BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32689
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4492 Sala Primera. Sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo  3956-2018.  Promovido  por  doña  Bárbara  Gutiérrez-Maturana 
Kalachnikoff y dos personas más en relación con la sentencia de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulatoria de un 
laudo arbitral. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución 
fundada en Derecho): sentencia que, ignorando los límites propios de la 
acción de anulación del laudo, la convierte en un recurso ordinario que 
permite la revisión de todo lo actuado.
ECLI:ES:TC:2021:17
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3956-2018, promovido por doña Bárbara Gutiérrez-
Maturana  Kalachnikoff,  doña  Bárbara  Gutiérrez-Maturana-Larios  Kalachnikoff  y  doña 
Christina Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff, representadas por el procurador de los 
tribunales don Victorio Venturini Medina y asistidas de los letrados don Bernardo M. 
Cremades Sanz-Pastor, don Javier Juliani Aznar y don Ángel Tejada Caller, contra el 
auto de 22 de mayo de 2018 y contra la sentencia 1-2018, de 8 de enero de 2018, 
ambos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaídos 
en el procedimiento de anulación de laudo arbitral núm. 52-2017. Han sido parte don 
Carlos  Gutiérrez-Maturana-Larios  y  Altuna,  representado  por  la  procuradora  de  los 
tribunales  doña  María  del  Carmen  Ortiz  Cornago  y  la  mercantil  Mazacruz,  S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Consuelo Rodríguez Chacón. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 10 de julio de 2018, el procurador 
de los tribunales don Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de doña 
Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, de doña Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios 
Kalachnikoff  y  de  doña  Christina  Gutiérrez-Maturana-Larios  Kalachnikoff,  interpuso 
recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento. e
ampa2a).r  o LEsoonsn  l,o hesen ce hssíotnastt euyst oisas,n  ldtoeesc  lesaid gesuoniecteniestde aps:dro cMeaszaalecsru dz,e  Slo.Ls. , qcuoen ctrreatea mcaeunstea  elan  deel marat.n 2d6a,  dsee   2021-4492n https://www.
erengtruela l oesl  saocmcieotnimistieans toy  ala a srboictrieadjea dd eo e eqnutirdea da qduee llaloss  cduieresctitoanmeesn qteu,e p pour dsieur acno nsduisccióitna rdsee   BOE-A-cable e
tales. En aplicación de esta previsión, con fecha de 11 de abril de 2016, las demandantes 
de amparo formularon demanda de arbitraje de equidad contra el señor Gutiérrez-
Maturana-Larios y la mercantil Mazacruz, S.L., en la que, habida cuenta de lo que 
entendían como un «continuo e insoportable abuso de derecho de don Carlos Gutiérrez-
Maturana-Larios y Altuna de su posición de control en la sociedad familiar Mazacruz», de 
la que los cuatro litigantes son únicos socios, solicitaron que se declarase su derecho de 
separación de la sociedad, o la disolución y liquidación de la sociedad misma, como 
única manera de poner remedio a una situación que consideraban gravemente lesiva de 
sus derechos patrimoniales.
b)  En fecha de 6 de abril de 2017, se dictó laudo arbitral por el que declaraba, entre 
otras medidas, la disolución de la sociedad, con la consiguiente apertura de la sección 
de liquidación, junto con el cese de los administradores, laudo que fue aclarado con 
fecha 25 de mayo de 2017.
c)  Don Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios impugnó el laudo arbitral, que entendía 
nulo de pleno derecho por vulnerar el orden público, al haberse decretado la disolución y 
liquidación  de  la  sociedad  sin  la  concurrencia  de  causa  legal  o  estatutariamente 
predeterminada. Argumentaba que, desde hacía tiempo, la entidad mercantil contaba 
con una gran cifra de negocio, manteniendo su objeto social. Se alegaba que si existían 
discrepancias sobre el derecho de voto en una determinada junta, podrían dirimirse por 
los cauces de la impugnación de acuerdos societarios, pero nunca acudiendo a la 
disolución de la sociedad. Asimismo, consideraba infringido el orden público económico y 
el principio de la autonomía de la voluntad, al haberse decretado la disolución de la 
sociedad en contra de las previsiones de sus estatutos, «extralimitando el convenio 
arbitral». Se combatía igualmente la motivación y la valoración de la prueba del laudo, 
por arbitrariedad y parcialidad del árbitro.
d)  La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó 
sentencia, en fecha 8 de enero de 2018, estimando la demanda de anulación del laudo 
arbitral de 6 de abril de 2017 y del laudo aclaratorio de fecha 25 de mayo de 2017, 
declarando, en consecuencia, la nulidad de los mismos. El órgano judicial, tras analizar 
la jurisprudencia relativa a la competencia judicial en materia de impugnación de laudos 
arbitrales, la noción de orden público societario [en aplicación del art. 41 de la Ley de 
arbitraje (LA)], y las peculiaridades del arbitraje de equidad, afirma que el hecho de 
decretar la disolución de una sociedad por abuso de derecho de un socio y pérdida de la 
affectio societatis, equiparándolo a las causas legales de imposibilidad manifiesta de 
conseguir el fin social o la paralización de los órganos sociales, por sí solo no infringe el 
orden público, ya que, en estos casos, la jurisprudencia admite la disolución de la 
sociedad, sobre todo en sociedades en las que existen dos socios o dos grupos de 
socios  enfrentados  entre  sí,  como  es  el  caso,  incluso  acudiendo  directamente,  sin 
necesidad de convocatoria de junta, a la disolución judicial.
Respecto a la posible vulneración del derecho a la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes (ex art. 24.1 CE, en relación con el principio de cosa juzgada), recuerda 
la Sala que ninguna sentencia ha condenado a las demandantes a perpetuarse como 
socias en Mazacruz, S.L., ni ha tratado cuestiones como las suscitadas en el arbitraje, y 
si bien es cierto que con la disolución de la sociedad desaparecen tanto los cinco 
derechos de voto de las participaciones donadas al señor Gutiérrez-Maturana-Larios, 
como el control societario inherente a esos derechos y su valor económico, ello es 
consecuencia –como aprecia el laudo arbitral– de la declaración de disolución que 
constituye la ruptura del vínculo entre los socios. s
Tras desestimar estos primeros motivos de impugnación del laudo, la Sala analiza la  oe.
alegada vulneración del orden público por infracción del derecho a la tutela judicial  w.
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa  92ww
reens paerbctitor aernietdieandd,e a qsuí ec,o pmeose l aa  vlaaslo praecciuólnia rdidea dlae sp rdueel baarb eitfreacjetu daed ae qpuoidr aedl , áerlb áitrrboi.t roA  deesbtee 
lmógoitcivaa ro c oanufsoernmceia a d uen oesrr opra rpáamteentrtoes,  dpeo rr amzoáns aqbuileid addic, hcao nmgrouteivnacciiaó nin tneorn ase, are gdlea sí nddeo llae   BOE-A-cable e
jurídica. Subraya que tanto los razonamientos, como la decisión tomada en equidad han 
de ser respetuosos con las reglas generales del derecho, de reglas como la buena fe. 
Aplicando  las  anteriores  consideraciones,  señala  que  el  laudo  no  se  encuentra 
suficientemente motivado, porque no pondera toda la prueba practicada, especialmente 
la extralimitación en el ejercicio del derecho por el demandante, ya que lo único que se 
vislumbra es que el abuso deriva exclusivamente del ejercicio del voto múltiple por el 
demandante, pero tal derecho ha sido confirmado en distintos procedimientos judiciales, 
por lo que el laudo no ha tenido en consideración los litigios habidos al respecto y 
resueltos con sentencias firmes. En tal sentido, considera que debió haberse valorado la 
conducta de las demandadas, puesto que los acuerdos sociales eran conformes a la ley 
y al orden público y no fueron impugnados. Se añade que «[e]l laudo no hace alusión 
alguna, pese a la acreditación documental en el arbitraje, a la sentencia firme dictada por 
el Juzgado Mercantil núm. 1 de Madrid, de 2 de marzo de 2016 que desestima la petición 
de doña Bárbara y sus hijas de remover a Paul Participaciones, S.L., como administrador 
de  Mazacruz  por  ‘conflicto  de  interés’,  y  en  cambio  valora  como  acto  abusivo  el 
nombramiento como administrador de Paul Participaciones, S.L., sociedad vinculada a la 
demandante, acuerdo social que tampoco consta que haya sido impugnado por las 
demandantes. Tampoco se valora por el árbitro la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 5 de Madrid de 11 de diciembre de 2006 (documento núm. 18), que declara la 
nulidad del acuerdo de remuneración del consejo en el que la entonces presidenta y 
consejera delegada, doña Bárbara madre, elevaba su retribución».
