BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41801
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6359 Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 2 a inscribir una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto don S. M. C. contra la negativa de la registradora de la 
Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 2, doña María Sonsoles Rodríguez-Vilariño 
Pastor, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 8 de julio de 2019 por el notario de Madrid, don 
Carlos Solís Villa, con el número 1.251 de protocolo, se formalizó la aceptación, partición 
y adjudicación de herencia por fallecimiento de don C. M. P. En el testamento que sirve 
de base a las adjudicaciones el causante legó a su esposa, a su libre elección, el 
usufructo universal de la herencia o el tercio de libre disposición además de su cuota 
legal usufructuaria; a su hija doña A. M. R. (menor de edad) «una vez extinguido el 
usufructo dispuesto en la cláusula anterior lega a su hija doña A. M. R. hasta que ésta 
alcance la mayoría de edad», el usufructo sobre sobre determinada vivienda sita en 
Madrid, privativa del causante; e instituyó herederos por partes iguales a sus tres hijos.
En  la  partición  intervino,  en  representación  de  la  menor,  un  defensor  judicial 
nombrado (según reza su decreto de nombramiento) para formalizar la aceptación, 
adjudicación y partición de la herencia «con dispensa de posterior aprobación judicial de 
la partición efectuada». En las operaciones particionales formalizadas, la viuda optó por 
el tercio de libre disposición además de la cuota legal usufructuaria, indicándose en la 
escritura lo siguiente:
«Ofrece cierta dificultad la interpretación del testamento en lo que se refiere al legado 
de usufructo temporal (hasta la mayoría de edad) a favor de la hija menor de edad, A. M. 
R., ya que el causante lo establece con carácter sucesivo al usufructo sobre tal vivienda 
de la viuda, y por consiguiente, solo para el caso de que la viuda opte por el usufructo 
universal, lo que conllevaría la adjudicación en nuda propiedad entre los tres hijos (y 
consiguiente venta o ejercicio de la acción de cese de comunidad), teniendo en tal caso 
pleno sentido la previsión testamentaria para asegurar el disfrute de la vivienda por la 
hija menor de edad hasta su mayoría de edad. Pero, si la viuda, madre de la menor, 
ejercita la opción por el tercio de libre disposición en pleno dominio además de su cuota 
legal, y, para evitar el condominio, se le adjudica la totalidad de la vivienda en pago de 
sus haberes por ambos conceptos, desaparece el motivo práctico de tal legado, pues la 
madre, mientras la hija esté sometida tiene los deberes inherentes a tal responsabilidad 
parental que se ejercerá siempre en interés de la hija menor (art. 154 C. Civil). Lo que 
explica que en el testamento se subordine el usufructo sucesivo de la menor al usufructo  e
anterior de la madre, pero no nace el derecho si por vía particional se adjudica la  bo
vivienda habitual en propiedad a la viuda, madre de la menor». 59ww
metáAl iclao  heinja  smu etontoarl iddea de pdoard ,s ure hparebseer nhteardead iptaorri oe.l defensor judicial, se la compensaba en
II
Presentada copia autorizada de la referida escritura en el Registro de la Propiedad 
de Sanlúcar la Mayor número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Documento.
Fecha del documento: 08/07/2019.
Notario: Carlos Solís Villa. Protocolo: 1251/2019.
Entrada: 2078/2019.
Asiento de presentación: 1019 del Diario: 241.
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
precedente título, de conformidad con los artículos 18 y 19.Bis de la Ley Hipotecaria, ha 
resuelto no practicar los asientos solicitados, en base a los siguientes
Hechos y fundamentos de derecho.
Se presenta escritura de aceptación y adjudicación de herencia por fallecimiento del 
causante Don C. M. P., quien por su testamento: 1.º legó al viudo, a su elección, el 
usufructo  universal,  o  el  tercio  de  libre  disposición  además  de  su  cuota  legal 
usufructuaria, 2.º lego a su hija A. M. R. hasta que alcance la mayoría de edad, el 
usufructo sucesivo sobre la vivienda en Madrid, privativa del causante; 3.º instituyó 
herederos por partes iguales a sus tres hijos.
En  la  partición  interviene  en  representación  de  la  menor  un  Defensor  judicial 
nombrado para formalizar la aceptación, adjudicación y partición de la herencia con 
dispensa de posterior aprobación judicial de la partición.
En  las  operaciones  particionales,  la  viuda  primero  opta  por  el  tercero  de  libre 
disposición además de la cuota legal usufructuaria.
A continuación, se interpreta que al haber optado por el tercio libre más la cuota 
legal, si en sede de partición se adjudica el pleno dominio de la vivienda a la viuda para 
evitar el proindiviso, entonces no nace el legado de usufructo sucesivo a la hija menor 
por carecer ya de sentido al quedar bajo la patria potestad de su madre hasta que 
alcance la mayoría de edad.
