BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Miércoles 13 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 3083
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
463 Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en 
Cataluña.
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente ley.
PREÁMBULO
I.  Contexto histórico, político y sociológico.
La desaparición forzada de menores se ha dado a lo largo de la historia, pero tomó 
relevancia contemporánea con la Guerra Civil y la represión política del franquismo, cuando 
empezó como una práctica sistemática y generalizada en las cárceles de mujeres.
En  el  período  1938-1952,  las  autoridades  franquistas  y  el  contexto  político  del 
momento propiciaron que en el ámbito de la psiquiatría adquiriesen especial relevancia 
doctrinas inspiradas en métodos importados de la Alemania nacionalsocialista. Estas 
doctrinas propiciaron la elaboración de estudios que tuvieron mucha influencia sobre el 
modo  en  el  que  debían  ser  tratadas  las  mujeres  encarceladas  y  cómo  había  que 
apartarlas de sus hijos e hijas para que estos no fuesen contagiados en su educación 
por la ideología antipatriótica de sus madres.
Esos  estudios  enaltecían  la  ideología  del  bando  sublevado.  Ponían  en  énfasis 
especialmente la superioridad de sus valores morales, éticos y sociales, y destacaban, 
por encima de todo, la religiosidad. Estos valores se contraponían a los del bando 
republicano,  que  se  consideraban  movidos  por  la  envidia,  el  rencor,  la  rabia  y  la 
venganza, en contra de los valores de la raza hispánica.
Franco contó con la conformidad de la Iglesia católica, que consideraba la Guerra 
como una cruzada de liberación nacional. La cárcel, el cuartel, el manicomio, la escuela 
y el púlpito fueron los dominios de clérigos, monjas, militares y psiquiatras seguidores de 
unos  métodos  nazis  que  los  franquistas,  con  la  experiencia  heredada  de  siglos 
inquisitoriales, desarrollaron a la perfección. Su finalidad era dominar a la población.
Las primeras mujeres que llegaron a las cárceles fueron, en algunos casos, fusiladas 
y separadas inmediatamente de los hijos e hijas que llevaban, pero otras fueron violadas 
en prisión o ya llegaron embarazadas. Las corrientes psiquiátricas imperantes en aquel 
momento consideraron la «eugenesia positiva» como salvadora de las criaturas que 
pudieron y dejaron que sus madres, alimentadas a base de pan seco y agua, las 
amamantasen. La Orden de 30 de marzo de 1940 obligaba a que los niños debían ser 
retirados de sus madres antes de los tres años, para que no tuvieran recuerdo, siguiendo 
la ideología nazi, y no se contaminaran del «gen rojo» con su educación. e.
La Orden ministerial de 4 de diciembre de 1941 permitía inscribir y dar nombre en el  w.b
Registro  Civil,  con  una  fecha  de  nacimiento  aproximada  a  la  real  y  de  padres  3w
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bebéEsn  realp ptaedroíosd ao  s1u9s5 3m-a1d9r7e7s,  eenn  leals  mcáarrcceol ems eannttael se d ied eloosló tgreicso a dñeols n.acionalcatolicismo y
con instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, presidido por Carmen
Polo de Franco, la mecánica de sustracción de menores se centró en mujeres pobres, a 
menudo llegadas de zonas rurales a servir a las ciudades. En la mayoría de los casos, 
se trataba de madres menores de edad y solteras, así como mujeres desafectas al 
régimen o con una conducta social que se consideraba moralmente reprobable, que el 
régimen consideraba peligrosas, y madres elegidas porque se necesitaba un bebé recién 
nacido para una familia que quería pagar para adquirirlo. Fue el momento en que se 
estandarizó el formato del «bebé muerto» ante la previsión de la negación de la madre a 
entregarlo voluntariamente.
Hubo asimismo adopciones irregulares de niños que sufrieron catástrofes naturales, 
como algunos de los que sobrevivieron a las riadas del Vallès de 1962 o a las nevadas 
de Barcelona del mismo año, y que los familiares no pudieron localizar.
Ya en democracia, las sustracciones continuaron, como mínimo, hasta los siguientes 
cambios normativos, que dificultan el tráfico y la sustracción de menores:
a)  La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 
modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, con la que se 
reconoce a cualquier persona adoptada el derecho a conocer su identidad biológica. A 
partir de ese momento, la madre biológica debe constar necesariamente en la inscripción 
del nacimiento del Registro Civil.
b)  La sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 1999, que conlleva 
el fin del «parto anónimo», y en la que se dice que el artículo 47 de la Ley del Registro 
Civil,  del  8  de  junio  de  1957,  y  sus  concordantes,  quedan  derogados  por 
inconstitucionalidad sobrevenida y, en consecuencia, se consideran inaplicables, por 
derogación de la cobertura legal, los artículos 167 y 187 del reglamento de dicha ley. 
Esto ha sido reconocido específicamente para todos los adoptados con la Ley del 
Estado 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia.
c)  La Ley del Estado 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que modifica el 
artículo 30 del Código civil y deroga la necesidad de que transcurran veinticuatro horas 
desde el nacimiento para considerar persona al bebé que fallece antes de este plazo.
Solamente en los casos en que la madre firmó la renuncia al bebé en el momento del 
parto se ha podido recibir información oficial para localizar y llevar a cabo el reencuentro. 
