BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132  Jueves 3 de junio de 2021  Sec. I.   Pág. 67789
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
9233 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley:
PREÁMBULO
I
La presente reforma de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en 
la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre 
de 2006, tratado internacional que en su artículo 12 proclama que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos 
los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes 
para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar 
en el ejercicio de su capacidad jurídica. El propósito de la convención es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como 
promover el respeto de su dignidad inherente.
Con la manifestación de este objetivo, la convención introduce importantes novedades 
en el tratamiento de la discapacidad, además de exigir a los Estados Partes que en todas 
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias 
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho internacional 
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de 
la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales 
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto 
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano 
judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al 
grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Se impone así el cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro 
ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que 
afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las 
preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus  s
propias decisiones. e.
La reforma del ordenamiento jurídico español, que es consecuencia de la ratificación  w.
por España de dicho tratado, se inició con la Ley 26/2011, llamada precisamente de  33ww
acodna pdtiascciaópna ncoidramda, tyiv qau ae l ase C eonncvaerngcói ódne  imntoedrnifaiccaior nnaulm soebrorseo los sc udeerrpeocsh olesg daele lsa sd ep enruseosntaros 
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las personas con discapacidad y de su inclusión social, a la que han de sumarse la
reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
la nueva legislación de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio, modificada 
por la Ley 4/2017, de 24 de junio, precisamente en relación con el derecho de las 
personas con discapacidad a contraer matrimonio en igualdad de condiciones) o las 
más recientes Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación 
de las personas con discapacidad sin exclusiones, y Ley Orgánica 2/2018, de 5 de 
diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 
discapacidad.
La presente Ley supone un hito fundamental en el trabajo de adaptación de nuestro 
ordenamiento a la Convención de Nueva York, así como en la puesta al día de nuestro 
Derecho interno en un tema, como es el del respeto al derecho de igualdad de todas las 
personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, que viene siendo objeto de atención 
constante en los últimos años, tanto por parte de las Naciones Unidas, como por el 
Consejo de Europa o por el propio Parlamento Europeo y, como lógica consecuencia, 
también por los ordenamientos estatales de nuestro entorno.
La nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, 
en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en 
el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de 
necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar 
esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los 
demás. Al respecto, ha de tomarse en consideración que, como ha puesto en evidencia la 
Observación General del Comité de Expertos de las Naciones Unidas elaborada en 2014, 
dicha capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación 
para ejercitarlos.
II
Esta Ley consta de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo primero modifica la Ley del Notariado con ocho apartados; el artículo 
segundo, con sesenta y siete apartados, modifica el Código Civil; el artículo tercero afecta 
a la Ley Hipotecaria y consta de nueve apartados; el artículo cuarto reforma la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con veintinueve apartados; el artículo quinto 
modifica la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la Normativa Tributaria con esta finalidad, y se distribuye en seis apartados; el artículo 
sexto modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y se distribuye en diez 
apartados; el artículo séptimo, referido a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, se estructura en veinte apartados; finalmente, el artículo octavo, referido al 
Código de Comercio, se estructura en tres apartados.
III
La reforma que el artículo segundo introduce en el Código Civil es la más extensa y de 
mayor calado, pues sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad 
y las preferencias de la persona con discapacidad, el cual informa toda la norma y se  s
extrapola a través de las demás modificaciones legales al resto de la legislación civil y la  oe.
procesal. w.
El Título XI del Libro Primero del Código Civil se redacta de nuevo y pasa a rubricarse  33ww
«caDpea claidsa dm jeudríiddiacsa »d, ed ea psuoeyrot ea q luaes  epl eerlesomneansto c soonb rdeis ecla qpuaec pidivaodt ap laar an ueelv eaj erercgiucliaoc idóen  nsou 
vmao dai fiscearc inóin  ldae i nucnaap caacpitaaccidióand  dqeu eq rueiseunl tan oin hseer ecnotnes aid lear cao nsudficicióienn dteem peenrsteo ncaa hpuamz,a nnai  lya,   BOE-A-cable e
por ello, no puede modificarse. Muy al contrario, la idea central del nuevo sistema es la de
apoyo a la persona que lo precise, apoyo que, tal y como la ya citada Observación General 
de 2014 recuerda, es un término amplio que engloba todo tipo de actuaciones: desde el 
acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de 
voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma 
de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Cabe añadir, incluso, que en 
situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de 
imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Es 
importante señalar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que 
las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún 
reconocimiento administrativo. Es también relevante que, a diferencia de lo que hacían los 
códigos decimonónicos, más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona 
que por la protección integral de esta, la nueva regulación trata de atender no solo a los 
asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden 
ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria –domicilio, salud, 
comunicaciones, etc.–.
No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos 
tradicionales de «incapacidad» e «incapacitación» por otros más precisos y respetuosos, 
sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado 
durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del 
derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, 
por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas 
tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, 
sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas 
que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio. La reforma normativa 
impulsada por esta Ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una 
transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales 
del Derecho –jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, 
notarios, registradores– que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de 
las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones 
paternalistas que hoy resultan periclitadas.
Siguiendo los precedentes de otros ordenamientos europeos y las directrices del 
Consejo de Europa, a la hora de concretar los apoyos la nueva regulación otorga 
preferencia a las medidas voluntarias, esto es, a las que puede tomar la propia persona 
con discapacidad. Dentro de las medidas voluntarias adquieren especial importancia los 
poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela. Fuera de ellas 
conviene destacar el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que se transforma 
en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando 
se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la 
persona con discapacidad. La realidad demuestra que en muchos supuestos la persona 
con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el 
ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho –generalmente un familiar, 
pues la familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo 
entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más 
vulnerables–, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con 
discapacidad tampoco desea. Para los casos en que se requiera que el guardador realice 
una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización 
judicial ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general 
de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo  es
examen de las circunstancias. o
dpedeane l  aaeeLbplx aeroca jylieu nocrisc rudt iirceetauin otoce  irldlóoiagen  e p– loanocb  usjcujiiaebddptlaioecad  icdaolaiel–d sp ,a u adarner caajvut  uelrraíaleadscg i cipluoaaeln a;fr ecispnsiooóa nrnld iad teamsa n ndácta oosdt n,u edc rd eoaliatsmlee cnioznai adspp taarirti cenueipccdsriia póeldainso. :e  c Edanuelstr ap aiastrtitceovetlpaunai,ac,o  icl paasiró, iig cnnanuc pyirifopa iecyataneol d l,mla aoa e  syldídeuneirded álaaaa,      OE-A-2021-9233able en https://www.
primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos en los que sea
preciso,  y  solo  de  manera  excepcional,  podrá  atribuirse  al  curador  funciones 
representativas.
El valor del cuidado, en alza en las sociedades democráticas actuales, tiene particular 
aplicación en el ejercicio de la curatela. Todas las personas, y en especial las personas 
con discapacidad, requieren ser tratadas por las demás personas y por los poderes 
públicos con cuidado, es decir, con la atención que requiera su situación concreta.
Siguiendo este mismo criterio, se eliminan del ámbito de la discapacidad no sólo la 
tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras 
demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las 
personas adultas con discapacidad que ahora se propone. En este sentido, conviene 
recordar que las nuevas concepciones sobre la autonomía de las personas con 
discapacidad ponen en duda que los progenitores sean siempre las personas más 
adecuadas para favorecer que el hijo adulto con discapacidad logre adquirir el mayor 
grado de independencia posible y se prepare para vivir en el futuro sin la presencia de sus 
progenitores, dada la previsible supervivencia del hijo; a lo que se añade que cuando los 
progenitores se hacen mayores, a veces esa patria potestad prorrogada o rehabilitada 
puede convertirse en una carga demasiado gravosa. Es por ello que, en la nueva 
regulación, cuando el menor con discapacidad llegue a la mayoría de edad se le prestarán 
los apoyos que necesite del mismo modo y por el mismo medio que a cualquier adulto que 
los requiera.
En el nuevo texto se recoge también la figura del defensor judicial, especialmente 
prevista para cierto tipo de situaciones, como aquella en que exista conflicto de intereses 
entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad, o aquella en que exista 
imposibilidad coyuntural de que la figura de apoyo habitual lo ejerza.
Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente 
en un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis. En todo caso, 
pueden ser revisadas ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda 
requerir su modificación.
Desde el punto de vista procedimental, cumple señalar que el procedimiento de 
provisión de apoyos solo puede conducir a una resolución judicial que determine los actos 
para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la 
declaración de incapacitación ni, mucho menos, a la privación de derechos, sean estos 
personales, patrimoniales o políticos.
Finalmente, se suprime la prodigalidad como institución autónoma, dado que los 
supuestos contemplados por ella encuentran encaje en las normas sobre medidas de 
apoyo aprobadas con la reforma.
Una reforma tan profunda como la que aquí se realiza ha obligado a un notable número 
de modificaciones legislativas tanto en el Código Civil como en otras leyes de indudable 
importancia.
IV
Dentro del Código, la reubicación en los Títulos XI y XII del Libro Primero de la materia 
que nos ocupa obliga a la reordenación del tema de la minoría de edad, la mayoría de 
edad y la emancipación, de suerte que el Título IX del mencionado Libro pasa a referirse 
a la tutela y la guarda de los menores, mientras que el Título X se destina a la mayoría de 
edad y la emancipación. En consonancia con lo dicho, la tutela, con su tradicional 
connotación representativa, queda reservada para los menores de edad que no estén  s
protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad  oe.
requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por  w.
uCnó ddFiegufoee nrCasi ovyrial  j rudedeqi cueiisaetlre.e mn adrec ola,  soopno mrtuuncah aasd laapst ancoirómna as  jluar índuiceavsa  qrueeg uelna ctioódna d lae  elax tceanpsaiócnid daedl   2021-9233n https://ww
jurídica de las personas con discapacidad. Así, las normas afectadas por esta reforma van
desde algunas relativas al Derecho internacional privado, la nacionalidad, ciertas reglas  Bc
sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con
discapacidad que precisen apoyo, lo cual puede tener repercusiones, por ejemplo, en la 
atribución de la vivienda familiar, o las reglas sobre el establecimiento de la filiación cuando 
hay  implicados  progenitores  o  hijos  con  discapacidad;  también  experimentan 
modificaciones puntuales algunos preceptos relativos a la sociedad de gananciales cuando 
uno de los cónyuges precisare de medidas de apoyo. Particularmente afectadas van a 
resultar algunas reglas relativas al Derecho de sucesiones y al Derecho de contratos, 
cuestiones estas en las que la capacidad de ejercicio de los derechos implica la posibilidad 
de realizar actos jurídicos de gran transcendencia, cuya celebración, validez y eficacia 
debe ser tratada de conformidad con la nueva perspectiva. Asimismo, la comprensión de 
las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces, en la doble dimensión 
de titularidad y ejercicio de sus derechos, ha de repercutir también de modo ineluctable en 
la idea de responsabilidad, lo que ha de conllevar el correlativo cambio en el concepto de 
imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio y en una nueva y más 
restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno. Para mantener la coherencia 
del sistema, la reforma hace también necesaria la modificación de dos preceptos del 
Código penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal cuando dicha 
responsabilidad recae sobre persona distinta del autor del hecho delictivo, y la disposición 
adicional primera para adaptarla a la nueva regulación. Se aprovecha la reforma para 
corregir el error que implicaba la referencia a los imputables. Adicionalmente, se reforman 
los artículos 4, 5 y 234 del Código de Comercio para adaptarlos a la nueva regulación del 
Código Civil. En todos ellos se omite cualquier referencia a las personas con discapacidad 
con medidas de apoyo por considerarla innecesaria, dado que esta cuestión se regirá por 
las normas generales previstas en el Código Civil.
En el ámbito del Registro de la Propiedad, se modifican los preceptos de la Ley 
Hipotecaria que se refieren a la incapacitación o los incapacitados y se suprime el Libro de 
incapacitados para adecuar la terminología y contenidos normativos a la Convención de 
Nueva York de la que trae causa esta reforma. Por otra parte, se elimina el artículo 28 de 
la Ley Hipotecaria, dado que los supuestos que eventualmente este artículo está llamado 
a proteger son muy residuales en comparación con el perjuicio que ocasiona en la sucesión 
de  colaterales  y  extraños  y  la  perturbación  del  tráfico,  generando  situaciones 
antieconómicas.
El Registro Civil se convierte en una pieza central, pues hará efectiva la preferencia 
que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona 
respecto de sí misma o de sus bienes. No obstante, el necesario respeto a los derechos 
fundamentales de la persona con discapacidad, incluida su intimidad y la protección de sus 
datos personales, han llevado a considerar que las medidas de apoyo accedan al Registro 
como datos sometidos al régimen de publicidad restringida.
V
La adaptación normativa a la Convención también debe extenderse al ámbito procesal, 
de modo que se sustituyen los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por 
los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad. Tal circunstancia 
permite asimismo introducir algunas modificaciones en la regulación de los procesos en 
que se ejercita una pretensión de esas características, dirigidas a solucionar algunos 
problemas que se han detectado en la práctica forense y que dan lugar a interpretaciones 
diferentes entre los tribunales.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se ha sometido a una revisión  s
de conjunto en la que, más allá de las necesarias revisiones terminológicas, se han  oe.
introducido los ajustes requeridos por la adaptación a la Convención en el ejercicio de las  w.
asecpcaiLorana ecpisrói mnd eeyr  dadi vemoteorcrdmiiofi icnya aeccniói óennl   rpeorl oeicvmeapdnuitmeg inseaenc teoión pnca udreaen  ltarlaa d  eifvinliis aeicól inóa ndrt,eí c eulanlo  h le7or seb nipsc,r ioaqc.ueed sime iienntrtoodsu dcee   2021-9233n https://ww
también en la Ley de Jurisdicción voluntaria. En este artículo se regulan las adaptaciones
y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, con  Bc
independencia de si lo hacen en calidad de parte o en otra distinta y que se llevarán a cabo
en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los 
actos de comunicación. Adicionalmente, se menciona expresamente que se permitirá que 
la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto 
que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste.
Es también importante el apartado 1 del artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que establece que en los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil, sea 
pertinente el nombramiento de curador y se haya formulado oposición en el previo 
expediente de jurisdicción voluntaria o cuando el expediente no haya podido resolverse, los 
procesos de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se 
regirán por lo dispuesto en dicho Capítulo. En caso de inexistencia de oposición, la provisión 
judicial de apoyos se regirá por lo dispuesto en la legislación de jurisdicción voluntaria.
Se trata, por tanto, de una reforma ambiciosa que opta por el cauce de la jurisdicción 
voluntaria de manera preferente, considerando de manera esencial la participación de la 
propia persona, facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo 
activamente y, donde la autoridad judicial interese la información precisa, ajustándose 
siempre a los principios de necesidad y proporcionalidad. Todo ello sin perjuicio de que el 
procedimiento se transforme en uno contradictorio. Por su parte, en el apartado 3 de ese 
mismo precepto se da solución al problema derivado del cambio de residencia habitual de 
la persona con discapacidad cuando se encuentra pendiente el proceso de provisión de 
apoyos. Siguiendo el criterio sentado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en esos 
casos las actuaciones deberían remitirse al juez de la nueva residencia, siempre que no 
se haya celebrado aún la vista. Así se facilita el desarrollo del proceso y se acerca este al 
lugar donde efectivamente se encuentra la persona con discapacidad.
El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus apartados 3 y 4, también da 
respuesta a situaciones que estaban originando prácticas diversas en los tribunales. Por un 
lado, se permite la presentación de alegaciones por aquella persona que en la demanda 
aparezca propuesta como curador de la persona con discapacidad, lo que posibilita contar 
con más datos acerca de su disponibilidad e idoneidad para asumir tal encomienda. Por otro, 
se admite la intervención a su costa en el proceso de cualquiera de los legitimados que no 
sea promotor del procedimiento o de cualquier sujeto con interés legítimo, evitando así que 
se generen situaciones de desigualdad entre los familiares de la persona con discapacidad, 
como sucedía con anterioridad, donde unos podían actuar con plenitud en el proceso dada 
su condición de parte y otros, en cambio, solo podían ser oídos en fase de prueba.
Las siguientes modificaciones se contienen en el artículo 758 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y se refieren al momento de admisión de la demanda y a la 
personación del demandado. En primer lugar, se establece que, una vez admitida la 
demanda, se debe obtener de los Registros públicos la información existente sobre las 
medidas de apoyo adoptadas, para respetar la voluntad de la persona con discapacidad. 
Y, en segundo lugar, se prescribe el nombramiento de un defensor judicial cuando la 
persona interesada, esto es, la persona con discapacidad, no comparezca, en el plazo 
concedido para contestar a la demanda, con su propia defensa y representación. Con ello 
se consigue que siempre exista alguien que defienda en el proceso los intereses de la 
persona con discapacidad.
La regulación de las pruebas que preceptivamente deben practicarse en este tipo de 
procesos se reordena en el nuevo texto y, además, se introduce en el artículo 759.2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad de que puedan no llevarse a cabo las audiencias 
preceptivas cuando la demanda la presente la propia persona interesada y aquellas 
puedan invadir su privacidad, al dar a conocer a su familia datos íntimos que ella prefiera  es
mantener reservados. Adicionalmente, el proceso debe alejarse del esquema tradicional  o
prpddeuieafdee roadrden iacpndtnaaca sira»a ac,e  rdolc  enaoju s nleooe z rjpaqi errsuo nelefate  assrsre uismomcenee iatdhdeliaíe daacsa i  easlean  sdsu lpe anne   anocspoiriasmorltmyieazomaas  qtdaidvuo eaesd    eDarde neecstr oeuelolrlactisoehb rnooá,   rmiedaCló cbicviniótoioeln nsaq t esiuns neeotie dncrrioe pac srlad,ou deflstea eals annci oa istdnaseeorani .olta  eP opnyo l ci«rcoi daaútre cloqt iisóumm neqoe,  uh,s aeaaal      OE-A-2021-9233able en https://www.
considerarse una cuestión más de Derecho sustantivo que procesal.
VI
La reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda 
justificada tanto por la introducción del nuevo expediente de provisión de medidas 
judiciales de apoyo a personas con discapacidad, como por la necesidad de que no haya 
discrepancia entre los diversos textos legales, todo ello en aras de una eficaz tutela de los 
derechos de las personas.
De esta manera, se establece un ajuste entre la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la 
legislación civil material en lo que respecta al nombramiento del defensor judicial de 
menores o personas con discapacidad.
En segundo término, se incorpora un nuevo Capítulo III bis relativo al expediente de 
provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad para los supuestos 
en los que, de acuerdo con las normas civiles, sea pertinente la previsión de alguna 
medida judicial de apoyo de carácter estable y no exista oposición. Podrá promover este 
expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona interesada, su cónyuge no separado de 
hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, y sus 
descendientes, ascendientes, o hermanos.
