BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 200 Sábado 21 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 102260
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
14111 Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe  de 
fiscalización  sobre  los  acuerdos  y  resoluciones  contrarios  a  reparos 
formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las anomalías detectadas en 
materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2021, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización sobre los 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales 
de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados 
con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a:
– Establecer  las  medidas  necesarias  para  asegurar  una  dotación  de  efectivos 
suficientes de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de 
las  entidades  locales,  cuya  selección  corresponde  a  la  Administración  General  del 
Estado, y la Comunidad Autónoma debería impulsar la agrupación de puestos.
– Revisar  la  figura  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  en  el  marco 
presupuestario  actual,  emanado  de  la  Ley  47/2007,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria y la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos excepcionales en los que 
se ha aplicado, con la finalidad de impedir la utilización del reconocimiento extrajudicial 
de crédito como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, 
la cual no está admitida en nuestro ordenamiento.
3.  Instar al Gobierno de la comunidad a:
– Agilizar la celebración anual de concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las 
corporaciones locales siempre que no tengan su plaza cubierta de forma definitiva, a 
efectos de asegurar una cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a 
funcionarios con habilitación nacional y así evitar los nombramientos accidentales, los 
puestos  vacantes  y  la  ocupación  por  funcionarios  interinos  o  por  funcionarios  con 
habilitación nacional por acumulación.
4.  Instar a las entidades locales a:
– Implementar  procedimientos  de  gestión  en  relación  con  los  gastos  de  menor  es
cuantía y, en general, para garantizar el inicio de la tramitación de los expedientes de  bo
contratación con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de gastos sin cobertura  1w
acoomringpti–nraa arIcándtnu edraneolt ciscfuieocr amreerno nl  atcleasom  ncnesaeneuctcseeuas,e sidmn aecedsiadt r idaduenec tt euelavr  ailetalaxe rpsa i epryall  iccoeairnógcrniaióq dnnuei zelda ctetiémivlr maipesrinn otyoco  e ldaidnesijm  ucpsoiretánonct trtdoaice toad slsea   p drareeedc vmgoieoninssoit.sciótimrna iceqinóutneo,,    OE-A-2021-14able en https://
extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de gastos de
ejercicios anteriores –o incluso del propio ejercicio–, derivados de actos administrativos 
incursos en causas de nulidad.
– Evitar  el  desempeño  de  funciones  adicionales  a  las  de  control  interno,  que 
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las 
funciones ordinariamente asignadas a los órganos de intervención.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2021.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Nº 1.315
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS Y 
RESOLUCIONES CONTRARIOS A REPAROS FORMALIZADOS 
POR LOS INTERVENTORES LOCALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE 
INGRESOS, ASÍ COMO SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS 
CON OMISIÓN DEL TRÁMITE DE FISCALIZACIÓN PREVIA, 
EJERCICIO 2016 
EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida 
en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 
7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 25 
de octubre de 2018, el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a 
reparos formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como 
sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016 
y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido 
en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento. 
ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN.  
I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO.  
I.2. ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL. 
I.2.1.  Ámbito subjetivo.
I.2.2.  Ámbito objetivo.
I.2.3.  Ámbito temporal.
I.3. TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO.  
I.4. MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO.  
I.5. RENDICIÓN DE CUENTAS.  
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES.  
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN.  
II.1.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN
CON  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON 
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA 
GESTIÓN DE INGRESOS.  
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías en la gestión de ingresos.  
II.1.2.  Entidades sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos.  
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno.
II.1.4.  Informes  sobre  la  aprobación  del  presupuesto,  modificaciones
presupuestarias y liquidación del presupuesto.  
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos.
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa.
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos.
II.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE
IMPORTE SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.  
II.2.1.  AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS.
II.2.2.  AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE BENIEL.
II.2.4.  AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.
II.2.5.  AYUNTAMIENTO DE FORTUNA.
II.2.6.  AYUNTAMIENTO DE JUMILLA.
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE LORCA. e
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES. w.b
IIII..22..91.0 .  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  MMUALZAA.RRÓN. 2021-1411n https://w
II.2.11.  AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
II.2.12.  AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.
II.2.13.  AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR.
II.2.14.  AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO.
II.2.15.  AYUNTAMIENTO DE TOTANA.
II.2.16.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  TRAMITACIÓN  DE  LOS  ACUERDOS
CONTRARIOS A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO 
DE LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL DE CUENTAS.  
II.3.  REFERENCIA ESPECÍFICA A DETERMINADOS ASPECTOS DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES.  
CONCLUSIONES.  
RECOMENDACIONES.  
ANEXOS 
RELACIÓN DE CUADROS 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017.  
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 20 de septiembre de 2018.  
Cuadro  3.  Entidades dependientes respecto de las que se ha remitido información.  
Cuadro  4.  Entidades respecto de las que se han remitido certificaciones negativas por 
tipo de entidad y tramo de población.  
Cuadro 5.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población.  
Cuadro  6.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población. 
Cuadro  7.  Acuerdos  contrarios  a  reparos  atendiendo  a  la  categoría  de  gasto  del 
expediente afectado.  
Cuadro 8.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL.  
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada.  
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo.  
Cuadro  11.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo 
de población.  
Cuadro 12.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve.  
Cuadro 13.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso.  
Cuadro 14.  Representatividad de la muestra de expedientes.  
Cuadro 15.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  
Cuadro 16.  Servicios  y  suministros  sin  cobertura  contractual.  Ayuntamiento  de 
Cartagena.  
Cuadro  17.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Jumilla.  
Cuadro  18.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Murcia.  
Cuadro  19.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de San Javier.  
Cuadro  20.  Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de San 
Javier.  
Cuadro  21.  Detalle  de  servicios  y  suministros  sin  consignación  presupuestaria. 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.  
Cuadro  22.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Torre-Pacheco.  
Cuadro  23.  Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de Torre-
Pacheco.  
Cuadro  24.  Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes sobre los que se analiza su 
sistema de control interno.  
Cuadro  25.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional y antigüedad en  e.
la última ocupación.   w.
Cuadro  26.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal y nivel de ocupación.   2021-1411n https://w
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
COSITAL  Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 
EBEP  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
EATIM  Entidades de ámbito territorial inferior al municipio 
EELL Entidades locales
FEMP  Federación de Española de Municipios y Provincias 
FHN  Funcionarios de habilitación nacional 
HAB Habitantes
LFTCu  Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
LOEPSF  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
LPAC  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas 
LRBRL  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
LRJPAC  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
LRSAL  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
LTAIPBG  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno 
MHFP  Ministerio de Hacienda y Función Pública 
OCEx  Órgano de Control Externo 
RCI  Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local 
RJFHN  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPPFHN  Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional 
RPT  Relación de Puestos de Trabajo 
TRLCSP  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  es
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  oe.
TRLRL  Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado  11w
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
  INTRODUCCIÓN 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), modificó diversas normas reguladoras de la organización, la gestión y el control del Sector 
público local, entre ellas, el artículo 218 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). El número 3 de 
dicho artículo establece la obligación para los órganos de Intervención de las entidades locales de 
remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano competente de 
dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas de manifiesto 
en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Esta obligación de remisión 
ha de cumplimentarse desde el ejercicio 2014.   
Para hacer efectivo el cumplimiento de este deber se dictó la “Instrucción que regula la remisión al 
Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones del Pleno, de la Junta de 
Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local contrarios a reparos formulados por los 
Interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa a través de un procedimiento 
telemático”, aprobada por Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, y 
publicada por Resolución de la Presidencia de 10 de julio de 2015. En ella se establece que la 
remisión de dicha información deberá realizarse a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas 
de las Entidades Locales y se determina el procedimiento a través del cual ha de llevarse a efecto. 
Esta obligación contribuye a fortalecer tanto el control interno como externo sobre la gestión 
económico-financiera del sector público local, cada uno respecto de su ámbito de competencias, lo 
que potencia los efectos de las diversas actuaciones que sobre las entidades locales se realizan, 
maximizando sus resultados.  
La información que han de remitir los órganos de Intervención pone de manifiesto las incidencias 
más significativas detectadas en el desarrollo de su actuación y permite efectuar una evaluación de 
riesgos, tanto de entidades, como de áreas en las que se reflejan las deficiencias o irregularidades e 
infracciones detectadas por los responsables del control interno de las entidades locales o puestas 
de manifiesto en el análisis de la información. 
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno (LTAIPBG), incluye en su artículo 28, entre las infracciones muy graves en materia 
de  gestión  económico-presupuestaria,  aprobar  compromisos  de  gastos,  reconocimiento  de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la normativa presupuestaria que sea aplicable. Igualmente considera como tal la 
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte 
preceptiva, o la omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos 
suspensivos de la Intervención regulado en la normativa presupuestaria. 
Estas circunstancias evidencian, por sí mismas, el especial interés que reviste realizar un análisis 
específico sobre la información enviada por los interventores locales, lo que motivó que el Tribunal 
de Cuentas incluyera en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2016 la “Fiscalización sobre los 
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las 
anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión 
del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control 
externo de las comunidades autónomas”. En él se determinaron, en relación con los referidos  s
ejercicios, los negocios y actos que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos, así como las  oe.
principales causas y los tipos de gastos que, con mayor frecuencia, se concluyeron con omisión de  w.
la fiscalización previa, a la vez que se detectaron las anomalías en materia de ingresos que se  11w
produjeron en el ámbito local en mayor medida.
Esta actuación se desarrolló de manera coordinada con los órganos de control externo de las 
comunidades autónomas (OCEx), de modo que también estos incluyeron una fiscalización sobre esta 
materia en sus respectivos Programas de Fiscalización, elaborando y aprobando cada uno de ellos 
un informe relativo a las entidades locales sitas en el ámbito territorial en el que despliega su actividad 
fiscalizadora. De este modo, se efectuó un análisis de la materia más amplio y representativo, a la 
vez que homogéneo. 
El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado el 21 de diciembre de 2017, puso de 
manifiesto en sus conclusiones, entre otras cuestiones, la debilidad en los modelos de control interno 
implantados en gran parte de las entidades analizadas, además de destacar como áreas de mayor 
riesgo en relación con la aprobación de acuerdos contrarios a reparos y omisión de fiscalización 
previa, los expedientes de contratación y los gastos de personal.  
El alcance de las conclusiones recogidas en el referido Informe, el carácter anual de la obligación de 
presentar la referida información por los interventores, así como el interés de verificar el cumplimiento 
del deber que legalmente se les impone y de examinar el contenido de la información al objeto de 
determinar las modalidades de negocios y actos que dan lugar a acuerdos contrarios a reparos, así 
como las principales causas y los tipos de gasto que, con mayor frecuencia, se concluyen con omisión 
de la fiscalización previa, a la vez que las anomalías en materia de ingresos que se producen en el 
ámbito local, hacen que se haya considerado conveniente la realización de estas actuaciones 
fiscalizadoras. 
Con el objetivo de incrementar el alcance y profundidad del análisis del control interno -tanto en lo 
que se refiere al número de entidades examinadas, como a los diferentes aspectos objeto de 
análisis-, así como de fiscalizar un porcentaje mayor de acuerdos, resoluciones y expedientes, en 
esta  ocasión  se  han  incluido  en  el  Programa  Anual  de  Fiscalizaciones  para  2018  distintos 
procedimientos fiscalizadores en la materia, relativos a las entidades locales de cada una de las 
comunidades autónomas sin OCEx –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Región 
de Murcia-. Posteriormente se incorporó al referido Programa una fiscalización en la materia en 
relación con las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias1, como se explica más 
adelante. La realización de fiscalizaciones separadas permite reflejar las particularidades existentes 
en las entidades locales de cada una de las comunidades autónomas. 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO
El Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por el Pleno de 
la Institución el 21 de diciembre de 2017, incluyó, en el Apartado III.5, entre las llevadas a cabo a 
iniciativa propia de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
del Tribunal de Cuentas, la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos 
formalizados por los Interventores locales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos 
adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016”. 
Esta fiscalización quedó enmarcada en el contexto del documento base del Plan Estratégico del 
Tribunal de Cuentas 2017-2021, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de junio de 
2017: en particular, en su Objetivo Estratégico 1. Contribuir al buen gobierno y a la mejora de la 
actividad económico-financiera del sector público, en su objetivo específico 1.2. Fomentar 
buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades públicas: medida 1 –Desarrollar 
fiscalizaciones  en  las  que  se  determinen  las  irregularidades  y  deficiencias  detectadas  en  la 
organización, gestión y control de las entidades públicas fiscalizadas, así como los progresos y  s
buenas  prácticas  de  gestión  observadas-;  medida  2  –Fiscalizar  las  áreas  con  mayores  oe.
incumplimientos o entidades que no rinden cuentas-; medida 3 -Fiscalizar actuaciones económico- w.
financieras de relevancia y actualidad-; medida 4 –Impulsar actuaciones dirigidas a fomentar la  11w
rendición de cuentas por las entidades públicas, así como la máxima colaboración de las mismas
1 Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas del 28 de junio de 2018.
con el Tribunal en el ejercicio de sus funciones-; en su objetivo específico 1.3. Identificar y fiscalizar 
las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude 
y la corrupción: medida 1 –Desarrollar fiscalizaciones en aquellos ámbitos en los que, a la vista de 
las actuaciones desarrolladas, entre otros, por los órganos de control interno, pudiera apreciarse la 
existencia  de  irregularidades  que  pudieran  dar  lugar  a  la  exigencia  de  cualquier  tipo  de 
responsabilidad-; y en su objetivo específico 1.4. Incrementar las fiscalizaciones operativas; medida 
2 –Incrementar las fiscalizaciones operativas que contribuyan al buen gobierno y a orientar la toma 
de decisiones en la gestión de la actividad económico-financiera pública y la ejecución de los 
programas de ingresos y gastos; y además, en su Objetivo Estratégico 2. Fortalecer la posición 
institucional y el reconocimiento social del Tribunal de Cuentas. Estos mismos objetivos se 
recogen en el Plan Estratégico 2018-2021 del Tribunal de Cuentas, aprobado por el Pleno de la 
Institución el 25 de abril de 2018. 
Como ya ocurriera en la fiscalización realizada respecto de los ejercicios 2014 y 2015, todos los 
OCEx –excepto, como se ha señalado, la Audiencia de Cuentas de Canarias2-, han incluido en su 
programación para 2018 fiscalizaciones en este ámbito -bien específicas al efecto, bien en el marco 
de otras fiscalizaciones-, referidas a las entidades locales de los respectivos ámbitos territoriales en 
los que desarrollan su función fiscalizadora en relación con los acuerdos contrarios a reparos, con 
las  principales  anomalías  de  ingresos  y  los  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa 
correspondientes al ejercicio 2016. El Tribunal de Cuentas ha redactado unas pautas básicas que 
puedan servir de línea global de actuación, a fin de facilitar la homogeneidad en los trabajos 
fiscalizadores. El conjunto de todos los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas y los OCEx 
ofrece los resultados completos en relación con esta materia, además de que, como se ha señalado, 
el Tribunal de Cuentas incluye en el Informe del Sector Público Local, ejercicio 2016, un análisis 
agregado a nivel nacional.  
I.2.  ÁMBITO SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL
I.2.1.  Ámbito subjetivo
El ámbito subjetivo de la fiscalización viene constituido por las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización 
previa a las que les resulte de aplicación el artículo 218.3 del TRLRHL. Están integrados en el ámbito 
subjetivo, por tanto, 45 ayuntamientos y siete mancomunidades. Además, forman parte del ámbito 
subjetivo cualesquiera otras entidades del sector público local de la Comunidad Autónoma adscritas 
odependientes, sujetas a dicha modalidad de fiscalización.
I.2.2.  Ámbito objetivo
El ámbito objetivo comprende los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes adoptados con 
omisión del trámite de fiscalización previa y las anomalías en materia de ingresos que han de remitir 
los órganos de Intervención de las entidades locales, así como la demás información que han de 
presentar en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de Cuentas 
de 30 de junio de 2015. 
I.2.3.  Ámbito temporal
El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 2016, 
sin perjuicio de que, para el adecuado cumplimiento de los objetivos previstos, se efectúen los 
análisis  y  comprobaciones  relativos  a  ejercicios  anteriores  o  posteriores  que  se  consideren  s
relevantes.  e.
2 DAuaddioe necl ian údme eCrou edneta fsis dcea liCzaacniaorniaess  inptreegvrisatrasse  eenn  eesl tPar iongicraiamtivaa d. e Fiscalizaciones para 2018, no le ha sido posible a la
I.3.  TIPO DE FISCALIZACIÓN, OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO
Se trata de una fiscalización horizontal, esencialmente de cumplimiento, dirigiéndose sus objetivos a 
verificar la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sometida la gestión 
económico-financiera de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia 
en la materia objeto de la misma. También constituye una fiscalización operativa en la medida en 
que se han examinado los sistemas y procedimientos de control interno de las entidades locales. 
Constituyen los objetivos generales de esta fiscalización: 
1. Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información al Tribunal de Cuentas sobre
los acuerdos contrarios a reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con
omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de las entidades locales
del ámbito territorial sujeto a fiscalización.
2. Determinar las situaciones y causas concretas que dieron lugar a acuerdos contrarios a reparos
formulados por la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las
principales anomalías de ingresos.
3. Identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión de las entidades locales que resulten de la
información remitida por los órganos de Intervención.
4. Detectar y analizar las áreas en las que se ponga de manifiesto de manera más significativa una
falta de homogeneidad en los criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención
en el ejercicio de su función y en su remisión al Tribunal de Cuentas. Igualmente se valorarán
aquellos ámbitos en los que sea más destacable una distinta tramitación por los órganos de las
entidades  locales  competentes  en  cada  caso  de  los  acuerdos  contrarios  al  informe  de
Intervención o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa.
Asimismo, en las Directrices Técnicas se preveía que se verificaría la observancia de la normativa 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de transparencia en todo aquello que, de 
conformidad con la misma, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 
Los trabajos de esta fiscalización se han efectuado a partir del análisis de la información y 
documentación que los órganos de Intervención de las entidades que conforman el ámbito subjetivo 
han  remitido  a  través  de  la  Plataforma  de  Rendición  de  Cuentas  de  las  Entidades  Locales 
(www.rendiciondecuentas.es), en adelante, la Plataforma, en cumplimiento del artículo 218.3 del 
TRLRHL y de la Instrucción del Tribunal de 30 de junio de 2015, que comprende: 
- Información general sobre el control interno desarrollado en la entidad local durante el ejercicio.
- Información sobre los acuerdos adoptados en contra del reparo formulado por el órgano de
Intervención, así como de los expedientes concluidos con omisión de fiscalización previa y de las
principales anomalías de ingresos.
- Copias de los acuerdos y resoluciones y de los informes de Intervención y, en su caso, del informe
justificativo de la unidad gestora de los expedientes de importe superior a 50.000 euros.
Se han fiscalizado todos los acuerdos contrarios a reparos, los expedientes con omisión de 
fiscalización previa y las anomalías de ingresos remitidos por las entidades locales de la Comunidad  e.e
Autónoma de importe superior a 50.000 euros. Para ello, se ha examinado, fundamentalmente, la  b
información remitida por los interventores a través de la Plataforma. Además, se ha solicitado  111ww
iandfoicrimonaaclieósn.  y documentación específica sobre aquellos aspectos que requirieron aclaraciones
Se han examinado también determinadas áreas del control interno -régimen de control, alcance de 
la fiscalización limitada previa o de requisitos básicos y dotación de su personal, entre otros 
aspectos- de una muestra de entidades. 
En esta fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo todas las pruebas y actuaciones que 
ha considerado precisas para dar cumplimiento a los objetivos señalados anteriormente, utilizando 
los procedimientos y técnicas habituales de auditoría. En particular, se han aplicado las Normas de 
Fiscalización aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 2013. 
I.4.  MARCO LEGAL Y RÉGIMEN JURÍDICO
La normativa reguladora del régimen local, aplicable a lo largo del periodo objeto de la fiscalización, 
es principalmente la siguiente: 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRLRL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título
Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de Presupuestos (RD 500/90).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), derogada, con efectos de 2 de octubre
de 2016, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)3.
- Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (LTAIPGB).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL).
En los párrafos siguientes se detalla el régimen jurídico en relación con los diferentes aspectos de la 
materia fiscalizada.  
Control interno en las entidades locales 
El ejercicio del control interno en el ámbito local se realiza mediante la función interventora -control 
de  legalidad  llevado  a  cabo  con  carácter  previo  a  la  realización  del  gasto-  y  el  control 
3 El 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
t2r0a1n4sp/2o4n/eUnE , adl e o2r6d ednea fmebiernetroo  djuer í2d0ic1o4  español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
financiero -efectuado con posterioridad a la realización del gasto-, según disponen los artículos 213 
y siguientes del TRLRHL. 
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o 
gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, 
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos. Se encuentran exentos de fiscalización 
los contratos menores, gastos de material no inventariable, periódico y de tracto sucesivo, una vez 
fiscalizados los actos iniciales.  
El Pleno de la entidad puede implantar un sistema de fiscalización limitada previa en virtud del artículo 
219.2 del TRLRHL. De acuerdo con este modelo, el Interventor extiende su control previo a la 
comprobación de la competencia del órgano al que se somete el gasto, a la adecuación y suficiencia 
de crédito y a otros aspectos que debe acordar el Pleno de la entidad local. Este sistema debe 
complementarse con un control posterior basado en técnicas de auditoría, cuyos resultados deben 
plasmarse en un informe dirigido al Pleno. 
A su vez, el artículo 220 del TRLRHL regula el control financiero, estableciendo que tendrá por objeto 
comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades 
locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes. Se 
señala  que  informará  acerca  de  la  adecuada  presentación  de  la  información  financiera,  del 
cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia 
en la consecución de los objetivos previstos, y que se realizará a través de procedimientos de 
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, concluyéndose en un informe 
escrito que deberá haber sido puesto de manifiesto al órgano auditado, remitiéndose al Pleno. En 
esta definición se incluye también el control posterior que debe realizarse, de acuerdo con el artículo 
219.3 del TRLRHL, cuando se esté aplicando la fiscalización limitada previa. 
Con carácter posterior al periodo fiscalizado fue objeto de aprobación el actual Reglamento de 
Control Interno (RCI), aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, cuya entrada en vigor se 
produjo el 1 de julio de 2018, dando cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 213 del 
TRLRHL, tras la modificación introducida por la LRSAL. Esta norma ha supuesto una importante 
novedad en la materia objeto de esta fiscalización al armonizar los procedimientos, alcance y técnicas 
a emplear en el control interno de las entidades del sector público local con las empleadas por la 
Intervención General de la Administración del Estado, además de ocupar el vacío existente, en tanto, 
hasta su aprobación, no existía en el ámbito local un desarrollo reglamentario en relación con la 
fiscalización interna de la gestión económico financiera. 
Formulación de reparos por el órgano de Intervención 
La formulación de reparos por el órgano de Intervención y los efectos de los mismos se regulan en 
los artículos 213 y siguientes del TRLRHL. Así, se establece que si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la 
adopción del acuerdo o resolución. 
Estos reparos suspenderán la tramitación del expediente si afectan a la disposición de gastos, 
reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, siempre y cuando la causa del reparo sea 
insuficiencia de crédito o inadecuación del propuesto, que no hubieran sido fiscalizados los actos que 
dieron origen a las órdenes de pago, omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, o  s
bien cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y  oe.
servicios.  w.
Cdeula TnRdoL ReHl óLr geasntaob alel cqeu eq aufee cctoer reels rpeopnadroe rpár erseesnotlvee sru a dl iPscrerespidaennctiea  drees plae cetnot iadla md islomcaol,,  esla alvrtoíc quuloe 2 l1o7s 
reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, o se refieran a obligaciones o gastos
cuya aprobación sea de competencia del Pleno, en cuyo caso le corresponderá a este órgano. Esta 
competencia tiene carácter de indelegable, ya que ni la LBRL ni el texto refundido de disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril (TRLRL), prevén su posible delegación. 
La figura de la omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local hasta la entrada 
en vigor del RCI, que le otorga una regulación similar a la existente en el ámbito estatal, señalando 
que se produce en aquellos casos en los que se omite la función interventora siendo preceptiva, no 
pudiendo tramitar el reconocimiento de la obligación ni el pago de la misma hasta que se proceda a 
la resolución de la citada omisión. Se concreta, además, que el órgano competente, una vez visto el 
informe emitido por Intervención –del que se especifica que no tendrá el carácter de fiscalización 
previa-, para determinar si continuar con el procedimiento y demás actuaciones que pudieran 
proceder, será el Presidente de la entidad local, salvo que se trate de obligaciones o gastos cuya 
competencia sea del Pleno, en cuyo caso, tendrá este órgano la competencia. Además, se determina 
que, en los municipios de gran población, podrá ser la Junta de Gobierno Local quien adopte la 
resolución procedente. 
Remisión de los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
previa y principales anomalías de ingresos al Tribunal de Cuentas 
El órgano interventor debe elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un 
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218 TRLRHL). Como 
consecuencia de las modificaciones introducidas por la LRSAL, dicha información, además, debe ser 
remitida al Tribunal de Cuentas. En este sentido se pronuncia el art. 218.3 del TRLRHL, que 
establece lo siguiente: 
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas
en materia de ingresos. A la citada documentación se deberá acompañar, en su caso, los informes
justificativos presentados por la Corporación Local.”
La obligación de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y resoluciones adoptados por el órgano 
competente de dichas entidades en los que concurran posibles irregularidades o deficiencias puestas 
de manifiesto en el ejercicio de la función interventora y que hayan dado lugar al oportuno reparo, 
así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, se completó, 
por la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015,  con la relativa a los acuerdos o 
resoluciones adoptados con omisión de la fiscalización previa, con la finalidad de abarcar el conjunto 
de expedientes concluidos con reparos por los órganos gestores y aquellos en los que no se haya 
podido pronunciar el órgano de Intervención sobre su legalidad.  
La Instrucción arbitró un sistema de remisión de la información sobre reparos con carácter anual y 
estructurado en cuatro apartados diferenciados: relación de acuerdos contrarios a reparos del 
ejercicio; relación de los acuerdos o resoluciones que concluyan expedientes administrativos de 
gastos tramitados al margen del procedimiento y, en todo caso, con omisión de la fiscalización previa; 
relación de las principales anomalías o incidencias que se hayan advertido en el desarrollo de las 
tareas de control interno de la gestión de los ingresos; y, por último, un cuarto apartado relativo a 
información general, en el que las unidades de Intervención especifican aspectos tales como la 
implantación o no de un sistema de fiscalización previa de requisitos básicos, la realización de  s
actuaciones de control financiero o los informes emitidos por los órganos de Intervención en relación  oe.
con otras cuestiones relacionadas.  w.
Ldeo sC óurgeanntaoss  ddee  I3n0te drvee jnucnióion  ddee  2la0s1 e5n, trideamditeesn l oincfaolerms,a ecnió cnu smopblrime ieeln taolc daen clae  Indsetlr uccocnitórno l dienlt eTrrnibou; neanl 
particular, si se ha implantado un modelo de fiscalización limitada previa o de requisitos básicos,
posibilidad contemplada en el artículo 219.2 del TRLRHL, y si se efectuaron actuaciones de control 
financiero reguladas en el artículo 220 del referido texto legal. 
Órgano de Intervención y provisión de los puestos de trabajo reservados a FHN 
El artículo 92.3 de la LRBRL califica el control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria como función pública necesaria en todas las corporaciones locales, y 
reserva su responsabilidad administrativa a funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHN), 
que ejercerán la jefatura funcional del órgano de Intervención. 
El régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional en el periodo fiscalizado 
es el establecido con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, 
además, en el artículo 92 bis de la LRBRL, tras la modificación efectuada por la LRSAL.  
Eran también de aplicación durante el ejercicio 2016 los siguientes textos legales en relación con 
dicho régimen jurídico4: 
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN).
- Real Decreto 1732/1994, de 29 de junio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (RPPFHN).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del RPPFHN la denominación y clasificación de los puestos 
de trabajo reservados a FHN, a los que se les atribuye esta responsabilidad administrativa, sigue el 
siguiente esquema: 
o Intervención de clase 1ª: En ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000
habitantes los puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de
Intervención-Tesorería, categoría superior.
No obstante, el artículo 7 del RPPFHN prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma
respectiva clasifique, en los municipios con acusados incrementos de población o en los que
concurran  otras  circunstancias  que  así  lo  aconsejen  y  a  instancia  de  la  corporación
interesada, los puestos reservados en clase superior a la que les correspondería.
o Intervención de clase 2ª: En ayuntamientos de municipios cuya población esté comprendida
entre 5.000 y 20.000 habitantes, así como en los de población inferior a 5.000 habitantes cuyo
presupuesto supere los 3.005.060,52 euros. Estos puestos están reservados a funcionarios
pertenecientes a la subescala de Intervención–Tesorería, categoría de entrada.
o Secretaría de clase 3ª: En el caso de que la población del municipio sea inferior a 5.000
habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 3.005.060,52 euros. Estos puestos están
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención.
Los artículos 92.bis de la LRBRL y 14 y siguientes del RJFHN establecen la siguiente atribución de 
funciones en relación con la reserva de puestos: 
A los funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería que ocupen el puesto 
reservado en Intervenciones de clase primera o de clase segunda5 les corresponden las funciones  e.
fl4au E nnnco ioermnl aearjteiiovrcsa i dcreieog  Al2ad0mm1e8inn sitsaetr raiaapc arióo nlba óLs  oepclr aeRlv ecisaoilno D nheeascb riceliottaonc t1eió2nn8id /d2ae0s 1 cea8nr,  ádecelt eE 1rB 6nE adPce i oym neaanrl, z lyao  ,qL puRoeSr d AeelL rq.o ugeó  seel R reJgFuHlaN  eyl  erlé RgiPmPeFnH juNr,í daidcaop dtaen ldoos 
d5 eE nc alarásc etenrt idnaadcieosn aclo, nS Iencterervtaerníac,ió anl  dqeu ec lacsoerr e1sªp oo n2dª ee xlais treens pootrnossa bdiolisd apdu easdtomsi nriesstreartvivaad odse  al afsu nfcuinocniaornioess  cdoen  feh apbúilbitlaiccaió ny 
de control y fiscalización y, además, las de contabilidad, excepto para los municipios de gran 
población, para los cuales se prohíbe expresamente la atribución de la contabilidad a los órganos de 
Intervención. En la Región de Murcia son municipios de gran población los Ayuntamientos de Murcia, 
Cartagena y Lorca. 
