BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 31 Viernes 5 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 13123
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
1663 Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, 
en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del Presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
SUMARIO
Preámbulo.
Título I.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y territorial.
Artículo 3.  Principios generales de actuación de la Administración.
Artículo 4.  Definiciones.
Artículo 5.  Alcance del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación.
Título II.  Ámbitos de aplicación material del derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación.
Artículo 6.  Ocupación y función pública.
Artículo 7.  Negociación colectiva.
Artículo 8.  Organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de 
interés social o económico.
Artículo 9.  Espacios de participación política, cívica y social.
Artículo 10.  Educación.
Artículo 11.  Salud.
Artículo 12.  Servicios sociales.
Artículo 13.  Atención a niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas 
con discapacidad.
Artículo 14.  Vivienda.
Artículo 15.  Establecimientos y espacios abiertos al público.
Artículo 16.  Medios de comunicación social y sociedad de la información.
Artículo 17.  Cultura.
Artículo 18.  Deporte.
Artículo 19.  Libertad religiosa.
Artículo 20.  Administración de justicia.
Artículo 21.  Cuerpos y fuerzas de seguridad. s
Título  III.  Defensa  y  promoción  del  derecho  a  la  igualdad  de  trato  y  a  la  no  w.b
discriminación. 63ww
Capítulo I.  Garantías del derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Artículo 22.  Medidas de protección contra la discriminación.
Artículo 23.  Medidas específicas de apoyo a las víctimas de discriminación.
Artículo 24.  Tutela administrativa y judicial y medidas de reparación de las víctimas 
de discriminación.
Artículo 25.  Efectos de la contravención de la Ley.
Artículo 26.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y contra 
la discriminación.
Capítulo II.  Promoción del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y 
medidas de acción positiva.
Artículo 27.  Promoción del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación.
Artículo  28.  Planificación  estratégica  para  la  igualdad  de  trato  y  la  no 
discriminación.
Artículo 29.  Colaboración entre instituciones públicas.
Artículo 30.  Estadísticas y estudios.
Artículo 31.  Subvenciones públicas y contratación.
Artículo 32.  Formación.
Título IV.  Instrumentos para la protección y la promoción de la igualdad de trato y la 
no discriminación.
Capítulo I.  Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación.
Artículo 33.  Creación, objeto y naturaleza.
Artículo 34.  Funciones.
Artículo 35.  Relación con el Síndic de Greuges.
Artículo 36.  Colaboración con otras administraciones e instituciones.
Capítulo II.  Centro de memoria histórica, observatorio y comisión para la protección 
y la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación.
Artículo 37.  Centro de Memoria Histórica y Documentación de la Discriminación.
Artículo 38.  Observatorio de la Discriminación.
Artículo 39.  Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación.
Capítulo III.  Protocolos de actuación y campañas de apoyo a las víctimas.
Artículo 40.  Protocolo de atención a les víctimas.
Artículo 41.  Campañas y apoyo a las organizaciones y entidades de víctimas.
Título V.  Régimen de infracciones y sanciones.
Artículo 42.  Regulación de las infracciones y de la concurrencia con ilícitos penales.
Artículo 43.  Clasificación y tipificación de las infracciones.
Artículo 44.  Responsabilidad.
Artículo 45.  Sanciones.
Artículo 46.  Gradación de las sanciones.
Artículo 47.  Sanciones accesorias.
Artículo 48.  Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
Artículo 49.  Procedimiento sancionador.
Artículo 50.  Procedimientos específicos en casos de responsabilidad pública. e.
Artículo 51.  Procesos de mediación en las administraciones públicas. w.
Artículo 52.  Derechos de la víctima en el procedimiento sancionador. 63ww
Disposición adicional primera.  Nombramiento de la dirección del Organismo de
ProtDeciscpióons icyi óPnro amdoiccioiónna ld see lgau Ingduaa.l daMd oddei fTicraactoió yn  ldae Nl aor Dtícisuclori m38in daeci ólan .Ley 11/2014.
Disposición adicional tercera.  Convenio de colaboración.
Disposición adicional cuarta.  Exigencia de representación equilibrada de mujeres y 
hombres en los organismos creados por la presente ley.
Disposición  adicional  quinta.  Seguimiento  de  las  políticas  europeas  contra  el 
racismo y la intolerancia.
Disposición adicional sexta.  Aplicación del régimen sancionador a los entes locales.
Disposición adicional séptima.  Régimen jurídico especial de la ciudad de Barcelona.
Disposición  adicional  octava.  Protocolo  de  actuación  ante  situaciones  de 
discriminación o violencia en la Administración pública.
Disposición adicional novena.  Cambio de nombre y reconocimiento del sexo de las 
personas transgénero.
Disposición adicional décima.  Evaluación del impacto social de la Ley.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  para  los  procedimientos 
sancionadores en el ámbito de la Administración.
Disposición  transitoria  segunda.  Competencia  en  procedimientos  sancionadores 
relativos a la Ley 11/2014.
Disposición  transitoria  tercera.  Competencia  en  procedimientos  sancionadores 
relativos a discriminaciones por razón de discapacidad física, sensorial, intelectual o 
mental u otros tipos de diversidad funcional.
Disposición final primera.  Preeminencia de la legislación sectorial.
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
El objetivo de la Ley de igualdad de trato y no discriminación es establecer los 
principios y regular las medidas y los procedimientos para garantizar y hacer efectivos el 
derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, el respeto a la dignidad humana y 
la protección ante cualquier forma, acto o conducta de discriminación que se dé en el 
ámbito territorial de aplicación de la presente ley por razón de nacimiento o lugar de 
nacimiento; procedencia, nacionalidad o pertenencia a una minoría nacional; raza, color 
de piel o etnia; opinión política o de otra índole; religión, convicciones o ideología; 
lengua; origen cultural, nacional, étnico o social; situación económica o administrativa, 
clase social o fortuna; sexo, orientación, identidad sexual y de género o expresión de 
género; ascendencia; edad; fenotipo, sentido de pertenencia a grupo étnico; enfermedad, 
estado serológico; discapacidad o diversidad funcional, o por cualquier otra condición, 
circunstancia  o  manifestación  de  la  condición  humana,  real  o  atribuida.  Asimismo, 
pretende promover la erradicación del racismo y la xenofobia; del antisemitismo, la 
islamofobia,  la  arabofobia,  la  cristianofobia,  la  judeofobia  o  el  antigitanismo;  de  la 
aporofobia y la exclusión social; del capacitismo; de la anormalofobia; del sexismo; de la 
homofobia o la lesbofobia, la gayfobia, la transfobia, la bifobia, la intersexofobia o la 
LGBTIfobia, y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de 
las personas.
La Ley de igualdad de trato y no discriminación se aprueba con la voluntad de 
establecer el marco general de regulación para garantizar el derecho de todas las 
personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos 
tratos y de todo tipo de discriminación, protegido por el artículo 2 del Estatuto de 
autonomía, en desarrollo de los artículos 4, 15.2, 18, 19, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 25.3, 28,  es
30, 40.8, 41, 52 y 53.1 del Estatuto y en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución  bo
española, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley y la prohibición de  63ww
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la  igualdad  ante  la  ley  de  todas  las  personas  y  prohíbe  (artículo  21)  cualquier
discriminación por razón de sexo, de raza, de color, de orígenes étnicos o sociales, de 
características genéticas, de lengua, de religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, de pertenencia a una minoría nacional, de patrimonio, de nacimiento, 
de discapacidad, de edad o de orientación sexual.
En cuanto al desarrollo de los preceptos estatutarios, en concreto, el artículo 4 del 
Estatuto establece el mandato a los poderes públicos de promover el pleno ejercicio de 
las libertades y los derechos de las personas; el artículo 15.2 reconoce el derecho de 
todas las personas a vivir libres de todo tipo de discriminación; y, en concordancia con el 
artículo  14  de  la  Constitución,  que  los  recoge  como  derechos  fundamentales,  los 
artículos 18 y 19 reconocen el derecho de las personas mayores y las mujeres a no ser 
discriminadas, y el artículo 40.8 señala, entre los principios rectores del ámbito de 
protección de las personas y las familias, la promoción de la igualdad de todas las 
personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición 
social u orientación sexual, así como la adopción de medidas para la erradicación del 
racismo,  del  antisemitismo,  de  la  xenofobia,  de  la  homofobia,  y  de  cualquier  otra 
expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. Además, con el 
objetivo de asegurar la protección de las personas que hayan sido víctimas por hechos 
delictivos  motivados  por  el  odio  o  la  discriminación,  de  acuerdo  igualmente  con  el 
artículo 40 del Estatuto, se reconoce a la Generalidad y a las entidades locales la 
posibilidad de personarse en los procedimientos penales en la forma y las condiciones 
establecidas por la legislación procesal, siempre que se cuente con el consentimiento de 
la víctima, cuando ello sea posible. Asimismo, el artículo 42.7 del Estatuto dispone que 
se debe garantizar el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano, para velar por la 
dignidad  y  el  derecho  de  las  personas  gitanas  a  la  igualdad  de  trato  y  a  no  ser 
discriminadas.
Por su parte, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión 
se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Además, en particular, el artículo 26 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos, el artículo 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y el artículo 1 del Protocolo número 12 de dicho convenio 
disponen la necesidad de que los poderes públicos adopten medidas para promover una 
igualdad  plena  y  efectiva,  que  en  algunos  casos  deben  consistir  en  medidas  de 
discriminación positiva.
Cabe tener presente, igualmente, las directivas europeas en esta materia, como la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico; la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de trabajo y empleo; la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato n 
asuntos  de  empleo  y  ocupación;  la  Directiva  2004/113/CE  del  Consejo,  de  13  de 
diciembre, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
en  el  acceso  a  bienes  y  servicios  y  su  suministro,  y  la  Directiva  2012/29/UE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la que se establecen normas  s
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. oe.
La Ley establece una regulación común e integral de las medidas y las garantías  w.
básicas para el reconocimiento de la dignidad de la persona y del derecho a una mirada  63ww
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derechos humanos y las libertades fundamentales, y deben garantizar la convivencia y la 
cohesión social.
Asimismo, la Ley dispone que se pueden establecer diferencias de trato por alguno 
de los motivos a los que se refiere el artículo 1 si una norma con rango de ley lo autoriza 
o si resultan de decisiones generales de las administraciones públicas destinadas a 
proteger a grupos por su especial situación de vulnerabilidad, o si por necesidades de 
acciones específicas deben mejorarse sus condiciones de vida o favorecer su inclusión 
social o su incorporación al mundo laboral o a diferentes bienes y servicios esenciales.
La no discriminación debe ser un principio informador del ordenamiento jurídico, de la 
actuación administrativa y de la práctica judicial y vincula tanto a los poderes públicos 
como a los particulares. En este sentido, la Ley regula el ejercicio del derecho de las 
personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, a la no discriminación y a la igualdad 
de trato, fija los principios que deben regir la actuación de los poderes públicos en este 
ámbito, y establece una serie de medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir las 
formas de discriminación en el sector público y en el ámbito privado, de acuerdo con las 
competencias que la Generalidad tiene reconocidas.
Por  tanto,  mediante  esta  iniciativa  normativa  el  legislador  autonómico  regula  el 
ejercicio de un derecho de carácter estatutario que opera dentro de su ámbito territorial y 
genera auténticos derechos subjetivos, al tiempo que cumple un mandato que el Estatuto 
dirige a los poderes públicos. La Ley tiene carácter integral, dado que abarca todo tipo 
de discriminación e intolerancia, y se proyecta en los diferentes ámbitos de la vida y la 
convivencia, sin  perjuicio de regulaciones sectoriales  más específicas en que tiene 
carácter supletorio.
Finalmente, pues, con la presente ley se pretende crear un instrumento normativo 
eficaz  contra  todo  tipo  de  discriminación  que  pueda  sufrir  cualquier  persona  y  en 
cualquier ámbito, que combine las medidas preventivas, sancionadoras y reparadoras de 
acuerdo con el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
La Ley consta de cincuenta y dos artículos estructurados en cinco títulos. El título I, 
de disposiciones generales, incluye el objeto, el ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y 
territorial, los principios generales de actuación de la Administración y la definición de 
términos fundamentales para entender el alcance del derecho de todas las personas a la 
igualdad de trato y a la no discriminación y a vivir con dignidad.
El título II presenta los dieciséis ámbitos de aplicación material de la Ley, desde el 
empleo y la función pública hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad, pasando por la 
educación, la vivienda, la Administración de justicia o los medios de comunicación y las 
redes sociales, entre otros.
El título III, sobre la defensa y la promoción del derecho a la igualdad de trato y a la 
no discriminación, estructurado en dos capítulos, establece las medidas y disposiciones 
de garantía y los medios de análisis y fomento de este derecho.
El título IV establece los instrumentos que deben servir para proteger y promover la 
igualdad de trato y la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. Se divide en 
tres capítulos. El primer capítulo crea el Organismo de Protección y Promoción de la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación para velar por el cumplimiento de la presente 
ley, que está adscrito al departamento competente en la materia y debe rendir cuentas 
ante el Parlamento, integrado, por un lado, por un comité de expertos que puede 
intervenir en procedimientos de instrucción y sanción y elaborar informes, generalmente 
facultativos y no vinculantes, salvo en los casos en que la Administración sea parte en el 
procedimiento que evalúe; y, por otro, por una comisión, de carácter independiente, de  s
seguimiento del cumplimiento de la Ley. El segundo capítulo regula tres mecanismos de  oe.
seguimiento  y  protección:  el  Centro  de  Memoria  Histórica  y  Documentación  de  la  w.
Discriminación; el Observatorio de la Discriminación, y la Comisión para la Protección y  63ww
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taetrecnecri ócna op íctualmo praeñgausla d elo ss einnssitbruilimzaecniótons  yd deiv ualpgoaycoió na. las víctimas, como protocolos de  BOE-A-cable e
El título V establece el régimen sancionador.
