BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Lunes 17 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 70955
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
9795 Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de medio ambiente.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea 
Regional ha aprobado la Ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
PREÁMBULO
I
De todos es conocido que la aparición del coronavirus denominado SARS-CoV-2, ha 
sacudido de forma súbita a la población mundial y ha enfrentado a las administraciones y 
organismos públicos a situaciones inauditas. El gran poder de transmisión de esta 
enfermedad y su afección a nivel mundial han llevado a la Organización Mundial de la 
Salud haya declarado el pasado 11 de marzo una pandemia.
Esta enfermedad es grave y potencialmente letal en corto tiempo. A fecha actual, 
casi  tres  millones  de  personas  en  el  mundo  han  sido  diagnosticadas  y  alrededor 
de 200.000 han fallecido, desconociéndose el número de personas asintomáticas que 
pueden estar transmitiendo la enfermedad. Ante esta situación los distintos gobiernos se 
han visto en la urgente necesidad de reaccionar con medidas drásticas para reducir en la 
mayor medida posible la propagación de la enfermedad y posibilitar que los sistemas 
sanitarios tengan la mayor capacidad de respuesta.
Así, ante esta situación, el Estado español recurrió a herramientas extraordinarias 
dentro de nuestro marco constitucional como es la declaración del Estado de Alarma por 
emergencia sanitaria mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Nadie  duda  de  que  se  trata  de  un  acontecimiento  imprevisible,  completamente 
inimaginable hace unos meses, de escala mundial, ante el que difícilmente se podía 
estar preparado con antelación, que debe ser calificado sin duda como un claro episodio 
sobrevenido de fuerza mayor.
Por ello los gobiernos de varios países, entre ellos el de España, han adoptado 
medidas insólitas y contundentes de confinamiento de la población y reducción a mínimos 
esenciales de la actividad productiva y social, atendiendo exclusivamente a criterios 
sanitarios y a la protección de vidas humanas.
La  economía  puede  recuperarse,  las  vidas  humanas  no.  Así  lo  interpretó  la 
Organización Mundial de la Salud con su declaración de la pandemia. Y así lo han hecho 
todas las autoridades públicas españolas, cada una en el ámbito de sus competencias.
Pero los efectos de estas medidas en la estructura social y económica están siendo 
aplastantes, proyectándose en los distintos sectores productivos y afectando a empresas  e
y trabajadores, y por ende a las familias y a los servicios públicos y, sin perjuicio de las  bo
medidas de contención y actuación sanitarias que se adopten para frenar el ritmo de  95ww
dpero pfoargmaaci óunr gdeenl tceo ryo ndaevciriudsid, ae se pnr ebcuissoc apra ssaorlu ac ieovnaelsu aar nlotes  deal ñgorsa vye,  sporborbel etomdao , stroacbiaalj ayr 
econEól mimicpoa qcutoe  qsuee h ae sgteán seurafrdieon.do la sociedad y la economía de la Región de Murcia
es todavía de difícil precisión, pero no cabe duda de que está siendo implacable.
Las medidas sanitarias han conllevado una paralización completa de toda actividad 
económica, excepto los sectores esenciales, y paralizaciones parciales o afecciones en 
la productividad y viabilidad de sectores completos, cuya reactivación en el tiempo será 
difícil y no estará exenta de efectos negativos.
A nivel mundial ya se están emitiendo las primeras evaluaciones sobre el terrible 
impacto que está produciendo este suceso extraordinario sobre la economía global y que 
dibujan un panorama desolador. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción 
brusca de la economía mundial de, al menos, un -3 %, con riesgo considerable de 
presentar resultados aún más graves. Las previsiones que establece para España son 
muy superiores, se sitúan en el -8 % del PIB, lo que representa una caída de 100.000 
millones de euros. Extrapolados a la Región de Murcia, supone la pérdida súbita de más 
de 2500 millones de euros de producción. Este mismo organismo recomienda a los 
encargados de formulación de políticas que establezcan medidas urgentes para apoyar a 
los hogares y las empresas afectadas.
La  Confederación  de  Organizaciones  Empresariales  de  España  (CEOE),  en  un 
informe  sobre  el  escenario  económico  específico  provocado  por  el  coronavirus  de 
fecha 8 de abril señala que una de las peculiaridades de esta adversa situación es que 
impacta de manera muy diferente a los distintos sectores, por lo que aconseja que las 
intervenciones  públicas  prioricen  a  las  actividades  y  empresas  más  perjudicadas. 
Concretamente nombra los denominados «sectores de proximidad» entre los que se 
encuentran el turismo, los servicios inmobiliarios o el transporte, que, como es público y 
notorio, son sectores fundamentales de la actividad económica agregada en la Región 
de Murcia.
Este mismo informe califica el escenario como un «shock de impacto», por lo que 
declara  la  urgente  necesidad  de  adopción  de  medidas  con  celeridad  excepcional. 
Cuantifica un descenso del PIB en un -5 %, en el escenario más optimista. En otras 
hipótesis en las que sea necesario extender el período de confinamiento, o las medidas 
que se adopten no sean lo suficientemente ágiles o no alcancen los objetivos esperados, 
la intensidad de los efectos considerados podría provocar una contracción del Producto 
Interior Bruto superior al -9 %.
De acuerdo con todos los expertos, una caída tan brusca no se había producido en 
España desde la Guerra Civil. La traducción en términos de paro que tienen estas 
previsiones es también desoladora. Las previsiones más optimistas señalan pérdidas de 
empleo  en  toda  España  del  orden  del  millón  de  personas,  situando  el  total  de 
desempleados rozando los 4.200.000.
Este informe también propone soluciones que, para una crisis de oferta como se 
considera esta, consisten en la implementación de medidas de política económica que 
vayan particularmente dirigidas a las actividades afectadas.
Ante esta súbita y gravísima situación se hace necesario estructurar y agilizar la 
intervención de la administración pública en los distintos sectores de actividad afectados, 
entre los que se encuentran la propia planificación y programación de la administración, 
y  la  implantación  de  infraestructuras  públicas  o  privadas  de  diferente  índole  en  el 
territorio, como pueden ser las sanitarias, educación, redes de transporte y centros 
logísticos, agua, producción de energía, gestión de residuos, cultura, deporte, o las 
necesarias para el funcionamiento de los sectores primario, industrial o de servicios.
Es, por tanto, una obligación ética y política de las Administraciones Públicas adoptar 
con eficacia todas las decisiones que la situación exige. Ante este panorama de crisis 
social y económica, debemos reaccionar con una contundencia similar a la magnitud de  s
los retos a los que nos enfrentamos. Una coyuntura tan desfavorable como la que se  oe.
avecina requiere el empleo de todas las herramientas disponibles que permitan a la  w.
Administración combatir con la máxima eficacia el enorme reto de impedir que el derecho  95ww
fsuúnbditaammeennttael  ain tuenrrau mvivpiiednad, ad ed igrensat asbel evceear  mlaesn coosnceaxbiaodnoe,s  dpee rredaidcatisv aor  curneaa rr eudn aesc onnuóemvaicsa, 
rdees isetestnimciausla.r  los  canales  para  que  los  flujos  económicos  vuelvan  a  circular  sin  BOE-A-cable e
Por ello, esta ley de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 
de medio ambiente es fundamental para armonizar la respuesta a las circunstancias 
económicas excepcionales señaladas con la protección y defensa del medio ambiente, 
sumándose a las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea y a las numerosas 
disposiciones legales evacuadas por el Gobierno de la nación.
Esta ley se centra en las medidas urgentes para tratar de ganar eficiencia en los 
procedimientos  de  evaluación  y  autorizaciones  ambientales  en  la  planificación 
administrativa, en la ordenación de usos del territorio y en la utilización de recursos 
naturales,  garantizando  a  través  de  estos  que,  cuando  dichas  actividades  puedan 
producir efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, se tienen en 
cuenta los principios de acción preventiva y cautelar, mediante la prevención, corrección 
y compensación de los impactos en el medio ambiente, teniendo en consideración a su 
vez el cambio climático.
Siempre  desde  el  principio  constitucional  del  derecho  al  disfrute  de  un  medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como del deber de conservarlo 
y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Mediante esta ley se modifica la ley regional de protección ambiental integrada con la 
finalidad de mejorar la concertación de los procedimientos de evaluación y autorización y 
la colaboración activa de las distintas administraciones públicas, facilitando la identificación 
y acceso a la información, incrementando la seguridad jurídica en la implementación de 
los aspectos medioambientales en la toma de decisiones. Así mismo, partiendo de la 
experiencia  adquirida,  se  establecen  medidas  tendentes  a  garantizar  la  debida 
proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 
proyectos y su evaluación o autorización ambiental. Se modifica así mismo el Decreto 
número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, 
eliminando un artículo que supone duplicidad de intervención administrativa.
Es importante reseñar que, en este caso, el tiempo es un factor clave. Cuanto más 
tiempo se encuentre paralizada la economía, mayores serán los daños infringidos al 
tejido productivo, mayor será la magnitud de la caída, más estructurales serán los 
problemas  y  más  difícil  será  la  recuperación,  causando  más  sufrimiento  a  más 
ciudadanos. Por ello la Administración Pública está obligada a adoptar medidas para que 
la reactivación sea lo más rápida posible. En situaciones excepcionales, los cambios 
normativos deben hacer uso de todos instrumentos de que se nos dota en nuestro 
ordenamiento jurídico para otorgar la máxima celeridad en la implantación efectiva de las 
medidas. La necesaria y urgente necesidad de articular las medidas que se proponen 
mediante una ley está completamente justificada en este sentido.
II
La ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en dos 
capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales.
El artículo primero, dividido en veintitrés puntos, modifica la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. El artículo segundo 
modifica el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente 
frente  al  ruido.  La  disposición  transitoria  regula  el  régimen  de  los  expedientes  en  s
tramitación a la entrada en vigor de esta ley, mientras que las disposiciones finales  e.
primera y segunda regulan el desarrollo normativo y la entrada en vigor de la misma. w.
Respecto a las modificaciones que se realizan en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de  95ww
Pagrootsetcoc, iódne  Ammebdiiednatsa lt rIinbtuetgarraiadsa,,  dcea bseim dpelsiftiaccaacrió qnu ea dsmi binieisnt realt iDvae cyr eeton- lmeya t2e/r2ia0 1d4e,  dfuen 1c idóen 
pdúicbielimcab,r ey,a  erena liczuóa nutnoa  are mlai sieóvna lau alaci óleng iaslmacbiióenn taels taetna l lbaá sRiceag,i óLne yd e2 1/M20u1rc3i,a ,d ey  9q duee   BOE-A-cable e
posteriormente esta ley ha sido modificada en distintas ocasiones, sigue existiendo en la 
norma regional una remisión genérica, con escasas particularidades a la normativa 
básica  estatal.  Esta  normativa  básica,  si  bien  reguló  un  procedimiento  único  de 
evaluación ambiental para todas las comunidades autónomas, deja margen para que 
estas desarrollen ciertos aspectos como son, entre otros, los plazos de tramitación, la 
determinación  de  órganos  sustantivos  o  ambientales  y  la  coordinación  con  otras 
normativas sectoriales. Cuestiones que no están exentas de importancia ya que inciden 
notablemente en los tiempos de tramitación de los expedientes de evaluación, en la 
agilidad administrativa en las autorizaciones y control medioambientales, y por ende en 
la situación social y económica.
