BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 180 Jueves 29 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 91110
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
12700 Ley 4/2021, de 29 de junio, de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, 
del Presidente y del Gobierno de Aragón.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el 
«Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón 
la competencia exclusiva para regular el procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia (artículo 71.7.ª). Asimismo, el artículo 53 del 
Estatuto atribuye al Gobierno de Aragón el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria;  el  artículo  42.2,  la  iniciativa  legislativa,  y  los  artículos  43  y  44,  la 
posibilidad de dictar normas con rango de ley.
A la vista de estos títulos competenciales se aprobó la Ley 2/2009, de 11 de mayo, 
del Presidente y del Gobierno de Aragón, que incluye en su título VIII la capacidad 
normativa del Gobierno de Aragón, donde se regula el procedimiento administrativo para 
el ejercicio de la iniciativa legislativa del Gobierno, la aprobación de normas con rango de 
ley y la potestad reglamentaria.
II
La calidad normativa ha ido ganando importancia en los últimos años, influenciada 
por una sociedad cada vez más regulada, con normas que inciden en el ámbito público y 
privado de la ciudadanía desde los distintos niveles de administraciones públicas. La 
calidad técnica supone la materialización positiva de un principio propio de todo Estado 
de Derecho, como es la seguridad jurídica, tal y como establece la Constitución española 
en  su  artículo  9,  garantizando  y  protegiendo  los  derechos  de  la  ciudadanía.  Su 
importancia se refleja en los distintos estudios que ponen de manifiesto la estrecha 
relación entra las normas de calidad y el crecimiento económico. Partiendo de estas 
premisas, la Comisión Europea marcó un punto de inflexión con la Comunicación al 
Consejo y al Parlamento Europeo de 2005 «Legislar mejor para potenciar el crecimiento 
y el empleo en la Unión Europea».
La calidad normativa debe predicarse tanto desde el punto de vista material de la 
claridad como desde el punto de vista formal. La norma debe tener una redacción clara y 
sencilla que llegue a la ciudadanía, estructurada adecuadamente para conseguir su 
mayor  y  mejor  comprensión.  Pero,  al  mismo  tiempo,  el  marco  regulatorio  para  su 
elaboración debe garantizar que la norma sea la adecuada, con estudios previos que 
permitan profundizar en el problema social que se ha de resolver buscando la mejor  e.e
solución o anticipándose a retos y situaciones que han de llegar, haciendo partícipes a  b
los agentes afectados por la materia. 700ww
normEal taivsap eacptoro ibnatedranso  yp oers terul cGtuorabli edren ola sd en oArmraagsó ns em reecdoiagnet ee na lcause drdiroe cdtreic e2s8  ddee t émcnaicyao 
cdoen 2ti0n1u3o,  dee  ilnac cluaylied asdu gdeer elansc idaiss pyo sreiccioomneesn.daciones para contribuir al perfeccionamiento
En cuanto al marco regulatorio, hay unas garantías en torno a las normas que 
permitan dar cumplimiento a principios inspiradores de todo ordenamiento jurídico de un 
Estado  de  Derecho  (la  seguridad  jurídica,  la  eficacia,  la  participación)  y  todos  los 
recogidos en el citado artículo 9 de nuestra Constitución. El mecanismo para positivar 
estos  principios  se  traduce  en  un  adecuado  procedimiento  de  elaboración  de  las 
disposiciones  de  carácter  general  que  se  aprueban  y  que  afectan  al  crecimiento 
económico y al empleo, lo que redunda en una mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. Por ello, la elaboración de normas requiere una adecuada regulación que 
contribuya a la mejora del marco regulador y que se incluye en la citada Ley 2/2009, 
de 11 de mayo, que es objeto de modificación en esta norma.
III
Los principios de buena regulación en la elaboración de las normas, tales como la 
necesidad, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y eficiencia, junto 
con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se han plasmado por el 
legislador estatal en el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas. Sin embargo, no son principios 
nuevos, dado que ya estaban incluidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.
El título VI, «De la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones», fue dictado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución española 
que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y la competencia en materia de procedimiento administrativo 
común,  así  como  del  artículo  149.1.14.ª,  relativo  a  la  Hacienda  general,  y  del 
artículo  149.1.13.ª,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  en  materia  de  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica; lo que suponía su 
naturaleza de preceptos básicos del procedimiento que debían ser desarrollados por las 
comunidades autónomas.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha visto especialmente afectada en la regulación 
del título VI, «De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones», por la STC 55/2018, de 24 de mayo. No podemos olvidar que esta 
sentencia tiene su antecedente inmediato en la STC 91/2017, de 6 de julio, en la que se 
resolvió la impugnación realizada por el Gobierno de Canarias de los artículos 4 a 7 de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, artículos que sirvieron de precedente de algunas de las 
cuestiones  incluidas  posteriormente  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre.  En  la 
STC 91/2017, de 6 de julio, se argumenta que en la regulación de toda iniciativa 
normativa el procedimiento legislativo debe quedar excluido de su ámbito de aplicación, 
mientras  que  los  procedimientos  que  tengan  por  objeto  la  elaboración  de  las 
disposiciones reglamentarias sí que pueden ser objeto de interferencias por parte de la 
legislación básica, con base en el título competencial relativo a las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones públicas.
