BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 7517
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
1095 Resolución de 16 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y Rumasa, SME, SA, en 
liquidación.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y en 
nombre y representación de RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, el Representante 
Persona Física del Liquidador Único de la Sociedad COFIVACASA, S.A., S.M.E., han 
suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 16 de enero de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y RUMASA S.M.E., S.A. en liquidación
30 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 
General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 
nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE n° 158; en virtud de Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De otra parte, el Sr. don Jorge Guillermo Pipaón Pulido, actuando en nombre y 
representación de RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, con domicilio social en Avenida 
del General Perón, 38, 9.ª planta (edificio Masters I), 28020 de Madrid, en su condición 
de Representante Persona Física del Liquidador Único, la Sociedad COFIVACASA, S.A. 
S.M.E, cargo para el que fue nombrado el 10 de junio de 2019 según consta en la 
escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Jorge Saez-Santurtún Prieto, e inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid el día 13 de junio de 2019, al Tomo 30.414, Folio 45,  s
Hoja M-49756, Inscripción 151. oe.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un convenio.
Segundo.
Que RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, es una sociedad mercantil del sector 
público estatal de las previstas en el art. 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y teniendo por actividad principal C.N.A.E. n.º 6420: 
«Actividades de sociedades de Holding»; tiene personalidad jurídica propia y plena 
capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia 
respecto de las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones 
Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, está interesada en que el Servicio Jurídico 
del Estado le preste asistencia jurídica, con la misma extensión y en los mismos términos 
en que se le proporciona al Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a  RUMASA,  S.M.E.,  S.A.,  en  liquidación,  ambas  partes  consideran  conveniente  la 
designación por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en 
activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto. s
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en  w.b
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real  95ww
JDuercídreictoo  d9e9l7 E/2s0ta0d3o, ,d ées t2e5 p doed ráju lpiore sptoarr  eals iqsuteen csiea  jauprírduiecbaa a  eRl URMegAlSamA,e Snt.oM .dEe.,l  SS.eAr.v,i ceion 
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ante  cualesquiera  jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos 
previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, colaborará con los Abogados del Estado para 
la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, y los Abogados del Estado que le presten 
esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, RUMASA, S.M.E., S.A., en 
liquidación, se reserva la facultad de ser asesorada, representada y defendida por 
Abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las 
normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de RUMASA, 
S.M.E., S.A., en liquidación y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, 
RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, será asesorada, representada y defendida por 
abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las 
normas procesales comunes.
Cuando  exista  contraposición  de  intereses  entre  RUMASA,  S.M.E.,  S.A.,  en 
liquidación y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado 
se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u 
otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán 
consulta a la Abogacía General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. e.e
Este convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico  w.b
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado  95ww
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, satisfará a la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de quince mil euros 
(15.000,00 €) más IVA, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los 
períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. RUMASA, S.M.E., S.A., en 
liquidación, deberá efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o 
telemáticamente,  debiendo,  una  vez  efectuada  la  operación,  remitir  a  la  Secretaria 
General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación, 
corresponderá a ésta el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación.
Octava.  Modificación.
El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga  e.
acordada expresamente w.b
b)  El mutuo acuerdo. 95ww
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entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Representante Persona Física del Liquidador Único de la 
Sociedad COFIVACASA, S.A., S.M.E, Jorge Guillermo Pipaón Pulido.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  Novena  del  convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
– La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
Por RUMASA, S.M.E., S.A., en liquidación:
– El Administrador Único. En la actualidad, don Jorge Guillermo Pipaón Pulido.
– El Director de Asesoría Jurídica. En la actualidad, don Eduardo Riesco Almarza.