A su vez, los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención tienen, además 
de  las  anteriores,  atribuidas  las  funciones  de  tesorería  y  recaudación,  las  de  fe  pública  y 
asesoramiento legal preceptivo. 
En cuanto a la provisión de estos puestos reservados, la LRBRL y RPPFHN establecen que el 
sistema normal de provisión será el concurso; además, se prevé la posibilidad, exclusivamente para 
los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, así como para las diputaciones 
provinciales, cabildos y consejos insulares, de que sus puestos se cubran por libre designación.  
Si los puestos no están cubiertos de forma definitiva –esto es, a través de concurso o de libre 
designación- deberán ser objeto de convocatoria pública. El RPPFHN, en el artículo 12, señala que 
existen dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario, otorgando carácter 
supletorio al concurso unitario frente al ordinario. El ámbito territorial de los concursos ordinarios –
convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones locales y publicados 
simultáneamente  por  el  órgano  competente  de  las  Comunidades  Autónomas-  será  el  de  la 
comunidad autómona a la que pertenezca la corporación local y el concurso unitario será de carácter 
estatal, y es convocado con igual periodicidad por el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública.  Además,  la  normativa  establece  otras  formas  de  cobertura  para  los  puestos  que 
permanezcan vacantes determinando un orden de prelación entre las mismas. 
En primer lugar, y conforme al artículo 30 del RPPFHN, se prevé, como nombramiento no definitivo 
de carácter prioritario, el nombramiento provisional, el cual debe ser realizado por la comunidad 
autónoma correspondiente y recaer sobre un FHN. Se deberá realizar de forma obligatoria este 
nombramiento cuando lo solicite un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los 
requisitos para el puesto y este estuviera ocupado en virtud de nombramiento accidental o por un 
funcionario interino. 
A su vez, el artículo 32 del RPPFHN establece que, en los casos en los que no se haya podido 
realizar un nombramiento provisional, la Comunidad Autónoma podrá conferir comisiones de servicio 
a FHN destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de este6. 
En tercer lugar, se prevé el nombramiento en acumulación para aquellos casos en los que no hubiera 
sido posible efectuar ninguno de los nombramientos anteriores (provisional o comisión de servicios). 
Debe recaer en FHN y le corresponde a la comunidad autónoma o al Ministerio en caso de que 
exceda el ámbito de la primera. 
Por último, en los supuestos en los que no sea posible la provisión de los puestos a través de un 
nombramiento provisional, comisión de servicios o acumulación, la norma admite proveer el puesto 
por un funcionario de la propia entidad –el nombramiento, que se denomina accidental, deberá recaer 
en un funcionario de la corporación debidamente capacitado- o por un funcionario interino, cuyo 
nombramiento se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
y deberá recaer sobre un persona en posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala 
y categoría correspondiente. Los nombramientos accidentales los realiza la corporación y los de 
funcionario interino se resuelven por el órgano competente de la comunidad autónoma. En todo caso, 
asesoramiento legal preceptivo, y Tesorería, que, al igual que el puesto de Intervención, estará ocupado por funcionarios  111ww
d6pe aenCr  olaoat rsrora ecsssuu pcpboiaerncrs ducpenaursleáatas  Iatnnolc tseMia rrsvien essisneintcrevgiórauiondla -oTdrseee s ssl oaiptur rePearvrdíeaioss,st iayd es el nene  cncoio talrara ry e nc spooprammoranua dntlieaivd saala .dA s  dafumuntióncniiosotnrmeaacsi  oddneise ttsien stTaoe raerr rilítaao  rdyiae rllee pscu aceuosdntaofce diróiern  c.p oromciesdioennecsia d, ea ssíe crvoimcioo   OE-A-2021-14able en https://
se debe acreditar la imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de carácter 
nacional. 
I.5.  RENDICIÓN DE CUENTAS
La sujeción al régimen de contabilidad pública establecida legalmente para las entidades locales en 
el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 
desarrollada en el capítulo III, Título VI del TRLRHL, supone la obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas, según establece el artículo 
201  de  dicho  Real  Decreto  Legislativo.  En  iguales  términos  se  manifiestan  las  Órdenes 
HAP/1781/2013, , HAP/1782/2013, de 20 de septiembre por las que se aprueban, respectivamente, 
las Instrucciones del modelo normal y simplificado de contabilidad local, vigentes en el ejercicio 2016. 
En la fecha de remisión del presente Proyecto de Informe los Ayuntamientos de Caravaca de la Cruz 
(25.633 hab.), Ceutí (11.472 hab.), y Pliego (3.873 hab.) no han rendido las cuentas generales de los 
ejercicios 2016 y 2017. Tampoco ha rendido la cuenta de 2016 el Ayuntamiento de Ojós (497 hab.). 
Los Ayuntamientos de Albudeite (1.359 hab.), Alhama de Murcia (21.448 hab.), Campos del Río 
(2.022 hab.) Librilla (5.160 hab.), Moratalla (8.048) y Torre-Pacheco (35.198 hab.) no han rendido la 
cuenta general correspondiente a 2017. 
De las siete mancomunidades de la Región Autónoma, cinco no han rendido las cuentas generales 
correspondientes a 2016 y 2017; son las mancomunidades de Servicios Sociales del Río Mula, 
Servicios Turísticos de Sierra Espuña, Servicios Turísticos del Noroeste, Turística del Nordeste 
Región de Murcia y Valle de Ricote. 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES
En cumplimiento del artículo 44 de la de la LFTCu, el Anteproyecto de Informe se remitió a los 
representantes de las entidades fiscalizadas para que alegasen y presentasen los documentos y 
justificaciones que estimaran convenientes. 
Asimismo se envió, con igual fin, a quienes ocuparon dicho cargo a lo largo del periodo fiscalizado 
cuando no coincidieron con quienes lo hacían en el momento de remisión del Anteproyecto de 
Informe, lo que ocurría en tres de las veinte entidades que conformaron el ámbito subjetivo de la 
fiscalización. A su vez, en nueve casos se ha remitido el Anteproyecto de Informe a las personas que 
fueron representantes de estas entidades antes del ejercicio 2016, respecto de unas operaciones 
contractuales realizadas durante su mandato que han tenido efectos en el periodo fiscalizado.  
Además, respecto de los incumplimientos de la obligación de remisión de la información que 
establece el artículo 218.3 del TRLHL en relación con las entidades dependientes, se ha remitido el 
extracto del Anteproyecto donde se indicaba tal circunstancia a los órganos de Intervención de las 
ocho entidades en las que se produjo dicha omisión, en tanto son los órganos responsables de la 
obligación señalada.  
A la fecha de finalización del plazo otorgado para formular alegaciones – el 9 de enero de 2019– no 
se  había  formulado  ninguna  solicitud  de  prórroga  del  plazo  para  cumplimentar  el  trámite  de 
alegaciones. Se han recibido alegaciones, dentro del plazo otorgado, de siete representantes 
actuales de las veinte entidades fiscalizadas. Además, se ha recibido la información señalada en el 
párrafo anterior en relación con el conjunto de órganos de Intervención a los que se les remitió la 
parte del Anteproyecto de Informe que afectaba a la entidad en la que realizaban las funciones de  s
Intervención.  e.
Todas las alegaciones han sido objeto del oportuno tratamiento, dando lugar a las modificaciones y  11w
prerleacciisóionn ceosn e nlo se l cPrirtoeyrieocst oin dteer pInrefotarmtiveo sd ey  Flaissc avlaizloarcaiócnio nqeuse  psree sheannt acdoanss ideenr aladso  aplreogcaecdieonnteess .q Euen 
discrepan de los contenidos de aquel y que no han sido asumidos por este Tribunal de Cuentas, se
ha incluido en el Proyecto de Informe una explicación sucinta de los motivos por los que el Tribunal 
mantiene su interpretación o valoración frente a lo expuesto en alegaciones. No se han realizado 
cambios ni valoraciones respecto de las alegaciones que explican, aclaran o justifican los resultados 
expuestos sin rebatir su contenido o que plantean opiniones sin soporte documental o normativo. 
Después  del  plazo  legal  concedido,  se  recibió  documentación  del  que  fue  representante  del 
Ayuntamiento de Mula durante el periodo fiscalizado y de quién ostenta actualmente la Presidencia 
de la Entidad, que, no obstante haberla presentado fuera de plazo, también ha sido analizada. 
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN RELACIÓN CON
LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A  REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE
FISCALIZACIÓN PREVIA Y PRINCIPALES ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS
II.1.1.  Cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a acuerdos
contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  y  principales
anomalías en la gestión de ingresos
En este epígrafe del Anteproyecto de Informe, se analiza –dando así cumplimiento al primero de los 
objetivos de la fiscalización- el grado de cumplimiento de los órganos de Intervención de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la obligación de remisión al Tribunal 
de Cuentas de la información relativa a los acuerdos adoptados en contra de los reparos formulados, 
a los expedientes con omisión de fiscalización previa, así como a las principales anomalías de 
ingresos. De acuerdo con la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que 
desarrolla la referida obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, la remisión de la 
información correspondiente al ejercicio 2016 debía realizarse antes del 30 de abril de 2017. 
La obligación referida, tal y como se regula en la Instrucción, afecta, además de a la entidad principal, 
a cualesquiera otras entidades adscritas o dependientes de la primera y sometidas a la modalidad 
de fiscalización limitada previa. El sistema de remisión implantado establece una remisión telemática 
anual de toda la información correspondiente a cada entidad y sus entes dependientes. 
En primer lugar se analiza el cumplimiento de la obligación en relación con la entidad principal, 
incluyendo posteriormente el examen específico del cumplimiento de esta obligación respecto de las 
entidades dependientes o adscritas. 
El nivel de cumplimiento de la obligación analizada para el conjunto de entidades del territorio 
nacional a 31 de diciembre de 2017 se proporciona en el cuadro siguiente, siendo el porcentaje de 
envíos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 75% frente 
al 59% de media del conjunto de entidades locales del territorio nacional. 
Cuadro  1.  Nivel de cumplimiento por comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2017 
Envíos realizados ejercicio 2016 
Comunidad Autónoma  Nº EELL  En Plazo  Total a 31/12/2017 
Nº  %  Nº  % 
Andalucía 892  205  23  467  52
Aragón 854  266  31  568  67
Canarias 107  63  59  87  81
Cantabria 645  61  9  103  16
Castilla y León  4.748  1.489  31  2.539  53 
Castilla-La Mancha  1.093  426  39  663  61 
Cataluña 1.127  691  61  860  76
Comunitat Valenciana  618  361  58  463  75 
Extremadura 472  182  39  325  69
Galicia 363  84  23  273  75
Illes Balears  77  37  48  68  88 
La Rioja  212  79  37  136  64 
Comunidad de Madrid  225  109  48  135  60 
Principado de Asturias  133  49  37  75  56 
Región de Murcia  52  23  44  39  75 
TOTAL  11.618  4.125  36  6.801  59 
Nota: No incluye País Vasco y Navarra. 
El mapa territorial específico de la Región de Murcia -conformado en un 82% por entidades de 
población superior a los 5.000 habitantes- favorece que el índice de cumplimiento de la obligación de 
remisión de la información antedicha sea más elevado que el correspondiente al nivel nacional, 
siendo las entidades más pequeñas las que en menor medida cumplen con esta obligación. 
En el siguiente cuadro se muestran los datos del grado de cumplimiento, por tipo de entidad y por 
población, en el caso de los ayuntamientos, a la fecha de corte de toma de datos: 
Cuadro  2.  Nivel de cumplimiento por tipo de entidad a 20 de septiembre de 2018 en la 
Región de Murcia 
Tipo entidad  Nº EELL  Nº Envíos  En plazo  Fuera de plazo 
Ayuntamientos 45  40  21  19
  Más de 300.00 h.  1  1  1  0 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  1  0  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  0  1 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  1  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  10  10  8  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  23  23  10  13 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  5  2  0  2 
  Menos de 1.000 h.  3  1  1  0 
Mancomunidades 7  4  2  2
Total  52  44  23  21 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
La totalidad de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes 
remitieron la información; de ellos, el 54% lo hizo con anterioridad a la fecha límite establecida -30 
de abril de 2017-, siendo los de menor población dentro de este tramo, los que en mayor porcentaje 
cumplieron la obligación fuera de plazo. No obstante, en los Ayuntamientos de Cartagena y Lorca -
ambos de población superior a 75.000 habitantes- también se remitió la información con retraso7. 
De los ocho ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes, en cinco no remitieron la 
información requerida (órganos de intervención de los Ayuntamientos de Pliego, Campos del Rio, 
Albudeite8, Aledo y Ojós8), dos de ellos lo hicieron fuera de plazo y uno (Ayuntamiento de Ulea) con 
anterioridad al 30 de abril de 2017. 
Por lo que se refiere a las mancomunidades, únicamente en cuatro de las siete existentes los órganos 
de Intervención cumplieron la obligación señalada, de las cuales, dos lo hicieron una vez transcurrido 
el plazo marcado en la Instrucción (Servicios Turísticos del Noroeste y Turística del Nordeste Región 
de Murcia). Las mancomunidades que no han remitido la información han sido las de Valle de Ricote, 
Servicios Sociales del Río Mula y Servicios Turísticos de Sierra Espuña. 
Para impulsar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 218.3 del TRLRHL, desde 
su implantación en relación con la información del ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas ha llevado 
a cabo un conjunto de medidas en coordinación con los OCEx, con el fin de que los órganos de 
Intervención  tomaran  conocimiento  de  la  existencia  de  esta  obligación  y  del  procedimiento 
establecido para su cumplimiento. Dichas medidas fueron de dos tipos, por un lado, actividades de 
divulgación y, por otro, actuaciones para promover el cumplimiento consistentes en la remisión de 
oficios en los que se recordaba dicha obligación, reclamando su cumplimiento una vez transcurrido 
el plazo de remisión. 
Las actuaciones de divulgación se llevaron a cabo a lo largo de 2015, en tanto que 2014 fue el primer 
ejercicio respecto del que se hacía efectiva la obligación de remisión de la información. Se remitieron 
correos electrónicos informativos a los órganos de Intervención del conjunto de entidades locales,  e.e
78fAu  LAbeoadrsareá  mAdnye,á u Cspn edltaauezmt íoC,i  eaBfunretetanorgoisee nldn,  eÁaF  gAoyurl btLiuluaondsrace, ,ai CtA,e all ogyrsau O vaAajzóycasuas nr ,e DtMamemo itLriieaeantr aotColnlras ul ,ad zL e,i on Mprfoqourublmaíl,a, a LcFcoiióuórnecn an se tuyenp   LÁeeinblraieromirlrlo aoa .d   D5e.e 02 00M01u 9hr cayib ani,to aLvnoietsem sA bqlrcueáe dz raeer 2me0sit1,i e8Pr uroeensr ptlaoe  icLntufivomarmbmraeecnriatóesn.,    OE-A-2021-14able en https://
poniéndose también esta información en conocimiento de la Federación Española de Municipios y 
Provincias  (FEMP)  y  del  Consejo  General  de  Secretarios,  Interventores  y  Tesoreros  de  la 
Administración Local (COSITAL), con el objetivo de que contribuyeran a dar mayor difusión y 
publicidad al procedimiento; asimismo se impartieron sesiones formativas y se elaboró una guía de 
ayuda, disponible en la página www.rendiciondecuentas.es. 
En 2016 y 2017 se elaboraron y pusieron en marcha planes de actuaciones destinados a impulsar, 
entre los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales, el cumplimiento de 
esta obligación en relación con el ejercicio 2016. Estos planes se han seguido ejecutando en el 
ejercicio 2018. Antes de la terminación del plazo previsto para mandar la información, se enviaron 
correos electrónicos recordatorios de la necesaria observancia. Una vez transcurrido dicho plazo se 
remitieron oficios a las unidades de intervención de los ayuntamientos de la comunidad que no habían 
presentado la información correspondiente al ejercicio 2016. Además, se mantuvieron con el mismo 
fin comunicaciones telefónicas con los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes. 
La evolución del cumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a reparos desde 
el ejercicio 2014 -año para el que entró en vigor el cumplimiento de esta obligación-, hasta el ejercicio 
2016 ha pasado del 77% en 2014 al 84% en 2016. Los siete puntos de diferencia se han producido, 
fundamentalmente, en relación con los ayuntamientos situados en el tramo de población de 5.000 a 
25.000 habitantes, respecto de los cuales, la totalidad de los  órganos de Intervención han remitido 
la información relativa a 2016, mientras que en el año 2014, la envió el 78%. En el resto de tramos 
de ayuntamientos y en las mancomunidades el nivel de cumplimiento se ha mantenido constante. 
Se observa, así, que el cumplimiento del envío de la información prevista en el artículo 218.3 del 
TRLRHL, en un periodo relativamente corto se encuentra totalmente implantado entre los órganos 
de Intervención de las entidades locales de mayor tamaño, que son los responsables de la gestión 
de la mayor parte de los recursos públicos del ámbito local de la Comunidad Autónoma. 
El grado de implantación resulta menor entre las entidades de población inferior a 5.000 habitantes 
y entre las mancomunidades, en ambos casos se trata de entidades en las que mayoritariamente no 
se producen acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa ni 
anomalías en sus ingresos. Estas entidades gestionan un porcentaje muy pequeño de recursos en 
relación con los fondos públicos gestionados por el conjunto de entidades locales de la Comunidad 
Autónoma. 
De los 40 Ayuntamientos cuyo órgano de Intervención ha remitido la información analizada, los 
Ayuntamientos  de  Águilas,  Calasparra,  Cartagena,  Cieza,  Lorca,  Mazarrón,  Murcia,  Puerto 
Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco cuentan con entidades dependientes 
oadscritas sometidas a fiscalización previa, el detalle se muestra en el cuadro 3.
Los órganos de Intervención de todos ellos9 han remitido certificación negativa en relación con sus 
entidades dependientes, excepto el órgano de Intervención de San Javier, el cual ha informado de 
un acuerdo contrario a reparo relativo a su Organismo Autónomo Patronato Municipal Deportivo.  
9 Los órganos de Intervención de Los Ayuntamientos de Águilas, Cartagena, Lorca, Murcia, Mazarrón, Puerto Lumbreras,
Sdea na lPeegdarcoio dneels P. inatar y Torre Pacheco han remitido la información relativa a las entidades dependientes durante el trámite
Cuadro  3.  Entidades dependientes respecto de las que se ha remitido información 
Entidad Principal  Tipo Entidad Dependiente  Denominación 
Águilas  Organismo Autónomo  Patronato Deportivo Municipal 
Cartagena  Consorcios  Cartagena Puerto de Culturas 
La Manga 
Organismos Autónomos  Agencia Desarrollo Local y Empleo 
Gestión Recaudatoria 
Instituto Municipal Servicios Zona la Manga del Mar Menor 
Patronato Municipal Carmen Conde-Antonio Oliver 
Rifa Benéfica Casa del Niño 
Calasparra  Organismo Autónomo  Patronato Municipal Residencia de Ancianos 
Cieza  Consorcio   Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 
Lorca  Organismo Autónomo  Semana Nacional del Ganado Porcino 
Mazarrón  Organismos Autónomos  Agencia Desarrollo Local, Educación, Juventud y Empleo 
Universidad Popular 
Murcia  Organismo Autónomo  Museo Ramón Gaya 
Puerto Lumbreras  Consorcio  Turístico Medina Nogalte 
San Pedro del Pinatar  Organismo Autónomo  Patronato de la Universidad Popular de San Pedro del Pinatar 
Torre-Pacheco  Consorcio  Televisión Digital Local del Mar Menor 
II.1.2.  Entidades  sin  acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos10
De acuerdo con lo previsto en la Instrucción de 30 de junio de 2015, los órganos de Intervención de 
las entidades locales, en el caso en que no se hayan adoptado acuerdos contrarios a reparos o 
expedientes con omisión de fiscalización previa o no existido anomalías en la gestión de ingresos, 
deben remitir una certificación negativa en la que se indique esta circunstancia. 
En el cuadro siguiente se recogen, a fecha de 20 de septiembre de 2018, las certificaciones negativas 
presentadas por los titulares de los órganos de Intervención en relación con la existencia de acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de 
ingresos, atendiendo al tipo de entidad y al tramo de población de los ayuntamientos. 
10 Los porcentajes incluidos en este apartado son todos ellos referidos a las entidades cuyos órganos de Intervención han
reexmpoitsiditoiv ala.  información analizada, lo que no se especifica en cada uno de los párrafos en aras de una mayor claridad
Cuadro  4.  Entidades respecto de las que se han remitido certificaciones negativas por 
tipo de entidad y tramo de población 
Certificaciones negativas 
Entidades que 
Tipo de entidad  han remitido la  Omisión de 
Acuerdos contrarios  Anomalías en  Todos* 
información  fiscalización 
a reparos (A)  ingresos (C)  (A, B, C) 
previa (B) 
Ayuntamientos 40  28  37  34  21
  Más de 300.000 h.  1  0  1  1  0 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  0  1  1  0 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  1  0  0 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  1  0  0 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  10  6  8  9  3 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  23  17  22  20  15 
  Entre 1.000 y 5.000 h.  2  2  2  2  2 
  Menos de 1.000 h.  1  1  1  1  1 
Mancomunidades 4 4  4  4  4
Total  44  32  41  38  25 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
*Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos
El número de entidades en las que los órganos de Intervención han comunicado, a través de la 
correspondiente certificación negativa, la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes 
con omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de los ingresos ha sido elevado. En el 
57% de entidades en las que se ha enviado información, no se produjo ninguno de estos acuerdos o 
expedientes. 
Con carácter general, el porcentaje de certificaciones negativas no resulta homogéneo atendiendo al 
tipo de entidad y al tramo de población, de forma que en los tramos de mayor población se produce 
en menor medida la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos. 
Esta circunstancia responde al incremento de recursos que se gestionan cuanto mayor es la 
dimensión del municipio en términos de población, lo que se traduce en una mayor cantidad de 
expedientes tramitados y que estos sean de una complejidad superior, lo que incrementa la 
posibilidad de que se produzcan reparos suspensivos y de que los órganos resuelvan en contra del 
criterio de la Intervención. 
Así,  en  el 21%  de  las  entidades de  población  superior a  25.000  habitantes  los  órganos de 
Intervención remitieron certificación negativa en los tres supuestos, mientras que este porcentaje se 
incrementó hasta el 69% para los ayuntamientos de menos población de la cifra indicada. Los tres 
ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y las cuatro mancomunidades respecto de los que se 
remitió la información certificaron la ausencia de acuerdos contrarios a reparos, expedientes con 
omisión de fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos11. 
Los órganos de Intervención del 86% de las entidades locales, con independencia del tamaño de las  es
mismas, comunicaron que no existieron anomalías de ingresos. Esta situación podría verse motivada  o
por el hecho de que se refiere a una figura que no se encuentra con templada en la normativa,  w.
cuestión que se une al hecho de que la mayoría de las entidades locales, en aplicación del artículo  2021-1411n https://w
n11a cAi opneasl.a r de tratarse de una población reducida, los porcentajes indicados son equiparables a los resultantes a nivel
219.4 del TRLRHL, ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos por la toma de razón 
en contabilidad, sin que se lleven a cabo controles posteriores sobre la gestión de los ingresos. 
II.1.3.  Alcance y configuración del sistema de control interno
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del alcance y configuración del control interno 
desarrollado por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por tipo 
de entidad y tramo de población: 
Cuadro 5.  Alcance y configuración del control interno por tipo de entidad y tramo de 
población 
Nº  EELL envío  Fiscalización  Control financiero 
Tipo entidad  Nº EELL  Otros extremos 
reparos  limitada previa  posterior 
Ayuntamientos 45 40 25 14  9
  Más de 300.000 h.  1  1  1  1  _ 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  1  1  _ _  1 
  Entre 75.001 y 100.000 h.  1  1  1  1  1 
  Entre 50.001 y 75.000 h.  1  1  1  1  1 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  10  10  8  5  2 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  23  23  13  6  2 
  Entre 1.001 y 5.000 h.  5  2  1  _  2 
  Menos de 1.000 h.  3  1  _  _  _ 
Mancomunidades 7 4 1 _  _
Total  52  44  26  14  9 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
En el conjunto del territorio nacional, tal y como se puso de manifiesto en el Informe que sobre esta 
misma materia se elaboró en relación con los ejercicios 2014 y 2015, la fiscalización limitada 
previa -en la que se revisa la legalidad de los aspectos básicos de cada expediente- se aplica, 
básicamente, por las entidades de mayor tamaño al ser las que mayor número de operaciones 
realizan y con el objeto de agilizar los procedimientos. Así se ha señalado también en el Informe de 
Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016. 
La implantación de un sistema de fiscalización limitada previa –contemplado en el artículo 219 del 
TRLRHL- supone la comprobación, por parte del órgano de Intervención, de la existencia de crédito 
presupuestario y su adecuación, así como que las obligaciones o gastos se generan por órgano 
competente, debiéndose extender, además, a extremos adicionales que el Pleno de la entidad 
determine por ser trascendentes para la gestión.  
La ausencia de acuerdo del Pleno en el que se definan los extremos adicionales señalados, supone 
un incumplimiento del artículo 219 del TRLRHL y limita la fiscalización previa exclusivamente a los 
dos  aspectos  indicados  -la  comprobación  de  la  existencia  y  adecuación  del  crédito  y  de  la 
competencia del órgano-, reduciendo de forma significativa su alcance, así como su eficacia. 
La fiscalización previa –ya se realice con carácter de plena o limitada- debe completarse, según  s
regula el artículo 220 del TRLRHL, con un control financiero posterior que informe de la adecuada  oe.
presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de  w.
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.   11w
Las cuatro entidades de población superior a 50.000 habitantes de la Región de Murcia -Murcia,
Cartagena, Lorca y Molina de Segura-, excepto Cartagena, habían establecido un sistema de
fiscalización limitada previa, concretando los respectivos Plenos la comprobación de otros extremos 
de la gestión del gasto -además de que el crédito fuera adecuado y suficiente y que órgano gestor 
del gasto fuera, asimismo, competente-. A su vez, de estas tres entidades, dos de ellas ejercían un 
control financiero posterior, no desarrollándolo el Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento de 
Cartagena es la única entidad de este tramo poblacional que tiene establecido un sistema de 
fiscalización previa plena. 
Sin embargo, de los 26 Ayuntamientos de población inferior a 25.000 habitantes de los que se ha 
dispuesto de información, el porcentaje de los que asumieron una fiscalización limitada previa fue del 
54% (14 entidades), y de ellos, únicamente en seis, el Pleno había determinado la exigencia de la 
revisión de extremos adicionales a crédito y competencia, siendo, por tanto, más deficiente el control 
interno de estas entidades, sobre todo en aquéllas que, a su vez, no desarrollaban un control 
financiero posterior, control que únicamente se llevaba a cabo en cuatro de las que establecieron 
fiscalización limitada previa.  
Los resultados globales sobre el ejercicio del control financiero ponen de manifiesto que su utilización 
entre las entidades locales de la Región de Murcia ha sido prácticamente residual, habiéndose 
aplicado únicamente en el 20% de las mismas, lo que supone una deficiencia en el ejercicio del 
control interno de aquellas, además del incumplimiento del mencionado artículo 220 del TRLRHL. 
La escasa implantación del control financiero se traduce, además, en la ausencia de comprobaciones 
sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y que no se ejerza un control de 
legalidad sobre aquellos extremos a los que no se extiende el control previo que se efectúa a través 
de la función interventora. 
La entrada en vigor del RCI el 1 de julio de 2018 refuerza la obligación de desarrollar actuaciones de 
control financiero. 
Ha  de  destacarse  que  no  constituyen  actuaciones  de  control  financiero  otras  acciones  que 
desarrollan las unidades de Intervención, como los informes previos a la aprobación de la liquidación 
del presupuesto, a los que se refiere el artículo 89.3 del Real Decreto 500/1990, ni tampoco los 
informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a los que se 
refieren los artículos 16 y 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, 
ya que no se encuentran comprendidas en la definición de control financiero que contiene el TRLRHL 
ni tampoco en el RCI. 
II.1.4.  Informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y
liquidación del presupuesto
El presupuesto y la liquidación del presupuesto deben ser informados por la intervención de la entidad 
local antes de su aprobación por el Pleno, en el primer caso, o el Presidente, en el segundo (artículos 
168.4 y 191.3 TRLRHL). Estos informes contendrán la opinión del órgano de Intervención sobre el 
contenido de los documentos mencionados, en los que, en su caso, se incorporarán las deficiencias 
o irregularidades que hubiera observado. Además, existirán también informes de intervención en la
tramitación de las modificaciones de crédito en los términos recogidos en la normativa aplicable. El
contenido de estos informes constituye también un resultado de la labor de control que realizan las
intervenciones de las entidades locales, en especial si se pronuncian en sentido negativo.
Los responsables de los órganos de Intervención, junto con la información general sobre el alcance  s
del control interno que se lleva a cabo en la entidad local, deben informar si se han emitido informes  e.
negativos al presupuesto, a la liquidación del presupuesto y a los expedientes de modificaciones  w.
presupuestarias tramitados en el ejercicio.  11w
De acuerdo con la información recibida, de las 44 entidades que remitieron los datos relativos al 
ejercicio  2016,  ninguna  de  ellas  señaló  haber  informado  negativamente  alguno  de  los  actos 
señalados. 
II.1.5.  Acuerdos contrarios a reparos
Las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia han aprobado, al menos, 
253 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de Intervención, con 
un importe total que casi alcanzaba los 28 millones de euros, según la información remitida por los 
órganos de Intervención. 
A continuación se detallan los acuerdos contrarios a reparos según diversos criterios: 
Según el tipo de entidad 
La distribución de los informes por acuerdos contrarios a reparos y según el tipo de entidad local se 
muestra en el siguiente cuadro, donde además se detalla el número e importe de los de cuantía 
superior a 50.000 euros, los cuales han sido objeto de análisis específico.  
Cuadro  6.  Acuerdos contrarios a reparos por tipo de entidad y tramo de población 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
reparos  mayores de 50.000 euros 
Tipo de entidad 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Ayuntamientos 253  27.821.667,40  70  25.468.516,86
  Más de 300.000 h.  11  1.021.654,13  3  875.943,87 
  Entre 100.001 y 300.000 h.  28  4.582.423,99  10  4.259.235,79 
  Entre 50.001 y 100.000 h.  -  -  -  - 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  181  21.615.510,99  53  19.929.966,40 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  33  602.078,29  4  403.370,80 
  Menos de 5.000 h.  -  -    - - 
Mancomunidades  -  -    - - 
Total  253  27.821.667,40  70  25.468.516,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los 253 reparos fueron remitidos por un total de doce ayuntamientos. Todos los acuerdos contrarios 
a reparos correspondieron a la propia entidad principal, excepto uno de ellos que fue aprobado por 
el Patronato Municipal Deportivo de San Javier. En el anexo I se relacionan las entidades cuyos 
órganos de Intervención han comunicado estos acuerdos, indicándose el número de los remitidos y 
el importe acumulado. 
