BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46  Martes 23 de febrero de 2021  Sec. III.   Pág. 21425
III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
2807 Resolución de 10 de diciembre de 2020, aprobada por la Comisión Mixta para 
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de 
fiscalización del organismo autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas, 
ejercicio 2016.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 10 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca 
del Informe de fiscalización del organismo autónomo Centro de Investigaciones 
Sociológicas, ejercicio 2016, acuerda:
1.  Asumir  el  contenido  del  citado  Informe,  así  como  sus  conclusiones  y 
recomendaciones.
2.  Instar al Gobierno a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
– Adoptar las medidas necesarias para adecuar la capacidad operativa del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos dependientes de ella, a los requerimientos 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
– Adoptar las medidas necesarias para superar la situación de desequilibrio financiero 
que muestran las cuentas del organismo en el ejercicio fiscalizado y anteriores, que de 
mantenerse podría llevar al centro a incurrir en el supuesto de disolución recogido en el 
apartado e) del artículo 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
– Adecuar la capacidad operativa del Centro de Investigaciones Sociológicas en 
cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado con 
capacidad suficiente para actuar.
3.  Instar a la Administración General del Estado a:
– Tomar las medidas regulatorias y organizativas necesarias para proceder a la 
laboralización de la red de campo del Centro de Investigaciones Sociológicas.
4.  Instar al Centro de Investigaciones Sociológicas a:
– Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.
– Efectuar las actuaciones oportunas a fin de reforzar su sistema de control interno, 
tales como la elaboración de manuales de procedimiento en materia de becas y ayudas, 
convocatoria y celebración de cursos, venta de publicaciones y gestión de la red de campo; 
y la revisión del sistema de distribución de funciones en la tramitación de las becas y de 
otras transferencias.
– Adoptar las medidas necesarias para superar la situación de desequilibrio financiero 
que muestran las cuentas del organismo en el ejercicio fiscalizado y anteriores, que de 
mantenerse podría llevar al centro a incurrir en el supuesto de disolución recogido en el  e
apartado e) del artículo 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  bo
Sector Público. 07ww
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campo a su configuración legal de contratos de servicios sujetos a la legislación de 
contratos del Estado.
– Reforzar su sistema de control interno y establecer procedimientos adecuados en la 
gestión de su red de campo mediante su laboralización.
5.  Instar al Tribunal de Cuentas a:
– Realizar una fiscalización recurrente y sistemática del Centro de Estudios 
Sociológicos dentro de los planes anuales de fiscalización del Tribunal de Cuentas, así 
como el seguimiento de las recomendaciones planteadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.–El Presidente de la 
Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel 
Alonso Jiménez.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, EJERCICIO 2016 
 
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los 
artículos 12 y 14 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 31 de octubre de 2019, el 
INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  DEL  ORGANISMO  AUTÓNOMO  CENTRO  DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, EJERCICIO 2016, y ha acordado su elevación a las Cortes 
Generales, así como al Gobierno de la Nación, según lo prevenido en el artículo 28.4 de la Ley de 
Funcionamiento. 
 
 
ÍNDICE 
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
I.2.  ANTECEDENTES 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
I.5.  OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 
II.1.1.  Sistema de planificación del CIS 
II.1.2.  Procedimientos de gestión 
II.1.3.  Control sobre el inmovilizado 
II.1.4.  Control de la IGAE 
II.2.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
II.3.  ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
II.4.  ANÁLISIS DE LA TESORERÍA 
II.4.1.  Análisis de los pagos a justificar 
II.4.2.  Análisis de los anticipos de caja fija 
II.5.  ANÁLISIS DE LOS GASTOS 
II.5.1.  Análisis de la gestión de recursos humanos 
II.5.2.  Análisis de los gastos en concepto de servicios prestados por la red de campo 
II.5.3.  Análisis de la contratación 
II.5.3.1.  Contratos tramitados por procedimiento abierto 
II.5.3.2.  Contratos celebrados por procedimiento negociado 
II.5.3.3.  Contratos menores 
II.5.4.  Análisis de otros gastos imputados al capítulo 2 “Gastos corrientes” 
II.5.4.1.  Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
II.5.4.2.  Convenio  con  el  Real  Colegio  Complutense  at  Harvard  University  para  la 
celebración del IX Summer Seminar on Sociological and Political Research 
II.5.5.  Análisis de las transferencias 
II.5.5.1.  Becas de formación a postgraduados 
II.5.5.2.  Subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el CIS 
II.5.5.3.  XXV Curso de Postgrado para la Formación de Especialistas en Investigación 
Social Aplicada y Análisis de Datos 
II.5.5.4.  Convenio MINEICO-CIS para la participación en la Encuesta Social Europea  s
II.6.  ANÁLISIS DE LOS INGRESOS  bo
II.6.1.  Encomiendas de gestión  07ww
II.6.2.  Venta de publicaciones 
II.6.3.  Derechos de matrícula en cursos y seminarios 
 
II.7.  OTROS ÁMBITOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.7.1.  Normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
II.7.2.  Normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
  CONCLUSIONES 
III.1.  CONCLUSIONES RELATIVAS AL CONTROL INTERNO (APARTADO II.1) 
III.2.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (APARTADO II.2) 
III.3.  CONCLUSIONES  RELATIVAS  A  LA  LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA 
(APARTADO II.3) 
III.4.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA TESORERÍA (APARTADO II.4) 
III.5.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS GASTOS 
III.5.1.  Conclusiones relativas a la gestión de los recursos humanos (apartado II.5.1) 
III.5.2.  Conclusiones relativas a los gastos en concepto de servicios prestados por la 
red de campo (apartado II.5.2) 
III.5.3.  Conclusiones relativas a la contratación (apartado II.5.3) 
III.5.4.  Conclusiones  relativas  a  otros  gastos  imputados  al  capítulo  2  “Gastos 
corrientes” (apartado II.5.4) 
III.5.5.  Conclusiones relacionadas con las transferencias (apartado II.5.5) 
III.6.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS INGRESOS 
III.6.1.  Conclusiones relacionadas con las encomiendas de gestión (apartado II.6.1) 
III.6.2.  Conclusiones  relativas  a  los  ingresos  por  venta  de  publicaciones 
(apartado II.6.2) 
III.6.3.  Conclusiones relativas a los ingresos por derechos de matrícula en cursos y 
seminarios (apartado II.6.3) 
III.7.  CONCLUSIONES RELATIVAS A OTROS ÁMBITOS DE LA FISCALIZACIÓN 
III.7.1.  Conclusiones relativas al cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (apartado II.7.1) 
III.7.2.  Conclusiones relativas al cumplimiento de la normativa sobre transparencia y 
buen gobierno (apartado II.7.2) 
