mínimas  de  material 
sanitario, cuyo objetivo es garantizar su disponibilidad, de forma que se pueda dar una 
respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencias, catástrofes o amenazas 
epidémicas,  así  como  ante  cualquier  otra  situación  excepcional  que  suponga  una 
dificultad en el abastecimiento de material sanitario, equivalente a un mínimo de 120 días 
de su consumo anual.
2.  La reserva estratégica estará compuesta por las existencias mínimas de material 
sanitario que se establezcan reglamentariamente en cuanto a cantidad y tipo de material, 
almacenadas en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y 
sociales y por las depositadas por éstos, en su caso, en la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha, hasta alcanzar entre ambas 
el mínimo recogido en el apartado anterior.
CAPÍTULO III
Existencias mínimas de material sanitario
Artículo 4.  Existencias mínimas.
1.  Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, 
cualquiera  que  sea  su  titularidad,  que  desarrollen  su  actividad  en  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, deberán mantener en todo momento unas existencias 
mínimas de los productos sanitarios en la cuantía y duración que se determine en la 
presente ley y sus disposiciones de desarrollo con un mínimo de 30 días de su consumo 
anual.
El resto de productos hasta completar la reserva estratégica fijada en el artículo 
anterior podrán ser gestionados a través de la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
2.  Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para que, con anterioridad 
al 30 de octubre de cada año, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
sociosanitarios  y  sociales  obligados  puedan  calcular  la  composición  de  su  reserva 
estratégica en vigor a partir del 1 de enero del año siguiente.
3.  Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales  e.
obligados podrán cumplir sus obligaciones de existencias mínimas, en los términos que  w.b
reglamentariamente se establezcan, mediante existencias que sean de su propiedad o  48ww
esté4n.  a Lsua sp leenxais tdeinspcioassi cimónín eimn avsir tudde  dme alotesr ciaol rrseasnpiotanrdioie ndteebse croánnt raetsotsa.r  disponibles  en
ienxsitsatelanccioianse ms ínuibmicaasd.as  en  Castilla-La  Mancha  para  poder  ser  contabilizadas  como
Artículo  5.  Obligaciones  generales  de  los  centros,  servicios  y  establecimientos 
sanitarios, sociosanitarios y sociales.
1.  Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales 
deberán cumplir las directrices dictadas por las Consejerías de Sanidad y de Bienestar 
Social,  respecto  de  sus  instalaciones  y  mantenimiento,  seguridad,  calidad  de  los 
productos y facilitar a ambas Consejerías, así como a la Corporación de Reservas 
Estratégicas  de  Productos  Sanitarios,  la  información  necesaria  para  acreditar  el 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
2.  Igualmente,  quedarán  obligados  a  poner  a  disposición  de  las  autoridades 
correspondientes los suministros prioritarios que se señalen por razones sanitarias o 
dificultad en el abastecimiento.
3.  En todo caso, las instalaciones en las que se almacenen productos sanitarios, 
computables a efectos de existencias mínimas, deberán estar inscritas en un registro 
general de existencias  gestionado por la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
Artículo 6.  Inspección.
1.  La inspección del cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales 
de Castilla-La Mancha corresponderá a las Consejerías con competencias en materia de 
sanidad y de bienestar social, respectivamente.
2.  En ambos casos se podrá disponer el inicio de expediente sancionador de oficio 
o a instancia de la Corporación de Reservas Estratégicas de Material Sanitario.
CAPÍTULO IV
Corporación de Reservas Estratégicas de Material Sanitario
Artículo 7.  Corporación de Reservas Estratégicas de Material Sanitario.
1.  Se crea la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de 
Castilla-La Mancha como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se regirá por lo previsto en la 
presente  ley  y  las  disposiciones  que  la  desarrollen.  Su  régimen  económico,  de 
contratación y patrimonial, se regirán conforme al derecho privado, salvo las actuaciones 
que supongan el ejercicio de funciones públicas.
