BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Miércoles 13 de enero de 2021 Sec. I.   Pág. 3053
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
462 Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica 
urbana.
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
Muchas  experiencias  en  el  ámbito  del  asociacionismo  empresarial  en  Cataluña 
surgidas en el último tercio del siglo XX se encuentran en período de transición o de 
graves dificultades para subsistir. Son modelos que responden a una actitud proactiva de 
las personas titulares de distintos tipos de actividades económicas que han considerado 
una gestión colectiva, integral y profesionalizada como una oportunidad para ser más 
competitivos. Sin embargo, estas iniciativas de carácter meramente voluntario están hoy 
en crisis porque se enfrentan, entre otros, a los siguientes problemas:
– La viabilidad y la permanencia en el tiempo de los proyectos iniciados, dada la 
ausencia de un marco legal que garantice la cooperación y participación de todos los 
sectores y los agentes de la zona.
– Un marco de financiación basado en el voluntarismo, insuficiente y excesivamente 
dependiente  de  las  aportaciones  públicas,  lo  que  conlleva  graves  problemas  de 
sostenibilidad económica debido al descenso de las subvenciones.
– El grado insuficiente de representatividad en la zona de actuación, en buena parte 
por el bajo índice de asociacionismo y la participación escasa de los grandes operadores 
industriales, comerciales o de servicios en este tipo de organizaciones. Esto posibilita la 
aparición de los empresarios que no se adscriben al proyecto pero que se benefician de 
las acciones y los servicios que se derivan del mismo.
Esta situación forma parte de un problema mayor: no nos podemos permitir los 
costes  sociales,  ambientales  y  económicos  de  la  progresiva  deslocalización  de  los 
distintos tipos de actividades económicas vinculadas al territorio.
Es  por  ello  que  hay  que  evolucionar  hacia  nuevos  modelos  de  gestión  de 
colaboración  público-privada,  con  un  alto  grado  de  flexibilidad  y  de  capacidad  de 
adaptación  a  las  distintas  necesidades  y  realidades  del  territorio,  para  conseguir 
dinamizar  y  revitalizar  espacios  donde  se  concentran  actividades  industriales, 
comerciales o de servicios. s
Existe un amplio consenso sobre el hecho de que los modelos de gestión existentes  oe.
actualmente en zonas de concentración de establecimientos comerciales, polígonos  w.
piSnrede usesestntráitaanlne a spg roootb alnzeodmnoaa lssa  sd teup rotíasslit bimcilaiadsga,n dieetunsdt rd eqe u oeat vrhaoanscz eaenrs  pihnaavcciaiioabs lue n ds eum  oscodosentlceoen ininmttreiaegcnriaótoln  d ae el amgrepgsroet ipsóalnar zidaoel.,    2021-462n https://w
las  zonas  en  las  que  están  situados  que  vaya  más  allá  del  hecho  de  que  las
administraciones locales intervengan y ordenen o promuevan sus usos económicos. Hay  Bc
que avanzar hacia nuevos modelos que permitan una gestión más eficaz, innovadora y 
democrática desde la dinamización territorial y la competencia empresarial. Se trata de 
optar por modelos de gestión basados en la colaboración público-privada capaces de 
generar nuevos recursos económicos, y para ello deben contar con un sistema de 
financiación suficiente, estable y equitativo.
A pesar de no existir un libro blanco sobre esta cuestión, la necesidad de avanzar 
hacia nuevos modelos de gestión de colaboración público-privada está argumentada 
sólidamente en Las Áreas  para  la  Promoción de  Iniciativas Empresariales (APIEs). 
Propuesta de un modelo avanzado para la gestión de las zonas de concentración de 
actividades empresariales, un estudio de referencia redactado en 2010 por un grupo de 
expertos representativos de todos los sectores e instituciones implicados, liderado por 
Helena Villarejo-Galende. Una de las conclusiones de este estudio es que la mayor 
dificultad para plantear una gestión común público-privada de las áreas comerciales es la 
ausencia de un marco legal que garantice la cooperación y participación de todos los 
sectores y agentes, así como la viabilidad y permanencia de los proyectos en el tiempo.
El  modelo  de  referencia  internacional  para  la  gestión  de  las  grandes  áreas 
comerciales  es  el  de  los  Business  Improvement  Districts  (BID).  Los  BID  son 
organizaciones  dirigidas  de  forma  privada,  pero  creadas  con  la  aprobación  de  las 
autoridades locales cuando la mayoría de propietarios o empresarios de una zona 
perfectamente  delimitada  acuerdan,  mediante  un  proceso  formal  de  votación  con 
garantías  de  participación  para  todos  los  afectados,  pagar  una  cuota  o  recargo 
obligatorio  con  el  fin  de  ofrecer  servicios  adicionales  dirigidos  a  la  promoción  o 
revitalización de esa área. Los BID se están implantando en centros urbanos, barrios, 
polígonos industriales, parques de negocios, pequeñas ciudades de zonas rurales, así 
como en otras áreas de importancia estratégica para el desarrollo territorial.
Los  BID  surgen  originariamente  en  Canadá.  El  primer  BID  se  crea  en  Toronto 
en  1969  y  actualmente  existen  más  de  dos  mil  quinientos,  con  diferentes 
denominaciones  según  los  territorios.  Actualmente,  existe  legislación  autorizando  la 
creación de los BID en Estados Unidos (hay más de mil doscientos), en el Reino Unido 
(con legislación desde 2005, hay más de ciento diez), en Alemania (con el primero en la 
ciudad de Hamburgo, en 2005, y donde actualmente hay cerca de veinte), y el concepto 
se ha difundido en Australia, Irlanda, Japón, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Nueva Zelanda.
La presente ley propone la creación de un modelo de entidad asociativa llamada área 
de promoción económica urbana, o APEU, que se basa en el esquema de colaboración 
público-privada, pero con un peso mayoritario del segundo de estos elementos. Se 
configura como una asociación privada no lucrativa que, bajo la tutela del municipio, 
persigue  la  puesta  en  práctica  de  iniciativas  de  mejora  del  entorno, 
complementariamente a los servicios que prestan las distintas administraciones públicas. 
La finalidad de estas áreas es dinamizar o revitalizar espacios en los que se concentran 
actividades  empresariales  mediante  la  realización  de  inversiones  financiadas 
básicamente con las aportaciones obligatorias de las personas titulares del derecho de 
posesión de los locales con acceso directo desde la vía pública y de las naves y las 
parcelas donde se llevan a cabo actividades económicas con ánimo de lucro, que se 
encuentran dentro de un área previamente delimitada. Es por ello que el procedimiento 
de constitución de estas entidades asociativas debe garantizar la máxima transparencia 
y participación de todos los afectados.
En  este  contexto,  y  para  que  las  APEU  puedan  convertirse  en  un  instrumento 
adecuado, la presente ley debe permitir la consecución de un sistema de financiación  s
suficiente y el diseño de un sistema de gestión, administración y representatividad de las  oe.
nuevas entidades asociativas de acuerdo con el marco normativo existente. w.
La ley debe responder a la necesidad de incentivar la dinamización y la revitalización  2w
dcoem eesrpcaiacli oos  ddeo nsedrev isceio sc.o nLcaesn AtrPaEn Ua cdteivbideand feasc ielitmarp rqeusea rciaulaelsq udieer  tzipoon ain ddeu sctroianlc, etnutrríasctiicóon, 
ddee gerasdtaasc ióanc tpivuideaddae gse sqtuioen adressee dee  amuamneenrtaa rc osnuj ucnotam, pceotnit ievild oabdj eotiv oe vditea ro fsreitcuearc iuonn emse djoer   BOE-A-cable e
nivel de servicios y de calidad del entorno, complementando las actuaciones de los 
poderes públicos y potenciando la colaboración entre agentes públicos y privados.
Es por ello que las APEU deben configurarse como entidades con capacidad para 
establecer derechos y obligaciones para todos los agentes económicos de una zona 
delimitada previamente, para evitar que haya empresas que se aprovechen de la acción 
y los esfuerzos económicos ajenos sin realizar ninguna aportación. Esta pertenencia 
obligatoria requiere una regulación detallada y muy garantista del procedimiento de 
constitución de estas entidades, que, en cualquier caso, necesita la iniciativa de unas 
mayorías mínimas que tienen en cuenta el número y la superficie construida catastral de 
los establecimientos en los que se desarrollan actividades económicas con ánimo de 
lucro, en un proceso de constitución que asegure la información y la acreditación de la 
voluntad de todos los afectados.
En definitiva, las APEU, consideradas de interés público, son un instrumento basado 
en la colaboración público-privada que persigue fines públicos mediante iniciativas para 
mejorar la calidad del entorno urbano y consolidar el modelo de ciudad compacta, 
compleja,  cohesionada  y  medioambientalmente  eficiente.  La  actividad  de  estas 
entidades debe beneficiar a los espacios públicos y los intereses generales de la ciudad; 
es por ello que son entidades de base privada pero que se constituyen bajo la tutela 
pública del municipio para cumplir las finalidades públicas. Este interés público justifica el 
establecimiento de un régimen de adscripción obligatoria para todos los locales que se 
encuentren en el ámbito delimitado, y el establecimiento de un régimen de financiación 
basado en contribuciones obligatorias que tienen la naturaleza de prestación patrimonial 
de carácter público no tributaria. Sin embargo, esta financiación puede vehicularse por 
otras figuras, estas de carácter tributario, que en el futuro puedan ser arbitradas por la 
legislación reguladora de las haciendas locales.
Los objetivos generales y específicos de la presente ley son los siguientes:
– Favorecer la creación de un modelo de ciudad compacta en que la presencia de 
actividades económicas integradas en los núcleos urbanos facilite la actividad comercial, 
industrial y de servicios de un modo más sostenible y adecuado a las necesidades de los 
ciudadanos.
– Frenar el proceso de desertización comercial de los núcleos urbanos en favor de 
áreas comerciales periurbanas alejadas que requieren importantes desplazamientos, con 
el consiguiente impacto ambiental.
– Impulsar los polígonos de actividad económica como espacios de cooperación 
empresarial, de fomento de la competitividad, de contribución a la generación de empleo 
y de creación de un entorno económico más sostenible.
– Diversificar los procesos de dinamización de la actividad comercial, industrial o de 
servicios, más allá de las iniciativas públicas.
– Promover la participación activa del tejido empresarial en la configuración y la 
gestión del modelo industrial, comercial y de servicios.
– Desarrollar las previsiones legales relativas a la creación de la figura de las APEU 
de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.
– Conseguir que las APEU puedan disponer de un sistema de financiación adecuado 
a sus finalidades.
– Garantizar que las APEU se constituyan y se gobiernen de forma transparente y 
representativa.
Los beneficiarios directos de las APEU son las personas titulares de actividades  e
económicas de un área delimitada y por eso es adecuado que se confíe su planificación,  bo
ejecución y financiación a una entidad que integre todas las empresas de la zona en un  w
rréegpiemrceunt irád,e d ea ufotormgeas tbióenn.e fNicoio sdae, been  looslv iedsaprsaec ioqsu peú blalic oasc tyiv liodsa din tdeere seesst agse neenratildeasd dees 
dlair ceicucdióand  oy  lac oznotnroal  rudrea ll,a l oa qcutiev idjuasdti fidcea  qeuseta sse á arteraibsu. yLaans a  AloPsE mUu nnioc ippiorest elonsd epno dseuressti tdueir 
sectorialmente a las entidades municipales, sino movilizar los esfuerzos, económicos y
de gestión, de colectivos concretos de empresas que persiguen un objetivo común. Por 
esta razón, se explicita que las APEU no pueden ejercer, en ningún caso, potestades 
públicas.
El establecimiento de un sistema de aportaciones obligatorias para una finalidad de 
interés  público  que  repercute,  en  última  instancia,  en  el  beneficio  del  conjunto  del 
municipio no es una novedad: este sistema ha sido aplicado, desde hace más de medio 
siglo, por las juntas de compensación o reparcelación. La gestión de las cuotas o 
aportaciones se atribuye, de entrada, a la secretaría y a la gerencia, con la posibilidad de 
poder encargar la gestión de la recaudación, por vía de apremio, si es necesario, a los 
órganos municipales competentes.
