BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Jueves 29 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 93487
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
13168 Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la Sentencia del Tribunal Supremo, recurso de 
casación 226/2017, relativa al Convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, SA.
Visto el fallo de la Sentencia número 135/2019 del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Social) de fecha 22 de febrero de 2019, recaída en el recurso de casación número 
226/2017, interpuesto contra la Sentencia de 10 de julio de 2017 dictada por la Sala de lo 
Social  de  la  Audiencia  Nacional  en  el  procedimiento  número  160/2017  seguido  a 
instancia de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de 
Trabajadores, sobre impugnación de Convenio colectivo.
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
En  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  25  de  septiembre  de  2015  se  publicó  la 
Resolución de la entonces Dirección General de Empleo de 14 de septiembre de 2015, en 
la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro 
directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el Convenio colectivo de la empresa 
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A., código de Convenio número 90102252012015.
Segundo.
El 7 de agosto de 2017 tuvo entrada en el Registro general del Departamento la 
Sentencia número 105/17 de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de fecha 10 de 
julio de 2017, recaída en el procedimiento número 160/2017, seguido por demanda de la 
Federación  de  Servicios,  Movilidad  y  Consumo  de  la  UGT,  sobre  impugnación  de 
Convenio colectivo, en cuyo fallo se declara la nulidad del Convenio colectivo, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de septiembre de 2015. Por Resolución de esta 
Dirección General de 8 de agosto de 2017 se ordenó la inscripción de dicha Sentencia 
de la Audiencia Nacional y se dispuso su publicación el «Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de agosto de 2017.
Tercero.
El 20 de octubre de 2020 ha tenido entrada en el Registro general del Departamento 
la Sentencia número 135/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Social) de fecha 22 de febrero de 2019, recaída en el recurso de casación número 
226/2017,  en  cuyo  fallo  se  declara  la  desestimación  de  los  recursos  de  casación 
interpuestos y se confirma la Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia  es
Nacional de 10 de julio de 2017 en el procedimiento número 160/2017, en cuyo fallo se  o
declara la nulidad del Convenio colectivo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»  168www.
de 25 de septiembre de 2015.
Fundamentos de Derecho
De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo 
o en parte, del Convenio colectivo impugnado y este hubiera sido publicado, también se 
publicará en el «Boletín Oficial» en que aquel se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 
de fecha 22 de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de casación número 
226/2017, y relativa al Convenio colectivo de la empresa Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, S.A., en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de octubre de 2020.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.
CASACIÓN NÚMERO: 226/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª Maria Luz Garcia Paredes.
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Social
Sentencia número 135/2019
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D.ª Maria Milagros Calvo Ibarlucea.
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana.
D.ª Maria Lourdes Arastey Sahun.
D. Sebastian Moralo Gallego.
D.ª Maria Luz Garcia Paredes.
En Madrid, a 22 de febrero de 2019.
Esta Sala ha visto los recursos de casación interpuestos por el letrado y D. José 
Losada Quintás, en nombre y representación de Sinergias de Vigilancia y Seguridad 
S.A., y por el letrado D. Arturo Ocaña Ocaña en nombre y representación de D. Cristian 
Josué Rodríguez Guerra, D. Alejandro Fernández Rodríguez, D. Francisco Betancort 
Montesdeoca  y  Dña.  Silvia  Margot  Jorge  Labeque,  representantes  legales  de  los 
trabajadores, contra la sentencia de 10 de julio de 2017, dictada por la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, en el procedimiento núm. 160/2017 seguido a instancia de la  e.
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores  w.b
(FeSMC-UGT), contra D. Francisco Betancort Montesdeoca, D. Alejandro Fernández  168ww
RDoñdar. ígSuilevzia,  MD.a rMgoatn uJeolr gRea Lmaóbne qSuaen, tarenpar ePséernetza,n tDes.  Clergisatlieasn  dJeo sluoés  tRraobdaríjgaudeozre sG, useierrnad oy 
pimaprtueg enla Mcióinnis dteer iCoo Fnivsecnailo,  yC ohlaebcitéivnod.ose personado Unión Sindical Obrera (USO), sobre
Han comparecido en concepto de recurridos la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo de UGT (FESMC-UGT), representada por el letrado D. Roberto Manzano del 
Pino y Unión Sindical Obrera (USO), representada por el letrado D. Eduardo Serafin 
López Rodríguez y el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Luz Garcia Paredes.
Antecedentes de hecho
Primero.
Por la representación de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la 
Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT), se presentó demanda de impugnación 
de Convenio Colectivo contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad, en la persona de su 
representante legal, y contra D. Aurelio, D. Apolonio, D. Blas, D. Anselmo y Dña. Berta, 
representantes legales de los trabajadores, de la que conoció la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia por la que: «se declare 
la nulidad del Convenio colectivo, al haberse incumplido los artículos 87.1, 88.2 y 89.3 
del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  por  firmar  el  mismo  en  representación  de  los 
trabajadores los delegados de personal de algunos de los centros de trabajo que tiene la 
empresa, a pesar de que el texto es de aplicación a los empleados de todos los centros 
de trabajo del territorio nacional– Subsidiariamente, que se declare la nulidad o, en su 
caso, la inaplicación de los artículos 30.1, 30.4, 44, 45, 46, 47.b), 47.c), 48, 50, 51 y el 
Anexo de Tablas Salariales del Convenio colectivo de la empresa Sinergias de Vigilancia 
y Seguridad, al tratarse de un Convenio colectivo de centro o centros de trabajo y no de 
empresa que, por tanto, no tiene prioridad aplicativa en las materias previstas en el 
artículo  84.2  ET  respecto  de  la  regulación  establecida  en  el  Convenio  colectivo 
sectorial».
Segundo.
Admitida a trámite la demanda, tuvo lugar el acto del juicio, en el que la parte actora 
se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el 
juicio a prueba, se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.
Tercero.
