BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169  Miércoles 17 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 40624
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
6232 Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 
Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento.
I
La pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 está provocando una 
emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial. Desde que el 
día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la elevara a pandemia 
internacional, el Gobierno de España, haciendo uso de la habilitación que otorga la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por este virus, que incluye, entre otras cuestiones, 
limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores, 
empresas y ciudadanos.
La pandemia está ocasionando un severo impacto sanitario, social y económico y su 
estabilización y posible erradicación va a implicar un largo y costoso proceso, 
especialmente en el ámbito sanitario. Ante esta situación, el Gobierno está respondiendo 
mediante la adopción de medidas orientadas a reforzar el sistema sanitario y a contrarrestar 
los efectos que la paralización de la actividad económica está provocando en numerosos 
ámbitos, con las consiguientes pérdidas de rentas para familias y trabajadores, así como 
para las diferentes empresas y sectores de la economía española.
De entre algunas de estas medidas aprobadas por el Estado, destaca la distribución 
de recursos adicionales en materia de sanidad y servicios sociales, mediante el Fondo 
Social Extraordinario, dotado con 300 millones de euros, el Fondo dotado por el Ministerio 
de Sanidad de 1.000 millones de euros de los cuales ya se han distribuido 300 millones de 
euros, las prestaciones en favor de familias beneficiarias de ayudas o becas de comedor, 
por un total de 25 millones de euros, y las aportaciones adicionales de 100 millones de 
euros al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
En este contexto, es especialmente relevante el papel que desempeñan las 
comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos fundamentales como la 
educación, los servicios sociales y, en especial en estos momentos, la sanidad, que está 
afrontando un incremento en la demanda asistencial provocada por la pandemia. Las 
comunidades autónomas, además de afrontar incrementos de gastos en sus cuentas 
como consecuencia de la pandemia, lo hacen ante un freno en la actividad económica, que 
va a suponer previsiblemente una significativa disminución de los recursos disponibles 
para dar cobertura a estos servicios públicos.
Por tanto, si esta pandemia va a afectar a las finanzas públicas, indudablemente 
impactará en las cuentas de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de 
autonomía, que de no recibir el necesario e inmediato apoyo financiero verán mermada su 
capacidad de respuesta ante esta crisis, y que afectará en consecuencia a su respuesta 
no solo en el ámbito sanitario y social, sino también en el resto de servicios que les son 
propios. e.
Ante esta extraordinaria y urgente necesidad, y en su defensa del Estado del Bienestar,  w.
el Gobierno ha asumido el compromiso de tomar medidas que permitan situar a las  32ww
cqoume ulneisd apdeersm aituató sneogmuairs  yp rceiusdtaanddeos  cloosn  essetravtiuctioo sd ep aúubtloicnoosm íeas eenn cuinaale pso sqiucieó ns foinna ndcei esrau 
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Una muestra de este compromiso es la actualización de las entregas a cuenta de los 
recursos sujetos a liquidación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común, que se produjo por la aprobación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.
Un paso más en estas medidas extraordinarias y urgentes de refuerzo es la creación 
por parte del Gobierno del Fondo COVID-19, objeto de regulación en este real decreto-ley, 
dotado con un crédito extraordinario de 16.000 millones de euros.
El  Fondo  COVID-19  se  configura  como  un  fondo  excepcional  de  carácter 
presupuestario, cuyo objeto es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, para hacer frente a la 
incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.
Estas transferencias se distribuirán entre las comunidades autónomas y ciudades con 
estatuto de autonomía sobre la base de, entre otros, criterios poblacionales y de incidencia 
del virus. Todo ello, con el objetivo de que, a pesar de que la crisis sanitaria está teniendo 
un impacto desigual en las comunidades autónomas, la especial incidencia en algunos 
territorios no lastre sus finanzas y puedan hacer frente a esta situación extraordinaria y 
excepcional con carácter de urgencia.
