BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127887
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17098 Sala Primera. Sentencia 149/2021, de 13 de septiembre de 2021. Recurso de 
amparo  4949-2018.  Promovido  por  don  Jesús  María  Sánchez  García 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Audiencia  Provincial  y  un 
juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de ejecución de 
sentencia de divorcio. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso): resoluciones de la letrada de la administración 
de justicia que fueron objeto de control jurisdiccional.
ECLI:ES:TC:2021:149
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María Luisa 
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4949-2018, promovido por don Jesús María Sánchez 
García, representado por el procurador de los tribunales don Álvaro Ferrer Pons y 
asistido por el abogado don Javier de la Puente Martorell, frente al auto de la Sección 
Decimoctava  de  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona,  de  25  de  mayo  de  2018, 
desestimatorio del recurso de apelación núm. 1136-2017, y contra el decreto del letrado 
de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona 
de 8 de abril de 2015, dictado en los autos de ejecución núm. 984-2010, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 1 de diciembre 
de 2014, que dejó sin efecto el remate de la primera subasta. Ha sido parte doña María 
José Arnalda Piñol, representada por el procurador de los tribunales don Jesús Iglesias 
Pérez y asistida por la letrada doña Marta Rufilanchas Guirado, y ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el día 25 de septiembre de 2018, el 
procurador de los tribunales don Álvaro Ferrer Pons, en nombre y representación de don 
Jesús María Sánchez García, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en los que tiene su origen el presente recurso, y relevantes para su 
resolución, son, en síntesis, los siguientes: es
a)  Contra el demandante de amparo se promovió el 19 de noviembre de 2010  w.
procedimiento  de  ejecución  de  la  sentencia  de  divorcio  dictada  por  el  Juzgado  de  098ww
ePlr imimepraag Ion sdtaen dcieat enrúmmin.a 5d1a sd ep eBnasricoenleosn ad, ee na lrimecelanmtoasc eiónn  fdaev olar sd cea snutisd ahdiejoss ,d eabciodradsa dpaosr 
njuúdmic.i a9lm8e4n-2te0.1 0L,a  sdeegmuaidnod aa ndtieo  leulg amr isaml por oJcuezdgimadieon tdoe d eP reimjeecruac ióInns tdaen ctiíatu lnoús mju. d5ic1ia ldees   BOE-A-cable e
Barcelona, que dictó orden general de la ejecución y despacho de la misma mediante 
auto de 13 de enero de 2011. Por decreto de la misma fecha se acordó el embargo de la 
mitad indivisa de la finca núm. 15973, librando mandamiento al registro de la propiedad 
para que procediera a la anotación preventiva del mismo.
b)  Una vez personado el recurrente en las actuaciones y formulada oposición a la 
ejecución, el juzgado, mediante auto de 31 de mayo de 2012, acordó desestimar dicha 
oposición así como concretar las cantidades a que ascendía la ejecución por principal, 
intereses y costas, que fueron ampliadas en ulteriores resoluciones ante el vencimiento 
de nuevos plazos de la obligación en virtud de la cual se despachó la ejecución. La 
desestimación de la oposición fue confirmada por auto de 15 de enero de 2014, de la 
Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona, resolutorio del recurso de 
apelación promovido por el actor.
c)  Por diligencia de 22 de septiembre de 2014, se procedió por la letrada de la 
administración de justicia a la liquidación de cargas y fijación de la valoración de la finca 
para subasta, acordándose por diligencia de ordenación de 25 de septiembre de 2014 la 
subasta de la mitad indivisa de la finca embargada, señalando para su realización el 7 de 
noviembre  de  2014  a  las  12:00  horas,  con  publicación  a  tales  efectos  de  los 
correspondientes edictos. La diligencia de liquidación de cargas fue objeto de recurso de 
reposición por parte del demandante de amparo, siendo desestimado el mismo por 
decreto de 30 de octubre de 2014.
d)  Celebrada la subasta, y siendo la única postura presentada inferior al 70 por 100 
del valor de tasación del bien a efectos de subasta, por la ejecutante se ofreció postura 
igual al 70 por 100 del valor del bien, por lo que, mediante decreto de 30 de octubre 
de 2014, se aprobó el remate de la finca subastada en favor de la ejecutante, por la 
cantidad  de  67814,37  euros.  No  obstante,  la  ejecutante  presentó  escrito  el  25  de 
noviembre de 2014 indicando que  no podía adjudicarse la finca subastada por no 
disponer  de  medios  económicos  para  ello.  Por  diligencia  de  ordenación  de  1  de 
diciembre de 2014 se acordó dejar sin efecto el remate aprobado por decreto de 30 de 
octubre de 2014, dando la posibilidad a la ejecutante de instar la celebración de nueva 
subasta.
A  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas  por  las  partes,  la  letrada  de  la 
administración de justicia dictó diligencia de ordenación con fecha 17 de diciembre 
de 2014 acordando sacar nuevamente a subasta la mitad indivisa de la finca embargada 
y señalando para que la misma tuviera lugar el 17 de febrero de 2015 a las 10:00 horas.
e)  El demandante de amparo interpuso con fecha 16 de diciembre de 2014 recurso 
de reposición contra la diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2014, en el que, 
con invocación de los arts. 653, 247 y 671 in fine de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), 
así como de jurisprudencia relativa a la ilegalidad de la quiebra de la subasta por la parte 
ejecutante,  solicitó  la  reposición  de  dicha  diligencia  en  el  sentido  de  obligar  a  la 
ejecutante a pagar el precio final del remate, y que, en caso contrario, se le condenara a 
indemnizarle por daños y perjuicios por quebrar la subasta de manera fraudulenta o, 
cuando menos, negligente, en una cuantía igual o equivalente al importe de la deuda por 
la que se sacó el bien a subasta, procediéndose, asimismo, al alzamiento del embargo. 
También interpuso recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 17 de 
diciembre de 2014, interesando, además de lo ya solicitado en el recurso anterior, la 
desconvocatoria de la celebración de la nueva subasta y la declaración de nulidad de 
todo lo actuado tras el decreto de adjudicación de 30 de octubre de 2014.
f)  Los dos recursos de reposición fueron desestimados por decreto de 8 de abril  s
de  2015,  que  confirmó  íntegramente  las  diligencias  de  ordenación  impugnadas,  oe.
acordando nuevos señalamientos de subasta para el 27 de mayo de 2015 a las 11:00  w.
horas. Al final del decreto se indicaba: «Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que  098ww
rceocnutrrari r,e sstai  rfeuseoralu cipórno cneod ecnatbee,  relac urressoo alulgcuiónno , dseinfi npietivrjau ic(ioa rdtíecu rleop r4o5d4u cibr ilsa  cLuEeCs)ti»ó.n  Eall 
ddeem loa nddisapnutee sdtoe  aemn peal raor tp. r4e5s4e nbtóis .e1s cLrEitoC ,e iln 1te4r edsea abbar ial  dseu  2d0e1r5e,c hsoe ñraelparnoddou cqiur eto, daa tse nlaosr   BOE-A-cable e
cuestiones planteadas en sus dos recursos de reposición, a fin de que se solventaran en 
la  resolución  que  pusiera  fin  al  procedimiento.  Esta  pretensión  fue  rechazada  en 
diligencia  de  ordenación  de  23  de  abril  de  2015,  en  la  que  se  indicaba  que  la 
reproducción de la cuestión objeto del recurso de reposición debería hacerse al recurrir 
la resolución definitiva que se dictara en el procedimiento.
g)  Por providencia de la misma fecha se concedió el plazo de diez días a las partes 
para formular alegaciones, en relación con lo dispuesto en el art. 247 LEC, presentando 
ambas escritos en los que alegaron lo que tuvieron por conveniente. Este incidente fue 
resuelto por providencia de 23 de marzo de 2017, en la que se señala que no se 
considera que la conducta de la parte actora en el procedimiento sea merecedora de 
reproche procesal conforme al art. 247 LEC. Según se indicaba en la misma, contra 
dicha providencia cabía recurso de reposición, que no consta haber sido interpuesto.
