BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 104 Sábado 1 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 52392
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
7188 Resolución de 23 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  publica  el  Convenio  entre  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias  y  el  Gobierno  de  Canarias,  para  coordinación  del 
funcionamiento de una unidad de custodia hospitalaria y una sala de espera 
para pacientes ambulatorios en el hospital insular de Gran Canaria, destinada 
a albergar a pacientes procedentes de centros penitenciarios canarios.
Habiéndose suscrito el 18 de febrero de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y la Consejería de Sanidad 
del  Gobierno  de  Canarias  para  coordinación  del  funcionamiento  de  una  unidad  de 
custodia hospitalaria y una sala de espera para pacientes ambulatorios en el hospital 
insular de Gran Canaria, destinada a albergar a pacientes procedentes de centros 
penitenciarios canarios, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 23 de abril de 2021.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver 
Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias) y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para 
coordinación del funcionamiento de una unidad de custodia hospitalaria y una sala 
de espera para pacientes ambulatorios en el hospital insular de Gran Canaria, 
destinada a albergar a pacientes procedentes de centros penitenciarios canarios
Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 504/2018, de 18 de junio (BOE de 19 
de junio), a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y con competencia 
para firmar convenios según Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan 
determinadas  atribuciones  y  se  aprueban  las  delegaciones  efectuadas  por  otras 
autoridades.
De otra, el Excmo. Sr. don Blas Gabriel Trujillo Oramas, Consejero de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, en calidad de Presidente del Consejo de Dirección del Servicio 
Canario de la Salud, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 53/2020, 
de 19 de junio (BOC n.º 123 de 20 de junio de 2020) y en ejercicio de las facultades que 
le confieren los artículos 56.1 de la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación 
Sanitaria  de  Canarias  (BOC  n.º  96,  de  5  de  agosto  de  1994),  en  relación  con  el  es
artículo 51.2.b) de la misma Ley, y el artículo 7 del Decreto 321/1995, de 24 de febrero,  o
por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Servicio  88ww
Canario de la Salud (BOC n.º 32, de 15 de marzo de 1994).
MANIFIESTAN
Primero.
La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 43, el derecho de todos 
los  españoles  a  la  protección  de  la  salud  y  atribuye  a  los  poderes  públicos  las 
competencias para organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y 
de las prestaciones y servicios necesarios; así mismo, y a través de las previsiones 
contenidas en el Título VIII, organiza las atribuciones y competencias del Estado sobre la 
base de la institucionalización de las Comunidades Autónomas.
Segundo.
El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, 
siendo  éste  el  fin  primordial  de  las  Instituciones  Penitenciarias,  de  acuerdo  con  el 
artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
Por otra parte, conforme a la distribución constitucional de competencias en materia 
penitenciaria, el Ministerio de Interior, a través de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias, tiene asignadas las funciones de planificación, dirección y gestión del 
régimen penitenciario. Las Instituciones Penitenciarias tienen igualmente a su cargo, 
según los preceptos legales anteriormente mencionados, una labor asistencial y de 
ayuda para los internos, liberados condicionales y definitivos y familiares de unos y otros.
Tercero.
Una de las competencias del Ministerio de Interior, a través de la Administración 
Penitenciaria, es velar por la vida, la integridad y la salud de la población recluida en los 
Centros  dependientes  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias 
(artículos 3-2 y 3-4 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre).
A este respecto, la Administración Penitenciaria mantiene en los establecimientos de 
ella dependientes, la cobertura sanitaria correspondiente al nivel de Atención Primaria de 
Salud.
Cuarto.
Que el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad como su principal 
órgano responsable de programar y dispensar la atención de la sanidad pública en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en idéntica actitud, están dispuestos al logro de 
estos fines y asumen su responsabilidad en la consecución de los mismos y en mantener 
una  eficaz  coordinación  entre  la  Administración  Penitenciaría  y  la  Administración 
Sanitaria Pública de Canarias.
Quinto.
En la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  se  establece  que  «los  servicios  sanitarios 
dependientes  de  Instituciones  Penitenciarias  serán  transferidos  a  las  comunidades 
autónomas para su plena Integración en los correspondientes servicios autonómicos de 
salud». es
Sexto. 88www.
dispQueuset oa menb aesl  ppuanrtteos q suoinnt oco, nlas cAiednmteinsis dtrea cqiuóen,  Peenn tiatenntoc ieanri ac unaon ptou endoe s ceo hnasctietu eirfseec tcivoom loo 
eusnpae Acidamliziandisatrsa cqiuóen  uSnaan citoanricae pcocimónp leinttae gqruael  dhea lgaa s afrleundt eim ap lilcaa t oy taqluidea, de nd ee l pármesbtiatoc idoen elas   BOE-A-cable e
Comunidad Autónoma de Canarias la responsabilidad global de la política sanitaria 
corresponde a la administración autonómica de Canarias, es preciso articular cauces de 
colaboración  entre  ambas  Administraciones,  conforme  a  los  cuales  pueda  hacerse 
efectivo el principio de universalización de la prestación sanitaria, al tiempo que se 
garanticen unos niveles óptimos de asistencia.