Todos los casos en los que no existe una renuncia firmada por la madre, así como los 
casos en los que se comunicó a las madres la falsa muerte del recién nacido, tienen 
denuncias archivadas por la imposibilidad, según jueces y fiscales, de seguir con la 
investigación, de acuerdo con la siguiente tipología:
a)  Niños que oficialmente nacen muertos o fallecen antes de veinticuatro horas, 
pero no cuentan con legajo de aborto. Es decir, no constan en el Registro Civil y el 
motivo del archivo es que no se puede seguir con la investigación porque no hay cuerpo 
y no puede realizarse la comparativa de ADN; o bien no existe documentación oficial de 
la muerte ni del entierro. Es decir, son personas desaparecidas.
La normativa estatal de policía sanitaria mortuoria de 1974 prohíbe el entierro fuera 
del cementerio y obliga a enterrar cualquier parte del cuerpo que pueda ser identificada 
como humana, ya sea un dedo, una pierna o un feto. Cataluña complementa por primera 
vez esta normativa con el Decreto 297/1997, de 25 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de policía sanitaria mortuoria. De 1974 a 1997, pues, en Cataluña es 
aplicable la norma estatal de 1974. Con anterioridad a esta norma, podría ser posible el  s
entierro en fosa o en el jardín del hospital, como declaran que lo hacían en el Hospital  oe.
Vall d'Hebron, en la Maternidad de Barcelona y en el Hospital de Figueres, entre otros. w.
heanbteebrr)r  amdEuone e snatr lafgosus npaaa, srna oof incsaaesd piaousne eddsee,   aaeucxctioseptdese iard soa clq ucuumee eprnputoea dcyie ónnno  s sdeeer v pimru pueaedrreat ea  rnedaaelllii zzmaarre,  lnaaou crn,o qmpueepr aopr uaeetsidvteaá    2021-463n https://w
de ADN con los progenitores.
c)  Si la documentación es aparentemente correcta y puede llevarse a cabo la 
exhumación del cuerpo (normalmente con recién nacidos que han muerto después de 
veinticuatro horas del parto), hay casos en los que el Instituto Nacional de Toxicología no 
ha podido concluir si el cuerpo exhumado se corresponde, o no, con sus familiares 
naturales. En algunos casos, se ha utilizado o destruido toda la muestra que podía servir 
para realizar un contraanálisis, lo que ha provocado que no pueda hacerse por falta de 
material; en otros casos, el contraanálisis sí ha ayudado a llegar a una conclusión.
También debe tenerse en cuenta la falta de documentación por parte de personas 
que buscan sus orígenes biológicos y que fueron ingresadas en el Auxilio Social, casas 
cuna, hospicios u orfanatos, sin documentación, más allá del «ha entrado por turno». Es 
necesaria una investigación exhaustiva sobre la procedencia de estas personas, sobre 
quién  las  ingresó  y  el  motivo  de  su  ingreso,  principalmente  porque  los  tornos  se 
prohibieron en España en 1952.
Asimismo, es importante tener en cuenta las denuncias presentadas por parte de 
hijos e hijas, porque están registrados falsamente como biológicos en los archivos. La 
forma en la que está redactado el Código penal provoca que se investiguen por tipos 
penales que, analizados por separado, tienen un plazo muy breve de prescripción, y se 
detiene la investigación.
Así, por un lado, cuando se ha podido documentar que la madre que consta como 
madre biológica no lo es por ADN, los archivos judiciales han sido por:
a)  Prescripción de los delitos de fingimiento de parto y falsedad documental. Se 
archiva el caso porque el juez o el fiscal consideran que no denunciaron cuando tenían 
dieciocho años y, por lo tanto, la falsedad documental, el fingimiento de parto (por parte 
de  la  madre)  y  las  consecuencias  legales  para  los  facultativos  que  falsearon  la 
documentación, como delitos aislados, han prescrito.
b)  Investigaciones en las que no hay madres que denuncien que buscan a un hijo o 
hija de esa clínica (por ejemplo, el caso de la Clínica San Cosme y San Damián, de 
Barcelona), pero en cambio sí hay hijos que denuncian irregularidades en su adopción o 
constan inscritos como hijos biológicos de quien no lo son. Los traslados de hospital o 
clínica y la falsificación de documentos de partos eran constantes en estos casos.
Por otra parte, están los casos de los que están registrados como adoptados, pero 
no existe ninguna renuncia firmada por la madre biológica y no tienen acceso a ningún 
documento que identifique a la madre. Es decir, partidas de nacimiento sin nombre de la 
madre, que, según el Registro Civil, se acogió al parto anónimo. A su vez, el hospital o la 
clínica donde nacieron no les facilita ningún tipo de documentación y, por lo tanto, 
desconocen su nacimiento.
Cuando una madre se acogía al parto anónimo, era anónima a la hora de identificarla 
en el Registro Civil, pero no lo era para el hospital o la clínica donde daba a luz, que 
debían identificarla por si fallecía en el parto o necesitaba algún tipo de tratamiento. Hay 
que recordar que el parto anónimo se ilegalizó en España en 1999.