Se trata, asimismo, de recursos adicionales e independientes del Sistema de 
Financiación Autonómica y de los Fondos Extraordinarios de Liquidez, por lo que, en 
ningún caso, el desembolso del Fondo supondrá que las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía reciban menos recursos por el Sistema de 
Financiación Autonómica o vean reducido su acceso a los mecanismos extraordinarios de 
liquidez, que siguen plenamente vigentes.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, establece, en su artículo 32, que el superávit alcanzado por 
Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, debe ir destinado a la reducción 
del nivel de endeudamiento neto. Posteriormente, se establecieron reglas especiales en 
esta materia, a través de medidas de flexibilidad en el destino del superávit, que se 
aplicaron a las comunidades autónomas con la aprobación de la disposición adicional 
centésima décima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, que preveía la posibilidad de destinar el superávit presupuestario 
de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía a inversiones 
financieramente sostenibles siempre que cumplieran determinados requisitos y reglas 
fiscales que garantizaran la estabilidad presupuestaria y su sostenibilidad financiera. La 
aplicación de esta norma se prorrogó mediante Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, 
por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de 
las Entidades Locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras 
medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación 
de carácter nacional. Estas medidas tenían como objetivo que los superávits que se 
empezaban a generar se destinasen parcialmente a la recuperación de la inversión pública 
en el subsector comunidades autónomas, que había sido uno de los componentes del 
gasto público más afectados por la crisis.
La crisis financiera derivada de la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto 
que las Administraciones Públicas que habían alcanzado sus objetivos fiscales a medio 
plazo se aparten temporalmente de la senda de consolidación fiscal de los últimos años y 
ha provocado un impacto profundo y repentino en las finanzas públicas que exige acometer 
una reorientación de las capacidades financieras de las comunidades autónomas a cubrir  es
los gastos extraordinarios en sectores socialmente sensibles y la brusca reducción de  o
ieppnrsrgeo rstpeEouisdonpoa  usamve tídesáaetns armc irviaióáoamnssd   pahasl aii dgolsoen t  yailafa  in2c qpat0ueat1erirv9ia oo.clri z,o eaisnnce ci óliaednsse dt nace bo cllmaeo cuanenc  tlieaidvnsaid  deaqeldu sp e era cehuosatneóbónnímtoaemni cr aaea.sac E lu csdmoteenuc  elruaefnedto coe-t olsem pyeá,an scc l iooosns u  tirpcnibaegrurrááetacsvtroietiossr     OE-A-2020-6232able en https://www.
excepcional en 2020, que las comunidades autónomas con superávit pendiente de
aplicación al cierre de 2019 cumplen el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus reglas especiales mencionadas, si 
destinan ese superávit a atender las necesidades de financiación del déficit registrado en 
el ejercicio 2020 como consecuencia de la reducción de ingresos derivada de la crisis 
sanitaria por la COVID-19 sin incrementar su nivel de endeudamiento neto en el importe 
de dicho superávit. Con ello se atiende de forma más eficaz la finalidad de esta norma, 
evitando  que  reducciones  de  endeudamiento  desacompasadas  de  la  realidad 
presupuestaria de las administraciones afectadas exijan posteriormente formalizar 
operaciones de endeudamiento adicionales en un contexto de gran incertidumbre en los 
mercados financieros y pudiendo afectar negativamente a su sostenibilidad financiera.
II
Es razonable considerar que los cambios normativos necesarios para habilitar la 
dotación de un crédito presupuestario de estas características no pueden ser aprobados 
mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria. Ello implicaría que, 
hasta la aprobación de tales reformas legislativas, no habría una dotación de recursos 
suficiente para dar cobertura a las necesidades financieras inmediatas de las comunidades 
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Asimismo, las medidas adoptadas se 
configuran como medidas excepcionales, urgentes, puntuales y coyunturales que no 
afectan al régimen de las comunidades autónomas. Por tanto, en el conjunto y en cada 
una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real 
decreto-ley.
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. 
Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional y sus consecuencias económicas 
generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de 
adoptar diversas medidas.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación 
de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de 
Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica  s
y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que,  oe.
en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o  w.
adArelb  c8itor nadtrerioa m rdioae,y  oteo,s dtFeaJ si n 8las; ts2r u3ram7z/e2on0nt1eo2s c,  eodxneps u1tiet3us cdtaieos nd jauicls i(etSimfiScbaTrnCe , a 6Fm1J/p 24li0a; 1 3y89 ,r/ a2dz0eo1 7n3 a,d ddeae jm u1ne4ino dt,e eF  lJfae  4ba;rd e1or0po0c, /iFó2Jn0  15d2)e.,    2020-6232n https://ww
la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). Bc
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
III
Este real decreto-ley se estructura en un preámbulo, tres artículos, tres disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
En el artículo 1 se recoge la autorización para dotar un crédito extraordinario que 
financie el Fondo COVID-19. Con cargo a este crédito se realizarán las correspondientes 
transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. 