En consonancia con lo anterior, en la STC 55/2018, de 24 de mayo, sobre la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la impugnación de los artículos 129 (salvo los 
párrafos segundo y tercero del apartado 4, que se analizan en un fundamento jurídico 
separado), 130 y 132, el Tribunal Constitucional estima el recurso y declara que dichos 
preceptos no son aplicables a las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas, 
pero sí cuando se ejerce la potestad reglamentaria. s
Entre  las  novedades  introducidas  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  en  la  e.
elaboración de un proyecto normativo hay que tener en cuenta que el artículo 133  w.
incorpora un nuevo trámite con carácter previo a la elaboración de un proyecto de ley o  700ww
ldoes  rceiguldaamdeanntoos,  deenn oeml inparodcoe dciomniseunlttoa  pdúeb leiclaab porreavciiaó,n  qduee  cnoonrmteamsp lcao lna  rpaanrgticoi pdaec ióleny d ey 
reglamentos. De este artículo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia mencionada,
sólo mantiene el carácter básico, y únicamente respecto a iniciativas reglamentarias, del 
primer inciso del apartado 1, así como del primer párrafo del apartado 4.
Por lo que se refiere a los trámites de audiencia e información pública, la única 
regulación aplicable es el artículo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, en tanto en 
cuanto lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a 
estos trámites no tiene carácter básico, conforme a lo establecido en la STC 55/2018, 
de 24 de mayo, antes referida, que de forma expresa fundamenta que «las demás 
previsiones del artículo 133 –a salvo del apartado 1, primer inciso y 4, primer párrafo–, 
descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el ámbito de lo básico; 
vulneran por ello las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en 
relación con la elaboración de sus propias disposiciones normativas».
IV
La aprobación y entrada en vigor de la legislación básica estatal exige su desarrollo 
normativo y la adaptación de las normas reguladoras de la capacidad normativa del 
Gobierno, que se formalizan en esta ley.
En el procedimiento de elaboración de la ley se ha emitido informe de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, se ha 
dado audiencia a los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y 
se ha emitido el preceptivo informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Con  la  presente  regulación  se  cumple  el  principio  de  seguridad  jurídica, 
respetándose la distribución de competencias derivada de la Constitución española y del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Queda también justificada la necesidad de esta 
norma,  siendo  su  aprobación  el  instrumento  que  permite  cumplir  con  los  objetivos 
propuestos. En su tramitación se cumple igualmente con el principio de transparencia 
mediante la puesta a disposición de todos los interesados de los documentos integrantes 
del proceso de elaboración. Se respeta asimismo el principio de proporcionalidad, al 
tratarse  de  la  modificación  de  una  ley  vigente  e  incluir  la  regulación  estrictamente 
imprescindible para cumplir con los objetivos propuestos. Al racionalizar el procedimiento 
de elaboración normativa incluyendo la planificación previa y la evaluación posterior, su 
aprobación y aplicación posterior sin duda van a contribuir a la mejor gestión de los 
recursos públicos.
V
El principal objetivo de la reforma es la modificación del título VIII de la Ley 2/2009, 
de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, incorporándose asimismo las 
modificaciones derivadas de la simultánea aprobación de la Ley de Organización y 
Régimen Jurídico el Sector Público de Aragón. El citado título se divide en cuatro 
capítulos: el primero, relativo a la iniciativa legislativa y la potestad para dictar normas 
con rango de ley; el segundo capítulo, sobre la potestad reglamentaria; el tercer capítulo 
enumera los principios de buena regulación, y, por último, el cuarto capítulo que recoge 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos.
El capítulo I determina la titularidad del Gobierno de Aragón de la iniciativa legislativa 
y la potestad de dictar normas con rango de ley, de acuerdo con la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, y la forma de su ejercicio. La iniciativa legislativa se ejercerá 
mediante la aprobación de proyectos de ley y su posterior remisión a las Cortes de 
Aragón para su aprobación como ley. Asimismo se recoge la posibilidad de que el  e.
Gobierno apruebe normas con rango de ley bien previa delegación de las Cortes de  w.b
Aragón, bien en casos de extraordinaria y urgente necesidad, recogiendo los límites  700ww
estaLtuat aproiotess yta cdo rnesgtiltaumcieonntaalreias  dsee  ecostnatse mnoprlam eans. el capítulo II, atribuyendo su titularidad al
aGsoí bleiesr nhoa bdieli taA rpaagróan e, lsloin u pnear jlueiyc ioo  ddeis pqousei clioósn  mreiegmlabmreons tadreial G aopbroiebrandoa p puoerd ealn G eojebriceernrloa,  soi 
se trate de asuntos de orden interno de su competencia. Se aclara que las resoluciones, 
circulares e instrucciones emitidas por los órganos de la Administración no tendrán la 
consideración de disposiciones reglamentarias.
Se recogen los principios que informan específicamente la potestad reglamentaria, 
limitando el ámbito material de los reglamentos, así como el principio de jerarquía en 
función del órgano del que emanen las disposiciones reglamentarias, decretos, acuerdos 
u órdenes.
El capítulo III remite a la legislación básica los principios de buena regulación que 
deben  inspirar  el  ejercicio  de  la  iniciativa  legislativa  y  la  potestad  reglamentaria, 
incorporando la evaluación de las normas vigentes en función de dichos principios, 
persiguiendo una mejora de la calidad normativa.