Dicha importancia se hace más patente en la situación generada por la pandemia del 
COVID-19  descrita  anteriormente,  por  lo  que,  desde  el  conocimiento  del  órgano 
autonómico de su legislación sectorial, de su territorio y de la estructura administrativa 
regional y local, se regulan aspectos dirigidos a optimizar los recursos administrativos, 
mejorar la coordinación administrativa, acotar todos los plazos para todos los actores 
intervinientes en el proceso de evaluación ambiental, aumentar la seguridad jurídica, 
evitar  la  duplicidad  de  actuaciones  en  las  administraciones  públicas  coordinando 
procedimientos, en definitiva a mejorar las condiciones de intervención administrativa en 
materia medioambiental.
Así, siempre en el marco de la normativa estatal y de las directivas europeas, y 
teniendo en cuenta la jurisprudencia y los distintos documentos y estudios emitidos por 
las instituciones se han desarrollado las modificaciones que se describen a continuación.
Se garantiza la participación pública y la difusión e intercambio de información y la 
colaboración  interadministrativa  en  ello,  mediante  la  creación  de  una  plataforma 
informática de acceso común y la utilización de formatos de información comunes e 
interoperables.
Se concretan las condiciones para la elaboración de planes y estrategias en materia 
medioambiental que no constituyan instrumentos de ordenación territorial, independizando 
así los aspectos puramente ambientales, lo cual no obsta para que puedan llevarse a 
cabo directrices y planes con este carácter de acuerdo la normativa sectorial aplicable.
Se  refuerza  la  actuación  de  la  Administración  regional  en  materia  de  suelos 
contaminados, con la posibilidad de fijar, reglamentariamente y dentro del marco de la 
normativa estatal, niveles genéricos de referencia de presencia en ellos de materias 
contaminantes que puedan agravar la salud humana y dañar los ecosistemas.
Se concreta el concepto de modificación de una instalación sometida a autorización 
ambiental autonómica, así como el carácter de sustancial o no sustancial, remitiendo a la 
normativa básica estatal vigente en el caso de autorizaciones ambientales integradas y 
definiéndolo para las autorizaciones ambientales sectoriales.
Aplicando la experiencia adquirida y los datos de los expedientes tramitados se hace 
necesario  un  reajuste  de  los  valores  en  materia  de  seguimiento  de  instalaciones 
industriales, que garantizando la protección del medio ambiente y la salud humana no 
produzca  una  inmersión  constante  en  procesos  administrativos  que  inviabilicen  la 
actividad.  Medida  especialmente  necesaria  en  estos  momentos  por  las  razones 
anteriormente expuestas.
Se concretan aspectos básicos del procedimiento de autorizaciones ambientales 
sectoriales, integrando en el mismo la normativa sectorial estatal y las condiciones en el 
caso de que sea precisa una evaluación de impacto ambiental.
En los procesos de evaluación ambiental, en el marco de la normativa estatal, se  s
asignan las funciones de órganos ambientales y órganos sustantivos teniendo en cuenta  oe.
la  necesaria  colaboración  activa  de  las  distintas  administraciones  intervinientes,  la  w.
descentralización  y  autonomía  y  las  distintas  competencias,  dando  un  mayor  95ww
pprrooctaegdoimniisemntoo  ad ela  eAvdamluiancisiótrna cdióen  lolosc apl,l aqnuees  ayh oprrao girnatemraves ncduráy aa catuivtaomrizeanctieó ne nd etopdeon deel 
deexc mluesnivoarm taemntaeñ doe p ulae dmaisnm sae.r  Nauox oilibasdtoasn teen,  sees tapsre tvaére laas p poosrib laili daaddm dineis qtruaec ilóons  rmeguinoincaipl.ios  BOE-A-cable e
En el marco de la legislación básica se genera un procedimiento único de evaluación 
ambiental estratégica, en el que establecen plazos concretos de actuación para todos los 
actores  del  proceso,  concretando  los  procedimientos  y  clarificando  conceptos, 
aumentando la seguridad jurídica ya que todo el proceso, desde este momento tiene un 
plazo  concreto  de  finalización.  Se  introduce  la  posibilidad  de  que  cuando  en  la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con la debida participación pública en 
informes de las administraciones afectadas, se detecte inequívocamente que un plan o 
programa es ambientalmente inviable, se emita resolución al respecto, garantizando así 
la protección de los valores ambientales y evitando a su vez la prolongación en el tiempo 
de un procedimiento que ralentizaría al sector público y privado y llegaría a la misma 
conclusión.
Se garantiza en el procedimiento lo establecido por las directivas europeas y la 
normativa estatal en materia de evaluación ambiental en cuanto a que la integración de 
los  factores  ambientales  en  planes,  programas  y  proyectos  debe  realizarse  con 
anterioridad a su aprobación, autorización o adopción por las administraciones públicas, 
principio al que deberán adaptarse las distintas normativas sectoriales que regulen en 
algún modo la intervención administrativa en dichos extremos.
Respecto a las modificaciones que se realizan en el Decreto número 48/1998, de 30 
de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, se realizan, teniendo en cuenta 
que en la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, encontrándose entre 
ellos los instrumentos de planeamiento urbanístico y las infraestructuras, se evalúa 
también el impacto del ruido en el medio ambiente y en la salud, no tiene sentido 
mantener un informe paralelo de la Administración regional en el proceso de elaboración 
y aprobación de dichos instrumentos, o en la autorización de proyectos que ya son 
evaluados en aplicación de la normativa de evaluación ambiental, por lo que para evitar 
duplicidades en la acción administrativa que ralentizarían los procedimientos se modifica 
el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 
ruido, eliminando la necesidad del citado informe.
III
La Constitución española, a través de los artículos 148 y 149, llevó a cabo una 
distribución  de  las  competencias  ambientales  entre  el  Estado  y  las  comunidades 
autónomas, atribuyendo al Estado, como competencia exclusiva, la legislación básica 
sobre protección del medio ambiente, y a las comunidades autónomas su gestión y el 
establecimiento de normas adicionales de protección. La Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia asumió, a través del artículo 11.2 de su Estatuto de Autonomía, la 
competencia para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio 
ambiente y normas adicionales de protección, en el marco de la legislación básica del 
Estado y en los términos que la misma establezca.
Haciendo uso de estas competencias se aprobó la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada, que mediante esta ley se modifica por las razones 
anteriormente expuestas.
IV
A pesar del carácter urgente, en la elaboración de esta disposición se han observado 
los principios de buena regulación establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, es 
decir, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y  e.
eficacia. w.b
En  cumplimiento  de  los  principios  de  eficacia  y  proporcionalidad,  las  medidas  95ww
ccoonntseemgupilrasdea sm eednia netes teas ten oinrmstaru mseen toa,j ussutapno ndprláe nuanm iemnpteu lsoa l deo blaje ativcotiv idqaude,  pproretetegnedráe 
el derecho constitucional a al disfrute de un medio ambiente seguro y a su protección por
parte  de  los  poderes  públicos  e  incrementará  el  bienestar  y  la  seguridad  de  los 
administrados.
Por otra parte, de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y simplicidad, la 
ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico regional generando, por lo tanto, 
un marco normativo claro y poco disperso.
Por último, la norma es coherente con los principios de transparencia y accesibilidad, 
al tener claramente definido su objetivo y la justificación del mismo en los párrafos 
anteriores,  y  haber  cumplido  estrictamente  con  los  procedimientos  exigidos  en  su 
tramitación.
CAPÍTULO I
Modificación de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Artículo primero.
Se modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los siguientes términos:
Uno.  Se añade un punto 4 al artículo 3, redactado como sigue:
«4.  En  el  marco  de  la  legislación  estatal  básica  y  a  los  efectos  de  la 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas y la evaluación ambiental 
de proyectos se entiende por:
a)  Administraciones públicas afectadas: las que, debido a sus competencias 
específicas  en  población,  salud  humana,  biodiversidad,  geodiversidad,  fauna, 
flora,  suelo,  agua,  aire,  ruido,  factores  climáticos,  paisaje,  bienes  materiales, 
patrimonio  cultural  incluido  en  el  patrimonio  histórico,  educación,  servicios 
sociales, sanidad, ordenación del territorio y urbanismo, puedan verse afectadas 
por  las  repercusiones  medioambientales  de  la  ejecución  de  los  planes  y 
programas cuya evaluación ambiental regula esta ley.
b)  Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 
organizaciones o grupos legalmente constituidos que no reúnan los requisitos para 
considerarse interesados en el expediente.
c)  Personas interesadas: a los efectos de esta ley se entenderá por personas 
interesadas:
1.º  Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado 
según la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.
2.º  Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes 
requisitos:
I)  Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del 
medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que 
tales fines puedan resultar afectados por el plan, programa o proyecto de que se 
trate.
II)  Que  lleven,  al  menos,  dos  años  legalmente  constituidas  y  vengan 
ejerciendo de modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines  s
recogidos en sus estatutos. oe.
III)  Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial  w.
eqvuael uraecsiuólnte a mafbeicetnatdaol. »por el plan, programa o proyecto que debe someterse a  2020-9795n https://ww
Dos.  Se modifican el punto 1 y el punto 4 del artículo 5, quedando redactados como 
sigue:
«1.  Para garantizar la aplicación de esta ley, las administraciones públicas, 
así como sus distintos órganos, ajustarán sus actuaciones a los principios de 
información mutua, cooperación y colaboración, de acuerdo con el principio de 
lealtad institucional.»
«4.  La consejería con competencias en medio ambiente, en colaboración con 
la consejería competente en informática, creará, mantendrá y pondrá a disposición 
de  las  distintas  administraciones  intervinientes  en  los  procedimientos  de 
evaluación o autorizaciones ambientales una plataforma informática que permita la 
transmisión de documentación y actos administrativos relativos a los mismos, su 
seguimiento y su acceso público, según determine la normativa sectorial aplicable, 
a través de internet en el tiempo y forma establecidos en la normativa aplicable, 
con la excepción, en su caso, de los datos que gocen de confidencialidad.