Por otro lado, respecto de la denegación del derecho de información, el órgano 
judicial  imputa  al  laudo  la  omisión  de  documentos  relevantes  para  una  adecuada 
valoración de la prueba, así como la falta de razonamiento válido para calificar como 
lesivas determinadas modificaciones estatutarias de las filiales adoptadas en diciembre 
de 2015, que «ni siquiera se examinan por el árbitro, ni se valora la documental aportada 
sobre el reparto de dividendos, pese a afirmar la existencia de una asfixia económica 
inducida por don Carlos a doña Bárbara y sus hijas»
En  síntesis,  del  contenido  de  la  sentencia  se  puede  extraer  que  los  déficits 
probatorios del laudo son: (i) el árbitro ha hecho caso omiso de los litigios preexistentes 
que  aprobaron  la  validez  del  voto  múltiple;  (ii)  no  ha  valorado  la  actitud  de  las 
demandadas que no impugnaron los acuerdos sociales que ahora califican de injustos; 
(iii) el laudo no hace alusión a una sentencia del Juzgado Mercantil núm. l de Madrid que 
denegó la remoción de Paul Participaciones, S.L., como administrador de Mazacruz, 
S.L., y otra del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid que declaró nulo un acuerdo 
remuneratorio de doña Bárbara; (iv) respecto a la denegación de información por parte 
del  socio  demandado,  don  Carlos  Gutiérrez-Maturana-Larios  y  Altuna,  la  sentencia 
reprocha  al  árbitro  que  haya  obtenido  su  convencimiento  tan  solo  de  la  propia 
declaración del mismo y no se haya apoyado en la numerosa documental que fue 
aportada en el procedimiento arbitral.
La Sala finaliza sintetizando sus argumentos, con la afirmación de que «el laudo, por 
tanto, no da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el arbitraje, no valora las 
pruebas en su integridad, y no contiene una motivación suficiente para llegar a una 
conclusión tan importante como la disolución de una sociedad por una causa asimilada a 
la legal, el abuso del derecho, ya que si bien es cierto que el arbitraje de equidad tiene 
su base en las condiciones fácticas del caso específico, lo que implica una flexibilidad del 
mismo,  incluso  siendo  posible  apartarse  de  la  aplicación  de  las  normas  jurídicas 
estrictas, cuando los hechos especiales del caso así lo requieren, tal y como acertada y  s
extensamente  trata  el  tema  el  árbitro,  para  que  la  resolución  o  resoluciones  sean  oe.
equitativas o justas, lo cierto es que en los arbitrajes de equidad el árbitro o tribunal  w.
arbitral debe evaluar las pruebas y justificar en el laudo arbitral de equidad la resolución  92ww
od er elosos luhceicohnoess,  cloons teqnuied asse  eenv aellú manis my oju. sDtiefi ctaanl  muannae drae tqeurme ilnaasd baa dseesc isdieó ne qcuoindsaidd epraarntdeon 
inclusive las particularidades de la controversia planteada, por cierto muy prolija, lo que
entendemos que no ha llevado a cabo el árbitro en el presente caso, por lo que la 
motivación del laudo debe ser considerada arbitraria por falta de motivación suficiente».
e)  Las demandantes de amparo plantearon contra la anterior sentencia incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones, en fecha de 14 de febrero de 2018, alegando la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
derecho  a  obtener  una  resolución  judicial  fundada  en  derecho,  no  incursa  en 
irrazonabilidad y error patente. Igualmente se denunciaba la infracción del derecho a un 
proceso con todas las garantías.
f)  El  incidente  excepcional  de  nulidad  de  actuaciones  se  resolvió  por  auto 
desestimatorio, de fecha de 22 de mayo de 2018, al no apreciarse vulneración de 
derecho  fundamental  alguno,  mostrando  las  alegaciones  de  la  parte  –a  juicio  del 
tribunal– una mera discrepancia con la resolución. Subraya la Sala que «las cuestiones 
planteadas son analizadas en la sentencia impugnada, tanto las relativas a que el control 
de motivación es cuestión de orden público, como que en el arbitraje de equidad también 
es exigible la misma y, este tribunal entiende que, si bien desde el punto de vista 
procedimental el concepto de orden público se ha venido relacionando con la vulneración 
de los principios de audiencia, contradicción e igualdad que son proclamados como 
capitales por el artículo 24 LA, con la falta de litis consorcio pasivo necesario, en cuanto 
vulnera el principio de contradicción, o infracción de normas en materia de prueba, o la 
falta de respeto a la invariabilidad del laudo, también jurisprudencialmente se admite 
como tal infracción la falta de motivación, atendida a la importancia que se da tanto en el 
ámbito  internacional  como  interno  al  derecho  a  la  motivación  de  las  decisiones 
incorporado como tal a la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. 
Además, es el criterio que tiene este tribunal, sin que ello suponga vulneración del art. 24 
CE, sino una mera discrepancia con el mismo de la parte, por razones que podríamos 
llamar de política o conveniencia arbitral, para fomentar el arbitraje en España como 
fórmula de resolución de conflictos».
3.  Las recurrentes denuncian en su demanda de amparo varias vulneraciones de 
derechos fundamentales. Así, en primer lugar, impugnan la sentencia de fecha 8 de 
enero de 2018, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente 
del derecho a obtener una resolución motivada y fundada (art. 24.1 CE). Entienden que 
la anulación del laudo por insuficiencia de motivación se produce porque el órgano 
judicial ha impuesto a los laudos arbitrales el canon de control de motivación que le es 
aplicable a las resoluciones judiciales, sosteniendo erróneamente que es contrario al 
orden público un laudo que no supere dicho canon. A su juicio, ni el arbitraje tiene 
asiento en la tutela judicial efectiva, ni la motivación del laudo es cuestión de orden 
público, por lo que no podría anularse por insuficiente motivación. También se afirma que 
los  razonamientos  de  la  sentencia  sobre  que  el  laudo  no  se  habría  referido  a 
determinadas cuestiones alegadas por la parte contraria o eran irracionales e incurrían 
en error patente en cuanto a ciertos aspectos. Igualmente se impugna el auto de fecha 
de  22  de  mayo  de  2018,  que  desestima  el  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones, que habría incurrido en iguales vulneraciones al no haber reparado las 
lesiones denunciadas.
4.  Mediante providencia de 16 de septiembre de 2019, la Sección Segunda de este 
Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo tras apreciar que en el 
mismo concurre una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional (LOTC)], porque plantea un problema o afecta a una faceta  e
de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009,  bo
de 25 de junio, FJ 2 a)], así como porque la posible vulneración del derecho fundamental  92ww
qleuye q suee  deesnteu ntcriibau pnuadl ipeurad iterraae rc ocanusisdae rdaer  ulensaiv rae idteerla ddear einctheorp fruentadcaimóne njutarils p[SruTdCe n1c5i5a/l 2d0e0 9la, 
cFoJm 2u ndi)c].a cDióen c oan lfao rSmaidlaa dd ec olon  Cloi vdili syp uPeesntaol  edne le Tl raibrtu. n5a1l  SLuOpTeCri,o rs ed ea cJoursdtóic idai rdigeir  Mataednrtida 
para que, en un plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia adverada de
las actuaciones correspondientes al procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 
52-2017 y procediera al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el proceso 
para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional 
de amparo.
5.  A través de escrito presentado el 11 de octubre de 2019, se personó en el 
procedimiento la procuradora de los tribunales doña Consuelo Rodríguez Chacón, en 
nombre y representación de Mazacruz, S.L. En la misma fecha tuvo entrada escrito de la 
procuradora  doña  María  del  Carmen  Ortiz  Cornago,  personándose  en  el  presente 
recurso de amparo en nombre y representación de don Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios 
y Altuna.
6.  Por diligencia de ordenación de 16 de octubre de 2019, se tuvieron por recibidos 
los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, y por personadas y parte a las procuradoras doña 
Consuelo  Rodríguez  Chacón  y  doña  María  del  Carmen  Ortiz  Cornago,  en  sus 
respectivas representaciones. Con arreglo al art. 52 LOTC, se concedió al Ministerio 
Fiscal, a las recurrentes en amparo y a las partes personadas, el plazo común de veinte 
días para que, con vista de las actuaciones, pudieran presentar las alegaciones que a su 
derecho convinieran.
7.  Con fecha de 20 de noviembre de 2019, tuvo entrada en este tribunal el escrito 
de alegaciones de la representación de don Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna, 
en el que solicita la desestimación del recurso.
