BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21496
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
2808 Resolución de 17 de diciembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe global 
del sector público autonómico, ejercicio 2017.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 17 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2017, acuerda:
1.  Asumir el contenido del citado informe.
2.  Instar al Gobierno a:
– Asumir las conclusiones y seguir las recomendaciones del Informe emitido por el 
Tribunal de Cuentas.
– Promover, en colaboración con las comunidades autónomas, la homogeneización 
de la estructura y del contenido de las cuentas públicas.
– Instar a los organismos competentes para que se estandaricen los plazos para la 
rendición de cuentas, con el fin de evitar la desigualdad normativa habida sobre los mismos 
que tanto dificulta la labor del Tribunal de Cuentas.
3.  Instar a los órganos del Estado y de las comunidades autónomas a:
– Efectuar las modificaciones normativas oportunas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a efectos de homogeneizar y adelantar el plazo de rendición de las cuentas, 
de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a 31 de julio del 
ejercicio siguiente a que se refieran, a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del 
control a efectuar por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos.
4.  Instar a las comunidades autónomas a:
– Incluir a todas las entidades del sector público autonómico en sus cuentas generales 
al objeto de reflejar en ellas una imagen fiel de la actividad económico-financiera pública 
autonómica.
– Exigir a los responsables de las entidades que conforman su correspondiente sector 
público el cumplimiento de la obligación de rendir las cuentas individuales de cada ejercicio 
económico en plazo y forma, incluyendo todos los estados contables y la documentación 
prevista en la normativa reguladora.
– Exigir a los organismos autónomos, sociedades mercantiles y demás entidades del 
sector público autonómico que presenten, en tiempo y forma, sus cuentas y establecer 
mecanismos sancionadores para quienes no cumplan con esta obligación legal.
– Reducir el plazo de presentación de las cuentas por parte de las entidades 
pertenecientes al sector público autonómico en el ámbito de las comunidades autónomas.
– Rendir cuentas de forma sistemática por parte de las fundaciones creadas y 
gestionadas por las comunidades autónomas con arreglo a las obligaciones que se les 
atribuyen en las normativas autonómicas a la que están sujetas. s
– Adaptar los planes de contabilidad empleados por las entidades autonómicas al nuevo  oe.
marco contable del Plan General de Contabilidad Pública en vigor, introducido en 2010  w.
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contratación pública, marcado en la normativa.
– Cumplir con los plazos máximos para efectuar la adjudicación. Asimismo, es  Bc
necesario que las resoluciones estén lo suficientemente motivadas y no incurran en otros
defectos u omisiones. Notificar correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario 
o al resto de licitadores y publicar adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil 
de contratante.
– Corregir las deficiencias en la preparación para la tramitación de los expedientes 
contractuales, los cuales generan retrasos indebidos en la adjudicación y en la normal 
ejecución de las actividades contratadas.
– Subsanar los defectos relacionados con la recepción de los contratos, como aquellos 
casos en los que no constan el acta de la misma o se haya producido con retraso, así 
como cuando se hayan producido deficiencias respecto a la justificación del cumplimiento 
de sus obligaciones por los prestadores de servicios y/o la recepción se ha producido con 
retraso por encima del mes previsto en la normativa contractual.
– Implantar sistemas de contabilidad analítica; y elaborar memorias sobre el coste y 
rendimiento de los servicios públicos, así como sobre el cumplimiento de sus objetivos, que 
permitan fiscalizar el grado de eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos.
– Especificar con un mínimo de concreción razonable la justificación de la necesidad 
de los contratos para los fines del servicio público.
– Poner en funcionamiento un sistema de gestión de inventario centralizado que 
permita su correcta contabilización y el de sus correcciones valorativas.
– Adoptar, en el ámbito de la contratación pública, las medidas necesarias para que 
todos los órganos de contratación efectúen una rigurosa planificación y justificación de la 
necesidad de los contratos a celebrar como exige la correcta utilización de los recursos 
públicos; y proceder a concretar con precisión en los pliegos los métodos de puntuación o 
baremo de los criterios de adjudicación, en aras de asegurar el principio de igualdad de 
trato de los licitadores, así como dar prioridad a la valoración de las bajas económicas, 
siempre que resulte compatible con las características particulares de los contratos, en 
aras del principio de economía en la gestión de fondos públicos.
– Establecer, en aquellas que no lo tuviesen contemplado, un presupuesto y 
contabilidad separada de aquellos organismos autónomos y entes públicos que cuentan 
con personalidad jurídica independiente.
– Elaborar los correspondientes presupuestos generales, atendiendo adecuadamente a 
la viabilidad de los ingresos y la realidad de los gastos que se prevén para el ejercicio, a fin 
de evitar, en lo posible, los elevados porcentajes de modificaciones presupuestarias que se 
indican en el Informe del Tribunal de Cuentas; así como, incorporar a los mismos los 
objetivos e indicadores adecuados que permitan realizar un seguimiento de su grado de 
consecución y el grado de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los recursos públicos.
– Elaborar unos presupuestos coherentes y la consiguiente ejecución responsable por 
parte de las universidades, entendiendo que deben producirse a lo largo del ejercicio las 
mínimas alteraciones sobre el plan de gasto presentado, debiendo estas –en caso de 
producirse– quedar debidamente justificadas y tener una mínima repercusión sobre el 
estado de las cuentas.
– Mantener el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. En el caso de efectuar 
modificaciones presupuestarias, estas deben quedar registradas tanto en el estado de 
ingresos como en el correspondiente presupuesto de gastos que financien.
– Especificar, para la clasificación funcional del presupuesto, los indicadores que 
permitan el seguimiento de los objetivos establecidos para cada programa.
– Dotar los créditos iniciales de su presupuesto destinados al gasto sanitario con la 
cuantía que permita dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio y reconocer los 
gastos de ejercicios pasados. es
– Incluir en sus Cuentas Generales una Memoria demostrativa del nivel de cumplimiento  o
ddefineena   lcqan–ousc ne iEmas fcesienictótaauanlbcsm li aóefeifjncena ectddertaea  ss dule oaen s nian q m cluocuiessor  mrnppetelo aaprsnbma;e irailsaticad  eao acclmdcooa pnnanaoózdñcmaeaericnrc  ludoolaaosss, d  ef siadnse eteñoyssas v l euiadasnnact datioosobnse lle eogccssoui  dnidomo ebesi jlee.f icntniovtasoont secd  ipapercr eoilóvyoiness tc eotgansa d yeso lte  oycl  sága lrqcacuuodleoonl     OE-A-2021-2808able en https://www.
del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería.
– Hacer avanzar el porcentaje de ingresos del sector público empresarial autonómico 
dependiente de su actividad propia.
–  Continuar  avanzando  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
– Presentar información detallada sobre la contratación por entidades dependientes 
de las comunidades autónomas en un plazo conforme a lo establecido para ello, 
justificando la contratación mediante criterios objetivos y aportando documentación que 
sustancie la conveniencia del pago de los precios a que asciendan los contratos.
– Respetar los criterios de vinculación directa con el objeto del contrato que debe 
observarse en la adjudicación, tal y como se recoge en el artículo 150.1 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el control sobre el cumplimiento 
efectivo del contrato por parte de las empresas adjudicatarias.
– Aclarar los criterios de valoración de los precios de las ofertas que, debido a que las 
fórmulas de valoración del criterio económico, pueden resultar confusas, ya que la 
utilización de una fórmula matemática en dos tramos, al puntuarse en función de la baja 
media resultante de todas las ofertas presentadas y no en función de la baja mayor, puede 
afectar a la puntuación de las ofertas.
5.  Instar a las comunidades y ciudades autónomas a:
– Promover las medidas oportunas para que implanten medidas de un mayor rigor en 
la gestión pública en aras de una contención del déficit en la determinación del resultado 
presupuestario, así como de una progresiva reducción del endeudamiento tanto directo de 
la Administración General como indirecto a través de las sociedades y entidades del sector 
público autonómico.
6.  Instar a los organismos de control externo de las comunidades autónomas que 
aún no lo hacen a:
– Establecer el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad 
efectiva de hombre y mujeres y de la normativa de transparencia.
7.  Instar a las universidades públicas de las comunidades y ciudades autónomas a:
– Elaborar, en el futuro, con rigor sus presupuestos, incluyendo en ellos toda su actividad 
docente e investigadora para así evitar las relevantes modificaciones presupuestarias 
puestas de manifiesto en el Informe del Tribunal de Cuentas.
8.  Instar a las fundaciones creadas y gestionadas por las comunidades autónomas a:
– Rendir cuentas de forma sistemática, con arreglo a las obligaciones que se les 
atribuyen en las normativas autonómicas a las que están sujetas.
9.  Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Continuar elaborando este informe global en los sucesivos ejercicios pues, si bien 
debe considerarse el esfuerzo que conlleva por la prolijidad de datos a manejar, resulta de 
especial utilidad ya que permite obtener una visión conjunta de la actividad económico-
financiera desarrollada en cada ejercicio por el sector público autonómico en su totalidad, 
analizando de forma homogénea los distintos aspectos constitutivos de dicha actividad, 
algunos de esencial relevancia como el gasto sanitario, la actividad universitaria, el reparto  es
y ejecución de los Fondos de Compensación o el cumplimiento de los objetivos de déficit.  bo
Además, este tipo de informe coadyuva y refuerza una mayor implantación de la  08ww
tranPspaalarecinoc idae el nC eoln ágmrebsioto d dee  lolas A Ddimpuintaisdtroasc, ió1n7  Pdúeb dliiccaie.mbre de 2020.–El Presidente de
lAal oCnosmo iJsiimóné,n Seza.ntos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel  BOE-A-cable e
INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO,  
EJERCICIO 2017 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a 
tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en su sesión de 
29 de octubre de 2020, el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2017, y ha 
acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de 
Funcionamiento. 
 
ÍNDICE 
I.1.  CONSIDERACIONES PREVIAS 
I.2.  ÁMBITO Y OBJETIVOS 
I.3.  LIMITACIONES 
II.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
II.2.  REMISIÓN DE CONTRATOS 
III.1.  ADMINISTRACIONES GENERALES, OOAA Y ENTES PÚBLICOS 
III.1.1.  Liquidación del Presupuesto 
III.1.2.  Situación Patrimonial 
III.2.  PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
III.2.1.  Aspectos Generales 
III.2.2.  Dotaciones y Financiación de las mismas 
III.2.3.  Ejecución de los Proyectos 
IV.1.  INTRODUCCIÓN 
IV.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
IV.3.  ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
IV.3.1.  Liquidación del Presupuesto 
IV.3.2.  Balance y Resultado Económico-Patrimonial 
IX.1.  MARCO LEGAL Y OBJETIVOS 
IX.2.  GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
IX.3.  CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
IX.4.  CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA 
XII.1. ASPECTOS GENERALES  08www.
XII.X2I.I .P2R.1I.N  CIIPncAiLdEenSc IiNaCs IrDeElaNcCioInAaSd as con la preparación de los contratos 
XII.2.2.  Incidencias relacionadas con la tramitación de los expedientes 
XII.2.3.  Incidencias relacionadas con los criterios de adjudicación 
 
 
XII.2.4.  Incidencias en relación con la adjudicación y formalización de los contratos 
XII.2.5.  Incidencias en relación con la ejecución de los contratos 
XV.1. CONCLUSIONES RELATIVAS A SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
XV.2. CONCLUSIONES RELATIVAS A RENDICIÓN DE CUENTAS 
XV.3. CONCLUSIONES RELATIVAS A REMISIÓN DE CONTRATOS 
XV.4. CONCLUSIONES RELATIVAS A CUENTAS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, OOAA Y ENTES PÚBLICOS 
XV.4.1.  Liquidación del Presupuesto 
XV.4.2.  Situación Patrimonial 
XV.5. CONCLUSIONES RELATIVAS A PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS DE 
COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
XV.6. CONCLUSIONES RELATIVAS A UNIVERSIDADES 
XV.7. CONCLUSIONES RELATIVAS A EMPRESAS PÚBLICAS 
XV.8. CONCLUSIONES RELATIVAS A FUNDACIONES PÚBLICAS 
XV.9. CONCLUSIONES RELATIVAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 
XV.10.CONCLUSIONES RELATIVAS A GASTO SANITARIO 
XV.11.CONCLUSIONES RELATIVAS A ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
XV.12.CONCLUSIONES RELATIVAS A ENDEUDAMIENTO 
XV.13.CONCLUSIONES RELATIVAS A AVALES 
XV.14.CONCLUSIONES RELATIVAS A CONTRATACIÓN PÚBLICA 
XV.15.CONCLUSIONES RELATIVAS A IGUALDAD EFECTIVA MUJERES Y HOMBRES 
XV.16.CONCLUSIONES RELATIVAS A TRANSPARENCIA 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
AAPP   Administraciones Públicas 
CA    Comunidad Autónoma/Ciudad Autónoma 
CCAA   Comunidades Autónomas 
CE    Constitución Española 
CLM    Castilla-La Mancha 
CISNS   Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
CPFF    Consejo de Política Fiscal y Financiera 
DA    Disposición Adicional 
DG    Dirección General   
EGPS   Estadística del Gasto Sanitario Público 
FCI    Fondo de Compensación Interterritorial 
FLA    Fondo Liquidez Autonómico 
ICAF    Instituto de Finanzas de Cantabria 
ICO    Instituto de Crédito Oficial 
INEM    Instituto Nacional de Empleo 
INGESA  Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
IRPF    Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas 
IVA    Impuesto sobre el Valor Añadido 
LCTI    Ley de la Ciencia, de la Tecnología y de la Innovación 
LFCI    Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial 
LFTCu   Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LGS    Ley General de Sanidad 
LO    Ley Orgánica  
LOEPSF  Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LOFCA  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
LOTCu  Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 
LOU    Ley Orgánica de Universidades 
LPACAP  Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
LPGE   Ley de Presupuestos Generales del Estado 
LRJSP   Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
LTBG    Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
MINHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
N/D    No disponible 
OCEX    Órganos de Control Externo 
OOAA   Organismos Autónomos 
PCAP   Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
PDE    Procedimiento de Déficit Excesivo 
PGC    Plan General de Contabilidad 
PGCP   Plan General de Contabilidad Pública 
PIB    Producto Interior Bruto 
PYMES  Pequeñas y Medianas Empresas 
RD    Real Decreto 
RDL    Real Decreto Ley 
SAAD   Sistema de Atención a la Dependencia 
SEC    Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
SNS    Sistema Nacional de Salud  e.
TRLCSP  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  w.b
TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  08ww
UUEN ED    UUnniióvenr Esiudraodp eNaa cional de Educación a Distancia
U  P    Universidades Públicas
 
 
RELACIÓN DE CUADROS 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
El artículo 136 de la Constitución (CE) constituye al Tribunal de Cuentas en el supremo órgano 
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público; está 
integrado, entre otros subsectores, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de su Ley 
Orgánica (LOTCu) 2/1982, de 12 de mayo, por las Comunidades Autónomas (CCAA). Asimismo, 
el artículo 153.d) CE asigna al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de la 
actividad de los órganos de las CCAA, lo que es compatible con que la mayoría de las mismas 
tengan constituido un órgano de control externo (OCEX) propio que fiscaliza su correspondiente 
sector público autonómico. 
Por otra parte, el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, atribuye al Tribunal de 
Cuentas el control de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI). 
De conformidad con todo ello, en el programa de fiscalizaciones para el año 2020, que fue 
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 19 de diciembre de 2019, se acordó, a iniciativa 
del propio Tribunal, el inicio y desarrollo de los trabajos para el Informe global del sector público 
autonómico, ejercicio 2017, dentro del apartado D “Fiscalizaciones programadas por iniciativa del 
Tribunal de Cuentas”. El Pleno aprobó las Directrices Técnicas para la realización de este informe 
con fecha de 28 de julio de 2020. 
En relación con el Informe global, hay que señalar que la Resolución aprobada por la Comisión 
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el “Informe global del sector 
público autonómico, ejercicio 2015”, en su sesión del día 7 de febrero de 2019, insta al Tribunal de 
Cuentas “a continuar elaborando este Informe global en los sucesivos ejercicios, pues si bien debe 
considerarse el esfuerzo que conlleva por la prolijidad de datos a manejar, resulta de especial 
utilidad  ya  que  permite  obtener  una  visión  conjunta  de  la  actividad  económico-financiera 
desarrollada en cada ejercicio por el sector público autonómico en su totalidad, analizando de 
forma homogénea los distintos aspectos constitutivos de dicha actividad, algunos de esencial 
relevancia como el gasto sanitario, la actividad universitaria, el reparto y ejecución de los Fondos 
de Compensación o el cumplimiento de los objetivos de déficit. Además, este tipo de Informe 
coadyuva y refuerza una mayor implantación de la transparencia en el ámbito de la Administración 
Pública”. 
El “Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2017” expone, en el marco de lo 
previsto en los artículos 12 y 13 de la LOTCu, los datos más relevantes contenidos en los informes 
de  las  fiscalizaciones  hechas  por el  Tribunal de  Cuentas  y  por  los  OCEX  en  dicho  ámbito 
autonómico. Por otra parte, el Informe complementa al de la Declaración relativa a la Cuenta 
General del Estado del ejercicio 2017. 
Se fiscalizan en el ámbito de las Administraciones Públicas a la Administración General, los 
Organismos  Autónomos  (OOAA),  entes  públicos  y  la  participación  en  los  Fondos  de 
Compensación  Interterritorial.  Asimismo,  son  objeto  de  fiscalización  las  empresas  públicas, 
fundaciones, consorcios, universidades y demás entidades públicas; se profundiza en el análisis 
de  su  actividad,  de  sus  resultados  y  de  su  financiación.  De  las  cuentas  anuales,  se  hace 
referencia  a  si  se  han  rendido  por  parte  de  todos  los  entes  integrantes  del  sector  público 
autonómico,  al  Tribunal  y  a  los  OCEX,  respetando  la  normativa  sobre  plazo,  estructura  y 
contenido, y a si se presentan de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los 
planes  de  contabilidad.  Se  analiza,  además,  el  gasto  sanitario,  contratación  pública  y  la  s
observancia  de  la  normativa  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  y  de  las  oe.
prescripciones de transparencia. .Por último, contiene las conclusiones más relevantes en cada  w.
uEnl aa rdtíec ulalos  2á9re daes  leax Laemyi n7a/1d9a8s8. , de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu),  2021-2808n https://ww
asul  raecgtuivlaidr alads c roenla lcai odneels T drieblu Tnraibl umneadl idaen teC ueel netastsa bcloenc ilmosie nOtCo EdXe,  cdriisteproionse  yq utéec ensictoass  “ccoomourdniensa rádne 
fiscalización que garanticen la mayor eficacia en los resultados y eviten la duplicidad en las
actuaciones fiscalizadoras”, debiendo remitir los OCEX, a estos efectos, al Tribunal, tan pronto los 
tengan aprobados, los informes de fiscalización en que se concrete su análisis de la gestión 
económico-financiera examinada, acompañados de los antecedentes y del detalle necesarios a fin 
de que el Tribunal de Cuentas pueda examinarlos y practicar, en su caso, las ampliaciones que 
estime necesarias. El Tribunal examina los informes y la documentación aneja y, en su caso, 
realiza las comprobaciones y ampliaciones convenientes (arts. 27.2 y 29.2 LFTCu). Además el 
Tribunal ha solicitado datos específicos a los OCEX, para cumplimentar una información más 
homogénea  del  conjunto  de  las  Comunidades  y  las  Ciudades  Autónomas  en  relación  con 
determinadas áreas, cuando estos no se han podido obtener de los informes de aquellos, o ha 
sido necesaria alguna aclaración al respecto. 
Durante el ejercicio 2017, las doce CCAA fiscalizadas por sus respectivos OCEX son: Andalucía, 
Aragón,  Canarias,  Castilla  y  León,  Cataluña,  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  Galicia,  Illes 
Balears, la Comunidad de  Madrid, el País Vasco, el Principado de Asturias y la Comunitat 
Valenciana. Las cinco restantes CCAA (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la 
Región de Murcia) y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son fiscalizadas por el propio 
Tribunal de Cuentas.  
El presente Informe puede ampliarse con los informes anuales de fiscalización, ejercicio 2017, 
aprobados  por  el  Pleno  del  Tribunal  en  relación  con  las  Comunidades  de  Cantabria 
(https://www.tcu.es/repositorio/e6ec8cf9-6adc-4602-92c2-0fba5fc90a54/I1349.pdf),  Castilla-La 
Mancha  (https://www.tcu.es/repositorio/21d3b560-867a-4e0e-b097-65f3b4652d5a/I1350.pdf), 
Extremadura (https://www.tcu.es/repositorio/cbf7b981-87fb-45a3-96d4-9ffaa3dca66f/I1351.pdf), La 
Rioja  (https://www.tcu.es/repositorio/8124580e-fb4e-4356-a7d2-7f5263558b31/I1352.pdf),  la 
Región  de  Murcia  (https://www.tcu.es/repositorio/7fe556a9-c278-48ea-8a93-
1e18982c7370/I1353.pdf)  y  las  Ciudades  Autónomas  de  Ceuta 
(https://www.tcu.es/repositorio/86bfd935-7586-4a3b-9b58-34bbd7dacbc9/I1354.pdf)  y  Melilla 
(https://www.tcu.es/repositorio/3e21ad4c-f0e7-4141-aeb0-deab764e5a26/I1342.pdf),  con  los 
informes  sobre  las  universidades  de  las  CCAA  citadas  ejercicios  2016-2017 
(https://www.tcu.es/repositorio/9c136635-0171-4b6e-964d-77f193c2345c/I1360.pdf, 
https://www.tcu.es/repositorio/227a80f1-b74b-49f6-bb06-7aab9cb4eefd/I1359.pdf, 
https://www.tcu.es/repositorio/87143e44-d6ee-4cc3-8a05-3e073f6041e2/I1358.pdf, 
https://www.tcu.es/repositorio/31c8f1ab-3522-40a3-bc15-5d5356910b3f/I1357.pdf, 
https://www.tcu.es/repositorio/892f8928-8d96-42d7-b22a-f94b1d9f01c9/I1356.pdf, 
https://www.tcu.es/repositorio/837f66a6-b9e5-4088-a477-7259947e4883/I1355.pdf) , así como con 
el  Informe  de  fiscalización  de  la  contratación  de  las  Comunidades  Autónomas  y  Ciudades 
Autónomas  sin  órgano  de  control  externo  propio,  ejercicios  2016  y  2017 
(https://www.tcu.es/repositorio/d6c87020-293c-4cb2-8ada-476b87d42c7e/I1320.pdf).  
Igualmente, puede complementarse con los Informes aprobados por los correspondientes OCEX 
referentes al ejercicio 2017 de sus respectivas CCAA y los informes específicos realizados por 
estos órganos de control para determinadas áreas, que se indican a continuación: 
- Cámara de Cuentas de Andalucía: “Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía. 
2017” (https://www.ccuentas.es/public/modules/report/downloader.php?file=548&type=complete)  
- Cámara de Cuentas de Aragón: “Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 2017” 
(https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/informe2019/00-Informe-de  s
fiscalizacion-de-la-Cuenta-General-de-la-CAA_-2017.pdf) y “Memorando de fiscalización de la  oe.
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ejercicio 2017”  w.
(fihstctpasli:z/a/wciwown-.dcea-mlaa-rCauceunetnat-aGseanraegraoln-d.ees-/ldao-CwAnAlo_a2d0/i1n7fo_rsmigense/idn.fpodrmf) e2019/00-Memorando-de- 2021-2808n https://ww
-C Aomuduiennidcaiad  dAeu tCóuneonmtaas d dee C Caannaariraiass, :e “jIenrfcoicrmioe 2 d0e1 7F”i scalización de la Cuenta General de la  BOE-A-cable e
(http://www.acuentascanarias.org/MINTERNA/EXPEDIENTESFISC/PA2018/0118/Informe.PDF) 
 
- Consejo de Cuentas de Castilla y León: “Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
ejercicio  2017”  (https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-cuenta-
general-comunidad-ejercicio-2017) y “Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en 
el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2017” 
(https://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-contratacion-administrativa-
celebrada-ambit-7) 
- Sindicatura de Cuentas de Cataluña: “Informe 11/2019. Cuenta general de la Generalidad de 
Cataluña. Ejercicio 2017” 
(http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2019_11_es.pdf?reportId=11103) e “Informe 
3/2020. Empresas públicas, consorcios, fundaciones y entidades autónomas no administrativas de 
la Generalidad de Cataluña. Análisis de las cuentas, ejercicio 2017” 
(http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2020_03_es.pdf?reportId=11903) 
- Consejo de Cuentas de Galicia: “Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma. Ejercicio 2017” 
(http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2017/Conta_X
eral_da_Comunidade_Autonoma_2017_C.pdf) e “Informe económico-financiero de las entidades 
instrumentales 2017” 
(http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2017/Informe_
economico_financeiro_entidades_instrumentais_autonomicas_2017_C.pdf) 
-  Sindicatura  de  Cuentas  de  Illes  Balears:  “Informe  164/2019  de  la  Cuenta  general  de  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  correspondiente  al  ejercicio  2017” 
(http://www.sindicaturaib.org/sincomfront/visor.htm?id=7090) 
- Cámara de Cuentas de Madrid: “Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
de  Madrid.  Ejercicio  2017.”  (http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-cta-
gral-cm-2017-aprobado-cjo-271218.pdf) 
- Cámara de Comptos de Navarra: “Cuentas generales de Navarra, 2017” 
(https://camaradecomptos.navarra.es/es/node/1747) 
- Tribunal Vasco de Cuentas Públicas: “Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2017” 
(http://txostenak.es/pdf/Admon_Gral_CAPV_2017prt.pdf) 
- Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias: “Informe Definitivo sobre la Cuenta General 
del Principado de Asturias, ejercicio 2017” 
(http://www.sindicastur.es/upload/informes/IDCGPA171740.pdf) e “Informe Definitivo sobre la 
fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta 
General del Principado de Asturias, ejercicio 2017” 
(http://www.sindicastur.es/upload/informes/IDRSP175377.pdf) 
- Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana: “Informes de fiscalización de la 
Administración de la Generalitat. Ejercicio 2017” 
(https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/file17C_VII.pdf), “Informes de fiscalización 
de los organismos autónomos de la Generalitat. Ejercicio 2017” 
(https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/file17C_VIII.pdf), “Informes de fiscalización 
de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otras entidades de derecho 
público de la Generalitat. Ejercicio 2017”  e.e
(https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/file17C_VIV.pdf), “Informes de  b
fiscalización de las fundaciones del sector público de la Generalitat. Ejercicio 2017”  08ww
(dhet tlposs: /c/wonwswo.rsciinodsi caodmsc.grivtoas.e as /lpau Gbleicn/eArtatalictahtm. Eejnetr/c2i0c1io9 2/90/1fil7e”1 7C_VV.pdf) e “Informe de fiscalización
(https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2019/9/file17C_VVI.pdf)
  
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  CONSIDERACIONES PREVIAS 
El artículo 148 de la CE se proyecta horizontalmente sobre las distintas materias competenciales 
no solo para preservar la unidad del sistema social, económico y financiero en todo el Estado, sino 
también como elemento vertebrador de respeto de los distintos ámbitos competenciales. A ello 
coadyuvan los artículos 139.1 y 149.1.1 CE, imprimiendo el principio de igualdad en la atribución y 
ejercicio de las competencias, en sintonía con el art. 14 CE, dando cohesión a la llamada 
Constitución territorial económica, cuya finalidad esencial es la de corregir los desequilibrios 
regionales, especialmente en la prestación de los servicios públicos (art. 158.2 CE), cumpliendo 
así el principio de solidaridad del art. 2 CE y el equilibrio interregional que late en el número 1 del 
art. 138 CE. 
La competencia de las CCAA para elaborar, aprobar y ejecutar sus propios presupuestos, se 
incardina dentro del llamado principio de autonomía financiera que reconoce el art. 156.1 CE, 
disponiendo  que  “las  Comunidades  Autónomas  gozarán  de  autonomía  financiera  para  el 
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la 
Hacienda  estatal  y  de  solidaridad  entre  todos  los  españoles”.  Se  permite  así  la  plena 
disponibilidad de sus ingresos y el poder ejercer las competencias propias, en especial las 
exclusivas.  Con  el  objetivo  de  hacer  efectivo  el  principio  de  solidaridad,  reduciendo  las 
diferencias de renta y riqueza entre CCAA, la propia Constitución enumera en sus artículos 157 
y  158.2 la necesidad de  un  Fondo  de  Compensación  Interterritorial  (FCI)  que  proporcione 
recursos  adicionales a  las  regiones  menos  desarrolladas.  Dicho  Fondo  se  rige  por la  Ley 
22/2001, de 27 de diciembre, de Fondos de Compensación Interterritorial (LFCI). 
Por otra parte, el número 3 del referido art. 157 CE dispone que una Ley Orgánica podrá regular el 
ejercicio  de  determinadas  competencias  financieras,  así  como  las  normas  para  resolver  los 
conflictos que pudieran surgir, y las posibles formas de colaboración financiera entre las CCAA y 
el Estado. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas  (LOFCA),  formula  el  principio  de  coordinación  en  materia  presupuestaria  y  de 
endeudamiento, respetando el principio de autonomía del gasto de las CCAA. 
La culminación del traspaso de competencias en materia de sanidad a todas las CCAA en 2001 
conllevó  la  necesidad  de  adoptar  un  modelo  de  financiación  integrado,  con  la  consecuente 
reforma del sistema de financiación de las CCAA de Régimen Común y de las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente, en la 
LOFCA y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. 
Asimismo, en el ejercicio 2017 las CCAA y las Ciudades con Estatuto de Autonomía se han 
continuado financiando complementariamente con los mecanismos extraordinarios de financiación 
establecidos por la Administración General del Estado. El RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras 
de carácter económico, derogó el RDL 21/2012, de 13 de julio y creó el Fondo de Financiación a 
CCAA, con la doble finalidad de compartir los ahorros financieros entre todas las Administraciones 
dando  prioridad  al  gasto  social  y  simplificar  la  gestión  de  los  mecanismos  adicionales  de 
financiación  a  CCAA  existentes  hasta  entonces.  El  nuevo  Fondo  se  ha  dividido  en  cuatro 
compartimentos:  Facilidad  Financiera,  Fondo  de  Liquidez  Autonómico  (FLA),  Fondo  Social  y  e.
Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de CCAA, quedando  w.b
configurado el FLA como un compartimento del Fondo de Financiación a CCAA.  08ww
Respecto al principio de estabilidad presupuestaria, tras la reforma del artículo 135 de la CE,
arepfroorbzaadr ae l ecno msperpotmiemisob rdee  dEes p2a0ñ1a1 ,c ocno nla l aU nfiinóanl iEdaudro pdeea  gya rgaanrtaiznatirz aers ltae  sporsintecnipibioil iddaed  eesctoanbóilimdaicda, 
y social de nuestro país se aprobó el 27 de abril de 2012, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que entró en vigor el 1 de mayo de 2012. 
La aprobación de esta Ley Orgánica se dirigió a conseguir los mismos objetivos recogidos en la 
modificación del artículo de la CE y a dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, para lo cual la citada Ley 
Orgánica establece el seguimiento, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del 
cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda pública y de la regla de gasto, siendo el ejercicio 
2013 el primero en el que se establece el cumplimiento de este último objetivo. Posteriormente, se 
aprobaron la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio 
por las que se modifica la LOEPSF. 
En cuanto a la rendición de cuentas, el art. 34 de la LFTCu preceptúa que todas las Entidades 
integrantes del sector público, entre ellas las CCAA, a tenor del art. 4 de la LOTCu, quedan 
sometidas a la obligación de rendir a este Tribunal las cuentas legalmente establecidas, con 
arreglo a sus respectivos regímenes de contabilidad y sin perjuicio de lo que disponen los arts. 27 
y 29 de la LFTCu. De acuerdo con lo anterior, la LFTCu, la Ley General Presupuestaria, las 
Leyes de Hacienda de las CCAA y las de creación de los correspondientes órganos de control 
externo, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) en el caso de las Ciudades 
Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla,  establecen  los  plazos  de  rendición  de  las  cuentas  y  la 
documentación que las integran, así como lo que debe acompañar a las mismas. 
Respecto a la presentación de los estados financieros, debe señalarse que durante este ejercicio 
las Administraciones Generales de 12 CCAA siguen elaborándolos de forma generalizada con 
arreglo al Plan General de Contabilidad Pública del Estado de 6 de mayo de 1994, que fue 
derogado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, que aprueba el nuevo Plan, configurado 
como el marco contable para todas las Administraciones públicas. Tan solo las Administraciones 
Generales de 5 CCAA, Andalucía, Illes Balears, La Rioja, la Comunidad de Madrid y el País Vasco 
han adaptado sus planes autonómicos al plan estatal de 2010. No obstante debe indicarse que 
algunos entes dependientes de las 12 primeras sí se rigen por el nuevo plan. Las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla elaboran su sistema de información contable adaptado a la última 
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local del 20 de septiembre de 2013. 
Esta falta de adaptación al nuevo plan contable de la mayoría de CCAA, ha llevado a que la Orden 
PRA/360/2017, de 21 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 2 de marzo de 2017, sobre condiciones adicionales a 
cumplir por las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, compartimento FLA 2017, 
establezca que las CCAA que no hubieran adaptado su Plan General de Contabilidad Pública al 
citado Plan estatal de 2010 deberán adoptar un acuerdo en el que se comprometan a llevar a 
cabo la referida adaptación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 2 de marzo de 
2017. 
Conforme a lo hasta ahora indicado, con independencia de la distinta normativa autonómica 
vigente para las diferentes áreas, las principales normas estatales aplicables en las CCAA durante 
el ejercicio a fiscalizar están constituidas por: Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de 
los Fondos de Compensación Interterritorial; Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; Ley 47/2003,  es
de 26 de noviembre, General Presupuestaria; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  bo
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Ley  08ww
OdcLoeermg y1 áú28nn/ i2 cd0yae 1  C31d/,i2iu cd0diee0am 7d4,eb  dsdre eec,   o2mpn2oa  rdrE zelsoa tm, a qdtauuertez oE o sd,c eeop  narAoeraumg tuloíaalna  Io Sgemuol asíastldei syant deibs mleEe af;me  Rcdoteeidva iafflii  ncDdaaeenn c cMrdieauetcjoteeió rrLneme sigd nyieas  Hldalaaotissmv  oCnb or3Cer/Am2s;0Aa 1L s1ed ,yte r  di2bre2éu /gt12ai4m0ri 0aed9sne;,     OE-A-2021-28able en https://
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público;
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y  mejorar la  calidad y seguridad de sus prestaciones; Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad; Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de 
las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero; Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de 
empleo; Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros; Ley 
Orgánica  6/2013,  de  14  de  noviembre,  de  creación  de  la  Autoridad  Independiente  de 
Responsabilidad  Fiscal;  Ley  Orgánica  9/2013,  de  20  de  diciembre,  de  control  de  la  deuda 
comercial en el sector público; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno; Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; Ley Orgánica 6/2015, de 12 de 
junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades  Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Régimen Jurídico del Sector Público; y Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 .  
I.2.  ÁMBITO Y OBJETIVOS 
El presente informe abarca a todo el sector público autonómico, según lo dispuesto en el artículo 
136 de la CE que precisa que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las 
cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, en el que, conforme 
al art. 4 de la LOTCu, se integran las CCAA. A la hora de concretar el sector público autonómico, 
a los efectos de este Informe, se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 2.1.b de la 
LOEPSF, que menciona a la Administración de las CCAA, así como el resto de las entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes 
de las mismas. 
Así, el ámbito subjetivo del Informe corresponde, principalmente, a Administraciones públicas, en 
las que se incluyen la Administración General, los OOAA y entes públicos. No obstante, también 
forman parte de dicho ámbito las empresas públicas, fundaciones, consorcios, universidades y 
demás entidades públicas. 
El informe tiene como objetivo mostrar los resultados relativos a la rendición de cuentas, la 
ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, 
avales, operaciones de crédito, gasto sanitario y contratación pública desde la perspectiva del 
sometimiento a los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, eficiencia y economía. Para 
ofrecer  una  mayor  información  se  incluyen  en  cada  una  de  estas  áreas,  en  su  caso,  las 
incidencias y observaciones más relevantes que pudieran haber resultado de la fiscalización 
efectuada por el Tribunal y por los OCEX. 
Asimismo, se incluyen en un apartado específico y claramente diferenciado, los resultados de 
las fiscalizaciones de las participaciones en los Fondos de Compensación Interterritorial, para 
todas las CCAA y las Ciudades Autónomas que reciben estos recursos, pues con la remisión de  e.
este informe a las Cortes Generales se da cumplimiento a las previsiones recogidas en el  w.b
artículo 10 de LFCI.  08ww
Por otra parte, se incorpora el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa para la
ipguudailedraad t eenfeecr triveala dcieó nh ocmonb reels o yb jmetuoj edree sla esn a tcotudaoc aioqnueesll ofi secna lqizuaed loor adsis spiu beisetno  ceonn  dlaicsh alim niotarmcioantievas 
 
resultantes de la omisión de este objetivo en los informes de los OCEX; excepto el Consejo de 
Cuentas de Galicia, así como de las prescripciones de transparencia. 
De acuerdo con los objetivos indicados y el ámbito subjetivo del Informe se trata de una 
fiscalización  horizontal  de  regularidad,  que  se  ha  realizado  conforme  a  las  Normas  de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobadas por su Pleno de 23 de diciembre de 2013. 
En el siguiente cuadro se presentan las entidades del sector público autonómico que conforman 
el ámbito subjetivo de fiscalización del Tribunal de Cuentas y los OCEX, de acuerdo con los 
diversos informes anuales aprobados correspondientes al ejercicio 2017. 
 
 
4   4   6   0   9   4   5   3   2   8   7   1   2   8   0   3   0   8   8   0  
1 8 4 4 2 3 9 5 3 8 4 2 1 6 6 4 6 1 4
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p
a 
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Comunidades  Andalucía  Aragón  Canarias  Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León   Cataluña  Extremadura  Foral de Navarra   Galicia  Illes Balears  La Rioja  Madrid, Comunidad   País Vasco   Principado de Asturias  Región de Murcia  Valenciana, Comunitat  Ciudad A. de Ceuta  Ciudad A. de Melilla  TOTAL   Fuente: elaboración pro      
 
 
I.3.  LIMITACIONES 
Las Cuentas Generales no incluyen, con carácter general, la Memoria demostrativa del grado de 
cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados y del 
coste correspondiente, lo que supone una limitación a la verificación de la aplicación de los 
principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Por otra parte, 
se observa la tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de 
los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones de financiación en el 
cálculo del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería. 
Asimismo, la falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades del sector público 
autonómico, especialmente entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios, supone una 
limitación a la exposición de las particularidades e incidencias que pudieran afectarles. 
Con independencia de lo indicado, específicamente, de los datos resultantes de los Informes de 
este Tribunal y de los OCEX, cabe indicar que en las CCAA de Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Illes Balears, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, 
la  Región  de  Murcia  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  no  se  han  apreciado  especiales 
limitaciones, salvo las relativas a la falta de rendición de las cuentas de determinadas entidades, 
que se reflejan en el subapartado correspondiente. 
Respecto al resto, cabe resaltar las siguientes limitaciones: 
En Andalucía, en relación con las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente, han constituido diversas limitaciones para el desarrollo de los 
trabajos la falta de documentación relativa a, entre otras, las siguientes cuestiones: Memoria de 
2017 o de cuentas anuales cerradas en el ejercicio 2017, informe de gestión de 2017 o del 
ejercicio cerrado en el 2017, informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2017 o cerradas 
en el ejercicio 2017, Acuerdo de aprobación de cuentas anuales de 2017 o del ejercicio cerrado en 
el 2017, Presupuesto de explotación para 2017 y/o Presupuesto de capital para 2017.  
Por otra parte, son varias las entidades mayoritariamente participadas por la CA que en sus 
Memorias, parte integrante de las cuentas anuales, en unos casos no ofrecen el adecuado detalle 
y  en  otros  no  hacen  mención  de  sus  participaciones  y  aportaciones  minoritarias  en  otras 
sociedades, fundaciones, consorcios, etc. Por otra parte, aun cuando la información facilitada por 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública en ocasiones salva ciertas omisiones, en 
otras difiere con la facilitada por las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles 
mayoritarias, participadas directa o indirectamente. Este hecho, impide garantizar el contenido y 
dimensión de la población de entidades minoritariamente participadas directa o indirectamente por 
la CA. 
En Aragón, el presupuesto de gastos por programas de las entidades fiscalizadas no contenía 
indicadores  específicos  que  permitan  determinar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos 
programados. Asimismo, la Cuenta General del ejercicio 2017 no incorpora las memorias del 
coste y rendimiento de los servicios públicos y la memoria demostrativa del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, con indicación de los previstos, los alcanzados y del coste de los 
mismos, lo que impide a la Cámara de Cuentas de Aragón pronunciarse sobre si la actividad 
económico-financiera de las entidades del sector público de la CA que gestionan presupuestos  e
administrativos se ha ajustado a los principios de eficacia, eficiencia y economía, ya que no ha  b
sido posible planificar ni ejecutar una auditoría operativa para verificar tales aspectos.  08ww
NV20eo1r tc7eo bnsrseat cahinóa nen n d reeell g Tiunelvarerriintzotaaridroioo,   Mdeeno  vlaiiln idAvaeddnm tyain rViisoit vr2iae3cni2ód nav  iddveeie slnatid nCaasAd  ondsue ma  laeasrlqo us4oi7les4r  eaescx tisivsootcesin adtleeessl  .D eNenpo a loortbsas mtraeengntietso,t r edones    OE-A-2021-28able en https://
extracontables del departamento. La Cámara de Cuentas no ha podido cuantificar el importe de
 
 
estas  inversiones  omitidas  en  el  inventario.  Debido  a  que  se  trata  de  saldos  iniciales  que 
provienen de ejercicios anteriores, la Cámara de Cuentas no puede concluir que se hayan incluido 
la totalidad de las viviendas (pues sería necesario un trabajo específico sobre ejercicios cerrados). 
Tampoco constan las inversiones ejecutadas en el vertedero de Bailín y las EDAR construidas por 
el Gobierno de Aragón adscritas al Instituto Aragonés del Agua (IAA). El IAA ha regularizado 
contablemente la situación de 4 EDAR en 2017. 
El SALUD no ha facilitado una relación individualizada de todos los proyectos con financiación 
afectada vivos en 2017, por lo que no se puede determinar si las desviaciones de financiación son 
correctas, lo que afecta al cálculo del resultado presupuestario y el remanente de tesorería 
afectado. 
Además, los datos de compras de hospitales por proveedor de producto farmacéutico obtenidos 
de la aplicación informática FARMATOOLS no coinciden con los datos que se obtienen de la 
contabilidad, por lo que la Cámara de Cuentas no ha podido conciliar las diferencias. 
En Canarias, no ha sido posible realizar la conciliación entre los derechos pendientes de cobros, 
reflejados en la contabilidad de la CA a través del Sistema de información económico-financiera y 
logística de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los obtenidos en el sistema informático de 
gestión de ingresos de naturaleza tributaria – M@GIN - . 
Este hecho se ha puesto de manifiesto, tanto por la Intervención General a través de los informes 
de Control Financiero Permanente del Área de ingresos desde el ejercicio 2012, como por la 
Audiencia de Cuentas en el informe sobre pendientes de cobro anteriores a 2016. Por tanto, no es 
posible emitir opinión sobre la veracidad de los saldos deudores que figuran en la cuenta de 
rentas públicas (pendientes de cobro). 
En Cataluña, la Intervención General ha elaborado y presentado, dentro de la Cuenta general, 
unos estados agregados de la Administración de la Generalidad, del CatSalut y de las entidades 
autónomas de carácter administrativo, pero no ha presentado una Cuenta general consolidada 
que incluya la Cuenta de la Administración y la de la totalidad de las entidades dependientes, lo 
cual no permite tener una visión global de la actividad económico-financiera del sector público 
catalán. 
En la Comunidad Foral de Navarra, en el balance de situación no ha sido posible obtener 
evidencia de la razonabilidad del saldo contable de “Inmovilizaciones Materiales” que, a 31 de 
diciembre de 2017, asciende a 2.269,84 millones, dado que el mismo no está respaldado por un 
inventario general de bienes adecuadamente valorado de acuerdo con los principios y criterios 
contables aplicables. 
En la Comunitat Valenciana, la composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes 
del inmovilizado no financiero no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado 
al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables. El sistema contable 
solo permite obtener el detalle de los movimientos que se han producido en el ejercicio y no 
efectúa las amortizaciones del inmovilizado sujeto a depreciación, por lo que no se ha podido 
verificar la razonabilidad del saldo del inmovilizado no financiero y su amortización acumulada a 
31 de diciembre de 2016, ni del consiguiente efecto de la amortización anual en la cuenta del  s
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016.  e.
Por otra parte, a 31 de diciembre de 2016, existe un gran número de procedimientos judiciales en  08ww
ceusrtismoa dr elo slo sp aqsuiveo sp ocdorníatinn gdeenrtievsa rqseu er epsupdoienrsaanb idlidearidveasrs ea  dcea rlgoos  dliteig liao sG eenn ecruarlsitoa,t .l aA lS oinbdjeictaot udrea 
spoalritcicituól ainr,f odrem laacsi ómn adteertiaalsla dqau ed hea cna sráidcote or bgjeetnoe drael  fais claa lAizbaocgióanc:í ali qGuiednaecrioanl edse  plao rG laesn ecroanlictaets iyo,n eens   BOE-A-cable e
sanitarias,  planes  de  vivienda,  prestaciones  por  dependencia  y  liquidaciones  tributarias,
 
 
 
proporcionándose tan solo la relativa a los procesos judiciales en materia de dependencia y 
actuaciones  tributarias,  si  bien  no  resulta  suficiente  ni  adecuada  para  poder  estimar 
razonablemente las responsabilidades probables derivadas de los mismos. 
En La Rioja, el Inventario General de Bienes y Derechos facilitado por la Comunidad continúa sin 
incluir la totalidad de los bienes de la Administración General y de los organismos públicos del 
sector público autonómico, situación que imposibilita el análisis sobre la situación y valoración de 
aquellos bienes pendientes de inventariar o de conciliar su valor en inventario con su valor 
contable. 
En  el  Principado  de  Asturias,  al  no  disponer  ni  la  Administración  del  Principado  ni  los 
organismos autónomos de una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada, no 
se ha podido cuantificar la totalidad de las desviaciones de financiación tanto las del ejercicio 
(positivas y negativas) como las acumuladas. En consecuencia, no es posible determinar el efecto 
que las mismas tendrían en el cálculo del superávit o déficit de financiación, dentro del resultado 
presupuestario y en la determinación del remanente de tesorería afectado, dentro del estado de 
remanente de tesorería total. 
De  acuerdo  con  la  información  facilitada  por  la  Dirección  General  de  Finanzas,  los  fondos 
obtenidos  a  través  del  endeudamiento  formalizado  en  2017  fueron  destinados  a  atender 
vencimientos de deuda con entidades financieras, vencimientos de deuda con el Estado y a 
financiar parte del déficit del saldo de las operaciones de capital. Debido a que no existe en el 
sistema  contable  de  la  Administración  del  Principado  de  Asturias  una  vinculación  entre  los 
ingresos obtenidos del endeudamiento y los gastos presupuestarios a los que son destinados, no 
ha sido posible identificar las operaciones concretas de capital que fueron financiadas con tales 
fondos. 
No ha sido posible fiscalizar por la Sindicatura, en el caso del Servicio de Salud, el contenido de la 
cuenta 402 “Acreedores por facturas pendientes de recibir o formalizar” a 31 de diciembre, dado 
que no se ha tenido acceso al detalle de las facturas incluidas en dicha cuenta. 
Asimismo, el Centro Regional de Bellas Artes, el Servicio de Emergencias y el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias no disponen de un inventario que recoja la totalidad de los bienes y 
derechos debidamente actualizados, conforme a la normativa vigente aplicable, por lo que no se 
ha  podido  realizar  una  fiscalización  completa  de  las  partidas  que  integran  el  epígrafe  de 
inmovilizado no financiero del balance. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Administración de la Ciudad no ha dado de alta en cuentas 
del inmovilizado los bienes recibidos del Estado en los diferentes traspasos de competencias, así 
como las inversiones en infraestructuras realizadas, principalmente, por la sociedad municipal 
PROCESA por encargos de la Ciudad.  
Tampoco  se  han  registrado  las  cesiones  y  adscripciones  recibidas  y  entregadas,  ni  se han 
efectuado comprobaciones físicas y materiales del inventario, encontrándose un elevado número 
de bienes inventariados sin valorar. Esta situación, unida a la existencia de un saldo acreedor al 
31 de diciembre de 2017, de 26.898 miles de euros, pendiente de depuración y regularización, 
registrado en la cuenta (219) “Otro Inmovilizado material”, ha imposibilitado el análisis sobre la 
situación y valoración de los activos correspondientes a las diferentes rúbricas del inmovilizado.  s
Asimismo, dado que la Ciudad no ha determinado, ni contabilizado el importe de la amortización  oe.
acumulada de los bienes de inmovilizado, no es posible pronunciarse sobre el importe de las  w.
correcciones valorativas a cierre del año 2017, así como sobre las dotaciones anuales en el  08ww
resultado económico-patrimonial del año por la amortización del ejercicio.
 
 
  RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE CONTRATOS 
II.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
El art. 34 de la LFTCu preceptúa que todas las entidades integrantes del sector público, entre ellas 
las CCAA, a tenor del art. 4 de la LOTCu, quedan sometidas a la obligación de rendir a este 
Tribunal  las  cuentas  legalmente  establecidas,  con  arreglo  a  sus  respectivos  regímenes  de 
contabilidad y sin perjuicio de lo que disponen los arts. 27 y 29 de la LFTCu. 
De acuerdo con lo anterior, el art. 35 de la LFTCu, el art. 131 de la Ley General Presupuestaria, 
las Leyes de Hacienda de las CCAA y las de creación de los correspondientes órganos de control 
externo, y los arts. 204 y 190.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el TRLRHL, en el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, establecen los 
plazos de rendición de las cuentas y la documentación que las integran, así como la que debe 
acompañar a las mismas. 
Debe ponerse de manifiesto, como en anteriores ejercicios, la heterogénea fijación de plazos 
recogida en la diversa normativa autonómica, respecto a la rendición de las Cuentas Generales. 
Así, la normativa vigente en 2017, señala que la rendición deberá efectuarse en los siguientes 
plazos, correspondientes al ejercicio posterior al que se refieran: 
- Antes del 30 de junio en las CCAA de Aragón, Canarias, y la Comunitat Valenciana. 
- Antes del 1 de julio en la Comunidad Foral de Navarra. 
- Antes del 31 de julio en las Comunidades de Cataluña, Illes Balears, Comunidad de Madrid y la 
Región de Murcia. 
- Antes del 30 de septiembre en las CCAA de Andalucía y Galicia. 
- Antes  del  31  de  octubre  en  las  CCAA  de  Cantabria,  Castilla-La Mancha,  Castilla  y  León, 
Extremadura, La Rioja y el Principado de Asturias. 
Por otra parte, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla deben rendir sus Cuentas Generales 
con anterioridad al 15 de octubre, por aplicación de la normativa estatal de Haciendas Locales; y 
en la CA del País Vasco, no se concretan plazos de rendición. 
La desigualdad normativa en esta materia, con diferencias sustantivas en los plazos para la 
rendición de las cuentas a este Tribunal y a los órganos fiscalizadores y con la tendencia actual a 
modificar aquella para postergar aún más tales plazos, dificulta y ralentiza la información general 
relativa al cumplimiento de esta obligación por el conjunto del sector público autonómico, que 
este  Tribunal  de  Cuentas  canaliza  y  comunica  a  las  Cortes  Generales,  en  su  carácter  de 
supremo órgano fiscalizador. 
Esta circunstancia, reiterada en diversos Informes de este Tribunal, y la necesidad de adoptar 
medidas tendentes a su corrección y a su aproximación temporal han sido acogidas en el seno 
de las Cortes Generales por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas 
que,  en  su  Resolución  sobre  el  Informe  Anual  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  es
ejercicios 2010 y 2011, aprobada en sesión de 8 de abril de 2014, acuerda: “Instar al Gobierno  o
dedfaenec   ilgrlaieet annCrde oiercmali ólu,an nca ie dderaecfde al camAtsuiu eatcnóru tnoleao nsmet anmas  o edadle  i tf3Liiec0aam  cRdpioeoion  jjedause,n  lei nonco o drpmneatlarr otteiilcvj euaarls ace iroc,f eipoyco  tarsut iuagtnoru adipesaon sart  e laee slaf e lTC crqtoiobumsue un dsnaeeil d  adardeedef eilCesar uneAetnaun,rt t óaaens l o fpiymnl a aldzosoes,     OE-A-2021-2808able en https://www.
 
 
 
Órganos  de  Control  Externo  Autonómicos”.1  No  obstante  sigue  sin  cumplirse  la  citada 
Resolución, manteniéndose la disparidad normativa en lo que se refiere a las fechas de la 
rendición de las cuentas generales de las CCAA. 
En el ejercicio 2017, las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
incluían  en  su  ámbito  subjetivo  1.159  entidades  públicas,  incluidas  las  Administraciones 
Generales, lo que supone una disminución del número de entidades respecto al ejercicio anterior 
de 21. 
A efectos de rendición de cuentas debe señalarse que las cuentas de un total de 21 OOAA y de 4 
entes públicos sujetos a derecho administrativo con presupuesto limitativo, figuran indebidamente 
incluidas  en  las  correspondientes  de  las  administraciones  generales,  ya  que,  teniendo 
personalidad  jurídica  independiente,  deberían  disponer  de  presupuesto  y  contabilidad 
independientes.  Esta  circunstancia  afecta  a  OOAA  de  5  CCAA  (Cantabria,  Extremadura,  la 
Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears y La Rioja) y a los 4 entes públicos de la Comunidad 
de Extremadura. 
Según los datos que obran en este Tribunal, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas 
directamente por el mismo y de las realizadas por los OCEX, las cuentas de las administraciones 
generales  de  las  CCAA  correspondientes  a  2017  se  han  rendido  dentro  de  los  plazos 
establecidos, con excepción de la Ciudad Autónoma de Melilla que rindió fuera de plazo. 
Los  principales  retrasos  e  incumplimientos  se  presentan  en  entes  y  empresas  públicas, 
fundaciones  y  consorcios.  Además,  las  cuentas  rendidas  presentan  en  determinados  casos 
importantes deficiencias, entre las que destacan la no inclusión de la documentación legalmente 
exigible, la falta de aprobación de las cuentas por los órganos competentes, la falta de firma de 
todos los miembros del patronato en el caso de fundaciones o la no aportación de los certificados 
de aprobación de las cuentas. Por otra parte, sigue resultando diversa y fragmentaria la legislación 
autonómica fundamentalmente en lo relativo a consorcios. 
En  el  siguiente  cuadro  se  resume  la  situación  de  rendición  de  cuentas  del  sector  público 
autonómico en el ejercicio 2017. 
                                                
1h aE np llaa nVte Cadoon felare nucniiafi cdaec ilóan A sdoec ilaacsi ófne cdhea Ós rdgea nroesn ddeic iCóno ndtreo l cEuxetenrtanso  Aduet olansó mCicoomsu (nAidsaodceexs) ,A eunt ódnicoimemasb,r ep daera 2 0q1u6e,  ssee 
establezca como límite del plazo legal el 30 de junio del año siguiente de cada ejercicio.
 
 
CUADRO 2.1 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Ejercicio 2017 
Rendidas  Rendidas  No 
Entidades Públicas  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Administración General  18  1  0  19 
Organismos Autónomos  120  7  0  127 
Entes Públicos (PGCP)  113  1  3  117 
Empresas Públicas y Entes (PGC)  337  27  32  396 
Fundaciones  219  20  35  274 
Consorcios  116  19  30  165 
Otras Entidades Públicas  2  1  0  3 
Cámaras de Comercio  10  0  0  10 
Universidades   33  14  1  48 
TOTAL  968  90  101  1.159 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de 
los OCEX 
Las diferencias existentes en el número de entidades de los cuadros números 1 y 2.1, obedecen a 
que en este último se incluyen las 19 Administraciones Generales, que no figuran en el anterior. El 
resto de entidades públicas resultan coincidentes.  
En el anexo I se detalla por CCAA y tipos de entidades el cumplimiento de la obligación de 
rendición de cuentas (en plazo, fuera de plazo y no rendidas). 
El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo, asciende al 83,5 %, las rendidas fuera de plazo al 
7,8 % y las no rendidas al 8,7 %. Los porcentajes han mejorado en las no rendidas respecto a los 
de los ejercicios anteriores. 
Se especifican a continuación los incumplimientos detectados en la obligación de rendición de 
cuentas, que suponen una limitación a las fiscalizaciones realizadas: 
- Han rendido fuera de plazo 90 entidades públicas, destacando por tipo de entidad empresas y 
entes (27), fundaciones (20) y consorcios (19), correspondiendo, fundamentalmente, a las CCAA 
de Madrid y Cataluña, y las 10 universidades de Andalucía. 
 
 
 
- En el siguiente cuadro se recogen por CCAA las 101 entidades públicas que no han rendido 
cuentas. 
CUADRO 2.2  INCUMPLIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Entes  Empresas y Entes 
Comunidades  Fundaciones  Consorcios  Universidades  Total 
Públicos  Públicos   
Andalucía  0  1  3  6  0    10 
Aragón  0  0  11  0  0    11 
Canarias  0  0  1  0  0    1 
Cantabria  0  1  0  0  0    1 
Castilla-La Mancha  0  0  0  0  0    0 
Castilla y León   0  0  1  1  0    2 
Cataluña  1  0  0  8  0    9 
Extremadura  0  0  0  0  0    0 
Foral de Navarra   0  0  0  0  0    0 
Galicia  0  0  9  2  0    11 
Illes Balears  0  0  0  0  0    0 
La Rioja  1  0  0  0  0    1 
Madrid, Comunidad   0  29  6  11  1    47 
País Vasco   0  0  0  0  0    0 
Principado de Asturias  0  1  3  0  0    4 
Región de Murcia  0  0  0  1  0    1 
Valenciana, Comunitat  0  0  1  1  0    2 
Ciudad A. de Ceuta  1  0  0  0  0    1 
Ciudad A. de Melilla  0  0  0  0  0    0 
TOTAL   3  32  35  30  1    101 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
Como puede observarse, la mayoría de entidades que no han efectuado rendición corresponde a 
las CCAA de Andalucía (9,9 %), Aragón (10,9 %), Galicia (10,9 %) y Comunidad de Madrid 
(46,5 %). 
El mayor número de incumplimientos corresponde a los consorcios (35 %), fundaciones (34,6 %), 
empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (PGC) (31,7 %). 
    es
 
 
II.2.  REMISIÓN DE CONTRATOS 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece en su artículo 29: 
“1.  Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la 
función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de 
la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado 
aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del 
contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras públicas, gestión 
de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 
450.000 euros, tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de servicios y en los 
contratos administrativos especiales. 
2.  Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la 
Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de 
precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados. 
3.  Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades del 
Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes órganos de fiscalización externos de 
las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime 
pertinentes con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 
4.  Las comunicaciones a que se refiere este artículo se efectuarán por el órgano de contratación 
en el ámbito de la Administración General del Estado y de los entes, organismos y entidades del 
sector público dependientes de ella.” 
A efectos de facilitar la remisión, la Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal 
de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, 
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y 
Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013 y publicada en el BOE 
de 17 de diciembre de 2013 por Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, que sustituye a la anterior de 26 de marzo de 2009, precisa la información y 
documentación que ha de ser aportada y el procedimiento telemático a través del cual se llevará a 
cabo tal remisión, a fin de simplificar y mejorar los procedimientos de remisión y de control del 
nivel de cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de información sobre la actividad 
contractual desarrollada2. 
A partir de aquí las distintas CCAA con OCEX proceden a la publicación de sendas Instrucciones 
determinantes de la forma y contenido de la documentación a remitir en cumplimiento de la 
obligación legalmente prevista. 
En los siguientes cuadros se recogen los contratos recibidos por este Tribunal y por los OCEX, en 
el ejercicio 2017, atendiendo a su naturaleza y a la forma o procedimiento de adjudicación. 
2C    uA e c nt u ta a sl m,   pe  on r t  el a  h  q a u  d e e  s   ee  s p t ua br s l iec   aa    e l ol  A  d c i  uspeurdeos tdoe el nP llean oR edseo 2lu8c idóen  judnei o2 0d ed e2 0ju1l8io,  sdoeb r2e0 m18o,d difeic alac iPónre dseid elan Icnias trduecl cTiórnib ugneanle drael   2021-2808n https://ww
rreellaatcivioan eas  lad er ecmonistrióanto ste, lecomnávteicnaio asl  yT erinbcuonmali edned aCsu ednet agse sdtieó nlo cse leexbtrraacdtaoss  pdoer  llaoss  eenxtpideaddieenst edse ld See ccotonrt rPaútabcliicóon  Ey sdtaet alal sy 
 Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013.
 
 
 
CUADRO 3 CONTRATOS RECIBIDOS SEGÚN SU NATURALEZA 
(miles de euros) 
 
Gestión 
Obras  Suministro  Servicios  Cdoen Ocebsraiósn     Servdiec ios    Otros     Total 
Comunidades  Públicos 
Nº. de  Precios de  Nº. de  Precios de  Nº. de  Precios de  Nº. de  Precios de  Nº. de  Precios de  Nº. de  Precios de  Nº. de 
contratos adjudicación contratos adjudicación contratos adjudicación  contratos  adjudicación contratos adjudicación contratos adjudicación contratos  Importes 
Andalucía  319   182.141   1.915   773.800   2.431   1.014.688   0   0   71   21.767   164   23.030   4.900  2.015.426 
Aragón  71   82.960   1.318   99.866   839   145.208   0   0   2   29   187   18.256   2.417   346.319 
Canarias  5  25.227  3  3525  23  24.405  0  0  0  0  0  0  31  53.157 
Cantabria  15   15.992   26   51.321   69   45.512   0   0   0   0   9   1.238   119   114.063 
C.-La Mancha  8   7.130   44   35.532   88   141.932   1   350.447   13   35.424   1   4.200   155   574.665 
C. y León  25   96.154   90   116.040   162   280.088   0   0   1   1.113   0   0   278   493.395 
Cataluña  592   252.779   4.284   623.964   3.794   522.075   0   0   50   20.986   22   580   8.742  1.420.384 
Extremadura  13   33.814   35   24.388   98   190.669   0   0   2   2.750   3   2.642   151   254.263 
F.de Navarra  105   44.789   220   21.232   358   63.756   0   0   0   0   0   0   683   129.777 
Galicia  17   43.772   76   47.193   100   183.047   0   0   0   0   1   46   194   274.058 
Illes Baleares  1   42   14   1.869   36   2.980   0   0   0   0   0   0   51   4.891 
La Rioja  8   16.323   20   35.573   52   109.187   0   0   0   0   0   0   80   161.083 
Madrid, Comunidad  284   155.278   2.067   460.081   817   544.768   0   0   326   46.739   15   2.265   3.509  1.209.131 
País Vasco  46   46.065   103   51.271   175   154.243   0   0   3   7.337   1   350   328   259.266 
P. de Asturias  157   56.951   303   139.687   199   154.527   0   0   5   7.514   26   10.608   690   369.287 
Región de Murcia  23   52.006   62   159.572   83   106.016   0   0   3   29.243   2   1.133   173   347.970 
Valenciana, comunitat  118   166.600   651   204.400   422   347.600   0   0   0   0   12   200   1.203   718.800 
Cd. A. de Ceuta  6   7.689   1   440   6   2.985   0   0   0   0   0   0   13   11.114 
Cd. A. de Melilla  3   4.105   4   478   46   24.141   0   0   0   0   0   0   53   28.724 
TOTAL  1.816  1.289.817  11.236  2.850.232  9.798  4.057.827  1  350.447  476  172.902  443  64.548  23.770  8.785.773 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
No se incluyen contratos menores 
 
 
CUADRO 4 CONTRATOS RECIBIDOS SEGÚN FORMA DE ADJUDICACIÓN 
(miles de euros) 
 
Procedimiento Abierto y 
Procedimiento Negociado  Dialogo competitivo y Otros  Total 
Restringido 
Comunidades 
Núm. de  Precios de  Núm. de  Precios de  Núm. de  Precios de  Núm. de 
contratos  adjudicación  contratos  adjudicación  contratos  adjudicación  contratos  Importes 
Andalucía  3.520   1.449.794   930   501.967   450   63.665   4.900  2.015.426  
Aragón  1.912   271.260   298   41.978   207   33.081   2.417   346.319  
Canarias  27  49.726  4  3.431  0  0  31  53.157 
Cantabria  63   103.503   22   7.967   34   2.593   119   114.063  
C.-La Mancha  91   557.869   40   13.792   24   3.004   155   574.665  
C. y León  146   313.480   44   60.123   88   119.792   278   493.395  
Cataluña  4.679   847.434   1.263   245.103   2.800   327.847   8.742  1.420.384  
Extremadura  122   240.474   21   8.700   8   5.089   151   254.263  
F.de Navarra  393   97.006   290   32.771   0   0   683   129.777  
Galicia  177   258.041   5   2.067   12   13.950   194   274.058  
Illes Baleares  10   3.869   21   336   20   686   51   4.891  
La Rioja  57   136.233   4   1.628   19   23.222   80   161.083  
Madrid, Comunidad  2.588   755.324   444   289.955   477   163.852   3.509  1.209.131  
País Vasco  209   239.901   119   19.365   0   0   328   259.266  
P. de Asturias  439   238.683   111   74.388   140   56.216   690   369.287  
Región de Murcia  134   254.508   31   91.145   8   2.317   173   347.970  
Valenciana, comunitat  782   422.800   251   50.600   170   245.400   1.203   718.800  
Cd. A. de Ceuta  13   11.114   0   0   0   0   13   11.114  
Cd. A. de Melilla  49   23.830   3   4.887   1   7   53   28.724  
TOTAL  15.411   6.274.849   3.901   1.450.203   4.458   1.060.721   23.770  8.785.773  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX  
No se incluyen contratos menores 
El número de contratos recibido en este Tribunal y en los OCEX, correspondientes al 2017, 
excluidos los contratos menores, asciende a 23.770, cantidad inferior a la del ejercicio precedente 
(24.665) pero por importe conjunto superior, 8.785.773 miles de euros, respecto al de 2016 
(8.561.455 miles de euros). 
De conformidad con los datos resultantes de los contratos recibidos, se aprecia que en 2017, las 
CCAA de Andalucía, Cataluña y Madrid han celebrado un significativo mayor número de contratos 
que el resto de comunidades, lo que a su vez conlleva un mayor importe total de adjudicación, si 
bien no es proporcional el número de contratos con el mayor importe comparativo entre ellas. Por 
el contrario, las CCAA de Canarias, Illes Balears, La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla son las que menos contratos han comunicado. 
Finalmente, para el conjunto de CCAA, destaca que la actividad contractual se centra como en  e
ejercicios anteriores, fundamentalmente, en suministros y servicios, 21.034 contratos (88,5 % del  bo
total), cuya cuantía, 6.908.059 miles de euros, supone el 78,6 % del importe total de los contratos  08ww
comunicados.
 
 
 
  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
III.1.  ADMINISTRACIONES GENERALES, OOAA Y ENTES PÚBLICOS 
La diferente estructura y conformación de las Cuentas Generales de las CCAA y la ausencia de 
homogeneidad en la estructura y contenido de los informes elaborados por los distintos órganos 
de  control  externo  de  las  CCAA  dificulta  en  ocasiones,  como  en  ejercicios  anteriores,  la 
elaboración y presentación de datos uniformes en este informe. 
En  los  siguientes  cuadros  se  presenta,  distribuido  por  subsectores,  el  resumen  de  las 
liquidaciones  de  los  presupuestos  de  gastos  e  ingresos  de  las  Administraciones  Públicas, 
concepto que, a efectos de este informe, incluye la Administración General, OOAA, entes públicos 
y consorcios sujetos al Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y universidades. 
III.1.1. Liquidación del Presupuesto 
CUADRO 5 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBSECTORES 
(miles de euros) 
Créditos  Obligaciones  
Entidades  Modificaciones  Créditos Finales 
Iniciales  Reconocidas 
Administración General   184.739.432   10.149.843   194.889.275   186.471.762  
Organismos Autónomos  24.536.194   2.215.252   26.751.446   25.491.869  
Entes públicos  35.999.461   2.806.398   38.805.859   37.002.029  
Consorcios  4.357.709   430.884   4.788.593   4.460.732  
Universidades públicas  8.977.587   2.343.126   11.320.713   9.037.269  
Total  258.650.195   17.966.339   276.616.534   262.502.331  
Previsiones  Previsiones  Derechos 
Entidades  Modificaciones 
Iniciales  Finales   Reconocidos 
Administración General   184.739.432   8.555.677   193.295.109   191.488.344  
Organismos Autónomos  24.536.194   1.790.636   26.326.830   26.609.648  
Entes públicos  35.998.694   2.802.754   38.801.448   37.422.172  
Consorcios  4.359.855   430.269   4.790.124   4.521.970  
Universidades públicas  8.977.587   2.345.100   11.322.687   9.208.428  
Total  258.651.574   15.945.272   274.596.846   269.292.193  
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de 
los OCEX 
Al igual que en ejercicios anteriores, existe diferencia entre los créditos finales y las previsiones 
finales lo que viene motivado porque en algunas Comunidades no se registran en el estado de 
ingresos  las  modificaciones  presupuestarias  que  deben  financiar  las  correspondientes  del 
presupuesto de gastos, por lo que no se mantiene el equilibrio presupuestario. Esto sucede en 
2017 en las Administraciones Generales de Cataluña y Galicia; en los OOAA de Castilla-La  e.e
Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunitat Valenciana; en los entes públicos de Cataluña y Galicia   b
en los consorcios de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Región de Murcia y  08ww
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Administraciones Públicas distribuidos por CCAA.
 
 
Para el conjunto de las Administraciones Públicas las modificaciones han supuesto un 6,9 % de 
incremento de los créditos iniciales y un 6,2 % de las previsiones iniciales. Las modificaciones 
superan el 10 % de los créditos y previsiones iniciales en Comunitat Valenciana, y las dos 
Ciudades Autónomas. 
Para el análisis de los datos recogidos en los anexos, hay que considerar, como ya se indicó en el 
apartado II.1, que, pese a la necesidad de elaborar cuentas propias señalada por este Tribunal en 
los Informes de ejercicios precedentes y por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en su resolución de 8 de mayo de 2012, las CCAA de Cantabria, Extremadura, la 
Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears y La Rioja engloban en las cuentas presupuestarias de 
la  Administración  General  datos  de  OOAA  y  entes  públicos.  Estas  entidades,  que  tienen 
personalidad  jurídica  independiente,  plena  capacidad  de  obrar  y  recursos  propios,  deberían 
disponer de presupuesto y contabilidad independientes. 
Por subsectores, los datos más significativos que se desprenden de las liquidaciones rendidas de 
sus presupuestos son los siguientes: 
Administraciones Generales 
Los créditos y las previsiones iniciales agregados ascienden a 184.739.432 miles de euros, 
resultando una  variación  respecto  al  ejercicio  2016,  para  ambos  conceptos, del  4,4  %. Las 
modificaciones netas de los créditos para gastos han alcanzado 10.149.843 miles de euros, lo que 
supone un incremento del 5,5 %, resultando unos créditos finales de 194.889.275 miles de euros, 
un 4,3 % superior a los créditos finales de 2016. Las obligaciones reconocidas han supuesto 
186.471.762 miles de euros, un 4,9 % superiores a las del ejercicio anterior. El grado de ejecución 
de 2017 ha sido del 95,7 %. 
Respecto del presupuesto de ingresos, las modificaciones han sido de 8.555.677 miles de euros, 
obteniéndose  unas  previsiones  finales  de  193.295.109  miles  de  euros  y  unos  derechos 
reconocidos de 191.488.344 miles de euros, con un grado de ejecución del 99,1 %. 
En los siguientes cuadros se recoge la evolución de los créditos de gastos y previsiones de 
ingresos finales en los cuatro últimos ejercicios. 
 
 
 
CUADRO 6.1 CRÉDITOS FINALES: EJERCICIOS  2014 A 2017 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles de euros) 
 
 
Ejercicio  % 
Comunidades 
Incremento 
2014  2015  2016  2017 
anual medio 
Andalucía  31.252.704  31.186.526  32.819.576  34.925.565  4       
Aragón  5.357.251  5.978.415  5.378.001  5.653.025  (2)      
Canarias  7.148.385  6.637.861  7.155.957  7.592.458  5       
Cantabria  2.447.396  2.500.571  2.464.593  2.601.358  1       
Castilla-La Mancha  8.311.835  8.349.003  8.491.922  9.070.953  3       
Castilla y León  9.188.519  9.855.883  9.328.883  10.026.141  1       
Cataluña  34.229.333  36.508.884  35.124.729  35.903.930  (1)      
Extremadura  5.230.516  5.604.558  5.513.575  5.244.865  (2)      
Foral de Navarra  3.962.906  3.965.036  4.045.725  4.150.731  2       
Galicia  10.689.410  10.462.286  10.459.870  11.264.278  2       
Illes Balears  4.368.974  4.247.363  4.425.539  4.869.531  5       
La Rioja  1.544.240  1.688.508  1.536.381  1.532.378  (3)      
Madrid  22.034.011  20.904.239  20.649.445  21.142.942  0       
País Vasco  10.429.264  10.782.700  11.136.870  11.513.051  2       
Principado de Asturias  3.822.338  3.901.152  3.994.774  4.128.760  2       
Región de Murcia  4.785.177  4.591.746  4.845.955  5.300.922  5       
Valenciana  20.434.720  19.869.816  18.842.930  19.357.041  (1)      
Ciudad A. de Ceuta  351.402  308.824  298.501  306.261  (0)      
Ciudad A. de Melilla  278.291  280.232  282.247  305.085  3       
TOTAL   185.866.672  187.623.603  186.795.473  194.889.275  2       
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
 
 
 
CUADRO 6.2 PREVISIONES FINALES: EJERCICIOS 2014 A 2017 ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles de euros) 
 
Ejercicio  % 
Comunidades 
Incremento 
2014  2015  2016  2017 
anual medio 
Andalucía  31.993.334   31.186.526   32.819.576   34.925.565   3        
Aragón  5.357.251   5.978.415   5.378.001   5.653.025   2        
Canarias  6.555.550   6.621.848   7.070.960   7.592.458   5        
Cantabria  2.447.396   2.500.571   2.464.593   2.601.358   2        
Castilla-La Mancha  8.020.487   8.247.041   8.457.277   9.070.953   4        
Castilla y León  9.188.519   9.855.883   9.328.883   10.026.141   3        
Cataluña  33.366.705   33.802.083   33.991.516   34.512.104   1        
Extremadura  5.230.516   5.604.558   5.513.575   5.244.865   0        
Foral de Navarra  3.962.717   3.965.036   4.045.725   4.150.731   2        
Galicia  10.006.181   9.507.103   10.275.489   11.061.938   3        
Illes Balears  4.368.974   4.247.363   4.425.539   4.869.531   4        
La Rioja  1.544.240   1.688.508   1.536.381   1.532.378   (0)       
Madrid, Comunidad   22.034.011   20.904.239   20.649.445   21.142.942   (1)       
País Vasco   10.429.264   10.782.700   11.136.870   11.513.051   3        
Principado de Asturias  3.822.338   3.901.152   3.994.774   4.128.760   3        
Región de Murcia  4.785.177   4.591.746   4.845.955   5.300.922   3        
Valenciana, Comunitat  20.434.720   19.869.816   18.842.930   19.357.041   (2)       
Ciudad A. de Ceuta  351.402   308.824   298.501   306.261   (4)       
Ciudad A. de Melilla  278.291   280.232   282.247   305.085   3        
TOTAL  184.177.073   183.843.644   185.358.237   193.295.109   2        
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
Las CCAA de Andalucía y Cataluña incluyen indebidamente en los presupuestos el importe que 
corresponde  a  las  Corporaciones  Locales  por  su  participación  en  los  ingresos  del  Estado 
(3.414.654 miles de euros en Cataluña y 3.060.743 miles de euros en Andalucía), fondos con 
respecto  a  los  cuales  son  meros  intermediarios  financieros  y  deberían  contabilizarse 
extrapresupuestariamente. La Comunidad de Madrid no incluye los ingresos y gastos aprobados 
para las Instituciones Parlamentarias: para la Asamblea de Madrid por un total de 28.681 miles 
de euros y para la Cámara de Cuentas por 9.840 miles de euros. Tampoco incluye tales 
ingresos y gastos la Comunidad de Extremadura: para la Asamblea por 13.594 miles de euros. 
Organismos Autónomos 
Según los datos reflejados en los correspondientes cuadros y anexos, para 106 organismos, los 
créditos iniciales agregados ascienden a 24.536.194 miles de euros; las modificaciones netas de 
los  créditos  han  alcanzado  2.215.252  miles  de  euros,  resultando  unos  créditos  finales  de 
26.751.446 miles de euros y unas obligaciones reconocidas de 25.491.869 miles de euros. El 
grado de ejecución ha sido del 95,3 %. 
Respecto del presupuesto de ingresos, las previsiones iniciales agregadas suponen un total de  bo
24.536.194  miles  de  euros.  Las  modificaciones  han  sido  de  1.790.636  miles  de  euros,  08ww
odbet e2n6i.é6n0d9o.6s4e8 u mnailes sp dreev eisuioronse,s c foinna ulens  gdrea d2o6 .d3e2 6e.je8c3u0c mióinle dse dl e1 0e1u r%os.  y unos derechos reconocidos
  
 
 
 
Entes Públicos 
Con base en la información correspondiente a 107 entes públicos de 14 CCAA y de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, los créditos iniciales fueron de 35.999.461 miles de euros y las previsiones 
iniciales fueron 35.998.694 miles de euros, para 106 entes públicos3. 
Las modificaciones de crédito ascendieron a 2.806.398 miles de euros, resultando los créditos 
finales en 38.805.859 miles de euros y las obligaciones reconocidas en 37.002.029 miles de 
euros, con un grado de ejecución del 95,3 %. 
Las previsiones finales fueron de 38.801.448 miles de euros, que se ejecutaron en un 96,4 %, al 
ascender los derechos reconocidos a 37.422.172 miles de euros. 
Consorcios Públicos 
Figuran  en  este  epígrafe,  y  en  el  anexo  correspondiente  a  Administraciones  Públicas,  los 
consorcios públicos que forman parte del sector autonómico de acuerdo con el carácter público de 
los  miembros  consorciados,  por  las  aportaciones  patrimoniales  realizadas  por  entidades 
autonómicas, por la composición de sus órganos de gobierno y por la financiación anual de sus 
presupuestos o de la actividad desarrollada, y que deban presentar su contabilidad y estados 
financieros con presupuestos o de la actividad desarrollada, y con sujeción al PGCP. Por las 
razones anteriormente indicadas, no se incluyen los datos de Castilla-La Mancha, que, debiendo 
regirse por el PGCP, presenta sus datos conforme al PGC. 
Con base en la información correspondiente a 109 consorcios de 12 CCAA y de las dos Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, se deduce que los créditos iniciales fueron de 4.397.521 miles de 
euros que no coinciden con las previsiones iniciales de ingresos de 4.399.667 miles de euros, 
debido a que no está equilibrado el presupuesto inicial de un consorcio en la CA de Galicia. Las 
modificaciones de crédito fueron de 451.720 miles de euros, lo que supone un incremento de los 
créditos iniciales del 10,3 %. Las obligaciones reconocidas ascienden a 4.499.402 miles de euros. 
Las previsiones finales son de 4.850.772 miles de euros, y los derechos reconocidos a 4.563.601 
miles de euros. Con una ejecución del 93 % para los gastos y del 94 % para los ingresos. 
Universidades Públicas 
Los anexos I.1.5 y I.2.5 presentan, respectivamente, la liquidación agregada de los presupuestos 
de gastos e ingresos de las 48 universidades públicas de las que se dispone de información.  
Los créditos iniciales y las previsiones iniciales ascendieron a 8.977.587 miles de euros, Las 
modificaciones netas en ingresos fueron 2.345.100 miles de euros y en gastos de 2.343.126 
miles de euros. Las obligaciones reconocidas representaron 9.037.269 miles de euros, con un 
grado de ejecución del 79,8 %. El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 81,3 %, al ascender 
los derechos reconocidos a 9.208.428 miles de euros. 
III.1.1.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
El importe global agregado de las modificaciones netas de crédito autorizadas por todas las 
Administraciones Públicas asciende a 17.966.339 miles de euros, lo que supone un incremento de  es
los créditos iniciales del 7 %, dando como resultado unos créditos finales de 276.616.534 miles de  o
euros. Del importe total de las modificaciones, 10.149.843 miles de euros corresponden a las  08ww
Aundomsi ncirsétrdaitcoiso nfiensa lGese ndeer a1l9e4s.,8 l8o9 q.2u7e5 a mumileesn dtae  eelu crorésd. ito inicial en un 5,5 % dando como resultado
                                                  BOE-A-cable e
3 En la CA de Galicia un ente no presenta la liquidación de presupuestos de ingresos.
 
