BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93496
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13025 Sala Primera. Sentencia 141/2021, de 12 de julio de 2021. Recurso de 
amparo 1576-2019. Promovido por don Cristóbal Gallego Gallego en relación 
con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo 
del  Tribunal  Supremo  y  de  la  Audiencia  Nacional  en  procedimiento  por 
responsabilidad patrimonial de la administración de Justicia. Vulneración de 
los derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 
(denegación de indemnización resultante de la aplicación del precepto legal 
anulado por la STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2021:141
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 1576-2019, promovido por don Cristóbal Gallego Gallego, 
representado por el procurador de los tribunales don Luis José García Barrenechea y asistido por 
el abogado don Manuel Espinosa, frente a la resolución de la secretaria de Estado de Justicia 
de 10 de julio de 2015, que desestimó la reclamación de indemnización a cargo del Estado por 
prisión preventiva (expediente número 650-2013), y contra la sentencia de la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 28 de junio de 2018 
(procedimiento ordinario número 376-2015), que desestimó el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la anterior. Del mismo modo, contra la providencia de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2019, que 
inadmite el recurso de casación número 6890-2018 interpuesto contra la referida sentencia. Ha 
sido parte el abogado del Estado, en la representación que ostenta, y ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el día 12 de marzo de 2019, el 
procurador  de  los  tribunales  don  Luis  José  García  Barrenechea,  en  nombre  y 
representación de don Cristóbal Gallego Gallego, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, y relevantes para su  es
resolución, son, en síntesis, los siguientes: o
«a)  Contra el actor se siguió procedimiento penal, por delitos de homicidio en grado  025ww
cdoem teunntiactaivdaa,  ye ns ienl  fqiaunez as,e  paocro rredsóo cluocnió fne cdheal  J1u9z dgea dmo adrzeo P driem 2e0ra1 0In ssuta pnrcisiaió en  Ipnrsotvruisciocinóanl 
Anúumdieernoc ia1  Pdero vMinacritaols ,d esi tuJaacéinó,n  pqour ea useto  mdaen t1u3v od eh ajsutlaio  qduee  2la0 1S1e, cdceiócnre tTóe rscue rali bdeert alad   BOE-A-cable e
provisional. La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén de 1 
de  marzo  de  2012  (sumario  ordinario  número  1-2011),  absolvió  libremente  al 
demandante de amparo, porque no encontró «elementos de prueba suficiente para 
deducir que el partícipe tenía conocimiento efectivo de la acción que iba a realizar el otro 
acusado», debiendo prevalecer ''el principio in dubio pro reo derivado del principio de 
presunción de inocencia a los efectos de absolver libremente a este acusado de los 
hechos imputados''.
b)  El recurrente presentó el 25 de noviembre de 2013 escrito ante el Ministerio de 
Justicia, reclamando una indemnización de 62 755 euros por los perjuicios sufridos a 
causa de la prisión preventiva. Contra la desestimación presunta de su reclamación 
interpuso  el  demandante  de  amparo  recurso  contencioso-administrativo  ante  los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, cuyo conocimiento correspondió al 
Juzgado número 2 (procedimiento ordinario número 460-2015), el cual, previa audiencia 
a la partes y al Ministerio Fiscal, acordó por auto de 7 de septiembre de 2015 declarar 
que  la  competencia  para  el  conocimiento  del  asunto  correspondía  a  la  Audiencia 
Nacional, con remisión de las actuaciones a la misma. La Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional asumió la competencia en virtud 
de decreto de 2 de noviembre de 2015 (procedimiento ordinario número 376-2015).