La situación actual es que miles de víctimas, madres, padres, familiares, hijos e hijas, 
son olvidadas por los poderes públicos y, en muchos casos, se archiva provisionalmente 
la  acción  judicial  para  recuperar  su  verdadera  identidad.  Sin  embargo,  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Zorica Jovanović v. Serbia, concluyó que 
la víctima había sufrido una violación continuada de su derecho al respeto a la vida 
privada  y  familiar,  reconocido  en  el  artículo  8  del  Convenio  europeo  de  derechos  s
humanos, por la persistencia del Estado en no proporcionarle información fiable sobre la  oe.
suerte de su hijo. w.
ensotremL aaps rco aabtclaetlumaanaca io dcneoesnsd  relal enuvgnaoad  adpsee  lares ypc,e adcbetoi v caha ariásntctaete garr hagole rnyae  nrreaopl , ahqrauaned  osinridateo. g Hsreua fyyic  ioqetunoetre gspu repo amcroauh lgeaarbero nrucdniaaar,    2021-463n https://w
desde el plano normativo, a la regulación y la investigación de un asunto de tanta
gravedad.
Las víctimas catalanas a las que se ha falseado la identidad o han desaparecido 
porque se comunicó a la familia una muerte irreal están sufriendo psicológicamente. El 
derecho internacional considera que cualquier persona que tiene un desaparecido en la 
familia de más de cinco años o que está desaparecido por, como mínimo, este período 
se encuentra en situación de tortura psicológica.
Es importante constatar que hay madres que dieron a luz con edades superiores a 
los cincuenta años. Como ejemplo, están los datos que pueden consultarse directamente 
en el Instituto de Estadística de Cataluña, en los que están reflejadas las mujeres 
mayores de cincuenta años que parieron en Cataluña entre 1975 y 1996. Obsérvese que 
cuando empiezan las técnicas de embarazo in vitro o por inseminación artificial decrece 
el número de mujeres de edad avanzada que quedan embarazadas, es decir, al contrario 
de lo que sería normal. Por ejemplo, en 1976, dieron a luz en Cataluña diecinueve 
mujeres de más de cincuenta años y en 1990, solamente cuatro.
También es destacable el hecho de que las provincias en las que se dan más 
nacimientos de madres de más de cincuenta años son Barcelona y Tarragona, cuando la 
diferencia de población es muy significativa. Por ejemplo, en 1976, en Barcelona dieron a 
luz dieciséis; en Tarragona, dos; en Gerona, una, y en Lérida, ninguna. Pero en 1978, en 
Barcelona en parieron diez; en Tarragona, cuatro, y en Gerona y Lérida, ninguna.
II.  Contenido.
La presente ley se estructura en cinco capítulos. El capítulo primero contiene las 
disposiciones generales y el ámbito subjetivo de la ley; el capítulo segundo, la relación 
de derechos para las personas afectadas por estos delitos, y el capítulo tercero, las 
obligaciones de los poderes públicos y los sujetos privados. Los capítulos cuarto y quinto 
contienen los artículos relativos a la base de datos de afectados y a la base de datos de 
identificadores  de  ADN,  así  como  la  creación  de  la  Oficina  de  la  Víctima  de  la 
Desaparición Forzada de Menores de Cataluña.
Cierran la presente ley las disposiciones adicionales y finales.
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación de la ley
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y los 
recursos necesarios para el reconocimiento y la efectividad del derecho a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas en los casos de 
desaparición forzada de menores o de apropiación de menores, con la consiguiente 
sustitución de identidad. También tiene por objeto facilitar las tareas de investigación 
necesarias,  con  la  regulación  de  los  procedimientos  administrativos  necesarios,  en 
atención a las obligaciones contraídas por el Estado español en la Declaración universal 
de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Convenio europeo 
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la 
Convención sobre los derechos del niño y la Convención internacional para la protección 
de  todas  las  personas  contra  las  desapariciones  forzadas,  y  otras  normas 
internacionales de aplicación.
2.  La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las  s
personas y se inspira de forma expresa en los tratados internacionales en materia de  oe.
derechos humanos, y declara como fines: w.
de laa)s  cLaau bsúassq upeodlítaic daes,  las ovceirodlóagdi csaosb, ree cloosn óhmecichaoss  yo caunrrtirdoopso, lócgoinc aesl  aqnuáel islioss  dehticailelardoon 
posibb)l esL.a aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c)  La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas y la 
identificación de sus responsables; en especial, el recuerdo y la rendición de homenaje a 
las víctimas.
d)  El establecimiento de garantías para que no se repitan los hechos ocurridos.
e)  La asistencia, la atención psicológica y la ayuda a las víctimas por personal 
especializado en el proceso de reparación.
f)  La  contribución  a  la  difusión  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  con  la 
construcción  de  pilares  sólidos  sobre  los  que  pueda  asentarse  una  convivencia 
democrática.
Artículo 2.   Ámbito subjetivo.
1.  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se  consideran  víctimas  directas  de  la 
desaparición forzada de menores:
a)  Las  personas  que  tienen  sospechas,  fundamentadas  en  cualquier  indicio 
documental, pericial, testifical o de cualquier índole, de haber sido objeto directo de una 
sustracción forzada de su familia de origen y sustituida su verdadera identidad biológica.
b)  Las madres y los padres biológicos que tienen sospechas, fundamentadas en 
cualquier indicio documental, pericial, testifical o de cualquier índole, de que su hijo ha 
sido objeto de sustracción y sustituida su verdadera identidad biológica.
c)  Las madres biológicas que fueron objeto de coacción o abuso de superioridad en 
el consentimiento para la renuncia y la posterior adopción.
d)  Las madres biológicas que se acogieron a un parto anónimo.
