BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60160
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8357 Pleno. Sentencia 91/2021, de 22 de abril de 2021. Recurso de amparo 
1403-2020. Promovido por don Jordi Turull i Negre respecto de la sentencia 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por sendos 
delitos  de  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos.  Supuesta 
vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y de 
defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, 
a la tutela judicial efectiva y a la legalidad penal: resolución judicial dictada en 
causa especial en cuya tramitación se preservaron las garantías procesales y 
en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada 
o  que  desaliente  el  ejercicio  de  otros  derechos  fundamentales.  Voto 
particular.
ECLI:ES:TC:2021:91
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  don  Ricardo  Enríquez  Sancho  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo avocado núm. 1403-2020, promovido por don Jordi Turull i 
Negre, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro y 
asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra la sentencia núm. 459/2019, 
de 14 de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa 
especial núm. 20907-2017 y contra el auto de 29 de enero de 2020, que desestimó los 
incidentes  de  nulidad  interpuestos  frente  a  esta.  Han  comparecido  el  abogado  del 
Estado; el partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña 
María del Pilar Hidalgo López y asistido por la letrada doña Marta Castro Fuertes, y don 
Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador de los tribunales don 
Carlos Ricardo Estévez Sanz, y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-
Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de marzo de 2020, don Aníbal  e
Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y representación de don  b
Jordi Turull i Negre, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las  57ww
que se ha hecho mención en el encabezamiento.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver el presente recurso, los 
siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia ante esta en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y 
daños en bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la 
zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión 
de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como en otros puntos de la ciudad. La denuncia describía conductas protagonizadas por 
voluntarios  de  la  entidad  Asamblea  Nacional  Catalana  (ANC),  entre  otros,  que  se 
valoraban como obstruccionistas de la actividad policial. Las únicas personas que fueron 
nominalmente citadas en dicha denuncia fueron don Jordi Sánchez i Picanyol, presidente 
de la ANC, y don Jordi Cuixart Navarro, presidente de la entidad Òmnium Cultural. La 
denuncia calificó los hechos como constitutivos de un delito de sedición, previsto en los 
arts. 544 y ss. del Código penal (CP). Fue repartida al Juzgado Central de Instrucción 
núm. 3 de la Audiencia Nacional que, mediante auto de 27 de septiembre de 2017, incoó 
las diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de las cuales se practicaron diversas 
diligencias de investigación y se adoptaron medidas cautelares personales respecto de 
los citados denunciados.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por 
unos mismos hechos que consideraba podían ser constitutivos de los delitos de rebelión 
(art. 472 CP), sedición (art. 544 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las antes citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la diputación permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día, 31 de octubre de 2017 (después ratificado en súplica 
por otro de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
(i)  declarar  la  competencia  de  la  Sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa 
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno, 
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan  e
referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los  bo
querellados; y 57ww
Pab(loii)  Lldaeresnigan aCr oinnsdteru, chtoarc, iecnodnofo remxete anls itvuarn os ue sctoamblpeecitdeon,c iaal  m«paagrisat reald oc adseo  lae nS aqlau ed oenl 
mpeangaisletrsa daoc tuinaslmtruecnttoer  eans í trloa mciotancsiiódne rey   oqpuoer tupnuoe,d arne spreefcetroir sdee  aa qhueeclhlaoss  ointreassc incaduibsleass 
respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».
d)  En aplicación de lo establecido en el art. 21 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), el magistrado instructor dictó providencia de fecha 14 de noviembre de 2017 
por la que reclamó del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
informe  sobre  los  antecedentes  fácticos,  procesales  e  investigativos  de  dos 
procedimientos que, según señaló la Fiscalía General del Estado en la querella, se 
tramitaban en dicho juzgado en relación con los hechos también denunciados en la 
causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmniun  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
juzgado central de instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional  «concretada  en  la 
facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad 
del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los 
que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 LECrim».
Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
e)  Por  auto  de  fecha  21  de  marzo  del  2018  se  acordó  el  procesamiento  del 
demandante  de  amparo,  junto  con  otros  encausados,  por  los  presuntos  delitos  de 
rebelión y de malversación de caudales públicos. Por auto de 9 de mayo de 2018 se  s
desestimaron los recursos de reforma interpuestos contra la anterior resolución y por  oe.
auto de 26 de junio de 2018 se desestimaron los recursos de apelación entablados  w.
contra el auto de 9 de mayo de 2018. 57ww
sumfa) rioU (naau tvoe dze r a9t idficea jduolio e dl ep r2o0c1e8sa) my ireenmtoit,i óe ll ams aagcitsutraacdioon ienss tyru lcatso rp ideezcalsa rdóe c coonncvluicscoi óenl 
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el  demandante  y  otros  procesados.  Mediante  escrito  de  8  de  octubre  de  2018,  el 
demandante de amparo interesó el sobreseimiento de la causa y, subsidiariamente, la 
revocación de la conclusión del sumario para la práctica de nuevas diligencias. La sala 
de enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario por auto de 25 de octubre de 2018 
y, mediante otro auto de la misma fecha, declaró abierto el juicio oral, contra el recurrente 
por los mismos delitos por los que había sido procesado.
g)  En  sus  conclusiones  provisionales,  el  Ministerio  Fiscal  calificó  los  hechos 
atribuidos al demandante como constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.1, 5 
y 7; 473, inciso segundo, y 2 (distracción ilegal de caudales públicos) y 478 CP, por el 
que interesó la imposición de las penas de dieciséis años de prisión y de dieciséis años 
de inhabilitación absoluta y la condena en costas. En cuanto a la responsabilidad civil, 
solicitó  la  remisión  de  particulares  y  de  la  sentencia  al  Tribunal  de  Cuentas,  de 
conformidad con lo previsto en los arts. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 12 de mayo, 
del  Tribunal  de  Cuentas  (LOTCu),  y  en  los  arts.  16,  17  y  49.3  de  la  Ley  de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), para el establecimiento y reclamación 
definitiva de las cantidades totales desviadas.
El abogado del Estado calificó los hechos imputados al recurrente como constitutivos 
de: i) un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP, y ii) de un delito de malversación 
de caudales públicos del art. 432.1 y 3 CP. Estimando que los referidos delitos se hallan 
en relación de concurso medial, solicitó la imposición de las penas de once años y seis 
meses de prisión e inhabilitación absoluta, condena en costas y la responsabilidad civil 
en los términos solicitados por el Ministerio Fiscal.
La acusación popular consideró que la conducta del recurrente era constitutiva de los 
siguientes delitos: i) dos delitos de rebelión de los arts. 472.5 y 7, 473.1 y 2 y 478 CP; ii) 
alternativamente, de dos delitos de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; iii) un delito de 
organización criminal de los arts. 570 bis 1 y 2 a) y c) y 570 quater 2 CP, y iv) un delito de 
malversación de caudales públicos del art. 432.1 y 3 a) y b) CP en relación con el 
art. 252 CP. Por cada delito de rebelión interesó la imposición de las penas de veinticinco 
años de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta; alternativamente, por cada 
delito  de  sedición  solicitó  las  penas  de  quince  años  de  prisión  y  de  inhabilitación 
absoluta; por el delito de organización criminal pidió las penas de doce años de prisión y 
de veinte años de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o 
negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con 
su actuación en el seno de los mismos; y por el delito de malversación de caudales 
públicos interesó la imposición de las penas de doce años de prisión y de veinte años de 
inhabilitación  absoluta.  También  pidió  la  condena  en  costas  y,  en  concepto  de 
responsabilidad civil, solicitó que el demandante de amparo abonara solidariamente con 
otros acusados la cantidad de 4 279 985,03 €, importe a que asciende la cuantía 
malversada.
h)  Al amparo de lo previsto en el art. 666.1 y ss. LECrim, tanto el demandante como 
otras personas acusadas presentaron, como artículo de previo pronunciamiento, una 
solicitud de declinatoria de jurisdicción en favor del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Para justificar su pretensión, invocó expresamente la vulneración del derecho 
al juez predeterminado por la ley.
i)  Tomando  en  consideración  dicha  perspectiva,  la  pretensión  fue  desestimada 
mediante auto de 27 de diciembre de 2018, por el que la sala mantuvo su competencia 
objetiva  para  conocer  y  juzgar  los  delitos  por  los  que  los  procesados  habían  sido 
provisionalmente acusados. s
j)  En  fecha  16  de  enero  de  2019,  el  demandante  presentó  el  escrito  de  oe.
conclusiones provisionales, conforme a lo dispuesto en el art. 652 LECrim, en el que  w.
interesó su libre absolución. Asimismo, propuso la prueba que consideró pertinente y se  57ww
orerasel, rpvóu elsa  apfoirsmibóil indoa dh adbee sr oploicditiadro  macácse pdreure dbea  fcoormn aa nctoemrioprleidtaa da la p lrao cceedleimbriaecnitóon. del juicio
celekb)r acMióend idaenlt eju icaiuot oo rdael,  cfueycoh ai n1ic iod es ef efibjóre proa rad ee l 2d0í1a9 1 2s ed es efeñbarlearroo ny  lsaus  fifneaclhizaasc iódne   BOE-A-cable e
para el 1 de junio del 2019. En la misma resolución, el órgano de enjuiciamiento resolvió 
sobre  la  admisión  de  las  pruebas  propuestas  por  las  partes.  En  concreto,  en  el 
fundamento  jurídico  sexto  (págs.  92  a  105)  figuran  las  pruebas  interesadas  por  el 
recurrente que fueron inadmitidas.
l)  El 12 de febrero de 2019, antes del comienzo de la práctica de la prueba en el 
juicio oral, el recurrente y otros dos procesados plantearon a la sala cuestiones previas 
alegando las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: i) del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y, en concreto, del derecho a la doble 
instancia en materia penal [art. 2.2 del Protocolo núm. 7 al Convenio europeo para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH)], ya que 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo asumió el conocimiento de la presente causa sin 
tener competencia para enjuiciar; ii) del derecho a un juez imparcial (arts. 6 CEDH y 24 
CE), lesión que se produjo en la fase de instrucción, tanto por la intervención del 
magistrado instructor designado, como por la de sala de recursos, especialmente, del 
miembro de la misma don Francisco Monterde Ferrer, vicepresidente y miembro del 
comité  ejecutivo  de  la  Asociación  Profesional  de  la  Magistratura;  y  en  la  fase  de 
enjuiciamiento, con mención de las recusaciones resueltas por la Sala del art. 61 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y las manifestaciones de don Carlos Lesmes, 
presidente del Tribunal Supremo, que no atañen a los magistrados que integran la Sala, 
pero son «ilustrativas del contexto que rodea a la presente causa en términos de 
imparcialidad institucional»; iii) de los derechos a la defensa, a un proceso con todas las 
garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH) y a la no discriminación (arts. 14 CE y 14 CEDH), por 
haberse denegado el sistema de traducción simultánea solicitado por esta defensa; iv) 
del derecho a la defensa y del derecho a un proceso con todas las garantías, por haber 
tenido que preparar el juicio en una situación de privación de libertad (art. 17 en relación 
con 24 CE); v) de los derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías, por 
no permitirse un acceso completo a las actuaciones (arts. 24 CE y 6 CEDH); queja que 
se desglosa a su vez en las siguientes: acceso incompleto a la «nube virtual» para 
consultar las actuaciones de la instrucción; denegación de traslado de los denominados 
sobres cerrados y del resultado de las pruebas documentales requeridas por la Sala en 
su auto de admisión de pruebas, de fecha 1 de febrero de 2019; vi) de los derechos de 
defensa y a un proceso con todas las garantías, por haberse denegado la aportación de 
testimonio íntegro de las diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona (arts. 24 CE y 6 CEDH); vii) del derecho a la presunción de inocencia por las 
declaraciones a la BBC de doña Irene Lozano Domingo, responsable de la campaña 
gubernamental «España Global» (arts. 24 CE y 6.3 CEDH), y viii) de los derechos de 
defensa y a un proceso con todas las garantías, por denegación de medios de prueba 
pertinentes propuestos en tiempo y forma (arts. 24 CE y 6 CEDH).
m)  En  sus  conclusiones  definitivas,  las  partes  acusadoras  mantuvieron  sus 
calificaciones jurídicas y peticiones de penas. Por su parte, el demandante modificó sus 
conclusiones  provisionales,  en  el  sentido  de  interesar,  en  la  conclusión  cuarta,  la 
apreciación de la circunstancia eximente (art. 20.7 CP) de obrar en el legítimo ejercicio 
de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE), de expresión (art. 20 CE), de 
reunión pacífica y manifestación (art. 21 CE) y de asociación (art. 22 CE).
En  el  momento  de  elevar  a  definitivas  sus  conclusiones,  amén  de  reiterar  las 
vulneraciones ya alegadas al inicio del juicio oral, el recurrente denunció las siguientes 
lesiones de sus derechos fundamentales causadas durante la celebración del plenario: i) 
del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la  s
imposibilidad  de  confrontar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba  documental  oe.
videográfica; ii) del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la restricción  w.
injustificada  del  alcance  de  los  interrogatorios  efectuados  por  las  defensas;  iii)  del  57ww
qdueerebcrhaon taam iuenn top rdoecl epsroin ccipoino  dtoed iagsu alladsa dg daera anrtmíaass  (eanrttrse.  a2c4u sCacEio nye s6  y CdEeDfeHns),a sp oy rp oerl 
la asunción de un rol acusatorio por parte del presidente del tribunal.
n)  En fecha 14 de octubre de 2019 la sala dictó sentencia en la referida causa 
especial. El demandante fue considerado autor de: a) un delito de sedición previsto en 
los arts. 544 y 545.1 CP; y b) un delito de malversación de caudales públicos previsto en 
los arts. 432.1 y 3 CP. Al serle aplicada la regla penológica prevista en el art. 77.3 CP 
para el concurso medial, las penas impuestas fueron las de doce años de prisión e 
inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, 
empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad 
para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la 
de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. A su vez, fue 
condenado al pago de cuatro setentaidosavas partes de las costas procesales, sin 
inclusión de las costas de la acusación popular, y a la responsabilidad pecuniaria que se 
determinase  por  la  jurisdicción  contable,  en  el  ámbito  de  su  competencia  y  de 
conformidad con lo previsto en el art. 18.2 LOTCu, y en los arts. 16, 17 y 49.3 LFTCu, 
para el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas. El 
demandante fue absuelto de los delitos de rebelión y de organización criminal.
ñ)  En las páginas 24 a 60 de la sentencia condenatoria se consignan los hechos 
que el tribunal consideró probados, cuyo tenor literal, es el siguiente:
«1.  Con fecha 8 de septiembre de 2017, el ‘Diario Oficial de la Generalitat’ núm. 
7451-A  publicó  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  20/2017,  8  de  septiembre,  de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
Esta  norma,  integrada  por  89  artículos  y  tres  disposiciones  finales,  incluía 
proclamaciones  unilaterales  de  ruptura  con  el  sistema  constitucional  vigente.  Se 
presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera 
aprobada la Constitución de la nueva República. Proclamaba que Cataluña se constituye 
en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el 
pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los 
poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña 
se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a 
sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su 
lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar 
territorial de Cataluña.
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al 
presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta 
representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el 
Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que 
culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno 
del poder judicial inspirado en la actuación coordinada con el poder ejecutivo y permitía 
la  continuidad  de  aquellos  jueces  y  magistrados  que  venían  desempeñando  sus 
funciones en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, 
aquellos jueces y magistrados que llevaran menos de tres años de ejercicio en Cataluña, 
se veían despojados de su garantía constitucional de inamovilidad, al referirse la ley a un 
derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a 
un procedimiento a regular en el futuro.
Se atribuía al Parlament, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída 
la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Supremo,  el  nombramiento  del  fiscal  general  de 
Cataluña.
Modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña, 
redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y  e.
regulaba la sucesión del Estado catalán en la titularidad de todos los bienes y derechos  w.b
del  Estado  español  en  Cataluña.  También  preveía  un  régimen  de  integración  del  57ww
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los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de gobierno la 
autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña.
2.  La  Ley  19/2017,  6  de  septiembre,  reguladora  del  llamado  referéndum  de 
autodeterminación, fue publicada en el ‘Diario Oficial de la Generalitat’ núm. 7449A, de 6 
de septiembre de 2017.
En  su  preámbulo  se  expresaba  que  en  la  aprobación  de  esa  Ley  confluían  la 
legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán, con el 
derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos  consagrado  por  la  legislación  y  la 
jurisprudencia internacionales. Calificaba el acto de aprobación de la ley como un ‘acto 
de soberanía’.
En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuento de los votos válidamente 
emitidos llegara a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la 
independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlament de Cataluña, dentro los dos días 
siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, 
debería  celebrar  una  sesión  ordinaria  para  efectuar  la  declaración  formal  de  la 
independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.
3.  Ambos textos, a los que siguieron otras normas reglamentarias de desarrollo, 
formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. De lo que se 
trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de 
la República independiente de Cataluña. Ese acuerdo implicaba un reparto funcional 
entre sus protagonistas. Dña. Carme Forcadell Lluis era la Presidenta del Parlament; D. 
Oriol Junqueras i Vies, era en aquellas fechas Vicepresidente y Consejero de Economía 
y  Hacienda;  D.  Raül  Romeva  i  Rueda,  Consejero  del  Departamento  de  Asuntos  y 
Relaciones  Institucionales  y  Exteriores  y  Transparencia;  D.  Josep  Rull  i  Andreu, 
Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dña. Dolors Bassa i Coll, Consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias; Dña. Meritxell Borràs i Solé, Consejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda; y D. Carles Mundó i Blanch, Consejero de Justicia.
D. Santiago Vila i Vicente, fue inicialmente Consejero de Cultura y asumió con 
posterioridad, en los primeros días del mes de julio de 2017, el Departamento de 
Empresa y Conocimiento. En esas fechas se incorporó al Gobierno, como Consejero de 
Presidencia, el acusado D. Jordi Turull i Negre. La Consejería de Interior fue asumida, en 
la misma remodelación del Gobierno, por D. Joaquim Forn i Chiariello.
Además del papel asumido por la presidenta del órgano parlamentario y por los 
miembros del ejecutivo autonómico, era indispensable conseguir la movilización de miles 
y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado. Con este fin y con el de lograr una participación relevante en la consulta 
presentada como la expresión del ‘derecho a decidir’, se sumaron al concierto los 
acusados  D.  Jordi  Sánchez  Picanyol  y  D.  Jordi  Cuixart  Navarro.  Eran  los  líderes 
respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (en adelante, ANC) y de Omnium Cultural 
(en  adelante,  OC),  organizaciones  ciudadanas  que  fueron  puestas  por  sus  dos 
principales dirigentes al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada 
de forma concertada con el resto de los acusados.
4.  El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a votar. La 
pregunta incluida en las papeletas del referéndum fue la siguiente: ‘¿quiere que Cataluña 
sea un estado independiente en forma de república?’. El resultado del referéndum, 
conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si en el  s
recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos que  oe.
negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que  w.
debería  seguir  una  declaración  formal  del  Parlament,  concretando  sus  efectos  e  57ww
iniciSanedgoú ne l lopsro cdeastoos c ohnescthitousy epnúteb.licos por el gobierno de la Generalitat, el referéndum
cairfrroaj óto etal l sdigeu vieontaten treess ualstacednod: idóe a u 2n  2t8o6ta 2l 1d7e  p5e 5rs0o0n a0s0.0 S pee crsoonntaabsi lcizoanr odne 2re 0c4h4o  0a5 v8o vtoo,t olas   BOE-A-cable e
favorables al ‘SÍ’, cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco 
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas 
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se 
relacionara  la  identidad  de  los  potenciales  votantes,  se  recurrió  al  llamado  ‘censo 
universal’. En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por 
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar 
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de 
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías autenticidad y la labor de los agentes de 
las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  en  cumplimiento  de  resoluciones 
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral, 
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La 
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora 
más temprana acudieron al centro de votación.
El Presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado 
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la 
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la 
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la 
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con 
el  acuerdo  de  las  autoridades  españolas.  Recordaba  también  que  la  Comisión  de 
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se 
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta 
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109-165): ‘la Junta Electoral 
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y 
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente, 
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas 
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado 
hacer público cuanto sigue:
1.º)  El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún 
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades 
previstas por el ordenamiento jurídico: i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; ii) 
ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; iii) ni por su objeto, 
inconstitucional;  iv)  ni  por  la  notoria  ausencia  de  toda  garantía  de  objetividad  y 
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º)  Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como 
resultados del llamado referéndum de autodeterminación.
5.  El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el 
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de 
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente 
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del 
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. 
Inmediatamente después afirmó ‘con la misma solemnidad el gobierno y yo mismo 
proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia  e
de manera que en las próximas semanas emprendamos un diálogo, sin el que no es  bo
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la  57ww
pdeetsiceisocnaelas dya  edne  elal sm taenndsaioton edse sl inpou,e bsloob rdee  tCodaota, lulañ av o[…lun] taedn  clala reata dpea  daeva dnizáalor geon  qluaes 
estaDmeossp udéissp udees dtoicsh ao  adbisrciru’.rso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella
acordaban: a) constituir la República Catalana, como estado independiente y soberano; 
b) disponer la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república;  c)  iniciar  un  proceso  constituyente;  d)  declarar  su  voluntad  de  abrir 
negociaciones con el Estado español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad 
internacional y a las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república 
catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados 
y  organizaciones  internacionales  a  reconocer  la  república  catalana  como  estado 
independiente y soberano; f) instar al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas 
necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia 
y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y g) 
llamar a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un Estado que traduzca en 
acción y conducta las aspiraciones colectivas.
La  suscripción  de  este  documento  se  realizó  fuera  del  Salón  de  Plenos  de  la 
Cámara.
6.  El 27 de octubre de 2017 cuatro parlamentarios que no son ahora objeto de 
juicio, pertenecientes a los grupos Junts pel Sí y la CUP presentaron a la Mesa del 
Parlament dos propuestas de resolución para su votación al Pleno. La primera tenía por 
objeto la declaración de independencia de Cataluña con un contenido idéntico a la 
declaración  efectuada  fuera  del  Parlament  a  la  que  hemos  hecho  referencia,  y  la 
segunda, el inicio de un proceso constituyente para la nueva república con la creación de 
un consejo asesor y la culminación mediante convocatoria de referéndum en el que se 
sometería a votación el texto de la Constitución de Cataluña.
Las propuestas se tramitaron y fueron posteriormente votadas por 82 de los 135 
diputados  del  Parlament.  El  resto  de  los  parlamentarios  abandonó  el  hemiciclo 
expresando  la  ilegalidad  de  las  propuestas.  La  votación  se  realizó  en  urna  y  con 
mantenimiento del secreto del voto para los participantes.
La denominada declaración de independencia fue aprobada con setenta votos a 
favor, diez en contra y dos abstenciones –de un total de 135 diputados autonómicos–. No 
llegó a tener concreción práctica alguna dado que el mismo día 27 de octubre el Pleno 
del Senado dictó un acuerdo aprobando las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general 
por parte de la Generalitat de Cataluña (‘Boletín Oficial del Estado’ –en adelante, ‘BOE’– 
de 27 de octubre de 2017), y disponiendo el cese inmediato de todos los miembros del 
Gobierno  de  la  Generalitat,  la  disolución  de  la  cámara  legislativa  autonómica  y  la 
convocatoria de elecciones para la conformación de un nuevo Parlament.
7.  Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un 
proceso de tramitación legislativa que se desarrolló en abierta y contumaz oposición a 
todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional que, una y otra vez, 
advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas a los acusados, de la ilegalidad de 
las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos requerimientos fueron desatendidos, 
como también lo fue el efecto suspensivo que, por imperativo legal, se producía respecto 
de los actos de la cámara impugnados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de 
la Nación.
El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos 
informes que la admisión a trámite de ambas proposiciones de ley resultaba contraria a 
las  resoluciones  prohibitivas  del  Tribunal  Constitucional  anteriormente  indicadas  y 
conculcaba  los  requerimientos  expresamente  realizados  para  que  se  impidiera  o 
paralizara  cualquier  iniciativa  que  supusiera  ignorar  o  eludir  la  nulidad  de  las  s
resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban. Pese  oe.
a la advertencia de ilegalidad, la mesa incluyó dichas proposiciones de ley en el orden  w.
del  día  respectivo,  dio  curso  a  la  iniciativa  legislativa,  las  admitió  a  trámite  por  el  57ww
pprroocpeodsiimcioiennetso  ded ele yu. rDgeen ecsiata  fyo rmreac,h laaz tóra mlait ascoiólinc ilteugdi sldaetiv ar edceo nlassid leeryaecsi ódne  rdeefe réanmdbuams 
yd etrl anPsaitrolarmiedeandt,  sceo dne seal rroelxlóc luas pivaor tiro dbeje uton ad ien teirmppreritmacirió nu nsain giunluasriiztaaddaa  dceell eRreidgaladm  ae ntlao   BOE-A-cable e
aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los grupos 
parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura.
El  pleno  del  Consejo  de  Garantías  Estatutarias  de  Cataluña,  institución  de  la 
Generalitat que vela para que las disposiciones de esta se adecuen al Estatuto y a la 
Constitución, adoptó dos acuerdos fechados los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En 
ellos  se  decidió:  a)  comunicar  al  Parlament  el  carácter  preceptivo,  en  el  seno  del 
procedimiento  legislativo,  de  la  apertura  subsiguiente  a  la  publicación  de  cualquier 
proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este consejo, en garantía del 
derecho de los diputados en el ejercicio de su función y que correspondía a la mesa el 
envío  de  tales  solicitudes  de  dictamen  al  consejo;  y  b)  recordar  que  todas  las 
proposiciones de ley, sin excepción, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña 
y  antes  de  ser  aprobadas  definitivamente,  deben  poder  ser  objeto  de  solicitud  de 
dictamen ante el consejo, dado su carácter preceptivo, si así lo solicitan los sujetos 
legitimados.
El Pleno del Parlament, después de que una parte de los diputados presentes 
abandonara  la  sesión,  tras  un  debate  en  el  que  expresaron  la  ilegalidad  de  las 
decisiones propuestas, aprobó ambas proposiciones como las ya citadas Leyes 19/2017, 
de  6  de  septiembre,  del  Referéndum  de  Autodeterminación  (‘Diario  Oficial  de  la 
Generalitat de Cataluña’ –en adelante, ‘DOGC’– 6 de septiembre de 2017), y 20/2017, 
de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (‘DOGC’ de 8 
de septiembre de 2017).
Tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del Pleno, 
que incluyeron el debate y votación de ambas proposiciones en el orden del día de las 
sesiones  del  6  y  del  7  de  septiembre,  suprimiendo  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento  legislativo,  se  declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal 
Constitucional –núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre–. En ambas resoluciones 
se declaraba la inmediata ejecutividad desde su publicación –que tuvo lugar en el ‘BOE’ 
núm. 229, de 22 de septiembre de 2017– y se acordaba deducir testimonio al fiscal 
contra la presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carme Forcadell y otros miembros 
de la mesa, por incumplir el mandato legalmente previsto, en relación con los hechos 
objeto del incidente de ejecución, al permitir su admisión a trámite.
Ambas leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el 
Tribunal  Constitucional  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017.  La 
Ley  19/2017  fue  finalmente  declarada  nula  por  STC  114/2017,  de  17  octubre,  e 
igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre. 
Todas  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  volvían  a  contener  las 
correspondientes advertencias sobre la ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad 
de  incurrir  en  responsabilidades  penales.  Las  providencias  de  suspensión  fueron 
notificadas personalmente con dichas advertencias a los miembros de la mesa y del 
Gobierno, y a otras autoridades (en este caso, los miembros de la sindicatura electoral).
7.1  Las impugnaciones que presidieron el devenir parlamentario de las Leyes 19 
y 20 de 2017 estaban en línea con toda una batería de recursos y requerimientos 
promovidos por el Gobierno de la Nación ante el propio Tribunal Constitucional, frente a 
iniciativas parlamentarias anteriores, coetáneas y posteriores, llamadas a preparar el 
camino al referéndum finalmente celebrado el día 1 de octubre. Se perseguía así privar 
de  eficacia  a  un  cuerpo  normativo  en  abierta  contradicción  con  las  bases 
constitucionales del sistema.
La mesa del Parlament, compuesta por siete miembros y presidida por la acusada  e.
Dña. Carme Forcadell, tiene entre sus funciones calificar los escritos y documentos de  w.b
naturaleza parlamentaria, así como declarar su admisión o inadmisión a trámite. Por ello,  57ww
adle obriedreonn  choanbsetirtu sciidoon ainl.a Sdum pitrideassid ean ttraá m–rietes pye cptaor adleiz aodtraoss  tinotdeagsr alanste ps rdoep ulae smtaess ac osnet rsaigriuaes 
creaquusear impeiennatlo se np eortrsoosn aólergsa nqouse  juleri sdfoicrmciounlóa leesl – Tdriebsuonyaól  Claosn smtiútultcipiolensa l adpvaerart eqnuciea s sey 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad.
7.2  La primera iniciativa admitida a trámite permitió la aprobación por el Pleno del 
Parlament de la resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015, para la creación del Estado catalán independiente. En su apartado sexto 
proclamaba que el Parlament y el proceso de desconexión ‘no se supeditarán a las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional’.
Fue admitida a trámite por la mesa e impugnada ante el Tribunal Constitucional que, 
mediante su sentencia 259/2015, de 2 diciembre, la declaró inconstitucional.
7.3  La segunda iniciativa dio lugar a la aprobación de la resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016 para la creación de una ‘Comisión de estudio del proceso constituyente’. 
La citada comisión fue constituida el 28 de enero de 2016 y alcanzó la conclusión de que 
el objetivo era llegar a la desconexión con las leyes españolas a través de la vía de la 
unilateralidad, es decir, a través de procedimientos ilegales.
El  auto  del  Tribunal  Constitucional  núm.  141/2016,  de  19  julio,  rechazó  la 
constitucionalidad de esa actividad de la Comisión y advirtió a los miembros de la mesa 
sobre  su  deber  de  no  admitir  semejantes  iniciativas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la 
advertencia, las conclusiones de la mencionada Comisión se debatieron en el Parlament 
de Cataluña el 27 de julio de 2016 y se aprobaron mediante la resolución 263/XI, de 27 
de julio de 2016.
El auto del Tribunal Constitucional núm. 170/2016, de 6 de octubre, declaró la 
nulidad de la misma. Además, acordó la notificación personal de la resolución a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, así como al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o 
eludir  la  nulidad  de  dicha  resolución,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
7.4  La tercera iniciativa, admitida por la mesa el 4 de octubre de 2016, contenía las 
propuestas de instar al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referéndum vinculante 
sobre la independencia de Cataluña y abordar un proceso constituyente si esta opción 
era votada mayoritariamente. Dio lugar a la resolución 306/XI, de 4 de octubre, donde se 
volvía a proclamar –contra las decisiones del Tribunal Constitucional– el derecho de 
autodeterminación de Cataluña, instando al Gobierno a iniciar la consulta democrática y 
a aportar para ello todos los recursos necesarios.
Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la 
nulidad de la resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general del Parlament, así como al presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera 
actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  la  resolución  306/XI  en  los  apartados 
anulados y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que 
directa o indirectamente supusiera ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha  s
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las  oe.
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. Por  w.
último, deducía testimonio para remisión al fiscal. 57ww
de 270.51 7,L ap osri gluai eqnutee  inseic iadteivsaig snea rpolna slmosó  menie lma brreosso ldueci ólna  8s0in7d/Xic1a,t udrea  7e ldeec tosreapl.t ieDmicbhrae 
–rensootliuficcaiódna  fpueer ssounspaelmnednidtae  pao lor sp rmovieidmebnrcoias  ddeel  lGa ombiisemrnao ,f edceh laa  dmeel sTari byu dnea ll aC soinnsdtiictuactuioran–a,l   BOE-A-cable e
en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida resolución.
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo  ha  inadmitido  la 
demanda núm. 70219-17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las 
multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en decisión Aumatell 
i Arnau c. España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de 
octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 
de octubre de 2017. La mesa se reunió ese mismo día. El letrado mayor y el secretario 
general advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. La mesa acordó, con el voto favorable de su presidenta –Sra. 
Forcadell–  admitir  a  trámite  la  solicitud  y  posteriormente  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración.
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se admitió el recurso de 
amparo  frente  a  dichos  acuerdos  y  se  suspendió  cautelarmente  la  eficacia  de  los 
mismos. El auto se notificó a los miembros de la mesa, advirtiéndoles nuevamente de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión.
El 6 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat, mediante una carta firmada 
por el Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat D. Oriol Junqueras, su portavoz D. 
Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. Raül Romeva comunicó al Parlament 
el resultado del referéndum, afirmando que había ganado el ‘SÍ’ con un 90,18 por 100 de 
los votos emitidos.
7.6  Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una ‘hoja de ruta’ respecto del proceso de independencia entre 
los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña (representada por D. Josep 
Rull  Andreu)  y  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  con  las  entidades  soberanistas 
Ómnium  Cultural  (representada  por  una  persona  ya  fallecida),  Asamblea  Nacional 
Catalana (representada por su entonces presidenta Dña. Carme Forcadell Lluís) y la 
Asociación de Municipios para la Independencia (en anagrama, AMI, representada por 
quien entonces era su vicepresidente).
En el preacuerdo se proclamó que las elecciones que iban a celebrarse el día 27 de 
septiembre  de  2015  tendrían  un  carácter  plebiscitario,  de  modo  que  votar  a  las 
candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia 
de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la 
proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho meses, con la 
creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo Estado y con la 
elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez meses, el cual 
debería ser sometido a un referéndum vinculante que, en caso de ser positivo, permitiría 
proclamar la independencia.
El 12 de abril de 2015 la ANC –un mes antes de que el acusado D. Jordi Sánchez 
asumiera su presidencia– aprobó su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría 
por el cumplimiento de las resoluciones del Parlament de Cataluña relativas al impulso 
del proceso, con especial atención ‘a las leyes de desconexión, a la convocatoria y 
realización de un referéndum vinculante en los términos establecidos, y la inmediata 
proclamación  de  la  independencia  en  caso  de  victoria  del  SÍ’.  Respecto  del  poder  s
ejecutivo, afirmaba que había de trabajarse coordinadamente con el Gobierno para  oe.
conseguir el máximo apoyo internacional respecto del derecho de autodeterminación y  w.
del reconocimiento del nuevo Estado catalán. También reflejaba expresamente que, ante  57ww
jluar ídpiocsaimbileidnated  pdoer  qeul eE sltaa dGo eensepraalñitoalt  yd/eo  aClagtúanlu ñpaa rtfiduoe ras o‘binetrearnviesntaid ail egpaolliíztiacdaom e[…nte]  lay 
ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia’.
8.  Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo 
como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo 
que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Los requerimientos personales 
notificados a los acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa 
consulta que era presentada como la legítima expresión del ‘derecho a decidir’.
8.1  En paralelo con la actividad del Parlament descrita más arriba, el 9 de junio 
de 2017, el vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras una 
reunión con todo el Consejo de Gobierno, presentó en el ‘Pati dels Tarongers’ del Palacio 
de  la  Generalitat  la  pregunta  que  se  iba  a  formular  en  el  referéndum  de 
autodeterminación, estableciendo para su celebración la fecha del 1 de octubre. Fueron 
acompañados por todos los miembros de su Gobierno, por la presidenta del Parlament, 
algunos de los miembros de la mesa y varios parlamentarios de ‘Junts pel Sí’ y de la 
‘CUP’. El día 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro nacional de Cataluña 
se hizo la proclamación de la voluntad de realizar el referéndum de autodeterminación 
que el coacusado Sr. Junqueras preveía que se celebraría con la ‘oposición descarnada 
del Estado’.
8.2  Para  asegurar  que  la  Policía  autonómica  –dependiente  orgánica  y 
funcionalmente de la Consejería de Interior de la Generalitat–, en caso de cumplir con la 
legalidad constitucional vigente, no frustrase la realización del referéndum proyectado 
por los coacusados, a mediados de julio de 2017 se procedió́ a la sustitución de don 
Jordi Jané por el acusado don Joaquín Forn, para que respaldara sin reservas la 
celebración del referéndum. Unos días más tarde, ante el rumbo que tomaban los 
acontecimientos, también dimitió́ el hasta entonces Director General de Policía de la 
Generalitat, don Albert Batlle.
Por  el  mismo  motivo  y  en  la  misma  época,  fueron  cesadas  las  consejeras  de 
Enseñanza, Dña. Meritxell Ruiz Isem, y de la presidencia, doña Neus Munté Fernández, 
pasando a ocupar sus cargos doña Clara Ponsatí y el acusado don Jordi Turull. También 
en ese momento fue cesado el consejero de Industria don Jordi Baiget, a raíz de haber 
manifestado en una entrevista que consideraba una irresponsabilidad la celebración de 
un referéndum unilateral.
Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó 
los  Decretos  108/17,  de  17  de  julio  y  110/17,  de  18  de  julio  por  los  que  se 
reestructuraban las competencias de los diferentes departamentos o consejerías, de 
modo que la administración de los procesos electorales pasó a depender en su totalidad 
de la vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular era el acusado don Oriol Junqueras.
8.3  El 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Cataluña la 
Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, la totalidad de los integrantes del 
Gobierno de la Generalitat (presidente, vicepresidente y doce consejeros), firmaron el 
Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación  –con  las 
correspondientes advertencias personales en orden a impedir los incumplimientos y 
sobre posibles responsabilidades penales– y mediante la sentencia núm. 122/2017, 
de 31 de octubre de 2017, fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada 
norma.
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  Departamento  de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno 
autonómico  aprobó  el  Decreto  140/2017,  de  6  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación de Cataluña,  e.
en el que se contenían las previsiones sobre administración electoral –a través de las  w.b
sindicaturas–, confección del censo, designación de apoderados e interventores de las  57ww
mmeedsaioss  edlee cctoomraulensic, accaiómnp, apñroac eindsimtituiecnioton adle  yv oetlaeccitóonr apl recsoenn cuisaol  yd een  eesl peaxctrioasn jeprúob, liucronsa sy, 
doobcsuemrveandtoarceisó nin etelerncatocriaoln, aelsecsr uyt iandiom, ipneisrstroancaiól nc ool aabfoercatadcoiró nd el alab oardaml dinei sltorsa cpióanrt iecliepcatnotreasl,. 
El  decreto  aparecía  firmado  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  así  como  por  el
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el acusado don Oriol 
Junqueras. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
8.4  En septiembre de 2017, la interventora general de la Generalidad dejó de 
remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  comunicando  que  el  vicepresidente  y 
consejero de Economía y Hacienda, don Oriol Junqueras, prescindía de la obligación de 
remitir información contable, y como responsable jerárquico, dispensaba de hacerlo a los 
interventores  concernidos.  En  estas  circunstancias,  ante  la  grave  quiebra  de  los 
principios de la Ley Orgánica 2/2002 y el incumplimiento del resto de obligaciones 
económico-financieras  asumidas  por  el  Gobierno  de  la  Generalidad,  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por acuerdo de 15 de septiembre 
de 2017, publicado por Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre (‘BOE’ de 16 de 
septiembre de 2017), incrementó los controles fijados y ya incumplidos, y estableció un 
mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera 
directa  a  los  acreedores  de  la  Generalidad,  solo  contra  factura  comunicada  por  la 
interventora general. Además de esto, sometió a autorización previa del Consejo de 
Ministros  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  de  la  Comunidad,  incluidas  las 
operaciones a ‘corto plazo’. Entre muchas otras medidas, se disponía que todos los 
órganos de contratación e interventores que fiscalizaran las actuaciones administrativas 
dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña  o  las  entidades  de  su  sector  público,  debían  emitir  una  ‘declaración 
responsable’ en la que constase que dichos bienes o servicios no guardan relación con 
la  financiación  de  actividades  ilegales,  debiendo  entregarse  dicha  declaración 
responsable al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda. También se disponía que la 
Generalitat no podría ordenar la realización material de ningún pago por medio de 
servicios  contratados  con  entidades  de  crédito  sin  acompañar  un  certificado  del 
interventor que permitiera comprobar que el pago no guardara relación de cualquier 
índole con la financiación de actividades ilegales o prohibidas por los tribunales.
Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 –
a propuesta del vicepresidente, don Oriol Junqueras, y de los consejeros de Presidencia, 
don Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, don Raül Romeva– se autorizó 
a  los  diferentes  departamentos  para  que  realizaran  las  acciones  y  contrataciones 
necesarias para la realización del referéndum.
El  acuerdo  en  cuestión  establecía  literalmente  lo  siguiente:  ‘el  Gobierno  como 
administración electoral, para garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, 
asume directamente de manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades 
competentes entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto, y las acciones 
político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum.
En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la confección, 
impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas 
de votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas 
electorales, acreditaciones, credenciales…); b) la elaboración del censo electoral, su 
comunicación formal y trámite, si hace falta, a los ciudadanos y ciudadanas, y su 
impresión para su utilización el día de la votación de acuerdo con la normativa de 
protección de datos; c) la comunicación a los catalanes y catalanas residentes en el  s
exterior con derecho a voto del mecanismo mediante el cual pueden ejercer el derecho a  oe.
voto; d) la elaboración de una página web informativa y la adquisición de reservas de  w.
dominios y servicios de hospedaje, así como el uso de los ya existentes; e) encargo,  57ww
creolnatcriaotnaacdióans  yc odni sleoñso  cdoela blaosra dcoarmesp ayñ acso ladbeo rcaodmouransic adcei ólna  iandsmtitiuncisiotrnaacli,ó na seí leccotmoroa l;l afs) 
dfoerfminaicl iódne  dleo sla sm sieemccbiroonse sd ece lnassa lmese sya ms eeslaesc teolreacletosr;a lge)s ,u ntiolimzabcriaómn iednet ol oys  coemspuanciicoasc iódne   BOE-A-cable e
titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña, y organismos y entidades 
dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
administración electoral; i) utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  organización  y  desarrollo  del 
referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se 
dispone’.
Añadía  el  último  apartado  que  ‘las  decisiones  y  actuaciones  nombradas  serán 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y 
asumidas de manera solidaria’.
9.  Los acusados don Jordi Sánchez Picanyol y don Jordi Cuixart Navarro eran los 
líderes respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural (OC). 
Su contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan 
con una amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los señores. Sánchez y 
Cuixart ejercían una indiscutida capacidad de liderazgo. La ausencia de violencia en 
convocatorias multitudinarias añadía una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su 
capacidad de convocatoria. De ahí que la vanguardia para la movilización ciudadana 
dirigida  a  la  celebración  del  referéndum  fuera  asumida  por  ambos  acusados.  Su 
autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento asambleario no han sido obstáculo, 
en los últimos años, para mantener un estrecho contacto con los dirigentes políticos 
nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas ‘hojas 
de ruta’ que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia.
El día 20 de septiembre de 2017, los acusados don Jordi Sánchez Picanyol y don 
Jordi Cuixart Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita 
en los números 19-21 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se 
verificó  a  través  de  sus  propias  cuentas  de  ‘Twitter’  y  de  las  organizaciones  que 
lideraban. El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil 
de Barcelona, por orden del Juzgado de Instrucción num. 13 de esa ciudad, habían 
practicado una serie de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial 
de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad de encontrar elementos y 
datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del 
referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración.
Las entidades ANC y OC, a través de la página web ‘www.crídademocracia.cat’ –
concretamente  en  la  subpágina  ‘www.cridademocracia.cat/whatsappi’–  ofrecieron  la 
opción de unirse a grupos de ‘WhatsApp’ desde donde se invitó a la movilización y a 
estar conectados permanentemente para recibir alertas y poder estar organizados en 
caso de necesidad. De hecho, ese día 20 de septiembre, OC, mediante mensajes de 
‘WhatsApp’,  a  las  8:55  horas  llamó  a  concentrarse,  además  de  en  la  sede  de 
Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en las consejerías de Exteriores, Bienestar y 
Familia, y Gobernación.
Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de 
la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se 
efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones 
catalanas, exigían que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que habían 
sido detenidas, y pedían a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo 
que no podrían con todos ellos, que las fuerzas del orden se habían equivocado y que 
habían declarado la guerra a los que querían votar.
Los agentes de la Guardia Civil integrantes de la comisión judicial llegaron a la  s
consejería sobre las 08:00 horas del día 20 de septiembre de 2017, aparcando en la  oe.
puerta  sus  vehículos.  En  los  minutos  siguientes  la  afluencia  de  personas  se  fue  w.
incrementando,  hasta  el  punto  de  que  a  las  10:30  horas  de  esa  mañana  los  57ww
mnoarnmifaels rteaanltiezas chióanb ídaen  sroudse faudnoci opnoer sc.ompleto el edificio impidiendo a la comisión judicial la
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refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los 
acontecimientos se desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 
manifestantes,  que  se  agolpaban  en  un  ambiente  en  el  que  coexistían  los  gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores.
No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó, de 
manera que para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había 
otro acceso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila 
individual, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios 
voluntarios de la entidad convocante –ANC–, que llevaban chalecos identificativos de 
pertenecer  a  esa  organización.  Ese  pasillo  no  posibilitaba  que  la  comisión  judicial 
trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los 
agentes, como resultó con los Mossos de mediación que, confundida su adscripción por 
la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera 
precipitada en el inmueble contiguo.
Las  entidades  sociales  que  animaban  la  convocatoria  montaron  una  tarima  y 
repartieron agua y bocadillos entre los asistentes.
La movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los 
detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes 
procesales.  También  impidió  que  pudiera  ser  atendida  la  orden  judicial  con  plena 
normalidad. Los vehículos de la Guardia Civil, tres ‘Nissan Patrol’ con distintivos oficiales 
y matrículas PGC-5313-N, PGC-2446-N y PGC 5314-C, y cuatro vehículos camuflados 
‘Renault Megane’ PGC-8401-C, ‘Ford Focus’ PGC- 8019-C, ‘Laguna Renault’ PGC-6504-
B y ‘Hyundai’ 120 PGC-8784-C, terminaron con importantes destrozos.
Solo sobre las 00:00 horas se consiguió preparar una salida para que la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pudiera 
abandonar el lugar con seguridad, infiltrándola entre los espectadores que abandonaban 
el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los 
edificios. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir cuando la manifestación 
ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 horas de 
la madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha.
La  efectiva  dispersión  de  los  últimos  manifestantes  tuvo  lugar,  ya  entrada  la 
madrugada, a raíz de unas cargas policiales ejecutadas por la brigada antidisturbios de 
los ‘Mossos’.
Durante los disturbios, el acusado D. Jordi Sánchez se erigió en el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo 
desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran 
introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el 
tumulto. Igualmente se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse 
cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de 
indemnidad,  hasta  el  lugar  donde  estaban  estacionados  atravesando  la  masa  de 
personas que los rodeaban. Al ser informado por los agentes de que en el interior de 
esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los vehículos.
Sobre las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios 
de ‘Mossos’ (BRIMO) pudo comprobar por sí la ingente multitud que se agolpaba a las 
puertas  de  la  Vicepresidencia  y  Consejería  de  Economía,  hasta  el  punto  de  que 
consideró, en términos de seguridad ciudadana, imposible su desalojo. Se entrevistó con 
el acusado Sr. Sánchez que, hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, que se  s
permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: ’saca a la  oe.
BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de  w.
aquí’. Conforme avanzaban las horas de la noche, sin embargo, cambió hacia una  57ww
actitDude smdeá sl ac ollleagbaodraad aolr alu cgoanr  ldoesl  aagceunstaedso. D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sánchez se
ddierilg dieíaro 2n0 e, ne ld Sivr.e rCsuaisx aorct,a dsiioringeiésn ad olase m au lltoitsu dc opnagrrae gcoanddous ceirx isguió a lcat uliabceiróanc.i óAns íd, ee nto ldao tsa rldoes   BOE-A-cable e
detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el 
referéndum y que tenían escondido en determinados locales.
Tras esta intervención, tomó la palabra el acusado D. Jordi Sánchez, quien agradeció 
a los presentes que hubieran confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas 
entidades habían prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera 
falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de 
salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 
Rajoy,  ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  todas  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado 
podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente de la 
Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. Terminó pidiendo que 
nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una ‘noche larga e intensa’, y que habían 
de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país.
Sobre las 23:41 horas, ambos acusados D. Jordi Sánchez y D. Jordi Cuixart, subidos 
sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los 
presentes. El Sr. Cuixart manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así 
como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, proclamando que ‘todos estaban alzados’ para 
luchar por su libertad y afirmó que ‘desde ese altar’ –en clara referencia al vehículo 
policial– el Sr. Sánchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización 
permanente  en  defensa  de  los  detenidos,  emplazándoles  a  una  concentración  que 
tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sánchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 
Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras 
instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que 
acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior.
Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sánchez 
y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas –momento en el que se 
había  fijado  y  comunicado  previamente  su  finalización–,  llamando  entonces  a  la 
manifestación permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día 
siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9.1  Hechos  similares  orientados  a  impedir  el  funcionamiento  normal  de  la 
administración de justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones 
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado.
Así, en el registro del domicilio de D. José María Jové se concentraron unas 400 
personas que impidieron la salida del vehículo policial durante unos quince minutos. En 
el registro de la sede del Departamento de Exteriores, sita en vía Layetana 14, la 
congregación de 200 personas en actitud hostil determinó a la Guardia Civil a introducir a 
la letrada de la administración de justicia en un coche camuflado. Cuando fue sacado del 
edificio el detenido D. Xavier Puig Farré las personas congregadas intentaron sustraerlo 
del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro 
en las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de 
Bigues i Riells (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas 
concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese 
que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material 
intervenido sufrieran algunos daños. Asimismo, se produjeron incidentes en registros 
realizados en la localidad de Berga.
Los acusados Sres. Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Sánchez y Cuixart y las 
Sras. Bassa y Forcadell, expresaron por los medios sociales mensajes de solidaridad, 
afecto y compromiso y expresiones de agradecimiento, animando a la participación  e.
activa  en  el  referéndum  declarado  ilegal,  y  estimulando  la  presencia  masiva  de  w.b
ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado  57ww
hdaeb imíapne rdeicr isbuid coe llae beranccioómn.ienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
estuAdsiaí,n tDes.  Odricioiél nJduonleqsu erqause,  eel ramni smimop r2e7sc idned ibsleeps tiepmarbar e imdep le2m0e1n7t,a rs el ad irRigeióp úab licloas, 
añadiendo que ‘se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales’ y
que el país se sentía orgulloso de todos; D. Raül Romeva dispuso que, a través de 
Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional 
del acto ilegal; Dña. Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento 
autonómico y declaró que ‘los Mossos d'Esquadra no aceptaban el control del Estado 
que ha ordenado la Fiscalía’; D. Joaquim Forn manifestó que ‘ante el discurso del miedo 
del gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O’; y añadió el día 27 de 
septiembre de 2017 que ‘la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden 
y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a 
la guerra no iban con ellos’; D. Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que 
había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía 
de Palamós; los Sres. Sánchez y Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos 
medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente; 
D. Jordi Turull comunicó que ‘el 1-O está en manos de la gente’ y que ‘el 1-O nos 
jugamos la independencia’; D. Jordi Cuixart, el 27 de septiembre de 2017, declaró que ‘si 
ganaba el sí se tendría que proclamar la república’ y el 29 de septiembre de 2017, 
añadió ‘viva la revolución democrática catalana, movilízate para defender el referéndum, 
a partir de esta tarde todos a las escuelas’, iniciando la denominada jornada de Escoles 
Obertes; el 29 de septiembre de 2017, Dña. Dolors Bassa retiró a los funcionarios de 
Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los 
centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros.
9.2  El día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  unas  20000  personas,  convocadas  por  los  Sres. 
Sánchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la 
celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La acusada 
Dña. Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los 
detenidos.
En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos 
estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia 
Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. 
Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con 
marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros.
En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición 
judicial, se concentraron unas 2000 personas, entre las que se hallaban los acusados 
Sra. Forcadell y los Sres. Romeva y Junqueras.
El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, 
ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron 
las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona.
En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi Sánchez y D. 
Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que 
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica,  y  les  exhortaron  a  que 
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del 
material electoral. También los animaron a que acudieran masivamente a votar –pese a 
la expresa y clara prohibición del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña– y a que protegieran después el recuento de los votos frente a las 
actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. s
10.  Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,  w.b
como Diligencias Previas 3/2017, se tramitaban las distintas querellas interpuestas por la  57ww
aF islocsa lípar ocnounntrcaia lmosie mntioesm bdreol sT drieblu Gnaolb Cieornnos tidtuec liao nGael,n aenratelista tr,e pseoñr alad opsre, seusnpteac diaelmsaetenntec ieónn 
ccuuaalnqtuoi ear  alac taudavceiórnte nqcuiea  pae rlmosit imesieem lab rporse pdaerla cGióonb ioe rcneol edber aacbiósnte dneelr sreef edreé nlldeuvmar  par ecvaisbtoo 
para el próximo 1 de octubre. En estas Diligencias se dictó auto de 27 de septiembre
de 2017 por el que se acordaba ‘ordenar a los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional lo siguiente: a) impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o 
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en 
su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d) asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente 
para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo 
necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y en el artículo 2.3 a) Decreto 770/2017 de 28 de julio.
Líbrense los oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d’Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional’.
En el Fundamento Jurídico 2.º de esta misma resolución podía leerse lo siguiente: 
‘en dicha tesitura se hace del todo previsible que esa actitud renuente al cumplimiento de 
los pronunciamientos constitucionales se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de 
octubre en la que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del 
referéndum, con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional. 
[…] Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 LECrim permite acoger 
cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del 
Estado de Derecho, que se asienta, a su vez, sobre el principio de sometimiento a las 
decisiones judiciales, tanto por los particulares como por las propias Administraciones 
públicas y por las autoridades. […] Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, 
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del 
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el 
resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones 
o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un 
referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional’.
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el Presidente de la Generalitat 
de Cataluña, su Vicepresidente, el acusado D. Oriol Junqueras y el Consejero de Interior 
D. Joaquim Forn. Dicha reunión tenía como finalidad poner de manifiesto el problema de 
seguridad ciudadana que podría plantearse el 1 de octubre, debido a la gran cantidad de 
colectivos  movilizados  en  aquellas  fechas  –entre  ellos  42  Comités  de  Defensa  del 
Referéndum y posibles organizaciones contrarias al acto–. Propusieron expresamente la 
suspensión de la votación del día 1 de octubre. Pese a conocer las instrucciones  s
contenidas en el auto de 27 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de  oe.
Cataluña y los mandatos del Tribunal Constitucional que hemos venido citando, se les  w.
transmitió  la  decisión  de  seguir  adelante  con  el  referéndum.  Ello  dio  lugar  a  la  57ww
caodnvceurtrerenncicaia  dae  lDa . voJotasceiópn  Ldluei s2  Tmraiplloenroe s– djeefe p eprosloicniaals ,d eco nlo se l Mrioesssgoos –s udbes igluai epnotes ibdlee 
graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos.
El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando 
como  objetivo  prioritario  de  la  intervención  policial  preservar  la  ‘convivencia’  en 
referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, 
desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión. Con ello disimulaba –
siquiera de modo inverosímil– su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos 
no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados. Se aparentó así́ 
que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza 
para cumplir la decisión judicial sino de manera absolutamente exclusiva para defensa 
ante agresiones previas ‘de los ciudadanos a los policías’.
Tras avalar esa estrategia, el Sr. Forn advirtió́ además que las otras Fuerzas de 
Seguridad  del  Estado  solamente  ‘tendrían  que  actuar  a  requerimiento’  de  las 
autonómicas. Y protestó de forma contumaz por la designación de la coordinación a 
cargo  de  la  persona  designada  de  conformidad  con  lo  ordenado  en  el  auto  de  la 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, con anterioridad, en la 
resolución suscrita por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las autoridades de la Administración central del Estado –Secretario de Estado de 
Seguridad, Delegado de Gobierno en Cataluña y Coordinador Sr Pérez de los Cobos– 
creyeron en la previsión de ‘normalidad’ afirmada por el acusado Sr. Forn y que este 
cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desde luego, en el tiempo que transcurriría hasta el comienzo de la jornada prevista para 
el 1 de octubre. Ello contribuyó a la inhibición de la actuación de las demás Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de 
votación bajo la iniciativa conocida como ‘Escoles Obertes’.
Esa desleal actuación del acusado Sr. Forn tuvo como efecto que los centros no 
fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para 
gestionar y hacer posible la jornada de votación. Con esa actitud se evidenció la firme 
decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr. Forn, no solamente de no 
impedir  la  votación,  sino,  antes  bien,  de  que  los  criterios  policiales  allí́  expuestos 
garantizaran  su  efectiva  realización,  ante  la  fácil  previsión  de  que  los  ciudadanos 
convocados y llamados a ellos desatenderían cualquier requerimiento de los Mossos 
d’Esquadra y les impedirían tanto el cierre de los centros como el acceso pacífico a ellos.
11.  Las vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó́ a cabo una intensa 
campaña denominada ‘Escoles Obertes’. En ella se convocaba a los ciudadanos a 
ocupar los locales que se habían designado como centros de votación. En su puesta en 
marcha  y  desarrollo  intervino  la  acusada  Dña.  Dolors  Bassa.  Para  liberar  de 
responsabilidades  a  los  directores  de  los  centros  y  garantizar  que  la  orden  de 
disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los 
directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer 
posible  su  mantenimiento  en  condiciones  de  disponibilidad  para  la  logística  de  la 
votación.  Posibilidad  garantizada  porque  la  fuerza  policial  de  Mossos,  dependiente 
política y administrativamente del acusado Sr. Forn, se limitó́ a constatar el hecho. El 
pretexto para justificar la movilización era la conjetura simulada, que no verazmente 
creída, de que tales ocupaciones masivas de centros tenían una finalidad puramente 
festiva o lúdica, asumida por quienes allí́ concurrieron. El evidente objetivo, sin embargo, 
no era otro que permanecer allí hasta las tempranas horas de la mañana del día 1 de 
octubre, en que debían dar comienzo las sesiones de la votación. Se garantizaba así la 
total disponibilidad de esos centros, conjurando todo riesgo de cierre que quisieran llevar 
a cabo las unidades de Mossos u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. s
12.  El día 1 de octubre de 2017 multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados  oe.
llamamientos, tanto de los acusados a que antes hemos hecho referencia como de otras  w.
personas y medios, se apostaron en los centros señalados para la emisión de voto. A  57ww
vdaer idoas r dceu emsptolims iaecnutod iear olno  aogrdeennteasd od ep oPro leicl íaT rNibaucnioanl aSl uyp eGruioarr ddiea  CJuivsitl,ic ciao nd ee l Cparotaplóusñiato, 
adceocmlaroaddaod oilí,c iata  lsau  covnevzo, caa tolraias  yr epsroolhuicbiiodnoe csu adlqeul ieTrr iabcutnuaalc iCóno nqsuteitu tcraiojenraal.  caEusstea  dhea blaías   BOE-A-cable e
leyes de transitoriedad y referéndum, requiriendo a los coacusados para impedir y 
paralizar  esas  actuaciones,  entre  las  que  se  incluía  el  insistente  llamamiento  a  la 
población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum 
legal.
En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de 
voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de 
la que eran portadores los agentes.
Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Sr. 
Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un 
mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo 
y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a 
cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación.
En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los numerosos grupos 
compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a 
acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos comisionados, 
estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante la obvia 
imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas.
Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de 
los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A  primeras  horas  de  la  tarde,  dado  que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial.
13.  Para  hacer  posible  la  celebración  del  referéndum,  previsto  como  requisito 
habilitante para la supuesta declaración de independencia, conforme a lo dispuesto en 
leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlament, se originaron 
obligaciones pecuniarias contra el patrimonio de la Hacienda Pública catalana. Ello, pese 
a que ambas leyes fueron –como se ha expuesto supra– inicialmente suspendidas y 
luego anuladas por el Tribunal Constitucional.
Al  socaire  de  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  4/2017,  de  28  de  marzo,  de 
presupuestos  de  la  Generalitat  de  Cataluña  para  2017,  se  introdujeron  durante  su 
tramitación  sendas  enmiendas,  que  resultarían  aprobadas  como  Disposición 
Adicional  40.ª,  bajo  el  epígrafe  ‘medidas  en  materia  de  organización  y  gestión  del 
proceso  referendario’.  Conforme  a  su  contenido,  en  dos  párrafos  diferenciados  se 
disponía lo siguiente: 1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia 
de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro 
político de Cataluña; 2. El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe 
garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los 
requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político 
de Cataluña, acordado en el apartado I.1.2 de la Resolución 306/XI del Parlament de 
Cataluña, con las condiciones establecidas en el dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del 
Consejo de Garantías Estatutarias.
Por providencia del Tribunal Constitucional, dictada el 4 de abril del mismo año, en el 
marco  del  recurso  de  inconstitucionalidad  formalizado  por  la  Abogacía  del  Estado 
(recurso núm. 1638-2017), fue suspendida su vigencia y aplicación y se acordó notificar  s
personalmente esa resolución, entre otros, a cada uno de los miembros del Consejo de  oe.
Gobierno de la Generalitat, hoy acusados del delito de malversación, Sres. Junqueras i  w.
Vies, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda; Romeva i Rueda, Consejero  57ww
dReull lD ie Apanrdtraemue, nCtoo ndsee jAesrou ndtoes T ye rRrietolaricoi oyn eSso Isntestnitiubciliidoanda;le Ms uyn Edxót ei riBolraensc yh ,T Craonnsspeajereron cdiae; 
dJues tGicoiab;e Vrnilaac ii óVni,c eAndtem, ineinsttoranccieosn eCso nPsúebjelicroa sd ey  CVuivltiuernad; ay  yS rBasa.s Bsao rri àCs oi llS, oCléo,n Cseojnesreaj edrae   BOE-A-cable e
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Fue también notificada a la Consejera de la 
Presidencia, Dña. Neus Munté i Fernández, predecesora en el cargo del acusado don 
Jordi Turull i Negre; y al Consejero de Interior, D. Jordi Jané i Guasch, predecesor a su 
vez en el cargo, del acusado D. Joaquim Forn i Chiariello.
A todos los personalmente notificados se les advirtió de su deber de impedir o 
paralizar  cualquier  iniciativa  que  pudiera  suponer  ignorar  o  eludir  la  suspensión 
acordada. En particular, de que ‘se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar 
acuerdo  alguno  de  disposición  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas,  o  de 
cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la 
disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la 
preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se 
refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 
contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación 
del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, 
modificación  o  transferencia  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas  o  de 
cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, así como, en 
general,  cualquier  otra  medida  presupuestaria  acordada  con  el  aludido  fin,  con  la 
cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones de estructuras 
presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos 
a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento’.
13.1  Pese a ello, como ya hemos apuntado con anterioridad, el 9 de junio de 2017, 
desde ‘El Pati dels Tarongers’ del Palau de la Generalitat, su Presidente, acompañado 
del Vicepresidente Junqueras y de todo el Gobierno, anunció la pregunta del referéndum: 
‘¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?’ y el día de 
su celebración: el 1 de octubre.
Y el 4 de julio, fue presentada como acontecimiento social y político, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la futura Ley de Referéndum. Fue el Grupo Parlamentario Junts 
Pel Sí, quien contrató la cesión de uso del espacio del teatro, representado por quien 
entonces era su Presidente, el acusado D. Jordi Turull, quien sería nombrado Consejero 
de Presidencia, solo algunos días después. En el acto de presentación, el frontal del 
escenario lo ocupaban los diputados del grupo Junts Pel Sí. En el lateral derecho –desde 
la posición de los espectadores– se ubicaron todos los miembros del Govern de la 
Generalitat.
Uno de los conductores del acto fue el propio Sr. Turull, quien explicó el carácter 
vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de ganar el 
«sí». También incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para 
eludir  las  resoluciones  y  actuaciones  de  los  diversos  organismos  del  Estado  que 
previsiblemente  dificultarían  su  celebración.  La  factura,  con  cargo  al  referido  grupo 
parlamentario, por importe de 17 690,20 euros, fue abonada por medio de transferencia 
bancaria tramitada por la oficina con el número 5000 de la sucursal de la entidad 
Caixabanc, con data del día anterior a la celebración de esa presentación.
13.2  Los  gastos  del  referéndum  relacionados  con  la  publicidad  institucional, 
organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el 
exterior,  material  electoral,  pago  de  observadores  internacionales  y  aplicaciones 
informáticas, son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los 
fondos públicos. Supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron 
careciendo de cobertura presupuestaria. Fueron canalizados a través de la estructura de  e.
los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo,  w.b
Salud y Cultura. Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos  57ww
qguaest ofuse p lrae dviisáifbalneas  eax pparertsiri ódne ld aec suue rcdoon psolarscmioa ddeoli cptoivro e:scrito el 6 de septiembre de 2017 y
a)  A través de la Presidencia de la Generalitat y el Departamento de Exteriores se
hicieron posibles los gastos que a continuación se expresan. Fueron encauzados por
medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de 
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento. 
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: i) 
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de 
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum: 
43.341 euros; ii) contratación de un equipo de investigación experto en elecciones 
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido 
por Dña. Helena Catt: 177 304,90 €; iii) contratación con MN2S Managemet Limited de 
un equipo en el estuviera el político holandés D. Willem -Wim- Kok, en los días del 
referéndum: 54 030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se 
realizó.
b)  Además de la referida relación del Departamento de Exteriores con Diplocat, los 
gastos generados a través de sus Delegaciones en el exterior fueron los siguientes: i) 
contratación de una consultora en Estados Unidos en agosto de 2017, durante tres 
meses, para hacer tarea de lobby en defensa de la celebración del referéndum: 60 000 
€; ii) contratación de los servicios de la institución The Hague Center for Strategic 
Studies,  como  observadores  internacionales  para  verificar  el  referéndum  del  1  de 
octubre: 167 065 €, si bien restan 47 635 € por abonar.
c)  A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los 
siguientes  gastos:  i)  encargo  a  la  empresa  Unipost  para  la  distribución  de  las 
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales:  193 
899,98 €.
d)  Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: i) la puesta en marcha a 
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, 
CTTI), de la ‘web referéndum.cat’ y los diversos aplicativos incorporados a la misma, 
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la 
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización 
del ‘registre.catalans.exteriors.gencat.cat.’ Estos servicios, pese a la propia normativa del 
CTTI y la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; ii) 
campaña de difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero 
y mayo de 2017 que generó una facturación por importe de 220 253,34 €, (266 506,54 € 
con IVA), que no ha sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la 
elaboración de un censo de residentes en el extranjero; iii) contratación de servicios con 
Dña.  Teresa  Guix,  para  diseño  de  la  web  ‘pactepelreferendum.cat’,  que  luego  fue 
utilizada para la inclusión de vínculos relacionados con el ilegal referéndum. Facturó por 
el servicio prestado 2700 €, pero después emitió una factura negativa por ese importe. 
iv) difusión de la campaña ‘Civisme’, publicidad directa del referéndum del 1 de octubre, 
que antes había resultado declarada desierta, a través de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales (en adelante, CCMA), organismo que facturó por sus servicios, 
227 804,41 €, pero cuyo abono se paralizó por expediente administrativo; v) contratación 
de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio Molons, secretario de 
Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones se realizaron, 
fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47 151,70 €. Aunque alguna imprenta 
reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no persisten en 
sus reclamaciones; vi) encargo a Unipost para la distribución de las notificaciones del 
nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 198 871,8 euros.
e)  El Departamento de Trabajo posibilitó los siguientes gastos: i) encargo a la 
empresa Unipost para la distribución de las notificaciones del nombramiento de los  s
integrantes de las mesas electorales: 197 492,04 €. oe.
f)  El Departamento de Salud también encomendó a Unipost para distribución de las  w.
notificaciones  del  nombramiento  de  los  integrantes  de  las  mesas  electorales:  192  57ww
711,g2)0  €E.l  Departamento  de  Cultura  encargó  a  Unipost  para  distribución  de  las
6n9o6tif,i9c8a c€io. nNesin gduenl o ndoem bersaoms iepnatgoo sd ef uelo sfi nianltmegernatnet eesj ecduet aldaos  am feasvaosr  deele cUtonriaploesst:.  1S96u   BOE-A-cable e
administradora concursal decidió no reclamarlo a las Consejerías que habían efectuado 
los respectivos encargos.
14.  Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la 
manifiesta  inviabilidad  jurídica  de  un  referéndum  de  autodeterminación  que  se 
presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la 
simple  aprobación  de  enunciados  jurídicos,  en  abierta  contradicción  con  las  reglas 
democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un 
espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía 
catalana como el ejercicio legítimo del ‘derecho a decidir’, no era sino el señuelo para 
una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo 
el  imaginario  derecho  de  autodeterminación  se  agazapaba  el  deseo  de  los  líderes 
políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una 
consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del 
llamado  referéndum  de  autodeterminación  conduciría  al  ansiado  horizonte  de  una 
república soberana, desconocían que el ‘derecho a decidir’ había mutado y se había 
convertido en un atípico ‘derecho a presionar’. Pese a ello, los acusados propiciaron un 
entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y 
estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. 
Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los Jueces en Cataluña habían 
perdido  su  capacidad  jurisdiccional  y  fueron,  además,  expuestos  a  la  compulsión 
personal  mediante  la  que  el  ordenamiento  jurídico  garantiza  la  ejecución  de  las 
decisiones judiciales.»
o)  En el apartado B) de la fundamentación jurídica de la sentencia se lleva a cabo 
el denominado «juicio de tipicidad». En su punto 3 se descarta que los hechos sean 
constitutivos de un delito de rebelión, si bien en el punto 4 se aprecia la comisión de un 
delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP, otro de malversación de caudales públicos 
de los arts. 432.1 y 3, párrafo último CP (punto 5) y de un delito de desobediencia 
previsto en el art. 410 CP (punto 6), mientras que en el punto 7 se rechaza la comisión 
de un delito de organización criminal. Tras consignar varias consideraciones acerca de la 
delimitación progresiva del objeto del proceso, en las que se afirma que el órgano de 
enjuiciamiento se limitará a valorar las pretensiones acusatorias formuladas en el juicio 
oral, pues es en el plenario «cuando después del esfuerzo probatorio de cargo y de 
descargo ofrecido por las partes puede ya concluirse un juicio de tipicidad definitivo», el 
órgano judicial fundamenta la consideración de los hechos como constitutivos de un 
delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545 CP. Pese a reconocer las similitudes 
existentes entre los delitos de rebelión y sedición, se destaca la diferente ubicación de 
esas figuras, pues mientras la primera de ellas se encuadra en título XXI correspondiente 
a los «delitos contra la Constitución», el delito de sedición se incardina dentro del título 
XXII, relativo a los «delitos contra el orden público», siendo, por tanto, diferente el bien 
jurídico protegido, al igual que es distinta finalidad perseguida por los partícipes, que en 
el caso de la sedición atañe «al impedimento u obstrucción de la legítima voluntad 
legislativa, gubernativa o jurisdiccional».
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye un aliud 
respecto de otras infracciones reguladas en el título vigésimo segundo del Código penal, 
la sala expone los requisitos de esa figura penal; a saber:
(i)  La actividad delictiva no se desarrolla mediante un solo acto, pues requiere de la  s
sucesión o acumulación de varios, toda vez que se trata de un delito «plurisubjetivo de  oe.
convergencia, en la medida que su comisión exige un concierto de voluntades para el  w.
aloisglrao(id i)ad me Leuann t esf eicndo inccosióimdne praraerdtqiodusoie.»r;e  siq ubeie ns elo sp raocdtuozsc ac onuvne raglezanmteise nptuoe dtuemn unltou asreior.  dLeali ctmiveorsa,   2021-8357n https://ww
reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión
tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la
descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito 
de rebelión, su expresa caracterización como violento». La sala descarta que el vocablo 
«alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones 
que el diccionario de la Real Academia Española vincula los términos «alzar», «alzarse» 
«tumultuario», de modo exclusivo con su empleo.
(iii)  El  delito  de  sedición  ha  sido  concebido  como  una  infracción  de  resultado 
cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada 
respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las 
resoluciones adoptadas por la administración o el poder judicial». Por ello, el resultado 
típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del 
delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con 
que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el 
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima 
actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de 
sus resoluciones administrativas o judiciales».
La sala considera que los hechos declarados probados que acontecieron los días 20 
de septiembre y 1 de octubre de 2017 configuran el delito de sedición. La hostilidad 
desplegada el día 20 de septiembre hizo inviable el cumplimiento normal de lo ordenado 
por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no 
solo  en  la  letrada  de  la  administración  de  justicia  actuante  en  la  sede  de  la 
Vicepresidencia, sino también «en los funcionarios autonómicos bajo investigación que 
habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban 
practicando los registros, cuya presencia fue impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados 
hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes que trataban de 
impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La 
trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación 
del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una 
perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20 aprobadas 
por el Parlament, se aprecia que las referidas conductas supusieron un intento de 
«derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Dentro de este apartado cabe destacar que, para el órgano sentenciador, el derecho 
a la protesta «no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes 
de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial y hacerlo de una forma 
generalizada en toda la extensión de una comunidad autónoma, en la que por un día 
quedó suspendida la ejecución de una orden judicial». Por ello, ante un levantamiento 
proyectado, multitudinario y generalizado no es posible eludir la aplicación del delito de 
sedición, al quedar la autoridad judicial en suspenso, sustituida por la propia voluntad 
impuesta por la fuerza de los convocantes del referéndum y de quienes secundaron la 
convocatoria. También afirma el referido órgano, que el delito de sedición consumado no 
se  borra  por  las  actuaciones  posteriores  de  terceros,  tales  como  los  denunciados 
excesos policiales que son objeto de investigación por otros órganos judiciales.
p)  En el apartado C) de los fundamentos jurídicos queda reflejado el denominado 
«juicio de autoría» de los acusados que fueron condenados.
(i)  En el punto 1 se vierten unas consideraciones respecto del delito de sedición  e
que atañen a al recurrente en amparo, a don Oriol Junqueras, don Raül Romeva, doña  bo
Carme Forcadell, don Josep Rull, doña Dolors Bassa, don Joaquim Forn, don Jordi  57ww
iCnufriaxcacrtió ny  dpoenn aJl o«rddie  Sráenscuhlteazd.o  Ecno rstaíndtoe»si sy, , sdee srediete rlaa,   eple rdsepleitcot ivdae  dseeld ibciieónn   ejusr íduincoa 
eplrloot,e pgaidroa,  csoele tgrairt as i deel  huenc hdoe lietos  dimep cuotanbsluem oabcjieótniv aamnteicnitpea daa l ay  cdoen dpueclitgar ore caoliznacdreat,o .d ePboer 
valorarse si el sujeto en cuestión creó o aumentó el riesgo de lesión del bien jurídico
protegido, y si su comportamiento merece la consideración de adecuado, teniendo en 
cuenta  la  previsibilidad  del  riesgo  objetivo  relevante.  Según  se  razona,  el 
comportamiento atribuido al demandante y a los restantes acusados indicados permite 
atribuirles el riesgo de lesión de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, tanto en 
relación con los comportamientos tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos 
y,  en  todo  caso,  realizados  al  margen  de  las  vías  legales,  como  respecto  de  las 
«consecuencias  de  efectivas  derogaciones  de  la  legalidad  y  obstrucciones  al 
cumplimiento  de  órdenes  jurisdiccionales  […]  pues  la  estrategia  de  conductas 
penalmente típicas que cada uno asumió, se enmarcan en una decisión compartida, ab 
initio o de manera sobrevenida».
Se  considera  que  a  los  acusados  miembros  del  Govern,  la  conducta  típica 
consistente en «la derogación de hecho de las leyes vigentes y válidas a sustituir por no 
válidas y la movilización de ciudadanos para comportamientos tumultuarios obstativos de 
la ejecución de órdenes jurisdiccionales», les es objetivamente imputable como colectivo, 
en tanto que eran garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de 
sedición, a la vista de las competencias y atribuciones que la normativa autonómica 
asigna al Govern ( Ley de Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña y la 
Ley Catalana 10/1994, de 11 de julio, de Policía Autonómica), en orden a la dirección de 
la acción política y de la administración de la Generalitat, la atribución de la iniciativa 
legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria y otras funciones, así como el 
mando  supremo  del  Cuerpo  de  Mossos  d’Esquadra.  Esas  competencias  no  solo 
confieren un poder, pues también generan un deber del que deriva la obligación de 
vigilancia, a fin de garantizar que las fuerzas de seguridad citadas cumplan las funciones 
de policía judicial y, en general, las de «orden público o mera seguridad ciudadana», lo 
que incluye el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales y, más aun, «conjurar 
todo riesgo de obstrucción a su cumplimiento».
Finalmente, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos elaborados 
por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden público eran 
«de  previsibilidad  adecuada  a  la  falta  de  estrategia  mínimamente  prudente  para 
evitarlos». También se rechaza que la actuación voluntaria y libre de los ciudadanos 
supusiera una interferencia que priva de transcendencia causal a la actuación de los 
acusados, a los efectos de la imputación de los resultados a estos últimos, con base en 
la teoría de la «prohibición de regreso». Conforme se argumenta en la sentencia, la 
actuación de los ciudadanos no puede ser considerada extraña al comportamiento de los 
acusados, pues estuvo preordenada y fue promovida ex ante por estos últimos, «como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  de  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento de decisiones legítimas de órganos judiciales, riesgo luego realizado 
materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados». En suma, la 
imputación  objetiva  a  todos  los  acusados  citados  se  extiende  tanto  al  riesgo 
determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en que 
tal riesgo se generó; esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, en 
ocasiones, violentos.
(ii)  En el punto 1.4 se reflejan las razones específicamente tenidas en cuenta para 
considerar al recurrente autor de un delito de sedición, previsto y penado en los arts. 544 
y 545.1 CP. Como diputado del Parlament y presidente del Grupo «Junts pel sí», se 
señala que aquel intervino en los actos celebrados en el auditorio del Parlament y en el 
Teatro Nacional de Cataluña, en apoyo al denominado procés. También se indica que el 
demandante participó activamente en la creación y puesta en marcha del Pacte Nacional  s
pel Referéndum y en la aprobación de la resolución 306/XI, en la que se instaba al  oe.
Govern  a  la  convocatoria  de  un  referéndum.  Asimismo,  se  considera  probada  su  w.
participación en la presentación pública de los proyectos de ley sobre el referéndum y la  57ww
tsreapntsieitmorbierdea, dd epl orelítfiecraé,n dquume  dluee gaou tosdee tecromnivniartcieióronn  y e2n0 /2la0s1 7L, edyee s8  1d9e/ 2s0e1p7ti edmeb re6,  ddee 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
En  concreto,  se  detalla  que  el  citado  grupo  parlamentario,  representado  por  el 
demandante de amparo, contrató la cesión de uso del espacio del Teatro Nacional de 
Cataluña para que el día 4 de julio de 2017, en un acto público de gran difusión, fuera 
presentada la futura Ley de referéndum. El recurrente fue uno de los conductores del 
acto  y  se  pronunció  sobre  el  carácter  vinculante  del  referéndum,  de  cara  a  la 
proclamación de la independencia, para el caso de ganar el «sí», e hizo referencia a los 
mecanismos jurídico-administrativos que se habían previsto para neutralizar la previsible 
actuación del Estado, en orden a dificultar la celebración del referéndum. Por último, se 
destaca  su  participación  en  reuniones  consideradas  necesarias  para  conformar  el 
Govern.
Por otro lado, en su condición de consejero de Presidencia y portavoz del Govern, 
cargos para los que fue nombrado el 14 de julio de 2017, se considera acreditado que 
firmó  el  Decreto  139/2017,  de  convocatoria  del  referéndum,  cuya  aplicación  fue 
suspendida  por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal 
Constitucional,  y  recibió  las  correspondientes  advertencias  personales  respecto  de 
posibles incumplimientos y sobre las eventuales responsabilidades penales en que podía 
incurrir. Ese decreto fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 122/2017, de 31 de 
octubre. También participó el recurrente en la aprobación del Decreto 140/2017, que 
establecía las normas complementarias para la celebración del referéndum, al tiempo 
que constituía al Govern como órgano electoral y declaraba la asunción de los gastos y 
contratos por ese órgano. Ese decreto también fue suspendido por el Pleno del Tribunal 
Constitucional, mediante providencia de fecha 7 de septiembre de 2017, y finalmente, 
declarado nulo e inconstitucional por la STC 121/2017, de 31 de octubre.
Asimismo, se considera acreditado que el día 29 de septiembre de 2017, junto con el 
vicepresidente señor Junqueras y el conseller señor Romeva, el demandante presentó 
públicamente el modelo de urnas que iban a ser empleadas en la celebración del 
referéndum; y el día 1 de octubre de ese año, anunció la implantación del sistema de 
«censo universal», cuya finalidad era la de posibilitar que el voto pudiera verificarse en 
cualquier colegio electoral, sin necesidad de acudir a un centro determinado. El referido 
sistema  se  sustentaba  en  un  trabajo  informático  diseñado  sobre  el  dominio 
«registremeses.com», que posibilitaba el acceso y registro del voto en cualquier colegio 
y, según se refleja en la sentencia, el contenido de la página web informaba sobre la 
manera  de  utilizar  el  censo  universal,  con  un  programa  informático  de  soporte  e 
información a las mesas electorales. En la indicada comparecencia, el demandante 
comunicó la intención del Gobierno de la Generalitat de asegurar la celebración del 
referéndum:  «hacer  todo  lo  posible  por  que  los  catalanes  puedan  votar  hoy  en  el 
referéndum de autodeterminación».
También se recoge la petición de ampliación del presupuesto, por un importe de 3 
430  000  €,  que  se  realizó  para  desarrollar  la  campaña  institucional  denominada 
«Civisme»; la cual, en realidad, consistía en una campaña publicitaria a favor de la 
participación en el referéndum. Según se refiere, la partida presupuestaria fue aprobada 
mediante la modificación de «créditos presupuestarios del fondo de contingencia-Gastos 
de diversos departamentos/Departamento de Difusión y la Consejería de Presidencia», 
Consejería cuyo titular era el demandante de amparo. La gestión publicitaria se adjudicó 
sucesivamente  a  dos  empresas,  Carat  y  Focus  Media,  quienes  rechazaron  la 
adjudicación, al considerar que dichas campañas encubrían un acto de promoción del 
referéndum,  lo  que  propició  la  posterior  declaración  del  concurso  como  desierto. 
Concretamente, Focus Media recibió el encargo de gestión el 5 de septiembre de 2017,  s
para su realización durante ese mes, con fecha de comienzo el día 6 y en concepto de  oe.
publicidad de «Civisme». Sin embargo, la agencia homologada rechazó el encargo, al  w.
entender que la campaña no podía ser encuadrada en el concepto de «publicidad  57ww
cdíivfeicrean»t,e s.ino en el de «acción política» y a ese concepto le era aplicable una tarifa
«RePfeorré nodturom .lcaadto ,c olna  eDl iIr.eSc.cPi.ó n1 0 Gdeennecreahl isdpeal rdA tSe.nLc.»ió, nq uCei usdea dhaanbaía,  rteitguilsatrr addeol  edl o1m4i ndieo   BOE-A-cable e
junio de 2006 y se volvió a registrar con el mismo nombre el 6 de septiembre de 2017, se 
encuadra dentro de la Consejería de Presidencia de la que era titular el recurrente. La 
finalidad de dicho dominio era la de servir de soporte al referéndum del 1 de octubre, 
pues facilitaba información sobre «la normativa electoral y los distintos modelos y guías 
de actuación, así como la inscripción de voluntarios y toda la información precisa sobre 
lo relacionado con el referéndum (cfr. informe técnico sobre el examen de las páginas 
webs referéndum.cat, Anexo documental tomo X sobre páginas webs – Carpeta CD f. 
5710)».
En el indicado punto se afirma que el demandante fue especialmente activo de cara 
a  promover  la  participación  en  el  referéndum,  habida  cuenta  de  que,  en  sus 
intervenciones  en  las  redes  sociales,  instó  a  la  ciudadanía  a  perseverar  en  la 
determinación independentista y a participar en el referéndum, manteniendo la calma, la 
serenidad y el civismo. Concretamente, el día 1 de octubre envió sendos tuits en los que 
comunicó que «el Gobierno pide a la gente que vaya a votar de manera cívica y 
pacífica» y que «han tenido que cerrar 319 colegios. Hacemos una llamada a los que no 
han podido votar para que vayan a uno donde se pueda».
En este apartado también se indica que, en su condición de conseller de Presidencia, 
el demandante fue advertido y requerido por parte del Tribunal Constitucional en una 
ocasión –y así lo reconoce aquel–, en los mismos términos en que lo fueron otros 
acusados. El recurrente admite que fue conocedor del contenido de otros requerimientos 
anteriores dirigidos a parlamentarios y miembros de Govern, en los que se advertía de la 
prohibición de realizar conductas que supusieran ignorar los mandatos de suspensión. Y 
al  respecto,  afirma  que  los  puso  en  conocimiento  de  los  servicios  jurídicos  de  su 
departamento, «para atender el ámbito y contenido del requerimiento».
El órgano de enjuiciamiento rechaza las razones dadas por el demandante para 
justificar que no se suspendieran y, por consiguiente, se continuara con las iniciativas 
relativas  al  referéndum;  sustancialmente,  que  realizaron  una  ponderación  entre  los 
términos del requerimiento y el contenido de la legalidad, pero de toda la legalidad; que 
se tuvo en cuenta lo que había resuelto el Parlament; que la despenalización del delito 
de la convocatoria de referéndum ya se verificó en el año 2005; que se consideró que 
«votar no era delito» y se valoró «el compromiso con la ciudadanía»; y que el Tribunal 
Constitucional no había hecho uso de la facultad, que posibilitaba la reforma de la Ley 
Orgánica 15/2015, 16 de octubre, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional como garantía del Estado de Derecho, de adoptar medidas coercitivas y 
sancionadoras en caso de incumplimiento de sus decisiones y resoluciones (art. 92.4 
LOTC).
Según  el  órgano  sentenciador  razona  en  la  sentencia  «el  Estado  de  derecho 
quebraría si ante el requerimiento formal emanado del Tribunal Constitucional, órgano 
máximo en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE), admitiéramos que el 
afectado puede someter ese requerimiento a su personal ponderación, de suerte que, en 
función de su particular desenlace valorativo, pudiera optar entre cumplir o desacatar lo 
mandado. Los mandatos del Tribunal Constitucional no pueden aplazar su ejecutividad 
en función de los compromisos políticos del requerido. Tampoco es de recibo entender 
que el deber de acatamiento de ese mandato puede neutralizarse por el hecho de que el 
órgano requirente no haga uso de las facultades legales de coerción económica que la 
ley autoriza. El argumento implícito de que solo obedezco si, además del requerimiento, 
me imponen una multa, carece de todo sentido».
Por otro lado, dicho órgano rechaza el alegato referido a la despenalización de la  s
celebración de referéndums, pues esa derogación no comporta la derogación de otros  oe.
tipos delictivos, en los que tendría encaje la conducta desarrollada. Es más, se afirma  w.
que el demandante ya era sabedor que la convocatoria de un referéndum ilegal, en  57ww
tfaumncbióiénn  deer alo sc oténrsmciiennotse  edne  qquuee s ela  ejdeecsuatateran,c ipóond íaa  dloess ermeqbuoecraimr ieenn tousn a dceol nTdreibnuan; ayl 
C«Yo ntsetnitíuac iqounea l pyrae vhearb tíaam sbidiéon c oqnusei,d esri alad aa pcociró ens tima pSuatlaad cao mnoo  suen  ldimeliittaob dae a d eusnoab ceodniednucciata.   BOE-A-cable e
omisiva de rechazo al mandato, sino que incluía la creación de una legalidad paralela 
para promover la inobservancia de las leyes y, además, la celebración de un referéndum 
prohibido  que  se  pretende  hacer  realidad  mediante  una  tumultuaria  movilización 
ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el título de 
imputación se agravaba».
La sala descarta que los llamamientos del demandante en favor de la serenidad y el 
civismo impidan que pueda ser considerado autor del delito de sedición, pues «[e]s 
evidente que la llamada al mantenimiento de la calma, la serenidad y el civismo, de tanta 
importancia  en  situaciones  de  tensión  como  la  vivida  el  día  1  de  octubre,  con  la 
existencia de anuncios de previsibles altercados violentos por los máximos responsables 
del  orden  público,  encierra  un  valor  positivo.  Pero  no  puede  tener  un  significado 
excluyente de la antijuridicidad –o de la culpabilidad– respecto de una conducta que 
estuvo siempre tendencialmente ordenada a hacer realidad un referéndum judicialmente 
prohibido. El acusado era consciente de que esos llamamientos a la celebración del 
referéndum  suspendido  por  la  autoridad  judicial  implicaban  una  clara  voluntad  de 
promover la inobservancia de los mandatos jurisdiccionales».
Finalmente, la decisión de condena reafirma categóricamente la participación del 
demandante en el delito de sedición, pese a su postrera incorporación al Govern: «[l]a 
autoría en el delito de sedición por el que ha sido acusado el señor Turull, no se contrae 
a quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el tipo 
penal, también se colma cuando se ponen las condiciones precisas para ese alzamiento. 
Lo verdaderamente relevante es oponerse de forma contumaz frente a la actuación de 
las autoridades o corporaciones que actúan en aplicación de las leyes, para hacer 
posible la vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales. La incorporación 
tardía del acusado señor. Turull al Govern de la Generalitat –julio de 2017– no es 
obstáculo para concluir su autoría. No lo es a partir de las categorías dogmáticas 
asumidas por la jurisprudencia de esta Sala sobre la autoría por adhesión o autoría 
sucesiva […] (SSTS 602/2016, de 7 de julio; 1180/2010, de 22 de diciembre; 687/2018, 
de 20 de diciembre, y 186/2019, de 2 de abril, entre otras muchas)».
q)  En el punto 5 del apartado B) de la fundamentación jurídica se exponen los 
motivos por los que el tribunal sentenciador sostiene que los hechos son constitutivos de 
un delito de malversación de caudales públicos del art. 432.1 y 3 CP, último párrafo.
En los epígrafes 5.1 a 5.3, la sentencia razona sobre la subsunción de los hechos en 
el tipo penal referido. En primer lugar, se dice que los miembros del Govern finalmente 
condenados por este delito ejecutaron, en unidad de acción que determina la común e 
inequívoca finalidad, actos de  manifiesta  deslealtad  en la administración de fondos 
públicos  –modalidad  de  conducta  que  se  incardina  en  el  tipo  de  malversación  de 
caudales públicos tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo–. 
Según se recoge, tanto en el Decreto 140/2017 ya citado como, de modo especial, 
mediante el acuerdo del Govern de fecha 7 de septiembre, acordaron utilizar «los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada 
organización y desarrollo del referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como 
aquellos de los que ya se dispone». También se afirma que las decisiones y actuaciones 
serían tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno y 
asumidas  de  manera  solidaria.  Ahora  bien,  el  tribunal  sentenciador  sostiene  que, 
conforme a la dogmática y jurisprudencia actual, el simple acuerdo de voluntades no 
basta para apreciar la coautoría en supuestos de codelincuencia ya consumada; por ello, 
solo aprecia responsabilidad penal en aquellos consejeros que materializaron actos de  s
dispendio en ejecución de lo acordado. oe.
Asimismo, considera procedente la aplicación del subtipo agravado previsto en el  w.
art.  432.3  b),  párrafo  segundo  CP,  pues  tras  la  reforma  operada  por  la  Ley  57ww
Obargstáan cicoan  1q/2u0e1 c5o,n 3c0u rdrae  umnaor zsoo,l os ed ed iloo sn rueeqvuai srietodsa cccitiaódno as , eesstteo  perse c«eepl tgor,a dvee  mdaañnoe»ra o q «ueel 
oetnrtoo rlpaedcoi,m eile nótrog aanl os eernvjiuciicoi apdúobrl iecost»im, paa arac rqeudeita rdeos uqltuee  alap redcisiapbolseic eiól nr edfeer ifdoon dsousb tpipúob.l iPcoosr   BOE-A-cable e
supera ampliamente la cantidad de 250 000 €, y que esa disposición fue ejecutada por 
quienes tenían la condición de autoridad, con el fin de celebrar un referéndum contrario a 
la Constitución y al estatuto de autonomía. Además, refiere que todos ellos habían sido 
personalmente  advertidos  y  reiteradamente  requeridos  por  parte  del  Tribunal 
Constitucional, «en su doble condición de titulares de sus departamentos y miembros del 
Govern, de su obligación de abstenerse de cualquier acto tendente a su preparación y 
celebración», así como de la obligación de impedir la celebración del referéndum y de la 
existencia de responsabilidades penales para el caso de inobservancia.
Seguidamente, el tribunal sentenciador rechaza el argumento dado por las defensas, 
relativo a que el Govern, como tal, no puede ser sujeto de contratación. Según se 
razona, aunque la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de contratos del sector público, en su 
art. 323.1, al enumerar los órganos de contratación estatales, se refiere a «los ministros 
y los secretarios de Estado son los órganos de contratación de la administración general 
del  Estado  y,  en  consecuencia,  están  facultados  para  celebrar  en  su  nombre  los 
contratos en el ámbito de su competencia»; sin embargo, señala el tribunal, en el 
apartado  2  de  ese  artículo  se  establecen  los  supuestos  en  que  los  órganos  de 
contratación del sector público estatal necesitarán de la autorización del Consejo de 
Ministros para celebrar contratos. Por su parte, el art. 160.6 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/2017, 28 de marzo, dispone que el Govern podrá actuar como órgano de 
contratación, en relación con los grandes proyectos estratégicos de carácter horizontal y 
de especial trascendencia, con la deliberación previa del consejo técnico, siempre que se 
aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales.
Por otro lado, también desecha el argumento esgrimido, a fin de excluir la existencia 
de perjuicio patrimonial, de que muchos de los proveedores habían renunciado al abono 
de los gastos comprometidos por la administración autonómica o, que, en algunos casos, 
no se habían presentado verdaderas facturas sino «facturas proforma». De conformidad 
con el dictamen de las expertas que declararon en el plenario, en la sentencia se 
considera que el momento en que el acreedor realiza correctamente la prestación a su 
cargo es cuando debe entenderse producido el menoscabo a los caudales o fondos 
públicos, aun cuando no se haya producido una salida material de fondos públicos para 
el pago. Y a lo dicho añade que: «[e]s cierto que en aquellos casos en los que se 
produce una renuncia por parte del proveedor o el pago se reivindica después del plazo 
de prescripción de la obligación, la salida material de fondos podrá eludirse. Pero incluso 
en estos casos de renuncia o mora accipiendi, el perjuicio ya se tiene por producido. En 
términos  contables  no  puede  hablarse  de  un  ingreso  con  efectos  compensatorios 
respecto  del  gasto  ya  aprobado.  De  hecho,  ese  ingreso  se  contabiliza  de  forma 
autónoma y por separado de dicho gasto. De ahí que, en sentido estricto, no existe un 
mecanismo compensatorio que permita ver en esa renuncia una reparación del perjuicio 
por parte de quien lo generó». Por tanto, el perjuicio patrimonial se produce en el 
momento en que se presta el servicio por el empresario, pues «siempre que haya habido 
un encargo aceptado de buena fe por el contratista, siempre va a haber un gasto».
En relación con el pretendido valor exoneratorio de la presentación de facturas 
proforma, el tribunal sentenciador refuta ese alegato porque, de acuerdo con el dictamen 
prestado por las expertas, «[l]a factura negativa puede tener su origen en muchos 
motivos. Normalmente se habla de factura rectificativa. El empresario ha repercutido el 
IVA y lo declara. Si no ha cobrado se enfrenta a un doble perjuicio, no ha cobrado y ha 
pagado el IVA. Por eso existe una factura negativa. No implica una renuncia al crédito. 
Una renuncia comporta una repercusión en el patrimonio, implica una condonación. Pero  s
en el momento en que se realiza el servicio ya se ha producido el perjuicio. Lo que viene  oe.
luego es una cancelación de la obligación que va a implicar un aumento del patrimonio  w.
neto de la Administración. Lo que se producirá es un ingreso que no elimina el gasto». 57ww
públFicinoasl msee nhtael,l asne e na fiurmnaa  reqluaec iólno sd ed ecloitnocsu rdseo  mseeddiciaiól,n p uye sm eall vseergsaucnidóon  ddee  locsa uddealitleoss 
vciietandeo sa  f«ocrommaor  peaxrptere dseió lna  dreef elare ndceisal etíaplticaad  iennte glara addam pionris utrnaac iaócnt udaec ilóons  ‘ffuoenrdao sd ep lúabsl icvoíass,   BOE-A-cable e
legales’, que es lo que precisamente exige el delito de sedición. Queda así patentizada 
su instrumentalidad respecto de la finalidad sediciosa, en el sentido del art. 77.3 CP».
r)  En el punto 2.1 del apartado C) de la fundamentación jurídica figura «el juicio de 
autoría» por el delito de malversación que se formula en relación con el demandante y 
los acusados don Oriol Junqueras, don Raül Romeva y doña Dolors Bassa. En ese 
apartado  se  lleva  a  cabo  un  extenso  análisis  recopilatorio  sobre  los  hechos 
determinantes de la comisión de ese delito que, en resumen, atañen «a los gastos 
relacionados  con  el  referéndum,  como  los  relativos  a  publicidad  institucional, 
organización de la administración electoral, confección del registro de catalanes en el 
exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y, en fin, aplicaciones 
informáticas que hubiesen sido llevados a cabo por los acusados, miembros del Govern 
de Cataluña». Y ello, porque tal proceder «supone una consciente, voluntaria concertada 
e ilícita desviación de destino de los fondos empleados, en cuanto devienen gastos 
ajenos a cualquier fin público lícito y, además, carecen de cobertura presupuestaria».
En términos generales, la participación de los acusados indicados en este apartado 
deriva del control que ostentaban respecto de los gastos y expensas necesarios para el 
desarrollo del referéndum ilegal; porque eran plenamente conscientes de la prohibición 
establecida por el Tribunal Constitucional para la disposición de esos fondos públicos; 
por  su  actitud  de  rechazo  a  todos  los  requerimientos  que  les  fueron  efectuados 
personalmente, lo que refleja que eran conscientes de la ilicitud de su comportamiento y 
lo  desleal  de  su  administración  de  los  fondos  que  implicaba  su  aplicación  a  un 
referéndum  proscrito  por  el  Tribunal  Constitucional  por  su  oposición  a  las  bases 
constitucionales de nuestro sistema jurídico; y que esas conclusiones se obtienen sin 
dificultad a la vista de los mandatos del Tribunal Constitucional y de la continua actitud 
de ocultación mantenida con las autoridades estatales de fiscalización del gasto público.
En los epígrafes 2.1.11 y 2.1.12 se hace referencia a la difusión por Internet del 
registro de catalanes en exterior, tramitada en el expediente PR-2016-432 y adjudicada a 
la mercantil UTE Nothinghad y Kardumen, que emitió una factura de 97 332,63 € (IVA 
incluido) por su ejecución, con vencimiento en fecha 18 de agosto. En relación con estos 
hechos,  la  sala  afirma  que  obra  un  certificado  de  prestación  parcial  de  servicios, 
expedido el 27 de junio de 2017 por el director general de Difusión; también obra otro 
certificado expedido por el referido director junto con el consejero de Presidencia, a la 
sazón el demandante de amparo, sin fecha expresa, aunque lógicamente ulterior al 14 
de julio, data de su toma posesión como consejero. En ese certificado se expresa que la 
UTE Nothingad y Kardumen ha realizado el servicio correspondiente a la campaña de 
publicidad institucional sobe el registro de catalanes residentes en el exterior de manera 
satisfactoria y da conformidad al cargo de la factura por un importe de 80 440,19 € 
más 16 892,44 € de IVA. Advierte el órgano enjuiciador que, en esa fecha, ya se había 
anunciado el contenido del proyecto de la ley de referéndum, su carácter vinculante en la 
proclamación de una hipotética independencia y que en la normativa de desarrollo se 
contemplaba ese registro de catalanes en el exterior como el instrumento que permitía 
recibir la comunicación para ejercitar el derecho al voto (art. 17 del Decreto 140/2017, de 
normas complementarias).
El contrato del que trajo causa la factura se firmó el 6 de febrero de 2017 y fue 
suscrito por el representante de la UTE y el secretario general del Departamento de 
Presidencia. Además de la factura, obran en la causa diferentes correos en los que se 
reclama el pago de su importe. El responsable de difusión institucional de la Generalitat 
admitió que se encargó a la UTE el cometido contratado, pero que la factura no fue  s
abonada, al desaconsejar su pago la asesoría jurídica del Departamento de Presidencia,  oe.
por su relación directa con la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción núm.  w.
13 de Barcelona. Según declaró el representante legal de la entidad contratada, esta  57ww
renusn) cióE al l8 c doeb rnoo dveie lma bfarec tudrea  2y0 e1m9 ietiló r eucnuar rfaecnttuer ae nn eagmaptiavrao. formalizó escrito planteando
uTnra sin criedietenrtaer  dlaes n uvluidlnaedr adceio ancetsu adceio ndeesre fcrehnotse  fluan sdeanmteennctaiale sd eq 1u4e  deen  oacntutebrrieo rdees  2fa0s1e9s.   BOE-A-cable e
procesales denunció, a fin de poner de relieve su manifiesta voluntad impugnativa, 
respecto de la sentencia condenatoria, cuya nulidad interesa expresamente, considera 
que ha producido las siguientes lesiones: i) vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la filtración del contenido de la sentencia 
cuando su redacción no había sido todavía culminada; ii) vulneración del derecho antes 
indicado,  por  la  imposición  de  penas  superiores  a  las  solicitadas  por  la  acusación 
particular; iii) vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25 CE y 7 
CEDH), por abandono ad hoc del principio de accesoriedad en la participación; iv) 
vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE), en relación con los 
derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y a las libertades de expresión 
e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE), por la insuficiente taxatividad del tipo penal de la 
sedición; v) vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25 CE y 7 
CEDH), por aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados, que son 
subsumibles en el derogado tipo de convocatoria ilegal de referéndum; vi) vulneración 
del  derecho  fundamental  a  la  legalidad  penal  por  imposición  de  una  pena 
desproporcionada [art. 25 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)] con lesión, asimismo, de los 
derechos fundamentales a la libertad, reunión pacífica y a las libertades de expresión e 
ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE).
t)  Por auto de fecha 29 de enero de 2020, la sala desestimó todos los incidentes de 
nulidad que le fueron planteados.
3.  En la demanda de amparo, el recurrente alega, de esta suerte, las siguientes 
vulneraciones de sus derechos fundamentales:
3.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE 
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le 
corresponde para enjuiciar los hechos, privando adicionalmente al recurrente de su 
derecho a la doble instancia penal (art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH). Aduce que la 
asunción de esta causa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo supone la privación 
del derecho «al juez natural»; concretamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña.  Continúa  diciendo  que  esa  decisión  se  adoptó 
mediante una interpretación forzada e irrazonable de las normas procesales, que resulta 
contradictoria con pronunciamientos previos del Tribunal Supremo y que ha provocado el 
efecto colateral añadido de privarle de la posibilidad de contar con un recurso efectivo 
contra su condena, derecho reconocido en el art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH. Señala 
que la interpretación sobre el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) 
resulta,  además,  contradictoria  con  la  propia  doctrina  del  tribunal  sentenciador  en 
supuestos anteriores.
El recurrente discrepa del fundamento de la desestimación de esta queja dado por la 
sala, tanto en su auto resolutorio de los artículos de previo pronunciamiento, de 27 de 
diciembre de 2018, como en la sentencia, a partir de la pág. 80. Todo apunta a que, se 
dice, como declaró sin disimulo un alto representante de la fiscalía española en otro 
procedimiento, la razón de tal alteración de las reglas de competencia se explica por la 
desconfianza existente entre las máximas instituciones judiciales españolas respecto de 
la  «imparcialidad  y  serenidad»  de  los  magistrados  y  jueces  catalanes;  unas 
declaraciones que motivaron, incluso, la publicación de una insólita nota de prensa, por 
parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, defendiendo la rectitud profesional 
de los jueces que ejercen en Cataluña. e
Señala a su vez que, con anterioridad al presente procedimiento penal, el Tribunal  bo
Supremo ha sostenido que lo que determina la competencia territorial es la realización,  57ww
einnfr aucnc iódne pteernmailn qaudeo  sáem imbiptou tag eao ugnrá sfuicjoe,t o,d peu easlg cuonmo od see  rloesc oeglee mene netlo asc udeerld oti pdoe l Pdele nlao 
djueri sldai cSciaolnae sS eegnu lnadsa  qduee  s3e  dhea yfae brreearloiz addeo  2a0lg0ú5n,  e«leelm  deenltitoo  dseel  ticpoom».e tSei ne ne mtboadragso ,l ansi 
uno solo de los elementos típicos de los delitos atribuidos al demandante acontecieron 
fuera de Cataluña.
En  relación  con  los  delitos  de  rebelión  o  sedición  advierte  que  el  supuesto 
«alzamiento» típico se materializó íntegramente en territorio catalán. Es más, en el auto 
de procesamiento no aparece ninguna referencia a que algunos hechos hubieran tenido 
lugar fuera de Cataluña, en relación con el referido «alzamiento». En lo que respecta al 
delito de malversación, el demandante indica que ninguno de los elementos del tipo 
penal aconteció fuera de su territorio, pues no consta que alguno de los procesados 
hubiera adoptado decisiones con trascendencia patrimonial pública sino en Barcelona, 
que es donde se encuentra la sede del Govern, por lo que no cabe apreciar que el 
exceso en las facultades de administración tuviera lugar en el extranjero. Respecto del 
perjuicio  patrimonial  exigido  por  el  tipo  penal  de  la  malversación,  el  demandante 
considera que las cantidades malversadas se habrían abonado, presuntamente, con 
cargo en partidas del presupuesto de la Generalitat de Cataluña, respecto de las cuales 
algunos procesados tenían las facultades de administración exigidas por los delitos de 
malversación y administración desleal. El hecho de que «algunos elementos citados por 
las acusaciones y por el tribunal –como el hecho de que algunos de los destinatarios de 
los pagos estuvieran en el extranjero–» carecen de relevancia a estos efectos. Aunque el 
beneficiario de la malversación resida fuera de Cataluña, tanto el exceso en el ejercicio 
de facultades de disposición como el perjuicio patrimonial –que son los únicos elementos 
objetivos del tipo penal– se producen de modo inequívoco en territorio catalán.