Comienza su oposición al recurso advirtiendo que el laudo arbitral en equidad que ha 
sido anulado posee un contenido absolutamente voluntarista, al haber decretado la 
disolución y liquidación de una sociedad (cuyos activos están valorados en más de 
seiscientos quince millones de euros), sin causa legal o estatutaria distinta de la propia 
decisión del árbitro. A su juicio, el realizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
no es un ejercicio exorbitante del control judicial [arts. 8.5 y 41.1 f) LA], pues no lo es 
averiguar  por  qué  se  ha  decretado  en  equidad  la  disolución  y  liquidación  de  una 
sociedad como Mazacruz, S.L., para lo cual el órgano judicial tiene que examinar la 
prueba y determinar cuál ha sido el ejercicio abusivo del derecho en el que el árbitro ha 
basado su decisión. Solo a través de ese examen en ejercicio de su función jurisdiccional 
se puede llegar a la conclusión de que lo que el árbitro considera abuso de derecho no 
es  otra  cosa  que  el  mero  ejercicio  de  los  derechos  de  voto  múltiple  que  tienen 
estatutariamente asignadas las participaciones sociales de Mazacruz, S.L., de las que es 
propietario el señor Gutierrez-Maturana-Larios.
Añade que la vulneración por el laudo del orden público no está causada únicamente 
por el déficit de motivación, sino porque, la que ofrece, atenta directamente contra 
anteriores sentencias judiciales firmes que no encontraron impedimento en el ejercicio de 
voto mayoritario.
Para la parte, el órgano judicial estaba obligado, por imperativo legal, a examinar si el 
laudo violaba o no el orden público y, por consiguiente, el Tribunal Superior de Justicia, 
con  mayor  o  menor  acierto,  ha  ejercido  legítimamente  su  función  jurisdiccional. 
Igualmente debía controlar la motivación ofrecida por el laudo, tal como dispone el 
art. 37.4 LA, aunque fuera de equidad. En consecuencia, a su juicio, nada hay en la 
sentencia impugnada que permita hablar de error patente, irrazonabilidad o arbitrariedad, 
incluso si la interpretación del órgano judicial del concepto legal de orden público del  s
art. 41.1 f) LA y la invocación del art. 24.1 CE pudieran ser discutibles o cuestionables. oe.
Aclara, por lo demás, que lo que cuestiona es la existencia de vulneración de un  w.
cjduoednriectrciaahdl oiec fcfeuicóntndiv adame dle eanl rtaat.rl  t2.y 4,2  4Le.An1 ,  CpjuaEnr.tt ioAc usclíao, rne,  nllaati e oanbudlsiege aqncucieóia nl o ddsee p  lrmeinsocitóiipvnia ords ee d l eslau iug ddueoar ldedacehdl o,a  artau.  d3lai7e .nt4uc tiLaeA lay,    2021-4492n https://ww
se integran bajo el principio aún más general de la proscripción de la indefensión,
asociado a aquellos procedimientos en que se decide un conflicto atribuyendo derechos
y obligaciones a las partes, a las que se impone la decisión de forma heterónoma. Es 
absolutamente  lógico  que  todos  esos  principios,  dependiendo  de  la  intensidad  y 
trascendencia de la lesión, puedan considerarse como integrantes del concepto legal de 
orden público del art. 41.1 f) LA, correspondiendo al tribunal jurisdiccional que ha de 
resolver sobre la anulación la tarea de interpretar dicha cláusula y determinar si el laudo 
es o no contrario al orden público.
Finaliza su alegaciones subrayando que cuestiones como el alcance del convenio 
arbitral de los estatutos de Mazacruz, S.L., en qué medida quisieron las partes excluir la 
intervención de los tribunales de justicia, o limitar el control judicial a través de uno u otro 
canon de arbitrariedad en la motivación del laudo, son cuestiones de interpretación de la 
voluntad y, por ello, de legalidad ordinaria reservadas a la jurisdicción. Es patente que el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entendió que en la cláusula de arbitraje 
estatutario de Mazacruz, S.L., hubiera un límite ex voluntate que fuera contradicho por la 
aplicación del canon de motivación que el tribunal juzgó procedente para decidir sobre la 
vulneración del orden público por el laudo.
8.  En la misma fecha tuvo entrada el escrito de alegaciones de la representación de 
Mazacruz, S.L., en el que tras calificar el laudo arbitral como una «decisión arbitral sin 
precedentes» y «una de las mayores muestras de arbitrariedad que se recuerden», 
relata la historia del Grupo Mazacruz y refiere los cuarenta y cuatro procesos judiciales 
que han tenido lugar sobre el control del grupo empresarial, en los que quedó confirmada 
la posición de dominio de don Carlos Gutierrez-Maturana-Larios por disponer del 61,86 
por 100 de los derechos de voto.
Respecto del primer motivo de amparo, recuerda que el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad (art. 10.1 CE) no es objeto del recurso de amparo, al margen de que los 
socios, al pactar la cláusula arbitral, se comprometieron a excluir del conocimiento 
judicial la controversia sometida a arbitraje, por lo que –a su juicio– también se obligaron 
a no acudir al amparo ante este tribunal. Para Mazacruz, S.L., la invocación de la lesión 
del art. 24.1 CE es solo una invocación formal para razonar que la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ha realizado una indebida extensión al arbitraje de la 
tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a una resolución motivada. Y, en este 
punto, es de la opinión de que dicha extensión indebida del derecho a una resolución 
motivada ex art. 24.1 CE –por la noción de orden público utilizada por el órgano judicial 
ex  art.  41.7  LA–  es  una  cuestión  que  no  puede  corregirse  por  la  vía  del  amparo 
constitucional, pues no deja de ser una interpretación de la legalidad ordinaria que no 
invade ningún derecho fundamental susceptible de amparo, pues solo es incardinable en 
el art. 10.1 CE.
Para el caso, sin embargo, de que este tribunal no compartiera la primera de las 
alegaciones, Mazacruz, S.L., recuerda con profusa cita de nuestra doctrina que el control 
de  la  motivación  de  las  resoluciones  judiciales  que  compete  a  este  tribunal  es 
exclusivamente externo y que, además, no incluye un pretendido derecho al acierto 
judicial, por lo que se debe entender que es conforme a tal derecho aquella resolución 
que permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y 
siempre que esta no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni 
resulte manifiestamente irrazonable, incursa en un error patente o en una evidente 
contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre estos y el fallo. Pues bien, para 
Mazacruz, S.L., la parte actora no razona debidamente en su escrito de demanda cuál 
sea  el  defecto  de  motivación  de  la  sentencia  judicial  impugnada,  sino  que  lo  que 
pretende del Tribunal Constitucional es «que actúe como una especie de tribunal de  e.
casación que fije la correcta interpretación de la legalidad ordinaria, invadiendo así la  w.b
potestad  que,  en  exclusiva,  el  art.  117.3  CE  atribuye  a  los  jueces  y  tribunales»,  92ww
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una interpretación o aplicación no ya incorrecta o mejorable, sino claramente lesiva de
un derecho fundamental reconocido como tal en la CE y tutelable en amparo». Por lo 
demás, subraya que la exigencia de motivación del laudo tiene carácter imperativo (ex 
art. 37.4 LA) y de orden público, siendo una especie de trasunto del art. 120.3 CE 
respecto a las resoluciones judiciales. En definitiva, se sostiene que (i) la interpretación 
del orden público procesal es una cuestión de legalidad ordinaria; y (ii) no es irrazonable 
incluir en ese concepto las garantías del art. 24 CE, entre las que se incluye el derecho a 
una resolución motivada y no incursa en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta o error 
patente.
A  continuación,  se  examina  la  posible  arbitrariedad  o  irrazonabilidad  en  la 
interpretación del concepto de «orden público» realizada por la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concluyendo que no puede serlo cuando el 
propio legislador ordinario, copiando la fórmula constitucional que impone la motivación 
de las resoluciones judiciales, exige del laudo que siempre sea motivado, estableciendo 
normativamente una «equivalencia» difícilmente soslayable entre el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales y el de los laudos arbitrales (STC 1/2018, de 11 de enero, 
FJ 3). En este sentido, se hace especial hincapié en la idea de que «como la jurisdicción, 
el arbitraje obtiene en último término su fuerza obligatoria de la ley. Y es esta misma ley 
la que, como imprescindible contrapartida, exige unas mínimas garantías de justicia –
como valor superior de nuestro sistema constitucional–, que se plasman, entre otras, en 
el deber de motivar ‘siempre’ el laudo arbitral». A este respecto, se añade que la 
extensión, con rango infraconstitucional y al amparo del art. 37.4 LA, de las exigencias 
de motivación de las resoluciones judiciales al laudo ni resulta irrazonable ni vulnera 
ningún derecho fundamental, sino que parece una natural consecuencia interpretativa de 
la traslación normativa al arbitraje de la fórmula constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales. En definitiva, ese esencial estándar de protección del derecho a 
la motivación puede ser adoptado por el tribunal de control en virtud de la interpretación 
que le compete de la cláusula de orden público, sin que pueda entenderse conculcado 
un derecho fundamental.
