BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64004
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9200 Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de San Sebastián n.º 4, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San 
Sebastián, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de San Sebastián 
número 4, doña María del Carmen Prieto Bedoya, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de San Sebastián don Francisco Javier 
Oñate  Cuadros,  de  fecha  26  de  noviembre  de  2019,  se  otorgó  la  aceptación  y 
adjudicación de la herencia causada por el fallecimiento don IAN, ocurrido el día 3 de 
octubre de 2019, en estado de casado con doña MBGM y de cuyo matrimonio tuvo tres 
hijos llamados don G, don P y doña M. Ocurrió su óbito bajo la vigencia de su último 
testamento mancomunado junto con su esposa, de fecha 29 de agosto de 2017, ante el 
mismo citado notario, en el cual dispusieron lo siguiente: «Primera. Ambos esposos se 
nombran recíprocamente comisarios de su herencia, de manera que el sobreviviente, 
mientras permanezca viudo, no conviva maritalmente con otra persona o tenga un hijo 
no matrimonial, salvo acuerdo unánime de los hijos comunes, ostentará la facultad 
vitalicia  de  ordenar  la  herencia  del  causante,  distribuyendo  libremente  sus  bienes, 
derechos, acciones, obligaciones, cargas y deudas entre sus descendientes comunes. 
Segunda. En uso de sus facultades, el cónyuge comisario, podrá, entre otros, nombrarse 
a sí mismo heredero del premuerto y/o adjudicarse bienes y derechos libremente, sin 
más límites que los establecidos por la citada Ley 5/2015 del Parlamento Vasco. Tercera. 
Para el caso de fallecer ambos sin hacer uso de la facultad contenida en la cláusula 
primera, instituyen herederos por partes iguales a sus dos (sic) citados hijos G, P y MAG 
a quienes sustituyen para los casos de premoriencia, conmoriencia o incapacidad para 
heredar por sus respectivos descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de 
no haber descendencia».
En la citada escritura, la viuda doña MBGM, como única otorgante y en su calidad de 
comisaria, haciendo uso del poder testatorio conferido por su difunto esposo, se nombra 
a sí misma heredera universal del testador y acepta la herencia; en su calidad de 
«comisaria de la herencia de su esposo y de heredera universal de éste», manifiesta 
«bajo su responsabilidad que la obligación de pago de las legítimas de los descendientes 
se ha cubierto sobradamente con las donaciones que el causante les hizo en vida»; por 
último, se adjudica la totalidad de los bienes descritos en la parte expositiva de esta 
escritura, una mitad por su participación en la sociedad de gananciales y la otra en su 
condición de heredera del causante. e.
La  otorgante,  se  reserva  como  comisaria  la  facultad  de  designar  uno  o  varios  w.b
legitimarios de conformidad con lo dispuesto en el poder testatorio y expresa que en el  00ww
cinasscori pdceió qnu lea  mel ernecgióisntr aad qour el os ee srteimfieer en eelc easrtaícriuol,o  c1o5n sdiee nltae  Lqeuye H sipeo hteacgaar iac oenns tfaarv oern d leal 
tleagl citoimnasridioe rqauceió ne nc osnu  amrroemgleon ato l od deissipgunees ltao  econm lais laeryi ac-ihveil rveadsecraa. o, en su defecto, tengan
II
La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 4 de San 
Sebastián el día 5 de diciembre de 2019, y fue objeto de calificación negativa de 9 de 
enero de 2020, que a continuación se transcribe en lo pertinente:
«La Registradora de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del 
documento presentado a las nueve horas el día 05/12/2019 bajo el asiento número 1652 
del tomo 30 del Libro Diario, suspende la inscripción en base a los siguientes hechos y 
fundamentos de derecho.
Hechos: Se presenta escritura de aceptación y adjudicación de herencia autorizada 
por  Don  Francisco  Javier  Oñate  Cuadros  el  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil 
diecinueve, número 2396 de protocolo.
En dicha escritura únicamente interviene Doña B. G. M., viuda del causante. Don I. 
A. N. falleció el tres de octubre de dos mil diecinueve, vigente el testamento otorgado 
ante el mismo notario que autorizada la escritura de aceptación y adjudicación el día 
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, número 1676 de protocolo.
En dicho testamento mancomunado los esposos dispusieron,
Primero: Ambos esposos se nombran recíprocamente comisarios de su herencia, de 
manera que el sobreviviente (…) ostentará la facultad vitalicia de ordenar la herencia del 
causante  (…)  distribuyendo  libremente  sus  bienes  (…)  entre  sus  descendientes 
comunes.
Segundo:  En  uso  de  sus  facultades,  el  cónyuge  comisario,  podrá,  entre  otros, 
nombrarse  a  sí  mismo  heredero  del  premuerto  y/o  adjudicarse  bienes  y  derechos 
libremente, sin más límites que los establecidos en la Ley 5/2015 del Parlamento Vasco.
Tercero: Para el caso de fallecer ambos sin hacer uso de la facultad contenida en la 
cláusula primera, instituyen herederos por partes iguales a sus dos citados hijos G., P. y M.
En la referida escritura de aceptación y adjudicación, Doña B. G. M., como comisaria 
y haciendo uso del poder testatorio conferido,
Primero:  Se  nombra  a  sí  misma  heredera  universal  de  su  esposo  y  acepta  la 
herencia.
Segundo: En su calidad de comisaria de la herencia de su esposo y heredera 
universal de éste, manifiesta bajo su responsabilidad que la obligación de pago de las 
legítimas de los descendientes se ha cubierto sobradamente con las donaciones hechas 
en vida.
En todo caso se reserva la comisaria la facultad de designar uno o más legitimarios 
según lo dispuesto en el poder testatorio.
Tercero: Doña M. B. G. M. se adjudica la totalidad de los bienes descritos en la parte 
expositiva, una mitad por su participación en la sociedad de gananciales y la otra en su 
condición de heredera del causante.
Cuarto: Solicita la inscripción a su nombre de los bienes adjudicados. En caso de que 
el Registrador lo estime necesario, consiente se haga la mención a que se refiere el 
artículo 15 de la Ley Hipotecaria a favor del legitimario que designe la comisaria-
heredera o tenga tal consideración con arreglo a la ley civil vasca.
Fundamentos de Derecho. s
– El  modo  en  que  la  viuda  ejercita  el  poder  testatorio  que  le  es  conferido,  w.b
nombrándose a sí misma heredera universal del causante y adjudicándose el total haber  00ww
Lheeyre ddeit aDrieor,e scohbor eCpivaisl ad elol sP alííms iVteass cimo.puestos por los seguidamente citados artículos de la
legitEimstaorsio sa rdtíec uloloss h feijraend ecrooms ofo rlízmoisteo sp. aNroa  beal sptao dlae rm taensitfaetsotraioc ióenl  rqeusep esteo  reaa lloizsa  ddeer ehcahboesr 
sido “sobradamente satisfechas las legítimas de los descendientes por las donaciones
que el causante les hizo en vida”, sin que se recoja la identificación y valoración de las 
mismas como exige el artículo 59, también de la Ley de Derecho Civil Vasco. Añade 
además el artículo 60, que la fijación del valor de los bienes en el caso de existir poder 
testatorio, se hará por el comisario sólo si no tuviese interés en la sucesión.
El artículo 43.1 de la Ley de Derecho Civil del País Vasco dispone que el comisario 
podrá ejercitar el poder testatorio (…) sin más limitaciones que las que impone la ley. El 
artículo 33.3 señala que, sólo “a falta de herederos forzosos, el comisario podrá designar 
sucesores libremente”.
El  artículo  48  impone  al  causante  la  obligación  de  transmitir  la  legítima  a  sus 
legitimarios, pudiendo elegir uno o varios y apartar expresa o tácitamente.
El artículo 47 impone como legitimarios a los hijos y descendientes del causante en 
cualquier grado y al cónyuge viudo o miembro de la pareja de hecho por su cuota 
usufructuaria en concurrencia con cualquier heredero.
Son los artículos 49 y 52 los que fijan la cuantía de la legítima de los descendientes y 
del viudo o pareja, en un tercio del caudal hereditario para los primeros, y en el usufructo 
de la mitad del mismo para el segundo.
– Doña B. G. M. liquida la sociedad de gananciales por sí sola. Ésta liquidación no 
puede realizarse unilateralmente, sino que es preciso el concurso de los herederos del 
causante.  El  artículo  142  de  la  Ley  de  Derecho  Civil  Vasco  sí  contempla  la 
autoadjudicación de bienes por el cónyuge viudo comisario, pero no en el supuesto de la 
sociedad de gananciales, sino para el caso de régimen de comunicación foral de bienes.
– Asimismo, tal y como reconoce la Dirección General en Resolución de 4 de Julio 
de 2019, aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose 
como "pars valoris bonorum". En consecuencia, la existencia de legitimarios implica la 
necesaria intervención de los mismos en la partición.
No se toma anotación de suspensión por no haber sido solicitada. Contra esta 
calificación... (Oferta de recursos).»
III
No se solicitó calificación sustitutoria.
IV
El día 7 de febrero de 2020, don Francisco Javier Oñate Cuadros, notario de San 
Sebastián,  interpuso  recurso  contra  la  calificación,  en  el  que  en  síntesis  alega  lo 
siguiente:
1.  Acerca de la (no) necesidad de liquidación de la sociedad de gananciales como 
presupuesto para el ejercicio del poder testatorio. Entrando en el análisis del primer 
defecto, la imposibilidad de que la viuda pueda por sí sola liquidar la sociedad de 
gananciales y de disponer de bienes sin previa liquidación, como primera aproximación 
señalaremos que parece absurdo pensar que el viudo comisario pueda ostentar un poder 
de disposición sobre bienes totalmente ajenos como son los privativos de su cónyuge 
premuerto, mientras que no puede ostentarlo sobre bienes comunes, en parte propios y 
en parte de su consorte... excepto cuando el régimen económico del matrimonio sea el 
de comunicación foral de bienes. Sin embargo, esa es la opinión de la Sra. Registradora, 
para quien el art. 142 LDCV, «sí contempla la autoadjudicación de bienes por el cónyuge  es
viudo comisario, [sin liquidación de la sociedad conyugal] pero no en el supuesto de la  o
bcmsóoieencnniyCeeoudossga»m ead.-oú c ndos emeu  insdgaaea rsnfioopa rrnmelacnai adl iledqe eusd,tid eears mlcianiió onmn a pdedaarear a  dll eeae c hlts uaocrccaaei esrddoloea .l d dEa erps t aírcdéruaogl coimet rl1ie n4ena2j  e,ad rcseeiel c nicpotora emddceaue  np-sithcuoeas ccn hifoóao nc im uaflcptoaeordpanetle as dd aoeyl     OE-A-2020-9200able en https://www.
por la registradora- que una vez producida por el fallecimiento de uno de los cónyuges la
comunicación foral de bienes, el ejercicio del poder testatorio para disponer de bienes 
concretos  de  la  sociedad  postmatrimonial,  no  exige  ni  implica  su  liquidación.  Es 
discutido, a nivel teórico -y así lo hace la registradora-, si estas facultades rigen también 
cuando  el  régimen  es  el  de  la  sociedad  de  gananciales.  En  opinión  del  notario 
recurrente, no existe razón alguna para considerar que la solución deba ser diferente. 
Dicha duda teórica surge únicamente por la ubicación del precepto en sede del régimen 
de comunicación foral de bienes y, en consecuencia, cuál sería su verdadera naturaleza 
jurídica.  Si  fuera  de  carácter  sucesorio,  lo  que  sería  criticable  sería  su  ubicación 
sistemática que debería ser la sección relativa al ejercicio del poder testatorio, siendo 
irrelevante el régimen económico matrimonial. En apoyo de esta tesis, cabe citar el tenor 
literal de la norma, que únicamente hace referencia implícita al régimen de comunicación 
foral de bienes precisamente para exceptuar lo dispuesto en el art. 140 LDCV, conforme 
el cual se consolida la comunicación foral de bienes y se transforma en comunidad de 
bienes entre el cónyuge viudo y los sucesores del premuerto.