h)  Tras  diversas  vicisitudes  procesales,  incluida  la  celebración  de  subasta  sin 
presentación de posturas y la solicitud de la ejecutante interesando que se le adjudicara 
el bien embargado por las cantidades debidas, la letrada de la administración de justicia 
dictó decreto con fecha 27 de febrero de 2017, adjudicando a la ejecutante la finca 
subastada por el importe de 37 061,25 euros, que cubría las cantidades reclamadas por 
principal,  intereses  y  costas.  Contra  dicho  decreto  interpuso  la  representación  del 
demandante de amparo recurso de reposición, en el que denunció la infracción del 
art. 671 LEC, la no inclusión en dicha cuantía de las costas devengadas en distintos 
incidentes  habidos  en  el  procedimiento,  así  como  el  hecho  de  que  se  encontraba 
pendiente de resolver la pieza separada por mala fe procesal de la parte ejecutante. El 
recurso fue desestimado por decreto de 23 de marzo de 2017, en el que se razonaba 
que se trataba de una maniobra dilatoria del procedimiento, no fundada en causa legal o 
jurídica alguna. Asimismo, se indicaba que contra el mismo no cabía recurso alguno, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 454 bis LEC.
i)  Por  decreto  de  23  de  marzo  de  2017,  se  declaró  terminado  el  proceso  de 
ejecución  promovido  contra  el  recurrente  en  amparo,  así  como  el  archivo  de  las 
actuaciones. Frente a dicha resolución promovió el actor recurso de revisión, en el que 
denunció la infracción de los arts. 570 y 671 LEC, aduciendo que se había procedido al 
archivo sin que el acreedor ejecutante hubiera visto satisfecho enteramente su crédito 
por todos los conceptos derivados de la ejecución, ya que no se habían incluido en las 
costas judiciales todas las devengadas por la ejecutante a lo largo del procedimiento, de 
manera que podrían ser reclamadas al ejecutado en cualquier otro momento. Por medio 
de otrosí interesó, con fundamento en el art. 454 bis LEC, la reproducción de todas las 
cuestiones  planteadas  en  los  anteriores  recursos  de  reposición  promovidos  por  el 
ejecutado en el proceso de ejecución (que se daban por reproducidas por economía 
procesal), a fin de que se solventaran –en especial la relativa a la quiebra de la subasta 
llevada a cabo por la ejecutante– en la resolución definitiva.
j)  El recurso de revisión fue desestimado por auto de 2 de mayo de 2017, cuyo 
único fundamento de Derecho era del siguiente tenor: «Habiéndose determinado las 
costas e intereses de este procedimiento, en los términos en que se ha hecho constar en 
el  decreto  recurrido,  no  se  considera  infringido  por  el  mismo  lo  dispuesto  por  los 
artículos 671 ni 570 de la LEC, alegados por el recurrente, y procede la desestimación 
del recurso en todos sus términos, incluidos los planteados por otrosí respecto de la 
reproducción del resto de cuestiones planteadas en anteriores recursos de reposición, 
confirmando íntegramente los argumentos utilizados en los mismos».
k)  Contra la anterior resolución interpuso el actor recurso de apelación, en el que se  s
refirió a la quiebra de la primera de las dos subastas celebradas, denunciando: i)  oe.
infracción del art. 653.2 LEC, por las irregularidades cometidas por la ejecutante y el  w.
juzgado  a  quo  en  dicha  primera  subasta,  habiéndosele  irrogado  perjuicios  por  la  098ww
cporoncdeuscatal) ; iliíiic)i tlaa  idnefrsapclecigóand dae pl oarr t.l a6 7e1je cinu tfainnete L; EiiC)  vyi oivla)c iinófnra dcceiló na rtd. e2 l4o7s  aLrEtsC.  5(b7u0e yn a6 7f1e 
LaEcrCe,e dyo nr eecjeecsuidtaandt ed,e l oc uqlumei neanr  eesl tep rcoacseos on od es ee hjeacburcíaió pnr ocdounc liad oc.ompleta satisfacción del  BOE-A-cable e
l)  El recurso de apelación fue desestimado por auto de la Sección Decimoctava de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 de mayo de 2018. Razona la Sala que el 
tema que se somete a análisis ya fue resuelto, pues la petición de condena a indemnizar 
daños y perjuicios con cargo al depósito o a cargo de la ejecutante y a alzar el embargo 
fue rechazada por diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2014, que dejaba sin 
efecto el remate y negaba la retención del depósito por haber sido devuelto, diligencia 
«confirmada por decreto de 8 de abril de 2015, que es firme, pues no se presentó 
recurso alguno». La ejecutante hizo uso de las previsiones del art. 671 LEC, y por 
decreto de 27 de febrero de 2017 se le adjudicó el bien subastado, trámite que supera el 
anterior,  sin  que  se  diga  nada  sobre  la  procedencia  o  no  de  la  adjudicación, 
reproduciéndose una problemática que ya había sido resuelta con anterioridad. Añade el 
auto que el art. 653.2 LEC, que contempla la indemnización que solicita el apelante, está 
previsto para el postor que actúa en connivencia con sucesivos postores de pujas más 
bajas, y que no perdería nada si se le devolviese el depósito con indemnidad y en 
perjuicio del ejecutante y del ejecutado. Además, en la subasta no pidió el ejecutado la 
retención del depósito para el caso de que la puja quebrase, y, en todo caso, su destino 
no es indemnizar al ejecutado, sino pagar las costas de la subasta quebrada y pagar al 
ejecutante en lo que exceda, a cuenta del principal, intereses y costas. Por último, si el 
letrado de la administración de justicia señala una nueva subasta y el ejecutado lo tolera, 
ya no es posible reclamar nada con cargo a un depósito ya devuelto.
m)  Con fundamento en el art. 215.1 y 2 LEC, presentó el actor escrito en solicitud 
de subsanación del anterior auto, alegando, en primer lugar, que no había resuelto todos 
los pedimentos expuestos en el recurso de apelación, pues nada se dice ni sobre la 
posible conculcación por la ejecutante de las normas de la buena fe procesal, ni sobre la 
necesidad de culminar el proceso de ejecución con la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante, resolviéndose solo acerca de la cuestión de la quiebra de la subasta y la 
supuesta existencia de cosa juzgada. Por otro lado, entiende que no se le puede cerrar 
la vía al recurso de casación ni al extraordinario por infracción procesal, por cuanto el 
auto no acierta a la hora de relatar lo actuado en la instancia en relación con la supuesta 
falta de recurso contra el decreto de 8 de abril de 2015, dictado, no por el juez, sino por 
la letrada de la administración de justicia, y que no fue recurrido sencillamente porque 
era  irrecurrible,  según  se  establecía  en  el  mismo.  Por  esa  razón,  se  presentó  de 
inmediato escrito solicitando la reproducción de dicha cuestión al recurrir la resolución 
definitiva dictada por el juzgado a quo.  Y frente a la resolución de este interpuso 
recurso de apelación a fin de que la cuestión de la quiebra de la subasta fuera debatida 
en  segunda  instancia.  Sin  embargo,  sorprendentemente,  el  auto  de  la  Audiencia 
Provincial entiende que sobre esta concreta cuestión hay cosa juzgada por no haber 
recurrido la parte en su momento el referido decreto, lo que lleva a la paradoja de no 
dejar a la parte apelante salida alguna, al cerrársele las puertas del recurso de casación 
y/o extraordinario por infracción procesal, conculcando el principio constitucional de 
acceso al recurso. Concluyó el escrito solicitando que se permitiera el acceso al recurso 
de casación y extraordinario por infracción procesal, e interesando que se resolvieran en 
la propia instancia todas las pretensiones expuestas en el recurso de apelación.
n)  La anterior petición fue resuelta por auto de 27 de junio de 2018, en el que la 
Sala acuerda no haber lugar a la subsanación interesada, pues, de un lado, el acceso o 
no a los recursos extraordinarios no puede ser objeto de aclaración, ni de subsanación, 
viniendo establecido por normas imperativas, y, de otro, la argumentación de la Sala no 
se limita a apreciaciones sobre cosa juzgada, entendiendo que se da respuesta a los  s
motivos de la apelación. oe.