2.  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se  consideran  víctimas  directas  de  la 
desaparición forzada de menores:
a)  Las  personas  que  tienen  sospechas,  fundamentadas  en  cualquier  indicio 
documental, pericial, testifical o de cualquier índole, de ser familiares próximos hasta el 
tercer grado y, en casos particulares, como los del período de la Guerra Civil y la primera 
posguerra, hasta el cuarto grado, de una persona objeto de una sustracción forzada.
b)  Los  progenitores  adoptivos  que  acrediten  que  fueron  víctimas  de  fraude  o 
engaño en el proceso de adopción de personas identificadas como víctimas según el 
apartado 1.
3.  Tienen  la  condición  de  desaparecidos  todos  los  menores  supuestamente 
fallecidos de los que no consta inscripción en el Registro Civil o que no tienen entrada al 
cementerio pertinente, especialmente los fallecidos oficialmente antes de las veinticuatro 
horas del nacimiento y, por lo tanto, considerados fetos por la ley vigente hasta 2011. 
Paralelamente, los familiares hasta el tercer grado de estos desaparecidos tienen la 
consideración de víctimas.
4.  Las disposiciones de la presente ley obligan a los siguientes poderes públicos:
a)  Las administraciones públicas de Cataluña.
b)  Los organismos públicos, cualquiera que sea su denominación y personalidad 
jurídica, integrados en las administraciones públicas territoriales incluidas en la letra a, o 
dependientes, incluido cualquier tipo de registro.
c)  Las delegaciones y oficinas de la Generalidad situadas fuera de Cataluña.
d)  Los  centros  hospitalarios  y  de  salud,  sea  cual  sea  su  denominación  y  es
personalidad  jurídica,  pública  o  privada,  o  que  dependen  de  las  administraciones  o
públicas territoriales incluidas en la letra a. ww.
titulaefg)r)) i  daLLLdaoo  psAsú  drbaemlrgicciinshaitis.rvotorsas c cidióvenil e dssea. ljuuds,t icaias isetne nfucniac iosnoecsia nl,o  jjuudriiscdiaiclecsio, nmalielitsa.res e históricos de  OE-A-2021-463able en https://w
h)  Los cuerpos de seguridad y policiales de Cataluña.
5.  Las disposiciones de la presente ley obligan a los siguientes sujetos privados:
a)  Los establecimientos hospitalarios o de salud, las residencias, los asilos, las 
congregaciones,  las  fundaciones,  las  asociaciones  y  establecimientos  similares  que 
existían en el momento en que se cometieron los hechos objeto de esta ley o los hayan 
sucedido jurídicamente y custodien archivos, legajos o cualquier material informativo 
relativo a estos hechos.
b)  La Iglesia católica, los archivos eclesiásticos que contengan datos relevantes 
que interesen a las víctimas, especialmente los centros que fueron receptores de madres 
gestantes, las maternidades administradas por órdenes religiosas, las casas cuna, los 
hospicios y los orfanatos.
c)  Cualquier otra persona física o jurídica que haya podido verse involucrada en los 
hechos.
6.  Las víctimas pueden dirigirse a las oficinas consulares situadas en Cataluña para 
pedirles su colaboración si lo consideran necesario para el ejercicio de los derechos a los 
que se refiere la presente ley.
CAPÍTULO II
Derechos de las víctimas
Artículo 3.  Derecho a la verdad.
1.  Las víctimas tienen derecho a acceder a la documentación que pueda ser de su 
interés y que se encuentre en los archivos y registros de cualquiera de los sujetos 
obligados a los que se refiere el artículo 2.
2.  El derecho de acceso al que se refiere el apartado 1 comprende, en cualquier 
caso, la consulta de la documentación y la obtención de una copia, que debe ser gratuita 
en los archivos públicos. En los archivos privados la consulta también debe ser gratuita, 
pero la obtención de copia de la documentación puede estar sujeta al abono previo del 
importe de su realización por parte del solicitante; este importe no puede ser abusivo por 
parte de la institución.
3.  En el caso del acceso a los libros de los cementerios, el derecho de acceso 
comprende, con carácter no exclusivo, la información sobre las siguientes cuestiones, en 
relación con los familiares fallecidos:
a)  La persona que solicitó el entierro de la persona fallecida.
b)  Las causas declaradas del fallecimiento.
c)  El médico que certificó la defunción.
d)  La entidad que se hizo cargo del sepelio.
e)  El lugar donde se encuentran las cenizas o los restos, si los hay.
f)  La copia de la hoja del libro de registro del entierro.
La información es extensiva a todos los datos disponibles relativos a la inhumación 
de fetos y de criaturas nacidas vivas y muertas y registradas como tales.
