BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Lunes 19 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 86539
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE IGUALDAD
12050 Resolución de 8 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con la Mutualidad 
General  de  Funcionarios  Civiles  del  Estado,  en  materia  de  violencia  de 
género.
Con fecha 5 de julio de 2021 se ha suscrito el Convenio entre la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado (MUFACE) en materia de violencia de género.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 8 de julio de 2021.–La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, 
María Victoria Rosell Aguilar.
ANEXO
Convenio entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en materia de 
violencia de género
Madrid, 5 de julio de 2021.
Se reúnen de una parte doña María Victoria Rosell Aguilar, Delegada del Gobierno 
contra  la  Violencia  de  Género,  cargo  para  el  que  fue  nombrada  por  Real 
Decreto 217/2020, de 29 de enero, por delegación de la persona titular de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en virtud de las competencias 
delegadas que le confiere el artículo decimonoveno, letra a) de la Orden IGD/1249/2020, 
de 17 de diciembre, de fijación de límites de gasto y de delegación de competencias.
Y de otra doña Myriam Pallarés Cortón, Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (en adelante MUFACE), nombrada por Real Decreto 190/2020, 
de 29 de enero, actuando en nombre y representación de la mencionada Mutualidad, en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 11.2.k) del real Decreto 577/1997, de 18 de abril, 
por  el  que  se  establece  la  estructura  de  los  órganos  de  gobierno,  administración  y 
representación de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Las partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y suscribir el presente 
Convenio, por lo que,
MANIFIESTAN
Primero.
Que  al  Ministerio  de  Igualdad  le  corresponde,  de  acuerdo  con  el  Real  e.e
Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica  w.b
del Ministerio de Igualdad, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia  050ww
de pQreuvee, ndceió nc oyn eforrramdiidcaadci ócno nd ed liacsh od isRtienatal sD foercmreatos ,d lee  vcioolrernecsipao cnodnet raa  lala m Suejecrr.etaría de
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prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.
Que a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano dependiente 
de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, le corresponde 
el impulso, coordinación y asesoramiento en todas las medidas que se lleven a cabo 
contra las distintas formas de violencia contra la mujer y, especialmente, las siguientes 
funciones entre otras: la sensibilización social y la prevención de todas las formas de 
violencia  contra  la  mujer,  para  lo  que  se  impulsará  la  formación  de  los  colectivos 
profesionales y de la sociedad civil en igualdad; la promoción de la coordinación y la 
colaboración  entre  las  instituciones  Administraciones  Públicas  y  departamentos 
ministeriales competentes para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra 
la mujer, mediante los instrumentos jurídicos adecuados y la elaboración de estrategias, 
planes y protocolos de actuación.
Segundo.
Que  MUFACE  es  un  Organismo  Público,  dependiente  del  Ministerio  de  Política 
Territorial y Función Pública al que corresponde la gestión del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, regulado, entre otras normas, 
en el Texto Refundido de la Ley sobre la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado  (aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2000,  de  23  de  junio)  y  el 
Reglamento  General  del  Mutualismo  Administrativo,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 375/2003, de 28 de marzo), cuya acción protectora incluye, entre otros, la 
asistencia sanitaria y social de su colectivo protegido.
Tercero.
Que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011, ratificado por 
España en 2014 (en adelante, Convenio de Estambul), se aplica a todas las formas de 
violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de 
manera desproporcionada. El Convenio define la «violencia contra las mujeres» como 
una  violación  de  los  derechos  humanos  y  una  forma  de  discriminación  contra  las 
mujeres, que designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o 
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o 
la privación de libertad, en la vida pública o privada. Además, el Convenio entiende por 
«violencia  doméstica»  todos  los  actos  de  violencia  física,  sexual,  psicológica  o 
económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de 
hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la víctima.
El artículo 7 del Convenio de Estambul insta a las Partes a adoptar las medidas 
legislativas  o  de  otro  tipo  necesarias  para  adoptar  y  poner  en  práctica  políticas 
nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes 
para  prevenir  y  combatir  todas  las  formas  de  violencia  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra las 
mujeres.
Las Partes, además, velarán por que estas políticas pongan los derechos de la 
víctima en el centro de todas las medidas y se apliquen por medio de una cooperación 
efectiva entre todas las agencias, instituciones y organizaciones pertinentes.
Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral  es
contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), tiene como objeto actuar contra  bo
la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y  050ww
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erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
Cuarto.
