BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 25 Viernes 29 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 10246
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
1268 Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado de 30 de noviembre de 2020, sobre 
procedimiento  de  régimen  disciplinario  del  personal  laboral  de  la 
Administración General del Estado en el exterior.
La Constitución Española reconoce en su artículo 25, apartado tercero, la existencia 
de una potestad sancionadora de la Administración y, como especie de la misma, la 
existencia de la potestad disciplinaria de los empleados públicos, aunque sometiéndola 
como es obvio, a las necesarias cautelas que garanticen los derechos de los mismos.
Una de las manifestaciones del principio de legalidad recogido en el mencionado 
artículo es la existencia de un procedimiento previamente descrito en la norma, a través 
del  cual  la  Administración  ejecute  su  potestad  disciplinaria.  El  procedimiento  así 
establecido  supone  una  garantía,  pues  permite  la  exclusión  de  lo  arbitrario,  de  la 
inseguridad jurídica, así como el efectivo ejercicio del derecho de defensa por parte del 
interesado.
En desarrollo de los mencionados principios, el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 25 de enero de 2008, por el que se aprobó el de la Mesa General de Negociación de 
la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal 
laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del 
Estado, regulaba en su apartado 15 el régimen disciplinario, aplicable a este personal, 
sin perjuicio de la normativa de orden público de cada país.
Se establece en el citado apartado que la potestad disciplinaria se ejercerá de 
acuerdo  con  los  principios  de  legalidad  y  tipicidad  de  las  faltas  y  sanciones, 
irretroactividad  de  las  disposiciones  sancionadoras  no  favorables,  proporcionalidad, 
culpabilidad y presunción de inocencia. Se regula, por otra parte, el régimen jurídico de 
las faltas y sanciones y se tipifican, asimismo, las faltas muy graves, graves y leves.
Al igual que en el resto de la normativa que regula esta materia, se dispone que no 
podrá imponerse sanción por la comisión de faltas graves y muy graves sino mediante 
procedimiento previamente establecido, atendiendo, por otra parte, a los principios de 
eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de 
defensa del presunto responsable.
En cumplimiento con lo dispuesto en el anteriormente citado Acuerdo de 25 de enero 
de 2008, la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, aprobó el procedimiento 
para  la  imposición  de  sanciones  por  la  comisión  de  faltas  muy  graves  o  graves, 
posteriormente acordado por la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado.
La  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo, de fecha 11 de marzo de 2014, estimó el recurso interpuesto 
por el sindicato USO, declarando la nulidad entre otros Acuerdos alcanzados por la Mesa 
General  de  Negociación  de  la  AGE,  del  Acuerdo  por  el  que  se  establecía  el 
Procedimiento  del  Régimen  Disciplinario  del  personal  laboral  de  la  Administración  s
General del Estado en el Exterior. oe.
Siendo por tanto necesario articular un nuevo texto que recoja el procedimiento del  w.
dCréeog mi2m0ise2ión0n , d yTis épccripenlviicniaaa  rnpioea grdaoe clei alp cpeióersnros donenalal  lml aliabsbomoraoral  eld nee n u lnae  lg Aerduxmpteoirn iodisret,r  atercnaió bsnau jo Gr eaeuln neeifróeancl  tdode edl  e1Ep4se tdnaedd ioeju,n ltiloae    2021-1268n https://ww
de  esta  Comisión  Técnica,  acordó  la  redacción  de  un  nuevo  texto  por  el  que  se
establecen  las  condiciones  que  regulan  el  procedimiento  disciplinario  aplicable  al  Bc
Personal Laboral de la Administración General del Estado que presta servicios en el 
exterior.
Este fue elevado a la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado para su ratificación definitiva y formal.
De conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 307/2020, 
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, en relación con la dirección e impulso en materia de 
relaciones laborales, así como en el ejercicio de las atribuciones de dicho Ministerio en 
materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella,
Este Secretario General de Función Pública, resuelve:
Aprobar y publicar el acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre procedimiento de régimen disciplinario del 
personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, así como el texto 
del mismo, cuyo contenido aparece desarrollado en el anexo de esta Resolución.
Madrid, 22 de enero de 2021.–El Secretario General de Función Pública, Javier 
Rueda Vázquez.
