BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 25 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 102908
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14192 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y las anomalías detectadas en materia de 
ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de 
fiscalización previa, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021 a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe  de  fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre  los  acuerdos  adoptados  con  omisión  del  trámite  de  fiscalización  previa, 
ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a:
– Establecer  las  medidas  necesarias  para  asegurar  una  dotación  de  efectivos 
suficientes de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de 
las  entidades  locales,  cuya  selección  corresponde  a  la  Administración  General  del 
Estado, y la Comunidad Autónoma debería impulsar la agrupación de puestos.
– Revisar  la  figura  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  el  marco 
presupuestario  actual,  emanado  de  la  Ley  47/2007,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos excepcionales en los que 
se ha aplicado, con la finalidad de impedir la utilización del reconocimiento extrajudicial 
de crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
la cual no está admitida en nuestro ordenamiento.
3.  Instar al gobierno de la comunidad a:
– Agilizar la celebración anual de concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las 
corporaciones locales siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, a 
efectos de asegurar una cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a 
funcionarios con habilitación nacional y así evitar los nombramientos accidentales, los 
puestos  vacantes  y  la  ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con 
habilitación nacional por acumulación.
4.  Instar a las entidades locales a:
– Implementar  procedimientos  de  gestión  en  relación  con  los  gastos  de  menor  es
cuantía y, en general, para garantizar el inicio de la tramitación de los expedientes de  bo
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura  192ww
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la prestación de los servicios a su cargo.
– Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que, 
amparándose en la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de la administración, 
originan recurrentemente, mediante la aplicación del procedimiento de reconocimiento 
extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de 
ejercicios anteriores –o incluso del propio ejercicio–, derivados de actos administrativos 
incursos en causas de nulidad.
– Evitar  el  desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control  interno,  que 
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS 
Nº 1.327 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS POR LOS INTERVENTORES LOCALES 
DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y LAS 
ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS 
ACUERDOS ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, 
EJERCICIO 2016 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora 
establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición 
y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
ha aprobado, en su sesión de 25 de junio de 2019, el INFORME DE FISCALIZACIÓN 
SOBRE  LOS  ACUERDOS  Y  RESOLUCIONES  CONTRARIOS  A  REPAROS 
FORMALIZADOS  POR  LOS  INTERVENTORES  LOCALES  DE  LAS  ENTIDADES 
LOCALES  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  LA  RIOJA  Y  LAS  ANOMALÍAS 
DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, EJERCICIO 
2016 y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en el artículo 
28 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
  INTRODUCCIÓN.  
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO. 
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.2.1.  Ámbito subjetivo. 
I.2.2.  Ámbito objetivo. 
I.2.3.  Ámbito temporal. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS. 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES. 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN. 
II.1.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN 
CON  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON 
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA 
GESTIÓN DE INGRESOS. 
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.2.  Entidades sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno. 
II.1.4.  Informes  sobre  la  aprobación  del  presupuesto,  modificaciones 
presupuestarias y liquidación del presupuesto. 
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos. 
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa. 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos. 
II.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE 
IMPORTE SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. 
II.2.1.  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. 
II.2.2.  AYUNTAMIENTO DE ALFARO. 
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA DE IREGUA. 
II.3.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO SOBRE 
UNA MUESTRA DE ENTIDADES. 
  CONCLUSIONES. 
  RECOMENDACIONES.  e.
ANEXOS  192www.
  
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 5 de abril de 2019 en La Rioja 
Cuadro  3.  Entidades respecto de las que se han remitido certificaciones negativas por 
tipo de entidad y tramo de población 
Cuadro  4.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población 
Cuadro  5.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Cuadro  6.  Acuerdos  contrarios  a  reparos  atendiendo  a  la  categoría  de  gasto  del 
expediente afectado 
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Cuadro  10.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo 
de población 
Cuadro  11.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve 
Cuadro  12.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Cuadro  13.  Representatividad de la muestra de expedientes 
Cuadro  14.  Expedientes con omisión de fiscalización. Ayuntamiento de Logroño 
Cuadro  15.  Muestra de expedientes. Ayuntamiento de Logroño 
Cuadro  16.  Facturas  de  mayor  importe  en  el  expediente  REC.PLENO  1/2016  del 
Ayuntamiento de Logroño 
Cuadro  17.  Facturas  de  mayor  importe  en  el  expediente  REC.PLENO  5/2016  del 
Ayuntamiento de Logroño 
Cuadro  18.  Muestra de expedientes analizados. Ayuntamiento de Alfaro 
Cuadro  19.  Ayuntamientos cuyo sistema de control interno se analiza 
Cuadro  20.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional y antigüedad en 
la última ocupación 
Cuadro  21.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal y nivel de ocupación 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
COSITAL  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
EBEP  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
EATIM  Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
EELL Entidades locales
FEMP  Federación de Española de Municipios y Provincias 
FHN  Funcionarios de habilitación nacional 
HAB Habitantes
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LPAC  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
LRSAL  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno 
MHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
OCEx  Órgano de Control Externo 
RCI  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local 
RJFHN  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPPFHN  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPT  Relación de Puestos de Trabajo 
TRLCSP  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  e.
TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  192ww
TRLRL  TLeegxtisol aretifvuon 2d/id2o0 0d4e,  Ddeis p5o dseic mioanrezso L egales vigente en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control del Sector 
público local, entre ellas, el artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). El número 3 de 
dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención de las entidades locales de 
remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano competente de 
dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas de manifiesto 
en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Esta obligación de remisión 
ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014.   
Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se dictó la “Instrucción que regula la remisión 
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a 
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa”, aprobada por 
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, y publicada por Resolución de la 
Presidencia de 10 de julio de 2015. En ella se establece que la remisión de dicha información deberá 
realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales y se 
determina el procedimiento a través del cual ha de llevarse a efecto. 
Esta obligación contribuye a fortalecer tanto el control interno como externo sobre la gestión 
económico-financiera del sector público local, cada uno respecto de su ámbito de competencias, lo 
que potencia los efectos de las diversas actuaciones que sobre las entidades locales se realizan, 
maximizando sus resultados.  
La información que han de remitir los órganos de Intervención pone de manifiesto las incidencias 
más significativas detectadas en el desarrollo de su actuación y permite efectuar una evaluación de 
riesgos, tanto de entidades, como de áreas en las que se reflejan las deficiencias o irregularidades e 
infracciones detectadas por los responsables del control interno de las entidades locales o puestas 
de manifiesto en el análisis de la información. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves en materia 
de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos,  reconocimiento  de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal, la 
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte 
preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la Intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
Estas circunstancias evidencian, por sí mismas, el especial interés que reviste realizar un análisis 
específico sobre la información enviada por los interventores locales, lo que motivó que el Tribunal 
de Cuentas incluyera en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 la “Fiscalización sobre los 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión 
del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control 
externo de las comunidades autónomas”. En él se determinaron, en relación con los referidos  es
ejercicios, los negocios y actos que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos, así como las  o
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materia en sus respectivos Programas de Fiscalización, elaborando y aprobando cada uno de ellos 
un informe relativo a las entidades locales sitas en el ámbito territorial en el que despliega su actividad 
fiscalizadora. De este modo, se efectuó un análisis de la materia más amplio y representativo, a la 
vez que homogéneo. 
El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 21 de diciembre de 2017, puso de 
manifiesto en sus conclusiones, entre otras cuestiones, la debilidad en los modelos de control interno 
implantados en gran parte de las entidades analizadas, además de destacar como áreas de mayor 
riesgo en relación con la aprobación de acuerdos contrarios a reparos y omisión de fiscalización 
previa, los expedientes de contratación y los gastos de personal.  
El alcance de las conclusiones recogidas en el referido Informe, el carácter anual de la obligación de 
presentar la referida información por los interventores, así como el interés de verificar el cumplimiento 
del deber que legalmente se les impone y de examinar el contenido de la información al objeto de 
determinar las modalidades de negocios y actos que dan lugar a acuerdos contrarios a reparos, así 
como las principales causas y los tipos de gasto que, con mayor frecuencia, se concluyen con omisión 
de la fiscalización previa, a la vez que las anomalías en materia de ingresos que se producen en el 
ámbito local, hacen que se haya considerado conveniente la realización de estas actuaciones 
fiscalizadoras. 
Con el objetivo de incrementar el alcance y profundidad del análisis del control interno -tanto en lo 
que se refiere al número de entidades examinadas, como a los diferentes aspectos objeto de 
análisis-, así como de fiscalizar un porcentaje mayor de acuerdos, resoluciones y expedientes, en 
esta  ocasión  se  han  incluido  en  el  Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  2018  distintos 
procedimientos fiscalizadores en la materia, relativos a las entidades locales de cada una de las 
comunidades autónomas sin OCEx –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región 
de Murcia-. Posteriormente se incorporó al referido Programa una fiscalización en la materia en 
relación con las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias1, como se explica más 
adelante. La realización de fiscalizaciones separadas permite reflejar las particularidades existentes 
en las entidades locales de cada una de las comunidades autónomas. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno de 
la Institución el 21 de diciembre de 2017, incluyó, en el Apartado III.5, entre las llevadas a cabo a 
iniciativa propia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
del Tribunal de Cuentas, la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados 
con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 
Esta fiscalización quedó enmarcada en el contexto del documento base del Plan Estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2017-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de junio de 
2017: en particular, en su Objetivo Estratégico 1. Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la 
actividad económico-financiera del sector público, en su objetivo específico 1.2. Fomentar 
buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas: medida 1 –Desarrollar 
fiscalizaciones  en  las  que  se  determinen  las  irregularidades  y  deficiencias  detectadas  en  la 
organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como los progresos y 
buenas  prácticas  de  gestión  observadas-;  medida  2  –Fiscalizar  las  áreas  con  mayores  es
incumplimientos o entidades que no rinden cuentas-; medida 3 -Fiscalizar actuaciones económico- o
frcieonnnad neiccli ieóTrnrai bsdu end aeclu  reeennle teavlsa e npjecoirrac  ilcayis o a edcnetut isadulaidsd aefudsn- ;pc iúmobneleidcsiad-s;a ,e  a4ns  s–í uIcm oopmbujoels tilavaro  m aecástxpuiemaccaíifo iccnooe lsa1 b.3do.irr Iaigdciediónantsi f idcaea  rfl oayms f iemsncitasamlirz aalasr    2021-14192n https://www.
1 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas del 28 de junio de 2018.
las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude 
y la corrupción: medida 1 –Desarrollar fiscalizaciones en aquéllos ámbitos en los que, a la vista de 
las actuaciones desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, pudiera apreciarse la 
existencia  de  irregularidades  que  pudieran  dar  lugar  a  la  exigencia  de  cualquier  tipo  de 
responsabilidad-; y en su objetivo específico 1.4. Incrementar las fiscalizaciones operativas; medida 
2 –Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno y a orientar la toma 
de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública y la ejecución de los 
programas de ingresos y gastos; y además, en su Objetivo Estratégico 2. Fortalecer la posición 
institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas. Estos mismos objetivos se 
recogen en el Plan Estratégico 2018-2021 del Tribunal de Cuentas, aprobado por el Pleno de la 
Institución el 25 de abril de 2018. 
Como ya ocurriera en la fiscalización realizada respecto de los ejercicios 2014 y 2015, todos los 
OCEx –excepto, como se ha señalado, la Audiencia de Cuentas de Canarias2-, han incluido en su 
programación para 2018 fiscalizaciones en este ámbito -bien específicas al efecto, bien en el marco 
de otras fiscalizaciones-, referidas a las entidades locales de los respectivos ámbitos territoriales en 
los que desarrollan su función fiscalizadora en relación con los acuerdos contrarios a reparos, con 
las  principales  anomalías  de  ingresos  y  los  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa 
correspondientes al ejercicio 2016. El Tribunal de Cuentas ha redactado unas pautas básicas que 
puedan servir de línea global de actuación, a fin de facilitar la homogeneidad en los trabajos 
fiscalizadores. El conjunto de todos los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas y los OCEx 
ofrece los resultados completos en relación con esta materia, además de que, como se ha señalado, 
el Tribunal de Cuentas incluye en el Informe del Sector Público Local, ejercicio 2016, un análisis 
agregado a nivel nacional.  
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
I.2.1.  Ámbito subjetivo
El ámbito subjetivo de la fiscalización viene constituido por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa a las que 
les resulta de aplicación el artículo 218.3 del TRLRHL. Están integrados en el ámbito subjetivo, por 
tanto, 174 ayuntamientos, 34 mancomunidades y cuatro entidades locales menores.  
I.2.2.  Ámbito objetivo
El ámbito objetivo comprende los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos que han de remitir 
los órganos de Intervención de las entidades locales, así como las demás información que han de 
presentar en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de Cuentas 
de 30 de junio de 2015. 
I.2.3.  Ámbito temporal
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 2016, 
sin perjuicio de que, para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos, se efectúen los 
análisis  y  comprobaciones  relativos  a  ejercicios  anteriores  o  posteriores  que  se  consideren 
relevantes. 
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO s
Se trata de una fiscalización horizontal, esencialmente de cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos a  bo
verificar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión  192ww
económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la materia
2 Dado el número de fiscalizaciones previstas en el Programa de Fiscalizaciones para 2018, la Audiencia de Cuentas de  BOE-A-cable e
Canarias manifestó que no le resultaba posible integrarse en esta iniciativa.
objeto de la misma. También constituye una fiscalización operativa en la medida en que se han 
examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades locales. 
Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 
1. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas sobre
los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con
omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de las entidades locales
del ámbito territorial sujeto a fiscalización.
2. Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos
formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las
principales anomalías de ingresos.
3. Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la
información remitida por los órganos de Intervención.
4. Detectar y analizar las áreas en las que se ponga de manifiesto de manera más significativa una
falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención
en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente se valorarán
aquellos ámbitos en los que sea más destacable una distinta tramitación por los órganos de las
entidades  locales  competentes  en  cada  caso,  de  los  acuerdos  contrarios  al  informe  de
Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.
Asimismo, en las Directrices Técnicas se preveía que se verificaría la observancia de la normativa 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia en todo aquello que, de 
conformidad con la misma, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
Los trabajos de esta fiscalización se han efectuado a partir del análisis de la información y 
documentación que los órganos de Intervención de las entidades que conforman el ámbito subjetivo 
han  remitido  a  través  de  la  Plataforma  de  Rendición  de  Cuentas  de  las  Entidades  Locales 
(www.rendiciondecuentas.es), en adelante, la Plataforma, en cumplimiento del artículo 218.3 del 
TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de 30 de junio de 2015, que comprende: 
- Información general sobre el control interno desarrollado en la entidad local durante el ejercicio.
- Información sobre los acuerdos adoptados en contra del reparo formulado por el órgano de
Intervención, así como de los expedientes concluidos con omisión de fiscalización previa y de las
principales anomalías de ingresos.
- Copias de los acuerdos y resoluciones y de los informes de Intervención, y, en su caso, del
informe justificativo de la unidad gestora de los expedientes de importe superior a 50.000 euros.
Se han fiscalizado todos los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes con omisión de 
fiscalización previa y las anomalías de ingresos remitidos por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de importe superior a 50.000 euros. Para ello, se ha examinado, fundamentalmente, la 
información remitida por los interventores a través de la Plataforma. Además, se ha solicitado 
información y documentación específica sobre aquellos aspectos que requirieron aclaraciones  es
adicionales.  o
Slaase p fhiesaccntao lseiz-xa acdmióeinn  auldinmoa i ttaammdaub eiépsnrter adv eiatd eeorm  dienena tdirdeaaqsd uáeisrsei,ta ossh  adbbeáilé scnicodonostsr oeyl   indctooetnranscoiidó e-nrré adgdeiom  espuna  drpaee  rcssoounn tarosl,el , leeanclctcraieón nco et rldooess    2021-14192n https://ww
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y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite 
de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo 
de las comunidades autónomas” que fue aprobado por el Pleno el 21 de diciembre de 2017. 
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones que 
ha considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, utilizando 
los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las Normas de 
Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 2013. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO
La normativa reguladora del régimen local, aplicable a lo largo del periodo objeto de la fiscalización, 
es principalmente la siguiente: 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título
Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos (RD 500/90).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), derogada, con efectos de 2 de octubre
de 2016, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)3.
- Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (LTAIPGB).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL).
En los párrafos siguientes se detalla el régimen jurídico en relación con los diferentes aspectos de la 
materia fiscalizada.  