3.  La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial  098ww
Aefuedciteivnac iasi nP rinodvienfceinasl iódne  (Baartr.c e2l4o.n1a  CdEe)s,e esntim laa  veel rtrieecnuters od ed ea cacpeesloa caiól nre aclu resnot epnodreqru eq ulea 
deexi s2t0e1 c5o,s fare junzteg aadl aq,u yea  nqou ec anboí as er epcruersreirn, tsóe rgeúcnu reslo a arltg. u4n5o4  cboins.t1ra L eEl Cde, cqrueeto s doelo 8 p deer mabitírail 
reproducir la cuestión más adelante. Esta es la razón por la que no se pudo recurrir dicho
decreto, acogiéndose el actor desde ese momento a la previsión legal de reproducir la 
cuestión en un momento procesal posterior, momento que no llegó hasta la interposición 
del  recurso  de  apelación,  escrito  en  el  que  se  reprodujo  la  cuestión  solicitando  la 
condena a indemnizarle por daños y perjuicios con cargo al depósito o a cargo de la 
ejecutante, y que se alzara el embargo. No obstante, la audiencia provincial le cerró la 
vía de recurso respecto de una resolución que ni siquiera fue dictada por el juez de 
instancia, con lo que la cuestión principal del pleito, reproducida en la apelación, no ha 
podido ser debatida en cuanto al fondo en ningún momento, quedando finiquitada por 
una simple e «inconstitucionalmente irrecurrible» resolución dictada por un letrado de la 
administración de justicia.
Con cita de las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, y 72/2018, de 21 de junio, relativas a 
los arts. 102 bis.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA) y 188.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS), afirma el actor que se 
le ha cerrado la vía de recurso por el art. 454 bis.1 LEC, equivalente a aquellos, que se 
le ha impedido no solo recurrir en la instancia frente al juez, sino también reproducir la 
cuestión en el recurso de apelación, lo cual conculca claramente el art. 24 CE. Entiende 
el demandante de amparo que la estimación de este recurso no solo ha de dar lugar a 
anular las dos resoluciones recurridas, sino, también, a declarar la inconstitucionalidad 
del citado art. 454 bis.1 LEC.
4.  Por providencia de fecha 17 de junio de 2019, la Sección Segunda de este 
tribunal dispuso la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que en el 
mismo concurre una especial trascendencia constitucional como consecuencia de que la 
posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley 
o  de  otra  disposición  de  carácter  general  [STC  155/2009,  FJ  2  c)].  Asimismo,  en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación a la Sección Decimoctava de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera 
certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la apelación 
núm. 1136-2017. Igual comunicación se acordó dirigir al Juzgado de Primera Instancia 
núm. 51 de Barcelona, para que, en el mismo plazo, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a la ejecución de títulos judiciales núm. 
984-2010,  previo  emplazamiento  de  quienes  fueron  parte  en  el  mencionado 
procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer en este recurso de amparo.
5.  Mediante escrito registrado el 9 de septiembre de 2019, el procurador de los 
tribunales don Jesús Iglesias Pérez solicitó que se le tuviera por personado en el 
presente recurso en nombre y representación de doña María José Arnalda Piñol.
Por diligencia de ordenación de 10 de septiembre de 2019 se concedió a dicho 
procurador un plazo de diez días para que su representada otorgara apoderamiento 
apud  acta  en  el  modo  y  forma  legalmente  establecidos.  El  requerimiento  quedó 
cumplimentado por escrito presentado el 20 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
aportó poder general para pleitos otorgado por la señora Arnalda Piñol.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  27  de  septiembre  de  2019,  se  tuvo  por 
personado al procurador don Jesús Iglesias Pérez en nombre y representación de doña 
María  José  Arnalda  Piñol,  teniéndose  también  por  recibidos  los  testimonios  de  las 
actuaciones  remitidos  por  la  Sección  Decimoctava  de  la  Audiencia  Provincial  de  s
Barcelona y por el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona. Asimismo, a  oe.
ppteaunrdotieers rd apene  plrosr eodsniesapndutaaesrs  ltyao s a eal nlMe eginla icasirtote.n rie5os2   FqLiusOecT aaCl,  s, puso edr  eaercel ocprhldaoóz c odo ancrov imvniiúsetnraa  d.dee  vlaesin atec tduíaacsi,o npeasra a  qluaes   2021-17098n https://www.
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formular el correspondiente escrito de alegaciones, al residir la letrada que asiste a su 
representada  en  Barcelona.  A  través  de  nuevo  escrito  registrado  el  8  de  octubre 
de 2019, la letrada se dio por instruida en las actuaciones y solicitó que se le otorgara 
plazo para formular alegaciones, petición que fue atendida en virtud de diligencia de 
ordenación de 10 de octubre de 2019, concediéndole nuevo plazo de veinte días para 
presentar sus alegaciones.
8.  El 31 de octubre de 2019 tuvo entrada el escrito de alegaciones del Ministerio 
Fiscal, que solicitó el dictado de sentencia en los términos propuestos en el escrito, 
acordando la suspensión del recurso de amparo hasta la resolución de la cuestión de 
inconstitucionalidad núm. 2754-2019 o, subsidiariamente, que se deniegue el amparo 
solicitado.
Tras la exposición de los antecedentes del caso, señala, en primer lugar, el fiscal que 
la queja se centra en la denuncia de la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a los recursos, descartando que dicha 
queja  pueda  fundarse  en  la  falta  de  motivación  de  la  resolución  de  la  Audiencia 
Provincial de Barcelona, o en que esa motivación sea arbitraria o manifiestamente 
errónea, extremo que el recurso no alega explícitamente.
La vulneración la basa el recurrente en que el juez no hizo una interpretación del 
art. 454 bis LEC que permitiera el control judicial, fundamentándolo en la doctrina que 
considera  aplicable  por  analogía,  referida  a  otros  órdenes  jurisdiccionales,  cuya 
regulación –afirma– es idéntica o similar, referida a la recurribilidad de las decisiones de 
los letrados de la administración de justicia. A continuación, se refiere el fiscal a la 
STC 58/2016, que declaró la inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 102 bis.2 
LJCA por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, decisión que el recurrente 
trasladó a su caso, aunque referida al art. 454 bis LEC. Tras reproducir parte de la 
fundamentación de dicha sentencia, el fiscal afirma que, de acuerdo con ella, no basta 
con que se establezca que no cabe recurso si el control judicial se puede ejercer de otra 
forma,  existiendo  la  posibilidad  de  reproducir  la  cuestión  al  recurrir  la  resolución 
definitiva, lo que podría ser suficiente garantía del control jurisdiccional de una decisión 
que es administrativa. Lo determinante, pues, no es tanto si cabe recurso contra el 
decreto del letrado de la administración de justicia, sino si está sometido a control 
judicial, de modo que esa falta de sometimiento al mismo vulneraría el derecho a la 
tutela judicial efectiva por ser contrario a la exclusividad de la función jurisdiccional de los 
jueces y magistrados del art. 117 CE, tal y como se recoge en el FJ 7 de la STC 58/2016, 
que reproduce el fiscal.
