BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7514
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1117 Sala Segunda. Sentencia 173/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo  685-2019.  Promovido  por  don  Otman  El  Hormi  respecto  de  las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso por responsabilidad 
de la administración de justicia. Vulneración de los derechos a la igualdad y a 
la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de indemnización 
resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la STC 85/2019, de 
19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:173
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 685-2019, promovido por don Otman El Hormi, 
representado  por  la  procuradora  de  los  Tribunales  doña  María  Ángeles  Sánchez 
Fernández y asistido por el abogado don Jordi Sin Utrilla, contra la providencia de 19 de 
diciembre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
(Sección Primera), que resuelve inadmitir el recurso de casación contra la sentencia 
de 15 de noviembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 
Tercera) de la Audiencia Nacional, por la que se desestima el recurso núm. 741-2016 en 
procedimiento ordinario frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial por funcionamiento anormal de la administración de Justicia, por prisión 
preventiva. Han comparecido el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente el magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  Tribunal  el  1  de  febrero  de  2019,  la 
procuradora de los Tribunales doña María Ángeles Sánchez Fernández, en nombre y 
representación de don Otman El Hormi y bajo la dirección del abogado don Jordi Sin 
Utrilla,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las  resoluciones  citadas  en  el 
encabezamiento.
2.  Los  hechos  de  los  que  trae  causa  el  presente  proceso  de  amparo  son,  es
sucintamente expuestos, los siguientes: o
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sufrida y por supuestas dilaciones indebidas en el procedimiento penal en el que fue 
inculpado (diligencias previas núm. 6348-2013 del Juzgado de Instrucción núm. 5 de 
Hospitalet de Llobregat, luego sumario 1-2013, por la supuesta comisión de un delito de 
agresión sexual en grado de tentativa y otro de lesiones). En dicho procedimiento sufrió 
el  demandante  de  amparo  situación  de  prisión  provisional  desde  el  25  de  octubre 
de 2013 hasta el 10 de octubre de 2014, dictándose finalmente sentencia absolutoria, 
de  10  de  octubre  de  2014,  por  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia  Provincial  de 
Barcelona.
b)  Dicha reclamación dio lugar a la incoación del expediente núm. 355-2015, con 
fecha de 19 de octubre de 2015.
c)  Considerando  que  no  había  recaído  resolución  expresa  en  el  plazo  legal, 
interpuso  el  demandante  de  amparo  recurso  de  reposición  el  día  de  2  de  agosto 
de 2016, solicitando el dictado de la resolución correspondiente y, seguidamente, no 
existiendo resolución del mismo y estimando rechazada por ello su petición, formalizó 
recurso  contencioso-administrativo  contra  la  desestimación  por  silencio  de  aquella 
reclamación patrimonial.
d)  El día 15 de noviembre de 2017 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  dictó  sentencia  desestimando  la  pretensión 
formulada con base en la doctrina de las SSTS de 23 de noviembre de 2010, recaídas 
en los recursos de casación núm. 1908-2006 y 4288-20006, que consideraron que el 
art. 294 LOPJ amparaba exclusivamente los supuestos de inexistencia objetiva del 
hecho imputado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía general prevista en el 
art. 293 LOPJ para la reclamación de una indemnización, y en atención a que quedaba 
constatado en el caso de autos que el motivo de la absolución no fue dicha inexistencia 
objetiva  del  hecho  sino  la  de  dudas  razonables  en  el  Tribunal  juzgador  sobre 
determinados aspectos fundamentales de la cuestión debatida. Se rechazaba asimismo 
la  concurrencia  del  segundo  de  los  títulos  indemnizatorios  invocados  (supuestas 
dilaciones  indebidas),  ya  que  el  mero  incumplimiento  de  los  plazos  procesales  no 
constituye un fenómeno de anormal funcionamiento de la administración de Justicia y, 
adicionalmente, porque la dilación que se denunciaba era imputable al propio recurrente, 
salvo en el exceso de nueve días que se atribuía al Ministerio Fiscal para evacuar el 
trámite de calificación provisional, que en todo caso, según la resolución judicial, no se 
apartaba del estándar admisible en el funcionamiento de la administración de Justicia en 
función de las circunstancias del caso.
e)  Contra la anterior sentencia, la representación procesal del recurrente en amparo 
preparó e interpuso recurso de casación (núm. 997-2018) ante la Sección Primera de la 
Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal  Supremo,  siendo  inadmitido  por 
providencia de 19 de diciembre de 2018 con base en lo dispuesto en el art. 90.4 b) en 
relación con los arts. 89.2 f) y 90.4 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA).
f)  Con fecha 14 de noviembre de 2017, el ministro de Justicia dictó finalmente 
resolución,  denegatoria  de  la  reclamación  formulada  (resolución  notificada  a  la 
representación del interesado el día 17 de noviembre siguiente).
3.  En la demanda se consignan, como motivos de amparo, las violaciones de los 
derechos del recurrente a la igualdad (art. 14 CE), a la libertad (art. 17 CE) y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
A su juicio, a pesar de haberse acreditado de forma fehaciente y contundente que el 
recurrente no tuvo ninguna participación en el delito que provocó la prisión provisional,  e.
se desestimó la demanda contenciosa, lo que vulneraría el art. 17.1 CE, dado que, una  w.b
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similares:  procesos  penales  con  dilaciones  indebidas,  en  los  que  se  otorga  la
compensación económica, y supuestos de prisión provisional, en los que se niega. 
Finalmente, se habría lesionado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) 
porque las resoluciones recurridas ponen en duda la inocencia del acusado apuntando 
que  existen  indicios  de  culpabilidad  a  pesar  de  la  absolución  decretada  en  el 
procedimiento penal.
4.  Mediante  providencia  de  2  de  julio  de  2019,  la  Sección  Cuarta  de  la  Sala 
Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo 
presentada,  apreciando  que  concurre  en  el  recurso  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) como 
consecuencia de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 
c]. De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC se acordó, asimismo, dirigir 
atenta comunicación al Ministerio de Justicia a fin de que, en plazo que no excediera de 
diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al expediente de reclamación patrimonial núm. 355-2015; a la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en lo 
referente al recurso núm. 741-2016, y a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de las correspondientes al recurso de casación 
núm.  997-2018,  señalando  al  primer  órgano  judicial  citado  que  debía  proceder  al 
emplazamiento  de  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  proceso,  excepto  la  parte 
recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso 
constitucional de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este Tribunal, de fecha 16 de septiembre de 2019, se acordó tener por personado y parte 
al abogado del Estado y, con arreglo al art. 52.1 LOTC, conceder al Ministerio Fiscal y a 
las  partes  personadas  plazo  común  de  veinte  días  para  que,  con  vista  de  las 
actuaciones, formulasen alegaciones.
6.  Con fecha 3 de octubre de 2019, tuvo entrada en este Tribunal el escrito de 
alegaciones del Ministerio Fiscal, interesándose la inadmisión del recurso de amparo con 
base en el art. 44.1 a) LOTC, tanto por agotamiento defectuoso de la vía casacional, al 
haber sido inadmitido el recurso por incumplimiento del art. 90.4 LJCA, como por no 
haber interpuesto contra la providencia que así lo acordó, de 19 de diciembre de 2018, ni 
tampoco  contra  la  sentencia  que  recurría  en  casación,  un  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones del art. 241 LOPJ. En su defecto, solicita la estimación del recurso de 
amparo con base en la doctrina sentada en la STC 85/2019, de 19 de junio.
7.  En fecha 16 de octubre de 2019, tuvo entrada en este Tribunal el escrito de 
alegaciones del abogado del Estado. Según razona, de la STC 85/2019, de 19 de junio, 
no se desprende automáticamente el derecho indemnizatorio, pues debe acreditarse el 
perjuicio sufrido en virtud de la aplicación de los criterios propios del Derecho general de 
daños, más allá del hecho de haber sufrido prisión por un tiempo determinado. Todo lo 
cual, a su criterio, debe sustanciarse en un procedimiento autónomo, conforme a las 
reglas sustantivas y procesales del derecho de daños, razón por la que entiende que, 
caso de emitirse una sentencia estimatoria, deberían remitirse las actuaciones a la 
instancia oportuna para el enjuiciamiento de los daños eventualmente ocasionados al 
margen de la situación de prisión soportada.
8.  Con  fecha  18  de  octubre  de  2019,  el  demandante  presentó  su  escrito  de  b
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II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente recurso de amparo se dirige contra la providencia de 19 de diciembre 
de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 
Primera), que resuelve inadmitir el recurso de casación contra la sentencia de 15 de 
noviembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la 
Audiencia Nacional y, a su vez, contra esta última resolución judicial, por la que se 
desestimó el recurso núm. 741-2016 en procedimiento ordinario sustanciado frente a la 
desestimación  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  por  funcionamiento 
anormal de la administración de Justicia, por prisión preventiva.
En la demanda de amparo se denuncia, con la argumentación que ha quedado 
expuesta  en  los  antecedentes  de  esta  resolución,  la  vulneración  del  derecho  de 
presunción de inocencia del art. 24.2 CE, del principio de igualdad del art. 14 CE y del 
derecho a la libertad del art. 17.1 CE. El Ministerio Fiscal interesa la estimación del 
recurso, pero solo en defecto de la apreciación del óbice procesal que aduce, por falta de 
agotamiento del art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en 
tanto que el abogado del Estado pide que se dicte una sentencia que sea conforme a 
Derecho y, caso de ser estimatoria, se remitan las actuaciones a la instancia oportuna 
para  el  enjuiciamiento  de  los  daños  eventualmente  ocasionados,  al  margen  de  la 
situación de prisión soportada, por las razones ya recogidas en los antecedentes de este 
pronunciamiento constitucional.
2.  Plantea el fiscal como óbice de admisibilidad que no se interpuso incidente de 
nulidad de actuaciones contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, ni contra la providencia que inadmitió el recurso de casación 
por defectuosa formalización del mismo, con lo que no se dio a los órganos judiciales la 
oportunidad de pronunciarse al respecto, incumpliéndose la exigencia de agotamiento 
del art. 44.1 a) LOTC.
Debe empezarse el estudio del presente amparo por tal alegación. De concurrir el 
déficit referido, procedería, sin necesidad de ulterior análisis y sin que a ello se oponga 
que  el  procedimiento  haya  alcanzado  el  trámite  de  sentencia,  la  inadmisión  de  la 
demanda de amparo (entre muchas, SSTC 44/2013, de 25 de febrero, FJ 2; 126/2013, 
de 3 de junio, FJ 2, y 2/2015, de 19 de enero, FJ 2).
La decisión sobre el correcto o defectuoso agotamiento pende de la comprensión de 
las quejas planteadas en la demanda de amparo. Al respecto, incurriríamos en una 
lectura restrictiva y parcial de su contenido impugnatorio si entendiéramos que el objeto 
del recurso de amparo tiene relación con la interpretación del art. 294 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ) adoptada por el Tribunal Supremo en sus resoluciones de 
noviembre de 2010, aplicado en la sentencia ahora recurrida pero no en cambio, o no 
expresamente, en la decisión de la administración, pues hubo silencio negativo. La 
omisiva referencia a la resolución administrativa en el encabezamiento y en el suplico de 
la demanda, y la atribución formal a la sentencia de la Audiencia Nacional y a la 
providencia del Tribunal Supremo de las vulneraciones alegadas, no pueden soslayar, 
sin embargo, que las lesiones alegadas no proceden de la sentencia de la Audiencia 
Nacional,  sino  de  la  decisión  administrativa  denegatoria  por  silencio  de  la  solicitud 
formulada. De hecho, la resolución de inicio del expediente 355-2015 así lo declaraba, 
recordando que podría entenderse «denegada la reclamación» si, transcurrido el plazo 
del art. 13 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, no era notificada resolución 
expresa, como sucedió. e
El recurso de amparo planteado es, por tanto, un recurso frente a una decisión lesiva  bo
del  poder  ejecutivo,  la  de  no  indemnizar,  que  no  se  ha  reparado  por  los  órganos  w
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ocasiones, el hecho de que el recurrente haya articulado defectuosamente la presente
demanda por el cauce del art. 44 LOTC, al imputar exclusivamente las vulneraciones a 
las resoluciones judiciales, y no por el cauce del art. 43 LOTC (SSTC 98/2003, de 2 de 
junio, FJ 1; 124/2005, de 23 de mayo, FJ 1; 184/2006, de 19 de junio, FJ 2, o 324/2006, 
de 20 de noviembre, FJ 3).
En suma, el objeto de la demanda de amparo abarca la decisión administrativa que 
deniega por silencio la indemnización y la resolución judicial de la Audiencia Nacional 
(sentencia de 15 de noviembre de 2017) que solo confirma tal denegación, sin que su 
contenido  impugnatorio  resulte  novedoso  respecto  al  del  recurso  contencioso  o  se 
proyecte a lesiones imputables en exclusiva a las resoluciones judiciales dictadas, que 
se habrían limitado a confirmar y no reparar las vulneraciones originales. En tal medida, 
hay que descartar el óbice procesal de falta de agotamiento conforme al art. 43.1 LOTC, 
pues  no  puede  reprocharse  una  impugnación  per  saltum  contraria  a  la  naturaleza 
subsidiaria del recurso de amparo.
3.  Remisión a lo resuelto en las SSTC 85/2019, de 19 de junio y 125/2019, de 31 
de  octubre.  El  objeto  del  presente  proceso  constitucional  y  los  planteamientos 
sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente 
coincidentes con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional 
en los fundamento jurídicos 4 y 5 de nuestra reciente STC 125/2019 (recurso de amparo 
núm. 4035-2012), que determinaron los efectos que, sobre el recurso de amparo, debía 
producir la STC 85/2019, de 19 de junio, por la que se declaró la inconstitucionalidad de 
los incisos «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 
LOPJ, y se concretó el alcance que la estimación del amparo debía producir. Por ello, a 
tales fundamentos jurídicos debemos remitirnos.
En consecuencia, procede otorgar el amparo y reconocer el derecho del recurrente a 
que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, en cuanto a sus criterios 
rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del art. 14 CE y del art. 24.2 
CE. Así pues, la retroacción debe remontarse al momento en el que correspondía 
resolver el expediente núm. 355-2015, en el que se denegó por silencio la indemnización 
y se originó la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de 
inocencia, para que la administración resuelva la cuestión planteada conforme a las 
exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE, en los términos indicados en las SSTC 85/2019, 
FJ 13 y 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  don  Otman  El  Hormi  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 19 de diciembre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal  s
Supremo (Sección Primera) y de la sentencia de 15 de noviembre de 2017 de la Sala de  e.
lo Contencioso-administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional. w.
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Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
2020-1117n https://w