BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 120 Jueves 20 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 61847
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
8427 Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de 
prevención de riesgos laborales del personal del Cuerpo Nacional de Policía 
y de la Guardia Civil.
El  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  y  el  Director  del  Organismo  Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han suscrito un Convenio 
en materia de prevención de riesgos laborales del personal del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 17 de mayo de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de prevención 
de riesgos laborales del personal del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
7 de mayo de 2021.
De una parte, don Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, cargo para 
el que fue nombrado por el Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  actuando  en  nombre  y  representación  del 
Ministerio del Interior.
De  otra  parte,  don  Héctor  Illueca  Ballester,  Director  del  Organismo  Autónomo 
Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  nombrado  por  Real 
Decreto 118/2020, de 21 de enero (BOE del 22 de enero de 2020), competente para la 
firma del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 e) de la 
Ley  23/2015,  de  21  de  julio,  Ordenadora  del  Sistema  de  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social (BOE del 22 de julio de 2015) y el artículo 8.3.g) de los estatutos del 
Organismo  Autónomo  Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social 
aprobados mediante Real Decreto 192/2018, de 6 de abril (BOE de 7 de abril de 2018).
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para formalizar el presente convenio, y e.e
EXPONEN 27ww
Primero.
El artículo 2 de la directiva 89/391/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el
trabajo, incluye en su ámbito de aplicación a todos los sectores de actividades públicas y 
privadas. No obstante, prevé que no será de aplicación cuando se opongan a ello de 
manera  concluyente  las  particularidades  inherentes  a  determinadas  actividades 
específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a 
determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil, precisando que, 
en estos casos, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores 
queden aseguradas en la medida de lo posible.
Segundo.
De conformidad con ello, la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en su artículo 3.2, prevé que dicha ley no será de aplicación en 
aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de:
– Policía, seguridad y resguardo aduanero.
– Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública.
– Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las 
indicadas actividades.
Tercero.
Dicha normativa específica viene constituida, en relación con los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía (en adelante CNP) que presten sus servicios en el ámbito de 
la Dirección General de la Policía, por el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que 
se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 
funcionarios del CNP. Por su parte, y en relación con el personal del Cuerpo de la 
Guardia  Civil  (en  adelante  GC)  que  preste  sus  servicios  en  unidades,  centros  y 
organismos de la Dirección General de la Guardia Civil, la normativa específica dictada 
al efecto viene constituida por el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre 
prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Cuarto.
Ambos Reales Decretos tienen por objeto promover la seguridad y salud del citado 
personal  y  adaptar  la  ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  prevención  de  riesgos 
laborales, a las peculiaridades organizativas y a las especiales características de las 
funciones que tienen encomendadas. Para ello, existen los servicios de prevención en 
ambos cuerpos que, con personal titulado, se encargan de impulsar la acción preventiva 
velando por la integración de la prevención en el ámbito de las Direcciones Generales de 
la Policía y de la Guardia Civil.
En ambos casos se atribuye a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad 
(en adelante IPSS), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior, el control externo de los órganos de prevención de ambos cuerpos. Con ello 
se  garantiza,  en  el  marco  de  la  actividad  policial,  la  aplicación  de  las  medidas 
preventivas correspondientes a cuyo efecto la citada IPSS dispone de personal titulado  e
superior en prevención de riesgos laborales para asumir dicha competencia. bo
QuinPtoor. otro lado, a las funciones que realice el personal comprendido en el ámbito de
aplicación de los citados Reales Decretos que no presenten características exclusivas de
las actividades de policía, seguridad y servicios operativos de Protección Civil así como  Bc
también de resguardo aduanero en el caso del Real Decreto 179/2005, les será de 
aplicación  la  normativa  general  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  con  las 
peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado y las contenidas 
en  estas  normas  sobre  el  derecho  de  información  al  personal,  órganos  de 
representación, cauces de participación y órganos de prevención, seguridad y vigilancia 
la salud.
Sexto.
El Organismo Autónomo Organismo Estatal ITSS (en adelante OEITSS) dependiente 
de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, es quien con carácter general, 
tiene  encomendada  la  vigilancia  y  exigencia  del  cumplimiento  de  la  normativa  de 
prevención de riesgos laborales de conformidad con el artículo 12.b) de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el 
artículo 2.1.1 del Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, así como en lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.
Séptimo.
Por lo expuesto, la delimitación de la competencia para el control de la prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia 
Civil viene determinada por el hecho de concurrir o no, en las funciones del personal 
indicado  que  presten  servicios  en  las  mismas,  características  exclusivas  de  las 
actividades  de  policía,  seguridad,  resguardo  aduanero  y  servicios  operativos  de 
protección civil.