2.  La  Corporación  tiene  por  objeto  la  adquisición,  constitución,  promoción, 
mantenimiento, gestión de las reservas estratégicas de material sanitario y el control de 
las  existencias  mínimas  de  seguridad  almacenadas  por  los  centros,  servicios  y 
establecimientos mencionados en el art. 2, todo ello con el contenido que se determine 
reglamentariamente, así como la ejecución de cuantos actos de naturaleza mercantil 
sean necesarios para dar cumplimiento a la presente ley.
3.  La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La 
Mancha estará sujeta en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de la 
JCCM, que la ejercerá a través de la Consejería con competencias en materia de 
sanidad.
4.  Ante situaciones de emergencias, catástrofes o amenazas epidémicas, así como  s
ante  cualquier  otra  situación  excepcional  que  suponga  una  dificultad  en  el  e.
abastecimiento de material sanitario, su finalidad, en coordinación con las Consejerías  w.
de Sanidad y Bienestar Social, será garantizar: 48ww
a)  La defensa de la salud de la población mediante el mantenimiento de reservas
pdreo dpurcotdousc tossa nsitaanriitoasr iose ny   elol s cocnetrnotlr odse,   lases rveicxiiosste ncyi ase smtaínbilmecaims iednet osse gsuarindiatadr iodse, 
sociosanitarios y sociales.
b)  La continuidad del suministro coordinando la puesta a disposición de los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales que lo precisen, de las 
existencias de productos almacenados.
Artículo 8.  Funciones.
1.  Reglamentariamente  se  desarrollarán  las  funciones  de  la  Corporación  de 
Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha y se establecerá 
su  organización  y  régimen  de  funcionamiento,  así  como  el  procedimiento  de 
comunicación de información entre las Consejerías competentes para la inspección y la 
Corporación.
2.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  apartado  primero,  la  Corporación  de 
Reservas  Estratégicas  de  Productos  Sanitarios  de  Castilla-La  Mancha  realizará  las 
siguientes funciones:
a)  Identificación,  verificación,  contabilidad  y  control  de  las  existencias  mínimas 
definidas en esta ley y sus disposiciones de desarrollo para los ser centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, cualquiera que sea su titularidad, 
que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b)  Establecer un inventario detallado y permanentemente actualizado de toda la 
reserva estratégica de material sanitario.
c)  Publicar  de  manera  permanente  información  completa  sobre  la  reserva 
estratégica de material sanitario.
d)  Mantener y gestionar la reserva estratégica de material sanitario y las existencias 
mínimas definidas en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
e)  Prestar servicios de información, formación y asesoramiento necesarios para 
garantizar la reserva estratégica de material sanitario a fin de prestar una adecuada 
diversificación de los suministros de material.
f)  Autorizar a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y 
sociales, la cesión de productos sanitarios.
g)  Promover acciones de colaboración y prestar apoyo técnico a las Consejerías 
con competencias en materia de sanidad y de bienestar social como agente activo en el 
sector de la logística sanitaria.
h)  Proponer a las Consejerías  con  competencias  en materia de sanidad y de 
bienestar  social  las  actuaciones  necesarias  para  garantizar  el  mantenimiento  de  la 
reserva estratégica de material sanitario, así como colaborar con ellas proporcionando 
información, asesoramiento respecto a la reserva estratégica de material sanitario.
i)  Proponer  a  la  autoridad  competente  la  iniciación  de  los  expedientes 
sancionadores cuando proceda e informar sobre el cumplimiento de las obligaciones 
sobre  existencias  mínimas  de  los  sujetos  obligados  en  esta  ley  y  su  desarrollo 
reglamentario.
j)  La adquisición y supervisión de productos para cubrir las existencias mínimas en 
los centros, servicios y establecimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente ley.
k)  Elaborar, aprobar y gestionar su presupuesto.
l)  Aquellas otras funciones relativas a la reserva estratégica de material sanitario 
que  le  sean  encomendadas  por  las  Consejerías  con  competencias  en  materia  de 
sanidad y de bienestar social.
