BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72821
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10008 Sala Segunda. Sentencia 95/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 5050-2019. Promovido por las entidades Grupo Luzelma, S.L., y 
Santa Victoria, S.L., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera  instancia  de  Algeciras  en  incidente  de  tasación  de  costas. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): tasación de 
las  costas  que  ignora  la  declaración  del  proceso  como  de  cuantía 
indeterminada.
ECLI:ES:TC:2021:95
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso  de amparo núm.  5050-2019, promovido por las entidades Grupo 
Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L., contra la providencia de 17 de junio de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Algeciras, que inadmitió a trámite el incidente 
de  nulidad  de  actuaciones  promovido  contra  al  auto  de  28  de  mayo  de  2018, 
desestimatorio del recurso de revisión previamente formalizado contra el decreto de 19 
de abril de 2018 de la letrada de la administración de justicia de dicho juzgado, que 
había denegado la impugnación de la tasación de costas realizada por esta en el 
procedimiento ordinario núm. 1329-2011. Han comparecido y formulado alegaciones don 
Fernando Ignacio Larios de Soto, don Pablo José Larios de Soto, doña Ana Maravillas 
Larios de Soto, doña Mónica de Soto Beltrán de Lis, doña Mónica Larios de Soto, doña 
María Luisa Larios de Soto y don Luis Jerónimo Larios de Soto. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito, que tuvo entrada en el registro de este tribunal el día 3 de 
septiembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos Villanueva Nieto, en 
nombre y representación de las mercantiles Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L., 
con la asistencia de la letrada doña María Isabel Nevado del Campo, interpuso un 
recurso de amparo contra las resoluciones indicadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos relevantes para el examen de la presente demanda de amparo son  es
los siguientes: o
a)  El día 7 de julio de 2011 las entidades Santa Victoria, S.L., y Metalcover, S.L.  008ww
(dheo yp aGsrou pcoo nLturaz ellomsa t,i tSul.aLr.e) si ndteer pvuasriiearso nfi nucnaas  dae mfina nddea  pdoed ecor nasctictuecdieórn  ad eu nsoesr vtideurrmenbores 
ednec Plarvimaedroas  Iqnustea npceirate nnúemcí.a 2n  dae l aAslg aecctiorarass (,p croocrreedsipmoienndtieon odrod insua rcioo nnoúcmim. 1ie3n2t9o- 2a0l 1J1u)z.gado  BOE-A-cable e
La demanda fue desestimada mediante sentencia de 26 de junio de 2015, en cuyo 
antecedente segundo se afirma que «al tiempo de presentarse la demanda no se conoce 
el predio sirviente por el que se constituirá la servidumbre de paso, ya que ni existe 
precio satisfecho para su constitución, pues no se ha constituido todavía, ni existe precio 
de adquisición, al tratarse de una constitución ex novo, ni se conoce el predio sirviente 
para, sumado el valor del predio dominante, calcular la vigésima parte de la suma de los 
valores del predio sirviente y dominante, regla que sirve para el cálculo de la cuantía en 
supuestos de acciones reales de servidumbres (art. 251.5 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: LEC), por lo que ha de entenderse que el asunto es de cuantía indeterminable, 
pronunciándose en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 21 
de abril de 2008». En aplicación del art. 394.1 LEC, las costas causadas se impusieron a 
la parte vencida.
La anterior resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 
de Algeciras, en virtud de sentencia de 5 de diciembre de 2016, que desestimó el 
recurso  de  apelación  interpuesto  contra  la  misma  por  las  mercantiles  ahora 
demandantes  de  amparo.  Esta  sentencia  impuso  las  costas,  también,  a  las 
demandantes.
b)  La representación procesal de don Fernando Ignacio Larios de Soto, don Pablo 
José Larios de Soto, doña Ana Maravillas Larios de Soto, doña Mónica Larios de Soto, 
doña María Luisa Larios de Soto y don Luis Jerónimo Larios de Soto (en lo sucesivo, 
hermanos Larios de Soto) y doña Mónica de Soto Beltrán de Lis, demandados en su 
condición de propietarios de una de las fincas a través de las que se reclamaba la 
servidumbre de paso, unidos bajo la representación procesal de la procuradora doña 
Rosa  Vizcaíno  Gámez  y  asistidos  por  el  letrado  don  Juan  García-Beamud  Pérez, 
solicitaron la tasación de las costas que se les habían causado en la primera instancia.
La  precitada  procuradora  presentó  nota  por  importe  de  378,84  €  (derechos) 
y 1905,00 € (suplidos), al considerar que se trataba de un procedimiento ordinario de 
cuantía indeterminada, tal y como se había fijado en la sentencia del juzgado.
En cambio, el letrado don Juan García-Beamud Pérez presentó minuta de honorarios 
profesionales por importe de 61 170,88 €, aplicando la regla prevista en el art. 251.5 
LEC, que, para las acciones de constitución de servidumbres, toma como referencia, 
entre otros criterios, el valor de los predios sirviente y dominante, lo que, a su juicio, 
arrojaba una cuantía del pleito de 364 245,49 €.