Añade el demandante que la aplicación de su doctrina consolidada debía haber 
llevado al Tribunal Supremo a declinar de su competencia territorial. Pero, para no perder 
la competencia, decidió crear ad hoc nuevas reglas competenciales: en el caso de la 
rebelión/sedición,  se  inventó  literalmente  el  concepto  de  «actos  ejecutivos  no 
necesariamente violentos pero vinculados al elemento tendencial del delito» (pág. 84 de 
la sentencia); y, en lo que respecta a la malversación, se crearon nuevos criterios, como 
la «unidad patrimonial que inspira la regulación del patrimonio de las administraciones 
públicas» o la «concepción integral del patrimonio del Estado» (auto de 27 de diciembre 
de 2018), que permiten sostener algo tan novedoso y sorprendente como que cualquier 
malversación  de  fondos  públicos  se  comete  siempre  en  la  integridad  del  territorio 
español. Estas construcciones sirvieron a la sala para lograr, nada menos, que convertir 
en típicos lo que eran elementos fácticos manifiestamente ajenos a los citados tipos 
penales y, por tanto, intrascendentes para determinar la competencia con arreglo a la 
doctrina tradicional de la Sala de lo Penal.
La afirmación adicional –expresada en la página 84 de la sentencia–, según la cual, 
para determinar la competencia territorial de acuerdo con el principio de ubicuidad deben 
tenerse en cuenta no solo los elementos objetivos sino también los subjetivos del delito, 
es muestra evidente de la absoluta debilidad de los argumentos esgrimidos en apoyo de 
la tesis de la Sala de lo Penal. Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, los 
hechos subjetivos son aquellos que acontecen en el fuero interno de los procesados, no 
constando en los hechos objeto de acusación que ninguno de dichos acusados hiciera o 
pensara nada penalmente relevante encontrándose fuera del territorio catalán.
Añade que los criterios expuestos por el Tribunal Supremo entran en contradicción 
con los que dicho órgano ha seguido respecto del delito de desobediencia, «que sí 
consideró  cometido  íntegramente  en  Cataluña,  pese  a  que  ambos  tipos  penales 
guardaban relación con decisiones tomadas por miembros del Gobierno de la Generalitat 
y del Parlament». Ello ha provocado que el Tribunal Supremo limitara su competencia al  s
exclusivo enjuiciamiento de los máximos responsables políticos y a los líderes de las  oe.
asociaciones civiles, estuvieran o no aforados, dando lugar a una «fragmentación del  w.
procedimiento muy difícil de entender y justificar», sin base en la condición de aforado  57ww
psirnoon udnec iaumniaesn toresg alanste rdioer ecso rneecxieidnateds  ddiefílc pilmroepniote T rciboumnparl eSnuspibrleems oy q uceo,n striand eicmtobraiargso ,c eonn 
(laS TcSau sa9 7s2e/2g0u1id7a)  coansturam eiól  diepxuctaludsoiv saemñeonr teH omlas  pcoorm lap edteennocima inapdaara « coconnsuolctae rd edl e9 -Nl»a   BOE-A-cable e
responsabilidad  del  acusado  que  tenía  la  condición  de  diputado  del  Congreso, 
reservando para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el enjuiciamiento de los 
restantes miembros del Gobierno y de quien, entonces, era su presidente.
También refuta que el criterio expuesto en la pág. 81 de la sentencia, que toma en 
consideración el hecho de que el recurrente llegó a ser diputado del Congreso, sirva para 
justificar  la  asunción  competencial  por  parte  del  tribunal  sentenciador.  Cuando  el 
demandante adquirió la condición de diputado el juicio ya se estaba celebrando y, según 
la propia doctrina de la Sala Segunda, una vez abierto el juicio oral la jurisdicción es 
improrrogable (acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014). Por 
otro lado, dicha justificación es muestra de la debilidad de lo argumentado, puesto que el 
recurrente dejó de ser diputado en fecha anterior al dictado de la sentencia, (por Real 
Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución de las Cortes), y pese a ello, el 
Tribunal Supremo no dejó de dictar sentencia ni declinó su jurisdicción en favor de los 
tribunales radicados en territorio catalán. Finalmente, invoca la doctrina estatuida en la 
STC 183/1999, en lo que concierne al control de las reglas de competencia y el derecho 
al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE), y afirma que la fijación de 
criterios ad hoc para asumir la competencia es un «síntoma claro de arbitrariedad».
Como efecto colateral, pone de relieve una segunda lesión: concretamente, la del 
derecho a la segunda instancia en materia penal. El respeto a ese derecho exigía que la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo hubiera realizado una interpretación restrictiva de 
los  criterios  tenidos  en  cuenta  para  asumir  la  competencia,  pues  esa  asunción  ha 
supuesto la pérdida de la posibilidad de que los acusados, aforados o no, pudieran 
recurrir su condena, como así habría sido si esta se hubiera dictado en la instancia por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, esa asunción de la competencia 
también ha provocado la vulneración del art. 24 CE y del art. 2 del Protocolo núm. 7 
CEDH.
3.2  Vulneración del derecho de defensa (art. 24 CE y 6 CEDH) por no haberse 
permitido a los acusados declarar en su lengua materna empleando un sistema de 
traducción simultánea. También se denuncia el hecho de haber impedido el empleo del 
catalán a testigos propuestos por la defensa y; finalmente, la vulneración del derecho a 
la no discriminación por razón de lengua (art. 14 CE y 14 CEDH).
a)  En relación con los acusados, recuerda que varias defensas solicitaron a la sala 
poder utilizar en la vista oral el catalán (su lengua materna), a fin de poder declarar con 
mayor fluidez. También se interesó la utilización del sistema de traducción simultánea, 
que el art. 123.2 LECrim considera preferente al sistema de traducción sucesiva. Sin 
embargo, tal petición fue denegada por el Tribunal Supremo, que pese a reconocer 
expresamente que los procesados tenían derecho a declarar en catalán (página 69 de la 
sentencia),  accedió,  a  lo  sumo,  a  que  pudieran  expresarse  en  esa  lengua,  pero 
sirviéndose de un sistema de traducción sucesiva, que es mucho menos ágil. Ello 
propició que los procesados se vieran forzados, en contra de su voluntad inicial, a 
desistir de expresarse en su lengua materna.
Para el demandante, el derecho fundamental a la defensa debe garantizar el uso de 
la lengua materna, porque permite al procesado entender mejor las preguntas que se le 
hacen y responderlas con mayor fluidez. El catalán es lengua oficial en el territorio de 
residencia de los procesados, al que alcanza la jurisdicción del Tribunal Supremo, y el 
art. 6.2 EAC reconoce el derecho de sus ciudadanos a expresarse en catalán y obliga a 
los poderes públicos a garantizar su ejercicio. Por su parte, el sistema de traducción 
simultánea facilita el traslado inmediato del mensaje al tribunal y a las partes, sin  e.
prolongar de modo excesivo la duración del juicio. En cambio, la fórmula de traducción  w.b
sucesiva ralentiza y prolonga en exceso el acto, de manera que este se convierte en un  57ww
itnrátemrvitien iepnrtoecse yd ipmaeran tlaal  prloaprgiao  Say la,f aernra ugno sjuoi,c ioq yuae  ded epvoier nseí  exategnostaod.or  para  todos  los
casoP–o r seel lod, edseplr ecnodnete nciodno  dclealr iadratd. ,1 2q3u.e2  LlaE Ctrraimdu c–caipólnic acbolen speocru taivnaa losgoílaam ael nptere sdeenbtee 
emplearse  cuando  no  sea  posible  habilitar  un  sistema  de  traducción  simultánea;
posibilidad que la sala reconoció abiertamente que podría haberse empleado en el 
presente caso, al no existir obstáculos económicos ni técnicos (pág. 72 de la sentencia). 
Sin embargo, (págs. 68 y siguientes de la sentencia) se justifica la adopción del sistema 
de traducción sucesiva a fin de favorecer la garantía del principio de publicidad del 
proceso. A juicio del recurrente, ese principio, con ser importante, no puede considerarse 
superior al derecho de defensa, de quien es acusado por delitos que conllevan penas de 
más de una década de prisión. Nada impedía al tribunal que, para salvaguardar la 
publicidad del proceso, «la traducción simultánea pudiera ser oída también por quienes 
seguían el juicio a través de la televisión e incluso por los presentes en la Sala mediante 
auriculares».
Además del menoscabo al derecho de defensa (art. 24.1 CE), la negativa a permitir 
la traducción simultánea constituye una discriminación contraria al art. 14 CE pues, en 
comparación  con  el  trato  dispensado  a  cualquier  ciudadano  español  cuya  lengua 
materna sea el castellano, los ciudadanos catalanohablantes tienen que «soportar la 
carga (absolutamente evitable) de una prolongación del juicio oral», lo que se traduce en 
«un claro efecto desincentivador del ejercicio de los derechos lingüísticos»; y porque «es 
injustificable también que un catalanohablante pueda expresarse en catalán ante los 
órganos jurisdiccionales ubicados en Cataluña y, en cambio, no pueda hacerlo cuando es 
enjuiciado por el Tribunal Supremo por unos hechos cometidos en Cataluña».
b)  Por otro lado, la decisión de la sala vulnera el derecho de defensa en relación 
con la práctica de la prueba testifical de numerosos testigos propuestos por las defensas, 
a  quienes  se  impidió  por  completo  la  posibilidad  de  expresarse  en  catalán,  sin 
concederles siquiera la posibilidad de intérprete. Aunque la sala señala, en la página 80 
de su sentencia, que solo tres testigos pidieron declarar en catalán (cuyo testimonio se 
califica como intrascendente), lo cierto es que quienes pidieron declarar en dicha lengua 
fueron reprendidos y apercibidos con sanciones por parte del señor presidente. A título 
de ejemplo, a uno de ellos se le advirtió del siguiente modo: «usted va a contestar en 
castellano, si no quiere contestar en castellano esto es muy sencillo, usted se levanta, 
asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado».
La sala basó su decisión en una interpretación del art. 231.3 LOPJ («Las partes, sus 
representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la 
lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar 
las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas»). A juicio del 
recurrente, esa interpretación resulta absolutamente opuesta a los arts. 3.2 y 14 CE, 
pues dicho precepto no conlleva «una prohibición de hablar en catalán cuando las 
actuaciones tengan lugar ante un órgano judicial cuya jurisdicción territorial se extiende a 
toda la geografía española y cuando lo aconseje un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa, así como una mínima sensibilidad que aquí debió desplegarse». En suma, la 
decisión presidencial dio lugar a que los testigos tuvieran que expresarse en una lengua 
que hablan con menor fluidez, lo que afectó a la credibilidad de su testimonio.
3.3  Vulneración del derecho a un juez imparcial (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no 
haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal durante el desarrollo del juicio. 
En este apartado se formulan varias quejas anudadas a la lesión del mismo derecho 
fundamental, subdivididas del siguiente modo:
a)  La desestimación de las recusaciones planteadas.
(i)  Falta de imparcialidad por parte del magistrado instructor. Funda el demandante  oe.
su alegato en el hecho de que, en algunas de sus resoluciones, aquel se refiriese a «la  w.
haeeustctroha otdeseg.  i1Ea2 sq adu ece i rascbuurfnirls imdtaeon s2c»i0a 1( af8uu,e tpo dá egdn.e u 5pn4rc)o,ia cpderase asamenniteetán lntaod  sodaselea   2ad1 es  dír eemc imusrmasroozs oc,  oqdmuee o2  dv0eí1cs8tei,ms ptaiám dgóe.   d5tia4cl,he osy    2021-8357n https://ww
motivo por auto de 18 de junio de 2018. Entiende el demandante que, en su fuero
interno, el magistrado instructor pueda compartir la «percepción generalizada de la forma
en que se fueron desarrollando los acontecimientos en Cataluña». Pero quien se siente y 
se reconoce, pública y repetidamente, como víctima directa o indirecta de unos hechos o 
quien manifiesta desasosiego por ellos, no puede ser juez imparcial en el procedimiento 
en  el  que  se  persigue  penalmente  a  quien  supuestamente  le  ha  victimizado.  La 
imparcialidad,  añade  el  demandante,  es  una  cuestión  de  fondo,  pero  también  de 
apariencia, y cita al respecto el ATC 226/2002, de 20 de noviembre. Añade que esta 
cuestión  fue  respondida  en  la  sentencia  (págs.  116  y  siguientes)  remitiéndose 
íntegramente al auto de la sala de recursos de 18 de junio de 2018, el cual no reparó la 
lesión.
(ii)  Falta de imparcialidad de la sala de recursos que conoció de los recursos contra 
el  magistrado  instructor.  Ese  déficit  se  concreta  en  el  magistrado  don  Francisco 
Monterde Ferrer. La razón para cuestionar su imparcialidad trae causa de su condición 
de vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la 
Magistratura (APM). Según se afirma en la demanda, en los meses anteriores, esa 
asociación «había emprendido a través de sus cuentas oficiales en la red social ‘twitter’ 
una auténtica campaña mediática con cientos de mensajes dirigidos contra los líderes 
políticos independentistas catalanes que claramente expresaban prejuicios sobre su 
culpabilidad por los mismos hechos por los que les estaba investigando» (la demanda a 
continuación transcribe literalmente, o con sus propias palabras, el contenido de algunos 
de esos mensajes). Esos hechos dieron lugar a la recusación del referido magistrado 
ante la sala de recursos, la cual fue rechazada a limine, por providencia de 12 de febrero 
de 2018; rechazo en el que intervino el propio magistrado recusado. Esa resolución fue 
recurrida en súplica, por la defensa del señor Sánchez, y el recurso fue inadmitido por 
providencia de 14 de febrero de 2018, al considerar que no cabía recurso alguno. 
Finalmente,  la  referida  sala  desestimó  un  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
interpuesto contra esta última resolución, por auto de fecha 19 de abril de 2018.
(iii)  La falta de imparcialidad también se anuda al hecho de que formaran parte del 
tribunal sentenciador varios magistrados que, a su vez, habían acordado la admisión a 
trámite  de  la  querella  presentada,  mediante  una  resolución  que,  según  afirma  el 
demandante, contiene un amplio juicio de tipicidad que es inusualmente extenso en sus 
razonamientos jurídico-sustantivos y va más allá de lo necesario para dilucidar sobre la 
pertinencia  de  investigar  una  notitia  criminis.  Así  pues,  dadas  las  circunstancias 
particulares del caso, el recurrente sostiene que los magistrados que admitieron la 
querella necesariamente asumieron prejuicios sobre la cuestión de fondo.
(iv)  Por  otro  lado,  el  recurrente  advierte  que  el  magistrado  instructor,  los 
componentes de sala de recursos y los magistrados de la sala de enjuiciamiento son 
miembros de un mismo órgano judicial, conforme lo previsto en el art. 57.2 LOPJ. Por 
ello, sugirió el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas 
legales vigentes, que permiten que causas instruidas por un magistrado sean luego 
juzgadas por compañeros de la misma sala, dejando así de garantizarse una «distancia» 
entre instructor y tribunal de enjuiciamiento, cuando se trata de aforados. Esta queja se 
desestimó, por auto de la Sala del art. 61 LOPJ, de 13 de septiembre de 2018, que 
consideró prematura esa pretensión. Por ello, en la demanda se vuelve a suscitar, ahora 
como propuesta al Tribunal Constitucional, para el planteamiento de una cuestión interna 
de inconstitucionalidad respecto del art. 57.2 LOPJ.
(v)  Afirma que la recusación del presidente del tribunal, don Manuel Marchena, se 
formuló a raíz del mensaje telemático enviado por don Ignacio Cosidó, senador del 
Partido  Popular,  en  el  que  afirmaba  que  aquel  «había  accedido  a  ser  nombrado  s
presidente del Tribunal Supremo a cambio de servir desde dicho puesto a los intereses  oe.
de dicho partido político que, como era público y notorio, había reclamado reiterada y  w.
públicamente severísimas condenas para mi mandante». Lo que incluía controlar «desde  57ww
ndoemtrábsr»a deol  p«rfeusnicdieonntaem dieenl Ttor ibduen alal  SSuaplare Smeog»u.n Edsat,a  pqeuseeja a f uneo  dfeosrmesatrim paadrate  pdoer  leal lSa aslai  edreal 
art. 61 LOPJ, así como por el posterior incidente de nulidad de actuaciones, sin que se
accediera, siquiera, a tomar declaración como testigo al señor Cosidó. Por ello, la 
defensa no pudo demostrar la concurrencia de esta causa de recusación.
(vi)  Finalmente, censura que los mismos magistrados que dictaron la sentencia 
condenatoria resolvieran el incidente de nulidad promovido contra ella. Así pues, se 
obvió por completo la petición expresa de esta defensa, formulada por otrosí en su 
escrito de promoción de dicho incidente, de que al menos se variase la composición 
personal de la sala para garantizar la máxima imparcialidad del órgano revisor, lo que en 
este caso era posible, pero no se hizo. Como era de esperar, el órgano judicial no 
advirtió  ninguna  vulneración  de  derechos  fundamentales  en  la  resolución  que  ellos 
mismos habían dictado unas semanas antes.
b)  Debido al rol inquisitivo asumido por el presidente de la Sala.
Tras advertir que en el escrito de conclusiones definitivas ya se formuló esa queja, el 
demandante refiere que, en la sesión del día 14 de marzo de 2019, en la que se llevó 
cabo a interrogatorio del testigo don Josep Lluis Trapero, (que fue propuesto por la 
representación de la acusación popular), el presidente del tribunal rechazó que el fiscal 
formulara una pregunta en relación con la reunión de la junta de seguridad, que tuvo 
lugar el 28 de septiembre de 2017; y ello, conforme al criterio adoptado por la sala, 
consistente en permitir únicamente el interrogatorio sobre los hechos establecidos por la 
parte que hubiera propuesto al respectivo testigo. Pese a ello, al amparo del art. 708 
LECrim, el presidente del tribunal formuló personalmente al testigo la pregunta que 
anteriormente había impedido formular al fiscal.
Según sostiene el recurrente, el precepto invocado no justifica que el tribunal formule 
preguntas  sobre  aspectos  no  interrogados  por  las  acusaciones,  ni  que  rechace 
determinadas preguntas, por ser ajenas al objeto del testimonio y, no obstante ello, el 
propio tribunal las formule después, creándose así una insólita situación de contradicción 
entre el interrogatorio efectuado por la presidencia y el subsiguiente de las defensas 
pues, tras ser respondida la pregunta efectuada por esta, se dio traslado a las defensas 
para poder repreguntar, trámite este que no prevé la Ley de enjuiciamiento criminal.
El demandante discrepa así de la respuesta dada a esta cuestión en la sentencia 
(págs.179 y siguientes), pues entiende que la imparcialidad es una cuestión de fondo, 
pero  también  de  apariencias  (STEDH  de  6  de  noviembre  de  2018,  asunto  Otegi 
Mondragón y otros c. España, apartado 57). Finalmente, reprueba la respuesta dada en 
la  pág.  103  y  siguientes  a  las  quejas  sobre  falta  de  imparcialidad  del  tribunal; 
concretamente, que en numerosos procedimientos anteriores relacionados con casos 
acontecidos en Cataluña no se había recusado a ningún magistrado de dicha sala. Para 
el recurrente, ese argumento resulta inasumible, pues lo que sucediera en otros casos 
precedentes  que  afectan  a  otros  procesados  asistidos  por  otros  letrados,  en  nada 
prejuzga ni remedia lo acontecido en el presente, en el que se han vivido situaciones 
inauditas y difícilmente repetibles en términos de imparcialidad judicial.
3.4  Vulneración  del  principio  de  igualdad  de  armas  por  el  trato  desfavorable 
dispensado  a  las  defensas  en  el  acto  del  juicio  oral  (arts.  24  CE  y  6  CEDH).  El 
demandante estima que son reveladores de esta vulneración los siguientes episodios 
procesales:
a)  Afirma que las acusaciones sí pudieron «desbordar el objeto de pertinencia» 
fijado por la parte que había propuesto al testigo, pues interrogaron sobre otros extremos 
diferentes; pero esa permisividad no se les concedió a las defensas. A título de ejemplo,  s
trae a colación el testimonio del presidente del Parlamento de Cataluña, señor Torrent,  oe.
que  fue  propuesto  como  testigo  para  el  esclarecimiento  de  determinados  hechos  w.
aapndreteegnrutiornarterassre  s aeo nqb urseeu   eoexstattrepenamt acorosam  reoes laepc reciosanirdgaeodn.o tseM  icdeoenn tlr aae scl  árame flaearr aéa,nc adu uslaamsc  ióddnee fl ep1no spdauesla  nor ocst eus ebl erlee  asdu petoe r2rimz0ó1it 7iaó,    2021-8357n https://ww
pese a manifestar el testigo haber estado presente en dicho referéndum. Añade el
demandante que, ni la explicación dada en ese momento frente a la queja formulada, –
que era el tribunal el que fijaba las razones de pertinencia y el objeto de las preguntas–, 
ni  la  respuesta  dada  en  la  sentencia  a  la  objeción  expuesta  en  las  conclusiones 
definitivas (págs. 169 a 173), justifica el proceder del tribunal, que supuso una arbitraria, 
injustificada y desigual limitación de los interrogatorios, con la consiguiente violación del 
derecho de defensa (art. 24.2 CE), así como del derecho establecido en el art. 6 CEDH, 
que reconoce a las defensas la posibilidad de interrogar en igualdad de condiciones a los 
testigos que declaren en contra de sus mandantes.
b)  Se permitió a las acusaciones efectuar preguntas a los acusados o testigos 
sobre su afiliación política e ideología, pero no se autorizó a las defensas preguntar 
sobre dichos aspectos a algunos testigos que depusieron en el acto de plenario. Ejemplo 
de ello son las preguntas de las acusaciones a testigos de las defensas sobre su 
pertenencia a la ANC o a la entidad Òmnium Cultural. En cambio, «la Presidencia 
impidió preguntar a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona –una testigo crucial, como se desprende de la propia sentencia 
condenatoria– si era seguidora de páginas web de la extrema derecha, cuando ello 
podía  ser  igualmente  trascendente  al  efecto  de  conocer  posibles  sesgos  de  su 
testimonio». Cuestiona el recurrente la respuesta dada a esta queja en la sentencia (pág. 
173), al remitirse a la notoriedad pública de la militancia del testigo señor Rufián en el 
partido político ERC, puesto que esa respuesta no tuvo cuenta que su condición de 
afiliado a la ANC era «algo estrictamente privado».
c)  A los testigos de las acusaciones se les autorizó a exponer abiertamente sus 
valoraciones personales sobre los hechos. En concreto, los policías que declararon a 
propuesta de las acusaciones pudieron referirse a aspectos tales como las «caras de 
odio» de los votantes, el «clima hostil» que tuvieron que vivir el primero de octubre o 
comparar, incluso, «lo vivido con la situación que vivieron hace unos años en el País 
Vasco». También se permitió al teniente coronel Baena aludir constantemente al «clima 
insurreccional». En cambio, algunas valoraciones similares que intentó exponer doña 
Marina Garcés fueron impedidas por la presidencia. Otro ejemplo de trato desigual tiene 
que ver con la posibilidad de consultar notas escritas, lo que hicieron algunos testigos 
propuestos por la acusación, pero les fue impedido a la señora Garcés y al señor 
Matamala,  a  quien  se  obligó  a  retirar  las  notas  que  llevaba  consigo,  sin  siquiera 
preguntarle por su contenido.
d)  Para el demandante, la diferencia de trato ha sido evidente ante manifestaciones 
de «desmemoria» o «renuencia» de algunos testigos, según que esto sucediera al 
responder a preguntas de las acusaciones o de las defensas. Se ponen como ejemplos 
las declaraciones de doña Soraya Sáenz de Santamaría, don Mariano Rajoy y don 
Ignacio Zoido, a quienes «en ningún momento procedió la Sala a apercibirles con las 
penas previstas para los testigos renuentes». Sin embargo, la testigo doña Teresa Guix, 
en la sesión del 6 de marzo, o el testigo don Jaume Mestre, en la sesión de 13 de marzo, 
fueron advertidos de que debían ser más precisos en sus respuestas, pues, en caso 
contrario, podrían cometer un delito de falso testimonio. Añade el recurrente, que la 
argumentación que sobre este aspecto figura en la pág. 192 de la sentencia no repara la 
lesión producida, al entender justificables «olvidos» del señor Rajoy que son muy difíciles 
de creer (por ejemplo, no recordar a través de qué medio se comunicó con el señor 
Urkullu).
e)  Señala también que, en la sesión del día 11 de abril del 2019, se le impidió a su 
defensa interrogar a un inspector de policía, respecto del «aparente infarto» sufrido por 
un ciudadano cuando se disponía a votar; y ello, pese a que esa circunstancia se  s
mencionaba en el escrito de acusación y, previamente, se había permitido al fiscal  oe.
interrogar al respecto. Discrepa el demandante de la consideración de «intranscendente»  w.
con que se valora al testigo en la pág. 194 de la sentencia, pues la indicada resolución  57ww
rqeuceo gdee,r iveann  laless ipoángess.  y5 s3o yn  5m4o, ti«vlooss  deen flaresn gtaramvieesn tcoosn ednetnrea sc iimudpaudeasntaoss» y.  Spionl ipceíarsju idceio  ldoes 
lsou  epxrpouteessttao,,  peol rd leom qauned saen tveio d feosrtzaacdao q au ed elaja pr rdees iidnetenrcrioag laer  iaml pteidsitóig eox.poner las razones de  BOE-A-cable e
f)  La vulneración del principio de igualdad de armas también se constata por la 
predisposición de la presidencia a interrumpir los interrogatorios de las defensas y a la 
adopción de una posición mucho más rigurosa en relación con la forma de preguntar o 
de expresarse. Ejemplo de ello es el reproche que dirigió el presidente al letrado del aquí 
recurrente, en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley de 
ritos» para referirse a la Ley de enjuiciamiento criminal, porque esa expresión constituía 
un «insulto a los procesalistas». Sin embargo, según refiere el demandante, la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo ha utilizado la expresión «ley de ritos» en 789 ocasiones 
y el término «ley rituaria» en otras 863. Por ello, la señalada actitud de la presidencia 
supuso una grave cortapisa a la hora de interrogar o de protestar, «pues a ningún letrado 
le complace que le reprochen en público y en un juicio visto por miles de personas y 
escrutado  permanentemente  por  los  medios  de  comunicación  supuestas  faltas  de 
solvencia en su desempeño profesional», con la consiguiente merma del derecho de 
defensa.
3.5  Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no haber 
tenido  el  letrado  defensor  acceso  al  contenido  de  la  investigación  realizada  por  el 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, por la imposibilidad de contrastar las 
declaraciones testificales con la prueba documental videográfica y por la denegación de 
pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma. En este apartado se mencionan tres 
aspectos diferenciados.
a)  Denegación de la aportación de testimonio íntegro de las diligencias practicadas 
en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  (arts.  24  CE  y  6  CEDH).  El 
demandante sostiene que la mayor parte de la instrucción, entendida como fuente de 
obtención de material incriminatorio, no se verificó ante el Tribunal Supremo sino en las 
diligencias previas núm. 118-2017 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm.13 de 
Barcelona, en cuyo seno se practicaron la inmensa mayoría de las actuaciones policiales 
de las que dimanó buena parte del material probatorio que, posteriormente, fue aportado 
al presente procedimiento por el fiscal. Sin embargo, como el demandante no fue parte 
en  ese  procedimiento,  no  tuvo  conocimiento  de  lo  que  lo  que  califica  como  una 
«instrucción paralela», en la que se generaron gran parte de los informes policiales y 
numerosos documentos que las acusaciones hicieron valer como prueba en el acto del 
juicio oral, especialmente en relación con el delito de malversación de caudales públicos. 
El demandante pone de relieve que, en el trámite establecido en el art. 627 LECrim, 
interesó la reapertura de la fase de instrucción, a fin de que se remitiera testimonio 
íntegro de las referidas diligencias, siendo dicha petición rechazada, so pretexto de que 
esa diligencia podría interesarse en una fase posterior. Ello motivó que esa solicitud 
fuera reiterada en el escrito de conclusiones provisionales, pero sin éxito alguno.
Según indica, la aportación del testimonio solicitado habría permitido a las partes y al 
tribunal  analizar  la  totalidad  de  las  actuaciones  (informes  técnicos,  documentos  y 
atestados) que obran en el procedimiento del que se nutrían las presentes actuaciones, 
pudiendo interrogar a procesados y testigos sobre la totalidad de documentos e informes 
allí obrantes, que en su mayoría no eran conocidos por el demandante. Esa diligencia 
era especialmente necesaria, pues el Ministerio Fiscal solicitó selectivamente testimonio 
de algunas resoluciones dictadas en el marco del procedimiento referenciado (véase el 
escrito del Ministerio Fiscal obrante a los folios 1253 y siguientes, tomo 3 de la pieza de 
instrucción), así como por la incorporación de testimonios de algunos de los atestados 
redactados por la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que se habían ido  e
elaborando  en  el  seno  del  citado  procedimiento  sobre  la  base  de  diligencias  de  bo
investigación, en cuya práctica la defensa del demandante no había podido intervenir por  57ww
no sPeor rp aúrltteim poro, cdeesastl.aca  la  anómala  situación  a  que  se  ha  visto  sujeto,  desde  la
ppearrsapleelactsiv par adcteicl addearse ach eos pdaeld adse dfeen lsaas.  dSefi enssea sa,d rmeaitlem elan tep soes ibimilipdiadde  ad ees tianss tcruocncoicoenre es 
intervenir en aquellas actuaciones instructoras que pueden beneficiar sus tesis y aportar
al juicio aquellos elementos de prueba susceptibles de favorecerlas. Y esa vulneración 
no desaparece porque se argumente que la única prueba a la que se atribuye valor 
incriminatorio sea la practicada en el acto del juicio oral. Quien no ha estado presente en 
la  fase  instructora  de  un  procedimiento  difícilmente  «podrá  conocer  y  proponer  la 
práctica  de  medios  de  prueba,  favorables  a  sus  tesis,  dimanantes  de  diligencias 
practicadas en instrucción. De ahí que en el procedimiento penal español se reconozca 
de modo general el derecho de las defensas de estar presente en la fase instructora 
desde el inicio de esta. Un derecho que no se ha respetado en el presente caso y que 
justifica la presente denuncia».
b)  Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba 
documental videográfica. Señala el recurrente que, tras haber permitido ese contraste 
con algunos testigos iniciales (señores. Rajoy y Mas), de manera sobrevenida el tribunal 
adoptó  la  decisión  de  impedir  la  exhibición  de  la  referida  prueba  a  los  testigos 
declarantes,  a  fin  de  contrastar  la  veracidad  de  sus  manifestaciones  orales  con  el 
contenido de las imágenes grabadas, si bien se permitió que a numerosos testigos se les 
mostraran documentos en soporte de papel. Esta decisión resultó contradictoria, pues 
tan  prueba  documental  es  un  papel  como  una  grabación  de  vídeo.  Añade  que  la 
confrontación entre lo declarado por un testigo y prueba videográfica está prevista en el 
art. 729.3 LECrim y constituye una práctica absolutamente habitual en los tribunales 
españoles. Por ello, ese contraste forma parte de la garantía básica de contradicción 
propia del juicio oral y que, de haberse permitido su práctica, se habría evitado que 
«algunos testigos mintieran a la Sala o exageraran ostensiblemente en su declaración».
La decisión adoptada por la Sala, consistente en reproducir todos los vídeos en la 
fase de prueba documental, no subsanó la vulneración de la garantía de contradicción, 
porque no es lo mismo exhibir un video a un testigo cuando este último está declarando 
que hacerlo semanas o meses más tarde; y, en segundo lugar, porque durante la 
exhibición de la prueba documental, a los letrados no se les permitió glosar su contenido 
ni razonar las conclusiones que extraían del documento videográfico, respecto de la 
credibilidad de los testigos que habían depuesto semanas o meses antes. Finalmente, 
destaca que la decisión cuestionada impidió que los testigos pudieran rectificar el sentido 
de sus declaraciones mendaces o exageradas, a la vista de lo grabado. Por tanto, el 
recurrente concluye que con la injustificada limitación de la práctica de la prueba se 
vulneró también el derecho de defensa.
c)  Denegación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma. Alega el 
demandante que la denegación de medios de prueba, que fue adoptada por auto de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2019, ha vulnerado su derecho 
de defensa. En concreto, señala las siguientes:
(i)  Que se requiriese a la Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos 
d’Esquadra a fin de que facilitaran los datos del titular de la cuenta de la red social twitter 
‘@nmaquiavelo1984’ y ‘@JDanielBaena’. No se trataba de indagar gratuitamente en la 
ideología del testigo, sino de poner de manifiesto la abierta hostilidad que este profesaba 
respecto de los procesados y que se había manifestado en numerosos mensajes en las 
redes  sociales.  Este  dato  no  era  intrascendente  para  valorar  la  credibilidad  de  un 
testimonio tan crucial, teniendo en cuenta que se trataba de un funcionario público que 
debía regir su actuación por el principio de objetividad y que era la persona que había 
dirigido la investigación policial. La opción que se dio a las defensas, de preguntar al 
testigo sobre tal circunstancia en el momento de declarar, no podía suplir la necesidad 
de la diligencia rechazada, pues tal opción permitía al testigo negar sin más la autoría de  e.
tales mensajes (como así hizo), sin que la defensa tuviera opción de contrastar la  w.b
veracidad de tales manifestaciones con medios probatorios mucho más fiables. 57ww
dado(i i)e n Leal  taeusttoif icdael  1d edl ere fye bdree rEos dpea ñ2a0, 1d9o n(p Fáegl.i p7e2 )V Ip. aEral  rreeccuhrareznatre  ecsrait icteas etilf icaargl:u qmueen teol 
aalr tm. 4o1n1a rLcEaC lari mpo esxibcielidpatúda d dee el xdiembiersr ed ed ed elac loabraligr accoimóno  dtees dtiegcol aarla rre, yp.e Eros en op reescteapbtloe cber iunndaa 
prohibición de hacerlo, como así lo interpretó erróneamente la Sala de lo Penal. Por
tanto, se vulneró el derecho de defensa del recurrente, al rechazarse la prueba antes de 
saber si el testigo propuesto decidía o no acogerse a la dispensa. Por último, justifica la 
pertinencia de la prueba en base al relevante papel que las acusaciones atribuyeron al 
jefe del Estado, en sus escritos de conclusiones, en relación con los hechos enjuiciados.
(iii)  La testifical del jefe de la Casa de Su Majestad, don Jaime Alfonsín Alfonso. 
Dicha prueba se propuso con carácter alternativo, por si el monarca se acogía a la 
dispensa de no declarar. Por tanto, no resulta asumible el motivo de inadmisión que 
figura en el auto de 1 de febrero de 2019; a saber, que en el proceso penal no se admite 
el testigo por sustitución. Esta denegación vulneró el derecho de defensa del recurrente, 
pues la prueba era pertinente «a la vista de los hechos que motivan la acusación y del 
relevante papel que en ellos desempeña la Casa Real».
(iv)  La testifical de don Carles Puigdemont. La inadmisión de su testimonio se basó 
en que estaba en rebeldía y aún no había sido enjuiciado. Sin embargo, el recurrente 
discrepa de la decisión adoptada, porque la declaración del testigo no solo era pertinente 
sino crucial, al ser el máximo responsable del Govern. Por otro lado, el hecho de que el 
propuesto como testigo no estuviera presente en el acto del juicio, fue debido a que el 
magistrado instructor había decidido rechazar su extradición por razones puramente 
estratégicas,  ya  que  Alemania  estaba  dispuesta  a  entregarlo  para  ser  juzgado  por 
malversación. Añade que la responsabilidad del propuesto se dirimía en una pieza 
separada del proceso, por lo que podía declarar con las mismas garantías que otros 
testigos que, al mismo tiempo, estaban siendo investigados en otros procedimientos (cita 
como  ejemplo  a  los  señores  Trapero  o  Jové).  Por  último,  señala  el  contradictorio 
comportamiento de la Sala, al admitir el testimonio de doña Anna Simó, miembro de la 
mesa del Parlament, pese a haber estado procesada en la misma causa hasta el trámite 
de las cuestiones previas.
3.6  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE). Esta queja trae causa de las manifestaciones públicas de miembros 
del Gobierno español sobre los hechos enjuiciados y de la reiterada omisión del órgano 
judicial, que no amparó a los procesados ante dichas vulneraciones. El demandante 
refiere que, mientras se desarrollaba el procedimiento penal ante el Tribunal Supremo, la 
Secretaría de Estado para la España Global, órgano dependiente del Ministerio de 
Asuntos  Exteriores,  emprendió  una  campaña  propagandística  para  informar  en  el 
extranjero  sobre  los  hechos  que  se  estaban  enjuiciando.  En  el  contexto  de  dicha 
campaña  se  efectuaron  declaraciones  y  se  elaboraron  documentos  en  los  que 
abiertamente se consideraba a los procesados culpables de los hechos enjuiciados; 
todas ellas reflejadas en el escrito de demanda. También alega el recurrente, que en 
vídeos de fecha posterior a la sentencia se caricaturizó a los acusados como si fueran 
ladrones.
El recurrente y otros procesados pidieron amparo a la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, por escrito de 4 de febrero de 2019, y alegaron la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia. Mediante auto de 7 de febrero de 2019, la Sala de lo Penal 
estimó que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia derivada de las 
declaraciones  de  la  Secretaria  de  Estado  doña  Irene  Lozano,  responsable  de  la 
campaña  gubernamental  «España  Global»,  podría  ser  objeto  de  alegación  en  las 
sesiones del plenario en las que se reivindicara la vigencia de ese derecho, motivo por el 
que la defensa planteó la presente cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio y en 
su escrito de conclusiones definitivas. Asimismo, señala que por escrito de fecha 5 de 
septiembre de 2019 formuló denuncia ante el tribunal sentenciador por la comunicación  e.
del documento «La realidad del proceso independentista». Que en los dos escritos  w.b
citados, invocó el contenido del art. 4.2 de la Directiva 2016/343 del Parlamento y del  57ww
dCiospnosenjgoa,  ddee  9m deed imdaasr zeon,  qcuaes od isdpeo ninec uqmuep l«im[l]ioesn toE sdtaed olas  ombieligmabcrioósn  veeslatarbálne cpidoarq ueen  seel 
cauplapratabdleos »1,  ed einl teprreessóe nqtuee  asretí creuqlou, irdiees en ao  lare cfeitrairdsae  aau tosroidspaedc phaorsao sq uoe  saec uasbasdtuovsi ecrao mdoe 
efectuar  nuevas  manifestaciones.  Tal  petición  fue  rechazada  en  la  sentencia,  que
minimizó  las  primeras  manifestaciones  ante  la  BBC,  calificándoles  simplemente  de 
«torpes» (página 143), pero «intrascendentes», sin hacer referencia alguna al informe 
publicado.
3.7  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 
CEDH) por la filtración del contenido de la sentencia, cuando su redacción no había sido 
todavía culminada. Señala el demandante que esa lesión ya se planteó en el incidente 
de nulidad, pues días antes de que se firmara y notificara la sentencia diversos medios 
de comunicación anticiparon cuál iba a ser el sentido del fallo, cuando su contenido era 
aún susceptible de experimentar cambios (se citan algunos enlaces de internet de 
medios de prensa digitales y en varios de esos medios se habla de «fuentes judiciales»).
El recurrente incide en la importancia del secreto de las deliberaciones de un tribunal, 
por  lo  que  no  parece  asumible  que  la  filtración  anticipada  del  fallo  no  tenga 
repercusiones procesales, ni de afectación a las garantías del procedimiento. Recuerda 
que la STC 69/2001, de 17 de marzo, declara que la filtración de una sentencia, en 
principio, es una circunstancia inocua para los derechos fundamentales, «salvo que el 
denunciante de tal vulneración pueda acreditar –cabría preguntarse de qué manera– que 
la opinión de alguno o de algunos de los integrantes del tribunal haya podido verse 
condicionada por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación o que la 
citada  ‘filtración’  iba  encaminada  a  obtener  una  modificación  interesada  de  lo 
previamente decidido’[…] (FJ 12)». O bien, que haya propiciado la filtración «un clamor 
popular a favor de la condena o de la absolución de los encausados poniendo en 
entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía en el 
comportamiento neutral de los juzgadores» (FJ 6).
Dicho  clamor,  se  dice,  se  produjo  en  el  presente  caso,  pues  son  notorias  las 
incontables informaciones, artículos y comentarios anticipados del fallo aparecidos en los 
medios de comunicación con posterioridad a la filtración, así como las manifestaciones 
de  responsables  políticos  –en  un  contexto  de  precampaña  electoral–  valorando 
anticipadamente  la  condena,  cuando  la  sentencia  no  había  sido  aún  firmada  ni 
notificada. Como sucede cuando se quiebran garantías vinculadas con la imparcialidad 
judicial, su simple vulneración, aun no pudiéndose determinar cuáles han sido sus 
concretos efectos, debe suponer la invalidez del acto procesal, sin que proceda someter 
a quien denuncia  a lo que supone  una auténtica  probatio  diabolica.  Por tanto, el 
compromiso adquirido por el presidente de la Sala de que haría todo lo posible para que 
no se repitieran las filtraciones, pasaba por haber anulado la sentencia, como se pidió, 
por vulneración de los arts. 24 CE y 6 CEDH. Sin embargo, el auto resolutorio del 
incidente  de  nulidad  se  limitó  a  afirmar  que  no  constaba  que  la  filtración  hubiera 
condicionado el sentido de la decisión; es decir, sometió al recurrente a la prueba 
diabólica antes aludida.
3.8  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por imposición de 
penas superiores a las solicitadas por la acusación particular (arts. 24 CE y 6 CEDH). 
Señala el demandante que, desde el acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2006, la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que «el tribunal sentenciador no puede 
imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, 
cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa». Esta 
decisión tiene un inequívoco fundamento constitucional, que se deriva del art. 24 CE y, 
más concretamente, del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y sin 
indefensión. En apoyo de ese argumento, el recurrente invoca la STS 675/2013, cuyo 
contenido parcialmente transcribe. s
Refiere a continuación que en las págs. 478 y 479 de la sentencia, el tribunal afirma  oe.
que, a la hora de determinar la penalidad concretamente impuesta a los acusados,  w.
deben acogerse los términos acusatorios de la abogacía del Estado, descartándose las  57ww
pheat isciidoon eims pfouremstual audnaas  cpoonrd feisncaa lsíau pye lraio ar cau lsaa csioólnic iptaodpau lpaor.r  Slain a ebmogbaacrígao d, eall  Edesmtaadnod, apnutees tloe 
que esa acusación solicitó para el recurrente una pena de once años y seis meses de
prisión y otros tantos de inhabilitación, pero la pena finalmente impuesta asciende a los 
doce años.
Afirma también que el hecho de que la acusación popular solicitara aisladamente 
para el delito de sedición penas más graves no justifica el proceder de la sala, pues la 
concreta calificación efectuada por esta última fue expresamente descartada por el 
tribunal, al no pronunciarse acertadamente sobre la naturaleza de la relación concursal –
que se presentaba como un concurso real de delitos–. Por último, señala que resulta 
contradictorio que la sala se haya servido de las peticiones punitivas del partido político 
Vox para imponer las penas, cuando ha considerado que el ejercicio de la acusación por 
un partido político resulta ser un elemento perturbador (pág. 150 de la sentencia), que 
sería muy conveniente suprimir del texto de la ley procesal.
3.9  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionatoria (arts. 25 CE 
y  7  CEDH),  por  abandono  ad  hoc  del  principio  de  accesoriedad  limitada  en  la 
participación. En este apartado sostiene que la «accesoriedad limitada» es uno de los 
principios cardinales de la teoría de la imputación penal, que ha sido reconocido por la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo; entre otras, en las SSTS 214/2018, de 8 de mayo, 
y 704/2018, de 15 de enero. Esta doctrina considera necesario que al autor se le pueda 
atribuir la comisión de un hecho típico y antijurídico, aunque no resulte culpable, para 
que pueda considerarse responsable penal al partícipe. Según refiere el recurrente, en el 
delito de sedición hay dos clases de sujetos intervinientes: los ejecutores materiales o 
autores directos, quienes se alzan pública o tumultuariamente (art. 544 CP); y los que 
hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, o aparecieren en ella como sus 
principales autores (art. 545 CP). Al demandante, la sentencia (págs. 339 a 340) le 
atribuye el rol de inductor o promotor, al haber alentado a ciudadanos a movilizarse; y 
también le asigna el papel de cooperador por haber contribuido con medios materiales 
para que se realizara el referéndum, guiado por una clara voluntad de promover la 
inobservancia de los mandatos jurisdiccionales. Por tanto, de acuerdo con el principio de 
accesoriedad limitada, si no ha existido hecho antijurídico atribuible a uno o varios 
ejecutores directos no puede existir una participación penalmente relevante.
Considera acreditado que los ciudadanos que intervinieron, como manifestantes o 
votantes en los actos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, no han merecido 
reproche penal alguno, y así lo afirma la sentencia de condena (págs. 240, 245 y 383), 
sin que nadie haya sido procesado por sedición por esos hechos. Incluso, algunos de los 
presuntos máximos responsables de la organización del referéndum, como don Lluis 
Salvadó y don Josep María Jové, tampoco han sido procesados por ese delito, sino por 
delitos de gravedad muy inferior (prevaricación, desobediencia o malversación, cita la 
demanda), mientras que algunos casos aislados de votantes que ejercieron resistencia 
contra las fuerzas del orden han sido condenados por un delito de atentado y lesiones 
leves.
Con base en las anteriores premisas, el demandante refuta su condena por el delito 
de sedición. Afirma que no se le puede acusar de promover un alzamiento sedicioso, si 
los comportamientos más graves de los manifestantes solo se califican de atentado y si 
los organizadores, excepto los máximos dirigentes procesados por el Tribunal Supremo, 
tampoco han sido procesados por ese tipo de alzamiento. Para el recurrente, la condena 
por delito de sedición se explica «desde la voluntad de escarmentar a los máximos 
líderes políticos y sociales del movimiento independentista con castigos que nada tienen 
que ver con la gravedad real de los hechos a cuya comisión indujeron a los ciudadanos. 
Se trataba […] de construir un ‘traje punitivo a medida’ para los líderes políticos del  s
movimiento  independentista».  Descarta  asimismo  que  en  el  presente  caso  quepa  oe.
apreciar un supuesto de autoría mediata (posibilidad que, por lo demás, no se menciona  w.
siquiera en la sentencia), pues esa hipótesis no está prevista en los arts. 544 y 545 CP y  57ww
sinusptrounmderínat osso, stteontaelrm qeunete  «l‘oasb dcuicuiddaodsa’ npoosr  qluoes  saec umsaadnoifes steanro nu naac tusaitruoanc icóonm  doe  meerrroosr 
invencible que se mantuvo incluso frente a la actuación de agentes uniformados».
Ese cambio ad hoc de la doctrina sobre el principio de accesoriedad no se acomoda 
a las exigencias del principio de legalidad, tal como se define en el art. 7 CEDH (con cita 
de la STEDH de 21 de octubre de 2013, asunto Del Río Prada c. España). Ese principio 
no solo prohíbe que se apliquen a posteriori y en perjuicio del reo cambios en el texto de 
la ley, pues también veda las modificaciones sobrevenidas de la jurisprudencia que 
perjudiquen al acusado (STEDH de 11 de abril de 2013, asunto Vyerentsov c. Ucrania). 
En el auto resolutorio de los incidentes de nulidad se da respuesta a esta denuncia, al 
analizar una queja idéntica del procesado señor Forn en los siguientes términos (pág. 
41): «las reglas generales de la participación quiebran en el caso del delito de sedición, 
donde todos los intervinientes son coautores». Así pues, el referido auto confirma que 
estamos, se dice, ante el primer alzamiento sin alzados de la historia.
3.10  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionatoria (art. 25.1 
CE) en relación con los derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y a las 
libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE), por la insuficiente taxatividad 
del tipo penal de la sedición. Alega el recurrente que el art. 544 CP, que define el delito 
de sedición, adolece de la falta de taxatividad que cabe esperar de un delito que 
establece penas tan sumamente graves; y así lo considera Amnistía Internacional en un 
informe sobre la causa especial núm. 20907-2017. Términos tales como «alzarse», 
«tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales» resultan extraordinariamente vagos, 
hasta el punto de que es muy difícil conocer exactamente qué conductas se están 
prohibiendo realmente por el legislador. El recurrente se plantea diversos interrogantes 
que el tipo penal suscita y, al respecto, colige que son tantas las dudas interpretativas 
que surgen de su redacción, que resulta difícilmente compatible con el principio de 
determinación,  que  tanto  el  Tribunal  Constitucional  como  el  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos exigen (STEDH de 11 de abril de 2013, asunto  Vyerentsov c. 
Ucrania y STEDH de la Gran Sala, de 22 de marzo de 2001, asunto Streletz, Kessler y 
Krenz c. Alemania).
Reconoce que el tribunal europeo admite que la indeterminación de un enunciado 
legal pueda ser corregida por la jurisprudencia sobre dicho precepto. Sin embargo, esto 
no ha sucedido en el tipo penal de la sedición en España, al no existir prácticamente 
ningún precedente relevante y reciente sobre este delito que haya sido conocido por el 
Tribunal Supremo. De hecho, el caso similar más cercano al presente fue resuelto por la 
STS de 12 de julio de 2005, que absolvió por sedición y condenó por un delito de 
atentado, a una pena de un año de prisión, por la toma de la Asamblea de Ceuta durante 
nueve  horas,  por  unas  sesenta  personas.  Por  ello,  la  falta  de  precedentes 
jurisprudenciales  ha  supuesto  que  para  los  acusados  resultara  imprevisible  que  su 
actuación se considere constitutiva de un delito sedición; máxime teniendo en cuenta 
que el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que abarcaba de modo concreto los 
hechos que se proponían emprender el día 1 de octubre, había sido expresamente 
derogado por el legislador español en el año 2005; y que la convocatoria previa de 
consulta sobre la autodeterminación el 9 de noviembre de 2014 se saldó con una leve 
condena  por  desobediencia,  confirmada  por  el  propio  Tribunal  Supremo,  para  los 
señores Mas y Homs y las señoras Rigau y Ortega. También pone de relieve que la 
vaguedad del art. 544 CP resulta especialmente preocupante, pues su mera vigencia 
puede suscitar la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión 
pacífica,  libertad  de  expresión  y  libertad  ideológica,  provocando  con  ello  un  efecto 
desincentivador de tales derechos.
El auto que resuelve los incidentes de nulidad niega lo antes expuesto (págs. 12 y  s
siguientes,  al  responder  a  la  misma  queja  del  procesado  Jordi  Cuixart),  bajo  el  oe.
argumento de que el tipo delictivo no alcanza «una inconcreción o imprecisión que  w.
impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito». Pero en esa resolución no se  57ww
aplruedcee pato a qlguuen oesn  emxotrdeom aolsg uqnuoe  juessttiafi cdae lfae npsean ata mmíbniéimna a plergeóvi,s ctao,m oo e lla e sfeucmtoa  raemstprilcittuivdo  deenl 
etél remjeinrocisc idoe d seu  dreedreacchcoiósn .que su aplicación puede llevar aparejada debido a los amplios  BOE-A-cable e
3.11  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionatoria (arts. 25.1 
CE y 7 CEDH) por aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados. 
Recuerda el demandante la prohibición de la analogía en materia penal que establece el 
art. 4.1 CP, y que dicha prohibición forma parte de los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica. Dicho esto, añade que el precepto no solo adolece de falta de 
previsibilidad sino que el tribunal enjuiciador, en la subsunción realizada, ha desbordado 
también su tenor literal porque: i) es difícil entender qué hechos se subsumen en el tipo 
penal de sedición; esto es, si solo los acaecidos estrictamente los días 20 de septiembre 
y 1 de octubre de 2017 o también otros; ii) lo que la sentencia narra, en las págs. 41 y 
siguientes  respecto  de  lo  sucedido  el  20  de  septiembre,  no  es  más  que  una 
manifestación ciudadana de 40000 personas, en la que solo unos muy pocos asistentes 
incurrieron en excesos que, a lo sumo, derivaron en daños materiales. Sin embargo, 
aunque sí se dificultó, no se impidió el cumplimiento de la resolución judicial en el 
Departamento de Economía, como exige el art. 544 CP, lo que hace que la aplicación 
analógica de este precepto a un caso no abarcado por su tenor literal sea aquí patente. 
Afirma así, que aunque no se pudo trasladar a los detenidos al lugar del registro, estos 
renunciaron voluntariamente a estar presentes; y añade que este requisito no es esencial 
para la validez de la diligencia (STS 463/2019); iii) al describir la sentencia los hechos 
acontecidos el 1 de octubre de 2017, (pág. 53), es «tan sumamente parco el relato en 
este punto que tan siquiera se explica en qué consistieron dichos enfrentamientos, quién 
llevó en cada lugar la iniciativa en ellos o cuáles fueron sus concretas consecuencias, 
más allá de la necesidad en algunos casos de ‘asistencia facultativa’ (pág. 54)». En todo 
caso, «parece claro que quien se alza debe llevar claramente la iniciativa insurreccional, 
por lo que dicho verbo no puede abarcar –sin incurrir en una extensión analógica– los 
meros actos de ‘interposición física’ (pág. 246), el ‘impedimento físico’ (pág. 283) o los 
consistentes en ‘obstaculizar’ el ejercicio de la función jurisdiccional (págs. 247 o 363) a 
los que se alude en varios pasajes de la fundamentación jurídica de la sentencia». Así 
pues, un mero enfrentamiento con la policía no es un alzamiento, pues de ser así 
«carecerían de sentido los delitos de desórdenes públicos o el atentado, por los que han 
sido condenados los pocos manifestantes que realizaron activamente conductas de 
fuerza».  Por  otro  lado,  la  «irrelevancia  típica  de  los  hechos  probados  no  puede 
subsanarse  apelando  a  los  móviles  políticos  que  perseguían  los  procesados  o 
atribuyéndoles otras actuaciones ajenas por completo al tipo del art. 544 CP, como 
‘haber pulverizado el pacto constitucional’ (pág. 243) o querer ‘alumbrar una legalidad 
paralela’  (pág.  347)».  El  delito  de  sedición  requiere  que  el  orden  público  resulte 
gravísimamente perturbado, dadas las penas que prevé; y esa perturbación solo debe 
valorarse en relación con el bien jurídico protegido; iv) la sentencia no refiere qué 
concreta  intervención  tuvo  el  demandante  en  el  supuesto  ‘alzamiento  tumultuario’ 
acontecido el día 20 de septiembre. En las páginas 334 a 341 de la citada resolución se 
atribuyen al demandante una serie de actuaciones, en su condición de consejero de 
gobierno y de diputado, que no están vinculadas con tales hechos y que consisten, 
básicamente,  en  desatenciones  de  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional.  Esos 
comportamientos no pueden concebirse como una insurrección ni entrañan perturbación 
del orden público, que es el bien jurídico protegido del delito de sedición. Tampoco refleja 
la  sentencia  que  el  recurrente  obrara  con  el  propósito  de  que  se  produjeran 
enfrentamientos entre votantes y policías. Es más, la citada resolución refleja que este 
último instó a los votantes a comportarse de manera sosegada y pacífica (pág. 339), sin 
que  las  referencias  a  la  «voluntad  de  promover  la  inobservancia  de  los  mandatos  s
jurisdiccionales  satisfagan  las  exigencias  del  tipo  subjetivo  de  sedición»;  v)  el  oe.
comportamiento del demandante podría haberse subsumido en el antiguo tipo penal de  w.
convocatoria de referéndum (506 bis CP), derogado en 2005. Pero, según la Sala (pág.  57ww
2tip2i5fi)c,a ebsate s porleacmeepntote n uon r ecsounltfalicrítao  ecno mtopdeot ecnacsioa la epnlictraeb laeu ato lroidsa hdeecsh. oEsl,  rpeocru crureanntteo  reenc héal zsae 
peosad rríae scpounessidtae rpaorsrqeu ceo, msio  suonlo d eselit otr amtaesreec deed ourn d ec ohnafslictato c icnocmo paeñtoesn cdiea lp, reissiaó nc.onducta no  BOE-A-cable e
3.12  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal por imposición de 
una pena desproporcionada (arts. 25.1 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 
CDFUE), lesionándose asimismo los derechos fundamentales a la libertad de reunión 
pacífica y a las libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE). En primer 
lugar, evoca el contenido de la STC 136/1999, de 20 de julio, en la que el tribunal incluyó 
dentro  del  principio  de  legalidad  penal  «la  proscripción  constitucional  de  penas 
desproporcionadas». Añade que en el art. 49.3 CDFUE se acoge ese postulado en 
términos similares: («la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en 
relación con la infracción»), por lo que se establece un «criterio hermenéutico de primer 
orden» con base en el art. 10.2 CE. Teniendo en cuenta este principio, sostiene que la 
indeterminación  del  tipo  penal  de  sedición  ha  propiciado  la  imposición  de  penas 
desproporcionadas en relación con la gravedad de los hechos, lo que ha generado un 
efecto restrictivo que resulta desalentador para el ejercicio de derechos fundamentales, 
en especial de reunión y de libertad de expresión e ideológica. Y ello porque cualquier 
persona que convoque una manifestación multitudinaria de protesta, en la que de modo 
más o menos previsible algunos incurran en excesos, «será candidato a ser considerado 
inductor a una sedición y castigado con penas mínimas de ocho años de prisión». Tras 
formular citas de doctrina científica, retoma el contenido de la STC 136/1999, para 
recalcar que el castigo de «estas situaciones limítrofes con el ejercicio de derechos con 
penas de prisión sumamente elevadas fue considerado incompatible con el art. 25.1 en 
relación con el art. 17 CE».
El recurrente no cuestiona que se sancionen penalmente aquellas conductas que 
amenacen seriamente el orden público; pero en este caso, ante una perturbación del 
orden público que no ha supuesto daños personales relevantes y en las que no se 
esgrimieron armas, se han impuesto a los acusados penas gravísimas de prisión que 
rayan o superan los diez años de privación de libertad, similares a las previstas para «el 
homicidio, los delitos más graves de agresión sexual o las formas más graves de 
privación de libertad ajena», las cuales «desbordan con mucho las máximas previstas 
para el tipo penal de los desórdenes públicos», un tipo delictivo aplicable en supuestos 
de actuaciones violentas realizadas de manera grupal, que prevé una pena máxima de 
tres años de prisión (art. 557 CP) o de seis años solo cuando se esgrimen armas 
(art. 557 bis CP).
Censura también que el órgano de enjuiciamiento no haya tenido en cuenta, respecto 
de los hechos acaecidos el 20 de septiembre de 2017, que la diligencia judicial pudo 
culminarse  sin  que  nadie  resultara  lesionado  (en  la  pág.  361  se  reconoce  que  la 
obstrucción fue solo parcial), por lo que por este episodio debió apreciarse una forma 
imperfecta de ejecución o de menor gravedad (art. 547 CP). Y lo mismo puede afirmarse 
respecto de los numerosos colegios electorales donde los efectivos policiales lograron de 
modo efectivo impedir las votaciones, dando así cumplimiento al mandato judicial.
Añade que la sentencia tampoco tuvo en cuenta, al individualizar la pena aplicada al 
recurrente, que el delito por el que este fue condenado se produjo en un contexto de 
ejercicio  de  derechos  fundamentales,  pese  a  que  la  sala  sí  ha  reconocido, 
implícitamente, que los ciudadanos que se «alzaron» se encontraban ejerciendo tales 
derechos. Tal constatación debió traducirse, cuando menos, en la aplicación de una muy 
importante  atenuación  punitiva,  que  pudo  vehicularse  perfectamente  a  través  del 
art. 20.7 CP, alegado en las conclusiones definitivas, cuya apreciación como eximente 
incompleta habría permitido rebajar sustancialmente las sanciones impuestas. Insiste en 
la acusada gravedad de las penas de prisión, aplicadas en un supuesto en el que no se  s
han producido muertos o heridos graves. Por ello, reitera la patente desproporción  oe.
penológica en que se ha incurrido, que resulta «desalentadora del ejercicio de los  w.
derechos fundamentales básicos en una sociedad de libertades», sin que los posibles  57ww
majeónvioless a p lao lísteicdoisc iódne,l  qdueem easn duann dtee lidtoe bcaonn trsae re lt eonrdideons p eúnb liccuoe.nta, por ser completamente
por Charitbicear  uatsiliimzaisdmo ov alalo arargciuomneesn tasocibórne  dlaa didae eonlo geíla a puotolí tdicea  fedceh lao s2 9p rdoec eesnaedroos  dqeu e2 0s2o0n,   BOE-A-cable e
completamente ajenas al tipo penal de la sedición. Con esa respuesta «el ejercicio de 
derechos como la libertad ideológica o de reunión y manifestación pasa a convertirse en 
una circunstancia agravante de la responsabilidad penal en lugar de actuar como causa 
de justificación (siquiera parcial) de la responsabilidad criminal».
Señala finalmente que, en la medida que la convocatoria a votar en el referéndum no 
implicaba  una  incitación  a  la  violencia  por  parte  de  los  organizadores,  sino  a  la 
resistencia, según señala la sentencia impugnada, las penas impuestas son claramente 
desproporcionadas y, por tanto, no se incardinan dentro de las «medidas imperiosamente 
necesarias en una sociedad democrática».
Añade  que  el  auto  resolutorio  del  incidente  agrava  con  su  fundamentación  la 
vulneración denunciada, por sus constantes valoraciones sobre la ideología política de 
los  procesados,  dato  este  completamente  ajeno  al  delito  de  sedición,  y  porque  el 
ejercicio de derechos como la libertad ideológica de reunión y manifestación «pasa a 
convertirse en una circunstancia agravante de la responsabilidad penal». Finalmente, 
insiste en que las penas impuestas son manifiestamente desproporcionadas, pues como 
sostiene algún autor, imponen a «los organizadores de reuniones pacíficas –aun cuando 
ilegales– para la expresión de votos, opiniones o sentimientos políticos, sanciones de 
una severidad equivalente a las que el Código penal prevé para graves delitos contra la 
vida y la integridad física».
En el suplico de la demanda interesó también su admisión a trámite y que se dictara 
sentencia con el siguiente contenido: «1. Otorgar el amparo y reconocer al demandante 
sus derechos fundamentales a la no discriminación por razones lingüísticas (art. 14 CE), 
a la libertad ideológica (art. 16 CE), a la libertad (art. 17 CE), a los derechos de reunión y 
manifestación (art. 21 CE), a la defensa, la tutela judicial efectiva y a un proceso con 
todas las garantías (art. 24 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE); 2. Reparar las 
vulneraciones denunciadas declarando la nulidad de la sentencia de 14/10/2019 dictada 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial núm. 20907-2017 y del 
posterior  auto  de  29/01/2020,  por  el  que  se  desestimó  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones promovido contra dicha resolución».
Por otrosí interesó que, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), se acordara la suspensión cautelar de los efectos de la 
sentencia condenatoria. A fin de reducir al máximo la afectación de su libertad y sus 
derechos políticos, dado que cada día de privación de libertad y de inhabilitación le 
ocasionan un daño irreversible e irreparable, solicitó que la solicitud de suspensión se 
tramitara y resolviera conforme a lo previsto en el art. 56.6 LOTC.
Mediante escritos presentados los días 8 y 16 de abril de 2020, el recurrente urgió la 
admisión a trámite del recurso de amparo y el otorgamiento de la medida cautelar 
interesada.
4.  Por providencia de 6 de mayo del 2020, el Pleno de este tribunal acordó recabar 
para sí el conocimiento del recurso de amparo y admitirlo a trámite, apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  LOTC,  resolvió  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes al auto de 29 de enero de 2020 y a la sentencia de 14 de octubre 
de  2019  dictados  en  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  debiendo  previamente  e.
emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  a  la  parte  w.b
recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el  57ww
procEens or edlea caimónp acroon. la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo
maret.d 5ia6n.6te L oOtTroCs,í ,q eule  Pjulestnifoic anroía  aspur eacdióo plcai óunr gineanucdiait ae pxacertpec dioen afol rma ala i nqmuoet ivsaed ar;e fpieerreo , eal 
fin de resolver sobre la medida cautelar solicitada, acordó formar la oportuna pieza
separada y, en ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de 
amparo para que efectuasen alegaciones respecto a dicha petición.
Mediante providencia de igual fecha se formó la correspondiente pieza separada de 
suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un plazo 
común de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que pudieran 
alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. 
Por ATC 57/2020, de 17 de junio, se acordó finalmente denegar la medida cautelar 
solicitada.
5.  Mediante escrito de fecha 28 de mayo del 2020, la procuradora de tribunales 
doña Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox y asistida 
de la letrada doña Marta Castro Fuertes, interesó que se la tuviera por personada y 
parte.
6.  Por  escrito  de  fecha  5  de  junio  del  2020,  la  abogacía  del  Estado,  en  la 
representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7.  El 18 de junio siguiente, el procurador de tribunales don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz interesó que se le tuviera por personado y parte en nombre y representación de 
don Carles Puigdemont i Casamajó, con la asistencia del letrado don Gonzalo Boye 
Tuset.
8.  Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaría del 
Pleno de este tribunal acordó tener por personados al partido político Vox, a la abogacía 
del Estado y a don Carles Puigdemont i Casamajó. A tenor de lo dispuesto en el art. 52 
de la Ley Orgánica de este tribunal, también se acordó dar vista de todas las actuaciones 
del presente recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y 
a las partes personadas, para que, dentro de dicho término pudieran presentar las 
alegaciones que a su derecho convenga.
9.  El día 27 de octubre del 2020 presentó sus alegaciones la abogacía del Estado, 
cuya sistemática se adecúa al orden y esquema de las vulneraciones aducidas por el 
recurrente.
9.1  Analiza en primer lugar la denunciada vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Tras extractar la doctrina constitucional que 
considera aplicable al caso, con transcripción parcial de la STC 159/2014, FJ 3, así como 
de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apunta que los órganos 
judiciales no han llevado a cabo una interpretación que suponga una manipulación 
manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias, ni que hayan incurrido 
en error evidente, irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad. Afirma que el demandante 
no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los argumentos dados por el 
Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato que fluye de 
las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo de la instrucción, para 
atender al elemento territorial o geográfico que el art. 57.2 EAC utiliza para determinar la 
competencia objetiva». Por ello, el referido tribunal ha determinado la competencia en los 
términos reflejados en la pág. 256 de la sentencia; esto es, en función de un juicio ex 
ante que versa sobre la pretensión acusatoria, que no se puede ver revertida ni afectada 
por  la  decisión  final.  Trae  a  colación,  como  ejemplo  de  doctrina  consolidada,  el 
argumento que figura en la STS 484/2010, de 26 de mayo: en, síntesis, «que son los  es
hechos y la calificación jurídica de la acusación los que deben de servir de base para la  o
determinación de la competencia objetiva a los efectos del art. 14.3 y 14.4 LECrim». 57ww
sqdouebesrc Aenoñ onlaa tdes cexeot  umoafqprlieuzeceatee dn aucl andia  e a yfld erdeagemsae taloson  sydq  aaupr eág ruprsamoefn oegsnca tcoe odsnn etorc abrme itateoenrs nif did eicestf taoloa r sdml aeru e llisaarror a slzueocnunitoneananbe cilsiiad cq.ar uídEtei cn yas  s eau rpmabriiosatrnl,aa uradinefaicrd miaadany     OE-A-2021-83able en https://
del criterio judicial. A fin de desvirtuar los argumentos dados por el recurrente, que
minimizan los hechos acaecidos fuera de Cataluña, la abogacía del Estado también trae 
a colación el razonamiento expuesto en el ATS de 18 de enero de 2019, que pone en 
valor  la  particular  naturaleza  de  los  delitos  de  rebelión  y  sedición;  esto  es,  como 
infracciones de »resultado cortado», cuyo aspecto diferencial, respecto de los delitos de 
lesión, reside en que para su consumación solo se requiere que se materialice el riesgo 
o peligro que se trata de precaver. Y añade que, a partir de ese entendimiento, queda 
esclarecido cuál es el lugar de comisión del delito de rebelión, cuando la finalidad es 
declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
En relación con el delito de malversación se refutan las objeciones planteadas en la 
demanda respecto del criterio de «unidad patrimonial de todas las administraciones 
públicas», pauta a la que el Tribunal Supremo se acogió. Sostiene que en la demanda se 
obvia  el  razonamiento  dado  en  el  ATS  de  27  de  diciembre  de  2018,  alusivo  a  la 
desatención, por los principales procesados, de los requerimientos del Ministerio de 
Hacienda para ofrecer información acerca del gasto injustificado de fondos. También 
aduce  que  el  alegato  referido  a  que,  durante  la  celebración  del  juicio,  algunos 
procesados ya ostentaban la condición de diputados, no es más que un argumento obiter 
dictum y que respecto de la denunciada contradicción con pronunciamientos anteriores 
del Tribunal Supremo, se remite a lo manifestado en los fundamentos jurídicos 4.1.2. 3 
y 4 de la sentencia.
9.2  Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, 
derivada de la anterior lesión, la abogacía del Estado también rechaza esa vulneración, 
pues el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH prevé, en su apartado 2, que el derecho 
a que la declaración de culpabilidad o de condena sea examinado por una jurisdicción 
superior «podrá ser objeto de excepciones en caso de menor gravedad, según los defina 
la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto 
tribunal». Esta segunda excepción es la que ha concurrido en el presente caso por razón 
de aforamiento, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por este tribunal, amén de 
que tampoco resulta contraria a lo establecido en el art. 14.5 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos.
9.3  También se rechaza la denuncia de vulneración asociada al art. 24.2 CE, por la 
negativa a utilizar el sistema de traducción simultánea respecto de aquellos procesados 
que solicitaron expresamente declarar en el idioma catalán. Tras transcribir lo alegado 
por el órgano de enjuiciamiento en el fundamento jurídico 3.2, la abogacía del Estado 
colige que la configuración del bloque de constitucionalidad del régimen de cooficialidad 
lingüística impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un 
mecanismo de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las 
alegaciones en un idioma distinto del oficial. No obstante, señala que, en el presente 
caso, se pusieron traductores oficiales a disposición de la defensa y se concedió a los 
procesados la posibilidad de utilizar este idioma en sus respuestas.
Tampoco se acepta la lesión del derecho a defensa, fundada en que no se permitió a 
los testigos declarar en catalán, so pretexto de verse afectada la credibilidad de su 
testimonio por no poder expresarse «con toda naturalidad». Sobre este particular, se 
remite  al  contundente  argumento  de  la  sentencia:  los  tres  testigos  no  solo  tenían 
obligación  de  conocer  el  castellano,  sino  que  por  razón  de  sus  cargos  eran 
perfectamente conocedores de esa lengua; a lo que se añade que esos testimonios 
fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no incidieron en el derecho 
de defensa.
9.4  La vulneración del derecho al juez imparcial debe ser analizada, según se  s
indica en las alegaciones, como parte de una estrategia procesal tendente a construir  oe.
una causa general contra la justicia española y, en particular, contra el Tribunal Supremo,  w.
al prefabricar de modo abusivo una apariencia de parcialidad. Ello determina que la  57ww
lpao spiocniódne rdaecli órenc, uprureenst es,i  ebnie nta enlt op uqnuteo  edme isvoisrt ad ed ela  qquuieenja ,e mpieiterd laa  squu evjiart uhaali ddaed t eyn peersseo  eenn 
cuenta, «el canon debe ser estricto cuando el sentimiento se invoca por quien ha
seguido una conducta procesal abusiva que denuncia la STS de continua referencia». Y, 
en particular, se señala lo que sigue:
a)  Se niega que la frase que obra en el auto de procesamiento «la estrategia que 
sufrimos»  tenga  virtualidad  alguna,  pues  lo  que  hace  el  magistrado  instructor  es 
reproducir la misma frase referida al Libro Blanco, de manera que la misma únicamente 
guarda relación con la exposición del desarrollo de la estrategia secesionista que se 
recogía en el referido Libro Blanco, referida en el auto de procesamiento y en el auto 
de 12 de abril. También trae a colación lo razonado en el auto de la sala de recursos, 
de 18 de junio de 2018, a fin de descartar el reproche de la pérdida de imparcialidad por 
este motivo.
b)  Asimismo, considera que debe desestimarse la queja asociada a la pérdida de 
imparcialidad  del  magistrado  señor  Monterde,  miembro  de  la  sala  de  recursos, 
sustentada  en  los  mensajes  difundidos  por  la  asociación  judicial  de  la  que  era 
vicepresidente. La abogacía del Estado asume la apreciada extemporaneidad de la 
queja, dado que la composición de ese órgano se publicó en fecha de 21 de diciembre 
de 2016, por acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), amén de que los mensajes fueron emitidos por personas «no identificadas» y no 
por el referido magistrado.
c)  El hecho de que el órgano de enjuiciamiento estuviera constituido por algunos 
magistrados que formaron parte de la sala que admitió la querella, tampoco conculca el 
derecho al juez imparcial. En el auto de fecha 31 de octubre de 2017, por el que se 
admite a trámite la querella interpuesta por el fiscal, no figura ni una sola frase o 
razonamiento que conlleve una valoración de la tipicidad de los hechos relatados, pues 
la decisión de admitir se funda en los extremos que se relatan en el escrito de querella, 
cuya realidad sería confirmada o desmentida en función del resultado de las diligencias 
practicadas por el instructor. Por otro lado, tampoco el demandante cumple con la carga 
argumental de proyectar sobre el auto de admisión el efecto que le atribuye, por lo que 
en este punto la demanda de amparo es genérica.
d)  Tampoco comparte la queja relativa a que el magistrado instructor designado 
formara  parte  de  la  Sala  Segunda  del  Tribunal  Supremo;  es  decir,  del  órgano  de 
enjuiciamiento.  Esa  circunstancia  no  figura  recogida  en  el  elenco  de  causas  de 
abstención  y  recusación,  sujetas  a  interpretación  restrictiva,  sin  que  tampoco  el 
recurrente haya acreditado la existencia de los contactos y comunicaciones que en la 
demanda se indican.
e)  En relación con el contenido del mensaje telemático atribuido al señor Cosidó, la 
abogacía del Estado se remite al contenido del FJ 5.5 y 6 del auto 7/2018, de la Sala 
especial del art. 61 LOPJ, a fin de descartar la merma de la imparcialidad que se atribuye 
al presidente del tribunal enjuiciador, pues la imparcialidad de un magistrado solo puede 
valorarse a partir de lo que este dice o hace o, incluso, de lo que aparente, pero no con 
base en la opinión de un tercero.
f)  El hecho de que el incidente de nulidad de actuaciones fuera resuelto por los 
mismos magistrados que dictaron la sentencia, tampoco vulnera el derecho al juez 
imparcial, toda vez que, conforme a la doctrina establecida en la STC 152/2015, FJ 9, si 
hubieran intervenido otros magistrados, como solicitó el recurrente, se habría conculcado 
el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
g)  También se rechaza el motivo asociado a la pretendida asunción de un «papel 
inquisitivo» por parte del presidente del tribunal enjuiciador. La abogacía del Estado 
detalla el contexto de la pregunta formulada por el fiscal al señor Trapero, que fue  e.
objetada por la defensa del señor Forn; y al ser acogida la queja por la sala, tras finalizar  w.b
las defensas el turno de interrogatorios, la presidencia formuló la pregunta al amparo de  57ww
jluor íddiiscpou 1e6s.t3o. 5e.3n  deel  laa rst.e n7t0e8n ciLaE. CErnim c,u acluqyuaie rj ucsatsifoic, atcainótno  lsae p rdeegtuanllata  ecno meol  lfau nredsapmueensttao 
rreesuunlitóón i ndaen 2e8 p daera s elap tdieemfebnrsea  ddee l2 d0e1m7,a nnid eann teel  djueic aiom dpea raou, topruíeas q nuie e rsetsapbeac ptore dsee natqeu eenl  slae 
formula sale a colación la referida reunión.
9.5  En el apartado relativo a las quejas atinentes a la quiebra del principio de 
igualdad de armas, las consideraciones que se formulan son las siguientes:
a)  En relación con el trato peyorativo dado a las defensas al valorar la pertinencia 
de sus preguntas, la abogacía del Estado también rechaza que ese trato hubiera tenido 
lugar, remitiéndose a las razones expresadas por el órgano judicial en la sentencia.
b)  También rechaza que se produjera una desigualdad de trato por el hecho de que 
a las acusaciones se les permitiera formular preguntas sobre la afiliación política e 
ideológica de los testigos, pero se impidiera hacerlo a las defensas. Sobre este punto se 
remite a lo razonado en el fundamento jurídico 16.3.1 y 2 de la sentencia.
c)  Respecto  del  alegato  relativo  a  que  los  testigos  propuestos  por  las  partes 
acusadoras pudieron exponer abiertamente sus valoraciones personales, mientras que 
los de la defensa no, sin que tampoco se les permitiera a estos últimos consultar notas, 
se aduce que el recurrente reproduce íntegramente lo alegado en el juicio oral, sin añadir 
carga  argumental  que  critique  la  respuesta  dada  en  sentencia,  que  desestima  esa 
alegación en el fundamento jurídico 16.3.3 y 4.
d)  Tampoco la censura que la presidencia dirigió al letrado de la demandante, por el 
empleo del término «ley de ritos», pone de manifiesto el trato desfavorable que se 
denuncia. Añade que la sentencia ya explica las razones que hicieron oportuna la 
corrección, sin que, dado el contexto de esta, de nada sirva invocar el repertorio de 
casos en que el Tribunal Supremo utilizó esa expresión en otros asuntos pretéritos.
9.6  A continuación, la abogacía del Estado analiza otro bloque de quejas que, 
según la demanda, guardan relación con vulneraciones del derecho de defensa. A saber:
a)  En primer lugar, se analiza la denuncia referida a la negativa a incorporar el 
testimonio íntegro del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona. Al respecto, se exponen las razones dadas en la sentencia sobre esa queja; 
en síntesis, que «[e]l bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación del 
tribunal se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí 
se razona para respaldar el juicio de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las 
partes y, por tanto, al ejercicio legítimo del derecho de defensa».
b)  En cuanto a la «atomización procesal» y la ruptura de la continencia de la causa 
que se denuncia, se aduce que tal circunstancia es fruto de los aforamientos y del 
mandato legal restrictivo acerca del enjuiciamiento de delitos conexos, tras la reforma 
operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Se trae a colación el criterio seguido por el 
instructor, en el auto de 15 de febrero de 2018, y de la sala, en el auto de 27 de 
diciembre de 2018, que rechazaron por exorbitante el criterio de incluir, dentro de la 
causa especial, a todos aquellos que prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el 
plan estratégico ideado e impulsado por los representantes políticos y sociales; y sobre 
ese argumento, señala que en el recurso de amparo nada se opone, por lo que sus 
alegaciones en este punto vuelven a ser valoradas como genéricas.
c)  También  niega  que  se  haya  impedido  a  las  defensas  conocer  con  tiempo 
suficiente los elementos incorporados de otras causas durante la instrucción, amén de 
interesar la incorporación de lo que estimaran pertinente, sin perjuicio de la ulterior 
decisión del instructor y de la sala. Matiza la abogacía del Estado, que existe un derecho 
de acceso a todos los documentos que van a ser valorados, pero no un derecho de 
acceso en calidad de «imputado preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si incide 
en  el  derecho  de  defensa,  pues  ello  supondría  convertir  la  causa  especial  en  un  s
continente formal para incorporar, por aluvión, todos los procedimientos seguidos por  oe.
hechos diferentes. w.
dreepcrldoa)dr auccSicóeinóñ,na a la df ient  adlmae b ppiérounde ebrqa uc eod notlcraaussm taedrne stfaeuln  vsveaidrsae coirdgearitádef ricyaa rpo onmd ieearnd et rxanpsao unloseser  aytme rs atzilgaoo nsap re ptsircoeibsórtnae b ladanes    2021-8357n https://ww
posibles contradicciones en que incurriesen. Tras remitirse a la argumentación expuesta
en el fundamento jurídico 16.1.2 de la sentencia, se colige que el órgano judicial ha
guardado un estricto respeto a la garantía de contradicción para que el acusado tenga la 
posibilidad de interrogar a quien declara en su contra para, de este modo, controvertir su 
credibilidad conforme a lo establecido en los arts. 6.3 d) y 6.1 CEDH.
e)  En  cuanto  a  la  denegación  de  pruebas  propuestas  por  el  demandante,  la 
abogacía del Estado se remite al contenido del fundamento jurídico 10.1 de la sentencia, 
en el que se descarta que la denegación de pruebas a que se alude en la demanda de 
amparo tuviera incidencia material en el derecho de defensa.
9.7  La queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 
derivada de las manifestaciones públicas efectuadas sobre los hechos enjuiciados por 
parte de algunos miembros del gobierno español, no merece favorable acogida, a juicio 
de la abogacía del Estado, remitiéndose a lo razonado al respecto en la sentencia.
9.8  En relación con la filtración de la sentencia, producida cuando su redacción no 
había sido aún culminada, la abogacía del Estado razona que, de conformidad con la 
doctrina establecida en la STC 69/2001, solo si se acreditara que la opinión de alguno de 
los miembros del tribunal hubiera podido verse condicionada o afectada por hechos 
externos a la propia deliberación o, en su caso, la filtración fuera encaminada a obtener 
una  modificación  interesada  de  lo  ya  decidido,  podría  verse  afectada  la  vertiente 
subjetiva  de  la  garantía  de  imparcialidad.  Sin  embargo,  en  el  presente  caso  las 
circunstancias indicadas no concurrieron, toda vez que cuando se produjo la filtración ya 
había concluido el juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, 
había finalizado la deliberación sobre el contenido del fallo condenatorio.
9.9  En relación con la denunciada vulneración del principio acusatorio, la abogacía 
del  Estado  refuta  que  se  haya  producido  esa  vulneración  pues,  tras  transcribir  el 
fundamento jurídico 7 de la STC 1/2020, de 14 de enero, señala que el demandante tuvo 
conocimiento de las concretas pretensiones punitivas de la referida abogacía y de la 
acusación popular personada, de modo que pudieron articular las medidas probatorias y 
alegatorias para defenderse de las mismas. Por tanto, cabe concluir que el recurrente 
tuvo conocimiento efectivo de la posibilidad de que le fuera impuesta una condena por el 
delito de sedición en concurso con el delito de malversación y esa pena no es superior a 
la pretendida por alguna de las acusaciones.
También se rechaza la denuncia sobre la falta de motivación y proporcionalidad de la 
pena impuesta. Tras invocar la doctrina jurisprudencial reflejada en las SSTS 1007/2019, 
de 26 de marzo, FJ 4, y 172/2018, de 11 de abril, afirma que la justificación de la 
individualización  de  las  penas  se  encuentra  en  el  apartado  correspondiente  de  la 
sentencia  que  se  da  por  reproducido.  Y  añade  que,  como  la  pena  prevista  en  el 
art. 545.1 CP es de diez a quince años de prisión, y la establecida para la malversación 
agravada es de seis a doce años, como se afirma en el ATS que resolvió el incidente de 
nulidad  de  actuaciones,  la  pena  que  pude  llegar  a  imponerse  era  muy  superior; 
concretamente hasta veinte años, teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 77.3 y 66 
CP.
9.10  Seguidamente, la abogacía del Estado se pronuncia sobre el bloque de quejas 
relativas a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
a)  En primer lugar, aborda el motivo asociado al abandono ad hoc del principio de 
accesoriedad  limitada  en  la  participación,  que  el  demandante  atribuye  a  la  sala 
sentenciadora. Tras resumir los argumentos expuestos en la demanda, colige que esa 
queja no puede prosperar, porque supone ignorar la especialidad del art. 545 CP.
Frente a la premisa de la que parte el recurrente, que en todo caso considera que su  e
conducta se subsumiría en la figura del inductor del alzamiento tumultuario y, por tanto,  bo
está sujeta al régimen del principio de accesoriedad aplicable a los partícipes a que se  57ww
rceafriearcete reizl aa rpt.o r2 l8a. 2i nCtePrv, elnac iaóbno gdaec íuan ad epll uErasltiaddaod  odpeo snuej eqtouse  peal rad esluito c odme issieódni;c iyó ne sstae 
lpal uprraolidduacdc isóunb djeetli vrae ssuelt addifoe,r epnecrioa  ndoe  olsat epnatratinc iepla dcoiómn,in pioo rfquuneci olonsa lp daertl íchiepcehso c, oloa dqyuuev saín e as 
predicable  del  autor  en  sentido  estricto.  Como  así  se  recoge  en  la  sentencia,  el
demandante y otros condenados son considerados autores del delito de sedición, puesto 
que la «acción típica del delito de sedición que se imputa a los condenados no requiere, 
para colmar la autoría, la realización personal de un acto material que suponga el 
alzamiento público y tumultuario, con las finalidades previstas en el tipo penal», pues 
también se consideran típicas las conductas de quien posibilita el alzamiento de otros, 
que «no ha de reputarse inductor o cooperador necesario sino que tiene la cualidad de 
autor en sentido estricto en los términos del art. 28.1 del Código Penal».
Así pues, de lo anterior se deduce que concurre el supuesto de pluralidad subjetiva o 
coautoría y, por tanto, el demandante ha sido condenado en concepto de autor en 
sentido estricto, al evidenciarse una estrategia de conductas típicas que cada uno de los 
condenados asumió, con ostentación del dominio funcional del hecho. Siendo así, no 
resulta aplicable el principio de accesoriedad limitada que invoca el recurrente, dándose 
por reproducidos los argumentos recogidos al respecto en el auto que resuelve el 
incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  tanto  al  resolver  las  alegaciones  de  otros 
demandantes como las del propio recurrente, en el fundamento jurídico 6.2.3 de la 
referida resolución.
b)  Respecto de la pretendía aplicación analógica del delito de sedición a los hechos 
probados, la abogacía del Estado trae a colación la doctrina constitucional que concierne 
a la subsunción de los hechos en la norma penal desde la perspectiva del derecho a la 
legalidad en materia penal (SSTC 13/2003, FJ 3; 137/1997, FJ 6, y 129/2008, FJ 3), para 
concluir que, en el presente supuesto, la sentencia lleva a cabo la aludida subsunción de 
manera lógica y acorde con principios interpretativos válidos y previsibles, sin contrariar 
el sentido literal del precepto aplicado.
Afirma que existió un levantamiento multitudinario y generalizado que fue proyectado 
de forma estratégica; que la autoridad del poder judicial fue sustituida por la voluntad de 
los convocantes y de quienes los secundaron; que esta fue impuesta por la fuerza, 
impermeable a cualquier requerimiento para desistir del intento de incumplir la orden 
judicial, pues en todos los centros de votación se «repitió la negativa verbalizada de 
forma vehemente en un escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de 
personas  que  bloqueaban  la  entrada  y  se  mostraban  decididos  y  firmemente 
determinados a no franquearla, pese al requerimiento judicial. Y en todos esos hechos 
se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable de la 
movilización  masiva  de  resistencia  activa».  Luego,  tras  transcribir  los  fundamentos 
jurídicos 6.2.3 y 6.2.4 del auto que resolvió el incidente de nulidad, concluye que el 
demandante no ha sido condenado por apoyar dos concentraciones multitudinarias de 
protesta  y  votación,  ni  tampoco  cabe  apreciar  que  la  reacción  penal  haya  sido 
imprevisible o desproporcionada. Es más, carece de fundamento cualquier intento de 
comparación de los hechos con la consulta «del 9-N», pues entonces no se aprobaron 
leyes manifiestamente inconstitucionales, para dotar de una pretendida cobertura legal 
que confundiera a los ciudadanos; no hubo un despliegue policial a fin de impedir la 
votación; ni se alentó a la población para que «resistiera a toda esa actividad».
c)  Niega la abogacía del Estado que se haya conculcado el derecho a la libertad de 
expresión de los condenados, pues ninguno de los actos que se les imputan en la 
sentencia queda abarcado por el contenido material de ese derecho. Tras resumir la 
doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de ese 
derecho, alega que los recurrentes de amparo asocian la lesión «a la criminalización del 
discurso político, que ellos en su momento expresaron», y que ahora sostienen, que el 
ejercicio  de  ese  derecho  fundamental  constituye  una  causa  de  exclusión  de  la  s
antijuridicidad, conforme a lo dispuesto en el art. 20.7 CP. oe.
Sin embargo, como así se recoge en la sentencia, la responsabilidad penal no trae  w.
causa  de  difundir  opiniones  y  doctrinas  contrarias  al  estatus  constitucional  ni  por  57ww
phraobpeurg pnualrv elar izsaudpoe realc ipóanc dtoe lc monasrtcitou cpioolnítaicl om aecdtuiaanl.t eL ola q auper oebsa ocbiójent od ed ele ryeepsr o«cehne  apbeineartla e sy 
lceognatluidmaadz  pdaersaaletelan cdieó nc odret elo cso rnesqtuitueyriemniteen tyo sm doevli liTzraibr uan auln Ca omnsutlittiutucdio ndael  c[…iud] ayd daenfoinsi rp uanraa   BOE-A-cable e
oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la autoridad judicial, celebrando 
un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña». También menciona el contenido del apartado 2 del art. 10 CEDH, 
que considera legítimas las restricciones a la libertad de expresión que sean «medidas 
necesarias, en una sociedad democrática […] para la integridad territorial o la seguridad 
pública, la defensa del orden y la prevención del delito» y reitera que en ningún momento 
la sanción se ha fundado en la manifestación de opiniones políticas por parte del 
demandante.
d)  Respecto de la vulneración de los derechos de reunión y manifestación, pone de 
relieve que el art 21 CE establece, como requisitos necesarios y acumulativos, que las 
concentraciones sean pacíficas y sin armas. Descendiendo al caso, resulta evidente que 
ninguno de los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones que se detallan en el 
relato  histórico  ha  resultado  condenado  y  que  ninguno  de  los  demandantes,  que 
reforzaron con su presencia o desarrollaron un especial protagonismo en las protestas 
ante la sede de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, fueron acusados de un 
delito de reunión o manifestación ilícita.
Así pues, conforme se detalla en la sentencia impugnada en esta sede, la reacción 
penal no estaría justificada por la exhibición de discrepancia frente a las leyes, las 
críticas agrias subidas de tono o descalificadoras, incluso cuando sus destinatarios sean 
el poder central o la máxima autoridad del Estado o la misma Constitución, pues las 
proclamas independentistas, la reivindicación del derecho de autodeterminación y las 
movilizaciones encaminadas a promocionar y difundir esas ideas son legítimas. Sin 
embargo, cosa bien distinta es la estrategia desplegada de oposición activa y concertada 
frente a las actuaciones de los agentes de la autoridad encaminados a cumplir un 
específico y concreto mandato judicial, que fue estimulada y alentada con entusiasmo y 
poder de movilización por los acusados, a fin de que la votación prohibida tuviera lugar. 
Es esta actuación la que desborda totalmente las lindes del legítimo ejercicio del derecho 
de reunión, por lo que no puede quedar amparada por el art. 20.7 CP.
El mismo rechazo merece la invocación del derecho a la libertad ideológica, que la 
abogacía del Estado considera inoponible ante los hechos probados, pues «ningún 
principio  de  autodeterminación  de  la  voluntad  libre  ante  cada  circunstancia  puede 
justificar  la  comisión  probada,  en  el  seno  del  proceso,  de  conductas  legalmente 
tipificadas».
Seguidamente,  tras  incluir  la  doctrina  constitucional  sobre  las  conductas  con 
relevancia  penal  en  el  contexto  del  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales 
(SSTC 88/2003, FJ 8; 104/2011, FJ 6, y 62/2019, FJ 7), se reitera que la condena penal 
nada tiene que ver con los postulados políticos de los condenados; de hecho, pudieron 
participar en la campaña electoral durante la prisión preventiva a que estuvieron sujetos 
y pudieron difundir las ideas que «hoy por hoy, sostienen la acción de Gobierno de la 
Generalitat».
En conclusión, no cabe afirmar un ejercicio de derechos al margen de la ley y se 
añade que lo que se llevó a cabo fueron levantamientos hostiles contra las resoluciones 
judiciales. Y «con ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma 
estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición», remitiéndose en lo demás a 
lo argumentado en el fundamento jurídico 2.5 y siguientes de la sentencia.
10.  El partido político Vox, personado en la causa penal como acusación popular, 
presentó sus alegaciones el día 29 de octubre de 2020.
En ellas, en primer lugar, cuestiona que la especial trascendencia constitucional del  e.
recurso de amparo haya sido debidamente justificada. Tras resumir las razones dadas  w.b
sobre este particular por el demandante, señala que este se ha limitado a plantear unas  57ww
lcínoemapsa gtibeinliédraicda ds epl adreal ictou mdep lismeednictaiórn e ys tes utr áampliictea,c pióenro a «l npir essee enxtep liccaas loa  csounp uloess tad efareltcah does 
fjuurnisdparmudeenntaclieas c oanlesgtiatudcoiso,n anli  ptraemvipao»c.o se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la
Seguidamente, lleva a cabo un análisis de las diferentes lesiones denunciadas en la 
demanda, que rechaza en su totalidad.
10.1  Respecto de la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, 
sostiene que, de lo alegado por el demandante no se desprende que la atribución de la 
competencia  al  Tribunal  Supremo  sea  fruto  de  una  interpretación  manifiestamente 
errónea,  irrazonable  o  arbitraria,  sin  que  tampoco  se  ofrezca  una  interpretación 
alternativa «que desnude de forma clara y palmaria los razonamientos del Tribunal 
Supremo, dejándolos sin base jurídica alguna».
Añade que, en el presente caso, resulta discutible fijar el ámbito geográfico en el que 
se produce el delito, pues es este matiz el que haría recaer la competencia en uno u otro 
órgano; por eso, cuando se duda del lugar de comisión debe acudirse a la teoría de la 
ubicuidad que, conforme al acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo 
de 3 de febrero de 2005, determina que «el delito se comete en todas las jurisdicciones 
en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de 
cualquiera  de  ellos  que  primero  haya  iniciado  las  actuaciones  procesales  será  en 
principio competente para la instrucción de la causa».
A continuación, invoca el contenido del ATS de 31 de octubre de 2017 para poner de 
relieve que, en el presente caso, no puede identificarse el resultado del delito con sus 
efectos; afirmación que resulta obligada, porque alguno de los delitos por los que se 
formuló la querella son de «tendencia» y, por definición, no exigen que se produzca un 
resultado para su consumación. Indica que dicha resolución refiere que el delito de 
rebelión adquiere una vocación territorial que se proyecta sobre el conjunto del Estado; y 
destaca también el carácter plurisubjetivo del delito de rebelión, que hace explicable un 
reparto de cometidos «en el que la coincidencia en la finalidad que anima la acción –la 
declaración  de  independencia  de  Cataluña–,  tolera  contribuciones  fácticas  de  muy 
distinto signo y, precisamente por ello, ejecutados en diferentes puntos geográficos».
10.2  Descarta la vulneración del derecho a la doble instancia penal, con base en 
las excepciones señaladas en el art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH, para las infracciones 
de menor gravedad o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el 
más Alto Tribunal del Estado.
10.3  Respecto de las quejas relacionadas con la utilización del idioma catalán, trae 
a colación la STC 74/1987, en la que se recoge que, conforme se establece en el art. 3.1 
CE, todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, que es la lengua 
española oficial del Estado y ese deber genera una presunción de conocimiento, que 
puede ser desvirtuada cuando de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento 
insuficiente. Entiende que, en el presente caso, ha quedado acreditado en el proceso 
que el demandante, cargo público de la Generalitat de Cataluña, conocía perfectamente 
el castellano, por lo que el argumento que expone, por no habérsele permitido declarar 
en catalán con un sistema de traducción simultánea, no es más que una argucia para 
salvar sus responsabilidades penales.
En relación con el alegato referido a los testigos a quienes se impidió declarar en 
catalán, afirma que estos no acreditaron desconocer el castellano, de manera que el 
hecho  de  tener  que  expresarse  en  esta  lengua  no  les  supuso  impedimento  o 
discriminación alguna.
10.4  En referencia a la vulneración del derecho a un juez imparcial señala, de una 
parte, que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
no bastan las meras sospechas de quien aduce la vulneración de la imparcialidad, si 
esos temores no resultan objetivamente justificados. A la vista de ello, apunta que si el  e.
recurrente  no  ha  sido  capaz  «de  hacer  veraz  sus  temores  de  parcialidad  como  w.b
objetivamente justificados no puede pretender que el Tribunal Constitucional subsane  57ww
estaT ianmsupfoiccioe necli as ureplueevastnot er,o ql uineq iumispiitdiveo  lad eels ptimreascidióenn tdee dl em olati vsoa»la. merece acogida, toda
lveegza qlmueen late  ppreogr uenl taa rfto. r7m0u8l aLdEaC proimr .l aA pdreemsiádse,n caifair mala t eqsutieg os es edñioor  tTrarasplaedroo  ae sltaás a dmepfeanrasdaas 
para que pudieran repreguntar, de manera que quedó amparado el derecho de defensa.
Por tanto, no se ha justificado que ese supuesto rol inquisitivo haya vulnerado el derecho 
al juez imparcial.
10.5  Tras  sintetizar  la  queja  del  demandante  sobre  la  lesión  del  principio  de 
igualdad  de  armas,  trae  a  colación  la  STC  33/2003,  de  13  de  febrero,  para  a 
continuación concluir que los extremos manifestados por el recurrente no son más que 
«minucias procesales cuando no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato 
desfavorable, pero que al final no han supuesto anular al condenado la posibilidad de 
proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco 
afectan al sentido del fallo» y añade que el demandante no ha argumentado nada sobre 
esta relevante cuestión.
10.6  En cuanto a los diferentes motivos en los que el demandante sustenta la 
lesión del derecho de defensa, argumenta del siguiente modo:
a)  Niega que la instrucción realmente se llevara a cabo en las diligencias previas 
núm. 118-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pues, como así afirma 
la sala, en la causa que ahora ocupa solo se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas 
en el juicio oral; de manera que, incluso, la aportación de actuaciones procedentes del 
juzgado indicado no sería causa de indefensión, al no haberse tenido en cuenta en la 
sentencia.
b)  Respecto de la falta de confrontación simultánea entre la prueba videográfica y 
lo declarado por los testigos, estima que esa circunstancia no ha vulnerado el derecho 
de defensa, pues no se alcanza a comprender en qué aspecto podría haber mejorado la 
valoración de la prueba por parte de la sala, si se hubiera procedido del modo que indica 
el recurrente.
c)  Tampoco aprecia la vulneración de ese derecho, por la circunstancia de que 
algunas  pruebas  fueran  denegadas.  Y  ello,  porque  el  órgano  judicial  permitió  «la 
razonable presentación de la causa y de sus pruebas por parte del condenado, con la 
admisión y práctica de las pruebas propuestas por el mismo».
10.7  Sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que es objeto 
de denuncia, manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, puesto que la 
actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con las lesiones 
de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido. En suma, 
considera que nada tiene que ver el poder ejecutivo con el poder judicial.
10.8  Tampoco merece acogida la lesión del derecho a un proceso con todas las 
garantías, sustentada en la filtración de la sentencia antes de su culminación. Tras 
evocar el contenido de la STC 64/2001, concluye que, en el caso que ahora ocupa, no se 
desprende que las coincidencias entre lo publicado previamente y el sentido de la propia 
sentencia dictada posteriormente en la causa penal fueran consecuencia de filtraciones 
procedentes de miembros del Tribunal Supremo. Y en todo caso indica que, de haberse 
producido la filtración, desde el punto de vista de la imparcialidad subjetiva u objetiva, 
tampoco  habría  condicionado  la  deliberación  que  llevó  a  la  sentencia  condenatoria 
dictada, sin que elucubraciones o juicios de valor –sin base fáctica alguna– puedan 
desvirtuar estas conclusiones.
10.9  Niega que se haya conculcado el principio acusatorio por la imposición de 
penas  superiores  a  la  solicitada  por  la  acusación  particular.  Tras  resumir  la  queja 
expuesta en la demanda, afirma que el recurrente se convierte en «juez y parte» al 
pronunciarse categóricamente sobre si el tribunal debe aplicar la pena solicitada por una 
acusación u otra, lo que considera una aberración jurídica. Teniendo en cuenta los  e
escritos de las acusaciones, también el de la acusación popular, se constata que el  bo
demandante no ha sido condenado a unas penas superiores a las solicitadas respecto  57ww
dcuee énlt,a .hecho que el propio recurrente reconoce, aunque pretenda que no se tenga en
10.10  En lo que concierne al derecho a la legalidad penal, (art. 25.1 CE), alega lo 
siguiente:
a)  En cuanto a la inaplicación ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la 
participación, reproduce los argumentos de la sentencia para justificar la condición de 
coautor del demandante. Por tanto, sostiene que su participación en el alzamiento 
sedicioso está perfectamente acreditada, no en calidad de partícipe accesorio sino como 
autor de los hechos.
b)  Según  afirma,  tampoco  cabe  apreciar  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales objeto de cita en la demanda, por la alegada falta de taxatividad del tipo 
penal de la sedición y por la deficiente subsunción de los hechos probados en la norma. 
A este respecto, aduce que no es dable apreciar imprevisibilidad en la resolución judicial, 
porque la conducta del recurrente fuera valorada como un delito de sedición. Tampoco 
es viable afirmar, vistos los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, que la 
subsunción realizada fuera ilógica o irrazonable; y añade que la conducta sancionada 
«estuvo trufada de comportamientos añadidos que elevaban la relevancia y efectos 
penales para el condenado, más allá de lo que supondría un mero ejercicio de los 
derechos de libertad de expresión y reunión  que alega el condenado, siendo este 
consciente de ello en su condición de consejero de la Generalidad de Cataluña».
c)  A su juicio, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación analógica in 
malam partem del delito de sedición. Reitera que no se alcanzó tampoco un resultado 
imprevisible, al valorar los hechos atribuidos al recurrente como un delito de sedición, de 
acuerdo con lo expresado en la sentencia.
d)  Finalmente, analiza el último de los motivos planteados en la demanda, relativo a 
la imposición de una pena desproporcionada que conculca los derechos fundamentales 
que se mencionan en la demanda. Califica este motivo como un «cajón de sastre en el 
que  se  incorpora  un  poco  de  todo».  Tras  resumir  la  queja,  trae  a  colación  la 
STC 136/1999, en la que se recoge la doctrina sobre proporcionalidad de las penas. 
Seguidamente, afirma que no cabe ignorar que el orden público alterado se pretendió 
preservar con la sentencia condenatoria; y la alteración de ese orden afectaba a la 
unidad política y territorial de la Nación española, por lo que una pena inferior a la 
impuesta no hubiera sido lo suficientemente desmotivadora para evitar que se reiteren 
las mismas conductas (señala que no puede obviarse que los condenados, aún después 
de  ser  condenados,  mantienen  públicamente  que  volverían  a  repetir  los  hechos 
declarados delictivos). Además, refiere que los hechos atribuidos al demandante fueron 
realizados cuando ocupaba cargo público «representando al Gobierno de España en el 
territorio de Cataluña», por lo que el desvalor de su acción es mayor. La representación 
procesal del partido político Vox concluye su escrito de alegaciones interesando la 
inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación, del recurso de amparo.
11.  El  12  de  noviembre  de  2020  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal. Tras una detallada exposición de los 
antecedentes  de  hecho  que  consideró  más  relevantes,  el  fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional analiza los motivos de amparo planteados en la demanda, comenzando 
por  los  de  carácter  estrictamente  procesal,  y  siguiendo  por  los  que  presentan  un 
contenido material. En síntesis, son las siguientes:
11.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, como 
consecuencia, del derecho a la doble instancia penal (art. 24.2 CE). s
La demanda considera que la vulneración de estos derechos viene motivada por la  oe.
decisión del Tribunal Supremo de asumir la competencia para el conocimiento de esta  w.
actiaepumasrptaáo.n , Mdeoánssjue i ecdniae rc  olconoscn rjpeurtneotc,a emsdeee nnattceeh saa, c paaed lreasm ocnáreasas d caeióf onfrr aaddgeam use nyna t nadoro  eactlf roipnraraod caaedsd.  ihmLoaice  cnpotaomr apy ,ee taseltn emc icaisa mdsoeo,l    2021-8357n https://ww
Tribunal Supremo habría determinado, como consecuencia necesaria, la imposibilidad de
acudir a un órgano superior para que revisara la condena.
En relación con el supuesto apartamiento de la doctrina establecida en la causa 
seguida contra don Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el fiscal 
entiende que el Tribunal Supremo ha dado una respuesta razonable y en Derecho a esta 
cuestión, para negar que se haya apartado del precedente citado. A tal efecto, la sala 
explicita las diferencias que existen entre ambos supuestos. Así, al señor Homs se le 
imputaba un delito de desobediencia por incumplimiento reiterado a los mandatos del 
Tribunal Constitucional, lo que permitía escindir la causa para los otros acusados no 
aforados, ya que su responsabilidad estaba individualizada y permitía un enjuiciamiento 
por separado. Sin embargo, en esta causa se imputan delitos de rebelión, sedición, 
malversación  y  desobediencia.  Por  tanto,  estamos  ante  delitos  plurisubjetivos  de 
convergencia y de ejecución plural. Eso permite que, conforme a lo dispuesto en el 
art. 17.1 LECrim, se puedan enjuiciar conjuntamente aquellos hechos que no pueden ser 
escindidos, por su conexidad y complejidad, evitando dilaciones indebidas, mientras que 
se remitan al Tribunal Superior de Justicia las conductas de quienes han incurrido en 
responsabilidades  ya  individualizadas  y  con  sustantividad  propia;  más  en  concreto, 
conductas constitutivas de delito de desobediencia, sin participación alguna en las otras 
figuras delictivas enjuiciadas en esta causa.
En relación con los pronunciamientos anteriores del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña para asumir su competencia, el fiscal considera que el Tribunal Supremo ha 
expuesto  una  interpretación  que  no  puede  tacharse  de  ilógica  o  irrazonable.  Los 
precedentes invocados no guardan analogía con el presente caso, y las reglas de los 
arts. 18 y 21 LECrim no pueden ser de aplicación, porque se refieren a cuestiones de 
competencia que no pueden ser planteadas ante el Tribunal Supremo, como órgano 
superior en todos los órdenes jurisdiccionales (art. 123 CE). En definitiva, el tribunal solo 
puede verse obligado por su propia doctrina, como máximo intérprete de la legalidad 
ordinaria.
En lo referente a la adquisición de la condición de diputado del recurrente y de otros 
procesados una vez acordada la apertura del juicio oral, que el Tribunal Supremo utiliza 
como argumento para sostener su competencia –supuestamente en contra del acuerdo 
del Pleno no jurisdiccional de 2 de diciembre de 2014–, el fiscal entiende que se trata de 
una motivación que no puede considerarse como irrazonable o arbitraria y que, en 
consecuencia, como mera cuestión de legalidad ordinaria su interpretación corresponde, 
precisamente, al Tribunal Supremo.