En base a ello, se conmuta en su totalidad el usufructo legal, y en pago del tercero 
libre y del usufructo se adjudica a la viuda el pleno dominio de la vivienda, y se hacen 
otras adjudicaciones en pleno dominio y compensaciones en metálico a los hijos, en 
particular, a la menor se la compensa en metálico en su totalidad.
Se estima que la partición, tal y como han sido formalizadas las adjudicaciones, 
precisa de autorización judicial por los siguientes motivos:
1.º  Porque la conmutación del usufructo del viudo adjudicándole el pleno dominio 
del inmueble, al no ajustarse a ninguno de los supuestos de los artículos 839 y 840 del 
código civil, no es mero acto particional, sino un auténtico acto de naturaleza dispositiva, 
para  lo  que  respecto  de  la  menor,  como  heredera  y  legataria  afectada  por  la 
conmutación, se precisa autorización judicial. Esto es, no queda bajo el paraguas de la 
dispensa del artículo 1060 del código civil, sino que, al tratarse de verdadero acto de 
disposición,  precisa  autorización  judicial:  art.  163,  166,  302  cc  y  30.2  LJV, 
STS 28/6/1962, Resolución DGRN 26/1/1988 y 4/4/2017 (comentarios abajo) [sic].
2.º  Que, además, no solo no se adjudica a la menor el usufructo sucesivo sobre 
dicho inmueble en la forma dispuesta por título de legado en el testamento, lo que 
implicaría una renuncia al mismo, o bien un pago por equivalente (en la compensación  e.e
que se dirá), para lo que también se precisa autorización judicial (art. 166 cc, 886, 1166  b
cc, 61, 63.3 y 93.3 LJV, y Resolución DGRN 19/4/2013 y 4/7/2017), sino que tampoco  59ww
rceocmibpee nbsieandeas  cino nn autnu rpaa pgoor e snu  mcoentádliiccioó ny  deen  cboahseer ead uenraa  cporenvfoiar mdeet earl marintíacucilóon 1 d0e6 1s,u s cieunodtao 
tcaomn baiébnst reaxccceiódne  ddeel  lloe gmadeora pmoern ctoen psaidrteicraiorn qaul ey  npore hcais naa acuidtoor iszua cdieórne cjuhdoic aia él:l ,1 t6o6d oc clo,  9c3u.a3l 
LJV y Resoluciones DGRN 26/1/2018 Y 27/10/2015.
Esta calificación negativa podrá (…)
Sanlúcar la Mayor, dos de septiembre del año dos mil diecinueve Fdo. El Registrador. 
(firma ilegible) Sonsoles Rodríguez-Vilariño Pastor.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don S. M. C. interpuso recurso el día 18 de 
octubre de 2019 en los siguientes términos:
«– La Ilma. Sra. Registradora de la propiedad deniega la inscripción de la finca sita 
en Castillo de las Guardas (…), que me fue adjudicada en pago de los derechos 
hereditarios al fallecimiento de mi padre.
– Como  base  para  la  calificación  negativa,  arguye  que  la  partición  efectuada 
perjudica los derechos que, en la herencia, le corresponden a mi hermana menor, A., en 
particular el derecho de legado, hasta que ésta alcance la mayoría de edad, respecto del 
usufructo sucesivo sobre el piso sito en Madrid, calle (…) que, conformes defensor 
judicial  y  viuda,  han  quedado  conmutados  al  optar  la  viuda  por  el  tercio  de  libre 
disposición más su cuota de usufructo legal, abonándose dicho legado a mi hermana en 
metálico.
– La vivienda que me ha sido adjudicada en nada afecta el derecho de legado sobre 
otra finca (la que estaría sujeta al legado), finca que el Registro de la Propiedad de 
Madrid n.º 20 ha inscrito conforme a la partición, y calificado positivamente (…)
– La  posible  nulidad  de  la  partición,  que  señala  la  calificación  de  la  Sra. 
Registradora, sería parcial, sólo tendría efectos entre la legataria y su madre, respecto 
de un bien inmueble que nada tiene que ver con el objeto de este recurso. La partición 
en cuanto a la adjudicación de la finca objeto de este recurso, en nada quedaría 
afectada, por ende. La nulidad parcial de la partición, no implicaría la de la adjudicación 
de la finca objeto del recurso (por analogía: art. 1155 cc), permaneciendo válida en la 
parte no afectada de nulidad (art. 1258 CC) (STS de 30 de marzo de 1950, STS de 3 de 
junio de 1953, STS de 11 de noviembre de 1955, STS de 7 de junio de 1960, STS de 10 
de octubre de 1977, STS de 7 de julio de 1978, STS de 11 de marzo de 1985, STS de 30 
de abril de 1986, STS de 17 de octubre de 1987, STS de 12 de noviembre de 1987, STS 
de 20 de abril de 1988, STS de 22 de julio de 1993 y STS de 25 de octubre de 1994, 
entre otras muchas).