Se obliga a la aprobación de un Plan Anual Normativo por el Gobierno, en el que se 
recogerán todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que durante el año siguiente 
vayan a ser elevadas para su aprobación por el Gobierno de Aragón. Se introduce así la 
planificación normativa como un trámite preceptivo de la elaboración de las normas, 
esencial en la mejora normativa de nuestro ordenamiento.
Las mayores novedades se incluyen en el capítulo IV, que unifica el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones generales, e incorpora una tramitación de urgencia para 
las iniciativas normativas y disposiciones reglamentarias.
Asimismo  se  incluye  la  consulta  pública  previa  en  el  ejercicio  de  la  potestad 
reglamentaria  para  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones 
potencialmente afectados por la futura norma.
A continuación se regula el procedimiento administrativo de elaboración propiamente 
dicho, en el que se detalla el contenido de cada uno de los documentos que forman el 
expediente administrativo, y se clarifican las fases del mismo.
La iniciativa legislativa deberá ir acompañada de una memoria justificativa, cuyo 
contenido queda delimitando, así como de una memoria económica cuando la norma 
implique un incremento de gasto o una reducción de los ingresos. Se ha previsto 
igualmente la incorporación de los informes de evaluación de impacto de género, y de 
impacto  por  razón  de  discapacidad,  así  como  cualquier  otro  informe  que  resulte 
preceptivo conforme a la legislación sectorial. A continuación se recabará el informe de 
la secretaría general técnica del departamento impulsor, de carácter eminentemente 
jurídico y diferenciado del contenido de la memoria justificativa, con el que se venía 
confundiendo en numerosas ocasiones.
En el caso de los proyectos de ley se establece el trámite de la toma en conocimiento 
por parte del Gobierno de Aragón, para que este decida sobre los ulteriores trámites, así 
como los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.
Se  contempla  asimismo  un  proceso  de  deliberación  participativa  que  deberá 
realizarse con carácter general, en el caso de los anteproyectos de ley que afecten a los 
derechos civiles, políticos y sociales.
Cuando la disposición reglamentaria afecte a los derechos e intereses legítimos de 
los  ciudadanos,  se  exige  la  realización  de  los  trámites  de  audiencia  e  información 
pública. Se regula el plazo mínimo para la realización de estos trámites y se establecen 
los supuestos en los que podrán omitirse.
A continuación se exigirán los informes preceptivos y aquellos otros que se estimen 
oportunos, emitiéndose en último lugar el informe de la Dirección General de Servicios 
Jurídicos y, cuando sea necesario, el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
Una vez cumplidos todos los trámites, se elevará a su aprobación por el Gobierno, y  s
posteriormente  se  remitirá  a  las  Cortes  de  Aragón.  A  tal  efecto,  se  determina  la  oe.
necesidad de acompañar la propuesta normativa de una memoria final que actualizará el  w.
contenido de la memoria justificativa y de la memoria económica, si hubiera habido  700ww
alguSnea  vinatrrioadcuiócne  ecno mla om nisomvead.ad, para una mayor eficacia de la labor administrativa, la
poopsoirbtuilindoa de ld eG ovboielvrenro  ad ere mAritairg óenl , mpirsemvioo  pinrofoyremceto  dae  laloss  Csoerrtveicsi,o ss i juarsííd icloo sc oyn sdidee rlaa   BOE-A-cable e
secretaría general técnica correspondiente, de aquellos proyectos de ley que hubieran 
caducado en las Cortes por haber finalizado de la legislatura.
Otra de las mayores novedades en el procedimiento administrativo es la posibilidad 
de que las iniciativas legislativas o reglamentarias sigan una tramitación de urgencia, en 
cuyo  caso  se  reducen  a  la  mitad  los  plazos,  se  simplifica  la  memoria,  no  siendo 
preceptiva la consulta pública previa y no interrumpiendo el impulso del procedimiento la 
no emisión en plazo de los informes preceptivos. Todo ello sin perjuicio del procedimiento 
simplificado para los Decretos Leyes cuya extraordinaria y urgente necesidad deberá 
estar debidamente justificada.
En  definitiva,  se  adecua  el  procedimiento  administrativo  de  elaboración  de 
disposiciones normativas a las exigencias de la legislación básica con el objetivo de 
contribuir a una mayor claridad del mismo, todo ello para garantizar una mayor seguridad 
jurídica y la participación de los ciudadanos en un procedimiento tan importante como es 
la elaboración de normas que inciden en la vida de la ciudadanía.
Artículo único.  Modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón.
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 16 del artículo 4, que quedan redactados de la 
siguiente manera:
«1)  Representar a la Comunidad Autónoma de Aragón en las relaciones con 
otras instituciones del Estado y del ámbito internacional, así como firmar los 
convenios y acuerdos de cooperación en los que así se determine.»
«16)  Nombrar  al  Secretario  o  Secretaria  General  de  la  Presidencia  y  a 
aquellos  otros  altos  cargos  de  la  Comunidad  Autónoma  que  determine  el 
ordenamiento jurídico.»
Dos.  Se modifica el apartado 24 del artículo 12, que tendrá la siguiente redacción:
«24)  Autorizar la celebración de convenios.»
Tres.  El artículo 23 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 23.  Comisión de Secretarias y Secretarios Generales Técnicos.