El día 10 de julio de 2017, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictó 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Desestimamos la excepción de cosa juzgada y de prescripción alegada por el 
letrado de la empresa demandada y estimamos la demanda formulada por D. Roberto 
Manzano del Pino, Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en 
nombre y representación de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la 
Unión  General  de  Trabajadores  (FeSMC-UGT),  contra  "Sinergias  de  Vigilancia  y 
Seguridad"  y  contra  D.  Aurelio,  D.  Apolonio,  D.  Blas,  D.  Anselmo  y  Dña.  Berta, 
representantes  legales  de  los  trabajadores,  siendo  parte  el  Ministerio  Fiscal,  y 
habiéndose personado Unión Sindical Obrera (USO) sobre Impugnación de Convenio 
colectivo, declaramos la nulidad del Convenio colectivo de la empresa "Sinergias de 
Vigilancia y Seguridad, S. A." (Código de Convenio n. ° 90102252012015), que fue  e.
suscrito con fecha 29 de junio de 2015 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n°  w.
230, de fecha 25 de septiembre de 2015. Y condenamos a la empresa demandada a  168ww
elas taaru yto priadsaadr  ploarb eosratal,  deecnl areascpióenc,i adle baie nldoos  coemfeucntoicsa rsdee  lac soennstteanncciiaa,  uenna  veelz  friermgies,t rao 
ccoornrveesnpioon adnieunlated oy  fuae l ae np usub lidcíaac iinósne rdteald ofa.»llo en el "Boletín Oficial del Estado" en que el  BOE-A-cable e
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
«Primero.  En fecha 23 de Junio de 2015 se constituyó la Comisión Negociadora 
para el Convenio Colectivo de Empresa "Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A." 
integrada por la parte social por: D. Aurelio (representante sindical del Centro ECOAGA-
Las Palmas), D. Apolonio (representante sindical del Centro Residencial Volcán del 
Timanfaya-Tenerife), D. Blas (representante sindical del Centro la Palmita-Las Palmas), 
D.  Anselmo  (representante  sindical  del  Centro  F.C.C.–Las  Palmas)  y  Dña.  Berta, 
(representante sindical del Centro Oficinas S.V.S.–Madrid. Víctor Falcón (como asesor) 
(Descriptor 17).–Los representantes de los centros eran Delegados de personal de 
dichos centros. (Hecho conforme).–Tras dos reuniones de esta comisión en fechas 25 
y 26 de junio de 2015, se procede a suscribir el texto definitivo del Convenio colectivo en 
fecha 29 de junio de 2015. (Descriptores 17, 18 y 19).–Posteriormente, la Comisión 
Negociadora vuelve a reunirse en dos ocasiones, los días 28 de julio y 3 de septiembre 
de 2015, al objeto de subsanar diferentes artículos del convenio a requerimiento de la 
Dirección General de Empleo, entre ellos el referente al ámbito territorial del Convenio 
colectivo, en el acta de 28 de julio en el que, respecto al artículo 2.4 del convenio la 
Dirección  General  de  Empleo  indica  que  sería  necesario  modificarlo,  los  reunidos 
manifiestan que éste punto excede del ámbito de control de la Administración Pública, no 
obstante con el objeto de hacer eso del Convenio colectivo a su publicación se modifica 
el texto del artículo 2.4 quedando el texto siguiente: "Ámbito territorial -A todos los 
trabajadores  del  territorio  nacional  español,  que  está  sometido  en  su  ámbito  de 
aplicabilidad. Ámbito personal: A todos aquellos trabajadores de la entidad Sinergias de 
Vigilancia y Seguridad S.A. a los que resulte de aplicación en relación al ámbito de 
representatividad de los firmantes." (Descriptores 20 y 21).–Por Resolución de 14 de 
septiembre de 2015 de la Dirección General de Empleo se registra y publica el Convenio 
colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA. ("Boletín Oficial del Estado" n° 230, 
de 25 de septiembre de 2015 ) (Descriptor 22).
Segundo.  En  la  información  que  la  empresa  aportó  a  la  dirección  general  de 
empleo al registrar el Convenio colectivo suscrito, señala que cuenta con Trabajadores 
en las provincias de Madrid (11), Las Palmas (35) y Santa Cruz de Tenerife (20). Total 65. 
(Descriptor 23).
Tercero.  El "Boletín Oficial del Estado" n° 25, de fecha 30 de enero de 2017, publicó 
el Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. El objeto de los mismos era la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en los Centros de Acogida a Refugiados (CARs) de Alcobendas 
(Madrid), Mislata (Valencia), Sevilla y Vallecas (Madrid), dependientes del ministerio 
contratante.–Según este anuncio, el contrato se formalizó en fecha 25 de enero de 2017 
con Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En el mismo se hace constar " e) Ventajas de la 
oferta  adjudicataria:  La  oferta  formulada  por  el  adjudicatario  es  la  más  ventajosa, 
teniendo  en  cuenta  la  valoración  de  las  proposiciones  presentadas  y  admitidas  a 
licitación." (Descriptor 24).
Cuarto.  Se  aplica  el  Convenio  colectivo  impugnado  a  centros  que  no  existían 
cuando se conformó la Comisión negociadora. (Hecho conforme).
Quinto.  Por Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de 
Empleo,  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  estatal  para  las  empresas  de 
seguridad para el periodo julio 2015-2016. (BOE n° 224 del 18 de septiembre de 2015) 
(Descriptor 27).–Dicho Convenio colectivo se encuentra actualmente en ultractividad, 
habiéndose constituido la nueva comisión negociadora en fecha 13 de marzo de 2017.  e.
(Descriptor 28). w.b
Sexto.  Por  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  18  de  octubre  168ww
edme p2r0e1s6a,  sSein deirsgpiaosn ed ela  Vinigsiclarinpcciiaó ny,  dSeepgóusriitdoa yd ,p Sub.Alic.,a cciuóyno  dáeml Cbioton vteenrrioito Criaoll eecsti vtoo ddoe  elal 
tCearrnitaorriiaos .y  (cBeonletrtoíns  dOef ictriaalb adjoe,  Csiann eaxricaesp cnióúnm .a l2g1u1n a,L udnee sla  3C1o mduen iodcatdu bAreu tódneo m2a0 1d6e) 
(Descriptor 29).
Séptimo.  En fecha 23 de febrero de 2016, el representante de la Unión Sindical 
Obrera presentó demanda sobre Impugnación de Convenio colectivo contra la empresa 
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y contra D. Aurelio, D. Apolonio, D. Blas, D. 