En relación con el expediente para el nombramiento de tutor (para el menor) o curador 
(para la persona con discapacidad), además de algunas adaptaciones terminológicas, se 
modifica el procedimiento para la rendición de cuentas del tutor o curador, para solucionar 
algunas disfunciones detectadas durante estos casi tres años de vigencia de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria. Por un lado, la comparecencia ante el juez no siempre debe tener 
lugar, sino solo cuando algún interesado lo solicite, con lo que se evita la actual proliferación 
de vistas que en la mayoría de las ocasiones carecen de sentido ante la ausencia de 
complejidad y oposición a las cuentas presentadas. Por otro lado, se permite que el 
tribunal ordene de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o asistido, una prueba pericial 
contable o de auditoría aun cuando nadie haya solicitado la comparecencia, si en el 
informe se describieran operaciones complejas o que requieran una justificación técnica. 
Esto responde a una necesidad que los tribunales han puesto de manifiesto en reiteradas 
ocasiones, en la línea de alcanzar una mayor protección de los intereses del menor o de 
la persona con discapacidad.
También se modifica un aspecto del expediente de autorización o aprobación judicial 
de actos de enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a menores o personas con 
discapacidad. De acuerdo con la nueva regulación del artículo 62.3 de la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, la intervención de abogado y procurador ya no será preceptiva en 
todos los casos en que la cuantía de la operación supere los 6.000 euros, sino solo cuando 
así resulte necesario por razones de complejidad de la operación o por la existencia de 
intereses contrapuestos. De esta manera se pretende ahorrar costes al menor y a la 
persona con discapacidad en relación con actos que carecen de dificultad técnica o 
jurídica, habida cuenta de que en este tipo de actuaciones siempre va a existir un control 
judicial en el momento de decidir sobre la aprobación de lo solicitado.
VII
Por último, cabe destacar la reforma de la Ley del Notariado y de la Ley 41/2003, de 18 
de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, 
con el objeto de acompasar su regulación al cambio de paradigma que introduce esta 
reforma. e.e
VIII 33ww
comEon r ecgulaan gtoe nael rraélg, ilmase nfu tnrcainosnietosr idoe,  saep ohyao o speta edjoe rpcoerr áunn ac ofnófromrmulae  fale lxai bnluee, vsae gLúeny  ldae csudael 
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arreglo al sistema anterior. La revisión también se podrá producir de oficio.
Finalmente, se fija un plazo de tres meses para la entrada en vigor de la norma, 
atendiendo a la necesidad de que se tome conocimiento de la nueva legislación con 
tiempo suficiente para que puedan afrontarse los cambios introducidos.
Artículo primero.  Modificación de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.
La Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica la letra a) del artículo 23 con la siguiente redacción:
«a)  La afirmación de dos personas, mayores de edad, que conozcan al 
otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquellos responsables de la 
identificación.»
Dos.  Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 25 con la siguiente redacción:
«Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que 
comparezcan ante Notario, estas podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes 
razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, 
braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, 
sistemas de apoyos a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, 
sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación, 
así como cualquier otro que resulte preciso.»
Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 54, que queda redactado como sigue:
«1.  Los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o 
mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo 
atribuidas a sus progenitores, podrán acordar su separación matrimonial o divorcio 
de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura 
pública. Deberán prestar su consentimiento ante el Notario del último domicilio 
común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.»
Cuatro.  Se modifica el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 56, que queda 
redactado como sigue:
«Cuando cualquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante 
legal, o fuera persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor 
judicial.»
Cinco.  Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 57, que queda 
redactado como sigue:
«Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor y careciera de 
representante legal o persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario 
comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de 
un defensor judicial.»
Seis.  Se modifica el apartado 3 del artículo 62, que queda redactado como sigue:
«3.  Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor y careciera de 
representante legal o fuese persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el  e.e
Notario comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la  w.b
designación de un defensor judicial.» 33ww
comSoi estiegu. e:Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 70, que queda redactada  OE-A-2021-92able en https://
«c)  Las deudas de alimentos en las que estén interesados menores, ni las que  Bc
recaigan sobre materias indisponibles u operaciones sujetas a autorización judicial.»
Ocho.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 81, que queda redactada 
como sigue:
«a)  Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores.»
Artículo segundo.  Modificación del Código Civil.
El Código Civil queda modificado como sigue:
Uno.  El segundo párrafo del artículo 9.6 pasa a tener la siguiente redacción:
«La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será 
la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se 
aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en 
España de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de aplicación, 
sin embargo, la ley española para la adopción de medidas de apoyo provisionales o 
urgentes.»
Dos.  El apartado 8 del artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:
«8.  En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en España, 
las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley española 
solo podrán invocar su discapacidad resultante de la ley de otro país si, en el 
momento de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal 
discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte.»
Tres.  El segundo párrafo del artículo 15.1 queda redactado en los siguientes términos:
«Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio 
optante, solo o con los apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, 
precise, o por su representante legal. Cuando la adquisición de la nacionalidad se 
haga por declaración o a petición del representante legal, la autorización necesaria 
deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.»
Cuatro.  El apartado 2 del artículo 20 se redacta del siguiente modo:
«2.  La declaración de opción se formulará:
a)  Por el representante legal del optante menor de catorce años. En caso de 
discrepancia entre los representantes legales del menor de catorce años sobre la 
tramitación de la declaración de opción, se tramitará el expediente de jurisdicción 
voluntaria previsto al efecto.
b)  Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél 
sea mayor de catorce años.
c)  Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho 
años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera 
emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar 
se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.
d)  Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de 
procedimiento que, en su caso, precise.
e)  Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la  s
extinción de las medidas de apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con  e.
anterioridad.» w.
Cinecnotr. «ec lSo) se  rEmelp orredepisfrieceansntea nlnattasen slte elte rlgaeasg laecl)s  d yse odl b)m rdeee nlla oa rsr odtílecicu ciltaout do2 r1dc.ee3   nacañoconios e.n lEa slniidg cauadies pnoot edr e tre edxsistidoce:renpcaian, csiea   OE-A-2021-92able en https://
tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria previsto al efecto.
d)  El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento 
que, en su caso, precise.»
Seis.  La letra c) del artículo 22.2 se redacta del siguiente modo:
«c)  El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades 
de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 
españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en 
el momento de la solicitud.»
Siete.  Se modifica el párrafo primero del artículo 81, que queda redactado así:
«Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no 
emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido 
judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea 
la forma de celebración del matrimonio:»
Ocho.  El artículo 82 queda redactado con el siguiente tenor:
«1.  Los  cónyuges  podrán  acordar  su  separación  de  mutuo  acuerdo 
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la 
formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia 
o en escritura pública ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de 
separarse, determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de 
la separación en los términos establecidos en el artículo 90. Los funcionarios 
diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen 
atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación.
Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin 
perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su 
consentimiento ante el letrado de la Administración de Justicia o notario. Igualmente 
los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante 
el letrado de la Administración de Justicia o Notario respecto de las medidas que les 
afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.
2.  No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos en 
la situación a la que se refiere el artículo anterior.»
Nueve.  Se añade un nuevo segundo párrafo al artículo 91, que queda redactado así:
«Cuando al tiempo de la nulidad, separación o divorcio existieran hijos comunes 
mayores de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de 
apoyo por razón de su discapacidad, la sentencia correspondiente, previa audiencia 
del menor, resolverá también sobre el establecimiento y modo de ejercicio de estas, 
las cuales, en su caso, entrarán en vigor cuando el hijo alcance los dieciocho años 
de edad. En estos casos la legitimación para instarlas, las especialidades de prueba 
y el contenido de la sentencia se regirán por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil acerca de la provisión judicial de medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad.»
Diez.  Se da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado así:
«La autoridad judicial determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor  es
que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho de visitarlos,  bo
comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 33ww
pcdoirvemocRrpicseaieosñn,pí a eqa cuppteooo  sdyderoeá   e plossasotar laihbc ilijettooazsmcr ,ac aeo renn l l  amde ilso dmcdeaocips iesmaincóo idnq pa,u rdeeo  lmcs epead ryeoiomjgereierecnsnii ttatdoorer á  d eqeedul  aendd ue nlroieod ce alhmdoo,sa   pnstreceeipnpvagaisradato oce sieón qnn u s eeuol     OE-A-2021-92able en https://
párrafo anterior.
La autoridad judicial adoptará la resolución prevista en los párrafos anteriores, 
previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. Así mismo, la autoridad judicial 
podrá limitar o suspender los derechos previstos en los párrafos anteriores si se 
dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o 
reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.
No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera 
se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal 
iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral 
o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá 
cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas 
practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. 
No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, 
comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o 
en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de 
apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas 
respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, 
acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior.
Igualmente, la autoridad judicial podrá reconocer el derecho de comunicación y 
visita previsto en el apartado segundo del artículo 160, previa audiencia de los 
progenitores y de quien lo hubiera solicitado por su condición de hermano, abuelo, 
pariente o allegado del menor o del mayor con discapacidad que precise apoyo para 
tomar la decisión, que deberán prestar su consentimiento. La autoridad judicial 
resolverá teniendo siempre presente el interés del menor o la voluntad, deseos y 
preferencias del mayor con discapacidad.»
Once.  El artículo 96 se redacta del siguiente modo:
«1.  En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, 
el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá 
a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, 
hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores 
hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la 
continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la 
autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de 
las circunstancias concurrentes.
A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al 
tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de 
discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda 
familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación.
Extinguido el uso previsto en el párrafo primero, las necesidades de vivienda de 
los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el 
Título VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes.
Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y 
los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.
2.  No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda 
al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, 
atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más 
necesitado de protección. e.e
3.  Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso  w.b
haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento  33ww
dfaec ualmtabdo dsi scpóonsyituivgae ss oob, reen l as uv ivdieefnedcato f,a amuitlioarri zsaec ihóanr áju cdoicniaslt.a rE setna  erle sRterigcicsitórno  edne  llaa 
Pvirvoiepnieddaa ndo.  pLear jmudaincaifreás taal caiódnq ueirrerónntee dae o b fuaelsnaa  fdee.»l disponente sobre el uso de la
Doce.  Se da nueva redacción al párrafo segundo del artículo 112, con el siguiente 
tenor:
«En todo caso conservarán su validez los actos otorgados en nombre del hijo 
menor por su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad 
que tuvieran previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, antes de 
que la filiación hubiera sido determinada.»
Trece.  El artículo 121 se redacta con el siguiente texto:
«El reconocimiento otorgado por menores no emancipados necesitará para su 
validez aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.
Para la validez del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad 
respecto de las que hayan establecido medidas de apoyo se estará a lo que resulte 
de la resolución judicial o escritura pública que las haya establecido. Si nada se 
hubiese dispuesto y no hubiera medidas voluntarias de apoyo, se instruirá la 
correspondiente revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas para 
completarlas a este fin.»
Catorce.  El artículo 123 queda redactado así:
«El reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su 
consentimiento expreso o tácito.
El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la persona mayor de 
edad con discapacidad se prestará por esta, de manera expresa o tácita, con los 
apoyos que requiera para ello. En caso de que exista resolución judicial o escritura 
pública que haya establecido medidas de apoyo, se estará a lo allí dispuesto.»
Quince.  El artículo 124 se redacta conforme se indica a continuación:
«La eficacia del reconocimiento del menor requerirá el consentimiento expreso 
de su representante legal o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal 
y del progenitor legalmente conocido.
No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se 
hubiere efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la 
inscripción del nacimiento. La inscripción de paternidad así practicada podrá 
suspenderse a simple petición de la madre durante el año siguiente al nacimiento. 
Si el padre solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación 
judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.»
Dieciséis.  El artículo 125 se redacta del siguiente modo:
«Cuando los progenitores del menor fueren hermanos o consanguíneos en línea 
recta, legalmente determinada la filiación respecto de uno, solo podrá quedar 
determinada legalmente respecto del otro previa autorización judicial, que se 
otorgará con audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga al interés del menor.
El menor podrá, alcanzada la mayoría de edad, invalidar mediante declaración 
auténtica esta última determinación si no la hubiere consentido.»
Diecisiete.  El apartado 1 del artículo 133 se redacta del siguiente modo:
«1.  La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la  oe.
respectiva posesión de estado, corresponderá al hijo durante toda su vida. w.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare la  33ww
mpraeyviosrtíaas  dae t aeledsa def eoc tdoess, doe d uqruaen tsee e el aliñmoin saigreunie nlates  aml deedsidcausb rdimei eanptoo ydoe  qlause p truuveibearas 
eqnu eq ufael tsaere f upnadrae  lcao dmepmleatnadr ad,i cshuo asc pcliaózno cso.»rresponderá a sus herederos por el tiempo  BOE-A-cable e
Dieciocho.  Se da nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 137, que quedan 
del siguiente tenor:
«1.  La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a 
la inscripción de la filiación.
Si fuere menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo, para 
impugnarla, el plazo del año se contará desde la mayoría de edad o desde la 
extinción de las medidas de apoyo.
El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor corresponderá, 
asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre que 
ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.
Si se tratare de persona con discapacidad, esta, quien preste el apoyo y se 
encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, el Ministerio Fiscal, 
podrán, asimismo, ejercitar la acción de impugnación durante el año siguiente a la 
inscripción de la filiación.
2.  Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en 
el registro, desde su mayoría de edad o desde la extinción de la medida de apoyo, 
desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su 
progenitor, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera 
tal conocimiento.»
Diecinueve.  Se modifica el artículo 156 tal y como se indica:
«La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por 
uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que 
realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de 
urgente necesidad.
Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad 
penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar 
contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y 
asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser 
informado previamente. Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya 
interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un 
servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido 
por dicho servicio que acredite dicha situación. Si la asistencia hubiera de prestarse 
a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el 
consentimiento expreso de estos.
En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los 
dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si 
tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la 
facultad de decidir a uno de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran 
reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores 
o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo 
que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años. En los supuestos de los 
párrafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumirá que cada uno 
de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el  s
consentimiento del otro. oe.
En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria  w.
pqoutieeSnsit  aelodl sh  sipjeorro ácg oeenjnevirtivocaride. asS  evinixv ceelmuns bsiveaaprgmaorea, ndlatoe as p,u oltaor  rpeidal atorditar oj up.doitceiastla, da  sseo leicjieturcde fruán pdoard aaq dueell  octorno   2021-9233n https://ww
progenitor, podrá, en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que
la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones  Bc
inherentes a su ejercicio.»
Veinte.  Se suprime el artículo 171.
Veintiuno.  Se modifica el Título IX del Libro Primero, que queda con la siguiente 
rúbrica y contenido:
«TÍTULO IX
De la tutela y de la guarda de los menores
CAPÍTULO I
De la tutela
Sección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 199.
Quedan sujetos a tutela:
1.º  Los menores no emancipados en situación de desamparo.
2.º  Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.
Artículo 200.
Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del 
tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.
Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 podrán ser acordadas 
también por la autoridad judicial en todos los supuestos de tutela de menores, en 
cuanto lo requiera el interés de estos.
Si se tratara de menores que estén bajo la tutela de una entidad pública, estas 
medidas solo podrán ser acordadas por la autoridad judicial de oficio o a instancia 
de dicha entidad, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La entidad pública será 
parte en el procedimiento y las medidas acordadas serán comunicadas a esta, que 
dará traslado de dicha comunicación al director del centro residencial o a la familia 
acogedora.
Artículo 201.
Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial designar 
tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las 
personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier otra disposición sobre la 
persona o bienes de sus hijos menores.
Artículo 202.
Las designaciones a que se refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad 
judicial al constituir la tutela, salvo que el interés superior del menor exija otra cosa, 
en cuyo caso dictará resolución motivada.
Artículo 203.
Cuando existieren disposiciones de los progenitores hechas en testamento o 
documento público notarial de los progenitores, se aplicarán unas y otras 
conjuntamente, en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por la  e.
autoridad judicial, en decisión motivada, las que considere más convenientes para  w.b
el interés superior del menor. 33ww
Artículo 204.
notaSriearlá sno binreef ilcaa tcuetesl ala ssi ,d eisnp eols micioomneesn thoe dceh aasd oepnt aterslatas,m eel ndtios poo dnoecnutem heunbtoie speú bsliidcoo   BOE-A-cable e
privado de la patria potestad.
Artículo 205.
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de un menor podrá establecer 
las reglas de administración y disposición de los mismos y designar la persona o 
personas que hayan de ejercitarlas. Las funciones no conferidas al administrador 
corresponden al tutor.
Artículo 206.
Estarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en 
que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona 
física o jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor y, si no lo hicieren, serán 
responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Artículo 207.
Cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la 
autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, a fin de que se dé inicio al 
expediente a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 208.
La autoridad judicial constituirá la tutela mediante un expediente de jurisdicción 
voluntaria, siguiendo los trámites previstos legalmente.
Artículo 209.
La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio 
o a instancia de la persona menor de edad o de cualquier interesado.
En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del 
menor y del estado de la administración de la tutela.
Artículo 210.
La autoridad judicial podrá establecer, en la resolución por la que se constituya 
la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime 
adecuadas, en beneficio del tutelado. Asimismo, en cualquier momento podrá exigir 
del tutor que informe sobre la situación del menor y del estado de la administración.
Sección 2.ª  De la delación de la tutela y del nombramiento del tutor
Artículo 211.
Podrán ser tutores todas las personas físicas que, a juicio de la autoridad 
judicial, cumplan las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño 
de su función y en ellas no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas 
en los artículos siguientes.
Artículo 212.
Podrán ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de 
menores. e.
Artículo 213. 33ww
Para el nombramiento de tutor se preferirá:
docu1m.º enAto l ap úpbelriscoon nao ota priearl.sonas designadas por los progenitores en testamento o  BOE-A-cable e
2.º  Al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial.
Excepcionalmente, en resolución motivada, se podrá alterar el orden del párrafo 
anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el interés superior 
del menor así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en 
la vida de familia del tutor.
Artículo 214.
En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad 
judicial designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en el interés 
superior de este, considere más idóneo.
Artículo 215.
Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, se procurará que el 
nombramiento recaiga en una misma persona.
Artículo 216.
No podrán ser tutores:
1.º  Los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el 
ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y 
protección.
2.º  Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o 
guarda anterior.
Artículo 217.
La autoridad judicial no podrá nombrar a las personas siguientes:
1.º  A quien haya sido excluido por los progenitores del tutelado.
2.º  A quien haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que 
haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la tutela.
3.º  Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de 
administración durante la tramitación del procedimiento concursal.
4.º  A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, 
salvo que la tutela lo sea solo de la persona.
5.º  A quien tenga conflicto de intereses con la persona sujeta a tutela.
Artículo 218.
La tutela se ejercerá por un solo tutor salvo:
1.º  Cuando, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado 
o en su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona 
y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito 
de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas 
conjuntamente.
2.º  Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se 
considera conveniente que ejerza también la tutela el cónyuge del tutor o la persona 
que se halle en análoga relación de afectividad.