Por último, Mazacruz, S.L., tras hacer un repaso de distintos pasajes del laudo 
arbitral, incide de nuevo en calificarlo de «manifiestamente arbitrario» e inmotivado, y 
afirma que no tuvo en consideración las sentencias obtenidas con anterioridad sobre el 
derecho  de  voto  múltiple  de  don  Carlos  Gutierrez-Maturana-Larios,  ni  la  falta  de 
impugnación en su debido momento de los acuerdos sociales por las demandantes de 
amparo, lo que no hace más que confirmar la decisión del órgano judicial, que, sin lugar 
a dudas, para ella, cumple sobradamente con el canon constitucional de motivación.
Por  todas  las  razones  expuestas,  se  solicita  la  desestimación  de  la  presente 
demanda de amparo.
9.  El 20 de noviembre de 2019, también fue presentado el escrito de alegaciones 
de las demandantes de amparo, en el que interesaban la estimación del recurso. Así, 
ratificándose íntegramente en el recurso de amparo presentado, únicamente interesan 
subrayar que el laudo fue anulado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en razón de que no se había motivado suficientemente por el árbitro y 
de que tal insuficiencia de motivación era contraria al orden público, si bien la propia 
Sala, en el fundamento jurídico sexto de dicha resolución ha señalado expresamente las 
dificultades de Derecho existentes para determinar el ámbito de orden público como 
motivo de anulación (art. 394.1 LEC).
10.  El  20  de  diciembre  de  2019,  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de  e
alegaciones del fiscal ante el Tribunal Constitucional. En él se interesa la estimación del  bo
recurso de amparo, imputando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva  92ww
d(aicrtt.a d2o4s.1 e CnE e)l  ap rloac seednimteienncitao  ddee  8n udlied aedn edreo  ldaeu d2o0 1a8rb, ityr aal l naúumto.  5d2e- 22021 d7e,  smeagyuoid od ea n2t0e1 8la, 
Sloa alac tduea dloo  pCoivsitle yr ioPremneanl tdee.l Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con nulidad de todo
El Ministerio Fiscal comienza sus alegaciones sistematizando las vulneraciones del 
derecho a la tutela judicial efectiva invocadas por las demandantes de amparo, referidas, 
en primer lugar a la necesidad de motivación de los laudos arbitrales y a su posibilidad 
de control judicial como cuestión de orden público (ex art. 41 LA), subrayando que el 
segundo motivo denunciado sigue incidiendo en la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva y en la posibilidad de revisión de la prueba practicada y su correcta valoración 
judicial. El fiscal entiende que el enjuiciamiento que debe realizarse en el presente 
recurso de amparo ha de ceñirse exclusivamente a valorar si se ha producido una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
Tras realizar un breve recorrido por la regulación legal del deber de motivación en el 
arbitraje, la fiscalía estima que tal deber existe y que es susceptible de control judicial, o, 
lo que es lo mismo, que las partes no pueden prescindir de un laudo motivado y, por 
consiguiente,  la  inexistencia  de  motivación  originará  que  la  resolución  arbitral  sea 
contraria al orden público ex art. 41 f) LA. Pero, establecido lo anterior, recuerda que, en 
el presente caso, no estamos en presencia de una inexistente motivación, sino que lo 
que el órgano judicial reprocha al laudo es no haber tenido en cuenta determinados 
medios de prueba y una incorrecta valoración de otros. Por consiguiente, la cuestión 
jurídica queda limitada al establecimiento de los límites al control jurisdiccional de la 
motivación de los laudos.
Para arrojar algo de luz sobre este interrogante, repasa la doctrina de este tribunal 
sobre la naturaleza del arbitraje, recordando que las vías judicial y arbitral se excluyen 
entre sí y, por tanto, elegida la arbitral no puede someterse la cuestión a los órganos 
judiciales, quedando limitada la posibilidad de un pronunciamiento jurisdiccional a la 
acción para la nulidad del laudo, siempre por las causas tasadas en el art. 41 LA, entre 
las que se encuentra el orden público. Llegado a este punto, sin embargo, advierte que 
la  equivalencia  entre  una  resolución  judicial  y  una  arbitral  se  refiere  tan  solo  a  la 
equivalencia en sus efectos, es decir a que ambas producen el efecto de cosa juzgada y 
son  igualmente  susceptibles  de  ejecución  forzosa.  Para  el  fiscal,  extender  esa 
equivalencia más allá de estos términos, por ejemplo, a la fase de elaboración, con su 
consiguiente igualdad en la valoración de las pruebas y en la motivación de la decisión, 
supondría más que hablar de equivalencia, hablar de identidad, y eso es claramente 
contrario a la naturaleza y finalidad del arbitraje. Es decir, convertir el arbitraje en una 
«modalidad» de sentencia no favorece el arbitraje, ni eleva su categoría, sino que lo 
priva de su esencia, es decir de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes han 
acordado precisamente sustraer la decisión de su pleito a la administración de justicia 
por razones legítimas.
Por otro lado, el Ministerio Fiscal insiste en que las causas que permiten al órgano 
judicial anular un laudo se recogen en el art. 41 LA, en seis puntos. Los primeros cinco 
recogen situaciones procesales concretas y el último es el relativo a su contrariedad con 
el orden público, pudiendo ser considerado como una especie de cláusula residual. Para 
la fiscalía, la motivación del laudo entra en este concepto indeterminado que es el orden 
público, pero su exigencia no le viene dada por el art. 24.1 CE, aplicable únicamente a la 
tutela judicial y no a la arbitral, sino por la previsión legal del art. 37.4 LA, y, por ello, esa 
motivación podrá ser objeto de un control, pero no equiparable al de la sentencia, que 
deberá ser un control externo, y se colmará con la comprobación de su propia existencia 
y de la ausencia de contradicciones con el fallo o, lo que es lo mismo, que no sea hasta 
tal punto incoherente y absurda que prácticamente sea huera e inexistente. Ahí debe  s
estar el límite del control judicial si se desea mantener el nivel de autonomía del arbitraje,  oe.
como instrumento válido para la resolución de conflictos. w.
Finalmente,  el  fiscal  analiza  detalladamente  la  sentencia  y  el  auto  recurridos,  92ww
mcoontcivluayceiónnd oe xtqeurnea  edle ló larguadnoo,  sjoubdriec iaell  qsuee , eexnt rdaelimfinitiótiv ae,n s oslou  affuirnmcaió qnu ed en oc eosn tsruofl icdieen tela. 
Npoon ddeicrea dqou teo dsae ala  iprrrauceiobnaa pl raoc eticrraódnae.a C, osnincore itnasmuefinctieen, tpeo, rqyu eel lpoa preocreq uhea beel rá drbeistrcoo nnooc idhoa   BOE-A-cable e
los procesos judiciales preexistentes entre las partes, en los que se reafirmó el derecho 
del socio al voto múltiple. Ahora bien, advierte el Ministerio Fiscal que el laudo nunca 
niega la existencia de ese derecho, sino que estima que se le dio un uso perverso al voto 
fortalecido. Y lo mismo hace la sentencia con otros datos y hechos concretos como la 
actitud de las demandantes al no haber impugnado oportunamente algunos acuerdos 
sociales,  o  la  condena  que  les  fue  impuesta  por  el  juzgado  mercantil  cuando 
pretendieron remover a Paul Participaciones, S.L., de la administración de la sociedad. 
Acaba calificando la motivación de insuficiente por estos déficits probatorios, y al laudo 
de arbitrario por estas razones. Para el fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
no se limita a un examen externo de la motivación, sino que se inmiscuye en los distintos 
medios de prueba y su valoración, excediendo de esta forma de lo que es procedente en 
un caso de anulación de laudo, por lo que incurre en la vulneración de la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), que ahora sí rige en toda su plenitud, por errónea motivación, al 
haber anulado el laudo tras un análisis de la motivación del mismo que excede del 
ámbito  que  le  correspondía.  Pero  es  más:  denunciada  esta  vulneración  por  las 
recurrentes en amparo, en el incidente de nulidad, la respuesta que ofrece el auto 
denegando  esa  nulidad  se  ciñe  exclusivamente  a  calificar  tal  denuncia  de  mera 
discrepancia con lo resuelto por la sentencia y reafirmar que su resolución estuvo 
suficientemente  motivada  y  no  incurrió  en  irracionalidad,  ni  error  patente  alguno, 
volviendo a insistir en que el laudo se basa exclusivamente en que el abuso de derecho 
imputado al socio deriva del uso del voto múltiple, que le había sido confirmado en litigios 
previos. Es decir, que cuando se le da al tribunal la oportunidad de restaurar el derecho 
vulnerado se limita a confirmar su decisión. Entendiendo que la Sala se excedió en la 
amplitud de su control advierte que ya no resulta decisivo si, además, incurrió en un error 
patente, o ese error no era tan notorio, ya que lo determinante será siempre ese exceso 
en que habría incurrido el órgano judicial. No obstante, desde la premisa de que al 
órgano  judicial  no  le  corresponde  una  nueva  valoración  de  la  prueba,  analiza  el 
contenido del laudo respecto a la admisión de la prueba y su valoración, concluyendo 
que las decisiones del árbitro a la luz de la prueba practicada no pueden ser tachadas de 
irracionales o claramente erróneas y, por tanto, no vulneradoras, por sí mismas, del 
derecho a la tutela judicial efectiva.
