BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Viernes 26 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 44868
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6789 Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  mercantil  y  de  bienes  muebles  III  de  Murcia  a  inscribir 
determinada cláusula de los estatutos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro, notario de 
Cartagena, contra la negativa del registrador Mercantil y de Bienes Muebles III de 
Murcia, don Santiago Laborda Peñalver, a inscribir determinada cláusula de los estatutos 
sociales de dicha entidad. 
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 31 de julio de 2019 por el notario de Cartagena, 
don Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro, con el número 2.123 de protocolo, se elevaron a 
público  los  acuerdos  adoptados  por  unanimidad  en  junta  universal  de  la  sociedad 
«Metalmecánicas Herjimar, S.L.» el día 30 de julio de 2019, por los que se modificaban 
los estatutos sociales, de modo que los artículos 9 a 11 quedan redactados de la 
siguiente forma:
«Art. 9.–Embargo de las participaciones sociales de un socio.
1.  Notificado a la Sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o 
judicial de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la 
sociedad  que  tuviera  como  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera 
desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la Sociedad, a través del órgano 
de  administración,  podrá  adquirir  la  totalidad  de  las  participaciones  embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo. En tal caso, podrá la Sociedad 
a través de su órgano de administración adquirirlas para sí misma siempre que se 
cumplan los requisitos legales de las participaciones en autocartera, o bien adquirirlas 
con el fin de amortizarlas en un acuerdo de reducción de capital.
2.  Si la Sociedad no hubiera ejercitado este derecho, el órgano de administración, 
en un plazo máximo de cinco días a contar desde el acuerdo por el que rehúse la 
adquisición en los términos anteriormente establecidos, o desde el vencimiento del plazo 
reseñado en el párrafo anterior, pondrá en conocimiento de todos los socios su derecho 
a adquirir las participaciones embargadas, quienes dispondrán de un plazo máximo de 
veinte días a contar desde la notificación efectuada por el órgano de administración para 
notificar a la sociedad el ejercicio de dicho derecho. Si todos o alguno de los socios 
comunican su intención de adquirir las citadas participaciones, éstas se adjudicarán en 
proporción  a  su  participación  en  el  capital  social”  recalculado  sin  computar  las 
participaciones objeto de embargo ni, en su caso, las participaciones de los socios no  s
interesados en la adquisición. oe.
3.  En caso de adquisición de las participaciones sociales por la propia Sociedad o  w.
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aprobado por la Junta.
4.  En caso de que ni la Sociedad ni ninguno de los socios ejercitasen su derecho 
de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos en materia 
de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano 
de administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta 
circunstancia, a fin de que proceda a la adjudicación de las participaciones en los 
términos legalmente previstos.
Art. 10.–En tanto las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean 
transmitidas en los términos previstos en los presentes estatutos, conferirán a su titular el 
ejercicio de sus derechos económicos y políticos, a excepción del ejercicio del voto en 
acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada 
según  lo  establecido  en  la  Ley  y  en  los  presentes  estatutos,  detrayéndose  su 
participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y mayorías establecidas. En 
cualquier caso, en caso de producirse el embargo de participaciones de cualquiera de 
los socios, se estará a lo dispuesto en el artículo relativo a la exclusión de socios.
Art. 11.–Serán causas de exclusión de la Sociedad las previstas por la Ley. Así 
mismo,  será  cusa  de  exclusión  de  la  Sociedad  el  inicio  de  un  procedimiento 
administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier 
socio, ya sea de forma total o parcial. No obstante, dicha exclusión deberá ser acordada 
por la Junta General. Iniciado el proceso de exclusión de la Sociedad, ésta procederá a 
amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración 
a  efectos  de  su  contraprestación  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las 
participaciones  afectadas,  entendiéndose  por  valor  razonable  el  valor  contable  que 
resulte del último balance aprobado por la Junta.»
II
Presentada el día 20 de septiembre de 2019 la referida escritura en el Registro 
Mercantil de Murcia, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Santiago Laborda Peñalver, registrador mercantil y de bienes muebles III de la 
provincia de Murcia, a la escritura otorgada en Cartagena ante su notario Don Miguel–
Angel Cuevas Aldasoro el día 31 de julio de 2019 n.º de protocolo 2.123 que ha sido 
presentada en este registro en soporte papel el día 20 de septiembre de 2019 motivando 
el asiento de presentación en el diario de esta oficina n 973 del Diario 296, formula por el 
presente escrito la siguiente nota de calificación desfavorable, fundada en los hechos y 
fundamentos jurídicos siguientes:
Hecho.
Único.–Por la referida escritura se eleva a público la certificación expedida por su 
administrador  único  entrante  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  mercantil 
“Metalmecánicas Herjimar SL”, en su junta universal de fecha 30 de julio de 2019, de 
cese y nombramiento de su administrador y de modificación de sus estatutos, mediante 
la introducción en su clausulado de los siguientes tres nuevos artículos:
“(…)”
Fundamentos de Derecho.
Primero.  Procedencia de la calificación registral. e.
Siendo,  como  son,  los  tres  artículos  estatutarios  de  nueva  redacción  que  han  89ww
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en la Resolución de 9 de mayo de 2019, ambas sobre calificaciones del Registro
Mercantil  de  Madrid,  en  el  sentido  de  declararlos  inscribibles,  procede  justificar 
someramente la razón por la que el registrador suscribiente considera que debe poner 
reparos  a  la  inscripción  solicitada,  apreciación  en  la  que  han  coincidido  sus  tres 
cotitulares,  que  han  prestado  conformidad  a  todos  los  extremos  de  esta  nota  de 
calificación denegatoria, como es  obligado a  tenor del artículo 18.8 del Código de 
Comercio.
Aparte  de  tratarse  de  distintas  sociedades  mercantiles  interesadas,  distintas 
escrituras y distinto Registro Mercantil, esta justificación se encuentra en que, a mi juicio, 
los  obstáculos  legales,  jurisprudenciales  y  doctrinales  que  se  van  a  exponer  como 
contrarios a la admisión de la innovación estatutaria que contiene la escritura calificada 
no coinciden en lo sustancial con los recogidos en las notas de calificación que los 
Registradores  Mercantiles  de  Madrid  extendieron,  siendo  así  que,  a  tenor  del 
artículo 326 de la Ley Hipotecaria el recurso gubernativo debe “ceñirse a las cuestiones 
que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos” y que es doctrina 
constante y reiterada del Centro Directivo que al resolver los recursos gubernativos le 
está vedado entrar en cuestiones que no se hayan recogido en la nota de calificación, 
incluso aunque de haberlo sido hubieran impedido con toda probabilidad la inscripción 
del documento (en este sentido y como más recientes cito el F.D. 3 de la Resolución 
de 22 de julio de 2019, (BOE 9 agosto), y F.D. 7 de la de 24 de julio de 2019, (BOE 25 
septiembre).
Por otra parte considero que la doctrina de las referidas resoluciones de 9 y 23 de 
mayo  de  2019  supone  un  cambio  sustancial  respecto  de  la  doctrina  hasta  ahora 
sustentada por la misma Dirección General, lo que quiere decir que, como se expondrá 
al examinar cada apartado de los nuevos artículos, se ha creado una situación de 
evidente disparidad entre lo que permiten dichas nuevas resoluciones y lo que ha venido 
siendo  rechazado  pacíficamente  como  susceptible  de  inscripción  por  los  Registros 
Mercantiles.
Por último debe señalarse que, con independencia de los motivos que en el caso 
concreto  hayan  inducido  a  la  mercantil  Metalmecánicas  Herjimar  S.L.  a  adoptar  y 
trasladar literalmente a sus estatutos los tres artículos que admite la Resolución de 23 de 
mayo de 2019, es lo cierto que, objetivamente, su inscripción representa en la práctica 
un formidable blindaje contra la amenaza de embargo de cualquier participación social. 
Si el mero hecho de que se inicie un procedimiento que pueda desembocar en la 
realización forzosa de una participación social, se haya llegado o no a su embargo 
efectivo, permite a los demás socios o a la sociedad adquirirla a un precio fijado por los 
mismos socios al aprobar el balance; si caso de no interesar esa adquisición se convierte 
en  causa  estatutaria  de  exclusión  de  la  sociedad  mediante  la  amortización  de  la 
participación  embargada  ignorando  los  efectos  legales  de  la  traba  judicial  o 
administrativa, y si, por último, produce desde el principio la suspensión del derecho de 
voto que corresponde a la participación en los más importantes acuerdos sociales, cabe 
concluir que resulta gravemente lesionado un principio de orden público cual es el de la 
responsabilidad universal por las deudas con todos los bienes y derechos del obligado al 
pago  que  solo  admite  las  excepciones  previstas  en  la  Ley,  dado  que,  en  esas 
condiciones, será imposible encontrar comprador para esa participación y, en lugar de la 
solución justa y equilibrada que ha encontrado la Ley de Sociedades de Capital en su 
artículo 109 se acude a otra confusa en su planteamiento y desenvolvimiento que en 
definitiva solo puede concluir, de generalizarse la formula, con la desaparición de los  s
embargos sobre participaciones sociales. Bajo la apariencia de evitar que entre un  oe.
extraño en la sociedad limitada, lo que el artículo 109 garantiza, se blinda a los socios  w.
contra un eventual embargo de sus participaciones, al resultar económicamente inviable  89ww
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solo hecho de haber sido acordados por todos los socios, entre los que debe contarse el 
deudor, se considera que el Registro Mercantil debe cumplir la función de contribuir a la 
seguridad jurídica preventiva denegando la inscripción de estos pactos.
Segundo.  Indeterminación del hecho que da lugar a la obligación de transmitir las 
participaciones y de la causa de exclusión acordada.