El instructor del expediente comunicará por medios electrónicos a las unidades 
administrativas que deban emitir informes vinculantes, así como los facultativos, 
justificando en este último caso la necesidad del informe, así como la puesta a 
disposición  del  expediente  en  la  plataforma  telemática  correspondiente, 
acordándose en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un 
impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
De conformidad con legislación básica estatal reguladora del procedimiento 
administrativo común, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán 
facultativos y no vinculantes.
El  órgano  peticionario  de  un  informe  facultativo  deberá  fundamentar  la 
conveniencia de solicitarlo y señalar el plazo para su emisión. De no emitirse el 
informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones.»
Tres.  Se introduce un nuevo artículo 5.bis con el siguiente contenido:
«Artículo 5 bis.  Formato de la documentación de los planes o programas y 
proyectos sometidos a evaluación o autorización ambiental.
1.  En base a los principios de economía y máxima difusión, la documentación 
integrante de los planes o programas y proyectos, incluyendo el documento inicial 
ambiental, el estudio ambiental estratégico, el estudio de impacto ambiental y 
cualquier documento complementario del plan o programa, deberán presentarse 
en formato digital de uso común, bajo un sistema que garantice su protección, 
firmado electrónicamente por sus autores y con código de verificación. En el caso 
de que se determine que existe información confidencial, el promotor deberá 
presentar  además  una  versión  documental  paralela  que  garantice  la 
confidencialidad de datos admitida a efectos de su publicación.
2.  El promotor remitirá la información al órgano sustantivo o ambiental, según 
proceda, acompañada de un índice en el que se identifique y date cada archivo. 
Cuando se requieran subsanaciones de la documentación aportada se identificará 
la parte de la documentación anterior que se sustituye o complementa. Estos 
requerimientos se dirigirán directamente al promotor por el órgano actuante, ya 
sea el órgano sustantivo o el órgano ambiental, el cual la trasladará al resto de  s
órganos intervinientes en el proceso de evaluación ambiental. oe.
3.  La  información  geográfica  que  incluyan  dichos  planes,  programas  o  w.
vapibrgoieeynrettocet soy se  ndd eela b unesoroár m cpaortemivsaúe nne,tn a drmseea  ateecrnuia ea rdrdecoh  inivcfoora ned silgatristua clc tuoinrnaddseic pdieoenn ddeaiset ondstee e,  sienpntae crfoioaprlmeesraa.tboi liSdaIGd   2020-9795n https://ww
Se deberá realizar sobre una base cartográfica, ortofotografía o imagen oficial,
estar definida en el sistema de referencia ETRS89 y proyección UTM referida al  Bc
huso  30  norte.  Se  utilizará  la  información  geográfica  temática  oficial  de  las 
administraciones  competentes.  Se  indicará  en  archivo  independiente  los 
metadatos mínimos para identificar la información, tales como procedencia y fecha 
de  actualización.  La  información  alfanumérica  asociada  a  la  gráfica  será  la 
necesaria para una correcta caracterización temática de los distintos elementos 
gráficos. Se incluirá siempre un archivo digital en el que se defina el ámbito del 
plan, programa o proyecto sobre cartografía catastral, incluyendo las referencias 
catastrales de las parcelas incluidas en el mismo.
4.  Se faculta al titular de la consejería competente en materia de medio 
ambiente para que mediante la oportuna orden se concreten o actualicen los datos 
técnicos  referidos  a  formatos  y  características  de  la  documentación  e 
información.»
Cuatro.  Se modifican los puntos 1, 2 y 4, y se elimina el punto 3, renumerando 
correlativamente el punto 4 como punto 3, del artículo 8, quedando redactados como 
sigue:
«1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en 
materia de medio ambiente, aprobará las directrices de protección del medio 
ambiente, en las que se definirán los principios rectores que han de guiar la 
política regional en materia de calidad ambiental, la integración de estos en la 
planificación y ejecución de la política territorial, económica, tecnológica, industrial 
y de desarrollo local, y las posibles estrategias financieras para la superación del 
déficit ambiental.
2.  Para  el  desarrollo  de  su  política  ambiental,  el  Consejo  de  Gobierno 
aprobará planes integrales o sectoriales de protección del medioambiente, que 
podrán ejecutarse directamente, o a través de programas de acción.
3.  Las directrices, planes y programas del medio ambiente, incluidos los 
planes autonómicos en materia de residuos, contaminación acústica, o de calidad 
del aire o contaminación atmosférica, tendrán la consideración de instrumentos de 
ordenación del territorio cuando tengan por finalidad la regulación de actividades y 
la  coordinación  de  políticas  urbanísticas  y  medioambientales  con  incidencia 
territorial  que  deban  prevalecer  sobre  otros  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio de rango inferior y planeamiento urbanístico, debiendo ajustarse en estos 
casos a lo establecido en la legislación territorial y urbanística vigente en cuanto 
tipología, naturaleza, alcance y procedimiento de elaboración y aprobación.
4.  La participación real y efectiva del público en la elaboración y aprobación 
de las directrices, planes y programas de índole ambiental se garantizará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
5.  El  Gobierno  Regional  informará  a  la  Asamblea  Regional  sobre  la 
elaboración y el estado de ejecución de las directrices, planes y programas de 
protección del medio ambiente.»
Cinco.  Se modifica el punto 1 del artículo 9, quedando redactado como sigue:
«1.  En el marco de la legislación básica estatal, el Consejo de Gobierno 
establecerá reglamentariamente los valores límite, niveles genéricos de referencia 
u otras prescripciones técnicas que resulten adecuados para la protección del  e.
medio ambiente, la seguridad y salud de las personas, aplicables a los residuos,  w.
ruidos, vertidos, emisiones, suelos y cualesquiera otras formas de contaminación. 95ww
adecEul aedxap ejudsietinfictea cdieó na ptérconbiaccai.ó»n o modificación del reglamento deberá contener la
Seis.  Se modifica el apartado d) del artículo 12, quedando redactado como sigue:
«d)  Comunicar o solicitar autorización, según proceda, al órgano competente 
para otorgar las autorizaciones ambientales autonómicas o la licencia de actividad 
para las modificaciones que se propongan realizar en la instalación.»
Siete.  Se modifica el punto 1 y se elimina el punto 2 del artículo 15, quedando 
redactado como sigue:
«1.  El otorgamiento de la autorización ambiental autonómica, su revisión o 
modificación,  precederá  a  las  autorizaciones  de  industrias  o  instalaciones 
industriales sometidas a autorización administrativa previa o a la presentación, en 
su caso, de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con 
el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y, en particular, las 
siguientes: las autorizaciones establecidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del  Sector  Eléctrico;  en  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  del  Sector  de 
Hidrocarburos; y en el capítulo IV de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo referente a las instalaciones 
químicas  para  la  fabricación  de  explosivos,  así  como  las  autorizaciones 
establecidas en la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas.»
Ocho.  Se modifican los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, y se eliminan los puntos 6 y 7, del 
artículo 22, quedando redactados como sigue:
«1.  Se  considerará  que  se  produce  una  modificación  en  la  instalación 
cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un 
cambio  no  previsto  en  la  autorización  ambiental  originalmente  otorgada,  que 
afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la 
extensión de la instalación. Las modificaciones se clasifican en sustanciales y no 
sustanciales de acuerdo con lo previsto en los siguientes puntos.
2.  Las  modificaciones  de  instalaciones  sujetas  a  autorización  ambiental 
integrada se regirán por lo dispuesto en la normativa estatal básica de aplicación.
3.  Las  modificaciones  de  instalaciones  sujetas  a  autorización  ambiental 
sectorial precisarán de autorización del órgano autonómico competente en todo 
caso.
4.  Se calificarán como no sustanciales las modificaciones de instalaciones 
sujetas  a  autorización  ambiental  sectorial  que  tengan  las  siguientes 
características:
a)  Cuando se trate de instalaciones de tratamiento de residuos:
i)  Aquellas que supongan una modificación de maquinaria o equipos, pero no 
impliquen un proceso de gestión distinto del autorizado.
ii)  Las que supongan el tratamiento de residuos de características similares a 
los autorizados, siempre que no impliquen un incremento del 25 % en la capacidad 
de  gestión  de  residuos  peligrosos,  del  50  %  en  la  capacidad  de  gestión  de 
residuos no peligrosos o procesos de gestión distintos de los autorizados.
b)  Para  instalaciones  que  conlleven  actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmósfera  (grupos  A  y  B)  aquellas  que  supongan  una 
modificación o reemplazo de maquinaria, equipos o instalaciones por otras de  e.
características similares, siempre que no suponga la inclusión de un nuevo foco A  w.b
o B que suponga un incremento superior al 35 % de la emisión másica de  95ww
tcoutaallq dueie lraas  deem liossio nceosn taatmmionsafnétreicsa ast mproosdfuécriicdoass .que siguen en la autorización o del
supocn) gaEnn u nla sin carecmtiveidnatod essu pqeurieo r gael n2e5r e%n  dveelr tcidaousd alt iedrer av-emratidr,o  aoq udeelll a2s5  %qu ed e nlao 
concentración de cualquier sustancia contaminante, y, en todo caso, siempre que
no se introduzcan nuevos contaminantes ni se superen los valores límite de 
emisión establecidos en la autorización original.
d)  En  todo  caso  las  modificaciones  que  no  modifiquen  o  reduzcan  las 
emisiones,  vertidos  o  capacidad  de  gestión  de  residuos  de  las  instalaciones 
citadas en los apartados a), b) y c) anteriores.
5.  Se  calificarán  como  sustanciales  las  modificaciones  de  instalaciones 
sujetas  a  autorización  ambiental  sectorial  que  no  cumplan  las  condiciones 
establecidas en el punto anterior.»
Nueve.  Se modifica la denominación del artículo 26, se modifican los apartados 1 
y 2, se mantiene el punto 3 y se añade un apartado 4, quedando redactado como sigue:
«Artículo 26.  Condiciones de la autorización ambiental integrada.
1.  La  autorización  ambiental  integrada  aglutina  en  un  solo  acto  de 
intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales en materia de 
producción y gestión de residuos, de vertidos a las aguas continentales, incluidos 
los vertidos al sistema integral de saneamiento, y de vertidos desde tierra al mar, 
así como las determinaciones de carácter ambiental en materia de contaminación 
atmosférica, incluidas las referentes a los compuestos orgánicos volátiles.
2.  La  autorización  ambiental  integrada  se  otorgará  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización 
del dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en 
materia de aguas y costas y demás normativa que resulte de aplicación.
3.  La  autorización  ambiental  integrada  podrá  establecer  condiciones  que 
resulten precisas para la restauración del espacio afectado una vez producida la 
cesación de la explotación, en particular mediante la adopción de las medidas 
necesarias para evitar los riesgos de contaminación.