Según la modalidad de gasto del expediente 
Los acuerdos contrarios a reparos se refirieron a las categorías de gasto que se muestran a 
continuación, de acuerdo con la clasificación que de los mismos realiza la Instrucción del Tribunal de 
Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Cuadro  7.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la categoría de gasto del 
expediente afectado 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores 
Modalidad de gasto  reparos  de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Gastos de personal  23  127.497,24  0  0 
Expedientes de contratación  149  6.106.934,93  16  4.264.168,71 
Expedientes de subvenciones y ayudas públicas  2  8.199,74  0  0 
Determinados procedimientos de ejecución del 
30 4.705.741,06    12 4.382.552,86
presupuesto de gastos 
Operaciones de derecho privado  1  3.389,17  0  0 
Gastos derivados de otros procedimientos  6  305.629,92  2  280.053,73 
Prelación de pagos  42  16.564.275,34  40  16.541.741,56 
Total  253  27.821.667,40  70  25.468.516,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
El 59% de los acuerdos contrarios a reparos fueron relativos a expedientes de contratación, de los 
que el mayor porcentaje, un 65%, correspondió a contratos de servicios, el 30% a suministros y el 
restante 5% abarcó cuatro contratos mixtos, un contrato de obras, un contrato administrativo especial 
y otro contrato de gestión de servicios públicos.  
A su vez, el 17% de los acuerdos contrarios a reparos se referían al incumplimiento del orden de 
prelación de pagos y afectaban a expedientes de muy diversa naturaleza, tales como nóminas, 
ayudas sociales, gastos de seguridad social e IRPF, cánones, costas judiciales, suministros, servicios 
y obras, principalmente. Se comunicaron un total de 42 expedientes de esta naturaleza. 
Según la motivación del reparo y la fase de gasto reparada  
El cuadro siguiente presenta la distribución de los acuerdos contrarios a reparos comunicados 
atendiendo a la motivación del artículo 216 del TRLRHL: 
Cuadro 8.  Acuerdos contrarios a reparos clasificados según la motivación del artículo 
216 del TRLRHL 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
reparos  mayores de 50.000 euros 
Causa del reparo 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Insuficiencia de crédito o inadecuación del presupuesto  13  773.223,49  6 629.808,58
Omisión  en  el  expediente  de  requisitos  o  trámites 
164 8.322.947,74 21 6.419.797,20
esenciales 
Otras causas  74  18.725.496,17  43 18.418.911,08
Varias causas de las anteriores  2  0  -  - 
Total  253  27.821.667,40  70  25.468.516,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
La causa más común de los reparos formulados fue la omisión en el expediente de requisitos o  b
trámites esenciales. Concretamente en 2016 se comunicaron 164 acuerdos contrarios a reparos con  1w
e1s6t4a  amcuoetivrdaocsió, n2,1 q suuep reerparreosne lnat acubaann tíeal  d6e5 %50 d.0e0 l0o se uerxopse. dientes y un 30% de la cuantía total; de los
En cuanto a la ordenación de los reparos según la fase del gasto afectada, se presenta la siguiente 
situación: 
Cuadro  9.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo a la fase de gasto reparada 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos 
Fase de gasto reparada  reparos  mayores de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Autorización 59  2.984.284,60  6 2.327.789,98
Compromiso 6  385.928,37 1 324.362,67
Reconocimiento de la obligación  146  7.887.179,09  23 6.274.622,65
Pago 42 16.564.275,34  40 16.541.741,56
Total  253  27.821.667,40  70  25.468.516,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El 58% de los acuerdos contrarios a reparos comunicados lo fueron en relación con el reconocimiento 
de la obligación, seguidos por reparos relativos a la fase de autorización (23%), la fase del pago 
(17%) y del compromiso del gasto (2%). 
Según los órganos que aprobaron los acuerdos contrarios a los reparos formulados 
El artículo 217 del TRLRHL establece que las competencias para resolver una discrepancia entre el 
órgano gestor del gasto y los reparos de naturaleza suspensiva interpuestos por los órganos de 
Intervención corresponde al Presidente de la entidad local o al Pleno en los casos en los que el reparo 
se basara en insuficiencia o inadecuación de crédito o a obligaciones o gastos cuya aprobación sea 
de su competencia. La competencia de resolución de discrepancias es indelegable; no obstante, en 
algunos casos, fue la Junta de Gobierno Local el órgano que adoptó este tipo de acuerdos. 
Atendiendo a esta clasificación, los acuerdos contrarios a reparos se adoptaron por los siguientes 
órganos: 
Cuadro  10.  Acuerdos contrarios a reparos atendiendo al órgano que aprobó el acuerdo 
Importe en euros 
Totalidad de acuerdos contrarios a  Acuerdos contrarios a reparos mayores 
Órgano que resuelve  reparos  de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Pleno 60 3.172.853,16 9    2.531.950,10 
Presidente 149 18.921.399,58 46 17.784.736,52
Junta de Gobierno  44  5.727.414,66  15    5.151.830,24 
Total  253  27.821.667,40  70  25.468.516,86 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma. 
El Presidente de la entidad local fue el órgano que mayoritariamente aprobó los acuerdos contrarios 
a reparos, tanto por importe, el 68%, como por número de expedientes, que alcanzó el 59%; los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la entidad representaron el 24% de los acuerdos y 11% del 
importe. La Junta de Gobierno aprobó el 17% de los acuerdos y el 21% del importe; la aprobación  e.e
de las discrepancias por Junta de Gobierno Local supone una vulneración del artículo 217 del  bo
TRLRHL, en tanto atribuye esta competencia al Presidente de la entidad local o al Pleno, según los  1w
cAaysuonsta, my ielan tocsa ldifeic aC adreta ginedneal e(g2a8b alec.u eLrodso sa) cyu Seradno sJ aavpierro (bdaiedcoiss épiso ra clau eJrdGoLs )c. orrespondieron a los
II.1.6.  Expedientes con omisión de fiscalización previa
El número e importe de los expedientes con omisión de fiscalización previa comunicados por los 
órganos de Intervención de las entidades locales de La Región de Murcia en 2016 se elevaron a 
dieciséis expedientes y 2,6 millones de euros.  
El número de expedientes con omisión de fiscalización previa es significativamente menor que el de 
los acuerdos contrarios a reparos, lo que se explica –tal y como se pone de manifiesto en el epígrafe 
II.2.16- porque la mayoría de expedientes, ya fueran remitidos como acuerdos contrarios a reparos
o con ausencia de fiscalización previa, han sido referentes a gastos de contratación administrativa
tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, y el órgano de Intervención ha
considerado, en la mayoría de estos supuestos, como reparo el informe que acompañaba a los
reconocimientos extrajudiciales de crédito.
La distribución de los informes recibidos sobre expedientes con omisión del trámite de fiscalización 
previa según el tipo de entidad es la siguiente: 
Cuadro  11.  Expedientes con omisión de fiscalización previa por tipo de entidad y tramo de 
población 
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin  Expedientes sin fiscalización previa 
Tipo de entidad  fiscalización previa  mayores de 50.000 euros 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Ayuntamientos 16  2.635.648,26  4 2.533.654,88
  Más de 50.000 h.  -  -  -  - 
  Entre 25.001 y 50.000 h.  13    338.563,02  1     236.569,64 
  Entre 5.001 y 25.000 h.  3  2.297.085,24  3 2.297.085,24
  Menos de 5.000 h.  -  -  -  - 
Mancomunidades  -  -    -  - 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los  dieciséis  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  previa  están  referidos  a  tres 
Ayuntamientos -Águilas, Los Alcázares y Yecla- correspondiendo en todos los casos a la entidad 
principal y no a sus entidades dependientes. En el anexo II se detallan las entidades y los importes 
acumulados de los expedientes comunicados. 
Por lo que se refiere a la modalidad de gasto, en tanto cada expediente tramitado con omisión de 
fiscalización previa puede recoger más de una operación de gasto, en la información que los órganos 
de Intervención deben remitir a este Tribunal, se solicita que se indique el tipo de gasto al que se 
refiere cada una de las operaciones. 
Ha resultado que los dieciséis expedientes con omisión de fiscalización previa están integrados por 
78 operaciones de gasto, todas ellas relativas a la contratación pública, en su mayoría contratos de 
suministros (41%) y de servicios (36%).  
Como se ha señalado en el subapartado I.4, relativo al marco legal y régimen jurídico de la 
fiscalización, hasta la entrada en vigor del RCI, no estaban regulado los órganos que debían resolver  e
los expedientes con omisión de fiscalización previa. A partir de la publicación del mencionado  bo
Reglamento, se otorga esta competencia al Presidente de la entidad o al Pleno si se trata de gastos  1w
de su competencia, pudiéndole corresponder también a la Junta de Gobierno Local en los casos de
municipios de gran población. La distribución que se produjo en la Región de Murcia en el ejercicio 
2016 fue la siguiente: 
Cuadro 12.  Expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa atendiendo al 
órgano que resuelve  
Importe en euros 
Totalidad de expedientes sin  Expedientes sin fiscalización previa 
Órgano gestor  fiscalización previa   mayores de 50.000 euros  
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Pleno 5  2.555.361,71 4 2.533.654,88
Junta de Gobierno  5  59.644,26  -  - 
Concejalía 6  20.642,29 -  - 
Total  16  2.635.648,26  4  2.533.654,88 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Los órganos que en 2016 resolvieron los expedientes de omisión de fiscalización lo hicieron en 
proporciones prácticamente iguales. Tanto el Pleno como la Junta de Gobierno de las distintas 
entidades locales resolvieron respectivamente un 31,25% de los expedientes, mientras que las 
distintas Concejalías aprobaron el 37,5%. 
Los cinco acuerdos adoptados por los Plenos de las distintas entidades, alcanzaron, sin embargo, el 
97% del importe total, superando cuatro de ellos 50.000 euros, por lo que fueron incluidos en la 
muestra seleccionada. Estos acuerdos correspondieron a los Ayuntamientos de Águilas, que adoptó 
un acuerdo por un importe de 236.569,64 euros y de Los Alcázares, que tramitó tres acuerdos por 
un importe conjunto de 2.297.085,24 euros. 
II.1.7.  Principales anomalías en la gestión de ingresos
Los responsables de los órganos de Intervención de las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de La Región de Murcia comunicaron once anomalías de ingresos en 2016, por una 
cuantía global de 6.514.837,34 euros. Tres de las anomalías superaron de forma individualizada el 
importe de 50.000 euros, según se detalla en el siguiente cuadro, que clasifica el conjunto de las 
anomalías atendiendo a la naturaleza de los ingresos a los que se refieren. 
Cuadro 13.  Principales anomalías de ingresos clasificadas por tipo de ingreso 
Importe en euros 
Anomalías  Expedientes mayores de 50.000 euros 
Tipo de ingreso 
Nº  Importe €  Nº  Importe € 
Impuestos locales  4  2.105.920,04  2 2.100.000,00
Tasas 5  1.761,64 0 -
Otros 2  4.407.155,66 1 4.392.670,66
Total  11  6.514.837,34  3  6.492.670,66 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
En el anexo III se detallan las entidades y los importes acumulados de los expedientes comunicados.  e.e
Uno de los expedientes, remitido por el órgano de Intervención del Ayuntamiento de Mazarrón  b
clasificado como Otros, y que se refiere a derechos pendientes de cobro ya prescritos, supone el  1w
6co8m%u dneic aladso sa dneo muna liímasp odrete  insiggrneisfiocsa tidvea mlaesn tqeu me esneo rh. a informado, siendo el resto de expedientes
A su vez, y por lo que se refiere a la fase presupuestaria en la que se han detectado las anomalías, 
resultó que nueve de las once comunicadas, es decir, el 82%, lo fueron en la fase de reconocimiento 
del derecho, mientras que el 18% restante lo fueron en la fase de recaudación. 
II.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO SOBRE LOS EXPEDIENTES DE IMPORTE
SUPERIOR A 50.000 EUROS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
En este subapartado se detallan los resultados del análisis del contenido de los acuerdos contrarios 
a los reparos formulados por los órganos de Intervención, de los expedientes con omisión de 
fiscalización  previa  y  de  las  anomalías  de  ingresos  que  han  sido  objeto  de  un  tratamiento 
individualizado. En el cuadro siguiente se muestra la representatividad de los expedientes analizados 
respecto de la totalidad de los mismos: 
Cuadro 14.  Representatividad de la muestra de expedientes 
Muestra seleccionada 
Totalidad de acuerdos 
contrarios a reparos 
Expedientes  Representatividad  
      Nº  Importe €        Nº  Importe €      % Nº       % Importe 
Acuerdos contrarios a reparos  253  27.821.667,40  71  25.468.516,86  28,06  91,54 
Expedientes con omisión de fiscalización 
16    2.635.648,26  4    2.533.654,88      25,00  96,13 
previa 
Anomalías de ingresos  11  6.514.837,34  3  6.492.670,66  27,27  99,66 
Se han examinado todos los acuerdos contrarios a reparos de importe superior a 50.000 euros, lo 
que ha supuesto analizar un total de 7112 expedientes que representan el 28% del total de los 
acuerdos y el 92% de su importe global. 
De los 71 acuerdos contrarios a reparos examinados, dieciséis fueron relativos a expedientes de 
contratación, de los que trece correspondieron a contratos de servicios (cinco comunicados por el 
órgano de Intervención del Ayuntamiento de San Javier, dos del Ayuntamiento de Murcia, cinco del 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco y uno del Ayuntamiento de Jumilla), y los otros tres a contratos de 
suministros (dos del Ayuntamiento de Torre-Pacheco y uno del Ayuntamiento de Murcia). 
Otros 40 se referían al incumplimiento del orden de prelación de pagos en relación con el abono de 
gastos de personal, todos ellos comunicados por el órgano de Intervención del Ayuntamiento de 
Totana.  También  han  sido  objeto  de  análisis  doce  expedientes  relativos  a  “determinados 
procedimientos  de  ejecución  del  presupuesto  de  gastos”,  diez  de  ellos  tramitados  por  el 
Ayuntamiento de Cartagena y los otros dos por el Ayuntamiento de Fortuna. Igualmente han formado 
parte de la muestra sendos expedientes remitidos por los Ayuntamientos de Mula y de San Pedro 
del Pinatar que se encuadraron dentro de la categoría de “gastos derivados de otros procedimientos” 
y  que  se  refirieron,  respectivamente,  a  un  expediente  de  modificación  de  créditos  y  a  un 
reconocimiento extrajudicial. Además, ha sido examinado un expediente de gastos de personal 
remitido por el órgano de Intervención del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. La exposición 
individualizada de cada uno de los expedientes se ha incluido en el epígrafe correspondiente a las 
respectivas entidades locales. 
12 Además de los 70 expedientes que según consta en la Plataforma eran de importe superior a 50.000 euros, se ha
asun acluizaandtoía u yn  qauceu ererdsou ltcóo nsterra rsiuop ae rreiopr aar od itcrahmo iitmadpoo rpteo.r  el Ayuntamiento de Alhama de Murcia del que se informó sin facilitar
Por lo que se refiere a los expedientes con omisión de fiscalización previa, se han examinado los 
cuatro de importe superior a 50.000 euros. Estos expedientes corresponden a los Ayuntamientos de 
Águilas (un expediente) y Los Alcázares (tres).  
Y por último, han sido objeto de análisis tres anomalías de ingresos, la correspondiente al 
Ayuntamiento de Mazarrón y otras dos relativas a posibles disminuciones de ingresos tributarios en 
los Ayuntamientos de Beniel y Lorca. 
También se incluyen, dando así cumplimiento al objetivo cuatro de la fiscalización, los resultados 
obtenidos en relación con las áreas en las que se ha detectado una falta de homogeneidad en los 
criterios y procedimientos aplicados por los órganos de Intervención en el ejercicio de su función y 
en su remisión al Tribunal de Cuentas, así como diferencias en la tramitación por los órganos de las 
entidades locales de los acuerdos contrarios a reparos o de los expedientes tramitados con omisión 
de fiscalización previa.  
II.2.1.  AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS
Sistema de control interno 
Águilas tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 34.706 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
27.405.310,96 euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, según corresponde a su población, por lo que el puesto 
de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior. Así consta en la RPT, aprobada por el Pleno de la entidad el 27 de abril de 2015; 
sin embargo, a 31 de diciembre de 2016, el puesto no estaba ocupado de forma definitiva, sino que 
el FHN que realizaba las funciones había sido nombrado mediante nombramiento provisional, forma 
de cobertura que continuaba a junio de 2018, fecha de corte de los trabajos. 
Además del FHN, el órgano de Intervención tenía otros cuatro puestos adscritos: un técnico A1 y tres 
auxiliares administrativos. 
La entidad tiene implantado un sistema de fiscalización previa plena, que comprueba la conformidad 
de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos los expedientes, valorando 
todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
Asimismo, el órgano de Intervención realizó, en el ejercicio 2016, actuaciones de control financiero 
posterior en relación con algunos de los servicios de la entidad local.  
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Águilas remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 17 de julio de 2017, una vez finalizado el 
plazo del 30 de abril establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
No obstante, la información remitida se refirió exclusivamente a la entidad principal, no informando 
de posibles acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización ni anomalías de 
ingresos de su entidad dependiente, el Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal.  es
Se remitió certificación negativa en relación con acuerdos contrarios a reparos así como en relación  w.
con anomalías de ingresos, informando de un expediente tramitado con omisión de fiscalización  11w
previa.
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
El expediente remitido corresponde a un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 
236.569,64 euros conformado por 181 facturas de diverso contenido, agrupadas en 41 operaciones 
de gasto: reparaciones de calles en el casco urbano, pequeños ajardinamientos, contratación de 
auxiliares de servicios, azafatas y servicio de vigilancia en diversas instalaciones, entre otras. La 
mayoría de las facturas fueron emitidas en el ejercicio 2015, sin embargo algunas de ellas datan de 
los años 2012, 2013 y 2014. 
En el informe de Intervención se puso de manifiesto la falta de tramitación de los correspondientes 
contratos que debieran haber dado cobertura a dichos gastos. Si bien la mayoría de las facturas 
podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor en tanto no superan los importes 
establecidos para dicha contratación en el TRLCSP (50.000 euros en el caso del contrato de obras 
y 18.000 euros en el resto), se ha vulnerado el artículo 28 de dicho texto legal, que sanciona el 
carácter formal de la contratación, así como el 111, que exige la formación de un expediente también 
para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la prestación. Además, su 
celebración hubiera requerido, de acuerdo con las Bases de Ejecución de Presupuestos de la 
entidad, que el órgano responsable del gasto tramitara la correspondiente propuesta de retención de 
crédito  validada  por  Intervención.  Esta  actuación  habría  evitado  la  falta  de  consignación 
presupuestaria en el ejercicio en el que se devengó el gasto. 
El Ayuntamiento realiza gastos por encima del crédito presupuestado en cada ejercicio y, mediante 
la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, estos se aplican al presupuesto de ejercicios 
posteriores, poniendo de manifiesto una insuficiencia sistemática de los créditos presupuestarios 
para financiar los gastos del ejercicio corriente. Esta circunstancia resulta contraria a los artículos 
173.5 y 176.1 del TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la nulidad de la 
adquisición de compromisos de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios, sin 
perjuicio  de  que,  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Administración,  las  facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG. 
En el artículo 30 se concretan las sanciones correspondientes, señalándose que su aplicación se 
regirá por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a la 
depuración de las posibles responsabilidades.  
II.2.2.  AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Sistema de control interno 
Alhama de Murcia tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 21.308 habitantes, y el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del presupuesto del Ayuntamiento fue de 20.606.421,33 
euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, tal y como el RPPFHN establece para las entidades de 
población superior a 20.000 habitantes. 
El Pleno de la entidad había aprobado la RPT vigente a la finalización del periodo fiscalizado el 31 
de mayo de 2016, en ella, el puesto de interventor está reservado a funcionarios pertenecientes a la  es
subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. La forma de cobertura del puesto a 31 de  oe.
diciembre de 2016 era a través de concurso, sin embargo, a partir de octubre de 2017 y tras el  w.
traslado del Interventor que ocupaba la plaza en ese momento, el puesto se cubrió de forma interina,  11w
en tanto había quedado vacante la plaza ofertada en concurso ordinario.
En la RPT, además del puesto de interventor, constan adscritos a la Intervención otros seis puestos, 
tres de administrativo y tres de auxiliar, ninguno de personal técnico. Estaban ocupados, tanto a la 
finalización  del  ejercicio  2016  como  en  junio  de  2018  –fecha  de  corte  de  los  trabajos  de 
fiscalización- un puesto de administrativo y los tres de auxiliar. 
El sistema de control interno implantado era un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos 
básicos en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación 
y suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos 
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, 
acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No  se  realizaron  actuaciones  de  control  financiero  en  el  ejercicio  2016,  lo  que  supone  un 
incumplimiento del artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control de eficacia o 
eficiencia, lo que se traduce en un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se 
cumplían los principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Alhama de Murcia remitió la información prevista en 
el artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 18 abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de 
fiscalización previa, así como de anomalías de ingresos. Se informó, además, de 26 acuerdos 
contrarios a reparos, catorce de ellos sin cuantificar. 
Acuerdos contrarios a reparos 
Se requirió a la entidad información adicional sobre la cuantía de los expedientes anteriores, 
resultando que uno de ellos superaba los 50.000 euros, que ha sido objeto de análisis. 
Cuadro 15.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Contrato de servicios  3  24.751,96  11,54  15,60 
Gastos de personal  21  125.666,50  80,77  79,23 
Subvenciones y ayudas públicas  2  8.199,74  7,69  5,17 
Total general  26  158.618,20  100%  100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
o Abono de nóminas en relación con la prestación de servicios sociales
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de un Decreto de fecha 28 
de septiembre de 2016, acordó levantar el reparo formulado por la Intervención del Ayuntamiento al 
pago de la nómina de trabajadores del Centro de servicios sociales correspondiente al mes de  e
septiembre.  bo
Erperl leaóscrtgiaóacnni óocn o ddnee  e Insl etearrbvvioceninoocs i ódsneo  chdiaaiclbehísaa   eennlóa mbeoli nrAaayd.u oEn etnal  memli eisinnmtfooo r dm2e8e   Adslehe a samelpuatd ideíaem  abM reuq ruuceina   liasn efocríroamm eup necatoe ncn ocrmeiapp aperatoersna c eilnaa    2021-1411n https://w
distinta de las propias y de las delegadas, por lo que, en virtud del artículo 7.4 de la LRBRL, tras su
modificación por la LRSAL, solamente se podría ejercer previo informe de la Administración con 
atribución de la tutela financiera –en este caso, el MHFP a través de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local- en el que se acreditara que no se ponía en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la hacienda municipal, y además, el órgano competente por razón de 
materia –la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia- debía acreditar la inexistencia de 
duplicidades. 
El Ayuntamiento había solicitado ambos informes, resultando favorable el correspondiente a la 
ausencia de duplicidades, en tanto se señalaba que, a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 8 de marzo de 2016, la competencia de asistencia social es propia de las entidades locales, si 
bien, el emitido por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, relativo a la 
sostenibilidad financiera, resultó desfavorable. 
No obstante, el órgano de Intervención ha comunicado a este Tribunal que posteriormente al 
levantamiento del reparo, el 3 de abril de 2017, la citada Secretaría General emitió un nuevo informe, 
esta vez favorable, respecto de la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal en relación con 
la prestación del servicio. 
II.2.3.  AYUNTAMIENTO DE BENIEL
Sistema de control interno 
Beniel tenía, a 31 de diciembre de 2016, una población de 11.114 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas de su presupuesto ascendió, en dicho ejercicio, a 6.252.034,45 
euros.  
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, según establece el RPPFHN para las entidades con 
población entre 5.000 y 20.000 habitantes, y consecuentemente el puesto de intervención estaba 
reservado en la RPT de la entidad a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención–
Tesorería, categoría de entrada. Además del puesto reservado a FHN, el órgano de Intervención 
cuenta con un auxiliar administrativo para el desempeño de sus funciones. 
No obstante, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en la fecha de corte de los trabajos de 
fiscalización –junio de 2018- el puesto de interventor estaba vacante, desarrollándose las funciones 
mediante acumulación de las mismas en el FHN que ocupaba la correspondiente plaza en el 
Ayuntamiento de Lorca, previa obtención de esta última a través de concurso. 
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, incumpliendo el artículo 220 
del TRLRHL y sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema 
de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera13. 
1Re3re aEa llla  AD nyeoucrnrmetataom  v1iieg2ne8tn/o2t e0e 1nd8 ua,r ladenegt ae1c 6eio ld npeee smri oiandrdzoioc f ai–s acqaluuleisz iaósdeno  hq-au; nneo , r eeonab lstizotaaddnoot ec ,tao lsado on, soh ralombsra íitaniv fqoaur smee eeñsna tlfeainndadane tcirei ernereofe scr aiedrxaái gcatidle aor rsgt .ee 4nn é dereilc l aoRr teJícnFu HrleoNl a,4 cq diuóeenl  
cqoune  lsae  firsecfiaelrizea ecxiópnre ys aeml ceonntetr oell  ianrtetírcnuolo,  y2 2e0n  dneinl gTúRnL cRaHsLo.  e  ntra en contradicción con la realización del control financiero al
Además, en el Ayuntamiento de Beniel, el órgano de Intervención realizaba, junto con las funciones 
propias, otras relativas a la gestión económica y presupuestaria, lo que implica una disminución de 
la autonomía14 propia de dicho órgano al participar en decisiones de gestión. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Beniel remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 31 de mayo de 2017, finalizado15 el plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
Se certificó la inexistencia de acuerdos aprobados en contra de reparos del órgano de Intervención 
así como de expedientes tramitados con omisión de fiscalización. Dicho órgano informó, además, de 
una anomalía en la gestión de los ingresos cuantificada en 300.000 euros en relación con posibles 
disminuciones de ingresos tributarios. 
Anomalías de ingresos 
El 14 de diciembre de 2016 el órgano de Intervención emitió un informe en el que puso de manifiesto 
su desacuerdo con la propuesta de aprobación de varias mociones presentadas por los grupos 
políticos  del  Ayuntamiento  que  podrían  suponer  una  disminución  de  los  ingresos  tributarios 
municipales (en concreto, disminución del tipo de gravamen del IBI urbano, eliminación de la tasa de 
apertura de establecimientos y congelación de la subida anual de los valores catastrales), ya que 
podrían implicar el incumplimiento del plan de ajuste que el propio Pleno del Ayuntamiento había 
aprobado el 12 de junio de 2014, en aplicación de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. 
El Pleno de la Corporación procedió a la aprobación de las mociones en el último trimestre de 2016, 
si bien, demoró un año y medio la modificación de las correspondientes ordenanzas fiscales para la 
efectiva aplicación de las medidas propuestas, lo que se llevó a cabo el 5 de abril de 2018. 
II.2.4.  AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Sistema de control interno 
Cartagena tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 214.759 habitantes, y, según 
la liquidación  del  presupuesto  de  dicho  ejercicio,  el  volumen  de  obligaciones  reconocidas 
netas ascendió a 216.800.626,37 euros. 
14 El Ayuntamiento manifiesta en alegaciones que ello no supone una disminución de la autonomía, sin embargo este 
Tribunal considera que la asunción de la dirección económica y presupuestaria de la entidad conlleva la toma de decisiones 
que, a su vez, son sometidas a la fiscalización del órgano de Intervención. 
15 El Ayuntamiento alega que del artículo 15.7 del RCI se deduce que el plazo para la remisión de la información que 
establece el artículo 218 del TRLRHL finaliza el 15 de octubre, en tanto es la fecha en la que, como máximo, debe ser 
rendida la cuenta general del ejercicio al que se refiera dicha información. Además, el Ayuntamiento señala que en dicho 
artículo del RCI se establece que la información se remitirá al Tribunal de Cuentas una vez elevado al Pleno un informe 
resumen comprensivo de todas las resoluciones contrarias a los reparos efectuados y de las principales anomalías de 
ingresos, lo cual, según el artículo 37 del RCI, se debe realizar con ocasión de la aprobación de la cuenta general.  es
No obstante, este Tribunal considera que de la lectura conjunta de los preceptos señalados y considerando que el  bo
conocimiento del informe resumen por parte del Pleno ha de enmarcarse en el proceso de aprobación de la cuenta general,  1ww.
que formalmente se inicia tal y como señala el artículo 212 del TRLHL con la rendición de los estados y cuentas de la  11w
elqsdaeenu pñ teiCrda enualasoeddesn anl ot taoacrsceac usilmó pupnealot ad,ar   ilhasa Pauncl  otepedrnr deAeoe s ct deicudenoeelen rnidnr t eofelolu   drapgmenlaa ter3ze  or0sde   eeddsnseuettml ra jodube ínlandeio e cs1 lie 5ddpñ eodra  ie2emla 0nmed1 rloa5a  yc, c Iouodn amosdttnreroiduml,  ecepec joseisórert nrce eei ncq sdiduoteaee ,sbl   lislagaeo uñcrbeieoerm  enqs tiuliseagei  uóa mitnlea a qnal tutieln eeTrf i oraacirb lomh urqarnaue acaesilpóp  drsnooee nb h Cdaraaeud nfdeoie,en  ers taeale .nsP  d vLdleeiaaend r lousiane c tdie enae rfqllop  uTTrrmeerriit bbaatauuccnnniióótaaonnll      BOE-A-2021-14cable en https://
de Cuentas, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente al que se refiera.
Cartagena tiene la consideración de municipio de gran población según lo dispuesto en la Ley 
5/2005, de 20 de junio, para la aplicación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local, a la ciudad de Cartagena, por lo que será de aplicación el 
Título X de la LRBRL. El Ayuntamiento había solicitado a la Asamblea Legislativa de la Región 
de  Murcia,  previo  acuerdo  plenario  adoptado  el  19  de  abril  de  2005,  ser  reconocido  como 
municipio de gran población por ubicar la Asamblea citada y presentar circunstancias económicas, 
sociales, históricas y culturales especiales. 