Si consideramos que la norma tiene carácter familiar y no sucesorio, habrá que estar 
a  las  normas  reguladoras  de  la  comunidad  postmatrimonial  que,  por  simplificar, 
denominaremos postganancial. Y si fuera este el caso, tampoco resultaría lícito deducir a 
fortiori que para los casos en que el régimen no sea el de comunicación foral, la regla 
decaería. En efecto, el régimen de comunicación foral de bienes se caracteriza por ser 
más intenso que el de gananciales del Código Civil. En síntesis, se trata, habiendo 
descendientes  comunes, de una comunidad universal de tipo germánico diferida al 
fallecimiento  de  uno  de  los  cónyuges,  momento  en  el  que  todos  los  bienes  «se 
comunican», esto es, se hacen comunes, sin distinción entre gananciales y privativos. 
Para asegurar la comunicación, constante matrimonio, se requiere el consentimiento de 
ambos cónyuges para la disposición y gravamen de sus respectivos bienes privativos, de 
forma similar a lo que ocurre en el consorcio matrimonial aragonés en relación con el 
derecho expectante de viudedad.
En este contexto normativo, tiene sentido aclarar qué facultades corresponderían al 
cónyuge comisario -a salvo lo dispuesto por el testador- en orden a la disposición y a la 
autoadjudicación de bienes comunes, dado que la normativa específica de este régimen 
de comunidad más intenso y extenso que el de gananciales podría excluirlas, frustrando 
la finalidad propia del poder testatorio, tan arraigado en la práctica sucesoria, foral 
vizcaína. Sin perjuicio de que, como más adelante se verá, se pueda considerar este 
precepto superado por la nueva normativa contenida en los artículos 30 y siguientes de 
la Ley.
La LDCV no ha establecido una regulación vasca de la sociedad de gananciales. El 
art. 127 establece como régimen legal supletorio el de gananciales del Código Civil, 
cuando no resulte de aplicación el de comunicación foral de bienes. Podría discutirse si 
la invocación a la normativa en bloque implica una remisión estática o una aplicación 
supletoria,  de  carácter  dinámico,  pero  en  ambos  casos  resulta  indudable  que  la 
aplicación del Código Civil deberá hacerse de forma armónica con los principios y 
regulación  del  derecho  civil  vasco,  principio  que  aún  en  forma  técnicamente  no 
demasiado acertada, expresa el art. 3.2 LDCV.
En consecuencia, con lo expuesto se impone una misma solución, perfectamente 
lógica por otra parte: Si el art.142 LDCV responde a la necesidad de resolver un 
problema  de  choque  de  legitimidades  cuando  todos  los  bienes  de  los  cónyuges, 
privativos y gananciales se convierten en postgananciales, la misma solución deberá ser 
aplicada cuando sólo devienen postgananciales los que vigente el matrimonio tenían  s
carácter ganancial. oe.
Esta misma solución, con un criterio sorprendentemente mucho más amplio, adopta  w.
el artículo 831.1 del Código Civil cuya aplicación, sea de forma directa o supletoria,  00ww
idnedbisidcaumtibelen:t e« ..a. draepatlaizdaar  aa  falvaosr  dpee cluolsia hriidjoasd eos  dedsecl ensdisietenmteas  csoumceusnoersio  mveajosrcaos  irnecsluulstao 
con cargo al tercio de libre disposición y, en general, adjudicaciones o atribuciones de
bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las 
que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que esté sin liquidar».
A diferencia del art. 142 LDCV, el precepto se ubica, de forma técnicamente más 
correcta en mi opinión, en sede de sucesiones y es aplicable a toda sucesión regida por 
el Código Civil con independencia del régimen económico del matrimonio y por supuesto 
como no podría de ser de otra manera, cuando éste sea el legal supletorio de la 
sociedad de gananciales. Resulta evidente por tanto que el comisario viudo sujeto al 
régimen legal de gananciales del Código Civil, salvo que el testador comitente hubiera 
dispuesto  lo  contrario,  está  perfectamente  autorizado  para  hacer  adjudicaciones  o 
atribuciones de bienes concretos o particiones, incluso cuando tengan por objeto bienes 
que formen parte de la sociedad conyugal sin liquidar y que los límites para el ejercicio 
de tales facultades serán los que determine la ley sucesoria.
Esta  posibilidad,  discutida  por  la  registradora,  goza  además  del  respaldo 
incondicional de la Disposición Transitoria Quinta LDCV, aplicable tanto respecto de 
poderes testatorios como fiducias anteriores a la entrada en vigor de la Ley 5/2015: 
«Actos de disposición otorgados al amparo del artículo 831 del Código Civil y del 
artículo 13 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco. Serán 
válidos plenamente los actos de disposición otorgados al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 831 del Código Civil y del artículo 13 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho 
Civil Foral del País Vasco.». Y también cuenta con el aval del artículo 33.1 LDCV, que 
arroja la luz definitiva sobre el asunto y anticipa los argumentos que desarrollaremos en 
el siguiente epígrafe: «Límites del poder testatorio. 1. El comisario desempeñará su 
cargo conforme a lo establecido expresamente por el comitente en el poder testatorio, 
que  no  podrá  modificar  bajo  ningún  concepto;  y,  en  su  defecto,  tendrá  todas  las 
facultades  que  correspondan  al  testador  según  esta  ley  y  el  derecho  supletorio.». 
Apuntemos  de  momento  que,  además,  el  art.  35  LDCV  permite  al  comisario  la 
autoadjudicación de bienes que le hubiese atribuido el causante (sin distinción entre 
comunes y privativos) y el 43.1 LDCV ejercer el poder testatorio sin más limitaciones que 
las que la ley impone al testador.
Por  último,  en  el  caso  de  que  fuera  precisa  la  liquidación  de  la  sociedad  de 
gananciales habrían de hacerla, en su caso, el cónyuge viudo y los herederos del 
premuerto. De haber sido nombrada heredera la viuda, agotaría el poder de disposición 
sobre el patrimonio postganancial. Habiendo sido la comisaria facultada en testamento 
(mancomunado)  para  nombrarse  heredera,  si  así  lo  hiciera,  como  es  el  caso,  nos 
encontramos en la misma situación. Esta solución aparentemente chocante sólo lo es si 
se enfoca la cuestión desde el prisma del carácter personalísimo de la disposición 
testamentaria, por un lado y desde una concepción de las legítimas como una parte de la 
herencia (pars hereditatis o pars bonorum), por otro, que son propios del sistema del 
Código Civil. De ahí algunas críticas doctrinales a la heterodoxia del art. 831 CC y su tan 
necesario como difícil encaje en su sistema sucesorio. Sin embargo, tales dogmas o 
piedras angulares son por completo ajenos al sistema sucesorio vasco, como se va a 
desarrollar a continuación, donde no existen más dificultades que las producidas por una 
indebida trasposición indiscriminada de conceptos y preceptos del Código Civil, ajenos a 
la lógica interna del sistema sucesorio vasco, que se rige por otros diferentes.
2.  Facultades del comisario en la legislación civil vasca. El carácter personalísimo 
de la ordenación sucesoria está expresamente excluido, bien que sujeto a formalidades 
ab substantiam, al establecer como modo normal e incluso privilegiada, la sucesión por 
comisario: se plasma en los artículos 30, de la sucesión por comisario, 33.1, que sugiere  s
un  orden  normativo  rector  de  las  facultades  del  comisario  que  es  precisamente  el  oe.
contrario del que resulta de la calificación de la registradora: Primero, la voluntad del  w.
comitente manifestada en testamento ante notario, pacto sucesorio o capitulaciones  00ww
vmaastcriom, olansia lneosr my assó ltoie an efna ltuan  dien elqou aívnotecroio cr alarásc tdeirs pdoisspicoiosnitievso .l eEgsa luens . cEonro elal risois nteemceas acirvioil 
dperol bparrin scuip iiom pgeernaetrivaild daed ,l inboe rata dp rceisvuil,p oqnueer leas:  «fuAerntítceu dloe l4 d. eErle pchrion ccipivioil  vdaes cliboe, rqtaude  coibvliilg. aD ea   BOE-A-cable e
acuerdo con el principio de libertad civil, tradicional en el Derecho civil vasco, las leyes 
se presumen dispositivas (...)». Pero por si lo anterior no fuera suficiente, existe un 
precepto específico -artículo 46- aplicable a las facultades del comisario que las refuerza 
enormemente: «La voluntad del testador como criterio de interpretación. La voluntad del 
testador prevalece siempre en la interpretación y aplicación de las normas de esta 
sección.».  Los  preceptos  mencionados  eximirían  por  sí  mismos  de  cualquier 
argumentación adicional. Lejos de ser preceptos anómalos o excepcionales, no hacen 
sino reforzar -de forma necesaria ante los embates del moderno derecho castellano 
surgido del Código Civil- una institución básica del derecho histórico vasco (a pesar de 
que también lo había sido en el derecho histórico castellano y lo seguía siendo en el 
aragonés). Que llevaron a ignorar la opinión del mismísimo García Goyena en sus 
Comentarios al artículo 663 del Proyecto de Código Civil de 1851, que según la Base 1.ª 
es el fundamento de nuestro Código Civil, así lo establecía. Sin perjuicio de insistir en su 
carácter dispositivo y subordinado a la voluntad del causante y que por tanto no pueden 
ser interpretados como una restricción de la facultad del comisario de hacer todo aquello 
que habría podido hacer el causante y éste no le haya prohibido (art.43.1), recordemos 
algunos de los preceptos de la LDCV: artículos 32, 33,34, 35, 37, 41, 42, 43. Este último 
precepto podría constituir un obstáculo a nuestra pretensión; sin embargo, sólo es 
aplicable antes de que el comisario ejerza el poder testatorio como administrador del 
patrimonio hereditario -y disponga de dichos bienes sin ejercerlo- pero no después de 
haberlo  ejercido,  momento  en  que  los  bienes  ya  no  formarán  parte  del  patrimonio 
hereditario y cuya disposición se regirá por las normas generales. En otro caso no 
tendría sentido el art. 35 LDCV que, como hemos visto, no exige el consentimiento de los 
legitimarios para que el viudo comisario pueda autoadjudicarse los bienes que el testador 
le haya atribuido o le haya permitido atribuirse, que para el caso es lo mismo. Y 
finalmente, reiteramos una vez más que: «Artículo 46. La voluntad del testador como 
criterio de interpretación. La voluntad del testador prevalece siempre en la interpretación 
y aplicación de las normas de esta sección».
De los preceptos indicados se deducen varias conclusiones clarísimas en relación 
con las facultades del comisario: a) El comisario puede hacer todo aquello que la ley 
permite hacer al testador y éste no le haya prohibido. b) Para que el comisario esté 
legitimado para realizar un acto no es necesario que la ley lo autorice expresamente. c) 
El  ámbito  de  las  facultades  naturales  del  comisario  se  amplían  considerablemente 
cuando se trata del cónyuge viudo. d) La voluntad del testador/comitente, expresada en 
la forma que la ley establezca, prevalece siempre frente al precepto legal contrario. e) En 
el  testamento  mancomunado,  ambos  cónyuges  se  facultaron  para  instituirse 
recíprocamente herederos, de manera que el ejercicio del poder testatorio en tal sentido 
adjudicándose los bienes de la herencia y asumiendo las deudas respondiendo de ellas 
con su propio patrimonio, aun con el límite del valor de lo heredado, está perfectamente 
ajustado a derecho.
En consecuencia, el verdadero quid de la cuestión se circunscribe a las facultades 
del testador o del comisario en la ordenación de la sucesión y los límites impuestos al 
ejercicio de su autonomía de la voluntad -libertar de disponer mortis causa- por la ley 
sucesoria y en particular, por las legítimas.
