BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118656
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16820 Pleno.  Sentencia  173/2020,  de  19  de  noviembre  de  2020.  Recurso  de 
amparo 5084-2017. Promovido por los diputados del grupo parlamentario 
Ciutadans del Parlamento de Cataluña en relación con diversas resoluciones 
de la presidenta de la Cámara. Supuesta vulneración del derecho al ejercicio 
de  las  funciones  representativas:  negativa  a  convocar  sesiones 
extraordinarias del pleno y a introducir nuevos puntos en el orden del día de 
otra  efectivamente  convocada  que  no  vulneran  ninguna  facultad 
parlamentaria integrante del derecho.
ECLI:ES:TC:2020:173
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón;  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5084-2017, promovido por los diputados del grupo 
parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, representados por el procurador 
de los tribunales don José Luis García Guardia y asistidos por los abogados don Carlos 
Carrizosa Torres y don José María Espejo-Saavedra Conesa, contra una serie de vías de 
hecho de la presidenta del Parlamento de Cataluña, consistentes en no convocar las 
sesiones ordinarias del Pleno del Parlamento de Cataluña previamente calendarizadas 
para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, 4 y 5 de octubre de 2017 y 18 y 19 de 
octubre de 2017, y en no incluir nuevos puntos en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria del día 10 de octubre de 2017. Ha comparecido el Parlamento de Cataluña, a 
través de su representante. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la 
magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  18  de  octubre  de  2017,  los 
diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña, representados 
por el procurador de los tribunales don José Luis García Guardia y asistidos por los 
abogados don Carlos Carrizosa Torres y don José María Espejo-Saavedra Conesa  s
interpusieron demanda de amparo contra las omisiones y vía de hecho de la presidenta  oe.
del Parlamento de Cataluña que se mencionan en el encabezamiento. 820www.
2.  Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son los siguientes:
disoalu) cióEnn d eell  mPaarrlcaom deen tloa  eXl Id líeag 2is7la dtuer ao cdteulb Prea drlea m2e0n1t7o,  ldae m Ceastaa ludñeal ,P qaurlea mfineanltioz óa pcroonb óla, 
en fecha 18 de julio de 2017 [«Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» («BOPC»)
núm. 472, de 20 de julio de 2017], el calendario de sesiones ordinarias del Pleno para el 
período de sesiones, en el que se establecía la celebración de, al menos, tres reuniones 
ordinarias del Pleno: una primera prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017; 
una segunda para los días 4 y 5 de octubre de 2017; y una tercera fijada para los días 18 
y 19 de octubre de 2017.
Dicho calendario se aprobó con apoyo en lo dispuesto en el art. 81 del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña (RPC). Este reglamento fue reformado parcialmente el 27 de 
julio de 2017 y de acuerdo con su disposición final primera, se autorizaba «a la Mesa del 
Parlamento,  oída  la  Junta  de  Portavoces,  para  aprobar  un  texto  refundido  del 
Reglamento del Parlamento, que debe integrar las modificaciones introducidas por la 
presente reforma». La autorización incluía «la facultad de armonizar los textos objeto de 
reforma, incluida la adaptación lingüística con respecto a las denominaciones referidas a 
personas, y la de reordenar la numeración de los títulos, capítulos, secciones y artículos 
del texto resultante, en su caso». El texto refundido del Reglamento del Parlamento, fue 
aprobado por la mesa del Parlamento, oída la junta de portavoces, el 20 de febrero 
de 2018, en cumplimiento de la citada disposición final, que incluye el texto refundido del 
Reglamento del Parlamento aprobado por la mesa del Parlamento, oída la junta de 
portavoces, el 28 de julio de 2015, y la reforma parcial aprobada por el Pleno en la 
sesión del 26 de julio de 2017.
El citado precepto establece lo siguiente:
«Artículo 81.  Elaboración y modificación del orden del día.
1.  La  Mesa  del  Parlamento,  de  acuerdo  con  la  Junta  de  Portavoces,  ha  de 
establecer un calendario para cada período de sesiones, para dar cumplimiento a todas 
las funciones que el Estatuto de autonomía de Cataluña encomienda al Parlamento.
2.  El orden del día del Pleno es fijado por el presidente del Parlamento, de acuerdo 
con la Junta de Portavoces.
3.  El orden del día del Pleno puede ser alterado si este lo acuerda, a propuesta del 
presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los 
miembros del Parlamento, y cuando así lo obliga el cumplimiento de una ley. Si debe 
incluirse  un  asunto,  este  debe  haber  cumplido  los  trámites  reglamentarios  que  lo 
permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta.
4.  El Gobierno, durante el trámite de confección del orden del día, puede solicitar 
que en una sesión concreta se incluya un asunto con carácter prioritario, siempre y 
cuando este haya cumplido los trámites reglamentarios que le permiten su inclusión.»
b)  Por acuerdo de 19 de septiembre de 2017, la mesa del Parlamento de Cataluña 
modificó el acuerdo previamente adoptado en fecha 18 de julio de 2017, relativo al 
calendario de sesiones ordinarias del pleno, trasladando la celebración de la sesión 
inicialmente prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017 a los días 20 y 21 de 
diciembre 2017 («BOPC» núm. 520, de 21 de septiembre de 2017).
Dicho cambio de fechas se produjo después de que el grupo parlamentario hoy 
recurrente en amparo hubiese hecho uso de su facultad de presentar una iniciativa 
parlamentaria para que fuese sustanciada en la sesión plenaria prevista para los días 20 
y 21 de septiembre de 2017. Concretamente una moción cuyo contenido estaba ligado a 
su sustanciación parlamentaria en dicha fecha, puesto que versaba sobre lo que dicho 
grupo parlamentario entendía como referéndum ilegal de autodeterminación convocado 
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña previsto para el 1 de octubre de 2017.  e
Dicha iniciativa parlamentaria fue admitida a trámite por la mesa del Parlamento de  bo
Cataluña en fecha 12 de septiembre de 2017, mediante decisión de su presidenta  820ww
dpPeeajae rrrtl2ciaci0meip1nea7dnr)o .ts o oE lailnla  smdctoaeenrlneattge eaan leci dGnióo on cb odirneees ranudloiliztc aahasdau al teo mgnpaoóolcmer isóidc neioc n hsa oee g  l aócmrroagannarcctnriozeo at dar(e b«e aBlla  Od eCePnroC enlc»ash  toidnt ueedc cei1eó 3lsno i dsyd a ecedi ul  sdEdeaespd ttaaiqetnuumoetobs   reyea,l     OE-A-2020-16able en https://
en consecuencia, se suspendiera cualquier preparativo del referéndum ilegal el 1 de 
octubre.
Ni  de  la  demanda,  ni  de  la  documentación  aportada  por  los  recurrentes,  se 
desprende que éstos solicitaran a la mesa la reconsideración del acuerdo de 19 de 
septiembre de 2017, que modificó el previamente adoptado en fecha 18 de julio de 2017, 
en el sentido de trasladar la celebración de la sesión inicialmente prevista para los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017 a los días 20 y 21 de diciembre 2017, posponiendo 
así la sustanciación de una iniciativa parlamentaria ya admitida a trámite.
En  cuanto  a  la  necesidad  de  solicitar  reconsideración  para  agotar  la  vía 
parlamentaria ordinaria antes de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional y 
respetar  así  el  carácter  subsidiario  de  este  recurso,  son  de  señalar  los  siguientes 
preceptos del reglamento:
«Artículo 38.  Petición de reconsideración.
1.  Si un grupo parlamentario discrepa de una decisión adoptada por la Mesa del 
Parlamento  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  funciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 37.3 a), d) y e), puede solicitar su reconsideración.»