 
El  anexo  I.3  recoge  las  modificaciones  presupuestarias  de  las  Administraciones  Generales 
clasificadas según los diferentes tipos modificativos. La figura modificativa más empleada por las 
CCAA son, las generaciones de crédito cuyo importe asciende a 4.716.947 miles de euros, lo que 
supone un 46,4 % del total. 
Del análisis efectuado en los informes de fiscalización sobre las modificaciones aprobadas en los 
ejercicios fiscalizados correspondientes a las Administraciones Generales, con excepción del País 
Vasco ya que el informe del Tribunal Vasco de Cuentas no incide en esta materia, destacan, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
En Andalucía, en el ejercicio 2017, las modificaciones presupuestarias han incrementado los 
créditos iniciales en 1.859,466 miles de euros. Representan un incremento del 10,1 % respecto al 
ejercicio anterior, y han supuesto un 5,6 % sobre los créditos iniciales, porcentaje ligeramente 
superior al registrado en 2016. 
En Aragón, el importe neto de las modificaciones de crédito del presupuesto de gastos de las 
entidades  fiscalizadas  ascendió  a  434.428  miles  de  euros,  en  términos  agregados, 
correspondiendo a la Administración General un total de 236.576 miles de euros. 
Destaca como incidencia el uso excesivo de la figura de “ampliaciones de crédito” que supone el 
87 % del importe total de las modificaciones aprobadas debido al amplio catálogo de créditos 
ampliables que prevé la Ley de presupuestos de 2017 (hasta 28 supuestos). 
Como  indica  la  Cámara,  las  ampliaciones  de  crédito  son  una  excepción  al  principio  de 
especialidad cuantitativa de los créditos presupuestarios (art. 39 del Texto refundido de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón). Cuando se financian con bajas en otros 
conceptos tienen las mismas consecuencias que las transferencias de crédito y, sin embargo, no 
están sometidas a las prohibiciones impuestas para estas. 
En Canarias, se tramitaron créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cobertura en el 
remanente de tesorería del 2016, por importe de 108.200 miles de euros, para atender gastos de 
ejercicios anteriores. Pero debido al incorrecto importe que refleja este remanente en ejercicios 
anteriores, debido al cuantioso volumen de pendiente de cobro que podría tornarse incobrable, 
dada su antigüedad, las citadas modificaciones pudieran haber sido realizadas sin cobertura 
presupuestaria real. 
En Cantabria, las variaciones del presupuesto no incrementaron los créditos iniciales de 2017, al 
igual que en ejercicio 2016. Este hecho es debido a que la totalidad de las modificaciones 
realizadas se han financiado con bajas en otras partidas. 
Cabe señalar que la sección 14 Deuda Pública, al igual que en ejercicios anteriores, sufre unas 
modificaciones negativas relevantes por no haber tenido en cuenta las reducciones de los tipos de 
interés ocasionadas por los nuevos mecanismos de financiación. 
En  Castilla-La  Mancha,  en  el  ejercicio  2017,  las  modificaciones  cuantitativas  de  crédito 
(ampliaciones, incorporaciones, generaciones y créditos extraordinarios) ascienden a 228.187 
miles de euros, representando el 2,6 % de los créditos iniciales del presupuesto de gastos. Esta 
cifra supone una disminución del 35,9 % respecto de las llevadas a cabo en el ejercicio 2016.  s
Las  transferencias  de  crédito  realizadas  (modificaciones  que  no  afectan  al  importe  total  del  w.
presupuesto ya que suponen una redistribución de los créditos) ascendieron a 336.475 miles de  08ww
euros (frente a los 468.551 miles de euros de 2016).
ELGn Pla,  dnoonrmdea tisvea  easuttaobnlóemceic, ae nntor ee xoitsrtaes  urneas trdiciscpioonseicsió, np aerqau ilvaasl etnraten safe lrae ndceila sa rtdíceu clor é5d2it.o1,. aq) udee  nlao 
podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde
 
 
 
créditos  para  operaciones  de  capital  a  créditos  para  operaciones  corrientes,  lo  que  afecta 
negativamente al principio de especialidad cualitativa de los créditos presupuestarios. 
En Castilla y León, la suma de las modificaciones netas autorizadas por las entidades del sector 
público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública integradas en la Cuenta 
General es de 1.196.317 miles de euros, lo que supone un incremento del 4,8 % sobre los créditos 
iniciales del presupuesto. En el ejercicio anterior el importe de dichas modificaciones fue de 
567.396 miles de euros y supuso un incremento del 4,2 % sobre los créditos iniciales. La variación 
interanual de las modificaciones presupuestarias tramitadas ha sido significativa. 
Este  ejercicio  el  importe  ha  aumentado  un  110,8  %  con  respecto  al  anterior,  debido 
fundamentalmente a los nuevos recursos por endeudamiento a largo plazo, por autorizaciones 
adicionales aprobadas por el Consejo de Ministros, y a la utilización del remanente de tesorería 
por la Administración General. 
Señala el Consejo que se ha verificado la adecuación de la financiación de las modificaciones así 
como el cumplimiento general de la legalidad vigente, con la excepción de la incorrecta tramitación 
de  las  generaciones  de  crédito  y  minoraciones  de  crédito,  así  como  de  un  expediente  de 
ampliación de crédito. 
En Cataluña, el total de créditos autorizados para el 2017 era de 34.029.707 miles de euros y las 
modificaciones introducidas alcanzan 1.874.223 miles de euros, lo que representa un incremento 
de un 5,5 % respecto a los créditos iniciales. Este porcentaje es inferior al del ejercicio 2016, que 
fue de un 8,2 %. 
En Extremadura, el importe neto de las modificaciones ascendió a 74.674 miles de euros, un 
1,4  % sobre los créditos iniciales, lo que supone el porcentaje menos elevado de los últimos cinco 
ejercicios debido, principalmente, a la reducción de los recursos recibidos con cargo al FLA en 
2017 respecto a los recibidos por mecanismos de financiación similares en ejercicios precedentes. 
Las modificaciones presupuestarias tramitadas evidencian la insuficiente financiación del gasto 
sanitario (farmacéutico y en material sanitario), al que se destinan nuevos recursos con cargo al 
presupuesto de la Administración General por importe de 58.118 miles en 2017, de los que 52.118 
miles implican la asunción de nuevo endeudamiento. Estas deficiencias presupuestarias se ponen 
de  manifiesto,  adicionalmente,  en  la  financiación  de  los  gastos  en  concepto  de  conciertos 
educativos  e  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  (IBI),  que  han  de  ser  sistemáticamente 
incrementados vía transferencias en ejercicios sucesivos. 
En  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  los  créditos  iniciales  para  gastos  experimentan  vía 
modificaciones un incremento neto del 2 % (88.853 miles de euros), frente al 1 % del 2016 (40.420 
miles de euros). 
Tales  modificaciones  corresponden  a  generaciones  de  créditos  (28.824  miles  de  euros),  a 
ampliaciones de crédito (35.029 miles de euros) y a crédito extraordinario (25.000 miles de euros). 
En Galicia, el importe neto de las modificaciones de este ejercicio 2017, por importe de 485.324 
miles de euros, incrementó el presupuesto inicial en un 4,5 %, parámetros ligeramente superiores 
a los del ejercicio 2016, pero por debajo de los alcanzados en los cuatro ejercicios anteriores., que  s
fluctuó entre un 12,2 % y un 6,8 %.   e.
Respecto  de  la  clasificación  económica,  el  efecto  neto  de  las  modificaciones  incrementa  08ww
pgrainstcoip daelm ceanpteita el l( 1g,a5s t%o )c. oLrari ecnotme p(6a0ra,7c ió%n)  cyo ne nr emspeencotro  male deijdearc iecli og a2s0t1o6  finnoasn cmieuroe s(t3ra1 ,u5n % m) eyn oerl 
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el  Gasto  de  capital  y,  de  forma  señalada,  el  Gasto  financiero  (118.910  miles  de  euros)  se 
incrementan con respecto a los del ejercicio 2016. 
El artículo 61.2 del Texto refundido Ley régimen financiero y presupuestario de Galicia exige que 
cuando  se  tramiten  expedientes  de  modificaciones  presupuestarias  se  debe  expresar 
ineludiblemente el impacto que dichas modificaciones pueden tener en los objetivos de gasto 
programados. En los expedientes de modificaciones presupuestarias examinados se observa que, 
en numerosas ocasiones, o bien no se realiza una adecuada valoración –afirmando que este 
impacto no existe– o bien se indica que la modificación contribuye positivamente a la consecución 
de los objetivos. Esta valoración genérica no atiende a la indicada exigencia normativa. 
Año tras año, el análisis de la incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre la estructura 
de la clasificación funcional muestra que son los mismos programas presupuestarios los que se 
ven  afectados,  poniendo  de  manifiesto  deficiencias  estructurales  en  la  presupuestación  de 
aquellos. 
Los mayores recursos generados en el capítulo IX –incluyendo el endeudamiento– se emplearon 
para la financiación de ampliaciones de crédito por importe de 210.680 miles de euros. La práctica 
recurrente de tramitar ampliaciones de crédito aludiendo al mayor endeudamiento o capacidad de 
endeudamiento  en  términos  genéricos,  sin  señalar  en  cada  expediente  concreto  la  fuente 
específica de financiación que lo sustenta, deriva en la presencia de situaciones como esta en la 
que, al amparo del recurso de un mayor endeudamiento, se tramitaron expedientes de ampliación 
de crédito por importe de 210.680 miles de euros mientras que tanto los ingresos como las 
previsiones definitivas de ingresos en el capítulo IX no exceden al presupuesto inicial más que en 
187.070 miles de euros. 
En Illes Balears, durante el ejercicio 2017 se han tramitado 354 expedientes de modificación de 
créditos, que han incrementado los créditos iniciales en 222.805 miles de euros (un 4,8 % sobre el 
total de operaciones y un 6,7 % sobre las operaciones corrientes del ejercicio). Del total de las 
modificaciones de crédito corresponde a la Consejería de Salud un importe de 73.159 miles de 
euros y a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, un importe de 58.618 miles de 
euros,  que  suponen  un  32,8  %  y  un  26,3  %  del  total  de  las  modificaciones  de  crédito, 
respectivamente.  
La totalidad de las incorporaciones de crédito, 24.122 miles de euros, se financia, de acuerdo con 
el art. 6.4 y en relación con el art. 8 del Decreto 75/2004, con cargo al remanente íntegro de 
tesorería, aspecto permitido por el artículo 60 de la Ley 14/2014 de finanzas, dado su carácter 
finalista. No obstante, la aprobación de estos expedientes incrementa el volumen de obligaciones 
que pueden ser imputadas al ejercicio 2017, sin disponer de ningún nuevo recurso concreto que 
se pueda afectar a su financiación, hecho que produce, por lo tanto, una desviación negativa en el 
cálculo del resultado del ejercicio. 
En La Rioja, en 2017 se autorizaron modificaciones de crédito por un importe neto de 79.803 
miles de euros, que han supuesto un incremento de los créditos iniciales del 5 % frente al 15,2 % 
del  ejercicio  anterior,  destacando  el  diferente  signo  de  las  variaciones  y  significándose  el 
incremento experimentado en el capítulo 4 Transferencias Corrientes (15 %), por importe de 
47.049  miles  de  euros,  como  consecuencia,  principalmente,  de  las  ayudas  concedidas  a 
empresas privadas.  s
En  la  Comunidad  de  Madrid,  los  créditos  iniciales  se  ven  incrementados  a  través  de  w.
modificaciones  presupuestarias  por  importe  de  1.201.081  miles  de  euros  (6  %).  El  mayor  08ww
(in1c.3re5m9.e2n4t6o  mdiele slo dse c eréudroitso,s u nin i1c2ia %le)s y  seen  pTrroadnuscfeer eennc ialoss  dcea cpaítpuiltoasl  (d16e1 .T70ra7 nmsifleesr ednec eiausro sc, ournr i2e6n t%es). 
aDle nSterorv diceio e sMtoasd rcilaepñíotu ldoes  dSeasltuadc a(,5 e8n0 .t6é0rm3 inmoilse sa bdseo luetuorso, se, l ianucmreemneton tdoe  dlae lt r8a n%sfe dreen cloias  ccorrérideintotes   BOE-A-cable e
 
 
 
iniciales), mientras que la transferencia de capital a este mismo ente se ve aumentada mediante 
modificaciones por importe de 35.313 miles de euros. 
En  términos  absolutos  y  relativos  también  destaca  el  aumento  correspondiente  a  las 
transferencias por “Gratuidad peaje M-45”, con 119.018 miles de euros, un 141 %. 
La  práctica  totalidad  de  las  modificaciones  de  crédito  corresponden  a  un  expediente  de 
generación de crédito por el que se incorporan remanentes de crédito del ejercicio anterior, 
derivado de transferencias finalistas financiadas con cargo a los Presupuestos generales del 
Estado, que se recibieron por la Comunidad de Madrid para formación para el empleo, y que no 
fueron  ejecutadas.  En  este  ejercicio,  de  nuevo,  la  totalidad  del  crédito  generado  queda  sin 
ejecutar. 
En  el  Principado  de  Asturias, durante  el  ejercicio  2017  se  tramitaron  369  expedientes  de 
modificaciones de crédito por un importe conjunto de 32.610 miles de euros, lo que supuso un 
incremento del presupuesto inicial del 0,8 % y se financiaron en un 93 % con endeudamiento y 
con aportaciones públicas. 
Las  habilitaciones  de  crédito  se  tramitaron  al  amparo  de  la  autorización  de  un  mayor 
endeudamiento contenida en la Ley del PA 3/2017, de 7 de abril, en la que se especificaban una 
serie de inversiones a las que debía ser destinado el endeudamiento formalizado. A pesar de la 
afectación que la Ley 3/2017 realiza de la financiación recibida a través del endeudamiento a la 
realización de unas inversiones concretas, la Administración General no las consideró como 
“gastos con financiación afectada” a efectos del cálculo de las desviaciones de financiación del 
ejercicio  (positivas  y  negativas)  y  acumuladas  (positivas)  utilizadas  para  determinar 
respectivamente el superávit o déficit de financiación del ejercicio y el remanente de tesorería 
total. 
Como  consecuencia  de  la  tramitación  del  expediente  de  ampliación  de  crédito  número 
1600012628 se produjeron minoraciones en el subconcepto del presupuesto de gastos 320000 
“intereses de préstamos a largo plazo” por importe de 1.000 miles de euros. 
El Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias limita la 
posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias sobre este subconcepto, al establecer en su 
artículo 52.2 que los créditos consignados en los presupuestos para pago de intereses no podrán 
ser objeto de modificación, en tanto no se varíen las condiciones en que se concertaron tales 
operaciones. 
No ha podido comprobarse por parte de esta Sindicatura el cumplimiento de la limitación. 
En la Región de Murcia, en el ejercicio 2017 se han autorizado modificaciones de crédito por un 
importe neto de 338.420 miles de euros, lo cual ha supuesto un incremento de los créditos 
iniciales del 6,8 %. 
En la vertiente económica destaca la variación positiva del 148 % experimentada en el capítulo de 
transferencias de capital producida por la compensación de deudas contraídas por el Servicio 
Murciano de Salud con la CA a través de los mecanismos extraordinarios de financiación. No 
obstante, de acuerdo con la DA 38ª Ley 1/2017, de Presupuestos para 2017, dicho incremento de  s
crédito se efectuará mediante un ajuste de los estados de los presupuestos y no tendrá la  e.
consideración  de  modificación  de  crédito,  a  efectos  de  lo  previsto  en  el  Título  II  del  Texto  w.
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y demás normativa de aplicación.  08ww
En  la  Comunitat  Valenciana,  sobre  el  presupuesto  inicial  del  ejercicio  2017  se  aprobaron
mincordeifmiceanctiaodnoe sla d deo tcarcéidóinto i npicoira lu enn  iumnp 9o,r2te % c ofrnejnutnet oa ln 9e,t8o  %d ed e1l. 6e3je2r.c0ic6i7o  amnilteesri odre.  euros, habiendo  BOE-A-cable e
 
 
Los expedientes de generaciones de crédito constituyen las modificaciones más significativas, por 
un importe conjunto de 1.105.869 miles de euros, que representa el 67,8 % del total. Estas 
modificaciones de crédito han sido financiadas, principalmente, mediante el Fondo de Liquidez 
Autonómico del ejercicio 2017. Las modificaciones de crédito atendiendo al origen de los ingresos 
que las financian provienen del endeudamiento. 
En  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta,  las  modificaciones  presupuestarias  han  supuesto  un 
incremento  de  los  créditos  iniciales  del  15  %,  destacando  en  la  vertiente  económica  las 
inversiones reales, si bien el grado de ejecución de este capítulo de gasto fue el 32 %, lo que 
evidencia deficiencias en su presupuestación. 
Se  han  financiado  expedientes  de  créditos  extraordinarios,  suplementos  de  crédito  e 
incorporaciones de crédito con el remanente de tesorería del ejercicio anterior sin la cobertura 
financiera necesaria de acuerdo con las correcciones y salvedades señaladas en el Informe de 
fiscalización de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2016. 
Se han detectado expedientes de incorporaciones de crédito que no han cumplido los requisitos 
exigidos en el TRLRHL. 
En  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  la  ejecución  del  Presupuesto para  2017  supuso  unas 
modificaciones cuantitativas del aprobado del 17,5 %, por importe de 45.503 miles de euros, 
destacando los capítulos 6 de gastos, con una modificación sobre los créditos iniciales del 98 % 
(18.283 miles de euros) como consecuencia de la incorporación de los remanentes de crédito del 
ejercicio  anterior  debido  a  su  baja  ejecución  presupuestaria  (29  %),  hecho  que  ya  ha  sido 
advertido en fiscalizaciones previas sobre esta Ciudad Autónoma. El capítulo 9 presenta unas 
modificaciones de 13.495 miles de euros, que supusieron un incremento respecto de los créditos 
inicialmente aprobados del 101 %, debido a un suplemento de crédito, cuya finalidad fue destinar 
el superávit presupuestario a la amortización de deuda. 
III.1.1.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
En el ejercicio fiscalizado, con carácter general, los presupuestos por programas de las CCAA 
no especifican suficientemente los indicadores que permitan el seguimiento de los objetivos 
programados. Además, la mayor parte de las Comunidades tienen pendientes de reconocer 
obligaciones  de  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores  por  falta  de  consignación 
presupuestaria; esta circunstancia afecta fundamentalmente al gasto sanitario. 
En los siguientes cuadros se recoge la evolución de las obligaciones y derechos reconocidos 
respecto a las Administraciones Generales de las Comunidades y las Ciudades Autónomas en 
los ejercicios 2014-2017. 
 
 
 
CUADRO 7.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014 A 2017 
Administraciones Generales 
(miles de euros) 
Ejercicio  % 
Comunidades 
Incremento 
2014  2015  2016  2017 
anual medio 
Andalucía  29.111.109   28.614.920   30.424.294   33.105.748   4       
Aragón  5.119.563   5.793.725   4.931.022   5.583.352   3       
Canarias  6.969.168   6.443.867   7.012.703   7.287.790   2       
Cantabria  2.245.988   2.319.526   2.383.932   2.516.540   4       
Castilla-La Mancha  8.009.333   7.713.448   7.866.201   8.374.051   1       
Castilla y León  8.912.942   9.549.172   9.085.820   9.869.755   3       
Cataluña  33.931.960   35.852.494   34.506.275   34.812.591   1       
Extremadura  4.750.888   4.906.597   5.030.722   4.758.834   0       
Foral de Navarra  3.803.564   3.913.963   3.966.599   3.983.755   2       
Galicia  9.675.763   10.009.915   10.106.474   10.800.623   4       
Illes Balears  4.186.481   3.998.359   4.307.275   4.697.954   4       
La Rioja  1.419.294   1.594.060   1.450.791   1.389.576   (1)      
Madrid, Comunidad   21.379.860   20.298.717   19.505.575   20.524.171   (1)      
País Vasco   10.053.538   10.161.500   10.364.639   10.823.734   2       
Principado de Asturias  3.679.583   3.756.009   3.898.584   4.011.013   3       
Región de Murcia  4.610.453   4.351.815   4.585.692   4.992.871   3       
Valenciana, Comunitat  19.093.920   18.846.930   17.919.928   18.436.590   (1)      
Ciudad A. de Ceuta  317.091   274.529   253.849   253.198   (7)      
Ciudad A. de Melilla  222.796   240.787   239.393   249.616   4       
TOTAL 
177.493.294   178.640.333   177.839.768   186.471.762   2       
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
   
 
 
CUADRO 7.2 DERECHOS RECONOCIDOS 2014 A 2017 
Administraciones Generales. 
(miles de euros) 
Ejercicio  % 
Comunidades 
Incremento 
2014  2015  2016  2017 
anual medio 
Andalucía  30.152.662   29.398.173   31.362.353   33.791.318   4        
Aragón  5.084.875   5.723.861   5.304.733   5.595.693   3        
Canarias  7.150.232   6.561.044   7.083.915   7.421.703   1        
Cantabria  2.271.098   2.370.916   2.444.363   2.586.658   4        
Castilla-La Mancha  8.704.303   7.575.007   7.956.853   8.433.914   (1)       
Castilla y León  8.951.768   9.865.752   9.110.639   9.662.837   3        
Cataluña  35.853.170   36.021.953   35.673.535   36.137.626   0        
Extremadura  4.746.377   4.983.770   4.955.175   4.927.010   1        
Foral de Navarra  3.855.983   3.876.565   4.058.068   4.528.233   6        
Galicia  9.826.479   9.962.306   10.139.777   10.886.022   3        
Illes Balears  4.390.336   4.150.958   4.539.204   4.962.561   4        
La Rioja  1.468.607   1.592.263   1.444.841   1.427.188   (1)       
Madrid, Comunidad   20.772.830   20.527.359   19.613.615   21.331.444   1        
País Vasco   10.107.529   10.102.300   10.406.271   11.264.464   4        
Principado de Asturias  3.883.808   3.828.079   3.972.519   4.031.346   1        
Región de Murcia  5.396.577   4.754.323   5.222.413   5.246.512   (1)       
Valenciana, Comunitat  20.393.983   19.490.917   18.850.771   18.730.899   (3)       
Ciudad A. de Ceuta  328.617   279.292   264.439   268.489   (7)       
Ciudad A. de Melilla  230.771   239.182   252.546   254.427   3        
TOTAL  183.570.005   181.304.020   182.656.030   191.488.344   1        
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
A  continuación  se  señalan  las  principales  particularidades  indicadas  en  los  informes  de 
fiscalización  en  relación  con  la  ejecución  presupuestaria,  por  parte  de  las  Administraciones 
autonómicas, con excepción de las CCAA de Aragón y Castilla y León ya que la Cámara y el 
Consejo efectúan un análisis del presupuesto consolidado sin discriminar datos específicos de 
cada una de las entidades que se consolidan. 
En Andalucía, las obligaciones reconocidas alcanzaron los 33.105.748 miles de euros, un 8,8 % 
más que en 2016, y los pagos realizados se situaron en 29.431.630 miles de euros, un 7,8 % más 
que en el ejercicio anterior. Ello supone un grado de ejecución y de pago del 94,8 % y 96,4 %, 
respectivamente. Todos los capítulos de gasto, excepto el relativo a activos financieros, aumentan 
sus obligaciones reconocidas y en todos ellos se incrementan los pagos realizados respecto al 
ejercicio anterior. El grado de ejecución ha sido superior al 92 % en los capítulos de gastos de 
personal, gastos corrientes en bienes y servicios, trasferencias corrientes y pasivos financieros, 
produciéndose en los dos primeros, disminuciones y en los dos segundos incrementos respecto al 
ejercicio anterior. El capítulo con un menor grado de ejecución ha sido el de inversiones reales 
con el 49,3 %.  
Al inicio de 2017 se registraban obligaciones y libramientos pendientes de pago procedentes de  b
ejercicios anteriores por 2.055.800 miles de euros, lo que representa un descenso del 12,1 % en  08ww
rdeela ceiuórno cso, nq iudeé nteicqau imvaaleg niatul d 4d9e,9l e j%er cidceiol  atnottearli odr.e S ela hsa no bplrigaactcicioandeos  papgeonsd ipeonrt e1s. 01d5e.s4p4u0é ms ildees 
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capítulo de transferencias de capital y el 67,8 % en activos financieros.
 
 
 
Conforme señala la Cámara de Cuentas, el informe resumen sobre los gastos del ejercicio 
pendientes de imputación presupuestaria, emitido por la Intervención General en julio de 2018, 
concluye la existencia de obligaciones derivadas de gastos por bienes y servicios recibidos y 
devengados  durante  2017,  para  los  que  no  se  ha  producido  su  imputación  contable  o 
presupuestaria a 31 de diciembre de 2017, que respecto a la Administración General ascendió a 
436.260 miles de euros. 
Los derechos reconocidos netos del ejercicio se han situado en 33.791.318 miles de euros y la 
recaudación en 32.621.760 miles de euros, lo que supone un incremento del 7,7 % y del 8,1 % 
respecto al ejercicio anterior, respectivamente. El 82 % de los derechos reconocidos en 2017 
derivan de operaciones corrientes, el 2,6 % de operaciones de capital y el 15,4 % proceden de 
operaciones financieras. 
En Canarias, las obligaciones reconocidas alcanzaron los 7.287.790 miles de euros, con un grado 
de  ejecución  del  96  %,  correspondiendo  un  98  %  a  operaciones  corrientes,  un  81,3  %  a 
operaciones de capital y un 94 % a operaciones financieras. Se realizaron pagos por importe de 
6.399.198 miles de euros que supusieron un grado de realización del 87,8 %. 
En Cantabria, las obligaciones reconocidas en 2017 aumentaron el doble que en 2016, un 6 % 
(132.608 miles de euros) respecto del ejercicio anterior, no obstante el peso de cada capítulo en 
relación con el total de obligaciones reconocidas en el ejercicio se mantiene prácticamente igual. 
En 2017 todos los capítulos, excepto el 6 “Inversiones reales”, han experimentado incrementos, 
siendo los más significativos los de los capítulos 7 “Transferencias de capital” y 9 “Pasivos 
financiero”, con una variación del 21 % y el 28 %, respectivamente. 
Se dejaron de imputar al presupuesto de 2017 gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 
179.181 miles de euros, aplicándose al mismo 159.272 miles por gastos realizados en ejercicios 
anteriores, actuaciones que no respetan el principio de temporalidad recogido en el artículo 46 de 
su Ley de Finanzas, si bien están amparadas en las salvedades establecidas a dicho principio en 
el artículo 33 de la citada Ley. 
Al cierre del ejercicio 2017, la deuda acumulada por los anticipos del mecanismo financiero para la 
devolución de las liquidaciones definitivas de los recursos del sistema de financiación de los 
ejercicios 2008 y 2009 ascendía a 267.622 miles de euros, sin estar registrada en contabilidad 
financiera. 
Los derechos reconocidos netos se elevaron a 2.586.658 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 6 % respecto del ejercicio inmediatamente anterior. La mayor participación en los 
derechos reconocidos del ejercicio, al igual que en los ejercicios precedentes, correspondió a los 
capítulos 1 (impuestos directos), 2 (impuestos indirectos) y 4 (transferencias corrientes), con el 
22  %, 34 % y 21 % del total, respectivamente. Por su parte, se rompe la tendencia alcista, desde 
2014, del peso relativo de los derechos reconocidos por operaciones de endeudamiento (capítulo 
9), que en 2017 es del 19 %. 
En Castilla-La Mancha, las obligaciones reconocidas en 2017, por importe de 8.374.051 miles de 
euros fueron un 6 % superior a las del ejercicio anterior. El aumento más significativo de las 
obligaciones reconocidas se produce en el capítulo capítulos 9 y 6, no habiéndose producido  s
disminuciones en ningún capítulo. El grado de ejecución del presupuesto ha sido del 92 %.  e.
Durante 2017 se reconocieron obligaciones en el presupuesto del citado ejercicio en una cuantía  08ww
dpere s2ta2c.8io4n7e sm qiluees  sdee r eeaulirzoasr opno er ng aañsotoss a ndteerriivoaredso,s d ed elo sa dqquuei s6ic9i0o nmeisle, s odber aesu, rosse rnvoic cioosn tay badne mcoáns 
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en las excepciones del artículo 36 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha. 
Los derechos reconocidos netos se elevaron a 8.433.914 miles de euros, 637.039 miles por 
debajo de las previsiones finales. La mayor participación en los derechos reconocidos del ejercicio 
correspondió a los capítulos 2, “impuestos indirectos”, (30 %) y 4, “transferencias corrientes” (29 %).  
Los derechos reconocidos totales del ejercicio ascienden un 6 % respecto del ejercicio anterior. 
No  obstante,  el  descenso  mayor  en  términos  absolutos  se  produjo  en  la  enajenación  de 
inversiones reales (1.328 miles de euros). 
El grado de ejecución en 2017 fue de un 93 %. La recaudación neta en este ejercicio ha sido 
superior a la del 2016 en 540.030 miles de euros (un 7 %) y se obtuvo un grado de cumplimiento 
del 99 %. 
En Cataluña, La liquidación del presupuesto presenta unos ingresos liquidados por 36.137.626 
miles de euros que representan un incremento respecto del 2016 de un 1,3 %. 
La Administración General registró como transferencias corrientes gastos destinados a la Agencia 
de la Vivienda de Cataluña para la ejecución del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas por 57.730 miles de euros. 
Estas transferencias que se reciben del Ministerio de Fomento se registraron como transferencias 
de capital en el presupuesto de ingresos de la Administración General.  
Los gastos reconocidos del ejercicio alcanzaron los 34.812.591 miles de euros, resultando un 
0,9  % más que en el ejercicio anterior. El grado de ejecución alcanzó el 97 %. 
Las liquidaciones del presupuesto de la Administración General y el CatSalut no incluyen una 
parte del gasto realizado durante el ejercicio 2017 por falta de crédito presupuestario suficiente, ya 
que el gasto comprometido durante la vigencia del presupuesto sobrepasó el límite disponible de 
las dotaciones de los créditos. 
La parte de gasto devengado durante el ejercicio 2017 no contabilizado en el presupuesto del 
ejercicio respecto a la Administración General fue de 489.350 miles de euros. Una parte de este 
gasto estaba devengado y no vencido y la otra, devengado y vencido; por lo tanto, se incumplieron 
los artículos 28.b y 35 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. Por otro 
lado, la previsión de gasto devengado en el ejercicio 2016 y no contabilizado en el presupuesto 
del ejercicio 2016 fue de 467.260 miles de euros.  
Por otra parte, en la liquidación del presupuesto de gastos de la Administración General y del 
CatSalut hay algunos gastos contabilizados en el artículo 87, Aportaciones de capital y otros 
fondos  propios  a  entidades  del  sector  público,  que  deberían  haber  sido  considerados 
transferencias que se destinan a financiar operaciones de capital, de acuerdo con el plan contable 
de aplicación. 
En Extremadura, el total de obligaciones reconocidas por la Administración General, 4.758.834 
miles de euros, se redujo en 2017 en un 5,4 % por el efecto conjunto del decremento de los 
créditos  finales  en  un  4,8  %  y  la  leve  reducción  del  grado  de  ejecución,  en  medio  punto 
porcentual.   e.
La  mayor  reducción  interanual  de  las  obligaciones  reconocidas  se  produjo  en  el  capítulo  4  08ww
“bTernaenfsicfeiarreion caial Ss ecrovrircieion Etexst”r e(m23e2ñ.o5 7d7e  mSialelusd d. e  euros) y, más concretamente, en las que tienen por
Las operaciones de capital concentran el menor grado de ejecución, sendos 50,3 % en los
capítulos 6 y 7. 
 
 
 
Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2017 están infravaloradas en 7.974 miles de euros, por 
la variación de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto en el ejercicio, 
en contra del criterio establecido por el artículo 47.b) de la Ley de Hacienda. En sentido contrario, 
se encuentran sobrevaloradas en 1.699 miles de euros, correspondientes a sentencias judiciales 
que debieron contabilizarse en ejercicios precedentes y, en 116 miles, por un pago duplicado 
correspondiente a la amortización de un préstamo. 
Los derechos reconocidos en 2017 ascendieron a 4.927.010 miles de euros, lo que supone una 
reducción interanual del 1 %, pese a aumentar el grado de ejecución del presupuesto en 4 puntos 
porcentuales en relación con 2016, hasta alcanzar el 94 %. Las desviaciones negativas más 
significativas se produjeron en los capítulos de transferencias, tanto corrientes como de capital, en 
los que los derechos reconocidos son inferiores a las previsiones iniciales en 130.623 miles de 
euros (capítulo 4) y 299.588 miles (capítulo 7); en el capítulo 9, sin embargo, la desviación es 
positiva  por  un  importe  de  120.226  miles  de  euros.  La  recaudación  neta  de  los  derechos 
reconocidos se mantiene en niveles similares a ejercicios anteriores, sumando un importe de 
4.806.648 miles de euros, determinando un grado de cumplimiento del 98 %. 
Debe  señalarse  que,  como  consecuencia  de  la  incorrecta  imputación  temporal  de  ingresos 
presupuestarios, contabilizados como cobros pendientes de aplicación, los derechos reconocidos 
en 2017 se encontraban sobrevalorados en 5.236 miles de euros. Por el contrario, el indebido 
registro de las anulaciones (especialmente aplazamientos y fraccionamientos) y la práctica del 
reconocimiento  del  contraído  por  recaudado  (especialmente  en  la  gestión  del  patrimonio 
inmobiliario  y  en  el  reintegro  de  subvenciones),  supone  la  infravaloración  de  los  derechos 
reconocidos en 2017 por un total de 8.428 miles de euros. 
En la Comunidad Foral de Navarra, las obligaciones reconocidas en 2017 suponen un importe de 
3.983.755 miles de euros, con un porcentaje de ejecución y pago del 96 %, en ambos casos. En 
cuanto a la estructura del gasto no presenta variaciones significativas, si bien los gastos en 
transferencias se incrementan un 2 % y la carga financiera disminuye un 4 %.  
En 2017, destaca el gasto en sanidad y en educación con el 26 % y 16 %, respectivamente del 
gasto total. Además, destaca el Convenio con el Estado, la deuda pública y los servicios sociales y 
promoción social, que asumen el 13 %, 10 % 8 %, respectivamente.  
Los  derechos  reconocidos  netos  ascienden  a  4.528.233  miles  de  euros,  con  un  grado  de 
cumplimiento del 109 % y un porcentaje de recaudación neta del 93 %. Los ingresos totales de 
2017 han aumentado respecto a los de 2016 en un 11,6 % (470.170 miles de euros). Los ingresos 
corrientes fueron un 17,4 % superiores y dentro de estos, los tributarios aumentaron un 14 % 
frente a los de capital que se redujeron un 54 %. Las operaciones financieras se redujeron en un 
16,2 %. 
En Galicia, las obligaciones reconocidas ascienden a 10.800.623 miles de euros, lo que supone 
un aumento respecto del 2016 (10.106.474 miles de euros), con un grado de ejecución del 95,9 % 
frente al 96,6 % del ejercicio anterior. Las partidas que presentan el índice más bajo corresponden 
a  las  inversiones  reales  y  a  las  transferencias  de  capital,  con  un  80  %  y  un  83,7  %, 
respectivamente. El grado de cumplimiento ha sido del 93,5 %.  
Los derechos reconocidos por la Administración en 2017 ascienden a 10.886.022 miles de euros  s
con un grado de cumplimiento del 98,4 % y un porcentaje de recaudación neta del 98,6 %,  oe.
debiendo  destacar  el  aumento  significativo  de  los  derechos  reconocidos  de  los  ingresos  no  w.
financieros, que experimentaron un crecimiento de un 5 % con relación al ejercicio anterior.  08ww
En Illes Balears, sobre un crédito definitivo de 4.869.531 miles de euros se han reconocido
o9b6l,i5g a %cio, ninefse ripoor ra li mdpeol retjee rdciec io4 .2609176.9 q5u4e  mfuilee su nd e9 7e,3u r%os.  Eqlu per essuuppounees toun e jneicvuetla ddoe  seeje icnuccreiómne ndteal   BOE-A-cable e
en 390.680 miles de euros, un 9 % respecto al ejercicio anterior.
 
 
En lo relativo a la clasificación funcional el 72,2 % del total de las obligaciones reconocidas 
corresponden a Deuda Pública (19,6 %), Salud (32,9 %) y Educación (19,7 %). Los pagos 
realizados han ascendido a 4.077.483 miles de euros, un 86,8 % de los créditos ordenados, 
inferior al 87,9 % de 2016. 
El importe de los derechos reconocidos ascendió a 4.869.531 miles de euros lo que supone un 
nivel de ejecución del 101,9 %, el del ejercicio 2016 que fue del 102,6 %. La recaudación líquida 
ha sido de 4.892.324 miles de euros, el 98,6 % del total de derechos reconocidos. 
En La Rioja, el presupuesto gestionado por la Administración Autonómica presentó unos créditos 
definitivos de 1.532.378 miles de euros, con un decremento interanual del 0,7 %. 
El grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 91 %, situándose las obligaciones reconocidas 
en 1.389.576 miles de euros, siendo las desviaciones más significativas las correspondientes a las 
inversiones  reales  y  pasivos  financieros,  cuyo  grado  de  ejecución  fue  del  71  %  y  78  %, 
respectivamente. En la clasificación económica del gasto, destacan las operaciones corrientes, 
que  representaron  el  76  %  de  las  obligaciones  reconocidas  en  el  ejercicio,  frente  a  las 
operaciones  de  capital  y  financieras,  con  unos  porcentajes  aproximados  del  8  %  y  16  %, 
respectivamente. Desde el punto de vista de la clasificación orgánica, destacan la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo y el Servicio Riojano de Salud, que se sitúan en porcentajes 
cercanos al 20 %, así como el capítulo de Deuda Pública que representa el 16 % sobre el gasto 
total, a pesar del descenso interanual del 26 % registrado en este ejercicio.  
En relación con los gastos incurridos o devengados en ejercicios anteriores como consecuencia 
de  compromisos  adquiridos  de  conformidad  con  el  ordenamiento  jurídico,  el  procedimiento 
aplicado por la Administración Autonómica para su registro e imputación presupuestaria es una 
solución  legal  a  una  situación  irregular,  al  haberse  vulnerado  los  principios  de  anualidad 
presupuestaria y especialidad cuantitativa establecidos en el art. 42.2 y 3 de la Ley de Hacienda.  
La imputación de estos gastos supone que anualmente parte de los créditos aprobados en el 
ejercicio corriente se encuentren comprometidos por gastos de ejercicios cerrados, no registrados, 
principalmente, por insuficiencia presupuestaria, en el ejercicio correspondiente. Esta incidencia 
es  más  significativa  en  la  Consejería  de  Salud,  donde  el  porcentaje  del  presupuesto  de 
transferencias  corrientes  en  el  ejercicio  fiscalizado  comprometido  por  gastos  generados  en 
ejercicios cerrados se ha situado en el 9 %. 
La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2017 presenta un grado de ejecución del 
93 %. 
En la Comunidad de Madrid, el grado de ejecución del presupuesto de gastos asciende al 97 % 
frente al 94 % del ejercicio anterior y el grado de cumplimiento 98% resulta superior al del ejercicio 
2016, que fue del 95 %. 
Desde el punto de vista orgánico, las secciones correspondientes a la Consejería de Sanidad, 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y Deuda pública son las que concentran la mayor 
parte del gasto reconocido (un 40 %, 22 % y 12 % del gasto total, respectivamente). El capítulo de 
mayor peso específico, desde el punto de vista económico, es el de transferencias corrientes que, 
junto con las de capital, concentran el 66 % de las obligaciones reconocidas totales.  s
En el ejercicio 2017 se produce un aumento de las obligaciones reconocidas en su conjunto de un  w.
5 %.  08ww
El presupuesto de gastos presentado se encuentra financiado en un 95 % por ingresos tributarios,
igual que el ejercicio anterior.
 
 
 
El  grado  de  ejecución  es  del  101  %,  con  grados  de  ejecución  muy  dispares  por  capítulos 
presupuestarios. 
El grado de ejecución menor corresponde al capítulo de Enajenación de inversiones reales, que 
se sitúa en este ejercicio en el 73 %, y al capítulo de ingresos patrimoniales que alcanza un 61 %. 
Aunque se siguen ajustando las previsiones iniciales del capítulo enajenación de inversiones 
reales, aún se producen diferencias importantes con los derechos reconocidos, fundamentalmente 
en el subconcepto de enajenación de otras inversiones reales, con un exceso de previsiones de 
58.198 miles de euros. 
En el capítulo ingresos patrimoniales se produce el exceso de previsiones, la mayoría derivados 
de ingresos previstos procedentes de Consorcios Urbanísticos, finalmente no realizados. 
En el País Vasco, los ingresos corrientes, se han incrementado en un 11,8 % respecto al ejercicio 
anterior, frente a unos gastos corrientes, que crecen un 3,6 %, lo que ha permitido generar un 
ahorro bruto del ejercicio de 1.148.800 miles de euros, superior en 758.200 miles de euros al 
obtenido en 2016. El aumento de los ingresos corrientes por importe de 1.069.000 miles de euros 
se ha debido fundamentalmente, por una aportación de las Diputaciones Forales en 1.098.500 
miles de euros respecto al ejercicio anterior. 
Se han reconocido derechos por importe de 11.264.464 miles de euros, lo que supone un grado 
de cumplimiento del 97,8 %; Las obligaciones reconocidas han ascendido a 10.823.734 miles de 
euros, con un grado de cumplimiento del 94 %. 
Indica el Tribunal Vasco que la información contenida en la liquidación de los Presupuestos 
Generales y Cuentas Anuales del Sector Público de la CA, recoge la información requerida con 
carácter de mínima por el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Control Económico y 
Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y por el artículo 124 del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Presupuestario de Euskadi y se regula 
el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la 
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi.,  por  lo  que  sería  recomendable  la  inclusión  de  estados 
consolidados que muestren la situación económica, financiera y patrimonial, el resultado de las 
operaciones y la liquidación de presupuestos, del conjunto de entidades integrantes del sector 
público de la CA. 
En el Principado de Asturias, las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2017 son de 4.011.013 
miles de euros lo que supone un grado de ejecución del 97,1 %. Al igual que en ejercicios 
anteriores,  la  Consejería  de  Sanidad  y  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  con  unas 
obligaciones reconocidas por importe de 1.684.120 y 783.963 miles de euros, respectivamente, 
aglutinan la mayor parte del gasto ejecutado en el ejercicio 2017 (61,5 % del total). 
Con  respecto  a  la  clasificación  económica,  el  capítulo  4  (transferencias  corrientes)  continúa 
siendo,  como  en  años  anteriores,  el  más  significativo  (el  59,8  %  del  total  de  obligaciones 
reconocidas); el siguiente en importancia, el capítulo 1 (gastos de personal), supone el 17,7 %. 
Los derechos reconocidos ascienden a 4.031.346 miles de euros, lo que supone un grado de 
ejecución del 97,6 %. Con respecto a la clasificación económica, de los 9 capítulos en los que se  s
estructura la liquidación del presupuesto de ingresos, los capítulos 1 (impuestos directos) y 2  e.
(impuestos indirectos) son, al igual que en ejercicios anteriores, los más significativos alcanzando  w.
en su conjunto el 59,8 % del total. Le sigue en importancia el capítulo 4 (transferencias corrientes),  08ww
que representa el 20,7 %.
Sdee ñinaglar elsao Ss insdei cmautuersat rqau een l au ninaf onromtaa cdieó nl ar emlaetmivao raia  lad ee jleac Cucuieónnt ad eg elan elirqaul iddea cfioórnm dae iln pcroemsuppleutae sytoa   BOE-A-cable e
que no contempla el contenido mínimo exigido en el PCGP, al no incluir información alguna sobre
 
 
las transferencias y subvenciones recibidas o sobre los derechos presupuestarios pendientes de 
cobro según su grado de exigibilidad. 
En la Región de Murcia, el grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 94 %, situándose las 
obligaciones reconocidas en 4.992.871 miles de euros, permaneciendo pendientes de pago, al 
cierre del ejercicio fiscalizado, 251.066 miles de euros. En la clasificación económica del gasto, 
destacan las operaciones corrientes, que representaron el 76 % de las obligaciones reconocidas, 
frente  a  las  operaciones  de  capital  y  financieras,  con  unos  porcentajes  del  10  %  y  14  %, 
respectivamente. En concreto, el mayor peso relativo correspondió a las transferencias corrientes, 
que concentraron el 51 % del gasto total y a los gastos de personal, el 20 %, destacando los 
recursos transferidos al Servicio Murciano de Salud y los costes de personal de los centros de 
educación no universitaria de la Comunidad. 
Debe  indicarse  que  las  obligaciones  reconocidas  por  la  Administración  Regional  al  Servicio 
Murciano de Salud (SMS) en el ejercicio corriente, para financiar las pérdidas generadas por su 
actividad ordinaria, fueron insuficientes en una cuantía de 465.541 miles de euros, a pesar de que 
la Ley de Presupuestos de la CA para 2017 consideró ampliables los créditos destinados a esta 
entidad en función de sus necesidades de financiación. Asimismo, al cierre del ejercicio, también 
estaba pendiente de reconocer presupuestariamente por dicha Administración, la financiación del 
déficit generado por el SMS en ejercicios anteriores cuyo importe ascendía a un montante de 
665.176 miles de euros. 
De  acuerdo  con  los  presupuestos  de  explotación  del  SMS  aprobados  en  los  Presupuestos 
Generales de la Comunidad, la Administración Regional debe cubrir la práctica totalidad de la 
financiación de los costes por la prestación de los servicios de la sanidad pública encomendados a 
la empresa, compromiso que es congruente con la mencionada consideración como créditos 
ampliables de las aportaciones al SMS y, por lo tanto, las pérdidas incurridas por el SMS no 
cubiertas al cierre del ejercicio, que ascendían a 465.541 miles de euros, deberían haberse 
reconocido en el presupuesto del ejercicio 2017 por la Administración Autonómica. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que esta salvedad no tiene efecto sobre el déficit de la Comunidad, en la 
medida en que las pérdidas pendientes de financiación figuran registradas anualmente en el SMS 
y, por tanto, son tenidas en cuenta en el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación 
llevado a cabo anualmente por la IGAE a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. 
La liquidación del presupuesto de ingresos de la Administración Regional del ejercicio 2017 
presenta un grado de realización de las previsiones presupuestarias del 99 %. Los derechos 
reconocidos netos en este año se situaron en 5.246.512 miles de euros, lo que representa un 
incremento interanual del 0,5 %, la rúbrica que experimenta la variación más significativa de 
derechos en términos absolutos es la de pasivos financieros con un decremento de 233.465 miles 
de euros, que supone en términos relativos una variación negativa del 16 %, las partidas que más 
aumentan en cuantía en el ejercicio son las de impuestos, tanto directos como indirectos, con 
unos incrementos respectivamente del 13 % y el 7 %. 
En  la  Comunitat  Valenciana,  las  obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  2017  ascienden  a 
18.436.590 miles de euros, con un grado de ejecución del 95,2 % de los cuales 5.354.549 miles 
de euros corresponden a gastos de personal, el 29 % del total; mientras que los gastos de 
funcionamiento y las transferencias corrientes, por 3.415.888 miles de euros y 4.336.952 miles de  s
euros, representan el 18,5 % y el 23,5 %, respectivamente. Por su parte, el endeudamiento  oe.
registrado en el capítulo 9, por 3.449.830 miles de euros, representa el 18,7 % de las obligaciones  w.
rceerjeéccodunitcooiscó indd aeesfni n eiltonivs eo cls ae) pjheíatruc lsiocidiso o.6  E d“elI nlg v9rea5rd,s2oi o %dnee e sen jre etcéaurlmecsióin”n oy sp 7 rge “lsoTubrpaaunleessfse,t arseri inabc iei(aonsb  sldiege a occbiaospneietravsla ”r,n e qcbuoaenjo ohsca igndr aassdid osoos  bddreeel    2021-2808n https://ww
57,3 % y 65 %, respectivamente.
 
 
 
Los derechos reconocidos de los capítulos 1,2, 3 y 9 superaron las previsiones definitivas (grados 
de ejecución superiores al 100 %), mientras que los derechos reconocidos de las transferencias 
corrientes únicamente han representado el 37 % de las previsiones definitivas Por su parte, en el 
capítulo 9, se observa un aumento de las previsiones iniciales de endeudamiento del 21,9 %, que 
pasaron de 4.138.836 miles de euros a 5.044.310 miles de euros, mientras que los derechos 
reconocidos ascendieron a 5.719.605 miles de euros, con un grado de ejecución del 113,4 % (los 
fondos provenientes del FLA ascendieron a 5.479.600 miles de euros). 
Se produce un aumento significativo del 10,6 % en los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 
4, que han pasado de un importe conjunto de 11.637.073 miles de euros a 12.872.677 miles de 
euros.  Asimismo,  se  observa  una  importante  reducción  del  17,9  %  en  el  recurso  al 
endeudamiento, que ha pasado de 6.967.829 miles de euros a 5.719.605 miles de euros. 
Según  indica  la  Sindicatura,  se  han  detectado  errores  aislados  en  la  contabilización  de  los 
derechos reconocidos en el presupuesto de 2017 por sanciones y reintegros, cuyo efecto en el 
resultado presupuestario sería de un mayor saldo negativo de 35.100 miles de euros. Estos 
errores, detectados de forma aislada en la introducción de datos para la contabilización de los 
derechos reconocidos, evidencian una falta de control sobre las operaciones registradas, que 
debería observarse a fin de comprobar la adecuación de los importes contabilizados al cierre del 
ejercicio y evitar su reiteración. Esta incidencia ha sido regularizada en el presupuesto de 2018. 
En cuanto a los ingresos, debe mejorarse la asignación presupuestaria de los capítulos 4, 5, 7 y 8, 
que cada año muestran grados de ejecución muy bajos. 
Para posibilitar el seguimiento y control contable de cualquier gasto con financiación afectada, 
éste debe ser susceptible de una completa y clara identificación que habrá de extenderse a todos 
y cada uno de los períodos contables y abarcará tanto a las previsiones y actos de gestión del 
gasto presupuestario a financiar, como a las de los ingresos presupuestarios con los que se 
financia dicho gasto. De esta forma se podrán calcular las desviaciones de financiación que 
puedan existir. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, las liquidaciones de los presupuestos de gastos e ingresos de 
la Administración General se aprobaron por Decreto del Presidente de 27 de julio de 2018, con 
más de 4 meses de demora respecto al límite previsto en el art. 191.3 del TRLRHL, que establece 
su aprobación dentro de los dos primeros meses del año inmediatamente siguiente al que se 
refiere. 
El  presupuesto  gestionado  por  la  Ciudad  Autónoma  en  el  ejercicio  presentó  unos  créditos 
definitivos de 306.261 miles de euros y unas obligaciones reconocidas por 253.198 miles de 
euros. El grado de ejecución del presupuesto alcanzó el 83 %, dos puntos porcentuales menos 
que en el ejercicio anterior. No obstante, es necesario poner de manifiesto, una vez más, el bajo 
grado de ejecución de las inversiones reales realizadas, un 32 % de los créditos definitivos. En la 
clasificación económica del gasto, el mayor peso relativo ha correspondido a los gastos de 
personal (32 %) mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias 
corrientes representaron un porcentaje del 24 % y 22 %, respectivamente, sobre el total de 
obligaciones reconocidas en el ejercicio. 
La  liquidación  del  presupuesto  de  ingresos  de  la  Administración  de  la  Ciudad  de  Ceuta  s
correspondiente  al  ejercicio  2017  presenta  un  grado  de  realización  de  las  previsiones  oe.
presupuestarias del 88 %. Los derechos reconocidos en 2017 ascendieron a 268.489 miles de  w.
euros. Las desviaciones más importantes del ejercicio respecto a las previsiones finales, en  08ww
tinécrmoripnoorsa caiobnseoslu tdoes , crséed itporso ddueje reojenr ceicnio slo sa ntcearpioírtuelso sc o8n  cya r2g,o  laa l prerimmaenrae ntdee bdideo  teas orqeureía  lnaos 
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En la Ciudad Autónoma de Melilla, el grado de ejecución del presupuesto de gastos ascendió al 
82 %. En términos absolutos la desviación más importante (27.241 miles de euros), se produjo en 
el capítulo 6, con un grado de ejecución del 26 %. En relación con este indicador, también destaca 
el bajo grado de ejecución del capítulo 7, con un 37 %. Las obligaciones reconocidas en el 
ejercicio experimentaron una ligera disminución del 4 % respecto del ejercicio anterior, destacando 
los incrementos del capítulo 7 y 9 (116 % y 92% respectivamente). Además, las obligaciones del 
capítulo 1 disminuyeron un 15 %, en relación con las de 2016. 
Los derechos reconocidos netos ascienden a 254.427 miles de euros, lo que supone un aumento 
interanual  del  1  %.  El  grado  de  ejecución  alcanzado  en  2017  fue  del  83  %,  seis  puntos 
porcentuales superior al del ejercicio precedente. La recaudación neta del ejercicio corriente fue 
de 229.337 miles de euros, un 5 % inferior a los 241.581 miles de euros de 2016, lo que supone 
un grado de cumplimiento del 90 %, frente al 96 % del año anterior. Destaca el bajo grado de 
cumplimiento (20 %) en el capítulo 7 “Transferencias de capital”, como consecuencia de que el 
ingreso por los derechos reconocidos en concepto de FCI se produjo en enero de 2018. Además, 
el referido porcentaje debería situarse en cero, puesto que la recaudación del capítulo 7 se debe 
al reintegro de subvenciones, que debería imputarse al capítulo 3 “Tasas, precios públicos y otros 
ingresos”.  Este  último  capítulo  presenta  un  grado  de  cumplimiento  del  55  %,  lo  que  es 
consecuencia  en  gran  medida,  al  igual  que  sucedía  en  ejercicios  anteriores,  de  la  escasa 
recaudación en los conceptos de servicio de abastecimiento de agua (33 %) y servicio de recogida 
domiciliaria de basuras (1 %), debido a que en ambos ingresos gran parte del período voluntario 
se extendía hasta 2018. 
Como principales incidencias cabe destacar las siguientes: 
- Con carácter mayoritario, se tramitan documentos de autorización, compromiso y reconocimiento 
de la obligación y de autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación y pago después 
de  que  sean  efectivas  la  realización  de  la  obra  o  la  prestación  del  servicio  contratado, 
incumpliendo  el  procedimiento  administrativo  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del 
Presupuesto e impidiendo obtener información en cada momento del estado de ejecución del 
presupuesto. 
- La CA imputó al ejercicio 2017 gastos realizados en ejercicios anteriores por importe de 2.674 
miles de euros y dejó de imputar al ejercicio gastos realizados en el mismo (que figuran en la 
cuenta 413), por importe de 1.620 miles. 
Esta forma habitual de operar pone de manifiesto el incumplimiento del principio de anualidad 
presupuestaria, si bien el importe no imputado en el ejercicio se ha reducido significativamente en 
relación con ejercicios anteriores. Además, el recurso a la figura del reconocimiento extrajudicial 
de crédito ha de constituir una actuación excepcional, que ha devenido habitual en la CA en los 
últimos años. 
- No se realizó ajuste por los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales, pese a que en diversas modificaciones presupuestarias se indica que fue esta 
su fuente de financiación, lo que afecta al resultado presupuestario ajustado reflejado en las 
cuentas de la CA. 
III.1.1.3. RESULTADOS Y SALDOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.  e
El anexo I.5 refleja los datos agregados de los resultados y saldos presupuestarios del conjunto  08ww
dAdvaeedr lm ia4liacn1siió,s 8nt rA a%ndcemi otarinen esdisspet er Papccúatoibso linivaceoal ssse   fjeiePnsrúac bnnicleciicoigea ars2oti.0vs o 1Ea 6epl,  nlictr ae5ams.d9uob2lsti3éa .nad6 lo3 n p3er pegmrsaeiutlseipvusuop e udseeetns oe t aua1rrs0iooc.1s,i e,8 np6loda.0 erq2a ua7 e  e1 msl2 ui.l6cpe6oso0n n.dje2ue 9nu 2tnoe a um rdmioleese s.j  olLdaraeas     OE-A-2021-28able en https://
euros, lo que significa una disminución del 19,4 % respecto de los aplicados en 2016. El saldo
 
 
 
presupuestario es positivo en 6.736.659 miles de euros, un 22,1 % superior al del ejercicio 
anterior. Las anteriores magnitudes están referidas a 301 entes en el ejercicio 2016 y 413 entes 
en el ejercicio 2017. 
Los  resultados  y  saldos  presupuestarios  de  las  Administraciones  Generales  para  2017  se 
recogen en los anexos I.5.1 y se resumen en el siguiente cuadro. 
CUADRO 8 RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
Administraciones Generales 
(miles de euros) 
 
Derechos  Obligaciones 
Comunidades  Diferencia 
reconocidos netos  reconocidas netas 
Operaciones no financieras  153.982.880   160.974.774   (6.991.894)  
Operaciones con activos financieros  654.230   2.113.227   (1.458.997)  
Resultado presupuestario del ejercicio  154.637.110   163.088.001   (8.450.891)  
Operaciones con pasivos financieros  36.849.990   23.383.761   13.466.229  
Saldo presupuestario del ejercicio  191.487.100   186.471.762   5.015.338  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
El resultado presupuestario del conjunto de las Administraciones Generales de las Comunidades y 
las Ciudades Autónomas es negativo en 8.450.891 miles de euros frente al resultado también 
negativo de 11.199.255 miles de euros de 2016, lo que representa una mejora del resultado del 
24,5 % respecto del ejercicio anterior. 
El  resultado  presupuestario  por  operaciones  no  financieras  (capítulos  1  a  7)  de  las 
Administraciones Generales (anexos 1.5.1) presenta un déficit contable de 6.991.894 miles de 
euros. Todas las comunidades menos Canarias, C. Foral de Navarra, País Vasco y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla presentan déficit. Las operaciones con activos financieros son 
también negativas para el agregado de CCAA en 1.458.997 miles de euros, si bien, son positivas 
para  las  CCAA  de  Andalucía,  Castilla-La  Mancha,  Illes  Balears,  la  Región  de  Murcia  y  las 
ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
La  variación  neta  agregada  de  pasivos  financieros  ascendió  a  13.466.229  miles  de  euros. 
Únicamente las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla presentan variación neta negativa. 
El saldo presupuestario agregado es positivo en 5.015.338 miles de euros, si bien Castilla y León 
presenta saldos presupuestarios negativos. 
 
 
La evolución de los resultados presupuestarios de los últimos ejercicios se recoge en el siguiente 
cuadro. 
CUADRO 9. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014 A 2017 
Administraciones Generales 
(miles de euros) 
Ejercicios 
Comunidades 
2014  2015  2016  2017 
Andalucía  (2.062.983)   (1.648.857)   (911.900)   (300.362)  
Aragón  (566.897)   (1.320.254)   (653.174)   (453.352)  
Canarias  (645.033)   (514.969)   (96.747)   17.099  
Cantabria  (215.210)   (198.578)   (173.030)   (103.474)  
Castilla-La Mancha  (867.458)   (960.526)   (486.097)   (259.736)  
Castilla y León  (758.113)   (1.219.229)   (383.148)   (921.779)  
Cataluña  (4.888.628)   (6.753.347)   (2.263.668)   (1.879.706)  
Extremadura  (529.578)   (404.316)   (548.672)   (148.318)  
Foral de Navarra  (143.634)   (177.106)   (72.154)   340.400  
Galicia  (629.831)   (552.119)   (545.526)   (384.344)  
Illes Balears  (730.861)   (521.631)   (334.957)   (257.641)  
La Rioja  (140.085)   (114.245)   (63.639)   (47.020)  
Madrid, Comunidad   (3.019.611)   (2.751.192)   (1.771.741)   (1.784.388)  
País Vasco   (605.570)   (535.900)   (492.078)   119.706  
Principado de Asturias  (229.941)   (200.406)   (144.428)   (171.003)  
Región de Murcia  (590.434)   (393.498)   (95.724)   (278.660)  
Valenciana, Comunitat  (4.479.067)   (4.185.917)   (2.189.523)   (1.975.466)  
Ciudad A. de Ceuta  19.120   11.203   10.227   17.630  
Ciudad A. de Melilla  12.086   7.827   16.724   19.523  
TOTAL  (21.071.728)   (22.433.060)   (11.199.255)   (8.450.891)  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEX 
III.1.1.4. FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 
De conformidad con la CE (artículos 156 a 158, DA primera y DA tercera) y, en su desarrollo, los 
Estatutos Autonómicos y la LOFCA, existen dos modelos de financiación de las CCAA: el 
régimen común y el régimen foral. A su vez, dentro del régimen común, Canarias tiene un 
régimen económico y fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se ha regulado 
teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas. 
El régimen foral de financiación que corresponde a las CCAA del País Vasco y Comunidad Foral 
de Navarra se articula, con base en la Disposición adicional primera de la CE, mediante el sistema 
foral de Concierto Económico o Convenio, cuya principal característica consiste en la capacidad 
de recaudar los impuestos que conforman su propio sistema tributario, contribuyendo a financiar 
los  gastos  del  Estado  en  aquellas  materias  cuya  competencia  no  ha  sido  asumida  por  la  e.
Comunidad con arreglo al método de cálculo establecido en el Concierto o Convenio.  w.b
Edel  pmrimayeor,  Cyo mncaienrttuov oa psruo bvaigdeon ecniatr eh aesl tEas ftiandaol  dye el l aPñaoí s2 V00a1sc. oD sees dreec eolg aióñ eon 2 l0a0 L2e yri g1e2 /e1l9 C81o,n dceie r1t3o 
a1p2r/2o0b0a2d oh paonr  lsai dLoe ya 1p2ro/2b0a0d2a,s  dpeo 2r3 l ad eL meya y2o8. /H20a0st7a,  edl ea ñ2o5  2d0e1 4o lcatsu bdroes,  mqoudei firceaccoiogen ees l daec luae Lrdeoy 
alcanzado por las representaciones de la Administración General del Estado y de las Instituciones
 
 
 
del País Vasco en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de julio de 2007 y por la Ley 
7/2014, de 21 de abril, que introduce la concertación de los impuestos medioambientales, del 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, del impuesto sobre actividades de juego 
y del impuesto sobre gases fluorados, con efectos retroactivos, desde el 1 de enero de 2013. La 
última modificación se ha efectuado por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre. 
Por su parte, la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprueba el Convenio Económico entre el Estado 
y la Comunidad Foral de Navarra. Dicha ley ha sido modificada en varias ocasiones debido a 
cambios  sustanciales  originados  en  el  ordenamiento  jurídico  tributario  del  Estado.  La  última 
modificación ha sido la concertación de los impuestos medioambientales, del impuesto sobre los 
depósitos en las entidades de crédito, del impuesto sobre actividades de juego y del impuesto 
sobre gases fluorados con efectos retroactivos, desde el 1 de enero de 2013, mediante la Ley 
14/2015, de 24 de junio. 
Los principios rectores de la financiación de las CCAA de régimen común para el ejercicio 
fiscalizado están establecidos en la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de 
la  LOFCA,  y  en  la  Ley  22/2009,  de  18  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  el  sistema  de 
financiación de las CCAA de régimen común y las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Este 
sistema define los denominados servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios 
sociales, incluido el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD)) y establece fondos de 
compensación y garantía destinados a garantizar que las CCAA con menores niveles de renta 
puedan prestar la misma cantidad de servicios, y con la misma calidad, que las que se encuentran 
en los primeros tramos de nivel de renta. 
En este sistema, las fuentes de financiación provienen de: 
- Tributos cedidos por la Administración Estatal. 
- Y transferencias de los Presupuestos Generales del Estado que se estructuran como se indica a 
continuación: 
*  Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, tiene por objeto asegurar que 
cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por unidad de necesidad para financiar 
los  servicios  públicos  fundamentales  esenciales  del  Estado  de  Bienestar.  Se  concretan  los 
recursos que constituyen este Fondo (el 75 % de la capacidad tributaria de las CCAA y la 
aportación del Estado) así como los criterios de reparto del mismo mediante una serie de variables 
que van a determinar la población ajustada o unidad de necesidad. 
*  Fondo de Suficiencia Global, opera como recurso de cierre del sistema, asegurando que 
las necesidades globales de financiación de cada Comunidad en el año base se cubren con su 
capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia 
Global. 
  Este Fondo se calcula como la diferencia entre las necesidades globales de financiación 
estimadas de cada Comunidad Autónoma y la suma de los ingresos tributarios y los importes 
procedentes del Fondo de Garantía. 
  Además, el sistema cuenta con dos fondos de convergencia, el Fondo de Competitividad y  s
el Fondo de Cooperación con el objetivo de nivelar la financiación por habitante o aproximarla a la  e.
capacidad fiscal de la Comunidad Autónoma, sobre los que la Administración Central goza de  w.
mayor capacidad discrecional.  08ww
*  El Fondo de Competitividad se crea con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la
fhinoamnocgiaécnieóan  pdeer  claásp itnae ecnetsreid CadCeAsA  d, ea l mlosis mcoiu dtiaedmapnoo sq uye  sree dinucceirn tliavsa  ldai faeuretonncoiams íae ny  lafi ncaanpcaiacicdióand   BOE-A-cable e
fiscal y se desincentiva la competencia fiscal a la baja.
 
 
*  El Fondo de Cooperación se crea con el objetivo último de equilibrar y armonizar el 
desarrollo  regional,  estimulando  el  crecimiento  de  la  riqueza  y  la  convergencia  regional  en 
términos de renta de CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
Debe resaltarse que en 2017 las CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía han continuado 
financiándose  complementariamente  con  los  mecanismos  extraordinarios  de  financiación 
establecidos por la Administración General del Estado.  
El  Real  Decreto  Ley  (RDL)  21/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  de  liquidez  de  las 
Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, creó un mecanismo de carácter temporal y 
voluntario, de apoyo a la liquidez de las CCAA, que permitió atender las necesidades financieras 
de  las  mismas,  mientras  duraran  las  dificultades  de  acceso  a  los  mercados  financieros. 
Posteriormente, el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, derogó el RDL 
21/2012, de 13 de julio y creó el Fondo de Financiación a CCAA, con la doble finalidad de 
compartir los ahorros financieros entre todas las Administraciones dando prioridad al gasto social 
y simplificar la gestión de los mecanismos adicionales de financiación a CCAA existentes hasta 
entonces. Este Fondo se divide en cuatro compartimentos: Facilidad Financiera, FLA, Fondo 
Social (solo vigente en 2015) y Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los 
Proveedores de CCAA4, quedando configurado el FLA como un compartimento del Fondo de 
Financiación a CCAA. 
   
                                                 
4 El compartimento de Facilidad Financiera está destinado a las CCAA que cumplan los objetivos de estabilidad  e.e
presupuestaria y deuda pública y han conseguido controlar la demora en el pago de la deuda comercial. El Fondo de  bo
fLiniqaunidcieazc ióAnu tdoenló dméicfioci,t , sduec elisqouri ddaecilo naenste nrieogr aFtiLvaAs  edsetlá  sipsrteevmisat od ep afirnaa nactieancdióenr  yv eontrcaims iennetcoess iddaed evsa laopreros,b apdraéss tapmoro lsa,   08www.
Cddtreeaorsnmitvsiinafseadiórdaenosn   cDadia eefsli en ecganoan ndcmviaae arnd telieaorlsis a  G osdobueblis gigceararcintsioootos n  peseasonr cav i aemAln, aschtuideanarbtisaoie, s n lsídEqooucc oiieadnsla ótsaem dnyioc tr eoeexs si,g ltaeisbs ulf ejoeCsnt oCda oA a 3As 1o c loydon e dvl aiidgcsiiec oinnEetamenl tibidedranaed d 2 de0fesi1s  c52La.0 ol1P.c 4oaE,rl le  púsFel,tn oimdnaidsoeoí,n   etceSlo soFm cdoioaen l d pooeat rsgeatáons     OE-A-2021-28able en https://
liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de CCAA, al que se han transmitido los activos y  Bc
pasivos del extinto Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
 
 
 
En el cuadro siguiente se muestra la financiación de las CCAA en el ejercicio fiscalizado. 
CUADRO 10 FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(miles de euros) 
Recursos 
Otros recursos  Recursos propios  Total 
Ley 22/2009 
Comunidades 
%    %    %    %   
(*)  (*)  (*)  (**) 
Andalucía  21.194.167   69   3.722.888   12   5.813.520   19   30.730.575   17  
Aragón  3.842.534   69   638.797   11   1.114.362   20   5.595.693   3  
Canarias  4.881.211   66   426.028   6   2.114.464   28   7.421.703   4  
Cantabria  1.918.076   74   86.073   3   582.509   23   2.586.658   1  
Castilla-La Mancha  5.234.904   62   1.150.446   14   2.048.564   24   8.433.914   5  
Castilla y León  6.728.959   70   1.162.782   12   1.771.096   18   9.662.837   5  
Cataluña  22.080.384   67   1.233.264   4   9.409.324   29   32.722.972   18  
Extremadura  3.165.272   64   1.008.548   20   753.190   15   4.927.010   3  
Foral de Navarra  3.663.980   81   188.719   4   675.534   15   4.528.233   2  
Galicia  7.671.792   70   760.598   7   2.453.632   23   10.886.022   6  
IIles Balears  3.321.839   67   78.345   2   1.562.377   31   4.962.561   3  
La Rioja  1.009.576   71   84.498   6   333.114   23   1.427.188   1  
Madrid, Comunidad   15.747.426   74   470.984   2   5.113.034   24   21.331.444   12  
País Vasco   9.833.000   87   248.287   2   1.183.177   11   11.264.464   6  
Principado de Asturias  3.090.477   77   265.716   7   675.153   17   4.031.346   2  
Región de Murcia  3.645.529   69   195.729   4   1.405.254   27   5.246.512   3  
Valenciana, Comunitat  11.937.257   64   370.373   2   6.423.269   34   18.730.899   10  
Cd. A. de Ceuta  110.406   41   28.532   11   129.551   48   268.489   0  
Cd. A. de Melilla  98.716   39   32.332   13   123.379   48   254.427   0  
TOTAL 
129.175.505   70   12.152.939   7   43.684.503   24   185.012.947   100  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
(*) Dato de la CA*100/total de recursos CA 
(**) Total de CA*100/total de todas las CCAA 
Los recursos percibidos según Ley 22/2009 suponen para el conjunto de las CCAA el 70 % del 
total de la financiación. 
El importe más elevado de los mismos corresponde a la Tarifa Autonómica del IRPF con un 30 %, 
seguido en importancia por el IVA, con el 26 %, la participación en el rendimiento de los impuestos 
especiales de fabricación y de electricidad con un 11 % y los tributos cedidos con un 10 %. 
En el siguiente cuadro se desglosan los distintos tipos de recursos. 
 
%(**)  16 3 4 1 4 5 17 2 3 6 3 1 12 8 2 3 9 0 0  100 
Total  s €  4.167 2.534 1.211 8.076 4.904 8.959 0.384 5.272 3.980 1.792 1.839 9.576 7.426 3.000 0.477 5.529 7.257 0.406 8.716  75.50
e 9481328667204394319 1
mil 1.13.84.81.95.26.72.03.13.67.63.31.05.79.83.03.61.91 29.
2 2 1 1 1
Tributos Régimen Concertado y Otros recursos procedentes de la AGE  miles € % (*)  354.378 2 43.825 1 407.024 8 0 0 0 0 40.528 1 (46.960) (0) (31.840) (1) 3.663.980 100 0 0 0 0 (7.286)(1) 77.840 0 9.833.000 100 275.032 9 224.776 6 (91.200) (1) 110.406 100 62.724 64  14.916.2212 
Liquidación definitiva sistema financiación Ley 22/2009, ejercicio 2010  miles € % (*)  0 0 (1) (35.375) 0 0 (1) (19.116) 0 0 22 1.450.063 4 873.131 4 139.772 0 0 0 0 0 13.110 6 58.521 0 0 0 0 0 6.106 (1) (29.251) 0 0 0 0 0  2.456.961 2 
e cia  %(*)  2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 4 10 0 0   2 
Fondos donvergen miles €  506.865 96.921 0 49.867 0 0 0 0 0 236.909 633.596 0 0 0 0 160.614 160.100 0  844.872 
EY 22/2009  Fondo de Garantía De Servicios CPúblicos Fundamentales  miles € %(*)  4.559.431 22 106.954 3 2.590.087 53 (12.776) (1) 0 0 0 0 (1.091.24(5) 779.504 25 0 0 1.380.163 18 (169.057) (5) 53.398 5 (3.923.61(25) 0 0 79.875 3 672.406 18 1.029.300 9 1.0 0 0  5 6.054.420 2.s y de los OCEX 
   CUADRO 11 RECURSOS L Tributos Tarifa Fondo de Impuesto Valor Impuestos cedidos autonómica Suficiencia Añadido Especiales Comunidades (Art. 18.1 A) IRPF Global  miles € %(*) miles € % (*) miles € % (*) miles € % (*) miles € %(*)  Andalucía 2.222.947 10 5.009.357 24 5.730.978 27 2.470.043 12 340.168 2 Aragón 469.577 12 1.297.749 34 1.073.738 28 529.724 14 259.421 7 Canarias 451.706 9 1.314.483 27 0 0 75.915 2 41.996 1 Cantabria 202.094 11 510.195 27 516.095 27 213.810 11 457.907 24 Castilla-La Mancha 1.145.96453.003 9 22 1.427.300 27 781.470 15 1.427.164 27 Castilla y León 507.685 8 1.844.890 27 1.956.873 29 928.920 14 0 0 Cataluña 2.975.300 13 9.092.450 41 6.700.028 30 2.718.109 12 859.574 4 Extremadura 167.656 5 629.759 20 682.660 22 381.290 12 416.471 13 Foral de Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Galicia 560.812 7 2.130.721 28 2.003.251 26 860.538 11 499.398 7 Illes Balears 838.465 25 1.101.522 33 1.068.991 32 480.824 14 (645.612) (19) La Rioja 71.503 7 272.014 27 255.106 25 107.854 11 198.466 20 Madrid, Comunidad 2.274.363 14 9.892.989 63 6.538.967 42 1.599.712 10 (712.828) (5) País Vasco (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. de Asturias 243.684 8 966.146 31 810.261 26 372.426 12 336.947 11 Región de Murcia 287.292 8 948.198 26 1.003.383 28 564.395 15 (186.284) (5) Valenciana, Comunitat (1.331.001.664.255 14 3.968.372 33 3.842.518 32 1.694.912 14 (11) Cd. A. de Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cd. A. de Melilla  0  0  0  0 35.992 36  Total 13.390.3410 40.124.8131 33.610.1426 13.779.9411 1.997.780 2 Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuenta(*) Dato de la CA*100/total de recursos CA (**) Total de CA*100/total de todas las CCAA      
 
 
Los otros recursos percibidos representan el 7 % del total, un punto más que en 2016 y proceden 
fundamentalmente, de Fondos de la Unión Europea (55 %) y de Subvenciones y Convenios 
(42 %). Los Fondos de Compensación Interterritorial representan solo el 4% del total. 
CUADRO 12 OTROS RECURSOS 
 
Fondos de  Subvenciones, 
Unión 
Compensación     Convenios y  Total 
Europea 
Comunidades  Interterritorial     Otros    
%    %    %    %   
   miles €  (*)  miles €  (*)  miles €  (*)  miles €  (**) 
Andalucía  160.341  4  2.104.270  57  1.458.277  39  3.722.888  31 
Aragón  0  0  571.877  90  66.920  10  638.797  5 
Canarias  41.048  10  70  0  384.910  90  426.028  4 
Cantabria  4.373  5  12.162  14  69.538  81  86.073  1 
Castilla-La 
Mancha  24.729  2  895.233  78  230.484  20  1.150.446  9 
Castilla y León  13.302  1  1.097.751  94  51.729  4  1.162.782  10 
Cataluña  0  0  364.526  30  868.738  70  1.233.264  10 
Extremadura  31.801  3  720.866  71  255.881  25  1.008.548  8 
Foral de Navarra  0  0  17.842  9  170.877  91  188.719  2 
Galicia  47.103  6  437.195  57  276.300  36  760.598  6 
IIles Balears  0  0  1.844  2  76.501  98  78.345  1 
La Rioja  0  0  62.218  74  22.280  26  84.498  1 
Madrid  0  0  1.570  0  469.414  100  470.984  4 
País Vasco  0  0  90.600  36  157.687  64  248.287  2 
P. de Asturias  32.358  12  137.514  52  95.844  36  265.716  2 
Región de Murcia  15.006  8  64.354  33  116.369  59  195.729  2 
Valenciana  58.850  16  85.403  23  226.120  61  370.373  3 
Cd. A. de Ceuta  3.310  12  0  0  25.222  88  28.532  0 
Cd. A. de Melilla  2.480  8  181  1  29.671  92  32.332  0 
TOTAL 
434.701  4  6.665.476  55  5.052.762  42  12.152.939  100 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
(*) Dato de la CA*100/total de recursos CA 
(**) Total de CA*100/total de todas las CCAA 
Los recursos propios totalizan 43.684.503 miles de euros y representan el 24 % del total frente al 
26 % del 2016. Del total de recursos propios, el 84 % corresponde al endeudamiento, igual 
porcentaje que el del ejercicio precedente. El 7 % son ingresos tributarios y ascienden a 3.217.770 
miles de euros. 
 
  es
%   (**) 13  3  5  1  5  4  22  2  2  6  4  1  12  3  2  3  15  0  0   100  
Total  s € 13.520  14.362  14.464  82.509  48.564  71.096  09.324  53.190  75.534  53.632  62.377  33.114  13.034  83.177  75.153  05.254  23.269  29.551  23.379   84.503  
e8115074764531164411 6
mil5.1.2. 2.1.9. 2.1. 5.1. 1.6. 43.
%   (*) 10  3  2  3  2  3  6  4  16  3  5  3  7  11  9  4  5  0  6   6  
Otros  s € 0.210  7.103  0.305  5.156  0.361  3.586  2.795  7.984  8.422  7.659  5.276  0.167  6.767  6.509  1.621  6.441  5.850  618  7.904   4.734  
e13515572067152652 1
mil6 5 1 31 3 2.6
ales  %   (*) 0  1  0  1  1  2  1  2  2  0  1  0  3  0  2  1  0  3  2   1  X 
moni € 25  02  54  26  33  97  08  05  61  33  91  15  79  29  95  64  72  72  48   09  OCE
OS  Patri miles 27.811.73.58.023.828.665.511.910.67.110.11.0155.42.310.511.06.14.32.8 402.9e los 
S PROPI n de os  %   (*) 0  0  0  4  3  0  2  6  8  1  0  3  2  5  4  2  0  0  0   1  uentas y d
CURSO Prestacióservici miles € 0  3.740  451  22.469  64.064  2.056  200.030  41.479  51.223  28.477  327  10.483  104.028  60.100  25.095  29.047  95  0  142   643.306  unal de CCCAA 
CUADRO 13 RE Tributos propios  miles € %   (*) 220.328  4  76.588  7  1.294.894  61  37.112  6  45.002  2  159.933  9  159.443  2  112.775  15  7.220  1  142.631  6  149.441  10  18.278  5  121.600  2  19.192  2  27.465  4  54.365  4  371.547  6  99.561  77  100.395  81   3.217.770  7  en los informes del Trib*100/total de todas las 
s A
oC
nto  %   (*) 85  88  36  86  91  86  89  74  74  90  85  88  86  82  82  89  89  19  10   84  nsignadotal de 
Endeudamie miles € 4.955.157  985.229  765.260  499.746  1.865.304  1.526.824  8.411.548  559.047  498.008  2.207.732  1.327.142  293.171  4.375.160  975.047  550.377  1.254.337  5.719.605  25.000  12.090   36.805.784  e los datos coos CA.-  (**) T
ds
a partir de recur
      Comunidades  Andalucía Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Foral de Navarra Galicia IIles Balears La Rioja Madrid, Comunidad  País Vasco  Principado de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat  Cd. A. de Ceuta Cd. A. de Melilla  TOTAL  Fuente: elaboración propia (*) Dato de la CA*100/total  OE-A-2021-2808 able en https://www.boe.es
 
 
III.1.2. Situación Patrimonial 
Como se ha indicado con anterioridad, tan solo las Administraciones Generales de las CCAA de 
Andalucía, Illes Balears, La Rioja, la Comunidad de Madrid y el País Vasco han adaptado sus 
planes  de  contabilidad  autonómicos  al  nuevo  PGCP  del  Estado  aprobado  por  Orden 
EHA/1037/2010,  de  13  de  abril,  que  lo  configura  como  el  marco  contable  para  todas  las 
Administraciones públicas. Dicha adaptación se ha producido también respecto a sus entidades 
dependientes y universidades. 
Las administraciones de las 12 CCAA restantes siguen elaborando sus estados financieros con 
arreglo al antiguo Plan General de Contabilidad Pública del Estado de 6 de mayo de 1994, al no 
haber adaptado sus planes autonómicos al plan estatal de 2010. No obstante algunas entidades 
dependientes, como se analiza en otros apartados, sí han procedido a la debida adaptación. 
Por su parte, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla sí tienen adaptado su sistema de 
información contable a la última Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local del 20 de 
septiembre de 2013. 
En cuanto a la aplicación de los principios contables, se observan algunas incidencias como 
deficiencias en relación con el inmovilizado, derivadas fundamentalmente de la inexistencia de 
inventarios completos de bienes y derechos y de la falta de fiabilidad de los mismos por estar 
incompletos  y  faltos  de  valorar  y/o  la  falta  de  ajuste  al  PGCP  del  tratamiento  dado  a  las 
inversiones destinadas al uso general. 
III.1.2.1.  BALANCE 
Conforme a lo señalado anteriormente, en este ejercicio las Comunidades presentan dos tipos de 
estados financieros según hayan o no adaptado sus planes al nuevo PGCP estatal de 2010. 
De aquellos entes de los que se dispone información, 202 mantienen su contabilidad con arreglo 
al PGCP del Estado de 1994 y un total de 115 presentan nuevos estados financieros conforme al 
PGCP de 2010. 
Las cuentas anuales de las Administraciones Públicas de las que se dispone de información y 
mantienen el antiguo PGCP del Estado presentan unos totales de activo y pasivo de 138.285.273 
miles de euros, como se desprende del anexo II.1.1. 
Las cuentas anuales de las Administraciones Públicas de las que se dispone de información y se 
rigen por el nuevo plan de contabilidad (5 CCAA y las 2 Ciudades Autónomas, y diversos entes de 
las Comunidades Autónomas de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, y 
Principado de Asturias), presentan unos totales de activo y pasivo de 93.495.295 miles de euros, 
según se refleja en el anexo II.1.2. 
Los cuadros 14.1 y 14.2 exponen los datos agregados del balance de las Administraciones 
Públicas y su desglose por los distintos subsectores sujetos a PGCP de 1994 y al PGCP de 2010, 
respectivamente.  En  los  datos  correspondientes  a  Administraciones  Generales  figuran  los 
importes de las 19 Administraciones Generales y de los 21 OOAA y 4 entes públicos cuyas 
cuentas se encuentran integradas como secciones presupuestarias dentro de las Cuentas de las  es
distintas Administraciones Generales.  o
Epúnb elicl ocsu ayd 1r6o  O14O.A1 As.e  incluyen, en las 12 Administraciones Generales a que se refiere, 3 entes  2021-2808n https://ww
El Cuadro 14.2 en las 7 Administraciones Generales a que se refiere, incluye, además, datos de 6
OOAA. Bc
TOTAL A=P  112.875.846    11.974.318      5.437.713  355.624  7.641.772  138.285.273 
    CUADRO 14.1 MAGNITUDES AGREGADAS DE BALANCE. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PGCP 1994 (miles de euros)  A C T I V O   P A S I V O Nº de Administraciones Públicas   Acreedores Gastos a Fondos Entes Inmovilizado Circulante Provisiones distribuir propios   A largo plazo A corto plazo  Administración General 31 97.293.860 114.395 15.467.591  (102.893.988) 633.285 165.009.512 50.127.037  OO.AA. 78 6.579.472 126 5.394.720  8.145.557 41.787 149.532 3.637.442  Entes Públicos y Otras Ent. Públ. (PGCP) 44 3.902.587 41.244 1.493.882  2.376.121 301.459 454.943 2.305.190  Consorcios (PGCP) 25 243.630 --- 111.994  110.578 533 23.234 221.279  Universidades Públicas 24 5.986.488 2.475 1.652.809  5.649.829 151.104 567.361 1.273.478  TOTAL 114.006.037 158.240 24.120.996  (86.611.903) 1.128.168 166.204.582 57.564.426 202     Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX  Administración General lleva incluidos datos de 19 entidades.    CUADRO 14.2 MAGNITUDES AGREGADAS BALANCE. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PGCP 2010 (miles de euros)  A C T I V O   PASIVO Nº de PATRIMONIO TOTAL      Comunidades   No No Entes NETO A=P Corriente Corriente Corriente Corriente    Administración General 13 57.486.583 11.117.624  (25.520.766) 74.819.348 19.305.625 68.604.207  OO.AA. 25 3.517.982 1.171.274  3.046.448 1.164.301 478.507 4.689.256 Entes Públicos y Otras Ent. Públ. (PGCP) 20 5.669.714 1.349.961  4.556.446 580.857 1.882.372 7.019.675  Consorcios (PGCP) 33 429.140 317.572  708.408 14.057 24.247 746.712 Universidades Públicas 24 10.343.134 2.092.311  10.327.778 1.027.340 1.080.327 12.435.445  TOTAL 115 77.446.553 16.048.742  (6.881.686) 77.605.903 22.771.078 93.495.295    Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX Administración General lleva incluidos datos de 6 entidades   
 