Artículo 9.  Patrimonio y recursos. bo
Sadaqnu1iti.ae rriaoE sel  ndp eea lt Creiamjesrotcinlilciaoi-o L dade eM  saulans c ahCcaot irvepidsotaraadrceáis ói.nn tedgera dRoe pseorrv laoss  bEiesntreasté gy icdaesr ecdheo sP qroudeu ecstotas   2021-2848n https://ww
2.  La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La 
Mancha contará para el cumplimiento de sus fines con los recursos que se establezcan 
reglamentariamente y en sus estatutos.
3.  La adquisición de productos para cubrir las existencias mínimas en los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales, titularidad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, deberá efectuarse a través de la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha.
Artículo 10.  Acuerdos de Colaboración.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La 
Mancha, en el ámbito de sus funciones, podrá llegar a acuerdos de colaboración con 
otras entidades encargadas de las reservas o depósitos de material sanitario que se 
puedan crear en el ámbito estatal o autonómico, así como con otras entidades para el 
desarrollo  e  implantación  de  instalaciones  de  producción  de  material  sanitario  en 
Castilla-La Mancha.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 11.  Procedimiento sancionador.
1.  El  régimen  sancionador  aplicable  en  materia  de  existencias  mínimas  de 
productos sanitarios será el establecido en la presente ley.
2.  Las infracciones administrativas establecidas en la presente ley se entenderán 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan 
incurrir.
3.  Se atribuye la potestad sancionadora en materia de existencias mínimas de 
productos sanitarios a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.
4.  El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
5.  El plazo máximo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores 
para  las  infracciones  administrativas  tipificadas  en  esta  ley  será  de  6  meses. 
Transcurrido  este  plazo  sin  resolución  expresa,  se  declarará  la  caducidad  del 
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones.
Artículo 12.  Infracciones muy graves.
1.  Son infracciones muy graves:
a)  La resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones inspectoras que hayan 
sido acordadas.
b)  El  incumplimiento  reiterado  por  parte  de  los  sujetos  obligados  a  ello,  de 
conformidad con la normativa vigente, de las condiciones de calidad de las existencias 
mínimas.
c)  El incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas 
sobre  existencias  mínimas,  cuando  supongan  una  alteración  significativa  del  citado  e.e
régimen de existencias mínimas. b
d)  La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento que se  48ww
spirgeus2iee.n ntteeIg  acu ualaalm nAdedonm tdeinu, irssatenrartáecn iól onisn  Pftrraúecbscl iiacoañn,oe ass s aím nctuoeymr ioogr resasuv  eans os  ulpa rsce osimnefnirsataicóccniió ohnnu eebsnie  fgroarra msviedaso y   idmpelapl zuaoer.stítcau alol   OE-A-2021-28able en https://
infractor sanción firme por el mismo tipo de infracción.
Artículo 13.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)  Las  acciones  u  omisiones  que  supongan  incumplimiento  de  las  medidas 
establecidas por las Consejerías con competencias en materia de sanidad y de bienestar 
social en aplicación de lo previsto en la presente ley y no tengan incidencia apreciable en 
el mantenimiento de existencias mínimas.
b)  El incumplimiento de las medidas de seguridad, aun cuando no supongan peligro 
manifiesto para los bienes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones de mantener una base de datos de todas 
las existencias mínimas, así como de dotarse de los sistemas informáticos necesarios 
que permitan la consulta de los datos del registro.
d)  Demora injustificada superior a 30 días en la constitución del umbral mínimo de 
existencias mínimas de productos sanitarios.
Artículo 14.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  El incumplimiento por parte de los sujetos obligados a ello de sus obligaciones 
en relación con las existencias mínimas cuando no tenga consideración de infracción 
grave o muy grave.
b)  Demora injustificada superior a 15 días en la constitución del umbral mínimo de 
existencias mínimas de productos sanitarios.