«Artículo 37.  Las funciones de la Mesa del Parlamento.
1.  La Mesa del Parlamento es el órgano rector colegiado del Parlamento y está 
integrada por el presidente, por dos vicepresidentes y por cuatro secretarios.
2.  La Mesa actúa bajo la dirección del presidente del Parlamento y representa al 
Parlamento en los actos a los que asiste.
3.  Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:
a)  Adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias, en caso 
de duda o de laguna reglamentaria.
b)  Adoptar las decisiones y las medidas que requiere la organización del trabajo 
parlamentario.
c)  Ejecutar los presupuestos del Parlamento.
d)  Calificar, de conformidad con el Reglamento, los escritos y documentos de índole 
parlamentaria, y declarar su admisión o inadmisión a trámite.
e)  Decidir  la  tramitación  de  todos  los  escritos  y  documentos  de  índole 
parlamentaria, de conformidad con las normas establecidas por el presente reglamento.
[…]».
c)  Ante la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, la presidenta 
del Parlamento decidió convocar una sesión plenaria ordinaria el día 10 de octubre 
de 2017 con un único punto en su orden del día, relativo a dicha comparecencia. Dicha 
sesión no estaba prevista en el calendario de sesiones plenarias ordinarias y en la 
misma se excluyó la posibilidad de incluir en el orden del día la sustanciación de 
cualquier otra cuestión que no fuera la comparecencia del presidente de la Generalitat.
La  presidenta  del  Parlamento  nunca  llegó  a  convocar  las  sesiones  ordinarias 
previstas para los días 4 y 5 de octubre de 2017 y para los días 18 y 19 de octubre 
de 2017.
3.  La demanda se interpone al amparo del art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), por los diputados del Grupo Parlamentario Ciutadans de la XI  e
legislatura en el Parlamento de Cataluña, alegando la vulneración del libre ejercicio de  bo
las facultades parlamentarias que el art. 23.2 CE otorga a los recurrentes, en conexión  820ww
con Seel gaúrtn.  2c3o.1n sCtaE .literalmente en el encabezamiento de la demanda, el recurso se
Cinatetarpluoñnae,:  p«rceotnetnrad iduanmae nseter iea mdep avríaadsa sd ee nh ecuhnoa  dsee rilea  pdree saidceunetrad odse l dPe arllaa mjuennttao  ddee 
portavoces y de la mesa del Parlamento, consistentes en no convocar las sesiones
ordinarias del Pleno del Parlament de Cataluña previamente calendarizadas para los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017; 4 y 5 de octubre de 2017 y 18 y 19 de octubre 
de 2017 y en no incluir los correspondientes y preceptivos puntos en el orden del día de 
la sesión plenaria ordinaria no calendarizada del pasado 10 de octubre de 2017», cuyo 
efecto cumulativo, según los recurrentes, «ha sido la imposibilidad efectiva de ejercer 
facultades parlamentarias de control e impulso de la acción del Govern de la Generalitat 
y,  en  consecuencia,  ha  implicado  y  continua  implicando  la  vulneración  del  efectivo 
ejercicio del derecho de representación en asuntos públicos en condiciones de igualdad 
(art. 23 CE) de los diputados recurrentes y el grupo parlamentario en el que están 
integrados.»
Tras exponer los antecedentes de hecho, en la demanda se insiste en que el objeto 
del recurso son «las omisiones o vías de hecho de la presidenta del Parlamento de 
Cataluña referenciadas en el encabezamiento» y, finalmente, en el suplico se solicita que 
se tenga por presentado en tiempo y forma el recurso «contra las vías de hecho de la 
presidenta  del  Parlamento  de  Cataluña  consistentes  en  la  no  convocatoria  de  las 
sesiones ordinarias del Pleno de dicha cámara o la indebida exclusión de los puntos del 
orden del día necesarios para la sustanciación efectiva de las facultades de control 
parlamentario de la acción e impulso del Govern por parte de los diferentes grupos 
parlamentarios, que implican la imposibilidad de ejercicio de facultades parlamentarias 
pertenecientes al núcleo de la función representativa de los diputados del Parlamento de 
Cataluña», solicitando se declare la nulidad de «los acuerdos» y «las vías de hecho», 
requiriendo a la mesa y a la presidenta del Parlamento de Cataluña «para que se 
abstengan de realizar actuaciones, interpretaciones o vías de hecho contrarias a la 
jurisprudencia constitucional».
De forma más concreta se impugna el acuerdo de la mesa del Parlamento de 
fecha 19 de septiembre de 2017 en cuya virtud se pospuso la sesión ordinaria del pleno 
prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, y se trasladó a los días 20 y 21 de 
diciembre, a pesar de que el grupo parlamentario recurrente ya había presentado una 
moción cuyo contenido estaba ligado a su sustanciación parlamentaria en dicha fecha, 
puesto que versaba sobre lo que dicho grupo parlamentario entendía como referéndum 
ilegal de autodeterminación convocado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
previsto para el 1 de octubre de 2017, dicha iniciativa fue admitida por la mesa del 
Parlamento en fecha 12 de septiembre de 2017, mediante decisión de su presidenta 
ejerciendo la delegación realizada por dicho órgano.
Asimismo se aduce que de las actas de las sesiones 69 y 70 de la junta de 
portavoces se desprende que dicho órgano no adoptó acuerdo alguno sobre el orden del 
día de la sesión plenaria prevista para el 4 y 5 de octubre, por lo que la presidenta omite 
la convocatoria de tal Pleno.
Por último, se denuncia que ante la petición de comparecencia del presidente de la 
Generalitat, la presidenta decidió convocar y sustanciar una sesión plenaria ordinaria el 
día 10 de octubre de 2017 con un único punto en su orden del día, amparándose en el 
acuerdo de la junta de portavoces en virtud del cual se excluía la sustanciación de 
cualquier  otra  cuestión  en  dicha  sesión  y  sin  que,  en  consecuencia,  los  grupos 
parlamentarios pudiesen presentar y sustanciar, como es reglamentariamente debido, 
iniciativas  parlamentarias  de  control  e  impulso  de  la  acción  del  Gobierno  de  la 
Generalitat.
Delimitado en estos términos el objeto del recurso, la parte recurrente aduce la 
vulneración del derecho a ejercer las facultades inherentes al núcleo de su función  e.
representativa  en  condiciones  de  igualdad,  que  protege  el  art.  23.2  CE,  citando  w.b
abundante  jurisprudencia  constitucional  (SSTC  242/2006,  de  24  de  julio,  FJ  4,  820ww
dy e1 9co1n/2fi0g1u3ra, c1i8ó nd ele gnaolv dieeml abrrte. ,2 F3J C 3E,  eyn stroes toetnraiesn),d ore qfiurieé nladso soem ais liao nneast uor avlíeazsa d dee h deecrheoc hdoe 
lcao npsreecsuideenncitaa  lad ieml poPsairblailimdaedn teof ecdteiv aC daet aelujeñrcae rq luaes  fasceu ltdaedneus npcaiarlna mheannta ritaesn iddeo  coconmtrool 
e impulso de la acción del Gobierno de la Generalitat que aparecen reguladas en el
Reglamento de la Cámara y que forman parte del núcleo de la función representativa 
parlamentaria protegida por el citado precepto constitucional. En este sentido se cita el 
artículo 71.2 RPC, en el que se recoge que «el Pleno es convocado por el presidente del 
Parlamento a iniciativa propia o a solicitud, como mínimo, de dos grupos parlamentarios 
o de una quinta parte de los diputados»; también se refieren al artículo 81.2 RPC, que 
dice que «el orden del día del Pleno es fijado por el presidente del Parlamento, de 
acuerdo con la junta de portavoces»; al artículo 161.1 RPC, que dispone que en cada 
sesión plenaria ordinaria del Parlamento se debe reservar una hora para sustanciar las 
preguntas formuladas por los diferentes grupos parlamentarios dirigidas al presidente de 
la Generalitat y al Gobierno, así como al artículo 151.1 RPC, en el que se recoge que «al 
inicio del periodo de sesiones de septiembre el Pleno, en una convocatoria específica, 
celebra  un  debate  sobre  la  orientación  política  general  del  Gobierno»,  entre  otros, 
preceptos vigentes en aquél momento.