 
A) INMOVILIZADO 
El valor del inmovilizado del conjunto de las Administraciones Públicas (anexo II.1.1) es de 
114.006.037 miles de euros, según figura en el cuadro 14, correspondiendo 97.293.860 miles de 
euros a las 12 Administraciones Generales y 19 entes incluidos en ellas que siguen aplicando el 
PGCP de 1994. 
El valor del activo no corriente del conjunto de las Administraciones Públicas (anexo II.1.2) es de 
77.446.553 miles de euros y el del activo corriente de 16.048.742 miles de euros según figura en 
el anterior cuadro, correspondiendo a las 7 Administraciones Generales y 6 entes incluidos en 
ellas que aplican el PGCP de 2010, un activo no corriente de 57.486.583 miles de euros y de 
activo corriente 11.117.624 miles de euros, que suponen el 71 % y 75 % respectivamente del total 
de las Administraciones Públicas. 
En la gestión de estos activos por las Administraciones Generales y OOAA, cabe destacar que, 
con carácter general, las CCAA no cuentan con inventarios de bienes y derechos completos y 
debidamente valorados y, en algunos casos, no hay concordancia entre los datos contables y los 
del inventario. 
En general, tampoco se han implantado subsistemas de gestión de inventario que permitan su 
correcta contabilización, y que reflejen las correcciones valorativas pertinentes, mediante las 
dotaciones de provisiones y de las amortizaciones correspondientes. 
Se señalan a continuación las características e incidencias más relevantes de cada una de las 
CCAA durante el ejercicio, con excepción de Aragón y Canarias, ya que el Informe de la Cuenta 
general de la CA no analiza de forma específica el área de inmovilizado de la Administración 
General, y de las CCAA de Castilla y León, Cataluña y la Comunidad de Madrid, por no 
presentar incidencias relevantes. 
En Andalucía, a diferencia de lo detectado en ejercicios anteriores, la información que recoge la 
contabilidad  patrimonial  no  presenta  diferencias  con  la  que  se  deduce  de  la  cuenta  del 
inmovilizado.  Este  hecho  se  debe  fundamentalmente  a  la  amortización  total  y  consiguiente 
cancelación en 2017 de determinados gastos recogidos en la contabilidad como inmovilizaciones 
intangibles y que provocaban discrepancias entre el grupo 2 del balance y los activos intangibles 
registrados en el inventario. Esta regularización ha supuesto imputar directamente a la cuenta de 
resultados económico-patrimonial un gasto en amortizaciones de 1.534.750 miles de euros. 
Sin embargo y a diferencia de lo realizado con otras inversiones financieras en patrimonio a largo 
plazo, en la cuenta de inmovilizado no se identifican las inversiones en el patrimonio de las 
agencias públicas empresariales recogidas en el balance. 
Por otra parte, la información que contiene el Inventario General de Bienes y Derechos que se 
encuentra en fase provisional, requiere una revisión, depuración y actualización que redunde en la 
integridad, exactitud y fiabilidad de los datos que contiene y por ende de la cuenta de inmovilizado. 
En Cantabria, como en ejercicios anteriores, la contabilización de las operaciones referentes al 
inmovilizado se ven afectadas por diversas deficiencias tales como realizar su registro según el 
criterio de caja, no dar el tratamiento previsto en el Plan General de Contabilidad Pública a las  s
inversiones destinadas al uso general en el momento de su entrega a dicho uso, no reflejarse la  e.
información sobre los bienes recibidos y entregados en adscripción o cesión y no ajustar la  w.
amortización de los elementos del inmovilizado inmaterial y material dados de baja.  08ww
En Castilla-La Mancha, en el ejercicio fiscalizado no existía aún vinculación entre la aplicación de
ilnovse rnetgairsiotr oys  lad ec olanst arbúiblirdicaads p daera i nlave tnottaarliiod ayd  lodse  sbaieldnoess ,c pornotadbulceisé nddeo slaes  acdueemntáass  ddifee rinemncoiavsili zeandtroe.   BOE-A-cable e
Además, se encuentran registrados elementos del inmovilizado sin valoración y no aparecen otros
 
 
 
que sí están contabilizados, existiendo, además, una falta de coincidencia entre las altas y bajas 
contabilizadas durante el ejercicio y los expedientes de variación del inventario tramitados en el 
mismo período. 
En Extremadura, como en ejercicios precedentes, las incorrecciones contables en relación con el 
registro del inmovilizado no financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la 
contabilización  de  los deudores  presupuestarios,  afectan  a  la  representatividad  de  las cifras 
registradas en el balance. No se ha llevado a cabo el desarrollo de la contabilidad patrimonial 
previsto por el artículo 27 del Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, que identifique individualmente los elementos patrimoniales y permita 
que las bajas y amortizaciones de los mismos se registren de forma individualizada. 
En  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  como  en  ejercicios  anteriores,  las  inversiones  en 
infraestructuras de uso o servicio público y las inmovilizaciones intangibles no se reflejan en el 
inmovilizado del balance, sino que se imputan a la cuenta del resultado económico en concepto de 
pérdidas del inmovilizado. Las inversiones en inmovilizaciones intangibles tampoco se recogen en 
el activo del balance como tal, sino que se imputan a la cuenta de resultado económico como 
pérdidas de inmovilizado inmaterial, habiendo ascendido en 2017 a 19.150 miles de euros. No se 
ha definido ni aplicado una política de amortizaciones para reflejar el deterioro de los bienes del 
inmovilizado. No consta en la Memoria de las Cuentas Generales información sobre el inventario 
de bienes y derechos, contrariamente a lo establecido en la Ley Foral de Hacienda Pública. 
En  Illes  Balears,  la  Administración  de  la  CA  no  ha  registrado  ningún  deterioro  de  sus 
inmovilizados no financieros a 31 de diciembre de 2017. No obstante, no se ha rendido a la 
Sindicatura el apoyo documental con las evaluaciones realizadas para justificar que el valor 
contable  de  cada  uno  los  elementos  del  inmovilizado  no  financiero  no  supera  su  importe 
recuperable y que no es necesario registrar ningún deterioro del inmovilizado material a 31 de 
diciembre de 2017, por lo que la Sindicatura no ha podido concluir sobre si hubiera sido necesario 
o no registrar un deterioro de algunos de los elementos o unidades de servicio minorando el 
importe del inmovilizado no financiero a 31 de diciembre de 2017 y los resultados no ordinarios del 
ejercicio 2017. 
En Galicia, el balance recoge un inmovilizado material que no concuerda con el inventario lo cual 
no solo afecta a la transparencia e imagen fiel exigibles a la actuación administrativa, sino que 
afecta  sensiblemente  al  buen  ejercicio  de  las  funciones  de  identificación,  gestión,  control, 
investigación y defensa del patrimonio público. Al igual que en informes anteriores, el Consejo 
insiste en la necesidad de que la Administración complete y actualice el inventario de modo que 
recoja la totalidad de los bienes y derechos que integran el inmovilizado de la CA, debidamente 
valorado y con la información exigida por la normativa. En relación con el reflejo del inmovilizado 
inmaterial en el inventario general, la descoordinación es manifiesta con respecto a los registros 
de la contabilidad financiera; en el inventario únicamente figura una relación de las patentes y 
marcas inventariadas por los diferentes departamentos autonómicos a finales del ejercicio 2017, 
sin que se incluya su valoración económica. 
En La Rioja, la Administración General de la Comunidad no ha determinado ni contabilizado la 
amortización y depreciación de los activos del inmovilizado, salvo para las construcciones. Se han 
detectado bienes cedidos por la Administración General de la Comunidad a terceros por valor de 
32.690  miles  de  euros  que  no  han  sido  objeto  de  adecuada  contabilización, encontrándose  s
sobrevalorados los resultados de ejercicios anteriores en dicho importe. Asimismo, tampoco han  oe.
sido registrados bienes transferidos por la Administración del Estado a la Comunidad por 42.927  w.
mEnil eesl  Pdea íesu Vroass,c qou, ec odmeboe enn in ecjreermciceinotsa ra nlat errúiobrreicsa,  deel  Bpaaltarinmcoen dioe  eSnit udaicchióon i mnop odritsep. one de un detalle  2021-2808n https://ww
individualizado de todos los bienes que componen una serie de partidas de inmovilizado, tales
como instalaciones técnicas, equipos informáticos, maquinaria, utillaje y mobiliario, aplicaciones  Bc
 
 
informáticas, etc. Los elementos se registran de forma agrupada por año de adquisición. El 
importe total registrado de esta forma asciende a 170.800 miles de euros. 
En el Principado de Asturias, en el ejercicio 2017 la Dirección General de Patrimonio continuó 
con el proceso de regularización del Inventario General de Bienes y de Derechos iniciado en 
ejercicios anteriores y cuyo objetivo era la actualización del mismo, habiéndose detectado las 
siguientes  incidencias:  A  31  de  diciembre  estaban  pendientes  de  inventariar  Inversiones 
destinadas al uso general e Inmovilizado material por importe de 44.095 miles de euros; no figuran 
valorados en el Inventario los elementos entregados en cesión cuyo saldo contable asciende a 
7.019 miles de euros. 
En la Región de Murcia, la ausencia de conteos y comprobaciones periódicas homogéneas de 
los bienes registrados en las cuentas de instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y 
otro inmovilizado de la Administración Regional, así como la falta de estudios y análisis sobre las 
correcciones valorativas por deterioro de dichos elementos, determina que no sea posible valorar 
la razonabilidad y representatividad de estos epígrafes del balance al 31 de diciembre de 2017. 
En la Comunitat Valenciana, la composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes 
del inmovilizado no financiero no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado 
al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables. La Dirección General 
del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, está llevando a cabo actuaciones dirigidas a 
la actualización del inventario de bienes inmuebles y derechos de la Generalitat, que una vez 
finalizadas, deberían conciliarse con los datos contables, a fin de obtener datos fiables de los 
elementos del inmovilizado actualmente existente y su adecuada valoración. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, siguen sin practicarse las dotaciones a la amortización de los 
elementos del inmovilizado material e inmaterial, como exigen los principios contables públicos y 
el Plan contable local, ni se han estimado provisiones por la depreciación de estos activos, lo que 
determina que el inmovilizado consignado en balance se encuentre sobrevalorado. La Ciudad no 
ha dado de alta en cuentas del inmovilizado material e inmaterial, los bienes recibidos de la 
Administración  General  del  Estado  en  los  diferentes  traspasos  de  competencias  recibidos. 
Tampoco se han contabilizado las enajenaciones de viviendas que en su día fueron transferidas 
por el Estado, ni aquellas otras promociones de viviendas llevadas a cabo por la Ciudad con 
financiación mayoritariamente estatal. No se han contabilizado los solares y terrenos integrantes 
del patrimonio municipal del suelo, a los que el nuevo Plan contable local dedica una rúbrica 
específica. Esta carencia es debida a que no se dispone de un inventario con todos los elementos 
que forman parte del citado patrimonio al no haberse establecido una delimitación técnica y 
jurídica de dichos bienes. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, no se realizaron los análisis oportunos para, en su caso, 
registrar las pérdidas por deterioro del inmovilizado previstas en la norma de registro y valoración 
1.8 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. El sistema de 
amortización del inmovilizado no tiene en cuenta los elementos que la componen ni su vida útil, 
limitándose a un cálculo global por epígrafes de inmovilizado. La baja de terrenos del inmovilizado 
material enajenados se contabiliza por el importe de los derechos reconocidos derivados de su 
venta, en lugar de por su valor contable, sin registrar, por tanto, pérdidas o beneficios por estas 
operaciones. La cuenta 250 “participaciones a largo plazo en entidades del grupo” únicamente 
recoge las inversiones en derechos sobre el patrimonio de las empresas públicas, sin que se  s
registren las correspondientes a las restantes entidades dependientes de la CA.  oe.
BLo) sD sEaUldDoOs RtoEtSal es de deudores, presupuestarios y extrapresupuestarios se recogen en el anexo  2021-2808n https://ww
IaIs.1c.i3e.n dEel  ima pfoinrt e daeg reejgearcdioc iod ea l o2s 0d.3e6u9d.o2r5e4s  dmeil elas s dAed meiunriosstr.a cLioonse sd eGuednoererasl esp redseu plause sCtaCrAioAs   BOE-A-cable e
representan el 68 % del total.
 
 
 
Se señalan a continuación las características e incidencias más relevantes de cada una de las 
CCAA durante el ejercicio, con excepción del País Vasco, ya que el Tribunal Vasco de Cuentas 
no efectúa en el ejercicio 2017 un análisis pormenorizado de este concepto. 
En Andalucía, en el ejercicio 2017, existen derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores 
de una antigüedad significativa, como reiteradamente ha señalado la Cámara de Cuentas en los 
informes de la Cuenta General. Así, los que datan de ejercicios anteriores a 2013, se cuantifican 
en 840.000 miles de euros. Todos ellos han disminuido con respecto a 2016. Si bien se observa 
un descenso generalizado, se insiste en la necesidad de continuar con la depuración de estos 
saldos, de manera que los que figuren registrados supongan realmente derechos a favor de la 
Hacienda Pública de Andalucía. 
En el ejercicio fiscalizado se ha mantenido el criterio de dotación de provisiones del ejercicio 2016 
basado  en  el  criterio  de  antigüedad  en  función  del  ejercicio  de  procedencia  del  derecho. 
Adicionalmente, al igual que en el ejercicio anterior, se ha considerado como dudoso cobro el 10 % 
de los derechos pendientes con antigüedad de un año en los capítulos I, II. La provisión asciende 
a 1.115,00 millones de euros, resultado de aplicar estos porcentajes a los derechos susceptibles 
de deterioro que son los pendientes de ejercicios anteriores con excepción de los relativos a los 
artículos 49 “Del exterior”, 79 “Del exterior”, 90 “Emisión de deuda pública” y 93 “Depósitos y 
fianzas recibidos”. 
En  Aragón,  los  saldos  deudores  de  los  capítulos  4  y  7  se  encuentran  sobrevalorados  en 
1.780.000 miles de euros. Estos saldos no deberían figurar en el Balance de Situación. La Cámara 
de Cuentas estima que la provisión por insolvencias de 213.073 miles de euros es suficiente para 
cubrir el 100 % de los saldos deudores de ejercicios cerrados y un 50 % de los saldos deudores 
del ejercicio corriente. 
En Canarias, los deudores presupuestarios ascendieron, al final del ejercicio 2017, a 626.642 
miles de euros, resultado de sumar los ingresos pendientes de cobro de ejercicios corriente y 
cerrado, una vez descontadas las anulaciones y las bajas por insolvencias u otras causas. 
Aunque  solo  se  realizó  el  9,2  %  de  los  derechos  provenientes  de  ejercicios  anteriores,  el 
pendiente de cobro procedente de ejercicios cerrados experimentó en 2017 una ligera reducción, 
no obstante, su cuantía, concentrada en los conceptos tributarios, continúa siendo considerable 
como consecuencia del incremento acumulado a lo largo de los años. 
En Cantabria, al cierre del ejercicio 2017, los deudores presupuestarios totalizaron 73.462 miles 
de euros, de los que 50.690 miles de euros correspondían a deudores procedentes de ejercicios 
anteriores. Los deudores del ejercicio corriente (22.772 miles de euros) representan el 1 % de los 
derechos reconocidos en 2017. 
En 2017 se produjeron rectificaciones del saldo entrante, con un aumento neto de 151 miles de 
euros, de los que 39 miles correspondían a reintegros y 52 miles a recargos y multas.  
Asimismo, se contabilizaron anulaciones de derechos de ejercicios cerrados por un importe total 
de 19.099 miles de euros, de los que 10.503 miles correspondían al Canon de Saneamiento y 
6.274 miles al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
Al cierre del ejercicio 2017, el importe de los derechos con fecha de contraído superior a los cuatro  e.
años (plazo de prescripción) ascendía a 23.567 miles de euros. Se han detectado derechos por  w.
importe de 519 miles de euros, recogidos en las correspondientes cuentas de deudores, que  08ww
phoadbreírasne  eanccreodnittraadrsoe n pinrgeusncrait oasc,t usaecgióúnn  sloo bdries plouse smtois meno se le anr tloícsu úlolt i1m7o dse a ñlao sL.e y de Finanzas, al no
En Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2017, los deudores presupuestarios totalizaban  BOE-A-cable e
280.319  miles  de  euros,  de  los  que  182.651  miles  de  euros  correspondían  a  deudores
 
 
procedentes  de  ejercicios  anteriores.  Los  del  ejercicio  corriente  (97.668  miles  de  euros) 
representaban el 1 % del total de derechos reconocidos en dicho año (2 % en 2016). 
Al inicio del ejercicio 2017 existían deudores presupuestarios pendientes de cobro procedentes de 
ejercicios  anteriores  con  antigüedad  superior  a  cuatro  ejercicios  (plazo  de  prescripción)  por 
importe de 62.423 miles de euros. Al cierre, el importe total de los deudores presupuestarios 
susceptibles de haber prescrito ascendía a 93.974 miles de euros (el 17 % procedía de la venta de 
viviendas  públicas).  En  particular,  se  observa  la  existencia  de  derechos  pendientes  con 
antigüedad  superior  a  diez  años  por  importe  de  15.765  miles  de  euros  y  que  permanecen 
contabilizados. La CA utiliza, como modo de provisión de los saldos de deudores, la alternativa de 
la estimación global de los riesgos existentes por fallido.  
En  Castilla  y  León,  la  relación  de  deudores  de  la  Administración  General  remitida  por  la 
Comunidad, por un total de 627.547 miles de euros es coincidente con el importe que aparece en 
el epígrafe “Deudores Presupuestarios” del Balance que figura en sus cuentas anuales. El importe 
de los deudores correspondientes al ejercicio 2017 asciende a 113.388 miles de euros, de los 
cuales  2.856  miles  de  euros  corresponden  al  concepto  presupuestario  3911  “Recargo  de 
Apremio”. Los deudores de ejercicios cerrados, abarcan de 2003 a 2016 y su importe asciende a 
514.159  miles  de  euros.  El  recargo  de  apremio  correspondiente  a  estos  ejercicios  figura 
acumulado en el ejercicio 2016 y asciende a 10.048 miles de euros. 
El detalle de deudores por presupuestos cerrados que se facilita en la Memoria por años de 
contracción, no refleja la realidad de la antigüedad de esos saldos, dado que las deudas que son 
objeto de gestión y contabilización figuran todas ellas acumuladas en el ejercicio anterior al de la 
Cuenta General, 2016. Se mantiene la deficiencia puesta de manifiesto en informes de años 
anteriores. Ello provoca que no se pueda realizar un adecuado seguimiento de las deudas de 
difícil cobro, y por tanto su consiguiente depuración.  
En Cataluña, el saldo a 31 de diciembre de 2017 del epígrafe Deudores no presupuestarios del 
Balance, por importe de 1.261.782 miles de euros, incluye, entre otros, 452.300 miles de euros 
pendientes de cobro del CatSalut y 752.890 miles de euros por el saldo deudor con la Dirección 
General del Tesoro por los importes consignados en el Banco de España en concepto de anticipo 
de financiación no dispuesta. Como en otros ejercicios, también se han incluido deudores a corto y 
a largo plazo por aplazamientos y fraccionamientos, que, presupuestariamente, y en la Cuenta de 
operaciones de la tesorería, no se registrarán hasta el vencimiento del derecho a cobrar. 
En Extremadura, el saldo final de los derechos pendientes de cobro ascendió a 271.826 miles de 
euros, lo que supone un incremento interanual del 46 %. Este aumento del importe pendiente se 
produjo tanto en relación con los derechos de presupuesto corriente, con un incremento de 32.655 
miles de euros, como en relación con los derechos procedentes de ejercicios cerrados, que se 
incrementaron en 53.388 miles. Respecto a estos últimos, se invierte la tendencia de reducción de 
ejercicios anteriores. El registro contable de los deudores presupuestarios presenta deficiencias y 
limitaciones que afectan a la representatividad de la correspondiente agrupación del balance e 
impiden el adecuado seguimiento y control contable de los mismos, que debe realizarse a través 
de mecanismos extracontables. 
Respecto a los deudores extrapresupuestarios, El saldo final conjunto ascendió a 48.545 miles de 
euros  lo  que  supone  una  reducción  interanual  del  36 %  que  es  debida  principalmente  a  la  s
corrección  de  errores  y  aplicación  en  2017  de  los  elevados  saldos  extrapresupuestarios  e.
pendientes de aplicación derivados de la instrumentación del FLA 2016.   w.
E29n8 l.a4 2C0o mmuilensid daed  Feuorroasl ,d (ep rNovaivsaiornraa,d oesl  seanld 5o1 d2e.3 d3e7u mdoilreess  dae  3e1u droes )d idceie mlobs rqeu dee  820041.775 a5s cmieilneds ed ea 
heau rodsis mcoinrrueisdpoo unnd e2n  %a  d(e1u3d.9o2re0s m pirleessu dpeu eesutaroriso)s; . dEels staacldao  lag lorebdaul cdcei ólons t adnetuod odree slo ps redseuupduoeressta crioons   BOE-A-cable e
aplazamiento como la de los de departamentos por un total de 73.780 miles de euros. La gestión
 
 
 
de la liquidación, recaudación y devolución de los tributos y de algunos otros ingresos de derecho 
público, tales como intereses y recargos, se realiza a través de la aplicación informática CAT-GT. 
Como viene insistiendo la Cámara en informes anteriores, la liquidación presupuestaria y el 
balance de situación no recogen correctamente toda la información tributaria de CAT-GT. Así, no 
se distingue entre deudores de ejercicios corrientes y cerrados, ni tampoco se anulan los derechos 
reconocidos correspondientes a los deudores a los que se concede aplazamiento de la deuda, 
contrariamente a los criterios establecidos en el PGCP vigente. 
Además, los deudores no se recogen en el balance conforme a la clasificación establecida en el 
PGCP, ni tampoco los intereses y recargos no liquidados y los cobros pendientes de aplicación 
que se descuentan del saldo de deudores y debieran registrarse en el pasivo del balance como 
ingresos anticipados y acreedores, respectivamente. 
En Galicia, los derechos pendientes de cobro experimentan un significativo aumento del 17,55 % 
con respecto al ejercicio anterior. Las mayores variaciones positivas se localizan en los derechos 
derivados de operaciones no presupuestarias (18,6 %) y de presupuestos cerrados (14,3 %). Los 
derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente alcanzan los 143.448 miles de euros. Su 
variación presenta un aumento del 9,9 % respecto del ejercicio anterior. El 59,8 % de este saldo 
está integrado por derechos pendientes de los capítulos de transferencias corrientes (29.770 miles 
de euros) y de capital (55.970 miles de euros). El importe de los derechos pendientes de cobro 
procedentes de operaciones no presupuestarias ascienden a 389.728 miles de euros, con un 
incremento con respecto al ejercicio anterior del 18,6 %. 
En  Illes  Balears,  los  deudores  presupuestarios  (786.306  miles  de  euros)  se  desglosan  en 
deudores  del  ejercicio  corriente  (70.237  miles  de  euros)  y  deudores  de  ejercicios  cerrados 
(716.069 miles de euros). El saldo de deudores presupuestarios incluye 582.654 miles de euros 
en concepto de derechos reconocidos, en el año 2004, por el déficit de financiación histórico de 
las competencias transferidas en materia de sanidad y de educación (disposición adicional cuarta 
de la Ley 7/2004). El Estado no ha reconocido esta deuda, por lo que dado el tiempo transcurrido, 
aunque  está  hecha  la  provisión,  este  importe  se  debería  dar  de  baja  de  los  deudores 
presupuestarios, ya que afecta el remanente de tesorería sin ajustar.  
El saldo de deudores por operaciones de gestión está minorado por una corrección por deterioro 
de los valores de los créditos correspondientes, que es de 646.405 miles de euros y pertenece a 
los  saldos  de  deudores  presupuestarios  con  antigüedad  superior  a  cuatro  años  (2013  y  
anteriores). Incluye, entre otros, un importe de 582.654 miles de euros, en concepto de déficit 
histórico  de  financiación,  y  122  miles  de  euros  referentes  al  impuesto  sobre  estancias  en 
empresas turísticas con origen en aquellos ejercicios. 
En La Rioja, las cuentas a cobrar de deudores presupuestarios presentaban, al cierre del ejercicio 
2017, un saldo de 46.897 miles de euros. El 36 % del saldo existente al 31 de diciembre de 2017 
correspondía a deudas con origen en el propio ejercicio y el resto a derechos pendientes de cobro 
de ejercicios cerrados, de los que un 31 % tenían una antigüedad superior a cuatro años, para los 
que la Administración de la Comunidad debería proceder a su depuración. En cuanto a su 
naturaleza económica, el 68 % de los importes a cobrar al cierre del ejercicio tenían su origen en 
deudas tributarias, y el 27 % en subvenciones de capital. Respecto a las subvenciones de capital 
destaca la deuda pendiente de cobro por fondos procedentes de la Unión Europea. 
La Administración Autonómica no ha dotado provisiones por insolvencia en las cuentas deudoras,  oe.
con el consiguiente efecto sobre el resultado económico-patrimonial de cada ejercicio, ni ha  w.
idrneucadoloirzpsaoocr icaóodnbo dr oee n slo oesbl  rdceeá erlcel ucimlhoop dsoe rptl eer endmdei ealonnstee ndste edr eedc ech ootebssr opo ereennrdí alioe lsna tsce isnm cdione o úcrlaoticbmirooon.s e Resej edsrepc eiclociotsos  s,a ae lldla go ersva oddleouu cmdióoenrde idose  dd leae    2021-2808n https://ww
cobro de estas cuentas se ha situado en unos porcentajes que oscilan entre el 4 % para las
deudas con cuatro años de antigüedad y el 98 % para los derechos de ejercicio corriente. Los  Bc
 
 
porcentajes de cobro señalados determinan la existencia, al 31 de diciembre de 2017, de unos 
derechos de difícil recaudación de, al menos, 22.042 miles de euros. 
El saldo de los deudores no presupuestarios al cierre del ejercicio 2016 se situó en 2.432 miles de 
euros. 
En la Comunidad de Madrid, el saldo final de los deudores por operaciones de gestión se 
distribuye entre deudores por operaciones de gestión del ejercicio corriente (279.157 miles de 
euros), deudores de presupuestos cerrados (1.266.392 miles de euros) y deudores a corto plazo 
aplazados o fraccionados (5.071 miles de euros). 
El  52  %  de  los  deudores  de  ejercicio  corriente  corresponden  a  impuestos,  destacando 
fundamentalmente el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones (76.546 miles de euros) y el de 
Transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados (45.311 y 9.649 miles de 
euros). El 25 % del saldo de deudores de presupuestos cerrados pertenece a impuestos directos, 
y el 28 % a indirectos. Se considera necesario depurar, al menos, las deudas tributarias del 
impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que 
proceden del traspaso efectuado en los ejercicios 1996 y 1997 por parte de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria.  A  31  de  diciembre  de  2017  existen  más  de  2.800  liquidaciones 
pendientes de cobro con una antigüedad de más de 20 años, por importe total de 21.864 miles de 
euros. 
En el Principado de Asturias, el saldo de los deudores presupuestarios asciende a 453.277 
miles de euros, de los que 120.340 miles de euros corresponden a derechos pendientes de cobro 
del presupuesto del ejercicio corriente y 332.937 miles de euros a los derechos pendientes de 
cobro de presupuestos de ejercicios cerrados. 
El importe de los deudores no presupuestarios del balance a 31 de diciembre de 2017 está 
formado por el saldo de las cuentas 441 “Deudores por provisiones de fondos a justificar” (26.778 
miles de euros), 443 “Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento” (20.068 miles 
de euros) y 449 “Otros deudores no presupuestarios” (4.610 miles de euros). Supone un total de 
51.455 miles de euros un aumento respecto a 2016 del 20 %. 
La CA tiene dotada una provisión por insolvencias a 31 de diciembre de 2017 por un importe de 
237.150 miles de euros. De acuerdo con la información reflejada en la Memoria, el criterio seguido 
para  la  dotación  de  la  misma,  consistió  en  provisionar  el  100  %  de  todos  aquellos  saldos 
pendientes de cobro correspondientes a derechos reconocidos con origen en el ejercicio 2012 y 
anteriores y un 3,5 % para los saldos pendientes de cobro correspondientes a los derechos 
reconocidos  en  los  ejercicios  2012  a  2016.  De  acuerdo  con  lo  establecido  la  provisión  por  
insolvencias se encuentra sobrevalorada en un importe de 166.052 miles de euros, ya que no 
debería incluir los derechos reconocidos en ejercicios anteriores en concepto de fondos mineros. 
En la Región de Murcia, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017 ascienden 
a  648.394  miles  de  euros,  de  los  cuales  509.594  miles  de  euros  corresponde  a  derechos 
reconocidos entre los ejercicios 1988-2016. Al igual que en el ejercicio precedente, las deudas 
suspendidas  de  ejercicios  cerrados,  corresponden,  fundamentalmente,  a  los  derechos 
reconocidos  en  2013  por  el  procedimiento  de  liquidación  de  la  deuda  de  la  Sociedad 
Concesionaria del Aeropuerto Internacional de Murcia con la CA, por las cantidades abonadas por  s
esta última en su condición de avalista del contrato de crédito sindicado suscrito en 2010 por la  oe.
sociedad para la financiación de la construcción de la infraestructura del Aeropuerto Internacional  w.
de la Región de Murcia, y que ascienden a 182.628 miles de euros.   08ww
El saldo global de los deudores extrapresupuestarios a cierre de 2017 importa 548.616 miles de
euros.
 
 
 
En la Comunitat Valenciana, el saldo a 31 de diciembre de 2017 de este epígrafe del balance 
asciende a 504.100 miles de euros. 
Los deudores presupuestarios importan un total de 682.642 miles de euros y agrupa los derechos 
reconocidos  de  presupuesto  corriente,  por  293.642  miles  de  euros,  y  los  derechos  de 
presupuestos cerrados, por 389.000 miles de euros. 
La  práctica  totalidad  del  saldo  de  deudores  no  presupuestarios  (47.100  miles  de  euros) 
comprende los saldos deudores por aplazamientos y fraccionamientos, por 46.900 miles de euros. 
El saldo de otros deudores asciende a 7.900 miles de euros, de los cuales 6.900 miles están 
registrados en la cuenta “Pagos pendientes de aplicación”.  
El saldo de la cuenta provisión para insolvencias, a 31 de diciembre de 2017, por 233.600 miles 
de euros, se ha visto incrementado de forma significativa con respecto al ejercicio anterior, en el 
que ascendía a 48.600 miles de euros, como consecuencia de una mejor estimación de los saldos 
de dudoso cobro. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, las deudas con origen en el ejercicio corriente representaban 
el  57  %  del  saldo  al  cierre  de  2017.  El  43  %  restante  del  saldo  correspondía  a  derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados, entre los que destacan aquellos con una antigüedad 
de más de cuatro años, con un porcentaje del 25 % sobre el total de los derechos pendientes de 
cobro, que deben ser objeto de depuración y regularización. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, el importe, a 31 de diciembre de 2017, de los deudores 
presupuestarios  asciende  a  67.217  miles  de  euros,  correspondiendo  a  los  procedentes  del 
ejercicio corriente 25.090 miles de euros y a los de ejercicios cerrados 42.127 miles de euros. El 
saldo de derechos pendientes de cobro se incrementó (32 %), pasando de 50.756 miles de euros 
el 1 de enero a 67.217 miles de euros al final de 2017. 
Respecto a los deudores procedentes de ejercicios anteriores, se interrumpe en 2017 la senda de 
incremento de los mismos iniciada en ejercicios previos. Por lo que se refiere a su recaudación en 
el ejercicio asciende a 5.615 miles de euros, un 11 % del saldo inicial, frente a los 8.507 miles 
(17 % del saldo inicial) del ejercicio 2016,   
Del saldo pendiente de cobro al cierre, un 39 % se concentra en los conceptos “Servicio de 
abastecimiento de aguas” (16.276 miles de euros) y “Deudas por IBI” (10.236 miles de euros). 
Estos importes suponen el 288 % y el 119 %, respectivamente, de la cuantía de los derechos 
reconocidos en el ejercicio por dichos conceptos (5.647 y 8.577 miles de euros). 
El saldo final de los deudores no presupuestarios ascendió a 1.208 miles de euros. De este 
importe, 1.205 miles de euros corresponden al concepto extrapresupuestario “Deudores Consorcio 
Melilla Puerto XXI”, que no ha experimentado movimientos en los últimos ejercicios, sin que se 
haya procedido a su depuración y, en su caso, regularización. 
C) TESORERÍA 
Los saldos iniciales agregados de las cuentas de tesorería de las Administraciones Generales de 
las CCAA figuran en el anexo II.1.4 y ascienden a 6.337.666 miles de euros. Durante 2017 se han  e.
efectuado cobros por 604.933.174 miles de euros y pagos por 603.170.844 miles de euros.  w.b
Eobl esdaeldcoe nf ian alal  ddiefe rteensocirae rdíae  sdael d2o0s 1e6n  nCoa nctoaibnrciaid. e con el saldo inicial de 2017. Las diferencias
Como resultado de las fiscalizaciones efectuadas, a continuación se exponen los aspectos más
relevantes de cada CA.
 
 
En Andalucía las existencias finales de Tesorería ascienden a 1.655.473 miles de euros. La Junta 
de Andalucía ha facilitado el registro de cuentas de la tesorería general a 31 de diciembre de 
2017;  no  obstante,  dicho  registro  no  se  encuentra  actualizado  y  depurado  ya  que  como 
consecuencia de las numerosas incoherencias y debilidades observadas tras la implantación de 
GIRO se hizo necesario un proceso de depuración que todavía no se ha culminado. Según este 
registro existen un total de 5.136 cuentas autorizadas a 31 de diciembre de 2017 
En Aragón, la Cámara de Cuentas ha circularizado a todas las entidades financieras con las que, 
según  las  relaciones  certificadas  suministradas  por  la  Dirección  General  de  Presupuestos 
Financiación y Tesorería y los responsables de los organismos, los entes del sector público 
autonómico objeto de esta fiscalización han mantenido saldos durante el ejercicio 2017. No 
obstante:  cuatro  entidades  financieras  no  han  respondido  a  las  solicitudes  de  información 
afectando a los saldos de tesorería del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Las confirmaciones de varias entidades financieras 
son incompletas ya que no incluyen la totalidad de las cuentas corrientes de titularidad de los 
entes fiscalizados. Este último hecho ha afectado a 11 cuentas corrientes de la Administración de 
la CA, con un saldo contable de 2.140 miles de euros. Como procedimiento alternativo, se han 
obtenido del Servicio de Tesorería de la CA los certificados bancarios de los saldos al 31 de 
diciembre  de  2017  utilizados  para  realizar  las  conciliaciones  bancarias.  Si  bien  de  las 
conciliaciones así realizadas no se han deducido incidencias significativas, este procedimiento no 
permite detectar la posible existencia de cuentas no contabilizadas por los entes. 
En Canarias, la tesorería al final del ejercicio era de 793.306 miles de euros, de modo que si se 
hicieran efectivos todos los pagos que quedaron pendientes (1.003.500 miles de euros), no se 
dispondría de existencias líquidas por valor de 210.200 miles de euros, siendo éste el peor de los 
escenarios posibles, ya que la Administración también tiene un pendiente de cobro de 626.600 
miles de euros, cuya realización compensaría positivamente el saldo anterior. 
En Cantabria, la tesorería al cierre del ejercicio 2017 representa el 77 % del activo circulante, 
once  puntos  porcentuales  más  que  en  2016.  En  el  ejercicio  fiscalizado  el  capital  circulante 
continúa siendo negativo por un importe de 213.847 miles de euros (232.381 miles en 2016), por 
lo que la disponibilidad de la tesorería queda condicionada por los pasivos corrientes o a corto 
plazo, imposibilitando la realización de operaciones de adquisición temporal de activos financieros 
a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Hacienda. 
Ni  el  Estado  de  Tesorería  ni  el  Balance  incluían  el  saldo  correspondiente  a  las  cuentas 
restringidas de recaudación (que deberían quedar recogidas en la cuenta 573 del PGCP y en el 
Estado de la Tesorería). Los fondos de estas cuentas solo tuvieron reflejo contable en el momento 
en que por el procedimiento interno establecido pasaron a la cuenta general de ingresos. 
En Castilla-La Mancha, el saldo de tesorería, 219.874 miles de euros, ha disminuido un 12 % 
desde el ejercicio anterior. Los saldos de las diversas cuentas han descendido respecto del 
ejercicio anterior (cuentas operativas un 12 %, restringidas de recaudación un 14 % y restringidas 
de pagos un 20 %). El importe de tesorería representa un 43 % del activo a corto plazo que figura 
en balance, frente al 39 % del ejercicio anterior. El capital circulante presenta un importe negativo, 
por 2.270.075 miles de euros (deteriorándose respecto de 2016, cuando su importe negativo era 
de  2.212.923  miles  de  euros),  por  lo  que  la  disponibilidad  de  la  tesorería  es  coyuntural, 
condicionada al pago de deudas e imposibilitando su inversión temporal. El capital circulante  s
negativo representa un desequilibrio financiero que muestra el riesgo a la hora de atender los  oe.
pagos a corto plazo de la CA.  w.
 
 
 
En Castilla y León, la tesorería registrada en el balance de la Administración General sigue sin 
recoger los saldos de todas las cuentas certificadas por la Comunidad. Así, el Consejo de Cuentas 
ha comparado el importe del epígrafe de Tesorería del Balance de Situación a 31 de diciembre de 
2017 (531.054 miles de euros) con el importe que figura en el Estado de la Tesorería (528.057 
miles de euros). La diferencia coincide con el saldo de la cuenta 57500000 “Bancos e instituciones 
de crédito. Cuentas restringidas de pagos” donde se contabilizan las dotaciones de los Anticipos 
de Caja Fija, que figura en el Balance pero no está recogida en el Estado de Tesorería. 
Se solicitó a la Comunidad relación certificada de los saldos contables de todas las cuentas 
bancarias operativas durante el ejercicio 2017 cuya titularidad correspondiera a la Administración 
General de la Comunidad. Entre los saldos contables de las cuentas que figuran en la relación 
certificada por la Tesorería General y los datos del Balance de Situación a 31 de diciembre de 
2017 existe una diferencia de 53.272 miles de euros. 
En Cataluña, el saldo de la cuenta general de tesorería asciende a cierre del ejercicio 2017 a 
1.066.951 miles de euros. No figuran los importes correspondientes a las cuentas restringidas 
abiertas por los departamentos de la Generalitat para recaudar tasas. La recaudación de las tasas 
y  los  intereses  de  estas  cuentas  se  imputan  al  presupuesto  de  ingresos  a  medida  que  se 
traspasan mensualmente a la Tesorería General. Tampoco figuran las entregas de fondos a 
justificar (fondo de maniobra), que estaban bajo el control de la Intervención Delegada, con un 
saldo de 3.590 miles de euros al cierre del ejercicio 2017 y que continuaban incluidos como 
deudores extrapresupuestarios dentro del Cuenta de operaciones de la tesorería. A efectos de 
Balance, las entregas de fondos a justificar fueron reclasificados como tesorería. 
En Extremadura, el flujo neto de tesorería generado en el ejercicio fiscalizado resultó positivo por 
importe de 29.550 miles de euros, lo que determina un saldo final de 120.035 miles de euros. 
Dicho incremento es debido al flujo positivo obtenido en las operaciones de presupuesto corriente, 
337.148 miles de euros, que supera los flujos negativos derivados del presupuesto cerrado y de 
las operaciones extrapresupuestarias (303.314 miles y 4.284 miles, respectivamente). La ratio de 
liquidez (tesorería/acreedores a corto plazo), se incrementó en cuatro puntos porcentual en 2017, 
hasta alcanzar el 15 %. 
Como en ejercicios precedentes, pese a la previsión del PGCP, no se ha habilitado la cuenta 570 
“Caja” para registrar los saldos de pequeño importe mantenidos en las cajas de las distintas 
Consejerías, integrándose los mismos de forma indiscriminada junto con el de las restringidas de 
pagos que conforman el saldo de la cuenta (575) “Bancos e instituciones de crédito, cuentas 
restringidas de pagos”. 
En la Comunidad Foral de Navarra, la tesorería existente a 31 de diciembre de 2017 asciende a 
490.173 miles de euros más debido al incremento de las cuentas financieras de inversión en un 
374 por ciento por la subida en la recaudación y a la determinación de la aportación del Convenio 
Económico. Los anteriores fondos han generado unos intereses de 198.111 euros, frente a los 
15.823 euros de 2016. 
En 2017 se concertaron un total de 400.000 miles de euros en créditos para hacer frente a 
necesidades de tesorería a corto plazo, siendo el importe máximo dispuesto 350.000 miles de 
euros  en  enero.  El  coste  financiero  de  estas  operaciones  ascendió  a  27.165  euros,  cifra 
significativamente baja debido a los valores que alcanzó el Euribor que llegaron a ser negativos.  s
En Galicia, los fondos líquidos de tesorería presentan un importe de 280.445 miles de euros, un  w.
descenso respecto al ejercicio anterior de 63.620 miles de euros, lo que representa una variación  08ww
negativa de un 18,5 %.
Ecol rrCeosnpsoenjdoi evneterisfi caó l olsa  1f2o rcmeanctrioósn  cdoen talab leCsu eexnitsat ednete sT, eassoí rceoríma om lae dcoiahnetere nlac iaa gdree gloasc sióanld odse  qluaes   BOE-A-cable e
la integran con los que figuran en los estados de la Cuenta General. Sin embargo, existe una
 
 
diferencia de 70 miles de euros entre el saldo que refleja la Cuenta de Tesorería y el registrado en 
el subgrupo 57 del balance de situación a 31 de diciembre de 2017. Esta diferencia procede de la 
aplicación 332001 Remesas de efectivo recibidas entre Delegaciones de Hacienda y la Dirección 
General  de  Política  Financiera  y  Tesoro,  que  origina  un  saldo  acreedor  en  la  cuenta  578 
Movimientos internos de tesorería. 
En Illes Balears, la cuenta general de tesorería del balance de situación presenta, a 31 de 
diciembre de 2017, un saldo total de 307.896 miles de euros. 
La CA no registra en la tesorería del balance de situación las cuentas de pagos para justificar, los 
de cobros para justificar, las cuentas de gestión de centros docentes públicos no universitarios ni 
las cuentas restringidas de ingreso. En este sentido, hay 5 cuentas bancarias de cobros para 
justificar, con un saldo de 481 miles de euros; 362 cuentas bancarias de gestión de centros 
docentes públicos no universitarios, con un saldo de 20.884 miles de euros, y 57 miles de euros a 
las cajas de los mismos centros docentes, ahora bien la Cuenta general sí contiene información 
sobre estas cuentas y los saldos correspondientes. Además, hay 21 cuentas restringidas de 
ingreso, con un saldo al cierre de 12.588 miles de euros, la titularidad de las cuales corresponde a 
la CA y 17 cuentas bancarias de pagos a justificar con un saldo a cierre del ejercicio de 7 miles de 
euros que no figuran registrados en el balance 2017. Por lo tanto, el importe total depositado en 
cuentas corrientes no contabilizadas es de 33.961 miles de euros al cierre del ejercicio 2017. 
En La Rioja, el saldo de las cuentas de tesorería del balance de situación de la Administración 
General de la Comunidad al cierre del ejercicio 2017 asciende a 64.632 miles de euros. 
De acuerdo con la información obtenida en la fiscalización, al cierre del ejercicio 2017 no ha tenido 
el adecuado reflejo contable en rúbricas de tesorería de la Administración de la Comunidad el 
efectivo situado en 116 cuentas restringidas de recaudación y en 16 cuentas bancarias de fondos 
a justificar, cuyo saldo conjunto ascendía a 4 y 12 miles de euros, respectivamente. Este saldo 
correspondía principalmente a devoluciones de nóminas de servicios sociales por 13 miles de 
euros, así como a los libramientos de fondos para la gestión del telepeaje del mes de diciembre de 
2017 utilizado por el parque móvil, por importe de 3 miles de euros. Respecto a las cuentas de 
anticipos de caja fija, la Comunidad no ha facilitado las correspondientes conciliaciones bancarias. 
De las 16 cuentas de anticipos de caja fija, una presenta diferencias entre el saldo contable y el 
saldo bancario, siendo el primero superior al saldo bancario total en 2 miles de euros. 
En la Comunidad de Madrid, la Administración de la Comunidad utiliza para su funcionamiento 6 
tipos de cuentas bancarias: cuentas operativas, restringidas de pagos (clasificadas en cuentas de 
anticipos de caja fija y de pagos a justificar), restringidas de recaudación, cuentas financieras, 
auxiliares de educación y otras cuentas. 
A 31 de diciembre de 2017 el saldo negativo de tesorería reflejado en balance era de 227.660 
miles de euros, el número de cuentas operativas es de 41, con un saldo contable negativo de 
237.116 miles de euros. El saldo contable de las cuentas restringidas de pagos a fin de ejercicio 
asciende a 9.422 miles de euros (4.658 de pagos a justificar y 4.764 de anticipos de caja fija). 
En el País Vasco, a 31 de diciembre de 2017, el número de cuentas de las que dispone la 
Administración es de 128, con un saldo final de 912.455 miles de euros. Además existen 987 
cuentas autorizadas correspondientes a los distintos centros educativos en régimen de autonomía  s
financiera y 36 cuentas de servicios periféricos de educación. El saldo medio de las cuentas  oe.
centrales del Gobierno Vasco ha sido de 999.100 miles de euros y es superior en 580.700 miles  w.
de euros al existente en el ejercicio 2016.  08ww
En el Principado de Asturias, a 31 de diciembre de 2017, la tesorería de la Administración
oppreesreantitvaabsa.   un  saldo  de  67.886  miles  de  euros  correspondiente  a  un  total  de  115  cuentas  BOE-A-cable e
 
 
 
Además de las cuentas anteriores, la Administración utilizó durante el ejercicio para su gestión 
cuentas bancarias que no figuran contabilizadas en el balance a 31 de diciembre de 2017. En 
concreto: 19 cuentas restringidas de ingresos, 8 cuentas de recaudación (periódicamente el saldo 
de dichas cuentas es traspasado a una de las cuentas corrientes de la Administración. A 31 de 
diciembre  de  2017  ha  quedado  pendiente  de  traspasar  el  saldo  de  tres  cuentas,  dos  de 
recaudación y una restringida de ingresos, por un total de 20 miles de euros por lo que el saldo de 
la tesorería en balance está infravalorado en dicho importe) y 13 cuentas de fondos a justificar que 
se utilizan para gestionar los fondos librados por las distintas consejerías a las cajas pagadoras 
con el carácter de “pagos a justificar”. Su saldo a 31 de diciembre de 2017 era de 319 miles de 
euros, por lo que la tesorería de la Administración se encuentra infravalorada en dicho importe. 
En la Región de Murcia, el saldo de tesorería del balance de situación de la Administración 
General de la Comunidad, a 31 de diciembre de 2017, ascendía a 135.702 miles de euros, lo que 
supone un decremento del 26 % respecto del saldo total del ejercicio anterior, disminución que se 
situaría en el 30 % si no se considera el saldo de las cuentas de los centros docentes, que 
corresponden a pagos en firme que tienen en contabilidad su correlativa cuenta acreedora por 
idéntico importe.  
En el ejercicio 2017 la Administración Regional ordenó la cancelación de 6 cuentas y la apertura 
de otras 7. Entre las cuentas existentes se encuentran, al igual que en ejercicios precedentes, las 
14 cuentas restringidas de pago abiertas al amparo del RDL 4/2013 y del Acuerdo 6/2012, de 6 de 
marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se fijan las líneas generales del 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores. 
En  la  Comunitat  Valenciana,  la  Sindicatura  ha  solicitado  a  las  entidades  financieras  la 
confirmación directa de los saldos existentes a 31 de diciembre de 2017, así como de las firmas 
autorizadas para la disposición de fondos y otra información relevante para la fiscalización. De las 
respuestas recibidas se constata que existen cuentas con personas autorizadas por razón de su 
cargo, que no deberían seguir estando autorizadas a diciembre de 2017, por lo que se recomienda 
revisar  los  procedimientos  de  autorización  de  cuentas  y  la  actualización  de  las  personas 
autorizadas. Además, no se ha recibido respuesta a varias solicitudes de confirmación de saldos 
de diversas entidades bancarias con las que se han realizado operaciones de préstamos, avales, 
derivados y deuda. Cabe añadir que la mayor parte de las entidades financieras no confirman los 
saldos de los avales. 
La tesorería asciende a 767.349 miles de euros, habiendo incrementado un 104,7 %, con respecto 
al ejercicio anterior. Este incremento, cuantificado en 392.578 miles de euros, representa un flujo 
neto de tesorería positivo, al resultar los cobros superiores a los pagos. 
Las operaciones de tesorería a corto plazo, al cierre de 2017, muestran un saldo de 182.800 miles 
de euros. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, el saldo de la cuenta de tesorería del balance de situación de 
la Administración de la Ciudad ascendía, 31 de diciembre de 2017, a un importe de 8.001 miles de 
euros. La Ciudad disponía de dos cuentas restringidas de recaudación y de 14 cuentas operativas, 
además del saldo en caja. El número de cuentas operativas parece excesivo, toda vez de que hay 
solo 9 entidades bancarias con sede en la Ciudad de Ceuta. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, el saldo de tesorería de la CA de Melilla al cierre del ejercicio  oe.
2017 ascendía a 22.884 miles de euros, un 23 % inferior al obtenido al cierre del ejercicio  w.
precedente (29.701 miles de euros).  08ww
En 2017 el número de cuentas se redujo al cancelarse una cuenta restringida de recaudación.
 
 
D) ACREEDORES 
El saldo final agregado de las cuentas de acreedores de las Administraciones Generales (anexo 
II.1.5) asciende a 32.689.131 miles de euros. El 23,7 % del total corresponde a La Comunitat 
Valenciana (7.744.446 miles de euros). Andalucía y Cataluña con 9.233.569 miles de euros 
representan conjuntamente el 28,4 %, con 3.826.972 (11,8 %) y 5.406.597 (17 %) miles de euros, 
respectivamente.  
Del total de acreedores, 14.607.400 miles de euros son acreedores presupuestarios y 18.081.731 
miles de euros son acreedores no presupuestarios. 
Del análisis de estos pasivos en los ejercicios fiscalizados destaca lo siguiente, fundamentalmente 
respecto de las operaciones pendientes de aplicación, dada su transcendencia a efectos del 
cómputo de la variación de los mismos en la necesidad de financiación, con excepción de Castilla 
y León ya que el Consejo de Cuentas no discrimina en el análisis efectuado de este aspecto el 
correspondiente a la Administración General respecto al conjunto de entidades agregadas del 
balance y de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco pues la Cámara y el Tribunal no 
analizan de forma específica esta materia. 
En Andalucía, el saldo de acreedores presenta un saldo final de 2.206.332 miles de euros, 
resultando el saldo final de las obligaciones de ejercicios anteriores a 2017 de 1.016.299 miles de 
euros concentrándose el 24,5 % en el capítulo de transferencias de capital y el 67,8 % en activos 
financieros. 
Los saldos de acreedores extrapresupuestarios a fin de ejercicio ascendían a 1.620.640 miles de 
euros. Siguiendo la recomendación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en 2017 se ha 
procedido  a  regularizar  su  contabilización,  cancelando  los  saldos  de  las  cuentas 
extrapresupuestarias y aplicando el resto al presupuesto de ingresos. Por tanto ha disminuido su 
saldo respecto a 2016 en un 29 %. 
En Aragón, el saldo de acreedores presupuestarios de la Administración General ascendía a 
914.334 miles de euros. Siguen siendo los principales saldos acreedores los constituidos por el 
pendiente de pago a sus entidades dependientes por transferencias corrientes y de capital, que 
han pasado de 591.000 miles de euros a 31/12/2016 a 720.000 miles de euros a 31/12/2017. 
Los saldos proceden por antigüedad, 736 miles de euros del ejercicio 2017 y 165.334 miles de 
euros de ejercicios anteriores. 
En Canarias, al final de 2017 el importe de los acreedores presupuestarios es de 1.003.500 miles 
de euros, que incluye los gastos pendientes de pago contabilizados en el presupuesto de los 
ejercicios corrientes y cerrados al cierre de ejercicio. De ellos corresponden 888,600 miles de 
euros al ejercicio 2017. De ejercicios anteriores quedan pendientes de pago 114.900 miles de 
euros, que corresponden, casi en su totalidad a los ejercicios 2015 y 2016, y son pagos a OOAA y 
Empresas Públicas. 
En Cantabria, los acreedores presupuestarios al cierre de 2017 ascendían a 264.014 miles de 
euros, un 34 % menos que en 2016. A 31 de diciembre del ejercicio fiscalizado, 219.148 miles de 
euros correspondían a obligaciones reconocidas en dicho ejercicio y 44.866 miles a ejercicios  s
anteriores. También se incluyen entre los citados acreedores presupuestarios” 21 miles de la  e.
cuenta 408 “acreedores por devolución de ingresos” mientras que la cuenta 409 “acreedores por  w.
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” tiene saldo cero debido a la entrada en vigor en  08ww
eCla enjtearbcriicaio.  2017 de la Orden HAC/46/2017, de 5 de octubre, por la que se modifica el PGC de
 
 
 
En Castilla-La Mancha, el saldo de los acreedores presupuestarios no financieros, ascendía a 
105.335  miles  de  euros,  de  los  que  82.619  miles  de  euros  procedían  de  la  ejecución  del 
presupuesto corriente y el resto de ejercicios cerrados. 
Al igual que en ejercicios precedentes, los acreedores presupuestarios procedentes de ejercicios 
cerrados no se contabilizaban en la cuenta habilitada al efecto por el PGCP (401), registrándose 
indistintamente, de forma indebida, con los del ejercicio corriente en la cuenta 400. En 2017 se 
mantiene la tendencia iniciada en 2012 de reducción de los acreedores no financieros, motivada 
en gran parte por la adhesión de la CA a los mecanismos extraordinarios de financiación que han 
supuesto la transformación de la deuda con proveedores en deuda financiera. En lo referente a la 
cuenta 409, se ha producido una disminución de su saldo del 26 %(5.434 miles de euros), al cierre 
del ejercicio. Del gasto pendiente de aplicar (15.389 miles), el 98 % se había generado en 2017. 
Cataluña tenía a finales del 2017 un saldo final de acreedores presupuestarios de 1.953.222 miles 
de euros, de los cuales 1.736.600 miles de euros corresponden al ejercicio corriente. 
La parte de gasto devengado durante el ejercicio 2017 no contabilizado en el presupuesto del 
ejercicio fue de 489.350 miles de euros. Una parte de este gasto estaba devengado y no vencido y 
la otra, devengado y vencido; por lo tanto, se incumplieron los artículos 28.b y 35 de la Ley de 
finanzas.  
En  Extremadura,  el  saldo  final  de  los  acreedores  presupuestarios  no  financieros  de  la 
Administración ascendió a 287.917 miles de euros, lo que supone una reducción interanual del 
14  %,  de  los  que  tan  solo  2.472  miles  proceden  de  obligaciones reconocidas  en  ejercicios 
precedentes (2015 y 2016).  
El saldo final de los acreedores no presupuestarios asciende a 101.126 miles de euros, con una 
reducción interanual de 31.661 miles de euros. En 2017 continúa el proceso de depuración y 
regularización de los saldos antiguos  
En Galicia, el saldo de los acreedores presupuestarios asciende a 781.400 miles de euros, de los 
cuales 699.910 miles de euros proceden del ejercicio corriente, 81.490 miles de euros proceden 
de ejercicios cerrados y 221.460 miles de euros derivan de operaciones no presupuestarias. 
Respecto de este saldo pendiente del ejercicio corriente, destaca con un 50,7 % (354.710 miles de 
euros) el capítulo de transferencias corrientes; con un 37,4 % (261.750 miles de euros) el capítulo 
de transferencias de capital; y el capítulo de gastos corrientes absorbe un 4,8 %, con 35.510 
millones de euros. 
En Illes Balears, los acreedores presupuestarios no financieros presentaban a 31 de diciembre de 
2017, un saldo de 669.129 miles de euros. El importe total de los acreedores de ejercicios 
cerrados ascendía a 48.658 miles de euros, de los cuales el 6 % correspondían a empresas y 
entes públicos dependientes de la CA, en concepto de transferencias corrientes o de capital o por 
prestación de servicios.  
En La Rioja, el importe total pendiente de pago al cierre del ejercicio fiscalizado ascendía a 
207.169  miles  de  euros,  de  los  que  131.657  miles  de  euros  correspondían  a  obligaciones 
reconocidas en el ejercicio corriente y el saldo restante procedía de ejercicios anteriores. Las  s
obligaciones pendientes de pago tienen su origen principalmente en las transferencias de capital  e.
destinadas  a  la  financiación  de  la  actividad  subvencionadora  de  la  Agencia  de  Desarrollo  w.
Económico de La Rioja.  08ww
En el análisis realizado se ha verificado que, a 31 de diciembre de 2017 la CA no había registrado
emne neossta,  1c.3u0e4n tam iolebsli gdaec ieounreoss , dqeuvee nrgeaspdoans deíann  eplr ienjceiprcaiclmioe n2t0e1 a7  fya catunrtaesri odree sg, ausnto sim spaonrittea ridoes,  dael   BOE-A-cable e
naturaleza corriente que tuvieron entrada con posterioridad a la fecha de cierre del registro
 
 
contable de facturas y por tanto fueron contabilizadas en el ejercicio siguiente. Por otro lado, la 
Comunidad no ha registrado en el balance la deuda contraída con la Administración General del 
Estado  como  consecuencia  de  las  liquidaciones  negativas  del  sistema  de  financiación 
correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, cuyo importe ascendía al cierre del ejercicio 2017 a 
138.368 miles de euros. 
En  la  Comunidad  de  Madrid,  los  acreedores  presupuestarios  por  operaciones  de  gestión, 
ascienden,  a  final  de  ejercicio  a  347.377  miles  de  euros.  Considerando  los  acreedores 
presupuestarios de forma agregada, ascienden, a final de ejercicio a 498.018 miles de euros 
(497.966 miles del ejercicio corriente y 52 miles de presupuestos cerrados), frente a los 887.495 
miles de euros del ejercicio anterior. El saldo de operaciones no presupuestarias asciende a 
1.667.431 miles de euros. 
Las provisiones presentan un saldo a final de ejercicio de 115.527 miles de euros frente a los 
74.283 miles de euros del ejercicio anterior. El 98 % del importe dotado en 2017 corresponde a 
procedimientos  judiciales  con  las  Universidades  de  Madrid  por  planes  de  inversión,  que  se 
consideró pasivo contingente en el ejercicio 2016. 
En el Principado de Asturias, a fin de ejercicio 2017, el saldo de los acreedores presupuestarios 
asciende a 434.947 miles de euros y el de no presupuestarios a 114.269 miles de euros. De 
acuerdo con la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio corriente el importe los capítulos 
4 y 7 son los que presentan un mayor importe de obligaciones reconocidas pendientes de pago 
(un 76,3 %). Se aprecia que, al igual que los acreedores por presupuesto de gastos corriente, los 
acreedores de presupuestos cerrados proceden en su mayor parte (96,7 %), de los capítulos 4 y 
7.  Sería  recomendable  que  las  obligaciones  pendientes  de  pago  de  los  ejercicios  2013  y 
anteriores, por su antigüedad, se analicen para determinar si es necesario darlas de baja por 
prescripción. 
En la Región de Murcia, a 31 de diciembre de 2017, el saldo de las cuentas de acreedores 
presupuestarios, no financieros, pendientes de pago asciende a 332.039 miles de euros. En el 
ejercicio fiscalizado el índice de cumplimiento del pago de las obligaciones reconocidas se ha 
situado ligeramente por debajo del 95 % de media, como consecuencia de un nivel bajo de 
cumplimiento en las inversiones reales (65 %) y en gastos corrientes en bienes y servicios (78 %). 
Al cierre del ejercicio 2017, la Administración autonómica mantenía pendientes de contabilización 
las obligaciones por transferencias correspondientes al déficit acumulado del Servicio Murciano de 
Salud, sin cobertura financiera a dicha fecha por la CA, cuyo importe ascendía a 1.130.717 miles 
de euros.  
Los acreedores extrapresupuestarios, que figuran en la memoria de la Cuenta General 2017 de la 
Región de Murcia, tuvieron un saldo total a 31 de diciembre de 377.161 miles de euros. El importe 
consignado en el citado anexo no es coincidente con los acreedores no presupuestarios de 
balance, debido a que, por un lado, en el anexo se recogen cuentas del grupo 40, por un importe 
global  de  18.094  miles  de  euros,  que  en  balance  figuran  en  el  epígrafe  de  acreedores 
presupuestarios y, por otro, no se incluyen cuentas de naturaleza extrapresupuestaria que no 
suponen una variación de Tesorería. 
En la Comunitat Valenciana, el importe total del epígrafe de acreedores fue de 7.744.446 miles  s
de euros.  oe.
Por lo que respecta a los acreedores presupuestarios, éstos ascienden a 2.983.251 miles de  08ww
ereucroogs.id Doe esnta lcaa c eule inmtap o4r0te9 ,d qeu leo ss uapcoreneed 9o6re3s.7 p2o2r  mopileesra dceio enuerso pse. ndientes de aplicar a presupuesto,
 
 
 
Por  otra  parte,  en  el  apartado  de  acreedores  no  presupuestarios,  destaca  la  cuenta  411 
“Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, que recoge gastos devengados y no 
vencidos, cuyo saldo asciende a 289.876 miles de euros. 
El saldo de otros acreedores ha ascendido a 3.829.404 miles de euros, un 39,1 % más que en el 
ejercicio 2016. Este incremento se ha debido fundamentalmente, al aumento de las deudas con el 
Estado derivadas de los mecanismos de financiación puestos en marcha en el ejercicio 2017 y 
anteriores cuyo saldo, a 31 de diciembre de 2017, asciende a 3.667.245 miles de euros. 
Finalmente, las fianzas y depósitos recibidos a corto plazo han incrementado un 7,7 % en relación 
al ejercicio 2016, sumando un total de 233.326 miles de euros. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, a 31 de diciembre de 2017, la Ciudad mantenía en la cuenta 
“Acreedores  presupuestarios”  por  16.203  miles  de  euros.  En  la  revisión  efectuada  se  ha 
comprobado que al cierre del ejercicio 2017 se debería aumentar el saldo en 25.122 miles de 
euros de gastos devengados y no contabilizados a cierre de 2017. 
En cuanto a los acreedores no presupuestarios con un saldo de 14.800 miles de euros, presentan 
incremento interanual del 16 % debido, fundamentalmente al aumento del saldo de ingresos 
pendientes de aplicación. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, el saldo de acreedores no financieros presupuestarios al 
cierre del ejercicio fue de 26.061 miles de euros, de los que 22.138 miles de euros correspondían 
a acreedores de 2017 y 3.923 miles de euros a ejercicios anteriores. El saldo de la cuenta 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, alcanzó un importe de 1.620 
miles de euros, donde se incluyen las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y 
servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto, siendo procedente dicha aplicación. 
III.1.2.2. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 
Los anexos II.2.1 y II.2.2 recogen para 2017 los resultados económico-patrimoniales agregados de 
202 entes de las Administraciones Públicas y de 115 entes respectivamente, que han supuesto un 
desahorro de 1.379.709 miles de euros en las entidades que mantienen el PGCP del Estado de 
1994, y para los que presentan nuevos estados financieros con arreglo al nuevo PGCP estatal de 
2010, obtienen un resultado del ejercicio negativo de 5.370.041 miles de euros. 
Los anexos II.2.1.1, II.2.1.2, II.2.1.3, II.2.1.4 y II.2.1.5, II.2.2.1, II.2.2.2, II.2.2.3, II.2.2.4 y II.2.2.5 
contienen los resultados económico-patrimoniales de las Administraciones Generales, OOAA, 
entes  públicos,  consorcios  públicos  y  de  las  universidades  sujetos  a  los  distintos  PGCP, 
respectivamente, desglosados por CCAA. 
Los  cuadros  15.1  y  15.2  resumen  los  resultados  económico-patrimoniales  agregados  de las 
Administraciones Públicas conforme a los planes estatales de 1994 y 2010, respectivamente.
CAS. PGCP  AHORRO DESAHORRO)  (1.934.219)  477.171  (899)  (12.816)  91.054  (1.379.709) 
(
LI
B s 
NES PÚ aordinario 284.276  162.734  25.224  6.990  99.895  579.119 
O r
CI Ext
DMINISTRA INGRESOS  ansferencias y ubvenciones  39.287.321  18.634.909  10.386.407  229.555  3.138.246  71.676.438 
A Tr S
RIMONIALES.  os Ordinarios  56.261.014  585.562  273.398  231.069  1.056.487  58.407.530   OCEX
MICO- PAT uros)  Extraordinari 919.649  442.530  49.433  2.656  78.234  1.492.502  entas y de los 
TADOS ECONÓ1994 (miles de e GASTOS  Transferencias y Subvenciones  46.472.686  5.151.116  4.381.871  4.003  161.733  56.171.409  es del Tribunal de Cu
REGADAS DE RESUL Nºde Entes De Funcionamiento  31 50.374.495  78 13.312.388  44 6.254.624  25 473.771  24 3.963.607  202 74.378.885  s consignados en los inform  e 19 entidades
S AG CP)  os dato datos d
    CUADRO 15.1 MAGNITUDE Administraciones Públicas  Administración General  OO.AA.   Entes Públicos y Otras Ent. Públ. (PG Consorcios (PGCP)  Universidades Públicas  TOTAL  Fuente: elaboración propia a partir de l Administración General lleva incluidos        
GCP 2010  esultado netdel ejercicio  (5.745.170)  406.580  (42.156)  11.214  (509)  (5.370.041) 
P R
S PÚBLICAS.  Resultado de s operaciones financieras  (1.664.151)  (132.029)  (375.883)  4.185  (14.181)  (2.182.059) 
E a
N l
MINISTRACIO Resultado de as operaciones no financieras  (4.081.019)  538.609  333.727  7.029  13.672  (3.187.982) 
D l
A s 
TRIMONIALES.  Resultado de otras operacioneno financieras  816.303  35.752  320.926  33  (9.521)  1.163.493   de los OCEX
ONÓMICO-PAes de euros)  Resultado de la gestión ordinaria  (4.897.322)  502.857  12.801  6.996  23.193  (4.351.475)  nal de Cuentas y 
ULTADOS EC(mil e la gestión aria  Gastos  (64.926.012)  (3.710.416)  (19.022.096)  (271.646)  (4.786.721)  (92.716.891)  nformes del Tribu
ES s ddin os i
S AGREGADAS DE R Resultadoor Nº de Entes Ingresos  13 60.028.690  25 4.213.273  20 19.034.897  33 278.642  24 4.809.914       115 88.365.416  os datos consignados en l  datos de 6 entidades.
    CUADRO 15.2 MAGNITUDE COMUNIDADES  Administración General  OO.AA. Entes Públicos y Otras Entidades Públicas (PGCP)  Consorcios (PGCP)  Universidades Públicas   TOTAL Fuente: elaboración propia a partir de l Administración General lleva incluidos    
 
 
Tal como se ha reflejado en anteriores apartados y se viene reiterando en los informes de 
ejercicios anteriores, hay una serie de OOAA y entes públicos, dotados de personalidad jurídica 
que,  sin  embargo,  integran  sus  cuentas  en  las  correspondientes  a  las  respectivas 
Administraciones Generales a las que pertenecen (Cantabria, Extremadura, Comunidad Foral de 
Navarra, Illes Balears y La Rioja). En 2017, se integran 25 entidades, 21 OOAA y 4 entes públicos. 
Con carácter general, dado el periodo transcurrido desde la constitución de la mayor parte de ellos 
deberían haberse dotado de presupuestos y contabilidad propios. 
Por otra parte, hay que considerar que, en gran parte de ellas, la representatividad de la cuenta 
del resultado económico-patrimonial se encuentra condicionada por salvedades y limitaciones ya 
expuestas  anteriormente,  pues  las  incidencias  más  significativas  que  afectan  al  resultado 
económico-patrimonial de las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas se recogen en los 
subepígrafes  de  Inmovilizado,  Deudores,  Tesorería  y  Acreedores  analizados  en  el  epígrafe 
anterior. 
III.1.2.3. REMANENTE DE TESORERÍA 
El remanente de tesorería es negativo, por importe de 282.487 miles de euros, frente a un 
remanente también negativo en 2016 de 1.752.831 miles de euros. En el cuadro que figura a 
continuación se muestran para cada CA los importes de los remanentes, recogidos en los 
respectivos informes de fiscalización. 
CUADRO 16 REMANENTE DE TESORERÍA 
(miles de euros) 
Remanentes de tesorería 
Comunidades 
contables 
Andalucía  1.414.444  
Aragón  (735.137)  
Canarias  289.100  
Cantabria  (45.132)  
Castilla-La Mancha  (536.932)  
Castilla y León  105.490  
Cataluña  (127.122)  
Extremadura  (52.775)  
Foral de Navarra  414.565  
Galicia  109.447  
Islas Baleares  (232.522)  
La Rioja  (149.376)  
Madrid, Comunidad   (18.044)  
País Vasco   728.351  
Principado de Asturias  (223.225)  
Región de Murcia  300.753  
Valenciana, Comunitat  (1.626.114)  
Cd. A. de Ceuta  47.356   e.e
Cd. A. de Melilla  54.386   w.b
TOTAL  08ww
Fuente:  elaboración  propia  a  partir  de  lo(2s8 2.d4a8t7o)s  
cloosn OsigCnEaXd os en los informes del Tribunal de Cuentas y de
 
 
 
Las  CCAA  que  tienen  remanentes  de  tesorería  negativos  en  el  ejercicio  2017  son  Aragón, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Comunidad de 
Madrid, el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana. Los importes negativos indican que 
los recursos líquidos y los derechos de cobro liquidables a corto plazo no son suficientes para 
hacer frente a las deudas a corto plazo, situación financiera que debe corregirse. 
III.1.2.4. MEMORIA 
Con  carácter  general  las  Memorias  de  las  Cuentas  Generales  de  las  CCAA  se  presentan 
incompletas, no incluyendo suficiente información que permita ampliar y completar la contenida en 
los estados financieros y en algunas Comunidades la estructura de la Memoria no se adapta a sus 
respectivos PGCP. 
Las  Memorias  de  las  Administraciones  generales  analizadas,  con  excepción  de  las 
correspondientes a las CCAA de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y País 
Vasco que no presentan especiales incidencias, tienen como deficiencias más significativas las 
siguientes: 
En Aragón, la situación financiera de la CA que se deduce de las cuentas consolidadas del 
ejercicio 2016 de las trece entidades públicas de la CA que han sido objeto de fiscalización 
presenta graves desequilibrios patrimoniales de los que no se informa adecuada y detalladamente 
en la Memoria de la Cuenta General rendida por el Gobierno de Aragón. Además, la Memoria no 
contiene un apartado con información más detallada respecto a los factores que inciden en el 
normal funcionamiento de la CA (en particular, sobre los efectos en la situación económico-
patrimonial de la evolución del sistema de financiación de la CA) y de aquellos que los mitigan; no 
incluye un apartado o nota que informe de las bases de presentación de las cuentas anuales y de 
las normas de valoración aplicadas, en especial, sobre el inmovilizado, las inversiones financieras, 
las existencias, las provisiones, las contingencias, la contratación, los gastos de personal, los 
gastos con financiación afectada y los hechos posteriores; y la información sobre el inmovilizado 
es  insuficiente,  ya  que  solo  recoge  unos  cuadros  sobre  aumentos  y  disminuciones  de 
inmovilizado, sin explicar las diferencias con las altas y bajas del inventario de activos, ni los 
movimientos de actualización del inventario o las razones de los retrasos en el reflejo contable. 
En Cantabria, la Memoria integrante de la Cuenta de la Administración General no contenía toda 
la  información  exigida  en  el  PGCP.  Tampoco  se  incluía  la  información  sobre  gastos  con 
financiación afectada, necesaria para conocer la parte del remanente de tesorería que constituye 
un recurso para financiar la actividad con carácter general ni se incluye información ni del riesgo 
económico  ni  de  los  potenciales  desembolsos  presupuestarios  para  la  CA  derivados  de 
determinadas  operaciones  o  hechos,  pese  a  lo  dispuesto,  entre  otras  normas,  en  la  Orden 
HAC/49/2016. 
En Castilla y León, si bien la Memoria rinde la información sobre las entidades del sector público 
de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, no aporta la información necesaria 
que complete, amplíe y comente el contenido del Balance, la Cuenta del resultado económico-
patrimonial y el Estado de liquidación del presupuesto y en especial, la relativa al detalle de las 
operaciones  realizadas  para  la  elaboración  de  los  estados  consolidados  y/o  agregados  que 
forman parte de la Cuenta General. 
En  Extremadura,  como  en  ejercicios  precedentes  la  Memoria  de  la  Administración  General  b
continúa sin proporcionar la información correspondiente a diversos apartados, entre ellos los  08ww
rdeelareticvhooss a p econndvieenntieoss ,d dee csoabrrrool lose dgeú nc osmu pgrroamdois odse  deex iginibgirleidsaods ,y g taasstaoss,  cporenc fioinsa npcúibalcicióons  ay fepcretacdioas, 
privados.
 