Sin embargo, según entiende el ministerio público, hay una diferencia fundamental 
entre el art. 102 bis LJCA y el art. 454 bis LEC, pues la regulación relativa al proceso civil 
habla de otra vía indirecta o alternativa al recurso, y si entendiéramos que la cláusula 
que remite a las partes a reproducir la cuestión en la primera audiencia o a plantearla por 
escrito antes de que se dicte la resolución definitiva, cubre todas las posibilidades de 
control, e impide la existencia de ningún espacio de inmunidad, deberíamos concluir que 
la imposibilidad de recurso no vulneraría ningún derecho fundamental, pues estaría 
garantizado el control judicial, que es lo determinante. Si, por el contrario, pensáramos 
que siempre quedará un hipotético ámbito de inmunidad, tal como hace el recurrente, 
poniendo de manifiesto la posibilidad de que finalice el proceso con la adjudicación 
definitiva del inmueble sin que se produzca forzosamente un pronunciamiento judicial, 
entonces la conclusión sería distinta. En este último supuesto la vulneración se habría 
producido en la propia ley, concretamente en el párrafo primero del art. 454 bis LEC, y no  e.
tanto en la resolución objeto de amparo, por lo que debe entenderse que no ha habido la  w.b
vulneración denunciada del derecho fundamental. 098ww
normAal  noa h aabpélriscealre  pyla nltae adCoo anls ótirtguacinóon ,j udnicoi al snein guhnaa  dpurodma osvoibdroe  lau noap oscicuióenst ieónnt red lae 
einnctoennsdtiidtuoc iqounea lliad avdu,l naeurancqiuóen  peol dTrríiab uvneanli r Cdoen lsat ipturcoipoinaa nl,o remna u yn  hsau ppluaenstetoa dsoim lail acru, essí tióhna 
interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, por lo cual se debería suspender este
recurso  hasta  que  se  resolviera  dicha  cuestión  de  inconstitucionalidad  o, 
subsidiariamente, denegar el amparo solicitado.
9.  La representación del demandante de amparo presentó sus alegaciones el 4 de 
noviembre de 2019, reiterando las formuladas en la demanda a las que añadió que no 
resultaba necesario haber instado previamente ni la declaración de nulidad del art. 240.2 
ni el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241, ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En cuanto al primero, porque el letrado de la administración de justicia no 
prescindió de una norma esencial del procedimiento, sino que se limitó a aplicar el primer 
párrafo del art. 454 bis.1 LEC, que no permite recurso alguno. Tampoco habría servido la 
vía del incidente de nulidad de actuaciones, porque dicho remedio procesal procede 
frente a resoluciones judiciales que pongan fin al proceso y sean firmes, mientras que el 
decreto de 8 de abril de 2015 no puso fin en ningún momento al proceso. Finalmente, 
precisa que la declaración de inconstitucionalidad del art. 454 bis.1 LEC, solicitada en el 
recurso de amparo, se refiere, evidentemente, solo a su párrafo primero.
10.  Con fecha 12 de noviembre de 2019 fue registrado el escrito de alegaciones de 
la representación de doña María José Arnalda Piñol, en el que interesa que se dicte 
resolución  desestimando  el  recurso  de  amparo.  En  primer  lugar,  denuncia  que  la 
demanda de amparo padece defectos insubsanables por el incorrecto cumplimiento de 
los requisitos de acceso al recurso de amparo, en concreto, en cuanto a las exigencias 
del art. 44.1 c) y del art. 49.1 LOTC. La primera de ellas, por la falta de denuncia ante el 
tribunal a quo del derecho fundamental presuntamente conculcado y los motivos en que 
se basa dicha consideración, pues el demandante de amparo, en su escrito de fecha 7 
de junio de 2018, solicitando la aclaración del auto impugnado, se limitó a señalar que el 
hecho de que la citada resolución no fuera objeto de ulterior recurso vulneraba su 
derecho de acceso a los recursos, sin más argumentación y motivación al respecto. Por 
tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona no tuvo oportunidad de resolver sobre la 
presunta vulneración cometida, al no haberla planteado y fundamentado el recurrente. La 
segunda  deficiencia  afecta  a  la  necesidad  de  justificar  la  especial  trascendencia 
constitucional del recurso, que no se satisface con la simple mención del requisito o la 
argumentación  de  la  lesión  del  concreto  derecho  fundamental.  El  demandante  de 
amparo se limita a argumentar la presunta vulneración del derecho fundamental previsto 
en  el  art.  24  CE,  pero  en  ningún  momento  justifica  la  especial  trascendencia 
constitucional, más allá de transcribir el tenor literal del art. 50.1 b) LOTC.
Por lo que se refiere a la cuestión de fondo, se aduce que el auto impugnado se 
limitó a cumplir con las normas procesales imperativas en materia de recursos, siendo 
varias  las  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  que  se  han  pronunciado  sobre  la 
improcedencia de interponer recurso de casación contra los autos. De otro lado, el 
decreto  de  8  de  abril  de  2015  es  firme,  de  conformidad  con  el  art.  454  LEC  y 
jurisprudencia que lo desarrolla, en base a lo cual el auto recurrido estableció que era 
cosa juzgada porque ya se había desestimado motivadamente lo argumentado por el 
recurrente, y contra esa resolución ya no cabían más recursos. En todo caso, pese a la 
firmeza del decreto, las mismas cuestiones planteadas por el ejecutado fueron resueltas 
motivadamente tanto por el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona como 
por la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona. Fundamenta tal 
afirmación  la  alegante  con  la  exposición  del  desarrollo  de  las  actuaciones  del 
procedimiento de ejecución, recordando que el auto impugnado entra asimismo a valorar 
las razones expuestas por el recurrente sobre la no retención del depósito y la quiebra  e
de la subasta, y se argumenta motivadamente la desestimación de las mismas, por lo  bo
que de ninguna manera se puede considerar que se le haya causado indefensión. 098ww
incoSnest itruecciohnaazlaid atda mdbeilé anr t. e4l 54a rbgius.m1 eLnEtoC , dceoln  dbeamsea ennd asnut ee qdueiv aalemnpciaar oc ona cloesrc aar tsd.e 1 0l2a 
binisco.2n sLtitJuCcAio nay le1s 8p8o.1r  eld Ter iblau naLle Cy onrestgituulcaidoonraal , pduee sl ala  jpurreisvdisiciócnió nd els aorct.ia 4l,5 4d beicsl.a1r aLdEoCs 
es sustancialmente diferente a la de los otros, tal y como ya ha señalado el Tribunal
Supremo en su auto de 21 de septiembre de 2016. No procede la declaración de 
inconstitucionalidad por cuanto prevé la posibilidad de que la decisión del letrado de la 
administración de justicia sea revisada por un juez, como ha ocurrido en este caso.
Finalmente, recuerda la compareciente que el derecho consagrado en el art. 24 CE, 
en su vertiente de acceso a los recursos, no es absoluto ni ilimitado, encuentra su límite 
en el cumplimiento del principio de buena fe procesal, el respeto del derecho a un 
proceso público sin dilaciones indebidas y la observancia del derecho a la seguridad 
jurídica del art. 9 CE. Sobre el derecho de acceso a los recursos ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse el Tribunal Supremo, constituyendo las normas procesales vigentes un 
mecanismo de protección de los derechos de las partes, que se proyecta sobre el 
derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho de acceso a los recursos. El Tribunal 
Constitucional  ha  considerado  que  el  control  constitucional  sobre  las  resoluciones 
referidas a los recursos es meramente externo y debe limitarse a comprobar si tienen 
motivación y si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta 
irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación acerca de su corrección jurídica. No 
cabe  esperar,  por  tanto,  que  los  órganos  judiciales  se  pronuncien  en  reiteradas 
ocasiones, de manera ilimitada, sobre una misma cuestión hasta que nos den la razón, 
como  ha  pretendido  el  recurrente  a  lo  largo  de  los  siete  años  que  ha  durado  el 
procedimiento de ejecución de origen. No ha habido vulneración del derecho del art. 24 CE, 
porque tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Barcelona 
entraron a valorar las cuestiones planteadas por el recurrente, desestimándolas en 
resoluciones motivadas y fundadas en Derecho.