ANEXO
Acuerdo de 30 de noviembre de 2020 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado, sobre «Procedimiento del régimen disciplinario 
del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior»
La Comisión Técnica de Personal Laboral en el Exterior, en su reunión de 14 de julio 
de 2020, y previa negociación del mismo en un grupo de trabajo al efecto dependiente 
de esta Comisión Técnica, dio su conformidad al texto por el que se establecen las 
condiciones que regulan el procedimiento disciplinario aplicable al Personal Laboral de la 
Administración General del Estado que presta servicios en el exterior, en virtud de lo 
establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008, por el que 
se aprobó el de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el 
exterior al servicio de la Administración General del Estado.
El acuerdo alcanzado establece la elevación a la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado para su ratificación definitiva y formal.
Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado, en su reunión telemática del día 30 de noviembre de 2020, acuerda:
Primero.
Aprobar  el  «Procedimiento  del  régimen  disciplinario  del  personal  laboral  de  la 
Administración General del Estado en el exterior» que figura como anexo al presente 
Acuerdo.
Segundo.
Remitir el presente Acuerdo, junto con el suscrito en la Comisión Técnica y sus 
correspondientes anexos al órgano técnico competente para, una vez efectuados los  es
trámites oportunos, proceder a su publicación y difusión. bo
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«Procedimiento de régimen disciplinario del personal laboral de la Administración 
General del Estado en el exterior»
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008, por el que se aprobó el 
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre 
condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al 
servicio de la Administración General del Estado, regulaba en su apartado 15 el régimen 
disciplinario, aplicable a este personal, sin perjuicio de la normativa de orden público de 
cada país.
En cumplimiento de lo dispuesto en el anteriormente citado Acuerdo de 25 de enero, 
la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, aprobó el procedimiento para la 
imposición de sanciones por la comisión de faltas muy graves o graves, posteriormente 
acordado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Sentencia dictada por la Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo,  de  fecha  11  de  marzo  de  2014  estimó  el  recurso 
interpuesto por el sindicato USO, declarando la nulidad, entre otros de varios Acuerdos 
alcanzados por la Mesa General de Negociación de la AGE, siendo uno de ellos el del 
«Procedimiento  del  Régimen  Disciplinario  del  personal  laboral  de  la  Administración 
General del Estado en el Exterior».
Siendo por tanto necesario articular un nuevo texto que recoja el procedimiento del 
régimen disciplinario del personal laboral de la Administración General del Estado, en la 
Comisión  Técnica  para  el  Personal  Laboral  en  el  Exterior,  se  han  desarrollado 
negociaciones entre la Administración y las Organizaciones Sindicales presentes en la 
Mesa  General  para  establecer  las  condiciones  del  que  regulan  de  nuevo  el 
procedimiento disciplinario aplicable al Personal Laboral de la Administración General del 
Estado que presta servicios en el exterior.
En cumplimiento de la remisión contenida en el apartado 15 del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 25 de enero de 2008, la Comisión Técnica establece el siguiente:
Procedimiento del régimen disciplinario del personal laboral de la Administración General 
del Estado en el exterior
1.  La imposición de sanciones al personal laboral de la Administración General del 
Estado en el exterior, por la comisión de faltas muy graves, graves y leves, se realizará 
mediante el procedimiento establecido en este Acuerdo.
2.  Son faltas muy graves las recogidas en el apartado 15.1 del Acuerdo de 3 de 
diciembre de 2007 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior:
a)  El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
b)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c)  El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las 
tareas o funciones que tienen encomendadas.
d)  La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a  es
la Administración o a los ciudadanos. bo
e)  La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que  68ww
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g)  El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de 
trabajo o funciones encomendadas.
h)  La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i)  La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j)  La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.
k)  La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l)  La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de 
huelga.
m)  El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso 
de huelga.
n)  El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a 
una situación de incompatibilidad.
o)  ñ)  La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las 
Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
p)  El acoso laboral.
q)  También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley 
de las Cortes Generales.
3.  Son  faltas  graves  las  recogidas  en  el  apartado  15.2  del  Acuerdo  de  3  de 
diciembre de 2007 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior:
a)  La  falta  de  disciplina  en  el  trabajo  o  del  respeto  debido  a  los  superiores, 
compañeros o subordinados.
b)  La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
c)  La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el 
período de un mes.
d)  El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones 
al mes, cuando acumulados supongan un mínimo de diez horas mensuales.
e)  La simulación de enfermedad o accidente.
f)  La  simulación  o  encubrimiento  de  faltas  de  otras  personas  trabajadoras  en 
relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
g)  La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.
h)  La  negligencia  que  pueda  causar  graves  daños  en  la  conservación  de  los 
locales, material.
i)  El  incumplimiento  de  los  plazos  u  otras  disposiciones  de  procedimiento  en 
materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.
j)  Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de 
cancelar, al menos dos faltas leves.
k)  El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas.