 
En la Comunidad Foral de Navarra, la Memoria no contiene información sobre las obligaciones 
actuariales  generadas  por  el  montepío  del  personal  funcionario  activo  y  pasivo  de  la 
Administración de la Comunidad Foral; no consta información sobre el inventario de bienes y 
derechos, contrariamente a lo establecido en la Ley Foral de Hacienda Pública; y no recoge un 
análisis exhaustivo sobre la aportación a los objetivos establecidos de los beneficios fiscales. 
En Galicia, la Memoria de la Cuenta General y de los organismos autónomos presenta una 
información insuficiente para dar cumplimiento a su función de completar, ampliar y comentar el 
resto de estados contables, limitando así la transmisión de la información contable a sus usuarios. 
En las fundaciones y sociedades mercantil falta información económico-financiera de carácter 
presupuestario,  propia  de  las  entidades  pertenecientes  al  sector  público,  en  especial  de  la 
situación financiera global del sector público autonómico, de la ejecución de beneficios fiscales, 
del volumen de endeudamiento y grado de cumplimiento de los objetivos y del estado agregado 
de los compromisos de gastos futuros del sector público autonómico. 
En Illes Balears, la Memoria no define la información necesaria para interpretar correctamente los 
estados contables y la situación económica patrimonial. 
Así, señala que no se han activado gastos financieros tanto en el inmovilizado intangible como en 
el tangible, sin embargo durante 2017, se han registrado en la cuenta «200. Terrenos y bienes 
naturales de uso general» expropiaciones de terrenos para la construcción de carreteras. 
Respecto a la conciliación del resultado presupuestario y del resultado económico patrimonial del 
ejercicio 2.017 no cuantifica los principales conceptos correspondientes a «asientos patrimoniales 
positivos y negativos», con un efecto neto de 42.089 miles de euros, que conforman parte de las 
diferencias entre el resultado presupuestario y el resultado patrimonial. 
En La Rioja, la Memoria de la Cuenta General no ha incluido determinada información contable 
relevante entre la que destaca: las bases de presentación de la Cuenta General; la mención a la 
importancia relativa de las entidades que se integran en misma; las normas de reconocimiento y 
valoración, la información consolidada presupuestaria correspondiente a las modificaciones de 
crédito;  los  compromisos  de  gasto  con  cargo  a  presupuestos  de  ejercicios  posteriores;  la 
liquidación de los presupuestos de explotación y capital de las entidades cuyo presupuesto de 
gastos  tiene  carácter  estimativo;  el  resultado  obtenido  por  la  Administración  Autonómica  en 
términos de contabilidad nacional, de acuerdo con los criterios y definiciones del SEC-10; y las 
obligaciones de información establecidas en el art. 6 de la LOEPSF. 
En la Memoria de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid, las vidas útiles que se recogen 
para calcular la amortización del inmovilizado intangible y material no siempre coinciden con las 
aplicadas  a  ciertos  bienes,  en  los  que  sus  especiales  circunstancias  requieren  vidas  útiles 
diferentes,  sin  que  se  dé  explicación  de  este  hecho.  Respecto  a  los  Activos  construidos  o 
adquiridos para otras entidades, debería recoger la totalidad de las inversiones realizadas y 
entregadas por la Administración de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, recoge únicamente el 
detalle de la Consejería de Sanidad. 
Tampoco ofrece toda la información requerida sobre pasivos contingentes, ya que, si bien consta 
información  relativa  a  los  procedimientos  en  curso  de  los  que  se  puedan  derivar  futuras 
obligaciones, no constan las estimaciones, procedimiento de cálculo, o criterio. Finalmente, la  s
información sobre gastos con financiación afectada se considera insuficiente para poder dar  e.
validez a los datos consignados en el remanente de tesorería.  w.
Eden  leal  CPAri nyac iqpuaed on od ien cAlusyteu rtioadso, sla lo Ms eemstoardiao sn por esvei satojuss tean  ae ll aP leasnt,r uccotmuroa  seusbtavebnleccioidnae sp ocro necl ePdGidCaPs 
(imcoprlriiceannt eusn  yi ndcree mcaepnittoa l)d, en loo sd certéadllaito sla  infoicrimalae sd, ey  afidneamncáiasc, ióenn  adleg uanqouse dllaes l oms oqduifeic saíc iroenceosg eq, ulea   BOE-A-cable e
información que refleja en los mismos es insuficiente, como es el caso de las deudas de la
 
 
 
Administración General al no incorporar un epígrafe específico sobre las mismas en el que se 
pusiera de manifiesto, además de su origen, características y condiciones, la situación a inicio y 
cierre del ejercicio así como los movimientos experimentados. 
En la Región de Murcia, la Memoria no informa sobre determinadas operaciones que, de acuerdo 
con su relevancia financiero-patrimonial, deberían haber sido objeto de detalle en la misma, como 
por ejemplo, las posibles provisiones por riesgos procedentes de reclamaciones, procedimientos 
administrativos o jurisdiccionales en los que la Administración General de la Comunidad haya sido 
parte y que pudiesen suponer obligaciones económicas elevadas para la misma.  
En la Comunitat Valenciana, la Memoria no contiene la siguiente información de importancia 
para una adecuada comprensión de las cuentas anuales en su conjunto: la nota 3 del balance, 
relativa a la situación patrimonial, debe ampliarse a fin de informar de la existencia de factores que 
podrían contribuir a mejorar dicha situación (planes económico-financieros o de viabilidad); la 
información  relativa  al  presupuesto  de  ingresos  del  ejercicio  corriente  debería  contener 
información sobre la ejecución e incidencias de cobro de los principales recursos, tanto tributarios 
como  no  tributarios,  con  especial  referencia  al  sistema  de  financiación  de  las  comunidades 
autónomas, y deberían detallarse los derechos presupuestarios pendientes de cobro según su 
grado de exigibilidad, clasificados por ejercicio de origen; y no detalla los gastos con financiación 
afectada individualizados por proyectos, plazo de ejecución y financiación; no se incluyen la 
totalidad de los compromisos adquiridos al cierre del ejercicio. 
Finalmente  indicar  que  debería  incluir  otros  aspectos  importantes,  como  son:  las  bases  de 
presentación  y  normas  de  valoración  aplicadas,  deudores  no  presupuestarios,  provisiones  y 
contingencias, pagos pendientes de aplicación, contratación, Fondo de contingencia, convenios y 
hechos posteriores. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Memoria de la cuenta de la Administración General de la 
Ciudad no se ha cumplimentado en su totalidad y no se han incorporado diferentes documentos y 
estados previstos en la Instrucción de contabilidad para la Administración Local que deben formar 
parte o acompañar a la misma, entre los que destacan:; información sobre el Patrimonio Público 
del  Suelo;  compromisos  de  gastos  e  ingresos  con  cargo  a  ejercicios  futuros;  gastos  con 
financiación  afectada;  y  avales  u  otros  afianzamientos  concedidos  por  la  Administración 
Autonómica a sus empresas mercantiles. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, la Memoria de la Administración General muestra diversos 
apartados sin cumplimentar, como la ausencia del denominado “hechos posteriores al cierre” o 
que figuren incompletos los apartados de “normas de reconocimiento y valoración” y “organización 
y actividad”, no incluyéndose en este último la consideración fiscal de la entidad a efectos del 
impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a imposición indirecta sobre el 
consumo y porcentaje de prorrata. Además, el apartado de gastos con financiación afectada 
presenta deficiencias en la información que afectan al resultado presupuestario y al remanente de 
tesorería. Asimismo, la cifra del remanente de tesorería total se sigue viendo afectada por la 
incorrecta contabilización o imputación presupuestaria de determinadas operaciones. 
III.2.  PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
III.2.1. Aspectos Generales  oe.
El Fondo de Compensación InterterritoriaI encuentra su fundamento legal en la CE, que en su  08ww
aerctoícnuólmo ic1o3 8a.1d epcureasdcor ibye  juqsutoe  eenl trEes tlaads od idveebrsea sv eplaarrt e“s.. .pdoerl  teelr rietosrtiaob leescpimañieonl.t.o.” . dCe ounn e seeq ufiilnib, riloa 
porbojeptiiav oC opnrostpituuecsióton,,  einns tsruu maertníctou loq u1e5 8.p2a, scao naf igdueran oumni ninasrstreu mFeonntdoo e sdpee cCífoicmo pdeirnigsiadcoió anl  lyo gcrou ydoesl   BOE-A-cable e
recursos financieros deben destinarse a gastos de inversión, siendo distribuidos por las Cortes
 
 
Generales entre las Comunidades Autónomas. Posteriormente la LOFCA incorpora los criterios 
para su cuantificación y distribución. 
El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 27 de julio de 2001 introduce 
modificaciones en el FCI, que hacen necesaria la creación de un nuevo marco legal, constituido 
por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre (LFCI), modificada en su artículo 2.1 por la Ley 23/2009, 
de 18 de diciembre. 
Las modificaciones recogidas en la citada normativa implican, en primer lugar, que este Fondo 
pudiera destinarse no solo a la financiación de inversiones sino también a los gastos corrientes 
asociados, para lo que se dispuso la separación del antiguo Fondo en el Fondo de Compensación 
(con el 75 % de la financiación), que se ciñe estrictamente al mandato constitucional, y en un 
Fondo Complementario (por el 25 % restante) destinado también a gastos de inversión, pero que 
no obstante, y a solicitud de los beneficiarios, podrá destinarse a financiar gastos de puesta en 
marcha y/o funcionamiento de las inversiones financiadas con cualquiera de los dos fondos, 
durante un período máximo de dos años a contar desde el momento en que haya concluido la 
ejecución del proyecto. Esta división del antiguo Fondo no obsta para que los dos Fondos que se 
crean deban ser considerados, por su naturaleza, destino y gestión, como partes íntimamente 
ligadas de un único instrumento de financiación de las CCAA, vinculado a aquellos proyectos de 
inversión que promuevan el crecimiento de la renta y la riqueza de sus habitantes. 
En segundo lugar se incorpora la posibilidad de dar entrada en los Fondos a las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía propio, Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta las características particulares 
de  su  situación  geográfica.  Esta  integración  no  ha  supuesto,  siguiendo  la  recomendación 
contenida en el Acuerdo del CPFF, merma alguna en los recursos de los Fondos con destino a las 
CCAA, dado que estos se han incrementado en la cuantía que corresponde a Ceuta y Melilla, 
según lo establecido en aquel y que se ha fijado en un porcentaje sobre el importe asignado a 
cada Fondo para las Comunidades. De esta forma, la cuantía destinada a Ceuta y Melilla variará 
en la misma proporción que lo haga la que corresponda a los Fondos de las CCAA. 
Su cuantificación y distribución se calcula a partir de los criterios dispuestos en el art.16 de la 
LOFCA, y desarrollados en la LFCI. 
Respecto a su control la LOFCA establece en su artículo 16.8 que cada territorio deberá dar 
cuenta anualmente a las Cortes Generales del destino de los recursos recibidos con cargo al 
Fondo de Compensación, así como el estado de realización de los proyectos que con cargo al 
mismo, estén en curso de ejecución. 
De acuerdo con lo anterior, el artículo 10 de la LFCI establece que el control parlamentario de los 
proyectos de inversión financiados con cargo a los FCI corresponde a las Cortes Generales y a las 
Asambleas Legislativas de las CCAA y que el Tribunal de Cuentas y los OCEX, presentarán ante 
los órganos legislativos respectivos un informe separado y suficiente de todos los proyectos 
financiados con cargo a dichos Fondos. 
III.2.2. Dotaciones y Financiación de las mismas 
La cuantía global de los Fondos previstos para el ejercicio 2017, recogida en el artículo 105 de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para dicho ejercicio, ascendió, al igual que en  e
el ejercicio 2016, a 432.430 miles de euros, de los cuales 324.331 miles de euros corresponde al  bo
Fondo de Compensación, y 108.099 miles de euros al Fondo Complementario. Estos Fondos  08ww
sECuniup dloaan Sdeeensc t cacinóo nns  o3El3os  tdeaelt u 4lta o%  Ld PdeGe A Elou ssto erne rocemucroísago.e sPn da leora sq  luiame fp ihnoaarntne cdsi iasacp tiuóraenns dstofee  lrlaairss  a Ci nlCacsAo ArCp.oo  mraucnioidnaedse dse A ruetmónaonmenatse sy   OE-A-2021-28able en https://
de ejercicios anteriores se dota un crédito en la indicada Sección 33 «Fondos de Compensación
 
 
 
Interterritorial», Servicio 20 «Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Varias 
CCAA»,  programa  941N  «Transferencias  a  Comunidades  Autónomas  por  los  Fondos  de 
Compensación Interterritorial», Concepto 759 «Para financiar la incorporación de remanentes de 
crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial» por importe de 150.000 miles de euros. 
Estas dotaciones se destinan al igual que en ejercicios anteriores a las CCAA de Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, el Principado de 
Asturias, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla. 
El reparto por CCAA y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se recoge en el siguiente cuadro. 
CUADRO 17 DISTRIBUCIÓN POR CCAA EN LA PARTICIPACIÓN DEL FCI 
(miles de euros) 
 
   
Fondo de  Fondo  F.C.I.            
Comunidades  % 
Compensación  Complementario  TOTAL 
Andalucía  120.259  40.082  160.341  37,1 
Canarias  35.048  11.682  46.730  10,8 
Cantabria  4.051  1.350  5.401  1,2 
Castilla-La Mancha  25.552  8.517  34.069  7,9 
Castilla y León  14.514  4.837  19.351  4,5 
Extremadura  18.786  6.261  25.047  5,8 
Galicia  33.258  11.085  44.343  10,3 
Principado de Asturias  10.353  3.451  13.804  3,2 
Región de Murcia  16.408  5.469  21.877  5,1 
Valenciana, Comunitat  41.138  13.711  54.849  12,7 
Ciudad A. de Ceuta  2.482  827  3.309  0,8 
Ciudad A. de Melilla  2.482  827  3.309  0,8 
TOTAL  324.331  108.099  432.430  100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
El impacto que las medidas de contención del déficit público han tenido en los últimos años ha 
dado lugar a una reducción del fondo, debida a la correlación directa entre la inversión civil del 
Estado y los fondos asignados al FCI conforme al artículo 2 de la LFCI. Como consecuencia de 
un  proceso  de  consolidación  fiscal,  los  gastos  de  inversión  se  han  visto  particularmente 
reducidos, provocando la minoración de los Fondos de Compensación. El resultado es que el 
impacto  de  estos  fondos  como  instrumento  de  solidaridad  interterritorial  es  prácticamente 
irrelevante, especialmente en periodos de contención del gasto.  
En relación con el limitado efecto de estos instrumentos, en julio de 2017 se aprobó el informe 
de la Comisión de Expertos, creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 
2017, para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, en el que se aborda la reforma 
de los FCI proponiendo, entre otras medidas, incrementar su dotación y la modificación de la 
base de cálculo, ligándolo al PIB o a los ingresos no financieros de los Presupuestos Generales 
del Estado para proporcionar una mayor estabilidad y transparencia. 
III.2.3. Ejecución de los Proyectos  e.e
Durante la elaboración del Proyecto de los PGE de cada ejercicio, el Ministerio de Hacienda  08ww
sEosltiaci tsao ali ccitaudda  sCeA r leaa rliezlaa csióienm dper ep rdoeynetcrtoo sd deel  pinrivmeersri ósne mquees tqreu iedreeln a fñinoa nacnitaerr icoorn a cl aqrguoe  as elo sv aFnC Ia. 
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Hacienda remite a las CCAA (regulados por la Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016). 
Debido a lo anticipado en el tiempo con que se solicitan los fondos, los proyectos de inversión que 
inicialmente se escogen para ser financiados con cargo a los FCI son proyectos genéricos. Es por 
ello, por lo que estos proyectos pueden sufrir modificaciones, las cuales se amparan en lo 
establecido por el artículo 7.3 de la LFCI. Como en ejercicios anteriores la mayor parte de las 
CCAA se han acogido a esta práctica. Además, la generalidad con que se encuentran definidos 
los proyectos en los Presupuestos Generales del Estado no permite conocer su grado de avance, 
únicamente  es  posible  determinar  el  grado  de  ejecución  de  los  créditos  presupuestarios 
asignados, que se situó en 2017 en casi el 100 % de las dotaciones del Fondo de Compensación 
y en el 100 % de las dotaciones del Fondo Complementario. Los datos sobre el importe de la 
ejecución en cada CA se recogen en el cuadro 12. 
A continuación se indican algunos aspectos relativos a la ejecución efectuada por las CCAA y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía que han participado del FCI en 2017. 
Andalucía ha financiado un total de 140 proyectos de inversión, por importe de 160.340 miles de 
euros. De ellos, 104 proyectos están imputados al Fondo de Compensación y 36 al Fondo 
Complementario. La Consejería de Economía y Conocimiento, para solicitar los Fondos al Estado, 
realiza  una  reprogramación  de  los  proyectos  contenidos  en  el  anexo  de  Inversiones  del 
Presupuesto de la Comunidad, sustituyendo 20 de los 47 proyectos allí contenidos, e incluyendo 
113  proyectos  nuevos,  representativos  del  82,5  %  de  la  asignación,  que  no  habían  sido 
contemplados en la planificación inicial. 
La CA ha recaudado en concepto de Fondos de Compensación la totalidad de la asignación 
correspondiente a la anualidad de 2017 y ha ejecutado el 100 % de las dotaciones, sin que se 
produzcan desviaciones ni remanentes de la asignación de los FCI. 
No obstante, la Cámara de Cuentas señala que los importes por obligaciones reconocidas de los 
proyectos con financiación afectada del FCI que figuran en el estado de gastos de la Cuenta 
General, no reflejan la cuantía correspondiente al Fondo al no ser posible discriminarlos de otras 
fuentes de financiación que también dieron cobertura a dichos proyectos, ya que la codificación 
presupuestaria no permite identificar a los proyectos financiados con el FCI. 
En Canarias, la consignación total del FCI registrada en el presupuesto inicial de ingresos del 
ejercicio corriente de la Administración autonómica para 2017 fue coincidente con la dotación 
estatal. Sin embargo, se han presupuestado una cuantía prevista de remanentes de ejercicios 
anteriores que asciende a 4.000 miles de euros, igual a ejercicio pasado, lo que suma 50.800 
miles de euros, siendo la cifra real de remanentes de 17.800 miles de euros. 
El grado de ejecución global del ejercicio ascendió a un 81,8 %, un 1,4 % superior al ejercicio 
2016, destacando que el remanente de ejercicios anteriores se ejecutó prácticamente en su 
totalidad. 
La Intervención General de la Comunidad Autónoma efectúa el control de la financiación del FCI 
de manera extracontable, ya que no se ejecuta directamente a través del sistema contable 
(SEFLOGIC) ni mediante un módulo de financiación afectada implicando que no sea posible  s
verificar con certeza que la ejecución y justificación de los fondos del FCI, materializados en los  e.
proyectos anteriormente señalados, no hayan sido financiados con otros fondos finalistas distintos  w.
a los del FCI.   08ww
En Cantabria, la gestión correspondiente a los FCI del ejercicio 2017, se realizó de forma directa
por el Gobierno de Cantabria.
 
 
 
Por  otra  parte,  como  en  ejercicios  anteriores,  las  obligaciones  vinculadas  a  los  proyectos 
financiados  con  recursos  de  los  Fondos  no  disponían  de  aplicaciones  presupuestarias 
específicamente asignadas para su registro en la contabilidad y esta no distinguía los remanentes 
de crédito correspondientes a la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con las 
dotaciones de los Fondos (con independencia del conocimiento de dichos remanentes que pueda 
tener el órgano encargado de su gestión), para su incorporación al presupuesto del ejercicio 
inmediato siguiente, lo que dificulta el adecuado seguimiento de los proyectos que establece el 
artículo 10.3 de la Ley reguladora de los FCI. Además, la sustitución de proyectos no se realiza 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 7 de la Ley. 
A diferencia de lo que venía sucediendo en ejercicios anteriores, en 2017 la CA presupuestó los 
recursos  procedentes  de  los  FCI  (subconcepto  706.02  del  presupuesto  de  ingresos) 
separadamente del resto de la previsión de ingresos de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo  por  transferencias  de  capital  (subconcepto  706.01),  aunque  sin  distinguir  los  que 
corresponden al Fondo de Compensación y al Fondo Complementario. 
En Castilla-La Mancha, el grado de ejecución de los proyectos vinculados a los Fondos de 
Compensación Interterritorial, considerado por la CA, no responde a su avance físico, dado que la 
falta de concreción de los mismos, al estar definidos en líneas generales de actuación, impide 
determinar dicho avance. No obstante, según la información facilitada, asciende al 100 %. 
Las dotaciones aprobadas en la Ley de PGE se distribuyeron en tres grandes actuaciones: 
infraestructuras  en  carreteras,  infraestructuras  y  equipamiento  en  centros  educativos  e 
infraestructuras y equipamiento sanitario. Cada una de estas líneas de actuación es gestionada 
por una Consejería u Organismo 
En Castilla y León, la dotación inicial de los FCI del ejercicio 2017 para la CA supuso una 
disminución del 0,86 % respecto del ejercicio 2016. El grado de ejecución de los superproyectos 
financiados con los FCI del ejercicio 2017 alcanzó el 100 %. 
Aun cuando el detalle de las fuentes de financiación de cada proyecto individual, integrante de los 
superproyectos FCI, puede obtenerse del servicio informático, no se contabiliza separadamente la 
ejecución de cada superproyecto FCI. 
Se mantienen las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas 
en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores. Así, siguen sin existir rúbricas presupuestarias 
específicas en el Estado de Gastos del Presupuesto que recojan los proyectos FCI; la CA sigue 
sin realizar actuaciones de seguimiento desde que se produce la petición de los fondos hasta que 
tiene lugar el ingreso correspondiente. Estas actuaciones se consideran convenientes teniendo en 
cuenta que el plazo medio de ingreso en 2017 volvió a incrementarse con respecto al ejercicio 
anterior; y continúa sin implantarse un sistema que recoja la contabilización separada de la 
ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI, de tal forma que se disponga de 
información pormenorizada de cada proyecto  incluido en el anexo  de la Sección 33 de los 
Presupuestos Generales del Estado, a nivel de superproyecto FCI. 
En Extremadura, la dotación de los FCI en 2017 representa el 0,5 % del presupuesto de gastos 
de la CA (a nivel de créditos iniciales) y un 4,74 % de los créditos consignados para inversiones 
reales y transferencias de capital. El importe cuantitativo de estas dotaciones, su tendencia  s
decreciente y su peso relativo sobre el presupuesto total de la CA, determina que el impacto de  oe.
estos recursos, en orden a posibilitar la corrección de desequilibrios territoriales (objetivo principal  w.
de estos fondos), sea poco relevante. Por contra, en los ejercicios precedentes la CA ha venido  08ww
rseocmibeietidnodso  afi nuann rcéiagcimióenn a mdiácsio fnleaxl ipbaler ae nin cvuearsnitoon ae sp, oernce bnatasjee sa  dceo nevjeecnuiocsió nco yn j uesl tEifisctaacdioó,n .q ue están
El grado de ejecución de los créditos asignados a los correspondientes proyectos es del 100 %  BOE-A-cable e
para ambos fondos, en tanto que se mantiene la práctica de asignar a la financiación de los
 
 
mismos, exclusivamente, proyectos ya ejecutados en su totalidad en el correspondiente ejercicio, 
motivando,  en  consecuencia,  la  inexistencia  en  el  ejercicio  fiscalizado  y  los  precedentes  de 
remanentes de crédito susceptibles de incorporación. 
La práctica de sustitución sistemática de subproyectos financiados con cargo al Fondo, para 
asegurar la inclusión de otros ejecutados al 100 %, impide la verificación, en un periodo plurianual, 
del control sobre el grado de ejecución de los proyectos.  
En Galicia, la Intervención General, centro directivo encargado de la contabilidad, no cuenta con 
un sistema que dé cobertura específica e integral a cada uno de los proyectos financiados con los 
FCI,  de  tal  forma  que  vincule  las  operaciones  de  gastos  efectuados,  pagos  materializados, 
peticiones de fondos efectuadas, ingresos recibidos y cobros realizados. 
La LPGE para el ejercicio 2017 contemplaba un número inicial de 5 proyectos, de los que 4 
corresponden  al  Fondo  de  Compensación  y  uno  al  Fondo  Complementario.  En  la  CA  la 
distribución de los FCI-2017, por proyectos y gestores, coincide con la de los presupuestos 
generales del Estado. A lo largo del ejercicio solo se tramitó una modificación cuantitativa de 
proyectos que afectó a 3 proyectos del Fondo de Compensación 2017. 
Los derechos reconocidos en concepto de FCI 2017 representan el 78,5 % de las previsiones de 
ingresos de los citados Fondos. Este porcentaje es superior a la media de ejercicios anteriores 
(74,7 %). En el ejercicio 2017 no se efectuaron cobros, por lo que el porcentaje de realización de 
cobros pasa del 100 % (media de ejercicios anteriores al 0 %). 
En  el  Principado  de  Asturias  se  modificaron  las  dotaciones  iniciales  de  los  proyectos  de 
inversión debido a las dificultades en el grado de reconocimiento de obligaciones de los proyectos. 
Estas modificaciones se llevaron a cabo respetando la distribución que para cada uno de los 
Fondos se había asignado (75 % Fondo de Compensación y 25 % Fondo de Complementario). La 
ejecución de los proyectos fue de un 100%, sin desviaciones ni remanentes. La mayor parte (un 
63,5 %) de los FCI del 2017 fueron destinados, al igual que en ejercicios anteriores, a financiar 
inversiones en carreteras. 
Como indica la Sindicatura, en cuanto a la contabilización de los proyectos financiados con cargo 
a los FCI hay que poner de manifiesto que la ausencia de una contabilidad analítica limita el 
control a que se refiere la LFCI. De esta forma, si cada programa del presupuesto de gastos 
tuviera establecidos objetivos e indicadores específicos de los proyectos que comprende, se 
podría evaluar con mayor precisión la ejecución de los fondos por parte de la CA y si han sido 
destinados a los fines para los que fueron creados tales fondos. 
En  la  Región  de  Murcia,  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  la  generalidad  con  que  se 
encuentran  definidos  los  proyectos  en  los  PGE  no  permite  conocer  su  grado  de  avance, 
únicamente  es  posible  determinar  el  grado  de  ejecución  de  los  créditos  presupuestarios 
asignados, que se situó en 2017, al igual que en el ejercicio precedente, en el 100 % de las 
dotaciones del Fondo de Compensación y del Fondo Complementario. 
Al cierre de 2017, la CA había solicitado el 100 % de las dotaciones del FCI de 2016 y de las 
dotaciones  del  FCI  2017,  el  100  %  del  Fondo  Complementario  y  el  19  %  del  Fondo  de 
Compensación.  s
En la Comunitat Valenciana, la dotación definitiva de los FCI para el ejercicio 2017 se ha  w.
destinado a financiar total o parcialmente la ejecución de 18 proyectos, con un grado de ejecución  08ww
del 100%. 
Cfinoamnoc iasdeoñsa lcao lna  cSairngdoic aa tluorsa F, CpaI,r ad eubnea u atidlizeacrusaed uan g seissttieómn,a s deeg uoibmjeietinvtoos  ye  cinodnitcroald odree slo esn p erol ymeacrtcoos   BOE-A-cable e
de una contabilidad analítica que facilite la información relativa a los costes y a las unidades
 
 
 
ejecutadas de cada proyecto, teniendo en cuenta las distintas fuentes de financiación y, por tanto, 
la existencia de gastos e ingresos con financiación afectada, lo que no se realiza por la CA, por lo 
que  se  recomienda  a  la  Intervención  General  que  proceda  a  contabilizar  adecuada  y 
separadamente la ejecución de cada proyecto de inversión financiado con cargo a los FCI, como 
establece el artículo 10 de la LFCI. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, las subvenciones recibidas del FCI se han contabilizado 
incorrectamente por la Administración General de la Ciudad y no se han destinado a inversiones 
nuevas, tal y como prevé la LFCI, sino a transferir a la empresa municipal Sociedad para el 
Fomento y Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, S.A. la totalidad de su importe 
para  hacer  frente  a  las  anualidades  del  préstamo  en  su  día  formalizado  para  financiar  las 
inversiones en la Plaza del Revellín, cuya puesta en funcionamiento se produjo en el ejercicio 
2012. 
En 2017 la Administración de la Ciudad ha registrado presupuestariamente el reconocimiento de 
los derechos por el importe de las solicitudes de fondos tramitadas en el año, siguiendo las 
normas y principios contables públicos, si bien la contabilización de toda la financiación recibida se 
ha registrado en una única aplicación presupuestaria, sin distinguir la parte correspondiente a uno 
y otro fondo. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, la importancia de estos recursos como instrumento de 
solidaridad regional ha ido menguando, representando en el ejercicio fiscalizado el 1,3 % del 
presupuesto inicial de la CA. Por otro lado, Melilla no estableció subconceptos para diferenciar el 
Fondo de Compensación del Complementario y solicitó tan solo el 23,7 % de las disponibilidades 
de recursos con cargo a los Fondos, lo que supone dejar de percibir financiación en un periodo 
caracterizado por la baja inversión pública. Finalmente, la definición de algunos de los proyectos 
financiados es de un grado tan general que imposibilita verificar su grado de ejecución y avance. 
  UNIVERSIDADES 
IV.1.  INTRODUCCIÓN 
La CE reconoce en el artículo 27.10 la autonomía de las universidades en los términos que la ley 
establezca.  La  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades  (LOU),  ley 
parcialmente orgánica en la medida en que contiene normas de desarrollo de los artículos 20.1.c) 
y 27.10 de nuestra norma suprema, ha sido modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
y por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo, al reformar importantes artículos que afectan, entre otros 
aspectos, al régimen económico y financiero de las mismas. 
La LOU establece en el artículo 1 que el servicio público de la educación superior corresponde a 
la universidad, que lo realiza mediante la docencia, el estudio y la investigación. En virtud de su 
artículo 6, las universidades se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en dicha Ley y por 
las  normas  que  dicten  el  Estado  y  las  CCAA,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias.  Las 
universidades públicas se regirán, además, por su Ley de creación y por sus Estatutos, que son 
elaborados  por  las  propias  universidades  y  aprobados  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  su 
respectiva CA, previo control de legalidad.  s
Respecto al régimen económico, presupuestario y contable, el art. 81.2 de la LOU señala en  w.
relación  con  el  presupuesto  de  las  universidades  que  “será  público,  único  y  equilibrado,  y  08ww
ctoodmapsr eelnladse rdáe lraiv atodtaalsid daed  ldaes  esuxisg einngcrieasso dse y l ag aLsOtoEsP”,S eFs,t acbolmecoi esnodno l au neaxsig oebnlcigiaa cdieo naepsr oab caur munp lliírm pioter 
mpráexsiumpou edseto sg acsotmo od esu csa lriqáucitdear caionnueasl  hqaugea nno u npao dreráfe rreebnacisaa ersxep rye slaa  anl eccuemsipdlaimd iednet oq dueel  etaqnutioli blroios   BOE-A-cable e
y sostenibilidad financieros.
 
 
Por  su  parte,  el  art.  81.4  de  la  LOU  establece:  “La  estructura  del  presupuesto  de  las 
universidades, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas anuales 
deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se establezcan para el 
sector público. En este marco, a los efectos de la normalización contable, las Comunidades 
Autónomas podrán establecer un plan de contabilidad para las universidades de su competencia”.  
Además, el art. 82.1 de la LOU dispone: “las Comunidades Autónomas establecerán las normas y 
procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades, así como para 
el  control  de  las  inversiones,  gastos  e  ingresos  de  aquéllas,  mediante  las  correspondientes 
técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos Sociales”. 
El devenir de la naturaleza jurídica de las universidades públicas, consideradas en un principio 
como administraciones públicas independientes, es decir, extramuros del sector público y dotadas 
de una gran autonomía, y su paulatina conversión en entidades, que no administraciones públicas 
per  se,  pertenecientes  al  denominado  sector  público  institucional,  se  ha  visto  por  tanto 
influenciada  por  la  vis  atractiva  de  la  LOEPSF  sobre  el  resto  de  normas  del  ordenamiento 
financiero al contener principios inspiradores del mismo, y por ende en la nueva delimitación del 
sector público. 
Como corolario a este proceso hay que destacar la promulgación de dos textos concordantes, 
como  son  la  Ley  39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (LPACAP), y la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP). Estas leyes tienen su origen en el Informe que en junio de 2013 elaboró 
la  Comisión  para  la  Reforma  de  las  Administraciones,  en  el  que  se  demandaba  una 
racionalización y simplificación del Derecho administrativo español, así como reforzar el control 
financiero de todos los entes institucionales para asegurar que cumplen el principio de equilibrio 
presupuestario. 
Cabe  señalar,  por  tanto,  la  nueva  delimitación  del  sector  público  como  consecuencia  de  la 
reforma, ahora integrado por las Administraciones Públicas (la Administración General del Estado, 
las  Administraciones  de  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  que  integran  la 
Administración Local más los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de ellas), las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de ellas y las 
universidades públicas; enumerando los principios generales que le son aplicables y reiterando la 
personalidad jurídica de cada una de las Administraciones Públicas (arts. 2 y 3 de la Ley 40/2015). 
Respecto  de  las  universidades  públicas  (UP),  las  mismas  quedan  encuadradas  dentro  del 
denominado sector público institucional, con la implicación que de ello deriva en materia de su 
régimen  presupuestario,  de  contabilidad,  control  económico-financiero  y  patrimonial.  Esta 
aproximación al sector público de las universidades ya se había producido en otras normas, como 
por ejemplo en el Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio, de Medidas urgentes contra la 
morosidad  de  las  administraciones  públicas  y  de  apoyo  a  entidades  locales  con  problemas 
financieros, que por primera vez incluye, en su art. 10, a “las obligaciones pendientes de pago de 
las universidades públicas con sus proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles” y 
hasta el límite de las obligaciones pendientes de pago por parte de la Comunidad Autónoma a la 
universidad a 31 diciembre de 2012, o en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, al incluir en el art. 2.1.d) a las universidades 
públicas dentro de su ámbito subjetivo de aplicación.  s
IV.2.  RENDICIÓN DE CUENTAS  08ww
La  LOU  recoge  en  su  art.  81.5  la  obligatoriedad  de  la  rendición  de  sus  cuentas  para  las
urennivdeicrsióidna, deestsa bplúebcileicnadso,  tarasís  clao mmoo deifli capcroiócne dpiomr ieenl RtoD yL  1ó4rg/2a0n1o2 ,a dnete 2 0e ld qeu aeb rhila,  lod esi geufieecnttuea: rse la
 
 
 
“Las universidades están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización 
de  cuentas  de  la  Comunidad  Autónoma,  sin  perjuicio  de  las  competencias  del  Tribunal  de 
Cuentas. 
El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de 
obligaciones  el  31  de  diciembre  del  año  natural  correspondiente,  quedando  a  cargo  de  la 
Tesorería  universitaria  todos  los  ingresos  y  pagos  pendientes,  según  sus  respectivas 
contracciones. 
Las universidades deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del primero de 
marzo del ejercicio siguiente. 
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Consejo Social 
deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto 
por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción solo podrá revocarse por acuerdo 
de dicho órgano, a propuesta del Rector, previo informe del interventor y autorización del órgano 
correspondiente  de  la  Comunidad  Autónoma,  cuando  la  disponibilidad  presupuestaria  y  la 
situación de tesorería lo permitiesen. 
Las transferencias, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a favor, directa o 
indirectamente, de las universidades requerirán la aprobación y puesta en marcha de la reducción 
de gastos. 
Las universidades remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos y el resto de documentos 
que constituyan sus cuentas anuales a la Comunidad Autónoma en el plazo establecido por las 
normas aplicables. 
La falta de remisión de la liquidación del presupuesto, o la falta de adopción de medidas en caso 
de liquidación con remanente negativo, facultará a la Comunidad Autónoma para adoptar, en el 
ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para garantizar la estabilidad presupuestaria 
de la universidad.” 
Los datos acerca de la rendición de cuentas en el ejercicio 2017 por parte de las universidades 
públicas, se recogen en el apartado II.1 de este Informe. 
IV.3.  ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
IV.3.1. Liquidación del Presupuesto 
El total de las modificaciones reales sobre los créditos inicialmente aprobados que ascendían a 
8.977.587  miles  de  euros,  supone  un  incremento  del  26  %.  Por  su  importancia  relativa,  al 
efectuarse modificaciones de los créditos iniciales con incrementos superiores al 30 %, destacan 
las  universidades  de  Andalucía  (32,2  %)  y  Cataluña  (46  %).  En  virtud  de  lo  anteriormente 
señalado  se  pone  de  manifiesto  que  las  universidades  no  han  elaborado  con  rigor  sus 
presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los 
mismos toda su actividad docente e investigadora, de modo que, en su caso, las modificaciones 
de los créditos presupuestarios iniciales fueran las menos posibles, y, en todo caso, debidamente 
justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.  e.
Las obligaciones reconocidas ascienden a 9.037.269 miles de euros para las 48 UP, sobre unos  08ww
cdreéfdinititoivso sfi ndaelle 7s9 ,d8e %  1 1.320.713  miles  de  euros  y  un  grado  de  ejecución  sobre  los  créditos
 
 
Destaca que en el ejercicio 2017 las universidades de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Illes 
Balears, y Comunitat Valenciana tienen un grado de ejecución del presupuesto de gastos inferior 
al 80 %. En el siguiente cuadro se recogen las circunstancias señaladas. 
CUADRO 18 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CCAA. 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles de euros) 
   2017    
Comunidades  Créditos  Obligaciones  Grado de 
finales  reconocidas  ejecución 
Andalucía  2.291.676  1.711.438  74,7 
Aragón  297.853  256.017  86,0 
Canarias  337.456  292.389  86,6 
Cantabria  134.343  105.660  78,6 
Castilla-La Mancha  228.501  207.580  90,8 
Castilla y León  603.949  517.291  85,7 
Cataluña  1.989.553  1.452.809  73,0 
Extremadura  171.857  140.072  81,5 
Foral de Navarra  87.387  78.201  89,5 
Galicia  607.286  532.730  87,7 
Illes Balears  116.966  93.324  79,8 
La Rioja  46.225  43.114  93,3 
Madrid, Comunidad   1.869.755  1.543.370  82,5 
País Vasco   506.467  423.776  83,7 
Principado de Asturias  204.013  181.692  89,1 
Región de Murcia  339.625  275.096  81,0 
Valenciana, Comunitat  1.487.801  1.182.710  79,5 
TOTAL  1.320.713  9.037.269  80 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de 
los OCEX  
En el anexo I.2.5 y en el siguiente cuadro se muestran los datos del presupuesto de ingresos de 
las universidades por CCAA. 
Los derechos reconocidos en las 48 UP ascienden a 9.208.428 miles de euros, con un grado de 
ejecución media sobre las previsiones finales del 81 %.  
Presentan un grado de ejecución del presupuesto de ingresos inferior al 80 %, las universidades 
de Andalucía, Cataluña y la Región de Murcia. 
   
 
 
 
CUADRO 19 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CCAA. 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
(miles de euros) 
      2017    
Comunidades  Previsiones  Derechos  Grado de 
   finales  reconocidos  ejecución 
Andalucía  2.291.676      1.719.935      75,1 
Aragón  297.853       260.311      87,4 
Canarias  337.456      297.861      88,3 
Cantabria  134.343      107.709      80,2 
Castilla-La Mancha  228.501      183.281      80,2 
Castilla y León  603.949      531.742      88,0 
Cataluña  1.991.527      1.480.121      74,3 
Extremadura  171.857      144.580      84,1 
Foral de Navarra  87.387      76.988      88,1 
Galicia  607.286      533.885      87,9 
Illes Balears  116.966      94.791      81,0 
La Rioja  46.225      42.352      91,6 
Madrid, Comunidad   1.869.755      1.603.902      85,8 
País Vasco   506.467      420.783      83,1 
Principado de Asturias  204.013      185.226      90,8 
Región de Murcia  339.625      261.674      77,0 
Valenciana, Comunitat  1.487.801      1.263.287      84,9 
TOTAL  11.322.687  9.208.428            81 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEX 
En  el  anexo  I.5.5  y  en  el  siguiente  cuadro  figuran  los  resultados  y  saldos  presupuestarios 
agregados por CCAA, del que se desprende que el saldo presupuestario para las 48 UP ha sido 
positivo en 191.928 miles de euros, después de haber aplicado una variación neta de pasivos 
negativa de 144.631 miles de euros. 
El resultado presupuestario es positivo en 336.559 miles de euros.   
 
 
CUADRO 20 RESULTADO Y SALDO PRESUPUESTARIO.  
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles de euros) 
2017 
Comunidades  Núm.  Resultado  Variación  Saldo 
Univ.  Presup.  Pasiv. Fin.  Presup. 
Andalucía  10  11.343  (2.846)  8.497 
Aragón  1  7.291  (2.997)  4.294 
Canarias  2  4.575  (2.103)  2.472 
Cantabria  1  43  2.006  2.049 
Castilla-La Mancha  1  (4.351)  3.820  (531) 
Castilla y León  4  20.539  (6.088)  14.451 
Cataluña  7  30.433  (3.121)  27.312 
Extremadura  1  5.087  (579)  4.508 
Foral de Navarra  1  (2.171)  959  (1.212) 
Galicia  3  14.731  (13.576)  1.155 
Illes Balears  1  1.951  (484)  1.467 
La Rioja  1  (430)  (332)  (762) 
Madrid, Comunidad   6  77.912  (17.380)  60.532 
País Vasco   1  (369)  (2.624)  (2.993) 
Principado de Asturias  1  3.912  (378)  3.534 
Región de Murcia  2  (12.249)  (1.172)  (13.421) 
Valenciana, Comunitat  5  178.312  (97.736)  80.576 
TOTAL  48  336.559  (144.631)  191.928 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEX 
IV.3.2. Balance y Resultado Económico-Patrimonial 
Debe  señalarse  que  algunas  universidades  no  disponen  aún  de  contabilidad  financiera  o 
patrimonial, al no haberse adaptado los PGCP autonómicos al PGCP del Estado de 2010, por lo 
que los datos económicos de las UP se exponen en dos cuadros diferenciados conforme se haya 
producido o no la indicada adaptación. 
Así los datos correspondientes a los balances agregados y al resultado económico-patrimonial se 
recogen en los anexos II.1.1-5 y II.1.2-5 para las primeras, y II.2.1-5 y II.2.2-5 para las segundas. 
Las CCAA que aún no han adaptado la contabilidad de las universidades al nuevo plan son 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Foral de Navarra, el Principado de 
Asturias, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana. Si bien, las universidades de Cataluña sí 
se han adaptado al plan de 2010, los datos recogidos en el informe de la Sindicatura ”2/2019 
Agregado de las universidades públicas de Cataluña. Ejercicios 2016 y 2017” presentan un 
balance no adaptado al nuevo plan, por lo que para homogeneizar la información, se incluye su 
balance  con  el  de  las  universidades  que  no  se  acogen  a  este.  El  activo  agregado  de  las  e.
universidades (24) de estas comunidades asciende a 7.641.772 miles de euros y 5.649.829 miles  w.b
de euros a fondos propios. El resultado agregado presenta un ahorro de 91.054 miles de euros  08ww
d(9e0s.t8a3c8a nmdiole slo ds er eesuuroltas,d yo s2 1p.o8s2it3iv mosil edse d lea se uurnoisv,e rresisdpaedcetisv adme elan teC)o. munitat Valenciana y Cataluña
Las universidades de las CCAA de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Illes
Balears, La Rioja , Madrid y el País Vasco sí han adaptado su contabilidad al nuevo plan. El activo
 
 
 
agregado de estas universidades asciende a 12.435.445 miles de euros y 10.080.327 miles de 
euros a patrimonio neto. El resultado agregado neto del ejercicio resulta negativo por importe de 
509 miles de euros Se destaca en este ejercicio los resultados positivos de las universidades de la 
Comunidad de Madrid, 82.212 miles de euros, pues el resto son todos negativos. 
  EMPRESAS PÚBLICAS 
El activo total de las empresas públicas, en términos agregados, supone en el ejercicio fiscalizado 
70.002.881 miles de euros, para un conjunto de 422 entes empresariales. El activo está financiado 
por un pasivo exigible de 36.884.360 miles de euros y por un patrimonio neto de 33.118.521 miles 
de euros.  
El anexo II.3.1 incluyen los datos relativos a los balances agregados de las 422 empresas públicas 
autonómicas de las que consta información en el Tribunal de Cuentas, incluyéndose también 
datos relativos a entes públicos sujetos al PGC. El anexo II.3.2 incluyen los datos relativos a las 
cuentas de pérdidas y ganancias, respectivamente, de las 421 empresas públicas autonómicas de 
las que consta información al respecto en el Tribunal de Cuentas, incluyéndose también datos 
relativos  a  entes  públicos  sujetos  al  PGC.  Debe  indicarse  que  la  diferencia  del  número  de 
entidades de ambos cuadros se debe a que en CA de Aragón, el Instituto Aragonés de fomento 
presenta una cuenta de resultados como si fuera una fundación y no una empresa, por lo que no 
procede incluir dicha información. 
Destacan por el valor de sus activos, principalmente los subsectores empresariales de Cataluña, 
con un importe de 24.363.943 miles de euros, seguidos por los subsectores empresariales de la 
Comunidad de Madrid (12.774.181 miles de euros). Andalucía (8.350.680 miles de euros), la 
Comunitat Valenciana (6.677.720 miles de euros) y el País Vasco (5.836.570 miles de euros), que 
suponen el 83 % del activo total. 
En  el  ejercicio,  el  sector  empresarial  autonómico  presenta  en  su  totalidad  resultados  de 
explotación  negativos,  por  importe  de  2.404.627  miles  de  euros.  Resultan  relevantes  los 
resultados negativos de las empresas de la Región de Murcia por importe de 2.157.551 miles de 
euros (13 entes), de la Comunitat Valenciana 177.208 miles de euros (23 entes), Comunidad de 
Galicia 87.050 miles de euros (12 entes), y País Vasco con 49 entes y un déficit de 57.667 miles 
de euros. 
La financiación del sector público empresarial sigue procediendo, en un importante porcentaje, de 
las subvenciones de explotación y de capital que perciben de la CA respectiva y, en menor 
medida, de otras Administraciones (estatal y/o europea) y de los ingresos por la realización de 
trabajos, en su mayoría por encargo de las propias administraciones autonómicas. En algunas 
CCAA se aprecia la tendencia a sustituir o complementar la financiación mediante subvenciones, 
por ampliaciones de capital o aportaciones de los socios al fondo social y por autorizaciones de 
endeudamiento avaladas por las respectivas administraciones autonómicas, que al vencimiento 
deberán ser abonadas por estas, si las empresas no pueden hacer frente a los pagos. En varios 
casos es la propia administración autonómica la que se subroga en los préstamos y créditos de 
las entidades empresariales. 
Por otra parte, en las CCAA, en el apoyo al sector productivo, se está observando un efecto de 
sustitución de la concesión de subvenciones por el otorgamiento de préstamos. En este cambio 
puede influir el hecho de que la concesión de créditos no tiene impacto en el déficit puesto que  s
tiene  la  consideración  de  operación  financiera.  Con  todo,  no  se  debe  olvidar  que  estas  oe.
operaciones  sí  pueden  tener  una  repercusión  futura  en  las  cuentas  públicas, ya  que  si  los  w.
pinryeesctactiaornioess  dneo c aspoitna l.c apaces  de  devolver  la  financiación  concedida  sería  necesario  hacer  2021-2808n https://ww
Lcoonst iensutaacdioósn .f inancieros agregados de las empresas públicas de las que se poseen datos figuran a
Resultado del ejercicio     2.404.627) 
TOTAL      A=P     70.002.881  ÚBLICAS  Resultados operaciones nterrumpidas  0  (
i
 CUADRO 21.1 MAGNITUDES AGREGADAS DE BALANCE . EMPRESAS PÚBLICAS ( miles de euros) PATRIMONIO A C T I V O       NETO Y PASIVO Nº de sas/Ejercicio   Entes PATRIMONIO No Corriente Corriente No Corriente Corriente NETO            422 52.691.633 17.311.248 33.118.521 24.091.091 12.793.269 2017  aboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX  DRO 21.2 MAGNITUDES AGREGADAS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . EMPRESAS P ( miles de euros)  Resultados de explotación Deterioro y resultado por Participación pérdida en Bº Resultados Resultados Nº de Resultados influencia Impuestos sociedades antes de operaciones Otras Entes Financieros significativa de s/Bº Subvenciones puestas en impuestos continuadas  rúbricas participaciones equivalencia puestas en equivalencia               421    5.529.961  (7.370.248)  (520.959)  15.508  0  (2.345.738)  (58.889)  (2.404.627)   opia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX es
Empre Fuente: el CUA mpresas/Ejercicio     2017  uente: elaboración pr OE-A-2021-2808able en https://www.boe.
    E F
 
 
En el siguiente cuadro se recoge la evolución del endeudamiento del sector público empresarial 
en los ejercicios 2014-2017. 
CUADRO 22 EVOLUCIÓN DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  (2014-2017) 
EMPRESAS PÚBLICAS 
miles de euros 
 
  
Comunidades 
         2014              2015         2016           2017 
Andalucía  1.317.642   1.259.529   1.208.565   1.061.129  
Aragón  370.328                          N/D  127.898   89.852  
Canarias  209.196   194.034   176.850   113.705  
Cantabria  227.779   196.780   178.463   154.488  
Castilla-La Mancha  264.973   69.676   59.975   53.990  
Castilla y León  273.311   267.951   267.839   167.316  
Cataluña                    N/D  9.233.780   8.888.630   8.040.130  
Extremadura  23.442   23.128   21.420   19.395  
Foral de Navarra  292.900   259.310   215.080   171.264  
Galicia  655.400   489.958   391.200   347.100  
Illes Balears  1.110.503   991.901   845.352   639.584  
La Rioja  8.596   5.898   3.574   3.165  
Madrid, Comunidad  2.084.104   857.556   808.910   1.285.000  
País Vasco  378.955   590.809   290.026   692.688  
Principado de Asturias  595.691   613.276   601.858   576.147  
Región de Murcia  248.114   234.875   206.480   190.373  
Valenciana, Comunitat  2.545.707   2.537.140   2.139.500   2.431.364  
Cd. A. de Ceuta  29.950   23.098   17.158   14.844  
Cd. A. de Melilla  24.412   21.306   17.690   15.834  
TOTAL  10.661.003   17.870.005   16.466.468   16.067.368  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
A continuación se recogen los datos más significativos resultantes de los informes de fiscalización, 
con la excepción de Aragón, la Comunidad de Madrid y País Vasco, cuyos informes no inciden 
en esta área, Illes Balears cuyo informe efectúa un análisis consolidado de todas las entidades 
dependientes y no individualizado de cada una de ellas, y Castilla y León, que a fecha de 
finalización  de  este  informe  no  ha  aprobado  su  informe  específico  sobre  el  sector  público 
empresarial.  
En Andalucía, al cierre del ejercicio 2017 y con cargo al presupuesto de dicho ejercicio, la CA (en 
concepto de transferencias de financiación, encomiendas y operaciones de intermediación) ha 
reconocido obligaciones a favor de sus entidades empresariales por valor de 3.268.360 miles de 
euros (3.386.530) miles de euros en el ejercicio 2016), un 3,5 % menos que en el ejercicio 
anterior. De la mencionada cifra, se pagaron 2.506.300 miles de euros habiéndose reducido en un  e.
10,3 % los realizados del ejercicio anterior.  w.b
Dcoenblele vsae ñlaal afrisnea nqcuiaec ipóens ep oar  mmoesdtiroa rsdee  utnraan ssfeenrseinbcleia sm edjeo raf indaenl cciaocniótrno l dseo breex plalo tgaecisótnió ny  qduee 
t3r1a.n2s6fe0r menilceisa sd ed ee ufirnoasn ecnia pcoiódne rd dee c laapsi teanl,t iadúand epse prsúibstliecna sr eemmapnreesnaterisa lneos  qaupelic, aadl ocsie rproer d ieml peojertrec icdieo 
2017, ya debieron haberse reintegrado a la CA o compensado con pagos realizados durante el
 
 
ejercicio 2017 e incluso en ejercicios anteriores, siendo potencialmente utilizados como fórmula 
circunstancial o transitoria de financiación. 
Por otra parte, la deuda total de las entidades públicas empresariales a 31 de diciembre de 2017 
asciende a 4.806.250 miles de euros, lo que supone 202.660 miles (4,4 %) más que al inicio del 
ejercicio. Se compone de deudas con entidades de crédito por importe de 1.061.129 miles de 
euros, es decir 147.436 miles (12,2 %) menos que en el ejercicio anterior, y resto de deudas 
(deuda comercial, deuda con administraciones públicas, deuda con empresas del grupo y otras 
deudas) por valor de 3.745.120 miles de euros, un 10,3 % más que al cierre del ejercicio 2016. 
En Canarias, el Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, por el que se implanta el nuevo sistema 
de información económico-financiera de la CA, denominado SEFLOGIC preveía en su art. 2, que 
la aplicación de este sistema informático se extendiera al sector público empresarial. No obstante, 
con fecha de 10 de julio de 2018, se publica en el BOC el Decreto 98/2018, de 2 de julio, por el 
que se modifica el Decreto anterior, donde ya no se recoge en su ámbito de aplicación al sector 
público empresarial. 
El resultado agregado del sector público empresarial fue negativo en 35.041 miles de euros, 
originado principalmente por las pérdidas de Televisión Pública de Canarias, S.A. (35.400 miles de  
euros). El 90,6 % de las pérdidas se generaron en explotación, frente al 68,6 % que supusieron 
las mismas en 2016. En especial, este resultado se explica por las pérdidas ya indicadas de 
Televisión Pública de Canarias, S.A. y Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A. (3.700 miles de 
euros). La primera por un mayor volumen de aprovisionamientos y la segunda, por el incremento 
de gastos, acorde ambos con el aumento de actividad. 
El resultado financiero, aunque fue negativo, 651 miles de euros, mejora considerablemente 
respecto al del ejercicio anterior (-15.017 miles de euros). 
La mayoría de las entidades del sector público empresarial no cuenta con objetivos cuantificables 
ni indicadores que permitan medir su consecución, hecho que se viene repitiendo en ejercicios 
anteriores. En general, la actividad a realizar se vincula al coste de la misma. 
En 2017 y con respecto al año anterior, la deuda total de las empresas públicas con entidades 
financieras se redujo en un 35,7 %, donde más de tres cuartas partes del descenso se ocasionó 
en  Viviendas  Sociales e  Infraestructura  de  Canarias,  S.A.,  fruto  de  la  restructuración  de su 
endeudamiento,  siendo,  a  su  vez,  esta  empresa  la  que  concentraba  el  mayor  volumen  de 
endeudamiento (con el 83,8 % del total), fruto de los préstamos hipotecarios realizados en razón 
de su actividad. 
En el presente ejercicio no se concertaron nuevas operaciones con entidades de crédito por parte 
de las Sociedades mercantiles. 
En Cantabria, las sociedades mercantiles presentaron en 2017 unos resultados de explotación 
negativos de 14.389 miles de euros, lo que supone una disminución del 34 % respecto a 2016. No 
obstante, este importe se elevaría a 49.054 miles de euros negativos (33.701 miles negativos en 
2016) si se descuentan las subvenciones imputadas a resultados del ejercicio, con lo que el 
incremento del importe negativo asciende al 46 %.  
Los resultados financieros de las sociedades mercantiles y el Instituto de Finanzas de Cantabria  e.
han sido de 11.288 miles euros negativos, frente a los 863 miles positivos de 2016. Al igual que en  w.
ejercicios anteriores la mayoría de las sociedades mercantiles presentan resultados financieros  08ww
nmeilgeast ivdoes , deeusrotasc a(n1d.9o5 l2a  Smoicleiesd adde d ee uArcotsiv otsa mInbmiéonb ilinaerigoas tiCvoasm peuns  d2e0 1C6o)m, ilqlause,  Sc.Lo.r rceosnp o1n.d8e7n8 
fCuanndtaambreian tcaulmyoe nimtep oar telo fso rimntaelrizeasdeos  adsecveenndgióa dao 4s 1p.9o0r0 u mni lepsré dseta emuoro sd.e l Instituto de Finanzas de  BOE-A-cable e
 
 
 
El resultado global de las sociedades mercantiles, después de impuestos, fue de 25.930 miles de 
euros de pérdidas, lo que implica una incremento de las mismas en un 132 % respecto del 
ejercicio precedente. 
En el ejercicio 2017, la CA ha reconocido obligaciones a favor de sus sociedades mercantiles por 
importe de 21.023 miles de euros (18.473 miles en 2016) en transferencias corrientes y de 22.234 
miles de euros (19.364 miles en 2016) en transferencias de capital, lo que supone un aumento del 
14 % en las primeras en relación con el ejercicio precedente y del 15 % en las segundas. 
En 2017, el Instituto de Finanzas de Cantabria acumulaba el 72 % del endeudamiento total del 
sector público empresarial (en 2016 el porcentaje ascendía al 69 %). Sus deudas a largo plazo se 
redujeron  hasta  los  100.197  miles  de  euros  (110.154  miles  en  2016),  mientras  que  el 
endeudamiento a corto plazo se redujo hasta los 11.538 miles de euros (13.022 miles en 2016), 
rompiéndose la tendencia ascendente de los últimos ejercicios. 
Al margen del ICAF, el endeudamiento conjunto de las sociedades mercantiles al cierre del 
ejercicio 2017 presentó un total de 42.753 miles de euros, acumulando el 74 % del total las 
sociedades  Suelo  Industrial  de  Cantabria,  S.L.,  Sociedad  Gestora  del  Parque  Científico  y 
Tecnológico de Cantabria, S.L. y Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. Dicha 
cifra supone una reducción del 23 % respecto a 2016, con lo que continúa la senda descendente 
de los últimos ejercicios. 
En Castilla-La Mancha, los resultados continúan siendo negativos por importe de 33.415 miles de 
euros, reduciéndose las pérdidas en un 32 % con respecto al ejercicio anterior (49.610 miles). 
Debe señalarse que la sociedad Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A ha incrementado 
sus pérdidas en 7.150 miles de euros con respecto al ejercicio anterior, debido a un aumento del 
gasto como consecuencia de la ampliación de las unidades de intervención movilizada ante los 
incendios estivales (principalmente el acontecido en Yeste). 
Por el contrario, el Instituto de Finanzas ha mejorado sus resultados siendo estos positivos en 
1.091 miles de euros (frente a los 12.820 miles negativos de 2016), debido a la enajenación de la 
totalidad de acciones que mantenía en Desarrollos Aeronáuticos de CLM, S.A. por 11.447 miles 
de euros. Igualmente, los resultados del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, 
S.A.U. también han pasado a ser positivos (921 miles de euros) frente a los negativos de 2016 
(191 miles) debido principalmente a la reversión parcial del deterioro del inmueble de la sede 
social. Las actuaciones llevadas a cabo por ambas sociedades han supuesto una variación 
positiva (1.934 miles de euros) del resultado financiero agregado del sector público empresarial. 
Asimismo,  es  destacable  el  incremento  de  resultados  positivos  de  la  sociedad  Gestión  de 
Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. en 8.930 con respecto a 2016, debido a un aumento 
del importe de subvenciones de explotación en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 
2017. 
Con cargo al presupuesto de 2017 de la Junta y sus OOAA han reconocido obligaciones con 
destino al sector público empresarial por un total de 165.487 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 12,4 % respecto a 2016. 
El  saldo  vivo  del  endeudamiento  mantenido  por  Gestión  de  Infraestructuras  de  Castilla-La  e.
Mancha, S.A., como única sociedad del sector público empresarial con deudas con entidades de  w.
crédito al cierre del ejercicio fiscalizado, alcanzaba los 53.941 miles de euros según sus cuentas  08ww
(esni dbeiuedna lma iecniftroa  eamscpireensdaeri aal  a5lc3a.9n9z0ó  esle 1g0ú,n1  d%a.t os de la CA). A nivel agregado, la reducción del
En Cataluña, el activo y el patrimonio neto y pasivo agregados de las sociedades mercantiles a 31  BOE-A-cable e
de  diciembre  del  ejercicio  2017  disminuyó  un  5,3  %  en  el  ejercicio  2017.  Cinco  entidades
 
 
representaban el 92 % del total del activo, de las cuales Infraestructuras de la Generalitat de 
Catalunya, S.A.U., representaba el 64,5 %. 
El epígrafe más significativo del activo agregado en el ejercicio 2017 era Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a largo plazo, que representaba el 46,4 % del total del activo, del que 
Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. concentraba el 95,7 % del total a largo 
plazo en el ejercicio 2017. 
Los  otros  epígrafes  del  activo  con  un  peso  relativo  importante  eran  Inmovilizado  material  e 
Inversiones inmobiliarias, que a 31 de diciembre de 2017 representaban un 22,6 % y un 15,5 %, 
respectivamente, del total del activo.  
Dos entidades, Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, S.A.U. y F2000, concentraban 
entre el 90,7 % y el 96,3 % de Deudas a largo plazo y entre el 95,1 % y el 95,2 % de Deudas con 
empresas del grupo y asociadas a largo plazo para el período analizado. 
El  epígrafe  Resultados  de  ejercicios  anteriores  agregado  presentaba  un  saldo  negativo  de 
329.790 miles de euros en el ejercicio 2017, con un aumento de 31.740 miles de euros respecto al 
ejercicio 2016. Un 52,9 % de este saldo correspondía a F2000. El resultado del ejercicio agregado 
también fue negativo en el período analizado. 
El resultado del ejercicio agregado de las sociedades mercantiles en 2017, a pesar de la mejora 
respecto al ejercicio anterior, continuó siendo negativo en 36.805 miles de euros. El resultado 
presupuestario agregado continuó con superávit, aunque este se redujo 4.070 miles de euros en 
el ejercicio 2017. 
El resultado del agregado de entidades públicas empresariales fue de 80.679 miles de euros en el 
ejercicio. 
En Extremadura, en 2017 los resultados agregados del sector público empresarial alcanzaron un 
importe negativo de 32.071 miles de euros, lo que supone una reducción del 1,7 % respecto al 
ejercicio precedente. 
Pese al incremento de los deterioros de las inversiones financieras de Extremadura Avante, estos 
han sido compensados por la reducción de las pérdidas obtenidas por Urbanizaciones y Viviendas 
de  Extremadura,  S.A. (por  el  incremento  de  las  ventas de  promociones  terminadas),  por la 
Sociedad  de  Gestión  Pública  de  Extremadura,  S.A.  (derivado  de  la  actualización  de  tarifas 
obtenidas por los servicios prestados) y por la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión 
Extremeña,  S.A.  (derivada  de  la  contención  de  los  gastos,  pese  a  la  caída  de  su  cifra  de 
negocios). 
Tan solo tres sociedades Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, S.A., Gestión y 
Estudios Mineros, S.A. y FEVAL, Gestión de Servicios, obtuvieron resultados positivos en 2017, 
sustentados en este último caso en la percepción de transferencias. 
La mayor parte de la financiación de las entidades integrantes del sector empresarial extremeño 
procede de los presupuestos de la Junta de Extremadura. Esta financiación se lleva a cabo 
principalmente mediante transferencias globales o específicas, pero también a través de encargos 
de gestión o mediante la concesión de préstamos. El total de aportaciones realizadas a este  e.
sector por la Junta se reduce en 7.153 miles de euros, un 9 %, si bien esta reducción se concentra  w.
en  relación  con  los  préstamos,  5.662  miles,  por  efecto  de  la  menor  inclusión  de  deudas  08ww
financiadas con cargo al FLA.
Eeml psraeldsoa s ap úfibnl icdaes  eajlecarcniczióo  lodse l 19e.n3d9e5u dmaimleise ndteo  ecuorno se, nloti dqaudee ss udpeo ncer éudnitao  rceodnuccecriótand oin teproarn ulaasl 
del 9,4 %. Las únicas operaciones que se concertaron en 2017 corresponden a Gestión de
 
 
 
Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura, S.A y se concretan en tres operaciones de 
factoring, por un importe total de 726 miles de euros, que pese a figurar correctamente registradas 
como endeudamiento a corto plazo con entidades de crédito, no son mencionadas en la memoria 
de las correspondientes cuentas anuales. 
En Galicia, los recursos gestionados por el sector público empresarial en 2017 ascendieron a 
459.900 miles de euros, un 29 % del total de las entidades instrumentales. En términos relativos 
destaca el incremento de los recursos gestionados por las entidades públicas empresariales 
(13,2  %) consecuencia de aportaciones en forma de transferencias de capital a Aguas de Galicia 
que se incrementaron en algo más de 4.200 miles de euros en el año 2017 respecto de las 
recibidas en el año 2016. 
La dependencia financiera del sector respecto de las aportaciones realizadas, bien sea, por la 
Xunta de Galicia, por otros entes dependientes, bien por otro tipo de ayudas públicas es del 12,8 % 
para las entidades públicas empresariales y del 39,7 % para las sociedades mercantiles del total 
de las entidades instrumentales. En las primeras el nivel de autofinanciamiento es muy alto, a 
título de ejemplo, Puertos de Galicia mediante los ingresos por servicios portuarios sitúa su grado 
de autofinanciamiento en el 74 % mientras Aguas de Galicia, con cargo fundamentalmente al 
canon de agua, se sitúa en un 92 % en el año 2017. Respecto a las sociedades es Sociedad 
Galega de Medio Ambiente, S.A la empresa que presenta, en términos absolutos, más capacidad 
para generar sus propios recursos. 
El  resultado  económico  fue  positivo  en  14.948  miles  de  euros  para  las  entidades  públicas 
empresariales (Puertos de Galicia y Aguas de Galicia) y negativo en 87.050 miles para las 
sociedades mercantiles. Los fondos propios ascendieron a 74.800 y 359.100 miles de euros, 
respectivamente. 
El endeudamiento financiero del sector empresarial ascendió a 347.100 miles de euros. 
En La Rioja, los resultados agregados del ejercicio registran un saldo negativo de 4.272 miles de 
euros, lo que supone una mejora del 3 % respecto de 2016, habiéndose alcanzado resultados 
negativos  en  las  tres  sociedades  que  constituyen  el  sector,  destacando  las  pérdidas  de  la 
sociedad La Rioja Turismo, S.A.U. por importe de 2.076 miles de euros. 
Por  otro  lado,  el  patrimonio  neto  de  la  sociedad  Valdezcaray,  S.A.  se  encontraba  a  31  de 
diciembre de 2017 por debajo de las dos terceras partes del capital social, por lo que de acuerdo 
con lo previsto en el art. 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad 
debía reducir capital social, dado que en el ejercicio precedente los fondos propios estaban 
igualmente por debajo de las dos terceras partes del capital social. Se ha comprobado, como 
hechos posteriores, que no ha habido variaciones en su capital, manteniéndose la situación 
descrita. 
La  Administración  de  la  Comunidad  ha  reconocido  en  el  ejercicio  2017  obligaciones  por 
transferencias y subvenciones a favor de las sociedades Instituto de la Vivienda de La Rioja, S.A. 
y La Rioja Turismo, S.A.U. por importe de 22 y 5.871 miles de euros, respectivamente. 
A 31 de diciembre de 2017 el endeudamiento con entidades de crédito de las empresas de la 
Comunidad, de acuerdo con la información facilitada por la Administración Autonómica, ascendía  s
a 3.165 miles de euros, correspondientes en su totalidad a Instituto de la Vivienda de La Rioja,  e.
S.A.  w.
aE n2 0la1 6C o(1m85u.n8i1d7a dm Fileosr)a yl  daelc Nanazvaa rloras,  8e9l .p0a9s0i vmoi lceosr rdieen eteu reons  2017 se ha reducido un 52 % respecto
Las subvenciones recibidas del Gobierno de Navarra en 2017 se han reducido en un 51 % frente a  BOE-A-cable e
las de 2016 y alcanzan un total de 10.150 miles de euros.
 
 
El efectivo y otros activos líquidos por importe de 79.477 miles de euros han disminuido un 6 % en 
2017 sobre los existentes en el ejercicio anterior, 84.426 miles. 
El resultado de explotación, el consolidado del ejercicio y el atribuido a la sociedad dominante han 
mejorado  significativamente  en  2017  ascendiendo  a  10.584,  -369  y  -726  miles  de  euros, 
respectivamente, frente a los indicadores de 2016 que fueron 3.231,-4.520 y - 5.069 miles de 
euros. 
Las deudas a largo plazo en 2017 son un 9 % inferiores a las del ejercicio anterior suponiendo un 
total de 120.550 miles de euros. 
En el Principado de Asturias, las 22 empresas públicas que rindieron cuentas en el ejercicio 
2017, muestran un resultado agregado negativo de 29.130 miles de euros (sin tener en cuenta el 
Instituto  de  Desarrollo  Económico  del  Principado  de  Asturias).  Es  destacable  el  peso  que 
representa  el  resultado  financiero  negativo  sobre  las  pérdidas  totales  acumuladas  (54,7  %), 
consecuencia de la carga financiera de las empresas con mayores niveles de endeudamiento. 
Los ingresos de las sociedades mercantiles ascendieron a 147.905,5 miles de euros, siendo la 
partida de importe neto de la cifra de negocios la que concentra el 74,5 % del total agregado. De 
la misma la sociedad Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U., 
representa el 53 % y recoge los ingresos correspondientes a las tarifas de las encomiendas del 
Principado a la sociedad para el mantenimiento, conservación y explotación de los complejos 
hospitalarios del HUCA y del Hospital Vital Alvarez-Buylla. 
A 31 de diciembre de 2017 el total de endeudamiento financiero, considerando como tal el 
sumatorio de los epígrafes del pasivo: deudas y deudas con empresas del grupo, asciende a 
576.147 miles de euros (4,3 % menos que el ejercicio 2016). En el ejercicio 2017, ninguna 
sociedad salvo Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, SA, han incrementado 
su endeudamiento. 
En la Región de Murcia, la situación económico-financiera del sector empresarial en 2017 refleja 
una disminución importante de valor del patrimonio neto agregado respecto al existente en el 
ejercicio anterior como consecuencia, de la condonación de 1.436.921 miles de euros que tuvo 
lugar en el ejercicio anterior por deudas que el Servicio Murciano de Salud tenía pendientes de 
pago con la Administración de la CA derivadas de los mecanismos extraordinarios de financiación. 
Aislando este hecho, el patrimonio neto agregado se ha visto afectado positivamente por el 
cambio de criterio para la imputación del canon de saneamiento de aguas residuales por parte de 
la entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, y 
por unos mejores resultados en la sociedad Centro Integrado de Transportes de Murcia, S.A. y 
Región de Murcia Deportes, S.A.U. En lo que respecta a Desaladora de Escombreras, S.A.U. 
sigue erosionándose cada año su patrimonio neto alcanzando al cierre de 2017 la cifra de 
negativa de 38.082 miles de euros. 
Los  resultados  anuales  agregados  del  conjunto  del  sector  empresarial  fueron  negativos  en 
2.157.551 miles de euros, de los que 2.124.114 miles de euros corresponden a las pérdidas 
registradas  en  el  Servicio  Murciano  de  Salud.  Las  citadas  pérdidas,  se  vienen  presentando 
recurrentemente en los últimos ejercicios y tienen su origen en el déficit de las actividades 
ordinarias o de explotación de las empresas regionales, lo que motiva que la Administración  s
Regional  deba  acudir  a  la  cobertura  de  las  pérdidas  generadas  y  a  la  financiación  de  las  oe.
inversiones programadas por las sociedades, normalmente, mediante transferencias corrientes y  w.
de capital, incrementándose el grado de dependencia financiera de las empresas autonómicas.  08ww
El  endeudamiento  financiero  del  sector  empresarial,  según  la  información  facilitada  por  la
Aded meuinriosstr. ación General de la Comunidad, ascendía, al cierre del ejercicio 2017, a 190.373 miles  BOE-A-cable e
 
 
 
En la Comunitat Valenciana, las magnitudes agregadas más significativas son un activo de 
6.677.720 miles de euros, un patrimonio neto de 2.229.148 miles de euros y un resultado negativo 
del ejercicio por importe de 177.208 miles de euros. 
La Ley de Presupuestos de la CA para 2017 prevé transferencias corrientes a empresas públicas 
de la Generalitat por 184.390 miles de euros. A partir de la ejecución del presupuesto se han 
reconocido a estas empresas obligaciones por importe de 187.951 miles de euros, de las que se 
han pagado en el ejercicio 84.566 miles de euros, que representa un 47,1 % de las obligaciones 
reconocidas. 
Las transferencias de capital previstas han ascendido a 147.440 miles de euros. El importe de las 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio ha sido de 140.158 miles de euros, de las que se 
han pagado en el ejercicio la cifra de 17.597 miles de euros, que representa un 12,5 % de las 
obligaciones reconocidas. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, las cuentas anuales de las sociedades participadas por la 
Administración General de la Ciudad correspondientes a 2017 presentan un activo total de 84.601 
miles de euros y un resultado negativo de 696 miles de euros. Los resultados de explotación 
(antes de subvenciones) reflejan unas pérdidas de 40.665 miles de euros, un 3 % menos que en 
el  ejercicio  anterior,  lo  que  constata  la  recurrente  situación  deficitaria  de  las  sociedades 
municipales y motiva que la Administración General de la Ciudad deba acudir a la cobertura de las 
pérdidas generales y a la financiación de las inversiones programadas mediante transferencias 
corrientes y de capital, incrementándose el grado de dependencia financiera de las empresas 
autonómicas. 
Las transferencias corrientes registradas en el ejercicio 2017 por las empresas en sus cuentas de 
resultados como subvenciones de explotación han ascendido a un importe conjunto de 39.628 
miles de euros. 
El saldo contable de las operaciones de crédito de las sociedades municipales ascendía a 31 de 
diciembre de 2017 a 14.844 miles de euros. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, la Administración General de la CA reconoció obligaciones 
en la cuantía de 10.797 miles de euros por transferencias (corrientes y de capital) a realizar a las 
empresas propiedad única que eran: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. 
(EMVISMESA), Sociedad de Información Municipal de Melilla, S.A. (INMUSA) y Proyecto Melilla, 
S.A. (PROMESA), un 1,7 % superior a 2016. 
Respecto de las cuentas de las sociedades de propiedad íntegra de la CA, cabe destacar: 
PROMESA  e  INMUSA  registraron  pérdidas  por  importe  de  586  y  3.263  miles  de  euros, 
respectivamente. EMVISMESA reconoció un beneficio de 1.745 miles de euros. 
Los balances de PROMESA e INMUSA no reflejaban deudas con entidades de crédito, al igual 
que en el ejercicio anterior. Por su parte, el balance de EMVISMESA registraba deudas con 
entidades de crédito por importe de 15.834 miles de euros, frente a los 17.690 miles del ejercicio 
2016. 
  FUNDACIONES PÚBLICAS  e
En el ámbito autonómico, a través de diferentes leyes de Fundaciones y numerosos decretos de  08ww
eAdaepndsltmircaeiarn rbiousllentlro aaa,  c eliaaónusn s s,F ueh unáancmsditaaba  ictlaoiaob  nrcseeoossnlpu fdeitgaecu t irdvdaioecc,h i óloarne   smgdeueacl yatuoocnrri ó ípcanúu  dbeeelrip scloopos e lt eceleígrfgriaciitlsao cl raoiaddnloe,  ru denlesaa  shf oc airfenmur nitadad o hae ecaxtirpoetlinriccoeuigtslaaé cnnpideóroaniv , la dapde unal eosrsér m gdoiaesmtc ievillnaaa     OE-A-2021-28able en https://
jurídico de esta figura. Así, no cabe hablar de un modelo jurídico de fundación, sino de variaciones
 
 
pendulares entre la privatización absoluta y la publificación de la forma privada, optando por 
fórmulas organizativas distorsionadas, alterando algunos de los elementos propios del régimen 
jurídico privado para adaptarlos a las peculiaridades de la función pública. 
La contabilidad de las fundaciones públicas se rige, para los ejercicios anuales a partir del 1 de 
enero de 2012, por el RD 1491/2011, de 24 de octubre, que aprueba las normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, tras la aprobación del RD 1514/2007, de 16 de 
noviembre, que aprueba el PGC. A menudo no existe homogeneidad en la elaboración de los 
presupuestos ni en la rendición de las cuentas, que en muchos casos se presentan incompletas, 
no se presentan para la totalidad de las entidades que componen el Sector, o no se adaptan a lo 
establecido en sus normativas. 
En 2017, no han rendido cuentas algunas fundaciones de las CCAA de Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y Comunitat 
Valenciana. 
Como  resultado  de  las  fiscalizaciones  efectuadas  cabe  señalar,  respecto  de  todo  el  sector 
autonómico lo siguiente: 
- En el ejercicio 2017 constan 274 fundaciones públicas autonómicas frente a las 269 que existían 
en 2016.  
- El activo total del sector para 239 fundaciones de las que se tiene información asciende a 
3.026.607 miles de euros. El patrimonio neto del sector alcanza 1.384.435 miles de euros. 
- En todos los sectores fundacionales, los resultados de explotación son negativos antes de 
subvenciones. Después de aplicar las subvenciones tienen un excedente de la actividad positivo 
el conjunto de las fundaciones de las CCAA de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.  
El resultado total en el ejercicio para el conjunto del subsector presenta un déficit de 11.303 miles 
de euros (239 fundaciones), frente al déficit de 30.246 miles de euros del ejercicio 2016 (244 
fundaciones). Las subvenciones aplicadas al ejercicio han ascendido a 851.207 miles de euros, 
superiores en un 10 % a las aplicadas en el ejercicio anterior. 
A continuación figuran los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias agregadas de las 
fundaciones de las que se posee información. 
 
 
 
 
 
  w.b
 
Rdo. Total. Variac. del PN en el ejercicio     (11.303) 
TOTAL  A=P       3.026.607  ES  Ajustes y Variaciones  4.838  
ON s  N  5)  
NES      Corriente  1.055.175  CIAS. FUNDACI Variac. del PN ingresos y gastoimputados directamente al P (9.59
CUADRO 23.1 MAGNITUDES AGREGADAS DE BALANCE. FUNDACIO(miles de euros) PATRIMONIO A C T I V O     NETO Y PASIVO Nº de Fundaciones/Ejercicio   Entes PATRIMONIO No Corriente Corriente No Corriente NETO          239 1.667.724 1.358.883 1.384.435 586.997 2017   Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX  CUADRO 23.2 MAGNITUDES AGREGADAS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANAN (miles de euros)  Excedente del ejercicio  Excedente de la actividad  Nº de Variac. del PN ndaciones/Ejercicio Excedente de Excedente Entes Impuestos reconocida en el las operaciones antes de Otras s/Bº excedente del Subvenciones financieras impuestos rúbricas ejercicio           239    851.207    (845.811)   (7.607)   (2.211)  (4.335)  (6546)  2017   nte: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.es
     Fu  Fue
 
 
A excepción de la Comunidad de Madrid, dado que el informe de la Cámara tan solo relaciona 
las fundaciones públicas e informa sobre la rendición de cuentas, de Aragón y del País Vasco al 
no incidir en esta área los informes de la Cámara de Cuentas y del Tribunal Vasco de Cuentas, y 
de Illes Balears, ya que efectúa un análisis consolidado de todas las entidades dependientes y no 
individualizado de cada una de ellas, la información más relevante de este sector recogida en los 
informes de fiscalización es la siguiente: 
En Andalucía, del presupuesto aprobado para el conjunto de fundaciones (177.270 miles de 
euros), el 98,8 % son para gastos de explotación. La variación positiva más significativa, en 
términos absolutos, se registra en las fundaciones Fundación Pública Andaluza para la Gestión de 
la Investigación de la Salud de Sevilla y Progreso y Salud, con un incremento de 6.170 y 4.490 
miles  de  euros,  respectivamente.  En  cuanto  a  la  variación  negativa,  destacan  Andalucía 
Emprende y Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental, 
“Alejandro Otero” (1.250 y 1.150 miles de euros, respectivamente). 
Con cargo al presupuesto de la CA para el ejercicio 2017, se han reconocido obligaciones con 
destino a las fundaciones, por importe de 132.180 miles de euros, es decir, 14.740 miles más 
(representativo de un 12,5 %) respecto al ejercicio anterior, habiéndose pagado un 87,7 % de la 
totalidad de las obligaciones reconocidas. Del total de obligaciones reconocidas en 2017 por la CA 
a favor de las fundaciones, un 86,3 % se canalizan a través de transferencias corrientes y de 
capital. 
El resultado agregado de las 21 fundaciones examinadas al finalizar el ejercicio 2017, al igual que 
en el ejercicio anterior, ha sido negativo, si bien este resultado negativo ha mejorado, al pasar de 
2.332 miles en 2016, a 582 miles de euros en 2017, lo que significa que ha aumentado en 1.750 
miles de euros. 
El pasivo agregado, al cierre del ejercicio 2017, fue de 181.058 miles de euros frente a 187.404 
miles en 2016, es decir 6.346 miles de euros (3,4 %) menos que en el ejercicio anterior. 
En Canarias, el 87 % del total de activos del sector público fundacional (7 fundaciones), se 
corresponde con los activos de IDEO (Fundación Canaria de Juventud), FUNCANIS (Fundación 
Canaria  de  Investigación  Sanitaria)  y  FUNCATRA  (Fundación  Canaria  para  el  Fomento  del 
Trabajo). 
El patrimonio neto es de 8.530 miles de euros, donde el 80 % lo concentraba FUNCANIS. 
Asimismo, en relación con 2016, FUNCANIS mejora sus fondos propios como consecuencia 
fundamental de los excedentes obtenidos en este ejercicio y en el anterior. En el ejercicio 2016, la 
fundación IDEO contaba con un patrimonio neto negativo de 599 miles de euros, invirtiéndose la 
situación en 2017 debido, fundamentalmente, a la aportación dineraria de 689 miles de euros del 
Gobierno de Canarias, con la finalidad de dar cobertura a ese patrimonio negativo, sin que conste 
que se haya elaborado el plan de viabilidad y saneamiento. 
Salvo  FUNCANIS,  las  fundaciones  percibieron  la  mayor  parte  de  sus  ingresos  de  las 
Administraciones,  fundamentalmente  de  la  autonómica,  estando  sujeta  la  continuidad  de  su 
actividad en el futuro a las aportaciones y subvenciones de las Administraciones. 
El  resultado  agregado  del  sector  público  fundacional  fue  positivo  en  418  miles  de  euros,  s
prácticamente generado por FUNCANIS. Este resultado fue inferior al obtenido en el ejercicio  e.
anterior  en  538  miles  de  euros  como  consecuencia  de  la  disminución  del  resultado  w.
correspondiente a FUNCANIS en 606 miles de euros, a causa de las variaciones en el patrimonio  08ww
neto, fundamentalmente por subvenciones.
Eaunt oCnóamntiacob reian,  cosen cerepctoo ndoec tieraronnsf eorebnligcaiacsio yn esus bvae nfacvioonre sd ep olra usn  fiumnpdoarcteio ntoetsa l ddee l 21se.7c4to2r  mpilúebsl idceo   BOE-A-cable e
euros (el 76 % de carácter corriente), sin que se produzca variación significativa con respecto al
 
 
 
ejercicio anterior. Del total reconocido, quedaron pendientes de pago obligaciones por importe de 
12.882 miles de euros, es decir, un 59 %. Destacan las obligaciones a favor de la Fundación 
Marqués de Valdecilla por 6.423 miles de euros (aunque solo se efectuaron pagos por importe de 
1.048 miles), la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, por importe de 5.360 miles 
y la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria, por importe de 3.365 miles 
(de los que no se ha realizado ningún pago). 
Estas aportaciones representan el 54 % de los ingresos por la actividad propia y por la actividad 
mercantil registrados en las cuentas de resultados de las fundaciones.  
Únicamente la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica y la Fundación Festival 
Internacional de Santander mantenían deudas con entidades financieras, pasando de 3.105 miles 
de euros en 2016, a 2.654 miles de euros en 2017 lo que supuso una reducción del 14 % con 
respecto al ejercicio anterior. 
En Castilla-La Mancha, el activo total del sector ascendió a 68.441 miles de euros. El patrimonio 
neto era de 47.728 miles de euros. 
Las magnitudes correspondientes al balance no han variado significativamente con respecto al 
ejercicio 2016. Por el contrario, si bien las pérdidas del ejercicio han pasado de 597 miles de euros 
a 149 miles, es necesario tener en cuenta que los resultados del ejercicio 2017 no incluyen los de 
la Fundación PSMRC (38 miles de pérdidas) al no haberse rendido las cuentas aprobadas por su 
Patronato en sustitución de las incluidas en la Cuenta General de 2017 hasta el 18 de junio de 
2019, ni los de la extinguida Fundación para la Promoción, cuyas pérdidas ascendieron en 2016, a 
230 miles. 
Las aportaciones de la Junta y sus OOAA al sector público fundacional han ascendido a 23.763 
miles de euros lo que supone un incremento de un 3,8 % con respecto al ejercicio anterior, 
concentrando la Fundación Sociosanitaria el 68 % del total de las aportaciones, a pesar de las 
cuales continúa presentando pérdidas al cierre del ejercicio. 
En Castilla y León, el volumen de su activo, alcanza en 2017 un importe total de 208.938 miles 
de euros lo que supone una reducción con respecto a 2016 de un 1 %. Desde el punto de vista de 
su financiación su patrimonio neto alcanza en 2017 los 172.342 miles de euros, muy similar al de 
2016 que ascendió a 173.288 miles. A su vez, se produce un descenso en el pasivo no corriente 
de un 20,7 % respecto al ejercicio anterior, situándose en 9.565 miles de euros a fin del ejercicio 
2017. Sin embargo, el pasivo corriente se incrementa ligeramente, situándose en 27.031 miles de 
euros frente a los 25.563 miles de euros de 2016. 
En Cataluña, el activo y el patrimonio neto y pasivo agregados de las fundaciones a 31 de 
diciembre del ejercicio 2017 analizados disminuyó un 3,4 % durante el ejercicio 2017. 
Los  epígrafes  más  significativos  del  activo  agregado  en  el  ejercicio  2017  eran  Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, Efectivo y otros activos líquidos equivalentes e Inmovilizado 
material, que representaban el 35,4 %, el 19,9 % y el 19,5 %, respectivamente, del total del activo. 
En  relación  con  patrimonio  neto  y  pasivo  agregado  destacan  Deudas  a  largo  plazo  y 
subvenciones, donaciones y legados recibidos, que a 31 de diciembre de 2017, representaban el  s
50,4 % y 26,5 %, respectivamente, del total.  e.
En el ejercicio 16 fundaciones presentaban un resultado del ejercicio negativo y 6 presentaban  08ww
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CInisetnitcuitaos d dee Iln vCelsimtigaa, cFióunn dBaiocmióné dIincast idtuet oB eCllavittagleá ny  Fdeu nPdaalceióonn tToliocsgaíalu tM. iquel Crusafont, Fundación  BOE-A-cable e
 
 
El resultado del ejercicio agregado de las fundaciones durante el período analizado pasó de ser 
positivo en el ejercicio 2016 a ser negativo en 2017, por 7.565 miles de euros, como consecuencia 
del empeoramiento del resultado de explotación y del resultado financiero.  
Las  fundaciones  tenían  un  importante  grado  de  dependencia  respecto  a  las  subvenciones 
recibidas.  Destacan  29  fundaciones  que  tuvieron  un  porcentaje  de  dependencia  de  las 
subvenciones respecto a los ingresos totales superior al 50 %; en 10 de ellas las subvenciones 
recibidas representaron más del 90 % de los ingresos totales. 
En Extremadura, todas las fundaciones públicas autonómicas mantenían patrimonios netos y 
fondos de maniobra positivos a 31 de diciembre de 2017, a excepción de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, que presentaba importes negativos en ambas magnitudes, 
por importes respectivos de 668 y 78 miles de euros. El plan de viabilidad de 30 de julio de 2013, 
elaborado por la fundación en coordinación con las Consejerías de Economía y Hacienda y 
Educación y Cultura, para restituir su equilibrio patrimonial, que se extiende hasta 2023, constituye 
uno de los apoyos para aplicar en las cuentas anuales de 2017 el principio de entidad en 
funcionamiento. 
En cuanto a los resultados obtenidos, pese a que las fundaciones Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión,  Computación  y  Tecnologías  Avanzadas  de  Extremadura  (COMPUTAEX), 
FUNDESALUD y Orquesta de Extremadura presentaron resultados totales negativos en 2017, el 
resultado total agregado es positivo en 4.656 miles de euros, generado principalmente por la 
imputación al patrimonio neto de las subvenciones recibidas por la Fundación Helga de Alvear 
para la construcción del Centro de Artes Visuales. 
Las aportaciones al sector fundacional, 14.525 miles de euros, aumentaron en 2017 en un 8 % 
respecto al ejercicio precedente, al duplicarse las transferencias de capital para la construcción del 
Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, así como por efecto del aumento de 
las  transferencias  específicas  recibidas  por  FUNDECYT-Parque  Científico  y  Tecnológico  de 
Extremadura. 
En la Comunidad Foral de Navarra, los ingresos derivados de la actividad propia, que ascienden 
a 15.068 miles de euros, han aumentado un 56 % respecto del 2016 que fueron de 6.905 miles de 
euros. 
Los ingresos por subvenciones de explotación del Gobierno de Navarra ascienden a 9.432 miles 
de euros, lo que supone un incremento del 111 % respecto a 2016 que ascendieron a 4.466 miles 
de euros. 
El fondo de maniobra, por importe de 5.751 miles de euros, se ha visto incrementado en un 466 % 
respecto a 2016 que ascendía a 1.016 miles de euros. 
El excedente del ejercicio de 2017 ha sido positivo en un importe de 219 miles de euros frente al 
excedente negativo del ejercicio anterior, que ascendió a 398 miles de euros. 
En Galicia, los recursos gestionados por el sector público fundacional en 2017 ascendieron a 
95.100 miles de euros, un 6 % del total de las entidades instrumentales. 
La dependencia financiera del sector respecto de las aportaciones realizadas, bien sea, por la  e.
Xunta de Galicia, por otros entes dependientes, bien por otro tipo de ayudas públicas es del 81,4 %  w.
del total de las entidades instrumentales, ligeramente superior al ejercicio anterior (79,9 %). Las  08ww
fEusntdea hceiocnheos  cpuúebslticioansa  mlau ecsotnrafing,u rpaocri ótna ndtoe,  luan ma aeysocra spaa rctea pdaec iedsatda sd ee ngteidnaedreasr  rceocmuros ofusn edxatceironnoess. 
plaú pbalicrtaicsi,p yaac ióqnu ey  elas tfain faonrcmiaac jiuórní dpicriav addeab eenrí aa csteivr ideamdpelse addea i nctoemréos  ugne nmeoradle. lo que permita canalizar  BOE-A-cable e
 
 
 
El excedente del ejercicio fue negativo en 4.322 miles de euros. Los fondos propios ascendieron a 
127.900 miles de euros. 
En La Rioja, el activo global del sector público fundacional asciende a 52.062 miles de euros, 
correspondiente en su mayor parte al inmovilizado de las fundaciones Fundación Rioja Salud 
(FRS) y Fundación Hospital de Calahorra (FHC). El patrimonio neto disminuye un 35 % hasta 
situarse en 18.601 miles de euros en 2017, debido principalmente al excedente de la actividad 
negativo  de  las  fundaciones  FHC  y  FRS,  que  se  sitúan  en  2.358  y  953  miles  de  euros, 
respectivamente, como consecuencia, principalmente, del aumento de los gastos de personal, así 
como del déficit de dotación presupuestaria de ambas fundaciones. 
El resultado agregado del ejercicio fue negativo por importe de 3.752 miles de euros. 
De acuerdo con la información facilitada por la CA y la reflejada en sus cuentas anuales, las 
transferencias y subvenciones recibidas por las fundaciones han ascendido a un total de 57.068 
miles de euros, de las que 57.015 miles de euros fueron de procedencia autonómica. 
En el Principado de Asturias, el total general del balance a 31 de diciembre de 2017 ascendió a 
60.165 miles de euros, experimentando un descenso del 3,5 % respecto al ejercicio precedente. 
Cinco de las fundaciones (Barredo, Fundación Asturiana de Atención y Protección de Personas 
con  Discapacidades  y/o  Dependencias,  Fundación  Para  el  Fomento  en  Asturias  de  la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología, Fundación Universidad de Oviedo y Niemeyer) 
aglutinan el 82,48 % del volumen total de activo. 
El patrimonio neto por importe de 35.470 miles de euros resulta un 5,2 % inferior al de 2016, al 
igual que el pasivo no corriente, 1.585 miles de euros, que supone una disminución del 42,6 %. El 
pasivo corriente por importe de 23.110, se ha incrementado en un 4,2 % respecto al anterior 
ejercicio. 
El resultado del ejercicio resulta negativo por importe de 1.924 miles de euros, lo que supone un 
incremento del 37,4 % respecto al también negativo de 2016 que ascendió a 1.400 miles de euros. 
En la Región de Murcia, el activo total del sector fue de 104.891 miles de euros, con un 
patrimonio  neto  de  48.329  miles  de  euros.  En  el  ejercicio  fiscalizado,  el  67  %  del  activo 
correspondía al inmovilizado y el resto formaba parte del activo corriente, principalmente cuentas 
a cobrar por subvenciones públicas recibidas e inversiones financieras a corto plazo. El pasivo 
exigible era, en su mayor parte, de naturaleza no corriente, principalmente, debido a las deudas 
con entidades de crédito de la Fundación Teatro Romano de Cartagena. 
Por lo que se refiere al análisis de la cuenta de resultados, refleja en 2017 una reducción 
significativa de los resultados negativos de explotación obtenidos antes de subvenciones de 
ejercicios anteriores, destacándose un saldo positivo de la mayoría de las fundaciones con la 
excepción de las fundaciones Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia, 
Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Cante de las minas y la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua.  
Las  transferencias  y  subvenciones  públicas  recibidas  por  las  Fundaciones  regionales  de  la 
Administración  General  de  la  CA  han  experimentado  un  incremento  interanual  del  18  %,  e.
habiéndose situado en un importe conjunto de 14.492 miles de euros. Siguiendo la tendencia de  w.
ejercicios anteriores, la mayor parte de las transferencias concedidas por la CA correspondieron a  08ww
lMa uFrcuinad ayc ilóan  FSuénndeaccaió, nla  IFntuengdraac, ióqnu ep ahraan l ac Fonocrmenatcraiódno  ec Ionnvjeusnttiagmaceiónnte  Sealn i7ta4r ia% d ede lla  tRoteagl iódne  dlea 
financiación pública recibida por el sector fundacional regional en el ejercicio 2017.
 