Destaca el carácter no condicionado de las transferencias realizadas con cargo a esta 
dotación, por lo que será responsabilidad de las comunidades autónomas y ciudades con 
estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido 
concedidos. Asimismo, se prevé que las Comunidades y ciudades con estatuto de 
autonomía puedan habilitar créditos presupuestarios para hacer frente a los gastos 
asumidos por la pandemia.
El artículo 2 establece que el Fondo tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía 
derivadas de la crisis del COVID-19. Estipula además los tramos, criterios para su 
distribución y su consideración a efectos de lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En concreto, son cuatro los tramos en los que se divide el Fondo COVID-19. 
Fundamentalmente, los Tramos 1 y 2 se repartirán sobre la base de criterios representativos 
de gasto sanitario, el Tramo 3 se repartirá sobre la base de criterios representativos de 
gasto en Educación, y el Tramo 4 se repartirá, principalmente, sobre la base de criterios 
relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica.
En relación con los criterios de distribución del Tramo 4 vinculados a los tributos 
cedidos, estos se han establecido sobre la base del Informe, emitido al efecto, del Consejo 
Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.
El artículo 3 detalla el procedimiento para la determinación de la distribución definitiva 
de los recursos de cada tramo entre las comunidades autónomas y, en su caso, ciudades 
con estatuto de autonomía y el procedimiento para el libramiento de dichos fondos.
La disposición adicional primera recoge las especialidades relativas a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
La disposición adicional segunda establece, con carácter excepcional en 2020, que las 
comunidades autónomas con superávit pendiente de aplicación al cierre de 2019 cumplen 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
y sus reglas especiales mencionadas, si destinan ese superávit a atender las necesidades 
de financiación del déficit registrado en el ejercicio 2020 como consecuencia de la 
reducción de ingresos derivada de la crisis sanitaria por la COVID-19 sin incrementar su 
nivel de endeudamiento neto en el importe de dicho superávit.
La disposición adicional tercera establece que las comunidades autónomas y ciudades 
con estatuto de autonomía podrán incorporar al ejercicio presupuestario de 2021 los 
remanentes de los créditos procedentes de los recursos transferidos con cargo al 
Fondo COVID-19, de forma que puedan atender las obligaciones pendientes de imputar a 
presupuesto al cierre del ejercicio 2020. s
La disposición final primera regula las actuaciones mediante videoconferencias en los  oe.
procedimientos de aplicación de los tributos a fin de favorecer el ejercicio de derechos y el  w.
cclaou nCmtOepxlVitmIoD ide-1en9 tno.u deeva l anso rombalilgidaacdio gneense rtraibdou tpaorira lso sd eef elocsto cso dnet rliab ucyriesinst essa,n istaorbiare g etondeora, dean  puonr   2020-6232n https://ww
El resto de las disposiciones finales regulan la habilitación para dictar disposiciones
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley, el título competencial,  Bc
así como la entrada en vigor del mismo.
IV
Este real decreto-ley responde a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta la medida que se establece, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este 
real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
Por tanto, en la medida que se adopta, concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real 
decreto-ley.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en Hacienda 
general.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de junio de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Autorización de un crédito extraordinario para financiar el Fondo COVID-19.
1.  Se concede un crédito extraordinario en la Sección 32 de los Presupuestos 
Generales del Estado, Servicio 01 «Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local», Programa 941 O «Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Capítulo 4 
«Transferencias corrientes», Artículo 45 «A Comunidades Autónomas», Concepto 459 
«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Subconcepto 00 «Fondo COVID-19», 
por un importe global de 16.000.000.000 de euros.
2.  Al crédito extraordinario concedido en el apartado anterior no serán aplicables las 
limitaciones previstas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.
3.  El crédito extraordinario que se concede en el apartado primero de este artículo se 
financiará de conformidad con el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018.