4.  Son faltas leves las recogidas en el apartado 15.3 del Acuerdo de 3 de diciembre 
de 2007 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior: s
a)  La leve incorrección con el público y en general con los usuarios del servicio, así  w.
como con los compañeros o subordinados. 68ww
cb))   LEal  rentor acsoom inujnuisctaifcicióand oc, onne glalig ednecbiiad ao  adnetsecluaicdióon e nd ee l lcau mfapltlaim aiel ntrtoa bdaejo s upso rta creaauss.a
justidfi)c adLaa,  faa lntao  dsee ra qsuiset esnec piar uael btrea blaa jiom spions cibaiulidsaad ju dseti fhicaacdearl od.e uno o dos días al mes. BOE-A-cable e
e)  El  incumplimiento  no  justificado  del  horario  de  trabajo  entre  tres  y  cinco 
ocasiones al mes.
f)  El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los 
servicios.
g)  En  general,  el  incumplimiento  de  los  deberes  por  negligencia  o  descuido 
inexcusable.
5.  El procedimiento de régimen disciplinario se regirá por los principios de eficacia, 
celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa 
del presunto responsable, y estará sometido con carácter general al régimen establecido 
en el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 sobre condiciones de trabajo para el personal 
laboral en el exterior, y, particularmente, a su apartado 15.
En la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio de 
audiencia a la persona trabajadora afectada. El incumplimiento de este principio dará 
lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al 
momento en que se produjo el incumplimiento de dicho principio.
6.  Este procedimiento se aplicará en su totalidad, sin perjuicio de la normativa de 
orden público que sea aplicable en el país de destino. En ningún caso podrá suponer 
duplicidad  o  acumulación  de  derechos,  cuando  uno  de  los  regulados  en  este 
procedimiento también se recoja en la normativa del país de destino, aunque con distinta 
denominación, pero con contenido, finalidad u objeto similar.
7.  El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas leves, de acuerdo 
con el último párrafo del apartado 15 del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de 
trabajo del personal laboral en el exterior, requerirá previa audiencia al presunto infractor, 
y deberán notificarse por escrito a la persona trabajadora, haciendo constar la fecha y los 
hechos motivadores de la sanción, la calificación de la falta y los recursos que contra la 
misma procedan.
8.  El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves 
se tramitará por escrito, a menos que la naturaleza de los actos que lo forman permita 
otra forma más adecuada de expresión y constancia, utilizándose, en la medida de lo 
posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos disponibles, y 
garantizando  siempre  los  principios  recogidos  en  el  apartado  quinto  de  este 
procedimiento.
9.  El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien 
por propia iniciativa o a petición razonada de la unidad en la que preste servicios la 
persona trabajadora, o bien por denuncia.
En caso de iniciarse el expediente como consecuencia de denuncia, el acuerdo de 
iniciación deberá comunicarse a la persona denunciante.
10.  Incoación del expediente: En el escrito de iniciación del expediente deberá 
constar la persona trabajadora o personas trabajadoras presuntamente responsables, los 
hechos que motivan el mismo, la falta que éstos podrían constituir y la sanción que 
podría imponerse, así como la designación del empleado público al que se atribuya la 
función de instrucción del procedimiento.
En  los  supuestos  de  tramitación  de  expedientes  sancionadores  por  faltas  muy 
graves, podrá decretarse por el órgano competente la suspensión provisional de empleo 
y sueldo cuando considere que la presencia de la persona trabajadora en el centro de 
trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio o cuando razones justificadas así lo 
aconsejen. En cualquier caso, la duración de la misma no podrá ser superior, en ningún  e.
caso, a la que se contemple para la sanción correspondiente a la falta presuntamente  w.b
cometida. 68ww
de laC umainsdmoa  lase s ucospmepnustiaórná  pcroomvios iosnearvl icnioo ss eeafe dcteivcalamraednate d perfeinsittiavdao, se, l dtieebmiepnod od ea cdourrdaacriósne 
ldae riencmheodsi aetcao nreóimncicoorpso qraucei ópnro ace sdua np dueesseto l ad efe ctrhaab adjeo ,i ncicoino  dreec loan soucsimpeiennstioó nd per otovidsoiosn alol.s
En el caso de que la suspensión provisional se eleve a definitiva, el tiempo de 
permanencia en suspensión provisional será computado para el cumplimiento de la 
suspensión de empleo y sueldo.