3.  La legítima como límite a la libertad de testar. Naturaleza jurídica y su encaje con 
la figura del comisario. Habiendo demostrado que no existe ningún obstáculo legal ni 
convencional para el ejercicio del poder testatorio en la forma efectuada en la escritura 
pública cuestionada, resta analizar un último problema, quizá el de mayor enjundia, por  s
cuanto la consideración del carácter de la legítima vasca podría dejar sin efecto práctico  oe.
mucho de lo dicho hasta aquí. Esto es, que el viudo comisario no podía hacer lo que ha  w.
hecho (nombrarse heredero y autoadjudicarse bienes) porque tampoco podía haberlo  00ww
rheegcihstor adeol rate slota sdiogru iesninte :i n«frEinsgtoirs  laar tíncuolromsa tfiivjaan  rceogmuola dlíomrait e dpea rala  elle pgoítdimera .t eSsteañtoarlaio  leal 
qreusep estoe  a rleoasl idzear edcheo sh laebgeitri msairdioos  d«es olobsra hdearmedeenrtoes  fsoartzisofseocsh.a Ns o lbaass tale lgaí tmimaansi fedstea cilóons   BOE-A-cable e
descendientes por las donaciones que el causante les hizo en vida», sin que se recoja la 
identificación y valoración de las mismas como exige el artículo 59, también de la Ley de 
Derecho Civil Vasco. Añade además el artículo 60, que la fijación del valor de los bienes 
en el caso de existir poder testatorio, se hará por el comisario sólo si no tuviese interés 
en la sucesión. El artículo 43.1 de la Ley de Derecho Civil del País Vasco dispone que el 
comisario podrá ejercitar el poder testatorio (…) sin más limitaciones que las que impone 
la ley. El artículo 33.3 señala que, sólo «a falta de herederos forzosos, el comisario podrá 
designar sucesores libremente». El artículo 48 impone al causante la obligación de 
transmitir la legítima a sus legitimarios, pudiendo elegir uno o varios y apartar expresa o 
tácitamente. El artículo 47 impone como legitimarios a los hijos y descendientes del 
causante en cualquier grado y al cónyuge viudo o miembro de la pareja de hecho por su 
cuota usufructuaria en concurrencia con cualquier heredero. Son los artículos 49 y 52 los 
que fijan la cuantía de la legítima de los descendientes y del viudo o pareja, en un tercio 
del caudal hereditario para los primeros, y en el usufructo de la mitad del mismo para el 
segundo.
Asimismo, tal y como reconoce la Dirección General en Resolución de 4 de Julio 
de 2019, aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose 
como «pars valoris bonorum». En consecuencia, la existencia de legitimarios implica la 
necesaria intervención de los mismos en la partición.
Para refutar las anteriores afirmaciones, como primera aproximación, retornamos al 
Comentario  de  G.  G.,  quien  señala  que  «Esta  facultad  [fiduciaria]  era  de  suma 
importancia, atendida la legislación foral, por la que va a ser casi nominal la legítima de 
los hijos.». Llamamos la atención sobre la frase utilizada por la propia registradora: «El 
artículo 48 impone al causante la obligación de transmitir la legítima a sus legitimarios, 
pudiendo elegir uno o varios y apartar expresa o tácitamente».
Una obligación de transmitir no se puede identificar sin más con un derecho real 
(actual o expectante) sobre los bienes de la herencia; tampoco con un ius ad rem ni con 
una prohibición de disponer. Más bien insinúa lo contrario, teniendo en cuenta que el 
legitimario no es, por tal condición, heredero forzoso en el sistema sucesorio vasco, 
aunque  en  algún  precepto  siga  subsistiendo  tal  denominación.  Cierto  es  que  la 
RDGRN 4-7-2019 habla de la legítima vasca como pars valoris bonorum, pero lo hace en 
un supuesto cuya solución no es aplicable al presente, precisamente porque en aquel 
había herederos. En línea similar, la SAP Guipúzcoa de 13-5-2019 señaló que «la 
Ley 5/15 regula también la legítima como cuota o parte de la herencia, al igual que lo 
hace el derecho común (sic)», aunque se desprende de su lectura que lo hace con 
escaso cuidado técnico, como mero obiter dicta para reforzar la argumentación de su 
fallo, basado en realidad en las disposiciones de un testamento otorgado con arreglo al 
Código Civil, pero en que la sucesión estaba regida por la Ley civil vasca.
El parecer de la jurisprudencia histórica es otro. La STSJPV de 7 de enero de 2005 -
sobre la LDCFPV, dispuso lo siguiente: «... la función de designar sucesor o sucesores 
no la realiza el derecho vizcaíno con normas imperativas, sino con la libertad de testar 
circunscrita dentro de cada grupo familiar, y confiando en el buen criterio del padre o 
madre de familia, rectamente formado por costumbres sanamente vividas y tradiciones 
familiares inmemoriales. (...)».
Señala la RDGRN 4-7-2019 que «los antecedentes históricos, que nos servirían para 
las zonas tradicionalmente sujetas a la legislación vasca, no pueden ser tenidos en 
cuenta para la naturaleza de una legítima aplicable a la totalidad del País Vasco». Tan 
radical  afirmación  es  contraria  a  la  letra  y  el  espíritu  del  artículo  149.1.8.º  de  la  s
Constitución, que sólo permite la asunción de competencias en materia de derecho civil  oe.
a las CC.AA. que lo tuvieran en el momento de su entrada en vigor, al art. 10.5 del  w.
Estatuto de Autonomía del País Vasco, que aclara que la competencia se extiende a la  00ww
dsient erremsienravcaiós np doer l eálm Dbiictota tmererinto rdiaell  dCeo vnisgeejnoc idae d eEls dtaedreoc hdoe  c2iv7i-l 5v-a1s9c9o3,,  caristeí ricoo masou mai dloa 
jcuornisepxriuódne, npcriaó xdimeal  ToC  reqmueo taa nauld ad elrae cehxop rperseióenxi s«tednetsea, rraoclltou»a l ao  lah isetóxirsicteon. cYia  tdaem buinéan   BOE-A-cable e
contraria al art. 3.1 del Código Civil, de aplicación general conforme al propio art. 149.1.8 
CE a cuyo tenor, «Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, 
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de aquellas».
Por contraste, en el Código Civil la legítima es una porción de bienes de la que el 
testador  no  puede  disponer  (artículo  806).  Más  que  asimilación  o  parecido  en  la 
terminología, lo que se observa es más bien un distanciamiento de la utilizada tanto en el 
Código Civil como en la ley del 92. Se comprende mucho mejor la naturaleza de la 
legítima vasca mediante una definición aglutinadora reordenando los distintos preceptos 
legales: la legítima es “un valor económico que se calcula por una cuota sobre la 
herencia y que el causante tiene la obligación de transmitir a determinados sucesores 
por herencia, legado, donación o por cualquier otro modo”. No parece que tan profundo 
cambio terminológico deba ser inane. Huelga reiterar una vez más que las limitaciones a 
la libertad civil (y cual mayor que la de disponer mortis causa) deben ser interpretadas en 
sentido restrictivo, conforme a los criterios canónicos de interpretación de las normas 
jurídicas (arts. 9.3 CE, 4.2 CC y 4 LDCV). Sería absurdo que el enorme esfuerzo 
normativo  tendente  a  la  unificación  del  derecho  civil  vasco,  sin  perjuicio  del 
mantenimiento de las especialidades del Valle de Ayala y de los caseríos guipuzcoanos 
acabase perpetuando una interpretación de la legítima de los descendientes diferente en 
Vizcaya y en Guipúzcoa, teniendo que tenerse en cuenta en cada caso sus distintos 
antecedentes normativos.
Los antecedentes no pueden limitarse estrictamente a la legislación y jurisprudencia 
anterior a la Ley 5/2015 de Derecho civil vasco; no se pueden obviar los proyectos y 
borradores que sirvieron de base a la formulación final de la citada Ley. La atribución de 
la vecindad civil vasca ope legis, no puede en modo alguno desligarse de la deliberada e 
indiscutible intención de avanzar hacia una mayor libertad a la hora de testar, trasunto de 
la libertad civil característica del Derecho civil vasco por un lado, mediante una gran 
reducción de la cuantía de la legítima, tanto respecto del derecho vizcaíno como del 
Código  Civil,  la  supresión  de  la  legítima  de  los  ascendientes  y  finalmente,  por  la 
consideración de la legítima, a diferencia de la Ley 3/93, como un valor económico sobre 
la herencia, que no ha de recaer por necesidad sobre los mismos bienes de la herencia, 
pudiendo ser atribuida a los descendientes por cualquier título, no ocurriendo así en el 
caso del viudo.
Señala el artículo 497.1 del Código de Derecho Foral de Aragón que, «La legítima 
debe atribuirse en bienes relictos», fórmula totalmente alejada a la que «cuota sobre la 
herencia que se calcula por su valor económico» utilizada por el legislador civil vasco. Es 
muy clara la diferencia entre el régimen jurídico de la legítima aragonesa, también de 
libre reparto entre los descendientes y la vasca, no sólo por su mayor cuantía (1/2 de la 
herencia), sino por su carácter de pars bonorum. El carácter de pars valoris de la 
legítima de los descendientes en el derecho civil vasco se deduce también de forma 
indubitada  si  la  comparamos  con  la  regulación  de  la  legítima  viudal.  La  sustancial 
reducción de la legítima de los descendientes, en cuantía y en cualidad, ha venido 
acompañada  de  un  notable  robustecimiento  de  la  viudal,  que  no  sólo  ha  visto 
incrementada  su  cuantía  habiendo  descendientes  (usufructo  de  1/3  a  1/2,  más  el 
derecho de habitación sobre la vivienda conyugal), sino también en su cualidad.
Por  una  parte,  los  derechos  reconocidos  al  cónyuge  viudo  no  se  consideran 
gravámenes de la legítima, lo que resulta de los artículos 56 y siguientes. En cuanto a  s
qué debe entenderse por derechos reconocidos al cónyuge viudo, evidentemente son los  oe.
de carácter legitimario, pero también los que le atribuya la ley o el testador en su  w.
condición de comisario, puesto que la ley no se refiere a los «derechos legitimarios del  00ww
caódneymuágse  dveiu sdoob»r eop ao nloesrs «ed ae rlae cdheo slo rse dceosncoecniddoiesn pteosr ,l aq uleey e aslt ácnó noybuliggea dvoiusd ao »s.o Ypo prtoarr loat,r ala, 
legítima viudal goza de una especial protección en la ley vasca, de la que carece la de 
los descendientes, conforme resulta del artículo 53:
En definitiva, razonar según el argumento de que «si el legislador vasco hubiera 
querido configurar la legítima como un derecho de crédito lo habría dicho expresamente» 
es una mera petición de principio, una presunción que sobre carecer de base en la 
propia Ley, es contradicha por el hecho de que cuando ha querido reforzar la naturaleza 
de la legítima lo ha hecho expresamente. No es la ausencia de limitación, el menor 
alcance de ésta o la libertad lo que ha de ser demostrado, sino todo lo contrario.
Todo ello hace que la afirmación de la registradora y de la propia DGRN en el sentido 
de que la legítima de los descendientes en el Derecho civil vasco es pars valoris 
bonorum, sea muy difícil de sostener, ya que partiendo de su tesis argumental sólo cabe 
que la legítima vasca sea una parte de la herencia, como lo era en la Ley del 92, si es 
que se considera que el cambio terminológico no supone modificación sustantiva alguna 
o por el contrario, en ausencia de precepto que garantice sobre los bienes de la herencia 
el pago de la legítima de los descendientes, a diferencia de la del viudo, es un derecho 
de crédito contra la herencia, sin afección real legal sobre los bienes que la integran. A 
salvo,  claro  está,  de  lo  que  pudiera  decretarse  judicialmente  en  defensa  de  la 
intangibilidad cuantitativa de la legítima.
Objeta por lo demás la registradora que «No basta la manifestación que se realiza de 
haber  sido  “sobradamente  satisfechas  las  legítimas  de  los  descendientes  por  las 
donaciones que el causante les hizo en vida”, sin que se recoja la identificación y 
valoración de las mismas como exige el artículo 59, también de la Ley de Derecho Civil 
Vasco. Añade además el artículo 60, que la fijación del valor de los bienes en el caso de 
existir  poder  testatorio,  se  hará  por  el  comisario  sólo  si  no  tuviese  interés  en  la 
sucesión.». Respecto a lo primero, es obvio que la manifestación del viudo por sí sola no 
puede perjudicar a los descendientes. Pero también lo es que este simple hecho no les 
confiere ningún derecho a obstaculizar e impedir el ejercicio del poder testatorio en los 
amplísimos términos en que ha sido conferido, sin perjuicio de las acciones que les 
correspondan y las medidas que se tomen en el ámbito judicial. En cuanto a la segunda 
afirmación, es preciso tener en cuenta lo señalado por la RDGRN 27-2-2019: «(...) 
respecto del ámbito notarial y registral cabe recordar que la privación de eficacia del 
contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de 
todos  los  afectados,  una  previa  declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento 
contencioso instado por quien esté legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia 
(total o parcial)... (cfr. Resoluciones de esta Dirección General de 13 de septiembre 
de 2001, 21 de noviembre de 2014 y 2 de agosto y 5 de octubre de 2018).».