Los costes derivados de la gestión del proceso de constitución de las APEU por parte 
del organismo público local que corresponda, así como los derivados de los cobros de 
las  cuotas  cuando  se  concierten  con  la  hacienda  local,  pueden  ser  imputados  al 
presupuesto de las APEU.
No se prevé que la presente ley tenga que comportar algún incremento de gasto o de 
recursos  humanos  o  técnicos  para  los  entes  locales  que  no  pueda  compensarse 
mediante el propio presupuesto de las APEU.
Los destinatarios principales de la presente norma son las personas titulares de 
actividades económicas de un área determinada caracterizada por la concentración de 
establecimientos comerciales, industriales, logísticos y de servicios, que dispondrán de 
una nueva clase de entidad para ayudarles a mejorar su entorno.
Asimismo, la presente ley va dirigida también a los municipios a los que corresponde 
autorizar y controlar la creación de las APEU para dinamizar determinadas zonas, con 
los consiguientes beneficios que deberán revertir en los espacios públicos y los intereses 
generales  de  la  ciudad  o  la  zona  rural  correspondiente,  de  modo  que  puedan 
complementarse  las  actuaciones  de  carácter  dinamizador  de  las  administraciones 
locales.
De  acuerdo  con  los  principios  de  reducción  de  cargas  administrativas  y  de 
simplificación administrativa, la presente ley establece un proceso de tramitación que 
garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos, pero con el mínimo de cargas 
administrativas y trámites requeridos para que el proceso de aprobación de las APEU 
sea lo más ágil y sencillo posible.
II
La presente ley se promulga de acuerdo con el Estatuto de autonomía de Cataluña. 
En concreto, con la competencia exclusiva en materia de comercio y ferias establecida 
por el artículo 121, con la competencia exclusiva en materia de turismo establecida por el 
artículo 171, con la competencia en materia de industria establecida por el artículo 139.1 
y con la competencia en materia de promoción de la actividad económica establecida por 
el artículo 152.1.
Los municipios ejercen las funciones establecidas por la presente ley de acuerdo con 
las competencias que les atribuye el artículo 84.2.i del Estatuto de autonomía.
III
La presente ley se estructura en dos títulos, con cuarenta y un artículos. La parte 
final  contiene  tres  disposiciones  adicionales,  una  disposición  derogatoria  y  tres 
disposiciones finales. e.
El título I está dedicado a la regulación general de las APEU y se estructura en seis  w.b
capítulos. 2w
natuEral lceazpaí tduelo l apsr imAPerEoU e ys tdáe d seudsic eandtoid aald eosb jegteos tyo rlaas f;i ncaólmidoa ds ed ee slatr ulectyu, rlaan d ye ffiinniacniócnia ny , lay 
liamsp lpiqouseibnl eesje rfcuinccioio dnee sa,u tqoureid aedn. ningún caso pueden ejercer potestades públicas que
El capítulo segundo regula cómo se delimitan las APEU, y quién puede plantear la 
iniciativa  de  constitución  de  las  mismas  (número  mínimo  de  personas  titulares  del 
derecho de posesión de los locales, asociaciones empresariales de carácter territorial 
arraigadas en la zona, o ayuntamiento). También define el contenido que debe tener el 
proyecto de delimitación de la APEU, cómo se determina el número de votos de que 
dispone cada local a efectos de las votaciones y de la determinación de la cuota 
correspondiente,  los  rasgos  básicos  de  los  estatutos  de  las  entidades  gestoras,  el 
contenido del plan de actuación (memoria, presupuesto, fuentes de financiación, período 
de vigencia y mecanismos de evaluación), y establece el procedimiento que debe seguir 
la iniciativa presentada y los votos favorables necesarios para la aprobación de la APEU. 
Una vez aprobada la APEU por la mayoría de los integrantes y por el ayuntamiento, se 
detalla el contenido y la naturaleza jurídica del Convenio a suscribir entre la entidad 
gestora y el ayuntamiento. Se regula también la posibilidad de prórroga del Convenio y 
los procedimientos de modificación y extinción.
El capítulo tercero establece la creación del Registro de las áreas de promoción 
económica urbana de Cataluña, adscrito a la dirección general competente en materia de 
comercio de la Generalidad, y se regula el procedimiento de inscripción de las APEU 
aprobadas y su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
El capítulo cuarto trata de la organización y el funcionamiento de las entidades 
gestoras. Concretamente, los órganos principales, la asamblea general, la presidencia, la 
secretaría y la gerencia, con la posibilidad de que en cada caso puedan ampliarse las 
funciones y los órganos para el buen funcionamiento del área.
El capítulo quinto regula el sistema de financiación de las APEU, determina cuáles 
pueden ser los recursos económicos de estas entidades, el sistema de liquidación y 
exacción de cuotas y detalla el procedimiento de intervención de la Administración local 
en los supuestos de reclamaciones y cobro de las cuotas impagadas por la vía de 
apremio y la elaboración y aprobación del presupuesto.
El capítulo sexto está dedicado a la extinción y al procedimiento de liquidación de las 
APEU.
En el título II se regulan las especificidades de las APEU en los polígonos de 
actividad económica.
La  ley  reconoce  aquí  la  singularidad  de  los  polígonos  de  actividad  económica, 
preferentemente los destinados a uso industrial y logístico que, por la tipología de 
actividades  empresariales,  por  la  dimensión  de  los  espacios  en  los  que  estas  se 
desarrollan y por la diferente necesidad de los niveles de servicio y suministro que 
requieren, hacen imprescindible una ordenación y una clasificación específicas.
Por este motivo, se regulan aspectos específicos de las APEU en los polígonos de 
actividad económica, concretamente todo lo relacionado con la definición de polígono, 
nave y parcela sin construcción, con los elementos que integran el plan y su ámbito de 
actuación,  con  la  determinación  de  la  superficie  computable  y  las  cuotas,  con  el 
procedimiento  de  inscripción  específico  y  con  la  clasificación  de  los  polígonos  de 
actividad económica de acuerdo con sus características y con los atributos que se 
consideran necesarios para llevar a cabo esta clasificación.
La disposición adicional primera prevé la convocatoria, para cada ejercicio, de una 
línea de ayudas para mejorar y modernizar los polígonos de actividad económica que se 
hayan constituido como APEU, de acuerdo con la presente ley.
La  disposición  adicional  segunda  establece  que  el  sitio  web  del  Sistema  de 
Información de Polígonos de Actividad Económica (SIPAE) es el repositorio único de  s
información en relación con los polígonos de actividad económica, de acuerdo con lo  oe.
establecido en el Pacto Nacional para la Industria. w.
La disposición adicional tercera establece que los polígonos de actividad económica  2w
preugeudlaenn  paodro sputa prr ooptriaa sn ofórmrmautilvaas. de gestión público-privada, que en cualquier caso se
de cLoam deisrcpioos, icsieórnv idceiorso gya tfoerriiaa sd,e qrougea  teipl ifaicrtaícbual oc o7m3.o2  dgera lvae L leay  i1n8fr/a2c0c1ió7n,  dceo 1n sdiset eangtoes teon,   BOE-A-cable e
anunciar una modalidad de venta con finalidad extintiva, cuando la venta realmente 
efectuada no se ajusta a esta modalidad; también deroga la disposición final tercera de 
esa misma ley, que establecía la aprobación del proyecto de ley de las APEU por parte el 
Gobierno.
En  cuanto  a  la  disposición  final  primera,  algunas  de  las  modificaciones  de  la 
Ley  18/2017  constituyen  mejoras  técnicas  en  la  aplicabilidad  de  la  ley  sin  que 
constituyan una modificación de su contenido regulador. Otras modificaciones de esa 
misma ley tienen que ver con la definición de la figura de la central de compras y 
servicios, y con la corrección de disfunciones puntuales detectadas en la aplicación de la 
regulación  establecida  en  los  ámbitos  de  la  venta  no  sedentaria,  las  actividades 
promocionales y la ruptura de stocks.
La  disposición  final  segunda  se  refiere  al  régimen  especial  del  municipio  de 
Barcelona.
La disposición final tercera habilita el desarrollo de la ley.
TÍTULO I
Regulación general
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El objeto de la presente ley es la creación de áreas de promoción económica 
urbana  con  el  objetivo  de  modernizar,  innovar  y  promocionar  determinadas  zonas 
urbanas, y para mejorar la calidad del entorno urbano mediante actuaciones sostenibles; 
consolidar  el  modelo  de  ciudad  compacta,  compleja  y  cohesionada  y 
medioambientalmente  eficiente;  e  incrementar  la  competitividad  de  las  empresas, 
favoreciendo la creación de empleo.
2.  Las áreas de promoción económica urbana tienen finalidades de interés general. 
Para la dirección y la gestión de estas áreas se establece un sistema de colaboración 
público-privado entre la Administración local y una entidad privada creada al efecto.
3.  La competencia de la promoción de actividades económicas y empresariales de 
los municipios y la planificación urbanística corresponde a la Administración local en 
colaboración con las demás administraciones públicas y con el sector privado.
Artículo 2.  Áreas de promoción económica urbana.
1.  Para el cumplimiento del objeto de la presente ley pueden delimitarse determinadas 
zonas urbanas continuas en las que se desarrollen actividades económicas. Estas zonas se 
denominan áreas de promoción económica urbana (o APEU).
2.  Las áreas de promoción económica urbana son zonas geográficas de uno o 
varios municipios previamente delimitadas, integradas por los locales definidos en el 
artículo 5.2 y que están situados dentro de su ámbito, en las que está prevista la 
ejecución de un plan de actuación que debe adecuarse a los fines de interés general a 
los que se refiere el artículo 1.2.
3.  Las áreas de promoción económica urbana se financian del siguiente modo: s
a)  Con  las  contraprestaciones  económicas  o  cuotas  que  se  establezcan  w.
obligatoriamente, que tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter  2w
dpiúsbploicsoic nióon t raibduictiaornioa ld per iamceurear ddoe  cloan L eely a drteícl uElsot a3d1o.3 5 d8e/2 l0a0 C3o, ndset i1tu7c idóen  deiscpieamñoblrae,,  yg ecnoenr laal 
tributaria, y otros recursos a los que se refiere el artículo 25.
b)  Alternativamente, las áreas de promoción económica urbana pueden financiarse, 
en su caso, con las figuras tributarias que la legislación reguladora de las haciendas 
locales establezca a estos efectos.
4.  Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario a las que se 
refiere el apartado 3.a deben regularse mediante una ordenanza municipal y deben 
calcularse de acuerdo con los parámetros establecidos por la presente ley y el Convenio 
al que se refiere el artículo 12.
Artículo 3.  Entidades gestoras y naturaleza jurídica.
Las áreas de promoción económica urbana son gestionadas por entidades privadas, 
sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, constituidas por las personas que 
acrediten que son titulares del derecho de posesión de los locales definidos en el 
artículo 5.2 situados dentro del ámbito de delimitación del área, a la que se han adherido. 
La organización y la actividad de las áreas de promoción económica urbana deben 
sujetarse a lo dispuesto en la presente ley, a sus estatutos y, supletoriamente, a las 
disposiciones de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de 
Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
Artículo 4.  Funciones de las entidades gestoras de las áreas de promoción económica 
urbana.
1.  Las funciones de la entidad gestora de un área de promoción económica urbana 
son determinadas por el plan de actuación.
2.  El plan de actuación debe establecer, como mínimo, alguna de las siguientes 
funciones:
a)  El impulso de la activación urbana, turística, comercial o industrial.
b)  La organización de eventos, de actividades de dinamización y publicidad y de 
espectáculos.
c)  La captación de inversiones para mejorar el mix comercial y reducir el número de 
locales vacíos.
d)  La realización de actividades para reforzar la responsabilidad social empresarial.
e)  El mejoramiento de la limpieza, la señalización, la decoración y la iluminación 
con actuaciones suplementarias.
f)  El desarrollo de la gestión compartida de servicios para los miembros del área de 
promoción económica urbana, como la logística o la digitalización.
g)  La formación para el desarrollo de las actividades.
h)  El refuerzo de la seguridad de los espacios públicos y de los establecimientos y 
locales del área de promoción económica urbana.
i)  Otras funciones que tengan como objetivo mejorar y revitalizar el entorno urbano 
delimitado por el área.