4.  Con  cargo  al  crédito  extraordinario  se  realizarán  las  correspondientes 
transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, con 
el objeto de dotarles de mayor financiación para hacer frente a la incidencia presupuestaria 
originada por la crisis del COVID-19 y permitirles habilitar los créditos presupuestarios en  e
su presupuesto de gastos. bo
5.  Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter  32ww
ccoonnd eicsitoantaudtoo  dpeo ra luot oqnuoem seíará d reesstpinoanrs eabstiloidsa rde cduer slaoss c ao mlau nfiindaaldideasd a puatóran olma aqsu ey  chiaund asdideos 
concedidos.
Artículo 2.  Distribución del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía.
1.  El Fondo COVID-19 se distribuirá, por tramos, entre las comunidades autónomas 
y ciudades con estatuto de autonomía y tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19.
2.  La distribución territorial del crédito al que se refiere el artículo 1 de este real 
decreto-ley, se realizará sobre la base de los tramos y criterios de distribución siguientes:
a)  El importe del Tramo 1, de 6.000.000.000 de euros, se repartirá sobre la base de 
los siguientes criterios asociados, fundamentalmente, al gasto sanitario:
1)  El 35 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según los datos de población protegida equivalente por el Sistema Nacional de 
Salud, de 2020, distribuida en siete grupos de edad, con arreglo a la metodología descrita 
en el Informe del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario publicado en septiembre 
de 2007, tal y como consta en el certificado emitido por la Directora General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (actual Directora General 
de Cartera Común de Servicios del S.N.S. y Farmacia) el pasado 13 de febrero de 2020 a 
los efectos de lo previsto en el artículo 9.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias.
2)  El 30 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según el número de casos de COVID-19 notificados, de pacientes que han 
precisado ingreso en UCI a 30 de abril de 2020, conforme al certificado emitido el 3 de 
junio por la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
3)  El 10 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según el número de pruebas realizadas mediante PCR, relacionadas con el 
diagnóstico y seguimiento del SARS-CoV-2, a 30 de abril de 2020, conforme al certificado 
emitido el 3 de junio por la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
4)  El 25 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según el número de casos de COVID-19 notificados, de pacientes que han 
precisado hospitalización a 30 de abril de 2020, conforme al certificado emitido el 3 de 
junio por la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
5)  Asimismo, se asignará a cada una de las ciudades con estatuto de autonomía de 
Ceuta y Melilla un importe de 12 millones de euros. Por tanto, el importe del tramo a 
distribuir entre las comunidades autónomas de régimen común será el resultado de 
minorar, del importe del mismo, los recursos asignados a las ciudades con estatuto de 
autonomía y la participación de las Comunidades de régimen foral, que se determinará de 
acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
b)  El importe del Tramo 2, de 3.000.000.000 de euros, se repartirá sobre la base de 
los siguientes criterios asociados, fundamentalmente, al gasto sanitario:
1)  El 45 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según los datos de población protegida equivalente por el Sistema Nacional de 
Salud, de 2020, distribuida en siete grupos de edad, con arreglo a la metodología descrita 
en el Informe del Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario, publicado en septiembre 
de 2007, tal y como consta en el certificado emitido por la Directora General de Cartera  e.
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (actual Directora General  w.b
de Cartera Común de Servicios del S.N.S. y Farmacia) el pasado 13 de febrero de 2020 a  32ww
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efecto la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
3)  El 10 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según el número de pruebas realizadas mediante PCR, relacionadas con el 
diagnóstico y seguimiento del SARS-CoV-2, a 31 de octubre de 2020, conforme al 
certificado que emita al efecto la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, 
Calidad e Innovación.
4)  El 20 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común según el número de casos de COVID-19 notificados, de pacientes que hayan 
precisado hospitalización a 31 de octubre de 2020, conforme al certificado que emita al 
efecto la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
5)  Asimismo, se asignará a cada una de las ciudades con estatuto de autonomía de 
Ceuta y Melilla un importe de 6 millones de euros. Por tanto, el importe del tramo a distribuir 
entre las comunidades autónomas de régimen común será el resultado de minorar, del 
importe del mismo, los recursos asignados a las ciudades con estatuto de autonomía y la 
participación de las Comunidades de régimen foral, que se determinará de acuerdo con los 
criterios establecidos en los apartados anteriores.
