BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53729
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8146 Sala  Primera.  Sentencia  62/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 588-2019. Promovido por don Roberto Mederos López respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Ibiza en proceso de desahucio de vivienda. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin agotar las 
posibilidades de comunicación personal (STC 123/2019).
ECLI:ES:TC:2020:62
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 588-2019, promovido por don Roberto Mederos 
López, representado por el procurador de los tribunales don Alejandro Valido Farray, con 
asistencia letrada de doña Emma Rosa Expósito Mendoza, contra la providencia de 11 
de diciembre de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza en la 
pieza de nulidad núm. 3-2018, incoada en el juicio verbal sobre desahucio de vivienda 
por impago de rentas núm. 268-2018, por la que se desestimó la solicitud de nulidad de 
actuaciones presentada por el demandante. Ha sido parte la entidad Un Vitorino, S.L., 
representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Lucía  Vázquez-Pimentel 
Sánchez, y asistida por la letrada doña Virginia Serra Costa. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal.  Ha  sido  ponente  el  magistrado  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón,  quien 
expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 28 de 
enero de 2019, don Alejandro Valido Farray, procurador de los tribunales y de don 
Roberto Mederos López, interpuso recurso de amparo contra la providencia reseñada en 
el encabezamiento, que desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones presentada por 
el demandante mediante la que se alegó haber sufrido indefensión en el proceso civil de 
desahucio.
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver la pretensión planteada 
los siguientes: es
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza se tramitó un juicio verbal  w.
de desahucio por impago de rentas y acción acumulada para su reclamación (autos núm.  46ww
M26e8d-e2r0o1s8 )L, óap ienzs t(aanrcreian ddaet alar ioe)n, ticdoand  rUenla Vciiótonr inao u, nS .aLp.,a (ratarrmenednatod osriatu) afdreon teen a l ad ocna lRleo bLeurgtoo 
núm. 2, Cal de Bou, del municipio de Sant Josep de Sa Talaia (isla de Ibiza).
Admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 4 de abril de 2018, e 
intentados por la parte actora el emplazamiento y requerimientos del demandado (de 
pago y/o de desalojo) en la vivienda objeto de arrendamiento, el procurador de la actora 
hizo constar mediante diligencia de 26 de abril de 2018 que el demandado no se hallaba 
en la vivienda, pese a haberse intentado la citación a juicio y requerimiento en dos 
ocasiones (19 y 26 de abril de 2018), detectándose signos de permanecer deshabitada.
Por diligencia de ordenación de 8 de mayo de 2018, el letrado de la administración 
de justicia acordó fijar en el tablón de anuncios de la oficina judicial la cédula de 
requerimiento y citación para juicio.
Dado que la parte demandada no compareció ni formuló oposición a la demanda, el 
proceso fue dado por terminado mediante nuevo decreto de 24 de mayo de 2018 que, tal 
y como había sido solicitado en la demanda inicial, acordó la imposición de costas y la 
ejecución directa y lanzamiento del arrendatario, que se llevó a efecto el 28 de mayo 
siguiente.
b)  A continuación, la solicitud de ejecución de la entidad actora en relación con las 
rentas adeudadas dio lugar al proceso de ejecución de títulos judiciales núm. 140-2018, 
en el que se dictó auto el 26 de junio de 2018 disponiendo la orden general de ejecución 
dineraria por importe de 26 000 € de principal y 7 800 € de intereses y costas.
c)  El demandante de amparo manifiesta haber sabido la existencia del proceso de 
ejecución a través de un aviso telefónico recibido en el domicilio de su madre. Tras 
conocerlo, se personó el 11 de septiembre de 2018 en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de Ibiza. En dicho acto se le entregó copia de las actuaciones del juicio verbal 
núm. 268-2018, y también del auto de 26 de junio de 2018 que dispuso la ejecución de la 
resolución procesal que le puso término, del decreto de la misma fecha que lo hacía 
efectivo y de una copia de la demanda de ejecución, emplazándole para que en el plazo 
legal previsto pudiera oponerse al despacho general de ejecución acordado.
d)  La representación del Sr. Mederos presentó el 8 de octubre de 2018, en el juicio 
verbal de desahucio, una solicitud de nulidad de actuaciones; solicitó que se ordenara su 
retroacción al momento inmediatamente anterior a aquel en que se intentó notificarle la 
demanda de desahucio y reclamación de rentas debidas. Solicitó también que, a fin de 
evitar los perjuicios irreparables que su continuación pudiera causarle, se decretara la 
suspensión de la tramitación del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 
140-2018, hasta tanto fuera resuelto el incidente de nulidad planteado.