Control interno en las entidades locales 
El ejercicio del control interno en el ámbito local se realiza mediante la función interventora -control  e.
de  legalidad  llevado  a  cabo  con  carácter  previo  a  la  realización  del  gasto-  y  el  control  w.b
t3r aEnl s9p oden emn arazl o odred e2n0a1m8i eennttoró  jeunrí dviicgoo r elas pLaeñyo l9 /l2a0s1 7D, irdeec t8iv daes  ndoevl iePmabrlraem, deen tCo oEnturraotopse od eyl  Sdeeclt oCr oPnúsbelijcoo ,2 p0o1r4 /la2 3q/UueE  sey   BOE-A-cable e
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
financiero -efectuado con posterioridad a la realización del gasto-, según disponen los artículos 213 
y siguientes del TRLRHL. 
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o 
gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Se encuentran exentos de intervención 
previa los contratos menores, gastos de material no inventariable, periódico y de tracto sucesivo, una 
vez fiscalizados los actos iniciales, así como otros gastos menores de 3.005,06 euros que, de 
acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.  
El Pleno de la entidad puede implantar un sistema de fiscalización limitada previa en virtud del artículo 
219.2 del TRLRHL. De acuerdo con este modelo, el Interventor extiende su control previo a la 
comprobación de la competencia del órgano al que se somete el gasto, a la adecuación y suficiencia 
de crédito y a otros aspectos que debe acordar el Pleno de la entidad local. Este sistema debe 
complementarse con un control posterior basado en técnicas de auditoría, cuyos resultados deben 
plasmarse en un informe dirigido al Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por objeto 
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades 
locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. Se 
señala  que  informará  acerca  de  la  adecuada  presentación  de  la  información  financiera,  del 
cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia 
en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de procedimientos de 
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, concluyéndose en un informe 
escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano auditado, remitiéndose al Pleno. En 
esta definición se incluye también el control posterior que debe realizarse, de acuerdo con el artículo 
219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la fiscalización limitada previa. 
Con carácter posterior al periodo fiscalizado fue objeto de aprobación el actual Reglamento de 
Control Interno (RCI), aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, cuya entrada en vigor se 
produjo el 1 de julio de 2018, dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 213 del 
TRLRHL, tras la modificación introducida por la LRSAL. Esta norma ha supuesto una importante 
novedad en la materia objeto de esta fiscalización al armonizar los procedimientos, alcance y técnicas 
a emplear en el control interno de las entidades del sector público local con las empleadas por la 
Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el vacío existente, en tanto, 
hasta su aprobación no existía en el ámbito local un desarrollo reglamentario en relación con la 
fiscalización interna de la gestión económico financiera. 
Formulación de reparos por el órgano de Intervención 
La formulación de reparos por el órgano de Intervención y los efectos de los mismos se regulan en 
los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. Así, se establece que si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
Estos reparos suspenderán la tramitación del expediente si afectan a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre y cuando la causa del reparo sea  e.e
insuficiencia de crédito o inadecuación del propuesto, que no hubieran sido fiscalizados los actos que  b
dieron origen a las órdenes de pago, omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, o  192ww
bseiernv icciuoasn. do el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
Cuando el órgano al que afecte el reparo presente su discrepancia respecto al mismo, el artículo 217
del TRLRHL establece que corresponderá resolver al Presidente de la entidad local, salvo que los
reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o gastos 
cuya aprobación sea de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este órgano. Esta 
competencia tiene carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el Texto refundido de Disposiciones 
Legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril (TRLRL), prevén su posible delegación. 
La figura de la omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local hasta la entrada 
en vigor del RCI, que le otorga una regulación similar a la existente en el ámbito estatal, señalando 
que se produce en aquéllos casos en los que se omite la función interventora siendo preceptiva, no 
pudiendo tramitar el reconocimiento de la obligación ni el pago de la misma hasta que se proceda a 
la resolución de la citada omisión. Se concreta, además, que el órgano competente, una vez visto el 
informe emitido por Intervención –del que se especifica que no tendrá el carácter de fiscalización 
previa-, para determinar si continuar con el procedimiento y demás actuaciones que pudieran 
proceder, será el Presidente de la entidad local, salvo que se trate de obligaciones o gastos cuya 
competencia sea del Pleno, en cuyo caso, tendrá este órgano la competencia. Además, se determina 
que, en los municipios de gran población, podrá ser la Junta de Gobierno Local quien adopte la 
resolución procedente. 
Remisión de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías de ingresos al Tribunal de Cuentas 
El órgano interventor debe elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218 TRLRHL). Como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la LRSAL, dicha información, además, debe ser 
remitida al Tribunal de Cuentas. En este sentido se pronuncia el art. 218.3 del TRLRHL, que 
establece lo siguiente: 
“3.  El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y 
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación 
contrarios  a  los  reparos  formulados,  así  como  un  resumen  de  las  principales  anomalías 
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá acompañar, en su caso 
los informes justificativos presentados por la Corporación Local.” 
La obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano 
competente de dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas 
de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, 
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, se completó, 
por la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015,  con la relativa a los acuerdos o 
resoluciones adoptados con omisión de la fiscalización previa, con la finalidad de abarcar el conjunto 
de expedientes concluidos con reparos por los órganos gestores y de aquellos en los que no se haya 
podido pronunciar el órgano de Intervención sobre su legalidad.  
La Instrucción arbitró un sistema de remisión de la información sobre reparos con carácter anual y 
estructurado en cuatro apartados diferenciados: relación de acuerdos contrarios a reparos del 
ejercicio; relación de los acuerdos o resoluciones que concluyan expedientes administrativos de 
gastos tramitados al margen del procedimiento y, en todo caso, con omisión de la fiscalización previa; 
relación de las principales anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo de las 
tareas de control interno de la gestión de los ingresos; y, por último, un cuarto apartado relativo a  e.e
información general, en el que las unidades de Intervención especifican aspectos tales como la  b
implantación o no de un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos, la realización de  192ww
acoctnu aoctriaosn ecsu edset icoonnetsr orle fliancainocniaedroa so.  los informes emitidos por los órganos de Intervención en relación
Los órganos de Intervención de las entidades locales, en cumplimiento de la Instrucción del Tribunal
de Cuentas de 30 de junio de 2015, remiten información sobre el alcance del control interno, en
particular, si se ha implantado un modelo de fiscalización limitada previa o de requisitos básicos, 
posibilidad contemplada en el artículo 219.2 del TRLRHL, y si se efectuaron actuaciones de control 
financiero reguladas en el artículo 220 del referido texto legal. 
Órgano de Intervención y provisión de los puestos de trabajo reservados a FHN 
El artículo 92.bis de la LRBRL califica el control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria como función pública necesaria en todas las corporaciones locales, y 
reserva su responsabilidad administrativa a funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN), 
que ejercerán la jefatura funcional del órgano de Intervención. 
El régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en el periodo fiscalizado 
es el establecido con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, 
además, en el artículo 92 bis de la LRBRL, tras la modificación efectuada por la LRSAL.  
Eran también de aplicación durante el ejercicio 2016 los siguientes textos legales en relación con 
dicho régimen jurídico4: 
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN).
- Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RPPFHN).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RPPFHN la denominación y clasificación de los puestos 
de trabajo reservados a FHN, a los que se les atribuye esta responsabilidad administrativa, sigue el 
siguiente esquema: 
o Intervención de clase 1ª: En diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y
ayuntamientos capitales de comunidades autónomas o de provincias y en municipios con
población  superior  a  20.000  habitantes  los  puestos  están  reservados  a  funcionarios
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.
No obstante, el artículo 7 del RPPFHN prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma
respectiva clasifique, en los municipios con acusados incrementos de población o en los que
concurran  otras  circunstancias  que  así  lo  aconsejen  y  a  instancia  de  la  corporación
interesada, los puestos reservados en clase superior a la que les correspondería.
o Intervención de clase 2ª: En ayuntamientos de municipios cuya población esté comprendida
entre 5.000 y 20.000 habitantes, así como en los de población inferior a 5.000 habitantes cuyo
presupuesto supere los 3.005.060,52 euros. Estos puestos están reservados a funcionarios
pertenecientes a la subescala de Intervención–Tesorería, categoría de entrada.
o Secretaría de clase 3ª: En el caso de que la población del municipio sea inferior a 5.000
habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.
f4u Ennc ioenl aerjeiorcs idcieo  A2d0m18in siset raapcrióonb óL oecl aRl ecaoln D heacbrielittaoc 1ió2n8 /d2e0 1ca8r, ádcete 1r 6n adcei omnaarl,z yo ,q puoer d eel rqougeó  seel R reJgFuHlaN  eyl  erlé RgiPmPeFnH juNr,í daidcaop dtaen ldoos   BOE-A-cable e
la normativa reglamentaria a las previsiones contenidas en el EBEP y en la LRSAL.
Los artículos 92.bis de la LRBRL y 14 y siguientes del RJFHN establecen la siguiente atribución de 
funciones en relación con la reserva de puestos: 
A los funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería que ocupen el puesto 
reservado en Intervenciones de clase primera o de clase segunda5 les corresponden las funciones de 
control y fiscalización y, además, las de contabilidad, excepto para los municipios de gran población, 
para los cuales, se prohíbe expresamente la atribución de la contabilidad a los órganos de intervención. 
En La Rioja el único municipio con estatuto de gran población es el Ayuntamiento de Logroño. 
A su vez, los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención tienen, además 
de  las  anteriores,  atribuidas  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación,  las  de  fe  pública  y 
asesoramiento legal preceptivo. 
En cuanto a la provisión de estos puestos reservados, la LRBRL y RPPFHN establecen que el 
sistema normal de provisión será el concurso; además, se prevé la posibilidad, exclusivamente para 
los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, así como para las diputaciones 
provinciales, cabildos y consejos insulares, de que sus puestos se cubran por libre designación.  
Si los puestos no están cubiertos de forma definitiva –esto es, a través de concurso o de libre 
designación- deberán ser objeto de convocatoria pública. El RPPFHN, en el artículo 12, señala que 
existen dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario, otorgando carácter 
supletorio al concurso unitario frente al ordinario. El ámbito territorial de los concursos ordinarios –
convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones locales y publicados 
simultáneamente  por  el  órgano  competente  de  las  Comunidades  Autónomas-  será  el  de  la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezca la corporación local y el concurso unitario será de carácter 
estatal, y es convocado con igual periodicidad por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública.  Además,  la  normativa  establece  otras  formas  de  cobertura  para  los  puestos  que 
permanezcan vacantes determinando un orden de prelación entre las mismas. 
En primer lugar, y conforme al artículo 30 del RPPFHN, se prevé, como nombramiento no definitivo de 
carácter prioritario, el nombramiento provisional, el cual debe ser realizado por la comunidad autónoma 
correspondiente y recaer sobre un FHN. Se deberá realizar de forma obligatoria este nombramiento 
cuando lo solicite un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los requisitos para el 
puesto y éste estuviera ocupado en virtud de nombramiento accidental o por un funcionario interino. 
A su vez, el artículo 32 del RPPFHN establece que en los casos en los que no se haya podido realizar 
un nombramiento provisional, la Comunidad Autónoma podrá conferir comisiones de servicio a FHN 
destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste6. 
En tercer lugar, se prevé el nombramiento en acumulación para aquéllos casos en los que no hubiera 
sido posible efectuar ninguno de los nombramientos anteriores (provisional o comisión de servicios). 
Debe recaer en FHN y le corresponde a la comunidad autónoma o al Ministerio en caso de que 
exceda el ámbito de la primera. 
Por último, en los supuestos en los que no sea posible la provisión de los puestos a través de un 
nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, la norma admite proveer el puesto por 
un funcionario de la propia entidad –el nombramiento, que se denomina accidental, deberá recaer en 
un  funcionario  de  la  corporación  debidamente  capacitado-  o  por  un  funcionario  interino,  cuyo 
5 En las entidades con Intervención de clase 1ª o 2ª existen otros dos puestos reservados a funcionarios con habilitación  w.
de carácter nacional, Secretaría, al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública y  192ww
adsee lsaosr saumbieesnctoa llae gInatle prvreecnecpiótniv-oT eys Toeresroíare, ryía le,  qcuoerr,e aslp iognudael  qlause  feuln pciuoensetso  ddee  tIensteorrveerínac yió rne, ceasutdaarác ioócnu. pado por funcionarios
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en otras circunstancias singulares previstas en la normativa.
nombramiento se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y 
deberá recaer sobre un persona en posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala y 
categoría correspondiente. Los nombramientos accidentales los realiza la corporación y los de 
funcionario interino se resuelven por el órgano competente de la comunidad autónoma. En todo caso, 
se debe acreditar la imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de carácter nacional. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales en 
el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 
desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, según establece el artículo 
201  de  dicho  Real  Decreto  Legislativo.  En  iguales  términos  se  manifiestan  las  Órdenes 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, HAP/1782/2013, por la que se aprueban, respectivamente, 
las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad local, vigentes en el ejercicio 2016. 
En la fecha de elaboración del presente Proyecto de Informe once Ayuntamientos no han rendido la 
Cuenta General del ejercicio 2017, de los cuales, tres tampoco han rendido la correspondiente al 
ejercicio 2016. 
Además, de las 34 mancomunidades de la Comunidad Autónoma, diez no han rendido las cuentas 
generales correspondientes a 2016 y 2017, y otra más tampoco la relativa a 2017. 
En el Anexo I se presentan los datos sobre el cumplimiento de la obligación de rendición de las 
cuentas generales de las entidades que conforman el ámbito subjetivo7 en los ejercicios 2016 y 2017 
a la fecha de elaboración de este Proyecto de Informe. 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES
En cumplimiento del artículo 44 de la de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe se remitió a los 
representantes de las seis entidades que conforman la muestra examinada para que alegasen y 
presentasen los documentos y justificaciones que estimaran convenientes. 
Asimismo se envió, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo fiscalizado 
cuando no coincidían con quienes lo ocupan en el momento de remisión del Anteproyecto de Informe, 
lo que ocurre en una de las entidades.  
Además, y aunque Ayuntamiento de Rincón de Soto no ha formado parte de la muestra de entidades, 
se ha remitido, tanto a su Alcalde actual como al que lo fue durante el periodo fiscalizado, la parte 
del Proyecto de Informe en la que se alude a dicha entidad, en tanto del análisis de los datos remitidos 
a través de la Plataforma, en el Proyecto se pone de manifiesto una incidencia relativa a la 
Corporación mencionada. 
Se han recibido alegaciones, dentro del plazo otorgado, de tres representantes legales, que han sido 
objeto del oportuno tratamiento, dando lugar a las modificaciones y precisiones en el Proyecto de 
Informe  de  Fiscalización  que  se  han  considerado  procedentes.  En  relación  con  los  criterios 
interpretativos y las valoraciones presentadas en las alegaciones que discrepan de los contenidos 
de aquel y que no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, se ha incluido en el Proyecto de 
Informe una explicación sucinta de los motivos por los que el Tribunal mantiene su interpretación o 
valoración frente a lo expuesto en alegaciones. No se han realizado cambios ni valoraciones respecto  e.e
de las alegaciones que explican, aclaran o justifican los resultados expuestos sin rebatir su contenido  b
oque plantean opiniones sin soporte documental o normativo. 192ww
7 Fuente: Cuentas generales rendidas al Tribunal de Cuentas a 13 de junio de 2019.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ASPECTOS  GENERALES  SOBRE  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  EN
RELACIÓN CON LOS ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS, EXPEDIENTES CON
OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES  ANOMALÍAS  EN  LA
GESTIÓN DE INGRESOS
II.1.1. Cumplimiento  de  la  obligación  de  remisión  de  la  información  relativa  a
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y
principales anomalías en la gestión de ingresos
En este epígrafe del Proyecto de Informe, se analiza –dando así cumplimiento al primero de los 
objetivos de la fiscalización- el grado de cumplimiento de los órganos de Intervención de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas 
de la información relativa a los acuerdos adoptados en contra de los reparos formulados, a los 
expedientes con omisión de fiscalización previa, así como a las principales anomalías de ingreso.  
De acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que desarrolla la 
referida obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, la remisión de la información 
correspondiente al ejercicio 2016 debía realizarse antes del 30 de abril de 2017. 
La obligación referida, tal y como se regula en la Instrucción, afecta, además de a la entidad principal, 
a cualesquiera otras entidades adscritas o dependientes de la primera y sometidas a la modalidad 
de fiscalización limitada previa. El sistema de remisión implantado establece una remisión telemática 
anual de toda la información correspondiente a cada entidad y sus entes dependientes. 
En primer lugar se analiza el cumplimiento de la obligación en relación con la entidad principal, 
incluyendo posteriormente el examen específico del cumplimiento de esta obligación respecto de las 
entidades dependientes o adscritas. 