Anselmo, Dña. Berta, y el Ministerio Fiscal, en la que se solicitaba la declaración de 
nulidad de los artículos 30.1, párrafo segundo del artículo 39, párrafo segundo del 
artículo 41, artículos 42, 43, 45, anexo, 47 b) y 48.3 del Convenio Colectivo de "Sinergias 
de Vigilancia y Seguridad, S.A " (documento n.º 1 de USO y documento n° 2 de la 
empresa demandada).–La demanda fue registrada con el n° de procedimiento 54/2016 
que finalizó con acta de conciliación con avenencia de fecha 12 de abril de 2016, en 
cuyo  acto,  "la  empresa  reconoce  la  suspensión  en  la  aplicación  de  los  siguientes 
artículos:  30.1,  párrafo  segundo  del  artículo  39,  párrafo  segundo  del  artículo  41, 
artículos 42,43 y 45, y en el anexo en lo relativo a la supresión del complemento de 
antigüedad,  y  artículo  47  -b  del  Convenio  colectivo  de  Sinergias  de  Vigilancia  y 
Seguridad, S.A durante la vigencia del Convenio colectivo estatal de las empresas de 
seguridad para el periodo julio 2015 a 31 de diciembre de 2016". En fecha 12 de abril 
de 2016 se dictó Decreto por la letrada de la administración de justicia en cuya parte 
dispositiva acuerda aprobar la avenencia alcanzada entre las partes el día de la fecha y 
el archivo de las actuaciones. (Documentos n° 3 y 4 de la empresa demandada).»
Cuarto.
Por la representación de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y por la representación 
de D. Anselmo, D. Apolonio, D. Aurelio y Dña. Berta, representantes regales de los 
trabajadores, se formalizan sendos recursos de casación contra la anterior sentencia al 
amparo del apartado e) del art. 207 de la LRJS, denunciando las infracciones legales del 
art. 59 del ET, infracción del art. 222 de la LEC y art. 166 de la LRJS., infracción del 
art. 87.1 y 2 y 88.3 del ET, en relación con el art. 9 y 37.1 de la CE.
Quinto.
Personada la parte recurrida y evacuado el trámite de impugnación, se emitió el 
preceptivo informe del Ministerio Fiscal en el sentido de considerar improcedentes los 
recursos interpuestos. Se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación 
y fallo el día 13 de febrero de 2019, fecha en que tuvo lugar.
Fundamentos de Derecho
Primero.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia el 10 de julio 
de 2017, en el proceso de impugnación de Convenio colectivo seguido bajo el núm. 
160/2017, en la que desestima la excepción de cosa juzgada y de prescripción y estima 
la demanda, declarando la nulidad del Convenio Colectivo de la Empresa Sinergias de 
Vigilancia y Seguridad, S.A., suscrito el 29 de junio de 2015 y publicado en el BOE 230 
de 25 de septiembre de 2015, con los demás pronunciamientos legalmente establecidos.
Frente a dicha resolución judicial se ha interpuesto recurso de casación por la 
empresa demandada y los representantes legales de los trabajadores codemandados.
1.  Recurso de la empresa.
El recurso de la empresa, como único motivo y al amparo del apartado e) del art. 207  b
de la LRJS, denuncia las siguientes infracciones legales. Por un lado, la del art. 59 del  168ww
iEmTp, uegnn laoc qióune  dae l au enx cCeopncvióenn idoe  cporleescctirvipoc. ióEnn d ees lea  ascecnitóidno s, ec roenfiseirdee rcau aqnudeo  léas taac ecsió nla  ddee 
iinmcpoungsntiatuccióionn aldidea d uon  el Ccoonntveennciioo soc odlierecctitvoo c ognutraar dnao rmsaims irleitugdla mceonnta riaesl , arel ceuxrisstoir  cdoen 
ellos claras relaciones en su configuración. Es por ello por lo que considera que la
impugnación directa de una norma debe estar sujeta a un plazo de prescripción y que en 
el caso del Convenio colectivo vendría dado por el art. 59.1 del ET, citando a tal fin la 
STS de 10 de marzo de 2003, R. 33/2002 y 26 de enero de 2005, R. 35/2003. A ello se 
une el ámbito de aplicación que tiene el art. 59 del ET que no se reduce al de la relación 
individual.
Por otro lado, denuncia la infracción del art. 222 de la LEC y art. 166 de la LRJS, en 
relación con la excepción de cosa juzgada y la conciliación alcanzada ante la misma 
Sala, en otro proceso de impugnación del convenio seguido por USO frente a la misma 
empresa. Al respecto, señalan los recurrentes que entre el presente proceso y el anterior 
hay identidad objetiva por lo que se debería estar a lo dispuesto en el art. 222.4 de la 
LEC, aunque el proceso sobre el que se quiera hacer valer el efecto de cosa juzgada 
hubiera concluido con la desestimación. En todo caso, la cuestión que se planteó en el 
anterior proceso no es, exactamente, la que se dice en la sentencia recurrida, ya que lo 
que se viene a aceptar cuando se plantea por USO la demanda es que el convenio es un 
convenio de empresa, siendo el presupuesto de la avenencia alcanzada.
Seguidamente, en relación con la cuestión de fondo, denuncia la infracción del 
art. 87.1 y 2 y 88.3 del ET, en relación con el art. 9 y 37.1 de la CE. Las partes 
recurrentes  discrepan  del  criterio  de  la  sentencia  recurrida  porque,  respecto  de  la 
negociación de un Convenio colectivo de empresa, entienden necesaria la concurrencia 
de todos los órganos de representación de todos los centros de trabajo que representen 
a la totalidad de los trabajadores, citando a tal fin las SSTS de 9 de junio de 2015, rec. 
149/2014,  14  de  julio  de  2016,  rec.  219/2015,  etc.  Seguidamente,  se  refiere  a  la 
proyección del principio de correspondencia de futuro, con cita de la STS de 28 de junio 
de 2017, rec. 203/2016, 10 de junio de 2015, rec. 175/2014 y 18 de mayo de 2016, 
140/2015. A la luz de estas consideraciones que realizan los escritos de interposición de 
los  recursos,  llegan  a  concluir  que  en  el  presente  caso  y  en  el  momento  de  la 
negociación del convenio, no existían centros de trabajo ni trabajadores que pudieran 
haber participado en las convocatorias electorales y no lo fueran y, por ende, que en la 
negociación del Convenio colectivo presente hubo presencia de todos los representantes 
unitarios y de todos los trabajadores existentes en ese momento.
