BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41626
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6341 Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y  del  Notariado,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  calificación  de  la 
registradora de la propiedad de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se 
suspende  la  inscripción  de  una  escritura  de  préstamo  con  garantía 
hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Carlos José Sanz Izquierdo, notario de Vilanova i la 
Geltrú, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Vilanova i la Geltrú 
número 2, doña María del Pilar Rodríguez Álvarez, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el 4 día de julio de 2019 ante el notario de Vilanova i la 
Geltrú, don Carlos José Sanz Izquierdo, con el número 777 de protocolo, se formalizó un 
préstamo,  concedido  por  «Banco  de  Sabadell,  S.A.»,  a  dos  personas  físicas  para 
adquisición de una vivienda; y en garantía del mismo se constituyó hipoteca sobre dicha 
finca.
En tal escritura el notario expresaba lo siguiente:
«Acta del artículo 15 de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Yo, el Notario, hago constar:
– Que tal y como consta en acta por mí autorizada el día 2 de julio de 2019, con el 
número  767  de  protocolo,  los  prestatarios  y,  en  su  caso,  los  fiadores  y  garantes 
hipotecarios han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento prescritos en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de 
Crédito Inmobiliario, a los efectos de cumplir con el principio de transparencia en la 
concesión de préstamos inmobiliarios, en su vertiente material (…)».
II
Presentada telemáticamente el mismo día 4 de julio de 2019 copia autorizada de 
dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Sitges, fue objeto de la siguiente nota 
de calificación:
«Calificado el precedente documento, el Registrador de la Propiedad que suscribe, 
ha resuelto suspender la inscripción de la hipoteca solicitada por los siguientes hechos y 
fundamentos de derecho:
Antecedentes de hecho s
Primero. w.
PropCieodna dfe nch.ºa 2  4d ed Ve iljaunlioov ad ei  la2 0G1e9l trsúe,  epsrcersiteunrató a utetolermizaádticaa pmoer netle n oetna reiol  dRee Vgiislatrnoo vdae i  llaa 
cGoenlt rdúo ds odnil iCgeanrlcoisa sJ oesxéte Sndaindza sIz pqourie erdl om, iseml 4o  dneo tjaurliioo  ldoes  2d0ía1s9 ,1 p7r odteo cjuollioo  7y7 277/2 0d1e9 a, gjuonsttoo 
de 2019, en la que los cónyuges don I. J. S. E. y doña G. R. V. constituyen hipoteca a
favor de Banco de Sabadell, S.A. sobre la finca 55.125 de esta demarcación registral. 
Dicho documento causó el asiento de presentación número 1996 del diario 25.
Segundo.
Se  suspende  la  inscripción  porque  falta  la  manifestación  por  parte  del  notario 
autorizante conforme [sic] no existen discrepancias entre las condiciones de la oferta 
vinculante y las estipulaciones de la adjunta escritura, ni se acompaña la Ficha Europea 
de Información Normalizada –FEIN– al objeto de poder realizar dicha comprobación.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 2 y 98 de la Ley Hipotecaria y 143 de su Reglamento.
Según el artículo 29 de la Orden EFTA 2899/11: «las cláusulas de los documentos 
contractuales no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar el contenido de la FEIN»; 
añadiendo  su  artículo  30.3.a  que  «el  notario  debe  comprobar  y  advertir  antes  de 
autorizar la escritura si existen discrepancias entre las condiciones de la oferta vinculante 
y el documento contractual finalmente suscrito», por lo que la falta de dicha constancia 
debería implicar la suspensión del despacho ya que conforme al artículo 83 de la 
LGDCU son nulas las cláusulas incorporadas de modo no transparente en perjuicio de 
los consumidores.
El hecho que el artículo 15.7 de la LCI, al hablar del contenido del acta notarial de 
transparencia, no exija que se indique esa concordancia, no es óbice para que se haga 
constar en la escritura de préstamo hipotecario porque los antes citados artículos se 
refieren a la escritura de formalización del crédito no a la reseña del acta, en la cual tal 
comprobación no ha podido hacerse al ser previa.