Sin perjuicio de las razones de fondo que más adelante se expondrán lo primero que 
es oportuno destacar es la redacción confusa e imprecisa de esos tres nuevos artículos 
que  deja  indeterminado  el  hecho  desencadenante  del  derecho  que  atribuyen  a  la 
sociedad y en su defecto al resto de los socios a adquirir las participaciones sociales de 
un socio con la correlativa obligación de este de transmitirlas, de la privación de su 
derecho de voto para acuerdos que requieran mayoría reforzada, así como de la causa 
de  exclusión  pactada.  Pues  resulta  imposible  conocer  que  debe  entenderse  por  la 
“notificación a la sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o 
judicial  de  embargo  de  las  participaciones  sociales  que  tuviera  como  objeto  la 
inmovilización de las mismas que pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución 
forzosa…”
Y así cabe preguntarse: a) ¿Quién está legitimado para hacer esa notificación a la 
sociedad?,  puede  serlo  cualquier  posible  acreedor  del  socio  mediante  la  simple 
presentación de una demanda, con grave perjuicio del demandado que por ese solo 
hecho se vería privado de sus participaciones o incluso el propio socio que ante la 
amenaza  del  embargo  y  pérdida  de  sus  participaciones  se  apresura  a  notificar  la 
demanda a la sociedad antes de que aquél se produzca, con perjuicio en este caso del 
acreedor que vería defraudado su derecho a embargar las participaciones del socio 
deudor, quedando este facultado para sustraerlas de su patrimonio con vulneración del 
principio general de su responsabilidad universal por deudas con todos sus bienes 
presentes y futuros, ex artículo 1911 del Cc. b) ¿En qué forma debe ser hecha esa 
notificación?, ¿no es necesario que sea fehaciente? y si es así, que garantía tiene el 
socio o su acreedor, según los casos, e incluso la autoridad judicial o administrativa ante 
la que se siga el procedimiento, de que la notificación ha sido hecha y de que han 
transcurrido o no los plazos, establecidos en ese art. 9, que tienen la sociedad y el resto 
de socios para adquirir las participaciones, y aquella de excluir al socio, a contar desde la 
fecha de esa notificación. C) ¿Qué debe entenderse por un procedimiento administrativo 
o judicial de embargo que tenga por objeto la inmovilización de las participaciones que 
pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa?. Pues ni el embargo 
tiene por objeto la inmovilización de las participaciones, sino la sujeción de un bien a las 
resultas de un procedimiento de ejecución forzosa, arts. 634 y ss. LEC, ni este puede 
desembocar  en  un  procedimiento  de  ejecución  forzosa,  sino  al  revés  para  que  se 
entienda, es el auto despachando esa ejecución el que incluirá la medida ejecutiva 
concreta del embargo de las participaciones, si es posible, dice el art. 551.3.1.º LEC o se 
entenderá hecho desde que sea decretado por el LAJ o se reseñe la descripción de las 
participaciones en el acta de la diligencia de embargo, art. 587 LEC.
Y por último y más importante de todo ¿es preciso o no que las participaciones ya 
hayan sido embargadas?, para que se desencadenen los radicales efectos que esos 
artículos prevén, pues si nos atenemos al párrafo transcrito del art. 9 parece que no, 
pero a continuación el mismo precepto establece que en ese caso de inicio de un 
procedimiento de embargo “la Sociedad, a través del órgano de administración, podrá 
adquirir la totalidad de las participaciones embargadas” lo que indica que por el contrario  e
deben ya estarlo, lo que confirman el apartado 2. de ese art. 9 cuando dice que si la  bo
sociedad no ejercita su derecho de adquisición preferente “pondrá en conocimiento de  89ww
ptordimoes rolo dse ls aorcti.o 1s0  scuu adnedroe cahluod ea  aa d“pqauritriicr iplaasc iopnaersti csiopcaicailoense asf eecmtabdaarsg apdoar se”l  eym ebla ringcoi”s oy 
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adquieran las participaciones, “el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que
acuerde el embargo de las participaciones” lo que a su vez resulta contradicho por el 
ultimo  inciso  del  art.  10.4  en  el  que  se  dice  que  “En  cualquier  caso,  en  caso  de 
producirse el embargo de participaciones de cualquiera de los socios, se estará a lo 
dispuesto en el artículo relativo a la exclusión de socios.”
Con el añadido que si no es necesario que las participaciones estén ya embargadas 
será imposible conocer el objeto de ese derecho de adquisición que se establece a favor 
de la sociedad y de los socios.
Resultando de lo hasta ahora expuesto, que el régimen estatutario establecido por 
esos artículos deja indeterminado el hecho determinante del nacimiento de los derechos 
de  adquisición  preferente  de  las  participaciones,  y  su  eventual  amortización,  las 
concretas participaciones que constituyen su objeto, los plazos para su ejercicio, la 
causa de la privación del ejercicio de los derechos de voto del socio deudor, y la de su 
exclusión. Todo lo cual infringe la exigencia del art. 188.3 RRM, de que las cláusulas 
estatutarias que obliguen a los socios a transmitir sus participaciones, para que sean 
inscribibles, deben expresar de forma clara y precisa las circunstancias que deben 
concurrir para ello, así como la que impone el artículo 352 de la LSC de que las 
cláusulas estatutarias de exclusión estén determinadas, con vulneración del principio 
general de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes, en este caso de la sociedad, establecido en el art. 1256 Cc., con grave 
perjuicio del socio titular de las participaciones y en especial de sus acreedores. Así 
como de la reiterada doctrina de la DGRN de que no resultan inscribibles las cláusulas 
estatutarias que carezcan de la debida claridad y precisión.
Tercero.  Art. 9. Infracciones del procedimiento de ejecución.
La fórmula empleada implica que iniciado un procedimiento que pueda desembocar 
en el embargo y ulterior enajenación de participaciones del socio el Juzgado debe 
suspender sus actuaciones hasta que se sepa si la sociedad o los socios deciden 
adquirir las participaciones, en cuyo caso se supone que el precio sustituye a las 
participaciones y se impone el alzamiento de la traba o, caso contrario, siempre que no 
se decida la amortización de las participaciones embargadas vía exclusión, se permite al 
Juzgado  continuar  con  el  procedimiento  de  adjudicación.  Se  justifica  porque  el 
artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “2. Si lo embargado fueren 
acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, la 
realización  se  hará  atendiendo  a  las  disposiciones  estatutarias  y  legales  sobre 
enajenación  de  las  acciones  o  participaciones  y,  en  especial,  a  los  derechos  de 
adquisición preferente.
A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o 
corredor de comercio colegiado”.
Dicha disposición debe, sin embargo ponerse en conexión con las demás de la 
propia Ley Procesal Civil y con las que se contienen en la Ley de Sociedades de Capital 
y Reglamento del Registro Mercantil.
De dichas disposiciones resulta:
1.  El momento en que se debe atender la regulación estatutaria y legal sobre 
derechos de adquisición preferente a que se refiere el art.635 L.E.C. es, precisamente, 
cuando  se  llega  a  la  fase  de  realización  de  las  participaciones,  por  tanto  resulta 
inadmisible pretender que afecten al procedimiento judicial en un momento anterior, 
como puede ser aquel en el que se solicita el despacho de ejecución (art. 551 L.E.C.); se  s
practica el requerimiento de pago al ejecutado, si es preciso (art. 580 L.E.C.) o se  oe.
embargan efectivamente las participaciones (art. 587 L.E.C.). Desde que se inicia el  w.
lpuerngoaac lemsdeeirmnietiee dn petor o thrcáaemsdteiaten stqe u qesu eesa e p pauocerudqeeurned  aiem ll apd eerdeuiard loiqzrua epc iaópgnru oeds eigo a lo csloa n bseieijgennceeus.c  iePómno,rb  astaregnaat odp oonsro  e nexois s tseeennr    2020-6789n https://ww
absoluto indiferente el momento en que es procesalmente exigible que se aplique el
art.635 L.E.C.
2.  La ejecución no se puede detener ni suspender, conforme al artículo 565 L.E.C., 
salvo que la ley lo permita o las partes lo acuerden. Para poder aplicar el artículo 9 de los 
estatutos sociales el juzgado se vería obligado a esperar a que la sociedad o los socios 
decidan si dan vía libre o no a que prosiga la ejecución desde el mismo momento en que 
se embargan las participaciones o incluso antes, lo que no se ajusta a las previsiones de 
dicho artículo.
3.  Íntimamente conectado con el anterior defecto está el de implicar que, supuesto 
que a raíz de la iniciación del procedimiento o del embargo de participaciones los socios 
o  la  sociedad  deciden  adquirir  las  participaciones  el  Juzgado  debe  aceptar  que  el 
embargo pase a recaer sobre el precio por subrogación legal. Es lo cierto que ninguna 
norma admite ni prevé esa subrogación. Por un lado el artículo 612.2 L.E.C. atribuye a la 
competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia, con recurso de 
revisión ante el Juez, la modificación del embargo y, por otro lado, no debe olvidarse la 
necesidad de que una norma con rango de ley prevea la sustitución. En este sentido la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  es  especialmente  rigurosa  al  señalar  que  la 
subrogación legal es una “modificación objetiva del derecho subjetivo, consistente –en 
armonía con su derivación etimológica de “subrogatio” (ocupar el puesto) “rei” (de la 
cosa)–, en el cambio del objeto inicial por uno nuevo que pasa a ocupar el lugar de 
aquél,  sólo  es  aplicable,  en  las  hipótesis  de  bienes  singulares,  (…),  cuando  la 
transferencia de la cualidad jurídica de un bien al que le sustituye se halla expresamente 
prevista en la ley (arts. 486, 517 y 518; 1626 y 1627; 1897, todos del Código Civil; 109 
y 110.2.º LH; 40 Ley del Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de octubre; entre otras) –
ficción legal–. (Sentencia núm. 1012/2003 de 5 noviembre de 2003).
En definitiva el momento procesal en que son aplicables, dentro de la ejecución 
forzosa,  las  disposiciones  legales  y  estatutarias  sobre  derechos  de  adquisición 
preferente a que se refiere el art.635 L.E.C es precisamente cuando el Juzgado acuerda 
remitir al notario las actuaciones para que, de conformidad con el procedimiento de 
subasta regulado en los artículos 72 y siguientes de la Ley del Notariado, inicie los 
trámites para la subasta de las participaciones sociales por lo que no es inscribible la 
cláusula estatutaria que contravenga dicha disposición.
Cuarto.  Art. 9. Infracciones del procedimiento de valoración legalmente previsto.
A tenor de la redacción que se transcribe en la escritura calificada sea la sociedad 
sea el socio quien adquiera las participaciones embargadas lo hace pagando el precio 
resultante de su valor contable según el último balance aprobado por la Junta.
No se considera aplicable dicho valor por no garantizar el derecho del acreedor a 
obtener la mayor satisfacción posible de la realización de los bienes embargados, que es 
precisamente, a tenor del artículo 570 L.E.C. la finalidad del procedimiento.
Y ello por las siguientes razones:
1.  El artículo 635 L.E.C. ordena que en la realización de las participaciones sociales 
se tengan en cuenta las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las 
acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. 
Sucede  que  entre  las  disposiciones  legales  aplicables  tiene  particular  relevancia  el 
artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital que reconoce el derecho de los socios o 
la  sociedad  en  caso  de  desear  adquirir  las  participaciones  sociales  subastadas 
“mediante  la  aceptación  expresa  de  todas  las  condiciones  de  la  subasta  y  la 
consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor  s
y de todos los gastos causados”. oe.