Séptimo.
Que ambas partes aceptan el compromiso de incrementar sus esfuerzos en orden a 
garantizar el derecho a la protección a la salud de la población interna en los Centros 
Penitenciarios situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en los 
términos previstos en el artículo 207 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real 
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que define la asistencia sanitaria penitenciaria y 
prevé  los  correspondientes  convenios  de  colaboración  entre  la  Administración 
Penitenciaría y las Administraciones Sanitarias de la misma manera que contempla la 
creación de lo que luego se han venido a denominar Unidades de Custodia Hospitalaria, 
lo que permite habilitar espacios de un hospital público para que, dotado del necesario 
acondicionamiento y de las necesarias medidas de seguridad, pueda servir para recibir y 
tratar hospitalariamente a pacientes procedentes de centros penitenciarios sin que dicha 
presencia  perturbe  la  estancia,  ambiente  y  tratamiento  del  resto  de  enfermos 
ambulatorios u hospitalizados.
En definitiva, la Consejería de Sanidad de Canarias y el Ministerio del Interior, a 
través de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarías, consideran necesario 
disponer  de  un  cauce  formal  que  permita  la  creación  de  una  Unidad  de  Custodia 
Hospitalaria que permita una mejor colaboración mutua en materia sanitaria.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El  presente  Convenio  de  colaboración  centra  su  objeto  en  la  coordinación  del 
funcionamiento de una Unidad de Custodia Hospitalaria (en adelante UCH), una sala de 
espera para consultas externas, ambas en el Hospital Insular de Gran Canaria, así como 
en facilitar el funcionamiento de las mismas.
Dicha  UCH  está  destinada  para  el  ingreso  de  los  internos  enfermos  que  sean 
remitidos desde los centros penitenciarios de Canarias que estén adscritos a dicho 
hospital. Consta de una dependencia para la fuerza de custodia, de nueve camas 
repartidas  en  cuatro  habitaciones  dobles  y  una  individual,  esta  última  dotada  de 
elementos de seguridad adicionales para internos potencialmente conflictivos así como 
de  un  sistema  de  presión  negativa  para  el  ingreso  eventual  de  enfermos  con 
enfermedades transmisibles por vía aérea.
La sala de espera, igualmente, dispone de al menos dos dependencias destinadas a 
pacientes trasladados para consultas de especialidad o pruebas complementarias y una 
dependencia para la fuerza de custodia.
Segunda.  Compromiso sobre la vigilancia. s
Las partes son conocedoras, conforme a lo que dispone el vigente artículo 218  w.
(apartados 5,6 y 7) del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996,  88ww
dceen 9tr odse  sfaenbitraerrioo,s  qnuoe  plae nvitiegnilacniacriiao sy  ccourrsetorád iae xdcelu sloivsa mdeetnetnei dao sc,a prgreos odse  yla sp eFnuaedrozsa se ny 
aCuuteorrpidoasd edse d eS edgicuhraidsa Fd uedrezla sE ys tCaduoe rpcoosm dpee tSenetgeusr.i daCdo rerestsapbolencdeer  liagsu aclomnednicteio nae s leans   BOE-A-cable e
que se llevará a cabo la vigilancia y custodia y, en especial, la identificación de las 
personas que hayan de acceder a la dependencia en que se encuentre le interno, 
teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  Penitenciario  y  las  normas  de 
funcionamiento  del  centro  hospitalario,  sin  perjuicio  de  la  intimidad  que  requiera  la 
asistencia  sanitaria.  Por  tanto,  no  se  exigirá  responsabilidad  alguna  en  materia  de 
custodia de los internos al personal del Hospital Insular de Gran Canaria, que asumirá 
exclusivamente las responsabilidades propias de la asistencia sanitaria.
Tercera.  Compromisos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La  Administración  Penitenciaria  se  compromete  a  coordinarse  de  manera 
permanente con los responsables de la Consejería de Sanidad y del Hospital Insular de 
Gran Canaria para la mejor derivación, atención y control de los enfermos que precisen 
ser ingresados, tanto en el orden médico como en materia de seguridad.
Igualmente se compromete a afrontar las medidas necesarias con relación a la 
necesaria dotación de elementos de seguridad a tenor de los previsto en el artículo 207.3 
del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, y al 
mantenimiento,  reparación  y  eventual  sustitución  de  los  elementos  de  seguridad 
necesarios, actuando así conforme a lo previsto en su normativa y reglamentos internos.
Cuarta.  Compromisos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Corresponderá al centro hospitalario el mantenimiento de las unidades en aquellos 
aspectos no relacionados con la seguridad, es decir, mobiliario clínico y mantenimiento 
general (pintura, fontanería, electricidad), sin que ello suponga incremento de gasto 
alguno al que se viene realizando.
Cualquier otro compromiso de gasto requerirá la tramitación de un expediente que 
deberá  seguir  el  procedimiento  legalmente  previsto  por  la  normativa  vigente  en  la 
materia de obligado cumplimiento para cualquiera de cualquiera de las partes.