Octavo.
Por ello, dada la dificultad puesta de manifiesto en la práctica para la adecuada 
delimitación de las funciones que presentan o no dichas características y en orden a 
fomentar una adecuada colaboración y coordinación en las actuaciones a realizar por los 
diversos órganos de control de cara a una mejora de la protección de la seguridad y 
salud  de  los  trabajadores  afectados  en  el  trabajo,  las  partes  acuerdan  suscribir  el 
presente convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y ámbito de aplicación.
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el 
Ministerio  del  Interior  y  el  Organismo  Autónomo  Organismo  Estatal  ITSS  para  la 
adecuada  prevención  de  los  riesgos  laborales  a  que  puedan  estar  sometidos  los 
funcionarios del CNP que presten servicios tanto en los órganos centrales o periféricos 
dependientes de la Dirección General de la Policía y los miembros del Cuerpo de la GC 
destinados en unidades, centros y organismos de la Dirección General de la Guardia 
Civil, así como establecer una adecuada coordinación entre los órganos encargados de 
la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en la materia, especialmente con 
ocasión de las denuncias que en este ámbito se formulen. e.
Segunda.  Compromiso de las partes. 27ww
El Ministerio del Interior, a través de la IPSS, dependiente de la Secretaría de Estado
Sdee cSreetgauríraid adde  y Eeslt aOdrog adneis mEom Apluetoó noym  Eo cOonrgoamníias mSoo cEisatla, tasle I TpSrSes, tadreápne ncdoielanbteo radcei ólna 
recíproca,  apoyo  y  asesoramiento  mutuo  en  todas  aquellas  cuestiones  que  en  los
respectivos ámbitos de competencia pueden redundar en una mejora de las condiciones 
de seguridad y salud del personal a qué se refiere el presente convenio.
Asimismo,  podrá  acordarse  por  las  partes  firmantes  la  realización  de  acciones 
conjuntas de formación y perfeccionamiento de las capacidades profesionales de los 
funcionarios de ambos departamentos ministeriales.
Tercera.  Procedimiento a seguir en relación con las denuncias que se presenten por 
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Con el fin de hacer efectiva la coordinación entre los órganos encargados de la 
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
en el ámbito del presente convenio, se establecen las siguientes reglas relativas a la 
tramitación de las denuncias que en tal sentido se presenten:
Primera.  La  IPSS  procederá  a  tramitar  hasta  su  finalización  toda  denuncia  en 
materia de prevención de riesgos laborales que se presente ante la misma y que afecte 
al personal del CNP y de la GC incluido en el ámbito de aplicación de los Reales 
Decretos  2/2006  y  179/2005,  siempre  que  las  funciones  que  realicen  presenten 
características exclusivas de las actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero 
y servicios operativos de protección civil.
Para el cumplimiento de lo anterior podrán solicitar, si lo estiman oportuno, el apoyo y 
asesoramiento del OEITSS.
Segunda.  Si ante la IPSS se presentara denuncia en materia de prevención de 
riesgos laborales que afecte al personal aludido que realice funciones que no presenten 
las características antedichas y por tanto cuya resolución corresponda al OEITSS, la 
remitirá a este órgano a través de la Subdirección General de Coordinación de la 
Inspección del Sistema de Relaciones Laborales (en adelante SGCISRL), acompañada 
de un informe relativo a los hechos denunciados y, en su caso a las medidas que se 
hubieran adoptado para la subsanación de las posibles deficiencias, de conformidad con 
el deber de auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
previsto en el artículo 16 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El OEITSS, una vez recibida la denuncia y el correspondiente informe, procederá de 
conformidad con lo previsto en la regla cuarta.
Tercera.  En caso de que ante el OEITSS, se presente denuncia cuya resolución 
sea competencia de la IPSS según los criterios ya expuestos, se procederá por aquella a 
remitir la misma a esta última a fin de que proceda conforme a lo previsto en la regla 
primera.
Cuarta.  En aquellos supuestos en los que se presente ante el OEITSS denuncia en 
materia de prevención de riesgos laborales que afecte al personal incluido en el ámbito 
de aplicación del presente convenio y cuyas funciones no presenten características 
exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios 
operativos de protección civil, las eventuales actuaciones se llevarán a cabo por el 
respectivo jefe de la Inspección Provincial el cual, en virtud del deber de auxilio y 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social previsto en el citado 
artículo 16 de la Ley 23/2015, solicitará de la IPSS, a través de la SGCISRL, informe 
relativo  a  los  hechos  denunciados  y,  en  su  caso,  a  las  medidas  que  se  hubieran 
adoptado para la subsanación de las posibles deficiencias.
