BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70662
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9776 Sala  Segunda.  Sentencia  88/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 6381-2018. Promovido por Autocaravanas Hidalgo, S.L., respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Salamanca 
en juicio ordinario por reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  sin  indefensión:  inadecuada  utilización  de  la  dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:88
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6381-2018, promovido por Autocaravanas Hidalgo, 
S.L., contra la sentencia de 30 de mayo de 2018 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de Salamanca, en el procedimiento ordinario 189-2018 instado por 
doña María Sánchez Martín frente a dicha sociedad y contra el auto de 17 de octubre 
de 2018, que desestimó el incidente de nulidad formulado por la indicada mercantil en el 
mismo proceso. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 30 de 
noviembre de 2018, el procurador de los tribunales don Carlos Gómez-Villaboa y Mandri, 
actuando en nombre y representación de Autocaravanas Hidalgo, S.L., bajo la defensa 
del  letrado  don  Daniel  Tinoco  Vergel,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  Doña María del Carmen Sánchez Martín interpuso demanda de juicio ordinario 
en reclamación de cantidad contra la mercantil Autocaravanas Hidalgo, S.L.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Salamanca, al que correspondió el  s
conocimiento del proceso, dictó decreto en el que acordó la admisión a trámite de la  e.
demanda y el emplazamiento de la sociedad demandada en el domicilio social aportado  w.
por la demandante en su escrito iniciador y disponía el libramiento de los despachos  76ww
corrbe)s poEnld ieenmtepsla.zamiento  no  se  llevó  a  efecto  en  el  domicilio  aportado  por  la
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No consta documentado este envío en el libro de actos de comunicación del órgano 
judicial pero sí la notificación telemática el 3 de mayo de 2018 de la diligencia de 
ordenación de 2 de mayo de 2018 que declara a la entidad demandada en situación de 
rebeldía procesal y señala el acto de audiencia previa.
c)  El día 5 de septiembre de 2018 el letrado que asistía a la parte demandante 
remitió a la sociedad demandada un correo electrónico que incorporaba la sentencia 
dictada el 30 de mayo de 2018 en el proceso declarativo de referencia.
d)  El 2 de octubre de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
promovió ante el juzgado a quo el incidente de nulidad de actuaciones. Además de 
indicar cómo tuvo conocimiento del proceso, alegaba haber alertado a su mantenedor de 
servicios informáticos sobre la existencia de anomalías en el funcionamiento del correo 
electrónico  que,  tras  diversas  comprobaciones,  motivaron  la  interposición  de  una 
denuncia el 20 de abril de 2018 ante la comisaría local que la Policía Nacional dispone 
en Alcalá de Guadaira y aportaba, en apoyo de tales alegaciones, los documentos 
justificativos de estos hechos –copias del correo electrónico, del informe del técnico 
informático y de la denuncia–.
e)  El  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  2  de  Salamanca  dictó  auto  17  de 
noviembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
Se desestima la nulidad de actuaciones interesada por Autocaravanas Hidalgo, S.L. 
representada por la procuradora Sra. Martínez Lamelo sin costas procesales».
En cuanto a su desestimación del incidente, el auto razonó en su fundamento de 
Derecho único lo que sigue:
«Único.  Para  que  proceda  la  nulidad  de  actuaciones  es  menester  que  la 
indefensión,  la  limitación  de  los  medios  de  defensa,  haya  sido  producida  por  una 
indebida actuación del órgano judicial, sin que pueda invocarse cuando la misma tenga 
causa de inactividad, negligencia o falta de diligencia procesal exigible del lesionado.
En el caso, el emplazamiento de la demandada, sociedad limitada, tiene lugar según 
justificante electrónico, medio de  comunicación  establecido en el artículo 152 LEC, 
surtiendo los efectos transcurridos tres días de la recepción salvo que el destinatario lo 
abra dándose por enterado, artículo 162 LEC, sin que este acredite que la falta de 
acceso se debiera a causa técnica ya que las anomalías que alega sobre su recepción 
no han sido puestas en conocimiento del organismo público que emite la dirección 
electrónica  habilitada  de  la  demandada  para  que  en  su  caso  se  hicieran  las 
comprobaciones oportunas, siendo de resaltar que por la propia mecánica de la dirección 
electrónica  habilitada  las  modificaciones  son  borradas  por  el  sistema  transcurridos 
noventa días después de cualquier cambio de estado de la misma, aceptación, rechazo 
o rechazo automático y el rechazo automático se produce a los diez días desde la 
recepción y transcurridos noventa días más se produce el borrado, por lo que lo único 
que puede justificarse es la falta de diligencia de la demandada que estuvo más de 100 
días sin revisar su dirección electrónica habilitada, por lo que se desestima la nulidad de 
actuaciones sin hacer declaración expresa sobre las costas procesales».