La reclamación fue desestimada por resolución expresa de la secretaria de Estado 
de Justicia de 10 de julio de 2015 (por delegación del ministro de Justicia), con apoyo en 
el dictamen emitido por el Consejo de Estado. La administración argumentó que el 
art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha sido interpretado por la 
jurisprudencia en el sentido de que solo generan derecho a indemnización los supuestos 
en  que  se  prueba  la  inexistencia  del  hecho  imputado,  y,  en  el  caso  del  actor,  la 
absolución no ha sido la constatación de la inexistencia del hecho delictivo de que fue 
acusado. Por tanto, no se declara la inexistencia del hecho imputado, por el que se 
condena al otro acusado, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, no concurre el supuesto de indemnización previsto en el art. 294.1 LOPJ. Así 
pues, su reclamación habría de canalizarse por la vía del art. 293 LOPJ, que requiere la 
previa declaración judicial de existencia de error judicial.
c)  El recurso contencioso-administrativo seguido ante la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se dirigió frente a dicha 
resolución expresa. En su demanda, el actor invocó la vulneración de los arts. 17 y 24.2 
CE y reclamó el abono de la indemnización por la prisión preventiva indebidamente 
sufrida, al amparo de los arts. 294 LOPJ y 121 CE. El recurso fue desestimado por 
sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 28 de junio de 2018. La Sala consideró que la reclamación del 
actor  no  tenía  cabida  en  el  art.  294  LOPJ  que,  conforme  al  cambio  de  criterio 
jurisprudencial,  introducido  por  el  Tribunal  Supremo  en  dos  sentencias  de  23  de 
noviembre de 2010, a raíz de las sentencias del Tribunal Europeo Derechos Humanos 
de 25 de abril de 2006 (Puig Panella c. España) y 13 de julio de 2010 (Tendam c. 
España), limita el derecho a indemnización al supuesto de inexistencia objetiva del 
hecho. Y esta no se aprecia en el presente caso pues la razón de la absolución no fue la 
inexistencia de los hechos imputados, que sí existieron y por los que fue condenada otra 
persona,  sino  la  inexistencia  de  prueba  de  cargo  suficiente  acreditativa  de  la 
participación del recurrente en el delito. Por tanto, entiende la Sala que se trata de un 
supuesto de inexistencia subjetiva que queda fuera del art. 294 LOPJ, según ha sido 
interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. s
d)  Contra  la  anterior  sentencia  interpuso  el  actor  recurso  de  casación,  que  fue  oe.
inadmitido por providencia de la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo  w.
de 31 de enero de 2019, por falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de  025ww
nreingguulandoo drae  ldoes  slau pjuuerisstdoisc cpiórenv isctoonst eennc iloosso a-paadrmtaindiosstr asteivgau nqduoe y  pteerrcmeirtoa  daepl raerct.i a8r8  edl ei nlate Lreéys 
casacional  objetivo,  no  concurriendo,  en  particular,  «el  presupuesto  para  que  resulte
operativa la presunción de interés casacional objetivo del apartado b) del art. 88.3 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que se invoca.»
3.  La demanda de amparo denuncia la vulneración de los arts. 17, 24.1 y 2, y 121 CE, 
apoyándose en los argumentos del ATC 79/2018, de 17 de julio, mediante el que el Pleno de 
este tribunal acordó plantear cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de los incisos 
del  artículo  294.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  «por  inexistencia  del  hecho 
imputado» y «por esta misma causa» por oposición a los artículos 17, 14 y 24.2 CE. Señala 
que la actuación de este tribunal depurará el precepto, permitiendo la indemnización de 
quienes,  después  de  haber  sufrido  prisión  preventiva,  sean  absueltos  o  se  decrete  el 
sobreseimiento libre. Esta iniciativa del Tribunal Constitucional es consecuencia, a su juicio, 
de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando, en particular, la 
sentencia del caso Tendam c. España, que no consideró aceptable distinguir entre absueltos 
de primera (cuando la sentencia refleja la indudable inocencia del acusado) y absueltos de 
segunda (por falta de prueba suficiente), pues lo contrario deja latente una duda sobre la 
inocencia de algunos absueltos. Se refiere especialmente a las circunstancias del caso en el 
que se planteó la cuestión interna de inconstitucionalidad, muy similar al que nos ocupa, y a la 
doctrina sentada, entre otras, en la STC 8/2017, de 19 de enero.
4.  Por providencia de 21 de septiembre de 2021, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó  admitir  a  trámite  el  recurso  de  amparo,  apreciando  que  concurre  una  especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], 
como consecuencia de que la vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera 
provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]. Por ello, en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta comunicación a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para 
que, en plazo que no exceda de diez días, remitieran respectivamente certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación número 6890-2018 y al 
procedimiento ordinario número 376-2015; debiendo asimismo emplazarse a quienes hubieran 
sido parte en dicho procedimiento, excepto al recurrente en amparo, a fin de que pudieran 
comparecer, si lo desearan, en el presente proceso constitucional.