De dicho escrito de iniciación, se dará traslado a la persona trabajadora afectada, al 
empleado público designado para la instrucción del procedimiento, a los órganos de 
representación y a los correspondientes representantes sindicales en caso de afiliación 
conocida o alegada por la persona trabajadora.
Una vez notificada la incoación del expediente sancionador, la persona interesada 
podrá solicitar la recusación de quien instruye en el plazo de tres días hábiles. Asimismo, 
quien instruye podrá plantear su abstención en caso de concurrir las causas legalmente 
establecidas. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver sobre la recusación o 
la abstención en el plazo de tres días hábiles, y si se admitiera cualquiera de las dos, 
deberá efectuar un nuevo nombramiento haciéndolo saber por escrito a la persona 
interesada.
11.  Instrucción y pliego de cargos: La duración del procedimiento disciplinario no 
excederá de seis meses a contar desde su incoación. Vencido este plazo sin que se 
haya dictado y notificado la resolución se producirá su caducidad.
En un plazo máximo de veinte días hábiles desde la incoación del expediente, 
ampliable en diez días hábiles más en caso necesario, quien instruye realizará de oficio 
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los 
datos  e  informaciones  que  considere  relevantes  para  determinar,  en  su  caso,  la 
existencia de responsabilidades que puedan ser susceptibles de sanción.
Dentro de ese mismo plazo, elaborará el correspondiente pliego de cargos en el que 
deberán constar redactados, de forma clara y precisa, los hechos que se imputen a la 
persona trabajadora, la falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer.
El pliego de cargos se notificará a la persona trabajadora concediéndole un plazo de 
diez  días  hábiles,  ampliables  en  otros  cinco,  para  que  formule  en  su  defensa  las 
alegaciones que estime oportunas.
Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, quien instruye podrá acordar 
la práctica de las pruebas que considere así como la práctica o denegación de las 
propuestas.
Quien instruye comunicará por escrito a la persona trabajadora las pruebas que se 
realicen, así como las que se denegasen. La denegación de la prueba será debidamente 
motivada  y  sólo  podrá  acordarse  en  caso  de  que  las  cuestiones  a  probar  sean 
innecesarias para el procedimiento. En el caso de declaraciones testificales, la persona 
trabajadora afectada podrá proponer un pliego de preguntas a realizar durante la misma, 
cuya denegación por quien instruye deberá ser motivada. Los hechos relevantes para la 
decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible 
en Derecho.
12.  Propuesta de resolución: Recibidas las alegaciones de la persona trabajadora 
afectada, o transcurrido el plazo sin haberlas presentado, y una vez practicada la prueba, 
quien instruye formulará en el plazo máximo de diez días hábiles la propuesta de 
resolución y la elevará al órgano competente para que dicte resolución en el plazo 
máximo de diez días hábiles.
13.  Resolución: La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá 
determinar la falta que se estime cometida señalando los preceptos en los que aparezca 
tipificada, la persona responsable, la sanción que se le impone, la fecha de efectos de la 
misma y, en su caso, la forma y plazos de impugnación de la misma, haciendo expresa  s
declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del  oe.
procedimiento. La sanción se cumplirá de forma inmediata a su notificación. De no ser  w.
posible el cumplimiento inmediato de la sanción por hallarse la persona trabajadora en  68ww
psieturmacitiaó.n  Cquuaen dloo  ilma psiadnac, ilóan  scaonncsióisnta s een h laar ás uesfpeecntisviaó nc udaen deom pslue oc aym sbuieol ddoe  las itmuaiscmióan  sleo 
cumplirá en meses sucesivos.
La resolución se notificará a la persona trabajadora. También será notificada a los 
correspondientes órganos de representación y a la representación sindical que hubiera 
comparecido en el procedimiento.
14.  El  procedimiento  disciplinario  quedará  interrumpido  cuando  exista,  por  los 
mismos hechos, procedimiento penal en trámite debidamente notificado y hasta que 
recaiga  sentencia  firme  en  el  mismo,  pudiéndose  reanudar  en  ese  momento  el 
expediente disciplinario.
Los  hechos  declarados  probados  por  resoluciones  penales  firmes  dictadas  por 
tribunales  españoles,  vincularán  a  los  órganos  administrativos  respecto  de  los 
procedimientos disciplinarios que sustancien.
15.  Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, 
serán las siguientes:
a)  Por faltas leves:
Apercibimiento.
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b)  Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
Demérito,  que  consistirá  en  la  penalización  a  efectos  de  carrera,  promoción  o 
movilidad voluntaria, por un período no superior a un año.
c)  Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia.
Despido disciplinario que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo 
contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.