La  Intervención  de  la  entidad  es  de  clase  1ª,  por  lo  que  el  puesto  de  intervención  estaba 
reservado a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención–Tesorería,  categoría 
superior, así constaba en la RPT aprobada por el Pleno el 27 de abril de 2015. La cobertura del 
puesto  a  31  de  diciembre  de  2016  era  mediante  nombramiento  provisional  que  se  había 
efectuado en el propio ejercicio 2016, continuando esta forma de provisión no definitiva, al menos 
hasta junio de 2018. 
El resto de puestos adscritos al órgano de Intervención y cubiertos a 31 de diciembre de 2016 eran 
tres técnicos A1, un técnico A2 y dos auxiliares administrativos, con cobertura de todos ellos. En 
junio de  2018  la  dotación  de  personal  resultó  mayor  en  número  de  efectivos,  si  bien,  de 
menor  cualificación, en tanto se había sustituido un puesto de técnico A1 por dos auxiliares 
administrativos. 
El  sistema  de  fiscalización  previa  implantado  era  de  fiscalización  plena,  de  tal  forma  que 
se  comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en 
todos los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
Asimismo, el órgano de Intervención realizó actuaciones de control financiero posterior en 
relación con algunos de los servicios de la entidad local.  
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Cartagena remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de abril de 2017, dentro del plazo 
establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. 
Se remitió certificación negativa en relación con expedientes con omisión de fiscalización previa y 
con anomalías de ingresos, informando además de la existencia de 28 acuerdos contrarios a reparos. 
La  información  se  refirió  exclusivamente  a  la  entidad  principal,  no  informando  de  posibles 
acuerdos  contrarios  a  reparos,  expedientes  con  omisión  de  fiscalización  ni  anomalías  de 
ingresos de sus entidades dependientes: los Consorcios Cartagena Puerto de Culturas y La Manga 
y los Organismos Autónomos Agencia Desarrollo Local y Empleo, Gestión Recaudatoria, Instituto 
Municipal Servicios Zona la Manga del Mar Menor, Patronato Municipal Carmen Conde-Antonio 
Oliver y Rifa Benéfica Casa del Niño. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 28 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 4.582.423,99 euros y fueron 
todos ellos relativos a expedientes de contratación. 
Diez de los 28 acuerdos contrarios a reparos tenían un importe superior a 50.000 euros, habiendo 
sido objeto de análisis. Todos ellos fueron relativos al reconocimiento de obligaciones derivadas  e.
de la prestación de servicios y suministros sin cobertura contractual.  w.b
Lsearsv aicciotusa yc isounmesin qisutero sse f ulleevroanro lna sa m caisbmoa esn e lan  etondtiodsa dlo lso ccaals roess.p ecto de cada uno de los diez
Una vez extinguido el contrato correspondiente16, la Junta de Gobierno Local, previa propuesta del 
Concejal Delegado del Área correspondiente o del Alcalde, acordaba la continuidad de la prestación 
del servicio. En algunos casos, el acuerdo referido se realizó con una demora de más de cuatro 
meses desde la fecha de finalización del contrato afectado, produciéndose de facto una prórroga 
tácita, actuación contraria a lo dispuesto en el artículo 23, 28 y 109 del TRLCSP, que sancionan el 
carácter formal de la contratación, exigen la formación de un expediente, así como que las prórrogas 
sean acordadas expresamente por el órgano de contratación antes de la finalización del contrato. 
Los acuerdos de la JGL, que suponían una adjudicación directa a las empresas que hasta ese 
momento estaban prestando el correspondiente servicio, se acompañaban de informes emitidos por 
el órgano de Intervención y por la Asesoría Jurídica municipal en los que se condicionaba el acuerdo 
de continuidad en la prestación del servicio o suministro al tiempo imprescindible para la celebración 
de un nuevo contrato. No obstante, tal y como se observa en el cuadro 15, el tiempo de prestación 
sin contrato en vigor superó de media los dos años y medio; además, en todos los casos17, la 
tramitación del nuevo expediente de contratación se inició cuando los contratos anteriores ya estaban 
finalizados, llegando a alcanzar este periodo más de cuatro años. 
Durante el ejercicio 2016, y en algunos casos también en ejercicios anteriores, el órgano de 
Intervención reparó las facturas generadas por las prestaciones de los servicios y suministros así 
acordadas, señalando la omisión de trámites esenciales del procedimiento. En los informes emitidos, 
Intervención aludía, de forma reiterada, a la posible responsabilidad de quienes hubieran dado lugar 
a la situación de la prestación de servicios sin contrato, al no llevar a cabo la iniciación de los 
correspondientes procedimientos de licitación en tiempo y forma.  
Los reparos eran levantados a través de nuevos acuerdos de la JGL en los que se señalaba la 
necesidad del servicio y se daba continuación a la prestación que se venía realizando, si bien, en 
algunos de ellos, se determinaba la necesidad de licitar un nuevo contrato. La resolución de la 
discrepancia por la JGL es contraria a lo dispuesto en el artículo 217, que otorga esta competencia 
al Presidente de la entidad –o al Pleno cuando se trate de insuficiencia o inadecuación del crédito o 
se trate de gastos de su competencia- y la califica de indelegable. 
En los acuerdos de la JGL, ya fueran los iniciales o los que implicaban el levantamiento del reparo, 
se acordaba asimismo, en el caso de que no estuviera previsto en el presupuesto en vigor, la dotación 
de crédito para atender las facturas derivadas de las obligaciones que se generaran. 
El montante total de facturas sin cobertura contractual ascendió a 40.025.217,61 euros, de las cuales 
fue reparado el 36%, 14.360.473,67 euros. 
En el siguiente cuadro se muestran las prestaciones afectadas, con indicación de la fecha en la que 
finalizó el contrato anterior y la fecha en la que, en su caso, entró en vigor el nuevo contrato 
adjudicado, así como el importe facturado sin cobertura jurídica. 
d1167e  EÚ lann  ipecral ecmsotenantcrtiaeót noe  nsp ear erhalai zlcaoió  gnneu sectoviónen  de díl aessle  craveninctetiorso  r dedelea  ltaeiv sfotina aan lcilzaiaa srce idtóiirnua rddnaea ls dc eEo lnv Aterlahgtíaocru.  leol si ndicei ola d veíla e pxpúebldiciean, teel  taucvuoe lrudgoa rd ee l lma icsomnoti nduíaid daed   2021-1411n https://w
fdineaslpizuaécsi óyn,  ad eslu c voenztr, alato l iacintatecriióonr  (s1e1 a dneu necnióe rdoo dse m 2e0s1e6s) ,y s mi beideino  eml ápsli etagrod ed.e   prescripciones técnicas se redactó 10 meses
Cuadro 16.  Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de Cartagena 
Importe en euros 
Fecha 
Fecha  Periodo desde 
acuerdo  Fecha inicio  Importe 
Servicios y suministros  finalización  finalización de 
inicio nuevo  nuevo  Periodo sin contrato (1)  facturas sin 
afectados  del contrato  contrato hasta 
expte  contrato  contrato 
anterior  acuerdo inicio 
contratación 
Mantenimiento de parques y 
02/01/2013  06/02/2017  4 años y un mes  No iniciado  5 años y seis meses  20.451.965,90 
jardines en Cartagena 
Gestión Centro de estancias 
31/05/2016  11/01/2016  (2) 01/08/2017  1 año y dos meses 158.431,20 
diurnas El Algar  
Gestión mantenimiento básico 
3 años y siete 
jardines reservado a centros  27/09/2014  16/04/2018  No iniciado  3 años y nueve meses  419.010,78 
meses 
especiales de empleo 
Canon mensual 
2 años y cuatro 
mantenimiento alumbrado  01/08/2013  04/12/2015  01/03/2018  4 años y seis meses  2.388.441,89 
meses 
público 
Suministro energía eléctrica  1 año y dos 
16/05/2016  10/07/2017  No iniciado  2 años y un mes  5.534.977,08 
baja tensión  meses 
Servicio de comunicaciones 
01/04/2015  28/04/2017  2 años y un mes  No iniciado  3 años y tres meses  1.136.085,37 
fijas de voz, datos y móviles 
Arrendamiento de 50 
impresoras/equipos  06/11/2015  21/09/2016  10 meses  06/11/2017  2 años  236.564,96 
multifunción 
Canon servicio de retirada de 
01/05/2016  03/10/2016  5 meses  No iniciado  2 años y dos meses  1.632.748,08 
vehículos de las vías públicas 
Limpieza de edificios 
01/07/2015  05/07/2017  2 años  No iniciado  3 años  596.036,32 
(consultorios médicos) 
Servicio limpieza centros 
escolares público educación  22/06/2016  07/12/2016  5 meses  No iniciado  2 años  7.470.956,03 
infantil y primaria 
TOTAL SERVICIOS :        10      40.025.217,61 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades 
(1) En los casos en los que no se había formalizado un nuevo contrato en la fecha de corte tomada en la fiscalización – 30 de junio de
2018- el cálculo del periodo del contrato se ha realizado tomando como referencia dicha fecha.
(2) Si bien en enero de 2016 se ordenó el inicio del expediente de contratación, la licitación no fue publicada hasta febrero de 2017.
La adjudicación directa y sin la formación del correspondiente expediente de contratación, que de 
forma recurrente se ha producido en el Ayuntamiento de Cartagena en relación con la prestación de 
servicios y suministros, supone un incumplimiento reiterado de la normativa contractual y origina, 
según se establece en el artículo 32 del TRLCSP en relación con el artículo 62 de la entonces vigente 
LRJAP -cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-, la nulidad de las actuaciones, 
sin perjuicio de que, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado, lo que, en sí mismo no 
subsana los vicios del acto ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus  s
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título  oe.
X de la LRJPAC18, señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos  w.
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones  11w
d18e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
que se hayan iniciado actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades 
derivadas de los hechos descritos. 
La actuación señalada, además de los incumplimientos normativos señalados, puso de manifiesto 
una debilidad en la gestión de la contratación de servicios, en tanto se producía una demora 
significativa entre la finalización de un contrato y el inicio de la tramitación del siguiente. 
En la fecha de realización de los trabajos19, siete de las diez prestaciones analizadas continuaban 
desarrollándose sin contrato en vigor, a pesar de que los contratos que en principio deberían darles 
cobertura habían finalizado en años anteriores, tres de ellos en 2016, dos en 2015, uno en 2014 y 
otro en el ejercicio 2013. 
Además, se ha comprobado que, según consta en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Cartagena, el 22% de los servicios cuyos contratos se habían adjudicado a través de procedimientos 
abiertos de licitación desde el año 2012, con periodo de vigencia finalizado con anterioridad a 2016, 
continuaron prestándose durante dicho ejercicio sin cobertura contractual. 
II.2.5.  AYUNTAMIENTO DE FORTUNA
Sistema de control interno 
Fortuna tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 9.960 habitantes, y en la liquidación del 
presupuesto  de  gastos  de  dicho  ejercicio  las  obligaciones  reconocidas  netas  ascendieron  a 
8.216.500,54 euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, a pesar de que por número de habitantes le hubiera 
correspondido ser de clase 2ª. La modificación en la clasificación se produjo en 1997 a través de 
Resolución de la Dirección Local de la Región de Murcia, previa solicitud de la entidad, según el 
procedimiento previsto en el artículo 7 del RPPFHN. 
La forma de cobertura del puesto –reservado, en virtud de la modificación anteriormente señalada, a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior- es, tanto a 
31 de diciembre de 2016, como en la fecha de realización de los trabajos (junio de 2018), provisional. 
El Ayuntamiento carece de RPT aprobada por el Pleno, incumpliendo la obligación establecida en el 
artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. 
No obstante, la entidad ha informado de que el órgano de Intervención no contaba con ningún otro 
puesto adscrito distinto del reservado a FHN, lo que es inconsistente con la clasificación de la 
intervención, en el sentido de que las intervenciones de clase 1ª conllevan una mayor carga de 
trabajo, y la modificación en su categoría debe estar justificada.  
Esta entidad tiene implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por su trascendencia en el proceso de gestión, acorde con 
lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, en contra de lo dispuesto en 
el artículo 220 del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en  es
un sistema de control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena  oe.
gestión financiera.  w.
19 Julio de 2018
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Fortuna remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 30 de agosto de 2017, por tanto, una vez 
finalizado el plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
Se informó de la existencia de dos acuerdos contrarios a reparos, cuyo importe conjunto ascendió a 
123.317,07 euros y, además, de cuatro anomalías de ingresos por importe de 899,44 euros. Se 
remitió certificación negativa en relación con expedientes tramitados con omisión de fiscalización 
previa. 
Acuerdos contrarios a reparos 
Ambos acuerdos contrarios a reparos tuvieron un importe superior a 50.000 euros, por lo que han 
sido objeto de análisis. Los resultados obtenidos se exponen de forma conjunta dada la similitud de 
ambos expedientes. 
o Reconocimientos extrajudiciales de crédito de facturas de ejercicios anteriores
El Pleno del Ayuntamiento de Fortuna, en sesiones de 31 de marzo y de 31 de mayo de 2016, acordó 
la aprobación de sendos reconocimientos extrajudiciales de créditos. 
El primer expediente era relativo a gastos de servicios y suministros -energía eléctrica, alumbrado de 
fiestas, servicios a universidades, desratización, entre otros- realizados en el ejercicio 2014 por 
cuantía de 60.682,63 euros; y el segundo agrupaba ocho facturas correspondientes al ejercicio 2015 
por un importe conjunto de 62.634,44 euros y relativas a obras menores, servicios y suministros. 
El órgano de Intervención había reparado en fechas de 17 de marzo y de 10 de mayo de 2016 los 
citados expedientes. El reparo se fundamentaba en la insuficiencia de crédito adecuado en el 
presupuesto corriente para atender gastos devengados en ejercicios anteriores, aludiendo a los 
artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, que establecen la nulidad de los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que determinen el compromiso de gastos por cuantía superior al importe de los 
créditos autorizados en los estados de gastos y sancionan el principio de anualidad presupuestaria, 
poniéndose de manifiesto, por tanto, una incorrecta gestión del presupuesto de la entidad.  
Si bien la mayoría de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor en 
tanto no superan los importes establecidos para dicha contratación en el TRLCSP (50.000 euros en 
el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el resto), se ha vulnerado el artículo 28 dicho texto 
legal, que sanciona el carácter formal de la contratación; así como el 111, que exige la formación de 
un expediente también para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la 
prestación, lo que de haberse realizado y haber conllevado, además, la correspondiente retención 
del crédito, hubiera evitado que no se contara con la necesaria consignación presupuestaria para la 
imputación de las facturas al presupuesto en el que se generan. Esta práctica no está expresamente 
recogida en las Bases de Ejecución del Presupuesto, lo que hubiera procurado una correcta 
tramitación de este tipo de gastos. 
El primer expediente recogía, además, dos facturas derivadas del suministro de energía eléctrica a 
dependencias municipales por importe de 14.264,70 euros, sin que se dispusiera de contrato en vigor 
para su prestación, habiéndose continuado la prestación mediante una prórroga tácita del mismo que 
no estaba aprobada por el órgano de contratación, en contra de lo previsto en los artículos 23, 28 y  s
109  del  TRLCSP.  Se  debería  haber  acudido  a  procedimientos  de  contratación  promoviendo  e.
concurrencia en tanto se trata de una prestación continuada en el tiempo, lo que además pudiera  w.b
haber permitido la obtención de precios más competitivos.   11w
La realización de gastos por encima del crédito presupuestado resulta contraria a los artículos 173.1
yd e1 7c6o.m1 pdreolm TiRsoLsR HdeL ,g aassít coosm poo ra ilm aprtoícrutelo s 3u2p edreiol rT aR LloCsS cPré, dqiutoes d perteersmupinuaens tlaa rniousli.d Aa ds ud ev leaz a, deql uairstíicciuólno 
28.c) de la LTAIPBG tipifica esta práctica como infracción muy grave, señalándose en el artículo 30
las sanciones aplicables, las cuales se rigen por el principio de proporcionalidad y según los criterios
señalados en el propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. No consta que se hayan
iniciado actuaciones tendentes a la depuración de las posibles responsabilidades.
La utilización del artículo 60.2 del RD 500/90 habilita, mediante la figura del reconocimiento 
extrajudicial de créditos, la imputación de gastos de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. No 
obstante, esta excepcionalidad al principio de temporalidad de los créditos no resulta admisible para 
convalidar  los  actos  nulos,  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  en  ningún  caso  subsana  las 
irregularidades o vicios que fueran la causa de nulidad. En todo caso, para evitar el enriquecimiento 
injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al 
tercero afectado. 
Asimismo, dicho expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito incluye otras cuatro facturas 
derivadas de la aportación municipal de 2014 y 2015 a los gastos de transporte de la Universidad de 
Murcia en virtud de convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Fortuna y la empresa 
que prestaba el servicio de transporte. En el informe de Intervención se señaló que la competencia 
sobre la que se había suscrito el convenio es una competencia distinta de las propias y de las 
delegadas, por lo que, en virtud del artículo 7.4 de la LRBRL, tras su modificación por la LRSAL, 
solamente se podría ejercer previo informe de la Administración que tuviera atribuida la tutela 
financiera –en este caso, el MHFP a través de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local- en el que se acreditara que no se ponía en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de 
la hacienda municipal y, además, el órgano competente por razón de materia –la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia- debía acreditar la inexistencia de duplicidades, no habiéndose 
realizado los trámites señalados por el Ayuntamiento de Fortuna. 
II.2.6.  AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
Sistema de control interno 
Jumilla tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 25.362 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas en el presupuesto de dicho ejercicio ascendieron a 17.583.950,05 
euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. A 31 de 
diciembre de 2016 la forma de cobertura del puesto era mediante nombramiento provisional, y desde 
junio de 2018 a través de nombramiento accidental. 
El Ayuntamiento carece de RPT aprobada por el Pleno, incumpliendo la obligación establecida en el 
artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. 
El Defensor del Pueblo había recomendado, ya en noviembre de 2014, al Ayuntamiento de Jumilla 
“Agilizar los trabajos y adoptar las medidas e instrumentos necesarios para que, a la mayor brevedad 
posible, el Pleno de esa Corporación Local finalice la elaboración de la relación de puestos de trabajo 
del personal municipal, para su definitiva aprobación por el Pleno y aplicación de la misma”. 
Además, el órgano de Intervención tenía adscritos otros cuatro puestos: un puesto de técnico de 
administración general A1 –sin cubrir a la finalización de 2016, si bien se cubrió con anterioridad a 
junio de 2018-, dos puestos de administrativo y otro de auxiliar, los tres cubiertos en ambas fechas. 
La Corporación tiene implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos,  b
extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia de crédito, a la  111ww
cedoel Pml TlpeRenLtoeR pnHocirLa s.  due trl aósrcgeanndoe gnecsiato ern d eell  pgraoscteos, oa dsíe  cgoemstoió an ,o atrcoosr deex ctroenm loos e astdaicbiloencaidleos e nd eetle armrtíicnualdoo 2s1 p9o.2r   OE-A-2021-14able en https://
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según exige el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de 
control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Jumilla remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 3 de abril de 2017, dentro del plazo previsto 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. Se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con 
omisión de fiscalización y de anomalías de ingresos y, además, se informó de 52 acuerdos adoptados 
en contra de lo señalado en el correspondiente informe de Intervención. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 52 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 637.201,55 euros, con la 
clasificación que se detalla en el siguiente cuadro:  
Cuadro  17.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Jumilla 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Gastos de personal  2  1.830,14 3,85 0,29 
Contrato de servicios  37 521.200,00 71,15 81,80 
Contrato de suministros  13 114.171,41 25,00 17,92 
Total general  52  637.201,55  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Uno de los 52 acuerdos tiene un importe superior a 50.000 euros, formando parte de la muestra 
analizada. 
o Servicio de limpieza y jardinería de diversas zonas ajardinadas de Jumilla
El Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, en sesión de 24 de mayo de 2016, acordó la aprobación de 
un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 80.552,03 euros. El 
expediente era relativo a cuatro facturas derivadas de la prestación del servicio de limpieza y 
jardinería en diversas zonas del municipio durante los meses de enero, febrero, marzo y los diez 
primeros días de abril de 2016 que no contaron con la correspondiente cobertura contractual, puesto 
que el contrato por el que se había venido prestando el servicio había finalizado el 30 de septiembre 
del año anterior. 
El órgano de Intervención había emitido el 12 de mayo de 2016 nota de reparo respecto del citado 
expediente. En él se puso de manifiesto, además de la falta de contrato vigente que amparara dichas 
facturas (el nuevo contrato se inició el 11 de abril de 2016), la ausencia de fiscalización de las fases 
contables A y D del procedimiento presupuestario de gastos en relación con las mencionadas 
facturas, lo que no podía quedar amparado en el artículo 219 de la TRLRHL, en lo que se refiere al  e.e
no sometimiento a intervención previa de los gastos de tracto sucesivo siempre y cuando se hubiera  b
intervenido el contrato del que deriven, puesto que no obraba ningún contrato en vigor. En este  111ww
slcaoesnn stfiaedscoeu, sela nAsc DiBaOa ds eee sun n dl oecs oE ncjteraacstuoocs id óednbe di depa rmPesreetnastcueipo aunpeersso tbocaso dneotsi.np ueacdifaicsa ne nq ueel  útineimcapmo ecnutea nsdeo p soud ráanb oancou mfuuelraar   OE-A-2021-14able en https://
De la documentación remitida por el órgano de Intervención, se desprende, además, que el Pleno de 
la entidad ya había aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos para el reconocimiento de 
las obligaciones correspondientes al mismo contrato para los meses de octubre y noviembre de 2015 
por un importe de 48.331,22 euros en sesión de 25 de enero de 2016, y que un mes más tarde, el 
29 de febrero, acordó la aprobación de otro reconocimiento extrajudicial, esta vez para posibilitar la 
imputación presupuestaria de la factura correspondiente al mes de diciembre de 2015 (24.165,61 
euros). 
Por lo tanto, la prestación de este servicio se efectuó sin cobertura contractual por un periodo de seis 
meses -entre el 30 de septiembre de 2015, fecha en la que finalizó el contrato, hasta la fecha de 
inicio del siguiente, 11 de abril de 2016- incumpliendo lo previsto en los artículos 23, 28 y 109 del 
TRLCSP, que determinan la exigencia de la formación de un expediente y se prohíben expresamente 
las prórrogas tácitas. La ausencia de contrato que ampare estas facturas da como consecuencia la 
existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del 
TRLCSP por remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el 
artículo 47 de la actual LPAC-.  
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC20, señalando, asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
la realización de acciones para la depuración de las posibles responsabilidades. 
La utilización del reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar gastos de ejercicios anteriores 
al presupuesto en vigor, si bien evita el enriquecimiento injusto de la Administración -las facturas 
correspondientes a un servicio hecho deben ser pagadas al tercero afectado-, no convalida los actos 
nulos, en tanto, en ningún caso, subsana per se las irregularidades o vicios que fueran la causa de 
nulidad ni depura las responsabilidades a que hubiera lugar.  
Esta práctica, además de los incumplimientos normativos señalados, pone de manifiesto una 
debilidad en la gestión de la contratación, en tanto no fue hasta el 24 de octubre de 2015 –un mes 
después de la finalización del contrato anterior- cuando se anunció la licitación del siguiente. 
En el ejercicio 2015, según se indicó en el Informe de Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formalizados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia 
de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, 
ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de control externo de las comunidades 
autónomas, el Ayuntamiento de Jumilla también utilizó la figura del reconocimiento extrajudicial de 
créditos para reconocer obligaciones por un importe de 139.620 euros correspondientes a facturas 
del servicio de limpieza de las dependencias municipales, prestado una vez extinguido el contrato 
correspondiente. 
II.2.7.  AYUNTAMIENTO DE LORCA
Sistema de control interno 
Lorca tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 91.730 habitantes, y el volumen de  o
obligaciones reconocidas netas ascendió, en dicho ejercicio, a 77.217.559,34 euros.   w.
d20e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
Lorca tiene la consideración de municipio de gran población según lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 
14 de diciembre, por la que se aplica a la ciudad de Lorca el régimen de organización de los 
municipios de gran población, siendo como consecuencia de aplicación el Título X de la LRBRL. El 
Ayuntamiento había solicitado a la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia, previo acuerdo 
plenario adoptado el 23 de julio de 2007, ser reconocido como municipio de gran población por 
superar los 75.000 habitantes y presentar circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales 
especiales. 
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, estando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, constando 
así en la RPT aprobada por el Pleno el 29 de abril de 2016. La cobertura del puesto era por concurso, 
tanto a 31 de diciembre de 2016 como en la fecha de corte de los trabajos –junio de 2018-. 
Además, el órgano de Intervención estaba provisto de otros doce puestos, que se concretaban en 
dos técnicos A1, un técnico A2, cinco administrativos y cuatro auxiliares, de los cuales no estaba 
cubierto uno de los dos puestos de técnico A1, ni en 2016 ni en junio de 2018. 
La entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. Asimismo, se realizaron actuaciones de control 
financiero posterior en relación con algunos de los servicios de la entidad local.  
Además, en el Ayuntamiento de Lorca el órgano de Intervención asumía la función de contabilidad21, 
contraviniendo, en tanto tiene la consideración de municipio de gran población, el artículo 133 de la 
LRBRL que, en su apartado b), dispone, para los municipios así calificados, la necesaria “separación 
de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera”. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Lorca remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 24 de mayo de 2017, una vez finalizado el 
plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos y de 
expedientes tramitados con omisión de fiscalización, informándose, asimismo, de una anomalía de 
ingresos por importe de 1.800.000 euros. 
La información se refirió exclusivamente a la entidad principal, no informando de posibles acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización ni anomalías de ingresos del su 
Organismo Autónomo Semana Nacional del Ganado Porcino. 
Anomalías de ingresos 
El expediente comunicado en relación con las principales anomalías de ingresos acontecidas en el 
ejercicio 2016 era relativo a posibles disminuciones de ingresos tributarios. 
El órgano de Intervención emitió informe el 14 de junio de 2016 respecto de la solicitud que 
previamente había realizado el Ayuntamiento de Lorca a la Dirección General del Catastro para la 
2e210l  e1Ej8le -rA csyiecu ieons t2ata0mb1iae9 n.u tloti minafonrdmo ae le pnr oecle tsroá mdeite s edpea raalecigóanc dioen elass  qfuunec ieonn elas  dfeec choan tdaeb irliedmadis eió nin tdeervl eAnnctieópnr opyaerac tsou  –edfeiccietimvidbared  edne   OE-A-2021-14able en https://
aplicación en el año 2017 de los coeficientes de actualización de los valores catastrales que 
anualmente se aprueban con las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
El órgano de Intervención señaló que dicha aplicación comprometería seriamente la sostenibilidad 
financiera del Ayuntamiento y, además, que se habían omitido trámites esenciales en el expediente 
al no haber incorporado informe del Director de la Agencia Tributaria municipal –preceptivo según se 
determina en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Lorca- ni informe de fiscalización previa 
por el órgano de Intervención, exigible para todo acto que pueda tener repercusión financiera o 
patrimonial. 
Recabada información adicional, el órgano de Intervención comunicó a este Tribunal que, en 
cumplimiento del art. 218 del TRLRHL, en fecha 11 de octubre de 2016, elevó informe al Pleno dando 
traslado del reparo formulado y comunicando la ausencia de Resolución de Alcaldía que resolviera 
la discrepancia; se informaba asimismo de que el 1 de octubre ya se había publicado en el BOE la 
Orden Ministerial en la que figuraba Lorca entre los municipios afectados por la reducción de las 
bases imponibles del IBI. En sesión plenaria, el Ayuntamiento consideró que no procedía llevar a 
cabo ninguna actuación de revisión sobre el procedimiento tramitado en tanto el Ministerio ya había 
aprobado la propuesta presentada. 
II.2.8.  AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES
Sistema de control interno 
Los Alcázares tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 15.289 habitantes, y el volumen 
de obligaciones reconocidas netas en su presupuesto ascendió, en dicho ejercicio, a 22.772.588,95 
euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 2ª, acorde con la población del municipio. El puesto de 
interventor  constaba  reservado  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-
Tesorería, categoría de entrada en la RPT que aprobó el Pleno el 6 de febrero de 2004. La cobertura 
del mismo, a 31 de diciembre de 2016, se había efectuado mediante nombramiento provisional, si 
bien en junio de 2018 se ha producido un nombramiento accidental para la cobertura del puesto. 
Además, el órgano de Intervención estaba provisto de cinco puestos de auxiliar administrativo, los 
cuales estaban dotados tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018. 
La entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL.  
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control posterior de elementos que no eran objeto de 
control por el sistema de fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce 
en un sistema de control interno insuficiente en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Los Alcázares remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 3 de agosto de 2017, una vez 
finalizado el plazo establecido en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
La información remitida consistió en certificar la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos, así 
como en informar de tres expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y de una 
anomalía de ingresos por importe de 14.485 euros. 
Expedientes con omisión de fiscalización previa 
La cuantía agregada de los tres expedientes con omisión de fiscalización ascendió a 2.297.085,24 
euros, todos ellos tenían un importe superior a 50.000 euros y han sido objeto de análisis, dos fueron 
relativos al suministro de energía eléctrica y el tercero agrupaba diversos tipos de gastos. 
o Suministro de energía eléctrica
En sesiones de 13 de enero y de 29 de febrero de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Los Alcázares 
aprobó dos reconocimientos extrajudiciales de crédito relativos a facturas de suministro eléctrico 
generadas en los ejercicios 2014 y 2015 por un importe conjunto de 398.302,40 euros.  
En relación con las correspondientes propuestas, se formularon informes de Intervención en los que 
se señalaba que las facturas que conformaban dichos expedientes ya habían sido reparadas por 
haberse generado la obligación en ausencia de consignación presupuestaria. 
La prestación analizada, además, se había realizado sin cobertura contractual, no teniendo cabida 
la contratación menor por superar los límites temporales y cuantitativos previstos en los artículos 23 
y 138 del TRLCSP. Se dio continuidad a la prestación mediante una prórroga tácita del contrato 
anterior, en contra de lo previsto en los artículos 28 y 109 del TRLCSP, que establecen la necesidad 
de formalizar la contratación pública y prohíben expresamente las prórrogas tácitas. 
La ausencia de contrato da lugar a la existencia de actos que podrían adolecer de nulidad en virtud 
de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por remisión al artículo 62.1 de la entonces vigente 
LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual LPAC-. 