 
En la Comunitat Valenciana, el total del activo del sector fundacional fue de 160.038 miles de 
euros y un patrimonio neto de 6.550 miles de euros, destacando el importe negativo de los fondos 
propios de 24.427 miles de euros. Los mayores importes del activo corresponden a la Fundación 
para al Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica y la Fundación para la Investigación del 
Hospital Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana con 65.911 y 54.356 miles de euros, 
respectivamente. 
Las subvenciones ascendieron a 30.812 miles de euros. 
El excedente antes de impuestos del ejercicio agregado de las fundaciones ha sido negativo de 
1.263 miles de euros frente al negativo del ejercicio anterior que fue de 5.586 miles de euros.  
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Fundación Premio de Convivencia, única existente, fue 
creada en 1998 con el objetivo de fomentar en Ceuta la convivencia en paz, igualdad y libertad, 
así como desarrollar los valores de justicia, fraternidad y solidaridad. El activo total de la entidad 
ascendió a 73 miles de euros frente a los 98 miles del ejercicio anterior, debido principalmente a 
que en este año el ganador del premio no se personó a recogerlo y no fue abonado. 
Respecto de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico 
Hispano-Marroquí fue constituida en 2005 por 3 patronos fundadores entre los que se incluía la 
sociedad pública Proyecto Melilla, S.A. (PROMESA), ostentando, en el ejercicio fiscalizado, la 
presidencia del Patronato de dicha entidad no lucrativa. En el momento de constituirse, la dotación 
fundacional recibida fue de 13 miles de euros, mediante una única aportación dineraria efectuada 
por PROMESA.  
La sociedad realizó en 2017 una aportación de 5 miles de euros a dicha fundación (a diferencia 
del año anterior, en el que no realizó ninguna), que constituye su único ingreso, además del 
contabilizado como impuesto sobre beneficios, por importe de mil euros. En este sentido, la 
Fundación registra indebidamente activos por impuesto diferido, por importe de 5 miles de euros, 
incumpliendo el principio de prudencia, ya que resulta cuestionable que la entidad pueda disponer 
de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
Es de destacar que esta Fundación, en el ejercicio fiscalizado, contaba solo con dos voluntarios 
como personal y sus actividades consistieron, según consta en su memoria, en varias jornadas y 
conferencias así como en la elaboración de un inventario sobre los recursos turísticos de la CA, lo 
que supuso unos gastos de actividad de 17 miles de euros. Todo ello evidencia una reducida 
actividad de esta fundación. 
 
 
 
 CONSORCIOS PÚBLICOS 
Estado autonómico diseñado por la Constitución Española de 1978 implica la cooperación y 
colaboración entre sus distintos entes públicos. El Tribunal Constitucional ha establecido (por 
todas  la  Sentencia  27/1987)  la  necesidad  de  cauces  de  relación  en  el  ejercicio  de  las 
competencias de las diferentes Administraciones Públicas. La unidad del sistema en su conjunto, 
así como el principio de eficacia administrativa (art. 103.1 de la C.E.), que debe predicarse no solo 
de cada Administración Pública, sino del entero entramado de los servicios públicos, permiten, 
cuando no imponen, al legislador establecer fórmulas y cauces de relación entre unas y otras 
Administraciones  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  para  la  gestión  de  sus  intereses 
respectivos  les  correspondan.  Así,  los  consorcios  permiten  el  ejercicio  coordinado  de 
competencias  de  diversas  Administraciones  Públicas  por  razones  territoriales,  urbanísticas, 
económico-sociales o de cualquier otra naturaleza. Son personas jurídicas de Derecho Público, 
normalmente independientes de las distintas Administraciones que los integran, y como tales 
verdaderas Administraciones Públicas que ejercen sus competencias en el ámbito sectorial en el 
que debe realizarse su actividad. 
La figura del consorcio interadministrativo, nacida de la mano de la normativa estatal de régimen 
local, ha dado un gran salto evolutivo para situarse entre las entidades públicas instrumentales 
más emergentes del sector público autonómico. Ello ha permitido que la misma tome carta de 
naturaleza dentro del sector público autonómico. En la mayoría de las ocasiones son las CCAA 
quienes promueven su creación y quienes se garantizan una clara posición de dominio, tanto 
orgánico como financiero. Posición de dominio que, en ocasiones, desfigura la propia naturaleza 
consorcial o paccionada de la figura, por cuanto son las propias CCAA las que los utilizan como 
un  ente  instrumental  más,  lo  que  hace  de  ellos  una  institución  extraordinariamente  dúctil  y 
adaptable a las más diversas circunstancias. 
La preocupación del legislador autonómico por el tratamiento y, en su caso, control (en el proceso 
de creación y desde el punto de vista financiero y presupuestario) de estos entes públicos, de 
igual forma que había hecho el legislador estatal, ha dado lugar a que las diversas normas 
autonómicas sobre finanzas públicas establezcan los requisitos de adscripción de los consorcios 
al sector público autonómico a los efectos de determinar el régimen de control financiero. En 
ocasiones,  son  las  normas  reguladoras  de  la  Administración  Pública  Autonómica  las  que 
determinan esta adscripción, considerando de aplicación a los consorcios integrados en el sector 
público autonómico el ordenamiento jurídico propio de la CA de que se trate. 
De las actuaciones fiscalizadoras resulta lo siguiente: 
- Según datos obrantes en el Tribunal de Cuentas, en 2017 consta la existencia de 177 consorcios 
frente a los 158 de 2016. En el ejercicio fiscalizado han rendido cuentas 139 consorcios. 
- No figuran consorcios en la Comunidad Foral de Navarra. 
-  Debe  insistirse  en  la  necesidad  de  completar  y  delimitar  con  precisión  el  registro  de  los 
consorcios  que  conforman  el  sector  público  autonómico  dada  la  variedad  de  entidades 
consorciadas,  que  dificulta  la  adscripción  de  los  mismos  al  correspondiente  sector  local  o 
autonómico. 
-  Los  consorcios  se  financian  fundamentalmente  mediante  transferencias  y  subvenciones 
aportadas  por  las  respectivas  Administraciones  autonómicas  y  con  las  inversiones  y  gastos  e
corrientes en bienes y servicios que estas destinan a los consorcios autonómicos en concepto de  bo
encargos a medios propios y honorarios por prestación de servicios.  08ww
Eennt idloasd essi,g udiiesntitnegsu iceunaddor osse gsúen  resufles jaens taladso sp rfiinncainpcaileerso sm saeg npitruedseesn tecno rrceosnpfoonrmdiee natel sd ear oegsatdaos 
PGCP del Estado de 1994, al nuevo PGCP estatal de 2010 o al PGC.

4  
L  2
TOTA A=P  plazo   79   355.6 los OCEX P 1994     AHORRO  DESAHORRO)  (12.816)   
s  A corto  221.2 de  S PGC (
re y  O
do CI s 
GCP 1994  V O  Acree A largo plazo  23.334    de Cuentas  S. CONSOR    Extraordinario 6.990   
BALANCE. CONSORCIOS P os) P A S I  Fondos    propios Provisiones  110.578   533    s informes del Tribunal  CONÓMICO-PATRIMONIALE ros) INGRESOS    Transferencias  Ordinarios y Subvenciones  231.069  229.555    as y de los OCEX
MAGNITUDES AGREGADAS DE  (miles de eurA C T I V O    Gastos a      distribuir Circulante    0     111.994      los datos consignados en lo GREGADAS DE RESULTADOS E (miles de euGASTOS    Transferencias      o y Subvenciones Extraordinarios    4.003   2.656      ados en los informes del Tribunal de Cuent
CUADRO 24.1     Núm.    Entes Inmovilizado  25 243.630    pia a partir de  2. MAGNITUDES A    Núm. De  Entes Funcionamient 25   473.771    artir de los datos consign  
pro 24. a p s
    Consorcios/ Ejercicio  2017  Fuente: elaboración  CUADRO  Consorcios/ Ejercicio  2017  Fuente: elaboración propia     e
eto 
OTAL       A=P  746.712   P 2010  Resultado ndel ejercici 11.214  
T PGC de nes s 
010  Corriente  24.247     SORCIOS  Resultados las operaciofinanciera 4.185   
CUADRO 24.3 MAGNITUDES AGREGADAS DE BALANCE. CONSORCIOS PGCP 2(miles de euros) A C T I V O   PASIVO  Nº de Consorcios Ejercicio   Entes No Corriente Corriente Patrimonio Neto  No Corriente    33    429.140  309.572     708.408    14.057    2017    Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX CUADRO 24.4. MAGNITUDES AGREGADAS DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIALES. CON(miles de euros) Resultados de la gestión ordinaria Resultado de otras Resultados de Nº de Resultado de la nsorcios Ejercicio operaciones no las operaciones Entes gestión ordinaria financieras no financieras Ingresos Gastos  33 278.642  (271.646)  6.996   33   7.029   2017    e: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 2021-2808n https://www.boe.es
  Co Fuent   BOE-A-cable e

el 
TOTAL       A=P  4.242.558   C  Resultado dejercicio  2.874   
G
GC  O   Corriente  1.1195.084  ONSORCIOS P Resultados operaciones interrumpidas  (11)   
CUADRO 25.1 MAGNITUDES AGREGADAS DE BALANCE. CONSORCIOS P (miles de euros) A C T I V O   PATRIMONIO NETO Y PASIVNº de   Entes No Corriente Corriente Patrimonio Neto  No Corriente    91 2.036.688 2.205.870  1.861.842 1.185.632    a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX MAGNITUDES AGREGADAS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. C (miles de euros) Resultados de explotación  Resultados Resultados Resultados Impuestos antes de operaciones Financieros s/Bº Subvenciones Otras rúbricas impuestos continuadas   1.259.202  (1.248.581)  (7.380)  3.242  (357)  2.885     e los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX
Consorcios  2017  Fuente: elaboración propia  CUADRO 25.2  Nº de Consorcios Entes  91    2017  nte: elaboración propia a partir d 2021-2808n https://www.boe.es
Fue BOE-A- cable e
  
 
 
A continuación se exponen los principales datos resultantes de los informes de fiscalización que 
analizan el sector, a excepción de Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid y el País 
Vasco, respecto a las que no se realiza un análisis particularizado de este sector; Aragón que a 
fecha de finalización de esta fiscalización no ha aprobado su informe específico sobre el sector; 
Illes Balears, cuyo informe efectúa un análisis consolidado de todas las entidades dependientes y 
no individualizado de cada una de ellas; la  Ciudad Autónoma de Melilla porque su único 
consorcio no presenta especiales incidencias y la Comunidad Foral de Navarra, que, como se ha 
indicado anteriormente, carece de consorcios. 
En Andalucía, a 31 de diciembre de 2017 y con cargo al presupuesto de dicho ejercicio de la CA, 
se han reconocido obligaciones a favor de los consorcios por importe de 81.850 miles de euros 
(83.090 miles en 2016), entre ellas 6.380 miles de euros a los consorcios “Fernando de los Ríos” y 
“Parque de las Ciencias de Granada” no incluidos en el Presupuesto del ejercicio 2017. Esta 
asignación de fondos supone una reducción del 1,5 % (1.240 miles) respecto al ejercicio anterior. 
Al cierre del ejercicio 2017, los consorcios han obtenido un resultado agregado positivo de 520 
miles de euros, por lo que con relación al ejercicio anterior (12.440 miles de euros) la variación en 
términos absolutos ha sido negativa en términos porcentuales del 95,8 %. 
Los resultados del ejercicio, excluido las transferencias y subvenciones concedidas por la CA se 
cifran con signo negativo en 90.190 miles de euros miles de euros (negativo por 84.760 miles de 
euros  en  2016).  Solo  dos  consorcios  “Transporte  de  Mercancías  de  Málaga”  y  “Palacio  de 
Exposiciones y Congresos de Granada” no perciben fondos por transferencias y subvenciones, sin 
embargo, mientras el primero viene mostrando una trayectoria continuada de resultados positivos, 
el segundo ha reducido en el ejercicio 2017 los resultados negativos en un 91,6 % respecto a los 
del pasado año. 
La reducción (en 6.540 miles de euros) de los fondos por transferencias y subvenciones recibidas, 
así como de los ingresos financieros (en 5.900 miles de euros) y de otros ingresos (en 2.650 miles 
de euros) son, fundamentalmente, los causantes de la disminución de los resultados del ejercicio 
2017 respecto a los del ejercicio anterior. 
La deuda total contraída por los consorcios, a 31 de diciembre de 2017, asciende a 36.040 miles 
de euros, 7.490 miles (17,2 %) menos a la contraída al finalizar el ejercicio 2016, siendo el 
consorcio “Parque de las Ciencias de Granada” quien soporta el 41,8 % de la deuda total. 
En Cantabria, la CA reconoció obligaciones por transferencias al Consorcio para los Museos de 
Prehistoria, Arqueología e Historia y Bellas Artes de Cantabria durante 2017, por importe de 2 
miles de euros. Estas transferencias constituyen su única fuente de financiación.  
El informe de auditoría de cuentas de 2016 de este consorcio, emitió opinión desfavorable, al 
cuestionar el cumplimiento del principio de entidad en funcionamiento como consecuencia de su 
inactividad en el periodo 2014-2017, la falta de recursos económicos o la ausencia de personal. 
Con fecha 8 de junio de 2016, el Consejo de Gobierno del Consorcio acordó que los inmuebles 
otorgados a su favor mediante concesión demanial para el acondicionamiento y puesta en marcha 
del  espacio  del  Museo  de  Bellas  Artes  fueran  puestos  a  disposición  del  Ayuntamiento  de 
Santander, para el cumplimiento de esos fines. Al cierre del ejercicio 2017 únicamente disponía de 
obras de arte valoradas en 492 miles de euros y almacenadas.  s
En  Castilla-La  Mancha,  los  Consejos  de  Administración  de  los  dos  consorcios,  Parque  w.
Arqueológico de Carranque y Parque Arqueológico de Alarcos aprobaron el 5 de febrero y el 9 de  08ww
agbersitl iódne  d2e0 1lo5s  spua rdqiuseoslu, ceiónn v, irctound  dcees lioósn  Dgelocbreatlo dse 9 5a/c2ti0v1o2s  yy  9p6a/s2i0v1o2s , aa mlab JoCs CdMe  1a2l  daes ujumliior , elost aq ulea 
supuso de facto el cese de actividad de ambos.
 
 
A 31 de diciembre de 2017, los saldos acreedores de los Consorcios del Parque Arqueológico de 
Carranque y del Parque Arqueológico de Alarcos ascendían, respectivamente, a 266 miles de 
euros y 146 miles. 
Finalmente, según consta en informe emitido por la Consejería de Cultura el 14 de enero de 2019, 
los citados procesos de disolución permanecían sin avance. Así mismo, en los informes de control 
financiero de la Intervención General, fechados en diciembre de 2018, se constataba la inactividad 
de ambos consorcios. 
En Cataluña el activo y el patrimonio neto y pasivo  agregados de los consorcios a 31 de 
diciembre de 2017 asciende a 2.908.705 miles de euros, lo que supone un incremento del 29,1 % 
por la incorporación de nuevos consorcios, correspondiendo el 71,6 % a 9 de estas entidades. El 
epígrafe más significativo del activo agregado es el inmovilizado material, que representa el 55,5 
% del total. El saldo agregado de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 de 
diciembre de 2017 representa el 27,2 % del total del activo. 
El resultado agregado del ejercicio fue positivo por importe de 13.003 miles de euros, muy 
superior a los 4.002 miles de euros de 2016. Las subvenciones, con un importe de 1.157.178 
miles de euros, suponen un 32,9 % del total de los ingresos, correspondiendo a 38 consorcios un 
porcentaje  de  dependencia  superior  al  50  %;  y  en  20  de  estos  las  subvenciones  recibidas 
representaron más del 90 % de los ingresos totales. 
En Extremadura, las aportaciones a estas entidades con cargo al Presupuesto de la Junta de 
Extremadura para 2017 ascendieron a 6.648 miles de euros, lo que supuso una reducción del 
15  % respecto al ejercicio precedente. 
La CA financia a este sector, principalmente, vía transferencias corrientes, siendo el Consorcio 
Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida el principal perceptor, al 
corresponderle en 2017 la cuarta parte de las obligaciones totales del capítulo 4 para este sector. 
Si bien este Consorcio obtuvo resultados positivos en el ejercicio, estas aportaciones sumadas al 
resto de sus ingresos resultaron insuficientes para reestablecer el equilibrio patrimonial del mismo, 
ascendiendo su patrimonio neto a un importe negativo de 1.225 miles de euros a fin de 2017. 
Solo dos consorcios, FEVAL y Consorcio Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro 
Romano de Mérida, mantenían endeudamiento con entidades de crédito, al cierre del ejercicio 
2017, por importes de 1.051 y 1.606 miles de euros, respectivamente. Durante el ejercicio no se 
concertaron nuevas operaciones de deuda con entidades de crédito, si bien la deuda viva del 
Consorcio Patronato del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida es objeto de 
refinanciación, sin que ello suponga el incremento de la misma. En consecuencia, el saldo vivo de 
ambas entidades se redujo un 22 % por efecto de las amortizaciones del ejercicio. 
En Galicia, los recursos gestionados por los consorcios en 2017 ascendieron a 76.600 miles de 
euros, un 5 % del total de las entidades instrumentales. 
La dependencia financiera del sector respecto de las aportaciones realizadas, bien sea, por la 
Xunta de Galicia, por otros entes dependientes, bien por otro tipo de ayudas públicas es del 
77,2  % del total de las entidades instrumentales, al igual que en 2016. Debe señalarse que, a 
pesar de ser entes de naturaleza interadministrativa con participación de varias administraciones,  s
se observa cómo la práctica totalidad de la financiación se realiza a través de la Administración  e.
autonómica.  w.
E12l 5re.3s4u5lt amdiole se cdoen eóumriocso.  fue positivo en 1.831 miles de euros. Los fondos propios ascendieron a
 
 
 
En La Rioja, en el ejercicio fiscalizado la CA participaba en el Consorcio de Aguas y Residuos de 
La Rioja y en el Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 
Civil de La Rioja. 
En relación con el primero, es preciso señalar, que en septiembre de 2019, continuaba sin llevarse 
a efecto la modificación de sus estatutos necesaria para la adscripción de este consorcio bien a la 
Administración de la Comunidad, bien a la Administración del Ayuntamiento de Logroño, como 
exigen los artículos 118 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, cuya entrada en vigor con carácter general tuvo lugar el 2 de octubre de 2016. 
Por lo que se refiere al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y 
Protección  Civil,  a  pesar  de  que  en  2017  se  han  modificado  sus  estatutos,  declarando  la 
adscripción del mismo a la CA con sujeción al régimen de presupuestación, contabilidad y control 
de la CA; sin embargo, se ha verificado que el régimen presupuestario y contable aplicado por el 
Consorcio en dicho año ha sido el establecido en la legislación de régimen local al haber seguido 
el PGCP adaptado a la Administración Local, aprobado por la O. HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local y la O. 
HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la O. EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. 
En el Principado de Asturias, los consorcios que adaptaron sus estatutos para adscribirse a la 
Administración autonómica y que, en consecuencia, han de incluirse en la Cuenta General, son 
los siguientes: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), Consorcio para la Gestión 
de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) y Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y 
Saneamiento del Principado de Asturias (CADASA). El régimen presupuestario y contable de 
estos consorcios, viene determinado en el artículo 122.1 LRJSP, donde se establece que estarán 
sujetos al régimen de la AP a la que estén adscritos, esto es, al PGCPPA. Esta adaptación no se 
ha llevado a cabo en ninguno de los tres consorcios adscritos, que han seguido formulado sus 
cuentas conforme al PGCP adaptado a la administración local aprobado en el ejercicio 2013 
mediante Orden HAP/1781/2013. 
Los créditos definitivos del presupuesto de gastos ascendieron a 60.648 miles de euros y las 
obligaciones reconocidas a 38.670 miles de euros. El 88,3 % del total le corresponde a CADASA, 
el 8,6 % a COGERSA y 3,1 % al CAST. 
El resultado presupuestario ajustado del agregado de los consorcios muestra un superávit de 
financiación de 15.319 miles de euros (resultado presupuestario 2.962 miles de euros). 
El activo, que asciende a 341.688 miles de euros se ha incrementado un 0,6 % respecto al 2016. 
El 50,4 % del activo agregado lo constituye el inmovilizado. El 99,3 % del total del pasivo, le 
corresponde al patrimonio neto, cuya variación producida en el ejercicio deriva de la incorporación 
de resultados de ejercicios anteriores. 
En el ejercicio 2017 se obtuvo un resultado económico patrimonial positivo de 5.659 miles de 
euros, que ha supuesto una reducción de un 32,4 % respecto a 2016. 
Por  otra  parte,  la  Sindicatura  ha  analizado,  en  su  Informe  Definitivo  de  Fiscalización  sobre 
“Entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General. Ejercicio  s
2017” el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ya que el Consorcio del Museo Etnográfico  e.
de Grandas de Salime rindió sus cuentas fuera de plazo.  w.
Epasttreim coonnioso nrceitoo  dees t3á. 6r8e9g imdoil epso dr ee el uProGsC y.  oSbuti eancet ivuon  raesscueltnaddioó  dae  1c2e.r5o0 e3u rmosil eesn  deel  eejeurrcoicsi oc. on un
En la Región de Murcia, la actividad llevada a cabo por estas entidades se puede agrupar en dos  BOE-A-cable e
grandes bloques: por un lado, la promoción turística y cultural de la comunidad, y en segundo
 
 
lugar,  la  construcción  de  determinadas  instalaciones  deportivas,  fundamentalmente,  piscinas 
cubiertas climatizadas. 
El activo de estas entidades asciende a 62.879 miles de euros y el patrimonio neto a 50.670 miles 
de euros. El resultado del ejercicio ha sido negativo por importe de (5.922 miles de euros, como 
consecuencia de la importante disminución del resultado neto del ejercicio con respecto al año 
anterior en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), 
debido a una disminución de la partida de subvenciones recibidas para financiar el gasto del 
ejercicio en 5.873 miles de euros respecto al ejercicio 2016. 
Respecto  al  grado  de  cumplimiento  de  las  previsiones  establecidas  en  los  presupuestos 
administrativos de los consorcios públicos autonómicos, se ha constatado que, a nivel global, los 
gastos realizados en el ejercicio 2017 fueron inferiores a los previstos en 7.794 miles de euros, lo 
que representa una desviación del 17 %. Respecto a los ingresos realizados en dicho año, estos 
también fueron inferiores a los previstos en 14.384 miles de euros, lo que representa asimismo, 
una desviación del 31 %. Todo ello ha motivado que existieran unas desviaciones netas de 6.590 
miles de euros. 
En  el  ejercicio  2017,  la  Administración  Regional  reconoció  obligaciones  por  subvenciones  y 
transferencias otorgadas a estas entidades por un importe conjunto de 15.624 miles de euros. El 
99 % de esta financiación fue destinado a cubrir los gastos corrientes del CEIS. 
En la Comunitat Valenciana, el activo total de los consorcios asciende a 183.071 miles de euros. 
El importe de los fondos propios resultó negativo en 38.230 miles de euros debido a los importes 
negativos de los dos consorcios hospitalarios CHGUV y CHPC. 
 El resultado del ejercicio es negativo por importe de 8.261. 
El total del volumen financiado por las Administraciones Públicas fue de 390.934 miles de euros. 
La aportación de la Generalitat a los dos consorcios hospitalarios provienen de los presupuestos 
consignados en la Consejería de Sanidad para financiar la asistencia sanitaria prevista en los 
convenios vigentes. La financiación estatal de estos dos consorcios procede, de una parte, del 
Fondo de Asistencia Sanitaria, que se recibe a través de las diputaciones provinciales de Valencia 
y de Castellón, respectivamente; y por otra, del Fondo de Liquidez Autonómica, que se recibe a 
través de la Generalitat. 
Respecto a los tres consorcios no hospitalarios, merece destacarse la financiación del Consorcio 
Espacial Valenciano con fondos de la Agencia Espacial Europea, que ha ascendido, según datos 
de su memoria, a 595 miles de euros en 2017.  
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Consorcio Rector del Centro Asociado de la UNED en 
Ceuta, como consecuencia de la modificación estatutaria efectuada en abril de 2014 se otorgó 
naturaleza de Entidad de derecho público sujeta, desde el 1 de enero de 2015, al régimen 
contable de la Administración a la que estuviese adscrito. Por tanto, en el ejercicio fiscalizado, las 
cuentas anuales rendidas por la entidad han seguido el plan general de contabilidad aplicable a 
las entidades locales.  
Al 31 de diciembre de 2017 el activo total de la entidad se ha situado en 203 miles de euros, con  s
un resultado positivo de 61 miles de euros. Las transferencias otorgadas por la Ciudad en 2017 se  e.
han elevado a 1.104 miles de euros.  w.
 
 
 
 ANÁLISIS DEL GASTO SANITARIO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
La CE de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria de todos los ciudadanos, y en sus artículos 148 y 149 configura una organización 
sanitaria de carácter descentralizado, en consonancia con la organización territorial del Estado. En 
este ámbito competencial, la regulación de las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a 
la protección de la salud se recogen en un conjunto de normas con rango de Ley: Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad (LGS), Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y el 
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
En virtud de esta normativa, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se configura como un sistema de 
cobertura universal, financiado mediante impuestos y que opera principalmente dentro del sector 
público.  La  culminación  del  traspaso  de  competencias  en  materia  de  sanidad  a  todas  las 
comunidades en 2001, conllevó la necesidad de adoptar un modelo de financiación integrado para 
garantizar la sostenibilidad financiera y reforzar la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad entre 
CCAA. Como consecuencia de ello, a partir de 2002 son las comunidades las que financian 
mayoritariamente  la  atención  sanitaria,  tienen  la  jurisdicción  primaria  en  la  planificación  y 
organización de su propio sistema sanitario y, por tanto, les compete tomar decisiones sobre el 
presupuesto sanitario para su territorio, siempre que respeten los mínimos acordados a escala 
nacional -a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)- y el marco 
jurídico básico del SNS, anteriormente referenciado. Debe señalarse que las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla no tienen transferidas las competencias sanitarias, por lo que están gestionadas 
por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 
Dentro de la estructura integradora de recursos que configura el vigente modelo, la sanidad forma 
parte, junto con la educación y los servicios sociales, del denominado Fondo de Garantía de 
Servicios Públicos Fundamentales que trata de asegurar el acceso a los mismos en todas las 
CCAA, aplicando a este fondo un sistema de nivelación estático y dinámico.  
Debe enfatizarse que el sector sanitario es una pieza clave en el Estado de bienestar, uno de los 
principales cauces de redistribución de la riqueza, y uno de los factores que contribuyen a la 
mejora de los indicadores de salud y calidad de vida. Pero también es un sector con un alto peso 
en el análisis económico, tanto en términos absolutos (miles de millones de euros) como relativos 
(en relación con el producto interior bruto -PIB-). Es por ello por lo que dicho sector se encuentra, 
manteniendo unos parámetros o mínimos básicos, en el foco de mira para la adopción de medidas 
de racionalización del gasto público. 
Así,  las  premisas  en  materia  de  estabilidad  presupuestaria  establecidas  en  el  Programa  de 
Estabilidad de España 2015-2018 y 2016-2019 y las medidas contempladas en el Programa 
Nacional de Reformas de España 2017, tienen como objetivo, en el ámbito sanitario, hacer del 
SNS, un sistema sostenible financieramente. 
A la hora de abordar el análisis del gasto sanitario de las CCAA, hay que tener en cuenta que 
nuestro sistema autonómico no es uniforme, sino que, por el contrario, las distintas comunidades 
difieren no solo en sus características geográficas, demográficas, sociales y económicas, sino  e
también en lo que respecta al sistema de financiación de sus administraciones y a las formas de  bo
gestión de sus competencias, pudiendo dar lugar a comparativas heterogéneas que impiden  08ww
ePinfoteerc netutlalaorr ,  pcsroeon phcoalur cesiisootnnimaeras  dumoní ano ipimnofarotmurmneoan,ct edió ecnsl aagrralroosb lldaaelr  syed,l  eea nun nála lips umisn eteodn id ddeao  vsdi esat paloa i rnptafoodsromibsal edti,iv feohr.o emnotegsé, nae eaf eecnt ocsa ddea   OE-A-2021-28able en https://
uno de ellos. Así, en un primer apartado se analizan los datos provisionales resultantes a marzo
 
 
de 2020 de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) para toda España, en virtud de la 
información suministrada, al respecto, por las CCAA, que abarca todos los agentes públicos 
actuantes  en  el  gasto  sanitario;  y  en  un  segundo  apartado,  recoge  las  particularidades  e 
incidencias más relevantes de las principales unidades gestoras de la sanidad de las CCAA. 
1.- De acuerdo con los datos resultantes de la EGSP5 realizada en el ámbito del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social6, el gasto sanitario público, correspondiente a todo el SNS, 
en el año 2017 en España supuso 68.598 millones de euros, lo que representa el 5,9 % del PIB, 
porcentaje muy similar al del ejercicio anterior (6 %) y el gasto per cápita ascendió a una media de 
1.474 euros por habitante, frente a los 1.436 euros del anterior ejercicio. 
A continuación se detalla el gasto sanitario público consolidado correspondiente a todo el SNS. 
CUADRO 26 GASTO SANITARIO PÚBLICO CONSOLIDADO-CLASIFICACIÓN SECTORIAL 
2016-2017 
(millones de euros) 
  2016  2017 
623  667 
Administración Central 
Sistema de Seguridad Social  1.580  1.612 
Mutualidades de Funcionarios  2.173  2.102 
Comunidades Autónomas  61.643  63.540 
Corporaciones Locales  672  677 
Total consolidado  66.691  68.598 
Fuente: EGPS del Ministerio de Sanidad 
Como puede observarse, en 2017, el sector CCAA fue responsable del 92,7 % del total del gasto. 
Le siguen en importancia las Mutualidades de Funcionarios (3,1 %), la Seguridad Social (2,3 %), 
la Administración Central (0,9 %) y las Corporaciones Locales (1 %). 
A continuación, siguiendo con los datos resultantes de la EGPS, para el ejercicio 2017, se analiza 
el gasto sanitario en el ámbito autonómico, atendiendo al porcentaje sobre el PIB y euros por 
habitante. 
                                                  08ww
5NEma slaeL imcsdaitio eédEnntaoacs dalti aao c dt osrdíaansevn t iléciaetsaa sd  rtdieidamene  daoll aicmrG eióiidcanntesaa ntcdmotieói feliSn cng aatdaences iioó ttaCo nbr u isiodeea ennnP  titfatúoiansbdra lioSioncsa co ptil aéoú(nlsbEitd elGaiocsgS o aed P nueo)ttl t eirlGeioszss aa p sdauútogonb e aleSinc naotoe nsplsai et.q a rEuariGeco i SóiPnnPúc  ubesrleisrcet oabn,da  qeíssunatie  cge asan,es   teinrole c asalualniiznádailati as eiresnion  d,E  eebs lpi elaaPn ñ ldaasene dm aeE aspsndrtdeaeasd 1t íafs9innt8idac8ool.,     BOE-A-2021-28cable en https://
6 Actualmente Ministerio de Sanidad.
 
 
 
CUADRO 27 GASTO SANITARIO PÚBLICO CONSOLIDADO SEGÚN CA 
(millones de euros, porcentaje sobre PIB y euros por habitante 2017) 
Porcentaje 
Euros por 
Comunidad  Millones de euros  sobre PIB 
habitante 
% 
Andalucía  9.692    6,2%    1.153 
Aragón  2.047    5,7%    1.556 
Canarias  2.875    6,5%    1.329 
Cantabria  850  6,4%  1.463 
Castilla-La Mancha  2.783    7,0%    1.369 
Castilla y León  3.687    6,6%    1.522 
Cataluña  10.376    4,7%    1.393 
Extremadura  1.708    8,8%    1.591 
Foral de Navarra  1.030  5,3%    1.607 
Galicia  3.910    6,5%    1.446 
Illes Balears  1.557    5,0%    1.345 
La Rioja  444  5,4%    1.421 
Madrid, Comunidad  8.120    3,7%    1.248 
País Vasco  3.707    5,3%    1.710 
Principado de Asturias  1.681    7,4%    1.632 
Región de Murcia  2.269    7,4%    1.540 
Valenciana, Comunitat  6.804    6,3%    1.380 
Total  63.540    5,5%    1.370 
Fuente: EGPS del Ministerio de Sanidad 
El gasto sanitario público consolidado del sector autonómico supuso 63.540 millones de euros, lo 
que representa el 5,5 % sobre el PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.370 euros por habitante. 
De acuerdo con los datos del año 2017, un 44,3 % del gasto sanitario público del sector ha sido 
originado por 3 CCAA: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, con 10.376, 9.692 y 8.120 
millones de euros, respectivamente. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra son las 
comunidades con el gasto más bajo, en valores absolutos. 
En relación a su población, en 2017, las comunidades con mayor gasto sanitario público son el 
País Vasco (1.710 euros por habitante), el Principado de Asturias (1.632 euros por habitante) y la 
Comunidad Foral de Navarra (1.607 euros por habitante). Las comunidades con menor gasto 
sanitario público son Andalucía (1.153 euros por habitante), Comunidad de Madrid (1.248 euros 
por habitante) y Canarias (1.329 euros por habitante). 
El acercamiento a la distribución del gasto sanitario público entre las CCAA y la importancia que 
tiene el mismo dentro de cada una de las economías regionales se puede realizar, asimismo, a 
través del indicador de gasto sanitario como porcentaje del PIB. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los datos que se obtienen a nivel regional no solo se explican (como ocurre entre 
países) por diferencias entre niveles de renta sino también por solidaridad entre territorios, ya que 
la asignación de recursos entre las comunidades autónomas contempla mecanismos de nivelación  es
que tratan de garantizar la equidad del sistema.  bo
Auscoonsbn í7,r  ue,E4n x e %t5lr e,,P0 ms I%Boa nd,m  uslaráeass s   ccietooulenmav ruuaonndn io 8de.,a n8Ld  ea%el s ,Ce  qlxoautm reReu mepngroiedi ósoanepd nud dteeaes rM tooMnu.  arecdnira id ec,lo  a3nñ, 7uo n %2 70, ,14C7 a% uta nyl u peñola rP,c re4inn,7cta ip%jea  ddyoe  llad gsea  IAslltseots us rBaianasilte acarorions    OE-A-2021-28able en https://
 
 
En  términos  de  gasto  total,  que  incluye  la  inversión  (gastos  de  capital),  el  sector  CCAA 
experimentó un aumento del 3 %. Las comunidades que más incrementaron su gasto fueron Illes 
Balears, un 6,2 %, y la Comunidad Foral de Navarra un 4,7 %. Las comunidades que menos 
incrementaron su gasto fueron Aragón, un 0,6 % y Cantabria, un 0,9 %. 
Por otra parte, en el ámbito de la clasificación económica, la EGSP, atiende para el ejercicio 2017, 
entre otros, a dos componentes del gasto sanitario de mayor peso económico, y especialmente 
afectados por las medidas de racionalización del gasto: Remuneración del Personal y Gasto en 
Farmacia. 
- Remuneración de Personal7: En el siguiente cuadro se recoge el gasto sanitario público en 
remuneración de personal según comunidad autónoma. 
CUADRO 28 GASTO SANITARIO PÚBLICO EN REMUNERACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CA 
(millones de euros y porcentaje sobre el total de gasto sanitario público consolidado 2017) 
 
Porcentaje sobre total gasto 
Comunidad  Millones de euros  sanitario consolidado de la CA 
% 
Andalucía  4.722  48,7% 
Aragón  1.069  52,2% 
Canarias  1.416  49,0% 
Cantabria  414  48,8% 
Castilla-La Mancha  1.427  51,3% 
Castilla y León  1.833  49,7% 
Cataluña  3.638  34,7% 
Extremadura  850  49,7% 
Foral de Navarra  531  51,5% 
Galicia  1.767  45,1% 
Illes Balears  762  48,9% 
La Rioja  217  48,7% 
Madrid, Comunidad de  3.646  44,7% 
País Vasco  1.929  52,0% 
Principado de Asturias  793  47,1% 
Región de Murcia  1.098  48,4% 
Valenciana, Comunitat  2.545  37,4% 
Total  28.657  45,1% 
Fuente: EGPS del Ministerio de Sanidad 
En el año 2017 en el sector CCAA el gasto en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 
28.657  millones  de  euros,  lo  que  representa  el  45,1%  del  gasto  consolidado  del  sector,  y 
experimentó un incremento de un 2,2% respecto al año anterior. 
El porcentaje del gasto sanitario público dedicado por el sector autonómico a la remuneración de 
su personal osciló entre el 34,7 % de Cataluña y el 52,2 % de Aragón. 
- Gasto en Farmacia8: El sector CCAA gestionó en 2017 el 95,4 % del total del gasto en farmacia  w.b
del sistema sanitario español. En el siguiente cuadro se detalla dicho gasto por cada CA.  08ww
 7   I n c  lu  y e    l a  s   r e  m  u  n  e r a  c i o  n e  s    e n    d  in  ero o especie de todo el personal directivo, funcionario, estatutario, laboral fijo o  OE-A-2021-28able en https://
edevel netmuapll,e aadsoí rc.o mo las percibidas como acción social. Incluye asimismo las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo
 
 
 
CUADRO 29 GASTO SANITARIO PÚBLICO EN FARMACIA SEGÚN CA. 2017 
 
% sobre total gasto sanitario 
Comunidad  Millones de euros   consolidado de la CA 
 
Andalucía  1.846    19% 
Aragón  333    16,3% 
Canarias  507    17,6% 
Cantabria  144  17% 
Castilla-La Mancha  520  18,7% 
Castilla y León  645  17,5% 
Cataluña  1.484  14,3% 
Extremadura  329  19,2% 
Foral de Navarra  139  13,5% 
Galicia  740  18,9% 
Illes Balears  207  13,3% 
La Rioja  73  16,4% 
Madrid, Comunidad de  1.258  15,5% 
País Vasco  511  13,8% 
Principado de Asturias  283  16,8% 
Región de Murcia  376  16,6% 
Valenciana, Comunitat  1.309  19,2% 
Total  10.704  16,8% 
Fuente: EGPS del Ministerio de Sanidad 
En el año 2017 en el sector CCAA el gasto en farmacia se cifró en 10.704 millones de euros, lo 
que representa el 16,8 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 3,5 % 
respecto al año anterior. 
La contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado de cada CA 
osciló entre el 13,3 % de las Illes Balears y el 19,2 % de Extremadura y la Comunitat Valenciana. 
Debe  señalarse,  que  con  fecha  de  4  de  noviembre  de  2015,  se  suscribe  un  Protocolo, 
posteriormente elevado a Convenio con fecha de 29 de diciembre de 2016, que se renueva en 
diciembre de 2017, para establecer y articular un espacio de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda  y  Función  Pública,  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y 
Farmaindustria,  para  la  consecución  de  objetivos  comunes  en  materia  de  sostenibilidad  del 
Sistema  Nacional  de  Salud,  mejora  de  la  eficiencia  del  SNS,  racionalización  del  gasto 
farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio 
español y promoviendo la localización industrial de estas actividades en un marco regulatorio 
predecible. 
Han suscrito tal instrumento de colaboración las CCAA de Andalucía, Aragón, Illes Balears, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Comunidad de 
Madrid, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana.  s
2.- Como principales conclusiones generales relativas a la ejecución del gasto sanitario que se  w.b
observan de los datos anteriormente expuestos y de las incidencias puestas de manifiesto en los  08ww
i 8n  R f o e cr  mo g  ee  s e   la   gn a u s at o l  e p so  r   y la   es   sr e p c ee  ct ai as   l me  sé   d ri ec  aa s l i z e xa  pd e o d s id   ap  so ,  r e  el   rl e  Ti n r tie b g u r on   ad  el    yg   a l os t so   sO   f aC r m E  aX c   é c ua t ib c oe  s   d y e  e s l  tg a a c s at o r    el an   s o  t sr o ig s  u p i re o nd  ut e c ts o : s     OE-A-2021-28able en https://
daem bsuulamtoinriisatmroe ndteir eecnto lo sa  hloossp ithaolegsa r(epsr.o gNraom iansc lsueylee cteivl ogsa dseto r eevnis iópnro ddeu cmtoesd icfaamrmeanctoésu,t imcoesd icqaucei ópn udeed aunrg edniscpiae)n. sarse
 
 
- A nivel organizativo la estructura más habitual de los sistemas regionales de salud comprende 
una  consejería  o  departamento  de  salud  (o  sanidad),  responsable  de  la  regulación  y  la 
planificación en materia de política y atención sanitaria, y un servicio regional de salud que se 
encarga de la provisión de servicios. Hay unas pocas excepciones en las que las funciones de 
compra y provisión se han separado, incluyendo una red externa de proveedores. En estos casos, 
el servicio regional de salud actúa como comprador, subcontratando a una red de proveedores sin 
ánimo de lucro integrados en una red de proveedores públicos. 
- El sector sanitario reviste una peculiaridad con respecto al resto de áreas del sector público, que 
se manifiesta en la limitación del documento presupuestario para actuar como instrumento de 
previsión y control de su actividad. No solo existe una permanente insuficiencia estructural de los 
créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, no obstante conocerse el 
gasto real producido en ejercicios inmediatos anteriores, sino que se recurre de forma periódica a 
generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias. Esta situación, a su vez implica 
que: 
* Mediante modificaciones presupuestarias se financien, en detrimento de otras áreas, gastos para 
la cobertura de necesidades que presentan consignaciones insuficientes pero que eran conocidas 
en el momento de la aprobación del presupuesto, en particular las derivadas de gastos de 
personal y farmacia que, con carácter recurrente, se presentan como los principales epígrafes 
destinatarios de las modificaciones que complementan sus dotaciones iniciales. 
* Esta recurrente financiación adicional no evite el desajuste entre gastos e ingresos, generando 
deuda que actúa como factor distorsionador en la gestión de la entidad responsable. Así, la 
tendencia generalizada de realizar gastos en el ejercicio sin la necesaria cobertura financiera 
conlleva la no contabilización en este de un relevante monto económico de deuda, derivando la 
misma a ejercicios posteriores, con incumplimiento de los límites cuantitativos y de anualidad 
establecidos legalmente.  
* Por otra parte, la falta de contabilización de las obligaciones generadas en el ejercicio corriente y 
su derivación a ejercicios posteriores conlleva la consecuente morosidad en el pago a acreedores, 
cuyo impacto económico se manifiesta en los importes de los intereses de demora y costas 
resultantes de las reclamaciones administrativas y judiciales efectuadas por estos. 
- Se observa un paulatino incremento en la consignación de compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios futuros, que puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema autonómico de 
gestión sanitaria. 
  ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
IX.1.  MARCO LEGAL Y OBJETIVOS 
La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos del ejercicio 2017, se han de realizar 
en el marco de la estabilidad presupuestaria, limitando la utilización del déficit público para lograr 
el objetivo de equilibrio o superávit. Los mecanismos de coordinación y cooperación efectiva entre 
el Estado y las CCAA para lograr el objetivo de la estabilidad presupuestaria se recogen en la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  s
modificada, posteriormente, por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre y la Ley Orgánica  e.
6/2015, de 12 de junio.  w.
Lfinaa LnOci e4ra/2 0d1e2 , ldaes  2A8d mdein issetrpatcieiomnberse , tmeroridtoifriciaale lsa,  LaOmEpPliSaFnd poa rlaa si ntoebnlsigifaiccaior nleas d idscei pliinnfao rmfisaccailó ny 
(veesnpceimciiaelnmtoesn ted es odberued ala.  Esnit ueasctieó ns edneti dtoe,s osree raíañ)a dye  reufnoar znaunedvoa  laDsA  gaa rlaan tLíaOs  2p/a2r0a1 2a, tednodnedre  loses   BOE-A-cable e
 
 
 
establece que todas las AAPP deben disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto 
su capacidad para atender el pago de los vencimientos de las deudas financieras. 
Por su parte, la LO 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la LOFCA y de la LOEPSF, en su 
segundo  artículo,  modifica  nuevamente  esta  última  para  adaptar  la  DA  primera  a  la  nueva 
configuración de los mecanismos adicionales de financiación de las CCAA, establecida por RDL 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y entidades 
locales y otras de carácter económico más amplia y ambiciosa, así como se recoge también entre 
las medidas automáticas de prevención y de corrección, la reducción del riesgo y coste asumido 
en la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones 
de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. 
Uno de los instrumentos que regula la LOEPSF, dirigido a realizar un seguimiento de las posibles 
desviaciones  que  se  puedan  producir,  tanto  del  cumplimiento  de  los  objetivos  como  de  la 
evolución de la economía prevista al configurarlos, son los informes sobre los cumplimientos de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto. 
El artículo 17.4 de la LOEPSF establece que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
actualmente Ministerio de Hacienda, elevará al Gobierno, antes del 15 de octubre de cada año, 
“un  segundo  informe  sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así como 
de la evolución real de la economía y las desviaciones respecto de la previsión inicial contenida en 
el informe al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Para la elaboración de este informe se 
tendrá en cuenta la información que, en aplicación de la normativa europea, haya de remitirse a 
las autoridades europeas y la información actualizada remitida por las CCAA al MINHFP. Dicho 
informe incluirá también una previsión sobre el grado de cumplimiento en el ejercicio corriente, 
coherente con la información que se remita a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa 
europea.” 
Conforme a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012, el 2 de diciembre de 2016 el 
Consejo de Ministros aprobó un objetivo de estabilidad para el sector CCAA del -0,6 % del PIB 
para 2017.  
Respecto al objetivo de Deuda Pública, por acuerdos del Consejo de Ministros de 23 de diciembre 
de 2016 se aprobaron los objetivos individuales de deuda pública de las CCAA de régimen común 
y de régimen foral. 
Por otra parte, la disposición final quinta de la LOEPSF establece que las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla se regirán por las disposiciones contenidas en dicha Ley Orgánica que resulten de 
aplicación a las entidades locales, sin perjuicio de las especialidades que se deriven de su 
condición de miembros del CPFF de las CCAA, y de que, a efectos de lo dispuesto en el art. 13.5 
de la presente norma, se deba considerar el régimen de endeudamiento que para las mismas se 
establece  en  sus  respectivos  Estatutos  de  Autonomía,  teniendo  carácter  supletorio  el  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
IX.2.  GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
El objetivo de estabilidad del ejercicio 2017 fijado para las CCAA fue de un déficit equivalente al  e
0,6 % del PIB. El déficit registrado por el conjunto de las CCAA en el ejercicio de 2017 asciende  bo
a 4.231 millones de euros, cifra que ha sido notificada a la Comisión Europea en el primer  08ww
igddnleeofo bb4ream. 2la e2al  1 dee effmee eccilsttlooote nse  eadcsñoe on dl óaeem  nve ieecurolri foc icqsoau,n ceteei ólsx n0oto ,bd3 rde6eel   lc%e Pul  mrddoépecflleii cmdPitiiIm eBdni eetnoln a etdcojeei odrl nceoai cbDli.jo eéL tf2iiavc0 oit1d  dE7ifee xt rcieeeesnnstceiavi aboe i.ll e idSgnaaitndrse  tepo mar ermbesaaburlopigzsuoa e,dd seéotlaf  idprciéoiatfr  i esclaesit     OE-A-2021-28able en https://
CA de Murcia ocasionado por los efectos del terremoto de Lorca, gastos que se han elevado
 
 
a 10 millones de euros y que se han considerado excepcionales al derivarse de acontecimientos 
que están fuera del control de las AAPP. 
Por lo tanto, cabe concluir que se ha cumplido el objetivo para el conjunto del subsector de 
CCAA, ya que el déficit registrado es equivalente al 0,36 % del PIB, mientras que el objetivo fue 
de un déficit máximo del 0,6 %, si bien, la situación difiere para cada Comunidad. 
En el siguiente cuadro se recoge el déficit de cada CA a efectos del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, así como la desviación con relación a dicho objetivo. 
CUADRO 30 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA POR CCAA. 2017 
(millones de euros) 
Objetivo de 
Déficit  Déficit en porcentaje del PIB 
estabilidad 
Déficit a  Déficit a  presupuestaria  Desviaciones 
Comunidades  efectos del  efectos del  sin presentar Plan  del objetivo de 
Autónomas  Déficit en  objetivo de  Déficit en  objetivo de  de saneamiento,  estabilidad 
contabilidad  estabilidad  contabilidad  estabilidad  excepto déficit  presupuestaria  
nacional  presupuestaria  nacional  presupuestaria  para inversiones 
2016  2016  en % PIB regional 
Andalucía  (644)  (644)   (0,41)  (0,41)  (0,6)   0,2 
Aragón  (332)   (332)  (1,08)  (1,08)  (0,6)      (0,3) 
Canarias  282   282  0,64  0,64  (0,6)  1,2 
Cantabria  (56)   (56)  (0,42)  (0,42)  (0,6)  0,2 
Castilla-La Mancha  (284)   (284)  (0,71)  (0,71)  (0,6)  (0,1) 
Castilla y León  (564)   (564)  (0,99)  (0,99)  (0,6)  (0,4) 
Cataluña  (1.244)   (1.244)  (0,56)  (0,56)  (0,6)  0,0 
Extremadura  (172)   (172)  (0,93)  (0,93)  (0,6)  (0,3) 
Foral de Navarra  232   232  1,17  1,17  (0,6)  1,8 
Galicia  (136)   (136)  (0,22)  (0,22)  (0,6)  0,4 
Illes Balears  103   103  0,34  0,34  (0,6)  0,9 
La Rioja  (29)   (29)  (0,36)  (0,36)  (0,6)  0,2 
Madrid, Comunidad de  (1.043)  (1.043)  (0,47)  (0,47)  (0,6)  0,1 
País Vasco  1.075   1.075  1,49)  1,49  (0,6)  2,1 
Ppado. de Asturias  (77)   (77)  (0,34)  (0,34)  (0,6)  0,3 
Región de Murcia  (454)   (444)  (1,49)  (1,46)  (0,6)  (0,9) 
Valenciana, Comunitat  (888)   (888)  (0,81)  (0,81)  (0,6)  (0,2) 
Total CCAA  (4.321)   (4.221)  (0,36)  (0,36)  (0,6)  0,2 
Fuente: Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2017. Ministerio de 
Hacienda 
Como puede observarse, las CCAA de Andalucía, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco han cumplido su objetivo de 
estabilidad presupuestaria. Por el contrario, las CCAA de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana han registrado cifras de déficits 
superiores al objetivo fijado. 
Por lo que respecta a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, el objetivo de estabilidad 
presupuestaria fijado para las Entidades Locales en el año 2017 por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de diciembre de 2016 fue de equilibrio. 
Según lo previsto en el art. 5 del RD 1463/2007, el cálculo efectivo de la capacidad o necesidad  oe.
de financiación, en términos de contabilidad nacional, necesario para verificar el cumplimiento del  w.
oeobnbj jeeettlii vvaoor  t.dd ee1  6ela.2s t Cadibeui dliedasadtda, , d mceoi ssrmruesas  ponorognradmneai s,a m dlaoe sbp eyr o eepleniavt iadInra tdeaerl vsPe ldneecnpioóe nnu, dnqi euinnieftoenrs ma. e Ds uisco hvboer zec, u esmle cpgulúimmn pielolinm tdoiie sdnpetuobe esd teoirl    2021-2808n https://ww
referido tanto a la aprobación del presupuesto, como a su posterior liquidación.
 
 
 
En relación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, respecto a la evaluación del cumplimiento del 
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  en  la  elaboración  del  presupuesto  de  2017,  según  el 
informe de la Intervención el presupuesto consolidado de la Ciudad se encontraba en situación de 
capacidad de financiación, cuantificada, una vez considerados los ajustes por aplicación de los 
criterios del SEC-2010, en 27.451 miles de euros. En la revisión efectuada se ha detectado que en 
los cálculos efectuados no se han incluido los datos de la Fundación Premio Convivencia y del 
Consorcio de la UNED, si bien es preciso señalar, que no ha afectado al cumplimiento del objetivo 
de estabilidad. 
Por lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2017, el informe de la Intervención, presentado el 10 de mayo de 
2018, reflejó una capacidad de financiación para dicho año de 26.192 miles de euros. En este 
informe tampoco se ha incluido el presupuesto del Consorcio de la UNED, y que en cinco 
entidades dependientes se detectaron diferencias poco significativas entre los datos recogidos en 
el mencionado informe y los que se desprenden de su ejecución real. En cualquier caso, debe 
indicarse que estas incidencias no afectarían al cumplimiento del objetivo de estabilidad. 
Respecto a la Ciudad Autónoma de Melilla, la Intervención General, en informe emitido el 6 de 
marzo de 2017 sobre el Presupuesto General Consolidado de la Ciudad, a presentar para la 
aprobación de la Asamblea, concluye que este se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, 
entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación, 
de acuerdo con la definición contenida en el SEC95; y de acuerdo con el informe realizado por la 
Intervención, el 6 de julio de 2018, sobre el presupuesto ejecutado de forma consolidada en 2017, 
una vez realizados los ajustes pertinentes se deriva un superávit de 22.703 miles de euros, por lo 
que se cumpliría el objetivo fijado para dicho ejercicio.  
IX.3.  CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO 
De acuerdo con el apartado tercero del artículo 17 de la LOEPSF, también debe informarse del 
grado  de  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  para  el  ejercicio  2017  para  cada  uno  de  los 
subsectores de las AAPP, con la excepción de los Fondos de Seguridad Social. 
En este sentido, la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 
española, calculada para 2017 por el Ministerio de Economía y Competitividad de acuerdo con la 
metodología utilizada por la Comisión Europea, se fijó en el 2,1 %. Por tanto, la variación del gasto 
computable de la Administración Central, de las CCAA y de las Corporaciones Locales, no puede 
superar dicha tasa. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley, el gasto computable a los efectos de la 
regla de gasto está formado por los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no 
discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las 
CCAA y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación. 
El gasto computable del ejercicio 2017 para el subsector de las CCAA es superior en 4.354 
millones de euros al del año 2016, lo que implica una tasa de variación del 3,1 % con relación al 
año anterior. Por tanto, el conjunto de este subsector incumple el objetivo fijado para la regla de  e
gasto.  b
Edenl  eolb cjeutaivdor ofi jasdigou.i ente se recoge la situación individual de cada CA con relación al cumplimiento
 
 
CUADRO 31 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DEL EJERCICIO POR 
CCAA 
(millones de euros) 
COMUNIDADES  2016  2017  Tasa de variación 
Andalucía  22.046    22.740  3,1 
Aragón  4.256   4.394  3,2 
Canarias  5.959   6.031  1,2 
Cantabria  2.120   2.127  0,3 
Castilla-La Mancha  5.474   5.640  3,0 
Castilla y León  7.566   7.949  5,1 
Cataluña  25.021   25.852  3,3 
Extremadura  3.731   3.718  (0,3) 
Foral de Navarra  2.634   2.717  3,2 
Galicia  8.239   8.431  2,3 
Illes Balears  3.108   3.123  0,5 
La Rioja  1.136   1.165  2,6 
Madrid, Comunidad de  17.388   18.210  4,7 
País Vasco  9.544   9.810  2,8 
Principado de Asturias  3.455   3.558  3,0 
Región de Murcia  4.250   4.402  3,6 
Valenciana, Comunitat  13.860   14.264  2,9 
Transferencias internas entre CCAA  78   68   
Total Comunidades Autónomas  139.709  144.063  3,1 
Fuente: Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2017.  
Ministerio de Hacienda 
Las CCAA de Canarias Cantabria, Extremadura e Illes Balears han cumplido la regla de gasto. Por 
el contrario, han incumplido Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Foral de Navarra, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, el País 
Vasco y la Comunitat Valenciana. 
Respecto a la Ciudad Autónoma de Ceuta, de acuerdo con el Informe de la Intervención de la 
Ciudad  de  10  de  mayo  de  2018  sobre  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria, la CA de Ceuta habría cumplido la regla de gasto en el año 2017, al ser el gasto 
computable en dicho año (186.593 miles de euros) inferior al límite previsto (194.315 miles de 
euros).  
En relación con la Ciudad Autónoma de Melilla, la Intervención General, en informe emitido el 6 
de marzo de 2017, señala el cumplimiento de la regla de gasto para el presupuesto consolidado 
de la Ciudad. Respecto a la ejecución del presupuesto, el informe realizado por la Intervención, el 
6 de julio de 2018, concluyó que la Ciudad cumplía la regla de gasto, a los efectos de que la  e
variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del producto  bo
interior  bruto,  publicada  por  el  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad.  No  obstante,  cabe  08ww
saceofeñnca tclaaadrr áac,q tpueuer e gdleaensne  radafeel,f cihctaaiernn  acdli eac sás lecoru belosx ecdrleuvlia dcdouasms d pesli modbiicerehn oto sc edágelcu uliamlo ri.ee gnltao  ddee g alossto , gdaasdtoos q uceo nd icfhinoasn gcaiasctoiósn,   OE-A-2021-28able en https://
 
 
 
IX.4.  CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA 
El Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2016, aprobó un Acuerdo por el que se establecía, 
para el año 2017, el objetivo de deuda pública para el conjunto de las AAPP y para cada uno de 
sus subsectores. Posteriormente, en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 
2016, se fijaron los objetivos individuales de deuda pública de las CCAA de régimen común y de 
régimen foral, respectivamente. 
Según los datos del Banco de España, la deuda pública para el conjunto de las AAPP ha 
alcanzado el 98,1 % del PIB, inferior al objetivo fijado (99 % del PIB). Por tanto, el conjunto de las 
Administraciones Públicas ha cumplido el objetivo de Deuda Pública. 
Los  objetivos  de  deuda  pública  del  Subsector  CCAA,  que  están  expresados  en  términos 
porcentuales respecto al PIB nacional, en el caso del objetivo conjunto, y respecto al PIB regional, 
en el caso de los objetivos individuales de cada una de ellas, se fijaron para este considerando un 
incremento neto del endeudamiento derivado de la financiación del objetivo de déficit de 2017 y de 
las cuotas anuales correspondientes a la devolución al Estado de las liquidaciones negativas de 
los años 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómico de las Comunidades de régimen 
común. 
Adicionalmente, se estimó la deuda de 2016, calculada a partir de la publicada por BDE para 2015 
e  incrementada  en  el  objetivo  de  déficit  de  2016,  en  el  importe  de  las  cuotas  anuales 
correspondientes a la devolución al Estado de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 
2009, y en el de los pagos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2015 
efectuados en 2016, para atender deudas con proveedores de ejercicios anteriores a 2016. 
Ello determinó que el objetivo conjunto de deuda pública de las CCAA para 2017 quedara fijado 
en un 24,1 % del PIB nacional. 
En el caso de las CCAA del País Vasco y Foral de Navarra, dada la especialidad recogida en la 
Disposición final tercera de la LOEPSF, los objetivos de estas comunidades, previamente a su 
fijación  por  el  Consejo  de  Ministros,  deben  acordarse  en  la  Comisión  Mixta  del  Concierto 
Económico, para el País Vasco, y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, para la 
Comunidad Foral de Navarra. Respecto a estas Comunidades Autónomas el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de diciembre de 2016 estableció, a los efectos de la verificación del grado de 
cumplimiento del objetivo deuda pública de 2017, la excepción general de igual forma a la 
establecida para las CCAA de régimen común. 
En relación con las CCAA no adheridas al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas 
(Principado de Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Foral de 
Navarra y País Vasco), el Consejo de Ministros, en los distintos Acuerdos de autorización de 
endeudamiento para financiar déficits de ejercicios anteriores a 2016 o en su caso en 2017, 
autorizó el incremento en los límites de deuda de los años respectivos, por el importe máximo de 
la disposición a cierre del ejercicio salvo en el caso de que se atiendan deudas con proveedores 
pendientes de financiar recogidas como deuda financiera PDE a cierre del ejercicio anterior 
(factoring). 
Los importes autorizados con dicha finalidad en 2016 que se dispusieron en 2017 se computan  s
como excepción a efectos de la verificación del cumplimiento del objetivo de deuda de este último  e.
año.  w.
Eell  cvoonlujumneton  ddee  ldaesu CdaC ApAúb elinca e, l ceojmerpcuictiaod 2a0 d1e7  aacsuceiernddoe c oan 2 l8a8 m.1e0t7o dmoillologníeas d deel  PeDurEo,s r,e sgeisgtúrand daa ptoosr 
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aplicación de las cláusulas establecidas en los Acuerdos del Consejo de Ministros, la ratio deuda
 
 
PDE sobre PIB agregada de las CCAA a 31 de diciembre de 2017, computable a efectos de la 
verificación del objetivo de deuda pública de dicho ejercicio, ascendería al 24,8 % del PIB nacional 
a precios de mercado, por lo que resulta cumplido el objetivo de deuda pública del ejercicio 2017. 
Respecto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de diciembre de 2016, se fijó, para las entidades locales, un objetivo de deuda 
pública para 2016 del 2,9 % del PIB correspondiente. Como en los ejercicios precedentes, no se 
ha  determinado  el  PIB  para  dicho  cálculo  en  términos  de  ingresos  no  financieros.  En  este 
contexto, y de acuerdo con las instrucciones formuladas por el Ministerio de Hacienda, el informe 
de evaluación de la Intervención debía referirse al “análisis del nivel de deuda viva”. El modelo 
diseñado por el Ministerio con las Entidades Locales para la remisión de información por parte de 
las Intervenciones locales, a través de la plataforma habilitada al efecto, ha utilizado un criterio 
más amplio para determinar el volumen de deuda que el seguido para estimar el porcentaje de 
deuda viva en términos del art. 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. 
Este criterio es el definido en el PDE e incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, 
así como el importe de los pagos aplazados, y el saldo de los importes a devolver por las 
liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009. 
Siguiendo  esta  metodología,  y  tomando  como  datos  la  cifra  de  ingresos  previstos  en  los 
presupuestos iniciales aprobados, el porcentaje que representaba el volumen de deuda viva de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta al 31 de diciembre de 2017 sobre los ingresos corrientes ajustados, 
ascendía al 75%, por debajo del límite del 110% previsto en el mencionado art. 53 del TRLRHL, lo 
que constata el cumplimiento del límite de deuda en 2017. 
Respecto a la Ciudad Autónoma de Melilla, la Intervención en el informe de 1 de septiembre de 
2017, indica que el endeudamiento (en términos de contabilidad nacional) es de 97.282 miles de 
euros,  cantidad  equivalente  al  40,7%  de  los  ingresos  liquidados  en  2016,  porcentaje  que 
respetaría  el  límite  del  110%  fijado  en  el  artículo  53.2  del  TRLRHL  para  no  precisarse  la 
autorización del Estado a la realización de estas operaciones. 
  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del CPFF de 6 de marzo de 2003, se considera 
endeudamiento financiero la deuda viva real existente en la Comunidad para el conjunto de los 
entes que componen la administración pública en términos del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC). Se entiende por deuda viva la representada por valores y créditos 
no  comerciales  tanto  a  corto  (líneas  y  pólizas  de  crédito)  como  a  largo  plazo  (emisión  de 
obligaciones y bonos, y préstamos a largo plazo). 
Las limitaciones para la concertación de este tipo de operaciones en el ejercicio fiscalizado están 
recogidas tanto a nivel general en la LOEPSF y LOFCA, como de forma particular en las Leyes de 
Presupuestos de las CCAA para 2016 y en los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros y 
el  CPFF.  La  LO  6/2015,  de  12  de  junio,  modifica  (entre  otras)  la  LOFCA  y  la  LOEPSF, 
introduciendo el principio de prudencia financiera, lo que supone que las operaciones financieras 
de las CCAA se formalicen cumpliendo unas condiciones razonables de coste y riesgo. 
El apartado 3 del artículo 14 de la LOFCA indica que las operaciones de crédito precisarán  e
autorización del Estado cuando, de la información suministrada por las CCAA, se constate el  bo
incumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria.  El  mismo  artículo  añade  que,  no  08ww
odsdebeeasc ltlnaaa  rnLcaotOdenEa,s ssPid iS iedlaFró a.nC deAaas sh ,fu innbaoien prcarie apccriiesóasner áennxtat eddreoio  auru.n tE oPsrlitazean pc erióecnco enlapóstmo o iecposet-ráfai ncigaiounnacelimesr eodn edt eec  rcréeodenitqtoeu nailiid bcoroi oret noy   pesllua aszr otmí cqeuudleoid  n2ao0s    OE-A-2021-28able en https://
 
 
 
El saldo del endeudamiento de las Administraciones Generales ha pasado de 254.743.419 miles 
de euros el 1 de enero de 2017, a 266.780.964 miles de euros el 31 de diciembre de 2017, lo que 
supone una variación anual media del 5 %. Respecto al aumento en el endeudamiento total del 
ejercicio destacan en términos relativos los incrementos de la Comunidad de Madrid (9 %) y 
Castilla y León (8 %). Se señala en este ejercicio la disminución de la Ciudad Autónoma de Melilla 
respecto al ejercicio 2016 que ha sido de 21 %, seguidos de Aragón y Extremadura (10 %). 
En  términos  absolutos  destacan,  en  2017,  los  importes  de  endeudamiento  de  Cataluña 
(74.079.932 miles de euros), la Comunitat Valenciana (43.424.370 miles de euros), Andalucía 
(32.956.480 miles de euros) y la Comunidad de Madrid (30.621.461 miles de euros). 
La deuda pendiente de amortización al final del ejercicio fiscalizado, así como su evolución 
durante el mismo, se presenta en el cuadro siguiente. 
El saldo final del endeudamiento en el ejercicio 2016 fue de 249.636.659 miles de euros lo que 
supone que los saldos finales de este ejercicio no coinciden con los saldos iniciales del 2017, 
existiendo  una  diferencia  de  5.106.760  miles  de  euros.  Esta  diferencia  se  explica 
fundamentalmente  por  los  diferentes  saldos  entrantes  y  salientes  de  las  CCAA  de  Aragón, 
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, el País Vasco y Principado de 
Asturias. 
CUADRO 32 PASIVOS FINANCIEROS 
(miles de euros) 
Saldo a 1  Saldo a 31 
Disposiciones/ Diferencias  Variación
Comunidades  de  Amortizaciones  de 
Suscripciones  de cambio  anual 
enero  diciembre 
% 
Andalucía  31.902.870   6.277.040   5.212.520   (10.910)   32.956.480   3       
Aragón  4.404.820   554.400   990.287   __   3.968.933   (10)      
Canarias   6.734.829   783.403   636.561   __   6.881.671   2       
Cantabria  2.572.622   497.457   319.041   __   2.751.038   7       
Castilla-La Mancha  14.051.073   1.846.849   1.531.321   __   14.366.601   2       
Castilla y León  10.091.865   1.536.823   743.199   __   10.885.489   8       
Cataluña   71.064.773   13.006.440   9.991.281   __   74.079.932   4       
Extremadura  2.188.527   406.600   625.649   __   1.969.478   (10)      
Foral de Navarra  3.057.559   823.474   622.935    3.258.098   7       
Galicia  9.966.270   2.210.555   1.736.398   __   10.440.427   5       
Illes Balears  7.606.861   1.437.880   995.480    8.049.261   6       
La Rioja  1.475.011   529.454   445.068   __   1.559.397   6       
Madrid, Comunidad  27.970.199   11.706.524   9.055.262   __   30.621.461   9       
País Vasco  8.768.435   970.639   654.023   __   9.085.051   4       
P. de Asturias  3.492.717   936.383   746.052   __   3.683.048   5       
Región de Murcia  8.068.378   1.265.722   755.778   __   8.578.322   6       
Valenciana Comunitat  41.078.969   7.230.822   4.885.421   __   43.424.370   6       
Cd. A. de Ceuta  179.450   73.418   85.024   __   167.844   (6)      
Cd. A. de Melilla  68.191   59.685   73.813   __   54.063   (21)      
TOTAL  254.743.419   52.153.568   40.105.113   (10.910)   266.780.964   5        e.e
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX  w.
  
 
 
En el siguiente cuadro se recoge la evolución de los pasivos financieros 2014-2017 para todas las 
Administraciones Generales de las CCAA. 
CUADRO 33 EVOLUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 2014 A 2017 
(miles de euros) 
Ejercicio  Incremento 
Comunidades  anual medio 
2.014  2.015  2.016  2.017  % 
Andalucía  27.874.540   30.113.540   31.902.870   32.956.480   6         
Aragón  6.222.746   7.437.227   4.690.324   3.968.933   (14)         
Canarias  5.981.427   6.600.400   6.734.829   6.881.671   5         
Cantabria  2.098.886   2.334.221   2.572.622   2.751.038   9         
Castilla-La Mancha  12.596.400   13.482.994   14.051.073   14.366.601   4         
Castilla y León  7.990.572   9.559.998   10.091.865   10.885.489   11         
Cataluña  54.873.019   61.948.567   65.399.549   74.079.932   11         
Extremadura  2.724.749   2.429.213   2.188.527   1.969.478   (10)         
Foral de Navarra  2.706.198   3.194.800   3.356.081   3.258.098   6         
Galicia  8.857.608   9.393.187   9.966.270   10.440.427   6         
Illes Balears  6.658.772   7.170.340   7.606.861   8.049.261   7         
La Rioja  1.284.852   1.418.061   1.475.011   1.559.397   7         
Madrid, Comunidad  23.521.371   26.095.504   27.944.177   30.621.461   9         
País Vasco  7.752.000   8.230.700   8.768.400   9.085.051   5         
P. de Asturias  3.008.299   3.243.368   3.493.212   3.683.048   7         
Región de Murcia  6.534.568   7.345.167   8.068.378   8.578.322   9         
Valenciana, Comunitat  33.006.140   37.776.311   41.078.969   43.424.370   10         
Cd. A. de Ceuta  190.160   183.754   179.450   167.844   (4)         
Cd. A. de Melilla  88.699   71.178   68.191   54.063   (15)         
TOTAL  213.971.006   238.028.530   249.636.659   266.780.964   8         
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX 
Se indican a continuación los datos más relevantes de las diferentes CCAA que resultan de los 
informes de fiscalización, con excepción de las CCAA de Aragón y del Principado de Asturias 
que no analizan este concepto en el informe de la cuenta general ni han elaborado un informe 
especial. 
En Andalucía, a 31 de diciembre de 2017 el endeudamiento financiero de la Junta de Andalucía 
ascendía a 32.956.480 miles de euros. El 97,2 % se materializaba en deuda a largo plazo y el 2,8 
% restante se configuraba como deuda a corto plazo. El volumen global del endeudamiento 
financiero ha registrado un incremento de 1.053.590 miles de euros respecto del existente a la 
finalización de 2016, un 3,3 % en términos relativos. 
En los próximos cinco ejercicios la Junta de Andalucía tendrá que hacer frente a la amortización 
de dos tercios del importe total (66,9 %) y en 10 años tendrá que asumir el vencimiento del 96,4 % 
del saldo de deuda viva. 
Los intereses de la deuda se han visto incrementados respecto al ejercicio anterior (24,8 %), con  w.b
motivo de la finalización del periodo en que la financiación FLA estuvo al 0% de interés. Por este  08ww
mpaogtiov oa,l gduunroa.n te 2017 se han satisfecho 102.790 miles de euros mientras que en 2016 no se hizo
En  Canarias,  con  respecto  a  2016,  el  endeudamiento  de  la  Administración  autonómica  se
incrementó en un 2,2 %. El ingreso por nuevo endeudamiento es por la financiación proporcionada
 
 
 
por el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, en su departamento Fondo de 
facilidad financiera (FFF). Por esta línea de crédito la CA obtuvo un importe de 174.400 miles de 
euros que corresponde al FFF pendiente del año 2016 y 572.900 miles de euros por el 2017. Por 
otro lado, durante el ejercicio, la CA asumió una deuda de 26.100 miles de euros correspondiente 
a cuotas vencidas e impagadas de 33 contratos de préstamos de viviendas de protección oficial 
firmadas entre VISOCAN con la entidad financiera Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo, se 
realizó una subrogación de dos contratos de créditos por impagos de la empresa VISOCAN y 
firmados con la entidad Dexia Credit Local, por importe total de 10.000 miles de euros. 
En Cantabria, mediante Acuerdos de fechas 2 de marzo y 8 de junio de 2017, la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció la distribución para los tres primeros 
trimestres de 2017 de la financiación de los compartimentos Facilidad Financiera y FLA del Fondo 
de  Financiación  a  CCAA,  determinando  las  condiciones  para  la  concertación  de  las 
correspondientes operaciones de préstamo y otras condiciones adicionales. 
La  CA,  cumpliendo  con  los  requisitos  exigidos  por  la  Ley,  solicitó  un  préstamo  acogido 
compartimento FLA, por importe global de 330.440 miles de euros. Esta operación se formalizó 
entre la CA y el Instituto de Crédito Oficial el 26 de junio de 2017. 
Posteriormente, la Comisión adoptó diversos acuerdos (entre septiembre y noviembre de 2017) 
para distribuir los recursos del FLA correspondientes al cuarto trimestre del año (97.440 miles de 
euros  para  la  CA)  y  para  asignar  recursos  adicionales  destinados  a  cubrir  necesidades  de 
financiación derivadas de la desviación del objetivo de déficit de 2016 pendiente de financiar 
(99.970 miles de euros). Como consecuencia de los anteriores, se formalizaron las adendas 
oportunas al contrato de préstamo suscrito el 26 de junio de 2017, por lo que el importe global de 
dicho préstamo alcanzó los 527.850 miles de euros. 
En el ejercicio fiscalizado, la CA realizó disposiciones por importe de 497.457 miles de euros 
(452.977  miles  del  indicado  préstamo  correspondiente  al  FLA  de  2017  y  44.480  miles  del 
préstamo correspondiente al FLA de 2016), mientras las amortizaciones fueron de 319.041 miles, 
lo que determinan un incremento de 178.416 miles de euros en el saldo vivo de la deuda. 
En Castilla-La Mancha, las operaciones de endeudamiento de la CA se realizaron dentro de los 
límites previstos legalmente. 
El artículo 63 de la Ley de Presupuestos para 2017 facultaba al titular de la Consejería con 
competencias en materia de Hacienda para concertar operaciones de crédito por plazo igual o 
inferior a un año, destinadas a cubrir necesidades transitorias de tesorería. Durante el ejercicio se 
realizaron siete operaciones, constatándose un error inmaterial en la Cuenta General en la póliza 
de crédito suscrita con una entidad de crédito, al ser el importe formalizado de 50.000 miles de 
euros, y no 65.000 miles. 
El porcentaje que el importe total de las anualidades de amortización (por capital e intereses) 
representa sobre los ingresos corrientes del ejercicio en 2017, ascendía al 11 %, por lo tanto 
inferior al límite del 25 % establecido en los artículos 14.2.b) de la LOFCA y 87.1.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. 
En Castilla y León, se ha contado con las correspondientes autorizaciones de operaciones de  s
endeudamiento por el Consejo de Ministros, a lo largo del ejercicio 2017, según los sucesivos  e.
Acuerdos del mismo a lo largo del ejercicio, además, con fecha 6 de junio de 2017 el Ministerio de  w.
Hacienda admitió la solicitud de la Comunidad para adherirse al Fondo de Facilidad Financiera, a  08ww
6tr1a2v.é1s7 6d eml ilceusa dl eh eau erofesc. tuado disposiciones de préstamos, a través del el ICO por importe de
El endeudamiento total a largo plazo a 31 de diciembre 2017 de la Administración General  BOE-A-cable e
asciende a 10.885.489 miles de euros. De dicho importe, 3.379.123 miles corresponden a Deuda
 
 
Pública. Los 7.506.366 miles de euros restantes responden a préstamos a largo plazo, que son 
deudas con entidades de crédito. Los importes que están contabilizados a corto plazo son deudas 
que vencen en 2018, 275.000 miles de Deuda Pública y 836.106 miles de euros de préstamos a 
largo plazo. 
El endeudamiento a corto plazo a 31 de diciembre de 2017 asciende a 110.000 miles de euros. 
En  Cataluña,  las  operaciones  de  endeudamiento  a  largo  plazo  supusieron  un  ingreso  de 
8.411.550 miles de euros en el presupuesto de ingresos por variaciones de pasivos financieros. 
Estas operaciones fueron autorizadas por el Gobierno de la Generalidad de acuerdo con el 
artículo 36 de la Ley de Presupuestos para 2017. Puesto que en el ejercicio 2016 se incumplió el 
objetivo de estabilidad, todo el endeudamiento a largo plazo formalizado durante el ejercicio 2017 
fue autorizado por el Estado, tal y como establece el artículo 20 de la LOEPSF. 
La Generalidad formalizó con el ICO un préstamo por un importe global de hasta 7.757.180 miles 
de euros y también se dispuso de 676.640 miles de euros adicionales del préstamo formalizado en 
2016. 
A 31 de diciembre de 2017 el importe pendiente de las operaciones formalizadas desde el 
ejercicio 2012 mediante mecanismos extraordinarios de financiación era de 54.454.840 miles de 
euros, de los cuales 49.128.830 miles correspondían al Fondo de liquidez autonómico, 4.928.730 
miles al Fondo de financiación para el pago a los proveedores y 397.280 miles de euros al Fondo 
social. 
El endeudamiento a corto plazo ascendió a 4.415.846 miles de euros. 
En Extremadura, tras el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de enero de 2017, que autoriza 
a la CA a formalizar operaciones de deuda por importe máximo de 100.000 miles de euros, se 
suscribieron dos préstamos a largo plazo por importe de 46.600 miles, destinados a la cancelación 
anticipada o la modificación de condiciones previamente pactadas de operaciones de crédito, sin 
que supongan incremento de endeudamiento a fin de ejercicio. Todas estas operaciones han 
contado con la autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y se 
han  atenido  al  principio  de  prudencia  financiera  vigente  en  el  momento  de  las  respectivas 
concertaciones. 
Las  principales  operaciones  de  endeudamiento,  atendiendo  a  su  volumen,  concertadas  y 
dispuestas por la CA en 2017, se derivan de su adhesión al Fondo de Financiación de las CCAA 
(compartimento FLA), resultando un importe máximo autorizado por este concepto de 560.750 
miles de euros. 
En  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  endeudamiento  de  la  Administración  Foral  y  sus 
organismos autónomos a 31 de diciembre de 2017 a coste amortizado ascendía a 3.258.098 miles 
de euros, de los cuales 2.968.259 miles de euros corresponden a endeudamiento a largo plazo y 
289.839 miles de euros a corto. El endeudamiento total se ha incrementado un 7 %(200.539) En 
2017 el porcentaje de deuda pública sobre el total es del 50 % frente al 58 % que suponía en 2016 
otorgando mayor peso relativo a los préstamos. 
El tipo de interés medio global de la deuda en 2017 se ha reducido respecto al ejercicio de 2016,  s
del 2,9 % al 2,6 %.  e.
En Galicia, el endeudamiento de la Administración General de la CA, según el Banco de España,  08ww
se situaba a 31 de diciembre de 2017 en 10.458.000 miles de euros
Lliqau cidaargdao sf indaenl ceijeerrac idcieo  l(au nA dinmcirneismtreanctioó nd ealu 1to8n,6ó m%ic cao snu rpeusspoe cutno  2a3l ,a6ñ %o  adnet eloriso rin),g dreesnotrso  cdoerrl ielínmteites 
del 25% establecido en el artículo 14 de la LOFCA.
 