A la vista de la terminante declaración del CD, si el testador hubiera dispuesto en el 
propio testamento que la legítima ya había sido satisfecha en vida e instituido heredero 
al viudo, como tal habría de ser respetado y ejecutado, sin que tales manifestaciones 
pudieran cuestionadas fuera del ámbito judicial, a falta de un precepto legal que indicase 
otra cosa de forma terminante. El mismo principio será de aplicación cuando el testador 
ha  delegado  en  el  viudo  todo  lo  relativo  a  la  institución  de  heredero  (habiéndole 
autorizado a la viuda comisaria a nombrarse heredera y autoadjudicarse los bienes de la 
herencia), dado que el comisario puede hacer todo lo que la ley permite al testador y 
éste no le haya prohibido.
La valoración de los bienes a los efectos del cálculo de la legítima corresponde si no 
hay nombrado comisario, a los coherederos con el viudo o a éste con el contador-
partidor designado por el testador. Y si hay nombrado comisario, por este mismo, si no  e.
tuviese interés en la sucesión o, en caso contrario, a éste con el contador-partidor o con  w.b
los sucesores legitimarios presuntos (con los designados por el testador o el comisario),  00ww
confAohrmorea  abl ieanrt,.  ¿6q0u LéD eCfeVc.tos produce la falta de concurso o acuerdo de estos últimos en
esils itnevmean tasurioce ys ovraiolo rvaacsiócon,?  aC doimfeore snec ihaa d aer glau mdiesnpteandsoa yd ad eaml coósntryaudgoe s voiburdaod,a lma epnrotete, cecnió enl 
de los descendientes legitimarios, al menos habiendo viudo, no es ex ante sino ex post.
En este sentido, la Ley 5/2015 no erige a la valoración y el inventario de los bienes sobre 
los cuales haya de ser calculada la cuota legitimaria como presupuesto jurídico o fáctico 
previo  para  que  las  disposiciones  testamentarias,  incluyendo  el  ejercicio  del  poder 
testatorio aunque a estas alturas parezca superfluo recordarlo, surtan plenos efectos en 
el plano extrajudicial, mientras no sean impugnadas.
Lo mismo ocurre en el sistema del Código Civil, en presencia de contador-partidor, 
sin perjuicio de los derechos de herederos, legatarios de parte alícuota y legitimarios 
para impugnar la partición. A falta de contador-partidor, la intervención de los legitimarios 
en la partición se debe a la especial protección de la legítima en el sistema del Código 
Civil. Y en todo caso, a pesar de que los acreedores pueden intervenir en la formación 
de inventario, no se requiere acreditar siquiera la posibilidad de haber intervenido, ni su 
participación, concurso y mucho menos acuerdo, para la formación del inventario y 
valoración de los bienes, sin perjuicio de las medidas cautelares y acciones judiciales 
que les correspondan, para que los sucesores puedan inscribir sus derechos sobre los 
bienes relictos.
En este sentido, lo señala el art. 34 LDCV. Esto es, los «presuntos sucesores» 
pueden exigir judicialmente la realización de inventario por el comisario, si éste no lo 
hubiera confeccionado en el plazo de seis meses, así como la impugnación del mismo o 
del avalúo de los bienes, pero ni este precepto ni ningún otro permite inferir que su falta 
de consentimiento prive de eficacia, al menos en el plano extrajudicial, a lo decidido por 
el testador o el comisario. A falta de disposición en contrario del testador, la formación de 
inventario sólo es una obligación del comisario si lo solicitan acreedores o sucesores 
presuntos, deberes fiscales aparte y en ningún caso su ausencia constituye obstáculo 
para la eficacia del poder testatorio. Por otra parte, el ejercicio del poder testatorio no 
supone una valoración del caudal a efectos del cálculo de la legítima, ni prejuzga ni 
perjudica en modo alguno el valor que finalmente haya de transmitirse al legitimario 
descendiente que finalmente designe el viudo-comisario, incluso aunque lo haga con sus 
propios bienes. En este sentido resulta clarificador el art. 831 CC, de perfecta aplicación 
supletoria en este punto: «Se entenderán respetadas las disposiciones del causante a 
favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas cuando unas u otras resulten 
suficientemente  satisfechas,  aunque  en  todo  o  en  parte  lo  hayan  sido  con  bienes 
pertenecientes sólo al cónyuge que ejercite las facultades».
A  modo  de  recapitulación,  la  legítima  colectiva  opera  para  los  descendientes 
legitimarios como una cuota sobre la herencia calculada por su valor económico, que 
tiene  distinto  funcionamiento  según  quienes  concurran  a  la  sucesión.  Entre  los 
legitimarios funciona sin límite alguno, ya que el mecanismo del apartamiento expreso o 
tácito de los descendientes sirve para que uno de ellos pueda recibir del causante o del 
comisario, en el momento en que este último lo decida, todo o parte de la herencia, a 
título universal o singular, sin que el resto de legitimarios no elegidos en relación a dicha 
disposición, sea esta universal o particular, ostente derecho alguno que reclamar al 
legitimario así instituido. Entre los legitimarios y terceros sucesores funciona como un 
límite de valor del que el causante no puede disponer en perjuicio de los legitimarios, los 
cuales tienen derecho a reclamar su cuantía frente dichos terceros cuando se lesione la 
legítima colectiva (Resolución de la DGRN de 4 de julio de 2019). Discrepamos de tales 
afirmaciones que en modo alguno resultan ni de la ley en vigor ni de la evolución 
histórica del derecho civil vasco. En este sentido nos parece mucho más ajustada a la 
realidad histórica y jurídica la RDGRN de 5-7-2018, en doctrina reiterada por otras 
muchas, entre ellas la de 19-11-2019. s
Sólo en el caso excepcional en que haya una preterición de todos los legitimarios  oe.
tendrán  éstos  plenos  derechos  sobre  los  bienes  de  la  herencia,  pero  no  como  w.
legitimarios,  sino  como  presuntos  herederos  abintestato,  como  consecuencia  de  la  00ww
aLnDuClaVc)i.ó Yn  sdieem tpordea ssi nl apse rddiesrp doesi cviiosntae sq useu ecle vsiourdiaos  codme iscaorniote nnoid eos  puant reimxtoranñiaol  n(ai rtet.r c5e1ro.2, 
dees l ucna ulesgaintitme adrieol  cqoune  daedreemcháos  ceusa lsitua tvivearmdaednetero  re«faolrtezar deog ofr»e.n Ate  mala ydoer  loasb udnedsacmeniednieton,t eesl   BOE-A-cable e
régimen  de  la  preterición  de  todos  los  descendientes  en  caso  de  preterición  no 
intencional o errónea no tiene ninguna relación con la naturaleza de su legítima. En la 
legislación catalana es un derecho de crédito contra la herencia, pero la preterición 
errónea  de  cualquier  descendiente  le  concede  acción  para  anular  la  institución  de 
heredero (art. 451-16.2 CC Cataluña). Tal carácter de parsvaloris no impide que, como 
es lógico, sin la intervención de los legitimarios al objeto de determinar el importe de su 
derecho de crédito frente a la herencia o en caso de que no estén conformes con su 
importe, el Juez pueda tomar a instancia de parte, las medidas de protección del crédito 
sobre los bienes de la herencia que estime oportunas (art. 451-12.2 CCC), incluyendo la 
anotación preventiva de la demanda de reclamación de la legítima (art. 451-15 CCC).
En Navarra, la legítima es puramente formal, simbólica y sin contenido patrimonial 
alguno, pero la preterición de todos los descendientes produce «ope legis», la nulidad de 
la institución de heredero, conforme a la Ley 271 del Fuero Nuevo cuyo criterio ha sido 
ratificado en la reciente reforma de 2019. El legislador no está obligado a seguir -y no lo 
hace- las concepciones dogmáticas construidas por la doctrina, sino que por el contrario 
deben éstas servir para tratar de comprender los sistemas jurídicos sin sustituir ni 
tergiversar  lo  dispuesto  por  aquel.  Cuando  legisla,  puede  configurar  el  sistema  de 
legítima como estime oportuno y será la doctrina la que a la vista de la regulación 
resultante califique su naturaleza jurídica a fin de poder resolver los casos que la ley no 
previó conforme a los criterios de interpretación e integración usuales. Pero no, a la 
inversa, concluir que por tener, a juicio de la doctrina, una institución una determinada 
naturaleza jurídica, las consecuencias deban ser distintas a las previstas -o no- por la ley. 
Someter las disposiciones realizadas por el causante o su comisario a la intervención de 
los  legitimarios  descendientes  cuando  el  cónyuge-comisario  está  facultado  para 
instituirse  heredero,  autoadjudicarse  bienes  sin  necesidad  de  liquidar  la  sociedad 
conyugal e incluso para dilatar la elección del legitimario o su efectividad al momento de 
su fallecimiento, pudiendo entregar la legítima con bienes extra hereditarios supone una 
grave contradicción que pone en peligro no sólo la coherencia del sistema (claramente 
pro comisario y pro viudo), que sería lo de menos, sino la misma voluntad del testador 
que es la ley suprema de la sucesión. La cuestión no estriba por tanto en discutir acerca 
de  la  naturaleza  jurídica  de  la  legítima  en  Derecho  civil  vasco,  ejercicio,  si  no 
divertimento, sin duda estimulante desde el punto de vista intelectual, pero hasta cierto 
punto estéril en la práctica, sino de los efectos concretos de su regulación legal. La 
naturaleza jurídica de la legítima vasca de los descendientes no puede ni debe ser un 
obstáculo para el ejercicio de las facultades concedidas por el testador al comisario -que 
también es legitimario- en un ordenamiento en que el principio de libertad civil, la 
presunción  del  carácter  dispositivo  de  sus  normas  -con  la  consiguiente  y  obligada 
interpretación restrictiva de los preceptos limitativos de la autonomía de la voluntad- y 
singularmente el principio pro comisario están expresa y destacadamente explicitados en 
el texto legal en disposiciones con una clarísima vocación expansiva. Resulta lógico y 
sensato concluir que pudiendo el testador entregar la legítima a los descendientes por 
cualquier título, sin poder exigir éstos la entrega de bienes de la herencia ni existir una 
garantía o afección real a favor de los herederos presuntos; facultar al comisario para 
instituirse heredero si así lo desea, retrasar hasta el fallecimiento de éste último la 
elección de legitimario y la entrega de los bienes correspondientes, etc., el pretendido 
carácter pars valoris bonorum de la legítima vasca no encaja con la realidad legal. De 
hecho, este notario recurrente no es original en este punto, no hace sino parafrasear las 
críticas formuladas por buena parte de la doctrina a la modificación del art. 831 CC  s
operada en 2004, por su mal encaje con el sistema sucesorio del Código Civil. oe.