4.  Mientras la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito de 
sus  competencias  no  desarrolle  las  normativas  sectoriales  que  afectan  a  las 
materias  objeto  de  autorización  ambiental  integrada  en  la  implantación  de 
instalaciones  o  actividades,  la  consejería  competente  en  medio  ambiente  no 
exigirá otras autorizaciones o requisitos normativos distintos a los establecidos por 
la legislación estatal sectorial que en cada caso corresponda y por esta ley.»
Diez.  Se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 31, quedando redactados como 
sigue:
«1.  La solicitud de la autorización ambiental integrada se acompañará de la 
documentación exigida por la normativa estatal.
2.  Cuando  el  proyecto  esté  sujeto  a  evaluación  de  impacto  ambiental 
simplificada  de  competencia  autonómica,  el  promotor  podrá  presentar  la 
documentación  exigida  para  la  autorización  ambiental  integrada  junto  con  la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada ante el órgano sustantivo 
a  efectos  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  el  cual  la  remitirá  al  órgano 
ambiental autonómico de acuerdo con lo previsto en la legislación estatal de 
evaluación ambiental, o bien podrá esperar a que recaiga el informe de impacto 
ambiental, y presentar entonces la solicitud de autorización ambiental integrada al 
órgano autonómico competente para otorgar la autorización ambiental integrada.» e.e
quedOanncdeo.  «re1Sd. ea cEmtalo dpdorifsoic ccaeondm ilmoos ies inpgtuuone t.does  1a uyt o3r izdaecl iaórnt ícaumlob i3e2n tya ls ein taeñgaraddean  lcoosm ppurnetnodse 4rá y  e5n,   2020-9795n https://www.
too djuor ícdaicsao  euxna tmráimnaitre e dl ee xinpfeodrmieancteió, ne pxúcebplictuaá qnudeo spee rdmei tae sate c utraálmquitiee ra pqeureslolonsa  dfíasticoas   BOE-A-cable e
de  la  solicitud  que,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  gocen  de 
confidencialidad.
3.  Si la actividad está sometida a alguna de las autorizaciones sustantivas a 
que se refiere el artículo 15, o a la normativa de control de riesgos inherentes a los 
accidentes graves, el trámite de información pública se practicará por el órgano 
competente  para  otorgar  la  autorización  sustantiva  o,  en  su  defecto,  por  el 
competente en materia de accidentes graves. La información pública se llevará a 
cabo mediante anuncio en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" por plazo 
mínimo de treinta días. El trámite será común al previsto, en su caso, en el 
procedimiento de autorización sustantiva, o en la normativa de control de riesgos 
inherentes a los accidentes graves.
4.  Cuando el proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, finalizado el trámite de información pública y de consulta, el órgano 
sustantivo, en el plazo de veinte días desde su finalización, remitirá el expediente, 
junto  con  las  alegaciones  y  observaciones  recibidas,  al  órgano  autonómico 
competente para otorgar la autorización ambiental integrada. A su vez, en el plazo 
de 30 días, el órgano sustantivo remitirá el informe que dentro de su ámbito 
competencial  deba  efectuar  sobre  las  materias  que  sean  de  su  competencia 
referidas en el artículo 33 de esta ley.
En el caso de que el órgano sustantivo sea el propio Ayuntamiento donde se 
ubica la instalación, este informe se realizará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 34 de esta ley.
5.  Tras  la  realización  de  las  actuaciones  reguladas  en  los  apartados 
anteriores,  el  órgano  autonómico  competente  para  otorgar  la  autorización 
ambiental integrada, el órgano sustantivo y el órgano ambiental continuarán los 
trámites establecidos en la legislación que resulte, respectivamente, de aplicación 
en materia de autorización ambiental integrada, de autorización sustantiva o de 
evaluación de impacto ambiental.»
Doce.  Se modifica el punto 3 del artículo 34, quedando redactado como sigue:
«3.  El plazo para emitir el informe será de un mes desde la recepción del 
expediente por el ayuntamiento. En caso de no emitirse el informe en el plazo 
señalado, el órgano autonómico competente requerirá al ayuntamiento para que 
emita con carácter urgente el citado informe, concediéndole un plazo adicional 
máximo de veinte días naturales. El requerimiento efectuado se comunicará al 
promotor. Transcurridos tales plazos, continuarán las actuaciones.»
Trece.  Se modifica el punto 2 del artículo 45, quedando redactado como sigue:
«2.  Mientras la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito 
de sus competencias no desarrolle estas normativas sectoriales en la implantación 
de instalaciones o actividades, la consejería con competencias en medio ambiente 
no exigirá otras autorizaciones o requisitos normativos distintos a los establecidos 
por la legislación estatal sectorial que en cada caso corresponda o en esta ley.»
Catorce.  Se añade un nuevo artículo 47, que queda redactado como sigue:
«Artículo 47.  Procedimiento de autorización ambiental sectorial.
1.  El  procedimiento  de  autorización  de  las  instalaciones  sometidas  a  o
ranpeuouqtrnoumt2roe.aizs rtia risváCciangiuó  uansiaen eundacttootmeo rsribzsi.aiaeelc  nittdóareanl  t,e sa cepudcliyetcoo ar mciapióolr nods.ci feeicL daalilmcesi voieamnnreáotso d  iafssi cueacs actaaibotneoncn eidassrle eágds ú ean s  edlol ioc s hdeadigssisup piuriunáees ststeaotlol  a emcenioins n mleolaoss     OE-A-2020-9795able en https://www.
procedimiento de autorización que el previsto para una instalación de nueva planta
y no podrán llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización 
ambiental sectorial. La nueva autorización ambiental sectorial que se conceda 
sustituirá a la anterior, refundiendo las condiciones impuestas originariamente para 
el ejercicio de la actividad y aquellas que se impongan como consecuencia de la 
modificación sustancial de la instalación. Dicha autorización no podrá otorgarse 
con anterioridad a la finalización, en caso de ser necesario, del procedimiento de 
evaluación ambiental.
3.  Cuando se trate de modificaciones no sustanciales, junto a la solicitud de 
autorización, el titular de la instalación presentará documentación justificativa de 
las razones por las que estima que la modificación es no sustancial, indicando 
razonadamente por qué se considera como tal, con el desglose pormenorizado de 
los aspectos y criterios establecidos en el apartado 4 del artículo 22.
Para la determinación del carácter no sustancial de la modificación deberán 
examinarse conjuntamente todas las modificaciones no sustanciales previas junto 
con la que se solicita.
El órgano autonómico competente, en el plazo máximo de 45 días desde la 
solicitud, emitirá resolución en la que se recoja, bien que la modificación tiene 
carácter sustancial y por tanto debe ser sometida al procedimiento de autorización 
establecido en el punto anterior, o bien que la modificación tiene carácter no 
sustancial, incorporando las modificaciones a la autorización vigente.
Si la documentación presentada resulta insuficiente, el órgano autonómico 
competente requerirá al interesado para que proceda a su subsanación en el plazo 
máximo de quince días, suspendiéndose el cómputo del plazo anterior. De no 
remitir  la  subsanación  en  el  plazo  indicado  se  le  entenderá  desistido  de  su 
solicitud.
Si la modificación se encuentra en los supuestos de evaluación de impacto 
ambiental según lo dispuesto por la normativa básica estatal aplicable o por lo 
dispuesto en esta ley, no podrá llevarse a cabo con anterioridad a la finalización 
del  procedimiento  de  evaluación  ambiental,  y  previa  autorización  ambiental 
sectorial, que se emitirá en el plazo máximo de 30 días desde el fin de dicho 
procedimiento.»
Quince.  Se modifica el punto 2 del artículo 84, quedando redactado como sigue:
«2.  A efectos de los establecido en el artículo 7.2 c) de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, se entenderá que una modificación puede 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga un 
incremento de más del 30 por 100 de emisiones a la atmósfera, de vertidos a 
cauces públicos o al litoral, de generación de residuos, de utilización de recursos 
naturales, o cuando la modificación suponga una afección a espacios naturales 
protegidos, Red Natura 2000 o una afección significativa al patrimonio cultural.»
Dieciséis.  Se modifica el artículo 85, que queda redactado como sigue:
«1.  Corresponde  a  la  consejería  con  competencias  en  materia  de 
medioambiente ejercer las funciones de órgano ambiental cuando se trate de la 
evaluación  ambiental  de  proyectos  que  deban  ser  adoptados,  aprobados  o 
autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o las entidades 
locales de su ámbito territorial, o que deban ser objeto de declaración responsable 
o comunicación previa ante las mismas. e.
2.  No obstante, en el caso de proyectos de desarrollo de los instrumentos  w.
regulados por la normativa autonómica sectorial en materia de ordenación del  95ww
taecrtruitaorráio  cyo murob aónrigsmanoo,   caumybai eanptarol bealc ióany ucnotarrmeisepnoton dac oarr elsapso nedniteidnated eas l loácmableitso, 
htearbriittoarniatel sd.e lE pnl arne sot op rdoeg rammuan,i ceipni oloss,  mel uenjiecirpciiocsio  codne  plaosb laccoimónp estuepnecriiaosr  aq u5e0 .0s0o0n   BOE-A-cable e
propias del órgano ambiental podrá delegarse en los Ayuntamientos, siempre que 
acrediten  la  disposición  de  medios  técnicos  y  personales  necesarios  para  el 
ejercicio de la competencia.
3.  Para la determinación del órgano sustantivo autonómico o municipal en el 
ámbito de la Región de Murcia, se tendrán en cuenta las siguientes reglas por 
orden de prioridad:
a)  Con carácter general, cuando el proyecto esté sometido a autorización o 
aprobación del órgano autonómico competente por razón de la materia, será éste 
el que tenga la condición de órgano sustantivo a efectos de evaluación de impacto 
ambiental.
b)  En los proyectos de explotación agrícola intensiva de áreas naturales, 
seminaturales e incultas será órgano sustantivo el órgano autonómico competente 
en materia de montes.
c)  Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 840/2015, de 21 
de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de  control  de  los  riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 
será  órgano  sustantivo  el  órgano  autonómico  competente  en  materia  de 
accidentes graves.
d)  En  los  proyectos  destinados  a  la  cría  de  animales  en  explotaciones 
ganaderas, y a la producción de fertilizantes, fitosanitarios, productos alimenticios, 
mataderos  y  despieces  de  animales  o  subproductos  animales,  así  como  los 
vertidos tierra mar, será órgano sustantivo el órgano autonómico que ostente la 
competencia sobre el control de la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto, 
siguiendo lo establecido en el artículo 5.1.d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental.
e)  Cuando  se  trate  de  proyectos  sometidos  a  autorización  ambiental 
autonómica, distintos de los anteriores, el órgano sustantivo será la consejería con 
competencias en materia de medio ambiente si el municipio en que se ubica la 
instalación  su  población  de  derecho  no  supera  los  50.000  habitantes,  y  el 
ayuntamiento  en  aquellos  municipios  cuya  población  de  derecho  supere 
los  50.000  habitantes.  En  el  resto  de  los  municipios,  el  ejercicio  de  las 
competencias  que  son  propias  del  órgano  sustantivo  podrá  delegarse  en  los 
ayuntamientos,  siempre  que  acrediten  la  disposición  de  medios  técnicos  y 
personales necesarios para el ejercicio de la competencia.
f)  En  los  proyectos  no  sometidos  a  autorización  ambiental  autonómica, 
distintos de los previstos en los apartados a), b), c) y d) el órgano sustantivo será 
el ayuntamiento.