Solicito:
Dicte  Resolución  revocando  la  recurrida  con  estimación  del  recurso,  que  debe 
procederse a la inscripción de la finca sita en Castillo de las Guardas (Sevilla), (…) 
asiento de presentación n.º 1019, diario 241, del Registro de la Propiedad n.º 2 de 
Sanlúcar la Mayor, a nombre del recurrente».
IV
Dado traslado del recurso interpuesto al notario de Madrid, don Carlos Solís Villa, 
como autorizante de la escritura calificada, el mismo formuló las siguientes alegaciones:
«1.  En la escritura calificada la viuda ejercita la opción ofrecida en el testamento del 
causante y, en su virtud adquiere desde la fecha del fallecimiento del causante la 
condición de legataria de parte alícuota de una tercera parte de la herencia, por lo que se  e.e
integra en la comunidad hereditaria sobre el activo relicto (no sobre el pasivo: le afecta  w.b
pero no le obliga) como copartícipe por tal título sucesorio junto con los herederos,  59ww
sien2d.o  inEenx ctauls apbalreti csiuó nin ltae rlveegnactiaórnia e dne l ap paartreti caiólínc udoet ala,  phoerr eénsctiea .sólo título, puede ser la
reexcceepdtao rpao dr es ula  vaadlojur ddiceal cimiópno crotem dpele stau  dceu outnaa ( 1fi/n3c)a,  tdraetla cnaduod adle e env iptalern loa  dinodmiviinsiiob,i liaduandq u(leo 
que no era ajeno a las preocupaciones del causante, al menos respecto de la vivienda
habitual.) Este tipo de adjudicaciones son favorecidas por el Código Civil, que considera, 
como  los  antiguos  jurisconsultos  romanos,  que  la  comunidad  de  bienes  es  mater 
querellarum, y por tanto cuando está justificada por razones objetivas, entiende que el 
acto es particional, no dispositivo (art 1062 Civil), por lo que el defensor judicial exento 
en su nombramiento de obtención de aprobación, no ha de presentar la partición en el 
Juzgado a tal efecto. Por cierto, ni en el Código Civil, ni en la doctrina y jurisprudencia se 
limita esta posibilidad por la naturaleza de la legítima de los hijos y su vocación inicial a 
ser satisfecha en bienes hereditarios (art 806 C. c).
Por consiguiente, es válida la adjudicación a la viuda por dicho título de legataria de 
parte alícuota, independientemente de que concurra con la de usufructuaria legal en 
concurrencia  con  dos  hijos  mayores  de  edad  habidos  por  su  esposo  en  anterior 
matrimonio, siendo fácilmente comprensible que no exista deseo alguno de crear entre 
ellos las complicadas relaciones usufructuario-nudo propietario (véase a tal respecto lo 
que dispone el artículo 840 del C. Civil).
3.  La  interpretación  unánime  del  testamento  por  los  herederos  (o  sus 
representantes  legales  o  voluntarios)  no  puede  ser  revisada  ni  discutida  por  el 
registrador en la calificación, salvo que sea a todas luces absurda o disparatada, en el 
improbable caso de que al notario le hubiera pasado desapercibida y autorizado la 
escritura.  La  interpretación  del  testamento,  es  un  dato  fáctico  que  determina  si  la 
partición es congruente con ella o no: es decir, si lo particional se ajusta a lo dispositivo, 
principio de inexcusable observancia, salvo que todos los interesados sean mayores de 
edad y capaces.
4.  En  la  interpretación  del  testamento  se  parte  de  la  subordinación  lógica  del 
usufructo temporal sucesivo de la hija menor de edad al usufructo materno sobre la 
vivienda habitual, usufructo que no es forzoso desde el momento en que se ofrece a la 
madre la posibilidad de eludir el usufructo universal.
5.  Por consiguiente, no existe ninguna renuncia al legado por la hija representada 
por el defensor judicial. Por ningún lado se refiere la escritura a tal renuncia, ni puede ser 
inducida en la calificación. Se recuerda aquí la doctrina constante del TS sobre la 
renuncia:  ha  de  ser  clara,  terminante  e  inequívoca.  Lo  que  hay  es  un  derecho 
condicional: el de la legataria sucesiva, si surge el usufructo inicial materno.
En  base  a  las  alegaciones  efectuadas,  el  notario  autorizante  solicita  de  la 
registradora de la propiedad la rectificación de la calificación, y si no accediese a ello, 
solicita de la DGRN, la revocación de la calificación efectuada.»