Que el 29 de junio de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el «Plan de Acción para la 
implementación de la Agenda 2030: Hacia una estrategia española de Desarrollo Sostenible». 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por unanimidad por los 193 
Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre de 2015. La nueva Agenda recoge 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 169 metas, 232 indicadores, centrados en la persona, 
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, los medios para su implementación y el 
mecanismo de seguimiento y revisión a escala nacional, regional y global. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 5, «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y a las niñas», busca conseguir la igualdad real de mujeres y hombres.
Quinto.
Que el 28 de septiembre de 2017, el pleno del Congreso aprobó el Informe de la 
Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que 
incluye medidas dirigidas al Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, las Entidades Locales y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, con la finalidad de seguir impulsando políticas para la erradicación de la violencia 
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Algunas medidas están dirigidas, en 
particular, a la ruptura del silencio por parte de las víctimas mediante el fomento de las acciones 
de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia desarrollando acciones 
dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad, así como el impulso de la formación especializada de 
las personas profesionales para garantizar la mejor respuesta institucional.
Sexto.
Mediante la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de 
diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la 
Administración  General  del  Estado  y  en  los  Organismos  Públicos  vinculados  o 
dependientes de ella. Este III Plan incluye un Eje 5, «Violencia contra las mujeres», que 
consta de medidas para erradicarla, mediante la formación y sensibilización, así como la 
elaboración de directrices y medidas para apoyar y proteger a la víctima.
La medida 8 de este Eje 5 consiste en un Acuerdo/Convenio de colaboración entre la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) y la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género en materia de violencia de género.
Estando ambas partes interesadas en colaborar en la realización de actuaciones que 
permitan  avanzar  en  la  erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  acuerdan 
suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las 
partes firmantes para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de violencia 
contra las mujeres entre el colectivo de mutualistas y sus personas beneficiarias en el 
ámbito de MUFACE. e.e
Segunda.  Compromisos de las partes. 050ww
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mutualistas y sus personas beneficiarias en el ámbito de MUFACE.
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones:
– Colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actuaciones de 
información, prevención y sensibilización, y detección que se pongan en marcha en 
materia de violencia contra las mujeres en el ámbito de MUFACE.
– Facilitar el material necesario para llevar a cabo las actuaciones de información, 
prevención y sensibilización en el marco del presente Convenio, en particular, de las 
campañas de sensibilización y prevención realizadas por el Ministerio de Igualdad.
– Prestar  asesoramiento  y  apoyo  en  todas  las  actuaciones  que  se  pongan  en 
marcha por parte de MUFACE en materia de violencia contra las mujeres.
– Colaborar en los programas de formación que MUFACE pueda desarrollar de su 
acción formativa en materia de violencia contra las mujeres.
– Facilitar información sobre recursos, medios y programas específicos de atención 
y protocolos de actuación y coordinación en materia de violencia contra las mujeres, 
entre otros, los protocolos comunes de actuación sanitaria ante las formas de violencia 
contra las mujeres aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.
– Facilitar el acceso a MUFACE a la información sistematizada de la que disponga, a 
efectos  de  conocer  el  alcance  del  colectivo  de  personas  mutualistas  y  mujeres 
beneficiarias  víctimas  de  violencia  de  género,  con  el  fin  de  articular  medidas 
asistenciales en el ámbito de actuación de MUFACE.
MUFACE, por su parte, se compromete a implementar las siguientes actuaciones:
– Colaborar en la difusión de las campañas de sensibilización y prevención en 
materia de violencia contra las mujeres que el Ministerio de Igualdad ponga en marcha, a 
través  de  sus  medios  de  comunicación  y  de  la  red  de  oficinas  de  sus  Servicios 
Provinciales.
– Impulsar la difusión de material informativo, incluidos los protocolos comunes de 
actuación  sanitaria,  y  de  campañas  de  sensibilización  y  prevención  en  materia  de 
violencia contra las mujeres, a través de las entidades que prestan asistencia sanitaria a 
las personas mutualistas que han optado por recibirla a través de las mismas.
– Incluir, entre las prestaciones sociales concedidas por MUFACE una prestación 
específica para las víctimas de violencia de género, en los términos que se establezcan 
en las convocatorias que se desarrolle para la concesión de este tipo de ayuda.
– Incluir en el Concierto anual a firmar con las entidades privadas para la atención 
sanitaria  a  las  personas  mutualistas  y  sus  personas  beneficiarias  la  obligación  de 
acreditar la formación especializada necesaria para la detección de casos de violencia 
contra las mujeres.