Aun admitiendo que se pueda impedir la aplicación de dicho artículo al preverse en  w.
vlnoaoslto aerrasiocta iórteunct odibsea  u lalnas   pdproaocrctuiecmdipiemanciteiaoncntioeó snd  dede ebtla ejnu ttzeegnoae dqr,ou a,e l, p maseree nceoens t,ei elvanisdd eemn, ítndeie mqbaueserá  g eailn rpiacrnioatícrasesed  iamcuuineaqnnutdoeo   dneeol    2020-6789n https://ww
alcancen a las previstas en el artículo 109 puesto que para el acreedor, nada puede ser
más objetivo que el precio que él mismo ofreció en una subasta electrónica abierta a la
participación de todo el mundo. Si se elude la subasta debe al menos articularse un 
procedimiento de valoración objetivo que en ningún caso puede venir representado por 
un valor contable fijado por una junta en la que el propio deudor ha podido tener una 
intervención  decisiva,  y  no  solo  en  los  casos  tan  frecuentes  de  sociedades 
unipersonales. No se puede equiparar a estos efectos las normas reglamentarias que 
prevén sistemas de valoración para el caso de transmisión voluntaria o mortis causa de 
participaciones sociales. No existe identidad de razón ni analogía posible porque en la 
transmisión forzosa tiene especial importancia el respeto al procedimiento judicial o 
administrativo, la necesidad de obtener los mejores resultados posibles y los derechos 
del  acreedor  embargante  y  por  eso  sus  normas  son  de  derecho  necesario  salvo 
habilitación expresa.
Además, el artículo 74 3. de la Ley del Notariado dice que “Si la valoración no 
estuviere contractualmente establecida o no hubiera sido suministrada por el solicitante 
cuando éste pudiera hacerlo por sí mismo, será fijada por perito designado por el Notario 
conforme a lo dispuesto en esta Ley”. Esta norma se considera que debe ser aplicable 
incluso aunque no se llegue al caso de subastarse las participaciones sociales y que no 
siendo los estatutos sociales contrato que obligue al acreedor (salvo que éste acepte ese 
valor)  que  el  acreedor  tampoco  puede  valorar  por  sí  mismo  las  participaciones 
embargadas, desemboca necesariamente en el nombramiento de un perito por el Notario 
sin perjuicio de que éste tenga que atenerse a las normas valorativas que se hayan 
previsto, siempre que no impidan obtener el valor razonable de las participaciones. Por 
tanto tampoco este apartado de los estatutos es inscribible.
2.  Improcedencia del precio de transmisión de las participaciones:
El  art.  nuevo  9.3  fija  como  tal  el  valor  real  o  razonable  de  las  participaciones 
haciéndolo coincidir con el que resulte del valor contable, según el último balance 
aprobado por la propia sociedad. Al respecto es procedente indicar que es doctrina 
tradicional de la DGRN, Resoluciones de 7 de junio de 1994, 30 de marzo de 1999 y 4 
de mayo de 2005, que el valor contable no puede considerase como valor real o 
razonable de las participaciones, por lo que no es admisible que en los estatutos se fije 
este para la fijación del precio de las participaciones en las cláusulas estatutarias que 
obligan a su transmisión o la restringen, atribuyendo a los socios o a la sociedad 
derechos de adquisición preferente en los casos de enajenación, por considerarlas 
contrarias al artículo 108.2 LSC, al implicar una prohibición indirecta de disponer de las 
participaciones, y si bien es verdad que en la Resolución de 15 de noviembre de 2016 se 
admitió al amparo del art. 175.2.b) RRM una cláusula como la que ahora se califica, lo 
fue para un supuesto completamente distinto al de ahora, pues se trataba de un caso de 
transmisión voluntaria inter vivos en el que se establecía un derecho de adquisición 
preferente a favor de los socios, admisión que fundó en que una cláusula como esa, 
adoptada por unanimidad por todos los socios, no hacía más que delimitar el contenido 
económico de los derechos del socio a percibir el valor de sus participaciones en caso de 
transmisión voluntaria, como así ocurre también con los pactos sobre el reparto de los 
dividendos, art. 275, o la cuota de liquidación, art.392, en las sociedades limitadas, o la 
atribución en general de diferentes derechos o privilegios a favor de las acciones o 
participaciones dentro de los límites que marca la Ley, arts. 94, 95 y 98 y ss. LSC, 
admitiendo esos pactos en el marco de la autonomía de la libertad, con los límites 
generales derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros, como 
ocurre en el presente caso, si se permitiera que puestos todos los socios de acuerdo 
impusieran al acreedor de uno de ellos y a la autoridad ante la que siga un procedimiento  e.
de ejecución el valor o precio de la cosa con la que deba satisfacerse el crédito, que  w.b
además sería satisfecho por la propia sociedad o por el resto de socios. 89ww
balaCnuceyo a vparolobra rdeoa,l , saind eqmuáes ,s eve enxdirjaía  tdaemtepromcoin aedno  lap ocrl áeul scuolnat aebsleta qtuutea rriae suunltaa rap rdoex imúlitdimado 
taecmrepeodroarl edse, lc boamlaon pcoed arípar osbear deol  mquáex impuoe ddae  sgeairsa nmtiezsaer sm qíuneim laam meinstme ae lL SdeCr eecshtaob dleec elo as 
otros efectos (art 69b; 303.2; 323.1) y en la LMESM (art.9.1. 2.º y 36.1).
3.  Por  otra  parte  en  el  presente  caso  se  atribuye  un  derecho  a  comprar  las 
participaciones no solo a los socios sino también, y con carácter preferente, a propia 
sociedad siendo doctrina constante de la DGRN recogida en la citada resolución de 15 
de noviembre de 2016 que:
“No obstante, no puede desconocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye 
un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios sino también a la sociedad y 
como ha reiterado esta Dirección General (vid., por todas la Resolución de 28 de enero 
de 2012), han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de 
modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad. En el 
presente caso el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si 
el derecho de adquisición preferente es ejercitado por la sociedad, en tanto en cuanto el 
valor contable depende del balance aprobado por la junta general.”
4.  Por último debe señalarse que, aunque otra cosa pueda parecer a tenor del 
último inciso del número 4 del artículo 10 de los estatutos, no parece admisible que 
concluida la fase de tanteo sin éxito y no interesando a la sociedad la exclusión del socio 
con amortización de participaciones, la consecuencia sea que, una vez el notario haya 
verificado el resultado de la subasta (art. 75.2 L.N.), se vuelva a abrir otro procedimiento 
de adquisición preferente que pueda privar al acreedor de las participaciones, esta vez, 
de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital. Parece claro que si 
se admite una alternativa como la prevista en estos estatutos a lo previsto en la Ley debe 
serlo a todos los efectos, lo que no queda claro en absoluto en el texto calificado.
Quinto.  Art. 10.–Privación parcial del derecho de voto.
1.  De conformidad con la redacción del nuevo artículo 10 de los estatutos sociales, 
cuya inscripción se solicita, embargadas una o varias participaciones sociales y en tanto 
no sean transmitidas conforme a los propios estatutos, su titular no podrá ejercitar el 
derecho de voto en acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una 
mayoría reforzada según la Ley o los estatutos, lo que implica que no podrá ejercer el 
derecho  de  voto  en  aquellos  acuerdos  previstos  en  el  artículo  199  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, es decir: a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra 
modificación de los estatutos sociales que precisan del voto favorable de más de la mitad 
de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social y b) 
La autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, 
al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social; 
la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital; la 
transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del 
domicilio al extranjero, y la exclusión de socios que precisan del voto favorable de, al 
menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida 
el capital social.
2.  A diferencia de lo que sucede respecto de los nuevos artículos 9 y 11 que fueron 
objeto de las Resoluciones de 9 y 23 de mayo último, este artículo 10 únicamente 
aparece en la segunda de las resoluciones citadas. En el escrito de interposición de 
recurso se hace referencia (Alegación primera) a un llamado principio universal de 
legalidad que, según la particular teoría del recurrente consiste en que lo que la ley no 
prohíbe está permitido y justifica en la Alegación cuarta la inclusión de dicha privación en 
el principio de autonomía de la voluntad que establece el artículo 28 de la Ley de 
Sociedades de Capital y en la inexistencia de numerus clausus en materia de causas de  e.
privación de voto, dando valor esencial al hecho de haber sido adoptado el acuerdo por  w.
unanimidad de todos los socios. 89ww
de 230.1 9P soer  rseufi eprea rate l ae fll eFxuibnidlidaamde dneto r édgei mDeenr ejucrhídoi c4o  ddee  llaa  sRoceiseodlaudci ólinm idtaed a2 3q udee a dmmaiyteo 
lpao csribeialicdiaódn  ddee  pcrrievailer gpioasrt irceipspaecicotnoe dse ls dine rveocthoo  (daert sv.o 9to8  (ayr ts. s9.6)  py a1r8a8 c.1o)n ccolumiro q tuaem: b“idéenb lea   BOE-A-cable e
admitirse  también  que  los  socios  configuren  estatutariamente  dicha  prohibición  de 
ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de conflicto de intereses expresamente 
contemplados en al artículo 190 de dicha ley. No puede haber obstáculo, pues, para que 
en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo 
social no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por 
estar afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, al modo que la misma Ley 
de Sociedades de Capital prevé expresamente para otros supuestos (cfr. la Resolución 
de esta Dirección General de 16 de mayo de 1989)”.
4.  A la aplicación de dicha doctrina en el caso que nos ocupa se oponen las 
siguientes razones:
(i)  Legales. El principio de autonomía de la voluntad a que se refiere el artículo 28 
de la Ley de Sociedades de Capital contiene los límites de no transgredir las leyes ni los 
principios configuradores del tipo social elegido que son claramente ignorados por la 
redacción propuesta que contraviene abiertamente lo dispuesto en el artículo 93 de la 
misma Ley que configura como derecho mínimo del socio el de asistir y votar en las 
juntas generales “en los términos establecidos en esta ley, y salvo los casos en ella 
previstos”. Esto quiere decir que la privación del voto al socio, sea la sociedad anónima o 
limitada, es materia especialmente sensible que solo puede acordarse, incluirse en 
estatutos y aplicarse cuando la Ley expresamente lo admite. Por ello la creación de 
participaciones sin voto es admisible porque la Ley lo admite y cumpliendo siempre los 
estrictos términos en que lo admite; del mismo modo cabe conceder a determinadas 
participaciones en la sociedad limitada privilegios relativos al derecho del voto. Pero 
estos privilegios en ningún caso pueden suponer que se prive a las participaciones que 
no disfruten de ellos del derecho de votar, es decir, conforme al artículo 188 de la Ley de 
Sociedades de Capital el titular de una participación social tiene derecho un voto. Si los 
estatutos reconocen un privilegio creando participaciones de voto plural, sus titulares 
tendrán derecho a más votos pero en ningún caso eso supone privar a los restantes de 
ese derecho mínimo e inderogable. Por último, el artículo 190 de la misma Ley regula los 
tasados  casos  en  que  se  priva  al  socio  del  derecho  de  votar  en  relación  con 
determinados asuntos en que se encuentra en situación de conflicto de intereses con los 
de la sociedad. Ninguno de dichos acuerdos guardan relación ni pueden amparar la 
privación de voto que se ha acordado en el caso que nos ocupa y en esta materia rige 
con toda claridad el principio de numerus clausus, recuérdese que el número 3 del 
mismo artículo 190 comienza diciendo: “En los casos de conflicto de interés distintos de 
los previstos en el apartado 1, los socios no estarán privados de su derecho de voto”. 