Otro tanto ocurre con la denuncia de la excepcionalidad del enjuiciamiento conjunto 
de personas aforadas y no aforadas, mediante la creación ad hoc de una nueva doctrina 
que se habría apartado de los precedentes vigentes hasta ese momento. Tras hacer una 
reseña parcial de los hechos imputados a los procesados en la causa, el fiscal recoge los 
principales argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en las diversas resoluciones 
emitidas sobre esta cuestión, desde el auto de admisión a trámite de la querella de 31 de 
octubre de 2017, pasando por el auto de 18 de diciembre de 2017 que desestimó el 
recurso de súplica contra el anterior, así como el auto de la sala de recursos de 26 de 
junio de 2018, para detenerse especialmente en el auto de 27 de diciembre de 2018, por 
el  que  se  resuelve  la  declinatoria  de  jurisdicción,  con  una  argumentación  que  es 
reiterada en el auto por el que se da respuesta a las cuestiones previas y en la propia 
sentencia de 14 de octubre de 2019.
A partir de este análisis, con cita de la STC 220/2009, de 21 de diciembre (FJ 3), 
sobre  la  doctrina  de  este  tribunal  en  relación  con  el  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley, el fiscal considera que, en realidad, la demanda no discute el  s
contenido esencial de este derecho. Es decir, no se impugna que el «órgano judicial  oe.
haya sido creado previamente por la norma jurídica, que esta le haya investido de  w.
jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso  57ww
jeuxdciceipacl iyo nqaul»e.  sLuo r éqguime esne o rrgeácunricreo  ye sp rloac einstael rnpore ptaecrimónit ad ceal liTfirciabrulon adl eS óurpgraenmoo e sspoebcriea l loa 
norma procesal recogida en el art. 57.2 EAC, en relación con el art. 71.3 LOPJ.
Se trata así de una regla de competencia objetiva que atribuye al Tribunal Supremo 
el conocimiento de la causa sobre la base de un doble criterio: i) la condición personal 
del procesado, como diputado del Parlamento de Cataluña, y ii) el ámbito geográfico de 
los hechos imputados, si son realizados fuera del territorio de esta comunidad autónoma.
En el presente caso, el Tribunal Supremo aplica la vigente teoría de la ubicuidad, 
consistente en que el delito se entiende cometido en cualquiera de los territorios donde 
se  realizan  algunos  de  los  elementos  del  tipo.  Bajo  esa  premisa,  se  analizan  los 
elementos fácticos atribuidos sobre la acción exterior de la Generalitat tendentes a 
preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, a reforzar la imagen de 
Cataluña en el exterior y a procurar la participación de ciudadanos catalanes residentes 
en el extranjero. Por otro lado, la competencia sobre el delito de malversación se apoya 
en la concepción integral del patrimonio del Estado que se deduce de la Ley 33/2003, 
de  3  de  noviembre.  Se  trataba,  en  todo  caso,  de  una  actuación  coordinada  entre 
responsables del Parlamento de Cataluña, miembros del Gobierno de la Generalitat y los 
máximos  dirigentes  de  asociaciones  ciudadanas.  Por  lo  tanto,  la  participación  se 
imputaba a personas aforadas y no aforadas, que intervenían en la comisión de unos 
hechos que no podían escindirse, sino que requerían una unidad de investigación y 
enjuiciamiento, para evitar pronunciamientos contradictorios y facilitar la tramitación de 
una causa tan compleja sin dilaciones indebidas.
En consecuencia, finaliza el fiscal, «el Tribunal Supremo ha dado respuesta a cada 
una de las quejas que en este motivo de amparo se esgrimen por el recurrente, y la 
interpretación que ha hecho del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no 
puede ser tachada de falta de razonabilidad y lógica ni considerada como arbitraria, no 
ha supuesto la creación ad hoc de nuevos criterios jurisdiccionales para determinar la 
competencia del Tribunal Supremo, no se aparta de ningún precedente alegado, dada su 
falta de identidad, ni altera las reglas de competencia de los no aforados, dada la 
inescindibilidad de los hechos en atención a los delitos por los que se acusó al recurrente 
y los demás condenados. El Tribunal Supremo, en aplicación de la teoría de la ubicuidad 
y por las razones que expone ha declarado su propia competencia conforme al art. 57.2 
EAC,  respetándose  así  el  contenido  de  la  regla  procesal  que  contiene  la  norma 
estatutaria,  que  con  anterioridad  a  los  hechos  enjuiciados  había  predeterminado  el 
órgano  competente  para  la  instrucción  y  enjuiciamiento  de  los  hechos,  por  lo  que 
ninguna vulneración se habría producido del derecho al juez predeterminado por la ley 
del art. 24.2 CE».
En  cuanto  a  la  vulneración  del  derecho  al  recurso  como  consecuencia  de  la 
infracción  de  las  normas  determinantes  de  la  competencia  que  habrían  privado  al 
procesado del derecho a la doble instancia, el fiscal se muestra igualmente contrario a la 
estimación de esta pretensión.
Tras analizar la respuesta del Tribunal Supremo a esta alegación, y con cita de las 
SSTC 22/1997, de 11 de febrero (FFJJ 5 y 6); 133/2000, de 16 de mayo (FJ 3); 66/2001, 
de 17 de marzo [FJ 4 a)], y 194/2015, de 21 de septiembre (FJ 2), que se reseñan 
parcialmente, el fiscal entiende que, una vez determinada la competencia del Tribunal 
Supremo, el propio art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH admite la excepción al derecho a la 
doble instancia, cuando el «interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más 
alto órgano jurisdiccional», lo que ocurre en el presente caso (ex art. 123 CE). Es el 
propio legislador el que ha realizado previamente la ponderación entre la prerrogativa 
que supone el aforamiento y la restricción del derecho a la segunda instancia penal.
Concluye el fiscal señalando que «en el presente caso, el Tribunal Supremo ha  s
asumido la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos por los que se  oe.
ha condenado al recurrente por entender que los delitos que se imputaron se cometieron  w.
no solo en el territorio de Cataluña y, como se ha indicado precedentemente, no ha  57ww
eexni svtiirdtou du ndae  vlual ndeisrapcoisóinc iódne l ddeelr eecshtaot uatlo ju deez  paruetdoentoemrmíain ya dpoo rp orar zlaó nle yd.e E sl ure ccuarrrgeon tdee g uonzaa 
peuspdeiecniadlo p arofitremcacriósen  qquuee  ecosanstr aprarertsictau lalar eims pgoasraibniltiídaasd q duee  aaccuodmirp aañ uanna a i nlossta ndcipiau tasudpoes ridoer,l   BOE-A-cable e
Parlamento de Cataluña, de manera similar a senadores y diputados del Congreso de 
Diputados,  cuando  los  hechos  se  producen  fuera  del  territorio  de  la  comunidad 
autónoma, ‘disculpan la falta de un segundo grado jurisdiccional, por ellas mismas y 
porque  el  órgano  encargado  de  conocer  en  las  causas  en  que  puedan  hallarse 
implicados es el superior en la vía judicial ordinaria’ (STC 51/1985, FJ 3)».
Por todo ello, considera que procede desestimar el presente motivo de amparo al no 
existir vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).
11.2  Vulneración del derecho a un juez imparcial (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por no 
haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del juicio oral.
El fiscal comienza su análisis con la cita y reseña parcial de la STC 5/2004, de 16 de 
enero (FJ 2), sobre el derecho al juez imparcial, para centrarse luego en las concretas 
vulneraciones alegadas.
a)  Sobre la actuación del magistrado instructor: se afirma que la alegación se 
centra en el hecho de la utilización de la expresión «la estrategia que sufrimos», incluida 
en el auto de procesamiento dictado por el magistrado instructor. Esta alegación fue 
desestimada por la sala de recursos en su auto de 18 de junio de 2018, así como en la 
propia sentencia ahora impugnada.
A juicio del fiscal, este motivo debe ser inadmitido, conforme a lo dispuesto en el 
art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC. Alega, en este sentido, que el 
recurrente no puso de manifiesto esta causa de recusación en el momento procesal 
oportuno; es decir, cuando le fue notificado el auto, sino que la hizo valer en la fase de 
juicio  oral,  más  en  concreto,  en  la  fase  de  cuestiones  previas  y  en  el  escrito  de 
calificación definitiva. Con ello se infringió lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, que exige 
que la recusación se proponga «tan pronto como se tenga conocimiento de la causa».
No obstante, el propio fiscal entra en el fondo de la cuestión, tras admitir que la sala 
de recursos y el tribunal de enjuiciamiento ofrecieron una respuesta al motivo planteado, 
que se reseña parcialmente en su informe. Así, con cita de la STC 69/2001, de 17 de 
marzo, y del ATC 26/2007, de 5 de febrero (FJ 7), sobre la causa de recusación prevista 
en el art. 219.10 LOPJ, el fiscal considera que esta alegación debe ser desestimada.
Así, razona el Ministerio Fiscal, el «derecho al juez imparcial no queda afectado 
porque el magistrado instructor haya incluido en el auto de procesamiento como una 
reflexión ‘la estrategia que sufrimos’, más cuando la reflexión se proyecta en plural, como 
un sentimiento colectivo de la sociedad, no como algo individual y exclusivo del mismo, 
como expresión de una situación real. No se trata, por tanto, de un interés singularizado 
en relación con la persona del recurrente y demás procesados, sino manifestación de un 
sentimiento  que  sentía  un  importante  sector  de  la  sociedad  en  relación  con  los 
acontecimientos derivados del denominado ‘procés’. […] No existe ‘prueba alguna que 
ponga de manifiesto que el instructor en su labor de indagación de los hechos no haya 
consignado y apreciado las circunstancias tanto adversas como favorables al presunto 
reo (art. 2 LECrim)’ […] Para finalizar señalando que ‘se trata de una expresión aislada 
que no se ha visto reiterada o reflejada en ninguna otra resolución del magistrado 
instructor o por manifestaciones realizadas por el mismo sobre los hechos objeto del 
proceso, por lo que por sí sola no sería suficiente para poner en duda la imparcialidad 
del mismo’».
b)  Sobre la sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y más en 
concreto, sobre el magistrado don Francisco Monterde Ferrer: se trata de una alegación 
inicialmente promovida por otro de los procesados, a la que se adhirió el recurrente. El  e.
motivo de esta queja es que el citado magistrado es «miembro y vicepresidente del  w.b
Comité Ejecutivo de la asociación de jueces ‘Asociación Profesional de la Magistratura’,  57ww
qsoucei ael n‘ Tmweitsteers’ , aunntear ioaruetsé nhtaicbaí a‘ ceammppraeñnad idmoe, dai átrtiacvaé sc odne  csiuesn tcouse ndtea sm oefincsiaaljeess  edni rilgai dreods 
pcorenjturiac ioloss  sloídberere ss up oclíutilcpoasb iliidnadde pepnodr enlotsis tamsi scmaotasl ahneecsh oqsu ep ocrla rlaoms eqnutee  elexsp reessatbaabna 
investigando el Tribunal Supremo y mostraba una evidente animadversión hacia su
ideología política’». Dado el cargo que ocupaba ese magistrado en la estructura de la 
asociación, «parece razonable pensar que el señor magistrado conozca y comparta la 
línea editorial que desde hace meses esta asociación sostiene desde dichas cuentas 
oficiales».  La  recusación  del  magistrado  fue,  sin  embargo,  rechazada  a  limine,  y 
posteriormente ratificada en otras decisiones, incluida la sentencia ahora impugnada.
Tras reproducir la argumentación contenida en estas resoluciones, el fiscal señala, 
en primer lugar, que el motivo debe ser inadmitido a trámite [art. 50.1 a) LOTC, en 
relación con el art. 44.1 c) LOTC], dado que «el recurrente no da ninguna argumentación 
ni  aporta  prueba  alguna  sobre  la  causa  de  inadmisión  de  la  recusación  por 
extemporánea». En consecuencia, considera que la extemporaneidad de la recusación 
no ofrece dudas, tal y como señalaron las resoluciones de inadmisión. Por lo tanto, 
siguiendo la doctrina de este tribunal (STC 140/2014, de 13 de septiembre, FJ 4), «no 
puede  alegarse  en  amparo  la  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial  sin  haber 
planteado en tiempo ante los órganos de la jurisdicción ordinaria la recusación del juez o 
magistrado cuya imparcialidad se cuestiona».
No obstante, dado que la sentencia impugnada se pronunció sobre el fondo de la 
cuestión, el fiscal examina la queja para solicitar también su desestimación. Argumenta, 
a tal efecto, que:
«[N]o  estamos  ante  un  supuesto  de  manifestaciones  públicas  realizadas  por  el 
magistrado en cuestión sino ante mensajes procedentes de personas no identificadas, 
de modo que, al margen de cualquier valoración sobre su contenido, tales mensajes no 
pueden considerarse como elemento acreditativo del interés del referido magistrado en 
un resultado concreto del proceso.
Por  tanto,  no  existen  elementos  de  mínima  consistencia  para  afirmar  que  las 
sospechas o dudas de parcialidad se hallen objetiva y legítimamente justificadas, de 
manera  que  permanece  indemne  la  presunción  de  imparcialidad  del  magistrado 
cuestionado y del órgano jurisdiccional en que se integra. Además, no se aporta un 
principio de prueba sobre el supuesto interés del magistrado recusado en la condena del 
recurrente».
c)  Sobre los magistrados de la sala de enjuiciamiento. Este motivo se concreta, a 
su vez, en los siguientes hechos:
(i)  Los magistrados don Manuel Marchena Gómez, don Andrés Martínez Arrieta, 
don Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y don Luciano Varela Castro, formaron 
parte de la sala de admisión.
En  este  punto,  el  fiscal  hace  una  reseña  del  pronunciamiento  contenido  en  la 
sentencia impugnada que, a su vez, se remite parcialmente al auto de 13 de septiembre 
de 2018 dictado por la Sala del art. 61 LOPJ, por el que se desestima el incidente de 
recusación planteado, así como a la STC 39/2019, de 26 de marzo, por la que se 
desestima el recurso de amparo interpuesto contra el auto anterior por considerarlo 
prematuro. Tras extractar el auto de 31 de octubre de 2017, por el que se admite a 
trámite la querella interpuesta contra el recurrente, el fiscal expone la doctrina de este 
tribunal que se recoge, entre otras, en las SSTC 162/1999, de 27 de septiembre (FJ 6), 
y 45/2006, de 13 de febrero (FJ 4).
Concluye  el  fiscal  señalando  que  «no  se  advierte  que  la  participación  de  los 
magistrados que admitieron la querella llevaran a cabo un razonamiento jurídico sobre la 
existencia de los hechos, de sus responsables y de la entidad jurídica de los hechos 
relatados en la querella, esto es, no formularon ninguna valoración jurídica sobre el  e
contenido material de la querella», sino que la «Sala de admisión de la querella se limitó  bo
a cumplir con su obligación de incoar el procedimiento una vez presentada la querella,  57ww
ccoonmtpiernoeb asnodbore  qsuue  csoem pceutmenpclíiaan s ulopso nregqau tiasmitopso cdoe  uand jmuiicsiioó nd ey  tispiinc idqaude  yl ad er ecfulelpxiaóbni lidqaude 
asofobrraed aesl  rye cquurere nlotes  hpeucehso dse s feo rhmaab íapnro vpirsoiodnuacli dvoa lnooró s qouloe  elons t eimrrpitourtaiod odse  elara Cn opmeursnoidnaads 
Autónoma de Cataluña, sin que esta apreciación haya supuesto una valoración jurídica
sobre  el  autor  de  los  hechos  y  su  culpabilidad.  No  realiza  ningún  juicio  sobre  la 
existencia de los hechos y su atribuibilidad a persona concreta.
En consecuencia, no puede afirmarse que los magistrados han quedado por ello 
contaminados de forma que han perdido la imparcialidad».
(ii)  Sobre  la  recusación  del  presidente  de  la  Sala  Segunda,  por  haber  sido 
mencionado en un mensaje telemático remitido por un senador del Partido Popular, en el 
que se jactaba de tener controlado el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal 
Supremo «por la puerta de atrás», en el caso de que se llegara al pacto que convirtiera 
al magistrado en la primera autoridad judicial del Estado.
Esta queja fue desestimada por el auto de 5 de diciembre de 2018, dictado por la 
Sala  del  art.  61  LOPJ,  con  una  argumentación  que  fue  reiterada  en  la  sentencia 
impugnada.
Sobre este punto, el fiscal considera que, aunque no se diga nada en la demanda, se 
entiende que se está alegando la concurrencia de la causa de recusación prevista en el 
art. 219.10 LOPJ. Centrada la cuestión, el ministerio público entiende que se trata de una 
recusación fundada «en el hecho de otro, no en una manifestación realizada por el 
recusado». Para el fiscal, debe tenerse en cuenta «el contexto en que el tercero envía el 
mensaje», que considera «responde a una negociación de partidos políticos para el 
nombramiento del candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y, por ende, 
el Tribunal Supremo, en el que el transmitente expresa su particular opinión sobre lo que 
puede suponer para la formación política, en la que se integra, dicho nombramiento. Sin 
embargo, la opinión manifestada por el tercero, en su mensaje, se ha visto contradicha 
por el hecho de que el recusado se ha autodescartado para el cargo, lo que vacía de 
contenido el del mensaje. La recusación se tiene que basar en hechos propios del 
magistrado recusado no en los que le atribuye un tercero, lo que no sucede aquí. Pero, 
junto al contenido del mensaje, no existe una prueba que avale el mismo, en concreto, 
que el recusado haría lo que el partido político le indique. El recurrente no aporta prueba 
alguna que avale esa aseveración y en ningún momento por el recusado se ha hecho 
manifestación alguna que avale el contenido del mensaje».
El  Ministerio  Fiscal  concluye  su  alegación  sobre  este  motivo  señalando  que  el 
«hecho  en  que  se  apoya  la  causa  de  recusación  no  destruye  la  apariencia  de 
imparcialidad  del  recusado  aludido  pues  bastaría  que  cualquier  tercero  enviara  un 
mensaje  similar  respecto  de  cualquier  magistrado  para  sembrar  dudas  sobre  la 
imparcialidad  judicial  y  apartarle  del  conocimiento  de  un  asunto  y  más  cuando  el 
magistrado  recusado,  como  se  ha  dicho,  se  autodescartó  para  el  mencionado 
nombramiento.
Resulta  patente  la  inconsistencia  que  supone  atribuir  al  presidente  de  la  Sala 
Segunda  del  Tribunal  Supremo  un  ‘interés  directo  o  indirecto’  en  el  proceso 
exclusivamente por el hecho de que por un tercero en un mensaje telemático manifieste 
su  opinión  personal  sobre  el  posible  significado  del  nombramiento  de  la  máxima 
autoridad  del  Tribunal  Supremo  sin  aportar  otros  elementos  que  sustenten  la 
elucubración que se desprende del contenido del mensaje».
Descartada  así  la  causa  de  recusación  del  magistrado,  no  tendría  objeto  la 
recusación del resto de los magistrados de la sala.
(iii)  Sobre el hecho de que los magistrados de la sala de enjuiciamiento son los 
mismos que han revisado la sentencia a través del incidente de nulidad de actuaciones: 
según el fiscal, el motivo aparece huérfano de argumentación alguna, por lo que propone 
la desestimación, tras hacer reseña parcial de la STC 170/2002, de 30 de septiembre  s
(FJ 11). oe.
(iv)  Sobre el indebido rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal durante la  w.
celebración de la vista oral: considera que esta queja se circunscribe a la pregunta  57ww
faorrtm. 7u0la8d LaE aC ruimn . teMsátisg oe np ocro necl reptroe,s sidee ntrtaet adríea  ldae s laal ap,r eagl uanmtap afororm duela dloa  dails pteusetisgtoo  seenñ oerl 
eTlr a2p8e rod,e  ssoebpreti eeml bmroet ivdoe  y2 0la1 7fi.n aUlindaa dp dreeg luan rteau qnuióen,  dsein l ae mjunbtaar gdoe,  sseeg uhraidbarída  ciemlepberdaiddao   BOE-A-cable e
realizar al Ministerio Fiscal, por desbordar las razones que determinaron la pertinencia 
de la citación de ese testigo.
Tras hacer una reseña de la respuesta ofrecida sobre esta cuestión en la sentencia 
impugnada, y con cita y reseña parcial de la STC 130/2002, de 3 de junio (FJ 3), el fiscal 
considera procedente la desestimación de esta alegación.
Señala, en tal sentido, que la «pregunta del presidente, amparada por el art. 708 
LECrim, solo buscó lo que el precepto autoriza, esto es, depurar los hechos sobre los 
que el testigo había declarado […] el contenido de la pregunta […] se referían a hechos 
ya introducidos en el debate con anterioridad y no se buscó con la pregunta acreditar 
hechos diferentes, sino depurar el concreto extremo sobre la motivación de la reunión 
de  28  de  septiembre  de  2017  entre  el  Govern  de  la  Generalitat  y  los  mandos 
responsables de los Mossos d’Esquadra. Es más, la razón que da la Sala y que motivó la 
pregunta es que el hecho había sido introducido por un testigo anterior en términos que, 
a priori, podía reputarse no favorables para algunos acusados […]. Ello, unido a que 
después se permitió a las defensas hacer preguntas al testigo, por lo que ninguna 
indefensión se le causó, no supone la asunción de un rol inquisitivo por el presidente del 
tribunal y por tanto una quiebra de imparcialidad del tribunal. Por último, esta actuación, 
llevada a cabo para alcanzar un grado preciso de convicción sobre la cuestión objeto de 
interrogatorio,  no  puede  considerarse  una  actividad  inquisitiva  que  sustituya  a  la 
acusación y afecte a la imparcialidad del juzgador, y más, cuando el propio tribunal 
descarta que haya tenido en cuenta la respuesta del testigo a la pregunta cuestionada al 
declarar que ‘la pregunta es totalmente prescindible a efectos de construir el relato de 
hechos probados en tanto que la reunión ha quedado acreditada por varias fuentes de 
prueba en términos iguales’ (FJ 16.3.5).
Además, la pregunta formulada por el presidente del tribunal, es respetuosa con el 
principio acusatorio, que exige que sea el acusador por imperativo constitucional el que 
aporte las pruebas, y con el derecho de defensa pues se le permitió después de 
preguntar el presidente al testigo formular preguntas».
11.3  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24.2 CE 
y 6 CEDH), como consecuencia de la filtración del contenido de la sentencia cuando su 
redacción no había sido culminada, vinculando esta denuncia a la imparcialidad del 
juzgador.
Esta alegación fue planteada en el incidente de nulidad de actuaciones y resuelta por 
la Sala en el auto de 29 de enero de 2020, también impugnado, por remisión a lo 
resuelto en los incidentes planteados por este mismo motivo por el procesado señor 
Sánchez.
A juicio del fiscal, lo primero que se debe señalar es que el recurrente «no identifica 
la causa de recusación», de entre las contempladas en el art. 219 LOPJ. Al margen de lo 
anterior, y con cita de la STC 136/1999, de 20 de julio, el Ministerio Fiscal considera que 
«la  parte  […]  no  aporta  elemento  que  acredite  que  las  filtraciones  y  su  efecto 
desencadenante […] han supuesto un menoscabo de la imparcialidad de los magistrados 
[…] ha influido en [su] ánimo o se han visto condicionados […] o que la filtración 
persiguiese obtener una modificación de lo decidido en la deliberación […]». A juicio del 
fiscal, «no basta el ‘clamor social’», sino que es necesario algún «indicio que avale que 
el  sentido  final  de  la  tipificación  penal  de  los  hechos  fue  modificado  porque  los 
magistrados de la Sala se vieron influidos y presionados por los estados de opinión de 
los medios de comunicación».
Finalmente, con cita y reseña parcial de la STC 66/2001, de 17 de marzo (FJ 2 b),  e.
concluye  que  «no  cabe  apreciar  que  se  haya  producido  una  acción  capaz  de  w.b
menoscabar la imparcialidad, o la apariencia de imparcialidad de la Sala sentenciadora  57ww
(ccaopmazp udees tpar oppoirc iamra ugnis tcraladmoos r inpdoeppuelanrd aie nfatevso rp doer  rlaa zcóonn ddeen sau o e dseta tluat oa)b, snoil utacinó ns idqeu ieloras 
elan cciauudsaaddaonsí ap eonn ieenl cdoom epno ertnatmreideincthoo n leau ntreacle dsea rloias  sjuezregnaiddoarde sd»e.l tribunal o la confianza de
11.4  Vulneración del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías 
(arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la indebida denegación de medios de prueba.
En este apartado, el fiscal expone las diversas diligencias de prueba que, según la 
demanda, habrían sido indebidamente denegadas, resaltando que estas quejas fueron 
resueltas en el auto de 1 de febrero de 2019 sobre admisión de pruebas, así como en el 
incidente de las cuestiones previas y en la propia sentencia impugnada.
Tras exponer parcialmente la STC 107/2019, de 30 de septiembre (FJ 5), sobre el 
derecho a la prueba, el fiscal descarta, de inicio, la queja in genere en la que se 
denuncia que «prácticamente todas las pruebas propuestas por las acusaciones» fueron 
admitidas,  mientras  que  «en  cambio,  se  han  rechazado  muchas  de  las  pruebas 
propuestas  por  las  defensas».  Para  el  fiscal,  «esta  denuncia  no  es  más  que  una 
apreciación subjetiva del recurrente, que como indica la Sala parece apoyarse en un 
criterio  numérico  de  cuantificación  de  las  pruebas  admitidas  y  denegadas».  Por  el 
contrario, lo relevante es si las pruebas fueron propuestas en tiempo y forma, así como 
su pertinencia.
Desglosando las diversas diligencias solicitadas, el fiscal analiza cada una de ellas, 
con el siguiente resultado:
a)  Sobre la aportación del testimonio íntegro de las diligencias practicadas en el 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona: tras hacer una reseña parcial de la 
respuesta ofrecida por la sala de enjuiciamiento en el auto de 1 de febrero de 2019, 
sobre admisión de pruebas, y en la propia sentencia impugnada, el fiscal señala que 
como «indica el Tribunal Supremo con apoyo en la Directiva 13/2012, no se reconoce un 
derecho preventivo frente a aquellos procesos que se gestionan ante otros órganos 
jurisdiccionales para permitir si en alguno de ellos existe algo que pueda afectar al 
derecho de defensa pues la causa no puede convertirse en ‘un contenedor formal’ que 
reciba todo lo investigado sobre los hechos acaecidos en Cataluña con ocasión del 
denominado ‘procés’. Debe reprocharse la afirmación de ‘instrucciones paralelas’, [pues] 
el procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona tiene un 
objeto propio y distinto del proceso del que trae causa el recurso de amparo y si hubiere 
existido algún elemento indiciario de participación del recurrente por los hechos objeto 
del procedimiento habría sido citado a tal efecto (art. 486 LECrim), en todo caso, el 
recurrente ha tenido la posibilidad de desplegar sin cortapisa alguna su derechos de 
defensa en el procedimiento en que se le ha condenado como autor de un delito de 
sedición.  Esta  afirmación  de  existencia  de  una  ‘instrucción  paralela’  sobre  hechos 
idénticos a los enjuiciados no es más que una presunción pues, como indica, no era 
parte  en  el  proceso,  lo  que  hace  suponer  que  ignore  cual  es  el  objeto  de  dicho 
procedimiento, y, por lo tanto, la afirmación que hace carece de un soporte fáctico y 
probatorio, sin que se pueda aceptar la descalificación que realiza, frente a la razón dada 
por el Tribunal Supremo, de que solo valorará la prueba practicada en el juicio oral, lo 
que no puede ser de otro modo, art. 741 LECrim».
b)  Respecto  de  la  pretendida  declaración  en  juicio  del  rey  Felipe  VI  y, 
subsidiariamente, del jefe de la Casa de Su Majestad, don Jaime Alfonsín Alfonso: el 
fiscal considera que, tal y como se expone en el auto de 1 de febrero de 2019, como en 
la sentencia impugnada, la ponderación conjunta de los arts. 56.3 CE y 411 LECrim 
impide la citación del rey como testigo. Así, con cita y reseña parcial de la STC 98/2019, 
de 17 de julio, FJ 3 a) y c), sobre la inviolabilidad del rey, el fiscal expone que el 
recurrente pretendía interrogar al rey sobre cuestiones amparadas por su inviolabilidad, 
lo que «constituye en sí […] más un fraude procesal que un instrumento de defensa»,  e.
porque «se pretende un control político, utilizando la vía procesal». Este criterio debe ser  w.b
aplicado igualmente respecto del jefe de la Casa Real, «no solo porque, como indica la  57ww
Ssuablas,i dniaor iae xdisete  lala  afnigtuerraio rd, esl inteos tpigoorq puoer  as utsrativtuécsi ódne,  yeas tqeu ete setsigtao  psreu epbrae teanpdaere cbeu rclaorm lao 
deexel ntecsiótinm oqnuieo  sdee  ruenc otenrocceero d ae  rleaa olizbaligr aloc iqóune d lea  ldeeyc vlaerdaar  ay l lam poonsairccióan y c soen satsitpuicriao naa tl rdaev élas 
figura del monarca impide, exigir al rey, a través de un tercero, explicaciones sobre su
conducta en relación con los acontecimientos que se enjuiciaban en el proceso que, 
como se ha indicado, goza del privilegio de inviolabilidad por sus actos».
c)  Sobre la declaración del señor Puigdemont: en este aspecto, el ministerio público 
extracta parcialmente el auto de 1 de febrero de 2019, la sentencia impugnada, así como 
el criterio expuesto por la sala en el trámite de cuestiones previas, para reiterar los 
argumentos expuestos en esas decisiones judiciales.
Para el fiscal, el «señor Puigdemont ha sido procesado en el presente procedimiento, 
lo que le otorga, en relación con el objeto del proceso, de una serie de derechos que son 
incompatibles con la posición jurídica del testigo en el proceso que está obligado a 
comparecer y a decir verdad sobre lo que se le pregunte, al margen de prometer o jurar 
decir verdad (arts. 410 y 433 LECrim), mientras que en su posición jurídica de parte 
pasiva del proceso no le son exigibles estos deberes so pretexto de desconocerse sus 
derechos del art. 24.2 CE, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable que 
se ve completado por el derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no 
contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, como indica el 
art. 520.l c) LECrim y, como señala el Tribunal Supremo, ‘la condición de parte pasiva del 
proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible 
con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo’».
Por  lo  tanto,  «este  estatus  jurídico  de  alguien  que  está  procesado  sobre  unos 
determinados hechos en los [que] indiciariamente ha participado le hace incompatible 
con las obligaciones de la figura del testigo.
Cuestión distinta es que la declaración de quien está sometido a un proceso penal 
por unos determinados hechos pueda declarar en otro proceso con objeto distinto en que 
los derechos que se reconocen al investigado o encausado o acusado no están en 
cuestión, por ello esta comparación que hace el recurrente carece de soporte jurídico y 
así lo pone de manifiesto la sentencia y el auto de denegación de pruebas».
d)  Sobre la denegación de prueba documental sobre los testigos señor Baena 
(Guardia Civil) y la señora letrada de la administración de justicia adscrita al Juzgado de 
Instrucción  núm.  13  de  Barcelona:  una  vez  más,  tras  exponer  la  argumentación 
contenida en el auto de 1 de febrero de 2019 y en la sentencia impugnada, el fiscal 
razona que es «evidente que es una circunstancia ajena al objeto del proceso, pero que 
el recurrente fundamenta por razones de credibilidad del testigo ya que les atribuye, 
supuestamente, tener una ideología de extrema derecha, pero como dice la Sala, para 
denegar la pertinencia de la prueba, se trataría de una afectación al derecho a la 
intimidad y a la libertad ideológica de los testigos por lo que el rechazo de dicha prueba 
no afecta a los derechos que dice vulnerados y aparece justificada en la salvaguarda de 
derechos de terceros y sin que el recurrente alegue nada, dado que se le permitió 
interrogar a los mismos, sobre la posible respuesta a la pregunta sobre la ideología de 
ambos testigos o como puede haber influido, esa supuesta ideología que atribuye a los 
testigos, en sus respuestas y, en esencia, han influido en el desenlace final del proceso».
e)  Sobre la denegación de la confrontación del testimonio de algunos testigos con 
el material documental videográfico obrante en la causa, con vulneración del principio de 
contradicción y la consiguiente indefensión: tras exponer los razonamientos contenidos 
en la sentencia sobre esta cuestión, el fiscal se apoya en las SSTC 95/2020, de 20 de 
julio, sobre la indefensión y el principio de contradicción; 80/2003, de 28 de abril, sobre el 
principio de contradicción, y 28/2017, de 16 de febrero, sobre el derecho a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para la defensa. Conforme a la doctrina expuesta en estos 
pronunciamientos, el fiscal interesa la desestimación de este motivo señalando que el  s
«recurrente tuvo la oportunidad de discutir el testimonio de los testigos, a los que  oe.
supuestamente se debieron mostrar los vídeos, para contrastar su testimonio, testigos  w.
que  no  identifica,  mediante  el  turno  de  preguntas  a  los  mismos,  a  través  de  su  57ww
interProegroa,t oardioe om cáosn, teral irnetecurrroregnatteo rinoo. argumenta en qué medida el hecho de que no se
mal orsetsrualrtaand oa  flionsa l tedsetli gporosc leosso v. íSdee oosb, shear vaaf,e acstaí,d uon a d séufi cdite arergchuom ednet adle sfeonbsrea  lya  cnóemceos aidfaedct ay   BOE-A-cable e
pertinencia de llevar a cabo el contraste que reivindicaba en la forma que propuso el 
mismo […]. [L]o cierto es que la ley procesal autoriza el contraste de la prueba testifical 
cuando se den las condiciones del art. 714 LECrim, lo que no es el caso», por lo que 
«ninguna situación de indefensión se ha provocado al recurrente, ni desconocimiento del 
principio de contradicción, [ni] vulneración del derecho de defensa […] pues ninguna 
aplicación irrazonable o arbitraria de la legalidad procesal se ha producido con ocasión 
del desarrollo de la prueba durante los debates del juicio oral».
Para el fiscal, nada impidió al recurrente «en el momento de la fase de informes del 
art. 734 LECrim hacer las observaciones oportunas sobre los testimonios de los testigos 
en relación con la prueba videográfica practicada y poner de manifiesto ante el tribunal 
las posibles contradicciones en las que hubieran incurrido los testigos y cuestionar, así 
su credibilidad».
En definitiva, el fiscal considera que no corresponde a este tribunal sustituir la 
«valoración exteriorizada en la sentencia, al ser esta una cuestión de legalidad ordinaria 
que corresponde valorar al órgano judicial, el cual ha motivado suficientemente, y de 
conformidad con el derecho a la prueba y la normativa procesal sobre la misma, las 
causas por las que las pruebas han sido inadmitidas».
Y lo mismo cabe decir del desarrollo de la prueba, que considera ha sido respetuosa 
con el principio de contradicción y el derecho de defensa.
11.5  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a un 
proceso contra todas las garantías (art. 24, 1 y 2 CE), por impedir que los acusados y 
testigos se expresaran en su lengua vernácula; en este caso, el catalán.
Esta alegación es analizada por el Ministerio Fiscal acudiendo, en primer lugar, a la 
respuesta  ofrecida  por  la  sentencia  impugnada,  que  extracta  en  sus  argumentos 
esenciales, para continuar con una nueva exposición de los razonamientos esgrimidos 
por  el  recurrente.  Sentado  lo  anterior,  el  fiscal  cita  y  reseña  parcialmente  la 
Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, 
relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales; la 
Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los 
procesos  penales;  el  art.  6  CEDH;  y  las  SSTC  56/2016,  de  17  de  marzo  (FJ  2), 
y 31/2010, de 28 de junio (FJ 21). Conforme a todo ello, el fiscal considera que no se ha 
producido ninguna merma del derecho de defensa.
Para el ministerio público, de la doctrina expuesta «resulta que el castellano es la 
lengua oficial del Estado y existe un deber de conocimiento individualizado por todos los 
españoles de este, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen. […] En 
aquellas comunidades autónomas, como la catalana, con lengua cooficial, le asiste al 
ciudadano el derecho al uso de cualquier lengua oficial en las relaciones que mantenga 
con cualquier poder público radicado en dichas comunidades. […] El uso de una lengua 
oficial que no sea el castellano, viene condicionado por un criterio de territorialidad de 
manera  que,  fuera  del  territorio  donde  la  lengua  es  cooficial,  no  tiene  cabida  la 
cooficialidad lingüística, por lo que el derecho atribuido a los ciudadanos de Cataluña lo 
es  estrictamente  ‘de  acuerdo  con  el  procedimiento  establecido  por  la  legislación 
correspondiente’ que, como es indiscutible, tratándose de los órganos constitucionales o 
jurisdiccionales de naturaleza y significación exclusivamente estatales, como lo es el 
Tribunal Supremo, la legislación correspondiente es la del Estado.
Nos encontramos ante un supuesto en que el órgano jurisdiccional actuante es el 
Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, órgano jurisdiccional superior en todos 
los  órdenes,  salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  y  cuya  e.
jurisdicción se extiende a toda España (art. 123 CE y art. 53 LOPJ) y el enjuiciamiento  w.b
del recurrente y demás acusados se sigue en la sede de dicho tribunal, no ante un  57ww
órgaCnoon jfuodrmiciea l uab iclaa dod oecntr einl aá mebxiptou etesrtrait,o reial l dceri tlear cioo mduen idteardr itaourtiaólnidoamda  dreel eCvaatnatleu ñap.ara
duentae rlemnignuaar  laau vtoinncóumlaicciaó ne sd ela  usne dpeo ddeerl  óprúgbalincoo,  an ola esl  caolcnasnecceu etenrcriitaosr idael d lea  scuo ocfoicmiapliedtaedn cdiae 
[…]. Y sigue diciendo: así, al recurrente no le asistía un derecho a exigir el uso del
idioma catalán en sus declaraciones en el acto del juicio oral […] [ya que] el derecho de 
los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas cooficiales […] no les corresponde 
fuera» del ámbito geográfico de la comunidad autónoma correspondiente, «salvo que 
desconozcan o no dominen suficientemente el castellano, en cuyo caso les asiste el 
derecho a un intérprete que realice las funciones de traducción del idioma catalán al 
idioma del tribunal, pero no el derecho a declarar en catalán si conocen el idioma 
castellano, lengua oficial de las actuaciones ante el Tribunal Supremo.
Es más, ciertamente, el deber de los españoles de conocer el castellano, antes 
aludido, hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción 
puede quedar desvirtuada cuando el acusado alega verosímilmente su ignorancia o 
conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de 
las actuaciones judiciales, lo que no es el caso pues el recurrente puso de manifiesto en 
su interrogatorio el dominio del idioma castellano tanto de su comprensión como de su 
utilización en las preguntas y respuestas de su interrogatorio».
Durante el desarrollo de la vista, se refiere, «no se expresó por las partes dificultad 
alguna en el entendimiento de lo que se estaba preguntando» y «de la grabación del 
juicio resulta la fluidez, la precisión y el dominio de la lengua castellana que evidenciaron 
todos los procesados».
En cuanto a la alegación de que el recurrente se habría visto obligado a renunciar a 
su derecho a declarar en catalán, entiende el fiscal que «ninguna tacha se puede poner 
a la renuncia efectuada, pues el recurrente la efectuó con asistencia del letrado que 
dirigía su defensa en el acto del juicio oral, de modo que debe entenderse realizada de 
manera libre y con un asesoramiento suficiente del alcance de la renuncia, que además 
se materializó expresamente y se cumplieron, así, los requisitos procesales exigidos por 
el art. 126 LECrim para [su] validez».
En definitiva, para el fiscal «se ha pretendido instrumentalizar el derecho a usar la 
lengua catalana, como se reconoce en un procedimiento judicial seguido en Cataluña, 
según establece el artículo 231.3 LOPJ y 142.3 LEC, para cuestionar una vez más la 
competencia del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento del recurrente y 
demás acusados».
En lo relativo al juicio de ponderación realizado por la sala de enjuiciamiento entre el 
sistema  de  traducción  simultánea  y  el  principio  de  publicidad,  el  Ministerio  Fiscal 
considera que «el Tribunal Supremo explica y razona por qué rechazó el sistema de 
traducción  simultánea  y  optó  por  el  sistema  de  traducción  sucesiva,  la  traducción 
simultánea habría imposibilitado el carácter público que se otorgó al proceso desde el 
inicio, pues haría necesario el uso de auriculares por las partes, impidiendo que la 
retransmisión  del  procedimiento  fuera  cien  por  cien  efectiva  para  los  fines  de 
transparencia perseguidos. En esencia, el Tribunal Supremo no ha rechazado el derecho 
de los acusados a utilizar el idioma catalán en sus declaraciones, simplemente ha 
condicionado su uso a que la traducción fuera sucesiva y no simultánea como interesaba 
el recurrente y otros acusados y, aunque el art. 123.2 LECrim, establece como sistema 
de  traducción  principal  el  de  traducción  simultánea  y  de  manera  subsidiaria  el  de 
traducción sucesiva, siempre que se garantice suficientemente la defensa del imputado o 
acusado, lo cierto es que el Tribunal Supremo establece las razones de optar por dicho 
método de traducción como eran la preservación del principio de publicidad de los 
debates del juicio oral, los que se retransmitían por streaming, de manera que permitía a 
los  espectadores  su  seguimiento,  y  así  se  daba  cumplimiento  a  los  mandatos 
constitucionales y legales de la publicidad de los debates del juicio oral, como exige el  s
art. 120.1 CE, garantizándose el control público de la justicia y la confianza en los  oe.
tribunales,  más  allá  de  los  presentes  en  la  Sala  de  sesiones  de  manera  que  la  w.
observancia y audiencia del contenido del juicio oral se veía perjudicada por el uso de  57ww
pdeicnhaol  m(aértt.o d2o4 .2d eC tEra)d, uecnc iócno nssiomnualtnácniae ac. oEnl  edle raerct.h o1 1a  duen  lap roDceecslaor apcúibólnic oU neinv emrsaatle rdiae 
Daret.r e6c hdoesl  CHounmveannioos ,E uarrot.p 1e4o  ddeel  DPearcetcoh oInst eHrnuamcaionnoasl,  dees  Dgaerraencthíao sd eCl ivjuilsetsic iya bPleo líftriecnotse,  ay   BOE-A-cable e
una justicia secreta que escape a la fiscalización del público. Constituye también un 
medio para preservar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, de forma que, al 
dotar a la administración de justicia de transparencia, contribuye a realizar los fines del 
derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre de 1983, asunto Axen y otros c. 
Alemania, § 25)».
Por otro lado, se reseña, el «sistema de traducción no comporta ni se integra en 
ningún derecho fundamental por lo que no puede hablarse de un conflicto entre derechos 
fundamentales y el principio de publicidad de los debates del juicio oral».
Otro tanto puede decirse respecto de los testigos. A juicio del fiscal, la «queja debe 
igualmente ser desechada pues no solo es que el recurrente no argumente en qué 
medida […] afecta a la credibilidad del testigo por declarar en una lengua que habla con 
menor fluidez, esto es, en qué medida dicha circunstancia afectó a que el testimonio del 
testigo  fuera  creíble,  sino  también  porque  la  propia  Sala  declara  su  irrelevancia 
probatoria  por  lo  que  ninguna  repercusión  tuvieron  sus  testimonios  para  formar  la 
convicción del juzgador sobre la autoría y culpabilidad del recurrente por los hechos que 
la sentencia declaró probados, es más ni identificó el recurrente en su queja los testigos 
a los que se había denegado usar su lengua vernácula, efectuando así una denuncia 
genérica sin concretar».
Finalmente,  en  relación  con  la  alegada  discriminación  respecto  de  los 
castellanohablantes,  entiende  el  fiscal  que  «no  cabe  imputar  un  comportamiento 
discriminatorio a la Sala del Tribunal Supremo porque los testigos o acusados declararan 
en castellano y no en catalán, dado, por una parte, porque el castellano es el idioma de 
los órganos estatales de manera que el uso de las lenguas españolas ante los órganos 
estatales viene señalado por la legislación sobre el uso de las mismas y, en el caso, 
porque, dada la sede del Tribunal Supremo, el idioma oficial de los debates del juicio oral 
era  el  castellano,  al  margen  que  el  recurrente  no  aporta  ningún  elemento  de 
comparación que ponga de manifiesto un trato desigual o que aporte, en su caso, un 
principio  de  prueba  de  la  discriminación  por  razón  de  la  lengua  que  no  sea  su 
discrepancia con el método de traducción elegido por el tribunal».
11.6  Vulneración del principio de igualdad de armas (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por 
el trato desfavorable dispensado a las defensas por el tribunal en el acto del juicio oral.
Comienza la exposición del fiscal en este apartado señalando que, a su juicio, las 
numerosas quejas que se engloban bajo este epígrafe «no son más que cuestiones 
puntuales teñidas de valoraciones subjetivas del recurrente y carentes de efectos sobre 
los derechos que se alegan como vulnerados».
A continuación, va desglosando las diversas alegaciones formuladas, así como las 
respuestas  ofrecidas  por  la  sentencia  impugnada.  En  concreto,  sobre  la  restricción 
injustificada del alcance de los interrogatorios a las defensas; que no se le permitiera 
hacer un interrogatorio más exhaustivo al señor Torrent; que no se hubiera permitido a 
las defensas hacer preguntas sobre la ideología a determinados testigos (señor Rufián o 
la letrada de la administración de justicia); que se hubiera permitido a las acusaciones 
preguntar por la condición de socio de las entidades ANC u Òmnium Cultural; que 
algunos testigos pudieron exponer sus vivencias personales (teniente coronel señor 
Baena) pero otros no (señora Garcés); que algunos testigos pudieron consultar notas 
(don David Pérez) mientras que otros no (señora Garcés); que se dispensó distinto trato 
a la desmemoria o renuencia de algunos testigos (señora Sáenz de Santamaría o los 
señores Rajoy y Zoido) a los que no se hizo apercibimiento alguno frente a otros a 
quienes sí se le hizo (señora Guix o señor Mestre); que se impidió al letrado interrogar a  s
un agente policial sobre un determinado incidente; o que la presidencia del tribunal  oe.
interrumpiera con mayor frecuencia y predisposición los interrogatorios de las defensas  w.
mediante una actitud más pro activa a la hora de censurar su manera de preguntar. 57ww
apoyTao deans  laess tSasS TaCle g1a4c0io/1n9e9s4 r, edceib 9e nm uanyoa  (rFeJs p4u)e, sstoab uren ietal rpiari ndceipl iMo idneis tigeurioa ldFaisdc adle,  qaurme asse, 
lpar inincdipeifoe ndseió ing uya lldaa de jedceu cairómna ds ee nla  lap rueejebcau;c i6ó1n/ 2o0 0a2d,m dinei s1t1ra cdieó nm daer zloa  (pFrJu e5b)a, ; s5o/b2r0e0 4e,l   BOE-A-cable e
de 16 de enero (FJ 6), sobre indefensión, y 48/2008, de 11 de marzo (FJ 3), sobre el 
principio de contradicción.
Conforme a toda esta doctrina, el fiscal considera que «las respuestas dadas por la 
Sala en su sentencia […] tienen de común la razonabilidad de la misma y responde a la 
aplicación de la normativa procesal sobre el desarrollo de la prueba testifical y se hace 
en  cumplimiento  de  las  facultades  de  dirección  de  los  debates  del  juicio  oral  que 
corresponde al presidente del tribunal», según el art. 683 LECrim. Para el fiscal, «el 
presidente del tribunal se ha limitado a la dirección de los debates, siendo respetuoso 
con las reglas que rigen el juicio oral, sin que la actitud que se denuncia […] tenga 
consistencia  jurídica,  pero,  además,  resulta  que  el  recurrente  no  indica  qué  reglas 
procesales se han vulnerado o cómo su vulneración ha afectado a las garantías de 
defensa, más allá de valoraciones personales sobre lo que se entiende como un trato 
diferenciado entre las acusaciones y la defensa, para lo cual se trae a colación una serie 
de ejemplos, que adiciona el recurrente, para reprochar la actitud del presidente del 
tribunal y denunciar la vulneración del principio de igualdad de armas en relación con el 
derecho de defensa y el derecho a un proceso justo. A lo anterior debe añadirse, 
conforme a la doctrina señalada por la parte demandante, que no se ha argumentado en 
qué  medida  estas  presuntas  irregularidades  y  desigualdad  de  trato  le  ha  causado 
indefensión y ha podido influir sobre el resultado final de la sentencia condenatoria, de 
modo que el fallo pudo haber sido otro».
En todo caso, según el fiscal, estos testimonios «se integran con el conjunto de otras 
pruebas que, apreciadas en su conjunto por el tribunal de enjuiciamiento (art. 741 
LECrim), determina el factum de la sentencia y el juicio de culpabilidad del recurrente 
cuya  valoración  incumbe  el  tribunal  de  enjuiciamiento»,  al  tiempo  que  la  parte 
demandante «ha tenido la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos, 
respetándose por el tribunal el principio de contradicción».
11.7  Vulneración de los arts. 24 CE y 6 CEDH, por haberse impuesto una condena 
superior a la solicitada por aquella acusación cuyas peticiones han sido acogidas de 
modo expreso.
En sus alegaciones, el fiscal reproduce inicialmente la parte de la sentencia referida 
a las penas que habían de ser impuestas al recurrente [apartado D), págs. 479 y 
siguientes],  tras  ser  considerado  autor  de  un  delito  de  sedición  (art.  545.1  CP, 
protagonizado por personas constituidas en autoridad) en concurso medial con un delito 
de malversación de caudales públicos (art. 432.3 CP), agravado por razón de su cuantía.
En relación con las conclusiones acusatorias definitivas planteadas en el juicio oral, 
señala que la acusación popular calificó los hechos como constitutivos de dos delitos de 
sedición de los arts. 544 y 545.1 CP –alternativos al delito de rebelión por el que 
acusaba principalmente– y un delito de malversación de caudales públicos del art. 432.1 
y 3 a) y b) CP en relación con el art. 252 CP, e interesaba para el demandante señor. 
Turull i Negre una pena de doce años de prisión y de veinte años de inhabilitación 
absoluta por este último delito; por los delitos de sedición, por cada uno de ellos, solicitó 
la pena de quince años de prisión y de inhabilitación absoluta.
La acusación particular, representada por la abogacía del Estado, interesó una pena 
de once años y seis meses de prisión y de inhabilitación absoluta por ambos delitos al 
apreciar que concurría entre ambos un concurso ideal. Aunque la acusación popular no 
calificara los hechos como un concurso medial entre un delito de sedición y un delito de 
malversación, lo cierto es que concurrían en la conducta del acusado los elementos 
objetivos y subjetivos necesarios tanto del delito de sedición como de malversación de  s
caudales públicos. La diferencia entre los escritos de conclusiones definitivas se hallaba  oe.
en la modalidad de concurso: concurso real o medial entre ambos, tesis última que fue  w.
acogida por el Tribunal Supremo. 57ww
octuSbere ,r eFfiJe r1e0, , ap acoran tainfiurmacaiór nq,u ae  l«ad edboect rdineas ccaortnatresneid uan ae ne xlatr aSliTmCit a1c7ió2n/2 0d1e6 l,a  dsee n1t e7n cdiea 
cyaau qduaele se l prúebcluicroresn, ted ev emnaían earacu qsuaed ol ap ocra lliofisc adceiólinto sc odmeo  sceodnicciuórns oy  mdee dmiaal lveenrtsrea caiómnb does   BOE-A-cable e
delitos  no  afecta  al  principio  acusatorio  ni,  por  ende,  al  derecho  defensa,  pues  el 
recurrente conocía el contenido de dichas acusaciones». Para el Ministerio Fiscal, la 
queja debe ser desestimada pues el Tribunal Supremo se ha pronunciado dentro de los 
términos del debate, pues «no ha apreciado delitos diferentes de aquellos por los que se 
acusaba al recurrente y lo ha hecho tal como se habían formulado el debate por las 
acusaciones y la defensa». Y termina su alegato señalando que «al haber quedado 
acreditado que el demandante de amparo tuvo un conocimiento efectivo de la posibilidad 
de que le fuera impuesta una condena por cada uno de los delitos considerados en 
concurso  medial,  y  que  la  pena  definitivamente  impuesta  no  resulta  superior  a  la 
pretendida por la acusación popular, debe concluirse que no se ha vulnerado el derecho 
a un proceso con todas las garantías del demandante de amparo desde la perspectiva 
del principio acusatorio, pues el recurrente ha podido articular todos los instrumentos 
probatorios y alegatorios para defenderse de la condena por ambos delitos y de la 
cuantificación de la pena que finalmente se les impuso en la sentencia».
11.8  Vulneración de la dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de 
inocencia  (art.  24.2  CE)  como  consecuencia  de  las  manifestaciones  realizadas  por 
cargos públicos.
En este apartado, la demanda hace referencia a una serie de declaraciones y 
documentos de la entonces secretaria de Estado de la España Global, señora Lozano, 
en las que, a juicio del recurrente, se trataba a los procesados como culpables de los 
delitos por los que estaban siendo enjuiciados; lo que supondría una vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con lo dispuesto en el 
art. 4.1 de la Directiva 2016/343/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Tras señalar que esta invocación fue planteada en el escrito de cuestiones previas, 
en el de calificación definitiva y en el incidente de nulidad de actuaciones planteado 
contra la sentencia, el fiscal reseña parcialmente la respuesta dada por la resolución 
impugnada.
Seguidamente, expone la doctrina de este tribunal sobre el derecho a la presunción 
de inocencia [STC 97/2020, de 21 de julio, FJ 5 A)] y sobre su dimensión extraprocesal 
(SSTC 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, y 28/2020, de 24 de febrero, FJ 3). Conforme 
a  estos  pronunciamientos,  el  fiscal  considera  que  la  «campaña  informativa  y  las 
declaraciones  no  proyectan  duda  alguna  sobre  la  inocencia  o  culpabilidad  de  los 
afectados,  el  recurrente  entre  ellos,  en  lo  que  aquí  interesa,  limitándose  las 
declaraciones y documentos de la secretaria de Estado de la España Global a realizar 
una valoración política de los sucesos que se habían producido en el denominado 
‘procés’ y que responde a una finalidad legítima, la defensa del Estado frente a ataques 
tan graves como los que pudieran afectar a la integridad territorial en orden a informar a 
la opinión pública internacional sobre la verdadera significación y dimensión de los 
acontecimientos acaecidos en Cataluña en torno al referéndum ilegal de 1 de octubre 
de 2017».
Para el fiscal, no se trataba de «informar sobre el proceso judicial que se siguió al 
recurrente y otros y su objeto, aunque obviamente los hechos, en parte, son coincidentes 
con la información que la campaña daba, sino de informar sobre el ilegal proceso 
independentista  que  llevaban  a  cabo  sectores  políticos,  económicos  y  sociales  de 
Cataluña de modo que las apreciaciones que en la misma se realizaban tenían un sesgo 
eminentemente de carácter político, era la versión del Gobierno no solo sobre los hechos 
acaecidos,  sino  también  sobre  la  situación  política  de  la  comunidad  autónoma  de 
Cataluña y su pretensión independentista y el referéndum de autodeterminación». De  s
manera  que  los  «comentarios  contenidos  en  la  campaña  no  reflejan  un  juicio  de  oe.
culpabilidad del recurrente», sino que «son una interpretación política de los hechos». w.
Además, –se continúa exponiendo– «la existencia del proceso no conlleva que el  57ww
coubajentdoo d eall  mpúisbmlicoo  nleo  apsuiesdtea  edla dr eluregcahro a a d erebcaibteirs  udneas tiinnfaodrmosa cai ólan  ovpeirnaizó ns opbúrbel icloas,  [m…is] mmoáss, 
epne rseosntea sc paúsbol,i cadse  cloams oa eurtoarnid loasd einsv edsetli gEadstoasd eon  aefle pcrtaodceos oy  juqduiec,i aal»d.emás, concierne a  BOE-A-cable e
El fiscal destaca, finalmente, que «la queja, en su caso, se referiría a una presunta 
lesión del derecho al honor (art. 18.l CE) como ha indicado este Alto Tribunal, por todas 
en su STC 12/2019, que se hace eco de la STC 133/2018, FJ 4»; así como resalta el 
hecho de que «el recurrente no aporta elemento de prueba alguno que ponga de 
manifiesto que la campaña que denuncia hay[a] podido influir en el ánimo del juzgador 
de manera que haya condicionado el desenlace final del proceso a salvo la valoración 
que hace sobre la campaña del Gobierno español». Por lo que concluye señalando, que 
«ninguna  vulneración  del  principio  de  presunción  de  inocencia,  como  regla  de 
tratamiento, se ha producido».
11.9  Vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por abandono ad 
hoc del principio de accesoriedad limitada.
Según  la  demanda,  y  por  aplicación  del  principio  de  accesoriedad  limitada,  el 
recurrente solo habría podido ser condenado, en su caso, si el autor directo o ejecutor 
material  hubiera  cometido  un  hecho  antijurídico.  En  este  supuesto,  como  los 
manifestantes o votantes no han merecido reproche penal alguno, tampoco puede ser 
condenado el demandante.
Esta alegación fue resuelta en el auto de 29 de enero de 2020, que se extracta, 
reiterando el fiscal los argumentos expuestos en la citada resolución, ahora también 
impugnada. El ministerio público señala que el recurrente «ha sido condenado como 
coautor de un delito de sedición y no como partícipe por lo que no sería de aplicación el 
principio de accesoriedad en la participación y la propia sentencia explica el juicio de 
autoría». Insiste el fiscal en que el demandante «ha colmado el elemento objetivo y 
subjetivo del tipo penal de sedición pues con su comportamiento creó las condiciones de 
la movilización ciudadana, impidió el normal funcionamiento del Estado, participó en la 
convocatoria y realización de un referéndum ilegal y conocía la antijuridicidad de su 
conducta,  puesto  que  el  delito  de  sedición  se  comete  también  por  conductas  que 
propicien, posibiliten o determinen la realización de actos de alzamiento y, de los hechos 
probados,  se  sigue  que  precisamente  ese  comportamiento  es  el  que  se  imputa  al 
recurrente, crear las condiciones para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de 
las  leyes  o  la  correcta  actuación  de  las  autoridades,  funcionarios  públicos  o 
corporaciones oficiales mediante decisiones ejecutivas que enmarcan el alzamiento». En 
definitiva, la sala de enjuiciamiento no ha modificado su doctrina sobre el principio de 
accesoriedad, porque esta doctrina no era aplicable en el presente caso.
11.10  Vulneración  del  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE),  por  la 
inconcreción  e  indeterminación  del  tipo  penal  de  sedición  (art.  544  CP),  con  la 
consiguiente  infracción  de  la  garantía  material  de  predeterminación  legal  de  las 
conductas delictivas.
Bajo  este  apartado  se  comienza  el  análisis  de  las  vulneraciones  relativas  a 
cuestiones de carácter material. Para el recurrente, el tipo delictivo de sedición descrito 
en el art. 544 CP contiene expresiones indeterminadas, inconcretas o imprecisas como 
«alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales», que impiden conocer de 
antemano el ámbito de lo prohibido; es decir, la conducta típica susceptible de ser 
sancionada, con infracción de la garantía del principio de legalidad penal reconocida en 
el art. 25.1 CE.
El fiscal señala que esta alegación fue desestimada en el auto de 29 de enero 
de 2020, por el que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra 
la sentencia condenatoria, con expresa remisión a la respuesta ofrecida frente a las 
alegaciones formuladas por las defensas de los procesados señores Sánchez, Cuixart y  s
Forn. oe.
Sobre el principio de legalidad, el fiscal hace una reseña parcial de la STC 24/2004,  w.
de 24 de febrero [FJ 2 b) y d)], para acudir seguidamente a la redacción vigente del  57ww
ahratc. e5 4e4l  jCuiPci oy  dae l ati paicrgiduamde dneta cfoiórnm ac omntueyn idsiam eilanr  laa  slae nrteecnocgiaid aim epnu genl aúdnai,c oe np rlae cqeudee nstee 
deoxicsttreinnate j,u rlias pSruTdSe ndcei a1l.0 de octubre de 1980, por lo que no se habría apartado de la  BOE-A-cable e
Para el fiscal, el «texto legal no puede presentar una precisión absoluta sobre los 
términos y conceptos utilizados por el legislador para definir la conducta prohibida de 
manera que, como el propio recurrente reconoce, la interpretación de los tribunales 
ayuda a determinar los actos u omisiones prohibidos. […] No parece que las locuciones 
‘alzarse’, ‘tumulto’, ‘impedir’, ‘fuerza’ o ‘fuera de las vías legales’ puedan tacharse de ser 
imprecisos y vagos, antes bien pueden ser comprendidos y entendidos razonablemente 
y sin dificultad por cualquier ciudadano». A su juicio, «el Tribunal Supremo ha precisado 
el significado y alcance de los elementos del tipo penal, como qué debemos entender por 
alzamiento, por tumultuario, cómo debe entenderse el empleo de la fuerza, que no 
necesariamente ha de ser violenta, y cuáles son las finalidades perseguidas por el sujeto 
activo que configura como un delito plurisubjetivo y que se concretan en una insurrección 
o  una  actitud  de  abierta  oposición  al  normal  funcionamiento  del  sistema  jurídico, 
constituido por la normal aplicación de las leyes y no obstrucción a la efectiva aplicación 
de las decisiones de las instituciones, así como su naturaleza, de resultado cortado, lo 
que supone que la finalidad perseguida no tiene por qué ser conseguida, pero exige al 
menos una funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada».
Por ello, se dice, «no puede afirmarse que se vulnere el principio de legalidad por 
falta de taxatividad, pues el tipo penal permite predecir con suficiente grado de certeza 
las conductas que constituyen el delito de sedición requisito exigido por el art. 25.1 CE. 
En suma, se respeta la garantía material de lex certa», sin perjuicio de que «como 
admite el Tribunal Constitucional nada excluye que los términos utilizados por las normas 
penales, para definir los tipos delictivos, pueda ser concretado y precisado su alcance 
por los órganos judiciales al aplicar e interpretar las normas.
En consecuencia, el déficit de taxatividad que imputa al tipo penal de sedición del 
art. 544 CP, queda conjurado por la propia interpretación que de los términos a los que 
atribuye la indeterminación han sido precisados por el propio Tribunal Supremo».
Finalmente, en cuanto a la solicitud del recurrente para que este tribunal eleve la 
cuestión al Pleno para analizar su constitucionalidad, el fiscal se remite a la doctrina 
expuesta en la STC 283/2006, de 9 de octubre (FJ 6), considerando que como estamos 
«ante un recurso de amparo y no un procedimiento de inconstitucionalidad no procede 
confrontar la norma penal con el principio de legalidad, pero ello no impide que se pueda 
analizar si el contenido de la sentencia vulnera el principio de legalidad del art. 25.1 CE», 
lo que se analiza en el apartado correspondiente.
11.11  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), por la incorrecta 
subsunción  de  los  hechos  en  el  tipo  penal  de  sedición  e  incurrir  la  sentencia  en 
aplicación analógica de la ley penal in malam partem.
El demandante considera que los hechos declarados como probados son atípicos, o 
no son suficientes como para ser subsumidos en el delito de sedición sino, en su caso, 
en el de desobediencia o en el del derogado delito de referéndum ilegal (art. 506 bis CP); 
y en última instancia, se habría incurrido en una analogía in malam partem, que supone 
una irracional subsunción de los hechos en el tipo penal de sedición (art. 544 CP).
Sobre  el  principio  de  legalidad  sancionatoria,  el  fiscal  extracta  parcialmente  la 
STC 34/2009, de 9 de febrero (FFJJ 6 y 7), para continuar exponiendo las alegaciones 
del recurrente y el juicio de tipicidad recogido en la sentencia impugnada, puesto en 
relación con el apartado de hechos probados, que también se reseña.
El fiscal considera que los hechos declarados probados sí integran la tipicidad del 
delito de sedición. Acudiendo a la sentencia impugnada, se considera que concurren los 
elementos típicos, ya que se describen actos de colectivos indeterminados de personas,  s
que de forma exteriorizada y abierta realizan conductas de enfrentamiento, hostilidad y  oe.
resistencia  a  la  actuación  de  las  fuerzas  policiales,  con  la  finalidad  de  impedir  u  w.
obstaculizar el cumplimiento de resoluciones judiciales como los registros ordenados por  57ww
Cuno nsjutiztugcaidoon al oy  ploar  epl rTorpibiau nacle Sleubprearciioórn d ed Jeul striceifae rdéen dCuamta lupñrao.hibido  por  el  Tribunal
en lDa esl emnitsemncoi am opdaora,  eal fMirminaisr teqruioe  Fsisuc arel sapcoundsea abli liadpaadr ta«ddoe sdcealn jusaic ios odber ea ustuo rícao nrecceortgaiddoo   BOE-A-cable e
papel con otros responsables públicos para organizar un referéndum que fue declarado 
ilegal por el Tribunal Constitucional, con la finalidad de presionar al Gobierno de España 
a unas negociaciones sobre un referéndum de autodeterminación, para lo que crearon 
una legalidad paralela representada por las leyes de transitoriedad jurídica y fundacional 
de la república para lo cual movilizaron a la ciudadanía, siendo consciente de que dichas 
movilizaciones podían dar lugar a actos de hostigamiento y violencia frente a los cuerpos 
policiales, que actuaban en cumplimiento de órdenes judiciales con el objetivo de cumplir 
con el orden constitucional» y «aunque no participara en las concentraciones ciudadanas 
de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, con su conducta propició actos que 
consistieron en un alzamiento público y tumultuario animado por la voluntad de impedir el 
ejercicio de la función jurisdiccional y la vigencia de las leyes, sin que su conducta pueda 
encontrar justificación en el ‘principio democrático’ pues como ha indicado este alto 
Tribunal,  este  principio  ‘se  expresa  a  través  de  los  cauces  constitucionales’ 
(STC 115/2019), a los que ha sido ajeno el recurrente con su antijurídica conducta, quien 
ha acudido a las vías de hecho para impedir la vigencia de la ley o el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales, se situó en las vías de hecho para promover desde su propia 
responsabilidad  el  incumplimiento  de  las  resoluciones  administrativas  y  judiciales  y 
propició el alzamiento tumultuario».
A lo anterior, añade el fiscal, que «el recurrente se concertó con otros condenados 
para procurar la financiación del referéndum con fondos públicos, facilitando y queriendo 
así, la realización del referéndum». Considera que debe rechazarse el argumento del 
recurrente de que efectuó llamadas a la calma pues, pese a que encierran un «valor 
positivo», según reconoce la propia sentencia (pág. 339), «no excluyen la conciencia por 
el recurrente de la posibilidad cierta de que la celebración del referéndum conllevara 
actos tumultuarios como los que se han descrito».
Tampoco acoge el fiscal la alegación del recurrente sobre el ejercicio del «derecho a 
votar», ya que este solo puede ejercerse «en los términos que establece el ordenamiento 
jurídico». Y agrega que el recurrente desconoce que «el reproche penal se circunscribe 
no solo a la alteración del orden público, sino que con el delito de sedición también se 
protege el cumplimiento de la leyes o de los acuerdos y resoluciones administrativas de 
las corporaciones y autoridades y funcionarios administrativos y el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales, garantizando así el normal funcionamiento de las instituciones y 
servicios públicos lo que hace que la conducta de este delito contra el orden público 
merezca mayor reproche penal frente a otras figuras delictivas encuadradas bajo la 
rúbrica ‘delitos contra el orden público’».
La misma suerte desestimatoria propugna para la alegación relativa a la inconcreción 
de los hechos a los que se atribuye la calificación de delito de sedición. Para el fiscal, la 
sentencia  «precisa  y  delimita  el  relato  histórico»,  del  que  «transcienden,  por  su 
importancia, los hechos acaecidos durante los meses de septiembre y octubre de 2017, 
que  aparecen  complementados  por  otros  hechos  que  preceden  a  aquellos  o  son 
subsiguientes, como la efímera declaración de independencia, y permiten una mejor 
comprensión de los hechos acaecidos en dicho periodo de tiempo, por lo que no pueden 
etiquetarse como ‘un alzamiento sostenido en el tiempo’».
En lo relativo a la supuesta aplicación analógica del art. 544 CP, el fiscal considera 
que la «sentencia da una respuesta motivada sobre la subsunción jurídica de los hechos 
conforme  al  principio  de  legalidad».  De  esta  manera,  «no  puede  hablarse  de  una 
subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma 
aplicada; sin que pueda hablarse de una aplicación de la norma que por su soporte  s
metodológico –una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológico  oe.
–una  base  valorativa  ajena  a  los  criterios  que  informan  nuestro  ordenamiento  w.
constitucional– conduzca a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material  57ww
dneo rmlaa ln ofurnmcaio, nqaumei ennoto e dse  oltaras  iqnusetit ulac iopnroetse, clcoisó ns edrevli coiorsd epnú bpliúcbolsic oy  eeln tceunmdipdloim cieonmtoo  deel 
lraesc ulreryeenste y e dne e lla ssu preuseosltuoc idoen ehse jcuhdoic piarleevsi syto a ednm ilnai sntroartmivaa sp. uEnnitcivuaa dproar  llao  cqouned nuoct ac adbeel   BOE-A-cable e
admitir que ha existido una aplicación extensiva o analógica de la norma sancionadora, 
sino respetuosa con su tenor literal y, por tanto, respetuosa con el principio de legalidad» 
del  art.  25.l  CE.  Más  en  concreto,  y  aunque  el  recurrente  «no  haya  realizado 
materialmente los hechos típicos del alzamiento tumultuario, le es atribuible promover, 
desde  su  propia  responsabilidad,  los  actos  en  que  consistió  el  alzamiento,  el 
incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas a la vez que contribuyó a la 
pérdida de efectividad de facto de las leyes vigentes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña».
Finalmente,  sobre  el  encaje  de  la  conducta  en  el  tipo  penal  derogado  de  la 
convocatoria ilegal de un referéndum del art. 506 bis CP, el ministerio público se remite 
tanto a lo razonado en la sentencia como en el auto de 29 de enero de 2020, con cita de 
la STC 114/2017, de 17 de octubre [FJ 2 b)]. Como ya se ha expuesto, no estamos «ante 
una mera desatención de los mandatos del Tribunal Constitucional», ni «ante una mera 
cuestión competencial» sobre qué órgano estatal o autonómico es competente para la 
convocatoria de un referéndum, sino ante una conducta que va más allá, para integrarse 
en un delito de sedición. Por lo demás, el concreto referéndum convocado no podía 
quedar englobado en la conducta típica del derogado art. 506 bis CP, ya que este 
precepto solo se refería a las «modalidades previstas en la Constitución», lo que no era 
el caso.
11.12  Vulneración del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), en relación con los 
arts. 17.1 CE y 49.1 CDFUE, por lesión de los derechos fundamentales a la libertad de 
reunión pacífica, y a las libertades de expresión e ideológica, y de representación política 
(arts. 17, 18, 20, 21 y 23 CE), y por desproporción de la pena impuesta.
En  este  apartado,  el  fiscal  realiza  un  análisis  individualizado  de  los  derechos 
fundamentales que se dicen vulnerados, mediante un resumen de las alegaciones del 
recurrente y de la respuesta contenida en las resoluciones impugnadas.
A continuación, se expone la doctrina de este tribunal sobre cada uno de ellos, con 
cita y reseña parcial de algunas resoluciones. Así, respecto del derecho a la libertad de 
expresión, las SSTC 35/2020, de 25 de febrero (FJ 4); 112/2016, de 20 de junio (FJ 2); 
que se remite a su vez a la 177/2015, de 22 de julio (FJ 2). En cuanto al derecho de 
reunión, las SSTC 193/2011, de 12 de diciembre (FJ 3), y 24/2015, de 16 de febrero 
(FJ 4). Sobre el derecho de representación política, las SSTC 136/1999, de 20 de julio 
(FJ  14),  y  37/2020,  de  25  de  febrero  (FJ  6).  Finalmente,  en  cuanto  a  la  libertad 
ideológica, se recogen las SSTC 76/2019, de 22 de mayo [FJ 5 c)]; 136/2018, de 13 de 
diciembre [(FJ 6 b)], y 42/2014, de 25 de marzo (FJ 4).
Concluye el fiscal señalando que, a su juicio, no se han producido las vulneraciones 
alegadas. La sentencia recurrida «ha procedido a una valoración de los derechos que se 
invocan en relación con la posible conexión que el contenido de dichos derechos y 
libertades tienen con los comportamientos penalmente reprochables del recurrente pues 
‘la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización sin 
incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los 
derechos  fundamentales  y  de  las  libertades  públicas  no  es  constitucionalmente 
admisible’ (STC 29/2009, de 26 enero, FJ 3)». Para el fiscal, «es claro que, de los 
hechos  declarados  probados  se  sigue  que  se  desbordó  claramente  el  derecho  de 
reunión y los actos imputados al recurrente no quedaban amparados por su libertad 
ideológica o pensamiento y de expresión o su derecho de representación política pues 
con su conducta, junto con la de los demás condenados, se puso en cuestión el Estado 
democrático de Derecho en la forma que se ha descrito de manera que la condena por  s
sedición  no  ha  supuesto  un  efecto  desalentador  o  disuasorio  del  ejercicio  de  los  oe.
derechos que se alegan». El fiscal entiende que la conducta sancionada «no parece que  w.
se  compadezca  con  el  respeto  a  los  principios  democráticos,  los  derechos  57ww
fcuonndsaemcuecniótanle esf ecot iveal  dere slatos  fidnea lidlaods esm parnodcautroasd asc opnosrt iteul crieocnuarleresn, teq nuoe  seel  reinatliecnet oe n deel 
pmraorcceod imdeie nlotso sp erosc, esdieimmipernet oys e dne t ordeofo cramsao , dinee xlac uCsoanbsleti,t upcuieósn ,e lp rueecsu reslo  rae supneat oa cat iveidsaods   BOE-A-cable e
delictiva no es amparable por estos derechos y libertades». De esta forma, finaliza, 
«estamos ante un aparente ejercicio de derechos fundamentales y que, por la finalidad 
hacia la que se orientan, desnaturalizan el ejercicio de esos derechos».
Este razonamiento justifica igualmente la solicitud de desestimación de la queja 
relativa a la falta de apreciación de la eximente incompleta del ejercicio legítimo de un 
derecho, invocada en la demanda. Además, se trataría de «una cuestión de legalidad 
ordinaria», que corresponde determinar a los tribunales de justicia, «siendo que, como se 
indica, el rechazo a la misma está suficientemente razonada por el Tribunal Supremo».
El fiscal también se opone a la estimación de la alegación sobre la no apreciación de 
una forma imperfecta de ejecución del delito de sedición o de una modalidad menos 
grave como es la prevista en el art. 547 CP. Por un lado, porque el tipo penal de sedición 
no requiere la producción de un resultado concreto; y por otro, porque la conducta 
sancionada en el art. 547 CP «exige un entorpecimiento no grave del ejercicio de la 
autoridad pública», que se habría desbordado en el presente caso, al condenarse por 
«unos hechos que trascienden el orden público pues se castiga también la finalidad a 
que se refiere el tipo del delito de sedición y el propio Tribunal Supremo señala, que los 
hechos suponía un desplazamiento formal del orden constitucional».
En cuanto a la queja que denuncia la desproporción de la pena concreta impuesta al 
recurrente, el fiscal reproduce el apartado 6.2.5 del auto de 29 de enero de 2020, así 
como  lo  dicho  por  el  Tribunal  Supremo  al  abordar  la  queja  del  señor.  Cuixart 
(apartado 2.6 del mismo auto), para concluir que el «desvalor de la conducta que 
describe el juzgador avala la entidad de la pena impuesta al recurrente». Destaca que se 
trata del más grave de los delitos tipificados por el Código penal respecto del bien 
jurídico «orden público». Se refiere así a determinados elementos de las conductas 
realizadas, para finalizar afirmando que existe una proporción entre la pena impuesta y 
las conductas  por las que se sanciona al señor Turull [en el apartado D), Penas, 
apartado 1)] por delitos de sedición y malversación de caudales públicos en concurso 
medial, en la medida que el señor Turull, en su ámbito decisorio y en función de la fecha 
de su nombramiento como miembro del Govern de la Generalitat, hizo posible dichas 
conductas de modo que contribuyó con sus decisiones a la realidad del referéndum 
desautorizado por el Tribunal Constitucional».
En definitiva, el quantum de la pena impuesta, que «no es sino aplicación de la 
penalidad asignada al concurso medial entre el delito de sedición y de malversación de 
caudales públicos, de conformidad con el art. 77.3 CP», es respetuoso «con el principio 
de legalidad y el principio acusatorio», habiendo el órgano judicial motivado las razones 
de su imposición.
En consecuencia, y por todo lo anterior, el fiscal informa en el sentido de interesar la 
desestimación del recurso de amparo interpuesto frente a la sentencia de 14 de octubre 
de  2019  y  el  auto  de  29  de  enero  de  2020  dictados  en  la  causa  especial  núm. 
20907-2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
12.  A fin de tramitar y resolver la petición de recusación del magistrado de este 
Tribunal Constitucional señor Narváez Rodríguez, planteada por los demandantes en 
este proceso de amparo mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2020, el Pleno, en 
providencia  de  fecha  20  de  octubre  de  2020,  con  suspensión  de  las  actuaciones 
correspondientes al presente recurso, acordó formar pieza separada.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el magistrado señor Narváez Rodríguez formuló su 
abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo; abstención 
que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en resolución de la misma  e.
fecha, lo que dio lugar a su aceptación y a acordar el archivo de la pieza separada de  w.b
recusación formada en el presente recurso de amparo. 57ww
13.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de marzo de 2021, don Aníbal
NBoergdrael,l op rHomuidoovibór ola,  rpercoucsuaracdióonr  ddeel  lmosa gtrisibtruandaole dso, ne Cn árenpdrideos eCnotancdieó-nP duem pdiodno  JToorudrió Tn.urull i
Con fecha 7 de abril de 2021, el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en auto de 20 
de abril de 2021, lo que dio lugar a apartarle definitivamente del presente recurso y de 
todas sus incidencias.
14.  Por providencia de 21 de abril de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone: i) contra la sentencia núm. 459-2019, 
de 14 de octubre, que condenó al demandante como autor de: a) un delito de sedición 
previsto en los arts. 544 y 545.1 CP y b) un delito de malversación de caudales públicos 
previsto en el art. 432.1 y 3 CP, a las penas de doce años de prisión e inhabilitación 
absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos 
públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los 
mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido 
para cargo público durante el tiempo de la condena y ii) contra el auto de fecha 29 de 
enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad interpuestos contra la sentencia 
antes indicada, resoluciones que fueron dictadas en la causa especial núm. 20907-2017, 
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En  la  demanda,  el  recurrente  alega  las  siguientes  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales: i) del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE 
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo la competencia para enjuiciar los 
hechos, privando adicionalmente al recurrente de su derecho a la doble instancia (art. 2 
del Protocolo núm. 7 CEDH); ii) del derecho de defensa (arts. 24.2 CE y 6 CEDH) y del 
derecho a la no discriminación por razón de la lengua (arts. 14 CE y 14 CEDH), por no 
haberse  permitido  a  los  acusados  declarar  en  su  lengua  vernácula  empleando  un 
sistema de traducción simultánea y por haber impedido el empleo del catalán a testigos 
propuestos por la defensa; iii) del derecho a un juez imparcial (arts. 24.2 y 6 CEDH), por 
no haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del juicio; iv) del 
principio de igualdad de armas (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por el trato desfavorable 
dispensado a las defensas en el acto del juicio oral; v) del derecho de defensa (arts. 24 
CE y 6 CEDH), por no haber tenido acceso a las actuaciones seguidas en el Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, por la imposibilidad de contrastar las declaraciones 
testificales con la prueba documental videográfica y por la denegación de pruebas 
pertinentes solicitadas en tiempo y forma; vi) del derecho a la presunción de inocencia y 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 y 2 CE), por las manifestaciones públicas de 
miembros del Gobierno español sobre los hechos enjuiciados y la reiterada omisión del 
tribunal de amparar a los procesados ante dichas manifestaciones; vii) del derecho a un 
proceso con todas las garantías (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la filtración del contenido 
de la sentencia cuando su redacción no había culminado; viii) del derecho a un proceso 
con todas las garantías (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la imposición de penas superiores 
a las solicitadas por la acusación particular; ix) del derecho fundamental a la legalidad 
penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), por abandono ad hoc del principio de accesoriedad  es
limitada en la participación; x) del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1  bo
CE), en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión pacífica y a las  57ww
e(tliaabnxrejtuasrtit.cai vi2daid5eda.so1d s  d;Cd eeEx li  eity)ix p p7dor e eCpls eEidnóDeanHrl e d)ec,e  hp iodloa er f osuaelónpdgdliiciacciamóacn ei;ó(n anxtrai t)asl  d.n aea1 ll ó7ldag,e  irc2leea0cg ,hda oel2id l1 fau ddnye d lipta1oem6 n deaCenl E tsa()ela,  dartpi scloa.ió r  nl2el 5aga. a1 illn oidsCsau Edhfi  ecpyicee hnn4ota9esl     OE-A-2021-83able en https://
CDFUE), en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión y a las
libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la imposición de una 
pena desproporcionada.
La abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso de amparo. Por su 
parte, el partido político Vox alegó como óbice procesal la insuficiente justificación de la 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso;  y  en  cuanto  al  fondo,  interesó 
igualmente  su  desestimación.  Finalmente,  el  Ministerio  Fiscal  solicitó  también  la 
desestimación del recurso de amparo.
Las alegaciones de las partes intervinientes han sido ampliamente resumidas en los 
antecedentes  de  esta  resolución.  Sin  perjuicio  de  ello,  una  síntesis  de  estas  será 
expuesta de nuevo al analizar cada una de las quejas.
2.  Requisitos de admisibilidad: especial transcendencia constitucional del recurso.
Antes de llevar a cabo el análisis de las lesiones que se invocan en el escrito de 
demanda, procede resolver el óbice alegado por el partido político Vox, referido a la 
insuficiente  justificación  de  la  especial  trascendencia  del  recurso  de  amparo.  No 
obstante, cabe adelantar que, de no ser estimado este primer motivo de inadmisión, los 
óbices procesales que se asocian a cada uno de los motivos de amparo serán resueltos 
al enjuiciar cada uno de dichos motivos.
Dicho partido político señala que el demandante no hace en la demanda el más 
mínimo  esfuerzo  para  cumplimentar  aquel  requisito,  pues  se  limita  a  formular  una 
argumentación genérica que «ni explica la supuesta falta de compatibilidad del delito de 
sedición y su aplicación al presente caso con los derechos fundamentales alegados, ni 
tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la jurisprudencia constitucional 
previa [...] y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En suma, 
incurre en excesiva brevedad y demasiadas generalidades.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC, según la cual «[e]n todo caso, la demanda justificará 
la especial trascendencia constitucional del recurso», se configura como una carga 
procesal de la parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia 
constitucional, habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del 
Tribunal  acerca  de  la  especial  trascendencia  constitucional  de  cada  recurso  venga 
siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de 
demanda (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es 
exigible un «esfuerzo argumental» (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga 
en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos 
en el artículo 50.1 b) LOTC; criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los 
supuestos contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, 
de 25 de junio. De este modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un 
derecho fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, 
FJ 3; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; 
también AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 
290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 
de noviembre, FJ único). Es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la 
argumentación  tendente  a  evidenciar  la  existencia  de  la  lesión  de  un  derecho 
fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier 
demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el 
recurso presenta especial trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2). e
El planteamiento del referido óbice obliga a retomar las razones dadas en el escrito  bo
de demanda para justificar la especial trascendencia constitucional del presente recurso.  57ww
Econn sdtiitcuhcoio neaslc rrietoc,o gtirdaoss  eennu mlae rSaTr Cl o2s1 6d/i2fe0r1e3n,t edse  m19o tivdoes  didceie mebsrpee,c isael  atrfairsmcean qdueen ceial 
«Terisbpuencaila Cl oinntsetriétusc icoonnasl tpituocdiroán aplr odneuln cpiraersseen steo brreec ucruseos»t iornaedsic are sepne cetlo  hdeec hlaos  dceu aqleuse  neol 
existen precedentes, entre ellas, la compatibilidad del delito de sedición con el ejercicio
de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, de reunión y manifestación y con 
el derecho de legalidad penal. Por otro lado, señala que ciertas decisiones adoptadas 
por el Tribunal Supremo contravienen la jurisprudencia constitucional previa y la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Comenzando por el final, la referencia que en la demanda se formula respecto del 
incumplimiento de la doctrina de los tribunales indicados no constituye un motivo de 
especial trascendencia constitucional, pues esa alegación, en los términos que ha sido 
formulada,  solo  resulta  relevante  para  justificar  las  lesiones  asociadas  a  esos 
incumplimientos, pero carece de entidad para entender cumplido el requisito impuesto 
por el art. 49.1 LOTC.
Distinta consideración merece la referencia a la compatibilidad del delito de sedición 
con los derechos fundamentales indicados. Este argumento se vincula con las quejas 
dirigidas contra el tipo de sedición (art. 544 CP), tanto por el insuficiente grado de 
taxatividad  y  determinación  que  presenta,  como  porque  su  mera  vigencia  puede 
restringir los derechos fundamentales antes indicados. Y sobre este aspecto, remarca el 
recurrente, no existen pronunciamientos de este tribunal.
Sin embargo, este razonamiento, cuya brevedad resulta incuestionable, se anuda a 
la  inexistencia  de  doctrina  constitucional  sobre  un  aspecto  novedoso,  cual  es  la 
compatibilidad del delito de sedición con los derechos fundamentales objeto de cita. Así 
pues, debe considerarse cumplido el requisito que el partido político Vox objeta, pues, 
aunque  sucintamente,  el  demandante  ha  ofrecido  una  argumentación  que  pone  de 
relieve la singular relevancia del recurso de amparo, la cual, además, coincide con el 
motivo apreciado por este tribunal en la providencia de admisión: que el recurso plantea 
un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En consecuencia, el óbice debe ser desestimado.
3.  Los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y al doble grado de 
jurisdicción penal (art. 24.2 CE).
3.1  Posiciones de las partes.
La primera queja formulada en la demanda de amparo nos obliga a determinar si han 
vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones por las 
que  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  asumió,  extendió  y  mantuvo  la 
competencia objetiva para la averiguación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos 
como delictivos en las querellas presentadas por el Ministerio Fiscal ante la propia Sala y 
ante la Audiencia Nacional.
El recurrente sostiene que, atendido el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (EAC), es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta 
comunidad autónoma la competente para enjuiciar los hechos que le han sido atribuidos, 
pues ni uno solo de los elementos típicos de los delitos por los que ha sido acusado 
aconteció fuera del territorio de Cataluña. Afirma que la supuestas rebelión o sedición 
que le han sido imputadas se materializaron íntegramente en territorio catalán, sin que 
tampoco pueda razonadamente afirmarse que ninguno de los elementos del tipo penal 
de malversación de caudales públicos, del que también ha sido acusado, se desarrollara 
fuera  de  Cataluña  pues,  aunque  el  beneficiario  de  la  malversación  no  resida  en 
Cataluña, tanto el exceso en el ejercicio de facultades de disposición como el perjuicio 
patrimonial –que son los únicos elementos objetivos del tipo penal– se habrían producido  s
de modo inequívoco en territorio catalán. De esta manera, alega que se han creado  oe.
nuevas reglas competenciales ad hoc y se ha recurrido a nuevos criterios jurídicos  w.
aaarfcigrumuñmaadre onsstuo  psp arjrouapd iieacs iacteloe msc apqseuotee  nphcoaira n p orllibemjveeatridvaoa  ,v aeta zln aet onS  laloalsa   juqdrueise p losru ePd ereennfcaieila re.d neC l uaTe rlsaibt iuorennlaael v taSanmucpbiraieé mdne ol o laas    2021-8357n https://ww
realización fuera de Cataluña de actos ejecutivos no necesariamente violentos pero
vinculados al elemento tendencial del delito de rebelión (proclamar la independencia),
como a los relativos a la supuesta malversación. Considera que se apoyan en una 
interpretación  forzada  e  irrazonable  de  las  normas  procesales  que,  además,  es 
contradictoria  con  anteriores  precedentes  de  la  propia  Sala,  que  cita,  y  con  la 
interpretación de la competencia sostenida por el propio Tribunal Superior de Justicia en 
anteriores resoluciones dictadas en otras causas.
El  abogado  del  Estado  propugna  la  desestimación  de  la  queja.  Aduce  que  los 
órganos  judiciales  no  han  llevado  a  cabo  una  interpretación  que  suponga  una 
manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias, ni han 
incurrido  en  error  patente,  irrazonabilidad  manifiesta  o  arbitrariedad.  Aduce  que  el 
demandante no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los argumentos 
dados por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato 
que fluye de las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo de la instrucción, 
para  atender  al  elemento  territorial  o  geográfico  que  el  art.  57.2  EAC  utiliza  para 
determinar la competencia objetiva». Por ello, la competencia ha sido judicialmente 
determinada mediante un juicio ex ante que versa sobre el contenido de la pretensión 
acusatoria, que no puede verse revertido ni afectado por la decisión final de condena.
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal propone también la desestimación de la 
queja. Con apoyo en la previsión establecida en el art. 57.2 EAC, el relato de hechos y 
los  delitos  atribuidos  al  demandante,  considera  que  la  competencia  se  determinó 
fundadamente atendiendo a dos criterios: la condición de diputados del Parlamento de 
Cataluña de buena parte de los investigados y el elemento geográfico basado en el lugar 
de  comisión  del  hecho.  El  Tribunal  Supremo  asumió  en  ese  momento  su  propia 
competencia  para  la  investigación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  con  base  en  la 
constatación de que la querella contenía un relato fáctico en el que se describe una 
estrategia concertada, dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada una de las cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el  espacio  funcional  propio,  y  en  el  que  se  destaca  una  pluralidad  de  acciones 
desarrolladas fuera del territorio estatal que contribuyeron al objetivo perseguido. Tras 
considerar  fundada  la  aplicación,  en  este  caso,  de  la  denominada  «doctrina  de  la 
ubicuidad», según la cual el delito se comete en cualquiera de los territorios donde se 
realizan algunos de los elementos del tipo, concluye afirmando que «la argumentación 
desplegada tanto en las diversas resoluciones anteriores al juicio oral, como en la 
sentencia, ha sido fuertemente motivada y resulta más que suficientemente razonada y 
razonable, amén de no contradictoria con sus precedentes». En la causa se habría 
hecho  patente  «la  existencia  de  componentes  de  internacionalización  y 
extraterritorialidad respecto de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la necesidad de 
instruir  y  enjuiciar  conjuntamente  a  aforados  y  no  aforados  para  evitar  decisiones 
contradictorias y la ruptura del relato histórico que podría derivarse de una eventual 
fragmentación del hecho justiciable», evitando con ello –también– dilaciones indebidas.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación  del  motivo  de  amparo.  Considera  que  no  se  desprende  de  la 
argumentación  desarrollada  por  el  demandante  una  interpretación  «manifiestamente 
errónea, irrazonable o arbitraria’ en el modo así considerado por este tribunal respecto a 
la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos de la que trae causa el 
presente recurso de amparo (STC 183/1999, de 11 de octubre)». Admite que, aunque en 
este caso pueda ser considerado discutible el ámbito geográfico, «cuando no se puede 
decidir la competencia exactamente porque no se conoce el lugar o porque se duda – s
como es el caso– debemos acudir a la teoría de la ubicuidad», conforme a la cual, «[e]l  oe.
delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento  w.
del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las  57ww
a(acctuuaecrdioon dees l pPrloecneos anloe sju, rsisedriác ceionn aplr idnec iplaio S caolam dpee tleon Ptee npaalr ad ella T irnibsutrnuaclc Sióunp rdeem loa  dcea u3s ad»e 
febrero de 2005).
Dado que lo que se cuestiona en la demanda es la interpretación que la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo ha hecho de las normas que establecen la competencia para 
la  averiguación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  y  delitos  atribuidos  al  recurrente, 
iniciaremos nuestro análisis exponiendo el razonamiento judicial que justificó la asunción, 
extensión y mantenimiento de su competencia objetiva.
3.2  Respuesta del órgano judicial.
3.2.1  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia 
objetiva para la averiguación y el enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, 
y  al  resto  de  personas  acusadas  en  la  causa,  en  aplicación  de  la  siguiente  base 
normativa:
(i)  El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al cual:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.º  De  la  instrucción  y  enjuiciamiento  […]  de  las  causas  que,  en  su  caso, 
determinen los Estatutos de Autonomía».
(ii)  El art. 57.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), que establece el 
aforamiento parlamentario de los diputados autonómicos:
«1.  Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos 
concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
2.  En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible 
en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
(iii)  El art. 17.1 y 2 LECrim que, al regular el enjuiciamiento de delitos conexos, 
señala:
«1.  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes 
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes 
salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la 
competencia se consideran delitos conexos:
1.º  Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º  Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello.
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
[…]».
(iv)  El art. 272, párrafos segundo y tercero LECrim, según el cual:
«Si el querellado estuviere sometido, por disposición especial de la ley a determinado  e.
tribunal, ante este se interpondrá la querella. w.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por  57ww
tdroibsu noa lm qáuse  cnoon feuxeores  eyl  lalalgmuandoo  dae c oanqouceellro, sp oers rteugvilear gee snoemrael,t iddeol  deexlciteop.»cionalmente a un
3.2.2  De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido 
tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i)  la prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: desde su inicio y durante 
todo el desarrollo de la causa, una o varias de las personas a las que se refería la 
querella,  después  sometidas  a  investigación,  procesadas  o  finalmente  acusadas, 
mantenían la condición de diputados del Parlamento de Cataluña.
En  el  momento  de  ejercer  la  acción  penal,  todos  los  querellados,  menos  uno, 
formaban parte de la diputación permanente del Parlamento de Cataluña –una vez fue 
disuelto por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al 
Parlamento de Cataluña y de su disolución–. Como se desprende de los antecedentes 
que se recogen en las SSTC 4/2020, 9/2020, 11/2020, 23/2020, 36/2020, 38/2020, 
97/2020, 193/2020 y 194/2020, poco después, una vez acumuladas ya las causas por 
conexidad, otras personas coencausadas –entre ellas, el recurrente– fueron elegidas 
para integrar el parlamento constituido tras las elecciones autonómicas celebradas el 21 
de diciembre de 2017. E iniciado ya el juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en febrero de 2019, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril 
de 2019, el recurrente y otros acusados pasaron a integrarse en las Cortes Generales 
como diputados y, en el caso del señor Romeva, como senador (art. 57.2 EAC). Otros, 
en  fin,  concurrieron  y  fueron  elegidos  diputados  del  Parlamento  Europeo  tras  las 
elecciones  desarrolladas  con  tal  fin  el  26  de  mayo  de  2019,  adquiriendo  así  las 
prerrogativas que les reconoce el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea.
(ii)  la ubicación geográfica de los hechos imputados: como veremos a continuación, 
el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de acusación 
formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos fuera del 
territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC).
(iii)  la  apreciación  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos  investigados  en  las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos investigados en las actuaciones penales dirigidas contra varios acusados no 
aforados eran plenamente coincidentes con los de aquellas otras causas que se seguían 
contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa parlamentaria de aforamiento ante la 
Sala Penal del Tribunal Supremo (arts. 17.1 y 2 y 272 LECrim), de manera que los 
delitos a que se referían eran procesalmente conexos.
Así se describe en las diversas resoluciones que, sobre la propia competencia, han 
sido dictadas en el desarrollo de la causa. Son paradigmáticos en este sentido el auto 
de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica) por el que la querella fue admitida a 
trámite, y el auto de 27 de diciembre de 2018 por el que la sala de enjuiciamiento 
desestimó las peticiones de declinatoria de jurisdicción planteadas como artículo de 
previo pronunciamiento por los acusados (art. 666.1 LECrim).
3.2.2.1  La decisión inicial de admisión a trámite de la querella, formulada por los 
delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos (auto de Sala de 31 de 
octubre de 2017), justifica la asunción de competencia para la averiguación de los 
hechos imputados identificando en primer lugar la ya citada norma delimitadora del 
aforamiento (art. 57.2 EAC) y aquella otra que permite afirmar que todos los querellados, 
menos uno, mantenían en ese momento su condición parlamentaria por formar parte de 
la diputación permanente de la entonces disuelta asamblea legislativa catalana [art. 24 d)  e
del Reglamento del Parlamento de Cataluña]. bo
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a  57ww
lcau ecostniodnicaiódna )p, asrilnaom qeuneta, rpiaa rdae  dloeste irnmiciinaalmr eenl tjeu einzv ceosmtigpaedteons te(c,o lnad nicoiórmn aq uoeb lniguan ctaam hbai ésnid ao 
tpormesaern teand oc ocnosmidoe rialícciitóon– , uan  teelneomr ednetol  cgueaol gsráefriác oc o–melp elutegnatre  deel  Tcroibmuinsaiól nS  udpeel rihoer chdoe 
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los 
hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él.
Para determinar esta última circunstancia, sin afirmar su realidad o la existencia de 
indicios que la avalen, la sala atiende al relato de hechos supuestamente delictivos que 
se afirman en la querella. Y en su examen constata que, en el apartado 29 de los 
hechos, descritos bajo el enunciado «Aspectos internacionales de la declaración de 
independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los 
hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella afirma el fiscal que, en su fase preparatoria, el Gobierno de la 
Generalitat, decidido a promover y celebrar unilateralmente una consulta a modo de 
referéndum, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida a justificar la 
necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito secesionista. 
Con este fin, en enero de 2016, constituyó un departamento de asuntos exteriores, 
relaciones internacionales y transparencia, atribuyendo en él un papel relevante a las 
delegaciones  en  el  exterior,  cuya  partida  presupuestaria  fue  incrementada  en  más 
del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república catalana. 
Centra  también  su  imputación  en  el  Consejo  de  Diplomacia  Pública  de  Cataluña 
(Diplocat), a quien correspondía la labor de lobby internacional, realizando actividades de 
difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, información en 
Internet, formación de activistas como observadores en procesos electorales o diversos 
contratos con organizaciones de los países donde radican las sedes en el exterior para 
promover y favorecer la pretensión de independencia). Entre los hechos realizados en el 
exterior se incluyen en la querella las páginas web internacionales creadas desde el 
Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la participación en la consulta ilegal 
promovida y los sitios web que, tras ser clausurados judicialmente algunos radicados en 
España, se localizaron en terceros países para eludir el control de las autoridades 
españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en la querella un papel 
trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia que se intentó 
celebrar  el  1  de  octubre  de  2017:  facilitaron  el  voto  de  los  ciudadanos  catalanes 
residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y custodiaban 
las papeletas de los ciudadanos que decidieron votar y realizaron también su escrutinio. 
Se  refiere  también  a  la  participación  de  diversos  voluntarios  observadores  en  el 
desarrollo de la consulta del 1 de octubre; asistencia que considera fruto de la actuación 
de Diplocat. A los expuestos se añaden en el relato de la querella otros aspectos 
denominados como «efectos internacionales» de la actuación imputada, aunque la Sala 
de admisión, al asumir la competencia, ya determinó como premisa que «no cabe 
confundir el resultado del delito con los efectos del delito, por más que estos puedan 
implicar, por su propia naturaleza, la destrucción del Estado de Derecho».
Considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de referéndum, 
constituía el elemento central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas. 
A partir de esta constatación, la Sala aclara que, conforme a criterios ya establecidos por 
el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los hechos imputados se 
ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende cometido en todas las jurisdicciones 
en las que se haya realizado algún elemento del tipo (Acuerdo de 3 de febrero de 2005 
del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal), por lo que la competencia objetiva se 
atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones territoriales que primero haya iniciado 
las actuaciones procesales dirigidas a la instrucción de la causa.
Concluye la resolución señalando que «el relato que sirve de soporte fáctico a la  s
querella  entablada  por  el  Ministerio  Fiscal  […]  parte  de  la  base  de  una  estrategia  oe.
concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a  w.
autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de  movimientos  sociales  57ww
eidl eeoslópgaicciaom fuenncteio naafiln qeus,e  clea deas  upnroop dioe.  lLoas  ecxuiaslteesn chiaa bdreía  ucnoan taricbtuuiadcoió an  eesjeec uotbajedtaiv fou edreas ddee 
tEesnpear ñpao, r tceonldmeandcaia, lm[…e]n ate l odsir iegxidcalu saiv hoasc eefre cretoasli ddaed d eelt edremsiinganri ola i ncdoemppeentdeenncitais toab, jepteivram, itlea   BOE-A-cable e
referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia 
la  competencia  de  esta  Sala.  El  carácter  plurisubjetivo  del  delito  de  rebelión  hace 
perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las 
aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la 
finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera 
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
Respecto de la decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de 
los hechos objeto de querella indica, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de 
manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el 
Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros 
órganos jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los 
que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
3.2.2.2  Siguiendo  este  último  criterio  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos 
investigados,  el  magistrado  instructor  acordó  la  extensión  subjetiva  del  ámbito  de 
investigación a otras personas, entonces no aforadas. Concretamente, a los presidentes 
de las asociaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. También lo hizo a 
quienes  habían  sido  miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat  de  Cataluña  en  la 
legislatura anterior, ya disuelta; entre ellos, al demandante que, el 14 de julio de 2017, 
fue designado consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat (auto 
de 24 de noviembre de 2017). Poco tiempo después, por medio de auto de 22 de 
diciembre de 2017, la investigación se amplió «a los presidentes y portavoces de los 
grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña».
La extensión de la competencia del Tribunal Supremo a los nuevos investigados no 
aforados  se  justificó  valorando  que  existía  plena  coincidencia  entre  los  hechos 
denunciados en las diversas actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la 
eventual existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, 
que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y 
de  movimientos  sociales  ideológicamente  afines,  cada  uno  de  los  cuales  habría 
contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». Valoró también 
que los hechos atribuidos a las personas no aforadas mantenían una conexión material 
inescindible con la conducta imputada a las personas cuyo estatus parlamentario les 
reconocía  aforamiento  (art.  57.2  EAC).  Añadió  asimismo,  que  la  unificación  de  las 
actuaciones  en  una  sola  causa,  ante  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Supremo,  venía 
justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la tramitación y en 
resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento, lo que se 
manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el objeto del proceso se 
configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de partícipes, supuestos estos, 
específicamente contemplados en los números 1 y 2 del artículo 17 de la LECrim».
Concluyó su razonamiento, señalando que «aunque es evidente que la intervención 
de los distintos actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la 
necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento 
sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas 
por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que 
afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
3.2.2.3  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018, una vez ratificada la 
conclusión del sumario, declarada la apertura del juicio oral y formulados los escritos de  s
acusación,  al  desestimar  las  diversas  peticiones  de  declinatoria  de  jurisdicción  oe.
planteadas por las defensas, la sala de enjuiciamiento se remitió a los criterios expuestos  w.
en los anteriores pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora  57ww
a losD hee ncuheovso i,m cpoumtaod porse esnu plouse setsoc mriteotso ddeo lócagliicfioc,a dceiósnta pcróo vlais isoanlaal .que aquellas decisiones
sFeis caadl oppatarrao nju sat ifpicaartri r edl ee jleorsc ieciloe mdeen tloas  afcáccitóicno sp eqnuael . sAirñviaedroión  qduee  seonp onrtuee satlr oM isnisistteemrioa   BOE-A-cable e
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de 
una forma incipiente con la denuncia o querella, y se va perfilando conforme avanzan las 
investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor 
proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de 
apoyarse la competencia del tribunal». Para la Sala, «ese objeto queda provisionalmente 
fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio 
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, la Sala constata en su resolución que tanto la acusación del Ministerio 
Fiscal y de la acción popular por delito de rebelión, como el relato fáctico sobre el que se 
construye la acusación por el delito de malversación de caudales públicos (que también 
se imputó al demandante), incorpora hechos que desbordan el límite territorial de la 
comunidad autónoma catalana (apartado 3.1 del fundamento de Derecho tercero), sin 
que sea relevante que el auto de procesamiento no se refiriera provisionalmente a 
hechos realizados fuera de España, pues el relato fáctico del auto de procesamiento no 
cierra  la  posibilidad  de  acusación  por  hechos  que,  sin  ser  extravagantes  a  él,  se 
encuentren en estrecha conexión con dicho relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recogen en los escritos de calificación, los 
hechos objeto de acusación realizados fuera de Cataluña fueron los siguientes: las 
concretas iniciativas de búsqueda de la legitimación internacional mediante la creación 
de estructuras de Estado, incluidas las de acción exterior, dirigidas a preparar, financiar y 
legitimar la celebración del referéndum, con financiación de actuaciones realizadas fuera 
de  España,  incluido  un  contrato  dirigido  a  «internacionalizar»  la  consulta,  para  la 
inserción  publicitaria  de  una  conferencia  sobre  la  consulta  en  diversos  medios 
internacionales de prensa escrita; todas estas actuaciones estaban al servicio de la 
pretensión independentista; se hace de nuevo referencia a la creación del departamento 
de asuntos exteriores de la Generalitat, al incremento de las delegaciones exteriores en 
países europeos, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y a la realización de una 
campaña internacional de imagen, protagonizada por Diplocat, consorcio público-privado 
que  actuaría  en  completa  vinculación  con  el  Gobierno  catalán,  a  modo  de  cuerpo 
diplomático, que firmó contratos fuera de España con mediadores y consultores que 
facilitarían encuentros que se consideraban útiles para promover la aceptación de la 
realización del referéndum; en tales actividades también habría coadyuvado Òmnium 
Cultural;  se  añade  asimismo  la  referencia  a  la  creación  y  mantenimiento  de  webs 
internacionales dirigidas a la internacionalización del proceso independentista; en el 
conjunto de actividades dirigidas a ese mismo fin se incluyen por las acusaciones la 
contratación y financiación de expertos y observadores internacionales para dar una 
apariencia  de  normalidad  a  la  pretendida  votación.  Según  estas  acusaciones,  las 
conductas descritas, además de cooperar en el ilegal designio independentista unilateral  s
(que calificaron como delito de rebelión), serían constitutivas de otro de malversación de  oe.
caudales públicos. w.