5.  El abogado del Estado, en la representación que ostenta, se personó en el 
recurso de amparo mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 2020.
6.  Por diligencia de ordenación de 18 de noviembre de 2020, se tuvo por personado 
al  abogado  del  Estado  en  la  representación  que  ostenta,  teniéndose  también  por 
recibidos  los  testimonios  de  las  actuaciones  remitidos  por  los  órganos  judiciales. 
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las 
actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por el plazo común de veinte 
días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
7.  El  Ministerio  Fiscal,  mediante  escrito  presentado  en  este  tribunal  el  3  de 
diciembre de 2020, formuló sus alegaciones, solicitando la estimación del recurso de 
amparo, al margen de las deficiencias argumentativas que pueden encontrarse en la 
fundamentación de la demanda contencioso-administrativa, del escrito de preparación 
del recurso de casación, y del propio recurso de amparo.
Tras exponer los antecedentes del caso y el contenido de la demanda de amparo, trae a 
colación la doctrina establecida inicialmente en la STC 85/2019, de 20 de junio, y, en particular,  e.e
en los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre, al ser los términos  b
del debate, coincidentes con dicho asunto. En ellos se determinaron los efectos que sobre el  025ww
rqeuceu rdseoc ldaeró a lam ipnacroon, sqtiutuec iaoqnuaelildlaa ds ednet elonsc iian chisaobsía « idnee xriessteonlvceiar,  ddeel bhíeac phroo dimupciur talad oS»T Cy  «8p5o/2r 0e1s9ta, 
mgeisnmeraa rc. aEunsa c»o dnesle acurte. n2c9i4a.,1  eLl OfiPscJa yl  ecostnimcrae tóq ueel  aplcroacnecdee q uoeto rlag aers teiml aacmiópna rdoe ly a rmepcoanroo cdeerb íeal 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en
cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019.
Advierte por último que, si bien de la literalidad del precepto depurado de su tacha de 
inconstitucionalidad  cabría  entender  que  cuando  el  proceso  penal  concluya  con  un 
pronunciamiento absolutorio (o de sobreseimiento libre) procederá la indemnización, resulta, no 
obstante, que de lo establecido en la STC 85/2019 no se desprende, por sí solo, que el 
derecho a la indemnización sea automático, por el mero hecho de que el solicitante haya 
sufrido prisión preventiva. En efecto, para determinar si procede la indemnización deberán 
aplicarse los criterios propios del Derecho general de daños (como puede ser la compensatio 
lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia víctima). Por ello, «también 
en el caso subyacente, cabría el juego de estos criterios de atemperación o incluso rechazo 
total o parcial, tomando en cuenta las particulares circunstancias concurrentes que podrán 
valorar las autoridades administrativas y, en su caso, judiciales».
Por todo lo expuesto, el fiscal interesa que se declaren vulnerados los derechos 
fundamentales del demandante a la igualdad (art. 14 CE) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE); que se anulen tanto las resoluciones judiciales impugnadas como la 
resolución  de  la  secretaria  de  Estado  de  Justicia  que  denegó  la  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial  formulada  por  el  demandante.  Igualmente,  que  se 
retrotraigan  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  resolución 
administrativa inicial, para que la administración resuelva esa reclamación en términos 
respetuosos con los derechos fundamentales del demandante a la igualdad y a la 
presunción de inocencia.
8.  La representación del demandante de amparo expuso sus alegaciones a través 
del escrito presentado el 23 de diciembre de 2020, en el que reiteró los argumentos de 
su demanda y se refirió de manera especial, a la doctrina establecida en la STC 85/2019, 
extractada en lo sustancial, indicando los efectos que, conforme a la misma, debía tener 
la estimación del recurso de amparo, coincidentes con los defendidos en su escrito por el 
Ministerio Fiscal.