4.  La consejería competente en medio ambiente y las entidades locales 
tendrán en cuenta una adecuada separación de las funciones que puedan dar 
lugar a un conflicto de intereses cuando el órgano ambiental sea simultáneamente 
el órgano sustantivo en el proceso de evaluación ambiental del proyecto.»
Diecisiete.  Se suprime el punto 1 del artículo 86, se modifican los puntos 2 y 5 y se 
renumeran correlativamente los puntos 2, 3, 4 y 5 como 1, 2, 3 y 4, quedando redactado 
como sigue:
«1.  El Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo y oído el 
órgano  ambiental,  mediante  acuerdo  motivado  podrá  excluir  del  trámite  de  e.
evaluación  de  impacto  ambiental  a  los  proyectos  que  se  encuentren  en  los  w.
supuestos excepcionales recogidos en la normativa básica estatal. Dicho acuerdo  95ww
adlete renxactliuvasi ódne  deevcaidluiraác iósni  pqruoec ecduem  spolam ectoenr   leols  pproriynecciptoio se xyc luoibdjoe tivao so tdrae  fdoircmhaa 
legislación básica y que realizará el órgano sustantivo.
2.  El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el 
"Boletín Oficial de la Región de Murcia". Adicionalmente, se pondrá a disposición 
de las personas interesadas la siguiente información:
a)  La decisión de exclusión y los motivos que la justifican.
b)  La  información  relativa  al  examen  sobre  las  formas  alternativas  de 
evaluación del proyecto excluido.
3.  Dicha información se remitirá al órgano de la Administración General del 
Estado competente, para su comunicación a la Comisión Europea, con carácter 
previo a la autorización o aprobación del proyecto.
4.  La exclusión de evaluación ambiental de proyectos no exime de realizar la 
evaluación de repercusiones sobre los espacios de la Red Natura 2000, en los 
términos previstos en la legislación básica estatal, ni del cumplimiento de los 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, planes de gestión y demás 
normas protectoras de los espacios protegidos de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.»
Dieciocho.  Se modifica el punto 1 del artículo 99, quedando redactado como sigue:
«1.  Con carácter general, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la 
declaración de impacto ambiental es responsabilidad de los órganos sustantivos 
que se determinan en el artículo 85 de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5.1.»
Diecinueve.  Se modifica la denominación y el contenido completo del artículo 100, 
introduciendo los puntos 1, 2, 3 y 4.
«Artículo 100.  Objetivos y finalidad.
1.  La  evaluación  ambiental  estratégica  de  planes  y  programas  tiene  por 
objetivo  integrar  los  condicionantes  medioambientales  en  su  planificación, 
actuaciones  y  ordenación  con  anterioridad  a  su  adopción  o  aprobación, 
promoviendo un adecuado desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, 
social y ambiental. Para ello, la legislación autonómica sectorial aplicable para la 
elaboración y aprobación de los distintos planes y programas por razón de su 
materia se adaptará a las condiciones establecidas en la presente ley y en la 
legislación básica estatal, en cuanto a los procedimientos de aprobación de los 
mismos, con la finalidad de asegurar en el procedimiento una mayor garantía de 
protección del medio ambiente y una completa participación pública e institucional 
en la elaboración, aplicación y desarrollo de los mismos.
2.  Cuando la evaluación ambiental estratégica se realice sobre planes o 
programas que forman parte de una misma jerarquía sobre el mismo ámbito 
territorial, y sea preciso llevar a cabo la evaluación ambiental de cada uno de ellos, 
esta se realizará teniendo en cuenta el contenido y el grado de especificación del 
plan, la fase del proceso de decisión en que se encuentre y la medida en que la 
evaluación de determinados aspectos pueda ser más adecuada en fases distintas 
de  dicho  proceso,  con  objeto  de  evitar  la  duplicidad  de  evaluaciones.  Las 
diferentes administraciones públicas de la Región de Murcia intervinientes en la 
elaboración, aprobación y adopción de estos instrumentos deberán adoptar las  es
medidas necesarias para evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones. o
sseeiusveptamrelaAuprt aiéreocegsri .iót coqnoSsu ,ey  ee a efp esnroece dtaaosrl áisuzc,  a ouecdmtlaai leisp zysolae t,lur ta adsdl ai eoed l ne iinn cpfiiroclseairiaolmnaln  caeeoicóss itnó rtp anortc moéoagganpridc aoaolmrots asya de   taneed  frleereaibctn oete orvroisáaat nrll uam yas tece ediflnó aieoenssar e dtmsuee dblnd iiio een nc satudtmareeulebncmsiitesae in óndtntleaao,ll      OE-A-2020-9795able en https://www.
nuevo plan y sin perjuicio de su actualización.
3.  A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  quinta  de  la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en el trámite de evaluación ambiental estratégica 
de planes de ordenación territorial o urbanística que incluyan infraestructuras de 
titularidad estatal o regional, estas no deberán ser objeto de una nueva evaluación 
si en su planificación sectorial ya se ha realizado la evaluación ambiental conforme 
a lo dispuesto por dicha ley. En tales casos la administración competente para la 
aprobación del plan o programa podrá exigir que se tengan en cuenta los aspectos 
no específicamente considerados en la primera evaluación ambiental.
4.  A petición del promotor, y previa conformidad del órgano sustantivo, el 
órgano ambiental podrá acordar la tramitación simultánea del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas y del de evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que los desarrollen, siempre que concurra en 
ambos procedimientos el mismo órgano ambiental. No obstante, no podrá emitirse 
el informe de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental, en su 
caso,  hasta  tanto  no  se  hayan  emitido  el  informe  ambiental  estratégico  o  la 
declaración ambiental estratégica respectivamente, a las que quedará supeditada 
la primera, y siempre que estas últimas no hayan perdido su vigencia.»
Veinte.  Se modifica el contenido del artículo 101, incluyendo los puntos 1, 2 y 3, 
que quedan redactados como sigue:
«1.  Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se encuentren dentro de los supuestos establecidas 
por  la  legislación  básica  estatal  al  efecto.  Esta  evaluación  ambiental  deberá 
realizarse  en  todo  caso  antes  de  la  aprobación  definitiva  de  dichos  planes, 
programas o sus modificaciones, según lo indicado en la presente ley.
2.  La normativa sectorial aplicable a la finalidad del plan o programa, en el 
marco de la legislación básica estatal y en función de las condiciones que esta 
establezca para que un plan o programa o sus modificaciones deban ser sometido 
a evaluación ambiental estratégica, podrá establecer qué tipologías de planes y 
programas cumplen dichas condiciones. Así mismo podrá determinar el alcance 
de las modificaciones que se consideren menores o los planes considerados como 
zonas de reducida extensión, a efectos del procedimiento de evaluación ambiental 
a seguir.
3.  Se  entenderá  que  un  plan  o  programa  establece  un  marco  para  la 
autorización en el futuro de proyectos, entendiendo proyecto con la definición que 
le da la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a efectos de la evaluación ambiental de 
proyectos,  cuando  en  dicho  plan  o  programa  se  incluyan  condiciones 
determinantes para su aplicación directa en la autorización de futuros proyectos, 
ya sea en cuanto a su ubicación, naturaleza, dimensiones u otros requisitos 
específicos que los definan, independientemente de que estos estén sometidos a 
régimen de autorización, declaración responsable o de comunicación previa.»
Veintiuno.  Se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 102 y se añaden los puntos 3 
y 4, quedando redactados como sigue:
«1.  Para los planes y programas y modificaciones de planes y programas, 
cuya elaboración y aprobación corresponda a la Comunidad Autónoma de la 
Región  de  Murcia,  y  para  aquellos  en  cuyas  distintas  fases  de  aprobación  e.
intervengan tanto la administración local como la autonómica, correspondiendo a  w.
esta última la fase de aprobación final o definitiva, de acuerdo con la normativa  95ww
saeuctotonróiaml icqou ec onlo sc omrepgeutleen, ctieansd erán  mlaa tceorinad diceió mn eddeio  óarmgbaineon tea,m cboine nintadle peel nódregnacniao 
de que su iniciativa sea pública o privada.
2.  Para los planes y programas y modificaciones de planes y programas cuya 
elaboración, adopción o aprobación, corresponda íntegramente a las entidades 
locales, con independencia de que su iniciativa sea pública o privada, en los 
municipios  con  población  superior  a  50.000  habitantes,  actuará  como  órgano 
ambiental  el  ayuntamiento  correspondiente  al  ámbito  territorial  del  plan  o 
programa.  Tratándose  de  municipios  con  población  no  superior  a  50.000 
habitantes, el órgano ambiental autonómico, mediante la suscripción del oportuno 
convenio, podrá delegar en el ayuntamiento el ejercicio de las funciones de órgano 
ambiental a que se refiere este apartado, cuando el ayuntamiento disponga de 
medios para llevarlas a cabo.
3.  Cuando los planes o programas incluyan actuaciones en materias cuya 
competencia la ostenten distintos órganos de la administración regional o local, se 
considerará  órgano  sustantivo  aquel  que  ostente  las  competencias  sobre  la 
actividad a cuya finalidad se orienta el plan o programa, con prioridad sobre los 
órganos  que  ostentan  competencias  sobre  actividades  instrumentales  o 
complementarias respecto a aquella. En los planes y programas en cuyas distintas 
fases de aprobación intervengan tanto la Administración local como la autonómica, 
actuará  como  órgano  sustantivo  el  ayuntamiento  correspondiente  al  ámbito 
territorial del plan.
4.  Los distintos órganos de la administración autonómica y de las entidades 
locales tendrán en cuenta una adecuada separación de las funciones que puedan 
dar  lugar  a  un  conflicto  de  intereses  cuando  el  órgano  ambiental  sea 
simultáneamente el órgano sustantivo en el proceso de evaluación ambiental del 
plan o programa.»
Veintidós.  Se  añaden  los  artículos  103  a  110,  derogados  en  el  texto  vigente, 
quedando redactados con el siguiente contenido:
«Artículo 103.  Fases de la evaluación ambiental estratégica.