V
La registradora de la Propiedad informó mediante escrito de fecha 30 de octubre 
de 2019 y, por mantener su calificación, elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 163, 166, 302, 675, 874, 886, 1057, 1058, 1060 y1166 del Código 
Civil; 27, 30.2, 61, 63.3 y 93.3 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria; 1.3.º, 18, 19 bis y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de mayo de 2010, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de enero de 1987, 23 de julio 
de 1990, 14 de enero de 1991, 10 de enero de 1994, 6 de febrero y 3 de abril de 1995,  e.e
25 de abril de 2001, 19 de septiembre y 6 de noviembre de 2002, 14 de septiembre  b
de 2004, 14 de julio y 13 de octubre de 2005, 17 de agosto de 2007, 18 de junio de 2010,  59ww
8m ay r1zo8  dy e2 m7 adyeo o yc t3u1b rdee d oec t2u0b1r5e,  d1e6  2d0e1 2m, a1r8z od ey  j2u2n idoe y  ju3l0io d dee s e2p0t1ie6m, 3b1re d dee e 2n0e1ro3,,  1196  ddee 
faebbrrile, r1o3 y d 2e5 s edpet iaebmribl rdee 2 220 d1e8  sye 2p7ti edmeb freeb, r4e rdoe,  2o1c tdueb rme ay r2zo1  dy e2 d6i cdiee mjubnrieo  ddee  22001179,,  2e8n tdree 
otras.
1.  Mediante el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de 
partición y adjudicación de herencia con las siguientes circunstancias relevantes:
a)  En el testamento que sirve de base a las adjudicaciones el causante el causante 
legó a su esposa, a su libre elección, el usufructo universal de la herencia o el tercio de 
libre disposición además de su cuota legal usufructuaria; a su hija menor de edad «una 
vez extinguido el usufructo dispuesto en la cláusula anterior lega a su hija doña A. M. R. 
hasta que ésta alcance la mayoría de edad», el usufructo sobre sobre determinada 
vivienda sita en Madrid, privativa del causante; e instituyó herederos por partes iguales a 
sus tres hijos.
En  la  partición  intervino,  en  representación  de  la  menor,  un  defensor  judicial 
nombrado para formalizar la aceptación, adjudicación y partición de la herencia «con 
dispensa de posterior aprobación judicial de la partición efectuada», según el decreto de 
su nombramiento. En las operaciones particionales formalizadas, la viuda optó por el 
tercio de libre disposición además de la cuota legal usufructuaria, indicándose en la 
escritura lo siguiente:
«Ofrece cierta dificultad la interpretación del testamento en lo que se refiere al legado 
de usufructo temporal (hasta la mayoría de edad) a favor de la hija menor de edad, A. M. 
R., ya que el causante lo establece con carácter sucesivo al usufructo sobre tal vivienda 
de la viuda, y por consiguiente, solo para el caso de que la viuda opte por el usufructo 
universal, lo que conllevaría la adjudicación en nuda propiedad entre los tres hijos (y 
consiguiente venta o ejercicio de la acción de cese de comunidad), teniendo en tal caso 
pleno sentido la previsión testamentaria para asegurar el disfrute de la vivienda por la 
hija menor de edad hasta su mayoría de edad. Pero, si la viuda, madre de la menor, 
ejercita la opción por el tercio de libre disposición en pleno dominio además de su cuota 
legal, y, para evitar el condominio, se le adjudica la totalidad de la vivienda en pago de 
sus haberes por ambos conceptos, desaparece el motivo práctico de tal legado, pues la 
madre, mientras la hija esté sometida tiene los deberes inherentes a tal responsabilidad 
parental que se ejercerá siempre en interés de la hija menor (art. 154 C. Civil). Lo que 
explica que en el testamento se subordine el usufructo sucesivo de la menor al usufructo 
anterior de la madre, pero no nace el derecho si por vía particional se adjudica la 
vivienda habitual en propiedad a la viuda, madre de la menor.»
A la hija menor de edad, representada por el defensor judicial, se la compensa en 
metálico en su totalidad por su haber hereditario.
b)  La registradora de la Propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en que, 
a su juicio, es necesaria autorización judicial por los siguientes motivos:
1.º  «Porque la conmutación del usufructo del viudo adjudicándole el pleno dominio 
del inmueble, al no ajustarse a ninguno de los supuestos de los artículos 839 y 840 del 
código civil, no es mero acto particional, sino un auténtico acto de naturaleza dispositiva, 
para  lo  que  respecto  de  la  menor,  como  heredera  y  legataria  afectada  por  la 
conmutación, se precisa autorización judicial. Esto es, no queda bajo el paraguas de la 
dispensa del artículo 1060 del código civil, sino que, al tratarse de verdadero acto de 
disposición,  precisa  autorización  judicial:  art.  163,  166,  302  cc  y  30.2  LJV, 
STS 28/6/1962, Resolución DGRN 26/1/1988 y 4/4/2017».