 
 
A lo largo del ejercicio 2017 la Administración general acudió a la financiación de tesorería a corto 
plazo, por medio de la vigencia de los contratos de ocho operaciones de tesorería suscritas y 
novadas en años anteriores hasta un importe máximo total de 800.000 miles de euros. 
En el marco del objetivo de endeudamiento autorizado y dentro de los límites de endeudamiento 
establecidos  en  los  Acuerdos  del  CPFF  aplicables  al  ejercicio  fiscalizado,  la  Administración 
general dispuso de un volumen efectivo de nuevo endeudamiento por un importe máximo de 
2.130.100 miles de euros. Este importe se instrumentó en un contrato de préstamo y dos adendas 
suscritas con el ICO. 
En Illes Balears, al cierre del ejercicio 2017, el endeudamiento vivo de la Administración es de 
8.049.261 miles de euros, que supone un incremento del 7 % respecto al ejercicio anterior. 
De este endeudamiento, un importe de 208.996 miles de euros corresponde a préstamos suscritos 
con  el  fin  de  renegociar,  con  criterios  actualizados  de  prudencia  financiera,  operaciones  de 
endeudamiento formalizadas en ejercicios anteriores; y 4.532 miles de euros se generan por la 
subrogación de un préstamo del Consorcio Formentera Desarrollo. Además, se han amortizado 
anticipadamente operaciones, por un importe de 105.639 miles de euros, por renegociación. 
Las  previsiones  de  vencimientos  del  endeudamiento  tienen  puntas  muy  importantes  en  los 
ejercicios 2018-2023, con unos importes previstos totales de 367.688 miles de euros en concepto 
de intereses y 6.332.372 miles de euros en concepto de amortización del capital principal. Por lo 
tanto, los vencimientos de capital estimados para este periodo suponen el 78,7 % del total del 
endeudamiento vivo al cierre del ejercicio 2017. Este hecho cuestiona la sostenibilidad económica 
y presupuestaria de la CA, dado el volumen de recursos que se destinarán al servicio de la deuda. 
En  La  Rioja,  el  endeudamiento  financiero  de  la  Administración  General  de  la  CA,  a  coste 
amortizado se situó al cierre del ejercicio 2017 en 1.559.955 miles de euros, que representa el 
99,4 % del total endeudamiento del sector público autonómico. 
La Administración de la CA mantiene vivas a 31 de diciembre de 2017 cinco emisiones de deuda 
pública realizadas en 2013, 2014 y 2016, y ha realizado en 2017 tres nuevas emisiones por 
importe de 383.557 miles de euros que representan, en total, el 25 % de sus pasivos financieros al 
cierre del ejercicio. Los préstamos a largo plazo (1.129.403 miles de euros) suponen el 72 % del 
endeudamiento financiero y las operaciones a corto (46.995 miles de euros) el 3 %, habiéndose 
todas las operaciones íntegramente en euros. 
En la Comunidad de Madrid, la Administración General complementa su financiación mediante la 
emisión  de  obligaciones  y  bonos  (cuyo  saldo  a  final  de  ejercicio,  incluidos  los  intereses 
devengados  no  vencidos,  asciende  a  18.693.312  miles  de  euros),  así  como  a  través  de  la 
obtención  de  préstamos,  líneas  y  pólizas  de  crédito  (con  un  saldo,  incluidos  intereses,  de 
12.729.350  miles  de  euros),  debidamente  autorizados  y  correctamente  contabilizados.  La 
Comunidad realiza otras operaciones que se han considerado endeudamiento financiero. Entre 
ellas se encuentran las operaciones de permuta financiera, las fianzas y depósitos recibidos y las 
deudas transformables en subvenciones, con un saldo a final del ejercicio de 254.516 miles de 
euros. 
La deuda viva a largo y corto plazo de la Administración de la Comunidad a 31 de diciembre de  s
2017 aumentó con respecto a la existente a esa misma fecha del ejercicio anterior en 2.651.262  e.
miles de euros.   w.
Eimnp oerlt eP daeís 1 .V1a1s1c.0o0, 0d murialenst ed ee le eurjeorsc,i caio v asleo r hnaonm rineaall,i zdaed oe lloopse 1ra4c0i.o0n0e0s  mdiele se nddee euudraoms iennot oe sptáonr 
ednis p4u5e6s.6to0s0  am 3il1e sd ed ed iecuiermosb, rfere dnete 2 a0 1lo7s.  E5l8 i3n.c0r0e0m menilteos  ddeel  eenudroesu daaumtoireiznatod,o as  vpaolro er ln aormtícinualol,  1s0e. 1c ifdrea   BOE-A-cable e
 
 
la Ley 2 /2017, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2017. 
La prima de emisión de la deuda pública puesta en circulación ha ascendido a un importe neto de 
4.400 miles de euros, por lo que el valor efectivo de los ingresos por deuda emitida asciende a 
495.000 miles de euros. 
En la Región de Murcia, el 95,1 % del endeudamiento estaba articulado en préstamos a largo 
plazo (8.157.722 miles de euros), el 4,6 % en emisiones de deuda (396.600 miles de euros) y el 
0,3 % restante en préstamos a corto plazo (24.000 miles de euros). 
La deuda viva formalizada mediante préstamos a largo plazo con la Administración General del 
Estado (7.167.522 miles de euros) incluye 5.870.419 miles de euros por el importe dispuesto de 
los prestamos acogidos al FLA, 1.295.756 miles de euros por el importe conjunto de los préstamos 
suscritos en el marco de la primera, segunda y tercera fase del Fondo para Financiación de los 
Pagos  a  Proveedores  y  1.347  miles  de  euros  por  los  recursos  captados  con  cargo  al 
compartimiento Fondo Social. 
En los préstamos a largo plazo el saldo a 31 de diciembre de 2017 incluye préstamos para 
reconstrucción de los daños causados por el terremoto en Lorca de 11 de mayo de 2011 por un 
importe total de 204.460 miles de euros. 
En la Comunitat Valenciana, el saldo del endeudamiento a largo y corto plazo, por un importe 
conjunto de 43.424.370 miles de euros (según la Memoria), incluye 37.131.100 miles de euros por 
las operaciones de crédito formalizadas con el ICO y con cargo al Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónoma. 
Durante 2017, la deuda pública ha disminuido debido a la amortización de 80.000 miles de euros 
de deuda emitida a largo plazo, correspondiente a emisión de deuda de 2010. 
Los  préstamos  a  largo  plazo  han  tenido  un  incremento  neto  de  2.262.000  miles  de  euros, 
desglosado en aumentos por 5.626.900 miles de euros y disminuciones por 3.364.900 miles de 
euros. 
La  financiación  del  FLA  2017,  por  importe  de  5.407.900  miles  de  euros,  se  ha  destinado 
fundamentalmente al pago de deudas de la Administración de la Generalitat por 4.990.600 miles 
de euros. El resto, por 417.300 miles de euros, se ha destinado al pago de deudas del sector 
público instrumental, de las universidades públicas, Feria Valencia e Institución Ferial Alicantina. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, el endeudamiento financiero de la Administración General 
asciende,  a  31  de  diciembre  de  2017,  a  167.844  miles  de  euros,  de  los  que  la  totalidad 
corresponden a operaciones a largo plazo. Debe tenerse en cuenta que el 69% (frente al 86 % del 
ejercicio anterior) del saldo vivo de los prestamos formalizados por las empresas se encuentra 
avalado por la Administración General de la Ciudad. 
La carga financiera de las operaciones de endeudamiento crediticio a largo plazo se ha situado en 
el 19 %, por debajo del límite del 25 % de los ingresos anuales de carácter corriente establecido 
en el art. 37.5 del Estatuto de Autonomía de Ceuta. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, el importe pendiente de amortización a 31 de diciembre de  w.b
2017 asciende a 64.150 miles de euros (incluyendo operaciones de arrendamiento financiero por  08ww
6sa.5ld8o7s  mpeilensd iednet eesu. ros), sin que la CA haya aportado todas las certificaciones bancarias de los
 
 
 
Durante el ejercicio 2017 la CA no concertó operaciones para cubrir necesidades transitorias de 
tesorería y adjudicó dos préstamos a largo plazo, por importe total de 12.090 miles de euros, 
previstos en su Presupuesto, formalizados a principios de 2018. 
  AVALES 
El siguiente cuadro recoge la evolución en el ejercicio 2017 de los avales otorgados por las 
Administraciones Generales. 
CUADRO 34.1 AVALES. ADMINISTRACIONES 
GENERALES  
(miles de euros) 
Comunidades  Riesgo vivo inicial  Riesgo vivo final 
Andalucía  1.125.040   1.061.710  
Aragón  11.000   25.000  
Canarias  7.350   7.440  
Cantabria  0   0  
C.-La Mancha  59.451   39.863  
C. y León  498.828   466.621  
Cataluña  3.445.157   3.182.832  
Extremadura  0   0  
F. de Navarra  163.523   124.662  
Galicia  0   0  
I. Balears  526.592   357.799  
La Rioja  0   0  
Madrid, Comunidad   48.000   73.000  
País Vasco   537.700   465.900  
Principado de Asturias  470.757   433.273  
Región de Murcia  172.190   125.709  
Valenciana, Comunitat  1.396.843   1.040.954  
Cd. A. de Ceuta  14.797   10.243  
Cd. A. de Melilla  13.750   13.750  
TOTAL  8.490.978   7.428.756  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes 
del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
El siguiente cuadro nos muestra el riesgo asumido por sociedades y entes públicos por los avales 
que mantienen vivos. 
 
    e.
 
 
CUADRO 34.2 AVALES. SOCIEDADES Y ENTES PÚBLICOS 
(miles de euros) 
Comunidades  Riesgo vivo inicial  Riesgo vivo final 
Andalucía  3.720   1.680  
Aragón  0   0  
Canarias  12.415   4.797  
Cantabria  51.894   42.641  
C.-La Mancha  0   0  
C. y León  16.877   14.410  
Cataluña  0   0  
Extremadura  4.302   4.000  
F.de Navarra  0   0  
Galicia  103.804   81.506  
I. Balears  96   0  
La Rioja  297   0  
Madrid, Comunidad  (105.147)   (103.062)  
País Vasco   0   0  
P. de Asturias  0   0  
R. de Murcia  37.527   38.801  
Valenciana, Comunitat   0   0  
Cd. A. de Ceuta  0   0  
Cd. A. de Melilla  0   0  
TOTAL 
125.785   84.773  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del 
Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
En  términos  absolutos  los  mayores  importes  en  riesgos  finales  de  avales,  respecto  a 
Administraciones Generales, corresponden a Cataluña, Andalucía y a la Comunitat Valenciana. 
Las Administraciones generales de las Comunidades y Ciudades Autónomas no han concedido 
avales en el periodo fiscalizado, con excepción de las CCAA de Aragón, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña y País Vasco. 
La  información  más  relevante  puesta  de  manifiesto  en  los  informes  de  fiscalización,  -con 
excepción de la Comunidad de Madrid ya que la Cámara excluye de análisis esta materia, es la 
siguiente: 
En Andalucía, el riesgo vivo final por avales supone un total de 1.061.710 miles de euros, 
correspondiendo  577.980  miles  de  euros  a  los  avales  otorgados  a  las  agencias  públicas 
empresariales  y  sociedades  mercantiles  del  sector  público  y  483.730  miles  de  euros  a  las 
operaciones avaladas a empresas privadas. 
La Junta de Andalucía no ha otorgado nuevos avales en el ejercicio 2017, no habiendo hecho uso  e.
por tanto de la autorización presupuestaria del art. 33 de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del  w.b
Presupuesto para 2017.  08ww
En Aragón, hasta 2016 este estado incluía los compromisos futuros para la refinanciación de las
sGoecnieedraald dees  2Z0a1ra7g soozlao  sAelt ain fVoermloaci ddaed e 2st0o0s2 c, oSm.Ap.r o(mZAisVo)s  ye nA RelA aMpOarNta. dSoi nd ee mavbaalergso y,  egna ralan tCíause pnotar 
 
 
 
los importes pendientes al cierre de 2017 (69.000 miles de euros y 13.500 miles de euros, 
respectivamente). 
La Cámara de Cuentas considera que se debe informar de ambos compromisos plurianuales 
(69.000 miles de euros con ZAV entre 2018-2025 y 13.500 miles de euros con ARAMON entre 
2018-2023), dado que en ambos casos se trata de compromisos firmes adoptados por el Gobierno 
de Aragón en 2016 y 2013, respectivamente, para asegurar las disponibilidades presupuestarias 
suficientes para transferir los recursos necesarios para atender los pagos de los préstamos 
sindicados subyacentes. Los gastos fueron aprobados por el Gobierno como plurianuales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.2.a) TRLHCA. 
En Canarias, a final del ejercicio, la CA figuraba como avalista en 278 operaciones financieras 
formalizadas con empresas privadas. En 276 operaciones participa con la Sociedad de Garantía 
Recíproca denominada Sociedad de Garantías y Avales de Canarias (SGR). La CA suscribe 
contratos  anuales  con  Avalcanarias  SGR,  para  operaciones  de  reafianzamiento  o  reaval  de 
operaciones ya garantizadas por la misma y que reúnan los requisitos descritos en el mencionado 
contrato. El contrato fue firmado con fecha 14 de diciembre de 2017 por un importe máximo de 
reafianzamiento de 25.000 miles de euros. 
El importe de riesgo vivo disminuye respecto al ejercicio 2016 y se atribuye a la variación de los 
saldos vivos correspondiente a las operaciones de la SGR, que pasa de 12.415 miles de euros a 
4.797 miles de euros. 
Desde 2009, la CA no concede avales directos y solo presta cobertura a través de SGR. En 2017, 
ascendieron a un total de 98 nuevas operaciones de reafianzamiento con un riesgo vivo de 1.400 
miles de euros. El nº de operaciones ha disminuido en un 32 % respecto al ejercicio anterior. 
En  Cantabria,  como  consecuencia  del  incumplimiento  por  la  CA  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto (del ejercicio 2015) y en cumplimiento del artículo 20 de la 
LOEPSF, la CA solicitó autorización del Estado para que el ICAF pudiera conceder avales durante 
el ejercicio 2017 por importe de 40.250 miles de euros, destinados a garantizar el cumplimiento de 
obligaciones financieras de entes públicos y privados, que fue concedida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de febrero de 2017. 
El importe de los avales otorgados por la CA a través de del Instituto de Finanzas de Cantabria 
(ICAF) (56.375 miles de euros) y de SODERCAN (718 miles de euros) ascendía a 57.093 miles de 
euros, con un riesgo vivo de 42.641 miles de euros. 
Debe indicarse que los diferentes compromisos y aportaciones del ICAF y de SODERCAN al 
proyecto  ECOMASA,  en  forma  de  avales,  préstamos  y  participación  en  capital,  pueden 
desembocar en unas pérdidas para la CA que se aproximan a los 18.000 miles de euros, pues, al 
cierre del ejercicio fiscalizado, se habría recuperado (y se estaría próximo a recuperar) solo una 
cantidad residual de dichos desembolsos. 
En Castilla-La Mancha, el saldo de avales y otras garantías a 1 de enero de 2017 que figura en la 
Cuenta General asciende a 52.161 miles de euros y al cierre de dicho año a 36.000 miles, con un 
riesgo vivo de 39.863 miles de euros. 
Durante el ejercicio 2017 no se concedió ningún aval a entidades del sector público regional y se  e.
registraron cancelaciones por 16.161 miles de euros (aval concedido por la CA en 2014, por  w.
importe de 64.974 miles, para garantizar deudas frente a la Administración Tributaria).  08ww
En Castilla y León, en el ejercicio 2017 la Administración General ha concedido un aval por
4im5p.4o5rt0e  mdiele s7 5d.e0 0e0u rmosil,e dse d leo se cuuroasle. sL 3o sc oarvreaslepso ncdaennc eala ldao Asd hmainn isstirdaoc ió6n  pGoer nuenr ailm ppoor ritme ptoortatel  ddee   BOE-A-cable e
43.487 miles de euros, 2 corresponden al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por
 
 
importe de 1.938 miles de euros y 1 al Instituto para la Competitividad Empresarial por importe de 
25 miles de euros.  
La cuantía del riesgo vivo de los 28 avales existentes al inicio del ejercicio, para el conjunto de las 
entidades integradas en la Cuenta General era de 515.706 miles de euros, ascendiendo el importe 
del riesgo vivo de los 23 avales existentes a fin de ejercicio a un total de 481.031 miles de euros. 
El decremento del riesgo vivo en 2017 ha sido, por tanto, del 6,7% con respecto al ejercicio 2016. 
En Cataluña, los avales formalizados durante el ejercicio 2017 fueron 2 por importe conjunto de 
22.718 miles de euros. 
Los avales concedidos por la Generalidad reportan a favor de esta la comisión que para cada 
operación determina el Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de Economía 
y Hacienda. Esta comisión acostumbra a ser de un 0,25 % o un 0,5 % sobre el importe del aval 
formalizado salvo los avales concedidos a las cooperativas agrarias, que reportan una comisión 
del 0,8 % anual a pagar durante la vigencia del aval. El total contabilizado durante el año 2017 por 
este tipo de comisiones fue de 7 miles de euros. 
El importe del riesgo vivo por avales concedidos a inicio de 2017 fue de 3.445.157 miles de euros. 
Las existencias finales correspondientes a avales existentes a final del ejercicio 2017 asciende a 
3.182.832  miles  de  euros,  de  los  cuales  204.718  miles  de  euros  corresponden  a  avales  a 
empresas privadas, 2.516.761 miles de euros a empresas públicas y 461.353 miles de euros a 
fondos de titulización de activos. 
En Extremadura, el artículo 40.1 de la Ley de Presupuestos para 2017 habilita a las entidades del 
sector  público  autonómico  clasificadas  como  sector  Administración  Pública,  incluyendo  la 
Administración General, para prestar avales siempre que el saldo vivo conjunto de los mismos 
(computándose el saldo vivo no liberado de los avales concedidos en ejercicios anteriores) no sea 
superior a 50.000 miles de euros. Ninguna de las correspondientes entidades ha hecho uso de 
esta autorización en 2017. 
Como en ejercicios precedentes la única entidad pública autonómica que mantuvo avales vivos en 
2017 fue la Sociedad de Fomento Exterior de Extremadura, S.A. (Extremadura Avante tras una 
fusión). El riesgo vivo mantenido por SOFIEX, a 31 de diciembre de 2017, 4.000 miles de euros, 
corresponde en su totalidad a importes pendientes de vencimiento. 
En  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  saldo,  a  31  de  diciembre  de  2017,  de  los  avales 
concedidos por la Comunidad Foral ascendía a 124.662 miles de euros.  
El saldo vivo total ha disminuido un 24 % (38.860 miles de euros) destacando los descensos de 
las empresas en dificultad (1.420 miles de euros) o la cancelación de las operaciones de las 
cartas de compromiso con Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L.  
Durante 2017 no se ha avalado ninguna operación nueva ni se ha formalizado ninguna carta de 
compromiso adicional, si bien se ha producido la novación de los avales de dos préstamos de una 
empresa. En ambas operaciones se ha ampliado el plazo de duración de los préstamos hasta los 
15  años  y  el  tipo  de  interés;  además,  en  una  novación  se  ha  modificado  el  calendario de 
amortización.  s
En Galicia, al igual que en el ejercicio anterior, la liquidación del presupuesto de la Cuenta  w.
General del ejercicio 2017 ya no incluye el apartado XII Estado de situación de los avales  08ww
ceomnpcreedsiad oVs EpCoIrN lOa  CSA.A, .a, l qhuaeb earúsne  dfiegpuurarabdao c eoln  auvna l scaolndcoe ddied o2 3e6n  fmecilheas  3d ed ee ujuronsio  edne  l1a9 8C5u ean tlaa 
Gdaednoe rqaul ed,e lc eojmeroc icsieo  2v0ie1n3e.  Sreinit eermanbdaorg eon,  naon steer icoorenss idinefroar mcoersre dcteal  lCa osnusperjeos idóen  dCeu ednicthaos , aepna rteasdtoe   BOE-A-cable e
estado de avales a rendir con la Cuenta General debería incluirse la situación de los avales
 
 
 
financieros concedidos por el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), por ser la 
Administración general quien responde de los riesgos. 
A 31 de diciembre de 2017 el saldo del riesgo vivo de los avales concedidos por IGAPE asciende 
a 81.506 miles de euros. 
En Illes Balears, si bien no se han concedido avales en el ejercicio, a 31 de diciembre de 2017, la 
Administración General de la CA tiene constituido, de ejercicios anteriores, avales para garantizar 
operaciones de crédito con entidades financieras por un importe nominal de 846.875 miles de 
euros y un riesgo vivo de 357.799 miles de euros, lo que supone una disminución respecto del 
ejercicio anterior del 32 % del riesgo vivo. 
La CA ha recuperado operaciones fallidas por un importe de 204 miles de euros hasta el 30 de 
septiembre de 2017. 
En La Rioja, el art. 60.1 de la Ley de Presupuestos para 2017 establece que “con vigencia 
exclusiva para dicho año, la Administración podrá avalar a sociedades participadas por un importe 
máximo de 110.000 miles de euros, con objeto de reestructurar la deuda de los mismas”. En el 
ejercicio 2017 la Comunidad no ha hecho uso de esta autorización. 
Respecto a las operaciones formalizadas en ejercicios anteriores, tal como consta en la Memoria 
de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER), al cierre del ejercicio 2017 no hay riesgo vivo por 
operaciones de préstamo avaladas, al haberse cancelado el único aval existente. 
En el País Vasco, a 31 de diciembre de 2017 el saldo de avales es de 465.900 miles de euros. 
Las concesiones en 2017 por importe global de 31.400 miles de euros, corresponden casi en su 
totalidad a los reafianzamientos efectuados por el Gobierno Vasco, a través de la Sociedad de 
Garantía Recíproca Elkargi, por importe de 24.100 miles de euros, así como los reafianzamientos 
por préstamos a PYMES, realizados a través de Luzaro, S.A., por importe de 6.500 miles de 
euros. El total de garantías concedidas en el año cumple con los límites legales establecidos en el 
artículo 9.1 de la Ley 2/2017 de 11 de abril de Presupuestos Generales de la CAPV para el 
ejercicio 2017. 
El riesgo estimado por avales concedidos y no vencidos es de 34.300 miles de euros. 
En el Principado de Asturias, el importe máximo avalado a 1 de enero era de 650.285 miles de 
euros y a 31 de diciembre de 2017 de 649.985 miles de euros. El riesgo vivo por operaciones 
avaladas a cierre del ejercicio ascendía a 433.273 miles de euros. 
El sector público autonómico concentra el 98,5 % del total avalado. A 31 de diciembre de 2017, la 
CA  tenía  pendiente  de  cobro  un  importe  de  25.504  miles  de  euros  procedentes  de  avales 
ejecutados en ejercicios anteriores, de los cuales, un 11,8 % fue cobrado de enero a junio de 
2018. 
En la Región de Murcia, la Administración Regional no formalizó en 2017 ningún aval, por lo que 
a fin de ejercicio, y al no producirse tampoco el vencimiento de aval alguno, las únicas garantías 
otorgadas por la CA correspondían al aval concedido en el año 2001 al Ayuntamiento de la Unión 
para garantizar el principal e intereses de un préstamo concertado por dicha entidad local por 
1.597 miles de euros y el aval de 141.258 miles de euros otorgado en 2013 al Servicio Murciano  e.
de Salud en garantía de tres préstamos concedidos en 2007 por el Banco Europeo de Inversiones  w.
a Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para  08ww
fsienravnicciioa rs lea  scuobnrsotgruóc ecnió nn odveie lmosb rHeo dsep i2ta0l1e3s.  de Cartagena y del Mar Menor, sobre los que el citado
El riesgo por estos avales asumido por la Administración Regional ascendía a 31 de diciembre de
2017, a un importe de 125.709 miles de euros, de los cuales 388 miles de euros correspondían al
 
 
aval otorgado al Ayuntamiento de la Unión y los 125.321 miles de euros restantes a las garantías 
prestadas al Servicio Murciano de Salud. 
En la Comunitat Valenciana, a 1 de enero de 2017 el total avalado por la CA ascendía a 
1.978.700 miles de euros, con un riesgo vivo de 1.396.843; a 31 de diciembre el total avalado es 
de 1.765.400 miles de euros con un riesgo vivo de 1.040.954 miles de euros. El sector público 
autonómico concentra el 89,2 % del total avalado. Las cancelaciones de avales han ascendido a 
213.300 miles de euros, 
El Decreto Ley 1/2017, de 9 de junio, del Consell, autoriza el vencimiento anticipado de los avales 
otorgados  por  la  Generalitat,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  contrato  marco  de 
reestructuración de riesgos y deuda, que a 31 de diciembre de 2016 ascendían a 200.000 miles 
de euros, por importe de 194.100 miles de euros.  
Una vez cancelado el aval, el Decreto Ley 1/2017 establece que el crédito generado a favor de la 
Generalitat, sea objeto de una aportación no reintegrable al fondo de provisiones técnicas de la 
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), por 168.800 miles de euros. Asimismo, se contempla que 
la diferencia entre dicha aportación y el pago anticipado, por 25.300 miles de euros, sea satisfecho 
por la SGR mediante dación en pago a la entidad de derecho público que la Generalitat determine, 
de una cartera compuesta por una serie de activos y derechos de titularidad de la SGR. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el ejercicio fiscalizado la Administración General no ha 
concedido ningún aval a sus entidades dependientes, ni estas han suscrito nuevos préstamos. 
El riesgo de los avales concedidos a las empresas municipales, a 31 de diciembre de 2017 
ascendía  a  10.243  miles  de  euros,  `por  los  dos  avales  vigentes  concedidos  en  su  día  a 
Aparcamientos  Municipales  y  Gestión  Vial  de  Ceuta,  S.A  y  a  Sociedad  para  el  Fomento  y 
Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, S.A. 
En 2017 no se ha producido ningún impago en las operaciones avaladas. La Administración de la 
Ciudad  ha  informado  no  tener  ningún  riesgo  asumido  a  través  de  sociedades  de  garantía 
recíproca. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejercicio 2017 no se han concedido avales. El riesgo 
vivo inicial y final del ejercicio ascendía a 13.750 miles de euros. 
El citado importe corresponde al hecho de que en 2010, la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Melilla, S.A. formalizó una póliza de crédito, operación avalada por la CA, y en marzo de 
2015, un préstamo hipotecario por el crédito dispuesto de la póliza (13.750 miles de euros) que 
fue avalado igualmente por la CA. La información sobre esta operación recogida en la memoria de 
las cuentas anuales de la CA refleja como fecha de concesión del aval 20 de diciembre de 2014, 
mientras que la escritura pública tiene fecha de 18 de marzo de 2015. 
La memoria de las cuentas anuales de la CA incluye como concedido un aval por importe de 436 
miles de euros al Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. No 
obstante, realmente se trata de un aval otorgado por una entidad financiera a la CA, para 
responder de las obligaciones derivadas del acuerdo de compraventa firmado con fecha 20 de 
julio de 2017 para la adquisición de un inmueble por parte de la CA a dicho Instituto.  s
 CONTRATACIÓN PÚBLICA  08ww
XII.1.  ASPECTOS GENERALES
Con el fin de integrar debidamente regularizados, aclarados y armonizados tanto la Ley 30/2007,
de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público  como  las  disposiciones  en  materia  de
 
 
 
contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la 
captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos, se promulgó el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que derogó la anterior normativa constituyendo el 
marco jurídico aplicable en el ejercicio 2017, junto con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas. Actualmente, la normativa está constituida por la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.  
El Tribunal de Cuentas y determinados OCEX incluyen la contratación pública como área de 
fiscalización en los informes sobre las cuentas generales correspondientes a las CCAA, o bien, se 
elaboran informes específicos sobre la materia. 
En relación con las CCAA de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, la Región 
de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, este Tribunal ha elaborado un 
informe especial relativo a la “fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicios 2016 y 2017”, aprobado 
por el Pleno en su sesión de 28 de marzo de 2019. 
En el mismo sentido, respecto a la CA de Castilla y León, el Consejo de Cuentas ha elaborado 
un informe especial sobre la “Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el 
ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2017”. 
Solo los OCEX de las CCAA de Aragón, Comunitat Valenciana, País Vasco y Principado de 
Asturias han analizado esta materia en sus informes anuales de las cuentas generales del 2017.  
Respecto a las CCAA de Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Galicia e Illes Balears, no se ha incorporado esta área por sus respectivos OCEX ni en 
sus informes generales sobre las cuentas correspondientes al ejercicio 2017, ni se ha previsto su 
análisis mediante informes especiales en sus planes o programas de fiscalización. En relación con 
Andalucía, el Plan de actuaciones 2018 de la Cámara de Cuentas, preveía la “Fiscalización de la 
contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas. 
2016 y 2017”, si bien a fecha de término de este informe no consta elaborado. 
El número de contratos examinados por el Tribunal de Cuentas y los OCEX es el siguiente: 
- CA de Aragón: 129 expedientes por importe de 11.962 miles de euros. 
- CA de Cantabria: 19 expedientes por importe de 31.833 miles de euros. 
- CA de Castilla La Mancha: 17 expedientes por importe de 64.139 miles de euros. 
- CA de Castilla y León: 70 expedientes por importe de 171.269 miles de euros. 
- Comunitat Valenciana: 46 expedientes por importe de 212.700 miles de euros 
- CA de Extremadura: 25 expedientes por importe de 179.663 miles de euros.  e.
- CA de La Rioja: 21 expedientes por importe de 85.404 miles de euros.  08ww
- CA del País Vasco: 44 expedientes por importe de 1.592.700 miles de euros.
- CA del Principado de Asturias: 11 expedientes por importe de 86.621 miles de euros.
 
 
- CA de la Región de Murcia: 27 expedientes por importe de 156.167 miles de euros. 
- CA de Ceuta: 6 expedientes por importe de 6.452 miles de euros. 
- CA de Melilla: 11 expedientes por importe de 11.236 miles de euros. 
XII.2.  PRINCIPALES INCIDENCIAS 
Como  incidencias  más  relevantes  detectadas  por  este  Tribunal  y  por  los  OCEX  indicados 
anteriormente  que  han  fiscalizado  esta  área,  como  en  ejercicios  anteriores,  cabe  señalar, 
principalmente, las siguientes, indicándose el número de expedientes afectados en cada CA: 
XII.2.1. Incidencias relacionadas con la preparación de los contratos 
- La justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público no se 
especifica en todos los expedientes con un mínimo de concreción razonable ni se acreditan las 
particulares necesidades existentes en su momento que pudieran justificar las correspondientes 
inversiones de los fondos públicos afectados, con incumplimiento de los artículos 22 y 109.1 del 
TRLCSP. (7 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León, 2 en Extremadura, 3 en 
La Rioja, 1 en Melilla, 10 en la Región de Murcia y 4 en el Principado de Asturias). 
- Se han observado casos en los que se produce la ausencia de los informes o de los estudios 
económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado, o 
no se concreta el valor estimado del contrato, o su cálculo contiene errores, incumpliendo lo 
establecido en los artículos 87 y 88 del TRLCSP. (19 en Aragón, 5 en Cantabria, 14 en Castilla y 
León, 6 en la Comunitat Valenciana y 6 en la Ciudad autónoma de Melilla). 
- Se han observado algunas deficiencias en la calificación de los contratos, principalmente en 
cuanto se refiere a la errónea calificación como contratos de gestión de servicios públicos de 
aquellos que debieran serlo de servicios. Ello tiene efectos en cuanto determinados aspectos 
como la sujeción al régimen de regulación armonizada, del que se excluye al de gestión de 
servicios públicos; la publicidad de la licitación, pues el de gestión de Servicios públicos no debe 
ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; así como la duración del contrato, pues el 
de servicios está limitado a un máximo de 6 años, pero no el de gestión de servicios públicos. 
Asimismo, se han calificado erróneamente como servicios o suministros a contratos mixtos sin 
atender al mayor importe de la prestación. (2 en Castilla-La Mancha y 2 en la Región de Murcia).  
-  Se  han  observado  supuestos  de  deficiente  preparación  para  la  tramitación del  expediente 
contractual- como replanteos anteriores a la aprobación del proyecto o ausencia de los mismos, 
falta de valoración de la adjudicación por lotes, consideración de la fecha de vencimiento de 
contratos anteriores, etc- que han generado retrasos indebidos en la adjudicación y en la normal 
ejecución de las actividades contratadas ( 6 en Cantabria, 10 en Castilla y León, 1 en Ceuta, 1 en 
Extremadura, 4 en Melilla y 6 en el País Vasco). 
XII.2.2. Incidencias relacionadas con la tramitación de los expedientes 
- En 9 contratos de Extremadura, se ha observado el defectuoso cumplimiento de la obligación de 
incorporar al expediente el certificado de existencia de crédito que quedara afecto al pago del 
precio del contrato, o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa, en su caso, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.3 del TRLCSP.   es
- En relación con los pliegos que rigen los contratos se han observado las siguientes deficiencias:  w.
se  utilizan  modelos  de  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliegos  de  08ww
pmriessmcori ptcipioon ye sp rtoéccendicimasie dneto c daerá acdtejur deicxacecisóivna; mnoe nstee  cgoenncérreictao ,d aep floicrambale csl aar ato, dporesc liossa  ceo innteraqtuoísv odceal 
l1a0s6 c doenld TicRioLnCeSs Pe;n s qeu ees ptaobdlreác ehna ccearussea uss doe d eex lcalsu smióond iofi cdaec iporneessc,r itpacl iyo nceosm toé censictaabsl eqcuee  elli mairttaícnu llao   BOE-A-cable e
concurrencia; no se concretan las condiciones  y plazo de ejecución del contrato y/o de las
 
 
 
penalidades por ejecución deficiente; y/o carecen de informe jurídico previo. (6 en Aragón, 1 en 
Cantabria, 1 en Castilla-La Mancha, 10 en el País Vasco, 3 en el Principado de Asturias y 3 en la 
Región de Murcia). 
-  En  determinados  expedientes  de  contratación  seguidos  por  los  trámites  de  urgencia  o 
emergencia no resulta debidamente documentada la concurrencia de las circunstancias que exige 
los artículos 112 y 113 del TRLCSP o tampoco se acredita plenamente ser las alegadas de 
entidad suficiente para justificar estas modalidades procedimentales de carácter excepcional. 
Debe tenerse en cuenta que la declaración de urgencia conlleva la reducción a la mitad de los 
plazos de preparación y presentación de proposiciones lo que puede suponer una disminución en 
el número de licitadores. (21 en Aragón, 6 en Castilla y León y 2 en la Comunitat Valenciana). 
- Respecto a los procedimientos negociados analizados no se ha justificado la utilización de este 
procedimiento o se aprecia que la definición de los aspectos de negociación contiene deficiencias 
o no hay constancia en el expediente de haberse realizado una efectiva negociación de las 
proposiciones recibidas, conforme determinan los artículos 169 y 178 del TRLCSP (2 en la 
Comunitat Valenciana, 2 en Melilla y 3 en la Región de Murcia).  
XII.2.3.  Incidencias relacionadas con los criterios de adjudicación 
- Se han observado deficiencias en los criterios de adjudicación que debían ser tenidos en cuenta 
para elegir al contratista, principalmente por la falta de directa vinculación con el objeto del 
contrato que exige el artículo 150.1 del TRLCSP o por su improcedencia como criterios de 
adjudicación, así como por la falta de concreción suficiente, en los criterios sometidos a juicio de 
valor, de los extremos que van a ser objeto de valoración al momento de presentar las ofertas y de 
la  forma  de  otorgar  las  puntuaciones,  de  forma  que  todas  las  empresas  potencialmente 
interesadas en contratar con la Administración puedan conocerlos y formular sus ofertas a la vista 
de los mismos, siendo respetuosos con los principios de igualdad de trato y de no discriminación, 
previstos en el artículo 1 del TRLCSP, tal y como se desprende del artículo 139 del mismo texto 
legal. (6 en Aragón, 7 en Cantabria, 10 en Castilla y León, 6 en la Comunitat Valenciana, 4 en 
Extremadura, 7 en La Rioja, 3 en Melilla, 2 en el País Vasco, 3 en el Principado de Asturias y 4 en 
la Región de Murcia). 
- En algunos expedientes el criterio de la oferta económica presenta una reducida ponderación 
respecto al total, lo que no es coherente con el principio de economía en la gestión de fondos 
públicos. (6 en Aragón, 22 en Castilla y León, 2 en Extremadura y 4 en la Región de Murcia). 
- En ocasiones se establece el criterio de valoración de los precios de las ofertas con fórmulas de 
valoración del criterio económico que pueden resultar confusas, ya que la utilización de una 
fórmula matemática en dos tramos, al puntuarse en función de la baja media resultante de todas 
las ofertas presentadas y no en función de la baja mayor, puede afectar a la puntuación de las 
ofertas. Esta forma de valoración de los precios no es coherente con el principio de economía que 
debe informar la gestión de fondos públicos ya que, carece de justificación no valorar las mayores 
bajas de las proposiciones económicas con independencia de los restantes criterios que pueden 
establecerse en los pliegos en atención a las particulares circunstancias objetivas concurrentes en 
el expediente. (6 en Aragón, 15 en Castilla y León, 10 en Extremadura, 6 en La Rioja, 5 en Melilla 
y 5 en la Región de Murcia). 
XII.2.4.  Incidencias en relación con la adjudicación y formalización de los contratos 
- Se han observado expedientes de contratación en los que los criterios objetivos han carecido de  e.
toda preponderancia en el mecanismo de adjudicación, que se ha decidido en función de la  w.
valoración de los criterios basados en juicios de valor, al no poder entrar a valorar aquellos en los  08ww
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ys,u fiecnie natelgmunean teo cmaostióivna,d oe l oi ninfotrromdeu cteé cansicpoe cdtoes  vnaol oprarecvióisnt osd ee nlo es l cPrCiteArPio.s  (1s2u bejent ivAoras,g ónno,  1e setán   BOE-A-cable e
Cantabria y 6 en la Comunitat Valenciana).
 
 
- En determinados expedientes se producen las siguientes incidencias: se incumplió el plazo 
máximo  para  efectuar  la  adjudicación  desde  la  presentación  de  la  documentación  por  el 
adjudicatario, conforme al artículo 151.3 del TRLCSP, o desde la apertura de las proposiciones, 
según  el  artículo  161  del  TRLCSP;  la  resolución  de  adjudicación  no  está  suficientemente 
motivada, o incurre en otros defectos u omisiones; no se notificó correctamente la resolución de 
adjudicación al adjudicatario o al resto de licitadores; o bien no se publicó adecuadamente en los 
boletines oficiales o en el perfil de contratante conforme a los artículos 151, 153 y 154 del 
TRLCSP. (15 en Castilla y León, 1 en Extremadura, 1 en Melilla, 5 en el País Vasco y 4 en el 
Principado de Asturias).  
XII.2.5. Incidencias en relación con la ejecución de los contratos 
- Se han observado deficiencias respecto de las actuaciones de control del cumplimiento de los 
contratos derivado del artículo 209 del TRLCSP según el cual los contratos han de cumplirse a 
tenor de sus cláusulas, siendo por ello preciso que se controle su correcta ejecución a cuyo fin se 
inviste a la Administración de un conjunto de potestades justificadas en el servicio objetivo al 
interés general. Entre dichas deficiencias destacan la falta de establecimiento de un sistema de 
control, su no realización o su sustitución por un simple visto bueno, la ausencia de nombramiento 
del  responsable  del  contrato,  la  falta  de  una  adecuada  supervisión  o  la  presentación  de 
certificaciones, facturas o documentos de ejecución que no incluyen todos los aspectos o informes 
requeridos. (1 en Cantabria,1 en Castilla-La Mancha, 11 en Castilla y León, 2 en la Comunitat 
Valenciana, 2 en el País Vasco, 1 en el Principado de Asturias y 6 en la Región de Murcia)  
- Se producen incumplimientos en los plazos de ejecución de las prestaciones correspondientes al 
contratista y en algunos de ellos, en los que se aprecia que el contratista, por causas imputables 
al mismo, ha incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración no 
ha ejercitado ninguna de las opciones que le atribuye el artículo 212.4 del TRLCSP, sea la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades. (1 en Cantabria, 2 en Castilla y León, 5 en 
Ceuta, 1 en Melilla y 4 en el País Vasco).  
- En relación con la recepción de los contratos, bien no consta el acta de la misma o se ha 
producido  con  retraso,  o  bien  se  han  producido  deficiencias  respecto  a  la  justificación  del 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  por  los  prestadores  de  servicios  y/o  la  recepción  se  ha 
producido con retraso por encima del mes previsto en la normativa contractual. (14 en Castilla y 
León, 1 en Ceuta y 5 en el País Vasco). 
 IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
Como se ha señalado en el apartado I.2 de este informe se incorpora el objetivo de verificar el 
cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en todo aquello en 
que lo dispuesto en dicha normativa pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones 
fiscalizadoras y con las limitaciones resultantes de la omisión de este objetivo en los informes de 
los OCEX, con excepción del Consejo de Cuentas de Galicia. 
La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, establece que el 
Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, y elaborará un informe periódico sobre el conjunto de 
sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
del cual dará cuenta a las Cortes Generales. Asimismo, determina que la Administración General  es
del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el  o
derecho de igualdad en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus  08ww
aTcotduaasc iloanse Cs CdAe Ap lahnainfi cdaecsióanrr.o llado normativa reguladora de esta materia, tal y como se recoge en
el siguiente cuadro.  
 
 
 
Comunidad Autónoma  Legislación 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
modificada por Ley 9/2018, de 8 de octubre 
Andalucía 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género 
LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón 
Aragón 
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección integral a las mujeres víctimas de la 
violencia en Aragón 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, modificada por Ley 
Canarias  7/2019, de 9 de abril. 
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de 
Género 
Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
Cantabria 
Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres y la Protección a sus Víctimas 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de CLM 
Castilla-La Mancha 
Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres 
Maltratadas 
Castilla y León  Ley 1/2003, de 3 marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León 
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León 
Cataluña  Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres 
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 
Extremadura  Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género 
en Extremadura 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. 
Foral de Navarra 
Ley foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de Navarra 
Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. 
Galicia 
Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género 
Illes Balears  Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.  Ley 12/2006, de 20 de septiembre, 
para la mujer 
RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
La Rioja  oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
Ley 1/2012, de 12 de junio, por la que se establece y regula en el ámbito de la CAR una red de 
apoyo a la mujer embarazada 
Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 
Comunidad de Madrid 
LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid 
País Vasco  Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, modificada por Ley 3/2012, 
de 16 de febrero 
Principado de Asturias  Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
de género 
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la 
Región de Murcia  Violencia de Género en la Región de Murcia 
Ley 11/2009, de 1 de diciembre, por la que se establece y regula una Red de Apoyo a la Mujer 
Embarazada. 
Comunitat Valenciana  Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla carecen de normativa específica, si bien la primera 
desarrolla Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
Sin embargo, debe señalarse que dicho objetivo no se ha incorporado a ninguno de los informes  w.
de fiscalización efectuado por la casi totalidad de los OCEX, tan solo en los realizados por este  08ww
Tribunal y el Consejo de Cuentas de Galicia, como se ha indicado anteriormente.
Aac tcuoanctiionnueasc ieófne cstuea dinadsic aaln r elsopse cótrog aenno esl  eajuetrocnicóiom 2ic0o1s7  cpoomr lpaest eCnCteAsA  efins claal izmaadtaesr ipao ar seíl  Tcroibmuon alal ys 
el citado Consejo de Cuentas.
 
 
CANTABRIA 
a) Órganos competentes 
− Dirección General (DG) de Igualdad y Mujer, integrada en la Consejería de Consejería de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.  
− Comisión de Participación de las Mujeres, creada por la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de 
mayo, órgano colegiado de carácter consultivo, medio de interlocución de las asociaciones de 
mujeres  con  el  Gobierno  de  Cantabria  y  de  participación  en  el  desarrollo  social,  laboral,  y 
económico de la CA. 
En lo referente a esta última Comisión, cabe señalar que no ha llegado a aprobarse la norma 
reglamentaria que determinase su composición, organización y bases de funcionamiento, no 
habiéndose procedido a su constitución. 
Mediante la Ley 3/2018, de 28 de mayo, se recupera la figura del Consejo de la Mujer, suprimido 
por la Ley 2/2012, de 30 de mayo. Se opta por volver a habilitar a este Consejo como “órgano 
colegiado de participación, representación y consulta en todas aquellas materias y políticas que 
afecten a los derechos e intereses de las mujeres cántabras, tanto en las políticas de igualdad de 
género, como en las políticas públicas globales incluyendo la perspectiva de género, en el ámbito 
de la CA de Cantabria”, quedando derogada la disposición de la Ley 2/2012 que recogía la 
creación de la Comisión de Participación de las Mujeres anteriormente señalada. 
b) Actuaciones 
En el ejercicio fiscalizado no consta la existencia de un plan vigente de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres a nivel de la CA. Por lo que se refiere a las empresas públicas, MARE 
aprobó su primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a mediados del 
mismo. El artículo 45 de la LO 3/2007 establece la obligación de contar con dicho plan para 
aquellas empresas de más de 250 trabajadores o si así figura en el convenio colectivo de 
aplicación, sin que, a 1 de julio de 2018, se hubieran aprobado en SODERCAN. Respecto a la otra 
empresa  afectada,  CANTUR  se  aprobó  el  Plan  de  Igualdad  por  parte  de  su  consejo  de 
administración en fecha 13 de diciembre de 2017. 
Con posterioridad al ejercicio fiscalizado, con fecha 23 de mayo de 2019, el Consejo de Gobierno 
de Cantabria aprobó el "Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres del Servicio Cántabro de 
Salud". 
La CA ha remitido un informe de evaluación de la efectividad del principio de igualdad, elaborado 
por la DG de Igualdad y Mujer en función de lo previsto en el apartado g) del artículo 51 de la LO 
3/2007. Del contenido de este informe, destacan las siguientes convocatorias de subvenciones 
tendentes al fomento de la igualdad: 
- Orden UMA/29/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones, federaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, 
con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres 
en Cantabria, en el año 2017.  e.
- Orden UMA/30/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de  08ww
squubev econmciopnleems ean otergna lnaisz aacciotunaecsi oyn aesso cdiea cliao nDesG s dine á Ingiumaold daed  luyc rMo,u cjeorn  eenl  fimn adtee riima pduels ainrf oprrmoyaecciótons, 
pCraenvteanbcriióan, ,e na teeln acñióon ,2 s0e1n7s. ibilización y formación para la erradicación de la violencia de género en
 
 
 
- Orden UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de Cantabria, con el 
fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, en el año 2017. 
- Orden UMA/41/2017, de 17 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género. 
- Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones 
para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adoptados 
en Cantabria desde el 1 de enero de 2015, modificado por Decreto 26/2016, de 5 de mayo. 
El informe recoge las diversas actuaciones realizadas para la remoción de los obstáculos en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público de la CA y en el 
desarrollo de la carrera profesional (ejecución de la Oferta de Empleo Público para el año 2017), 
para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción 
profesional, fomentando la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo 
largo de la carrera profesional, promocionando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
los órganos de selección y valoración y estableciendo medidas efectivas de protección frente al 
acoso sexual y al acoso por razón de sexo y para eliminar cualquier discriminación retributiva, 
directa o indirecta. 
En relación con la Sociedad de la Información, la DG de Igualdad y Mujer ha impartido seis 
talleres para mujeres sobre el uso de Internet, redes sociales y dispositivos electrónicos (tablets y 
móviles)  y  dos  jornadas  formativas  en  materia  de  fomento  de  la  igualdad  de  género  a  los 
alumnos/as de la escuela taller de Piélagos. 
Finalmente, cabe señalar que, por Resolución de 30 de enero de 2017, de la Consejera de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, se acordó someter a información 
pública el texto del anteproyecto de Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. En 2018 se aprobó el proyecto de Ley, que fue remitido al Parlamento de Cantabria para 
su tramitación, dando lugar a la actual Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. 
CASTILLA-LA MANCHA 
a) Órganos competentes 
El  Instituto  de  la  Mujer  (IMUJ),  de  acuerdo  con  la  Ley  22/2002,  es  el  órgano  encargado 
específicamente de la aplicación de las políticas de igualdad, sin perjuicio de las actuaciones de 
carácter  transversal  que  se  desarrollan  por  el  resto  de  departamentos  de  la  Administración 
regional. 
Durante el ejercicio fiscalizado disponía de un presupuesto definitivo de 17.609 miles de euros, del 
cual derivaron unas obligaciones finalmente reconocidas por importe de 116.481 miles de euros. 
b) Actuaciones 
El artículo 12 de la Ley de Castilla-La Mancha 12/2010 establece que el Plan Estratégico para la 
Igualdad de Oportunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno, es el instrumento del que se  e.
valdrán las Administraciones Públicas para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y  w.b
hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las acciones y  08ww
medidas previstas en esta Ley.
dLea  CCAL Mco, nctoón c ovnig uenn cPiala ne nE setlr aptéegriiocdoo p a2r0a1 1la- 2Ig0u1a6l.d aEdn  ddeic Ohop odrtoucnuidmaednetso  esnetr ere mcougjeíare sla y  fhoormmab rdees 
 
 
evaluación  del  mismo,  contemplando  tanto  los  objetivos  como  el  momento  de  realizarla, 
distinguiendo entre el seguimiento del plan y su evaluación. 
El II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2019-2024), 
fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de octubre de 2018. El IMUJ es el organismo 
encargado  de  impulsar  su  aplicación  y  evaluar  los  resultados.  Por  tanto,  ni  en  el  ejercicio 
fiscalizado ni en el siguiente se contaba con un plan de igualdad en vigor. 
El nuevo plan, que entra en vigor en 2019, contiene siete ejes estratégicos (gestión pública con 
perspectiva de género, prevención y acción contra la violencia de género, empoderamiento y 
participación social…etc.), 30 áreas estratégicas y 112 medidas. 
Por su parte, en julio de 2017 se aprobó el II Plan de Igualdad de Radio-Televisión de Castilla-La 
Mancha (RTVCLM) para el período 2019-2024. Hasta ese momento queda en vigor el aprobado 
en 2013. Por su parte, Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A (GEACAM) contaba con un 
Plan de Igualdad aprobado el 14 de julio de 2016 para el periodo 2016-2019. 
La ausencia en el ejercicio fiscalizado de un plan de igualdad en vigor impide la evaluación de la 
efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación, que establece el 
artículo 51 de la LO 3/2007. 
EXTREMADURA 
a) Órganos competentes 
El órgano competente es el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), creado por Ley 11/2001, 
de 10 de octubre, cuya finalidad esencial es promover las condiciones para una real y efectiva 
igualdad entre los sexos en el ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la 
participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural, laboral y social de 
Extremadura, eliminando cualquier forma de discriminación.  
b) Actuaciones 
Como en ejercicios precedentes, la gestión presupuestaria atribuida al IMEX se concentra en un 
solo programa de gasto, 253A “Igualdad de oportunidades”. En 2017 el gasto ejecutado por el 
IMEX excede en 2.142 miles de euros el de 2016, un incremento interanual del 45 % motivado, 
principalmente,  por  el  mayor  grado  de  ejecución  alcanzado,  en  especial  en  el  capítulo  6 
“Inversiones reales” (un 79 % frente al 17 % del ejercicio precedente). 
El instrumento principal de planificación que tiene por objeto establecer las líneas prioritarias y las 
medidas  destinadas  a  alcanzar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  y  para  eliminar  la 
discriminación por razón de sexo, está constituido por el Plan Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, de aprobación cuatrienal, conforme a lo previsto por el artículo 25 de la Ley 
8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en 
Extremadura (LIEX). 
En 2017 tuvo lugar la aprobación del V Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Extremadura, con vigencia entre 2017 y 2021, en el que se proponen 50 líneas y 
medidas.  En  este  nuevo  plan  se  incide  en mayor  medida  en  el  diseño  de  su  seguimiento,  e.
mediante un proceso continuo de evaluación a través de la creación de indicadores para la mejora  w.b
participada de sus actuaciones, con informes periódicos, transparentes y útiles para el mismo;  08ww
poardrain aerilolo ,d osse v eccoenss taitlu airñáo .u n  Grupo  de  Seguimiento-Evaluación,  que  se  reunirá  con  carácter
Por otra parte, al cierre de 2017 no se había producido el desarrollo de normas o directrices en las
que se indiquen las pautas a seguir en la evaluación previa del impacto de género previstas en el
 
 
 
artículo 23.6 de la Ley, ni de las Memorias explicativas de igualdad a las que se refiere el artículo 
24. Desde el IMEX se declara la limitación de sus recursos para dar cumplimiento a estos 
preceptos, lo que se trata de compensar mediante la elaboración del mayor número de informes 
de impacto de género posibles, a solicitud de las Consejerías responsables de las normas o 
planes afectados. En el ejercicio fiscalizado se emitieron un total de 82 informes, con una mayor 
incidencia en las Consejerías de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territoriales (21 
informes) y de Sanidad y Políticas Sociales (15 informes). 
Por lo que respecta a la actividad encomendada al IMEX en relación con la emisión de informes 
de impacto de género cabe señalar: 
- Con fecha 6 de octubre de 2016 se emite informe en cumplimiento del artículo 23 de la LIEX, en 
relación con el impacto de género del Anteproyecto de la LP para 2017. El informe concluye que el 
impacto en materia de igualdad del Anteproyecto es neutro, indicando expresamente que “no es 
sensible al género ya que perpetúa desigualdades y/o situaciones de discriminación pero no las 
acentúa”. Cabe señalar que la emisión de este informe se atribuye por el artículo 26.1 de la LIEX a 
la Comisión de impacto de género que, como se ha señalado, no fue creada hasta el ejercicio 
2018. 
- De acuerdo con lo previsto por el artículo 51.2 de la LIEX, el 28 de agosto de 2017 se elaboró el 
informe de evaluación de impacto de género en relación al Borrador del Acuerdo por el que se 
aprueba la OEP de la Junta de Extremadura para 2017. La valoración del impacto de género 
resulta “neutra” al considerarse que, si bien no se esperan cambios en la desigualdad de género 
existente en cuanto a la segregación horizontal y a la tasa de temporalidad, tampoco la norma 
implica un agravamiento de la misma. 
En relación con la extensión integral de las políticas de igualdad al territorio de la CA, en 2017 
funcionaban 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, 29 en Mancomunidades y 7 en 
Ayuntamientos que, según la medida 2.1 del Eje 2 del V Plan de Igualdad de Extremadura, deben 
colaborar en la mejora progresiva de la atención que presta el IMEX, en especial en las comarcas 
rurales. En 2017 se tramitó el Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, aprobado finalmente el 
22 de febrero de 2018. 
GALICIA 
a) Órganos competentes 
La Secretaría General de Igualdad es el órgano directivo que desarrolla las políticas de igualdad. 
En el ejercicio 2013 se constituyó la Comisión Interdepartamental de igualdad como órgano 
encargado de reforzar la transversalidad de género en las políticas de la Xunta. 
b) Actuaciones 
La Secretaría General de la Igualdad aprobó en el ejercicio 2017 el VII Plan Estratégico de Galicia 
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que define la estrategia a seguir en 
esta materia por el gobierno gallego en el período 2017-2020. 
En el 2017 la mencionada secretaría general realizó actuaciones concretas de promoción de la  e.
igualdad a través del programa 313B Acciones para la igualdad, protección y promoción de la  w.
mujer, por importe de 6.010 miles de euros, que supone una ejecución presupuestaria del 86 % de  08ww
ldoesl  cerémdpitroesn ddiimspieonntiob ledse.  Ala tsra vméusj edree se syte  eplr oagurtaomema pslee oin cfeidmióe ennin oa spoe cetlo sd etaslaersr oclloom  doe e l afcocmioennetos 
flaosrm mautijveares sc. on el fin de sensibilizar y superar desigualdades de género y el apoyo asociativo de  BOE-A-cable e
 
 
En lo que se refiere al ámbito de la violencia de género, a través del programa 313D, con un 
importe de gasto ejecutado de 4.800 miles de euros (92 % de ejecución), las actuaciones se 
dirigieron a la prevención y sensibilización, abordaje de nuevas líneas de trabajo en el marco del 
Observatorio Gallego de la Violencia de Género; el apoyo económico a las mujeres víctimas de 
violencia con ingresos más bajos y dificultad de inserción laboral, o el fortalecimiento de la red 
gallega de acogimiento y el impulso de actividades de información y formativas. 
En  el  ejercicio  fiscalizado  se  publicaron  nueve  convocatorias  de  subvenciones  tendentes  al 
fomento de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. 
LA RIOJA 
a) Órganos competentes 
Con la finalidad de definir y planificar los objetivos dirigidos a la consecución de la igualdad en los 
próximos años se aprobó por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2011 el IV Plan 
Integral de la Mujer para el periodo 2011-2014, que ha sido tácitamente prorrogado. Entre las 
medidas del plan destaca el acceso a la información en el ámbito rural y el fomento del uso de las 
nuevas tecnologías para alcanzar la igualdad de oportunidades, prestando especial atención, en 
materia de empleo, a las acciones encaminadas a favorecer la inserción laboral de las mujeres. 
Se ha comprobado que en este plan no se contemplan expresamente mecanismos de evaluación 
y seguimiento específicos para la asegurar la adecuada ejecución de los objetivos marcados y la 
corrección de las desviaciones.  
En 2016 se crea el Grupo Transversal de Género, constituido por representantes de todas las 
Consejerías  del  Gobierno  autonómico,  cuya  misión  principal  es  promover  la  aplicación  del 
principio de igualdad, dando lugar a la elaboración en mayo de 2017 del Informe de Diagnóstico 
de Género de la CA, en el que se recogen, entre otros aspectos, unas serie de recomendaciones 
generales y líneas de trabajo, entre las que destacan la creación en la Administración de un 
Servicio de Igualdad, que permita identificar el presupuesto destinado a la igualdad de género en 
la Comunidad y la elaboración del Plan de Igualdad de la CA. Asimismo, se plantean unas 
recomendaciones de carácter más específico como la sensibilización y formación del profesorado, 
universitario y no universitario, en materia de igualdad, la orientación profesional sin sesgos de 
género, así como la consecución de que la profesión docente infantil sea más atractiva para los 
hombres o la incorporación al currículo escolar de una educación sexual, exenta de prejuicios y 
estereotipos sexistas. 
b) Actuaciones 
El IV Plan Integral de la Mujer se desenvuelve en un conjunto de objetivos y medidas, distribuidas 
orgánicamente en cinco áreas de varias Consejerías de la Administración con una dotación 
plurianual de 78.518 miles de euros. 
La  Comunidad  no  ha  establecido  un  programa  presupuestario  específico  para  registrar  las 
acciones recogidas en el Plan Integral de la Mujer. Dicho Plan ha sido prorrogado sirviendo de 
base para ejecutar las medidas llevadas a cabo en 2017. A nivel orgánico, destacan las medidas 
en el plano de la igualdad de oportunidades y de conciliación de la vida laboral y familiar con  s
origen en la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que han generado unas obligaciones de  e.
360 miles de euros, así como las tramitadas desde la Consejería de Industria, Innovación y  w.
Empleo a través de las líneas de ayuda destinadas al fomento del empleo estable y a la puesta en  08ww
mla aigrcuhaald daed ,p plaonr eusn  dime paocrctieó nc opnajuran tloa  dcoen 1c6il6ia mcióilens d dee l ae uvridoas . laboral y familiar, la no discriminación y
    BOE-A-cable e
 
 
 
REGIÓN DE MURCIA 
a) Órganos competentes 
En el ejercicio fiscalizado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tenía atribuidas, 
entre otras, las competencias de impulso, seguimiento, evaluación y, en su caso, gestión de 
políticas especializadas que contribuyan a la incorporación efectiva de la mujer en la vida social, 
política, económica y cultural de la CA, así como la promoción de programas y estructuras que 
garanticen la igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el fomento de la actividad 
asociativa, de participación y prestación de servicios específicos desde instituciones públicas y 
privadas; así como las competencias en materia de prevención de violencia de género. 
b) Actuaciones 
La Ley regional 7/2007, de 4 de abril, disponía que el Gobierno Regional debería aprobar cada 
legislatura un Plan General que recogiese de forma coordinada y global las líneas de intervención 
y directrices que deberían orientar la actividad de los poderes públicos murcianos en materia de 
igualdad de mujeres y hombres. Para dar cumplimiento a esta exigencia, y tras 5 años sin planes 
estratégicos de igualdad, el Consejo de Gobierno acordó con fecha 13 de abril de 2016, la 
aprobación de los Planes para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública 
de la CA para el periodo 2016-2017. 
El volumen total de gasto registrado en 2017 destinado al Programa 323B “Igualdad”, ascendió a 
739 miles de euros, un 15 % menor que el gasto reconocido en 2016 que ascendió a 871 miles de 
euros. Del volumen total del gasto correspondieron a obligaciones por transferencias 371 miles de 
euros, (50 % del total) estando a la finalización del ejercicio pendientes de pago el 3 % de los 
mismos. No obstante, disminuye considerablemente el porcentaje del grado de ejecución y grado 
de cumplimiento de las trasferencias en relación con el ejercicio anterior. Los gastos de personal 
reconocidos ascendieron a 290 miles de euros (39 % del total). El 11 % de las obligaciones 
reconocidas restante correspondieron a gastos corrientes. 
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
a) Órganos competentes 
El órgano gestor del programa de gasto “Promoción de la Mujer” es el Centro Asesor de la Mujer, 
dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer aunque los gastos de personal de 
este centro se han registrado dentro de los de la Consejería. 
b) Actuaciones 
En la memoria de gestión del Centro Asesor de la Mujer se señalan las campañas de información 
y sensibilización realizadas durante el ejercicio 2017, la realización de acciones de formación en 
las que han participado un total de 580 alumnos, la participación en los observatorios estatales de 
igualdad y de violencia de género, así como la asistencia especializada a las mujeres víctimas de 
violencia de género con un total de 1.086 consultas durante el ejercicio. Asimismo, aunque la 
Ciudad no ha aprobado un Protocolo específico para víctimas de género, en dicho año se dio 
asistencia  especializada  a  26  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  a  44  menores, 
habiéndoseles derivado al Centro de acogida, al Centro de Emergencia y a pisos tutelados, así  e.
como a la Cruz Roja, a través del programa denominado “Integralia” que ha atendido a 202  w.
mujeres y 93 menores.  08ww
Por otro lado, a pesar de la finalización del periodo de vigencia del III Plan de Igualdad, en el
elaje Crciiucdioa dfis cAaulitzóandoom nao  hsae  heala abporroabdaod ou ne l eIVs tPudlaion,  dseo ipgourateld adde. l Nmo iosmbsota, ndtee,n eolm Áinreaad od e“ BIgrueaclhdaasd  ddee 
Género: mujeres y hombres en la Ciudad de Ceuta”.
 
 
Desde  el  punto  de  vista  presupuestario,  en  2017  únicamente  se  ha  podido  determinar  la 
cuantificación  del  programa  específico  231.1  “Promoción  de  la  Mujer”,  gestionado  por  la 
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Mujer,  en  el  que  se  han  registrado  unas  obligaciones 
reconocidas de 275 miles de euros, frente a unos créditos definitivos de 663, lo que refleja un 
grado de ejecución conjunto del 41 %. Las mayores desviaciones se han registrado en las 
actuaciones relativas al fomento de la empleabilidad, a los gastos de prevención de violencia de 
género y a las actividades de promoción de la igualdad. 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
a) Órganos competentes 
La competencia en materia de política de igualdad corresponde a la Viceconsejería de la Mujer. 
b) Actuaciones 
Las principales líneas de acción emprendidas en cumplimiento del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres en el empleo público se centraron en la remoción de obstáculos que impliquen 
discriminación en el acceso al empleo. Además, la Viceconsejería de la Mujer de la CA ha 
fomentado y colaborado en la formación en igualdad tanto en el acceso al empleo público como 
en la formación continua de los empleados públicos. Asimismo, tanto el Convenio Colectivo para 
el Personal laboral de la CA, como el Acuerdo Marco de los Funcionarios de Melilla prevén la no 
discriminación salarial por razón de su sexo y han recogido los derechos de conciliación previstos 
en la LO 3/2007, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así 
como en la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género. 
Igualmente se adoptaron medidas para la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
tribunales de selección del personal, en la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio, y en la 
Mesa General de Negociación. 
En el Decreto 227 de fecha 3 de octubre de 2018, se destacan, entre las medidas de mayor 
impacto implementadas hasta dicha fecha, el dictado de la guía de recursos y derechos de las 
mujeres víctimas de violencia de género y la formación multidisciplinar destinada a colectivos 
específicos  de  mujeres.  También  se  relacionan  los  recursos,  servicios  sociales  y  acciones 
dedicados a la efectiva conciliación laboral, familiar y personal de los ciudadanos de la CA 
(centros  de  atención  socioeducativos  y  ludotecas,  comedores  escolares  y  actividades 
extraescolares, entre otros). 
El presupuesto previsto para 2017 en materia de políticas de igualdad ascendió a 494 miles de 
euros, de los que se reconocieron obligaciones por importe de 357 miles de euros. 
Debe señalarse que, conforme al artículo 51 de la LO 3/2007, las Administraciones públicas deben 
evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 
actuación, sin que se haya remitido un informe de evaluación al respecto por parte de la Ciudad 
Autónoma.  
 TRANSPARENCIA 
Como se ha señalado en el apartado I.2 de este informe se incorpora el objetivo de verificar el  es
cumplimiento  de  las  prescripciones  de  transparencia,  con  las  limitaciones  resultantes  de  la  bo
omisión de este objetivo en los informes de los OCEX, con excepción del Consejo de Cuentas de  08ww
GLGaao lbLicieeiayrn.  1o9, /t2ie0n1e3 , pdoer  9o bdjeet od icaimemplbiarre ,y d ree fTorraznasr plaar etrnacnias,p aArcecnecsiao  ad el al aI nafocrtmiviadcaidó np Púbúlbicliac a– yq uBeu esen   OE-A-2021-28able en https://
articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades
 
 
 
públicas–, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad –
regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establecer las obligaciones de 
buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas 
derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–. 
La Ley estableció en su disposición final novena un plazo máximo de dos años (10 de diciembre 
de 2015) para la adaptación de los órganos de las Comunidades Autónomas a las obligaciones en 
ella contenidas. 
Las siguientes CCAA han desarrollado normativa reguladora de esta materia, en algunos casos 
incluso con anterioridad a la ley estatal, tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 
Comunidad Autónoma  Legislación 
Andalucía  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
Aragón  Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón 
Canarias  Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la 
Información Pública 
Cantabria  Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública. 
Castilla-La Mancha  Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha 
Castilla y León  Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León 
Cataluña  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información Pública y Buen Gobierno 
Extremadura  Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura 
Foral de Navarra  Ley  Foral  5/2018,  de  17  de  mayo  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información Pública y Buen Gobierno 
Galicia  Ley 1/2016, de 18 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno 
Illes Balears  Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y el Buen 
Gobierno de las Islas Baleares 
La Rioja  Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La 
Rioja 
Comunidad de Madrid  Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y de participación de la 
Comunidad de Madrid 
Principado de Asturias  Ley  del  Principado  de  Asturias  8/2018,  de  14  de  septiembre,  de 
Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés 
Región de Murcia  Ley  12/2014,  de  16  de  diciembre,  de  Transparencia  y  Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Comunitat Valenciana  Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos consignados en los informes del Tribunal de Cuentas y de los 
OCEX  s
Respecto al País Vasco se encuentra, a fecha de término de esta fiscalización, en fase de  w.
tramitación parlamentaria su ley particular sobre esta materia.  08ww
La Ciudad Autónoma de Ceuta se rige por la normativa estatal y la Ciudad Autónoma de Melilla
pdoer t rDaencsrpeatore nnúcmia eyr oa c4c3e, sdoe a 1 l4a  dinef ojurmlioa dcieó n2 0p1ú6b,l ipcrao dceed laió  CaA la.  aprobación definitiva del Reglamento  BOE-A-cable e
 
 
Por otra parte, como se ha indicado con anterioridad, el objetivo de verificar el cumplimiento de las 
prescripciones de transparencia en la actividad pública, el acceso a la información y el buen 
gobierno no se ha incorporado a la actividad fiscalizadora de los OCEX, con la excepción ya 
indicada  del  Consejo  de  Cuentas  de  Galicia,  señalándose  a  continuación  los  principales 
resultados expuestos en los respectivos informes. 
En Cantabria, no es hasta diciembre de 2015 cuando se dictan las normas básicas sobre 
transparencia. Así, el Decreto 156/2015, de 3 de diciembre, por el que se modifican parcialmente 
las competencias de la estructura básica de la Consejería de Presidencia y Justicia, señala que 
con motivo de la entrada en vigor de la Ley 19/2013 para las CCAA, se considera adecuado 
atribuir las competencias en materia de transparencia y acceso a la información pública a la 
Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía, por su carácter organizativo de tipo 
horizontal y de apoyo al resto de las Consejerías. Asimismo, mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  30  de  diciembre  de  2015  se  aprueba  la  instrucción  relativa  al  fomento  de  la 
Transparencia y el Buen Gobierno en la Administración de Cantabria. 
Por lo que se refiere a este último, ya mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 
octubre de 2013, se aprobó el Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la CA. Este Código no contenía una tipología de infracciones y sanciones, 
previendo exclusivamente su artículo 20 que, en el supuesto de incumplimientos, el Gobierno de 
Cantabria adoptaría las medidas que en función de las circunstancias estimase oportunas. 
El artículo 21 del Código indica que la Consejería de Presidencia y Justicia remitiría anualmente 
informe al Consejo de Gobierno sobre su grado de cumplimiento, de las incidencias advertidas en 
su aplicación y de las medidas que se consideren oportunas para favorecer su implantación 
efectiva.  
Por otra parte, cabe señalar que, mediante convenio de 10 de febrero de 2016, entre el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno y la CA, se produce el traslado al primero del ejercicio de la 
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013. 
La culminación de la normativa al respecto se produce con la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de 
marzo,  de  Transparencia  de  la  Actividad  Pública.  El  artículo  27  de  esta  ley  introduce 
requerimientos más exhaustivos en la información pública sobre altos cargos y asimilados. Dadas 
las carencias advertidas en el portal durante la fiscalización precedente, relativas a los datos sobre 
nombramientos, gastos de representación y dietas percibidas en el ámbito del Servicio Cántabro 
de Salud, el Director General de Servicios y Atención a la Ciudadanía (Consejería de Presidencia 
y Justicia), envió escrito de fecha 22 de octubre de 2018, requiriendo a la Secretaría General de 
Sanidad para solucionar las omisiones de información. 
El portal de transparencia de Cantabria contiene, con carácter general, la información actualizada 
a publicar objeto de desarrollo por los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013. No obstante, cabe realizar 
las siguientes precisiones: 
− El artículo 6.2 de la citada Ley obliga a la publicación de los planes y programas plurianuales en 
los que se fijen objetivos concretos. En el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria y en 
relación con la AG, esta información se basa en una relación de medidas identificadas como 
“Planes  de  Gobierno  por  Consejerías”  en  el  que  no  consta  el  desarrollo  exigido  referido  a  s
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. En particular, el plan plurianual de la  oe.
Consejería de Sanidad que aparece en el portal del Servicio Cántabro de Salud no detalla  w.
objetivos y actividades, ni se indica su grado de cumplimiento.  08ww
- No eran  accesibles los datos sobre trayectoria profesional de los altos cargos y personal
eventual del sector público autonómico.
 
 
 
- En general, no figuraba la información relativa a las retribuciones percibidas anualmente por los 
consejeros  y  otros  altos  cargos  ni  las  resoluciones  de  autorización  o  reconocimiento  de 
compatibilidades. 
− Más del 50 % de las entidades que componían el sector público empresarial y fundacional no 
publicaban en sus sedes electrónicas o páginas web, de manera clara y estructurada como señala 
el artículo 5 de la citada Ley, la información a la que se refieren los artículos 6 a 8 de esta norma, 
si bien, a gran parte de estos datos se podía acceder a través del portal de transparencia del 
Gobierno de Cantabria, aunque dichos datos presentaban, con carácter general, un formato no 
reutilizable. 
En Castilla-La Mancha, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de 
febrero de 2013, el Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración Regional. 
Además,  por  Acuerdo  de  3  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  nuevas  medidas  para  la 
implantación en la CA de la Ley 19/2013 y el 30 de diciembre de 2015, se formalizó un convenio 
con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por el que, conforme a la DA cuarta de la Ley 
19/2013, se atribuía a este el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones 
previstas  en  el  artículo  24  de  la  citada  Ley,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  la 
Administración de la CA y su sector público. Con fecha 21 de junio de 2016 se constituyó la 
comisión de seguimiento prevista en la cláusula séptima del citado convenio, el cual se mantiene 
en vigor, mediante las correspondientes prórrogas, hasta que entre en funcionamiento el Consejo 
Regional de Transparencia y Buen Gobierno previsto en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (LTBG) que entró en vigor el 31 de enero 
de 2017. 
En el ejercicio fiscalizado se presentaron 166 solicitudes de información pública, mientras que 
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se interpusieron 13 reclamaciones por parte 
de ciudadanos a los que no se les estimó previamente su solicitud de información. 
En relación con la información que ofrece la CA en materia de publicidad activa, a 1 de abril de 
2019, se observa, fundamentalmente, lo siguiente: 
- En el área de transparencia activa e información sobre la CA, en la información sobre cargos, 
personal y retribuciones, no se publica determinada información que establece el artículo 10.2 de 
la LTBG (contratos de alta dirección u otros instrumentos en los que se formaliza una relación 
análoga  y  gastos  de  representación  y  protocolarios)  respecto  de  todos  los  altos  cargos  y 
asimilados. La disconformidad con la información recibida tras una solicitud de información en los 
aspectos  mencionados,  derivó  en  reclamación  ante  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen 
Gobierno,  el  cual,  en  su  Resolución  290/2018  de  4  de  diciembre  de  2018  ha  instado  a  la 
Consejería de Presidencia a facilitar la información solicitada por el particular. 
-  Así  mismo  no  todos  los  organismos  de  la  administración  institucional  ni  todos  los  entes 
instrumentales contaban con sus propios portales o se integraban en el Portal de Transparencia. 
Tampoco figuran en todos los casos las relaciones de puestos de trabajo o plantillas de personal 
de los organismos. 
- En el área de transparencia económica-financiera, respecto de los ingresos, gastos y deudas de 
la CA, no se publican, pese a lo establecido en el artículo 11 de la LTBG, los indicadores para  s
evaluar el cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales de carácter general o  oe.
sectorial que establezcan las directrices estratégicas de las políticas públicas.  w.
-P úEbnl iceal ,á rneoa  sdee  ptruabnliscpaanr elansc iaa cetna sl adse c olanst ramtaecsiaosn edse,  tcroanst real taecnilóanc,e  ncio lna  einl fPoromrtaacl idóen  Creolnattrivaata cai ólna 
dpeessvaira dceió nlo  dqeule  ceosstateb lfeincael  edl ea rltaíc uplroe s1t6a cdieó nla  cLoTnBtrGat.a da en relación con el importe adjudicado, a  BOE-A-cable e
 
 
Finalmente, aunque la LTBG daba un plazo de seis meses para la aprobación del código ético 
para los altos cargos o asimilados, no ha sido hasta el 20 de febrero de 2018 cuando se ha 
llevado a cabo dicha actuación, mediante el Decreto 7/2018, por el que se aprueba el “Código 
Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración de la CA”. 
En Extremadura, conforme a lo previsto por el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, que impone 
medidas de buena administración, exigiendo la regulación y adaptación de los procedimientos 
generales  para  dar  celeridad  y  transparencia  a  la  tramitación  administrativa,  así  como  para 
extender las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, tuvo lugar la aprobación de la 
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura (LGAEX), cuya entrada en vigor 
se produjo en diciembre de 2014. Esta norma contempla medidas para la transparencia en la 
actividad pública y en la gestión administrativa, para fomentar la participación y la colaboración 
ciudadanas,  para  la  modernización,  la  racionalización  y  la  simplificación  de  la  actuación 
administrativa, para la mejora de la calidad de la Administración Pública, y medidas éticas y de 
transparencia en la gestión de gobierno. La LGAEX se anticipa así a la Ley estatal. 
Respecto al cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el capítulo I del Título I 
de la LGAEX “Transparencia en la actividad administrativa”, en términos generales se cumplen los 
requerimientos de publicidad, contenidos en los correspondientes artículos, a excepción de las 
siguientes incidencias: 
- El ámbito subjetivo de aplicación de la LGAEX incluye a todas las entidades del sector público 
autonómico. La información publicada en el Portal de Transparencia se concentra en la Junta de 
Extremadura distinguiendo, en su caso, la información por Consejerías, y de forma individualizada 
contempla a la Asamblea de Extremadura y, en determinados casos, al Servicio Extremeño de 
Salud. No existe acceso directo desde el Portal a la información correspondiente a cada una de 
las entidades del sector público, a excepción de la información relativa a “cuentas abiertas”, a 
publicar  en  cumplimiento  del  artículo  3  de  la  Ley  18/2015,  de  cuentas  abiertas  para  la 
Administración Pública Extremeña. 
- Respecto a los distintos bloques, sí existe un desglose de la información por entidades limitado a 
los siguientes: periodos medios de pago, ejecución presupuestaria y cuentas anuales. El Portal 
continúa sin incluir enlaces para fundaciones y consorcios públicos autonómicos. 
- Los OOAA y entes públicos de la CA, pese a las limitaciones de la información aportada en el 
Portal  citadas  en  el  párrafo  precedente,  no  cuentan  con  portal  de  transparencia  propio,  a 
excepción  de  la  información  sobre  cuentas  abiertas  que  figura  en  el  caso  del  Centro  de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. 
- Con carácter general las Administraciones Públicas que integran el sector público autonómico, 
en relación con la programación, no publican los indicadores de calidad que midan la relación 
entre los servicios prestados o actividades realizadas y los recursos empleados, que permitan 
comprobar el cumplimiento de sus objetivos (artículo 6 de la LGAEX). 
- Por otra parte, la información presentada en el Portal de Transparencia no está actualizada, al 
menos,  en  relación  con  la  información  referida  a  los  siguientes  bloques:  concesiones 
administrativas,  cuentas  anuales  de  la  Administración  General  y  entes  dependientes, 
encomiendas de gestión e inventario.  s
La LGAEX preveía la elaboración de un plan de simplificación administrativa en el plazo de un año  w.
desde su entrada en vigor (que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2013), el cual debía ser sometido  08ww
ah alab íaap aropbroabcaiódno  dnei lp Cuobnlicsaedjoo  deel  cGoorrbeiesrpnoon dy iepnutbeli cpaladno.  eNno  eol bDsOtaEn.t eA,  e3n1  edle e djeicrcieicmiob rfeis cdael i2za0d1o7  sneo  hsae 
continuado el proceso de simplificación administrativa en la normativa sectorial.
 