1.  La  Comisión  de  Secretarias  y  Secretarios  Generales  Técnicos  estará 
integrada por la o el Secretario General de la Presidencia, las y los secretarios 
generales  técnicos  y  miembros  del  Gobierno  que  designe  el  Gobierno.  La 
Comisión aprueba sus normas de funcionamiento.
2.  La presidencia de la Comisión de Secretarias y Secretarios Generales 
Técnicos se determina por el Gobierno.
3.  Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones 
del Gobierno. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos 
por delegación del Gobierno.»
Cuatro.  Se añaden tres nuevos apartados 6, 7 y 8 al artículo 25, que tendrán la 
siguiente redacción:
«6.  Todos los cargos de confianza cesarán automáticamente cuando cese la  es
autoridad que los nombró. o
7.  Cada uno de los miembros del Gobierno podrá disponer también de una  700ww
Psseereccsrr8eei.dtt aaerrnEííaacl is ap p,pa eardtrriscetiouc nullaaalarsl. r edvsei c seeaprpároe ydsoied seingnonc iaaedsvo e olnib turdeaeml  elaondstse c dpreiotopr  alaratsa  mlpoeesrn stgooansba isen netitttreuesla  rpyee sr asd oenl aalasl    OE-A-2021-12able en https://
funcionario  o  laboral  de  las  Administraciones  públicas,  con  arreglo  a  lo  que
dispongan  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  y  de  acuerdo  con  las 
consignaciones  presupuestarias,  atendiendo,  en  cualquier  caso,  a  criterios 
contrastados de eficacia y austeridad.»
Cinco.  El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30.  Fuero procesal.
El Presidente o la Presidenta y los demás miembros del Gobierno gozarán de 
las prerrogativas reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón.»
Seis.  Se modifica el título VIII, que queda redactado de la siguiente manera:
«TÍTULO VIII
Capacidad normativa del Gobierno de Aragón
CAPÍTULO I
Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley
Artículo 37.  Del ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar 
normas con rango de ley.
1.  El Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Constitución española y el 
Estatuto de Autonomía, ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración y 
aprobación de proyectos de ley.
2.  El Gobierno de Aragón podrá aprobar decretos legislativos y decretos 
leyes  en  los  términos  establecidos  en  la  Constitución  y  en  el  Estatuto  de 
Autonomía de Aragón.
Artículo 38.  Forma.
1.  La iniciativa legislativa del Gobierno se ejercerá mediante la aprobación de 
proyectos de ley para su ulterior remisión a las Cortes de Aragón.
2.  Asimismo, el Gobierno podrá aprobar, previa delegación de las Cortes de 
Aragón, Decretos Legislativos, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. La 
delegación de las Cortes deberá ser expresa, mediante ley, para una materia 
concreta, con la determinación de un plazo cierto para ejercerla. En ningún caso 
cabrá delegación legislativa para la aprobación del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma, la regulación esencial de los derechos reconocidos por el Estatuto, el 
desarrollo básico de sus Instituciones o el régimen electoral.
3.  Los Decretos-leyes se elaborarán y aprobarán por el Gobierno en los 
supuestos de necesidad urgente y extraordinaria, de acuerdo con el Estatuto de 
Autonomía. No serán objeto de regulación por Decreto-ley el desarrollo de los 
derechos,  deberes  y  libertades  de  los  aragoneses  y  aragonesas  y  de  las 
instituciones reguladas en el Estatuto de Autonomía, el régimen electoral, los 
tributos y el presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo 39.  Proyecto de Ley de Presupuestos. s
1.  El  procedimiento  de  elaboración  de  la  Ley  de  Presupuestos  de  la  w.
Comunidad Autónoma de Aragón será el establecido en la Ley de Hacienda de la  700ww
Com2u. nidLaad  tAraumtóitnaocmióan. parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos se
realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de
las Cortes de Aragón. En todo caso, las enmiendas que supongan minoración de 
ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación.
CAPÍTULO II
Potestad reglamentaria
Artículo 40.  Del ejercicio de la potestad reglamentaria.
1.  El Gobierno de Aragón es el titular de la potestad reglamentaria. No 
obstante, los miembros del Gobierno podrán ejercer la potestad reglamentaria 
cuando así les habilite para ello una ley o disposición reglamentaria aprobada por 
el Gobierno.
2.  El Gobierno, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, está facultado 
para regular todas las materias de competencia de la Comunidad Autónoma, con 
excepción de las reservadas a la ley, así como para dictar normas en desarrollo y 
aplicación de las leyes.
3.  Las disposiciones reglamentarias no podrán tipificar infracciones penales ni 
administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u 
otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin 
perjuicio de su función de desarrollo de la ley o norma con rango de ley.
4.  El Presidente o la Presidenta del Gobierno de Aragón podrá dictar las 
disposiciones reglamentarias sobre la estructura organizativa de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, así como respecto de las funciones ejecutivas que se 
hubiese podido reservar y cualesquiera otras disposiciones reglamentarias en 
aquellos supuestos que le habilite para ello la ley u otra disposición reglamentaria 
aprobada por el Gobierno.
5.  Las Comisiones Delegadas del Gobierno podrán dictar disposiciones de 
carácter  general  cuando  les  habilite  para  ello  el  Gobierno  en  su  decreto  de 
creación, dentro del ámbito propio de su competencia.
6.  Las personas titulares de las vicepresidencias y de los departamentos 
podrán aprobar las correspondientes disposiciones reglamentarias en asuntos de 
orden interno en las materias de su competencia. Igualmente, podrán ejercer la 
potestad reglamentaria cuando así les habilite para ello una ley o disposición 
reglamentaria aprobada por el Gobierno.
7.  Las resoluciones, circulares o instrucciones emitidas por los órganos de la 
Administración  no  tendrán  la  consideración  en  ningún  caso  de  disposiciones 
dictadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
8.  La potestad reglamentaria no es susceptible de delegación.
Artículo 41.  Forma de las disposiciones del Gobierno y de sus miembros.
1.  Las disposiciones de carácter general emanadas del Gobierno de Aragón 
o del Presidente o Presidenta adoptarán la forma de Decreto, de conformidad con 
los artículos 1.4 y 19.
2.  Las disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno adoptarán la 
forma de Orden.
3.  Las disposiciones de carácter general emanadas de las personas titulares 
de las vicepresidencias y de los departamentos tendrán la forma de Orden. es
Artículo 42.  Principio de jerarquía de los reglamentos. 700www.
Esta1t.u toL odse  reAgulatmoneonmtoísa , nola sp odleráyens v, ullnaes ranr olrom easst abcloenc idroa negno  lad Ce onlesyti tuuc ióont,r oesl 
reglamentos jerárquicamente superiores.
2.  Los reglamentos se ordenan jerárquicamente según los órganos de los 
que emanen, de la siguiente forma:
a)  Disposiciones aprobadas por el Presidente o la Presidenta del Gobierno o 
por el Gobierno.
b)  Disposiciones aprobadas por las Comisiones Delegadas del Gobierno.
c)  Disposiciones aprobadas por las personas titulares de las vicepresidencias 
y los departamentos.
CAPÍTULO III
Principios de buena regulación y planificación normativa
Artículo 43.  Principios de buena regulación.
1.  En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el 
Gobierno de Aragón y sus miembros actuarán de acuerdo con los principios de 
buena regulación recogidos en la legislación básica del Estado.
2.  Son principios de buena regulación los siguientes: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  que  incluye  la  claridad  de  la  norma, 
transparencia y eficiencia.
3.  En la exposición de motivos de los anteproyectos de ley o en la parte 
expositiva de los proyectos de reglamento, así como en las correspondientes 
memorias justificativas, se deberá justificar su adecuación a dichos principios.
4.  A  fin  de  garantizar  el  principio  de  seguridad  jurídica,  las  cláusulas 
derogatorias deberán indicar, de manera clara y expresa, las normas completas o 
los  preceptos  concretos  que  pierden  su  vigencia  con  la  nueva  disposición, 
evitando las cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente.
5.  La redacción de los textos legislativos utilizará un lenguaje integrador y no 
sexista.
Artículo 44.  Plan Anual Normativo.
1.  El Gobierno aprobará anualmente, mediante acuerdo, un Plan Normativo 
que recogerá todas las iniciativas legislativas y reglamentarias que, durante el año 
siguiente, vayan a ser elevadas para su aprobación.
2.  El Plan será aprobado durante el último trimestre del año anterior y se 
publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.
3.  Cuando se eleve para su aprobación una propuesta normativa que no 
figure en el Plan Anual Normativo del ejercicio en curso, será necesario justificar 
este hecho en la memoria justificativa.
4.  Anualmente, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente, el Gobierno de 
Aragón aprobará un informe en el que se recogerá el grado de cumplimiento del 
Plan Normativo del año anterior.
Artículo  45.  Evaluación  normativa  y  adaptación  a  los  principios  de  buena 
regulación.
1.  Los departamentos proponentes de las iniciativas, en coordinación con el 
departamento competente en materia de calidad normativa, decidirán cuáles de  e.e
las normas incluidas en el Plan Anual Normativo que se eleve para su aprobación  b
serán  objeto  de  evaluación  posterior.  Dicha  evaluación  tendrá  por  objeto  700ww
aco lmosp rporbinacr iepli ogsr addeo  bduee cnuam rpelgimuliaecnitóon d, eto lodso  oeblljoe tidveo sa pcueersredgou cidoons  lyo  spur eavdisetcou aecni ólan 
legis2l.a ciEónl  rbeássuilctaad doe dl eE slata edvoa.luación de las normas seleccionadas se plasmará en
un informe que también incorporará, en su caso, el impacto económico derivado
de  su  aplicación.  Dicho  informe  se  publicará  anualmente  en  el  Portal  de 
Transparencia del Gobierno de Aragón.
3.  La normativa vigente, atendiendo a los resultados de la evaluación, podrá 
ser  objeto  de  revisión  y  adaptación  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los 
principios de buena regulación.
CAPÍTULO IV
Procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos
Artículo 46.  Iniciativa.
1.  La  iniciativa  para  la  elaboración  de  las  disposiciones  normativas 
corresponde a los miembros del Gobierno en función de la materia objeto de 
regulación, que designará el órgano directivo al que corresponderá el impulso del 
procedimiento.
2.  En el caso de los anteproyectos de ley sobre Derecho foral civil aragonés, 
el  Gobierno  de  Aragón  podrá  encomendar  su  elaboración  a  la  Comisión 
Aragonesa de Derecho Civil.
Artículo 47.  Consulta pública previa.