En consecuencia, los recurrentes entienden que «la interpretación del RPC seguida 
por  la  presidenta  del  Parlamento  al  no  convocar  las  sesiones  plenarias  ordinarias 
previamente calendarizadas o al no incluir los puntos del orden del día necesarios para 
la sustanciación de las iniciativas parlamentarias de control e impulso de la acción del 
Govern por parte de los diferentes grupos parlamentarios comporta que el ejercicio de 
sus  funciones  se  haya  limitado  al  de  ejecutora  de  la  voluntad  de  la  mayoría 
parlamentaria».
En cuanto a la especial trascendencia constitucional del recurso, argumentan que 
«viene  dada  porque  el  recurso  trasciende  del  perjuicio  subjetivo  causado  a  los 
recurrentes (ATC 29/2011, de 17 de marzo, FJ 3), ya que junto a la tutela a los concretos 
representantes a los que se restringe desproporcionadamente las facultades inherentes 
a su condición de parlamentarios, y en función de la generalidad de los efectos del 
amparo el Tribunal Constitucional podrá, llegado el caso, precisar su doctrina sobre el 
alcance del art. 23 CE en relación con las vías de hecho u omisiones que imposibilitan 
de facto el ejercicio de facultades parlamentarias y, a su vez, impiden el normal y 
ordinario funcionamiento de una institución como el Parlamento de Cataluña».
4.  El Pleno del Tribunal Constitucional acordó, en reunión celebrada el 2 de octubre 
de 2018, a propuesta de tres magistrados y conforme establece el art. 10.1 n) LOTC, 
recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo número 5084-2017. Asimismo, en 
dicha reunión acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando que concurre 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el asunto suscitado 
trasciende  del  caso  concreto  porque  pudiera  tener  unas  consecuencias  políticas 
generales [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 g)] y, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 LOTC, acordó requerir al Parlamento de Cataluña la remisión del testimonio de 
las actuaciones, acompañando copia de la demanda a los efectos de su personación en 
el presente proceso, o de aquellos que hubieran sido parte en el procedimiento, excepto 
la parte recurrente en amparo.
5.  La secretaria de justicia del Pleno de este tribunal, por diligencia de ordenación 
de 12 de noviembre de 2018, acordó tener por personado y parte al Parlamento de 
Cataluña y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por 
plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, de 
conformidad con el art. 52 LOTC.
6.  El letrado del Parlamento de Cataluña, mediante escrito registrado el 12 de  s
diciembre de 2018, formuló alegaciones en representación y defensa de la Cámara,  oe.
rismeoqpliucuPiigtsoainrtno adlsdoo o y qs lpu aren o odcr eeevsdsuepimlsenticeiemtrnaaat noac si óe lranle   gnadloraet .ml c 2oer3enn cvtauoCrrciEsoao sto y.r diafeu  edareom nlpa asar doso,e psatiaol dneoensst  epcnloednne aro ribqasusee rd velao nsloc siaa c dudíaeesr d l2oo0ss    2020-16820n https://www.
y  21  de  septiembre;  4  y  5;  y  18  y  19  de  octubre,  la  representación  procesal  del
Parlamento de Cataluña afirma que la modificación de los calendarios de sesiones
inicialmente adoptados es una práctica habitual en el Parlamento de Cataluña y en otros 
parlamentos autonómicos, así como en el Congreso y Senado, sin que ello suponga una 
vulneración de ningún derecho fundamental de los diputados, siempre que se respete el 
procedimiento reglamentario previsto. Asimismo afirma que la decisión de no incluir en el 
orden del día de la sesión del 10 de octubre de 2017 ningún nuevo punto, salvo la 
comparecencia  del  presidente  de  la  Generalitat,  fue  adoptada  por  los  órganos 
legitimados  para  ello  [la  presidenta  del  Parlamento,  de  acuerdo  con  la  junta  de 
portavoces, tal y como se prevé en el art. 83.2 RPC (antiguo artículo 81.2, al que se 
contrae el presente recurso de amparo)], destacando que no se trató de una decisión 
arbitraria, sino de naturaleza política, y recordando que las normas de funcionamiento 
del  Parlamento  constituyen  el  núcleo  esencial  del  derecho  parlamentario  y  están 
protegidas  por  el  principio  de  autonomía  parlamentaria,  por  lo  que  la  intervención 
jurisdiccional ha de reducirse al mínimo imprescindible (ATC 42/1997, de 10 de febrero).
En consecuencia, toda vez que se han cumplido los requisitos y procedimientos 
reglamentariamente establecidos, no se puede sostener la vulneración del art. 23 CE, al 
tratarse de un derecho de configuración legal, afirmación que glosa con la cita de 
abundante jurisprudencia constitucional. El Parlamento de Cataluña insiste en que la 
legitimidad de las decisiones de la presidenta del Parlamento vendría corroborada por el 
respeto  a  los  procedimientos  y  a  la  voluntad  de  las  mayorías  reglamentariamente 
establecidas, lo que se refleja en el debate de la junta de portavoces del día 15 de 
septiembre de 2017, toda vez que los grupos parlamentarios Ciudadanos, Socialista y 
Popular, aun cuando votaron en contra de la decisión de la mesa de posponer la sesión 
plenaria del día 20 y 21 de septiembre de 2017, reconocieron la competencia de la 
presidenta y de la junta de portavoces para adoptar dicho acuerdo, siempre que se fijara 
una nueva fecha para la celebración del pleno pospuesto.
Asimismo el letrado del Parlamento de Cataluña aduce que no puede estimarse la 
denuncia de los recurrentes cuando afirman que no pudieron presentar sus iniciativas 
parlamentarias,  pues  solo  se  adoptó  una  decisión  de  aplazamiento  temporal  de  la 
sustanciación de dichas iniciativas, sin que los grupos parlamentarios dispongan, de 
conformidad con el Reglamento del Parlamento, de un derecho fundamental, ex art. 23 
CE,  a  que  se  convoque  una  sesión  plenaria  en  un  día  determinado  o  a  que  sus 
iniciativas se incluyan en un determinado punto del orden del día, sino que solo cuentan 
con la facultad de propuesta o de iniciativa para solicitar la celebración de una sesión 
plenaria, siempre que se cumplan los requisitos de quórum o mayorías requeridas para 
ello; y con el derecho o facultad de participación y votación en el seno de los órganos en 
los que se tomen decisiones relacionadas con la convocatoria de una sesión plenaria, 
añadiendo que tan solo en el caso específico de los debates generales sobre la acción 
política y de gobierno, el Reglamento establece que el presidente ha de convocar 
necesariamente una sesión si una cuarta parte de los diputados o un conjunto de grupos 
parlamentarios, que representen como mínimo una quinta parte, así lo soliciten, lo que 
solo puede plantearse una vez en cada periodo.
Expuesto lo anterior, la representación procesal del Parlamento de Cataluña entiende 
que la solicitud genérica de nulidad «de todos los acuerdos de los órganos del Parlament 
por las infracciones mencionadas» implica un petitum genérico que no se adecúa a la 
obligación establecida en el art. 49 LOTC del fijar con precisión el amparo que se solicita.