Artículo 15.  Graduación de las sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta, 
además de las circunstancias previstas en el art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, las siguientes:
a)  El incumplimiento de advertencias previas.
b)  La gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
c)  El perjuicio causado y el número de personas afectadas.
d)  La afectación directa a un colectivo de personas especialmente protegido.
e)  Los beneficios obtenidos con la infracción.
f)  La permanencia o transitoriedad de los riesgos.
g)  La concurrencia con otras infracciones o el haber servido para facilitar u ocultar 
la comisión de otra infracción.
Artículo 16.  Sanciones.
1.  Las infracciones previstas en esta ley se graduarán y serán castigadas con las 
siguientes sanciones:
a)  Por infracciones leves:
1.º  En grado mínimo: multa de hasta 3.000 euros.
2.º  En grado medio: multa de 3001 euros hasta 6.000 euros.
3.º  En grado máximo: multa de 6.001 euros hasta 12.000 euros. es
b)  Por infracciones graves: w.
21..ºº   EEnn  ggrraaddoo  mmeíndimioo: :m muultalta d dee 2 142.0.00011 e euuroros sh haastsata 4 284.0.00000 e euuroros.s.
3.º  En grado máximo: multa de 48.001 euros hasta 96.000 euros.
c)  Por infracciones muy graves:
1.º  En grado mínimo: multa de 96.001 euros hasta 160.000 euros.
2.º  En grado medio: multa de 160.001 euros hasta 320.000 euros.
3.º  En grado máximo: multa de 320.001 euros hasta 600.000 euros.
2.  Los anteriores límites se podrán superar en el supuesto de que la sanción resulte 
más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, hasta un 
límite del doble del beneficio ilícito obtenido.
Artículo 17.  Órganos competentes para sancionar.
1.  El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es 
el  órgano  competente  para  imponer  sanciones  superiores  a  160.000  euros  por 
infracciones muy graves.
2.  Para  imponer  las  sanciones  no  previstas  en  el  apartado  anterior  serán 
competentes los órganos correspondientes de las Consejerías con competencias en 
materia de Sanidad y de Bienestar Social, según se trate de un centro sanitario o 
sociosanitario, respectivamente.
Disposición adicional primera.  Contratación de emergencia.
1.  Para el tratamiento y la prevención de la COVID-19, el Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha podrá llevar a cabo mediante contratación de emergencia, hasta 
el 31 de diciembre de 2022:
a)  La adquisición de equipos de protección individual.
b)  El  equipamiento  de  las  infraestructuras  sanitarias  existentes,  así  como  la 
construcción de nuevas infraestructuras sanitarias y su equipamiento.
c)  El material sanitario de la reserva estratégica.
2.  El acuerdo de adquisición tiene que establecer el procedimiento de aceptación o 
comprobación mediante el cual se verificará la conformidad de los productos con lo que 
dispone el contrato.
3.  Si es necesario, se pueden hacer pagos por anticipado. La entrega de los fondos 
necesarios para afrontar estos gastos se puede llevar a cabo a justificar.
4.  El Gobierno de Castilla-La Mancha puede establecer incentivos económicos para 
las empresas de la región que produzcan y distribuyan este material en el ámbito de la 
comunidad autónoma, así como abonar las materias primas o los productos acabados 
por adelantado.
Disposición adicional segunda.  Colaboración entre el Sescam y el Consejo de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.
1.  La  colaboración  entre  el  Sescam  y  el  Consejo  de  Colegios  Oficiales  de 
Farmacéuticos de Castilla-La Mancha para la dispensación activa de las especialidades 
farmacéuticas, efectos y accesorios, fórmulas magistrales y preparados oficiales que 
estén  incluidos  en  la  prestación  farmacéutica  del  Sistema  Nacional  de  Salud  está 
excluida del ámbito de la contratación pública y se instrumenta mediante un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones.
2.  El  Sescam  abonará  al  Consejo  de  Colegios  Oficiales  de  Farmacéuticos  de  e.
Castilla-La Mancha el importe de la factura correspondiente a las recetas médicas  w.
oficiales de los medicamentos que sean totalmente o parcialmente financiados por el  48ww
Shaisytae mcau mNpalicmioennatal ddoe  eSl aflaurdm, aqcuéeu tsiceoa nd ev áalciduaesr,d os ec ohna yloa nq udeis peesntasbaldeoc ec oerl reccotnavmeenniot ed ey 
colaboración.