Tampoco serán objeto de inscripción las siguientes cláusulas: (…)
Por todo ello resuelvo,
Suspender la inscripción de hipoteca solicitada por las razones antes advertidas.
Esta  calificación  será  notificada  en  el  plazo  de  diez  días  desde  su  fecha  al 
presentante y al notario autorizante del documento, de conformidad con los artículos 322 
de la Ley Hipotecaria y 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
La anterior nota de calificación negativa podrá (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por María Pilar 
Rodríguez Álvarez registrador/a de Registro Propiedad de Vilanova i la Geltrú 2 a día 
dieciocho de septiembre del año dos mil diecinueve».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Carlos José Sanz Izquierdo, notario de 
Vilanova i la Geltrú, interpuso recurso el día 17 de octubre de 2019 mediante escrito con 
los siguientes fundamentos jurídicos:
«La cuestión esencial que se dirime es la subsistencia de la obligación establecida 
en la citada orden EHA 2899/2011, conforme a la interpretación dada por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en los términos que afirma el Registrador [sic].
La respuesta afirmativa es la primera que, aparentemente, se impone.
Efectivamente,  la  citada  Orden,  a  pesar  de  haber  sido  modificada  como  e.
consecuencia de la entrada en vigor de la ley 5/2019, no lo ha sido en los dos artículos  w.
invocados por el Registrador, esto es, el 29 y el 30. 41ww
otraLs ac uceitsatdioan Oesr,d eenn ,l otr aresl alati veon:trada en vigor de la ley 5/2019 ha sido modificada, entre
– Al objeto (artículo 1),
– Ámbito de aplicación (artículo 2),
– El Capítulo II, que de referir a Créditos, préstamos y servicios de pago, en su 
redacción original, pasa a denominarse "normas relativas a los créditos y préstamos 
inmobiliarios" regulados por la Ley 5/2019 de 15 de marzo, modificando su ámbito de 
aplicación, acotándolo al ámbito contemplado en el artículo 2 de la Ley 5/2019 de 15 de 
marzo,
– El artículo 22, antes referido a la Ficha de Información Personalizada (FIPER) y 
ahora regulador de la Ficha de Advertencias estandarizadas (FIAE) - O la derogación del 
artículo 23, relativo a la Oferta Vinculante.
Deja sin embargo subsistente sin enmienda ni modificación alguna los artículos 29 
y 30.
Dichos artículos, por su parte, fueron objeto de diversas resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado (resoluciones de 13 de septiembre y 18 
noviembre 2013, 5 febrero 2014, 12 de marzo, 9 de octubre y 10 diciembre 2015 o 14 de 
julio 2017, entre otras) en los que se establece, en resumen, que quedan sujetos a 
calificación  registral  a  efectos  de  comprobar  si  ha  sido  cumplido  el  principio  de 
transparencia establecidos en la normativa vigente, entre otras, la incorporación de la 
cláusula manuscrita o la FIPER, para el caso de ser necesarias, o la aseveración notarial 
de haberse cumplido con las obligaciones establecidas por la Orden EHA 2899/11 de 28 
de octubre.
Consecuentemente, se puede pensar, y es la tesis que subyace en la calificación 
registral, que si la citada Orden ha sido adaptada a la nueva legislación, entre otros 
puntos, en los apartados citados y sin embargo no lo ha sido en los artículos 29 y 30, 
éstos  quedan  plenamente  vigentes  y  aplicables,  tanto  más  cuando  el  epígrafe  del 
Capítulo II, en el que se enmarcan dichos artículos, ha sido modificado y de ser "Normas 
relativas a los créditos y préstamos hipotecarios" ha pasado a "Normas relativas a los 
créditos y préstamos inmobiliarios regulados por la Ley 5/2019 de 15 de marzo" y 
haciendo coincidir el artículo 19 de la Orden, tras la reforma del 2019, su ámbito de 
aplicación con el de la Ley 5/2019 de 15 de marzo.