1.  Los planes sometidos a evaluación ambiental estratégica serán objeto de 
evaluación estratégica ordinaria o simplificada en los supuestos establecidos en 
la legislación básica estatal con las particularidades que correspondan según la 
normativa sectorial aplicable.
2.  Las fases de la evaluación ambiental estratégica son las siguientes:
a)  Solicitud de la evaluación ambiental por el promotor, o acuerdo de inicio 
cuando se trate de un promotor público.
b)  Consultas  previas  a  las  administraciones  públicas  afectadas  y  a  las 
personas interesadas.
c)  Documento de alcance del estudio ambiental estratégico, en el caso del 
procedimiento  ordinario,  o  del  Informe  Ambiental  Estratégico  en  el  caso  del 
procedimiento simplificado.
d)  Formulación por el promotor de una versión preliminar del plan o programa 
que  incluirá  el  estudio  ambiental  estratégico  u  otros  estudios  territoriales 
determinados por la legislación sectorial.
e)  Sometimiento por el órgano sustantivo de la versión preliminar del plan o 
programa  a  información  pública,  informes  sectoriales  preceptivos  y  consultas 
ambientales a las administraciones públicas afectadas. s
f)  Elaboración  de  la  propuesta  del  plan  o  programa  por  el  promotor  oe.
atendiendo al resultado de la fase anterior. w.
declhga))r  acREiónen m asisumi óbcniea dnseota ,l la ea spdtraroappttéuageciiscótana.  dpeol rp lealn  por opmroogtroarm  dae a l laó rgparonpou aemstbai endteal l ppalarna  lao   2020-9795n https://ww
programa a la declaración ambiental estratégica.
i)  Si fuera necesario, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley 
o  en  la  legislación  sectorial  aplicable,  nueva  información  pública  del  plan  o 
programa.
j)  Aprobación del plan o programa y publicidad.
3.  El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinario y el de 
evaluación de planes y programas sometidas a evaluación estratégica simplificada 
en los que el Informe ambiental estratégico determine que estos tienen efectos 
significativos  sobre  el  medio  ambiente  y  por  tanto  deben  ser  sometidos  al 
procedimiento ordinarios, comprenderán todas las fases recogidas en el punto 
anterior.
4.  El  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada 
comprenderá las fases descritas en las letras a), b), y c) del apartado 2 y finalizará 
con la emisión por el órgano ambiental de la resolución de informe ambiental 
estratégico, siempre que en esta se determine bien que el plan no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, o bien que el plan o programa es inviable 
ambientalmente.
5.  La documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y a 
las administraciones públicas afectadas y podrá ser consultada en cada fase del 
procedimiento,  para  ello,  y  mientras  no  esté  disponible  la  plataforma  de 
intermediación prevista en el artículo 5.4 de esta ley, el órgano sustantivo y el 
órgano ambiental, según la fase en la que intervengan, adoptarán las medidas 
necesarias  para  que  sean  accesibles  por  medios  electrónicos  los  siguientes 
documentos: el borrador del plan o programa, que incluirá el documento inicial 
estratégico,  el  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental  estratégico  o  la 
resolución del informe ambiental estratégico; la versión preliminar del plan que 
contendrá el estudio ambiental estratégico y otros estudios territoriales requeridos 
por la legislación sectorial, en su caso, el resultado de las consultas y de la 
información pública, la propuesta del plan o programa y la declaración ambiental 
estratégica.
Artículo 104.  Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio.
1.  El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se iniciará, dentro 
del  procedimiento  sustantivo  de  adopción  o  aprobación  del  plan,  bien  por  la 
presentación ante el órgano sustantivo de la correspondiente solicitud de inicio por 
parte del promotor, o bien por acuerdo de inicio del procedimiento de evaluación 
ambiental  estratégica  por  el  órgano  sustantivo  cuando  este  sea  a  su  vez  el 
promotor del plan o programa. A la solicitud se acompañará un borrador del plan o 
programa, o de su modificación, que incluirá la documentación exigida por la 
normativa sectorial, en su caso, y el documento inicial estratégico.
2.  El documento inicial estratégico contendrá, expresado de modo sucinto, 
preliminar y esquemático, y en relación con el ámbito territorial afectado por el plan 
o programa o su modificación, los siguientes extremos:
a)  Los objetivos de la planificación.
b)  El  alcance  y  contenido  del  plan  o  programa  propuesto  y  de  sus 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.
c)  El desarrollo previsible del plan o programa. s
d)  Un diagnóstico de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del  oe.
plan o programa en el ámbito territorial afectado. w.
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f)  Las  incidencias  o  efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales
concurrentes. Bc
3.  En los supuestos contemplados en el artículo 101 de esta ley en los que 
corresponda llevar a cabo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada  y  el  promotor  no  haya  optado  por  el  procedimiento  ordinario,  el 
documento inicial estratégico deberá incluir, además:
a)  La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada.
b)  Un  resumen  de  los  motivos  de  la  selección  de  las  alternativas 
contempladas.
c)  Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente derivado de la 
aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el 
cambio climático y su adaptación al mismo.
d)  Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental 
del plan.
4.  Cuando se trate de planes o programas relativos a la ordenación del 
territorio  o  el  planeamiento  urbanístico,  el  borrador  del  plan  contendrá  como 
mínimo,  con  independencia  de  la  documentación  exigida  por  la  legislación 
sectorial, en su caso, la delimitación de su ámbito territorial y de aplicación, los 
criterios,  objetivos,  alternativas  y  soluciones  generales,  estructura  general, 
preordenación y zonificación básicas.
5.  El órgano sustantivo comprobará que la documentación presentada por el 
promotor incluye los documentos señalados en los apartados anteriores, y que se 
ajusta a lo determinado en la legislación sectorial aplicable, en su caso; de no ser 
así, requerirá al promotor su subsanación en el plazo máximo de diez días hábiles, 
y,  una  vez  subsanada  la  documentación,  la  remitirá  al  órgano  ambiental, 
debidamente datada e identificada y acompañada de la solicitud o acuerdo de 
inicio  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental,  poniéndola  además  a  su 
disposición  por  medios  electrónicos  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  103.5. 
El plazo máximo para esta remisión será de un mes desde la fecha de solicitud o 
acuerdo de inicio del procedimiento de evaluación ambiental.
6.  El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, desde 
la  recepción  de  la  documentación  remitida  por  el  órgano  sustantivo,  para  la 
emisión de la resolución del informe ambiental estratégico o del documento de 
alcance, según corresponda.
7.  En  el  plazo  máximo  de  veinte  días  desde  su  recepción,  el  órgano 
ambiental comprobará la documentación y, si apreciara que no contiene alguno de 
los documentos señalados en esta ley, requerirá al promotor, informando de ello al 
órgano sustantivo, para que en el plazo de quince días proceda a la subsanación 
de la documentación, suspendiéndose el cómputo del plazo para la finalización de 
la  evaluación  durante  el  período  comprendido  entre  la  notificación  del 
requerimiento al promotor y su subsanación. Si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición de evaluación ambiental, previa resolución del órgano 
ambiental. Este plazo podrá ser ampliado hasta diez días, a petición del interesado 
o a iniciativa del órgano ambiental, cuando la aportación de los documentos 
requeridos presente dificultades especiales.
8.  Si  el  órgano  ambiental  estimara  de  modo  inequívoco  que  el  plan  o 
programa  es  manifiestamente  inviable  por  razones  ambientales,  o  cuando  el  e
documento inicial estratégico no reúna condiciones de calidad suficientes en los  bo
aspectos  ambientales  apreciadas  por  dicho  órgano,  o  cuando  se  hubiese  95ww
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suspenderá el plazo para declarar la inadmisión.
La resolución por la que se acuerde la inadmisión justificará las razones por 
las que se aprecia la causa de la misma, y frente a esta resolución podrán 
interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, 
en su caso.
9.  La  documentación  que  solicite  el  órgano  ambiental  directamente  al 
promotor para subsanación de deficiencias a lo largo de todo el proceso de 
evaluación  ambiental,  será  presentada  por  este  directamente  ante  el  órgano 
ambiental, el cual remitirá copia de la misma, debidamente datada e identificada, 
al órgano sustantivo para su conocimiento y efectos, poniéndola a su disposición 
por medios telemáticos.
Artículo  105.  Consultas  previas  a  las  administraciones  públicas  afectadas  y 
pronunciamiento del órgano ambiental.
1.  El órgano ambiental someterá el documento que contiene el borrador del 
plan o programa y el documento inicial estratégico ambiental a consultas de las 
administraciones  públicas  afectadas  en  sus  competencias  específicas  por  el 
objeto, ámbito territorial o determinaciones del plan o programa y a las personas 
interesadas,  según  la  definición  dada  en  el  artículo  3.4  c),  que  deberán 
pronunciarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la consulta.
Cuando  las  personas  interesadas  que  deban  ser  consultadas  sean 
desconocidas por el órgano ambiental, la notificación se realizará mediante edicto 
en  el  BORM,  en  el  que  se  indicará  la  dirección  electrónica  de  acceso  a  la 
información, debiendo acreditar dichas personas su condición de interesadas en el 
expediente y presentar sus alegaciones en el plazo de 30 días.
2.  El  objeto  de  estas  consultas  es  el  pronunciamiento  de  dichas 
administraciones  públicas  y  de  las  personas  interesadas  sobre  los  siguientes 
aspectos:
a.  En el caso de planes o programas sometidos al procedimiento simplificado 
deberán  indicar  justificadamente  si  el  plan  o  programa,  en  función  de  la 
documentación remitida, y con las medidas de reducción, prevención, corrección y 
seguimiento  indicadas,  puede  tener  o  no  efectos  significativos,  es  decir, 
alteraciones de carácter permanente o de larga duración, en lo relativo a sus 
competencias e intereses.
b.  En el caso de que considere que puede tener dichos efectos deberá 
señalar los aspectos en relación únicamente con la incidencia del plan o programa 
en  sus  competencias,  que  deberá  recoger,  en  su  caso,  el  estudio  ambiental 
estratégico del plan o programa, indicando su amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación.