La Sala concluyó señalando que «la competencia de esta Sala para el enjuiciamiento  57ww
daeb ologsa chíeac dheols E qsutaed soo yn  loab ajectcoió dne p aocpuuslaacr ipóanr aflu juyest idfiecla pr rloap iimo preultaatcoió qnu dee o sfreencdeons e dl efilsitcoasl ,d lea 
dreeb Celaiótanl uyñ ma,a ylv 7e3rs.3a cai)ó nL OdPe Jc, anuod aadlems itpeúnb olictroos d. eLsoesn alarctse.  c5u7a.2n ddoe ll oEss htaetcuhtoo sd ese A suittúoanno mpoíar   BOE-A-cable e
las acusaciones fuera del ámbito de la comunidad autónoma catalana». La conclusión 
toma en consideración la denominada «doctrina de la ubicuidad», según la cual el delito 
se comete en cualquiera de los territorios donde se realizan algunos de los elementos 
del tipo objetivo y subjetivo del delito, por lo que «la atribución por el fiscal a algunos de 
los procesados de actos ejecutivos, no necesariamente violentos pero vinculados al 
elemento tendencial del delito por el que se formula acusación (cfr. art. 472.5 [CP]), 
justifica la aplicación del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía que señala a esta Sala 
como el órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de hechos ejecutados 
fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para  la  Sala  no  obsta  a  lo  expuesto  que,  al  igual  que  la  de  Cataluña,  otras 
comunidades autónomas cuenten con delegaciones en el exterior, pues lo relevante no 
es  su  existencia,  sino  la  acusación  de  que  fueron  puestas  al  servicio  de  fines 
secesionistas. Rechaza también que se pueda cuestionar que el resultado de los delitos 
de malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio  de  las  administraciones  públicas.  Y  al  analizar  específicamente  la 
jurisprudencia previa que le fue alegada como término de comparación, concluye que, 
debido  a  los  delitos  investigados  en  aquellos  precedentes,  se  trata  de  supuestos 
objetivamente  distintos,  por  lo  que  la  asunción  de  competencia  cuestionada  no 
contradice las resoluciones a que se refieren las defensas de los acusados (autos de la 
Sala de lo Penal de 12 de noviembre de 2014 y 26 de abril de 2006). Tampoco considera 
término de comparación suficiente el contenido de los pronunciamientos previos de otros 
tribunales –singularmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña–, pues su criterio 
razonado de decisión no queda vinculado por los que hayan utilizado otros órganos 
judiciales al abordar las causas que a ellos se les han planteado.
Por último, atendiendo objetivamente a la naturaleza y estructura de algunos de los 
delitos imputados, la Sala argumenta en favor de la inescindibilidad de los hechos 
sometidos  a  valoración  judicial,  circunstancia  que  aconseja  y  justifica  que  sean 
enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros que no disponen de dicha 
prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «[…] la estructura de los tipos 
por los que se formula acusación es incompatible con un enjuiciamiento separado por 
órganos jurisdiccionales diferentes. La inescindibilidad del hecho –tal y como se describe 
por el fiscal– sugiere evitar la artificial fragmentación del objeto del proceso, dificultando 
sobremanera el enjuiciamiento de los hechos que se califican como constitutivos de 
delitos de rebelión y malversación que, en su configuración legal, se presentan como un 
único tipo agravado (cfr. arts. 472 y 473.2 CP)».
3.2.2.4  Estos mismos criterios fueron expuestos en la sentencia condenatoria al 
justificar la desestimación de las cuestiones previas planteadas por los acusados [FJ A) 
4]. En ellas, alegando de nuevo la vulneración del derecho al juez predeterminado por la 
ley, discutieron la competencia de la sala de enjuiciamiento. Con remisión a los autos ya 
reseñados, la Sala complementó la decisión de mantenimiento de su competencia de 
enjuiciamiento argumentando de forma más extensa sobre la vigencia y fundamento de 
la doctrina de la ubicuidad; sobre la naturaleza colectiva de los delitos de rebelión y 
sedición, que constituye un elemento diferenciador de la acusación formulada en esta 
causa frente a los precedentes alegados por las defensas como término de comparación; 
acerca de la inescindibilidad de la causa en relación con la acusación por delito de 
rebelión  y  de  malversación  de  caudales  públicos,  dada  la  conexión  material  o 
instrumental  de  los  hechos  y  delitos  imputados;  y  en  relación  con  el  carácter  no  s
vinculante que la jurisprudencia de un tribunal superior de justicia tiene para el Tribunal  oe.
Supremo. w.
3.3.  Doctrina jurisprudencial.
recieLnat ec uSeTsCtió 3n4 p/2la0n2t1e,a ddea  1e7s  dseu sfteabnrceiraolm, reenlateti viad éan toictraa  aa clau saandaali zqaudea h pao sr ideol  Pcloenndoe enna dlaa 
en la misma causa penal; en tal medida, la doctrina constitucional, que a continuación se 
resume, es en todo coincidente con la expuesta al fundamentar dicha resolución.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial,  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar tanto 
el fundamento como el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, 
que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente 
por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen 
orgánico  y  procesal  no  permita  calificarle  de  órgano  especial  o  excepcional.  La 
generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza 
así la inexistencia de jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar 
garantiza que, una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la 
aplicación  de  las  reglas  competenciales  establecidas  en  las  leyes,  no  podrá  ser 
desposeído  de  su  conocimiento  en  virtud  de  decisiones  tomadas  por  órganos 
gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, 
FJ 8).
En  segundo  término,  en  relación  con  quienes  lo  integran,  el  derecho  alegado 
garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, 
además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 
para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente 
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no 
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de 
adoptarse.
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función 
judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, 
lo que, como analizaremos más adelante, constituye el interés directo protegido por el 
derecho  al  juez  ordinario  legalmente  predeterminado,  proclamado  también 
expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona 
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la 
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos, entre otros, al demandante, 
resulta oportuno recordar que aunque la determinación del órgano judicial competente 
para conocer de un asunto exige siempre una operación de subsunción en la norma 
general  previa  que  atribuye  la  competencia,  la  jurisprudencia  de  este  tribunal  ha 
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el 
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de 
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8). No le 
corresponde a este tribunal decidir en amparo simples cuestiones de competencia entre 
órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la manera en que se 
apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre ellos no es materia  e.
que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por el art. 24.2 CE  w.b
(SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes citada). 57ww
juezE no rtdailn amreiod idpare, dheetmeromsi nraediteor apdoor  qluae  le«yn oc coanb ee lc odnefruencdhior  eal  cqounete nliadso  ndoerl mdearse cshoob rael 
ddeistterirbmuicniaódno  dsee nctoidmop»e. teLnac iaastr ibeunctrióen  loqsu eó rgeal naorst.  j1u1ri7s.d3i cCciEon allelevsa  sae  cinatbeorp reent efna veonr  udne 
juzgados y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos,
según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, supone 
que «la interpretación de las normas que regulan la competencia, y, por consiguiente, la 
determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que corresponde en 
exclusiva a los propios tribunales de la jurisdicción ordinaria y los criterios de aplicación 
de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos  jurisdiccionales  no 
constituyen  por  sí  solos  materia  que  sea  objeto  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de otras 
anteriores).
En este aspecto, hemos reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley 
puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente 
de aquel al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las 
reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar 
tan indeseado efecto, aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto 
o desacierto del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma 
aplicable, sí le compete revisar en su análisis que la interpretación y aplicación de las 
normas de competencia realizadas por el órgano jurisdiccional ordinario sean fundadas 
en  Derecho;  esto  es,  no  resulten  arbitrarias,  manifiestamente  irrazonables  o 
consecuencia de un error patente de hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, y 
STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto de tan improcedente 
aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la determinación previa 
del órgano judicial que ha de conocer del caso.
b)  Dado que forman parte de una cultura europea común, los criterios que definen 
la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de predeterminación legal de los órganos 
judiciales, de quienes han de integrarlos y de la competencia que les corresponde, son 
semejantes  a  los  que,  desde  sus  primeras  resoluciones,  se  desprenden  de  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  La  semejanza  no  se 
extiende solo a la definición del contenido del Derecho y a su fundamento, sino también 
al criterio de análisis utilizado para abordar las quejas que en esta materia le han sido 
presentadas.
De acuerdo con lo previsto en el art. 6.1 CEDH, «toda persona tiene derecho a que 
su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
tribunal independiente e imparcial, establecido por ley». El tribunal europeo ha señalado 
que esta última expresión es reflejo del principio del Estado de Derecho, dado que un 
órgano  judicial  no  determinado  conforme  a  la  voluntad  del  legislador  carecería 
necesariamente de la legitimidad requerida en una sociedad democrática para oír la 
causa de un particular. La exigencia de previsión legal se extiende tanto al órgano mismo 
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las 
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los 
magistrados (SSTEDH de 22 febrero 1996, asunto Bulut c. Austria, § 29; de 22 de junio 
de 2000, asunto Coëme y otros c. Bélgica, y de 28 de noviembre de 2002, asunto 
Lavents c. Letonia).
En  otros  pronunciamientos  (sentencia  de  5  de  octubre  de  2010,  asunto  DMD 
GROUP, A.S. c. Eslovaquia), el tribunal ha destacado que la expresión «establecido por 
la  ley»  tiene  por  objeto  asegurar  «que  la  organización  judicial  en  una  sociedad 
democrática  no  dependa  de  la  discrecionalidad  del  poder  ejecutivo,  sino  que  esté 
regulada por la ley emanada del Parlamento» (informe de la Comisión de 12 de octubre 
de 1978, asunto Zand c. Austria). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, la 
organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las  s
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad  oe.
para interpretar la legislación nacional relevante (SSTEDH de 22 de junio de 2000,  w.
asunto Coëme y otros c. Bélgica, antes citada, § 98, y de 28 de abril de 2009, asunto  57ww
Slaa ivnitneor pyr eottarcoisó nc . dIeta lliaas) . nAourmnqause  rceogrurleasdpoornads,e  seun  inpcriummepr lilmugieanr tao  lcoosn tlrleibvuan, aelens p nriancciiopnioa,l elas 
violación del artículo 6.1 CEDH cuando se constate una violación flagrante de dichas
previsiones, no con razón de una mera discrepancia de interpretación de las normas 
sobre competencia (sentencia de 28 de noviembre de 2002, asunto Lavents c. Letonia).
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declarasen competentes para conocer del asunto (sentencia 
de 12 de julio de 2007, asunto Jorgic c. Alemania, § 64 a 72, referida al enjuiciamiento 
por actos de genocidio cometidos fuera de Alemania).
3.4  Resolución de la queja.
3.4.1  El análisis de la queja planteada por el demandante, que fue acusado por 
delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y organización criminal, 
pero condenado exclusivamente por un delito de sedición en concurso medial con otro 
de  malversación  de  caudales  públicos,  exige  poner  de  relieve  dos  momentos 
diferenciados en el desarrollo de la causa, ambos relacionados con la adquisición por el 
demandante de la condición de diputado autonómico catalán en las elecciones del 21 de 
diciembre de 2017:
(i)  En un primer momento procesal, el señor Turull i Negre no tenía la condición de 
aforado. No la tenía cuando, el 30 de octubre de 2017, fue incluido en la querella 
presentada por el fiscal general del Estado como supuesto autor de un delito de rebelión 
y, alternativamente, de sedición, ante la Audiencia Nacional (querella que fue acumulada 
a las diligencias previas núm. 82-2017, que ya se seguían contra otros denunciados ante 
el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Tampoco cuando, mediante auto de 24 de 
noviembre de 2017, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
reclamó a dicho juzgado la remisión de aquellas actuaciones, para su acumulación 
procesal a la causa especial núm. 20907-2017, por apreciar identidad en los hechos 
denunciados.
(ii)  Sin embargo, pocas semanas después, desde que en el mes de enero de 2018 
adquirió  la  condición  de  diputado  autonómico  del  Parlamento  de  Cataluña  como 
consecuencia de las elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2017, el demandante 
mantuvo reconocido tal fuero especial (art. 57 EAC) hasta que, en mayo de 2019, 
iniciadas ya las sesiones del juicio oral desde febrero de 2019, adquirió la condición de 
diputado de las Cortes Generales, tras resultar elegido en las elecciones generales 
celebradas el 21 de abril de 2019. Esta última condición lleva también aparejada, ex 
art. 71.3 CE, la condición de aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Aunque en la sentencia condenatoria se alude adicionalmente a esta última circunstancia 
para rechazar la alegada vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, sin 
embargo, no fue tomada en consideración por la Sala al rechazar la declinatoria de 
jurisdicción, pues en aquella fecha, 27 de diciembre de 2018, el demandante mantenía la 
condición de diputado autonómico de Cataluña.
La secuencia temporal expuesta permite distinguir dos motivos nucleares en la queja 
que denuncia la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. De 
una  parte,  el  demandante  cuestiona  como  arbitraria,  forzada  e  irrazonable  la 
interpretación de las normas procesales que llevaron al magistrado instructor a acordar 
la acumulación de causas por considerar coincidentes los hechos investigados en ellas y 
conexos los delitos que se denunciaban como cometidos. En segundo término, califica  e.
también como arbitraria la apreciación de que parte de los hechos imputados como  w.
delictivos, también incluidos en el sustrato fáctico de los escritos de acusación, hubieran  57ww
aternt.i d5o7 l.u2g aErA fCue, rlaa sd ea Cctautaacluioñnae. sE np etnaal mlese dqiduae,  ehla dne mdaadnod alungtea re nat iesnud ec oqnudee, ncao ndfoerbmieero anl 
dseegl Tuirrisbeu naanl tSe uepl rTermibou.nal Superior de Justicia de Cataluña, y no ante la Sala de lo Penal  BOE-A-cable e
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado por el demandante 
y la doctrina jurisprudencial que sobre su contenido ha sido expuesta en el anterior 
subepígrafe,  la  cuestión  que  hemos  de  resolver  se  concreta  en  determinar  si  las 
resoluciones judiciales por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la 
competencia para la investigación de los hechos atribuidos en la querella, la extendió a 
los no aforados por razones de conexidad procesal e inescindibilidad de la causa y, 
después, la mantuvo para el enjuiciamiento de los hechos que dieron sustento a la 
pretensión acusatoria, se apoyan en razonamientos arbitrarios, irrazonables o basados 
en un error fáctico patente que deriva de las actuaciones. Solo en este caso presentará 
relieve  constitucional  la  discrepancia  expresada  por  el  demandante,  más  allá  de 
exteriorizar una diferencia razonada de criterio con la interpretación judicial de la ley 
procesal aplicable.
3.4.2  Dada  la  delimitación  progresiva  de  su  objeto,  debemos  hacer  una 
consideración previa sobre las peculiaridades que, en torno a la determinación de la 
competencia, presenta el desarrollo del proceso penal. En nuestro ordenamiento, la 
exigencia de responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en 
una inicial atribución fáctica y delictiva que se expresa por referencia a dos parámetros: 
hechos supuestamente cometidos y su calificación jurídica provisional como delito. Sobre 
este presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y, en su 
caso, declarados probados. Por otra parte, la calificación jurídica es provisional durante 
la fase de investigación e intermedia (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, 
de 15 de noviembre, FJ 4). Solo después de practicar contradictoriamente la prueba en 
un  juicio  público,  si  se  mantiene  la  acusación,  pueden  los  hechos  imputados  ser 
afirmados como delictivos por el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en el tipo 
penal que le haya sido alegado.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, resulta indiscutible que 
la evaluación inicial de la competencia objetiva para la investigación de la causa solo 
puede tener como referencia los hechos atribuidos en la querella y su calificación jurídica 
provisional. En aquel momento procesal (auto de admisión a trámite de la querella de 31 
de octubre de 2017), salvo que se hubiese considerado que los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 y 313 
LECrim), la Sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la relación 
que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el querellante 
(delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos). En este caso, para 
determinar  el  órgano  judicial  competente  para  su  conocimiento,  dada  la  condición 
parlamentaria  de  varias  personas  querelladas,  resultaban  determinantes  su  fuero 
especial y el lugar de comisión de los hechos imputados, a la vista de la dicción del 
art. 57.2 del Estatuto catalán.
A partir de estas consideraciones, no podemos compartir con el demandante que la 
asunción inicial de la competencia de investigación, en aplicación de los parámetros 
expuestos,  se  haya  apoyado  en  valoraciones  o  razonamientos  que  puedan  ser 
calificados como arbitrarios, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente que 
derive de las actuaciones.
Los criterios jurídicos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –
extensamente  descritos  en  anteriores  epígrafes–  dan  cuenta  de  la  toma  en 
consideración de los elementos nucleares de la regla de atribución de competencia: 
aforamiento especial parlamentario, lugar atribuido de la comisión del delito y conexidad 
procesal. s
Por  una  parte,  la  Sala  tuvo  en  cuenta  los  pasajes  fácticos  de  la  querella  que  oe.
describen  los  que  denomina  «aspectos  internacionales  de  la  declaración  de  w.
independencia», donde se relatan como típicos hechos acaecidos fuera del territorio de  57ww
hCeactahlou ñaat.r ibEuni dsoe g–upnludrois utébrjmetiinvoo , ys ec odleescttaivcoa– ,e ne xlpau eresstoo lupcoiór ne le lM cinairsátcetreior  cFoismcpalle jeon  dleal 
qnuoetorreiolla:  dceocmlaora frr ulato i nddee puennad eenstcriaat edgei au ncao npcaertreta ddeal  qteureri toprrieos eesnptaa ñuonl .elemento tendencial  BOE-A-cable e
Es  precisamente  la  afirmación  de  que  una  pluralidad  de  sujetos  intervino 
concertadamente  en  el  hecho  atribuido,  lo  que  justificó  también  la  decisión  de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del 
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de 
un reparto de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción denunciada. Se 
trataba de hechos diversos que no podían ser escindidos en diversos procesos sin 
desvirtuar la perspectiva global desde la que habían de ser contemplados, tanto en fase 
de averiguación, como de enjuiciamiento.
Se trata, por tanto, de razonamientos que tienen que ver con los hechos atribuidos, 
con el lugar donde supuestamente se produjeron, con la calificación jurídica provisional 
expresada  en  la  querella  y  con  la  condición  parlamentaria  de  varios  querellados 
aforados. No parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas. Y su desarrollo 
argumental no incurre en quiebras lógicas ni se aleja del tenor de la norma aplicada, sino 
que, descartando la identidad objetiva de los precedentes jurisprudenciales alegados por 
el demandante, se apoyan en otros, con expresa referencia a un acuerdo del Pleno no 
jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, ya en 2005, acogió la 
denominada «doctrina de la ubicuidad», antes descrita, aplicable a los casos en que un 
mismo  delito  se  hubiere  cometido  en  diversas  jurisdicciones  territoriales.  Que  se 
utilizaran criterios jurisprudenciales nuevos para un caso complejo como el que era 
objeto de investigación, no permite afirmar, sin más, su arbitrariedad. El demandante 
difiere de los criterios utilizados para extender la autoría por colaboración a quienes 
realizaran tareas dirigidas al mismo fin que los denunciados, pero, dada la naturaleza y 
características de los delitos de rebelión y sedición imputados (que, como se verá, son 
delitos colectivos, plurisubjetivos y de resultado cortado), tal discrepancia en Derecho no 
constituye parámetro suficiente para justificar la vulneración que denuncia, ni permite 
apreciar la arbitrariedad que alega.
Tampoco  resulta  fundada  la  queja  que  se  expresa  utilizando  como  término  de 
comparación la solución dada a anteriores acciones penales ya enjuiciadas pues, como 
extensamente ha argumentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al rechazar la 
declinatoria de jurisdicción, se trata de casos distintos, referidos a hechos diferentes, que 
no pueden ser utilizados como término de comparación válido para cuestionar la decisión 
adoptada en la presente causa. En aquellos supuestos la acusación tuvo un presupuesto 
fáctico distinto, y tampoco se extendió a los tipos penales que han sido enjuiciados en la 
presente causa penal. En todo caso, más allá de expresar su disentimiento, el recurrente 
no hace el mínimo esfuerzo argumental en relación con la respuesta expresa que, sobre 
esta cuestión, ha recibido del Tribunal Supremo.
En definitiva, en cuanto a la asunción de la competencia para la averiguación del 
delito  denunciado,  la  conclusión  alcanzada  es  consecuencia  lógica  de  las  razones 
jurídicas expuestas y no supone una manipulación arbitraria de la regla de distribución 
de competencias, por lo que la vulneración alegada ha de ser desestimada.
3.4.3  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia al 
demandante y a otras personas no aforadas sometidas a investigación, fue acordada por 
auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017. Aunque el demandante 
carecía en aquel momento de la condición de aforado, la investigación y enjuiciamiento 
de los hechos que se le atribuían por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estaban 
explícita y específicamente previstos por las normas de la Ley de enjuiciamiento criminal 
que establecen el enjuiciamiento conjunto en un solo proceso de los delitos conexos 
cuya inescindibilidad sea apreciada (art. 17.1 y 2 y art. 272 LECrim). No cabe compartir  s
la afirmación que se hace en la demanda según la cual tales reglas de conexidad son  oe.
«difícilmente comprensibles y contradictorias con pronunciamientos anteriores recientes  w.
del Tribunal Supremo». Se trata de normas procesales aplicadas diaria y ordinariamente  57ww
reenu nnuideasst,r ao  ruena ldidealidto j uersíd micead, icou paanrdao l au nc osmolios ióhne cdheo o etrso c oo mpaertaid foa cpiolitra dr ossu  oe jmecáusc ipóenr,s oo,n eans 
pfinlu,r icsuuabnjedtoiv ose e na pdriesctiinat olas  eluxgisatreensc oia t ideem upno sc (oanrct.i e1r7to.1 p are 3v iLoE pCarriam )la. comisión de un delito  BOE-A-cable e
3.4.4  Igual suerte desestimatoria ha de correr la vulneración que se asocia al auto 
de 27 de diciembre de 2018, que desestimó las diversas declinatorias de jurisdicción 
planteadas por los acusados. Sus razonamientos son semejantes y abundan en los que 
ya han sido expuestos. El único elemento diferencial de su análisis radica ahora en que 
la competencia de enjuiciamiento se ratificó en atención al relato fáctico que sustentaba 
las pretensiones acusatorias provisionales entonces formuladas. De forma razonada, la 
Sala mantuvo su criterio anterior al constatar que, tanto la acusación por los delitos de 
rebelión y sedición, como el relato fáctico sobre el que se construye la acusación por 
malversación de caudales públicos (delito del que el demandante fue también acusado), 
incorporaban  hechos  que  desbordan  el  límite  territorial  de  la  comunidad  autónoma 
catalana.
El  mantenimiento  de  la  competencia  para  enjuiciamiento  vino  apoyado  en  todo 
momento en los elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, definen la 
regla estatutaria de atribución competencial. Por tanto, la consideración de que, a las 
personas  investigadas  y  luego  acusadas,  se  atribuían  hechos  relevantes  para  la 
calificación  jurídica  como  rebelión,  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos, 
cometidos  dentro  y  fuera  del  territorio  de  Cataluña,  se  apoyó  en  datos  objetivos 
confirmados por la instrucción. Esta valoración, que constituye el elemento nuclear del 
disentimiento expresado en el recurso de amparo, no vino apoyada en un razonamiento 
arbitrario,  ajeno  al  sentido  de  la  norma,  irrazonable  por  su  incoherencia  lógica,  o 
apoyado en un error patente pues, en este último sentido, no se evaluaron hechos 
cometidos, sino hechos atribuidos por los acusadores.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento pudiera dejar de 
tomar  en  consideración  los  hechos  atribuidos  por  la  acusación  para  determinar  su 
competencia objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de 
justificación o sea inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser 
determinada la competencia.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito a 
los diputados autonómicos, cuando los hechos atribuidos tienen lugar fuera del territorio 
catalán (EAC), no es irrazonable que lo sea respecto a las acciones penales que contra 
ellos se dirijan en esos casos; lo que permite concluir que las resoluciones impugnadas 
en amparo no vulneraron el derecho del recurrente al juez ordinario predeterminado por 
la ley.
3.5  La desestimación del precedente motivo de amparo lleva consigo la del que, 
por conexión, denuncia la indebida limitación del derecho al doble grado jurisdiccional en 
materia penal. El demandante ha visto cómo la investigación y el enjuiciamiento de las 
imputaciones que pesaban sobre él se trasladaron ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, debido a que algunas otras personas acusadas en la misma causa tenían la 
condición necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC, y a 
que  se  apreció  identidad  fáctica  y  conexidad  procesal  entre  los  hechos  y  delitos 
atribuidos inicialmente a los aforados y al demandante. Posteriormente fue mantenida 
tras adquirir la condición de diputado autonómico.
Tal  y  como  expresa  la  sentencia  impugnada,  este  tribunal  ya  ha  abordado  en 
anteriores pronunciamientos dicha cuestión (por todas, SSTC 51/1985, de 10 de abril, 
FJ 3, y 64/2001, de 17 de marzo, FJ 5). En ellos hemos señalado que el derecho a 
someter el fallo condenatorio y la pena ante un tribunal superior integra el derecho al  s
proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo  oe.
expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante el Tribunal Supremo, incluso  w.
cuando, en atención a las reglas procesales de conexión, el enjuiciamiento en única  57ww
idnesctalanrcaicai ósne  deex tliae npdeen aa  yp elars counlapsa bniolid aafdo raandtaes ,u lna  trreibsutrnicacl isóunp deeri osru e dnecrueecnhtora a j ussotmificeatecri ólan 
suficiente.
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales (STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 6). Y en segundo lugar, se 
apoya en la inescindibilidad de la causa: se atiende así a las exigencias de una buena 
administración de justicia en materia penal, entre las que se encuentra la necesidad de 
coordinar la apreciación de los hechos y de las responsabilidades de los intervinientes, 
cuando la realización del delito se atribuye al concurso de una pluralidad de personas.
Como este tribunal observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que 
la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un tribunal superior puede 
ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo. 
En la citada resolución se estimó que «no había vulneración del derecho a la revisión de 
la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». El 
propio art. 6 CEDH no enuncia expresamente el derecho fundamental aquí considerado, 
aunque sí viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de noviembre 
de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de ratificación 
de 28 de agosto de 2009, fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de 
octubre  siguiente).  Dicha  adición  recoge  el  contenido  del  derecho  plasmado  en  el 
art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), cuyo influjo ha 
sido decisivo en esta materia (STC 42/1982). Pero, al mismo tiempo que lo reconoce, el 
Protocolo establece una excepción en este caso significativa, ya que su enunciado 
admite  que  las  legislaciones  de  los  Estados  contratantes  lo  excluyan,  entre  otros 
supuestos «cuando el culpable haya sido juzgado en primera instancia por el más alto 
tribunal». Dicha circunstancia es la que aquí concurre, dado que el demandante ha sido 
juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes (art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario 
alguno. Tal circunstancia justifica en este caso que no se pueda apreciar como indebida 
la denunciada limitación del derecho a la doble instancia penal.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
4.  Los derechos de defensa y a no ser discriminado por razón de la lengua.
4.1  Posiciones de las partes.
La parte recurrente denuncia la vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 
CEDH) por no haber permitido el tribunal sentenciador a los acusados y a los testigos 
declarar en el juicio oral en su lengua materna, habilitando al efecto un sistema de 
traducción  simultánea.  Considera  también  que  este  hecho  supuso  la  infracción  del 
derecho a la no discriminación por razón de lengua (arts. 14 CE y 14 CEDH).
En concreto, como se indica pormenorizadamente en los antecedentes de esta 
sentencia, la demanda recuerda que varias defensas solicitaron a la Sala poder utilizar 
en el interrogatorio de sus defendidos en la vista oral el catalán, a fin de poder declarar 
con mayor fluidez, así como la utilización del sistema de traducción simultánea, que el 
art. 123.2 LECrim considera preferente al sistema de traducción sucesiva. El tribunal, sin 
embargo, pese a reconocer expresamente que los procesados tenían derecho a declarar  s
en catalán (página 69 de la sentencia), acordó que habría de utilizarse un sistema de  oe.
traducción sucesiva, mucho menos ágil, lo que forzó a aquellos a desistir de expresarse  w.
ltearnas d supucr eclegiónungn utacaso  vnqesurenecá ucstuievl aal,.e   Scheuagycúoen n e lamy  dpreleefsoep nossnaed,  esjruulas tsuif siccoóo p ne pmromra iytleao  ra Slf lapulriado eczce,os mapdeoor o ge anlarte afnnódtrímear u dmlaee  djolear    2021-8357n https://ww
publicidad del proceso, y que según el art. 123.2 LECrim solo procede cuando no es
posible habilitar un sistema de traducción simultánea, ralentiza y prolonga en exceso el
acto, que deviene agotador para todos los intervinientes y para la propia Sala, en un 
juicio ya de por sí extenso. Se añade que, además del menoscabo al derecho de 
defensa (art. 24.1 CE), la negativa a permitir la traducción simultánea constituye una 
discriminación contraria al art. 14 CE, pues, en comparación con el trato dispensado a 
cualquier  ciudadano  español  cuya  lengua  propia  sea  el  castellano,  los  ciudadanos 
catalanohablantes  tienen  que  «soportar  la  carga  (absolutamente  evitable)  de  una 
prolongación del juicio oral», lo que se traduce en «un claro efecto desincentivador del 
ejercicio de los derechos lingüísticos».
En relación con los testigos, a quienes se impidió la posibilidad de expresarse en 
catalán, según la parte recurrente, la Sala basó su decisión en una interpretación del 
art. 231.3 LOPJ opuesta a los arts. 3.2 y 14 CE, lo que les condujo a expresarse en una 
lengua que hablan con menor fluidez, incidiendo en la credibilidad de su testimonio y 
vulnerando, por tanto, el derecho de defensa de los procesados.
El abogado del Estado rechaza el fundamento de esta queja señalando que la 
configuración, en el bloque de constitucionalidad, del régimen de cooficialidad lingüística 
impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un mecanismo 
de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las alegaciones 
en un idioma distinto del oficial. Y en relación con los tres testigos que pidieron declarar 
en catalán, señala que no solo tenían obligación de conocer el castellano, sino que por 
razón de sus cargos eran perfectamente conocedores de esa lengua, a lo que se suma 
que esos testimonios fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no 
incidieron en el derecho de defensa.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación de este motivo de amparo. A su juicio, de la STC 74/1987, de 25 de 
mayo, se desprende que el deber de conocer el castellano, conforme se establece en el 
art. 3.1 CE, genera una presunción de conocimiento que puede ser desvirtuada cuando 
de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento insuficiente, lo que no se ha 
producido en este caso, siendo esto predicable tanto respecto del demandante como en 
relación con los testigos.
Por  último,  el  Ministerio  Fiscal,  que  lleva  a  cabo  un  importante  esfuerzo  de 
compilación  de  la  normativa  y  de  la  doctrina  constitucional,  interesa  también  la 
desestimación de la queja. A su entender, el criterio de territorialidad relevante para 
determinar la vinculación de un poder público a las consecuencias de la cooficialidad de 
una  lengua  autonómica  es  la  sede  del  órgano,  no  el  alcance  territorial  de  su 
competencia, por lo que al recurrente no le asistía un derecho a exigir el uso del idioma 
catalán en sus declaraciones en el acto del juicio oral en la sede del Tribunal Supremo. Y 
añade que las partes no mostraron dificultad alguna en el entendimiento de lo que se 
estaba preguntando, que la Sala sentenciadora expresó la razón de optar por el método 
de traducción sucesiva, como era la preservación del principio de publicidad de los 
debates del juicio oral, y que, en el caso de los testigos, la irrelevancia probatoria de sus 
declaraciones descarta la afectación del derecho de defensa.
4.2  Respuesta del órgano judicial.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia, que fue planteada por las 
defensas  de  varios  procesados  (concretamente  los  señores  Junqueras,  Romeva, 
Sànchez, Rull, Turull, Cuixart y la señora Forcadell) en el fundamento de Derecho A), 
apartado 3.
Tras  un  capítulo  introductorio,  el  tribunal  sentenciador  condensa  su  respuesta  e
señalando que «como ya anticipó in voce al resolver la audiencia preliminar, reconoció el  bo
derecho de los acusados a valerse del idioma catalán, pero rechazó la posibilidad de que  57ww
mel ieinmtebrrroosg adtoerl iotr isbeu nparla clati cuatrializ maceiódnia ndtee  taraudriucucclaiórens »si.m Lualt árnaezaó,n  q–usee ñhaalbar–ía  eesx idgoidbole a:  «lolas 
aveferdctaadceióron  qsuigen iefiscaa dpor áccotincsat iptuocdiorínaa cl odnellle pvalurr irleinsgpüeiscmtoo d eeln p nriunecisptiroo  dseis pteumblaic, idcaodn»s tryu «ideol 
normativamente  a  partir  de  una  delimitación  espacial  o  territorial  de  su  respectiva 
vigencia».
A partir de este enunciado general, la sentencia aborda estos puntos en varios 
subapartados.
a)  El epígrafe 3.2.1 desarrolla la perspectiva del principio de publicidad procesal. 
Comienza declarando lo que sigue:
«Admitir la exigencia de auriculares como única forma de garantizar el derecho a 
expresarse en la propia lengua, habría implicado el sacrificio del principio de publicidad. 
Si entender las preguntas de los letrados y las respuestas de los acusados hubiera 
exigido  disponer  de  auriculares,  habríamos  excluido  de  forma  injustificada  a  todas 
aquellas personas que, hallándose en la sala de juicios o siguiendo la retransmisión 
televisada del proceso, no tuvieran a su alcance esos dispositivos. Habríamos también 
excluido  a  quienes  siguieran  el  juicio  a  través  de  una  señal  de  transmisión  cuyos 
responsables  no  consideraran  oportuno  o  rentable  incorporar  una  voz  en  off  que 
efectuara la traducción.»
A  juicio  de  la  Sala,  «se  trataría  de  un  sacrificio  innecesario  e  injustificado». 
Argumenta asimismo que ofreció, «incluso a quienes no lo habían solicitado de forma 
expresa, la posibilidad de practicar en lengua catalana los actos procesales en los que 
debieran  tener  algún  tipo  de  intervención»,  a  cuyo  fin  el  tribunal  dispuso  de  dos 
intérpretes jurados de catalán. «Sin embargo [se reseña], ninguno de los acusados quiso 
valerse  de  intérprete  para  sus  respuestas,  renunciando  expresamente  a  lo  que 
reivindicaba como su derecho y contestando el interrogatorio en castellano. El juicio, por 
tanto, se desarrolló con absoluta normalidad, sin que durante los interrogatorios se 
expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo que se estaba 
preguntando y sin que se quisiera hacer algún matiz impuesto o aconsejado por el 
empleo del idioma oficial del Estado».
«[M]uestra  de  la  fluidez,  la  precisión  y  el  dominio  de  la  lengua  castellana  que 
evidenciaron todos los procesados», sigue diciéndose, es el soporte digital en el que 
consta la grabación del juicio. «Su capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en 
algunos casos, la brillantez de sus exposiciones, disipan cualquier duda acerca de la 
alegada indefensión».
Tras insistir en que «se puso al alcance de todos los acusados que quisieran hablar 
en el idioma catalán» la posibilidad de hacerlo, sin sacrificio de la publicidad, mediante la 
alternativa del empleo de traductores jurados en interpretación sucesiva, lo que fue 
rechazado por los acusados, se niega la indefensión.
Se refiere después a la interpretación y aplicación del art. 123 LECrim [apartado 2: 
«En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la 
interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado 
anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de modo que se garantice 
suficientemente la defensa del imputado o acusado»]. Señala al respecto, que «[l]a 
primera conclusión que autoriza la lectura de este precepto es que el respeto al derecho 
fundamental de los imputados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial 
en la que se desarrolle el plenario, no se asocia a la utilización de un método de 
traducción  simultánea.  Su  empleo  no  actúa  como  presupuesto  de  validez  de  la 
declaración de los procesados. Tan idónea, a efectos de su validez procesal, es la 
utilización  de  un  mecanismo  de  traducción  simultánea  como  el  que  se  vale  de  la  s
traducción sucesiva». Y añade que, si bien es cierto que el precepto «condiciona la  oe.
decisión  por  uno  u  otro  sistema  a  que  ‘[…]  no  pueda  disponerse  del  servicio  de  w.
stinéetcgenuripcnradesat a [c…aiól]tn.e  rLnsaiam tciuviralctá.u nnNesatoa’  n[hc…aian]   qnusoei d fohu ae  rcaeozsnotadn ieclasio  nreaaczdoóonn ó nqmuueiecsa trlslae  vd[ó…e ca]i.s  ilóaTn aS measplatoá c aov i nodcpuitfailcarud platao adr  ellaas    2021-8357n https://ww
singularidad de este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado
durante cuatro meses y televisado mediante streaming en su integridad. Constatada, por
tanto, la ausencia de cualquier indefensión derivada del sistema de traducción sucesiva, 
hemos  considerado  necesario  preservar  todas  las  ventajas  y  garantías  propias  del 
principio de publicidad. Todo ciudadano que haya querido seguir el desarrollo de las 
sesiones del juicio oral ha podido hacerlo sin que la ausencia de auriculares a su alcance 
haya mermado su capacidad para formarse opinión de lo que estaba aconteciendo en la 
Sala».
b)  En los apartados 3.2.2 y 3.2.3 de la sentencia se trata del aspecto relativo al 
plurilingüismo en España y su dimensión procesal.
Comienza por reproducir el artículo 3 CE («1. El castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección») y señala que la Sala rechazó la petición de la defensa de los 
señores Junqueras y Romeva relativa a que los letrados pudieran formular sus preguntas 
en  lengua  catalana  en  aplicación  del  artículo  231.1  LOPJ,  que  «proclama  que  el 
castellano, en su condición de lengua oficial del Estado, será el idioma usado en todas 
las actuaciones judiciales». Añade que «el apartado 3 de ese mismo precepto, en 
consonancia  con  la  previsión  del  art.  3  de  la  CE,  autoriza  a  las  partes,  a  sus 
representantes, a los peritos, a los testigos y a los letrados, a valerse de una lengua 
cooficial  cuando  se  trate  de  actos  procesales  practicados  en  el  territorio  de  una 
comunidad autónoma. La sede del Tribunal Supremo, fuera de ese ámbito territorial 
explica y justifica la exclusión de esa posibilidad».
En relación con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en 
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (instrumento de ratificación publicado en el 
«BOE» núm. 222, de 15 de septiembre de 2001), invocada por las defensas, tras hacer 
una  exhaustiva  exposición  en  torno  a  su  artículo  9  y  al  quinto  informe  sobre  su 
cumplimiento  en  España,  elaborado  por  el  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las 
Administraciones Territoriales, el tribunal sentenciador declara que «la limitación territorial 
al ámbito de las comunidades autónomas vuelve a hacer acto de presencia, en la misma 
línea que ya proclamara el precepto constitucional y su desarrollo orgánico (arts. 3 CE 
y 231.3 LOPJ)». Esta misma restricción –añade– «está también definida, por ejemplo, en 
el informe sobre la aplicación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias 
en Cataluña, correspondiente a los años 2006-2008», así como en los apartados 2 y 5 
del art. 33 EAC. Y concluye señalando:
«Todo apunta, en consecuencia, a que ni la Constitución Española, ni el Estatuto de 
Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan un derecho 
incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en actuaciones 
procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio. El territorio, por tanto, 
opera como verdadero criterio delimitador de la oficialidad.»
A continuación, se refiere a la jurisprudencia constitucional (con cita y reproducción 
de parte de las SSTC 82/1986, 26 de junio, y 31/2010, 28 de junio), de donde extrae que 
«[n]o existe […] el derecho a la utilización de un mecanismo de traducción simultánea 
que obligue al Tribunal Supremo a presenciar el desarrollo de la práctica de la prueba y 
las alegaciones de las partes en un idioma distinto del idioma oficial». Agrega que «[e]se 
derecho  tampoco  lo  reconocen  los  instrumentos  jurídicos  de  ámbito  internacional 
suscritos por España para la protección de las lenguas regionales», con referencia al  e
«informe explicativo del Consejo de Europa sobre su alcance (Explanatory Report to the  bo
European Charter for Regional or Minority Languages)», que, «en su apartado 11, bajo el  57ww
itnítduilvoi du‘caolenss idnei rcaoclieocnteivso s gae nleorsa lheasb’, lanptreosc ladme au nqau lee ng‘luaa  Cmainrtoar itanroia ’, ostoorlgoa c odnecreedceh oesl 
sdaelruedcahbol ea e freecctloa mena rl al as itaupalcicióanc iódne  edsea slo cso mpruinncidipaidoes sd ye d lea  sCusa rmtai,e mlob rqouse» .conllevará un
Pese a la «claridad del cuadro normativo», insiste, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo «puso a disposición de las defensas […] dos traductores oficiales de la lengua 
catalana y concedió a los procesados la posibilidad de hacer uso de la lengua vernácula 
en sus respuestas». Se optó, señala, «por una interpretación extensiva del derecho de 
opción lingüística que otorga el art. 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, más 
allá incluso de los límites territoriales que enmarcan su ejercicio».
Finalmente reitera que «[n]o ha habido indefensión». No existió ni en la fase de 
investigación ni en el acto del juicio oral, en que «los acusados optaron por expresarse 
en castellano, renunciando de forma explícita al uso de la lengua vernácula» y a «valerse 
de los dos intérpretes de lengua catalana puestos a su disposición por el tribunal».
c)  El apartado 3.2.4 se refiere al argumento, que ya fue respondido en el auto de 27 
de  diciembre  de  2018  (que  desestimó  la  declinatoria  de  jurisdicción),  relativo  a  la 
conveniencia  del  desplazamiento  de  la  sala  de  enjuiciamiento  a  Barcelona  para  el 
desarrollo de las sesiones del juicio oral en esa ciudad, como única forma garantizar los 
derechos  lingüísticos  de  los  acusados.  Dice  al  respecto  que  «nuestro  sistema 
constitucional  no  concede  a  los  procesados  el  derecho  a  ser  enjuiciados  en  las 
proximidades  del  domicilio  familiar.  Ningún  sistema  procesal  contempla  la  cercanía 
domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal (cfr. arts. 14 
y concordantes de la LECrim)».
d)  Finalmente,  en  el  subepígrafe  3.2.5  se  da  respuesta  a  la  queja  planteada 
respecto de los testigos. Señala literalmente la Sala lo que sigue:
«A lo largo del juicio oral la utilización del idioma catalán por algunos de los testigos 
fue también objeto de alegación. Del ingente número de personas que prestaron su 
testimonio en las sesiones del plenario, solo tres anunciaron, en calidad de testigos, su 
deseo de expresarse en catalán. Dos de ellas lo hicieron mediante la presentación 
anticipada de un escrito en el registro general de la Sala, con el fin de hacer llegar al 
tribunal su determinación de responder a las preguntas de las acusaciones y defensas 
en catalán.
Las razones legales y jurisprudenciales apuntadas supra, interpretadas a la luz de los 
tratados internacionales de los que España forma parte, fueron determinantes para 
rechazar esa posibilidad. Se daba la circunstancia añadida de que esos tres testigos –un 
diputado nacional, un agente de policía autonómica y un abogado en ejercicio– no solo 
estaban directamente afectados por el mandato constitucional impuesto por el art. 3 de la 
CE,  sino  que,  precisamente  por  razón  de  sus  respectivos  cargos,  eran  perfectos 
conocedores de la lengua oficial en la que han de desarrollarse los actos procesales que 
se celebren en el Tribunal Supremo.
La irrelevancia probatoria de esos tres testimonios, una vez valorada por la Sala la 
prueba testifical, añade razones para descartar cualquier efecto negativo en el círculo de 
derechos, no ya de los procesados, sino de los propios declarantes».
Dentro del apartado 16 del mismo fundamento de Derecho A), en concreto en el 
apartado 16.3.6.7, a propósito de la denunciada vulneración del principio de igualdad de 
armas por el trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral, la 
sentencia se remite a lo trascrito con anterioridad para rechazar que la negativa a que 
los testigos declarasen en catalán menoscabara tal derecho.
4.3  Encuadramiento de la queja.
La demanda, de la que se ha dejado constancia más arriba, alude, como fundamento  s
de  esta  queja,  a  varios  derechos  fundamentales.  Su  correcto  encuadramiento,  sin  oe.
embargo, supone situar el motivo de amparo en el marco de los derechos reconocidos  w.
leenn geLul aaa  ritn.y v 2o4lac  CacmEió eynn,  cedisóepnl e dcdeíefric eaclomhsoe  n«atd een, roee ncs heuolf rsdir e lrdieniscgchüroíism dtiiceno adsce»ióf endn es(a ar.lot.s  14p roCcEe)s apdoor sr aezxóing ed, es lian   2021-8357n https://ww
embargo, algunas aclaraciones, antes de examinar el fundamento de esta queja.
a)  En nuestro sistema procesal no existe un genuino derecho de los intervinientes 
en juicio a utilizar la lengua cooficial en actuaciones judiciales desarrolladas fuera del 
territorio  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente.  A  pesar  de  reconocer  esa 
posibilidad a los procesados, justificada explícitamente en la propia sentencia recurrida 
por haber optado por una interpretación extensiva del derecho de opción lingüística que 
otorga el art. 33.1 EAC, el Tribunal Supremo subraya que «ni la Constitución Española, 
ni el Estatuto de Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan 
un derecho incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en 
actuaciones procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio».
Así es. La delimitación de la cooficialidad lingüística sobre la base del territorio en 
que tiene su sede el órgano del poder público de que se trate ha sido constante en la 
doctrina constitucional.
La STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, declaró al respecto: «según el núm. 1 del 
art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y 
entendiéndose  obviamente  aquí  por  ‘Estado’  el  conjunto  de  los  poderes  públicos 
españoles, con inclusión de los autónomos y locales, resulta que el castellano es lengua 
oficial  de  todos  los  poderes  públicos  y  en  todo  el  territorio  español.  Aunque  la 
Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la 
regulación  que  hace  de  la  materia  permite  afirmar  que  es  oficial  una  lengua, 
independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida 
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su 
relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de 
que en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la 
indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de 
lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano 
es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del 
Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, 
se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los 
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la administración central y de otras instituciones estatales en sentido 
estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la 
cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter 
estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos».
Esta misma sentencia, como nos recuerda la STC 253/2005, de 11 de octubre, 
FJ  10,  «abordó  ya  el  tema  de  la  regulación  del  uso  de  la  lengua  dentro  de  la 
administración de justicia concluyendo que en tanto en cuanto la Constitución reserva 
como competencias exclusivas del Estado la administración de justicia (art. 149.1.5) y la 
legislación procesal (art. 149.1.6) debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas 
dentro de la administración de justicia, sin perjuicio de que las comunidades autónomas 
puedan regular el alcance inherente al concepto de cooficialidad, tal y como viene 
establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en los artículos correspondientes de los 
estatutos  de  autonomía  (STC  56/1990,  de  29  de  marzo,  FJ  40,  con  cita  de  las 
SSTC 82/1986, 83/1986 y 84/1986, todas de 26 de junio, y 123/1988, de 23 de junio)».
El uso de las lenguas en el seno de la administración de justicia se reguló en el 
art. 231 LOPJ. Respecto de este precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya 
tuvimos ocasión de manifestar, que «el carácter de lengua oficial de ámbito general del 
castellano y la obligación que todos los españoles tienen de conocerlo y el derecho de  s
usarlo (art. 3.1 de la Constitución) hace que esta sea la lengua generalmente usada en el  oe.
ámbito de la administración de justicia, lo que viene a ser reconocido por el art. 231.1  w.
LOPJ.  Ahora  bien,  frente  a  esa  generalidad,  existen  comunidades  autónomas  con  57ww
deestraetcuhtoo  ddee  ucsoaorf ilcai alelidnagdu al inpgroüpísiati cean,  eels staetnuoto y  qaunete  slea st raaddmucineis, teranctrioen eostr apsú bcloicsaass,,  loe nq ueel 
p(SaTraC l a5 6a/d1m99in0i,s dtrea c2i9ó nd ed em jaursztoic,i aF Js e4 1re).conoce en los apartados 2 y 3 del art. 231 LOPJ»  BOE-A-cable e
En  relación  con  los  órganos  jurisdiccionales  de  ámbito  estatal,  condición  que 
reconoce al Tribunal Supremo el artículo 123.1 CE, y respecto de la lengua catalana, la 
STC  31/2010,  de  28  de  junio,  FJ  21,  tomando  como  punto  de  partida  la  doctrina 
constitucional antes reseñada, declaró que «el criterio territorial relevante a los efectos 
de  la  delimitación  del  poder  público  vinculado  a  las  consecuencias  de  principio 
inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la autoridad, 
no el del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último implicaría la 
sujeción de todos los órganos de ámbito estatal a los efectos de la cooficialidad de todas 
las lenguas autonómicas en cualesquiera puntos del territorio nacional; esto es, una 
vinculación por principio reservada a la única lengua española común». Subrayó también 
que la actividad de estos órganos «se ejerce con referencia no a una determinada 
comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que no puede tener cabida 
en ellos la cooficialidad idiomática»; y reiteró el criterio de delimitación competencial, de 
modo que, en este ámbito, corresponde al legislador estatal con entera libertad, dentro 
de los límites constitucionales (art. 3.1 CE), el reconocimiento o no de eficacia jurídica a 
las actuaciones desarrolladas en la lengua cooficial.
De ahí que, de acuerdo con el régimen legal vigente, contenido en el citado art. 231 
LOPJ, la posición expresada en la sentencia impugnada, según la cual los procesados 
no disponían de un derecho autónomo a declarar en lengua catalana ante el Tribunal 
Supremo, con sede en la villa de Madrid (art. 53 LOPJ), debe ser avalada por este 
tribunal.
b)  A pesar de lo anterior y como se ha adelantado, hay que destacar que la Sala 
sentenciadora  del  Tribunal  Supremo  reconoció  expresamente  el  derecho  de  los 
procesados a emplear la lengua catalana en sus declaraciones, si bien, como explica la 
propia sentencia impugnada, acordó que, para el caso de que se hiciera uso de esta 
posibilidad, habría de emplearse un sistema de traducción consecutiva –y no simultánea, 
como pretendían las defensas–, en aras de la garantía de publicidad del proceso. No fue 
siquiera controvertido, por tanto, el pretendido derecho a usar la lengua catalana, que fue 
reconocido, sino exclusivamente el sistema que habría de habilitarse para su traducción 
al castellano, lo que, pudiendo incidir en el ámbito protegido por el derecho de defensa 
(art. 24 CE), como examinaremos después, descarta el presupuesto de la denuncia de 
discriminación por razón de la lengua (art. 14 CE).
La argumentación contenida en la demanda, que sustenta la diferencia de trato en la 
superior duración de las sesiones del juicio oral derivada del empleo del sistema de 
traducción consecutiva en los interrogatorios, para el caso de que se hubiera optado por 
la utilización de la lengua catalana, llevaría a calificar de discriminatoria no ya la decisión 
del tribunal sentenciador sobre la lengua sino sobre el método de traducción. La queja 
tiene  como  presupuesto  una  mera  hipótesis  que,  aun  aceptada  a  los  efectos  del 
discurso,  resulta  manifiestamente  insuficiente  para  integrar  un  trato  peyorativo 
jurídicamente relevante. En todo caso, esa eventual prolongación temporal del juicio 
representaría  un  gravamen  leve,  un  perjuicio  mínimo  consustancial  al  empleo  de 
cualquier mecanismo de traducción y que habría de soportar el justiciable en el ejercicio 
del derecho de defensa en las condiciones de diligencia que exige el art. 24 CE, como 
veremos a continuación.
4.4  Doctrina constitucional.
El derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes en todo proceso 
judicial constituye una de las manifestaciones del derecho fundamental a obtener la  e
tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 CE, y comprende el  bo
deber de los órganos judiciales de asegurar a las partes contendientes la oportunidad de  57ww
faelebgrearro ,y  FpJr o2b;a r1 0p2ro/1c9e9s8a,l mdeen te1 8s udse  dmeareycoh, oFs J o2 ;in t1e8re/1s9e9s9 ,( SdSeT C22  2d5e/1 9f9e7b,r edroe,  1F1J  d3e, 
yc o1n4tr3a/r2ia0s0 1e, nd ee l1 e8j edrec icjuion iod,e lF Jin d3i)s, paesní scaobmleo  pdrein creippiolic adre  dciaolnétcraticdaicmcieónnt ee nla sig puoasldicaido ndees 
condiciones con las demás partes procesales (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2, 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
a)  En la STC 57/2012, de 29 de marzo, el Pleno de este tribunal ha sintetizado su 
doctrina en los siguientes términos: «‘[e]n el contexto del art. 24 de la Constitución la 
indefensión se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de 
defensa,  que  […]  si  se  produce  en  virtud  de  concretos  actos  de  los  órganos 
jurisdiccionales entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se 
ventilan intereses concernientes al sujeto, […], así como del derecho de realizar los 
alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el juez la situación que se cree 
preferible’ (STC 48/1984, de 4 de abril, FJ 1). Este tribunal también ha reiterado que para 
que ‘una irregularidad procesal o infracción de las normas de procedimiento alcance 
relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de 
defensa de quien las denuncie’ (por todas, SSTC 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 10, 
o 130/2002, de 3 de junio, FJ 4) y que ‘es necesario que la indefensión alegada sea 
imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que tenga su origen inmediato 
y  directo  en  tales  actos  u  omisiones;  esto  es,  que  sea  causada  por  la  incorrecta 
actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE 
la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de 
la parte o de los profesionales que la representen o defiendan’ (entre otras muchas, 
SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 
de mayo, FJ 2; 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5; 5/2004, de 16 de enero, FJ 6; 141/2005, 
de 6 de junio, FJ 2; 160/2009, de 29 de junio, FJ 4, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 5)». 
«No hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE 
cuando el propio interesado, ignorando o despreciando las posibilidades de subsanación 
a su alcance, no hizo lo necesario para defender sus derechos e intereses, ‘cooperando 
con ello, al menoscabo de su posición procesal’ (STC 287/2005, de 7 de noviembre, 
FJ 2)» (SSTC 14/2008, de 31 de enero, FJ 3, y 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4).
La  doctrina  constitucional  ha  venido  insistiendo  de  esta  suerte  en  la  exclusiva 
relevancia  de  la  indefensión  material:  «la  indefensión,  que  se  concibe 
constitucionalmente como una negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya 
prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 
CE, ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su 
víctima  en  una  situación  concreta  que  le  produzca  un  perjuicio,  sin  que  le  sea 
equiparable  cualquier  expectativa  de  un  peligro  o  riesgo.  Por  ello  hemos  hablado 
siempre de una indefensión ‘material’ y no formal para la cual resulta necesaria pero no 
suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo 
inexcusable la falta de esta, cuando se produce de hecho y como consecuencia de 
aquella. No basta, pues, la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o 
limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con 
todas las garantías ‘en relación con algún interés’ de quien lo invoca (STC 90/1988)» 
(STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). «Para que pueda estimarse una indefensión con 
relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar 
y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, 
sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de 
indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio 
real y efectivo para los intereses del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 
164/2005, de 20 de junio, FJ 2, y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
b)  Este tribunal se ha pronunciado también sobre la proyección en el derecho de  e.
defensa del desconocimiento de la lengua utilizada en juicio. En esta materia, que es la  w.b
aquí concernida, hemos reconocido que el derecho a ser asistido de interprete, más allá  57ww
dlae C soun rsetcitouncioócnim; dieenbteo  elengteanl deexprsree scoo m–epnr elan dLiOdoP eJ ny  eeln a lrat.  L2E4C.1r iCmE–  edne rcivuaa ndtiroe cdtiaspmoennet eq udee 
econn noizncgaúnn  scuafiscoie nptueemdeen tper oedl uccaisrsteel lainndoe –felonss iqóune;  yn os elo  ecxotmiepnrdeen daa nlo so  neos ploa ñhoalebsle nq–u ey  nnoo 
solo a los extranjeros que se encuentren en ese caso (SSTC 74/1987, de 25 de mayo,
FFJJ 3 y 4; 71/1988, de 19 de abril, FJ 2; 30/1989, de 7 de febrero, FJ 3, y 188/1991, 
de 3 de octubre, FJ 3).
En la STC 74/1987, a propósito de la constitucionalidad del art. 520.2 e) LECrim 
redactado por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la 
asistencia de intérprete por detenidos y presos, este tribunal declaró que «la atribución 
de este derecho [a ser asistido de un intérprete que deriva del desconocimiento del 
idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y 
formular  las  manifestaciones  que  considere  pertinentes],  a  los  españoles  que  no 
conozcan suficientemente el castellano y no solo a los extranjeros que se encuentren en 
ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación 
prohibida por el art. 14 de la Constitución. No cabe objetar que el castellano es la lengua 
española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla 
(art. 3.1 de la Constitución), ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o 
conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho 
fundamental,  cual  es  el  de  defensa».  Añadió  que  «ciertamente,  el  deber  de  los 
españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace suponer que ese conocimiento 
existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o 
preso  alega  verosímilmente  su  ignorancia  o  conocimiento  insuficiente  o  esta 
circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales» 
(STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con esta doctrina, íntegramente trasladable a la posición del procesado 
en juicio oral (la temprana STC 5/1984, de 24 de enero, FJ 2, ya reconoció que el 
derecho a la defensa incluye el derecho de toda persona acusada a ser asistida por un 
intérprete  cuando  no  comprenda  o  no  pueda  expresarse  fluidamente  en  el  idioma 
utilizado en el tribunal), la procedencia, en cada caso, de la asistencia de intérprete, 
exige valorar no solo el derecho y deber de conocer el castellano (art. 3 CE), sino el 
hecho concreto de la ignorancia o conocimiento precario de nuestra lengua común, en 
cuanto  afecte  al  ejercicio  de  un  derecho  fundamental,  cual  es  el  de  defensa 
(STC 71/1988, de 19 de abril, FJ 2).
4.5  Resolución de la queja.
La aplicación de la doctrina que acabamos de sintetizar nos lleva a descartar el 
fundamento de la queja.
a)  El  recurrente  conoce  y  domina  la  lengua  castellana,  por  lo  que  falta  el 
presupuesto establecido por nuestra doctrina en que sustentar la alegada indefensión. 
Este es el dato determinante para rechazar la queja. La propia sentencia impugnada 
constata  que  «el  juicio  se  desarrolló  con  absoluta  normalidad,  sin  que  durante  los 
interrogatorios se expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo 
que  se  estaba  preguntando  y  sin  que  se  quisiera  hacer  algún  matiz  impuesto  o 
aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado». El tribunal sentenciador, que 
cuenta con la inestimable ventaja de la inmediación, apreció «la fluidez, la precisión y el 
dominio de la lengua castellana que evidenciaron todos los procesados» así como «su 
capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en algunos casos, la brillantez de sus 
exposiciones». Muestra de ello, dice, es el soporte digital en el que consta la grabación 
del juicio.
El discurso argumental de la demanda cae enteramente en cuanto se constata que 
toma como punto de partida un presupuesto inexistente. Como ha quedado expuesto, el  s
empleo en el interrogatorio de la lengua catalana, con la asistencia de intérprete, solo  oe.
resultaría exigible ex art. 24.1 CE en caso de ignorancia o conocimiento precario del  w.
pcarosctbee)ls laandSooi ,s bl,oi e eqnnu tleore  ha alno tssei rdiqoour n ede esgseac daeorn.tac ulae nitnrdae efel nashióonr ain rveoccuardrean, tcea, bree haugsraergoanr  qlau ep otosdiboislid laods   2021-8357n https://ww
conferida por el órgano de enjuiciamiento de declarar en catalán, siendo asistidos por un
intérprete. La indefensión que se alega –que ya hemos descartado y que si seguimos
tomando  únicamente  por  razones  argumentativas–  solo  habría  de  imputarse  a  la 
conducta de la propia parte, debidamente asistida de abogado, lo que, como también 
veíamos, la excluye del ámbito protector del art. 24 CE.
El tribunal sentenciador expresa profusamente las razones por las que no acogió el 
sistema de traducción simultánea solicitado por las defensas, y que habría exigido a los 
miembros del órgano judicial la utilización de auriculares, y, en su lugar, puso a su 
disposición dos traductores jurados en interpretación sucesiva. Interesa ahora destacar 
que no fueron «razones económicas ligadas a los costes del proceso» ni «tampoco 
dificultades técnicas que hicieran inviable la traducción simultánea», sino la garantía del 
principio de publicidad, que aquí cobra una especial significación por «la singularidad de 
este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado durante cuatro 
meses y televisado mediante streaming en su integridad». Debemos subrayar que el 
tribunal de enjuiciamiento trató así de tutelar un valor esencial, que tiene en nuestra 
Constitución  la  doble  naturaleza  de  principio  procesal  (art.  120.1  CE)  y  derecho 
fundamental del justiciable en materia penal (art. 24.2 CE, art. 11 de la Declaración 
universal de derechos humanos, art. 14 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos y art. 6 CEDH). Según la doctrina de este tribunal, es el juicio oral, en el que se 
producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y 
peticiones definitivas de la acusación y la defensa, el acto procesal en que cobra todo su 
sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control 
de la Justicia por la comunidad (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2, con cita de la 
STC 62/1982, de 15 de octubre, haciendo suya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos expresada en las SSTEDH de 22 de febrero de 1984, asunto Sutter 
c. Suiza, y de 8 de diciembre de 1983, asuntos Pretto y otros c. Italia y Axen c. Alemania, 
y STC 174/2001, de 26 de julio, FJ 3). Hemos de recordar que la publicidad es garantía 
del justiciable frente a una Justicia secreta que escape a la fiscalización del público, y 
constituye también un medio para preservar la confianza de los ciudadanos en los 
tribunales,  de  forma  que,  al  dotar  de  transparencia  a  la  administración  de  justicia, 
contribuye a realizar los fines del derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre 
de 1983, asunto Axen c. Alemania, § 25, y STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 3).
No  procede  dirigir  reproche  en  este  aspecto  al  Tribunal  Supremo,  pues,  no 
hallándose siguiera compelido por el art. 24.1 CE a ofrecer ningún sistema de traducción 
a los procesados, como hemos dejado sentado más arriba, atendió a tan esencial bien 
jurídico al habilitar un sistema de traducción como el citado, ponderando las superiores 
ventajas que ofrecía el mismo para la publicidad del proceso frente al inconveniente de la 
eventual superior duración de los interrogatorios. Como hemos adelantado, la aplicación 
de la doctrina constitucional sobre la indefensión conduce a afirmar que esa hipotética 
prolongación  temporal  de  los  interrogatorios  y  del  propio  juicio  constituiría  un  leve 
inconveniente que asumió la sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo, y que habría 
de  soportar  el  recurrente  en  el  ejercicio  diligente  del  derecho  de  defensa,  exigible 
conforme al art. 24 CE.
c)  Respecto de las declaraciones testificales, vale lo dicho ut supra en cuanto a la 
procedencia del empleo de la lengua castellana en el juicio desarrollado en la sede del 
Tribunal Supremo.
Tampoco cabe poner en cuestión, respecto de los tres testigos que manifestaron su 
deseo de expresarse en catalán, que su grado de conocimiento de la lengua castellana 
les impidiera declarar, incidiera en el correcto entendimiento de las preguntas o en la 
emisión de las respuestas durante el interrogatorio, afectando así al ámbito protegido por  s
el derecho de defensa (art. 24.1 CE), el derecho a la prueba y a la presunción de  oe.
inocencia (art. 24.2 CE) de la parte recurrente en amparo, que es la única perspectiva  w.
que importa a este recurso. 57ww
menNoor  cfloumidpeaz rteen e setle  utrsibou ndael  llaa  alfeirnmgaucai óinn ceidfeec tunaedgaa tievna mlae ndteem  aennd ala,  scergeúdnib illaid acdu ald elal 
ptersotfiemsoionnioa.l idaTadn q uea paotdeíscotircaan  lodse cmlaargaicsitórand onso q usee i ntceoghraonn eesl ttari bucnoanl  dlea  juesxtipciear iqeunec iatu voy   BOE-A-cable e
encomendada la valoración de la prueba, órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). En 
todo caso, como hemos visto, el tribunal de enjuiciamiento, con inmediación, valora que 
estos tres testigos eran perfectos conocedores de la lengua castellana, hecho que, 
además, estimó que venía avalado por los cargos que ostentaban o la profesión que 
ejercían (se trataba de un diputado nacional, un agente de policía autonómica y un 
abogado en ejercicio). Y en cualquier caso, los testigos no mostraron dificultad alguna 
para comprender las preguntas que las partes les dirigieron, hasta el punto de que 
ninguno de ellos hizo indicación alguna al respecto.
Finalmente,  no  nos  dice  la  parte  recurrente  en  qué  aspecto  del  relato  fáctico, 
determinante de su condena, pudieron incidir estas tres declaraciones. El órgano judicial 
que valoró la prueba y, a partir de ella, confeccionó la relación de hechos probados, 
calificó esos testimonios de «irrelevantes». Descartada la utilidad de la prueba en sí 
misma, decae también el argumento que liga la supuesta merma de credibilidad de los 
testigos con el derecho de defensa, pues, en todo caso, de tal supuesto no derivó ningún 
resultado relevante. Rechazamos, por tanto, que la denunciada defectuosidad en estas 
declaraciones  testificales,  que  no  es  tal,  haya  podido  causar  a  la  parte  recurrente 
indefensión material proscrita por el artículo 24 de la Constitución.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
5.  El derecho a un juez imparcial.
El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, con 
invocación expresa del art. 24 CE y del art. 6 CEDH. El planteamiento de este motivo de 
amparo se desarrolla, a su vez, en varias quejas concretas que, sin perjuicio de su 
relación  con  el  derecho  fundamental  alegado,  presentan  una  distinta  naturaleza  y 
significación, por lo que deben ser resueltas de manera individualizada.
En efecto, la vulneración alegada se basa, por un lado, en la desestimación de las 
diversas recusaciones formuladas a lo largo de todo el procedimiento; y, por otro, en el 
denominado  como  «rol  inquisitivo»  asumido  por  el  presidente  de  la  sala  de 
enjuiciamiento, en uno de los interrogatorios llevados a cabo en el acto del juicio oral.
La pluralidad y heterogeneidad de las vulneraciones alegadas aconsejan, en este 
caso,  iniciar  su  análisis  mediante  la  reseña  de  la  doctrina  jurisprudencial  sobre  el 
derecho invocado.
5.1  Doctrina jurisprudencial.
5.1.1  Doctrina del Tribunal Constitucional.
El derecho al juez imparcial aparece expresamente reconocido en el art. 6.1 CEDH. 
Este precepto, bajo el epígrafe «Derecho a un proceso equitativo», garantiza a toda 
persona el «derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley […]».
Como es conocido, nuestro texto constitucional no recoge este derecho de forma 
singularizada. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, inicialmente, se considerara 
englobado en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (STC 47/1983, de 31 
de mayo, FJ 2). A partir de la STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 2, y, sobre todo, de la 
STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, el derecho al juez imparcial se reconoce integrado 
en el derecho a un juicio con todas las garantías, «aunque no se cite en forma expresa» 
en el art. 24.2 CE. Se continuaba así con la progresiva confluencia (art. 10.2 CE) entre  e.e
nuestra doctrina y la desarrollada por el tribunal europeo en la interpretación del art. 6.1  b
CEDH, representada en aquel momento por las SSTEDH de 1 de octubre de 1982,  57ww
palsausnmtoa dPaie prsoasctekr ico.r mBéelngtiec a–,e yn tdree  o2t6ra dse m oucctuhbarse–  deen  1la9s8 4S,S aTsEuDntHo  dDee  2C4u dbeb emr acy.o B déelg 1ic9a8,9 y, 
daesu 2n8to  dHea uoscctuhbilrdet  cd.e  D1in9a9m8,a arcsau,n dtoe  C25a sdtiello n oAvlgieamr bcr.e E dsep a1ñ9a9,3 d, ea s2u2n tdoe H joulnmio  cd. eS u1e9c8ia9,, 
asunto Langborger c. Suecia, o más recientemente, en las SSTEDH de 6 de enero
de 2010, asunto Vera Fernández-Huidobro c. España, o de 6 de noviembre de 2018, 
asunto Otegi Mondragón y otros c. España.
Este tribunal ha conformado un cuerpo doctrinal sobre el derecho al juez imparcial 
que, de forma sistematizada y en lo que ahora interesa para la resolución de este 
recurso, puede exponerse de la siguiente manera:
a)  El derecho al juez imparcial es una garantía fundamental del sistema de justicia.
Este tribunal ha afirmado que el derecho a un juez imparcial «constituye una garantía 
fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho que condiciona su 
existencia misma, ya que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. 
Por ello, la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales  (CEDH),  está  implícita  en  el  derecho  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías  (art.  24.2  CE),  con  una  especial  trascendencia  en  el  ámbito  penal.  El 
reconocimiento de este derecho exige, por estar en juego la confianza que los tribunales 
deben inspirar en  una sociedad democrática, que  se garantice al acusado que no 
concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el 
órgano judicial» (SSTC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, 
FJ 2).
En efecto, «ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y 
someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas 
esenciales  que  caracterizan  la  función  jurisdiccional  desempeñada  por  jueces  y 
magistrados» (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley 
supone  que  la  libertad  de  criterio  en  que  estriba  la  independencia  judicial  no  sea 
orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del 
Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que 
no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de 
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición 
anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 
de mayo, FJ 3).
b)  La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva.
En línea con lo anterior, «se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, 
que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que 
se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una 
imparcialidad objetiva; es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que 
el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él (así, 
SSTC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de 
febrero, FJ 4)» (STC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la 
imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con 
las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive 
su vertiente objetiva, […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que 
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni 
prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
c)  La imparcialidad objetiva debe ser ponderada en cada caso concreto.
Como  «causas  significativas  de  tal  posible  inclinación  previa  objetiva»  se  han  e.
considerado la «realización de actos de instrucción, que pueden suponer un contacto  w.b
con el litigio que dificulte su correcto enjuiciamiento posterior; la adopción de decisiones  57ww
upnreav iainss tqaunec iaco manptoerrtieonr  udne l jumicisiom aon tpicriopcaedsoo  d(eS ScuTlCpa b1i5lid7a/1d9; 9o3 ,l ad ien te6r vdeen cimóna ypor,e vFiaJ  e3n; 
d2e9 91/129 d9e4 , judnei o1, 4F Jd e3 ;n SovTiEemDHbr ed,e F 2J3 3 d; e1 6m2a/1y9o9 d9e,  d1e9 9217,  cdaes soe Optbieemrsbcrhel,ic Fk,J  §5 ;4 81 5a1 /5220)0 0o,, 
más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior
(SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4; y SSTEDH de 7 de 
agosto de 1996, caso Ferrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, caso De 
Haan).  Debemos  subrayar  en  cualquier  caso  que  ni  esta  relación  de  causas  de 
parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos 
comporta necesariamente tal tacha, cuestión que habrá de analizarse en cada caso a la 
luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
«La  concreción  de  esta  doctrina  constitucional  [se  continúa  apuntando]  se  ha 
producido principalmente al estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y 
de enjuiciamiento, pero sin perder de vista que lo decisivo es el criterio material que 
anima  la  apreciación  de  la  pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de 
actuación judicial del que pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] 
‘la determinación de cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada 
caso considerar como objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial 
no está vinculada tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas 
que queden vedadas al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada 
supuesto en particular, de si la intervención previa en la que el interesado centra sus 
dudas  ha  sido  realizada  por  el  órgano  judicial  teniendo  que  adoptar  una  decisión 
valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que deben 
ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello 
porque la imparcialidad trata de garantizar también que el juzgador se mantenga ajeno, 
específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta 
sea solo indiciaria y provisional’ […] deben considerarse objetivamente justificadas las 
dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, 
cuando  la  decisión  a  la  que  se  pretende  vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se 
fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían 
propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este 
modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
d)  La imparcialidad judicial se presume.
Según la misma doctrina, «aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias 
son  muy  importantes  […],  no  basta  con  que  tales  dudas  o  sospechas  sobre  [la] 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a 
caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan 
objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 
140/2004,  de  13  de  septiembre,  FJ  4).  Por  ello,  la  imparcialidad  del  juez  ha  de 
presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, 
de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas 
tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o 
analógicas» (STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e)  El  derecho  al  juez  imparcial  debe  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de 
recusación.
El  instrumento  primordial  para  preservar  el  derecho  al  juez  imparcial  es  la 
recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante 
un presupuesto procesal del recurso de amparo por la supuesta vulneración del derecho 
al juez imparcial, sino que el derecho a recusar se integra, asimismo, en el contenido del 
derecho a un proceso público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE 
(STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por tanto, la privación de la posibilidad de 
ejercer  la  recusación  «implica  la  restricción  de  una  garantía  esencial  que  aparece  s
establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador  oe.
protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993,  w.
de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre,  57ww
FJ 1f0) )»E (lS iTnCci d1e1n6t/e2 0d0e8 ,r edceu 1s3a cdióen o cptuuebdree,  sFeJr  2r)e.chazado a limine, incluso por el órgano
recusado.
Aunque la «regla general es, […] que el órgano recusado ha de dar curso a la 
recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha 
la parcialidad» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2), eso «no significa […] que en casos 
muy excepcionales la recusación no pueda rechazarse de plano por el propio órgano 
recusado, lo que resulta constitucionalmente admisible, a decir de la STC 47/1982, de 12 
de julio, cuando se propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los 
presupuestos de admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que 
afectan a la esencia del procedimiento (entre ellos, la extemporaneidad), cuando no se 
alega la causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se 
establecen los hechos que le sirven de fundamento (FJ 3). […] En el mismo sentido 
dijimos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, que ‘la inadmisión liminar de la 
recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de 
abstención como en su invocación arbitraria’ [mientras que] en la ya citada STC 47/1982, 
de 12 de julio, analizando un supuesto de rechazo a limine de la recusación por los 
propios recusados, ya admitimos que tal rechazo ‘puede producirse por incumplimiento 
de los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento’ (FJ 3), entre los 
que, a tenor de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, ha de incluirse la formulación de la 
recusación en plazo» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 3). En esta misma resolución se 
añadía  que  el  rechazo  liminar  de  la  recusación  puede  acordarse  cuando  «la 
improcedencia de la recusación […] pueda apreciarse prima facie de modo manifiesto, 
claro y terminante y, además, que la tramitación ordinaria del incidente pueda causar 
perjuicios relevantes al proceso principal» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 6).
Finalmente, la STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a 
plantear la recusación, inserto, a su vez, en el derecho a la imparcialidad del juzgador, 
está sujeto a configuración legal (SSTC 32/1994, de 31 de enero, FJ 4; y 137/1994, de 9 
de mayo, FJ único) en las normas orgánicas y procesales […]. Pues bien, [esa] exigencia 
legal  de  que  la  recusación  se  proponga  tan  luego  o  tan  pronto  como  se  tenga 
conocimiento de la existencia de la causa que la funde no carece de toda trascendencia 
constitucional. […] Por ello es lícito que el legislador imponga la carga de impugnar esa 
idoneidad subjetiva con premura y que, en consecuencia, limite o excluya la posibilidad 
de  la  invocación  tardía  de  la  causa  de  recusación.  […]  Resulta,  en  consecuencia, 
constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto 
si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la 
sentencia,  como  la  realidad  de  la  concurrencia  de  la  causa  de  recusación  que 
eventualmente se invoque».
5.1.2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la 
que, desde sus primeras resoluciones, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, como expresión de una cultura jurídica común a nivel 
europeo.  En  efecto,  aunque  se  observa  alguna  diferencia  en  los  criterios  de 
sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son 
esencialmente coincidentes.
Así, en la STEDH de 6 de noviembre de 2018, asunto Otegi Mondragón y otros c. 
España, § 52 a 57, con cita de otras anteriores, se realiza una exposición de los 
principios generales en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de 
la siguiente manera.
a)  La imparcialidad judicial comprende dos perspectivas: subjetiva y objetiva. El  oe.
tribunal europeo expone que «la existencia de imparcialidad a los efectos del artículo 6.1  w.
ca[ConEnavDliizcHac]ni oddnoee bses  i speeerrl  saojnunaealzilze assd eay   deeenl  caoccnoutmerarpdbooar  tcaoamnfei ecuntnat odc ori dteepr oioru  sncu ubjuajeelqtziuv oiee,r n te pnprieaejrnutdiiccoui olea nrp;  ceeursseo nntdaae l claiors,    2021-8357n https://ww
predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio
objetivo; es decir, analizando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su
composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a 
su imparcialidad (véase, por ejemplo, STEDH de 15 de diciembre de 2005, asunto 
Kyprianou v. Chipre [GC] § 118, y STEDH, de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef v. 
Malta [GC], § 93)».
b)  Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas. El tribunal 
reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, 
pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre 
su imparcialidad por parte del observador externo (criterio objetivo) sino también entrañar 
el  análisis  de  sus  convicciones  personales  (criterio  subjetivo)  (véase  Kyprianou, 
anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil 
encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva 
de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 
adicional (véase Pullar v. Reino Unido, de 10 de junio de 1996, § 32, Informes 1996-III)».
c)  La imparcialidad judicial se presume. En relación con el criterio subjetivo, el 
«principio  según  el  cual  a  un  tribunal  se  le  debe  presumir  carente  de  prejuicios 
personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este tribunal 
(véase Kyprianou, anteriormente citado, § 119, y Micallef, anteriormente citado, § 94). La 
imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario 
(véase Hauschildt v. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989, § 47, Serie A n.º 154). 
Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, 
requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones 
personales (véase De Cubber v. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A n.º 
86)».
d)  La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso 
concreto. En relación con el criterio objetivo, se deben «analizar los vínculos jerárquicos 
o  de  otra  naturaleza  que  existen  entre  el  juez  y  los  otros  protagonistas  de  un 
procedimiento (ibid. § 97). Por lo tanto, se debe examinar en cada caso concreto si es de 
tal naturaleza e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad por parte del 
tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38)».
e)  La importancia de la apariencia de imparcialidad. Como es conocido, el tribunal 
europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, 
en otras palabras, ‘la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser 
aparente que se administra’ (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está 
en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una 
sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un 
motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo 
Algar  v.  España,  de  28  de  octubre  de  1998,  §  45,  Informes  1998-VIII;  y  Micallef, 
anteriormente citado, § 98)».
f)  Las  dudas  sobre  la  imparcialidad  han  de  estar  objetivamente  justificadas. 
Finalmente, y en todo caso, «se debe analizar si, con independencia del comportamiento 
del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. 
Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón 
justificada para temer que un juez o un tribunal carecen de imparcialidad, el punto de 
vista de la persona afectada es importante pero no decisivo. Lo que es decisivo es 
determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente justificado (véase Micallef, 
anteriormente citado, § 96)».
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas, siguiendo el  e.
orden propuesto en el escrito de demanda. w.b
5.2.  La recusación del magistrado instructor.
5.2.1  Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona la imparcialidad del magistrado instructor, que se concreta en 
la pérdida de la necesaria equidistancia con los hechos investigados. Se basa para ello, 
esencialmente, en la expresión «la estrategia que sufrimos», que se contiene en la 
página 54 del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018. Con esa expresión, el 
magistrado se estaría colocando a sí mismo como víctima de la infracción delictiva 
investigada, lo que determinaría la concurrencia de la causa de abstención y/o de 
recusación prevista en el art. 219.10 LOPJ; es decir, «[t]ener interés directo o indirecto 
en el pleito o causa». La misma expresión se contiene en el auto de 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por uno de los procesados.
El recurrente puso de manifiesto esta cuestión, por adhesión a los argumentos 
expuestos por otra de las partes, en el trámite del recurso de apelación interpuesto 
contra el auto de 9 de mayo de 2018 por el que se desestimaron los recursos de reforma 
planteados, a su vez, contra el auto de procesamiento. Esta pretensión fue reiterada en 
fecha 12 de febrero de 2019, en el trámite de cuestiones previas.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal plantea inicialmente un óbice 
procesal de inadmisión, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con 
el art. 44.1 c) LOTC. No obstante, se pronuncia también sobre el fondo para descartar la 
vulneración denunciada. A juicio del fiscal, la expresión controvertida debe interpretarse 
como un sentimiento colectivo, no como un interés singularizado del magistrado, además 
de tratarse de una expresión aislada, sin relevancia para las actuaciones de instrucción. 
El abogado del Estado señala que la expresión guarda directa relación con la descripción 
que se hace en el auto de procesamiento sobre el contenido del Libro Blanco; mientras 
que el partido político Vox argumenta que las alegaciones del recurrente son «meras 
sospechas» que no resultan objetivamente justificadas.
5.2.2  Respuesta del órgano judicial.
La causa de recusación alegada fue inicialmente rechazada por la sala de recursos 
en su auto de 18 de junio de 2018, por el que se desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por otro procesado contra el auto de 12 de abril de 2018, por el que se le 
denegó la libertad interesada. Decisión que fue reiterada, por remisión, en el auto de 26 
de junio de 2018, por el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos 
contra el auto de 9 de mayo de 2018. La decisión de la sala de recursos fue avalada y 
confirmada por la sala de enjuiciamiento en la sentencia ahora impugnada.
En su fundamento de Derecho A), apartado 5.5.2, la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo se remite a los argumentos ofrecidos por la sala de recursos. Más en concreto, 
señala que la «queja […] desenfoca y descontextualiza el sentido de las expresiones 
utilizadas por el magistrado instructor, tiñendo así de falta de imparcialidad lo que ha de 
ser  entendido  como  una  percepción  generalizada  de  la  forma  en  que  se  fueron 
desarrollando los acontecimientos en Cataluña, con ocasión de exponer el instructor el 
desarrollo de la estrategia secesionista que se recogía en el Libro Blanco que era objeto 
de explicación y comentario en la resolución recurrida». La expresión controvertida «ha 
de  entenderse  como  la  expresión  de  la  incomodidad  o  desazón  que  generaba  la 
repetición de noticias e imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes 
horas del día relacionadas con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en 
el día a día se iban produciendo. […] Sin embargo, una referencia incidental de esa  e.
índole en la redacción de una resolución judicial nada tiene que ver con una posible  w.
pérdida de imparcialidad a la hora de adoptar una decisión sobre el caso. Atribuir a una  57ww
deexp irmespiaórnc idaelid easda  nnoast ullreavleazríaa  laas u cnoansn ocotancsioencuees npcrioapsi atasn d dee usnm seisgunroa dreavse yla ddoisrt odres ipoénraddidaas 
Pquuee sh, adríea  mapuliyc adrisfíec ill ocse lebbarraerm uons  juqiuceio  poo rsetuallaiz alra  udneaf einnvseas tpigaarac ióvna leonra er l qáumeb eitoxi sjuted icuinaal.   BOE-A-cable e
pérdida de imparcialidad, habría que anular todos aquellos procedimientos en los que la 
actitud poco comedida o desabrida de un acusado, o simplemente la pesadez o el 
incordio de uno de los protagonistas de un juicio, generara un estado de desazón o una 
sensación de molestia o de incomodidad en el juzgador que pudiera afectar a su grado 
de imparcialidad a la hora de enjuiciar un caso». Para el Tribunal Supremo, estos 
razonamientos permiten descartar la vulneración del derecho al juez imparcial por parte 
del magistrado instructor.
5.2.3  Resolución de la queja.
a)  La expresión controvertida («la estrategia que sufrimos») se contiene en el auto 
de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018. Se inserta en el marco de una 
detallada  exposición  de  los  elementos  fácticos  que  sustentaban  la  fundamentación 
jurídica del auto. Más en concreto, dentro del apartado 38 del antecedente de hecho 
único, bajo el epígrafe «una posible actividad delictiva en desarrollo, con un relevo en los 
partícipes», en la página 54. Se trataba de una descripción de la estrategia contenida en 
el denominado Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña, en el que se 
planteaban los distintos escenarios frente a la respuesta del Estado ante la actuación 
planificada por las distintas autoridades y organizaciones sociales de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña que promovieron las actuaciones objeto de enjuiciamiento. Entre 
esos escenarios se abordaba una posible sucesión o relevo de los autores de esa 
actuación, lo que da título al apartado 38. En una frase introductoria de la parte final de 
esa estrategia se reseña la expresión controvertida: «Y termina el relato de la estrategia 
que sufrimos diciendo, inmediatamente después […]», extractando a continuación un 
párrafo  del  Libro  Blanco.  Como  ya  se  expuso,  esta  misma  expresión  se  recoge 
igualmente en el auto dictado por el magistrado instructor en fecha 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por uno de los procesados.
b)  Con carácter previo al análisis de este motivo de amparo, se hace necesario 
abordar  el  óbice  procesal  planteado  por  el  Ministerio  Fiscal  en  relación  con  esta 
alegación. Para el fiscal, esta causa de recusación no fue planteada en el momento 
procesal oportuno; es decir, cuando fue notificado el auto de procesamiento. Por el 
contrario, esta alegación fue invocada por el recurrente por adhesión a lo expuesto por 
otra  parte,  en  el  trámite  del  recurso  de  apelación  interpuesto  contra  el  auto  de 
desestimación del recurso de reforma contra el auto de procesamiento. Ulteriormente, se 
volvió  a  plantear  en  el  trámite  de  cuestiones  previas,  al  inicio  del  juicio  oral.  En 
consecuencia, entiende el fiscal que concurre la causa de inadmisión prevista en el 
art. 50.1 a) LOTC, en relación con lo dispuesto en el art. 44.1 c) LOTC. Lo que ha de 
ponerse en relación, a su vez, con la infracción de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, 
cuando  señala  que  la  recusación  «deberá  proponerse  tan  pronto  como  se  tenga 
conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite».
Efectivamente,  el  examen  de  los  motivos  que  integran  la  demanda  de  amparo 
requiere, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el 
proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, 
una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». La finalidad de esta norma es la 
de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo (por todas, SSTC 42/2010, 
de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2). Este elemento teleológico ha guiado la interpretación de este requisito y el 
contenido  mínimo  de  la  invocación  para  que  pueda  considerarse  cumplido.  En  tal 
sentido, «el tribunal ha rechazado una interpretación literal o excesivamente rigorista de  e
este requisito, aunque [no hasta el punto de] un vaciamiento absoluto de un precepto  bo
legal cuya ordenación responde a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo que se  57ww
sdue spprroetnedcec icólna raym heancteer  dpeol sairbt.l e5, 3c.2o nC Es,u y  inevl otictualcairó dne, l qdueere echl oó rfguanndoa mjuednitcaila dl erbeem efadcieili talar 
pProers eulnlota,  evsiotela tcriibóunn dael lh aco erxreigsipdoon qduieen, tael  mdeerneocsh,o l»a  (inSvToCc a1c1ió/2n0 f2o0rm, dael  s2e8 h daeg ae «ndeero m, FaJn e5r)a. 
que se cumpla la finalidad perseguida con aquel requisito, lo que significa que se ha de
ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, pueda entrarse a conocer de las 
concretas vulneraciones después aducidas en el recurso de amparo, lo que requiere, al 
menos,  una  delimitación  del  contenido  del  derecho  que  se  dice  vulnerado» 
(STC 11/2020, FJ 5).
En el presente caso, tiene razón el Ministerio Fiscal. Un análisis de las actuaciones 
pone de manifiesto que el motivo alegado no fue articulado en el momento procesal 
oportuno, ni a través del cauce procesal indicado por la ley.
Como se ha señalado, las dudas sobre la imparcialidad judicial han de hacerse valer 
a través del incidente de recusación correspondiente, hasta el punto de que la posibilidad 
de recusar se integra en el derecho a un proceso con todas las garantías (STC 116/2008, 
de 13 de octubre, FJ 2). El incidente de recusación se convierte, por tanto, en el 
instrumento idóneo para invocar una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no 
hacerse así, no solo se renuncia al ejercicio del derecho a recusar en tiempo y forma, 
como expresión del derecho al juez imparcial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). También se impide la práctica de la prueba que se 
estime pertinente (art. 225 LOPJ), así como la instrucción y resolución del incidente por 
los órganos legalmente competentes (arts. 224 y 227 LOPJ). Del mismo modo, se 
imposibilita que el magistrado recusado pueda ofrecer las explicaciones que entienda 
procedentes sobre la cuestión sometida a controversia. El incidente de recusación es 
una  garantía  para  quien  recusa,  porque  permite  una  eventual  reparación  de  la 
vulneración alegada mediante el apartamiento del magistrado, pero también para el 
recusado, porque impide –en su caso– una indebida exclusión del conocimiento del 
asunto que legalmente le está encomendado.
El recurrente tenía que haber planteado el incidente de recusación cuando le fue 
notificado el auto de 21 de marzo de 2018 en el que se contenía la expresión discutida. 
Sin embargo, además de no plantear el incidente, ni siquiera recurrió en reforma ese 
auto por el motivo que ahora alega. En realidad, no invocó formalmente la vulneración 
del  derecho  a  un  juez  imparcial.  En  lugar  de  eso,  lo  que  hizo  fue  adherirse 
genéricamente al recurso de apelación interpuesto por otra parte contra el auto de 9 de 
mayo de 2018 que resolvía el recurso de reforma frente al auto de 21 de marzo de 2018. 
En un escrito fechado el 24 de mayo de 2018, el recurrente simplemente formuló una 
adhesión genérica al recurso interpuesto por la representación de doña Carme Forcadell, 
en el que sí se alegaba la vulneración del derecho al juez imparcial. Es decir, se trataba 
de una invocación general, inconcreta e indirecta que, además, se planteaba contra una 
resolución distinta de la que motivaba la causa de recusación. En esos términos, el 
órgano judicial no podía entrar a valorar la concreta cuestión ahora invocada por el 
recurrente. De hecho, el auto de 26 de junio de 2018 se limitaba a señalar, en respuesta 
a la vulneración alegada por otra de las partes recurrentes, que «el mecanismo procesal 
para hacer valer las dudas sobre la imparcialidad o las afirmaciones sobre la ausencia de 
la misma es la recusación, que tiene su propia regulación legal» (FJ 3.2); mientras que 
en el fundamento de Derecho séptimo, apartado 5, destacaba que la «cuestión relativa a 
la imparcialidad del instructor ya ha sido examinada».
Como es conocido (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2, y más recientemente 
en STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos insubsanables de que 
pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan reparados porque haya sido 
inicialmente  admitido  a  trámite  (por  todas,  SSTC  18/2002,  de  28  de  enero,  FJ  3, 
y  158/2002,  de  16  de  septiembre,  FJ  2),  de  forma  que  la  comprobación  de  los 
presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o  s
reconsiderar  en  la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar  a  un  oe.
pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello  w.
constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53  57ww
yL O17T4C/ 2(0p1o1r,  tdoed a7s d, eS nToCv ie6m9/b2r0e0, 4F,J  d2e). 19 de abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de junio, FJ 2,
frenEten  ae suten ac arseos,o llau cinióvno cdaecli ómn efuse  deex temmaprzoor,á nye afo, rymaa qlmuee nstee  foinrmdeublóid ae,n  peol rm neos  dhea bmearsyeo   BOE-A-cable e
planteado a través de un incidente de recusación, pudiendo hacerlo. En consecuencia, la 
pretensión  incurre  en  causa  de  inadmisión  del  recurso  de  amparo  en  este  punto, 
conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con su art. 44.1 c).
c)  No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la 
sala  de  recursos  como  el  tribunal  sentenciador  entraron  a  valorar  el  fondo  de  la 
pretensión ahora formulada, a instancia de otras partes o en momentos procesales 
ulteriores. Esto permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, el motivo no 
podría haber prosperado en los términos en que ha sido planteado.
(i)  Como se ha expuesto, este tribunal tiene declarado que la imparcialidad judicial 
se presume, y que las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo 
que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda 
derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada. Aunque en 
esta materia son importantes las apariencias, la imparcialidad del órgano jurisdiccional 
no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente o de 
sus convicciones personales.
La causa de recusación invocada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». Como se deduce de lo expuesto en el 
ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 7, esta causa de abstención y/o recusación hace 
referencia a la relación del magistrado con el objeto del procedimiento, de manera que le 
pueda «afectar directa y especialmente», o pueda derivarse del mismo algún «beneficio 
o perjuicio». En esa resolución también se señalaba que, partiendo de la acepción de la 
palabra  «interés»  recogida  en  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  como 
«inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración», se ha afirmado 
que «las manifestaciones o expresiones de opiniones e ideas relacionadas con el objeto 
del proceso […] pueden ser exponente en algunos casos del ‘interés’ a que se refiere el 
art. 219.10 LOPJ, y determinar por tanto la recusación del magistrado de que se trate».
El  análisis  de  la  expresión  impugnada  permite  descartar  cualquier  indicio  de 
parcialidad, sin alterar su literalidad ni el sentido o contexto en que fue utilizada. Se 
podrá  discutir  la  mayor  o  menor  fortuna  en  la  elección  del  verbo  empleado,  cuya 
pertinencia no ha podido ser explicada por el magistrado instructor, precisamente porque 
se ha omitido su informe al no haberse planteado un incidente de recusación. No 
obstante, ese verbo no puede ser necesariamente identificado con una pérdida de la 
imparcialidad del magistrado instructor. Es decir, la propia dimensión objetiva de la 
expresión no puede transmitir una imagen o una apariencia de parcialidad.
(ii)  El recurrente afirma que la palabra «sufrimos» implica la asunción de la posición 
de víctima del magistrado instructor. Lo cierto es que el recurso parte de una premisa 
errónea.  Los  hechos  objeto  de  investigación  estaban  siendo  calificados  como 
constitutivos de unos delitos que, en el caso de la rebelión (arts. 472 y ss. CP) afecta al 
orden constitucional (título veintiuno del libro segundo), mientras que en el caso de la 
sedición (arts. 544 y ss. CP) atenta contra el orden público (título veintidós del libro 
segundo). En ambos supuestos, se estaba en presencia de infracciones delictivas que 
afectaban  a  bienes  jurídicos  colectivos:  ya  sea  a  todo  el  régimen  de  ejercicio  de 
derechos y libertades ciudadanas, o al funcionamiento regular de las instituciones. Por 
eso, la expresión discutida no puede implicar la asunción de la condición de víctima del 
delito, porque las figuras delictivas investigadas carecen de sujeto pasivo concreto y 
determinado.
Del mismo modo, la expresión impugnada no suponía una toma de partido por 
alguna  de  las  partes  con  la  consiguiente  animadversión  hacia  las  otras,  ni  la  e.
manifestación de un ánimo o interés personal sobre el sentido que debía tomar la  w.b
resolución  final  del  procedimiento.  Lo  cual  es  compatible  con  el  hecho  de  que  el  57ww
emxaisgtiesntrcaidao d ein isntdruicciotosr  dvealicytaiv oass uym diee nsduo a uutnoarí ap, rloo gqrueesi veas  ccoonnsvuicsctaiónnc iajul rcíodnic as u spoobsriec iólna 
ifmunpcaiorcniaalli deand . el  proceso,  que  no  puede  determinar,  por  sí  sola,  una  pérdida  de
Precisamente en esta línea, también debe señalarse que se trata de una expresión 
cuya contextualización no puede analizarse al margen de la naturaleza de la extensa 
resolución judicial en que fue empleada.
(iii)  En efecto, «[e]n la STC 27/2019, de 26 de febrero, hemos recordado «la 
naturaleza  provisional  de  la  imputación  precisa  y  formal  en  que  el  procesamiento 
consiste (SSTC 41/1982, de 2 de julio, FJ 2; 104/1985, de 4 de octubre, FJ 2; 70/1986, 
de 31 de mayo, FJ 2; o 37/1989, de 15 de febrero, FJ 3), dado que no se dirige sino a 
delimitar objetiva y subjetivamente el objeto de la investigación desde que el instructor 
aprecie en la causa la existencia de indicios racionales de criminalidad». […] «[…] 
Añadíamos entonces que ‘el procesamiento no implica, evidentemente, la imposición de 
una pena. Constituye solo una resolución judicial de imputación formal y provisional que 
ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no 
implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación del propio instructor, 
que puede revocar el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su 
adopción’»» [STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 9 A)].
Lo anterior supone que no todas las expresiones fácticas recogidas en un auto de 
procesamiento tienen un grado de vinculación absoluta para la delimitación del objeto del 
proceso ni para su resolución final. Lo relevante, desde la perspectiva del principio 
acusatorio y del derecho de defensa, es que se respete el núcleo esencial de los hechos 
atribuidos a la persona investigada a los efectos de formular, en su caso, la acusación; y 
que exista una correlación o coherencia, a su vez, entre el núcleo esencial de los hechos 
objeto de acusación y la sentencia que ponga fin al procedimiento (ver, por todas, 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 4).
d)  En  el  caso  concreto,  el  recurrente  pretende  que  la  frase  cuestionada  lleve 
aparejada la nulidad de todo el procedimiento y, señaladamente, de una resolución 
completamente desconectada jurídicamente; es decir, distinta y autónoma como es la 
sentencia  condenatoria.  Ese  hipotético  grado  de  conexión  entre  la  vulneración 
denunciada y el devenir final del proceso ha de ser objeto de una valoración de las 
circunstancias del caso concreto que, necesariamente, no puede ser apriorística. Como 
señalaba la STC 23/2016, de 15 de febrero, FJ 3, no es posible descartar que la 
reparación de una eventual lesión de un derecho fundamental mediante la nulidad con 
retroacción de actuaciones, «entre en conflicto con otros derechos, bienes y valores 
también constitucionales y dignos de tutela. En tales supuestos, por exigencia derivada 
de  la  eficacia  propia  de  tales  derechos  y  valores,  así  como  del  valor  ‘justicia’ 
(SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 50/1995, de 23 de febrero, FJ 7; 173/1995, 
de 21 de noviembre, FJ 2), del principio del Estado de Derecho (STC 160/1987, de 27 de 
octubre, FJ 6), […], la solución habrá de adoptarse previa ponderación de los derechos y 
valores  constitucionales  en  conflicto,  con  respeto  a  su  contenido,  observancia  del 
principio de proporcionalidad, y motivación del juicio de ponderación (SSTC 85/1992, 
de 8 de junio, FJ 4, y 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 2)».
Para  este  tribunal,  la  expresión  analizada  puede  considerarse  inocua  desde  la 
perspectiva de la afectación material del derecho fundamental invocado y, por lo tanto, el 
ejercicio ponderativo no puede resolverse mediante la estimación de la pretensión del 
recurrente. El verbo empleado no fue determinante para la decisión adoptada en el auto 
de procesamiento, ni tuvo relevancia alguna para la formulación de los escritos de 
calificación provisional ni para la sentencia condenatoria. De esa expresión no se dedujo 
una desventaja para el procesado, ni una falta de equidad o una discriminación en el 
trato  dispensado  por  el  magistrado  instructor,  de  las  que  pudiera  deducirse  un  e.
posicionamiento en su perjuicio, indicativo de una falta de imparcialidad. Esto no significa  w.b
que el derecho fundamental al juez imparcial requiera un resultado material para apreciar  57ww
lian telerspiróenta aclieógna ddea .u Pnear eox, ptarel syi ócno,m soi  nhoa  vsaid aoc foomrmpauñlaaddoa e dl er eaclugrúsno ,o tnroo  bealesmtae ncoton  fuánctaic mo edreal 
que,E rla pcliaonntaelmamenietnet,o p udeedl are dceudrsuoc iresse  ausniam oisbmjeoti vma afanlitfaie dstea mimepnatrec idaelidsapdro.porcionado. Una
sola frase incluida en una amplia resolución judicial, en la que se exponen elementos
indiciarios, no puede suponer una quiebra del principio de imparcialidad determinante de 
la nulidad de todo el procedimiento.
Por otro lado, la demanda se refiere no solo a la actuación del magistrado instructor, 
sino que, por extensión, se dirige también contra la sala de recursos y contra el tribunal 
sentenciador,  al  desestimar  las  alegaciones  sobre  esta  cuestión.  En  la  sentencia 
impugnada [fundamento jurídico A), apartado 5.5.2] se deslizan expresiones que, de 
nuevo, son impugnadas por el recurrente. Se trata de palabras como «desazón», «tedio» 
o «atosigamiento» que el demandante considera impropias de una resolución judicial, 
porque denotan una pérdida de la debida imparcialidad.
Sin embargo, esas expresiones no suponen para este tribunal la evocación de un 
interés indebido en el objeto del proceso. La sala de enjuiciamiento se remite a las 
palabras contenidas en el auto de 18 de junio de 2018 dictado por la sala de recursos. El 
tribunal sentenciador tampoco hace suyas las palabras del magistrado instructor, sino 
que utiliza esas otras palabras con la pretensión de explicar o interpretar la locución 
impugnada. Unas expresiones que no son, en sí mismas, indicativas de una determinada 
posición procesal y que, en definitiva, no pueden suponer una pérdida de la debida 
imparcialidad.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
5.3.  La recusación del magistrado de la sala de recursos, señor Monterde Ferrer.
5.3.1  Posiciones de las partes.
El  recurrente  impugna  en  su  demanda  la  desestimación  de  las  recusaciones 
formuladas contra el magistrado señor Monterde Ferrer, uno de los integrantes de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma sucinta, se considera 
que el magistrado no reunía las condiciones de imparcialidad, debido a que ocupaba el 
cargo de vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Esta 
asociación judicial desarrolló una campaña a través de la red social Twitter, en la que 
tomó partido en contra de los procesados en esta causa. En concreto, los mensajes de 
los que se derivaría esa pérdida de imparcialidad serían los siguientes:
a)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la delegación en Cataluña de la APM, con 
expresión de su fecha y contenido:
– 29 de enero de 2018. Se muestra «preocupada» por los hechos sucedidos en 
Barcelona el día 20 de septiembre de 2017.
– 27  de  enero  de  2018.  Se  critica  a  los  ciudadanos,  a  los  que  se  califica  de 
«amarillistas», que piden la libertad del procesado don Jordi Sánchez, y se reenvía la 
información remitida por un tercero en la que se hace referencia a un «piquete golpista».
– 24  de  enero  de  2018.  Se  califican  como  «dinámica  anticonstitucional» 
determinadas expresiones contenidas en una carta elaborada por el procesado don 
Joaquín  Forn,  como  integrante  de  Junts  per  Catalunya,  del  que  formaba  parte  el 
procesado don Jordi Sànchez.
– A finales de noviembre de 2017. Se difunde un texto en inglés, cuya autoría 
pertenece a un tercero, que incluye una fotografía del procesado don Jordi Sànchez, 
altavoz  en  mano,  atribuyéndole  haber  incitado  a  miles  de  personas  a  rodear  una 
comisión judicial y destruir coches policiales.
– 24 de noviembre de 2017. Se critica a la alcaldesa de Barcelona por pedir la 
libertad de los procesados en la causa. e.e
– 22 de noviembre de 2017. Se califica a la ANC como «brazo civil de la trama  b
secesionista». 57ww
Jose–p  2R2 udlle  yn odvoienm Jborred id eT u2r0u1ll,7 .s Sober eh ascue  aucnaat aremfeiernetnoc iaa  dlair eCctoan sat itlousc iópnro, cmeseaddiaonst ed olan 
expr–e s5ió dne i rnóonvicieam: «bcreó mdoe  h2a0n1 7c.a Smeb icaadliofi claas a c olas aAsN»C. como «movilizador de masas contra
el Estado de Derecho».
– 27 de septiembre de 2017. Se reenvía un artículo de un tercero, en el que se alude 
a actuar «sin medias tintas» ante el «desafío separatista».
b)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la Asociación Profesional de la Magistratura.
– 3 de noviembre de 2017. Se hace una referencia a la entonces magistrada de la 
Audiencia Nacional, señora Lamela, de la que se dice irónicamente que se levantó «con 
el pie izquierdo» y decidió enviar a todos los encausados a prisión.
– 27 de octubre de 2017. Se hace un comentario sobre unas declaraciones públicas 
del exmagistrado señor Martín-Pallín, en el que se pregunta si «¿dejamos impunes a los 
delincuentes?».
Según la demanda, estos mensajes ponen de manifiesto un claro prejuicio sobre la 
culpabilidad de los procesados en la causa, de la que el magistrado recusado no podía 
ser  ajeno  por  la  relevancia  del  cargo  que  ostentaba  en  la  asociación  profesional 
promotora de esta campaña mediática.
Señala el recurrente que esta lesión se denunció de manera reiterada por la defensa 
del procesado don Jordi Sánchez en los recursos que iba dirigiendo a dicho órgano, y la 
defensa del aquí demandante se adhirió a ella en el escrito de cuestiones previas y en el 
de conclusiones definitivas.
La queja del demandante se desarrolla en el sentido de denunciar el reiterado 
rechazo  indebido  de  esta  alegación.  A  tal  efecto,  expone  que  la  pretensión  fue 
rechazada a limine por la propia sala de recursos, de la que formaba parte el recusado, 
en su providencia de 12 de febrero de 2018, así como en la posterior de 14 de febrero, 
por la que se inadmitía el recurso de súplica interpuesto por la representación de don 
Jordi Sànchez contra la anterior resolución. También fue ulteriormente desestimada en el 
auto de 15 de febrero de 2018, por el que se resolvía el recurso de apelación en cuyo 
trámite se planteó la recusación, así como en el posterior auto de 19 de abril de 2018, 
resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la representación de 
don Jordi Sànchez contra la anterior resolución. Por parte del aquí recurrente de amparo, 
la queja fue invocada en sus escritos de cuestiones previas y en el de conclusiones 
definitivas, obteniendo respuesta en la sentencia.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal plantea de nuevo un óbice procesal 
de inadmisión, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el 
art. 44.1 c) LOTC. No obstante, se pronuncia también sobre el fondo para descartar la 
vulneración denunciada. A juicio del fiscal, ninguno de los mensajes fue emitido por el 
magistrado recusado, por lo que no pueden considerarse como elemento acreditado de 
interés alguno en un resultado concreto del proceso. El abogado del Estado asume 
también  la  extemporaneidad  apreciada  por  el  tribunal,  además  de  resaltar  que  los 
mensajes fueron emitidos por personas no identificadas; mientras que el partido político 
Vox reitera que las alegaciones del recurrente son «meras sospechas», que no resultan 
objetivamente justificadas.
5.3.2  Respuesta del órgano judicial.
En el fundamento de Derecho A), apartado 5.5.7, la resolución ahora impugnada 
desestima este motivo de nulidad señalando que «las defensas pretendieron alterar la 
composición de un órgano jurisdiccional –en este caso, la sala de recursos– mediante la 
invocación  de  una  causa  de  recusación  que  se  basaba,  no  en  los  mensajes  del 
magistrado afectado, no en sus opiniones, no en sus actos, sino en los mensajes  e.e
anónimos que la defensa atribuía a magistrados no identificados, pero miembros de la  b
Asociación Profesional de la Magistratura, de la que el recusado era vicepresidente. El  57ww
creocmhpaozsoi caió nlim dien ela  dsea lae sdee  irnecciudresnotse  seer ah aobbílaig paudbol,i cnaod os eonlo  epl o«rB oslue teínx tOemficpiaolr adneel iEdsatda d–ol»a 
dpeesrsdoen eals m neos  iddee ndtiicfiiceamdbarse  dcuey 2a0 1v6in–c,u slaincoió pno rcqoune  elol s smeñeonrs aMjeosn htearbdíea ne sxiidgoía e, mailt idmoesn poosr, 
aportar un principio de prueba».