El OEITSS, sin perjuicio de la colaboración solicitada, observará en todo caso el  e
deber  de  sigilo  a  que  se  refiere  el  artículo  10  de  la  Ley  23/2015  de  21  de  julio,  bo
ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 27ww
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de trabajo del CNP y de la GC afectados por considerarse, a la vista de la denuncia y del
informe remitido que persisten las deficiencias, no habiéndose adoptado medidas para 
su subsanación o estimando insuficientes las medidas adoptadas, se coordinará dicha 
visita con la IPSS a fin de realizarla, cuando se considere oportuno por ambas partes, de 
manera conjunta.
Si, tras la realización de las actuaciones inspectoras necesarias, se constatara por el 
respectivo Jefe de Inspección, la existencia de deficiencias en materia preventiva que no 
hayan sido objeto de subsanación, se procederá por parte de éste a la iniciación del 
procedimiento previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado. De dicha iniciación se dará conocimiento a la IPSS.
Del mismo modo, a la finalización de las actuaciones inspectoras, se informará al 
denunciante del resultado de éstas.
Quinta.  La  IPSS,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Seguridad  y  la 
SGCISRL dependiente del OEITSS, actuarán de enlace para la canalización de las 
denuncias, informes, preparación de visitas conjuntas y coordinación, en general, de las 
actuaciones que se deben llevar a cabo en relación con lo previsto en el presente 
convenio.
Cuarta.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  incremento  del  gasto  público  y  no  supondrá 
contraprestación económica para ninguna de las partes, resultando coste cero para cada 
una de las partes.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se crea una comisión de seguimiento, encargada de velar por el exacto cumplimiento 
de lo establecido en el presente convenio y resolver los problemas de interpretación y las 
incidencias que puedan plantearse en el mismo.
La  comisión  de  seguimiento  estará  integrada,  de  forma  paritaria,  por  miembros 
designados por la IPSS y por la SGCISRL, sin perjuicio de la asistencia de cualquier otra 
persona perteneciente a los órganos citados que, en cada caso, se estime pertinente.
Dicha Comisión se reunirá, de forma ordinaria, al menos una vez al año y de forma 
extraordinaria, cuando lo solicite cualquiera de las partes.
El funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento se adecuará a lo dispuesto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexta.  Régimen de modificación del convenio.
La modificación del contenido del convenio requerirá el acuerdo unánime de los 
firmantes. Cualquier modificación, resolución o prórroga del presente convenio será 
inscrita igualmente en el Registro Electrónico estatal de Órganos e instrumentos de 
Cooperación del Sector Público estatal.
Séptima.  Legislación aplicable (naturaleza y resolución de conflictos).
a)  Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en  e.e
el capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  w.b
Jurídico del Sector Público, teniendo naturaleza administrativa. 27ww
interbp)r etLaacsió nd, umdaosd ifoic accoiónntr oov errseisaosl ucqiuóen  sduerlj amn isemnotr eq ulaes  npoa rpteuse dsaonb rree sloolsv eersfeec tpoosr, 
ccoomncpileiatecinótne se dne  llaa  jCuroismdiiscicóinó nM coixntate ndceio Ssoe-gaudimmiineinsttora, tisvear.án sometidas a los tribunales
c)  En ningún caso la firma de este convenio generará ningún tipo de vínculo 
contractual ni laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen 
las actividades propias del mismo.
Octava.  Publicidad.
Las partes prestan expresamente su consentimiento para que se dé al presente 
Convenio la publicidad exigida, de acuerdo con lo dispuesto la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre (art. 8.1.b), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Novena.  Vigencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona 
con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. 
Será obligatoria su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Tendrá  una  vigencia  de  cuatro  años  y,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, los firmantes 
del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción
Décima.  Causas de extinción del convenio.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
partes firmantes, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 49.e) 
y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de incumplimiento no procederá exigir ningún tipo de indemnización.
Duodécima.  Protección de datos.
Si durante la ejecución del presente convenio las partes tratasen datos de carácter 
personal,  éstas  se  obligan  al  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y, en lo que le sea 
de aplicación, la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 
prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de  infracciones  penales  o  de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. es
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos  w.
ejemplares  originales,  igualmente  válidos  en  el  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El  27ww
ASuetcórentoamrioo  Oderg aEnsistamdoo  Edset atSael gInusripdeacdc, ióRna dfaee lT rPabéarejoz  yR Suiezg.–uErild aDdi reScotcoira l,d eHlé cOtorgr aInlluisemcoa 
Ballester.