3.  Estas funciones no pueden sustituir ni reducir, en ningún caso, los servicios 
municipales que presta el ayuntamiento.
4.  La entidad gestora del área de promoción económica urbana no puede ejercer 
potestades públicas que impliquen ejercicio de autoridad.
CAPÍTULO II
Constitución de las áreas de promoción económica urbana y de las entidades 
gestoras
Artículo 5.  Iniciativa.
1.  La  iniciativa  para  la  delimitación  y  constitución  de  un  área  de  promoción 
económica urbana corresponde a:
a)  Las personas que acrediten ser titulares del derecho de posesión del 25%, como 
mínimo, de la totalidad de los locales definidos en el apartado 2 y que representen 
el 25%, como mínimo, del sumatorio de la totalidad de los votos de los que dispone cada 
uno de los titulares del derecho de posesión de los locales incluidos dentro del ámbito 
del área de promoción económica urbana, de acuerdo con el artículo 7.
b)  Cualquier asociación empresarial territorial de la zona en la que se pretende 
delimitar el área de promoción económica urbana que haya desarrollado su actividad en 
esta zona durante un período mínimo ininterrumpido de cinco años.
c)  El ayuntamiento del municipio en el que se quiere delimitar el área de promoción 
económica urbana, si cuenta, como mínimo, con el informe favorable de una de las 
organizaciones empresariales territoriales representativas de la zona afectada.
2.  A los efectos de la presente ley, se considera local la parte de un edificio, o el 
edificio entero, con acceso directo desde la vía pública, en el que se ejerce, o en la que 
es susceptible de ser ejercida, una actividad económica empresarial.
Tiene también la consideración de local, a los efectos de la presente ley, el solar sin 
edificar con capacidad de admitir una edificación en la que sea posible desarrollar 
cualquier tipo de actividad económica empresarial.
3.  Se excluyen los locales en los que se realizan actividades sin ánimo de lucro y 
actividades que no constituyen una actividad empresarial. Se excluyen también los 
solares cuyo uso se destina al aparcamiento gratuito de vehículos, así como todos los 
locales y equipamientos de titularidad pública, salvo que el titular solicite expresamente 
su inclusión.
Artículo 6.  Proyecto de delimitación de un área de promoción económica urbana.
El proyecto para la delimitación de un área de promoción económica urbana debe 
incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
a)  La identificación de las personas que ejercen la iniciativa, con la acreditación de 
la titularidad del derecho de posesión de los locales situados en el ámbito del área de 
promoción económica urbana, con indicación de su nombre o razón social, número de 
identificación fiscal, domicilio de los establecimientos de los que es titular del derecho de 
posesión en la zona, y superficie construida de cada uno de los locales.
b)  Si  la  iniciativa  es  ejercida  por  una  asociación  empresarial  territorial,  debe 
acreditar el acuerdo de la asamblea general para impulsar la iniciativa y el cumplimiento 
del resto de condiciones establecidas por el artículo 5.1.b.
c)  El plano a escala en el que se identifique la delimitación del área de promoción 
económica urbana y se localicen los locales con indicación de la superficie construida de 
cada uno de ellos, detallando los locales incluidos y los no incluidos en el área de  s
acuerdo con lo establecido por el artículo 5; la identificación de las personas titulares del  o
derecho  de  posesión  de  los  locales,  con  su  nombre  o  razón  social,  número  de  w.
cipdaoedsnaet isfuiicónanac  eiódnne  l aflai szsco anpla ey;r s yod nloaam sini cdtiiliticuoal acdrióeenls   eddseet la labd leesruceipmcehireofin cdtioee   cdpoeonls seqtrsuuieóid nae  sdc eat titaluoslsatr ral ol dcqeaull eeds re eirnpecrcelhusoied nodtsea,    2021-462n https://w
calculada de acuerdo con el artículo 7. A estos efectos, el ayuntamiento debe facilitar los
datos de los que disponga, con el fin de completar el proyecto.
d)  El proyecto de estatutos de la entidad gestora.
e)  El plan de actuación, que debe incluir una memoria económica.
f)  La propuesta de Convenio que se suscribirá entre el ayuntamiento y la entidad 
gestora del área de promoción económica urbana, en el que deben concretarse los 
compromisos que asumirán cada una de las partes.
g)  La memoria justificativa de la delimitación del área de promoción económica 
urbana.
Artículo  7.  Determinación  de  la  participación  en  el  área  de  promoción  económica 
urbana.
1.  Todas las personas titulares del derecho de posesión de los locales incluidos 
dentro del ámbito del área de promoción económica urbana participan de los derechos y 
obligaciones  establecidos  en  el  Convenio  en  proporción  a  la  superficie  construida 
catastral de cada establecimiento y local incluido en el área, de acuerdo con la siguiente 
tabla, que determina el número de votos y las cuotas que corresponden a cada uno:
Coeficiente/obligaciones de 
pago (X = cuota mínima a 
Tipología Superficie construida catastral Votos pagar, que se determina en 
función del proyecto de la 
APEU)
I s ≤ 300 m2. 1 x
II 300 m2 < s ≤ 800 m2. 1,5 1,5x
III 800 m2 < s ≤ 1.300 m2. 2 2x
IV 1.300m2 < s ≤ 2.500 m2. 3 3x
V 2.500 m2 < s ≤ 10.000 m2. 4 4x
s > 10.000 m2 (establecimiento colectivo de 50 
VI 5 5x
establecimientos individuales o más).
2.  En los casos de suelo sin edificación, se entiende por superficie construida 
catastral la superficie catastral de la parcela.
Artículo 8.  Estatutos de la entidad gestora.
Los estatutos de la entidad gestora deben adecuarse a lo dispuesto por la presente 
ley y deben incluir, como mínimo, lo siguiente:
a)  La denominación de la entidad, que debe incluir, necesariamente, la expresión 
«área de promoción económica urbana» o la forma abreviada «APEU», y no puede 
coincidir con la de otra entidad previamente registrada ni inducir a error o confusión.
La  denominación  «área  de  promoción  económica  urbana»  o  «APEU»  queda 
reservada a las entidades reguladas por la presente ley.
b)  La sede, el objeto, las finalidades y las funciones de la entidad gestora.
c)  Los derechos y deberes de los integrantes de la entidad gestora.
d)  El procedimiento de adhesión y de separación de las personas titulares del derecho 
de posesión de los locales incluidos en el ámbito del área de promoción económica urbana.  es
Las personas titulares del derecho de posesión de los locales incluidos en el ámbito del área  o
deben poder participar y ejercer, en cualquier momento, sus derechos en la entidad gestora,  w.
tcaonntdoei )cp ioanLraeo ssl a m óaárdsgh gaernsaoivóson s adcsoe m pagor oapb auiernaran sloa q  usyee  ppdaaerra ac aioódtnrma, siyn. isntor apcuióend,e ne li mpproonceerdseim eienn tnoin gpúanr ac assuo   2021-462n https://w
designación  y  las  funciones  de  cada  uno.  Debe  haber,  como  mínimo,  un  órgano
colegiado de gobierno (la asamblea general, de la que forman parte todos los miembros), 
la presidencia, la secretaría y un órgano de administración (la gerencia).
f)  Los requisitos de la convocatoria de los órganos de gobierno y de administración, 
los requisitos y la forma de adopción de los acuerdos y el procedimiento para su 
impugnación.
g)  El procedimiento para llevar a cabo las contrataciones de la entidad, que debe 
garantizar la adjudicación en las mejores condiciones técnicas y económicas.
h)  El procedimiento para la modificación de los estatutos.
i)  Los procedimientos para proponer la modificación de la delimitación del área de 
promoción económica urbana ante el ayuntamiento.
j)  El procedimiento para modificar y prorrogar el Convenio ante el ayuntamiento.
k)  Las causas de disolución de la entidad gestora y las reglas sobre su disolución y 
liquidación.
Artículo 9.  Plan de actuación.
1.  El plan de actuación establece los objetivos del área de promoción económica 
urbana, así como los instrumentos, las funciones, de acuerdo con el artículo 4.2, y las 
medidas que se adoptarán para alcanzarlos, que deben adecuarse a las finalidades 
públicas de interés general establecidas por el artículo 1.2.
2.  El plan de actuación debe incluir, como mínimo:
a)  Una memoria justificativa de las funciones básicas que se pretenden desarrollar 
con la creación del área de promoción económica urbana, de acuerdo con el artículo 4.
b)  Un programa de actuaciones que especifique el diagnóstico de la situación 
inicial, los objetivos perseguidos y la justificación de las medidas que se proponen para 
su adopción. Deben detallarse exhaustivamente y por etapas los servicios, las mejoras o 
las medidas de gestión y la modernización que se propongan, así como los beneficios 
que estas actuaciones deben conllevar en relación con los servicios existentes y los 
indicadores de seguimiento para justificar posteriormente la adecuación de las medidas 
adoptadas.
c)  Un proyecto de presupuesto de los gastos necesarios para el desarrollo del plan, 
con el detalle de las partidas para la realización o implantación de los servicios, las 
actuaciones, las medidas y las mejoras propuestas en función de las etapas previstas 
para aplicarlo y los costes derivados de la gestión del proceso de constitución de las 
áreas de promoción económica urbana por el organismo público local que corresponda, 
así como los costes derivados del cobro de las cuotas cuando se concierten con la 
hacienda local.
El  proyecto  de  presupuesto  debe  incluir  también  una  reserva  destinada  a  la 
compensación de incrementos imprevisibles de costes de las actuaciones proyectadas y 
a la cobertura de pérdidas de ingresos derivadas del impago o el pago impuntual de las 
cuotas.
También debe incluir las previsiones de los gastos necesarios para la disolución del 
área, ya sea motivada por la extinción de la vigencia como por la aprobación de la 
disolución anticipada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 14.
d)  Las fuentes de financiación.
e)  Las reglas para la exacción de las cuotas, de acuerdo con el artículo 26, así 
como la determinación de la forma y los plazos de pago de las cuotas, que pueden 
exigirse con una antelación máxima de un año en relación con el gasto previsto. e
f)  El período de duración de las medidas incluidas en el proyecto, que no puede ser  bo
inferior a tres años ni superior a cinco, y el cronograma para la implantación de los  w
soebrjevgitci)v ioossL, o dlase sl m pmleaecnjao enraniss mr,e lolaassc  imdóene  dceiodvnaa lsluo aosc  lbiaóesnn  aedcfietcu iaolocssi oy n rmeesseu jqolturaaeds os pse r eypv roidspetoo slna.e nc.onsecución de los  OE-A-2021-46able en https://
Artículo  10.  Procedimiento  de  delimitación  de  las  áreas  de  promoción  económica 
urbana.
1.  Para  delimitar  un  área  de  promoción  económica  urbana  debe  seguirse  el 
siguiente procedimiento:
a)  El  proyecto  para  delimitar  el  área  debe  presentarse  en  el  ayuntamiento 
correspondiente  mediante  una  solicitud  acompañada  de  los  documentos  con  la 
información a que se refiere el artículo 6.
No pueden admitirse a trámite las solicitudes para la constitución de un área de 
promoción económica urbana en los casos en que la solicitud proponga alguno de los 
siguientes supuestos:
– Un área que coincida total o parcialmente con el espacio geográfico de un área ya 
existente.
– Un área que coincida total o parcialmente con el espacio geográfico de otra 
propuesta que se haya presentado con anterioridad y se encuentre en trámite.