Derivativamente, manteniéndose intactos dichos artículos, parece ser plenamente 
aplicable y consecuentemente plenamente vigente la doctrina sentada respecto de los 
mismos por la Dirección General de los Registros y del Notariado en las Resoluciones 
citadas, entre otras.
Y  sin  embargo,  esta  interpretación  supone  desconocer  el  principio  de  jerarquía 
normativa.
La jerarquía normativa, consagrada como principio básico de un Estado de Derecho 
en el artículo 9.3 de la Constitución Española vigente supone que la normativa inferior no 
puede desconocer la normativa de rango superior y debe en consecuencia respetarla. 
Consecuentemente, la normativa inferior que contravenga una disposición superior se 
entiende tácitamente derogada, si no lo ha sido expresamente. Lógica consecuencia es 
que las interpretaciones al amparo de dicha normativa inferior tienen que decaer en la 
medida que contravengan la normativa superior.
La evidencia de lo expuesto exige en consecuencia, la reinterpretación de aquellos 
artículos de la Orden Ministerial que contravengan la normativa superior.
Y en este sentido, resultan cuando menos sorprendentes algunas afirmaciones de 
los citados artículos 29 y 30 de la meritada Orden Ministerial, reformada para adecuarla 
en algunas apartados a la Ley 5/2019 y que sin embargo se mantiene intacta en otros 
puntos que son contradictorios con la nueva legislación. Así, por ejemplo:
– Los artículos 29 y 30 siguen hablando de la FIPER (hoy inexistente en el ámbito de  bo
la Ley 5/2019 y sustituida por la FEIN. Sin embargo sigue manteniéndose en la dicción  41ww
lpeognael re na  dsiuc hdoissp aorstíiccuiólons l aq uFei c"hhaa yd qeu Ien fionrfomramcaiór na lP celiresnotnea dliez alad ao"b, licguaacniódno  dees ltaa  eonbtliidgaadc idóen 
Iensm iombpiloiasriibolse,  ddiech ocu dmopculirm eenn tola h am deedjiaddao  edne  eqxuies,t ire).n el ámbito de la Ley de Créditos
– El artículo 30 sigue diciendo, en los préstamos a interés variable, que hay que 
comprobar si el cliente ha recibido la información prevista en los artículos 24, 25 y 26 (de 
la Orden) cuando el artículo 25, referido a Cláusulas suelo y techo, ha sido dejado sin 
contenido.
– El  mismo  artículo  sigue  manteniendo  que  el  notario  debe  advertir  si  se  han 
establecido cláusulas suelo o techo, cuando éstas en el ámbito de la citada ley han sido 
prohibidas, según dispone el artículo 21.3 de la Ley 5/2019 ("En las operaciones con tipo 
de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés").
– El hablar de advertencias a realizar cuando el préstamo no esté denominado en 
euros cuando actualmente este criterio está superado y sustituido por cuando se trate de 
un préstamo en moneda extranjera, entendiendo préstamo por moneda extranjera con 
los criterios del artículo 29 de la Ley, y no porque el préstamo no esté denominado en 
euros, ya que un préstamo puede estar denominado en euros y ser moneda extranjera 
para el prestatario.
– O en general, el reconducir a la escritura el control de la legalidad respecto al 
principio de transparencia que debe realizar el notario, de donde deriva la necesidad de 
advertencias,  comprobaciones  e  incorporación  de  documentos  en  dicha  escritura, 
cuando actualmente el control de transparencia notarial se realiza por una doble vía: por 
un lado, por el otorgamiento del acta regulada en el artículo 15 de la Ley 5/2019 y por 
otro, por la constancia en la escritura de las menciones exigidas por la ley.