3.º  Cuando los progenitores del tutelado hayan designado en testamento o  e
documento público notarial más de un tutor para que ejerzan la tutela conjuntamente. bo
ArtícEunlo e 2l 1c9a.so del numeral 3.º del artículo anterior, si los progenitores lo hubieren  2021-9233n https://ww
dtuistoprueess, tqou ed ee smtoosd pou eexdparne esoje,r csieta rp oladsr áfa creusltoaldveesr,  dael  leaf etuctteulaa rc eonl  ncoamrábcrtaemr sieonlidtoa rdioe.  BOE-A-cable e
De no mediar tal clase de nombramiento y, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
numeral 1.º del artículo anterior, las facultades de la tutela encomendadas a varios 
tutores habrán de ser ejercitadas por estos conjuntamente, pero valdrá lo que se 
haga con el acuerdo del mayor número. A falta de tal acuerdo, la autoridad judicial, 
después de oír a los tutores y al tutelado si tuviere suficiente madurez, resolverá sin 
ulterior recurso lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuerdos 
fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de la tutela, podrá la 
autoridad judicial reorganizar su funcionamiento e incluso nombrar nuevo tutor.
Artículo 220.
Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere 
incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, 
podrá este ser realizado por el otro tutor o, de ser varios, por los demás en forma 
conjunta.
Artículo 221.
En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela 
subsistirá con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera 
dispuesto otra cosa de modo expreso.
Artículo 222.
La tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo 
corresponderá por ministerio de la ley a la entidad pública a la que en el respectivo 
territorio esté encomendada la protección de menores.
No obstante, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas 
ordinarias cuando existan personas físicas que, por sus relaciones con el menor o 
por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en interés de este.
En el supuesto del párrafo anterior, previamente a la designación judicial de 
tutor, o en la misma resolución, deberá acordarse la suspensión o la privación de la 
patria potestad o la remoción del tutor, en su caso.
Estarán legitimados para ejercer las acciones de privación de patria potestad, 
promover la remoción del tutor y solicitar el nombramiento de tutor de los menores 
en situación de desamparo, el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al 
ejercicio de la tutela.
Artículo 223.
Las causas y procedimientos de remoción y excusa de la tutela serán los 
mismos que los establecidos para la curatela.
La autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor 
de edad si tuviere suficiente madurez. En todo caso será tenida en cuenta su opinión 
y se le dará audiencia si fuere mayor de doce años.
Declarada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la 
forma establecida en este Código.
Sección 3.ª  Del ejercicio de la tutela
Artículo 224. e.
Serán aplicables a la tutela, con carácter supletorio, las normas de la curatela. 33ww
Artículo 225.
realiEzla tru ptoorr  essi  seol lroe por epsaeran tlaonst eq udee lú mniecnaomr,e snatelv op rpeacrisae a aqsuiesltleonsc aiac.tos que este pueda  BOE-A-cable e
Artículo 226.
Se prohíbe al tutor:
1.º  Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras no se 
haya aprobado definitivamente su gestión.
2.º  Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre 
propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.
3.º  Adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte 
bienes por igual título.
Artículo 227.
Los tutores ejercerán su cargo en interés del menor, de acuerdo con su 
personalidad y con respeto a sus derechos.
Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de 
la autoridad.
Artículo 228.
El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular:
1.º  A velar por él y a procurarle alimentos.
2.º  A educar al menor y procurarle una formación integral.
3.º  A promover su mejor inserción en la sociedad.
4.º  A administrar el patrimonio del menor con la diligencia debida.
5.º  A informar a la autoridad judicial anualmente sobre la situación del menor y 
a rendirle cuenta anual de su administración.
6.º  A oír al menor antes de adoptar decisiones que le afecten.
Artículo 229.
El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del menor lo 
permita, así como al reembolso de los gastos justificados, cantidades que serán 
satisfechas con cargo a dicho patrimonio.
Salvo que los progenitores hubieran establecido otra cosa, y sin perjuicio de que 
dichas previsiones puedan modificarse por la autoridad judicial si lo estimase 
conveniente para el interés del menor, corresponde a la autoridad judicial fijar su 
importe y el modo de percibirla, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y 
el valor y la rentabilidad de los bienes.
Podrá también establecerse que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del 
tutelado a cambio de prestarle los alimentos, si así lo hubieren dispuesto los 
progenitores. La autoridad judicial podrá dejar sin efecto esta previsión o establecerla 
aun cuando nada hubiesen dispuesto los progenitores, si lo estimase conveniente 
para el interés del menor.
Artículo 230.
La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin 
culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los 
bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento. s
Sección 4.ª  De la extinción de la tutela y de la rendición final de cuentas w.
ArtícLual otu 2te3l1a. se extingue: OE-A-2021-92able en https://
1.º  Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la  Bc
mayoría de edad al menor.
2.º  Por la adopción del menor.
3.º  Por muerte o declaración de fallecimiento del menor.
4.º  Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria 
potestad, el titular de esta la recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía 
al titular de la patria potestad ejercitarla de hecho.
Artículo 232.
El tutor, sin perjuicio de la obligación de rendición anual de cuentas, al cesar en 
sus funciones deberá rendir ante la autoridad judicial la cuenta general justificada de 
su administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere 
necesario si concurre justa causa.
La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, 
contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá 
también, en su caso, al nuevo tutor y a la persona que hubiera estado sometida a 
tutela o a sus herederos.
La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones 
que recíprocamente puedan asistir al tutor y al menor o a sus causahabientes por 
razón de la tutela.
Artículo 233.
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio 
de quien estuvo sometido a tutela.
El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del 
tutor. Si el saldo es a favor del tutor, el interés legal se devengará desde el 
requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en 
contra del tutor, devengará el interés legal una vez transcurridos los tres meses 
siguientes a la aprobación de la cuenta.
Artículo 234.
El tutor responderá de los daños que hubiese causado al menor por su culpa o 
negligencia.
La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados 
desde la rendición final de cuentas.
CAPÍTULO II
Del defensor judicial del menor
Artículo 235.
Se nombrará un defensor judicial del menor en los casos siguientes:
1.º  Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y 
sus representantes legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de 
salvarlo.
2.º  Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempeñare sus funciones, hasta 
que cese la causa determinante o se designe otra persona.
3.º  Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad  e.e
previsto en los artículos 247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan  b
hacerlo o exista con ellos conflicto de intereses. 33ww
Artículo 236.
de laSse rpáenr saopnliacsa bcloens  dails dceafpeancsidoar dju. dEicl idael fdeenls more jnuodri claiasl  ndoerl mmaesn odre le djeerfceenrsáo sr uju cdaicrgiaol   BOE-A-cable e
en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.
CAPÍTULO III
De la guarda de hecho del menor
Artículo 237.
1.  Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un 
guardador de hecho podrá requerirle para que informe de la situación de la persona 
y los bienes del menor y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo 
establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
Cautelarmente, mientras se mantenga la situación de guarda de hecho y hasta 
que se constituya la medida de protección adecuada, si procediera, se podrán 
otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente se podrá 
constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.
2.  Procederá la declaración de situación de desamparo de los menores 
cuando, además de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta 
de asistencia contemplados en el artículo 172.
En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o 
suspensión de la patria potestad, remoción de la tutela o el nombramiento de tutor.
Artículo 238.
Serán aplicables a la guarda de hecho del menor, con carácter supletorio, las 
normas de la guarda de hecho de las personas con discapacidad.»
Veintidós.  Se modifica el Título X del Libro Primero, que queda con la siguiente 
rúbrica y contenido:
«TÍTULO X
De la mayor edad y de la emancipación
Artículo 239.
La emancipación tiene lugar:
1.º  Por la mayor edad.
2.º  Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
3.º  Por concesión judicial.
Artículo 240.
La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día 
del nacimiento.
Artículo 241.
Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la 
patria potestad, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y que la 
consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia 
ante el encargado del Registro Civil. es
Artículo 242. w.
prodLuac iceonndcoe esniótnre d tea nltao  eemfeacntocsip caocniótrna  htearbcreár odse. inscribirse en el Registro Civil, no
Concedida la emancipación no podrá ser revocada.
Artículo 243.
Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis 
años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de 
estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento.
Artículo 244.
La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de 
dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores:
1.º  Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere 
maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
2.º  Cuando los progenitores vivieren separados.
3.º  Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio 
de la patria potestad.
Artículo 245.
También podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, 
conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años 
que lo solicitare.
Artículo 246.
El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las 
excepciones establecidas en casos especiales por este Código.
Artículo 247.
La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera 
mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero 
a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o 
industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores 
y, a falta de ambos, sin el de su defensor judicial.
El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido 
judicialmente el beneficio de la mayor edad.
Artículo 248.
Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, 
establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, 
basta, si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor, 
se necesitará además el de los progenitores o defensor judicial de uno y otro.»
Veintitrés.  Se modifica el Título XI del Libro Primero, que queda con la siguiente 
rúbrica y contenido:
«TÍTULO XI
De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de 
su capacidad jurídica
CAPÍTULO I bo
Artículo 249. Disposiciones generales 2021-9233n https://ww
Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas
que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por  Bc
finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento
jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar 
inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos 
fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o 
insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán 
ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, 
deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona 
con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, 
informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que 
pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con 
discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.
En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo 
considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este 
caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital 
de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que 
ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría 
adoptado la persona en caso de no requerir representación.
La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin 
de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios 
resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y 
preferencias de la persona que las requiera.
Artículo 250.
Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas 
que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la 
curatela y el defensor judicial.
La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea 
preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.
Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la 
persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con 
qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las 
salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier 
circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.
La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando 
no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.
La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen 
el  apoyo  de  modo  continuado.  Su  extensión  vendrá  determinada  en  la 
correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de 
la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.
El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá 
cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea 
recurrente.
Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que 
se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.
No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una 
relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza  e
análoga a la persona que precisa el apoyo. bo
Artículo 251. 33ww
Se prohíbe a quien desempeñe alguna medida de apoyo:
1.º  Recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus
causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión,  Bc
salvo que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso valor.
2.º  Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre 
propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.
3.º  Adquirir por título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o 
transmitirle por su parte bienes por igual título.
En las medidas de apoyo voluntarias estas prohibiciones no resultarán de 
aplicación cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de 
constitución de dichas medidas.
Artículo 252.
El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada 
de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, 
así como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas 
facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderán al 
favorecido por la disposición de los bienes, que las ejercitará, en su caso, con el 
apoyo que proceda.
Igualmente podrán establecer los órganos de control o supervisión que se 
estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas.
Artículo 253.
Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el 
ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de 
hecho, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública que en el 
respectivo territorio tenga encomendada esta función. La entidad dará conocimiento 
de la situación al Ministerio Fiscal en el plazo de veinticuatro horas.
CAPÍTULO II
De las medidas voluntarias de apoyo
Sección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 254.
Cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de 
edad que un menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzada 
aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad 
judicial podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del 
Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida 
de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas 
se adoptarán si el mayor de dieciséis años no ha hecho sus propias previsiones 
para cuando alcance la mayoría de edad. En otro caso se dará participación al 
menor en el proceso, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.
Artículo 255.
Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o 
apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio 
de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o  e.e
acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes. w.b
Podrá también establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades  33ww
daep olay op,e erls counaal  os ep eprrseosntaarsá  qcuoen floer hmaey aan l od ed isppreusetsatro a epno yeol ,a ort ílcau floor m24a9 d.e ejercicio del
las sAaslivmaigsumaord, apso dnreác perseavreiars l apsa mrae edviditaasr  ua bóursgoasn,o cso dnefl iccoton tdroel  iqnuteer eessetism oe  ionpflouretunncoia, 
indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo, con el fin 
de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias.
El Notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento público 
que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su constancia en el 
registro individual del otorgante.
Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y 
a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial 
adoptar otras supletorias o complementarias.
Sección 2.ª  De los poderes y mandatos preventivos
Artículo 256.
El poderdante podrá incluir una cláusula que estipule que el poder subsista si en 
el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad.
Artículo 257.
El poderdante podrá otorgar poder solo para el supuesto de que en el futuro 
precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. En este caso, para acreditar que se 
ha producido la situación de necesidad de apoyo se estará a las previsiones del 
poderdante. Para garantizar el cumplimiento de estas previsiones se otorgará, si 
fuera preciso, acta notarial que, además del juicio del Notario, incorpore un informe 
pericial en el mismo sentido.
Artículo 258.
Los poderes a que se refieren los artículos anteriores mantendrán su vigencia 
pese a la constitución de otras medidas de apoyo en favor del poderdante, tanto si 
estas han sido establecidas judicialmente como si han sido previstas por el propio 
interesado.
Cuando se hubieren otorgado a favor del cónyuge o de la pareja de hecho del 
poderdante, el cese de la convivencia producirá su extinción automática, salvo que 
medie voluntad contraria del otorgante o que el cese venga determinado por el 
internamiento de este.
El poderdante podrá establecer, además de las facultades que otorgue, las 
medidas u órganos de control que estime oportuno, condiciones e instrucciones 
para el ejercicio de las facultades, salvaguardas para evitar abusos, conflicto de 
intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas 
de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias. 
Podrá también prever formas específicas de extinción del poder.
Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de 
apoyos y el curador, si lo hubiere, podrán solicitar judicialmente la extinción de los 
poderes preventivos, si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas 
para la remoción del curador, salvo que el poderdante hubiera previsto otra cosa.
Artículo 259.
Cuando el poder contenga cláusula de subsistencia para el caso de que el 
poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad o se conceda solo para 
ese supuesto y, en ambos casos, comprenda todos los negocios del otorgante, el  e.e
apoderado, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, quedará sujeto a las  b
reglas aplicables a la curatela en todo aquello no previsto en el poder, salvo que el  33ww
pAortdíceLurodlsoa  2np6toe0d .heareysa  pdreetevermntiinvaodso a o tqruae c ossea r.efieren los artículos anteriores habrán de  BOE-A-2021-92cable en https://
otorgarse en escritura pública.
El Notario autorizante los comunicará de oficio y sin dilación al Registro Civil 
para su constancia en el registro individual del poderdante.
Artículo 261.
El ejercicio de las facultades representativas será personal, sin perjuicio de la 
posibilidad de encomendar la realización de uno o varios actos concretos a terceras 
personas. Aquellas facultades que tengan por objeto la protección de la persona no 
serán delegables.
Artículo 262.
Lo dispuesto en este capítulo se aplicará igualmente al caso de mandato sin 
poder.
CAPÍTULO III
De la guarda de hecho de las personas con discapacidad
Artículo 263.
Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona 
con discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso si existen 
medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que estas no se estén 
aplicando eficazmente.
Artículo 264.
Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuación representativa del 
guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través 
del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la 
persona con discapacidad. La autorización judicial para actuar como representante 
se podrá conceder, previa comprobación de su necesidad, en los términos y con los 
requisitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorización podrá 
comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo 
y deberá ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona con discapacidad.
En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización 
judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en 
los actos enumerados en el artículo 287.
No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una 
prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que esta no 
suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos 
jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica y carezcan 
de especial significado personal o familiar.
La autoridad judicial podrá acordar el nombramiento de un defensor judicial para 
aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan.
Artículo 265.
A través de un expediente de jurisdicción voluntaria, la autoridad judicial podrá  es
requerir al guardador en cualquier momento, de oficio, a solicitud del Ministerio  o
FecusistacalAaqbslul eiiomec erai srm  milnaoossmt, as epnanocltvodiaa.r gádu eea rxcdiugiaairsl q qquuuieeer   eeinsl ttgeimureeas randdeaocde,o spra arrriinaad sq.au ecu iennfotrams ed ed es usu a acctutuaaccióiónn ,e ny   OE-A-2021-9233able en https://www.
Artículo 266.
El guardador tiene derecho al reembolso de los gastos justificados y a la 
indemnización por los daños derivados de la guarda, a cargo de los bienes de la 
persona a la que presta apoyo.
Artículo 267.
La guarda de hecho se extingue:
1.º  Cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que este se organice 
de otro modo.
2.º  Cuando desaparezcan las causas que la motivaron.
3.º  Cuando el guardador desista de su actuación, en cuyo caso deberá ponerlo 
previamente en conocimiento de la entidad pública que en el respectivo territorio 
tenga encomendada las funciones de promoción de la autonomía y asistencia a las 
personas con discapacidad.
4.º  Cuando, a solicitud del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer 
el apoyo de la persona bajo guarda, la autoridad judicial lo considere conveniente.
CAPÍTULO IV
De la curatela
Sección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 268.
Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión 
de apoyos serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise, 
respetarán siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad 
jurídica y atenderán en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias.
Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente 
en un plazo máximo de tres años. No obstante, la autoridad judicial podrá, de 
manera excepcional y motivada, en el procedimiento de provisión o, en su caso, de 
modificación de apoyos, establecer un plazo de revisión superior que no podrá 
exceder de seis años.
Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de apoyo adoptadas judicialmente se 
revisarán, en todo caso, ante cualquier cambio en la situación de la persona que 
pueda requerir una modificación de dichas medidas.
Artículo 269.
La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando 
no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.
La autoridad judicial determinará los actos para los que la persona requiere 
asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jurídica atendiendo a sus 
concretas necesidades de apoyo.
Sólo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las 
circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en  s
resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la  e.
representación de la persona con discapacidad. w.
Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deberán fijarse de manera  33ww
prerperceissean, tiancdióicna. nEdl oc,u reand osr ua cctuaasroá,  bcaujoá lleoss  csroitne riaoqsu feijalldooss  deonn edle a rdtíecbuelo  e24je9r.cer la
dereEcnh onsi.ngún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de  BOE-A-cable e
Artículo 270.
La autoridad judicial establecerá en la resolución que constituya la curatela o en 
otra posterior las medidas de control que estime oportunas para garantizar el 
respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el 
apoyo, así como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia 
indebida. También podrá exigir en cualquier momento al curador que, en el ámbito 
de sus funciones, informe sobre la situación personal o patrimonial de aquella.
Sin perjuicio de las revisiones periódicas de estas resoluciones, el Ministerio 
Fiscal podrá recabar en cualquier momento la información que considere necesaria 
a fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela.
Sección 2.ª  De la autocuratela y del nombramiento del curador
Subsección 1.ª  De la autocuratela
Artículo 271.
Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la 
concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá proponer en escritura 
pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para 
el ejercicio de la función de curador.
Podrá igualmente establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido 
de la curatela y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de administración 
y disposición de sus bienes, retribución del curador, obligación de hacer inventario 
o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como proponer a las personas 
que hayan de llevarlas a cabo.
Artículo 272.
La propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias a que se 
refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad judicial al constituir la curatela.
No obstante, la autoridad judicial podrá prescindir total o parcialmente de esas 
disposiciones voluntarias, de oficio o a instancia de las personas llamadas por ley a 
ejercer la curatela o del Ministerio Fiscal y, siempre mediante resolución motivada, 
si existen circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció o 
alteración de las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta 
en sus disposiciones.
Artículo 273.
Si al establecer la autocuratela se propone el nombramiento de sustitutos al 
curador y no se concreta el orden de la sustitución, será preferido el propuesto en el 
documento posterior. Si se proponen varios en el mismo documento, será preferido 
el propuesto en primer lugar.
Artículo 274.
Se podrá delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador de  s
entre los relacionados en escritura pública por la persona interesada. e.