2.  Recurso de los representantes de los trabajadores codemandados.
El  recurso  que  formulan  los  codemandados  tiene  el  mismo  contenido  que  el 
formulado por la empresa, lo que permite que ambos sean examinados conjuntamente.
3.  Impugnación de los recursos.
Por la Federación de Servicios de UGT se ha presentado escrito de impugnación del 
recurso de la empresa demanda, alegando la existencia de defectos formales en la 
exposición del motivo al reunir en un solo diferentes cuestiones. Seguidamente, en 
relación con el art. 59 ET, considera que la aplicación que hace la sentencia recurrida de 
la doctrina de esta Sala es correcta, considerando que no es admisible dejar vigente una 
norma ilegal por el mero hecho de que esté sometida a un plazo que no viene fijado en 
ninguna norma legal. Es más, entiende que la vigencia del propio convenio es la que 
marca el tiempo en el que puede ser objeto de impugnación. Por lo que se refiere a la 
cosa juzgada entiende que no procede porque la Federación que representa no fue parte 
en el proceso que se invoca a esos efectos. En cuanto a la cuestión de fondo, insiste en 
que ahora no se está cuestionando la legitimación para negociar de quienes configuraron 
la mesa en una empresa de un solo centro de trabajo y lo que la jurisprudencia señala es  e.
que un Convenio colectivo que nazca con un déficit de legitimidad, éste persiste durante  w.
su vigencia. En este caso, la impugnación afecta a un Convenio colectivo de empresa  168ww
cqoune  teiel náem vbaitroio sd ec eanptrliocsa cdieó nt raqbuaej os es inle q uhea  ldaa cdoon, fipgourr atcoidóon  dloe  clau aml eesnat iesned ceo rqreusep odnedbae 
confirmarse la resolución judicial recurrida.
Igualmente,  se  han  impugnado  los  recursos  por  Unión  Sindical  Obrera  (USO), 
indicando que, respecto de la prescripción, no es aplicable la sentencia que se invoca 
por los recurrentes dada la acción que aquí se ha planteado y que se mantiene viva 
durante toda la vigencia del Convenio colectivo. Respecto de la excepción de cosa 
juzgada niega su existencia por cuanto que no hay identidad de sujetos. Tampoco hay 
identidad de objetos en tanto que allí se cuestionaba la suspensión de determinados 
preceptos del convenio y no la nulidad total que aquí se propugna. Por esas mismas 
razones,  tampoco  hay  identidad  en  la  causa  de  pedir.  Finalmente,  en  cuanto  a  la 
cuestión de fondo, muestra su conformidad con el pronunciamiento judicial recurrido al 
haberse vulnerado el principio de correspondencia, citando a tal efecto SSTS de 22 de 
marzo de 2017, R 126/2016 y 10 de junio de 2015, R. 175/2014.
4.  Informes del Ministerio Fiscal.
Por el Fiscal ante la Sala de lo Social e la AN, así como por el Ministerio Fiscal ante 
esta Sala, se han emitidos los respectivos informes en los que consideran que el recurso 
debe ser desestimado, incluso denunciando algún defecto de forma en el planteamiento 
que, bajo un solo motivo, se realizada de la denuncia de infracciones normativas o de la 
jurisprudencia. En todo caso se manifiesta que no pueden ser estimadas las excepciones 
que, de forma ajustada a derecho, han sido desestimadas por la sentencia de instancia y, 
en cuanto al fondo, dicha resolución también toma en consideración la jurisprudencia 
aplicable al caso.
Segundo.
– Plazo para el ejercicio de la acción de impugnación del Convenio colectivo.
Antes de proceder a examinar el primer motivo de los recursos, debemos hacer una 
breve  referencia  a  la  objeción  que  ha  planteado  el  Ministerio  Fiscal  adecuación 
formulación que se hace en ellos de los motivos en que se amparan, sin que el hecho de 
que se haya calificado como un solo motivo lo que realmente vienen a ser tres, es algo 
totalmente irrelevante cuando cada uno de los apartados ha respetado lo dispuesto en el 
art. 201.2 de la LRJS
Las partes recurrentes consideran que la acción de impugnación de un Convenio 
colectivo guarda similitud con el recurso de inconstitucionalidad o el contencioso directo 
contra normas reglamentarias, al existir entre ellos claras relaciones en su configuración 
y, en consecuencia, considera que la impugnación directa de una norma debe estar 
sujeta a un plazo de prescripción y que en el caso del Convenio colectivo vendría dado 
por el art. 59.1 del ET, citando a tal fin la STS de 10 de marzo de 2003, R. 33/2002 y 26 
de enero de 2005, R. 35/2003. A ello se une el ámbito de aplicación que tiene aquel 
precepto, que no se reduce al de la relación individual
La sentencia recurrida, en relación con el plazo de que dispone la parte demandante 
para plantear una acción de impugnación del Convenio colectivo, tal y como resuelve en 
el fundamente de derecho tercero, apartado a), considera que no procede aplicar el de 
un año que pretenden los recurrentes porque la jurisprudencia que se recoge en las 
SSTS de 6 de marzo de 2007, R. 5/2006, 21 de diciembre de 2006, R. 7/2006, y 19 de 
septiembre de 2006, R. 6/2006, viene señalando que la acción como la que aquí se ha 
planteado no está sometida el régimen del art. 59 ET al no tener establecido plazo 
alguno y poder ejercitarse durante toda la vigencia del Convenio.
El motivo debe ser desestimado porque la sentencia de instancia no ha incurrido en  e.
la infracción legal que se denuncia. w.b
Por un lado, es cierto que esta Sala señaló en las sentencias que se citan en la  168ww
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impugnación de la cláusula de un Convenio colectivo no está sometida al plazo de 
prescripción del art. 59 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), prevista para el contrato 
de trabajo. La instancia "directa" de la impugnación de una cláusula de un Convenio 
colectivo debe permanecer abierta, como es lógico si se tiene en cuenta la función 
depuradora de esta modalidad procesal, durante todo el tiempo de vigencia del mismo 
( art. 161.3 LPL )", Y que, como señalara ya la STS 19 de septiembre de 2006, R. 