El día 2 de mayo de 2017 la letrada de la administración de justicia del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Algeciras practicó la tasación de costas solicitada en los 
siguientes términos: honorarios de abogado: 61 170,88 €; derechos de procuradora: 
378,84 €; gastos y suplidos de procuradora: 1905,00 €. Así, la tasación de costas a 
cargo de las sociedades Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L., ascendió a un total 
de 63 454,72 €.
c)  Las  entidades  condenadas  al  pago  impugnaron  la  tasación  de  costas  por 
excesivas en cuanto a los honorarios del abogado. Este se opuso a la impugnación, 
dándose traslado al Colegio de Abogados de Cádiz (art. 246.1 LEC), que emitió informe 
el día 10 de marzo de 2018, considerando que la minuta era correcta, «en cuanto aplica 
adecuadamente  los  criterios  colegiales,  debiéndose  rechazar,  por  tanto,  la 
impugnación»,  si  bien  advertía  que  «[n]o  se  pueden  concretar  más  detalles  del 
procedimiento en sí, ya que el juzgado solo ha remitido la parte que se refiere a la 
impugnación de esta minuta, obviando el resto».
Por decreto de 19 de abril de 2018, la letrada de la administración de justicia  s
desestimó íntegramente la impugnación, con fundamento en el informe del Colegio que  oe.
«no estima excesivos los honorarios del abogado, considerando por el contrario que se  w.
han aplicado adecuadamente los criterios colegiales». 008ww
recudr)s o Cdeo nrterav iseiól na, natleergioarn ddoe clare vtou lnlae rarecpiórens deenlt adceiórenc hdoe  al alas  tduotesl ae jnutdidicaidael se feinctteivrap ussino 
qinudee flean lseitórand ya  ad el ala i gaudamldinaids trdaec ipóanr tdees  juesnt iceila p hroacbeías oa.s uEmn idcoon «cdreet om, osdeoñ aaluatboam áetl icreoc»u, rssion   BOE-A-cable e
razonamiento añadido alguno, el informe del Colegio de Abogados aceptando el importe 
de la minuta facilitada por el letrado señor García-Beamud, por lo que entendía que le 
habían  sido  vulnerados  los  derechos  fundamentales  anteriormente  enunciados.  El 
recurso fue desestimado por auto de 28 de mayo de 2018 en el que el juzgado afirma 
que «[m]antiene la parte que concurren resoluciones contradictorias de la letrada de la 
administración de justicia. Y si bien hay que admitir la contradicción incurrida, la misma 
no determina una modificación de lo resuelto» concluyendo que la tasación ha de 
mantenerse pues es conforme a lo informado por el Colegio y «ha de primar el informe 
del órgano técnico conocedor y regulador de la normativa aplicable» (FJ 2).
e)  Las entidades recurrentes en amparo promovieron contra el citado auto incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones, alegando «la vulneración de la tutela judicial 
efectiva por falta de motivación y del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en 
especial la motivación que requiere todo cambio de criterio judicial» (arts. 24 y 14 CE). 
Por providencia de 17 de junio de 2019, se inadmitió a trámite argumentando que contra 
el  auto  «la  parte  no  ha  formulado  recurso  alguno  ni  ordinario  ni  extraordinario. 
Resultando,  a  mayor  abundamiento,  que  la  resolución  que  se  pretende  viciada  de 
nulidad no incurre en infracción alguna, dada cuenta la fundamentación jurídica de la 
misma».
f)  Con las actuaciones se aportan otras tasaciones de costas referidas al mismo 
procedimiento, practicadas a instancia de otras partes demandadas, en concreto las 
correspondientes a:
– Urbanizaciones Industriales Malagueñas, S.L., honorarios de abogado: 1258,40 €; 
derechos de procurador: 378,84 €; gastos y suplidos de procurador: 0 €.
– Agrícola  El  Casar,  S.L.U.,  honorarios  de  abogado:  1258,40  €;  derechos  de 
procurador: 395,10 €; gastos y suplidos de procurador: 0 €.
– Domingo  Trujillo  Cabanes.  Honorarios  de  abogado:  1738,95  €;  derechos  de 
procurador: 397,23 €; gastos y suplidos de procurador: 0 €.
Asimismo, figura en las actuaciones el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, 
Sección de Algeciras, de 14 de septiembre de 2017, por el que se desestimó, en el 
mismo procedimiento, el recurso de revisión interpuesto por los hermanos Larios de Soto 
y Mónica de Soto Beltrán de Lis contra el decreto de 29 de junio de 2017 del letrado de 
la  administración  de  justicia  del  citado  órgano.  Dicho  decreto  había  confirmado  la 
tasación de costas causadas en la segunda instancia por importes de 442,24 € a favor 
del procurador y de 629,20 € a favor del abogado (don Juan García-Beamud Pérez, el 
cual  había  presentado  una  minuta  atribuyendo  una  determinada  cuantía  al 
procedimiento, al igual que había hecho en la primera instancia).
El  citado  auto  de  la  audiencia  argumenta  que  «[e]n  el  presente  caso  quedó 
expresamente razonado en la sentencia de instancia […], que el asunto es de cuantía 
indeterminable, sin que este pronunciamiento fuera recurrido por ninguna de las partes, 
siendo firme. Así el art. 394.3 LEC y el criterio general y común quinto. 6 de los criterios 
orientadores de honorarios del Colegio de Abogados de Cádiz, como admite la propia 
recurrente, fija en 18 000 € la cuantía de un pleito de cuantía inestimable» (FJ 2).