4.  Las  víctimas  deben  tener  completo  acceso  a  los  boletines  estadísticos 
municipales con los que se conformaba el padrón municipal en que estén consignados 
los nacimientos comunicados por los hospitales, con la identificación de los nacidos, por 
distrito o por hospital, la fecha del parto, y la edad de la madre y su procedencia, si es de  e
otro municipio. bo
5.  Las víctimas que han sido adoptadas o registradas falsamente como biológicas,  w
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6.  Las víctimas, mediante la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de 
Menores de Cataluña, tienen derecho a ser informadas y asesoradas sobre los pasos a 
seguir para acceder a la información que conste en los libros de registros de ingresos, 
partos  y  adopciones  públicas  y  privadas,  especialmente  de  hospitales,  clínicas, 
residencias  públicas  e  internados  de  madres  solteras,  con  el  objetivo  de  hallar 
documentación que las vincule con sus familiares naturales, y a recibir orientación y 
ayuda para solucionar los obstáculos con los que se encuentren.
7.  Todos  los  establecimientos  y  organizaciones  a  los  que  se  refieren  los 
apartados 4 y 5 del artículo 2 son susceptibles de ser investigados si declaran que la 
información solicitada sobre nacimientos, bautizos, defunciones, abortos, inhumaciones, 
exhumaciones y reducciones de restos, cremaciones, adopciones, tutelas y otros hechos 
que  afectan  el  nacimiento  y  la  extinción  de  la  personalidad  y  la  determinación  y 
modificación de las relaciones paternofiliales, que debe conservarse en los archivos, no 
existe.
8.  Los  médicos,  los  letrados  o  cualquier  otro  profesional  que  por  cualquier 
circunstancia tengan en su poder datos de las víctimas y de sus familiares buscados 
tienen la obligación de cederlas a los órganos competentes en todo lo que no resulte 
cubierto por el secreto profesional, que debe interpretarse de modo restrictivo y con la 
ponderación obligada en relación con el derecho a la investigación de las relaciones 
paternofiliales.
9.  Las  víctimas  tienen  derecho  a  recibir  de  cualquier  organismo,  persona 
involucrada o institución toda la información que pueda estar vinculada con su caso, de 
acuerdo con la normativa de acceso a la información.
10.  La madre biológica que durante la vigencia del parto anónimo entregó a su hijo 
en adopción bajo cualquier circunstancia, y en la actualidad quiera encontrarlo, puede 
acudir a la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña a 
fin ser informada y asesorada sobre los pasos a seguir para solicitar la búsqueda en el 
Registro Civil en el que esté inscrito su hijo biológico.
En caso de que ambas partes accedan al reencuentro, la Oficina de la Víctima de la 
Desaparición Forzada de Menores de Cataluña, mediante un equipo especializado, debe 
preparar este reencuentro y contribuir a su buen desarrollo, y debe ser la garante de la 
conciliación familiar entre las dos partes. Asimismo, con la autorización de la persona 
adoptada, debe solicitar al Registro Civil que, en nota marginal, se inscriba la identidad 
de la madre biológica. Si la persona adoptada no quiere conocer a la madre, pero sí 
quiere que conste su nombre, la Oficina, con la autorización de la persona adoptada, 
debe  instar  al  Registro  Civil  a  la  inscripción;  en  caso  contrario,  no  se  facilitará 
información de la identidad de la persona adoptada a su madre biológica.
11.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores 
es sancionado administrativamente, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal. Las 
infracciones y las sanciones aplicables deben determinarse por ley.
Artículo 4.  Derecho a la tutela judicial.
1.  Las exhumaciones que sean necesarias para hacer efectivos los derechos de las 
víctimas, tanto en terrenos de titularidad pública como privada, son sufragadas por la 
Generalidad y las realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña.
2.  Las pruebas necesarias para hacer efectivos los derechos de las víctimas deben 
llevarse a cabo, a instancia de parte legítima o de oficio, siempre de forma gratuita, por 
los órganos públicos especializados. e.
3.  Los  restos  exhumados  que  no  sean  reclamados  por  los  que  tienen  la  w.b
consideración de interesados deben ser nuevamente sepultados, en las condiciones de  3ww
hdaigynaidna sdid osu efinccieonntterasd, opso, ry  pdaer tme oddeo  qlouse ,a syi uenst anmecieenstaorsio, , esne  peul etédramn invool vmeru an irceipcaulp edroanr.de
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identificación,  para  que  pueda  servir  de  prueba  material  y  pericial  a  las  personas
consideradas  víctimas  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  artículo  2,  las  cuales, 
además,  pueden  solicitar  muestras  bajo  cadena  de  custodia  para  realizar  análisis 
periciales privados.
5.  Cada administración censal debe poner a disposición de la autoridad policial y 
judicial, a requerimiento de esta, los datos informatizados sobre los nacimientos y las 
defunciones  ocurridos  en  cada  una  de  las  provincias  o  distritos  de  los  niños 
comprendidos entre cero y cinco años, en los casos de censos quinquenales, y entre 
cero y un año, en los casos de censos anuales. Debe iniciarse con el censo de 1936.
6.  La oficina del Registro Civil, o, en su caso, el Instituto de Estadística de Cataluña 
o los órganos competentes, deben proporcionar, también de modo informatizado, los 
datos sobre los nacimientos, los abortos y las defunciones, así como las modificaciones 
de filiación.
7.  La Administración debe salvaguardar la seguridad y la intimidad de las víctimas 
contra injerencias ilegítimas y debe protegerlas de actos de intimidación y represalia o de 
cualquier otro acto que pueda ofenderlas o denigrarlas.