Disposición adicional tercera.  Establecimiento de un registro para el seguimiento y 
vigilancia epidemiológica.
1.  Al amparo de los artículos 23 y 26 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  la  Administración  de  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  a  propuesta  de  la  autoridad  sanitaria,  podrá 
establecer como medida de control respecto de las actividades en los locales de ocio, 
hostelería  y  restauración,  así  como  en  los  que  se  celebren  eventos  y  actividades 
multitudinarias, el registro de clientes o espectadores en el interior de sus locales o 
establecimientos para reforzar las condiciones de rastreo y seguimiento de contactos 
relacionados con casos del coronavirus.
2.  Será obligatorio para los titulares de los locales o establecimientos, así como 
para los organizadores de eventos, previstos en el apartado primero, colaborar con las 
autoridades sanitarias en la confección de un registro de información de todas las 
personas que accedan a los mismos en los términos que se definan reglamentariamente.
El registro y uso del sistema de control de datos será igualmente obligatorio para los 
clientes en los términos que se definan reglamentariamente.
3.  La toma de datos se hará a través de una app creada y gestionada por la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo responsable del 
tratamiento será la Dirección General de Salud Pública.
4.  El  tratamiento  de  la  información  de  carácter  personal  que  se  realice  como 
consecuencia  de  lo  previsto  en  el  apartado  segundo,  se  hará  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  En  particular,  las  obligaciones  de 
información a los interesados relativas al tratamiento de sus datos se ajustarán a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016.
5.  El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica, 
reforzando la trazabilidad de los contactos en caso de detección de un positivo de 
COVID-19 en un cliente. Los datos recabados serán utilizados exclusivamente con esta 
finalidad.
6.  Reglamentariamente se desarrollará la recogida y cesión de datos del registro de 
información  con  pleno  respeto  a  los  principios  recogidos  en  el  título  II  de  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales.
Disposición final primera.  Régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas 
de prevención y contención aplicables en Castilla-La Mancha ante el COVID-19.
Uno.  Objeto.
Constituye  el  objeto  de  esta  disposición  final  el  establecimiento  de  deberes  de 
cautela y protección, medidas de vigilancia y control, así como del régimen sancionador 
que  garantice  el  cumplimiento  de  las  medidas  y  obligaciones  contenidas  en  las 
disposiciones o en los actos en materia de salud pública adoptados por la autoridad 
estatal o autonómica como consecuencia de la COVID-19.
Dos.  Ámbito territorial de aplicación. e.
Las  disposiciones  contenidas  en  la  disposición  final  se  aplicarán  a  los  hechos,  48ww
Cacacsitoilnlae-sL au  Moamniscihoan.es realizados en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de
Tres.  Actividad inspectora y de control.
1.  Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en 
la presente disposición final serán efectuadas por cualquier agente de la autoridad y 
personal funcionario debidamente acreditado de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha o de las entidades locales.
2.  La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrá solicitar a la Delegación 
del Gobierno que se cursen las correspondientes instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado dependiente de su autoridad, en relación con su participación 
en las tareas de inspección y control que correspondan.
Del mismo modo, a través de las entidades locales respectivas, se podrán cursar 
instrucciones para la coordinación de actividades y unificación de criterios de inspección 
y vigilancia.
3.  Las actas de infracción o denuncias formuladas por los funcionarios al servicio 
de la Administración autonómica y local que desarrollen actividades de inspección, la 
Policía Local, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado serán remitidas al 
órgano que ostente las competencias para su tramitación y posterior resolución.
Cuatro.  Infracciones.