3.  El recurso de amparo presentado por Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L. 
(antes Metalcover, S.L.), se dirige contra la providencia de 17 de junio de 2019 y el auto 
de 28 de mayo de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
2  de  Algeciras  en  el  procedimiento  ordinario  1329-2011.  Respecto  de  la  primera,  s
denuncian la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su  oe.
evicneorcrrnoitdfireie rnmjnuttdaeeid  cddoiaee l p .i nomEurp nlaie dqcdauuidrae  enld)lt e oaa  lacaecclg teaausnuao tco liaao  ( nyvloe usasln l) r,ed eraecascucírr iesóctonoos m d dloeee lgl e dalneelm trrlaeae cdnvhoteeo rd  teaiees  nltlaaate  bta uldedtecemi ldafinao iljsstua td(r eaidcnceiai  óelm nse otfdeetie vcc atjaiuvcssaióot in,sc  aiinayl     2021-10008n https://www.
indefensión, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, falta
de motivación, error judicial, y vulneración de los principios de igualdad, de seguridad 
jurídica y de proscripción de arbitrariedad (arts. 24.1, 14 y 9.3 CE).
a)  Respecto  de  la  providencia  de  inadmisión  del  incidente  de  nulidad,  las 
demandantes de amparo subrayan que «no es exigible a la parte la interposición de un 
recurso frente a una resolución judicial firme per se, que no tiene previsto legalmente 
recurso alguno frente a la misma o, dicho de otro modo, frente a una resolución en la que 
la  ley  establece  expresamente  que  contra  la  misma  no  cabe  recurso»  y  estiman 
insuficiente la explicación que, pese a la decisión de inadmisión, añade la providencia, 
pues no da respuesta a ninguno de los motivos denunciados en el escrito promotor del 
incidente.
b)  Por lo que se refiere al auto desestimatorio del recurso de revisión, denuncian, 
en primer término, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente 
de  intangibilidad  de  las  resoluciones  judiciales  firmes.  Alegan  que  la  cuantía 
indeterminada del procedimiento quedó fijada en la sentencia de primera instancia, sin 
que fuera controvertida por ninguna de las partes, por lo que la opinión sobre la cuantía 
que expone el letrado don Juan García-Beamud Pérez en su minuta no es válida a 
ningún efecto. Tampoco lo es el informe del Colegio de Abogados, que refrenda «a 
ciegas» el parecer de su colegiado, ni las resoluciones impugnadas, al no ser acordes 
con un proceso de cuantía indeterminada, lo que constituía cosa juzgada. Por tanto, se 
ha  vulnerado  el  art.  24.1  CE  en  la  vertiente  del  derecho  a  que  se  cumplan  las 
resoluciones judiciales. Y, al producirse un resultado arbitrario, se ha vulnerado también 
el art. 9.3 CE.
c)  Dada la desigualdad de tasaciones de costas practicadas en el mismo proceso 
respecto las partes contendientes en idéntica posición procesal, se ha incurrido también 
en una vulneración del principio de igualdad del art. 14 CE. Fueron varios los letrados 
intervinientes en el procedimiento ordinario núm. 1329-2011, pues varias eran las partes 
demandadas favorecidas por las costas; y todos ellos (así como los procuradores) 
calcularon sus honorarios, tanto en la instancia como en la apelación, en atención a que 
era un proceso de cuantía indeterminada, salvo el letrado don Juan García-Beamud 
Pérez  que,  unilateralmente,  aplicó  la  regla  del  art.  251.5  LEC.  Las  entidades 
demandantes de amparo sólo impugnaron la tasación practicada a favor de la parte 
defendida por dicho letrado, aquietándose al resto de tasaciones.
En consecuencia, en el mismo proceso y por el mismo trabajo profesional, se dictó 
un decreto de aprobación de costas para el letrado don Juan García-Beamud Pérez con 
un criterio distinto que para el resto, sin motivación alguna. De acuerdo con la doctrina 
constitucional sobre el principio de igualdad (cita la STC 13/2011, de 28 de febrero), 
existe un término de comparación válido, el órgano judicial es el mismo y no se ha 
motivado el cambio de criterio. Por tanto, se ha infringido el art. 14 CE.
d)  Asimismo, se ha incurrido en un error judicial en la aplicación de la ley que 
vulnera la tutela judicial efectiva, pues se ha acogido el informe del colegio de abogados, 
pese a que el mismo advierte expresamente que no recibió el expediente judicial en su 
integridad y, por tanto, no comprobó la cuantía del proceso, ni los valores utilizados por el 
letrado minutante. El tema de debate, es decir, si corresponde al letrado una minuta de 
honorarios por cuantía determinada o indeterminada, nunca tuvo respuesta del colegio 
de abogados; el cual tampoco expuso las razones por las que consideraba correcta la 
minuta impugnada, porque si no tuvo a la vista los autos judiciales, no pudo constatar, no 
ya solo la cuantía, sino tampoco las cifras valorativas contempladas en la misma.
Por  tanto,  el  órgano  judicial  ha  sufrido  un  error  en  la  aplicación  de  la  Ley  de  s
enjuiciamiento civil, concurriendo todos los elementos que la doctrina constitucional (cita  oe.
la STC 167/2008, de 15 de diciembre) exige para atribuir relevancia constitucional a  w.
dicho error (i) es determinante de la decisión adoptada; (ii) es atribuible al órgano judicial  008ww
cyi undoa daa nlao .negligencia de la parte; y (iii) produce efectos negativos en la esfera del
faltae )d e Smeo taivleagcaió, na ssiumfiicsimenot,e  lae nv ulalnse rreascoiólunc idoenle dse jruedcihcoia lae sl ad itcuttaedlaa sj uednic ieall  ienfceidcetivnate  pdoer   BOE-A-cable e
tasación. La representación procesal de las entidades a las que se impusieron las costas 
(ahora demandantes de amparo) razonaron cuál es la cuantía que prevén los criterios 
orientadores del Colegio de Abogados de Cádiz para los procesos de cuantía litigiosa 
indeterminada, citando además lo resuelto por el mismo juzgado para las otras partes 
favorecidas por la condena en costas. Asimismo, se informó al juzgado de que la 
tasación de costas en la apelación también se había realizado considerando el asunto de 
cuantía indeterminada.