8.  La memoria anual que el Consejo de Justicia de Cataluña debe presentar al 
Parlamento  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  artículo  98.2.h  del  Estatuto  de 
autonomía sobre el estado y el funcionamiento de la Administración de justicia en 
Cataluña debe incluir una estadística y una relación de datos desagregados referentes a 
las actuaciones judiciales en Cataluña que se hayan impulsado o estén en trámite en los 
partidos judiciales de Cataluña relativas a la desaparición forzada de menores. Estos 
datos no deben ser, en ningún caso, datos de carácter personal.
9.  La  memoria  anual  que  el  fiscal  superior  de  Cataluña  debe  presentar  al 
Parlamento de acuerdo con lo establecido por el artículo 96.3 del Estatuto de autonomía 
debe informar de las diligencias de investigación y las actuaciones impulsadas de oficio 
en Cataluña en relación con el fenómeno de la desaparición forzada de menores, así 
como de las persecuciones de ilícitos penales seguidas a raíz de denuncias presentadas 
por personas físicas, entidades privadas u organismos públicos.
Artículo 5.  Derecho a la reparación.
1.  Las víctimas tienen derecho al conocimiento y a la restitución de su verdadera 
identidad, y al reconocimiento de esta identidad a todos los efectos. En consecuencia, 
pueden llevar a cabo las acciones de rectificación en todos los registros, documentos y 
organismos públicos o privados en los que sea necesario, con la colaboración de las 
administraciones pertinentes.
2.  Las  víctimas  tienen  derecho  a  realizar  acciones  de  reparación  de  daños  y 
perjuicios  contra  las  personas  e  instituciones  responsables  de  la  privación  de  sus 
derechos.
3.  Las  víctimas,  si  ambas  partes  se  avienen,  tienen  derecho  al  reencuentro 
acompañadas por profesionales de un servicio público especializado y gratuito que debe 
preparar y hacer posible este reencuentro.
Artículo 6.  Derecho a las garantías de no repetición.
Los poderes públicos, para evitar la repetición de hechos similares a los que son 
objeto de la presente ley, deben impulsar las siguientes medidas:
a)  Campañas de información y sensibilización. s
b)  Difusión, en los medios de comunicación públicos, de campañas de información  oe.
sobre esos hechos. w.
regladc)d)  a.EFoxprmosaicciióónn  edsep eecsíftiocsa  phaercah olas  peonli cílao sj updricoigarl,a mla apso leicdíau caautitvoonsó mdiec al ay  leanss peoñlaicníazas   2021-463n https://w
locales, jueces y fiscales y médicos forenses.
e)  Formación del personal docente y de los profesionales de la información sobre 
estos hechos, que deben fundamentarse en investigaciones universitarias acreditadas y 
en los relatos de las víctimas contrastados fehacientemente.
f)  Organización de actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de estos 
delitos.
g)  Institución de un día en memoria de los menores que han sido objeto de la 
desaparición forzada, y de sus familias.
h)  Adopción de las propuestas de reforma legal y administrativa en materia de 
transparencia y acceso a la información en los procesos de acogimiento, adopción y 
tutela,  jurisdicción  de  menores,  así  como  en  la  inspección  de  los  establecimientos 
sanitarios públicos y privados y en los registros civiles para introducir las garantías y los 
procedimientos de gestión y verificación tendentes a la erradicación de las conductas 
constitutivas de sustracción de menores, alteración ilícita del estado civil y tráfico de 
seres humanos.
CAPÍTULO III
Obligaciones
Artículo 7.  Obligaciones de los poderes públicos.
1.  Los  poderes  públicos  están  obligados,  en  los  términos  establecidos  por  la 
legislación  correspondiente,  a  prevenir  y  sancionar  las  desapariciones  forzadas  de 
menores; a buscar e identificar a los menores apropiados y restituirlos a sus familias de 
origen; y a revisar, y en su caso, anular, los procedimientos de adopción que tengan su 
origen en una desaparición forzada, ya sea de oficio o a instancia de las víctimas.
2.  Los poderes públicos deben tramitar y resolver las peticiones formuladas por las 
víctimas en el ejercicio de los derechos que contiene la presente ley, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común o la que sea de 
aplicación por razón de la materia.
3.  Los poderes públicos deben velar por garantizar a las víctimas el acceso a la 
información  y  los  archivos  de  sus  casos,  o  la  información  que  pueda  servir  para 
aclararlos, en entidades públicas y privadas, como los que indica el artículo 2.
4.  Los poderes públicos deben facilitar el acceso a los archivos en los casos en que 
se busquen familiares biológicos.
5.  Los poderes públicos deben desarrollar y aplicar políticas de memoria colectiva 
adecuadas para conseguir la reparación y la no repetición de los delitos cometidos.
6.  Durante la investigación de los hechos, las víctimas tienen derecho al apoyo 
jurídico gratuito que pueda contribuir a esta investigación, en los términos establecidos 
por la legislación de aplicación. Asimismo, durante la investigación de los hechos y en el 
momento en el que se dilucide la verdad o la imposibilidad de obtenerla, las víctimas 
deben poder acceder a un apoyo psicológico gratuito.