Difícilmente cabe mayor claridad respecto del régimen legal del derecho de voto. Y ello, 
obviamente, no puede ser desconocido por el hecho de que en un momento determinado 
todos los socios estén dispuestos a renunciar a ese derecho. La razón es que la 
inscripción de los estatutos sociales que incluyen una cláusula de este tipo la hace 
oponible a todos los futuros titulares de participaciones sociales o derechos sobre las 
mismas,  o,  al  menos,  dota  de  apariencia  de  legalidad  a  su  contenido,  aunque 
seguramente será difícil que, pese a su inscripción, resulte amparada por los tribunales 
la privación del derecho de voto en relación con acuerdos de la máxima importancia por 
el  mero  de  hecho  de  haberse  iniciado  un  procedimiento  contra  el  titular  de  una 
participación social o haberse embargado la misma, según la doctrina jurisprudencial que 
se expone en el siguiente apartado.
(ii)  Jurisprudenciales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, como también la 
llamada jurisprudencia menor, es coincidente en mantener una línea muy exigente en  e.
relación con las limitaciones por vía estatutaria de los derechos mínimos que al socio de  w.b
una sociedad de capital se le reconocen por el hecho de serlo, entre los que tiene  89ww
espeRceiafilr iiémnpdoorstaen ac iala  esl odceieredcahdo a dneó nvoimtoa. decía la STS. núm. 829/1997 de 30 septiembre
(pSreaslae nI)te,  Fr.eDc. uPrsriom edreo : c“aTsaal ccióonm o« seixepnrdeos al ae l Jfuunntdaa mGeennteor a5l. ºe dl eó rlag asneon tesonbciear aonboje tdoe  dleal 
organización de la Sociedad Anónima, se ve sin embargo limitada por los derechos de
los accionistas, por cuanto sólo el respeto a los derechos del socio y el ejercicio de los 
mismos conforme a la Ley, puede legitimar a la mayoría societaria; la vulneración del 
derecho de asistencia, en este caso, o de cualquier otro que reconozca la Ley al 
accionista,  hacen nulos los acuerdos adoptados”  (…) “Como conjunto de derechos 
dispone el art. 48.1 que la acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le 
atribuye los derechos reconocidos en esta Ley y en los estatutos; uno de los cuales, 
añade el mismo artículo [48.2, c)] es el de asistir y votar en las juntas generales y el de 
impugnar los acuerdos sociales…”.
Son muy abundantes las sentencias que se han referido al carácter de mínimo e 
inderogable por precepto estatutario de los derechos conferidos en dicho artículo 93 de 
la Ley de Sociedades de Capital. En la mayoría de los casos se trata de supuestos en 
que se violado o intentado violar el derecho de información del socio que se configura, 
además de por su propia sustantividad como instrumento esencial para que el socio 
pueda ejercer precisamente el derecho de voto. A ambos derechos, el derecho de 
información y el derecho de voto se refiere la Sentencia núm. 608/2014 de 12 noviembre 
de 2014, de la misma Sala I del Tribunal Supremo que dice, respecto del derecho de 
información (F.D. tercero.1 y 2.) que: “El TRLSC, como antes el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas de 1989, otorga al derecho de información el carácter de 
derecho inherente a la condición de accionista (art. 93.d TRLSC). La ley lo reconoce 
como un derecho “mínimo” en el estatuto del accionista de una sociedad anónima. Es 
irrenunciable, sin perjuicio de que el accionista sea libre de ejercitarlo o no en cada caso, 
según su conveniencia (…) la regulación legal del derecho de información del socio 
tenga carácter imperativo, en el sentido de que no puede ser restringido ni limitado por 
los estatutos de la sociedad ni por normas de régimen interno como el reglamento de la 
junta de socios.
Los estatutos pueden contener una regulación del derecho más favorable para el 
socio  (por  ejemplo,  fijando  un  porcentaje  menor  al  veinticinco  por  ciento  de  los 
accionistas, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social, para impedir 
que se deniegue la información por perjudicar el interés social, art. 197.4 TRLSC), 
respetando  siempre  los  principios  configuradores  de  las  sociedades  de  capital  en 
general, y del concreto tipo societario en particular. También pueden regular la forma de 
ejercicio del derecho para que el socio conozca los cauces a través de los que puede 
formular la solicitud de información” para concluir (número 3 del mismo F.D.) que: “No es 
admisible  que  los  estatutos  sociales  restrinjan  el  ámbito  legalmente  reconocido  al 
derecho de información del socio”.
Y, respecto del derecho de voto, sigue diciendo la misma sentencia del Tribunal 
Supremo (F.D. quinto) 2. que: “El derecho de voto en las juntas generales es otro de los 
derechos que el TRLSC reconoce al socio en su art. 93.c con el carácter de ‘mínimo’. 
Pero este carácter de derecho básico del socio no supone que no pueda ser objeto de 
restricción ni limitación alguna, o incluso de privación… en la normativa vigente cuando 
se adoptó el acuerdo, la limitación o la privación del derecho de voto del accionista no es 
en sí misma y en todo caso contraria a los principios configuradores de la sociedad 
anónima,  no  desnaturaliza  este  tipo  societario,  y  puede  ser  introducida  en  una 
modificación  estatutaria  cuando  responda  a  una  justificación  razonable  y  no 
discriminatoria” lo que, en el caso concreto, se considera que sucede porque las causas 
de privación de voto se ajustan a supuestos de conflicto de intereses entre la sociedad y 
el socio: “esta limitación del ejercicio del derecho de voto se aplicaría a todos los 
accionistas que se hallen en la misma posición, esto es, en alguno de los supuestos  s
tasados de conflicto de intereses previstos en la cláusula estatutaria, una vez que la  oe.
sentencia de la Audiencia ha anulado las previsiones más genéricas contenidas en la  w.
redacción de la cláusula estatutaria impugnada y que permitían actuar con arbitrariedad  89ww
en laD ep reivsatcai ódno cdteriln eaj ejurcriiscpior uddeel ndceirael cchaob ed ee vxotrtaoe”.r un principio evidente, cual es el de que
deenr eacbhsoo ludteo  vcoatboe t ecnognasnid ecraarrá cqtueer  dlaissp onsoirtmivoa so  qpuuee dreagnu lsaenr  laar beitxriasrtieanmceian tye  emjeordciifcicioa ddaesl   BOE-A-cable e
por la sola voluntad de una mayoría por muy mayoritaria que sea en términos que 
aspiren a imponerse a futuros titulares de participaciones sociales o derechos sobre las 
mismas.
También que las limitaciones puntuales del ejercicio del derecho de voto se vincula 
esencialmente  a  la  concurrencia  en  el  caso  concreto  de  intereses  contrapuestos. 
Coincide esta doctrina con la ya sentada por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en la Resolución de 16 de mayo de 1989 que se cita en el F.D. 4 de la 
Resolución de 23 de mayo de 2019, que es objeto del epígrafe siguiente de este 
apartado de la nota de calificación.
(iii)  Doctrina de la DGRN. No abundan las resoluciones que se ocupan de esta 
concreta materia de causas estatutarias de privación del derecho de voto. No obstante y 
con relación a los derechos mínimos de los socios si puede partirse de un principio 
general cual es el de que los estatutos sociales pueden ampliar, reforzar y extender 
estos derechos individuales, lo que no pueden hacer es restringir, limitar o negarlos, que 
es, precisamente lo que hace la cláusula que nos ocupa.
La Resolución de 16 de mayo de 1989 no puede considerarse precedente de la 
de 23 de mayo de 2019 porque el supuesto de hecho sometido a la consideración del 
Centro Directivo es esencialmente distinto. En aquel caso se trataba de excluir el voto 
del socio que solicita de la junta autorización para transmitir sus acciones, es decir, se le 
niega el derecho de voto en ese concreto caso de evidente oposición de interés (coincide 
con el supuesto actualmente previsto en el art. 190.1 a) de la Ley de Sociedades de 
Capital). La Dirección General se anticipa, como tantas veces, al legislador, interpretando 
que es admisible tal cláusula por la siguiente razón: F.D. cuarto.–“Ahora bien, no por eso 
la cláusula es ilegal. Nótese que no se trata ahora de resolver siquiera si cabe negar al 
socio el derecho de voto en los asuntos en que su interés individual está en notoria 
oposición con los intereses de la Sociedad. La cuestión actual es mucho más leve: si 
puede preverse en los Estatutos la exclusión del derecho de voto en un asunto muy 
concreto en el que, sobre ser evidente la oposición de intereses, cualquier determinación 
de la Sociedad sólo es posible en los estrechos cauces que permite el derecho de 
adquisición tipificado en los Estatutos y que, si se pone en marcha, es por la expresa 
voluntad del socio con su voluntad de transmitir notificada a la Sociedad y por tanto, 
queriendo todas sus consecuencias. No puede haber obstáculo pues, para que, en estos 
supuestos  de  excepción,  los  Estatutos  prevean  que  entonces  en  la  formación  del 
acuerdo social no cuente el socio al modo que la misma Ley de Sociedades Anónimas 
prevé  directamente  para  otros  supuestos  análogos  de  oposición  de  intereses  (cfr. 
artículo 22–III)”.
5.  En definitiva, la Ley de Sociedades de Capital reconoce el derecho de voto como 
mínimo  e  inderogable,  susceptible  de  limitación  o  supresión  solo  en  los  casos 
expresamente previstos o que se puedan encuadrar en los casos previstos en la Ley. La 
jurisprudencia niega que el derecho de voto pueda limitarse o suprimirse por voluntad de 
los socios, exigiendo la concurrencia de causa legitima y razonable y la doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado únicamente ha admitido que se prive 
del derecho de voto al socio en relación con un tipo específico de acuerdo en que existe 
una evidente conflicto de intereses.
La redacción del nuevo artículo 10 de los estatutos sociales contenida en la escritura 
calificada no cumple ninguno de dichos requisitos. Carece de amparo legal, siendo este 
necesario como se ha visto y carece también de una justificación razonable. Ni la 
iniciación de un procedimiento judicial o administrativo que pueda afectar a alguna  e.
participación social ni el hecho de que se produzca efectivamente su traba puede afectar  w.b
el desenvolvimiento de la vida social, toda vez que se trata de una medida cautelar de  89ww
aagseogstuor admeie n1t9o9 9q)u en, oc oems om dáicse  qlau eR e“usnoalu cmióend iddea  8c aduet ejulaliro  (d…e)  1f9re9n9t e(B  a.O .lEa . qduee  1c0a bdee 
qreuaec,c cioonmaor  longorsa nredcou ienrcdlau sloa  lerevcainetnatrela R ye scoulyuoc iódne sdeen la1c0e  dúelt immoa yeos  daeú n2 0im19p,r epdueecdibel es” eyr 
adoptada  tanto  en  el  seno  del  proceso  judicial  como  en  el  del  procedimiento 
administrativo de apremio sin siquiera oír al titular del bien embargado.