Pues bien, el decreto del letrado de la administración de justicia que rechaza la 
impugnación por excesivos de los honorarios del abogado don Juan García-Beamud 
Pérez no da respuesta alguna a la cuestión suscitada ni motiva su decisión. Solo se 
fundamenta en el informe del colegio profesional, afirmando que debe mantenerse la 
tasación de costas porque es conforme con él, tratándose de un procedimiento con 
multitud de trámites, incidentes, pero sin concretar a cuáles se refiere. No razona por qué 
ha de seguirse el criterio de un informe en el que no se entra a conocer sobre la cuantía 
del proceso, al no haberse elaborado a la vista de los autos. Tampoco explicita las 
razones por las que cambia su propio criterio en este estadio procesal sobre la cuantía 
indeterminada fijada judicialmente.
f)  La demanda plantea, por último, la posible inconstitucionalidad del último párrafo 
del número 3 del art. 246 LEC, en cuanto establece que contra el auto resolviendo el 
recurso de revisión, en materia de tasación de costas, no cabe recurso alguno. La 
demanda considera deseable que el incidente de tasación de costas, cuyo núcleo es la 
cuantía del proceso, participe del mismo régimen de recursos que la resolución judicial 
en la que se imponen. Así se garantizaría la intangibilidad de las resoluciones judiciales 
dictadas en ambas instancias sobre la misma sentencia.
Prosigue afirmando que es habitual en la práctica que en la instancia y en la 
apelación recaigan resoluciones contradictorias sobre la cuantía de costas, cuando un 
principio de justicia aconseja que deberían seguir idéntico criterio y, en caso contrario, 
que prevalezca el de los tribunales superiores frente a los inferiores. Por tanto, vedar el 
acceso a la apelación de la impugnación de la tasación de costas podría vulnerar el 
art. 24.1 CE.
La demanda finaliza solicitando el amparo y el restablecimiento de los derechos 
fundamentales  de  las  entidades  recurrentes,  con  declaración  de  nulidad  de  las 
resoluciones impugnadas. Mediante otrosí sugiere al tribunal la posibilidad de examinar, 
de acuerdo con el art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), si el 
art. 246.3 in fine LEC pudiera ser inconstitucional, desde la perspectiva del derecho al 
acceso al recurso de apelación. También por otrosí solicita que, conforme al art. 56 
LOTC, se acuerde la suspensión de la ejecución de títulos judiciales núm. 433-2019 
referidos a la condena en costas objeto del recurso de amparo, dado que dicha ejecución 
produce un perjuicio a las recurrentes que podría hacer perder al amparo su finalidad.
4.  Mediante providencia de 19 de octubre de 2020, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que en el mismo 
concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia 
de que el órgano judicial podría haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de 
acatamiento de la doctrina del Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
En la misma providencia se ordenaba que, obrando ya en la Sala Segunda de este 
tribunal  testimonio  de  las  correspondientes  actuaciones  jurisdiccionales,  se  enviara 
atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Algeciras, a fin de que 
emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento ordinario núm. 1329-2011,  e.
excepto a la parte recurrente en amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran  w.b
comparecer. 008ww
solicAitsaidmais.mo, se dispuso formar la oportuna pieza separada para tramitar la suspensión
5.  Una vez tramitada la pieza de suspensión y evacuado el trámite de alegaciones, 
por ATC 151/2020, de 30 de noviembre fue denegada la suspensión solicitada por las 
demandantes.
6.  En virtud de escrito registrado el día 19 de noviembre de 2020, la procuradora de 
los tribunales doña María Rosa Vizcaíno Gámez, en representación de los hermanos 
Larios de Soto y de doña Mónica de Soto Beltrán de Lis, solicitó que se la tuviera por 
comparecida y parte en las actuaciones, lo que se acordó por diligencia de ordenación 
de  la  secretaría  de  justicia  de  la  Sala  Segunda  del  día  1  de  febrero  de  2021, 
condicionado a que en el plazo de diez días se presentara escritura de poder que 
acreditara la representación.
En dicha diligencia, se dispuso, asimismo, dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 52.1 LOTC.
7.  Mediante escrito registrado en el tribunal el 1 de marzo de 2021, las entidades 
recurrentes se ratificaron en la demanda presentada y alegaron lo siguiente: (i) entre la 
documentación remitida por el juzgado figura el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz 
de 14 de septiembre de 2017 que, al analizar la tasación de costas en la fase de 
apelación, mantuvo que el proceso era de cuantía indeterminada, según criterio de la 
sentencia  de  primera  instancia,  que  no  había  sido  controvertido.  En  consecuencia, 
rechazó el aumento de la tasación solicitada por el letrado Juan García-Beamud Pérez, 
dato que el juzgado ya conocía cuando dictó la providencia por la que inadmitió el 
incidente de nulidad; (ii) todas las tasaciones practicadas a instancia de las partes 
favorecidas por la condena en costas se basaron en la calificación del procedimiento 
como de cuantía indeterminada, con la sola excepción de la solicitada por el mencionado 
letrado Juan García-Beamud Pérez, quien presentó una minuta de 61 170,88 €, apoyada 
en atribuir al procedimiento una cuantía de 364 245,49 €; (iii) no cabe practicar una 
tasación de costas sin atender a que el procedimiento era de cuantía indeterminada, ni 
tasaciones distintas para las partes que ocupaban la misma posición y cuyos letrados 
desplegaron el mismo trabajo; y (iv) si la Sala considera que los arts. 246.3 y 4 LEC 
infringen la tutela judicial efectiva por impedir el acceso a la segunda instancia de la 
tasación de costas, solicita que eleve la cuestión de inconstitucionalidad al Pleno.