7.  Los cuerpos policiales autonómicos y locales deben colaborar en la investigación 
de los hechos y apoyar las acciones administrativas y judiciales.
8.  Los  poderes  públicos  deben  establecer  las  actuaciones  administrativas 
necesarias para facilitar a las víctimas el acceso a la documentación oficial y a la 
documentación de los libros de parto y nacimiento de hospitales, clínicas y casas de 
maternidad, así como el apoyo activo en los procesos judiciales abiertos.
9.  Los poderes públicos deben instar de oficio, a través de la Oficina de la Víctima  e.e
de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña, a la investigación policial de los  b
casos, si se sospecha de un posible delito de desaparición forzada o de usurpación de  w
mideandtriedsa dm daey ourne sm deen ocri,n ccuoemnota l oasñ qous,e  opturaesd ecnir cduenrsivtaanrsceia sd eq unea cnimoi epnutoesd arne gjiusstrtaifidcoasr  duen 
pprouseibblaes e dmeb AaDraNz op erertainl ean tpeasr tqiru ed ec oprrráocbtoicraesn  dlae f iclioancicóenp nciaótnu raasl.istidas médicamente y las
10.  Los poderes públicos, en el mismo sentido, deben promover una investigación 
adecuada en los casos de personas que constan como hijos biológicos y que han tenido 
conocimiento de que no lo son, y de las personas con irregularidades graves en su 
adopción.
Artículo 8.  Obligaciones de los sujetos privados.
1.  Los sujetos privados sujetos a las obligaciones de la presente ley deben dar 
respuesta a las peticiones formuladas por las víctimas en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de presentación de la solicitud.
2.  En caso de falta de respuesta o de respuesta evasiva o incompleta, las víctimas 
pueden presentar una demanda ante los órganos competentes de la jurisdicción civil en 
defensa de su derecho.
CAPÍTULO IV
Actuaciones
Artículo 9.  Base de datos de afectados.
1.  Debe crearse, bajo la dirección de la Oficina de la Víctima de la Desaparición 
Forzada de Menores de Cataluña, una base de datos de afectados. En la elaboración y 
funcionamiento  de  esta  base  de  datos  deben  participar  los  representantes  de  las 
entidades legalmente constituidas, tanto las que cuenten con formación académica sobre 
la materia como las asociaciones representativas de las víctimas de la desaparición 
forzada de menores.
2.  Los interesados tienen derecho a acceder a la base de datos en relación con la 
información  que  los  afecta  directamente  y  se  les  debe  proporcionar  copia  de  la 
correspondiente  documentación.  El  acceso  a  la  base  de  datos  con  finalidades  de 
investigación se rige por la normativa de aplicación en esta materia.
Artículo 10.  Base de datos de identificadores de ADN.
1.  Debe crearse una base de datos de identificadores de ADN, de carácter gratuito, 
que contenga toda la información relevante en relación con los hechos que son objeto de 
la presente ley.
2.  Deben conservarse las muestras de restos óseos o material genético de las 
distintas exhumaciones realizadas, con la secuencia de ADN, y deben facilitarse a las 
víctimas interesadas en el caso de que quieran realizar un contraanálisis privado por su 
cuenta,  el  cual  deberá  realizarse  en  un  laboratorio  acreditado.  En  este  caso,  se 
realizarán los contraanálisis oportunos hasta el esclarecimiento total de la secuenciación 
del ADN correcto, debiendo asumir los costes la Generalidad.
3.  Las víctimas que hayan interpuesto una denuncia por los hechos objeto de la 
presente ley pueden solicitar que se les tomen muestras para secuenciar su ADN con el 
fin de que puedan ser comparadas con otros datos almacenados, previo cumplimiento, 
en  su  caso,  de  los  correspondientes  requisitos  legales.  Estas  pruebas  deben  ser 
analizadas en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la 
solicitud,  evitando  el  deterioro  de  las  muestras  y  agilizando  así  todo  el  proceso, 
especialmente, en el caso de personas de edad avanzada. En caso de duda sobre los 
resultados,  se  puede  instar  a  realizar  un  contraanálisis  privado;  y  en  caso  de  e.
discrepancia en los resultados, deberán realizarse tantas pruebas genéticas como sea  w.
necesario  hasta  la  secuenciación  correcta  del  ADN,  debiendo  asumir  los  costes  la  3w
Gen4e.r alLidaa dv.íctima, en caso de que disponga de una analítica hecha que conste en otro
registro  de  ADN  público  de  alguna  comunidad  autónoma,  puede  solicitar  que  se
incorpore  a  la  base  de  datos  de  identificadores  de  ADN  para  la  correspondiente 
confrontación.
CAPÍTULO V
Creación de órganos
Artículo 11.  Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña.
1.  Se crea la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de 
Cataluña  como  ente  de  derecho  público,  con  personalidad  jurídica  propia  y  plena 
capacidad pública y privada.
2.  La  composición,  el  régimen  de  funcionamiento,  el  régimen  económico  y 
financiero  y  el  resto  de  regulación  específica  de  la  Oficina  de  la  Víctima  de  la 
Desaparición Forzada de Menores de Cataluña deben determinarse por reglamento.
3.  Corresponde a la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores 
de Cataluña el reconocimiento de la condición de víctima a los efectos de la presente ley. 