6/2006, "el principio de seguridad jurídica no se resiente por el hecho de que el Convenio 
colectivo pueda ser impugnado en su dimensión colectiva durante todo su período de 
vigencia; por el contrario, ello puede ser la garantía de su obligado y permanente 
"respeto a las Leyes" ( art. 85.1 ET ) y de su necesaria acomodación al sistema de 
fuentes de nuestro ordenamiento laboral ( art. 3 ET )" siendo este criterio el seguido en 
las sentencias que se citan en la aquí recurrida. Dicha doctrina, además, se ha venido 
manteniendo en posteriores resoluciones ( STS 11/11/2010, R. 235/2009 ).
Ahora  bien,  ha  de  significarse  que  esa  jurisprudencia  estaba  centrada  en  la 
regulación de la Ley de Procedimiento Laboral vigente entonces, en la que la regulación 
en la materia tan solo establecía los instrumentos por los que podían controlarse la 
legalidad o lesividad de los convenios colectivos diciendo en su art, 161 lo siguiente: "1. 
La impugnación de un Convenio colectivo de los regulados en el título III del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por considerar que conculca la 
legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros podrá promoverse de oficio 
ante el Juzgado o Sala competente mediante comunicación remitida por la autoridad 
laboral correspondiente.
2.  Si el Convenio colectivo no hubiera sido aún registrado, los representantes 
legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad 
del mismo o los terceros lesionados que así lo invocaran deberán solicitar previamente 
de la autoridad laboral que curse al Juzgado o Sala su comunicación de oficio.
3.  Si la autoridad laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado 
anterior en el plazo de quince días, la desestimara o el Convenio colectivo ya hubiere 
sido registrado, la impugnación de éste podrá instarse directamente por los legitimados 
para ello por los trámites del proceso de conflicto colectivo"
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consciente del debate suscitado y de los 
criterios jurisprudenciales existentes, vino a zanjar cualquier duda al respecto, señalando 
el tiempo durante el cual se puede impugnar el Convenio colectivo, tomando la doctrina 
que esta Sala había elaborado. Así, en el art. 163.3 se dice lo siguiente: "Si la autoridad 
laboral no contestara la solicitud a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de 
quince  días,  la  desestimara  o  el  Convenio  colectivo  ya  hubiere  sido  registrado,  la 
impugnación de éstos podrá instarse directamente por los legitimados para ello por los 
trámites  del  proceso  de  conflicto  colectivo,  mientras  subsista  la  vigencia  de  la 
correspondiente norma convencional "
Por  tanto,  las  alegaciones  que  vierten  las  partes  recurrentes  en  sus  recursos, 
centradas en su discrepancia con la doctrina de esta Sala, que viene referida a una 
norma anterior a la entrada en vigor de la LRJS, quedan realmente vacías de contenido 
cuando tenemos una expresa previsión legal en orden al tiempo durante el cual pueden 
plantearse las acciones de impugnación del Convenio colectivo que ha de aplicarse y, 
por medio de la cual, se elimina por completo cualquier aplicación del art. 59 del ET, en 
el que se centra el motivo.
Tercero. e.
– Excepción de cosa juzgada. 168ww
cons1i.d erLaons  qrueec,u rerenntrtee se, l cporens ecnitate  dpero cloess oa ryts .la  2c2o2n.4c ilidaec iólan  aLlEcaCn zya d1a6 6a ndtee  llaa  mLRisJmSa, 
Sala, en otro proceso de impugnación del convenio seguido por USO frente a la misma
empresa,  hay  identidad  objetiva  por  lo  que  se  debería  estar  a  lo  dispuesto  en  el  Bc
art. 222.4 de la LEC, aunque el proceso sobre el que se quiera hacer valer el efecto de 
cosa juzgada hubiera concluido con la desestimación.
La sentencia recurrida razona, en el apartado b) del fundamento jurídico tercero, que 
no existe la triple identidad que constituye el soporte de la cosa juzgada porque, aunque 
coinciden los demandados no ocurre lo mismo con los demandantes ni las pretensiones 
de uno y otro proceso ya que las nulidades que se interesaban afectaban a cuestiones o 
aspectos diferentes, siendo tema de concurrencia de convenios en el anterior proceso, 
mientras  que  en  el  presente  se  cuestiona  el  principio  de  correspondencia  entre  la 
representación social y el ámbito del convenio.
Tampoco es posible estimar este motivo por las razones que pasamos a exponer.
2.  Los recurrentes invocan el art. 222.4 de la LEC en el que se dice lo siguiente: 
«Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un 
proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como 
antecedente  lógico  de  lo  que  sea  su  objeto,  siempre  que  los  litigantes  de  ambos 
procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal».
La cosa juzgada material, a la que se refiere el art. 222 de la LEC, se desenvuelve en 
diferentes ámbitos, bajo los conocidos efectos positivo y negativo de la misma.
Así, por el efecto positivo de la cosa juzgada, el tribunal que conozca de un proceso 
posterior a lo resuelto ya por sentencia firme se encuentra vinculado por aquél. Y ello, 
siguiendo reiterados criterios de esta Sala, viene impuesto por «el precedente que 
constituye un antecedente lógico del objeto del nuevo proceso, que ya fue examinado y 
resuelto en otro anterior de forma prejudicial, motivo por el que la seguridad jurídica 
obliga a respetarlo. Como dijimos en nuestras sentencias de 23 de octubre de 1995 
(Rec. 627/95 ) y de 27 de mayo de 2003 (Rec. 543/02 ), el efecto positivo de la cosa 
juzgada  requiere,  aparte  de  la  identidad  de  sujetos,  una  conexión  entre  los 
pronunciamientos, sin que sea necesaria una completa identidad de objetos que excluiría 
el segundo proceso de darse, "sino que para el efecto positivo es suficiente, como ha 
destacado la doctrina científica, que lo decidido –lo juzgado– en el primer proceso entre 
las  mismas  partes  actúe  en  el  segundo  proceso  como  elemento  condicionante  o 
prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, 
pero lo condiciona vinculándolo a lo ya fallado». Por ello, como dice nuestra sentencia 
de 29 de mayo de 1.995 (Rec. 2820/94 ), «no es necesario que la identidad se produzca 
respecto de todos los componentes de los dos procesos, sino que, aunque en alguno de 
ellos no concurra la más perfecta igualdad, es bastante con que se produzca una 
declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial que ha de 
dictarse en el nuevo juicio.... Esto no significa que lo resuelto en pleito anterior sea 
inmodificable  indefinidamente  pues,  si  cambian  las  circunstancias,  no  opera  la 
presunción legal pero, en caso de no producirse esta alteración, se produce la eficacia 
material de la cosa juzgada» [ STS de 22/12/2008, rcud 2690/2007 ].