Por todo lo anterior solicita que, para el restablecimiento del derecho fundamental 
vulnerado,  se  proceda  declarar  la  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas  con 
retroacción al momento anterior a su dictado.
11.  En fecha de 17 de febrero de 2020, la representación de la entidad mercantil 
Mazacruz, S.L., presentó escrito ante este tribunal solicitando el traslado del escrito de 
alegaciones del ministerio público, «en garantía de la necesaria igualdad de armas y 
para evitar los perjuicios que se están irrogando al Grupo».
12.  Por  providencia  de  11  de  febrero  de  2021,  se  señaló  para  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  de  8  de  enero  de  2018,  recaída  en  el  s
procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 52-2017, así como el auto de la misma  oe.
Sala, de 22 de mayo de 2018, por el que se desestima el incidente de nulidad de  w.
macistumPaaocr ioaqn uleeas sh  parre orcmeuaorlrivzeiadndoteo cs o elnla tó raargn laaun laaocn jituóednrii ocdria.ell  vlauulndeor óa srbui tdraelr epcohro i nas ulaf ictuietenltae  jumdoictiivaal ceiófenc tdiveal   2021-4492n https://ww
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa en
irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente. Así, sostienen que en el supuesto sometido  Bc
a la consideración del órgano judicial, el art. 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, 
de arbitraje (en adelante, LA), no incluye el control de la motivación del laudo arbitral y 
que la anulación del laudo por insuficiencia de motivación se ha producido porque el 
órgano judicial ha impuesto a los laudos el canon de control de motivación que le es 
aplicable a las resoluciones judiciales, sosteniendo erróneamente que es contrario al 
orden público un laudo que no supere dicho canon. Insisten en que el arbitraje no tiene 
asiento en la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y en que la motivación del laudo no es 
cuestión de orden público, por lo que no puede anularse por insuficiente motivación. 
Iguales tachas se imputan al auto de 22 de mayo de 2018, que desestimó el incidente 
excepcional de nulidad de actuaciones, al no haber reparado las lesiones denunciadas.
El  señor  Gutiérrez-Maturana-Larios  y  Altuna  alega  que  el  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Madrid no ha realizado un ejercicio exorbitante del control judicial del laudo 
[arts. 8.5 y 41.1 f) LA], pues no lo es averiguar la razón por la que se ha decretado en 
equidad la disolución y liquidación de una sociedad, y para ello debe examinar la prueba 
y determinar cuál ha sido el ejercicio abusivo del derecho en el que el árbitro ha basado 
su decisión. Añade que la vulneración por el laudo del orden público no está causada 
únicamente por su insuficiente motivación, sino porque la que ofrece atenta directamente 
contra anteriores sentencias judiciales firmes que no encontraron impedimento en el 
ejercicio de voto mayoritario. En consecuencia, nada hay en la sentencia impugnada que 
permita hablar de error patente, irrazonabilidad o arbitrariedad, incluso si la interpretación 
del órgano judicial del concepto legal de orden público del art. 41.1 f) LA y la invocación 
del art. 24.1 CE pudieran ser discutibles o cuestionables.
También solicita la desestimación del recurso de amparo la mercantil Mazacruz, S.L., 
esencialmente por tres motivos, que desarrolla profusamente a lo largo de su escrito de 
alegaciones, como ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución: (i) por 
entender no solo que corresponde a la jurisdicción ordinaria controlar –como cuestión de 
orden público– la correcta motivación del laudo, debiendo quedar extramuros de este 
tribunal la cuestión planteada porque el derecho constitucional invocado –art. 10 CE– no 
es objeto de amparo constitucional; (ii) porque la interpretación que debe dársele a la 
noción de «orden público» ex art. 37.2 LA es una cuestión de mera legalidad ordinaria; y 
(iii), por último, porque los socios al pactar la cláusula arbitral mostraron su voluntad de 
excluir a los órganos judiciales, incluido un posible recurso de amparo. Por lo demás, 
como reitera en diversas ocasiones a lo largo de su escrito, entiende que el laudo arbitral 
fue, sin lugar a dudas, manifiestamente arbitrario, y que el órgano judicial cumplió 
debidamente sus funciones de control de las garantías que se integran en el concepto de 
«orden público» y aplicando correctamente el canon de motivación al laudo arbitral. 
Ninguna lesión constitucional, por consiguiente, puede apreciarse, a su juicio, en la 
sentencia impugnada.
Por su parte, el Ministerio Fiscal entiende que debe estimarse el recurso de amparo. 
Advierte  que  en  el  presente  caso  no  estamos  en  presencia  de  una  inexistente 
motivación, sino que lo que el órgano judicial reprocha al laudo es no haber tenido en 
cuenta  determinados  medios  de  prueba  y  una  incorrecta  valoración  de  otros,  por 
consiguiente, la cuestión jurídica queda limitada al establecimiento de los límites al 
control  jurisdiccional  de  la  motivación  de  los  laudos.  Para  el  fiscal,  extender  la 
equivalencia del control de la motivación de las sentencias a los laudos arbitrales más 
allá de un control externo sobre la existencia misma de tal motivación y la ausencia de 
contradicción con el fallo, y hacerlo, por ejemplo, a la fase de elaboración, con su 
consiguiente igualdad en la valoración de las pruebas y en la motivación de la decisión,  s
supondría más que hablar de equivalencia hablar de identidad, y eso es claramente  oe.
contrario  a  la  naturaleza  y  finalidad  del  arbitraje.  Insiste  en  que  la  exigencia  de  w.
motivación del laudo no viene dada por el art. 24.1 CE, aplicable únicamente a la tutela  92ww
mjudoitciviaalc iyó nn op oad rláa  saerrb iotrbajel, tos indoe  upno rc loan tprorel,v piseióron  nleog eaql udiepla raarbt.l e3 7a.l 4d eL Ala  ys, epnoter neclilao,,  seinsoa 
qeuxies tednecbiear áy  dsee rl au anu sceonnctrioal  deex tceornntora, dyi csceio nceoslm caorná  ecl ofanl lola o ,c olom qpureo beasc ilóon m disem sou,  qpureo pnioa   BOE-A-cable e
sea hasta tal punto incoherente y absurda que prácticamente sea huera e inexistente. 
Ahí debe estar el límite del control judicial si se desea mantener el nivel de autonomía 
del  arbitraje,  como  instrumento  válido  para  la  resolución  de  conflictos.  Finaliza 
concluyendo  que  el  órgano  judicial  se  extralimitó  en  su  función  de  control  de  la 
motivación externa del laudo, sobre el que, en definitiva, solo afirma que no es suficiente, 
sin tacharlo de irracional o erróneo, y ello debido a la ausencia de toda la prueba 
practicada. Sin embargo, el laudo en caso alguno desconoce la prueba, sino que alcanza 
conclusiones diversas a las que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que 
debió haber llegado. Para el fiscal, en definitiva, el órgano judicial no se ha limitado a 
realizar un examen externo de la motivación, sino que ha entrado a hacer su propia 
valoración de la prueba, excediendo de lo que es procedente en el procedimiento de 
impugnación  de  los  laudos  arbitrales.  Por  todo  ello  defiende  que  las  resoluciones 
judiciales impugnadas en el presente recurso de amparo han incurrido en la vulneración 
de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que ahora sí rige en toda su plenitud, por 
errónea motivación, al haber anulado el laudo tras un análisis de la motivación del mismo 
que excede del ámbito que le correspondía. Por lo que respecta a la desestimación del 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones interpuesto por las demandantes de 
amparo contra la sentencia de anulación del laudo arbitral, sostiene que habiendo tenido 
la oportunidad de restaurar el derecho vulnerado, el órgano judicial, sin embargo, se ha 
limitado a confirmar su decisión.