La parte final consta de diez disposiciones adicionales, que establecen, entre otras 
cuestiones, el mandato al Gobierno para nombrar a la dirección del Organismo de 
Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación y para aprobar el 
protocolo  de  actuación  ante  situaciones  de  discriminación  o  violencia  en  la 
Administración  pública;  la  modificación  de  la  Ley  11/2014,  de  10  de  octubre,  para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, en congruencia con lo establecido 
por la presente ley; la aplicación del régimen sancionador a los entes locales y la 
referencia al régimen jurídico especial de la ciudad de Barcelona, así como la evaluación 
del impacto social de la Ley. Las tres disposiciones transitorias establecen el régimen 
transitorio  con  relación  a  los  procedimientos  sancionadores  en  el  ámbito  de  la 
Administración, a la competencia en procedimientos relativos a la Ley 11/2014 y a la 
competencia de la secretaría general del departamento competente en materia de no 
discriminación mientras no se constituya el Organismo de Protección y Promoción de la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación. Las tres disposiciones finales establecen el 
carácter supletorio de la presente ley respecto a la legislación sectorial específica, el 
mandato al Gobierno para el desarrollo de la Ley y su entrada en vigor, que dispone que 
sea al cabo de un mes de su publicación.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
1.  El objeto de la presente ley es garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación y erradicar cualquier actuación o comportamiento que puedan atentar contra 
la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión, sin ningún tipo de 
discriminación, de la propia personalidad y de las capacidades personales.
2.  La Ley regula los derechos y las obligaciones de las personas físicas y de las 
personas  jurídicas,  tanto  públicas  como  privadas,  al  efecto  de  lo  dispuesto  por  el 
apartado 1, y establece los principios de actuación que deben regir las medidas de los 
poderes públicos destinadas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, 
directa o indirecta, tanto en el sector público como en el ámbito privado.
3.  La  finalidad  de  la  presente  ley  es  evitar  cualquiera  de  las  formas  de 
discriminación que toman por pretexto cualquiera de los siguientes motivos:
a)  Origen territorial o nacional y xenofobia.
b)  Sexo o género, orientación o identidad sexual, y cualquier forma de LGBTIfobia o 
de misoginia.
c)  Edad.
d)  Raza, origen étnico o color de piel, y cualquier forma de racismo como el 
antisemitismo o el antigitanismo.
e)  Lengua o identidad cultural.
f)  Ideología, opinión política o de otra índole o convicciones éticas de carácter 
personal.
g)  Convicciones  religiosas,  y  cualquier  manifestación  de  islamofobia,  de 
cristianofobia o de judeofobia. es
h)  Condición social o económica, situación administrativa, profesión o condición de  o
privación de libertad, y cualquier manifestación de aporofobia o de odio a las personas  63ww
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k)  Aspecto físico o indumentaria.
l)  Cualquier  otra  característica,  circunstancia  o  manifestación  de  la  condición 
humana,  real  o  atribuida,  que  sean  reconocidas  por  los  instrumentos  de  derecho 
internacionales.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación subjetivo, objetivo y territorial.
La presente ley se aplica a todas las personas físicas y jurídicas, tanto del sector 
público como del ámbito privado, situadas o que actúen en el territorio de Cataluña, en 
todos los ámbitos de actuación y con independencia de que operen de forma personal, 
presencial y directa, en el entorno de las redes sociales o por medios telemáticos con 
origen o destino en el ámbito territorial de Cataluña.
Artículo 3.  Principios generales de actuación de la Administración.
1.  Las administraciones públicas y el Síndic de Greuges, en el ámbito de sus 
competencias, deben velar por garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no 
discriminación en los ámbitos a los que se refiere la presente ley.
2.  Los profesionales de las administraciones públicas y de los servicios sostenidos 
con fondos públicos y los que hacen tareas de prevención, intervención, detección, 
atención, asistencia y recuperación en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo 
laboral, los servicios sociales, la justicia y los cuerpos de seguridad, el deporte y el ocio, 
y la comunicación, si tienen conocimiento de una situación de riesgo o una sospecha 
fundada de discriminación o violencia, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y al órgano competente.
3.  A los efectos de lo establecido por el apartado 2, el Gobierno debe elaborar un 
protocolo de actuación y poner en marcha la Comisión para la Protección y la Promoción 
de la Igualdad de Trato y la No Discriminación para velar por la igualdad de trato en la 
Administración pública.
Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a)  Acciones positivas: Las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, si 
procede, compensar cualquier forma de discriminación en su dimensión colectiva o 
social, que se deben aplicar mientras subsistan las situaciones de discriminación que las 
justifican.
b)  Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que, sin imponer ninguna carga desproporcionada o indebida, se aplican, cuando se 
requieren en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o  el  ejercicio,  en  igualdad  de  condiciones  con  las  demás,  de  todos  los  derechos 
humanos y libertades fundamentales. La carga no puede considerarse desproporcionada 
si es suficientemente compensada por las medidas en el marco de la política a favor de 
las personas con discapacidad.
c)  Antisemitismo: La hostilidad o el prejuicio hacia los judíos como grupo religioso o 
étnico,  que  se  manifiesta  como  odio  hacia  un  individuo  o  como  persecución 
institucionalizada y violenta del colectivo.
d)  Aporofobia: El rechazo, el desprecio o el odio hacia las personas pobres, sin 
techo o sin hogar.
e)  Acoso  discriminatorio:  Cualquier  comportamiento  basado  en  algunos  de  los  e.
motivos a los que se refiere el artículo 1 que tiene por objetivo atentar contra la dignidad  w.b
de  una  persona  y  crearle  un  entorno  intimidatorio,  hostil,  degradante,  vejatorio,  63ww
humfi)l lanBtiefo ub ioaf:e Lnas iavove.rsión o la discriminación contra las personas bisexuales.
funcgio) naCl.apacitismo: La aversión o la discriminación contra las personas con diversidad
h)  Coeducación:  La  acción  educativa  que  potencia  la  igualdad  real  de 
oportunidades  y  la  eliminación  de  cualquier  tipo  de  discriminación  por  razón  de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
i)  Conducta o discurso de odio: Toda conducta que promueva, propague, incite o 
justifique la intolerancia, la discriminación y la violencia hacia personas o grupos que 
evidencian la diversidad de la condición humana.
j)  Discriminación: Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 
en alguno de los motivos a los que se refiere el artículo 1 que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  todas  las 
personas,  a  menos  que  la  medida  esté  objetivamente  justificada  por  una  finalidad 
legítima y que los medios para su consecución sean apropiados y necesarios. Se puede 
producir discriminación de forma directa, indirecta, por asociación o por error, y también 
pueden darse discriminaciones múltiples.
k)  Discriminación de segundo orden: El maltrato ejercido contra personas o grupos 
de personas por el hecho de defender a personas o grupos discriminados.
l)  Discriminación directa: La discriminación que se produce cuando una persona es 
tratada de una forma menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los 
motivos a los que se refiere el artículo 1.
m)  Discriminación  indirecta:  La  discriminación  que  se  produce  cuando  una 
disposición, criterio o práctica pretendidamente neutros son susceptibles de causar un 
perjuicio mayor a una persona por alguno de los motivos a los que se refiere el artículo 1.
n)  Discriminación múltiple: La discriminación que se produce cuando una persona 
sufre una forma agravada y específica de discriminación como consecuencia de la 
concurrencia o la interacción de diversos motivos de discriminación.
o)  Discriminación por asociación: La discriminación que se produce cuando una 
persona o el grupo al que se le asocia es objeto de discriminación, real o atribuida, como 
consecuencia de su relación con una persona o un grupo por alguno de los motivos a los 
que se refiere el artículo 1.
p)  Discriminación por error: La discriminación que se produce cuando una persona 
es objeto de ella por el hecho de haberle atribuido erróneamente alguna característica, 
circunstancia o condición.
q)  Discriminación por estigmatización: El proceso por el que un grupo con poder 
define  lo  que  es  normal  y  deja  fuera  de  esta  definición  otras  conductas  que,  en 
consecuencia, son consideradas no normativas.
r)  Discriminación  por  razón  de  género:  La  situación  discriminatoria  en  que  se 
encuentra una persona que es, ha sido o puede ser tratada, por razón de sexo o de 
circunstancias  directamente  relacionadas  con  su  condición  biológica,  de  una  forma 
menos favorable que otra en una situación análoga. No son medidas discriminatorias por 
razón  de  sexo  las  que,  aunque  planteen  un  tratamiento  diferente  para  hombres  y 
mujeres, tienen una justificación objetiva y razonable, como las que fomentan la acción 
positiva para las mujeres, en la necesidad de protección especial por motivos biológicos 
o en la promoción de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
s)  Edadismo: La estereotipación y la discriminación contra personas o grupos en 
base a su edad.
t)   Estigmatización: La atribución de cualidades negativas y despectivas sobre un 
grupo o colectivo de personas, que son tratadas con prejuicios y, en consecuencia, son 
consideradas no normativas. s
u)  Feminicidios y violencias machistas: Las diversas agresiones que sufren las  oe.
personas por razón de género y del tejido normativo, de roles y de patrones de relación  w.
que se derivan de ellos. Los asesinatos machistas son la práctica más extrema de las  63ww
violevn) ciaHso mmaocfohbisiata: sL.a aversión o la discriminación contra las personas homosexuales.
instrwu)c cióOnr doe cno, ndinudcutacc sióimn,il arin lsletrvuacdcaió an  caob or epcoor muennad aauctioórnid adde,  und isócrgriamninoa or:  unC suuaplqeuriioerr   BOE-A-cable e
jerárquico que implique una discriminación por cualquiera de los motivos a los que se 
refiere el artículo 1.
x)  Racismo: Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia por razón de 
raza, color de piel, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
y)  Represalia discriminatoria: Cualquier trato adverso de la Administración contra 
una persona o grupo de personas por el hecho de haber presentado alguna queja, 
reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el objetivo de impedir, 
evitar,  disminuir  o  denunciar  la  discriminación  o  el  acoso  al  que  son  o  han  sido 
sometidas,  o  contra  las  personas  que  colaboran  o  participan  en  un  procedimiento 
iniciado  a  raíz  de  esta  queja,  reclamación,  denuncia,  demanda  o  recurso.  Quedan 
excluidos los supuestos que puedan ser constitutivos de ilícito penal.
z)  Romafobia o antigitanismo: La forma específica de racismo, social e institucional, 
con el pueblo gitano, que se da de una forma particularmente persistente, violenta, 
recurrente y banalizada.
a')  Situación administrativa: Cualquiera de las situaciones en que una persona se 
puede encontrar en Cataluña, sea la que define el estado de una persona inmigrada, sea 
la de regularidad o irregularidad según si la persona tiene o no tiene una autorización de 
residencia o de residencia y de trabajo que la habilite, respectivamente, para residir o 
para  vivir  y  desarrollar  una  actividad  laboral,  sea  la  de  las  personas  que  están 
empadronadas.
b')  Transfobia: La aversión o la discriminación contra las personas transexuales.
c')  Victimización secundaria: El maltrato adicional ejercido contra personas que se 
encuentran  en  alguno  de  los  supuestos  de  discriminación,  acoso,  represalia  o 
intolerancia como consecuencia directa o indirecta de los déficits, las duplicidades o las 
fragmentaciones de las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, 
y también por las actuaciones de otros agentes implicados.
d’)  Xenofobia: El odio, la hostilidad o el rechazo hacia personas que son de origen 
extranjero o que son percibidas como extranjeras.
Artículo 5.  Alcance del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación.
1.  El derecho a la igualdad de trato implica la ausencia de toda discriminación 
directa o indirecta fundamentada en alguno de los motivos de discriminación a los que se 
refiere la presente ley.
2.  No se puede considerar discriminación la diferencia de trato que se derive de 
disposiciones, conductas, actos, criterios, omisiones o prácticas que tengan por objeto 
revertir,  corregir,  reparar  o  paliar  situaciones  de  discriminación,  desigualdad  o 
minorización de carácter estructural. En caso de discriminación múltiple, la justificación 
de la diferencia de trato se debe cumplir respecto de cada uno de los motivos de 
discriminación.
3.  Las acciones positivas o diferencias de trato son admitidas y se deben promover 
si una norma con rango de ley lo autoriza o si resultan de decisiones generales de las 
administraciones públicas destinadas a proteger a los grupos de población vulnerables 
mediante acciones específicas para mejorar sus condiciones de vida o favorecer su 
inclusión social, su incorporación al mundo laboral o su acceso a bienes y servicios 
esenciales. e.
TÍTULO II
Ámbitos de aplicación material del derecho a la igualdad de trato y a la 
no discriminación
Artículo 6.  Ocupación y función pública.
1.  Las  administraciones  públicas  deben  establecer  políticas  para  garantizar  la 
igualdad de oportunidades en el trabajo, tanto en la empresa privada como en la función 
pública, y velar por que no se produzca ninguna situación de discriminación de acuerdo 
con la presente ley, y, en el marco de la normativa aplicable, aplicar medidas de acción 
positiva  y  de  reversión,  corrección,  reparación  y  paliación  de  situaciones  de 
discriminación, desigualdad o minorización de carácter estructural, proporcionadas a las 
necesidades específicas de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como es 
el caso de los colectivos infrarrepresentados en el empleo y la función pública.
2.  El Gobierno, para el cumplimiento de lo establecido por el apartado 1, debe 
aplicar medidas para:
a)  Garantizar de una manera real y efectiva, a través de la Inspección de Trabajo, la 
no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, en materia de contratación y 
de condiciones de trabajo y empleo, al personal de la Administración de la Generalidad, 
tanto funcionario como laboral.
b)  Fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en 
cuenta la realidad de las personas en el sector público y en el ámbito privado y de un 
distintivo para reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de 
igualdad y no discriminación.
c)  Asegurar  la  cooperación  interadministrativa  para  velar  por  la  formación 
especializada y la debida capacitación de los profesionales en materia de igualdad de 
trato y no discriminación.
d)  Proteger las condiciones laborales en la incorporación al mundo laboral, evitar 
las desigualdades de sueldo y reducir la discriminación machista.
3.  El Gobierno debe velar por la aplicación de la normativa de igualdad de trato y no 
discriminación,  especialmente,  en  el  acceso  al  empleo,  en  la  formación  y  en  la 
promoción para que no haya discriminación directa ni indirecta por ninguno de los 
motivos a los que se refiere el artículo 1, tanto en la empresa privada como en la función 
pública,  y,  en  este  sentido,  debe  remover  los  obstáculos  y  los  impedimentos  que 
dificultan el acceso al empleo, la formación y la promoción.