1.  Una vez aprobada la orden de inicio, y con carácter previo a la elaboración 
del proyecto de reglamento o de ley, se abrirá un período de consulta pública para 
recabar la opinión de las personas y organizaciones que puedan verse afectadas 
por la futura norma sobre:
a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c)  Los objetivos de la norma.
d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2.  La consulta pública durará un  mínimo  de  quince  días naturales y un 
máximo  de  treinta  días  naturales,  y  se  hará  efectiva  a  través  del  Portal  de 
Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.
3.  Podrá  prescindirse  del  trámite  de  consulta  pública  en  los  siguientes 
supuestos:
a)  Cuando se trate de normas organizativas o presupuestarias.
b)  Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c)  Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la 
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o 
regule aspectos parciales de una materia.
d)  En el caso de la tramitación urgente de la norma.
4.  La concurrencia de alguna o varias de las razones previstas en el apartado 
anterior deberá motivarse en la memoria justificativa.
Artículo 48.  Elaboración de la disposición normativa.
1.  El órgano directivo competente procederá a elaborar un borrador de la  e.
disposición  normativa,  elaborado  de  acuerdo  con  las  directrices  de  técnica  w.b
normativa del Gobierno de Aragón, acompañado de una memoria justificativa que  700ww
creognutaela)n cdiórUánn:.a  justificación  del  cumplimiento  de  todos  los  principios  de  buena  OE-A-2021-12able en https://
b)  Un análisis de la adecuación de los procedimientos administrativos que en 
ella se incluyan a las exigencias derivadas de su tramitación electrónica.
c)  Las aportaciones obtenidas en la consulta pública, en caso de haberse 
realizado, señalando los autores y el sentido de sus aportaciones.
d)  El impacto social de las medidas que se establezcan, que incluirá el 
análisis de la nueva regulación desde el punto de vista de sus efectos sobre la 
unidad de mercado.
e)  Cualquier otra consideración que se estime de especial relevancia.
2.  Desde  la  perspectiva  de  la  simplificación  administrativa,  la  memoria 
justificativa descrita en el apartado anterior incluirá también:
a)  La  motivación  y  razones  por  las  que  se  establezca  el  régimen  de 
autorización  o  licencia,  declaración  responsable  o  comunicación,  cuando  la 
disposición normativa regule cualquier forma de intervención administrativa sobre 
la actividad de los particulares.
b)  En  el  caso  de  normas  con  rango  de  ley  que  prevean  de  manera 
excepcional el mantenimiento de autorizaciones o licencias previas por razones de 
interés general, la memoria deberá concretar expresamente las razones de interés 
general que justifiquen el régimen de intervención que establezca, especificando 
los daños para los intereses generales, ponderándolos con los legítimos intereses 
de sus destinatarios.
c)  En el caso de normas con rango de ley que establezcan de manera 
excepcional el sentido desestimatorio del silencio, la memoria deberá concretar 
expresamente  las  razones  de  interés  general  que  justifiquen  el  sentido 
desestimatorio del silencio, especificando los daños para los intereses generales, 
ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
d)  En el caso de normas con rango de ley que establezcan de manera 
excepcional un plazo de resolución de entre tres y seis meses, la memoria deberá 
concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el plazo 
que  se  establezca,  especificando  los  daños  para  los  intereses  generales, 
ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
e)  En el caso de normas con rango de ley que establezcan de manera 
excepcional un plazo de emisión de informes y dictámenes superior a diez días, la 
memoria  deberá  concretar  expresamente  las  razones  de  interés  general  que 
justifiquen el plazo que se establezca, especificando los daños para los intereses 
generales, ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
f)  Cuando  la  disposición  normativa  regule  procedimientos  y  servicios,  la 
memoria  justificativa  incorporará  una  breve  descripción  de  las  siguientes 
cuestiones:
1.ª  Los canales para la presentación de las solicitudes y los criterios para 
establecerlos y para fijar el plazo de resolución.
2.ª  El volumen estimado de solicitudes.
3.ª  Las razones para exigir la concreta documentación que ha de aportarse 
con la solicitud, así como las que determinen que la Administración actuante no 
prevea la consulta u obtención por ella misma de los datos o documentos exigidos 
o la aportación en un momento posterior de la tramitación.
4.ª  El flujo de tramitación del procedimiento administrativo electrónico y el  s
tipo de datos que se van a gestionar en los sistemas de información. oe.
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6.ª  Como anexo a la memoria deberán incluirse, en su caso, los modelos de
declaración responsable.
3.  Se incorporará también una memoria económica con la estimación del 
coste económico a que dará lugar la implantación de las medidas contenidas en la 
disposición normativa en tramitación y, en caso de que implique un incremento del 
gasto  o  disminución  de  los  ingresos,  presentes  o  futuros,  deberá  detallar  la 
cuantificación y valoración de sus repercusiones.