9.  El 28 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito 
de alegaciones del abogado del Estado. Después de resumir los antecedentes que 
consideró relevantes, puso de relieve que la STC 85/2019, de 19 de junio, en la que se 
declara  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  los  incisos  del  art.  294.1  LOPJ  «por 
inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» deja incólume el inciso de 
ese  precepto  que  dice:  «siempre  que  se  le  hayan  irrogado  perjuicios».  De  esta 
constatación, deduce que la sola acreditación del tiempo pasado en prisión preventiva, 
seguida de absolución, no genera un derecho automático al resarcimiento, pues el 
interesado ha de probar los supuestos daños acaecidos, más allá solo del hecho de 
haber padecido prisión por un tiempo determinado, de acuerdo con «la aplicación de 
criterios propios del Derecho general de daños», conforme a las razones asentadas en el 
fundamento jurídico 13 de la indicada STC 85/2019. En aplicación de este principio, 
entiende la abogacía del Estado que la determinación de los posibles daños y perjuicios 
a resarcir, en su caso, no le corresponde al Tribunal Constitucional, sino que debe 
hacerse en un procedimiento autónomo y estrictamente sujeto a las reglas sustantivas y 
procesales del derecho de daños.
Por ello, en primer lugar solicita el abogado del Estado que se dicte sentencia 
conforme a Derecho. Y para el caso de que la sentencia que se dictase fuera de carácter 
estimatorio  del  amparo  formulado,  interesa  que  se  ordene  la  retroacción  de  las  e
actuaciones a la vía administrativa, a fin de que, de acuerdo con lo que dispone el  bo
art. 294 LOPJ, y siguiendo siempre el cauce procedimental adecuado, se acrediten los  025ww
posi1b0le. s dPaoñro psr oyv pideerjnuciciaio dse q 8u ed,e e jnu lsiou  dcea s2o0,2 h1u, bsiee rsae pñoadlóid poa sruaf rdire leibl ereraccuirórenn yt ev.otación de
la presente sentencia el día 12 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio, y 125/2019, 
de 31 de octubre.
El recurso de amparo tiene por objeto la resolución de la secretaria de Estado de 
Justicia de 10 de julio de 2015, recaída en el expediente número 650-2013, que rechazó 
la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el recurrente, por 
haber sufrido prisión provisional y ser posteriormente absuelto, y la sentencia de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de  28  de  junio  de  2018,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-administrativo 
número 376-2015, interpuesto contra la anterior resolución; así como la providencia de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de 31 de enero de 2019, que inadmite el recurso de casación número 6890-2018, 
interpuesto contra dicha sentencia.
Tanto el objeto del presente proceso constitucional como los planteamientos sustantivos 
introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente coincidentes 
con  los  que  ya  han  sido  abordados  por  el  Pleno  del  Tribunal  Constitucional  en  los 
fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 125/2019, de 31 de octubre. En ella se determinaron 
los efectos que, sobre el recurso de amparo que se resuelve en esa sentencia, debía producir 
la STC 85/2019, de 19 de junio, del Pleno, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los 
incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, concretándose el alcance que la estimación del amparo debía 
producir. Por tanto, a tales fundamentos jurídicos hemos de remitirnos.
Procede, en consecuencia, otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 CE 
señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la retroacción debe remontarse al 
momento anterior a dictarse la resolución de la secretaria de Estado de Justicia de 10 de 
julio de 2015, que denegó la indemnización y que origina la lesión de los derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la controversia planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 
y 24.2 CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, FJ 13, y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de amparo interpuesto por don Cristóbal Gallego Gallego 
y, en su virtud:
1.º  Declarar que han sido vulnerados sus derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
de 31 de enero de 2019, dictada en el recurso de casación número 6890-2018; la de la  e.e
sentencia de 28 de junio de 2018 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- w.b
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  dictada  en  el  procedimiento  ordinario  025ww
njuúlimo edreo  2307165-,2 r0e1c5a;í dya l ae nd ee l leax rpeesdoileunctieó nn údme elaro s 6e5c0re-2ta0r1ia3 .de Estado de Justicia de 10 de
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la resolución de 10 
de julio de 2015, para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de 
forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a doce de julio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.