8.  El día 2 de marzo de 2021 se registró en el tribunal el escrito de alegaciones 
presentado por los hermanos Larios de Soto y doña Mónica de Soto Beltrán de Lis, en el 
que solicitan que se desestime el recurso de amparo por las razones siguientes: (i) la 
minuta de honorarios de la instancia y la apelación no tienen necesariamente que 
guardar relación, pues son procedimientos diferentes; (ii) la Audiencia Provincial incurrió 
en un error cuando intentó aplicar los criterios del colegio de abogados, sin pedir informe 
a dicho organismo; (iii) no corresponde al Tribunal Constitucional revisar las resoluciones 
de los órganos de la jurisdicción ordinaria, si no existe una infracción constitucional; (iv) 
la  providencia  de  inadmisión  del  incidente  de  nulidad  contiene  una  motivación  por 
remisión que es suficiente, pues bajo la supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva y a la igualdad, lo que realmente se pretendía era volver a plantear lo ya 
resuelto; (v) no es cierto que se haya modificado la cuantía del procedimiento fijada en la 
sentencia del juzgado, pues la parte dispositiva de la misma, que es la relevante, no 
prevé nada sobre la cuantía y solo en el antecedente segundo se indica que se fijaría al  s
menos de forma relativa para garantizar la contradicción; (vi) entre la documentación  oe.
vtcaraupalaovonérrt tsaif dpidcaoae rc  juliaóhnsnet o ccd tuáecarol elanear s tl. a ds2 eed5  e1smc.o5ala idcLnaiEtd aCa t il;pa c(o ivvc iioil) dn sepse at irttiauen crcrrileeóucnníaao  bd,e aellr  o ldea al  qstionue ferodv reimdp ueleamr  mdebeixrtleít aec  donelsaei pógplniiaoc sa ddore e,   lalaaasb sío  recgfigonalmcdaao oss d  eaael     2021-10008n https://www.
que se refiere el art. 246.1 LEC no se exige remitir las actuaciones completas; y (viii)
aunque el letrado de la administración de justicia no está obligado a seguir el dictamen
del colegio de abogados, nada le prohíbe hacerlo, habiendo recibido los recurrentes en 
amparo una respuesta en derecho a través del auto resolutorio del recurso de revisión.
9.  El día 10 de marzo de 2021 tuvo entrada en el registro del tribunal el escrito de 
alegaciones del Ministerio Fiscal en el que solicita la estimación del recurso de amparo, 
con base en las razones siguientes:
a)  Tras precisar que debe comenzarse analizando las denuncias formuladas contra 
la tasación de costas practicada el 2 de mayo de 2017, coincide con la demanda, en 
cuanto a la queja de vulneración del art. 24.1 CE, en la vertiente del derecho a la 
intangibilidad  de  las  resoluciones  judiciales  firmes,  en  que,  al  desconocerse  en  la 
tasación  que  el  procedimiento  se  había  fijado  en  sentencia  como  de  cuantía 
indeterminada, se ha producido una alteración de la misma contraria a la seguridad 
jurídica (art. 9.3 CE) y vulneradora de la tutela judicial efectiva (art. 24. l CE).
b)  También debe acogerse la vulneración del principio de igualdad, pues existen 
diversas resoluciones comparables, dictadas por el mismo órgano judicial, que afectan a 
tasaciones de costas relativas a otros demandados, aunque repercutan en el mismo 
demandante, sin que se haya justificado de ninguna manera el cambio de criterio.
El hecho de que se hayan tasado de modo totalmente diferente las costas para los 
letrados de otros demandados pone en desventaja, no solo a Grupo Luzelma, S.L., y a 
Santa Victoria, S.L., sino también a los letrados del resto de demandados, que acataron 
el  pronunciamiento  de  sentencia  del  juzgado  sobre  la  cuantía  indeterminada  del 
procedimiento.  El  Ministerio  Fiscal  considera,  en  suma,  que  concurren  todos  los 
requisitos exigidos por la STC 13/2011, de 28 de febrero, FJ 3, entre otras, para apreciar 
la vulneración del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley.
c)  La desestimación de la impugnación de la tasación de costas por decreto de 19 
de abril de 2018, carece, asimismo, de una motivación razonable, ya que se basa 
exclusivamente en el informe emitido por el Colegio de Abogados, informe que, además 
de no ser vinculante, no contiene ninguna alusión a que el procedimiento era de cuantía 
indeterminada, por lo que no explicita las razones por las cuales no son atendibles las 
razones expuestas en la impugnación.
Idéntica tacha aprecia respecto del auto desestimatorio del recurso de revisión, que 
se basó de nuevo en el informe del Colegio de Abogados, sin explicar por qué no se 
atiende a que el procedimiento era de cuantía indeterminada ni por qué se aplican 
criterios distintos a las restantes tasaciones del mismo procedimiento.
d)  Por último, respecto de la providencia de inadmisión del incidente de nulidad de 
actuaciones,  el  fiscal  aduce  que  el  órgano  judicial  tendría  que  haber  ofrecido  una 
argumentación suficiente sobre los motivos que le llevaron a no admitir a trámite el 
incidente, lo que no ha hecho. Por tanto, el incidente de nulidad no cumplió en este caso 
su función de tutela y defensa de los derechos fundamentales, debido a una decisión de 
inadmisión del órgano jurisdiccional manifiestamente carente de motivación, de lo que 
resulta que se ha vulnerado el art. 24.1 CE en la vertiente de acceso a los recursos.