e)  La solicitud de nulidad dio lugar al incidente núm. 3-2018. Fue desestimada por 
providencia de 11 de diciembre de 2018, en la que el juzgador entendió que no se había 
producido la indefensión denunciada, dado que el intento de requerimiento de pago de 
las rentas reclamadas y de citación a juicio verbal en la vivienda arrendada, lo había sido 
conforme a las previsiones legales [arts. 155.2 y 3, y 164 de la Ley de enjuiciamiento civil 
(LEC)].
3.  En su recurso el demandante considera vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por la forma en que el juzgado llevó a cabo los 
actos de comunicación inicial de la demanda de reclamación de rentas y desahucio. 
Considera el demandante que «el juzgado ignoró la doctrina del Tribunal Constitucional 
acerca de las notificaciones procesales y, sin realizar ninguna labor de averiguación, 
conforme a lo establecido en el artículo 156 de la Ley de enjuiciamiento civil, procedió a 
la aplicación de las previsiones contenidas en el apartado 3 del artículo 155 del mismo 
texto legal, en la redacción dada al mismo por la Ley 19/2009, de manera estricta, sin 
interpretarlo  en  función  de  dicha  doctrina  y  del  derecho  fundamental  afectado,  e.
limitándose únicamente a intentar la notificación en el domicilio objeto del arrendamiento.  w.b
Al resultar esta negativa, acudió directamente a la vía edictal, cuando disponía de  46ww
dteelél fpounnot om nóevuilt,r op rdoefel sjuiózng,a ddoom».i cAiliñoa adlete qrnuaet,i vcoo ny  uontraa sm míneimdiad adsi lidgee nacviear, igeul aócrgióann,o a  jutrdaivcéiasl 
psuo ddíao chuambeernleto  loncaacliizoandaol , dbeie ind eennt ideal dd odmoincidlieo  mfuaet elroncoa,l izqaudeo a ppaarreac íeal  epnr olcae fdoitmocieonptioa  ddee 
ejecución, o bien a través del padrón municipal, por cuanto durante toda la pendencia del
procedimiento de desahucio, el Sr. Mederos figura empadronado en el municipio de Sant 
Josep de Sa Talaia, término municipal de Ibiza. Destaca también que, en el contrato de 
arrendamiento aportado con la demanda que no aparece firmado por las partes, consta 
su profesión (guardia civil), por lo que no hubiera sido costosa su localización personal, 
dado que en el edificio donde se encuentra el inmueble objeto del litigio habitan en 
condición de arrendatarios diversos compañeros de profesión, en virtud de los contratos 
concertados por la Dirección General de la Guardia Civil y quien es parte actora en el 
proceso judicial previo.
Señala que el art. 24.1 CE, en cuanto establece la interdicción de la indefensión, 
impone un conocimiento efectivo de la existencia del proceso a fin de que, en él, pueda 
el demandado ejercer una defensa eficaz de sus intereses. Tal resultado exige de los 
órganos judiciales un deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación 
dirigido  a  logar  la  citación  o  emplazamiento  personal  de  los  demandados 
(SSTC 30/2014, de 24 de febrero, y 181/2015, de 7 de septiembre). En relación con la 
previsión legal del art. 164 LEC, se aduce que los órganos judiciales han de realizar de 
ella una interpretación conforme a la Constitución, integrando el contenido de la reforma 
con  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  en  cuanto  a  la  subsidiariedad  de  la 
comunicación edictal, pues así lo exige el derecho de acceso al proceso reconocido en el 
art. 24.1 CE. Para el demandante, este deber de diligencia habría sido omitido en este 
caso,  dando  por  suficiente  el  intento  de  citación  en  la  vivienda  supuestamente 
arrendada, en la que no habitaba, sin llegar a agotar los medios de averiguación del 
domicilio real del demandado.
Por lo expuesto, solicita que se declare la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión y se le restablezca en el mismo, a cuyo fin debe ser 
declarada nula la providencia de 11 de diciembre de 2018 que ha sido cuestionada, así 
como todo lo actuado a partir de la diligencia de 26 de abril de 2018 en la que se hizo 
constar que el demandante no había sido localizado en el domicilio arrendado, con 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a dicha diligencia 
para que se dicte otra resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental alegado 
que le permita llegar a tener conocimiento y participar plenamente en el proceso de 
reclamación de rentas y desahucio.