Además, la realización de gastos por encima del crédito presupuestado resulta contraria a los 
artículos 173.1 y 176.1 del TRLRHL, así como al artículo 32 del TRLCSP, que determinan la nulidad 
de la adquisición de compromisos de gastos por importe superior a los créditos presupuestarios. A 
su vez, el artículo 28.c) de la LTAIPBG tipifica esta práctica como infracción muy grave, señalándose 
en el artículo 30 las sanciones aplicables, las cuales se rigen por el principio de proporcionalidad y 
según los criterios señalados en el propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. 
El órgano de Intervención señaló la falta de adecuada tramitación presupuestaria de estos gastos, 
en tanto se acumularon las fases presupuestarias ADO, lo que, en virtud de las Bases de Ejecución 
de Presupuesto de la entidad, únicamente era posible -en relación con la actividad contractual- para 
contratos menores de una sola factura.  
o Facturas derivadas de diversos gastos de servicios y suministros
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el tercer reconocimiento extrajudicial de crédito el 25 de abril de 
2016 por importe de 1.898.782,84 euros. Agrupaba facturas de 2014, 2015 y, en menor medida, de  es
2016, correspondientes a diversos servicios como suministro de agua, adquisición de mobiliario,  o
servicios de asesoría medioambiental, gestión de residuos, etc.  1ww.
Esen  heal biníafonr mcoen tdrea ídInot esrivne cnocniósnig snea cpióuns op rdees umpauneisfiteasrtioa  yq uceo nlo osm giassiótons d ae  trreácmoniteosc eers eexntcraiajuledsi.c ialmente
Se trataba de gastos realizados al margen del procedimiento contractual establecido, superando, 
además, el importe acumulado de las facturas correspondientes a una misma prestación los límites 
de cuantía previstos en el artículo 138 para la contratación menor, y teniendo la mayor parte de ellos 
una duración superior al año, máxima prevista en el TRLCSP para esta figura contractual. Su 
tramitación ha dado lugar a los mismos incumplimientos de la normativa presupuestaria y contractual 
señalados en los dos expedientes anteriores. 
Esta práctica recurrente pone de manifiesto, además de la vulneración normativa, una debilidad en 
la gestión de la contratación de servicios y suministros en el Ayuntamiento de Los Alcázares, en tanto 
no se realiza una previsión adecuada de la finalización de los contratos en vigor para proceder a 
tramitar el expediente que debiera dar continuidad a la prestación del servicio o suministro. Además, 
el no haber licitado los contratos con concurrencia pública ha privado a la Administración de la posible 
obtención de precios más competitivos. 
Se ha producido una utilización habitual del reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar 
gastos de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. No obstante, esta excepcionalidad al principio 
de temporalidad de los créditos, prevista en el art. 60.2 del RD 500/90, no produce la convalidación 
de los actos nulos puesto que, en ningún caso, subsana las irregularidades o vicios que fueran la 
causa de nulidad ni las responsabilidades a que hubiera lugar. En todo caso, para evitar el 
enriquecimiento injusto de la Administración, las facturas correspondientes a un servicio hecho deben 
ser pagadas al tercero afectado. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC22, señalando asimismo que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. 
No consta que se hayan iniciado acciones tendentes a depurar las posibles responsabilidades 
derivadas de los incumplimientos señalados de la LTAIPBG y de la normativa contractual. 
II.2.9.  AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Sistema de control interno 
Mazarrón tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 30.704 habitantes, ascendiendo sus 
obligaciones reconocidas netas en el presupuesto de dicho ejercicio a 25.161.272,59 euros.  
La Intervención de la entidad es de clase 1ª, figurando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior en la RPT 
que aprobó el Pleno el 27 de septiembre de 2016. 
La cobertura del puesto de Interventor era, a 31 de diciembre de 2016, mediante nombramiento 
accidental, las funciones las llevaba a cabo un técnico A1, el cual ha desarrollado estas funciones, 
al menos, hasta junio de 2018. El 4 de noviembre de 2015 se habían publicado las bases para cubrir 
la plaza de forma interina; sin embargo, a pesar de haberse presentado quince candidatos, la plaza  s
quedó vacante, no habiéndose convocado los correspondientes concursos ordinarios.  e.
d22e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
Además, el órgano de Intervención estaba provisto de cuatro puestos de administrativo, los cuales 
estaban cubiertos tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018. 
La configuración del sistema de fiscalización en el ejercicio fiscalizado era limitada previa de 
requisitos básicos, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia de 
crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL.  
Asimismo, el órgano de Intervención realizó actuaciones de control financiero posterior en relación 
con algunos de los servicios de la entidad local.  
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Mazarrón remitió la información prevista en el artículo 
218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del plazo previsto 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos y de 
expedientes tramitados con omisión de fiscalización, informando de una anomalía de ingresos por 
importe de 4.392.671 euros. 
No obstante, la información se refirió exclusivamente a la entidad principal, no informando de posibles 
acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización ni anomalías de ingresos de 
sus entidades dependientes, los Organismos Autónomos Agencia Desarrollo Local, Educación, 
Juventud y Empleo y Universidad Popular. 
Anomalías de ingresos 
o Gestión de derechos pendientes de cobro
El expediente comunicado en relación con las principales anomalías de ingresos acontecidas en el 
ejercicio 2016 era relativo a la gestión de los derechos pendientes de cobro. 
El órgano de Intervención, en informe emitido en fecha 27 de abril de 2017, observó una serie de 
deficiencias producidas en el ejercicio 2016 en el área de recaudación de derechos; se indicaba que 
la gestión de la recaudación en vía ejecutiva era prácticamente inexistente, sin que se practicaran 
apenas embargos o trabas de bienes y derechos ni derivaciones de responsabilidad subsidiaria a los 
administradores de personas jurídicas deudoras, así como tampoco embargo de los salarios de 
empleados municipales con deudas en fase ejecutiva con el Ayuntamiento. 
Señalaba, a su vez, que no existía un procedimiento para dar de baja derechos por prescripción o 
insolvencia, de tal manera que los derechos pendientes de cobro no prescritos podían prescribir en 
breve si se seguían los mismos patrones de actuación que en ejercicios anteriores. Adicionalmente 
se informaba de la ausencia de un procedimiento de comunicación de datos a las autoridades 
tributarias de otras Administraciones Públicas. 
Solicitada información adicional, se recibió informe del Jefe del Servicio de Recaudación en el que 
cuantificaba, a 31 de diciembre de 2016, la deuda prescrita en casi 1.892.000 euros, previa 
depuración de las cuantías pendientes a través de diversas actuaciones tales como propuestas de  es
bajas, actos de la asistencia técnica a la Gestión Tributaria o actos de inspección. Se señalaba  o
asimismo que se estaban realizando otras acciones tales como grabación de actos administrativos  w.
plae snidtuieanctieósn .q ue interrumpen la prescripción o la depuración de deudores concursales para mejorar  2021-1411n https://w
Las situaciones descritas, recurrentes en el Ayuntamiento de Mazarrón23, ponen de manifiesto una 
deficiente gestión de los ingresos de la entidad, tanto por la falta de depuración de saldos prescritos 
como por el elevado importe de derechos pendientes de cobro que derivan en prescripción, con las 
consecuencias negativas que produce tanto en la tesorería como en la estabilidad y sostenibilidad 
financiera de la entidad. 
II.2.10. AYUNTAMIENTO DE MULA 
Sistema de control interno 
Mula tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 16.689 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas en el presupuesto del Ayuntamiento en dicho ejercicio resultó de 
13.467.479,34 euros.  
La Intervención de la entidad era de clase 2ª, figurando el puesto de interventor reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en la 
RPT que aprobó el Pleno el 22 de diciembre de 2015. 
Las funciones de interventor las estaba desempeñando, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en 
junio de 2018, el Secretario de la entidad, sin que mediara forma concreta de provisión del puesto. 
Además, el órgano de Intervención estaba dotado de un puesto de administrativo y otro de auxiliar 
administrativo, que estaban cubiertos tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018. 
Esta entidad tiene implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito y a la competencia del órgano gestor del gasto.  
Esta  configuración  del  sistema  de  fiscalización  previa  de  requisitos  básicos  debería  haberse 
complementado en los términos establecidos en el artículo 219.2 del TRLRHL, que establece que 
deben ser objeto de comprobación, junto con la adecuación y suficiencia de crédito y la competencia 
del órgano gestor del gasto, “aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del presidente”, previsión que no ha sido cumplida 
por el Ayuntamiento en su regulación. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control posterior de elementos que no eran objeto de 
control por el sistema de fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce 
en un sistema de control interno insuficiente en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Mula remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del plazo previsto 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015.  
ea23n  3E 52l .0ó31r8g56a). n3qo8u 4ed  eee ulI nrimotespr voderetn epc rtióoinntca ihlp aeabnl,í  dase ipnru eqecushetoo ps d upede imnedraaine cinfoiteenssttr oad seetn ac rion ebfsorotram a ie n3 fd1oe rdm 4ea  ddceiicó oinec mtcuobbnrre ela  dd ceeu  22e00n11ta65   d(dreee  lraeetjceivarocu iadc ialoacs ig ócenes rptriuaóednso dtsoe  a qinsugceer enesdsoítaas  
nmois smeo hsa. bía rendido, además de aludir al elevado importe de estos derechos y a la falta de un plan de actuación sobre los
Se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de fiscalización y de anomalías de 
ingresos,  informando  de  un  acuerdo  contrario  al  reparo  formulado  cuya  cuantía  ascendió  a 
139.039,48 euros. 
o Imputación a presupuesto de facturas de ejercicios anteriores
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Mula, con fecha de 21 de noviembre de 2016, emitió 
reparo en la fase de reconocimiento de la obligación en relación con 161 facturas correspondientes 
al ejercicio 2015.  
El  documento  presentado  para  su  fiscalización  previa  fue  un  expediente  de  modificación 
presupuestaria mediante transferencia de crédito por la que se daba cobertura financiera a la 
imputación al presupuesto del ejercicio 2016 de gastos generados en el año anterior. 
El  informe  de  Intervención  indicaba  que  en  el  ejercicio  2015  no  se  habían  reconocido  las 
correspondientes obligaciones como consecuencia del retraso en su presentación así como por no 
constar, en algunas de ellas, la conformidad con la prestación recibida. No obstante el artículo 
176.2.b) exceptúa del principio de anualidad la imputación a presupuesto de las obligaciones 
derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. La demora en el 
reconocimiento de estos gastos pone de manifiesto una deficiencia en relación con la gestión de 
algunas de las facturas presentadas en el Ayuntamiento24. 
El Pleno del Ayuntamiento de Mula aprobó en sesión de fecha 30 de noviembre de 2016 la 
transferencia de créditos necesaria para dotar las partidas afectadas.  
II.2.11. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
Sistema de control interno 
Murcia tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 441.003 habitantes, y el volumen de 
obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
379.984.650,96 euros.  
Murcia cumple dos de los requisitos que otorgan la consideración de municipio de gran población -su 
población es superior a 250.000 habitantes y es capital de la Región de Murcia- según establece el 
artículo 121 de la LRBRL, tras la modificación introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local. 
La Intervención de la entidad era de clase 1ª, debiendo constar el puesto de interventor reservado a 
funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría  superior.  Sin 
embargo, contraviniendo lo dispuesto en el art. 74 del EBEP y 90.2 de la LRBRL, el Pleno del 
Ayuntamiento de Murcia no había aprobado RPT vigente en el periodo fiscalizado, a pesar de ser el 
instrumento técnico donde se realiza la ordenación del personal y que permite, a su vez, definir las 
plantillas y determinar las ofertas públicas de empleo. 
La cobertura del puesto de interventor era, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018, 
definitiva, habiéndose realizado mediante libre designación, previsión contemplada por la normativa 
fc2u4o nrEdrela smApyoeunnndtatiael dmnetiee qsnu;t seoi , s beeie ninm ,e pysu ectarnirt toaa nnr tleaoms s ifetai dtcrotau traua ndsae a  nlv euejmze recfirinocaisolai z2sa0 fda1oc6 t ufeurlae ts sr ádume priritveeas dedanest a,a cllaieó gmna accyoioonnr íreaes tdr, aehs eaol  lpamso,ar  dnpeiafler stseet ardvdeioc l iooqs du peer  osevulem emidnooistritveroos  
edliéfecrterinctoe  ya l tqeuleef osneí ag ednee rloasro nm. eses de abril a diciembre, se considera que no está justificada su imputación a ejercicio
para los municipios sujetos al régimen de organización de gran población, además de para las 
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. 
El órgano de Intervención contaba además con los siguientes puestos adscritos: dos técnicos de la 
Administración General A1, un técnico de la Administración General A2, cuatro administrativos y ocho 
auxiliares administrativos, todos ellos cubiertos en 2016 y 2018. 
El Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos 
en el ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y 
suficiencia de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos 
adicionales determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, 
acorde con lo establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, incumpliendo el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de 
control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Murcia remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL correspondiente al ejercicio 2016, el 26 de abril de 2017, dentro del plazo previsto 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015. Se certificó la inexistencia de 
expedientes tramitados con omisión de fiscalización y de anomalías de ingresos y se informó, 
asimismo, de once acuerdos adoptados en contra de lo señalado en el correspondiente informe de 
Intervención. 
No obstante, la información remitida se refirió exclusivamente a la entidad principal, no informando 
de posibles acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización ni anomalías de 
ingresos de su entidad dependiente, el Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los once acuerdos contrarios a reparos ascendió a 1.021.654,13 euros, con 
la clasificación que se detalla en el siguiente cuadro:  
Cuadro  18.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Murcia 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Arrendamientos 1  3.389,17  9,09 0,33
Contrato de servicios  8  733.814,80  72,73  71,83 
Contrato de suministros  2  284.450,16  18,18  27,84 
Total general  11  1.021.654,13  100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
Tres de los acuerdos contrarios a reparos adoptados por el Ayuntamiento de Murcia en 2016 han  w.
sido analizados por tener un importe superior a 50.000 euros, todos ellos relativos a gastos de  11w
contratación generados sin cobertura jurídica.
o Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza de instalaciones
deportivas municipales
El 19 de octubre de 2016 el Alcalde-Presidente acordó levantar el reparo de Intervención a la 
autorización, disposición y reconocimiento de facturas de los servicios mencionados por importe de 
309.196,53 euros. 
En relación con la propuesta de reconocimiento de obligaciones, en el informe de Intervención se 
puso de manifiesto la ausencia de contrato en las fechas a las que las facturas se referían: el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2016, en tanto los contratos que amparaban dichos 
servicios habían finalizado el 31 de diciembre de 2015, y no fue hasta abril de 2016 cuando se 
formalizaron los contratos sustitutivos de los anteriores. 
La adjudicación de los nuevos contratos se produjo el 29 de diciembre de 2015, sin la antelación 
suficiente para su entrada en vigor el 1 de enero de 2016, máxime cuando se trataba de contratos 
de regulación armonizada. La Concejalía correspondiente había dispuesto el 30 de diciembre de 
2015 la continuidad en la prestación de los servicios necesarios para mantener la apertura y uso de 
las instalaciones, suponiendo tal actuación la extensión de un contrato que ya había llegado a la 
duración máxima prevista en el mismo, por lo que tal prórroga no tenía cabida, al margen de que no 
se hubiera tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa contractual. 
o Suministro de combustible de automoción para los vehículos municipales
El 12 de abril de 2016 el Alcalde-Presidente procedió a levantar el reparo de Intervención a la 
autorización, disposición y reconocimiento de facturas de suministro de combustible por importe de 
242.384,67 euros. 
En el informe de Intervención se había puesto de manifiesto la ausencia de contrato en vigor en 
relación con el servicio afectado respecto de facturas que abarcaban el periodo comprendido entre 
enero y agosto de 2015, en tanto el contrato en cuestión había finalizado el 20 de octubre de 2014. 
El nuevo contrato no se adjudicó hasta el 15 de julio del año siguiente, habiéndose formalizado en 
agosto de 2015 con la misma empresa, único proveedor que acudió a la licitación. 
A su vez, las facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2014, cuyo importe 
ascendió a 92.518,95 euros, se remitieron al Ayuntamiento en 2015, lo que dio lugar a que se 
imputaran al presupuesto de dicho ejercicio a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito 
aprobado por la JGL el 4 de marzo de 2015. Estas facturas no fueron objeto de reparo ni se informó 
a este Tribunal, en relación con el ejercicio 2015, de expedientes con omisión de fiscalización previa. 
o Mantenimiento de los servicios de actividades socio-sanitarias en los centros municipales de
estancias diurnas de Barriomar-La Purísima, Beniaján y Cabezo de Torres
Se trata de un servicio que, a tenor del marco competencial establecido en la LRBRL, en su redacción 
dada por la LRSAL, su titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, por lo que, para que 
pudiera prestarse por el Ayuntamiento de Murcia se requería acuerdo de delegación expreso en los 
términos recogidos en el artículo 27 y concordantes de la propia norma, que debería ir acompañado 
de la financiación correspondiente. 
El 15 de octubre de 2010 se había firmado un convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento con 
vigencia hasta la finalización de 2015 para la prestación de dicho servicio; con base en el mismo, se 
formalizaron tres contratos cuyo periodo de validez finalizaba también el 31 de diciembre de 2015,  e
en relación con cada uno de los tres centros municipales en los que se realizaría la prestación.  bo
En fecha cercana a la finalización de los contratos, el 11 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento  11w
dhaebriívaó  iennic ilaad foo rumna plizroacceiódnim diee nntuoe avboise rctoo nyt rdaeto us regle 3n0c idae p aabrari lr edneo 2v0a1r 6la.  contratación del servicio, que
En relación con dicha actuación, el 29 de diciembre de 2015, el órgano de Intervención del 
Ayuntamiento de Murcia había formulado reparo señalando las siguientes incidencias:  
- Que en el expediente únicamente obraba el borrador del nuevo convenio, sin que este se hubiera
llegado a aprobar; además, no incorporaba memoria o estudio detallado de naturaleza económica
que determinara el coste real y efectivo para el Ayuntamiento derivado de la prestación del
servicio, de forma que se pudiera comprobar su total cobertura por la Administración titular de su
competencia.
- Que en tanto los contratos previos finalizaban dos días después y no preveían prórroga, el
expediente suponía una adjudicación directa a favor de las empresas que venían prestando el
servicio.
- Que los gastos que en su caso se pudieran derivar de los expedientes reparados debían en todo
caso imputarse al ejercicio 2016, no procediendo, al margen de lo señalado anteriormente, su
autorización y disposición con cargo al presupuesto de 2015.
Posteriormente, una vez recibidas en el Ayuntamiento las facturas relativas al periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2016, cuyo importe ascendió a 324.362,67 euros, el 
Alcalde-Presidente de la Corporación aprobó Decreto por el que se levantó el reparo anteriormente 
mencionado y se acordó la autorización, disposición, reconocimiento y pago de las facturas. 
En los tres expedientes anteriores la prestación de los servicios y suministros se produjo durante los 
periodos indicados sin la necesaria cobertura contractual, incumpliendo lo previsto en los artículos 
23, 28 y 109 del TRLCSP, pudiendo incurrir, como consecuencia, en causa de nulidad, según preveía 
el artículo 62 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual 
LPAC- en tanto el servicio se realizó prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, todo 
ello sin perjuicio de la generación de la obligación ex lege de abono del servicio hecho en aplicación 
del principio de prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC25, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
que se hayan iniciado actuaciones tendentes a las exigencia de las responsabilidades que se 
hubieran podido derivar. 
Este hecho, en el caso del Ayuntamiento de Murcia, viene motivado por una demora en el inicio del 
expediente para la adjudicación de los nuevos contratos, lo que implica una debilidad en la gestión 
contractual, en tanto no se realiza una previsión adecuada de la finalización de los contratos en vigor 
para proceder a tramitar el expediente que debiera dar continuidad a la prestación del servicio o 
suministro. 
II.2.12. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Sistema de control interno 
San Javier tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 31.782 habitantes, y el volumen de  s
obligaciones reconocidas netas en el Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a  oe.
39.340.623,51 euros.   w.
d25e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
A pesar de la población del municipio, la Intervención está clasificada como de clase 2ª, por lo que 
la reserva del puesto de FHN se realiza para funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en vez de categoría superior, sin que la entidad haya 
dado justificación del cambio de clasificación. El puesto estaba cubierto a través de concurso a 31 
de diciembre de 2016; sin embargo, desde marzo de 2018 –fecha en la que el interventor obtuvo 
plaza de forma provisional en el Ayuntamiento de Cartagena- se cubrió de forma accidental. 
Además, el órgano de Intervención contaba, a 31 de diciembre de 2016, con tres administrativos y 
seis auxiliares administrativos, dotación que se incrementó en un auxiliar más a la fecha de corte de 
los trabajos –junio de 2018-. 
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de 
control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera. 
Análisis de los expedientes 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de San Javier remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril de 2017, dentro del plazo previsto 
en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de 
fiscalización y de anomalías de ingresos, y se informó de 23 acuerdos adoptados en contra de lo 
señalado en el correspondiente informe de Intervención. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 23 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 1.244.422,31 euros con la 
clasificación que se detalla en el siguiente cuadro. Uno de los reparos, cuya cuantía ascendió a 
40.863,89 euros, se produjo en el organismo autónomo Patronato Deportivo Municipal. 
Cuadro  19.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de San Javier 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Contrato de servicios  21  1.231.917,38  91,30  98,99 
Contrato de obras  1  11.700,70  4,35  0,94 
Otros 1 824,23 4,35 0,07
Total general  23  1.244.442,31  100%  100%  s
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma  bo
rCeivnicsoió dne.   los acuerdos remitidos tenían un importe superior a 50.000 euros, habiendo sido objeto de
o Prestación de servicios sin cobertura jurídica
Los cinco expedientes se refieren a la misma casuística: la imputación al presupuesto de 2016 de 
facturas generadas en el propio ejercicio como consecuencia de la prestación de servicios para los 
que había finalizado el contrato que les daba cobertura jurídica, y respecto de los cuales se había 
producido una prórroga tácita y no acordada por el órgano de contratación, en contra de lo 
establecido en el artículo 23 del TRLCSP.  
El órgano de Intervención reparó cada una de las facturas por omisión de trámites esenciales. No 
obraban en los expedientes las correspondientes Resoluciones de la Presidencia-Alcaldía de la 
Corporación resolviendo la discrepancia, tal y como establece el artículo 217 del TRLRHL, que 
califica esta facultad como no delegable. En su lugar, constaban informes de Alcaldía en los que 
argumentaba la necesidad de continuar con la prestación de los servicios así como Acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local aprobando las facturas. 
En el cuadro siguiente se detalla, para cada uno de los cinco servicios en los que se produjo la 
irregularidad señalada, el importe de las facturas que se generaron sin contrato, aquellas que fueron 
reparadas en el ejercicio 2016, la fecha en la que finalizó el contrato que daba cobertura al servicio 
y la situación en la que se encontraba la adjudicación de los nuevos contratos en julio de 2018, de 
los que únicamente el relativo al servicio de mantenimiento de espacios públicos, semáforos, 
iluminación navideña y conservación de nuevas instalaciones había sido adjudicado en la fecha 
indicada. El hecho, además, de no haber licitado los contratos con concurrencia pública ha privado 
a la Administración de la posible obtención de precios competitivos. 
Cuadro  20.   Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de San Javier 
Importe en euros 
Fecha  Importe 
Fecha  Importe 
finalización del  Periodo sin contrato  facturas 
Denominación del contrato  formalización  facturas sin  
contrato  (1)  reparadas en 
nuevo contrato  contrato 
anterior  2016 
Gestión de la escuela preescolar de San  Pendiente de iniciar 
24/02/2016  2 años y cuatro meses  242.967,20  52.064,40 
Javier  expediente 
Servicio de conserjería y limpieza de 
01/08/2015  En tramitación  2 años y once meses  535.367,70  152.624,00 
diversos centros de servicios sociales 
Servicio de mantenimiento del alumbrado 
público de los espacios públicos, de los 
07/08/2013  18 de abril de 2018  4 años y ocho meses  2.307.276,16  497.804,82 
semáforos, de la iluminación navideña y 
conservación de nuevas instalaciones 
Gestión del servicio público del Centro de 
Pendiente de iniciar 
Atención a la infancia de Santiago de la  27/11/2015  2 años y siete meses  180.833,23  58.333,30 
expediente 
Ribera 
Servicio de mantenimiento de diversos 
21/09/2015  En tramitación  2 años y nueve meses  369.277,59  123.092,52 
jardines municipales 
TOTAL SERVICIOS: 5  3.635.721,88  883.919,04 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(1) En los casos en los que no se había formalizado un nuevo contrato en la fecha de corte tomada en la fiscalización -30 de junio de
2018- el cálculo del periodo del contrato se ha realizado tomando como referencia dicha fecha. s
En los cinco expedientes la prestación del servicio se produjo durante los periodos indicados sin la  111ww
npeseenurctdvoeiiencsnciaoedr isosa  e vi cnirgoecebuanerlirtzreitróu ,  LrpcaRro eJcmsPocoAni ntCrcda oi–cenctnsuudeayoclo, u dsiene ntclé cuprimmaro,ip cneleoiendsn i mcdreaoiepu nrlsootao d p uldreceegev a ineslmutl olaie drneatítndce u, l eolsosse t 4aga7búr ltnedíc ceupi dlrloaeos v,a  et2coít8adu  oaye l e l 1Llla0Por9 Atsí cCidnu-e l pole e Tnr6 jRu2taLi cndCitoeoS   dPelae,l     OE-A-2021-14able en https://
la generación de la obligación ex lege de abono del servicio hecho en aplicación del principio de 
prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus 
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título 
X de la LRJPAC26, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos 
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya 
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
la realización de actuaciones en orden a depurar las posibles responsabilidades. 
La situación descrita ha resultado, además, recurrente en el Ayuntamiento de San Javier, habiéndose 
ya puesto de manifiesto respecto de la prestación en 2014 de los servicios de asesoramiento jurídico, 
asistencia  en  la  gestión  tributaria  y  recaudatoria,  mantenimiento  del  puente  de  El  Estacio, 
mantenimiento del colector general e instalaciones de bombeo de agua de La Manga del Mar Menor 
y servicio de recogida de residuos sólidos; y en relación, asimismo, con la prestación en 2015 de los 
servicios de asesoramiento jurídico, mantenimiento del colector general e instalaciones de bombero 
de agua de La Manga del Mar Menor, mantenimiento de espacios públicos y servicio de vigilancia de 
instalaciones deportivas, tal y como se indicó en el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y 
resoluciones  contrarios  a  reparos  formulados  por  los  Interventores  locales  y  las  anomalías 
detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite 
de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los Órganos de Control Externo 
de las Comunidades Autónomas, aprobado por el Pleno de este Institución el 21 de diciembre de 
2017. 
Todo ello evidencia una debilidad en el sistema de gestión en relación con la contratación de servicios 
en el Ayuntamiento de San Javier, de forma que la incorrecta previsión por parte de los órganos 
gestores conlleva reiterados incumplimientos de la normativa contractual. 
II.2.13. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Sistema de control interno 
San Pedro del Pinatar tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 24.660 habitantes y un 
volumen de obligaciones reconocidas netas en el Presupuesto del Ayuntamiento de 25.028.692,16 
euros.  
La clasificación de la Intervención es de clase 1ª, estando reservado el puesto de trabajo de 
interventor  a  funcionarios  pertenecientes  a  la  subescala  de  Intervención-Tesorería,  categoría 
superior, según se definía en la RPT aprobada por el Pleno de la entidad el 30 de diciembre de 2002. 
A 31 de diciembre de 2016 la cobertura del puesto era mediante nombramiento accidental, el cual se 
había realizado sobre el funcionario que ocupaba el puesto de Técnico de Administración Tributaria 
y Financiera, y aunque se ofertó en los concursos unitarios celebrados en los ejercicios siguientes, 
en la fecha de realización de los trabajos de la presente fiscalización, junio de 2018, el puesto seguía 
cubierto de forma accidental, no habiendo realizado la Corporación la correspondiente convocatoria 
de concursos ordinarios. 
Además, también estaban adscritos al órgano de Intervención tres puestos de administrativo y dos 
auxiliares; sin embargo, los tres primeros estaban vacantes, tanto en diciembre de 2016 como en  es
junio de 2018.  o
d26e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
La configuración del sistema de fiscalización en el ejercicio fiscalizado era limitada previa de 
requisitos básicos, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia de 
crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, incumpliendo el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de 
control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera. 
Además, en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, el órgano de Intervención realizaba, además 
de las funciones propias, otras relativas a la gestión presupuestaria. En concreto estas funciones se 
extendían a la elaboración del presupuesto, su seguimiento trimestral y redacción de los informes 
correspondientes para el pleno y el Ministerio, así como la elaboración de la liquidación del 
presupuesto. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar remitió la información prevista 
en el artículo 218.3 TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 30 de agosto de 2017, una vez 
vencido el plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, que se 
concreta en el 30 de abril del año siguiente al que se refiere la información. 
No obstante, la información remitida se refirió exclusivamente a la entidad principal, no informando 
de posibles acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización ni anomalías de 
ingresos de su entidad dependiente, el Organismo Autónomo Patronato de la Universidad Popular 
de San Pedro del Pinatar. En relación con el Ayuntamiento, se certificó la inexistencia de expedientes 
tramitados con omisión de fiscalización y de anomalías de ingresos, e informaba de un acuerdo 
adoptado en contra de lo señalado en el correspondiente informe de Intervención.  
Acuerdos contrarios a reparos 
El acuerdo contrario a reparo sobre el que se ha informado tuvo un importe de 141.014,15 euros, y 
ha formado parte de la muestra de expedientes analizados. 
o Imputación a presupuesto de facturas de ejercicios anteriores
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 7 de abril de 2016, aprobó un reconocimiento extrajudicial 
de créditos para reconocer y aplicar al presupuesto 67 facturas expedidas como consecuencia de la 
prestación de servicios y suministros de diversa naturaleza a lo largo del ejercicio 2015, por un 
importe total de 141.014,25 euros.  