Artículo 7.  Negociación colectiva.
1.  Las administraciones públicas, los sindicatos y las patronales, en el ámbito del 
diálogo social y la negociación colectiva, deben cumplir la normativa de igualdad de trato 
y no discriminación para la prevención, corrección y erradicación de cualquier forma de 
discriminación en la regulación y la negociación de las condiciones de trabajo, y adoptar 
las  medidas  de  fomento  del  diálogo  con  los  agentes  sociales  y  económicos  más 
representativos para establecer códigos de conducta, planes de gestión de la diversidad 
y buenas prácticas.
2.  Los representantes de los trabajadores deben velar por el cumplimiento del  e
derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y, en particular, por la aplicación  bo
de medidas de acción positiva y la consecución de los objetivos que persiguen. 63ww
Artículo  8.  Organizaciones  políticas,  sindicales,  empresariales,  profesionales  y  de 
interés social o económico.
Las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, los colegios profesionales y 
cualquier otra organización de interés social o económico incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente ley deben respetar el derecho a la igualdad de trato en la 
adhesión, la inscripción o afiliación y en la participación de los miembros en la estructura 
orgánica y el funcionamiento de la organización.
Artículo 9.  Espacios de participación política, cívica y social.
1.  Las administraciones públicas deben garantizar que el acceso a las diferentes 
formas de participación política, cívica y social y el uso de los medios de comunicación 
se produce en condiciones de igualdad y equidad y velando por garantizar y fomentar los 
principios de igualdad de trato y no discriminación.
2.  Las administraciones públicas deben promover la creación de espacios para 
asegurar  la  participación  de  la  sociedad  civil  en  condiciones  de  igualdad  y  sin 
discriminación.
Artículo 10.  Educación.
1.  El  departamento  competente  en  materia  educativa,  las  universidades  y  los 
centros educativos, independientemente de su titularidad, deben garantizar la igualdad 
de oportunidades, la equidad y la ausencia de cualquier forma de discriminación o de 
acoso discriminatorio en los centros educativos, de acuerdo con los principios rectores 
del sistema educativo que establece la legislación específica en materia educativa y lo 
que determinan los tratados y convenios internacionales que garantizan los derechos y 
las libertades fundamentales, entre ellos la escuela inclusiva y la coeducación.
2.  El departamento competente en materia educativa debe garantizar el derecho a 
una  escuela  inclusiva,  que  evite  la  segregación  escolar,  y  de  calidad, 
independientemente  de  las  capacidades  o  las  limitaciones,  el  origen,  el  género,  la 
orientación  sexual  o  las  circunstancias  personales  y  económicas.  Asimismo,  debe 
garantizar el acceso al sistema educativo y la permanencia en el sistema en condiciones 
de igualdad, con independencia de la titularidad de los centros, y, a tal efecto, debe:
a)  Velar  por  que  los  procedimientos  de  admisión  a  los  centros  públicos  y 
concertados se orienten a reducir la segregación escolar.
b)  Velar  por  que  en  los  procedimientos  de  admisión  a  los  centros  educativos 
públicos,  concertados  y  privados  y  durante  la  escolarización  en  estos  centros  el 
alumnado no sufra ninguna forma de discriminación.
c)  Establecer medidas específicas para garantizar la permanencia en el sistema 
educativo de los menores pertenecientes a minorías étnicas.
d)  Fomentar  la  coeducación  como  sistema  educativo  para  cambiar  los 
comportamientos  que  perpetúan  el  patriarcado  en  la  enseñanza,  y  hacerlo  con  la 
cooperación entre profesorado, familias y alumnado con el objetivo de crear espacios 
realmente igualitarios.
e)  Poner  a  disposición  de  los  centros  educativos  los  recursos,  humanos  y 
materiales, así como la formación adecuada del profesorado y del personal no docente 
necesarios para garantizar la igualdad real y efectiva y la no discriminación.
3.  El  departamento  competente  en  materia  educativa,  las  universidades  y  los  bo
centros educativos, independientemente de su titularidad, deben garantizar la atención  63ww
rdeefbieidrea  laa  lporse saelunmten loesy , qtueen,g apno r naelcgeusniod addee sl oess pmeoctíifvicoass d dee d pisrcortiemcicniaócni,ó na yau dlao sy  qaupeo ysoe 
eedscuoclaatri,v oi,m  ppoosrcibeinlidtaajde s emcoánsó meilceav addoes  hdaec era bascetnivtiidsmadoe, s aob ansdeognreog aecsiócno,la ry  oq ufera ceasstoa 
atención se dé también entre todos los miembros integrantes de la comunidad, mediante
la aplicación de acciones positivas, acciones indirectas, acciones compensatorias y otras 
acciones educativas que procedan.
4.  El  contenido  de  la  formación  inicial  y  permanente  del  profesorado  y  las 
competencias curriculares de todas las etapas educativas deben otorgar una atención 
especial al derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, y también al resto de 
principios de la escuela inclusiva a los que hace referencia la Ley 12/2009, de 10 de julio, 
de educación, por medio de acciones formativas específicas y, por consiguiente, deben 
incluir una formación reglada, obligatoria y específica en materia de atención educativa a 
la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación para el personal docente, con el 
objetivo de velar por una escuela coeducadora e inclusiva, que fomente las enseñanzas 
en materia de igualdad de trato y no discriminación en los planes de estudio que 
procedan.
5.  Las  autoridades  rectoras  del  sistema  de  educación  superior,  profesional  y 
universitaria deben garantizar el cumplimiento de los principios generales de actuación 
de  la  presente  ley  y,  a  tal  efecto,  deben  implantar  las  competencias  para  aplicar 
procedimientos  y  promover  actitudes  que  favorezcan  la  igualdad  de  trato  y  la  no 
discriminación, y aplicarlos en todos los estamentos de la comunidad universitaria y de la 
educación en el tiempo libre.
6.  Los centros educativos deben cumplir los criterios de igualdad de trato y no 
discriminación a los que obliga la presente ley, incluida la no segregación por sexos, para 
poder ser beneficiarios del concierto educativo o de cualquier otra forma de financiación 
con fondos públicos.
7.  El departamento competente en materia educativa, de acuerdo con el principio 
de coeducación, debe velar por que se respete, en todo el sistema educativo, en los 
centros y las entidades de formación, en la educación de adultos, en la formación de 
madres y padres, en las actividades deportivas escolares y en las actividades de ocio 
infantil y juvenil, la diversidad en cuanto a la religión o las convicciones, la capacidad o la 
discapacidad,  la  edad,  el  origen  racial  o  étnico,  la  diversidad  sexual  y  afectiva,  la 
orientación sexual, la identidad o la expresión de género, los diferentes modelos de 
familia o cualquier otra condición social o personal a los que se refiere la presente ley. En 
este sentido, dicho departamento:
a)  Debe incorporar el principio de coeducación en los planes de acción tutorial y los 
planes y reglamentos de convivencia de los centros educativos.
b)  Debe velar por que los contenidos de los materiales escolares, educativos y 
formativos, en cualquier formato, y el lenguaje que se emplee en ellos tengan en cuenta 
la diversidad y eviten cualquier tipo de discriminación por este motivo.
c)  Debe garantizar el desarrollo de lo establecido por este artículo y velar por que 
las escuelas, los institutos y demás centros educativos constituyan un entorno amable, 
en el que los alumnos y los profesores puedan vivir de una manera natural la diversidad, 
y contribuyan a crear modelos positivos para la comunidad educativa.
Artículo 11.  Salud.
1.  El departamento competente en materia de salud y los centros sanitarios, tanto 
públicos como privados, en el ámbito de sus competencias, no pueden aplicar ningún 
criterio  ni  medida  que  provoquen  una  situación  discriminatoria,  y  deben  velar  por 
garantizar los principios de igualdad de trato y no discriminación y la ausencia de 
cualquier  forma  de  discriminación  en  el  acceso  a  los  centros,  a  los  bienes,  a  las  e
prestaciones y a los servicios sanitarios, y también por mantener la equidad territorial. bo
2.  Nadie puede ser excluido de un tratamiento sanitario, especialmente los menores  63ww
rcdinaoetzne ocrencuduerarrsder em nnycét ieadlsa icd,s ae os p f apelocor stjrouo resnetla isfhsi qc euoecemhmnoob.  adlarea  dzeiasndccaaospn,at rcianidrcsaleud i,de alna   lesaidt uainadtc eoiór rneu npdfceeiró msni enddheaoldg eaesrmi spbmraeorea, xzsiosat,le vnpoto eqrs u laoe    OE-A-2021-16able en https://
3.  El departamento competente en materia de salud debe garantizar las acciones 
destinadas a los grupos de población con necesidades sanitarias específicas, como las 
personas mayores, los niños y adolescentes, las personas embarazadas, las personas 
con  discapacidad,  las  que  padecen  enfermedades  mentales,  crónicas,  minoritarias, 
degenerativas o en fase terminal o síndromes incapacitantes, las portadoras de virus, las 
víctimas  de  maltrato,  las  supervivientes  de  violencia  machista,  incluida  la  violencia 
sexual, las personas con problemas de drogodependencia y adicciones sociales, las 
minorías  étnicas,  las  personas  transgénero,  las  personas  sin  hogar  o  en  otras 
situaciones de precariedad habitacional, y, en general, las personas pertenecientes a 
grupos en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su 
acceso a los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades y en condiciones de 
disfrute efectivo.
4.  El  departamento  competente  en  materia  de  salud  debe  aplicar  planes  y 
programas de adecuación sanitaria y planes de formación y sensibilización dirigidos al 
personal sanitario, entre otras acciones para la igualdad de trato y la prevención de la 
discriminación.
5.  Las administraciones públicas deben velar por que las condiciones municipales 
para el empadronamiento no entrañen discriminación para las personas migrantes en 
situación administrativa irregular o para otros colectivos vulnerables.
6.  El departamento competente en materia de salud debe garantizar las medidas 
para la no discriminación por razón de enfermedad y, a tal efecto, debe:
a)  Promover la eliminación de todas las actitudes, normas y prácticas que generan 
estigma, discriminación o trato diferenciado por motivos de enfermedad en los ámbitos 
laboral, social, escolar y económico, e impulsar el estudio y la revisión de las limitaciones 
actuales por estos motivos en el acceso al empleo y los servicios, con el objetivo de 
modificar la normativa que no se adecua a las necesidades sanitarias actuales.
b)  Incidir en las medidas de protección contra la discriminación por este motivo, y 
ampliar la protección a la familia y al entorno de la persona afectada por la enfermedad.
c)  Hacer campañas sobre la importancia de hacer un uso respetuoso y adecuado 
del lenguaje en los medios de comunicación, para evitar las connotaciones negativas de 
las enfermedades y la estigmatización por motivos de salud por parte de la sociedad y de 
la opinión pública.
7.  El departamento competente en materia de salud debe aplicar las medidas para 
asegurar  que  no  se  producen  discriminaciones  por  razón  de  sexo  o  género  en  la 
atención sanitaria, tanto en la prescripción de tratamientos y medicamentos como en los 
tiempos  de  espera,  y  establecer  los  mecanismos  de  monitorización  y  control, 
introduciendo  la  perspectiva  de  género  en  los  protocolos,  especialmente  en  las 
indicaciones de priorización de los casos, así como las actuaciones necesarias a tal 
efecto.
8.  Los centros sanitarios y los equipamientos médicos deben tener en cuenta los 
criterios de accesibilidad necesarios para que todas las personas puedan hacer uso de 
ellos en igualdad de condiciones.
Artículo 12.  Servicios sociales.
1.  Las administraciones públicas deben garantizar la prestación de los servicios 
sociales sin ningún tipo de discriminación y su uso efectivo en condiciones de igualdad,  s
equidad y justicia redistributiva, en los términos que establece la normativa de servicios  oe.
sociales. w.
sloosc is2ae.l ,r vlaiAc i eoloqssu s iedofacedica,t loeessl   rddeees bploee ntdo ib saap sulaae rdsstiego n epidnoa rl ade  lih gauupmaalardtnaaadd ,oy l  a1la ,i  nlaactselu npscoióiólíntni,c  lcaaes sn yotr laliaddsaa ra iedcnatu dlaa, c lapio ejnuressosti ncdaiae;    2021-1663n https://ww
deben facilitar el acceso a las medidas necesarias para las personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social, y deben procurar la atención prioritaria y la cobertura de  Bc
las necesidades básicas, la autonomía personal y la atención a la dependencia de las 
personas en situación de vulnerabilidad.
3.  Las administraciones públicas deben garantizar la igualdad de trato y la no 
discriminación en el acceso a los derechos, los servicios, las prestaciones y las ayudas 
sociales a todas las personas y en las mismas condiciones.
Artículo 13.  Atención a niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas 
con discapacidad.
Las administraciones públicas, las entidades y las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación  subjetivo  de  la  presente  ley  deben  garantizar  los  derechos  de  niños, 
adolescentes,  jóvenes,  personas  mayores,  personas  con  discapacidad  o  trastorno 
mental, minorías culturales y religiosas y jóvenes migrantes solos a una vida digna, a la 
autonomía personal y a no ser sujetos de discriminación, y deben establecer, en su caso, 
las  acciones  positivas  destinadas  a  su  protección,  con  el  objetivo  de  mejorar  sus 
condiciones de vida, favorecer su incorporación al mundo laboral o su acceso a bienes y 
servicios esenciales, promover su empoderamiento y garantizarles el acompañamiento 
necesario para poder desarrollar su proyecto de vida.
Artículo 14.  Vivienda.
1.  Las  administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  deben 
garantizar que las políticas de vivienda respeten y promuevan el derecho a la igualdad 
de  trato  y  prevengan  la  discriminación  y,  a  tal  efecto,  deben  tener  en  cuenta  las 
necesidades  de  los  grupos  con  más  dificultades  para  acceder  a  la  vivienda, 
especialmente,  las  personas  sin  hogar,  cuya  situación  de  discriminación  está 
directamente vinculada a la falta de vivienda, entre otros factores.