  RECOMENDACIONES 
ANEXOS 
ALEGACIONES FORMULADAS 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AEVAL  Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios 
CIS  Centro de Investigaciones Sociológicas 
CSIC-IESAA  Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados de Andalucía 
DGRCC  Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
IGAE  Intervención General de la Administración del Estado 
IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 
LCAP  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
LGP  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
LOFAGE  Ley  6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la 
Administración General del Estado 
PGE  Presupuestos Generales del Estado 
RCCH  Real Colegio Complutense at Harvard University 
RD  Real Decreto 
RGS  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
SGTPF  Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 
TRLCSP  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
   
RELACIÓN DE CUADROS 
 
CUADRO Nº 1  BALANCE 
CUADRO Nº 2  CUENTA DE RESULTADOS 
CUADRO Nº 3  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
CUADRO Nº 4  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CUADRO Nº 5  CUENTAS BANCARIAS CIS 
CUADRO Nº 6  SALDOS DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA 
CUADRO Nº 7  IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR 
CUADRO Nº 8  APROBACIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS FORMULADAS 
CUADRO Nº 9  DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
CUADRO Nº 10  CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GRUPOS Y NIVELES 
CUADRO Nº 11  NÚMERO DE EFECTIVOS POR UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN 
CUADRO Nº 12  DISTRIBUCIÓN POR ARTÍCULOS DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
CUADRO Nº 13 NÓMINAS ELABORADAS 
CUADRO Nº 14  PAGOS A LA RED DE CAMPO 2015-2017 
CUADRO Nº 15  IMPORTES ABONADOS A LA RED DE CAMPO POR TIPOS DE ESTUDIOS 
CUADRO Nº 16  TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DEL CIS 
CUADRO Nº 17  EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: “TRANSFERENCIAS CORRIENTES” 
CUADRO Nº 18  LÍNEAS DE SUBVENCIONES 
CUADRO Nº 19  DETALLE DE LAS SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN MATERIAS DE INTERÉS PARA EL CIS 
CUADRO Nº 20  DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS ENCOMIENDAS 
 
 
 
RELACIÓN DE GRÁFICOS 
GRÁFICO Nº 1  EVOLUCIÓN DEL BALANCE 
GRÁFICO Nº 2   EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
GRÁFICO Nº 3  EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 
GRÁFICO Nº 4   DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS 
 
 
  es
    w.
  INTRODUCCIÓN 
I.1.  INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 
La fiscalización del organismo autónomo Centro de Investigaciones Sociológicas, ejercicio 2016, 
figura en el Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2018, aprobado por 
el Pleno el 21 de diciembre de 2017. La fiscalización fue programada por iniciativa del Tribunal de 
Cuentas, quedando enmarcada en el Plan Estratégico del Tribunal para el período 2018-2021, 
dentro del objetivo específico 1.2, referido a contribuir al buen gobierno y a la mejora de la actividad 
económico financiera del sector público, fomentando buenas prácticas de organización, gestión y 
control de las entidades públicas. 
Las Directrices Técnicas que han regido la fiscalización fueron establecidas por Acuerdo del Pleno 
del Tribunal de Cuentas de 22 de marzo de 2018.  
I.2.  ANTECEDENTES 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante, CIS) se configura como un organismo 
autónomo de los definidos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público1. Tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, y está adscrito al 
Ministerio  de  la  Presidencia.  Su  finalidad  es  el  estudio  científico  de  la  sociedad  española, 
principalmente a través de la investigación mediante encuesta. 
Su norma fundacional fue la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para dicho año, que transformó en organismo autónomo la anterior Dirección General del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, incardinada desde 1977 en el Ministerio de la Presidencia por 
transformación, a su vez, del extinto Instituto de la Opinión Pública.  
La regulación del CIS se recoge en la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, y en el Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, sobre organización 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, modificado por el Real Decreto 923/2009, de 29 de 
mayo.  
Las funciones que corresponden al CIS, según lo establecido en el artículo 3 del RD 1214/1997, de 
18 de julio, son las siguientes: 
a)  La programación, diseño y realización de estudios que contribuyan al conocimiento 
científico  de  la  sociedad  española,  principalmente  mediante  la  ejecución  de  las 
encuestas que sean necesarias para llevar a cabo dichos estudios. 
b)  La programación, diseño y realización de estudios que contribuyan al conocimiento 
científico de la realidad social de las diferentes comunidades autónomas, cuando 
proceda. 
c)  La realización de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos 
sociales y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y 
ejecutivas. 
d)  La creación y mantenimiento de bases de datos en las materias de su competencia.  e.
                                                
16 /H19a9st7a,  dlae  e1n4t rdaed aa bernil ,v digeo Or drgea dniiczhaaci óleny  y( 2F udnec oiocntuabmriee ndteo  2d0e1 l6a) ,A ldam nionrismtraa cdieó nr eGfeerneenrcaial d eerla E eslt aadrtoíc. ulo 43.1 a) de la Ley
e)  El desarrollo de trabajos de documentación y la difusión de los resultados de la actividad 
científica del organismo, así como de otros estudios de naturaleza académica que 
contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española. 
f)  La promoción y estímulo de la investigación social aplicada, mediante la organización de 
cursos y seminarios, la convocatoria de becas, ayudas y premios, y la participación en 
programas de formación de técnicos y especialistas en la materia. 
g)  El fomento de la colaboración científica con centros universitarios y de investigación para 
la  realización  de  proyectos  de  investigación  conjuntos,  para  la  formación  de 
investigadores en ciencias sociales, para la participación en reuniones y congresos, tanto 
a nivel nacional como internacional, y para la realización de planes de intercambio y 
cooperación con entidades españolas y extranjeras especializadas.  
Para la ejecución de las funciones indicadas en los anteriores apartados a), c) y e), el CIS tiene la 
consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, de acuerdo con lo previsto al respecto en 
la legislación de contratos del Estado. 
La estructura orgánica del CIS está compuesta por la Presidencia, la Secretaría General y los 
Departamentos  de  Investigación,  de  Banco  de  Datos,  y  de  Publicaciones  y  Fomento  de  la 
Investigación. La Presidencia del organismo es el máximo órgano de dirección; su titular tiene 
categoría de director general, y es nombrado y separado del cargo por el Consejo de Ministros, 
mediante real decreto dictado a propuesta del ministro de la Presidencia. Con carácter funcional y 
directamente dependiente de la Presidencia, existe una Unidad de Apoyo con funciones de 
coordinación, asesoramiento y asistencia a la misma. 
El titular de la Secretaría General y los directores de los Departamentos tienen categoría de 
subdirectores  generales.  A  la  Secretaría  General  corresponde  la  dirección  administrativa  y 
económica  ordinaria  del  centro.  El  Departamento  de  Investigación  desempeña,  entre  otras 
funciones, la coordinación del programa de actuaciones del centro en materia de investigación, la 
ejecución de los proyectos y la elaboración de los correspondientes estudios. El Departamento de 
Banco de Datos tiene asignadas las funciones de dirección, mantenimiento y coordinación del banco 
de  datos  del  organismo.  Al  Departamento  de  Publicaciones  y  Fomento  de  la  Investigación 
corresponde la gestión de las publicaciones del centro, la organización de cursos y seminarios sobre 
investigación en ciencias sociales, y la gestión de las becas, ayudas y premios convocados por el 
organismo. 
En la organización del CIS está previsto además un Consejo Asesor como órgano consultivo, 
formado por el presidente, los consejeros y el secretario. El presidente del Consejo es el titular de 
la Presidencia del CIS, a quien corresponde designar a los consejeros, en número que no exceda 
de once, entre personas de reconocido prestigio en el campo de las ciencias sociales. La Secretaría 
del Consejo corresponde al secretario general del organismo. 
A 31/12/2016 el personal que prestaba servicios en el CIS ascendía a 89 efectivos, 41 de los cuales 
eran funcionarios, y 48 contratados en régimen laboral. 
Los bienes y recursos económicos del CIS figuran relacionados en el artículo 19 del RD 1214/1997, 
de 18 de julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas: 
a)  Los  créditos  y  subvenciones  que  anualmente  se  consignen  en  los  Presupuestos  bo
Generales del Estado (PGE).  07ww
b)  dLeols  mbiisemneos.  o derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas
c)  Los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y, en particular, los que 
procedan de la venta de publicaciones, realización de cursos o seminarios, acceso al 
banco de datos, convenios de cooperación o de cualquier otra actividad relacionada con 
las funciones del centro. 
d)  Cualesquiera  otros  recursos  económicos,  ordinarios  o  extraordinarios,  que  esté 
legalmente autorizado a percibir. 
Como indicadores de la actividad del organismo en el ejercicio fiscalizado cabe destacar la 
elaboración de 41 estudios; 31 de ellos fueron realizados por iniciativa del CIS (barómetros de 
opinión, estudios sobre el indicador de confianza del consumidor y estudios electorales) y el resto 
le fueron encargados mediante convenios o encomiendas de gestión. La elaboración de los estudios 
requirió la realización de un total de 83.773 entrevistas personales en hogares, 24.570 entrevistas 
telefónicas, 4.500 por internet y 5.000 por el sistema de entrevista personal asistida por ordenador. 
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre el CIS fue el aprobado por el Pleno el 23 de octubre 
de 1997 y referido a los ejercicios 1993 a 1995. 
Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron rendidas al Tribunal de Cuentas dentro del plazo 
establecido, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado por Resolución del Presidente del CIS de 
14 de septiembre de 2017. 
I.3.  ÁMBITOS SUBJETIVO, OBJETIVO Y TEMPORAL DE LA FISCALIZACIÓN 
El ámbito subjetivo de la presente fiscalización está constituido por el organismo autónomo Centro 
de Investigaciones Sociológicas. El ámbito objetivo comprende la gestión de los gastos e ingresos 
del organismo. La fiscalización de los gastos ha incluido la gestión de los recursos humanos, de las 
subvenciones y de la contratación. En materia de ingresos se han examinado, además de los 
procedentes de las transferencias del Estado, los derivados de encomiendas de gestión, de la venta 
de publicaciones y de los derechos de matrículas en cursos y seminarios.  
También se ha verificado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa sobre 
igualdad de género y sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en todo 
lo que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. En el curso de los 
trabajos no han surgido cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental. El ámbito temporal 
de  la  fiscalización  se  ha  centrado  en  el  ejercicio  2016,  si  bien  se  han  realizado  algunas 
comprobaciones sobre otros ejercicios cuando ha sido necesario para la consecución de los 
objetivos previstos. 
I.4.  MARCO NORMATIVO 
La normativa de aplicación a la materia fiscalizada está recogida, fundamentalmente, en las 
siguientes disposiciones: 
Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Real  Decreto 1214/1997,  de  18  de  julio,  sobre  organización  del  Centro  de  Investigaciones 
Sociológicas, modificado por el Real Decreto 923/2009, de 29 de mayo. 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  o
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado (LOFAGE)2. 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común2.  
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento.  
Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de contabilidad Pública 
y Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado. 
I.5.   OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en las Directrices Técnicas, la presente fiscalización se configura 
como una fiscalización de regularidad, cuyos objetivos han sido los siguientes: 
a)  Comprobar si la gestión económica del CIS se ha reflejado adecuadamente en su 
sistema contable, así como la fiabilidad de las cuentas rendidas, de conformidad con los 
principios y criterios contables de aplicación. 
b)  Analizar el sistema de control interno aplicado en el organismo. 
c)  Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la gestión de los gastos e ingresos 
del organismo. 
d)  Evaluar la adecuación de la gestión realizada al principio de transparencia y a la 
igualdad de género en todo aquello que pudiera tener relación con el objeto de las 
actuaciones fiscalizadoras. 
En la ejecución del trabajo se han aplicado las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
aprobadas por el Pleno en su reunión de 23 de diciembre de 2013. Se han practicado todas las 
actuaciones necesarias para fundamentar la opinión del Tribunal sobre las áreas fiscalizadas; en 
concreto:  se  ha  procedido  al  examen  de  los  libros  y  registros  contables,  se  han  realizado 
comprobaciones de cumplimiento y sustantivas, y se han realizado entrevistas y demás pruebas 
necesarias para alcanzar los objetivos marcados. Los citados procedimientos se han apoyado en 
las técnicas convencionales de auditoría y muestreo. El Tribunal de Cuentas ha realizado las 
comprobaciones en la sede del organismo, cuyo personal ha prestado toda la colaboración que le 
ha sido requerida. 
En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones a la fiscalización  e.
que hayan impedido el cumplimiento de los objetivos previstos.  b
                                                
o2 cVtiugbernet,e d een R eél geijmerecnic iJou friísdcicaoli zdaedlo S heacstotar  Psuú bdleicroo.g ación, con efectos de 2 de octubre de 2016, por la Ley 40/2015, de 1 de
I.6.  TRÁMITE DE ALEGACIONES 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, el Anteproyecto de Informe de la presente fiscalización se remitió para 
alegaciones a la Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y al Presidente 
del CIS, así como a sus respectivos antecesores en dichos cargos. Se han recibido alegaciones de 
quienes fueron Presidentes del CIS en el periodo fiscalizado. 