Mediante  otrosí  se  solicitó  en  la  demanda  de  amparo  la  suspensión  del 
procedimiento de ejecución de resoluciones procesales núm. 140-2018, en el que se le 
reclaman como debidas las rentas del arrendamiento (33 800 €). Se alega que la 
continuación de dicho procedimiento de ejecución le produciría un importante perjuicio 
económico, dada su entidad, que podría llegar a ser de difícil recuperación en el caso de 
que la entidad actora fuera disuelta y liquidada.
La  petición  de  suspensión  del  procedimiento  de  ejecución  fue  denegada  por 
ATC 112/2019, de 30 de septiembre, tras considerar no acreditado que el perjuicio 
económico alegado fuese actual e irreparable.
4.  La Sección Primera de este Tribunal, por providencia de 15 de julio de 2019, 
acordó la admisión a trámite de la demanda al apreciar la concurrencia de especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] 
como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa 
manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, 
de 28 de julio, FJ 2 f)]. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se acordó 
dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza, a fin de que, 
en el plazo de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones  e.
correspondientes a los procedimientos judiciales precedentes, y emplazara ante este  w.b
Tribunal a quienes hubieran sido parte en ellos. 46ww
5.  Por diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sala Primera, de 19
Vdeit osrienpot,i eSm.Lb.r,e e nd eta n2t0o1 f9u,e  spea rttuev aoc tpoorar  peenr lsao nvíaad aju daic ilaal  prerepvreias,e yn taa cteiónno rp droec leos dails pduee sUtno 
en el artículo 52 LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de
amparo, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y las partes personadas, 
para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho 
convenga.
6.  La  representación  procesal  de  la  entidad  Un  Vitorino,  S.L.,  presentó  sus 
alegaciones  en  escrito  registrado  el  21  de  octubre  2019.  En  ellas  solicita  la 
desestimación de la pretensión de amparo por entender que la tramitación por parte del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza del juicio verbal de desahucio núm. 
268-2018 fue perfectamente ajustada a Derecho, ya que, tal y como acertadamente 
confirmó la providencia cuestionada de 11 de diciembre de 2018, la notificación de la 
demanda al recurrente se llevó a efecto de acuerdo con lo expresamente establecido por 
la ley procesal, ajustándose a la legalidad el proceder del juzgado cuya actuación se 
cuestiona en el recurso.
Destaca que los intentos de notificación de la demanda civil fueron llevados a cabo 
por el procurador de la actora en virtud de lo previsto por el artículo 152.1.1 LEC. Y se 
realizaron en la vivienda arrendada, ajustándose con ello también a lo previsto por el 
artículo 155.3, que expresamente establece que si las partes no han acordado señalar 
en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que han de llevarse a cabo los actos 
de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
Concluye sus alegaciones señalando que «al margen de esto y en relación al antes 
citado artículo 155.3 de ésta, la Ley de enjuiciamiento civil en el último párrafo de su 
artículo 164 prevé que en los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta 
de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y 
en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no 
pudiere  hallársele  ni  efectuarle  la  comunicación  al  arrendatario  en  los  domicilios 
designados  en  el  párrafo  segundo  del  apartado  3  del  artículo  155,  ni  hubiese 
comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al 
arrendador, al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la 
cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial. Por lo 
que haber procedido a su notificación edictal de forma directa tras los intentos llevados a 
cabo en la vivienda arrendada, es perfectamente ajustado a Derecho, no exigiendo la 
Ley de enjuiciamiento civil la realización de ningún otro acto previo a la notificación 
mediante edictos, por regular expresamente y de forma especial la forma en la que las 
notificaciones deben llevarse a cabo en el caso de los procedimientos de desahucio». 
Por último, señala que este procedimiento fue perfectamente observado y respetado en 
los autos de juicio verbal de reclamación de rentas y desahucio a que se refiere este 
proceso, por lo que solicita la desestimación de la pretensión de amparo por no haberse 
vulnerado  el  derecho  del  demandante  que  ha  sido  alegado,  ni  haberle  generado 
indefensión la tramitación del procedimiento, al haberse respetado y observado las 
normas legales sobre notificación establecidas al respecto.
7.  La representación procesal del demandante de amparo, en escrito que tuvo 
entrada en este Tribunal el día 18 de noviembre de 2019, ratificó las alegaciones 
expuestas en su escrito de interposición del recurso.