4.  Los proyectos de disposiciones normativas deberán ir acompañados de la 
siguiente documentación:
a)  Un informe de evaluación de impacto de género, que deberá contemplar 
en  todos  los  casos  los  indicadores  de  género  pertinentes  y  los  mecanismos 
destinados  a  analizar  si  la  actividad  proyectada  en  la  norma  podría  tener 
repercusiones positivas o adversas, así como las medidas dirigidas a paliar y 
neutralizar  los  posibles  impactos  negativos  que  se  detecten,  para  reducir  o 
eliminar las desigualdades detectadas, promoviendo de este modo la igualdad. El 
informe de evaluación de impacto de género, que será elaborado por la unidad de 
igualdad adscrita a la secretaría general técnica del departamento proponente, 
incorporará una evaluación sobre el impacto por razón de orientación sexual, 
expresión o identidad de género.
b)  En el caso de disposiciones normativas que puedan afectar a personas 
con discapacidad, un informe de la unidad de igualdad adscrita a la secretaría 
general  técnica  del  departamento  proponente  sobre  impacto  por  razón  de 
discapacidad, que analice los posibles efectos negativos y positivos sobre las 
mismas y establezca medidas que desarrollen el derecho de igualdad de trato.
c)  Cualesquiera otros informes que pudieran resultar preceptivos conforme a 
la legislación sectorial.
5.  Una vez elaborada la documentación citada en los apartados anteriores, 
se  emitirá  informe  de  la  secretaría  general  técnica  del  departamento  al  que 
pertenezca el órgano directivo impulsor de la disposición, en el que se realizará un 
análisis jurídico procedimental, de competencias y de correcta técnica normativa, 
así como cualquier otra circunstancia que se considere relevante.
Artículo 49.  Puesta en conocimiento del Gobierno.
Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley, la persona titular 
del departamento competente por razón de la materia elevará al conocimiento del 
Gobierno de Aragón la iniciativa, a fin de que este decida sobre los ulteriores 
trámites y, en particular, sobre las consultas, procesos participativos, dictámenes e 
informes que resulten convenientes, así como los términos de su realización, sin 
perjuicio  de  los  legalmente  preceptivos.  Cuando  razones  de  urgencia  así  lo 
aconsejen, podrá prescindirse de este trámite.
Artículo 50.  Procesos de deliberación participativa.
Los anteproyectos de ley que afecten a derechos civiles, políticos y sociales 
incluirán,  con  carácter  general,  un  proceso  de  deliberación  participativa  de 
acuerdo con lo previsto en la legislación sobre participación ciudadana. En el caso 
de que resulte improcedente o imposible llevar a cabo este proceso, se motivará 
adecuadamente en la memoria justificativa.
Artículo  51.  Información  pública  y  audiencia  en  el  ejercicio  de  la  potestad  w.b
reglamentaria. 700ww
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cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos
fines guarden relación directa con su objeto. Este trámite se completará con el de 
información  pública  en  virtud  de  resolución  del  órgano  directivo  impulsor  del 
procedimiento, que se publicará en el «Boletín Oficial de Aragón».
2.  La audiencia e información pública tendrán un plazo mínimo de quince 
días hábiles desde la notificación o publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", 
según proceda.
3.  El  centro  directivo  competente  emitirá  un  informe  de  análisis  de  las 
alegaciones formuladas en la información pública y audiencia, con las razones 
para su aceptación o rechazo, que será objeto de publicación en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Aragón.
4.  Los trámites de audiencia e información pública podrán omitirse en los 
siguientes supuestos:
a)  Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas.
b)  Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
La concurrencia de alguna o varias de estas razones deberá motivarse en la 
memoria justificativa.
Artículo 52.  Informes y memoria explicativa de igualdad.
1.  El centro directivo someterá el texto de toda disposición normativa legal o 
reglamentaria,  antes  de  su  aprobación,  a  todo  informe  y  dictamen  que  sea 
preceptivo, así como a aquellos informes que se consideren oportunos.
2.  En el caso de que la disposición normativa legal o reglamentaria, implique 
un incremento del gasto o disminución de los ingresos presentes o futuros, deberá 
solicitarse un informe preceptivo del Departamento competente en materia de 
hacienda.
3.  El centro directivo remitirá el texto a las secretarías generales técnicas de 
los  departamentos  afectados  para  que  formulen  las  sugerencias  oportunas 
simultáneamente  con  los  trámites  de  audiencia  e  información  pública  cuando 
procedan  y,  en  su  caso,  a  cualesquiera  otros  órganos  de  consulta  y 
asesoramiento.
4.  El órgano directivo deberá elaborar una memoria explicativa de igualdad, 
que explique detalladamente los trámites realizados en relación con la evaluación 
del impacto de género y los resultados de la misma.
5.  A  continuación,  la  disposición  normativa  será  sometida  a  informe 
preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos, salvo que se trate de 
disposiciones reglamentarias de organización competencia de la persona titular de 
la Presidencia.
6.  Recibidos todos los informes previos necesarios, se recabará dictamen del 
Consejo Consultivo de Aragón cuando así esté previsto en la normativa aplicable.
Artículo 53.  Aprobación.
1.  Una vez cumplidos los trámites anteriores, se elaborará una memoria final 
que  actualizará  el  contenido  de  la  memoria  justificativa  y  de  la  memoria 
económica, si hubiera habido alguna variación en las mismas, y se acompañará al 
anteproyecto  de  ley  o  proyecto  de  disposición  general  para  su  posterior 
aprobación.  La  persona  titular  del  departamento  competente  por  razón  de  la  e.
materia lo elevará al Gobierno, cuando proceda, para su aprobación. w.b
2.  En el caso de los proyectos de ley, se remitirán a las Cortes de Aragón  700ww
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com3o.  deE llo Gs oobpioerrtnuon opso idnrfáo rrmeteirsa pr reelc perpotiyveocst.o de ley en cualquier momento de su
tramitación, siempre que no hubiera recaído acuerdo final de las Cortes.