El nivel de cumplimiento de la obligación analizada para el conjunto de entidades del territorio 
nacional a 31 de diciembre de 2017 se proporciona en el cuadro siguiente, siendo el porcentaje de 
envíos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja fue del 64%. 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Envíos realizados ejercicio 2016 
Comunidad Autónoma  Nº EELL  En Plazo  Total a 31/12/2017 
Nº  %  Nº  % 
Andalucía 892  205  23  467  52
Aragón 854  266  31  568  67
Canarias 107  63  59  87  81
Cantabria 645  61  9  103  16
Castilla y León  4.748  1.489  31  2.539  53 
Castilla-La Mancha  1.093  426  39  663  61 
Cataluña 1.127  691  61  860  76
Comunitat Valenciana  618  361  58  463  75 
Extremadura 472  182  39  325  69
Galicia 363  84  23  273  75
Illes Balears  77  37  48  68  88 
La Rioja  212  79  37  136  64 
Comunidad de Madrid  225  109  48  135  60 
Principado de Asturias  133  49  37  75  56 
Región de Murcia  52  23  44  39  75 
TOTAL  11.618  4.125  36  6.801  59 
Nota: No incluye País Vasco y Navarra. 
Fuente: Plataforma de Rendición de Cuentas 
El índice de cumplimiento de la obligación de remisión de la información antedicha fue algo más 
elevado que el correspondiente al nivel nacional. El mapa territorial específico de la Comunidad 
Autónoma de la Rioja -conformado en un 95% por municipios de población inferior a los 5.000 
habitantes- determina que el nivel de cumplimiento sea más bajo que en otras comunidades, en tanto 
son las entidades más pequeñas las que en menor medida cumplen con esta obligación. 
Se han considerado los datos de remisión de información a 5 de abril de 2019 –fecha de corte en la 
toma de datos tenida en cuenta a efectos de esta fiscalización-. En el siguiente cuadro se muestran los 
datos del grado de cumplimiento, por tipo de entidad y por población, en el caso de los ayuntamientos: 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 5 de abril de 2019 en La Rioja 
Entidades que han 
Tipo entidad  Nº EELL  remitido la  En plazo  Fuera de plazo 
información 
Ayuntamientos 174  126  69  57
Más de 25.000 h.8 1  1  1  0
  Entre 5.001 y 25.000 h.  8  8  5  3 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  20  20  9  11 
  Menos de 1.000 h.  145  97  54  43 
Mancomunidades 34  13  8  5
Entidades Locales Menores  4  3  2  1 
Total  212  142  79  63 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
La totalidad de los órganos de intervención de los ayuntamientos de más de 1.000 habitantes 
remitieron la información; de ellos, el 52% lo hizo con anterioridad a la fecha límite establecida -30 
de abril de 2017-, siendo los de menor población dentro de este tramo, los que en mayor porcentaje 
cumplieron la obligación fuera de plazo.  
Respecto de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, el 67% remitió la información, de los 
cuales, el 44% lo hizo una vez finalizado el plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas. La ratio de cumplimiento de la obligación analizada fue más elevada en relación a las 
entidades locales menores, puesto que tres de las cuatro existentes remitieron la información, 
realizándolo una de ellas fuera de plazo. 
Por lo que se refiere a las mancomunidades, únicamente en 13 de las 34 existentes los órganos de 
Intervención cumplieron la obligación señalada, de las cuales, cinco lo hicieron una vez transcurrido 
el plazo marcado en la Instrucción.  
En el Anexo II se detallan las entidades que no han remitido la información. 
Para impulsar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, desde 
su implantación en relación con la información del ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas ha llevado 
a cabo un conjunto de medidas en coordinación con los OCEx, con el fin de que los órganos de 
Intervención  tomaran  conocimiento  de  la  existencia  de  esta  obligación  y  del  procedimiento 
establecido para su cumplimiento. Dichas medidas fueron de dos tipos, por un lado, actividades de 
divulgación y, por otro, actuaciones para promover el cumplimiento consistente en la remisión de 
oficios en los que se recordaba dicha obligación, reclamando su cumplimiento una vez transcurrido 
el plazo de remisión. 
Las actuaciones de divulgación se llevaron a cabo a lo largo de 2015, en tanto que 2014 fue el primer 
ejercicio respecto del que se hacía efectiva la obligación de remisión de la información. Se remitieron 
correos electrónicos informativos a los órganos de intervención del conjunto de entidades locales, 
poniéndose también esta información en conocimiento de la Federación Española de Municipios y 
Provincias  (FEMP)  y  de  Consejo  General  de  Secretarios,  Interventores  y  Tesoreros  de  la  es
Administración Local (COSITAL), con el objetivo de que contribuyeran a dar mayor difusión y  o
8 El único Ayuntamiento con población superior a 25.000 habitantes de la Comunidad Autónoma es el Ayuntamiento de  BOE-A-cable e
Logroño, cuya población a 31 de diciembre de 2016 era de 150.927 habitantes.
publicidad al procedimiento; asimismo se impartieron sesiones formativas y se elaboró una guía de 
ayuda, disponible en la página www.rendiciondecuentas.es 
En 2016 y 2017 se elaboraron y pusieron en marcha planes de actuaciones destinados a impulsar, 
entre los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales, el cumplimiento de 
esta obligación en relación con el ejercicio 2016. Estos planes se han seguido ejecutando en el 
ejercicio 2018. Antes de la terminación del plazo previsto para mandar la información, se enviaron 
correos electrónicos recordatorios de la necesaria observancia. Una vez transcurrido dicho plazo se 
remitieron oficios a las unidades de intervención de los ayuntamientos de la comunidad que no habían 
presentado la información correspondiente al ejercicio 2016. Además, se mantuvieron con el mismo 
fin comunicaciones telefónicas con los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes. 
La evolución del cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a reparos desde 
el ejercicio 2014 -año para el que entró en vigor el cumplimiento de esta obligación-, hasta el ejercicio 
2016 ha permanecido estable, pasando del 66% en 2014 al 67% en 2016.  
El cumplimiento del envío de la información prevista en el artículo 218.3 del TRLRHL, en un periodo 
relativamente corto se encuentra totalmente implantado entre los órganos de intervención de las 
entidades locales de mayor tamaño, que son los responsables de la gestión de la mayor parte de los 
recursos públicos del ámbito local de la Comunidad Autónoma. 
El grado de implantación resulta menor entre las entidades de población inferior a 5.000 habitantes 
y entre las mancomunidades, en ambos casos se trata de entidades en las que mayoritariamente no 
se  producen  acuerdos  contrarios  reparos,  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  ni 
anomalías en sus ingresos y que gestionan un porcentaje muy pequeño de recursos en relación con 
los fondos públicos gestionados por el conjunto de entidades locales de la Comunidad Autónoma. 
En todos los casos la remisión de la información ha sido referida a la entidad principal, no contando 
ninguna  de  las  entidades  locales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  con  entidades 
dependientes o adscritas sometidas a la fiscalización previa regulada en el artículo 214 del TRLRHL. 
II.1.2. Entidades sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos9
De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 30 de junio de 2015, los órganos de Intervención de 
las entidades locales, en el caso en que no se hayan adoptado acuerdos contrarios a reparos o 
expedientes con omisión de fiscalización previa o no existido anomalías en la gestión de ingresos, 
deben remitir una certificación negativa en la que se indique esta circunstancia. 
En el cuadro siguiente se recogen, a fecha de 5 de abril de 2019, las certificaciones negativas 
presentadas por los titulares de los órganos de Intervención en relación con la existencia de acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de 
ingresos, atendiendo al tipo de entidad y al tramo de población de los ayuntamientos. 
r9e Lmoisti dpoo rlcae nintfaojerms ainccióluni daonsa elizna edsat,e  loa pqaurtea dnoo  ssoen  etosdpoesc ifeicllao se rne fceariddao su nao l adse e lnotsid apdáerrsa fcousy oesn  óarrgaasn does  duen aIn mtearvyeonr cciólanr ihdaand   BOE-A-cable e
expositiva.
Cuadro  3.  Entidades respecto de las que se han remitido certificaciones negativas por 
tipo de entidad y tramo de población 
Certificaciones negativas 
Entidades que 
Tipo de entidad  han remitido la  Omisión de 
Acuerdos contrarios  Anomalías en  Todos* 
información  fiscalización 
a reparos (A)  ingresos (C)  (A, B, C) 
previa (B) 
Ayuntamientos 126  115  123  125  114
Más de 25.000  h.  1 1 0 1 0
  Entre 5.001 y 25.000 h.  8 2 8 7 2
  Entre 1.001 y 5.000 h.  20 18 19 20 18
  Menos de 1.000 h.  97 94 96 97 94
Mancomunidades 13 13  13  13  13
Entidades Locales Menores  3  3  3  3  3 
Total  142  131  139  141  130 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
*Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos
El número de entidades en las que los órganos de Intervención han comunicado a través de la 
correspondiente certificación negativa, la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes 
con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de los ingresos ha sido muy elevado. 
En el 92% de entidades en las que se ha enviado información, no se produjo ninguno de estos 
acuerdos o expedientes. 
Con carácter general, el porcentaje de certificaciones negativas no resulta homogéneo atendiendo al 
tipo de entidad y al tramo de población, de forma que en los tramos de mayor población se produce 
en menor medida la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos. 
Esta circunstancia responde al incremento de recursos que se gestionan cuanto mayor es la 
dimensión del municipio en términos de población, lo que se traduce en una mayor cantidad de 
expedientes tramitados y que éstos sean de una complejidad superior, lo que incrementa la 
posibilidad de que se produzcan reparos suspensivos y que los órganos resuelvan en contra del 
criterio de la Intervención. 
Así, en el 22% de las entidades de población superior a 5.000 habitantes los órganos de intervención 
remitieron certificación negativa en los tres supuestos, mientras que este porcentaje se incrementó 
hasta  el  96%  para  los  ayuntamientos  de  menos  población  de  la  cifra  indicada.  Las  trece 
mancomunidades y las tres entidades locales menores que remitieron la información certificaron la 
ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y 
anomalías en la gestión de ingresos.  
Los órganos de Intervención del 99% de las entidades locales, con independencia del tamaño de las 
mismas, comunicaron que no existieron anomalías de ingresos. Esta situación podría verse motivada 
por el hecho de que se refiere a una figura que no se encuentra contemplada en la normativa, 
cuestión que se une al hecho de que la mayoría de las entidades locales, en aplicación del artículo  s
219.4 del TRLRHL, ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos por la toma de razón  oe.
en contabilidad, sin que se lleven a cabo controles posteriores sobre la gestión de los ingresos.  w.
IEdIe.n1s .ae3rl .r soAilglalucdieaon nptceoe rc  luyaas c deornont ifsdieag dumersua eclosicótraanlen ds l eodlse  s rliaes sCtueoltmmadauo ndsid eda ecdlo  Aanulcttraóonnlco eimn ayte  dcreon noLfaig Ruriaocjaió, np odre tli pcoo dnetr oeln itnidteardn oy   OE-A-2021-14able en https://
tramo de población:
Cuadro  4.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población 
Entidades que han 
Fiscalización  Control financiero 
Tipo entidad  Nº EELL  remitido la  Otros extremos 
limitada previa  posterior 
información 
Ayuntamientos 174  126  16 6 6
Más de 25.000 h.  1  1  -  -  - 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  8  8  3  3  2 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  20  20  1  - 1
  Menos de 1.000 h.  145  97  12  3  3 
Mancomunidades 34 13 2 0 0
Entidades Locales Menores  4  3  2  0  2 
Total  212  142  20  6  8 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El artículo 219 del TRLRHL prevé que cuando se haya implantado el modelo de fiscalización limitada 
previa  de  requisitos  básicos,  el  órgano  de  intervención  comprobará  la  existencia  de  crédito 
presupuestario y su adecuación, así como que las obligaciones o gastos se generan por órgano 
competente.  En estos casos, dicho precepto dispone que se debe regular, por medio de un acuerdo 
del Pleno, la verificación de otros extremos adicionales que resulten transcendentes para la gestión. 
El incumplimiento del artículo 219 del TRLRHL mediante la ausencia de acuerdo del Pleno en el que 
se definan otros extremos adicionales que se consideren transcendentes en la gestión de los 
expedientes de gasto, hace que la fiscalización previa se reduzca exclusivamente a los dos aspectos 
indicados, la comprobación de la existencia y adecuación del crédito y de la competencia del órgano, 
reduciendo de forma significativa su alcance, así como su eficacia. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por objeto 
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades 
locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. 
Señala que se informará acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del 
cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia 
en la consecución de los objetivos previstos y que se realizará a través de procedimientos de 
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, concluyéndose en un informe 
escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano auditado, remitiéndose al Pleno. En 
esta definición se incluye también el control posterior que debe realizarse, de acuerdo con el artículo 
219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la fiscalización limitada previa.  
En el conjunto del territorio nacional, tal y como se puso de manifiesto en el Informe que sobre esta 
misma materia se elaboró, la fiscalización limitada previa se aplica, básicamente, por las entidades 
de mayor tamaño; conclusión que resulta lógica al ser las que mayor número de operaciones realizan 
y, por tanto, con el objeto de agilizar los procedimientos, las que utilizan este modelo de fiscalización 
previa en el que se revisa la legalidad de los aspectos básicos de cada expediente. Así se ha 
señalado también en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016.  es
Llplealev núaann.id c oa  ae nctaidbaod,  tdael  ym cáosm doe  s1e0 0m.0u0e0st rhaa ebnita enlt ecsu aedsr oe la Anyteurniotar,m uinean tfois dcea liLzoagcrióonñ op r(e1v5i0a. 9lim27it ahdaab,. )s, innoo   2021-14192n https://www.
Dlae  Rlaios jao tr-o, s Aolcfahroo ,e nAtirdnaeddeos,  dCea plaohbolarrcaió, nH saurpoe, riLoar rad e5r.o0,0 0N háajebriata, nSteasn dtoe  lDa oCmoimnguon iddaed  lAau Ctóanlozmadaa d ey   BOE-A-cable e
Villamediana  de  Iregua-,  tres  habían  establecido  un  sistema  de  fiscalización  limitada  previa, 
concretando  los  respectivos  Plenos  la  comprobación  de  otros  extremos  de  la  gestión  del 
gasto -además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor del gasto fuera, 
asimismo, competente, son los Ayuntamientos de Arnedo, Calahorra y Villamediana de Iregua -. A 
su vez, de estas tres entidades, Arnedo y Calahorra ejercían un control financiero posterior, no 
desarrollándolo el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.  
De los 117 Ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes de los que se ha dispuesto de 
información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue del 11% (13 
entidades), y de ellos, únicamente en tres, se exigía la revisión de extremos adicionales al crédito 
presupuestario y la competencia del órgano, siendo, por tanto, más deficiente el control interno de 
estas entidades, sobre todo en aquéllas que, a su vez, no desarrollaban un control financiero 
posterior, control que, únicamente se llevaba a cabo en cuatro de las que establecieron fiscalización 
limitada previa. 
Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su utilización 
entre las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Rioja ha sido prácticamente residual, 
habiéndose aplicado únicamente en el 6% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el 
ejercicio del control interno de aquellas. 
La escasa implantación del control financiero se traduce, además, en la ausencia de comprobaciones 
sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y que no se ejerza un control de 
legalidad sobre aquellos extremos a los que no se extiende el control previo que se efectúa a través 
de la función interventora, además del incumplimiento del mencionado artículo 220 del TRLRHL. 
Esta situación debería cambiar una vez que ha entrado en vigor, el 1 de julio de 2018, el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del sector público local, dónde se refuerza la obligación de desarrollar actuaciones de control 
financiero, para cuyo cumplimiento se prevé que resultará necesario reforzar los recursos de las 
intervenciones locales. 
II.1.4. Informes  sobre  la  aprobación  del  presupuesto,  modificaciones
presupuestarias y liquidación del presupuesto
El presupuesto y la liquidación del presupuesto deben ser informados por la intervención de la entidad 
local antes de su aprobación por el Pleno, en el primer caso, o el Presidente, en el segundo (artículos 
168.4 y 191.3 TRLRHL). Estos informes contendrán la opinión del órgano de Intervención sobre el 
contenido de los documentos mencionados, en los que, en su caso, se incorporarán las deficiencias 
o irregularidades que hubiera observado. Además, existirán también informes de intervención en la
tramitación de las modificaciones de crédito en los términos recogidos en la normativa aplicable. El
contenido de estos informes constituye también un resultado de la labor de control que realizan las
intervenciones de las entidades locales, en especial si se pronuncian en sentido negativo.