8.  El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones, mediante escrito registrado 
el día 12 de noviembre de 2019. Tras recordar las actuaciones procesales producidas en 
el proceso judicial previo en el que han sido dictadas las resoluciones cuestionadas en el 
recurso de amparo afirma que el recurrente dirige, formalmente, sus alegaciones contra  s
la providencia de 11 de diciembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de  oe.
Ibiza por entender que, al resolver en sentido desestimatorio el incidente de nulidad  w.
repell asanortltueíccauidóloon , 2 vj4uu.d1lni ceCiarEól,,   spsuein rdooe  eraen c lrhaeo a tolaidt alaaldi dt auladt e vlaud lenj ueldraaiscc iaiaól cnet ufqeauccetii ovdnaee nssui nnj ucindiadic eniafoel enssse i óalanc  oirmerdpcaoudntaao sca i dedonic  ehenal    2020-8146n https://ww
procedimiento de desahucio núm. 268-2018, desde que se decide por el letrado de la
administración de justicia acudir a la notificación por edictos en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, sin agotar, por tanto, las posibilidades de llamarle al proceso de forma 
personal o que garantizara su conocimiento, frustrando así sus posibilidades de defensa.
A continuación señala que la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia 
está muy consolidada partiendo de que es esencial a la tutela judicial efectiva que los 
llamados a ser parte en el procedimiento tengan conocimiento de la existencia de este, 
única manera de que puedan intervenir en él y ejecutar de forma efectiva sus derechos. 
Afirma que el Tribunal Constitucional opta por la primacía de la notificación personal, 
pero ello no quiere decir que desprecie de forma absoluta otras formas de notificación 
mucho menos directas, como la citación por edictos. Lo que sí hace es prevenir contra 
un uso excesivo de esta vía, pero no lo impide, y exige al órgano judicial que se agoten 
las posibilidades de citación directa antes de acudir a la menos segura de los edictos. El 
órgano judicial, señala, debe extremar la diligencia para la averiguación del paradero o 
domicilio de los interesados, y para ello deberá utilizar los medios de averiguación que 
estén razonablemente a su alcance.
Tras  describir  las  actuaciones  procesales  practicadas  en  este  caso  para  el 
requerimiento  de  pago  de  rentas  debidas  y  reclamadas  y  la  citación  a  juicio  del 
demandado (hoy recurrente), considera que se trata de una actuación insuficiente para 
dar cumplimiento al deber de vigilancia exigido a los órganos judiciales, deber que es 
más intenso cuando se trata del emplazamiento inicial. Una vez constatado que existían 
posibilidades de averiguar el paradero del demandado y, pese a ello, no se practicó 
ninguna (dirigirse a organismos oficiales y registros públicos, intentarlo en el domicilio 
que aparece en la copia del documento nacional de identidad del demandado que había 
sido  unida  al  contrato  de  arrendamiento  aportado  con  la  demanda;  o  tomar  en 
consideración su condición de guardia civil para hacer efectiva su localización a través 
de dicha institución).
En  conclusión,  para  el  Ministerio  Fiscal  el  órgano  judicial  no  cumplió  con  las 
exigencias derivadas de la doctrina del Tribunal Constitucional y optó de forma explícita 
por la aplicación automática del art. 164 LEC, desoyendo la doctrina constitucional que le 
fue  expresamente  alegada  en  la  solicitud  de  nulidad  de  actuaciones;  así  como  la 
jurisprudencia  constitucional  que  ha  interpretado  dicho  precepto  legal  en  sentido 
favorable  al  derecho  de  defensa  de  los  demandados  (SSTC  31/2014,  181/2015 
y 39/2018). Por ello considera que, en coherencia con anteriores pronunciamientos 
(STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 5) debe otorgarse el amparo solicitado, reconocer la 
vulneración denunciada y, para restablecerle en su derecho al demandante, declarar la 
nulidad  de  todas  las  actuaciones  practicadas  en  el  juicio  verbal  268-2018  y  en  el 
subsiguiente  proceso  de  ejecución  104-2018  y,  en  consecuencia,  retrotraer  las 
actuaciones al momento anterior a la diligencia de ordenación de 8 de mayo de 2018, 
que dispuso la comunicación edictal de la demanda y su admisión a trámite, con el fin de 
que se dicte otra resolución judicial respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva 
del demandante de amparo.