 
 
En el ámbito del Observatorio para la Simplificación Administrativa, se constituyó un nuevo Grupo 
de Trabajo en 2017 (administración local) y los distintos grupos emitieron un total de 22 informes 
sobre  simplificación  en  el  ejercicio.  Cabe  señalar  que  no  se  ha  constituido  la  Comisión 
Interdepartamental prevista en la DA primera de la LGAEX, que tenía atribuidas, entre otras 
competencias, la monitorización de las medidas adoptadas. 
La preceptiva emisión de un “informe previo a la aprobación de disposiciones de carácter general 
que creen o modifiquen procedimientos administrativos cuando por las reglas de tramitación que 
presenten  tengan  una  repercusión  directa  en  las  relaciones  con  la  ciudadanía  y  empresas” 
(establecida por Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización  y  Funcionamiento  de  la  Inspección  General  de  Servicios  de  la  Junta  de 
Extremadura),  supuso  la  elaboración  en  2017  de  100  informes  previos  de  simplificación 
administrativa.  
Por  último,  se  ha  acreditado  el  cumplimiento  de  la  Circular  de  la  Secretaría  General  de 
Administración Pública de 19 de septiembre de 2016 en relación al procedimiento para dar cuenta 
del grado de cumplimiento de medidas de simplificación administrativa, constando en aquellos 
casos en que no se aceptan las recomendaciones de simplificación de la Inspección de Servicios 
los informes que justifican la no aceptación (diez casos en 2017). 
En Galicia, en desarrollo de la legislación básica estatal se dictó la Ley 1/2016, de 18 de enero, 
de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta ley, al igual que la 
estatal, hace del portal de transparencia la principal herramienta en materia de publicidad activa. 
Este  se  configura  como  la  dirección  electrónica,  disponible  a  través  de  redes  de 
telecomunicaciones, que tiene por objeto poner la disposición de los ciudadanos toda clase de 
servicios e informaciones relacionadas con la CA de manera totalmente gratuita. 
La Administración general implantó y puso en marcha el primer portal de transparencia de la CA el 
7 de marzo de 2016. En cuanto al resto de entidades comprendidas en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la Ley de transparencia, en general todas las entidades disponen de un portal propio 
de transparencia. 
Con la puesta en marcha del portal de transparencia la Intervención General publica en su web la 
Cuenta General y, con carácter general, las entidades dependientes publican en internet sus 
cuentas. En todo caso, la manera de publicar las cuentas mediante escaneo de las mismas impide 
cualquier sistema ágil de búsqueda y consulta de información. 
En el portal de transparencia de la Xunta figura, dentro de la información de carácter económico 
financiero exigida por el artículo 11 de la Ley 1/2016, información sobre la financiación, el techo de 
gasto, sobre la situación de déficit/superávit, o gasto por habitante, siempre con un enlace al 
informe  económico-financiero  del  proyecto  de  presupuestos  de  la  CA.  No  figura  el  plan 
económico-financiero 2017-2018 aprobado por la CA. 
La página web de la Consejería de Hacienda Pública también los informes sobre el grado de 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, así como el período medio de pago a proveedores. 
En La Rioja, en desarrollo de la legislación básica, se dictó la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, 
de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja (LTBGR), vigente desde el 18 de septiembre de  s
2014, excepto el contenido del título 2º relativo a la transparencia, en vigor desde el 10 de  e.
diciembre de 2014. No obstante, la Disposición final única estableció que todos los sujetos  w.
incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley disponían hasta el día 10 de diciembre de 2015  08ww
para adaptarse a las obligaciones derivadas de esta ley.
Esunm rienliasctrioó nd ec oinn foerlm daecsiaórnr,o lsloe  dhea  lcaosm upnroidbaaddeos  qduee  tlraa nAsdpmariennisctriaa cyió enl  dceo nlatr oCl Ad en ola h oab rleiggaucliaódno  deel   BOE-A-cable e
establecimiento  de  controles  sobre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  suministro  de
 
 
información según lo previsto en la LTBGR. Asimismo, aunque el 75 % de las consejerías han 
articulado  directrices  internas  sobre  el  tipo  de  formatos  a  utilizar  para  la  publicación  de  la 
información en el Portal de Transparencia del Gobierno de La Rioja, no se han establecido los 
sistemas e instrumentos de colaboración necesarios para que toda la información elacionada con 
la transparencia resulte accesible desde el citado portal. 
Por otra parte, todas las consejerías, excepto la Consejería de Educación y Empleo, habían 
designado la unidad o unidades que ejercerán las competencias en materia de trasparencia 
establecidas en la LTBGR. 
En materia de publicidad activa, la Administración General implantó en 2012 el primer portal de 
trasparencia de la CA, siguiendo en su diseño y contenido la estructura que tenía predefinida la 
organización Transparencia Internacional. Con la entrada en vigor de la LTBGR, el portal se 
adaptó a los requerimientos de la misma, habiéndose publicado la nueva estructura del portal en 
diciembre de 2015 con los nuevos contenidos previstos en la citada Ley. En la revisión efectuada 
del contenido de la información regulada en la LTBGR “Transparencia. Publicidad Activa”, se ha 
constatado  el  cumplimiento  por  parte  de  la  Administración  General  de  la  CA  de  todos  los 
requerimientos de publicidad contenidos en la mencionada Ley, a excepción de determinada 
información de relevancia jurídica, como las memorias e informes que conforman los expedientes 
de los textos normativos. 
En cuanto al resto de entidades comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la LTBGR, 
de acuerdo con las pruebas efectuadas en julio de 2019, el Consejo de la Juventud, la Fundación 
Benéfico Social de La Rioja y la Fundación Riojana para la Innovación no disponían de un portal 
propio de transparencia en los términos y con el alcance previsto en la citada norma. 
En relación con el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública la LTBGR prevé 
que el mismo se ejercerá conforme al procedimiento establecido en la legislación básica del 
Estado, siendo competentes para la resolución del procedimiento los titulares de los órganos de la 
consejería que posean la información solicitada. 
En el ejercicio fiscalizado se presentaron ante la Administración autonómica 40 solicitudes de 
información pública frente a las 57 presentadas en el ejercicio 2016. 
En la Región de Murcia, en desarrollo de la legislación básica estatal, se dictó la Ley 12/2014, de 
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (LTPCARM), vigente en su totalidad desde el 18 de junio de 2015, que a su vez 
ha sido modificada por la Ley 7/2016 y por la Disposición Final 4ª de la Ley de Presupuestos para 
el ejercicio 2017. 
En materia de publicidad activa, la principal herramienta es el portal de transparencia, que se 
configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que 
tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones 
relacionadas con la CA de manera totalmente gratuita. En la fiscalización se ha comprobado que, 
desde el inicio del desarrollo del portal de transparencia de la CA en octubre de 2014, denominado 
“Portal de Transparencia y Gobierno Abierto de la CARM”, y especialmente tras la promulgación 
de la LTPCARM en diciembre de dicho año, se han ido incorporando sucesivamente al referido 
portal nuevos contenidos no comprendidos inicialmente, acomodándose su estructura de forma  s
progresiva al contenido previsto en la citada Ley, tanto para la Administración General como para  e.
el resto de entidades del sector público de la CA.  w.
Rreegsiopneaclt oe na l eclo pnotertnaild doe d ter alan sinpfaorremnacciaió, ns ein hcao ropbosraedrvaa pdaor aq ulaes  edl isgtriandtaos  deen teidxatednessi ódne ly s deecttoarll ep údbei cloa 
mAdismminai shtraa cpiórne sGenetnaedroa l,d iqfeuree necnia sa lgeunntroes  ucnaasso sy  hoat rassid oe nstiigdnaidfiecsa,t ivaas,í  ncoo mcou bcrioenn droe sepne catolg uan olas   BOE-A-cable e
casos todos los extremos previstos en la LTPCARM. En concreto, a mayo de 2019, no se habían
 
 
 
incorporado en el portal de transparencia corporativo de la Comunidad: la Fundación Cante de las 
Minas, el Consorcio Campus Universitario de Lorca63, los Consorcios para la construcción y 
financiación de unas piscinas cubiertas climatizadas en los municipios de Alguazas y Cieza, así 
como las Universidades públicas de la Región y sus entidades dependientes. No obstante, debe 
indicarse que las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena crearon unos portales 
propios de transparencia, incluso con anterioridad a la promulgación de la LTPCARM. 
En cuanto a la organización y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la 
Administración Regional, debe indicarse que en 2017, mediante D. del Presidente 3/2017, de 4 de 
mayo,  se  crea  la  Consejería  de  Transparencia,  Participación  y  Portavoz,  encargada  de  la 
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las 
materias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen gobierno.  
Respecto al cumplimiento en la CA de las obligaciones de seguimiento y control en materia de 
transparencia,  se  ha  comprobado  la  emisión  por  parte  de  la  Consejería  de  Transparencia, 
Participación  y  Portavoz  de  la  CARM  del  informe  anual  exigido  en  la  LTPCARM  sobre  el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia derivadas de dicha Ley. Así, en marzo de 
2018, se emitió el informe del ejercicio 2017 y en abril de 2019 el correspondiente al ejercicio 
2018. 
En cuanto a las actuaciones relativas al buen gobierno, la principal novedad en el ejercicio 
fiscalizado ha sido la asunción de la gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de 
intereses de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración Regional, 
en colaboración con otros órganos directivos, así como la gestión del denominado “Registro de 
intereses, actividades y bienes de los altos cargos”. 
En la Ciudad Autónoma de Ceuta, en materia de publicidad activa, en 2016 la Administración de 
la Ciudad pone en funcionamiento el Portal de Transparencia, si bien su estructura y contenido 
presentan las siguientes carencias, en el ejercicio fiscalizado: 
a) Aunque se han colgado los currículos y declaración de bienes de los altos cargos, no se ha 
incluido un organigrama en el que se identifique a los responsables de los diferentes órganos, así 
como los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y las 
actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. 
b) No se han publicado las respuestas a las consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos que suponen una interpretación del Derecho o tienen efectos jurídicos, así como los 
proyectos de Reglamentos. 
c) No se ha detallado la relación exigida de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad o sobre 
los que esta ostente algún derecho real. 
d) En materia de contratación pública, dentro del perfil del contratante no se ha incluido toda la 
información expresamente exigida en el art. 8.1.a) de la Ley 19/2013. 
e) No se han dado a conocer las retribuciones anuales, indemnizaciones y reconocimiento de 
compatibilidad de los altos cargos de los organismos autónomos y empresas públicas. Asimismo, 
la publicación de las declaraciones de bienes y actividades se ha extendido a los miembros del  s
Gobierno, pero no al resto de los representantes locales.  e.
f)  Tampoco  se  ha  publicado  la  información  estadística  necesaria  para  valorar  el  grado  de  08ww
cumplimiento y calidad de los servicios públicos que son competencia de la Ciudad.
Pcoolra bloo raqcuieó ns es ursecfrieitore  eal l 2d5e rdeech ofe bdree roa cdcees o2 0a1 6l ae nintfroer meal cCióonn speújob licdae,  Tmreadnisapnatere nccoinav eyn iBou edne 
 
 
Gobierno y la CA se ha acordado el traslado a dicho Consejo del ejercicio de la competencia para 
la resolución de las reclamaciones previstas en el art. 24 de la Ley 19/2013. 
El 4 de mayo de 2018 el Consejo de Gobierno acordó la creación de la Sede Electrónica de la 
Administración de la Ciudad de Ceuta, cuyo funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 
normativa estatal, así como por la normativa propia que, en su caso, dicte la CA de Ceuta. 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, en el tercer Plan de Calidad y Modernización de la CA de 
Melilla, que comprendía el periodo 2012-2015, se incluyó un eje dedicado a la transparencia y 
participación ciudadana. Dentro del mismo, una de las principales actuaciones previstas consistía 
en la creación de un Portal de la Transparencia, alojado en Internet, para suministrar “un acceso 
permanente y sencillo a los ciudadanos a procedimientos y actuaciones del gobierno de la Ciudad, 
y a evaluaciones periódicas de su ejecución, así como la publicación de datos de gestión de la CA 
de Melilla en el portal web institucional”. Portal cuya existencia se ha verificado, si bien han de 
señalarse  las  siguientes  deficiencias  en  relación  con  el  bloque  denominado  “Información 
económica, financiera y presupuestaria”: 
− En la información sobre “informes de auditoría de cuentas y de fiscalización”, el portal redirige a 
otras  páginas  web  y  buscadores,  sin  que  se  pueda  obtener  directamente  la  información 
correspondiente. 
−  En  la  información  sobre  el  cumplimiento  de  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera, solo aparecía la referente al ejercicio 2015. 
− La información disponible de operaciones de préstamo y crédito formalizadas correspondía al 
ejercicio 2015. 
− Los datos incluidos en las diferentes Cuentas Generales de la CA no presentaban un formato 
abierto, en el sentido previsto en el artículo 5 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público. Tampoco lo hacían los relativos al periodo medio 
de pago. 
− Dentro de la información sobre ingresos y gastos figura el apartado “coste efectivo de los 
servicios financiados con tasas o precios públicos”, el cual aparece sin datos. 
Las entidades y empresas públicas de la CA no publicaban en sus sedes electrónicas o portales 
web la información sujeta a las obligaciones de transparencia que se especifica en los artículos 6, 
7 y 8 de la Ley 19/2013. El portal de transparencia de la CA tampoco contenía esta información. 
Por otra parte, mediante convenio de 1 de abril de 2016, entre el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno y la CA, se produce el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución 
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, que en 2017 han sido dos. 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
De los resultados expuestos en los apartados anteriores, se deducen las siguientes conclusiones. 
XV.1.  CONCLUSIONES RELATIVAS A SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO 
1.  Las Cuentas Generales no incluyen, con carácter general, la Memoria demostrativa del 
grado de cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos y 
alcanzados y del coste correspondiente, lo que supone una limitación a la verificación de la 
aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos 
públicos.  Por  otra  parte,  se  observa  la  tendencia  a  no  disponer  de  una  contabilidad 
adecuada y un mínimo seguimiento de los gastos con financiación afectada que permita 
conocer las desviaciones de financiación en el cálculo del superávit o déficit de financiación 
del ejercicio y del estado del remanente de tesorería. (Subapartado I.3). 
2.  Asimismo, la falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades del sector 
público autonómico, especialmente entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios, 
supone una limitación a la exposición de las particularidades e incidencias que pudieran 
afectarles. (Subapartado I.3). 
3.  En el ejercicio 2017, las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas y de los OCEX 
incluían en su ámbito subjetivo 1.159 entidades públicas, incluidas las Administraciones 
Generales, lo que supone una disminución del número de entidades respecto al ejercicio 
anterior de 21. (Subapartado II.1). 
XV.2.  CONCLUSIONES RELATIVAS A RENDICIÓN DE CUENTAS 
4.  Se mantiene la desigualdad normativa respecto a los plazos para la rendición de las 
cuentas a este Tribunal y a los órganos fiscalizadores, así como la tendencia a modificar 
aquella para postergar aún más tales plazos. Dichas circunstancias junto con la necesidad 
de adoptar medidas tendentes a su corrección para su aproximación temporal han sido 
reiteradas en diversos informes. (Subapartado II.1). 
5.  A efectos de rendición de cuentas debe señalarse que las cuentas de un total de 21 OOAA 
y de 4 entes públicos sujetos a derecho administrativo con presupuesto limitativo, figuran 
indebidamente incluidas en las correspondientes de las administraciones generales, ya 
que, teniendo personalidad jurídica independiente, deberían disponer de presupuesto y 
contabilidad independientes. Esta circunstancia afecta a OOAA de 5 CCAA (Cantabria, 
Extremadura, la Comunidad Foral de Navarra, Illes Balears y La Rioja) y a los 4 entes 
públicos de la Comunidad de Extremadura. (Subapartado II.1). 
6.  El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo asciende al 83,5 %, las rendidas fuera de 
plazo al 7,8 % y las no rendidas al 8,7 %. Los porcentajes han mejorado en las no rendidas 
respecto a los de los ejercicios anteriores. (Subapartado II.1). 
7.  Los  principales  retrasos  e  incumplimientos  se  presentan  en  los  consorcios  (35  %), 
fundaciones (34,6 %) y empresas y entes públicos sujetos al PGC (31,7 %). (Subapartado  es
II.1).  o
XV.3.  CONCLUSIONES RELATIVAS A REMISIÓN DE CONTRATOS
8.  Eexl cnlúumidoesro  ldoes  ccoonnttrraattooss  remceibniodroe se,n  aesscteie nTdrieb uan a2l 3y. 7e7n0 l,o sc aOnCtidEaXd,  cinofrererisopr oan dlaie ndteels  eajle 2rc0i1c7io, 
 
 
precedente (24.665) y por importe conjunto superior, 8.785.773 miles de euros, respecto al 
de 2016 (8.561.455 miles de euros). (Subapartado II.2). 
9.  De conformidad con los datos resultantes de los contratos recibidos, se aprecia que en 
2017, las CCAA de Andalucía, Cataluña y Madrid han celebrado un significativo mayor 
número de contratos que el resto de comunidades, lo que a su vez conlleva un mayor 
importe total de adjudicación. Por el contrario, las CCAA de Canarias, Illes Balears, La 
Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla son las que menos contratos han 
comunicado. (Subapartado II.2). 
10.  Como en anteriores ejercicios, la actividad contractual se centra fundamentalmente en 
suministros y servicios, 21.034 contratos (88,5 % del total), cuya cuantía, 6.908.059 miles 
de euros, supone el 78,6 % del importe total de los contratos comunicados. (Subapartado 
II.2). 
XV.4.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  CUENTAS  ANUALES  DE  ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, OOAA Y ENTES PÚBLICOS 
XV.4.1.  Liquidación del Presupuesto 
11.  Al igual que en ejercicios anteriores, existe diferencia entre los créditos finales y las 
previsiones finales lo que viene motivado porque en algunas Comunidades no se registran 
en  el  estado  de  ingresos  las  modificaciones  presupuestarias  que  deben  financiar  las 
correspondientes  del  presupuesto de  gastos, por  lo  que  no  se  mantiene  el  equilibrio 
presupuestario. Esto sucede en 2017 en las Administraciones Generales de Cataluña y 
Galicia; en los OOAA de Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunitat Valenciana; 
en los entes públicos de Cataluña y Galicia; en los consorcios de Andalucía, Cantabria, 
Castilla  y  León,  Cataluña,  Galicia  y  la  Región  de  Murcia;  y  en  las  universidades  de 
Cataluña. (Epígrafe III.1.1). 
12.  Para el conjunto de las Administraciones Públicas las modificaciones han supuesto un 
6,9  % de incremento de los créditos iniciales y un 6,2 % de las previsiones iniciales. Las 
modificaciones superan el 10 % de los créditos y previsiones iniciales en la Comunitat 
Valenciana y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. (Epígrafe III.1.1). 
13.  Los  créditos  y  las  previsiones  iniciales  agregados  de  las  Administraciones  Generales 
ascienden a 184.739.432 miles de euros, resultando, para ambos conceptos, una variación 
respecto al ejercicio 2016, del 4,4 %. (Epígrafe III.1.1). 
14.  Las modificaciones netas de los créditos para gastos han alcanzado 10.149.843 miles de 
euros,  lo  que  supone  un  incremento  del  5,5  %,  resultando  unos  créditos  finales  de 
194.889.275  miles  de  euros,  un  4,3  %  superior  a  los  créditos  finales  de  2016.  Las 
obligaciones reconocidas han supuesto 186.471.762 miles de euros, un 4,9 % superiores a 
las del ejercicio anterior. El grado de ejecución de 2017 ha sido del 95,7 %. 
  Respecto del presupuesto de ingresos, las modificaciones han sido de 8.555.677 miles de 
euros,  obteniéndose  unas  previsiones  finales  de  193.295.109  miles  de  euros  y  unos 
derechos reconocidos de 191.488.344 miles de euros, con un grado de ejecución del  e.
99,1  %. (Epígrafe III.1.1).  w.
15.  eEunr o1s0; 6la Os OmAoAdi,f icloasc iocnréedsi tnoes tainsi cdiael eloss  acgrréedgitaodso hs ahna anl caasnczeanddoi d2o. 2a1 52.245.523 m6.i1le9s4  dme ileeusr odse, 
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  Respecto del presupuesto de ingresos, las previsiones iniciales agregadas supusieron un 
total de 24.536.194 miles de euros. Las modificaciones han sido de 1.790.636 miles de 
euros,  obteniéndose  unas  previsiones  finales  de  26.326.830  miles  de  euros  y  unos 
derechos reconocidos de 26.609.648 miles de euros, con un grado de ejecución del 101 %. 
(Epígrafe III.1.1). 
16.  Para 107 entes públicos los créditos iniciales fueron de 35.999.461 miles de euros y las 
previsiones  iniciales  de  35.998.694  miles  de  euros.  Las  modificaciones  de  crédito 
ascendieron a 2.806.398 miles de euros, resultando los créditos finales en 38.805.859 
miles de euros y las obligaciones reconocidas en 37.002.029 miles de euros, con un grado 
de ejecución del 95,3 %. 
  Las previsiones finales fueron 38.801.448 miles de euros, que se ejecutaron en un 96,4 %, 
al ascender los derechos reconocidos a 37.422.172 miles de euros. (Epígrafe III.1.1). 
17.  En 109 consorcios de 12 CCAA y de las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, se 
deduce que los créditos iniciales fueron de 4.397.521 miles de euros, que no coinciden con 
las previsiones iniciales de ingresos de 4.399.667 miles de euros, debido a que no está 
equilibrado el presupuesto inicial de un consorcio en la CA de Galicia. Las modificaciones 
de crédito fueron de 451.720 miles de euros, lo que supone un incremento de los créditos 
iniciales del 10,3 %. Las obligaciones reconocidas ascienden a 4.499.402 miles de euros, 
con un grado de ejecución del 93 %. Las previsiones finales son de 4.850.772 miles de 
euros, que se ejecutaron en un 94 %, al ascender los derechos reconocidos a 4.563.601 
miles de euros. (Epígrafe III.1.1). 
18.  Para las 48 universidades públicas de las que se dispone de información, los créditos y las 
previsiones iniciales ascendieron a 8.977.587 miles de euros. Las modificaciones netas en 
ingresos fueron de 2.345.100 miles de euros y en gastos de 2.343.126 miles de euros. Las 
obligaciones  reconocidas  representaron  9.037.269  miles  de  euros,  con  un  grado  de 
ejecución del 79,8 %. El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 81,3 %, al ascender los 
derechos reconocidos a 9.208.428 miles de euros. (Epígrafe III.1.1). 
19.  El importe global agregado de las modificaciones netas de crédito autorizadas por todas 
las Administraciones Públicas asciende a 17.966.339 miles de euros, lo que supone un 
incremento de los créditos iniciales del 7 %, dando como resultado unos créditos finales de 
276.616.534 miles de euros. Del importe total de las modificaciones, 10.149.843 miles de 
euros corresponden a las Administraciones Generales, lo que aumenta el crédito inicial en 
un 5,5 % dando como resultado unos créditos finales de 194.889.275 miles de euros. 
(Subepígrafe III.1.1.1). 
20.  En el ejercicio fiscalizado, con carácter general, los presupuestos por programas de las 
CCAA no especifican suficientemente los indicadores que permitan el seguimiento de los 
objetivos programados. Además, la mayor parte de las Comunidades tienen pendientes de 
reconocer  obligaciones  de  gastos  realizados  en  ejercicios  anteriores  por  falta  de 
consignación  presupuestaria;  esta  circunstancia  afecta  fundamentalmente  al  gasto 
sanitario. (Subepígrafe III.1.1.2). 
21.  El resultado presupuestario, para el conjunto de las Administraciones Públicas es negativo  s
en 5.923.633 miles de euros, lo que supone una mejora del 41,8 % respecto al ejercicio  e.
2016,  también  negativo  en  10.186.027  miles  de  euros.  La  variación  neta  de  pasivos  w.
financieros aplicados al presupuesto asciende a 12.660.292 miles de euros, lo que significa  08ww
una disminución del 19,4 % respecto de los aplicados en 2016. (Subepígrafe III.1.1.3).
22.  eEjle srcailcdioo  parnetseuripour.e sLtaasri oa enste prioosreitsiv om eang n6i.t7u3d6e.s6 5e9s tmánil erse fdeeri deausr oas , 3u0n1 2 e2n,1te %s  esnu peelr ieojre arcl idceiol   BOE-A-cable e
2016 y 413 entes en el ejercicio 2017. (Subepígrafe III.1.1.3).
 
 
23.  Los recursos percibidos según Ley 22/2009 suponen para el conjunto de las CCAA el 70 % 
del total de la financiación. El importe más elevado de los mismos corresponde a la Tarifa 
Autonómica del IRPF con un 30 %, seguido en importancia por el IVA, con el 26 %, la 
participación en el rendimiento de los impuestos especiales de fabricación y de electricidad 
con un 11 % y los tributos cedidos con un 10 %. (Subepígrafe III.1.1.4). 
24.  Los otros recursos percibidos representan el 7 % del total, un punto más que en 2016 y 
proceden fundamentalmente, de Fondos de la Unión Europea (55 %) y de Subvenciones y 
Convenios (42 %). Los Fondos de Compensación Interterritorial representan solo el 4 % 
del total. (Subepígrafe III.1.1.4). 
25.  Los recursos propios totalizan 43.684.503 miles de euros y representan el 24 % del total 
frente  al  26  %  del  2016.  Del  total  de  recursos  propios,  el  84  %  corresponde  al 
endeudamiento, igual que el del ejercicio precedente. El 7 % son ingresos tributarios y 
ascienden a 3.217.770 miles de euros. (Subepígrafe III.1.1.4). 
XV.4.2.  Situación Patrimonial 
26.  Tan solo las Administraciones Generales de las CCAA de Andalucía, Illes Balears, La 
Rioja, la Comunidad de Madrid y el País Vasco han adaptado sus planes de contabilidad 
autonómicos al nuevo PGCP del Estado aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de 
abril, que lo configura como el marco contable para todas las Administraciones públicas. 
  Las Administraciones de las 12 CCAA restantes siguen elaborando sus estados financieros 
con arreglo al antiguo Plan General de Contabilidad Pública del Estado de 6 de mayo de 
1994, al no haber adaptado sus planes autonómicos al plan estatal de 2010. No obstante 
algunas entidades dependientes sí han procedido a la debida adaptación. 
  Por su parte, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tienen adaptado su sistema de 
información contable a la última instrucción del modelo normal de Contabilidad Local del 20 
de septiembre de 2013. (Epígrafe III.1.2). 
27.  El valor del inmovilizado del conjunto de las Administraciones Públicas fue de 114.006.037 
miles de euros. El valor del activo no corriente fue de 77.446.553 miles de euros y el del 
activo corriente de 16.048.742 miles de euros. (Subepígrafe III.1.2.1). 
28.   Con  carácter  general  debe  señalarse  que  en  la  gestión  de  estos  activos,  por  las 
Administraciones Generales y OOAA, no se cuenta con inventarios de bienes y derechos 
completos y debidamente valorados y, en algunos casos, no hay concordancia entre los 
datos contables y los del inventario. Asimismo, tampoco se han implantado, con carácter 
general, subsistemas de gestión de inventario que permitan su correcta contabilización, y 
que  reflejen  las  correcciones  valorativas  pertinentes,  mediante  las  dotaciones  de 
provisiones y de las amortizaciones correspondientes (Subepígrafe III.1.2.1). 
29.  El importe agregado de los deudores de las Administraciones Generales de las CCAA 
asciende a fin de ejercicio a 20.369.254 miles de euros. Los deudores presupuestarios 
representan el 68 % del total. (Subepígrafe III.1.2.1). 
30.  Los  saldos  iniciales  agregados  de  las  cuentas  de  tesorería  de  las  Administraciones  bo
Generales de las CCAA ascienden a 6.337.666 miles de euros. Durante 2017 se han  08ww
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31.  El saldo final agregado de las cuentas de acreedores de las Administraciones Generales 
asciende a 32.689.131 miles de euros. El 23,7 % del total corresponde a la Comunitat 
Valenciana. Andalucía y Cataluña representan conjuntamente el 28,4 %. Del total de 
acreedores, 14.607.400 miles de euros son acreedores presupuestarios y 18.081.731 miles 
de euros son acreedores no presupuestarios. (Subepígrafe III.1.2.1). 
32.  El remanente de tesorería es negativo, por importe de 282.487 miles de euros, frente a un 
remanente también negativo en 2016 de 1.752.831 miles de euros. Las CCAA que tienen 
remanentes de tesorería negativos en el ejercicio 2017 son Aragón, Cantabria, Castilla-La 
Mancha,  Cataluña,  Extremadura,  Illes  Balears,  La  Rioja,  Comunidad  de  Madrid,  el 
Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana. (Subepígrafe III.1.2.1). 
33.  Con carácter general las Memorias de las Cuentas Generales de las CCAA se presentan 
incompletas,  no  incluyendo  suficiente  información  que  permita  ampliar  y  completar  la 
contenida  en  los  estados  financieros  y  en  algunas  Comunidades  la  estructura  de  la 
Memoria no se adapta a sus respectivos PGCP. (Subepígrafe III.1.2.2). 
XV.5.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  PARTICIPACIÓN  EN  LOS  FONDOS  DE 
COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
34.  La cuantía global de los Fondos previstos para el ejercicio 2017, recogida en el artículo 105 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, ascendió, al igual 
que en el ejercicio 2016, a 432.430 miles de euros, de los cuales 324.331 miles de euros 
corresponde  al  Fondo  de  Compensación,  y  108.099  miles  de  euros  al  Fondo 
Complementario. Estos Fondos suponen tan solo el 4 % de los recursos de que han 
dispuesto las CCAA. (Epígrafe III.2.2). 
35.  Estas  dotaciones  se  destinan  al  igual  que  en  ejercicios  anteriores  a  las  CCAA  de 
Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, 
el Principado de Asturias, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. (Epígrafe III.2.2). 
36.  Debido a lo anticipado en el tiempo con que se solicitan los fondos, los proyectos de 
inversión que inicialmente se escogen para ser financiados con cargo a los FCI son 
proyectos genéricos. Por ello, estos proyectos pueden sufrir modificaciones, las cuales se 
amparan en lo establecido por el artículo 7.3 de la LFCI. Como en ejercicios anteriores la 
mayor parte de las CCAA se han acogido a esta práctica. Además, la generalidad con que 
se  encuentran  definidos  los  proyectos  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  no 
permite  conocer  su  grado  de  avance,  únicamente  es  posible  determinar  el  grado  de 
ejecución de los créditos presupuestarios asignados, que se situó en 2017 en casi el 100 
% de las dotaciones del Fondo de Compensación y en el 100 % de las dotaciones del 
Fondo Complementario. (Epígrafe III.2.3). 
XV.6.  CONCLUSIONES RELATIVAS A UNIVERSIDADES 
37.  El elevado importe de las modificaciones presupuestarias pone de manifiesto que las 
universidades  no  han  elaborado  con  rigor  sus  presupuestos  antes  del  comienzo  del  s
correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente  e.
e  investigadora,  de  modo  que,  en  su  caso,  las  modificaciones  de  los  créditos  w.
presupuestarios  iniciales  fueran  las  menos  posibles,  y,  en  todo  caso,  debidamente  08ww
justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.
  aAsscí,e nedl ítaonta al  8d.e9 7la7s.5 8m7o dmifiilceasc dioen eeusr ores,a sleusp osnoeb ruen  lionsc rcermédeintotos  dineilc 2ia6l m%e.n Pteo ra spur oimbapdoortsa nqcuiae   BOE-A-cable e
relativa, al efectuarse modificaciones de los créditos iniciales con incrementos superiores
 
 
al 30 %, destacan las universidades de Andalucía (32,2 %) y Cataluña (46 %). (Epígrafe 
IV.3.1). 
38.  Las obligaciones reconocidas ascendieron a 9.037.269 miles de euros para las 48 UP, 
sobre unos créditos finales de 11.320.713 miles de euros y un grado de ejecución sobre los 
créditos definitivos del 79,8 %. Destaca que en el ejercicio 2017 las universidades de 
Andalucía, Cantabria, Cataluña, Illes Balears y la Comunitat Valenciana tienen un grado de 
ejecución del presupuesto de gastos inferior al 80 %. (Epígrafe IV.3.1). 
39.  Los derechos reconocidos en las 48 UP ascienden a 9.208.428 miles de euros, con un 
grado de ejecución media sobre las previsiones finales del 81 %. Presentan un grado de 
ejecución del presupuesto de ingresos inferior al 80 %, las universidades de Andalucía, 
Cataluña y la Región de Murcia. (Epígrafe IV.3.1). 
40.  El saldo presupuestario para las 48 UP ha sido positivo en 191.928 miles de euros, 
después de haber aplicado una variación neta de pasivos negativa de 144.631 miles de 
euros. El resultado presupuestario es positivo en 336.559 miles de euros (Epígrafe IV.3.1). 
41.  Debe  señalarse  que  algunas  CCAA  aún  no  han  adaptado  la  contabilidad  de  las 
universidades al nuevo plan, como son Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, 
Comunidad  Foral  de  Navarra,  el  Principado  de  Asturias,  la  Región  de  Murcia  y  la 
Comunitat Valenciana. El activo agregado de las universidades (24) de estas comunidades 
ascendía a 7.641.772 miles de euros y 5.649.829 miles de euros a fondos propios. El 
resultado agregado presenta un ahorro de 91.054 miles de euros. (Epígrafe IV.3.1). 
42.  Las universidades de las CCAA de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Galicia, Illes Balears, La Rioja , Comunidad de Madrid y el País Vasco sí han adaptado su 
contabilidad  al  nuevo  plan.  El  activo  agregado  de  estas  universidades  asciende  a 
12.435.445 miles de euros y 10.080.327 miles de euros a patrimonio neto. El resultado 
agregado neto del ejercicio resulta negativo por importe de 509 miles de euros Se destaca 
en este ejercicio los resultados positivos de las universidades de la Comunidad de Madrid, 
82.212 miles de euros, pues el resto son todos negativos. (Epígrafe IV.3.1). 
XV.7.  CONCLUSIONES RELATIVAS A EMPRESAS PÚBLICAS 
43.  El activo total de las empresas públicas, en términos agregados, supuso en el ejercicio 
fiscalizado 70.002.881 miles de euros, para un conjunto de 422 entes empresariales. El 
activo está financiado por un pasivo exigible de 36.884.360 miles de euros y por un 
patrimonio neto de 33.118.521 miles de euros. Destacan por el valor de sus activos, 
principalmente  los  subsectores  empresariales  de  Cataluña,  la  Comunidad  de  Madrid, 
Andalucía, la Comunitat Valenciana y el País Vasco, pues suponen el 83 % del activo total. 
(Apartado V). 
44.  En el ejercicio, el sector empresarial autonómico presenta en su totalidad resultados de 
explotación negativos, por importe de 2.404.627 miles de euros. Resultan relevantes los 
resultados negativos de las empresas de la Región de Murcia (13 entes), de la Comunitat 
Valenciana (23 entes), de Galicia (12 entes), y País Vasco (49 entes). (Apartado V). 
45.  La  financiación  del  sector  público  empresarial  sigue  procediendo,  en  un  importante  bo
porcentaje,  de  las  subvenciones  de  explotación  y  de  capital  que  perciben  de  la  CA  08ww
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aportaciones de los socios al fondo social y por autorizaciones de endeudamiento avaladas
 
 
 
por  las  respectivas  administraciones  autonómicas,  que  al  vencimiento  deberán  ser 
abonadas por estas, si las empresas no pueden hacer frente a los pagos. En varios casos 
es la propia administración autonómica la que se subroga en los préstamos y créditos de 
las entidades empresariales (Apartado V). 
46.  En el apoyo al sector productivo, se está observando un efecto de sustitución de la 
concesión de subvenciones por el otorgamiento de préstamos. En este cambio puede 
influir el hecho de que la concesión de créditos no tiene impacto en el déficit puesto que 
tiene la consideración de operación financiera. Con todo, no se debe olvidar que estas 
operaciones sí pueden tener una repercusión futura en las cuentas públicas, ya que si los 
prestatarios no son capaces de devolver la financiación concedida sería necesario hacer 
inyecciones de capital. (Apartado V). 
XV.8.  CONCLUSIONES RELATIVAS A FUNDACIONES PÚBLICAS 
47.  En el ejercicio 2017 constan 274 fundaciones públicas autonómicas frente a las 269 que 
existían en 2016. No han rendido cuentas algunas fundaciones de las CCAA de Andalucía, 
Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias 
y Comunitat Valenciana. (Apartado VI). 
48.  El activo total del sector para 239 fundaciones de las que se tiene información asciende a 
3.026.607 miles de euros. El patrimonio neto del sector alcanza 1.384.435 miles de euros. 
(Apartado VI). 
49.  En todos los sectores fundacionales, los resultados de explotación son negativos antes de 
subvenciones. Después de aplicar las subvenciones tienen un excedente de la actividad 
positivo el conjunto de las fundaciones de las CCAA de Aragón, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. 
El resultado total en el ejercicio para el conjunto del subsector presenta un déficit de 
11.303 miles de euros, frente al déficit de 30.246 miles de euros del ejercicio 2016. Las 
subvenciones aplicadas al ejercicio han ascendido a 851.207 miles de euros, superiores en 
un 10 % a las aplicadas en el ejercicio anterior. (Apartado VI). 
XV.9.  CONCLUSIONES RELATIVAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 
50.  Según datos obrantes en el Tribunal de Cuentas, en 2017 consta la existencia de 177 
consorcios frente a los 158 de 2016. En el ejercicio fiscalizado han rendido cuentas 139 
consorcios. No figuran consorcios en la Comunidad Foral de Navarra. (Apartado VII). 
51.  Los consorcios se financian fundamentalmente mediante transferencias y subvenciones 
aportadas por las respectivas Administraciones autonómicas y con las inversiones y gastos 
corrientes en bienes y servicios que estas destinan a los consorcios autonómicos en 
concepto  de  encargos  a  medios  propios  y  honorarios  por  prestación  de  servicios. 
(Apartado VII). 
52.  Como en ejercicios anteriores, debe insistirse en la necesidad de completar y delimitar con 
precisión el registro de los consorcios que conforman el sector público autonómico dada la 
variedad  de  entidades  consorciadas,  que  dificulta  la  adscripción  de  los  mismos  al  e.
correspondiente sector local o autonómico. (Apartado VII).  w.
XV.10. CONCLUSIONES RELATIVAS A GASTO SANITARIO
53.  De acuerdo con los datos provisionales a marzo de 2020 resultantes de la EGSP realizada
en el ámbito del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario público, correspondiente a todo el
 
 
SNS, en el año 2017 en España supuso 68.598 millones de euros, lo que representa el 
5,9 % del PIB, porcentaje muy similar al del ejercicio anterior (6 %) y el gasto per cápita 
ascendió a una media de 1.474 euros por habitante, frente a los 1.436 euros del anterior 
ejercicio. (Apartado VIII). 
54.  El gasto sanitario público consolidado del sector autonómico supuso 63.540 millones de 
euros, lo que representa el 5,5 % sobre el PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.370 
euros por habitante. De acuerdo con los datos del año 2017, un 44,3 % del gasto sanitario 
público del sector ha sido originado por 3 CCAA: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de 
Madrid. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra son las comunidades con el 
gasto más bajo, en valores absolutos. (Apartado VIII). 
55.  En relación a su población, en 2017, las comunidades con mayor gasto sanitario público 
son el País Vasco, el Principado de Asturias y la Comunidad Foral de Navarra. Las 
comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía, la Comunidad de Madrid y 
Canarias. (Apartado VIII). 
56.  En relación con el porcentaje sobre su PIB correspondiente, Extremadura, con un 8,8 %, la 
Región de Murcia, con un 7,4 % y el Principado de Asturias, con un 7,4 % son las 
comunidades que presentaron en el año 2017 un porcentaje del gasto sanitario sobre el 
PIB más elevado. La Comunidad de Madrid, 3,7 %, Cataluña, 4,7 % y las Illes Balears con 
un 5 %, se situaron en el extremo opuesto. (Apartado VIII). 
57.  En términos de gasto total, que incluye la inversión (gastos de capital), el sector CCAA 
experimentó un aumento del 3 %. Las comunidades que más incrementaron su gasto 
fueron  Illes  Balears,  un  6,2  %,  y  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  un  4,7  %.  Las 
comunidades que menos incrementaron su gasto fueron Aragón, un 0,6 % y Cantabria, un 
0,9 %. (Apartado VIII). 
58.  El gasto en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 28.657 millones de euros, 
lo que representa el 45,1 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento 
de un 2,2 % respecto al año anterior. (Apartado VIII). 
59.  El gasto en farmacia se cifró en 10.704 millones de euros, lo que representa el 16,8 % del 
gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 3,5 % respecto al año 
anterior.  La  contribución  del  gasto  farmacéutico  al  total  del  gasto  sanitario  público 
consolidado de cada CA osciló entre el 13,3 % de las Illes Balears y el 19,2 % de 
Extremadura y la Comunitat Valenciana. (Apartado VIII). 
60.  Debe reseñarse que el sector sanitario reviste una peculiaridad con respecto al resto de 
áreas del sector público, que se manifiesta en la limitación del documento presupuestario 
para actuar como instrumento de previsión y control de su actividad. No solo existe una 
permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las 
obligaciones de cada ejercicio, no obstante conocerse el gasto real producido en ejercicios 
inmediatos anteriores, sino que se recurre de forma periódica a generar gasto que excede 
las consignaciones presupuestarias. (Apartado VIII). 
XV.11. CONCLUSIONES RELATIVAS A ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA  e
61.  El  objetivo  de  estabilidad  del  ejercicio  2017  fijado  para  las  CCAA  fue  de  un  déficit  08ww
eeCDqjoéeumfriiccviiisact iilóEoen nxd ctEeee u sa2rivol0 op10.e7 ,S6a  i ane%s nec  emdenelb dlap iórrPgi mIoaBe,  .4re  .Eli2 ndl3 féo1dfr iémcmfiitec ilg iltodl onerbee aegslsi  stadte re ea afdeeñouco rt oopesson ,rd   eceeli  fll rcaaco  ovnqnetuejruiexfni tcothao ac d ideóselni d P odlar eosnlc  oceCtudiCfmiimcApaiAledim naet ioena n  dtleaoel     OE-A-2021-28able en https://
del objetivo de estabilidad presupuestaria es de 4.221 millones de euros, el 0,36 % del PIB
 
 
 
nacional. La diferencia entre ambos déficits se debe al efecto económico que sobre el 
déficit del ejercicio 2017 tiene el gasto realizado por la CA de Murcia ocasionado por los 
efectos del terremoto de Lorca, gastos que se han elevado a 10 millones de euros y que se 
han considerado excepcionales al derivarse de acontecimientos que están fuera del control 
de las AAPP. Por lo tanto, cabe concluir que se ha cumplido el objetivo para el conjunto del 
subsector de CCAA, si bien la situación difiere para cada Comunidad. (Apartado IX). 
62.  Las CCAA de Andalucía, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, 
Madrid, Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco han cumplido su objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Por el contrario, las CCAA de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana han registrado cifras de déficits 
superiores al objetivo fijado. (Apartado IX). 
63.  Por  lo  que  respecta  a  las  Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla,  el  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria fijado para las entidades locales en 2017 fue de equilibrio, 
habiendo cumplido ambas el objetivo. (Apartado IX). 
64.  En lo que se refiere a la regla de gasto, la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 
medio plazo de la economía española, calculada para 2017 por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea, se fijó 
en el 2,1 %. Las CCAA de Canarias Cantabria, Extremadura e Illes Balears y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla han cumplido la regla de gasto. Por el contrario, han 
incumplido Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, la 
Comunidad Foral de Navarra, Galicia, La Rioja, la Comunidad de Madrid, la Región de 
Murcia, el País Vasco y la Comunitat Valenciana. (Apartado IX). 
65.  Respecto al cumplimiento del objetivo de deuda pública, una vez efectuados los ajustes 
derivados de la aplicación de las cláusulas establecidas en los Acuerdos del Consejo de 
Ministros, la ratio deuda PDE sobre PIB agregada de las CCAA a 31 de diciembre de 2017, 
ascendía al 24,8 % del PIB nacional a precios de mercado, lo que implica el cumplimiento 
de  dicho  objetivo.  Así  mismo,  las  dos  Ciudades  Autónomas  cumplen  este  objetivo. 
(Apartado IX). 
XV.12. CONCLUSIONES RELATIVAS A ENDEUDAMIENTO 
66.  El saldo del endeudamiento de las Administraciones Generales ha pasado de 254.743.419 
miles de euros a 1 de enero de 2017, a 266.780.964 miles de euros a 31 de diciembre de 
2017, lo que supone una variación anual media del 5 %. Respecto al aumento en el 
endeudamiento total del ejercicio destacan en términos relativos los incrementos de la 
Comunidad  de  Madrid  (9  %)  y  Castilla  y  León  (8  %).Se  señala  en  este  ejercicio  la 
disminución de la Ciudad Autónoma de Melilla respecto al ejercicio 2016 que ha sido de 
21%, seguidos de Aragón y Extremadura (10%). (Apartado X). 
67.  El saldo final del endeudamiento en el ejercicio 2016 fue de 249.636.659 miles de euros lo 
que supone que los saldos finales de este ejercicio no coinciden con los saldos iniciales del 
2017, existiendo una diferencia de 5.106.760 miles de euros. Esta diferencia se explica 
fundamentalmente por los diferentes saldos entrantes y salientes de las CCAA de Aragón, 
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, el País Vasco y Principado  e
de Asturias. (Apartado X).  b
XV.13. CONCLUSIONES RELATIVAS A AVALES
68.  EAnd mtéinrimstirnaocsio naebss olGuteonse rlaolse sm, acyoorrreess piomnpdoernte sa  eCn artiaelsugñoas,  fAinnadleaslu cdíae  ayv aale sla,  reCsopmeuctnoit aat   BOE-A-cable e
Valenciana. (Apartado XI).
 
 
69.  Las  Administraciones  generales  de  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas  no  han 
concedido  avales  en  el  periodo  fiscalizado,  con  excepción  de  las  CCAA  de  Aragón, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y País Vasco. (Apartado XI). 
XV.14. CONCLUSIONES RELATIVAS A CONTRATACIÓN PÚBLICA 
70.  El área de contratación pública es objeto de fiscalización en un informe específico o en el 
informe correspondiente a la Cuenta General en las CCAA de Aragón, Cantabria, Castilla-
La  Mancha,  Castilla  y  León,  Extremadura,  La  Rioja,  Región  de  Murcia,  Comunitat 
Valenciana, País Vasco y Principado de Asturias, y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla. (Subapartado XII.1). 
71.  La justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público no se 
especifica en todos los expedientes con un mínimo de concreción razonable ni se acreditan 
las particulares necesidades que pudieran justificar las correspondientes inversiones de los 
fondos públicos. (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja 
Melilla, Principado de Asturias y Región de Murcia). (Subapartado XII.2). 
72.  Se ha observado en algunos expedientes la ausencia de los informes o de los estudios 
económicos que garanticen que el precio del contrato es el adecuado al mercado; así 
como deficiencias en la calificación de los contratos, principalmente en cuanto se refiere a 
la errónea calificación como contratos de gestión de servicios públicos de aquellos que 
debieran serlo de servicios o calificación como servicios o suministros, sin atender al mayor 
importe  de  la  prestación,  a  contratos  mixtos.  (Aragón,  Cantabria,  Castilla  la  Mancha, 
Castilla y León, Comunitat Valenciana, Melilla y Región de Murcia). (Subapartado XII.2). 
73.  Se han observado supuestos de deficiente preparación para la tramitación del expediente 
contractual  que  han  generado  retrasos  indebidos  en  la  adjudicación  y  en  la  normal 
ejecución de las actividades contratadas (Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, 
Melilla y País Vasco). (Subapartado XII.2). 
74.  En  relación  con los  pliegos  que  rigen  los  contratos  se han  observado  las  siguientes 
deficiencias: se utilizan modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas de carácter excesivamente genérico; no se concreta de 
forma  clara,  precisa  e  inequívoca  las  condiciones  en  que  podrá  hacerse  uso  de  las 
modificaciones;  se  establecen  causas  de  exclusión  o  de  prescripciones  técnicas  que 
limitan la concurrencia; no se concretan las condiciones y plazo de ejecución del contrato 
y/o de las penalidades por ejecución deficiente; y/o carecen de informe jurídico previo. 
(Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, Principado de Asturias y Región de 
Murcia). (Subapartado XII.2). 
75.  En determinados expedientes de contratación seguidos por los trámites de urgencia o 
emergencia no resulta debidamente documentada la concurrencia de las circunstancias 
exigibles o no se acredita plenamente ser las alegadas de entidad suficiente para justificar 
estas modalidades procedimentales de carácter excepcional. (Aragón, Castilla y León y 
Comunitat Valenciana). (Subapartado XII.2). 
76.  Respecto a los procedimientos negociados analizados no se ha justificado la utilización de  e
este procedimiento o se aprecia que la definición de los aspectos de negociación contiene  bo
deficiencias o no hay constancia en el expediente de haberse realizado una efectiva  08ww
nMeugrocicaia).c  ión de las proposiciones recibidas. (Comunitat Valenciana, Melilla y Región de
77.  Se han observado deficiencias en los criterios de adjudicación que debían ser tenidos en
cuenta para elegir al contratista, principalmente por la falta de directa vinculación con el
 
 
 
objeto del contrato o por su improcedencia como criterios de adjudicación, así como por la 
falta de concreción suficiente, en los criterios sometidos a juicio de valor, de los extremos 
que  van  a  ser  objeto  de  valoración  al  momento  de  presentar  las  ofertas.  (Aragón, 
Cantabria, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja, Melilla, País 
Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia). (Subapartado XII.2). 
78.  En  algunos  expedientes  el  criterio  de  la  oferta  económica  presenta  una  reducida 
ponderación respecto al total, lo que no es coherente con el principio de economía en la 
gestión de fondos públicos (Aragón, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia). 
(Subapartado XII.2). 
79.  En ocasiones se establece el criterio de valoración de los precios de las ofertas con 
fórmulas de valoración del criterio económico que pueden resultar confusas, ya que la 
utilización de una fórmula matemática en dos tramos, al puntuarse en función de la baja 
media resultante de todas las ofertas presentadas y no en función de la baja mayor, puede 
afectar a la puntuación de las ofertas. (Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, 
Melilla y la Región de Murcia). (Subapartado XII.2). 
80.  Se han observado expedientes de contratación en los que los criterios objetivos han 
carecido de toda preponderancia en el mecanismo de adjudicación, que se ha decidido en 
función de la valoración de los criterios basados en juicios de valor, al no poder entrar a 
valorar  aquellos  en  los  licitadores  que  no  hubieran  alcanzado  un  mínimo  porcentaje 
respecto  de  los  criterios  que  requieren  una  valoración  subjetiva,  incumpliéndose  lo 
dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP y, en alguna ocasión, el informe técnico de 
valoración  de  los  criterios  subjetivos,  no  está  suficientemente  motivado  o  introduce 
aspectos  no  previstos  en  el  PCAP.  (Aragón,  Cantabria  y  la  Comunitat  Valenciana). 
(Subapartado XII.2). 
81.  En determinados expedientes se producen las siguientes incidencias: se incumplió el plazo 
máximo  para  efectuar  la  adjudicación;  la  resolución  de  adjudicación  no  está 
suficientemente  motivada  o  incurre  en  otros  defectos  u  omisiones;  no  se  notificó 
correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario o al resto de licitadores; o bien 
no se publicó adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil de contratante. 
(Castilla  y  León,  Extremadura,  Melilla,  País  Vasco  y  el  Principado  de  Asturias). 
(Subapartado XII.2). 
82.  Se han observado deficiencias respecto de las actuaciones de control del cumplimiento de 
los contratos. (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, País 
Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia). (Subapartado XII.2). 
83.  Se  producen  incumplimientos  en  los  plazos  de  ejecución  de  las  prestaciones 
correspondientes al contratista y en aquellos en que se debe a causas imputables al 
contratista, la Administración no ha ejercitado ninguna de las opciones que le atribuye el 
artículo 212.4 del TRLCSP (Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Melilla y País Vasco). 
(Subapartado XII.2). 
84.   En relación con la recepción de los contratos, bien no consta el acta de la misma o se ha 
producido con retraso, o bien se han producido deficiencias respecto a la justificación del  s
cumplimiento de sus obligaciones por los prestadores de servicios y/o la recepción se ha  oe.
producido con retraso por encima del mes previsto en la normativa contractual. (Castilla y  w.
León, Ceuta y País Vasco). (Subapartado XII.2).  08ww
 
 
XV.15. CONCLUSIONES RELATIVAS A IGUALDAD EFECTIVA MUJERES Y HOMBRES 
85.  El  objetivo  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa  para  la  igualdad  efectiva  de 
hombres y mujeres tan solo se ha incluido respecto a las CCAA fiscalizadas por este 
Tribunal y la CA de Galicia, si bien debe destacarse que todas las CCAA han desarrollado 
normativa reguladora de esta materia. (Apartado XIII). 
86.  Todas las CCAA y Ciudades Autónomas fiscalizadas elaboraron Planes de Igualdad de 
Oportunidades  entre  Mujeres  y  Hombres  que  recogen  la  evaluación  del  mismo, 
contemplando tanto los objetivos como el momento de realización, distinguiendo entre el 
seguimiento del plan y su evaluación. (Apartado XIII). 
XV.16. CONCLUSIONES RELATIVAS A TRANSPARENCIA 
87.  En  desarrollo  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información y buen gobierno, todas las comunidades han dictado su propia normativa en la 
materia, con excepción del País Vasco cuya ley específica en esta materia se encuentra, a 
fecha de cierre de estas actuaciones fiscalizadoras, en fase de tramitación parlamentaria. 
(Apartado XIV). 
88.  El objetivo de verificar el cumplimiento de las prescripciones de transparencia tan solo se 
ha  incluido  respecto  a  las  CCAA  fiscalizadas  por  este  Tribunal  y  la  CA  de  Galicia 
fiscalizada por el Consejo de Cuentas. (Apartado XIV). 
Madrid, 29 de octubre de 2020 
La presidenta 
Mª José de la Fuente y de la Calle 
 
 
 
 
ANEXOS 
RELACIÓN DE ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21669
 
ANEXO I 
       
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS C.C.A.A. Y CIUDADES AUTÓNOMAS 
Ejercicio 2017 
Ejercicio 2017 
   
Rendidas  Rendidas  No 
   
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas  Total 
 
Administración General  18  1  0  19 
Organismos Autónomos  120  7  0  127 
Entes Públicos  113  1  3  117 
Empresas Públicas  337  27  32  396 
Fundaciones  219  20  35  274 
Consorcios  116  19  30  165 
Otras Entidades Públicas  2  1  0  3 
Cámaras de Comercio  10  0  0  10 
Universidades  33  14  1  48 
TOTAL  968  90  101  1.159 
Ejercicio 2017 
Administración General  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  1  0  0  1 
Aragón  1  0  0  1 
Canarias  1  0  0  1 
Cantabria  1  0  0  1 
Castilla-La Mancha  1  0  0  1 
Castilla y León  1  0  0  1 
Cataluña  1  0  0  1 
Extremadura  1  0  0  1 
Foral de Navarra  1  0  0  1 
Galicia  1  0  0  1 
Illes Balears  1  0  0  1 
La Rioja  1  0  0  1 
Madrid,Comunidad  1  0  0  1 
País Vasco  1  0  0  1 
Principado de Asturias  1  0  0  1  es
Región de Murcia  1  0  0  1  o
  VCCaiiuuleddnaacddi  aAAn..  add, eeC  CMomeeuluiltlnaaTi  tOatT AL    11108     0011     0000     11119     OE-A-2021-2808able en https://www.
 
 
Ejercicio 2017 
Organ. Autónomos  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  0  0  0  0 
Aragón  0  5  0  5 
Canarias  10  0  0  10 
Cantabria  8  0  0  8 
Castilla-La Mancha  4  0  0  4 
Castilla y León  3  0  0  3 
Cataluña  21  0  0  21 
Extremadura  6  0  0  6 
Foral de Navarra  8  0  0  8 
Galicia  9  0  0  9 
Illes Balears  4  0  0  4 
La Rioja  2  0  0  2 
Madrid,Comunidad  8  0  0  8 
País Vasco  10  0  0  10 
Principado de Asturias  10  0  0  10 
Región de Murcia  5  0  0  5 
Valenciana, Comunitat  7  0  0  7 
Ciudad A. de Ceuta  5  0  0  5 
Ciudad A. de Melilla  0  2  0  2 
TOTAL  120  7  0  127 
 
Ejercicio 2017 
Entes Públicos (PGCP)  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  15  0  0  15 
Aragón  7  0  0  7 
Canarias  4  0  0  4 
Cantabria  1  0  0  1 
Castilla-La Mancha  1  0  0  1 
Castilla y León  4  0  0  4 
Cataluña  44  0  1  45 
Extremadura  6  0  0  6 
Foral de Navarra  1  0  0  1 
Galicia  21  0  0  21 
Illes Balears  2  0  0  2 
La Rioja  2  0  1  3 
Madrid,Comunidad  1  0  0  1 
País Vasco  0  0  0  0 
Principado de Asturias  4  0  0  4 
Región de Murcia  0  0  0  0 
Valenciana, Comunitat  0  0  0  0 
Ciudad A. de Ceuta  0  0  1  1  s
Ciudad A. de Melilla  0  1  0  1  oe.
TOTAL  113  1  3  117  08www.
  
 
Ejercicio 2017 
Empresas y Entes Públicos (PGC)  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  45  0  1  46 
Aragón  26  1  0  27 
Canarias  14  7  0  21 
Cantabria  19  0  1  20 
Castilla-La Mancha  11  0  0  11 
Castilla y León  4  0  0  4 
Cataluña  28  0  0  28 
Extremadura  16  0  0  16 
Foral de Navarra  17  0  0  17 
Galicia  15  0  0  15 
Illes Balears  16  0  0  16 
La Rioja  3  0  0  3 
Madrid,Comunidad  5  16  29  50 
País Vasco  49  0  0  49 
Principado de Asturias  23  0  1  24 
Región de Murcia  13  0  0  13 
Valenciana, Comunitat  23  0  0  23 
Ciudad A. de Ceuta  10  0  0  10 
Ciudad A. de Melilla  0  3  0  3 
TOTAL  337  27  32  396 
 
Ejercicio 2017 
Fundaciones  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  21  0  3  24 
Aragón  14  2  11  27 
Canarias  7  0  1  8 
Cantabria  9  0  0  9 
Castilla-La Mancha  7  3  0  10 
Castilla y León  15  0  1  16 
Cataluña  33  1  0  34 
Extremadura  10  2  0  12 
Foral de Navarra  5  0  0  5 
Galicia  21  0  9  30 
Illes Balears  11  0  0  11 
La Rioja  10  0  0  10 
Madrid,Comunidad  18  6  6  30 
País Vasco  7  0  0  7 
Principado de Asturias  8  3  3  14 
Región de Murcia  11  1  0  12 
Valenciana, Comunitat  11  1  1  13 
Ciudad A. de Ceuta  1  0  0  1  s
Ciudad A. de Melilla  0  1  0  1  oe.
TOTAL  219  20  35  274  08www.
  
 
 
Ejercicio 2017 
Consorcios  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  13  0  6  19 
Aragón  3  0  0  3 
Canarias  1  0  0  1 
Cantabria  1  0  0  1 
Castilla-La Mancha  0  2  0  2 
Castilla y León  2  0  1  3 
Cataluña  52  0  8  60 
Extremadura  0  11  0  11 
Foral de Navarra  0  0  0  0 
Galicia  8  0  2  10 
Illes Balears  13  0  0  13 
La Rioja  2  0  0  2 
Madrid,Comunidad  3  2  11  16 
País Vasco  1  0  0  1 
Principado de Asturias  3  1  0  4 
Región de Murcia  8  2  1  11 
Valenciana, Comunitat  5  0  1  6 
Ciudad A. de Ceuta  1  0  0  1 
Ciudad A. de Melilla  0  1  0  1 
TOTAL  116  19  30  165 
 
Ejercicio 2017 
Otras Entidades Públicas  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  0  0  0  0 
Aragón  2  0  0  2 
Canarias  0  0  0  0 
Cantabria  0  0  0  0 
Castilla-La Mancha  0  0  0  0 
Castilla y León  0  0  0  0 
Cataluña  0  0  0  0 
Extremadura  0  1  0  1 
Foral de Navarra  0  0  0  0 
Galicia  0  0  0  0 
Illes Balears  0  0  0  0 
La Rioja  0  0  0  0 
Madrid,Comunidad  0  0  0  0 
País Vasco  0  0  0  0 
Principado de Asturias  0  0  0  0 
Región de Murcia  0  0  0  0 
Valenciana, Comunitat  0  0  0  0 
Ciudad A. de Ceuta  0  0  0  0  s
Ciudad A. de Melilla  0  0  0  0  e.
TOTAL  2  1  0  3  w.
    2021-2808n https://ww
 
Ejercicio 2017 
Cámaras de Comercio, Industria y 
Rendidas  Rendidas  No  Total 
Navegación 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  0  0  0  0 
Aragón  0  0  0  0 
Canarias  0  0  0  0 
Cantabria  0  0  0  0 
Castilla-La Mancha  0  0  0  0 
Castilla y León  0  0  0  0 
Cataluña  0  0  0  0 
Extremadura  0  0  0  0 
Foral de Navarra  0  0  0  0 
Galicia  0  0  0  0 
Illes Balears  0  0  0  0 
La Rioja  0  0  0  0 
Madrid,Comunidad  1  0  0  1 
País Vasco  0  0  0  0 
Principado de Asturias  3  0  0  3 
Región de Murcia  0  0  0  0 
Valenciana, Comunitat  6  0  0  6 
Ciudad A. de Ceuta  0  0  0  0 
Ciudad A. de Melilla  0  0  0  0 
TOTAL  10  0  0  10 
 
Ejercicio 2017 
Universidades  Rendidas  Rendidas  No  Total 
en Plazo  fuera de Plazo  Rendidas 
Andalucía  0  10  0  10 
Aragón  1  0  0  1 
Canarias  2  0  0  2 
Cantabria  1  0  0  1 
Castilla-La Mancha  1  0  0  1 
Castilla y León  4  0  0  4 
Cataluña  5  2  0  7 
Extremadura  1  0  0  1 
Foral de Navarra  1  0  0  1 
Galicia  1  2  0  3 
Illes Balears  1  0  0  1 
La Rioja  1  0  0  1 
Madrid,Comunidad  5  0  1  6 
País Vasco  1  0  0  1 
Principado de Asturias  1  0  0  1 
Región de Murcia  2  0  0  2 
Valenciana, Comunitat  5  0  0  5 
Ciudad A. de Ceuta  0  0  0  0  e.
Ciudad A. de Melilla  0  0  0  0  w.b
TOTAL  33  14  1  48  08ww


  
 
 
ANEXO I.1 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidas 
Entes 
 Andalucía   36   44.638.423   2.926.167   47.564.590   44.622.692 
 Aragón   17   8.057.279   434.428   8.491.707   8.298.710 
 Canarias   17   10.341.615   1.107.569   11.449.184   10.980.329 
 Cantabria   12   2.724.812   26.792   2.751.604   2.634.730 
 Castilla-La Mancha   7   11.764.653   291.938   12.056.591   11.302.620 
 Castilla y León   14   14.856.734   1.240.778   16.097.512   15.754.884 
 Cataluña   131   55.555.592   4.617.681   60.173.273   57.064.097 
 Extremadura   18   6.858.967   169.421   7.028.388   6.501.520 
 Foral de Navarra   11   4.132.771   105.793   4.238.564   4.062.252 
 Galicia   42   16.103.874   1.011.688   17.115.562   16.326.924 
 Illes Balears   8   6.215.551   319.623   6.535.174   6.320.396 
 La Rioja   8   1.567.289   137.863   1.705.152   1.489.065 
 Madrid,Comunidad   16   30.913.425   2.157.256   33.070.681   32.013.516 
 País Vasco   13   12.501.896   561.369   13.063.265   12.245.870 
 Principado de Asturias   17   6.323.048   80.055   6.403.103   6.185.217 
 Región de Murcia   17   5.654.590   483.355   6.137.945   5.657.302 
 Valenciana, Comunitat   18   19.890.616   2.208.211   22.098.827   20.520.952 
 Ciudad A. de Ceuta   7   283.919   40.803   324.722   266.799 
 Ciudad A. de Melilla   5   265.141   45.549   310.690   254.456 
 Total   414   258.650.195   17.966.339   276.616.534   262.502.331  b
 Fuente: elaboración propia   08ww
  
 
ANEXO I.1.1 
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles € ) 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones  Remanentes 
Comunidades 
iniciales   netas  finales  reconocidas  de crédito 
Andalucía  33.066.099   1.859.466   34.925.565   33.105.748   1.819.817 
Aragón  5.416.449   236.576   5.653.025   5.583.352   69.673 
Canarias  6.955.611   636.847   7.592.458   7.287.790   304.668 
Cantabria  2.601.358   0   2.601.358   2.516.540   84.818 
Castilla-La Mancha  8.842.766   228.187   9.070.953   8.374.051   696.902 
Castilla y León  9.405.767   620.374   10.026.141   9.869.755   156.386 
Cataluña  34.029.707   1.874.223   35.903.930   34.812.591   1.091.339 
Extremadura  5.170.191   74.674   5.244.865   4.758.834   486.031 
Foral de Navarra  4.061.878   88.853   4.150.731   3.983.755   166.976 
Galicia  10.778.954   485.324   11.264.278   10.800.623   463.655 
Illes Balears  4.646.729   222.802   4.869.531   4.697.954   171.577 
La Rioja  1.452.575   79.803   1.532.378   1.389.576   142.802 
Madrid, Comunidad  19.941.861   1.201.081   21.142.942   20.524.171   618.771 
País Vasco  11.059.663   453.388   11.513.051   10.823.734   689.317 
Principado de Asturias  4.096.150   32.610   4.128.760   4.011.013   117.747 
Región de Murcia  4.962.502   338.420   5.300.922   4.992.871   308.051 
Valenciana, Comunitat  17.724.974   1.632.067   19.357.041   18.436.590   920.451 
Ciudad A. de Ceuta  266.616   39.645   306.261   253.198   53.063 
Ciudad A. de Melilla  259.582   45.503   305.085   249.616   55.469 
    TOTAL   184.739.432   10.149.843   194.889.275   186.471.762   8.417.513  es
 Fuente: elaboración propia   w.b
 
 
ANEXO I.1.2 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(miles € ) 
Núm. 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidas 
O.A. 
        
 Aragón   5   2.254.517   147.408   2.401.925   2.337.281 
 Canarias   10   3.019.600   411.415   3.431.015   3.319.344 
 Cantabria  (*)   4   6.377   0   6.377   4.798 
 Castilla-La Mancha   4   2.698.105   55.242   2.753.347   2.718.015 
 Castilla y León   3   4.512.816   579.656   5.092.472   5.019.173 
 Cataluña   21   678.556   200.431   878.987   600.738 
 Extremadura  (*)   3   1.530.139   62.548   1.592.687   1.586.951 
 Foral de Navarra  (*)   0   0   0   0   0 
 Galicia   9   3.865.622   427.586   4.293.208   4.227.630 
 Illes Balears  (*)   0   0   0   0   0 
 La Rioja (*)   0   0   0   0   0 
 Madrid,Comunidad     8   1.943.665   43.870   1.987.535   1.911.216 
 País Vasco   10   983.483   5.139   988.622   944.723 
 Principado de Asturias   10   1.972.747   22.820   1.995.567   1.940.519 
 Región de Murcia   5   386.487   64.509   450.996   350.744 
 Valenciana, Comunitat   7   664.806   193.482   858.288   515.486 
 Ciudad A. de Ceuta   5   16.124   1.110   17.234   12.499 
 Ciudad A. de Melilla   2   3.150   36   3.186   2.752 
 Total   106   24.536.194   2.215.252   26.751.446   25.491.869  e.e
 Fuente: elaboración propia   w.
(*) Estas Comunidades llevan integrados en la Administración General, Organismos Autónomos sujetos a derecho  08ww
 administrativo, con presupuesto limitativo.
 
ANEXO I.1.3 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS  
ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm. 
Créditos  Modificaciones  Créditos  Obligaciones 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidas 
Entes  
 Andalucía  
14   9.704.393   491.627   10.196.020   9.670.728 
 Aragón  
7   109.556   19.681   129.237   115.331 
 Canarias  
4   86.990   1.265   88.255   80.806 
 Cantabria  
1   9.522   0   9.522   7.728 
 Castilla-La Mancha  
1   3.790   0   3.790   2.974 
 Castilla y León  
4   378.105   (3.713)   374.392   348.238 
 Cataluña  
44   15.842.763   1.555.942   17.398.705   16.467.836 
 Extremadura  (*)  
2   16.321   331   16.652   13.375 
 Foral de Navarra  
1   446   0   446   296 
 Galicia  
21   864.479   202   864.681   688.920 
 Illes Balears  
2   1.475.302   73.375   1.548.677   1.529.118 
 La Rioja  
2   40.922   49.146   90.068   27.884 
 Madrid,Comunidad  
1   7.451.958   618.491   8.070.449   8.034.759 
 Principado de Asturias  
2   14.074   41   14.115   13.323 
 Ciudad A. de Ceuta  
N/D  N/D  N/D  N/D           'N/D 
 Ciudad A. de Melilla  
1   840   10   850   713 
 Total   107   35.999.461   2.806.398   38.805.859   37.002.029 
Fuente: elaboración propia  
(*)Esta Comunidad lleva integrado en la Administración General, Entes Públicos sujetos a derecho administrativo, 
con presupuesto limitativo. 
  es
 
 
 
ANEXO I.1.4 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS 
CONSORCIOS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm. 
de  Créditos  Modificaciones  Obligaciones 
Comunidades  Créditos finales 
Entes  iniciales  netas  reconocidas 
P. 
        
 Andalucía   11   135.071   16.258   151.329   134.778 
 Aragón   3   9.595   72   9.667   6.729 
 Canarias   N/D  N/D  N/D  N/D  N/D 
 Cantabria   1   2   2   4   4 
 Castilla y León   2   665   (107)   558   427 
 Cataluña   58   3.641.837   360.261   4.002.098   3.730.123 
 Extremadura   4   2.278   49   2.327   2.288 
 Galicia   8   84.936   1.173   86.109   77.021 
 La Rioja   2   31.274   5.207   36.481   28.491 
 País Vasco   1   53.550   1.575   55.125   53.637 
 Principado de Asturias   3   39.812   20.836   60.648   38.670 
 Región de Murcia   9   38.569   7.833   46.402   38.591 
 Valenciana,Comunitat   5   357.184   38.513   395.697   386.166 
 Ciudad A. de Ceuta   1   1.179   48   1.227   1.102 
 Ciudad A. de Melilla   1   1.569   0   1.569   1.375 
 Total   109   4.397.521   451.720   4.849.241   4.499.402 
 Fuente: elaboración propia  
ANEXO I.1.5 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. 
Créditos  Modificaciones  Obligaciones 
Comunidades  de  Créditos finales 
iniciales  netas  reconocidas 
Univ. 
              
 Andalucía   10   1.732.860   558.816   2.291.676   1.711.438 
 Aragón   1   267.162   30.691   297.853   256.017 
 Canarias   2   279.414   58.042   337.456   292.389 
 Cantabria   1   107.553   26.790   134.343   105.660 
 Castilla-La Mancha   1   219.992   8.509   228.501   207.580 
 Castilla y León   4   559.381   44.568   603.949   517.291 
 Cataluña   7   1.362.729   626.824   1.989.553   1.452.809 
 Extremadura   1   140.038   31.819   171.857   140.072 
 Foral de Navarra   1   70.447   16.940   87.387   78.201 
 Galicia   3   509.883   97.403   607.286   532.730 
 Illes Balears   1   93.520   23.446   116.966   93.324 
 La Rioja   1   42.518   3.707   46.225   43.114 
 Madrid, Comunidad   6   1.575.941   293.814   1.869.755   1.543.370 
 País Vasco   1   405.200   101.267   506.467   423.776 
 Principado de Asturias   1   200.265   3.748   204.013   181.692  e
 Región de Murcia   2   267.032   72.593   339.625   275.096  o
 Valenciana,Comunitat   5   1.143.652   344.149   1.487.801   1.182.710  w.
  Fuente:  eTloabtaolr a ción propia  48     8.977.587   2.343.126   11.320.713   9.037.269  2021-2808n https://ww
 
ANEXO I.2 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones 
Comunidades  de  Derechos reconocidos 
iniciales  netas  finales 
Entes 
Andalucía   36  
44.638.423   2.925.525   47.563.948   45.286.184 
Aragón   17  
8.057.279   434.428   8.491.707   8.409.655 
Canarias   17   10.341.615   1.107.569   11.449.184   11.201.951 
Cantabria   12   2.724.812   26.790   2.751.602   2.708.672 
Castilla-La Mancha   7   11.764.653   290.294   12.054.947   11.360.361 
Castilla y León   14   14.856.734   1.240.790   16.097.524   15.640.653 
Cataluña   131   55.555.644   3.219.501   58.775.145   58.963.252 
Extremadura   18   6.858.967   169.421   7.028.388   6.667.613 
Foral de Navarra   11   4.132.771   105.793   4.238.564   4.605.593 
Galicia   41   16.105.201   393.800   16.499.001   16.461.251 
Illes Balears   8   6.215.551   319.623   6.535.174   6.606.468 
La Rioja   8   1.567.289   137.863   1.705.152   1.527.704 
Madrid, Comunidad   16   30.913.425   2.157.256   33.070.681   33.397.325 
País Vasco   13   12.501.896   561.369   13.063.265   12.718.894 
Principado de Asturias   17   6.323.048   80.055   6.403.103   6.250.801 
Región de Murcia   17   5.654.590   483.420   6.138.010   5.910.803 
Valenciana,Comunitat   18   19.890.616   2.205.423   22.096.039   21.032.019 
Ciudad A. de Ceuta   7   283.919   40.803   324.722   282.978 
Ciudad A. de Melilla   5   265.141   45.549   310.690   260.016 
 Total   413  258.651.574  15.945.272  274.596.846  269.292.193 
 Fuente: elaboración propia   es
  oe.
    OE-A-2021-2808able en https://ww
 
 
ANEXO I.2.1 
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles € ) 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Comunidades 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
     
Andalucía  33.066.099   1.859.466   34.925.565   33.791.318 
Aragón  5.416.449   236.576   5.653.025   5.595.693 
Canarias  6.955.611   636.847   7.592.458   7.421.703 
Cantabria  2.601.358   0   2.601.358   2.586.658 
Castilla-La Mancha  8.842.766   228.187   9.070.953   8.433.914 
Castilla y León  9.405.767   620.374   10.026.141   9.662.837 
Cataluña  34.029.707   482.397   34.512.104   36.137.626 
Extremadura  5.170.191   74.674   5.244.865   4.927.010 
Foral de Navarra  4.061.878   88.853   4.150.731   4.528.233 
Galicia  10.778.954   282.984   11.061.938   10.886.022 
Illes Balears  4.646.729   222.802   4.869.531   4.962.561 
La Rioja  1.452.575   79.803   1.532.378   1.427.188 
Madrid,Comunidad  19.941.861   1.201.081   21.142.942   21.331.444 
País Vasco  11.059.663   453.388   11.513.051   11.264.464 
Principado de Asturias  4.096.150   32.610   4.128.760   4.031.346 
Región de Murcia  4.962.502   338.420   5.300.922   5.246.512 
Valenciana,Comunitat  17.724.974   1.632.067   19.357.041   18.730.899 
Ciudad A. de Ceuta  266.616   39.645   306.261   268.489 
Ciudad A. de Melilla  259.582   45.503   305.085   254.427 
     
TOTAL  184.739.432   8.555.677   193.295.109   191.488.344  e.e
  Fuente: elaboración propia   2021-2808n https://www.
 
ANEXO I.2.2 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(miles € ) 
Núm. 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
O.A. 
 Aragón   5   2.254.517   147.408   2.401.925   2.414.010 
 Canarias   10   3.019.600   411.415   3.431.015   3.395.623 
 Cantabria  (*)   4   6.377   0   6.377   5.280 
 Castilla-La Mancha   4   2.698.105   53.598   2.751.703   2.740.043 
 Castilla y León   3   4.512.816   579.656   5.092.472   5.071.737 
 Cataluña   21   678.556   198.276   876.832   777.001 
 Extremadura  (*)   3   1.530.139   62.548   1.592.687   1.580.697 
 Foral de Navarra  (*)   0   0   0   0   0 
 Galicia   9   3.865.622   9.557   3.875.179   4.240.129 
 Illes Balears  (*)   0   0   0   0   0 
 La Rioja (*)   0   0   0   0   0 
 Madrid,Comunidad     8   1.943.665   43.870   1.987.535   2.393.809 
 País Vasco   10   983.483   5.139   988.622   979.693 
 Principado de Asturias   10   1.972.747   22.820   1.995.567   1.977.685 
 Región de Murcia   5   386.487   64.509   450.996   370.544 
 Valenciana, Comunitat     7   664.806   190.694   855.500   646.898 
 Ciudad A. de Ceuta   5   16.124   1.110   17.234   13.333 
 Ciudad A. de Melilla   2   3.150   36   3.186   3.166 
 Total   106   24.536.194   1.790.636   26.326.830   26.609.648  o
 Fuente: elaboración propia   08ww
(d*e) r eEcshtaos   aCdomminuinsitdraatdiveos,  lcleovna pnr einstuepguraedsotos  leimn itlaa tAivdom. inistración General,  Organismos Autónomos sujetos a 

  
 
 
ANEXO I.2.3 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm. 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
Entes 
           
 Andalucía   14   9.704.393   491.627   10.196.020   9.640.826 
 Aragón   7   109.556   19.681   129.237   133.773 
 Canarias   4   86.990   1.265   88.255   86.764 
 Cantabria   1   9.522   0   9.522   9.021 
 Castilla-La Mancha   1   3.790   0   3.790   3.123 
 Castilla y León   4   378.105   (3.713)   374.392   373.778 
 Cataluña   44   15.842.815   1.549.893   17.392.708   16.780.060 
 Extremadura  (*)   2   16.321   331   16.652   13.022 
 Foral de Navarra   1   446   0   446   372 
 Galicia   20   863.660   2.607   866.267   723.951 
 Illes Balears   2   1.475.302   73.375   1.548.677   1.549.116 
 La Rioja   2   40.922   49.146   90.068   24.443 
 Madrid,Comunidad   1   7.451.958   618.491   8.070.449   8.068.170 
 Principado de Asturias   2   14.074   41   14.115   14.913 
 Ciudad A. de Ceuta   N/D                     N/D                     N/D                     N/D                     N/D 
 Ciudad A. de Melilla   1   840   10   850   840 
        
 Total   106   35.998.694   2.802.754   38.801.448   37.422.172 
 Fuente: elaboración propia  
(*)  Esta Comunidad lleva integrado en la Administración General,  Entes Públicos sujetos a derecho  
administrativo, con presupuesto limitativo.  s
  e.
 