1.  Se consideran infracciones leves:
a)  El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención 
y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o 
locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la salud 
de  la  población.  Se  entiende  por  incumplimientos  que  puedan  suponer,  directa  o 
indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la población aquellos que 
produzcan un riesgo de contagio de menos de 10 personas.
b)  El incumplimiento en los locales de ocio, hostelería y restauración, o en los que 
se celebren eventos y actividades multitudinarias, del deber general de colaboración con 
las autoridades sanitarias en la confección de un registro de información de todas las 
personas que accedan a los mismos como consecuencia del COVID-19.
c)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido,  en  la  celebración  de  congresos,  encuentros,  reuniones  de  negocios, 
conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o 
privada, cuando no suponga riesgo de contagio o este pueda afectar a menos de 10 
personas.
d)  Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las 
medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, siempre que supongan o puedan suponer un riesgo o un 
daño leve para la salud de la población.
e)  El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado de 
las mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes.
f)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  establecimientos  abiertos  al  público  o 
actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del 
local, la distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla, 
como medidas de prevención de la COVID-19.
g)  El incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos 
y actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra el COVID-19.
h)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que  e.
hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de  w.
la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los  48ww
qleuvee  speaara  elax igsaibluled,  dceu alan dpoo bplauceidóenn., directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo
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entretenimiento,  ocio,  hostelería  y  restauración  y  en  cualquier  otro  tipo  de 
establecimiento abierto al público.
A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan 
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la población 
aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de 10 personas.
2.  Se consideran infracciones graves:
a)  El  incumplimiento  de  las  medidas  generales  o  específicas  de  higiene  y 
prevención establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o 
locales, públicos o privados, cuando este no sea constitutivo de una infracción leve ni 
muy grave.
b)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido  en  la  celebración  de  congresos,  encuentros,  reuniones  de  negocios, 
conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o 
privada que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y 
puedan suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.
Se entiende por incumplimientos que puedan suponer, directa o indirectamente, un 
riesgo o un daño grave para la salud de la población aquellos que produzcan un riesgo 
de contagio de entre 10 y 100 personas.
c)  El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes de 
contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya 
establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para la 
contención del COVID-19.
d)  La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las 
autoridades  competentes  o  a  sus  agentes,  así  como  el  suministro  de  información 
inexacta.
e)  El  incumplimiento,  de  forma  reiterada,  en  los  locales  de  ocio,  hostelería  y 
restauración, o en los que se celebren eventos y actividades multitudinarias, del deber 
general de colaboración con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de 
información de todas las personas que accedan a los mismos como consecuencia del 
COVID-19 cuando éste no sea constitutivo de infracción muy grave.
f)  El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad 
sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan 
dado positivo en COVID-19.
g)  No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las 
autoridades competentes, así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico 
de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria.
h)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de 
la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los 
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo 
grave para la salud de la población.
i)  La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el 
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan 
suponer,  directa  o  indirectamente,  un  riesgo  o  un  daño  grave  para  la  salud  de  la 
población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 10 y 100 personas. e.
3.  Se consideran infracciones muy graves: 48ww
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riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
b)  El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, permitido en la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, 
conferencias y eventos promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o 
privada cuando este pueda, directa indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy 
grave para la salud de la población.
c)  El  incumplimiento  de  forma  reiterada  en  los  locales  de  ocio,  hostelería  y 
restauración, o en los que se celebren eventos y actividades multitudinarias, del deber 
general de colaboración con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de 
información de todas las personas que accedan a los mismos como consecuencia del 
COVID-19 o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si éste puede comportar 
daños muy graves para la salud.
d)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de 
la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los 
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo 
muy grave para la salud de la población.
e)  Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes o sus agentes.
f)  La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en 
el plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
A  los  efectos  del  presente  artículo,  se  considera  que  un  incumplimiento  puede 
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o daño muy grave para la salud de la 
población, si produce un riesgo de contagio de más de 100 personas.
Cinco.  Sanciones.
1.  A  las  infracciones  leves  les  corresponde  una  sanción  de  multa  desde  100 
hasta 3.000 euros.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, al incumplimiento de la obligación de 
uso de mascarillas o uso inadecuado de las mismas le corresponderá una sanción de 
multa de 100 euros.