Notificado el auto de 18 de octubre de 2018, por la indicada mercantil se interpuso el 
presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  o
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva  76ww
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efectiva recepción y sin agotar las posibilidades de localización que tenía a su alcance
como indica el 156 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) en la dirección que había sido 
expresamente facilitada por la demandante. Llama la atención sobre la contradicción que 
alberga  la  modalidad  del  emplazamiento  acordada  en  el  decreto  de  admisión  y  el 
apartamiento de la misma en su ejecución. Subraya la indefensión provocada al haberle 
sustraído la oportunidad de oponerse en parte o allanarse a la demanda, pues la cuantía 
no era discutida por dicha parte.
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 2 de julio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) 
requerir al juzgado a quo para que en plazo no superior a diez días remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones del procedimiento ordinario núm. 189-2018 y de 
la pieza del incidente de nulidad de actuaciones núm. 106-2018; y (iii) previamente 
emplazar a quienes hubieran sido parte en este, excepto a la recurrente en amparo, para 
poder comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días, a 
efecto de formular alegaciones.
5.  Con fecha 11 de febrero de 2020, la secretaría de justicia de la Sala Segunda de este 
tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por personada y 
parte a doña María del Carmen Sánchez Martín (previa solicitud de personación en este 
recurso, al haber sido parte en el proceso a quo), a través de la procuradora doña María 
Asunción Sánchez González, y de otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
6.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 18 
de marzo de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara sentencia otorgando el 
amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del decreto de 5 de marzo de 2018 surgida del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Salamanca  en  el  juicio 
ordinario 189-2018» y retrotraer la actuaciones al momento inmediatamente anterior a 
dicha notificación para que se le dé al recurrente posibilidad de contestar a la demanda. 
Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Al  secuenciar  los  hechos  con  relevancia  procesal,  subraya  la  falta  de 
concordancia entre la indicación recogida en el decreto de admisión a trámite sobre la 
forma de llevar a efecto el emplazamiento «en el domicilio señalado por la actora» y el 
medio posteriormente empleado, discordancia que se vuelve a producir en el momento 
de notificar la diligencia de ordenación de 2 de mayo de 2018 que declara en rebeldía a 
la  sociedad  en  la  que  se  acuerda  que  dicha  comunicación  se  efectúe  por  correo 
certificado con acuse de recibo y, sin embargo, no hay constancia de su realización.
b)  En cuanto al fondo, recuerda la doctrina reiterada por el tribunal sobre el carácter 
esencial que presentan los actos de comunicación sobre todo cuando se trata del primer 
acto de comunicación del proceso pues, precisa, «en este caso es un prius de la propia 
relación jurídico-procesal, de su eficacia depende el nacimiento de esa relación». e.
Se detiene en la doctrina compendiada en la STC 32/2019, de 28 de febrero, cuyo  w.
FJ 4 en parte reproduce y, dentro de las formas de llevarse a cabo la comunicación de  76ww
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segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento 
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es  que  la  decisión  judicial  sumió  a  la  recurrente  en  indefensión  prohibida  por  el
art. 24.1 CE, y además conculcó el canon exigible de razonabilidad en la selección de las 
normas  aplicables  al  sujetar  su  decisión  a  la  correcta  aplicación  del  sistema  de 
notificación a través de la dirección electrónica habilitada sin reparar en la especificidad 
del concreto acto de comunicación, el emplazamiento.
7.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 25 de junio de 2020, dejando 
constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal, del 
transcurso del tiempo sin que la recurrente ni el procurador personado por la otra parte lo 
evacuaran y dando cuenta de la conclusión del trámite del recurso de amparo.
8.  Mediante providencia de fecha 16 de julio de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019 y 47/2019.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE), la decisión adoptada en el incidente de nulidad 
promovido en el seno de un proceso declarativo ordinario, que ratifica la validez del 
emplazamiento realizado a través de la dirección electrónica habilitada.
En concreto, en el presente recurso la entidad Autocaravanas Hidalgo, S.L. impugna el 
auto resolutorio del incidente de nulidad de 17 de octubre de 2018 y la sentencia de 30 de 
mayo de 2018 recaída en el proceso ordinario núm.189-2018 al que es asociado el incidente 
con el núm. 106-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  en  su  sede  social  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil y 
como había sido acordado en el decreto de admisión. El Ministerio Fiscal, por su parte, 
interesa la estimación del amparo por el motivo indicado, mientras que la demandante en 
el proceso de origen comparecida ante este tribunal, no ha efectuado alegación alguna.