Artículo 275. Subsección 2.ª  Del nombramiento del curador 2021-9233n https://ww
1.  Podrán ser curadores las personas mayores de edad que, a juicio de la
autoridad judicial, sean aptas para el adecuado desempeño de su función.
Asimismo, podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la 
autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.
2.  No podrán ser curadores:
1.º  Quienes hayan sido excluidos por la persona que precise apoyo.
2.º  Quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el 
ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y 
protección.
3.º  Quienes hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o 
guarda anterior.
3.  La autoridad judicial no podrá nombrar curador, salvo circunstancias 
excepcionales debidamente motivadas, a las personas siguientes:
1.º  A quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer 
fundadamente que no desempeñará bien la curatela.
2.º  A quien tenga conflicto de intereses con la persona que precise apoyo.
3.º  Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de 
administración durante la tramitación del procedimiento concursal.
4.º  A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, 
salvo que la curatela lo sea solamente de la persona.
Artículo 276.
La autoridad judicial nombrará curador a quien haya sido propuesto para su 
nombramiento por la persona que precise apoyo o por la persona en quien esta 
hubiera delegado, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
párrafo segundo del artículo 272. La autoridad judicial estará también a lo dispuesto 
en el artículo 275.
En defecto de tal propuesta, la autoridad judicial nombrará curador:
1.º  Al cónyuge, o a quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, 
siempre que convivan con la persona que precisa el apoyo.
2.º  Al hijo o descendiente. Si fueran varios, será preferido el que de ellos 
conviva con la persona que precisa el apoyo.
3.º  Al progenitor o, en su defecto, ascendiente. Si fueren varios, será preferido 
el que de ellos conviva con la persona que precisa el apoyo.
4.º  A la persona o personas que el cónyuge o la pareja conviviente o los 
progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público.
5.º  A quien estuviera actuando como guardador de hecho.
6.º  Al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la 
curatela.
7.º  A una persona jurídica en la que concurran las condiciones indicadas en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior.
La autoridad judicial podrá alterar el orden del apartado anterior, una vez oída la 
persona que precise apoyo.
Cuando, una vez oída, no resultare clara su voluntad, la autoridad judicial podrá 
alterar el orden legal, nombrando a la persona más idónea para comprender e  es
interpretar su voluntad, deseos y preferencias. o
Artículo 277. 33ww
Se puede proponer el nombramiento de más de un curador si la voluntad y
nseepceasraidrased ecso dmeo l ac apregrosso ndai sqtiuneto psr elocsis ad ee lc aupraoydoo rl od eju slati fipcearns.o Enna  pya crtuicrualdaor,r  pdoed rláons 
bienes.
Cuando la curatela sea confiada a varias personas, la autoridad judicial 
establecerá el modo de funcionamiento, respetando la voluntad de la persona que 
precisa el apoyo.
Artículo 278.
Serán removidos de la curatela los que, después del nombramiento, incurran en 
una causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en su desempeño por 
incumplimiento de los deberes propios del cargo, por notoria ineptitud de su ejercicio 
o cuando, en su caso, surgieran problemas de convivencia graves y continuados 
con la persona a la que prestan apoyo.
La autoridad judicial, de oficio o a solicitud de la persona a cuyo favor se 
estableció el apoyo o del Ministerio Fiscal, cuando conociere por sí o a través de 
cualquier interesado circunstancias que comprometan el desempeño correcto de la 
curatela, podrá decretar la remoción del curador mediante expediente de jurisdicción 
voluntaria.
Durante la tramitación del expediente de remoción la autoridad judicial podrá 
suspender al curador en sus funciones y, de considerarlo necesario, acordará el 
nombramiento de un defensor judicial.
Declarada judicialmente la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo 
curador en la forma establecida en este Código, salvo que fuera pertinente otra 
medida de apoyo.
Artículo 279.
Será excusable el desempeño de la curatela si resulta excesivamente gravoso 
o entraña grave dificultad para la persona nombrada para el ejercicio del cargo. 
También podrá excusarse el curador de continuar ejerciendo la curatela cuando 
durante su desempeño le sobrevengan los motivos de excusa.
Las personas jurídicas privadas podrán excusarse cuando carezcan de medios 
suficientes para el adecuado desempeño de la curatela o las condiciones de 
ejercicio de la curatela no sean acordes con sus fines estatutarios.
El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de 
quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa 
fuera sobrevenida podrá hacerlo en cualquier momento.
Mientras la autoridad judicial resuelva acerca de la excusa, el nombrado estará 
obligado a ejercer su función. Si no lo hiciera y fuera necesaria una actuación de 
apoyo, se procederá a nombrar un defensor judicial que sustituya al curador, 
quedando el sustituido responsable de los gastos ocasionados por la excusa, si esta 
fuera rechazada.
Admitida la excusa, se procederá al nombramiento de nuevo curador.
Artículo 280.
El curador nombrado en atención a una disposición testamentaria que se excuse 
de la curatela por cualquier causa, perderá lo que en consideración al nombramiento 
le hubiere dejado el testador.
Artículo 281.
El curador tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio de la  e.
persona con discapacidad lo permita, así como al reembolso de los gastos justificados  w.
y a la indemnización de los daños sufridos sin culpa por su parte en el ejercicio de su  33ww
funcCióonr,r ecsapnotinddadee as  lqau aeu stoerriádna ds ajutidsifceicahl afijsa cr osnu  cimarpgoor tae  dyi cehl om poadtori mdeo npieor.cibirlo, para
lo cuEanl  tneinndgrúán e cna csuoe, nlata a edlm triasbióanjo d ae  rceaauliszaa rd ye e el xvcaulosra y o l ala r ednetcaibsiilóidna dde d ere lmoso cbiióenn edse.  BOE-A-cable e
las personas físicas o jurídicas designadas para el desempeño de los apoyos podrá
generar desprotección o indefensión a la persona que precisa dichos apoyos, 
debiendo la autoridad judicial actuar de oficio, mediante la colaboración necesaria 
de los llamados a ello, o bien, de no poder contar con estos, con la inexcusable 
colaboración de los organismos o entidades públicas competentes y del Ministerio 
Fiscal.
No concurrirá causa de excusa cuando el desempeño de los apoyos haya sido 
encomendado a entidad pública.
Sección 3.ª  Del ejercicio de la curatela
Artículo 282.
El curador tomará posesión de su cargo ante el letrado de la Administración de 
Justicia.
Una vez en el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto 
personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempeñar las funciones 
encomendadas con la diligencia debida.
El curador asistirá a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su 
capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias.
El curador procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su 
propio proceso de toma de decisiones.
El curador procurará fomentar las aptitudes de la persona a la que preste apoyo, 
de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro.
Artículo 283.
Cuando quien desempeñe la curatela esté impedido de modo transitorio para 
actuar en un caso concreto, o cuando exista un conflicto de intereses ocasional 
entre él y la persona a quien preste apoyo, el letrado de la Administración de Justicia 
nombrará un defensor judicial que lo sustituya. Para este nombramiento se oirá a la 
persona que precise el apoyo y se respetará su voluntad, deseos y preferencias.
Si, en el caso previsto en el párrafo anterior, fueran varios los curadores con 
funciones homogéneas, estas serán asumidas por quien de entre ellos no esté 
afectado por el impedimento o el conflicto de intereses.
Si la situación de impedimento o conflicto fuera prolongada o reiterada, la 
autoridad judicial de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, de cualquier persona 
legitimada para instar el procedimiento de provisión de apoyos o de cualquier 
persona que esté desempeñando la curatela y previa audiencia a la persona con 
discapacidad y al Ministerio Fiscal, podrá reorganizar el funcionamiento de la 
curatela, e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador.
Artículo 284.
Cuando la autoridad judicial lo considere necesario por concurrir razones 
excepcionales, podrá exigir al curador la constitución de fianza que asegure el 
cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma. 
Una vez constituida, la fianza será objeto de aprobación judicial.
En cualquier momento la autoridad judicial podrá modificar o dejar sin efecto la 
garantía que se hubiese prestado.
Artículo 285. bo
pdaet rsEimel socenuniroata dd oder í lacaso p,n e afra sccoounnlattaa edrne d sce ruseydpoer ef aasveqonurte aslt eiev hnaa sq  eeussett aahrbáule bocibeidlsioge a etdlo oam paao hdyaooc  dpeeor nsintervsoei óndntea lr dpioela  dszeuol    2021-9233n https://ww
cargo.
El inventario se formará ante el letrado de la Administración de Justicia, con  Bc
citación de las personas que estime conveniente.
El letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo previsto en el 
párrafo primero si concurriere causa para ello.
El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a 
juicio del letrado de la Administración de Justicia, no deban quedar en poder del 
curador serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto.
Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes 
de la persona en cuyo apoyo se haya establecido la curatela.
Artículo 286.
En el caso de que el curador no incluya en el inventario los créditos que tenga 
contra la persona a la que presta apoyo, se entenderá que renuncia a ellos.
Artículo 287.
El curador que ejerza funciones de representación de la persona que precisa el 
apoyo necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en 
todo caso, para los siguientes:
1.º  Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona 
afectada no pueda hacerlo por sí misma, todo ello a salvo lo dispuesto legalmente 
en materia de internamiento, consentimiento informado en el ámbito de la salud o en 
otras leyes especiales.
2.º  Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o 
industriales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes 
muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados 
en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en 
arrendamiento por término inicial que exceda de seis años, o celebrar contratos o 
realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se 
exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. La enajenación 
de los bienes mencionados en este párrafo se realizará mediante venta directa 
salvo que el Tribunal considere que es necesaria la enajenación en subasta judicial 
para mejor y plena garantía de los derechos e intereses de su titular.
3.º  Disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con medidas 
de apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial 
significado personal o familiar.
4.º  Renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones 
relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de 
escasa relevancia económica. No se precisará la autorización judicial para el 
arbitraje de consumo.
5.º  Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las 
liberalidades.
6.º  Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta 
apoyo.
7.º  Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo 
en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. No será precisa la autorización judicial 
cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución judicial en que 
previamente se le hubiesen determinado los apoyos.
8.º  Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.
9.º  Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos,  e.
cuando estos requieran de inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria. w.b
ArtícLual oa u2t8o8r.idad judicial, cuando lo considere adecuado para garantizar la voluntad,
deseos y preferencias de la persona con discapacidad, podrá autorizar al curador la
realización de una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referidos a la misma
actividad  económica,  especificando  las  circunstancias  y  características 
fundamentales de dichos actos.
Artículo 289.
No necesitarán autorización judicial la partición de herencia o la división de cosa 
común realizada por el curador representativo, pero una vez practicadas requerirán 
aprobación judicial. Si hubiese sido nombrado un defensor judicial para la partición 
deberá obtener también la aprobación judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra 
cosa al hacer el nombramiento.
Artículo 290.
Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los artículos 
anteriores, la autoridad judicial oirá al Ministerio Fiscal y a la persona con medidas de 
apoyo y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.
Sección 4.ª  De la extinción de la curatela
Artículo 291.
La curatela se extingue de pleno derecho por la muerte o declaración de 
fallecimiento de la persona con medidas de apoyo.
Asimismo, la curatela se extingue por resolución judicial cuando ya no sea 
precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo más 
adecuada para la persona sometida a curatela.
Artículo 292.
El curador, sin perjuicio de la obligación de rendición periódica de cuentas que 
en su caso le haya impuesto la autoridad judicial, al cesar en sus funciones deberá 
rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de tres 
meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.
La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, 
contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.
Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá 
también en su caso al nuevo curador, a la persona a la que se prestó apoyo, o a sus 
herederos.
La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones 
que recíprocamente puedan asistir al curador y a la persona con discapacidad que 
recibe el apoyo o a sus causahabientes por razón de la curatela.
Artículo 293.
Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio 
de la persona a la que se prestó apoyo.
El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del 
curador. Si el saldo es a favor del curador, el interés legal se devengará desde el 
requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en 
contra del curador, devengará el interés legal una vez transcurridos los tres meses 
siguientes a la aprobación de la cuenta. e
Artículo 294. 33www.
neglEigl ecnucriaa dao lra  rpeesrpsoonndae ar ála d qeu elo psr edsateñ oasp oqyuoe. hubiese causado por su culpa o
desdLea  laac rceiónnd ipcaiórna  friencalla dmea cr ueesntata rse.sponsabilidad prescribe a los tres años contados  BOE-A-cable e
CAPÍTULO V
Del defensor judicial de la persona con discapacidad
Artículo 295.
Se nombrará un defensor judicial de las personas con discapacidad en los casos 
siguientes:
1.º  Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda 
hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona.
2.º  Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la 
que haya de prestarle apoyo.
3.º  Cuando, durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la 
autoridad judicial lo considere necesario.
4.º  Cuando se hubiere promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo 
a la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a 
la administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial.
5.º  Cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de 
medidas de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente.
Una vez oída la persona con discapacidad, la autoridad judicial nombrará 
defensor judicial a quien sea más idóneo para respetar, comprender e interpretar la 
voluntad, deseos y preferencias de aquella.
Artículo 296.
No se nombrará defensor judicial si el apoyo se ha encomendado a más de una 
persona, salvo que ninguna pueda actuar o la autoridad judicial motivadamente 
considere necesario el nombramiento.
Artículo 297.
Serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusa y 
remoción del curador, así como las obligaciones que a este se atribuyen de conocer 
y respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que se preste 
apoyo.
Artículo 298.
En el nombramiento se podrá dispensar al defensor judicial de la venta en 
subasta pública, fijando un precio mínimo, y de la aprobación judicial posterior de los 
actos.
El defensor judicial, una vez realizada su gestión, deberá rendir cuentas de 
ella.
CAPÍTULO VI
Responsabilidad por daños causados a otros
Artículo 299.
La persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros, de  bo
acuerdo con el Capítulo II del Título XVI del Libro Cuarto, sin perjuicio de lo  33ww
eresstapbolnescaidbole esn.» materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles
Veinticuatro.  Se suprime el actual Título XII del Libro Primero.
Veinticinco.  Se introduce un nuevo Título XII en el Libro Primero, con la siguiente 
rúbrica y contenido:
«TÍTULO XII
Disposiciones comunes
Artículo 300.
Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los 
cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de 
inscribirse en el Registro Civil.»
Veintiséis.  Se da nueva redacción al artículo 443, con el siguiente texto:
«Toda persona puede adquirir la posesión de las cosas.
Los menores necesitan de la asistencia de sus representantes legítimos para 
usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor.
Las personas con discapacidad a cuyo favor se hayan establecido medidas de 
apoyo pueden usar de los derechos derivados de la posesión conforme a lo que 
resulte de estas.»
Veintisiete.  El artículo 663 se redacta como se indica a continuación:
«No pueden testar:
1.º  La persona menor de catorce años.
2.º  La persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su 
voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello.»
Veintiocho.  El artículo 665 se redacta con el siguiente texto:
«La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del 
Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario 
procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de 
decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los 
ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y 
preferencias.»
Veintinueve.  El artículo 695 pasa a tener la redacción que se indica:
«El testador expresará oralmente, por escrito o mediante cualquier medio 
técnico, material o humano su última voluntad al Notario. Redactado por este el 
testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su 
otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el 
Notario en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. 
Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su 
caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.
Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego 
uno de los testigos. s
Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento o  e.
para oír la lectura de su contenido, el Notario se asegurará, utilizando los medios  w.
técnicos, materiales o humanos adecuados, de que el testador ha entendido la  33ww
ifniefolmrmenatceió snu  yv oelxupnltiacadc.»iones necesarias y de que conoce que el testamento recoge
Treinta.  Se suprime el ordinal 2.º del artículo 697, pasando el ordinal 3.º a ser 2.º
Treinta y uno.  Se da nueva redacción al párrafo tercero del artículo 706, del modo 
siguiente:
«Si estuviese escrito por cualquier medio técnico o por otra persona a ruego del 
testador, este pondrá su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el 
testamento se ha redactado en soporte electrónico, deberá firmarse con una firma 
electrónica reconocida.»
Treinta y dos.  El artículo 708 se redacta con el siguiente tenor:
«No pueden hacer testamento cerrado las personas que no sepan o no puedan 
leer.
Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios 
mecánicos o tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se 
observen los restantes requisitos de validez establecidos en este Código.»
Treinta y tres.  Se modifica el inciso inicial del artículo 709 y se añade un último 
párrafo, en los términos siguientes:
«Las personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán 
otorgar testamento cerrado, observándose lo siguiente:»
«Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento, 
deberán haber expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos que 
les permitan leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando 
el medio empleado y que el testamento está firmado por ellas.»
Treinta y cuatro.  Se modifica el segundo párrafo del artículo 742 con el sentido que 
se indica a continuación:
«El testamento será, sin embargo, válido cuando se probare haber ocurrido el 
desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o hallándose este afectado por 
alteraciones graves en su salud mental; pero si apareciere rota la cubierta o 
quebrantados los sellos, será necesario probar además la autenticidad del 
testamento para su validez.»
Treinta y cinco.  Se da nueva redacción al artículo 753, con el siguiente texto:
«Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria en favor de quien sea tutor 
o curador representativo del testador, salvo cuando se haya hecho después de la 
extinción de la tutela o curatela.
Será nula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas 
por razones de salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, 
administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que 
aquellas estuvieran internadas. También será nula la disposición realizada a favor 
de los citados establecimientos.
Las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, asistenciales o de 
naturaleza análoga al causante, solo podrán ser favorecidas en la sucesión de este 
si es ordenada en testamento notarial abierto.
Serán, sin embargo, válidas las disposiciones hechas en favor del tutor, curador 
o cuidador que sea pariente con derecho a suceder ab intestato.» es
Treinta y seis.  Se da nueva redacción al párrafo tercero del ordinal 2.º y al ordinal 7.º  w.
del artículo 756, que quedan redactados así: 33ww
«También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del
dejee rucnicaio p deers loan tau tecolan o d aisccoagpimacieidnatod  fpaomr ilciaaru dsea  uqnu em elen oser ao  dimepl eujtearbcliec,i or edsep leac ctou rdaete llaa 
herencia del mismo.»
«7.º  Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas 
con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, 
entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil.»
Treinta y siete.  Se suprime el artículo 776.
Treinta y ocho.  El artículo 782 se redacta conforme se indica a continuación:
«Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar la legítima, salvo 
cuando se establezcan, en los términos establecidos en el artículo 808, en beneficio 
de uno o varios hijos del testador que se encuentren en una situación de 
discapacidad.
Si la sustitución fideicomisaria recayere sobre el tercio destinado a mejora, solo 
podrá establecerse a favor de los descendientes.»
Treinta y nueve.  Se suprime el tercer párrafo del artículo 808, pasando el actual 
cuarto párrafo a ocupar el tercer lugar, y se añaden a continuación dos nuevos párrafos, 
de forma que queda con la siguiente redacción:
«Constituyen la legítima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del 
haber hereditario de los progenitores.
Sin embargo, podrán estos disponer de una parte de las dos que forman la 
legítima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.
La tercera parte restante será de libre disposición.
Cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraren en una situación de 
discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los 
demás legitimarios sin discapacidad. En tal caso, salvo disposición contraria del 
testador, lo así recibido por el hijo beneficiado quedará gravado con sustitución 
fideicomisaria de residuo a favor de los que hubieren visto afectada su legítima 
estricta y no podrá aquel disponer de tales bienes ni a título gratuito ni por acto 
mortis causa.
Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le concede el párrafo 
anterior, corresponderá al hijo que impugne el gravamen de su legítima estricta 
acreditar que no concurre causa que la justifique.»
Cuarenta.  Se da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 813, según se 
indica:
«Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de 
ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido 
en los artículos 782 y 808.»
Cuarenta y uno.  Se da nueva redacción a los párrafos primero y segundo del 
artículo 822, con el siguiente texto:
«La donación o legado de un derecho de habitación sobre la vivienda habitual 
que su titular haga a favor de un legitimario que se encuentre en una situación de 
discapacidad, no se computará para el cálculo de las legítimas si en el momento del 
fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.
Este derecho de habitación se atribuirá por ministerio de la ley en las mismas 
condiciones al legitimario que se halle en la situación prevista en el párrafo anterior,  s
que lo necesite y que estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador  e.
hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no  w.
podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios mientras lo necesiten.» 33ww
Cuarenta y dos.  Se da nueva redacción al artículo 996, que queda redactado así:
«La aceptación de la herencia por la persona con discapacidad se prestará por
esta, salvo que otra cosa resulte de las medidas de apoyo establecidas.»
Cuarenta y tres.  Se redacta el artículo 1041 con el siguiente tenor:
«No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos, educación, curación de 
enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de 
costumbre.
Tampoco estarán sujetos a colación los gastos realizados por los progenitores y 
ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes 
requeridas por su situación de discapacidad.»
Cuarenta y cuatro.  Se da nueva redacción al artículo 1052 según se indica a 
continuación:
«Todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes 
podrá pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Lo harán sus 
representantes legales si el coheredero está en situación de ausencia. Si el 
coheredero contase con medidas de apoyo por razón de discapacidad, se estará a 
lo que se disponga en estas.»
Cuarenta y cinco.  Se modifica el párrafo tercero y se añade un cuarto párrafo al 
artículo 1057, con la siguiente redacción:
«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los 
coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor 
deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los 
representantes legales de dichas personas.
Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido 
en ellas.»
Cuarenta y seis.  Se redacta el artículo 1060 como se indica a continuación:
«Cuando los menores estén legalmente representados en la partición, no será 
necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará 
aprobación judicial de la ya efectuada. El defensor judicial designado para 
representar a un menor en una partición, deberá obtener la aprobación de la 
autoridad judicial, si el Letrado de la Administración de Justicia no hubiera dispuesto 
otra cosa al hacer el nombramiento.
Tampoco será necesaria autorización ni intervención judicial en la partición 
realizada por el curador con facultades de representación. La partición una vez 
practicada requerirá aprobación judicial.
La partición realizada por el defensor judicial designado para actuar en la 
partición en nombre de un menor o de una persona a cuyo favor se hayan 
establecido medidas de apoyo, necesitará la aprobación judicial, salvo que se 
hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.»
Cuarenta y siete.  Se sustituye el primer párrafo del artículo 1163 por el que se indica 
a continuación:
«El pago hecho a una persona menor de edad será válido en cuanto se hubiere 
convertido en su utilidad. Esta regla también será aplicable a los pagos realizados a 
una persona con discapacidad con medidas de apoyo establecidas para recibirlo y 
que actúe sin dichos apoyos, en caso de que el deudor o la persona que realice el  e.e
pago conociera de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la  b
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad  33ww
Cuoabreten«ntLaieo yns d omoc ehdnoeo.  reellEso l d uaenr taeíc dvuaeldon  tn1ao2ja 6e 3imn jsauens tcraeip.d»aadcotas  pcoond reáln s cigeuleiebnrater  ateqnuoerl:los contratos que  BOE-A-2021-92cable en https://
las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes
y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de 
conformidad con los usos sociales.»
Cuarenta y nueve.  Se da nueva redacción al ordinal 1.º del artículo 1291, con el 
siguiente tenor:
«1.º  Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los 
tutores o los curadores con facultades de representación, siempre que las personas 
a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de 
las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos.»
Cincuenta.  Se sustituye el segundo párrafo del artículo 1299 por el que figura a 
continuación:
«Para los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad 
provistas de medidas de apoyo que establezcan facultades de representación y 
para los ausentes, los cuatro años no empezarán a computarse hasta que se 
extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese la situación de 
ausencia legal.»
Cincuenta y uno.  El artículo 1301 se redacta conforme se indica a continuación:
«La acción de nulidad caducará a los cuatro años. Ese tiempo empezará a 
correr:
1.º  En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas 
hubiesen cesado.
2.º  En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del 
contrato.
3.º  Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los menores, 
desde que salieren de la patria potestad o la tutela.
4.º  Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por personas con 
discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran 
precisas, desde la celebración del contrato.
5.º  Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de 
los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere 
necesario, desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio 
salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.»
Cincuenta y dos.  El artículo 1302 se redacta con el siguiente tenor:
«1.  Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados 
principal o subsidiariamente en virtud de ellos.
2.  Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser anulados por sus 
representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayoría de edad. Se 
exceptúan aquellos que puedan celebrar válidamente por sí mismos.
3.  Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de 
medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar prescindiendo de 
dichas medidas cuando fueran precisas, podrán ser anulados por ellas, con el apoyo 
que precisen. También podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo 
que faltara para completar el plazo, si la persona con discapacidad hubiere fallecido  e.e
antes del transcurso del tiempo en que pudo ejercitar la acción. b
Los contratos mencionados en el párrafo anterior también podrán ser anulados  33ww
paonru llaa cpióenrs osnoalo a p lrao qceued ehruáb iceuraa ncdoorr eesl pootnrodi dcoo nptrreasttaanr teel  faupeoryao .c Eonno ecsetde ocra sdoe,  llaa 
eapxirsotveencchiaa ddoe  dmee odtridoa ms oddeo  adpeo lyao s eitnu aecli ómno dmee dnistoc adpea claid caodn otrbatteanciieónnd oo  dsee  ehlulob iuenraa 
ventaja injusta.
4.  Los contratantes no podrán alegar la minoría de edad ni la falta de apoyo de 
aquel con el que contrataron; ni los que causaron la intimidación o violencia o 
emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del 
contrato.»
Cincuenta y tres.  El artículo 1304 se redacta con el siguiente tenor:
«Cuando la nulidad proceda de la minoría de edad, el contratante menor no 
estará obligado a restituir sino en cuanto se enriqueció con la prestación recibida. 
Esta regla será aplicable cuando la nulidad proceda de haber prescindido de las 
medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, siempre que el contratante 
con derecho a la restitución fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo 
en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la 
situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.»
Cincuenta y cuatro.  El artículo 1314 queda redactado como sigue:
«También se extinguirá la acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, 
objeto de estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella.
Si la causa de la acción fuera la minoría de edad de alguno de los contratantes, 
la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que 
hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante después de haber alcanzado la 
mayoría de edad.
Si la causa de la acción fuera haber prescindido el contratante con discapacidad 
de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la pérdida de la cosa 
no será obstáculo para que la acción prevalezca, siempre que el otro contratante 
fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la 
contratación o se hubiera aprovechado de otro modo de la situación de discapacidad 
obteniendo de ello una ventaja injusta.»
Cincuenta y cinco.  Se suprime el artículo 1330.
Cincuenta y seis.  El artículo 1387 se redacta con el siguiente tenor:
«La administración y disposición de los bienes de la sociedad de gananciales se 
transferirá por ministerio de la ley al cónyuge nombrado curador de su consorte con 
discapacidad, cuando le hayan sido atribuidas facultades de representación plena.»
Cincuenta y siete.  Se da nueva redacción al ordinal 1.º del artículo 1393, en los 
siguientes términos:
«1.º  Si respecto del otro cónyuge se hubieren dispuesto judicialmente medidas 
de apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial, 
si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o condenado por abandono de 
familia. Para que la autoridad judicial acuerde la disolución bastará que el cónyuge 
que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.»
Cincuenta y ocho.  El ordinal 1.º del artículo 1459 se sustituye por el que figura a 
continuación:
«1.º  Los que desempeñen el cargo de tutor o funciones de apoyo, los bienes 
de la persona o personas a quienes representen.» es
Cincuenta y nueve.  El artículo 1548 se redacta con el siguiente tenor: w.
adm«inLiosstr apdroogreesn itdoere bs ieon teust oqreuse,  nreos pteencgtoa nd ep olodse rb ieesnpeesc idael,  lnoos  mpoednroárne sd, ayr  leons 
arrendamiento las cosas por término que exceda de seis años.»
Sesenta.  Se da nueva redacción al ordinal 3º del artículo 1700, se añade un nuevo 
ordinal 5º y se modifica el párrafo final, en los siguientes términos:
«3.º  Por muerte o concurso de cualquiera de los socios y en el caso previsto 
en el artículo 1699.»
«5.º  Cuando respecto de alguno de los socios se hubieren dispuesto medidas 
de apoyo que impliquen facultades de representación plena en la esfera patrimonial.
Se exceptúan de lo dispuesto en los números 3.º, 4.º y 5.º de este artículo las 
sociedades a que se refiere el artículo 1670, en los casos en que deban subsistir 
con arreglo al Código de Comercio.»
Sesenta y uno.  Se da nueva redacción al artículo 1732, con el texto que se indica:
«El mandato se acaba:
1.º  Por su revocación.
2.º  Por renuncia del mandatario.
3.º  Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario.
4.º  Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas de apoyo que 
incidan en el acto en que deba intervenir en esa condición.
5.º  Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa 
como medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo 
dispuesto en este Código respecto de los mandatos preventivos.»
Sesenta y dos.  El artículo 1764 se redacta con el siguiente tenor:
«El depósito hecho por un menor o por persona con discapacidad sin contar con 
la medida de apoyo prevista vinculará al depositario a todas las obligaciones que 
nacen del contrato de depósito.»
Sesenta y tres.  El artículo 1765 se redacta del siguiente modo:
«Si el depósito ha sido hecho en un menor, el depositante solo tendrá acción 
para reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario, o a que 
este le abone la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. 
Esta regla también resultará de aplicación cuando el depósito haya sido hecho en 
una persona con discapacidad que haya prescindido de las medidas de apoyo 
previstas cuando fueran precisas y el depositante fuera conocedor de la existencia 
de medidas de apoyo en el momento de la contratación o se hubiera aprovechado 
de otro modo de la situación de discapacidad obteniendo de ello una ventaja 
injusta.»
Sesenta y cuatro.  El artículo 1773 se redacta con el siguiente tenor:
«Cuando el depositante, después de hacer el depósito, contara con medidas de 
apoyo, la devolución del depósito se ajustará a lo que resulte de aquellas.»
Sesenta y cinco.  El artículo 1811 se redacta conforme se indica a continuación:
«El tutor y el curador con facultades de representación necesitarán autorización 
judicial para transigir sobre cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya  e
representación ostentan, salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia  bo
económica.» 33ww
párrSafeos ecunatart oy,  sceoins .e l tSeex tmo oqudeifi csae  ienld picáar raa fcoo tnetrincuearoc iódne:l artículo 1903 y se introduce un
«Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores que están bajo  BOE-A-cable e
su autoridad y habitan en su compañía.
Los curadores con facultades de representación plena lo son de los perjuicios 
causados por la persona a quien presten apoyo, siempre que convivan con ella.»
Sesenta y siete.  Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada 
como sigue:
«La referencia a la discapacidad que se realiza en los artículos 96, 756 
número 7.º, 782, 808, 822 y 1041, se entenderá hecha al concepto definido en la 
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
de la Normativa Tributaria con esta finalidad, y a las personas que están en situación 
de dependencia de grado II o III de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia.
A los efectos de los demás preceptos de este Código, salvo que otra cosa 
resulte de la dicción del artículo de que se trate, toda referencia a la discapacidad 
habrá de ser entendida a aquella que haga precisa la provisión de medidas de 
apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.»
Artículo tercero.  Modificación de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de 
febrero de 1946.
La Ley Hipotecaria queda modificada como sigue:
Uno.  El ordinal cuarto del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Cuarto.  Las resoluciones judiciales en que se declaren la ausencia o el 
fallecimiento o afecten a la libre disposición de bienes de una persona, y las 
resoluciones a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 755 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Las inscripciones de resoluciones judiciales sobre medidas de 
apoyo realizadas en virtud de este apartado se practicarán exclusivamente en el 
Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles.»
Dos.  Se suprime el artículo 28.
Tres.  El apartado quinto del artículo 42 se redacta con el siguiente tenor:
«Quinto.  El que instare ante el órgano judicial competente demanda de alguna 
de las resoluciones expresadas en el apartado cuarto del artículo 2, salvo las 
relativas a medidas de apoyo a personas con discapacidad.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 165, dando nueva redacción al párrafo inicial e 
introduciendo una nueva regla sexta con el siguiente tenor:
«Para constituir o ampliar judicialmente y a instancia de parte cualquier hipoteca 
legal, se procederá con sujeción a las reglas siguientes:»
«Sexta.  Tratándose de hipoteca legal por razón de la fianza de tutores, la 
competencia para decretar la hipoteca legal y la tramitación de la misma 
corresponderá al Juzgado en el que se tramite el nombramiento de los tutores, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 192, aplicándose lo dispuesto en las reglas 
anteriores en lo que no se opongan a dicho precepto.» es
Cinco.  El supuesto cuarto del artículo 168 queda redactado del siguiente modo: w.
por «raCzuóanr tdoe.  laL oress mpoennsoarebsil iddaed e deand q suuej eptousd iae rtaunte ilnac suorbrirr,e  sloiesm bpieren eqsu dee l alo asu ttuotorirdeasd, 
jsued iocfirael zccoan soitdrae rgea nraencteíasa rreioa lq ou ep eprrseosnteanl  qfiuaen zsae ay  ssuinfi cpieernjuteic aio  judiec iloo sd ec alas oasu etonr idqaude 
judicial.»
Seis.  El artículo 192 queda redactado del siguiente modo:
«La fianza hipotecaria que deberán prestar los tutores, conforme al número 
cuarto del artículo 168, se decretará de oficio por la autoridad judicial o a instancia 
del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente con interés legítimo, siempre que la 
autoridad judicial considere necesaria la prestación de la fianza y no se haya 
propuesto otra clase de garantía. En la resolución judicial se expresará la cuantía de 
la fianza y la obligación de aportar al Juzgado la escritura pública de hipoteca 
unilateral de máximo. Dicha escritura, junto con la aprobación judicial, se presentará 
en el Registro o Registros competentes por razón de la situación de los bienes 
hipotecados y será objeto de calificación e inscripción de acuerdo con los requisitos 
establecidos en esta ley.
La hipoteca legal podrá cancelarse cuando la autoridad judicial lo decrete por 
haber aceptado la sustitución por otra garantía personal o real. Asimismo, se 
cancelará cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela de que se trate y, 
en todo caso, cuando hayan transcurrido tres años desde la rendición final de 
cuentas sin que conste en el Registro ninguna reclamación por razón de las 
mismas.»
Siete.  El apartado 9 del artículo 222 queda redactado como sigue:
«9.  Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dispondrá 
de los instrumentos necesarios para proporcionar a todos ellos información por 
telefax o comunicación electrónica, a elección del solicitante y con el valor de nota 
simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, en su caso, del Libro de 
Entrada, del Libro de Inscripciones y del Libro sobre administración y disposición de 
bienes inmuebles, salvo en lo atinente a las resoluciones judiciales que establezcan 
medidas de apoyo a personas con discapacidad.»
Ocho.  El último párrafo del apartado 5 del artículo 222 bis se redacta con el siguiente 
tenor:
«Cuando la consulta se refiera a las fichas del Índice de Personas se harán 
constar solamente las circunstancias de la letra a) anterior. Lo mismo se observará 
respecto del Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles.»
Nueve.  Se incorpora un artículo 242 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 242 bis.
1.  En el Libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles a que se 
refiere el número cuarto del artículo 2 serán objeto de asiento las resoluciones 
dictadas en los expedientes de declaración de ausencia y fallecimiento, las de 
concurso establecidas en la legislación concursal, así como las demás resoluciones 
y medidas previstas en las leyes que afecten a la libre administración y disposición 
de los bienes de una persona. Podrán ser objeto de asiento también en este libro las 
resoluciones sobre personas con discapacidad a las que se refiere el artículo 755.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2.  El asiento en el Libro sobre administración y disposición de bienes 
inmuebles expresará las circunstancias contenidas en la resolución correspondiente.  s
En el caso de las medidas de apoyo, el asiento únicamente expresará la existencia  e.
y el contenido de las medidas. w.
3.  El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes  33ww
MJuusetibclieas u dne Ín Edsicpea ñCae nlletrvaal rInáf oar msuast iezaxdpoe ncsoans l ay  ibnafojorm laa cdieópne rnedmeintidciaa  pdoerl  lMosin disifteerreion tdees 
Rdiespgoisstircoiós nr edlea tbiviean ae slo ins mauseiebnletoss,  qpurea cetisctaadráo sre elanc ieoln Laidbor oe lseocbtrróen iacdammiennistetr accoinó nlo sy   BOE-A-cable e
datos correspondientes, si los hubiera, del actual fichero localizador de titularidades 
inscritas.»
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 7, que quedan redactados como 
sigue:
«1.  Podrán comparecer en juicio todas las personas.
2.  Las personas menores de edad no emancipadas deberán comparecer 
mediante la representación, asistencia o autorización exigidos por la ley. En el caso 
de las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, se 
estará al alcance y contenido de estas.»
Dos.  Se introduce un nuevo artículo 7 bis con la siguiente rúbrica y contenido:
«Artículo 7 bis.  Ajustes para personas con discapacidad.
1.  En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se 
realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su 
participación en condiciones de igualdad.
Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de 
las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas 
las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los 
actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, 
la comprensión y la interacción con el entorno.
2.  Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser 
entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:
a)  Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o 
escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga 
en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de 
medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a 
la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica.
b)  Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios 
para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de 
signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
c)  Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de 
facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con 
discapacidad pueda entender y ser entendida.
d)  La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de 
su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.»
Tres.  Se modifica la redacción del ordinal 5.º del artículo 52.1, según se indica a 
continuación:
«5.º  En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a las medidas  b
judiciales de apoyo de personas con discapacidad será competente el Tribunal del  33ww
laupgaarrta edno  q3 udee lr earstiídcau lola 7 p5e6r.»sona con discapacidad, conforme se establece en el
Cuatro.  Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 162, según se indica a 
continuación:
«3.  Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o 
informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado 
anterior solo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por 
otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico 
mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los 
artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el 
Tribunal en los procesos de familia, provisión de medidas judiciales de apoyo o 
filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquellos en su 
soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.»
Cinco.  Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado 3 del artículo 222, 
según se indica a continuación:
«En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, 
maternidad y medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa 
juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el 
Registro Civil.»
Seis.  Se modifica la rúbrica del Título I del Libro IV como se indica:
«De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas 
con discapacidad, filiación, matrimonio y menores»
Siete.  Queda modificado el ordinal 1.º del artículo 748 con el siguiente tenor:
«1.º  Los que versen sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a 
personas con discapacidad.»
Ocho.  Los apartados 1 y 2 del artículo 749 se redactan como se indica a continuación:
«Artículo 749.  Intervención del Ministerio Fiscal.
1.  En los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a las 
personas con discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracción 
internacional de menores y en los de determinación e impugnación de la filiación, 
será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos 
ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes.
El Ministerio Fiscal velará a lo largo de todo el procedimiento por la salvaguarda 
de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de las personas con discapacidad 
que participen en dichos procesos, así como por el interés superior del menor.
2.  En los demás procesos a que se refiere este título será preceptiva la 
intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el 
procedimiento sea menor, persona con discapacidad o esté en situación de ausencia 
legal.»
Nueve.  El ordinal 1.º del artículo 751.2 se redacta como se indica a continuación:
«1.º  En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, 
siempre que no existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales  e.
de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas o ausentes  w.b
interesados en el procedimiento.» 33ww
Diez.  Los apartados 1 y 3 del artículo 753 se redactan con el siguiente tenor:
«1.  Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se
refiere este título se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. El letrado de la
Administración de Justicia dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando 
proceda, y a las demás personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el 
procedimiento, hayan sido o no demandados, emplazándoles para que la contesten 
en el plazo de veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 405.»
«3.  Los procesos a los que se refiere este título serán de tramitación preferente 
siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con 
discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con 
funciones representativas, o esté en situación de ausencia legal.»
Once.  El artículo 755 queda redactado con el siguiente texto:
«Artículo 755.  Acceso de las sentencias a Registros públicos.
El letrado de la Administración de Justicia acordará que las sentencias y demás 
resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se 
comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que 
correspondan.
A petición de parte, se comunicarán también al Registro de la Propiedad, al 
Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro público 
a los efectos que en cada caso correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la 
comunicación se hará únicamente a petición de la persona en favor de la cual el 
apoyo se ha constituido.»
Doce.  Se modifica la rúbrica del Libro IV, Título I, Capítulo II, como sigue:
«De los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas 
con discapacidad.»
Trece.  El artículo 756 queda redactado con el siguiente texto:
«Artículo 756.  Ámbito de aplicación y competencia.
1.  En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, 
sea pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicción 
voluntaria dirigido a tal efecto se haya formulado oposición, o cuando el expediente 
no haya podido resolverse, la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas 
con discapacidad se regirá por lo establecido en este Capítulo.
2.  Será competente para conocer de las demandas sobre la adopción de 
medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoció del 
previo expediente de jurisdicción voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera 
la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo será el juez de 
primera instancia del lugar en que esta resida.
3.  Si antes de la celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia 
habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al 
Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.»
Catorce.  El artículo 757 se redacta como se indica a continuación:
«Artículo 757.  Legitimación e intervención procesal.
1.  El proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona  s
con discapacidad puede promoverlo la propia persona interesada, su cónyuge no  oe.
separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho  w.
asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano. 33ww
men2c.i onEald aMsi neisnt eerl ioa pFairstacdaol  daenbteerriáo r pnroo mexoivsetire rdainc hoo  npor ohcuebsieor asni  plares speentrasdoon alas 
claosr rqeusep olan dpieernstoen dae imntaenredsaa, dsaa lpvuoe qduae o cbotnecnleury leorsa  aqpuoey eoxsi sqtueen  porteracsis vaí.as a través de  BOE-A-cable e
3.  Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisión 
de apoyos, las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le 
dará a este traslado de aquella a fin de que pueda alegar lo que considere 
conveniente sobre dicha cuestión.
4.  Las personas legitimadas para instar el proceso de adopción de medidas 
judiciales de apoyo o que acrediten un interés legítimo podrán intervenir a su costa 
en el ya iniciado, con los efectos previstos en el artículo 13.»
Quince.  Se da nueva redacción al artículo 758, con el siguiente tenor:
«Artículo 758.  Certificación registral y personación del demandado.
1.  Admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia recabará 
certificación del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que 
considere pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas.
2.  Una vez notificada la demanda por medio de remisión o entrega, o por 
edictos  cuando  la  persona  interesada  no  hubiera  podido  ser  notificada 
personalmente, si transcurrido el plazo previsto para la contestación a la demanda 
la persona interesada no compareciera ante el Juzgado con su propia defensa y 
representación, el letrado de la Administración de Justicia procederá a designarle un 
defensor judicial, a no ser que ya estuviera nombrado o su defensa corresponda al 
Ministerio Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A continuación, se le dará 
al defensor judicial un nuevo plazo de veinte días para que conteste a la demanda 
si lo considera procedente.
El letrado de la Administración de Justicia llevará a cabo las actuaciones 
necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad 
y los trámites del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 bis.»
Dieciséis.  El artículo 759 se redacta como se indica a continuación:
«Artículo 759.  Pruebas preceptivas en primera y segunda instancia.
1.  En los procesos sobre adopción de medidas de apoyo a las que se refiere 
este Capítulo, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 752, el Tribunal practicará las siguientes:
1.º  Se entrevistará con la persona con discapacidad.
2.º  Dará audiencia al cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien 
se encuentre en situación de hecho asimilable, así como a los parientes más 
próximos de la persona con discapacidad.
3.º  Acordará los dictámenes periciales necesarios o pertinentes en relación 
con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que 
deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho 
dictamen preceptivo se contará en todo caso con profesionales especializados de 
los ámbitos social y sanitario, y podrá contarse también con otros profesionales 
especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada 
caso.
2.  En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona 
con discapacidad, el Tribunal podrá, previa solicitud de esta y de forma excepcional,  s
no practicar las audiencias preceptivas, si así resultara más conveniente para la  e.
preservación de su intimidad. w.
3.  Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta  33ww
cleugeaslmtióenn stee  oo iará q au ilean p seer seonncau econntr ed iesnc aspitaucaicdiaódn,  dael  chóencyhuog aes nimo islaebplea,r aad sou dse p haeriechnote os 
mtaámsb piérnó xdime oasp liyc aac liaósn  dloe dmisápsu peesrtsoo enna se lq aupea retla Tdroib aunntaelr icoor.nsidere oportuno, siendo  BOE-A-cable e
4.  Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se 
ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas 
preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.»
Diecisiete.  El artículo 760 se modifica como se indica a continuación:
«Artículo 760.  Sentencia.
Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deberán ser 
conformes a lo dispuesto sobre esta cuestión en las normas de derecho civil que 
resulten aplicables.»
Dieciocho.  El artículo 761 se redacta con el siguiente tenor:
«Artículo 761.  Revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas.
Las medidas contenidas en la sentencia dictada serán revisadas de conformidad 
con lo previsto en la legislación civil, debiendo seguirse los trámites previstos a tal 
efecto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
En caso de que se produjera oposición en el expediente de jurisdicción 
voluntaria de revisión a que se refiere el párrafo anterior, o si dicho expediente no 
hubiera podido resolverse, se deberá instar el correspondiente proceso contencioso 
conforme a lo previsto en el presente Capítulo, pudiendo promoverlo cualquiera de 
las personas mencionadas en el apartado 1 del artículo 757, así como quien ejerza 
el apoyo de la persona con discapacidad.»
Diecinueve.  Se da nueva redacción al artículo 762, con el siguiente texto:
«Artículo 762.  Medidas cautelares.
1.  Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una 
persona en una situación de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptará 
de oficio las que estime necesarias para la adecuada protección de aquella o de su 
patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, 
si lo estima procedente, un expediente de jurisdicción voluntaria.
2.  El Ministerio Fiscal podrá también, en las mismas circunstancias, solicitar 
del Tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado 
anterior.
Tales medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier 
estado del procedimiento.
3.  Siempre que la urgencia de la situación no lo impida, las medidas a que se 
refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas con 
discapacidad. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734, 735 
y 736 de esta Ley.»
Veinte.  En el artículo 765 se modifica la rúbrica y se da nueva redacción al apartado 1 
con el texto que se indica:
«Artículo 765.  Ejercicio de las acciones que correspondan al hijo menor o hijo con 
discapacidad que precise apoyo. Sucesión procesal.»
«1.  Las acciones de determinación o de impugnación de la filiación que,  o
cpidnoiodcndhisfSraotáiisrn nm ft uaaesecm ercaeeri o l noepnt ejeede.rsirss cpopiutnoaeadds ractáoson  ne ps ndeo lirras  c eslaejuepg riarcseciltapiadcrdaeióadsns e  ccnpoitovnair ln ,m etceleol adrl,rei edpgsaoapsrlo   dnqoedu  paieanonp ra o pley rhole i jsMpota eimnr aiees lnt seaourpr i oeod jyeeFo rei csydicc aasidoel,,,     OE-A-2021-9233able en https://www.
encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, por el Ministerio 
Fiscal.»
Veintiuno.  En el artículo 770 se modifica la regla 4.ª y se introduce una nueva 
regla 8.ª con la redacción que se indica:
«4.ª  Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se 
practicarán dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta 
días.
Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime 
necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso 
exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como 
las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre 
medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que 
precisen apoyo, de acuerdo con la legislación civil aplicable.
Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a 
petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o de los propios 
hijos, podrán ser oídos cuando tengan menos de doce años, debiendo ser oídos en 
todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. También habrán de ser oídos cuando 
precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y este sea prestado por los 
progenitores, así como los hijos con discapacidad, cuando se discuta el uso de la 
vivienda familiar y la estén usando.
En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad 
que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la 
autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda 
de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente 
el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.»
«8.ª  En los procesos matrimoniales en que existieran hijos comunes mayores 
de dieciséis años que se hallasen en situación de necesitar medidas de apoyo por 
razón de su discapacidad, se seguirán, en su caso, los trámites establecidos en esta 
ley para los procesos para la adopción judicial de medidas de apoyo a una persona 
con discapacidad.»
Veintidós.  Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 771, según se indica a 
continuación:
«2.  A la vista de la solicitud, el letrado de la Administración de Justicia citará a 
los cónyuges y, si hubiere hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de 
apoyo atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la 
que se intentará un acuerdo de las partes, que señalará el letrado de la 
Administración de Justicia y que se celebrará en los diez días siguientes. A dicha 
comparecencia deberá acudir el cónyuge demandado asistido por su abogado y 
representado por su procurador.
De esta resolución dará cuenta en el mismo día al Tribunal para que pueda 
acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a los que se 
refiere el artículo 102 del Código Civil y lo que considere procedente en relación con 
la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resolución 
no se dará recurso alguno.»
Veintitrés.  Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 775 en el sentido que  bo
se indica: 33ww
med«id1a. s Edle M aipnoisyteor iaot rFibisuciadla, sh aab sieunsd op rhoigjoesn mitoerneosr ey,s  eon h tijoodso c ocans doi,s cloasp accóidnayud gceosn, 
podrán solicitar del Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de
las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo,
siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al 
aprobarlas o acordarlas.»
Veinticuatro.  Los apartados 5, 8 y 10 del artículo 777 se redactan con el siguiente 
texto:
«5.  Si hubiera hijos menores o hijos mayores con discapacidad y medidas de 
apoyo atribuidas a sus progenitores, el Tribunal recabará informe del Ministerio 
Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y serán oídos cuando se 
estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo 
técnico judicial o del propio hijo. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo 
a que se refiere el apartado anterior o, si este no se hubiera abierto, en el plazo de 
cinco días.»
«8.  La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que 
acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por 
los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que 
decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de estas, ni afectará a la firmeza 
de la sentencia relativa a la separación o al divorcio.
La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio 
solo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o en aras de la 
salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad 
con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal.»
«10.  Si la competencia fuera del letrado de la Administración de Justicia por no 
existir hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores 
ni menores no emancipados, inmediatamente después de la ratificación de los 
cónyuges ante el letrado de la Administración de Justicia, este dictará decreto 
pronunciándose sobre el convenio regulador.
El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarará la 
separación o divorcio de los cónyuges.
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser 
dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores 
o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por 
terminado el procedimiento. En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el 
juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.
El decreto no será recurrible.»
Veinticinco.  Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 783 en el sentido que 
se indica:
«4.  El letrado de la Administración de Justicia convocará también al Ministerio 
Fiscal para que represente a los interesados en la herencia que sean menores y no 
tengan representación legítima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. La 
representación del Ministerio Fiscal cesará una vez que los menores estén 
habilitados de representante legal y, respecto de los ausentes, cuando se presenten 
en el juicio o puedan ser citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse.»
Veintiséis.  Se da nueva redacción al artículo 790 en el sentido que se indica:
«Artículo 790.  Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos  e.
del difunto. w.
cons1t.e  laS ieemxisptreen qcuiae  deel  Tterisbtuanmael nteton,g nai  ndoet icaisac deenld fiaelnletecsim, ideenstoc edned uiennate pse ors ocónnay yu ngoe 
dcoell aftienaradloe so  dpeenrstroon ad eqlu ec usaer thoa lgler aedno ,u naad ospitutaarcái ódn ed eo fhiceicoh ola sa simmeildaibdlaes,  nmi dáes 
indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la
seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto 
susceptibles de sustracción u ocultación.
De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo 
anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor y no tenga 
representante legal.
2.  En los casos a que se refiere este artículo, luego que comparezcan los 
parientes, o se nombre representante legal a los menores, se les hará entrega de 
los bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervención judicial, salvo 
lo dispuesto en el artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que proceda 
a la incoación del expediente de declaración de herederos.»
Veintisiete.  El ordinal 5.º del artículo 793.3 se redacta como se indica a continuación:
«5.º  El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos 
con derecho a la sucesión legítima, o que alguno de los parientes conocidos con 
derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte alícuota no pudiere 
ser citado personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de 
los interesados sea menor y no tenga representante legal.»
Veintiocho.  El ordinal 4.º del artículo 795 se redacta con el siguiente tenor:
«4.º  Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al 
administrador del deber de prestar caución. No habiendo acerca de esto 
conformidad, la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no 
otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la 
participación en la herencia de los menores que no tengan representante legal y de 
los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero.»
Veintinueve.  Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 796 en el sentido que 
se indica a continuación:
«2.  Durante la sustanciación del procedimiento de división judicial de la 
herencia podrán pedir los herederos, de común acuerdo, que cese la intervención 
judicial. El letrado de la Administración de Justicia así lo acordará mediante decreto, 
salvo cuando alguno de los interesados sea menor y no tenga representante legal o 
cuando haya algún heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su 
paradero.»
Artículo quinto.  Modificación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 1, que queda redactado como sigue:
«2.  El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirá por lo 
establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá 
carácter preferente sobre lo dispuesto en el Título XI del Libro I del Código Civil.» e.e
Dos.  Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue: 33www.
bene«f1ic. iarEiol , peaxtcrilmusoinvaiom pernottee,g aid loa  dpee rlsaosn ap eernso cnuayso  cinotne rdéiss csaep acocnidsatidtu tyean,d qruáe c soemráo 
su titular.
2.  A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas 
con discapacidad:
a)  Las que presenten una discapacidad psíquica igual o superior al 33 por 
ciento.
b)  Las que presenten una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 
por ciento.
3.  El grado de discapacidad se acreditará mediante certificado expedido 
conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme.»
Tres.  Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:
«1.  Podrán constituir un patrimonio protegido:
a)  La propia persona con discapacidad beneficiaria.
b)  Quienes presten apoyo a las personas con discapacidad.
c)  La persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria, cuando esté prevista 
en la legislación civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma.
2.  Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con 
discapacidad, con el apoyo que requiera, la constitución de un patrimonio protegido, 
ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, 
suficiente para ese fin.
En caso de negativa injustificada de la persona encargada de prestar aquel 
apoyo, el solicitante podrá acudir al Ministerio Fiscal, quien instará de la autoridad 
judicial lo que proceda atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la 
persona con discapacidad. Si la autoridad judicial autorizara la constitución del 
patrimonio protegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere 
el apartado siguiente. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, 
en  la  persona  encargada  de  prestar  el  apoyo  que  se  hubiera  negado 
injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido.
3.  El patrimonio protegido se constituirá en documento público, o por resolución 
judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.
Dicho documento público o resolución judicial tendrá, como mínimo, el siguiente 
contenido:
a)  El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el 
patrimonio protegido.
b)  La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de 
fiscalización, incluyendo los procedimientos de designación de las personas que 
hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. 
Dicha determinación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 5 de esta 
Ley.
c)  Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la 
administración o conservación del patrimonio protegido.
Asimismo, el documento público o resolución judicial podrá establecer las 
medidas u órganos de control que estime oportunos para garantizar el respeto de 
los derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario, así como las 
salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses e influencia  es
indebida. o
pceolaertcrrLetirmosóspon oinNcniaood t iaaeprvniraotoenst z ecaagold imdado.uo  nmIgipciucoaairrll iá oren e ldmlioneism sl iaeóa dnupi ateeotrfaersmicoztneauanda torecá  onlaan ld   cdefoii ssnlaccssaat iplte uascdccieóird intaul adyra ,  cscmo irrneectdlueainnatiisnvdcatoers i d pfaeicr  imlóuaanns     2021-9233n https://www.
aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constitución.
El fiscal que reciba la comunicación de la constitución de un patrimonio protegido 
y no se considere competente para su fiscalización lo remitirá al fiscal que designe 
el Fiscal General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Orgánico.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«2.  Cualquier persona con interés legítimo, con el consentimiento de la 
persona con discapacidad con el apoyo que requiera, podrá aportar bienes o 
derechos al patrimonio protegido. Estas aportaciones de bienes o derechos deberán 
realizarse siempre a título gratuito, incluso a través de pacto sucesorio en aquellas 
legislaciones civiles vigentes que la permitan, y no estarán sujetas a término. Las 
aportaciones podrán efectuarse por la persona comisaria o titular de una fiducia 
sucesoria en nombre del comitente ya fallecido, en los supuestos regulados en las 
legislaciones civiles vigentes que lo permitan.»
Cinco.  Se modifica el artículo 5, que queda redactado como sigue:
«1.  Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario 
del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y 
derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento 
público de constitución.
2.  En los demás casos, las reglas de administración quedarán sujetas a lo 
dispuesto en el documento público de constitución o aportación, pudiendo 
establecerse los apoyos o salvaguardas que se consideren convenientes, ya sea 
por el propio constituyente o aportante o por la autoridad judicial, de oficio o a 
solicitud del Ministerio Fiscal o de aquellas personas legitimadas para promover la 
adopción de medidas de apoyo respecto del titular del patrimonio protegido.
En ningún caso será necesaria la subasta pública para la enajenación de los 
bienes o derechos que integran el patrimonio protegido.
En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios 
protegidos de satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares, con los 
mismos bienes y derechos en él integrados, así como con sus frutos, productos y 
rendimientos, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el 
consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se 
hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el 
administrador podrán instar al Ministerio Fiscal que solicite de la autoridad judicial 
competente la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, en 
atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su 
beneficiario, las necesidades derivadas de su discapacidad, la solvencia del 
administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.
4.  Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como 
sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las 
necesidades vitales de su beneficiario o al mantenimiento de la productividad del 
patrimonio protegido.