Privar al titular de una participación social del derecho de voto e impedirle el ejercicio 
de su legítimo derecho de decidir en materias extraordinariamente importantes, como 
son las que se relacionan al principio de este apartado de la nota, con tan escasa 
justificación como es haber sido embargada dicha participación, es manifiestamente 
desproporcionado, y provoca una lamentable inseguridad jurídica no solo a los actuales 
socios sino a quienes lo sean en el futuro y por eso no merece acceder al Registro esa 
redacción estatutaria.
Sexto.  Art. 11. Infracción de las normas imperativas que regulan el procedimiento 
de exclusión.
1.  Improcedencia de configurar el embargo como causa estatutaria de exclusión.
En este punto el nuevo art. 11 de los estatutos se opone frontalmente a la doctrina 
que resulta de la resolución de la DGRN de 8 de julio de 1999 (BOE 10–8–1999), que 
ante una cláusula como la que es objeto ahora de calificación, si bien consideró que en 
la LSRL se había recogido la opinión de que la exclusión del socio no debe configurarse 
solo como sanción, sino como un remedio perfectamente lícito para que, a través de la 
voluntad de los socios, puedan evitarse situaciones que se consideran perjudiciales para 
la sociedad como consecuencia del cambio de situaciones personales de los socios, o 
alteración  de  la  situación  de  confianza  entre  ellos,  que  se  estiman  potencialmente 
dañosas para el cumplimiento del fin social, sin embargo afirma:
“Pese  a  ello,  tampoco  la  autonomía  de  la  voluntad  puede  en  este  punto  ser 
omnímoda, permitiendo establecer a su amparo causas de exclusión que, como aquellas 
cuya inscripción se rechaza en este caso, también son contrarias al orden público, al 
igual que ocurría con la anteriormente vista, con el que guarda evidente analogía. No 
sólo se penaliza con la exclusión al socio que se ve afectado por una medida cautelar, 
como es el embargo de sus participaciones, frente a las que cabe reaccionar logrando 
incluso levantarla y cuyo desenlace último es aún impredecible, sino a un tercero como 
es el acreedor que tiene derecho a obtener, a través de la realización de los bienes de su 
deudor, la mayor suma de dinero que la libre presentación de ofertas en una subasta 
pública permita para hacer posible la satisfacción de su crédito”
2.  Valoración de las particiones.
El  art.  11  estatutario  vulnera  la  norma  imperativa  del  art.  353  que  regula  el 
procedimiento para la valoración de las participaciones del socio excluido, dispone este 
precepto:
Artículo 353.  Valoración de las participaciones o de las acciones del socio.
1.  A falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las 
participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona o personas que hayan de 
valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un experto 
independiente, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la 
sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones 
objeto de valoración.
2.  Si  las  acciones  cotizasen  en  un  mercado  secundario  oficial,  el  valor  de  e.
reembolso será el del precio medio de cotización del último trimestre. w.b
El carácter de norma de orden público de este precepto ha sido pacíficamente  89ww
rfiejaccoinóonc dideo  epsoer  vlaa lodro catlr imnaa rdgee nla d DelG rRégNi mqeune  qnuoe h eas taadbmleictied oe lp aacrtt.o s3 5e3s tdaetu ltaa rLioSsC p, aeran trlae 
o1t9r9a9s )e, ne ns uess trae súoltliumcaio ninecslu dseo  3e0n– u3n– 1c9a9s9o  (eBnO eEl  q1u–e5 –e1x9is9t9ía),  uyn d pea 2c8to– 7in–s2c0ri0to9  e(BnO eEl  q1u0e– 8se–
preveía que el socio excluido solo tenía derecho a su participación en el capital social, no
obstante lo cual la DGRN entiende que eso no evita la aplicación de lo dispuesto con 
carácter imperativo en el art. 100 LSL, hoy 353 LSC, considerando que las normas de 
carácter imperativo obligan a interpretar los estatutos con arreglo a ellas, por lo que no 
constando  la  conformidad  del  socio  con  la  liquidación  de  sus  participaciones  el 
registrador debía exigir para practicar la inscripción del acuerdo de la reducción de 
capital derivada de la exclusión, que conste en la escritura el valor razonable de las 
participaciones del socio excluido, la persona o personas que la hayan valorado y el 
procedimiento seguido para esta valoración, así como la fecha del informe del auditor, en 
el caso de que se hubiera emitido.
Y sin que por otra parte pueda defenderse que el acuerdo que prevé el art. 353 LSC 
sobre el valor de las participaciones entre la sociedad y los socios es el que fue prestado 
por estos cuando se adopta por unanimidad el acuerdo estatutario, sea en el momento 
constitutivo de la sociedad o en el posterior de modificación de los estatutos, pues ese 
acuerdo, aparte de que debe ser posterior al acuerdo de exclusión que debe adoptar la 
sociedad y en su caso además ratificar una resolución judicial firme, art. 353, habría sido 
entre los socios entre sí y no entre la sociedad y el socio excluido, que es el que exige el 
art. 353, como así también resulta de la citada resolución de 28–7–2009, en la que el 
pacto estaba inscrito y no existía acuerdo entre el socio y la sociedad.
Y todo lo anterior porque como reconoce la S. de la Sala de lo Civil del TS 345/2013 
de 27 de mayo, siguiendo la que en ella se cita de 9 de julio de 2007 el acuerdo de 
exclusión, o en su caso la sentencia firme que lo refrende, tienen carácter constitutivo, 
por lo que la valoración de las participaciones ha de referirse a ese momento en que el 
socio deja de serlo, conforme a las reglas de valoración que establece el art. 100 LSL, 
hoy 353 LSC.
Por lo anterior,
Acuerdo:
Denegar la inscripción de los tres artículos estatutarios referidos por los defectos que 
se consideran de carácter insubsanable que resulta de los Fundamentos de derecho que 
se contienen en esta nota de calificación desfavorable. Conforme a lo dispuesto en el 
art. 63 del RRM mediante solicitud del interesado por instancia dirigida a este Registro 
pueden inscribirse los acuerdos de cese y nombramiento de administrador único, así 
como el acuerdo de modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 18.8 del Código de Comercio y 
en  el  Artículo  15.º  del  R.R.M.  contando  la  presente  nota  de  calificación  con  la 
conformidad de los cotitulares del Registro.
En relación con la presente calificación: (…).
Murcia,  a  10  de  octubre  de  2019  El  Registrador  Mercantil  Santiago  Laborda 
Peñalver.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro, notario 
de Cartagena, interpuso recurso el día 8 de noviembre de 2019 mediante escrito en el 
que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.–Procedencia de la calificación registral.
El señor Registrador Mercantil tiene competencia para realizar la calificación. En este  bo
sentido, estoy de acuerdo con el contenido del fundamento de derecho primero de la  89ww
calif1ic.aª cióPnu.e Pdeerno  ccaolnif ilcaasr sseig luaise nctleásu smualatisz adceio “nfeosrm: idable blindaje” contra la amenaza de
embargo  de  participación  social;  pero  es  un  blindaje  perfectamente  admisible  en
derecho, como trataré de demostrar.
2.ª  Efectivamente, el principio de responsabilidad patrimonial universal es de orden 
público. Pero eso no impide que tenga que cohonestarse con otros principios e intereses. 
Por ejemplo, con el interés de la sociedad y con el de los demás socios. De esta forma, 
hay que afirmar el derecho de aquélla y éstos a que se ejecute sólo lo que pertenece al 
socio deudor, no los frutos de las sinergias, trabajos y actividades de la sociedad como 
organización y de los restantes socios.
3.ª  El embargo es indicativo del cambio de intereses del socio deudor en relación 
con la sociedad, pudiendo crear incluso una situación de dependencia del socio para con 
su acreedor que condicione el ejercicio de sus derechos en la sociedad; y la aparición de 
terceros socios no deseados como consecuencia de la realización de la traba puede ser 
un importante obstáculo para el desarrollo de la actividad social y puede permitir al 
adjudicatario participar, a remolque, del fruto de la actividad de los consocios y de la 
sociedad misma, de manera que socios y sociedad, de alguna manera, estarían pagando 
una deuda que no es suya.
Segundo.–No  hay  indeterminación  del  hecho  que  da  lugar  a  la  obligación  de 
transmitir las participaciones y de la causa de exclusión acordada.
Señala el fundamento de derecho segundo de la calificación que resulta imposible 
conocer qué debe entenderse por la “notificación a la sociedad el inicio o apertura de un 
procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales que 
tuviera  por  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera  desembocar  en  un 
procedimiento  de  ejecución  forzosa...”.  Debo  decir,  antes  que  nada,  que  yo  no  he 
redactado esta cláusula, aunque sí la he dado por buena al autorizar la escritura. A mi 
modo de ver, esta expresión evita utilizar conceptos estrictamente técnico–jurídicos para 
abarcar, junto con los supuestos de embargo, cualquier otra figura jurídica, que exista o 
se cree en el futuro, que tenga por objeto la sujeción de las participaciones al pago de 
una deuda y la subsiguiente enajenación de las mismas. En el caso que nos ocupa se ha 
recurrido a los textos ya consagrados y admitidos por la Dirección General en las 
resoluciones que seguidamente se citan. De este modo, las resoluciones de la Dirección 
General de 9 y 23 de mayo de 2019 (ambas al principio de sus fundamentos de 
derecho 2) parecen tener claro que la norma estatutaria se refiere al “procedimiento 
administrativo o judicial de embargo”. Y esta misma conclusión parece obtener el señor 
Registrador Mercantil, sobre la base de una acertada interpretación sistemática del 
precepto  estatutario,  en  el  tercer  párrafo  de  su  fundamento  de  derecho  segundo. 
Efectivamente, es necesario que las participaciones estén embargadas.
En el párrafo segundo del mismo fundamento de derecho, el señor Registrador 
Mercantil se plantea tres cuestiones:
1.ª  Quién  está  legitimado  para  hacer  la  notificación  a  la  sociedad.  Habiendo 
concluido que estamos ante un procedimiento administrativo o judicial de embargo, 
habrá que entender que la notificación será la notificación a la sociedad que previenen 
los artículos 623.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 109.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital; esto es, la notificación que el órgano que practica el embargo realiza a la 
sociedad cuyas participaciones sociales son objeto del mismo.