2.  Orden público y deber de motivación en el sistema arbitral.
Las quejas de las recurrentes se constriñen a la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada, no 
incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, basadas en la declaración de 
nulidad del laudo arbitral por un supuesto déficit de motivación y una errónea valoración 
de la prueba practicada en el procedimiento arbitral, lo que a juicio del órgano judicial 
contradiría el orden público contenido en el art. 41.2 f) LA.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid justificó la anulación del laudo en la 
infracción del orden público en el procedimiento arbitral al que se sometieron las partes 
para dirimir las diferencias surgidas de su relación societaria, pues, de conformidad con 
la doctrina del Tribunal Supremo, el hecho de decretar la disolución y liquidación de una 
sociedad  sin  causa  legal  o  estatutariamente  predeterminada  puede  suponer  una 
infracción del orden público económico/societario, si con ello se produce una vulneración 
de normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario. Tal es el motivo –
a su juicio– que le obliga de oficio a entrar en el fondo de la demanda de nulidad 
planteada y a entender que la suficiencia de la motivación del laudo es una cuestión de 
orden público ex art. 41 LA.
Pues bien, en la reciente STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4, a la que desde ahora 
nos remitimos, hemos señalado que la institución arbitral –tal como la configura la propia 
Ley de arbitraje– es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es 
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la 
autonomía de la voluntad de las partes (art. 10 CE), que han decidido en virtud de un 
convenio  arbitral  sustraer  de  la  jurisdicción  ordinaria  la  resolución  de  sus  posibles 
controversias y deferir a los árbitros su conocimiento y solución, que desde ese momento 
quedan vedados a la jurisdicción.
Igualmente recordamos que si bien la acción de anulación es el mecanismo de  e
control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento  bo
arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, tal control tiene un contenido muy  92ww
lsimeri tcaodnos yid neora pdear mcoitme ou nuan are sveisgióunn ddae li nfosntadnoc idae,  plau dcuieensdtioó nfu dnedcairdsidea e pxoclru esli váarmbiternot,e n ei dne lbaes 
ocarduesna sp útabsliacdoa–s p ueestdaab lseecri dinatse repnre ltaa dleay d, es imn oqduoe  qnuineg suunbav ideert ae lelassta – ltiammitapcoicóon .la relativa al
Ahora, de nuevo, hemos de reiterar que la valoración del órgano judicial competente 
sobre una posible contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un 
nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la 
solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la 
legalidad  del  convenio  arbitral,  la  arbitrabilidad  de  la  materia  y  la  regularidad 
procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho que 
«por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, 
privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la 
conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada (SSTC 15/1987, 
de 11 febrero; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista 
procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios 
necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga 
alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden 
público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y 
las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales 
indisponibles  para  el  legislador  por  exigencia  constitucional  o  de  la  aplicación  de 
principios admitidos internacionalmente» (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4). La acción 
de anulación, por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles 
errores  procesales  en  que  haya  podido  incurrir  el  proceso  arbitral,  referidos  al 
cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de 
defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de 
motivación,  sea  incongruente,  infrinja  normas  legales  imperativas  o  vulnere  la 
intangibilidad de una resolución firme anterior.
También,  en  esta  reciente  STC  46/2020,  advertimos  de  los  riesgos  de 
desbordamiento del concepto de orden público como causa de anulación de los laudos 
arbitrales [art. 41.1 f) LA] y de la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva 
del mismo, so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes (art. 10 CE) y 
su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional (art. 24 CE). Debe quedar, por tanto, firme la 
idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no permite sustituir 
el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación 
del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón 
de sastre o una puerta falsa –en palabras del propio Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)– que permita el control de la decisión arbitral.
Dicho de otro modo, el posible control judicial del laudo y su conformidad con el 
orden público no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal 
arbitral en su función de aplicación del Derecho. Tampoco es una segunda instancia 
revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control 
de la correcta aplicación de la jurisprudencia. Por consiguiente, debe subrayarse una vez 
más que si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o 
irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público. Así 
también lo ha señalado la misma Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en numerosas ocasiones, insistiendo en que debe quedar fuera de un posible 
control anulatorio «la posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o 
menos acertado de resolver la cuestión» (sentencia de 23 de mayo de 2012).
Es más, respecto a la motivación de los laudos ha de aclararse que tan siquiera se 
requiere  una  argumentación  exhaustiva  y  pormenorizada  de  todos  los  aspectos  y 
perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, pues el derecho 
a  obtener  una  resolución  fundada,  favorable  o  adversa,  es  garantía  frente  a  la  s
arbitrariedad e irrazonabilidad y ello, en materia de arbitraje, implica que la resolución ha  oe.
de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los  w.
criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no deben resultar  92ww
aprlabnitora priuorsa. mEenn ttael  slóegnictiod oe, sc oinndveiepneen dsieeñnatela dr eq ulae  v«elard vaadli doe fza ldsee duand r adzeo snuasm piernetmo isdaess dye d eel 
shue cchoon,c alul snióon o, cpuupeasr, seen  elósgtaic ara, mlaa n doecli ópne fnusnadmamienetnot adl ee sv elar dcaodheesr emncaitae ryia nleos l,a s vineord daed  dlaesl   BOE-A-cable e
relaciones formales existentes entre ellas. Ahora bien, dado que es imposible construir el 
Derecho como un sistema lógico puro este tribunal ha unido a la exigencia de coherencia 
formal del razonamiento la exigencia de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no 
pueda ser tachado de irrazonable. A tal efecto es preciso señalar, como lo ha hecho este 
tribunal, que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que, 
a  primera  vista,  y  sin  necesidad  de  mayor  esfuerzo  intelectual  y  argumental,  se 
comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un 
desarrollo  argumental  que  incurre  en  quiebras  lógicas  de  tal  magnitud  que  las 
conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas» 
(STC 164/2002, de 17 septiembre).
Aunque es obvio que, desde la perspectiva constitucional, la semejanza entre las 
resoluciones  judiciales  y  los  laudos  arbitrales  no  es  desde  luego  absoluta,  ello  no 
significa que cuando hablamos del deber de motivación de unas y otras no se pueda 
enjuiciar su cumplimiento con parecido canon de control. Decimos que el deber de 
motivación  no  posee  la  misma  naturaleza  en  ambos  tipos  de  resolución,  porque 
tratándose de resoluciones judiciales es una exigencia inherente al derecho a la tutela 
judicial efectiva ex art. 24 CE. Sin embargo, para las resoluciones arbitrales, dicha 
obligación aparece recogida en el art. 37.4 LA, siempre con la salvedad de que las 
partes,  además,  no  hayan  alcanzado  un  pacto  sobre  los  términos  en  que  deba 
pronunciarse el laudo. En las primeras, la motivación forma parte del contenido del 
derecho fundamental citado. En las segundas es un requisito de exclusiva configuración 
legal, por lo que resulta indudable que podría ser prescindible a instancias del legislador. 
Puede que la confusión que este tribunal viene observando en algunas sentencias, como 
la que ahora se ha recurrido en amparo, haya sido originada por la utilización en 
nuestros primeros pronunciamientos (SSTC 15/1989, de 26 de enero; 62/1991, de 22 de 
marzo; 288/1993, de 4 de octubre; 174/1995, de 23 de noviembre, y 176/1996, de 11 de 
noviembre)  –y  luego  reiterada  en  posteriores–  de  la  expresión  «equivalente 
jurisdiccional» para referirnos al arbitraje. Si esa fuera la causa, es necesario aclarar 
desde este momento que tal equivalencia hace referencia especialmente al efecto de 
cosa juzgada que se produce en ambos tipos de procesos, jurisdiccional y arbitral.
Efectivamente, a lo largo de nuestra jurisprudencia constitucional sobre el arbitraje 
hemos señalado que «ha de partirse de la idea de que la configuración del arbitraje 
como vía extrajudicial de resolución de las controversias existentes entre las partes es 
un ‘equivalente jurisdiccional’, dado que las partes obtienen los mismos resultados que 
accediendo a la jurisdicción civil, es decir, una decisión al conflicto con efectos de cosa 
juzgada. La exclusividad jurisdiccional a que alude el art. 117.3 CE no afecta a la validez 
constitucional del arbitraje, ni vulnera el art. 24 CE. En relación con el sometimiento de 
controversias al arbitraje, este tribunal ha reiterado que, si bien el derecho a la tutela 
judicial efectiva tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda 
reputarse constitucionalmente legítima la voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de 
las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es para el interesado más 
ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio» (STC 1/2018, de 11 de enero, 
FJ 3). Porque –como también se ha explicado– «el arbitraje en cuanto equivalente 
jurisdiccional, se sustenta en la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el 
convenio  arbitral.  Es  ‘un  medio  heterónomo  de  arreglo  de  controversias  que  se 
fundamenta  en  la  autonomía  de  la  voluntad  de  los  sujetos  privados  (art.  1.1  CE)’ 
(STC 176/1996, de 11 de noviembre, FJ 1). De manera que no cabe entender que, por el 
hecho  de  someter  voluntariamente  determinada  cuestión  litigiosa  al  arbitraje  de  un  s
tercero, quede menoscabado y padezca el derecho a la tutela judicial efectiva que la  oe.