5.3.3  Resolución de la queja.
La demanda plantea toda una serie de alegaciones que, desde el punto de vista 
metodológico, se pueden clasificar en dos grupos; procesales y materiales. Así, por un 
lado, se denuncia que el incidente de recusación nunca fue tramitado, sino que fue 
inadmitido por la misma sala de la que formaba parte el magistrado recusado, con una 
interpretación excesivamente rigorista de los requisitos para su admisión, ya que el 
incidente  fue  planteado  tan  pronto  como  se  tuvo  conocimiento  de  la  campaña 
emprendida por la asociación de jueces, con independencia de la publicación en el 
«BOE» de la composición de la sala de recursos. Y, por otro, la cuestión de fondo 
invocada pone de manifiesto que la lesión denunciada por el recurrente presenta un 
fuerte componente fáctico. Se trata de dilucidar si la condición del magistrado recusado, 
como  directivo  de  una  asociación  profesional  de  jueces,  determina  su  falta  de 
imparcialidad como consecuencia de los mensajes emitidos desde las cuentas de esa 
asociación en una concreta red social (Twitter).
a)  En relación con este motivo debemos señalar que, como en el caso anterior, 
procede la estimación del óbice procesal planteado por el Ministerio Fiscal, conforme a lo 
dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 c) LOTC.
En efecto, el recurrente no planteó el incidente de recusación contra este magistrado 
integrante de la sala de recursos, sino que, como la propia demanda reconoce, esta 
lesión se denunció de manera reiterada por la defensa del procesado don Jordi Sànchez 
en los recursos que iba dirigiendo a dicho órgano, y la defensa del aquí demandante se 
adhirió a ella en el escrito de cuestiones previas y en el de conclusiones definitivas.
Por lo tanto, la alegación ahora planteada no fue «denunciada formalmente en el 
proceso» por el recurrente, en tiempo y forma. No lo hizo a través del instrumento 
previsto para ello legalmente, como es el incidente de recusación, ni tampoco lo hizo tan 
pronto como tuvo conocimiento de una eventual causa (art. 223.1 LOPJ).
En este punto, y con remisión a la argumentación ya expuesta en el caso anterior, la 
demanda incurre en motivo de inadmisión.
b)  No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la 
sala de recursos como la de enjuiciamiento ofrecieron una respuesta a la pretensión 
ahora formulada, a instancia de otras partes o en momentos procesales ulteriores. Esto 
permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, el motivo no hubiera prosperado 
en los términos en que ha sido planteado.
Como se ha expuesto, la demanda alega dos tipos de vulneraciones, que hemos 
sistematizado en procesales y materiales.
(i)  Empezando con las cuestiones de carácter procesal, ya hemos señalado que el 
rechazo a limine de un incidente de recusación ha sido admitido por este tribunal en sus 
SSTC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, entre otras. 
Los requisitos exigidos para adoptar una resolución de ese tipo se han visto colmados 
por las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En  efecto,  las  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  entroncan  con  el  canon  de 
enjuiciamiento propio del derecho a una resolución motivada, tal y como ha sido descrito, 
entre otras muchas, en la STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3. Las decisiones exponen 
con claridad los motivos de la inadmisión del incidente de recusación que, insistimos, no 
fue interpuesto por el recurrente, sino por la representación de don Jordi Sànchez.
En la providencia de 12 de febrero de 2018, la sala de recursos, de la que formaba  s
parte el magistrado recusado, rechazó la recusación por extemporánea. Tras reseñar lo  oe.
dispuesto en el art. 223 LOPJ, la sala expone que «la condición del magistrado recusado  w.
lcfaeo cmrheoas ,o vyluic ceeisóp nrde eds eidd oelomnsti enr eiodc eup rúlsabo lrsice ofde.e rP idaoapr e aolastrcooicó linaa dccioóo,nn l tard aac otloams d paeou svtioacsirói odnsi c dtaeañ dloaos ss  aapnloatre  cseo l dmjuepe elzat e ipnnrsteetrs upecantrotaer    2021-8357n https://ww
en la causa de referencia es conocida desde su publicación en el ‘Boletín Oficial del
Estado’ con fecha 30 de diciembre de 2016. Por otro lado, esta sala de apelaciones ya
ha resuelto otro recurso en esta misma causa mediante auto de 5 de enero de 2018, 
formando parte del tribunal el magistrado recusado, en rollo de apelación 1-2017, en 
virtud de recurso interpuesto por [otro procesado] contra el auto del instructor de 4 de 
diciembre de 2017, dato que es igualmente conocido por el recusante, que compareció 
en el mismo como parte adherida al recurso». Este razonamiento es reiterado en el auto 
de 19 de abril de 2018, por el que se desestima el incidente de nulidad planteado contra 
el auto de 15 de febrero de 2018, por el que, a su vez, se desestimaba el recurso de 
apelación  interpuesto  contra  el  auto  del  magistrado  instructor  de  14  de  diciembre 
de 2017. En el incidente de nulidad se alegaba la vulneración del derecho al juez 
imparcial, por negativa injustificada a tramitar el incidente de recusación planteado contra 
el magistrado.
Por lo tanto, el incidente fue rechazado a limine por su manifiesta extemporaneidad, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, lo que es conforme a la doctrina de 
este tribunal.
(ii)  No obstante, la inclusión del régimen de abstenciones y recusaciones en el 
ámbito propio de la configuración legal del derecho al juez imparcial, obliga a examinar 
las resoluciones del Tribunal Supremo no solo desde la perspectiva del mero control 
externo propio del canon de enjuiciamiento de una cuestión de legalidad ordinaria, sino 
desde  el  plano  de  la  efectiva  apreciación  de  los  elementos  que  sustentan  las 
pretensiones alegadas y la consiguiente protección del derecho fundamental invocado, 
que  no  puede  verse  afectado  por  interpretaciones  excesivamente  rigoristas  de  las 
normas aplicables.
En  ese  examen  se  constata  que  los  mensajes  aportados  abarcan  una  notoria 
extensión  temporal  (desde  el  mes  de  septiembre  de  2017  hasta  el  mes  de  enero 
de 2018); que la recusación fue planteada en fecha 8 de febrero de 2018 porque, según 
el recurrente, el día anterior le fue notificada la concreta composición de la sala; que ese 
mismo magistrado ya había intervenido en la resolución del recurso de apelación 1-2017, 
mediante auto dictado en fecha 5 de enero de 2018; y que la integración de ese 
magistrado en la sala de recursos había sido publicada en el «BOE» núm. 315, de 30 de 
diciembre de 2016 (vigente hasta el 31 de enero de 2018), y reiterada en el «BOE» núm. 
300, de 11 de diciembre de 2017 (vigente a partir del 1 de febrero de 2018), fechas en 
las que se hicieron públicos los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de 21 
de diciembre de 2016 y 23 de noviembre de 2017, respectivamente, por los que se 
publicaban  los  acuerdos  de  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Supremo,  sobre 
composición y funcionamiento de las salas y secciones y asignación de ponencias que 
deben turnar los magistrados para los periodos 2017 y 2018. En relación con este último 
aspecto, conviene recordar que, como se afirmó en nuestra STC 116/2008, de 13 de 
octubre, FJ 3, la predeterminación de la competencia y composición de un determinado 
órgano judicial no presupone el conocimiento de los magistrados que en cada momento 
vayan  a  intervenir  en  la  resolución  de  cada  asunto,  porque  pueden  influir  factores 
diversos como traslados, permisos, licencias o situaciones administrativas. No obstante, 
una valoración conjunta de los datos obrantes en la causa permite asumir sin dificultad 
alguna la conclusión sobre la extemporaneidad del incidente de recusación y, por lo 
tanto,  la  adecuación  del  rechazo  a  limine  de  esta  pretensión  con  la  consiguiente 
ausencia de vulneración del derecho al juez imparcial.
Los datos fácticos reseñados ponen de manifiesto que el incidente de recusación no 
fue planteado «tan pronto como» se tuvo conocimiento de la eventual existencia de 
causa legal para ello, lo que justifica su inadmisión a trámite (art. 223.1 LOPJ). Existe  s
una notoria distancia temporal, de al menos hasta cuatro meses, entre la fecha de  oe.
emisión y/o reenvío de los primeros mensajes controvertidos y la fecha de interposición  w.
del incidente; los mensajes fueron difundidos en redes sociales y, por lo tanto, eran de  57ww
palcacnetseoó  ptaúcbhliac oa dlgeusndae  deel  ppraimrceiar limdaodm ceunaton;d yo,  feinsael mmeangties,t rlaod qou pea ertsic mipuóy e snig lnai friecasotivluoc,i ónno  dsee 
urenp rreesceunrstaoc aiónnte rdioerl  erenc fuercrehnat e5,  dceo menoe rsoe  deex 2p0u1s8o,  eenn  elal  qpureo vhidaebníac iian tedrev e1n2id od ela  fmebisremroa   BOE-A-cable e
de  2018,  y  concurriendo  semejantes  circunstancias  a  las  que  motivaron  el  ulterior 
planteamiento del incidente. Con estos elementos, la decisión del tribunal no puede 
considerarse  como  rigorista,  sino  como  ajustada  al  necesario  examen  de  los 
presupuestos fácticos en los que pretendía fundarse la causa de recusación invocada. 
En palabras de este tribunal, la improcedencia de la recusación podía «apreciarse prima 
facie de modo manifiesto claro y terminante» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2).
En cualquier caso, la extemporaneidad de la pretensión debe ponerse en relación, a 
su vez, con el otro motivo indicado en la sentencia ahora impugnada; es decir, la 
constatación de que el magistrado recusado no había sido el autor o el difusor de los 
mensajes denunciados. Este hecho enlaza con el examen de la cuestión de fondo, que 
ha de conducir al mismo destino desestimatorio, ya que la causa de recusación fue 
invocada  de  forma  «arbitraria»  (STC  155/2002,  de  22  de  julio,  FJ  3),  esto  es, 
manifiestamente injustificada.
(iii)  La causa de recusación alegada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». La demanda reconoce que no se puede 
determinar  la  autoría  de  los  mensajes  controvertidos,  pero  considera  que  el  cargo 
asociativo del magistrado permite afirmar que conocía y compartía la «línea editorial» de 
la cuenta de la APM en la red social Twitter. La demanda también admite la libertad de 
expresión asociativa, pero dice que esos mensajes expresan «claros prejuicios respecto 
de  la  responsabilidad»  del  recurrente  y  una  «evidente  animadversión»  hacia  los 
procesados y «su ideología política».
En todo caso, la falta de imparcialidad solo puede derivarse de actos propios o 
expresiones proferidas por aquel a quien se imputa la causa de recusación. No cabe 
cuestionar la imparcialidad por manifestaciones ajenas, al margen de la conducta del 
propio recusado. Tampoco puede considerarse que cualquier mensaje enviado desde 
una cuenta de un colectivo asociativo pueda atribuirse automáticamente a cada uno de 
sus integrantes. Incluso, una posible o hipotética responsabilidad anudada a la asunción 
de un cargo asociativo no puede confundirse con la responsabilidad individual derivada 
del ejercicio profesional de la función jurisdiccional, que solo puede exigirse por las 
propias acciones.
Aun desde la perspectiva de la mera apariencia de imparcialidad, lo verdaderamente 
relevante son las conductas o expresiones del magistrado recusado. Lo cierto es que, en 
este caso, no se ha aportado elemento probatorio que permita tener por acreditado o del 
que pudiera deducirse que alguno de los mensajes referidos hubiera sido elaborado, 
difundido o asumido por aquel, o del que pudiera derivarse su posicionamiento previo 
sobre las cuestiones sometidas a su consideración y, en consecuencia, un interés por 
una determinada resolución del asunto que ponga en duda su imparcialidad.
c)  Finalmente, como ocurriera en el caso anterior, la pretensión del recurrente se 
muestra  manifiestamente  desproporcionada.  El  magistrado  recusado  actuaba  como 
integrante de una sala de recursos en la que se abordaban cuestiones procesales 
incidentales.  El  magistrado  no  tuvo  intervención  alguna  en  la  sentencia  ahora 
impugnada. En consecuencia, la actuación previa del magistrado no ofrece conexión 
alguna de antijuridicidad con la resolución cuya nulidad se pretende.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
5.4.  La recusación de los magistrados de la sala de enjuiciamiento que formaron 
parte de la sala de admisión.
5.4.1  Posiciones de las partes. oe.
El recurrente denuncia la indebida inadmisión de la recusación planteada contra los  57ww
mMaagrtiísnterazd Aorsr ieqtuae,  Bfeorrdmuagroo ny  Gpaórmtee zd ed el ala  sTaolrare d ye V aadremlais Cióans t(rsoe).ñores Marchena Gómez,
salaE dne l ae ndjeumicaianmdiae nsteo  qquueeja h daeb ílaan p aécrdoirddaa ddoe  liam paadrmciiasilóidna da  dtreá maqituee dlloes l am qaugeisrterlalad oqsu ed ed liao   BOE-A-cable e
origen al procedimiento. Para el recurrente, la parcialidad de estos magistrados no se 
deriva exclusivamente de su rol funcional en la iniciación del proceso, sino de la forma en 
que realizaron esta labor. Considera el demandante que el auto de admisión contiene un 
«amplio juicio de tipicidad» y fue «inusualmente extenso en sus razonamientos jurídico-
sustantivos». Se trataba, por tanto, de una resolución que fue más allá de un mero 
pronunciamiento sobre la procedencia de una investigación ante una notitia criminis. 
Según la demanda, estos magistrados debían tener «necesariamente prejuicios sobre la 
cuestión  de  fondo»,  cuando  ejercieron  su  labor  como  integrantes  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.
En  relación  con  este  motivo  de  amparo,  el  Ministerio  Fiscal  propone  su 
desestimación, en esencia, porque en el auto de admisión a trámite de la querella no se 
contiene ninguna valoración jurídica sobre su contenido material, ni juicio alguno sobre la 
existencia  de  los  hechos  y  la  posibilidad  de  ser  atribuidos  a  persona  concreta.  El 
abogado del Estado se pronuncia en el mismo sentido. Por su parte, la representación 
del partido político Vox responde con el mismo argumento con el que rechaza todas las 
alegaciones sobre la vulneración del derecho al juez imparcial.
5.4.2  Respuesta del órgano judicial.
Esta queja fue extensamente respondida en la sentencia impugnada [fundamento 
jurídico A), apartado 5.5.3], como antes lo había sido por el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre, dictado por la sala del art. 61 LOPJ en su rollo núm. 5-2018, por el que se 
desestimó el incidente de recusación planteado, por este mismo motivo, mediante escrito 
de 23 de julio de 2018.
Para  la  Sala,  la  lesión  invocada  está  en  abierta  oposición  con  su  propia 
jurisprudencia, y las del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, acerca de la necesaria dualidad funcional entre quien investiga y quien juzga. 
Se citan, a tal efecto, las SSTC 162/1999, de 27 de diciembre, FJ 6; 69/2001, de 17 de 
marzo, FJ 14 a); 155/2002, de 22 de julio, FJ 2; 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3; 
39/2004, de 29 de marzo; 45/2006, de 13 de febrero; 143/2006, 8 de mayo, y la 
STS 36/2006, 19 de enero. También se citan las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso 
Piersack c. Bélgica, § 30; de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber c. Bélgica, § 24; 
de 25 de julio de 2002, caso Perote Pellón c. España, § 43; y de 17 de junio de 2003, 
caso Pescador Valero c. España, § 21.
Conforme a esta doctrina, el Tribunal Supremo entiende que lo determinante es que 
no concurra «ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones 
en el órgano judicial, incluidas aquellas que, desde una perspectiva objetiva, pueden 
producirse, entre otras consideraciones, por haber tenido el juzgador una relación o 
contacto previo con el thema decidendi». Para ello es necesario comprobar «en cada 
supuesto  en  particular,  […]  si  la  intervención  previa  en  la  que  el  interesado  hace 
residenciar sus dudas ha sido realizada por el órgano judicial teniendo que adoptar una 
decisión valorando cuestiones sustancialmente idénticas o muy cercanas a aquellas que 
deben ser objeto de pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo». 
Así ha ocurrido, por ejemplo, «en los autos de inculpación y procesamiento, ya se 
efectúe de forma preventiva, como acaece al acordar la adopción de medidas cautelares 
(STC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 4)». Por el contrario, se ha descartado en los 
supuestos de admisión a trámite de una denuncia o querella (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). Lo relevante, según el Tribunal Supremo, es si la «participación implica 
un  pronunciamiento  sobre  los  hechos,  sobre  el  autor  de  los  mismos  y  sobre  su  e
culpabilidad que no deja margen para una nueva decisión sin prejuicios sobre el fondo  bo
de la causa. Por lo tanto, es necesario comprobar la intensidad del juicio emitido sobre el  57ww
objeAto c doenlt ipnruoacceisóon», .la sentencia impugnada se remite a la decisión adoptada por la sala
sae qputiee mseb rere, fieerl ei necl idaertnícteu lod e6 1r eLcOuPsJa cqióune , palla rnetesoaldvoe r peonr  eel sateu tom noútimvo. , 3a/2p0r1e8ci,ó d eq u1e3  ndoe 
concurría la causa de recusación alegada (art. 219.11 LOPJ), porque «es claro que
admitir a trámite la querella, acto inicial del proceso penal, no es instruir, ni mucho menos 
resolver la causa en una instancia o grado anterior del proceso». Del mismo modo, 
afirmó que los magistrados no hicieron «otra cosa que recibir la querella, constatar que 
reunía las […] condiciones requeridas y pasar el asunto al instructor a quien por turno 
correspondía. No puede decirse, así, que hayan entrado en el examen de los hechos 
reprochados en esta causa, ni efectuado valoraciones jurídicas sobre los mismos, ni 
tomado decisiones que puedan afectar a la marcha del proceso».
5.4.3  Resolución de la queja.
a)  Un análisis de este motivo de amparo remite, necesariamente, al momento de la 
incoación de la causa especial núm. 20907-2017. Este procedimiento tuvo su origen en 
una querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, don José Manual 
Maza Martín. Tras el análisis y estudio de la querella, la sala de admisión de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto en fecha 31 de octubre de 2017, por el que 
se  declaraba  la  competencia  de  ese  tribunal  para  la  instrucción  y,  en  su  caso, 
enjuiciamiento de los hechos objeto de la querella, procediéndose a la designación de 
magistrado  instructor.  La  sala  de  admisión  estaba  compuesta  por  los  magistrados 
recusados y por el magistrado don Julián Sánchez Melgar, que no formó parte de la sala 
de enjuiciamiento.
Lo primero que conviene señalar es que, como se ha razonado anteriormente, la falta 
de  imparcialidad  judicial  ha  de  ponerse  de  manifiesto  a  través  de  las  causas  de 
abstención y/o recusación previstas en la norma correspondiente. En este caso, la parte 
invoca el motivo recogido en el art. 219.11 LOPJ; es decir, «[h]aber participado en la 
instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia». 
Parece claro, en línea con lo argumentado en el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, 
de la sala del art. 61 LOPJ, que la admisión a trámite de una querella no puede 
equipararse a la compleja actividad instructora de una causa penal que, además, ha sido 
ejercida en este caso por un magistrado distinto a los recusados. La instrucción requiere 
actos de imputación formal, decisiones sobre situación personal o medidas cautelares de 
carácter real, sobre la búsqueda de fuentes de prueba, así como sobre la declaración de 
la  existencia  de  indicios  de  la  comisión  de  un  hecho  delictivo  y  de  su  autor 
suficientemente sólidos como para permitir la continuación del procedimiento en fases 
ulteriores, hasta llegar al juicio oral. Nada de esto se resuelve en el auto de admisión a 
trámite de la querella. Como tampoco se puede considerar que ese auto implica la 
resolución  del  pleito  o  causa  en  anterior  instancia,  porque  no  contiene  un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
No obstante, la doctrina de este tribunal sobre la vertiente objetiva de la imparcialidad 
judicial determina un análisis ad casum de la concreta actuación jurisdiccional que es 
objeto  de  controversia.  Por  ello,  aunque  hemos  declarado  que  la  «admisión  de  la 
querella […] no vulnera el derecho al juez imparcial» (STC 45/2006, de 13 de febrero, 
FJ  5),  en  el  necesario  examen  de  las  condiciones  formales  o  extrínsecas  que 
corresponde realizar en este tipo de resoluciones pueden deslizarse expresiones de las 
que pueda deducirse una previa toma de partido de los magistrados. Es decir, aunque no 
sea propio de su naturaleza, en pura hipótesis cabría considerar que los magistrados 
hubieran podido introducir en el auto de admisión a trámite de la querella algunas 
manifestaciones de las que deducirse su falta de imparcialidad en el momento del 
enjuiciamiento, derivadas de una toma de postura sobre la realidad del hecho delictivo o 
de su autoría. Eso obliga a una casuística labor ponderativa que pasa por el estudio  e
detallado  del  auto  controvertido.  Una  vez  más,  nos  encontramos  ante  alegaciones  bo
ancladas en elementos fácticos que es preciso apreciar o descartar para determinar,  57ww
oebvejentotu daelm lean imtep, usgun areclieóvna.ncia a fin de valorar la vulneración del derecho fundamental
un abm) plEiol  jdueicmioa nddea tnipteic isdeañda yla e qsu ien uesl uaaulmtoe dnete a edxmteisnisóon  paa trraá msuit efi ndael idlaa dq.u eCroenllsai dceornat iqeunee 
ese pronunciamiento implica una valoración de la relevancia jurídico penal de unos
hechos que, sustancialmente, fueron los mismos que se sometieron al enjuiciamiento por 
estos mismos magistrados que, en tal sentido, ya habían adquirido un prejuicio que 
afectaba a su apariencia de imparcialidad.
Sin embargo, la premisa de la que parte la demanda no puede ser compartida por 
este tribunal. Como es conocido, el auto de admisión a trámite de una querella «es un 
acto  jurisdiccional  que  no  expresa  ni  exterioriza  toma  de  posición  anímica  y  está 
configurado legalmente como un juicio claramente distinto del razonamiento fáctico y 
jurídico que permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que unos hechos previstos 
en la ley como delito han sido cometidos por un acusado» (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). A través de ese auto se trata de comprobar, en los términos dispuestos 
en los arts. 269, 313 y 270 y ss. LECrim, si los hechos descritos en la querella son 
constitutivos de delito y pueden ser atribuidos a una persona concreta y determinada, 
procediendo, en consecuencia, su investigación. En ese momento procesal, la sala 
únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a su calificación jurídica, de 
manera que su admisión a trámite solo podría ser obviada si los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito. No obstante, una 
admisión a trámite de una querella no prejuzga la existencia de delito ni su autoría. No 
condiciona el devenir futuro del procedimiento. No declara culpabilidad o inocencia.
El auto de la sala de admisión se mueve en ese plano funcional, y es especialmente 
riguroso en su análisis prospectivo sobre los hechos. Varias expresiones abonan esta 
tesis.
Así, en el fundamento jurídico 3 (páginas 4 y 5), se dice que:
«Las dificultades ya puestas de manifiesto se intensifican cuando la determinación de 
la competencia objetiva exige de esta sala una aproximación a los hechos que son 
objeto de querella que nunca puede ir más allá de una valoración puramente conjetural o 
hipotética de su verdadera existencia. Desde esta perspectiva, a los exclusivos efectos 
de proclamar nuestra competencia objetiva, la sala constata que el Ministerio Fiscal […] 
sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la comunidad 
autónoma catalana […]. [E]l relato que sirve de soporte fáctico a la querella entablada 
por el Ministerio Fiscal –cuya hipotética existencia solo se valora a los efectos de 
resolver sobre la competencia de esta sala– […]».
En el fundamento jurídico 4 (páginas 5 y 6), se recoge expresamente lo siguiente:
«En la incipiente fase del proceso en el que se inserta la presente resolución, 
constatamos que el fiscal alude a la existencia de un delito […]. Hemos dicho en 
numerosas resoluciones que el proceso penal es de cristalización progresiva. Será a lo 
largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de 
investigación acordadas por el instructor, confirmen o desmientan su realidad.»
Finalmente, el fundamento jurídico 5 (página 6) insiste en estas ideas cuando señala: 
«La decisión que ahora acordamos se basa, con carácter exclusivo, en lo que la querella 
afirma. Así lo impone nuestro ámbito valorativo como sala de admisión. La presente 
resolución no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y jurídicas 
que se deslizan en la acción penal entablada. Será el instructor llamado a asumir la 
investigación quien deberá acordar la práctica de las diligencias indispensables para el 
exacto conocimiento de los hechos y su inicial subsunción. Y será la instrucción la que 
ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta sala, como 
sugiere el Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados  e.
en  otros  órganos  jurisdiccionales,  pero  que  presenten  una  naturaleza  inescindible  w.
respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados». 57ww
sobrCeo eml of osned op udeedl ea scuonmtop,r onboa ra, fierml aau tlao  edxei satednmciisai ódne  ndoe lcitoon, tinein lea  ucnu lpparobniliudnacdi admei esnutos 
apvreasnucnet osso barueto reesst.o sN i esxitqreumieoras . inStruo dáumceb itmo avtiazl oarlagtuivnoo  sdee l cqiruceu nssec ripbued iae rau ndae rievsatrr icutna   BOE-A-cable e
comprobación de la apariencia delictiva de los hechos expuestos en la querella inicial. 
Por lo tanto, de sus términos no se deduce una toma de posición de los magistrados 
sobre los hechos objeto de su enjuiciamiento, por lo que no puede imputárseles tacha de 
parcialidad alguna.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
5.5.  La recusación de los magistrados que integran la sala de enjuiciamiento.
5.5.1  Posiciones de las partes.
Este motivo se concreta, a su vez, en dos alegaciones. Por un parte, se denuncia 
que el magistrado instructor y los integrantes de la sala de recursos forman parte de la 
propia Sala Segunda del Tribunal Supremo; es decir, del mismo órgano encargado del 
enjuiciamiento.  Para  el  recurrente,  el  hecho  de  que  las  causas  instruidas  por  un 
magistrado sean luego revisadas o juzgadas «por compañeros de la misma Sala», no 
garantiza la necesaria «distancia» entre el instructor y el tribunal de apelación o de 
enjuiciamiento,  que  sí  se  garantiza  «en  cualquier  otro  procedimiento,  no  así  a  las 
personas aforadas». Esta circunstancia deriva de lo dispuesto en el art. 57.2 LOPJ, por 
lo  que  se  sugiere  de  este  tribunal  el  planteamiento  de  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad.
Por otro lado, se impugna la composición de la sala encargada de resolver el 
incidente de nulidad de actuaciones, que fue la misma sala de enjuiciamiento que dictó la 
sentencia recurrida. Para el demandante, obviando esta petición expresa formulada por 
otrosí  en  su  escrito  promoviendo  dicho  incidente,  no  se  garantizó  la  máxima 
imparcialidad del órgano revisor que, «como era de esperar, no advirti[ó] absolutamente 
ninguna vulneración de derechos fundamentales en la resolución que ellos mismos 
habían dictado unas semanas antes».
En  relación  con  estas  dos  alegaciones,  el  Ministerio  Fiscal  no  se  pronuncia 
expresamente sobre la primera, mientras que propugna la desestimación de la segunda, 
al entender que aparece huérfana de argumentación alguna. El abogado del Estado 
considera  que  el  primer  motivo  no  aparece  recogido  en  el  listado  de  causas  de 
abstención y recusación, mientras que si se estimara la alegación planteada en segundo 
lugar  se  estaría  produciendo  la  conculcación  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley. En cuanto a la posición del partido político Vox, no cabe sino 
reiterar lo expuesto en apartados anteriores.
5.5.2  Respuesta del órgano judicial.
En  su  respuesta  a  la  primera  alegación,  invocada  en  el  mismo  trámite  que  la 
expuesta  en  el  apartado  anterior,  la  sentencia  impugnada  [fundamento  jurídico  A), 
apartado 5.5.4] señala que es difícil entender la exigencia de cierta «distancia» entre los 
magistrados. Una distancia que el recurrente no exige entre los miembros de la sala de 
enjuiciamiento, que en la lógica de su razonamiento obligaría a «no contrariar jamás al 
ponente», rindiendo así «culto a la amistad en el proceso de deliberación», de forma que 
«nunca quedaría erosionada la relación personal entre los magistrados de un órgano 
colegiado».
En  este  punto,  la  Sala  vuelve  a  remitirse  a  lo  expuesto  en  el  auto  de  13  de 
septiembre de 2018 por la sala del art. 61 LOPJ: «ser compañeros en un mismo órgano 
jurisdiccional no conduce necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni menos aún 
a quebrantar los propios deberes legales y deontológicos. Para que una alegación como  e.e
la hecha por los recusantes mereciera algún crédito, sería necesario que aportasen  b
algún elemento fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho». 57ww
normEans e dl ea praerptaadrtoo  aqnutee ridoirs tdrieb ulay esne netle nccoinao (c5im.5i.e3n),t oy ad es elo hsa baísau nhteocsh oe nr eefesrae nscailaa ,a  qluaes 
«npoamrbteren  sdueg uienrae , dliimfeirtean scuia p mapueyl  ma alarc aaddma iseinótnre a l atr ásmaliate d dee  alad mdeisnióunn cqiau eo,  qcuoemroe llsau,  lpar osapliao 
de recursos, integrada por magistrados que no han participado en la decisión sobre
admisión  y  que  está  llamada  a  resolver  los  recursos  contra  las  resoluciones 
interlocutorias del magistrado instructor y la sala de enjuiciamiento, integrada por los 
magistrados que, hasta ese momento, se limitaron a dar trámite a la querella y se 
apartaron de todo contacto con el objeto del proceso». Esta delimitación funcional es 
suficiente, según la Sala, para garantizar la debida imparcialidad de sus integrantes.
En cuanto a la segunda alegación, la sala de enjuiciamiento da una respuesta –que 
puede considerarse implícita– en el auto de 29 de enero de 2020, por el que resolvió el 
incidente de nulidad de actuaciones. Así, en su fundamento jurídico 1 hace referencia a 
la doctrina expuesta en su auto de 1 de marzo de 2012, en el que se razonaba que «la 
filosofía  del  nuevo  incidente  de  nulidad  de  actuaciones»  permite  que  «la  propia 
jurisdicción ordinaria pueda subsanar cualquier violación de los derechos fundamentales 
del art. 53.2 de la Constitución», con lo que «se evita, en su caso, el acceso a la 
jurisdicción constitucional cuando la ordinaria, como primer garante de tales derechos 
fundamentales, puede evitar y subsanar cualquier denuncia al respecto». Igualmente, se 
añade en el auto de 29 de enero de 2020 que, «de acuerdo con el apartado primero del 
artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será competente para conocer de 
este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido 
firmeza». En definitiva, de lo expuesto se deduce que el Tribunal Supremo considera que 
la queja carece de virtualidad alguna, porque la propia naturaleza del incidente determina 
que sea, precisamente, el órgano que dictó la resolución el que haga una revisión de 
esta.
5.5.3  Resolución de la queja.
a)  En relación con el primer motivo en el que se concreta esta impugnación, el 
planteamiento  del  recurrente  supone,  en  realidad,  una  cierta  confusión  entre  dos 
derechos fundamentales distintos: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 
(reconocido expresamente en el art. 24.2 CE), y el derecho al juez imparcial (reconocido 
implícitamente como integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías en el 
mismo art. 24.2 CE). La demanda hace depender un derecho del otro, de tal manera que 
la propia competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo (que afecta, en su caso, 
al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley) es la que determina la falta de 
imparcialidad de los integrantes de ese órgano. Es decir, la vulneración del derecho al 
juez imparcial vendría motivada, de forma automática, por la competencia del Tribunal 
Supremo para el conocimiento del asunto. En este esquema argumental, el recurrente 
sugiere a este tribunal el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad 
sobre el art. 57.2 LOPJ. Este precepto dispone lo siguiente: «En las causas a que se 
refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los 
miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará 
parte de la misma para enjuiciarlas».
El motivo carece de fundamento. Empezando por la última alegación formulada, la 
doctrina jurisprudencial citada no impone un determinado diseño competencial para 
garantizar el derecho a un juez imparcial. En consecuencia, este derecho puede ser 
protegido con independencia de que los jueces y tribunales que intervienen en un asunto 
formen parte o no de un mismo órgano judicial. Lo relevante es el adecuado deslinde 
funcional entre ellos. De esta manera, el juez que instruye no puede fallar, mientras que 
los jueces que revisan las decisiones de la fase de instrucción no pueden intervenir en la 
fase de enjuiciamiento si en su labor de revisión han anticipado algún posicionamiento 
sobre la cuestión de fondo. Por su parte, los jueces que enjuician y dictan sentencia no  e
han  debido  tener  participación  alguna  en  la  fase  de  investigación  previa.  Si  esos  bo
parámetros se cumplen, la imparcialidad judicial derivada estrictamente del rol funcional  57ww
peastrác iaglaidraandt idzea dcaa.r áAclt emr asrugbejent,i vcola uro o bejsettáiv, od.e la posible concurrencia de otras causas de
el dLeare acchtou aal l ojrugeazn izimacpiaórnc idael,  lpao Srqaulae  Sdeifgeurenndcai ad edle T rfiobrumnaa l aSduepcrueamdoa  plaesrm fiuten cgioanraenst izdaerl 
magistrado  instructor,  de  la  sala  de  recursos  y  de  la  sala  de  enjuiciamiento,
estableciendo  los  turnos  necesarios  para  evitar  cualquier  solapamiento  entre 
magistrados del que pudiera deducirse una tacha de parcialidad derivada de su relación 
funcional con el proceso. En el caso que nos ocupa, estos criterios estaban fijados y eran 
públicos con suficiente antelación a la incoación del procedimiento (ver, en tal sentido, el 
ya citado «BOE» núm. 315, de 30 de diciembre de 2016).
En realidad, lo que hace el art. 57.2 LOPJ es plasmar normativamente la regla básica 
de la imparcialidad funcional en el proceso penal, que consiste en que «el juez que 
instruye no puede fallar», derivada de nuestra STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, por 
aplicación de la doctrina expuesta en la STEDH de 26 de octubre de 1984, asunto De 
Cubber c. Bélgica.  Por lo tanto, ninguna queja de inconstitucionalidad puede plantearse 
respecto de una norma que se ajusta a la doctrina sentada por este tribunal.
Descartada la procedencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad 
del art. 57.2 LOPJ, el resto del motivo tampoco puede prosperar.
El respeto a las normas aplicables en materia de abstenciones y recusaciones 
(art. 219 LOPJ) constituye el presupuesto normativo básico para la debida observancia 
del  derecho  al  juez  imparcial.  Cualquier  objeción  de  parcialidad  distinta  del  mero 
incumplimiento de esta norma requiere la aportación de un principio de prueba sobre la 
vulneración real y efectiva de este derecho fundamental. Las causas de abstención y/o 
recusación fijan normativamente aquellos supuestos en los que debe presumirse la 
parcialidad  del  juzgador,  pero  eso  no  significa  que  la  imparcialidad  no  pueda  ser 
desvirtuada por otros hechos o circunstancias, sobre todo cuando, como ocurre en este 
punto, se trata de analizar la vertiente objetiva de la imparcialidad judicial. No obstante, 
esos  hechos  o  circunstancias  deben  ser  de  la  misma  entidad  que  las  causas  de 
abstención y/o recusación para que, sin caer en la interpretación extensiva o analógica, 
puedan justificar el principio de prueba sobre la parcialidad que, en cualquier caso, es 
exigible. Nada de esto se ha aportado por el recurrente, que no ha reconducido el motivo 
alegado a una concreta causa de las previstas en el art. 219 LOPJ, ni siquiera a un 
motivo de similar significación.
En  realidad,  la  demanda  centra  su  impugnación  en  su  disconformidad  con  las 
normas que regulan la competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo. Unas 
normas que, en este caso, se han aplicado conforme a parámetros de constitucionalidad, 
y cuya falta de compatibilidad con la Constitución ya ha sido descartada en otro apartado 
de  esta  resolución.  Para  que  el  recurso  pudiera  prosperar  hubiera  sido  necesario 
establecer, al menos, una conexión lógica entre lo dispuesto en la norma y la ausencia 
de imparcialidad derivada de su estricto cumplimiento. Una vez más, el recurso omite la 
aportación  de  algún  dato  mínimamente  objetivo.  La  única  referencia  en  tal  sentido 
consiste en la alegación de un concepto difuso como es el de la ausencia de «distancia» 
entre los magistrados. Un concepto que, llevado a sus últimas consecuencias, implicaría 
la tacha de parcialidad de cualquier magistrado integrante de un órgano colegiado. No es 
razonable pretender que la mera relación profesional, o incluso personal, entre los 
magistrados de una sala impide a cualquiera de estos ejercer su labor conforme a 
Derecho, asumiendo acríticamente las posturas del resto de sus colegas sobre la base 
de una distorsionada concepción de un compañerismo mal entendido. La tesis del 
recurrente supondría, en definitiva, una presunción de falta de profesionalidad basada en 
percepciones  subjetivas  o  impresiones  personales  incompatibles  con  el  rigor  y 
objetividad exigibles en el planteamiento de una recusación.
b)  La segunda alegación postula que el incidente de nulidad de actuaciones no 
puede ser resuelto por el mismo órgano que dictó la sentencia que se revisa. s
Los  argumentos  expuestos  en  el  apartado  anterior  pueden  ser  igualmente  oe.
trasladables a este motivo. El recurrente hace depender una falta de imparcialidad del  w.
cumplimiento estricto de la normativa vigente, en este caso, sobre el incidente de nulidad  57ww
ddee  aecsttuea ciinocnidees.n tEel  aerlt . m24is1m LoO PjuJz gnaod doe joa  lturgibaurn aa ld uqduaes :d «icStóe rála c oremspoelutecnióten  pqaurea  chounboiecerer 
pardoqtueicrcidióon f irdmee zdae»r.e cEhsotes  efusqnudeammae nftuanlecsio, naatl rirbeusipdoan deen  ap rlaim ceor helurgeanrc iaa  dleal  sjuisritsedmicac idóen   BOE-A-cable e
ordinaria para que pueda reparar, en su caso, la vulneración denunciada y, solo de 
manera subsidiaria, a la jurisdicción constitucional. Precisamente, la finalidad de este 
incidente es que «el juez o tribunal que dictó la sentencia o resolución firme a la que se 
imputan [determinadas vulneraciones de derechos] pueda reconsiderar lo actuado y 
subsanar, en su caso, los vicios o defectos producidos, por lo que necesariamente ha de 
ser tal órgano el que actúe, sin que el hecho de haber pronunciado una resolución previa 
suponga en tal caso –como ya dijimos en la STC 157/1993, FJ 3– un impedimento frente 
a la imparcialidad constitucionalmente exigida al juzgador» (STC 170/2002, de 30 de 
diciembre, FJ 11). Esta doctrina es coherente con la mantenida por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para el caso de anulaciones de decisiones en vía de recurso y 
que, mutatis mutandi, puede ser aplicada al supuesto que nos ocupa. En efecto, ya 
desde su sentencia de 16 de julio de 1971, caso Ringeisen c. Austria, el tribunal declaró 
que «no podría elevarse a principio general, derivado del deber de imparcialidad, que 
una jurisdicción de recurso que anule una decisión administrativa o judicial tenga la 
obligación de remitir el asunto a otra autoridad jurisdiccional o a un órgano de esta 
autoridad compuesta de forma distinta». De lo que se deduce que no atenta al principio 
de  imparcialidad  que  el  mismo  órgano  que  cometió  una  eventual  infracción  pueda 
revisarla en un momento ulterior.
Según la tesis de la demanda, ningún magistrado sería capaz de revisar sus propias 
decisiones para apreciar una posible vulneración de derechos fundamentales, con grave 
quebranto de su deber profesional de actuar en todo momento conforme a Derecho. La 
parcialidad generalizada que se deriva de los argumentos del recurrente es incompatible 
con nuestra doctrina. Lo que se presume es la imparcialidad, no la parcialidad. Por ello, 
el motivo solo podría prosperar si se hubiera aportado algún elemento fáctico del que 
pudiera deducirse, al menos, una apariencia de parcialidad. Pero el recurso aparece 
huérfano de toda propuesta argumental diferente a la mera afirmación de la vulneración 
alegada; en consecuencia, este motivo de amparo ha de ser desestimado.
5.6.  La recusación del presidente de la sala de enjuiciamiento.
5.6.1  Posiciones de las partes.
La demanda impugna la indebida desestimación de la recusación formulada contra el 
presidente de la sala de enjuiciamiento y, por extensión, del resto de sus integrantes, a 
raíz del mensaje enviado por el senador del Partido Popular, don Ignacio Cosidó, a 
numerosas personas, afirmando que aquel «había accedido a ser nombrado presidente 
del Tribunal Supremo a cambio de servir desde dicho puesto a los intereses de dicho 
partido  político  que,  como  era  público  y  notorio,  había  reclamado  reiterada  y 
públicamente severísimas condenas para mi mandante», lo que incluía controlar «desde 
detrás» el «funcionamiento de la Sala Segunda pese a no formar parte de ella si era 
nombrado presidente del Tribunal Supremo».
La queja se formula no solo en cuanto al fondo, sino también por haberse rechazado 
la prueba propuesta en el incidente de recusación, consistente en la toma de declaración 
como testigo del señor Cosidó, por lo que se impidió acreditar la efectiva concurrencia de 
la causa de recusación.
En relación con esta pretensión, el Ministerio Fiscal interesa su desestimación, al 
entender  que  se  trata  de  una  recusación  por  un  acto  de  un  tercero,  no  del  propio 
magistrado, cuya conducta permite descartar cualquier duda sobre su imparcialidad. El 
abogado del Estado se posiciona en el mismo sentido, señalando que la imparcialidad de  s
un magistrado solo puede valorarse a partir de lo que este dice o hace o, incluso, de lo que  oe.
aparente, pero no con base en la opinión de un tercero. En cuanto a la postura procesal del  w.
parti5d.o6 .p2o lítRiceos Vpouxe,s ntao  dcealb óer sgiannoo r ejuitdeircaira llo. expuesto en apartados anteriores. 2021-8357n https://ww
Este motivo de amparo fue rechazado en el fundamento jurídico A), apartado 5.5.6
de la sentencia ahora impugnada, con un extenso razonamiento en el que también se
hacía una remisión expresa al auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, de la sala del art. 61 
LOPJ por la que se desestimó esta pretensión en el incidente de recusación en su día 
planteado. De forma resumida, estas resoluciones argumentan, en primer lugar, que la 
tacha  de  parcialidad  «solo  puede  valorarse  a  partir  de  los  actos  propios  de  ese 
magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que aparenta», pero no por 
la «opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de mensajería instantánea»; 
en segundo lugar, que el mensaje no deja de ser un «argumentario que un político utiliza 
para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones […] en su propia 
defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario 
porque consideraban que era un mal acuerdo. El político se justifica a sí mismo y usa en 
su  defensa  cualquier  argumento  que  le  parece  adecuado.  Pero  algo  que  debe 
interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada en el ámbito político, no es 
trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional»; en tercer lugar, que en el planteamiento de 
la recusación se omiten dos hechos relevantes: por un lado, que el pacto se alcanzaba 
«por los dos principales partidos políticos (PP y PSOE), cuyas diferencias ideológicas 
son evidentes», por lo que, en teoría, la designación podría derivar de su valía personal y 
profesional y su adecuación para el cargo, no de la cercanía con un partido político; y, 
por  otro,  que  el  propio  magistrado  recusado  se  había  «auto  descartado»  de  ese 
supuesto pacto, lo que no se compadece con una presunta «coincidencia de intereses».
5.6.3  Resolución de la queja.
a)  La demanda impugna la indebida desestimación de la recusación formulada 
contra el presidente de la sala de enjuiciamiento y, por extensión, contra el resto de sus 
integrantes,  a  raíz  del  mensaje  enviado  a  través  de  una  aplicación  de  mensajería 
instantánea  (WhatsApp)  por  el  entonces  senador  del  Partido  Popular,  don  Ignacio 
Cosidó, a numerosas personas.
El texto del mensaje, recogido en el auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, por el que 
la sala especial del art. 61 LOPJ resolvió el incidente, presentaba el siguiente tenor 
literal:
«El  pacto  previo  suponía  (10  PSOE  +  10  PP  +  el  Presidente  (Magistrado  del 
Supremo) PSOE = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. = 
(12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 = ((3 jueces 
PP Congreso + 3 jueces PSOE Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces PSOE 
Senado) + (2 JRP PP Congreso + 2 JRP PSOE Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP 
PSOE Senado) + 1 Presidente = 21 Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 
vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. Con la negociación, el PP tiene 9 
vocales  +  el  Presidente  =  10,  y  el  PSOE  tiene  11  vocales.  Con  otras  palabras, 
obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue 
vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima 
experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ, que falta le 
hace,  y  con  una  capacidad  de  liderazgo  y  auctoritas  para  que  las  votaciones  no 
sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y 
presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera 
línea.  Nos  jugábamos  las  renovaciones  futuras  de  2/3  del  TS  y  centenares  de 
nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Lo 
único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero 
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que  s
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la  oe.
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Otra  w.
dcfuoeen rlszoiad sqe urpaeoc liníótoincs ai msc.op roErrentas fpninote,n ,d ueensr  íraqe uspeuo letra sdeteol   nreeúspmpaeertrroao n 5dz0ea% de opsr.ac raLaño ol oqss u oep  rsóleix oihm ueobssite oassñe onds ía,e sns uterpasod node eo  mutrnaáass    2021-8357n https://ww
ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo
fuerte.»
b)  En cuanto al rechazo de la prueba propuesta en el incidente de recusación, la 
doctrina de este tribunal sobre el derecho a la prueba es suficientemente conocida, y se 
expone con detalle en otro apartado de esta resolución. Basta ahora recordar que el 
derecho a la prueba es un derecho de configuración legal, que no confiere una facultad 
ilimitada a que se practiquen cualesquiera pruebas propuestas, sino únicamente las que 
sean pertinentes y relevantes para la resolución de la concreta pretensión planteada. De 
esta forma, la negativa a practicar una prueba no implica necesariamente la vulneración 
del derecho, salvo que vaya acompañada de una concreta indefensión que el recurrente 
debe invocar y motivar (ver, por todas, STC 165/2001, de 16 de julio, FJ 2).
En este caso, en el marco del incidente de recusación planteado contra el presidente 
de la sala de enjuiciamiento se solicitaron las siguientes pruebas: la declaración del 
remitente  del  mensaje,  señor  Cosidó;  el  cotejo  de  los  enlaces  periodísticos  que 
acreditaran la veracidad de los hechos expuestos; y la unión de un escrito planteando un 
artículo  de  previo  pronunciamiento,  con  su  documentación  adjunta.  El  magistrado 
instructor del expediente dictó un auto en fecha 3 de diciembre de 2018, por el que 
denegó la práctica de las pruebas solicitadas, razonando que «no [eran] necesarias para 
la resolución del incidente».
La función de este tribunal es realizar un control externo sobre la razonabilidad de la 
decisión  adoptada  por  el  órgano  judicial.  En  tal  sentido,  a  pesar  de  su  escueto 
argumento, un análisis de la causa invocada y de los elementos de juicio necesarios 
para su valoración conduce a estimar como razonable, lógico o no arbitrario el criterio del 
magistrado instructor del incidente de recusación.
En  efecto,  la  remisión  del  mensaje  y  la  autoría  del  remitente  nunca  fueron 
cuestionadas, de manera que la resolución del expediente solo requería una valoración 
del contenido del mensaje y su repercusión para la apariencia de imparcialidad del 
magistrado recusado. Para realizar ese análisis no era necesario citar a testigo alguno.
El recurrente señala que la declaración del señor Cosidó hubiera permitido verificar la 
realidad o no del supuesto acuerdo. Sin embargo, la cuestión a resolver no era tanto la 
realidad  o  no  del  acuerdo  como  la  afectación  del  mensaje  para  la  apariencia  de 
imparcialidad del magistrado. Y para eso, insistimos, la testifical no era necesaria. Bajo 
estas premisas, era razonable prescindir de las pruebas propuestas.
Por otro lado, el recurrente no ha justificado la eventual indefensión material que le 
produjo  esta  decisión  judicial.  Es  decir,  no  se  ha  motivado  de  forma  suficiente  la 
repercusión concreta que la denegación de la prueba tuvo para la adecuada resolución 
del incidente de recusación, o de qué forma esta resolución podría haber sido distinta en 
el caso de que se hubieran practicado las pruebas propuestas, por lo que el motivo debe 
ser desestimado.
c)  Entrando en el fondo de la queja alegada, se hace necesario insistir en algunos 
principios que conforman los contornos de nuestra doctrina sobre el derecho al juez 
imparcial, y que el recurso parece haber obviado.
La  regla  general  es  que  la  imparcialidad  judicial  se  presume.  Quien  alega  la 
parcialidad debe invocar una causa de recusación prevista legalmente, o un hecho o 
circunstancia de semejante entidad y significación como para presumir una falta de 
imparcialidad. Además, en cualquiera de los casos, se habrá de ofrecer un principio de 
prueba objetivo que permita entrar en el análisis de la cuestión planteada.
La imparcialidad judicial se configura de este modo como una garantía esencial del 
funcionamiento del sistema de derechos y libertades. El ciudadano debe tener la certeza 
de que su asunto será resuelto por un tribunal que no haya tenido contacto previo con  s
las partes o con el objeto del proceso. Por eso, en esta materia son también importantes  oe.
las apariencias. Sin embargo, la duda sobre la imparcialidad, o incluso sobre la mera  w.
apariencia de imparcialidad, ha de estar basada en datos objetivos, de forma que se  57ww
psouberdea  lae nptaerncdiaelrid caodm doe  lueng ímtimaagmisterandteo  jduesttiefircmaidnaa.r aU snu s eisxtcelmusai óenn d qeu uen c turiabluqnuaiel,r  saulepgoancdiróína 
urens ogluracvióen  qduee blar acnoton trdoeve rlassia . gEasraon etísa sl op qaurae  eexl prleicsat oq udee  lalass  capuasrtaess  dime palbicsatednacsi óenn  y/lao   BOE-A-cable e
recusación hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por lo tanto, alegadas 
mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y 
ponderación. En estas coordenadas se enmarca la exigencia de que la imparcialidad de 
un magistrado solo pueda ponerse en cuestión por la conducta o las expresiones u 
opiniones del propio magistrado, no de un tercero.
En este caso, ese tercero es un miembro de un partido político que remite un 
argumentario  a  través  de  una  plataforma  de  mensajería  instantánea  que,  por  su 
contenido y su contexto temporal –de conocimiento público–, aparece inserto en una 
controversia provocada dentro de ese partido, frente a quienes no parecían satisfechos 
con un determinado pacto supuestamente alcanzado para promover la renovación de los 
vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial.  El  mensaje,  por  tanto,  tenía  una 
inequívoca  naturaleza  política  y  estaba  dirigido  –aparentemente–  a  describir  las 
hipotéticas bondades de un acuerdo alcanzado con un partido político rival. En ese afán 
se deslizaba una inaceptable imagen de seguidismo incondicional de los intereses de 
una fuerza política por hacerse con el «control» de una sala de Justicia que, por otra 
parte,  es  absolutamente  incompatible  con  la  independencia  judicial  garantizada  en 
nuestro texto constitucional (arts. 117 y ss. CE). No obstante, analizado en su conjunto, 
algunos  de  los  términos  del  mensaje  podrían  entenderse,  incluso,  en  un  sentido 
completamente contrario al pretendido por el recurrente. El magistrado recusado no sería 
un instrumento de un partido político, sino un candidato de consenso entre dos fuerzas 
políticas antagónicas. Un magistrado –se dice en el mensaje– «excepcional», «gran 
jurista», con «muchísima experiencia en el Supremo», que «prestigiará» el Tribunal 
Supremo y el CGPJ, y con «capacidad de liderazgo y auctoritas».
En cualquier caso, no corresponde a este tribunal hacer una valoración política sobre 
ese  mensaje.  En  este  apartado  de  la  demanda  solo  se  trata  de  determinar  si  su 
contenido permite descartar, por sí mismo, la imparcialidad de un magistrado. Y la 
respuesta solo puede ser negativa.
El  demandante  no  ha  aportado  ningún  dato  objetivo  sobre  la  conducta  o  las 
opiniones o expresiones del magistrado recusado de las que se deduzca una toma de 
posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba 
resolverse la controversia sometida a su consideración, que es la causa de recusación 
alegada (art. 219.10 LOPJ). Es más, los hechos subsiguientes a la publicación de ese 
mensaje –notoriamente conocidos– indican justamente lo contrario. El magistrado emitió 
un comunicado público, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación 
como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me 
obligan a hacer las siguientes precisiones:
1.  Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento 
al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.
2.  Mi  trayectoria  como  magistrado  ha  estado  siempre  presidida  por  la 
independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.
3.  El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del 
Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la sala de admisión de las 
causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la 
aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado.
4.  Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para 
el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del  e
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.» bo
paoqluíteCicloloam,  sosu inpsoue e qpsutuaee  desese tr vadeteer,sg ceiaan r dtaeebs eac  ocdnoetrm omul nadinece aurdano a f inrsmoa leas o ydlo ed  seJecu isdntiiedcgaiaa  dbaeal   scteourdavaliqc iupoia erdrt eicp iuopnsat cupiólaanrct iiódenon    2021-8357n https://ww
para el cargo al que se aludía (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial).
Sin embargo, el recurrente solo parece haber tenido en cuenta el mensaje de un 
tercero frente al comportamiento inequívoco del magistrado recusado, que contradice 
abiertamente las expresiones vertidas por un cargo público en un ámbito estrictamente 
político. Esa lectura parcial de lo acontecido no puede recibir amparo de este tribunal. 
Las  consecuencias  de  una  eventual  estimación  del  recurso  por  este  motivo  son 
fácilmente previsibles, al mismo tiempo que inasumibles. Cualquier mensaje emitido por 
un  tercero  podría  doblegar  la  aplicación  estricta  de  las  normas  sobre  competencia 
objetiva o funcional, o sobre el régimen de abstenciones y recusaciones. Aunque solo 
nos moviéramos en el plano de las apariencias, las dudas sobre la imparcialidad solo 
pueden provenir de los actos o conductas del magistrado objetivamente constatables. 
Cualquier duda basada en convicciones personales o criterios subjetivos, o en hechos u 
opiniones de terceros, no puede implicar la tacha de parcialidad de un magistrado, al 
margen de su comportamiento, porque entonces se estaría reconociendo un inexistente 
derecho del ciudadano a conformar el tribunal a su conveniencia.
Por lo expuesto, el motivo no puede prosperar.
5.7.  Sobre  el  rol  inquisitivo  que  se  atribuye  al  presidente  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.
5.7.1  Posiciones de las partes.
La última alegación sobre la vulneración del derecho a un juez imparcial se refiere a 
lo sucedido en la sesión de la vista oral celebrada el día 14 de marzo de 2019, en el 
interrogatorio como testigo del mayor del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, don Josep 
Lluis Trapero. Según se recoge en la demanda, este testigo había sido propuesto por la 
representación  de  la  acusación  popular  ejercida  por  el  partido  político  Vox.  Esta 
acusación  no  había  formulado  pregunta  alguna  sobre  una  reunión  de  la  junta  de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Cuando el Ministerio Fiscal, en su 
turno de interrogatorio, formuló una pregunta sobre el motivo y la finalidad de esa 
reunión, el presidente de la sala de enjuiciamiento, a instancias de las defensas, rechazó 
la pregunta siguiendo el criterio de que el testigo solo podía ser interrogado sobre los 
hechos establecidos por la parte que lo hubiera propuesto. Sin embargo, terminado el 
interrogatorio  del  testigo,  la  sala  formuló  la  pregunta  que  había  sido  denegada 
previamente, al amparo de lo dispuesto en el art. 708 LECrim.
Según la demanda, el tribunal no solo incurrió en una incoherencia, sino que asumió 
una función acusatoria, mediante la introducción de un hecho nuevo en el juicio, con la 
consiguiente merma de su apariencia de imparcialidad. Prueba de ello es que la sala dio 
traslado a las defensas para poder repreguntar al testigo, en un trámite no previsto en la 
LECrim para estos casos, «y que supone aceptar una insólita situación de contradicción 
entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas».
Esta cuestión fue denunciada por la defensa del aquí recurrente en su escrito de 
conclusiones definitivas, desde la perspectiva invocada del principio de igualdad de 
armas,  aunque  con  el  consiguiente  menoscabo  de  la  imparcialidad  del  tribunal, 
obteniendo una amplia respuesta en la sentencia ahora impugnada.
La posición del Ministerio Fiscal sobre este motivo de amparo es coincidente con las 
anteriores, interesando su desestimación, ya que la pregunta se ajustaba a la finalidad 
del precepto empleado (art. 708 LECrim), que no es otra que «depurar» los hechos ya 
introducidos en el debate, sin añadir ningún hecho nuevo. Además, se permitió a las 
defensas volver a preguntar al testigo, por lo que no se causó indefensión alguna, al  s
margen de la nula influencia de la pregunta en orden a la acreditación de un hecho – oe.
como era la propia reunión– que ya había sido acreditada por otras fuentes de prueba.  w.
peErsnet agebul anm tpaisr mensio el ans etrene tseidpnou l eass ect aipt arpodunadu orne cuteinani óeenrl   arnebi loesgveaa tdnraoce iad  eaal  clEgouslantacadi óopn,a  qreaun e es lau rñ ejaucdiucerio ree dln edte aa,t oup tuodereís aq .eu Pseto enr  in sloua    2021-8357n https://ww
parte, el partido político Vox argumenta en este punto en el mismo sentido que el
Ministerio Fiscal.
5.7.2  Respuesta del órgano judicial.
La sala de enjuiciamiento rechaza esta pretensión en el fundamento de Derecho A), 
apartado 16.3.5. Tras hacer una reseña del art. 708 LECrim, y de las circunstancias en 
que se desarrolló el interrogatorio, se exponen algunos pronunciamientos de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo sobre la interpretación que debe darse al citado precepto, 
a fin de conjugar su aplicación con el respeto a los derechos de las partes. Se citan y 
extractan parcialmente, a tal efecto, la STS 28/2011, de 26 de enero, y otras anteriores 
de 31 de mayo de 1999 y 28 de septiembre de 1994. Para el Tribunal Supremo, «se 
impone […] la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del juez que con su actuación 
busca suplir las deficiencias de la acusación –lo que implicaría una visible quiebra de su 
estatuto de imparcialidad– y la de aquel que solo persigue aclarar algunos de los 
aspectos sobre los que ha versado la prueba […] y que las preguntas de las partes no 
han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes 
descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene 
de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, 
la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna». También 
se reseña parcialmente la STS 1084/2006, de 24 de octubre, en la que se destacó la 
existencia  de  facultades  similares  en  los  sistemas  procesales  de  nuestro  entorno 
(Alemania, Italia, Francia y Portugal). Y en la más reciente STS 205/2015, de 10 de 
marzo,  se  distinguía  entre  imparcialidad  y  absoluta  pasividad,  y  se  contemplaba 
expresamente el supuesto de «juicios largos con algunas dosis de lógica tensión», en los 
que las facultades de dirección del acto obligan a sostener una posición pro activa en la 
que pueden cometerse errores, a los que «nadie está sustraído», pero que no son 
«necesariamente signo de parcialidad, ni han de interpretarse como tales, ni bastan para 
anular un juicio. Pueden ser fruto de un determinado estilo o forma de dirigir el debate. 
Para afirmar que se ha producido un desbordamiento tal de la función de la presidencia 
que ha degenerado en parcialidad, no basta cualquier presunto exceso o desacierto».
Para la sala de enjuiciamiento, la doctrina del Tribunal Supremo está en línea con los 
pronunciamientos de este tribunal, entre los que se destacan y extractan parcialmente 
las SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, y 334/2005, de 20 de diciembre. Lo relevante 
es que las preguntas del órgano enjuiciador versen sobre los hechos objeto de la 
acusación, a los efectos de alcanzar el grado preciso de convicción para la adopción de 
una  decisión.  No  pueden  ser  manifestación  de  una  actividad  inquisitiva  encubierta, 
sustituyendo a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta. Tampoco 
generan indefensión, si la parte pudo formular alegaciones al respecto en el acto de la 
vista.
Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, según la sentencia impugnada. Un 
«juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica 
sobre la que ha de aplicar el Derecho. No parece jurídicamente admisible privar al 
órgano jurisdiccional de esa cuestionada iniciativa probatoria –que en nuestro Derecho 
cuenta con suficiente base legal–, siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto 
de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la 
propia  causa,  y  que,  en  todo  caso,  se  respeten  convenientemente  el  principio  de 
contradicción y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en el proceso. Con 
estas limitaciones, la actuación judicial no atenta contra el principio acusatorio ni el juez 
pierde por ello su necesaria imparcialidad».
5.7.3  Resolución de la queja. e
a)  La última invocación de la vulneración del derecho al juez imparcial no se refiere  w.
capa rueunssiaad decanir tceue nnds teea ln cleaija e rpscaeiclrasio o ndeaesl  turei contrajgumáicenianicmtaei, e sjnuintroios  daai csucunioman ilóae ls. iuóEnnl   dr«eer cocula rrráiencnqtetueri s fiuctionvncois»oi dneadrlu;a re asqn utdeee  ceeir,ll    2021-8357n https://ww
interrogatorio del señor Trapero, prestado en la sesión del juicio oral celebrada el 14 de
marzo de 2019, al formularle una pregunta que versaba sobre el motivo, la finalidad y el 
contenido de una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017.
La  sentencia  describe  brevemente  las  circunstancias  en  que  se  desarrolló  ese 
interrogatorio. El «testigo señor Trapero había sido propuesto por la acusación popular y 
por las defensas de los señores Sànchez, Cuixart y Forn. Tras finalizar el interrogatorio 
de la acusación popular y después de preguntar aquello que estimó conveniente, el 
Ministerio Fiscal formuló al testigo una pregunta relativa a la reunión de la junta de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Como quiera que la única 
acusación no había traído a colación ese encuentro durante su interrogatorio, la defensa 
del señor Forn intervino para advertir a la sala que, de conformidad con el criterio 
suscrito por la sala en la interpretación del primero de los párrafos del art. 708 de la 
LECrim, el fiscal no podía interrogar al testigo sobre ese extremo. La queja fue acogida 
por la Sala, se abrió turno para el interrogatorio de las defensas y, al terminar este, el 
presidente formuló una única pregunta, al amparo del párrafo segundo del art. 708 de la 
LECrim, sobre las razones que motivaron ese encuentro».
Expuesto lo anterior, la sentencia ahora impugnada desarrolla su argumentación para 
denegar esta pretensión. Y señala, a tal efecto, lo siguiente:
«[L]a pregunta formulada por el presidente al testigo –señor Trapero– no introdujo 
elemento alguno que no hubiera sido objeto de debate cruzado entre las partes. El 
testigo había sido ampliamente interrogado sobre la reunión de la junta de seguridad 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017. Al término del interrogatorio de las partes, 
conforme consta en el soporte digital en el que fue grabada la declaración del señor 
Trapero, el presidente procedió a dar lectura al párrafo segundo del art. 708 de la LECrim 
y formuló –previa deliberación del tribunal que así lo había acordado– la siguiente 
pregunta:
‘[…]  usted  ha  declarado  sobre  una  reunión  que  promueve,  en  la  que  están 
responsables políticos […] y de la fuerza que usted dirigía. Se habló de la presencia del 
señor Castellví […] La pregunta, buscando lo que el precepto establece, […] es una 
pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta […] a 
instancia de su letrado. Es exactamente: ¿qué preocupación motivó la iniciativa que 
provoca que convoque o exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué 
mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? 
Exclusivamente es eso’.
Una vez obtenida la respuesta del señor Trapero, la presidencia del tribunal ofreció a 
los  letrados  de  las  defensas  la  oportunidad  de  repreguntar  lo  que  a  su  derecho 
conviniera. La defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez pidió en ese momento una 
aclaración acerca de la autoría de unas declaraciones públicas de uno de los acusados. 
Esa pregunta, por cierto, no fue precedida ni seguida de ninguna protesta por el mismo 
letrado  que  ahora  ve  en  la  iniciativa  del  tribunal  una  gravísima  quiebra  de  la 
imparcialidad. La defensa de los señores Junqueras y Romeva tampoco formuló protesta 
y renunció a su derecho a hacer alguna pregunta. Y el letrado del señor Forn –que 
tampoco hizo constar ninguna protesta– dijo textualmente: ‘[…] creo que ya se lo había 
preguntado, pero sin todo este antecedente. Una vez que ha explicado todo esto, la 
pregunta sería […]’.
A juicio de la sala, esta explicación –‘creo que ya se lo había preguntado’– es la 
mejor muestra de que la pregunta del presidente, amparada en el art. 708 de la LECrim, 
solo buscó lo que el precepto autoriza; esto es, depurar los hechos sobre los que el 
testigo ha declarado. La propia  defensa  reconoció que, sin la minuciosidad de las  e.
aclaraciones sobrevenidas, la pregunta ya había sido hecha. w.b
Concluir  que  esa  pregunta  implicaba  la  prueba  de  un  cognitivo  pre-juicio  del  57ww
parceussiaddeonste,  c–ayr eccoen d eéll , mdáes  tmodínai mlao  sseanlati–d os. oCburea nldao  ceunlp aubni lijduaicdio  doer acl ueanl qeuli eqruae  dsee  lhoas 
rqeucieibbidrao  ddee cllaa raimcipóanr caia ulidna ndú msee rcoo npsrótrxuiymeo  aa  ploasrt icr udaetr oucniean túonsi ctae sptirgeogsu,n etal ,o erilg ednis cduer slao 
argumental ha de ser, desde luego, más consistente. El hecho sobre el que se preguntó
había sido introducido por un testigo anterior, en términos que podrían reputarse a priori 
no favorables para algunos de los acusados. Preguntar a otro de los asistentes a ese 
encuentro sobre el decurso de la reunión, no era tanto para acreditarla –que ya lo 
estaba, por esa y por otras declaraciones posteriores– como para esclarecer la forma en 
que se desenvolvió lo que ex ante podría, según la respuesta, beneficiar también a las 
defensas.  No  necesariamente  habría  de  ser  un  testimonio  más  incriminatorio.  Y 
podemos decir, en todo caso, que la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es 
totalmente prescindible a efectos de construir el relato de hechos probados, en tanto que 
esa  reunión  ha  quedado  acreditada  por  varias  fuentes  de  prueba  en  términos 
esencialmente iguales.»
b)  El  análisis  y  resolución  de  este  motivo  de  amparo  requiere  algunas 
consideraciones previas:
(i)  La primera se refiere al objeto de la pregunta controvertida formulada por el 
presidente de la sala de enjuiciamiento.
Los  términos  de  la  demanda,  e  incluso  de  la  propia  sentencia,  parecen  dar  a 
entender que la pregunta venía referida a una reunión de la junta de seguridad de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Sin embargo, esa reunión tuvo lugar el día 27 de 
septiembre de 2017, mientras que el visionado completo de la declaración del señor 
Trapero pone de manifiesto que la pregunta estaba referida a otra reunión que se 
mantuvo el día 28 de septiembre de 2017 entre los mandos del cuerpo de Mossos 
d’Esquadra y los procesados señores Puigdemont, Junqueras y Forn.
(ii)  Sobre la interpretación que la sala de enjuiciamiento mantuvo en relación con 
uno de los preceptos que regulan el interrogatorio de los testigos.
En el fundamento jurídico A), apartado 16.2.2, el Tribunal Supremo expone su criterio 
sobre el alcance del interrogatorio de las partes, desde su entendimiento del tenor literal 
del  párrafo  primero  del  art.  708  LECrim.  Este  precepto  dispone  lo  siguiente:  «El 
presidente [del tribunal] preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en 
el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado 
podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán 
dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de 
sus contestaciones». La sala de enjuiciamiento describe su criterio interpretativo de la 
siguiente forma:
«La redacción originaria de la LECrim lleva a sus últimas consecuencias el verdadero 
significado del principio de contradicción. Tras las preguntas predefinidas por el art. 436 
–generales de la ley–, […] el presidente ha de dar oportunidad a quien lo haya propuesto 
para formular las preguntas que tenga por conveniente. Terminado su interrogatorio, es 
el  turno  de  las  demás  partes.  Pero  las  preguntas  susceptibles  de  formulación 
condicionan el juicio de pertinencia a que se formulen ‘a la vista de sus contestaciones’. 
Solo entonces se está haciendo realidad el interrogatorio cruzado que anima y da vida al 
principio de contradicción y, con él, al derecho de defensa.
Cuando, como en este caso, la defensa propugna una interpretación en la que el 
turno de repreguntas no conozca límites, se está arriesgando a que sus testigos se 
conviertan en testigos de cargo. Para ello solo es necesario contar con la habilidad del 
Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones. Si después del interrogatorio de la 
defensa el presidente de la sala permitiera que las repreguntas del fiscal no fueran tales, 
sino  que  abordaran  aspectos  que  no  han  aflorado  en  el  examen  verificado  por  la  s
defensa, se produciría una mutación de la prueba de descargo. El letrado que la hubiera  oe.
propuesto tendría que observar con resignación y paciencia, cómo su testigo sería  w.
ltiame spmtliagácosa  mdbelíen midmeeasn ctceao ringneotex. riórBonige canod neo s lsa ocsib erraretzo oa nsqepusee c qteoussee   qjuduseetfi feiincctateorro epnso aldarr aíllnaa  maalal ivfdiisaac radslee  y es sqi eus eete  nsaotbi grtouie vrciaeo rmaunno    2021-8357n https://ww
nuevo turno de repreguntas que diera a la defensa oportunidad para contradecir las
respuestas ofrecidas por el declarante. Pero bastaría que cualquiera de esas preguntas
en turno de réplica desbordara los términos del contrainterrogatorio del fiscal para tener 
que abrir un nuevo debate. Se estaría calentando así un encadenamiento dialéctico de la 
prueba  testifical  que  implicaría,  además  de  una  permanente  confrontación  ajena  al 
principio contradictorio, una vulneración del derecho de defensa».
Como se puede observar, la sala realiza una interpretación del primer párrafo del 
art.  708  LECrim  y,  más  en  concreto,  del  juicio  de  pertinencia  sobre  las  preguntas 
formuladas  a  un  testigo  en  el  «turno  de  repreguntas»,  que  se  deriva  de  las 
«contestaciones» que el testigo haya realizado a las preguntas formuladas por la parte 
que lo propuso. Conforme a la literalidad del precepto, el criterio expuesto por la sala 
determina que, si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto 
de las partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido 
una previa «contestación» del testigo. Con ello se pretende preservar la vigencia estricta 
del principio de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
La  interpretación  ofrecida  por  el  tribunal  sentenciador  no  ha  sido  objeto  de 
impugnación en este recurso, por lo que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre 
la misma. En todo caso, se trataría de una cuestión de aplicación de la legalidad 
ordinaria, sobre la que este tribunal solo podría hacer un control meramente externo o de 
razonabilidad (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3), sin ignorar que caben también otras 
interpretaciones alternativas, que son usuales en la práctica judicial.
No obstante, se ha considerado necesario exponer el criterio mantenido por la sala 
en  este  punto,  porque  permite  contextualizar  debidamente  las  alegaciones  del 
recurrente.
(iii)  La  demanda  invoca  la  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial.  Debe 
señalarse que la respuesta contenida en la sentencia impugnada es tributaria de la 
alegación formulada por el recurrente en su escrito de conclusiones definitivas, en el que 
se invocaba la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su 
vertiente del principio de igualdad de armas (art. 24.2 CE).
En  este  recurso,  por  tanto,  se  ha  introducido  una  modificación  del  derecho 
fundamental alegado (derecho al juez  imparcial)  en comparación con la invocación 
formal  realizada  previamente  en  la  instancia  (igualdad  de  armas).  No  obstante,  la 
identidad de los «términos en que se ha planteado el debate en vía procesal», o de la 
«descripción  fáctica  de  los  datos  o  circunstancias  de  hecho»,  permiten  un 
pronunciamiento de este tribunal (STC 67/2020, de 29 de junio, FJ 2).
(iv)  Otro tanto puede decirse respecto de la ausencia de protesta alguna frente a la 
pregunta formulada por el tribunal.
El visionado de la sesión celebrada el 14 de marzo de 2019 pone de manifiesto que 
la sala (16:12 horas) denegó la pregunta del Ministerio Fiscal sobre la reunión ya 
descrita. Conforme al criterio mantenido durante todo el desarrollo del juicio oral, que ya 
ha sido expuesto, el testigo no había sido propuesto por la fiscalía, y la acusación 
popular proponente no había formulado pregunta alguna sobre esa reunión. Por lo tanto, 
no se podía preguntar sobre algo que no hubiera sido objeto de una contestación previa 
del  testigo.  El  representante  del  ministerio  público  hizo  constar  su  protesta  por  la 
denegación de la pregunta. No obstante, a lo largo de ese interrogatorio (16:24 horas), el 
testigo deslizó una mención a la «reunión de la que no estamos hablando», en clara 
referencia a la reunión sobre la que no se había podido preguntar. Ninguna parte formuló 
objeción alguna sobre esta mención. En su turno de intervención, el letrado del señor 
Forn sí formuló una pregunta sobre esa reunión, alegando que podía hacerlo porque el 
testigo también había sido propuesto por esa parte (17:38 horas). La sala así lo admitió y  s
el resto de los intervinientes en el proceso no formuló protesta alguna. Al término del  oe.
interrogatorio de las partes (18:53 horas), la sala hizo uso de lo dispuesto en el párrafo  w.
segundo del art. 708 LECrim, y formuló la pregunta ahora impugnada. Nadie elevó  57ww
protUesnt ae anltgeunndaim.iento garantista de los presupuestos procesales del recurso de amparo
dcoen odbujceircáio an eusn  fporromnaulnisctiaasm sieonbtroe  sloab rfael teal  fdoen dinov doec alac ióvnu lnpereravciaió nd ea lelag aqduae,j ap r[easrct.i n4d4ie.1n dco)   BOE-A-cable e
LOTC], derivada de la ausencia de protesta en el acto de la vista, toda vez que la lesión 
fue planteada en el escrito de conclusiones definitivas; es decir, al final del acto del juicio 
oral y, como hemos visto, obtuvo una respuesta en la sentencia impugnada.
(v)  La demanda se plantea en términos que permiten advertir cierto solapamiento 
entre los derechos fundamentales invocados.
La expresión «rol inquisitivo» no puede entenderse referida al principio inquisitivo que 
evoca el «viejo proceso penal […] regido por el sistema de prueba tasada en el que el 
imputado  era  considerado  como  objeto  del  proceso  penal,  [no  como]  sujeto» 
(STC 142/2009, de 15 de junio, FJ 3). En realidad, la expresión empleada en la demanda 
pretende  invocar  una  posible  vulneración  del  principio  acusatorio.  Este  principio  se 
encuentra integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías y se conecta 
con el derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación y el derecho al 
juez imparcial, todos ellos amparados en el art. 24.2 CE.
En efecto, el principio acusatorio se manifiesta, entre otros aspectos, en la necesaria 
correlación entre la acusación y la resolución del procedimiento. De esta forma, por un 
lado, la persona a la que se imputa un delito debe tener conocimiento de los hechos 
objeto de la acusación, a fin de poder ejercer su derecho de defensa; y por otro, el 
órgano  de  enjuiciamiento  no  puede  introducir  hechos  nuevos  que  no  hayan  sido 
aportados por la acusación; es decir, no puede adoptar la doble función de juez y parte o 
llevar a cabo una «actividad inquisitiva encubierta» (en palabras de la STC 130/2002, 
de 3 de junio, FJ 3), porque entonces se estaría vulnerando también el derecho al juez 
imparcial (por todas, STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7). Sin embargo, para la resolución 
de  este  motivo  de  amparo  debe  tenerse  igualmente  muy  presente  el  principio  de 
inmediación judicial.
Como es conocido, la inmediación judicial deriva del derecho a un proceso justo o 
equitativo (art. 6.1 CEDH) que implica la «facultad del acusado de estar presente y ser 
oído personalmente» (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10, con cita de las 
SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani c. Suecia, § 24 y 27; de 29 de 
octubre de 1991, asunto Helmers c. Suecia, § 31 y 32, y de 27 de junio de 2000, asunto 
Constantinescu  c.  Rumanía,  §  53,  doctrina  que  se  consolida,  con  matices,  en  la 
STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15).
A su vez, la inmediación judicial también aparece conectada, de forma indisoluble, 
con el principio de libre valoración de la prueba que, en el ámbito del proceso penal, 
figura descrito en el art. 741 LECrim, cuando establece que el tribunal, «apreciando 
según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la 
acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia». 
Para la plena vigencia de este principio es necesario que la prueba se desarrolle en el 
acto del juicio bajo las garantías procesales de «publicidad, oralidad, inmediación y 
contradicción» que, junto con el principio de igualdad de armas, se configuran como 
elementos estructurales del derecho a un juicio justo (STC 94/2004, de 24 de mayo, 
FJ 2, y la jurisprudencia allí citada).
La publicidad del proceso –con sus inescindibles principios de oralidad, inmediación 
y contradicción–, es una garantía de profundas raíces democráticas, porque no solo 
permite que la persona sometida a juicio pueda tener acceso a todo aquello que va a ser 
utilizado  por  el  tribunal  para  la  resolución  de  su  caso,  sino  que  contribuye  a  la 
transparencia del sistema de Justicia generando con ello la máxima confianza de los 
ciudadanos en el funcionamiento del Poder Judicial, que es fuente de su legitimidad 
constitucional (art. 117.1 CE). s
De todo lo anterior se deduce la relevancia que tiene el cumplimiento de las normas  oe.
procesales sobre la práctica de la prueba, como instrumento de garantía del derecho a  w.
un proceso justo. Así, este tribunal ha afirmado que la «estricta sujeción del juez a la ley  57ww
ipmepnoarl tasunsteta gnatirvaan tyía p droecl ejusiacli oq juues troig»e,  qsuues  «aocttoorsg ay  [d…ec] iesli odneerse cchoon sat ietuxyigei rl ad epl rjiumeezr ap eyn mal álas 
eonb seelr vparnoccieas oin,e lxoc uqsuaeb oleb vdiea muennat ea cttiietunde  nlueguatrra s ri eascpteúcat oe nd ee ll apsr opcoessicoi opneensa dl ec olans e psatrritcetas   BOE-A-cable e
sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto 
en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las 
partes en el proceso» (STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3).
Sin embargo, «según doctrina reiterada de este tribunal, no toda infracción de una 
norma procesal genera necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional 
de indefensión (art. 24.1 CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías 
(art.  24.2  CE).  Para  que  esa  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de 
procedimiento alcance relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo 
en las posibilidades de defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  sin  padecer  indefensión  (art.  24.1  CE).  En  definitiva,  ha  de 
comportar una indefensión material y no meramente formal o, aun no causando esa 
indefensión  material,  la  irregularidad  o  infracción  de  las  normas  procesales  ha  de 
suponer una quiebra de las garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 
de mayo). Así ocurriría de haber provocado esa irregularidad o infracción de normas 
procesales  la  pérdida  de  neutralidad  del  juez  penal,  traspasando  los  límites 
constitucionales que a su obrar le imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el 
principio  acusatorio,  ocasionando  una  objetiva  ruptura  de  la  igualdad  y  equilibrio 
procesales de las partes en litigio, que el juez debe preservar aplicando con corrección 
las normas procesales que sirven justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de 
junio, FJ 4). De no hacerlo así, el juez habrá vulnerado el derecho a un proceso judicial 
con todas las garantías (art. 24.2 CE; STC 188/2000, FJ 2)» [STC 130/2002, de 3 de 
junio, FJ 4].
c)  La contextualización de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes permiten 
abordar, ahora sí, la cuestión de fondo planteada.
El art. 708 LECrim, en su párrafo segundo, señala expresamente lo siguiente: «El 
presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir 
a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren».
Esta facultad debe ser considerada como una herramienta necesaria para el ejercicio 
de la inmediación judicial que, como se ha expuesto, se configura como un presupuesto 
del principio de libre valoración de la prueba, integrándose en el derecho a un proceso 
público con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 CE.
La inmediación implica la práctica de la prueba a presencia del tribunal, a fin de que 
este pueda percibir y valorar por sí mismo todo el acervo probatorio propuesto por las 
partes. Eso requiere que los magistrados no alberguen duda alguna sobre el contenido 
de lo que se practica, sin perjuicio de su validez y suficiencia como fuente probatoria. En 
el caso de un testigo, el tribunal no puede tener incertidumbre alguna sobre lo que el 
testigo dice, desde el punto de vista de un mero entendimiento lógico. Pero también es 
necesario tener clara la conexión o relación entre lo que el testigo dice y los aspectos 
esenciales de los hechos enjuiciados. Por tanto, forma parte de la propia naturaleza de la 
inmediación judicial que el tribunal pueda formular preguntas a un testigo sobre aquellos 
aspectos fácticos que no le hayan quedado claros como resultado del interrogatorio de 
las partes. Ese es el sentido de la expresión «depurar los hechos» contenida en el 
art. 708, párrafo segundo, LECrim. Se trata de desbrozar, limpiar o aclarar los hechos 
que, en definitiva, son el objeto del juicio oral, para su adecuado discernimiento.
Esta facultad no puede confundirse con la función estricta de valoración de la prueba. 
La valoración es una actividad jurisdiccional posterior, que presupone necesariamente 
que el tribunal haya percibido con claridad lo ocurrido en el juicio oral. Nótese que el  s
art.  708  LECrim,  en  su  párrafo  segundo,  permite  depurar  «los  hechos»,  no  el  oe.
«testimonio». El testimonio será luego objeto de valoración (o depuración, en cuanto a su  w.
validez, credibilidad y suficiencia para acreditar o no los hechos enjuiciados) conforme a  57ww
lo diEspnu teosdtoo  ceans eol,  alart .p 7o4te1s tLaEdC dreiml t.ribunal recogida en el precepto citado encuentra como
lpímueitdee i ninfrtarondquuceira bhleec lhao sv igqeunec niao  dheal yparnin sciidpoio  oabcjuestoa tdoeri oa.c Eusl aócrgióann oy  sdoeb eren juloicsi aqmueie, nptoo r nloo   BOE-A-cable e
tanto, el procesado no haya podido ejercer su derecho de defensa en condiciones de 
igualdad con el resto de las partes. El uso de esta prerrogativa no puede suponer, en 
modo alguno, que el tribunal se convierta en acusación, en juez y parte al mismo tiempo, 
con la consiguiente pérdida de su debida imparcialidad. En consecuencia, lo relevante 
son los hechos, y estos vienen definidos por los escritos de acusación, que constituyen 
el objeto del proceso penal y, por lo tanto, del acervo probatorio propuesto por las partes.
En el presente supuesto, la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017 entre los 
mandos del cuerpo de Mossos d’Esquadra y algunos de los procesados estaba incluida 
en los escritos de calificación provisional de todas las partes acusadoras, formando parte 
del objeto de la prueba a desplegar durante la vista oral. Así, la referencia a esta reunión 
figuraba en las páginas 40 y 41 del escrito del Ministerio Fiscal, en las páginas 20 y 21 
del escrito del abogado del Estado y en la página 20 del escrito de la acusación popular 
ejercida por el partido político Vox.
Además, la existencia y contenido de esta reunión había sido puesta de manifiesto 
en una declaración anterior del testigo señor Castellví, y la defensa del procesado señor 
Forn también había formulado una pregunta sobre el contenido de esa reunión, antes de 
que la sala hiciera uso del párrafo segundo del art. 708 LECrim.
Una vez que la reunión estaba incluida en los escritos de acusación, y que su 
celebración y contenido habían sido introducidos en el juicio oral, la iniciativa de la sala 
no puede considerarse como impropiamente inquisitiva o desconocedora del principio 
acusatorio. La sala de enjuiciamiento no introdujo un hecho nuevo. La pregunta no pudo 
conformar  una  nueva  acusación,  sino  que  esta  venía  determinada  por  los  hechos 
contenidos en los escritos de calificación provisional, en los que se hacía una referencia 
expresa a la iniciativa para celebrar la reunión, así como a su contenido y finalidad. Y, 
precisamente, la pregunta pretendía aclarar el motivo, la finalidad y el contenido de la 
reunión. No otra cosa significa preguntar acerca de la «preocupación que motivó la 
iniciativa», el «mensaje» que se quería «transmitir» y la «respuesta» obtenida. Planteada 
la pregunta en esos términos, su objetivo y finalidad quedaba englobada sin dificultad en 
los estrictos límites exigidos por el art. 708 LECrim, párrafo segundo, («depurar los 
hechos»), sin infracción del principio acusatorio. Ninguna tacha de parcialidad se puede 
derivar del cumplimiento estricto de las normas procesales.
Ni siquiera puede achacarse a la sala una mera incoherencia en su actuación. Según 
el recurrente, es incongruente denegar la pregunta al Ministerio Fiscal y, sin embargo, 
formular la misma pregunta unos minutos después.
Al margen de que la mera contradicción de criterio, o incluso un hipotético error en el 
desarrollo de una vista oral (sobre todo, en un juicio de estas dimensiones y duración), 
no implica, por sí misma, una vulneración de un derecho fundamental ni ha de conllevar, 
necesariamente, la pretendida –y desproporcionada– consecuencia de la nulidad de la 
sentencia, parece claro que la actuación de la sala encuentra amparo en dos preceptos 
legales diferentes. Los criterios valorativos para la consideración de una pregunta como 
pertinente pueden ser diferentes en función de que el interrogatorio sea formulado por 
una parte o por el tribunal. En el primer caso, la apreciación exige una ponderación sobre 
el principio de contradicción e igualdad de armas, como presupuestos del derecho a la 
defensa.  En  el  segundo,  entra  en  juego  la  inmediación  judicial  como  condición 
imprescindible para la libre valoración de la prueba, con el límite del respeto al principio 
acusatorio. Por todo ello, y conforme a la concreta interpretación del primer párrafo del 
art. 708 LECrim acogida por la sala, la pregunta podía ser denegada; mientras que el 
segundo párrafo del mismo precepto amparaba la pregunta formulada por el tribunal,  s
según hemos expuesto. La diferencia de presupuestos normativos para adoptar ambas  oe.
decisiones impide apreciar la incongruencia o incoherencia alegada y, por lo tanto, la  w.
vulneración invocada. 57ww
pregCuonnta  ifnodrmepuelanddae npcoiar  lad esa ltao dsoe  ploo naen dteer imora, neifli ecsatorá ccutearn dmoe lraa smeennteten caiac lsaerañtaolraio s ud neu llaa 
Etrafesccteivnadmeenncitae , duensad ele cetlu prau ndteo  lad ere vsiosltuac idóenl  iamcpeurvgon apdrao bpaetromrioite u atiplizreacdioa r pqaurea,  lean  ceol nmdeanrcao.   BOE-A-cable e
del principio de libre valoración de la prueba, valorada en su conjunto, la sentencia no 
aparece apoyada en la contestación del señor Trapero a la pregunta formulada por la 
sala; es decir, que fue inocua desde la perspectiva de la afectación material de los 
derechos del recurrente.
Mención aparte merece el hecho de que, en todo caso, la pregunta formulada por la 
sala fue seguida de la concesión de un nuevo turno para el interrogatorio de las partes, 
que fue utilizado por la defensa del señor Forn para volver a preguntar por la citada 
reunión, sin protesta alguna del resto de los intervinientes.
Ese  nuevo  turno,  no  previsto  expresamente  en  la  normativa  procesal,  permite 
descartar cualquier indefensión material para las partes derivada de la pregunta hecha 
por la sala. Con su actuación, el tribunal sentenciador no incurrió en una «insólita 
situación de contradicción entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas», como 
se alega en el recurso. Lo que puso de manifiesto fue un escrupuloso respeto al derecho 
de defensa, a la vigencia de los principios de contradicción e igualdad de armas y, en 
definitiva, al derecho a la imparcialidad judicial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). Lo que conduce a la desestimación del motivo 
analizado.
6.  Derecho a la igualdad de armas en el proceso.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia en el apartado 16 del 
fundamento jurídico A).
Para  la  mejor  comprensión  del  examen  de  esta  queja,  teniendo  en  cuenta  la 
extensión de este apartado, así como que abarca aspectos ajenos a los planteados en 
esta sede por la parte recurrente, hemos optado por no reproducir íntegramente este 
fragmento de la sentencia recurrida. Tomaremos así las consideraciones efectuadas en 
él por el Tribunal Supremo a medida que vayamos descendiendo a los detalles que 
incluye el análisis del motivo de amparo.
6.1  Posiciones de las partes.
La parte recurrente denuncia la vulneración del principio de igualdad de armas por el 
trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral (arts. 24 CE y 6 
CEDH), con base en que se limitó su actividad procesal en el momento de interrogar de 
manera mucho más estricta de lo que se hizo con las acusaciones. La demanda, de la 
que se ha dejado detallada constancia en los antecedentes de esta sentencia, se refiere 
a varios episodios acaecidos durante el desarrollo del juicio oral que serían reveladores 
de  la  denunciada  desigualdad:  (i)  en  el  interrogatorio  del  testigo  señor  Torrent,  se 
permitió a las acusaciones formular preguntas que desbordaron las razones por las que 
había sido propuesto, lo que se impidió a las defensas; ii) se permitió a las acusaciones 
efectuar preguntas a los acusados o testigos sobre su afiliación política e ideología, pero 
no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos aspectos a algunos testigos, como 
a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona; (iii) a los testigos de las acusaciones, como fueron los policías, se les autorizó 
a exponer valoraciones al aludir a aspectos tales como «caras de odio» –en referencia a 
los votantes– «clima hostil» o «clima insurreccional» (señor Baena), lo que se impidió a 
otros como a la señora Garcés; (iv) a algunos testigos propuestos por la acusación se les 
autorizó a consultar notas escritas, lo que fue impedido a la señora Garcés y al señor 
Matamala; (v) la reacción del tribunal frente a las manifestaciones de «desmemoria» o 
«renuencia» de algunos testigos, como la señora Sáenz de Santamaría, el señor Rajoy y  e.
el señor Zoido, frente a la dispensada a la señora Guix y al señor Mestre; (vi) el  w.
impedimento para preguntar a un inspector de policía respecto del «aparente infarto»  57ww
smuefrnidcoio npaobr au ne nc iuedl aedsacnroit oc udaen daoc ussea cdiiósnp oyn,í ap rae vvioatmare, nptee,s es ea  qhuaeb íae spae crmircituidnos taanl cfiais csael 
ianqteurír roegcaurr rael nrtees, peenc tlao ;s (evsiii)ó enl  dreep 2r7o cdhee  aqbureil  ddeir i2g0ió1 9e,l  cpureasniddoe netest ed eult itlrizibóu lnaa el xapl rleestriaódno « dleeyl   BOE-A-cable e
de ritos» para referirse a la LECrim, porque esa expresión constituía un «insulto a los 
procesalistas».
El abogado del Estado considera que el denunciado trato peyorativo dado a las 
defensas  frente  a  las  acusaciones  no  se  ha  producido,  remitiéndose  de  modo 
pormenorizado a las respuestas contenidas en la sentencia recurrida.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox sostiene que los 
extremos manifestados por el recurrente no son más que «minucias procesales, cuando 
no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato desfavorable, pero que al final 
no  han  supuesto  anular  al  condenado  la  posibilidad  de  proponer  y  practicar  los 
elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco afectan al sentido del fallo», 
amén de que el demandante no ha argumentado nada sobre esta relevante cuestión.
Por último, el Ministerio Fiscal aduce que las respuestas dadas por la Sala en la 
sentencia tienen de común su razonabilidad, pues responden a la aplicación de la 
normativa procesal sobre el desarrollo de la prueba testifical en cumplimiento de las 
facultades de dirección de los debates del juicio oral que corresponde al presidente del 
tribunal (art. 683 LECrim). A su juicio, más allá de valoraciones personales, el recurrente 
no indica qué reglas procesales se han desconocido o cómo su vulneración ha afectado 
a las garantías de defensa. No se ha argumentado en qué medida estas presuntas 
irregularidades y desigualdad de trato le han causado indefensión y han podido influir 
sobre el resultado final de la sentencia condenatoria, de modo que el fallo pudiera haber 
sido otro.
6.2  Doctrina constitucional.
Podemos sistematizar la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad de 
armas en el proceso penal, siguiendo la ya citada STC 130/2002, de 3 de junio, y a 
riesgo de incurrir en reiteraciones, en los siguientes términos:
a)  «La primera y más importante garantía debida del proceso penal, a los efectos 
de que este pueda tenerse por un juicio justo, es indudablemente aquella que impone al 
juez (hasta el punto de constituir parte de su estatuto constitucional, art. 117.1 CE), y en 
lo que ahora interesa, al juez penal, la inquebrantable obligación de someterse de forma 
exclusiva y sin desfallecimiento o excepciones al ordenamiento jurídico. Especialmente, 
a las normas procesales que establecen la forma en la que debe ejercer su función 
jurisdiccional en los procesos penales. Pues su estricta sujeción a la Ley, en este caso, a 
la  Ley  procesal,  garantiza  la  objetividad  e  imparcialidad  del  resultado  de  su 
enjuiciamiento del asunto que se someta a su examen».
Esto es, «la estricta sujeción del juez a la ley penal sustantiva y procesal que rige sus 
actos y decisiones constituye la primera y más importante garantía del juicio justo en la 
medida en que dicha sujeción asegura a las partes en el proceso que el juez penal es un 
tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que 
desempeñen  en  el  proceso.  Alejamiento  que  le  permite  decidir  justamente  la 
controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. Por esta 
razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte 
(STC 18/1989, de 30 de enero, FJ 1, con cita de la STC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 
y 2), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de 
manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas, lo 
que es aún más relevante cuando se trata del imputado en el proceso penal (por todas 
STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3 y, con posterioridad,  s
SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3). oe.
«De ahí que la imparcialidad objetiva del juez penal resulta sin duda una garantía  w.
heteasne iandccoti uaoal cdya osd iedóbeni  dfdaoe rdm eaalf i rpqmruoaecr e ssqeou  eep xeecnnlua yle ajsu tstaot odm.a Ea dtl eujurdieaaz   ‘lldeaegsbí taeimp gaaa rirseaonnbctriizeaa ssr  usq ounnee  uemtlr uaóylri gdiamandpo.o  Hrjutaednmictoeiassl    2021-8357n https://ww
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos’ (STC 162/1999, FJ 5)»
(STC 130/2002, FJ 3). Muy expresivamente, «la Justicia no solo debe realizarse, también 
debe verse que se realiza» [En palabras de la STEDH de 26 de octubre de 1984, De 
Cubber c. Bélgica, § 26, «según un adagio inglés citado en la sentencia Delcourt de 17 
enero 1970, […] ‘justice must not only be done: it must also be seen to be done’»; 
expresión reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (entre otras, en las 
SSTEDH de 15 de octubre de 2009, caso Micallef c. Malta, § 98, y de 22 de octubre 
de 2019, caso Deli c. Moldavia, § 36)].
«También hemos sostenido que aquel puede traspasar el límite que le impone el 
principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha 
llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad 
procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en 
clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede 
deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)».
De este modo, «el derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 
CE), por lo tanto, otorga al acusado y procesado el derecho a exigir del juez penal la 
observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes 
en el proceso, lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta 
sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto 
en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las 
partes en el proceso. Pues esa igualdad, que constituye un principio constitucional de 
todo proceso integrado en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente 
obligados a aplicar la ley procesal de manera igualitaria, de modo que se garantice a 
todas las partes, dentro de las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de 
acuerdo con la organización que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de 
defensa,  sin  conceder  trato  favorable  a  ninguna  de  ellas  en  las  condiciones  de 
otorgamiento y utilización de los trámites comunes, a no ser que existan circunstancias 
singulares determinantes de que ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda 
mantenerse con un tratamiento procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado 
con el fin precisamente de restablecer dichos equilibrio e igualdad (STC 101/1989, de 5 
de junio, FJ 4)» (STC 130/2002, FJ 3).
b)  Como ya hemos expuesto, no toda infracción de una norma procesal genera 
necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional de indefensión (art. 24.1 
CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE). «Para que 
esa  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento  alcance 
relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de 
defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin padecer indefensión (art. 24.1 CE). En definitiva, ha de comportar una indefensión 
material  y  no  meramente  formal  o,  aun  no  causando  esa  indefensión  material,  la 
irregularidad o infracción de las normas procesales ha de suponer una quiebra de las 
garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 de mayo). Así ocurriría de 
haber provocado esa irregularidad o infracción de normas procesales la pérdida de 
neutralidad del juez penal, traspasando los límites constitucionales que a su obrar le 
imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el principio acusatorio, ocasionando 
una objetiva ruptura de la igualdad y equilibrio procesales de las partes en litigio, que el 
juez  debe  preservar  aplicando  con  corrección  las  normas  procesales  que  sirven 
justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4). De no hacerlo así, el 
juez  habrá  vulnerado  el  derecho  a  un  proceso  judicial  con  todas  las  garantías  s
(STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)» (STC 130/2002, FJ 4). oe.
c)  «El régimen procesal de la prueba en el proceso penal posee una indudable  w.
relevancia  constitucional  habida  cuenta  de  su  estrecha  conexión  con  las  garantías  57ww
ucotilnizsatirt ulcoiso nmaeledsi odse dl ea cpurusaedboa,  pye rmtinueyn teens  (paarrtt.i c2u4la.2r  CcoEn)  ylo sa  dlae rpercehsousn cfiuónnd daem einnotcaelensc iaa 
d(aisrtt.in 2ta4s.2  fCasEe)s. ,L ay  emsutryic tean s uejsepceiócnia dl elal  jureelza tpivean aal  aslu r éagdimmeisnió pnr oyc epsráacl tdicea l,a  cpornusetbitau yeen  usnuas   BOE-A-cable e
garantía  más  del  proceso  justo  (art.  24.2  CE)  en  los  términos  señalados  con 
anterioridad» (STC 130/2002, FJ 5).
La facultad de intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica y 
contradecirla  es  también  una  específica  manifestación  del  derecho  de  defensa  del 
acusado  (por  todas,  SSTC  176/1988,  de  4  de  octubre;  122/1995,  de  18  de  julio, 
y 76/1999, de 26 de abril) e incluye «interrogar o hacer interrogar a los testigos que 
declaren contra él», dando al mismo una ocasión adecuada y suficiente para discutir un 
testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un 
momento posterior del proceso (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 57/2002, de 11 de 
marzo, FJ 3, con cita de las SSTEDH de 24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger 
c. Austria, § 31; de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski c. Holanda, § 41; de 27 de 
septiembre de 1990, caso Windisch c. Austria, § 26; de 19 de febrero de 1991, caso 
Isgrò c. Italia, § 34; de 20 de septiembre de 1993, caso Saïdi c. Francia, § 43, y de 27 de 
febrero de 2001, caso Lucà c. Italia, § 40).
d)  Si bien no todas las irregularidades e infracciones del régimen legal de prueba 
poseen relevancia constitucional a los efectos de las garantías del art. 24.1 y 2 CE, «no 
es menos cierto que el impulso probatorio del órgano judicial (tanto de oficio como a 
petición de parte) puede, en ocasiones y a la vista de las circunstancias del caso, 
traspasar los límites que le imponen el debido respeto al principio acusatorio, en el 
sentido de que quien debe formular la acusación y sobrellevar la carga de la prueba 
inculpatoria  es  la  acusación  y  no  quien  ha  de  dictar  sentencia  en  el  proceso, 
menoscabando  reflejamente  aquella  apariencia  de  imparcialidad  objetiva  que  debe 
preservarse en todo momento (STC 186/1990, de 5 de noviembre, FJ 5). Por ello debe 
indagarse –a la vista de los datos objetivos que quepa extraer del modo de proceder que 
en  cada  caso  haya  observado  el  órgano  judicial–  si  tras  un  impulso  probatorio 
aparentemente neutral, incluso al abrigo de lo dispuesto en el art. 729.2 LECrim, el juez 
no ha emprendido en realidad sino una actividad inquisitiva encubierta» (STC 130/2002, 
FJ 5, con cita de la STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2). La observancia de tales 
principios se impone también en el interrogatorio de los testigos en el acto del juicio oral, 
como se refleja, entre otras, en la STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14. En todo 
caso, para determinar si se ha producido la quiebra de esta esencial igualdad de armas, 
es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso.
6.3  Resolución de la queja.
La respuesta de este tribunal al motivo de amparo es consecuencia de las siguientes 
consideraciones:
A)  Para dar una contestación a esta queja, es preciso efectuar una valoración 
global sobre el desarrollo del juicio oral y, dentro del mismo, sobre el interrogatorio de los 
testigos de cargo y de descargo.
Es fácil comprender que no resulta exigible infalibilidad ni al presidente, encargado 
de dirigir el debate (art. 683 LECrim), ni a los restantes miembros de un tribunal de 
enjuiciamiento. Las circunstancias particulares del juicio que sometemos a examen, 
desarrollado en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que fueron 
interrogados más de quinientos testigos, hace aún más asequible la comprensión de lo 
anterior. El desacierto, por tanto, en el ejercicio de las funciones procesales propias de la 
dirección del examen de los testigos a que se refieren los artículos arts. 701 y siguientes 
de la Ley de enjuiciamiento criminal, es una posibilidad real. Con ello no queremos dar a  s
entender –debemos aclarar esto de entrada– que la exigencia de sometimiento a la ley  oe.
procesal  sea  menor  que  en  otros  casos.  Lo  que  queremos  expresar  es  que  no  w.
ctirroriberrugenusalpal oridnpadadese as a p proeorsc teees faeTlcertsiub.a uHrn eamul noaCs  odnvesa tliiontursacisciotiiórn nae ln  eeoxsttotearrg nidaaer  ad.e eEl l l accmoonnptjaruornol t qou freed nceto em lapa e atesc itamiv eipdslaeteds    2021-8357n https://ww
jurisdiccional desarrollada en el juicio para determinar si efectivamente se respetaron los
principios de neutralidad judicial e igualdad de armas, sin olvidar que las infracciones
procesales solo tienen relevancia constitucional cuando se produce una disminución real 
y efectiva de garantías, y que para alcanzar una convicción sobre la existencia o no de 
esa  diferencia  de  trato  jurídicamente  relevante  es  preciso  efectuar  un  juicio  de 
ponderación  con  arreglo  a  criterios  cualitativos.  Lo  decisivo  no  es  el  número  de 
supuestos agravios que la parte pueda llegar a invocar (de otro modo, bastaría que la 
parte  contraria  citara  igual  número  de  afrentas  para  enervar  el  motivo),  sino  su 
importancia, puesta en relación con el comportamiento del órgano jurisdiccional respecto 
a las demás partes y en el conjunto del debate procesal.
La argumentación de la queja en la demanda, como hemos visto, está basada sobre 
determinados  episodios  del  juicio  (siete,  en  concreto)  en  los  que,  según  la  parte 
recurrente, el tribunal de enjuiciamiento se desvió de la correcta aplicación de la ley 
procesal en contra de las defensas.
Este tribunal, sin embargo, constata que no existió ese trato peyorativo hacia la 
defensa. Más allá de que todas y cada una de las valoraciones efectuadas sobre tales 
eventualidades han recibido una respuesta explícita en la sentencia recurrida, como 
veremos a continuación, del acierto de tales respuestas (en términos de ajuste a la 
norma procesal), y de que, como también constatamos, esas incidencias carecen de 
relevancia para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, podemos ya 
adelantar que estimamos que tales acontecimientos, valorados en su conjunto y en el 
contexto de todo el juicio oral, resultan manifiestamente insuficientes para fundar la 
existencia del trato desfavorable del que se queja el recurrente.
Para alcanzar esa conclusión tomamos en consideración el desarrollo del juicio en su 
integridad, el relato de hechos probados y las razones de la condena del recurrente, de 
todo lo cual se ha dado cuenta en los antecedentes de esta resolución, así como los 
acontecimientos en que la parte demandante funda su queja y las respuestas ofrecidas 
por el Tribunal Supremo, que examinamos seguidamente. De esto se desprende que se 
trata de acontecimientos menores, incidencias o irregularidades procesales leves, a lo 
sumo, que no permiten afirmar ni quiebra de la igualdad de armas, ni merma del derecho 
de defensa.
B)  El Tribunal Supremo ofrece en la sentencia recurrida una respuesta explícita 
frente a cada una de las protestas realizadas.
a)  La queja relativa al interrogatorio del testigo señor Torrent, según la cual se 
permitió a las acusaciones formular preguntas desvinculadas de las razones por las que 
había sido propuesto, lo que se impidió a las defensas, recibe en la sentencia una 
contestación expresa, razonada y razonable.
La respuesta parte de la interpretación que la sala efectúa del art. 708.1 LECrim, 
primer  párrafo,  según  el  cual  «el  presidente  preguntará  al  testigo  acerca  de  las 
circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la 
parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. 
Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y 
fueren  pertinentes  en  vista  de  sus  contestaciones».  De  ella  se  ha  dejado  literal 
constancia en el fundamento precedente de esta misma sentencia, al que ahora nos 
remitimos. Cabe reiterar que con el criterio interpretativo que se maneja –conforme al 
cual si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto de las 
partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido una 
previa «contestación» del testigo– se pretendió preservar la vigencia estricta del principio 
de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
Se refiere después a la valoración concreta de la relevancia del interrogatorio del  e.
testigo: «si el testimonio del señor Torrent sobre lo que sucedió el día 1 de octubre era  w.b
tan importante, no se entiende bien la razón por la que no fue propuesto como testigo  57ww
ipnodri splaesn sdaebfleen psaasra.  eCl oens cilnadreecpiemnideenntoc iad e dloes  ehlleoc, homsa cl upauneddoe  suh aabplaorrstaec iódne  –uqnu et ehsatsigtao 
eesxep emrieonmceian teol  hdaíab í1a  dpea soacdtou bdree.s aSpoebrrceib eidl ad epsaararr olallos  ddeef eenssaa sjo–r nsaed ali,m situasb av icai scitoundteasr , slua 
actitud de la ciudadanía y el papel de los agentes antidisturbios, han declarado más de
un centenar de testigos. Todos ellos han contado su personal vivencia durante ese día. 
No puede hablarse, pues, de indefensión derivada de la imposibilidad del señor Torrent 
de explicar su particular experiencia sobre hechos que fueron descritos detalladamente 
por otros muchos testigos presenciales».
b)  El segundo defecto en la conducción de las pruebas testificales denuncia que se 
permitió  a  las  acusaciones  efectuar  preguntas  a  los  acusados  o  testigos  sobre  su 
afiliación política e ideología, pero no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos 
aspectos a algunos testigos, como a la letrada de la administración de justicia del 
Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona.  Esta  cuestión  recibió  también 
contestación en la sentencia.