En caso de que el proyecto de constitución del área afecte a más de un municipio, la 
tramitación  debe  efectuarse  en  cada  uno  de  los  ayuntamientos  de  los  municipios 
implicados. En este caso, las referencias que los artículos de la presente ley hacen al 
ayuntamiento se entenderán hechas a todos los ayuntamientos afectados.
b)  El órgano competente en materia de promoción económica del ayuntamiento, 
previa verificación de los datos presentados, en el plazo de dos meses a contar desde la 
presentación de la solicitud, debe resolver motivadamente la aprobación inicial o la 
desestimación del proyecto presentado y la constitución de un grupo de trabajo paritario 
integrado,  por  una  parte,  por  los  representantes  del  ayuntamiento  y,  por  otra,  por 
representantes  designados  por  los  solicitantes,  con  indicación  del  concejal  que  lo 
presidirá.
Una vez aprobado inicialmente el proyecto, el ayuntamiento, en el plazo de siete 
días, debe someter el proyecto a información pública, como mínimo en el sitio web del 
ayuntamiento, durante el período de un mes, con notificación individual y fehaciente a 
cada una de las personas titulares del derecho de posesión de los locales de la zona 
delimitada en el proyecto presentado. El acuerdo de aprobación inicial debe prever el 
inicio de los trámites para la aprobación o, en su caso, la modificación de las ordenanzas 
fiscales pertinentes para poder hacer efectiva la recaudación de las cuotas para la 
financiación del área de promoción económica urbana.
c)  Si en el plazo de dos meses a contar desde la presentación de la solicitud del 
órgano  competente  del  ayuntamiento  no  ha  aprobado  inicialmente  el  proyecto 
presentado, la solicitud se entiende desestimada.
d)  Finalizado el plazo de información pública, y recibidas las alegaciones, el grupo 
de trabajo debe valorar las alegaciones presentadas y pronunciarse expresamente sobre 
la idoneidad y el encaje de las actuaciones previstas en el área de promoción económica 
urbana, y, en su caso, debe proponer un texto refundido del proyecto.
e)  El proyecto de delimitación del área de promoción económica urbana al que se 
refiere el artículo 6, una vez acordado por el grupo de trabajo, debe someterse a la 
votación de todas las personas titulares del derecho de posesión de los locales que, de 
acuerdo con el artículo 5.2, forman parte del área delimitada.
f)  La  convocatoria  para  la  votación  debe  notificarse  de  manera  individual  y 
fehaciente a cada una de las personas titulares del derecho de posesión mencionadas  e.
en la letra e. La comunicación debe realizarse con una antelación mínima de quince días  w.
respecto de la fecha de votación acordada, y debe indicar: 2w
– El sitio web del ayuntamiento donde se haya insertado el texto íntegro del proyecto
– El censo de votantes.
– Los días durante los que puede tener lugar la votación, ya sea físicamente, en el 
lugar y hora que se indiquen, o por medios telemáticos. En caso de votación telemática, 
el período de votación no puede ser inferior a siete días ni superior a quince.
g)  Las personas titulares del derecho de posesión disponen del número de votos 
resultantes  de  la  suma  de  los  que  se  les  atribuyan  en  función  de  las  superficies 
catastrales de cada uno de los establecimientos o locales de los que son titulares, que se 
determinan de acuerdo con lo establecido por el artículo 7.
Los establecimientos comerciales colectivos definidos en el artículo 5.b del Decreto 
ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, o la 
legislación que lo sustituya, se consideran un solo local.
En caso de cotitularidad del derecho de posesión sobre un mismo local, las personas 
cotitulares deben designar formalmente un representante, que será la persona que 
ejercerá el derecho a voto.
h)  En  el  plazo  de  siete  días  a  contar  desde  la  finalización  de  la  votación,  el 
ayuntamiento debe hacer públicos los resultados de la votación, como mínimo en su sitio 
web y en su tablón de anuncios, y debe notificar el resultado a todas las personas 
titulares del derecho de posesión de los locales del área.
i)  Para la aprobación del proyecto es necesaria la participación de los titulares del 
derecho de posesión que representen al menos el cincuenta por ciento de los locales o 
establecimientos incluidos en el ámbito del área de promoción económica urbana. El 
proyecto se considera aprobado si obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos.
j)  El control del proceso de votación es ejercido por el ayuntamiento. Los costes 
que se deriven son asumidos por las personas promotoras del proyecto del área.
2.  El ayuntamiento debe verificar y validar que los datos presentados en el plano a 
escala y el censo de los locales afectados por la propuesta de creación de un área de 
promoción  económica  urbana  a  que  se  refiere  el  artículo  6.c  son  correctos  y  se 
corresponden  con  los  registros  municipales.  En  caso  de  disconformidad  o  de 
imprecisiones, el ayuntamiento debe comunicarlo a los promotores del área, que deben 
enmendar los errores.
Artículo  11.  Aprobación  definitiva  de  las  áreas  de  promoción  económica  urbana  y 
constitución de las entidades gestoras.
1.  El proyecto, si ha sido ratificado en la votación a la que se refiere el artículo 10, 
debe someterse a la aprobación del pleno del ayuntamiento en el plazo de un mes a 
contar desde la publicación de los resultados, el cual debe aprobarla, o rechazarla 
motivadamente, de forma definitiva.
2.  El acuerdo del pleno del ayuntamiento con el que se aprueba la constitución de 
un área de promoción económica urbana se notificará de forma individual y fehaciente a 
todos los titulares del derecho de posesión de los locales que integran el área.
3.  La aprobación de un área de promoción económica urbana vincula a todas las 
personas titulares del derecho de posesión de los locales de la zona delimitada a partir 
de  la  inscripción  en  el  Registro  de  las  áreas  de  promoción  económica  urbana  de 
Cataluña.
Las personas titulares del derecho de posesión de los locales de la zona delimitada 
quedan sujetos a las obligaciones derivadas del Convenio suscrito con el ayuntamiento 
durante todo el período de vigencia del área. s
Los cambios de titularidad en el derecho de posesión que se produzcan durante la  oe.
vigencia de un área conlleva la subrogación de la nueva persona titular en los derechos y  w.
dloesb deAe nibnteefosrer mds eain rl haae l frnoeurnmetevasoli  zatailt ucáilróaenra  d.dee  loloss d cearemcbhiooss  yd eo btliitgualacriiodnaeds  dinehl edreernetcehso a d seu  ppoesretesnióenn csiae   2021-462n https://w
al área.
4.  La entidad gestora debe constituirse dentro de los tres meses siguientes a la 
notificación del acuerdo del pleno del ayuntamiento a todas las personas titulares del 
derecho de posesión de los locales que integran el área de promoción económica 
urbana, por lo que los promotores deben convocar a las personas titulares del derecho 
de posesión a la asamblea general constitutiva de la entidad gestora.
Si la iniciativa es ejercida por el ayuntamiento, es este quien debe convocar a todas 
las personas titulares del derecho de posesión de los locales que integran el área a la 
asamblea general constitutiva de la entidad gestora.
La entidad gestora debe constituirse, como mínimo, con las personas titulares del 
derecho de posesión que han votado afirmativamente la constitución del área.
5.  La constitución de la entidad gestora debe formalizarse en escritura pública que 
debe  inscribirse  en  el  Registro  de  las  áreas  de  promoción  económica  urbana  de 
Cataluña, y que debe incluir, en cualquier caso: la denominación del área de promoción 
económica y su domicilio, la identidad de los titulares del derecho de posesión que se 
adhieren a la entidad gestora y los estatutos de la entidad aprobados de acuerdo con el 
artículo 10.
6.  La adhesión a la entidad gestora tiene carácter voluntario para las personas 
titulares del derecho de posesión de los locales de la zona delimitada que no han votado 
afirmativamente en el procedimiento de constitución del área de promoción económica 
urbana.  Durante  la  vigencia  del  Convenio  entre  la  entidad  y  el  ayuntamiento,  las 
personas titulares pueden ejercer su derecho de adhesión.
Artículo 12.  Convenio.
1.  Constituida el área de promoción económica urbana y su entidad gestora, debe 
subscribirse el Convenio con el ayuntamiento.
2.  El Convenio entre el ayuntamiento y la entidad gestora debe especificar, como 
mínimo, lo siguiente:
a)  La identificación de las partes.
b)  El objeto del Convenio y las actuaciones que deben realizar cada una de las 
partes, de acuerdo con el plan de actuación.
c)  La forma de participación del ayuntamiento en los órganos de gobierno de la 
entidad  gestora,  que  es  con  voz  pero  sin  voto,  lo  que  le  exonera  de  cualquier 
responsabilidad derivada de los acuerdos adoptados por estos órganos.
d)  Las formas de financiación y las reglas para determinar las cuotas, así como los 
períodos de liquidación de las cuotas, de acuerdo con el plan de actuación.
e)  El órgano gestor del cobro de las cuotas. En caso de que la gestión no la realice 
la entidad gestora, sino que se encargue a la hacienda municipal, el cobro de la cuota y 
los gastos del servicio de cobro deben preverse en la ordenanza fiscal.
f)  El órgano de gobierno: los mecanismos de seguimiento, la vigilancia y el control 
de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por las partes firmantes, 
que deben contemplar la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento 
del  Convenio,  sin  perjuicio  de  la  competencia  del  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo.
g)  Las  medidas  que  pueden  adoptarse  en  caso  de  incumplimiento  de  los 
compromisos establecidos por el Convenio.
h)  El plazo de vigencia del Convenio, que no puede exceder los cinco años.
i)  El régimen de modificación del Convenio, que debe requerir el acuerdo unánime  e
de los firmantes. bo
j)  Las causas de extinción del Convenio. w
lporso cpkel)ad zimoEsile  enimnto pl odoser tq edu eeel indm eiqtbauece isó ensr e yr e acsipafrrraocnbid aolco ieósl n a gydauesnlt otáasrme amie dnuetno ic.pirpoamleosc iópna reac olan ótmraimcait aucrbióann ad, eyl   OE-A-2021-46able en https://
3.  Deben unirse al Convenio, como anexos, la certificación del acuerdo del pleno 
del ayuntamiento por el que se aprueba la constitución del área de promoción económica 
urbana, la escritura pública de constitución de la entidad gestora, los estatutos y el plan 
de actuación.
4.  El  Convenio  tiene  la  naturaleza  jurídica  de  los  Convenios  de  colaboración 
regulados por el capítulo II del título IX de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico  y  de  procedimiento  de  las  administraciones  públicas  de  Cataluña. 
Supletoriamente,  es  aplicable  el  capítulo  VI  del  título  preliminar  de  la  Ley  del 
Estado 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Artículo 13.  Prórroga del Convenio.
1.  El  Convenio  puede  ser  prorrogado,  antes  de  la  finalización  del  período  de 
vigencia, por acuerdo unánime de las partes y por un plazo no superior a cuatro años, 
siempre que la parte interesada en la prórroga lo solicite a la otra parte durante el primer 
trimestre del último año.
2.  El Convenio no puede ser prorrogado en ningún caso de manera tácita.
Artículo 14.  Procedimiento para la modificación del ámbito de las áreas de promoción 
económica urbana, de los estatutos de las entidades gestoras y de los planes de 
actuación; para la modificación o la prórroga de los Convenios, y para la extinción de 
las áreas.
1.  La propuesta de modificación del ámbito de un área de promoción económica 
urbana, de modificación de los estatutos de la entidad gestora del área y de modificación 
del plan de actuación; de modificación o prórroga del Convenio, y de extinción del área y 
de su entidad gestora requiere el acuerdo de la asamblea general de la entidad gestora 
adoptado según lo establecido por el artículo 19.
2.  La entidad gestora debe presentar la propuesta al ayuntamiento del municipio 
acompañada del proyecto que corresponda y del certificado del secretario de la entidad 
gestora que acredite la adopción del acuerdo, de conformidad con las condiciones 
establecidas por el artículo 19.7.
3.  El ayuntamiento debe resolver motivadamente sobre la propuesta en el plazo de 
dos meses. Si después de este plazo no se ha dictado resolución, la propuesta debe 
considerarse desestimada. En caso de que sea aceptada, el proyecto debe someterse a 
la votación de la totalidad de las personas titulares del derecho de posesión de los 
locales siguiendo el procedimiento establecido por el artículo 10.