c)  El importe del Tramo 3, de 2.000.000.000 de euros, se repartirá sobre la base de 
los siguientes criterios asociados, fundamentalmente, al gasto en Educación:
1)  El 80 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común en función de la población de 0 a 16 años de cada Comunidad en 2019, según las 
cifras del Padrón para cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019, de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 9.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
2)  El 20 % de su importe, teniendo en consideración el gasto en educación superior, 
se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común en función de la 
población de 17 a 24 años de cada Comunidad en 2019, según las cifras del Padrón para 
cada Comunidad Autónoma, a 1 de enero de 2019, de acuerdo con la definición equivalente 
a la contenida en el artículo 9.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
3)  Asimismo, se asignará a cada una de las ciudades con estatuto de autonomía de 
Ceuta y Melilla un importe de 7 millones de euros. Por tanto, el importe del tramo a 
distribuir entre las comunidades autónomas de régimen común será el resultado de 
minorar, del importe del mismo, los recursos asignados a las ciudades con estatuto de 
autonomía y la participación de las Comunidades de régimen foral, que se determinará de 
acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
d)  El importe del Tramo 4, de 5.000.000.000 de euros, se repartirá sobre la base de 
los siguientes criterios, asociados fundamentalmente, a la disminución de los ingresos por 
la caída de la actividad económica.
1)  Una parte de 4.200.000.000 de euros, se distribuirá del siguiente modo:
a)  El 60 % se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común en 
función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 
y 2019 de cada Comunidad por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la AEAT a cada Comunidad 
en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre actividades de juego. Los 
importes relativos a los derechos reconocidos de los tributos anteriormente indicados se 
obtendrán de los datos remitidos por las comunidades autónomas al Ministerio de 
Hacienda en aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, y que se encuentran  e.
publicados en la central de información económico-financiera del Ministerio de Hacienda. w.b
b)  El 40 % se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común según  32ww
lqau peo fbiglaucraiónn  eanju eslt aadrtaíc duelofi n9i tdivea  ldae L 2e0y1 292, /c2a0l0cu9l,a ddea  1e8n  dbea sdeic aie lmasb vrea.riables y ponderaciones
2)  Una parte de 800.000.000 de euros, se distribuirá del siguiente modo:
a)  El 34 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común, por los servicios regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros 
interurbanos por carretera dentro de su ámbito competencial, en función de los 
vehículos*km producidos en el año 2018 conforme al certificado que emita al efecto la 
persona titular de la Consejería competente de cada Comunidad Autónoma. Quedan 
excluidos de este apartado los servicios de esta clase incluidos en el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid y en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y 
los correspondientes a Canarias.
b)  El 49 % de su importe se distribuirá en función de los ingresos por tarifa 
correspondientes al año 2018 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y de la 
Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, deduciendo de estas cantidades las 
aportaciones que correspondan a las Entidades Locales según su grado de participación 
en dichas entidades o de las subvenciones o transferencias por las que participaron en su 
financiación en el año 2018, conforme al certificado que emita al efecto el Presidente de 
cada uno de los organismos señalados anteriormente.
c)  El 13 % de su importe se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen 
común titulares de servicios ferroviarios interurbanos y metropolitanos, no incluidos en el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid ni en la Autoridad del Transporte 
Metropolitano de Barcelona, en función de los ingresos por tarifa correspondientes a esos 
servicios para el año 2018, conforme al certificado que emita al efecto la persona titular de 
la Consejería competente de cada Comunidad Autónoma.
d)  El 4 % de su importe se asignará a la Comunidad Autónoma de Canarias por los 
servicios regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros interurbanos por 
carretera dentro de su ámbito territorial.