No se ha considerado necesario introducir modificaciones en el Informe como consecuencia de las 
alegaciones presentadas. Hay que hacer constar que el Tribunal no se pronuncia respecto de las 
alegaciones relativas a medidas puestas en práctica con posterioridad al periodo fiscalizado no 
comprobadas, ni sobre explicaciones relativas a las causas y circunstancias de determinados 
hechos. Se señala, por lo tanto, que el resultado definitivo de la fiscalización es el expresado en los 
posteriores apartados de este informe, con independencia de las consideraciones que pudieran 
haberse manifestado en las alegaciones. 
  RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.1.  ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 
El Tribunal ha apreciado debilidades significativas en el sistema de control interno del CIS que 
afectan al correcto funcionamiento del organismo, de acuerdo con la normativa de aplicación y los 
principios de buena gestión. Dichas debilidades están referidas tanto al sistema de planificación, 
como a la organización de los recursos humanos y a los procedimientos de autorización, supervisión 
y control de las operaciones contables y administrativas. Se exponen a continuación las debilidades 
que repercuten de modo general en la gestión del organismo, sin perjuicio de que en la exposición 
de los resultados relativos a las distintas áreas de gestión se ofrezca mayor detalle de las 
deficiencias específicas de control observadas.  
II.1.1.  Sistema de planificación del CIS 
El artículo 4 del RD 1214/1997 establece que el CIS desarrollará sus actividades conforme a las 
disposiciones de un programa anual comprensivo de las actuaciones previstas para el desarrollo de 
sus funciones. La elaboración de dicho programa y la coordinación de su seguimiento figuran entre 
las funciones atribuidas al presidente del CIS. De acuerdo con otras disposiciones de la misma 
norma, los departamentos de Investigación, de Banco de Datos y de Publicaciones y Fomento de 
la Investigación deben elaborar previamente y elevar al presidente los planes de actuación de los 
respectivos departamentos. 
Sin embargo, en el ejercicio fiscalizado el CIS no disponía de ningún instrumento de planificación 
formalizado, ni a nivel general ni departamental. Según manifestaciones de responsables del 
organismo, las actuaciones a realizar en el año se fundamentaron en la experiencia de los ejercicios 
anteriores, habiéndose discutido en reuniones de trabajo departamentales de las que no queda 
constancia formal. 
Ni en el ejercicio fiscalizado ni en los anteriores se llevó a cabo el control de eficacia sobre el 
organismo previsto en el artículo 51 de la LOFAGE3 y en el artículo 4.2 del RD 1214/1997. Según 
lo establecido en dichas normas correspondía al Ministerio de la Presidencia el ejercicio de dicho  s
control, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada  e.
utilización de los recursos asignados.   w.
Lqau ein, edxei satceunecriad od eco inns ltor upmreevnistotos  edne  epll aanrtiífcicualoc ió4n.3 t admel bRiéDn  1h2a1 d4e/1s9v9ir7tu, addeob ee lr ceomnitteirn aidnou adlem lean mtee eml oCrIiSa 
                                                
3 Desde 2 de octubre de 2016, artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
al Congreso y al Senado por conducto de sus respectivos presidentes. Este artículo se refiere a una 
memoria relativa a la ejecución del programa anual, mientras que la que el CIS remite a las Cortes 
es una memoria de actividades, comprensiva de la gestión realizada en las distintas áreas, pero sin 
referencia a objetivos previstos y realizados. 
II.1.2.  Procedimientos de gestión 
En  el  ejercicio  fiscalizado  el  CIS  no  disponía  de  manuales  o  normas  escritas  sobre  los 
procedimientos a seguir en ninguna de sus áreas de gestión. Esta carencia ya había sido puesta de 
manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el anterior informe de fiscalización sobre el organismo, 
aprobado en 1997 y referido a los ejercicios 1993 a 1995, sin que desde entonces se hayan 
adoptado medidas para subsanar tal deficiencia.  
En relación con la gestión de la red de campo se han observado otras deficiencias importantes: a) la 
falta de definición de la relación jurídica entre el CIS y los coordinadores y entrevistadores; b) la 
falta  de  actualización  del  registro  de  los  componentes  de  la  red;  y  c) la  utilización  de  un 
procedimiento de pago de los servicios (pagos a justificar) que no resulta adecuado a la naturaleza 
y habitualidad de las prestaciones. 
En materia de anticipos de caja fija y pagos a justificar se ha observado que las normas internas de 
gestión vigentes en el ejercicio fiscalizado permanecían sin actualizar desde 2011 y contenían una 
regulación  confusa  e  inadecuada  de  los  supuestos  de  aplicación  de  cada  uno  de  dichos 
procedimientos. 
Con carácter general, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los medios personales 
destinados en las unidades encargadas de la gestión ordinaria de los gastos e ingresos del CIS. 
Esta circunstancia ha dado lugar a un inadecuado sistema de distribución de funciones entre el 
personal del organismo, recayendo en los mismos funcionarios o responsables tareas que deberían 
haber estado separadas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control interno. 
Tal circunstancia se ha puesto de manifiesto en las áreas de gestión de recursos humanos, de 
tesorería, y de gestión de subvenciones. En esta última área se ha observado, además, una 
concentración inadecuada de funciones en la presidencia del CIS y la tramitación de expedientes 
sin fiscalización previa.  
II.1.3.  Control sobre el inmovilizado 
La carencia de manuales o instrucciones internas se extiende a la gestión y control del inmovilizado, 
no  disponiendo  el  organismo  de  normas  sobre  la  llevanza  del  inventario  de  bienes.  Esta 
circunstancia dificultaba el adecuado rigor en su gestión, al no quedar establecidos elementos 
básicos como los procedimientos para las altas y las bajas, su conexión con el procedimiento 
contable, o la previsión de las necesarias pruebas de revisión. 
El CIS únicamente tiene inventariados los bienes integrantes del mobiliario y los equipos destinados 
al procesamiento de la información, que representan el 22,6 % del total de sus bienes inventariables. 
No  hay  constancia  de  que  el  organismo  realice  verificaciones  periódicas  de  dichos  bienes 
destinadas a la actualización del inventario. 
El organismo utiliza la aplicación Sorolla 2 para la gestión presupuestaria, pero no emplea el módulo 
de inventario incluido en el sistema, que permite obtener la composición del mismo, seguir su  e
evolución en el tiempo y gestionar individualizadamente todos los bienes inventariables. La llevanza  bo
del inventario se realiza en la Secretaría General, mediante registros informáticos en formato Acces.  07ww
EGdene  sInetivló enss eItngigfuoaimrcmióieánnt;it coea s ddtaee  lú lDlotiesm paea lreetamnm eloen ntroetosla  dcdeieo  Bncaaadnrocá occ todener   Dlianasfot otramsb áyle tlitacao sU  nipniudteearsdvt aidesen  eaCn da imtsappmoobs diicéeinól  nDl aed peUal nrptiaedmrasdeo nndtaoel  
de la red de campo para la recogida de datos.