2.º  «(…) además, no solo no se adjudica a la menor el usufructo sucesivo sobre 
dicho inmueble en la forma dispuesta por título de legado en el testamento, lo que 
implicaría una renuncia al mismo, o bien un pago por equivalente (en la compensación  e.
que se dirá), para lo que también se precisa autorización judicial (art. 166 cc, 886, 1166  w.
cc, 61, 63.3 y 93.3 LJV, y Resolución DGRN 19/4/2013 y 4/7/2017), sino que tampoco  59ww
rceocmibpee nbsieandeas  cino nn autnu rpaa pgoor e snu  mcoentádliiccioó ny  deen  cboahseer ead uenraa  cporenvfoiar mdeet earl marintíacucilóon 1 d0e6 1s,u s cieunodtao 
con abstracción del legado por considerar que no ha nacido su derecho a él, todo lo cual
también excede de lo meramente particional y precisa autorización judicial:166cc, 93.3 
LJV y Resoluciones DGRN 26/1/2018 y 27/10/2015 (…)».
c)  El recurrente sostiene que la vivienda que le «ha sido adjudicada en nada afecta 
el derecho de legado sobre otra finca (la que estaría sujeta al legado), finca que el 
Registro de la Propiedad de Madrid n.º 20 ha inscrito conforme a la partición, y calificado 
positivamente (…) La posible nulidad de la partición, que señala la calificación de la Sra. 
Registradora, sería parcial, sólo tendría efectos entre la legataria y su madre, respecto 
de un bien inmueble que nada tiene que ver con el objeto de este recurso. La partición 
en cuanto a la adjudicación de la finca objeto de este recurso, en nada quedaría 
afectada, por ende. La nulidad parcial de la partición, no implicaría la de la adjudicación 
de la finca objeto del recurso (por analogía: art. 1155 cc), permaneciendo válida en la 
parte no afectada de nulidad (art. 1258 CC) (STS de 30 de marzo de 1950, STS de 3 de 
junio de 1953, STS de 11 de noviembre de 1955, STS de 7 de junio de 1960, STS de 10 
de octubre de 1977, STS de 7 de julio de 1978, STS de 11 de marzo de 1985, STS de 30 
de abril de 1986, STS de 17 de octubre de 1987, STS de 12 de noviembre de 1987, STS 
de 20 de abril de 1988, STS de 22 de julio de 1993 y STS de 25 de octubre de 1994, 
entre otras muchas) (…)».
d)  El  notario  autorizante  de  la  escritura  alega,  entre  otros  razonamientos,  lo 
siguiente:
«1.  (…)
2.  (…) es válida la adjudicación a la viuda por dicho título de legataria de parte 
alícuota,  independientemente  de  que  concurra  con  la  de  usufructuaria  legal  en 
concurrencia  con  dos  hijos  mayores  de  edad  habidos  por  su  esposo  en  anterior 
matrimonio, siendo fácilmente comprensible que no exista deseo alguno de crear entre 
ellos las complicadas relaciones usufructuario-nudo propietario (véase a tal respecto lo 
que dispone el artículo 840 del C. Civil)».
3.  La  interpretación  unánime  del  testamento  por  los  herederos  (o  sus 
representantes  legales  o  voluntarios)  no  puede  ser  revisada  ni  discutida  por  el 
registrador en la calificación, salvo que sea a todas luces absurda o disparatada, en el 
improbable caso de que al notario le hubiera pasado desapercibida y autorizado la 
escritura.  La  interpretación  del  testamento,  es  un  dato  fáctico  que  determina  si  la 
partición es congruente con ella o no: es decir, si lo particional se ajusta a lo dispositivo, 
principio de inexcusable observancia, salvo que todos los interesados sean mayores de 
edad y capaces.
4.  En  la  interpretación  del  testamento  se  parte  de  la  subordinación  lógica  del 
usufructo temporal sucesivo de la hija menor de edad al usufructo materno sobre la 
vivienda habitual, usufructo que no es forzoso desde el momento en que se ofrece a la 
madre la posibilidad de eludir el usufructo universal.
5.  Por consiguiente, no existe ninguna renuncia al legado por la hija representada 
por el defensor judicial. Por ningún lado se refiere la escritura a tal renuncia, ni puede ser 
inducida en la calificación. Se recuerda aquí la doctrina constante del TS sobre la 
renuncia:  ha  de  ser  clara,  terminante  e  inequívoca.  Lo  que  hay  es  un  derecho 
condicional: el de la legataria sucesiva, si surge el usufructo inicial materno».