Planteado en estos términos el debate, debe partirse de la doctrina establecida por el 
Pleno de este tribunal en la STC 6/2019, de 17 de enero, cuyo FJ 3 contiene la definición 
de las garantías en el empleo de los medios electrónicos para la realización de los actos 
de comunicación que aseguren la constancia fehaciente, tanto del hecho de la recepción 
del acto de comunicación por el destinatario y su fecha, como del contenido del acto. Su 
integración en las normas procesales debe cohonestarse con la excepción que el propio 
art. 155.1 LEC establece para llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al 
demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto al acto de citación o 
emplazamiento, los cuales «se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
La doctrina expresada, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 3323-2017, fue 
precursora de la doctrina específicamente abordada en procesos de amparo por la 
STC 47/2019, de 8 de octubre, al examinar la vulneración denunciada por la utilización 
de la dirección electrónica habilitada para efectuar los actos de comunicación que la ley  s
reserva a la modalidad domiciliaria real como ha quedado dicho, y se ha repetido en las  oe.
SSTC 102/2019, de 16 de septiembre, FJ 2; 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3,  w.
y1d 2e79 /f2/e20b02r1e09r,o ,d ,d eFe J2  1741 ,d  edene e  pnnroeovrcoiee, msFobJs r 2ec,,i  veFilnJe  sp4.r;o 1c9e/s2o0s2 l0a,b doera 1le0s ;d 1e2 f2e/b2r0e1ro9,,  dFeJ  228,  yd e4 0o/c2t0u2b0re, ,d FeJ  235;   2020-9776n https://ww
La sociedad demandante de amparo no fue emplazada en su domicilio, aportado por la
actora en el escrito iniciador del proceso ordinario de referencia, a pesar de ser acordado en tal  Bc
sentido en el decreto de admisión de la demanda. Sin mediar decisión explicativa, el órgano 
judicial emplaza a través de la dirección electrónica habilitada, continúa su tramitación en rebeldía 
de la demandada y, como destaca el fiscal ante el tribunal en su escrito de alegaciones, 
reproduce la misma contradicción al notificar del mismo modo la resolución que declara la 
rebeldía que expresamente ordena su realización a través de correo certificado con acuse de 
recibo.
Ninguna de esas contradicciones son explicadas en el auto que resuelve el incidente 
de  nulidad,  como  tampoco  se  detiene  en  la  verosimilitud  del  problema  tecnológico 
alegado por la recurrente ni en la apariencia de su buen proceder, indiciariamente 
reveladas a través de los documentos incorporados al escrito que lo promovía. La 
respuesta judicial se sujeta entre la rigidez formal de la norma aplicada y el reproche 
derivado de la falta de puesta en conocimiento del organismo público que emite la 
dirección electrónica habilitada y desconoce, en cambio, la diligencia mostrada por la 
recurrente en el rango de tiempo coincidente con la tramitación del proceso.
Las actuaciones descritas conducen a estimar vulnerado el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión en las dos vertientes señaladas pues, no solo se cercenó el 
acceso tempestivo al proceso, al utilizar de forma inadecuada la modalidad telemática para 
llevar a cabo el primer acto de comunicación sino que, cuando fue denunciada la infracción a 
través del incidente de nulidad, el órgano judicial ratificó la validez del emplazamiento sin 
consideración, no ya a la doctrina constitucional aún no publicada, sino a la constante y 
reiterada sobre la afectación del derecho fundamental mencionado, al colocar al interesado en 
una situación de indefensión que lo vulnera, salvo que la situación de incomunicación hubiera 
sido  imputable  a  la  propia  conducta  del  afectado  por  haberse  situado  voluntaria  o 
negligentemente al margen del proceso, lo que en ningún caso puede ser presumido.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en el 
procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó a su emplazamiento a 
través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las actuaciones para que el 
juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley (art. 155.1 y 273.4 
LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Autocaravanas Hidalgo, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad del auto de 17 de octubre de 2018 dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Salamanca en el incidente de nulidad promovido con 
relación al proceso ordinario núm.189-2020 así como la nulidad de las actuaciones realizadas 
desde el emplazamiento de la entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de efectuarse el 
emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esto último por el 
juzgado de primera instancia, de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental  es
reconocido. o
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 76ww
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
EFenrrníqaunedzo S Vaanldcéhso .D–Failr-mRéa.d–oJ uya rnu bArinctaodnoio. Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo