BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 27 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 90675
III. OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUNAL SUPREMO
12598 Conflicto de jurisdicción n.º 2/2021 suscitado entre el Juzgado Togado Militar 
Central n.º 1 y el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Madrid.
Tribunal Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Artículo 39 LOPJ
Sentencia núm. 3/2021
Fecha Sentencia: 12 de julio de 2021.
Tipo de procedimiento: Conflicto artículo 39 LOPJ.
Número del procedimiento: 2/2021.
Fallo/Acuerdo: Sentencia Resolviendo Competencia Neg.
Fecha de votación y fallo: 12 de julio de 2021.
Ponente: Excmo. Sr. don Jacobo Barja de Quiroga López.
Procedencia: Juzgado Togado Militar Central núm. 1
Secretaría de Gobierno.
Transcrito por: AAR.
Nota:
Resumen.
Conflicto negativo de jurisdicción.
Conflicto artículo 39 LOPJ núm.: 2/2021.
Ponente: Excmo. Sr. don Jacobo Barja de Quiroga López.
Secretaría de Gobierno.
Tribunal Supremo
Sala de Conflictos de Jurisdicción
Artículo 39 LOPJ
Sentencia núm. 3/2021
Excmos. Sres.
Don Carlos Lesmes Serrano, presidente.
Don Andrés Palomo del Arco.
Don Jacobo Barja de Quiroga López.
Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Don Ricardo Cuesta del Castillo.
Madrid, 12 de julio de 2021. e.
Esta sala ha visto el conflicto negativo de jurisdicción núm. A39-2/2021 entre el  598ww
nJuúzmg.a 1d od eT Mogaaddroid  M(diilliitgaer nCcieanst rparle nviúams .1 812 (4s/u2m02a0ri)o. 1-02/15) y el Juzgado de Instrucción
Ha sido ponente el Excmo. Sr. don Jacobo Barja de Quiroga López.
Antecedentes de hecho
Primero.
El Juzgado Togado Militar Central núm. 1, por auto de 22 de abril de 2014, acordó 
incoar las diligencias previas núm. 1/06/14 para investigar la veracidad de los hechos 
denunciados conforme a lo ordenado en resolución de 28 de marzo de 2014 del Excmo. 
Sr. general jefe del Estado Mayor del Ejército en relación con las presuntas dádivas 
exigidas por el comandante D. Santiago Laguarda Seboni, jefe de la Sección de Asuntos 
Económicos  –en  lo  sucesivo,  SAECO–  del  Parque  y  Centro  de  Abastecimiento  de 
Material  de  Intendencia  –en  adelante,  PCAMI–,  a  determinados  empresarios 
contratantes  con  el  PCAMI.  Conforme  a  los  hechos  denunciados,  el  referido 
comandante, además, podría estar llevando la contabilidad en la mercantil Star Defence 
Logistic & Engineering –en adelante, SDLE–, entidad que contrataba habitualmente con 
el Ejército.
En el curso de la instrucción de las diligencias se detectó la existencia de posibles 
irregularidades en la contratación realizada en la SAECO en materia de reparación y 
adquisición de repuestos y material de intendencia entre los años 2010 y 2014.
Segundo.
Incoado sumario, el Juzgado Togado Militar Central núm. 1, mediante auto de 3 de 
abril de 2018, acordó el procesamiento:
a)  Del comandante D. Santiago Laguarda Seboni, como autor de un presunto delito 
continuado contra la Hacienda en el ámbito militar, previsto en el art. 191 del Código 
Penal Militar –en lo sucesivo, CPM– de 1985 –art. 83 del texto vigente–, en relación con 
el art. 74 del Código Penal –en adelante, CP–, y de un delito de deslealtad, previsto en el 
art. 115 CPM 1985, –art. 55 CPM 2015–.
b)  Del  subteniente  D.  Emiliano  García  Guijo,  como  autor  responsable  de  un 
presunto delito continuado de deslealtad, previsto en el art. 115 CPM 1985 –art. 55 del 
texto vigente–.
c)  De D. Manuel Estrella Río, D. Eugenio Jordán Casado y D. Tsvetan Stechof 
Vasiled, en concepto de cooperadores necesarios de un delito continuado contra la 
Hacienda en el ámbito militar, previsto en el art. 191 CPM 1985 –art. 83 del texto 
vigente–, en relación con el art. 74 CP.