Por último, se afirma literalmente que «esta parte quiere subrayar que la actora no 
recurrió la decisión de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 19 de septiembre, por la 
que se decidió trasladar la celebración de la sesión inicialmente prevista para los días 20  s
y 21 de septiembre de 2017 a los días 20 y 21 de diciembre de 2017. Desde esta  oe.
perspectiva, no parece razonable que la actora impugne la no convocatoria de una  w.
sesión plenaria, considerada como una supuesta vía de hecho de la presidenta del  820ww
Pmaerslaam deen ptoo,s py,o nael rm uinsam soe tsieiómnp pole, nsaorliiaci,t ec ulaan ddeoc élasrtaac nióon s dee h an uimlidpaudg ndaed ola c doemcois tióanl» .de la
Concluye que no es posible entrar a examinar en sede constitucional la solicitud de 
nulidad «en tanto en cuanto no se fundamentan jurídicamente los vicios de las referidas 
decisiones de los órganos parlamentarios, de forma individual y pormenorizada».
7.  El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en este tribunal el 21 de 
diciembre de 2018, en el que tras exponer detalladamente los antecedentes de los que 
trae  causa  el  recurso,  así  como  los  principales  argumentos  esgrimidos  por  los 
recurrentes, delimita el objeto del recurso. Indica que el artículo 42 LOTC, que regula el 
recurso de amparo parlamentario, se refiere a la posibilidad de recurrir decisiones o 
actos  sin  valor  de  ley  emanados  de  los  órganos  parlamentarios,  pero  en  ningún 
momento alude a omisiones o vías de hecho (como por el contrario sí lo hace el 
artículo 43 LOTC cuando se refiere a la posibilidad de recurrir en amparo la actuación, 
omisión o vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades y funcionarios), razón por la 
que entiende que, aunque los recurrentes denuncian unas supuestas vías de hecho u 
omisiones de la presidenta del Parlamento de Cataluña, el análisis del presente recurso 
de amparo se debe limitar al examen de los actos y decisiones de la mesa y de la 
presidenta del Parlamento de Cataluña.
También  indica  que  no  es  descartable,  para  cumplir  con  el  requisito  de 
subsidiariedad, la necesidad de solicitud de reconsideración respecto del acuerdo de 19 
de septiembre de 2017 (por el que la mesa del Parlamento de Cataluña decidió modificar 
el acuerdo de 18 de julio de 2017 y pospuso para los días 20 y 21 de diciembre de 2017 
las sesiones del Pleno del Parlamento de Cataluña fijadas para los días 20 y 21 de 
septiembre de 2017), reconsideración que no fue solicitada por los recurrentes. No 
obstante, el fiscal plantea dudas al respecto, toda vez que si se entiende que la decisión 
impugnada afecta exclusivamente al orden del día y al calendario de sesiones como 
medidas  de  organización  del  trabajo  parlamentario,  no  sería  necesaria  la 
reconsideración, añadiendo que, en todo caso, dicho óbice de admisibilidad no sería 
obstáculo para el examen de la validez del acuerdo impugnado, al haber vulnerado de 
forma directa, a su juicio, la providencia del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se admitió a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas 
presentada  por  el  Gobierno  contra  el  Decreto  139/2017,  de  6  de  septiembre,  de 
convocatoria del denominado referéndum de autodeterminación de Cataluña, pues en 
esta impugnación se invocó el artículo 161.2 CE, por lo que su admisión determinó 
asimismo la suspensión del acto recurrido, y la «de cualquier actuación que traiga causa 
del mismo».
A continuación el fiscal, pasa a analizar los distintos actos parlamentarios cuya 
nulidad se solicita, comenzando con el acuerdo de 19 de septiembre de 2017, por el que 
la mesa pospuso para los días 20 y 21 de diciembre de 2017 las sesiones del Pleno del 
Parlamento de Cataluña, fijadas para los días 20 y 21 de septiembre de 2017. En este 
sentido indica que el art. 81.1 RPC faculta a la mesa del Parlamento a fijar el calendario 
de sesiones y, en su caso, a modificarlo, por lo que el acuerdo respeta las normas 
reglamentarias y ninguna tacha formal de nulidad cabe hacer al respecto. Sin embargo, 
también subraya que la modificación del calendario afecta a la moción presentada y ya 
admitida a trámite, pues su contenido estaba íntimamente ligado a su sustanciación en 
dicha fecha, ya que versaba sobre la ilegalidad del referéndum de autodeterminación 
convocado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre de 2017, 
por lo que el debatir la moción con posterioridad a dicha fecha, hace que pierda toda su 
finalidad, limitando las facultades de iniciativa parlamentaria y de control del Gobierno de 
los parlamentarios recurrentes, protegidas por el art. 23.2 CE, añadiendo que, a su juicio,  e.
dicho acuerdo supone el desconocimiento del mandato contenido en la providencia del  w.b
Tribunal Constitucional de 7 de septiembre de 2017, antes referida, lo que, a juicio del  820ww
fPisacralal,m iemnptoli cdae l aC antualilduañda . dPeal raac ueel rfdisoc adl,e  «1[e9] sdtae  csiercputinesmtabnrec iad eh a2c0ía1 7n edcee slaa rMio eqsau ed elal 
mpleensaa rdiaes  lap rCeávmiamarean hteu bsieerñaa mlaodtaivsa dyo  qsuue a cimuepreddoía d ela p omsopcoisóinc iópnr edsee nutnaad ad ep loars  seel sgiorunpeos 
parlamentario de los hoy recurrentes», y señala que «[e]l acuerdo de la mesa responde a
un fin ilegítimo o espurio que impide el desarrollo de la actividad parlamentaria y la 
condiciona  por  un  referéndum  suspendido  por  el  Alto  Tribunal  y  hace  inviable  las 
iniciativas parlamentarias programadas para las sesiones plenarias que se posponen y, 
en el caso, la fecha en la que se debía producir dicha moción es determinante de lo 
pretendido por el grupo parlamentario que la promovió».
Entiende  el  fiscal,  respecto  a  la  suspensión  de  la  celebración  de  las  sesiones 
correspondientes a los días 4 y 5 de octubre de 2017, que tal decisión «fue tomada por 
la presidenta del Parlamento de la Cámara de acuerdo con la junta de portavoces, lo que 
se  traduce  en  un  exceso  competencial  de  aquellos  con  desconocimiento  de  los 
procedimientos reglamentarios para el establecimiento o alteración del calendario de 
sesiones, obviando al órgano competente para ello que es la mesa de la Cámara». Por 
otra parte, añade que las actas de 28 de septiembre y 2 de octubre de 2017 ponen de 
manifiesto que la alteración del calendario de sesiones responde, como motivo principal, 
a la celebración del autodenominado referéndum de autodeterminación que tuvo lugar 
el 1 de octubre de 2017, por lo que ha de declararse la nulidad de los mismos.
En cuanto al acuerdo de la presidenta del Parlamento de Cataluña de convocatoria 
del  Pleno  de  10  de  octubre  de  2017,  con  la  comparecencia  del  presidente  de  la 
Generalitat como único punto del orden del día, para informar sobre «la situación política 
actual», recuerda el fiscal que el Tribunal Constitucional dictó el ATC 134/2017, de 5 de 
octubre, por el que acordaba la suspensión de la del 9 de octubre de 2017 del presidente 
de la Generalitat con el objeto de valorar los resultados del referéndum del día 1 de 
octubre. Por ello entiende que no es descartable que el señalamiento de una nueva 
comparecencia del presidente de la Generalitat tuviera como finalidad eludir el mandato 
contenido en dicho auto, concluyendo que «no se pueden desconectar los acuerdos 
tomados por la mesa de la Cámara y la actuación de la Junta de Portavoces y la 
presidenta de la Cámara que motivaron la posposición o alteración del calendario de 
sesiones de 20 y 21 de septiembre y de 4 y 5 de octubre de 2017 y el señalamiento de la 
sesión de 10 de octubre de dicho año y el orden del día de esta sesión, de la causa de 
este proceder; todos ellos tienen como común denominador el intitulado referéndum de 
autodeterminación del 1 de octubre de 2017».
