BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 217 Viernes 10 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 110466
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
14795 Resolución  de  2  de  septiembre  de  2021,  de  la  Secretaría  General  de 
Consumo  y  Juego,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la  Junta  de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, para la constitución de la 
Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, en fecha 1 de septiembre 
de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de 
Sevilla, que figura como anexo a esta resolución, procede su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 2 de septiembre de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, 
Rafael Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, para la constitución de la 
Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 
de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA 
Extraordinario  número  1,  de  22  de  enero  de  2019),  actuando  en  ejercicio  de  las 
facultades que le vienen conferidas por Decreto del Presidente 2/2019, de 22 de enero, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud.
Y de otra, don Alejandro Moyano Molina, Diputado Delegado del Área de Cultura y 
Ciudadanía, nombrado por Resolución de Presidencia número 3750/2019, de 19 de julio, 
de designación de Diputados Delegados de las Áreas Funcionales de la Diputación y 
régimen  de  competencias  y  delegaciones,  modificada  por  la  Resolución  de 
Presidencia  2501/2021,  de  18  de  mayo,  y  en  virtud  del  acuerdo  adoptado  por  la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, que aprueba la  s
firma de este Convenio. oe.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo,  795ww
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Sevilla.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa 
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro 
primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno 
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b) del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 18 de marzo de 1999, se constituyó la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Sevilla (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde 
entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito 
territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, conscientes de 
la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y 
teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable 
dar continuidad a la Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  que  la  Junta  Arbitral  Provincial  de 
Consumo de Sevilla, con sede en Sevilla, cuyo ámbito territorial viene determinado por el  e
propio de la provincia de Sevilla, conocerá, con carácter prioritario, de las reclamaciones  bo
de  los  consumidores  de  dicho  ámbito,  en  relación  con  sus  derechos  legalmente  795ww
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Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Sevilla impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo, en el plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su 
acreditación  como  entidad  de  resolución  alternativa  de  litigios  de  consumo,  de 
conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo.
2.  El  Ministerio  de  Consumo  establecerá  en  colaboración  con  la  Diputación 
Provincial de Sevilla, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Sevilla facilitará información sobre la designación de 
la Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente 
a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Sevilla.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo del Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo  bo
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años  795ww
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días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes:
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta 
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud 
o su denegación.
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando  una  de  las  partes  considere  que  cualquiera  de  las  otras  partes  está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará mediante 
comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. Este 
requerimiento  será  comunicado  igualmente  a  los  representantes  de  la  Comisión  de 
Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no superior a un mes, 
a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la Comisión de Seguimiento 
podrá  decidir  sobre  la  adopción  inmediata  de  las  medidas  correctoras  oportunas  para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión 
de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no dispuesto 
en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a 
resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento las discrepancias 
que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que 
pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la 
ejecución y cumplimiento pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la Comisión de 
Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio,  sea  necesario  realizar,  se  efectuará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  e
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. bo
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Diputado  de  Cultura  y  Ciudadanía  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  P.  D.
(Resolución número 2501/2021, de 18 mayo), Alejandro Moyano Molina.