BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 9 Lunes 11 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 2619
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
406 Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias  y  la  Asociación  para  la  Atención  y  Prevención  de 
Drogodependencias  «Ibón»  para  el  desarrollo  del  taller  Convivir  y  los 
programas  de  intervención  Priama,  Pecas,  Cuenta  Contigo,  Encuentro, 
Deshabituación de Sustancias Adictivas, Fuera de la Red y Proseval, en el 
medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.
Habiéndose suscrito el 11 de noviembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y Asociación 
para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón» para el desarrollo del taller 
Convivir y los programas de agresores de violencia de género «Priama», de agresores 
sexuales  «Pecas»,  de  sensibilización  de  drogodependencias  «Cuenta  Contigo»,  de 
intervención frente a la violencia familiar «Encuentro», Deshabituación de Sustancias 
Adictivas, de intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red «Fuera 
de la Red» y de intervención psicoeducativa en seguridad vial «Proseval» en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas, procede la publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho  Convenio  que  figura  como  anexo  a  esta 
Resolución.
Madrid, 30 de diciembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y Asociación para la Atención y Prevención de 
Drogodependencias «Ibón» para el desarrollo del taller Convivir y los programas 
de agresores de violencia de género «Priama», de agresores sexuales «Pecas», de 
sensibilización de drogodependencias «Cuenta Contigo», de intervención frente a 
la violencia familiar «Encuentro», Deshabituación de Sustancias Adictivas, de 
intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red «Fuera de la 
Red» y de intervención psicoeducativa en seguridad vial «Proseval» en el medio 
abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas
Madrid, a 11 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio,  actuando  por  delegación  de  competencias  del/la  Secretario/a  de  Estado  de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden  es
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se  o
aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades (en su redacción dada por  w
eaP2lr8ú t0aíbc1rluitc4ílcoo du , el6oy 2 M 1.c2a,o .dgnar) pi ddad.oretma dilcaoi l iLo3e , ayd  e4lo 0lsa/ 2 eO0f1erd5cet,o nds e INd e1Tl / 5dp0ere/ 2os0ec1tnu0tbe, r dece,o  nd1ve2e  ndRieoé  geeinmne erlano  ),cJ auelrnlíe d rieAclolac cadilóeánl,   S3c8oe-nc4t o0er,l    OE-A-2021-40able en https://
Y de otra parte, doña María José Sierra Berdejo, en nombre y representación de la 
Asociación  para  la  Atención  y  Prevención  de  Drogodependencias  «Ibón»  como 
Presidenta, elegida por la Asamblea de fecha 4 de enero de 2015 y facultada para este 
acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Presidenta según los 
Estatutos de la Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón», 
inscrita en la Unidad Registral de Huesca con el número 05H0013/1997 y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en la calle Aragón, 16 Bajo, 22600, de Sabiñánigo 
(Huesca).
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya  e.
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su  w.
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de  6w
dtreastahmabieitnutaoc dióen o atrl ocso cnosmumpoor dtaem aielcnothoos l,a ddircotgivaoss .tóxicas o sustancias estupefacientes o de
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el 
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Quinto.
Que la Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón» 
tiene entre sus fines:
– Prevención de drogodependencias en el marco de la promoción y la educación 
para la salud, dirigida a población infantil, adolescente, joven, mujer, padres, madres, 
población en general, población en situación de especial vulnerabilidad y exclusión 
social.
– Asesoramiento, apoyo y colaboración en la formación sobre drogodependencias 
en el ámbito educativo a través de actividades prácticas y cursos teórico prácticos 
dirigidos a alumnos universitarios, docentes y futuros docentes.
– Fomento y promoción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Prevención y erradicación de la violencia de género.
– Prevención, intervención y seguimiento en materia de comportamientos violentos, 
especialmente violencia de género, violencia en el seno de la familia e intervención con 
agresores.