De acuerdo con el artículo 3.4 del presente real decreto-ley, el reparto territorial efectivo 
de esta parte del tramo se realizará por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio 
de Hacienda, en base al certificado del peso relativo de la participación de las comunidades 
autónomas de régimen común en esta parte del tramo, según los criterios establecidos en 
los párrafos precedentes, que emita al efecto el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 1.5, el importe del gasto en el que incurra cada Comunidad y Ciudad con Estatuto de 
Autonomía equivalente a los recursos asignados de los Tramos 1, 2 y 3, tendrá la 
consideración de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Administración 
General del Estado, a los efectos de lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 3.  Procedimiento para el libramiento de los recursos del Fondo COVID-19 a las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
1.  En el mes de julio de 2020 y, en todo caso, tras la convalidación del presente real 
decreto-ley, por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, se determinará la 
cuantía de la distribución definitiva entre las comunidades autónomas y ciudades con 
estatuto de autonomía de los recursos del Tramo 1, previsto en la letra a) del apartado 2 
del artículo 2, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho apartado. s
2.  En el mes de noviembre de 2020, cuando se disponga de los datos definitivos para  oe.
la determinación del reparto territorial de los recursos del Tramo 2 de acuerdo con los  w.
criterios previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2, por Orden de la persona titular  32ww
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Hacienda, se determinará la cuantía de la distribución definitiva entre las comunidades
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía de los recursos del Tramo 3, previsto en 
la letra c) del apartado 2 del artículo 2, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho 
apartado.
4.  En el mes de noviembre de 2020, por Orden de la persona titular del Ministerio de 
Hacienda, se determinará la cuantía de la distribución definitiva entre las comunidades 
autónomas de régimen común de los recursos del Tramo 4, previsto en la letra d) del 
apartado 2 del artículo 2, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho apartado.
5.  Las Órdenes dictadas por la persona titular del Ministerio de Hacienda por las que, 
según los apartados anteriores, se aprueben los importes de las distribuciones definitivas 
entre las comunidades autónomas y, en su caso, ciudades con estatuto de autonomía de 
los recursos de cada tramo, deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.
6.  Tras la publicación de las correspondientes Órdenes Ministeriales, el libramiento 
de los recursos del Tramo 1 se efectuará en el mes de julio de 2020, el libramiento de los 
recursos del Tramo 2 se efectuará en el mes de noviembre de 2020, el libramiento de los 
recursos del Tramo 3 se efectuará en el mes de septiembre de 2020 y el del Tramo 4 en el 
mes de diciembre de 2020.
Disposición adicional primera.  Regímenes forales.
La participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de 
Navarra en los Tramos 1, 2 y 3 del Fondo, se establecerá, respectivamente, en la Comisión 
Mixta del Concierto Económico y en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico.
La cobertura de la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, se 
determinará en términos de déficit y deuda pública en el seno de la Comisión Mixta del 
Concierto Económico y Comisión Coordinadora del Convenio Económico.
Disposición adicional segunda.  Reglas especiales para el destino del superávit 
presupuestario de las comunidades autónomas durante 2020.
Uno.  En 2020 se eximirá de la aplicación del superávit presupuestario en los términos 
que define el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a aquellas comunidades autónomas que 
cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que hayan registrado superávit presupuestario en términos de contabilidad 
nacional en ejercicios anteriores que esté pendiente de aplicación a reducir el nivel de 
endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2019.
b)  Que, como consecuencia del impacto financiero derivado de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, prevean liquidar el presupuesto del ejercicio 2020 con 
necesidades de financiación en términos de contabilidad nacional.
Dos.  En tales casos, el superávit al que se refiere el punto a) del apartado anterior 
podrá destinarse a atender las necesidades de financiación del déficit que se registre en el 
ejercicio 2020, siempre que no incrementen su nivel de endeudamiento neto por el importe 
de dicho superávit al cierre del ejercicio 2020.
Disposición adicional tercera.  Incorporación de remanentes de créditos. s
Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía podrán incorporar  b
al ejercicio presupuestario de 2021 los remanentes de los créditos procedentes de los  32ww
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Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General 
Tributaria.
La Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria, queda modificada como sigue:
Uno.  Se introduce un nuevo apartado 9 en el artículo 99 con la siguiente redacción:
«9.  Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los 
procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas 
digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la 
comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, 
auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la 
transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el 
resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e 
integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la 
Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en 
relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.»
Dos.  Se introduce una nueva letra e) en el apartado 1 del artículo 151 con la siguiente 
redacción:
«e)  En los lugares señalados en las letras anteriores o en otro lugar, cuando 
dichas actuaciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el 
artículo 99.9 de esta Ley. La utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad 
del obligado tributario.»
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Hacienda, en el ámbito de sus 
competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado, la Hacienda general.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de junio de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno, w.
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN 32ww