Las pruebas realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre una muestra de elementos de mobiliario y 
de equipos informáticos (17 y 15 elementos, respectivamente), recogidos en el inventario de 
Secretaría General revelaron deficiencias relevantes en la gestión y control de dichos bienes, siendo 
las más destacables las siguientes: 
a)  No pudieron ser identificados y localizados ocho elementos de la muestra de mobiliario 
valorados en conjunto en 1.137,07 euros, por tratarse de mobiliario común (mesas, sillas…) 
y carecer de etiqueta identificativa. El inventario no contenía los datos económicos de uno 
de dichos elementos. 
b)  Respecto de otros cinco elementos de la misma muestra se observó la incongruencia de los 
datos figurados en el inventario respecto de la situación real de los bienes. Por otra parte, 
en dos de ellos no figuraban datos de carácter económico. 
c)  Otro de los elementos de mobiliario figuraba en el inventario totalmente amortizado sin que 
se haya registrado ni documentado su baja. 
d)  Respecto de la muestra de elementos informáticos, en tres casos el inventario no recogía la 
baja, pese a haber sido desafectados y figurar amortizados en su totalidad. 
e)  Dos tabletas figuraban cedidas para su uso por la red de campo, sin estar documentada 
dicha cesión. No ha podido verificarse la situación real de dichos bienes a partir del registro 
de la Unidad de Campo, que utiliza referencias distintas a las del inventario. 
f)  El inventario no recoge la baja de otro elemento (monitor), no localizado y que figura 
totalmente amortizado. 
Por otra parte, en las comprobaciones practicadas sobre el mobiliario y los elementos informáticos 
situados en uno de los despachos se observó la falta de etiquetación de sillas, pantallas de 
ordenador y elementos decorativos, así como la existencia de un armario con doble etiquetación y 
registro duplicado en el inventario. 
II.1.4.  Control de la IGAE 
En el ejercicio 2016 la Intervención Delegada en el CIS llevó a cabo las actuaciones de control 
financiero permanente previstas en el Plan Anual aprobado por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) mediante Resolución de 18 de diciembre de 2015. Los trabajos 
realizados estuvieron referidos a la gestión de los gastos de personal y de los ingresos por 
prestación de servicios en el ejercicio 2015, y a la gestión de la tesorería en los tres primeros 
trimestres de 2016. 
Conforme a lo establecido en los artículos 161 y 166 de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General 
Presupuestaria (LGP) el CIS remitió a la IGAE dentro del plazo previsto, el Plan de Acción sobre las 
medidas correctoras oportunas correspondientes al Informe de Control Financiero Permanente 
llevado a cabo por la Intervención Delegada en el CIS en 2016, así como la relación de acciones 
pendientes de implantar de ejercicios anteriores. 
En 2017 las actuaciones de control financiero permanente de la IGAE en el CIS, previstas en el Plan 
Anual de Control Financiero Permanente aprobado por la IGAE mediante Resolución de 28 de 
diciembre de 2016, tuvieron como finalidad el análisis de las cuentas justificativas en concepto de  e.
anticipos de caja fija y de los pagos a justificar en el periodo comprendido entre el 1 de enero de  w.b
2016 y el 30 de junio de 2017. Por su parte el CIS formuló en el plazo previsto el Plan de Acción en  07ww
el que se incluyeron las medidas correctoras oportunas. 
Epol rin lfao rInmteer dveen acuiódnit oDríeal edgea ldaas  ecnu eenl tCasIS a cnouna lfeesc dheal  2e2je drcei caiog o2s0t1o6 d, ec o2n0 1o7p.i n ión favorable, fue emitido
II.2.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
En opinión del Tribunal las cuentas del CIS correspondientes al ejercicio 2016 reflejan fielmente en 
todos los aspectos significativos la situación financiera del organismo, así como los resultados de 
sus operaciones y flujos de tesorería, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera de aplicación y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Los principales datos del Balance y de la Cuenta de resultados del ejercicio 2016 se exponen en 
los siguientes cuadros (detalle en anexo 1): 
CUADRO Nº 1  
BALANCE 
ACTIVO  2016  2015 
A) Activo no corriente  4.248.016,22  4.373.898,81 
I. Inmovilizado intangible  0,00  1.505,84 
II. Inmovilizado material  4.246.102,82  4.368.092,97 
V. Inversiones financieras a largo plazo  1.913,40  4.300,00 
B) Activo corriente  4.182.202,50  7.861.803,90 
III. Deudores y otras cuentas a cobrar  2.999.663,92  6.620.979,70 
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y 
0,00  1.238.407,44 
asociadas 
V. Inversiones financieras a corto plazo  5.519,14  1.714,17 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.177.019,44  702,59 
TOTAL ACTIVO (A+B)  8.430.218,72  12.235.702,71 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO     
A) Patrimonio neto  7.386.502,26  9.075.063,96 
I. Patrimonio aportado  4.852.696,63  4.852.696,63 
II. Patrimonio generado  2.533.805,63  4.222.367,33 
C) Pasivo corriente  1.043.716,46  3.160.638,75 
II. Deudas a corto plazo  0,00  63.957,15 
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar  1.043.716,46  3.096.681,60 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)  8.430.218,72  12.235.702,71 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
CUADRO Nº 2  
CUENTA DE RESULTADOS  
EPÍGRAFE  2016  2015 
2. Trasferencias y subvenciones recibidas  5.466.717,23  5.537.926,77 
3. Ventas netas y prestaciones de servicios  85.640,97  23.300,00 
6. Otros ingresos de gestión ordinaria  431.517,75  488.860,93 
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+6)  5.983.875,95  6.050.087,70 
8. Gastos de personal  (3.327.756,16)  (3.267.129,44) 
9. Transferencias y subvenciones concedidas  (301.155,27)  (136.023,79) 
11. Otros gastos de gestión ordinaria  (3.847.473,78)  (4.434.970,42) 
12. Amortización del inmovilizado  (197.937,95)  (204.244,61) 
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+11+12)  (7.674.323,16)  (8.042.368,26) 
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (1.690.447,21)  (1.992.280,56) 
14. Otras partidas no ordinarias  1.883,53  0,00 
II Resultado de las operaciones no financieras (I +14)  (1.688.563,68)  (1.992.280,56) 
15. Ingresos financieros  1,98  57,33 
III Resultado de las operaciones financieras (15)  1,98  57,33 
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)  (1.688.561,70)  (1.992.223,23) 
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO    (2.012.679,12) 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
El saldo del activo del CIS al cierre del ejercicio 2016 ascendía a 8.430.218,72 euros, cifra inferior 
en un 31 % (3.805.483,99 euros) a la recogida en el balance del ejercicio precedente (12.235.702,71 
euros). La diferencia se concentra en dos epígrafes del activo corriente: "Deudores por operaciones 
de gestión”, que presenta una diferencia de 1.522.790,47 euros, y “Otras cuentas a cobrar”, que en 
2016 registra 2.115.537,76 euros menos que el ejercicio precedente.  
El epígrafe de “Deudores por operaciones de gestión” recoge los derechos presupuestarios 
pendientes de cobro, con un saldo en las cuentas del ejercicio fiscalizado de 2.385.391,91 euros. 
El 94 % de esta cifra corresponde a las transferencias del Estado, y el resto a ingresos por 
prestación de servicios y venta de publicaciones. La disminución respecto al ejercicio anterior 
obedece fundamentalmente a la existencia en 2015 de derechos de cobro procedentes de ejercicios 
anteriores (1.471.039,00 euros), en tanto que al cierre de 2016 no quedaban derechos pendientes 
de cobro de ejercicios anteriores. 
La diferencia en el saldo del epígrafe “Otras cuentas a cobrar” se debe principalmente a la existencia 
al final del ejercicio 2015 de provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de aprobación, 
por importe de 2.690.908,25. A 31/12/2016 el importe pendiente de aprobación era de 339.685,23 
euros. 
El incremento del valor contable del epígrafe “Tesorería” (1.177.019,44 euros en 2016, frente a  s
702,59 euros en el ejercicio anterior) se debe a la cesión temporal en 2015 de prácticamente la  e.
totalidad de la tesorería del CIS a la Administración General del Estado.  w.
Erel s8p8e c%to d deel al ecjteivroc incioo  caonrtreierinotre c coorrrreessppoonnddeía a a lal t deorrteancoió yn  adle e ldai faicmioo srteizdaec dióenl  oarnguaanli sdme ola.  Lcao ndsifterureccnicóina 
(2 %), que al cierre se encontraba amortizada en un 33 %.
El patrimonio neto del organismo se redujo en un 19 % (1.688.561,70 euros), respecto del ejercicio 
precedente. El organismo no dispone de información acerca de la composición y evaluación del 
saldo de las cuentas “Patrimonio aportado” y “Patrimonio generado”. Los importes de las cuentas y 
conceptos que componen el “Patrimonio aportado”, que representan el 66 % del patrimonio neto 
total, no experimentaron variaciones a lo largo del ejercicio. 
Por el contrario, sí sufrió variaciones el “Patrimonio generado”, recogido en las cuentas 120000 
“Resultados de ejercicios anteriores” y 12900 “Resultados del ejercicio”. Los movimientos de la 
cuenta 120000 se debieron al traspaso de las pérdidas del ejercicio anterior (1.992.223,23 euros), 
y a la regularización de gastos realizados con provisiones de fondos para gastos a justificar 
pendientes de aprobar a finales de 2015, que dieron lugar a un ajuste por importe de 20.445,89 
euros. La cuenta 12900 registró el traspaso de los resultados negativos de 2015 y las pérdidas 
obtenidas en 2016, por importe de 1.688.561,70 euros. 
La situación de las masas patrimoniales del CIS en el ejercicio 2016 confirma la tendencia constante 
a la baja que reflejan las cuentas de los últimos ejercicios, y que se representa en el siguiente gráfico 
para el periodo 2013-2016: 
GRÁFICO Nº 1  
EVOLUCIÓN DEL BALANCE 
14.000.000
12.405.468
12.000.000
11.087.743
10.374.723
10.000.000
9.075.064
8.584.062
8.000.000 7.861.804
7.386.502
6.000.000
4.182.203
4.000.000
4.266.841 4.279.230 4.373.899 4.248.016
2.000.000 3.160.639
2.236.096
1.775.549 1.043.716
0
2013 2014 2015 2016
     Activo no corriente      Activo corriente
     Patrimonio neto      Pasivo corriente
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas del CIS 2013-2016. 
En el período considerado el Patrimonio neto del CIS disminuyó en un 40 %, como consecuencia 
del exceso de gastos sobre los ingresos del organismo. El siguiente gráfico refleja la evolución de 
los ingresos y gastos de gestión ordinaria del CIS entre 2013 y 2016. 
GRÁFICO Nº 2  
 EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
9.000.000
8.042.368
7.674.323
8.000.000
7.300.008
6.771.728
7.000.000
5.848.216 5.994.726 6.050.088 5.983.876
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2013 2014 2015 2016
Ingresos de gestión ordinaria Total de gastos de gestión ordinaria
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas del CIS 2013-2016. 
Los ingresos se han mantenido relativamente estables en el período, siendo insuficientes para cubrir 
los gastos incurridos por el organismo en cada uno de los ejercicios analizados. Por el contrario, 
como se observa en el siguiente gráfico, los gastos han experimentado fluctuaciones, siendo las 
principales las referidas a “Otros gastos de gestión ordinaria”. Los gastos de personal tienen una 
mínima tendencia al alza dentro de su estabilidad. Las amortizaciones del periodo también se 
mantienen muy estables. En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas han sufrido un 
aumento apreciable en el ejercicio 2016, aunque en términos relativos no tienen una gran incidencia 
en la estructura de gastos del CIS. 
GRÁFICO Nº 3  
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 
5.000.000
4.434.970
4.000.000 3.752.160
3.847.474
3.271.225 Gastos de personal
3.327.756
3.000.000 3.164.808 3.214.705 3.267.129
Transferencias y
subvenciones concedidas
Otros gastos de gestión
2.000.000 ordinaria
Amortización del
inmovilizado
1.000.000
202.614 196.671 204.245 301.155
0 133.081 136.472 136.024 197.938 es
2013 2014 2015 2016 oe.
  w.b
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas del CIS 2013-2016.  07ww
Ldoess edqautiolisb rrioe ffleinjaadnocise reon c loanst icnuueandtoa sh adbeild Ca IcSu eennt alo dse el jceorcnisctiaonst ea nparelizdaodmoisn iroe dvee lalons  ugnaas tsoistu saocbióren  ldoes   OE-A-2021-28able en https://
ingresos (ver gráficos números 2 y 4), que en los términos de la normativa del Sistema Europeo de 
Cuentas, es lo que define la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas. 
De mantenerse la situación de desequilibrio financiero el organismo podría incurrir en el supuesto 
recogido en el apartado e) del artículo 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, vigente desde octubre 
de 2016, con la consiguiente obligación del CIS de elaborar el plan de corrección previsto en la 
norma4. La tendencia puesta de manifiesto se mantiene en 2017, año en el que los resultados netos 
del ejercicio volvieron a registrar una situación de desahorro por importe de 806.538,21 euros5. 