En relación con este expediente, el órgano Interventor, en reparo de 28 de marzo de 2016, había 
informado de que 42 facturas de las 67 que componen el expediente, con origen en el suministro de 
energía eléctrica, trabajos de plantación, desratización y limpieza de aseos en playas, entre otros, no 
se habían imputado al presupuesto de 2015 por falta de crédito adecuado y suficiente. El importe 
conjunto de las 42 facturas, para las cuales se carecía de crédito en el ejercicio de procedencia, 
ascendió a 97.261,86 euros, presentando el siguiente detalle agrupado por tipo de prestación: 
Cuadro  21.  Detalle de servicios y suministros sin consignación presupuestaria. 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 
Importe en euros 
Concepto del gasto  Importe 
Suministro energía eléctrica  16.772,13 
Plantación ficus  4.281,75 
Plantación taray  2.399,10 
Trabajos de poda  9.836,90 
Limpieza de solares  2.299,00 
Limpieza WC portátiles  18.851,80 
Limpieza aseos  5.931,42 
Actuación de urgencia y especial en playas  1.912,16 
Horas de tractor en playas  13.878,70 
Desratización y desinfección  15.034,25 
Mercado semanal  363,00 
Bonos transporte  5.701,26 
TOTAL  97.261,47 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
Si bien la mayoría de las facturas podrían haber derivado de la tramitación de un contrato menor en 
tanto no superan los importes establecidos para dicha contratación en el TRLCSP (50.000 euros en 
el caso del contrato de obras y 18.000 euros en el resto), se ha vulnerado el artículo 28 de dicho 
texto legal, que sanciona el carácter formal de la contratación, así como el 111, que exige la formación 
de un expediente también para la contratación menor y la aprobación del gasto de forma previa a la 
prestación, lo que de haberse realizado y haber conllevado, además, la correspondiente retención 
del crédito, hubiera evitado que no se contara con la necesaria consignación presupuestaria para la 
imputación de las facturas al presupuesto en el que se generan. Esta práctica no está expresamente 
recogida en las Bases de Ejecución del Presupuesto, lo que hubiera procurado una correcta 
tramitación de este tipo de gastos. 
En el caso del suministro de energía eléctrica y de la limpieza de WC portátiles, al tratarse, 
respectivamente, de una prestación de duración superior al año y de importe superior a 18.000 euros, 
debería haberse acudido a procedimientos de contratación promoviendo concurrencia, lo que en la 
fecha de redacción del presente Anteproyecto de Informe27 no se había producido en ninguno de los 
dos casos, continuándose su prestación sin adecuada cobertura contractual a través de un prórroga 
tácita y en contra, por tanto, de lo previsto en los artículos 23, 28 y 109 del TRLCSP. 
La práctica realizada ha supuesto una vulneración de los artículos 173.5 y 176.1 del TRLRHL, que 
sancionan el principio de anualidad presupuestaria y señalan –al igual que el artículo 32 del 
TRLCSP- que serán nulos de pleno derecho los compromisos de gastos adquiridos por cuantía 
superior al importe de los créditos autorizados, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar. La imputación de estas obligaciones al presupuesto del ejercicio siguiente mediante la figura 
del reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida en sí mismo dichos actos ni depura posibles 
responsabilidades, sin perjuicio de la necesidad de abonar los servicios hechos por los terceros y 
evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Esta práctica está también tipificada como  es
infracción muy grave en el artículo 28.c) de la LTAIPBG, señalándose en el 30 las sanciones  oe.
aplicables, las cuales se regirán por el principio de proporcionalidad y según los criterios señalados  w.
27 Julio de 2018
en el propio artículo, entre los que se incluye el perjuicio causado. No consta el inicio de actuaciones 
tendentes a la depuración de posibles responsabilidades. 
Respectó a las 25 facturas restantes (43.752,39 euros), el órgano de Intervención informó de que la 
demora en la presentación de las mismas y/o el retraso con la conformidad de prestación por parte 
del órgano competente imposibilitaron la aplicación de las mismas al presupuesto del ejercicio 2015. 
Además de los incumplimientos normativos señalados, se ha puesto de manifiesto una debilidad en 
la gestión de contratos de servicios en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, así como en 
relación con la gestión de facturas, puesto que, en lo que se refiere a las últimas referidas, la demora 
en su presentación y conformidad motivó que no pudieran aplicarse al ejercicio al que correspondían. 
II.2.14. AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO 
Sistema de control interno 
Torre-Pacheco tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 34.630 habitantes, y el volumen 
de obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento ascendió, en dicho ejercicio, a 
31.643.679,63 euros.  
La clasificación de la Intervención es de clase 1ª, estando el puesto de FHN reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. El Pleno de la entidad 
no había aprobado RPT vigente durante el periodo fiscalizado, a pesar de ser el instrumento técnico 
que permite realizar la ordenación de su personal y planificar la oferta de empleo. La falta de 
aprobación vulnera asimismo lo dispuesto en los artículos 74 del EBEP y 90.2 de la LRBRL. 
La cobertura del puesto de FHN del órgano de Intervención recaía, a 31 de diciembre de 2016, en 
funcionario interino, forma de provisión que se mantuvo hasta que, en mayo de 2017, obtuvo el 
puesto por concurso el funcionario que actualmente ocupa la plaza. 
Además, el órgano de Intervención contaba, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018, 
con dos técnicos A2, tres administrativos y un auxiliar administrativo. 
Esta entidad tenía implantado un sistema de fiscalización previa limitada de requisitos básicos en el 
ejercicio fiscalizado, extendiéndose el ámbito de las comprobaciones a la adecuación y suficiencia 
de crédito, a la competencia del órgano gestor del gasto, así como a otros extremos adicionales 
determinados por el Pleno de la Entidad por trascendencia en el proceso de gestión, acorde con lo 
establecido en el artículo 219.2 del TRLRHL. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce en un sistema de 
control interno en el que no se podía comprobar si se cumplían los principios de buena gestión 
financiera. 
Análisis de los expedientes  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Torre-Pacheco remitió la información prevista en el 
artículo 218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril 2017, antes de la 
finalización del plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas.  s
En la información remitida se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de  w.
fiscalización y de anomalías de ingresos, además, se informó de 64 acuerdos adoptados en contra  11w
de lo señalado en el correspondiente informe de Intervención. 
No se informó de posibles acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización 
ni anomalías de ingresos de su entidad adscrita, el Consorcio Televisión Digital Local del Mar Menor. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 64 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 3.169.591,79 euros con la 
clasificación que se detalla en el siguiente cuadro.  
Cuadro  22.  Acuerdos contrarios a reparos. Ayuntamiento de Torre Pacheco 
Importe en euros 
Acuerdos contrarios a reparos 
Tipo de expediente 
Porcentaje  Porcentaje 
Número  Importe  
número  Importe 
Contrato de servicios  31  2.419.614,65  48,44  76,34 
Contrato de suministros  29  725.535,14  45,31  22,89 
Contrato mixto  4  24.442,00  6,25  0,77 
Total  64  3.169.591,79  100%  100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por las entidades a través de la Plataforma 
o Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria
Dos de los expedientes analizados son relativos a este servicio, difiriendo únicamente en el periodo 
al que afectan las facturas reparadas, por lo que los resultados derivados de su análisis se exponen 
de forma conjunta. 
El Pleno del Ayuntamiento de Torre-Pacheco aprobó en sesiones de 31 de marzo y de 25 de julio de 
2016 sendas propuestas de la Concejalía de Hacienda y Comunicación relativas al reconocimiento 
de obligaciones derivadas de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y 
limpieza viaria en el término municipal. La primera de las propuestas, por un importe de 780.681,21 
euros, era referente a las facturas de la prestación del servicio del mes de diciembre de 2015 (para 
la que se reconocería un expediente extrajudicial de crédito) y enero y febrero de 2016. La segunda 
agrupaba las facturas de marzo a junio de 2016, cuyo importe conjunto ascendió a 1.040.908,28 
euros.  
Los reparos formulados por el órgano de Intervención son de fechas de 22 de marzo y de 4 de julio. 
En ellos se puso de manifiesto que el contrato que debiera haber dado cobertura a la prestación del 
servicio había finalizado en 2014, habiendo continuado la prestación mediante una prórroga tácita 
del mismo que no estaba aprobada por el órgano de contratación, en contra de lo previsto en los 
artículos 23, 28 y 109 del TRLCSP, que sancionan el carácter formal de la contratación pública y se 
prohíben las prórrogas tácitas. 
La prestación de este servicio ya fue objeto de reparo por el órgano de Intervención en el ejercicio 
2015 con base, asimismo, en la omisión de trámites o requisitos esenciales. 
En la fecha de redacción del presente Anteproyecto de Informe28, no se había adjudicado el nuevo 
contrato, por lo tanto, desde que en 2014 finalizara el anterior, el servicio se continuaba prestando  s
sin cobertura jurídica.  oe.
28 Julio de 2018
o Servicios de ayuda a domicilio y centro de día
El servicio se venía prestando a través de un contrato formalizado el 12 de marzo de 2012 en el 
marco de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. El informe del órgano de Intervención ponía de manifiesto que la prestación del servicio 
durante los meses a los que se referían las facturas reparadas se había llevado a cabo en relación 
con un número de usuarios superior al establecido en el contrato, sin que este hubiera sido 
modificado, cuestión que, según se indicaba, ya había sido señalada en otros informes emitidos con 
anterioridad, aunque no especificaba los efectos que se derivaban de esta variación en el número de 
usuarios. 
Además, el contrato finalizó el 22 de marzo de 2016, por lo que las prestaciones realizadas a partir 
de esa fecha se llevaron a cabo sin la necesaria cobertura contractual. Se licitó un nuevo contrato 
para la prestación de este servicio que fue formalizado el 17 de marzo de 2017. 
o Servicios postales
El 8 de junio de 2016 el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torre-Pacheco acordó levantar el 
reparo formulado por el órgano de Intervención en relación con el reconocimiento de cuatro facturas 
correspondientes a la prestación del servicio de correos correspondientes a los meses de febrero a 
mayo por un importe conjunto de 50.715,92 euros. 
El órgano de Intervención había formulado reparo en tanto no se había licitado contrato para la 
prestación del servicio señalado, contraviniendo por tanto los artículos 28 y 109 del TRLCSP, al ser 
los gastos periódicos y repetitivos y superar en su conjunto el límite máximo de los contratos menores 
regulado en el artículo 138 del mismo texto legal. 
o Suministro de energía eléctrica
Respecto de este servicio han sido objeto de análisis tres reconocimientos extrajudiciales de crédito 
por el que se imputaban al presupuesto de 2016 facturas de 2015 por importes respectivamente de 
87.288,38, 260.754,14 y 139.149,40 euros. El gasto anual por suministro eléctrico había ascendido 
a 1.479.054,04 euros. 
El órgano de Intervención había emitido en los tres casos reparo de legalidad al reconocimiento de 
las facturas alegando dos cuestiones: por un lado, que se había tramitado la prestación del servicio 
a través de un contrato menor a pesar de que se trata de una prestación continuada en el tiempo y 
superar el importe establecido para la utilización de esta figura contractual; y además, señaló la 
inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2015 para haber procedido a la 
imputación de las facturas. Se licitó un nuevo contrato para la prestación de este servicio que fue 
adjudicado el 1 de junio de 2018. 
En los siete expedientes analizados la prestación de los servicios y suministros se produjo durante 
los periodos indicados sin la adecuada cobertura contractual, incumpliendo lo previsto en los artículos 
28 y 109 del TRLCSP, pudiendo incurrir, como consecuencia, en causa de nulidad, según preveía el 
artículo 62 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47 de la actual 
LPAC- en tanto las correspondientes prestaciones se realizaron prescindiendo del procedimiento 
legalmente establecido, todo ello sin perjuicio de la generación de la obligación ex lege de abono del 
servicio  hecho  en  aplicación  del  principio  de  prohibición  del  enriquecimiento  injusto  de  la 
Administración. 
La disposición adicional decimonovena del TRLCSP señala que la responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus  s
actuaciones en materia de contratación administrativa se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título  oe.
X de la LRJPAC29, señalando, asimismo, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos  w.
contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las Administraciones  11w
Públicas,  cuando  medie  al  menos  negligencia  grave,  constituirá  falta  muy  grave,  cuya
29 Regulado actualmente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. No consta 
el inicio de actuaciones en orden a la depuración de posibles responsabilidades. 
En el cuadro siguiente se muestran, para cada uno de los cinco servicios, los periodos en los cuales 
la  prestación  se  venía  realizando  sin  cobertura  contractual,  con  detalle  del  lapso  de  tiempo 
transcurrido entre la finalización del contrato anterior y el inicio del nuevo expediente que debía 
sustituirlo. Además, el no haber licitado los contratos con concurrencia pública ha privado a la 
Administración de la posible obtención de precios más competitivos. 
Cuadro  23.  Servicios y suministros sin cobertura contractual. Ayuntamiento de Torre-
Pacheco 
Periodo desde 
Fecha acuerdo 
Servicios y suministros  Fecha finalización  finalización de  Fecha inicio nuevo  Periodo sin contrato 
inicio nuevo expte 
afectados  del contrato anterior  contrato hasta  contrato  (1)  
contratación 
acuerdo inicio 
Servicio de recogida de  En proceso de 
residuos sólidos urbanos  30/10/2014  11/04/2016  1 año y cinco meses  valoración de ofertas  3 años y 8 meses 
y de limpieza viaria  en junio 2018 
Servicio de recogida de  En proceso de 
residuos sólidos urbanos  30/10/2014  11/04/2016  1 año y cinco meses  valoración de ofertas  3 años y 8 meses 
y de limpieza viaria  en junio 2018 
Servicio de ayuda a  22/03/2016  Sin datos  --  17/03/2017  1 año 
domicilio y centro de día 
Servicio de  Sin contrato  --  --  Sin contrato  -- 
comunicaciones postales 
Suministro de energía  Sin contrato  --  --  09/05/2017  -- 
eléctrica 
TOTAL SERVICIOS :        5  
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(1) En los casos en los que no se había formalizado un nuevo contrato en la fecha de corte tomada en la fiscalización -junio de 2018- el
cálculo del periodo del contrato se ha realizado tomando como referencia dicha fecha.
II.2.15. AYUNTAMIENTO DE TOTANA 
Sistema de control interno 
Totana tenía una población, a 31 de diciembre de 2016, de 30.981 habitantes, ascendiendo el 
volumen de obligaciones reconocidas netas del Presupuesto del Ayuntamiento a 25.963.739,04 
euros.  
El Ayuntamiento carecía en 2016 de RPT aprobada por el Pleno, incumpliendo, por tanto, la 
obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con 
el 22 del mismo texto legal. 
La clasificación de la Intervención es de clase 1ª, por lo que el puesto de FHN debía estar reservado 
a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.  
La cobertura del puesto era, a 31 de diciembre de 2016, mediante nombramiento accidental recaído  bo
sobre un auxiliar administrativo, el cual ha permanecido en el puesto, al menos, hasta junio de 2018,  1w
endxeacsceeiopmntoap le.d ñuEorla  pdneeter f itula nfrue pnaecsrio ioanddaoml  ydin eci sactpirnaactcoivit amasce iósdnee s d tderáu lmroasint eftue n yloc isco ocnluaaabrilooerssa  dlcoeió ol ngc,ur uypp óol au  Cnt i,ft uucnluacyciaoió ntnaa rrdeioea   deaesc ehcnaecbsioiali tl aaec siló oensl    2021-1411n https://w
cuerpos de este subgrupo no resulta adecuado para desempeñar las funciones de la responsabilidad
de las encomendadas a los funcionarios de habilitación nacional. La Corporación incluyó el puesto 
en los concursos unitarios celebrados durante dicho periodo pero no realizó las convocatorias 
correspondientes a los concursos ordinarios. 
Los otros puestos de trabajo con los que contaba el órgano de Intervención, tanto a 31 de diciembre 
de 2016 como en junio de 2018, eran tres administrativos y un funcionario auxiliar administrativo. 
Las funciones que realizaba el órgano de Intervención no se limitaban al ejercicio de las tareas de 
fiscalización y control, sino que además tenía atribuida la elaboración del presupuesto de la entidad. 
El Ayuntamiento tenía implantado un sistema de fiscalización previa plena, de tal forma que se 
comprobaba la conformidad de las propuestas con el procedimiento legalmente establecido en todos 
los expedientes, valorando todos los requisitos y trámites exigidos por el ordenamiento. 
No se realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016, según prevé el artículo 220 
del TRLRHL, sin que existiera, por tanto, un control posterior de elementos que no eran objeto de 
control por el sistema de fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia, lo que se traduce 
en un sistema de control interno insuficiente en el que no se podía comprobar si se cumplían los 
principios de buena gestión financiera. 
Además, en el Ayuntamiento de Totana, el órgano de Intervención realizaba, además de las 
funciones propias, otras relativas a la gestión económica y presupuestaria, lo que implica una 
disminución de la autonomía propia de dicho órgano al participar en decisiones de gestión. 
Análisis de los expedientes remitidos 
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Totana remitió la información prevista en el artículo 
218.3 del TRLRHL, correspondiente al ejercicio 2016, el 28 de abril 2017, antes de la finalización del 
plazo previsto en la Instrucción del Tribunal de Cuentas. 
En la información remitida se certificó la inexistencia de expedientes tramitados con omisión de 
fiscalización y de anomalías de ingresos y se informó de 42 acuerdos adoptados contrarios a reparos. 
Acuerdos contrarios a reparos 
La cuantía agregada de los 42 acuerdos contrarios a reparos ascendió a 16.564.275,34 euros, de los 
que 40 tenían un importe superior a 50.000 euros y han sido objeto de revisión. Todos ellos eran 
relativos a la prelación de pagos.  
El órgano de Intervención del Ayuntamiento de Totana emitió reparo de legalidad en la fase de pago 
de cada uno de los expedientes remitidos, motivado, en todos los casos, por la alteración del orden 
de prelación de pagos establecido en el Plan de disposición de fondos, documento de ordenación y 
planificación de los gastos y de obligado cumplimiento por la entidad, en tanto tiene la consideración 
de Reglamento interno según se deriva del artículo 187 del TRLRHL. 
El Plan fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de julio de 2015 y resultaba de conformidad 
con el artículo 135 de la Constitución Española (CE) y el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). En los expedientes 
reparados se proponía el pago preferente de nóminas, ayudas sociales, seguridad social, IRPF, 
cánones, costas judiciales, suministros, servicios y obras, principalmente, frente a cuotas ya vencidas 
de préstamos, algunas procedentes del ejercicio 2014.   es
En todos los casos, el Alcalde Presidente de la entidad emitió resolución contraria a los reparos  w.b
formulados, procediendo al pago material de los gastos reparados, a pesar de ser contrarios al Plan  111ww
dquee d itsapnotos ieciló anr tdíceu floo n1d3o5s  dye a l ala C nEo rcmoamtiov ae ls 1e4ñ adlaed laa  LpOorE ePl SInFte srevñeanltaonr  eqnu ee le rle ppaagroo  fdoerm lousla indtoe,r seiseensd oy 
ecul caalqpuitiaelr  doetr loa  gdaesutdoa.  pLúabs lirceas odleu claiosn Aedsm dien isAtrlcaaclidoínae ss eP úmbolitcivaasr ogno zeanrá l od ee pstraiobrliedcaidd oa besno leult aa pfraerntated ao 
tercero de la parte expositiva del Plan de Disposición de Fondos, invocando, básicamente, a la 
eficiencia máxima en la gestión de los recursos y la prestación de los servicios esenciales. 
II.2.16. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA TRAMITACIÓN DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS
A REPAROS Y DE LOS EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN LAS
ENTIDADES DE LA MUESTRA, ASÍ COMO DE LA REMISIÓN DE LOS MISMOS AL TRIBUNAL
DE CUENTAS
En el examen efectuado sobre los 75 expedientes objeto de análisis y cuyos resultados se han 
expuesto en los epígrafes anteriores, se han puesto de manifiesto una serie de diferencias en los 
criterios  y  procedimientos  aplicados  para  la  tramitación  de  acuerdos  contrarios  a  reparos  y 
expedientes con omisión de fiscalización previa, así como en su remisión al Tribunal de Cuentas. El 
análisis  comparativo  se  ha  efectuado  sobre  los  34  expedientes  relativos  a  la  contratación 
administrativa, en tanto los otros 41 expedientes correspondieron, en un caso, al pago de nóminas 
que afectaban a la sostenibilidad financiera de la entidad, y los 40 restantes se refirieron a la prelación 
de pagos y fueron todos ellos tramitados por la misma entidad. 
Diferencias en los criterios y procedimientos en la tramitación 
La totalidad de las incidencias comunicadas relativas a contratación se generaron en la fase de 
reconocimiento de obligaciones, derivadas la mayoría de ellas de la prestación de servicios, y en 
menor medida, de suministros, sin cobertura contractual. 
En algunas de las entidades –Ayuntamientos de Cartagena, Murcia, Torre-Pacheco y San Javier- las 
facturas derivadas de dichas prestaciones se imputaban al propio ejercicio en el que se generaban 
los gastos, previo acuerdo de levantamiento del reparo, en el cual, se había hecho constar la omisión 
de trámites esenciales, y en la mayoría de los casos, la necesidad de iniciar la tramitación de un 
nuevo contrato que sustituyera al anteriormente vigente. 
En los Ayuntamientos de Águilas, Fortuna, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Los Alcázares y Torre-
Pacheco la práctica observada resultó la imputación al presupuesto en curso de gastos generados 
en  ejercicios  anteriores  a  través  del  instrumento  del  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito, 
observándose una utilización recurrente del mismo en un marco que no se ajustaba a su concepción 
como excepción al principio de anualidad presupuestaria, al margen de que, además, dichos gastos 
se vieron afectados por incumplimientos de la normativa contractual, tanto en lo que se refiere a la 
utilización  de  la  contratación  menor  cuando  se  debería haber  acudido  a  la  contratación  con 
concurrencia (lo que se produjo en algunos expedientes del Ayuntamiento de Torre-Pacheco), como 
a la existencia de prestaciones para las cuales el contrato que debía haberles dado cobertura ya 
había finalizado. Además, en algunos casos, como en el Ayuntamiento de Jumilla, se incluyeron en 
el reconocimiento extrajudicial facturas generadas en el propio ejercicio 2016.  
Diferencias en la remisión de información al Tribunal de Cuentas 
A su vez, las situaciones anteriormente descritas han dado lugar a que la información remitida por 
los órganos de Intervención al Tribunal de Cuentas a través de la Plataforma no haya resultado 
homogénea. Así, todas las entidades que imputaron las facturas señaladas al ejercicio en curso 
remitieron la información como acuerdos contrarios a reparos; sin embargo, en aquellos casos en los 
que se imputaron a ejercicios siguientes a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, en 
ocasiones se han catalogado como expedientes con omisión de fiscalización previa (Ayuntamientos 
de Águilas y Los Alcázares) y en la mayoría de los casos, como acuerdos contrarios a reparos  s
(Ayuntamientos de Fortuna, Torre-Pacheco, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Cartagena y San Javier).  e.
Este hecho viene motivado porque hasta la entrada en vigor del RCI –1 de julio de 2018- la omisión  11w
dexep frisecsaalmizaecnitóen q puree evila in nfoor emseta dbea i nretegruvleandcai óenn  qeul eá macboitmo ploacñael .a   Elol sa ertxícpueldoi e2n8t edse  slain n foisrcmaaliz caitcaiódna  pinrdeviciaa 
cuando esta fuera preceptiva no tendrá naturaleza de fiscalización.
La catalogación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito como expedientes con omisión de 
fiscalización previa deriva de no otorgar, las dos entidades citadas, naturaleza de fiscalización previa 
a los informes emitidos como consecuencia de su tramitación. 
En relación también con la contratación menor, y en general, con relaciones de facturas objeto de 
imputación  conjunta  al  presupuesto  de  la  entidad  –ya  sea  o  no  mediante  reconocimientos 
extrajudiciales de crédito- se ha apreciado, asimismo, una diferencia relativa al importe consignado 
al incluir el expediente en la Plataforma, lo que tiene repercusión a los efectos de dar cumplimiento 
a la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 30 de junio de 2015, dado que las entidades han de 
aportar la documentación referida en dicha Instrucción cuando el expediente supera los 50.000 euros. 
De ello resulta lo siguiente: 
- La mayoría de los órganos de Intervención han cuantificado el importe de la relación de
facturas que ha sido objeto de fiscalización. La aplicación de este criterio ha dado lugar a que
sean remitidos a través de la Plataforma los documentos relacionados con el conjunto
completo de facturas, aun cuando los reparos se refieran a partidas de gasto concretas.
- En otros casos, los órganos de Intervención han considerado el importe del gasto afectado
por el reparo en términos anuales, lo que facilita la cuantificación de la incidencia y la vincula
al contenido del informe anual que debe elevarse al Pleno en cumplimiento del artículo 218.1
del TRLRHL.
II.3.  REFERENCIA  ESPECÍFICA  A  DETERMINADOS  ASPECTOS  DEL  SISTEMA  DE
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES
En este subapartado se exponen los resultados de un análisis específico efectuado sobre la 
configuración del órgano de Intervención en aquellas entidades cuyo sistema de control interno 
consistía en la realización de una fiscalización limitada previa –o de requisitos básicos–, al amparo 
del artículo 219.2 del TRLRHL, y en los que, simultáneamente, no se desarrolló un control financiero 
posterior en los términos previstos en el artículo 220 del TRLRHL. Además, se han incluido otras 
entidades cuyos expedientes han sido objeto de revisión, según se detalla en los párrafos siguientes. 
De los 37 Ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes de la Región de Murcia, el 49% 
(dieciocho entidades) señalaron tener implantado dicho sistema de control: los Ayuntamientos de 
Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Alhama de Murcia, Beniel, Bullas, Fortuna, Fuente Álamo de 
Murcia, Jumilla, La Unión30, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Murcia, San Javier, San Pedro del 
Pinatar, Torre-Pacheco, Yecla y Lorquí; el control interno de los dos primeros fue objeto de análisis 
en la “Fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los 
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los 
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en 
coordinación con los órganos de control externo de las comunidades autónomas”, cuyo Informe fue 
aprobado el 21 de diciembre de 2017 por el Pleno del Tribunal de Cuentas, por lo que estas dos 
entidades no han sido incluidas en la muestra; tampoco lo ha sido el Ayuntamiento de Lorquí en tanto 
remitió la información relativa a reparos en fecha posterior a la realización de los trabajos. 
De las quince entidades que forman parte del análisis indicado, diez han sido incluidas en la muestra 
para el examen de los expedientes, por lo que, en aras de una mayor claridad expositiva y para 
contextualizar el análisis de los expedientes, los resultados más relevantes relativos a la organización 
del órgano de Intervención de estas diez entidades se han incluido en los epígrafes correspondientes 
a cada una de ellas del subapartado II.2. Son los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Beniel,  s
Fortuna, Jumilla, Los Alcázares, Mula, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco.  oe.
30 Del examen de la documentación recibida se ha constatado que el Ayuntamiento de La Unión, a pesar de haber informado
ddeic hqou ee jeelr csiicsitoe msea a dpeli ccaobnatr ouln ian tfeisrcnaol iizmapcilóann tpaldeon ae,n h saub ieénntdidoasde  eesnt aebl leejceirdcoic liao  l2im01ita6d ear ae nd em faisrzcoa lidzea c2i0ó1n8 l.im  itada previa, en
Además de estas diez entidades, formaron parte de la muestra de expedientes los Ayuntamientos de 
Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena y Totana. A estas cinco entidades, a pesar de no cumplir el 
doble criterio de fiscalización limitada previa y ausencia de control financiero, se les ha solicitado 
también información específica sobre la configuración del órgano de Intervención, en tanto los 
Ayuntamientos de Lorca y Mazarrón habían remitido certificación negativa en relación con los 
acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa, y los Ayuntamientos 
de Águilas, Cartagena y Totana (y también el Ayuntamiento de Mazarrón) tenían cubierto el puesto 
de Interventor de forma no definitiva, situaciones que podrían ser también constitutivas de un mayor 
riesgo  de  control  interno.  Los  resultados  más  significativos  se  han  incluido  en  los  epígrafes 
específicos de cada una de estas cinco entidades del subapartado II.2. 
En  este  subapartado  los  resultados  que  específicamente  se  incluyen  son  los  relativos  a  los 
Ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo de Murcia de Murcia, Moratalla, La Unión y Yecla, entidades 
que no fueron incluidas en el análisis de expedientes, sin perjuicio de incluir en los cuadros 
información relativa a las veinte entidades y de establecer, cuando se ha considerado de interés, 
análisis comparativos entre ellas. 
Sistema de fiscalización y elaboración de informes por el órgano de Intervención 
En el siguiente cuadro se detallan las circunstancias del sistema de fiscalización previa de cada una 
de las entidades y se indica si han remitido certificación negativa en relación con los acuerdos 
contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa y anomalías de 
ingresos. 
Cuadro  24.  Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes sobre los que se analiza su sistema 
de control interno 
Fiscalización limitada previa (1) 
Obligaciones 
Control  Certificación 
Ayuntamiento  Población  reconocidas 
Existencia  Órgano  Otros  financiero  negativa (2) 
netas 
crédito  competente  extremos 
Águilas 34.706  27.405.311  --  --  --  SI  SI
Alhama de Murcia  21.308  20.616.421  SI  SI  SI  NO  NO 
Beniel 11.114  6.252.034  SI  SI  SI  NO  SI
Bullas  11.714  8.248.503  SI  SI  NO  NO  SI 
Cartagena 214.759  216.800.626  --  --  --  SI  NO
Fortuna  9.960  8.216.501  SI  SI  SI  NO  NO 
Fuente Álamo de Murcia  16.205  14.595.107  SI  SI  NO  NO  SI 
Jumilla  25.362  17.583.950  SI  SI  SI  NO  NO 
La Unión   19.630  10.884.619  --  --  --  NO  SI 
Lorca  91.730  77.217.559  SI  SI  SI  SI  SI 
Los Alcázares  15.289  22.772.589  SI  SI  SI  NO  SI 
Mazarrón  30.704  25.161.273  SI  SI  SI  SI  SI 
Sin cuenta 
Moratalla 8.145  SI SI NO NO SI
rendida 
Mula  16.689  13.467.479  SI  SI  NO  NO  NO 
Murcia 441.003  379.984.651  SI  SI  SI  NO  NO
San Javier  31.782  39.340.624  SI  SI  SI  NO  NO 
San Pedro del Pinatar  24.660  25.028.692  SI  SI  SI  NO  NO 
Torre-Pacheco   34.630  31.643.680  SI  SI  SI  NO  NO 
Totana 30.981  25.963.739  --  --  --  NO  NO
Yecla  34.037  24.653.601  SI  SI  SI  NO  SI 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades 
(1)Se ha indicado – en los casos en los que la entidad realizaba una fiscalización previa plena
(2)Certificaciones negativas respecto de los tres supuestos
De las dieciséis entidades que tenían establecido un sistema de fiscalización previa limitada, cuatro 
ayuntamientos –Bullas, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Mula - únicamente realizaban las 
comprobaciones relativas a la adecuación y suficiencia del crédito y competencia del órgano, no 
extendiendo la fiscalización a extremos adicionales que debían haber sido acordados por el Pleno 
de la entidad según requiere el artículo 219.2 del TRLRHL. El Ayuntamiento de Fortuna incluía en el 
control otros extremos, si bien en las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobadas por el Pleno, 
únicamente constaba la comprobación de crédito y competencia. 