Tercero.
El auto de procesamiento contiene un prolijo relato de los hechos que, a los efectos 
que aquí interesa, en apretada síntesis, consisten en lo siguiente:
El comandante Laguarda Seboni, por el cargo que desempeñaba, tenía competencia 
exclusiva para la apertura de los procesos de contratación, el inicio de los expedientes, 
las solicitudes de crédito, las aprobaciones del gasto, la selección de los proveedores y 
la firma de los contratos, requisitos necesarios para la ejecución de las prestaciones 
convenidas con quien hubiera resultado adjudicatario en cada caso.
Los procesados tenían constituido un entramado mediante el que se controlaba toda 
la actividad de contratación administrativa del PCAMI relacionada con la reparación de 
contenedores, con el fin de adjudicar la reparación de todos los contenedores a la  e
empresa SDLE, ya fuese directamente o por medio de subcontratación con las empresas  bo
que hubieran resultado adjudicatarias de los contratos. 598ww
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técnica y personal y de la solvencia requerida–. No obstante, esa falta de capacidad se
salvaba a través de la adjudicación previa de contratos menores, cuyo objeto era la 
reparación  de  un  solo  contenedor  –para  lo  que  no  hacía  falta  acreditar  aquella 
solvencia–, contratos estos que, en la mayoría de los casos, se adjudicaban por el precio 
límite del contrato menor, siendo el jefe de la SAECO del PCAMI conocedor de que tales 
empresas subcontrataban la referida reparación con la empresa SDLE.
Por otra parte, en la fase de ejecución de los expedientes de contratación:
a)  En algunas ocasiones las reparaciones de los contenedores comenzaban a 
realizarse no solo antes de la formalización y firma de los contratos, sino incluso antes 
de  las  adjudicaciones  –lo  que  permite  pensar  en  posibles  acuerdos  previos  a  la 
tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  entre  la  jefatura  de  administración 
económica del PCAMI y la empresa SDLE–.
b)  En relación con contratos concertados con la empresa SDLE, consta que por el 
subteniente García Guijo se emitieron certificados de recepción de conformidad, facturas 
y se procedió al pago de las mismas antes de que se hubiesen llegado a cumplir los 
contratos –es decir, sin que hubiese tenido lugar la reparación de los contenedores 
objeto de contratación–.
Las  anteriores  irregularidades  observadas  en  la  fase  de  ejecución,  además, 
contribuían a que se pudiera intervenir en la contratación administrativa en el PCAMI. 
Así, otros posibles licitadores declinaban su participación en los procedimientos por la 
estrechez de plazos, sin que esta constituyera obstáculo para que la mercantil SDLE 
fuese repetidamente adjudicataria de todos los contratos de reparación de contenedores, 
ya que estos le eran entregados con anterioridad a la adjudicación y formalización de los 
contratos, permitiéndose a la empresa que continuara reparando los contenedores en 
sus  talleres  incluso  después  de  haberse  emitido  los  certificados  de  recepción,  las 
facturas y de haber tenido lugar el pago de las mismas.
De tales hechos se desprende indiciariamente: a) que el comandante Laguarda 
Seboni, como jefe de la SAECO del PECAMI, benefició deliberadamente a la empresa 
SDLE  en  la  contratación  de  la  reparación  de  contenedores,  con  conocimiento  del 
entramado de empresas utilizado para las adjudicaciones; y b) que el subteniente García 
Guijo emitió certificados de recepción de conformidad, facturas y procedió a su pago, sin 
que se hubieran cumplido los contratos.
Por otra parte, durante los años a los que se contrae la investigación, la SAECO del 
PCAMI realizó un sistemático fraccionamiento de la contratación de la reparación de 
contenedores y de la adquisición de repuestos:
a)  En  varios  procedimientos  de  contratación  de  reparación  de  contenedores 
tramitados por procedimiento abierto se aprecia un fraccionamiento –consistente en la 
división  por  lotes  de  los  bienes  objeto  de  contratación–  que,  además  de  no  estar 
justificado  en los pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares, permitió que los 
procedimientos se declararan no sujetos a regulación armonizada y, en consecuencia, 
que se evitara la publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea y el recurso especial 
en materia de contratación, a pesar de que entre ellos se aprecia una tramitación 
absolutamente paralela.