2.  Las autoridades competentes en vivienda y ordenación urbana deben impulsar 
políticas integrales de inclusión en materia de vivienda y, a tal efecto, deben aplicar todas 
las medidas necesarias para:
a)  Garantizar la igualdad de trato en el acceso, la atribución, la disponibilidad, la 
calidad y el disfrute de la vivienda, especialmente, de las personas más vulnerables, 
como las pertenecientes a minorías étnicas, las personas sin hogar, las personas con 
discapacidad, las migrantes y las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia de 
género, y erradicar los núcleos de infravivienda. A estos efectos deben elaborar planes y 
programas  de  vivienda  y  de  ordenación  urbanística  que  eviten,  también,  la 
concentración, en viviendas, urbanizaciones o barrios, de personas o grupos afectados 
por algún motivo de discriminación.
b)  Garantizar el derecho a la vivienda y el derecho de acceso a los suministros 
básicos de agua potable, gas y electricidad, respetando el derecho a la igualdad de trato 
y a la no discriminación.
c)  Evitar la exclusión de las personas mayores y la gentrificación, y eliminar todos 
los requisitos en el acceso a la vivienda social y a las ayudas para cubrir los gastos 
energéticos que discriminan a los colectivos vulnerables, como, entre otras, la exigencia 
de demostrar un período de residencia en Cataluña establecida únicamente para las 
personas inmigradas.
d)  Promover el acceso a servicios de acogida temporal de personas en situación de 
exclusión  social  que  no  disponen  de  las  condiciones  sociofamiliares  y  de  atención  s
necesarias para permanecer en su vivienda cuando esta situación se debe a una causa  oe.
de discriminación o está agravada por tal circunstancia discriminatoria. w.
faosreznoets)a omsV,i eeynl antoro s  ppironorfv oorqmquuaeel ensl ou snc  uimpmlappnalaecntso   ladpsea srgpaar orlapano tríecariosra ndianidcteoar cneióannc ai olgdnueanll eoscs h gcarobunoptlroiass m oloo sm  oidn eodsríaeal so jleoonss    2021-1663n https://ww
situación de especial vulnerabilidad ni impliquen ningún tipo de discriminación.
f)  Promover la diversidad y la cohesión sociales en los barrios y los sectores 
residenciales de las ciudades y los pueblos, como garantía de una adecuada integración 
en el entorno urbano, y prevenir fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o 
acoso por razones socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas, de 
situación administrativa o de cualquier otro tipo.
g)  Velar por erradicar cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la 
vivienda,  mediante  el  establecimiento  de  medidas  de  acción  positiva  en  favor  de 
colectivos vulnerables y de la penalización de conductas discriminatorias en el acceso a 
la vivienda.
3.  Los  prestadores  de  servicios  de  venta,  arrendamiento  o  intermediación 
inmobiliaria, tanto públicos como privados, deben respetar el derecho a la igualdad de 
trato y a la no discriminación en las operaciones comerciales, tanto para viviendas como 
para locales de negocio, y, en particular, tienen prohibido:
a)  Rechazar una oferta de compra o de arrendamiento, rechazar el inicio de las 
negociaciones  o  impedir  o  denegar,  de  cualquier  otra  manera,  la  compra  o  el 
arrendamiento de una vivienda por cualquier motivo de discriminación, especialmente 
por razón de situación administrativa irregular, con ocasión de una oferta pública de 
venta o arrendamiento.
b)  Discriminar a una persona en los términos o las condiciones de venta o de 
arrendamiento de una vivienda sobre la base de cualquiera de los motivos a los que 
hace referencia la letra a.
Artículo 15.  Establecimientos y espacios abiertos al público.
1.  Las  administraciones  públicas  deben  garantizar  las  condiciones  de  acceso, 
permanencia, uso y disfrute de los establecimientos y los espacios abiertos al público, de 
los espectáculos públicos y de las actividades recreativas en ausencia de cualquier 
forma de discriminación y de intolerancia.
2.  La  prohibición  de  discriminación  a  la  que  hace  referencia  el  apartado  1 
comprende tanto las condiciones de acceso como las de permanencia en los locales o 
establecimientos, así como el uso y disfrute de los servicios que se prestan en ellos, y se 
entiende  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  organizaciones,  actividades  y  servicios 
destinados  exclusivamente  a  grupos  identificados  por  algunos  de  los  motivos  de 
discriminación a los que se refiere el artículo 1.
3.  Los  titulares  de  los  establecimientos  y  locales  abiertos  al  público  y  los 
organizadores de espectáculos públicos o actividades recreativas tienen las siguientes 
obligaciones:
a)  Hacer  conocer  en  espacios  visibles,  accesibles  para  todas  las  personas, 
adaptados  a  la  lectura  fácil  y,  si  procede,  con  un  sistema  pictográfico  y  accesible 
complementario, los criterios y, de una manera explícita, las limitaciones derivadas del 
ejercicio del derecho de admisión.
b)  Comunicar  los  criterios  del  derecho  de  admisión,  con  carácter  previo  a  su 
aplicación, a las administraciones públicas competentes, que deben autorizarlos si así lo 
dispone la normativa aplicable.
c)  Impedir el acceso o expulsar de los locales, con el auxilio, si es necesario, de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad públicos a:
1.º  Las  personas  que  violenten  de  palabra  o  de  hecho  a  otras  personas  por  b
cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 1. 63ww
obje2to.ºs  qLuaes i npceitresno naa las  vqioulee nlcleiav eon a  ola  edxishcibriamnin apcúibólnic.amente símbolos, indumentaria u
4.  Los  establecimientos  comerciales  están  obligados  a  poner  a  disposición  de 
cualquier  persona  que  lo  solicite  hojas  de  reclamación,  así  como  cualquier  otro 
documento de interés, en lectura fácil.
5.  Queda prohibida la difusión de publicidad discriminatoria en establecimientos y 
espacios abiertos al público.
Artículo 16.  Medios de comunicación social y sociedad de la información.
1.  Los  medios  de  comunicación  social,  tanto  públicos  como  privados, 
independientemente del canal de difusión, están obligados a:
a)  Respetar el derecho de las personas a la igualdad de trato y a vivir con dignidad, y 
evitar toda forma de discriminación y estigmatización en el tratamiento de la información, en 
los contenidos y en la programación, incluidos los mensajes comerciales y la publicidad.
b)  Garantizar la presencia, la visibilidad y los referentes positivos de personas de 
los colectivos y las minorías afectados por alguno de los motivos de discriminación a los 
que se refiere el artículo 1, así como el análisis de expertos de reconocido prestigio en 
materia de igualdad de trato y no discriminación.
2.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, sin interferir 
en la independencia de los medios de comunicación social y de las empresas de 
tecnologías  de  la  información,  deben  promover  en  ellos  la  adopción  de  códigos 
deontológicos y acuerdos de autorregulación, libres de prejuicios discriminatorios y de 
estereotipos, que contribuyan a:
a)  Promover el uso de un lenguaje respetuoso, en especial, de un lenguaje que no 
sea sexista, ni clasista, ni racista, ni xenófobo, ni LGBTIfóbico, ni discriminatorio en 
general, que contribuya a erradicar el uso de terminología peyorativa en los medios, 
incluidos los mensajes comerciales y publicitarios.
b)  Incidir  en  las  competencias  que  tienen  los  medios  de  comunicación  en  el 
tratamiento y el afrontamiento de los posibles casos de discursos de incitación al odio.
c)  Establecer  cuotas  paritarias  y  aumentar  la  representatividad  de  todos  los 
colectivos a los que se refiere el artículo 1.
d)  Mejorar  la  efectividad  en  la  prevención  y  la  eliminación  de  contenidos  que 
atenten contra el derecho a la igualdad.
3.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben velar 
por promover la retirada de contenidos discriminatorios de los proveedores de Internet.
4.  Las administraciones públicas deben llevar a cabo campañas de concienciación para 
la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación en los medios de comunicación; 
promover en ellos actividades de información sobre los colectivos a los que se refiere la 
presente ley; fomentar la reflexión, impartir formación sobre las diferentes formas de evitar los 
discursos de incitación al odio y fortalecer en ellos la autorregulación en este ámbito.
5.  El  Consejo  del  Audiovisual  de  Cataluña,  con  relación  a  los  medios  de 
comunicación, tanto públicos como privados, debe:
a)  Velar por que el código deontológico de los medios de comunicación se adecue 
a los principios de la presente ley.
b)  Establecer recomendaciones sobre los usos lingüísticos y el tratamiento y el uso 
de las imágenes con relación a los ámbitos a los que se refiere la presente ley. es
c)  Garantizar que los contenidos de los medios de comunicación y la publicidad que  o
eedmliavebitdeeros))nr  iad sraVHe duaea n ldcar eeerisn r c ppfuooeonrntrmu d soiqecesu igaope unec ieromloisónsi  deyl ain cmcstooi rep, c deduqireonus ssoel ton addsane escc  biyoace nols ot emesan n ucltiarnodesiloceg sqaca utcriqv ieóuao nhels  a  Samcc íoelnuon desrtei rscqaft eurvdereeeen nns  gGecea inrarnee   eufliaaelg   areleaprs t rl íaocpy ugr pelrproaser emes1nse.aetnecnti eótla enlery  y laa.yl    OE-A-2021-1663able en https://www.
Parlamento de Cataluña.
6.  Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deben garantizar la 
cobertura informativa de la discapacidad de una manera inclusiva, que haga un uso 
correcto y respetuoso del lenguaje y evite el uso peyorativo de la terminología.
7.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben ejercer 
la potestad reguladora para:
a)  Aprobar normas con relación a los proveedores de Internet y las redes sociales 
con el objetivo de reforzar la protección administrativa contra los discursos de odio que 
se puedan dar en los medios de comunicación social, e incidir en las competencias de 
los medios en el tratamiento y el afrontamiento de este tipo de discursos.
b)  Sensibilizar a los medios de comunicación sobre la existencia de códigos éticos 
y  de  órganos  autorreguladores,  y  promover  su  aplicación  sin  interferir  en  la 
independencia de estos medios.
c)  Impartir  formación  a  los  profesionales  de  los  medios  de  comunicación  e 
inducirlos a la reflexión sobre las diferentes formas de evitar los discursos de incitación al 
odio, y fortalecer la autorregulación en este ámbito.
8.  Las administraciones públicas, mediante los órganos competentes, deben:
a)  Garantizar la representatividad en los medios de comunicación de las personas y 
los colectivos víctimas de discriminación.
b)  Aplicar protocolos de actuación en caso de incumplimiento de la presente ley con 
relación  al  tratamiento  de  contenidos  e  informaciones  por  parte  de  los  medios  de 
comunicación públicos.
Artículo 17.  Cultura.
1.  Las administraciones públicas deben garantizar, en el acceso a la cultura y a la 
creación, así como en el disfrute de estas actividades, la ausencia de cualquier forma de 
discriminación y deben crear las condiciones para que dicho acceso se realice de forma 
equitativa.
2.  Las  administraciones  públicas  deben  promover  la  creación  y  la  difusión  de 
contenidos que contribuyan a la toma de conciencia en el ámbito cultural sobre la 
discriminación en todas las formas y expresiones que recoge la presente ley.
Artículo 18.  Deporte.
1.  Toda práctica deportiva debe respetar la dignidad de las personas y el derecho a 
la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación y estigmatización.
2.  Las administraciones públicas deben garantizar, en el acceso a la práctica de 
actividad física y deportiva, la ausencia de cualquier forma de discriminación y deben 
crear las condiciones para que dicho acceso se realice de forma equitativa.
3.  Las administraciones públicas deben promover acciones que contribuyan a la 
toma de conciencia en el ámbito deportivo sobre la discriminación en todas las formas y 
expresiones que recoge la presente ley.
Artículo 19.  Libertad religiosa.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben aplicar 
medidas para la igualdad de trato y la prevención de la discriminación por razón de  s
religión o creencia y garantizar que las políticas públicas respeten el derecho a la libertad  oe.
religiosa en los términos que establece la legislación. w.
liigbuear2tlda. add Lr deaelsig  pciooosnlíatdi ciceainos  npeeúls b.eliscpaasc aio l apsú qbuliceo h, accoen r erefesrpeentcoi ad eel  alopsa rptaridnoc ip1i odse bdeen  pglaurraanlitsizmaor  lea   2021-1663n https://ww
3.  Las  administraciones  públicas  deben  velar  especialmente  por  la  no
discriminación en el uso de indumentaria relacionada con la identificación étnica, cultural  Bc
o religiosa en los ámbitos en los que se detectan más casos de discriminación, como el 
educativo, el laboral y el sanitario, y emprender medidas para evitarlo.
Artículo 20.  Administración de justicia.
Las actuaciones de la Administración de justicia, en el ámbito de las competencias 
propias de la Generalidad, o en su caso, de las administraciones locales deben respetar 
el derecho a la igualdad de trato y evitar toda forma de discriminación por cualquiera de 
los motivos a los que se refiere el artículo 1.
Artículo 21.  Cuerpos y fuerzas de seguridad.
1.  El Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la policía local y también los trabajadores de 
empresas de seguridad privada deben respetar el derecho a la igualdad de trato en sus 
actuaciones y evitar toda forma de abuso o de discriminación por cualquiera de los 
motivos a los que se refiere el artículo 1.
2.  Los  servicios  policiales  y  las  fiscalías  encargadas  de  los  procedimientos 
judiciales especializados en los delitos de odio deben establecer marcos de actuación en 
el ámbito local, regional y nacional, institucionalizarlos y promover su aplicación, con la 
finalidad de fomentar el diálogo y la cooperación regular y sostenible con los grupos 
vulnerables.
3.  Los funcionarios encargados de aplicar la presente ley están obligados, de forma 
general, a no discriminar en el ejercicio de las funciones que les son propias y a proteger 
a las víctimas de discriminación garantizándoles la investigación de las denuncias, la 
información de sus derechos y el acceso a la justicia.
4.  Quedan prohibidos, entre otros, los siguientes comportamientos:
a)  El uso de criterios raciales, basados en el aspecto físico del individuo, como el 
color de piel, las facciones, la pertenencia a un grupo racial o étnico o cualquier otra 
característica similar, en las detenciones, los interrogatorios, los registros, los controles 
de identidad y, en general, en la actividad de vigilancia de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, especialmente en la actividad de vigilancia de los centros penitenciarios y de 
los centros de internamiento de extranjeros.
b)  El  trato  discriminatorio  en  los  procedimientos  de  detención,  deportación  y 
expulsión.