La aplicación de la fiscalización previa limitada requiere, según el artículo 219.3 del TRLRHL, la 
realización posterior de otra fiscalización plena, ejercida sobre una muestra representativa de los 
actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, y la emisión de un 
informe escrito con conclusiones y observaciones que debe remitirse al Pleno. De las dieciséis 
entidades, únicamente los Ayuntamientos de Mazarrón y Jumilla elaboraron el informe previsto en el 
artículo 219.3 del TRLRHL. En el Ayuntamiento de Fuente Álamo, y en relación con el ejercicio 2016, 
se realizó una fiscalización posterior de los expedientes de pagos a justificar, si bien los informes  e.e
resultantes no se elevaron al Pleno de la entidad.  bo
Erdeel lc aaotipnvlotirc oaalc  ilniaót nea rdyne odc,e uala dgderama dpáorse  ddseee  nleataf ifccuainóccniia ód nye  i nelatfei cirnivefeonnrcmtioaar aec,ni óe nlsa t fáicn ionantnescgeiercaruadc,oi ód pneo ld rc euu nmlo cspo lniomtbriojeeln tfitivnooa sdn ecp irelearv oni spotoromsst.ae Ltriivooasr  
resultados de dicho control, al que se refiere el art. 220 del TRLRHL, deben recogerse en un informe 
que habrá de remitirse al Pleno de la entidad. 
De esta forma, la elaboración del informe previsto en el artículo 219.3, y el que habría de realizarse 
según lo señalado en el párrafo anterior, tendrían en común la exposición de los resultados relativos 
a la comprobación de la legalidad, así, el contenido del primero quedaría incluido en el segundo. 
Las únicas entidades que desarrollaron actuaciones de control financiero en el periodo fiscalizado 
fueron Cartagena, Águilas, Lorca y Mazarrón, las dos primeras no tenían establecido el sistema de 
fiscalización limitada previa. El Ayuntamiento de Lorca, que sí desarrollaba esta modalidad de 
fiscalización previa, no elaboró el preceptivo informe que debía recoger las actuaciones realizadas 
en el marco del control financiero, señalando, al igual que en relación con el informe al que se refiere 
el art. 219.3 citado, que no se pudo proceder a su realización por falta de medios personales. 
Las otras dieciséis entidades31 no llevaron a cabo actuaciones de control financiero, lo que, además 
de un incumplimiento legal, conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía 
comprobar si se cumplían los principios de buena gestión financiera en la actuación de la entidad.  
La debilidad de la omisión de fiscalización posterior es más significativa en aquellos casos en los que 
no se llevaba a cabo una fiscalización previa plena sino limitada, fundamentalmente cuando esta se 
circunscribía a la comprobación de la adecuación de crédito y órgano, lo que se produjo en el 20% 
de las entidades (Ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Mula). 
Además, se ha verificado una correlación entre la implantación de un sistema de fiscalización previa 
limitada a la comprobación de existencia de crédito y competencia del órgano que propone el gasto 
y un menor número de informes con reparos, así de las cuatro entidades con este sistema de 
control –Ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Mula -, el 75% (Bullas, 
Fuente Álamo de Murcia de Murcia y Mula) emitió uno o ningún informe con reparo en el ejercicio 
2016.  
En relación con la fiscalización de los ingresos, trece ayuntamientos comunicaron la adopción de 
acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa por la inherente a la toma de 
razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores, en aplicación del artículo 219.4 
del TRLRHL. Son los Ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna, 
Jumilla, Lorca, Mazarrón, Murcia, San Pedro del Pinatar, Totana, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla 
y Yecla. De ellos, únicamente los Ayuntamientos de Fortuna y Jumilla elaboraron un informe relativo 
a dichas comprobaciones posteriores. En el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en tanto desde 
el ejercicio 2016 existe Convenio de Recaudación con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, 
se realizan las comprobaciones de la gestión y recaudación tributaria en el marco de dicho Convenio. 
Las entidades que no elaboraron un informe resultante de las actuaciones posteriores fueron los 
Ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de Murcia, Cartagena, Lorca, Mazarrón, Murcia, Totana, 
Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Yecla, lo que supone un incumplimiento del artículo 219.4 del 
TRLRHL que exige la realización de actuaciones posteriores, situación que se ve agravada en los 
Ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de Murcia, Murcia, Totana, Fuente Álamo de Murcia, 
Moratalla y Yecla, en tanto no llevaron a cabo el ejercicio del control financiero. 
Se ha comprobado el cumplimiento del artículo 218.1 del TRLRHL, que recoge la obligación del 
órgano de Intervención de elevar informe al Pleno de la entidad local de todas las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la misma contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.  
Los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna,  bo
Jumilla, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco, así como los de Los Alcázares y Lorca, que han  1w
3M1 oAryautanltlaam, Mieunltao,s M duer cAialh,a Smaan  dJea vMieurr,c Siaa,n B Peneiderlo,  Bduelll aPsin, Fatoarrt u,Tnao,r rFeu-Penatceh eÁclaom, Too dtaen Ma uyr cYiae,c Jlau.m  illa, La Unión, Los Alcázares,
comunicado la existencia de resoluciones contrarias a los reparos efectuados y anomalías de 
ingresos respectivamente, no elevaron al Pleno el informe comprensivo de estos expedientes, no 
dando cumplimiento al artículo 218.1 del TRLRHL. Sin perjuicio, en relación con las entidades en las 
que no se produjo este tipo de acuerdos o anomalías, de la conveniencia de comunicar al Pleno su 
inexistencia. 
Funciones del órgano de Intervención 
La definición de las funciones de la Intervención se contiene en el artículo 92 bis LRBRL y en el Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de la Administración Local con habilitación de carácter nacional32. En particular, las funciones 
ordinarias a desempeñar son las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, 
así como la de contabilidad, excepto para los municipios de gran población, cuyo régimen de 
organización está previsto en el Título X de la LRBRL y se excluye expresamente la posibilidad de 
que la función de contabilidad sea atribuida a los órganos de Intervención. Son municipios de gran 
población en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los Ayuntamientos de Murcia, 
Cartagena y Lorca. 
En seis ayuntamientos examinados –los de Lorca, Beniel, San Pedro del Pinatar, Totana, Bullas y 
Yecla– el órgano de Intervención realizaba otras labores además de las que les eran propias. 
De estas seis entidades, Bullas y Yecla no han sido objeto de análisis en el subapartado relativo al 
análisis de los expedientes, por lo que los resultados no se han expuesto con anterioridad, 
apreciándose respecto de ellas que, en ambos casos, el órgano de Intervención realizaba funciones 
de gestión económica y presupuestaria que excedían a las de fiscalización y control. Además, en el 
ayuntamiento de Yecla se extendían a la supervisión y coordinación del negociado de personal. 
La asunción de estas funciones adicionales implica una merma sobre la autonomía y objetividad que 
se requieren en el ejercicio de las funciones de control interno y fiscalización. Este resultado 
constituye una debilidad del sistema de control interno de estas entidades. En los Ayuntamientos de 
San Pedro del Pinatar, Totana, Bullas y Yecla el hecho de que el puesto de Intervención estuviera 
cubierto de forma accidental por otros funcionarios presentaba un escenario donde era más fácil que 
se produjera la acumulación de funciones en una misma persona. 
Normas y manuales de control interno y programas informáticos 
Ninguna de las entidades fiscalizadas dispuso, con vigencia en 2016, de normas reguladoras 
comprensivas de los procedimientos de fiscalización y control interno atribuidos al órgano de 
Intervención, si bien los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Jumilla, Los Alcázares y Murcia 
regularon en sus respectivas Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016 los trámites a seguir en 
los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
Por otra parte, únicamente el Ayuntamiento de Murcia dispuso de un programa informático soporte 
de las actuaciones de control interno. 
En todo caso, las instrucciones y manuales internos son adecuados para definir las tareas asignadas 
a las unidades, en particular a las de control interno, al permitir conocer con claridad qué funciones 
se han de ejercer, en qué plazos y atendiendo a qué tramites, lo que ofrece una adecuada 
estandarización en el ejercicio de las funciones, una seguridad al personal interviniente y evita que 
el cambio en los ocupantes de los puestos suponga una pérdida de operatividad.  s
En particular, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, al que ya se aludió en el  w.
“Informe de Fiscalización sobre los gastos ejecutados sin crédito presupuestario, ejercicio 2013",  11w
d32e N 1o6r mdea  mdearrozgoa. da, con efectos de 18 de marzo de 2018, por la disposición derogatoria única del Real Decreto 128/2018,
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas de 22 de julio de 2016, requeriría un desarrollo interno 
para detallar la tramitación necesaria para su aprobación en las entidades. 
Formas de provisión de puestos de trabajos reservados a FHN 
En el cuadro siguiente se ofrecen las características del puesto reservado a funcionarios de 
habilitación nacional en los órganos de Intervención de las entidades analizadas, incluyendo la forma 
de provisión del mismo, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018, fecha de corte de 
los trabajos de fiscalización. 
Cuadro  25.  Formas de provisión de los puestos de habilitación nacional y antigüedad en la 
última ocupación 
Forma de cobertura 
Población del 
Ayuntamiento  Clase del puesto 
municipio  
Diciembre 2016  Junio 2018 
Águilas 34.706  Clase 1ª  Provisional  Provisional
Alhama De Murcia  21.308  Clase 1ª  Concurso  Interino 
Beniel 11.114  Clase 2ª  Acumulación  Acumulación
Bullas  11.714  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Cartagena 214.759  Clase 1ª  Provisional  Provisional
Fortuna  9.960  Clase 1ª  Provisional  Provisional 
Fuente Álamo de Murcia  16.205  Clase 2ª  Provisional  Provisional 
Jumilla  25.362  Clase 1ª  Provisional  Accidental 
La Unión  19.630  Clase 1ª  Acumulación  Provisional 
Lorca  91.730  Clase 1ª  Concurso  Concurso 
Los Alcázares  15.289  Clase 2ª  Provisional  Accidental 
Mazarrón  30.704  Clase 1ª  Accidental  Accidental 
Moratalla 8.145  Clase 2ª  Acumulación  Acumulación
Mula  16.689  Clase 2ª  Accidental  Accidental 
Murcia  441.003  Clase 1ª  Libre designación  Libre designación 
San Javier  31.782  Clase 2ª  Concurso  Accidental 
San Pedro del Pinatar  24.660  Clase 1ª  Accidental  Accidental 
Torre-Pacheco  34.630  Clase 1ª  Interino  Concurso 
Totana 30.981  Clase 1ª  Accidental  Accidental
Yecla  34.037  Clase 1ª  Accidental  Accidental 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación suministradas por las entidades 
Únicamente cuatro de las veinte entidades tenían provisto el puesto de Intervención de manera 
definitiva a 31 de diciembre de 2016 (Alhama de Murcia, San Javier y Lorca a través de concurso y 
Murcia mediante libre designación). Excepto en el Ayuntamiento de San Javier, la antigüedad del 
funcionario con habilitación nacional era superior al año. Esta forma de provisión se mantuvo en junio 
de 2018 –fecha de corte de los trabajo- en Murcia y Lorca. La intervención de Alhama pasó a cubrirse 
mediante un funcionario interino y en San Javier mediante nombramiento accidental.   
En las dieciséis entidades restantes la forma de provisión y ocupación de los puestos de intervención  e
reservados a FHN resultó no definitiva a 31 de diciembre de 2016.  En junio de 2018, esta situación  bo
se mantuvo en quince de estas entidades (con exclusión de Torre Pacheco), produciéndose también  1w
econb eelr tuAryau dnetafimniiteivnato f udee e nS aenl  eJjearvcieicri oy f isAclhaalizmaad od ed eMl 8u0r%cia y,  epno r2 0lo1 8q,u dee le 8l 5p%or.c entaje de plazas sin
En el 37,5% de las entidades con nombramiento no definitivo, la Comunidad Autónoma había 
realizado un nombramiento provisional (Ayuntamientos de Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo de 
Murcia, Águilas, Los Alcázares y Jumilla), manteniéndose esta forma de cobertura hasta junio de 
2018, excepto en Los Alcázares y Jumilla que pasó a ser accidental. Además, en el Ayuntamiento de 
La Unión, cuyo puesto reservado de intervención estaba cubierto mediante acumulación de funciones 
a la finalización de 2016, se ocupaba previo nombramiento provisional en junio de 2018. 
A su vez, en el 19% de las entidades con forma de provisión no definitiva, la cobertura del puesto, a 
31 de diciembre de 2016, se había realizado a través de acumulación de funciones (Ayuntamientos 
de Beniel, Moratalla y La Unión). En junio de 2018 esta modalidad de nombramiento concurría 
únicamente en dos entidades, Beniel y Moratalla.  
En otro 37,5% la forma de provisión, a 31 de diciembre de 2016, fue mediante un nombramiento 
accidental (Ayuntamientos de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Totana, Bullas, Mula y Yecla), 
manteniéndose, en junio de 2018, esta forma de provisión en las seis entidades y, además, en 
Jumilla, Los Alcázares y San Javier, alcanzando el 50% de las entidades con nombramiento no 
definitivo. 
En la entidad restante con forma de provisión no definitiva -Ayuntamiento de Torre-Pacheco- el 
nombramiento no provisional recayó sobre funcionario interino, si bien en junio de 2018 la provisión 
del puesto pasó a ser por concurso. 
El detalle relativo a las quince entidades cuyos expedientes han sido objeto de revisión se ha incluido 
en los subapartados correspondientes. Se indica a continuación la situación relativa a los otros cinco 
ayuntamientos:  
o En el Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, el puesto reservado a FHN estaba provisto
de forma provisional, tanto a 31 de diciembre de 2016 como en junio de 2018. A su vez, este
funcionario tenía asignadas en acumulación las funciones de intervención del Ayuntamiento
de Moratalla en ambas fechas.
o A 31 de diciembre de 2016 las funciones de intervención del Ayuntamiento de La Unión
también se desempeñaban en régimen de acumulación, el nombramiento se había efectuado
sobre el funcionario que estaba ocupando, previa obtención de la plaza a través de concurso,
el puesto de interventor en el Ayuntamiento de San Javier.
o En el Ayuntamiento de Yecla la interventora accidental –técnico de la Administración A1- que
ocupaba el puesto en la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización –junio de 2018-, había
sido nombrada mediante esta misma forma de provisión en agosto de 2010, sin que durante
este periodo se ocupara la plaza por funcionario de habilitación nacional. El puesto, además
de ofertarse en los concursos unitarios, había sido convocado en los concursos ordinarios
convocados por la Corporación en los ejercicios 2011 a 2014, sin embargo, la entidad no
procedió a la celebración de los mismos en los ejercicios siguientes.
o En el Ayuntamiento de Bullas se nombró en 1990 a un técnico A2 como Interventor accidental,
quien ha permanecido en el puesto, al menos, hasta junio de 2018. La Corporación convocó
los concursos ordinarios únicamente en los años 2014 y 2015, resultando la plaza vacante en
ambas ocasiones.
De los resultados anteriores se deduce una provisionalidad muy elevada en la forma de cobertura de  s
los puestos de intervención reservados a funcionarios de habilitación nacional (80%), con una  oe.
utilización  recurrente  de  los  nombramientos  accidentales,  que  alcanzó  un  30%  y  un  45%  w.
respectivamente en 2016 y 2018 en el conjunto de las entidades examinadas. Además, y en relación  11w
ceonn l alo c oannvteorcioart,o sriea  hdae  pcuoensctuor sdoes  moradninifaiersiotos .u  na falta de iniciativa por parte de las entidades locales,
Personal adscrito al órgano de Intervención  
La  relación  de  puestos  de  trabajo  (RPT)  es  el  instrumento  técnico  a  través  del  cual  las 
administraciones públicas realizan la ordenación de su personal de acuerdo con las necesidades de 
los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño; en función de las RPT 
se definirán las plantillas y se determinarán las ofertas públicas de empleo. 
Siete de los veinte ayuntamientos fiscalizados –Fortuna, Jumilla, Moratalla, Murcia, San Javier, Torre-
Pacheco y Totana– carecían en 2016 de una RPT aprobada por el Pleno, incumpliendo por tanto la 
obligación establecida en el artículo 74 del EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con 
el 22 del mismo texto legal. 
Las ocho entidades han aportado los anexos de personal aprobados con el presupuesto de las 
respectivas  entidades  para  2016  en  los  que  figuraban  los  puestos  referidos  del  órgano  de 
Intervención. 
En el cuadro siguiente se muestran los datos relativos a la composición del órgano de Intervención 
en cada una de las entidades. 
Cuadro  26.  Puestos adscritos al órgano de Intervención municipal y nivel de ocupación 
Importe en euros 
Puestos ocupados a 31/12/2016 
Personal Técnico  Personal de apoyo  Total de 
Obligaciones 
Ayuntamiento  puestos 
reconocidas 
netas  FHN (*)  Técnico/a  Técnico/a  Administrativo  Auxiliar   ocupados 
 (A1)   (A2) 
Águilas 27.405.311  1  --  1  -- 3 5 
Alhama de Murcia  20.616.421  1  --  --  1  3  5 
Beniel 6.252.034  --  --  --  -- 1 1 
Bullas  8.248.503  --  --  1  1  --  2 
Cartagena 216.800.626  1  3  1 -- 2 7 
Fortuna  8.216.501  1  --  --  --  --  1 
Fuente Álamo de 
14.595.107 1 -- -- 1 3 5 
Murcia 
Jumilla  17.583.950  1  --  --  2  1  4 
La Unión   10.884.619  --  1  --  1 1 3 
Lorca  77.217.559  1  1  1  5  4  12 
Los Alcázares   22.772.589  1  --  --  -- 5 6 
Mazarrón   25.161.273  --  1  --  4  --  4 
Moratalla Sin cuenta rendida  --  --  --  -- 1 1 
Mula  13.467.479  --  --  --  1  1  2 
Murcia 379.984.651  1  2  1  4 8 16 
San Javier  39.340.624  1  --  --  3  6  10 
San Pedro del Pinatar  25.028.692  --  1  --  -- 2 3 
Torre-Pacheco  31.643.680  1  --  2  3  1  7 
Totana 25.963.739  --  --  --  2 1 3 
Yecla  24.653.601  --  2  --  3  6  11 
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las entidades  
(*) Se ha considerado ocupado el puesto reservado a FHN cuando su provisión era definitiva o bien cuando estaba ocupado de forma provisional 
por FHN o por funcionario interino, no así cuando la cobertura era mediante nombramiento accidental (en cuyo caso se ha computado el puesto de 
trabajo previo del funcionario) ni cuando las funciones se realizaban en régimen de acumulación. 
Para valorar una aproximación a la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de control 
interno, se han considerado características cualitativas y cuantitativas de los puestos para apreciar 
si de estas dotaciones de personal puede inferirse una dificultad del órgano de Intervención para el 
ejercicio de las funciones de control interno. 
De las ocho entidades que gestionaron un volumen de obligaciones reconocidas netas (ORN) inferior 
a veinte millones de euros –Ayuntamientos de Beniel, Bullas, Fortuna, Fuente Álamo de Murcia, 
Moratalla33, Jumilla, La Unión y Mula-, únicamente en Bullas y La Unión disponía el órgano de 
Intervención de personal técnico adscrito, dándose la circunstancia de que en Bullas era este técnico 
el funcionario que desempeñaba las funciones de interventor previo nombramiento accidental. La 
mayoría de estas entidades contaba también con uno o dos puestos de personal de apoyo, si bien, 
este número ascendió a tres y cuatro respectivamente en los Ayuntamientos de Jumilla y Fuente 
Álamo de Murcia. La única entidad que no contó con ningún personal -ya fuera técnico o de  e.e
apoyo- además del FHN, fue el Ayuntamiento de Fortuna.  b
33 El Ayuntamiento de Moratalla no ha rendido la cuenta de 2016. Las ORN de 2015 fueron de 8.289.516,25 euros.
Por lo que se refiere a los Ayuntamientos que gestionaron obligaciones situadas en el intervalo entre 
20 y 40 millones de euros –Águilas, Alhama de Murcia, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San 
Pedro del Pinatar, Torre-Pacheco, Totana y Yecla-, el 44% no disponía de personal técnico en el 
órgano de Intervención además del puesto reservado a FHN; y de las entidades que sí disponían de 
este personal, en los Ayuntamientos de Mazarrón, Yecla y San Pedro del Pinatar era la persona en 
la que había recaído el nombramiento accidental. Por lo tanto, de este grupo de municipios, los 
Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Los Alcázares, San Javier, Totana, Mazarrón, San Pedro del 
Pinatar y Yecla no contaron de forma efectiva con personal técnico distinto del FHN en el órgano de 
Intervención, por lo que el porcentaje se eleva hasta el 78%. 
Respecto del personal administrativo adscrito al órgano de Intervención de estas entidades –con 
ORN entre 20 y 40 millones de euros-, la media era de 4,66 funcionarios, si bien, los Ayuntamientos 
de  San  Pedro  del  Pinatar  y  Totana  contaban  con  dos  y  tres  respectivamente,  dándose  la 
circunstancia, además, que el auxiliar adscrito al órgano de Intervención era el funcionario nombrado 
interventor accidental, de lo que se deduce, junto con lo señalado en el párrafo anterior, una 
insuficiente dotación del órgano.  
Por último, en las tres entidades con mayor volumen de recursos –Murcia, Cartagena y Lorca- el 
órgano de Intervención dispuso de tres, cuatro y dos puestos de personal técnico respectivamente. 
La dotación del personal de apoyo se concretó en doce y nueve funcionarios en Murcia y Lorca 
respectivamente, siendo notablemente menor en Cartagena, cuyo órgano de Intervención contaba 
con dos auxiliares administrativos. 
En nueve de las 20 entidades analizadas (el 45%) el puesto del órgano de Intervención reservado a 
FHN se encontraba vacante y estaba siendo desempeñado por un funcionario de la corporación 
mediante nombramiento accidental –Ayuntamientos de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Totana, 
Bullas, Yecla y Mula- o mediante acumulación de funciones –Ayuntamientos de Beniel, Moratalla y 
La Unión-. Esta situación se reprodujo en todas estas entidades en la fecha de corte de los trabajos 
(junio de 2018) excepto en La Unión; y además, en dicha fecha, también contaban con nombramiento 
accidental para el puesto de Interventor los Ayuntamientos de Los Alcázares y Jumilla, lo cual, 
conlleva que las funciones de control y fiscalización interna no se desarrollen por quien tiene la 
formación específica para ello y se ejerzan directamente bajo la responsabilidad de un determinado 
funcionario, en detrimento de la independencia exigible en el ejercicio de estas funciones reservadas. 
Se ha requerido a la persona responsable de la intervención de cada una de las 20 entidades 
analizadas su valoración sobre la adecuada cobertura del órgano, resultando que el 80% de los 
interventores considera que la unidad no está suficientemente dotada. Las situaciones de mayor 
relevancia son las siguientes:  
En la mayoría de los casos se trata de entidades que no cuentan con personal técnico adscrito al 
órgano de Intervención, son los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Fortuna (que además, tampoco 
dispone de personal administrativo o auxiliar), Jumilla, Los Alcázares, Moratalla, Mula, San Javier y 
Totana, además en este último Ayuntamiento quien ejerce las funciones reservadas a FHN es un 
auxiliar administrativo. El Ayuntamiento de Moratalla ha informado a este Tribunal de que el horario 
establecido para el ejercicio de las funciones propias por parte del Interventor acumulado es 
únicamente de un día por semana, habiéndose iniciado en enero de 2018 los trámites para la 
selección de un habilitado nacional interino a jornada completa.  
Los responsables de los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de La Unión, Mazarrón y San 
Pedro del Pinatar señalaron asimismo carecer de medios personales suficientes para el adecuado  s
desempeño de las funciones. Aunque en estos casos se cuenta con un técnico A1 en la unidad, se  oe.
da la circunstancia de que en La Unión las funciones de intervención se realizaban mediante  w.
acumulación, por lo que la asistencia no era a tiempo completo –esta situación se ha solventado  11w
ppraorvciisailomneanl-t ey  eenn  2lo0s1 8A,y uennt atmanieton toesl  dpeu eMstaoz arrersóenr vya dSoa na  PFeHdrNo  dheal  pPainsaatdaor,  ae l ctéucbnriircsoe  Ad1e  efsotrambaa 
desempeñando las funciones de intervención previo nombramiento accidental. 
En relación con los Ayuntamientos de Lorca y Murcia también se ha indicado la carencia de medios 
personales; en el primer caso, la situación deriva de la asunción de las tareas de contabilidad por el 
órgano de Intervención, lo que además vulnera el artículo 133 de la LRBRL, en tanto Lorca tiene la 
consideración  de  municipio  de  gran  población.  Por  su  parte,  el  órgano  de  Intervención  del 
Ayuntamiento de Murcia señala la incidencia que tiene la carencia de medios personales en la 
ejecución del control financiero de la entidad; en este sentido, el Tribunal de Cuentas ya había 
recomendado en su Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de 
municipios con población superior a 100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano 
de control externo propio. Ayuntamiento de Murcia, aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2015, 
que debería valorarse la suficiencia y adecuación de los medios de que dispone la Intervención 
municipal y adoptarse las medidas oportunas para que este órgano pueda recuperar el retraso en la 
emisión de sus informes de fiscalización. 
Por lo que se refiere al género del personal adscrito a los órganos de control interno, según la 
información facilitada por las entidades, el 59% eran mujeres. No obstante, esta mayor proporción 
de mujeres en el órgano de Intervención se origina por la ocupación de puestos de asistencia, dado 
que en catorce de las 20 entidades fiscalizadas eran hombres los ocupantes del puesto de 
Interventor. 
 CONCLUSIONES 
Los principales resultados de esta fiscalización son los siguientes: 
EN  RELACIÓN  CON  LA  INFORMACIÓN  RECIBIDA  DE  LOS  ACUERDOS  CONTRARIOS  A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS (Subapartado II.1) 
Respecto del cumplimiento de la obligación de remisión de la información (Epígrafe II.1.1) 
1. A 20 de septiembre de 2018, el 89% de los órganos de Intervención de los ayuntamientos de la
Región de Murcia, así como el 57% de las mancomunidades, habían remitido la información
correspondiente al ejercicio 2016. El nivel de cumplimiento en plazo representa el 52% de los
envíos totales.
La ratio de cumplimiento de la totalidad de entidades de la Región de Murcia se sitúa en un 83%,
este porcentaje es sensiblemente superior al alcanzado por el conjunto de entidades del territorio
nacional. A 31 de diciembre de 2017, el índice de cumplimiento de esta Comunidad Autónoma
era del 75% frente al 59% de la totalidad de entidades. La diferencia en el nivel de cumplimiento
se explica fundamentalmente por el mayor tamaño de las entidades locales de Murcia, siendo las
entidades de menor tamaño las que en mayor medida no remiten la información requerida.
No han remitido información los órganos de Intervención de tres Ayuntamientos de población
inferior a 5.000 habitantes y de tres mancomunidades (Ayuntamientos de Pliego, Campos del
Rio, Aledo y Mancomunidades Valle de Ricote, Servicios sociales del Río Mula y Servicios
Turísticos de Sierra Espuña).
Respecto de las entidades locales sin acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de 
fiscalización previa ni anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.2)  s
2. El 73% de las entidades que han enviado información certifican que no se produjeron acuerdos w.b
contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención; el 93% que no se advirtieron 111ww
gexepsetiódnie ndtee sin cgorens ooms iesnió enl  dpee rfiiosdcaol ifzisaccaiólinza pdroe.v Eial;  5y7 e%l  8d6e% d iqcuhea sn oe nsteid aapdreesc ciaerrotinfi caanroomn aqluíaes  neon  slae
produjo ninguno de estos acuerdos o expedientes.
Por tipo de entidad, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades 
fueron los que en su totalidad certificaron negativamente respecto de todos los supuestos; 
mientras que la ratio de certificaciones negativas de los ayuntamientos de más de 5.000 
habitantes descendió hasta el 42%.  
3. Los órganos de Intervención del 86% de las entidades locales que han remitido la información,
con independencia del tamaño de las mismas, comunicaron que no existieron anomalías de
ingresos, porcentaje que llega al 100% en relación con las mancomunidades y las entidades con
población inferior a 5.000 habitantes. El concepto de principales anomalías de ingresos no se
encontraba contemplado por la normativa, cuestión que se une al hecho de que la mayoría de
las entidades locales, en aplicación del artículo 219.4 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), ha sustituido el control previo de legalidad de los derechos
por la toma de razón en contabilidad, sin que se lleven a cabo controles posteriores sobre la
gestión de los ingresos.
Respecto del alcance y configuración del sistema de control interno de las entidades locales 
(Epígrafe II.1.3)  
4. La mayoría de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
desarrollaban una fiscalización limitada previa, sistema que es habitualmente aplicado por las
entidades de mayor tamaño. Sin embargo, el 46% de estas entidades únicamente realizaban este
control mediante la comprobación de existencia de crédito adecuado y de competencia del órgano
que generaba el gasto, sin que existiera acuerdo de Pleno en el que se definieran otros extremos
adicionales que se consideraran transcendentes en la gestión de los expedientes de gasto y que,
en consecuencia, se incluyeran como aspectos de comprobación en la fiscalización previa. Ello
incumple lo establecido en el artículo 219 del TRLRHL, reduciéndose de forma significativa el
alcance y la eficacia del control.
Además, de las 26 entidades locales que tenían implantado este modelo, solamente nueve
desarrollaban actuaciones de control financiero que complementaran la fiscalización limitada
previa. La ausencia del ejercicio del control financiero constituía un sistema de control interno
insuficiente.
5. La aplicación del control financiero se realizó por el 17% de las entidades. La ausencia de
ejercicio de actuaciones de control financiero que complementen la fiscalización limitada previa,
máxime cuando esta se restringe a la comprobación de que existe crédito suficiente y que el
órgano que genera el gasto es el adecuado, configura un sistema de control interno insuficiente,
en el que, además de no comprobarse si se cumplen los principios de buena gestión financiera34
(eficiencia, eficacia y economía) en la entidad, no se complementa el control de legalidad de la
fiscalización previa de la Intervención con actuaciones posteriores, y supone un incumplimiento
del artículo 220 del TRLRHL.