II.3.  ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
En el cuadro siguiente se recoge, desglosada por capítulos, la información relativa a la liquidación 
del presupuesto de gastos del CIS correspondientes al ejercicio 2016 (detalle en anexo II). 
CUADRO Nº 3  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
Crédito  Obligaciones 
Capítulo  Crédito inicial 
definitivo  reconocidas 
1. Gastos de personal  3.332.100,00  3.399.933,15  3.287.515,72 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios  4.517.510,00  4.227.602,85  3.936.824,20 
4. Transferencias corrientes  199.880,00  421.954,00  353.155,27 
6. Inversiones reales  300.000,00  300.000,00  74.441,96 
8. Activos financieros  12.020,00  12.020,00  9.286,00 
Total  8.361.510,00  8.361.510,00  7.661.223,15 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
                                                 
4 Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales. 
“1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:...e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero 
durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos. 
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración Pública 
a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, 
mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia 
de resultados brutos negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. 
2.  ….. 
3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista en la letra e) del apartado 1, el titular del 
máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de dos meses, a contar desde la concurrencia de dicha 
causa, para comunicarlo a la Administración General del Estado. 
En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere el párrafo anterior, el organismo público, 
previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado deberá aprobar un plan de corrección del 
desequilibrio. Como parte del mencionado plan de corrección, la Administración General del Estado podrá realizar 
aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior. 
El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente. Transcurridos esos  s
dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo  e.
comunicará al titular del departamento de adscripción en los cinco días naturales siguientes a la finalización del plazo  bo
mpreonpcuieosntaad doe. l RMeicniibsitdroa  dlae  cHoamciuennidcaac yió And, msein aisptrliaccairoán elos  pPrúebvliisctaos ,e nd eecli daap aprrtoardroog 2a,r  slaa ldvou raqcuieó ne ld Celo pnlsaenj od ed ec oMrriencisctiróons.,  Sai   07www.
5taer ufaLictnaoas mcctieuáanrt riddceeea  enmslcu eic anlii ttqaeaud l idoddi asepucsliaeeózlqntoou y  iydl ie benxr oitcoi ni npcfcoiinóodan rdná.”íc  arieesa roslii znsa eqr  unmein ogsdeúif nihc aaac yetaon  p jureorlí ddeuijcceoird,c oisc aidoliv co2h 0alo1 sc8 o.e mLstuarnsic itccaaumceieónnntat,e se  nld eeoclr egCsaaInSriis ompsa opr aap rúdabi clgihcaoor a qenujteiezrdcaiarc riláoa    OE-A-2021-28able en https://
presentan un resultado presupuestario positivo por importe de 1.258.514,11 euros.
Las modificaciones presupuestarias que afectaron al presupuesto de gastos incrementaron los 
créditos iniciales de los capítulos 1 “Gastos de personal” y 4 “Transferencias corrientes”, con cargo 
a créditos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”. En el caso del capítulo 4 la 
modificación principal respondió a la necesidad de dotar el concepto 490 “Transferencias corrientes 
al exterior“, para hacer frente al pago de la primera anualidad del gasto previsto en el convenio 
suscrito el 21 de diciembre de 2016 entre el CIS y el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad para la “Contribución para la participación de España en la 8ª Encuesta Social 
Europea”, por importe de 170.074,00 euros (apartado II.5.5.4). La transferencia positiva al capítulo 
1 “Gastos de personal” se justificó por la necesidad de cubrir el déficit derivado del pago de la parte 
de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, realizado conforme a lo previsto en la 
Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos 
y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el 
ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 
Las obligaciones reconocidas ascendieron a 7.661.223,15 euros (92 % de los créditos definitivos), 
correspondiendo los mayores importes a los capítulos 1 “Gastos de personal” y 2 “Gastos en bienes 
corrientes y servicios”, cuyas obligaciones reconocidas supusieron, respectivamente, el 43 % y el 
51 % del total. El grado de ejecución alcanzado en el capítulo 1 “Gastos de personal” fue el 97 % y 
el del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, el 93 %.  
En el capítulo 4 “Transferencias corrientes” el grado de ejecución fue del 84 %, quedando sin 
imputar al presupuesto las subvenciones para formación e investigación en materias de interés para 
el CIS, concedidas y abonadas en el ejercicio, por importe de 77.980,00 euros (apartado II.5.5.2).  
En relación con los créditos del capítulo 6 el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de abril de 
2016 declaró la no disponibilidad de 24.988,00 euros en el concepto 620 “Inversión nueva asociada 
al funcionamiento operativo de los servicios”. El grado de ejecución de los créditos disponibles en 
el capítulo fue solo del 27 %. 
Las cuentas del CIS correspondientes al ejercicio fiscalizado contienen la siguiente información en 
relación con la liquidación del presupuesto de ingresos del organismo: 
CUADRO Nº 4  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Capítulo  Previsiones definitivas  Derechos reconocidos  Recaudación neta 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos  573.670,00  524.233,11  388.864,20 
4. Transferencias corrientes  5.423.260,00  5.368.260,00  3.131.485,00 
5. Ingresos patrimoniales  0,00  1,98  1,98 
7. Transferencias de capital  50.980,00  25.992,00  12.744,00 
Total operaciones no financieras  6.047.910,00  5.918.487,09  3.533.095,18 
8. Activos financieros6  2.313.600,00  7.867,63  7.867,63 
Total  8.361.510,00  5.926.354,72  3.540.962,81 
Fuente: Cuenta del CIS 2016.  bo
Ls  u o p s  o d n e e r  e e c l  h 9 o 8 s    % r e   c d o e n   loo  cs  i  di n o gs  r  pe  os  or   se lp CreISvi setno se le enj elorcsi cciaop 2í0tu1lo6s a 1s cae n7d dieer osnu  ap r5e.s9u2p6u.3e5s4to,7. 2E le 9u1ro %s,  ldoe q luoes   2021-2807n https://ww
t6e Dsoerle irmíap”,o qrtuee  tnoota dl adne  lulagsa rp arel vreiscioonnoecsi mdeiefnintioti vdaes d, e2r.e3c0h1o.5s8. 0,00 euros corresponden al concepto 870 “Remanente de
derechos reconocidos correspondió al capítulo 4 “Transferencias corrientes”, que recoge las 
procedentes del Ministerio de la Presidencia.  
La recaudación neta del ejercicio ascendió a 3.540.962,81 euros, representando el 60 % de los 
derechos  reconocidos.  El  94 %  de  los  derechos  pendientes  de  cobro  (2.236.775,00  euros) 
correspondían a las transferencias del Ministerio de Presidencia, que fueron ingresadas en 2017. 