Los responsables de los órganos de Intervención, junto con la información general sobre el alcance 
del control interno que se lleva a cabo en la entidad local, deben informar si se han emitido informes 
negativos al presupuesto, a la liquidación del presupuesto y a los expedientes de modificaciones 
presupuestarias tramitados en el ejercicio. De las 142 entidades que remitieron los datos relativos al 
ejercicio 2016, únicamente dos señalaron haber informado negativamente alguno de los actos 
señalados.  es
II.1.5. Acuerdos contrarios a reparos 192www.
Afo r5m udlea daobsr ipl odre l o2s0 ó1r9g alan oPsl adtea fIonrtmerav ernecgiiósntr adbea l a1s1 e7n rtiedsaodluecsi olonceasl eos  daec ulae rCdoosm uconnidtaradr iAosu tóan roempaar does 
La Rioja, por un importe total de 1.225.467,13 de euros. 
A continuación se detallan estos acuerdos contrarios a reparos según diversos criterios: 
Según el tipo de entidad 
La distribución de los expedientes por acuerdos contrarios a reparos y según el tipo de entidad local 
se muestra en el siguiente cuadro, donde además se detalla el número e importe de los de cuantía 
superior a 50.000 euros, los cuales han sido objeto de análisis específico en el subapartado II.2 de 
este Anteproyecto de informe.  
Cuadro  5.   Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Importe en euros
Acuerdos contrarios a reparos mayores de 
Totalidad de acuerdos contrarios a reparos 
50.000 euros 
Tipo de entidad 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Ayuntamientos 117  1.225.467,13  3 595.333,51
Entre 5.001 y 25.000 h.     82  1.158.030,51  3 595.333,51
Entre 1.001 y 5.000 h.  3  775,81  -  - 
Menos de 1.000 h.   32  66.660,81  -  - 
Mancomunidades - -  -  - 
Entidades Locales Menores  -  -  -  - 
Total  117  1.225.467,13  3  595.333,51 
Los 117 reparos fueron remitidos por un total de once ayuntamientos, todos ellos de población inferior 
a 25.000 habitantes. En el anexo III se relacionan las entidades cuyos órganos de Intervención han 
comunicado estos acuerdos, indicándose el número de los remitidos y el importe acumulado. 
Según la modalidad de gasto del expediente 
Los acuerdos contrarios a reparos se refirieron a las categorías de gasto que se muestran a 
continuación, de acuerdo con la clasificación que de los mismos realiza la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Cuadro  6.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del 
expediente afectado 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
Modalidad de gasto  reparos  mayores de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Expedientes de contratación  52  787.741,01  3 595.333,51
Gastos de personal  32  296.841,94  -  - 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  14  121.514,37  -  - 
Gastos derivados de otros procedimientos  19  19.369,81  -  - 
Total  117  1.225.467,13  3  595.333,51  e.e
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma  w.b
epElol  mr4c4ae%ynot adr jeep  olaor scc eoanncttuareajert,od suo nsd  ec8o 8on%btrr,aa crsio.o rsre as preopnadreo sa  scoonn trrealtaotsiv odse  as eerxvpiceiodsie, netel 4s %de a c sounmtraintaisctrióons,  yd ee l lomsi sqmueo   OE-A-2021-14able en https://
A su vez, el 27% de los acuerdos contrarios a reparos se refieren a gastos de personal y son relativos, 
en su mayoría, a contratación de personal y abono de gratificaciones y productividad. 
Según la motivación del reparo y la fase de gasto reparada  
El cuadro siguiente presenta la distribución de los acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la 
motivación del artículo 216 del TRLRHL: 
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
reparos  mayores de 50.000 euros 
Causa del reparo 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Insuficiencia de crédito o inadecuación del presupuesto  2  756,06  -  - 
Omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites 
67 936.281,38 3  595.333,51
esenciales 
Derivación  de  comprobaciones  materiales  de  obras, 
8 6.447,48 - - 
suministros, adquisiciones y servicios  
Otras causas  40  281.982,21  -  - 
Total  117  1.225.467,13  3  595.333,51 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
La causa más común de los reparos formulados es la omisión en el expediente de requisitos o 
trámites esenciales. Concretamente en 2016 se comunicaron 67 acuerdos contrarios a reparos con 
esta motivación, que representaban el 57% de los expedientes y un 76% de la cuantía total; de los 
67 acuerdos, 3 superaron la cuantía de 50.000 euros. 
En cuanto a la ordenación de los reparos según la fase del gasto afectada, se presenta la siguiente 
situación: 
Cuadro  8.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores 
Fase de gasto reparada  reparos  de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Autorización 3  95.841,02  -  - 
Compromiso 5  536.408,76  2  504.660,95
Reconocimiento de la obligación  91  470.477,54  1 90.672,56
Orden de pago  3  1.335,00  -  - 
Pago 13  61.980,68 - - 
Otras 2  59.424,13 - - 
Total  117  1.225.467,13  3  595.333,51 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El 77% de los acuerdos contrarios a reparos comunicados lo fueron en relación con el reconocimiento  192ww
d(4e% la).  obligación, seguidos por reparos relativos a la fase de pago (11%) y del compromiso del gasto
Según los órganos que aprobaron los acuerdos contrarios a los reparos formulados 
El artículo 217 del TRLRHL establece que las competencias para resolver una discrepancia entre el 
órgano gestor del gasto y los reparos de naturaleza suspensiva interpuestos por los órganos de 
Intervención corresponde al Presidente de la entidad local o al Pleno en los casos en los que el reparo 
se basara en insuficiencia o inadecuación de crédito o a obligaciones o gastos cuya aprobación sea 
de su competencia. La competencia de resolución de discrepancias es indelegable, no obstante, en 
algunos casos, fue la Junta de Gobierno Local el órgano que adoptó este tipo de acuerdos. 
Atendiendo a esta clasificación, los acuerdos contrarios a reparos se adoptaron por los siguientes 
órganos: 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
Órgano que resuelve  reparos  mayores de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Pleno 3 59.367,93 -  - 
Presidente 106  709.883,70 2 142.672,56
Junta de Gobierno  8  456.215,50  1 452.660,95
Total  117  1.225.467,13  3  595.333,51 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El órgano que más acuerdos contrarios a reparos adoptó fue el Presidente, tanto por importe, el 58%, 
como por número de expedientes, que alcanzó el 91%; el Pleno de la entidad aprobó el 3% de los 
acuerdos y el 5% del importe y los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno representaron el 
7% de los acuerdos y el 37% del importe. La aprobación de las discrepancias por Junta de Gobierno 
Local supone una vulneración del artículo 217 del TRLRHL, en tanto atribuye esta competencia al 
Presidente de la entidad local o al Pleno, según los casos, y la califica de indelegable. Los acuerdos 
aprobados por la JGL correspondieron a los Ayuntamientos de Alfaro, Arnedo y Rincón de Soto. 
II.1.6. Expedientes con omisión de fiscalización previa
El número e importe de los expedientes con omisión de fiscalización previa comunicados por los 
órganos de intervención de las entidades locales de La Rioja en 2016, se elevaron a 36 expedientes 
y 1.937.305,02 millones de euros 
La distribución de los informes recibidos sobre expedientes con omisión del trámite de fiscalización 
previa según el tipo de entidad es la siguiente: 
Cuadro  10.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo de 
población 
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin  Expedientes sin fiscalización previa 
Tipo de entidad  fiscalización previa  mayores de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Ayuntamientos 36  1.937.305,02  19  1.585.242,22
Más de 50.000 h.  33  1.936.695,81  19  1.585.242,22 
Entre 25.001 y 50.000 h.  -  -  -  - 
Entre 5.001 y 25.000 h.  -  -  -  - 
Entre 1.001 y  5.000 h.  1  474,20  -  - 
Menos de 1.000 h.  2  135,01  -  - 
Mancomunidades  -  -    -  - 
Entidades Locales Menores  -  -    -  - 
Total  36  1.937.305,02  19  1.585.242,22 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los 36 expedientes fueron remitidos por los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de 
Logroño, San Asensio y Baños de Rioja.  
Por lo que se refiere a la modalidad de gasto, en tanto cada expediente tramitado con omisión de 
fiscalización previa puede recoger más de una operación de gasto, en la información que los órganos 
de intervención deben remitir a este Tribunal, se solicita que se indique el tipo de gasto al que se 
refiere cada una de las operaciones. No obstante, cada uno de los 36 expedientes está integrado por 
una sola operación; el 69% son operaciones de contratación, de las que el 44% son contratos de 
gestión de servicio público y el 40% de servicios. 
Como se ha señalado en el subapartado I.4, relativo al marco legal y régimen jurídico de la 
fiscalización, hasta la entrada en vigor del RCI, no estaba regulado los órganos que debían resolver 
los expedientes con omisión de fiscalización previa. A partir de la publicación del mencionado 
Reglamento, se otorga esta competencia al Presidente de la entidad o al Pleno si se trata de gastos 
de su competencia, pudiéndole corresponder también a la Junta de Gobierno Local en los casos de 
municipios de gran población. La distribución que se produjo en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
en el ejercicio 2016 fue la siguiente: 
Cuadro  11. Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve  
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin  Expedientes sin fiscalización previa 
Órgano gestor  fiscalización previa   mayores de 50.000 euros  
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Pleno 9  644.468,42 4 558.627,33
Presidente 5  33.305,21  - - 
Junta de Gobierno  22  1.259.531,39  15 1.026.614,89 oe.
Total  36  1.937.305,02  19  1.585.242,22  192ww
FLquuaee nJt eue: nEl ltPaablo edranecoi óG ny op rebopli eiPa rarn epoas ridtidre de enl alatse in  dfaoirpsmrtaiocnibótana srreo menint idetaild  p2aor5d la%ess e  ynlot idecalad 1else4 as%  trra,ev rséeso sdlvep ileaó cP utlainvta af6omr1m%ea n dtee.  los expedientes, mientras  OE-A-2021-14able en https://
Los 22 acuerdos adoptados por las Juntas de Gobierno de las distintas entidades, alcanzaron el 65% 
del importe total, superando 15 de ellos 50.000 euros, por lo que fueron incluidos en la muestra 
seleccionada. Estos acuerdos corresponden al Ayuntamiento de Logroño 
II.1.7. Principales anomalías en la gestión de ingresos
Se han comunicado a través de la Plataforma cinco anomalías de ingresos en 2016, por una cuantía 
global de 376.982,97 euros, todos ellos remitidos por el órgano de Intervención del Ayuntamiento de 
Alfaro. Una de las anomalías superó de forma individualizada el importe de 50.000 euros, según se 
detalla en el siguiente cuadro, que clasifica el conjunto de las anomalías atendiendo a la naturaleza 
de los ingresos a los que se refieren. 
Cuadro  12.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Importe en euros 
Anomalías  Expedientes mayores de 50.000 euros 
Tipo de ingreso 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Tasas 2 7.705,00  -  - 
Precios Públicos  1  25.829,40  -  - 
Subvenciones 1  314.991,57  1 314.991,57
Ingresos Patrimoniales  1  28.457,00  -  - 
Total  5  376.982,97  1  314.991,57 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
II.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE
IMPORTE SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
En este subapartado se detallan los resultados del análisis del contenido de los acuerdos contrarios 
a los reparos formulados por los órganos de intervención, de los expedientes con omisión de 
fiscalización  previa  y  de  las  anomalías  de  ingresos  que  han  sido  objeto  de  un  tratamiento 
individualizado. En el cuadro siguiente se muestra la representatividad de la muestra de expedientes 
analizados respecto de la totalidad de los mismos: 
Cuadro  13.  Representatividad de la muestra de expedientes 
Importe en euros 
Muestra seleccionada 
Expedientes comunicados 
Expedientes  Representatividad  
Nº  Importe €  Nº  Importe €  % Nº  % Importe 
Acuerdos contrarios a reparos  117  1.225.467,13  3  595.333,51  3 49
Expedientes con omisión de fiscalización previa  36  1.937.305,02  19  1.585.242,22  53 82
Anomalías de ingresos  5  376.982,97  1  314.991,57  20  84 
Total general  158  3.539.755,12  23  2.495.567,30  15  71  es
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma de rendición de cuentas  w.b
Sqy ueee l h 7ha1an% s eu dxpaeum essuint oaim dapono atroltiezda ogrsl ou lbnoa sto l.a taclu deerd 2o3s  ecxopnetdraierinotse sa  qrueep areropsre dsee nimtapno ertl e1 5s%up deerilo tro taa l5 d0e.0 lo0s0  aecuureorsd, olos   OE-A-2021-14able en https://
Dos de los tres acuerdos contrarios a reparos corresponden al Ayuntamiento de Alfaro, y el tercero 
al de Villamediana de Iregua. Los tres son relativos a la contratación administrativa. 
Por lo que se refiere a los expedientes con omisión de fiscalización previa, se han examinado los 
diecinueve de importe superior a 50.000 euros, todos ellos del Ayuntamiento de Logroño y relativos 
a expedientes de contratación. Representan el 82% del importe acumulado de expedientes sin 
fiscalización previa 
La anomalía de ingreso analizada corresponde al Ayuntamiento de Alfaro y es referente a un 
convenio sobre una competencia delegada. 
También se incluyen, dando así cumplimiento al objetivo cuatro de la fiscalización, los resultados 
obtenidos en relación con las áreas en las que se ha detectado una falta de homogeneidad en los 
criterios y procedimientos aplicados por los órganos de intervención en el ejercicio de su función y 
en su remisión al Tribunal de Cuentas, así como diferencias en la tramitación por los órganos de las 
entidades locales de los acuerdos contrarios a reparos o de los expedientes tramitados con omisión 
de fiscalización previa.  
II.2.1.  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Sistema de control interno  
Logroño tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 150.979 habitantes, y, según la 
liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, el volumen de obligaciones reconocidas netas 
ascendió a 130.898.825,25 euros. 
Mediante la Ley 1/2004, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se otorgó a 
Logroño la consideración de municipio de gran población por su condición de capital autonómica, 
como prevé el artículo 121 de la LRBRL, por lo que se le aplica el régimen de organización previsto 
en el Título X de la norma citada. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, tal y como el RPPFHN establece para las entidades de 
población superior a 20.000 habitantes, por lo que el puesto de intervención está reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención–Tesorería, categoría superior, así consta 
en la RPT aprobada por el Pleno el 27 de abril de 2015. La cobertura del puesto se produjo mediante 
libre designación el 18 de febrero de 1997; el nombramiento recayó en la misma persona que 
continua siendo Interventor municipal en la fecha de cierre de los trabajos de campo, noviembre de 
2018. 
El órgano de Intervención estaba asistido a 31 de diciembre de 2016 por un técnico A1, un técnico 
A2, 16 administrativos y un auxiliar administrativo. La totalidad de los puestos se mantuvo en 
noviembre de 2018, excepto el correspondiente al auxiliar administrativo. 
El sistema de control interno se basa en la fiscalización plena de todos los gastos, de tal forma que 
se comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en 
todos los expedientes. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera.  e
Análisis de los expedientes  192ww
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en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015 
Se ha informado de 33 expedientes con omisión de fiscalización previa —todos ellos tramitados por 
la entidad principal— y se ha remitido certificación negativa en relación con acuerdos contrarios a 
reparos y con anomalías de ingresos.  
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
La cuantía agregada de los 33 expedientes con omisión de fiscalización ascendió a 1.936.695,81 
euros, con la clasificación que se detalla en el siguiente cuadro:  
Cuadro  14.  Expedientes con omisión de fiscalización. Ayuntamiento de Logroño 
Importe en euros 
Expedientes con omisión de fiscalización 
Tipo de expediente 
Número  Importe   Porcentaje número  Porcentaje importe 
Expedientes de contratación  25  1.371.650,79  75,8  70,8 
Gastos derivados de otros procedimientos  7  534.795,02  21,2  27,6 
Operaciones de derecho privado  1  30.250,00  3,0  1,6 
Total general  33  1.936.695,81  100,0  100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma. 
Se han seleccionado para su análisis los diecinueve expedientes de importe superior a 50.000 euros, 
cuya  cuantía  agregada  es  de  1.585.242,22  euros.  Todos  ellos  son  relativos  a  contratación 
administrativa, en el cuadro siguiente se especifica la prestación a la que se refieren.   
Cuadro  15.  Muestra de expedientes. Ayuntamiento de Logroño 
Importe en euros 
Gastos con omisión defiscalización previa 
Prestación 
analizados 
Asistencia sanitaria  704.408,46
Servicios postales  209.029,33
Mantenimiento hardware  47.716,10
Accesibilidad web  65.461,00
Prestaciones diversas procedentes de ejercicios anteriores  558.627,33
Total  1.585.242,22 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma de rendición de cuentas. 
o Prestaciones de servicios sin cobertura contractual
Catorce de los expedientes analizados son reconocimientos extrajudiciales de crédito para la 
imputación a presupuesto de obligaciones derivadas de la prestación, en el propio ejercicio 2016, de 
tres servicios que no contaban con cobertura contractual: asistencia sanitaria al personal del 
Ayuntamiento, servicios postales y mantenimiento de hardware de periferia.  e.e
En los tres casos se trataba de prestaciones para las que había vencido el contrato que hubiera  w.
debido darles cobertura con las especificidades que se indican para cada uno de los tres servicios:  192ww
- Asistencia sanitaria
Lreac oJnuonctiam iednet oGs oebxiterarnjuod icdieall esA yduen tcarmédieitnot op, araa  ilmo pluatragro  ald perl esauñpou e2s0to1 6d, ela perjeorbcóic ioo nlcaes BOE-A-cable e
facturas generadas entre enero y noviembre de 2016 por el servicio de asistencia sanitaria 
a su personal, resultando un total de 22 facturas (dos en cada mes) por un importe 
agregado de 704.408,46 euros. 
El servicio había sido contratado en el año 2006 por un periodo de tres años con la 
posibilidad de prorrogarlo por años naturales hasta un máximo de siete -es decir hasta 31 
de diciembre de 2016-. No obstante, esta previsión no fue acordada por el órgano de 
contratación para el año 2016, procediéndose a la prestación del servicio mediante una 
prórroga tácita, que, según se indicaba en el informe del órgano gestor previo al Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local que ordenaba su imputación a presupuesto y pago, se había 
realizado en base al carácter esencial del servicio. 
Se formalizó un nuevo contrato para la prestación del servicio el 16 de febrero de 2017, 
por lo que el periodo transcurrido sin cobertura contractual válida fue de casi un año y dos 
meses, desde el 31 de diciembre de 2015 hasta febrero de 2017. 
El expediente de contratación se había aprobado el 10 de agosto de 2016 y se adjudicó el 
23 de noviembre de ese mismo año; sin embargo, se presentó un recurso ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales que derivó en la suspensión de la 
adjudicación hasta que, finalmente, el 27 de enero de 2017 se falló en contra del recurso 
y se levantó la suspensión. El contrato se formalizó el 16 de febrero de 2017. La cuantía 
total de las facturas generadas sin contrato en vigor fue de 829.712,63 euros, puesto que 
al expediente analizado se añaden las facturas correspondientes a los meses de diciembre 
de 2016 y enero de 2017, cuyo importe asciende a 125.304,17 euros. 
Se produjo por tanto una demora en la tramitación del nuevo expediente de contratación; 
no obstante, parte del retraso en la formalización del nuevo contrato está explicada por la 
suspensión dictada por el órgano jurisdiccional. 
- Servicios postales
Respecto de este servicio, la Junta de Gobierno Local aprobó dos expedientes de
reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe agregado de 209.029,33 euros, a
través de los cuales se aplicaron a presupuesto y se ordenó el pago de las facturas
expedidas en los meses de febrero y marzo de 2016, periodo en el que no se disponía de
contrato, puesto que el anterior había perdido su vigencia el 31 de enero de 2016.
Posteriormente, el 24 de febrero de 2016 se adjudicó el nuevo contrato, iniciándose las
prestaciones el 1 de abril, por lo que durante los meses de febrero y marzo se prestó el
servicio a través de una prórroga tácita en tanto los servicios técnicos del Ayuntamiento
habían indicado la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio.
- Mantenimiento hardware
El 21 de diciembre de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó las facturas que se habían
generado por la prestación de este servicio durante los meses de marzo a octubre y ordenó
su pago mediante la aprobación de un expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe de 47.716,10 euros.
El contrato para la prestación del servicio de Mantenimiento de hardware de periferia con
sus correspondientes prórrogas había finalizado el 31 de diciembre de 2014. No obstante,
durante  el  año  2015  siguió  prestándose  el  servicio  por  la  misma  empresa,  sin  la e.e
correspondiente formalización contractual. Derivado de esta prestación sin contrato, con b
fecha  5  de  mayo  de  2016,  se  había  aprobado  otro  expediente  de  reconocimiento 192ww
eeAfaxxycpturteuandrjtuaaiedsmni cditeieean  let osdjee erd  ccehirc éaiLodcoseitg o ar onrqeñtuefoeer,ir  oeisnrneeccs liu.areí aa eltirnze as e sfla ocbatrnueár allisas i spim orep siumptaepccoiíróftinec  oda el q p1ur0ee8,s .u2ep4nu0 e,1rse5tol ae cduióeron s 2;0 ca1o 6ne  sdteeel OE-A-2021-14able en https://
El 29 de enero de 2016 se adjudicó un contrato menor para la prestación de este servicio 
por la misma empresa durante el período de enero a marzo, con el objetivo de dar 
cobertura  a  la  prestación  del  servicio  temporalmente,  mientras  se  culminaba  la 
correspondiente  licitación,  proceso  que  finalizó  el  2  de  diciembre  de  2016  con  la 
adjudicación de un nuevo contrato de mantenimiento a otra empresa por un importe anual 
de 108.900 euros. 
Por lo tanto, durante todo el ejercicio 2015 y hasta noviembre de 2016, el servicio se llevó 
a cabo sin cobertura jurídica válida, en tanto el contrato menor formalizado se realizó sobre 
una prestación de carácter periódico, por lo que no cabía dicho modalidad de contratación 
según se deriva de los artículos 86 y 88 del TRLCSP, de los que se deduce la limitación 
de  los  contratos  menores  para    satisfacer necesidades  puntuales  y  esporádicas  y 
concretas. 
Respecto de los tres servicios analizados, el órgano de Intervención emitió un informe en relación 
con cada uno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito en los que indicaba que si bien existía 
crédito presupuestario en el ejercicio 2016 para la imputación de los gastos, las prestaciones se 
estaban desarrollando al margen del correspondiente expediente de contratación. Además, el 
Interventor indicaba la necesidad de gestionar con anticipación la tramitación de los expedientes 
contractuales que sustituyeran a los anteriormente vigentes, así como de dar adecuado cumplimiento 
a la normativa de contratos y a las normas municipales sobre la materia. Señalaba asimismo la 
necesidad  de  pagar  las  facturas  en  virtud  del  principio  de  no  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración,  aludiendo  además,  a  las  responsabilidades  a  que  podían  dar  lugar  los 
incumplimientos señalados por parte de funcionarios y autoridades. 
En los expedientes examinados relativos a la asistencia sanitaria y al mantenimiento del software se 
han vulnerado los artículos 23, 28 y 109 del TRLCSP, que sancionan el carácter formal de la 
contratación, exigen la formación de un expediente, así como que las prórrogas sean acordadas 
expresamente por el órgano de contratación antes de la finalización del contrato. 
Las adjudicaciones directas y las prórrogas no formalizadas suponen, según se señala en el informe 
referido, un incumplimiento de la normativa contractual y originan, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos 
términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, sin perjuicio de 
que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un 
servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo, no subsana los vicios del 
acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC10, señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades 
derivadas de los hechos descritos. 
En relación con el contrato de servicios postales, en tanto el periodo sin cobertura contractual se 
concretó en un mes, y habiéndose procedido a la publicación de la licitación con bastante anterioridad 
a la finalización del contrato anterior, la prestación transitoria no se conceptuaría actualmente como  e.
una prórroga tácita de la prestación. Esta interpretación se recoge en el artículo 29 de la vigente ley  w.b
de contratos, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que prevé que un contrato se pueda prorrogar hasta  192ww
que comience la ejecución del siguiente y por un periodo máximo de 9 meses, siempre que el anuncio
10 Regulado actualmente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
de licitación del nuevo contrato se hubiera publicado con una antelación mínima de tres meses 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 
o Imputación a presupuesto de facturas de ejercicios anteriores a través de reconocimientos
extrajudiciales de crédito
El Pleno del Ayuntamiento de Logroño, en su sesión de 5 de mayo de 2016, acordó la aprobación de 
cuatro expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito por importes, respectivamente, de 
231.844,01, 217.109,92, 57.326,97 y 52.346,43 euros. 
Todos ellos fueron acompañados de los correspondientes informes de Intervención, emitidos en el 
mes de abril, en los que se ponía de manifiesto que las facturas que los conformaban no se imputaron 
al año en el que se había generado el gasto, bien por no presentación en plazo o bien, por deficiente 
tramitación  administrativa.  Además,  se  señalaba  la  vulneración  del  principio  de  anualidad  de 
ejecución presupuestaria establecido en el art. 176 del TRLHL, indicándose, a su vez, la necesidad 
de continuar con el procedimiento en virtud del principio de no enriquecimiento injusto de la 
Administración. 
El primero de los expedientes está conformado por 184 facturas relativas a diversos conceptos por 
un importe total de 231.844,01 euros, todos ellos gastos realizados en 2015 excepto 12 facturas de 
2014 cuyo importe era de 1.095,61 euros. De las 184 facturas, las de mayor importe11 son las 
siguientes:  
Cuadro  16.  Facturas de mayor importe en el expediente REC.PLENO 1/2016 del 
Ayuntamiento de Logroño 
Importe en euros 
Nº registro contable  Descripción Importe 
16/   943  Mantenimiento De Hardware Periferia Ayto Mayo a Agosto 2015  38.562,54 
16/   942  Mantenimiento de hardware periferia Ayto 1º trim.2015         35.797,61 
16/   944  Mantenimiento De Hardware Periferia Ayto 1-9-15 A 31-12-15    33.880,00 
16/  1639  Tratamiento de lixiviados en el Vertedero de residuos Dic.2015  8.315,36 
16/  2069  Difusión publicitaria De 6 vídeos sobre educación vial 2015  7.139,00 
16/   945  Patrocinio 2ª reunión del patronato consorcio de universidades  6.000,00 
Total  129.694,51 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma de rendición de cuentas. 
En el informe de Intervención relativo a este expediente, además de lo señalado anteriormente, se 
puso de manifiesto que en relación con las tres facturas del mantenimiento del hardware y la que 
figura en el cuadro anterior del patronato del consorcio de universidades se carecía de cobertura 
contractual. La última factura podría ser susceptible de contrato menor, respecto de los cuales, el 
artículo 111 del TRLCSP exige también la formación de un expediente y la aprobación del gasto de 
forma  previa  a  la  prestación,  lo  que  de  haberse  realizado  y  haber  conllevado,  además,  la 
correspondiente  retención  del  crédito,  hubiera  evitado  que  no  se  contara  con  la  necesaria 
consignación presupuestaria para la imputación de la factura al presupuesto en el que se generó. 
1e1u Lroass,  fhaacntu sraidso  rreelafetirvidaass a el ns eerlv aicnioá lidseis  mesapnetecnífiimcoie qnutoe  dseel  hhaa rrdewalaizraed doe s poebrriefe erisat,e c sueyrov iicmiop. orte agregado es de 108.240,15
Por lo que se refiere a los otros tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, uno de 
ellos estaba formado por 53 facturas por un importe total de 217.109,92 euros y relativas a diversos 
servicios, siendo las de mayor importe las siguientes: 
Cuadro  17.  Facturas de mayor importe en el expediente REC.PLENO 5/2016 del 
Ayuntamiento de Logroño 
Importe en euros 
Nº registro contable  Descripción Importe 
16/   500  Servicios postales mes de diciembre        80.791,68 
16/   444  Servicios auxiliares y limpieza biblioteca R.Azcona octubre   20.670,35 
16/   537  Limpieza de la casa consistorial octubre 2015          19.651,63 
16/   532  Certificación correspondiente al mes de diciembre de 2015  14.946,89 
16/   446  Prestación servicio de limpieza ctos de policía diciembre     9.424,58 
Total  145.485,13 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma de rendición de cuentas. 
Los otros dos expedientes se integraban respectivamente por 70 facturas de suministro de gas 
(57.326,97 euros) y 64 de energía eléctrica (52.346,43 euros), todas ellas correspondientes al 
ejercicio 2015. 
A diferencia del primero de los expedientes, que como se ha indicado comprendía facturas sin 
contrato y/o sin consignación presupuestaria, el motivo de que, en este caso, no se hubieran 
imputado al presupuesto de 2015 fue el retraso en la tramitación de las facturas, lo que pone de 
manifiesto la continuación de unas prácticas de las que se derivan desequilibrios y para cuya 
corrección se aprobó la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, así como por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.  
o Reconocimiento extrajudicial de crédito por prestaciones del propio ejercicio (accesibilidad a
la página web)
La Junta de Gobierno Local había aprobado el 30 de diciembre de 2014 el expediente de contratación 
del servicio de adaptación del nivel de accesibilidad de la web del Ayuntamiento de Logroño, con un 
presupuesto de licitación de 78.000,00 euros; el contrato no se adjudicó en dicho ejercicio y en 2015 
se incorporó el remanente de crédito por el importe indicado en virtud del artículo 182.1 en tanto se 
trataba de una operación de capital. 
El 27 de mayo de 2015 se adjudicó el contrato por un importe de 64.461,00 euros, si bien no llegó a 
ejecutarse en dicho año, habiendo suscrito el acta de recepción final del servicio el 15 de julio de 
2016, por lo que en 2015 ya no se pudo volver a incorporar el remanente de crédito —esta vez 
comprometido— por 64.461 euros. 
Con fecha 9 de noviembre de 2016 el Interventor emitió informe en el que indicaba —tal y como 
regula la normativa presupuestaria de aplicación— que el remanente comprometido del año anterior  e.e
había quedado anulado en virtud del 182.2 TRLRHL, que establece que los remanentes incorporados  bo
únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio en el que la incorporación se acuerde; pero que  192ww
ndoe  loab fsatcatnutrea,  rye ceinb idaara dse d ceo envfoitramr iedla edn..r iquecimiento injusto de la Administración, proponía el abono
El  23  de  noviembre,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  la  “convalidación  de  actuaciones  y 
reconocimiento extrajudicial del gasto correspondiente a los trabajos realizados de adaptación del 
nivel de accesibilidad de la web del ayuntamiento de Logroño”. 
Respecto de los expedientes analizados, cabe señalar que La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 
28, entre las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria la omisión 
del  trámite  de  intervención  previa  de  los  gastos,  obligaciones  o  pagos,  cuando  esta  resulte 
preceptiva.12 
II.2.2.  AYUNTAMIENTO DE ALFARO
Sistema de control interno  
Alfaro tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 9.503 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
8.292.698,05 euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 2ª, según establece el RPPFHN para las entidades con 
población entre 5.000 y 20.000 habitantes, y consecuentemente el puesto de intervención está 
reservado en la RPT de la entidad a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención–
Tesorería, categoría de entrada. Su provisión, al cierre de 2016, era por concurso, correspondiendo 
al mismo funcionario que continuaba ejerciendo de Interventor municipal al cierre de los trabajos de 
fiscalización. 
Además del puesto reservado a FHN, el órgano de Intervención únicamente contaba en 2016 con un 
puesto de administrativo cubierto para asistirle en sus funciones. A la fecha de los trabajos de campo 
la situación era la misma. 
El sistema de fiscalización previa implantado era de fiscalización plena, de tal forma que se 
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos 
los expedientes. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Alfaro remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 27 de abril de 2017, antes de que finalizara 
el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
Se informó de 45 expedientes contrarios a reparos por importe de 869.377 euros y de cinco informes 
de anomalías de ingresos que de forma conjunta ascienden a 376.982,97 euros, remitiéndose 
certificación negativa respecto de expedientes con omisión de fiscalización. 
1ydre2 es qEle uilñn iAsateiyltaroué  nqdstue age mce eunienlepn rlataoobls  ima lsidlueuapgnduaic,e  iqnpsueatoecl.se  nE saoasn trsaaieol ia  zeslaeisedtgmaoarspcía irló eaan  nqc notueone  tu disnneeu s sievdujieaprtrduúc eaeits anlto  oce  auld fsaeirel qmfrauvaliitcedairo om p  evounintye o egs lrmt aaaodnvt tesiev aepannrdoc atyiao epnncataotroda s o dunre aoa , ipin ndlfiteocebrarmracu ieóam,nc spr reiinerd  qepitulae mirersjuriseeimc,  cieooun  ldyp s eaeu bnq ci ulaaidersaa oeds,l     BOE-A-2021-14cable en https://
en el correspondiente procedimiento sancionador.
Cuadro  18.  Muestra de expedientes analizados. Ayuntamiento de Alfaro 
Importe en euros 
% representatividad  % representatividad 
Muestra de expedientes  Nº  Importe 
número  importe 
Acuerdos o resoluciones contrarias a reparos  2  504.660,95  4  58 
Anomalías de ingresos  1  341.991,57  20  91 
Total  3  846.652,52  6  68 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la entidad a través de la Plataforma de rendición de cuentas. 
Los resultados obtenidos del análisis de los expedientes analizados se exponen en los siguientes 
apartados. 
Acuerdos contrarios a reparos 
Se han examinado los dos acuerdos contrarios a reparos cuyo importe era superior a 50.000 euros. 
o Suministro eléctrico
El órgano de Intervención emitió el 20 de julio de 2016 reparo suspensivo a la prórroga del contrato 
de suministro eléctrico, cuya fecha de finalización era el 31 de julio, “ya que se han omitido los 
requisitos o trámites esenciales”. Se indicaba además que en las prórrogas contractuales acordadas 
desde 2014 habían “carecido de procedimiento alguno (art.60 LRJPAC)” 13.  
La Junta de Gobierno Local levantó el reparo y acordó la prórroga del contrato desde 1 de agosto 
hasta 31 de diciembre de 2016, por un importe de 452.660,95 euros, basándose en la urgencia de la 
contratación y la imperiosa necesidad del suministro.  
El levantamiento del reparo por la JGL supone una vulneración del artículo 217 del TRLRHL, en tanto 
atribuye esta competencia al Presidente de la entidad local o al Pleno y la califica de indelegable. 
La situación descrita supone un incumplimiento de los artículos 23 y 28 del TRLCSP y origina, según 
se establece en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente 
LFJAP –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, 
sin  perjuicio  de  que,  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la Administración,  las  facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo, 
no subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC14, señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades 
derivadas de los hechos descritos. 
1134  ERle rgeuplaardoo  haacctíuaa ulmnean rteef eerne necl iaC ainpcíoturlroe cIVta  dael la Trtí.t u6l0o  dPer elalim LiRnJaPr AdeC ,l aq uLee yd e4b0e/2 e0n1t5e,n ddee r1s ed eh eocchtuab arle a, rdt.e 6 R2.é1g.eim).e n Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
Posteriormente, el 27 de julio de 2017, se formalizó un nuevo contrato para el servicio de suministro 
eléctrico, por lo que el periodo en el que se llevó a cabo la prestación sin cobertura jurídica válida fue 
de un año, poniendo de manifiesto un retraso significativo en el inicio del expediente de contratación. 
o Seguro de las instalaciones municipales y responsabilidad civil
Tras la renuncia de la empresa que venía prestando el servicio de seguro de edificios e instalaciones 
municipales y responsabilidad civil a prorrogar el contrato más allá del 31 de diciembre de 2016, se 
inició un procedimiento de contratación que se declaró desierto el 19 de octubre de 2016, iniciándose 
posteriormente otro que, el 28 de diciembre de 2016, tuvo el mismo resultado. 
En esa misma fecha, el 28 de diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local aprobó un nuevo 
expediente de contratación sin publicidad ni concurrencia, lo que motivó en la urgente necesidad del 
servicio, adjudicándose el contrato y su formalización al día siguiente. 
La Intervención municipal emitió informe desfavorable el mismo día 29 por no haberse seguido 
procedimiento  establecido  en  la  normativa  contractual  y  por  omisión  de  requisitos  y  trámites 
esenciales.  
Efectivamente, la tramitación urgente de un expediente, según dispone el artículo 112 del TRLCSP, 
reduce a la mitad los plazos de tramitación. Es únicamente para el procedimiento de emergencia 
donde se establece un régimen excepcional que prescinde de la tramitación de un expediente 
administrativo y se restringe a aquéllos casos en los que la Administración tenga que actuar de 
manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave 
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, circunstancias que no se apreciaban en 
el expediente analizado. 
La ausencia del procedimiento establecido da como consecuencia la existencia de actos que podrían 
adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por remisión al artículo 
62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC—. 
Asimismo,  la  disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP  señala  que  la  responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se 
pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a 
lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC, señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida 
de los preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, 
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No 
consta  que  se  hayan  iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles 
responsabilidades derivadas de los hechos descritos. 
Anomalías de ingresos 
Se ha informado de una anomalía de ingresos cuantificada en 314.991,57 euros y relativa a un 
compromiso de ingreso derivado de la Adenda 2016 Programa de Servicios Sociales que el 
Ayuntamiento de Alfaro firmó en relación con el Convenio que, sobre esta materia, mantenía con el 
Gobierno de La Rioja. 
El órgano de Intervención emitió un informe el 22 de junio de 2016 en el que ponía de manifiesto que 
se trataba de una competencia delegada y en la adenda suscrita no se había incluido la cláusula de 
garantía de cumplimiento de pago en el ejercicio de competencias delegadas prevista en el artículo  s
57 bis de la LRBRL, en la redacción introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de  oe.
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  w.
Nipnnuoocb  oclonaicbsbasteictt auiyóncanti oe lean, n aer elel  flyie nB rfenoonurlemclotiíae n  p idnOoedrf lii ccSIianaedtlen adrt.eev enl ncEitsaot ra ddneool   etTile r8inb edu ene anal  bcCroilo ndnsesid t2ietu0rc1ai6coi,nó panol  qr4 ulo1e / 2qe0us1et6,e ,a  a dprteaíc rtu3irl o dd eefu  demi cdaherazc olfae, rcachdoaon,    OE-A-2021-14able en https://
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA DE IREGUA
Sistema de control interno  
Villamediana de Iregua tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 7.855 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento fue de 4.212.126,64 
euros.  
De acuerdo con su población, correspondía al Ayuntamiento una Intervención de clase 2ª, por lo que 
el  puesto  de  intervención  estaba  reservado  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de 
intervención–tesorería, categoría de entrada. Su provisión al cierre de 2016 era por comisión de 
servicios desde el 16 de septiembre de 2016. Al cierre de los trabajos de fiscalización se había 
cubierto la plaza de forma interina mediante un concurso convocado al efecto, ocupándose por 
funcionaria de la subescala de secretaría-intervención. 
La Intervención únicamente contaba con el apoyo de una administrativa, tanto a la finalización del 
ejercicio 2016 como en noviembre de 2018 –fecha de corte de los trabajos de fiscalización-. 
El sistema de fiscalización previa implantado era de fiscalización plena, de tal forma que se 
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos 
los expedientes. No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, lo que 
supone un incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de 
eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua remitió la información prevista 
en el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 27 de febrero de 2017, dentro 
del plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
Se ha informado de un acuerdo contrario a reparo y se ha remitido certificación negativa en relación 
a los expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías de ingresos. 
Acuerdos contrarios a reparos 
El órgano de contratación, el 14 de noviembre de 2016, reparó el pago de seis facturas derivadas de 
diversas actuaciones musicales y prestaciones relacionadas con las fiestas locales, por importe 
conjunto de 90.672,56 euros, como consecuencia de que los encargos se habían realizado sin la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación, sin perjuicio de reconocer la procedencia 
del pago de las facturas en virtud del principio de no enriquecimiento injusto de la Administración. El 
reparo fue levantado a través de Decreto de Alcaldía el 15 de noviembre de 2016. 
La prestación de servicios sin cobertura contractual supone un incumplimiento de los artículos 28 y 
109 del TRLCSP, que determinan la exigencia de la formación de un expediente. La ausencia de 
contrato que ampare estas facturas da como consecuencia la existencia de actos que podrían 
adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por remisión al artículo 
62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-,  es
sin  perjuicio  de  que,  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la Administración,  las  facturas  o
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo,  192ww
nSoi  bsiuebns aalngau nloass  vdiceio lsa sd efal catcutroa sn i pdoedpruíaran  lhaasb reers pdoenrisvaabdioli ddaed elas  tara qmuieta hcuióbnie drae  luugna cr.o ntrato menor en
tanto no superan los 18.000 euros previstos para la contratación de servicios, el artículo 111  del
TRLCSP exige, asimismo, la formación de un expediente para la contratación menor y la aprobación  Bc
del gasto de forma previa a la prestación, lo que de haberse realizado y haber conllevado, además, 
la correspondiente retención del crédito, hubiera asegurado disponer la necesaria consignación 
presupuestaria para la imputación de las facturas al presupuesto en el que se generan.  
II.2.4.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A
REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN 
LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
En el examen efectuado sobre los 22 expedientes de gasto objeto de análisis y cuyos resultados se 
han expuesto en los epígrafes anteriores, se han puesto de manifiesto una serie de diferencias en 
los criterios y procedimientos aplicados para la tramitación de acuerdos contrarios a reparos y 
expedientes con omisión de fiscalización previa, así como en su remisión al Tribunal de Cuentas.  
Diferencias en los criterios y procedimientos en la tramitación 
La totalidad de las incidencias comunicadas relativas a contratación se generaron en la fase de 
reconocimiento  de  obligaciones,  pero  basadas  en  defectos  de  las  fases  de  preparación  y 
adjudicación, derivadas la mayoría de ellas de la prestación de servicios, y en menor medida, de 
suministros, sin cobertura contractual. 
En las tres entidades cuyos expedientes se han analizado –Ayuntamientos de Logroño, Alfaro y 
Villamediana de Iregua- las facturas derivadas de dichas prestaciones se imputaban en general al 
propio ejercicio en el que se generaban los gastos, previo acuerdo de levantamiento del reparo, en 
el cual, se había hecho constar la omisión de trámites esenciales, y en la mayoría de los casos, la 
necesidad de iniciar la tramitación de un nuevo contrato que sustituyera al anteriormente vigente.  
El Ayuntamiento de Logroño ha realizado una utilización de la figura del reconocimiento extrajudicial 
de crédito para supuestos diferentes: 
- Uso del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar al presupuesto gastos
efectuados en ejercicios precedentes cuyas facturas cursaron entrada en la entidad cuando ya
se había cerrado el ejercicio presupuestario en el que debieron ser aplicados. Por ello, la única
incidencia que les afecta es el incumplimiento del principio de anualidad recogido en el artículo
176.1 del TRLRHL, no viéndose los expedientes afectados por la insuficiencia de crédito u otras
deficiencias procedimentales.
- Utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito para imputar al presupuesto del ejercicio
facturas derivadas de prestaciones para las que no se contaba con cobertura contractual, cuyo
convalidación se realizaba —en aplicación del principio de no enriquecimiento injusto de la
Administración— a través de esta figura, lo cual, en ningún, caso subsana en sí misma, los vicios
de nulidad de los que pudiera adolecer el acto.
- Aprobación  de  un  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  para  aplicar  al
presupuesto  corriente  gastos  realizados  en  ese  mismo  ejercicio  imputables  a  un  crédito
comprometido en el ejercicio anterior, por lo que hubiera sido procedente su incorporación,
siempre que se contara con financiación suficiente.
Diferencias en la remisión de información al Tribunal de Cuentas  s
La remisión de la información al Tribunal de Cuentas ha tenido algunas diferencias según la entidad  w.
de que se tratara. Así, el órgano de Intervención del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua ha  192ww
rceomntirtaidtoo ; umni eancturaesr dqou ec oenl tArayruion taam reiepnatoro d een L oegl rqouñeo  cdliavseirfsicaós  epxrpeesdtaiecniotense sc osne  fahcatbuíraans  sreina lcizoabdeort usrian 
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correspondiente al período inicial no están sometidos a fiscalización previa, en estos casos, al no 
mantener la vigencia el contrato original, los gastos deberían haberse sometido a la misma, lo que 
resulta acorde con la regulación dada por el RCI, que además, establece expresamente que los 
informes de Intervención que han de emitirse en relación con los expedientes con omisión de 
fiscalización previa no tienen naturaleza de fiscalización. 
II.3.  RESULTADOS  DEL  ANÁLISIS  DEL  CONTROL  INTERNO  REALIZADO  SOBRE  UNA
MUESTRA DE ENTIDADES  
En este subapartado se exponen los resultados de un análisis específico efectuado sobre la 
configuración del órgano de Intervención en algunos Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
seleccionados según los siguientes criterios. 
De los cuatro ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes -Logroño, Calahorra, Arnedo 
y Haro–, se han seleccionado los tres últimos en tanto el control interno del Ayuntamiento de Logroño 
fue objeto de revisión en la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formalizados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 
y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas”, cuyo 
Informe fue aprobado el 21 de diciembre de 2017 por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Además, se 
han incluido en la muestra los otros dos Ayuntamientos cuyos expedientes han sido objeto de revisión 
—Alfaro y Villamediana de Iregua—. 
Sistema de fiscalización y elaboración de informes por el órgano de Intervención 
En el siguiente cuadro se detallan las circunstancias del sistema de fiscalización previa de cada una 
de las entidades y se indica si han remitido certificación negativa en relación con los acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y anomalías de 
ingresos. 
Cuadro  19.  Ayuntamientos cuyo sistema de control interno se analiza 
Fiscalización limitada previa (1) 
Obligaciones  Control  Certificación 
Ayuntamiento  Población 
reconocidas netas  Existencia  Órgano  Otros  financiero  negativa (2) 
crédito  competente  extremos 
Calahorra 23.737  17.689.028,37  - -  -  Sí  Sí
Arnedo  14.756  11.726.684,60  Sí  Sí  Sí  Sí  No 
Haro 11.305  11.909.103,83  - -  -  No  No
Alfaro  9.503  8.292.698,05  -  -  -  No  No 
Villamediana de Iregua  7.855  4.212.126,64  -  -  -  No  No 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(1)Se ha indicado – en los casos en los que la entidad realizaba una fiscalización previa plena
(2)Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos s
De las cinco entidades analizadas15 sólo el Ayuntamiento de Arnedo tenía establecido en 2016 un  192ww
sistema de fiscalización limitada previa que se circunscribía a los gastos de contratación y las
15 Los ayuntamientos de Haro y Calahorra implantaron la fiscalización limitada previa en los ejercicios 2018 y 2019  BOE-A-cable e
respectivamente.
subvenciones, si bien el modelo indicado no había sido aprobado expresamente por el Pleno de la 
entidad, tal y como exige el artículo 219.2 del TRLRHL. 
La aplicación de la fiscalización previa limitada requiere, según el apartado 3 del mismo artículo, la 
realización posterior de otra fiscalización plena y la remisión al Pleno de un informe escrito con las 
conclusiones y observaciones. La entidad analizada, a pesar de realizar actuaciones de control 
financiero posterior, no elevó al Pleno el citado informe. 
Así, el control interno, además de la función interventora, está integrado por un control financiero 
posterior relativo a la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de la 
normativa de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
previstos. Los resultados de dicho control, al que se refiere el art. 220 del TRLRHL, deben recogerse 
en un informe que habrá de remitirse al Pleno de la entidad. De esta forma, la elaboración del informe 
previsto en el artículo 219.3 y el que habría de realizarse según lo señalado en el párrafo anterior, 
tendrían en común la exposición de los resultados relativos a la comprobación de la legalidad, así, el 
contenido del primero quedaría incluido en el segundo. 
Las únicas entidades que desarrollaron actuaciones de control financiero en el periodo fiscalizado 
fueron los Ayuntamientos de Calahorra y Arnedo, no teniendo establecido la primera de ellas el 
sistema de fiscalización limitada previa.  
Las otras tres entidades –Ayuntamientos de Haro, Alfaro y Villamediana de Iregua- no llevaron a 
cabo actuaciones de control financiero, lo que, además de un incumplimiento legal, conlleva un 
sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios 
de buena gestión financiera en la actuación de la entidad.  
En  relación  con  la  fiscalización  de  los  ingresos,  solo  el  Ayuntamiento  de  Alfaro  sustituía  su 
fiscalización  previa  por  la  inherente  a  la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por  actuaciones 
comprobatorias posteriores, elaborando posteriormente un informe relativo a dichas actuaciones, en 
aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL.  
Finalmente, el artículo 218.1 del TRLRHL recoge la obligación del órgano de Intervención de elevar 
informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la 
misma que sean contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. De los cuatro órganos de Intervención que, respecto 
de 2016, comunicaron la existencia de este tipo de resoluciones, sólo el de Alfaro elevó el referido 
informe, incumpliendo el precepto citado los de Arnedo, Haro y Villamediana de Iregua. Asimismo, 
sería conveniente que los órganos de Intervención de las entidades en las que no se producen este 
tipo de acuerdos o anomalías, también comunicara al Pleno su inexistencia. 
Funciones del órgano de Intervención 
La definición de las funciones de la Intervención se contiene en el artículo 92 bis LRBRL y en el Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de  la  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional.  En  particular,  las  funciones 
ordinarias a desempeñar son las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, 
así como la de contabilidad, excepto para los municipios de gran población, cuyo régimen de 
organización está previsto en el Título X de la LRBRL y se excluye expresamente la posibilidad de 
que la función de contabilidad sea atribuida a los órganos de Intervención. Es municipio de gran 
población en la Comunidad Autónoma de La Rioja el Ayuntamiento de Logroño. 
En ninguna de las entidades examinadas el órgano de Intervención realizaba otras labores además 
de las que les son propias16, por lo que estos aspectos no representan mermas sobre la autonomía 
y objetividad que se requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización.  
Normas y manuales de control interno y programas informáticos 
Ninguna de las entidades fiscalizadas dispuso en 2016 de normas reguladoras comprensivas de los 
procedimientos de fiscalización y control interno atribuidos al órgano de Intervención, ni aplicaciones 
informáticas para el soporte de las actuaciones de control interno. Las instrucciones y manuales 
internos son adecuados para definir las tareas asignadas a las unidades, en particular las de control 
interno, al permitir conocer con claridad qué funciones se han de ejercer, en qué plazos y atendiendo 
a qué tramites, lo que ofrece una adecuada estandarización en el ejercicio de las funciones, una 
seguridad al personal interviniente y evita que el cambio en los ocupantes de los puestos suponga 
una pérdida de operatividad. 
Formas de provisión de puestos de trabajos reservados a FHN 
En el cuadro siguiente se ofrecen las características del puesto reservado a funcionarios de 
habilitación nacional en los órganos de intervención de las entidades analizadas, incluyendo la forma 
de provisión del mismo, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en noviembre de 2018, fecha de corte 
de los trabajos de fiscalización. 
Cuadro  20.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional y antigüedad en la 
última ocupación 
Forma de cobertura 
Población del 
Ayuntamiento  Clase del puesto 
municipio  
Diciembre 2016  Noviembre 2018 
Calahorra 23.737  Clase 1ª  Interino  Interino
Arnedo  14.756  Clase 1ª  Accidental  Provisional 
Haro 11.305  Clase 1ª  Accidental  Provisional
Alfaro  9.503  Clase 2ª  Concurso  Concurso 
Villamediana de Iregua  7.855  Clase 2ª  Comisión de servicio  Interino 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por las entidades 
Únicamente el Ayuntamiento de Alfaro tenía provisto el puesto de Intervención de manera definitiva, 
tanto a 31 de diciembre de 2016 como en 2018, poniéndose de manifiesto una provisionalidad muy 
elevada en la forma de cobertura de los puestos de intervención reservados a funcionarios de 
habilitación nacional (80%). 
En el Ayuntamiento de Arnedo la Intervención estaba cubierta, a 31 de diciembre de 2016, de forma  es
accidental, recayendo el nombramiento en un funcionario del grupo C. En noviembre de 2018 la  o
cId1n6oe tne LtIroanvsbtee inlaricvdyieauóndnnc,t  maiócmuonnni eittcnraoitmpol asbiln i.é dtAenerd  nesAomel f oaáe rsonl,a  cd yaru errHgmaaanibsrtoeaió   enddl  eetdrc áelatm rrianaitmfneo  irdtqameur a eacy le isógcín au rcmeaiao polnliiztemraoseb,s nae tónla rA rgf yuadunnoncoctisaou,mnm etioeesdnn aattaosdc  idcieóeilonl aAn slarf ealaelratsort,i i bhvpuaaei  dcraooa m soi nuprcdnoleiurc níaalaadnn o nz cqaoousrmm ef oaies tlic tvóaaarlleg easas  n lloaae     BOE-A-2021-14cable en https://
imposición de tributos y de corregir nóminas y documentos relativos al personal de la Corporación.
cobertura pasó a ser mediante nombramiento provisional en un FHN, nombramiento que efectuó la 
Comunidad Autónoma según se dispone en el RPPFHN. 
En el Ayuntamiento de Haro la forma de cobertura en diciembre de 2016 también era a través del 
nombramiento accidental de un funcionario del grupo C, a pesar de que, tal y como se muestra en el 
cuadro siguiente se contaba con personal técnico del grupo A. En 2018, la Comunidad Autónoma 
nombró a un funcionario provisional. 
No resultan adecuados los nombramientos sobre funcionarios del grupo C en tanto su tarea esencial 
es la realización de tareas administrativas de trámite y colaboración, y la titulación de acceso a los 
cuerpos de este subgrupo no es acorde al desempeño de las funciones de la responsabilidad de las 
encomendadas a los funcionarios de habilitación nacional. 
En el Ayuntamiento de Calahorra la provisión del puesto era, desde junio de 2016, a través de 
nombramiento por la Comunidad Autónoma de funcionaria interina —anteriormente estaba cubierto 
mediante una comisión de servicios—, situación que se mantuvo a la finalización de 2018 en la misma 
persona. 
Respecto de las posibles actuaciones tomadas por las entidades para procurar una forma definitiva 
de provisión de los puestos de Intervención reservados a FHN, ninguna de ellas ha implementado 
medidas al respecto, al margen de concursos unitarios convocados por la Administración General 
del Estado. 
Personal adscrito al órgano de Intervención  
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  las 
administraciones públicas realizan la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades de 
los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño; en función de las RPT 
se definirán las plantillas y se determinarán las ofertas públicas de empleo. 
El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua carecía en 2016 de una RPT aprobada por el Pleno, 
incumpliendo por tanto la obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de 
la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal17. 
Las cinco entidades han aportado los anexos de personal aprobados con el presupuesto para 2016 
en los que figuraban los puestos referidos del órgano de Intervención. 
En el cuadro siguiente se muestran los datos relativos a la composición del órgano de Intervención 
en cada una de las entidades. 
17 La RPT del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua se aprobó en el ejercicio 2017.
Cuadro  21.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal y nivel de ocupación 
Importes en euros 
Puestos ocupados a 31/12/2016 
Obligaciones  Total de 
Personal Técnico  Personal de apoyo 
Ayuntamiento  Reconocidas  puestos 
Netas  FHN (*)  Técnico/a  Técnico/a  ocupados 
Administrativo  Auxiliar  
A1  A2 
Calahorra 17.689.028,37  1  1  -- 4 -- 6 
Haro  11.909.103,83  --  1  --  4  1  6 
Arnedo  11.726.684,60  --  --  --  1  3  4 
Alfaro  8.292.698,05  1  --  --  1  --  2 
Villamediana de Iregua  4.212.126,64  1  --  --  1  --  2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(*) Se ha considerado ocupado el puesto reservado a FHN cuando su provisión era definitiva o bien cuando estaba ocupado de forma 
provisional por FHN o por funcionario interino, no así cuando la cobertura era mediante nombramiento accidental (en cuyo caso se ha 
computado el puesto de trabajo previo del funcionario) ni cuando las funciones se realizaban en régimen de acumulación. 
Para valorar una aproximación a la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de control 
interno, se han considerado características cualitativas y cuantitativas de los puestos para apreciar 
si de estas dotaciones de personal puede inferirse una dificultad del órgano de Intervención para el 
ejercicio de las funciones de control interno. 
Las cinco entidades analizadas gestionaron un volumen de gastos (obligaciones reconocidas netas, 
ORN) inferior a veinte millones de euros. No obstante, en los dos ayuntamientos con menos de diez 
millones de euros de ORN –ayuntamientos de Alfaro y Villamediana de Iregua-, su órgano de 
Intervención contaba, además del habilitado nacional, con un único administrativo.  
En los tres restantes –Ayuntamientos de Calahorra, Arnedo y Haro- la unidad fiscalizadora estaba 
dotada  con  entre  cuatro  y  seis  personas;  si  bien,  sólo  contaban  con  personal  técnico  los 
Ayuntamientos de Calahorra y Haro. 
La situación de insuficiencia de medios personales ha sido advertida por los órganos de Intervención. 
Se ha requerido a la persona responsable de la Intervención de cada una de las entidades analizadas 
su valoración sobre la adecuada cobertura del órgano, resultando que todos los interventores 
consideran que la unidad no está suficientemente dotada, lo que, en general, resultaría acorde con 
la dotación de medios humanos que se acaba de describir. En este sentido, el recientemente 
aprobado RCI establece la necesidad de que los órganos de control interno dispongan de los medios 
necesarios y suficientes para llevar a cabo un modelo de control eficaz. 
Por lo que se refiere al género del personal adscrito a los órganos de control interno, según la 
información facilitada por las entidades, el 85% eran mujeres, a lo que debe añadirse que en todos 
los casos la titularidad de la Intervención municipal estaba ocupada por mujeres. 
 CONCLUSIONES 
Los principales resultados de esta fiscalización son los siguientes: 
EN  RELACIÓN  CON  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  DE  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS (Subapartado II.1) 
Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información (Epígrafe II.1.1). 
1. A 5 de abril de 2019, el 67% de los órganos de Intervención de las entidades locales de La Rioja
había remitido la información correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de cumplimiento en plazo
representa el 37% de los envíos totales.
Por  tipo  de  entidades,  el  nivel  de  cumplimiento  de  los  órganos  de  Intervención  de  los
ayuntamientos de más de 1.000 habitantes fue del 100%. El porcentaje de cumplimiento de la
obligación fue del 67% en relación con los ayuntamientos de menor población, del 75% respecto
de las EATIM y se redujo al 38% en el caso de las mancomunidades.
Respecto de las entidades locales sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.2) 
2. El 92% de las entidades que han enviado información certifican que no se produjeron acuerdos
contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención; el 98% que no se advirtieron
expedientes con omisión de fiscalización previa; y el 99% que no se apreciaron anomalías en la
gestión de ingresos en el periodo fiscalizado. El 92% de dichas entidades certificaron que no se
produjo ninguno de estos acuerdos, expedientes o anomalías. Este alto porcentaje se explica por
la elevada atomización existente en la Comunidad –el 83% de Ayuntamientos tiene una población
inferior a 1.000 habitantes-, siendo precisamente entre estos ayuntamientos donde la ratio de
certificaciones negativas es generalmente mayor (97%). Esta ratio se elevó al 100% entre las
mancomunidades y las EATIM.
3. Los órganos de Intervención de casi todas las entidades locales (99%), con independencia del
tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron anomalías de ingresos. Esta situación
podría verse motivada por el hecho de que el concepto de principales anomalías de ingresos no
se encuentra contemplado por la normativa, cuestión que se une al hecho de que la mayoría de
las entidades locales, en aplicación del artículo 219.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos por la toma de razón en
contabilidad, sin que se lleven a cabo controles posteriores sobre la gestión de los ingresos.
Respecto del alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales (Epígrafe 
II.1.3)
4. Tres de los nueve ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de La Rioja habían
establecido un sistema de fiscalización limitada previa, en los tres casos, los respectivos Plenos
concretaron la comprobación de otros extremos de la gestión del gasto -además de que el crédito
fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor del gasto fuera, asimismo, competente-; una de
ellas no llevó a cabo un control financiero posterior. s
En relación con los ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes de los que se ha w.
dispuesto de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue 192ww
dy ecl o1m1%pe, tye ndceia e.l lAos s, uú nviceaz,m seonlote  deens ealr r2o3ll%ab saen  euxnig cíao nlatr roel vfiisniaónnc dieer oe xptroesmteoriso ar deilc i3o1n%al edse a l acsré qduiteo
establecieron fiscalización limitada previa.
5. Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su
utilización  entre  las  entidades  locales  de  La  Rioja  ha  sido  residual,  habiéndose  aplicado
únicamente en el 5,6% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del control
interno de aquellas.
La ausencia de ejercicio de actuaciones de control financiero que complementen la fiscalización
limitada previa, máxime cuando esta se restringe a la comprobación de que existe crédito
suficiente y que el órgano que genera el gasto es el adecuado, configura un sistema de control
interno insuficiente, en el que, además de no comprobarse si se cumplen los principios de buena
gestión financiera, no se complementa el control de legalidad de la fiscalización previa de la
Intervención con actuaciones posteriores.
Respecto de los informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto (Epígrafe II.1.4)  
6. De las 142 entidades que remitieron los datos relativos al ejercicio 2016, los órganos de
Intervención de dos municipios señalaron haber informado negativamente la aprobación de los
presupuestos, uno de los cuales también indicó la existencia de informe desfavorable en relación
con la liquidación del presupuesto.
Respecto de los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención (Epígrafe 
II.1.5)
7. Se ha recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 5 de abril de 2019, un total de 117
resoluciones o acuerdos contrarios a reparos con un importe de 1.225.467,13 euros, formulados
por los órganos de Intervención de once ayuntamientos, todos ellos de población inferior a 25.000
habitantes.
8. El 64% del importe de los acuerdos contrarios a reparos resultó referente a expedientes de
contratación —fundamentalmente contratos de suministros y de servicios—. Le siguen en
importancia cuantitativa los expedientes de gastos de personal (24%) y de subvenciones y
ayudas públicas (10%).
9. La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o
trámites esenciales. Concretamente en 2016 se comunicaron 67 acuerdos contrarios a reparos
con esta motivación, que representan el 57% de los expedientes y un 76% de la cuantía total.
10. El  77%  de  los  acuerdos  contrarios  a  reparos  comunicados  lo  fueron  en  relación  con  el
reconocimiento de la obligación, seguidos por reparos relativos a la fase de pago (11%) y del
compromiso del gasto (4%).
11.El órgano que más resoluciones emitió fue el Presidente, tanto por importe (el 58%), como por
número de expedientes (el 91%); los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno representaron
el 7% de los acuerdos y el 37% del importe. El resto se corresponde con acuerdos adoptados por
el Pleno de la Entidad.
La aprobación de las discrepancias por Junta de Gobierno Local supone una vulneración del
artículo 217 del TRLRHL, en tanto atribuye esta competencia al Presidente de la entidad local o
al Pleno, según los casos, y la califica de indelegable. e
Respecto de los expedientes con omisión de fiscalización previa (Epígrafe II.1.6)  192ww
12.cEonn l ao mPliastióanfo rdmela t rdáem Riteen ddeic ifóisnc adleiz Cacuieónnt apsre, vai a5,  dpeo ra ubnri l idmep 2o0rt1e9 c, osnej uhnatno  rdeec ib1i.d9o3 73.63 0e5x,p0e2d eieunrtoess.
Fueron remitidos por los órganos de Intervención de tres ayuntamientos, correspondiendo 33 de
ellos al Ayuntamiento de Logroño. El 69% son operaciones de contratación, de las que el 44% 
corresponden a contratos de gestión de servicio público y el 40% a contratos de servicios. 
Respecto de las principales anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.7) 
13.Se ha comunicado la existencia de cinco anomalías de ingresos en 2016, por un importe conjunto
de 376.982,97 euros; todas ellas remitidas por el órgano de Intervención del Ayuntamiento de
Alfaro.
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS  DE  INGRESOS  DE  LAS  ENTIDADES  SELECCIONADAS  EN  LA  MUESTRA 
(Subapartado II.2) 
Se han analizado de forma individualizada 23 expedientes de importe superior a 50.000 euros 
comunicados al Tribunal de Cuentas por los órganos de Intervención local: diecinueve expedientes 
con omisión de fiscalización previa, tres acuerdos contrarios a reparos y una anomalía de ingresos. 
14. Los  diecinueve  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  fueron  tramitados  por  el
Ayuntamiento de Logroño, de su análisis se han deducido las siguientes conclusiones:
 Catorce  expedientes  eran  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito,  cuyo  importe
agregado era de 961.153,89 euros, a través de los cuales se imputó al presupuesto de
2016  facturas  derivadas  de  la  prestación  de  tres  servicios  —asistencia  sanitaria18,
servicios postales y mantenimiento del hardware periférico— para los que no se contaba
con contrato en vigor.
En los expedientes relativos a la asistencia sanitaria y mantenimiento del hardware
periférico se vulneraron los artículos 23, 28 y 109 del TRLCSP, que sancionan el carácter
formal de la contratación, exigen la formación de un expediente, así como que las
prórrogas sean acordadas expresamente por el órgano de contratación antes de la
finalización del contrato.
Las adjudicaciones directas y las prórrogas no formalizadas suponen, según se señala en
el informe referido, un incumplimiento de la normativa contractual y originan, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces
vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC- la nulidad
de las actuaciones, sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la
Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al
tercero afectado, lo que, en sí mismo, no subsana los vicios del acto ni depura las
responsabilidades a que hubiera lugar.
La  disposición  adicional  decimonovena  del  TRLCSP  señala  que  la  responsabilidad
patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas
que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia de contratación administrativa se
exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC19, señalando asimismo que
la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho Texto Refundido
por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando medie al
menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria
se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan s
18 Parte de la demora en la formalización de este contrato vino motivada por la suspensión de la adjudicación derivada de
l1a9  iRnetegruploasdioci óanc tduea lmune nretec uernso e al nCtaep eítl uTlori bIVun dael lA Tdímtuilnoi sPtrraetliivmoi nCaer ndtera lla d Lee Rye 4c0u/r2s0o1s5 C, odnet r1a cdteu aolcetsu.b re, de Régimen Jurídico  BOE-A-cable e
del Sector Público.
iniciado  actuaciones  tendentes  a  la  depuración  de  las  posibles  responsabilidades 
derivadas de los hechos descritos. 
Por lo que se refiere a la prestación de servicios postales, en tanto el tiempo sin contrato 
fue inferior a un mes y había sido publicada la licitación del contrato con anterioridad, el 
periodo sin cobertura contractual no tendría actualmente la concepción de prórroga tácita, 
en tanto el artículo 29 de la vigente ley de contratos, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, prevé 
que un contrato se pueda prorrogar hasta que comience la ejecución del siguiente y por 
un periodo máximo de 9 meses, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato 
se hubiera publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de 
finalización del contrato originario. 
 El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobó  otros  cuatro  expedientes  de  reconocimiento
extrajudicial de crédito por importe conjunto de 558.627,33 euros. En su mayoría se
trataba de facturas de 2015 que, por haberse tramitado con retraso no fueron imputadas
al presupuesto en el que se generaron. No obstante, el reconocimiento extrajudicial
incluye también tres facturas derivadas del servicio de mantenimiento del software de
periferia por importe de 108.240,15 que, como ya se ha indicado, no contaba con
cobertura contractual, así como otra factura por importe de 6.000 euros derivada de un
evento por el patrocinio del Consorcio de Universidades para la que tampoco se había
tramitado el correspondiente contrato.
 El último expediente del Ayuntamiento de Logroño analizado es un reconocimiento
extrajudicial de crédito por el que se imputa al presupuesto la factura, de 64.461 euros,
de un contrato celebrado para mejorar la accesibilidad de la página web del Ayuntamiento.
En tanto el crédito ya había sido incorporado en el ejercicio 2015, no resultaba posible, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 182 del TRLRHL, su incorporación en 2016; no
obstante, y en aras de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, se procedió
al abono de la factura recibida de conformidad.
15. En los tres acuerdos contrarios a reparos examinados —dos de ellos correspondientes al
Ayuntamiento de Alfaro y uno a  Villamediana de Iregua- se prescindió del procedimiento
establecido en la normativa de aplicación, lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 del
TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente LFJAP –cuyos términos reproduce
el artículo 47 de la actual LPAC-, podría suponer la nulidad de las actuaciones; sin perjuicio del
pago de las facturas generadas en cada uno de ellos para evitar el enriquecimiento injusto de la
Administración,  lo  que,  en  sí  mismo,  no  subsana  los  vicios  del  acto  ni  depura  las
responsabilidades a que hubiera lugar.
 El Ayuntamiento de Alfaro, en relación con la prestación del suministro eléctrico, acordó
una prórroga no formalizada, lo que de facto supone una adjudicación directa, y un
incumplimiento de los artículos 23 y 28 del  TRLCSP.  Asimismo, y respecto de la
contratación del seguro de las instalaciones municipales y responsabilidad civil, la Junta
de Gobierno Local aprobó un expediente de contratación sin publicidad ni concurrencia
sin que se dieran las causas excepcionales que prevé el artículo 113 del TRLCSP, que
restringe al procedimiento de emergencia20 a aquéllos casos en los que la Administración
tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa
nacional. s
 El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua contrató diversas actuaciones musicales y w.
prestaciones relacionadas con las fiestas locales por importe de 90.672,56 euros sin la 192ww
tramitación de los correspondientes contratos, lo que supone un incumplimiento de los
20 El Ayuntamiento calificó el expediente como urgente, si bien, la tramitación urgente de un expediente, según dispone el  BOE-A-cable e
artículo 112 del TRLCSP, reduce a la mitad los plazos de tramitación.
artículos 28 y 109 del TRLCSP, que determinan la exigencia de la formación de un 
expediente. Si bien, algunas de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de 
un contrato menor en tanto no superan los 18.000 euros previstos para la contratación de 
servicios, el artículo 111  del TRLCSP exige, asimismo, la formación de un expediente 
para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la prestación, lo 
que de haberse realizado y haber conllevado, además, la correspondiente retención del 
crédito, hubiera asegurado disponer la necesaria consignación presupuestaria para la 
imputación de las facturas al presupuesto en el que se generan. 
Los incumplimientos señalados se pusieron, en todos los casos, de manifiesto en los informes 
emitidos por los órganos de Intervención. En este sentido, la disposición adicional decimonovena 
del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en materia 
de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC21, 
señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en dicho 
Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando 
medie al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave, cuya responsabilidad disciplinaria 
se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta que se hayan iniciado 
actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades derivadas de los 
hechos descritos. 
16.El expediente de anomalía de ingresos examinado corresponde al Ayuntamiento de Alfaro. Es
relativo a un compromiso de ingreso derivado de un Convenio con el Gobierno de La Rioja.
Respecto al mismo, el órgano de Intervención emitió un informe señalando que, a pesar de
tratarse  de  una  competencia  delegada  no  se  había  incluido  la  cláusula  de  garantía  de
cumplimiento de pago en el ejercicio de competencias delegadas prevista en el artículo 57 bis de
la LRBRL, en la redacción introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local.  No  obstante,  este  artículo  fue  declarado
inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo, por lo
que, a partir de dicha fecha, no cabe ya dicha referencia.
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO REALIZADO 
SOBRE UNA MUESTRA DE ENTIDADES (SUBAPARTADO II.3) 
Se ha examinado el sistema de control interno establecido en los ayuntamientos de población 
superior a 10.000 habitantes22 y en aquéllos otros cuyos expedientes han sido objeto de análisis.  
17.De las cinco entidades analizadas, únicamente el Ayuntamiento de Arnedo tenía establecido en
2016 un sistema de fiscalización limitada previa, que se circunscribía a los gastos de contratación
y las subvenciones. El Pleno del Ayuntamiento no había aprobado el modelo indicado, tal y como
exige el artículo 219.2 del TRLRHL.
18.Los Ayuntamientos de Haro, Alfaro y Villamediana de Iregua no llevaron a cabo actuaciones de
control financiero, lo que, además del incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, conlleva un
sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se cumplían los
principios de buena gestión financiera en la actuación de la entidad.
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21 de diciembre de 2017 por el Pleno del Tribunal de Cuentas.
19.Únicamente el Ayuntamiento de Alfaro sustituyó la fiscalización previa de los ingresos por la
inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores,
elaborando el informe relativo a dichas actuaciones, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL.
20.De los cuatro órganos de Intervención que, respecto de 2016, comunicaron la existencia de
acuerdos contrarios a reparos o anomalías de ingresos, los de Arnedo, Haro y Villamediana de
Iregua no elevaron al Pleno el informe informativo que, respecto de dichos expedientes, exige el
artículo 218.1 del TRLRHL.
21. Únicamente el Ayuntamiento de Alfaro tenía provisto el puesto de Intervención de manera
definitiva, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en 2018, poniéndose de manifiesto una
provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura de los puestos de intervención reservados
a funcionarios de habilitación nacional (80%).
22.Las entidades cuyo puesto de Intervención reservado a FHN estaba cubierto de forma provisional,
limitaron la posibilidad de la cobertura de los puestos de intervención a su adjudicación en los
concursos unitarios convocados por la Administración General del Estado, no convocando los
preceptivos concursos ordinarios.
23.Del examen de la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de Intervención de las
entidades de la muestra se ha deducido una carencia de medios personales debidamente
cualificados.
 RECOMENDACIONES 
En anteriores Informes del Tribunal de Cuentas sobre esta materia se han formulado diversas 
recomendaciones con la finalidad de contribuir a superar las deficiencias puestas de manifiesto y a 
mejorar la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales. 
Con posterioridad, se ha producido la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, el 
cual prevé diferentes medidas para subsanar las carencias en el ámbito que regula, por lo que, sin 
perjuicio de ir valorando su implementación, se han suprimido algunas de las recomendaciones de 
Informes anteriores en tanto su contenido se recoge en el mencionado Real Decreto. 
Así, las recomendaciones que este Tribunal formula en relación con la materia analizada, son las 
siguientes: 
1. Se recomienda a los órganos de Intervención que, en el caso de no haberse producido ninguna
de las incidencias enumeradas en el artículo 218.1, eleven al Pleno una nota informando de esta
circunstancia, de forma análoga a la comunicación que se realiza a este Tribunal de Cuentas en
cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción, del Tribunal de Cuentas que regula la remisión
telemática de esta información (Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015), de esta forma,
el Pleno tendría conocimiento expreso de la situación acontecida en relación con los acuerdos
contrarios a reparos.
2. Habrían de establecerse las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos
suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las
entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado.
3. La  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  debería  impulsar  la  celebración  anual  de  los
correspondientes concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las Corporaciones Locales
siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, estableciéndose los mecanismos
que aseguren la cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a funcionarios con
habitación nacional, restringiendo los nombramientos accidentales, los puestos vacantes y la
ocupación por funcionarios interinos o por funcionarios con habilitación nacional por acumulación,
a los casos en los que, de manera debidamente justificada y atendiendo a los requisitos
legalmente previstos, los puestos no hubieran podido cubrirse de manera ordinaria, lo que
redundará en el afianzamiento del control interno.
4. Las entidades locales deberían evitar tanto la acumulación de funciones de intervención en un
único  puesto  como  el desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control interno,  que
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las funciones
ordinariamente asignadas a los órganos de Intervención.
5. Las entidades locales deberían valorar la posible utilización de las centrales de contratación,
especialmente cuando, por carecer de medios suficientes, no estén en condiciones de tramitar
por sí mismas los procedimientos ordinarios de adjudicación de los contratos necesarios para la
prestación de los servicios a su cargo. De esta forma se garantizaría la aplicación de los principios
de concurrencia y publicidad en la contratación administrativa, evitando el uso excesivo de la
figura del contrato menor. s
6. Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los w.
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos menores, 192ww
etrla mórigtaarn loa  creosrrpeosnpsoanbdleie ndteel  pgroapstuoe, sutan ad ev reezt eqnuceió ns ed ea ccruéedridtoe  vlaa lirdeaadliaz apcoiró Inn tdeervl emncisiómno, ,d dee fboermríaa
lqause B saes eesv itdee l aE jfeacltuac dióen c doenls pigrneasucipóune pstroe sduepbueersíatanr ipar ecuvearn dmoe scea ngisemneorse  dlae  ogbelsigtiaócni ódne.  Alossi mgiassmtoos, BOE-A-cable e
de menor cuantía para los que no se considere conveniente la celebración de un contrato menor, 
pudiendo materializar aquéllos a través de pagos a justificar, con las condiciones y cuantías 
mínimas que las entidades consideren operativas 
7. Las entidades locales deberían implantar procedimientos de gestión adecuados que garanticen
el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con el tiempo suficiente para evitar
la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término
de contratos previos.
8. Las entidades locales deberían identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas
de  gestión  que,  amparándose  en  la  necesidad  de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la
Administración,  originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  procedimiento  de
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de
gastos de ejercicios anteriores -o incluso del propio ejercicio-, derivados de actos administrativos
en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para
remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que
pudieran derivarse de dichos incumplimientos.
9. Por último, se recomienda la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de
crédito en el marco presupuestario actual, emanado de las leyes General Presupuestaria y de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos
excepcionales en los que puede ser aplicado. Todo ello contribuiría a clarificar las consecuencias
administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito presupuestario y,
por consiguiente, impediría la utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito como una
fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos que no está admitida en
nuestro ordenamiento.
Madrid 25 de junio de 2019 
LA PRESIDENTA 
María José de la Fuente y de la Calle
ANEXOS
RELACION DE ANEXOS 
Anexo  I  Entidades que, en fecha de 13 de junio de 2019, no han rendido la 
Cuenta General del ejercicio 2016  y 2017 al Tribunal de Cuentas 
Anexo  II.  Entidades que, en fecha de 5 de abril de 2019, no habían remitido al 
Tribunal de Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, referidas al ejercicio 2016 
Anexo  III.  Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Anexo I.- 1/1 
Anexo  I  Entidades que, en fecha de 13 de junio de 2019, no han rendido la Cuenta 
General del ejercicio 2016  y 2017 al Tribunal de Cuentas 
Ejercicio  Ejercicio 
Provincia  Tipo de entidad  Denominación  Población 
2016  2017 
La Rioja  Ayuntamientos  Anguiano  506  - X
Arnedo  14756  X
Grávalos  192  - X
Hormilla  431  - X
Hormilleja  141  - X
Nieva de Cameros  96  - X
Ochánduri  92  X  X 
Ortigosa de Cameros  245  X  X 
Villarroya  5  X  X 
Pinillos  18  - X
El Rasillo de Cameros  150  - X
Mancomunidades  Aguas del Glera  X  X 
Alhama-Linares  - X
Alto Iregua  X  X 
Anguiano-Matute-Tobia  X  X 
Monte Rad-Yedro  X  X 
Montes de Villavelayo, Canales de la Sierra y 
X  X 
Mansilla de la Sierra 
Oja-Tirón  X  X 
Zarratón de Rioja, Hervias y San Torcuato  X  X 
Turística Valles de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos  X  X 
Alto Najerilla  X  X 
Desarrollo turístico la senda termal  X  X 
Anexo II.- 1/2 
Anexo  II.  Entidades que, en fecha de 5 de abril de 2019, no habían remitido al 
Tribunal de Cuentas la información establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, 
referidas al ejercicio 2016. 
Tipo de Entidad  Denominación 
Ayuntamientos  Almarza de Cameros 
Anguciana 
Anguiano 
Azofra 
Badarán 
Brieva de Cameros 
Briñas 
Camprovín 
Canales de la Sierra 
Cañas 
Cellorigo 
Cihuri 
Cuzcurrita de Río Tirón 
Cárdenas 
Daroca de Rioja 
Foncea 
Fonzaleche 
Galbárruli 
Grañón 
Grávalos 
Herce 
Hormilla 
Hormilleja 
Huércanos 
Leiva 
Mansilla de la Sierra 
Manzanares de Rioja 
Matute 
Muro de Aguas 
Ochánduri 
Ortigosa de Cameros 
Pinillos 
Pradillo 
Préjano  e.e
Sajazarra  w.b
San Millán de Yécora  192ww
SSaann  TMoilrlácuna dtoe  la Cogolla
Santa Eulalia Bajera
Tobía
Anexo II.- 2/2 
Tipo de Entidad  Denominación 
Tormantos 
Treviana 
Villalba de Rioja 
Villanueva de Cameros 
Villar de Torre 
Villarejo 
Zarratón 
Ábalos 
Entidades Locales Menores  Villaseca de Rioja (Fonzaleche) 
Mancomunidades  Agua Potable Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo y Baños de Rioja 
Aguas Sampol 
Aguas del Glera 
Alhama-Linares 
Alto Iregua 
Alto Najerilla 
Anguiano-Matute-Tobia 
Desarrollo Turístico de los Municipios de Ábalos, Briones y San Vicente de la Sonsierra 
Desarrollo turístico la senda termal 
Hermandad Trece Villas y Venta Piqueras 
La Esperanza 
Monte Rad-Yedro 
Montes de Villavelayo, Canales de la Sierra y Mansilla de la Sierra 
Najerilla 
Nalda y Viguera 
Oja-Tirón 
Pueblos del Moncalvillo 
Tirón 
Turística Valles de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos 
Valle de Ocón 
Zarratón de Rioja, Hervias y San Torcuato 
Anexo III.- 1/1 
Anexo  III. Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos
Nombre  Población  Nº reparos  Importe 
Ayuntamientos 
Alfaro 9.553  45  869.377,00
Arnedo  14.609  11  72.436,67 
Ausejo 815  5  2.049,00
Baños de Rioja  91  3  785,26 
Castañares de Rioja  448  24  63.826,55 
Haro  11.324  1  44.000,00 
Lardero 9.620  1  10.135,61
Rincón de Soto  3.763  2  327,25 
San Asensio  1.166  1  448,56 
Santo Domingo de la Calzada  6.369  23  71.408,67 
Villamediana de Iregua  7.696  1  90.672,56 
TOTAL    117  1.225.467,13