2.  A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa desde 3.001 
hasta 60.000 euros.
3.  A  las  infracciones  muy  graves  les  corresponde  una  sanción  de  multa 
desde 60.001 hasta 600.000 euros.
4.  En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, 
riesgo  y  circunstancias,  el  órgano  al  que  corresponda  resolver  el  procedimiento 
sancionador podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el 
cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición 
de realizar la actividad, durante el plazo máximo de dos meses.
5.  En los casos de infracciones muy graves, el órgano al que corresponda resolver 
el procedimiento sancionador podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia 
del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción 
o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cuatro meses.
6.  Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las 
circunstancias concurrentes atendiendo especialmente a los siguientes criterios:
a)  El riesgo para la salud pública.
b)  La transcendencia del daño o el perjuicio causado a la salud pública.
c)  El número de personas afectadas. e.
d)  El grado de culpabilidad o dolo. w.
e)  El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción. 48ww
f)  La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
Seis.  Responsabilidad.
1.  Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente disposición final 
las  personas  físicas  o  jurídicas  que,  por  acción  u  omisión,  incumplan  las  medidas 
adoptadas para la contención del COVID-19.
2.  Los  titulares  de  establecimientos  públicos,  así  como  los  organizadores  o 
promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas serán responsables de 
las infracciones administrativas reguladas en la presente disposición final, cometidas por 
quienes  intervengan  en  el  espectáculo  o  actividad,  y  por  quienes  estén  bajo  su 
dependencia, cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.
3.  Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, o si la infracción fuera imputable a varias personas y no resultara posible 
determinar  el  grado  de  participación  de  cada  una  de  ellas,  responderán  de  forma 
solidaria de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se 
impongan.
4.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  asimismo  serán  responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en 
sus  actividades  quienes  ocuparan  el  cargo  de  administrador  en  el  momento  de 
cometerse la infracción siempre que no realicen los actos que sean de su incumbencia 
para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  infringidas,  adopten  acuerdos  que  hagan 
posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.
5.  Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, 
tutores o guardadores legales.
Siete.  Órganos competentes.
1.  El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador corresponderá al titular 
de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en materia de sanidad en 
cuyo territorio se haya cometido la presunta infracción. En el caso de que la presunta 
infracción  pueda  entenderse  cometida  en  más  de  una  provincia  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Castilla-La  Mancha,  corresponderá  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador al titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en cuyo 
territorio tenga su domicilio la persona física o jurídica presuntamente responsable.
En el supuesto de que la presunta infracción se haya cometido en el territorio de más 
de una provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el domicilio de la 
presunta persona infractora se encuentre fuera del territorio de Castilla-La Mancha, la 
iniciación  del  procedimiento  sancionador  corresponderá  a  la  persona  titular  de  la 
Delegación Provincial competente en materia sanitaria que se designe por el órgano 
directivo central competente en la materia de salud pública.
2.  Serán  competentes  para  resolver  los  procedimientos  sancionadores  y  para 
imponer las sanciones pecuniarias correspondientes, los siguientes órganos:
a)  La persona titular de la Delegación Provincial competente en materia sanitaria 
cuando la cuantía de la sanción no exceda de 60.000 euros.
b)  La persona titular de la Consejería con competencia en materia sanitaria cuando 
la cuantía de la sanción esté comprendida entre 60.001 y 100.000 euros.
c)  El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha desde 100.001.
Ocho.  Prescripción. e.e
1.  Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy  48ww
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Disposición final segunda.  Autorización de desarrollo.
Se  faculta  al  Consejo  de  Gobierno  para  que  dicte  las  disposiciones  que  sean 
necesarias para el desarrollo reglamentario y aplicación de esta ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días siguientes al de su publicación en el 
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 16 de octubre de 2020.–El Presidente, Emiliano García-Page Sánchez
(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». número 215, de 26 de octubre de 2020)