2.  Como cuestión previa, respecto de la referencia por el recurrente al hecho de 
que la escritura calificada ha causado inscripción en un registro de Madrid, conviene 
recordar que es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el registrador, al ejercer  s
su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción, y habida  oe.
cuenta  del  principio  de  independencia  en  su  ejercicio,  no  está  vinculado  por  las  w.
Rcpareolsipfoicialauscc iioorennseeussl  tdallene tve9as dy a d1se3   adl aec  amabnaotr ezproioo, rr4   opdtrreeo sase bnrreitlag ycis i8ótr nay d 2do2ere  dsoe,t  rmcoosam ytooít  udtlaeom s2 p0(o1ccf2ro.,,   2lop2 o der es ttofáed bparose,rr  oll,aa 7ss    2020-6359n https://ww
de marzo, 3 de abril y 24 de junio de 2013, 25 de julio y 13 de noviembre de 2017 y 27
de febrero de 2018, entre otras).
Ahora bien y dado que del expediente no resulta desvirtuada la referida afirmación 
del recurrente (al contrario, consta en el expediente nota de haberse practicado tal 
inscripción –4.ª– en el Registro de la Propiedad de Madrid número 20 en favor de la 
viuda en fecha 8 de agosto de 2019, y por el título aquí calificado negativamente), lo que 
no cabe ahora es que una ulterior calificación, respecto de otra finca radicada en otro 
Registro, suponga o implique una especie de revisión de la primeramente realizada por 
un  registrador  que  acordó  la  inscripción  de  una  adjudicación  cuyo  suporte  era  la 
conmutación acordada, en los términos que se indican más arriba, entre la viuda y los 
herederos (uno menor de edad y representado por un defensor judicial). Esa calificación 
habrá sido o no acertada, pero al provocar la mutación jurídico real por obra del asiento 
de inscripción causado, está bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1, párrafo 
tercero de la Ley Hipotecaria). Y es que, se quiera o no, la calificación ahora impugnada 
recurre  basa  gran  parte  de  su  línea  argumental  en  cuestionar  una  operación,  la 
conmutación acordada en la escritura, que no ha sido cuestionada en la calificación que 
habrá sido realizada por el titular del Registro de la Propiedad al que corresponde dicha 
finca (radicada en Madrid). Ahora bien, lo que se somete a calificación respecto de la 
finca a que se refiere el recurso (radicada en otro Registro), es su adjudicación a uno de 
los herederos compensando en metálico a los otros dos: uno mayor de edad, y otro 
debidamente representado por un defensor judicial debidamente nombrado y con las 
facultades que se consignan en el decreto de nombramiento, y a ese dato fáctico –no a 
otro– ha de atenerse la registradora al emitir su calificación.
3.  En  la  partición,  como  se  ha  reseñado,  interviene  un  defensor  judicial  en 
representación de una menor de edad, debiendo recordarse que tal figura es una de las 
formas o figuras de protección y guarda de menores e incapaces, previstas por el 
ordenamiento  jurídico  para  proteger  los  intereses  de  estas  personas,  generalmente 
cuando hay conflictos de intereses entre quienes vienen llamados naturalmente a su 
protección y el propio menor o incapaz. Sabido es que, conforme al artículo 299 del 
Código Civil, procede la designación de defensor judicial en tres supuestos, uno de los 
cuales es, precisamente, el de conflicto de intereses entre los menores e incapacitados y 
sus  representantes  legales  o  el  curador.  En  igual  sentido,  el  artículo  27  de  la 
Ley  15/2015,  de  la  Jurisdicción  Voluntaria,  determina  la  procedencia  de  tal 
nombramiento: «Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores 
o personas con capacidad modificada judicialmente y sus representantes legales o su 
curador, salvo que con el otro progenitor o tutor, si hubiere patria potestad o tutela 
conjunta, no haya tal conflicto».
Tal y como dispone el artículo 302 del Código Civil: «El defensor judicial tendrá las 
atribuciones que se le hayan concedido, debiendo rendir cuentas de su gestión una vez 
concluida». Y el artículo 1060 del Código Civil, en la redacción dada al mismo por la 
citada  ley  15/2015,  determina:  «Cuando  los  menores  o  personas  con  capacidad 
modificada  judicialmente  estén  legalmente  representados  en  la  partición,  no  será 
necesaria la intervención ni la autorización judicial, pero el tutor necesitará aprobación 
judicial de la partición efectuada. El defensor judicial designado para representar a un 
menor  o  persona  con  capacidad  modificada  judicialmente  en  una  partición,  deberá 
obtener la aprobación del Juez, si el Secretario judicial no hubiera dispuesto otra cosa al 
hacer el nombramiento». Debe repararse en el presente caso que el letrado de la 
Administración  de  Justicia,  en  el  decreto  de  nombramiento  del  defensor  judicial 
estableció que se hacía «con dispensa de posterior aprobación judicial de la partición 
efectuada». s
4.  Respecto de la interpretación de la cláusula testamentaria referida al legado  oe.
ordenado en favor de la viuda, no está de más traer a colación la siguiente cita de la  w.
Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  20  de  mayo  de  2010,  en  aras  a  precisar  su  59ww
mnaottuivraal eezsate y r edcaudras ola:  «s(e…m)e jLaan zcaa ldifiecla ccaiósno  jeunrí deilclaa  rdees ulae ldtois cpoons iceiló snu tpeusetasmtoe dneta hrieac rheola qtiuvea 
aal telar neastipvoos cau ydoe lo bcjaeutos asnotne , vhaoriya sv ciuodsaa,s  eos d eclraercah oys  sye s óhlao  uanpau ndtea deol laysa :d eebse  uand qlueigriar deol   BOE-A-cable e
legatario, tal como dispone el artículo 874 del Código civil en su remisión a la normativa 
de las obligaciones alternativas. La elección corresponde al obligado a entregar una de 
las cosas o derechos objetos del legado, a no ser que el testador haya dispuesto que 
sea el legatario, como es el caso presente (“...a su elección”) (…)».
Cabe añadir que la elección de dicha legataria es por completo libre, por lo que si 
decide no aceptar el legado de usufructo universal, es indudable que el legado sucesivo 
ordenado en favor de la hija menor del causante no es que se haya extinguido por 
renuncia, como erróneamente se indica la nota recurrida, es que simplemente no puede 
nacer, al no haberlo hecho el que le habría de preceder en pura secuencia lógica.
La interpretación de las cláusulas de los testamentos puede resultar dificultosa en 
múltiples  ocasiones,  pues  esas  cláusulas  pueden  ser  a  veces  oscuras,  ambiguas, 
imprecisas, incompletas, equívocas, excesivamente rígidas o drásticas, de significado 
dudoso, etc.; siendo el precepto fundamental en esta materia el artículo 675 del Código 
Civil, del que resulta obligado el entendimiento de las cláusulas conforme el sentido 
literal de las palabras a menos que aparezca claramente que fue otra la voluntad del 
testador; lo que confirman otras disposiciones del Código Civil, como el artículo 773 para 
el nombre y apellidos de los designados como herederos o legatarios.
En cualquier caso, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el centro 
de gravedad de la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente 
en la fijación de la voluntad real del testador, esto es, un sentido espiritualista de las 
disposiciones, y así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre 
de 1985 establece que «a diferencia de lo que ocurre con los actos inter vivos, en los que el 
intérprete debe tratar de resolver el posible conflicto de intereses entre el declarante y el 
destinatario de la declaración, la interpretación de los actos testamentarios, aunque tiene su 
punto de partida en las declaraciones del testador, su principal finalidad es investigar la 
voluntad real, o al menos probable, del testador en sí misma, pues no cabe imaginar un 
conflicto entre los sujetos de la relación –causante y herederos– sin que pueda ser obstáculo 
la impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre que aquella voluntad 
resulte de las circunstancias, incluso externas del testamento –como ya se dijo en sentencias 
de 8 de julio de 1940, 6 de marzo de 1944 y 3 de junio de 1947 y se reitera en las de 20 de 
abril y 5 de junio de 1965, en el sentido precisado por las de 12 de febrero de 1966 y 9 de 
junio de 1971– y de completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y el 
sistemático».  En  definitiva,  en  el  núcleo  de  la  interpretación  de  los  testamentos  debe 
prevalecer un criterio distinto al de la interpretación de los contratos; si bien, con todo, el 
artículo 675 del Código Civil no excluye la posible aplicación de algunos de los preceptos 
relativos a la interpretación de los contratos contenidos en los artículos 1281 a 1289 del 
Código Civil, en particular a los efectos de este expediente, el artículo 1284 (sentido más 
adecuado de la cláusula para que produzca efecto).
Por tanto, el primer elemento en la interpretación de los testamentos es el literal, pero 
merced  a  la  utilización  de  otros  elementos  interpretativos  se  establece  cual  es  el 
verdadero significado de las cláusulas testamentarias y la jurisprudencia ha empleado 
como primera norma de interpretación la literalidad de las palabras empleadas en el 
testamento, si bien atemperada y matizada por los elementos lógicos, teleológicos y 
sistemáticos que conforman el sentido espiritual de la voluntad del testador, esto es su 
voluntad real. En esa línea, la sentencia de 10 de febrero de 1986, señala que ante la 
existencia  de  ambigüedad  y  consiguiente  duda  entre  la  voluntad  del  testador,  su 
intención  y  el  sentido  literal  de  las  palabras,  se  da  paso  a  los  elementos  lógico, 
sistemático y finalista, que no se pueden aislar de los otros, ni ser escalonados como  s
categorías o especies distintas de interpretación, por lo que el artículo 675 no pone un  oe.