2.ª  En qué forma ha de hacerse tal notificación. Habrá que contestar que en la 
forma prevenida por la Ley de Enjuiciamiento Civil o por la legislación administrativa 
aplicable. Esto es, será siempre una notificación judicial o administrativa.
3.ª  Qué debe entenderse por el procedimiento enunciado en la norma estatutaria.  s
Parece, según resulta de las resoluciones y del propio fundamento de derecho de la  oe.
calificación, que habrá de ser un procedimiento judicial o administrativo de embargo,  w.
segúdn)  anStee sp hreag quunetad apdoor  eúxltpimueos teol. señor Registrador Mercantil si es necesario que las  2020-6789n https://ww
paafirrmticaiptiavoci.ones  estén  o  no  embargadas,  a  lo  que  ya  se  ha  respondido  en  sentido  BOE-A-cable e
Por lo tanto, no hay indeterminación del hecho que da lugar a la obligación de 
transmitir las participaciones y de la causa de exclusión acordada.
Tercero.–El artículo 9 no infringe el procedimiento de ejecución.
Dice el primer párrafo del fundamento de derecho tercero de la calificación que la 
fórmula empleada implica que, iniciado el procedimiento, “el Juzgado debe suspender 
sus actuaciones hasta que se sepa si la sociedad o los socios deciden adquirir las 
participaciones, en cuyo caso se supone que el precio sustituye a las participaciones y 
se impone el alzamiento de la traba o, caso contrario, siempre que no se decida la 
amortización de las participaciones embargadas vía exclusión se permite al Juzgado 
continuar con el procedimiento de adjudicación”. Sobre la base de entender así el 
funcionamiento del artículo 9, la calificación afirma la infracción del artículo 635.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la base de los [sic] siguientes conclusiones:
1.  Entiende el señor Registrador Mercantil que el momento en que debe atender a 
la regulación estatutaria y legal sobre derechos de adquisición preferente a que se 
refiere el artículo 635.2 de la Ley procesal es precisamente el de la realización de la 
traba, no un momento anterior. Sin embargo, considero que ello no es necesariamente 
así: el precepto de la Ley de ritos dice que la realización se hará atendiendo a lo previsto 
en los Estatutos; sin impedir que en otros momentos, anteriores o posteriores a la 
realización, se siga observando lo previsto en los Estatutos.
2.  Efectivamente, la ejecución no se puede detener ni suspender, conforme al 
artículo 565.1 de la Ley de Enjuiciamiento, salvo que la ley lo permita o las partes lo 
acuerden. Pero es que, a diferencia de lo que entiende el señor Registrador Mercantil, el 
nuevo  artículo  9  de  los  Estatutos  no  dice  que  el  Juzgado  deba  suspender  el 
procedimiento de ejecución. Sólo cuando haya finalizado el procedimiento societario sin 
adquisición o amortización de las participaciones embargadas prevé el número 4, in fine, 
que “el órgano de administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o 
administrativa  esta  circunstancia,  a  fin  de  que  proceda  a  la  adjudicación  de  las 
participaciones en los términos legalmente previstos”. Pero, precisamente, el momento 
de la adjudicación es también el momento de la realización de las participaciones, es 
decir, el momento en que, conforme al artículo 635.2 de la Ley procesal, se atenderá a 
las disposiciones estatutarias.
3.  Por último, señala la nota de calificación que la sustitución de las participaciones 
sociales por su valor supondría un supuesto de subrogación real no previsto por ninguna 
norma de rango legal. Empero, según mi parecer, la norma legal que ampara con 
carácter general esta subrogación real es el artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en cuanto sienta el principio de autonomía de la voluntad en materia estatutaria. 
Así lo afirman las resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019 en el primer párrafo de sus 
fundamentos de derecho 2.
Cuarto.–El artículo 9 no infringe el procedimiento de valoración legalmente previsto.
El  señor  Registrador  Mercantil  considera  que  dicho  artículo  sí  infringe  el 
procedimiento de valoración legalmente previsto por las siguientes razones:
1.ª  El artículo 109.3 de la Ley de Sociedades de Capital reconoce el derecho de los 
socios y de la sociedad a adquirir las participaciones sociales subastadas “mediante la 
aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del  es
importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos  o
causados”. Añade que el artículo 74.3 de la Ley del Notariado determina que el Notario,  89ww
eaLex esctfyaal umldtsaeoi ó sdSn ea o ncdvtieeea d loesarold aceecijsoieó  rndcr,eei c gdiCoue alsdapiedgitlon asdal, er áprse oinpcroh e orloai tsond  teeqE  ausudetnaq  tulduaiets orircseei cóahsnliooc pce dir.a eelAfe eansrd,et eqn puteeoiss r ditcoelio ól  cnaaq rybutí eecu  unalno ros g1 uü0psir9eu .req3ísau tndeo e   ddnleeao     OE-A-2020-67able en https://
aplicación los dos textos legales citados.
2.ª  Afirma la nota la improcedencia del precio de transmisión de las participaciones 
sociales, con base en el valor teórico según balance, alegando la doctrina de la Dirección 
General, aunque reconoce la reciente excepción sentada por la resolución de 15 de 
noviembre  de  2016  en  relación  con  la  transmisión  voluntaria  inter  vivos  de  las 
participaciones sociales. Señala el señor Registrador que estaríamos ante un pacto 
leonino y perjudicial para terceros, toda vez que los socios podrían ponerse de acuerdo 
para imponer al acreedor el precio de las participaciones trabadas. En contra de este 
razonamiento se puede argumentar que la elaboración de las cuentas no se deja a la 
libérrima voluntad de administradores y socios, sino que está sujeto a las reglas y 
criterios de los artículos 38, 38 bis y 39 del Código de Comercio; que el acreedor siempre 
podrá pedir la auditoría de las mismas que previene el artículo 40 del mismo Código y, 
con base en esta auditoría, formular las reclamaciones que considere oportunas; y que la 
veracidad de las cuentas está protegida por la legislación mercantil y por el Código 
Penal. Por último, este criterio de valoración ha sido aceptado expresamente por las 
resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019 (fundamentos de derecho 2 de ambas).
3.ª  Sigue diciendo la nota de calificación que la resolución de 15 de noviembre 
de 2016 no admite este criterio de valoración para la adquisición de participaciones 
sociales por la propia sociedad. Pero, en sentido contrario, las de 9 y 23 de mayo 
de 2019 sí, según se ha expuesto.
4.ª  Por último, señala el acuerdo de calificación que no parece admisible que, 
concluida la fase que llama de tanteo y retracto y no interesando a la sociedad la 
exclusión del socio, se vuelva a abrir el procedimiento del artículo 109 de la Ley de 
Sociedades de Capital. A mi entender, no hay razón para considerarlo inadmisible, pues 
se trata de figuras jurídicas diferentes que se desarrollan de modo diferentes y con 
medios diferentes.
Quinto.–El artículo 10 conlleva una privación parcial del derecho de voto, pero esta 
privación parcial no está prohibida por la ley.
Señala el fundamento de derecho quinto del escrito de calificación que el fundamento 
de derecho 4 de la resolución de 23 de mayo de 2019 se refiere a la flexibilidad del 
régimen jurídico de la sociedad limitada, que admite la creación de privilegios respecto 
del  derecho  de  voto  (artículos  96  y  188.1),  como  también  la  posibilidad  de  crear 
participaciones sin voto (artículos 98 y siguientes), para concluir que “debe admitirse 
también que los socios configuren estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del 
sufragio,  más  allá  de  los  supuestos  de  conflicto  de  intereses  expresamente 
contemplados en el artículo 190 de dicha Ley. No puede haber obstáculo, pues, para que 
en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo 
social no cuente el socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por 
estar afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, al modo que la misma Ley 
de  Sociedades  de  Capital  prevé  expresamente  para  otros  supuestos”.  Contra  esta 
argumentación del Centro Directivo, con la que estoy absolutamente de acuerdo, el 
señor Registrador Mercantil alega las siguientes razones:
1.  Razones legales, en cuanto afirma que el artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital contiene los límites de no transgredir las leyes ni los principios configuradores del 
tipo  social,  siendo  así  que  el  precepto  estatutario  contraviene  lo  dispuesto  en  el 
artículo 93.c), que otorga el carácter de derecho mínimo del socio, “en los términos 
establecidos en esta Ley, y salvo los casos en ella previstos”, el de “asistir y votar en las  s
juntas generales”. Sin embargo, en contra de esta razón de carácter legal procede  oe.
indicar que el artículo 188.1 prevé que, salvo disposición contraria de los estatutos, cada  w.
pudanisrapt iocssiopiccaiiceóidnóa ned s stcoaactpuiaittala rliaiast traeib nuy  yspeee nratsi dosonu a cliotsinttuatrl aaarrl  iomd;e islraem csoho otci eieamd apedom , didteire   rumensa pnvoeonrtsaoa , qbupilieod ra edlso   leimqsueitena cdciaaa l belaes    2020-6789n https://ww
identidad y personalidad de sus socios; y, por último, el embargo de participaciones
sociales implica una contraposición de intereses entre el socio, por una lado, y la
sociedad y los demás socios por otro; porque el objetivo de aquél en la sociedad ya no 
es  mantener  la  compañía  y  por  medio  de  ella  obtener  ganancias,  sino  salir  de  la 
situación de debilidad financiera lo mejor parado posible, aun cuando ello conlleve un 
mal para la empresa, de la que tiene una probabilidad cierta de salir en un plazo breve.
2.  Razones jurisprudenciales, a cuyo efecto se cita dos sentencias del Tribunal 
Supremo. Pero estas sentencias, además de referirse a sociedades anónimas, no entran 
en las posibles excepciones a la configuración general del derecho de voto. Por último, 
recoge un fragmento de la sentencia de 12 de noviembre de 2014 según el cual “la 
limitación o la privación del derecho de voto del accionista no es en sí misma y en todo 
caso contraria a los principios configuradores de la sociedad anónima, no desnaturaliza 
este tipo societario, y puede ser introducida en una modificación estatutaria cuando 
responda a una justificación razonable y no discriminatoria”. Esta afirmación creo que 
encaja en mi argumentación contenida bajo el número anterior.
3.  Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Se refiere en 
este punto la nota a  la  resolución  de 16 de  mayo  de 1989, anterior a la Ley de 
Sociedades  de  Capital,  y  que  admitió  la  privación  del  derecho  de  voto  a  las 
participaciones sociales del socio que hubiera notificado a la sociedad su voluntad de 
transmitirlas. Pues bien, esta resolución no excluye que pueda suspenderse el derecho 
de voto en otros supuestos igualmente justificados. Y, reitero, la justificación en el caso 
de embargo está en el conflicto de intereses del socio deudor con sus consocios y con la 
sociedad por cuanto su interés es evitar mayores daños patrimoniales, por encima del 
mantenimiento ordinario de la sociedad en orden a seguir obteniendo beneficios.