Constitución reconoce a todos. Una vez elegida dicha vía, ello supone tan solo que en la  w.
misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión del  92ww
áSrSbTitrCo  1y5 q/1u9e8 9e,l  a6c2c/1e9so9 1a  yl a1 j7u4ri/s1d9i9c5ci–ó nle –gpaelmroe nntoe  seus t‘aebqlueicviadloe nsteer áju rsisodloic ceilo nreacl’u arsrob itpraolr, 
vnoullvidear da  dpelal nlateuadro e al rfobnitrdaol  dye nl olit icguioa ltqaul iye rc oomtroo  parnoteces sfou eo drdeibnaatriidoo e enn  eel l qpuroec esesoa  aprobsitirbalel.   BOE-A-cable e
Pues como ha declarado reiteradamente este tribunal, el derecho a la tutela judicial 
efectiva no es un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la 
Constitución, sino un derecho prestacional, solo ejercitable por los cauces procesales 
existentes  y  con  sujeción  a  su  concreta  ordenación  legal  (SSTC  99/1985,  50/1990 
y 149/1995, entre otras)» (STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 3).
Es decir, quienes se someten voluntariamente a un procedimiento arbitral tienen 
derecho, claro está, a que las actuaciones arbitrales sean controladas por los motivos de 
impugnación legalmente admitidos, pero dicha facultad deriva de la misma configuración 
legal del arbitraje como forma de heterocomposición de los conflictos entre ellos y no del 
art.  24  CE  «cuyas  exigencias  solo  rigen  […],  en  lo  que  atañe  para  el  proceso  –
actuaciones jurisdiccionales– en el que se pretende la anulación del laudo y para el 
órgano judicial que lo resuelve» (STC 9/2005, de 17 de enero, FJ 5).
Ahora  bien,  establecido  lo  anterior,  no  cabe  duda  de  que  la  operación  de 
enjuiciamiento  de  la  motivación  de  ambos  tipos  de  resoluciones  debe  valerse  de 
parecidos criterios, de modo que se puede afirmar que sólo a aquel laudo que sea 
irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podrá imputársele un defecto de 
motivación vulnerador del art. 37.4 LA (y reiteramos, no del art. 24.1 CE).
Además, hay que poner de manifiesto, especialmente para supuestos como el ahora 
enjuiciado, que cuando las partes se someten a un arbitraje de equidad, aunque ello no 
excluya  necesariamente  la  posibilidad  de  que  los  árbitros  refuercen  «su  saber  y 
entender» con conocimientos jurídicos, pueden prescindir de las normas jurídicas y 
recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo que 
se resuelve ex aequo et bono debe ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o 
equitativo. Y aquí también debe quedar meridianamente claro que es el tribunal arbitral el 
único legitimado para optar por la solución que considere más justa y equitativa, teniendo 
en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si tal solución es incompatible con la 
que  resultaría  de  la  aplicación  de  las  normas  del  derecho  material.  El  canon  de 
motivación, en este caso, es más tenue, si bien es imprescindible que se plasmen en el 
laudo los fundamentos –no necesariamente jurídicos– que permitan conocer cuáles son 
las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro se ha inclinado por 
una de las posiciones opuestas de los litigantes.
3.  Aplicación de la doctrina al supuesto enjuiciado.
En el recurso de amparo sometido a nuestra valoración, llama la atención de este 
tribunal que el órgano judicial, prima facie, aclare que el hecho de que el laudo haya 
decretado la disolución de una sociedad por abuso de derecho de un socio y pérdida de 
la affectio societatis, equiparándolo a las causas legales de imposibilidad manifiesta de 
conseguir el fin social o la paralización de los órganos sociales, por sí solo no infringe el 
orden  público,  ya  que  la  jurisprudencia  admite  en  estos  casos  la  disolución  de  la 
sociedad, sobre todo en sociedades en las que existen dos socios o dos grupos de 
socios, como es el caso, enfrentados entre sí, acudiendo incluso directamente, sin la 
necesidad de convocatoria de junta, a la disolución judicial. En segundo término, que 
ninguna  de  las  resoluciones  judiciales  habidas  con  anterioridad  obligaba  a  las 
demandantes a perpetuarse como socias en Mazacruz, S.L., y que ningún procedimiento 
analizó las cuestiones suscitadas en el arbitraje, en concreto la disolución y liquidación 
de la sociedad, por lo que difícilmente puede hablarse de infracción de la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE) ante la existencia de resoluciones judiciales firmes, que contradigan 
los pronunciamientos del laudo. e
Añade el órgano judicial que el hecho de que con la disolución de la mercantil  bo
Mazacruz, S.L., desaparezcan los cinco derechos de voto de las participaciones sociales  92ww
dinohnearednatse a  ad one sCoasr lodse Greuctihéorrse zy-M  aetlu ravanlao-rL aericoosn yó mAlitcuon ad, ea sí ecsoams o peal rctiocniptraocl iosonceise,t areios 
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que el laudo arbitral en momento alguno ha afirmado que el señor Gutiérrez-Maturana-
Larios y Altuna no deba tener el derecho de voto que da el control de la sociedad, sino 
que el reconocimiento judicial de tal control no ampara el ejercicio abusivo del citado 
derecho de voto. En resumen, para la Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el laudo impugnado no ha vulnerado el derecho a la intangibilidad de 
las resoluciones judiciales firmes.
Es, sin embargo, en la valoración de la suficiencia de la motivación del laudo arbitral 
y en la valoración de la prueba realizada por el árbitro, donde el órgano judicial estima 
que  se  ha  producido  la  violación  del  orden  público  ex  art.  41  LA,  pues  como 
expresamente afirma: «[T]ras una minuciosa revisión por este tribunal de la motivación 
del laudo sobre la causa para acordar la disolución de Mazacruz –la conducta abusiva en 
derecho de don Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna– llegamos a la conclusión 
alegada por la demandante, que no se encuentra suficientemente motivado en equidad 
un laudo que no pondera toda la prueba practicada en el arbitraje, en concreto la relativa 
a la extralimitación en el ejercicio del derecho por parte de la demandante, causa de 
disolución de la misma, ya que lo único que se vislumbra es que el abuso en sí mismo 
deriva, exclusivamente, del ejercicio del voto múltiple por el demandante, cuando el 
mismo –con mayor o menor acierto, lo que no le corresponde valorar al árbitro, ni a este 
tribunal– ha sido confirmado en distintos procedimientos judiciales, haciendo por tanto 
caso omiso el laudo de los litigios habidos al respecto y resueltos con sentencias 
firmes».
Deteniéndonos ahora en esta afirmación realizada por el órgano judicial, antes de 
seguir adelante con el resto de los argumentos ofrecidos por la sentencia impugnada, 
conviene dejar sentado que el art. 37.4 LA únicamente dispone que «el laudo será 
siempre motivado», pero no impone expresamente que el árbitro deba decidir sobre 
todos los argumentos presentados por las partes o que deba indicar las pruebas en las 
que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos, o motivar su preferencia de 
una prueba sobre otra. Las únicas precisiones legales sobre el contenido del laudo que 
se  encuentran  en  la  Ley  de  arbitraje  son  negativas,  en  cuanto  se  refieren  a  las 
limitaciones que se imponen a la decisión arbitral, derivadas de lo establecido en el 
art. 41.1 LA sobre los motivos de anulación del laudo, particularmente no resolver sobre 
cuestiones no sometidas a su decisión o no susceptibles de arbitraje, y no contrariar el 
orden público. Es decir, de la regulación legal tan solo se sigue que el laudo ha de 
contener la exposición de los fundamentos que sustentan la decisión, pero no que la 
motivación deba ser convincente o suficiente, o que deba extenderse necesariamente a 
determinados extremos. No cabe deducir de la previsión legal la necesidad de que el 
árbitro analice en el laudo todas las pruebas y argumentos de las partes, sino tan solo 
que consten las razones de la decisión, sin que tampoco se obligue a que tales razones 
deban ser correctas, según el criterio del juez que deba resolver su impugnación.