3.  Una vez recibidos los pronunciamientos de las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas, o transcurrido el plazo otorgado para ello, si el 
órgano  ambiental  dispone  de  criterios  suficientes  para  resolver,  el  órgano 
ambiental elaborará y remitirá junto con las respuestas a las consultas realizadas, 
al  promotor  y  al  órgano  sustantivo,  según  proceda,  uno  de  los  documentos 
siguientes:
a)  Para  los  planes  o  programas  sometidos  a  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria: un documento de alcance del estudio ambiental estratégico  e.
en el que se determinará la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación  w.b
que  debe  tener  el  citado  estudio  en  relación  con  los  efectos  significativos  95ww
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todas ellas en la fase posterior de la evaluación, e instará a la continuación del 
procedimiento ordinario de evaluación.
b)  En el caso de que el órgano ambiental considere de forma inequívoca y de 
acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  la  legislación  estatal  básica  para 
determinar  si  un  plan  o  programa  debe  someterse  a  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria y el análisis técnico de las respuestas recibidas, que el plan o 
programa es manifiestamente inviable por razones medioambientales, podrá emitir 
una resolución de informe ambiental estratégico en el que se determinará la 
inviabilidad ambiental del mismo. Contra esta resolución podrán interponerse los 
recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en su caso.
c)  Para los planes o programas sometidos a evaluación ambiental estratégica 
simplificada,  el  órgano  ambiental  determinará,  de  acuerdo  con  los  criterios 
establecidos en la normativa básica estatal, si puede tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente y debe someterse a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, en cuyo caso emitirá el documento de alcance citado en el apartado 
anterior. En caso contrario, y por considerar que el plan o programa no tiene 
efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  se  emitirá  una  resolución  de 
informe ambiental estratégico, en el que se incluirán las medidas adicionales a 
incluir en el plan o programa para prevenir, reducir o minimizar cualquier otro 
efecto negativo sobre el medio ambiente que resulten de las consultas realizadas 
a  las  administraciones  públicas.  Con  este  acto  administrativo  finalizará  la 
evaluación ambiental estratégica simplificada, pudiendo continuar el procedimiento 
sustantivo de aprobación del plan o programa, en la forma y fases previstas por la 
legislación sectorial aplicable en razón de la naturaleza del mismo y, en el caso de 
que se trate de instrumentos de ordenación territorial o planeamiento urbanístico, 
previa inclusión en el expediente de los informes preceptivos señalados en el 
artículo 22.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 
relativo a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 
Esta resolución no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en 
su caso, procedan en vía administrativa o judicial contencioso-administrativa frente 
a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa.
No se tendrán en cuenta los informes que se reciban con posterioridad a la 
emisión de cualquiera de los documentos recogidos en este punto.
4.  Si  transcurrido  el  plazo  para  la  emisión  de  informes  de  las 
administraciones públicas afectadas que resulten relevantes en el procedimiento 
por  el  objeto  y  naturaleza  del  plan,  sin  que  hayan  sido  recibidos,  o  si  aun 
habiéndose  recibido,  el  órgano  ambiental  justificadamente  no  dispusiese  de 
información suficiente para formarse criterio para la elaboración del documento de 
alcance  o  la  emisión  del  informe  ambiental  estratégico,  el  órgano  ambiental 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel 
que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente 
la  entrega  del  correspondiente  informe  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles,  sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la 
demora.  El  requerimiento  efectuado  se  comunicará  al  órgano  sustantivo  y  al 
promotor y suspende el plazo previsto en el artículo 104.6.
5.  En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente 
la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la  e.
Ley 29/1998, de 13 julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. w.b
6.  El órgano ambiental remitirá al BORM el documento de alcance o el  95ww
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producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BORM no
se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de 
cuatro años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar 
nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del 
plan o programa.
Artículo 106.  Elaboración de la versión preliminar del plan o programa y del 
estudio ambiental estratégico.
1.  Una  vez  emitido  el  documento  de  alcance  del  estudio  ambiental 
estratégico,  el  promotor  elaborará  la  versión  preliminar  del  plan,  que  estará 
integrada  por  todos  los  documentos  establecidos  por  la  legislación  sectorial 
aplicable y el estudio ambiental estratégico, que se realizará con el grado de 
precisión y detalle indicados en el documento de alcance y teniendo en cuenta el 
objetivo, contenido y escala de actuación del plan o programa, así como la fase de 
actuación en la que se encuentra y la medida en que la evaluación necesite ser 
complementada en otras fases del procedimiento. Esta documentación se deberá 
presentar ante el órgano sustantivo en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
publicación  en  el  BORM  del  documento  de  alcance.  El  estudio  ambiental 
estratégico incluirá además del contenido mínimo exigido por la legislación estatal 
básica, todos los estudios exigidos por la legislación sectorial aplicable según la 
naturaleza del plan, en su caso, destinados a la evaluación del impacto del plan en 
el medio ambiente, las infraestructuras, la población, el paisaje, el patrimonio 
cultural  o  en  los  usos  del  suelo,  especialmente  y  siempre  que  se  trate  de 
instrumentos de ordenación territorial o planeamiento urbanístico, incluirá además 
un mapa de riesgos naturales del ámbito de ordenación según lo dispuesto por el 
artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
referido a la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.
2.  Para  la  elaboración  del  estudio  ambiental  estratégico  se  utilizará  la 
información  territorial  y  ambiental  pertinente  y  actualizada  disponible  en  las 
distintas administraciones públicas y se podrá utilizar la información disponible que 
se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas promovidos por la 
misma administración pública que promueve el plan o programa, o por otras 
administraciones públicas.
Artículo 107.  Información pública, informes sectoriales preceptivos y consultas 
ambientales  a  las  administraciones  públicas  afectadas.  Expediente  de 
evaluación ambiental estratégica.
1.  El  órgano  sustantivo  en  el  plazo  máximo  de  ocho  meses  desde  la 
recepción  de  la  versión  preliminar  del  plan,  integrada  por  la  documentación 
señalada en el artículo 106.1, comprobará que la misma es completa y acorde con 
la legislación aplicable y llevará a cabo la información pública, la solicitud de 
informes  preceptivos  según  la  normativa  sectorial  aplicable  y  las  consultas 
ambientales  de  forma  simultánea,  dado  que  todos  ellos  son  necesarios  para 
conformar el plan que se somete a evaluación ambiental.
2.  La información pública se llevará a cabo durante un periodo mínimo de un 
mes,  mediante  publicación  en  el  BORM,  en  la  que  se  indicará  la  dirección 
electrónica en la que está disponible. Esta información pública se realizará tanto a 
los  efectos  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  como  a  los  efectos  de  la  es
normativa  sectorial,  lo  que  se  indicará  en  el  correspondiente  anuncio  de  bo
publicación. 95ww
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consultas ambientales deban dirigirse a un mismo órgano, se acumularán las
peticiones  en  un  mismo  acto,  indicándose  en  la  solicitud  ambos  motivos  de 
petición. El órgano consultado dispondrá de un plazo de un mes para emitir su 
informe, salvo que la legislación sectorial establezca un pacto superior, en cuyo 
caso se aplicará el de la legislación sectorial para ambos informes, debiendo 
señalar  en  el  mismo  cuales  los  aspectos  concretos  referidos  a  cuestiones 
medioambientales relacionadas con la incidencia del plan o programa en sus 
competencias específicas, a los efectos de ser tenidos en cuenta en la evaluación 
ambiental  del  plan,  diferenciándolos  de  otros  aspectos  sectoriales  de  su 
competencia. En el caso de que se trate de instrumentos de ordenación territorial 
o planeamiento urbanístico, se solicitarán e incluirán en el expediente, además, los 
informes preceptivos señalados en el artículo 22.3 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana, relativo a la evaluación y seguimiento de la 
sostenibilidad del desarrollo urbano, u otros informes sectoriales que procedan 
según la legislación sectorial aplicable.
4.  Se  realizarán  así  mismo  las  consultas  a  las  personas  interesadas, 
acumulándose  en  un  mismo  acto  las  que  sean  necesarias,  en  su  caso,  por 
disponerlo  la  normativa  sectorial  aplicable  y  las  realizadas  por  razón  de  la 
evaluación  ambiental  estratégica  del  plan,  de  la  forma  indicada  en  el  punto 
anterior, disponiendo estas de un plazo de un mes para presentar alegaciones.
Cuando el órgano sustantivo desconozca la identificación de estas personas 
podrá realizar las consultas ambientales mediante edicto publicado en el BORM, 
en el que se indicará la dirección electrónica de acceso a la información, debiendo 
acreditar  dichas  personas  su  condición  de  interesadas  en  el  expediente  y 
presentar sus alegaciones en el plazo de 30 días.
5.  Finalizados estos trámites, el órgano sustantivo emitirá informe sobre el 
resultado del trámite de información pública y las consultas realizadas y lo remitirá 
al promotor junto con las respuestas y alegaciones recibidas. El promotor, en el 
plazo máximo de dos meses desde la recepción de la documentación anterior, 
deberá elaborar y presentar ante el órgano sustantivo la propuesta del plan o 
programa,  introduciendo  en  la  versión  preliminar  y  en  el  estudio  ambiental 
estratégico  las  modificaciones  que  se  deriven  del  proceso  de  información  y 
consultas incluyendo un resumen de cómo se han tenido en cuenta los informes y 
alegaciones recibidas.
6.  Una vez comprobado que la propuesta del plan y el estudio ambiental 
estratégico son completos y acordes con la normativa sectorial aplicable y con lo 
dispuesto en la presente ley, y en el plazo máximo de un mes desde la finalización 
de los trámites anteriores el órgano sustantivo conformará y remitirá al órgano 
ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica, poniéndolo además 
a su disposición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.4, para la elaboración 
de la Declaración Ambiental Estratégica. En este momento y no antes, el órgano 
sustantivo podrá, si lo estima conveniente o si así lo establece la normativa 
sectorial  aplicable,  proceder  a  la  aprobación  inicial  del  plan  o  programa, 
entendiendo esta como un acto de trámite administrativo que no le confiere validez 
ejecutiva.
7.  El expediente de evaluación ambiental estratégica incluirá la siguiente 
documentación debidamente datada e identificada:
a)  La  versión  preliminar  del  plan  o  programa  y  el  estudio  ambiental 
estratégico que fue sometida a las consultas e información pública. e.
b)  La documentación relativa a los procesos de información pública, informes  w.b
y consultas, con una relación de las administraciones públicas consultadas y de  95ww
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documento de alcance, el estudio ambiental estratégico y el resultado de las 
consultas e información pública, realizada por el promotor.
d)  La justificación por parte del órgano sustantivo de que se han cumplido las 
previsiones legales propias del proceso de elaboración y evaluación ambiental del 
plan o programa de acuerdo con esta ley y con la normativa sectorial aplicable.
e)  La  propuesta  del  plan  acompañada  del  estudio  ambiental  estratégico 
correspondiente a la misma.
Artículo  108.  Análisis  técnico  del  expediente  y  Declaración  Ambiental 
Estratégica.
1.  El órgano ambiental realizará el análisis técnico del expediente y emitirá la 
declaración ambiental estratégica en el plazo máximo de cuatro meses desde la 
recepción del expediente de evaluación ambiental estratégica, prorrogables por 
dos meses más por razones justificadas, lo que será comunicado al promotor.