5.  En ningún caso podrán ser administradores las personas o entidades que 
no puedan ser curadores, conforme a lo establecido en el Código Civil o en las 
normas de derecho civil, foral o especial que, en su caso, fueran aplicables.
6.  Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas  s
establecidas en el documento público o resolución judicial de constitución, la  oe.
autoridad judicial competente proveerá lo que corresponda, a solicitud del Ministerio  w.
SeFisi.s caSl,e t emnoiednifdicoa e enl  acurteícnutalo  lo7s,  qduees eqouse,d vao rluendtaacdt ayd por ecofemreon sciigause d:el beneficiario.» 2021-9233n https://ww
«1.  La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde
al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda respetando la voluntad,
deseos y preferencias de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del 
administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de 
medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del 
patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.
El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona y será 
oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.
2.  Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del 
patrimonio, el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su 
gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine este y, en todo caso, anualmente, 
mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y 
derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente.
El Ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas 
aclaraciones estime pertinentes.
3.  Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio 
Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se crea la Comisión 
de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio 
competente en materia de servicios sociales y en la que participarán, en todo caso, 
el Ministerio Fiscal y representantes de la asociación de utilidad pública más 
representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
La composición, funcionamiento y funciones de esta Comisión se determinarán 
reglamentariamente.»
Artículo sexto.  Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada como sigue:
Uno.  Se modifica la redacción de los ordinales 10.º a 14.º del artículo 4 con el tenor 
que se indica, pasando a identificarse con el ordinal 15.º el actual supuesto 14.º y con el 
ordinal 16.º el actual supuesto 15.º:
«10.º  Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de 
curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o 
de sus bienes.
11.º  Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisión de 
medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.
12.º  Los actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido de 
las personas con discapacidad.
13.º  La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.
14.º  Las declaraciones de concurso de las personas físicas y la intervención o 
suspensión de sus facultades.»
Dos.  La letra i) del artículo 11 se redacta como se indica a continuación:
«i)  El derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos 
dirigidos a la protección de los menores, las personas mayores y otras personas 
respecto de las cuales la inscripción registral supone una particular garantía de sus 
derechos.»
Tres.  Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo 44.7 con el siguiente 
texto: e
«7.  El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la  w.
ifdnoesrcmclraaiprsac cieóisóntn ad bedl eencl aidpcaaimsd ireeenn t aolna pt eloe dgerilás  leahncacicóaenrrg scaeidv eoiln  a dcpeulli acRlaqbeulgieei.sr  tSrtioie  msCepi vorie l,ca olsinze a arrreer eqmguleeord iariaá nl ateesl    2021-9233n https://ww
consentimiento expreso de la madre y del representante legal si fuera menor de
edad o de la persona a la que se reconoce si fuera mayor. Si se tratare de personas  Bc
con discapacidad respecto de las cuales se hubiesen establecido medidas de 
apoyo, se estará a lo que resulte de la resolución judicial que las haya establecido o 
del documento notarial en el que se hayan previsto o acordado. Para que sea 
posible la inscripción deberán concurrir, además, los requisitos para la validez o 
eficacia del reconocimiento exigidos por la legislación civil.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 71, que queda redactado como sigue:
«2.  También se inscribirá la extinción, privación, suspensión y recuperación de 
la patria potestad.»
Cinco.  Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 72:
«Artículo 72.  Resolución judicial de provisión de apoyos y declaración del concurso 
de persona física.
1.  La resolución judicial dictada en un procedimiento de provisión de apoyos, 
así como la que la deje sin efecto o la modifique, se inscribirán en el registro 
individual de la persona con discapacidad. La inscripción expresará la extensión y 
límites de las medidas judiciales de apoyo.
Asimismo, se inscribirá cualquier otra resolución judicial sobre las medidas de 
apoyo a personas con discapacidad.»
Seis.  El artículo 73 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 73.  Oponibilidad de las resoluciones.
Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior solo serán oponibles frente 
a terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones.»
Siete.  Se modifica el texto del artículo 75 con el tenor que se indica a continuación:
«Se inscribirá en el registro individual del menor en situación de desamparo la 
sujeción a la tutela por la entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté 
encomendada la protección de los menores por la legislación que resulte aplicable.»
Ocho.  El artículo 77 queda modificado como sigue:
«Artículo 77.  Inscripción de medidas de apoyo voluntarias.
Es inscribible en el registro individual del interesado el documento público que 
contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o 
de sus bienes.»
Nueve.  Se introduce un nuevo literal b) en el apartado 1 del artículo 83 con la 
siguiente redacción, pasando las actuales letras b) a e) a ser c) a f):
«b)  La discapacidad y las medidas de apoyo.»
Diez.  El primer párrafo del artículo 84 queda modificado como sigue:
«Sólo el inscrito o sus representantes legales, quien ejerza el apoyo y que esté 
expresamente autorizado, el apoderado preventivo general o el curador en el caso  es
de una persona con discapacidad podrán acceder o autorizar a terceras personas la  o
publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los  33ww
tlaloaéps ream fxruitinasnotdcesoino  q1cnui.aaber )io o rd eseeg lpl  lcaaúomrbtníleictcenuontlsoaid  rp8ioao3 mdd cereuá nmantn eead dcsoiced ee aendss e etdral e bae l ajeleopzrsocc yiadconiao..»t  oLdsae s es sAupsde mfcuiinnacilsmiotrenanectsieo  dnpeerbosat ePngú vibdeloircsifa icdsa eyrl    OE-A-2021-92able en https://
Artículo séptimo.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria.
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se añade un nuevo artículo 7 bis con el contenido siguiente:
«Artículo 7 bis.  Ajustes para personas con discapacidad.
1.  En los procesos a los que se refiere esta Ley en los que participen personas 
con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios 
para garantizar su participación en condiciones de igualdad.
Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de 
las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas 
las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los 
actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, 
la comprensión y la interacción con el entorno.
2.  Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser 
entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:
a)  Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o 
escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga 
en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de 
medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a 
la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica.
b)  Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios 
para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de 
signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
c)  Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de 
facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con 
discapacidad pueda entender y ser entendida.
d)  La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de 
su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.»
Dos.  Se da nueva redacción al artículo 27, que queda del siguiente tenor:
«1.  Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que 
proceda conforme a la ley el nombramiento de un defensor judicial de menores o 
personas con discapacidad.
2.  También se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que 
proceda la habilitación y ulterior nombramiento de defensor judicial. Se instará la 
habilitación cuando el menor no emancipado o la persona con discapacidad, siendo 
demandado o siguiéndosele gran perjuicio de no promover la demanda, se 
encuentre en alguno de los casos siguientes:
a)  Hallarse los progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo 
ausentes ignorándose su paradero, sin que haya motivo racional bastante para  s
creer próximo su regreso. e.
b)  Negarse ambos progenitores, tutor o persona designada para ejercer el  w.
apoyo a representar o asistir en juicio al menor o persona con discapacidad. 33ww
en ucn) a sHitaulalacrisóen  ldoes  pimropgoesnibitiolidreasd,  dtuet ohre oc hpoe rpsaornaa l ad eresipgrneasdean tpaaciróan e oje arcseisr teenl acipao eyon 
juicio.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se nombrará defensor 
judicial al menor o persona con discapacidad, sin necesidad de habilitación previa, 
para litigar contra sus progenitores, tutor o curador, o para instar expedientes de 
jurisdicción voluntaria, o cuando se hallare legitimado para ello cuando se inste por 
el Ministerio Fiscal un procedimiento para la adopción de medidas de apoyo 
respecto de la persona con discapacidad. No procederá la solicitud si el otro 
progenitor o tutor, si lo hubiere, no tuviera un interés opuesto al menor o persona 
con discapacidad.»
Tres.  Se incorpora un nuevo Capítulo III bis al Título II con la siguiente rúbrica y 
contenido:
«CAPÍTULO III bis
Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con 
discapacidad
Artículo 42 bis a).  Ámbito de aplicación, competencia, legitimación y postulación.
1.  Cuando sea pertinente la provisión de alguna medida judicial de apoyo de 
carácter estable a una persona con discapacidad, se seguirán los trámites previstos 
en el presente capítulo.
2.  Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad.
Si antes de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la 
residencia habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitirán las 
actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.
3.  Podrá promover este expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona con 
discapacidad, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre 
en una situación de hecho asimilable y sus descendientes, ascendientes o 
hermanos.
Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio 
Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situación que requiera la 
adopción judicial de medidas de apoyo. Las autoridades y funcionarios públicos que, 
por razón de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos respecto de 
cualquier persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos 
casos, este iniciará el presente expediente.
4.  La persona con discapacidad podrá actuar con su propia defensa y 
representación. Si no fuera previsible que proceda a realizar por sí misma tal 
designación, con la solicitud se pedirá que se le nombre un defensor judicial, quien 
actuará por medio de Abogado y Procurador.
5.  El letrado de la Administración de Justicia realizará las adaptaciones y los 
ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la 
finalidad y los trámites del expediente que le afecta, conforme a lo previsto en el 
artículo 7 bis de esta Ley.
Artículo 42 bis b).  Procedimiento.
1.  A la solicitud se acompañarán los documentos que acrediten la necesidad 
de la adopción de medidas de apoyo, así como un dictamen pericial de los  e.e
profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, que aconsejen las  w.b
medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. Asimismo, se propondrán  33ww
aque2l.l asA pdrmueitbidaas  aq tureá mseit ec olan ssiodleicrietu nde pcoers ealr iloe tpraradcot idcea rl ae An dlam cinoimstpraacrieócne dneci aJ.usticia,
edisstcea pcaocnidvaodc ayr,á e na  slua  ccaosmo,p aa rseuc ecnócniyau gael  nMoi nsiesptearriaod oF idsec ahl,e cah ola o  pleegrsaolmnean tceo on 
quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y a sus descendientes,
ascendientes o hermanos. Los interesados podrán proponer en el plazo de cinco 
días desde la recepción de la citación aquellas diligencias de prueba que consideren 
necesario practicar en la comparecencia. También se recabará certificación del 
Registro Civil y, en su caso, de otros Registros públicos que se consideren 
pertinentes, sobre las medidas de apoyo inscritas.
La autoridad judicial antes de la comparecencia podrá recabar informe de la 
entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la función de 
promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o de una 
entidad del tercer sector de acción social debidamente habilitada como colaboradora 
de la Administración de Justicia. La entidad informará sobre las eventuales 
alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin requerir la adopción 
de medida alguna por la autoridad judicial.
Asimismo, la autoridad judicial podrá ordenar antes de la comparecencia un 
dictamen pericial, cuando así lo considere necesario atendiendo a las circunstancias 
del caso.
3.  En la comparecencia se procederá a celebrar una entrevista entre la 
autoridad judicial y la persona con discapacidad, a quien, a la vista de su situación, 
podrá informar acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que 
precisa, bien sea mediante su entorno social o comunitario, o bien a través del 
otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.
Asimismo, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y 
resulten admitidas y, en todo caso, se oirá a las personas que hayan comparecido y 
manifiesten su voluntad de ser oídas.
4.  Si, tras la información ofrecida por la autoridad judicial, la persona con 
discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondrá fin al expediente.
5.  La oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la 
oposición del Ministerio Fiscal o la oposición de cualquiera de los interesados en la 
adopción de las medidas de apoyo solicitadas pondrá fin al expediente, sin perjuicio 
de que la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente las medidas de apoyo 
de aquella o de su patrimonio que considere convenientes. Dichas medidas podrán 
mantenerse por un plazo máximo de treinta días, siempre que con anterioridad no 
se haya presentado la correspondiente demanda de adopción de medidas de apoyo 
en juicio contencioso.
No se considerará oposición a los efectos señalados en el párrafo anterior la 
relativa únicamente a la designación como curador de una persona concreta.
Artículo 42 bis c).  Auto y posterior revisión de las medidas judicialmente acordadas.
1.  Las medidas que se adopten en el auto que ponga fin al expediente deberán 
ser conformes a lo dispuesto en la legislación civil aplicable sobre esta cuestión. 
Tales medidas serán objeto de revisión periódica en el plazo y la forma en que 
disponga el auto que las hubiera acordado, debiendo seguirse el trámite 
contemplado en este artículo.
Cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 42 bis a), 
así como quien ejerza el apoyo, podrá solicitar la revisión de las medidas antes de 
que transcurra el plazo previsto en el auto.
2.  El Juzgado que dictó las medidas será también competente para conocer de 
la citada revisión, siempre que la persona con discapacidad permanezca residiendo 
en la misma circunscripción. En caso contrario, el Juzgado de la nueva residencia  e.e
habrá de pedir un testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente  w.b
conoció del mismo, que lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud. 33ww
peric3i.a l cEuna nlad ore avsisí ilóon c odnes liadse rme endeicdeassa, riloa  aatuetnodriideandd oju ad liacisa cl irreccuanbsatarnác uians  ddieclt acmaseon, 
saect ueanctiroenveisst aqruáe  ccoonns ildae rpee rnseocneas acrioans . dAi secsatopsa ceifdeacdto sy,  loar daeuntoarridáa da qjuudeilclaiasl  pootrdarás 
recabar informe de las entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 42 bis
b). Del resultado de dichas actuaciones se dará traslado a la persona con 
discapacidad, a quien ejerza las funciones de apoyo, al Ministerio Fiscal y a los 
interesados personados en el expediente previo, a fin de que puedan alegar lo que 
consideren pertinente en el plazo de diez días, así como aportar la prueba que 
estimen oportuna. Si alguno de los mencionados formulara oposición, se pondrá fin 
al expediente y se podrá instar la revisión de las medidas conforme a lo previsto en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.  Recibidas las alegaciones y practicada la prueba, la autoridad judicial 
dictará nuevo auto con el contenido que proceda atendiendo a las circunstancias 
concurrentes.»
Cuatro.  Se modifica el texto del artículo 43 en los siguientes términos:
«1.  Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de 
Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o 
persona con discapacidad.
2.  El órgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela 
o guarda de hecho, será competente para conocer de todas las incidencias, trámites 
y adopción de medidas o revisiones posteriores, siempre que el menor o persona 
con discapacidad resida en la misma circunscripción. En caso contrario, para 
conocer de alguna de esas incidencias, será preciso que se pida testimonio 
completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoció del mismo, el cual 
lo remitirá en los diez días siguientes a la solicitud.
3.  En estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado y 
procurador, salvo en los relativos a la remoción del tutor o curador y a la extinción 
de poderes preventivos, en los que será necesaria la intervención de abogado.»
Cinco.  Se modifica la redacción del artículo 44 con el texto que se indica:
«Artículo 44.  Ámbito de aplicación.
1.  Se aplicará lo dispuesto en esta sección para la tramitación de los 
expedientes relativos a la tutela y la curatela.
2.  El expediente al que se refiere el artículo siguiente solamente será aplicable 
a la curatela cuando, tras la tramitación de un proceso sobre la adopción de medidas 
judiciales de apoyo a una persona con discapacidad, sea procedente el 
nombramiento de un nuevo curador, en sustitución de otro removido o fallecido.»
Seis.  En el artículo 45, se modifican el apartado 1, el segundo párrafo del apartado 2, 
el segundo párrafo del apartado 4, el apartado 5 y el segundo párrafo del apartado 6, con 
el texto que se indica a continuación:
«1.  El expediente se iniciará mediante solicitud presentada por el Ministerio 
Fiscal o por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la 
tutela o curatela. En ella deberá expresarse el hecho que dé lugar a una u otra, 
acompañando los documentos acreditativos de la legitimación para promover el 
expediente e indicando los parientes más próximos de la persona respecto a la que 
deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. Igualmente deberá 
acompañarse certificado de nacimiento de esta y, en su caso, el certificado de 
últimas voluntades de los progenitores, el testamento o documento público notarial  es
otorgado por estos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos  o
mdoitsreacnsao pmraeecsdi,d idaoad es e l dnde eo alc qpuuomeyeo sn evt oohl uupnbútieabrrliaica ods. is»npouteasritaol  eont oprrgeavdisoió pno sro blar ep sruo ppirao ppiear csuornaate clao un   2021-9233n https://www.
«Ta2n. t(o.. .e)l Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor y  BOE-A-cable e
respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad en lo
que conste, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias, informes periciales 
y pruebas que estimen oportunas.»
«4. (...)
Cuando corresponda de acuerdo con la legislación civil aplicable, en la 
resolución por la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podrá 
acordar las medidas de vigilancia y control oportunas, así como exigir al tutor o 
curador informe sobre la situación personal del menor o persona con discapacidad 
y el estado de la administración de sus bienes. Si se adoptaren en resolución 
posterior, se oirá previamente al tutor o curador, al menor si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, a la persona respecto a la 
que deba constituirse la curatela y al Ministerio Fiscal.»
«5.  El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela o en otra 
posterior, podrá exigir al tutor o curador de modo excepcional la constitución de 
fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal 
caso, la modalidad y cuantía de la misma.
También podrá con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, 
dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras 
haber oído al tutor o curador, a la persona con discapacidad que precise medidas de 
apoyo, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si tuviere más de 
doce años, y al Ministerio Fiscal.»
«6. (...)
Durante la sustanciación del recurso, e incluso si se instara un proceso ordinario 
posterior sobre el mismo objeto, quedará a cargo del tutor o curador electo, en su 
caso, el cuidado del menor o persona con discapacidad y la administración de su 
caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez.»
Siete.  En el artículo 46 se modifican el apartado 2, el apartado 3 y el apartado 4, con 
el texto que se indica:
«2.  Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarará suficiente y 
acordará en la misma resolución las inscripciones, depósitos, medidas o diligencias 
que considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los bienes 
del menor o persona con discapacidad.»
3.  Practicadas todas las diligencias acordadas, el nombrado aceptará en acta 
otorgada ante el letrado de la Administración de Justicia la obligación de cumplir los 
deberes de su cargo conforme a las leyes y este acordará dar posesión del cargo, 
le conferirá las facultades establecidas en la resolución judicial que acordó su 
nombramiento y le entregará certificación de esta.
4.  Cuando el nombrado lo fuera para el cargo de tutor o administrador de los 
bienes, le requerirá para que presente el inventario de los bienes de la persona 
afectada en el plazo de los sesenta días siguientes. Hasta que se apruebe el 
inventario de bienes, en su caso, la persona nombrada quedará a cargo del cuidado 
del menor o persona con discapacidad y de la administración de su caudal, según 
proceda, bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez.»
Ocho.  Se modifica el apartado 1 del artículo 48 con la siguiente redacción:
«1.  Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o se haya  o
dsylao iscel tilcfa umidtnaoocr diesoo enl ande tersee  neptrcneibicrauco icembinóier nlnea dl a tpa oqrdmouacease n tydide ieomnl e eivennan  ldotcoeor  rnydes eclai hdp oerre,ro naevtcilas iJóbióunilnei dl zada  ledca  o daamepc opoloylredsoj aisbdr,ia áesd,ni   feeyijsal  l ntadud eteool x irnst eouten  cirsmeuiósrpanaod drdooteer.     2021-9233n https://www.