Por  su  parte  la  administración  sanitaria  se  compromete  a  determinar  los 
procedimientos  a  seguir  de  manera  que  se  permita  compatibilizar  el  tratamiento 
especializado  y  estancia  hospitalaria  de  estos  enfermos  con  la  menor  repercusión 
posible para el resto de los enfermos, así como asignar o coordinar el personal sanitario 
imprescindible para el mejor funcionamiento de la Unidad de Custodia Hospitalaria.
Quinta.  Financiación.
La  Secretaria  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  afrontará  la  dotación  de 
elementos de seguridad y el mantenimiento, reparación y eventual sustitución de los 
elementos de seguridad necesarios, a través del contrato de mantenimiento integral, 
actualmente  en  vigor,  en  este  caso  para  los  centros  penitenciarios  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias y la Unidad de Acceso Restringido del Hospital dependiente de 
Las Palmas y del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. En este sentido, 
la firma del presente Convenio no supone gasto adicional alguno para la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.
Sexta.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Se crea una Comisión Mixta de Seguimiento, de composición paritaria, integrada por 
dos representantes designados por cada una de las administraciones firmantes. e.e
La Comisión Mixta de Seguimiento será el órgano encargado de supervisar, analizar  w.b
las posibles incidencias, controlar y evaluar el desarrollo de la presente colaboración así  88ww
ccoonmtoro vdeers iianste qrupere ptaure deasnte s uCrgoinr veenntrieo  lays,  peanr tessu  cocna sooc,a sdieó n rdees olalv aepr licpaocr iócno dnesel mnsisom  loa.s
de laSse  praerutensir.á, al menos, una vez al año y cuantas veces sea solicitado por cualquiera
La  Presidencia  y  la  Secretaría  de  la  Comisión  Mixta  de  Seguimiento  serán 
desempeñadas de manera alternativa, por periodos anuales. Durante el primer año la 
presidencia será desempeñada por uno de los  representantes de la administración 
sanitaria y la Secretaría será desempeñada por un representante de la administración 
penitenciaria, cambiando dichas funciones al año siguiente.
El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará a lo dispuesto 
para los órganos colegiados en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptima.  Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Las  partes  conocen  su  respectiva  obligación  legal  de  salvaguardar  la 
confidencialidad  y  protección  de  datos  personales  y  médico-sanitarios  referidos  a 
cualquier persona relacionada ya sea profesional o interno/a, a que puedan tener acceso 
y en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
(Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la 
Directiva 95/46/CE ) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales.
Este deber de reserva y sigilo profesional subsistirá aún después de finalizada la 
relación de colaboración entre ambas partes, cualquiera que haya sido la causa del 
término de dicha relación y la fecha en que la misma haya finalizado.
Octava.  Vigencia.
De acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Convenio se 
entenderá perfeccionado por la prestación del consentimiento de las partes. Igualmente, 
resultará  eficaz  una  vez  inscrito  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal.
Tendrá una duración máxima de cuatro años que podrán ser prorrogados por otros 
cuatro años previa evacuación de los trámites legalmente previstos.
No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio por 
medio de escrito sin que tal denuncia conlleve indemnización alguna. La denuncia 
deberá expresarse y comunicarse por escrito con una antelación de dos meses a la 
fecha en que se hará efectiva la resolución del Convenio.
Novena.  Causas de extinción.
Serán causas de extinción las previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
En  caso  de  incumplimiento  por  cualquiera  de  las  partes  de  las  obligaciones  y 
compromisos que se asumen, deberán asumir cada parte, de forma separada, sus 
respectivas obligaciones que pudiesen haber contraído con terceros.
Décima.  Modificación.
El presente Convenio podrá ser modificado por medio de la voluntad unánime de las 
partes.
Undécima.  Naturaleza Jurídica. b
al CEapl ípturelos eVnI tdee Cl Toíntuvelon Pior etileimnein anra dtuer alale Lzeay a 4d0m/2in0i1s5tr,a dtiev a1  yd es eo cintusbtrruem. entaliza conforme
Duodécima.  Ausencia de relación contractual.
Del presente Convenio no nacerán relaciones de naturaleza contractual, mercantil, 
laboral, funcionarial o estatutaria entre el personal asignado por alguna de las partes con 
respecto a la otra parte colaboradora.
Decimotercera.  Resolución de conflictos y cuestiones litigiosas.
Las cuestiones surgidas sobre la interpretación, la modificación, la resolución y los 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, así como en su 
caso las cuestiones de naturaleza litigiosa, deberán resolverse por consenso entre las 
partes, en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento.
Si  no  se  pudiera  alcanzar  dicho  acuerdo,  las  cuestiones  litigiosas  serán  de 
conocimiento  y  competencia  del  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo,  de 
conformidad con la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Cada una de las partes exonera a la otra de cualquier contingencia en materia de 
accidente,  enfermedad  o  responsabilidad  civil  asumiendo  cada  administración  estas 
contingencias con respecto al personal designado por ella.
Decimocuarta.  Consecuencias en caso de incumplimiento.
El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  asumidos  en  el  presente 
Convenio, no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo que no 
genera obligación económica alguna.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El 
Consejero  de  Sanidad  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  Blas  Gabriel  Trujillo 
Oramas.