4.  Si la propuesta de modificación del ámbito del área de promoción económica 
urbana, de modificación del plan de actuación, del Convenio o de su prórroga o la 
extinción del área y su entidad gestora es realizada por el ayuntamiento, este debe 
trasladarla a la entidad gestora acompañada del proyecto que corresponda, y esta debe 
someterla a su asamblea general en el plazo de treinta días. La asamblea general debe 
adoptar el correspondiente acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 19. 
En caso de conformidad, el proyecto debe someterse a la votación de la totalidad de las 
personas titulares del derecho de posesión de los locales siguiendo el procedimiento 
establecido por el artículo 10.
CAPÍTULO III
Registro y publicación de las áreas de promoción económica urbana o
Artíc1u. lo S1e5 . creRae geils tRroe.gistro de las áreas de promoción económica urbana de Cataluña  2021-462n https://w
con el fin de disponer de forma permanente y actualizada, en un registro único, de toda
la información relativa a todas las áreas de Cataluña. Este registro, de carácter público, 
está adscrito al departamento competente en materia de comercio.
La competencia para la inscripción y el mantenimiento del Registro corresponde a la 
dirección general competente en materia de comercio, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2.
2.  Se crea en el Registro de las áreas de promoción económica urbana de Cataluña 
una sección específica para la inscripción de las áreas constituidas en los polígonos de 
actividad económica que define el artículo 31.
La competencia para la inscripción y el mantenimiento de esta sección del Registro 
corresponde a la dirección general competente en materia de industria.
3.  La  información  relativa  a  las  áreas  de  promoción  económica  urbana  debe 
incorporarse al visualizador del sistema de información geográfica corporativa del que 
disponga  cada  unidad  competente  y  debe  ser  accesible  desde  el  sitio  web  de  la 
Generalidad.
Artículo 16.  Procedimiento de inscripción.
1.  En  el  plazo  de  un  mes  a  contar  de  la  suscripción  del  Convenio  entre  el 
ayuntamiento  y  la  entidad  gestora  del  área  de  promoción  económica  urbana,  el 
ayuntamiento debe solicitar a la dirección general competente la inscripción del área en 
el Registro de las áreas de promoción económica urbana de Cataluña. Debe adjuntarse 
a la solicitud la siguiente documentación:
a)  Un ejemplar del plan de actuación.
b)  Un ejemplar del Convenio suscrito entre la entidad gestora y el ayuntamiento.
c)  Una copia autorizada del documento público de la constitución de la entidad, 
debidamente inscrita en el correspondiente registro.
d)  Un certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la constitución del área 
adoptado por el ayuntamiento.
e)  Un plano a escala en el que se identifique la delimitación del área, se localicen 
los locales con indicación de la superficie construida de cada uno y se identifiquen las 
personas titulares del derecho de posesión de los locales (nombre o razón social, 
número de identificación fiscal y domicilio del establecimiento del cual es titular del 
derecho de posesión en la zona).
2.  El órgano de la dirección general que tenga atribuida la competencia debe 
inscribir el área en el Registro de las áreas de promoción económica urbana de Cataluña 
en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud. 
Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  la  resolución  de  la 
inscripción en el ayuntamiento, se entiende acordada la inscripción.
3.  El  ayuntamiento  debe  comunicar  al  Registro  de  las  áreas  de  promoción 
económica urbana de Cataluña las modificaciones del plan de actuación, del Convenio, 
de la delimitación del área o cualquier otra modificación que afecte al funcionamiento del 
área,  que  deben  ser  aprobadas  por  el  ayuntamiento.  También  debe  comunicar  la 
extinción del área.
4.  Las  resoluciones  de  inscripción  en  el  Registro  de  las  áreas  de  promoción 
económica urbana de Cataluña deben tener en cuenta los principios de minimización de 
datos y de exactitud, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo aplicable en 
materia de protección de datos.
Artículo 17.  Publicación. bo
dGee nCReaerataallilituzañat add,ae  l laaC  aidntiasreclucrnicpyicóainó» n ge eel nnne oermla Rlb rceeog,mi slatpr eodt eedlneimt elai tsad ceáibóreena  ysp  udlabe li icdpaerorn mteifonicc aeiócl nió« neD cidoaenri ó laOm fiiinccasiac ulr irpdbceai ónlnaa    2021-462n https://w
registral del área constituida.
CAPÍTULO IV
Organización y funcionamiento de las entidades gestoras
Artículo 18.  Órganos.
1.  Los órganos de la entidad gestora son, como mínimo, los siguientes:
a)  La asamblea general.
b)  La presidencia.
c)  La secretaría.
d)  La gerencia.
2.  Facultativamente, la entidad gestora puede dotarse de una junta directiva, una 
vicepresidencia y una tesorería.
Artículo 19.  Asamblea general.
1.  La asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la entidad gestora.
2.  Forman parte de la asamblea general la totalidad de las personas titulares del 
derecho de posesión de los locales adheridas a la entidad gestora.
Cada una de las personas titulares del derecho de posesión de los locales adheridas 
a la entidad gestora participan en la asamblea general en proporción al número de votos 
que les corresponde, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7.
3.  La  asamblea  general  debe  reunirse,  como  mínimo,  una  vez  al  año  en  sesión 
ordinaria para aprobar los presupuestos y las cuentas anuales; y en sesión extraordinaria 
cuando así lo acuerde la presidencia o una cuarta parte de los miembros de la asamblea 
general.
4.  Corresponde  a  la  presidencia  la  convocatoria  de  la  asamblea  general.  La 
convocatoria debe indicar el lugar, el día y la hora de la reunión, así como el orden del día.
Las notificaciones de la convocatoria deben realizarse por cualquier medio que 
permita tener constancia de su recepción, y se publicarán en el sitio web corporativo de 
la entidad gestora, si lo tiene.
5.  Si en la reunión de la asamblea general no concurren en primera convocatoria la 
mayoría de los miembros, puede celebrarse en segunda convocatoria, media hora después, 
siempre que estén presentes, como mínimo, una tercera parte de los miembros.
6.  La notificación de la convocatoria para la asamblea general ordinaria anual, así 
como para las asambleas extraordinarias, debe realizarse con una antelación mínima de 
quince días naturales. No obstante, la asamblea general puede reunirse válidamente, 
incluso sin haber sido convocada formalmente, siempre que concurran la totalidad de las 
personas titulares del derecho de posesión de los locales adheridas a la entidad gestora 
y así lo decidan por unanimidad.
7.  Cuando la asamblea general deba adoptar acuerdos relativos a la modificación 
del ámbito del área de promoción económica urbana, a la modificación de los estatutos 
de la entidad gestora, a la modificación o la prórroga del Convenio y a la extinción de la 
entidad gestora y del área, es necesaria la asistencia de las personas titulares del 
derecho de posesión que representen, al menos, tres cuartas partes de la suma total de 
los votos que corresponden a los locales adheridos a la entidad gestora.
8.  Las asociaciones de venta no sedentaria que utilizan el espacio público que 
forma parte del ámbito territorial del área de promoción económica urbana pueden  e
participar en la asamblea general con voz pero sin voto. bo
Artículo 20.  Funciones de la asamblea general.
La asamblea general tiene, como mínimo, las siguientes funciones:
a)  Ejercer la dirección superior y el control de la entidad y velar por el cumplimiento 
de sus funciones, por lo que debe ser informada debidamente de los acuerdos y de las 
medidas adoptadas por la persona que ocupe la presidencia, o por cualquier otro órgano 
de gobierno de la entidad gestora.
b)  Elegir  de  entre  sus  miembros  las  personas  que  ocupen  la  presidencia,  la 
secretaría y, en su caso, los cargos de otros órganos de gobierno de la entidad gestora.
c)  Remover de su cargo a la persona que ocupa la presidencia, a la persona que 
ocupa la secretaría y, en su caso, a los miembros de los órganos de gobierno de la 
entidad.
d)  Acordar, a propuesta del presidente, la contratación y la rescisión del contrato de 
la persona que debe ocupar la gerencia.
e)  Aprobar los presupuestos anuales y el programa de actuaciones y de inversiones 
que deban realizarse.
f)  Aprobar la memoria anual de actividades y el balance, así como la liquidación y 
las cuentas de cada ejercicio económico.
g)  Informar,  a  requerimiento  del  ayuntamiento,  en  las  reclamaciones  contra  la 
liquidación de las cuotas.
h)  Acordar, a propuesta de la gerencia, la solicitud al ayuntamiento del inicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cuotas impagadas.
i)  Aprobar la modificación de los estatutos.
j)  Aprobar la propuesta de modificación del Convenio suscrito con el ayuntamiento y 
la propuesta de modificación del ámbito del área de promoción económica urbana.
k)  Aprobar la propuesta de extinción del área de promoción económica urbana y de 
la correspondiente entidad gestora.
Artículo 21.  Régimen de acuerdos de la asamblea general.
Los acuerdos de la asamblea general, con carácter general y salvo que los estatutos 
o el Convenio establezcan otra cosa, se adoptan por mayoría simple de los votos que 
corresponden a los locales representados por las personas titulares del derecho de 
posesión en los términos establecidos por el artículo 7. No obstante, los acuerdos 
relativos a las materias que detalla el artículo 19.7 requieren, como mínimo, el voto 
favorable de la mayoría absoluta.
Artículo 22.  La presidencia.
1.  La presidencia es el órgano de dirección y representación de la entidad gestora. 
La persona que ocupa la presidencia es designada en el acto de constitución de la 
entidad gestora, o posteriormente por acuerdo de la asamblea general, y en ambos 
casos por períodos equivalentes al plazo de vigencia inicial del Convenio, con posibilidad 
de reelección por una única vez y por igual plazo.
2.  El presidente ejerce la representación legal de la entidad y tiene atribuidas las 
siguientes funciones:
a)  Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea 
general y fijar el orden del día. e
b)  Proponer a la asamblea general el nombramiento de la persona que ocupe la  bo
gerencia. w
asamc)b leDaa gr eenl evriastl.o bueno a las actas y certificaciones, en su caso, de los acuerdos de la
persdo)n aE qjueecu otacur peel  plare gseurpeunecsiato. de gastos de la entidad gestora, que puede delegar en la
Artículo 23.  La secretaría.
1.  Actúa como secretario de la asamblea el miembro de la entidad que designe la 
asamblea en la sesión constitutiva o en las sesiones de las sucesivas renovaciones.
Esta designación debe realizarse, en cualquier caso, del mismo modo y con los 
mismos plazos que para la designación de la presidencia de la entidad gestora.
2.  El secretario tiene las siguientes funciones:
a)  Extender el acta de cada sesión de la asamblea.
b)  Emitir los certificados de los acuerdos tomados por la asamblea.
c)  Asistir al presidente en la convocatoria de las sesiones de la asamblea.
d)  Notificar los acuerdos de la asamblea general, en su caso.
e)  Ejecutar, por orden de la presidencia, los trabajos que le encargue la asamblea.
f)  Ser el depositario y el custodio de las actas.
g)  Velar por los fondos de la entidad.
h)  Llevar la contabilidad.
i)  Recaudar las cuotas y entregar los correspondientes requerimientos cuando sea 
necesario.
3.  Las funciones establecidas por las letras g, h y i del apartado 2 corresponden a 
la persona que ocupe la tesorería, en caso de que la entidad gestora cree esta figura.
Artículo 24.  La gerencia.
1.  La gerencia es el órgano de administración y ejecución de la entidad que ha de 
ejercer las funciones que le encarguen o deleguen la presidencia o la asamblea general, 
bajo la dirección y supervisión del presidente.
2.  La designación de la persona que ocupa la gerencia debe recaer en una persona 
con profesionalidad y experiencia acreditadas.