9.  Por providencia de 11 de junio de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El demandante de amparo impugna la providencia de 11 de diciembre de 2018, del  es
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza, por la que fue inadmitida la solicitud de  bo
nulidad de actuaciones promovida en el juicio verbal de desahucio y reclamación de  46ww
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imposibilidad  de  acceso  al  proceso  civil  como  consecuencia  de  haber  sido
indebidamente llamado al proceso fijando la cedula de requerimiento de pago y citación 
para juicio en el tablón de anuncios de la oficina judicial, tras un único e infructuoso 
intento de citación personal en el domicilio objeto del arrendamiento, pese a que se 
constató que permanecía deshabitado. Destaca que, al resultar negativa la comunicación 
intentada, se ordenó acudir directamente a la vía edictal pese a que constaba en las 
actuaciones su teléfono móvil, su profesión (agente de la Guardia Civil), un domicilio 
familiar alternativo (el de su madre) que aparecía en la fotocopia de su documento 
nacional de identidad, y eran posibles otras medidas adicionales de averiguación de su 
paradero, habituales en la práctica judicial. Por tanto, a través de la queja expuesta se 
denuncia  la  falta  de  diligencia  del  órgano  judicial  en  orden  a  cumplir  con  su 
responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal del demandado antes 
de acudir a la citación edictal.
Por  su  parte,  como  con  más  detalle  se  expone  en  los  antecedentes  de  esta 
resolución, el Ministerio Fiscal ha solicitado el otorgamiento del amparo, por entender 
producida la lesión denunciada por el recurrente; mientras que se ha opuesto al mismo la 
representación de la entidad Un Vitorino, S.L., por considerar que no ha tenido lugar la 
citada lesión, al ajustarse la actuación del Juzgado a las normas procesales vigentes 
(art. 164 LEC).
2.  Exposición de la doctrina aplicable.
Así delimitada la pretensión de amparo, lo que se nos presenta como objeto de este 
recurso es, una vez más, la diligencia del órgano judicial en los actos de comunicación 
procesal y, más concretamente, el aspecto relativo a la necesidad de que el órgano 
judicial agote todas las posibilidades de averiguación del domicilio del demandado, así 
como que esté convencido de la imposibilidad de éxito de toda vía de comunicación 
alternativa antes de acudir a la comunicación edictal.
Este Tribunal ha resuelto en sentido estimatorio varios recursos similares, referidos a 
procedimientos arrendaticios (SSTC 30/2014, de 24 de febrero; 181/2015, de 7 de 
septiembre; 39/2018, de 25 de abril, y 123/2019, de 28 de octubre). En la primera de 
estas resoluciones –STC 30/2014, FJ 3–, con referencia a anteriores pronunciamientos, 
se recordó la gran relevancia que en nuestra doctrina posee «la correcta constitución de 
la relación jurídica procesal para garantizar el derecho de defensa reconocido en el 
art. 24 CE, que implica la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan 
hacer valer sus derechos e intereses legítimos. De ahí la especial trascendencia de los 
actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, 
citación o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en 
tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el 
proceso  de  los  derechos  e  intereses  cuestionados,  de  tal  manera  que  su  falta  o 
deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al 
interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, 
salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado 
por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener 
conocimiento por otros medios distintos de su existencia, si bien es necesario recordar 
que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento 
extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia 
constitucional de la queja, ‘no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en 
simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto 
invalidante  de  la  tacha  de  indefensión,  pues  lo  presumido,  es  justamente,  el  e
desconocimiento del proceso si así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2,  bo
y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4)». 46ww
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la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la
limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que, tras 
intentar su averiguación, no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien 
se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que cuando del examen de los 
autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un 
domicilio  que  haga  factible  practicar  de  forma  personal  los  actos  de  comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a 
la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2).
A la conclusión alcanzada no cabe oponer, como sostiene el órgano judicial en la 
providencia de 11 de diciembre de 2018 que inadmite la solicitud de nulidad que fue 
presentada alegando indefensión, que la Ley de enjuiciamiento civil no exige realizar 
mayores averiguaciones tras la reforma del art. 164 LEC llevada a cabo mediante la 
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del 
alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. Semejante argumentación es la que 
pone de relieve, precisamente, la especial trascendencia constitucional del presente 
recurso,  pues  hemos  reiterado  en  la  jurisprudencia  reseñada  que  dicho  cambio 
normativo  no  permite  obviar  la  doctrina  constitucional  precedente,  que  le  fue 
expresamente alegada por el recurrente.