5.  Los  sujetos  responsables  del  cumplimiento  de  la  Ley  deben  establecer  un 
sistema de registro y vigilancia de incidentes racistas, homofóbicos y transfóbicos, así 
como del grado en que estos incidentes son tratados judicialmente, y velar por el buen 
funcionamiento de este sistema de control.
6.  Las administraciones públicas deben establecer programas de sensibilización y 
formación sobre el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en el ámbito de 
la Administración de justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y adoptar medidas 
que tengan en cuenta la diversidad de la sociedad.
TÍTULO III
Defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación
CAPÍTULO I e.
Garantías del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación 63ww
Artículo 22.  Medidas de protección contra la discriminación.
1.  Las  administraciones  públicas  deben  aplicar  los  métodos  e  instrumentos
necesarios para detectar las situaciones discriminatorias y proteger a las víctimas de
discriminación, y deben adoptar medidas preventivas y aplicar las medidas adecuadas 
para el cese de estas situaciones.
2.  Las administraciones públicas deben establecer las medidas específicas para 
abordar  todos  los  casos  de  discriminación  y,  en  especial,  las  dirigidas  a  personas 
afectadas por discriminación múltiple, que se pueden concretar en medidas de acción 
positiva aplicadas desde la perspectiva de la interseccionalidad, de forma que tengan en 
cuenta la concurrencia de las diferentes causas de discriminación.
3.  El incumplimiento de las obligaciones establecidas por el apartado 1 da lugar a 
responsabilidades administrativas.
4.  En el procedimiento administrativo de instrucción de un caso de discriminación, 
si la persona que alega haberla sufrido aporta indicios racionales y fundamentados, se 
debe aplicar la inversión de la carga de la prueba sobre cuya base corresponde a la 
parte  que  ha  infligido  la  discriminación  probar  que  su  comportamiento  no  ha  sido 
discriminatorio.
5.  Los  hechos  o  los  indicios  por  los  que  se  puede  presumir  la  existencia  de 
discriminación pueden ser probados  por  cualquier  prueba admitida en derecho, sin 
perjuicio de los procedimientos que se tramiten y de las medidas adoptadas al amparo 
de  las  normas  de  organización,  convivencia  o  disciplina  de  las  instituciones  y  los 
servicios públicos.
6.  El órgano administrativo o sancionador, de oficio o a instancia de parte, puede 
solicitar informes o dictámenes a los órganos competentes en materia de igualdad.
7.  Los instrumentos para la protección de la igualdad de trato y la no discriminación 
son los regulados por el título IV de la presente ley.
Artículo 23.  Medidas específicas de apoyo a las víctimas de discriminación.
1.  Las administraciones públicas deben prestar una atención integral real y efectiva 
a las víctimas de acciones discriminatorias, de intolerancia y de odio por cualquiera de 
los  motivos  a  los  que  se  refiere  el  artículo  1.  Dicha  atención  comprende  el 
asesoramiento,  la  asistencia,  especialmente  la  sanitaria,  y  las  medidas  sociales 
tendentes a facilitar su recuperación integral.
2.  Las administraciones públicas deben poner en marcha un punto de información 
para ofrecer una atención integral y multidisciplinaria a las víctimas de discriminación e 
intolerancia por cualquier de los motivos a los que se refiere el artículo 1, y pueden 
establecer  contratos  con  entidades  sociales  especializadas  para  la  atención  a  las 
víctimas y otros sujetos, de conformidad con lo dispuesto por la normativa europea y la 
básica estatal en materia de contratación pública.
3.  La atención a las víctimas de agresiones o de acciones de incitación al odio en el 
ámbito de las nuevas tecnologías o en las redes sociales debe recibir un tratamiento 
específico.
Artículo 24.  Tutela administrativa y judicial y medidas de reparación de las víctimas de 
discriminación.
1.  La tutela administrativa y la judicial ante las vulneraciones del derecho a la 
igualdad de trato y a la no discriminación deben comprender, según el caso, la adopción 
de todas las medidas necesarias dirigidas al cese inmediato de la discriminación, la 
adopción de medidas cautelares, la prevención de violaciones inminentes o ulteriores, la 
indemnización de los daños y perjuicios causados y el restablecimiento de la persona  es
perjudicada en el pleno ejercicio de su derecho. bo
2.  Los  daños  deben  ser  valorados  atendiendo  a  las  circunstancias  del  caso  63ww
celaoc nodcni3fruó.e smtioóLic naya s o,a   s amlia nle aogd  aritdaauavmdesibe dindaécedni  a dlr aeedsp e laalq rm ualeeecs idóeióinosn t a adeb etflreebaccevteniévn sa i nmdloceesllu n caitruer ta ínpclo ruso leods souh lcao4iyd 5aua,  n,p4 ayr6o   tdypau om4cs7biidb iéodlen.e ,l  inetídntue slmou n Vci,za aesconi,tó rnae    OE-A-2021-16able en https://
otros tipos de medidas, si proceden.
Artículo 25.  Efectos de la contravención de la Ley.
1.  Contravenir a la presente ley y a las normas de su desarrollo es causa de nulidad 
de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos y puede dar lugar a las 
responsabilidades que establece la legislación, incluidas las patrimoniales.
2.  Toda persona que cause discriminación por cualquiera de los motivos a los que 
se refiere el artículo 1 debe responder del daño causado.
3.  Si la discriminación a que se refiere el apartado 2 queda acreditada, el cálculo de la 
indemnización debe tener en cuenta los daños y perjuicios causados, incluido el daño moral.
4.  Los  daños  deben  ser  valorados  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el 
artículo 24.2.
5.  Los empresarios y los prestadores de bienes y servicios son responsables del 
daño causado si la discriminación, incluido el acoso, se produce en su ámbito de 
organización o dirección y no han cumplido las obligaciones de la presente ley.
6.  La resolución del expediente sancionador debe resolver de manera expresa 
sobre la forma en que la persona responsable de la discriminación debe reparar el daño 
causado  a  la  persona  o  personas  afectadas,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  el 
artículo 50 para los procedimientos específicos en casos de responsabilidad pública y de 
las sanciones que establece el título V.
Artículo 26.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y contra la 
discriminación.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 34.d, si una autoridad pública, con 
motivo  del  ejercicio  de  sus  competencias,  tiene  conocimiento  de  un  supuesto  de 
discriminación  debe  incoar,  si  es  competente  para  hacerlo,  el  correspondiente 
procedimiento administrativo en el que se puedan acordar las medidas necesarias para 
investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas 
para su eliminación, o, de no tener competencia para ello, comunicar estos hechos de 
forma inmediata a la Administración competente, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de procedimiento administrativo común.
2.  Sin perjuicio de la legitimación individual de la persona afectada, los sindicatos, 
las  asociaciones  profesionales  de  trabajadores  autónomos,  las  organizaciones  de 
consumidores y usuarios y las asociaciones y organizaciones constituidas legalmente 
que tengan entre sus fines la defensa y la promoción de los derechos humanos o de los 
colectivos y derechos a los que se refiere la presente ley, y cumplan los requisitos del 
apartado 4, pueden tener la consideración de persona interesada en los procedimientos 
administrativos en los que la Administración deba pronunciarse con relación a una 
situación de discriminación, siempre que cuenten con la autorización de la persona o 
personas  afectadas.  Si  la  persona  o  las  personas  afectadas  son  una  pluralidad 
indeterminada o de difícil determinación, dicha autorización no es necesaria, sin perjuicio 
de que quienes se consideren afectados puedan participar en el procedimiento.
3.  Los  sindicatos,  los  partidos  políticos,  las  asociaciones  profesionales  de 
trabajadores  autónomos,  las  organizaciones  de  consumidores  y  usuarios  y  las 
asociaciones y organizaciones constituidas legalmente que tengan entre sus fines la 
defensa y la promoción de los derechos humanos están legitimadas para defender los 
derechos y los intereses de las personas afiliadas y asociadas en procesos judiciales 
civiles, contenciosos administrativos y sociales, siempre que tengan su autorización 
expresa, de acuerdo con la legislación procesal aplicable. e
4.  Los requisitos que deben reunir las entidades a las que se refiere el apartado 2 son: bo
jpurdoiccaei)ad leimHs iaeebnneto r dseec foecrnoresnassp tiodtuneid dliooe snl etemg,a ielmsmaeblvnrotoe s  qaqul ueme  eelnajeosrs z iandntoe sg lraaasñn o aos c acdineot nelesas sd  epa edlrams oiinnniiasctsira acqtiióuvanes   dlaeosl    2021-1663n https://ww
representan.
b)  Desarrollar su actividad en territorio catalán. Bc
5.  La Administración de la Generalidad y las entidades locales, en el marco de lo 
que establece la presente ley, pueden personarse en los procedimientos penales por 
hechos delictivos motivados por odio o discriminación en la forma y las condiciones 
establecidas por la legislación procesal. La personación de las entidades públicas debe 
ejercerse con el consentimiento de la víctima, siempre que ello sea posible.
CAPÍTULO II
Promoción del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y medidas de 
acción positiva
Artículo 27.  Promoción del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación.
1.  Con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, 
los poderes públicos, la Administración de justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad 
públicos y privados y las autoridades públicas deben adoptar medidas de acción positiva y 
deben impulsar políticas para fomentar la igualdad de trato en el ámbito privado y para lograr 
acuerdos, en esta materia, entre los diferentes sectores sociales y económicos.
2.  Las administraciones públicas deben promover que organizaciones y empresas 
lleven a cabo acciones de responsabilidad social consistentes en medidas económicas, 
comerciales,  laborales,  asistenciales  o  de  otra  naturaleza,  destinadas  a  promover 
condiciones de igualdad de trato y no discriminación en el seno o en el entorno social de 
estas organizaciones y empresas, que tienen el derecho de ser asesoradas por la 
Administración en el proyecto y la aplicación de dichas acciones y también el deber de 
informar a los representantes de los trabajadores sobre las acciones adoptadas.
3.  Los instrumentos para la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación 
son los regulados por el título IV de la presente ley.
Artículo 28.  Planificación estratégica para la igualdad de trato y la no discriminación.
1.  El Plan para la igualdad de trato y la no discriminación es el documento que 
determina los ejes, las líneas estratégicas, los objetivos, las medidas y el presupuesto 
necesario para prevenir, erradicar y corregir toda forma de discriminación por razón de 
las condiciones y las circunstancias a las que se refiere el artículo 1.
2.  Corresponde al departamento competente en materia de no discriminación la 
preparación, el seguimiento y la evaluación del Plan para la igualdad de trato y la no 
discriminación, garantizando la participación de las organizaciones representativas de los 
intereses sociales afectados en cada una de estas fases; al Organismo de Protección y 
Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación, su análisis y redacción, y al 
Gobierno su aprobación.
3.  La redacción del Plan para la igualdad de trato y la no discriminación debe 
garantizar el cumplimiento de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de 
mujeres  y  hombres,  con  respecto  a  la  paridad  mínima.  Los  trabajos  de  análisis  y 
elaboración del Plan no se pueden iniciar hasta que no se cumpla dicha paridad.
4.  El Plan para la igualdad de trato y la no discriminación tiene carácter cuatrienal. 
A la finalización de cada cuatrienio el departamento competente en esta materia debe 
hacer una evaluación de las actividades llevadas a cabo y de los criterios de actuación y 
las medidas contenidos en la estrategia.
5.  El Plan para la igualdad de trato y la no discriminación debe incorporar, de forma  es
prioritaria: o
a)  Una diagnosis exhaustiva, municipal, actualizada y comparada de la situación en  63ww
Cdiastcarilmuñinaa ccoiónn r.e Elasctaió dni aagl nraocsiissm doe,b lea  siselravmir opfaorbaia j,u lsat ifxiceanro lfaosb ipar iyo roidtraadse fso,r lmasa sa cccoinoenxeass,  ldoes 
objebti)v osL oys l apsr ilnínceipaioss d beá ascictuoasc dióen a dcetul aPclaiónn. en materia de no discriminación. BOE-A-cable e
c)  Las medidas para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación; las 
dirigidas a informar, concienciar, sensibilizar y formar en igualdad de trato y no discriminación, 
y las que promueven la presencia, la participación y la intervención de las minorías y los 
colectivos discriminados para garantizar el respeto de sus derechos y libertades.
d)  Las medidas de atención especial a las discriminaciones múltiples que por la 
propia naturaleza suponen un ataque más grave al derecho a la igualdad de trato y a la 
no discriminación.
e)  Las  medidas  para  abordar  la  discriminación  en  la  prestación  de  servicios 
públicos,  en  el  funcionamiento  del  sistema  de  justicia  penal  y  en  el  acceso  a  la 
ocupación, la vivienda, la salud y la educación.
f)  Las medidas para promover la plena incorporación de los grupos discriminados 
en la vida pública y los órganos políticos representativos.
g)  Los objetivos de reforzar la legislación antidiscriminatoria y mejorar el acceso a 
la presentación de recursos efectivos.
h)  El abordaje de las causas básicas del racismo, la discriminación y la intolerancia y las 
medidas para reforzar el disfrute de los derechos culturales y los derechos de las minorías.
i)  La perspectiva de género e interseccional.
j)  Objetivos medibles, indicadores de cumplimiento y mecanismos de vigilancia y 
control, así como el abordaje de las recomendaciones formuladas por los organismos 
internacionales.
k)  El presupuesto previsto para llevar a cabo las actuaciones previstas.
Artículo 29.  Colaboración entre instituciones públicas.
1.  La Administración de la Generalidad y las entidades locales deben cooperar 
entre sí para integrar la igualdad de trato y la no discriminación en el ejercicio de las 
respectivas competencias y, en especial, en los instrumentos de planificación.
2.  La Administración de la Generalidad y las entidades locales deben establecer, si 
procede, la colaboración y coordinación oportunas con el Síndic de Greuges, la Fiscalía 
y otras instituciones públicas que incidan en el ámbito de la no discriminación.
3.  La  Administración  de  la  Generalidad  debe  disponer  de  la  colaboración  de 
especialistas conocedores de las evidencias científicas internacionales en materia de 
discriminación para asesorarse de todas las actuaciones que se lleven a cabo.