Comienza valorando el Tribunal Supremo la declaración del señor Rufián. Dice así 
que «la militancia política del señor Rufián es un hecho notorio»; que «durante su 
declaración como testigo hubo de ser interrumpido por el presidente de la sala al tratar 
de adentrarse en valoraciones políticas prescindibles para el tratamiento jurídico de los 
hechos» y que «quiso formular un discurso político en el momento de su declaración 
como testigo», razones por las que constituye «un despropósito» estimar que se vulneró 
el derecho del diputado a no declarar sobre sus propias convicciones ideológicas. En 
cambio, se justifica el impedimento a las defensas de los señores Junqueras y Romeva y 
de los señores Rull, Turull y Sànchez, de preguntar a la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona acerca de si era «seguidora de 
páginas web de extrema derecha» en los siguientes términos:
«De lo que se trata es de preservar el derecho de todo testigo a no declarar 
públicamente acerca de su ideología, religión o creencias (art. 16.2 de la CE). Doña 
Monserrat es una funcionaria de la administración de justicia que fue llamada a juicio 
para que narrara las circunstancias que presidieron su huida de madrugada, por los 
tejados de la Consejería de Economía de la Generalitat, con ocasión de la entrada y 
registro  judicialmente  acordada  el  día  20  de  septiembre  de  2017.  Fuera  de  esos 
extremos vividos en primera persona, interrogarla, no ya acerca de la autoría de un 
mensaje o de un tuit, sino sobre su condición de ‘seguidora de páginas web de la 
extrema derecha’, resulta manifiestamente impertinente.»
Según el Tribunal Supremo, «[s]ometer a los más de quinientos testigos inicialmente 
propuestos por las partes a un test ideológico del que dependería su compromiso con la 
verdad, además de su anticipada inutilidad, habría supuesto una flagrante vulneración de 
la prohibición constitucional que proclama el art. 16.2 de la CE».
Se dan las razones por las que, sin embargo, se permitió al fiscal o al resto de las 
acusaciones preguntar a determinadas personas por su condición de miembro de la 
Asamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural:
«[L]a condición de militante de alguna de esas asociaciones era presentada por las 
propias defensas como elemento de identificación en las respectivas listas de testigos 
ofrecidas para su citación por la Sala. Es el caso, por ejemplo, de la defensa del señor 
Cuixart. Los testigos enumerados en los apartados 3 a 7 de la lista propuesta, son 
precisamente señalados por su adscripción ideológico-asociativa a esos movimientos 
sociales. Don Joan Vallvé i Ribera es presentado como vicepresidente de la entidad 
Òmnium Cultural; don Joan Ignasi Elena García es identificado como ‘portavoz del Pacte 
Nacional pel Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural’; doña ltziar 
González  Virós,  es  también  presentada  como  ‘miembro  del  Pacte  Nacional  pel  s
Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural’». oe.
Asimismo, los testigos núms. 23 y 24 –doña Silvia Prats Cortés y doña María Luisa  57ww
Mayaurdtíanreozn  aO mlivaenrate–n efru eelr ocno rddóens cdreit ovso luennta rliao s ldiseta la  pArNesCe netl a2d0a d ec osmepot ie«mvborluen dtaer i2a0s1 7q eune 
la Consejería de Economía».
Tras referir las explicaciones dadas en su declaración por el señor Cuixart sobre la 
fundación y los fines la entidad Òmnium Cultural, que preside, agrega el órgano de 
enjuiciamiento, que «es difícil entender que la pregunta de las acusaciones a algunos 
testigos acerca de si eran socios de Òmnium pueda interpretarse como una injerencia en 
el perfil político del interrogado».
c)  Sobre  la  denunciada  mayor  permisividad  de  la  presidencia  respecto  a  las 
valoraciones  efectuadas  por  los  testigos  de  las  acusaciones  cuando  se  trataba  de 
policías, la sentencia recurrida explica que «un testigo que durante su examen no ofrece 
hechos, sino valoraciones personales, está dando la espalda a la razón de su llamada al 
proceso. El testigo no opina, no valora. El testigo narra. Ha de limitar su relato a aquello 
que vio y percibió por los sentidos. El razonamiento sobre el que la defensa construye el 
menoscabo del principio de igualdad de armas gira, paradójicamente, sobre aquello que 
no interesa al órgano de enjuiciamiento. Las valoraciones personales de los testigos no 
tienen cabida en la descripción de los hechos probados». No cabe invocar indefensión, 
cuando «lo que se pretende explicar es absolutamente irrelevante en términos jurídicos».
Lo anterior excusa, según continúa diciendo el Tribunal Supremo, de la necesidad de 
argumentar acerca de si los ejemplos que ofrece la defensa son o no equiparables, o «si 
algunas de las frases que selecciona como expresivas de un juicio de valor lo son 
realmente, o si tienen un contenido fáctico íntimamente ligado a lo que percibieron los 
testigos por sus sentidos cuando accedieron a los centros de votación o cuando uno de 
ellos coordinaba algunas de las investigaciones policiales».
Se refiere después a la declaración de la señora Garcés. Reproduce reiteradas 
alusiones a sus percepciones personales o sentimientos («teníamos la sensación de una 
curiosidad compartida […] que entrábamos en una nueva situación política»; «en ningún 
momento tuve la sensación de inquietud […] o de alarma»; «estupefacción y sorpresa 
generalizada»; «deshacer la inquietud y el miedo»; y «prohibición incomprensible y 
triste», en relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional) en respuesta a 
preguntas que «en ningún caso, fueron declaradas impertinentes, pese a su manifiesta 
irrelevancia». Acto seguido explica la interrupción del presidente «en el momento en el 
que el testimonio llega a un punto en el que la declarante pretende explicar su grado de 
alucinación sobre lo que aconteció el 1 de octubre (‘yo aluciné’)», por entender que la 
declaración  no  versaba  sobre  hechos  sino  sobre  valoraciones  personales,  que  no 
interesan al enjuiciamiento.
Concluye este apartado el Tribunal Supremo con la justificación de la expresión 
«correcto. Mucho mejor», empleada por la presidencia cuando el letrado puso fin al 
interrogatorio de la señora Garcés. Y señala que su testimonio fue «manifiestamente 
prescindible. Nada de lo que dijo, nada de lo que valoró, nada de lo que respondió […] 
ha tenido influencia en la proclamación de los hechos probados».
d)  En relación con el reproche relativo a que a algunos testigos propuestos por la 
acusación se les permitió consultar notas escritas, lo que le fue impedido a la señora 
Garcés y al señor Matamala, la sentencia recurrida en amparo, una vez trascrito el 
art. 437 LECrim («los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer la 
declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. […] Podrán, sin embargo, consultar 
algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar»), expone la diferencia 
entre estos casos:
Don David Pérez, diputado del PSOE en la mesa del Parlament, fue preguntado 
inicialmente por el fiscal, quien, junto con la abogacía del Estado, había propuesto su 
declaración, sobre cuestiones referidas al contenido de los apartados d) y e) de los arts.  e.
37 y 11 del Reglamento del Parlament. El fiscal «indagaba acerca del alcance de las  w.b
facultades  jurídicas  de  la  mesa  para  examinar  el  contenido  de  cualquier  iniciativa  57ww
ldeegli stelasttiivgao» .c oEnn  eels tteaxst oc irlecguanls tsaonbcriea se,l  sqeugeú ns ee le Tstráib upnreagl uSnutparnedmo,o ,n o« appuoeydaer  lsaesr ,r eesnp nuiensgtúans 
«caasl o,t ecsetingsou raqbulee ».p Aueñdaed e cqounes, ualtdaer mnáost,a esl,  prpeesriod enntoe  doefr elac esra la‘r einstpeurveinstoa sp arqau ere ceosrdtéanr 
predefinidas’. Se le invita a que mantenga esas notas, pero se le impone que ‘[…] no 
haga una lectura microliteral de lo que quiere contestar’».
En el caso de la señora Garcés, según la sentencia, no se trata del empleo de «unas 
notas que le sirvan para refrescar la memoria respecto de datos de difícil evocación», 
sino de que se valió de «un guion en el que se transcribe hasta el tiempo que hacía que 
‘[…]  no  se  tomaba  un  café’  con  el  señor  Cuixart,  su  estado  febril  o  el  grado  de 
alucinación que le produjo la prohibición jurisdiccional del referéndum del 1 de octubre».
e)  La  censura  que  la  parte  recurrente  dirige  a  la  reacción  del  tribunal  de 
enjuiciamiento frente a las manifestaciones de «desmemoria» o «renuencia» de algunos 
testigos frente a la dispensada a otros, también mereció una respuesta pormenorizada.
Una vez sentado que no se indica, por quien protesta, «qué influencia ha podido 
tener ese hecho en la valoración probatoria», el Tribunal Supremo señala que la defensa 
de los señores Rull, Turull y Sànchez no formuló ninguna pregunta a la señora Sáenz de 
Santamaría, a la que atribuye la desmemoria. Tras ello, se remite al visionado del vídeo 
«para observar la actitud de la presidencia encaminada a reforzar la claridad de las 
respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  la  defensa  del  señor  Forn  (cfr. 
minuto 13:24)».
En relación con el testimonio de don Ignacio Zoido, se señala que el interrogatorio –
en el que intervino la defensa del señor Forn, el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado, 
el letrado de la acusación popular y las defensas del señor Cuixart, de la señora Borràs y 
de los señores Turull, Rull y Sànchez– se prolongó durante más de dos horas, la defensa 
del  recurrente  no  formuló  protesta  y,  «como  puede  observarse  a  partir  del 
minuto 2:06:36, la presidencia de la Sala intervino para exigir del señor Zoido mayor 
concreción, recordando al testigo que la pregunta era muy concreta y se ‘[…] podía 
contestar con un monosílabo’».
Respecto del interrogatorio del señor Rajoy, se explica que este testigo admitió que 
tuvo contactos políticos con el señor Urkullu, pero no pudo precisar si fueron contactos 
personales o mediante comunicación telefónica o telemática, lo que justificó el declarante 
por «la existencia de una pluralidad de personas con las que llegó a contactar con el 
mismo objetivo, entre ellas, el señor Ortuzar». En otros puntos de esta declaración, la 
presidencia exigió al testigo «una respuesta más precisa y detallada», como por ejemplo, 
ante «la pregunta acerca de si el declarante se había comunicado con los testigos o 
había visto el desarrollo del juicio en streaming», tras lo que el señor Rajoy «admitió que 
había  seguido  el  desarrollo  de  la  sesión  anterior  ‘por  la  lectura  de  los  periódicos 
digitales’».
Examina a continuación en detalle la testifical de la señora Guix, propuesta por las 
acusaciones en su calidad de diseñadora de la página web «Pacte pel Referendum»; 
persona que, según el Tribunal Supremo, por su cualificación profesional, hizo posible 
técnicamente los contenidos de la web ideada por el Gobierno de la Generalitat. Y así, 
se dice de ella: «desde el primer momento rechazó dar respuesta a lo que le preguntaba 
el Ministerio Fiscal con un reiterativo ‘[…] no me acuerdo […] porque ha pasado mucho 
tiempo’. La siguiente secuencia pregunta-respuesta, es especialmente ilustrativa: fiscal: 
‘¿permitía  inscribirse  como  voluntario?  señora  Guix:  ‘pues  no  lo  recuerdo’;  fiscal: 
‘¿permitía publicidad?’ señora Guix: ‘no lo recuerdo’; fiscal: ‘¿permitía firmar a favor del 
referéndum?’ señora Guix: ‘no lo recuerdo’; fiscal: ‘¿había alguna forma de recopilar 
información?’ señora Guix: ‘ahora mismo no lo recuerdo’; fiscal: ‘¿la web la diseñó 
usted?’ señora Guix: ‘la diseñé yo, sí, sí […]’; fiscal: ‘¿permitía hacer donativos para el 
referéndum?’ señora Guix: ‘no lo recuerdo’; fiscal: ‘¿permitía un registro o una pestaña  e.
que contuviera registro de votos?’ señora Guix: ‘no lo recuerdo […] a veces el diseño  w.b
gráfico es como un pre-proyecto de una casa. Luego, si tiene veinte ventanas o tiene  57ww
Gdiueizx…: ‘ yhoa nstoa  loq uree csuee rrdeoa’l»iz. aE nno e ssee  smaobme’e; nfitsoc, ael:l  p‘¿rteasmidpeoncteo  dreecl uóergrdaan os ud ed iesenñjuoic?i’a smeiñeonrtoa 
dpiisdeióñ óa,  alal  mteasrtgigeon  d«eq uqeu et rantoa rcao indcei drieecraonrd caor,n  alol  qmueen oluse, gloo sp ucdoon tseenri deol sr ewsuelbtasd oq ufien ael lllaa 
web en la que se publicitó el Pacte pel Referendum».
Los  supuestos,  según  la  sentencia  impugnada  en  amparo,  no  son,  pues, 
comparables.
La declaración de don Jaume Mestre –prosigue el Tribunal Supremo–, «responsable 
de difusión institucional de la Generalitat en la fecha de los hechos, es un continuo ‘no sé 
nada, no me acuerdo’. Una vez advertido por la presidencia de que el delito de falso 
testimonio se comete, según precisa el art. 461 del CP, no solo faltando a la verdad, sino 
también alterándola con inexactitudes y reticencias o silenciando hechos relevantes que 
fueren conocidos por el testigo, volvió a aferrarse a su desmemoria. Hasta tal punto fue 
visible su deseo de eludir las preguntas que le eran formuladas, que la defensa del señor 
Junqueras  sugirió  la  necesidad  de  que  se  tuviera  en  cuenta  que  algunas  de  las 
respuestas podían perjudicarle en un hipotético estatus de imputado por los hechos 
sobre los que estaba declarando».
Al tiempo del dictado de la sentencia impugnada en amparo, tal y como la misma 
indica, la Sala tenía pendiente decidir sobre la deducción de testimonio reclamada en 
relación con este testigo por la posible comisión de un delito contra la administración de 
justicia, lo que se haría en resolución aparte. Por providencia de 25 de junio de 2020 se 
acordó deducir el mencionado testimonio.
f)  El siguiente episodio que se tacha consiste en el impedimento de preguntar a un 
inspector de policía respecto del «aparente infarto» sufrido por un ciudadano cuando se 
disponía a votar, pese a que esa circunstancia se mencionaba en el escrito de acusación 
y, previamente, se había permitido al fiscal interrogar al respecto.
Según dice la sentencia, la intervención de la presidencia obedeció a la formulación 
por  el  letrado  de  la  defensa,  después  de  la  intervención  del  fiscal,  de  «preguntas 
encaminadas a indagar posibles responsabilidades penales del declarante». Y agrega 
que la cita de este acontecimiento en el escrito de acusación del ministerio público «está 
relacionada con la descripción del número de heridos que se produjo el día 1 de 
octubre»,  como  se  desprende  de  su  atenta  lectura,  y  «no  para  indagar  las 
responsabilidades individuales que fueran exigibles por uno u otro incidente», lo que 
estaba dirimiéndose en diligencias judiciales seguidas en Barcelona.
Concluye  la  Sala  el  razonamiento  atinente  a  esta  protesta  señalando  que  «el 
principio de igualdad de armas […] no se ve resentido cuando las armas que han de 
hacerse valer en un determinado proceso se trasladan a otro, cuyo objeto no es dilucidar 
las  circunstancias  de  un  incidente  sobre  las  que,  de  forma  insistente,  se  pretende 
interrogar».
g)  Finalmente, el reparo que dirigió el presidente de la sala al letrado del recurrente, 
en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley de ritos» para 
referirse a la Ley de enjuiciamiento criminal, también cuenta con una explicación en la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Tras restar importancia al «reproche terminológico» de que se trata a fin de fundar la 
infracción del principio de igualdad de armas, subraya que la razón de este «no fue otra 
que  el  deseo  de  hacer  compatible  [la]  permanente  reivindicación  de  derechos 
fundamentales [por la defensa] con una visión del proceso que no estuviera anclada en 
la rancia concepción del proceso penal como una sucesión ordenada de ritos. El proceso 
penal es algo más que una mera ordenación formal de trámites. El proceso penal no se 
entiende si no se contempla como el conjunto de derechos y garantías que limitan el 
poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi.  El distanciamiento tan marcado entre 
la legítima reivindicación de derechos y la identificación de la Ley de enjuiciamiento 
criminal  como  ‘ley  rituaria’,  es  lo  que  llevó  al  presidente  a  sugerir  un  cambio  s
terminológico».  Al  tiempo,  pone  al  otro  lado  de  la  balanza  el  hecho  de  que  «la  oe.
‘presidencia calificó como […] un abogado serio’ a quien hoy se queja y llegó a referirse  w.
a un letrado como ‘extraordinario procesalista’», como pudieron comprobar los miles de  57ww
persAo najusi cqiuoe  sdieg uieersoten  etl rdibeusnaarrl,o llon idneglu jnuoic iod.e  estos  acontecimientos,  considerados
aisladamente, tiene por tanto la entidad suficiente como para deducir una quiebra de la
neutralidad judicial. Tomados conjuntamente y en el contexto del juicio, la tacha se 
desvanece por completo.
No corresponde valorar a esta jurisdicción constitucional el acierto o no de las 
anteriores consideraciones, como venimos repitiendo. Nuestro enjuiciamiento, mucho 
más limitado, se circunscribe a constatar que las quejas de la parte recurrente han 
recibido por parte del tribunal encargado del enjuiciamiento –insistimos en que, conforme 
a nuestra Constitución, se trata del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, 
salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  (art.  123.1  CE)–,  una 
respuesta explícita, completa, razonada y razonable. La motivación expuesta, que cubre 
la totalidad de las protestas relativas a incidencias producidas en el debate y la dirección 
de este por el presidente, cumple así con el canon constitucional de razonabilidad que 
resulta aplicable, y elimina la sospecha de arbitrariedad y de trato desfavorable que 
suscita  la  parte  recurrente.  Todas  y  cada  una  de  las  decisiones  adoptadas  por  el 
presidente  en  la  dirección  del  juicio,  que  han  merecido  reproche  por  parte  de  las 
defensas, tienen una explicación razonada, siquiera no sea del agrado del demandante 
de amparo.
C)  Finalmente, las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han 
causado a la parte indefensión material.
Esta conclusión, que es reiterada por el Tribunal Supremo a lo largo del citado 
apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, se 
alcanza observando la relación de hechos probados, de la que se ha dejado literal 
constancia en los antecedentes de esta sentencia, y en los términos en que ha sido 
planteada la queja en la demanda, de lo que también se ha dado cuenta anteriormente. 
La parte recurrente no liga ninguna de las concretas vicisitudes en las que funda este 
motivo con algún hecho que se estimó probado o con la preterición por la sentencia de 
algún otro que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico. Esto es lo que 
hubiera sido constitucionalmente relevante, y justamente es lo que no consta: la mínima 
incidencia de las supuestas infracciones procesales en el resultado probatorio y, en 
definitiva, en las razones que llevaron a la condena de quien ahora recaba el amparo de 
esta jurisdicción constitucional.
En definitiva, este tribunal entiende que la igualdad de las partes en el proceso ha 
sido respetada y no se han menoscabado sus facultades de participación en la práctica 
de la prueba testifical.
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo.
7.  Derecho a la prueba.
La demanda de amparo comprende, bajo la rúbrica de derecho de defensa, varias 
quejas que abarcan aspectos relativos a la admisión y práctica de la prueba. Se trata del 
acceso a las actuaciones de la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona, de la imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con 
la prueba documental videográfica y de la denegación de determinadas pruebas que, 
propuestas en tiempo y forma, la parte considera pertinentes. De todo ello se ha dejado 
detallado resumen en los antecedentes de esta resolución.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a estas materias en los apartados 8 
y 16.1 y 10 del fundamento de Derecho A), respectivamente.
En  el  examen  de  este  motivo  del  recurso  de  amparo  comenzaremos  por  la 
exposición  de  la  doctrina  constitucional  aplicable,  para  después  considerar 
separadamente  cada  uno  de  los  tres  puntos  cuestionados;  análisis  en  el  que  e
valoraremos las posiciones de las partes y la respuesta dada por Tribunal Supremo. bo
E7.n1  ínDtimocat ricnoan ceoxniósnti tuccoino neal l.derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el  2021-8357n https://ww
idneteregcrah op odre  edl epfeondsear  j(uarrítd. ic2o4 .q2u),e  dseel  rqeuceo neosc ein ase qpuaireanb lein, teerlv ideenree cchoom oa  lliati gparnuteeb ean « usne   BOE-A-cable e
proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano 
judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del 
conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre 
otras,  en  SSTC  19/2001,  de  29  de  enero,  FJ  4;  133/2003,  de  30  de  junio,  FJ  3, 
y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba 
pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de 
julio, en los siguientes puntos:
«a)  Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el 
ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una 
actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir 
cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la 
recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 
211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de 
noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de 
junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de 
octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la 
pertinencia  como  la  relación  entre  los  hechos  probados  y  el  thema  decidendi 
(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b)  Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la 
prueba  se  haya  solicitado  en  la  forma  y  momento  legalmente  establecidos 
(SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de 
junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, 
FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento 
(SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 
131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 
de noviembre; 190/1997; 96/2000, FJ 2).
c)  Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia 
de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad 
desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el 
contrario,  este  tribunal  solo  es  competente  para  controlar  las  decisiones  judiciales 
dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes 
para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de 
la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea 
imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 
de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, 
FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, 
de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, 
FJ 3).
d)  Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en 
una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea ‘decisiva en 
términos  de  defensa’  (SSTC  1/1996,  de  15  de  enero,  FJ  2;  219/1998,  de  17  de 
diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito 
material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes 
no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una 
real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, 
de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la 
prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante,  e.
lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las  w.b
circunstancias  concurrentes  en  cada  caso  concreto,  exige  que  el  recurrente  haya  57ww
haalebgidaad oc uye nfutan ddaem qeuneta, dcoo madoe ecsu andoatmoreion,t ela  dciachrgaa  inddee lfae nasrigóunm menattaecriiaóln  erne claae  dseombraen dloas, 
2so1l8ic/1ita9n9t7e,s d ed e4  daem dpiacrieom (bSrSeT; Cy  415//12909060,,  FdeJ  21)5. de enero; 164/1996, de 28 de octubre;
e)  La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente 
ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se 
pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 
131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la 
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, 
argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría 
haberle  sido  favorable,  de  haberse  aceptado  y  practicado  la  prueba  objeto  de 
controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, 
FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en 
tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera 
admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este 
motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, 
FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 
69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, FJ 2).
La misma doctrina es extensible respecto de la regularidad en la práctica de una 
prueba admitida (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4). En estos casos, cuando la 
queja  verse  sobre  el  modo  en  que  se  ha  desarrollado  una  determinada  diligencia 
probatoria, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la 
prueba, se exige que el recurrente demuestre la relación entre los hechos que se 
quisieron y no se pudieron probar, y las pruebas indebidamente practicadas; y, por otro, 
que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado correctamente la 
prueba  admitida,  la  resolución  final  del  proceso  hubiera  podido  ser  distinta 
(STC 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5, con cita de las SSTC 147/1987; 357/1993, de 29 
de noviembre; 1/1996; 217/1998 y 219/1998, de 16 de noviembre).
7.2  Resolución de la queja.
A fin de aplicar al caso la doctrina constitucional expuesta, procedemos a efectuar un 
examen por separado de los puntos controvertidos. Son los siguientes:
7.2.1  Acceso  a  las  actuaciones  e  incorporación  de  testimonio  íntegro  de  las 
diligencias previas núm. 118-2017 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona.
Según la parte recurrente, la inmensa mayoría de las actuaciones policiales de las 
que dimanó buena parte del material probatorio que, posteriormente, fue aportado al 
presente procedimiento por el fiscal, se llevaron a cabo con ocasión de las citadas 
diligencias previas, en las que el demandante no fue parte. Si bien reiteró su solicitud de 
incorporación íntegra de las actuaciones de lo que considera una «instrucción paralela», 
recibió una respuesta negativa de la sala. A su juicio, la procedencia de esta prueba 
radica en que habría permitido a las partes y al tribunal analizar todas estas actuaciones, 
integradas por informes técnicos, documentos y atestados, en cuya elaboración no 
habría intervenido el recurrente al no ser parte en dicho proceso, a fin de interrogar a 
procesados y testigos sobre todo ello, en su mayoría desconocido por el demandante de 
amparo. Agrega que se ha producido una anómala situación al impedirle intervenir en 
esta «instrucción paralela», pues al no haber podido conocer y participar en actuaciones 
instructoras que pudieran beneficiarle, difícilmente pudo «proponer la práctica de medios 
de prueba, favorables a sus tesis, dimanantes de diligencias practicadas en instrucción».
El abogado del Estado considera que esta queja debe desestimarse dado que el 
bloque  probatorio  sobre  el  que  se  ha  construido  la  apreciación  del  tribunal  se  ha  e.
generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Sobre la llamada «instrucción  w.
paralela», trae a colación el criterio seguido por el instructor, en el auto de 15 de febrero  57ww
deexo r2b0it1a8n,t ey  eplo rc rliate rSioa lad,e  einn celul ira, udtoe ndtreo  2d7e  dlae  dcaicuiesma beresp deeci a2l,0 1a8 ,t opdaorsa  areqcuheallzoasr  qpuoer 
pproers ltoasr orne psrue sceonltaabnoterasc pióonlí taic olas  hyo sroac diaele esj,e yc untiaerg ae l qpulaen s ee shtraaytaé gimicpoe iddiedaod ao  lea si mdepfuelsnasdaos   BOE-A-cable e
conocer con tiempo suficiente los elementos incorporados de otras causas durante la 
instrucción. Finalmente afirma que existe un derecho de acceso a todos los documentos 
que van a ser valorados, pero no un derecho de acceso en calidad de «imputado 
preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si alguna actuación obrante en las 
mismas incide en el derecho de defensa.
El partido político Vox se opone al motivo de amparo negando que la instrucción 
realmente  se  llevara  a  cabo  en  las  citadas  diligencias  previas  núm.  118-2017  del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, y asumiendo, de acuerdo con la sala 
sentenciadora, que en la causa solo se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas en el 
juicio oral.
El ministerio público entiende que debe rechazarse la existencia de una «instrucción 
paralela», pues ese procedimiento tiene un objeto propio y distinto del proceso del que 
trae causa el recurso de amparo; y, en todo caso, que tal afirmación carece de soporte 
fáctico y probatorio. A su juicio, no se puede «aceptar la descalificación que realiza, 
frente a la razón dada por el Tribunal Supremo, de que solo valorará la prueba practicada 
en el juicio oral, lo que no puede ser de otro modo, art. 741 LECrim».
La respuesta de la sentencia impugnada a la protesta de que se trata está contenida 
en  el  apartado  8  del  fundamento  de  Derecho  A).  Tras  un  texto  introductorio  cuya 
reproducción omitimos, por ser sustancialmente coincidente con el contenido de la queja 
que  figura  en  la  argumentación  esgrimida  en  este  recurso  de  amparo,  el  Tribunal 
Supremo  comienza  por  refutar  el  punto  de  partida  del  planteamiento  de  la  parte 
recurrente. Razona lo que sigue:
«Parte de un equívoco. De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar 
en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al 
que se califica de «instrucción paralela». Da la impresión de que lo que se reivindica es 
el derecho a ser imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso 
a fuentes de prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que 
se está reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a 
los acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer 
una defensa ad cautelam por si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí.
Es evidente que los acusados «[…] nunca han sido llamados a prestar declaración 
en ninguna condición procesal». Y no lo han sido porque el objeto de las diligencias de 
investigación  seguidas  en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  no  es 
coincidente con el que aquí ha sido objeto de investigación y enjuiciamiento.
[…], nuestro sistema procesal no conoce la figura de la imputación paralela, solo 
encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo 
que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento 
de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido 
denegado por esta Sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino 
el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las 
demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la 
presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio 
sobre el que se ha construido la apreciación de esta Sala se ha generado, de forma 
única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio 
de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que  e.
se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se  w.b
seguían en el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el  57ww
«Jucazgreacdeo  ddee  Isnesntrtuidcoc ióyn  ensú mco. n7t rdaeri oB aar clealso nma,á sra zeolenmábeanmtaoless  erne glolass s idgeu iecnotmesp etétermnciniao sy: 
csoignueex ieónn  uenn  Jeulz gparodcoe Csoe nptreanl adl ea Icnosrtdruacr cliaó nin pcoorr phoercahcoiósn q uínet eegl rEa xdcem ou.n s esñuomra mrioa gqisutera dseo 
instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales,
a la presente causa. […] La declaración de impertinencia también alcanza, por las 
mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que 
‘[…]se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las 
diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su 
incorporación  a  las  actuaciones’».  Añadíamos  que  «[…]  en  la  misma  justificación 
expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas 
diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra 
denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: ‘[…] en dicho procedimiento 
se  investigan  los  hechos  sucedidos  durante  la  jornada  del  referéndum  de 
autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por 
el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a 
ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con 
el objeto del proceso’.
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión 
procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración 
del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco 
procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión 
informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de 
unas u otras conductas.»
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar 
el  testimonio  íntegro  de  otros  procedimientos,  seguidos  ante  distintos  órganos 
jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la 
presente  causa,  fue  proclamada  como  una  regla  general  para  filtrar  la  propuesta 
probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de 
las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de 
defensa.
En el fundamento de Derecho 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero 
de 2019, señalábamos lo siguiente: «[…] la lectura de la prueba documental propuesta 
por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de 
manifiesto  que  en  su  descripción,  en  no  pocos  casos,  se  mezclan  documentos, 
diligencias que no tienen ese carácter –pero que han sido documentadas– y piezas de 
convicción. La Sala no admite la indiscriminada cita de folios, incorporados a esta u otra 
causa, con la pretensión de que puedan servir de respaldo a argumentos de inculpación. 
Por esta misma razón, tampoco admite la reclamación preventiva e indiscriminada de 
testimonio de todas las actuaciones seguidas ante otros órganos jurisdiccionales.
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en 
sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la 
reclamación  para  su  unión  a  la  presente  causa  de  atestados  policiales,  diligencias 
preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan 
generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos 
jurisdiccionales,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  al  alcance  de  las  acusaciones  y  las 
defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las 
piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán 
integrar  la  apreciación  probatoria.  De  ahí  que  solo  estos  documentos  y  aquellos 
susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la 
LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al 
derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo,  e.
conforme previene el art. 726 de la LECrim, el tribunal examinará por sí mismo y  w.b
someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción  57ww
que Epnu eddeafnin citoivnat,r iblausir  raal zeosncelasr eqcuime iefunetoro dne  alopsu nhteacdhaoss »e.n el auto de pertinencia de las
pbreuneebfiacsia dporo pduee smtaosd op aersap eecl iapll ean alraios  dheafne ndseassp. leCgoand oe suan af infuanlidciaódn  fsuaenroena dfoilrtara dqause  lhaas 
propuestas probatorias de las acusaciones y de las defensas. No ha habido, por tanto, 
vulneración del derecho a un proceso justo. […]».
Frente a estas respuestas dadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la 
argumentación contenida en la demanda, que ha quedado reseñada más arriba, no 
contiene crítica alguna, hasta el punto de que ni siquiera toma en consideración la 
contestación judicial trascrita ni, por consiguiente, desarrolla discurso alguno tendente a 
refutarla. Su posición, según hemos dicho, consiste, básicamente, en: (i) mantener la 
premisa de que en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona figuran gran parte de las actuaciones policiales que posteriormente 
fueron aportadas como prueba al plenario; (ii) lamentar que, puesto que no fue parte en 
ese procedimiento, no tuvo conocimiento de ellas; (iii) y afirmar que la incorporación del 
testimonio íntegro de tales diligencias habría permitido a las partes y al tribunal analizar 
la totalidad de las actuaciones e interrogar a procesados y testigos sobre todo ello. A lo 
largo de su argumentación no se justifica la realidad de la «instrucción paralela», cuya 
existencia afirma de modo apodíctico y que la sala enjuiciadora niega; tampoco se 
atiende  a  la  distinción  efectuada  por  el  tribunal  sentenciador  entre  documentos  en 
sentido estricto, piezas de convicción y actuaciones procesales documentadas; ni se 
alude a la introducción en el plenario, bajo la vigencia del principio de contradicción, de 
dichos  documentos  y  piezas  de  convicción,  así  como  de  las  informaciones  que, 
documentadas en diligencias policiales y judiciales, habrían de introducirse por medio de 
las declaraciones de las personas que las hubieran suministrado. Tampoco se razona, 
más  allá  de  referencias  genéricas,  sobre  el  concreto  objeto  de  las  actuaciones 
preprocesales y procesales documentadas que no se incorporaron como consecuencia 
de  la  denegación  de  lo  pretendido,  y  su  pertinencia  por  su  relación  con  el  thema 
decidendi. No nos dice el recurrente siquiera, qué hecho pretendió probar con la prueba 
que propuso, y que fue inadmitida.
En definitiva, no se da en la demanda razón alguna que nos conduzca a calificar la 
respuesta dada por el Tribunal Supremo como arbitraria o irrazonable, ni que determine 
que la ausencia de la incorporación del testimonio íntegro que se solicitó hubiera sido 
decisiva  en  términos  de  defensa.  Esto  nos  lleva,  en  aplicación  de  la  doctrina 
constitucional expuesta, a desestimar el alegato de vulneración del derecho a la prueba.
7.2.2  Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba 
documental videográfica.
La parte recurrente considera que, tras haber permitido ese contraste con algunos 
testigos iniciales (señores Rajoy y Mas), de manera sobrevenida el tribunal adoptó la 
decisión de impedir la exhibición de la referida prueba a los testigos declarantes, a fin de 
contrastar la veracidad de sus manifestaciones orales con el contenido de las imágenes 
grabadas, si bien se permitió que a numerosos testigos se les mostraran documentos en 
soporte de papel. Tacha esta decisión de contradictoria, y añade que la confrontación 
entre lo declarado por un testigo y la prueba videográfica está prevista en el art. 729.3 
LECrim, y constituye una práctica absolutamente habitual en los tribunales españoles. A 
su juicio, de haberse permitido su práctica, se habría evitado que «algunos testigos 
mintieran  a  la  sala  o  exageraran  ostensiblemente  en  su  declaración»  y  se  habría 
posibilitado  que  «los  testigos  pudieran  rectificar  el  sentido  de  sus  declaraciones 
mendaces o exageradas».
Para el abogado del Estado el órgano judicial ha guardado un estricto respeto a la 
garantía de contradicción para que el acusado tenga la posibilidad de interrogar a quien 
declara  en  su  contra  y,  de  este  modo,  controvertir  su  credibilidad  conforme  a  lo  s
establecido en los arts. 6.3 d) y 6.1 CEDH. Por su parte, el partido político Vox señala  oe.
que no se alcanza a comprender en qué aspecto podría haber mejorado la valoración de  w.
la prueba por parte de la sala, si se hubieran practicado la prueba videográfica y las  57ww
testiEficl amleinsi satle urinoí spoúnbol.ico considera que el recurrente tuvo la oportunidad de discutir el
atersgtuimmoennitoa  deen  qlousé  tmesetdigidoas  eal  hteracvhéos  ddee q useu  ninot esrer omgaotsotrraior aon  ac otnatlerasi ntteesrtrioggoast olorsio ,v íyd enoos   BOE-A-cable e
ha afectado a su derecho de defensa y al resultado final del proceso. Para el fiscal, nada 
impidió al recurrente, en el momento de la fase de informes (art. 734 LECrim), hacer las 
observaciones oportunas sobre las declaraciones de los testigos en relación con la 
prueba videográfica practicada, poniendo de manifiesto las contradicciones en las que 
hubieran incurrido y cuestionando de este modo su credibilidad.
La sentencia impugnada se refiere a este punto en el apartado 16.1 del fundamento 
de Derecho A). Tras una amplia referencia al significado del principio de contradicción 
con cita de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
el Tribunal Supremo argumenta lo que sigue:
«El  compartido  error  de  las  defensas  consiste  en  identificar  el  principio  de 
contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y 
Rull–, ‘[…] de contrastar la veracidad de los testigos declarantes’. Y, sobre todo, con la 
posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara.
Y no es ese el contenido material del principio de contradicción.
Contradecir supone tener la oportunidad de interrogar a todos y cada uno de los 
testigos  del  fiscal  y  de  las  acusaciones  para  neutralizar  su  testimonio.  Contradecir 
implica la posibilidad de aportar pruebas personales y documentales que debiliten el 
valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los 
documentos  presentados  como  prueba  de  cargo.  Y,  desde  luego,  las  defensas  no 
tuvieron limitación al respecto. La presentación de centenares de testigos de descargo y 
de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una evidencia que ha 
quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del juicio oral.
Contradecir  no  significa  valorar  la  credibilidad  del  testigo  mientras  este  presta 
declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe 
no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. 
De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será 
incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. 
Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe 
final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de 
prueba el valor jurídico que quieran atribuirle.
Ese contraste es, sin embargo, obligado cuando lo que se está cuestionando no es la 
virtualidad probatoria de una declaración testifical o de un documento, sino cuando lo 
que se pone en duda es su integridad o su autenticidad. En tales casos, la sala no tuvo 
inconveniente en acordar la inicial exhibición de documentos que, por una u otra razón, 
llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por 
alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar 
el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su 
propia versión de lo que ese vídeo expresaba: ‘[…] es que lo estoy viendo yo’, llegó a 
afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito 
careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del 
derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades 
de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la 
Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las 
acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El tribunal ha tomado en 
consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de 
votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la  e.
oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado  w.b
también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de  57ww
ddees cuanrag oa acptuoartcaiódno s lepgoírt ilmasa  ddeefe ndseasso bpeadraie dnecima osctivrailr– .l a Yv,i oelenn cfiian ,p ohlaic iaplr oyc llaa mexaidsote nscuias 
idniffeicruelntacdiaess  ad ep asrtuir  ldaeb olor,s  yv ípdoero slo gs racbiuaddaodsa npoosr  loqsu ea gqeunisteiesr oanc tuoafrnetceesr,  cporumeob aresf ldeejo  ldoe q luaes 
consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y 
defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que ‘[…] la 
pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su 
utilidad de cara a la formación de la convicción del tribunal, que se vincula con la 
necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba 
testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente 
útil’.
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión 
excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los 
centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como 
testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de 
testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda 
carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las 
órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que 
presidió su actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria 
selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la 
potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede 
decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el 
día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara 
luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se 
usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. 
Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera 
marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo 
exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del 
principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero 
interpretan  la  declaración  de  los  testigos  de  las  defensas  como  el  testimonio  de 
ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos.
El testigo don Pere Font, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y 
Sànchez, afirmó a preguntas de su letrado que estaba sentado en el centro de votación y 
se le acercaron dos policías, ‘[…] con una maza encima de su cabeza y unas tenazas’. 
Al cabo de un momento, sin decir nada, ‘[…] le cogieron de los testículos y le levantaron 
hasta dejarlo caer’. Se da la circunstancia, sin embargo, que con posterioridad a los 
hechos tuvo que ser asistido por una contusión en la rodilla. La testigo doña Marina 
Garcés, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los 
incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía ‘[…] el ambiente fue 
distendido’ y que ‘[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna 
agresividad, sino todo lo contrario […]. Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o 
alerta’. Don Lluis Matamala, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de 
votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les 
agredió, ‘[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio 
ninguna patada’. El testigo don Jaume Pich, abogado mediador, declaró que él estaba 
sentado en el suelo y los antidisturbios ‘arrancaban a la gente del suelo’. Pero ‘nadie 
ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún 
escupitajo’. Doña Silvia Carmona Belmonte, también abogada mediadora, declaró, en 
relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, 
que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos:  s
alguien dijo en catalán ‘hijos de puta’. Y sobre la inflamación testicular sufrida por un  oe.
policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la  w.
causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que  57ww
abguescnaterlsa  e–sstáeng ú‘cnu peurpnotu caolinz óc–u eernp oe ly h loesc heos cdued oqsu ey,  leans  peol rmraosm eesntáton  dmeu yla p irnótexirmveonsc’.ión, los
testiSficoanl ess olpor esceinnctoa dacsu alpifoicra dlaoss  deejefemnpslaoss.   dEel l vteorndoa degreon eprariln cdipei o ladse  dceocnlatrraadciicocnióens   BOE-A-cable e
consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al 
tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al 
órgano  decisorio.  Una  verdad  enriquecida  por  la  exhibición  –ya  en  la  prueba 
documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos 
procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del 
procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre 
vulneración  de  derechos  fundamentales,  dio  paso  a  la  práctica  ordenada  del 
interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La 
confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente 
y  ofrecida  a  todas  las  partes  siempre  que  estuviera  en  juego  la  autenticidad  del 
documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era 
ofrecer a la sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos».
Como puede observarse, la queja, que tiene que ver con el modo de practicar el 
interrogatorio de testigos y no con la denegación de una determinada prueba, toma 
también un punto de partida desviado de la realidad. No se impidió contrastar las 
declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. El contraste existió, 
pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de los testigos y se 
reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga de aclarar desde 
un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba documental 
videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy 
distinto.
Al igual que en el caso anterior, tampoco en este se desarrolla una argumentación 
crítica frente a las respuestas dadas en la sentencia. Se insiste en que la decisión de 
impedir  la  exhibición  de  vídeos  a  los  testigos  se  adoptó  de  modo  sobrevenido,  a 
consecuencia de un cambio de criterio de la sala, porque a los primeros testigos sí se 
mostraron vídeos para contrastar la veracidad de sus manifestaciones con las imágenes, 
y también se les permitió mostrar documentos «en soporte papel». Y se reitera la razón 
de la utilidad de la práctica solicitada, que, a juicio de la parte recurrente, reside en la 
posibilidad de conminar al testigo, «a la vista de las imágenes, a rectificar el sentido de 
su declaración mendaz o exagerada». Tales extremos cuentan, como hemos visto, con 
una contestación razonada del Tribunal Supremo que considera, principalmente, las 
siguientes razones:
a)  Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos 
cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con 
ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La valoración sobre la 
credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un 
momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el 
juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción 
exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en 
el momento de las conclusiones definitivas y el informe final, cuando la defensa pudo y 
debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar 
el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad 
de lo declarado por los testigos de descargo.
b)  La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada 
declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo 
que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es 
juzgar  al  propio  testigo,  cuyo  rasgo  característico  es  su  ajenidad  al  proceso.  Esa  e.
consecuencia indeseable se produciría en el caso de admitir un «insólito careo entre el  w.b
ciudadano que declara y el letrado que lo interroga» confrontando tal declaración con  57ww
S«suup rpermoop.ia P voer rsoitóran »p adretle ,c olan tpeonsidiboi liddea du nd ed eqtueerm, ain alad ov isvtíad edoe,  cimomágoe naepsu,n tuan  etle sTtriigbou nsael 
dreet raecsteta o  rpercátciftiiqcuae,  spuu deesc laerla cmióinsm, aod ermeásus ltdaed ore mpoutead, en o arelcdaunnzdaars een  usnina  mtaal yoers ufutielirdzaod, 
comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y 
cualesquiera otras llevadas al plenario.
c)  Ninguna declaración testifical fue determinante. El Tribunal Supremo, que adorna 
lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el contenido de 
muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos; lo que, por 
otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, presididos por la 
«profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo caso, la convicción 
del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos 
puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros de votación del 
día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración excluyente de una 
u otra declaración testifical, sino, como se expresa en la sentencia recurrida, el relato 
fáctico deriva de la valoración del conjunto de pruebas practicadas, y concretamente, 
sobre lo acaecido el 1 de octubre, las declaraciones de los agentes antidisturbios que 
acudieron a los centros de votación, «testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las 
acusaciones  para  demostrar  la  oposición  de  la  ciudadanía  al  cumplimiento  de  las 
resoluciones  judiciales»,  de  los  ciudadanos  que  sufrieron  la  intervención  de  tales 
agentes, «testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia 
policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil», así como las 
inferencias  extraídas  de  los  vídeos  grabados  por  los  agentes  actuantes  y  por  los 
ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales».
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación 
empleada por el Tribunal Supremo para denegar lo pretendido es suficiente y no puede 
calificarse de arbitraria o irrazonable. En todo caso, no se aprecia que el modo en que 
finalmente se practicó la prueba testifical en el juicio causara indefensión alguna a la 
parte recurrente.
7.2.3  La denegación de algunas pruebas propuestas por la defensa.
De acuerdo con la demanda de amparo, la queja se concreta en la negativa a librar 
oficio con el fin identificar a los titulares de dos cuentas de la red social Twitter, y la 
denegación de las testificales del rey de España don Felipe VI o, en su defecto, del jefe 
de la Casa de Su Majestad el Rey, don Jaime Alfonsín Alfonso, y del expresidente de la 
Generalitat de Cataluña don Carles Puigdemont.
De todo ello, y de las razones por las que la parte recurrente considera pertinentes y 
útiles dichas pruebas, así como de las posiciones de las demás partes, se ha dejado 
constancia detallada en el apartado de antecedentes de esta sentencia, al que nos 
remitimos.
También aquí el Tribunal Supremo ha expresado a lo largo de la causa las razones 
por las que acordó no admitir dichas pruebas.
a)  El apartado 10.2 d) del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida se 
refiere a la solitud de las defensas para que «se requiriera a la Unidad Central de Delitos 
Informáticos de los Mossos a fin de que facilitara […] los datos del titular de la cuenta de 
la red social Facebook ‘Montse del Toro’ y de la red social Twitter ‘@maquiavelo1984’ y 
‘@JDanielBaena’». Dice al respecto lo siguiente:
«Se pretendía así demostrar la falta de imparcialidad de algunos de los funcionarios 
que intervinieron en la fase de investigación de la presente causa. El perfil ideológico que 
se deriva de sus tuits y de los comentarios expresados en Facebook sería suficiente para 
concluir la animadversión de sus titulares respecto de los procesados. s
En el auto de 1 de febrero de 2019 ya justificábamos la exclusión de esa propuesta  oe.
probatoria al entender que la investigación de comentarios vertidos en redes sociales  w.
Espuasbrtaajed dtoive oofisn d idre e eull  nppareo rlcefeitl rsaiodd,e atoa ldól eyg  ilccaoo m addoem  euinsntis omtsr aahcnaidónon s  ddideeo   jlduaesstl iifmcuiaeit,ar zddaoesss .by To cardumaeb rlpioéosns  l eídmse ia tesjesen gooub rajiedl taoivdbo jesd teoyl    2021-8357n https://ww
de  esta  causa  indagar  mediante  qué  procedimiento  han  obtenido  las  defensas  la
información que permite asociar que unos datos y un nickname están vinculados a una 
determinada persona.
Sea como fuere, dos razones descartan cualquier clase de indefensión. De un lado, 
conviene recordar que don Daniel Baena y doña Monserrat del Toro acudieron a declarar 
como testigos y fueron interrogados sobre esos extremos. De otra parte, nada de lo que 
se vertió en esas redes sociales ha servido para integrar la apreciación probatoria de 
esta Sala.»
Previamente, en el auto de 1 de febrero de 2019 que resolvió sobre la proposición de 
prueba, la sala de enjuiciamiento, en respuesta a solicitud similar efectuada por otra de 
las defensas, declaró lo siguiente:
«No es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina ‘indebida 
actuación’ de un teniente coronel de la Guardia Civil. Además, un previo filtro telemático 
acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad –estatales y autonómicos– no puede operar como presupuesto 
de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, 
lleven a cabo. Todo ello, claro es, sin perjuicio de la facultad que asiste a todo ofendido 
por  esos  comentarios  a  ejercer  las  acciones  legales  que  procedan  ante  el  órgano 
jurisdiccional competente.»
b)  A las testificales indicadas se refieren los apartados 10.3 a) y b) del fundamento 
de Derecho A) de la sentencia de 14 de octubre de 2019.
(i)  En relación con la testifical de «Su Majestad el Rey y, con carácter alternativo, 
para el caso en que el monarca no aceptara declarar y se acogiera a la exención legal, el 
jefe de la Casa Real don Jaime Alfonsín», argumenta el Tribunal Supremo:
«El art. 411 de la LECrim excluye al rey del deber de declarar. Y la propuesta de un 
testigo por sustitución, formulada solo para el caso en que opere la exención prevista 
legalmente para el testigo principal, no conoce cobertura legal en nuestro sistema. Todo 
ello, con independencia de que la pretendida justificación de esa propuesta, basada en la 
necesidad de ‘[…] conocer el papel de la Casa Real en los hechos enjuiciados’ (sic), es 
manifiestamente impertinente.»
Este tribunal debe aclarar, en relación con esta prueba testifical propuesta por la 
defensa, que la razón para su rechazo por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no 
fue una errónea interpretación del art. 411 LECrim, en lo que insiste la parte recurrente 
cuando afirma que dicho precepto no prohíbe la declaración del rey. La causa de su 
inadmisión  fue  su  impertinencia;  calificación  que  no  puede  reputarse  irrazonable  o 
arbitraria. El recurrente se refiere genéricamente al «relevante papel […] [atribuido] al 
jefe del Estado en los hechos que nos ocupan» y, en particular, al «discurso emitido por 
Su Majestad el Rey» en fecha 3 de octubre de 2017. Entendemos, sin embargo, que a la 
vista del relato de hechos probados, no resulta evidente la pertinencia y utilidad de la 
testifical propuesta para abundar en unos hechos que carecen de relevancia para el 
enjuiciamiento penal –así lo estimó el tribunal sentenciador que no incluyó ninguna 
referencia en el relato histórico– y que, además, por su notoriedad, no precisan de 
prueba alguna.
ii)  Respecto del señor Puigdemont, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
razona: es
«La propuesta como testigo de quien, en la misma causa, ha sido procesado como  w.
autor de un delito de rebelión y otro de malversación, resulta extravagante. La LECrim no  57ww
ianvéadlaito e sdae essdqoubilzaomfrieennitao  pdroecl ecsoanl,c ceopntofo remne  eal  laq ucuea la flogrumieanr íae sp alrltaem daed loa  naol rmpraolcideasdo .e sEel 
haarglluamn enimtop udtea dqouse  lae ns aloat rhaas  acdamuistiadso  lap epnearlteinse, nceisa  dceo nlaf udseoc.l aErascoiósn  tdees ttiegsotsig, osq uqeu et asne   BOE-A-cable e
impropiamente  quiere  identificar  la  defensa  con  la  situación  procesal  del  señor 
Puigdemont, han sido advertidos de la singularidad de su estatuto jurídico, hasta el punto 
de que algunos de ellos tuvieron a bien comparecer asistidos de letrado. Pero, en todo 
caso, son testigos/acusados en distintos procedimientos. No es este el supuesto de 
hecho que identifica la situación del señor Puigdemont, quien se halla en rebeldía y no 
ha querido comparecer voluntariamente para la investigación y conocimiento de los 
hechos que le atribuyen las acusaciones».
En el auto previo, de 1 de febrero de 2019, se rechazó ya esta prueba testifical por 
cuanto «la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no 
enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de 
decir verdad que asume todo testigo» (razonamiento jurídico 3.3).
Sobre  este  punto,  ratificamos  la  posición  expresada  por  la  sala  juzgadora.  El 
interrogatorio del señor Puigdemont en calidad de testigo resulta incompatible con su 
posición procesal, hasta el punto de que la práctica de esta prueba pugnaría con las 
garantías del art. 24.2 CE.
A la vista de todo ello, concluimos que el órgano de enjuiciamiento ha dado una 
respuesta  expresa,  razonable  y  suficiente  para  fundar  su  decisión  de  inadmitir  las 
mencionadas pruebas propuestas por la defensa del ahora recurrente, cumpliendo así 
con el canon constitucionalmente exigible.
7.2.4  Inexistencia de indefensión.
A lo largo de este mismo fundamento jurídico se ha venido apuntando la misma idea. 
Este tribunal considera necesario insistir en que el recurrente no ha justificado que las 
decisiones judiciales frente a las que dirige su recurso de amparo le hayan causado 
efectiva indefensión. Esta razón sería suficiente para rechazar la queja.
La parte recurrente no razona en su demanda la relación entre los hechos que se 
quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas, ni refiere episodio alguno 
del relato fáctico contenido en la sentencia condenatoria que tales pruebas, de haber 
sido adecuadamente practicadas, hubieran conducido a refutar. No expresa tampoco 
ningún argumento que nos lleve a considerar que la resolución final del proceso judicial 
podría haberle sido favorable de haberse admitido y practicado las pruebas interesadas, 
de modo que el fallo pudo haber sido otro, lo que también requiere este tribunal para 
otorgar  el  amparo  a  quien  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  utilizar  los  medios 
pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
En definitiva, no ha acreditado que alguna de las pruebas de que se trata (lo que 
incluye el modo que propuso para la práctica de la prueba testifical con exhibición 
simultánea del material videográfico) fuera relevante o decisiva en términos de defensa, 
de forma tal que su inadmisión o su irregular práctica haya generado una real y efectiva 
indefensión. Reiteramos que la demanda no vincula ninguna de las concretas pruebas 
que fueron inadmitidas o irregularmente practicadas (caso de la prueba testifical, según 
hemos visto) con algún hecho que se estimó probado o con la omisión por la sentencia 
de algún otro que le resultara favorable y que, a juicio de la parte recurrente en amparo, 
debiera haber integrado el relato histórico.
El tribunal concluye, pues, que no se ha lesionado el derecho del recurrente a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
8.  Derecho a la presunción de inocencia (dimensión extraprocesal).
8.1.  Posiciones de las partes.
Esta queja, que invoca nominalmente los derechos a la presunción de inocencia  oe.
(art.  24.2  CE)  y  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  trae  causa  de  ciertas  w.
hemel acpnhriofoecsse tedanicmjiuoiiencnieatsod  oppsúe.b nCliacola nascn rdteeet a emml ieTenmritbebu,r noeasl  ld dSeeuml pearjneedmcauont,ivt eloa  r eeSsfeipecarreñe otqalu ryíea ,l  ímddeeie reEnsstr tapasod losít eidc doees l sasa oErbrsorpellaa lñboaas    2021-8357n https://ww
Global,  órgano  dependiente  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  emprendió  una
campaña  propagandística  para  informar  en  el  extranjero  sobre  los  hechos  que  se
estaban enjuiciando, en cuyo contexto se efectuaron declaraciones y se elaboraron 
documentos en los que abiertamente se consideraba a los procesados culpables de los 
hechos  enjuiciados.  Se  refiere  también  a  otros  episodios  similares  acaecidos  con 
posterioridad,  incluso  después  de  la  publicación  de  la  sentencia,  como  cuando  se 
caricaturizó  a  los  acusados  como  si  fueran  ladrones.  Lo  que  reprocha  al  Tribunal 
Supremo  es  la  negativa  a  amparar  a  los  procesados  frente  a  dicha  campaña 
gubernamental vulneradora de su derecho a la presunción de inocencia. De todo ello se 
ha dejado detallada constancia de los antecedentes de esta sentencia.
Según  el  abogado  del  Estado,  que  se  remite  a  lo  razonado  al  respecto  en  la 
sentencia, la queja debe desestimarse.
El partido político Vox manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, 
puesto que la actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con 
las lesiones de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido.
Finalmente, el Ministerio Fiscal considera que este motivo también debe rechazarse. 
A su juicio, la queja, en su caso, se referiría a una presunta lesión del derecho al honor 
(art. 18.l CE), tal y como ha indicado este tribunal. En todo caso, a su juicio, el recurrente 
no aporta elemento de prueba alguno que ponga de manifiesto que la campaña que 
denuncia haya podido influir en el ánimo del juzgador de manera que haya condicionado 
el desenlace del proceso.
8.2.  Respuesta del órgano judicial.
Con anterioridad al inicio del juicio, mediante auto de 7 de febrero de 2019, la sala de 
enjuiciamiento, en respuesta al escrito en que formuló por primera vez esa queja, señaló 
que podría ser objeto de alegación en las sesiones del plenario. Culminado el mismo, la 
sentencia recurrida en amparo dedica a esta materia el apartado 9 del fundamento de 
Derecho A).
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia, y la 
propia jurisprudencia sobre esta misma materia, declara que es preciso «estar al alcance 
y al contenido concreto de esas declaraciones que se consideran vulneradoras del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia».  Y  prosigue  el  discurso  con  las  siguientes 
palabras, que trascribimos literalmente:
«En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  más  allá  del  acierto  o  desacierto  de  esas 
manifestaciones, mal puede entenderse que menoscaba la repetida regla de tratamiento 
quien condiciona la existencia del delito al desarrollo del juicio (‘[…] delitos penales que 
están siendo juzgados’). Esas palabras, torpes en su enunciado y en su expresión, lo 
que reflejan es el deseo de subrayar el desafío que para el poder judicial iba a tener el 
enjuiciamiento de unos líderes políticos. La opinión de quien así se expresa carece, 
como es evidente, de toda capacidad para influir en la valoración probatoria que ha 
asumido esta Sala.
El  debate  sobre  la  procedencia  de  un  indulto,  cuando  todavía  ninguno  de  los 
acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y 
responsabilidad institucional. Pero está fuera de dudas que no es incompatible creer en 
la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para 
el caso en que esa inocencia no fuera judicialmente declarada.
Sea como fuere, esa anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida 
por no pocos representantes políticos, no ha tenido –no puede tener– ningún reflejo en el  s
proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta Sala. Conviene marcar una  oe.
nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que  w.
lpparusee sducenoncn iosóernicg duineea nirncsoieac see nn cheiaaln ,s  eendnteoe  nddfeiijdla aprs raeoh ceoasrtaoe  ncyod miaeqnoud eroel lgalsaa   odtleara  tsra gvtrauamlvneieedrnaatdcoi .o nEqeunse e  sl oepcnriicamileeersrr  acd aes uolna,    2021-8357n https://ww
desbordamiento  de  los  límites  del  Estado  en  la  actuación  del  ius  puniendi.  En  el
segundo, la reparación en nada interfiere la legitimidad de la actuación jurisdiccional
dirigida a la proclamación del juicio de autoría. El razonamiento de las defensas parece 
equiparar esas dos formas de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
Unas  declaraciones  políticas  que  implicaran,  por  ejemplo,  la  torpe  y  anticipada 
afirmación de culpabilidad de quienes están siendo enjuiciados, nunca pueden acarrear 
como ineludible consecuencia la obligación del tribunal de interrumpir el enjuiciamiento y 
dictar sentencia absolutoria. Lo verdaderamente determinante es que la culpabilidad de 
los acusados sea el desenlace de una práctica probatoria desarrollada conforme a los 
principios constitucionales que enmarcan el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto 
es lo realmente acontecido en el presente juicio».
8.3  Encuadramiento  de  la  queja:  la  dimensión  extraprocesal  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia.
Como hemos visto, el recurrente sitúa la actividad lesiva de su derecho fundamental 
en la conducta de terceras personas (en concreto, la titular de la Secretaría de Estado de 
la España Global) ajenas al tribunal sentenciador. Reprocha a la Sala no haberle dado 
amparo frente a tales conductas, una vez que fueron denunciadas por su parte. La queja 
cae, por tanto, en el ámbito de la denominada dimensión extraprocesal de la presunción 
de inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra 
Constitución dispone de una vertiente o dimensión extraprocesal que constituye «el 
derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de 
carácter delictivo o análogo a estos, sin previa resolución dictada por el poder público u 
órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se 
apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza 
en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, 
seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, 
FJ 3, 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado 
que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, 
de 10 de febrero de 1995, asunto Allenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo 
de  2002,  asunto  Butkevicius  c.  Lituania;  de  28  de  junio  de  2011,  asunto  Lizaso 
Azconobieta  c.  España),  encuentra  específica  protección  en  nuestro  sistema  de 
derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando 
dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión 
del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] ‘[E]sta dimensión extraprocesal de la 
presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o 
autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha 
de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva 
de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de 
inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental 
susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha 
de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin 
que  las  pruebas,  obtenidas  y  practicadas  con  todas  las  garantías  legal  y 
constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos 
relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una 
cualidad consustancial inherente a la misma, serán los derechos consagrados en el 
artículo 18 CE los que, por la vía del recurso de amparo, habrán de ser preservados o  e
restablecidos’  (STC  166/1995,  FJ  3;  doctrina  que  reitera  la  STC  244/2007,  FJ  2)»  bo
[STC 133/2018, FJ 4 a)]. 57ww
8.4  Resolución de la queja.
que Ala lsa  dveisctlaa rdaecilo pnleasn tqeuaem iteancthoa  edfeec lteusaivdaos p doer  esul  rdeecurerrcehnot ea,  lqau per ensi utannc iósniq udiee rian oincesinncúiaa   BOE-A-cable e
hayan  podido  incidir  en  el  ánimo  de  algún  miembro  de  la  sala  sentenciadora,  la 
contestación que ofrece el tribunal es muy simple. Se trata de una materia ajena al 
proceso y, por esto mismo, ni puede ser enjuiciada en esta sede, ni merece más 
respuesta que el rechazo de su toma en consideración.
La  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  en  su  dimensión 
extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida 
en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia, ni al tribunal que la 
dictó, no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no 
constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia, ni era función del tribunal 
penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la 
tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que 
dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo.
El  juicio  que  se  nos  pide  en  la  demanda  desborda  la  noción  del  principio  de 
subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts. 
43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y 
suficientes  para  la  protección  de  su  derecho  fundamental.  De  no  obtener  la  tutela 
pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este 
Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
9.  Derecho a un proceso con todas las garantías por la supuesta filtración del 
contenido de la sentencia.
9.1  Posiciones de las partes.
En la demanda de amparo, de la que se ha dejado un extenso resumen en los 
antecedentes de esta resolución, la parte recurrente se queja de que días antes de que 
se firmara y notificara la sentencia, diversos medios de comunicación anticiparon cuál iba 
a ser el sentido del fallo. La demanda se remite a las informaciones dadas por ciertos 
medios de comunicación (revista Contexto, diario Ara, La Vanguardia, El Mundo y El 
Español) fechadas en los días 22 de septiembre, la primera, y en los días 10 y 12 de 
octubre de 2019, en los restantes casos. Básicamente, el contenido de tales noticias se 
ciñe a publicar que previsiblemente se produciría la condena por un delito de sedición y a 
referir ciertos rasgos típicos de esta figura delictiva y del delito de rebelión, de mayor 
gravedad, por el que se había, también, formulado acusación. En relación con ellas, trae 
a colación la doctrina contenida en la STC 69/2001, de 17 de marzo, para poner de 
manifiesto que, en su opinión, tales filtraciones provocaron un clamor popular a favor de 
la condena, lo que, a su juicio, debe conducir a la invalidez del fallo, sin que sea exigible 
al denunciante una cumplida demostración de que tal hecho hubiera condicionado el 
sentido de la decisión, lo que supondría una auténtica probatio diabolica.
El abogado del Estado entiende que procede desestimar el motivo de amparo. 
Considera  que,  ni  la  opinión  de  los  miembros  del  tribunal  pudo  haberse  visto 
condicionada  por  la  filtración,  ni  esta  iba  encaminada  a  obtener  una  modificación 
interesada de lo ya decidido, pues cuando tal filtración se produjo ya había concluido el 
juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, había finalizado la 
deliberación.
A juicio del partido político Vox, las coincidencias entre lo publicado previamente y el 
sentido  de  la  sentencia  no  evidencian  que  fueran  consecuencia  de  filtraciones 
procedentes de miembros del Tribunal Supremo. Y en todo caso, de haberse producido  s
la filtración, tampoco habría condicionado la deliberación que llevó a la sentencia, sin  oe.
que elucubraciones o juicios de valor, sin base fáctica alguna, puedan desvirtuar estas  w.
acopnrecEcluli asMri oqinnueisest .esreio  haFyisac aplr,o dsuigcuidieon duon al aa cdcoiócntr icnaap adze  dees mtee ntroibsucnaabla, r alad uicmep aqruceia lindoa dc oa blae   2021-8357n https://ww
apariencia  de  imparcialidad  de  la  sala  sentenciadora  (compuesta  por  magistrados
independientes por razón de su estatuto), ni tan siquiera capaz de propiciar un clamor
popular a favor de la condena o de la absolución de los encausados, poniendo en 
entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía en el 
comportamiento neutral de los juzgadores.
9.2  Respuesta del órgano judicial.
El auto de 29 de enero de 2020, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido contra la sentencia, contesta a esta queja en el apartado 4.2.1., al dar 
respuesta  a  lo  alegado  en  dicho  incidente  por  otro  de  los  condenados,  don  Jordi 
Sànchez. Dice así:
«En cuanto a la vulneración derivada de la filtración del contenido de parte de la 
sentencia, su estimación exigiría, según la doctrina del Tribunal Constitucional que el 
propio escrito cita (cfr. STC 69/2001, de 17 de marzo), que se acreditase que la opinión 
de alguno o de algunos de los integrantes de esta Sala ha podido verse condicionada 
por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación, o que la citada ‘filtración’ 
fue encaminada a obtener una modificación interesada de lo previamente decidido; lo 
que no consta en modo alguno.»
Al resolver los incidentes de nulidad promovidos por el recurrente y por don Josep 
Rull, la sala sentenciadora se limita a remitirse a lo anterior en los apartados 6.2.1 y 7.2.1 
respectivamente.
9.3  Doctrina constitucional.
En las SSTC 64/2001, 65/2001 y 66/2001, todas de 17 de marzo, FFJJ 2, así como 
en la STC 69/2001, de la misma fecha, FJ 14, con remisión a lo expuesto en la 
STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 8, el Pleno de este tribunal abordó específicamente la 
cuestión relativa a si el derecho a un proceso con todas las garantías, desde la vertiente 
de derecho a la imparcialidad judicial (art. 24.2 CE), podría verse menoscabado como 
consecuencia  de  la  «filtración»  y  publicación  en  los  medios  de  comunicación  del 
contenido de la deliberación y del fallo de una sentencia antes de su notificación a las 
partes. Podemos sistematizar la doctrina sentada entonces del siguiente modo:
a)  La Constitución brinda un cierto grado de protección frente a los denominados 
«juicios paralelos» en los medios de comunicación, dado que tanto las declaraciones en 
los citados medios acerca de procesos en curso como las opiniones sobre el sentido que 
haya de tener la decisión que los resuelva pueden influir no solo en el prestigio de los 
tribunales, sino, muy especialmente, «según sea su tenor, finalidad y contexto», «pueden 
llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de aquellos, ya que la 
publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo 
pueden influir en la decisión que deben adoptar los jueces». «Es más, a nadie puede 
ocultársele  que  la  capacidad  de  presión  e  influencia  es  mucho  mayor  cuando  las 
declaraciones  vertidas  en  los  medios  de  comunicación  sobre  procesos  en  curso 
corresponden a miembros destacados de los otros poderes públicos del Estado. Por ello, 
cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un proceso 
con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida ha 
tenido un efecto concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los 
valores implicados, basta la probabilidad fundada de que tal influencia ha tenido lugar 
(STEDH, de 29 de agosto de 1997, caso Worm, § 54)» [STC 136/1999, de 20 de julio,  s
FJ 8]. oe.
Paralelamente,  hemos  destacado  también  en  numerosas  sentencias  que  «el  w.
postulado que subraya la extraordinaria importancia de la opinión pública libre, dado el  57ww
tcaamrábciétenr  eens eenl cáimal bditeo  dlae  lliab eardtamdi ndiset raecxipórne sdieó nju setnic iuan, aq useo csiiervdea da  ldoesm inotcerráetsiceas,  dsee  toadpali claa 
caoclteúcatniv iedna de yl  veaxcigíoe,  lasu c ocoopmepraecteiónnc iad ep uanra p púrbolincuon icnisatrrsueid soo»b. rDea ldaos  qcuaeu sloass  tpriebnuanlaelse sq nuoe   BOE-A-cable e
deban enjuiciar «no significa que, con anterioridad o al mismo tiempo, los asuntos de que 
conoce  la  jurisdicción  penal  no  puedan  dar  lugar  a  debates,  bien  sea  en  revistas 
especializadas, en la prensa o entre el público en general. A condición de no franquear 
los límites que marca la recta administración y dación de justicia, las informaciones sobre 
procesos  judiciales,  incluidos  los  comentarios  al  respecto,  contribuyen  a  darles 
conocimiento y son perfectamente compatibles con las exigencias de publicidad procesal 
[arts. 24.2 CE y art. 6.1 CEDH]. A esta función de los medios se añade el derecho, para 
el público, de recibirlas, y muy especialmente cuando el proceso concierne a personas 
públicas  [por  todas,  STC  46/1998  y  sentencias  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 26 de abril de 1979 (caso Sunday Times, § 65), de 24 de febrero de 1997 
(caso De Haes y Gijsels, § 37) y de 29 de agosto de 1997 (caso Worm, § 50)]».
b)  Hemos señalado también que, desde la expresada garantía de imparcialidad 
judicial, el solo dato de que desde el entorno de la sala sentenciadora se hubiera filtrado 
hipotéticamente a los medios de comunicación el sentido general del fallo de la sentencia 
antes de que la resolución fuese notificada a las partes, no repercute negativamente por 
sí sola, menoscabándola, en la imparcialidad del tribunal.
Como venimos reiterando, «para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda 
ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan 
sospechas  objetivamente  justificadas;  es  decir,  exteriorizadas  y  apoyadas  en  datos 
objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el juez no es ajeno a la causa, o que 
permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio 
de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. 
Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, 
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los 
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar 
a un determinado juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre 
su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, 
caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas 
(SSTC 145/1988, de 12 de julio; 11/1989, de 24 de enero; 151/1991, de 8 de julio; 
113/1992, de 14 de septiembre; 119/1993, de 19 de abril; 299/1994, de 14 de noviembre; 
60/1995,  de  16  de  marzo;  142/1997,  de  15  de  septiembre;  y  162/1999,  de  27  de 
septiembre, FJ 5; y SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack, de 26 de octubre 
de 1984, caso De Cubber; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt; 16 de diciembre 
de 1992, caso Saint-Marie; de 24 de febrero de 1993, caso Fey; de 26 de febrero 
de 1993, caso Padovani; de 22 de abril de 1994, caso Saraiva de Carvalho; de 22 de 
febrero de 1996, caso Bulut; de 20 de mayo de 1998, caso Gautrin y otros; y de 28 de 
octubre de 1998, caso Castillo Algar)» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 a), 
y 69/2001, FJ 14 a)].
c)  La imparcialidad subjetiva y objetiva del tribunal deben ser presumidas mientras 
no medie prueba en contrario. La dificultad que pueda comportar esta demostración no 
hace quebrar tal regla. «En palabras muy ilustrativas de la sentencia del TEDH de 10 de 
junio de 1996, dictada en el caso Pullar (§ 32): ‘El principio según el cual se debe 
presumir que un tribunal está exento de prejuicio o de parcialidad refleja un elemento 
importante de la preeminencia del Derecho, a saber: que el veredicto de un tribunal es 
definitivo y con fuerza obligatoria, a no ser que sea revocado por una jurisdicción 
superior por vicios de procedimiento o de fondo. Este principio debe aplicarse de la 
misma forma a todas las clases de tribunales. Incluso si en determinados casos [...]  s
puede resultar difícil aportar pruebas que permitan desvirtuar la presunción, pues el  oe.
requisito  de  la  imparcialidad  objetiva  supone,  conviene  recordarlo,  una  importante  w.
garantía adicional’» [STC 136/1999, FJ 9, citada en SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001,  57ww
FFJPJ o2r  ct)a, nyt o6,9 «/2[s0]0o1lo,  FeJn  1la4  mc)e].dida en que se acreditase que la opinión de alguno o de
acilrgcuunnossta dneci aloss  einxtteegrnraanst esa  dleal  tprirboupniaa l dhealyibae praocdióidno,  voe rsqeu ec onlad iccioitnaaddaa  ‘pfioltrra hceiócnh’ osib oa   BOE-A-cable e
encaminada  a  obtener  una  modificación  interesada  de  lo  previamente  decidido,  la 
garantía de imparcialidad, reconocida por el art. 24.2 CE, podría haberse visto afectada 
en su vertiente subjetiva».
A fin de efectuar esta valoración han de tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores:  (i)  que  no  puede  cuestionarse  el  desinterés  objetivo  en  el  asunto  de  los 
miembros del tribunal sentenciador, cuando «nada avala una relación previa de estos 
con las partes del proceso o con sus intereses»; (ii) el secreto en las deliberaciones y en 
el voto de los magistrados llamados a pronunciar un fallo de absolución o de condena 
representa también una garantía para el propio tribunal, que permite evitar que sus 
miembros se vean presionados externamente en el momento de tomar su decisión, que 
les posibilita expresar libremente sus opiniones o valoraciones sobre los hechos y que 
impide consecuencias o juicios externos sobre lo manifestado individualmente por cada 
magistrado durante los debates; (iii) el contenido de la información y el tiempo en que se 
produjo su aparición en los medios de comunicación; y, en concreto, si «ya había 
concluido el juicio oral, se había desarrollado toda la prueba e, incluso, había finalizado 
la deliberación» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 b), y 69/2001, FJ 14 b)].
9.4  Resolución de la queja.
No podemos tener por justificada la premisa de la que parte el motivo del recurso de 
amparo. Si por «filtración» entendemos, conforme a nuestra doctrina antes reseñada, la 
transmisión de información a terceros acerca del contenido o sentido de la deliberación y 
resolución de un caso, procedente de alguno de los magistrados integrantes del tribunal, 
seguida de la publicación en los medios de comunicación, con anterioridad a la definitiva 
conformación del fallo y de su notificación a las partes, no consta acreditado en las 
actuaciones que tales circunstancias hubieran tenido lugar.
Atendida la relevancia pública de la causa penal que había sido enjuiciada, afirmar 
en  el  presente  caso  la  existencia  de  una  «filtración»,  en  el  sentido  jurídicamente 
relevante antes definido, es una inferencia no debidamente justificada, pues es notorio 
que en semanas anteriores a la publicación del fallo de la sentencia, el debate social y 
mediático giraba alrededor de una alternativa muy sencilla: si, en caso de producirse, la 
condena acogería la calificación del Ministerio Fiscal y la acusación popular (delito de 
rebelión) o la de la abogacía del Estado (delito de sedición). En tales circunstancias, 
resulta lógicamente presumible que una parte de quienes hubiesen seguido atentamente 
el juicio oral, fuesen juristas, periodistas o simples observadores, anticipasen su criterio 
de que la sentencia asumiría finalmente la acusación por sedición, llegando así a la 
misma conclusión que unánimemente alcanzaron los magistrados miembros del tribunal 
sentenciador. Este contexto permite explicar, como alternativa probable, que en los 
medios de comunicación se publicasen opiniones, previsiones o simples pronósticos 
inevitables, acertados o no, que no tenían en absoluto su origen en filtración alguna.
A  lo  expuesto  ha  de  añadirse,  a  fin  de  descartar  cualquiera  afectación  de  la 
imparcialidad judicial, la constatación de los siguientes elementos de juicio: (i) según 
hemos visto, el contenido de las noticias reseñadas en la demanda de amparo, datadas 
escasos días antes de la publicación de la sentencia, se ciñe a que previsiblemente se 
produciría la condena por un delito de sedición y a referir ciertos rasgos típicos de esta 
figura delictiva y del delito de rebelión, de mayor gravedad, por el que se había, también, 
formulado acusación; (ii) las deliberaciones se iniciaron al término del juicio oral, el 12 de 
junio de 2019, y se prolongaron hasta el 11 de octubre de ese mismo año, según dice la 
sentencia recurrida, siendo firmada la misma en fecha 14 de octubre de 2019, momento  e
a partir del cual se llevó a cabo su notificación a las partes; (iii) el contenido de la  bo
sentencia,  que  cuenta  con  493  folios,  ha  quedado  reseñado  en  el  apartado  de  57ww
aconnte cuendae nptelusr adleid easdt ad ree sosulujecitóons.  Aco énld neonsa dreoms itpimoro sd pivaerras odse stdaeclaitor sa,q udíe s uh ecochmopsl ejyid adde, 
acupeasreticoindeass  ejunr íldoisc ams;e d(iivo)s  ldaes  cinocmounntaicbalecsió nn,o etinci afosr oys  ayr teícnu rleovsi sdtaes o epsinpieócnia (lijzuaríddaicsa,  aon tneos), 
durante y después del juicio, retrasmitido en directo, y de la publicación de la sentencia, 
dan cuenta del contexto social y jurídico en que se enmarca este proceso.
En tales circunstancias, no podemos tener por probado que las noticias aparecidas 
en los medios de comunicación procedieran de miembros de la sala enjuiciadora, ni 
mucho  menos  consideramos  justificado  que,  atendiendo  al  contenido  de  tales 
informaciones, al contexto y al tiempo en que se produjeron (terminado el juicio oral y a 
escasos días de la finalización de una deliberación que se había prolongado durante 
meses), hayan menoscabado la imparcialidad o apariencia de imparcialidad del tribunal 
sentenciador.  Tampoco  deducimos  que  dichas  noticias,  en  el  escenario  en  que 
irrumpieron, fueran detonante de un clamor popular a favor de un determinado contenido 
del fallo, «poniendo en entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la 
ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores» (STC 136/1999, FJ 9), cuya 
experiencia y profesionalidad, en cuanto miembros del órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 
CE), ha sido ya subrayada.
En  conclusión,  los  argumentos  empleados  por  la  parte  demandante  resultan 
insuficientes para cuestionar eficazmente la imparcialidad de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que tuvo encomendado el enjuiciamiento del caso, manteniéndose 
incólume la presunción que rige en esta materia en la medida en que no existe prueba 
alguna que permita ponerla en duda.
Por lo que procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
10.  Derecho a un proceso con todas las garantías: imposición de penas superiores 
a las solicitadas por la acusación particular.
10.1  Posiciones de las partes.
A través de este motivo, la demanda impugna la pena impuesta al recurrente, por 
considerar que excede de la concretamente solicitada por la acusación particular, en este 
caso, la abogacía del Estado, con la consiguiente vulneración del derecho a un proceso 
con todas las garantías, en su vertiente de respeto al principio acusatorio (art. 24.2 CE).
El recurrente cita, a tal efecto, el acuerdo de 20 de diciembre de 2006 del Pleno no 
jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«el tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas 
en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que 
se sustancie la causa». Con apoyo en ese acuerdo, y con expresa invocación y reseña 
parcial de la STS 675/2013, de 21 de junio, el demandante entiende que, si la resolución 
impugnada descartó las acusaciones del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, la 
pena máxima imponible venía determinada por la solicitud formulada por la abogacía del 
Estado. En este caso, esa acusación solicitó para el recurrente una pena de once años y 
seis meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, pero la pena finalmente impuesta 
asciende a los doce años.
Afirma también, que el hecho de que la acusación popular solicitara aisladamente 
para el delito de sedición penas más graves no justifica el proceder de la Sala, pues la 
concreta calificación efectuada por esta última fue expresamente descartada por el 
tribunal, al no pronunciarse acertadamente sobre la naturaleza de la relación concursal –
que se presentaba como un concurso real de delitos–. Por último, señala que resulta 
contradictorio que la Sala se haya servido de las peticiones punitivas del partido político 
Vox para imponer las penas, cuando ha considerado que el ejercicio de la acusación  s
popular por un partido político resulta ser un elemento «perturbador», como se recoge  oe.
expresamente en la sentencia (pág. 150), que sería muy conveniente suprimir del texto  w.
dhea claeE rnl e uyrne palar ocrcieóesnse acñl.oan  dees telo sm oatnivteoc, eedl eMntiensis tedreio  laF issceanl tepnrocpiau gyn ad esul  aduetsoe sdtiem ancuilóidna. dT rdaes   2021-8357n https://ww
actuaciones que entendió de interés, cita y extracta parcialmente la STC 172/2016, de 17
de octubre, FJ 10, sobre el principio acusatorio. Sobre la base de lo anterior, el ministerio
público considera que la sentencia no incurrió en extralimitación alguna. A su juicio, 
existe congruencia entre la acusación y el fallo. El objeto del procedimiento versa sobre 
hechos y sobre calificaciones jurídicas. La sentencia no introdujo hechos nuevos ni 
calificaciones jurídicas distintas de las formalizadas por las acusaciones. Se condenó por 
los  delitos  de  sedición  y  malversación  que  habían  sido  objeto  de  acusación.  La 
declaración sobre la existencia de un concurso real o medial no supone la introducción 
de un elemento o dato nuevo. Además, si se atiende a las penas interesadas por 
separado para cada uno de esos delitos, se observa que la pena impuesta no supera la 
suma de las solicitadas, mientras que si se tiene en cuenta la pena tipo mínima para 
cada delito también se respeta ese límite punitivo.
En definitiva, para el fiscal, resulta acreditado que el recurrente «tuvo conocimiento 
efectivo de la posibilidad de que le fuera impuesta una condena por cada uno de los 
delitos considerados en concurso medial y que la pena definitivamente impuesta no 
resulta superior a la pretendida por la acusación popular […] el recurrente ha podido 
articular todos los instrumentos probatorios y alegatorios para defenderse de la condena 
por ambos delitos y de la cuantificación de la pena que finalmente se le impuso en la 
sentencia».
Por su parte, la abogacía del Estado se pronuncia en el mismo sentido, con expresa 
invocación de la STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7; de otro lado, la representación del 
partido político Vox achaca al recurrente que sea «este quien determin[e] si el tribunal 
debe aplicar la pena solicitada por una acusación u otra, convirtiéndose en juez y parte», 
cuando además «ya reconoce […] en su escrito» que «no se ha condenado a los 
acusados a penas superiores a las solicitadas» en los «escritos de las acusaciones, 
también de la popular».
10.2  Respuesta del órgano judicial.
La alegación del recurrente fue rechazada por la sala de enjuiciamiento en el auto 
de 29 de enero de 2020, por el que se desestimaron los incidentes de nulidad de 
actuaciones planteados contra la sentencia condenatoria.
En efecto, en el apartado 6.2.2 de ese auto se dice expresamente que la «pena de 
doce años […] no vulnera el principio acusatorio y, como en el caso de los demás 
acusados, respeta los márgenes fijados por los escritos de acusación». Además, en el 
apartado 6.2.5, al descartar la falta de proporcionalidad de la pena impuesta, la Sala 
señala  que  el  ahora  recurrente  «ha  sido  condenado  también  por  un  delito  de 
malversación, en concurso medial, de manera que, como dijimos con respecto a [otro 
procesado], la pena, en aplicación del art. 77.3 CP habría podido ser mucho más 
elevada, hasta un total de veinte años de cumplimiento efectivo».
10.3  Doctrina constitucional.
Este tribunal ha tenido la oportunidad de fijar una consolidada doctrina sobre el 
principio acusatorio. Así, en la reciente STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7, hemos dicho 
que «si bien este principio no aparece expresamente mencionado entre los derechos 
constitucionales que disciplinan el proceso penal, hay que reconocer como protegidos en 
el art. 24.2 CE ciertas garantías que configuran los elementos estructurales de dicho 
principio, que trasciende el derecho a ser informado de la acusación, ya que quedan 
vinculados, además, con los derechos constitucionales de defensa y a la imparcialidad 
judicial (así, STC 113/2018, de 29 de octubre, FJ 3). A ello se ha añadido que entre el 
haz de garantías protegidas por el art. 24.2 CE conformadoras del principio acusatorio (i)  e.
se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha  w.
acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este  57ww
raecsopnetectcoim  qieunet osp,o ur n‘ cfaocstau’ mn, os inpou etadme beiénnt elan dpeerrssep eúcntiivcaa mjueríndtiec a uqnu ec doenlcimreittoa  ddee vuenn ciri erdteo 
mreocdaoe  neos es odleov seonbirr ey  losse lheecccihoonsa,  sailngou ntaoms bdieé ns suosb rraes sguo sc,a plifuiceasc ieóln  djeubríadtieca c; o(ini)t rlaad íicnttoimrioa   BOE-A-cable e
relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa implica la 
exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha 
sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya 
tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante 
el órgano judicial los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza 
jurídica; (iii) este derecho de defensa contradictoria determina la obligación del órgano 
judicial  de  pronunciarse  dentro  de  los  términos  del  debate,  tal  y  como  han  sido 
formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última 
instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia, y 
(iv) esa sujeción no es tan estricta como para impedir al órgano judicial modificar la 
calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han 
podido ser objeto de debate contradictorio, de manera que no se produce infracción 
constitucional alguna cuando el juez valora los hechos y los calibra de modo distinto a 
como venían siéndolo, siempre y cuando ello no suponga la introducción de un elemento 
o dato nuevo al que, dado su lógico desconocimiento, no hubiera podido referirse la 
parte para contradecirlo en su caso (así, por ejemplo, STC 172/2016, de 17 de octubre, 
FJ 10)». Ver, en el mismo sentido, la STC 113/2018, de 29 de octubre, FJ 3, con cita de 
otras anteriores como las SSTC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 4; 75/2013, de 8 de abril, 
FJ 2, y 155/2009, de 25 de junio, FJ 4.
Precisamente, en nuestra STC 155/2009, de 25 de junio, afirmábamos, con cita de la 
STC 123/2005, de 12 de mayo, que el «fundamento del deber de congruencia entre la 
acusación y fallo, que constituye una de las manifestaciones del principio acusatorio 
contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías» debía ser puesto en 
«relación directa, principalmente, con los derechos a la defensa y a estar informado de la 
acusación, pues si se extralimitara el juzgador en el fallo, apreciando unos hechos o una 
calificación jurídica diferente a las pretendidas por las acusaciones, se privaría a la 
defensa de la necesaria contradicción. Pero también subrayábamos que este deber de 
congruencia  encuentra  su  fundamento  en  el  derecho  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías, en el sentido de que el enjuiciamiento penal se ha de desarrollar con respeto a 
la delimitación de funciones entre la parte acusadora y el órgano de enjuiciamiento, 
puesto que, en última instancia, un pronunciamiento judicial más allá de la concreta 
pretensión punitiva de la acusación supone que el órgano judicial invada y asuma 
competencias  reservadas  constitucionalmente  a  las  acusaciones,  ya  que  estaría 
condenando al margen de lo solicitado por los legitimados para delimitar la pretensión 
punitiva, lo que llevaría a una pérdida de su posición de imparcialidad y a la lesión del 
derecho a un proceso con todas las garantías (STC 123/2005, de 12 de mayo, FJ 4; 
doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 247/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 170/2006, 
de 5 de junio, FJ 2)».
Pues bien, en dicha resolución, seguimos diciendo, se dio «un paso más en la 
protección de los derechos de defensa del imputado y en la preservación de la garantía 
de la imparcialidad judicial en el seno del proceso penal, en el sentido de estimar que, 
solicitada por las acusaciones la imposición de una pena dentro del marco legalmente 
previsto para el delito formalmente imputado, el órgano judicial, por exigencia de los 
referidos derechos y garantía constitucionales, en los que encuentra fundamento, entre 
otros, el deber de congruencia entre acusación y fallo como manifestación del principio 
acusatorio, no puede imponer pena que exceda, por su gravedad, naturaleza o cuantía, 
de la pedida por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que 
se sustancia la causa, aunque la pena en cuestión no transgreda los márgenes de la  s
legalmente prevista para el tipo penal que resulte de la calificación de los hechos  oe.
formulada en la acusación y debatida en el proceso» (STC 155/2009, FJ 6). w.
Con ello se superaba la tesis mantenida hasta ese momento (entre otras muchas, en  57ww
SdeS TdCic ie1m63b/r2e0, 0F4J,  d3e),  4q udee  poecrtmubitírae ,a Fl Jtr i4b;u 7n1a/l 2im00p5o,n deer  «4p deen aasb rsiul, pFeJr io7r,e ys  3a4 l7a/s2 0s0o6lic, idtaed a11s 
por  las  acusaciones  dentro  de  los  límites  de  la  señalada  por  la  ley  al  tipo  penal
incriminado, siempre que la calificación como tal de unos hechos, y los hechos mismos, 
hayan sido objeto del correspondiente debate».
Para este tribunal, la doctrina iniciada en la STC 155/2009 permite el reforzamiento y 
garantía  de  la  «debida  dimensión  constitucional  [de]  los  derechos  de  defensa  del 
acusado.  En  efecto,  la  pena  concreta  solicitada  por  la  acusación  para  el  delito 
formalmente imputado constituye, al igual, por lo menos, que el relato fáctico y la 
calificación jurídica en la que aquella se sustenta, un elemento sin duda esencial y 
nuclear de la pretensión punitiva, determinante, en cuanto tal, de la actitud procesal y de 
la posible línea de defensa del imputado. Obviamente a este ha de informársele, ex 
art. 24.2 CE, no solo de los hechos imputados por la acusación y de su calificación 
jurídica, sino también de las reales y concretas consecuencias penológicas que aquella 
pretende por la comisión de dichos hechos; esto es, la pena cuya imposición se solicita. 
El acusado ejerce el derecho constitucional de defensa sobre la concreta pena solicitada 
por la acusación por los hechos imputados y la calificación jurídica que estos le merecen, 
y no sobre otra pretensión punitiva distinta, sin que en modo alguno le sea exigible 
vaticinar y defenderse de hipotéticas y futuribles penas que pudiera decidir el órgano 
judicial, y que excedan por su gravedad, naturaleza o cuantía de las solicitadas por la 
acusación. En otras palabras, la confrontación dialéctica entre las partes en el proceso y 
la consiguiente posibilidad de contradicción frente a los argumentos del adversario giran 
exclusivamente,  en  lo  que  ahora  interesa,  en  torno  a  la  acusación  expresamente 
formulada contra el imputado, tanto por lo que se refiere a los elementos fácticos de la 
pretensión punitiva y a su calificación jurídica, como a las concretas consecuencias 
penológicas, frente a las que aquel ejerce su derecho constitucional de defensa. Así 
pues, ha de proscribirse la situación constitucional de indefensión que, por quiebra del 
principio acusatorio, padecería el condenado a quien se le impusiera una pena que 
excediese en su gravedad, naturaleza o cuantía de la solicitada por la acusación».
Y  continuamos  afirmando  que  «el  alcance  del  deber  de  congruencia  entre  la 
acusación y el fallo, por lo que respecta a la pena a imponer por el órgano judicial en los 
términos definidos en este fundamento jurídico se cohonesta mejor, a la vez que también 
la refuerza en su debida dimensión constitucional, con la garantía de la imparcialidad 
judicial en el seno del proceso penal, que, como ya hemos señalado, constituye uno de 
los fundamentos de la exigencia de aquel deber de congruencia como manifestación del 
principio acusatorio. Ciertamente aquella garantía resulta mejor protegida si el órgano 
judicial  no  asume  la  iniciativa  de  imponer  ex  officio  una  pena  que  exceda  en  su 
gravedad,  naturaleza  o  cuantía  de  la  solicitada  por  la  acusación,  asumiendo  un 
protagonismo no muy propio de un sistema configurado de acuerdo con el principio 
acusatorio, como el que informa la fase de plenario en el proceso penal» (STC 155/2009, 
FJ 6). Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, en la STC 47/2020, de 15 de julio, 
FJ 3.
10.4  Resolución de la queja.
La exposición de las pretensiones de las partes y de la doctrina de este tribunal 
permite abordar el enjuiciamiento constitucional de la queja planteada por el recurrente 
en su demanda.
La sentencia impugnada condenó al demandante como autor responsable de un 
delito de sedición (art. 545.1 CP, con la consideración de autoridad), en concurso medial 
(art. 77.3 CP) con un delito de malversación de caudales públicos (art. 432.3 CP, en su 
modalidad agravada del último párrafo), y le impuso una pena de doce años de prisión y  e
doce años de inhabilitación absoluta. bo
En el fundamento jurídico D) 1 de la sentencia, la sala de enjuiciamiento explica los  57ww
qcruitee riaohso trean iidnotesr eesna c, uceonntas idpearraa  iqmupeo nloe r plaro pceendae nctoen cerse taa parle achiaorr ala r eccaulrifriecnatceió. nA sjíu, reídni cloa 
lsooss theencidhao sp coor mlao  aucnu scaocnicóunr spoa mrtiecudliaarl  eenjetrrec iduan  dpeolri tola  daeb soegdaiccíiaó nd ey l oEtrsot addeo ,m eanlvteenrsdaiecniódno. 
De esta forma, «conforme a su punición con las reglas del concurso medial descrito en el 
art. 77.3 CP», fija la pena de doce años de prisión y doce años de inhabilitación absoluta.
Lo que este tribunal debe valorar, pues, es si la sentencia impugnada, y el auto que 
la ratifica en este punto, han incumplido la regla de que no procede imponer una pena 
superior a la interesada por las acusaciones.
En el presente caso, el Ministerio Fiscal había solicitado una condena por un delito 
de rebelión, con el subtipo agravado de distracción de caudales públicos (art. 473.2 CP), 
solicitando una pena de dieciséis años de prisión y dieciséis años de inhabilitación 
absoluta. Por su parte, la acusación popular había solicitado una condena por delito de 
rebelión (en los mismos términos que el Ministerio Fiscal), interesando una pena de 
veinticinco años de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta; subsidiariamente, por 
un delito de sedición (art. 545.1 CP) interesó la imposición de una pena de quince años 
de prisión y quince años de inhabilitación absoluta; y además solicitó igualmente la 
condena por un delito de malversación de caudales públicos (art. 432.3 CP), interesando 
una pena de doce años de prisión y de veinte años de inhabilitación absoluta.
Conforme a estas peticiones, la pena impuesta de doce años de prisión y doce años 
de  inhabilitación  absoluta  no  supera  la  más  grave  de  las  interesadas  por  las 
acusaciones. La acusación popular había solicitado una pena de quince años de prisión 
y quince años de inhabilitación absoluta por el delito de sedición, así como una pena de 
doce  años  de  prisión  y  de  veinte  años  de  inhabilitación  absoluta  por  el  delito  de 
malversación. Por lo tanto, una de las acusaciones había solicitado una pena superior a 
la fijada en la sentencia por los delitos que fueron objeto de condena.
El recurrente impugna la sentencia en este punto por dos motivos: i) considera que 
las penas interesadas por la acusación popular no pueden tenerse en cuenta para fijar el 
límite penológico máximo, porque su calificación jurídica no fue acogida por la sentencia, 
que entendió aplicable el concurso medial (art. 77.3 CP) propuesto por la abogacía del 
Estado frente al concurso real (art. 73 CP) planteado por la acusación popular; y ii) 
considera que la sentencia no debió tener en cuenta la pena interesada por la acusación 
popular porque, según los propios términos empleados por la Sala [fundamento jurídico 
A) 11], la presencia de un partido político en el proceso penal es «perturbador[a]».
Empezando por este segundo argumento, nos encontramos ante una lectura parcial 
de la resolución impugnada. La propia Sala realiza esa consideración en el marco de una 
impugnación planteada por uno de los procesados, en la que se alegaba la vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías «por la presencia de un partido 
machista y xenófobo como Vox ejerciendo la acusación popular». En ese contexto, el 
Tribunal Supremo considera que, en general, la presencia de un partido político, de 
cualquier partido político, «no es, desde luego, positiva», para continuar recordando que 
«ya ha tenido la oportunidad de llamar la atención acerca de la necesidad de abordar 
una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la 
contienda política». No obstante, el propio tribunal señala que «el actual estado de cosas 
no permite a esta Sala otra opción que admitir en el ejercicio de la acción popular a quien 
se  personó  en  tiempo  y  forma,  colmando  todos  los  requisitos  exigidos  legal  y 
jurisprudencialmente para actuar como acusador popular». De lo expuesto se deduce 
que  la  mención  destacada  por  el  recurrente  fue  empleada  por  la  Sala  como  un 
argumento de lege ferenda, como un desiderátum. Pero, una vez personada en legal 
forma una acusación, no puede desecharse su posición procesal, con independencia del 
juicio que merezca la legislación que permite esa personación. En consecuencia, la pena 
interesada por una acusación popular válidamente constituida en el proceso puede ser  s
tenida en cuenta a los efectos de fijar el límite máximo penológico imponible. oe.
Sentado lo anterior, el criterio seguido por la sentencia impugnada no vulnera el  w.
principio acusatorio. La doctrina de este tribunal, como la del Tribunal Supremo, no  57ww
lrae qauciuesrea cqióune  qeul elím fiintea lmpeennoteló g«isceoa v aecnoggai dima»p uoe csoton  plao ra lcau asacucisóanc iqóune « nmoáss p caorerrzeccata «»m oe cnoons 
perturbadora».  El  límite  viene  fijado  por  la  acusación  «más  grave»,  siempre  que,
obviamente, se trate de una pena imponible legalmente –cosa que en este caso no se 
discute– y que se respeten los hechos y la calificación jurídica objeto de enjuiciamiento.
En  este  supuesto,  los  hechos  y  las  calificaciones  jurídicas  de  las  acusaciones 
particular y popular coincidían en la posible comisión de sendos delitos de sedición y 
malversación, discrepando únicamente de la relación concursal existente entre ambos. 
Como es conocido, la teoría concursal puede entenderse que hace referencia tanto a la 
calificación jurídica de los hechos –porque pone de manifiesto una determinada relación 
entre los distintos delitos–, como a las reglas de aplicación de las penas, donde se ubica 
sistemáticamente en el Código penal (arts. 73 y ss.). Lo que hizo la sentencia fue acoger 
la concreta calificación jurídica propuesta por la acusación particular, y fijar la pena 
respetando el límite máximo fijado por las acusaciones, en este caso, por la acusación 
popular, ya que el Ministerio Fiscal formulaba una acusación de naturaleza jurídica 
sustancialmente diferente, por lo que no podía ser tenida en cuenta a estos efectos.
En cualquier caso, como se indicaba en la STC 1/2020 –en la que también se 
planteaba una diferencia de criterio entre las partes sobre el tipo de concurso aplicable–, 
lo relevante es que «los demandantes de amparo tuvieron […] un conocimiento efectivo 
de la posibilidad de que le fuera impuesta una condena por el delito de [desórdenes 
públicos] en concurso ideal con el de [impedir el derecho de reunión] y que la pena 
definitivamente  impuesta  no  resulta  superior  a  la  pretendida  por  alguna  de  las 
acusaciones», por lo que debía «concluirse que no se ha vulnerado el derecho a un 
proceso con todas las garantías de los demandantes de amparo, desde la perspectiva 
del principio acusatorio, pues estos pudieron articular todos los instrumentos probatorios 
y alegatorios para defenderse de la condena por ambos delitos y de la cuantificación de 
la pena que finalmente se les impuso en la sentencia de casación». No estamos en 
presencia, por tanto, del supuesto de hecho abordado en la STC 155/2009, en el que el 
tribunal sentenciador había condenado por una «pena de mayor gravedad y distinta 
naturaleza  a  la  solicitada  [por  la  acusación],  resultando  limitadas  las  facultades  de 
defensa […], al desconocer que los hechos que se le imputaban podían ser sancionados 
con la pena a la que finalmente fue condenada, y resultando comprometida también la 
imparcialidad de los órganos judiciales,  ya  que han encauzado la acusación en el 
extremo concerniente a la pena impuesta».
En el presente caso, las defensas tuvieron conocimiento en todo momento de los 
delitos por los que se les acusaba, de las distintas calificaciones jurídicas propuestas y 
de las diversas opciones y límites penológicos a las que se enfrentaban. La sentencia no 
introdujo un hecho nuevo, una calificación jurídica distinta ni un rango penológico más 
grave o de diferente naturaleza que el planteado por las acusaciones. En consecuencia, 
se  ha  respetado  esta  regla  derivada  de  la  relevancia  constitucional  del  principio 
acusatorio como expresión del derecho a un juicio con todas las garantías reconocido en 
el art. 24.2 CE.
El motivo ha de ser desestimado.
11.  Derecho  a  la  legalidad  sancionatoria,  en  relación  con  otros  derechos 
fundamentales sustantivos.
A continuación, se procederá a dar respuesta al bloque de quejas que se agrupan 
bajo el común denominador de aducir la vulneración del derecho a la legalidad penal 
reconocido en el art. 25.1 CE. No obstante, antes de pronunciarnos sobre las diferentes 
denuncias formuladas en relación con el derecho indicado, hemos de advertir que su 
orden de análisis no coincide exactamente con el seguido en el recurso. e
En el apartado décimo de la demanda de amparo se censura la falta de taxatividad  bo
del delito de sedición, deficiencia esta que se atribuye específicamente al tipo penal  57ww
deestsac rditeon eunn ceial  aernt.  5p4ri4m eCrP l.u Sgiaern pduoe ass, í,d ee nsteern deesmtimosa dpar,o ceexdceunsater íaa bdoerdl aurlt elar iorer saonluácliisóins  ddee 
lionste rrpersettaanctieósn  yre approlicchaecsió nq udee  lsae  ndoirrmigae np esnoablr ere flear iddeac. iPsiaórna  jeuld cicaisaol  edne  nloo  asteinr eenstteim aa dlaa 
esa vulneración, continuaríamos nuestro análisis conforme al esquema propuesto en el 
escrito de demanda.
11.1.  Doctrina constitucional.
Hecha  la  anterior  precisión,  procede  compendiar  a  continuación  la  doctrina 
constitucional relativa al derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE; en especial, 
la concerniente a las diferentes facetas que se anudan a las quejas formuladas en el 
recurso de amparo. El indicado artículo establece que «[n]adie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento del producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
A)  Según doctrina de este tribunal, el mandato enunciado contiene un derecho 
fundamental subjetivo que comprende una garantía formal, anudada al rango exigible a 
la norma sancionadora, y otra de carácter material, vinculada a la exigencia de certeza y 
concreción del precepto penal. Esta doctrina aparece sistematizada en la STC 24/2004, 
de 24 de febrero, FJ 2:
«a)  El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos, 
incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria 
existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del 
Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden. Esta 
garantía formal, como recordábamos en la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, implica 
que solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias 
jurídicas  y  vincula  el  principio  de  legalidad  al  Estado  de  Derecho,  ‘esto  es,  a  la 
autolimitación que se impone el propio Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y 
el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva a través del instrumento 
de la ley y solo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley’.
También hemos señalado desde nuestras primeras resoluciones –STC 15/1981, de 7 
de mayo, FJ 7– que del art. 25.1 CE se deriva una ‘reserva absoluta’ de ley en el ámbito 
penal. Y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 CE en relación con el 
art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales que 
establezcan penas privativas de libertad. En palabras de la STC 118/1992, de 16 de 
septiembre, FJ 2, ‘la remisión a la ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la CE ha de 
entenderse como remisión a la ley orgánica, de manera que la imposición de una pena 
de  privación  de  libertad  prevista  en  una  norma  sin  ese  carácter  constituye  una 
vulneración de las garantías del derecho a la libertad y, por ello, una violación de ese 
derecho fundamental (SSTC 140/1986, 160/1986 y 127/1990)’.
b)  Junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de 
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la 
exigencia  de  predeterminación  normativa  de  las  conductas  y  sus  correspondientes 
sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la 
descripción  que  incorpora.  En  este  sentido  hemos  declarado  –como  recuerda  la 
STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3– ‘que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo 
posible  en  la  definición  de  los  tipos  penales  (SSTC  62/1982,  89/1993,  53/1994 
y  151/1997),  promulgando  normas  concretas,  precisas,  claras  e  inteligibles 
(SSTC  69/1989,  34/1996  y  137/1997).  También  hemos  señalado  que  la  ley  ha  de 
describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa 
(SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998). Expresado con otras palabras, el legislador ha de 
operar  con  tipos;  es  decir,  con  una  descripción  estereotipada  de  las  acciones  y  e.
omisiones  incriminadas,  con  indicación  de  las  simétricas  penas  o  sanciones  w.
(SSTC 120/1994 y 34/1996), lo que exige una concreción y precisión de los elementos  57ww
cbuáasnicdoos  sdee e lsat acbolerrcees puonn sduiepnutees tfoig duera h edcehlioct itvaan;  erxetseunlstaanmdeon tdee sdceolinmoitcaiddao  qeuseta n eox pigeermncitiae 
(dSeTdCuc 3ir0 6s/1iq9u9i4e)r’a.  Toqduoé  ellcol aosreie ntdaed o cao gnadruacnttaizsa r plau esdeegnu ridlaledg ajurr ídaic a,s deer  msoadnoc ioqnuaed laoss   BOE-A-cable e
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3)».
c)  Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente 
el derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE. Por tanto, aunque la garantía 
formal se colmaría con la existencia de una norma con rango de ley (ley orgánica cuando 
se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que fuera su contenido (aunque 
fuera absolutamente indeterminado o se limitara a remitirse a instancias normativas 
inferiores, de forma que fueran estas quienes definieran de facto lo prohibido bajo 
amenaza penal), esa cobertura meramente formal resulta insuficiente para garantizar 
materialmente que sea el Parlamento –a través de mayorías cualificadas, en su caso– 
quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o certeza para que 
los ciudadanos puedan adecuar sus comportamientos a tales previsiones».
B)  Este tribunal ha resaltado la importancia del mandato de taxatividad que el 
precepto constitucional objeto de cita contiene. Ejemplo de ello son los argumentos que 
figuran en la STC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2, que a continuación se transcriben:
«El  principio  de  legalidad  penal,  en  su  vertiente  material,  refleja  la  especial 
trascendencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y comporta el mandato de 
taxatividad o de certeza que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa 
de las conductas y de sus correspondientes sanciones (lex certa), en virtud del cual el 
legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 8). De esta 
manera,  ese  principio,  no  solo  fija  el  límite  interpretativo  de  los  preceptos  en  la 
subsunción irrazonable en el tipo que resulta aplicado, bien por la interpretación que se 
realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí, de manera, que de 
sobrepasarse tal límite, la sanción impuesta resultaría sorpresiva para su destinatario 
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; y 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5), sino que 
‘impone,  por  razones  de  seguridad  jurídica  y  de  legitimidad  democrática  de  la 
intervención punitiva, no solo la sujeción de la jurisdicción sancionadora a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6)».
Tal garantía de certeza, a que se ha hecho mención, no solo opera respecto de las 
normas penales o sancionadoras (ámbito normativo), pues también se proyecta a la 
interpretación y aplicación de estas por los órganos judiciales a los concretos supuestos 
de hecho (ámbito aplicativo), como así se refleja en la reciente STC 14/2021, de 28 de 
enero, FJ 2:
«La garantía constitucional de lex certa, como faceta específica del derecho a la 
legalidad  sancionadora,  se  desenvuelve,  en  nuestra  doctrina  (vid,  por  todas,  las 
SSTC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2; 219/2016, de 19 de diciembre, FJ 5, y 220/2016, 
de 19 de diciembre, FJ 5), en dos ámbitos distintos:
a)  Ámbito normativo. De un lado, la garantía de certeza puede resultar vulnerada 
por la insuficiente determinación ex ante de la conducta sancionable, como defecto 
inmanente  a  la  redacción  legal  del  precepto  sancionador  objeto  de  escrutinio; 
vulneración que afectaría a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad 
del alcance de la norma en el ámbito penal o sancionador (SSTC 184/2003, de 23 de  s
octubre, FJ 3, y 261/2015, de 14 de diciembre, FJ 5). oe.
b)  Ámbito  aplicativo.  En  cambio,  aun  cuando  la  redacción  de  la  norma  w.
avseafeznc,c tiaeodnna ad dpooosr rap  llaar enasopuslli,tc a(ai )c sieóulnf id cieirer anlazte oimnndaeebnblteeid  dape ri nedtceicisrhpaar,e  ntlaaoc rimgóanar ,a avndet írcatai esdnuetme  l eqdxue el c aselecrt aadn ecpseud eosdebemla ,áv naet riscsuoe    2021-8357n https://ww
del precepto, más allá de su sentido literal posible (analogía in malam partem), y (ii) el de
la subsunción irrazonable, en el precepto ya interpretado, de la conducta que ha sido
considerada  probada.  En  estos  casos,  pese  a  la  ‘calidad’  de  la  ley,  su  aplicación 
irrazonable se proyecta sobre la exigencia de previsibilidad del alcance de su aplicación 
(STC 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 5). Así, en efecto, una vez que el autor de la 
norma, el legislador, ha cumplido suficientemente con el mandato al dar una redacción 
precisa al precepto sancionador, la garantía de certeza exige igualmente de los órganos 
sancionadores que están llamados a aplicarlo ‘no solo la sujeción […] a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla’ (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, y 146/2015, de 25 de junio, 
FJ 2). Por tanto, tal y como hemos señalado en nuestra doctrina, el derecho fundamental 
a la legalidad penal, reconocido en el art. 25.1 CE, ha de reputarse vulnerado cuando la 
conducta que ha sido declarada probada en la sentencia ‘es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal’ (SSTC 91/2009, de 20 de abril, FJ 6; 153/2011, de 17 de 
octubre, FJ 8, y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5)».