En este sentido, insiste el fiscal en que el incumplimiento de lo dispuesto en la citada 
providencia del Tribunal Constitucional, de 7 de septiembre de 2017, es lo que determina 
la nulidad del orden del día y el señalamiento de la comparecencia del presidente de la 
Generalitat ante el Pleno el día 10 de octubre de 2017, pues la suspensión abarca 
«cualquier actuación que traiga causa del mismo», como indicó la providencia de 7 de 
septiembre de 2017 en relación con la suspensión del Decreto 139/2017, de 6 de 
septiembre  de  convocatoria  del  denominado  referéndum  de  autodeterminación  de 
Cataluña.
Lo mismo cabe decir respecto del acuerdo de la mesa de 19 de septiembre de 2017 
que pospone la sesión de 20 y 21 de septiembre de 2017 a los días 20 y 21 de diciembre 
de dicho año, y de la alteración de la fecha de la sesión del 4 y 5 de octubre de 2017, 
mediante la actuación de la presidenta del Parlamento y la junta de portavoces que o 
bien cabe entender que retrasaron su celebración o bien la sustituyen por otra sesión, la 
de 10 de octubre de 2017, en base a un referéndum de autodeterminación con el objeto 
de que la sesión y su orden del día, ora no se celebrara antes del referéndum de 
autodeterminación, ora se fijara una vez celebrado el mismo y que el orden del día se 
adecuara  a  las  leyes  de  referéndum  y  de  transitoriedad  jurídica  y  se  analizara  la 
situación generada por la celebración de dicho referéndum el 1 de octubre de 2017. s
Por  ello,  tal  como  indica  el  alto  tribunal,  «la  salvaguarda  de  los  bienes  oe.
constitucionales  protegidos  conlleva  que  la  tramitación  de  iniciativas  que  incumplan  w.
manifiestamente  las  decisiones  del  Tribunal  Constitucional  vulnere  no  solo  el  820ww
acortníc uelosa 8 7c.o1n LcOreTtaC  iyn iecli aatrivtíac ulloos 9 .p1a CrlaEm, seinntoa rtiaoms bniéon  peol darrítaícnu leoj e2r3c eCr El,e pguíteims aemn ernetlea cilóans 
funciones representativas propias de su cargo».
Esta forma de proceder de la mesa, de la presidenta y de la mayoría de la Junta de 
Portavoces ha supuesto la utilización del Parlamento de Cataluña con desconocimiento 
de los derechos de la minoría parlamentaria y de los mandatos del alto tribunal, como un 
instrumento para dar continuidad al denominado proceso constituyente, al impedir el 
normal desenvolvimiento de la actividad parlamentaria y condicionar la misma por el 
referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017.
De acuerdo con lo expuesto, el fiscal interesa se declare la vulneración «del derecho 
del artículo 23.2 CE de los recurrentes en amparo y en consecuencia la nulidad de los 
acuerdos de la mesa de 19 de septiembre de 2017 y de 6 de octubre de 2017 y de la 
presidenta del Parlamento de 6 de octubre de 2017».
Es de señalar que el acuerdo de la mesa, de 6 de octubre de 2017, mediante el que 
se admitió a trámite la solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, no es 
recurrido por los demandantes de amparo y que, cuando el fiscal se refiere al acuerdo de 
la presidenta del parlamento, de 6 de octubre de 2017, se está refiriendo a la fecha de 
reunión de la junta de portavoces, en la que se fijó el orden del día de la sesión plenaria 
de 10 de octubre de 2017.
8.  Por providencia de 17 de noviembre de 2020, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 19 de mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
Como se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes, el presente recurso de 
amparo se interpone contra lo que los recurrentes califican como «una serie de vías de 
hecho de la presidenta del Parlamento de Cataluña», consistentes en no convocar las 
sesiones ordinarias del Pleno del Parlamento de Cataluña previstas para los días 20 y 21 
de septiembre de 2017; 4 y 5 de octubre de 2017; y 18 y 19 de octubre de 2017, así 
como en no incluir en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria del día 10 de 
octubre de 2017 la sustanciación de ninguna iniciativa parlamentaria de control e impulso 
del gobierno de la Generalitat.
Los recurrentes, diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de 
Cataluña, aducen, en los términos que se han expuesto en los antecedentes, que las 
omisiones y vías de hecho impugnadas han tenido como consecuencia la imposibilidad 
efectiva de ejercer sus facultades parlamentarias de control e impulso de la acción del 
Gobierno  de  la  Generalitat,  vulnerando  así  el  ius  in  officium  propio  del  cargo  de 
parlamentario protegido por el art. 23.2 CE y el correlativo derecho de los ciudadanos a 
participar en las funciones públicas a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
El  Parlamento  de  Cataluña,  a  través  de  su  representación  procesal,  solicita  la 
desestimación del recurso, como se ha expuesto de forma extensa en los antecedentes, 
al entender que los acuerdos impugnados no vulneran el art. 23 CE y fueron adoptados 
con  observancia  de  los  procedimientos  reglamentarios.  Asimismo  alegan  que  los 
recurrentes elevan un petitum genérico que no se adecúa a la obligación establecida en 
el art. 49.1 LOTC de fijar con precisión el amparo que se solicita.
El Ministerio Fiscal, tras afirmar que la queja relativa a las omisiones de la presidenta 
del Parlamento de Cataluña no es susceptible de recurso de amparo parlamentario y tras 
exponer argumentos en relación con la eventual necesidad de reconsideración para 
agotar la vía parlamentaria respecto del acuerdo de la mesa del Parlamento de 19 de  es
septiembre de 2017, interesa se declare la nulidad de los acuerdos de la mesa de 19 de  bo
septiembre de 2017 y de 6 de octubre de 2017, así como el acuerdo de la presidenta del  820ww
PCiDmaoeprncluarsegmtitntouea cnc1itio3oón9,n a/ d2le 0d 1ed67 e d, d edi7s e op cdo6tesu di bcersioe esn pdeetepise t 2imea0mbu1rbt7eor. n eEód, nmedt eiiec 2nac0dos1e n7nvp, o rqecpuasoeetro n vrtuilaaaldn  daeqe rual pendo  elrasn  eope mrl oainvdGiamdodebiotniióe cr rienaafo ed  reétcrlná oTdmnruitibrmtaeu   ndaeleall     OE-A-2020-16able en https://
autodeterminación  de  Cataluña,  al  considerar  que  los  actos  impugnados  guardan 
relación con el referéndum de autodeterminación fijado para el día 1 de octubre de 2017.
2.  Delimitación del objeto del recurso.
a)  Según consta literalmente en el encabezamiento de la demanda y en el petitum, 
el recurso de amparo se dirige «contra una serie de vías de hecho de la presidenta del 
Parlamento de Cataluña», en los términos reproducidos literalmente en los antecedentes 
y en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. No obstante, en el cuerpo de la 
demanda no solo se identifican como objeto del recurso omisiones y «vías de hecho» de 
la presidenta del Parlamento, sino que también se impugna el acuerdo de la mesa del 
Parlamento, de fecha 19 de septiembre de 2017, en virtud del cual se pospuso la sesión 
ordinaria del pleno prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, y se trasladó a 
los días 20 y 21 de diciembre, a pesar de que el grupo parlamentario recurrente ya había 
presentado una moción cuyo contenido estaba ligado a su sustanciación parlamentaria 
en dicha fecha, puesto que versaba sobre lo que dicho grupo parlamentario entendía 
como  referéndum  ilegal  de  autodeterminación  convocado  por  el  Gobierno  de  la 
Generalitat de Cataluña, previsto para el 1 de octubre de 2017. Dicha iniciativa fue 
admitida por la mesa del Parlamento en fecha 12 de septiembre de 2017, mediante 
decisión de su presidenta ejerciendo la delegación realizada por dicho órgano.