Artículo 30.  Estadísticas y estudios.
1.  Las  administraciones  públicas,  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  de  la 
presente  ley  y  de  la  legislación  específica  en  materia  de  igualdad  de  trato  y  no 
discriminación, deben introducir, en los estudios, memorias y estadísticas que elaboren, 
los siguientes aspectos:
a)  Los  indicadores  y  los  procedimientos  que  permitan  conocer  las  causas,  la 
extensión, la evolución, la naturaleza y los efectos de la discriminación.
b)  La perspectiva de género y los datos segregados por sexo y edad, así como, si 
procede, por tipología de discapacidad, orientación sexual, origen y creencias religiosas, 
entre otras transversalidades.
2.  Los indicadores estadísticos deben tomar como referencia las observaciones y 
recomendaciones de los comités especializados de Naciones Unidas y, en particular, la 
Observación general 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,  e.
sobre la prevención de la discriminación racial en la Administración de justicia y el  w.b
funcionamiento de la justicia penal. 63ww
segu3r.i daEdl  qCuuee orppoe rdeen  Meno sCsaotsa ludñ’Eas:quadra, las policías locales y el resto de cuerpos de
a)  Deben  hacer  formación  específica  en  materia  de  igualdad  de  trato  y  no
discriminación.
b)  Deben recopilar los datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias 
cursadas,  deben  procesarlos  en  los  sistemas  estadísticos  de  seguridad 
correspondientes, y deben facilitarlos periódicamente a la comisión de seguimiento del 
cumplimiento de la presente ley.
4.  Los datos de carácter personal obtenidos en el ámbito de las actuaciones a las 
que se refiere el presente artículo quedan protegidos por el secreto estadístico que 
regula la legislación sobre la función estadística que sea aplicable en cada caso y por la 
normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
5.  Las administraciones públicas deben recopilar datos que permitan identificar los 
patrones de discriminación de todos los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña, y 
en  particular  el  uso  de  perfiles  raciales  en  las  tareas  de  investigación  y  vigilancia 
policiales.
6.  El departamento competente en la materia debe elaborar o encargar y publicar 
periódicamente, estadísticas y estudios cualitativos relativos, especialmente, a:
a)  Agresiones y discriminaciones contra las personas y colectivos a los que se 
refiere el artículo 1.
b)  Denuncias  presentadas  en  virtud  de  la  presente  ley  y  denuncias  penales 
presentadas por delitos en los ámbitos de discriminación a los que se refiere la Ley.
c)  Resoluciones  administrativas  y  sentencias  judiciales,  y  el  sentido  de  estas, 
relacionadas con el objeto de la presente ley, en particular las que pueden probar la 
existencia de discriminaciones indirectas y ayudar a adoptar medidas para la elaboración 
de políticas públicas antidiscriminatorias.
7.  El departamento competente en la materia puede proponer el establecimiento de 
acuerdos  y  convenios  con  otras  administraciones  e  instituciones  públicas  y 
organizaciones para dar cumplimiento al apartado 6.
Artículo 31.  Subvenciones públicas y contratación.
1.  Las  administraciones  públicas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  deben 
determinar  los  ámbitos  en  los  que  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de 
subvenciones deben incluir la valoración de actuaciones para la consecución efectiva de 
la igualdad de trato y la no discriminación por parte de las entidades solicitantes.
2.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, mediante los 
órganos de contratación respectivos y con relación a la ejecución de los contratos que 
suscriban, deben establecer condiciones especiales con el fin de promover la inclusión, 
la cohesión, la igualdad de trato y la no discriminación, de acuerdo con lo establecido por 
la  legislación  de  contratos  del  sector  público.  En  concreto,  deben  incluir  cláusulas 
sociales e igualitarias que tengan en cuenta a:
a)  Los colectivos que requieren una especial protección, como lo son las personas 
con discapacidad o trastorno mental.
b)  Las personas en riesgo de exclusión social.
3.  Las administraciones públicas no pueden establecer ningún tipo de contrato ni 
destinar ninguna subvención a entidades que no respeten las condiciones de la presente 
ley, ni tampoco pueden establecer contratos o conceder subvenciones a ninguna entidad 
que promueva desigualdades por alguno de los motivos a los que se refiere el artículo 1. es
Artículo 32.  Formación. w.
cont1in. uaLdaas  ayd mlain issterancsiiobniliezsa cpiúóbnl icaadse dceubaedna sg asraonbtriez arl ala  figourmaladcaidó n doeb ligtraatotor iay,  inliac ianl oy 
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el deber de comunicar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al órgano competente toda 
situación de riesgo o sospecha fundada de discriminación o violencia por alguna de las 
condiciones o circunstancias a los que se refiere el artículo 1.
2.  Las  administraciones  públicas  deben  impulsar  la  formación  obligatoria  del 
personal,  tanto  funcionario  como  laboral,  independientemente  de  su  vinculación 
mediante convenios de colaboración u otros instrumentos, con especial atención a la 
magistratura,  el  personal  de  los  centros  penitenciarios,  los  cuerpos  y  fuerzas  de 
seguridad, el personal docente, los profesionales de la salud y las autoridades locales.
3.  Las administraciones públicas deben aplicar criterios respetuosos con la igualdad 
de trato y la no discriminación en las bases de los procesos selectivos para el acceso al 
empleo público.
TÍTULO IV
Instrumentos para la protección y la promoción de la igualdad de trato y la no 
discriminación
CAPÍTULO I
Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación
Artículo 33.  Creación, objeto y naturaleza.
1.  Se crea el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación, encargado de velar por el cumplimiento de los preceptos de la presente 
ley  con  el  objetivo  de  evitar  toda  forma  de  discriminación,  directa  o  indirecta,  por 
cualquiera de los motivos y en los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, tanto en el 
sector público como en el ámbito privado.
2.  El  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación se adscribe al departamento competente por razón de la materia y debe 
rendir cuentas ante el Parlamento.
3.  Corresponde  al  Gobierno  designar  a  la  persona  titular  del  Organismo  de 
Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que debe tener 
adscrito a personal de la función pública y a personas expertas en el objeto de la 
presente ley con preferencia por las que dispongan de experiencia previa en materia de 
no discriminación, en el ámbito jurídico y en el ámbito de la mediación.
4.  La estructura del Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y 
la No Discriminación debe constar de:
a)  Un comité integrado por expertos, que puede intervenir en los procedimientos de 
instrucción y sanción y evaluarlos. La participación de dicho comité se lleva a cabo, 
principalmente, mediante la elaboración de informes que, como norma general, son 
facultativos y no vinculantes, salvo los informes que elabore en los procedimientos en 
que una de las partes sea una administración pública o cualquier ente o entidad del 
ámbito del sector público, en cuyo caso dichos informes tienen carácter preceptivo y 
vinculante.
b)  Una  comisión  de  seguimiento  del  cumplimiento  de  la  Ley,  de  carácter 
independiente, para la evaluación, el seguimiento y el control de las políticas en materia  s
de igualdad de trato y no discriminación, integrada por una persona en representación de  o
cada grupo en el Parlamento, y el mismo número de personas expertas, además de una  w.
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Artículo 34.  Funciones.
El  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación tiene las siguientes funciones:
a)  Prestar apoyo y asesoramiento jurídico a las personas que hayan podido sufrir 
discriminación por cualquiera de los motivos a los que se refiere la presente ley para la 
tramitación de sus quejas o reclamaciones y garantizar el derecho a la reparación de las 
víctimas de discriminación.
b)  Constituirse, con el consentimiento expreso de las partes, en organismo de 
mediación o conciliación entre ellas con relación a casos de violación del derecho a la 
igualdad de trato y a la no discriminación, salvo en los casos con contenido penal o 
laboral y de los casos de violencia machista. La mediación o la conciliación ante este 
organismo sustituye el recurso de alzada y, si procede, el de reposición, con relación a 
las resoluciones y los actos de trámite susceptibles de impugnación, a los efectos de lo 
establecido por el artículo 112.2 de la Ley del Estado 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
c)  Iniciar, de oficio o a instancia de terceros, investigaciones sobre la existencia de 
posibles situaciones de discriminación que revistan especial gravedad o relevancia, salvo 
aquellas con carácter de infracción penal. En estos casos, el organismo debe poner fin a 
la investigación y remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.
d)  Ejercer  las  potestades  de  incoación,  inspección,  instrucción  y  sanción,  de 
acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones que establece el título V. En todo 
caso, se exceptúan de este apartado los ámbitos de la Inspección de Trabajo y los de los 
procedimientos sancionadores en el orden social.
e)  Promover la adopción de códigos de buenas prácticas, planes de igualdad y de 
no discriminación y protocolos internos de intervención en materia de lucha contra la 
discriminación.
f)  Colaborar  con  el  Síndic  de  Greuges,  con  el  Ministerio  Fiscal  y  con  las 
instituciones y organismos públicos.
g)  Emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los proyectos de disposiciones 
de carácter general que desarrollen esta ley.
h)  Informar, con carácter preceptivo, sobre el Plan para la igualdad de trato y la no 
discriminación, y también sobre los planes y programas de especial relevancia en la materia.
i)  Elaborar, en coordinación con los órganos competentes en materia estadística, 
informes estadísticos de carácter periódico, promover estudios sobre la igualdad de trato 
y la no discriminación, y recopilar datos desagregados sobre la situación de las minorías 
étnicas, religiosas y personas migrantes en el acceso a la vivienda, la educación, el 
empleo y la salud.
j)  Liderar la elaboración de la planificación estratégica para la igualdad de trato y la 
no discriminación que debe presentar al Parlamento.
Artículo 35.  Relación con el Síndic de Greuges.
1.  El  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del Síndic de Greuges.
2.  La autoridad del Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y 
la No Discriminación debe firmar convenios de colaboración con el Síndic de Greuges 
para establecer los mecanismos de cooperación que se consideren oportunos. s
Artículo 36.  Colaboración con otras administraciones e Instituciones. w.
pres1ta. r lEal  cGoloabbioerrancoi,ó nla y  Aedl mauinxiislitora nceiócne sdaeri olsa  aGl eOnregraanliidsamdo  yd el oPsr oetenctecsió nlo cya Plerso mdoecbióenn 
fduen claio nIgeusa yld laad e djeec uTcriaótno  dye  las uNs oa cDuiescrdriomsi,n saicni ópne,r jsuii caios íd leo  lae xoigbete necl icóunm dpel imla ieanuttoo ridzea csióuns 
judicial cuando sea necesario para ejecutar estas resoluciones.
2.  El  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  puede  establecer  acuerdos  de 
cooperación y colaboración con otras administraciones e instituciones públicas y privadas, y 
participar en los correspondientes organismos tanto internacionales como supranacionales.
CAPÍTULO II
Centro de memoria histórica, observatorio y comisión para la protección y la 
promoción de la igualdad de trato y la no discriminación
Artículo 37.  Centro de Memoria Histórica y Documentación de la Discriminación.
1.  Se crea el Centro de Memoria Histórica y Documentación de la Discriminación 
para  la  custodia  de  archivos,  registros  y  documentos,  incluidos  documentos 
audiovisuales, de las entidades que luchan contra la discriminación en el ámbito social, 
político  y  cultural.  Los  fondos  documentales  depositados  en  el  Centro  de  Memoria 
Histórica deben ser de libre acceso para la ciudadanía.
2.  El  Centro  de  Memoria  Histórica  y  Documentación  de  la  Discriminación  debe 
impulsar y fomentar actividades divulgativas y de investigación; en este sentido, puede 
editar materiales relacionados con esta memoria histórica, acordar con las administraciones 
la edición de publicaciones específicas, y establecer contratos con las organizaciones 
sociales domiciliadas en Cataluña y otros sujetos, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa europea y la básica estatal en materia de contratación pública.
Artículo 38.  Observatorio de la Discriminación.
1.  Se crea el Observatorio de la Discriminación, que depende del departamento 
competente en materia de políticas sociales.
2.  El  Observatorio  de  la  Discriminación  debe  elaborar  análisis  y  proporcionar 
informaciones  objetivas  y  comparables  sobre  los  hechos  acaecidos  en  el  ámbito 
territorial de Cataluña que puedan suponer una forma de discriminación, de intolerancia 
o de conductas de odio por cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 1, 
con el objetivo de proponer la adopción de medidas y acciones específicas.
3.  El Observatorio de la Discriminación se configura como un órgano colegiado, 
cuyas composición y funciones deben ser determinadas por decreto, garantizando la 
presencia de expertos en materia de delitos de odio, discriminación e intolerancia y con 
la participación de la Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato 
y la No Discriminación.
Artículo 39.  Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación.
1.  Se crea la Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato y 
la  No  Discriminación,  adscrita  al  departamento  competente  en  materia  de  políticas 
sociales, como un espacio de participación ciudadana y como órgano consultivo de las 
administraciones  que  inciden  en  este  ámbito,  sin  perjuicio  de  las  funciones  y  las 
competencias de otros órganos o entes que establezca la legislación.
2.  En la Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato y la No 
Discriminación deben tener representación las entidades sociales especializadas, las 
asociaciones de víctimas y las que trabajan principalmente contra los delitos de odio, la  e.
discriminación y la intolerancia, así como profesionales de destacada experiencia en este  w.
ámbito. 63ww
Disc3r.im  iLnaa cCióonm pisuieódne p raercai bliar  iPnrfootremcaccióiónn y s loab rPer olam aopcilóicna cdióen l ad eIg luaa pldraeds ednete T lreayt,o  foyr mlau Nlaor 
ppúrobpliuceasst ay se nd ee lm reesjotora d ee ná mlab aitcotsu aac lioósn  qduee  lsoes  rseefirevrieci olas  Lpeúyb, leic oinsf odrme alar ss oabdrme ipnrisotyraeccitoonse.s  BOE-A-cable e
CAPÍTULO III
Protocolos de actuación y campañas de apoyo a las víctimas
Artículo 40.  Protocolo de atención a les víctimas.