Los puntos citados se encuentra [sic] tácitamente derogados por la ley 5/2019.
Centrándonos en la calificación registral, todos los criterios y medios establecidos en 
el artículo 30 de la Orden Ministerial para asesorar, advertir al prestatario y cumplir en 
definitiva con el deber de transparencia e información se encuentran superados por los 
criterios establecidos por los artículos 14 y 15 de la Ley. Los plazos, documentación, 
asesoramiento, comprobaciones y demás actuaciones se enmarcan en el seno de la 
Ley 5/2019 y la Orden Ministerial, jerárquicamente, debe respetarla. El hecho de que los 
citados 29 y 30 no se encuentren expresamente derogados no implica que no deban 
respetarse  los  criterios  jerárquicos  y  atenerse  a  la  legislación  vigente,  que  parte 
jerárquicamente de dicha Ley.
Así  pues,  si  los  documentos  a  facilitar,  comprobaciones,  advertencias, 
asesoramiento, etc. actualmente se reconducen al acta y no a la escritura, los criterios 
establecidos por la Dirección General de los registros y del Notariado respecto de las 
menciones y documentos que deben reflejarse en la escritura seguirán vigentes en la 
medida en que no contravengan la normativa actualmente en vigor.
Y no siendo discutible que la calificación registral deba velar asimismo por el principio 
de  transparencia  y  por  tanto,  que  deba  quedar  constancia  en  la  escritura  de  las 
menciones necesarias para que el registrador pueda cumplir con su labor, sí es discutible 
la  vigencia  de  los  criterios  establecidos  por  La  Dirección  General  respecto  de  las 
menciones que debe contener al [sic] escritura.
Actualmente el artículo 15 de la Ley 5/2019 apartado 7 establece las circunstancias 
que el notario debe indicar en la escritura y que son las únicas que quedan sujetas a la 
calificación registral, y que nos permitimos recordar: "En la escritura pública del préstamo 
el notario insertará una reseña identificativa del acta a que se refieren los apartados 
anteriores.
En dicha reseña se expresará el número de protocolo, notario autorizante y su fecha 
de autorización, así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad de que el 
prestatario ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este  e.
artículo". w.b
La nueva legislación, a la que se subordina la legislación inferior y por ende, las  41ww
idnete lrop rqeutea cdioenbees r erecaolgizeard laas e aslc arimtupraa ryo  edlleo  dqiuchead an osurmjeatoti vaa  lain fcearliiofirc, aecsitóanb lreecgeis etrla cl.o Úntneincaid oy 
exclEusl ivparompeion toet.orgamiento de la escritura de préstamo hipotecario implica que se ha
dado  cumplimiento  a  la  labor  de  asesoramiento  y  transparencia  mediante  el
otorgamiento del acta y no hay que hacer ninguna mención adicional, no exigida por la 
ley, tanto más cuanto en la exposición de Motivos de la citada Ley 5/2019 leemos: "… se 
complementa atribuyendo a notario la función de asesorar imparcialmente al prestatario, 
aclarando todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato y de comprobar que 
tanto los plazos como los demás requisitos que permiten considerar cumplido el citado 
principio de transparencia material, especialmente los relacionados con las cláusulas 
contractuales de mayor complejidad o relevancia en el contrato, concurren al tiempo de 
autorizar en escritura pública el contrato de préstamo o crédito hipotecario".
La escritura que recoge las menciones exigidas por el artículo 15 implica que la 
escritura es conforme con la información suministrada. De lo contrario, si la información 
varía, el prestatario no habría recibido en plazo la documentación y asesoramiento 
previstos en la ley, en la medida en que, la documentación y el asesoramiento es de 
unas  determinadas  condiciones  y  si  éstas  han  cambiado,  siendo  sustanciales,  el 
asesoramiento para la escritura de préstamo hipotecario que se formaliza no ha sido 
realizado.