Mientras que el efecto negativo implica la exclusión de un proceso posterior con 
idéntico objeto, lo que precisa que la pretensión sea la misma, esto es, «el efecto 
negativo o preclusivo impide a los Tribunales de Justicia pronunciarse de nuevo sobre un 
asunto ya resuelto por sentencia firme, la función positiva o prejudicial de la cosa 
juzgada no prohíbe que se dicte sentencia en el segundo juicio, sino que obliga tan sólo 
a  que  en  esa  segunda  sentencia  se  sigan  y  apliquen  los  mandatos  y  criterios 
establecidos  por  la  sentencia  firme  anterior.  La  estimación  del  efecto  negativo  y 
excluyente de la cosa juzgada exige que entre el caso resuelto por la primera sentencia y 
el posteriormente planteado, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las  s
causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron» [STS 25//10/2018,  oe.
R. 203/2017]. w.
Por otro lado, creemos necesario hacer referencia al art. 166.2 de la LRJS, en el que  168ww
ssee  cdoismpounneic alorá s aig ulaie anuteto: r«idLaad  sleanbtoernacl,i ay,  sqeureá  seeje cduicttivaará d deesndter oe ld me olomse tnretos  ednía qsu seig sueie dnitcetes,, 
neofe cotbosst adnet ec oesla  rjeuczugrasdoa  qsuoeb rceo lnotsra p reollcae spousd iienrdaiv iidnutearlpeosn peersned.i eUntneas  vdeez r efisromluec ipórno dou qciuráe   BOE-A-cable e
puedan  plantearse  en  todos  los  ámbitos  de  la  jurisdicción  sobre  los  preceptos 
convalidados, anulados o interpretados objeto del proceso».
3.  En el presente caso, como bien ha resuelto la sentencia recurrida, no se puede 
considerar  que  concurra  la  cosa  juzgada  material  por  las  razones  que  pasamos  a 
exponer.
El  proceso  precedente,  de  impugnación  por  ilegalidad  del  Convenio  colectivo, 
concluyó por el acuerdo de conciliación adoptado en él y no con sentencia firme que es 
la resolución sobre la que se aplica aquel efecto.
En el proceso laboral, con carácter general, la conciliación alcanzada en vía judicial, 
según dispone el art. 84 de la LRJS, se cumplirá, en caso de no respetarse el acuerdo, 
por los trámites de la ejecución de sentencias. Esto no dota al acuerdo del carácter de 
resolución judicial (sentencia). Ahora bien, el acuerdo que aquí se invoca para obtener la 
cosa juzgada tiene otro alcance.
La modalidad procesal de impugnación de Convenio colectivo, en concreto, no está 
sujeta a una previa actividad conciliadora administrativa, tal y como se indica en el 
art. 64.1 de la LRJS. Tampoco dicho proceso judicial tiene el trámite de conciliación 
previa a presencia del Letrado de la Administración de Justicia, tal y como se obtiene del 
art. 166.1 de la LRJS cuando indica que, admitida la demanda, se señalará para juicio. 
En caso de que se alcance un acuerdo entre las partes, dado que este proceso sigue los 
trámites  del  proceso  de  conflicto  colectivo,  debería  procederse  al  archivo  de  las 
actuaciones, tal y como previene el art. 162 de la LRJS, lo que implica que ni siquiera 
ese acuerdo estaría sometido a la aprobación judicial. Por tanto, y a fin de considerar 
vulnerado el precepto legal que ahora se invoca, no es posible entender que aquel 
precepto –el art. 222 LEC– sea aplicable al caso que nos ocupa porque no ha existido 
actuación judicial que resuelva por sentencia una determinada pretensión.
Realmente, el alcance que debería darse a ese concreto acuerdo de conciliación 
debería ser analizado desde otra perspectiva, tal y como resolviera la STS de 13 de 
octubre de 1995, R. 1045/1995, en el que también se invocaba la cosa juzgada, cuando 
entiende que, aunque sea en el ámbito de la conciliación administrativa, lo previsto en el 
art. 156.2 de la LRJS sería trasladable a la conciliación judicial que se alcance en el 
proceso  de  conflicto  colectivo,  trámite  al  que  se  someten  los  de  impugnación  de 
convenios, y que el contenido del acuerdo es el propio del art. 85 del ET, lo que viene a 
tener la eficacia de un Convenio colectivo, ex art. 82 del ET en relación con el art. 156.2 
de la LRJS, siempre y que se haya llevado a cabo por quienes tengan la legitimación 
previstas en los arts. 87 a 89. Esto es, siendo ese el ámbito de actuación en el que debe 
valorarse el acuerdo de conciliación ello impide otorgarle otro efecto de naturaleza 
procesal. Además, la eficacia de ese acuerdo previo, en concreta materia, no significa 
que  ahora,  siguiendo  vigente  el  convenio  y  los  acuerdos  que  a  él  se  encuentren 
vinculados, se pueda cuestionar el principio de correspondencia entre la representación 
social y el ámbito del convenio si la misma no está resuelta en el referido acuerdo, como 
seguidamente pasamos a examinar.
4.  En efecto, aunque se prescindiera de lo anterior, la sola lectura de los hechos 
pacíficos y del hecho probado séptimo que recoge la sentencia, al referirse a lo que 
afectaba a la demanda planteada por USO en el anterior proceso, se obtiene que allí se 
impugnaba  el  Convenio  Colectivo  por  la  ilegalidad  de  determinados  preceptos, 
alcanzándose una conciliación respecto de la suspensión de aplicación de los que 
expresamente se recogieron en el acta, sin que dicha pretensión de nulidad estuviera  e
vinculada al incumplimiento de los arts. 87.1, 88.2 y 89.3 del ET, que es la base de la  bo
actual demanda, en la que se dice que la representación de los trabajadores que negoció  168ww
y firmPoór  etal cnoton,v neon isoe n tora stae  cyoar drees qpuoen dlaía i dceonnt iedla ádm sbuibtoje dtiev aa pnloic saecaió rne.levante o de que sean
ildaós nperoeste an sloiosn eefse, cstionso  ddee  laq uceo sreaa jlumzegnatdea  upnr opcreoscoess oe ne xlocslu yqau eo  sime phiadyaa enn vtrisatro a r erechsoalzvaedr alos 
que ya ha sido objeto de otro anterior, concluido con sentencia firme, lo que aquí no 
concurren en ninguna de las dos premisas básicas.