En cualquier caso y a efectos puramente dialécticos, si contra todo lo argumentado  w.
se concluyese que la legítima vasca es una «pars valoris bonorum», lo procedente no  00ww
sye arí ain esxtaignirc ilaa  idnete rcvueanlqciuóine rd ien tleorse lseagditoim oa rdioes ,o sfiicnioo  a-demstioti rú eltli mejoe rceisc iod idsceul tpiboldee, ry tae sqtauteo riloa 
Lcoeny  l5a/ 2m0e1n5c igóuna lredgait ismilaerniaci oa  qeune e ssete r epfuienrteo -e,l  ianrstíccruibloir  1lo5s d bei elan eLse ya H nipoomtebcrea rdiae.l heredero,  BOE-A-cable e
4.  Las  reservas  hereditarias  como  protección  adicional  de  los  derechos  de 
determinados descendientes. El capítulo quinto del título II de la Ley 5/2015 contiene 
«disposiciones comunes a las distintas formas de suceder», que permiten atemperar o 
prevenir  posibles  disfunciones  que  podrían  ocurrir  en  determinados  casos 
potencialmente  conflictivos.  Resulta  particularmente  importante  a  los  efectos  del 
presente recurso la reserva en favor de los hijos de cónyuge o pareja de hecho fallecido 
recogido en el artículo 120. Reserva a favor de los hijos del cónyuge o miembro de la 
pareja de hecho fallecido. Aunque, dadas las circunstancias del caso no resulta verosímil 
que pueda darse alguno de los presupuestos de hecho para que nazca la reserva, 
interesa subrayar que, en primer lugar, no sólo los cónyuges no han excluido la reserva 
sino que constituye un supuesto de extinción del poder testatorio establecido en el propio 
testamento  mancomunado,  compatible  con  la  facultad  atribuida  al  supérstite  para 
instituirse heredero del premuerto, lo cual constituye un argumento adicional en favor de 
la protección ex post de los descendientes legitimarios y únicamente a su instancia 
cuando concurran en la herencia con el viudo comisario, máxime cuando es el otro 
progenitor de los descendientes.
5.  Conclusiones:  1.ª  El  comisario  facultado  por  el  testador  puede  instituirse 
heredero.  2.ª  Los  legitimarios  descendientes  del  causante  tienen  claramente 
delimitadas en la Ley del Derecho Civil Vasco sus facultades y acciones en orden a la 
defensa  de  sus  derechos,  que  deben  ejercitarse  siempre  en  vía  judicial.  3.ª  La 
naturaleza que doctrinalmente se atribuya a la legítima vasca no puede tener incidencia 
en lo que el legislador vasco ha decidido en ejercicio de sus competencias, atribuyendo a 
los legitimarios facultades y acciones distintas a las atribuidas expresamente por la ley. 
4.ª  En consecuencia, no es exigible a los efectos de otorgamiento de escritura pública e 
inscripción registral, la acreditación fehaciente del conocimiento en la formación del 
inventario, su no oposición, ni su consentimiento para el ejercicio de las facultades 
fiduciarias  por  el  cónyuge  viudo  comisario  del  consorte.  5.º  En  caso  de  que  se 
entendiera que la legítima vasca fuera una pars valoris bonorum, en ningún caso sería 
exigible  el  consentimiento  de  los  legitimarios  para  obtener  la  inscripción,  pudiendo 
practicarse  con  la  mención  legitimaria  a  que  hace  referencia  el  art.  15  de  la  Ley 
Hipotecaria.
V
Mediante escrito con fecha de 10 de marzo de 2020, la registradora de la Propiedad 
emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada 
el mismo día).
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9.8, 16.1, 806, 831 del Código Civil; Exposición de Motivos, 3, 4, 
9, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 46, 47, 48,49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 140 y 142 y 
siguientes de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco;18 y 19 bis de la Ley 
Hipotecaria; 479 del Código de Derecho Civil Foral de Aragón; 243 de la Ley de Derecho 
Civil de Galicia; Resoluciones de 25 de septiembre de 1987, 13 de enero de 2006, 13 de 
abril de 2009, 13 de abril, 21 de septiembre, 4 de marzo y 16 de octubre de 2015 y 28 de 
marzo, 5 de abril y 2 de agosto de 2016, y 9 y 16 de marzo, 9 y 12 de junio y 12 de julio 
de 2017, y 5 de julio, 17 de septiembre, 31 de octubre y 29 de noviembre y 20 de 
diciembre de 2018, 27 de febrero y 4 de julio de 2019. e.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de  00ww
faadlljeucdeic aecl idóína  d3e d hee orectnucbiare e dne l a2 0q1u9e,  econn ecsutrardeon  dlaes  ccairscaudnos tya ndcei acsu ysoig muiaetnrtimeso: neiol  cdaeujas atnretes 
haigjooss;t oe nd es u2 0ú1lt7im, od itsepsutasmieeronnto  lom asnigcuoimenutnea: do« Pjruimnteor ac.o nA msub oess peosspao,s odse  fseec hnao m29b radne 
recíprocamente comisarios de su herencia, de manera que el sobreviviente, mientras
permanezca  viudo,  no  conviva  maritalmente  con  otra  persona  o  tenga  un  hijo  no 
matrimonial, salvo acuerdo unánime de los hijos comunes, ostentará la facultad vitalicia 
de ordenar la herencia del causante, distribuyendo libremente sus bienes, derechos, 
acciones, obligaciones, cargas y deudas entre sus descendientes comunes. Segunda. 
En uso de sus facultades, el cónyuge comisario, podrá, entre otros, nombrarse a sí 
mismo heredero del premuerto y/o adjudicarse bienes y derechos libremente, sin más 
límites que los establecidos por la citada Ley 5/2015 del Parlamento Vasco. Tercera. 
Para el caso de fallecer ambos sin hacer uso de la facultad contenida en la cláusula 
primera, instituyen herederos por partes iguales a sus dos (sic) citados hijos G, P y MAG 
a quienes sustituyen para los casos de premoriencia, conmoriencia o incapacidad para 
heredar por sus respectivos descendientes, operando el derecho de acrecer en caso de 
no haber descendencia»; en la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, la 
viuda, como única otorgante y en su calidad de comisaria, haciendo uso del poder 
testatorio conferido por su difunto esposo, se nombra a sí misma heredera universal del 
mismo y acepta la herencia; en su calidad de «comisaria de la herencia de su esposo y 
de heredera universal de éste», manifiesta «bajo su responsabilidad que la obligación de 
pago  de  las  legítimas  de  los  descendientes  se  ha  cubierto  sobradamente  con  las 
donaciones que el causante les hizo en vida»; por último, se adjudica la totalidad de los 
bienes descritos en la parte expositiva de esta escritura, una mitad por su participación 
en la sociedad de gananciales y la otra en su condición de heredera del causante.
La registradora señala tres defectos: 1. Que el modo en que la viuda ejercita el poder 
testatorio,  nombrándose  ella  misma  heredera  universal,  sobrepasa  los  límites  que 
impone la ley de Derecho Civil Vasco; que estos límites, son el respeto a la legítima y no 
basta la manifestación que se realiza de haber sido «sobradamente satisfechas las 
legítimas de los descendientes por las donaciones que el causante les hizo en vida», sin 
que se recoja la identificación y valoración de las mismas; que la fijación del valor de los 
bienes en el caso de existir poder testatorio, se hará por el comisario sólo si no tuviese 
interés en la sucesión; que siendo tres los hijos del causante, la ley obliga a la heredera, 
y en su caso al comisario, a transmitir la legítima a los legitimarios, pudiendo elegir uno o 
varios y apartar a los demás de forma expresa o tácita. 2. Que la viuda liquida la 
sociedad  de  gananciales  por  sí  sola;  que  esta  liquidación  no  se  puede  realizar 
unilateralmente, sino que es preciso el concurso de los herederos del causante; que, 
aunque la Ley de Derecho Civil Vasco contempla la autoadjudicación de bienes por el 
cónyuge viudo comisario para el caso de régimen de comunicación foral de bienes, no lo 
hace en el supuesto de la sociedad de gananciales. 3. Que la naturaleza de la legítima 
foral vasca sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum» y, en consecuencia, la 
existencia de legitimarios implica la necesaria intervención de los mismos en la partición.
El notario recurrente alega lo siguiente:
– En cuanto al primero de los defectos señalados, que las normas de derecho 
sucesorio  vasco  son  dispositivas,  marcan  un  principio  de  libertad  civil  y  que  la 
interpretación de la voluntad del causante prevalece sobre las normas, de manera que 
las disposiciones no pueden ser interpretadas como una restricción de la facultad del 
comisario de hacer todo aquello que habría podido hacer el causante y éste no le haya 
prohibido; que de la ley se deducen varias conclusiones clarísimas en relación con las 
facultades del comisario: a) que el comisario puede hacer todo aquello que la ley permite 
hacer  al  testador  y  éste  no  le  haya  prohibido.  b)  que  para  que  el  comisario  esté 
legitimado para realizar un acto no es necesario que la ley lo autorice expresamente. c) 
que el ámbito de las facultades naturales del comisario, se amplían considerablemente  e.
cuando  se  trata  del  cónyuge  viudo.  d)  que  de  la  voluntad  del  testador/comitente,  w.b
expresada en la forma que la ley establezca, prevalece siempre frente al precepto legal  00ww
icnosntittruairrisoe.  ere) cqípureo,c eanm eenl ttee shtearmeednetroo sm, adnec momanuenraad qou, ea melb eojse rccóicniyou dgeels p soed efar cteuslttaartoonri op aleras 
pcoenrm siute p arodpjuiod ipcaartrsiem olonsi ob,i eanuens c doen  leal  lhímerieten cdieal  yv aalsour mdeir  lloa sh edreeuddaadso .respondiendo de ellas
– En cuanto al segundo de los defectos, que el ejercicio del poder testatorio para 
disponer de bienes concretos de la sociedad postmatrimonial, no exige ni implica su 
liquidación; que la ley contempla la autoadjudicación de bienes por el cónyuge viudo 
comisario, -sin liquidación de la sociedad conyugal-, no solo para el caso de régimen de 
comunicación foral de bienes sino también para el de sociedad de gananciales; que la 
autoadjudicación,  responde  a  la  necesidad  de  resolver  un  problema  de  choque  de 
legitimidades cuando todos los bienes de los cónyuges, privativos y gananciales se 
convierten en postgananciales, y la misma solución deberá ser aplicada cuando sólo 
devienen postgananciales los que, vigente el matrimonio, tenían carácter ganancial; que 
el comisario viudo sujeto al régimen legal de gananciales del Código Civil, salvo que el 
testador comitente hubiera dispuesto lo contrario, está perfectamente autorizado para 
hacer adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos o particiones, incluso cuando 
tengan por objeto bienes que formen parte de la sociedad conyugal sin liquidar y que los 
límites para el ejercicio de tales facultades serán los que determine la ley sucesoria; que 
en el caso de que fuera precisa la liquidación de la sociedad de gananciales habrían de 
hacerla, en su caso, el cónyuge viudo y los herederos del premuerto y de haber sido 
nombrada  heredera  la  viuda,  agotaría  el  poder  de  disposición  sobre  el  patrimonio 
postganancial.
– En cuanto al tercero de los defectos, el notario recurrente alega, además de lo 
expresado en su recurso contra los otros dos, que en caso de que se entendiera que la 
legítima vasca fuera una «pars valoris bonorum», en ningún caso sería exigible el 
consentimiento de los legitimarios para obtener la inscripción, pudiendo practicarse con 
la mención legitimaria a que hace referencia el art. 15 de la Ley Hipotecaria.
2.  El primero de los defectos señalados es que el modo en que la viuda ejercita el 
poder testatorio, nombrándose ella misma heredera universal, sobrepasa los límites que 
impone la ley de Derecho Civil Vasco y que siendo estos límites el respeto a la legítima, 
no basta la manifestación que se realiza de haber sido «sobradamente satisfechas las 
legítimas de los descendientes por las donaciones que el causante les hizo en vida», por 
lo que debe recogerse la identificación y valoración de las mismas; que al existir poder 
testatorio, la fijación del valor de los bienes, se hará por el comisario sólo si no tuviese 
interés en la sucesión, pero, que siendo tres los hijos del causante, la ley obliga a la 
heredera, y en su caso al comisario, a transmitir la legítima a los legitimarios, pudiendo 
elegir uno o varios y apartar a los demás de forma expresa o tácita.