La decisión se adoptará después de oír al solicitante, a la persona con discapacidad,
al menor si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años,
al Ministerio Fiscal y a cuantas personas considere oportuno. Tanto el Juez como los 
interesados o el Ministerio Fiscal podrán proponer las diligencias, informes periciales 
y pruebas que estimen oportunas.
El auto a que se refiere este artículo se ejecutará sin perjuicio del recurso de 
apelación, que no producirá efectos suspensivos.»
Nueve.  Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 49:
«1.  En los casos previstos por la legislación civil aplicable, de oficio, a solicitud 
del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, 
se podrá acordar la remoción del tutor o del curador, previa celebración de 
comparecencia. En esta se oirá al tutor o curador, a las personas que puedan 
sustituirle en el cargo, a la persona con discapacidad, al menor si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, y al Ministerio Fiscal.»
Diez.  Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 51 se modifican con el texto que se indica:
«1.  De acuerdo con la legislación civil aplicable o con la resolución judicial 
correspondiente, el tutor o curador presentará, en su caso, informes sobre la 
situación personal del menor o persona con discapacidad, o de rendiciones de 
cuentas.
2.  Presentados los informes, el letrado de la Administración de Justicia los 
trasladará a la persona con discapacidad, al menor si tuviera suficiente madurez y, 
en todo caso, si fuere mayor de doce años, a aquellos que aparecieran como 
interesados en el expediente y al Ministerio Fiscal. Si alguno de los anteriormente 
mencionados lo solicitara en el plazo de diez días, se citará a todos ellos a una 
comparecencia, pudiéndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias 
y pruebas que se estimen oportunas.
También podrá ordenar el Juez de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o 
asistido, una prueba pericial contable o de auditoría aun cuando nadie haya 
solicitado la comparecencia, si en el informe se describieran operaciones complejas 
o que requieran una justificación técnica.
3.  Celebrada o no la comparecencia, el juez resolverá por medio de auto sobre 
los informes y la rendición de cuentas.»
Once.  Se añade un artículo 51 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 51 bis.  Extinción de los poderes preventivos.
1.  Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisión de 
apoyos y el curador, si lo hubiere, podrán instar la extinción de los poderes 
preventivos otorgados por la persona con discapacidad, si en el apoderado concurre 
alguna de las causas previstas para la remoción del curador.
2.  Admitida la solicitud, se citará a la comparecencia al solicitante, al 
apoderado, a la persona con discapacidad que precise apoyo y al Ministerio Fiscal. 
Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el letrado de la 
Administración de Justicia citará a los interesados a una vista, continuando la 
tramitación con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.»
Doce.  En el artículo 52, se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo  s
apartado 3, según se indica a continuación: e.
«1.  A instancia del Ministerio Fiscal, de la persona que precise medidas de  33ww
acopnooyoci mo ideen tcou daelq luai eerxai sqtueen ctiean dgea  uunn  ginutearrédsa dleogr ídtime oh,e lcah aou ptoordidráa dre jquudeicriiarlle q puaer ate nqguae 
idnisfocrampea cdidea dla y s diteu ascui óanct udaec ilóan p eenr sroenlaac iyó nb cieonne lso sd meli smmeonso.r o de la persona con
2.  El Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime 
oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constitución de la tutela en 
el caso de los menores, si procediera. Tales medidas se adoptarán, previa 
comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al 
guardador y al Ministerio Fiscal.
3.  En los casos en que, de acuerdo con la legislación civil aplicable, el 
guardador de hecho de una persona con discapacidad deba solicitar autorización 
judicial, antes de tomar una decisión, la autoridad judicial entrevistará por sí misma 
a la persona con discapacidad y podrá solicitar un informe pericial para acreditar la 
situación de esta. También podrá citar a la comparecencia a cuantas personas 
considere necesario oír en función del acto cuya autorización se solicite.»
Trece.  Se modifica el artículo 61 con el texto que se indica a continuación:
«Artículo 61.  Ámbito de aplicación.
Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que el 
representante legal del menor o la persona que preste apoyo a la persona con 
discapacidad o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorización o 
aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u otros que se 
refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera 
establecida una tramitación específica.»
Catorce.  Se modifica el artículo 62 con el siguiente texto:
«Artículo 62.  Competencia, legitimación y postulación.
1.  Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de 
Primera Instancia de la residencia del menor o persona con discapacidad. Si antes 
de la celebración de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia 
habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitirán las actuaciones al 
Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.
2.  Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación legal 
del menor o ejerzan el apoyo a la persona con discapacidad a los fines de realizar 
el acto jurídico de que se trate, así como la propia persona con discapacidad de 
conformidad con las medidas de apoyo establecidas.
Cuando se trate de la administración de bienes o derechos determinados, con 
facultades concretas sobre los mismos, conferida por su transmitente a título gratuito 
a favor de quien no ostente la representación legal, o cuando se ejerzan 
separadamente la tutela o curatela de la persona y la de los bienes deberá solicitar 
la autorización, si fuere precisa, el administrador designado por el transmitente o el 
tutor de los bienes.
Si el acto fuera respecto a los bienes del patrimonio protegido, el legitimado será 
su administrador.
3.  No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador siempre que el 
valor del acto para el que se inste el expediente no supere los 6.000 euros. Cuando 
lo supere, la solicitud inicial podrá realizarse sin necesidad de ambos profesionales, 
sin perjuicio de que el Juez pueda ordenar la actuación de todos los interesados por 
medio de abogado cuando la complejidad de la operación así lo requiera o 
comparezcan sujetos con intereses enfrentados.» e
Quince.  Se modifica el artículo 64, con el siguiente texto: 33www.
«Artículo 64.  Tramitación.
este1 c. itaArád ma ictiodma paa trreácmeintec ilaa  aslo Mlicinitiusdte prioor  Feils lceatrl,a adsoí  dceo mlao A ad mtoidnaisst rlaacsi ópne rdseo nJauss tqicuiea,, 
según los distintos casos, exijan las leyes y, en todo caso, a la persona con
discapacidad y al menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea 
mayor de doce años.
2.  Cuando proceda dictamen pericial, se acordará de oficio o a instancia de 
parte, y se emitirá antes de celebrarse la comparecencia, debiendo citarse a ella al 
perito o peritos que lo hubiesen emitido, si así se acordara, para responder a las 
cuestiones que le planteen tanto los intervinientes como el Juez.»
Dieciséis.  Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 4 del artículo 65, con el 
texto que se indica:
«4.  Si se autorizare la realización de algún acto de gravamen sobre bienes o 
derechos que pertenezcan al menor o persona con discapacidad o la extinción de 
derechos reales a ellos pertenecientes, se ordenará seguir las mismas formalidades 
establecidas para la venta, con exclusión de la subasta.»
Diecisiete.  Se da nueva redacción a la Sección 3.ª del Capítulo II del Título III con el 
texto que se indica:
«Sección 3.ª  De las medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la 
potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con 
discapacidad
Artículo 87.  Ámbito de aplicación, competencia y legitimación.
1.  Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para adoptar medidas en 
relación al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas 
con discapacidad o a la administración de sus bienes en los casos a que se refieren 
los artículos 158, 164, 165, 167, 200 y 249 del Código Civil o a las disposiciones 
análogas de la legislación civil aplicable. Y en concreto:
a)  Para la adopción de las medidas de protección de los menores establecidas 
en el artículo 158 del Código Civil.
b)  Para la adopción de las medidas previstas en el artículo 249, último párrafo, 
del Código Civil en relación con las personas con discapacidad.
c)  Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de 
los bienes adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o ambos 
hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de 
indignidad y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera 
tampoco desempeñar dicha función el otro progenitor.
d)  Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los 
frutos que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por título gratuito 
cuando el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los 
mismos, así como de los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos 
hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de 
indignidad y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su 
educación o carrera.
e)  Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los 
bienes de los hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su 
administración o incluso nombrar un administrador cuando la administración de los 
progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.
2.  Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su  o
dchoeumfbeiepctreoat, e cdnoetne ol acp iraderosa i ddceeoln nicnoiiacc eidarel :ld mele enxopr eod pieenrsteo neal  cJounz gdaisdcoa pdaec iPdaridm. eNrao  oInbssttaanncteia,  sqeureá   2021-9233n https://www.
atribau)c ióSn id eel  lae jgeuracricdiao  yc counsjutondtioa  ddee  lolas  hpiajotrsi ah upboieteras tsaiddo p eosrt alobsle cpidroog peonri troerseoslu oci ólan   BOE-A-cable e
judicial, así como cuando estuvieran sujetos a tutela.
b)  Cuando la medida de apoyo de la persona con discapacidad hubiera sido 
provista judicialmente.
3.  Las medidas a que se refiere este Capítulo se adoptarán de oficio o a 
instancia del propio menor o persona con discapacidad, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten respecto de una persona con discapacidad, 
podrán adoptarse asimismo a instancia de cualquier interesado.
Artículo 88.  Resolución.
Si el Juez estimare procedente la adopción de medidas, resolverá lo que 
corresponda designando persona o institución que, en su caso, haya de encargarse 
de la custodia del menor o del apoyo a la persona con discapacidad, adoptará las 
medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en la legislación civil 
aplicable y podrá nombrar, si procediere, un defensor judicial.
Artículo 89.  Actuación en casos de tutela y curatela.
En los casos de tutela del menor o curatela de la persona con discapacidad, el 
Juez que haya conocido del expediente remitirá testimonio de la resolución definitiva 
al que hubiese conocido del nombramiento de tutor o del curador, respectivamente, 
cuando sea uno distinto.»
Dieciocho.  Se modifica la letra b) del artículo 93.2 como sigue:
«b)  Los tutores, los curadores representativos y, en su caso, los defensores 
judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o 
para repudiar los mismos.»
Diecinueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 94 como sigue:
«2.  Podrán promover este expediente los llamados a la herencia y los 
acreedores del heredero que hubiera repudiado la herencia.
Si los llamados fueran menores, podrán promoverlo quienes ostenten su 
representación y, en su defecto, el Ministerio Fiscal.
Si se tratara de personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo 
representativo para este tipo de actos podrán promoverlo los que ejerzan el 
apoyo.
Asimismo, podrá promoverlo el defensor judicial si no se le hubiera dado la 
autorización en el nombramiento.»
Veinte.  Sustitución de términos.
1.  En el apartado X, párrafo 10 de la Exposición de Motivos, en la rúbrica del 
Capítulo VII del Título II y en los artículos 4, 18.2.4.ª, 19, 23, 26, 40.2, 59, 60, 65.1 y 85, las 
expresiones «persona con capacidad modificada judicialmente» y «persona con la 
capacidad modificada judicialmente» se sustituyen por «persona con discapacidad con 
medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica».
2.  En los artículos 28, 29 y 30 la expresión «personas con capacidad modificada 
judicialmente o a modificar» se sustituye por «persona con discapacidad».
3.  En la rúbrica del Capítulo VIII del Título II y en los artículos 2.3, 5, y 90.5, la  s
expresión «personas con capacidad modificada judicialmente» se sustituye por  oe.
«personas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad  w.
jurídica». 33ww
para4 .l a lEibnr ee la adrmtícinuilsot r1a3c9ió.2n  lad ee xspurse sbiióenn e«ps»e rsseo nsauss ctiotuny cea ppoarc i«dpaedr smoondaisfic caodna  djuisdcicaipaalmceidnatde 
con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.»
Artículo octavo.  Modificación del Código de Comercio.
El Código de Comercio queda modificado como sigue:
Uno.  El artículo 4 queda redactado como sigue:
«Artículo 4.
Tendrán capacidad para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores 
de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes.»
Dos.  El artículo 5 queda redactado como sigue:
«Artículo 5.
Los menores de dieciocho años podrán continuar, por medio de sus guardadores, 
el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores 
carecieren de capacidad para comerciar, o tuvieran alguna incompatibilidad, estarán 
obligados a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones legales, 
quienes les suplirán en el ejercicio del comercio.»
Tres.  El artículo 234 queda redactado como sigue:
«Artículo 234.
En la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan interés personas 
menores de edad, obrarán el padre, madre o tutor de estas, según los casos, con 
plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos e irrevocables, sin 
beneficio de restitución, todos los actos que dichos representantes otorgaren o 
consintieren por sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquellos 
contraigan para con estos por haber obrado con dolo o negligencia.»
Disposición adicional primera.  Régimen de colaboración entre la Administración de 
Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
1.  El Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas que tengan transferidos 
los servicios en materia de administración de justicia podrán reconocer como entidades del 
Tercer Sector de Acción Social colaboradoras de la Administración de Justicia a aquellas 
organizaciones o entidades que reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal o autonómico y, 
cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de 
ámbito estatal o autonómico en función del tipo de entidad de que se trate.
b)  Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el cumplimiento 
de sus fines institucionales no comerciales.
c)  Desarrollar actividades de interés general, considerando como tales, a estos 
efectos, el impulso del reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de 
los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer 
Sector de Acción Social.
d)  Cualquier otro que se disponga legal o reglamentariamente. e.e
2.  Las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras con la  33ww
Admai)n istIrnafocirómna dr,e a Juuxsiltiiacri,a a psoisdtirrá, na pdoerstaerm cpoenñoacri mlaise nstiog ueixepnetertso a yc, teuna cgieonneersa:l, cooperar con
la Administración de Justicia en las materias propias de su ámbito, en los términos que se
determine reglamentariamente. Bc
b)  Actuar como interlocutores ante el departamento ministerial o autonómico 
responsable de la Justicia a través de sus órganos de participación y consulta, en los 
términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.
c)  Colaborar con la Administración de Justicia en el diseño, desarrollo y aplicación de 
todo tipo de iniciativas, programas, medidas y acciones que redunden en la mejora del 
servicio público de la Justicia y de la percepción que la ciudadanía tiene del mismo.
d)  Cualquier otra que se determine reglamentariamente.
3.  El procedimiento para el reconocimiento como entidades del Tercer Sector de 
Acción Social colaboradoras de la Administración de Justicia y la concreción de los 
derechos  y  obligaciones  que  dicho  reconocimiento  comporta  se  regulará 
reglamentariamente.
En todo caso, la resolución de reconocimiento como entidad del Tercer Sector de 
Acción Social colaboradora con la Administración de Justicia, así como su revocación 
serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.
Disposición adicional segunda.  Formación en medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
1.  El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación general 
y específica, en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica, en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, letrados 
de la Administración de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, 
personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, funcionarios de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades 
locales que desempeñen funciones en esta materia.
2.  Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales impulsarán 
la formación y sensibilización de sus colegiados en las medidas de apoyo a las personas 
con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, el Consejo General 
del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles 
de España impulsarán la formación y sensibilización en dichas medidas de Notarios y 
Registradores respectivamente.
Disposición transitoria primera.  Privaciones de derechos actualmente existentes.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley las meras privaciones de derechos 
de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto.
Disposición transitoria segunda.  Situación de tutores, curadores, defensores judiciales y 
guardadores de hecho. Situación de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 
Situación de las declaraciones de prodigalidad.
Los tutores, curadores, con excepción de los curadores de los declarados pródigos, y 
defensores judiciales nombrados bajo el régimen de la legislación anterior ejercerán su 
cargo conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de su entrada en vigor. A los 
tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para  e.e
los curadores representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores  b
hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por  33ww
laap lliecya ryá nd lea sl onso rmmeanso erestsa bqlueeci dhausb piearraan e ol bdteefennidsoo re jlu dbiecniael fdiceiol  mdeen loar .mayor edad se les
dispQosuiiceinoense sv idneie erasnta a Lcetuy.ando como guardadores de hecho sujetarán su actuación a las
Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola 
hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la disposición transitoria quinta.
Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo 
con la legislación anterior continuarán vigentes hasta que se produzca la revisión 
prevista en la disposición transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los 
declarados pródigos continuarán ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislación 
anterior.
Disposición transitoria tercera.  Previsiones de autotutela, poderes y mandatos 
preventivos.
Las previsiones de autotutela se entenderán referidas a la autocuratela y se regirán 
por la presente Ley.
Los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley quedarán sujetos a esta. No obstante, cuando, en virtud del artículo 259, 
se apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedarán excluidas las 
correspondientes a los artículos 284 a 290 del Código Civil.
Cuando la persona otorgante quiera modificarlos o completarlos, el Notario, en el 
cumplimiento de sus funciones, si fuera necesario, habrá de procurar que aquella 
desarrolle su propio proceso de toma de decisiones ayudándole en su comprensión y 
razonamiento y facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.
Disposición transitoria cuarta.  Sustituciones realizadas en virtud del artículo 776 del 
Código Civil.
Cuando se hubiera nombrado sustituto en virtud del artículo 776 del Código Civil, en 
el caso de que la persona sustituida hubiera fallecido con posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley, se aplicará lo previsto en esta y, en consecuencia, la sustitución 
dejará de ser ejemplar, sin que pueda suplir el testamento de la persona sustituida. No 
obstante, la sustitución se entenderá como una sustitución fideicomisaria de residuo en 
cuanto a los bienes que el sustituyente hubiera transmitido a título gratuito a la persona 
sustituida.
Disposición transitoria quinta.  Revisión de las medidas ya acordadas.
Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los 
progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los 
curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en 
cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen 
establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a 
esta. La revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde 
dicha solicitud.
Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el párrafo 
anterior, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del 
Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años.
Disposición transitoria sexta.  Procesos en tramitación.
Los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la 
entrada en vigor de la presente Ley se regirán por lo dispuesto en ella, especialmente en  e.
lo que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las  w.
actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento. 33ww
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se
opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.
2.  En particular, queda derogada toda regulación de la prodigalidad contenida en 
cualquier norma del ordenamiento jurídico.
3.  Así mismo, quedan derogados expresamente los artículos 299 bis y 301 a 324 del 
Código Civil.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en los 
siguientes términos:
Uno.  Se modifica el primer párrafo de la regla 1.ª del artículo 118, que queda 
redactado como sigue:
«1.ª  En los casos de los números 1.º y 3.º, son también responsables por los 
hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes 
ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia 
por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera 
corresponder a los inimputables.»
Dos.  Se modifica el ordinal 1.º del artículo 120, que queda redactado como sigue:
«1.º  Los curadores con facultades de representación plena que convivan con 
la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o 
negligencia.»
Tres.  Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como 
sigue:
«Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por 
concurrir alguna de las causas previstas en los números 1.º y 3.º del artículo 20, el 
Ministerio Fiscal evaluará, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia 
de promover un proceso para la adopción judicial de medidas de apoyo a la persona 
con discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran sido ya 
anteriormente acordadas, para su revisión.»
Disposición final segunda.  Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales:
Los artículos primero, tercero y sexto se dictan al amparo de la competencia que 
corresponde al Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
Los artículos segundo y quinto y las disposiciones transitoria primera, segunda y 
tercera se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de 
legislación civil, conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución.
Los artículos cuarto y séptimo, así como las disposiciones transitorias quinta y sexta 
se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislación 
procesal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.
Las disposiciones adicionales se dictan al amparo de la competencia que corresponde al 
Estado en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con el 149.1.5.ª de la  e
Constitución. b
La disposición final primera se dicta al amparo de la competencia que corresponde al  33ww
ECsotnasdtiotu ceinó nm. ateria de legislación penal, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley.
Madrid, 2 de junio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN