BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Viernes 17 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 52469
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
8009 Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales 
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de 
fomento de la investigación sanitaria.
I
La lucha contra los efectos del COVID-19 está poniendo de relieve una intensa 
actividad de los poderes públicos para contener y mitigar los efectos de la pandemia, 
especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, ejecutada por el Gobierno 
central mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En este contexto, y en paralelo a las medidas relativas a la protección de la salud 
pública, que son prioritarias, las administraciones públicas están poniendo en marcha 
políticas de carácter económico y social dirigidas a paliar, en aquello que sea posible, los 
efectos  de  la  crisis  sanitaria  en  la  actividad  productiva  y  el  tejido  empresarial,  los 
derechos de los trabajadores y los colectivos sociales más vulnerables.
El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que 
han aprobado recientemente varias disposiciones normativas en los ámbitos económico, 
social y administrativo para luchar contra las consecuencias de la enfermedad, disponen 
ahora de los datos necesarios para tomar nuevas medidas que tengan, precisamente, 
como destinatarios los colectivos sociales mencionados. Las personas usuarias de los 
servicios sociales, las familias con escasos ingresos o con dificultades para afrontar el 
alquiler de su vivienda y los menores sometidos a tutela, entre otros, forman parte del 
sector de la población que requiere una atención específica que refuerce su protección 
ante la emergencia generada por la pandemia.
Esta atención se tiene que acometer sin dilaciones, con medidas adecuadas cuyos 
efectos  puedan  materializarse  en  pocos  días  o  semanas.  Se  trata  de  contribuir 
decididamente a que las persones integrantes de estos grupos sociales mantengan el 
nivel de calidad de vida anterior a la crisis sanitaria.
En consonancia con los objetivos expuestos, este Decreto-ley establece, además, 
regímenes temporales específicos en materia de concertación social, de selección de 
empleados públicos destinados a los servicios públicos esenciales, medidas que faciliten 
el acceso a las ayudas al alquiler de viviendas y reglas específicas para el fomento de la 
investigación sanitaria.
II
Este Decreto-ley tiene por objeto, por tanto, establecer determinadas medidas de 
rango legal en materia de servicios sociales, de selección de personal para atender 
servicios esenciales, de ayudas para el alquiler de la vivienda y de fomento de la 
investigación. Se estructura en cuatro capítulos, seis artículos, una disposición adicional, 
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En el capítulo I, se incluyen las medidas relativas a los servicios sociales para 
clarificar los servicios que deben tener continuidad en la prestación, en atención a su  e.
carácter esencial, y a fin de garantizar el mantenimiento de la atención asistencial de las  w.b
personas usuarias que, en el ámbito social, son especialmente vulnerables, y más en un  09ww
smuosm ceanreton ccioams, oy ae ls aecatnu afíls cicaarsa,c etecroiznaódmoi cpaosr  ola s ioncciearletisd.umbre y la angustia que potencian
dar tSraen hqaucileid naedc teasnatori oa  ilgausa plmeresnotnea ess utasbulaerciaesr ,e ql uréiegnimese np odder álons s ceognucirie rretocsib sieoncdiaol eesl  sae frivni cdioe 
social que recibían hasta ahora, aunque adaptado a la situación actual, como a las 
entidades sociales prestadoras de dichos servicios. Así, se prevé que las actividades 
presenciales de los servicios que no se declaren esenciales se tienen que suspender. No 
obstante se pueden seguir prestando, cuando sea posible en atención a la tipología del 
servicio, los medios tecnológicos y las necesidades de la persona usuaria, de forma no 
presencial. Además, excepcionalmente, se prevé que las entidades concertadas puedan 
atender otras situaciones de necesidad de acuerdo con la Orden SND/295/2020, de 26 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de 
los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Por ello, se 
adecua el régimen de facturación de los servicios que presten las entidades concertadas.
Por otro lado, para hacer frente a la emergencia económica y social de las personas 
más vulnerables, se han previsto unas medidas extraordinarias en la gestión de la renta 
social garantizada. Esta renta se regula en la Ley 5/2016, de 13 de abril de 2016, de la 
renta  social  garantizada,  como  una  prestación  periódica  dirigida  a  situaciones  de 
vulnerabilidad económica y a la cobertura de los gastos básicos de personas, familias u 
otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza. Así, los efectos 
de la crisis actual abarcan situaciones de vulnerabilidad económica que, en muchos 
casos, han sido inesperadas y coyunturales para las personas o familias afectadas, 
quienes no tienen ni medios ni recursos para hacerles frente. Las medidas propuestas 
permiten a la Administración dar respuesta, de una forma ágil y rápida, a estas situaciones 
de vulnerabilidad económica paliando, en la medida del posible, sus efectos negativos.
En  el  capítulo  II  se  regulan  medidas  en  materia  de  personal  para  la  atención 
inmediata de los servicios esenciales, muy especialmente para garantizar la continuidad 
de dichos servicios, principalmente en los centros de atención a gente mayor.
Por todo esto, y en atención a la excepcional situación de estado alarma originada 
por la crisis ocasionada por el COVID-19 y las necesidades de recursos humanos para 
atender  de  manera  inmediata  los  servicios  más  esenciales,  se  hace  necesario  la 
adopción de medidas excepcionales para el nombramiento o la contratación de personal 
para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Por otro lado, este Decreto-ley incluye, en el capítulo III, las medidas relativas a las 
ayudas para el alquiler de vivienda gestionadas o establecidas por la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Ante la situación excepcional mencionada y 
con la voluntad de aportar liquidez a las familias beneficiarias de las ayudas de alquiler 
de una forma inmediata, se habilita al consejero competente en materia de vivienda para 
resolver la concesión de ayudas de alquiler de forma previa a la realización de las 
comprobaciones oportunas, que se podrán completar con posterioridad al pago. Para 
conseguir  este  objetivo  y  excepcionalmente,  podrá  fijar  los  criterios  adicionales 
necesarios para determinar los importes a conceder, así como las fórmulas de reparto 
que permitan el pago de estas ayudas al máximo número de solicitantes.
En cuanto a las convocatorias que actualmente se encuentran en trámite, se habilita 
al consejero competente en materia de vivienda para conceder y pagar las ayudas al 
mayor  número  de  personas  beneficiarias,  y  se  le  faculta  para  disponer  el  pago  a 
prorrateo de todos los beneficiarios. Por otro lado, la concesión de la subvención y su 
pago se realizarán en la forma que determinará dicho consejero mediante resolución que 
dictará al efecto, y se trasladan al momento de la comprobación posterior los trámites 
que  se  tenían  que  realizar  con  anterioridad  a  la  concesión  de  la  subvención.  La 
resolución del consejero debe tener en cuenta las actuales medidas restrictivas de 
desplazamientos por el estado de alarma, de forma que debe posibilitar la tramitación del  s
procedimiento por vía telemática. oe.
Con estas medidas se consigue que las ayudas lleguen a sus beneficiarios con la  w.
máxima celeridad, sin tener que esperar toda la tramitación para hacer las oportunas  09ww
cinotmerpersoabdaocsio yn elsa,  aptueensctioó nq uper elsae snictuiaal caió nla d eci uadlaardmaan íaim. pEidne  cluoasl qdueisepr laczaasmo ielanst oms eddei dlaoss 
oportunas se adoptarán para conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la asignación
de  los  recursos  públicos  y  respetando,  en  todo  caso,  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no-discriminación.
Finalmente,  el  capítulo  IV  establece  medidas  excepcionales  de  apoyo  a  la 
investigación sanitaria sobre el COVID-19.
La lucha contra el COVID-19 no se puede llevar a cabo exclusivamente a partir de 
medidas  defensivas  y  de  contención  del  contagio  de  la  enfermedad,  sino  que  es 
indispensable fomentar el desarrollo de actividades directamente dirigidas a investigar, 
desarrollar e implementar medios concretos de lucha activa, tanto contra el contagio del 
patógeno, como la erradicación de este.
Por lo tanto, además de contener y curar la enfermedad se tienen que fomentar la 
investigación  que  permita  tanto  el  desarrollo  de  equipaciones  de  protección  más 
eficientes para aquellos que se le enfrentan directamente a diario; el desarrollo de 
medios de detección más rápidos, eficaces y asequibles que permitan una reacción 
inmediata  del  sistema  de  salud  frente  a  los  primeros  síntomas,  como  también  el 
desarrollo de fármacos que puedan contribuir tanto a la curación de la enfermedad como 
a la prevención de esta.
De este modo, la lucha contra el COVID-19 es y seguirá siendo un objetivo prioritario 
de la acción de Gobierno y el fomento de la investigación una herramienta más activa, 
puesto que la inversión en la investigación y en el conocimiento en todo aquello que 
supone la lucha contra la enfermedad generará un beneficio para la sociedad mucho 
más allá del que excederá, en mucho, lo meramente económico.
Por eso, el artículo 6 de este capítulo establece determinadas reglas que permitirán a 
la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears hacer aportaciones 
dinerarias de manera inmediata y trasladando los trámites de control y comprobación con 
posterioridad al pago, siempre que vayan destinadas a actividades de utilidad pública o 
interés social dirigidas a la investigación científica y técnica derivada de la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 y que se acuerden en favor de personas 
públicas o privadas, sin contraprestación directa de los beneficiarios.
Así  mismo,  mediante  la  disposición  adicional  primera  de  este  Decreto-ley,  se 
introduce la posibilidad que, durante el periodo que dure el estado de alarma, y, si se 
proceden,  las  prórrogas  de  este,  las  sesiones  de  órganos  colegiados  de  las 
administraciones publicas autonómica, insular y local y de los organismos públicos de 
naturaleza institucional o corporativa con personificación pública se puedan celebrar por 
videoconferencia.
La disposición final primera modifica el Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el 
que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos 
educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. En concreto, por un lado, se modifica el apartado 1 del artículo 3 del Decreto-
ley 4/2020 mencionado, para incluir las referencias normativas aplicables en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como son el artículo 21.3 de la Ley 4/2011, 
de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, y el 
artículo  17  del  Decreto  75/2004,  de  27  de  agosto,  de  desarrollo  de  determinados 
aspectos  de  la  Ley  de  finanzas  y  de  las  leyes  de  presupuestos  generales  de  la 
comunidad autónoma de las Illes Balears. Por otro lado, se modifica el primer párrafo del 
apartado 2 del artículo 8 para añadir la referencia a los residuos sanitarios de pacientes 
diagnosticados o sospechosos de sufrir el COVID-19 procedentes, no sólo de centros 
asistenciales y de la actividad asistencial ambulante, sino también de cualquier otra  s
actividad de las descritas en el artículo 3.2 del Decreto 136/1996, de 5 de julio, de  oe.
ordenación de la gestión de los residuos sanitarios en la comunidad autónoma de las  w.
Illes Balears. También se modifica el punto tercero del apartado 2 del artículo 8 para  09ww
easñtaadbilre ucindaa sr epfoerr elonsc irae sai dlau opso dseib gilirduapdo  dI eo  IuI.tilizar bolsas de color distinto al verde o gris
III
Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en las últimas décadas, 
hace falta una actuación rápida y eficaz de los poderes públicos por medio de los 
instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance.
Respecto de las decisiones que requieren medidas de carácter legislativo, la figura 
del decreto ley, regulada en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, 
constituye una herramienta idónea para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria 
y  urgente  como  la  que  se  ha  descrito,  aunque  con  el  límite  de  no  poder  afectar 
determinadas materias. En el contexto de alarma sanitaria que están afrontando todas 
las comunidades autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente 
adecuado el uso de dicho instrumento para dar cobertura a las disposiciones de carácter 
temporal y eminentemente social que, antes, se han descrito.
El  contenido  del  Decreto-ley  se  adecua  a  los  criterios  establecidos  en  la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que responden a la exigencia de que 
haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y 
las medidas que se pretenden adoptar, que deben ser idóneas, concretas y de eficacia 
inmediata.
Este Decreto-ley se dicta al amparo de los títulos competenciales establecidos en los 
puntos 3, 14, 15 y 44 del artículo 30, y en los puntos 3, 4 y 5 del artículo 31 del Estatuto 
de autonomía de las Illes Balears.
Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de la 
Consejera de Salud y Consumo y del Consejero de Movilidad y Vivienda y del Consejero 
de Medio Ambiente y Territorio, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la 
sesión de día 1 de abril de 2020, se aprueba el siguiente Decreto-ley:
CAPÍTULO I
Medidas relativas a los servicios sociales
Artículo 1.  Mantenimiento de los servicios sociales incluidos en la Cartera básica de 
servicios sociales.
1.  Los servicios sociales de tipo residencial, las viviendas supervisadas y el servicio 
para la ejecución de medidas privativas de libertad se tienen que continuar prestando, 
con la aplicación de las medidas sanitarias y organizativas aprobadas por el Ministerio de 
Sanidad y las que establezcan las instrucciones o los protocolos internos.
En los mismos términos, se tienen que continuar prestando los servicios sociales 
comunitarios básicos, el servicio de tutela de personas incapacitadas judicialmente, el 
servicio de apoyo a la vivienda, las prestaciones para mujeres víctimas de violencia de 
género y para sus hijos e hijas y las prestaciones económicas.
2.  Las actividades presenciales del resto de servicios que prevé la Cartera básica 
de servicios sociales, aprobada por el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, se tienen 
que suspender. Sin embargo, se pueden continuar prestando los servicios de forma no 
presencial, preferentemente a través de medios digitales, con el fin de asegurar la 
continuidad de la atención social, siempre que se garantice la correcta asistencia de las 
personas usuarias y el cumplimiento de las medidas adoptadas en el marco de la crisis 
sanitaria. s
3.  Las entidades sociales que gestionan a la vez un servicio de estancias diurnas y  oe.
un servicio residencial pueden destinar el personal del servicio de estancias diurnas al  w.
servicio residencial para garantizar la atención de las personas residentes. 09ww
Artículo 2.  Mantenimiento de los conciertos sociales y de los módulos económicos.
1.  Los conciertos sociales formalizados por cualquier administración pública de las
Illes Balears antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, así como los módulos
económicos correspondientes, se mantendrán en los mismos términos mientras dure la 
crisis sanitaria del COVID-19, siempre que concurra alguno de los supuestos siguientes:
a)  Servicios  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  anterior,  se  tienen  que  continuar 
prestando o que las administraciones competentes hayan declarado esenciales.
b)   Servicios de los que se hayan suspendido las actividades presenciales pero en 
los que se hayan adoptado las medidas adecuadas para continuar su prestación de 
manera no presencial, de acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Asuntos 
Sociales y Deportes o la administración pública competente.
Excepcionalmente, las entidades que gestionan servicios que se hayan suspendido 
pueden atender otras situaciones de necesidad mediante la prestación de servicios 
extraordinarios por parte de su personal, de acuerdo con la Orden SND/295/2020, de 26 
de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito 
de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
2.  La fórmula de facturación de los dos supuestos previstos en el apartado anterior 
tiene que seguir lo que disponen los pliegos de los conciertos formalizados. En cuanto a 
los gastos efectuados por las entidades concertadas con posterioridad a la declaración 
del estado de alarma hasta la entrada en vigor de este Decreto-ley, como también en el 
caso de servicios extraordinarios, cuando no sea posible la aplicación de la fórmula 
prevista en los pliegos del concierto social formalizado, la facturación se tramitará de 
acuerdo con las instrucciones que dicte la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes o 
la administración pública competente.
3.  En el caso de los conciertos sociales de servicios que se tengan que suspender 
porque no concurren los supuestos del apartado primero de este artículo, se tiene que 
aplicar el régimen jurídico en materia de suspensión y ejecución establecido en la 
normativa de contratos del sector público.
Artículo  3.  Medidas  extraordinarias  en  materia  de  gestión  de  la  renta  social 
garantizada.
La  instrucción  y  la  resolución  de  las  solicitudes  de  la  renta  social  garantizada 
presentadas durante el periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda sometida a 
las particularidades siguientes:
1.  Destinatarios de la prestación.
Núcleos  familiares  y  hogares  unipersonales  en  situación  de  vulnerabilidad 
económica.
2.  Requisitos de los destinatarios.
a)  El titular de la prestación tiene que ser mayor de 18 años.
b)  Las personas destinatarias de la prestación deben residir de manera efectiva en 
cualquier municipio de las Illes Balears.
c)  El núcleo familiar no tiene que disponer de ningún ingreso económico o, en caso de 
disponerlo, estos ingresos deben ser inferiores al importe que les correspondería de acuerdo 
con el baremo de la renta social garantizada, indicado en el anexo de la Ley 5/2016. s
d)  Las personas destinatarias de la prestación no tienen que tener derecho a  e.
percibir otras prestaciones públicas. w.
e)  Las personas destinatarias de la prestación no pueden ser beneficiarias de la  09ww
rneúnctlae os foacmiailli agr.arantizada o de la renta mínima de inserción como miembros de otro
pagof)  deL alass  poebrlisgoancaiosn dees sdtienraivtaardiaass  ddee  lala a pprliecsatcaicóinó nd etile anretínc uqlou e2 3e dseta lra  aLl ecyo 5rr/i2e0n1te6 .en el  BOE-A-cable e
3.  Presentación de solicitudes.
3.1  Las solicitudes de inicio del procedimiento reguladas en el apartado 1 del 
artículo  12  de  la  Ley  5/2016,  las  tienen  que  presentar,  en  representación  de  los 
interesados,  los  trabajadores  sociales  de  los  servicios  sociales  municipales  o  los 
trabajadores sociales de las entidades inscritas en el Censo de organizaciones del tercer 
sector de las Illes Balears.
3.2  Las solicitudes se ajustarán al modelo específico aprobado por la Consejería de 
Asuntos Sociales y Deportes, que se pondrá a disposición de los interesados en la sede 
electrónica.
3.3  A la solicitud se tiene que adjuntar el informe del profesional, que actúa en 
representación de la persona interesada sobre el cumplimiento de los requisitos que 
establece el apartado 2, a partir de la información de que disponga el trabajador o 
trabajadora social de los servicios sociales municipales o de las entidades inscritas al 
Censo de organizaciones del tercer sector de las Illes Balears, de acuerdo con el modelo 
de informe aprobado por la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, a disposición de 
los interesados en la Sede Electrónica. Se exceptúa la comprobación, por parte del 
trabajador o trabajadora social, del hecho que los destinatarios de la prestación no sean 
perceptores de la renta social garantizada y del requisito regulado por la letra e) del 
apartado 2 de este artículo, comprobaciones que hará el órgano instructor.
3.4  Las solicitudes se tienen que presentar de forma preferentemente electrónica o 
presencial en el Registro General de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes.
3.5  El órgano instructor comprobará que la solicitud y el informe contienen de forma 
correcta toda la información necesaria para la resolución. En caso de errores u otras 
incidencias en la solicitud o en el informe, el órgano requerirá al trabajador o trabajadora 
social correspondiente para que, en un plazo de diez días, subsane la solicitud o el informe.
4.  Resolución del procedimiento.
4.1  El órgano instructor comprobará que no hay ninguna solicitud anterior de renta 
social garantizada respecto de los destinatarios de la prestación. En caso de solicitud 
anterior, la tramitación quedará suspendida, si procede, hasta la extinción de la renta 
social tramitada y reconocida mediante estas medidas extraordinarias. Una vez se pueda 
tramitar la solicitud suspendida, de acuerdo con el régimen general de la renta social 
garantizada, todos los plazos que regula la Ley 5/2016 se contarán desde la fecha en la 
que queden sin efectos estas medidas extraordinarias.
4.2  En el plazo de quince días naturales desde la entrada de la solicitud en el 
Registro de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, la consejera tiene que dictar y 
notificar  la  resolución.  Si  transcurre  este  plazo  y  no  se  ha  dictado  y  notificado  la 
resolución, la solicitud se entenderá estimada.
5.  Importe de la prestación económica.
Para la determinación del importe de la prestación económica, no es aplicable el 
apartado 6 del artículo 8 de la Ley 5/2016.
6.  Pago y duración de la prestación.
a)  Las prestaciones de la renta social garantizada otorgadas en el marco de estas 
medidas extraordinarias tendrán efectos económicos desde el día 1 de abril de 2020. s
b)  La prestación se otorga por el periodo establecido en el apartado 10 de este artículo. oe.
7.  Obligación de comunicación. 09ww
tprearbsaao)jan daLoleorsas   os dpoeacsitatriilnm aqotaunreiaio lesle ss dq eur eep lapr eusepedrneatsnat a accfieuócantl aqrut ieiaenlr e dnme roeqdcuihfeioc  aacc oilóamn u pnrdeiecsa tarl acsiaó ln c itorrca uebnla sijmatadpnoocrr itaeos,    OE-A-2020-80able en https://
en el plazo de tres días hábiles.
b)  Los  trabajadores  sociales  que  hayan  actuado  en  representación  de  los 
interesados están obligados a comunicar, lo antes posible, cualquier incidencia de la que 
tengan conocimiento que suponga una modificación del informe que haya servido de 
base para el otorgamiento de la prestación.
c)  Los destinatarios de la prestación tienen que reintegrar las cuantías percibidas 
por error o indebidamente, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 5/2016.
8.  Revisión del cumplimiento de los requisitos y las obligaciones.
Las prestaciones otorgadas de acuerdo con estas medidas extraordinarias quedan 
exentas de la obligación de revisión regulada en el apartado 2 del artículo 17 de la 
Ley 5/2016.
9.  Alcance de las medidas extraordinarias.
a)  Estas medidas extraordinarias no son aplicables a solicitudes y procedimientos 
derivados de solicitudes anteriores a la declaración del estado de alarma. Tampoco se 
aplicarán a las solicitudes presentadas directamente por la persona interesada.
b)  Los artículos de la Ley 5/2016 se tienen que aplicar según la compatibilidad con las 
medidas extraordinarias mencionadas y con las medidas y las normas establecidas por el 
Estado o la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por motivo del estado de alarma.
10. Vigencia.
a)  Las medidas mencionadas se mantendrán en vigor durante un plazo de dos meses.
b)  Se habilita al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Asuntos 
Sociales y Deportes, para que prorrogue estas medidas mientras dure el estado de 
alarma  decretado  por  el  Real  decreto  463/2020  o  se  mantenga  la  situación  de 
emergencia social provocada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
CAPÍTULO II
Medidas relativas a la selección de personal para atender servicios esenciales
Artículo 4.  Medidas extraordinarias en materia de selección de personal temporal para 
atender  las  necesidades  urgentes  de  servicios  esenciales  derivadas  de  la 
emergencia de salud pública.
Cuando las necesidades de efectivos necesarios para la prestación de servicios 
esenciales para atender la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 no 
se puedan cubrir con los efectivos de personal existentes y resulte imprescindible el 
nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral 
temporal, se autoriza, con carácter extraordinario, el nombramiento o la contratación de 
emergencia,  de  manera  inmediata,  en  cualquier  de  las  distintas  modalidades 
funcionariales o laborales previstas legalmente.
A  tal  efecto,  los  órganos  competentes  en  materia  de  función  pública  de  cada 
administración pueden establecer procedimientos extraordinarios y de emergencia que 
aseguren la agilidad y la inmediatez en la selección del personal interino o temporal, con 
el fin de garantizar la cobertura adecuada del servicio público esencial.
Estos procedimientos extraordinarios pueden incluir las medidas siguientes, entre otras:
a)  Priorizar la continuidad asistencial por encima de los sistemas ordinarios de  b
selección y provisión de personal, incluidas la supresión de determinados trámites y la  09ww
redubc)c ióSnu dseti tpuliar zlooss. informes de control, autorización o fiscalización previa por otros
sistecm) asP edrem ciotirn trqoul eo,  deen i nctearsvoe ndceió nte prmosintearcioiórens .o  de  inoperatividad  de  las  bolsas  de
personal, se pueda acudir a otros sistemas de selección: ofertas genéricas al Servicio de
Ocupación, listas proporcionadas por los colegios profesionales, listas formadas por la 
presentación presencial o telemática de currículums. Estos sistemas y otros similares, en 
atención  a  su  excepcionalidad,  no  se  pueden  utilizar  para  la  cobertura  interina  de 
puestos de trabajo vacantes de la Relación de puestos de trabajo.
d)  Aprobar  programas  genéricos  y  flexibles  de  atención  a  la  situación  de 
emergencia  derivada  del  COVID-19  que  permitan  el  nombramiento  inmediato  de 
personal  funcionario  interino,  previsto  en  el  artículo  10.1.c)  del  texto  refundido  del 
Estatuto básico del empleado público. Las contrataciones de personal temporales y los 
nombramientos de personal funcionario interino vinculados a estos programas tienen que 
hacer constar la causa de crisis excepcional derivada de la declaración del estado de 
alarma y vincular la duración al plazo indispensable para atender los efectos de la 
pandemia.
Una vez finalizada la situación de emergencia, se tiene que dar publicidad a las 
actuaciones que se hayan llevado a cabo a través de los canales ordinarios y también se 
tiene que informar los representantes sindicales.
CAPÍTULO III
Medidas relativas a las ayudas para el alquiler de vivienda
Artículo 5.  Medidas relativas a las ayudas para el alquiler de vivienda gestionadas o 
establecidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1.  El consejero competente en materia de vivienda tiene que adoptar las medidas 
necesarias para agilizar la tramitación y el pago de las ayudas de alquiler actualmente en 
tramitación,  correspondientes  a  las  convocatorias  de  los  años  2018  y  2019,  como 
también tiene que convocar con celeridad las ayudas de alquiler correspondientes al 
año 2020. Las medidas se adoptarán para conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la 
asignación  de  los  recursos  públicos  y  respetando,  en  todo  caso,  los  principios  de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no-discriminación.
2.  La concesión de las ayudas se tiene que resolver de manera inmediata. La 
fiscalización, los controles y las comprobaciones oportunas se pueden llevar a cabo con 
posterioridad al pago. El consejero puede fijar mediante una resolución los criterios 
adicionales necesarios para determinar los importes a conceder y las fórmulas de reparto 
que permitan la concesión al máximo número de solicitantes y está facultado para 
disponer el pago a prorrata de todos los beneficiarios.
3.  Así mismo, la concesión y el pago de las ayudas de alquiler correspondientes al 
año  2020  están  sometidas  a  la  comprobación  posterior  de  los  trámites  y  de  las 
justificaciones. La tramitación de estas ayudas se concretará mediante una resolución 
del consejero, que tiene que posibilitar la tramitación por medios telemáticos.
CAPÍTULO IV
Medidas relativas al fomento de la investigación sanitaria
Artículo 6.  Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por la Fundación 
Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears para la investigación científica 
y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. s
1.  La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears puede hacer  w.
aportaciones  dinerarias  de  manera  excepcional  e  inmediata  siempre  que  estén  09ww
ivninvecustlaigdaacsió anl  fcoimenetníftioca d ey  atcétcivnidicaad edse rdivea udtail iddaed  lpaú belmicear og ednec iian tesraénsi tsaoricai acl ayu dsiaridgaid apso ar  leal 
cnoarcoionnaavlieruss  oC OeVxItDra-n1j9e ray sq, usei ns ec oancturearpdreenst aecnió fna vodrir edceta p edres onloass  pbúebnleicfiacsia roio ps.r ivEadsatass,   BOE-A-cable e
aportaciones tienen la consideración de ayudas fundamentadas en razones de interés 
público  y  social,  a  efectos  del  artículo  7.1.c  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
2.  La convocatoria, concesión y selección de los beneficiarios de estas ayudas se 
sujetará a las previsiones de los apartados 2 y 3 del artículo 17 del texto refundido de la 
Ley  de  subvenciones,  y  no  requieren  aprobación  de  bases,  ni  están  sujetas  a 
autorizaciones previas, como tampoco a las previsiones del artículo 8 del mencionado 
texto refundido. Los créditos inicialmente autorizados para la concesión de estas ayudas 
públicas se podrán ampliar.
3.  Los  proyectos  presentados  se  analizarán  por  una  comisión  de  expertos, 
designados por la Consejera de Salud y Consumo, que puede condicionar la propuesta 
de  concesión  a  la  introducción  de  modificaciones  y  adaptaciones  que  consideren 
necesarios técnicamente, a los efectos de un mejor servicio al interés general y de una 
lucha más efectiva contra el COVID-19.
4.  La concesión de las ayudas se acordará por resolución de la Dirección de la 
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de las Illes Balears, que tiene que motivar 
la  utilidad  pública  o  el  interés  social  concurrente.  Los  pagos  se  llevarán  a  cabo 
anticipadamente, con carácter previo a la realización y justificación de la actividad que 
motive la concesión.
5.  En todo caso, las entidades beneficiarias de estas ayudas tienen que rendir 
cuentas con aportación de justificantes de los gastos en el plazo máximo de un año 
desde  la  concesión.  Este  plazo  se  podrá  prorrogar  por  resolución  motivada  de  la 
Dirección de la Fundación. El reintegro de las cantidades percibidas por los beneficiarios 
procederá en los supuestos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de 
subvenciones.
6.  Las entidades beneficiarias podrán subcontratar total o parcialmente la actividad 
que constituya el objeto de la disposición dineraria, a efectos de lograr el cumplimiento 
de los objetivos que la motivaron, previa autorización en todo caso de la Fundación que 
la concede, sin sujeción a los requerimientos y límites legales ordinarios, si concurre 
causa justificada de interés general.
7.  La  Fundación  puede  efectuar  todas  las  tareas  de  comprobación  y  control 
financiero que resulten precisas para garantizar el adecuado cumplimiento de lo previsto 
en este artículo.
8.  Las ayudas concedidas se tienen que publicar en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones.
9.  La  Dirección  de  la  Fundación  puede  dictar  cuantas  disposiciones  resulten 
precisas para el desarrollo y ejecución de este artículo.
10.  La  Consejera  de  Salud  y  Consumo,  tiene  que  dar  cuenta  al  Consejo  de 
Gobierno de las ayudas concedidas al amparo de este artículo.
Disposición adicional única.  Medidas extraordinarias para las sesiones de órganos 
colegiados de las administraciones públicas autonómica, insular y local y de los 
organismos públicos de naturaleza institucional o corporativa con personificación 
pública.
1.  Durante el período que dure el estado de alarma, y, en su caso, las prórrogas del 
mismo,  las  sesiones  de  los  órganos,  de  gobierno  o  de  administración,  de  las 
administraciones públicas autonómica, insular y local, y de los organismos públicos de 
naturaleza institucional o corporativa con personificación pública de los sectores públicos  e.
instrumentales autonómico, insular y local, se podrán celebrar por videoconferencia que  w.b
asegure la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de  09ww
alodsm aisniisstterancteiosn eens  roe mdeo taoq, uaeulnloqsu eo rlgaasn nisomrmosa sn doe h oarygaann ipzraecviiósnto o l alo cse elesbtartauctioósn  dae  daisqtuaenlclaias 
de la2s.  seLsai onseessi óon h asgea ne unntean rdeegruál acceiólenb driasdtian tae na  lala d es eedseta  ddies ploas icaidómn.inistración  o  del
organismo convocante.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
1.  Se deroga la disposición final primera del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, 
por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, 
conciertos  educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, que modificaba la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a 
las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2.  Se deja sin efectos el apartado 1 del punto III del anexo 1 del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19, publicado en el 
BOIB núm. 33, de 13 de marzo.
Disposición final primera.  Modificaciones del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por 
el  que  se  establecen  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios, 
conciertos  educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente, 
procedimientos  administrativos  y  presupuestos  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social del COVID-19.
1.  El apartado 1 del artículo 3 del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se 
establecen  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación,  convenios,  conciertos 
educativos  y  subvenciones,  servicios  sociales,  medio  ambiente,  procedimientos 
administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, queda modificado de la siguiente manera:
«1.  En la tramitación administrativa y la suscripción de convenios en el ámbito 
de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 no se aplicarán 
las disposiciones contenidas en el apartado 1 del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 21.3 
de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno 
de las Illes Balears, ni las contenidas en el artículo 17 del Decreto 75/2004, de 27 
de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las 
leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, 
respecto de los informes preceptivos a cargo de los servicios jurídicos y de la 
dirección general competente en materia de presupuestos.»
2.  El primer párrafo del apartado 2 del artículo 8 del Decreto-ley 4/2020, de 20 de 
marzo, mencionado queda modificado de la siguiente manera:
«2.  Los residuos sanitarios de pacientes diagnosticados o sospechosos de 
sufrir  el  COVID-19,  procedentes  de  centros  asistenciales,  de  la  actividad 
asistencial  ambulante  y  de  cualquier  otra  actividad  de  las  descritas  en  el 
artículo 3.2 del Decreto 136/1996, serán considerados residuos de riesgo y su 
gestión se atendrá a los siguientes criterios:»
3.  El punto tercero del apartado 2 del artículo 8 del Decreto Ley 4/2020, de 20 de 
marzo, mencionado queda modificado de la siguiente manera:
«3.º  Para el resto de residuos procedentes de la atención sanitaria a estos 
pacientes, como pueden ser los equipos de protección individual (EPI), materiales  s
de cura, gasas, sondas, bolsas de suero vacías, tubuladuras y otras, se tendrá en  e.
cuenta la previsión de la mencionada norma, si bien, en caso de utilizar la opción  w.
de doble bolsa de galga 300, de capacidad hasta 100 litros y con cierre de  09ww
sqeugeu rreidsaudlt,e e idxceenpticfiicoandaalm ceónmteo  esset ae sptoadbrleác see er nd ela c loeltorar  dai)f earnetnetreio ar l ya msina rpilleor jsuiiecmio pdree 
rqeuseid usoes  udteili cgerunp ob oI losa IsI. »de color distinto al verde o gris establecidas para los  BOE-A-cable e
Disposición final segunda.  Vigencia.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears», excepto el artículo 1 que tendrá efectos desde el día 16 de 
marzo de 2020.
Palma, 1 de abril de 2020.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–La 
Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago i Rodríguez.–La Consejera de 
Salud y Consumo, Patricia Juana Gómez i Picard.–El Consejero de Movilidad y Vivienda, 
Marc Pons i Pons.–El Consejero de Medio Ambiente i Territorio, Miquel Mir i Gual.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 48, de 1 de abril de 2020, Corrección de errores 
publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 107, de 13 de junio de 2020. Convalidado por 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 80, 
de 12 de mayo de 2020)