El artículo 30 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco establece lo 
que supone una clara excepción al carácter personalísimo del testamento: «Sucesión por 
comisario. El testador puede encomendar a uno o varios comisarios la designación de 
sucesor, la distribución de los bienes y cuantas facultades le correspondan en orden a la 
transmisión sucesoria de los mismos». Esto se completa y configura con el artículo 33.1 
del mismo texto legal: «El comisario desempeñará su cargo conforme a lo establecido 
expresamente por el comitente en el poder testatorio, que no podrá modificar bajo ningún 
concepto; y, en su defecto, tendrá todas las facultades que correspondan al testador 
según  esta  ley  y  el  derecho  supletorio.».  Estos  preceptos  consagran  el  principio 
fundamental  del  imperio  de  la  voluntad  del  testador-comitente  manifestada  en 
testamento ante notario, pacto sucesorio o capitulaciones matrimoniales y a falta de lo 
anterior lo que disponga la ley. Cohonestan estas normas con lo recogido en la «Sección 
cuarta. De la sucesión por comisario», que, en el artículo 46 establece lo siguiente: «La 
voluntad del testador como criterio de interpretación. La voluntad del testador prevalece 
siempre en la interpretación y aplicación de las normas de esta sección.». Esto nos lleva  e.
a la conclusión, como bien alega el recurrente, de que, en el Derecho sucesorio vasco,  w.b
las normas tienen un inequívoco carácter dispositivo, corolario necesario del principio  00ww
gimepneerraatli vdidea ldib eyr tando  caiv ipl, reqsuuep eosn efrulae.n tEe nd eel sdee rseecnhtoid oc,i viel l vaasrtcícou, loq u4e  odbel iglaa  aL epyr o5b/a2r0 1s5u 
etrsatdaibciloencea l qeune e «l EDle prericnhcoip cioiv dil ev alisbceort,a lads c lievyil.e sD ese a pcrueesrudmo ecno nd iespl opsriinticviapsio ( .d..e)» l.ibertad civil,
En consecuencia, las normas no pueden ser interpretadas como una restricción de la 
facultad del comisario para hacer todo aquello que habría podido hacer el causante y 
éste no le haya prohibido (art.43.1); y del poder testatorio resulta que se confieren al 
comisario las mismas facultades que tiene el testador.
El comisario tiene las mismas facultades que el testador en orden a organizar la 
sucesión, y su capacidad jurídica y ejercicio del poder testatorio solo se limita en normas 
concretas de la Ley 5/2015. Así, el artículo 32.3 establece que «Salvo disposición en 
contrario  del  testador,  el  comisario  no  podrá  establecer  fideicomisos  ni  hacer 
nombramientos  condicionales  de  sucesor  a  título  universal  o  particular,  ni  tomar 
decisiones tendentes a retrasar la designación de los sucesores y la adjudicación de los 
bienes.”; o en los “Límites del poder testatorio» del artículo 33.2: «2.  Si el testador ha 
indicado las personas entre las que el comisario ha de elegir, deberá éste atenerse a lo 
establecido en el poder. Si no hubiera ninguna indicación de este tipo, el comisario 
deberá elegir entre el cónyuge viudo, el miembro superviviente de la pareja de hecho y 
los herederos forzosos, y cuando se trate de bienes troncales solamente podrá elegir 
entre los tronqueros. 3.  A falta de herederos forzosos, el comisario podrá designar 
sucesores libremente».
En  el  supuesto  concreto  de  este  expediente,  la  viuda  tiene  unas  facultades 
amplísimas conferidas en el poder testatorio: «la facultad vitalicia de ordenar la herencia 
del causante, distribuyendo libremente sus bienes, derechos, acciones, obligaciones, 
cargas y deudas … el cónyuge comisario, podrá, entre otros, nombrarse a sí mismo 
heredero del premuerto y/o adjudicarse bienes y derechos libremente, sin más límites 
que los establecidos por la citada Ley…», de manera que, haciendo uso del poder 
testatorio conferido por su difunto esposo, se nombra a sí misma heredera universal del 
mismo, acepta la herencia y se autoadjudica los bienes del inventario, lo que ejercita 
conforme las facultades amplísimas anteriormente expuestas y la específica que le 
concede el artículo 35 de la misma Ley vasca, que versa sobre la autoadjudicación de 
bienes: «El comisario podrá adjudicarse a sí mismo los bienes que le hubiese atribuido el 
causante, así como aquellos que le corresponderían en caso de sucesión intestada o a 
falta de ejercicio del poder testatorio.» Por tanto, la designación hecha por la viuda-
comisaria  de  la  herencia  de  su  marido,  en  su  favor  como  heredera  del  mismo  y 
autoadjudicándose los bienes, está comprendida entre sus facultades.
Pero  señala  la  registradora  que  no  se  respetan  los  límites  establecidos  en  los 
artículos 59 y 60 de la Ley 5/2015, sin que baste la manifestación hecha por la comisaria 
bajo  su  responsabilidad  –«que  la  obligación  de  pago  de  las  legítimas  de  los 
descendientes se ha cubierto sobradamente con las donaciones que el causante les hizo 
en vida»-.
El artículo 59 se refiere al valor de las donaciones computables y colacionables, de 
manera  que  sólo  serán  colacionables  si  el  donante  así  lo  dispone  o  no  hace 
apartamiento expreso. Esta exigencia del artículo 59 de la Ley 5/2015, hay que ponerla 
en relación con los dispuesto en el artículo 34 del mismo texto legal, relativo a la 
realización de inventario por parte del comisario. «1.  En el plazo de seis meses desde 
que, fallecido el testador, tenga el comisario conocimiento de su designación, deberá 
realizar  un  inventario  de  todos  los  bienes,  derechos,  cargas  y  obligaciones  de  la 
herencia, de cuyo contenido deberá dar cuenta a los presuntos sucesores, quienes, una 
vez transcurrido dicho plazo, podrán requerirle para que cumpla esta obligación. 2.  Si el 
comisario, pese al requerimiento, no cumple el deber de inventariar los bienes en el 
plazo de seis meses, el juez podrá acordar que se realice a su costa. 3.  Los presuntos  s
sucesores y los acreedores de la herencia podrán impugnar el inventario pidiendo la  oe.
inclusión de bienes omitidos o la revisión de su valoración.». En consecuencia, los  w.
presuntos sucesores, tienen amparados sus derechos por las acciones judiciales que la  00ww
lceoym leissa rciao,n cdeed em paanrear ala q rueev,i saió nfa dltea  ldoes  bimiepnuegsn ianccilounideoss,  eenl  ienlv iennvteanritoa rdioe beefe cctounasdiod eproarr slea 
válido.
El artículo 60, referido a la fijación del valor de los bienes en el caso de existir poder 
testatorio, establece lo siguiente: «Si hubiese poder testatorio, la valoración de los bienes 
para fijar la legítima se hará: 1. Por el comisario, si no tuviese interés en la sucesión. 2. 
Por el comisario, con el contador-partidor que el causante hubiese designado. 3. Por el 
comisario, con los sucesores presuntos. 4. Por decisión judicial”. En el supuesto de este 
expediente, la limitación del artículo 60 de la Ley 5/2015, se ve atemperada, dado que la 
comisaria es cónyuge del causante, por lo que se le reconoce en el artículo 37 del mismo 
texto  legal  una  cualificación  especial  como  representante  y  administradora  de  la 
herencia: «1. Mientras no se defiera la sucesión y la herencia sea aceptada, será 
representante y administrador del caudal la persona que el testador hubiere designado 
en su testamento, con las facultades que le atribuya y las garantías que le imponga. 2. A 
falta de designación, representará y administrará la herencia el cónyuge viudo o miembro 
superviviente de la pareja de hecho, y en defecto de éste, el propio comisario». De esta 
forma, hasta la designación por la comisaria, de quienes sean los herederos y quienes 
sean apartados en su caso, la representación y administración de la herencia será de la 
viuda, que, además, se ha designado heredera en su condición de comisaria. A esto 
añadir que, en este supuesto concreto, se ha señalado un plazo vitalicio para el ejercicio 
del poder testatorio, por lo que el artículo 41 de la Ley vasca acentúa más el poder de la 
viuda comisaria: «1. El testador podrá señalar plazo para el ejercicio del poder testatorio. 
Cuando se designe comisario al cónyuge o miembro de la pareja de hecho, el plazo 
podrá serle conferido por tiempo indefinido o por los años que viviere. (...) 3. El cónyuge 
viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho designado comisario es, salvo 
disposición en contrario del testador, el representante, administrador y usufructuario del 
patrimonio hereditario, carácter que mantendrá incluso después de haber hecho uso del 
poder».
Así pues, ante estas facultades tan amplias, la viuda comisaria ha ejercido su poder 
testatorio y, aún más, puede hacer la designación de los herederos definitivos y, en su 
caso, el apartamiento expreso o tácito. En consecuencia, se ha de revocar este defecto 
señalado en la nota de calificación.
3.  El  segundo  de  los  defectos  señala  que  la  viuda  liquida  la  sociedad  de 
gananciales por sí sola; que esta liquidación no puede realizarse unilateralmente, sino 
que es preciso el concurso de los herederos del causante; que, aunque la Ley de 
Derecho Civil Vasco contempla la autoadjudicación de bienes por el cónyuge viudo 
comisario para el caso de régimen de comunicación foral de bienes, no lo hace en el 
supuesto de la sociedad de gananciales.
En primer lugar, en cuanto a la sociedad conyugal de comunicación foral de bienes, 
el artículo 140 de la Ley 5/2015 recoge la norma general: «Disolución por muerte de uno 
de los cónyuges, dejando hijos y descendientes comunes. Cuando el matrimonio se 
disuelva por la muerte de uno de los cónyuges, dejando hijos o descendientes comunes, 
se consolida la comunicación foral y se transforma en comunidad de bienes entre el 
cónyuge  viudo  de  una  parte,  y  los  hijos  o  descendientes  que  sean  sucesores  del 
premuerto, de otra, hasta la división y adjudicación de los bienes.» Y el Artículo 142 de la 
Ley  5/2015  establece,  para  el  supuesto  de  comisario  nombrado,  lo  siguiente: 
«Autoadjudicación de bienes por el cónyuge viudo comisario. 1. Por excepción a lo 
dispuesto en el artículo 140, el cónyuge viudo nombrado comisario, podrá adjudicarse la 
mitad de todos y cada uno de los bienes, dejando la otra mitad para la sucesión del 
premuerto, sin perjuicio de las reservas sucesorias. 2. En el caso de que exista contador-
partidor designado por el causante, el cónyuge comisario, conjuntamente con el contador  s
partidor, podrá llevar a cabo la disolución y liquidación de la comunidad constituida, en la  oe.
forma prevista en el artículo 144, quedando en la sucesión del causante los bienes  w.
adjudicados a la misma. Igualmente, lo podrá realizar con los sucesores presuntos o, en  00ww
otroA claesgoa,  peol rn doetacriisoió rne cjuudrriceinatle a  qsuue i nessta nucniaa »m.odalización del artículo 831.1 del Código
Cpeivciul lciauryidaa daepsli cadceiló ns,i ssteema ad es ufcoermsoar iod irveacstac oo  rseuspulletato riinad, isdceubtiidbalem: e«n1te.  Nadoa potbasdtaa nate  lalos   BOE-A-cable e
dispuesto en el artículo anterior, podrán conferirse facultades al cónyuge en testamento 
para que, fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes 
comunes  mejoras  incluso  con  cargo  al  tercio  de  libre  disposición  y,  en  general, 
adjudicaciones  o  atribuciones  de  bienes  concretos  por  cualquier  título  o  concepto 
sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad 
conyugal disuelta que esté sin liquidar».