En la demanda también se impugna la omisión de la presidenta del Parlamento de 
Cataluña consistente en no convocar las sesiones ordinarias del Pleno previstas para los 
días 4 y 5 de octubre de 2017, y para los días 18 y 19 de octubre de 2017. Asimismo se 
impugna la decisión de no incluir nuevos puntos en el orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria del día 10 de octubre de 2017.
Por su parte, el fiscal delimita el objeto del recurso precisando que, aunque los 
recurrentes denuncian unas supuestas vías de hecho u omisiones de la presidenta del 
Parlamento, el artículo 42 LOTC, que regula el recurso de amparo parlamentario, se 
refiere exclusivamente a decisiones o actos sin valor de ley emanados de los órganos 
parlamentarios, sin hacer ninguna referencia a omisiones o vías de hecho (como por el 
contrario sí lo hace el artículo 43 LOTC cuando regula el recurso de amparo contra 
disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus 
autoridades  y  funcionarios).  Por  esta  razón,  a  su  juicio,  aunque  los  recurrentes 
denuncian unas supuestas vías de hecho u omisiones de la presidenta del Parlamento 
de Cataluña, el análisis del presente recurso de amparo se debe limitar al examen de los 
actos y decisiones de la mesa y de la presidenta del Parlamento de Cataluña.
b)  Con la finalidad de delimitar el objeto del presente recurso de amparo se debe 
señalar que no se puede compartir la argumentación del Ministerio Fiscal respecto de la 
imposibilidad de recurrir en amparo las vías de hecho y las omisiones de la presidenta 
del Parlamento de Cataluña. Y ello, porque el art. 41.2 LOTC recoge, con carácter 
general, que el recurso de amparo protege frente a las violaciones de derechos y 
libertades a las que se refiere el primer apartado de dicho precepto, originadas por 
«disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos 
del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, 
corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes». Por tanto, no hay 
razones para interpretar que el recurso de amparo parlamentario no pueda interponerse 
contra omisiones o simple via de hecho de los órganos parlamentarios que pudieran 
tener como consecuencia la vulneración de alguno de los derechos fundamentales a los 
que se refiere el art. 41.1 LOTC, de acuerdo con lo previsto en el art. 53.2 CE, todo ello  e
en atención al carácter general del art. 41 LOTC, así como al «principio de interpretación  bo
más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por  820ww
4e0st/e2 0t0r3ib,u FnJa l2 ;t a2m3/b2i0é1n5 ,e FnJ  r3e,l ayc 4ió7n/2 0c1o8n,  deel  2a6rt ídceu loa b2ri3l, .F2 J C4E, e»n t(rSeS oTtrCa s1).77/2002, FJ 3;
la vuDlnee froarcmióan  mdáesl  acrot.n 2c9re.1ta C, eEn p lrao vSoTcCad 2a4 p2o/1r 9la9 3o, mdies ió1n4  ddee  tjoudlioa,  reesstpeu tersibtau npaol rr epcaortneo dceiól 
Parlamento Canario a la petición dirigida por el recurrente, reconociendo, como medida
de restablecimiento, el derecho a que su petición sea tramitada conforme a la regulación 
del  Reglamento  del  Parlamento  canario,  incluyendo  la  obtención  de  un  «acuse  de 
recibo», así como que se le comunique el acuerdo adoptado. Asimismo, la posibilidad de 
interponer un recurso de amparo parlamentario frente a violaciones de derechos o 
libertades originadas por la simple vía de hecho, queda patente en la STC 101/1983, 
de 18 de noviembre, FJ 1.
c)  De acuerdo con lo expuesto, el objeto del presente recurso de amparo se 
contrae a determinar la eventual vulneración de los derechos fundamentales invocados 
por los recurrentes como consecuencia del acuerdo por el que se pospuso la sesión 
ordinaria prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017; de la omisión de 
convocatoria, por parte de la presidenta del Parlamento, de la sesión plenaria ordinaria 
prevista para los días 4 y 5 de octubre de 2017 y de la sesión plenaria ordinaria prevista 
para los días 18 y 19 de octubre de 2017; así como la vulneración de derechos que 
pudiera derivarse de la exclusión de cualquier otro punto del orden del día en la sesión 
plenaria ordinaria fijada para el día 10 de octubre de 2017, con motivo de la solicitud de 
comparecencia del presidente de la Generalitat.
d)  En el antecedente 2 a), se precisa que el calendario se aprobó conforme a lo 
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC). Este 
Reglamento fue reformado parcialmente el 27 de julio de 2017 y de acuerdo con su 
disposición final primera, se autorizaba «a la Mesa del Parlamento, oída la Junta de 
Portavoces, para aprobar un texto refundido del Reglamento del Parlamento, que debe 
integrar las modificaciones introducidas por la presente reforma». La autorización incluía 
«la facultad de armonizar los textos objeto de reforma, incluida la adaptación lingüística 
con  respecto  a  las  denominaciones  referidas  a  personas,  y  la  de  reordenar  la 
numeración de los títulos, capítulos, secciones y artículos del texto resultante, en su 
caso». El texto refundido del Reglamento del Parlamento, fue aprobado por la mesa del 
Parlamento, oída la junta de portavoces, el 20 de febrero de 2018, en cumplimiento de la 
citada disposición final, que incluye el texto refundido del Reglamento del Parlamento 
aprobado por la mesa del Parlamento, oída la junta de portavoces, el 28 de julio de 2015, 
y la reforma parcial aprobada por el Pleno en la sesión del 26 de julio de 2017.