2.  El  órgano  ambiental  realizará  un  análisis  técnico  del  expediente, 
considerando los siguientes aspectos:
a)  Verificará que el expediente de evaluación ambiental estratégica contenga 
la documentación prevista en el artículo anterior.
b)  Analizará los impactos significativos de la aplicación del plan o programa 
en  el  medio  ambiente,  que  incluirá  la  evolución  de  los  elementos  del  medio 
ambiente que tomará en consideración el cambio climático.
3.  Si  durante  el  análisis  técnico  del  expediente  de  evaluación  ambiental 
estratégica  el  órgano  ambiental  estimara  que  la  información  pública  o  las 
consultas no se han realizado conforme a lo establecido en esta ley y en el 
documento de alcance emitido por el mismo, requerirá, en el plazo máximo de un 
mes desde la recepción del expediente, al órgano sustantivo para que subsane el 
expediente  de  evaluación  ambiental  estratégica  en  el  plazo  máximo  de  tres 
meses. En estos casos se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de 
la declaración ambiental estratégica.
4.  Si transcurridos tres meses el órgano sustantivo no hubiera remitido el 
expediente  subsanado,  o  si  una  vez  presentado  fuera  insuficiente,  el  órgano 
ambiental  dará  por  finalizada  la  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria, 
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación.
Contra  esta  resolución  podrán  interponerse  los  recursos  legalmente 
procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
5.  Si  durante  el  análisis  técnico  del  expediente  de  evaluación  ambiental 
estratégica el órgano ambiental concluyera que es necesaria información adicional 
para  formular  la  declaración  ambiental  estratégica  solicitará  al  promotor  la 
información que sea imprescindible, informando de ello al órgano sustantivo, que 
complete el expediente para que la aporte en el plazo de un mes. Esta solicitud 
suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
6.  Si  transcurrido  dicho  plazo  el  promotor  no  hubiera  remitido  la 
documentación  adicional  solicitada,  o  si  una  vez  presentada  esta  fuera 
insuficiente,  el  órgano  ambiental  dará  por  finalizada  la  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución 
de  terminación.  Contra  esta  resolución  podrán  interponerse  los  recursos  s
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso. oe.
7.  El  órgano  ambiental  continuará  con  el  procedimiento  siempre  que  w.
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alguno de los informes de las Administraciones públicas afectadas, consultadas
conforme a lo previsto en el documento de alcance, y el órgano ambiental no  Bc
dispusiera de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental 
estratégica, en el plazo máximo de un mes desde la recepción del expediente 
requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel 
que tendría que emitir el informe para que, en el plazo de diez días, contados a 
partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega 
del  correspondiente  informe  en  el  plazo  de  diez  días,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades  en  que  pudiera  incurrir  el  responsable  de  la  demora. 
El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al promotor, y 
suspende el plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
9.  Si transcurrido el plazo de diez días el órgano ambiental no hubiese 
recibido el informe, comunicará al órgano sustantivo y al promotor la imposibilidad 
de continuar el procedimiento.
10.  En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración competente 
la emisión del informe a través del procedimiento previsto en el artículo 29 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
11.  Una vez realizado el análisis técnico el órgano ambiental formulará la 
declaración ambiental estratégica, que contendrá una exposición de los hechos 
que resuma los principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de 
las  consultas  y  de  la  información  pública,  y  las  determinaciones,  medidas  o 
condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa, con carácter 
previo a su aprobación.
12.  La declaración ambiental estratégica será coherente con el documento 
de alcance y las demás actuaciones de la administración y especialmente del 
órgano  ambiental  a  lo  largo  del  procedimiento.  La  declaración  ambiental 
estratégica debe ponderar y armonizar el resultado de los informes y documentos 
que  precedan  su  emisión,  con  una  valoración  razonada  de  su  relevancia  y 
contenido,  resolviendo  motivadamente  sobre  las  determinaciones  finales  que 
hayan de incorporarse al plan o programa o, en su caso, sobre la inviabilidad 
ambiental del plan o programa en los términos propuestos.
13.  La  declaración  ambiental  estratégica,  una  vez  formulada,  se  remitirá 
al BORM para su publicación en el plazo de quince días hábiles, además se 
publicará en la sede electrónica del órgano ambiental y según lo previsto en el 
artículo 5.4.
14.  La  declaración  ambiental  estratégica  tiene  naturaleza  de  informe 
preceptivo y determinante, por lo que no procederá recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter 
general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de los que procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación 
del plan o programa.
Artículo 109.  Aprobación del plan o programa sometido a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria y publicidad.
1.  Una vez emitida la declaración ambiental estratégica, se remitirá al órgano 
sustantivo y al promotor, a los efectos de que se incluyan en el plan o programa, si 
las  hubiera,  las  determinaciones  establecidas  en  la  citada  declaración, 
conformando la propuesta final del plan o programa antes de su aprobación. Si el 
órgano sustantivo, de acuerdo con la normativa sectorial, no fuera el competente 
para la aprobación definitiva del plan o programa, verificará la inclusión de las  e.
determinaciones de la declaración ambiental y territorial estratégica, tomando en  w.b
consideración  razonada  los  estudios  y  documentos  que  la  acompañan.  95ww
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2.  En el plazo máximo de quince días desde la aprobación definitiva del plan 
o programa el órgano sustantivo deberá remitir al BORM para su publicación y 
publicarla en su sede electrónica o la siguiente documentación:
a)  La resolución, acuerdo o disposición de carácter general por la que se 
adopta o aprueba el plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica 
en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido 
íntegro de dicho plan o programa.
b)  Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1.º  De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos 
ambientales.
2.º  Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio 
ambiental estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas, 
incluyendo en su caso las consultas transfronterizas y la declaración ambiental 
estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir 
en el proceso.
3.º  Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con 
las alternativas consideradas.
c)  Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa.
Artículo  110.  Vigencia,  prórroga  y  modificación  de  la  declaración  ambiental 
estratégica.
1.  La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el BORM no 
se hubiera adoptado o aprobado el plan o programa en todo su contenido en el 
plazo máximo de dos años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente 
el trámite de evaluación ambiental estratégica del plan o programa.
No  obstante,  este  plazo  podrá  ser  prorrogado  por  el  órgano  ambiental  a 
solicitud del promotor. Esta solicitud suspenderá el plazo para la aprobación del 
plan o programa desde su recepción hasta el cumplimiento del plazo máximo para 
resolver sobre la misma.
2.  El órgano ambiental deberá resolver sobre la solicitud de prórroga en el 
plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud, transcurrido el cual sin que se haya notificado al promotor la prórroga de 
la vigencia de la declaración ambiental estratégica se entenderá estimada.
3.  A la vista de la solicitud de prórroga el órgano ambiental podrá acordar su 
concesión por un plazo de dos años más desde la finalización del plazo inicial de 
dos años indicado en el apartado anterior, teniendo en cuenta además el periodo 
de suspensión del mismo. La resolución podrá ser favorable en el caso de que no 
se  hayan  producido  cambios  sustanciales  en  los  elementos  esenciales  que 
sirvieron de base para realizar la evaluación ambiental estratégica. A tal efecto el 
órgano ambiental, previamente a la resolución consultará a las Administraciones 
Públicas  afectadas  por  razón  de  la  materia  en  relación  con  los  elementos 
esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación ambiental estratégica.
Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo de un mes, que 
podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por un mes más. e.
4.  La modificación de la declaración ambiental estratégica podrá llevarse a  w.b
cabo en la forma y plazos establecidos por la legislación básica estatal, con las  95ww
particularidades siguientes:
que as) e Lcaosn saudlmtairnái setrna ceiol nperso pceúdbilmicaiesn taof edctea dmaso dyi filcaasc pióenr sosenraásn  inlatesr ecsoandsausl taa dlaass 
previamente según lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de esta ley.
b)  La  resolución  de  modificación  de  la  declaración  ambiental  estratégica 
deberá ser publicada en igual forma y plazos que la emitida anteriormente y 
mantendrá su vigencia y efectos por el tiempo que restara a la que ha sido objeto 
de modificación.
c)  En el plazo de 15 días se remitirá al BORM para su publicación y se 
publicará en la sede del órgano ambiental y en la forma prevista en el artículo 5.4. 
A su vez se comunicará al promotor y al órgano sustantivo a efectos de su 
integración en el plan o programa.»
Veintitrés.  Se modifican los puntos 1 y 2 de la disposición final segunda, quedando 
redactada como sigue:
«1.  Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de medio 
ambiente  para  dictar,  en  desarrollo  de  esta  ley,  las  disposiciones  que  sean 
necesarias, así como para modificar los listados comprendidos en los anexos de 
esta ley.
2.  Igualmente,  los  titulares  de  otras  consejerías  con  competencias  en 
materias afectadas por el medio ambiente podrán formular a la consejería con 
competencias  en  materia  de  medio  ambiente  las  propuestas  normativas  que 
faciliten la aplicación de la correspondiente legislación sectorial.»
CAPÍTULO II
Modificación del Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio 
ambiente frente al ruido
Artículo segundo.
Se modifica el Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio 
ambiente frente al ruido en los siguientes términos:
Se suprime el artículo 13.
Disposición transitoria.  Régimen transitorio.
1.  Las  modificaciones  incluidas  en  la  presente  ley  se  aplicarán  a  todos  los 
procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de evaluación de impacto ambiental 
o  autorizaciones  ambientales,  cuya  solicitud  o  acuerdo  de  inicio  se  realice  con 
posterioridad a su entrada en vigor.
2.  Los instrumentos de planeamiento que se encuentren en tramitación y que en 
aplicación del Decreto 48/1998, de 30 de julio, tuvieran que ser objeto del informe 
previsto en su artículo 13, quedarán eximidos del mismo a partir de la entrada en vigor 
de esta ley.
3.  Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto 
ambiental o autorizaciones ambientales que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor de esta ley, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de lo previsto en el 
punto siguiente.
4.  No  obstante  lo  anterior,  en  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria y en los de evaluación ambiental estratégica simplificada en los que 
el órgano ambiental determine que se deben someter a procedimiento ordinario, que se  es
encuentren en tramitación en la fecha de entrada en vigor de esta ley, se aplicará el  bo
procedimiento establecido en este y los plazos determinados en el mismo, desde el  95ww
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5.  Las modificaciones incluidas en los artículos 85.2 y 102.2 de la presente ley no 
entrarán  en  vigor  hasta  transcurridos  seis  meses  desde  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto-ley número 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del 
impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de medio ambiente para 
dictar, en desarrollo de esta ley, las disposiciones que sean necesarias.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 3 de agosto de 2020.–El Presidente, Fernando López Miras.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 179, de 4 de agosto de 2020)