4.  Si la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley caduca por haber 
finalizado la legislatura, el Gobierno, previo informe de la persona titular de la 
secretaria general técnica del departamento competente por razón de la materia y 
de la Dirección General de Servicios Jurídicos, en el plazo de seis meses desde 
su constitución, puede volver a aprobar el mismo texto que haya presentado y 
remitirlo de nuevo a las Cortes sin necesidad de más trámites.
Artículo 54.  Tramitación de urgencia.
1.  Las iniciativas normativas legales o reglamentarias se tramitarán por el 
procedimiento de urgencia cuando así lo acuerde justificadamente el Gobierno en 
los siguientes supuestos:
a)  Cuando concurran circunstancias extraordinarias de interés público.
b)  Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo 
exigido para la transposición de directivas comunitarias o en el establecido en 
otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea, del Estado o de la 
Comunidad Autónoma.
2.  La tramitación urgente seguirá los trámites del procedimiento ordinario 
contemplado en este capítulo con las siguientes especialidades:
a)  No será sometido a la consulta pública previa a la elaboración.
b)  La memoria justificativa podrá limitarse a la justificación de la necesidad y 
oportunidad de la disposición, así como de la urgencia de su tramitación.
c)  No será necesario dar conocimiento al Gobierno con carácter previo a su 
aprobación en el caso de los anteproyectos de ley.
d)  La reducción a la mitad de los plazos previstos, salvo los de audiencia e 
información pública que quedarán reducidos a siete días hábiles.
e)  La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no 
impedirá  la  continuación  del  procedimiento,  sin  perjuicio  de  su  eventual 
incorporación y consideración cuando se reciba.
f)  Estas iniciativas normativas serán objeto de tramitación preferente en los 
centros directivos correspondientes.
Artículo 55.  Decretos-leyes.
1.  Los Decretos-leyes contendrán una exposición de motivos donde deberán 
justificarse las razones de necesidad urgente y extraordinaria de la norma.
2.  El Gobierno de Aragón podrá aprobarlos limitándose los trámites exigibles 
al informe preceptivo que debe emitir la Dirección General de Servicios Jurídicos.
Artículo 56.  Decretos Legislativos.
1.  El  procedimiento  de  elaboración  de  los  Decretos  Legislativos  será  el 
previsto para los proyectos de ley, con la excepción de la toma en conocimiento 
inicial.
2.  No  procederán  los  trámites  de  consulta  pública  previa,  audiencia  e 
información pública ni los procesos participativos en los procedimientos para la 
aprobación de Decretos Legislativos. s
Artículo 57.  Información de relevancia jurídica. w.
PortLaal sd en oTrrmanassp aqrueen ceiast édne l eGno pbrieorcneod idmei eAnrtaog ódne  deela cboonrafocriómnid saed  pcounb lilcoa dráisnp ueens teol 
Pena rtlaic ipLaecyi ó8n/2 C0i1u5d,a ddaen 2a5 d ed eA rmagaórzno., de Transparencia de la Actividad Pública y
Artículo 58.  Publicidad de las normas.
1.  Las  leyes,  normas  con  rango  de  ley  y  disposiciones  reglamentarias 
deberán publicarse en el "Boletín Oficial de Aragón" para que produzcan efectos 
jurídicos y entrarán en vigor a los veinte días desde su completa publicación, salvo 
que en ellos se establezca un plazo distinto.
2.  Las leyes y normas con rango de ley deberán, además, ser publicadas en 
el "Boletín Oficial del Estado".
Artículo 59.  Control judicial de los reglamentos.
Los reglamentos regulados en el presente título podrán impugnarse ante la 
jurisdicción  contencioso-administrativa,  sin  perjuicio  del  control  que  pueda 
corresponder al Tribunal Constitucional.»
Siete.  Se modifica la letra a) del apartado 2 de la disposición adicional quinta, que 
queda redactada en los siguientes términos:
«a)  El Secretario o Secretaria General de la Presidencia, las secretarias y 
secretarios generales técnicos, directores y directoras generales y asimilados a 
ellos.»
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio del procedimiento de elaboración 
de normas.
Los procedimientos de elaboración de normas que estuvieran iniciados a la entrada 
en vigor de la presente ley se regirán por la legislación anterior. A estos efectos se 
entenderá  que  los  procedimientos  han  sido  iniciados  si  se  hubiere  aprobado  la 
correspondiente orden de inicio de los mismos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.
Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  8/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
El apartado 5 del artículo 54 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de 
la  Actividad  Pública  y  Participación  Ciudadana  de  Aragón,  queda  redactado  de  la 
siguiente manera:
«5.  La  elaboración  de  planes  o  programas  de  carácter  plurianual  y  los 
programas  operativos  en  el  marco  de  la  utilización  de  los  fondos  europeos 
incluirán con carácter general un proceso de deliberación participativa. En caso de 
que resulte improcedente o imposible llevar a cabo este proceso, se motivará 
adecuadamente.»
Disposición final segunda.  Delegación legislativa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y  s
artículos concordantes de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, se autoriza al Gobierno de  oe.
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integrador.
Disposición final tercera.  Desarrollo de la ley.
Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Aragón».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la 
cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza, 29 de junio de 2021.–El Presidente de Aragón, Javier Lambán Montañés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 140, de 2 de julio de 2021)