No obstante, el principio de taxatividad no es incompatible, como hemos apuntado, 
con el empleo de conceptos jurídicos indeterminados o la utilización de una terminología 
con cierto grado de ambigüedad por parte del legislador, como así queda expuesto, entre 
otras, en la STC 37/2018, de 23 de abril, FJ 3 a):
«A esa exigencia de lex certa, a la que debe responder el legislador al definir los 
tipos penales, no se opone la utilización en los tipos penales de los llamados conceptos 
jurídicos indeterminados, máxime en aquellos supuestos en que los mismos responden a 
la protección de bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra Constitución de acuerdo con su art. 10.2 (STC 62/1982, de 15 de 
octubre, FJ 7), como tampoco la utilización de un lenguaje relativamente vago y versátil, 
pues las ‘normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo, el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad’ (STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3), que en 
ocasiones presenta aspectos difíciles de prever.»
C)  La aplicación de la analogía in malam partem y también las interpretaciones 
extensivas  de  la  norma  penal,  por  parte  de  los  órganos  judiciales,  han  sido 
expresamente reprobadas por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 
CE. Esta censura queda reflejada, entre otras, en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, 
FJ 4.
«A  este  respecto,  hemos  destacado  que  ‘la  garantía  material  del  principio  de 
legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia 
de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes 
sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino 
también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las 
leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el 
sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley 
penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 
septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la 
interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, 
FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de  s
septiembre,  FJ  12);  es  decir,  la  exégesis  y  aplicación  de  las  normas  fuera  de  los  oe.
supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. El que estas técnicas jurídicas,  w.
mpqruiosehm itbaainsd  asfsée r tceilonen sv eerle rtsáirumílatbanid teoon s p fpuerenonadtle u cyce rnsea aendnco irooant rdaoeds o dsre elocitbtooesrd eyes cp deee nlaa  os qrydu,e epn oaerm ns iuec npatasoro tj euc,r íoednli ctaroap,rl iiceoas dtléaonsr    2021-8357n https://ww
de la nueva norma así obtenida invadiría el ámbito que solo al legislador corresponde, en
contra de los postulados del principio de división de poderes (SSTC 133/1987, de 21 de
julio, FJ 4; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 142/1999, de 22 de julio, FJ 3; 127/2001, de 4 
de junio, FJ 4)’ (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 8)».
D)  A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los 
órganos judiciales, al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal. 
Nuestra doctrina sobre ese particular queda recogida con detalle en la STC 129/2008, 
de 27 de octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  supone  que  nadie  puede  ser 
condenado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito  o  falta  según  la 
legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando 
la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena 
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al 
valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio 
legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 
de julio, FJ 6).
En el examen de razonabilidad de la subsunción de los hechos probados en la norma 
penal, el primero de los criterios está constituido así por el respeto al tenor literal de la 
norma, ‘pues el legislador expresa el mensaje normativo con palabras y con palabras es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y 
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley. […] La seguridad jurídica y el 
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez 
constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio 
de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en 
todo  caso  una  zona  indudable  de  exclusión  de  comportamientos,  como  en  su 
razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas 
que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde 
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica. […] Dicho de 
otro modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que 
se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los 
términos de la norma aplicada. Son también constitucionalmente rechazables aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios’ (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, 
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004,  e.
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero,  w.b
FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4).» 57ww
E)  La proporcionalidad de las penas también ha sido objeto de análisis desde el
pdreis m20a  ddee l jdueliore, cFhoJ  r2e3c,o neoscteid otr iebnu neal l adrte. li2m5i.t1ó ,C eEn.  Cloosn ctérermtaimnoesn teq,u een a l ac SonTtCin u1a3c6i/ó1n9 9s9e, 
exponen,  cuál  es  alcance  de  la  referida  cualidad  en  relación  con  los  derechos 
fundamentales tutelados en amparo:
«El juicio de proporcionalidad respecto al tratamiento legislativo de los derechos 
fundamentales y, en concreto, en materia penal, respecto a la cantidad y calidad de la 
pena en relación con el tipo de comportamiento incriminado, debe partir en esta sede de 
‘la potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, 
los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones 
penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que 
intenta conseguirlo. En el ejercicio de dicha potestad el legislador goza, dentro de los 
límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su 
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática 
[...].  De  ahí  que,  en  concreto,  la  relación  de  proporción  que  deba  guardar  un 
comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna será el fruto de un 
complejo juicio de oportunidad que no supone una mera ejecución o aplicación de la 
Constitución, y para el que ha de atender no solo al fin esencial y directo de protección al 
que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que pueda perseguir con la 
pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus 
funciones o fines inmediatos a las diversas formas en que la conminación abstracta de la 
pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma –
intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones 
éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, 
etc.– y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general 
y de prevención especial. Estos efectos de la pena dependen a su vez de factores tales 
como  la  gravedad  del  comportamiento  que  se  pretende  disuadir,  las  posibilidades 
fácticas de su detección y sanción y las percepciones sociales relativas a la adecuación 
entre delito y pena (STC 55/1996, fundamento jurídico 6)’ (STC 161/1997, fundamento 
jurídico 9)».
En este contexto, «[e]l juicio que procede en esta sede de amparo, en protección de 
los derechos fundamentales, debe ser por ello muy cauteloso. Se limita a verificar que la 
norma penal no produzca ‘un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma 
en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad 
de la persona y al Estado de Derecho’ (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una 
‘actividad pública arbitraria y no respetuosa con la dignidad de la persona’ (STC 55/1996, 
fundamento jurídico 9) y, con ello, de los derechos y libertades fundamentales de la 
misma. ‘Lejos [pues] de proceder a la evaluación de su conveniencia, de sus efectos, de 
su calidad o perfectibilidad, o de su relación con otras alternativas posibles, hemos de 
reparar únicamente, cuando así se nos demande, en su encuadramiento constitucional. 
De ahí que una hipotética solución desestimatoria ante una norma penal cuestionada no 
afirme nada más ni nada menos que su sujeción a la Constitución, sin implicar, por lo 
tanto,  en  absoluto,  ningún  otro  tipo  de  valoración  positiva  en  torno  a  la  misma’ 
(SSTC 55/1996, fundamento jurídico 6 y 161/1997, fundamento jurídico 9)».
De esta manera, «cabe afirmar la proporcionalidad de una reacción penal cuando la 
norma persiga la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente 
proscritos ni sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente 
apta para dicha persecución. La pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un 
sentido estricto, proporcionada. En suma, según hemos reiterado en otras resoluciones, 
especialmente en la STC 66/1995, fundamentos jurídicos 4 y 5, para determinar si el 
legislador ha incurrido en un exceso manifiesto en el rigor de las penas al introducir un  e.
sacrificio innecesario o desproporcionado, debemos indagar, en primer lugar, si el bien  w.b
jurídico protegido por la norma cuestionada o, mejor, si los fines inmediatos y mediatos  57ww
ldae  pprroopteocrcciióonn adlied alad  mpisomdraía,  sdoenc slaurfaicriseen teyma eennte  urenl epvarinmteesr , mpuoemseton tqou ed elal  vaunlnáelisraisc ió‘sni  deel 
isnatecrriefisceios  dneo  las olloib,e rptaodr  squupeu eimstpoo, nceo nlas tintuocrimonaa lpmeernsitgeu ep rolas cprirteovse, nsciinóon   ydae,  btiaemnebsié no, 
socialmente irrelevantes’ (STC 55/1996, fundamento jurídico 7; en el mismo sentido,
STC 111/1993, fundamento jurídico 9). En segundo lugar, deberá indagarse si la medida 
era idónea y necesaria para alcanzar los fines de protección que constituyen el objetivo 
del precepto en cuestión. Y, finalmente, si el precepto es desproporcionado desde la 
perspectiva de la comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena».
Así, pues, «desde la perspectiva constitucional solo cabrá calificar la norma penal o 
la sanción penal como innecesarias cuando, ‘a la luz del razonamiento lógico, de datos 
empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha 
estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la 
manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la 
consecución  igualmente  eficaz  de  las  finalidades  deseadas  por  el  legislador’ 
(STC 55/1996, fundamento jurídico 8). Y solo cabrá catalogar la norma penal o la 
sanción penal que incluye como estrictamente desproporcionada ‘cuando concurra un 
desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma 
a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en 
la propia actividad legislativa’ (STC 161/1997, fundamento jurídico 12; en el mismo 
sentido STC 55/1996, fundamento jurídico 9)».
F)  Finalmente, procede reflejar el parámetro al que se debe sujetar este tribunal 
para fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y 
tribunales, que aparece recogido, entre otras resoluciones, en la STC 38/2003, de 27 de 
febrero, FJ 8:
«[S]egún reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la 
legislación  vigente,  subsumiendo  en  las  normas  los  hechos  que  llevan  a  su 
conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 CE, 
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, sin que este tribunal pueda 
sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 2; 89/1983, 
de 2 de noviembre, FJ 2; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 1; 111/1993, de 25 de 
marzo, FJ 5; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 185/2000, de 10 de julio, FJ 4; 167/2001, 
de 16 de julio, FJ 3 y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 3, entre otras muchas). Ahora 
bien,  una  aplicación  defectuosa  de  la  ley  penal  puede  implicar,  eventualmente,  la 
vulneración  de  un  derecho  constitucionalmente  garantizado,  protegido  mediante  el 
recurso de amparo. Cuando se alega tal cosa, como en el presente caso ocurre, este 
tribunal  ha  de  analizar,  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  constitucionalmente 
garantizado, la interpretación y aplicación que el juez ordinario ha hecho de la norma 
penal (SSTC 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), sin olvidar 
que el principio de legalidad, ni puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la 
libertad del juez, cuando en uso de esta no se crean nuevas figuras delictivas o se 
aplican penas no previstas en el ordenamiento (SSTC 89/1983, de 2 de noviembre, FJ 3; 
75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), ni tampoco pasar por 
alto que toda norma penal admite varias interpretaciones como consecuencia natural de 
la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un 
sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 
42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; 228/2002, de 9 de 
diciembre, FJ 3).»
De este modo, «[p]recisando nuestro canon de control de constitucionalidad, cabe 
hablar de aplicación analógica o extensiva in malam partem, vulneradora de aquel 
principio  de  legalidad,  cuando  dicha  aplicación  resulte  imprevisible  para  sus 
destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del precepto, sea por la utilización de  e
pautas valorativas extravagantes en relación con el ordenamiento constitucional, sea por  bo
el  empleo  de  modelos  de  interpretación  no  aceptados  por  la  comunidad  jurídica,  57ww
(cSoSmTpCro b1a3d7o/1 t9o9d7o,  edlelo  2a1 p daert irju dlieo ,l aF Jm o7t;i v2a3c6ió/1n9 e9x7p, redsea d2a2  edne  ladsic ireemsoblruec,i oFnJe s4 ;r e5c6u/1rr9id9a8s, 
FdeJ  31;6 1 d4e2 /m19a9r9zo, ,d eF J2 28 ;d 1e8 j9u/l1io9, 9F8J,  4d;e 1 2784 /d2e0 0s0e, pdteie m26b rdee,  jFuJn i7o;,  F25J /129; 9199,5 /d2e0 080 ,d ed em 2a4r zdoe, 
julio, FJ 4; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 11; 127/2001, de 4 de junio, FJ 4;
123/2002, de 20 de mayo, FJ 8; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12; y 13/2003, de 28 
de enero, FJ 3)».
Y, a tal efecto, en la ya citada STC 129/2008, FJ 3, se acota la fiscalización que 
corresponde llevar a cabo a este tribunal, en los siguientes términos:
«No compete pues a este tribunal la determinación de la interpretación última, en 
cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que 
delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación 
de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y 
desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso 
penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta 
interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. Tal sostenibilidad se refiere, 
como se señalaba en el fundamento anterior, al respeto a los valores de la seguridad 
jurídica y de la autoría parlamentaria de la definición de los delitos y las penas, y se 
traduce en la razonabilidad semántica, metodológica y axiológica de la interpretación 
judicial de la norma y de la subsunción legal de los hechos en la misma. Por ello forma 
parte  del  objeto  de  nuestro  análisis  la  motivación  judicial  de  tales  interpretación  y 
subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación 
alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y solo podrá ser 
tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación 
judicial impugnada.»
11.2.  Sobre la insuficiente taxatividad del tipo penal de sedición.
11.2.1.  Posiciones de las partes.
El motivo de la demanda referido a la vulneración del derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, concierne principalmente al contenido del art. 544 CP que tipifica el delito 
de  sedición;  norma  a  la  que  se  achaca  tal  grado  de  indeterminación,  que  resulta 
incompatible con el principio de taxatividad. Señala el demandante, que el empleo de 
términos tales como «alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales» 
resultan extraordinariamente vagos, hasta el punto de que es muy difícil conocer con 
exactitud  qué  conductas  prohíbe  realmente  el  legislador.  También  afirma  que  esa 
inconcreción no ha podido ser remediada por la labor jurisprudencial, puesto que, en 
relación con el vigente tipo de sedición, el Tribunal Supremo solo se ha pronunciado en 
una  ocasión  (STS  de  12  de  julio  de  2005),  al  conocer  de  un  suceso  violento 
protagonizado por unas sesenta personas, que acaeció en la Asamblea de Ceuta, y que 
acabó condenando por un delito de atentado. Por último, destaca que esa inconcreción 
restringe gravemente el ejercicio del derecho de reunión y las libertades de expresión e 
ideológica, por el efecto desincentivador que provoca.
El partido político Vox rechaza que el tipo penal carezca del grado de taxatividad 
exigido y que la condena impuesta pueda resultar imprevisible para el demandante.
Por su parte, el fiscal sostiene que no se vulnera el principio de legalidad por esta 
causa, pues el tipo penal permite predecir con suficiente grado de certeza las conductas 
que constituyen el delito de sedición. Por tanto, el tipo penal respeta la garantía material 
de lex certa, sin perjuicio de que los términos utilizados por las normas penales para 
definir los tipos delictivos puedan ser concretados y precisados por los órganos judiciales 
al aplicar e interpretar las normas. En todo caso, añade, que el déficit de taxatividad que 
el  demandante  imputa  al  tipo  penal  de  sedición,  queda  conjurado  por  la  propia 
interpretación que de los términos a los que se atribuye la indeterminación ha sido  e.
precisada por el Tribunal Supremo. w.
nulidE1a1l d.t2r i.b2du. en aRla escsetpunuateecnsioctania eddseo lr  óprrelagcnahtnaeoza ódju oed xicppiaroel.rs amele ndtee mesatnad qauneteja,  ael nre soellv efru enld ianmciednetnot e ddee   OE-A-2021-83able en https://
Derecho 6.2.3 del auto que resuelve el referido incidente, señalando: «Las alegaciones
sobre la vulneración del derecho a la legalidad penal en relación con los derechos 
fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de expresión e ideológica, por la 
insuficiente taxatividad del tipo penal de la sedición, se desestiman con apoyo en los 
mismos argumentos expuestos respecto al señor Sànchez y los demás condenados que 
han planteado idéntica pretensión».
No obstante, en el apartado 2.4 del referido auto se ofrece una respuesta más 
exhaustiva:
«El  tipo  penal  de  sedición  de  los  artículos  544  y  545  CP  no  adolece  de  una 
inconcreción o imprecisión que impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito, 
que sería el primer nivel de análisis. Como se deriva del examen que la propia sentencia 
realiza del delito –punto primero del apartado C) de los fundamentos de Derecho–, su 
estructura típica cumple las exigencias a estos efectos. Define el comportamiento punible 
a  través  de  términos  que  son  comprensibles  y  pertenecen  al  lenguaje  común, 
concretando qué acciones son punibles y qué finalidad han de perseguir: impedir por la 
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. La 
conducta típica está, pues, definida y el precepto cumple así las exigencias materiales de 
taxatividad derivadas del artículo 25.1 CE.
Esta conclusión es, por otro lado, perfectamente compatible con la necesidad de su 
interpretación jurisprudencial, como la que hace la sentencia que ahora se cuestiona. El 
TEDH ha señalado de forma reiterada que, en cualquier sistema jurídico, por muy clara 
que  sea  la  redacción  de  una  disposición  legal,  incluso  en  materia  penal,  existe 
inevitablemente un elemento de interpretación. De hecho, el papel de los tribunales es 
precisamente disipar las dudas que la norma puede plantear (entre otras muchas, cfr. 
sentencia de 12 de febrero de 2008, caso Kafkaris c. Cyprus, § 141).»
A su vez, en el apartado 4 del fundamento jurídico B) de la sentencia, el órgano 
enjuiciador llevó a cabo una detallada exégesis del art. 544 CP, de cuyo contenido se 
infiere  que  el  indicado  órgano  no  asume  el  criterio  del  recurrente  respecto  de  la 
ambigüedad e imprecisión del tipo penal.
11.2.3.  Resolución de la queja.
Llegados a este punto, resulta oportuno recordar que, si bien con carácter general el 
recurso de amparo no ha sido concebido para el enjuiciamiento de las disposiciones de 
carácter general, sin embargo, nuestra doctrina autoriza en ocasiones tal eventualidad; 
entre otras, cuando se reprocha al propio precepto la lesión de un derecho fundamental:
«Como  hemos  recordado  en  multitud  de  ocasiones,  el  recurso  de  amparo  no 
persigue la depuración del ordenamiento jurídico, pues su objeto se circunscribe a la 
reparación de los derechos fundamentales lesionados por actuaciones procedentes de 
los poderes públicos y en consecuencia, tal recurso no es la vía idónea para impugnar 
disposiciones normativas si no están vinculadas a la concreta y efectiva lesión de algún 
derecho fundamental (como venimos diciendo desde la STC 40/1982, de 30 de junio, 
FJ 3; y posteriormente en las SSTC 54/2006, de 27 de febrero, FJ 3 y 34/2011, de 28 de 
marzo, FJ 1). Sin embargo, también hemos dicho que ‘concurriendo esa vinculación, no 
le está vedado a este tribunal entrar a examinar en un proceso de amparo el contenido 
de cualquier disposición general, ya sea para enjuiciar la interpretación que de la misma  e.e
hayan realizado los órganos judiciales, ya lo sea para valorar si la concreta vulneración  b
de  los  derechos  y  libertades  fundamentales  proviene  de  la  propia  disposición’  57ww
(STCV is3t4o/s2 0lo1s1 ,t édrem 2in8o dse d me alarz oq,u FejJa  1f)o»r m(SuTlaCd a1,6 p7r/o2c0e1d3e,  ddeil u7c didea or cstiu, berne ,e FfeJc 2to)., el art. 544
CcoPn sstietu caiocnoaml oedxaig eo,  nnoo s ian  alanste se xreigiteenracria qsu ed ela  tfauxnactiióvnid daed  inyt ecrperretetazra  y qaupeli claar  ldoos cttirpinoas 
penales corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, sin perder de
vista el parámetro en que se sitúa este tribunal, para dar adecuada respuesta a la 
pretensión del recurrente procede efectuar una delimitación de la conducta típica que el 
art. 544 CP describe del siguiente modo:«[s]on reos de sedición los que, sin estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de la vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.»
Este precepto asume de esta suerte una posición subsidiaria, pues solo prevé su 
aplicación cuando los hechos no sean constitutivos de rebelión. Su contenido positivo 
requiere que los sujetos activos «se alcen»; término este que, teniendo en cuenta el 
contexto en que se inserta, de entre las diferentes acepciones gramaticales posibles, 
debe ser considerado sinónimo del vocablo «se subleven». La acción descrita en el tipo 
debe  trascender  al  exterior  (públicamente),  materializarse  mediante  la  actuación 
alborotada de una muchedumbre (tumultuariamente), que emplea fuerza o se sirve de 
vías extralegales, siendo necesario, además, que concurra la finalidad neutralizadora 
que describe el tipo transcrito.
A vista de lo expuesto, este tribunal coincide con el criterio del órgano enjuiciador, al 
no apreciar que la norma penal adolezca de un grado de vaguedad tal que infrinja el 
mandato de taxatividad que impone el art. 25.1 CE. La infracción que el art. 544 CP 
describe resulta reconocible con un razonable grado de claridad y, por tanto, debemos 
descartar  que  su  redacción  impida  conocer  de  antemano  qué  conductas  son 
susceptibles de ser castigadas bajo su ámbito, quedando debidamente preservado el 
principio de seguridad jurídica. El hecho de que el mencionado artículo se sirva de 
conceptos jurídicos indeterminados o emplee vocablos que admiten varios significados 
no empece la conclusión alcanzada, pues como ha quedado reflejado en un apartado 
anterior, nuestra doctrina admite la utilización de esos recursos, sin que por ello se 
resienta la garantía de taxatividad que forma parte del derecho reconocido en el art. 25.1 
CE. Estas consideraciones, por sí solas, descartan la pertinencia de plantear la cuestión 
interna de inconstitucionalidad que suscita el recurrente.
Queda un último punto que abordar, relativo al alegato de que la mera vigencia del 
art. 544 CP restringe el ejercicio de las libertades de expresión e ideológica, así como el 
derecho de reunión pacífica. La respuesta dada anteriormente sobre la inconcreción del 
precepto determina de por sí que esta queja decaiga, al estar vinculada a la vulneración 
del  principio  de  taxatividad.  No  obstante,  resulta  pertinente  exponer  varias 
consideraciones adicionales.
Así, en relación con el art. 544 CP, se afirma en la demanda, que «su mera vigencia 
puede restringir de modo patente el ejercicio de los derechos fundamentales». En los 
términos en que se ha formulado la denuncia, únicamente se advierte de la eventual 
causación de un perjuicio hipotético, lo cual determina que la misma deba ser rechazada. 
Para ello, basta recordar nuestra doctrina compendiada, entre otras resoluciones, en la 
STC 177/2005, de 4 de julio, FJ único, en cuya virtud no cabe considerar el recurso de 
amparo como un mecanismo ad cautelam para la tutela de los derechos fundamentales:
«[C]onstituye reiterada doctrina constitucional que el recurso de amparo no tiene 
carácter cautelar, ni alcanza a proteger eventuales lesiones no producidas (por todas, 
STC 165/1999, de 27 de septiembre, FJ 8), exigiendo el inexcusable presupuesto de la 
violación de los derechos o libertades públicas mencionadas en el art. 41.1 LOTC. Este 
tribunal, desde su más temprana jurisprudencia (ATC 98/1981, de 30 de septiembre,  e
FJ 4; y STC 77/1982, de 20 de diciembre, FJ 1), ha requerido como presupuesto  bo
inexcusable de la petición de amparo que esta se formule en razón de la existencia de  57ww
luon aq ulees iósne  ecfeocnttiivean,e r eeanl  y laco ndcermetaan ad au ne ds erlae chmoe rfuan dinavmoecanctaiól,n l od qeu eu nn o hsipuocetédteic oc uadnadñoo 
potencial.»
Al margen de lo expuesto, también se constata que el precepto penal no castiga la 
movilización masiva de personas, cuyo propósito consista en exteriorizar de manera 
pacífica una protesta. El tipo penal exige que la actuación multitudinaria se conduzca, al 
menos, por vías extralegales y que, con ello, se persigan algunas de las finalidades 
netamente contrarias al funcionamiento medular del Estado de Derecho que el precepto 
detalla; medios y fines estos que no encuentran amparo o justificación en el ejercicio 
legítimo de ningún derecho fundamental reconocido por la Carta Magna. Por tanto, si la 
conducta descrita en el precepto no cercena ninguno de los derechos que la demanda 
cita, tampoco cabe deducir, del tenor del precepto, un «efecto desincentivador» para el 
ejercicio de estos; aspecto este sobre el que se abundará con mayor detalle en otro 
aparado posterior.
11.3.  Abandono ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la participación.
11.3.1.  Posiciones de las partes.
La primera de las denuncias de este apartado se identifica como el abandono ad hoc 
del principio de accesoriedad limitada en la participación. En síntesis, la queja se articula 
del  siguiente  modo:  (i)  según  el  relato  de  hechos  probados,  la  intervención  del 
demandante sería la propia de un inductor o promotor, por alentar a los ciudadanos a 
movilizarse, y la de un cooperador, por haber contribuido con medios materiales para 
que se celebrara el referéndum del 1 de octubre de 2017; (ii) la práctica totalidad de las 
personas que intervinieron como manifestantes y como votantes en los actos de 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, respectivamente, no han merecido reproche penal 
alguno y, en los casos aislados en que se ha exigido responsabilidad penal «por ejercer 
activamente resistencia contra las fuerzas del orden, la propia fiscalía y la abogacía del 
Estado han admitido y aceptado condenas por un delito de atentado y lesiones leves»; 
(iii)  se  ha  producido  una  quiebra  manifiesta  de  las  reglas  generales  sobre  la 
participación, al considerar que en el delito de sedición todos los acusados fueron 
coautores; (iv) en el presente caso, el abandono del principio de «accesoriedad limitada» 
en la participación determina que el demandante haya sido condenado por dirigir el 
primer alzamiento sin alzados de la historia; y ello porque el tribunal sentenciador ha 
pretendido «escarmentar a los máximos  líderes políticos y sociales del movimiento 
independentista».
Para la abogacía del Estado, el motivo no puede prosperar porque ello supondría 
ignorar  la  especialidad  del  art.  545  CP.  Refiere  que  el  demandante  no  ha  sido 
considerado partícipe sino autor, al evidenciarse una estrategia de conductas que cada 
uno de los acusados asumió, con dominio funcional del hecho. El partido político Vox 
sostiene en sus alegaciones que la participación del demandante en el alzamiento 
sedicioso está perfectamente acreditada, no como partícipe accesorio sino como autor 
de los hechos. Para el fiscal, el demandante ha sido condenado como coautor de un 
delito de sedición en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos 
y no como partícipe, por lo que no sería de aplicación el principio de accesoriedad en la 
participación. Su conducta ha colmado el elemento objetivo y subjetivo del tipo penal de 
sedición, por lo que, en definitiva, la sala de enjuiciamiento no ha modificado su doctrina 
sobre el principio de accesoriedad, ya que consideró que esta doctrina no era aplicable 
en el presente caso.
11.3.2.  Respuesta del órgano judicial.
En sede judicial se dio contestación a esta queja, que fue planteada en términos  b
sustancialmente coincidentes por varios condenados. Se expresa en los fundamentos de  57ww
D(reesrepcehcoto 3 d.2e.l2 s.3e ñBo)r  (Treusruplel)c, to7 .d2e.3l  s(reeñsopre Fctoor nd)e, l4 s.2e.ñ3o (rr eRsuplel)c yto 9 d.4e l (sreesñpoer cStoà ndceh elaz )s, e6ñ.o2r.3a 
eFlo drceamdaenll)d,a dnetel ,a luat oa rrgeusmoleuntotaricoió dne dl aindcaid feunet ela  dseig nuuielindtaed: de actuaciones. En relación con
«De conformidad con lo resuelto respecto al señor Sànchez, esta Sala en modo 
alguno se ha apartado de su propia jurisprudencia sobre el principio de accesoriedad 
limitada, sencillamente porque –como ya hemos expuesto supra– el señor Turull y otros 
condenados lo han sido como autores de un delito de sedición y no como partícipes.
Su autoría, por otro lado, declara la sentencia, ‘no se contrae a quien se suma a un 
alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal, también se colma 
cuando se ponen las condiciones precisas para ese alzamiento. Lo verdaderamente 
relevante es oponerse de forma contumaz frente a la actuación de las autoridades o 
corporaciones que actúan en aplicación de las leyes, para hacer posible la vigencia de 
las resoluciones administrativas o judiciales’. Y continúa: ‘la incorporación tardía del 
acusado señor Turull al Govern de la Generalitat –julio de 2017– no es obstáculo para 
concluir su autoría. No lo es a partir de las categorías dogmáticas asumidas por la 
jurisprudencia de esta Sala sobre la autoría por adhesión o autoría sucesiva’.»
No  obstante,  el  grueso  de  la  argumentación  judicial  figura  en  la  letra  B)  del 
apartado 3.2.2.3 del indicado auto, cuyo tenor es el siguiente:
«Niega el incidente que pueda hablarse de dirigentes o autores principales, si antes 
no  se  declara  que  existen  sediciosos  alzados  tumultuariamente.  Y,  mucho  menos, 
inductores a la sedición, sin hecho principal, por razón de la vigencia del principio de 
accesoriedad de la participación. Y, estimando que el comportamiento observado por los 
miles de ciudadanos catalanes involucrados en los hechos no cumple, cuanto menos, el 
tipo  de  un  delito  tan  grave  como  el  de  sedición,  no  existiría  base  para  aplicar  a 
continuación el art. 545 del CP a quienes induzcan o lideren tal situación. Lo contrario 
acarrearía –según el incidente– la vulneración del principio de legalidad en los términos 
indicados.
Conviene recordar, no obstante ser lugar común en la doctrina, que la sedición se 
construye en el tipo como de naturaleza plurisubjetiva y, dentro de tal categoría, como 
unilateral o de convergencia. Los plurales autores materiales no son ‘partícipes’ en delito 
ajeno. Todos convergen con su aportación, incluso con diversidad de funciones, a la 
consecución de la finalidad típica. Si bien eso no es incompatible con la figura del 
partícipe por inducción, los especificados en el artículo 545 como los que han ‘inducido, 
sostenido o dirigido’ no puede equiparase a la figura del partícipe por inducción de la 
sedición que otros llevan a cabo. ‘Inductores’ significa ahí lo que el antiguo artículo 219 
de anteriores Códigos penales tildaba de ‘promotores’. Se refiere solamente a los que, 
concurriendo en ellos aquellas notas, también ejecutan la sedición desempeñando su 
particular papel.
En tales específicos casos de colectividad delincuente no rigen principios solamente 
predicables en caso de participación de unos en delitos de otros, como lo exigiría el 
principio de accesoriedad. Muy al contrario, en aquellos supuestos el principio rector de 
imputación es el de imputación recíproca. A todos se imputa lo que haga cualquiera de 
los coautores que actúa bajo acuerdo común.
Y ello aunque esa contribución, por parte de los que en tumulto ejecutan el elemento 
objetivo del tipo, no origine la misma responsabilidad penal o incluso no dé lugar a 
ninguna. Ya porque estos no actuaran compartiendo voluntariamente en su totalidad el 
sedicente programa de los otros autores, ya porque no concurra el elemento subjetivo 
exigible. Y en todo caso, no es algo que nos corresponde dilucidar. En la sentencia cuya 
nulidad se pretende ya se explica que nuestra función se ciñe a decidir sobre las 
pretensiones tal como han sido formuladas por las acusaciones, sin interferir en otros  e
procedimientos  que  puedan  estar  siguiéndose  contra  otros  acusados  en  distintos  bo
juzgados  o  tribunales.  No  tenemos  que  valorar  esas  actuaciones,  tampoco  para  57ww
pbreonbdaedcoir laqsu eo  lodse calacurasraladso sa tcípoinccaesr.t aNroon  ecso msuop eersflturaot ergeicao r‘cdraera rq uuen ala a pseanretenntec iac odbeecrtluarraa 
cjuornídtricibau qyeuned poe raml aiticetroa f uhnadcearc icorneaelr  dae l ala c Riuedpaúdbalnicíaa  Iqnudee pcueannddieon tdee dpeo sCitaartaal usñua v’.o Stoi  eesstoa rsíea 
hace aprovechando la ventaja y la auctoritas de quien desempeña responsabilidades
institucionales, tampoco podría excluirse la concurrencia de un error exonerante en 
buena parte de la ciudadanía que acudió a sendas convocatorias de los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre, en la creencia de una pretendida cobertura jurídica del acto al 
que se les invitaba con insistencia desde sedes institucionales de Cataluña.
Por ello el similar alegato de la defensa recibió la respuesta recogida en la sentencia 
al glosar el juicio de autoría [cfr. juicio de autoría; 1.–delito de sedición; c) página 301]. 
Considerando a los ciudadanos concurrentes el 20 de septiembre y el 1 de octubre 
ajenos a todo error e imputables, se nos alegaba por la defensa que ello implicaría un 
punto desde el que operaría la ‘prohibición de regreso’ en la sucesión causal, en la que 
ya  no  incidiría  el  señor  Forn  con  posterioridad.  Como  allí  dijimos  esa  actuación 
ciudadana está lejos de ser ‘extraña’ a los actos del señor Forn, que la preordenó y 
promovió con el acuerdo de los otros acusados. De ahí que le hayamos imputado tanto 
el riesgo y lesión del bien jurídico como la realización de los funcionales hechos-medio 
que lo causaron.»
Frente al esquema argumental del recurrente, que en base al contenido del relato 
fáctico  considera  que,  todo  lo  más,  podría  ser  reputado  partícipe  en  unos  hechos 
realizados por terceros innominados, el tribunal enjuiciador refuta ese alegato bajo una 
doble consideración: (i) que el demandante no ha sido condenado como partícipe sino 
como  coautor  principal  de  un  delito  de  sedición;  (ii)  que  los  ciudadanos  que  se 
manifestaron el día 20 de septiembre y los que participaron en la votación el día 1 de 
octubre de 2017 son ajenos al presente enjuiciamiento, por lo que de su eventual 
responsabilidad penal nada cabe decir.
11.3.3.  Resolución de la queja.
Antes  de  proceder  a  resolver  el  motivo  resulta  pertinente  dejar  constancia 
nuevamente sobre cuál debe ser el alcance de nuestra respuesta. A este respecto, 
debemos indicar que no procede que nos pronunciemos de manera global sobre la 
constitucionalidad del grado de participación atribuido al demandante, pues únicamente 
nos compete resolver, en congruencia con el motivo alegado, si el tribunal sentenciador 
ha omitido la aplicación del principio de accesoriedad limitada al valorar ese aspecto y, 
con ello, ha generado una lesión susceptible de tutela en esta sede; pero no por 
contravenir el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), puesto que ni 
expresamente se invoca esta lesión en la demanda, ni tampoco se ofrece un elemento 
de contraste (tertium comparationis), que permita cotejar el abandono selectivo de esa 
doctrina jurisprudencial consolidada, sino desde la perspectiva propia de la eventual 
vulneración del derecho reconocido en el art. 25.1 CE.
Seguidamente, a fin de abordar la denuncia en toda su dimensión procede reflejar, 
siquiera sucintamente, el contenido de la denominada teoría de la accesoriedad limitada 
en materia de participación que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Aun cuando es 
de fecha posterior a las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso, la 
STS  623/2020,  de  la  Sala  de  lo  Penal,  de  19  de  noviembre,  FJ  3,  sistematiza 
detalladamente el contenido y alcance del consolidado principio de accesoriedad limitada 
en la participación:
«[l]a importancia que el principio de accesoriedad tiene en la dogmática mayoritaria y 
en  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  no  necesita  ser  argumentada.  De  hecho,  aquel 
principio ha llegado a ser considerado como una necesidad conceptual. Ello no debe ser 
obstáculo,  sin  embargo,  para  reconocer  que  no  faltan  propuestas  dogmáticas  e.
minoritarias que explican la coparticipación sin necesidad de recurrir al principio de  w.
accesoriedad, argumentando que el partícipe realiza su propio injusto. Pese a todo, es  57ww
dciee ratoc cqeuseo reiesdtaa dS aelna  –uenno  sdinet olonsía  fucnodna lma ednotcotsri ndae ld ocmasintigaon ted–e,l  hpaa rctíocnipvee ryti ddoe e le sptrein cdiaptioo 
idnecnuuensctiioan aebl lree chuermreonste .d eE l pparritnirc ippiaor ad ec oanccclueisro rlaie daauds,e pnecisae  dae  lala  siuntfirl apcrcoiópnu elsetgaa ld eq ulea   BOE-A-cable e
defensa del recurrente, no se explica por la relación entre el partícipe y el autor material, 
sino por la acción que uno y otro protagonizan. Para que pueda haber accesoriedad es 
indispensable que exista un hecho principal típicamente antijurídico. El que ese hecho de 
relevancia jurídico-penal pueda ser atribuido a una persona concreta o que aquella a la 
que  inicialmente  se  imputaba  resulte  absuelta,  en  nada  afecta  a  la  afirmación  de 
accesoriedad. Llevado el razonamiento de la defensa a sus últimas consecuencias, 
habríamos de aceptar que, en un supuesto, por ejemplo, de asesinato en el que hubieran 
resultado procesados el autor material y varios cooperadores necesarios, el fallecimiento 
del primero obligaría al sobreseimiento de la causa respecto de los restantes [...].
El artículo 28 del Código penal lo que exige, es que los intervinientes, ya sean los 
‘considerados’  autores,  como  inductores  o  cooperadores  necesarios,  ya  sean  los 
cómplices, participen en la ejecución de un hecho. El que realiza el autor principal. Tal 
precepto  concibe  la  participación  conforme  a  la  denominada  accesoriedad  limitada. 
Basta la comisión de un hecho antijurídico, aunque su autor no sea culpable. Pero, 
doctrina  y  jurisprudencia  convienen  en  que  se  excluye  si  el  hecho  del  autor  está 
justificado. Es decir, no se admite que la participación esté condicionada, solo por una 
accesoriedad mínima [...]».
El órgano sentenciador concluyó, en lo que aquí importa, que el recurrente no se 
limitó a participar en un delito de sedición ejecutado por un tropel de ciudadanos, pues 
estimó que su actuación encaja plenamente en la figura del coautor principal. En el juicio 
de  autoría,  que  figura  en  el  apartado  C)  1  de  la  sentencia  (ya  sintetizado  en  los 
antecedentes de esta resolución), dicho órgano explicita las razones que le llevaron a 
colegir que el demandante es autor del delito de sedición, junto a otros condenados, 
amén del juicio singularizado que figura en el apartado C) 1.4. En esos apartados, se 
puso de relieve la creación o el incremento del riesgo que su conducta supuso para el 
bien jurídico protegido y la incidencia que tuvo en relación con los comportamientos 
tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos, que se produjeron. Esa actuación 
dio lugar a que fuera condenado al amparo de lo dispuesto en el art. 545.1 CP, precepto 
este  que  castiga  a  quienes  «hubieren  inducido,  sostenido  o  dirigido  la  sedición  o 
aparecieren en ella como  sus principales  autores»;  siéndole apreciado, además, el 
subtipo agravado que en la norma citada se recoge, por tratarse de una «persona 
constituida en autoridad».
Por su parte, en el auto resolutorio del incidente de nulidad se detallan los motivos 
por los que el demandante no fue considerado un mero partícipe por inducción de un 
delito cometido por otros autores; principalmente, porque su comportamiento se valora 
como el de un verdadero «promotor» del delito de sedición, al que se refería el art. 219 
del anterior CP, lo que determinó que su obrar fuera catalogado como propio de un 
coautor principal que, conforme a ese rol, desempeñó su particular papel y, por ello, fue 
acreedor de la imputación recíproca de todo lo que hubieran realizado cualquiera de los 
coautores que actuaron bajo acuerdo común.
Por otro lado, la Sala defendió la inaplicación del referido principio de accesoriedad 
limitada en base a las consideraciones que le mereció la conducta de los ciudadanos 
que  participaron  en  la  votación,  el  día  1  de  octubre  de  2017,  y  concurrieron  a  la 
manifestación acaecida el 20 de septiembre anterior, en los términos que han sido 
reflejados. Ciertamente, no todos los intervinientes tuvieron un mismo comportamiento; 
pero, como así se indica en la sentencia, las conductas de los individuos que participaron 
en esos eventos son ajenas al juzgamiento del tribunal sentenciador, habida cuenta de 
que el objeto del presente proceso quedó circunscrito a los extremos acotados por las  e.
partes  acusadoras.  Por  ello,  la  actuación  multitudinaria  de  esos  terceros  no  fue  w.b
individualmente valorada en sede judicial, pues ni fueron acusados en el proceso del que  57ww
ddeim saendaic eiól np,r eense onttreo sr epcroucrseod idmei eanmtopsa.ro, ni consta tampoco que lo hayan sido, por delito
vulnAe ralad ovi setal  ddeer eloc heox prueecsotnoo, cdideob eemno se lc oanrtv.e 2n5ir. 1q uCe Ee l póorrg aenl om doet iveon juqiuciea mleie nimtop untoa  heal 
recurrente. El hecho de que la participación del demandante se considere como la propia
de un autor en sentido estricto, con base en argumentos tales como que el delito de 
sedición  es  de  naturaleza  «plurisubjetiva»  y  de  «consumación  anticipada»;  que  el 
comportamiento de los condenados supuso un incremento del riesgo para el bien jurídico 
protegido; y que el demandante realizó, conforme a lo ideado de consuno, la aportación 
individual para la consecución de la finalidad delictiva, de manera que a todos los 
autores les es imputable lo realizado por los otros, no son razones que quepa tildar de 
aberrantes,  irrazonables  o  arbitrarias,  sin  que  tampoco  se  aprecie  contrariedad  al 
parámetro de razonabilidad metodológica y axiológica asentado por nuestra doctrina.
Por otro lado, que los terceros que participaron en los actos multitudinarios no hayan 
sido enjuiciados por los hechos que han dado lugar a la condena del demandante, no 
autoriza  a  colegir  que  actuaran  amparados  por  una  causa  de  justificación,  en  su 
acepción jurídico-penal; circunstancia esta que, de haberse apreciado respecto de los 
autores, permitiría excluir la responsabilidad criminal de los partícipes, con fundamento 
en la teoría de la accesoriedad limitada. Sin embargo, como aquellos terceros no han 
estado sujetos a un procedimiento penal, cualquier valoración sobre la relevancia de su 
conducta en ese ámbito resulta improcedente, más aún en esta sede constitucional.
El hecho de que la actuación de la multitud de personas que, según se describe en el 
relato  fáctico  de  la  sentencia,  intervino  en  los  hechos  acaecidos  los  días  20  de 
septiembre y 1 de octubre de 2017 sí se haya valorado en su dimensión colectiva para 
apreciar  del  delito  de  sedición,  no  obsta  la  anterior  conclusión.  Como  ya  hemos 
advertido, el objeto de nuestro pronunciamiento respecto de este motivo no se proyecta 
sobre la problemática que, en toda su extensión, pueda suscitar el concreto grado de 
participación que se atribuye al demandante. El alcance de nuestra respuesta es más 
limitado,  pues  se  circunscribe  a  dirimir  si  el  órgano  enjuiciador  ha  efectuado  una 
exclusión ad casum del principio de accesoriedad que resulte contraria al mandato del 
art. 25 CE. Y como ya se ha indicado, sobre ese concreto aspecto no se vislumbra que 
se haya producido la vulneración denunciada.
Finalmente, hemos de añadir que no le corresponde a este tribunal pronunciarse 
sobre si las respuestas dadas por el órgano judicial son las únicas que se ajustan a 
Derecho, pues ello supondría adentrarse en una labor que queda extramuros de nuestro 
cometido. Ahora bien, de acuerdo con la función de control que nos compete, reiteramos 
que  el  tribunal  sentenciador  ofrece  una  argumentación  que,  de  manera  razonable, 
descarta  que  haya  existido  un  abandono  selectivo  e  interesado  del  principio  de 
accesoriedad limitada en la participación, en el entendimiento de que no concurrieron los 
presupuestos para la aplicación de ese principio, al entender que el demandante, junto a 
otros encausados, fue coautor de los hechos.
11.4.  Aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados.
11.4.1.  Posiciones de las partes.
La  tercera  de  las  quejas  asociadas  al  principio  de  legalidad  en  materia  penal 
(art. 25.1 CE) concierne expresamente a la interpretación y aplicación judicial del tipo de 
sedición (art. 544 CP), en el entendimiento de que el órgano judicial ha sobrepasado los 
límites del referido artículo y ha hecho uso del instituto de la analogía in malam partem. 
El reproche que se dirige a la labor de subsunción se refiere tanto a los acontecimientos 
que tuvieron lugar el día 20 de septiembre del 2017 como a los que se produjeron el 
día 1 de octubre del indicado año. Respecto de los hechos acaecidos el día 20 de 
septiembre se aduce: (i) la falta de concreción de la sentencia sobre los hechos que  s
configuran  el  delito  de  sedición,  al  no  quedar  claro  si  solamente  se  tomó  en  oe.
consideración lo sucedido los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 o, por el  w.
cchoiiusndtótarradicraioon ,a ds ede e t lraua ntaas sed ne4t 0eu0nn0c i0a« ,ap lezloras moqnieuanest ,o r eepnar ollmalo enqngutaeed  uosn eeo nsd  peeols catiorersmo lpplóao r»tfi;uc i(epii a) uncntoeans f oimnrmcauneri rfieaeslr toraencl aióetonn    2021-8357n https://ww
excesos, cuyo resultado se circunscribió a la causación de daños materiales; (iii) la
resolución judicial que debía ejecutarse en la sede del Departamento de Economía solo
se vio dificultada por la actuación de los terceros, pero no se impidió que llegara a 
materializarse, que es lo que exige el tipo penal; (iv) no se expresa en la sentencia qué 
concreta  intervención  tuvo  el  demandante  en  el  supuesto  «alzamiento  tumultuario» 
acaecido el 20 de septiembre del 2017.
En relación con los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017, la censura se 
contrae  a  los  siguientes  extremos:  (i)  el  relato  histórico  no  recoge  los  elementos 
necesarios para la apreciación del delito de sedición, toda vez que omite aspectos 
relativos a las características de los enfrentamientos y sus concretas consecuencias y, 
sobre  todo,  no  indica  quién  llevó  la  iniciativa  insurreccional,  pues  para  colmar  las 
exigencias del delito de sedición no basta la mera obstaculización, interposición física o 
los enfrentamientos con la policía; (ii) no cabe subsanar esas deficiencias apelando a los 
móviles perseguidos mediante la atribución de conductas ajenas al tipo penal; (iii) el 
demandante no auspició enfrentamientos por parte de los votantes con la policía, como 
así se recoge en la propia sentencia; (iv) la voluntad de promover la inobservancia de los 
mandatos jurisdiccionales tampoco satisface los requisitos del tipo subjetivo de sedición, 
que exige que el sujeto activo actúe por medio de una insurrección violenta o cuando 
menos tumultuaria; (v) a la vista del relato de hechos probados, cabe afirmar que se ha 
aplicado analógicamente el antiguo tipo penal de convocatoria de referéndum regulado 
en el art. 506 bis CP, que fue derogado en el año 2005.
Para la abogacía del Estado no ha tenido lugar la aplicación analógica que se 
denuncia, toda vez que la subsunción de los hechos realizada por el órgano judicial se 
ha  verificado  de  manera  lógica  y  acorde  con  principios  interpretativos  válidos  y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado. Afirma que existió un 
levantamiento multitudinario y generalizado, que fue proyectado de forma estratégica; 
que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de los convocantes y de 
quienes los secundaron; y que esa voluntad fue impuesta por la fuerza. Y en todos esos 
hechos, se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable 
de la movilización de resistencia activa.
Para  el  partido  político  Vox,  el  órgano  judicial  no  llevó  a  cabo  tampoco  una 
interpretación analógica in malam partem del delito de sedición, pues la subsunción 
realizada no fue ilógica ni irrazonable ni, por ende, pudo resultar imprevisible.
El fiscal considera, por su parte, que los hechos declarados probados sí integran la 
tipicidad del delito de sedición, ya que describen actos de colectivos indeterminados de 
personas que, de forma exteriorizada y abierta, realizan conductas de enfrentamiento, 
hostilidad y resistencia a la actuación de las fuerzas policiales, con la finalidad de impedir 
u obstaculizar el cumplimiento de resoluciones judiciales como los registros ordenados 
por  un  juzgado  o  la  propia  celebración  del  referéndum  prohibido  por  el  Tribunal 
Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
También  se  detalla  el  concertado  papel  que  desempeñaron  los  acusados  y  la 
finalidad  perseguida,  así  como  el  concierto  existente  entre  el  demandante  y  otros 
acusados para procurar la financiación del referéndum. Reitera que la conducta del 
recurrente se encuadra en el supuesto de hecho previsto en la norma punitiva; por ello 
no ha existido una aplicación extensiva o analógica de la norma sancionadora, pues esta 
ha sido respetuosa con su tenor literal y, además, no cabe apreciar que, por su soporte 
metodológico  o  axiológico,  la  interpretación  conduzca  a  soluciones  esencialmente 
opuestas a la orientación material de la norma.
No obsta a lo dicho, que el recurrente no hubiera realizado materialmente los hechos 
típicos  del  alzamiento  tumultuario,  pues  su  responsabilidad  deriva  de  promover  el  s
incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas, a la vez que contribuyó a la  oe.
pérdida de efectividad de facto de las leyes vigentes en el ámbito de la Comunidad  w.
Autónoma de Cataluña. También rechaza el valor que el recurrente pretende dar a las  57ww
«rellsapmeacdtoa sd eal  «dlae rceaclhmoa a»  voqtuaer ».efectuó,  al  igual  que  las  consideraciones  que  formula
exclFuisnivaolm eennctaej,e e el nf isecl adle rreofguatad oq dueel itloa  dceo nredfuecrtéan dquume  silee gaatlr idbeuly aer ta. l5 0d6e mbaisn CdaPn, tpeu teesn gnao   BOE-A-cable e
estamos ante una mera desatención de los mandatos del Tribunal Constitucional, ni ante 
una mera cuestión competencial sobre qué órgano estatal o comunitario es competente. 
Los hechos probados reflejan unos acontecimientos que constituyeron un verdadero 
alzamiento público y tumultuario, dándose así todos los elementos del tipo del delito de 
sedición.
11.4.2.  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 6.2.4 del auto resolutorio del incidente de nulidad, el tribunal ofrece la 
siguiente respuesta a la queja de la recurrente, relativa a la aplicación analógica del 
delito de sedición:
«Tampoco se ha producido una aplicación analógica del delito de sedición.
Como hemos destacado con anterioridad, la autoría del señor Turull ‘no se contrae a 
quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal, 
también se colma cuando se ponen las condiciones precisas para ese alzamiento. Lo 
verdaderamente relevante es oponerse de forma contumaz frente a la actuación de las 
autoridades o corporaciones que actúan en aplicación las leyes, para hacer posible la 
vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales.»
No obstante, y dadas las particularidades  de  esta queja, en diferentes pasajes 
posteriores se reflejará la contestación que el órgano judicial dio a las distintas censuras 
dirigidas contra su proceder.
11.4.3.  Resolución de la queja.
Al  exponer  resumidamente  los  términos  del  motivo  que  ahora  nos  corresponde 
elucidar, siguiendo el propio esquema de la demanda, hemos disociado en la medida de 
lo posible las consideraciones que se relacionan con los hechos que tuvieron lugar el 20 
de septiembre de 2017, de aquellas otras atinentes a las circunstancias acontecidas el 
día 1 de octubre.
11.4.3.1  Todas las descalificaciones que el demandante dirige contra la sentencia, 
por  la  consideración  de  los  hechos  acaecidos  el  día  20  de  septiembre  como 
configuradores de un delito de sedición, quedan condicionadas por la respuesta que 
quepa dar a la alegación relativa a que del contenido de la citada resolución no se 
desprende qué intervención tuvo el recurrente en el «supuesto alzamiento tumultuario 
acontecido el día 20 de septiembre». Hemos de convenir con el demandante en que, en 
el juicio singularizado de autoría que figura en el apartado C) 1.4 de la sentencia, no se 
formula ningún razonamiento que expresamente le vincule con los incidentes habidos el 
día  20  de  septiembre  de  2017.  Ahora  bien,  como  a  continuación  se  explica,  esa 
circunstancia no determina que la queja deba ser estimada.
El alegato del recurrente se asienta en la siguiente premisa: que la responsabilidad 
que pudiera serle exigida por esos acontecimientos se debe anudar, necesariamente, a 
su intervención personal y directa en los mismos. Sin embargo, el tribunal sentenciador 
no ha fundado su decisión en este postulado, pues como a continuación se expone tuvo 
en  cuenta  otros  factores  que  se  desarrollaron  previamente.  Concretamente,  en  el 
apartado C) 1 de la sentencia se formula el juicio de autoría general sobre el delito de 
sedición y se razona sobre la imputación colectiva que recae sobre algunos acusados, 
entre ellos el demandante: s
«[E]l comportamiento atribuido a [algunos de los acusados] permite atribuirle los  w.b
riesgos de lesión de tales bienes jurídicos e incluso de su material concreción, tanto del  57ww
rtoedcuor scoa sao c ofumeproar tadme ielnatso s vtíuam  uleltguaaleriso,s , ccuoamntoo  epdies odlaios s ceonn soeccauseionnceiass  vidoele netofesc yti veans 
jduerirsodgiaccciioonnaelse s. d[.e.. ] la  legalidad  y  obstrucciones  al  cumplimiento  de  órdenes
En cuanto a los acusados miembros del Govern la actividad penalmente típica –
derogación  de  hecho  de  leyes  vigentes  y  válidas  a  sustituir  por  no  válidas  y  la 
movilización  de  ciudadanos  para  comportamientos  tumultuarios  obstativos  de  la 
ejecución de órdenes jurisdiccionales– les es objetivamente imputable como colectivo, 
en cuanto garantes de la indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición: 
a) tal como concreta la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern de Cataluña, 
el Govern es el órgano superior colegiado que dirige la acción política y la administración 
de la Generalidad; b) el Govern ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la 
potestad reglamentaria y las demás funciones que le asignan la Constitución, el Estatuto 
y las leyes; c) de manera específica, además, la Ley catalana de la policía autonómica 
(Ley 10/1994, de 11 de julio) establece en su artículo 2 que corresponde al Govern de la 
Generalitat, por medio del presidente, el mando supremo del cuerpo de Mossos d
´Esquadra. Este mando lo ejerce la persona titular del Departamento de Gobernación, en 
los  términos  que  establece  el  artículo  16.  Y  este  atribuye  al  departamento 
correspondiente de la administración (artículo 16.2) el mando y la dirección superior del 
cuerpo de Mossos d’Esquadra. Pese al carácter genérico de tales competencias, estas 
confieren normativamente, y no solo como poder sino también como deber, un efectivo 
control del real cumplimiento de lo ordenado en su ejercicio. De otra suerte devendrían 
ineficaces. Aquella responsabilidad directiva, impone una obligación de vigilancia dirigida 
a garantizar que las fuerzas de seguridad dependientes garanticen el cumplimiento de la 
función de policía judicial y, en general, de orden público o mera seguridad ciudadana. 
Es decir, el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales. Mucho más, si cabe, a 
conjurar todo riesgo de obstrucción a tal cumplimiento.»
Por otro lado, al responder a una alegación de la defensa del señor Forn, relativa a la 
«prohibición de regreso» por la actuación voluntaria y libre de los terceros no acusados, 
en el referido apartado, se pone de manifiesto la importancia de la actuación concertada 
entre los acusados:
«Lejos  de  ser  extraña  la  actuación  de  los  ciudadanos  descrita  en  los  hechos 
probados,  fue  preordenada  y  promovida  ex  ante  por  los  acusados  como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  en  la  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento  de  decisiones  legítimas  de  órganos  jurisdiccionales,  riesgo  luego 
realizado materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados.
Por ello la imputación objetiva a todos los citados acusados lo es tanto del resultado 
típico de riesgo e incluso lesión del bien jurídico protegido cuanto del medio en que tal 
riego se generó, es decir del tumulto en el que se enmarcaron los actos hostiles, y, en 
caso, violentos».
Por último, procede destacar la argumentación que el apartado D) 1 de la sentencia, 
al dilucidar sobre las penas que procedía imponer a los señores Junqueras, Romeva y 
Turull y a la señora Bassa:
«Los acusados señores Junqueras, Romeva, Turull, y la Sra. Bassa eran miembros 
del  Govern.  En  sus  respectivos  ámbitos  decisorios  y  en  función  de  su  fecha  de 
nombramiento  como  consejeros,  hicieron  posible  y  suscribieron  los  acuerdos 
gubernativos que han quedado reflejados en el factum, que dibujaron una pretendida 
legalidad administrativa contraria a todos los requerimientos del Tribunal Constitucional. 
Alentaron las movilizaciones tumultuarias convocadas para hacer visible la pérdida de 
poder  de  los  órganos  judiciales  en  Cataluña  y  contribuyeron  con  las  decisiones  s
individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del  oe.
referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional.» w.
razoLnoess  frpaogrm laesn tqous et raconnscsriditeorsa  paoln reenc udrere rnetleie vrees qpuoen slaab cleit addeal  «reaslzoalumciieónnt os í tuemxpurletusaar iloa»s 
aincdaiveicdiudaol izeal d2a0  ndi eta mseppotcieom sber es udsete n2t0a1 7e.n  Eqsuae  vhiunbciuelraac itóenn idnoo  usnea  einsttearbvleenceci ódne  pmerasnoenraal   BOE-A-cable e
en los incidentes. Como así se refleja en los párrafos reproducidos de la sentencia, su 
responsabilidad se anuda a una actuación realizada de consuno por varios acusados 
que, con su proceder respectivo, generaron o incrementaron el riesgo de inaplicación de 
las leyes y el incumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, de suerte 
que  a  todos  los  acusados  mencionados  les  son  imputables  los  actos  hostiles  y 
episódicamente violentos que se desencadenaron, dada la relación existente entre estos 
incidentes  y  la  actuación  precedente  de  aquellos.  En  suma,  la  vinculación  del 
demandante con esos eventos se funda en la existencia de una acción concertada en la 
que este último participó, conforme a una estrategia de favorecimiento de la movilización 
de los ciudadanos, que fue diseñada a modo de instrumento efectivo de oposición a la 
vigencia de las leyes y al cumplimiento de los mandatos judiciales, con la finalidad de 
organizar un referéndum que fue declarado contrario a la Constitución por este tribunal.
A lo dicho debemos añadir los argumentos dados en la sentencia para justificar la 
coautoría del recurrente –y no la mera condición de partícipe en el delito ejecutado por 
otros–, que ya se han tenido en consideración al analizar un motivo anterior. Y en 
cualquier caso, debe advertirse que en el individualizado «juicio de autoría» relativo al 
demandante [apartado C) 1.4], se detallan las circunstancias por las que al recurrente se 
le considera autor del delito de sedición [que aparecen compendiadas en el punto (ii) del 
antecedente 2 p) de esta sentencia], que reflejan la activa promoción que llevó a cabo 
del  «referéndum»  y  su  contumaz  oposición,  como  miembro  del  Govern,  a  que  la 
normativa vigente fuera efectivamente aplicada.
11.4.3.1.1  Aduce el demandante la falta de concreción de la sentencia sobre los 
hechos que configuran el delito de sedición, al no quedar claro si solamente se tomó en 
consideración lo sucedido los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 o, por el 
contrario, se trata de un «alzamiento prolongado en el tiempo». Al resolver sobre la 
alegada insuficiencia del relato histórico, en el apartado 3.2.2.3 A) del auto resolutorio del 
incidente de nulidad, el tribunal sentenciador razonó del siguiente modo:
«A)  La  defensa  del  señor  Forn  minimiza  lo  que  reconoce  que  ocurrió, 
considerándolo un mero enfrentamiento aislado y no significativo, dadas las dimensiones 
de la movilización, pero sin que se constaten agresiones o acometimientos masivos 
activos.
No habría habido así ‘alzamiento’ en la simple interposición física de grupos de 
personas, que disuadían por su número a los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y que, a lo sumo, obstaculizaban y retrasaban la actuación de 
dichos agentes, sin impedirla definitivamente, cuando estos empleaban la fuerza. El 20 
de septiembre –se arguye– el objetivo de ‘impedir’ la actuación judicial no sería lo 
perseguido por los concentrados, si por impedir se entiende realmente ‘imposibilitar’ y no 
meramente ‘interferir o entorpecer’ la cumplimentación de aquella resolución. Se valora 
que  el  tumulto  imputado  a  los  autores  no  pone  efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del estado democrático de Derecho. Califica de ‘sedición postmoderna’, 
pero no típica, la movilización multitudinaria dirigida a demostrar la neutralización de la 
función constitucional atribuida a los jueces, la cual, llega a decir el penado en su 
incidente, haría del Estado una ‘víctima comunicativa’ de su propia violencia.
No reiteraremos ahora el relato íntegro de hechos probados de la sentencia, sino 
solamente las líneas que resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la 
artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de 
este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los  e.
coacusados y penados señores Sánchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando  w.b
diversas  detenciones  dispuestas  para  garantizar  la  presencia  de  los  detenidos  en  57ww
rye gloisgtrroasro inn mceodnicaetonstr apro r uonrad eng rdaenl  jmueuzlt idtued i nsdteru ccciuiódna dnaúnmo.s 1 3p adrea  Blaor cqeuloen ad,e cnoonmvoincaabroann 
ceounfevmocísatdicoasm ceonnt ela  c‘doenfseingsnaa’  ddee q ulea,s  si inesstait uccoinovnoecsa tocraiata lllaengaasb a ya  sseer  mmuolttiitvuadbinaa riaa , llooss 
que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial ‘no podrían con todos 
ellos’.
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho 
probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer 
inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción 
desde dicho edifico de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la 
administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del 
lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo 
simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con 
ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del 
ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante 
minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche 
camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial.
Y también refleja el hecho probado que la realización de actos de votación, a modo 
de referéndum convocado para el 1 de octubre, había sido prohibida por el Tribunal 
Constitucional, y que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había 
ordenado impedir que ese acto se llevase efectivamente a cabo. Pese a ello, ese día, y 
ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho 
probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a 
colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos 
en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron 
de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la ‘obvia imposibilidad de vencer la 
resistencia de esos grupos de personas’. Del enfrentamiento y resistencia se derivaron 
lesiones que en ‘numerosos casos’ exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da 
por  probado  es  incompatible  con  la  repetida  descripción  de  una  actitud  ciudadana 
limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los 
agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, 
evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales 
hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora 
ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la 
sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la 
finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el 
relato de lo probado.
El programa delictivo de los penados preveía –como se proclama en el hecho 
probado 3– la estrategia de utilizar a multitudes de ciudadanos para ‘neutralizar cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado’. En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el 
extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del 
ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes 
de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para 
esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los 
juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron 
a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento. A esa actuación extraviada o fuera 
de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de ‘fuerza’, entendiendo por tal 
el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el  s
que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se  oe.
estimaron necesarias. Criterio este el único que determinó los momentos y lugares de su  w.
empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como ‘abierta  57ww
hheocshtiloid pardo’,b addeos c1r2ita,  ceonn  eell  mheocdhoo d per olobsa dcoom 9p, oyrt a‘emnifernetnotsa mdeie nmtoesra’,  rdees isqtueen cdiaa  pcauceífnictaa , eol 
no violencia activa.
Ello no diluiría la tipicidad de los comportamientos. Y no solamente por la diferencia 
entre los supuestos de abierta tiranía o injusto colonialismo que han estado presentes en 
los contextos históricos que legitimaron aquellos movimientos. Basta para esa conclusión 
reparar en el contenido de las leyes antidemocráticas y sedicentes aprobadas los días 6 
y 7 de septiembre de 2017, conforme al plan de los acusados como punto de partida. 
Puede ser suficiente considerar el estatuto político, social o económico que ha definido el 
entorno en que se han ejecutado los hechos o pensar, en fin, en la posición y los medios 
que a los autores del hecho concedía su integración en la estructura del Estado, cuyas 
leyes fueron derogadas y sus jueces abiertamente desobedecidos.
En  cualquier  caso,  para  satisfacer  las  exigencias  del  tipo  penal  de  sedición, 
acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío –actuar fuera de las 
vías legales–, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos.
Tampoco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para 
tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la 
interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos 
colectivos  de  ciudadanos  intentando  el  incumplimiento  de  órdenes  judiciales,  cuya 
acotada dimensión en modo alguno pone en cuestión el Estado democrático. Ni cabe 
ignorar en el que hemos juzgado que al extravío del procedimiento seguido se une el 
ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se 
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se 
integran los movilizados.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
A la vista de lo relatado en los párrafos transcritos, constatamos que la respuesta 
judicial destaca de modo elocuente los aspectos en que se sustenta la apreciación del 
delito  de  sedición.  En  los  apartados  9  y  12  del  relato  de  hechos  probados  de  la 
sentencia,  se  pone  de  manifiesto  lo  que  el  tribunal  sentenciador  considera  actos 
configuradores del «alzamiento tumultuario» que exige el tipo penal, mientras que en 
apartados anteriores se detalla el desarrollo de la estrategia ideada por los acusados. 
Por tanto, la censura ahora analizada debe decaer pues, con un razonable grado de 
concreción, el órgano sentenciador ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar 
la existencia de la infracción penal y, ante la denuncia planteada en sede judicial, ha 
dispensado una respuesta acorde con las exigencias de motivación que nuestra doctrina 
requiere.
11.4.3.1.2  Se  alega  también  que  los  hechos  que  tuvieron  lugar  el  día  20  de 
septiembre de 2017 no conforman el delito de sedición tipificado en el art. 544 CP. 
Básicamente dos son las razones en las que se sustenta este aserto: i) por un lado, que 
fueron muy pocos los congregados que incurrieron en excesos que, a lo sumo, derivaron 
en daños materiales ocasionados; ii) y, por otra parte, que la actuación de estos últimos 
dificultó la práctica de la diligencia judicial, pero no impidió su cumplimiento, que es lo 
que exige el tipo para su consumación.
Coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las 
inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
(unas 40000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente 
acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato 
fáctico  no  se  afirma  que  la  totalidad  de  los  allí  reunidos  tratara  de  impedir  el  e.
cumplimiento de la resolución judicial (se relata que «coexistían gritos reivindicativos,  w.b
contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos,  57ww
ocotrno sn iptirdoemzo qviudeo se spao rm loosv iloizragcainóinz apdeorrteusrb»ó).  eSli nn oermmbaal rgdoe,s eennv oelsveim aiepnatrota ddeo  slaí  sdeili greenflecijaa 
jduedtiecniaidl oqsu ee dne eblí ae dsiefirc rioe aali zraedgais, thraars, tay  edle e qxturee mlao  ldeetr aqduae  sdee  imla paiddimó ilnai sintrtarocdióunc cdióen j udset icloias 
solo pudo abandonar el lugar del registro «infiltrándola entre los espectadores que
abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la 
azotea de los edificios», mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) 
«solo  pudieron  salir  cuando  la  manifestación  ya  se  hubo  disuelto,  haciéndolo 
concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre 
y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha».
También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la 
convocatoria, así como el preeminente papel desempeñado por dos de los acusados, el 
señor Sànchez y el señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que 
perseguían, tanto al promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección. 
Asimismo, en el relato histórico se describen los incidentes que se produjeron con 
ocasión  de  los  registros  en  el  domicilio  de  don  José  María  Jové,  en  la  sede  del 
Departamento de Exteriores y en las naves sitas en la urbanización Can Barris, que 
también perturbaron y entorpecieron su normal desarrollo.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra 
de lo sostenido por el demandante, el día 20 de septiembre no solo tuvo lugar una 
manifestación de personas que ejercieron un derecho fundamental. Es perfectamente 
posible, hemos de insistir en ello, que muchos de los allí presentes se limitaran a 
participar en un acto de protesta. Pero, con sujeción a lo narrado en la sentencia, otros 
individuos  realizaron  actos  idóneos  para  impedir  el  normal  desenvolvimiento  de  la 
diligencia judicial, a los que el demandante denomina como «los muy pocos asistentes 
que incurrieron en excesos que a lo sumo derivaron en daños materiales»; aunque, 
como se explica en la sentencia, su comportamiento no solo produjo esos desperfectos. 
El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, ni 
que  estos  últimos  actúen  en  un  contexto  absolutamente  desvinculado  de 
manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es 
perfectamente  posible  que  en  una  congregación  multitudinaria  algunos  de  los 
intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala 
pone  de  manifiesto,  aunque  no  se  pueda  discriminar  quiénes  o  cuántos  de  los 
participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta 
las circunstancias acontecidas.
El demandante también opone, respecto de la apreciación del delito de sedición, que 
aun cuando los excesos dificultaron la ejecución de la resolución judicial, sin embargo, 
no impidieron su cumplimiento, que es lo que requiere el art. 544 CP. Y ello, porque si 
bien  no  se  pudo  trasladar  a  los  detenidos  al  lugar  del  registro,  estos  renunciaron 
voluntariamente a estar presentes y, además, este requisito no es esencial para la 
validez de la diligencia (STS 463/2019). En el apartado 4.5 del fundamento jurídico B) de 
la sentencia el órgano judicial concluye, no obstante, que la sedición ha sido concebida 
como un delito de «resultado cortado»:
«La consumación debe establecerse atendiendo a la naturaleza del tipo penal como 
de resultado cortado, en similares términos a los expuestos en relación con la rebelión. 
Lo que exige una funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, respecto 
de  la  obstaculización  del  cumplimiento  de  las  leyes  o  de  la  efectividad  de  las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial.
El  impedimento  tipificado  no  tiene  pues  que  ser  logrado  efectivamente  por  los 
autores. Eso entraría ya en la fase de agotamiento, más allá de la consumación. Pero ni 
siquiera en cuanto a finalidad de los autores tiene que ser pretendido por todos ellos de 
manera absoluta. Basta que se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte 
funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en  e.
la  legítima  actuación  de  la  autoridad,  corporación  pública  o  funcionarios  para  el  w.b
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales. Porque esa pretensión  57ww
adpisluaazasodraia e ni melp tliiecam peon» .sí  misma  una  voluntad  de  impedir  definitivamente,  siquiera
que Phoar  ssiud op atrraten,s cernit oe le anp uanrt aadpoa rAta) d3o.2 a.2n.t3e rdioerl,  asuet op orneeso dluet orreiolie dveel  qinuceid leonst ed edtee nniduolisd ando, 
pudieron presenciar los registros, por hacerse inviable su acceso al edificio en el que esa
diligencia iba a realizarse. Asimismo, en el párrafo final del citado apartado se argumenta 
que: «Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Aun cuando el demandante alegue que los hechos acreditados no expresan que a la 
comisión judicial se le impidió desempeñar su cometido, ello no impide apreciar la 
consumación  del  delito  de  sedición,  pues  como  refiere  el  órgano  sentenciador,  la 
naturaleza jurídica de esta infracción penal –de resultado cortado– no impone que 
efectivamente se logren las finalidades que refiere el art. 544 CP. Ciertamente, el tenor 
del precepto aplicado exige la concurrencia de ciertos elementos, tales como que se 
produzca un alzamiento público y tumultuario y que se proceda mediante fuerza o fuera 
de las vías legales; sin embargo, no se requiere la culminación de las finalidades que en 
el mismo se indican; entre ellas, la de impedir el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales. Nótese, que el tipo penal no emplea el vocablo «impidan» o «se impida» sino 
que utiliza el término «para impedir», al referirse a los fines que se deben perseguir. Por 
ello,  la  intelección  del  precepto  que  lleva  a  cabo  el  tribunal  sentenciador  no  debe 
considerarse contraria al derecho que garantiza el art. 25.1 CE.
11.4.3.2  El segundo bloque argumental concierne a los hechos ocurridos el día 1 de 
octubre de 2017. En primer lugar, se reprocha la excesiva concisión del relato fáctico, por 
no explicar en qué consistieron los enfrentamientos y cuáles fueron sus consecuencias, 
más allá de aludir a que algunos individuos precisaron asistencia facultativa.
Los extremos a que se refiere el recurrente figuran en el apartado 12 de los hechos 
declarados probados y, respecto del relato que allí se consigna cabe decir que, en 
efecto, los acontecimientos habidos se describen sucintamente y sin descender al detalle 
de ciertos aspectos, tales como la identificación de las personas y de los concretos 
lugares en que se produjeron los incidentes, así como las características particulares de 
cada uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar y las consecuencias que de ellos 
derivaron. Sin embargo, esa parquedad descriptiva no implica que se haya omitido la 
consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito 
de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso contempla la activa 
promoción  del  referéndum,  por  parte  del  demandante  y  otros  acusados,  y  del 
consiguiente llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También 
refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a 
las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la 
votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar. Asimismo, detalla el 
comportamiento desplegado por parte del señor Forn y de la señora Bassa, en relación 
con lo ordenado por la referida resolución judicial.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En 
la  mayoría  de  los  casos,  «la  actuación  de  grupos  compactados  de  personas  que 
protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la 
que eran informados por los binomios de los Mossos comisionados», dio lugar a que 
estos  desistieran  de  cumplir  la  referida  orden,  ante  la  imposibilidad  de  vencer  la 
resistencia  de  esas  personas  agrupadas.  En  relación  con  la  intervención  de  los 
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se describe, sin embargo, otra 
secuencia distinta: «[a]nte la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron 
a la entrada de los centros, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se vieron  s
obligados al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y  oe.
agentes  de  la  autoridad  derivó  en  lesiones  que,  en  numerosos  casos,  exigieron  w.
asistencia facultativa». Finalmente, se afirma que «a primeras horas de la tarde, dado  57ww
Nquaec ioenl aul syo  Gduea rlad iaf uCerivzial  rpeocdibriíear odne vóerdneirn edse syp rsoep ovriceiroonna dirore, mloesd iaagbelenmteesn tdee  folarz aPdoolisc íaa 
declinar su propósito inicial».
Los acontecimientos que se narran en el indicado apartado de los hechos probados 
reflejan que, desde el poder público autonómico se había promovido la celebración del 
referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse a cabo, con una participación, 
estimada por el entonces jefe policial de los Mossos d’Esquadra, de unos dos millones 
de  personas.  Así  pues,  teniendo  en  cuenta  los  acontecimientos  precedentes  y  la 
naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, pese a la brevedad de detalles que el 
relato  ofrece  respecto  de  los  enfrentamientos  producidos,  no  debe  apreciarse  la 
insuficiencia de los hechos probados que proclama el demandante. Y ello, porque el 
relato histórico consignado en la sentencia alcanza el umbral exigido para considerar 
adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la 
norma penal de aplicación.
Además de la parquedad a que se refiere el demandante, este también reprocha que 
la sentencia no tome en consideración un factor de capital importancia; a saber, que 
quien «se alza debe llevar claramente la iniciativa insurreccional». Conforme a este 
postulado, lo que el recurrente califica como un mero enfrentamiento con la policía no 
puede configurar un «alzamiento». Este alegato debe no obstante decaer, pues ignora 
que el escenario descrito en los hechos probados, dista de ser un simple enfrentamiento. 
La sentencia impugnada refleja que la multitud de personas a la que alude asumió un 
protagonismo  activo  para  que  la  votación  pudiera  llevarse  a  cabo  en  los  centros 
habilitados para ello; y ese protagonismo se exteriorizó de dos maneras diferentes: 
haciendo ostensible la inutilidad de emplear la fuerza para cumplimentar la orden judicial, 
ante el decidido empeño de persistir en el designio de no acatar lo ordenado; o bien 
mediante el enfrentamiento directo con los policías nacionales y guardias civiles.
Se  indica  asimismo  en  la  demanda  que  la  movilización  ciudadana  no  tuvo  el 
propósito de impedir la acción policial sino el de votar, cuyo llamamiento, a tal fin, data de 
la activación del mecanismo jurídico previsto en el art. 4.4 de la Ley catalana 19/2017. 
Por ello, el recurrente refiere que hay una evidente falta de conexión teleológica entre la 
conducta objetiva y la finalidad perseguida, porque ir a votar no encaja en el sentido 
literal del término «alzarse». En suma, el Tribunal Supremo contempla un alzamiento que 
«impide» cuando el tipo penal castiga alzarse para «impedir».
No se pone en cuestión lo afirmado por el demandante, cuando refiere que el 
propósito de los que participaron en la movilización ciudadana fue el de ejercer el 
sufragio, máxime si se tiene en cuenta que un número elevado de ciudadanos consiguió 
su objetivo. Sin embargo, vistos los factores concurrentes que el relato de hechos 
probados recoge, ese propósito se antoja perfectamente compatible con los fines del 
delito de sedición. Debe advertirse que para el tribunal sentenciador ese dato no ha sido 
el único elemento determinante de la apreciación de ese delito. Para dicho órgano, las 
decisiones del Tribunal Constitucional que privaron de soporte jurídico al desarrollo del 
denominado «referéndum», lo ordenado en la resolución dictada por el tribunal superior 
de justicia ya mencionado y el despliegue de las fuerzas policiales para garantizar el 
cumplimiento  del  mandato  judicial,  datos  estos  conocidos  por  el  demandante, 
constituyen un cúmulo de factores que convergen con la efectiva movilización ciudadana 
para votar. De este modo, los enfrentamientos y actos de oposición a que se refiere la 
sentencia no resultan ajenos al «alzamiento público y tumultuario» y al empleo de fuerza 
o utilización de vías extralegales para, precisamente, impedir la eficacia de lo acordado 
por el Tribunal Constitucional y lo resuelto por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña.
Lo expuesto en este punto conduce a rechazar la queja del recurrente, referida a que  s
la atipicidad de los hechos no puede remediarse con apelaciones a la ideología de los  oe.
procesados o al intento de alumbrar una legalidad paralela. Esta alegación se sustenta  w.
en una premisa rechazada por el órgano sentenciador, puesto que este estimó que los  57ww
einnctiideenndtee sq useu regsidao cso cnosnid emroatcivióon d ees  laac voordtaec icóonn  seol nm raenledvaatnot edse l paernt.a 2lm5.e1n CteE; .y este tribunal
cuen1t1a.,4 .c3o.m2.o1  cirCcuuenssttiaonncai at aqmueb iiémnp eidl ed aepmreacnidaar netle d qeuliteo  edle  ósregdaincoió nju, deilc hiael cnhoo  tduev iqeurae  neon   BOE-A-cable e
promoviera  los  enfrentamientos  entre  votantes  y  policías,  pues  la  propia  sentencia 
reconoce que aquel hizo llamamientos para que los primeros se comportaran de manera 
sosegada y pacífica, presentando el sistema de censo universal como un recurso para 
que los ciudadanos «pudieran votar evitando los lugares a que había asistido la policía». 
Sobre este particular, advertimos que es cierto que en la sentencia se reconoce el valor 
positivo  de  las  llamadas  a  la  calma,  a  la  serenidad  y  al  civismo  por  parte  del 
demandante.  Pero  en  dicha  resolución  se  descarta  que  ese  extremo  tenga  «un 
significado excluyente de la antijuridicidad o de la culpabilidad», como se expresa en el 
ya mencionado C) 1.4 de la fundamentación jurídica:
«Es evidente que la llamada al mantenimiento de la calma, la serenidad y el civismo, 
de tanta importancia en situaciones de tensión como la vivida el día 1 de octubre, con la 
existencia de anuncios de previsibles altercados violentos por los máximos responsables 
del  orden  público,  encierra  un  valor  positivo.  Pero  no  puede  tener  un  significado 
excluyente de la antijuridicidad –o de la culpabilidad– respecto de una conducta que 
estuvo siempre tendencialmente ordenada a hacer realidad un referéndum judicialmente 
prohibido. El acusado era consciente de que esos llamamientos a la celebración del 
referéndum  suspendido  por  la  autoridad  judicial  implicaban  una  clara  voluntad  de 
promover la inobservancia de los mandatos jurisdiccionales.
La autoría en el delito de sedición por el que ha sido acusado el señor Turull, no se 
contrae a quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el 
tipo  penal,  también  se  colma  cuando  se  ponen  las  condiciones  precisas  para  ese 
alzamiento. Lo verdaderamente relevante es oponerse de forma contumaz frente a la 
actuación de las autoridades o corporaciones que actúan en aplicación las leyes, para 
hacer posible la vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales.
La incorporación tardía del acusado señor Turull al Govern de la Generalitat –julio 
de 2017– no es obstáculo para concluir su autoría. No lo es a partir de las categorías 
dogmáticas asumidas por la jurisprudencia de esta Sala sobre la autoría por adhesión o 
autoría sucesiva».
Vistos los párrafos transcritos, este tribunal constata que esas llamadas a la calma 
no tuvieron por objeto evitar el motivo principal de los enfrentamientos con las fuerzas 
policiales, habida cuenta de que el  demandante  exhortó a la ciudadanía para que 
continuara votando en los lugares donde pudiera hacerlo, asumiendo el riesgo de que los 
encuentros violentos con las fuerzas policiales pudieran seguir produciéndose. Por ello, 
debemos aquí ratificar, desde la perspectiva que nos es propia, la argumentación judicial 
dada para descartar el pretendido efecto de exoneración delictiva de las exhortaciones a 
la calma y la serenidad.
11.4.3.2.2  Resta  por  abordar  un  último  aspecto  dentro  de  este  apartado, 
concretamente, referido a que los hechos considerados como constitutivos del delito de 
sedición, en realidad, tendrían encaje en el derogado art. 506 bis del Código penal que 
sancionaba la convocatoria ilegal de referéndum. Según se sostiene en la demanda, este 
precepto fue configurado, como avala su génesis histórica, para sancionar casos como el 
presente; y su derogación, como se desprende de la exposición de motivos de la norma 
derogatoria, se produjo para evitar que tales hechos fueran criminalizados.
En el apartado 17.2 A) de la sentencia se aborda la temática relativa al «supuesto 
efecto exoneratorio de la derogación del delito de convocatoria de referéndum ilegal», 
que el tribunal sentenciador desechó:
«[L]o cierto es que el art. 506 bis del CP no preservaba otra cosa que el principio de  e
competencia en el reparto de la potestad político/administrativa de convocatoria de un  bo
referéndum o consulta popular. Desde esa perspectiva, castigar la invasión competencial  57ww
ccoonn truanriao  paeln as ipgrnivifaictiavdao d em liisbmerota dd ed e uenn trdee rtreecsh oy  speeisn aal ñoress dpee tuporissoió nc, opnu eldoes  relísmuiltteasr 
consRtietufuceiorznaa leess.ta idea la referencia que el art. 506 bis hacía a ‘[…] consultas populares
por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución’. El
precepto derogado, por tanto, no alteraba las reglas de solución del más que previsible 
concurso normativo cuando la vulneración de las modalidades de referéndum tuviera por 
objeto la derogación de la Constitución de 1978 y consiguiente abolición de la monarquía 
parlamentaria como forma de Estado.
En definitiva, los hechos enjuiciados son algo más que un conflicto competencial 
entre autoridades estatales –centrales y autonómicas– que pugnan por la competencia 
para organizar o prohibir una consulta popular. En el presente caso, de lo que se trataba 
era de hacer posible un referéndum que condujera, con la ayuda de la movilización 
ciudadana, a destruir las bases fijadas por el poder constituyente.
Encierra un auténtico sofisma la afirmación repetida por los procesados acerca de 
que la derogación del delito de referéndum ilegal, operada por la reforma penal de 2005, 
creaba  un  vacío  incriminatorio  que  convertía  en  lícita  la  destrucción  del  pacto 
constitucional, la derogación de la forma de Estado, la proclamación de una república y, 
entre  otros  efectos,  la  eliminación  de  la  garantía  de  inamovilidad  de  jueces  y 
magistrados. Y eso lo sabían quienes ahora alegan la licitud de su conducta, pues no 
hacía mucho esta Sala había condenado a un relevante político por no atender los 
mandatos del Tribunal Constitucional, jurista que luego asumió con rigor técnico la 
dirección letrada de varios acusados. La convocatoria de un referéndum, sin atender los 
requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional advirtiendo de la ilegalidad de 
esa iniciativa, trascenderá siempre al derecho penal. Ya sea por la vía del castigo del 
delito de desobediencia (cfr. SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 177/2017, 22 de 
marzo),  ya  sea  por  títulos  jurídicos  más  graves,  en  función  del  medio  ejecutivo 
empleado, rebelión (art. 472 CP) o sedición (art. 544 CP).»
Al analizar las consecuencias de la despenalización del delito de convocatoria ilegal 
de referéndum, el órgano judicial respondió lo que a continuación se transcribe, tanto en 
el juicio singularizado de autoría que se formula respecto del señor Rull como en el 
apartado  6.2.4  del  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  (que 
transcribe lo expuesto en el indicado juicio de autoría), en respuesta a la queja del 
recurrente sobre la aplicación analógica del delito de sedición:
«La  derogación  de  un  delito  no  implica  –no  puede  implicar–  la  voluntarista 
despenalización de conductas con claro encaje en otros tipos penales, siempre que 
concurran los elementos objetivos y subjetivos que dan vida al juicio de subsunción. La 
relación entre normas penales, de modo especial, el principio de subsidiariedad, impide 
lo que las defensas presentan como el efecto asociado a una despenalización muy 
concreta y de ámbito bien restringido, ceñida a los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis del 
Código penal (cfr. LO 2/2005, de 22 de junio). Su eficacia derogatoria solo conlleva la no 
aplicación de un tipo penal previgente que imponía una pena de tres a cinco años de 
prisión a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum ilegal. Los 
hechos que esta Sala da por probados encierran algo más que el reproche por la 
convocatoria  de  un  referéndum  ilegal.  Se  trata,  como  venimos  reiterando,  de  una 
concertada voluntad de los miembros del Govern de la Generalitat para alumbrar una 
legalidad  paralela  que  sirviera  como  excusa  para  una  movilización  ciudadana  que 
exteriorizara la voluntad de promover la inobservancia de las leyes y obstaculizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales.»
Como se desprende de esta argumentación, la Sala descarta que, tras la derogación 
del referido precepto penal, los comportamientos enjuiciados no sean susceptibles de ser  s
incardinados en norma alguna del texto punitivo. El argumento del demandante reitera  oe.
una vez más una idea ya expuesta a lo largo del recurso de amparo: que los hechos  w.
taseocnasitdeieocni deeon scq aunjeoe,   esdonen l a hc acoobnnesdrti tueucsttitvaao dasol líd  vdeie gdseecnlrititetoa  .edle  psreedciecpióton . aAnhteorriao rbmieenn,t ea  mtraanysocrr iatob,u nsdí ahmabierínatno   2021-8357n https://ww
La  alegación  dada  por  el  recurrente  debe  rechazarse,  pues  ignora  importantes
aspectos que se consignan en el relato histórico, a cuyo través el órgano enjuiciador ha
apuntalado el delito de sedición. Pero, en cualquier caso, debemos proclamar que las 
explicaciones dadas por el referido órgano para descartar la queja del demandante se 
ajustan plenamente al canon de razonabilidad asentado por la doctrina constitucional. 
Debe advertirse que el otrora vigente precepto se limitaba a sancionar «a la autoridad o 
funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones 
para ello, convocare o autorizare la convocatoria [...] de consultas populares por vía de 
referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Si bien 
parece  razonable  colegir  que  la  actuación  llevada  a  cabo  desde  el  poder  público 
autonómico para convocar la consulta del día 1 de octubre de 2017 tendría acomodo en 
el referido precepto, lo cierto es que el órgano de enjuiciamiento consideró acreditada la 
concurrencia de factores adicionales que exceden del ámbito del derogado art. 506 bis 
CP y que, sin embargo, se acomodan a la descripción típica que ofrece el art. 544 CP: el 
alumbramiento de una legalidad paralela y la promoción de una movilización ciudadana 
para  provocar  la  inobservancia  de  las  leyes  y  obstaculizar  el  cumplimiento  de  los 
mandatos judiciales.
11.5.  Sobre la proporcionalidad de la pena y la afectación a los derechos a las 
libertades de expresión e ideológica y al derecho de reunión.
Resta por resolver un último motivo que, en relación con el derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, se formula en la demanda de amparo. Aunque la queja se articula bajo el 
enunciado  de  una  única  vulneración,  lo  cierto  es  que  presenta  dos  aspectos 
diferenciados que, pese a estar relacionados entre sí, justifican un tratamiento separado.
11.5.1.  Proporcionalidad de la pena privativa de libertad.
La primera vertiente se asocia a la afectación del principio de legalidad en materia 
penal, dado lo desproporcionado de la pena privativa de libertad. Según se señala en la 
demanda, la pena impuesta al recurrente contraviene la doctrina de este tribunal sobre la 
exigencia de proporcionalidad (STC 136/1999) y también resulta contraria al mandato del 
art. 49 CDFUE. No cuestiona el recurrente la necesidad de tutelar el orden público a 
través del Derecho penal, pero siempre que dicho orden se vea gravemente perturbado. 
Según indica, en el presente caso «cabe observar cómo por una perturbación del orden 
público que no ha supuesto daños personales relevantes y en la que no se esgrimieron 
armas se ha impuesto [...] una pena gravísima de doce años de privación de libertad»; 
pena esta que se prevé para infracciones sumamente graves como el homicidio, delitos 
agravados de agresión sexual o las formas más graves de privación de libertad ajena. Y 
añade  que  la  pena  impuesta  excede  con  creces  de  la  prevista  para  el  delito  de 
desórdenes públicos, incluso para el supuesto en que se esgriman armas (art. 557 bis). 
También aduce que el órgano enjuiciador no tuvo en cuenta que la diligencia judicial 
pudo culminarse, finalmente, sin que nadie resultara lesionado (en referencia a los 
hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017); y a su vez, pone de relieve que el 
día 1 de octubre de 2017, los efectivos policiales lograron impedir que se realizaran las 
votaciones  en  numerosos  centros.  Estas  circunstancias,  según  afirma,  al  menos 
deberían haber dado lugar a la aplicación de la forma imperfecta o de menor gravedad 
prevista en el art. 547 CP.
11.5.1.1.  Posiciones de las partes.
Para el partido político Vox, no cabe apreciar la desproporción que se invoca, pues el  es
orden  público  alterado  se  pretendió  preservar  con  la  sentencia  condenatoria;  y  la  o
alteración de ese orden afecta a la unidad política y territorial de la Nación española, por  57ww
psloiad qroauP  deeae vruasitn paaerro  lq ppfueiosenrc casai oeli,nn  rfnaeeodirt iaeop,rr ue eaenn d ll aaer es ia mlamficpriismuómenas artcssaoe  cn noq olnua dhe uup lcbraoti aepcsrioaa.n  sdciirdneoát amlo id cseaut efcircomimeinnistaeivcmaióe nyn  tdleae  d cleaasl imfpiceoantciavió ahnda odyreaa    OE-A-2021-83able en https://
los hechos. Es evidente que el desvalor de la conducta que describe el juzgador avala la
entidad de la pena impuesta al recurrente, máxime cuando se ha limitado, dentro del 
respeto al principio de legalidad y al principio acusatorio, a fijar la pena una vez realizado 
el juicio de tipicidad de los hechos probados, teniendo en cuenta que la sedición es la 
infracción más grave dentro del apartado de los «delitos contra el orden público». Añade 
que, en todo caso, la extensión de la pena impuesta es el resultado de la penalidad 
resultante del concurso medial entre el delito de sedición y de malversación de caudales 
públicos, de conformidad con el art. 77.3 CP, que resulta respetuosa con el principio de 
legalidad y el principio acusatorio.
En cuanto a la inaplicación al caso de una forma imperfecta de ejecución o de la 
modalidad prevista en el art. 547 CP, el fiscal descarta que, por esa razón, se haya 
vulnerado el derecho reconocido en el art. 25.1 CE. El delito de sedición no requiere la 
producción de un resultado concreto; y el tipo previsto en el art. 547 CP exige que el 
entorpecimiento del ejercicio de la autoridad pública no sea grave, lo que en el presente 
caso se habría desbordado, pues la finalidad perseguida, aspecto que es relevante para 
el tipo delictivo, suponía un desplazamiento formal del orden constitucional.
11.5.1.2.  Respuesta del órgano judicial.
En  el  segundo  párrafo  del  apartado  6.2.5  del  auto  resolutorio  del  incidente  de 
nulidad, la Sala respondió de este modo a la queja de desproporcionalidad de las penas 
impuestas: «El señor Turull, por otro lado, ha sido condenado también por un delito de 
malversación, en concurso medial, de manera que, como dijimos con respecto a la 
señora Bassa, la pena, en aplicación del art. 77.3 CP habría podido ser mucho más 
elevada, hasta un total de veinte años de cumplimiento efectivo».
En el apartado 2.6 de la referida resolución se argumenta más extensamente sobre 
este aspecto, al resolver el incidente de nulidad planteado por el señor Cuixart:
«La resolución dictada por esta Sala no vulnera el principio de proporcionalidad de 
las penas.
Decíamos en la sentencia cuya nulidad se insta que la concreta gravedad del delito 
de sedición ‘radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica’. 
Esta especificidad implica que los autores han de poner efectivamente en cuestión el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Nuestra sentencia no sanciona el mero hecho de la manifestación o de la protesta 
expresada. Lo que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es 
que, a través de las convocatorias enjuiciadas, se propició un levantamiento, en plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  anticonstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar 
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al 
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la 
antidemocrática norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el president del 
Govern,  tras  el  apoyo  del  Parlament,  declarara  formalmente  la  independencia  de 
Cataluña, si bien suspendida segundos después. Tal fue la ostensible gravedad del ilícito 
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d’Esquadra  llegó  a 
manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible 
detención del president que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al 
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal.
El ejercicio de ponderación para establecer el canon de proporcionalidad entre los  s
hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los derechos de reunión y  oe.
expresión ha de partir de esa premisa. Y pasa por los particulares que a continuación se  w.
esexpprtLieeasm afibnnr.aeli dearad  odbes ltaasc ucloiznavro ucnaato rreiasso lquuceió dni ejurdoinc ilaulg, alar  rae laal izmaacsióivna d ceo nucnu rreregnisctriao  ddeirli g2i0d od ea   2021-8357n https://ww
conjurar las actividades preparatorias de un referéndum declarado ilegal. La actuación
fue tan intensa y amedrentadora durante el registro y en actuaciones policiales previas
de  conducción  de  detenidos  para  su  presencia  en  el  mismo,  que  se  impidió 
efectivamente  su  normal  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  los  efectos  intervenidos, 
causando pánico en la letrada de la administración de justicia, hasta el punto de que 
hubo de llevarse a cabo una forzada evacuación de la misma.
El dominio de los convocantes sobre los miles de manifestantes allí reunidos era de 
tal naturaleza que, pese a su ilícita finalidad, los responsables de orden público, al 
tiempo  que  renunciaron  a  cualquier  intervención  que  posibilitara  el  normal 
desenvolvimiento del registro (como que pudieran acceder a los despachos registrados 
los titulares de los mismos), renunciaron al control del orden público y lo delegaron en 
uno de los convocantes, por indicación expresa del consejero señor Forn.
La  otra  convocatoria  para  la  fecha  del  1  de  octubre  por  parte  de  diversas 
organizaciones,  de  muy  diferente  impronta  e  implicación,  originó  un  levantamiento 
llevado a cabo en modo tumultuario, desplegado por todo el territorio de Cataluña. Tuvo 
por finalidad ocupar los edificios –en su gran mayoría públicos– previstos como colegios 
electorales, evitando que pudiera frenarse la celebración del ilegal referéndum, como 
había sido judicialmente ordenado, en consonancia con las múltiples resoluciones del 
Tribunal Constitucional. La celebración del referéndum fue acordada por el Govern, en el 
que se integraban los coacusados, como paso previo a la declaración de una república 
catalana independiente, reforzando el llamamiento con propaganda del mismo, cuyo 
gasto,  así  como  del  resto  de  los  preparativos  ocultaron.  Y  de  forma  individual 
parlamentarios e integrantes del mismo, lo apoyaron.
Por ende, se trataba de una conducta de máxima gravedad contra el orden público, 
pero que también afectaba al orden constitucional. Aunque la intención exclusivamente 
fuera, por este medio coactivo, lograr forzadas concesiones del Gobierno y autoridades 
estatales,  en  ese  camino  continuamente  explicitado  hacia  la  independencia.  La 
efectividad de la convocatoria de la población, y correlativo incremento de la gravedad 
del plan de los acusados, se garantizaba por parte de las asociaciones civiles Òmnium 
Cultural  y  ANC  a  cuyos  llamamientos  acudían  decenas  o  centenares  de  miles  de 
personas, según la ocasión. Y por la sintonía concordada con el Parlament y el propio 
Govern que, con absoluta deslealtad democrática, abandonó la tutela del orden público y 
contravino  la  legalidad  constitucional.  La  entidad  antijurídica  de  la  conducta  de  los 
penados, que desbordó el cauce de los derechos de reunión y manifestación, se realza 
por la deslealtad institucional entre entidades autonómicas y el Estado, con hostilidad 
frente a las instituciones del Estado, especialmente frente al Tribunal Constitucional.
Cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su 
propia preservación. Los supuestos de traición en España, a diferencia de múltiples 
ejemplos de Derecho comparado, solo contemplan penas de muy grave entidad en 
conductas  relacionadas  con  la  guerra.  Pero  deviene  especialmente  sensible  a  las 
asonadas  y  alzamientos  que  han  quebrado  su  orden  constitucional,  de  rara 
contemplación en otros países. De ahí las penas del delito de sedición que, como hemos 
indicado,  implica  un  efectivo  cuestionamiento  de  la  primacía  de  la  ley  y  del 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. De ahí también que en un país 
vecino se castigue aún de forma más severa el intento de secesión mediante el abuso o 
la usurpación de soberanía, sin más aditamentos.
Es cierto que los hechos no alcanzaron la funcionalidad requerida para hacer efectiva 
la independencia de Cataluña y constituirla en un emergente nuevo Estado separado de 
España. Pero ello no resta gravedad a los hechos probados que dan fundamento a la 
condena  impuesta  en  la  sentencia  cuya  nulidad  se  postula.  Fue  necesario,  tras  la  s
iniciativa del Gobierno y aprobación del Senado, aplicar una singular medida de muy  oe.
especial trascendencia política y social. Una medida prevista en el artículo 155 de la  w.
Constitución  Española,  cuya  redacción  presenta  semejanzas  con  el  art.  37  de  la  57ww
iCmopnlisqtuituec iuónna  Aflóermmaunlaa . inDéed iltaa  eexnc etpreciinotnaa lyid andu edvee  aaqñuoesl lad em evidgiednac hiaa bdlae  enlu heesctrhoo  sdiset eqmuea 
edne msoocsrtáetniceor.  lYa  qleugei teimseid ainds trduem seun toc oennd uncatdaa,  hjuasytiafi cimadpae dpidoor  quune  alobss traaccutsoa d‘moas npdeartsois tdaenl   BOE-A-cable e
pueblo’, que habrían obtenido a través del resultado del ilícito referéndum. Se invocan 
así las antidemocráticas normas de transitoriedad y referéndum, que se exponen en la 
declaración de hechos probados de nuestra sentencia. La invalidez de tales normas y su 
lastrada eficacia no han impedido una, cuando menos, aparente implementación de las 
mismas. Hasta el punto de haber sido determinante de que no se condenara ni se 
siguiera juicio contra los reunidos manifestantes a quienes por los acusados se les 
presentaba el levantamiento como consecuencia de la ‘legalidad’ que derivaba de sus 
instituciones autonómicas.»
11.5.1.3.  Resolución de la queja.
Al exponer los aspectos más relevantes de nuestra doctrina en relación con el 
derecho reconocido en el art. 25.1 CE, reprodujimos en su literalidad los fragmentos del 
fundamento jurídico 23 de la STC 136/1999, de 20 de julio, en el que se refleja el canon 
para valorar la proporcionalidad de las penas. De suerte que, para calificar una pena 
como desproporcionada desde el prisma constitucional debe apreciarse un desequilibrio 
manifiesto y no justificable entre la sanción impuesta y la finalidad de la norma punitiva, 
desequilibrio que deberá ponderarse a partir de «pautas axiológicas constitucionalmente 
indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa». Ahora bien, tal y como 
se reconoce en la sentencia objeto de cita, el juicio que en esta sede de amparo cabe 
formular ha de ser necesariamente prudente, sin adentrarse en apartados ajenos a 
nuestra jurisdicción, tales como la oportunidad, conveniencia o las posibles alternativas 
de mayor calidad, pues no cabe perder de vista «el amplio margen de libertad de 
configuración de delitos y penas que corresponde al legislador democrático a la hora de 
la plasmación normativa de la política criminal» (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 3).
Para responder adecuadamente a la queja suscitada por el demandante, debemos 
tener en consideración que fue condenado como autor de un delito de sedición de los 
arts. 544 y 545.1, segundo inciso, (persona constituida en autoridad), en relación de 
concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos del art. 432.1 y 3 
(cuantía superior a 250 000 €), regulado en el art. 77.3 CP, dado que, según se razona 
en la sentencia, existió una indudable relación instrumental entre ambas infracciones. 
Por tanto, para ponderar sobre la eventual falta de proporcionalidad que se indica en la 
demanda, habrá de tenerse en cuenta que, junto a la pena que autoriza imponer el 
art. 545 CP para quienes resulten ser «personas constituidas en autoridad» (de diez a 
quince  años  de  prisión  e  inhabilitación  absoluta),  se  une  la  pena  prevista  para 
malversaciones de caudales públicos por cuantía superior a 250 000 € (las penas de 
cuatro a ocho años de prisión y diez a veinte años de inhabilitación absoluta en su mitad 
superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado). A lo que se añade la regla que 
contempla  el  art.  77.3  CP  para  los  casos  de  concurso  medial,  según  la  cual  «se 
impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la 
infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que 
hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos».
A la vista del panorama normativo reflejado, y teniendo en cuenta que el demandante 
no ha formulado ningún reparo a su condena como autor de un delito de malversación de 
caudales  públicos,  no  cabe  apreciar,  desde  la  perspectiva  constitucional  que  nos 
concierne, que la respuesta punitiva dada por el tribunal sentenciador incurra en sí 
misma en falta de proporcionalidad. Se advierte que, de por sí, la condena por el delito 
de malversación de caudales públicos reporta una acusada severidad punitiva, pues 
parte de un mínimo de seis años y un día de prisión, pudiendo llegar a superar, en su  e
máxima expresión, los ocho años de privación de libertad. A ella debe sumarse la  bo
penalidad asociada al delito de sedición, cuya dimensión ha quedado reflejada, y la  57ww
cqounec eulrlroe ncocima pdoert au.n P coor ntcaunrtsoo,  lam aerdgiaulm eennttraec aiómn bqause  inefl rdaeccmioannedsa,n cteo no flraesc ec opnasrae cjuuestnifciciaasr 
ismup pureestteonss nióon  ddeenboeta  dlae cfaaletar,  dpeu epsro plao rdcuiorneazalid paudn qituivea s eín dsietan uan clioas. doce años de prisión
Tampoco cabe estimar la lesión que el demandante aduce con base en el principal 
parámetro que este emplea para calibrar la proporcionalidad: que no se produjo una 
grave afectación del orden público, porque el día 20 de septiembre de 2017 nadie resultó 
lesionado, tampoco se esgrimieron armas y, finalmente, la diligencia judicial se llevó a 
cabo; mientras que el día 1 de octubre de 2017, en numerosos colegios electorales los 
efectivos  policiales  impidieron  que  se  efectuaran  las  votaciones,  dando  efectivo 
cumplimiento a lo ordenado judicialmente.
Ninguna de las circunstancias referidas justifica la desproporción punitiva que se 
denuncia, pues no se aprecia el desequilibrio manifiesto y no justificable entre la sanción 
impuesta y la finalidad de la norma punitiva a que anteriormente se ha hecho referencia. 
El  delito  de  sedición  no  prevé,  en  el  tipo  básico  o  en  su  modalidad  agravada,  la 
causación de lesiones o el empleo de armas; de manera que la ausencia de estas 
circunstancias no impide apreciar la comisión del referido delito. Por otro lado, no cabe 
desconocer que esa infracción penal ha sido catalogada por el órgano enjuiciador como 
un delito de «resultado cortado» o «de consumación anticipada», por lo que el alegato 
referido a que la diligencia judicial finalmente se llevó a cabo o que se llegó a impedir la 
votación en muchos centros, carece de relevancia a los efectos que ahora interesan.
También refutamos que la entidad de la perturbación del orden público deba de ser el 
único factor a tener en cuenta. Sin perjuicio de la gravedad contra el orden público 
apreciada por el tribunal sentenciador, la alegación del demandante ignora que, aun 
cuando el tipo se incardina dentro del apartado «de los delitos contra el orden público», 
de hecho, es la infracción más gravemente penada dentro de esa categoría, y que el 
empleo de términos tales como se «alcen», «tumultuariamente» y «para impedir, por la 
fuerza» revelan la alteración de ese orden en su concepción tradicional. El propósito 
perseguido por los autores resulta de capital importancia para la apreciación de la 
sedición, de suerte que una grave alteración del orden público que no persiga ninguna 
de las finalidades descritas en el art. 544 CP no podría engendrar esa modalidad 
delictiva. Así pues, siendo un aspecto determinante del delito de sedición el designio 
perseguido por los autores, identificar el grado de afectación del orden público como 
único factor a tener en cuenta para calibrar la proporcionalidad de la respuesta penal, 
supone desconocer la estructura típica de esa infracción penal.
En lo referente a la inaplicación de una forma imperfecta de ejecución o de lo 
dispuesto en el art. 547 CP al caso, debemos afirmar que esa cuestión trasciende del 
ámbito de debate en el que nos hallamos, pues lo que en realidad se reitera es la 
indebida subsunción de los hechos en la norma penal. Sin embargo, como ya pusimos 
de relieve al compendiar nuestra doctrina sobre esta cuestión, no compete a este tribunal 
sustituir a los órganos judiciales en el ejercicio de la función de subsumir los hechos en 
las normas, pues ese cometido corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales 
ordinarios, conforme a lo establecido en el art. 117.3 CE. Ello implica que, en esta sede, 
no  procede  auspiciar  alternativas  interpretativas  a  la  sustentada  por  el  tribunal 
sentenciador, incluso si se considerasen más adecuadas o de mayor fuste. Hemos de 
limitarnos, pues, a verificar un juicio externo sobre la compatibilidad de la interpretación 
realizada con el tenor literal de la norma y sobre su razonabilidad metodológica y 
axiológica. Y este tribunal considera que la labor de subsunción de los hechos en la 
norma penal aplicada se ajusta al canon expuesto.
11.5.2.  La  afectación  de  otros  derechos  fundamentales  por  falta  de 
proporcionalidad de las penas.