Para respaldar esta conclusión sobre la extensión del deber de motivación del laudo, 
basta considerar que, aunque, como hemos señalado anteriormente, ese deber de 
motivación de los laudos es un aspecto de pura determinación legal, y que no deriva del 
art. 24.1 CE, quedaría fuera de toda lógica entender que esa escueta previsión legal 
contiene un mandato más exigente que el que impone a los órganos judiciales, en 
cuanto al deber de motivación de sus resoluciones, el derecho fundamental a la tutela 
judicial  efectiva  sin  indefensión  reconocido  en  dicho  precepto  constitucional,  en  la 
medida que para la satisfacción de ese derecho no se les exige «un razonamiento 
exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan 
tener  de  la  cuestión  que  se  debate,  sino  que  deben  considerarse  suficientemente  s
motivadas  aquellas  resoluciones  judiciales  que  vengan  apoyadas  en  razones  que  oe.
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de  w.
la decisión o, lo que es lo mismo, la ratio decidendi, de manera que no existe un derecho  92ww
foutnradsa mmeunchtaal sd, eSl TjuCs t3ic/2ia0b1le9 ,a d uen 1a4 d deete ermneinroa,d FaJ e 6x)t.e nYs tiaómn pdoec loa  smeo itnivcalucyióen e jnu deilc idael»re (cehnotr ea 
alap ltiuctaeclaió nju ddiec ialal se fencotrimvaa su,n  ydae rqeuceh,o  «asle agcúine rteos  jucdoincisaol liedna dlaa  sdeolcetcricnióan ,c oinntsetritpurceitoancaiól,n  eyl   BOE-A-cable e
derecho  reconocido  en  el  art.  24.1  CE  no  garantiza  la  corrección  jurídica  de  la 
interpretación y aplicación del Derecho llevada a cabo por los jueces y tribunales» 
(STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).
Una vez efectuada esta precisión inicial, y partiendo de la doctrina que hemos 
recordado en el fundamento anterior, debemos dilucidar ahora si la motivación dada por 
el  órgano  judicial  para  anular  el  laudo  arbitral  es  conforme  con  nuestro  canon  de 
motivación ex art. 24.1 CE. Dicho de otra manera, al igual que en otros supuestos 
semejantes,  debe  insistirse  también  ahora  en  que  únicamente  nos  corresponde 
comprobar  si  la  interpretación  efectuada  por  las  resoluciones  impugnadas  es  o  no 
respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes de amparo y, 
en particular, como antes se ha subrayado, si esa interpretación revela un rigor o 
formalismo exagerado en relación con los fines que trata de preservar y el sacrificio que 
comporta y en, consecuencia, acaba por convertir en impracticable el arbitraje como 
modo  heterónomo  de  resolución  de  conflictos,  al  que  –recordemos  de  nuevo–  es 
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor 
de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido sustraer de la jurisdicción 
la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y 
solución de sus conflictos, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción por 
expresa voluntad de las partes.
A juicio de este tribunal, la decisión impugnada es, cuando menos, irrazonable y 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). En efecto, 
como ponen de manifiesto las demandantes de amparo y el fiscal, el órgano judicial al 
analizar el laudo concluye que los argumentos ofrecidos por el árbitro para imputarle al 
socio mayoritario una conducta abusiva son insuficientes por no haber ponderado toda la 
prueba practicada, especialmente, por no haber tenido en consideración los procesos 
judiciales preexistentes entre las partes, en los que se confirmó el derecho del socio al 
voto múltiple. Sin embargo, el laudo no niega en momento alguno tal derecho reforzado 
de participación, sino que afirma que se hizo un uso torticero del mismo, discrepando, en 
definitiva, de los motivos del árbitro para decidir como lo hizo. Del mismo modo, la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no comparte la valoración 
de la prueba realizada por el árbitro, ni respecto a las previas decisiones judiciales 
relativas al derecho de voto reforzado, ni respecto a la falta de impugnación por las 
demandantes de amparo de aquellos acuerdos sociales que consideraban lesivos. Ahora 
bien, que no se obtengan las mismas conclusiones de la prueba practicada no significa 
otra cosa que la existencia de una mera discrepancia de pareceres entre el árbitro y el 
órgano judicial, pero en absoluto puede hablarse de una vulneración del deber de 
motivar el laudo o de una decisión irracional por parte de quien fue encargado de dirimir 
la controversia. De los autos queda acreditado con claridad que el árbitro practicó y 
valoró toda la prueba propuesta y extrajo determinadas consecuencias, lo que, como 
acertadamente recuerda el Ministerio Fiscal, pertenece a la exclusiva íntima convicción 
de quien debe acometer dicha labor, no pudiendo tacharse de insuficiente, ni irracional o 
ilógica. En definitiva, puede afirmarse con la sola lectura del laudo arbitral impugnado 
que en él se contiene una suficiente y lógica motivación, no apreciándose algún tipo de 
quiebra, incoherencia o contradicción.
En este contexto, este tribunal entiende que la decisión del órgano judicial de anular 
el laudo por insuficiente motivación (art. 37 LA), fue contraria al canon constitucional de 
razonabilidad de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), conclusión que se refuerza 
además  por  el  comportamiento  de  la  Sala,  que  entró  en  el  fondo  del  asunto  s
sobrepasando los límites constitucionales del deber de motivación y congruencia. Con tal  oe.
actuar la Sala en la sentencia de 8 de enero de 2018, ahora recurrida, ha anulado un  w.
laudo arbitral que, sin reproche formal alguno, entiende sin embargo que es contrario al  92ww
porradcetnic paúdbal.i cOo,  pdoicr hnoo  dhea boetrro e xmtroadídoo,  pdoert ehrambienra dcaosn ccluoindsoe cquueen ecila cso jmurpídoirctaams ideen tloa  dperu edboan 
Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna fue abusivo en el ejercicio de su derecho de
voto reforzado, pues de tal prueba se debió deducir lo contrario y ello supone –a decir de 
la Sala– una insuficiente motivación del laudo vulneradora del orden público.
Como puede apreciarse, en el razonamiento de la sentencia impugnada tan solo se 
observa su discrepancia en la valoración jurídica que el árbitro ha realizado y, por ello, 
una vez más, habrá de recordarse que la anulación solo puede referirse a errores in 
procedendo, y no puede conducir a revisar la aplicación del Derecho sustantivo por los 
árbitros, es decir, que las resoluciones arbitrales solo son susceptibles de anularse en 
función de la inobservancia de las garantías de la instancia arbitral. Igualmente hemos 
de reiterar que resulta vulnerador del art. 24 CE, por manifiesta irrazonabilidad, extender 
la noción de orden público como motivo de anulación del laudo, más allá de los límites 
definidos por los derechos fundamentales, así como que le está vedado al órgano judicial 
revisar la prueba realizada por los árbitros o la valoración de la misma. Teniendo esto en 
consideración,  resulta  manifiestamente  irrazonable  y  claramente  arbitrario  pretender 
incluir en la noción de orden público ex art. 41.1 f) LA lo que simplemente constituye una 
pura revisión de la valoración de la prueba realizada motivadamente por el árbitro, 
porque a través de esta revisión probatoria lo que se está operando es una auténtica 
mutación de la acción de anulación, que es un remedio extremo y excepcional que no 
puede fundarse en infracciones puramente formales, sino que debe servir únicamente 
para remediar situaciones de indefensión efectiva y real o vulneraciones de derechos 
fundamentales  o  salvaguardar  el  orden  público  español,  lo  que  excluye  que  las 
infracciones  de  procedimiento,  sin  afectación  material  de  los  derechos  o  situación 
jurídica de las partes, puedan servir de excusa para lograr la anulación de laudos.
Por consiguiente, una vez determinada la inadecuación de la motivación contenida 
en la resolución impugnada en relación con los límites propios de la acción de anulación 
del laudo, procede otorgar el amparo y reconocer el derecho de las recurrentes a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión, por lesión del art. 24 CE, debiéndose retrotraer las 
actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia de 8 de enero de 2018, recaída 
en el procedimiento de anulación de laudo arbitral examinado en la presente resolución, 
para que por la Sala se proceda a dictar una nueva resolución que resulte respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Bárbara Gutiérrez-Maturana 
Kalachnikoff,  doña  Bárbara  Gutiérrez-Maturana-Larios  Kalachnikoff  y  doña  Christina 
Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff, y, en consecuencia:
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE) de las demandantes de amparo.
2.º  Restablecer a las recurrentes en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de 
la sentencia de 8 de enero de 2018 y del auto de 22 de mayo de 2018, ambos de la Sala 
de  lo  Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,  dictados  en  el 
procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 52-2017. es
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  anterior  al  dictado  de  la  primera 
resolución  citada  para  que  se  resuelva  de  forma  respetuosa  con  los  derechos 
fundamentales reconocidos.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.