Tampoco podemos acudir a otros preceptos para justificar la cosa juzgada. A tal fin y 
como ya citan los escritos de recursos, el art. 166.2 de la LRJS aprecia la cosa juzgada 
de la sentencia dictada en los procesos individuales pendientes de resolución o que 
puedan  plantearse  sobre  los  preceptos  convalidados,  anulados  o  interpretados  que 
hayan sido objeto del proceso. Por tanto, este efecto propio de las sentencias dictadas 
en ese proceso especial solo es invocable en procesos individuales sobre la misma 
regulación examinada en aquél. Siendo ello así, no es posible acudir a ese apartado 
para justificar el efecto de cosa juzgada que ahora se pretende por quienes recurren 
cuando no estamos ante un proceso individual y el Acuerdo de conciliación, en todo 
caso, tendría por sí mismo la eficacia que le otorga el art. 82 del ET.
La STS de 18 de mayo de 2016, R. 140/2015, que citan los recursos, no viene a 
alterar el alcance que en este caso ha de darse a la cosa juzgada que se pretende 
porque las afirmaciones que en aquella sentencia se realizaron lo fueron respecto de la 
existencia  de  una  sentencia  previa  firme,  que  aquí  no  concurre,  y  respecto  de 
determinados preceptos. Por ello, considera que no es posible declarar su ilegalidad en 
pleitos posteriores de los mismos. Pero nada de eso es lo que aquí acontece en donde la 
ilegalidad que se postula lo es en relación con el propio ámbito de aplicación del 
Convenio  colectivo  del  que  se  predica  su  ilegalidad  por  no  corresponderse  con  la 
representación de las partes negociadoras.
En definitiva, no es posible aceptar de forma automática que el ámbito de aplicación 
del convenio, respecto de quienes lo negociaron, es ajustado a derecho cuando nada de 
eso se ha suscitado ni cuestionado con anterioridad y es evidente que durante la vida del 
convenio éste puede ser objeto de impugnación por ilegalidad por las circunstancias que 
ahora se han invocado.
Cuarto.
– Examen de la cuestión de fondo.
Como se indicó anteriormente, en relación con la estimación de la demanda, se 
denuncia por los recurrentes la infracción del art. 87.1 y 2 y 88.3 del ET, en relación con 
el art. 9 y 37.1 de la CE.
La sentencia recurrida ha estimado la pretensión porque, en orden a si se puede 
establecer un ámbito de aplicación del convenio a nivel nacional y para todos los 
trabajadores que presten servicios en la empresa, cuando quienes han intervenido en la 
mesa negociadora son los delegados de personal de los centros de trabajo que tiene la 
empresa, entiende que con tal forma de actuar, al incluir una regla de imposición futura 
respecto de ulteriores trabajadores que se pudieran incorporar a centros de trabajo 
distintos, no se respeta el principio de correspondencia si a esos trabajadores se les está 
aplicando el citado convenio.
Los  hechos  probados  indican  que  la  empresa  cuenta  con  trabajadores  en  las 
provincias de Madrid, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. El 23 de junio de 2015 se 
constituyó la Comisión Negociadora para el Convenio Colectivo de la empresa, integrada 
por el representante sindical (a su vez, Delegados de personal) de cada uno de los 
centros  existentes  entonces  (el  centro  de  Oficinas  en  Madrid,  Centro  Ecoaga-Las 
Palmas; Centro Residencial Timanfaya-Tenerife, Centro la Palmita-Las Palmas, Centro 
FCC-Las Palmas). Tras unas reuniones, el Convenio colectivo se suscribe el 29 de junio  e
de 2015. Con posterioridad y a requerimiento de la Dirección General de Empleo, se  bo
reúne la comisión a fin de aclarar el ámbito territorial del Convenio colectivo quedando el  168ww
tSqseiuegxeguto uiee rcnsidottáaen d.  sl ao« SmAreA ed ttaoidcadoc o ióselo nns a s sqiguquu ueáielelmo nsbtre eit:tos r«u adAlbtee at  ojaadddpoeolisc r ealaosbps il liditdcreaaa dbcl»iaaó.j na Y de onecrtnieod sma rddoe e láalS mctienióbrerniirtt ogo ircapioosen  rn sdaoeecn li oaVnlá iagsmlei labe dnistoipcci aeañ  doleoyl     OE-A-2020-13able en https://
representatividad de los firmantes». Y que el Convenio colectivo se está aplicando a
todos los trabajadores, incluidos los que no prestan servicios en otros lugares diferentes 
de los centros de trabajo existentes al momento de la negociación
El motivo debe ser desestimado porque, sobre cuestiones similares a las que aquí se 
presentan, ya ha dado respuesta esta Sala en los términos que ha recogido la sentencia 
de instancia.
En efecto, y como recuerda la STS de 7 de marzo de 2017, R. 58/2016, con cita de la 
de 10 de junio de 2015, R. 175/2014, que cita la aquí recurrida, «La sentencia recurrida 
recuerda  la  doctrina  que  sentábamos  en  nuestra  STS/4.ª  de  7  marzo  2012  (rec. 