10.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes. s
La demanda de amparo impugna, por la vía del art. 44 LOTC, las resoluciones  w.b
judiciales referidas al incidente de tasación de costas promovido por una de las partes  008ww
sdeermviadnudmabdraes  dee np aeslo ,p sreogcueiddiom iaenntteo  elo Jrduizngaaridoo  ndúem P.r im13e2ra9 -I2n0s1ta1n, cisao nbúrem .c 2o ndset itAulcgieócni radse. 
Eadnm  cinoinsctrraectoió,n  ladse  jusisgtuiciiean etel s2:  d(ei)  mtaasyaoc dióen 2 0d1e7  cao fsatavos,r  dper alocsti chaedram apnoor s laL arleiotrsa ddea  Sdoet o lay 
Mónica de Soto Beltrán de Lis; (ii) decreto de dicha letrada de 19 de abril de 2018, que
denegó la impugnación de tales costas por excesivas; (iii) auto de 28 de mayo de 2018, 
que desestimó el recurso de revisión interpuesto contra el decreto; y (iv) providencia 
de 17 de junio de 2019, por la que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido frente al auto.
Con los argumentos que se han detallado en los antecedentes, las demandantes 
denuncian que, en el incidente de tasación de costas, se ha vulnerado su derecho a la 
tutela judicial efectiva en las vertientes de intangibilidad de las resoluciones judiciales 
firmes, error judicial y falta de motivación, así como su derecho a la igualdad del art. 14 
CE. Asimismo, consideran vulnerado su derecho a los recursos legalmente previstos por 
la inadmisión a limine del incidente de nulidad de actuaciones, promovido contra el auto 
desestimatorio del recurso de revisión deducido contra la tasación, planteando además 
la posible inconstitucionalidad del art. 246.3 LEC, por no prever el recurso de apelación 
contra el citado auto.
El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo al apreciar que se 
ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en relación con los 
arts. 9.3 y 14 CE. Por su parte, los demandados que instaron la tasación de costas 
impugnada (hermanos Larios de Soto y Mónica de Soto Beltrán de Lis, bajo una misma 
representación) solicitan la desestimación íntegra del recurso de amparo.
2.  Examen de la alegada vulneración del derecho a la igualdad, a la intangibilidad 
de las resoluciones judiciales y a una resolución judicial que no incurra en error patente: 
desestimación.
a)  Para abordar las quejas que formula la demanda de amparo, de conformidad con 
el criterio de la «mayor retroacción» establecido por la doctrina de este tribunal (por 
todas, las SSTC 41/2020, de 9 de marzo, FJ 2, y 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 2), 
que  implica  conceder  prioridad  al  examen  de  aquellas  causas  que,  de  prosperar, 
determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, haciendo innecesario un 
pronunciamiento sobre las restantes (SSTC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y 90/2010, 
de 15 de noviembre, FJ 2, y las que en ellas se citan), procede examinar en primer lugar 
las imputadas a la tasación de costas practicada el 2 de mayo de 2017, confirmada por 
el decreto de 19 de abril de 2018.
La demanda considera infringido el art. 24.1 CE en las vertientes del derecho a la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales y a una resolución motivada no incursa en 
irrazonabilidad,  arbitrariedad  o  error  patente,  por  no  tener  en  cuenta  que  el 
procedimiento judicial del que dimanaba la tasación era de cuantía indeterminada; y del 
art. 14 CE, por separarse inmotivadamente de la tasación practicada respecto de otros 
demandados en el mismo procedimiento.
b)  Debemos, en primer lugar, descartar la denunciada vulneración del derecho a la 
igualdad en la aplicación judicial de la ley (art. 14 CE), ya que este exige un elemento de 
alteridad [por todas, SSTC 13/2011, de 28 de febrero, FJ 3, y 80/2020, de 15 de julio, 
FJ 4 a)], que no concurre en este caso.
En efecto, las sociedades Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L., alegan que, al 
tasar los honorarios del letrado don Juan García-Beamud Pérez, el órgano judicial se 
apartó  del  criterio  mantenido  al  cuantificar,  en  el  mismo  procedimiento,  los 
correspondientes a los abogados del resto de partes favorecidas por la condena en 
costas.
Es evidente, por tanto, que las recurrentes en amparo no denuncian un trato desigual 
en el incidente de tasación de costas en relación con otra u otras personas, sino  e
respecto de sí mismas, por lo que su queja incumple el requisito de «alteridad» exigible a  bo
todo alegato relativo al derecho a la igualdad. Los que, en su caso, habrían recibido un  008ww
edvee onttruaasl  tpraatratemsi ednetom daensdiagduaasl  eenn  reella cpiróonc ecdoinm iseunst oh, orneosrpaericotso  hdaebl rílaentr asdidoo  sleoñs oarb Gogaarcdíoas-
Bmeearcmaundti lePs éraehzo, rap edreom  qaunideannetse s hadne   adme paabroo,n apro rl also  cqouset ans o soens   plaoss ibdleo s apernetcidiaard eesl 
requisito, antes mencionado, de la «alteridad».
Ha de rechazarse, en consecuencia, la existencia de una lesión del art. 14 CE, tal y 
como  concluyó  la  STC  61/2006,  de  27  de  febrero,  FJ  3,  referida  también  a  unas 
tasaciones de costas respecto del mismo condenado al pago, en las que el órgano 
judicial siguió criterios distintos sobre la cuantía del procedimiento que debía servir para 
la cuantificación.
c)  En cuanto a las quejas por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión del art. 24.1 CE, la demanda plantea, en primer término, la concerniente a la 
intangibilidad de las sentencias firmes.