3.  El gerente asiste a las sesiones de la asamblea general con voz pero sin voto.
4.  Corresponden a la gerencia las siguientes funciones:
a)  Elaborar el presupuesto del área, la liquidación y las cuentas anuales, con la 
correspondiente memoria anual de actividades.
b)  Aplicar el plan de actuación del área y proponer planes y programas concretos 
de actuación.
c)  Proponer financiaciones ajenas.
d)  Elaborar la propuesta de informe que debe aprobar la asamblea general relativo 
a la reclamación contra la liquidación de las cuotas.
e)  Gestionar el cobro de las cuotas bajo la supervisión de la presidencia.
f)  Proponer a la asamblea general, o al órgano colegiado de la entidad gestora que 
corresponda, que adopte el acuerdo necesario para solicitar al ayuntamiento el inicio de 
la vía de apremio para el cobro de las cuotas impagadas.
g)  Dirigir el personal a cargo de la entidad gestora.
h)  El resto de tareas que la asamblea general o la presidencia le encomienden.
CAPÍTULO V
Financiación de las áreas de promoción económica urbana
Artículo 25.  Recursos económicos. bo
gestSioonna  rceacduar seonst ideacdo ngóemstoicroas,  lodse  sliagsu ieánreteass: de promoción económica urbana, y que  2021-462n https://w
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artículo  2.3.  Estas  cuotas  deben  cubrir  la  totalidad  del  gasto  presupuestado  en  el
Convenio suscrito con el ayuntamiento, así como la cantidad destinada a la reserva 
establecida por el artículo 9.2.c.
b)  Las figuras tributarias establecidas por la legislación reguladora de las haciendas 
locales en los términos de la letra b del artículo 2.3.
c)  Las aportaciones en especie, los créditos, las donaciones y los patrocinios, así 
como los ingresos obtenidos por las ventas de bienes y servicios y por las rentas y los 
productos de su patrimonio.
d)  Las subvenciones y las ayudas públicas de las administraciones.
Artículo 26.  Liquidación y exacción de las cuotas.
1.  La obligación del pago de las cuotas nace con la publicación de la ordenanza 
municipal reguladora de la creación de cuotas y de la gestión aplicable para el cobro.
2.  Están obligadas al pago de las cuotas todas las personas titulares del derecho 
de posesión sobre los locales incluidos en el área de promoción económica urbana. En 
caso de que haya una pluralidad de personas titulares del derecho de posesión, estas 
están obligadas de forma solidaria.
3.  El Convenio suscrito entre la entidad gestora y el ayuntamiento debe establecer 
los criterios a partir de los cuales se determina la cuantía de las cuotas. El importe de las 
aportaciones  y  de  las  cuotas  debe  ser  equitativo,  basado  en  criterios  objetivos  y 
suficientes para financiar el plan de actuación durante toda la duración del área de 
promoción económica urbana. Las cuotas se determinan en función de los coeficientes 
establecidos por el artículo 7.
4.  La gestión del cobro de las cuotas corresponde a la gerencia de la entidad 
gestora. No obstante, el Convenio puede prever que la gestión del cobro sea realizada 
por la hacienda municipal. En este último caso, el Convenio debe prever los gastos que 
este servicio supone para el ayuntamiento y los requerimientos establecidos por la 
normativa de protección de datos para realizar el encargo del tratamiento.
5.  Contra la liquidación de las cuotas que deben abonar las personas titulares del 
derecho  de  posesión  de  los  locales  incluidos  en  el  área  puede  interponerse  una 
reclamación  ante  el  ayuntamiento  en  el  plazo  de  quince  días  a  contar  desde  la 
notificación de la liquidación.
Para resolver la reclamación, el ayuntamiento debe solicitar un informe preceptivo a 
la entidad gestora para que se pronuncie sobre los motivos de la reclamación. El 
ayuntamiento dispone de un plazo de tres meses para resolver las reclamaciones. 
Transcurrido el plazo sin que el ayuntamiento haya dictado resolución, la reclamación se 
entiende desestimada.
6.  Las cuotas impagadas deben ser reclamadas por la entidad gestora al deudor 
para que satisfaga el importe en el plazo de un mes. Esta reclamación debe realizarse 
previamente a la solicitud al ayuntamiento del inicio de la vía de apremio. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya liquidado la cuota, el órgano que tenga atribuida esta función 
según los estatutos de la entidad gestora debe acordar solicitar al ayuntamiento que 
inicie el procedimiento para el cobro de las cuotas impagadas por la vía de apremio, de 
acuerdo con la normativa de aplicación.
7.  Se excluye expresamente la responsabilidad del ayuntamiento en caso de que 
se produzca una recaudación fallida de cuotas en la vía de apremio por la insolvencia del 
obligado al pago.
Artículo 27.  Presupuesto. e.e
1.  Las entidades gestoras de las áreas de promoción económica urbana deben  w
addjeeu  salo2tcas.u r g esaErudsl  otpao crcseot iysnv ui ldlopaasusd e ian sacgtlotr uep adsreceoisbsou enpp ereuessev pasisentotcuo iasqfil cueyaes dr  ,pae crnbeouevna ii snlmetcal lesugn irerta enldo  deos el  cmpboleáas xtnaei mpsd reodo  ebadraceivtr u adlaadec osiaósgs nldao.ems elba,l  elgaae  tsgoteitóannleid rdaaedl,l    OE-A-2021-46able en https://
proceso de constitución de las áreas del organismo público local que corresponda, así 
como los derivados del cobro de las cuotas cuando se concierten con la hacienda local.
El presupuesto debe incluir también una reserva destinada a la compensación de 
incrementos  imprevisibles  de  costes  de  las  actuaciones  proyectadas,  así  como  la 
cobertura de pérdidas de ingresos derivadas del impago o el pago impuntual de las 
cuotas. También debe incluir los eventuales gastos de liquidación de la entidad gestora 
en el plazo de vigencia del Convenio.
3.  Deben adjuntarse al presupuesto:
a)  En el estado de gastos, una descripción analítica de las cantidades que se 
proyecta invertir en cada una de las actividades del área de promoción económica 
urbana durante el ejercicio, y en su caso, los presupuestos propuestos por los distintos 
proveedores de bienes y servicios.
b)  En el estado de ingresos, la cuantificación de las aportaciones y de las cuotas 
que corresponderá abonar en el ejercicio económico a cada una de las personas titulares 
del  derecho  de  posesión  de  los  locales  incluidos  en  el  área;  el  importe  de  las 
aportaciones  voluntarias  o  donaciones  que  se  hayan  recibido;  y  el  importe  de  las 
subvenciones  y  las  ayudas  públicas  a  las  que  se  han  comprometido  las  distintas 
administraciones públicas.
4.  El presupuesto puede prever modificaciones de las actuaciones previstas en el 
plan de actuación, tanto en lo relativo al plazo de ejecución como al tipo de actuación. 
Estas modificaciones no pueden alterar en ningún caso el importe total presupuestado 
por el plan de actuación para todo el período de vigencia, sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 14.
Artículo 28.  Elaboración y aprobación del presupuesto.
1.  La gerencia, de acuerdo con los criterios fijados por la presidencia, elabora 
anualmente el proyecto de presupuesto durante los tres últimos meses de cada ejercicio 
económico.  El  proyecto  de  presupuesto  debe  ir  acompañado  de  los  siguientes 
documentos:
a)  La liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
b)  Un informe de gestión que incluya, como mínimo, la aplicación de los recursos 
de los que dispone el área de promoción económica urbana, de los resultados prácticos 
de su gestión, de los problemas surgidos en la ejecución y de las propuestas de mejora 
que se consideren necesarias.
c)  Un informe económico redactado por un auditor de cuentas y un informe sobre la 
gestión de los recursos humanos en caso de que el presupuesto exceda de cien mil 
euros.
2.  Aprobado el presupuesto por la asamblea general, se hará público, en el plazo 
de quince días, en el sitio web del ayuntamiento y en el de la entidad gestora, si lo tiene, 
y debe notificarse a todas las personas titulares del derecho de posesión de los locales 
que integran el área de promoción económica urbana.
3.  Las personas titulares del derecho de posesión de los locales incluidos en el 
área  de  promoción  económica  urbana  pueden  presentar  ante  el  ayuntamiento  una 
reclamación contra el presupuesto aprobado en el plazo de un mes a contar de la 
publicación en el sitio web del ayuntamiento. e.e
Para resolver la reclamación, el ayuntamiento debe solicitar un informe preceptivo a  b
la entidad gestora para que se pronuncie sobre los motivos de la reclamación. El  w
aTyraunnstacmurireidnoto e ld pislapzoon es ind eq uuen e lp alayzuon tadme ietrnetos  hmaeyase dsi cptaadroa  rreessoolulvceiór nl,a lsa  rreeccllaammaacciióonn esse. 
entiende desestimada.
CAPÍTULO VI
Extinción y reclamación de las áreas de promoción económica urbana
Artículo 29.  Extinción y liquidación.
1.  La  extinción  de  un  área  de  promoción  económica  urbana  se  produce  por 
resolución o extinción del Convenio suscrito entre el ayuntamiento correspondiente y la 
entidad gestora por cualquiera de los motivos establecidos en el Convenio o en el 
ordenamiento jurídico. La extinción del área conlleva necesariamente la disolución de la 
entidad  gestora  y  requiere,  en  cualquier  caso,  dar  cuenta  de  ello  al  pleno  del 
ayuntamiento.
2.  No  puede  aprobarse  la  disolución  de  la  entidad  gestora  mientras  existan 
obligaciones pendientes o la entidad gestora tenga procedimientos judiciales pendientes 
de una sentencia firme.
3.  Una vez el ayuntamiento ha acordado la disolución, la presidencia, o el órgano 
que  determinen  los  estatutos  de  la  entidad  gestora,  se  transforma  en  órgano  de 
liquidación para atender el pago de las deudas, el cobro de los ingresos pendientes y 
para la distribución del remanente, en su caso, de acuerdo con los estatutos o las reglas 
de funcionamiento.
La distribución del remanente, en su caso, se hará entre todas las personas titulares 
del  derecho  de  posesión  de  los  locales  incluidos  en  el  área,  de  acuerdo  con  su 
participación calculada según lo establecido por el artículo 26.
El documento definitivo de liquidación, que debe incluir, en su caso, la distribución del 
remanente, debe ser aprobado por el órgano competente del ayuntamiento en el plazo 
de  un  mes  a  contar  desde  la  fecha  de  presentación  del  documento  definitivo  de 
liquidación.
4.  El ayuntamiento debe comunicar a la dirección general competente en materia 
de comercio la extinción del área de promoción económica urbana para inscribir esta 
extinción en el Registro de las áreas de promoción económica urbana de Cataluña y 
publicarla en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
TÍTULO II
Regulación específica de las áreas de promoción económica urbana en polígonos 
de actividad económica
Artículo 30.  Régimen normativo.
1.  Es aplicable a las áreas de promoción económica urbana que se constituyen y 
desarrollan en polígonos de actividad económica, junto con lo que determina la presente 
ley, la regulación específica contenida en este título.
2.  Las referencias que el título I hace a «local» se entenderán hechas a «nave» o 
«parcela sin construcción» en el caso de las áreas de promoción económica urbana que 
se constituyen y desarrollan en polígonos de actividad económica.
Artículo 31.  Definiciones relativas a las áreas en polígonos de actividad económica.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Polígono de actividad económica: toda delimitación en suelo urbano superior  o
a 0,5 hectáreas de uno o varios municipios en que se establezca por el planeamiento  w
cuSoribsmtaebpnm)eí staetÁ incrodtee ea e e lnd In uemfs opoarrm toeinamridcaoui ócdsnietór  iniand ldee ouc  osPetnrolói almíu,g sciocoona no lo sutgo rbíddsaateni c laaoA   ienccntfoio vmurimdnoa  apdpco rióelEíndgc oocomnonomión mdpaelniec ttaeaa  c.ytdi veqidlu aedd e feipgcauorrtneaó mmeeninc taeo:l    OE-A-2021-46able en https://
zona  geográfica  de  uno  o  varios  municipios,  previamente  delimitada,  integrada  por
naves, parcelas de servicio y parcelas sin construcción situadas dentro de su ámbito y en 
el que se prevé la ejecución de un plan de actuación que debe adecuarse a los fines de 
interés general del artículo 1.2.
c)  Nave: construcción y edificación con acceso, tanto por vialidad pública como 
privada, en la que se ejerce una actividad económica empresarial.