Sexto.–El artículo 11 no infringe las normas imperativas que regulan el procedimiento 
de exclusión.
La nota de calificación ofrece dos argumentos para afirmar la infracción:
1.  La resolución del Centro Directivo de 8 de julio de 1989, que no admitió una 
cláusula semejante al artículo 11 que se enjuicia, pero admitió que la exclusión podía ser 
un medio licito para que puedan evitarse situaciones que se consideren perjudiciales 
para la sociedad como consecuencia del cambio dé situaciones personales de los socios 
o alteración de la situación de confianza entre ellos. Sobre la base de esta doctrina 
general sentada por la resolución, las tan citadas de 9 y 23 de mayo de 2019 sí admiten 
el supuesto ahora controvertido.
2.  Cita asimismo las resoluciones de 30 de marzo de 1999 y 28 de julio de 2009, 
que consideraron que la norma sobre valoración en caso de exclusión de socio del 
artículo 353 de la ley de Sociedades de capital tiene carácter de orden público. Frente a 
ello cabe afirmar que es un criterio anterior al actual de la Dirección General, recogido en 
las resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019, y que la referencia al balance de la 
sociedad es un criterio perfectamente objetivo, por las razones que se han expuesto en 
el fundamento de derecho cuarto. De este escrito.»
IV
Mediante  escrito,  de  fecha  11  de  noviembre  de  2019,  el  registrador  elevó  el 
expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho es
Vistos los artículos 1 y 57 del Código de Comercio; 7, 1255, 1256, 1258, 1281  w.
a 1289, 1291 y 1911 del Código Civil; 28, 83, 93, 94, 96, 107, 108, 109, 123.2, 127, 132,  89ww
163335,,  164387. ay) ,5 17900 ,d e2 7l5a,  L3e5y2 ,d 3e5 E3 nyju 3ic9ia2m.1i ednet ola C Liveiyl;  d7e4  Syo 7ci5e ddaed elas  Ldeey C daepl itNalo; ta5r5ia1d, o5;8 7la, 
sdoiscpiaols; icloiósn a fritnícaul lcousa 1r2ta3 .d6e,  1la7 5L.e2y. b3)6 y/2 108181 ,d deel  R1e0g dlaem oecntutob rdee, lr Regeugliasdtroor aM deerc laan jtuilr; is8d0i.c6c idóenl   BOE-A-cable e
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; 99 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social; las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 30 de septiembre de 1997, 27 de mayo de 2013 y 12 de noviembre 
de 2014, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 16 de mayo de 1989, 30 de marzo, 17 de mayo y 20 de agosto de 1993, 7 de junio 
de 1994, 30 de marzo y 8 y 28 de julio de 1999, 21 de marzo de 2001, 15 de octubre y 1 
de diciembre de 2003, 4 de mayo de 2005, 28 de julio de 2009, 2 de noviembre de 2010, 
19 de agosto de 2011, 28 de enero de 2012, 23 de abril y 23 de julio de 2015, 15 de 
noviembre de 2016 y 9 y 23 de mayo de 2019.
1.  Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se elevan a público los 
acuerdos  adoptados  por  unanimidad  en  junta  universal  de  una  sociedad  de 
responsabilidad limitada, por los que se modifican los estatutos sociales, de modo que se 
dispone  que,  notificado  a  la  sociedad  el  inicio  o  apertura  de  un  procedimiento 
administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera 
de los socios de la sociedad que tuviera como objeto la inmovilización de las mismas que 
pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del 
órgano de administración, podrá adquirir la totalidad de las participaciones embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este 
derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo 
máximo de veinte días. Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, «el 
precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, 
entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance 
aprobado por la Junta». Se añade también que «en tanto las participaciones sociales 
afectadas  por  el  embargo  no  sean  transmitidas  en  los  términos  previstos  en  los 
presentes estatutos, conferirán a su titular el ejercicio de sus derechos económicos y 
políticos,  a  excepción  del  ejercicio  del  voto  en  acuerdos  que  tengan  por  objeto 
decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la Ley y en 
los  presentes  estatutos,  detrayéndose  su  participación  del  cómputo  de  votos  a  los 
efectos de quorum y mayorías establecidas». Y, por último, se establece que será cusa 
de exclusión de la sociedad –que deberá ser acordada por la junta general– el inicio de 
un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones 
de cualquier socio, ya sea de forma total o parcial, debiendo proceder la sociedad «a 
amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración 
a  efectos  de  su  contraprestación  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las 
participaciones  afectadas,  entendiéndose  por  valor  razonable  el  valor  contable  que 
resulte del último balance aprobado por la Junta».
El  registrador  reconoce  que  los  tres  artículos  estatutarios  que  han  quedado 
transcritos son reproducción literal de los incorporados a la escritura pública que fue 
objeto del recurso resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado 
mediante la Resolución de 23 de mayo de 2019 (y que, a su vez, coinciden casi en su 
totalidad con los que fueron examinados en la Resolución de 9 de mayo de 2019), en el 
sentido de declararlos inscribibles. Pero, no obstante, resuelve no practicar la inscripción 
de dichas disposiciones por los argumentos que expone por extenso en la calificación y 
que, en esencia, consisten en que, a su juicio: a) resulta gravemente lesionado un 
principio de orden público cual es el de la responsabilidad universal por las deudas con 
todos los bienes y derechos del obligado al pago que solo admite las excepciones  e.
previstas en la Ley; b) se deja indeterminado el hecho desencadenante del derecho que  w.b
atribuyen  a  la  sociedad  y  en  su  defecto  al  resto  de  los  socios  a  adquirir  las  89ww
pdaer tlaic ippraivcaiocnióens  sdoec siaule dse dreec uhno  sdoec ivoo ctoo np laar ac oarcreuleartdivoas  oqbulieg arceiqóuni edrea ne smtea ydoer ítara nresfmoriztiarldaas,, 
aessít acbolemcoid od ee lna  ecla u6s3a5  ddee  elaxc Lluesyió nd ep aEcntjaudicai;a mc)i einnftroin gCeivni l;e ld )p raolc eddisimpoiennetros ed eq ueeje csuecai ólna 
sociedad sea el socio quien adquiera las participaciones embargadas lo haga pagando el
precio resultante de su valor contable según el último balance aprobado por la junta, no 
se garantiza el derecho del acreedor a obtener la mayor satisfacción posible de la 
realización de los bienes embargados, que es precisamente, conforme al artículo 570 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil la finalidad del procedimiento; e) la disposición relativa a la 
exclusión del ejercicio del voto de los titulares de las participaciones sociales afectadas 
por el embargo para determinados casos comporta una limitación del derecho de voto 
que no tiene amparo legal, es desproporcionada y provoca inseguridad jurídica no solo a 
los actuales socios sino a quienes lo sean en el futuro, y f) se infringen las normas 
imperativas  que  regulan  el  procedimiento  de  exclusión,  ya  que  es  improcedente 
configurar el embargo como causa estatutaria de exclusión, y la forma de valoración de 
las  participaciones  del  socio  excluido  es  contraria  a  lo  establecido,  con  carácter 
imperativo. en el artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital.
Estas objeciones no pueden ser confirmadas, pues razones análogas a las que se 
alegan ahora no fueron desconocidas en la citada Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2019 cuya doctrina debe reiterarse 
ahora.
2.  En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura 
de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones sociales, 
la Dirección General de los Registros y del Notariado en las citadas Resoluciones de 9 
y 23 de mayo de 2019 afirma que debe tenerse en cuenta que, respecto del régimen de 
transmisión  de  participaciones  sociales  en  caso  de  procedimiento  administrativo  o 
judicial de embargo, el artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital establece la 
suspensión del remate y de la adjudicación de las participaciones sociales embargadas y 
el derecho de los socios y, en su defecto –sólo si los estatutos le atribuyen en su favor el 
derecho de adquisición preferente–, de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante 
o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de 
la  subasta  y  la  consignación  íntegra  del  importe  del  remate  o,  en  su  caso,  de  la 
adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal no 
impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital), puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas 
alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, 
que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de 
Sociedades de Capital– atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales 
participaciones  por  su  valor  razonable  (con  la  correlativa  obligación  del  socio  de 
transmitirlas –cfr. artículo 188.3 del Reglamento de Registro Mercantil–), con la previsión 
añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta 
general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por el inicio de ese procedimiento 
de  embargo  de  las  participaciones,  con  la  consiguiente  amortización  de  las 
participaciones del socio afectado por la exclusión.
No puede desconocerse la peculiar naturaleza jurídica de la participación social en 
cuanto que no representa una realidad física económicamente autónoma, sino una 
completa posición social cuyo contenido y características vienen definidos por la norma 
estatutaria rectora de la vida y funcionamiento de la sociedad, de modo que siempre que 
dicha norma permanezca dentro de los cauces legales preestablecidos, a ella deberá 
estarse para resolver las incidencias que se planteen en su actuación y tráfico (y también 
a  la  hora  de  determinar  lo  que  debe  quedar  en  el  ámbito  propio  del  principio  de 
responsabilidad universal por las deudas con todos los bienes y derechos del obligado al  s
pago, atendiendo a los diferentes intereses en juego). La previsión estatutaria como la  oe.
debatida en el presente caso, que establece el derecho de la sociedad y de los socios a  w.
evitar el ingreso de nuevos miembros mediante el abono del valor de las participaciones,  89ww
cyo nnotr irbeusyuelt aa  idnecofinmirp aetl ibcloen tceonnid loa sj unroídrimcoa sd ep rloac peodsimiceiónnta sleosc,i acl uryeop rceasreáncttaedr as upboor radqinuaédlloa s–,
deens ccounaonctoe rsdee b(ecnfr .,d easr pceacuiaclemse ndtee , aecl tuaartcícióunlo  d6e3 5lo.2s  ddee rleac hLoesy  dseu sEtannjutivicoiasm– iennot op uCeivdiel,   BOE-A-cable e
según el cual –y para la fase propiamente de realización de bienes embargados–, si lo 
embargado  fueren  participaciones  sociales,  la  realización  se  hará  atendiendo  a  las 
disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de participaciones y, en especial, 
a los derechos de adquisición preferente; vid., también, la disposición final cuarta de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social –«en lo no previsto en 
esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil…»–; artículo 80.6 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; y artículo 99 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social). De este modo, 
en un caso como el presente, ejercitado el derecho de adquisición o excluido el socio 
cuyas participaciones están afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, el 
precio de la transmisión o la cuota de liquidación del socio excluido sustituye a las 
participaciones social cuyo embargo se pretendía iniciar.
Por lo demás, tiene razón el recurrente al afirmar que no hay indeterminación del 
hecho que da lugar a la obligación de transmitir las participaciones y de la causa de 
exclusión acordada. No puede entenderse que la cláusula estatutaria debatida sea 
indeterminada; cuestión distinta es que determinadas cuestiones puedan ser objeto de 
interpretación  conforme  a  los  cánones  hermenéuticos  (como  por  ejemplo  los 
establecidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil) que, como ha reiterado 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, son también aplicables a los 
estatutos sociales.