Es  doctrina  constitucional  consolidada  (por  todas,  STC  318/2006,  de  15  de 
noviembre, FJ 2) que una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE es la que se concreta en el derecho a que 
las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el ordenamiento, lo que 
incluye tanto el derecho a que se ejecuten en sus propios términos, como a que se 
respete su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, sin 
perjuicio,  naturalmente,  de  su  modificación  o  revisión  a  través  de  los  cauces 
extraordinarios legalmente previstos para ello.
Las sociedades recurrentes en amparo argumentan que, al no tenerse en cuenta que 
el procedimiento era de cuantía indeterminada, se habría vulnerado la intangibilidad de la 
Sentencia que así lo fijó. Sin embargo, esta queja no puede prosperar. Cuando la 
tasación omite toda referencia a la cuantía del procedimiento que conecta el importe 
máximo de las costas con dicha cuantía, no es propiamente esta vertiente del art. 24.1 
CE la que cabe entender vulnerada, pues con ello no se menoscaba la eficacia atribuida 
por el ordenamiento a la sentencia que desestimó la constitución de una servidumbre de 
paso solicitada por las entidades Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L. (en el 
mismo sentido, vid. la STC 318/2006, de 15 de noviembre, FJ 3, sobre un caso similar).
d)  Tampoco cabe apreciar que se haya incurrido en un error patente con relevancia 
constitucional, en los términos de nuestra reiterada doctrina, según la cual el error 
patente que determina la vulneración del art. 24.1 CE es exclusivamente un error de 
hecho (SSTC 217/2000, de 18 de septiembre, FJ 3, y 32/2005, de 15 de febrero, FJ 5, 
entre otras), lo que no es el caso, toda vez que el objeto de la queja radica en una 
cuestión jurídica, no fáctica, como era la dispar apreciación del presupuesto de hecho 
que determinó la cuantía de las costas en un supuesto y en otros; en el primero de los 
casos se partió, para la tasación, de una determinada cuantía del pleito principal y en los 
otros de que la cuantía era inestimable, tratándose del mismo proceso.
Descartadas  las  lesiones  anteriores,  resta  por  analizar  la  referida  al  derecho  a 
obtener una resolución judicial motivada, no incursa en irracionalidad ni arbitrariedad, 
también incluida en el art. 24.1 CE.
3.  Examen  de  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  una  resolución  judicial 
motivada, no incursa en irracionalidad ni arbitrariedad: estimación.
a)  Las  entidades  recurrentes  se  quejan  de  que  la  tasación  de  las  costas  ha 
desatendido un presupuesto esencial como es la cuantía del procedimiento, toda vez 
que el art. 394.3 LEC establece taxativamente que el importe de la minuta de los 
abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel no excederá de 
«la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los litigantes que hubieren 
obtenido tal pronunciamiento», añadiendo que «a estos solos efectos, las pretensiones 
inestimables se valorarán en 18 000 €, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, 
el tribunal disponga otra cosa» (salvedad que aquí no concurre); razón por la cual el  e
art. 243.2 LEC dispone que el letrado de la administración de justicia reducirá el importe  bo
de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o  008ww
aranLcae ld, ecmuaannddoa  losus brreacylaam qaudeo, sa le nxcoe tdeanne rd eenl l ícmuieten tian deicl acditaod.o art. 394.3 LEC, el juzgado
saes ishtiae roanp aarlt ardeost od edle  cpraitretreios  bseengeufiidcoia dpaasr ap ocru laan ctiofincadre nlaas e nm icnousttaass , dceu yloass  tlaestraacdioons eqs useí 
se atuvieron a dicha norma, habiendo sido aceptadas sin controversia por las entidades 
Grupo Luzelma, S.L., y Santa Victoria, S.L.
b)  Este tribunal, de modo reiterado, ha declarado que «el derecho a la tutela judicial 
efectiva comprende el derecho de los litigantes a obtener de los jueces y tribunales una 
resolución  motivada,  fundada  en  Derecho  y  congruente  con  las  pretensiones 
oportunamente  deducidas  por  las  partes,  que  también  puede  ser  de  inadmisión  si 
concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial 
(SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras 
muchas). Asimismo, ha afirmado que la motivación de las resoluciones judiciales, aparte 
de venir impuesta en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE con el 
fin de que se puedan conocer las razones de la decisión que aquellas contienen, 
posibilitando su control mediante el sistema de los recursos (por todas, SSTC 163/2000, 
de 12 de junio, FJ 3, y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4). También es doctrina 
reiterada la de que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o 
adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos 
(SSTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2, y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6)» (por todas, las 
SSTC 8/2021, de 25 de enero, FJ 3, y 12/2021, de 25 de enero, FJ 3, entre las más 
recientes).