– Informar en las llamadas recibidas en el teléfono de MUFACE de información al 
mutualista, relativas a Violencia contra las mujeres, sobre el servicio telefónico 016 de 
información y asesoramiento jurídico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género.
– Conceder  la  condición  provisional  de  Beneficiaria  con  Documento  Propio  de 
Afiliación (BDAP) a aquellas beneficiarias de personas mutualistas que presenten la 
denuncia por violencia de género junto con la demanda de divorcio, a la espera de la 
sentencia judicial.
– Incluir en el Concierto anual a firmar con las entidades privadas para la atención  s
sanitaria a las personas mutualistas y sus personas beneficiarias la obligación de que los  oe.
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clínica de estas.
– Incrementar la protección de los datos de personas mutualistas que necesitan 
protección (víctimas de violencia contra las mujeres), garantizando que el acceso a los 
mismos cumpla con todas las medidas de confidencialidad y seguridad necesarias de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
– Realizar estadísticas sobre el número de empleadas públicas víctimas de violencia 
de  género  mutualistas  y  de  sus  personas  beneficiarias  que  se  benefician  de  las 
actuaciones previstas en el presente Convenio.
Tercera.  Financiación.
La realización del objeto del presente Convenio no supone ni conlleva obligaciones 
económicas para las partes. Cada parte firmante asumirá, con sus propios medios, 
materiales y personales, el coste de las actuaciones a realizar en cumplimiento de este 
Convenio.
Cuarta.  Publicidad y difusión.
Ambas partes se comprometen a destacar, en cuantas actividades realicen para la 
difusión del objeto y los compromisos previstos en el presente Convenio, la colaboración 
existente entre ellas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de 
imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la 
Administración General del Estado.
Quinta.  Comisión de Seguimiento.
La supervisión y seguimiento de las actividades objeto del presente Convenio se 
llevará a cabo por la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público.  Asimismo,  la  Comisión  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio.
Esta Comisión estará integrada por dos personas en representación de la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género y dos personas en representación de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que serán designadas en cada 
caso por las partes firmantes del presente Convenio, en cuya designación se respetará 
el principio de participación equilibrada de mujeres y hombres.
La Comisión se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes firmantes con una 
antelación mínima de siete días hábiles.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación de los 
órganos colegiados contenida en la sección tercera del capítulo II, del título preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La Comisión podrá establecer o completar su propio 
régimen jurídico de funcionamiento interno.
Sexta.  Eficacia.
El presente Convenio será eficaz, de acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, 
en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su  e.e
formalización en el «Boletín Oficial del Estado». w.b
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por mutuo acuerdo expreso de ambas partes, antes de la fecha en la que finalice su
vigencia,  por  un  período  de  hasta  cuatro  años  adicionales,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, 
por  acuerdo  unánime  de  las  partes  firmantes,  de  acuerdo  con  las  previsiones  del 
artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Cualquier modificación se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Novena.  Causas de extinción.
No obstante la vigencia establecida en la cláusula quinta, el presente Convenio se 
extinguirá por cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, por incurrir en 
algunas causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, así como por imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mismo y por fuerza 
mayor.
En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente 
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las dos partes podrá instar su resolución, 
previo  requerimiento  a  la  parte  incumplidora,  de  acuerdo  a  las  previsiones  del 
artículo 51.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. La resolución del Convenio no 
interrumpirá la marcha de todas aquellas actuaciones que se hallaran en ejecución, cuyo 
plazo  improrrogable  de  finalización  se  acordará  por  las  partes  en  los  términos  del 
artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respetándose los derechos adquiridos 
por terceros de buena fe.
Décima.  Régimen jurídico.
El  presente  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en 
éstas,  así  como  para  la  resolución  de  las  dudas  que  puedan  presentarse,  por  lo 
dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación, modificación o resolución del mismo se intentarán resolver de manera 
amistosa en la Comisión de Seguimiento. En caso de no ser posible una solución 
amigable  y  resultar  procedente  litigio  judicial,  ambas  partes  se  someterán  a  la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el título IV de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y para que así conste y en prueba de la conformidad, se firma el presente Convenio, 
en lugar y fecha arriba indicados.–La Delegada del Gobierno contra la Violencia de 
Género, María Victoria Rosell Aguilar.–La Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, Myriam Pallarés Cortón.