En consecuencia, habiendo entrado en vigor la Ley 5/2019, mantener los criterios 
establecidos por la doctrina de la Dirección general de los registros y del Notariado 
respecto de las menciones que debe contener la escritura o documentos que se deben 
incorporar, a efecto de que el Sr. Registrador califique el cumplimiento del principio de 
transparencia supone desconocer la nueva legislación.
Concluyendo:  El  notario  debe  hacer  constar  en  la  escritura  las  circunstancias 
exigidas por el artículo 15 y la calificación registral debe limitarse a comprobar dicho 
extremo. La omisión de alguna de dichas circunstancias será defecto que impida la 
inscripción y la labor del Registrador se limita a comprobar si constan dichos extremos. 
El otorgamiento de la escritura implica que se ha respetado el principio de transparencia 
material, tanto relativo a plazos como a asesoramiento, así como la concordancia de la 
escritura con la información facilitada. Habiéndose respetado escrupulosamente en la 
escritura que ha determinado la calificación que ahora se recurre las menciones exigidas 
por el artículo 15, se solicita la revocación de la calificación realizada y se ordene la 
inscripción de la presente.»
IV
La  registradora  de  la  Propiedad  emitió  informe  24  de  octubre  de  2019  y,  por 
mantener su calificación, elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 14 y 15 de Ley 5/2019, de 15 de 
marzo,  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario;  83  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; la Directiva 2014/17/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de 
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por 
la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 
1093/2010; 147 del Reglamento Notarial; 29 y 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios; las Sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. C-243/08) y 14  e.
de marzo de 2013 (As. C-415/11); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo  w.b
de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de mayo, 13  41ww
ddee  s2e0p1t4ie; mlab reIn syt r1u8c cdieó nn odveie 2m0b rdee d ed ic2i0e1m3b yre 2 6d ed e2 0m1a9y od,e 3 0la  dDe irjuenccioió yn  8G deen esreapl tideem blores 
Rdee gmisatrrozso , yr edgeul lNadootarari addeo  loasn tec odnitvreartsoass d deu cdraésd ieton  ilnam aopbliicliaacriioó,n  yd lea sla R Leesyo l5u/c2i0o1n9e,s  ddee  1l5a 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero y 8 de junio de 2011, 
23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 2 de 
enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre de 2013, 5 de 
febrero, 23 de julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de marzo de 2015, 19 
de julio de 2018, 13 y 27 de junio y 29 de noviembre de 2019 y 7 de enero de 2020.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formalizó un 
préstamo,  concedido  por  «Banco  de  Sabadell,  S.A.»,  a  dos  personas  físicas  para 
adquisición de una vivienda; y en garantía del mismo se constituyó hipoteca sobre dicha 
finca.
En tal escritura el notario expresa lo siguiente:
«Acta del artículo 15 de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Yo, el notario, hago constar:
– Que tal y como consta en acta por mí autorizada el día 2 de julio de 2019, con el 
número  767  de  protocolo,  los  prestatarios  y,  en  su  caso,  los  fiadores  y  garantes 
hipotecarios han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento prescritos en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de 
Crédito Inmobiliario, a los efectos de cumplir con el principio de transparencia en la 
concesión de préstamos inmobiliarios, en su vertiente material.»
La registradora suspende la inscripción de dicha escritura porque, a su juicio, falta la 
manifestación por parte del notario autorizante sobre la inexistencia de discrepancias 
entre las condiciones de la oferta vinculante y las estipulaciones de la adjunta escritura, y 
no se acompaña la Ficha Europea de Información Normalizada –FEIN– al objeto de 
poder realizar dicha comprobación.
El  recurrente  sostiene  que  el  notario  debe  hacer  constar  en  la  escritura  las 
circunstancias exigidas por el artículo 15 de la Ley 5/2019 y la calificación registral debe 
limitarse a comprobar dicho extremo, de modo que la omisión de alguna de dichas 
circunstancias será defecto que impida la inscripción y la labor del registrador se limita a 
comprobar si constan dichos extremos. Y añade que el otorgamiento de la escritura 
implica  que  se  ha  respetado  el  principio  de  transparencia  material  así  como  la 
concordancia de la escritura con la información facilitada; y en la escritura calificada se 
han respetado las menciones exigidas por el citado artículo 15.
2.  La  cuestión  planteada  ha  sido  ya  resuelta  por  esta  Dirección  General  en 
Resoluciones de 29 de noviembre de 2019 y 7 de enero de 2020, cuyo criterio (también 
expresado  en  la  reciente  Instrucción  de  este  Centro  Directivo  de  20  de  diciembre 
de 2019) debe ahora reiterarse.
La Ley 5/2019 impone a los notarios unos amplios deberes de control de la legalidad 
y la transparencia material del contrato de préstamo, cuyo centro de gravedad se sitúa 
en el acta de información que se debe firmar al menos un día antes del otorgamiento de 
la  escritura  de  préstamo  hipotecario,  pero  que  incluye  también  otros  aspectos 
adicionales: el control del transcurso del plazo de 10 días desde la entrega de la 
documentación  informativa  hasta  la  firma  de  la  escritura,  del  cumplimiento  en  su 
clausulado  de  las  limitaciones  que  con  carácter  imperativo  se  imponen  en  los 
artículos  20  al  25,  del  depósito  de  las  condiciones  generales  del  contrato  en  el 
correspondiente Registro, etc. Como se expresa en el apartado IV del Preámbulo de 
dicha ley, se atribuye al notario «la función de asesorar imparcialmente al prestatario, 
aclarando todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de comprobar que  s
tanto los plazos como los demás requisitos que permiten considerar cumplido el citado  oe.
principio de transparencia material, especialmente los relacionados con las cláusulas  w.
acountotTrraaizncattrua a eilnme sep sodcretra itmnucraaiay op trúie bcnloiecm alpa el elr ejcidaoalnizdtra aoct ioór endl eed vepa rnéecssittaao mse noc o eonl  tcrcrooélnedtsitr,oa  ytho i,ep ncoo tpenaccarutrirciroue»lna. ra dl etiel macptao  ddee   2020-6341n https://ww
información previa, que el artículo 15.7 de la Ley 5/2019 ordena que en la escritura
pública del préstamo el notario autorizante de ésta inserte una reseña identificativa del
acta de transparencia, con expresión de número de protocolo, notario autorizante y su 
fecha de autorización, así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de 
acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el 
asesoramiento previsto en ese artículo. A ello se añade la disposición final sexta, que 
modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, para calificar como infracción muy grave el incumplimiento por el notario de 
sus deberes de controlar el período de información precontractual obligatorio previo a la 
autorización de la escritura y de levantar el acta previa a su formalización en los términos 
previstos en la ley.
Por  su  parte,  la  Orden  EHA/2899/2011,  de  28  de  octubre,  de  transparencia  y 
protección del cliente de servicios bancarios, en sus artículos 29 y 30, que continúan 
vigentes, establece que «las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos 
contendrán,  debidamente  separadas  de  las  restantes,  cláusulas  financieras  cuyo 
contenido mínimo se ajustará a la información personalizada prevista en la Ficha de 
Información Personalizada», e impone a los notarios, en «su condición de funcionarios 
públicos y derivado de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios 
que autorizan, los notarios denegarán la autorización del préstamo cuando el mismo no 
cumpla lo previsto en esta orden y la legalidad vigente», de comprobar «si el cliente ha 
recibido  adecuadamente  y  con  la  suficiente  antelación  la  Ficha  de  Información 
Personalizada y, en su caso, si existen discrepancias entre las condiciones de la oferta 
vinculante y el documento contractual finalmente suscrito», e informar al cliente, entre 
otros extremos, de los efectos que el incumplimiento de esas obligaciones informativas 
pueda tener.