– Colaboración con instituciones penitenciarias para la realización de intervenciones 
psicoeducativas con personas en cumplimiento de penas, tanto en régimen abierto en 
medidas alternativas como en régimen cerrado en prisión.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Séptimo.
Que las nuevas figuras penales surgidas como consecuencia de una nueva realidad 
social ponen de relieve que este tipo de conductas constituyen un problema social de 
enorme trascendencia, por el daño que producen, por su extensión, y por el significado 
que  guarda  su  naturaleza.  Todo  ello  hace  necesario  que  las  instituciones  deban 
coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo. es
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como  w.
fivginioualaelildneacsid ao .  ipnEacnride icdri edefainns i tecivol anc,d oeumsc ptauosnr taea nmc uiueenns tftouió tundr eodl  eyp  edsneuatmednaoe , rim turapntoaar ntpadonosc ibidalee s  eoescvpiiatiarla r el lnda e l raae gpqreuetesici oióhnnae  sdd eey    2021-406n https://w
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1.  El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad».
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha del taller Convivir 
y  los  programas  Priama,  Pecas,  Cuenta  Contigo,  Encuentro,  Deshabituación  de 
Sustancias  Adictivas,  Fuera  de  la  Red  y  Proseval  (en  adelante,  el  Taller  y  los 
Programas), que podrán estar dirigidos tanto a condenados a privación de libertad en 
régimen de tercer grado, como a aquellos condenados a penas y medidas alternativas.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar  el  desarrollo  del  taller  o  programa  de  intervención,  mediante  la 
derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por 
condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de 
libertad que así lo requieran.
2.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada 
aplicación del taller o programa de intervención a desarrollar.
3.  Facilitar el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos 
necesarios para el desarrollo del taller o programa.
4.  Establecer un plan de seguimiento, evaluación y control de la calidad del taller o 
programa. e.e
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel  w.b
cumplimiento del taller o programa a los destinatarios del mismo. 6ww
desa6r.r olAled eonp tuanr  Claesn tmroe ddied aInss edrec iósne gSuorcidiaald. oportunas cuando el taller o programa se
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
La Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón» se 
compromete a:
1.  Desarrollar el taller y los programas conforme al modelo y programa marco 
establecido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2.  Aportar a los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del taller o 
Programa objeto del presente convenio.
Cuarta.  Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para 
ninguna de las partes.
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, 
funcionarial o estatuaria entre los profesionales que realicen los talleres o programas y la 
Administración Penitenciaria.
Quinta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Sexta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón» se 
compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la 
Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  que  sean  concernientes  a  la 
ejecución  del  objeto  del  presente  convenio.  En  particular,  será  considerado  como 
información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo la Asociación 
mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en 
todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente 
convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la 
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a  e
otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente. bo
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto  w
dGeDejreeol ncguepocrrdaieóels npde eendn tIeedn  esscntiaotcunniaccvsiioeo nnn«eieIobss,ó   Pnpae»ecn.nt uiatLaeloernásscn ,i ad aracilat oosams my o op labar jerAeosts opod ocednia escl aaitbó ralnLet esapy ma driOaee nrll gatoát rA nattietecananmd crii1eóá0nnn/t  1oyp9  Po9lra5r e ,f viSndeaeenlc cidr2ieóa3tnda   rddílaaee     OE-A-2021-40able en https://
noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en las
siguientes  categorías:  nombre  y  apellidos  del  penado,  DNI  y  copia  de  los  hechos 
probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Séptima.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias 
«Ibón» que serán nombrados por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y 
por su Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones  Penitenciarias  y  Asociación  para  la  Atención  y  Prevención  de 
Drogodependencias «Ibón».
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por  e.e
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales  w.b
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en  6ww
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Asociación para la Atención y Prevención de Drogodependencias «Ibón» podrán acordar, 
expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fechas  arriba  indicadas.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–La 
Presidenta  de  la  Asociación  para  la  Atención  y  Prevención  de  Drogodependencias 
«Ibón», María José Sierra Berdejo.