3.  El acuerdo de 19 de septiembre de 2017 por el que se pospuso la sesión 
ordinaria prevista para los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
Como pone de manifiesto el Parlamento de Cataluña en sus alegaciones, debe 
entenderse que la impugnación del acuerdo de la mesa del Parlamento, de 19 de 
septiembre de 2017, en cuya virtud se pospuso la sesión ordinaria del pleno prevista 
para los días 20 y 21 de septiembre de 2017, trasladándola a los días 20 y 21 de 
diciembre, no se adecúa a la obligación, establecida en el art. 49 LOTC, de fijar con 
precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que 
se considere vulnerado. En efecto, la demanda interpone recurso de amparo «contra las 
vías de hecho de la presidenta del Parlamento de Cataluña consistentes en la no 
convocatoria  de  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno  de  dicha  cámara  o  la  indebida 
exclusión de los puntos del orden del día necesarios para la sustanciación efectiva de las 
facultades de control parlamentario de la acción e impulso del Govern por parte de los 
diferentes grupos parlamentarios, que implican la imposibilidad de ejercicio de facultades 
parlamentarias pertenecientes al núcleo de la función representativa de los diputados del 
Parlamento de Cataluña íntimamente ligadas con su misión estatutaria de controlar e 
impulsar la acción del Govern de la Generalitat». e
Este tribunal ha venido sosteniendo que, con independencia de la modalidad de  bo
recurso de amparo de que se trate, no cabe interponer un recurso de amparo buscando  820ww
iunnv opcroanr unucniaa mvieunlntoe rdaecciólanr atiinvcoo on carbestatr,a cttaol  (SyT Cc o1m89o/ 19se9 3,e dxep l1ic4a ,d ee jnutnrieo , FoJtr a2s),,  nei cna blae 
SmTaCne 4ra5 /1s9in9g0u, ladreiz 1a5d ad ey  mnaor zaob, sFtrJa c4t.a ,P oqru ee lloh alo sh adbeidmoa nudnaan teresl adceióbne rácna udseaml oesnttrraer , ldaes 
lesiones concretas que se denuncian y el acto u omisión impugnado, lo que, como se ha
dicho, no tiene lugar en la presente demanda de amparo. No es, pues, suficiente invocar 
una genérica e inconcreta denuncia de la vulneración de facultades parlamentarias. En 
efecto, el grupo parlamentario recurrente señala como única razón de la vulneración del 
art.  23.2  CE,  la  posposición  de  la  sesión  a  una  fecha  posterior  mediante  una 
argumentación genérica en relación con los diferentes acuerdos impugnados. En ella se 
hace referencia a la inacción intencionada de la presidenta del Parlamento al omitir, sin 
motivos objetivos y sin argumentación, la debida convocatoria de una serie de sesiones 
plenarias  a  través  de  las  cuales  se  hubiese  permitido  el  ejercicio  de  facultades 
inherentes y esenciales a la condición de representante político –el control y el impulso 
de la acción política del Gobierno de la Generalitat–; añadiendo, en el mismo sentido, 
que la presidenta de la Cámara se limitaba a ser una mera ejecutora de la voluntad de la 
mayoría parlamentaria.
Dicho lo anterior, debe tenerse en consideración, además, que lo que reclaman los 
recurrentes en el caso del acuerdo de 19 de septiembre de 2017, es que éste sea 
declarado nulo por entender que carece de motivación o justificación alguna, dejando sin 
efecto la moción presentada y admitida, dada la vinculación de esta con la fecha al 
versar sobre la ilegalidad de un referéndum de autodeterminación convocado por el 
Gobierno para el día 1 de octubre de 2017. Es por ello que, si lo que requerían era una 
motivación que no existía, debieron haber planteado la solicitud de reconsideración en 
los términos previstos en el art. 38 RPC, no solo a efectos de entender agotada la vía 
previa a la interposición del presente recurso de amparo en relación con la tramitación de 
una  iniciativa  parlamentaria  [art.  37.3  d)  y  e)  RPC],  sino  también  para  tener  base 
argumentativa suficiente como para impugnar un acto que, en principio, fue acordado 
con respeto al procedimiento reglamentario establecido para modificar la fecha de la 
sesión del Pleno de la Cámara ex art. 81 RPC.
En consecuencia, si la decisión impugnada no se refería exclusivamente a una 
cuestión formal, relativa a un mero cambio del calendario de sesiones, sino que, como 
los recurrentes aducen, el traslado de fecha afecta a una cuestión sustantiva, vinculada 
al  ejercicio  de  una  facultad  parlamentaria,  se  debía  haber  dado  la  posibilidad  de 
reconsideración que contempla el Reglamento parlamentario con la finalidad de que el 
órgano rector pudiera rectificar su decisión en tiempo o, en su caso, pudiera exponer de 
forma razonada los motivos que le llevaron a tomar tal decisión, contestando a las 
alegaciones elevadas por los diputados afectados [art. 38.1 en relación con el art. 37.3 d) 
y e), ambos RPC]. Dicha motivación resulta necesaria para que este tribunal dirima, en 
su  caso,  si  la  decisión  de  la  mesa  responde  a  razones  técnicas  y  de  naturaleza 
organizativa o si, por el contrario, se ha extralimitado en sus funciones. En definitiva, se 
debió dar, en tal caso, la posibilidad de exponer razonadamente los motivos por los que 
el  cambio  de  fecha  respondía  a  justificadas  razones  de  organización  del  trabajo 
parlamentario, dentro de las funciones técnicas que el Reglamento otorga a la mesa, y 
no a razones de mera oportunidad política, ajenas al papel que el Reglamento otorga al 
órgano rector de la Cámara. Ello era necesario para que este tribunal pudiera analizar y 
resolver sobre las cuestiones de fondo planteadas por el grupo parlamentario recurrente.
Al no haberse solicitado la reconsideración, este tribunal no puede sino entender, a 
falta de otros razonamientos, máxime cuando la vulneración denunciada es genérica y 
se hace recaer sobre la falta de motivación o justificación alguna acerca del traslado de 
la fecha de la sesión, que la decisión de la mesa afecta exclusivamente a una cuestión 
meramente  organizativa,  relativa  al  calendario  y  a  la  organización  del  trabajo 
parlamentario que, según el art. 38 RPC, no es susceptible de reconsideración. Se debe,  s
por tanto, desestimar la queja planteada al haberse tomado el acuerdo de conformidad  oe.
con el art. 81.1 RPC respetando las normas reglamentarias. Y es que este tribunal no  w.
puede aventurarse en conjeturas sobre la intencionalidad del cambio de fecha, aunque el  820ww
fvisuclnael,r atcriaósn  dceoln asritd. e2r3a.r2  ClaE  ,a aufsiremneci aq ued ee l macouteivradcoi ódne  lcao mmeos am doet itvroa slpaodro  dseí  lma ifsemchoa  ddee 
la sesión ordinaria prevista para los días 20 y 21 de septiembre, responde a «un fin
ilegítimo o espurio que impide el desarrollo de la actividad parlamentaria y la condiciona 
por un referéndum suspendido por el Alto Tribunal».
4.  La omisión de la convocatoria de varias sesiones plenarias ordinarias.
Por lo que respecta a la omisión de la convocatoria de las sesiones plenarias 
ordinarias previstas para los días 4 y 5 de octubre de 2017, y para los días 18 y 19 de 
octubre de 2017, debemos comenzar señalando que el Reglamento del Parlamento de 
Cataluña distingue entre el acto de propuesta o iniciativa de dicha sesión y el acto 
parlamentario específico de la convocatoria de la sesión plenaria. Así, el artículo 81 
RPC, reproducido en los antecedentes de esta sentencia, regula la necesidad de que la 
mesa del Parlamento, de acuerdo con la junta de portavoces, establezca un calendario 
para  cada  periodo  de  sesiones,  y  el  artículo  71.2  RPC  atribuye  la  facultad  de 
convocatoria de las sesiones plenarias al presidente del Parlamento «a iniciativa propia o 
a solicitud, como mínimo, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los 
diputados»; finalmente el artículo 71.4 RPC dispone que «el presidente, a iniciativa 
propia  o  a  instancia  de  dos  grupos  parlamentarios  o  de  una  quinta  parte  de  los 
diputados,  puede  desconvocar  el  Pleno,  de  acuerdo  con  la  Mesa  y  la  Junta  de 
Portavoces».
De  lo  expuesto  se  desprende  que,  tanto  la  iniciativa,  como  la  convocatoria  de 
celebración de una sesión ordinaria, son actos parlamentarios reglados, sin que quepa la 
posibilidad  de  que,  de  manera  arbitraria,  la  presidenta  del  Parlamento  pueda 
desconvocar unilateralmente una sesión ordinaria previamente fijada, salvo que cuente 
con el previo acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces (art. 71.4 RPC).