orden de prelación sin que se excluya acudir a los medios de prueba extrínsecos, o sea,  w.
a circunstancias exteriores al testamento mismo, de muy diversa índole, «con tal que  59ww
tseesatanm celanrtaom, oe nptuee adparne rceiacbolneosc ey rsteen dgeannt ruon dae le mxpisrmesoió dne  caulgaúnnd om modeon»o.s incompleta en el
referAidhao raal  lbeigeand, oe qnu ee soterd ecnaós oe, l ucnaau saandteec,u naod ap uiendteer parmetpaaciróanr  edne  mlao dcolá aulsguulnao  tleas ctaomncelnutsaiórian   BOE-A-cable e
de que en la escritura calificada se haya operado una renuncia al mismo por parte de la 
legataria sucesiva menor de edad, representada por el defensor judicial designado (lo que 
requiere autorización judicial ex artículo 166 del Código Civil), pues, como ya se ha indicado, 
su legado sencillamente no puede nacer al faltar el soporte del legado que le antecedería, por 
consistir en un usufructo temporal y sucesivo al que ostentara su madre. Y es que tal 
usufructo, soporte y base del ordenado en favor de la menor, existirá solo si la legataria (el 
cónyuge viudo) opta por el usufructo universal, lo que no ha sucedido en este caso. Y todo 
ello sin olvidar que tal usufructo recae sobre un inmueble inscrito en otro Registro de la 
Propiedad, ajeno al que ahora en que se califica una adjudicación con compensaciones en 
metálico,  y  lo  que  el  titular  de  aquel  haya  concluido  en  su  calificación  no  puede  ser 
cuestionado ahora por quien desempeña distinto registro.
5.  Delimitado lo que propiamente debe resolverse en este expediente (no otra cosa 
que la concreta adjudicación realizada respecto de una determinada finca, radicada en 
un concreto Registro), debe tenerse en cuenta que, como ha afirmado reiteradamente 
esta Dirección General (cfr., las Resoluciones de 18 de mayo de 2012 y 22 de julio 
de 2016, con criterio también mantenido en la de 4 de octubre de 2017), con referencia a 
las funciones del contador-partidor pero aplicable también a este caso, dada la presencia 
de un defensor judicial: «Ciertamente, la línea que delimita lo particional de lo dispositivo 
no es nítida; y es presupuesto básico de la partición hereditaria que, siendo posible, 
deban  formarse  lotes  iguales  o  proporcionales  no  sólo  cuantitativa  sino  también 
cualitativamente (cfr. artículos 1061, 1062, 1056 y 841 y siguientes del Código Civil). No 
obstante, esta Dirección General también ha puesto de relieve reiteradamente que la 
adjudicación hecha a uno de los herederos con la obligación de compensar en metálico a 
los demás por razón del exceso de valor de lo adjudicado en relación con el de su cuota 
hereditaria no implica enajenación (cfr. Resoluciones de 22 de febrero de 1943, 6 de abril 
de 1962, 2 de enero de 2004, 14 de abril de 2005 y 16 de septiembre de 2008, entre 
otras); y que esa regla legal de la posible igualdad –que según la doctrina jurisprudencial 
no exige igualdad matemática o absoluta; cfr., por todas, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 25 de noviembre de 2004– es respetada cuando, por ser de carácter 
indivisible, el único inmueble relicto es adjudicado por el contador-partidor a uno de los 
herederos abonando en exceso a los demás en dinero, sin perjuicio de la posible 
impugnación por los interesados, de modo que ha de pasarse entretanto por dicha 
partición mientras no sea palmariamente contraria a las legítimas o a lo dispuesto por el 
testador (cfr. Resoluciones de 21 de junio y 20 de septiembre de 2003)».
Debe concluirse, por tanto, que la adjudicación concreta cuestionada no queda en 
absoluto fuera de lo particional; y sin que –como ya se ha expuesto– pueda cuestionarse 
por el registrador en la calificación impugnada lo ya calificado e inscrito en otro Registro, 
pues  tal  inscripción  ya  practicada  sólo  puede  ser  atacada  judicialmente.  Podrá 
eventualmente y en su caso dicha impugnación afectar a la partición realizada en su 
conjunto, y por ende a la adjudicación que motiva este recurso; pero esta sería una 
cuestión que escapa por entero de la calificación registral que en este recurso se 
enjuicia,  pues  la  hija  y  heredera  menor  de  edad  estaba  legal  y  debidamente 
representada  en  la  partición  por  un  defensor  judicial,  al  que  se  confirieron  unas 
facultades tan inequívocas y claras como las antes reseñadas.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  bo
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  59ww
lnao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de
Madrid, 17 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado,
Pedro José Garrido Chamorro.