La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña debe 
reconocer  la  condición  de  víctima  a  las  personas  que  se  ajusten  a  la  definición 
establecida por el artículo 2 y cuando los hechos sucedieron presuntamente en el 
territorio de Cataluña, para obtener el apoyo necesario, público y gratuito, para investigar 
los casos hasta su total dilucidación y, en su caso, acompañar a las víctimas en el 
reencuentro con sus familiares. Este reconocimiento debe extenderse a los actos que se 
organicen en memoria de las personas afectadas por estos hechos.
4.  La Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña 
debe informar a los usuarios, debe orientarlos hacia los responsables de cada servicio y 
debe supervisar las actuaciones para poder garantizar los derechos de las víctimas.
Disposición adicional primera.  Compatibilidad.
Las previsiones establecidas por la presente ley son compatibles con el ejercicio de 
las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios 
establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales.
Disposición adicional segunda.  Unidad policial específica.
Debe crearse, en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, un equipo especializado en la 
desaparición forzada de menores que vele por la investigación de los delitos a los que se 
refiere  la  presente  ley.  Este  equipo  debe  contar  con  la  actividad  formativa  y  la 
colaboración de la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de Menores de 
Cataluña.
Disposición adicional tercera.  Habilitación presupuestaria de la Oficina de la Víctima de 
la Desaparición Forzada de Menores de Cataluña.
Debe dotarse de presupuesto la Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada de 
Menores de Cataluña para que pueda disponer del personal técnico y especializado 
necesario y cubrir los gastos derivados de las investigaciones de los casos presentados 
por las víctimas.
Disposición  adicional  cuarta.  Información  de  los  trabajos  de  la  Comisión  bo
Interdepartamental  para  la  Concreción  de  una  Estrategia  Interdepartamental  e  w
I1n.t egErla Gl aonbtiee rlnao D deesbaep ainrifcoiórmn aFro arzl aPdaar ladme eMneton odreels .resultado y las conclusiones de los
trabajos  de  la  Comisión  Interdepartamental  para  la  Concreción  de  una  Estrategia
Interdepartamental e Integral ante la Desaparición Forzada de Menores, creada por el 
Acuerdo GOV/148/2019, de 22 de octubre.
2.  El  Gobierno  de  Generalidad  debe  dar  traslado  al  Gobierno  del  Estado  del 
resultado y las conclusiones de los trabajos de la Comisión Interdepartamental para la 
Concreción de una Estrategia Interdepartamental e Integral ante la Desaparición Forzada 
de Menores, a los efectos de lo establecido por el artículo 8.1 de la Ley 50/1981, de 30 
de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Disposición adicional quinta.  Programa de investigación.
1.  Debe establecerse un programa de investigación dedicado al análisis histórico, 
científico, archivístico y social del fenómeno de la desaparición forzada de menores y del 
período correspondiente, que los documente y que establezca patrones que conecten 
con investigaciones judiciales y policiales, consultas, denuncias y víctimas.
2.  Para iniciar el trabajo del programa de investigación es necesario identificar 
perfiles de recursos y capacidades y trabajar con los fondos que hay que identificar y 
catalogar. Con este fin, y como base para empezar a crear el modelo de investigación, 
hay que considerar los casos e investigaciones cerrados por resolución judicial y las 
consultas formuladas y contestadas.
Disposición adicional sexta.  Integración normativa.
1.  El ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley debe adecuarse, en 
su caso, a lo establecido por la legislación general de protección de datos personales y 
la que resulte específicamente de aplicación por razón de la naturaleza de los datos y la 
información a la que se refiere la presente ley.
2.  El contenido de los derechos reconocidos por la presente ley debe interpretarse 
siempre en función de la concurrencia de otros derechos que pueden verse afectados 
por razón de la materia, especialmente de los derechos fundamentales a la intimidad 
personal y familiar, los derivados del secreto profesional y el derecho a la tutela judicial.
3.  El ejercicio de los derechos y la aplicación de la presente ley deben ajustarse, en 
su caso, a lo establecido por la legislación del Estado en las materias de su competencia 
que guardan relación con lo establecido por la presente ley.
Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo.
1.  Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y aplicación de lo establecido por la presente ley. En el proceso de elaboración de estas 
disposiciones debe garantizarse el trámite de audiencia de las entidades legalmente 
constituidas, tanto las que cuenten con formación académica sobre la materia como las 
asociaciones representativas de las víctimas de la desaparición forzada de menores.
2.  Las normas necesarias para el desarrollo de la presente ley y los estatutos de la 
Oficina  de  la  Víctima  de  la  Desaparición  Forzada  de  Menores  de  Cataluña  deben 
aprobarse en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición final segunda.  Habilitación presupuestaria.
Los preceptos de la presente ley que conlleven gastos con cargo a los presupuestos 
de  la  Generalidad  producen  efectos  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  ley  de 
presupuestos correspondiente al ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la  e.e
entrada en vigor de la presente ley. w.b
Ddeis lpaLo aGs ipecrinóeensr eafinlnittaaelt   ltdeeeyrc  Ceenraattra.a lu eEnnyn atvr»iag.doar  eanl  dvíiag osri.guiente de su publicación en el «Diari Oficial  OE-A-2021-46able en https://
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Barcelona, 22 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  Presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès i Garcia.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8303, de 24 de diciembre)