3.  Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido 
deben recordarse las consideraciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en las citadas Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019.
En relación con el régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales por 
acto «inter vivos», a título oneroso o gratuito, esa Dirección General, en Resolución 
de  15  de  noviembre  de  2016,  admitió  –en  vía  de  principios–  la  inscripción  de  la 
disposición estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición 
preferente que habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya 
transmisión se tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado 
por la Junta (o el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior 
a ese valor contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de 
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y –
salvo  en  el  caso  de  sociedades  abiertas–  tampoco  de  acciones,  dicho  valor  debe 
determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera 
Parte,  apartado  6.2,  del  Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, «valor razonable es el importe por el que puede 
ser  intercambiado  un  activo  o  liquidado  un  pasivo,  entre  partes  interesadas  y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua». Y la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas 
para  estos  casos  publicada  mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos 
métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las 
acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según 
reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables». 
Por ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de 
mercado de las participaciones sociales. s
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter  oe.
vivos» únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los  w.
principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley de Sociedades de  89ww
Cmaispmitaal )le ay.sí como a las limitaciones específicas establecidas en el artículo 108 de la
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la junta general.
Es  cierto  que,  respecto  de  la  transmisión  de  acciones,  el  artículo  123.6  del 
Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en tal Registro 
«las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las 
acciones». Y la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la Resolución 
de 4 de mayo de 2005, entendió que aunque el artículo 188 del Reglamento del Registro 
Mercantil en relación con las participaciones de sociedades de responsabilidad limitada 
no recoja una prohibición como la que se establece en el artículo 123.6, debe respetarse 
el «principio de responder o buscar el valor real o el “valor razonable”» y, por tanto, la 
doctrina de Resoluciones como las de 7 de junio de 1994 o 30 de marzo de 1999 según 
las cuales «el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día 
al valor razonable, por cuanto la contabilización en el balance está sujeto a una serie de 
principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser 
el fondo de comercio no adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de 
comercio), o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el 
precio de adquisición (artículo 38.1, f), y en general el de prudencia que si impide la 
inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y riesgos que 
tengan tal carácter (art. 38.1, c) y que si son lógicos en cuanto a otros fines de interés 
público, en especial la protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de 
proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se 
fija en atención de los datos contables». En la citada Resolución de 2005, ese Centro 
Directivo pone de relieve que otra solución implicaría para el socio una prohibición 
indirecta de disponer sin las garantías establecidas en la Ley (vigente artículo 108.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital) o la atribución de los demás socios de la facultad de 
obtener  un  enriquecimiento  injusto  o  sin  causa,  contrario  a  uno  de  los  principios 
generales que informan nuestro ordenamiento jurídico.
Sin  duda,  estas  consideraciones  deben  valorarse  para  determinar  si  es  o  no 
inscribible determinada cláusula sobre el precio o valor de las participaciones objeto del 
derecho de adquisición preferente. Pero, según puso de relieve la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en la citada Resolución de 15 de noviembre de 2016, no 
pueden  considerarse  determinantes  para  impedir  la  inscripción  de  una  cláusula 
estatutaria según la cual, en caso de transmisión voluntaria de participaciones sociales 
por  acto  «inter  vivos»,  el  valor  razonable  para  ejercitar  el  derecho  de  adquisición 
preferente coincidirá con el valor contable que resulte del último balance aprobado por la 
junta. Ese mismo Centro Directivo ha entendido que los «límites dentro de los cuales han 
de  quedar  encuadradas  las  restricciones  estatutarias  a  la  transmisibilidad  de  las 
acciones cobran especial importancia respecto de la fijación del precio que los titulares 
del derecho de adquisición preferente en que tales restricciones se traduzcan habrán de 
satisfacer en caso de discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este 
extremo, según el criterio de esta Dirección General (cfr., por todas, la Resolución de 20 
de marzo de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por 
asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda 
entenderse que le convierta en una suerte de “prisionero de sus títulos”. Así, una 
cláusula que por el sistema de fijación de dicho precio impida, prima facie, al accionista 
obtener el valor razonable de las acciones ha de reputarse nula conforme al artículo 63.2 
de la Ley de Sociedades Anónimas [actualmente, artículo 123.2 de la Ley de Sociedades  s
de Capital] en tanto en cuanto haga prácticamente intransmisible la acción. Éste es el  oe.
sentido  que,  en  consideración  a  su  rango  normativo,  debe  darse  a  la  norma  del  w.
artículo 123.6 del Reglamento del Registro Mercantil y, por ende, no pueden proscribir  89ww
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transmisión voluntaria por acto «inter vivos» de las mismas aun cuando no coincida 
dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de cuentas, por entender que 
no rebasan los límites generales de la autonomía de la voluntad (cfr. artículos 1255 
y 1258 del Código Civil y 28 de Ley de Sociedades de Capital), y que su acceso al 
Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del artículo 175.2.b) del Reglamento del 
Registro Mercantil, introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, siempre 
que no perturben la realización del valor patrimonial de las participaciones con una 
dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si se tiene en cuenta que, al 
ser aplicadas, deben respetarse los límites impuestos por los usos, la buena fe y la 
prohibición de abuso del derecho –cfr. artículos 1 y 57 del Código de Comercio y 7, 1258, 
1287 y 1291 del Código Civil–. Debe tenerse en cuenta también, que, como afirma el 
recurrente, la elaboración de las cuentas no puede quedar a la libérrima decisión de la 
sociedad sino que está sujeta a estrictas normas contables e incluso penales. Por otra 
parte,  si  por  las  circunstancias  del  caso  concreto,  la  fijación  del  valor  de  las 
participaciones pudiese implicar para el socio una vinculación excesiva o abusiva, o un 
perjuicio para terceros, quedará a salvo el eventual control judicial de este extremo, 
atendiendo a tales circunstancias.
Por lo demás, admitidos los privilegios respecto de los derechos económicos de las 
participaciones  sociales,  en  el  reparto  de  las  ganancias  sociales  y  en  la  cuota  de 
liquidación del socio (cfr. arts. 95, 275 y 392.1 de Ley de Sociedades de Capital), deben 
admitirse  también  cláusulas  como  la  enjuiciada  en  la  citada  Resolución  de  15  de 
noviembre de 2016, en el marco de la autonomía privada, con los límites generales 
derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros. Tales cláusulas 
no hacen más que delimitar el contenido económico del derecho del socio a percibir el 
valor de sus participaciones sociales en caso de transmisión voluntaria. Una cláusula 
como la entonces permitida no puede reputarse como prohibición indirecta de disponer, 
pues no impide «ex ante» y objetivamente obtener el valor razonable, o un valor que 
será más o menos próximo a aquél según las circunstancias y los resultados de la 
sociedad así como del hecho de que se hayan retenido o no las ganancias. Por ello, no 
puede afirmarse que dicha cláusula tenga objetivamente carácter expropiatorio o sea 
leonina  para  el  socio  transmitente.  Y,  aun  cuando  en  el  momento  de  realizar  la 
transmisión el valor contable fuera inferior al valor razonable, tampoco puede afirmarse 
que comporte enriquecimiento injusto o sin causa en favor de los restantes socios o de la 
sociedad, en tanto que responde a lo pactado y aceptado previamente por todos los 
socios. Por lo demás, si el acuerdo sobre la referida disposición estatutaria ha sido 
adoptado por unanimidad de los socios en junta general universal, se cumple el requisito 
establecido en el citado artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil para la 
inscripción  del  «pacto  unánime  de  los  socios  de  los  criterios  y  sistemas  para  la 
determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso 
de transmisiones “inter vivos” o “mortis causa” (…)».
Si  se  tienen  en  cuenta  «mutatis  mutandis»  las  consideraciones  anteriormente 
expresadas sobre la admisión por la Resolución de 15 de noviembre de 2016 de la 
inscripción de la disposición estatutaria sobre un derecho de adquisición preferente 
ejercitable por el valor razonable de las participaciones, que sería el valor contable 
resultante del último balance aprobado por la junta, no puede confirmarse la concreta 
objeción que opone el registradora la forma de valoración de las participaciones del socio 
excluido.
4.  Por último, debe decidirse si es o no inscribible la cláusula estatutaria por la cual  s
se previene que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean  oe.
transmitidas en la forma establecida en los mismos estatutos –anteriormente expuesta–,  w.
tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en acuerdos que  89ww
etesntagbalne cipdoor  eonb jleat oL edye yc iseino nleoss  pqruees enreteqsu ieersatna tudtoes , udneat ramyéanyodroísae  rseufo przaardticai psaecgióúnn  delol 
cómputo de votos a los efectos de quorum y mayorías establecidas».
Es cierto que, como expresa el registrador en su calificación, la Ley de Sociedades 
de Capital no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de 
voto, a diferencia de otros supuestos que cita. Pero tal circunstancia no autoriza para 
concluir que con tales previsiones legales expresas se cercena el margen de autonomía 
de la voluntad de los socios para prevenir la suspensión del ejercicio del derecho de voto 
en otros supuestos en los que, según la valoración de todos aquellos al instrumentar por 
unanimidad la cláusula debatida, existe un interés en dicha suspensión.
Si  se  tiene  en  cuenta  la  flexibilidad  del  régimen  jurídico  de  la  sociedad  de 
responsabilidad limitada, con admisión expresa de creación de privilegios respecto del 
derecho de voto (cfr. artículos 96 –«a contario sensu»– y 188.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital, con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto – artículo 98 y 
siguientes  de  la  misma  ley–),  debe  admitirse  también  que  los  socios  configuren 
estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de 
conflicto de intereses expresamente contemplados en al artículo 190 de dicha Ley. No 
puede haber obstáculo, pues, para que en esos concretos supuestos los estatutos 
prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el socio cuyas participaciones 
se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, al modo que la misma Ley de Sociedades de Capital prevé expresamente 
para otros supuestos (cfr. la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 16 de mayo de 1989). Por lo demás, no cabe acoger argumentos –como 
pretende el registrador en su calificación– que limitan la autonomía de la voluntad 
basados en la idea de que los estatutos son normas que surtirán efecto «erga omnes», 
también respecto de futuros socios; este argumento, que puede ser válido en ciertos 
aspectos relativos a la sociedad anónima cotizada, no puede admitirse en la generalidad 
de las sociedades de capital, y, concretamente, en el presente caso en que se aprueban 
los estatutos por unanimidad y no es imaginable que los futuros adquirentes de las 
participaciones sociales no conozcan el régimen aplicable según los estatutos que gozan 
de la publicidad del Registro Mercantil.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 6 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.