También se consideran naves, a los efectos de la presente ley, aquellas en las que 
en el momento de la constitución del área de promoción económica urbana no se ejerce 
ninguna actividad económica empresarial pero que son susceptibles de que pueda 
desarrollarse.
La falta de adecuación de una nave a las normativas y reglamentos vigentes para el 
ejercicio de la actividad no limita su consideración como tal.
d)  Parcela sin construcción: cualquier superficie de suelo en la que se puede 
construir o edificar para desarrollar una actividad económica empresarial.
e)  Parcela de servicio: cualquier superficie de suelo construida con edificaciones 
distintas de las naves industriales destinadas a servicio del propio polígono de actividad 
económica.
Artículo 32.  Funciones de las entidades gestoras de las áreas de promoción económica 
urbana en polígonos de actividad económica.
1.  Las  funciones  determinadas  en  los  planes  de  actuación  de  las  áreas  de 
promoción  económica  urbana  no  pueden  sustituir  o  disminuir  en  ningún  caso  las 
competencias y los servicios municipales que presta el ayuntamiento.
2.  Las funciones de las entidades gestoras de las áreas de promoción económica 
urbana en polígonos de actividad económica deben tener en consideración la siguiente 
atribución de responsabilidades:
a)  Elementos privativos de titularidad privada, como los centros de producción o 
transformación, las zonas logísticas y de almacén, las oficinas y las zonas de servicios, 
que son responsabilidad de los que ejercen los derechos de posesión.
b)  Elementos comunes de titularidad privada, como depuradoras, recogida selectiva 
de  residuos,  red  contra  incendios,  viales  interiores,  aparcamientos  privados  e 
infraestructuras de seguridad, entre otros, que son responsabilidad de los que ejercen 
los derechos de posesión, en colaboración con la entidad gestora.
c)  Elementos  comunes  de  titularidad  privada  de  empresas  de  servicios  y 
suministros, tales como redes eléctricas y de comunicación, y redes de abastecimiento 
de  agua,  gas  y  saneamiento,  que,  en  cuanto  al  mantenimiento,  la  reposición  y  la 
modernización, son responsabilidad de las empresas de servicios y suministros.
d)  Elementos comunes de titularidad pública, como viales públicos, señalización 
horizontal y vertical, red de alcantarillado, red de alumbrado público, zonas verdes 
públicas, aparcamientos públicos, residuos urbanos que no sean responsabilidad directa 
del productor en función de lo que determine la normativa correspondiente, entre otros, 
que, en cuanto a la limpieza, el mantenimiento y la reposición, son responsabilidad de la 
Administración local, en colaboración con la entidad gestora, o de las entidades de 
conservación con quien haya establecido un acuerdo el ayuntamiento o la Administración 
local.
Artículo 33.  Proyecto de delimitación de las áreas de promoción económica urbana en 
polígonos de actividad económica. es
El proyecto para la delimitación de un área de promoción económica urbana en un  w.
ypd oeallíi mgtíoittunalodo o di nedf oear cmaticvauitdievarodd, o el acc ooennvó ameluli caimac ipódunee bdseet oi n lacd leur eirbc, iaeaunddeeasmc áiinósmn d uaeen lbuola eels s qtsauobebl ersece i dshooa lpacoreer  see,n l  taeerrltr íeácnumolobs i t6oy,    2021-462n https://w
naves, así como por el impuesto de actividades económicas, en relación con el conjunto
de las actividades empresariales que forman parte del área del polígono. Bc
Artículo 34.  Superficie construida ponderada de las áreas de promoción económica 
urbana en polígonos de actividad económica.
1.  Constituye  la  superficie  construida  ponderada  total  (SCPT)  de  un  área  de 
promoción económica urbana el sumatorio de la totalidad de las superficies construidas 
ponderadas de las naves (SCPN).
2.  La  contabilización  de  la  superficie  construida  ponderada  respecto  a  naves, 
parcelas y parcelas de servicios resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
SCPT = sc1 + 0,9 sc2 + 0,7 sc3 + 0,5 sc4
Donde:
SCPT = superficie construida ponderada total.
sc1 = superficie construida catastral de la nave hasta 2.500 m2.
sc2 = superficie construida catastral de la nave superior a 2.500 m2 y hasta 5.000 m2.
sc3 = superficie construida catastral de la nave superior a 5.000 m2 y hasta 10.000 m2.
sc4 = superficie construida catastral de la nave superior a 10.000 m2.
3.  En  el  caso  de  las  áreas  de  promoción  económica  urbana  delimitadas  que 
dispongan de parcelas individualizadas de suelo disponible para la actividad económica 
sin edificación construida, la SCPT se calcula aplicando un coeficiente reductor del 50% 
sobre la totalidad de metros cuadrados de superficie de la parcela.
En el caso de las áreas de promoción económica urbana delimitadas que dispongan 
de parcelas de servicios con actividad, la SCPN se calcula aplicando un coeficiente 
reductor del 25% sobre la totalidad de los metros cuadrados de superficie de la parcela.
Artículo 35.  Iniciativa y aprobación del proyecto.
1.  La iniciativa para delimitar y constituir el área de promoción económica urbana 
en el polígono de actividad económica corresponde, indistintamente, a las personas que 
acrediten ser titulares de un mínimo del 25% de los derechos de posesión de naves, 
parcelas y parcelas de servicio en el ámbito territorial objeto del área, o a cualquier 
asociación empresarial territorial del ámbito del área que haya desarrollado su actividad 
en la zona durante un período mínimo ininterrumpido de cinco años, o al ayuntamiento 
del municipio en el que se quiere delimitar el área si cuenta, como mínimo, con el 
informe  favorable  de  una  de  las  organizaciones  empresariales  territoriales 
representativas de la zona afectada.
2.  Para aprobar el proyecto es necesaria la participación del 50%, como mínimo, de 
los titulares del derecho de posesión de las naves, parcelas y parcelas de servicio, 
incluidos en el ámbito de área, que representen el 50%, como mínimo, de la superficie 
construida ponderada de la totalidad de las naves, parcelas y parcelas de servicio tal 
como se contabiliza en el artículo 34. El proyecto se considera aprobado si obtiene el 
voto favorable de la mayoría de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría 
de la superficie construida ponderada que haya ejercido el derecho de voto.
3.  Para  cualquier  otro  ejercicio  del  derecho  de  voto  o  ejercicio  de  la 
representatividad en el ámbito del área de promoción económica urbana, debe tenerse 
en cuenta siempre el porcentaje de superficie construida ponderada correspondiente de 
cada titular del derecho de posesión, de acuerdo con la contabilización establecida por el 
artículo 34. e.
Artículo 36.   Registro y procedimiento de inscripción. 2w
apcrotimv1i.do acidLó anes ce ocánorónemóamsic iacd ase eu  rpbinrasoncmari obdceeinó C nea ntea cllauo ñnsaóe.mccicióan  eusrbpaencaíf iccao dnestl itRuiedgaiss troe nd ep loalsíg oánreoass  ddee   OE-A-2021-46able en https://
2.  La inscripción en el Registro corresponde a la dirección general competente en 
materia de inversión industrial.
3.  En relación con el procedimiento de inscripción en el Registro, el plano al que se 
refiere el artículo 16.1.e debe incluir la delimitación geográfica del área de promoción 
económica urbana en formato compatible (formato shape).
Artículo 37.  Impulso y dinamización de los polígonos de actividad económica.
1.  La dirección general competente en materia de inversión industrial, en el marco 
de sus funciones y competencias, las diputaciones y los consejos comarcales deben 
ejecutar también las acciones de sensibilización, coordinación con los ayuntamientos y 
las  entidades  de  gestión,  impulso  y  dinamización  de  los  polígonos  de  actividad 
económica  y  actualización  del  Sistema  de  Información  de  Polígonos  de  Actividad 
Económica, la evaluación y clasificación de los polígonos de actividad económica, así 
como  todo  lo  que  corresponda  a  la  comercialización  que  permita  hacer  visible  la 
capacidad industrial y logística de estos polígonos en Cataluña.
2.  Por acuerdo del Gobierno, en función de los ámbitos competenciales de los 
distintos departamentos y para velar por el impulso y la modernización de los polígonos 
de actividad económica, pueden promoverse mecanismos y herramientas de actuación 
para atender al conjunto de las finalidades a las que se refiere el apartado 1.
3.  En  la  actualización  del  Sistema  de  Información  de  Polígonos  de  Actividad 
Económica  deben  constar  también  los  polígonos  de  actividad  económica 
supramunicipales.
Artículo 38.  Cuotas.
1.  A los efectos de la liquidación y exacción de cuotas, estas se determinan en 
función de la superficie construida ponderada total (SCPT) de acuerdo con el artículo 34, 
por  lo  que  el  presupuesto  anual  presentado  por  la  entidad  gestora  para  que  sea 
aprobado se divide entre el total de la SCPT, y el cociente resultante establece la cuota 
ordinaria final por metro cuadrado ponderado que debe aplicarse a cada nave o parcela 
en función de su superficie ponderada.
2.  El Convenio, y de acuerdo con el artículo 12.2.d, debe fijar, entre otros, los 
criterios concretos de aplicación del devengo de las cuotas ordinarias con efectos sobre 
la titularidad del derecho de posesión a 1 de enero de cada ejercicio; también los 
criterios de las cuotas extraordinarias, en su caso, que con carácter general deben 
aplicar el mismo sistema de cálculo, así como los ajustes necesarios de las cuotas para 
la modificación, durante el ejercicio, de la SCPT.
Artículo 39.  Ayudas públicas en el presupuesto de las áreas de promoción económica 
urbana.
A  los  efectos  de  los  polígonos  de  actividad  económica,  las  especificaciones 
establecidas en el presupuesto por el artículo 27.3.b en relación con otros ingresos 
provenientes de subvenciones públicas pueden incorporar, si así se establece en el 
Convenio entre la entidad gestora y el ayuntamiento, una asignación proporcional y 
equilibrada de subvenciones en función del esfuerzo tributario que ya se realiza en el 
área delimitada por la comunidad empresarial según el artículo 33.
Artículo 40.  Clasificación de los polígonos de actividad económica. e.
1.  Los polígonos de actividad económica incluidos en el Sistema de Información de  2ww
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– Básico.
– Consolidado.
– Avanzado.
– Excelente.
2.  Los polígonos de actividad económica de tipo básico son los que cumplen los 
requisitos  y  los  servicios  básicos  establecidos  por  el  planeamiento  urbanístico  y  el 
proyecto de urbanización. Para optar a una clasificación diferente de la de básico es 
necesario que el polígono esté recepcionado definitivamente, que la impulse una entidad 
de gestión para la delimitación de un área de promoción económica urbana de acuerdo 
con la presente ley y que se cumplan niveles de servicio en el polígono de actividad 
económica en relación con los atributos que establece el artículo 41.
Artículo 41.  Atributos de servicio e infraestructura para la clasificación de los polígonos 
de actividad económica.
1.  Los atributos que se toman en consideración para clasificar los polígonos de 
actividad económica en las categorías establecidas por el artículo 40 se distribuyen entre 
los siguientes ámbitos:
a)  Servicios a las empresas:
Gerencia profesionalizada.
Gestión conjunta de la energía.
Depuradora de aguas residuales e industriales.
Recogida y gestión de residuos.
Bolsa de subproductos.
Vivero de empresas, aceleradora o servicio de emprendimiento.
Centro de servicios compartidos.
Señalización homogénea y directorio de empresas.
Servicios de vigilancia y seguridad.
Porcentaje de suelo disponible para nuevas implantaciones (versus el porcentaje 
total de suelo).
Servicio de recogida de aguas pluviales y aprovechamiento para riego.
Servicio de correos y mensajería integrado.
Servicios y oficinas bancarias y financieras.
b)  Servicios a las personas:
Transporte público en autobús.