Cabe ya anticipar que la interpretación que se realiza de la reforma introducida por la 
Ley 19/2009, tanto en el caso resuelto por las SSTC 30/2014, 181/2015 y 123/2019, 
como en el que aquí se enjuicia, pone de relieve un apartamiento manifiesto de la 
doctrina de este Tribunal Constitucional en materia de emplazamiento y notificaciones, 
pues se limitan a mantener una interpretación literal y restrictiva del precepto aplicado en 
relación con la labor y la diligencia que deben desplegar a la hora de realizar los actos de 
comunicación dirigidos a quienes están llamados a ser parte en el procedimiento.
3.  Análisis de la indefensión denunciada.
Partiendo  de  la  doctrina  constitucional  expuesta,  en  el  presente  caso  podemos 
concluir, como alega el recurrente y el Ministerio Fiscal, que el órgano judicial no ha 
desplegado la actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al objeto de notificar debidamente al 
demandante  de  amparo  la  existencia  del  procedimiento  de  reclamación  de  rentas 
arrendaticias y desahucio.
Según  ha  sido  alegado  y  se  desprende  de  las  actuaciones  judiciales,  una  vez 
intentado infructuosamente por la parte actora el requerimiento de pago y citación en la 
vivienda objeto de arrendamiento, pese a que se hizo constar que la vivienda parecía 
deshabitada,  el  órgano  judicial  no  ordenó  la  práctica  de  ninguna  comprobación 
encaminada a conocer el domicilio actual del recurrente, ni a través de la documentación 
obrante en autos (intentándolo en el domicilio que aparece en la copia del documento 
nacional de identidad del demandado que había sido unida al contrato de arrendamiento 
aportado con la demanda; o tomando en consideración su condición de agente de la 
guardia civil para hacer efectiva su localización a través de dicha institución), ni con los 
diferentes organismos públicos a los que se remite el art. 155.3 LEC, o por los medios 
que se recogen en el art. 156 de la misma ley, sino que acudió directamente a la 
notificación edictal.
Al resolver el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente, que sí 
fue localizado en el proceso de ejecución de la resolución que puso fin al proceso que 
acordó el desahucio y declaró debidas las rentas reclamadas, el órgano judicial defiende  e
que su actuación encontraba fundamento legal en la dicción literal del último párrafo del  bo
art. 164 LEC, por lo que el legislador, en materia de arrendamientos urbanos, deja a  46ww
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necesario  realizar  una  interpretación  «secundum  constitutionem»  de  dicho  precepto
(art. 164 LEC), integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este Tribunal en 
cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el 
derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal 
en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los 
medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 181/2015, FJ 5).
En definitiva, podemos concluir que el órgano judicial no agotó todos los medios que 
tenía  a  su  alcance  para  llevar  a  cabo  la  notificación  personal  o  fehaciente  del 
demandado, incumpliendo de este modo la diligencia que le era debida y exigible desde 
la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión para asegurar 
debidamente su emplazamiento y su acceso al procedimiento. En consecuencia, al igual 
que en supuestos precedentes, hemos de declarar que en el presente caso se ha 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante de 
amparo, por la falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los 
medios  de  averiguación  del  domicilio  real  para  obtener  una  notificación  personal  y 
efectiva de la existencia del proceso de reclamación de rentas arrendaticias y desahucio, 
lo que conduce a la estimación del recurso de amparo, con declaración de nulidad de la 
providencia impugnada y de todas las actuaciones practicadas desde la diligencia de 
ordenación de 8 de mayo de 2018 que acordó la comunicación edictal, con retroacción 
de las mismas al momento anterior al dictado de la citada diligencia, al objeto de que se 
le  comunique  debida  y  fehacientemente  al  recurrente  la  existencia  del  juicio  de 
desahucio.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Roberto Mederos López y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 11 de diciembre de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Ibiza, dictada 
en el juicio verbal arrendaticio núm. 268-2018, así como de todo lo actuado desde la 
diligencia de 8 de mayo de 2018 que acordó fijar la cedula de requerimiento de pago y 
citación en el tablón de anuncios de la oficina judicial.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  a  la  citada 
diligencia de 8 de mayo de 2018, a fin de que se lleve a cabo el requerimiento de pago y 
eventual citación a juicio en términos que sean respetuosos con el derecho fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.– es
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. bo