b)  En los procedimientos de adquisición de repuestos se aprecia un sistemático 
fraccionamiento a través de contratos menores –en lugar de acudir a la celebración de 
un contrato único en cada ejercicio que abarcara todas las adquisiciones de material de 
intendencia, mediante procedimiento abierto y sometido a regulación armonizada–, lo  s
que, como consecuencia de la diferencia de precios en los sistemas de contratación,  oe.
py r2o0v1o4có,  eul na upteor djueic pioro ecceosnaómmieicnoto p cauraan ltaif icAad menin 1is8t5ra.1c8ió2n, 4m5 ielituarro sq.ue, entre los años 2010  2021-12598n https://www.
Cuarto.
Por auto de 16 de junio de 2020, el Juzgado Togado Militar Central núm. 1 acordó 
inhibirse del conocimiento de los hechos en favor de la jurisdicción ordinaria.
Quinto.
El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid, por auto de 12 de noviembre de 2020, 
acordó rechazar la inhibición planteada.
Sexto.
El Juzgado Togado Militar Central núm. 1, por auto de 22 de febrero de 2021, acordó 
mantener la inhibición planteada y considerar formalmente planteado conflicto negativo 
de jurisdicción.
Séptimo.
Remitidas las actuaciones por ambos órganos y recibidas en esta sala, por diligencia 
de ordenación de 23 de marzo de 2021, se confirió traslado para informe al Ministerio 
Fiscal y a la Fiscalía Togada, que lo evacuaron en el sentido de entender competente a 
la jurisdicción militar.
Octavo.
La representación procesal de D. Santiago Laguarda Seboni, mediante escrito de 8 
de abril de 2021, se personó ante esta sala, que, por diligencia de ordenación del 
siguiente día 7, lo tuvo por comparecido a los solos efectos de serle notificada la 
resolución del conflicto y sin perjuicio de su posible acceso a las actuaciones.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Consideraciones del Juzgado Togado Militar Central núm. 1.
El Juzgado Togado Militar Central núm. 1 entiende que es competente la jurisdicción 
ordinaria, ya que los hechos investigados no son constitutivos de delito militar y sí de 
delitos comunes, por las siguientes consideraciones:
De los hechos descritos en el auto de procesamiento se deducen una serie de 
acciones  irregulares  del  comandante  Laguarda  Seboni  que  ponen  de  manifiesto  la 
existencia  de  un  entramado  que  controlaba  toda  la  contratación  administrativa  del 
PCAMI relacionada con la reparación de contenedores, con el objetivo de beneficiar a la 
empresa SDLE y procurarse intereses u obtener un beneficio o lucro particular.
Sin embargo, de las pruebas practicadas con posterioridad al auto de procesamiento 
no cabe concluir aquella finalidad de lucro con la rotundidad necesaria para mantener la 
acusación sobre la base del CPM, ya que las iniciales afirmaciones relativas a las 
solicitudes de entrega de cantidades por parte del referido comandante no pudieron ser 
corroboradas durante la investigación.
Por ello, en la conducta de los dos militares investigados no concurre el elemento del 
tipo  del  delito  contra  la  Hacienda  en  el  ámbito  militar  consistente  en  «procurarse  s
intereses», entendido como una finalidad de obtención de un beneficio o lucro personal. e.
Sin embargo, los hechos investigados sí pueden calificarse como delitos comunes,  w.
en concreto, como constitutivos: 598ww
a)  De un delito de prevaricación administrativa previsto en el art. 404 CP, que
cuansat igrae s«oalu claió na utaorrbiditaradr iao  feunn ciuonn aarisou pnútob liacod mqiuneis,t raa tsivaob»ie, nddeals  qduee  sua pianrjuescteicríiaa,n  dcicotamroe 
presuntos responsables, en grado de autoría, el comandante Laguarda Seboni y, en
grado de cooperadores necesarios, el subteniente García Guijo y los tres empresarios en 
su momento procesados, cuya condición de no militares ni funcionarios no les impide 
ese tipo de participación en el delito.
b)  De un delito de falsedad documental del art. 390.4. º CP, que habrían cometido 
los  dos  militares  investigados  si  su  conducta  no  fuera  subsumida  en  el  delito  de 
prevaricación administrativa antes citado.
Segundo.  Consideraciones del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid.
El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid rechazó la inhibición planteada por 
entender que de la prolongada instrucción del procedimiento no se desprenden datos 
suficientes para estimar que concurren los elementos objetivos y subjetivos de los delitos 
de prevaricación administrativa y falsedad documental, además de que en los tipos 
contemplados en el CPM de 2015 y la prevaricación administrativa el bien jurídico 
protegido no es el mismo y la jurisdicción ordinaria no es supletoria de la militar.
Tercero.  Consideraciones de la Fiscalía Togada.
La Fiscalía Togada entiende que es competente la jurisdicción militar, por lo que 
sigue:
La atribución de la competencia a la jurisdicción militar depende de que los hechos 
investigados puedan ser subsumidos en el delito contemplado en el art. 191 CPM 1985 –
o en el primer inciso del art. 83 CPM 2015 que, salvo en la pena, presenta idéntica 
redacción–.
De los tres elementos que componen la configuración típica del delito, solo una se 
pone en entredicho, la relativa a «procurarse intereses» en cualquier clase de operación 
de la Administración militar.
Resulta  necesario,  en  consecuencia,  delimitar  el  elemento  típico  cuestionado. 
Conforme a la doctrina de la Sala Quinta TS:
a)  La  expresión  «procurarse  intereses»  no  puede  significar  más  que  ejecutar 
diligencias o llevar a cabo esfuerzos de cualquier tipo para obtener en cualquier clase de 
contrato  u  operación  que  afecte  a  la  Administración  militar  un  beneficio,  provecho, 
ganancia  o  lucro  de  quien  así  actúa  –SSTS,  Sala  Quinta,  de  3-6-2002  y  28-5 
y 10-7-2019–.
b)  Pero no se exige que esos intereses sean económicos –STS, Sala Quinta, 
de 5-5-2014– ni, si lo son, que perjudiquen a la Administración militar –SSTS, Sala 
Quinta, de 18-5-1994 y 5-5-2014–, pues lo decisivo es que el sujeto se interese en la 
celebración o ejecución del contrato, porque el bien jurídico protegido es la probidad del 
militar, su lealtad hacia la Administración –STS, Sala Quinta, de 18-5-1994–.
c)  No  es  preciso  que  el  autor  consiga  el  provecho  perseguido  ni  que  la 
Administración resulte económicamente perjudicada, por tratarse de un delito de mera 
actividad o de peligro presunto –SSTS, Sala Quinta, de 28-5 y 10-7-2019–.
De las actuaciones practicadas se desprende que el proceso de contratación llevado 
a cabo en el PCAMI en materia de adquisición de repuestos y reparación de material de 
intendencia –contenedores–, del que era principal responsable el comandante Laguarda 
Seboni,  no  siguió  el  procedimiento  legalmente  establecido  en  la  Ley  General 
Presupuestaria ni en la Ley de Contratos del Sector Público, ni tan siquiera en el  e
procedimiento general de compras 05/PCAMI, sino que incurrió en todas las corruptelas  bo
sobre las que alertan, por fraudulentas, tanto la Junta Consultiva de Contratación Pública  598ww
dgeals tEos, tapdroá,c tcicoamso  clao lCusoomriiassió, n eNxaigceionncaial sd ed lea  Csoolmvepnecteian cqiau:e i npdreobpidicoia fnra clac ioenxacmluiesinótno  ddeel 
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adjudicatarias, entre otras muchas que se destacan en el informe pericial.
Por ello, aun con la provisionalidad a la que obliga la fase procesal en la que se 
encuentran las actuaciones, puede inferirse que el comandante Laguarda Seboni, como 
jefe la SAECO, «se interesó» activamente en el proceso de adjudicación de los contratos 
de  reparación  de  contenedores,  consiguiendo  que  estos  recayesen  en  la  mercantil 
SDLE, ya fuese directamente o a través de la subcontratación de las empresas a las que 
se les adjudicaban los contratos.
La  falta  de  corroboración  de  ciertas  declaraciones  testificales,  a  la  que  hace 
referencia el Juzgado Togado Militar Central núm. 1, podría poner en cuestión, a lo 
sumo, la existencia de un beneficio económico en el comandante investigado, pero, 
como establece la STS, Sala Quinta, de 5-5-2014, el tipo delictivo contemplado en los 
arts. 191 CPM 1985 y 83 CPM 2015 no exige ni que el interés sea económico ni que la 
Administración resulte económicamente perjudicada.
Cuarto.  Consideraciones del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal estima que resulta competente la jurisdicción militar, por las 
siguientes consideraciones:
De lo actuado resultan elementos que ponen de relieve que en la conducta del 
comandante Laguarda Seboni se evidencia su «interés» por el proceso de contratación 
llevado a cabo en el PCAMI en materia de adquisición de repuestos y reparación de 
material  de  intendencia  –contenedores–,  proceso  en  el  que  se  aprecian  prácticas 
fraudulentas –con cita de las mismas a las que se refiere la Fiscalía Togada en su 
informe– para beneficiar a la empresa SDLE.
Por ello, a los meros efectos a los que se contrae la cuestión controvertida, se 
entiende que concurre en el comandante investigado el requisito del tipo consistente en 
«procurarse intereses», en el sentido jurisprudencialmente exigido.
En definitiva, los hechos investigados podrían integrar una de las figuras delictivas 
recogidas  en  el  CPM  –art.  191  CPM  1985  o  art.  83  CPM  2015–,  por  lo  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley Orgánica de Competencia y 
Organización de la Jurisdicción Militar –en lo sucesivo, LOCOJM–, su conocimiento 
corresponde a la jurisdicción militar.
Quinto.  Decisión de la sala.
El conocimiento de la jurisdicción militar –conforme a la previsión constitucional y 
legal  contemplada  en  los  arts.  117.5  de  la  Constitución  Española  y  3.2  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial– se delimita bajo principios restrictivos, al quedar reducido, 
en el orden penal y en tiempo de paz, al ámbito «estrictamente castrense», concepto 
jurídico  indeterminado  que  se  ha  ido  perfilando  a  través  de  una  pluralidad  de 
resoluciones que parten, esencialmente, de la STC 60/1991, de 14-3, en la que se 
especifica que el alcance del conocimiento de la jurisdicción militar en materia penal y en 
tiempo  de  paz  está  delimitado:  por  la  naturaleza  del  delito  cometido  –delitos 
estrictamente castrenses–; por el bien jurídico o los intereses protegidos por la norma –
que han de ser estrictamente militares–; por el carácter militar de las obligaciones o 
deberes cuyo incumplimiento se tipifica; y, en general, por la condición de militar del 
sujeto al que se imputa el delito.
De estas consideraciones se desprende que la delimitación del concepto de lo 
«estrictamente castrense» se ha de hacer a través de tres criterios: el primero, objetivo – s
determinado por el carácter militar del delito–; el segundo, funcional o instrumental – oe.
delimitado por los bienes, principios o valores militares protegidos por la norma–; y el  w.
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militar de su autor. Probablemente, los tres criterios que maneja la doctrina constitucional
citada pueden reducirse a uno solo, conforme al cual, el ámbito de lo «estrictamente  Bc
castrense», en el orden penal, debe identificarse con la protección de los bienes jurídicos 
militares.
La concreción positiva del ámbito «estrictamente castrense» propio del conocimiento 
de los órganos de la jurisdicción militar en el orden penal y en tiempo de paz –como ha 
señalado  reiteradamente  esta  sala  en  doctrina  compendiada  en  la  sentencia  núm. 
2/2014, de 4-12 (cj. 2/2014), luego reiterada en la reciente sentencia núm. 1/2021, 
de 16-2 (cj. 2/2020)–, se contempla en el marco normativo constituido por los arts. 12.1 
y 14 LOCOJM. Conforme al primero de ellos, la competencia de los órganos de la 
jurisdicción militar se circunscribe al conocimiento de los delitos comprendidos en el 
CPM, incluso en aquellos casos en que, siendo susceptibles de ser calificados con 
arreglo al CP común, les corresponda pena más grave con arreglo a este último, en cuyo 
caso se aplicará este. Conforme a tal precepto, rige, por lo tanto, el criterio de la 
especialidad. Frente a esta regla general, solo se contempla una excepción, prevista en 
el  art.  14  LOCOJM,  para  los  casos  de  conexidad  delictiva,  supuestos  en  que  la 
competencia corresponde a la jurisdicción a la que esté atribuido el conocimiento del 
delito que tenga señalada legalmente pena más grave.
Al no concurrir en el caso un supuesto de conexidad delictiva, la resolución del 
conflicto  ha  de  partir  del  análisis  de  si  los  hechos  objeto  de  investigación  son 
susceptibles o no de ser incardinados en el ámbito de lo «estrictamente castrense», por 
afectar  a  bienes  jurídicos  militares,  o  si,  en  definitiva,  son  susceptibles  de  ser 
subsumidos en alguno de los tipos penales militares contemplados en el CPM, aunque 
fueran susceptibles también de ser tipificados conforme al CP común.
Partiendo  de  las  anteriores  consideraciones  generales,  se  entiende  que  la 
competencia para conocer de la instrucción y enjuiciamiento de los hechos objeto de 
investigación corresponde a los órganos de la jurisdicción militar:
a)  En efecto, como señala la doctrina de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, el 
bien jurídico protegido por el delito militar contra la Hacienda en el ámbito militar es la 
probidad del militar, su lealtad hacia la Administración –SSTS, Sala Quinta, de 18-5-1994 
(rec.  10/1994),  24-6-1996  (rec.  21/1996),  3-6-2002  (rec.  72/2001),  14-12-2004  (rec. 
45/2004), 28-5-2019 (rec. 19/2018) y 10-7-2019 (rec. 49/2018)–.
b)  Se entiende que pudiera concurrir en el caso de autos el requisito del tipo 
delictivo del art. 191 CPM 1985 consistente en «procurarse intereses», en el sentido 
jurisprudencialmente exigido, ya que de lo actuado se desprende que en el proceso de 
contratación administrativa se ejecutaron diligencias o esfuerzos para beneficiar a la 
empresa SDLE, presumiblemente, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio, 
provecho,  ganancia  o  lucro  –requisitos  señalados  en  las  SSTS,  Sala  Quinta, 
de  24-6-1996  (rec.  21/1996),  3-6-2002  (rec.  72/2001),  14-12-2004  (rec.  45/2004), 
28-5-2019 (rec. 19/2018) y 10-7-2019 (rec. 49/2018)–.
c)  En su caso, la falta de corroboración del beneficio económico que pudiera haber 
obtenido el comandante investigado no puede servir, como hace el Juzgado Togado 
Militar Central núm. 1, para descartar, aun indiciariamente, la tipicidad de su conducta 
conforme al delito militar contemplado en el art. 191 CPM 1985, ya que el mismo no 
exige ni que los intereses sean económicos –STS, Sala Quinta, de 5-5-2014 (rec. 
71/2013)–,  ni  que  perjudiquen  a  la  Administración  militar  –SSTS,  Sala  Quinta, 
de  18-5-1994  (rec.  10/1994),  24-6-1996  (rec.  21/1996),  5-5-2014  (rec.  71/2013), 
28-5-2019 (rec. 19/2018) y 10-7-2019 (rec. 49/2018)–, como tampoco es necesario que 
el autor consiga el provecho perseguido, por tratarse de un delito de mera actividad –
SSTS, Sala Quinta, de 24-6-1996 (rec. 21/1996), 28-5-2019 (rec. 19/2018) y 10-7-2019  e.
(rec. 49/2018)–. w.b
d)  En consecuencia, se entiende que los hechos investigados, de forma indiciaria,  598ww
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FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta sala ha decidido
1.   Resolver el conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado Togado Militar 
Central  núm.  1  (sumario  1-02/15)  y  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  1  de  Madrid 
(diligencias  previas  1824/2020),  a  favor  de  la  jurisdicción  militar,  atribuyendo  el 
conocimiento de las actuaciones, como competente para ello al Juzgado Togado Militar 
Central núm. 1.
2.   Declarar de oficio las costas procesales.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado». 
Así se acuerda y firma.–Carlos Lesmes Serrano.–Andrés Palomo Del Arco.–Jacobo 
Barja  de  Quiroga  López.–Eduardo  de  Porres  Ortiz  de  Urbina.–Ricardo  Cuesta  del 
Castillo.–Firmado.