37/2011 ) en la que abogábamos por la nulidad del convenio por haberse conculcado la 
legalidad  vigente  en  la  composición  de  la  mesa  negociadora,  al  no  tener  la 
representación de los trabajadores capacidad para negociar un Convenio colectivo de 
ámbito empresarial que pretende tener ámbito territorial estatal. Tal doctrina ha de ser 
aplicable  también  al  presente  caso,  pues  se  fundamenta  en  el  principio  de 
correspondencia  debe  existir  una  precisa  correspondencia  entre  el  órgano  de 
representación que interviene en la negociación de empresa y el ámbito del personal 
afectado. [...] 3. Se hace evidente aquí que el comité de empresa del centro de trabajo 
de Pozuelo no podía tener atribuida la representación de los trabajadores de otros 
centros de trabajo distintos y que, por tanto, carecía de legitimación para negociar un 
Convenio  colectivo  que  pudiera  extender  su  ámbito  de  aplicación  fuera  del  límite 
geográfico que se correspondía con su propia representatividad" Y en lo que aquí 
interesa,  sigue  diciendo  dicha  doctrina  que  "Es  cierto  que  en  el  momento  de  la 
publicación del convenio no consta que existieran otros centros de trabajo y que, en 
consecuencia, la empresa solo podía negociar con la representación del único centro 
existente; pero ello no impide declarar que la cláusula del art. 3 del convenio, en la que 
se dispone un ámbito geográfico estatal, excede de las posibilidades de disposición de la 
comisión negociadora, tal y como ésta había quedado integrada. Hubiera o no otros 
centros de trabajo constituidos en el momento de la negociación y publicación del 
convenio, se producía una falta de congruencia entre el ámbito de representación del 
banco social y el ámbito de eficacia del convenio. La ruptura de aquella correspondencia 
antes  indicada  ponía  en  peligro  la  participación  de  los  ulteriores  trabajadores 
incorporados a la empresa en centros de trabajo distintos. De ahí que no cabía a las 
partes negociadoras incluir una regla de imposición futura de un convenio en cuya 
negociación no pudieron haber intervenido dichos trabajadores. En suma, se produjo una 
infracción de la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar y, 
derivadamente, sobre la composición de la comisión negociadora en los convenios de 
ámbito empresarial que pretendan tener ámbito territorial estatal, pues la capacidad del 
comité de empresa para negociar estaba reducida al centro de trabajo»
Eso es lo que ha ocurrido en el caso que ha resuelto la sentencia recurrida de forma 
adecuada, en tanto que se ha dado un ámbito territorial nacional cuando tan solo podían 
hacerlo respecto del ámbito en el que ostentaban la representación.
Los recurrentes discrepan del criterio de la sentencia recurrida porque, respecto de la 
negociación de un Convenio colectivo de empresa, consideran necesaria la concurrencia 
de todos los órganos de representación de todos los centros de trabajo que representen 
a la totalidad de los trabajadores, citando a tal fin las SSTS de 9 de junio de 2015, rec. 
149/2014, 14 de julio de 2016, rec. 219/2015. Ahora bien, lo que olvida la parte es que el 
ámbito  de  aplicación  que  debe  darse  al  Convenio  colectivo  alcanzado  en  esa 
negociación debe ser el correspondiente a los centros que han tenido su representación 
en la misma, pero no para todo el ámbito nacional si aquellos centros y quienes lo han  s
negociado, ostentando la representación de sus trabajadores, solo operan en unos  oe.
determinados  centros  de  trabajo.  En  ese  sentido  se  pronuncia,  precisamente,  las  w.
sentencias que cita la parte y se recogen en la sentencia recurrida. 168ww
con Sceitgau iddea mlae nStTeS,  sdee r e2f8ie rdee a j ulan ipor odyee c2c0ió1n7 , dreelc p. r2in0c3ip/2io0 1d6e,  c1o0r redsep jounndioe ndceia  2d0e1 5fu, tureroc,. 
1re7a5li/z2a0n1 4lo ys  d1o8s  dees cmritaoyso  ddee  re2c0u1r6s,o  1ll4e0g/a2n0 1a5 .c oAn clalu ilru zq udee e ens etal sp rceosnesnidtee rcaacsioon ye se nq ueel   BOE-A-cable e
momento de la negociación del convenio, no existían centros de trabajo ni trabajadores 
que no pudieron participar en las convocatorias electorales y, por ende, que en la 
negociación  del  Convenio  colectivo  hubo  participación  de  todos  los  representantes 
unitarios y de todos los trabajadores existentes. Pero, precisamente con base en la 
doctrina que invoca, la conclusión que esta Sala ha alcanzado al respecto es otra, como 
ya se indica en la sentencia que hemos referido anteriormente, de 7 de marzo de 2017, 
R. 58/2016. Es más, en la que cita la parte, de 28 de junio de 2017, R. 203/2016, lo que 
hace es reiterar la citada doctrina y, en relación con la virtualidad del principio de 
correspondencia, viene a decir que " C) La circunstancia de que no existan en ese 
momento otros centros de trabajo tampoco impide declarar que el Convenio colectivo en 
que se dispone un ámbito geográfico estatal excede de las posibilidades de disposición 
de la comisión negociadora, por producirse una falta de correspondencia entre el ámbito 
de representación del banco social y el ámbito de eficacia del convenio. La ruptura de 
aquella  correspondencia  impediría  "la  participación  de  los  ulteriores  trabajadores 
incorporados a la empresa en centros de trabajo distintos. De ahí que no cabía a las 
partes negociadoras incluir una regla de imposición futura de un convenio en cuya 
negociación no pudieron haber intervenido dichos trabajadores" Con ello no se está 
imponiendo reglas diferentes ni exigiendo verificaciones permanentes del cumplimientos 
de los requisitos para poder negociar por cuanto que si no es admisible extender el 
ámbito de un convenio fuera del que ostentan las representaciones que lo han negociado 
no impide que la expansión que en esas otras demarcaciones pueda tener la empresa se 
puedan configurar como unidades de negociación y adherirse al mismo durante su 
vigencia y hasta una nueva negociación.
Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que, como ha resuelto la sentencia 
recurrida, en relación con el Convenio colectivo, se han infringido las normas reguladoras 
de la capacidad y legitimación para negociarlo, en concreto, el artículo 87.1 del ET y, al 
haberlo entendido así el tribunal de instancia no procede la estimación de este motivo de 
recurso y, habiéndose rechazado los restantes, se debe desestimar el recurso formulado. 
Sin imposición de costas.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido:
1.  Desestimar los recursos de casación interpuestos por el letrado D. José Losada 
Quintás, en nombre y representación de Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A., y por 
el letrado D. Arturo Ocaña Ocaña en nombre y representación de D. Anselmo, D. 
Apolonio, D. Aurelio y Dña. Berta, representantes regales de los trabajadores.
2.  Confirmar la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
el 10 de julio de 2017 en el procedimiento núm. 160/2017.
3.  Se acuerda comunicar la sentencia dictada a la autoridad laboral.
4.  Se acuerda publicar en el BOE la parte dispositiva de esta sentencia, así como la 
de la sentencia impugnada.
5.  Sin imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma. s