11.  Por providencia de 9 de septiembre de 2021 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El demandante de amparo dirige su impugnación contra el auto de la Sección 
Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 25 de mayo de 2018, que 
desestimó  el  recurso  de  apelación  núm.  1136-2017,  promovido  contra  el  auto  del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  51  de  Barcelona,  de  2  de  mayo  de  2017, 
desestimatorio del recurso de revisión interpuesto contra decreto de la letrada de la 
administración de justicia de 23 de marzo de 2017, que declaró terminado el proceso de 
ejecución núm. 984-2010, seguido frente al recurrente. Asimismo, se impugna el decreto 
de la letrada de la administración de justicia de 8 de abril de 2015, dictado en los mismos 
autos  de  ejecución,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  planteado  frente  a  la 
diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2014, la cual dejó sin efecto el remate de 
la primera subasta.
Se queja el actor de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión  (art.  24.1  CE)  en  la  vertiente  de  acceso  al  recurso,  alegando  que  la 
Audiencia Provincial de Barcelona desestimó su recurso de apelación con el argumento 
de que existía cosa juzgada en cuanto a los extremos objeto de su recurso, puesto que 
no se interpuso recurso alguno contra el decreto de 8 de abril de 2015, desestimatorio de 
las mismas cuestiones, y frente al que no cabía promover recurso alguno por impedirlo el 
art. 454 bis.1 LEC, que solo permitía reproducir la cuestión más adelante.
El fiscal solicita la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión  es
interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019 en relación con el art. 454 bis.1 LEC y,  bo
alternativamente, la desestimación del amparo. Por su parte, la representación de la  098ww
rereejecccuuurrsstaoon,  dtaeeu  anemqnu peae rld oep.nroucnecdiaimndieon ptore vaia mqueon teh ala  ienxteisrteesnacdiao  dtea mdebfiiécnie nlaci adse psreoscteimsaalceiós ne nd eell   OE-A-2021-17able en https://
2.  Análisis de los óbices procesales: Desestimación.
Antes de proceder a examinar la queja del actor, es preciso resolver los óbices 
procesales que plantea la contraparte en su escrito de alegaciones pues, de apreciarse 
alguno de ellos, no habría lugar a entrar en el fondo del asunto. En efecto, el hecho de 
que el recurso de amparo haya sido admitido a trámite no es obstáculo para que, en este 
momento procesal, nos pronunciemos sobre la concurrencia de los requisitos para la 
admisibilidad del recurso, «pues, como venimos declarando (así en la STC 154/2016, 
de 22 de septiembre, FJ 2), los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el 
recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a 
trámite (entre otras, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de 
septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la 
viabilidad de la acción puede volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de oficio 
o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de 
tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC» (entre otras, SSTC 69/2004, de 19 de 
abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de junio, FJ 2; 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2, y 166/2020, 
de 16 de noviembre, FJ 2).
La demandada aduce por un lado la falta de denuncia ante el tribunal a quo del 
derecho fundamental presuntamente conculcado y los motivos en que se basa dicha 
consideración, lo que impidió a la Audiencia Provincial de Barcelona resolver sobre la 
presunta vulneración y, en su caso, reparar la lesión del derecho. Por otro, se queja de 
que  la  demanda  de  amparo  ha  incumplido  el  requisito  de  justificar  la  especial 
trascendencia constitucional del recurso, que no queda satisfecho con la simple mención 
del requisito o con la argumentación de la lesión del concreto derecho fundamental, que 
es lo único que hace el recurrente. Examinemos separadamente ambos óbices.
a)  La primera carencia que se denuncia se refiere al requisito de la invocación 
previa  de  los  derechos  denunciados  en  amparo  [art.  44.1  c)  LOTC],  alegando  la 
representación de la parte demandada que el demandante de amparo, en su escrito de 
fecha 7 de junio de 2018, a través del cual solicitó la aclaración del auto impugnado 
resolutorio de la apelación, se limitó a señalar que el hecho de que la citada resolución 
no fuera objeto de ulterior recurso vulneraba su derecho de acceso a los recursos, sin 
más argumentación y motivación al respecto. Por tanto, la Audiencia Provincial de 
Barcelona no tuvo oportunidad de resolver sobre la presunta vulneración cometida, al no 
haberla planteado y fundamentado el recurrente.
Para resolver este óbice, es preciso recordar la relevancia que nuestra doctrina ha 
otorgado  al  requisito  de  la  denuncia  formal  en  el  proceso  previo  del  derecho 
constitucional  lesionado,  que  tiene  como  finalidad,  por  una  parte,  permitir  que  los 
órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre su eventual vulneración 
y restablecer, en su caso, el derecho fundamental, y, por otra, preservar con ello el 
carácter  subsidiario  de  la  jurisdicción  constitucional  de  amparo,  que  resultaría 
desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a través de 
las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos de 
la jurisdicción correspondiente [por todas, SSTC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1; 123/2018, 
de 12 de noviembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 a)]. No obstante, ha señalado 
también este tribunal que tal requisito ha de ser interpretado de manera flexible y con un 
criterio finalista, atendiendo, más que al puro formalismo de la expresada invocación del 
precepto  constitucional  que  se  estime  infringido,  a  la  exposición  de  un  marco  de  e
alegaciones que permita al órgano judicial cumplir con su función de tutelar los derechos  bo
fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo constitucional (por todas,  098ww
SmTisCm 9o6 o/2 p0o1r2 ,e ld óer 7g adneo  minafeyori,o rF, Ja 3l o) by,je eton  dsue  cparessoe, rrveamr eedl icaar rláac vteurln seurbasciidóina rcioa uqsuaed ao sptoern téal 
eqlu ere, cduer slaos d ael eagmapciaornoe cso dneslt irteuccuiornreanl,t eb,a psutaenddao i npfaerrair sceo nlas ildeesrióanr  cdueml dpelidreoc heol  rfeuqnudiasimtoe cnotanl 
en juego que luego se intente invocar en el recurso de amparo, siempre que la queja
haya quedado acotada en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse 
sobre la misma (entre otras, SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; 62/1999, de 26 
de abril, FJ 3; 88/2005, de 18 de abril, FJ 3, y 161/2005, de 20 de junio, FJ 2).