Transporte público en metro.
Transporte público en ferrocarril.
Guardería.
Centro de formación para los trabajadores.
Centro de salud laboral.
Centro de ocio y gimnasio.
Aparcamiento para trabajadores.
Servicios de ocio: tiendas y restaurantes.
Condiciones de accesibilidad.
c)  Infraestructuras:
Plan de movilidad. e.e
Plan de seguridad y emergencias. w.b
Carril bici. 2ww
CZoonnaesx ivóenr dfeersro cvoiamriuan dees .mercancías integrada.
SSuummiinniissttrroo  deelé cgtarisc oc.analizado.
Disponibilidad suficiente de suministro eléctrico para nuevas implantaciones.
Red de banda ancha de fibra óptica, punto de acceso al polígono.
Red de banda ancha de fibra óptica, punto de acceso a la parcela.
Red contra incendios.
Condiciones de accesibilidad.
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Alumbrado público dotado con medidas de eficiencia energética.
d)   Servicios logísticos:
Aparcamiento de camiones.
Gasolinera.
Báscula.
Lavado de vehículo pesado.
Inspección técnica de vehículos.
Reparación de vehículo pesado.
Accesos y viales acondicionados para vehículos de gran tonelaje.
2.  Los atributos que se indican en las cuatro categorías de servicios del apartado 1 
lo son a título informativo. El correspondiente desarrollo reglamentario debe detallar, para 
cada clasificación del polígono de actividad económica, el modo y el procedimiento de 
evaluación de estos atributos.
Disposición adicional primera.  Ayudas a las entidades promotoras.
El departamento competente en materia de comercio e industria, en función de las 
disponibilidades  presupuestarias,  debe  asignar  en  cada  uno  de  los  tres  primeros 
ejercicios de vigencia de la presente ley una línea de ayudas para la sensibilización, el 
impulso, la asistencia técnica y la realización del plan de actuación para la mejora y 
modernización de las áreas de promoción económica urbana, destinado a las entidades 
que sean promotoras de las mismas.
Disposición  adicional  segunda.  Repositorio  único  de  información  relativa  a  los 
polígonos de actividad económica.
El sitio web del Sistema de Polígonos de Actividad Económica, en el portal web de la 
Generalidad, se convierte en el repositorio único de información en relación con los 
polígonos de actividad económica, en lo relativo al mapa de estos polígonos, a la 
información agregada y a la información individualizada de cada polígono, así como en lo 
relativo al impulso de su comercialización, de acuerdo con lo establecido por el Pacto 
nacional para la industria.
Disposición adicional tercera.  Fórmulas alternativas de gestión para los polígonos de 
actividad económica.
Pueden adoptarse otras fórmulas de gestión para los polígonos de actividad económica, 
u  otros  modelos  de  gestión  público-privada  de  los  polígonos  industriales  logísticos, 
impulsadas por el sector público de la Generalidad. Deben regularse, en cualquier caso, por 
su propia normativa y no les es de aplicación el título II de la presente ley.
Disposición derogatoria. s
Se derogan el artículo 73.2 y la disposición final tercera de la Ley 18/2017, de 1 de  w.b
agosto, de comercio, servicios y ferias. 2w
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 18/2017.
1.  Se modifican las letras i) y l) y se añade una letra, la n), al artículo 4 de la 
Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias, que quedan redactadas del 
siguiente modo:
«i)  Venta de productos y prestación de servicios a distancia: la actividad 
comercial, realizada en el marco de un sistema organizado de venta o prestación 
de  servicios  a  distancia,  sin  presencia  física  simultánea  del  comprador  del 
producto o adquirente de los servicios y el vendedor del producto o prestador del 
servicio, y en la que se utilizan tecnologías de comercio electrónico u otros medios 
de comunicación a distancia hasta el momento de la suscripción del contrato.»
«l)  Venta o prestación de servicios fuera de establecimiento: la actividad 
comercial que se realiza con presencia física simultánea de la persona vendedora 
o prestadora de servicios y de la compradora o adquirente del producto o servicio 
en un lugar distinto del establecimiento de la persona vendedora o prestadora del 
servicio. Se incluyen en este concepto la venta domiciliaria y la que se realiza en 
el  puesto  de  trabajo  del  comprador  o  adquirente,  en  lugares  de  recreo,  en 
reuniones y en excursiones organizadas, y demás situaciones similares, aunque el 
vendedor  no  disponga  de  establecimiento  comercial.  También  tienen  esta 
consideración las ventas y las prestaciones de servicios realizadas a distancia o 
en el establecimiento comercial de la persona vendedora o prestadora, después 
de que haya habido un contacto personal entre la persona vendedora o prestadora 
de  servicios  y  la  persona  compradora  o  adquirente,  con  presencia  física 
simultánea en un lugar que no sea el establecimiento comercial. No son ventas 
fuera de establecimiento comercial la venta no sedentaria ni las ventas en ferias y 
mercados.»
«n)  Central de compras y servicios: el operador que, disponiendo de recursos 
económicos  y  personalidad  jurídica  propia,  tiene  como  objetivo  desarrollar 
actividades y prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu de 
cooperación, se han asociado a su organización mediante una reglamentación 
interna para mejorar su posición competitiva en el mercado.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 18/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  La presente ley regula la actividad comercial como actividad empresarial, 
realizada al por mayor o al por menor, consistente en poner a disposición del 
mercado bienes y, en su caso, servicios complementarios, incluidos los supuestos 
en  los  que  las  mercancías  están  sometidas  a  procesos  de  transformación, 
tratamiento o acondicionamiento habituales en el comercio.»
3.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 18/2017, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«2.  Todas estas actividades y prestaciones de servicio están sometidas tanto 
a las condiciones formales, de información y desistimiento que establezcan las 
disposiciones  que  traspongan  al  ordenamiento  jurídico  interno  la 
Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2001, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la  es
Directiva 93/13/CEE y la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del  o
Consejo,  y  se  derogan  la  Directiva  85/577/CEE,  del  Consejo,  y  la  w
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cabo la actividad de manera colectiva, deben presentar en cada ocasión en la
ventanilla única empresarial, por los canales de comunicación que se habiliten en 
cada  momento,  una  declaración  responsable  en  la  que  manifiesten  que  la 
actividad se adecua a la normativa vigente en materia de comercio y en materia de 
seguridad de eventos de carácter público, sin perjuicio del cumplimiento de las 
demás obligaciones que establezcan las correspondientes normativas sectoriales 
o los municipios. La declaración responsable debe ir dirigida a la dirección general 
competente en materia de comercio y al ayuntamiento del municipio en el que se 
haya de realizar la actividad o la prestación de servicios efímeras.»
4.  Se modifica el punto tercero de la letra a) del apartado 7 del artículo 15 de la 
Ley 18/2017, que queda redactado del siguiente modo:
«3.a  Cesión a favor del cónyuge o pareja estable, o a favor de un familiar de 
hasta el segundo grado.»
5.  Se modifica la condición 1.a de la letra c) del apartado 1 del artículo 23 de la 
Ley 18/2017, que queda redactada del siguiente modo:
«1.a  La venta de excedentes en un espacio de un establecimiento comercial 
no dedicado exclusivamente a la venta de este tipo de producto solo puede 
llevarse a cabo si los productos que se ofrecen proceden exclusivamente del stock 
de la misma empresa y han formado parte del mismo durante un mínimo de nueve 
meses.»
6.  Se añade un apartado, el 5 bis, al artículo 24 de la Ley 18/2017, con el siguiente 
texto:
«5 bis.  En caso de que la actividad de promoción afecte a productos o 
servicios vendidos anteriormente en el mismo establecimiento en condiciones 
habituales, deber indicarse, como precio anterior a la promoción, el precio menor 
aplicado el mes anterior sobre productos o servicios idénticos.»
7.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 32 de la Ley 18/2017, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  La oferta pública de venta de un determinado producto o servicio conlleva 
la obligación de suministrarlo al precio anunciado a todos los demandantes que lo 
hayan  solicitado  dentro  del  plazo  de  vigencia  y,  en  su  caso,  cumplan  las 
condiciones de adquisición. En ningún caso el suministro del producto o servicio 
puede diferirse más allá de los quince días siguientes al día en que se haya 
formulado  la  solicitud.  Quedan  excluidos  de  estas  obligaciones  los  productos 
alimenticios  perecederos  que  se  encuentren  en  una  fecha  próxima  a  su 
inutilización para el consumo.»
«3.  Quedan excluidos de las obligaciones establecidas por este artículo los 
productos incluidos y anunciados en el marco de una promoción de ventas con 
finalidad extintiva.»
8.  Se modifica el apartado 4 del artículo 37 de la Ley 18/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«4.  Los ayuntamientos, por razones de orden público, convivencia o salud  s
pública,  pueden  prohibir  la  venta  de  bebidas  alcohólicas  en  las  tiendas  de  oe.
conveniencia  en  horario  nocturno  de  conformidad  con  lo  que  determina  la  w.
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comercio.»
9.  Se añade un apartado, el 16 bis, al artículo 72 de la Ley 18/2017, con el 
siguiente texto:
«16 bis.  En relación a los acontecimientos artesanos a los que se refiere el 
artículo  50,  es  infracción  leve  realizar  actividades  bajo  la  denominación  de 
artesanas  sin  incluir  productos  elaborados  por  personas  o  empresas  con  la 
acreditación del carné de artesano o empresa artesana y con el distintivo de 
productos de artesanía.»
10.  Se  modifica  el  apartado  8  del  artículo  73  de  la  Ley  18/2017,  que  queda 
redactado del siguiente modo:
«8.  En relación con las infracciones del artículo 72.16 en materia de horarios 
comerciales, es infracción grave que la empresa infractora supere, dentro del área 
de influencia del establecimiento en cuestión, la cuota del 10% en un sector 
determinado de la actividad comercial.»
11.  Se  añaden  dos  letras,  la  f)  y  la  g),  al  apartado  1  del  artículo  85  de  la 
Ley 18/2017, con el siguiente texto:
«f)  Apartado  16,  letra  a,  en  caso  de  incumplimiento  de  los  acuerdos 
establecidos por el artículo 37.3 y que puedan adoptar los ayuntamientos.
g)  Apartado 17, en relación con los acontecimientos artesanos.»
12.  Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  85  de  la  Ley  18/2017,  que  queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  Las corporaciones locales, en el ámbito de sus propias competencias, 
según  la  legislación  de  régimen  local,  pueden  imponer  sanciones  por  las 
infracciones graves tipificadas por el artículo 73, apartados 5, 9 y 11, si no existe 
una ordenanza municipal que establezca un régimen sancionador propio de estas 
materias.»
Disposición final segunda.  Régimen especial del municipio de Barcelona.
1.  La presente ley y las disposiciones que la desarrollan son aplicables al municipio 
de Barcelona, sin perjuicio del carácter prevalente de la normativa que conforma el 
régimen especial de este municipio.
2.  En el marco del régimen especial de la ciudad de Barcelona, se reconoce a este 
municipio competencia y capacidad suficiente en materia de comercio y fomento de la 
actividad económica empresarial para desarrollar reglamentariamente la presente ley y 
concretar, en especial, los criterios para la planificación y la delimitación territorial de las 
áreas de promoción económica urbana dentro de la distribución territorial de la ciudad en 
distritos;  las  especificidades  procedimentales  para  la  aprobación  de  las  áreas  de 
promoción económica urbana; los criterios y las funciones que hay que ponderar en el 
plan de actuación, y los instrumentos de tutela necesarios sobre las entidades gestoras, 
para preservar el interés público.
Disposición final tercera.  Desarrollo.
1.  Se autoriza al Gobierno para que apruebe las disposiciones necesarias para la  es
aplicación de la presente ley. o
2.  Por orden de la persona titular del departamento competente en materia de  w
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Barcelona, 22 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  Presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès  i  Garcia.–El  Consejero  de  Empresa  y  Conocimiento,  Ramon  Tremosa  i 
Balcells.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8303, de 24 de diciembre)