11.5.2.1.  Posiciones de las partes. bo
haafir msLidaaor s  eeclog dnuednmednaaa nvddeoar tnsieteen  tpeqr uodede u nljaoo   desenen  utuunnv cociao e nsntee c xcuteoen ndttreaa   e«ejqneu rlceai  cieinold  ddiveeidl itduoea rpliezocarh ceoióls n qf uudene d elaal msr epecenuntararleesn,s »tae,l    2021-8357n https://ww
ya  que  incluso  el  tribunal  sentenciador  ha  reconocido,  implícitamente,  que  los
ciudadanos que se alzaron se encontraban ejerciendo tales derechos, en la medida en
que ninguno de ellos ha sido acusado por movilizarse, como reitera varias veces la 
sentencia. Esta circunstancia debió dar lugar, cuando menos, a una «muy importante 
atenuación  punitiva  que  pudo  vehicularse  perfectamente  a  través  del  art.  20.7  CP, 
alegado por la defensa como eximente en el acto del juicio y cuya apreciación como 
eximente  incompleta  habría  permitido  imponer  penas  muy  alejadas  de  los  castigos 
absolutamente desproporcionados que se han acabado imponiendo». Sin embargo, al 
optar  por  penas  tan  severas,  la  desproporción  punitiva  ha  originado  un  efecto 
desalentador del ejercicio de derechos fundamentales, sin que los posibles móviles 
políticos del demandante deban ser tenidos en cuenta, por ser completamente ajenos a 
la sedición, que es un delito contra el orden público.
Añade  que  el  auto  resolutorio  del  incidente  agrava  con  su  fundamentación  la 
vulneración denunciada, por sus constantes valoraciones sobre la ideología política de 
los  procesados,  dato  este  completamente  ajeno  al  delito  de  sedición,  y  porque  el 
ejercicio de derechos como la libertad ideológica, de reunión y manifestación «pasa a 
convertirse en una circunstancia agravante de la responsabilidad penal». Finalmente, 
insiste en que las penas impuestas son manifiestamente desproporcionadas, pues como 
sostiene algún autor, imponen a «los organizadores de reuniones pacíficas –aun cuando 
ilegales– para la expresión de votos, opiniones o sentimientos políticos, sanciones de 
una severidad equivalente a las que el Código penal prevé para graves delitos contra la 
vida y la integridad física».
Niega la abogacía del Estado, por su parte, que se hayan conculcado los derechos 
fundamentales que alude el demandante. Su responsabilidad penal no trae causa de 
difundir opiniones y doctrinas contrarias a la Constitución ni por propugnar la superación 
del marco político actual. Lo que es objeto de reproche penal es haber participado en la 
elaboración de leyes en abierta y contumaz desatención de los requerimientos del 
Tribunal Constitucional, definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a 
una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de 
la  autoridad  judicial,  celebrando  un  referéndum  declarado  ilegal  por  el  Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esta conducta no se ve 
amparada por ninguno de los derechos que se citan en la demanda. Añade que la 
movilización alentada, a fin de que se produjera la votación prohibida, desborda los 
lindes del ejercicio legítimo del derecho de reunión, por lo que esa conducta no puede 
quedar amparada por el art. 20.7 CP. Finalmente, concluye que lo que se produjo fue un 
levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, por lo que 
no es posible eludir la tipicidad de la sedición.
El  partido  político  Vox  sostiene  que  la  injerencia  en  los  supuestos  derechos 
fundamentales que se alega se debe a la comisión de unos hechos por el demandante 
cuando ocupaba un cargo público representando al Gobierno de España en el territorio 
de Cataluña, por lo que el desvalor de su acción es mayor.
Para el fiscal, de los hechos probados se desprende que se desbordó claramente el 
derecho de reunión; y los actos imputados al recurrente no quedan amparados por su 
libertad ideológica o de pensamiento o por su libertad de expresión, puesto que estos 
derechos no justifican las conductas por las que ha sido condenado el recurrente. El 
comportamiento  del  demandante  y  otros  condenados  puso  en  cuestión  el  Estado 
democrático de Derecho, en la forma que se ha descrito. Añade que la condena por 
sedición  no  ha  supuesto  un  efecto  desalentador  o  disuasorio  del  ejercicio  de  los 
derechos  que  se  alegan,  pues  al  demandante  no  se  le  sanciona  por  defender  la 
independencia de Cataluña o propugnar un referéndum de autodeterminación. Ha sido  s
condenado por haber definido una legislación paralela al orden constitucional a través de  oe.
las denominadas leyes de desconexión, ley del referéndum de autodeterminación y ley  w.
de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, con desconocimiento de las  57ww
rdees oClautcaiolunñeas  yd eplr oTpriibciuanr aul nC loenvastnittuacmioiennatlo;  yp úpbolri choa pbaerra m oobvsiltiazcaudloiz aar ,p caurtaen ddeo  lnao c iimudpaeddairn, íeal 
hcuomstpigliammieienntoto ,d aem lae dlergeanltiadmadie vnitgoe yn tveio yle dnec iala fsr ernetseo lau cloiosn ceuse rjupdoisc ipaolelisc,i amleesd.iante actos de  BOE-A-cable e
Niega además que el demandante estuviera amparado por el derecho de reunión, 
pues las concentraciones de ciudadanos han estado dirigidas y ordenadas a impedir el 
cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, así como a facilitar la realización 
de un referéndum de autodeterminación no contemplado en la legislación española y 
suspendido  por  el  Tribunal  Constitucional,  recurriéndose  así  a  unas  vías  de  hecho 
incompatibles con el legítimo ejercicio del derecho de reunión. Por todo lo expuesto, 
concluye que estamos ante un aparente ejercicio de los derechos fundamentales que, 
por la finalidad a la que se orientan, «desnaturalizan el ejercicio de esos derechos», 
razón por la cual también descarta la aplicación de la eximente incompleta.
11.5.2.2.  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 4.6 del fundamento jurídico B) de la sentencia impugnada, el órgano 
judicial descarta que los hechos ocurridos los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
constituyeran una pacífica manifestación de protesta:
«En los hechos probados de esta nuestra resolución se pone de manifiesto que las 
actuaciones de los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 estuvieron lejos de una 
pacífica y legítima manifestación de protesta.
La hostilidad desplegada hizo inviable el día 20 de septiembre que los funcionarios 
dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de Instrucción 
de Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban 
legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada de la administración de 
justicia actuante en la sede de la vicepresidencia–, sino en los funcionarios autonómicos 
bajo investigación, que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles 
en los que se estaban practicando los registros. Se trataba de los mismos funcionarios a 
los  que  los  sediciosos  decían  querer  defender,  cuya  presencia  fue  efectiva  y 
definitivamente impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria movilización.
Y los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de fuerza suficiente 
para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir la 
votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así abortar 
el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y del Tribunal Constitucional. Y todo ello con una trascendencia que rebasaba 
con mucho los límites de una laxa interpretación del concepto de orden público, para 
incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una perspectiva constitucional. Basta, en 
efecto, la lectura del hecho probado, donde se recoge el contenido esencial de las 
leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas iniciales de septiembre de 2017, 
para comprender que, aun prescindiendo de su irrelevante funcionalidad a los fines de 
tipo de rebelión, suponían un intento de derogación de la legislación válida vigente, 
además de una contumaz rebeldía a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Y tales resultados se procuraban totalmente fuera de las vías legales. En el hecho 
probado  se  ha  expuesto  la  forzada  interpretación  del  reglamento  de  la  cámara 
autonómica para proclamar esas disposiciones legales. La efectividad –que no validez– 
de  las  nuevas  disposiciones  se  reflejó  en  la  acomodación  de  los  acusados  a  sus 
preceptos  pese  a  los  reiterados  requerimientos  del  Tribunal  Constitucional  para  no 
ponerlas en práctica».
El apartado 17.5 del fundamento A) de la sentencia da respuesta al alegato de actuar 
en  ejercicio  legítimo  de  derechos  constitucionales,  como  causa  excluyente  de  la 
antijuridicidad. Así, señala: s
«17.5.1  Derecho a la libertad de expresión. w.
La infracción del derecho a la libertad de expresión –a juicio de las defensas– se  57ww
hdaebl rdíais cguernseor apdoolí tdiceos dpea rlaa  fpuenrdsapmecetnivtaa ra usunma icdoan pdoern ala sp eancauls. aEcsioan eress dtreic cciróimn innaol izpauceiódne 
incardinarse –se aduce– en ninguna de las habilitaciones previstas por el Convenio y por
lo tanto supone una vulneración y un grave atentado al derecho fundamental a la libertad 
de expresión del art. 10 CEDH y concordantes.
La Sala discrepa de esta afirmación.
No se ha producido en este caso un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 
expresión ni existe, desde luego, vulneración de ese derecho. Ninguno de los actos 
imputados y que ahora han sido declarados probados queda comprendido –y, por tanto, 
justificado– en el contenido material del derecho a la libertad de expresión.
[...]
A la vista de este desarrollo jurisprudencial del derecho a la libertad de expresión, 
recogido en los arts. 20.1 de la CE y 10 del CEDH, está fuera de dudas que los hechos 
que se declaran probados no implican la negación de la capacidad de los acusados para 
expresar libremente sus ideas. No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias 
al  actual  estatus  constitucional.  Tampoco  por  propugnar  una  superación  del  marco 
político  vigente.  La  libertad  de  los  acusados,  en  este  punto,  permanece  incólume. 
Nuestro sistema no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante 
una de sus señas de identidad (cfr. SSTC 48/2003, 136/1999, 159/1986). Las mismas 
ideas  que  han  defendido  los  acusados  les  han  permitido  concurrir  a  elecciones 
legislativas.  Esas  ideas  secesionistas  son  las  que  siguen  dando  vida  al  Gobierno 
autonómico de Cataluña. Su legitimidad no se cuestiona. Lo que es objeto de reproche 
penal –y así lo hemos declarado probado– es haber pulverizado el pacto constitucional, y 
hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los 
requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o 
defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente 
y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones 
legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era 
la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la 
definitiva ruptura con la estructura del Estado.
El apartado 2 del art. 10 del CEDH considera restricciones legítimas a la libertad de 
expresión aquellas que sean ‘[…] medidas necesarias, en una sociedad democrática […] 
para la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención 
del delito’. La simple lectura de este precepto ya pone de relieve la validez democrática 
de restricciones encaminadas a preservar otros fines constitucionalmente legítimos. Y si 
bien insistimos en la no afectación del contenido material del derecho a la libertad de 
expresión de los acusados, conviene recordar que la defensa de la integridad territorial y 
la prevención del delito son, según el precepto invocado, legítimas limitaciones a la 
libertad de expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
17.5.2  Derecho de reunión.
El  derecho  de  reunión  pacífica  habría  sido  también  infringido.  Los  escritos  de 
acusación contienen, a juicio de las defensas, la conversión en actos delictivos de meros 
actos  de  protesta  que  se  hallan  plenamente  incluidos  en  el  ejercicio  del  derecho 
fundamental de reunión (arts. 21 CE, 21 PIDCP y 11 CEDH).
Tampoco ahora la Sala puede identificarse con esta línea de razonamiento. La 
legitimidad del derecho de reunión está fuera de controversia. Pero también lo está la 
existencia de límites al ejercicio de este derecho. Basta una lectura de los arts. 513 y 514 
del CP para constatar que el legislador español considera delictivas algunas de las 
acciones que desbordan el ejercicio legítimo de los derechos de reunión o manifestación.  e
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido esta idea de  bo
limitación, si bien conecta su legitimidad a la vigencia del principio de proporcionalidad  57ww
c(cofnr.t rSoTl EidDeHo lóEgziceolin  svo. bFrera nlac iaf,in 2a6lid aabdr ild 1e9 9la1s)  ym aa nlaife nsetacceiosindeasd  (dcefr .q uSeT EnoD Hs upIvoanngoav  uvn. 
Bfeublrgearroia 2, 00260) .octubre  2005,  y  Partido  Demócrata  Cristiano  Popular  v.  Moldavia,  14
En el caso presente, no se trata de calibrar si esas limitaciones se acomodaron al 
canon  constitucional  que  les  confiere  legitimidad.  Ninguno  de  los  ciudadanos  que 
asistieron a las manifestaciones que se describen en el juicio histórico ha resultado 
acusado por ese hecho. Tampoco los acusados señor Junqueras y señora Forcadell –
que reforzaron con su presencia la reivindicación que animaba la protestas ante la sede 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y el Tribunal Superior de Justicia–, ni 
los señores Cuixart y Sánchez –que desarrollaron un especial protagonismo en esos 
encuentros–, han sido acusados de un delito de reunión o manifestación ilícita.
No se han criminalizado, por tanto, actos de protesta.
Todo lo que sea mostrar la discrepancia frente a las leyes, incluso del máximo rango 
jurídico, frente a decisiones judiciales, sea cual sea el nivel del órgano del que emanan 
esas órdenes o mandatos, propugnar su modificación, denunciar sus puntos débiles, 
incluso, con críticas descarnadas o subidas de tono, agrias y descalificadoras, está al 
abrigo del derecho a la protesta o a la disidencia. Y la legitimidad de esas protestas no 
se debilita cuando tienen como destinatarios al poder central, a la máxima autoridad del 
Estado o a la misma Constitución. La Carta Magna de 1978 proporciona un sólido 
anclaje incluso a quienes la denostan. Proclamas independentistas; críticas ácidas al 
Gobierno central; discursos que tratan de convencer de que un territorio tiene derecho a 
romper amarras con el Estado español; argumentarios defendiendo para los habitantes 
de  una  determinada  comunidad  un  supuesto  derecho  de  autodeterminación; 
movilizaciones encaminadas a apoyar y promocionar esas ideas; difusión de las mismas 
en el tejido social; apoyo y colaboración con los políticos que defienden y propugnan 
idénticas ideas; protestas y manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos 
que se interpretan como lesivas de esos derechos que se quieren defender, son todas 
legítimas.  Es  una  obviedad  que  esa  legitimidad  no  se  cuestiona  en  este  proceso. 
Ninguna de esas actuaciones es apta para desencadenar una reacción de tipo penal. La 
misma Constitución se estaría poniendo en entredicho si entendiésemos que alguna de 
esas conductas puede ser sancionada penalmente.
Pero la misma obviedad puede proclamarse de la idea de que nadie puede arrogarse 
el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, arrojando al ámbito de lo ilegítimo al que 
no  comparta  sus  ideas  sobre  la  autodeterminación.  Y  ello,  pese  a  los  muchos 
argumentos que se hagan valer y que están, no para vencer al que no piensa igual, ni 
para superponerlos a la legalidad basándose en la voluntarista superioridad de una 
legitimidad  frente  a  otra,  sino  para  hacerlos  valer  en  la  sociedad  democrática  y 
convencer traspasándolos, en su caso, a la legalidad. También aquellos ciudadanos que 
profesan otras concepciones sobre el llamado problema territorial gozan de iguales 
derechos. Y con iguales métodos –tanto en el plano del tejido social como en el ámbito 
de la política institucional– ha de respetarse su capacidad y derecho de oponer a esas 
ideas otras que, para ellos, son las que encarnan la legitimidad.
Pero una cosa bien distinta a la disidencia, canalizada a través de múltiples formas 
de participación política –ontológicamente distinta, pues la diferencia no es solo de grado 
o  de  intensidad,  sino  cualitativa–,  es  la  oposición  activa  y  concertada,  frente  a 
actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas 
pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. 
La  estrategia  desplegada  que,  en  buena  medida,  fue  estimulada  y  alentada  con 
entusiasmo y un innegable poder convictivo y movilizador por los acusados –cada uno 
de ellos en su propio ámbito de actuación– fue desplegada para lograr que la votación 
prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la  s
actuación de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda  oe.
totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la  w.
exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos. 57ww
antijEunri didceidfaindit ievla a, tanqou ep ucoendcee rqtaudeod aar  laasm bpaasreasd oc onesnt ituucniao nacaleuss ad eld sei steexmcalu,s vióanli énddeo slea 
para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la
función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada 
ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17.5.3  Libertad ideológica.
El mismo rechazo hemos de suscribir al pretendido efecto exoneratorio derivado del 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica. Su contenido, tal y como ha sido 
configurado  por  la  jurisprudencia  constitucional  (cfr.  SSTC  120/1990,  137/1990, 
214/1991, 177/2015) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cfr. sentencia Stern 
Taulats y Roura Capellera v. España, 13 marzo 2018), no puede abarcar los hechos que 
sustentan las imputaciones que se formulan para cada uno de los acusados.
También ahora hemos de insistir en que la libertad ideológica de los acusados ha 
permanecido incólume a lo largo del proceso. Su condición de parte pasiva nada tiene 
que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, han 
podido participar incluso en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva. 
Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que, hoy por hoy, sostienen la acción 
de gobierno de la Generalitat».
El párrafo primero del apartado 6.2.5 del reiterado auto resolutorio del incidente de 
nulidad se remite a lo ya manifestado al resolver otros incidentes, para descartar la 
aplicación  al  demandante  de  la  atenuante  analógica  pretendida  y,  menos  aún,  la 
apreciación de la eximente incompleta.
Sin embargo, es en el apartado 2.5.2.2 del auto reseñado donde se ofrece una 
detallada y exhaustiva respuesta sobre esta cuestión, al resolver el incidente interpuesto 
por el señor Cuixart:
«Las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de octubre 
de 2017, no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje político. 
Tampoco eran la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen indudable 
encaje constitucional. Antes al contrario, eran acciones ejecutadas en un indisimulado 
lenguaje performativo. Simultáneamente a su desarrollo se implementaban apartados del 
Decreto dictado por el Govern en desarrollo de la inconstitucional normativa de secesión 
aprobada por el Parlament. Se trataba así de conferir una efectividad a esa ilegal norma 
de  cobertura,  con  desprecio  de  su  invalidez,  posibilitando  la  celebración  de  un 
referéndum que eludía la eficacia de cualquier resolución judicial tendente a impedirlo. 
Se lograba de esta forma la realización simultánea por los convocantes de la acción 
evocada, celebración del ilegal referéndum, en cuanto contrario a la normativa electoral y 
estatuaria.
No se trataba, pues, de la promoción de meras manifestaciones cuya ilicitud se 
asociara al incumplimiento de un requisito administrativo –como se contempla en las 
SSTEDH Primov y otros c. Rusia, de 12 de junio de 2014 o Karabulut c. Turquia de 27 de 
enero de 2009–. Lo que sucedió y como tal fue objeto de enjuiciamiento eran graves 
comisiones delictivas en las que, a través de una conducta coactiva, se facilitaba e 
imponía una normativa antidemocrática, adoptada con menosprecio y conculcación de 
los  derechos  de  un  relevante  número  de  parlamentarios  autonómicos  y  de  los 
ciudadanos a los que representaban, que superaban a la mitad de los votantes.
No es posible, por tanto, afirmar que la sentencia cuya nulidad se insta condena por 
convocar manifestaciones pacíficas. Menos aún, que esa condena se limita a los hechos 
acaecidos el día 20 de septiembre. Quien así argumenta trocea de forma inadmisible lo 
verdaderamente acaecido. El día 20 de septiembre el registro judicial se desarrolló en  s
una  atmósfera  de  coacción,  hasta  el  punto  que  impidió  el  desplazamiento  de  los  oe.
investigados  al  registro  de  sus  despachos,  dadas  las  concertadas  intervenciones  w.
imfnutónimvciiilód nda.et oN rlioinasgs ú Mdneo r selosssop sco on(BnsvaRobIcMlea Oddo)e s es, neecgsouenr itmdróais dmf usone d dcaíodamo, sep nroo bdmsiveteátírcasu olaos s ql uupgeaa rlroaes s e.o l Lbdajee tpsorasor prionialcl oab urdtigaead dosuas    2021-8357n https://ww
y la documentación intervenida durante el registro pudieran mantenerse en poder de los
funcionarios  que  los  custodiaban,  si  estos  llegaran  a  abandonar  la  sede  de  la
vicepresidencia con la multitud en la puerta utilizaran o no para ello el pasillo habilitado 
por los voluntarios de una de las asociaciones civiles convocantes. La letrada de la 
administración  de  justicia  tuvo  que  salir  del  edificio  de  forma  subrepticia,  bajo 
indicaciones policiales, ante el riesgo serio que corría su integridad física y la de los 
funcionarios que practicaban el registro. Los ‘matan’, llegó a decir un responsable de 
seguridad. Tal era el ambiente coactivo en el que se desarrolló la diligencia judicial que 
cuando algunos agentes de los Mossos d’Esquadra fueron confundidos con practicantes 
del registro tuvieron que huir corriendo para refugiarse en un edificio próximo.
La actuación de los convocados iba más allá del simple y legítimo ejercicio del 
derecho de reunión. La multitud, no solo se manifestaba, sino que cumplimentaba la 
expresiva llamada por parte del recurrente ‘en defensa de les nostres institucions’. Unas 
instituciones sobre las que, dicho sea de paso, ningún peligro se cernía, más allá del 
demoledor efecto que para su vigencia y desarrollo habría tenido, en su caso, la efectiva 
vigencia de las ilícitas leyes de transitoriedad y referéndum. Las manifestaciones objeto 
de la concurrencia pública, en modo alguno resultaban amparadas por el derecho a la 
libertad  de  expresión,  en  cuanto  conllevaban  un  levantamiento  con  el  objetivo  de 
implementar  una  normativa  antidemocrática  y  afectaban  potencialmente  y  de  forma 
mediata a la integridad territorial. (vid. Decisión TEDH María Carmen Forcadell i Lluis y 
otros c. España, de 28 de mayo de 2019, demanda núm. 75147-17)
También  por  la  vía  coactiva  se  procuró  la  realización  del  referéndum  como 
desautorizado instrumento jurídico que obligaba, de forma automática, a la consecutiva 
proclamación de la república catalana. Y por más formal y simbólica que fuese, esa 
declaración asentaba un hito más en las vías de hecho hacia una independencia cuyo 
itinerario había sido diseñado por los autores o, al menos, asumido por estos.
Cuando se afirma en defensa de la nulidad de nuestra sentencia el hecho de que se 
han condenado ideas, se prescinde de una realidad incontrovertida, a saber, que la 
independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No 
lo fue cuando, como cada anualidad, el 11 de septiembre se celebró la diada, con 
asistencia –según las fuentes que se consulten– de entre trescientas cincuenta mil y un 
millón de personas. Una reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de 
que ‘votaremos, quieran o no quieran’, en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la 
prohibición de la celebración del referéndum que tuvo lugar unos días después. Tampoco 
hubo persecución penal cuando, una y otra vez, se proclamaba la insumisión a los 
tribunales y gobiernos ‘[…] que solo quieren preservar la indivisible unidad de la patria’.
En definitiva, la respuesta jurisdiccional a los hechos enjuiciados ha estado inspirada 
en la lógica observancia de nuestros principios constitucionales y de la propia doctrina 
del TEDH, manifestada en Stankov y Organización Macedonia Unida Ilinden c. Bulgaria, 
de 2 de octubre de 2001, § 97, asuntos 29221/95 y 29225/95. Tampoco es posible 
proclamar que este proceso tuviera como fin un efecto disuasorio de la libertad de 
expresión. Conviene insistir en que los hechos por los que se ha dictado condena fueron, 
desde luego, algo más que una reunión de ciudadanos que con libertad expresan sus 
reivindicaciones ideológicas. No hemos criminalizado opiniones y protestas. Los hechos 
acaecidos  los  días  20  de  septiembre  y  1  de  octubre  buscaban  implementar,  en 
connivencia las autoridades autonómicas y los líderes asociativos que han resultado 
condenados, una normativa antidemocrática e inconstitucional. Un bloque jurídico –hay 
que insistir en ello– aprobado con desprecio de la mitad de las fuerzas políticas con 
representación en la Cámara, de los mandatos y advertencias del Tribunal Constitucional 
y de la Constitución y el Estatuto, norma rectora de la convivencia en el ámbito de la  s
comunidad autónoma de Cataluña. oe.
De la ilicitud del referéndum es bien elocuente el hecho de que la presidencia de la  w.
Comisión de Venecia había comunicado, tras haberle sido notificada su celebración, que  57ww
nMoe npouse daeú np,r essi esnut afirnsael icdoamd oe su nc oraecfetirvéan dfruemnt ed eaml Eocsrtaádticoo o a squu erel squuleta ndoo  ssee  aejsugsrtiam ae  lcao lmeyo. 
upnaart ed eqcuies,i ópno rs ussi cfruitear ap opro cuon,a  essotála  mpuayrt ele djaen ala  ap olab lmacaióyonr, íare. leUvnaan tdee, cpiseiróon ,s oelno  fdine,  uqnuae   BOE-A-cable e
incide sobre cuestiones como la integridad territorial, que es expresión del concepto 
mismo de soberanía nacional. En definitiva, la mera idea de votar, si el ejercicio de ese 
derecho se construye al margen de las previsiones legales, no resulta democráticamente 
amparable.
El  propio  preámbulo  del  Convenio  Europeo  de  Derecho  Humanos,  destaca  la 
preeminencia  del  Derecho.  Y  la  Unión  Parlamentaria  –organización  mundial  de 
parlamentos nacionales, integrada por 179 miembros–, en su Declaración Universal 
sobre la Democracia, realizada en El Cairo, precisó que la democracia está fundada en 
la primacía del Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre (cfr. 
punto 7). En un Estado democrático, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y nadie 
está por encima de la ley.
En conclusión, aunque se redujera la imputación a los levantamientos tumultuarios 
acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre, la aplicación coactiva de las 
leyes  19  y  20  de  2017,  legítimamente  suspendidas,  en  modo  alguno  podía  estar 
amparada por el derecho de manifestación, sobre todo, tratándose de normas jurídicas 
aprobadas –insistimos– con desprecio de la legalidad democráticamente establecida y 
de una minoría parlamentaria que representaba a la mitad de los electores catalanes».
11.5.2.3.  Resolución de la queja.
El demandante persiste en la idea de que, al no haber sido acusados los ciudadanos 
que  se  alzaron,  el  órgano  sentenciador  ha  estimado,  implícitamente,  que  aquellos 
ejercieron  legítimamente  los  derechos  fundamentales  antes  mencionados.  Este 
argumento ya se sustentó, en términos similares, en el planteamiento de la queja relativa 
al abandono selectivo del principio de la «accesoriedad limitada» en la participación. Y al 
resolver la referida queja, este tribunal consideró que esa circunstancia en absoluto 
autoriza a entender que aquellos ciudadanos hubieran actuado amparados por una 
causa de justificación pues, al no haber sido sometidos a un proceso penal, no cabe 
formular ninguna consideración de esta índole y, menos aún, en esta sede. Replanteada 
en  lo  sustancial  esa  pretensión,  la  respuesta  que  ahora  ofrecemos  coincide  en  lo 
esencial con la ya dada. Respecto de esos terceros no resulta procedente que este 
tribunal lleve a cabo valoración jurídico-penal alguna acerca del comportamiento de 
estos últimos, a fin de asumir o rechazar que se hallaban bajo la cobertura de la 
eximente  que  contempla  el  art.  20.7  CP,  por  obrar  en  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales que se citan en la demanda. La sentencia recurrida no resuelve sobre 
este  particular,  ni  siquiera  implícitamente,  por  lo  que  este  tribunal  tampoco  debe 
pronunciarse al respecto, no solo por imperativo del principio de subsidiariedad al que 
nos vemos sujetos, sino porque al no haber sido enjuiciados esos terceros, cualquier 
valoración que se formule sobre esa temática sería manifiestamente inapropiada.
Sentado lo anterior, procede abordar otro aspecto de la queja, concretamente el 
denominado «efecto desalentador» que se atribuye a la desproporción en que, por su 
severidad, incurren las penas impuestas al demandante. En la STC 62/2019, de 7 de 
mayo, FJ 7, aparece recogida la doctrina sobre la incidencia en el ámbito penal del 
ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el análisis del denominado «efecto 
desaliento».
Hemos  señalado,  en  este  sentido  que  «[e]ste  tribunal  ha  tenido  ocasión  de 
pronunciarse sobre la vinculación de las conductas con relevancia penal en el contexto 
del ejercicio de los derechos fundamentales. Concretamente, en la STC 104/2011, de 20 
de junio, FJ 6, distinguimos los supuestos en que la conducta penal constituye un  e
ejercicio regular del derecho fundamental, de aquellos otros en que se produce una  bo
extralimitación en su ejercicio. En relación con el primero de los supuestos, sostuvimos  57ww
qaupelic: a«rRsee itdeer afdoarmmae nctoen htreamriao sa  alfoirsm daedroe cqhuoes  ‘lfousn dtiapmose npteanleasle’ s(S nSoT pCu e1d3e7n/1 i9n9te7r,p dreet a2r1s ed ey 
jdueli o2, 3F Jd e2 ;o 1c1tu0b/2r0e0, 0F,J d 6e,  5o d 1e0 m8/a2y0o0,8 F, Jd 4e;  2229 7d/2e0 s0e0p, tdieem 1b1r ed,e F dJi c3ie)m. Obr ed,e FsJd e4 ;e 2l 9e9n/f2o0q0u6e, 
acogido, por ejemplo, en la STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2, o más recientemente en
la STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 3, que ‘los hechos probados no pueden ser a un 
mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como 
conductas constitutivas de un delito’. Desde la perspectiva constitucional, entonces, la 
legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en 
colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada por los límites 
del  ejercicio  del  derecho,  sino  por  la  delimitación  de  su  contenido  (según  hemos 
señalado, por ejemplo, en las SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de 
mayo, FJ 4; o 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5). De forma que cuando una conducta 
constituya,  inequívocamente,  un  acto  ajustado  al  ejercicio  regular  del  derecho 
fundamental,  respondiendo  por  su  contenido,  finalidad  o  medios  empleados  a  las 
posibilidades  de  actuación  o  resistencia  que  el  derecho  otorga,  no  resultará 
constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la subsunción 
de  los  hechos  en  la  norma  fuera  conforme  a  su  tenor  literal  (en  ese  sentido, 
SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3…)».
Respecto de la segunda situación enunciada, en el referido fundamento jurídico 
figura el siguiente argumento:
«Nuestra doctrina no se detiene en esta primera conclusión básica y previsible, 
aunque imprescindible, sino que cuestiona asimismo la aplicación de los tipos penales 
en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio 
del derecho fundamental, estos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello 
no nos referimos, como es obvio, a los supuestos en los que la invocación del derecho 
fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido 
amparo, cometer actos antijurídicos, sino a aquellos casos en los que, a pesar de que el 
comportamiento  no  resulte  plena  y  escrupulosamente  ajustado  a  las  condiciones  y 
límites del derecho fundamental, se aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en 
su  contenido  y  finalidad  y,  por  tanto,  en  la  razón  de  ser  de  su  consagración 
constitucional. En este último escenario, sin perjuicio de otras consecuencias que el 
exceso en que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa 
la  sanción  penal  supondría  una  vulneración  del  derecho,  al  implicar  un  sacrificio 
desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría 
tener un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio (STC 88/2003, de 19 de mayo, 
FJ 8). De otro modo, como afirmáramos en el ATC 377/2004, de 7 de octubre, ‘existirían 
solo dos terrenos, el de lo constitucionalmente protegido y el de lo punible, lo que no 
puede admitirse’. Así lo hemos declarado en la STC 110/2000, de 5 de mayo, respecto 
del  ejercicio  de  las  libertades  de  expresión  e  información  [arts.  20.1  a)  y  d)  CE], 
resolución en la que señalamos que el juez al aplicar la norma penal, como el legislador 
al definirla, no pueden ‘reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni 
siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en 
cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal’ 
(fundamento jurídico 5). O, en el mismo sentido, en un asunto relativo a la libertad 
sindical  (art.  28.1  CE):  ‘La  dimensión  objetiva  de  los  derechos  fundamentales,  su 
carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta 
con  la  constatación  de  que  la  conducta  sancionada  sobrepasa  las  fronteras  de  la 
protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente 
a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado  de  la  libertad  de  la  que  privan,  o  un  efecto  [...]  disuasorio  o 
desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta 
sancionada’ (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8 y las en ella citadas sobre el ‘efecto  e.
desaliento’).» w.b
De  la  doctrina  transcrita  cabe  extraer  [seguimos  diciendo]  las  siguientes  57ww
cleognístiimdeor adceio nuens :d ie) reccuhaon dfou nudnaam ceonntadlu cntoa  qpuueeddae  psleern armepeunttaed aa mapnatirjaudríad icpao,r  aeul neqjeurec ictaiol 
ceoxntrdaulimctiata sceióan  seunb seul mejiebrlec iceion  ddee tuenrm dinearedcoh oti pfou npdeanmael nyt aili ) peune dseu plleugeastro as  pdlea netexcaersseo  lao 
necesidad  de  ponderar  si  la  sanción  penal  supone  un  sacrificio  innecesario  o
desproporcionado del derecho o libertad del que se trate y, por ello, provoca un efecto 
desalentador».
Con independencia de lo ya manifestado respecto de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que se movilizaron los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, 
debemos añadir que, en el contexto propio de un recurso de amparo que trae causa de 
un  procedimiento  penal  seguido  contra  el  demandante  y  otros  acusados,  no  cabe 
dilucidar sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales de terceros a 
quienes el procedimiento penal no les ha afectado. Y ello, porque las resoluciones 
impugnadas en el presente recurso no han podido ocasionarles lesión alguna, al no 
haberse establecido ningún tipo de responsabilidad penal respecto de ellos.
Tampoco la queja resultaría de recibo, en el entendimiento de que son los derechos 
fundamentales  del  demandante  los  afectados  por  la  sentencia,  con  motivo  de  su 
participación  personal  y  directa  en  esos  acontecimientos.  Debe  advertirse  que  del 
examen de las resoluciones impugnadas no se desprende que su condena derive de su 
participación  en  los  actos  multitudinarios  a  los  que  repetidamente  se  ha  hecho 
referencia, pues no consta dato alguno que refleje esa intervención. Y en cuanto el 
ejercicio del derecho a la libertad ideológica, es cierto que la sentencia detalla que el 
demandante, al igual que otros acusados, actuó con una finalidad cuya naturaleza 
política es notoria; pero como se indica en diferentes apartados de la citada resolución, 
la ideología del recurrente no fue un factor determinante de su condena, pues fue su 
intervención como miembro del Govern lo que propició que participara en la aprobación 
de las normas ulteriormente declaradas inconstitucionales por este tribunal y, pese a la 
nitidez de los requerimientos que en su día formulamos para el restablecimiento del 
orden constitucional, finalmente el «referéndum» del día 1 de octubre de 2017 llegó a 
celebrarse, con los incidentes y enfrentamientos ya relatados, siendo destacable la 
activa promoción de ese evento por parte del recurrente, como así lo recoge la sentencia 
combatida en este recurso.
En suma, según se detalla en la sentencia, el comportamiento del recurrente no 
consistió en el ejercicio de los derechos de reunión, expresión, o manifestación. Como 
promotor  de  la  sedición,  junto  con  otros  acusados  convocó  masivamente  a  los 
ciudadanos para que el día señalado para el referéndum acudieran a votar en cualquier 
colegio, con la finalidad de activar la cláusula de automaticidad prevista en la ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana para determinar la secesión; 
es decir, la sustitución del legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, por el diseñado en la citada ley de transitoriedad.
En apoyo de la falta de proporcionalidad de las penas impuestas, también se esgrime 
que  los  organizadores  de  la  convocatoria  del  día  1  de  octubre  propiciaron 
concentraciones masivas de personas para que votaran, pero no incitaron a ejercer la 
violencia;  y  no  obstante  ello,  las  penas  que  les  han  sido  impuestas  alcanzan  una 
extraordinaria severidad, equiparables a las que se prevén para delitos graves contra la 
vida o la integridad física. En esencia, lo que el recurrente asevera es que el abierto 
reclamo de los ciudadanos para que participaran en la votación orquestada no fue más 
que una promoción del derecho de reunión, con la finalidad de llevar a cabo un acto de 
participación política que, en algunos casos, dio lugar a enfrentamientos con las fuerzas 
policiales, que no empecen el legítimo favorecimiento de ese derecho.
Esta argumentación parte de una premisa que, sin embargo, no se compadece con 
los fundamentos de su condena. Ciertamente, en la sentencia impugnada no se afirma 
que el recurrente exhortara a los ciudadanos a comportarse de manera violenta, de  s
modo que la responsabilidad penal que se le atribuye, como autor de un delito de  oe.
sedición, tampoco dimana del hecho de haber inducido a los convocados a comportarse  w.
de modo agresivo. 57ww
pronPuanrcai arresfeu tsaor berset ae lq eujeejrac,i cpioro dceeld ed erreetcohmoa dr ela r ereusnpióune s[atap adrataddao p 1o7r .e5l. 2ó rdgealn fou njuddaimcieanl taol 
Aco) mdpeo rltaa msieenntteon dcieal] ,d elom aqnudea npteer my itoet rocos mapcruosbaadro sq uneo  lsae  abparesóci aedna  qaunet ijfuormideicnidtaarda nd leal   BOE-A-cable e
exteriorización  de  una  disidencia  política  o  que  promovieran  protestas  de  carácter 
multitudinario. Por el contrario, para el órgano judicial la movilización de los ciudadanos 
tuvo por objeto implementar la estrategia previamente diseñada por los acusados, a fin 
de que aquellos llevaran a cabo una actividad que trasciende netamente del contorno del 
derecho de reunión; concretamente, participar en la votación declarada ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, aun 
cuando los acusados no alentaran el acometimiento violento de los movilizados contra 
las fuerzas policiales, sin embargo, los enfrentamientos que se describen en el relato 
histórico de la sentencia recurrida han servido para configurar el delito de sedición que la 
referida  resolución  aprecia,  al  ser  una  consecuencia  derivada  del  desarrollo  de  la 
estrategia a que se ha hecho mención.
Con  independencia  de  lo  expuesto,  no  debe  quedar  inadvertido  un  dato 
especialmente relevante. A la sazón, el demandante de amparo ostentaba el cargo de 
conseller de Presidencia y portavoz del Govern desde el día 14 de julio de 2017. Y según 
establece  el  art.  2.4  EAC:  «[l]os  poderes  de  la  Generalitat  emanan  del  pueblo  de 
Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la 
Constitución».
A su vez, el art. 3 EAC dispone, en su apartado uno, que «[l]as relaciones de la 
Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de lealtad institucional mutua y 
se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de 
autonomía, por el de bilateralidad y por el de multilateralidad», mientras que, en su 
apartado segundo, se estatuye que «Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión 
Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los 
principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos».
Conforme a la normativa expuesta, se colige sin dificultad que el demandante venía 
obligado a ejercer el cargo de conseller conforme al marco normativo enunciado. Ello 
implica  que  debía  cumplir  las  obligaciones  inherentes,  de  manera  principal,  el 
acatamiento de la Constitución y de las decisiones de su supremo intérprete. Ese deber 
especial de acatamiento ha sido reconocido por este tribunal, como así lo refleja el 
ATC 24/2017, FJ 8:
«El deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos ‘constituye 
un  soporte  esencial  del  funcionamiento  del  Estado  autonómico  y  cuya  observancia 
resulta obligada’ (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4).»
Recae  así  «sobre  los  titulares  de  cargos  públicos  un  cualificado  deber  de 
acatamiento a dicha norma fundamental, que no se cifra en una necesaria adhesión 
ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de 
acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico […]. Que esto sea así 
para todo poder público deriva, inexcusablemente, de la condición de nuestro Estado 
como  constitucional  y  de  Derecho».  Por  tanto,  «el  ordenamiento  jurídico,  con  la 
Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la 
democracia, sino como su garantía misma» (STC 259/2015, FFJJ 4 y 5).
Como advertimos también en la STC 259/2015, «[e]n el Estado social y democrático 
de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad 
democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda», pues la legitimidad 
de cualquier actuación del poder público se basa en su conformidad con la Constitución, 
que tiene, precisamente, su fundamento en el principio democrático (art. 1.1 CE). De 
modo que «la primacía incondicional de la Constitución es garantía de la democracia  e
tanto por su fuente de legitimación y por su contenido como por la previsión misma de  bo
procedimientos para su reforma» (STC 259/2015, FJ 5). 57ww
dereAcshío sp ufuens,d acmonefnotramlees  ap alraa  doobcjetrtianra  lat raannsticjurritiad icnidoa dc adbee  lap rceotenxdtuacr tae l deejle drceimcioa nddea nltoes, 
pauuetosntoó mqiuceo  ninincguúmnp dlae rlaesc hoob dligea ecsioan neas tuqruaele lzaa p lreogpitiaim Ca oqnuseti teulc tióitunl aler  dime puonn ep:o ednetrr ep úeblllaicso, 
el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal (art. 87.1 LOTC), al igual que las 
dictadas por los jueces y tribunales (art. 118 CE).
El argumento expuesto también resultaría aplicable en relación con el supuesto 
favorecimiento del ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos que 
acudieron a votar el día 1 de octubre de 2017, algunos de los cuales participaron en los 
enfrentamientos con las fuerzas policiales que se detallan. El demandante era titular de 
un  poder  público  autonómico;  y  en  ejercicio  de  ese  poder  realizó  una  actividad 
frontalmente contraria a Derecho, puesto que se sirvió de los ciudadanos que acudieron 
a votar para desbordar «tumultuariamente» las defensas de la legalidad establecidas por 
el Estado de Derecho. Por tanto, debemos rechazar que, so pretexto de facilitar el 
ejercicio  de  esos  derechos,  estuviera  legitimado  para  incumplir  las  obligaciones 
inherentes al cargo que desempeñaba.
Si  lo  ya  expuesto  sirve  para  rechazar  que  la  actuación  del  recurrente  pudiera 
acogerse a la exención de responsabilidad penal que proclama el art. 20.7 CP, tampoco 
cabe apreciar el denominado «efecto desaliento», bajo el alegato de que las penas 
impuestas desincentivan el ejercicio de esos derechos. La conducta del recurrente no 
constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de derechos fundamentales 
pues, como así se recoge en la sentencia, lo que aquel pretendía era neutralizar las 
decisiones  adoptadas  por  este  tribunal  y  los  órganos  judiciales  sirviéndose  de  la 
movilización ciudadana para ese propósito. Por ello, tal conducta queda al margen del 
ejercicio de los mencionados derechos, de manera que no puede ampararse en un 
eventual «efecto desaliento» para tildar de desproporcionadas las penas impuestas.
Por  todo  lo  razonado,  se  desestiman  las  quejas  de  vulneración  del  derecho 
reconocido en el art. 25.1 CE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Turull i Negre.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintidós de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso 
de amparo avocado núm. 1403-2020
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a la  s
legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal  oe.
(art. 17.1 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de reunión (art. 21 CE), por haberse  w.
irpmeospspueoeens dutoen rau  naina d lapused namab uledc ehcsaapslri docapudoe rsctétioiconnnaiecdsaa  .py E laplnlootne neao d daoesb , sreetalnine tvreee,  laeecnl ióteensn fduceeomrnz oous n dq eual esT urlnaibt ous nedanelt e pnuacnriaaa    2021-8357n https://ww
complejidad  técnica  muy  por  encima  de  la  media.  Este  voto  particular  en  nada
desmerece ese trabajo ni la argumentación con la que muestra su acuerdo la mayoría  Bc
del Pleno, pero sí se expresa con la intención de poner de manifiesto la posibilidad, 
técnica también, de formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas 
impuestas, más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad y en 
sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países 
de la Unión Europea. Una visión del principio de legalidad que encuentra su articulación 
óptima en la preservación del Estado de Derecho.
1.  Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por el recurrente 
respecto del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que ha culminado con su condena a doce años de prisión y otros tantos de 
inhabilitación absoluta por la comisión de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 
CP en concurso medial del art. 73.2 CP con un delito de malversación de caudales 
públicos del art. 432.1 y 3 CP. Nuestro principal desacuerdo con la posición mayoritaria 
en  la  que  se  sustenta  la  sentencia  radica  en  lo  que  consideramos  un  análisis  de 
constitucionalidad y una resolución final de la invocación del derecho a la legalidad 
sancionadora, especialmente en la proyección del principio de proporcionalidad penal a 
la cuantificación de la pena realizada por el órgano judicial sentenciador, alejado de la 
que consideramos una visión más flexible del principio de legalidad penal. Flexibilidad 
que, a su vez, asociamos a una perspectiva en la que la defensa del Estado de Derecho 
y de los principios asociados a esta noción básica de las democracias modernas deben 
conjugarse con una protección y garantía de los derechos fundamentales incluso de 
quienes no comparten la misma visión del respeto al Estado de Derecho.
Un  análisis  alternativo,  que  nosotros  consideramos  de  mayor  corrección 
constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional y europeo 
de los derechos humanos, hubiera debido desembocar, tal como sostuvimos en la 
deliberación,  en  una  sentencia  estimatoria.  Esta  sentencia,  sin  negar  la  eventual 
relevancia penal de la conducta enjuiciada, hubiera debido acordar la necesidad de una 
cuantificación de la pena acorde con el principio de proporcionalidad penal en atención a 
la gravedad de la conducta enjuiciada y a su vinculación con el contexto del ejercicio de 
derechos fundamentales sustantivos.
2.  El proceso argumental que nos ha llevado a defender esta posición durante la 
deliberación exige, por la interrelación que hay entre muchos de los aspectos alegados 
bajo la invocación del derecho a la legalidad penal y su conexión con otros derechos 
sustantivos, que se aborden, a pesar de que no se discrepe con la fundamentación ni la 
solución aportada a todos ellos, las siguientes garantías del principio de legalidad penal: 
(i) el principio de taxatividad en la configuración legal del delito de sedición; (ii) el 
principio de prohibición de interpretación extensiva o analógica en la aplicación judicial 
del delito de sedición; (iii) el principio de proporcionalidad penal en la configuración legal 
del delito de sedición; y (iv) el principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de 
la pena en el momento judicial de su aplicación.
I.  Sobre el cumplimiento del principio de taxatividad en la configuración legal del 
delito de sedición.
3.  El recurrente fundamentó una de las invocaciones del derecho a la legalidad 
penal (art. 25.1 CE) en la eventual vulneración del principio de taxatividad o certeza en la 
configuración del delito de sedición, con el argumento de que los elementos que delinean 
este tipo penal resultan indeterminados y de difícil aprehensión para el ciudadano, quien 
no podría, en consecuencia, ordenar su comportamiento con la previsibilidad necesaria  e.
para no incurrir en una conducta delictiva. Esta invocación ha sido rechazada por la  w.
posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia argumentando que la conducta  57ww
sancionada resulta reconocible con un razonable grado de claridad.
com4o.  poEnne  tédrem imnoasn ifgieesnteor apleasrt ee sdtea mlao sd odcet riancau eprednoa lcisotna , elsat as oclouncicóluns inóon . ePrae rcol,a rtaa l nyi 
inequívoca desde el principio. Esta falta de certeza, sobre la que reflexiona y resuelve en
extenso la sentencia de la mayoría, con una argumentación sumamente lógica, es un 
punto determinante para la posterior aplicación del principio de proporcionalidad. Es 
decir, sin discrepar de la subsunción ni los argumentos de la mayoría a este respecto, se 
puede admitir la existencia de dudas notables, y ello posee relevancia para el posterior 
análisis de la garantía de proporcionalidad penal. Por estas razones exclusivamente, los 
párrafos que siguen hacen patente la relativa indeterminación de la descripción de la 
conducta  sancionada  en  el  delito  de  sedición.  El  delito  de  sedición  se  configura 
legalmente a partir de elementos de un fuerte carácter normativo que, frente a aquellos 
de carácter descriptivo, tienen una más difícil aprehensión por parte del ciudadano. Los 
elementos  de  carácter  normativo  aparecen  de  manera  muy  señalada  en  todos  los 
aspectos esenciales delimitadores de la conducta sancionada, ya que están presentes 
tanto para describir la acción típica –alzamiento público y tumultuario–, como el medio 
comisivo –fuerza o fuera de las vías legales– o la finalidad perseguida –impedir la 
aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el 
legítimo  ejercicio  de  sus  funciones  o  el  cumplimiento  de  sus  acuerdos  o  de  las 
resoluciones administrativas o judiciales–. Estos elementos, al deber ser interpretados 
por parte de los aplicadores del derecho no a partir de su directa comprensión en el 
lenguaje común, sino mediante un proceso interpretativo más complejo en que influyen 
criterios que trascienden de los meramente gramaticales, implican un mayor grado de 
imprevisibilidad en su aplicación para el ciudadano.
Tampoco  cabe  ignorar  en  este  sesgo  de  relativa  indeterminación  del  delito  de 
sedición algunos aspectos sistemáticos como son: (i) La referencia expresa que se hace 
en la tipificación de este delito en el art. 544 CP a «sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión», la cual pone de manifiesto una voluntad legislativa de que, en última instancia, 
el delito de sedición se configure como un escalón inmediato inferior de responsabilidad 
o residual en relación con el delito de rebelión o, como lo describe la posición mayoritaria 
en la que se sustenta la sentencia, una posición subsidiaria. (ii) La íntima conexión que 
guarda el delito de sedición con otros tipos penales que se sancionan dentro del título 
relativo a los delitos contra el orden público, como se refleja en que (a) la acción pública 
y tumultuaria con fines de alteración de la paz pública es también parte de la descripción 
típica del delito de desórdenes públicos del art. 557 CP y (b) la finalidad de impedir el 
cumplimiento  de  acuerdos  o  resoluciones  administrativas  o  judiciales  es  también 
elemento constitutivo de los delitos de desobediencia de los arts. 410 y 556.1 CP.
Esta relativa indeterminación del delito de sedición parece que resulta difícilmente 
rebatible.  A  esos  efectos,  cabe  destacar  que  el  Ministerio  Fiscal  ante  el  Tribunal 
Constitucional, al afirmar que «el déficit de taxatividad que imputa al tipo penal de 
sedición del art. 544 CP, queda conjurado por la propia interpretación que de los términos 
a  los  que  atribuye  la  indeterminación  han  sido  precisados  por  el  propio  Tribunal 
Supremo»,  viene  a  reconocer  implícitamente  que  la  selección  legislativa  de  los 
elementos configuradores a través de los cuales se ha descrito la conducta sancionada 
en  el  delito  de  sedición  implica  una  situación  deficitaria  en  términos  de  certeza  o 
previsibilidad de la reacción penal necesitada del complemento de la jurisprudencia. Lo 
mismo cabe decir respecto de la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia 
y las propias resoluciones judiciales impugnadas en que también se afirma que las 
objeciones  de  taxatividad,  en  línea  con  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos  Humanos  en  la  materia,  quedan  enervadas  a  partir  de  la  labor  de 
interpretación jurisprudencial.
La  labor  interpretativa  complementaria  de  la  jurisprudencia  para  dar  el  debido  s
cumplimiento de la garantía de certeza se ve limitada en este caso dado el escaso  oe.
número de ocasiones en las que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de  w.
analizar este delito. Así se acredita en la propia sentencia impugnada que cita como  57ww
úqnuiec,o e pnr eacneádliesnist ed ee nla s ure lgaubloarc ieóxne gdéetl icaart .d 2e1l 8a rdt.e 5l 4C4ó CdiPg ola P SeTnSa l ddee  1109 d7e3  ovcigtuebnrtee  deen  1a9q8u0e,l 
m«voamloer nhtoe,r mcoennfiérmutóic ola  ecso nmdeánsa  qpuoer  ulinm ditealditoo,  dael  sreedfeicriiórsne,  pae rou nd ea lratí cquuleo  rperceovnigoecnet eq»u e[ FsuJ   BOE-A-cable e
B).4.4]. La misma consideración podría hacerse de las SSTS de 3 de julio de 1991 y 11 
de  marzo  de  1994,  que  también  en  aplicación  de  dicho  precepto  ya  derogado 
confirmaron la absolución por el delito de sedición.
5.  En conclusión, si bien la configuración legal del delito de sedición supera a 
nuestro  juicio  el  estándar  constitucional  establecido  por  el  principio  de  taxatividad, 
interesa resaltar, por su trascendencia respecto de la aplicación de otras garantías del 
derecho a la legalidad penal, la presencia de rasgos de relativa incertidumbre para el 
ciudadano potencial autor de este delito derivados de (i) la alta presencia de elementos 
normativos en su configuración legal, (ii) la muy limitada posibilidad de que se pudieran 
aprehender  dichos  elementos  a  partir  de  una  previa  labor  complementaria  de  la 
jurisprudencia y (iii) la íntima conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad 
con el delito de rebelión y en su umbral inferior con otros delitos contra el orden público.
II.  Sobre el cumplimiento del principio de prohibición de interpretación extensiva o 
analógica en la aplicación judicial del delito de sedición.
6.  El recurrente fundamentó otra de las invocaciones del derecho a la legalidad 
penal  (art.  25.1  CE)  en  la  eventual  vulneración  del  principio  de  prohibición  de 
interpretación y aplicación analógica o extensiva del delito de sedición, con el argumento 
de que la labor de subsunción del órgano judicial había resultado constitucionalmente 
defectuosa en relación con diversos aspectos como eran (i) su relación de autoría con 
los hechos considerados sediciosos –los producidos el 20 de septiembre de 2017 en la 
Consejería  de  Economía,  con  ocasión  de  la  diligencia  judicial  que  se  estaba 
desarrollando  allí,  y  el  1  de  octubre  de  2017,  con  ocasión  de  la  celebración  del 
denominado referéndum–; (ii) la propia consideración como sediciosos de los hechos 
que tuvieron lugar ambos días; y (iii) la ausencia de un propósito de que existiera una 
actuación de enfrentamiento violento en la jornada del 1 de octubre de 2017.
Esta invocación ha sido rechazada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia argumentando que, con carácter general, la sentencia impugnada, con un 
razonable grado de concreción, ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar la 
existencia  de  la  infracción  penal  tanto  en  relación  con  los  actos  constitutivos  del 
«alzamiento tumultuario», que exige el tipo penal, como respecto del desarrollo de la 
estrategia ideada por los acusados que sustentan su autoría.
En concreto, respecto de la consideración del recurrente como autor de un delito de 
sedición, se afirma que, si bien no existe un juicio singularizado de autoría que le vincule 
con los incidentes del 20 de septiembre de 2017, en la resolución judicial impugnada se 
establece que su responsabilidad se deriva de que, en su condición de miembro del 
Govern, su conducta de propiciar la derogación de hecho de leyes vigentes y válidas 
para  sustituirlas  por  otras  no  válidas  y  la  movilización  de  ciudadanos  para 
comportamientos tumultuarios obstativos de la ejecución de órdenes jurisdiccionales, le 
resulta objetivamente imputable como miembro del colectivo, en cuanto garante de la 
indemnidad del bien jurídico protegido por el delito de sedición.
Por  su  parte,  respecto  de  la  consideración  como  sediciosos  de  los  hechos 
acontecidos, se reproducen los argumentos utilizados en el auto impugnado del Tribunal 
Supremo desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, entre los que se puede 
destacar que (i) para satisfacer las exigencias del tipo penal de sedición es suficiente el 
«extravío –actuar fuera de las vías legales–, del procedimiento ordenado a los ilícitos e 
inconstitucionales objetivos»; y (ii) la interpretación del tipo no criminaliza como sedición  s
supuestos de actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de órdenes  oe.
judiciales,  cuya  acotada  dimensión  en  modo  alguno  pone  en  cuestión  el  Estado  w.
qedule aimstiaoeqcroruánet  icydo ac,ro  stnoinsdiogo usqi ueloens tle oc  eijuufedzcagtdaivadono o reiser saeg s«opq apuñaeor alae les el,  xmintrocadlvuoíiod d odesem llo opscr rodácetei cdloaim  dcieoe mnctouonn vsidievagedun icedinoa   qsqeuu eeu  nsseee    2021-8357n https://ww
integran los movilizados».
Por último, en relación con la relevancia de las llamadas a actitudes pacíficas del 
recurrente, la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia también incide en 
que, si bien en la sentencia impugnada se reconoce el valor positivo de las llamadas a la 
calma, a la serenidad y al civismo por parte del demandante, dicha resolución también 
descarta  que  puedan  tener  un  significado  excluyente  de  la  antijuridicidad  o  de  la 
culpabilidad respecto de una conducta que estuvo siempre tendencialmente ordenada a 
hacer realidad un referéndum judicialmente prohibido.
7.  La argumentación desarrollada por la posición mayoritaria en la que se sustenta 
la sentencia, no siendo irrazonable, podría haber sido diversa al valorar la aplicación del 
principio de prohibición de la analogía del tipo penal de sedición, porque también aquí 
cabían dudas lógicas.
Son  fundamentadas  las  dudas  sobre  la  construcción  de  la  responsabilidad  por 
autoría que se ha desarrollado en la sentencia impugnada con el argumento de una 
supuesta posición de garantía solidaria de todos los miembros del Govern por su mera 
condición de tales, especialmente en relación con los hechos del 20 de septiembre 
de 2017, por tratarse de una manifestación convocada por diversas organizaciones de la 
sociedad civil, en principio ajena a la labor de decisión política o administrativa del 
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña. Estas dudas son más relevantes si 
cabe en lo que respecta al recurrente en tanto que las propias resoluciones impugnadas 
reconocen, por un lado, su incorporación tardía al Govern –julio de 2017– y, por otro, 
afirman que esto no era un obstáculo en atención a la categoría dogmática de la autoría 
por adhesión o autoría sucesiva. Esto es, en el caso del recurrente la relación de autoría 
se constituye judicialmente a partir de la superposición de una supuesta posición de 
garantía solidaria de todos los miembros del Govern con la idea de una autoría sucesiva 
al propio diseño de la concertación de voluntades, lo que determina una seria debilitación 
de la previsibilidad de la relación de autoría por este delito.
También son aceptables las dudas relativas a que los actos del 20 de septiembre y 1 
de  octubre  de  2017  representen  actos  típicos  de  alzamiento  público  y  tumultuario 
desarrollados a partir de conductas de fuerza o vías de hecho. Es laxa la interpretación 
de estos medios comisivos realizada por las resoluciones judiciales impugnadas como 
sinónimos de «extravío procedimental». Admite dudas proyectar la idea de alzamiento 
tumultuario  sobre  dichas  movilizaciones.  Los  acontecimientos  del  20  de  septiembre 
de 2017 se desarrollan en el curso de una concentración por lo que, en principio, se 
encuentran  amparados  en  el  ejercicio  del  derecho  de  reunión,  sin  perjuicio  de  los 
excesos en los que algunos manifestantes pudieran haber incurrido en el ejercicio de 
este derecho. En relación con la multitudinaria movilización ciudadana del día 1 de 
octubre de 2017, los incidentes que se produjeron, aunque importantes, tuvieron carácter 
aislado, por lo que no resulta fácil atribuir a esa movilización ciudadana que tuvo lugar 
ese día con el fin de ejercer un supuesto derecho de voto elementos tumultuarios.
Por otra parte, si en los términos exigidos por el órgano judicial, el delito de sedición 
no criminaliza meros actos colectivos de ciudadanos intentando el incumplimiento de 
órdenes  judiciales,  sino  «el  ataque  y  consiguiente  efectivo  riesgo  para  el  modo 
democrático de convivencia que se quisieron dar todos los ciudadanos españoles», 
tampoco cabría prescindir de otras consideraciones, reconocidas en las resoluciones 
impugnadas, que (i) ponen de manifiesto el muy alto control institucional que el propio 
sistema democrático tenía sobre los riesgos pretendidos o generados con estos actos 
colectivos, singularmente la suspensión de cualquier tipo de eficacia de la normativa que 
pretendía dar legitimidad al denominado referéndum del 1 de octubre de 2017 y de los  e.
resultados  de  dicho  referéndum;  y  (ii)  reconocen  que  la  pretensión  real  de  los  w.b
condenados «era presionar al Gobierno de la Nación para negociar un referéndum, este  57ww
ssíu, bssuusncceiópnti bdleel  ddee lihtoo mdeo losegdaicciióónn» e. nA mtabnotos  qausep escetrovsir íasonn p arerale vparonyteesc taern  sleor iaresl adtuivdoa sa  dlea 
jtuipdicicidiaal,d  ded ela  lae xcisotenndcuicat ad er eusnp eecfetoc tidvoe  rliae sgeoxi gpeanrac iae,l  sriescteomnoac iddeam poocrr áeticl op, rcoupaion dóor g(ia) nlao 
pretensión real no era la declaración unilateral de independencia sino la presión política
para poder conseguir, en su caso, dicha pretensión por procedimientos homologados por 
el actual régimen constitucional, y (ii) cuando, en su caso, dichos riesgos estaban 
controlados  mediante  los  instrumentos  establecidos  en  el  ordenamiento  jurídico  del 
propio sistema democrático.
Por  último,  también  genera  dudas  consistentes  el  hecho  de  que  la  reconocida 
existencia de los llamamientos de, entre otros, el recurrente a que cualquier acto público 
se desarrollara sin elementos de violencia o enfrentamiento se considere absolutamente 
irrelevante  en  el  contexto  de  enjuiciamiento  del  delito  de  sedición.  De  hecho,  la 
resolución judicial impugnada lo que afirma es que esa actitud proactiva en favor de un 
desarrollo pacífico de cualquier manifestación pública no puede tener un significado 
«excluyente» de la antijuridicidad o de la culpabilidad, pero eso no prejuzga que pudiera 
tener  una  significación  «atenuadora»  o  que  fuera  irrelevante  en  términos  de 
cuantificación de la pena.
8.  Estas valoraciones no permiten descartar a priori la invocación del principio de 
prohibición de la analogía en la aplicación de los tipos penales. La conducta enjuiciada 
podría haber tenido un encaje natural en otros tipos penales como los desórdenes 
públicos o la desobediencia. No obstante, aun pudiendo concluirse que las labores 
interpretativa y subsuntiva del delito de sedición en este caso se han conducido con un 
grado de previsibilidad suficiente para colmar el estándar del principio de prohibición de 
la analogía, sin embargo, por su trascendencia respecto de la aplicación del principio de 
proporcionalidad  penal,  deben  destacarse  determinados  aspectos  esenciales  en  el 
proceso argumental para la desestimación de esta vulneración.
Así,  es  relevante  que,  (i)  desde  la  perspectiva  de  la  acción  típica,  se  haya 
interpretado y considerado concurrente un alzamiento público y tumultuario, a partir de la 
idea  de  actos  públicos  cívicos  multitudinarios  con  incidentes  aislados;  (ii)  desde  la 
perspectiva de los medios comisivos, se haya interpretado y considerado concurrente el 
uso de fuerza o fuera de las vías legales, a partir de la idea de «extravío procedimental»; 
(iii)  desde  la  perspectiva  del  resultado  típico,  se  haya  considerado  concurrente  la 
existencia de un efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia a partir de 
situaciones que estaban controladas mediante instrumentos legales y cuyo objetivo era 
ejercer  presión  política  para  posibilitar  la  búsqueda  de  vías  legales  de 
autodeterminación;  (iv)  desde  la  perspectiva  de  la  autoría,  se  haya  interpretado  y 
considerado  concurrente  la  responsabilidad  penal  del  recurrente  a  partir  no  de  su 
participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos, sino a partir de una 
genérica  posición  de  garante  por  formar  parte  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Generalidad que además era adhesiva por su tardía incorporación a dicho consejo; y (v) 
desde la perspectiva subjetiva, no se haya ponderado suficientemente la insistencia del 
recurrente  en  reiterados  llamamientos  a  que  los  actos  cívicos  multitudinarios  se 
desarrollaran de manera pacífica.
Todos  estos  aspectos  son  de  interés  para  el  ulterior  análisis  del  principio  de 
proporcionalidad penal, pues, aunque la interpretación y aplicación judicial del delito de 
sedición  pudiera  superar  el  estándar  constitucional  establecido  por  el  principio  de 
prohibición de la analogía, no puede obviarse que el órgano judicial optó en esta labor de 
interpretación y subsunción por entender responsable penal al recurrente en virtud de 
unos hechos y participación en ellos que se sitúan en lo que se podría considerar el 
umbral mínimo de tipicidad del delito de sedición en atención a los medios comisivos 
utilizados,  las  conductas  desarrolladas,  la  afectación  al  orden  público,  el  grado  de 
participación y la actitud proactiva en favor de que toda la movilización fuera pacífica. En  e.
última instancia, si estas consideraciones no han tenido una traducción en términos de  w.b
su  subsunción  en  delitos  de  una  inferior  gravedad  –desórdenes  públicos  o  57ww
pdreospoobrecdioiennacliidaa, dp poer neajle, mqupelo d–e bsaí nr etesnueltra  une xriegfilbeljeo  ecno nlas tictuucainotnifaiclmaceiónnte d ee nla  tpéermnain doesn tdroe 
de su calificación como delito de sedición.
III.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
configuración penal del delito de sedición.
9.  El recurrente, de manera conjunta con la invocación del principio de taxatividad 
por la falta de certeza de los elementos del delito de sedición, incluyó una directa 
referencia  a  la  eventual  vulneración  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
configuración legal de este delito, al alegar que el delito de sedición (i) se sanciona con 
unas penas privativas de libertad elevadas y (ii) la conducta tipificada puede implicar una 
restricción  de  los  derechos  de  reunión  pacífica,  libertad  de  expresión  y  libertad 
ideológica, provocando con ello un efecto desincentivador de tales derechos.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, en respuesta a esta 
invocación, incluye una transcripción del fundamento jurídico 23 de la STC 136/1999, 
de 20 de julio (asunto mesa de Herri Batasuna), en que se destacan los dos aspectos 
siguientes: (i) El amplio margen de libertad del legislador penal para la configuración de 
los tipos y la cuantificación de las penas producto de un complejo juicio de oportunidad. 
(ii) La limitación del control de constitucionalidad en esta materia a la verificación de que 
no se produzca un patente derroche inútil de coacción que convierta la norma en 
arbitraria y que socave los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de 
la persona y al Estado de Derecho. A estos efectos, se debe indagar sobre (a) si los 
fines de protección de la norma penal son relevantes; (b) si la medida era idónea y 
necesaria para alcanzar esos fines de protección, por no ser manifiestamente suficientes 
medios alternativos; y (c) si el precepto es desproporcionado desde la perspectiva de la 
comparación entre la entidad del delito y la entidad de la pena.
A partir de ello se aborda la resolución de esta invocación concentrando toda la 
argumentación en destacar que el delito de sedición no supone una restricción de los 
derechos fundamentales de reunión y libertades de expresión e ideológica, puesto que 
no castiga la movilización masiva de personas, cuyo propósito consista en exteriorizar de 
manera  pacífica  una  protesta,  ya  que  exige  que  se  conduzca,  al  menos,  por  vías 
extralegales y que, con ello, se persiga algunas de las finalidades netamente contrarias 
al funcionamiento medular del Estado de derecho que el precepto detalla, por lo que se 
delimitan medios y fines cuya sanción no afecta al ejercicio legítimo de ningún derecho 
fundamental reconocido por la Carta Magna, lo que excluye su lesión o un eventual 
efecto desaliento en su ejercicio.
Al margen de la ausencia de una respuesta expresa a la concreta invocación de la 
ausencia de proporcionalidad de la pena prevista en el delito de sedición –que solo 
podría entenderse implícita en el resumen jurisprudencial que se hace de la citada 
STC 136/1999–, existen tres aspectos que a nuestro juicio deberían haber sido objeto de 
un  tratamiento  más  detenido  por  su  relevancia  para  dar  una  respuesta  más 
fundamentada a esta invocación. Estos aspectos son: (i) un análisis más en profundidad 
del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la  jurisprudencia  constitucional;  (ii)  una 
exposición más detallada de la jurisprudencia establecida en la STC 136/1997 como 
precedente más relevante para la resolución de la invocación; y (iii) el tratamiento del 
principio  de  proporcionalidad  penal  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
10.  La resolución de la invocación del principio de proporcionalidad penal en la 
configuración del delito de sedición hubiera exigido un análisis más en profundidad del 
tratamiento que la jurisprudencia constitucional ha dedicado a este principio. La mera 
exposición –parcial, en relación con lo que después se dirá– de la STC 136/1999 refleja  e
una visión jurisprudencial pretendidamente unitaria o monolítica que no se adecua a la  bo
realidad de una jurisprudencia constitucional más matizada y en la que cabe apreciar  57ww
hdaesl tsaig duoiesn tceo rmrioednote:s o posiciones en convivencia simultánea, que se pueden concretar
(i)  La inicial posición del tribunal respecto de la eventual existencia de un principio
de proporcionalidad penal estaba presidida por dos ideas fundamentales: (a) negar su
conformación como una garantía reconocida en alguno de los derechos fundamentales 
alegables en amparo, especialmente en el art. 25.1 CE; y (b) ubicar de manera residual 
los supuestos de desproporción penal evidente en la configuración de los tipos penales 
como actuaciones legislativas contrarias a los principios de justicia (art. 1.1 CE) y de 
respeto  a  la  dignidad  humana  (art.  10.1  CE)  con  una  posibilidad  de  control  de 
constitucionalidad muy debilitada y excepcional.
En ese sentido, la STC 65/1986, de 22 de mayo, es categórica al afirmar que «en 
principio, el juicio sobre proporcionalidad de la pena, prevista por la ley con carácter 
general, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la misma, es de 
competencia del legislador. […] Consecuentemente, no cabe deducir del artículo 25.1 de 
la Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la 
pena con la gravedad del delito» (FJ 3). En relación con ello, en el fundamento jurídico 2, 
se hacía una consideración general sobre que «el principio de proporcionalidad de la 
pena  pueda  considerarse  consagrado  por  otros  preceptos  constitucionales. 
Especialmente los que constituyen a España como Estado de Derecho y proclaman la 
justicia como valor superior de su ordenamiento jurídico (art. 1) y el que establece que la 
dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes son fundamento del 
orden político y de la paz social (art. 10)». En consolidación de esta posición acudieron 
las SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6, y 150/1991, de 4 de julio, FJ 4.
Esta corriente es la que se ha asentado en relación con las invocaciones del principio 
de proporcionalidad sancionadora en el ámbito del derecho administrativo sancionador 
[así, por ejemplo, ATC 145/2015, de 10 de septiembre, FJ 4, o STC 13/2021, de 28 de 
enero,  FJ  5  b)],  sin  duda  por  la  imposibilidad  de  que  en  estos  casos  exista  una 
vinculación de la proporcionalidad penal con una eventual limitación del derecho a la 
privación de libertad.
(ii)  La  anterior  posición  jurisprudencial  sufrió  un  importante  giro  con  la 
STC 55/1996, de 28 de marzo, que aborda el principio de proporcionalidad penal, aun 
pretendiendo  mantener  una  cierta  línea  continuista,  desde  una  perspectiva 
completamente diferente caracterizada por los tres criterios siguientes: (a) el principio de 
proporcionalidad no es un canon autónomo; (b) el principio de proporcionalidad penal 
está conectado con el principio general de proporcionalidad vinculado a los derechos 
fundamentales; y (c) la fundamentación del principio de proporcionalidad penal se integra 
por la relación con la eventual restricción de derechos fundamentales en que pueda 
consistir la conducta sancionada o, más claramente, con la consecuencia jurídica de 
privación de libertad que implica, pero con un reconocimiento natural en el art. 25.1 CE, 
lo que permite hacer operativo y normalizado un control de constitucionalidad también en 
vía de amparo de este principio.
Así, cabe destacar, respecto del criterio (a), la afirmación de que «el principio de 
proporcionalidad no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de 
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto 
de otros preceptos constitucionales. […] Dicho con otras palabras, desde la perspectiva 
del  control  de  constitucionalidad  que  nos  es  propio,  no  puede  invocarse  de  forma 
autónoma y aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe analizar en abstracto si una 
actuación de un poder público resulta desproporcionada o no. Si se aduce la existencia 
de desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida esta 
afecta  al  contenido  de  los  preceptos  constitucionales  invocados:  solo  cuando  la 
desproporción  suponga  vulneración  de  estos  preceptos  cabrá  declarar  la 
inconstitucionalidad» (FJ 3). s
Respecto de los criterios (b) y (c), la afirmación más destacada es que «el ámbito en  oe.
el  que  normalmente  y  de  forma  muy  particular  resulta  aplicable  el  principio  de  w.
proporcionalidad es el de los derechos fundamentales […]. Esta es, pues, la perspectiva  57ww
ldeeg iesnlajudiocria emniteranñtoa  quune s daecrbifeicmioo sd easdporpotpaor racqiounía, daon adleiz alonsd doe srie lcah soasn dceió lnib eesrttaadb liedceiodlaó gpiocra  eyl 
pdreiv alibceiórnta dd ep leibresortnaadl ,r edmeriteec hnoa tuersatlem eúnlttiem oa l qaurte.  2in5v.1o cCaEd»o  (eFnJ  3e)l . cDoen teesxeto  mdoed op,e enna se sdtae   BOE-A-cable e
resolución se analiza el cuestionamiento del entonces delito de insumisión –negativa a 
cumplir el servicio social sustitutorio al servicio militar– por falta de proporcionalidad 
penal, abordando tanto la restricción que podía suponer de la libertad ideológica (FJ 5), 
como especialmente y de manera muy extensa el derecho a la libertad aplicando el test 
general de proporcionalidad en su dimensión de finalidad perseguida por la sanción 
(FJ 7), necesidad de la sanción penal (FJ 8) y adecuación cuantitativa de la pena (FJ 9).
Esta posición jurisprudencial tuvo una inmediata proyección en la STC 136/1999, 
de 20 de julio, que es el único supuesto en que hasta ahora se ha estimado un recurso 
de amparo por vulneración del principio de proporcionalidad penal en la configuración 
legislativa  de  un  tipo  penal,  y  fue  seguida  posteriormente  en  el  análisis  de 
constitucionalidad de las invocaciones de falta de proporcionalidad penal en relación con 
los diversos delitos de violencia de género (así, por ejemplo, AATC 233/2004, de 7 de 
junio, y 332/2005, de 13 de septiembre; o SSTC 99/2008, de 24 de julio; 45/2009, de 19 
de febrero; 127/2009, de 26 de mayo, o 60/2010, de 7 de octubre).
11.  En los términos ya mencionados, el análisis que se hace por parte de la 
posición mayoritaria de la STC 136/1999 a nuestro juicio no desarrolla con la debida 
atención dos criterios centrales que conforman parte de la posición del tribunal respecto 
del principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa de los tipos penales 
y que son de interés para la resolución del presente recurso de amparo:
(i)  La STC 136/1999, como planteamiento central y a los efectos de establecer el 
encaje constitucional del principio de proporcionalidad penal –en aquel caso en relación 
con el delito de colaboración con banda armada–, asume los planteamientos de la 
STC 55/1996 y subraya que dicho principio está vinculado tanto a la restricción que 
puede suponer el tipo penal de determinados derechos fundamentales por la conducta 
sancionada como a la restricción que supone la imposición de una pena privativa de 
libertad y, por tanto, que ambos aspectos pueden ser objeto de análisis en vía de amparo 
bajo  la  invocación  del  art.  25.1  CE  en  relación  con  los  derechos  fundamentales 
sustantivos concernidos.
Así, en esta resolución se afirma que «en materia penal, ese sacrificio innecesario o 
excesivo de los derechos puede producirse bien por resultar innecesaria una reacción de 
tipo penal o bien por ser excesiva la cuantía o extensión de la pena en relación con la 
entidad del delito (desproporción en sentido estricto). En esta materia, en la que la 
previsión y aplicación de las normas supone la prohibición de cierto tipo de conductas a 
través de la amenaza de la privación de ciertos bienes –y, singularmente, en lo que es la 
pena más tradicional y paradigmática, a través de la amenaza de privación de la libertad 
personal–, la desproporción afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio queda 
privado o restringido con la sanción. El contexto sancionador nos va a conducir con 
naturalidad del ámbito de la libertad personal (art. 17 CE) –cuando, como es ahora el 
caso, la pena sea privativa de libertad– al ámbito del principio de legalidad en materia 
sancionadora (art. 25.1 CE) (SSTC 55/1996, 161/1997, 61/1998), sin que, en conexión 
también con él, quepa descartar que quede también lesionado el derecho cuyo ejercicio 
quedaba  implicado  en  la  conducta  prohibida.  En  el  presente  caso  la  pretendida 
desproporción afectaría, pues, como hemos avanzado, al art. 25.1 CE en su relación con 
la libertad personal (art. 17 CE) y con las libertades de expresión y de información del 
art. 20 CE y la de participación en los asuntos públicos del art. 23 CE» (FJ 22).
(ii)  La  STC  136/1999  hizo  radicar  la  inconstitucionalidad  de  la  configuración 
legislativa del delito de colaboración con banda armada desde la perspectiva de la  e
cuantificación de la pena considerando los tres aspectos siguientes: (a) la conducta  bo
típica, si bien no suponía una limitación desproporcionada de los derechos a la libertad  57ww
ddeer eincfhoorms apcoiró nlo,  qeuxep reesstiaóbnl eoc epra urtnicaip paecnióans  peolelívtaicdaa, ss pí useed em uimepvelic aern  ulna  eófrebcittao  ddees adliicehnotos 
reens pqeucet,o a duen qsuue e ejel rtcipicoio p; e(bn)a le nseo  einffercintoja  dlae staalxieantitvoid paude, dseí  uvesers ec opnocteepntcoias dinod eente lroms incaadsooss 
que generen más incertidumbre; y (c) es precisa algún tipo de previsión legal que
permita  atemperar  la  sanción  penal  para  adecuar  su  cuantificación  a  este  tipo  de 
supuestos.
Respecto del aspecto (a), la STC 136/1999 afirma que «hemos reiterado que la 
difusión de estas ideas e informaciones y este modo de participación en la actividad 
política no constituye un ejercicio lícito de las libertades de expresión, de información y 
de participación política y, por ello, no están tuteladas por esos derechos constitucionales 
y por ello pueden ser objeto de sanción penal; sin embargo, también hemos señalado 
que es indudable que las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas 
e informaciones y constituyen una forma de participación política y, en consecuencia, una 
sanción  penal  desproporcionada  puede  producir  efectos  de  desaliento  respecto  del 
ejercicio lícito de esos derechos. En suma, aun admitiendo la legitimidad del recurso a la 
vía penal, la pena no puede proyectarse con la dureza que el tipo previene sobre la 
universalidad de los componentes del órgano dirigente de una asociación política que, si 
bien extralimitándose, han actuado en un ámbito en el que las formaciones políticas 
deben operar con la mayor libertad sin más limitaciones que las estrictamente necesarias 
para preservar la libertad de los ciudadanos» [FJ 29 c)].
Respecto del aspecto (b), la STC 136/1999 afirma que «finalmente debe tenerse en 
cuenta que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el presente en el que la 
relativa indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el punto de 
vista de la taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de 
unas ideas, la comunicación de una información o la participación en una determinada 
actividad pública es lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada. Esta 
incertidumbre puede inhibir de modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias 
para  el  funcionamiento  democrático  de  la  sociedad  y  radicalmente  imprescindibles 
cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y al momento en el que se dirigen a 
recabar la voluntad de los ciudadanos» [FJ 29 d)].
Respecto del aspecto (c), la STC 136/1999 afirma que «el precepto resulta, en 
efecto, inconstitucional únicamente en la medida en que no incorpora previsión alguna 
que hubiera permitido atemperar la sanción penal a la entidad de actos de colaboración 
con banda armada que, si bien pueden en ocasiones ser de escasa trascendencia en 
atención al bien jurídico protegido, no por ello deben quedar impunes. Expresado en 
otros términos, no es la apertura de la conducta típica de colaboración con banda 
armada la que resulta constitucionalmente objetable, sino la ausencia en el precepto de 
la  correspondiente  previsión  que  hubiera  permitido  al  juzgador,  en  casos  como  el 
presente, imponer una pena inferior a la de prisión mayor en su grado mínimo. A partir, 
por tanto, de la apreciación por parte de la Sala sentenciadora de que nos encontramos 
ante uno de los mencionados ‘actos de colaboración’ con banda armada, el precepto 
legal en cuestión hubiera debido permitir la imposición de una pena proporcionada a las 
circunstancias  del  caso:  no  habiéndolo  hecho  así,  el  reiterado  precepto  incurre  en 
inconstitucionalidad en el sentido que se acaba de indicar» (FJ 30).
12.  Un último aspecto de la mayor utilidad en la resolución de la invocación del 
principio de proporcionalidad penal en la configuración legislativa del delito de sedición 
hubiera  sido  profundizar  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este principio 
está  fundamentada  en  los  tres  aspectos  esenciales  siguientes:  (i)  El  principio  de 
proporcionalidad penal en cuanto a la determinación legislativa de la cuantificación de la 
pena vinculado a la afectación del derecho a la libertad no tiene un reconocimiento  e.
expreso entre las garantías del CEDH, singularmente el derecho la legalidad penal (art. 7  w.b
CEDH) y queda dentro del margen de apreciación nacional (así, STEDH de 9 de julio  57ww
edxet r2e0m1a3d, aams.e nVtien tdeer syp rootproosrc cio. nRaedian,o p Uodnriídao e, natpra. r1 e0n5 )j.u e(igi)o S, eonlo  scuu caansdoo,  llaa  psraonhcibióicni ófune drea 
opternoas sc i.n hRueminaon aUsn iddeol,  a§r t.1 032 C).E (DiiiH)  E(al spí,r inScTipEiDo Hd ed ep r9o pdoer cjuiolinoa ldidea 2d0 p1e3n, aals eunn toc uVainnttoe r ayl 
recurso  al  derecho  penal  vinculado  a  la  sanción  de  conductas  que  supongan  una
injerencia en el ejercicio de derechos fundamentales sustantivos queda incluido dentro 
de la protección dispensada a dichos derechos sustantivos en el CEDH.
Respecto  de  esto  último,  lo  más  significativo  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos  es  que,  con  carácter  general,  posibilita  un  control 
incluso abstracto y no solo aplicativo, cuando la configuración legislativa del tipo penal se 
hace de tal modo que no existe un ámbito de aplicación autónomo que no sea lesivo de 
dicho derecho. Ese control se ha realizado, por ejemplo, respecto del derecho a la vida 
privada (art. 8 CEDH) en relación con la sanción penal de determinadas relaciones 
íntimas entre personas del mismo sexo (así, SSTEDH de 22 de octubre de 1981, asunto 
Dudgeon c. Reino Unido; o 26 de octubre de 1988, asunto Norris c. Irlanda); o de 
carácter incestuoso (así, STEDH 12 de abril de 2012, asunto Stübing c. Alemania); o, 
respecto del derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH) en relación con la sanción 
de injurias a determinadas instituciones (así, STEDH de 25 de junio de 2002, asunto 
Colombani y otros c. Francia). Más allá de ello, si la conclusión es que dicha tipificación 
no vulnera en sí misma el derecho sustantivo concernido, la cuantificación abstracta de 
la pena no es controlable desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se remitiría 
a cada acto concreto de aplicación el análisis de si en las circunstancias del caso, por 
estar afectado el ejercicio de un derecho fundamental sustantivo, la sanción penal es 
desproporcionada en el sentido de que es innecesaria en una sociedad democrática, en 
cuyo caso se habría vulnerado dicho derecho sustantivo (así, por ejemplo, respecto de 
pronunciamientos que conciernen a España, SSTEDH de 15 de marzo de 2011, asunto 
Otegi Mondragón c. España; o de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura 
Capellera c. España).
13.  La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio 
de proporcionalidad penal resulta de especial interés tomando en consideración que el 
art. 49.3 CDFUE reconoce el principio de proporcionalidad penal como una garantía 
autónoma dentro del derecho a la legalidad penal, al establecer que «la intensidad de las 
penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción» y que, además, 
dicho precepto ha sido expresamente invocado por el recurrente en su demanda. A esos 
efectos, los aspectos centrales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre el particular son las siguientes:
(i)  Se trata de un principio penal autónomo e independiente con sustantividad 
propia (STJUE de 4 de octubre de 2018, asunto C-384/17, § 40-45), conforme al cual las 
sanciones previstas en una normativa no deben exceder de lo que resulta necesario para 
lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa y la gravedad de las 
sanciones  deberá  adecuarse  a  la  gravedad  de  las  infracciones  que  castigan, 
garantizando un efecto realmente disuasorio (SSTJUE de 16 de julio de 2015, asunto 
C.255/14, § 22-23; y de 11 de febrero de 2021, asunto C-77/20, § 37-38).
(ii)  La proporcionalidad de una sanción debe valorarse tanto desde la perspectiva 
del sacrificio que supone la conducta tipificada para los derechos del potencial autor 
(STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y acumulados, § 42) como desde 
la perspectiva de la repercusión de la sanción en el ejercicio de derechos (STJUE de 11 
de febrero de 2021, asunto C-77/20, § 54).
(iii)  La determinación de que una sanción es desproporcionada se vincula también 
con la posibilidad otorgada por la normativa de aminoraciones de responsabilidad o 
sustituibilidad de las sanciones (STJUE 12 de septiembre de 2019, asunto C-64/18 y 
acumulados, § 42-47). e
(iv)  La  proporcionalidad  penal  exige  que  se  individualice  el  grado  de  bo
responsabilidad  del  sujeto  cuando  actúa  en  conjunción  con  otros  responsables  en  57ww
4a1te1n-4ci1ó3n) .a su contribución al hecho (STGUE de 15 de julio de 2015, asunto T-418/10, §
14.  Los criterios operativos establecidos en la STC 136/1999 y la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea
determinan que no consideremos que en la configuración legal del delito de sedición se 
haya  vulnerado  el  principio  de  proporcionalidad  penal  ni  desde  el  potencial  efecto 
desaliento que podría generarse en el ejercicio de derechos fundamentales ni desde la 
perspectiva de la gravedad de la sanción privativa de libertad que comporta por las 
razones siguientes:
(i)  El delito de sedición establece en su configuración legislativa la sanción de 
conductas que pueden desarrollarse en la órbita del ejercicio de derechos fundamentales 
sustantivos,  singularmente  los  derechos  a  la  libertad  ideológica,  de  reunión  y  de 
participación política, que son los también alegados por el recurrente. Esto no determina, 
sin  embargo,  que  este  tipo  penal  sea  inconstitucional  en  su  actual  configuración 
legislativa, opinión que compartimos con la posición mayoritaria en la que se sustenta la 
sentencia. No cabe apreciar que, en sí misma considerada, la acción tipificada en el 
delito de sedición sea siempre y en todo caso una restricción ilegítima de derechos 
sustantivos sin espacio para la sanción de conducta por completo ajenas ya no solo al 
núcleo esencial de estos derechos sustantivos sino también a un ejercicio extralimitado 
que se mueva en su contexto.
No obstante, sí hay que dejar constancia de esa potencial conexión del delito de 
sedición  con  el  contexto  del  ejercicio  de  determinados  derechos  fundamentales 
sustantivos. Ese es un aspecto relevante que debe analizarse en el momento aplicativo 
por parte del órgano judicial penal en una doble dimensión: (a) en la verificación general 
–y previa a la propia labor de subsunción penal– de que en el caso concreto cualquier 
respuesta penal pueda resultar una injerencia desproporcionada por tratarse de una 
conducta que se desenvuelve dentro del ejercicio de un derecho fundamental o en su 
contexto, en cuyo caso dicha respuesta penal sería lesiva del derecho fundamental 
sustantivo concernido (así, por ejemplo, STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 5); y (b) en la 
verificación consecuente a la labor de subsunción penal de que –una vez acreditado que 
en el caso concreto la respuesta penal puede resultar una injerencia proporcionada por 
tratarse  de  una  conducta  que,  aun  desenvolviéndose  en  la  órbita  de  un  derecho 
fundamental, suponía el ejercicio ilegítimo de este– la respuesta penal no se imponga de 
una manera tan particularmente severa que pueda generarse un efecto desaliento en 
estos derechos, en cuyo caso esa cuantificación de la pena sería lesiva del principio de 
proporcionalidad penal como garantía del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1), 
en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE) y al derecho fundamental 
sustantivo concernido.
Por otra parte, el delito de sedición, como ya se ha expuesto, se configura con el uso 
de conceptos relativamente indeterminados y a partir de una relación sistemática con 
otros delitos tanto en su umbral superior de responsabilidad como inferior que, si bien no 
implican un nivel de vaguedad tal que permita concluir la vulneración del principio de 
taxatividad, sí le dota de un ámbito de incertidumbre que al ubicarse en el contexto del 
ejercicio de derechos fundamentales puede coadyuvar a un efecto desaliento en el caso 
de  que  se  haga  una  aplicación  sin  tomar  en  consideración  estos  aspectos  en  la 
cuantificación concreta de la pena por parte del órgano judicial.
(ii)  Las consecuencias jurídicas previstas para el delito de sedición, en principio, 
tampoco pueden ser consideradas como groseramente desproporcionadas en la medida 
en  que  el  legislador  ha  configurado  este  delito  incluyendo  previsiones  legales  que 
permiten atemperar la sanción penal para adecuar su cuantificación a la singularidad de 
cada conducta enjuiciada.
Se constata que, en sede de tipicidad, el tipo penal básico tiene un marco penal de  e.
cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación especial (art. 545.2 CP), de ocho a diez  w.b
años para los principales autores y de diez a quince años si los autores estuvieran  57ww
ceosntes tmituairdcoos  peenn aaul tpourieddaed  v(aerrts. e5 4re5d.1u cCidPo) . eNno u onbos toa ndtoes,  sger ahdao cso ensficgaulara deon  leelg caalmsoe ndtee  qquuee 
oncoa sseio hnaaydao  lllae gpaedrop eat reanctióonrp edcee or tdroe  duenl imtoo gdroa vgera (vaer te. l5 e4j7e rCciPci)o,  ldoe  qlau ea udteotreidrmadin paú qbulicea ( an)i 
para el tipo básico se pueda modular la pena con marcos penales de uno a dos años –si
se rebaja en dos grados– o de dos a cuatro años –si se rebaja en un grado–; (b) para la 
responsabilidad  de  los  principales  autores  se  pueda  modular  la  pena  con  marcos 
penales de dos a cuatro años –si se rebaja en dos grados– o de cuatro a ocho años –si 
se rebaja en un grado–; y (c) para la responsabilidad de quienes estuviesen constituidos 
en autoridad la modulación se puede hacer a partir de marcos penales de dos años y 
seis meses a cinco años –si se rebaja en dos grados– o de cinco a diez años –si se 
rebaja en un grado–.
Igualmente, es constatable la posibilidad de atemperación de la cuantificación de la 
pena por la comisión de este delito a través del juego de las circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal como pueden ser la eximente incompleta del ejercicio de un 
derecho  (art.  21.1,  en  relación  con  el  art.  20.7  CP),  o  la  atenuante  de  analógica 
significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en relación 
con los arts. 21.1 y 20.7 CP). En ambos casos, los arts. 68 y 66.1.2 CP posibilitan por la 
concurrencia de estas circunstancias modulaciones de la respuesta penal inferiores en 
uno o dos grados escala.
Llegado el caso, el propio Código penal admite otras formas, atípicas y diferidas, de 
posible atemperación que se ponen a disposición del órgano judicial como son las 
previstas en el art. 4.3 CP relativas a la posibilidad de que, cuando considere que una 
pena sea notablemente excesiva, acuda al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la 
modificación del precepto o la concesión de indulto.
15.  En conclusión, la configuración legislativa del delito de sedición penal tanto 
desde la perspectiva del potencial efectos desaliento que podría generarse en el ejercicio 
de derechos fundamentales como de la posibilidad efectiva que aporta para adecuar la 
cuantificación  de  la  pena  a  la  gravedad  de  la  conducta  no  permite  concluir  una 
vulneración  del  principio  de  proporcionalidad  penal,  sin  perjuicio  de  la  eventual 
vulneración que podría producirse de este principio en el momento aplicativo por parte 
del órgano judicial penal.
IV.  Sobre  el  cumplimiento  del  principio  de  proporcionalidad  penal  en  la 
cuantificación judicial de la pena.
16.  El recurrente hace una última invocación del derecho a la legalidad penal, 
alegando  que  el  órgano  judicial  le  ha  impuesto  una  pena  desproporcionada  a  la 
gravedad de la conducta (arts. 25.1 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 CDFUE) 
y que se lesionan además los derechos fundamentales a la libertad de reunión pacífica y 
a  las  libertades  de  expresión  e  ideológica  (arts.  16,  20  y  21  CE)  por  el  efecto 
desincentivador  que  genera  esa  severa  pena  en  el  ejercicio  de  esos  derechos 
fundamentales. A estos efectos, destaca aspectos como que la pena de doce años 
impuesta es similar a la aplicada por los delitos de homicidio o los más graves contra la 
libertad sexual o la libertad ambulatoria y que el órgano judicial no ha utilizado ninguna 
de las previsiones legales para adecuar la pena a la gravedad del hecho como eran las 
relativas a las formas imperfecta de ejecución, el tipo atenuado de sedición del art. 547 
CP,  o  las  circunstancias  genéricas  atenuadoras  de  la  responsabilidad  penal  por  la 
vinculación de los hechos al contexto del ejercicio de derechos fundamentales.
La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia rechaza esta invocación 
dividiendo  su  análisis  de  manera  diferenciada  entre  los  aspectos  relativos  a  la 
cuantificación de la pena privativa de libertad y los relativos a una eventual afectación a 
otros derechos fundamentales sustantivos. Respecto de lo primero, se afirma que (a) la  s
cuantificación de la pena no parte únicamente de la condena por un delito de sedición,  oe.
sino de su conjunción en concurso medial con un delito de malversación, castigado con  w.
ucoonbn jecmcuiaórrrnec onc copinaes ntdiatuel c dioleon sas le eaislle gmau neoanc;t ho(obs  ) aldañe olg sr,at ivppeood r adcdeu  dyaes  elcado iccniodónendn; uacy t eal(  csr)ee c aluacrsrre endptioteas  inabo ilp idaharadt ireh sde ec dhleoa    2021-8357n https://ww
atemperación de la respuesta penal vinculadas a las formas imperfectas de ejecución o
menos grave de este delito son cuestiones de legalidad penal. Respecto de la posible
afectación a derechos fundamentales sustantivos, se insiste en que la conducta del 
recurrente no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de derechos 
fundamentales, ya que su finalidad era neutralizar las decisiones adoptadas por el 
Tribunal Constitucional y los órganos judiciales mediante la movilización ciudadana, por 
lo  que  no  puede  alegarse  un  eventual  efecto  desaliento  para  considerar 
desproporcionadas las penas impuestas.
17.  Discrepamos  del  análisis  que  realiza  la  posición  mayoritaria  en  la  que  se 
sustenta la sentencia de esta invocación y de su conclusión de que no concurre una 
vulneración del principio de proporcionalidad penal en la cuantificación de la pena.
A los órganos judiciales penales les corresponde la aplicación de la normativa penal. 
Su sujeción a la Constitución también les impone una función principal de respeto a los 
derechos fundamentales en la aplicación de esa normativa penal. A esa exigencia 
responde,  por  ejemplo,  la  obligación  impuesta  desde  antiguo  por  la  jurisprudencia 
constitucional a los jueces penales de que, con carácter previo a su genuina labor de 
interpretar y aplicar la normativa penal, asuman, en su función de garantes de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, la valoración de si la conducta enjuiciada 
supone el ejercicio de derechos fundamentales, de modo tal que en ausencia de esa 
valoración se considera vulnerado el derecho fundamental concernido. En esa misma 
línea  y  también  desde  una  estricta  perspectiva  constitucional,  el  más  completo 
cumplimiento de las exigencias del art. 25.1 CE por parte del juez penal no se agota en 
la prohibición de la analogía en la interpretación y aplicación de los tipos penales, sino 
que se proyecta también sobre la verificación de que la respuesta penal en la aplicación 
de esos tipos y en la individualización de la sanción no resulte desproporcionada.
El principio de proporcionalidad penal, de ese modo, impone un estándar de control, 
como ya se desarrolló de manera más elaborada en las SSTC 55/1996 y 136/1999 y se 
ha expuesto anteriormente, para determinar si la respuesta penal en las concretas 
circunstancias del caso, tomando en consideración el sacrificio que supone la pena en 
términos de privación de libertad y el efecto desaliento que puede generar en el ejercicio 
de derechos fundamentales sustantivos vinculados a la conducta sancionada, resulta por 
su  severidad  innecesaria  para  la  consecución  de  la  finalidad  perseguida  con  la 
tipificación del delito por ser alcanzable con una menor intensidad penal –o lo que es lo 
mismo, con un menor sacrificio de derechos fundamentales–. Este parámetro de control 
implica  una  visión  de  conjunto  en  que  han  de  ponderarse,  (a)  debido  al  carácter 
relacional  del  principio  general  de  proporcionalidad,  la  incidencia  que  la  concreta 
respuesta penal supone en todos los derechos fundamentales que puedan resultar 
concernidos y los costes tanto en términos de sacrificio real como en el potencial efecto 
desincentivador que puede tener sobre ellos; y (b) las posibilidades normativas con las 
que cuenta el órgano judicial penal para adecuar la cuantificación de esa respuesta 
penal para aportar una respuesta proporcionada; ya que es competencia de ese órgano 
judicial apreciar cuál de ellas resulta de aplicación.
18.  En el presente caso, a lo largo del voto particular hemos ido exponiendo, al hilo 
del análisis de las diversas invocaciones del derecho a la legalidad penal, toda una serie 
de circunstancias que consideramos relevantes en el juicio de proporcionalidad penal en 
cuanto a la cuantificación judicial de la pena. Antes de volver sobre ellas, deseamos 
destacar dos aspectos singulares vinculados a la individualización de la pena.
(i)  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia ha hecho una especial  s
incidencia en la desestimación de la invocación del principio de proporcionalidad penal  oe.
argumentando que la alta pena impuesta –doce años de prisión y de inhabilitación– es  w.
itcmaompnusbegiécnnua eddnoec  ieasn u n eocs otesno caluomr rdpeean rcoliaa,   qpeuonen  dcpeoornra ccsuiuórssn o c domen eclrdaei atgal rsac voceinrdc auudnn s dtdaeenll citdioae sldi tioem  pdmleiac alsvreeíadrs icauicnói nóm,n a,s rinncooo    2021-8357n https://ww
penal de, al menos, entre seis y ocho años de prisión (art. 432.3, segundo párrafo, CP).
No consideramos este aspecto del concurso determinante. Se constata que la propia 
jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la interpretación del art. 77.3 CP 
establece que en los supuestos de concurso medial la concreción de los umbrales 
mínimo y máximo debe atender: (a) para fijar el mínimo, a la individualización punitiva de 
la infracción más grave y (b) para fijar el máximo, a la suma a la anterior cifra la 
resultante de la individualización punitiva de la infracción más leve; tomando siempre en 
consideración las circunstancias concurrentes relativas a aspectos como el grado de 
ejecución  o  la  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  en  ambas 
individualizaciones (así, por ejemplo, STS de 16 de octubre de 2020). De ese modo, 
incluso prescindiendo de la aplicación de cualquier previsión atemperadora de la pena, el 
marco penal abstracto más beneficioso con el que se contaba en el caso del recurrente 
era de una pena mínima de diez años y máxima de dieciséis. Por tanto, la pena de doce 
años impuesta supera la pena mínima imponible.
(ii)  La única parte procesal que calificó esta conducta como concurso medial entre 
los delitos de sedición y malversación fue la abogacía del Estado, quien solicitó la 
imposición de una pena de once años y seis meses para el recurrente. La posición 
mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, al resolver la invocación de principio 
acusatorio por haberse impuesto una pena superior a la concretamente pedida por esta 
acusación, sostiene la posibilidad de la imposición de una pena superior recurriendo a la 
circunstancia de que el partido político Vox, que ejercía la acusación popular, aunque no 
había establecido una petición concreta para una posible calificación como delito de 
sedición en concurso medial con el de malversación, había solicitado la imposición de 
forma aislada de sendas penas de quince años por dos delitos de sedición.
Sin perjuicio de las eventuales consecuencias que pudiera tener esta circunstancia 
en el principio acusatorio, no dejar de llamar la atención, en el juicio de proporcionalidad 
que ahora nos incumbe, el hecho de que se haya acudido también como justificación de 
la  individualización  de  la  pena  –no  solo  para  no  imponer  el  mínimo  posible  legal 
abstracto de diez años, sino tampoco el de once años y seis meses concretamente 
solicitado por la única acusación que acertó a definir esta situación concursal– a una 
petición realizada por una acusación popular que, por ser ejercida por un partido político, 
la propia sentencia impugnada califica como perturbadora y respecto de la que insta al 
Gobierno la conveniencia de su supresión en la legislación procesal penal.
En definitiva, incluso en el marco legal de la individualización concreta de la pena el 
órgano judicial contaba con los suficientes instrumentos normativos como para haber 
adecuado la cuantificación de la pena, al menos, al mínimo legal posible de diez años.
19.  Nuestra discrepancia, sin embargo, va más allá de la posibilidad de que se 
hubiera impuesto la pena mínima del marco penal abstracto. Consideramos que en el 
caso  concurrían  circunstancias  suficientes  que,  en  aplicación  del  principio  de 
proporcionalidad penal, hubieran determinado una ponderación que permitiera ajustar la 
cuantificación de la respuesta penal, a criterio del órgano judicial, con la aplicación de 
previsiones atemperadoras dentro de esa calificación de sedición relativas a su inferior 
gravedad típica (art. 547 CP) o a la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal. Estas circunstancias son las siguientes:
(i)  La  configuración  legal  del  delito  de  sedición  se  ha  realizado  mediante  la 
presencia de rasgos de incertidumbre para el ciudadano potencial autor de este delito 
derivado de (a) la alta presencia de elementos normativos, (b) la nula posibilidad de que 
se pudieran aprehender dichos elementos a partir de una previa labor complementaria  e
de la jurisprudencia que era inexistencia hasta el momento presente, y (c) la íntima  bo
conexión que mantiene en su umbral superior de gravedad con el delito de rebelión y en  57ww
su u(mii)b raEl sintofesr iorar scgoons o tdroes  dineclietortsid cuomnbtrrae ,e l aonrdtee nl ap úbelviceon.tualidad  de  que  la  conducta
sfuanndcaiomneanbtlael epsu dsiuesrtaa ndteivsoesn vcoolmveor sloes e dne reel cchoonst eax tloa  loib lear taódrb iitdae odleó geicjear,c diceio e dxep redseiróenc,h does 
reunión o de participación política, son susceptibles de generar un efecto desaliento 
especialmente derivado de las altas penas previstas por su comisión.
(iii)  En  ese  contexto  de  incertidumbre  estructural  del  delito  de  sedición,  las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  han  optado  en  la  labor  de  interpretación  y 
subsunción para entender responsable penal al recurrente de ese delito por sancionar 
unos hechos que se sitúan en el umbral mínimo de tipicidad de este delito: (a) La acción 
típica  de  alzamiento  público  y  tumultuario  se  ha  proyectado  sobre  actos  públicos 
multitudinarios con incidentes aislados. (b) Los medios comisivos típicos se han reducido 
a supuestos de «extravío procedimental». (c) El resultado típico de un efectivo riesgo 
para el modo democrático de convivencia se ha predicado de situaciones controlables y 
controladas mediante instrumentos legales, cuyo objetivo era ejercer presión política 
para posibilitar la búsqueda de vías legales de autodeterminación y que se desarrollaron 
con reiterados llamamientos a que tuvieran carácter pacífico.
(iv)  La aplicación del delito de sedición se ha realizado sobre dos actos que, al 
margen de que pudieran suponer una confrontación con decisiones jurisdiccionales, se 
desenvolvían en el contexto del derecho de reunión pacífica y se desarrollaron con solo 
puntuales incidentes. En estas circunstancias debía evitarse que la sanción, derivada del 
exclusivo carácter negatorio de la autoridad de las decisiones que se incumplían por 
parte  de  las  conductas  objeto  de  la  acusación  y  de  que  para  ello  se  hiciera  un 
llamamiento general a manifestar pública y cívicamente ese desacuerdo, no implicara 
una sanción excesivamente severa de un ejercicio que, aunque extralimitado e ilegítimo, 
se desarrollaba en la órbita de protección de este derecho y, por tanto, debía evitarse 
que se generara un efecto desaliento.
(v)  La autoría de recurrente se ha construido sobre consideraciones normativas 
ajenas a su participación directa y singular en los hechos declarados sediciosos como es 
una genérica posición de garante por formar parte del Consejo de Gobierno de la 
Generalidad, que, además, era adhesiva por su tardía incorporación a dicho consejo. 
Tampoco existe una concreta individualización de su contribución al hecho más allá de 
esa pertenencia a este órgano y la consecutiva imputación recíproca y solidaria de 
responsabilidad.
(vi)  La  normativa  penal  hace  una  previsión  expresa  de  la  posibilidad  de 
atemperación de la cuantificación de la pena por la comisión de este delito tanto a través 
del tipo atenuado o impropio de la sedición del art. 547 CP como del juego de las 
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  penal  –eximente  incompleta  del 
ejercicio de un derecho (art. 21.1, en relación con el art. 20.7 CP), o la atenuante de 
analógica significación a la eximente incompleta del ejercicio de un derecho (art. 21.7, en 
relación con los arts. 21.1 y 20.7 CP)– que posibilitaban una modulación de la respuesta 
penal inferiores en uno o dos grados escala. A pesar de ello, el órgano judicial no ha 
considerado adecuado hacer uso de ninguna de esas previsiones. Tampoco, se acudió, 
ante la eventual consideración de que fueran razones dogmáticas o de recta aplicación 
de la normativa penal las que impedían la atemperación del rigor de la pena que debía 
imponerse,  a  los  remedios  extraordinarios  de  acudir  al  Gobierno  exponiendo  lo 
conveniente sobre la modificación del precepto o la concesión de un indulto parcial que 
adecuara la respuesta penal a la gravedad de la conducta minimizando con ello la 
desproporcionada severidad de la pena.
20.  En  definitiva,  todas  estas  son  las  razones  por  las  que  defendimos  en  la 
deliberación que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, nos 
parecía  que  el  rigor  de  la  respuesta  penal,  pudiendo  haber  sido  ajustado  e.
cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal, resultaba contrario a  w.b
las exigencias del principio de proporcionalidad penal. 57ww
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penas  no  deberá  ser  desproporcionada  en  relación  con  la  infracción»,  traduce  un
principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas que se deriva de las 
tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa comprensión europea 
común, asociada a una cultura jurídica también común, debe inspirar una interpretación 
evolutiva  del  art.  25  CE  y  del  principio  de  legalidad  penal,  máxime  cuando  de  la 
imposición de las penas se deriva la privación del derecho a la libertad y cuando la 
aplicación del tipo penal suscita dudas como las que ponemos de manifiesto en este 
voto.
Debemos insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben 
exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos 
por esa normativa, debiendo adecuarse la gravedad de las sanciones a la gravedad de 
las infracciones que castigan. La gravedad de los hechos enjuiciados en la instancia no 
se cuestiona en ningún momento. Pero hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas 
técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso. Y ello para evitar 
cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan de lo necesario para 
alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. Porque sin 
garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. Pero sin 
una observancia escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es.
Madrid, a veintidós de abril de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.