La queja del recurrente en amparo, en síntesis, argumenta que no pudo interponer 
recurso contra el decreto de la letrada de la administración de justicia de 8 de abril 
de 2015, porque lo impedía el art. 454 bis LEC y, aunque reprodujo la cuestión al 
interponer recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona no resolvió sobre 
el fondo del asunto, bajo el argumento de que se había producido cosa juzgada, ya que 
el citado decreto no había sido objeto de recurso alguno. Pues bien, el núcleo de esa 
queja lo encontramos claramente identificado en los planteamientos efectuados por el 
demandante de amparo en la vía judicial previa, más concretamente en el recurso de 
apelación sustanciado ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Ya en dicho recurso indicó que en el recurso de revisión promovido contra el decreto 
de 23 de marzo de 2017, que puso fin al procedimiento de ejecución forzosa núm. 948-2010, 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona, interesó, con 
fundamento en el art. 454 bis LEC, la reproducción de todas las cuestiones planteadas 
en los recursos de reposición anteriormente interpuestos por el actor, a fin de que se 
solventara lo debatido en ellos en la resolución definitiva de la instancia, sin que el 
juzgado hubiese tenido a bien tomarlo en consideración al resolver la revisión en el auto 
de 2 de mayo de 2017, objeto de la apelación. Y cuando se le notifica el auto de 25 de 
mayo de 2018, por el que se desestima la apelación, y en el que se le indica que contra 
el mismo no cabe recurso alguno, presenta un escrito solicitando su subsanación, al 
amparo del art. 215.1 y 2 LEC, refiriéndose a dos aspectos: i) Por una parte, que no se 
había resuelto todo lo planteado en el recurso de apelación, ya que nada se decía en el 
auto sobre la posible conculcación por la ejecutante de las normas de la buena fe 
procesal (art. 247 LEC) y sobre la necesidad de culminar el proceso de ejecución con la 
completa satisfacción del acreedor ejecutante. ii) Por otra, que no se le podía cerrar la 
vía de la casación ni del recurso extraordinario por infracción procesal, ya que no se le 
dejaba salida alguna, conculcándose el principio constitucional de acceso al recurso. Se 
expuso en este punto que el auto resolutorio de la apelación no acertaba en el relato de 
lo actuado al apreciar la cosa juzgada por la supuesta falta de recurso contra el decreto 
de 8 de abril de 2015, ya que este era irrecurrible, según se establecía al final del mismo 
con cita del art. 454 bis LEC. Por tal razón presentó inmediatamente escrito solicitando la 
reproducción de dicha cuestión, y frente a la resolución definitiva del juzgado interpuso 
recurso de apelación para que la cuestión de la quiebra de la subasta fuera debatida en 
segunda  instancia,  encontrándose  con  la  sorpresa  de  que  el  auto  de  la  audiencia 
provincial  entiende  que  sobre  dicha  cuestión  hay  cosa  juzgada,  por  no  haberse 
impugnado en su día el referido decreto.
En suma, en esos razonamientos se identifica sin dificultad el problema de fondo que 
es  objeto  de  este  recurso  de  amparo,  referido,  en  definitiva,  a  la  imposibilidad  de 
impugnar  lo  resuelto  en  el  decreto  de  8  de  abril  de  2015,  para  obtener  un 
pronunciamiento judicial, por disposición del art. 454 bis LEC. Y ello, aunque haya 
dirigido su argumentación en la solicitud de subsanación a la apertura de la vía de 
recurso ante el Tribunal Supremo, lo que debe ser entendido como un postrero intento de 
abrir una vía en la que obtener, finalmente, una respuesta ante la reproducción de la 
cuestión de fondo realizada en segunda instancia, de acuerdo con la previsión del 
art. 454 bis LEC, frente a la que el órgano ad quem opuso la existencia de cosa juzgada, 
por no haberse recurrido en su día el citado decreto. s
Por consiguiente, el primer óbice debe ser rechazado. oe.
b)  El segundo obstáculo que opone la demandada a la admisibilidad del recurso de  w.
amparo afecta al requisito de la justificación de la especial trascendencia constitucional,  098ww
qinuceu mvpielindeo , iymap quuees tloa  dpeomr aenl daar st.e  4h9a.b1r íain l imfinitea dLoO aT jCus, tifyic aqru lea,  eax isstue njcuiaic idoe,  lhaa lebsríiaó ns.ido
prevAis ifóinn  ddee l daartr.  4re9s.1p uine sftinae a L OlaT oCb,j esceigóúnn p lrao ccueasal l« [per]onp tuoedsot ac,a csoon, vlaie dneem raencodrad jaurs tqifuicea rlaá   BOE-A-cable e
la especial trascendencia constitucional del recurso», se configura como una carga 
procesal de la parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la Justicia 
constitucional, habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del 
tribunal  acerca  de  la  especial  trascendencia  constitucional  de  cada  recurso  venga 
siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte, recogidas en su escrito de 
demanda (STC 178/2012, de 15 de octubre, FJ 3). A la parte recurrente, pues, le es 
exigible un «esfuerzo argumental» (ATC 154/2010, de 15 de noviembre, FJ 4) que ponga 
en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos 
en  el  art.  50.1  b)  LOTC;  criterios  que  se  concretan,  sin  ánimo  exhaustivo,  en  los 
supuestos contemplados en el fundamento jurídico 2 de la conocida STC 155/2009, 
de 25 de junio. Como tiene establecido reiteradamente este tribunal, para satisfacer esta 
exigencia  no  basta  argumentar  la  existencia  de  la  vulneración  de  un  derecho 
fundamental, sino que es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la 
argumentación  tendente  a  evidenciar  la  existencia  de  la  lesión  de  un  derecho 
fundamental –que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier 
demanda de amparo– y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el 
recurso presenta especial trascendencia constitucional» (por todas, STC 17/2011, de 28 
de febrero, FJ 2).
Pues bien, conforme a la anterior doctrina observamos que en la demanda se 
menciona el requisito de la justificación de la especial trascendencia constitucional del 
recurso, dedicando al mismo el epígrafe VIII de los destinados a la exposición del 
cumplimiento de los presupuestos procesales del recurso, en el cual se afirma que, «de 
conformidad con el art. 49.1 in fine de la LOTC, se tiene cumplidamente justificada la 
especial trascendencia constitucional del recurso, digna de ser apreciada atendiendo a 
su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, o para su 
general  eficacia,  y  para  la  determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos 
fundamentales». Esa fórmula, que con demasiada frecuencia encuentra este tribunal en 
los recursos de amparo que ante él se presentan, y que es una simple transcripción de 
las  previsiones  del  art.  50.1  b)  LOTC,  no  satisface  la  exigencia  impuesta  a  quien 
demanda en amparo de realizar un esfuerzo argumental destinado a justificar la especial 
trascendencia del recurso. Es una simple fórmula retórica carente de todo contenido que, 
como regla general, está llamada al más absoluto fracaso.
Ahora bien, no obstante lo anterior, sí se encuentra en la argumentación del recurso 
un razonamiento del que se deduce la especial trascendencia constitucional que el actor 
atribuye al mismo. En efecto, la demanda pone de relieve que la lesión del derecho 
fundamental del actor, que le ha impedido obtener una resolución de fondo en relación 
con las cuestiones planteadas ante la letrada de la administración de justicia en el 
procedimiento de ejecución, procede directamente del art. 454 bis.1 LEC, que le impidió 
recurrir ante el juez a quo el decreto de 8 de abril de 2015. Y pone en relación ese 
precepto  con  sus  equivalentes  en  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  y  en  la 
laboral, los arts. 102 bis.2 LJCA y 188.1, párrafo primero, LJS, señalando que fueron 
declarados inconstitucionales, respectivamente, por las SSTC 58/2016, de 17 de marzo, 
y 72/2018, de 21 de junio, a partir de lo cual solicita, no solo el reconocimiento de la 
lesión  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva,  sino,  igualmente,  la 
declaración  de  inconstitucionalidad  del  art.  454  bis.1  LEC,  destacándose  así  la 
importancia  objetiva  que  reviste  el  control  de  constitucionalidad  de  la  norma  de 
referencia.  Esto  es,  el  recurrente  pone  de  manifiesto  que  la  lesión  de  su  derecho 
fundamental puede tener su origen en la propia ley, razonamiento que permite conectar  s
materialmente la alegada lesión con uno de los supuestos en los que cabe apreciar que  oe.
el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial  w.
trascendencia constitucional conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de  098ww
djuen iloa,  leay s oa bdeer ,o qtruae d «islap ovsuiclnióenra dceió cna dráecl tdeer rgeecnheor aful»n d[FaJm 2e,n atapla qrtuaed os ec )d].e Pnourn ccoian spirgouvieenngtea, 
daeu nqreuleie evle r alzoosn admatioesn ton neoc essea rciaorsa cptearriac e jpuostri fsicua er xtlae nspiróony,e scíc pióune doeb ajefitrimvaa rsdee lq uaem ppoanreo   BOE-A-cable e
solicitado, aplicando el criterio flexible empleado por este tribunal para validar aquellas 
argumentaciones  que  objetiven  el  recurso  sobre  la  base  de  las  dudas  sobre  la 
constitucionalidad de la norma de que se trate, en virtud de su naturaleza abstracta y 
desconectada de una situación particular concreta, tal y como lo hemos apreciado, entre 
otras, en las SSTC 118/2014, de 8 de julio, FJ 2; 128/2014, de 21 de julio, FJ 2, 
y 162/2020, de 16 de noviembre, FJ 2.