Asimismo, este tribunal ha argumentado que «el derecho reconocido en el art. 24.1 
CE no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho 
llevada a cabo por los jueces y tribunales, pues no existe un pretendido derecho al 
acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las normas, salvo que 
afecte al contenido de otros derechos constitucionales. Ahora bien, lo que, en todo caso, 
sí garantiza el art. 24.1 CE es el derecho a obtener de los órganos judiciales una 
resolución motivada, es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y 
que la motivación esté fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia  de  una  exégesis  racional  del  ordenamiento  jurídico  y  no  fruto  de  la 
arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 4). Pero, también, hemos 
declarado en multitud de ocasiones que una resolución judicial vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurre en tal grado de 
arbitrariedad o irrazonabilidad que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y 
graves que, para cualquier observador, resulte patente que la resolución de hecho 
carece de toda motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, 
este tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas 
y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual 
y  argumental,  se  comprueba  que  parten  de  premisas  inexistentes  o  patentemente 
erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal 
magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna 
de las razones aducidas (por todas, SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, y 133/2013, 
de 5 de junio, FJ 5, entre otras muchas)» (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).
c)  A la vista de la doctrina que acabamos de sintetizar, podemos ya anticipar que la 
tasación de costas controvertida incurrió en el vicio de motivación denunciado. Para ello, 
basta recapitular brevemente los antecedentes decisivos para nuestro enjuiciamiento 
que no han sido controvertidos: (i) la tasación de costas objeto de debate dimana de una 
demanda civil de constitución de servidumbre de paso que fue calificada de cuantía 
indeterminable por la sentencia que la resolvió en primera instancia; (ii) para la tasación  s
de las costas de todas las partes favorecidas, con la sola excepción de la minuta  oe.
presentada por el letrado don Juan García-Beamud Pérez, el Juzgado se atuvo a la  w.
cuantía indeterminada del proceso; (iii) la única motivación ofrecida para una solución  008ww
dcuisapla nr oe nla d iccohnos cidaesroa beas  qeuxec eesl ivCao,l esgi iob iedne  Aabdovegratdíao sq udee  C«[ánd]oiz  seem iptiuóe udne nin fcoormncer esteagr úmná esl 
rdeeftiearllee sa  dlae ilm ppruogcendaicmióienn dtoe  eesnt as mí, inyuat aq,u oeb veila njudzog aedl roe sstool»o. ha remitido la parte que se  BOE-A-cable e
Pues bien, habiéndose fijado el procedimiento civil del que deriva la tasación como 
de  cuantía  indeterminada,  no  podía  resolverse  el  incidente  sin  atender  a  dicha 
declaración judicial, toda vez que el art. 394.3 LEC establece, de forma taxativa y clara, 
que los honorarios del letrado no pueden exceder el límite de un tercio de la cuantía del 
proceso, tomando un importe de 18 000 € para los de cuantía indeterminable.
Por consiguiente, a la hora de tasar las costas el órgano judicial no era admisible 
prescindir, como se hizo, de la cuantía del proceso. Al no atender a dicha realidad 
jurídica, que es imprescindible para la tasación de las costas, el juzgado infringió el 
derecho a una resolución motivada no incursa en irracionalidad.
Corrobora lo anterior el que, para cuantificar las costas debidas a las demás partes 
vencedoras, sí se atendiera a la cuantía indeterminada del proceso. De hecho, como se 
ha expuesto en los antecedentes, el propio juzgado reconoció en su auto de 28 de mayo 
de 2018 que, «si bien hay que admitir la contradicción incurrida, la misma no determina 
una modificación de lo resuelto» y concluye apodícticamente que la tasación ha de 
mantenerse.
Según la doctrina constitucional (por todas, STC 24/2005, de 14 de febrero, FJ 6), se 
desconoce el derecho fundamental a una resolución judicial no arbitraria cuando el 
órgano judicial dicta una resolución contrapuesta en lo esencial a la que ha dictado para 
un supuesto idéntico en lo relevante, siempre que no exprese o se infieran las razones 
para tal cambio. En esta conducta, que se subsume bajo la perspectiva prioritaria del 
derecho a la igualdad en aplicación de la ley cuando son distintos los sujetos implicados, 
pasa a un primer plano el defecto de tutela judicial cuando no se da tal alteridad, como 
sucede en el caso aquí analizado, según hemos indicado en el fundamento jurídico 
segundo. Así pues, el resultado en virtud del cual cuando una persona, sobre idénticos 
asuntos  litigiosos,  obtiene  inmotivadamente  respuestas  distintas  del  mismo  órgano 
judicial, ha de tenerse por arbitrario y por ello lesivo del derecho a la tutela judicial 
efectiva.
Por lo expuesto, debemos concluir que la tasación de costas practicada a cargo de 
las sociedades recurrentes en amparo el 2 de mayo de 2017, confirmada por el decreto 
de 19 de abril de 2018 y por el auto de 28 de mayo de 2018, vulneró su derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión, en la vertiente del derecho a una resolución 
motivada no incursa en irracionalidad ni arbitrariedad.
Lo anterior conduce a estimar el recurso de amparo interpuesto y a anular la tasación 
controvertida,  junto  con  las  resoluciones  posteriores  a  ella,  con  retroacción  de  las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado, para que se practique 
una nueva tasación que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Habiéndose estimado dicha vulneración, no es necesario analizar la providencia de 
inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones; ni tampoco entrar en el examen de la 
alegada inconstitucionalidad del art. 246.3 LEC, por no prever la posibilidad de interponer 
recurso de apelación contra el auto resolutorio del recurso de revisión.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por las entidades Grupo Luzelma, S.L., y  e.
Santa Victoria, S.L., y, en su virtud: w.b
efec1ti.vºa  (Daretc. l2a4ra.1r  CqEue). ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial
2.º  Restablecerlas en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la tasación de
costas practicada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Algeciras el 2 de mayo
de 2017, confirmada por decreto de 19 de abril de 2018, así como del auto de 28 de 
mayo de 2018 que desestimó el recurso de revisión y de la providencia de 17 de junio 
de 2019 que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de  la 
primera resolución citada, para que, en su lugar, el órgano judicial practique otra que 
resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.