Respecto de los informes sobre la aprobación del presupuesto, modificaciones presupuestarias y 
liquidación del presupuesto (Epígrafe II.1.4)  
6. En ninguna de las entidades de las que se ha dispuesto de información, el órgano de Intervención
emitió informes desfavorables sobre la aprobación y la liquidación del presupuesto, ni tampoco
en relación con propuestas de modificaciones de crédito del ejercicio.
34 El Real Decreto 424/2017, en relación con el control financiero, alude expresamente a la calidad, transparencia,
eesfictaabciilaid ay de cporensoumpíuae, sqtuaeri ay ay  seosstatebnainb irliedcaodg fidinoasn ecine real  cToRmLoR HprLin. cipios de buena gestión financiera, además de la eficiencia,
Respecto de los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de Intervención (Epígrafe 
II.1.5)
7. Se han recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 20 de septiembre de 2018, 253
resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de Intervención, con un
importe conjunto próximo a los 28 millones de euros. Dichos acuerdos fueron remitidos por doce
ayuntamientos.
8. Los expedientes de contratación registraron la mayor cuantía y número de acuerdos contrarios a
reparos (59%). El 65% correspondían a contratos de servicios, el 30% a contratos de suministros
y el 5% restante a cuatro contratos mixtos, uno de obras, uno administrativo especial y otro de
gestión de servicios públicos.
9. La causa más común de los reparos formulados, tanto por importe como por número de
expedientes, fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, representando
el 65% de los expedientes y el 30% del importe total.
Los reparos formulados por insuficiencia de crédito o inadecuación del mismo constituyeron el
5% del número total y el 3% del importe acumulado, mientras que los reparos basados en otras
causas distintas a las tasadas en la norma representaron el 28% del número de reparos y el 29%
del importe agregado.
Los dos expedientes con más de una motivación en el reparo se originaron en la comprobación
material de obras, suministros, adquisiciones y servicios en combinación con otras causas de las
previstas en el artículo 216 del TRLRHL.
10.El 58% de los acuerdos contrarios a reparos se produjo en la fase de reconocimiento de la
obligación, el 23% en la fase de autorización, el 17% en la fase de ordenación del pago y el propio
pago y el 2% en la fase de compromiso del gasto.
11. El Presidente de la entidad local fue el órgano que mayoritariamente aprobó los acuerdos
contrarios a reparos, tanto por importe, el 68%, como por número de expedientes, que alcanzó
el 59%; los acuerdos adoptados por el Pleno de la entidad representaron el 24% de los acuerdos
y 11% del importe. La Junta de Gobierno aprobó el 17% de los acuerdos y el 21% del importe; la
aprobación de las discrepancias por Junta de Gobierno Local supone una vulneración del artículo
217 del TRLRHL, en tanto atribuye esta competencia al Presidente de la entidad local o al Pleno,
según los casos, y la califica de indelegable.
Respecto de los expedientes con omisión de fiscalización previa (Epígrafe II.1.6) 
12.En la Plataforma de Rendición de Cuentas, a 26 de junio de 2018, se habían recibido dieciséis
expedientes  con  omisión  del  trámite  de  fiscalización  previa,  por  un  importe  conjunto  de
2.635.648,26 euros. Los dieciséis expedientes fueron remitidos por tres ayuntamientos.
El número de expedientes con omisión de fiscalización previa ha sido muy inferior al de los
acuerdos contrarios a reparos, lo que, en el caso concreto de la Región de Murcia, ha venido
motivado porque la mayoría de expedientes (ya fueran remitidos como acuerdos contrarios a
reparos o con omisión de fiscalización previa) han sido referentes a gastos de contratación
administrativa tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito; el órgano de
Intervención ha considerado, en la mayoría de estos supuestos, como reparo el informe que
acompañaba a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. e.
Respecto de las principales anomalías en la gestión de ingresos (Epígrafe II.1.7)  111ww
13.c6Lo.o5ms1 ru4en.s8icp3ao7rn,o3sn4a  blealue ersox dsis.e tF elounsec iróaor ngd aeren omonsitc dideea  asInn ptoeomrrv aseleínaicssi ó adnye ud nient aglamrsei seeonnstto idesan yd 2 ec0sin1 lco6oc,  apsleoe rsr e udfnier i ielmar opRnoe ragte iló acn io mdnepju oMnstuiocr icódinae OE-A-2021-14able en https://
de tasas, cuatro a impuestos locales y dos a otros ingresos
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CONTRARIOS A 
REPAROS,  EXPEDIENTES  CON  OMISIÓN  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  Y  PRINCIPALES 
ANOMALÍAS  DE  INGRESOS  DE  LAS  ENTIDADES  SELECCIONADAS  EN  LA  MUESTRA 
(Subapartado II.2) 
Se han analizado de forma individualizada 78 expedientes de importe superior a 50.000 euros 
comunicados al Tribunal de Cuentas por los órganos de Intervención local, 75 expedientes de gastos 
y tres anomalías de ingresos. 
14.De los 75 expedientes de gasto analizados se han deducido las siguientes conclusiones:
 33 expedientes fueron relativos a gastos derivados de la prestación de servicios y
suministros sin la adecuada cobertura jurídica (el 44%).
De ellos, en 32 expedientes la prestación se realizó sin cobertura jurídica válida, en tanto
el contrato anterior había finalizado y no se había licitado y formalizado un nuevo contrato.
Diez fueron tramitados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito para
imputar al presupuesto de 2016 gastos de ejercicios anteriores derivados de prestaciones
sin contrato (Ayuntamientos de Águilas, Fortuna, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y
Torre-Pacheco, aunque en el caso del Ayuntamiento de Jumilla se trató de facturas
generadas en el propio ejercicio 2016). Los otros 21 expedientes respondían a facturas
del año 2016 reparadas por no disponer de contrato en vigor que habilitara la prestación
de los servicios y suministros (Cartagena, Murcia, Torre-Pacheco, San Javier, Jumilla, si
bien ese último Ayuntamiento lo tramitó –a pesar de ser facturas generadas en el propio
ejercicio- mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito).
Además, otro expediente tramitado por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco se reparó en
tanto la contratación de un servicio de prestación continuada en el tiempo y de cuantía
elevada se había tramitado a través de un contrato menor.
Se ha producido, por lo tanto, una vulneración de la normativa contractual, al carecer, de
forma recurrente y prolongada en el tiempo, de contrato en vigor que habilitara las
prestaciones que se estaban celebrando, en contra de lo dispuesto en los artículos 23,
28 y 109 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). La ausencia de contrato
válidamente constituido da como consecuencia la existencia de actos que podrían
adolecer de nulidad en virtud de lo establecido en el artículo 32 del TRLCSP por remisión
al artículo 62.1 de la entonces vigente LRJPAC –cuyos términos reproduce el artículo 47
de la actual LPAC-.
En relación a la posible responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al
servicio de las Administraciones Públicas que se pudiera derivar de sus actuaciones en
materia  de  contratación  administrativa,  la  disposición  adicional  decimonovena  del
TRLCSP señala que se exigirá conforme a lo dispuesto en el Título X de la LRJPAC35.
En la misma disposición, se establece que la infracción o aplicación indebida de los
preceptos contenidos en dicho Texto Refundido por parte del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, cuando medie al menos negligencia grave, constituirá falta
muy  grave,  cuya  responsabilidad  disciplinaria  se  exigirá  conforme  a  la  normativa
específica en la materia.
En los expedientes tramitados por los Ayuntamientos de Águilas, Fortuna, Los Alcázares s
y San Pedro del Pinatar se produjo, además, que en el ejercicio de procedencia de los oe.
gastos no se contaba con consignación presupuestaria suficiente y adecuada para su w.
tramitación, de lo que resulta un incumplimiento del principio de anualidad, sancionado 11w
d35e Rl Seegcutloard Po úabcltiucoa.lm  ente en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
en los artículos 173 y 176 del TRLRHL, que señalan –al igual que el artículo 32 del 
TRLCSP- que los compromisos de gastos adquiridos por cuantía superior al importe de 
los  créditos  autorizados  serán  nulos  de  pleno  derecho,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades a que haya lugar. 
La imputación de estas obligaciones al presupuesto del ejercicio siguiente mediante la 
figura del reconocimiento extrajudicial de crédito no convalida en sí mismo dichos actos 
ni depura posibles responsabilidades, sin perjuicio de la necesidad de abonar los 
servicios hechos por los terceros y evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. 
Esta práctica está también tipificada como infracción muy grave en el artículo 28.c) de la 
LTAIPBG, señalándose en el 30 las sanciones aplicables, las cuales se regirán por el 
principio de proporcionalidad y según los criterios señalados en el propio artículo, entre 
los que se incluye el perjuicio causado. 
En ninguno de los Ayuntamientos analizados consta el inicio de actuaciones tendentes a 
la depuración de posibles responsabilidades. 
Además de los incumplimientos legales señalados, se ha puesto de manifiesto una 
debilidad en el sistema de control interno en relación con la contratación en las entidades 
mencionadas, caracterizada por la falta de vigilancia del lapso de tiempo transcurrido 
entre la finalización de un contrato y el inicio del expediente para la licitación del siguiente. 
 El Ayuntamiento de Mula imputó facturas del ejercicio 2015 al presupuesto del año
siguiente como consecuencia del retraso en su presentación y por no constar, en algunas
de ellas, la conformidad con la prestación recibida. No obstante el artículo 176.2.b)
exceptúa del principio de anualidad la imputación a presupuesto de las obligaciones
derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, la demora
en el reconocimiento de las obligaciones pone de manifiesto una debilidad en relación
con el adecuado registro de facturas.
 41  expedientes  de  gastos  tenían  relación  con  la  estabilidad  presupuestaria  y  la
sostenibilidad financiera. En el expediente analizado del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia se reparó el pago de nóminas a trabajadores porque respondían a la prestación
de un servicio cuya competencia, según lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, al no ser propia ni delegada, solamente se
podía ejercer previos informes favorables en relación con la sostenibilidad financiera y la
ausencia de duplicidades, habiendo sido, en el periodo fiscalizado, desfavorable el
primero de estos dos informes.
Los otros 40 expedientes -de los 41 referidos en el párrafo anterior- fueron tramitados por
el Ayuntamiento de Totana y se refirieron a la prelación de pagos, en tanto las propuestas
daban prioridad a pagos de nóminas, ayudas sociales, seguridad social, IRPF, cánones,
costas judiciales, suministros, servicios y obras, principalmente, frente a cuotas ya
vencidas de préstamos, algunas procedentes del ejercicio 2014, en contra de lo dispuesto
en el Plan de Disposición de Fondos aprobado por el Pleno de la Entidad, así como en
el artículo 135 de la CE y en 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
15.Se han analizado tres expedientes de anomalías de ingresos. Dos de ellos, tramitados en los
Ayuntamientos de Beniel y Lorca, eran reparos en relación con propuestas de disminución de
tributos por poder comprometer la sostenibilidad financiera de los respectivos Ayuntamientos. En
el tercer expediente, del Ayuntamiento de Mazarrón, se puso de manifiesto la deficiente gestión e.
de los derechos de cobro, cuantificándose la deuda prescrita en casi dos millones de euros. w.b
Respecto de los resultados del análisis comparativo de la tramitación de los acuerdos contrarios a 
reparos y de los expedientes con omisión de fiscalización previa en las entidades de la muestra, así 
como de la remisión de los mismos al Tribunal de Cuentas (Epígrafe II.2.16) 
16.Del examen efectuado sobre los 34 expedientes relativos a la contratación administrativa y objeto
de fiscalización específica en el apartado II.2 han resultado diferencias en los criterios y
procedimientos en la tramitación de los acuerdos contrarios a reparos y de los expedientes con
omisión de fiscalización previa que se integran en los mismos.
La totalidad de las incidencias se generaron en la fase de reconocimiento de obligaciones,
derivadas la mayoría de ellas de la prestación de servicios, y en menor medida de suministros,
sin cobertura contractual. Sin embargo, su imputación al presupuesto no resultó homogénea en
las diferentes entidades.
En los Ayuntamientos de Cartagena, Murcia, Torre-Pacheco y San Javier las facturas derivadas
de estos gastos se imputaban al presupuesto del año en el que se generaban, previo acuerdo de
levantamiento del reparo a pesar de no contar con contrato en vigor y alegando la necesidad de
dar continuidad al servicio, mientras que en los Ayuntamientos de Águilas, Fortuna, San Pedro
del Pinatar, Jumilla, Los Alcázares y Torre-Pacheco la imputación se realizaba en el ejercicio
siguiente o sucesivos a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Incluso en alguna
entidad se utilizó dicha figura para la imputación a presupuesto de gastos del propio ejercicio,
habiéndose utilizado,  en general, de manera recurrente el expediente de reconocimiento
extrajudicial de crédito para aplicar al presupuesto gastos efectuados en ejercicios precedentes
para los que no existía crédito, al margen de que, además, dichos gastos se pudieran ver
afectados por incumplimientos de la normativa contractual, tanto en lo que se refiere a la
utilización de la contratación menor cuando se debería haber acudido a la contratación con
concurrencia, como a la existencia de prestaciones para las cuales el contrato que debía haberles
dado cobertura ya había finalizado.
17.Existen discrepancias en la remisión de la información al Tribunal de Cuentas en relación con
expedientes de facturas imputadas a ejercicios siguientes a través de la figura del reconocimiento
extrajudicial de crédito, en tanto los órganos de Intervención de algunas entidades clasificaron el
expediente enviado a la Plataforma de Rendición de Cuentas como expediente con omisión de
fiscalización, al no otorgar naturaleza de fiscalización previa a los informes emitidos como
consecuencia de la tramitación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito,
mientras que otras entidades los catalogaron como acuerdos contrarios a reparos, al considerar
que en su actuación de fiscalización se emitía un reparo suspensivo amparado en la insuficiencia
de crédito o en la omisión de requisitos o trámites esenciales.
Este hecho viene motivado porque hasta la entrada en vigor del RCI –1 de julio de 2018- la
omisión de fiscalización previa no estaba regulada en el ámbito local. El artículo 28 de la norma
citada indica expresamente que el informe de intervención que acompañe a los expedientes sin
fiscalización previa cuando esta fuera preceptiva no tendrá naturaleza de fiscalización.
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DETERMINADOS ASPECTOS DEL 
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES (Subapartado II.3) 
18. Dieciséis  de  las  veinte  entidades  analizadas  (el  80%)  tenían  establecido  el  sistema  de
fiscalización previa limitada, de las cuales, cuatro (Ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo,
Moratalla  y  Mula)  únicamente  realizaban  las  comprobaciones  relativas  a  la  adecuación  y s
suficiencia del crédito y competencia del órgano, no extendiendo la fiscalización a extremos oe.
adicionales que debían haber sido acordados por el Pleno de la entidad según requiere el artículo w.
219.2 del TRLRHL. El Ayuntamiento de Fortuna incluía en el control otros extremos aunque no 11w
constaba documento aprobado por el Pleno que así lo exigiera.
De las dieciséis entidades que habían adoptado el sistema de fiscalización previa limitada, 
solamente los Ayuntamientos de Mazarrón y Jumilla emitieron el informe previsto en el artículo 
219.3 del TRLRHL, en el cual se establece que debían ponerse de manifiesto al Pleno los 
resultados derivados del ejercicio de otra fiscalización plena sobre una muestra representativa 
de operaciones sujetas a dicho sistema de control previo. 
19.El control interno, además de por la función interventora, está integrado por un control financiero
posterior. Este control, exigido en el artículo 220 del TRLRHL, únicamente fue desarrollado en el
periodo fiscalizado por los Ayuntamientos de Cartagena, Águilas, Lorca y Mazarrón.
Las otras dieciséis entidades36 no llevaron a cabo actuaciones de control financiero, lo que
conlleva un sistema de control interno insuficiente, en el que no se podía comprobar si se
cumplían los principios de buena gestión financiera (eficiencia, eficacia y economía) en la
actuación de la entidad. Esta situación de debilidad en el control interno fue más significativa en
los Ayuntamientos de Bullas, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Mula, en tanto en estas
entidades llevaban a cabo una fiscalización previa limitada en la que solamente se comprobaba
la adecuación y suficiencia del crédito y la competencia del órgano que generaba el gasto.
20. En relación con la fiscalización de los ingresos, el 65% de los ayuntamientos fiscalizados
comunicaron la adopción de acuerdos, con vigencia en 2016, para sustituir su fiscalización previa
por  la  inherente  a  la  toma  de  razón  en  contabilidad  y  por  actuaciones  complementarias
posteriores, en aplicación del artículo 219.4 del TRLRHL. Son los Ayuntamientos de Los
Alcázares, Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Murcia, San Pedro
del Pinatar, Totana, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Yecla, de los cuales, únicamente
Fortuna y Jumilla elaboraron el informe relativo a dichas comprobaciones posteriores, lo que
supone un incumplimiento del artículo 219.4 del TRLRHL que exige la realización de actuaciones
posteriores, situación que se ve agravada en los Ayuntamientos de Los Alcázares, Alhama de
Murcia, Murcia, Totana, Fuente Álamo de Murcia, Moratalla y Yecla, en tanto no llevaron a cabo
el ejercicio del control financiero.
21.Los órganos de Intervención de los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Cartagena, Fortuna,
Jumilla, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco, así como los de Los Alcázares y Lorca, que han
comunicado la existencia de resoluciones contrarias a los reparos efectuados y anomalías de
ingresos respectivamente, no elevaron al Pleno el informe comprensivo de estos expedientes, no
dando cumplimiento al artículo 218.1 del TRLRHL.
22.En seis de los veinte ayuntamientos analizados –Lorca, Beniel, San Pedro del Pinatar, Totana,
Bullas y Yecla-, el órgano de Intervención tenía encomendadas, además de las funciones que le
son propias, tareas relativas a la gestión económica y presupuestaria, lo que implica una merma
sobre la autonomía y objetividad que se requieren en el ejercicio de las funciones de control
interno y fiscalización. En ocasiones, el desarrollo de tales funciones supone el ejercicio de tareas
incompatibles entre sí, especialmente en el caso de Lorca, en el que el órgano de Intervención
asumía la función de contabilidad37, contraviniendo el artículo 133 de la LRBRL, en tanto este
Ayuntamiento tiene la consideración de municipio de gran población.
23.Ninguna de las entidades fiscalizadas dispuso, con vigencia en 2016, de normas reguladoras
compresivas de los procedimientos de fiscalización y control interno atribuidos al órgano de
Intervención, únicamente los Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Jumilla, Los Alcázares y
33U67n  AEióyl nuA,n yLtuaonmst aiAemlnctiáeoznsa todre esi n,A fMoyruomnraatat amelnliae ,ne Mtl otusrlá adm,e Mi tAeu lrhdcaeiam ,a aSle adgnea  cJMiaouvnrieecrsia,  ,Sq Buaeen n Peienel d, lraBo u fdelleaclsh P,a iF ndoaertt aurren ,maT,oi sFriróuene- Pndtaeec l hÁAelancmote,o pT rdooetya eMncatuo ry c –Yiade,i ccJileuamm. billrae,  Ldae   2021-1411n https://w
2e0l e1j8e-r csiec ieos 2ta0b1a9  ultimando el proceso de separación de las funciones de contabilidad e intervención para su efectividad en
Murcia regularon en sus respectivas bases de ejecución del presupuesto de 2016 los trámites a 
seguir en los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
24.Únicamente cuatro de las veinte entidades analizadas tenían provisto el puesto de Intervención
de manera definitiva a 31 de diciembre de 2016, (Alhama de Murcia, San Javier y Lorca a través
de concurso y Murcia mediante libre designación). En junio de 2018 se mantenía la situación en
Murcia y Lorca pero la Intervención de Alhama de Murcia pasó a cubrirse por funcionario interino
y la de San Javier mediante nombramiento accidental. En sentido contrario, la Intervención de
Torre-Pacheco pasó a estar cubierta a través de concurso.
25.En el 80% de entidades (16) la forma de provisión de la plaza de Interventor resultó no definitiva
a 31 de diciembre de 2016, alcanzando este porcentaje el 85% en junio de 2018 con el siguiente
detalle:
En el 37,5% de las entidades con nombramiento no definitivo, la forma de cobertura del puesto a
31 de diciembre de 2016 era provisional (Ayuntamientos de Cartagena, Fortuna, Fuente Álamo
de Murcia, Águilas, Los Alcázares y Jumilla), manteniendo la situación en junio de 2018, excepto
en Los Alcázares y Jumilla que pasó a cubrirse de forma accidental.
En el 19% de entidades con forma no definitiva de provisión a la finalización de 2016, la figura
utilizada fue la acumulación de funciones –Ayuntamientos de Beniel, Moratalla y La Unión-. Esta
forma de provisión supone que el Interventor ha de atender las funciones de control interno en
entidades adicionales a aquella en la que las desempeña con carácter principal. Esta situación
se mantuvo en junio de 2018 en los Ayuntamientos de Beniel y Moratalla, mientras que en La
Unión pasó a ocuparse mediante nombramiento provisional.
En otro 37,5% (Ayuntamientos de Mazarrón, San Pedro del Pinatar, Totana, Mula, Bullas y Yecla)
el puesto se ocupó mediante nombramiento accidental, tanto a 31 de diciembre de 2018 como
en junio de 2018. Las plazas de Interventor de estas entidades se ofertaron en los concursos
unitarios -de carácter nacional y cuya convocatoria corresponde al Ministerio- sin que las plazas
fueran cubiertas. Sin embargo, únicamente los Ayuntamientos de Bullas y Yecla ofertaron sus
respectivos puestos en los concursos ordinarios que, en estas situaciones, deben convocar las
entidades locales, y tampoco estas dos entidades los convocaron durante todos los ejercicios en
los que la plaza reservada a Funcionarios de Habilitación Nacional se mantuvo vacante, sino que
el Ayuntamiento de Bullas convocó concursos ordinarios en los ejercicios 2013 y 2014 y el
Ayuntamiento de Yecla en los años 2011 a 2014.
Por último, en el Ayuntamiento de Torre-Pacheco la plaza, a 31 de diciembre de 2016, estaba
cubierta por un funcionario interino que se mantuvo en el puesto hasta mayo de 2017, fecha en
la que se adquirió por funcionario de habilitación nacional a través de concurso, quien en junio
de 2018 seguía ocupando la plaza.
26.Las entidades han hecho un uso muy limitado del concurso para la provisión de las plazas
vacantes reservadas a funcionarios con habilitación nacional, favoreciéndose la ocupación de
estos puestos mediante nombramientos no definitivos, incluso, produciéndose, en porcentajes
elevados  y  por  periodos  de  tiempo  elevados,  su  cobertura  a  través  de  nombramientos
accidentales, los cuales, están previstos en la ley, únicamente, para casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
27.Siete de los veinte ayuntamientos fiscalizados –Fortuna, Jumilla, Moratalla, Murcia, San Javier, s
Torre-Pacheco y Totana– carecían durante el periodo fiscalizado de una relación de puestos de e.
trabajo (RPT) aprobada por el Pleno, incumpliendo la obligación establecida en el artículo 74 del w.
EBEP y en el artículo 90.2 de la LRBRL en relación con el 22 del mismo texto legal. 11w
28.Del examen de la suficiencia y adecuación del personal adscrito al órgano de Intervención de las
20 entidades de la muestra se ha deducido una carencia de medios personales debidamente
cualificados con el siguiente detalle:
 Únicamente  dos  de  las  ocho  entidades  que  gestionaron  un  volumen  de  obligaciones
reconocidas netas (ORN) inferior a veinte millones de euros dispusieron de personal técnico
adscrito al órgano de Intervención. De ellos, el Ayuntamiento de Fortuna tampoco contó con
personal  administrativo  de  apoyo  y  el  Ayuntamiento  de  Moratalla,  que  disponía  de  la
asistencia de un auxiliar, únicamente contaba con la asistencia del interventor acumulado un
día en semana.
 De las nueve entidades con ORN entre 20 y 40 millones de euros, el 78% no contó con la
asistencia de personal técnico en el órgano de Intervención, son las entidades de Alhama de
Murcia, Los Alcázares, San Javier, Totana, Mazarrón, San Pedro del Pinatar y Yecla.
 El Ayuntamiento de Murcia, que gestiona un volumen de presupuesto sensiblemente superior
al resto de entidades de la Comunidad Autónoma, tenía cubiertos tres puestos de personal
técnico adscritos al órgano de Intervención, lo cual, según señala el Interventor y se puso
también de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el Informe de fiscalización de la gestión
recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de
las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Murcia,
aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2015, resulta insuficiente para el adecuado
desempeño que tiene encomendadas la Intervención.
 RECOMENDACIONES 
En anteriores Informes del Tribunal de Cuentas sobre esta materia se han formulado diversas 
recomendaciones con la finalidad de contribuir a superar las deficiencias puestas de manifiesto y a 
mejorar la gestión, organización, transparencia y control de las entidades locales. 
Con posterioridad, se ha producido la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local, el 
cual prevé diferentes medidas para subsanar las carencias en el ámbito que regula, por lo que, sin 
perjuicio de ir valorando su implementación, se han suprimido algunas de las recomendaciones 
recogidas en Informes anteriores en tanto su contenido se contiene en el mencionado Real Decreto. 
Así, las recomendaciones que este Tribunal formula en relación con la materia analizada, son las 
siguientes: 
1. Se recomienda a los órganos de Intervención que, en el caso de no haberse producido ninguna
de las incidencias enumeradas en el artículo 218.1, eleven al Pleno una nota informando de esta
circunstancia, de forma análoga a la comunicación que se realiza a este Tribunal de Cuentas en
cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción, del Tribunal de Cuentas que regula la remisión
telemática de esta información (Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015), de esta forma,
el Pleno tendría conocimiento expreso de la situación acontecida en relación con los acuerdos
contrarios a reparos.
2. Habrían de establecerse las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos oe.
suficiente de funcionarios de habilitación nacional en los órganos de control interno de las w.
entidades locales, cuya selección corresponde a la Administración General del Estado. 11w
3. Las Comunidades Autónomas deberían impulsar la celebración anual de los correspondientes
concursos ordinarios, a los cuales deben acudir las Corporaciones Locales siempre que no
tengan su plaza cubierta de forma definitiva, estableciéndose los mecanismos que aseguren la 
cobertura ordinaria y efectiva de los puestos reservados a funcionarios con habitación nacional, 
restringiendo  los  nombramientos  accidentales,  los  puestos  vacantes  y  la  ocupación  por 
funcionarios interinos o por funcionarios con habilitación nacional por acumulación, a los casos 
en los que, de manera debidamente justificada y atendiendo a los requisitos legalmente previstos, 
los  puestos  no  hubieran  podido  cubrirse  de  manera  ordinaria,  lo  que  redundará  en  el 
afianzamiento del control interno.  
4. Las entidades locales deberían evitar tanto la acumulación de funciones de intervención en un
único puesto como el desempeño de funciones adicionales a las de control interno, que
incrementen significativamente la carga de trabajo o que resulten incompatibles con las funciones
ordinariamente asignadas a los órganos de Intervención.
5. Deberían establecerse por las entidades locales procedimientos de gestión en relación con los
gastos de menor cuantía. En caso de que estos sean tramitados a través de contratos menores,
el órgano responsable del gasto, una vez que se acuerde la realización del mismo, debería
tramitar la correspondiente propuesta de retención de crédito validada por Intervención, de forma
que se evite la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación. Asimismo,
las Bases de Ejecución del presupuesto deberían prever mecanismos de gestión de los gastos
de menor cuantía para los que no se considere conveniente la celebración de un contrato menor,
pudiendo materializar aquellos a través de pagos a justificar, con las condiciones y cuantías
mínimas que las entidades consideren operativas
6. Las entidades locales deberían implantar procedimientos de gestión adecuados que garanticen
el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con el tiempo suficiente para evitar
la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término
de contratos previos.
7. Las entidades locales deberían identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas
de  gestión  que,  amparándose  en  la  necesidad  de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la
Administración,  originan  recurrentemente,  mediante  la  aplicación  del  procedimiento  de
reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al presupuesto del ejercicio corriente de
gastos de ejercicios anteriores -o incluso del propio ejercicio-, derivados de actos administrativos
en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para
remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que
pudieran derivarse de dichos incumplimientos.
8. Por último, se recomienda la revisión normativa de la figura del reconocimiento extrajudicial de
crédito en el marco presupuestario actual, emanado de las leyes General Presupuestaria y de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que se regulen los supuestos
excepcionales en los que puede ser aplicado. Todo ello contribuiría a clarificar las consecuencias
administrativas, presupuestarias y económicas de autorizar gastos sin crédito presupuestario y,
por consiguiente, impediría la utilización del reconocimiento extrajudicial de crédito como una
fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos que no está admitida en
nuestro ordenamiento.
Madrid, 28 de febrero de 2019 
LA PRESIDENTA 
María José de la Fuente y de la Calle.
ANEXOS 
RELACION DE ANEXOS 
Anexo I.  Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Anexo II.  Entidades que han remitido expedientes con omisión de la fiscalización previa 
Anexo III.    Entidades que han remitido anomalías de ingresos 
Anexo I.  Entidades que han remitido acuerdos contrarios a reparos 
Nombre  Población  Nº reparos  Importe 
Ayuntamientos 
Alhama de Murcia  21.308  26  158.618,80 
Cartagena  214.759  28  4.582.423,99 
Fortuna  9.960  2  123.317,07 
Jumilla  25.362  52  637.201,55 
Las Torres de Cotillas  21.341  1  11.556,93 
Mula  16.689  1  139.039,48 
Murcia  441.003  11  1.021.654,13 
Puerto Lumbreras  14.874  2  28.531,76 
San Javier  31.782  23  1.244.442,31 
San Pedro del Pinatar  24.660  1  141.014,25 
Torre-Pacheco  34.630  64  3.169.591,79 
Totana  30.981  42  16.564.275,34 
TOTAL  253  27.821.667,40 
Anexo II. Entidades que han remitido expedientes con omisión de la 
fiscalización previa 
Nombre  Población  Nº omisiones  Importe 
Águilas  34.706  1  236.569,64 
Los Alcázares  15.289  3  2.297.085,24 
Yecla  34.037  12  101.993,38 
TOTAL  16  2.635.648 
Anexo III. Entidades que han remitido anomalías de ingresos 
Nombre  Población  Nº omisiones  Importe 
Beniel  11.114  1  300.000,00 
Fortuna  9.960  4  899,44 
Lorca  91.730  1  1.800.000,00 
Los Alcázares  15.289  1  14.485,00 
Mazarrón  30.704  1  4.392.670,66 
Molina de Segura  69.614  3  6.782,24 
TOTAL  --  11  6.514.837,34