BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Lunes 13 de diciembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 73357
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
50294 Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno
en Illes Balears, sobre revocación de actos administrativos de
gravamen o desfavorables al interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Esta Delegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.
SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.
TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que ‘’Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no e.
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa w.b
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos 94ww
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CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.
QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este
ámbito la ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
Nº EXPEDIENTE NIF/NIE
 1 1604/2020 X3539461Z
 2 1668/2020 Y0809815E
 3 1797/2020 43212132P
 4 1816/2020 39377464S
 5 1842/2020 Y1754100L
 6 1847/2020 Y5052106D
 7 1863/2020 Y7131633Z
 8 1895/2020 71668928P
 9 1914/2020 X3314618L
 10 1929/2020 31738392W
 11 1932/2020 76259653W es
 12 2069/2020 45387171Y o
 13 2083/2020 43185678G ww.
  1145 22110974//22002200 1111777722889988AA 21-50294https://w
 16 2308/2020 Y1131958G 20n 
 17 2404/2020 48273997X
 18 2677/2020 Y1342951H
 19 2699/2020 53636842Z
 20 2702/2020 X6705248N
 21 2827/2020 Y7533325B
 22 2842/2020 41086387S
 23 2844/2020 X7870294Q
 24 2922/2020 X6795076W
 25 2929/2020 X9952241A
 26 2978/2020 53080984C
 27 3051/2020 08847228W
 28 3097/2020 78479483X
 29 3107/2020 71588144T
 30 3113/2020 32066090L
 31 3142/2020 20067540V
 32 3234/2020 Y0203393H
 33 3247/2020 X3763204J
 34 3271/2020 X3112822W
 35 3394/2020 77228618T
 36 3439/2020 15520873J
 37 3441/2020 07553167J
 38 3490/2020 Y7885283T
Palma, 7 de diciembre de 2021.- La Delegada del Gobierno en Illes Balears,
Ana María Calvo Sastre.
ID: A210065416-1