1.  El departamento competente en materia de políticas sociales debe aprobar un 
protocolo específico de atención a las víctimas de la discriminación, actos de intolerancia 
y conductas relativas a los delitos de odio. Este protocolo, sin perjuicio de lo establecido 
por la Ley del Estado 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, debe 
prestar  una  atención  especializada  y  multidisciplinaria,  y  las  oficinas  judiciales  y, 
especialmente, las oficinas especializadas en delitos de odio deben prestar un especial 
cuidado a las víctimas.
2.  La  protección  ante  cualquier  violación  de  los  derechos  amparados  por  la 
presente ley comprende, en su caso:
a)  La adopción de las medidas necesarias para el cese inmediato en la conducta de 
intolerancia  y  discriminatoria,  la  adopción  de  medidas  cautelares,  la  prevención  de 
violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de daños y perjuicios y el pleno 
restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de sus derechos.
b)  La creación de la figura del acompañante, de acuerdo con el sentido del Estatuto 
de la víctima del delito, para asistir en la denuncia a la víctima por delito de odio.
Artículo 41.  Campañas y apoyo a las organizaciones y entidades de víctimas.
1.  Las  administraciones  públicas  deben  hacer  campañas  de  sensibilización  y 
divulgación contra las agresiones y los delitos de odio y promover su denuncia, y deben 
garantizar asistencia a las víctimas aunque no se interponga denuncia, directamente o 
mediante contrato, según lo establecido por la normativa europea y la básica estatal de 
contratación pública, con entidades sin ánimo de lucro especializadas u otros sujetos.
2.  Las administraciones públicas han de diseñar y poner en marcha en los centros 
escolares, integrado en el plan de convivencia de los centros, un protocolo específico 
para la alerta, la identificación, la asistencia y la protección en caso de acoso escolar con 
relación a las actitudes de discriminación y de intolerancia y las conductas de odio por 
cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 1.
3.  El departamento competente debe diseñar y poner en marcha periódicamente 
campañas  de  sensibilización  y  prevención,  mediante  el  Observatorio  de  la 
Discriminación, la Comisión para la Protección y la Promoción de la Igualdad de Trato y 
la No Discriminación y las organizaciones especializadas en esta materia.
4.  El  departamento  competente  debe  desarrollar  políticas  activas  de  apoyo  y 
visibilización  de  los  colectivos  y  organizaciones  legalmente  constituidos  que  hagan 
actividades en defensa de las víctimas de discriminación, intolerancia y delitos de odio.
5.  Las administraciones públicas deben recoger y publicar datos estadísticos sobre 
el número y la naturaleza de los incidentes racistas y discriminatorios, provenientes tanto 
del sector público como del ámbito privado.
TÍTULO V
Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 42.  Regulación de las infracciones y de la concurrencia con ilícitos penales. b
pdpeiasrrcjtu1ircii.mcu ilioanS ra,do cdenie ó l anlia  nln afnrosaor cmramccaicoatiintovievanas ee  srse apygd euomclmaíifndiicsiosaiort arnqa eudtiseev a  tlsiaspe siaf ieic ndnafer da aamcscp aiyloitc ensareaicasnió  cynid o sepna ranedcifgaeiousrnea penldostaer  ed,l an y   pedsrlei eno s rpedtreneartntjeou  s ilceoiyoyc ,i, a snel inony     OE-A-2021-16able en https://
del  régimen  sancionador  establecido  por  la  Ley  11/2014,  de  10  de  octubre,  para
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
2.  No  se  pueden  sancionar  los  hechos  que  hayan  sido  sancionados  penal  o 
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y 
fundamento.
3.  En  los  supuestos  en  que  la  Administración  considere  que  las  infracciones 
pueden ser constitutivas de ilícito penal, deber ponerlo en conocimiento del Ministerio 
Fiscal o del órgano judicial competente y debe suspender el procedimiento sancionador 
h  la  autoridad  judicial  no  dicte  sentencia  firme  o  resolución  que  ponga  fin  al 
procedimiento, o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o 
proseguir actuaciones. Sin embargo, mientras el procedimiento judicial esté en curso, la 
Administración  puede  adoptar  medidas  cautelares,  destinadas  a  evitar  un  mayor 
perjuicio.
Artículo 43.  Clasificación y tipificación de las infracciones.
1.  A  los  efectos  de  la  presente  ley,  se  considera  infracción  la  conducta 
discriminatoria fundamentada en cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 1.
2.  Las  infracciones  de  la  presente  ley  en  materia  de  igualdad  de  trato  y  no 
discriminación se clasifican en leves, graves y muy graves.
3.  Las infracciones no pueden ser objeto de sanción sin instrucción previa del 
expediente pertinente, de acuerdo con el procedimiento administrativo.
4.  Son infracciones leves:
a)  Emitir expresiones, entonar cánticos, sonidos o consignas o exhibir pancartas, 
símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en que se 
emiten, se entonan, exhiben o se utilizan, inciten, fomenten o faciliten de algún modo 
comportamientos discriminatorios.
b)  Las declaraciones, los gestos o los insultos proferidos en el espacio público que 
supongan un trato vejatorio para cualquier persona.
c)  Emitir expresiones, entonar cánticos, sonidos o consignas o exhibir pancartas, 
símbolos, emblemas o leyendas que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios para 
cualquier persona.
d)  Emitir  intencionadamente  expresiones  vejatorias,  injuriosas,  calumniosas  o 
amenazantes en supuestos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas 
a los delitos de odio contra una persona, contra el grupo al que pertenece o contra su 
familia que comporte discriminación.
e)  Utilizar o emitir expresiones vejatorias, injuriosas, calumniosas o amenazantes 
en supuestos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas a los delitos 
de odio en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en 
discursos o intervenciones públicas o en redes sociales.
f)  No facilitar la tarea de los servicios de inspección de la Administración en el 
cumplimiento de los mandatos de la presente ley, o negarse parcialmente a colaborar 
con su acción investigadora.
g)  Amenazar o realizar cualquier coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve 
en supuestos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas a los delitos 
de odio.
h)  Incurrir con la conducta en irregularidades formales por inobservancia de las 
disposiciones de la presente ley y de la normativa que la desarrolle. e
5.  Son infracciones graves: w.
por aa)s ocLioasc ióanc too sp our  oemrriosri,o naessí  cqoumeo c loonss tqituuey acno nusntiatu dyaisnc riinmdiuncacciióónn,,  odridreecnt ao  oin isntdruirceccitóan, 
doe c odmispcraimraibnlaer. a una persona con relación a otra que se encuentre en situación análoga
b)  Emitir declaraciones o transmitir informaciones públicamente, una persona física 
o jurídica, mediante las cuales se amenace, se insulte o se veje a una persona o grupo 
de personas.
c)  Los actos que impliquen aislamiento, rechazo o desprecio público y notorio de 
personas.
d)  Emitir por cualquier medio eslóganes, anuncios publicitarios, mensajes públicos 
o declaraciones públicas que conlleven una discriminación hacia una persona o el grupo 
al que pertenece.
e)  Emitir intencionadamente a través de medios de comunicación o redes sociales 
expresiones vejatorias o insultos contra una persona, contra el grupo al que pertenece o 
contra su familia que comporten discriminación.
f)  Dañar bienes muebles o inmuebles propiedad de una persona, del grupo al que 
pertenece o de su familia por causa de discriminación.
g)  Dañar el mobiliario público con pintadas que contengan insultos, expresiones 
vejatorias o símbolos que provoquen el rechazo o el desprecio hacia la diversidad de las 
personas que son objeto de la protección de la presente ley.
h)  Difundir, en la vía pública o dentro de un edificio, material o libros con contenido 
discriminatorio.
i)  Comercializar productos basados en estereotipos correspondientes a los motivos 
discriminatorios a los que se refiere el artículo 1.
j)  Difundir material discriminatorio en universidades o centros educativos o a través 
de medios de comunicación o redes sociales.
k)  Exhibir  en  la  vía  pública  mensajes,  pancartas  o  símbolos  de  carácter 
discriminatorio  o  convocatorias  o  anuncios  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas, eventos políticos, manifestaciones o reuniones públicas de cualquier índole 
de contenido discriminatorio.
l)  La reiteración en la utilización o la emisión de expresiones vejatorias, injuriosas y 
calumniosas en supuestos de discriminación, actos de intolerancia y conductas relativas 
a los delitos de odio en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de 
comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en las redes sociales.
m)  La  realización  de  actos  o  la  inclusión  de  disposiciones  o  cláusulas  en  los 
negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación.
n)  Impedir u obstaculizar la realización de cualquier trámite administrativo o el 
acceso a un servicio o establecimiento público por cualquiera de los motivos a que se 
refiere el artículo 1.
o)  La  obstrucción  o  la  negativa  absoluta  a  la  actuación  de  los  servicios  de 
inspección de la Administración.
p)  Utilizar, en peritajes que deben tener un uso administrativo o judicial, teorías o 
valoraciones que impliquen prejuicios correspondientes a cualquiera de las situaciones 
de discriminación reguladas por esta ley.
q)  Utilizar  la  enfermedad  mental,  en  el  caso  de  una  persona  que  no  ha  sido 
declarada incapaz, para limitar sus derechos.
r)  Implantar, aceptar o impulsar prácticas laborales discriminatorias que vulneren la 
dignidad de la persona o la igualdad de trato y que promuevan la discriminación y la 
intolerancia.
s)  Denegar, un profesional o un empresario, prestaciones a que una persona tenga 
derecho, en caso de que la denegación esté motivada por cualquiera de los motivos a 
que se refiere el artículo 1. s
t)  Denegar el acceso a los bienes y servicios disponibles para el público, o la oferta  oe.
de estos bienes y servicios, incluida la vivienda, en caso de que la denegación esté  w.
motivada por cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 1. 63ww
inforum) acNióon ,r eextiprarer siinomneesd ivaetajamtoerniates,  oe dl ep irnecsittaacdioórn  dae l au vnio lseenrcviiac.io de la sociedad de la
discvri)m  inGaoclipóena, ra oct omsa dltera itnatro ldeera onbcriaa  ya  cuonnad upcetrasso nreal astiinv acsa uas laorsl ed elelistoiósn d, ee no dsiuop.uestos de  BOE-A-cable e
w)  Elaborar, utilizar o difundir en centros educativos libros de texto o materiales 
didácticos  que  presenten  a  las  personas  como  superiores  o  inferiores  en  dignidad 
humana en función de su orientación o identidad sexual o su expresión de género, o que 
inciten a la violencia por este motivo.
x)  La comisión de tres infracciones leves, o más, siempre que en el plazo del año 
anterior  el  presunto  infractor  ya  haya  sido  sancionado  por  dos  infracciones  leves 
mediante resolución administrativa firme.
6.  Son infracciones muy graves:
a)  Los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, en los términos 
definidos por el artículo 4.n).
b)  El acoso discriminatorio, en los términos definidos por el artículo 4.e).
c)  La  facilitación  de  medios  técnicos,  económicos,  materiales,  informáticos  o 
tecnológicos  a  las  personas  y  los  grupos  que  promuevan  cualquier  forma  de 
discriminación.
d)  La  convocatoria  de  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas,  eventos 
políticos,  manifestaciones  o  reuniones  públicas  de  cualquier  índole  que  tengan  un 
carácter discriminatorio en tanto que en ellos se atente contra la igualdad de trato o se 
vulnere  la  dignidad  de  las  personas,  se  practiquen  o  promuevan  conductas  de 
intolerancia, de odio o de violencia o se incite a cualquier forma de discriminación.
e)  Los  comportamientos  agresivos  que  acompañen  cualquier  forma  de 
discriminación.
f)  Las represalias a que se refiere el artículo 4.y).
g)  Despedir a un trabajador, al amparo de la legislación laboral, por cualquier 
motivo de discriminación.
h)  Aplicar criterios de selección de personal que conlleven discriminación en el 
acceso al empleo, sea por la vía de la petición de datos de carácter personal, sea por la 
vía del establecimiento de condiciones particulares en los procesos de selección o por la 
vía de la publicidad o la difusión que se realice por cualquier medio.
i)  Impedir expresamente a alguien la realización de un trámite, la utilización de un 
servicio público o el acceso a un establecimiento abierto al público por cualquier motivo 
de discriminación.
j)  Abstenerse  de  intervenir,  las  personas  que  tengan  atribuido  el  deber  de 
intervención, ante cualquier forma de discriminación.
k)  Ejercer una presión intensa sobre una autoridad o cargo público, un agente de la 
autoridad,  un  funcionario  o  un  empleado  público  con  relación  a  las  potestades 
administrativas que le correspondan para la ejecución de las medidas reguladas por esta 
ley y por la normativa que la desarrolle.
l)  La comisión de tres infracciones graves, o más, siempre que en el plazo de los 
dos años anteriores el presunto infractor ya haya sido sancionado por dos infracciones 
graves mediante resolución administrativa firme.
Artículo 44.  Responsabilidad.
1.  Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, por acción u omisión, incurren en los 
supuestos de infracción establecidos por este título.
2.  Si una infracción es imputable a varias personas y no es posible determinar el  s
grado de participación de cada una en la comisión de la infracción, deben responder  oe.
solidariamente. w.
Artículo 45.  Sanciones.
1.  Las infracciones que establece la presente ley se sancionan con las siguientes 
multas:
a)  Infracciones leves, entre 300 y 10.000 euros.
b)  Infracciones graves, entre 10.001 y 40.000 euros.
c)  Infracciones muy graves, entre 40.001 y 500.000 euros.
2.  En  caso  de  que  una  discriminación  se  produzca  en  dependencias  de  la 
Administración  o  en  medios  de  comunicación  públicos,  incluidas  las  plataformas 
virtuales, la persona o el grupo responsables deberán hacer una manifestación pública 
de desagravio, en el mismo espacio o por los mismos canales, a fin de reparar el daño a 
la dignidad de la persona objeto de discriminación.
3.  Por la comisión de infracciones graves, el órgano que resuelva el expediente 
sancionador puede imponer, además de la multa correspondiente, una o más de una de 
las siguientes sanciones accesorias:
a)  Prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas, por un período de como 
máximo un año.
b)  Prohibición  de  contratar  con  la  Administración  de  la  Generalidad  y  con  los 
organismos y entes públicos dependientes, por un período de como máximo un año.