En definitiva, se ha de entender satisfecha en el presente caso la carga de justificar 
la especial trascendencia constitucional a la que se refiere el art. 49.1 in fine LOTC, con 
el consiguiente rechazo del óbice formulado por la parte demandada.
3.  Examen de la lesión del derecho fundamental: Doctrina constitucional sobre el 
art. 454 bis.1, párrafo primero, LEC y su relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva (STC 15/2020, de 28 de enero).
Como ya ha quedado expuesto, la queja del actor se centra en que no ha podido 
obtener una respuesta de fondo por parte del juez o de la audiencia provincial sobre las 
pretensiones ejercitadas ante las resoluciones de la letrada de la administración de 
justicia en el procedimiento de ejecución, ya que el art. 454 bis.1 LEC le impidió recurrir 
el decreto de 8 de abril de 2015 y, cuando planteó aquellas pretensiones en su recurso 
de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó su recurso razonando que 
existía cosa juzgada, ya que no había interpuesto recurso alguno contra dicho decreto. Y, 
en  la  fundamentación  de  la  demanda  de  amparo,  se  sostiene  que  aquel  precepto 
obstativo a la revisión de la decisión de la letrada de la administración de justicia es 
inconstitucional.
Los argumentos del demandante de amparo encuentran respaldo, al menos en lo 
que se refiere a este último extremo, en la STC 15/2020, de 28 de enero, del Pleno de 
este tribunal, que estimó la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, 
declarando la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC, 
por  vulnerar  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  garantizado  por  el 
art. 24.1 CE.
Recordemos que dicho precepto, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización procesal, establece, al regular el recurso de revisión 
contra determinados decretos del letrado de la administración de justicia, que «contra el 
decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir 
la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la 
decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante 
escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella».
Como dijimos en la referida STC 15/2020, FJ 3, esa redacción no permite descartar 
la  eventualidad  de  que  existan  supuestos  en  que  la  decisión  del  letrado  de  la 
administración  de  justicia  excluida  por  el  legislador  del  control  judicial  –directo  o 
indirecto– concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que atañen a la 
función jurisdiccional reservada en exclusiva a jueces y magistrados y que, por tanto, 
deben quedar sometidas a la posibilidad de su control de acuerdo con el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE, y, sin 
embargo, el art. 454 bis.1 LEC impide su impugnación directa en revisión ante el juez o 
magistrado,  excluyendo  este  control  judicial  directo  frente  a  la  generalidad  de  los 
decretos dictados en el proceso civil, con independencia de la importancia del ‘asunto 
resuelto en los mismos. «Por otra parte, tampoco cabe apreciar que este control judicial 
pueda obtenerse de manera real y efectiva en el marco del propio proceso de una  e
manera  indirecta  a  través  de  instrumentos  o  remedios  alternativos  al  régimen  de  bo
recursos»,  a  los  que  se  refiere  el  párrafo  primero  del  art.  454  bis.1  LEC,  que  no  098ww
stuatteislafa jcuednic eianl  teofdeocsti vlao.s  Acasís,o nso l ae gstaár acnotínat edmep claodnatr oel nju ldoisc iaplr oimcepsuoess tdae p oerje eclu dceiórne cchiov ila e lan 
dgee nlear aald, m«cinuiysotr adceiósanr rdoell oju sseti chiaa,  clao nrfeiaadlioz apcoiór nla dse ú lctiommapsa rreefcoernmcaiass  p(r‘oacuedsieanlecsia a’)l  alenttrea deol 
titular del órgano judicial, excepto en el incidente de oposición a la ejecución (arts. 560
y 695 LEC). De modo que la posibilidad alternativa de reproducir la cuestión en la 
primera audiencia ante el tribunal, si bien puede desplegar su funcionalidad, en su caso, 
en el contexto de los procesos declarativos, carece de una base real como remedio de 
control judicial indirecto alternativo en el marco de un proceso de ejecución. Del mismo 
modo, la referencia realizada a la posibilidad de reproducir la cuestión mediante escrito 
para que se solvente en la ‘resolución definitiva’ tampoco satisface con carácter general 
la garantía de control judicial». En particular, en el proceso de ejecución no resulta 
posible identificar una resolución judicial definitiva que, a semejanza de lo que sucede en 
el proceso declarativo, se pronuncie sobre las pretensiones planteadas por las partes, 
«ya que, por su propia naturaleza ejecutiva, su finalización normal se produce ex lege 
cuando se constata que se ha satisfecho completamente al acreedor (art. 570 LEC); pero 
esta resolución del letrado de la administración de justicia no resuelve pretensiones, sino 
que declara un estado de cosas y acuerda en consecuencia, si procede, el archivo del 
procedimiento».
En suma, la STC 15/2020 concluyó que «el precepto cuestionado vulnera el derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación 
de las decisiones de los letrados de la administración de justicia generador de un 
espacio inmune al control jurisdiccional. En coherencia con ello, se debe declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado, precisando, al igual que se hizo 
en las SSTC 58/2016, FJ 7; 72/2018, FJ 4, y 34/2019, FJ 7, que, en tanto el legislador no 
se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la 
administración de justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al 
que se refiere el propio artículo 454 bis LEC».
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso: Desestimación del recurso de 
amparo.
Según resulta de las actuaciones remitidas por los órganos judiciales, el demandante 
de  amparo  interpuso  sendos  recursos  de  reposición  contra  dos  diligencias  de 
ordenación, una de las cuales había dejado sin efecto el remate aprobado en favor de la 
ejecutante (al indicar esta que no podía adjudicarse la finca subastada por no disponer 
de medios económicos para ello) y, la otra, había señalado una nueva subasta. En el 
primer recurso, con invocación de los arts. 653, 247 y 671 in fine LEC, así como de 
jurisprudencia relativa a la ilegalidad de la quiebra de la subasta por la parte ejecutante, 
solicitó el actor la reposición de la primera diligencia, que se obligara a la ejecutante a 
pagar el precio final del remate y que, en caso contrario, fuera condenada a indemnizarle 
por daños y perjuicios al haber quebrado la subasta de manera fraudulenta o, cuando 
menos, negligente, en una cuantía igual o equivalente al importe de la deuda por la que 
se sacó el bien a subasta, procediéndose, asimismo, al alzamiento del embargo. En 
cuanto al dirigido contra la segunda diligencia de ordenación, además de reiterar lo ya 
solicitado en el recurso anterior, interesó la desconvocatoria de la celebración de la 
nueva  subasta  y  la  declaración  de  nulidad  de  todo  lo  actuado  tras  el  decreto  de 
adjudicación de 30 de octubre de 2014.