Las facultades del comisario vasco, así como las del poder testatorio, superan 
notablemente, las facultades del fiduciario del artículo 831 del Código Civil, resultando 
del artículo 32 de la Ley 5/2015 lo siguiente: «Capacidad jurídica y ejercicio del poder 
testatorio. (...) 3. Salvo disposición en contrario del testador, el comisario no podrá 
establecer  fideicomisos  ni  hacer  nombramientos  condicionales  de  sucesor  a  título 
universal o particular, ni tomar decisiones tendentes a retrasar la designación de los 
sucesores y la adjudicación de los bienes»; y del artículo 33, que, como hemos visto 
antes, el comisario tiene amplísimas facultades pudiendo desempeñar el cargo conforme 
a lo establecido expresamente por el comitente en el poder testatorio, y, en su defecto, 
tendrá todas las facultades que correspondan al testador según la ley y el derecho 
supletorio. Por último, el artículo 43 recoge el ejercicio del poder testatorio: «1.–El 
comisario podrá ejercitar el poder testatorio por acto inter vivos o mortis causa en 
testamento ante notario o por pacto sucesorio, a título universal o singular, sin más 
limitaciones  que  las  impuestas  por  la  ley  al  testador.».  En  parecidos  términos,  el 
artículo 166 de la derogada Ley 3/1992, del Derecho Civil Foral del País Vasco en la 
redacción de la Ley 3/1999 relativa al Fuero Civil de Guipúzcoa, para la provincia de 
Guipúzcoa  establecía  que  «1.  El  comisario  desempeñará  su  cargo  conforme  a  lo 
establecido por el causante. 2. En otro caso, ostentará las mismas facultades, incluidas 
las opciones de este Fuero, que hubieran correspondido al causante. Sin embargo, el 
comisario no podrá revocar en todo o en parte el testamento de éste si no hubiere sido 
expresamente autorizado para ello».
En definitiva, si así lo estableciera el testador -lo que ocurre en este expediente-, el 
comisario podrá designar herederos, apartar, y realizar cualquier tipo de atribuciones tal 
cuál si se tratase del causante, sin más limites que los que resulten del testamento y no 
puede revocar en todo o parte ese testamento salvo que estuviese autorizado para ello.
Así pues, aunque participan estas instituciones de delegación o encargo de la misma 
naturaleza,  no  se  conceden  las  mismas  facultades  fiduciarias  al  delegado  del 
artículo 831 del Código Civil que al comisario testamentario de derecho vasco, de 
manera que este último se aproxima más al heredero de confianza navarro o al catalán, 
que tienen esas prerrogativas de designar heredero y no se ven limitados por el rigor de 
una  legítima  pars  bonorum,  de  manera  que  pueden,  sin  necesidad  de  apartar 
expresamente a los legitimarios, adjudicar la totalidad de los bienes de la herencia en la 
forma  que  tengan  por  conveniente.  Estas  facultades  no  las  tiene  el  fiduciario  del 
artículo 831 del Código civil, que debe respetar las legítimas que correspondan y, desde 
luego, las disposiciones del testador.
Señala  la  registradora  que  la  facultad  de  autoadjudicación  está  limitada 
exclusivamente para el caso de régimen de comunicación foral de bienes, pero que la ley 
no lo contempla en el supuesto de la sociedad de gananciales.
Pues bien, el artículo 35 de la Ley 5/2015 permite al comisario la autoadjudicación de 
bienes  que  le  hubiese  atribuido  el  causante  sin  hacer  distinción  entre  comunes  y 
privativos, lo que cohonesta con la facultad del artículo 43 del mismo texto legal, de 
ejercer el poder testatorio sin más limitaciones que las impuestas por la ley al testador. s
Por otra parte, como bien alega el notario recurrente, el ejercicio de las facultades  oe.
derivadas del poder testatorio puede ser realizado en uno o varios actos (artículo 42 de  w.
la Ley 5/2015), y el comisario podrá ejercitar el poder testatorio, por acto inter vivos o  00ww
sminogrtuisla rc a(aurstíac uelon  4t3e sdtea mlae Lnetoy  5a/n2t0e1 5n)o. tEanri od eof inpitoivr ap, aucntaos  sfauccuelstaodrieos,  aam tpítluísloim uans.iversal o
los Rcóencyaupgiteusla nsdeo ,c loan sLoelyid 5a/ 2la0 1c5o dmisupnoicnaec ieóxnp rfeosraalm ye nstee  qtruaen saflo framllae ciemni ecnotom udnei duando  ddee   BOE-A-cable e
bienes entre el cónyuge viudo de una parte y los sucesores de otra; el cónyuge viudo 
nombrado comisario, podrá adjudicarse la mitad de todos y cada uno de los bienes, 
dejando la otra mitad para la sucesión del premuerto; el comisario desempeñará su 
cargo conforme a lo establecido expresamente por el comitente en el poder testatorio y 
con amplísimas facultades; el comisario tiene todas las facultades que correspondan al 
testador según la ley y el derecho supletorio; puede ejercitar el poder testatorio por acto 
inter vivos o mortis causa en testamento ante notario o por pacto sucesorio, a título 
universal o singular, sin más limitaciones que las impuestas por la ley al testador; siendo 
que  el  artículo  35,  en  la  autoadjudicación,  no  distingue  entre  bienes  privativos  y 
comunes, y pudiendo ejercer el poder testatorio tanto inter vivos como mortis causa y 
tanto a título universal como particular, aplazándolo en el tiempo. La conclusión es que la 
facultad de autoadjudicación no se limita solo a la comunicación foral de bienes y cabe 
también en la sociedad de gananciales. En consecuencia, se ha de estimar el recurso en 
cuanto al segundo de los defectos señalados.
4.  El tercero de los defectos señalados, es que la existencia de legitimarios implica 
la necesaria intervención de los mismos en la partición. La registradora señala que, 
aunque colectiva, la naturaleza de la legítima foral vasca sigue manteniéndose como 
«pars valoris bonorum» y, en consecuencia, la existencia de legitimarios implica la 
necesaria intervención de los mismos en la partición. El recurrente alega que se trata de 
una legitima de naturaleza «pars valoris», lo que la equipara a un derecho de crédito, y 
hace un estudio pormenorizado de antecedentes históricos y argumentos que ya se 
plantearon en anterior recurso en el que se abordó la misma cuestión, así como su 
desacuerdo con la doctrina del Centro Directivo en esta materia; que en caso de que se 
entendiera que la legítima vasca fuera una «pars valoris bonorum», en ningún caso sería 
exigible  el  consentimiento  de  los  legitimarios  para  obtener  la  inscripción,  pudiendo 
practicarse  con  la  mención  legitimaria  a  que  hace  referencia  el  art.  15  de  la  Ley 
Hipotecaria.
La Dirección General de Registros y del Notariado ha sentado su criterio sobre esta 
cuestión anteriormente, en Resolución de 4 de julio de 2019, y, en aquella ocasión, ante 
los mismos argumentos y alegaciones que ahora recoge el escrito de recurso, concluyó 
que la legítima en el Derecho civil común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos 
españoles) se configura como una «pars bonorum» y se entiende como una parte de los 
bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en 
ciertos supuestos, reciba su valor económico. De ahí que, en Derecho civil común, se 
imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de 
bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de 
estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima.
La citada resolución puso de relieve lo siguiente:
«El registrador concluye, a la vista de esta doctrina, en el carácter "pars bonorum" de 
la legítima reconocida al cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho 
inscrita,  pero  que  aunque  la  Ley  5/2015  no  se  pronuncia  expresamente  sobre  la 
naturaleza  jurídica  de  la  legítima  vasca  de  los  descendientes,  sostiene  que  hay 
determinaciones  que  impiden  calificar  como  meros  acreedores  del  heredero  a  los 
descendientes legitimarios: que se considera como una limitación a la libertad de testar 
(título segundo, capítulo segundo, sección primera) y se define como una cuota sobre la 
herencia (artículo 48.1); que se dice que el causante está obligado a "transmitir" al 
legitimario (artículo 48.2), a diferencia de la "parte de libre disposición de la herencia" a 
que se refieren sus artículos 56 y 57; que el legitimario es denominado "heredero  e.
forzoso" (por ejemplo, en los artículos 33.2, 51.2 y 51.3) o, con mejor técnica, "sucesor  w.b
forzoso" (artículos 56.1 y 58); que el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja  00ww
ddoes h teecrhcoio se sd dee lfoinsi dboie cnoems od e"ul scuafurusactnutaer i(oa"r,t íncou lod e5 c2r)é; dqiutoe  anlgou hnaoy s nininog duen ala c maliitfaicda oci ódne  dloesl 
lleeg citoimrreasripoo cnodme od eascirgeneadro sr udceels hoer,r eddisetrroib;u qiru leo se xbiisetnieensd doe le lag ithimeraerniocsia,  eyl  ccuoamnitsaasr ifoa,c au lqtaudieens 
se le atribuyan en orden a la transmisión sucesoria de los mismos, no podrá designar
sucesores a otras personas (artículo 33.3); que al menos un legitimario con plena 
capacidad de obrar es llamado (por el artículo 43.5) a consentir los actos de enajenación 
a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de 
hecho designado comisario representante y administrador del patrimonio hereditario, 
cuando  aquellos  se  refiriesen  a  bienes  inmuebles,  empresas  y  explotaciones 
económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos; que los artículos 56 y 57 consagran 
unas normas sobre intangibilidad cualitativa de la legítima de los hijos o descendientes; 
que los apartados 2 y 3 del artículo 51 llevan aparejada la nulidad de las disposiciones 
sucesorias de contenido patrimonial, ineficacia que afecta incluso a terceros cuando hay 
lesión de la legítima colectiva de los descendientes; que si hubiese poder testatorio, la 
valoración de los bienes para fijar la legítima se hará, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 60, esto es, por el comisario si no tuviese interés en la sucesión, o por el 
comisario con el contador-partidor que el causante hubiese designado, o por el comisario 
junto con los sucesores presuntos, o por decisión judicial. (…)
(…) Concluye el notario recurrente en que, a la vista de esta doctrina, que ha sido 
recogida por la jurisprudencia del Tribunal Superior del País Vasco, la legítima foral 
vasca tiene la misma naturaleza que la de Aragón, esto es, que se trata de una legítima 
colectiva.
Pero esto, por sí solo, no le confiere la naturaleza de "pars valoris", por lo que el 
recurrente interpreta que la legítima vasca es una especie de «legítima colectiva de libre 
disposición por el testador, mediante el mecanismo del apartamiento que puede ser 
expreso o tácito» de manera que le nutra de los mismos efectos que la "pars valoris". 
Para ello, alega en el escrito de interposición, la esencia e importancia del apartamiento 
–incluido  el  tácito–,  como  forma  tradicional  e  histórica  que  se  trae  de  nuevo  a  la 
legislación  de  todo  el  País  Vasco,  lo  que  denomina  un  "sistema  de  cuño  propio", 
configurado como una legítima colectiva de libre elección por el causante entre los 
posibles  legitimarios  y  con  una  legítima  calculada  sobre  el  valor  económico  de  la 
herencia y que puede, en definitiva, atribuirse a título de herencia, legado, donación o de 
cualquier  otro  modo,  pero  que  no  supone  derecho  alguno  sobre  los  bienes  de  la 
herencia,  constituyendo,  en  todo  caso,  para  el  legitimario  elegido,  por  medio  del 
apartamiento expreso o tácito o para todos los legitimarios antes de producirse dicho 
apartamiento expreso o tácito, el derecho a recibir en el primero de los casos o, el de 
poder solicitar en el segundo, un tercio de ese valor económico como un derecho de 
crédito. En definitiva, el recurrente sostiene que se producen los mismos efectos de la 
legítima  "pars  valoris",  y  entre  ellos,  especialmente  el  de  la  no  necesidad  de  la 
intervención de los legitimarios –ya que a su juicio están tácitamente apartados– en la 
toma de posesión de la cosa legada por el legatario cuando ha sido autorizado para 
hacerlo por sí mismo (…)
(…) 6. Así pues, para la resolución de este expediente, hay que determinar la 
naturaleza de la legítima foral vasca. La legítima es definida en el artículo 48.1 de la 
Ley 5/2015 como "una cuota sobre la herencia, que se calcula por su valor económico, y 
que el causante puede atribuir a sus legitimarios a título de herencia, legado, donación o 
de otro modo". De otros artículos de la misma ley vasca, resultan los indicios de la 
naturaleza de esta legítima: "Son legitimarios los hijos y descendientes (…)" (artículo 47); 
"el causante está obligado a transmitir la legítima a los legitimarios (…)" (artículo 48.2); 
cuantía  de  la  legítima  (artículo  49);  sustitución  y  representación  de  los  legitimarios 
(artículo 50); en apartamiento y preterición de los legitimarios, "la preterición de todos los 
herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial";  s
(artículo  51.2);  regulación  de  la  intangibilidad  de  la  legítima  (artículo  56);  en  los  oe.
artículos 58 a 60 se articulan las normas para el cálculo de la cuota de legítima,  w.
resultando que no solo se toma en consideración el valor neto de la herencia (activo  00ww
mcaeunsoasn tpea (s"riveolic) tusmino"  mtaáms b"diéonn aetlu mva"l)o.r de ciertas donaciones otorgadas en vida por el
el leUgtiislilzaód oerl  lveagsiscloa:d o"lre dgeítli mCaó deigso l aC ipvoil rucnióan  tedrem binieonloegsí ad see mla ecjaunatle  eal  ltae sqtuaed oarh noora  puutielidzae   BOE-A-cable e
disponer (…)" (artículo 806); "(…) las dos terceras partes del haber hereditario (…)" 
(artículo 808); "(…) la mitad del haber hereditario de (…)" (artículo 809); regulación de la 
preterición con unos efectos no diametralmente distintos de los recogidos en la ley vasca 
(artículo 814), y un amplio abanico de normas de regulación del cómputo u cálculo de la 
legítima.