4.  Por  la  comisión  de  infracciones  muy  graves,  el  órgano  que  resuelva  el 
expediente sancionador puede imponer, además de la multa correspondiente, una o más 
de una de las siguientes sanciones accesorias:
a)  Prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas, por un período de como 
máximo dos años, que en caso de reincidencia o reiteración se puede alargar hasta un 
máximo total de cinco años, incluida la cancelación total o parcial de las ayudas o 
subvenciones ya reconocidas.
b)  Prohibición  de  contratar  con  la  Administración  de  la  Generalidad  y  con  los 
organismos y entes públicos dependientes, por un período de como máximo un año y un 
día y tres años.
Artículo 46.  Gradación de las sanciones.
1.  Las sanciones impuestas en virtud de la presente ley tienen por objetivo la 
prevención,  la  disuasión,  la  reparación  y  la  corrección  de  los  perjuicios  que  la 
discriminación  haya  causado  o  pueda  causar,  y  deben  graduarse  manteniendo  la 
proporción adecuada con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. El importe 
de la multa debe fijarse de modo que al infractor no le resulte más beneficioso abonarla 
que cometer la infracción, y en todo caso las sanciones deben aplicarse en grado 
mínimo, medio o máximo de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  El grado de culpabilidad y la intencionalidad de la persona física o jurídica 
responsables de la infracción.
b)  Los perjuicios físicos, morales y materiales causados a las personas, los daños 
causados a los bienes y la situación de riesgo creada o mantenida.
c)  La naturaleza de los daños causados.
d)  El carácter permanente o transitorio de la situación de riesgo creada por la  e.e
infracción. w.b
e)  El número de personas afectadas, la repercusión económica y social de las  63ww
infrafc) cioLnae dsi syc erilm girnaadcoió dne m dúiflutispilóen y d lea  lvaisc taimctizuaacciióonn esse.cundaria.
hg))   EEll  ginracduom dpeli mpaierntitcoip areciitóenr aedno l ad ceo mlaiss ióand dvee rltae nincfiraasc coió nr.ecomendaciones  previas
sobre la actuación o el comportamiento discriminatorios.
i)  La comisión reincidente o reiterada en el plazo de un año de una infracción de la 
misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.
j)  El beneficio económico que haya podido generar la infracción.
k)  La condición de autoridad, agente de esta, personal funcionario o empleado 
público de la persona infractora.
l)  La reparación por iniciativa propia del daño causado, en cualquier momento del 
procedimiento administrativo sancionador, si aún no se ha dictado resolución.
2.  Si de la comisión de una infracción deriva necesariamente la comisión de otra u 
otras infracciones, debe imponerse la sanción correspondiente a la infracción más grave.
3.  Si la infracción la comete un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la 
sanción se aplica en su grado máximo.
Artículo 47.  Sanciones accesorias.
1.  La sanción impuesta por la comisión de una infracción leve o de una infracción 
grave puede ser sustituida por el órgano que resuelva el expediente sancionador, con el 
consentimiento de la persona sancionada, por la cooperación no retribuida de la persona 
infractora en actividades de utilidad pública con interés social y valor educativo, o en 
tareas de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas de 
discriminación, o por la asistencia a cursos de formación o sesiones individualizadas, o 
por cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad de concienciar a la persona 
infractora en materia de igualdad de trato y no discriminación y de reparar el daño moral 
causado a las víctimas y a los grupos discriminados.
2.  La Administración pública en materia sancionadora debe destinar los ingresos 
derivados de la imposición de las sanciones que establece la presente ley a actuaciones 
relacionadas a garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación.
Artículo 48.  Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1.  Las infracciones leves prescriben al cabo de doce meses; las graves, al cabo de 
tres años, y las muy graves, al cabo de cuatro años.
2.  Las sanciones impuestas al amparo de la presente ley prescriben al cabo de un año, si 
son leves; al cabo de cuatro años, si son graves, y al cabo de cinco años, si son muy graves.
Artículo 49.  Procedimiento sancionador.
1.  Sin perjuicio de los regímenes sancionadores específicos establecidos por la 
legislación  sectorial,  corresponde  al  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación la potestad de incoar e instruir los expedientes 
sancionadores por las infracciones administrativas en materia de igualdad de trato y no 
discriminación, y la imposición de las correspondientes sanciones. Si este organismo 
específico,  en  el  transcurso  de  la  fase  de  instrucción,  considera  que  la  potestad 
sancionadora  con  relación  a  la  presunta  conducta  infractora  corresponde  a  otra 
administración  pública,  debe  ponerlo  en  conocimiento  de  esta  administración  y 
trasladarle el correspondiente expediente.
2.  El plazo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento sancionador es 
de seis meses.
Artículo 50.  Procedimientos específicos en casos de responsabilidad pública. e.e
1.  En los casos de infracciones tipificadas por la presente ley en que se aporte al  63ww
edacoxegpm elenapdt eeiietn ednfnretaet ec la,sc a ióanenucn ti oporuncideauaddadeon, rt o ruue nnct  aepfeunrrnign casci ooipnbcioaroe rndi ooue cn opiam ru uianeeu nbettaoom r dipdedlaele daq  duoeoe l l copsa,úe rb gidlnoicef iobep,erú a eb llq aicóudoreogs pa,l atnao orr e  basileapdnsom  nisnsmoaisbebtrrdielaiidd tiauvadons     OE-A-2021-16able en https://
provisionales pertinentes para poner fin a la situación de discriminación.
2.  En  el  supuesto  a  que  se  refiere  el  apartado  1,  el  órgano  administrativo 
competente, además de instruir el procedimiento sancionador que proceda, debe iniciar 
el correspondiente procedimiento disciplinario, de acuerdo con la legislación aplicable, 
respecto a los presuntos responsables de la infracción que tengan la condición de 
personal al servicio de las administraciones públicas.
3.  Si  la  resolución  de  un  procedimiento  sancionador  instruido  en  virtud  de  la 
presente ley imputa la responsabilidad de la infracción a una autoridad o cargo público o 
a personal al servicio de las administraciones públicas, los hechos declarados probados 
en la resolución vinculan a la Administración en el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial que se deberá instruir para determinar la indemnización que pueda proceder 
por los daños y perjuicios causados a la víctima de la discriminación.
Artículo 51.  Procesos de mediación en las administraciones públicas.
El  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación,  al  tener  conocimiento  de  una  situación  de  discriminación  en  una 
administración pública, debe procurar, preferentemente, iniciar un proceso de mediación 
antes de incoar, con carácter alternativo y subsidiario, el correspondiente procedimiento 
sancionador.  En  todo  caso,  el  proceso  de  mediación  no  excluye  las  medidas  de 
reparación que regula la presente ley.
Artículo 52.  Derechos de la víctima en el procedimiento sancionador.
La persona afectada por alguna de las infracciones tipificadas por la presente ley, sin 
perjuicio  de  lo  establecido  por  la  Ley  del  Estado  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, tiene derecho, en 
el marco del procedimiento sancionador, a:
a)  Recibir la comunicación de la incoación del procedimiento sancionador, con 
información clara sobre el derecho que le corresponde a obtener una indemnización o 
una reparación del daño causado por la conducta constitutiva de la infracción y sobre el 
resto de derechos que tiene como víctima en el procedimiento sancionador.
b)  Recibir las alegaciones del presunto infractor.
c)  Acceder al procedimiento sancionador y obtener copia de la totalidad del expediente.
d)  Disfrutar de un trámite de audiencia para poder formular alegaciones y proponer 
prueba.
e)  Obtener resolución expresa sobre la forma de reparación del daño causado, 
salvo que haya renunciado a ello expresamente.
Disposición  adicional  primera.  Nombramiento  de  la  dirección  del  Organismo  de 
Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
El  Gobierno  debe  designar  en  el  plazo  de  tres  meses  a  la  persona  titular  del 
Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación a 
que se refiere el artículo 33.3.
Disposición adicional segunda.  Modificación del artículo 38 de la Ley 11/2014.
Se modifica el apartado 1 del artículo 38 de la la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para  es
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, que queda redactado del siguiente modo: bo
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de Trato y la No Discriminación, sin perjuicio de la competencia del Ayuntamiento
de Barcelona en esta materia.» Bc
Disposición adicional tercera.  Convenio de colaboración.
El Gobierno debe firmar un Convenio de coordinación entre la Oficina de Derechos 
Civiles y Políticos y el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la 
No Discriminación para la coordinación en los ámbitos subjetivos y materiales a que se 
refiere la presente ley.
Disposición adicional cuarta.  Exigencia de representación equilibrada de mujeres y 
hombres en los organismos creados por la presente ley.
Los organismos creados en virtud de la presente ley no se pueden constituir si no 
cumplen  los  requisitos  de  paridad  mínima  establecidos  por  el  artículo  18.2  de  la 
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Disposición adicional quinta.  Seguimiento de las políticas europeas contra el racismo y 
la intolerancia.
Las  administraciones  públicas  deben  velar  por  el  cumplimiento  de  las 
recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
Disposición adicional sexta.  Aplicación del régimen sancionador a los entes locales.
1.  Las disposiciones de la presente ley se aplican a los entes locales, entendiendo 
que los municipios que hayan regulado expresamente los supuestos discriminatorios 
incluidos  en  esta  ley  mantendrán  su  potestad  sancionadora,  siempre  que  dicha 
regulación sea conforme a los parámetros establecidos por la presente ley.
2.  En  caso  de  que  un  ente  local  tenga  conocimiento,  en  ejercicio  de  sus 
competencias, de uno de los supuestos de discriminación incluidos en la presente ley, 
debe incoar el correspondiente procedimiento administrativo, mediante el cual se pueden 
acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las 
medidas adecuadas y proporcionadas para poner fin a la situación de discriminación e 
imponer la sanción que proceda.
3.  Los  entes  locales  pueden  pedir  la  delegación  de  la  potestad  sancionadora 
regulada por la presente ley, competencia que deberán ejercer en coordinación con el 
Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Disposición adicional séptima.  Régimen jurídico especial de la ciudad de Barcelona.
1.  El  Ayuntamiento  de  Barcelona,  de  acuerdo  con  el  artículo  129.e  de  la 
Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, dispone de 
potestad  sancionadora  con  relación  a  los  comportamientos  xenófobos,  racistas  y 
sexistas, y le corresponde la competencia para regular estas conductas infractoras y 
cualquier  otra  conducta  discriminatoria,  para  incoar  e  instruir  los  correspondientes 
procedimientos sancionadores y para imponer las sanciones que procedan.
2.  El Ayuntamiento de Barcelona ejerce, en el marco de sus competencias, la 
potestad para aplicar el régimen sancionador regulado por la Ley 11/2014, de 10 de 
octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
3.  El Ayuntamiento de Barcelona debe ejercer la potestad a que se refieren los 
apartados 1 y 2 en coordinación con el Organismo de Protección y Promoción de la  es
Igualdad de Trato y la No Discriminación. bo
Disposición adicional octava.  Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación 
o violencia en la Administración pública.
El Gobierno debe aprobar en el plazo de ocho meses el protocolo de actuación ante 
situaciones de discriminación o violencia en la Administración pública a que se refiere el 
artículo 3.3.
Disposición adicional novena.  Cambio de nombre y reconocimiento del sexo de las 
personas transgénero.
El Gobierno debe aprobar en el plazo de doce meses un anteproyecto de ley sobre el 
cambio de nombre y el reconocimiento del sexo de las personas transgénero, basándose 
en recomendaciones internacionales como la Resolución 2018 (2015) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa.
Disposición adicional décima.  Evaluación del impacto social de la Ley.
1.  El Gobierno, mediante el órgano que coordine las políticas públicas en materia 
de igualdad de trato y no discriminación, debe evaluar el impacto social de la presente 
ley, una vez transcurridos sus dos primeros años de vigencia, y debe hacer públicos los 
resultados de dicha evaluación.
2.  El Gobierno, mediante el órgano competente, debe recopilar datos que permitan 
identificar  patrones  de  discriminación  en  la  actuación  de  las  fuerzas  y  cuerpos  de 
seguridad, y que permitan detectar en particular el uso de perfiles raciales en tareas de 
investigación y vigilancia policiales.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  para  los  procedimientos 
sancionadores en el ámbito de la Administración.
1.  Los procedimientos sancionadores que hayan sido incoados antes de la entrada 
en vigor de la presente ley se rigen por la normativa anterior.
2.  El Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de 
aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad, mantiene su vigencia hasta 
que se apruebe el reglamento de desarrollo del régimen sancionador que regula la 
presente ley.
Disposición  transitoria  segunda.  Competencia  en  procedimientos  sancionadores 
relativos a la Ley 11/2014.
Mientras no se constituya el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de 
Trato y la No Discriminación, la competencia para incoar los expedientes administrativos 
tramitados en virtud del régimen sancionador de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 
para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y para imponer las subsiguientes 
sanciones, corresponde a la persona titular de la secretaría general del departamento 
competente en materia de no discriminación de las personas LGBTI.
Disposición transitoria tercera.  Competencia en procedimientos sancionadores relativos 
a discriminaciones por razón de discapacidad física, sensorial, intelectual o mental u 
otros tipos de diversidad funcional. es
Mientras no se constituya el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de  w.
Trato y la No Discriminación, la competencia para incoar los expedientes administrativos  63ww
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Disposición final primera.  Preeminencia de la legislación sectorial.
Las  disposiciones  de  la  presente  ley  tienen  carácter  supletorio  respecto  a  la 
legislación sectorial específica, y en particular respecto a la Ley 11/2014, de 10 de 
octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 
intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y respecto a la 
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
1.  El  Gobierno  y  los  departamentos  de  la  Generalidad,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, deben dictar en el plazo de ocho meses el reglamento de 
desarrollo del régimen sancionador y las demás disposiciones que sean necesarias para 
la ejecución de los preceptos de la presente ley.
2.  El Gobierno debe aprobar en el plazo de ocho meses el decreto de regulación 
del  Organismo  de  Protección  y  Promoción  de  la  Igualdad  de  Trato  y  la  No 
Discriminación, que debe establecer su denominación, estructura y funcionamiento en 
los términos que determina el título IV.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al cabo de un mes de su publicación en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Barcelona, 30 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  Presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès i Garcia.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El 
Homrani Lesfar´.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8307, de 31 de diciembre de 2020)