Con carácter general, la omisión de la convocatoria de una sesión del Pleno o la no 
inclusión  de  los  puntos  del  orden  del  día  necesarios  para  la  sustanciación  de  las 
iniciativas parlamentarias de control e impulso de la acción del gobierno que hayan sido 
debidamente  tramitadas  por  los  diputados  y  por  los  grupos  parlamentarios,  podría 
imposibilitar  el  efectivo  ejercicio  de  derechos  o  facultades  de  los  diputados  que 
pertenecen al núcleo de su función representativa protegida por el art. 23.2 CE. Ahora 
bien, en el caso que nos ocupa, del acta número 69 de la sesión de la junta de 
portavoces, de fecha 28 de septiembre de 2017, se desprende que dicho órgano no 
adoptó ningún acuerdo relativo al orden del día de la sesión ordinaria plenaria prevista 
para los días 4 y 5 de octubre, pues la mayoría de los miembros de dicho órgano 
decidieron  fijarlo  en  una  nueva  reunión  de  la  junta  de  portavoces  a  celebrar  con 
posterioridad al día 1 de octubre. Los hoy demandantes de amparo hicieron constar en el 
acta su disconformidad con dicho aplazamiento, pero no aludieron a ninguna facultad 
parlamentaria concreta que, habiendo cumplido los preceptivos trámites parlamentarios, 
pretendiesen ejercitar en dicha sesión plenaria, ni propusieron ningún asunto concreto 
que debiera de ser incluido en el orden del día de dicha sesión.
La junta de portavoces volvió a reunirse el día 2 de octubre de 2017 y según se 
refleja en el acta núm. 70, la mayoría aprobó un aplazamiento de la celebración de la 
sesión plenaria prevista para los días 4 y 5 de octubre de 2017, por lo que la presidenta 
del Parlamento remitió a la siguiente reunión de la junta de portavoces la decisión 
relativa a la fecha de celebración y fijación del orden del día de la sesión plenaria 
ordinaria  pospuesta.  Nuevamente  los  recurrentes  manifestaron  su  oposición  a  tal 
decisión, pero sin concretar las facultades parlamentarias que pretendían tramitar y que, 
a su juicio, se verían vulneradas como consecuencia del aplazamiento.
Si bien es cierto que no consta que la decisión de la junta de portavoces de posponer  e
el pleno previsto para los días 4 y 5 de octubre fuese acordada también por la mesa, con  bo
la consiguiente infracción, en ese caso, del artículo 71.4 RPC por parte de la presidenta  820ww
pdleeln Paarirala mdee ndtoic, hnaos  loin eicsi amtiveanso sp qaurlea mpaernata erila esf,e cetsiv on eecjeerscaicriioo  yq suues tsaunsc iatictuiólanr eesn  sheasyióann 
rpergelvaiammeenntateri aimmepnutles.a Ddoe bdei crehcao rtdraamrsieta qcuióen  esdtee  taricbuuenradlo h ac ovne neidl op inroscisetdieimndieon eton  qpureev «isntoo 
cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta
lesivo del derecho fundamental, pues solo poseen relevancia constitucional, a estos 
efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo 
de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el artículo 23.2 CE si los 
propios órganos de las asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones 
que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales 
circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de 
todas  aquellas  normas  que  puedan  suponer  una  limitación  al  ejercicio  de  aquellos 
derechos  o  atribuciones  que  integran  el  estatuto  constitucionalmente  relevante  del 
representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no solo de 
vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo 
(art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos públicos ex 
art. 23.1 CE» [SSTC 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3 y 47/2018, FJ 3 b), entre otras 
muchas].
Como se ha señalado, los recurrentes no concretan qué iniciativas en particular 
hubieran presentado que no hubieran podido sustanciarse por no haberse convocado el 
pleno ordinario previsto para los días 4 y 5 de octubre; tan solo aluden de forma genérica 
al ejercicio de la función de control e impulso de la acción del Gobierno reconocidas en el 
Reglamento, sin que sea suficiente invocar una genérica e inconcreta denuncia de la 
vulneración  de  facultades  parlamentarias  vinculadas  al  núcleo  del  ius  in  officium 
protegido constitucionalmente a través del art. 23.2 CE, como ya se ha señalado en el 
fundamento jurídico anterior. Esa concreción resulta necesaria para que, a la vista del 
contenido de las iniciativas, este tribunal pueda resolver sobre la vulneración del derecho 
fundamental mencionado.
De acuerdo con los argumentos expuestos también hemos de descartar que la 
omisión de la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria prevista para los días 18 y 19 
de octubre de produjera la vulneración del art. 23.2 CE pues los recurrentes en la 
demanda no especifican qué iniciativas concretas se vieron limitadas por dicha omisión.
5.  La exclusión de otros puntos del orden del día de la sesión plenaria ordinaria 
fijada para el día 10 de octubre de 2017.
En cuanto a la vulneración de derechos que pudiera derivarse de la exclusión de 
cualquier otro punto del orden del día de la sesión plenaria ordinaria fijada para el día 10 
de octubre de 2017 que no sea la comparecencia del presidente de la Generalitat, 
debemos descartar la lesión en atención a los mismos argumentos que ya hemos puesto 
de manifiesto en el fundamento jurídico precedente, pues los recurrentes denuncian de 
forma  general  la  no  inclusión  de  «puntos  del  orden  del  día  necesarios  para  la 
sustanciación de las iniciativas parlamentarias de control e impulso de la acción del 
Govern por parte de los diferentes grupos parlamentarios», pero no concretan qué 
específica iniciativa parlamentaria, o asunto a tratar, pretendieron, sin éxito, que formara 
parte del orden del día.
En este caso la decisión fue tomada de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.2 
RPC, en el que se establece que el orden del día es fijado por el presidente del 
Parlamento de conformidad con la junta de portavoces. Así, en el acta núm. 74 de la 
junta de portavoces celebrada el 6 de octubre de 2017, se refleja que la presidenta del 
Parlamento pone en conocimiento de los miembros de dicha junta que la mesa de la 
Cámara  admitió  a  trámite  una  propuesta  de  comparecencia  del  presidente  de  la 
Generalitat  presentada  por  el  grupo  parlamentario  de  Catalunya  Sí  que  es  Pot  y, 
correlativamente,  informa  que  el  mismo  presidente  de  la  Generalitat  ha  solicitado  e
comparecer, de acuerdo con lo previsto en el artículo 169 RPC. El grupo parlamentario  bo
Ciutadans solicita que se aclare si en dicha sesión tendrá lugar algún tipo de debate o  820ww
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Generalitat,  que  se  ha  de  tramitar  de  acuerdo  con  las  reglas  que  establece  el
artículo 169 RPC y que, de acuerdo con el artículo 81.2 RPC, la presidenta y la mayoría 
de la junta de portavoces acuerdan convocar la sesión plenaria con el siguiente punto del 
orden del día: «Comparecencia del presidente de la Generalitat ante el Parlamento para 
informar sobre la situación política actual». Los recurrentes no proponen la inclusión en 
el orden del día de ningún punto concreto a tratar, distinto al propuesto por la presidenta.
6.  Inexistencia de lesión de las vulneraciones invocadas.
Los  razonamientos  expuestos  conducen  a  afirmar  que  no  se  ha  producido  la 
vulneración de ninguna facultad parlamentaria concreta que pueda ser reconocida por 
este tribunal, como consecuencia del cambio de fecha efectuado por acuerdo de la mesa 
del Parlamento de fecha 19 de septiembre de 2017, de la omisión de la convocatoria de 
las sesiones plenarias ordinarias previstas para los días 4 y 5 de octubre de 2017 y para 
los días 18 y 19 de octubre de 2017; ni como consecuencia de la exclusión de cualquier 
otro  punto  del  orden  del  día,  que  no  sea  la  comparecencia  del  presidente  de  la 
Generalitat, de la sesión plenaria ordinaria fijada para el día 10 de octubre de 2017.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por el grupo parlamentario Ciutadans 
del Parlamento de Cataluña.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.