Alega el recurrente los antecedentes históricos para determinar la naturaleza de la 
legítima vasca. El legislador vasco, en el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de 
la Ley 5/2015, alude a esos precedentes, de los cuales resulta el mantenimiento de la 
legítima aun cuando se produce en la nueva Ley una reducción y atemperación de la 
misma, precisamente porque la mayor parte del territorio vasco –causan excepción las 
zonas de Fueros de Vizcaya y de Ayala–, tal como el de Guipúzcoa y Álava, se nutrió 
continuamente y vivió tradicionalmente el Derecho sucesorio de Castilla: «En cuanto a la 
sucesión  forzosa,  hay  grandes  divergencias  en  nuestro  Derecho  histórico  que 
convendría reducir en todo lo posible. El Fuero de Ayala mantiene la total libertad de 
testar que, dado el arraigo que esta libertad tiene en esa zona, se cree prudente 
mantener. Por lo demás, rige en muchos lugares el sistema de legítimas del Código Civil, 
salvo en Bizkaia, en la que la legítima, tomada de la Ley de Partidas que regía en 
Castilla, contraria a nuestra tradición, era de los cuatro quintos de la herencia, pese a 
que el Código Civil la hubiera reducido a dos tercios, uno de legítima estricta y el otro de 
mejora. El texto quiere establecer una legítima única de un tercio del patrimonio, para 
todo el País Vasco. Se estima que esta decisión es muy importante y contribuye mejor 
que cualquier otra a dar unidad al Derecho vasco y a aproximarlo a otras legislaciones 
europeas. La única salvedad es la que, una vez más, opera en el valle de Ayala, a fin de 
respetar su libertad absoluta de testar al otorgar testamento». En esta alusión a los 
precedentes históricos, no hay que olvidar que la zona de aplicación del Derecho Foral 
Vasco, en la historia, estuvo reducido a la zona del Señorío de Vizcaya –Bizkaia– 
excepto las doce villas no aforadas y el casco urbano de Bilbao, y a la zona de aplicación 
del Fuero de Ayala, siendo que no se aplicaba, además de las villas referidas, al resto de 
Álava y a Guipúzcoa.
En consecuencia, aunque se extiende la aplicación de la actual normativa vasca a la 
totalidad del País Vasco y se reduce y adapta el concepto de los derechos forzosos a la 
nueva legislación, por reminiscencia histórica, sigue existiendo una legítima, que siendo 
colectiva no es la puramente formal como la navarra; y, que conforme resulta de la 
Exposición de Motivos de la Ley 5/2015, solo se mantiene en su concepto de legítima 
formal, en la zona del antiguo Fuero de Ayala, para la que se recoge en el artículo 89.1 
de la Ley 5/2015 lo siguiente: "Los que ostenten la vecindad civil local ayalesa pueden 
disponer libremente de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren por testamento, 
donación o pacto sucesorio, a título universal o singular, apartando a sus legitimarios con 
poco o mucho". Pues bien, a la vista de este precepto, a diferencia del resto de las zonas 
forales del País Vasco -en las que continúa existiendo la legítima-, en la del Fuero de 
Ayala, cabe la disposición libre de los bienes sin límite de legítimas. De otra forma no se 
entendería la existencia de este articulado específico relativo a este Fuero. Así pues, los 
antecedentes históricos, que nos serviría para las zonas tradicionalmente sujetas a la 
legislación vasca, no pueden ser tenidos en cuenta para la naturaleza de una legítima 
aplicable a la totalidad del País Vasco.
Desde el punto de vista terminológico, en la Ley 5/2015, se recoge el término 
"herederos  forzosos"  o  el  de  "sucesores  forzosos"  en  numerosos  artículos:  el 
artículo 33.2 referido a las personas entre las que ha de elegir el comisario a falta de  s
otras designaciones del testador; el artículo 51.2, conforme el cual la preterición de todos  oe.
los herederos forzosos hace nulas las disposiciones sucesorias de contenido patrimonial;  w.
el artículo 51.3, que se refiere al heredero forzoso apartado expresa o tácitamente, para  00ww
lleag cítoimnsae crvoalecciótinv ad; ee ns uesl  adretírceucloh o5s6 .f1re, nrteeg ual atnedroce erons  ecl ucaanmdpoo  edl et elas tainmtaenngtoib illiedsaido ndee  slua 
dleisgpítoimsiac,i ólno,s a  enfoe cstoesr  qduee  slae as uas ftaitvuocrió dne  os ugcreasvoarmese nfo rqzuoes oes;x ceel daart ícduel ol a5 8p, aernte e ld qeu elib sree   BOE-A-cable e
consideran donaciones computables las hechas a favor de quien no sea sucesor forzoso; 
en el régimen del ejercicio del poder testatorio y las cautelas en favor de terceros, la 
necesidad de la intervención de "cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de 
obrar (…)". Y los referidos artículos 47 y 48, en los que se utilizan los términos "legítima" 
y "legitimarios" con semejantes parámetros a los del Código Civil. Solo la figura del 
apartamiento, sostiene las importantes diferencias.
7.  En cuanto a la pretendida consideración de la legítima foral vasca como un 
derecho de crédito, tan solo hay una aproximación a esta concepción en la Ley 5/2015, 
que es la recogida en el artículo 52.1, en el que se regula el derecho del cónyuge 
supérstite o de la pareja de hecho, y que define como «el derecho de usufructo de la 
mitad de todos los bienes del causante si concurriere con descendientes». De esto 
resulta que es calificado como un usufructuario de una cuota y no como un acreedor de 
los herederos. De la misma forma que ocurre con el Derecho Civil Foral de Aragón, 
paradigma de la legítima colectiva –cuya naturaleza es "pars valoris bonorum"–, en la 
Ley 5/2015 que también ha acogido esa forma de legítima, no existe ninguna mención a 
la calificación del legitimario como acreedor de los herederos. Ciertamente, que como 
sostiene el recurrente, en el artículo 479 del Código Civil de Derecho de Aragón, se 
recoge una norma especial para habilitar la posesión del legado, de manera que el 
legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, puede, por sí 
solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera inmueble, obtener 
la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura pública 
en que formalice su aceptación. Pues bien, precisamente porque la naturaleza de la 
legítima en Aragón, aunque colectiva, no es una "pars valoris", es por lo que el legislador 
aragonés ha introducido esta norma especial para la toma de posesión del legado, de 
manera que en ningún otro precepto de la ley foral aragonesa se califica la legítima 
aragonesa como de valor. Por otra parte, si el legislador vasco hubiera querido introducir 
una norma semejante, lo habría hecho.
El recurrente menciona una configuración del derecho del legitimario gallego, como 
un valor económico o crédito dentro de un sistema de legítima individualizada para cada 
uno de los herederos, que establece que el legitimario no tiene acción real para reclamar 
la legítima y será considerado a todos los efectos, como un acreedor (artículo 243 de la 
Ley de Derecho Civil de Galicia), de manera que en la norma vasca sería parecido, pero 
referido a la legítima colectiva. Pues bien, siendo un argumento consistente, lo cierto es 
que en la legislación vasca no existe norma semejante.
8.  Además, como recoge el registrador, hay otras situaciones contenidas en la 
Ley 5/2015, que alejan la naturaleza de la legítima vasca de la de un derecho de crédito: 
que al menos un legitimario con plena capacidad concurra a consentir los actos de 
enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge o pareja supérstite designado 
comisario representante y administrador del patrimonio hereditario cuando se refieren a 
bienes inmuebles, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos 
preciosos (artículo 43.5 de la Ley 5/2015). Esta disposición recuerda la necesidad de 
concurrencia  de  los  legitimarios  de  derecho  común  en  la  disposición  de  bienes 
administrados por el delegado con la facultad de mejorar del artículo 831 del Código 
Civil, en cuya versión de "fiducia sucesoria de derecho común", se aprecia el auténtico 
límite que supone la legítima "pars bonorum" a la delegación de la facultad d mejorar, a 
través de la necesidad de ese consentimiento de los legitimarios.
Alega a esto el recurrente que, la intervención del legitimario lo es para mantener la 
esencia de la legítima colectiva y que es por esto que, se exige la intervención de al  s
menos uno de los legitimarios. Así, esta concurrencia de al menos un legitimario para  oe.
esos actos de enajenación a título oneroso realizados por el cónyuge viudo o pareja  w.
supérstite designado comisario, representante y administrador, lo es a los efectos de  00ww
pcounetdroel  eyn pcoromteecncdióanr  (daert ílcau lleog 3ít0im) ap oarn etel  telasst aednoorr mla edse fsaigcnualtacidóens d dee sl uccoemsiosra, rliao ,d ais qtruibieunc iósen 
dmeis lmoso sb,i ecnoens  fyu nccuioannetass  ofa pcoudlteardeess  sseemane jannetceess aar ilaoss  pdaer au nla  hterarendsmerios iódne  scuocnefisaonrziaa .d Peu leoss   BOE-A-cable e
bien, efectivamente, la intervención de uno de los legitimarios junto con el comisario, 
supone una protección de la legítima colectiva, pero como complemento y protección de 
esa cuota de legítima ante las inmensas facultades del comisario hasta que no se 
produzca la designación del heredero o la distribución de los bienes (…).»
En el supuesto de aquél expediente, no se había instituido comisario y, por lo tanto, 
no era el caso ni esto convertía la legítima en un derecho de crédito. Pero en el presente 
expediente, se trata de un poder testatorio, en el que se ha nombrado comisaria a la 
viuda  y  se  le  concede  la  facultad  vitalicia  de  ordenar  la  herencia,  distribuyendo 
libremente  los  bienes,  pudiendo  en  uso  de  sus  facultades,  entre  otras  facultades, 
nombrarse  a  sí  misma  heredera  del  premuerto  y  adjudicarse  bienes  y  derechos 
libremente. En ejercicio de esas facultades, ella se ha designado heredera a sí misma, y 
está facultada para, a su vez, designar a los herederos o apartarlos, sin perjuicio de la 
mención a que se refiere el artículo 15 de la Ley Hipotecaria en favor de los presuntos 
legitimarios o del legitimario que en su momento designe la comisaria-heredera.
Así pues, recapitulando, la legítima foral vasca es colectiva, cabe el apartamiento de 
los legitimarios tanto de forma expresa como tácita, pero esto, como regla general, no 
significa, que el legitimario no apartado no pueda tener unos mecanismos de defensa 
para el amparo de su derecho, aunque sea mínimo, puesto que, aunque colectiva, la 
naturaleza sigue manteniéndose como «pars valoris bonorum». De ahí la mención a la 
que se refiere el artículo 15 de la Ley Hipotecaria.
No obstante, en este concreto expediente, se trata de un poder testatorio, la viuda ha 
sido designada comisaria con amplísimas facultades para designar herederos e incluso 
designarse heredera a sí misma, y, además, lo puede hacer durante toda su vida tanto 
por actos inter vivos como mortis causa, y, en definitiva, tiene las mismas facultades de 
apartamiento  que  el  testador,  lo  que  diferencia  este  supuesto  del  analizado  en  la 
Resolución de 4 de julio de 2019. En consecuencia, debe revocarse el defecto señalado.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar 
la calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 2 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.