Pues bien, son varios datos que, de forma reiterada y cumulativa, presuponen y por 
tanto implican necesariamente que si el notario ha autorizado la escritura de préstamo 
hipotecario, ello es porque previamente ha controlado la coincidencia de las condiciones 
del mismo con las comunicadas por la entidad a efectos informativos mediante la Ficha 
Europea de Información Normalizada:
a)  El notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre 
las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de Información Normalizada 
(FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), con referencia expresa a 
cada una –artículo 15.2.c)–. Ese asesoramiento sólo puede referirse a la FEIN del 
préstamo, no a otra diferente, como es evidente; es decir, a la FEIN cuyas condiciones 
coinciden precisamente con las del préstamo hipotecario.
b)  De  acuerdo  con  el  mismo  artículo  15.2,  el  notario  sólo  procederá  a  la 
autorización del acta previa a la formalización del préstamo hipotecario cuando haya 
verificado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 14.1, entre los cuáles se encuentra la FEIN del préstamo, junto a otros 
elementos  imprescindibles,  como  la  FiAE  y  demás  documentación  informativa,  el 
transcurso del plazo (cuyo control se realiza al autorizar la escritura, no el acta, que es 
previa) etc.
c)  Si no se acredita que se han cumplido todas esas obligaciones a las que se 
refiere  el  artículo  14.1,  no  podrá  autorizarse  la  escritura  pública  de  préstamo,  por 
prohibirlo expresamente el artículo 15.5.
d)  Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de forma expresa, como 
se ha indicado, «la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo con el 
acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento 
previsto en este artículo». Esa afirmación se contrae, entre otras cosas, al hecho de que  e.
el prestatario haya recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo puede hacer referencia a la  w.b
FEIN del préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente. 41ww
En  otras  palabras,  si  el  notario  hace  constar  que  el  prestatario  ha  recibido  la
daoctcau,m  neenctaecsiaórnia ym hean tsei dhoa i nfdoerbmidaod oc soombprero eblalar  pqour ela  eesnati ddaodc yu mpoern etal cpióronp ioe sn octoarrrioe cetan  eyl 
completa,  y  por  consiguiente,  entre  otros  varios  aspectos,  que  la  FEIN  es  la  que
corresponde al préstamo y a sus condiciones. Si no se han cumplido correctamente 
todas  las  obligaciones  informativas  que  garantizan  la  transparencia  material  en  la 
operación crediticia, y también, más en concreto, si la FEIN no se correspondiera con el 
préstamo, por diferir alguna de esas condiciones financieras, el notario deberá por tanto 
denegar la autorización de la escritura. Esa falta de correspondencia debe, no obstante, 
interpretarse  correctamente:  si  las  condiciones  del  préstamo  son  indiscutiblemente 
mejores (por ejemplo, si el diferencial del préstamo fuera inferior), o si existe una 
diferencia no en las condiciones propiamente dichas sino en los cálculos subsiguientes 
(por ejemplo, si por firmarse el préstamo en una mensualidad posterior a la inicialmente 
prevista la TAE resulta diferente, o el cuadro de amortización se modifica) ello no implica 
unas condiciones financieras diferentes, y por tanto no impide la autorización de la 
escritura de préstamo.
Sin duda, la buena técnica notarial exige que se motive expresa y adecuadamente la 
decisión de proceder a la autorización de la escritura de préstamo, reseñando, al menos 
de forma genérica pero clara, los controles sobre la transparencia material que el notario 
ha realizado con carácter previo a dicha autorización. Ahora bien, ello no significa que se 
deba exigir, como si de fórmulas rituales se tratara, la mención expresa del cumplimiento 
de  cada  uno  de  los  detalles  que  en  su  conjunto  configuran  esa  imprescindible 
transparencia,  entre  ellos  la  coincidencia  de  las  condiciones  del  préstamo  con  las 
comunicadas en la FEIN.