ANEXO I.2.4 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
CONSORCIOS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm. 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
Entes  
 Andalucía   11   135.071   15.616   150.687   134.105 
 Aragón   3   9.595   72   9.667   5.868 
 Canarias   N/D                   'N/D                   'N/D                   'N/D                   'N/D 
 Cantabria   1   2   0   2   4 
 Castilla y León   2   665   (95)   570   559 
 Cataluña   58   3.641.837   360.137   4.001.974   3.788.444 
 Extremadura   4   2.278   49   2.327   2.304 
 Galicia   8   87.082   1.249   88.331   77.264 
 La Rioja   2   31.274   5.207   36.481   33.721 
 País Vasco   1   53.550   1.575   55.125   53.954 
 Principado de Asturias   3   39.812   20.836   60.648   41.631 
 Región de Murcia   9   38.569   7.898   46.467   32.073 
 Valenciana, Comunitat   5   357.184   38.513   395.697   390.935 
 Ciudad A. de Ceuta   1   1.179   48   1.227   1.156 
 Ciudad A. de Melilla   1   1.569   0   1.569   1.583 
 Total   109   4.399.667   451.105   4.850.772   4.563.601 
N/D: no disponible 
Fuente: elaboración propia 
ANEXO I.2.5 
LIQUIDACIÓN AGREGADA DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. 
Previsiones  Modificaciones  Previsiones  Derechos 
Comunidades  de 
iniciales  netas  finales  reconocidos 
Univ. 
 Andalucía   10   1.732.860   558.816   2.291.676   1.719.935 
 Aragón   1   267.162   30.691   297.853   260.311 
 Canarias   2   279.414   58.042   337.456   297.861 
 Cantabria   1   107.553   26.790   134.343   107.709 
 Castilla-La Mancha   1   219.992   8.509   228.501   183.281 
 Castilla y León   4   559.381   44.568   603.949   531.742 
 Cataluña   7   1.362.729   628.798   1.991.527   1.480.121 
 Extremadura   1   140.038   31.819   171.857   144.580 
 Foral de Navarra   1   70.447   16.940   87.387   76.988 
 Galicia   3   509.883   97.403   607.286   533.885 
 Illes Balears   1   93.520   23.446   116.966   94.791 
 La Rioja   1   42.518   3.707   46.225   42.352 
 Madrid,Comunidad   6   1.575.941   293.814   1.869.755   1.603.902 
 País Vasco   1   405.200   101.267   506.467   420.783 
 Principado de Asturias   1   200.265   3.748   204.013   185.226  e.e
 Región de Murcia   2   267.032   72.593   339.625   261.674  b
 Valenciana, Comunitat   5   1.143.652   344.149   1.487.801   1.263.287  08ww
Fuente: ela bToortaacli ó n propia   48   8.977.587   2.345.100   11.322.687   9.208.428
 
3  s  6 6 7 0 7 4 3  4 3 4 2 3 1 8 0 0 7 5 3  3 
1. ne 465784 183722 678532808008386142066450 84
ANEXO    Total   odificacio 1.859.236.636. 228.620.1.874. 74.88.485.222.79.1.201.453.32.338.1.632.39.45. 10.149.
m
s  as  0  217  035  846  0  547  0   474  0  247  0  581  221  0  0  0  246  204  0   618  
  cacione Negativ 98.32.17. 49. 10. 366. 294. 114.23. 1.006.
  Otras modifi ositivas  0  0  0  0  0  0  0   0  0  82.364  (6.368)  0  944.437  453.388  0  300.420  0  0  0   1.774.241  
P
s  2  5  0  0  8  3  4   2  0  7  2  0  3  0  7  0  8  2  3   6  
OS  oracioneanentes  crédito  274.721.96 148.53314.7578.08 31 214.8724.12 906.82 1.4519.93526.1934.8824.25 2.570.91
RI orpem de 
A cr
T In
RESUPUESNERALES  Créditos generados  por ingresos  1.197.268  42.032  180.617  0  57.602  354.625  814.877   75.190  28.824  231.911  198.680  79.803  293.539  0  31.153  17.106  1.105.869  3.026  4.825   4.716.947  
ONES DE CRÉDITOS PMINISTRACIONES GE(miles € )      ransferencias de crédito  Positivas Negativas  575.943  575.933  85.755  85.755  20.613  20.613  97.060  97.020  336.475  336.475  88.815  88.815  743.171  743.171   135.504  135.504  N/D N/D 568.805  568.805  140.718  140.718  69.073  69.073  605.454  1.254.951  147.783  147.783  108.516  108.516  70.665  70.665  118.739  118.739  6.755  6.755  2.712  2.712   3.922.556  4.572.003  
ACIAD s T 6  6  3  6  7  3  2   6  9  9  8  1  0  0  0  9  6  0  0   1  
ODIFIC pliacionede  crédito  387.46244.7940.0517.8022.0454981.26 9.6435.02322.416.3658 94114.24 2.183.21
M m
A
0  0  2  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  1  5   3  
s y  de  6.008.21 5.00 1 4.946.42 0.59
Créditos raordinario plementos crédito  444 2 21 56
ext su
a  
pi s
    Comunidades     Andalucía Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León  Cataluña Extremadura  Foral de Navarra Galicia Illes Balears La Rioja Madrid,Comunidad País Vasco Principado de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat  Ciudad A. de Ceuta Ciudad A. de Melilla  TOTAL   Fuente: elaboración pro e
NEXO I.4.1  TOTAL BLIGACIONES ECONOCIDAS  33.105.748   5.583.352   7.287.790   2.516.540   8.374.051   9.869.755   34.812.591   4.758.834   3.983.755   10.800.623   4.697.954   1.389.576   20.524.171   10.823.734   4.011.013   4.992.871   18.436.590   253.198   249.616   186.471.762 
A OR
TOTAL OPS. FINANCS  3.988.783   568.724   669.758   355.823   1.547.399   837.912   5.976.057   244.807   352.859   1.835.762   820.586   224.766   2.070.814   758.968   396.779   722.653   4.069.519   27.918   27.101   25.496.988  
CAP-9 Pasivos financer.  3.969.225   519.536   649.085   326.189   1.545.705   811.963   5.206.807   242.553   293.930   1.737.989   804.894   208.539   1.827.706   654.023   359.610   722.036   3.449.830   27.339   26.802   23.383.761 
CAP-8 Activos financier.  19.558   49.188   20.673   29.634   1.694   25.949   769.250   2.254   58.929   97.773   15.692   16.227   243.108   104.945   37.169   617   619.689   579   299   2.113.227 
TOTAL OPS. NO FINANCS.  29.116.965   5.014.628   6.618.032   2.160.717   6.826.652   9.031.843   28.836.534   4.514.027   3.630.896   8.964.861   3.877.368   1.164.810   18.453.357   10.064.766   3.614.234   4.270.218   14.367.071   225.280   222.515   60.974.774 
1
CIDAS RALES  Total ops. capital  2.294.907   351.762   771.336   195.225   317.626   998.374   1.059.878   260.519   226.272   1.300.328   581.554   112.014   979.800   899.681   273.165   494.763   792.663   24.326   13.366   11.947.559   
CIONES RECONOTRACIONES GENE(miles € )  CAP-7 CAP-6 Transf. Invers. de reales capital  491.744  1.803.163   101.116  250.646   251.870  519.466   115.517  79.708   79.597  238.029   254.104  744.270   378.887  680.991   118.401  142.118   119.149  107.123   245.257  1.055.071   115.569  465.985   34.221  77.793   249.159  730.641   202.006  697.675   98.646  174.519   76.155  418.608   360.355  432.308   15.895  8.431   9.624  3.742   3.317.272 8.630.287 
AS
OBLIGADMINI Total ops. corrientes  26.822.058   4.662.866   5.846.696   1.965.492   6.509.026   8.033.469   27.776.656   4.253.508   3.404.624   7.664.533   3.295.814   1.052.796   17.473.557   9.165.085   3.341.069   3.775.455   13.574.408   200.954   209.149   149.027.215 
CAP-4 Transfs. corrientes  19.901.393   3.363.301   4.196.292   622.434   4.248.823   5.962.085   19.519.681   2.871.195   1.488.898   5.007.732   2.410.569   343.419   12.676.023   3.509.835   2.400.089   2.534.390   4.336.952   56.469   45.604   95.495.184   
CAP-3 Gastos financier.  424.036   169.862   88.366   47.049   217.848   232.166   792.122   67.202   90.871   218.870   105.403   16.052   716.930   185.398   41.985   101.970   467.019   2.226   2.084   3.987.459 
CAP-2 Gastos ctes. en bienes y servicios  812.078   191.520   262.632   408.944   413.422   210.808   2.049.756   223.356   587.273   492.616   90.058   240.756   1.194.590   3.448.881   187.470   145.929   3.415.888   60.259   92.486   14.528.722  
  CAP-1 Gastos Comunidades  de personal  5.684.551  Andalucía 938.183  Aragón 1.299.406  Canarias 887.065  Cantabria 1.628.933  C.-La Mancha 1.628.410  Castilla y León 5.415.097  Cataluña 1.091.755  Extremadura 1.237.582  Foral de Navarra 1.945.315  Galicia 689.784  Illes Balears 452.569  La Rioja 2.886.014  Madrid, Comun. 2.020.971  País Vasco 711.525  P. de Asturias 993.166  Región de Murcia 5.354.549  Valenciana, Co. 82.000  Cd. A. de Ceuta 68.975  Cd. A. de Melilla  TOTAL 35.015.850   Fuente: elaboración propia     
EXO I.4.2  OTALES  33.791.318  5.595.693   7.421.703   2.586.658   8.433.914   9.662.837   36.137.626   4.927.010   4.528.233   10.886.022   4.962.561   1.427.188   21.331.444   11.264.464   4.031.346   5.246.512   18.730.899   268.489   254.427   191.488.344 
N T
A OTAL PS. NANCS.  5.199.583  989.196   776.708   499.790   1.867.195   1.529.071   8.609.709   560.750   546.455   2.232.127   1.346.735   293.792   4.438.660   998.834   559.269   1.256.641   5.761.649   25.619   12.437   7.504.220 
TOFI 3
CAP-9 Pasivos financs.  4.955.157  985.229   765.260   499.746   1.865.304   1.526.824   8.411.548   559.047   498.008   2.207.732   1.327.142   293.171   4.419.367   975.047   550.377   1.254.337   5.719.605   25.000   12.090   36.849.991 
CAP-8 Activos financs  244.426  3.967   11.448   44   1.891   2.247   198.161   1.703   48.447   24.395   19.593   621   19.293   23.787   8.892   2.304   42.044   619   347   654.229 
OTAL PS. NO NANCS.  28.591.735  4.606.497   6.644.995   2.086.868   6.566.719   8.133.766   27.527.917   4.366.260   3.981.778   8.653.895   3.615.826   1.133.396   16.892.784   10.265.630   3.472.077   3.989.871   12.969.250   242.870   241.990   53.984.124 
TOFI 1
ES  Total ops. de capital  874.376  131.805   237.520   21.987   149.261   220.619   157.375   150.456   10.634   469.822   21.078   18.280   (9.637)   137.182   131.358   80.806   91.318   7.080   4.692   2.906.012 
OCIDOS ENERAL CAP-7 Transfs. de capital  873.589  131.578   237.520   20.824   143.036   196.985   148.378   147.848   10.351   469.146   (2.280)   18.280   (56.917)   137.005   130.819   78.502   90.239   3.035   3.102   2.781.040 
S RECONCIONES Gmiles € )  CAP-6 Enajen invers. reales  59  787  92  227   75  0   81  1.163   58  6.225   47  23.634   42  8.997   04  2.608   44  283   73  676   48  23.358   16  0   21  47.280   48  177   19  539   65  2.304   32  1.079   90  4.045   98  1.590   2 124.972 
ERECHONISTRA( Total ops. corrientes  27.717.34.474.6 6.407.4 2.064.8 6.417.4 7.913.1 27.370.5 4.215.8 3.971.1 8.184.0 3.594.7 1.115.1 16.902.4 10.128.4 3.340.7 3.909.0 12.877.9 235.7 237.2 151.078.11
DADMI CAP-5 Ingres. patrimo.  27.038  11.475   3.554   6.786   20.174   10.789   56.159   11.905   10.372   6.572   4.091   1.015   143.344   2.152   10.056   6.452   5.255   327   911   338.427 
CAP-4 Transfs. ctes.  11.670.884  978.964   3.227.615   541.131   2.423.607   2.456.387   5.094.037   2.162.150   178.368   2.407.922   (87.338)   343.671   (4.023.573)   9.944.282   832.857   921.624   1.047.334   92.912   129.712   40.342.546 
CAP-3 Tasas, precios públicos y otros ingresos  571.907  48.897   95.594   73.812   177.339   137.498   642.022   106.895   124.000   90.036   84.190   23.734   444.376   178.022   85.361   98.533   770.470   9.037   16.940   3.778.663 
CAP-2 Imptos. indirec.  9.858.268  1.881.066   1.685.897   871.012   2.543.314   3.214.209   11.425.772   1.180.244   1.932.392   3.304.411   2.315.385   419.632   9.880.690   3.992   1.294.600   1.821.404   6.636.281   121.126   77.515   60.467.210 
  CAP-1 Imptos. Comunidades directos y cotizacs. sociales  5.589.262  Andalucía 1.554.290  Aragón 1.394.815  Canarias 572.140  Cantabria 1.253.024  C.-La Mancha 2.094.264  Castilla y León 10.152.552  Cataluña 754.610  Extremadura 1.726.012  Foral Navarra 2.375.132  Galicia 1.278.420  Illes Balears 327.064  La Rioja 10.457.584  Madrid,Comun. 0  País Vasco 1.117.845  P. de Asturias 1.061.052  Reg. de Murcia 4.418.592  Valenciana,Cot 12.388  Cd. A. de Ceuta 12.220  Cd. A. de Melilla  TOTAL 46.151.266  Fuente: elaboración propia   BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21687
 
ANEXO I.5 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. de  Resultado  Variación neta de 
Comunidades  Saldo presupuestario 
Entes  presupuestario  pasivos financieros 
        
 Andalucía   36   (319.438)   982.930   663.492 
 Aragón   17   (350.275)   461.220   110.945 
 Canarias   17   106.453   114.072   220.525 
 Cantabria   12   (101.656)   175.562   73.906 
 Castilla-La Mancha   7   (241.910)   323.419   81.509 
 Castilla y León   14   (721.223)   606.992   (114.231) 
 Cataluña   131   (796.745)   2.637.579   1.840.834 
 Extremadura   18   (149.881)   315.974   166.093 
 Foral de Navarra   11   338.306   205.037   543.343 
 Galicia   41   (307.493)   442.762   135.269 
 Illes Balears   8   (233.381)   519.453   286.072 
 La Rioja   8   (41.402)   80.041   38.639 
 Madrid, Comunidad   16   (1.213.777)   2.574.281   1.360.504 
 País Vasco   13   154.624   318.400   473.024 
 Principado de Asturias   17   (118.273)   183.289   65.016 
 Región de Murcia   17   (265.817)   524.922   259.105 
 Valenciana,Comunitat  18   (1.700.599)   2.211.472   510.873 
 Ciudad A. de Ceuta   7   18.582   (2.401)   16.181 
 Ciudad A. de Melilla   5   20.272   (14.712)   5.560 
        
    TOTAL   413   (5.923.633)   12.660.292   6.736.659 
 Fuente: elaboración propia   e
 
 
ANEXO I.5.1 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles € ) 
Operaciones con  Resultado  Variación neta  Saldo 
Operaciones no 
Comunidades  activos  presupuestario  pasivos  presupuestario 
financieras 
financieros  del ejercicio  financieros  del ejercicio 
     
Andalucía  (525.230)   224.868   (300.362)   985.932   685.570 
Aragón  (408.131)   (45.221)   (453.352)   465.693   12.341 
Canarias  26.324   (9.225)   17.099   116.175   133.274 
Cantabria  (73.884)   (29.590)   (103.474)   173.556   70.082 
Castilla-La Mancha  (259.933)   197   (259.736)   319.599   59.863 
Castilla y León  (898.077)   (23.702)   (921.779)   714.861   (206.918) 
Cataluña  (1.308.617)   (571.089)   (1.879.706)   3.204.741   1.325.035 
Extremadura  (147.767)   (551)   (148.318)   316.494   168.176 
Foral de Navarra  350.882   (10.482)   340.400   204.078   544.478 
Galicia  (310.966)   (73.378)   (384.344)   469.743   85.399 
Illes Balears  (261.542)   3.901   (257.641)   522.248   264.607 
La Rioja  (31.414)   (15.606)   (47.020)   84.632   37.612 
Madrid, Comunidad  (1.560.573)   (223.815)   (1.784.388)   2.591.661   807.273 
País Vasco  200.864   (81.158)   119.706   321.024   440.730 
Principado de 
Asturias  (142.727)   (28.276)   (171.003)   190.767   19.764 
Región de Murcia  (280.347)   1.687   (278.660)   532.301   253.641 
 Valenciana, 
Comunitat   (1.397.821)   (577.645)   (1.975.466)   2.269.775   294.309 
Ciudad A. de Ceuta  17.590   40   17.630   (2.339)   15.291 
Ciudad A. de Melilla  19.475   48   19.523   (14.712)   4.811 
      e
TOTAL  (6.991.894)   (1.458.997)   (8.450.891)   13.466.229   5.015.338  08www.
  Fuente: elaboración propia 
 
ANEXO I.5.2 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(miles € ) 
Núm. de  Resultado  Variación neta de 
Comunidades  Saldo presupuestario 
O.A.  presupuestario  pasivos financieros 
 Aragón   5   76.729      0      76.729     
 Canarias   10   78.821      0      78.821     
 Cantabria  (*)   4   483      0      483     
 Castilla-La Mancha   4   22.028      0      22.028     
 Castilla y León   3   52.564      0      52.564     
 Cataluña   21   176.263      0      176.263     
 Extremadura  (*)   3    (6.254)     0       (6.254)    
 Foral de Navarra (*)  0   0      0      0     
 Galicia   9   12.499      0      12.499     
 Illes Balears (*)  0   0      0      0     
 La Rioja (*)  0   0      0      0     
 Madrid, Comunidad     8   459.288      0      459.288     
 País Vasco   10   34.970      0      34.970     
 Principado de Asturias   10   44.266       (7.100)     37.166     
 Región de Murcia   5   20.163       (10)     20.153     
 Valenciana, Comunitat     7   131.220      0      131.220     
 Ciudad A. de Ceuta   5   897       (62)     835     
 Ciudad A. de Melilla   2   414      0      414     
TOTAL   106   1.104.351    (7.172)   1.097.179     
 Fuente: elaboración propia  
(*) Estas Comunidades llevan integrados en la Administración General, Organismos Autónomos sujetos a 
 derecho administrativo, con presupuesto limitativo. 
ANEXO I.5.3 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm. de  Resultado  Variación neta de 
Comunidades  Saldo presupuestario 
Entes  presupuestario  pasivos financieros 
 Andalucía   14   (29.746)      (156)      (29.902)     
 Aragón   7   19.770      (1.328)      18.442     
 Canarias   4   5.958      0      5.958     
 Cantabria   1   1.292      0      1.292     
 Castilla-La Mancha   1   149      0      149     
 Castilla y León   4   127.321      (101.781)      25.540     
 Cataluña   44   876.265      (564.041)      312.224     
 Extremadura     2   (412)      59      (353)     
 Foral de Navarra   1   77      0      77     
 Galicia   20   49.293      (13.405)      35.888     
 Illes Balears   2   22.309      (2.311)      19.998      s
 La Rioja   2   217      (3.658)      (3.441)      e.
 Madrid, Comunidad   1   33.411      0      33.411      w.b
 Principado de Asturias   2   1.590      0      1.590      08ww
  CCiiuuddaadd  AA..  ddee  CMeeulitllaa     N/D1    N12/D7       N/D0       N12/D7     
Fuente: elaboraTcOiónT AprLo p ia  106   1.107.621      (686.621)       421.000    
 
 
ANEXO I.5.4 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
CONSORCIOS (PGCP) 
(miles € ) 
Núm.  Resultado  Variación neta de 
Comunidades  Saldo presupuestario 
Entes  presupuestario  pasivos financieros 
 Andalucía   11   (673)      0      (673)       
 Aragón   3   (713)      (148)      (861)       
 Cantabria   N/D  N/D  N/D   N/D 
 Castilla y León   1   0      0      0       
 Cataluña   2   132      0      132       
 Extremadura   58   141.290      (82.970)       58.320       
 Galicia   4   16      0      16       
 Illes Balears   8   328      0      328       
 La Rioja   2   5.831      (601)      5.230       
 País Vasco   1   317      0      317       
 Principado de Asturias   3   2.962      0      2.962       
 Región de Murcia   9   4.929      (6.197)      (1.268)       
 Valenciana, Comunitat   5   (34.665)     39.433      4.768       
 Ciudad A. de Ceuta   1   55      0      55       
 Ciudad A. de Melilla  1   208      0      208       
    TOTAL   109   120.017      (50.483)       69.534       
 Fuente: elaboración propia  
ANEXO I.5.5 
RESULTADOS Y SALDOS PRESUPUESTARIOS AGREGADOS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles € ) 
Núm. 
Resultado  Variación neta de 
Comunidades  de  Saldo presupuestario 
presupuestario  pasivos financieros 
Univ. 
 Andalucía   10   11.343       (2.846)     8.497     
 Aragón   1   7.291       (2.997)     4.294     
 Canarias   2   4.575       (2.103)     2.472     
 Cantabria   1   43      2.006      2.049     
 Castilla-La Mancha   1    (4.351)     3.820       (531)    
 Castilla y León   4   20.539       (6.088)     14.451     
 Cataluña   7   30.433       (3.121)     27.312     
 Extremadura   1   5.087       (579)     4.508     
 Foral de Navarra   1    (2.171)     959       (1.212)    
 Galicia   3   14.731       (13.576)     1.155     
 Illes Balears   1   1.951       (484)     1.467     
 La Rioja   1    (430)      (332)      (762)    
 Madrid, Comunidad   6   77.912       (17.380)     60.532      es
 País Vasco   1    (369)      (2.624)      (2.993)     o
 Principado de Asturias   1   3.912       (378)     3.534      w.
  RVaelgeinócni adne a  M ,  CTuOorcmTiaAu  nLi t at   4825        (31137268.2..53451992)                ( 1( 49(471...671337162)))              (1198310.4..95227186)               2021-2808n https://ww
 Fuente: elaboración propia 
1  8  3  5  7  7  0  1  6  7  8  5  6  3    
1. L  16 63 90 81 98 63 48 29 48 06 63 16 27
I. A P  2. 5. 5. 8. 3. 1. 3. 6. 3. 9. 0. 4. 5.
O I OT A=   78 27 52 94 62 17 89 89 69 71 05 70 28
X T 6. 1. 4. 2. 6. 1. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 8.
1 1 4 1 2 3
E 1
N
A o 30   18   51   69   71   28   85   69   16   77   32   80   26  
z6 8 2 3 6 0 5 2 0 5 7 4 4
pla39. 12. 23. 86. 19. 04. 70. 00. 39. 01. 09. 57. 64.
o 3 9 5 0 5 5 0 8 5 3 9 0 5
s  ort2. 4. 3. 3. 23. 1. 1. 1. 2. 12. 57.
e c
or A 
d
Acree o plazo 701.507   432.453   863.811   845.084   261.243   936.382   617.153   982.831   641.516   786.968   014.354   121.280   204.582  
O  g7. 6. 2. 2. 1. 5. 4. 2. 0. 3. 8. 9. 6.
S I V  A lar 1 1 5 1 3 16
A  s 4   1   5   0   0   2   3   8   2   9   3   1   8  
P  ne16 64 75 58 28 49 9 17 06 62 29 16
o1. 3. 6. 8. 4. 6. 6. 9. 2. 9. 8.
   si5 2 4 3 2 4 1 6 2
S  ovi 2 4 2 1.1
A r
S C P
AGREGADOONES PÚBLIes € )  Fondos  propios  (3.310.133)    (293.279)   1.132.088    (12.982.636)   1.794.493    (38.703.062)    (1.820.750)   113.098   1.266.783    (378.546)    (6.886.074)    (26.543.885)   (86.611.903)  
ALANCES NISTRACI(mil    Circulante 943.260   5.370.848   318.263   568.287   3.095.637   5.294.428   633.614   964.815   1.852.492   675.490   1.944.306   2.459.556   24.120.996  
I
BM
AD C T I V O  Gastos a  distribuir 15.376   1.862   2.252   8.683   24.258   53.805   0   0   50.615   0   611   778   158.240  
A  o 32   23   90   47   92   97   67   81   80   78   18   32   37  
d5 9 3 8 0 3 8 4 3 5 7 8 0
za3. 2. 5. 1. 4. 3. 9. 1. 0. 3. 5. 3. 6.
   ovili5.82 5.90 4.20 2.37 3.50 5.82 3.25 2.93 1.79 4.04 2.10 2.24 4.00
m 1 3 1 2 1
1
n
I
e  s 13   17   12   6   13   28   18   11   35   14   17   18   02  
   Nº d Ente 2 pia  
   Comunidades    Aragón  Canarias  Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Cataluña  Extremadura  Foral de Navarra  Galicia  P. de Asturias  Región de Murcia  Valenciana,Comunitat  TOTAL   Fuente: elaboración pr BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.es
     
1  5 8 1 1 7 2 5 8 7 9 1 2    6    
- 403544337772 4
II.1.1 TAL =P      318.2334.0339.7059.3175.0590.0159.0754.5811.3750.7588.6995.0 875.8
O  OA 4.8.4.2.2.5.3.3.1.3.2.0. 2.
X T 13 1 2 1
1
E
N
A 0  3  3  9  7  5  8  7  5  4  8  8   7  
orto azo  49.8407.7688.3978.6181.1546.6406.9094.4717.2237.2230.9987.78 27.03
es A cpl 2.04.442.72.50.4871.21.02.11.3 0.1
r 2 1 5
ed 0  5  0  4  5  7  8  9  7  2  4  1   2  
e 944838179283 1
Acrgo o  5.67.87.45.07.78.08.09.53.05.30.21.3 9.5
rz 994422870577 0
aa 638887596698 0
O  A lpl 7.6.2.2.0.5.4.2.0.3.7.8. 5.
115 1 3 6
V  1
S I  s  9  4  9  0  0  3  1  0  8  0  0  1   5  
A  ne 564834 1043 63 71 28
S  P  o 1.1.4. 6.8. 0. 3.
E    si 46 71 3 3
L vi 1 3 6
S A o
r
OR P
ADNE 4)  4)  49  2)  5)  3)  2)  8)  3)  7)  1)  8)   8)  
ES AGREGCIONES GEmiles € )  Fondos  propios  (5.468.85(2.633.08999.5(13.564.35(1.233.84(40.960.79(2.254.32(19.51(9.58(941.76(7.512.61(29.294.80 (102.893.98
CA(           
LANSTR nte  091  707  545  544  776  489  412  197  445  375  466  544   591  
BANI    ula 85.51.74.08.33.08.09.48.90.40.42.74. 67.
MI c 202556491302 4
D Cir 4. 1.3. 1. 1.1. 15.
A
O a  r  6  0  7  3  0  3  0  0  5  0  1  0   5  
T I V stos  tribui 15.371.72688.68 36.70 50.61 61 14.39
C Ga dis 1
A  o  8  1  9  4  1  0  3  1  7  4  4  8   0  
d 789275241097 6
a 754128633454 8
z 7.0.4.2.1.4.9.6.0.0.5.0. 3.
   vili 012806546494748057415472 29
mo 4.4.4.1.10.31.2.2.10.3.1.19. 97. a  
n pi
I o
  Comunidades       Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Foral de Navarra Galicia P. de Asturias Región de Murcia Valenciana,Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración pr OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
 
2    
EXO II.1.1- TOTAL  A=P      2.192.226      2.314.357     8.517     888.251     2.183.436     960.223     492.459     0     753.655     630.009     937.673     613.512        11.974.318     
N
A
6   1  0  8  4  9  0  0  2  7  2  3   2  
es A corto plazo  268.58 428.8455307.53695.69553.89244.16 131.01195.32694.99116.84 3.637.44 recho 
r e
o d
V O  AcreedA largo plazo  2   8.147  0  0  0  6.887  0  0  8.272  124.450  1.690  84   149.532   os sujetos a 
A S I  es  41   15  0  0  0  28  0  0  12  0  65  26   87   nom
S OS  P     vision 5.9 23.9 7.5 3.3 73 41.7 s Autó
OM o o
DO Pr m
AGREGAS AUTÓNes € )  Fondos  propios  1.917.697   1.853.454  7.967  580.713  1.487.742  391.909  248.299  0  611.059  310.232  240.226  496.259   8.145.557   al,  Organis
S Omil er
ANCENISM(       nte    961   491  634  543  352  307  924  0  345  283  320  560   720     n Gen
ALGA    cula 564. 111.3.58.782.790.184. 411.258.771.457. 394. ació
BOR Cir 1. 5. nistr
C T I V O  Gastos a  distribuir  0   126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   126   n la Admi
A  o  5   0  3  8  4  6  5  0  0  6  3  2   2   s e
d 6 480813 1255 7 o
   moviliza 1.627.2 1.202.74.8829.71.401.0169.9307.5 342.3371.7166.3155.9 6.579.4 ntegradmitativo. 
   Nº  O.A. In   5   10  4  4  3  19  3  0  8  10  5  7     78   propia   es llevan isupuesto li
   Comunidades       Aragón Canarias Cantabria  (*) Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura  (*) Foral de Navarra  (*) Galicia Principado de Asturias Región de Murcia Valenciana,Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración  (*)  Estas Comunidad administrativo,  con pre OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
     
 
3
1.1- 7     6     7     5     2      3     5     0     8     0        3     
O II. AL  P  1.695.370.981.215.96 5.666.9590.968.80 7.71
EX TOT A=      27111 1.19 2.751 1.024 5.43
N
A
4  4  4  2  3   3  2  0  0  8   0  
orto azo  21.2035.82862140.98 89.3392179.4636.37 05.19
es A cpl 1 1.8 1 2.3
r
P)  eed 5  0  0  0  8   5  8  0  7  0   3  
S (PGC V O  AcrA largo plazo  5.81 385.40 33.4511 30.14 454.94
LICA A S I  es  54  44  0  0  68   71  0  0  22  0   59  
S PÚB P     vision 3.632.1 19.7 3.6 242.2 301.4
DOES  Pro
AGREGAENTIDADes € )  Fondos  propios  241.024  47.408  10.123  1.003  649.803   829.204  15.915  80  569.139  12.422   2.376.121  
S S mil
ANCEOTRA(       nte    208  123  631  200  026   075  769  87  812  951   882    
ALY     ula 93.01.8.1.59. 51.6. 27.44. 93.
BOS  Circ 1 5 4 2 1.4
ES PÚBLIC A C T I V O  Gastos a  o distribuir  9  0  3  0  6  0  5  0  8  24.258   2  16.986  6  0  3  0  6  0  9  0   7  41.244  
T d 85517 08 54 8
N za 8.44.22.3 2.6 7.60.1 3.13.8 2.5
E    vili 171 61 281 79 90
o 2. 3.
m
n
I
   Nº de  Entes     7  4  1  1  4   1  2  1  21  2     44      ropia  
p
n 
ó s
   Comunidades        Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León  Cataluña Extremadura Foral de Navarra Galicia P. de Asturias    TOTAL   Fuente: elaboraci BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.e
     
4    
1.1- 8     2     7     7     D  9     1        4     
XO II. TAL  =P      4951.90107.48N/ 62.60183.07 355.62
E O A
N T
A
0  1  4  9  D 4  1     9  
es  A corto plazo     12311.31N/10.55199.16 221.27
r
d
ee 0  0  0  0  D 7  7   4  
V O  Acr A largo plazo  N/1.6221.60 23.23
P A S I  nes  0  0  0  0  N/D 0  533   533  
OS )     ovisi
DP r
C P
A
AGREGIOS (PGes € )  Fondos  propios  498  41  1.673  96.168  N/D 50.428  (38.230)   110.578  
S RCmil
NCESO(       e    6  3  4  0  D 5  6   4    
AN nt 25889N/4701 99
ALCO    cula 22. 19.69. 111.
B Cir
V O  os a  buir  0  0  0  0  N/D 0  0   0  
T I  ast stri
C  G di
A  o  2  9  3  7  D 4  5     0  
ad 4923259N/1305 63
z 1.4. 3.4. 3.
   vili    8 411 24
m
n
I
   úm.  ons-ntes    1  1  4  5  N/D 9  5     25   pia  
N CE o
r
p
   Comunidades       Cantabria Castilla y León Extremadura Galicia P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración  OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
     
5    
-
1.1 92  72  90  02  25  68  80  82  61     72  
EXO II. TOTAL  A=P      511.8166.11.069.41.865.7223.1141.6289.4461.62.912.5 7.641.7
N
A
0  4  6  1  1  2  8  8  8     8  
es A corto plazo   40.3933.44101.82614.1518.365.7832.6473.18353.68 1.273.47
r
d
ee 1  1  0  3  7  2  6  3  8   1  
V O  AcrA largo plazo  26.4616.3748.10167.9529.013.257.1940.75228.25 567.36
A S I  es  98  06  12  80  62  98  69  58  21   04  
P  n 04890 087 1
S AS     visio 6.2.28.46.8. 9.11.37. 151.
OC o
r
DI P
L
AGREGADES PÚBes € )  Fondos  propios  438.943  113.951  890.752  1.036.618  167.685  132.536  240.567  335.883  2.292.894   5.649.829  
ES DAmil            
CSI( e  7  7  0  7  5  1  1  5  6   9  
NR nt 524446559253880443 80
ALAVE    cula 106.31.220.444.31.16.31.111.658. 652.
BNI Cir 1.
U
T I V O  astos a  stribuir  16  1.565  0  116  0  0  0  0  778   2.475  
C  G di
A  o  9  0  0  9  0  7  9  7  7   8  
d 463203934 8
a 310021563 4
z 5.3.9.1.1.5.7.0.3. 6.
   vili 401384421912253525 98
o 1. 2. 5.
m
n
I
   Nº de  Univ.    2  1  4  7  1  1  1  2  5     24   opia  
r
p
   Comunidades       Canarias Cantabria Castilla y León Cataluña Extremadura Foral de Navarra P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración  OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
   BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21697
 
ANEXO II.1.2 
BALANCES AGREGADOS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL      
Comunidades    
Entes  No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
                    
 Andalucía   42   33.546.946   6.834.610   1.982.581   28.062.328   10.336.647   40.381.556 
 Aragón   4   394.157   50.987   379.361   14.188   51.595   445.144 
 Canarias   1   ---   300   284   ---   16   300 
 Castilla-La Mancha   1   412.861   36.871   371.544   45.479   32.709   449.732 
 Castilla y León   1   12.271   1.630   13.897   4  ---   13.901 
 Galicia   6   798.399   157.677   789.668   86.312   80.096   956.076 
 Illes Balears   8   1.726.628   1.064.583   (8.352.541)   8.659.894   2.483.858   2.791.211 
 La Rioja   8   1.772.463   327.187   167.200   1.294.093   638.357   2.099.650 
 Madrid, Comunidad   16   31.735.012   3.933.471   (977.422)   30.143.448   6.502.457   35.668.483 
 País Vasco   13   5.705.091   3.266.434   (2.604.065)   9.105.767   2.469.823   8.971.525 
 P. de Asturias   3   172.700   168.988   339.175   10   2.503   341.688 
 Ciudad A. de Ceuta   7   411.283   138.281   288.662   140.924   119.978   549.564 
 Ciudad A. de Melilla   5   758.742   67.723   719.970   53.456   53.039   826.465 
        
TOTAL  115   77.446.553   16.048.742     (6.881.686)   77.605.903   22.771.078   93.495.295 
 Fuente: elaboración propia  
ANEXO II.1.2-1 
BALANCES AGREGADOS 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
PATRIMONIO  TOTAL         
Comunidades    
No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
     
 Andalucía   26.174.870   5.449.551   (5.349.936)   27.777.171   9.197.186   31.624.421 
 Illes Balears   831.422   611.136   (8.735.283)   8.153.771   2.024.070   1.442.558 
 La Rioja   1.599.191   140.673   (135.890)   1.262.033   613.721   1.739.864 
Madrid, Comunidad  23.272.579   1.891.765   (8.278.545)   28.345.745   5.097.144   25.164.344 
 País Vasco   4.443.416   2.881.806   (4.018.222)   9.086.897   2.256.547   7.325.222 
 Ciudad A. de Ceuta   408.946   78.926   281.938   140.275   65.659   487.872 
 Ciudad A. de Melilla   756.159   63.767   715.172   53.456   51.298   819.926 
     
TOTAL  57.486.583   11.117.624     (25.520.766)   74.819.348   19.305.625   68.604.207 
 Fuente: elaboración propia   o
 
 
 
ANEXO II.1.2-2 
BALANCES AGREGADOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL       
Comunidades    
Entes  No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
        
  Illes Balears(*)   0   0   0   0   0   0   0 
  La Rioja (*)  0   0   0   0   0   0   0 
  Madrid,Comunidad    8   3.468.983   846.112   2.797.629   1.161.853   355.613   4.315.095 
  País Vasco  10   44.452   263.031   238.528   1.799   67.156   307.483 
 Ciudad A. de Ceuta   5   2.281   59.208   6.574   649   54.266   61.489 
 Ciudad A. de Melilla   2   2.266   2.923   3.717   0   1.472   5.189 
        
TOTAL  25   3.517.982   1.171.274     3.046.448   1.164.301   478.507   4.689.256 
 Fuente: elaboración propia  
(*)  Estas Comunidades llevan integrados en la Administración General,  Organismos Autónomos sujetos a derecho 
 administrativo,  con presupuesto limitativo. 
ANEXO II.1.2-3 
BALANCES AGREGADOS 
ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (PGCP) 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL       
Comunidades    
Entes  No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
        
 Andalucía   14   3.293.789   358.094   2.800.536   335   851.012   3.651.883 
 Illes Balears   2   811.388   427.210   312.216   488.331   438.051   1.238.598 
 La Rioja   2   31.051   112.641   104.081   25.251   14.360   143.692 
 Madrid, Comunidad   1   1.533.169   451.424   1.338.874   66.940   578.779   1.984.593 
  P. de Asturias   N/D         N/D         N/D         N/D         N/D         N/D         N/D 
 Ciudad A. de Ceuta   N/D         N/D         N/D         N/D         N/D         N/D         N/D 
 Ciudad A. de Melilla   1   317   592   739   0   170   909 
        
TOTAL  20   5.669.714   1.349.961     4.556.446   580.857   1.882.372   7.019.675 
 Fuente: elaboración propia   o
 
ANEXO II.1.2-4 
BALANCES AGREGADOS 
CONSORCIOS (PGCP) 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
Núm. 
PATRIMONIO  TOTAL       
Comunidades  de    
Entes  No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
           
 Andalucía   17   80.520   58.585   112.785   11.512   14.808   139.105 
 Aragón   3   45.016   9.485   51.527   2.026   948   54.501 
 Canarias   1   0   300   284   0   16   300 
 Castilla y León   1   12.271   1.630   13.897   4   0   13.901 
 Galicia   3   21.927   8.138   29.177   0   888   30.065 
 La Rioja   2   95.589   66.509   160.628   505   965   162.098 
 País Vasco   1   1.061   3.349   443   0   3.967   4.410 
 P. de Asturias   3   172.700   168.988   339.175   10   2.503   341.688 
 Ciudad A. de Ceuta   1   56   147   150   0   53   203 
 Ciudad A. de Melilla   1   0   441   342   0   99   441 
           
TOTAL  33   429.140   317.572     708.408   14.057   24.247   746.712 
 Fuente: elaboración propia  
ANEXO II.1.2-5 
BALANCES AGREGADOS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
(miles € ) 
   A C T I V O     PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL       
Comunidades    
Univ.  No Corriente  Corriente  NETO  No Corriente  Corriente  A=P 
     
        
 Andalucía   10   3.997.767   968.380   4.419.196   273.310   273.641   4.966.147 
 Aragón   1   349.141   41.502   327.834   12.162   50.647   390.643 
 Castilla-La Mancha   1   412.861   36.871   371.544   45.479   32.709   449.732 
 Galicia   3   776.472   149.539   760.491   86.312   79.208   926.011 
 Illes Balears   1   83.818   26.237   70.526   17.792   21.737   110.055 
 La Rioja   1   46.632   7.364   38.381   6.304   9.311   53.996 
 Madrid, Comunidad   6   3.460.281   744.170   3.164.620   568.910   470.921   4.204.451 
 País Vasco   1   1.216.162   118.248   1.175.186   17.071   142.153   1.334.410 
        
TOTAL  10.343.134   2.092.311     10.327.778   1.027.340   1.080.327   12.435.445  e
24   e.
 Fuente: elaboración propia   w.
 
3  5  5  2  2  5  4  2 1  6  6  6  9  9  1  2  0  8  6  5  4 
. 5 2 4 5 5 3 17 5 6 7 2 9 8 3 1 6 6 2 5
1 5 5 0 5 2 7 33 7 3 2 3 2 7 7 0 6 2 4 2
I. 3. 0. 5. 6. 1. 4. 1.0. 0. 0. 5. 9. 1. 9. 4. 7. 7. 1. 8. 9.
EXO I Total  4.76 31 2.91 7 37 1.05 2.3432 81 82 27 4 2.27 1.38 50 1.19 73 9 6 20.36
N
A
s  s  0   0   0   0   6   7   2  5   1   9   5   2   9   5   5   6   6   1   8   7  
e o 7 3 0 9 3 8 84 0 5 7 3 7 1 5 1 2 2 0 2
nal ari 6.2 6.5 8.4 3.0 0.9 7.1 1.78.5 6.0 8.4 5.3 2.4 0.6 4.1 1.4 8.6 5.0 1 1.2 6.2
os fi No uest 9 3 2.28 9 42 1.264 33 13 72 36 5 54 5 6.47
d p
Sal esu
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p
s  5   5   2   2   9   7   0  6   5   7   1   7   0   6   7   4   2   5   7   7  
o 8 9 4 6 1 4 32 5 0 0 9 2 6 7 9 4 4 1 2
ari 7.2 3.9 6.6 3.4 0.3 7.5 9.51.8 4.7 1.9 9.9 6.8 0.6 5.6 3.2 8.3 2.6 1.1 7.2 3.0
S  puest 4.66 27 62 7 28 62 1.0727 80 48 13 4 1.55 1.02 45 64 68 9 6 13.89
E u
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NE         
E 7   6   7   8   4   5   9  5   6   9   3   6   4   4   9   8   9   8   4   1  
RES S G€ )  42.86 91.14 86.92 91.72 70.61 46.85 02.6861.99 23.00 55.18 19.97 53.92 61.30 27.43 65.58 82.99 80.66 88.90 51.96 05.78
UDOIONEmiles  Total  4.8 3 1.9 4 1.0 2.22 8 7 9 2.3 1.2 4 9 6 19.7
EC
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IS es  s  6   1   9   5   4   3   7  2   7   6   3   9   1   9   2   4   7   4   8   7  
MIN cial ario 9.30 7.08 2.31 2.48 0.90 9.06 5.686.21 4.32 8.51 5.40 2.07 6.53 7.63 2.62 0.37 6.43 84 1.20 9.03
AD s ini No uest 49 4 1.49 11 43 1.217 32 14 65 3 4 40 4 5.54
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s  1   5   8   3   0   2   2  3   9   3   0   7   3   5   7   4   2   4   6   4  
o 6 6 0 4 1 9 08 7 7 7 4 7 9 6 2 3 6 5 4
ari 3.5 4.0 4.6 9.2 9.7 7.7 7.05.7 8.6 6.6 4.5 1.8 4.7 9.7 2.9 2.6 4.2 8.0 0.7 6.7
uest 4.34 34 49 8 35 60 9818 81 42 77 5 1.70 1.18 42 58 63 8 5 4.15
p 1
su a  
e pi
Pr o
r
p
   Comunidades  Andalucía  Aragón  Canarias Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Cataluña Extremadura  Foral de Navarra  Galicia  Illes Balears  La Rioja  Madrid, Comunidad  País Vasco  Principado de Asturias  Región de Murcia  Valenciana, Comunitat  Ciudad A. de Ceuta  Ciudad A. de Melilla  TOTAL   Fuente: elaboración  OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
 
 
 
ANEXO II.1.4 
TESORERÍA 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
(miles € ) 
              
Comunidades  Saldo inicial  Cobros  Pagos  Saldo final 
     
Andalucía  1.718.935   83.635.948   83.699.410   1.655.473 
Aragón  35.816   13.147.275   12.660.508   522.583 
Canarias  1.118.564   53.982.334   54.307.592   793.306 
Cantabria  143.643   8.409.465   8.330.117   222.991 
Castilla-La Mancha  249.989   23.384.801   23.414.916   219.874 
Castilla y León  422.490   16.367.652   16.262.085   528.057 
Cataluña  1.045.218   134.509.472   134.487.739   1.066.951 
Extremadura  90.485   12.904.022   12.874.472   120.035 
Foral de Navarra  140.963   28.201.537   27.711.364   631.136 
Galicia  344.065   10.832.226   10.895.846   280.445 
Illes Balears  2   17.756.457   17.448.563   307.896 
La Rioja  22.332   3.477.428   3.435.128   64.632 
Madrid, Comunidad  (328.215)   124.777.756   124.677.201   (227.660) 
País Vasco  616.435   19.458.938   19.162.918   912.455 
Principado de Asturias  122.456   6.248.931   6.303.501   67.886 
Región de Murcia  183.861   14.856.069   14.904.228   135.702 
Valenciana, Comunitat  374.771   32.031.058   31.638.480   767.349 
Ciudad A. de Ceuta  6.155   547.613   545.767   8.001 
Ciudad A. de Melilla  29.701   404.192   411.009   22.884 
     
TOTAL  6.337.666   604.933.174   603.170.844   8.099.996 
 Fuente: elaboración propia  
 
5  2 3 8 1 1 4  7 3 1 0 1 9 8 6 6 0 6 3 2    1 
. 731571 9486934810406 3
1 911386 5008534822403 1
I. 6.6.5.8.9.4. 6.9.5.2.5.3.5.3.9.9.4.1.2. 9.
O I al  823362310533 403850008126165754707433 68
X ot  3.1.3. 1.1. 5. 1. 2.1. 7. 2.
E T 3
N
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0  9  8  7  6  2   5  6  9  0  2  0  1  6  9  1  5  0  5   1  
os finales  upuestarios  1.620.64421.792.621.6154.33954.53698.56 3.453.37101.1264.02221.46146.4656.171.667.43725.87114.26377.164.761.1914.806.88 18.081.73
d es
Sal pr
N
s  2  4  0  4  5  2   2  7  2  0  9  9  7  0  7  9  1  3  7   0  
o 330135 2150261143507 0
ari 6.34.33.54.05.36.0 3.27.91.01.49.17.18.08.04.92.03.26.25.4 7.4
  uest 2.20911.00261063 1.952844786620498443332.9812 4.60
S p 1
E u
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S E 8  2  0  6  6  7   0  1  4  2  1  8  9  1  6  8  9  6  4   8  
EG 643161 3239645551755 9
EEDORIONES miles € )  Total  4.328.11.030.42.807.5462.11.202.01.110.4 6.644.8467.7548.71.031.6659.5252.12.775.21.522.6551.4764.94.238.930.329.2 30.458.2
RC
(
CA
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ST s  64  34  92  15  44  58   55  87  23  73  87  63  64  11  88  78  05  66  63   70  
ADMINI s iniciales  upuestario 2.290.9242.41.846.459.51.017.7756.0 4.175.7132.789.4163.342.151.31.887.7844.9119.6367.51.528.012.76.3 15.635.1
o s
ald pre
S o 
N
s  4  8  8  1  2  9   5  4  1  9  4  5  5  0  8  0  4  0  1   8  
o 003025 7311789464799 2
ari 7.28.01.02.64.34.3 9.04.99.38.37.30.77.47.71.77.30.97.52.8 3.1
st 037896401835 463345866120886743397112 82
ue 2. 2. 2. 4.
p 1
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Pre opi
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p
   Comunidades    Andalucía Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León  Cataluña Extremadura Foral de Navarra  Galicia Illes Balears La Rioja Madrid, Comunidad País Vasco Principado de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat Ciudad A. de Ceuta Ciudad A. de Melilla    TOTAL   Fuente: elaboración  BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.es
 
XO II.2.1    ORRO  HORRO)    (370.468)  339.520 (76.623) (300.821) (532.508) 1.417.070  (180.528) 277.745 (196.588) (115.611) (322.436) 1.318.461)    1.379.709) 
E H A ( (
N A S
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s  3   4  3  2  6  2   3  1  8  5  5  7   9  
o 1 12040 279146 1
ari 7.1 4.829.37.85.0 3.10.04.94.01.21.3 9.1
n 9 1 325 1 2 7
   di 1 1 1 5
r
a
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E
S  s  s  6   6  4  9  4  4   4  1  4  7  2  7   8  
GADOS  NGRESO sferenciay vencione 3.560.67 7.136.62660.425.271.178.216.4731.134.17 4.060.17250.273.865.113.021.401.609.182.890.73 71.676.43
E I an ub
R Tr S
AG s  93   29  13  72  71  42   90  28  03  29  46  14   30  
LES CAS     nario 621.9 515.6517.9034.6734.3835.8 124.6809.6149.4633.8077.1352.4 407.5
NIABLI Ordi 3. 3.1.4.5.9. 2.3.6.2.3.12. 58.
OÚ
RIMS P)        s    8   7  5  1  1  1   4  3  6  5  5  6   2    
PATONEes €  nario 66.00 63.7720.5178.4496.2767.96 85.0585.1726.2648.5227.4627.04 92.50
O-CImil    rdi 2 2 4 1.4
MICTRA( xtrao
ÓS E
NNI s  s  9   3  8  1  1  2   6  0  8  0  8  3   9  
OS ECOADMI ASTOS  sferenciay vencione 4.199.70 5.659.63701.645.043.278.171.459.723.88 3.338.441.611.616.553.182.985.723.129.085.053.76 56.171.40
D G an ub
A Tr S
LT o  3   9  0  2  7  5   5  2  9  7  6  0   5  
U nt 53 1302264710 014464614517 88
ES mie 84. 04.33.24.43.16. 45.95.36.40.53.02. 78.
R De  na   3.2 4.41.54.56.29.9 2.92.03.62.71.81.2 4.3
o 2 1 7
ci
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F   
   Nº de  Entes    13   17  12  6  13  28   18  11  35  14  17  18   202   opia  
r
p
   Comunidades       Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León  Cataluña Extremadura Foral de Navarra Galicia P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración     
O II.2.1-1    ORRO  AHORRO)    (418.921) 216.363 (74.348) (285.050) (819.509)  1.392.015 (75.738) 281.870 (281.406) (173.765) (327.568) 1.368.162)    1.934.219) 
X AH S ( (
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N (
A s  8  0  1  8  3   8  8  8  7  9   0  6   6  
o 95626 91409 91 7
ari 1.00.114.56.4 2.93.10.03.03.9 68.0 4.2
n 31 31 9 1 7 8
   di    2
r
a
r
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DOS  SOS  ncias  ones  6.789  5.138  1.955  6.642  7.246   7.500  9.787  8.727  7.068  5.766   0.481  0.222   7.321  
EGA NGRE sferey venci 1.143.46562.562.72 20.142.34182.8799 1.031.23 39.28
R I an ub
G Tr S
S AES  s  86  46  85  05  93   10  74  43  70  16   47  39   14  
EL o 49657 49399 54 0
ALRA    nari 488.428.498.996.462. 184.093.794.978.484. 989.859. 261.
NIE di 3.3.1.3.5. 9.2.3.5.2. 2.1. 6.
ON Or 1 5
E
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O-PATRIIONES miles € )        narios    87.214  13.239  20.271  78.311  70.202   3.858  41.870  85.170  22.839  24.307   23.481  48.887   19.649    
CAC(    rdi 2 2 9
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COMIN as  es  38  78  37  22  95   16  04  63  72  26   27  08   86  
DOS EAD ASTOS  sferenciy vencion 3.627.64.741.0698.44.477.86.736.3 5.242.42.996.21.609.56.126.02.602.4 2.978.94.635.7 46.472.6
A G n b
LT Tra Su
U o  2  4  1  2  4   9  3  5  0  3   8  4   5  
S t 45491 14141 74 9
RE mien 70.433.516.426.519.4 86.684.516.591.531.7 45.851.2 74.4
De  na   1.31.71.42.32.2 2.71.42.02.91.0 1.39.6 0.3
o 2 5
nci a  
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F o
r
p
   Comunidades       Aragón Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León  Cataluña Extremadura Foral de Navarra Galicia P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat    TOTAL   Fuente: elaboración  OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
   
 II.2.1-2    ORRO  HORRO)    38.600 135.583 161 (15.847) 286.789 50.218 (88.782) 0 15.960 62.730 24.635  (32.876)    477.171 
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A s  4  0  3  4  2  4  2  0  8  6  8   3   4  
o 36 7 8 912 3 3
ari 5.71.8 4.7 1 2.7
n 5 6
   di 1 1
r
a
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S  s  s  8  3  6  6  0  8  0  0  7  4  0   7   9  
GADOS  INGRESO nsferenciay bvencione 2.369.083.336.905.232.701.414.938.66542.831.580.40 317.771.875.83343.86 622.89 18.634.90 erecho 
E a u d
R Tr S a 
ALES AGMOS     rdinarios  44.922  36.284  43  38.166  132.613  169.354  296  0  18.667  99.547  30.005   15.665   585.562   mos sujetos 
NIO O no
O-PATRIMOOS AUTÓNmiles € )          ordinarios    175.164  16.838  4  52  13.259  50.857  26.337  0  433  0   2.787   156.799   442.530     ganismos Autó
MICNISM( Extra al,  Or
ADOS ECONÓORGA GASTOS  Transferencias y Subvenciones  557.578  872.536  440  564.393  1.300.119  371.917  339.011  0  250.157  377.348   141.201   376.416   5.151.116   ministración Gener
ULT nto  402  090  677  758  108  284  132  0  992  319   270   356   388   a Ad
RES De  ncionamie 1.798.2.350.4.2.195.3.471.239.1.304. 69.1.535. 205. 138. 13.312. grados en lmitativo. 
Fu nteo li
     Comunidades Nº     O.A.    Aragón 5  Canarias 10  Cantabria  (*) 4  Castilla-La Mancha 4  Castilla y León 3  Cataluña 19  Extremadura  (*) 3  Foral de Navarra  (*) 0  Galicia 8  P. de Asturias 10  Región de Murcia 5  Valenciana, Comunitat 7     TOTAL 78    Fuente: elaboración propia  (*)  Estas Comunidades llevan i administrativo,  con presupuest BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.es
     
 II.2.1-3     HORRO)     9.853 (22.112) 1.133 76 (12.822)  (46.986) 532 76 67.494 1.857    (899) 
O A
X S
E E
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N (
A s  1  3  3  0  8   1  3  3  2  0   4  
o 865 4 8 9 2
ari 0.22.7 2.5 7.6 1.8 5.2
n 1 2
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xt
E
GADOS PGCP)  NGRESOS y venciones  44.799  84.588  9.020  3.121  150.022   9.471.792  12.350  370  611.600  (1.255)   10.386.407  
ES ( I ub
RA S
ES AGÚBLIC narios  88.585  1.825  0  1  17.713   14.667  613  0  35.311  14.683   73.398  
IALS P Ordi 1 2
NE
ATRIMONTIDADs € )     narios    3.630  32.917  17  78  9.540   0  589  0  2.662  0   49.433    
O-PS Emile ordi
MICTRA( Extra
DOS ECONÓBLICOS Y O GASTOS y ubvenciones  14.493  35.243  202  1.056  121.194   4.032.445  0  0  176.856  382   4.381.871  
Ú S
A
T P o  9  8  1  2  1   1  5  7  1  9   4  
LS t 82217 84998 2
UE n 61793 68271 6
ESNT amie 115.43.7.1.52. 508.11. 501.11. 254.
RE n 5. 6.
ci
n
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s  7  4  1  1  4   1  2  1  1  2   4   a  
   nte 2 4 opi
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cha  a  raci boe.e
         Aragón Canarias Cantabria Castilla-La ManCastilla y León  Cataluña Extremadura Foral de NavarrGalicia P. de Asturias    TOTAL   Fuente: elabo BOE-A-2021-2808cable en https://www.
   
2.1-4  RO  RRO)  0 41 (16) 1.364 N/D 5.944) 8.261)    2.816) 
 II.    OR HO    (( (1
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A s  0  0  0  1  D 1  8   0  
ario N/36.95 6.99
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S  s  s  0  1  5  9  D 9  1   5  
DOS  GRESO erencia y ncione 62.4658.66N/28.54139.81 229.55
A N sf ve
G I n b
RE Tra Su
ES AG    narios  4  0  206  16.455  N/D 4.817  09.587   31.069  
L di 2 2
A)  Or
IP
N
OGC            
MP s  0  0  0  2  D 8  6   6  
TRIS (€ )  ario 33N/22.29 2.65
AOs  n
O-PRCImile    aordi
MICSO( Extr
N
ÓO s  s  0  0  7  3  D 9  4   3  
S ECONC ASTOS  sferencia y vencione 310N/1.112.74 4.00
O G an ub
D Tr S
TA o  4  0  0  6  D 4  7   1  
L nt 26532N/1957 77
SU mie 2.73. 38.59. 73.
E e  a 3 4
R D n
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Núm. de Entes   1  1  4  5  N/D 9  5   25   opia  
r
p
   Comunidades       Cantabria Castilla y León Extremadura Galicia P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comunitat     TOTAL   Fuente: elaboración       
 II.2.1-5     ORRO  HORRO)    9.686 (3.569) 12.993  21.823 (16.524) (4.201) (6.433) (13.559) 90.838    91.054 
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A s  1  6  3   9  0  0  0  6  0   5  
o 4 3 3 2 96 9
ari 8.8 4.2 46.2 9.8
n 5 3 9
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S  s  s  7  3  5   4  2  4  2  2  7   6  
OS  ESO ncia one 9.994.210.48 2.045.171.171.066.297.80 8.24
GAD INGR nsfere y bvenci 24840 97116152089 3.13
E a u
R Tr S
ES AGS     narios  48.574  19.181  21.252   67.411  29.601  15.285  34.683  52.777  67.723   56.487  
ALCA Ordi 1 4 2 1.0
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OB            
RIMPÚ)  os  83  23  70   46  58  3  18  69  64   34  
ATES s €  nari 723.2 13.216.2 24.21.119.0 78.2
O-PADmile    ordi
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ICSI( xtr
MR E
NÓVE as  es  76  69  43   04  94  47  64  41  95   33  
S ECOUNI ASTOS  sferenci y vencion 10.72.513.7 77.13.12.05.57.838.8 161.7
O G n b
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D Tr S
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T o  7  7  4   1  5  0  6  4  3   7  
SUL mient 77.3604.1700.56 81.5241.8478.6362.3964.1152.99 63.60
E e  a 215 31 120 9
R D n 1. 1. 3.
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  Nº de  niv.  2  1  4   7  1  1  1  2  5   24   pia  
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s  nitat  ción  e.es
   Comunidade      Canarias Cantabria Castilla y León  Cataluña Extremadura Foral de Navarra P. de Asturias Región de Murcia Valenciana, Comu   TOTAL   Fuente: elabora cve: BOE-A-2021-2808Verificable en https://www.bo
   
EXO II.2.2  Resultado neto del ejercicio  (4.079.147)  (6.495)  284  (24.924)  (219)  (3.843)  (329.197)  (18.478)  (1.035.298)  78.900  5.659  24.172  18.545  (5.370.041) 
N      
A Resultado de las operaciones financieras  (888.325)  464  0  (16)  0  (1.905)  (154.078)  (13.820)  (821.320)  (298.760)  168  (3.064)  (1.403)  (2.182.059) 
ADOS  Resultado de las operaciones no financieras  (3.190.822)  (6.959)  284  (24.908)  (219)  (1.938)  (175.119)  (4.658)  (213.978)  377.660  5.491  27.236  19.948  (3.187.982) 
G
LES AGRECAS  Resultado de otras operaciones no financieras  1.161.388  (4.116)  0  (215)  0  1.253  (68.925)  1.371  37.075  38.626  7  40  (3.011)  1.163.493 
AI
ATRIMONINES PÚBLs € )  Resultado de la gestión ordinaria  (4.352.210)  (2.843)  284  (24.693)  (219)  (3.191)  (106.194)  (6.029)  (251.053)  339.034  5.484  27.196  22.959  (4.351.475) 
POe
O-CImil 3)  8)  6)  3)  7)  4)  7)  4)  9)  9)  8)  4)  9)  1) 
CA( n  82 72 (1 86 71 74 07 48 85 90 94 26 45 89
CONÓMIMINISTR e la gestióaria  Gastos  (43.661. (266. (209. ( (527. (5.264. (1.223. (29.755. (11.327. (35. (222. (220. (92.716.
D dn
S EA os rdi 3  5  0  0  8  3  3  5  6  3  2  0  8  6 
O ado s  61 88 30 17 49 55 88 45 80 94 43 46 41 41
LTAD Result ngreso 39.309. 263. 185. 524. 5.157. 1.217. 29.504. 11.666. 41. 249. 243. 88.365.
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RE e s  2  4  1 1  1  6  8  8  6  3  3  7  5  15 
   º dnte 4                     1 1          1
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COMUNIDADE     Andalucía  Aragón  canariasCastilla-La Mancha   Castilla y León  Galicia  Illes Balears  La Rioja Madrid, Comunidad   País Vasco  P. de Asturias Ciudad de Ceuta  Ciudad de Melilla    TOTAL     Fuente: elaboración  OE-A-2021-2808able en https://www.boe.es
   
XO II.2.2-1  Resultado neto del ejercicio  (3.907.601)  (375.401)  (19.649)  (1.554.031)  70.640  23.221  17.651  (5.745.170) 
E      
AN Resultado de las operaciones financieras  (830.698)  (130.599)  (16.963)  (390.323)  (291.179)  (2.986)  (1.403)  (1.664.151) 
EGADOS  Resultado de las operaciones no financieras  (3.076.903)  (244.802)  (2.686)  (1.163.708)  361.819  26.207  19.054  (4.081.019) 
R
NIALES AGERALES  Resultado de otras operaciones no financieras  845.145  (66.958)  1.159  40.329  (402)  41  (3.011)  816.303 
N
O-PATRIMOIONES GEmiles € )  Resultado de la gestión ordinaria  (3.922.048)  (177.844)  (3.845)  (1.204.037)  362.221  26.166  22.065  (4.897.322) 
C
MICRA( 95)  30)  02)  72)  43)  04)  66)  12) 
CONÓMINIST gestión  Gastos  32.038.3 (3.678.4 (1.128.6 17.762.5 (9.893.3 (208.9 (215.7 64.926.0
ED a a  ( ( (
S A e lari
O dn
D os rdi 47  86  57  35  64  70  31  90 
SULTA esultado gresos  28.116.3 3.500.5 1.124.7 16.558.5 10.255.5 235.0 237.8 60.028.6
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S  aci
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COMUNIDA     Andalucía  Illes Balears La Rioja Madrid, Comunida  País Vasco Ciudad de Ceuta  Ciudad de Melilla      TOTAL  Fuente: ela 2021-2808n https://www.boe.es
 
2  0  0  5  3  0  2  0 
EXO II.2.2- Resultado neto del ejercicio  379.24 25.89 89 55    406.58 vo,  con 
AN Resultado de las operaciones financieras  0  0  (124.649)  (7.302)  (78)  0  (132.029)  ho administrati
c
ATRIMONIALES  AUTÓNOMOS  Resultado Resultado de otras de las operaciones operaciones no no financieras financieras  0 0  0 0  (5.144) 503.894  40.897 33.195  (1) 968  0 552  35.752 538.609  mos Autónomos sujetos a dere
NÓMICO-PGANISMOSmiles € )  Resultado de la gestión ordinaria  0  0  509.038  (7.702)  969  552  502.857  eral,  Organis
OR( en
RESULTADOS EC AGREGADOS O Resultados de la gestión ordinaria  Ingresos Gastos  0 0  0 0  3.262.540 (2.753.502)  934.342 (942.044)  13.225 (12.256)  3.166 (2.614)  4.213.273 (3.710.416)  ados en la Administración G
gr
   COMUNIDADES Nº de Entes  Illes Balears(*) 0 La Rioja(*) 0 Madrid, Comunidad 8 País Vasco 10  Ciudad de Ceuta 5  Ciudad de Melilla 2      TOTAL 25   Fuente: elaboración propia  (*)  Estas Comunidades llevan int presupuesto limitativo.  2021-2808n https://www.boe.es
     
XO II.2.2-3  Resultado neto del ejercicio  (147.231)  49.501  (1.838)  57.276  N/D  N/D  136  (42.156) 
E      
N
A Resultado de las operaciones financieras  (51.445)  (22.863)  739  (302.314)  N/D  N/D  0  (375.883) 
LES AS (PGCP)  Resultado de las operaciones no financieras  (95.786)  72.364  (2.577)  359.590  N/D  N/D  136  333.727 
ATRIMONIAES PÚBLIC Resultado de otras operaciones no financieras  328.248  (1.341)  182  (6.163)  N/D  N/D  0  320.926 
D
NÓMICO-PS ENTIDAmiles € )  Resultado de la gestión ordinaria  (424.034)  73.705  (2.759)  365.753  N/D  N/D  136  12.801 
OA(
ADOS ECOS Y OTR e la  Gastos  9.794.980)  1.494.365)  (21.882)  7.710.165)  N/D  N/D  (704)  9.022.096) 
  RESULTES PÚBLIC Resultados dstión ordinaria  Ingresos  9.370.946 ( 1.568.070 ( 19.123  8.075.918 ( N/D  N/D  840  19.034.897 (1
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E º de ntes  14  2  2  1  N/D  N/D  1     20  pia  
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      pr
n 
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DES  dad  a  a  raci  
COMUNIDA    Andalucía  Illes Balears La Rioja  Madrid, Comuni P. de Asturias  Ciudad de Ceut Ciudad de Melill    TOTAL   Fuente: elabo 2021-2808n https://www.boe.es
     
 II.2.2-4  sultado eto del ercicio  427  75  284  (219)  467  4.835  (581)  5.659  61  206  11.214 
O Renej
X
E      
AN ultado e las aciones ncieras  1.574  10  0  0  3  2.499  (69)  168  0  0  4.185 
Resdoperfina
ADOS  ultado e las aciones no ncieras  (1.147)  65  284  (219)  464  2.336  (512)  5.491  61  206  7.029 
REG Resdoper fina
NIALES AGCP)  Resultado de otras operaciones no financieras  (51)  64  0  0  0  0  13  7  0  0  33 
O
O-PATRIMRCIOS (PGmiles € )  Resultado de la gestión ordinaria  (1.096)  1  284  (219)  464  2.336  (525)  5.484  61  206  6.996 
CO(
MIS 2)  4)  6)  7)  9)  2)  9)  8)  4)  5)  6) 
ONÓCON stión  astos  144.92 (3.86 (1 (71 (66 (28.56 (54.46 (35.94 (1.10 (1.37 271.64
C ge G ( (
E a a 
LTADOS  ultados de lordinari resos  143.826  3.865  300  498  1.133  30.898  53.944  41.432  1.165  1.581  8.642 
U s g 7
ES Re In 2 a  
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   Nº de Entes     17  3  1  1  3  2  1  3  1  1  33  ción pr
a
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COMUNIDADES     Andalucía  Aragón Canarias  Castilla y León  Galicia  La Rioja  País Vasco  P. de Asturias  Ciudad de Ceuta  Ciudad de Melilla     TOTAL   Fuente: elab  2021-2808n https://www.boe.es
     
 II.2.2-5  sultado eto del ercicio  (24.742)  (6.570)  (24.924)  (4.310)  (3.297)  (1.826)  82.212  (17.052)  (509) 
O Renej
X
E      
AN Resultado de las operaciones financieras  (7.756)  454  (16)  (1.908)  (616)  (95)  (4.034)  (210)  (14.181) 
REGADOS  Resultado de las operaciones no financieras  (16.986)  (7.024)  (24.908)  (2.402)  (2.681)  (1.731)  86.246  (16.842)  13.672 
NIALES AGLICAS  Resultado de otras operaciones no financieras  (11.954)  (4.180)  (215)  1.253  (626)  30  8.053  (1.882)  (9.521) 
OB
O-PATRIMADES PÚmiles € )  Resultado de la gestión ordinaria  (5.032)  (2.844)  (24.693)  (3.655)  (2.055)  (1.761)  78.193  (14.960)  23.193 
D
C (
NÓMIVERSI stión  stos  83.526)  62.864)  09.863)  27.075)  91.282)  44.438)  29.620)  38.053)  86.721) 
COUNI a ge Ga (1.6 (2 (2 (5 ( ( (1.5 (4 (4.7
 E e l
OS s d 94  20  70  20  27  77  13  93  14 
AD ado os  8.4 0.0 5.1 3.4 9.2 2.6 7.8 3.0 9.9
  SULT Resultnaria  Ingres 1.67 26 18 52 8 4 1.60 42 4.80
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   º de ntes  10  1  1  3  1  1  6  1  24  ropia  
NE    n p
ó
ES  cha  dad  raci 
AD an uni L  bo
COMUNID    Andalucía  Aragón Castilla-La M Galicia  Illes Balears  La Rioja  Madrid, Com País Vasco     TOTA  Fuente: ela 2021-2808n https://www.boe.es
   
 
ANEXO II.3.1 
EMPRESAS PÚBLICAS 
BALANCES AGREGADOS 
(miles € ) 
   A C T I V O  PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL     
Comunidades  Entes  No  Corriente  NETO  No  Corriente  A=P 
   Corriente  Corriente 
Andalucía  43  4.939.128  3.411.552  3.693.784  1.981.426  2.675.470  8.350.680 
Aragón  23  916.453  475.691  823.899  356.985  211.260  1.392.144 
Canarias  21  1.018.033  236.823  935.687  188.459  130.710  1.254.856 
Cantabria  19  395.318  238.144  216.605  313.463  103.394  633.462 
Castilla-La Mancha  9  817.384  311.579  751.473  174.805  202.685  1.128.963 
Castilla y León  4  245.760  134.569  155.893  189.350  35.086  380.329 
Cataluña  72  19.360.933  5.003.010  10.288.016  11.043.977  3.031.950  24.363.943 
Extremadura  14  140.757  240.063  246.092  61.310  73.418  380.820 
Foral de Navarra  17  815.711  390.555  912.161  205.015  89.090  1.206.266 
Galicia  12  573.794  437.195  387.437  441.457  182.095  1.010.989 
Illes Balears  16  1.625.813  365.907  811.420  870.180  310.120  1.991.720 
La Rioja  3  53.550  21.515  64.035  6.787  4.243  75.065 
Madrid, Comunidad  48  11.141.744  1.632.437  6.814.854  4.245.047  1.714.280  12.774.181 
País Vasco  49  4.144.234  1.692.336  4.353.202  685.648  797.720  5.836.570 
P. de Asturias  23  608.318  440.861  326.473  569.222  153.484  1.049.179 
Región de Murcia  13  1.059.096  294.262  35.040  746.223  572.095  1.353.358 
Valenciana,  23  4.776.497  1.901.223  2.229.148  1.969.107  2.479.465  6.677.720 
Comunitat 
Ciudad A. de Ceuta  10  33.003  51.598  48.412  18.511  17.678  84.601 
Ciudad A. de Melilla  3  26.107  31.928  24.890  24.119  9.026  58.035 
422  52.691.633  17.311.248  33.118.521  33.118.521  24.091.091  12.793.269 
TOTAL 
 Fuente: elaboración propia   oe.
 
XO II.3.2  sultado del ejercicio  10.458 (12.436) (35.041) (25.933) (33.415) 117 43.874 (32.071) 1.194 (87.050) 26.034 (4.272) 168.267 (57.667) (29.127) 2.157.551) (177.208) (696) (2.104) 2.404.627) 
E e ( (
R
N
A ultados aciones umpidas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Resopernterr
i
Resultados operaciones continuadas   10.458  (12.436)  (35.041)  (25.933)  (33.415)  117  43.874  (32.071)  1.194  (87.050)  26.034  (4.272)  168.267  (57.667)  (29.127)  (2.157.551)  (177.208)  (696)  (2.104)  (2.404.627)  
mpuestos s/Bº  (14.602)  1.399  (2.649)  (326)  (1.205)  (113)  (2.864)  543  (886)  (6.337)  (135)  (101)  (30.813)  919  (1.491)  (181)  (50)  5  (2)  (58.889)  
S  I
ANANCIA Resultados antes de impuestos  25.060  (13.835)  (32.392)  (25.607)  (32.210)  230  46.738  (32.614)  2.080  (80.713)  26.169  (4.171)  199.080  (58.586)  (27.636)  (2.157.370)  (177.158)  (701)  (2.102)  (2.345.738)  
MPRESAS PÚBLICAS GADAS DE PÉRDIDAS Y G(miles € ) Deterioro y resultado por Participación pérdida en Bº influencia sociedades significativa de puestas en participaciones equivalencia puestas en equivalencia (459)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  (184)  0  16.151  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15.508  0  
ES AGRE esultados nancieros  (7.340)  (8.584)  (651)  (11.288)  1.934  (1.550)  (308.133)  328  (1.129)  (2.765)  (27.731)  (69)  (50.366)  (33.772)  (15.939)  (23.288)  (29.406)  (627)  (583)  (520.959)  
A RFi
T
CUEN xplotación  Otras rúbricas  (2.641.230)  (22.304)  (50.194)  (48.984)  (161.651)  (2.480)  (1.428.162)  (37.375)  (6.552)  (89.598)  (226.942)  (4.565)  246.450  (474.960)  (22.695)  (2.185.994)  (167.281)  (40.665)  (5.066)  (7.370.248)  
dos de  ones  4.089  7.053  8.453  4.665  7.507  4.260  3.033  4.433  9.761  1.650  0.842  463  3.180  3.995  0.998  1.912  9.529  0.591  3.547  9.961  
Resulta ubvenci 2.6711312 1.78 128 431514 5.52
S
Núm. de Entes  43  22  21  19  9  4  72  14  17  12  16  3  48  49  23  13  23  10  3  421  opia   e.es
  Comunidades   Andalucía   Aragón     Canarias    Cantabria    Castilla-La Mancha    Castilla y León    Cataluña    Extremadura    Foral de Navarra    Galicia    Illes Balears    La Rioja   Madrid, Comunidad   País Vasco    Principado de Asturias    Región de Murcia   Valenciana, Comunitat   Ciudad A. de Ceuta    Ciudad A. de Melilla   TOTAL   Fuente: elaboración pr cve: BOE-A-2021-2808Verificable en https://www.bo
 
ANEXO II.4.1 
FUNDACIONES PÚBLICAS 
BALANCES AGREGADOS 
(miles € ) 
   A C T I V O  PASIVO 
Nº de  PATRIMONIO  TOTAL       
Comunidades 
Entes  No  NETO  No  A=P 
Corriente  Corriente 
Corriente  Corriente 
  
 Andalucía   21   258.114   145.924   222.980   44.053   137.005   404.038 
 Aragón   16   49.333   24.063   52.850   8.055   12.491   73.396 
 Canarias   7   1.918   18.409   8.530   91   11.706   20.327 
 Cantabria   9   48.048   38.630   45.264   13.293   28.121   86.678 
 Castilla-La Mancha   8   56.437   12.004   47.728   12.339   8.374   68.441 
 Castilla y León   15   169.271   39.667   172.342   9.565   27.031   208.938 
 Cataluña   34   247.997   443.998   29.098   352.930   309.967   691.995 
 Extremadura   15   24.903   27.530   29.458   14.556   8.419   52.433 
 Foral de Navarra   5   1.507   12.731   1.838   5.420   6.980   14.238 
 Galicia   20   324.817   79.886   375.636   11.407   17.660   404.703 
 Illes Balears   10   51.194   55.553   60.653   14.272   31.822   106.747 
 La Rioja   10   42.463   9.599   18.601   437   33.024   52.062 
Madrid, Comunidad  25   207.407   240.556   210.500   34.559   202.904   447.963 
 País Vasco   7   20.240   40.216   18.521   8.355   42.580   69.456 
 P. de Asturias   11   29.079   31.086   35.470   1.585   23.110   60.165 
 Región de Murcia   12   73.318   31.573   48.329   23.903   32.659   104.891 
Valenciana, Comunitat  12   61.670   98.368   6.550   32.177   121.311   160.038 
 Ciudad A. de Ceuta   1   3   70   70   0   3   73 
 Ciudad A. de Melilla   1   5   20   17   0   8   25 
TOTAL  239   1.667.724  1.349.883   1.384.435   586.997  1.055.175   3.026.607 
 Fuente: elaboración propia   w.
 
EXO II.4.2  Rdo. Total, Variac. del PN en el ejercicio    (1.021)  (756) 418  (212)  (1.026)  (949)  (7.565) 6.526 219  (9.677) 2.995  (3.752) 6.672  (1.182)  (1.924) 2.192  (2.249) 0  (12)  (11.303) 
N
A Ajustes y ariaciones   (609)  6  0  64   (15)   (5)  0  674  0  404  30   (235)  4.311  0  138  99   (24)  0  0  4.838  
V
Variac. de PN por ingresos y gastos imputados directamente al PN  170   (1.807)  249   (400)   (835)   (1.182)  0  3.582  312   (1.455)   (3.352)   (286)   (1.863)   (366)   (1.755)  355   (962)  0  0   (9.595)  
NANCIAS  Variac. del PN reconocida en el excedente del ejercicio   (582)  1.045  169  124   (176)  238   (7.565)  2.270   (93)   (8.626)  6.317   (3.231)  4.224   (816)   (307)  1.738   (1.263)  0   (12)   (6.546)  
GA s  0  4  1)  0  0  4)  0  1)  0  4)  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5)  
CAS AS Y  mpuestos/Bº   (  (  (3  (4.30  (4.33
LID I
FUNDACIONES PÚBAGREGADAS DE PÉRDI(miles € )  Excedente del ejercicio  Excedente de Excedente las antes de operaciones impuestos financieras   (432)   (582)   (100)  1.041   (61)  170   (80)  124   (27)   (176)   (86)  242   (5.267)   (7.565)   (56)  2.301   (24)   (93)   (545)   (4.322)   (218)  6.317   (202)   (3.231)  177  4.224   (53)   (816)   (90)   (307)   (589)  1.738  46   (1.263)  0  0  0   (13)   (7.607)   (2.211)  
CUENTAS  e de la actividad  es Otras rúbricas  59   (102.009)  21   (7.680)  53   (22)  66   (26.862)  93   (25.642)  98   (45.670)  02   (256.000)  04   (16.947)  40   (11.109)  88   (83.465)  42   (49.407)  31   (60.660)  68   (67.721)  85   (26.848)  30   (2.947)  80   (15.753)  61   (46.870)  86   (186)  0   (13)  07   (845.811)  
edent ncion 101.88.8227.025.445.9253.719.311.079.655.957.671.726.02.718.045.51 851.2
c e
x v
E b
u
S
Núm. de Entes  17  19  7  9  10  15  34  16  4  21  11  10  24  7  11  14  13  1  1  244   pia   es
  Comunidades  Andalucía  Aragón  Canarias  Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Cataluña  Extremadura  Foral de Navarra  Galicia  Illes Balears  La Rioja  Madrid, Comunidad País Vasco  Ppdo.de Asturias  Región de Murcia  Valenciana, Comunitat Ciudad A. de Ceuta  Ciudad A. de Melilla  TOTAL   Fuente: elaboración pro 
OII.5.2 ado del cicio  93  0  13.003  220   (8.711)   (1.753)  0  22  2.874  
EX sultejer
N Re
A
ultados aciones umpidas  0  0  0  0  0   (11)  0  0   (11)  
Resopernterr
i
NEXOII.5.1 TOTAL         A=P 17.700  150  2.908.705  12.812  509.765  780.653  12.503  270  17.700   4.242.558   Resultados operaciones continuadas   93  0  13.003  220   (8.711)   (1.742)  0  22  2.885  
A S 
O  Corriente 681  402  1.069.928  3.378  23.697  90.515  6.455  28  681   1.195.084   GANANCIA mpuestos s/Bº  0  0   (358)   (1)  0  2  0  0   (357)  
ORCIOS AGREGADOS es € ) PASIVPATRIMONIO NETO No Corriente 14.292  2.727   (252)  0  1.097.303  741.474  6.229  3.205  69.240  416.828  671.098  19.040  3.690  2.358  242  0  14.292  2.727   1.861.842  1.185.632   CONSORCIOS GREGADAS DE PÉRDIDAS Y ( ) miles € Resultados Resultados antes de IFinancieros impuestos  0  93  0  0   (4.155)  13.361   (230)  221   (2.488)   (8.711)   (506)   (1.744)   (1)  0  0  22   (7.380)  3.242  
CONSBALANCES (milA C T I V O  Corriente Corriente 16.512  1.188  10  140  1.810.393  1.098.312  11.038  1.774  172.533  337.232  25.207  755.446  850  11.653  145  125  16.512  1.188   2.036.688  2.205.870   CUENTAS A esultados de explotación  venciones Otras rúbricas  8  85  0  0  1.234.109   (1.216.593)  2.911   (2.460)  21.301   (27.524)  600   (1.838)  274   (273)  0  22  1.259.203   (1.248.581)  
o  R b
N u
S
Nº de Entes 1  2  59  2  13  12  1  1  1   91   a  Núm. de Entes  1  2  59  2  13  12  1  1  91  a  
pi pi
Comunidades   Andalucía   Canarias  Castilla-La Mancha   Cataluña   Extremadura  Illes Balears   Madrid, Comunidad   P. de Asturias   Región de Murcia  TOTAL  Fuente: elaboración pro Comunidades   Andalucía   Castilla-La Mancha   Cataluña   Extremadura  Illes Balears   Madrid, Comunidad   Ppado de Asturias   Región de Murcia  TOTAL  Fuente: elaboración pro BOE-A-2021-2808cable en https://www.boe.es

XO III.1.1  endientes de pago  0  N/D  N/D  854  0  4.945  2.282  N/D  6.273  6.447  0  N/D  20.801 
E P
N
A 0   D  D  6   4   1   2   D  5   1   2   D  1  
os  0.26 N/ N/ 9.29 4.51 3.84 2.06 N/ 0.13 4.69 2.48 N/ 7.28
ag 12 2 1 1 2 1 3 24
P
0   D  D  0   0   0   4   D  0   0   0   D  4  
es o  N/ N/ 57 91 N/ N/ 48
anentcrédit 3. 8. 12.
me 
ed
N  R
Ó
L NSACI ciones ocidas  120.260   N/D  N/D  30.150   14.514   18.786   24.344   N/D  16.408   41.138   2.482   N/D  268.082  
TORIAOMPE Obligarecon
NERALES  TERTERRINDO DE C Créditos finales  120.260   N/D   N/D  33.720   14.514   18.786   33.258   D N/ 16.408   41.138   2.482   D N/ 280.566  
E NO
CIONES G SACIÓN IOS DEL Fmiles € )  Bajas  0   N/D  N/D   (19.135)   0    (3.373)   0   N/D   (3.250)   0   0   N/D   (25.758)  
NT(
MINISTRA E COMPEOS CRÉDI aciones  Otros mentos 0   N/D  N/D  17.554   0   3.373   0   N/D  3.250   0   0   N/D  24.177  
AD S DE L dific au
NDOÓN D Mo nes  0   N/D  N/D  0   0   0   0   N/D  0   0   0   N/D  0  
FOCI cio
A a
r
D o
UI rp
Q c
LI In
0   D  D  1   4   6   8   D  8   8   2   D  7  
os es  0.26 N/ N/ 5.30 4.51 8.78 3.25 N/ 6.40 1.13 2.48 N/ 2.14
éditcial 12 3 1 1 3 1 4 28
Crni
i
pia   es
  Comunidades  Andalucía  Canarias  Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Extremadura  Galicia  Principado de Asturias  Región de Murcia  Valenciana, Comunitat  Ciudad A. de Ceuta  Ciudad A. de Melilla  TOTAL    Fuente: elaboración pro 
XO III.1.2  endientes de pago 0  N/D  N/D  199  0  1.691  180  N/D  1.799  0  0  N/D  3.869 
E P
N   
A 0   D  D  2   7   0   5   D  0   1   7   D  2  
os  0.08 N/ N/ 8.92 4.83 4.57 0.90 N/ 3.67 3.71 82 N/ 7.52
g 4 1 1 8
a
P
  
0   D  D  7   0   0   0   D  0   0   0   D  7  
es o  N/ N/ 25 N/ N/ 25
anentcrédit 1. 1.
me 
ed
O     R
L ENTARI ciones ocidas 40.080   N/D  N/D  9.121   4.837   6.261   11.085   N/D  5.469   13.711   827   N/D  91.391  
TERRITORIAO COMPLEM    ditos Obligaales recon40.080   N/D  N/D  10.378   4.837   6.261   11.085   N/D  5.469   13.711   827   N/D  92.648  
RD én
EN Crfi
NTO   
SACIÓN IOS DEL Fmiles € )  Bajas  0   N/D  N/D  (6.623)   0   (2.953)   0   N/D  0   0   0   N/D  (9.576)  
NT(
PEÉDI 0   D  D  1   0   3   0   D  0   0   0   D  4  
E COMOS CR aciones  Otros mentos  N/ N/ 5.33 2.95 N/ N/ 8.28
S DE L dific au
DON D Mo s  0   D  D  0   0   0   0   D  0   0   0   D  0  
NÓ ne N/ N/ N/ N/
FOCI cio
A a
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Q co
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0   D  D  0   7   1   5   D  9   1   7   D  0  
os es 0.08 N/ N/ 1.67 4.83 6.26 1.08 N/ 5.46 3.71 82 N/ 3.94
éditcial4 1 1 1 9
Crni
i
  
pia   es
      Comunidades  Andalucía  Canarias  Cantabria  Castilla-La Mancha  Castilla y León  Extremadura  Galicia  Principado de Asturias  Región de Murcia  Valenciana, Comunitat  Ciudad A. de Ceuta  Ciudad A. de Melilla  TOTAL    Fuente: elaboración pro  
 
ANEXO III.2.1 
ADMINISTRACIONES GENERALES 
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 
(miles € ) 
Derechos  Pendientes de 
Comunidades  Previsiones finales  Cobros 
reconocidos  cobro 
Andalucía  120.260   120.260   0   120.260 
Canarias  N/D  N/D  N/D  N/D 
Cantabria  0   3.724   3.724   0 
Castilla-La Mancha  25.552   25.552   19.164   6.388 
Castilla y León  14.514   14.514   1.514   13.000 
Extremadura  18.786   22.295   21.370   925 
Galicia  33.258   36.207   3.960   32.247 
Principado de Asturias  N/D  N/D  N/D  N/D 
Región de Murcia  16.408   9.537   6.420   3.117 
Valenciana, Comunitat  41.138   41.138   41.138   0 
Ciudad A. de Ceuta  2.482   2.482   2.482   0 
Ciudad A. de Melilla  N/D  N/D  N/D  N/D 
TOTAL   272.398   275.709   99.772   175.937 
 Fuente: elaboración propia  
ANEXO III.2.2 
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 
LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO 
(miles € ) 
Derechos  Pendientes de 
Comunidades  Previsiones finales  Cobros 
reconocidos  cobro 
Andalucía  40.080   40.080   0   40.080 
Canarias  N/D  N/D  N/D  N/D 
Cantabria  0   649   649   0 
Castilla-La Mancha  8.517   8.517   6.388   2.129 
Castilla y León  4.837   4.837   4.837   0 
Extremadura  6.261   9.507   7.825   1.682 
Galicia  11.085   10.896   0   10.896 
Principado de Asturias  N/D  N/D  N/D  N/D 
Región de Murcia  5.469   5.469   0   5.469 
Valenciana, Comunitat  13.711   13.711   13.711   0 
Ciudad A. de Ceuta  827   827   827   0  es
Ciudad A. de Melilla  N/D  N/D  N/D  N/D  b
TOTAL   90.787   94.493   34.237   60.256  08ww
 Fuente: elaboración propia