Ambos  recursos  de  reposición  fueron  desestimados  por  decreto  de  8  de  abril 
de  2015,  que  confirmó  íntegramente  las  diligencias  de  ordenación  impugnadas, 
indicando en su parte final que «contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuera procedente, la resolución definitiva 
(artículo 454 bis LEC)». Ante esta resolución, el demandante de amparo presentó escrito 
el 14 de abril de 2015, en el que, a tenor de lo dispuesto en el art. 454 bis.1 LEC,  e
interesaba a su derecho reproducir todas las cuestiones planteadas en sus dos recursos  bo
de  reposición,  a  fin  de  que  se  solventaran  en  la  resolución  que  pusiera  fin  al  098ww
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rperpoocesidciimónie ndteob.ería  hacerse  al  recurrir  la  resolución  definitiva  que  se  dictara  en  el
También formuló recurso de reposición contra el decreto de 27 de febrero de 2017, 
de adjudicación a la ejecutante de la finca subastada por un importe que, según se 
determinaba, cubría las cantidades reclamadas por principal, intereses y costas. En su 
recurso denunció el actor la infracción del art. 671 LEC, la no inclusión en dicha cuantía 
de las costas devengadas en distintos incidentes habidos en el procedimiento, así como 
el hecho de que se encontraba pendiente de resolver la pieza separada por mala fe 
procesal de la parte ejecutante. El recurso fue desestimado por decreto de 23 de marzo 
de 2017, en el que se indicaba que contra el mismo no cabía recurso alguno, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 454 bis LEC.
Es decir, que el recurrente ha visto obstaculizada su pretensión, de una parte, por la 
regla del párrafo primero del art. 454 bis.1 LEC, que le impedía interponer recurso alguno 
contra  los  decretos  que  resolvieron  sus  recursos  de  reposición,  con  lo  que  esas 
decisiones de la letrada de la administración de justicia resultaban inmunes al control 
judicial, tal y como se concluyó en la STC 15/2020, al declarar inconstitucional esa regla. 
Y, por otra parte, con el problema ya advertido en la misma sentencia –al que se ha 
hecho referencia en el fundamento anterior– de la particular configuración del proceso de 
ejecución, que impide aplicar la previsión del párrafo segundo del art. 454 bis.1 LEC, 
pues no cabe en dicho proceso la posibilidad alternativa de reproducir la cuestión en la 
primera audiencia ante el tribunal como remedio de control judicial indirecto alternativo, 
ni tampoco resulta posible encontrar una resolución judicial definitiva que se pronuncie 
sobre las pretensiones planteadas por las partes. Y eso es así porque la finalización 
normal del proceso de ejecución se produce en virtud de una resolución del letrado de la 
administración de justicia que se limita a constatar que se ha satisfecho completamente 
al acreedor y a acordar, en su caso, el archivo del procedimiento (art. 570 LEC), pero 
que no resuelve pretensiones.
La excepción única la encontramos en relación con la queja relativa a la mala fe en la 
que, según entendía el hoy actor, había incurrido la ejecutante. Esa pretensión dio lugar 
a la tramitación de un incidente en el que, conforme a lo dispuesto en el art. 247 LEC, el 
juzgado acordó por providencia oír a las partes en relación con lo dispuesto en dicho 
precepto.  Tras  recibir  las  alegaciones  formuladas,  el  juez  resolvió  el  incidente  en 
providencia de 23 de marzo de 2017, en la que no consideró que la conducta de la parte 
actora en el procedimiento fuera merecedora de reproche procesal conforme al art. 247 
LEC. Contra dicha providencia cabía interponer recurso de reposición (según se indicaba 
en la misma), sin que conste que el demandante de amparo lo interpusiera, por lo que se 
aquietó a esa decisión.
Ahora bien, el recurrente no acudió ante este tribunal en aquel momento, en el que 
se encontró con la imposibilidad de que las cuestiones resueltas por la letrada de la 
administración de justicia fueran objeto de control judicial, sino que ajustó su posterior 
actuación a lo que se le indicó en el decreto de 8 de abril de 2015 y en la diligencia de 
ordenación de 23 de abril de 2015. De este modo, declarada la terminación del proceso 
de ejecución y el archivo de las actuaciones por decreto de 23 de marzo de 2017, el 
demandante de amparo promovió contra él recurso de revisión, en el que denunció la 
infracción de los arts. 570 y 671 LEC, aduciendo que se había procedido al archivo sin 
que el acreedor ejecutante hubiera visto satisfecho enteramente su crédito por todos los 
conceptos derivados de la ejecución. Mediante otrosí, y con fundamento en el art. 454 bis 
LEC, interesó la reproducción de todas las cuestiones planteadas en sus anteriores 
recursos de reposición, a fin de que fueran solventadas en la resolución definitiva. Por 
esta vía, el actor pudo someter al control del juez las resoluciones de la letrada de la  s
administración de justicia que el art. 454 bis.1 LEC le impedía recurrir en revisión. oe.
El recurso de revisión fue desestimado por auto del Juzgado de Primera Instancia  w.
núm. 51 de Barcelona, de 2 de mayo de 2017, en el que, en relación con las costas e  098ww
ianlteegraedseoss,  pnoor  seel  rceocnusrrideenrteó,  iny frsineg iadcoo rldoó  dliasp udeessteos tipmoar clioósn  adretílc urelocsu rs6o7 1e ny  t5o7d0o sL EsuCs, 
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Decimoctava de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso mediante 
auto de 25 de mayo de 2018, que argumentó que el asunto que se sometía a su análisis 
ya había sido resuelto, pues la petición de condena a indemnizar daños y perjuicios con 
cargo al depósito o a cargo de la ejecutante, y de alzamiento del embargo fue rechazada 
por diligencia de ordenación de 1 de diciembre de 2014, que dejaba sin efecto al remate 
y negaba la retención del depósito por haber sido devuelto, diligencia «confirmada por 
decreto de 8 de abril de 2015, que es firme, pues no se presentó recurso alguno». 
Evidentemente, esta respuesta no es acorde ni con lo que en aquel momento establecía 
el art. 454 bis.1 LEC, ni con la actuación del demandante de amparo que, ante la 
imposibilidad legal de impugnarlo en revisión, presentó escrito reproduciendo todas las 
cuestiones planteadas en sus recursos de reposición para que se solventaran en la 
resolución que pusiera fin al procedimiento. No obstante, a pesar de lo infundado de ese 
argumento  del  auto  resolutorio  de  la  apelación,  que  no  resulta  constitucionalmente 
aceptable, lo cierto es que el recurrente omite decir que la Sala no limitó el fundamento 
de su decisión desestimatoria del recurso de apelación a dicho argumento, sino que dio 
respuesta motivada a las cuestiones de fondo objeto de la apelación, para rechazarlas, 
en los términos que han quedado recogidos con detalle en los antecedentes de esta 
sentencia.
Así pues, aunque el demandante de amparo no pudo en su día interponer recurso de 
revisión contra los decretos que desestimaron sus recursos de reposición, para que el 
juez resolviera sobre las cuestiones planteadas en los mismos, por impedirlo el párrafo 
primero del art. 454 bis.1 LEC en el momento en el que se plantea el recurso de amparo, 
el actor ya había podido someter al control judicial el contenido de los decretos de la 
letrada de la administración de justicia hasta en dos ocasiones, y había obtenido una 
respuesta motivada sobre el fondo de sus pretensiones en los dos casos. Y, en lo que se 
refiere al incidente del art. 247 LEC, se produjo, como ya se ha expuesto, la tramitación 
judicial  legalmente  prevista,  que  concluyó  con  una  decisión  del  titular  del  juzgado, 
adoptada en providencia, ante la que el actor se aquietó.
Por consiguiente, el recurrente no ha sufrido el efecto negativo del párrafo primero 
del art. 454 bis.1 LEC determinante de la vulneración del art. 24.1 CE, porque las 
decisiones de la letrada de la administración de justicia que cuestionó en su día no han 
resultado  inmunes  al  control  jurisdiccional,  del  que  han  sido  objeto  hasta  en  dos 
ocasiones. Conclusión que han defendido el fiscal y la representación de la ejecutante en 
el procedimiento a quo, y que conduce a rechazar la queja formulada y, por tanto, a la 
desestimación del recurso de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jesús María Sánchez García.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde- es
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. o