Lo  habitual  será  que  las  eventuales  discrepancias  entre  la  FEIN  y  los  datos 
entregados para la preparación de la posterior escritura se hayan advertido por el notario 
en la fase de preparación del acta, notificándolo a la entidad para que subsane esos 
defectos de la FEIN con el fin de poder autorizar el acta y, transcurridos además diez 
días desde la subsanación, la escritura. En el supuesto de que tras la autorización del 
acta el notario advirtiera discrepancias sustanciales sobrevenidas entre la FEIN y las 
condiciones que finalmente haya de tener la escritura, deberá denegar la autorización de 
dicha escritura, requiriendo a la entidad para que lo subsane, y con el reinicio del plazo 
de  los  diez  días,  tras  lo  cual  se  autorizará  una  nueva  acta  o  se  diligenciará  la 
preexistente, al menos un día antes del otorgamiento de la escritura.
Si las discrepancias no son sustanciales, porque simplemente dieran lugar a unas 
condiciones objetivamente más favorables para la parte prestataria, o por su falta de 
entidad no afectaran a las condiciones financieras del préstamo en los términos que 
arriba se han indicado, el notario autorizante habrá informado de ello según proceda en 
cada caso al prestatario o garante, normalmente haciéndolo constar en el lugar donde se 
debe cumplir con la transparencia, tanto formal como material, que es el acta previa, si 
las observó en la fase de su autorización, o bien incluso en la escritura si se observaron 
en ese momento posterior y dicha constancia se estima procedente. Por consiguiente, en 
todos los casos el notario, asumiendo su responsabilidad, podrá autorizar la escritura 
con base en su afirmación, en la reseña del acta, de que el prestatario ha recibido en 
plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15 de la ley.
Por  otra  parte,  de  la  referida  normativa  resulta  inequívocamente  que  no  es  el 
registrador sino el notario a quien corresponde comprobar el cumplimiento del principio 
de transparencia material mediante la verificación de la documentación acreditativa de 
que se han observado los requisitos previstos en el artículo 14.1, lo que hará constar en 
la  referida  acta  notarial  previa  a  la  formalización  de  la  escritura;  y  la  función  del 
registrador  es  calificar  la  existencia  de  la  reseña  de  dicha  acta  (con  el  contenido 
expresamente establecido en la ley –número de protocolo, notario autorizante y su fecha  s
de autorización–), así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo  oe.
con  el  acta,  de  que  el  prestatario  ha  recibido  en  plazo  la  documentación  y  el  w.
asesoramiento previsto en el artículo 15 de la ley. 41ww
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realizado dicho control (o, lo que es lo mismo, si afirma que el prestatario ha recibido la 
documentación y el asesoramiento en la forma prevista en la ley) es porque han sido 
correctamente cumplidas las obligaciones informativas que garantizan la transparencia 
material en la operación crediticia, y, por ende, no existe entre las estipulaciones del 
préstamo y las condiciones de la oferta vinculante discrepancia alguna que, como se ha 
indicado, obligue al notario a denegar la autorización de la escritura. Y en ningún caso 
podrá  el  registrador  exigir  que  se  acompañe  la  Ficha  Europea  de  Información 
Normalizada o –como se pretende en la calificación impugnada en este expediente– el 
acta previa al objeto de poder realizar una comprobación que es responsabilidad –
consecuente con la competencia– del notario autorizante.
3.  En el presente caso, el notario autorizante de la escritura calificada ha hecho 
constar en la misma, bajo su responsabilidad, que mediante el acta que reseña, por él 
autorizada, los prestatarios han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento 
prescritos en los artículos 14 y 15 de la Ley 5/2019, a los efectos de cumplir con el 
principio de transparencia en la concesión de préstamos inmobiliarios, en su vertiente 
material. Por ello, debe entenderse que la escritura es conforme con la FEIN y con el 
acta previa, por lo que la calificación impugnada no puede ser mantenida.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.