La  liquidación  presupuestaria  del  CIS  en  el  ejercicio  fiscalizado  presenta  un  resultado 
presupuestario negativo por importe de 1.734.868,43 euros. Las liquidaciones presupuestarias 
correspondientes al periodo 2013-2016 ofrecen resultados negativos en todos los ejercicios. 
GRÁFICO Nº 4  
 DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS 
9.000.000
8.039.880
8.000.000 7.661.223
7.347.196
6.774.396
7.000.000
5.885.929 6.005.771 5.992.634 5.926.355
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2013 2014 2015 2016
Derechos reconocidos Obligaciones reconocidas
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas del CIS 2013-2016. 
II.4.  ANÁLISIS DE LA TESORERÍA 
En el ejercicio fiscalizado el CIS disponía de cuatro cuentas bancarias. La cuenta principal, abierta 
en el Banco de España y destinada a los pagos en firme, se nutría de las transferencias del Estado 
consignadas en los PGE. Una segunda cuenta abierta en el Banco de España estaba destinada a 
los anticipos de caja fija y a los pagos a justificar, y recibía sus ingresos de la cuenta principal. Las 
otras dos cuentas estaban abiertas en una misma entidad financiera privada; la primera de ellas 
recibía fondos de la cuenta principal y tenía por finalidad el pago de haberes al personal, los seguros 
sociales y las retenciones practicadas por el organismo. La última de las cuentas indicadas era una 
cuenta restringida de recaudación que recogía los ingresos del CIS derivados de la venta de bienes 
y la prestación de servicios. Los saldos de las referidas cuentas se exponen a continuación: 
CUADRO Nº 5  
CUENTAS BANCARIAS CIS 
Saldo a 
Entidad  IBAN  Tipo de cuenta  Saldo a 1/1/2016 
31/12/23016 
Banco de España  0001 2002 0000 9200  Pagos en firme  1.013.308,91  966.540,21 
Anticipos de caja fija y 
Banco de España  0001 2002 3000 8467  224.896,33  196.567,22 
pagos a justificar 
Entidad financiera privada  5731 7102 0014 2015  Nóminas  (141,00)  0,00 
Entidad financiera privada  5731 7402 0014 2128  Ingresos  112,07  0,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
A juicio del Tribunal la existencia de una sola cuenta bancaria para pagos a justificar y para anticipos 
de caja fija dificulta el seguimiento y el control de los movimientos correspondientes a los gastos y 
pagos tramitados mediante ambos procedimientos, por lo que resultaría más conveniente que el 
CIS gestionara su separación en dos cuentas distintas.7 
Las  cuentas  abiertas  en  la  entidad  financiera  privada,  destinadas  al  pago  de  haberes  y  la 
recaudación, disponían de la autorización de apertura de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera (SGTPF), según lo establecido en el artículo 109 de la LGP. El contrato para la apertura 
de ambas cuentas se licitó y adjudicó en 2012, por un plazo de tres años y posibilidad de prórroga 
por otro periodo igual. No hay constancia, sin embargo, de la comunicación a la SGTPF de la 
adjudicación ni de la formalización del contrato, previstas en las correspondientes autorizaciones. 
En el ejercicio 2016 el contrato del CIS con la entidad financiera privada se encontraba prorrogado, 
si bien no se ha facilitado la documentación que acredite la formalización de la prórroga. Tampoco 
hay constancia de documentación que identifique a las personas autorizadas para gestionar las 
cuentas en el ejercicio fiscalizado.8 
Se ha observado que el traspaso de los saldos de la cuenta de recaudación a la cuenta principal 
del Banco de España no se realizaba en el ejercicio fiscalizado con la periodicidad establecida en 
los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas. 
El organismo disponía de una caja principal en efectivo para el pago de las indemnizaciones por 
razón del servicio y otras atenciones de menor cuantía. La existencia de la caja pagadora principal 
estaba prevista en la Resolución del Presidente del CIS de 18 de enero de 2011, reguladora de los 
anticipos de caja fija, que continuaba vigente en el ejercicio fiscalizado. La referida resolución 
autorizó la existencia en la Caja Pagadora del efectivo necesario para el pago de indemnizaciones 
por razón del servicio y otras atenciones de menor cuantía, por importe máximo de 4.000,00 euros. 
Durante la mayor parte del ejercicio permaneció sin formalizarse el nombramiento del cajero 
pagador, lo que implica el incumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del RD 640/1987, de 
8 de mayo, sobre pagos librados a justificar. El 21 de diciembre de 2016 el presidente del CIS 
nombró para dicho puesto a la jefa del servicio de gestión financiera, responsable asimismo de la 
Habilitación del organismo. 
El CIS elaboró los estados de situación de tesorería correspondientes a los cuatro trimestres del 
ejercicio 2016. Dichos estados fueron formulados y rendidos por la jefa del servicio de gestión  s
financiera (firma como cajero pagador) y revisados por la secretaria general por delegación del  e.
presidente. Recogen información acerca de todas las cuentas bancarias abiertas a nombre del  w.
organismo en el ejercicio 2016 y de la caja pagadora autorizada. Se ha comprobado que las cifras  07ww
 78   EL  an     ds ou  cs u  i mn  foe  rn m ta e c s ió  d n e  a  c p o o nr tt ra o d l a f i  ns ae  n  rc e if ei  erore l aa  Ilnatse rfviremnacsió anu htoar ivzeandiadso  erenc 2o0m1e8n, dnaon edno  eall  eCjeISrc liac ioa dfiospccailóizna ddoe.  esta medida.  OE-A-2021-28able en https://
que figuran en dichos estados se corresponden con las que figuran en los correspondientes libros 
auxiliares de bancos y caja, y que cada estado iba acompañado del arqueo de caja en efectivo 
realizado al final de cada periodo, así como de los extractos de las cuentas corrientes, y las 
correspondientes conciliaciones bancarias. 
El estado de situación de tesorería correspondiente al primer trimestre del ejercicio refleja la 
existencia en la caja pagadora de cantidades en efectivo superiores al importe máximo permitido 
en la Resolución de la Presidencia del CIS de 18 de enero de 2011. 
El Tribunal ha verificado la existencia en el organismo de una caja auxiliar donde se recogen los 
ingresos en efectivo procedentes de la venta de publicaciones. La existencia de esta caja auxiliar 
carecía de autorización en el ejercicio fiscalizado. La caja auxiliar era gestionada por una jefa de 
negociado del Departamento de Publicaciones, si bien no disponía de nombramiento como cajero. 
No existen registros que recojan los movimientos de esta caja, ni figuran sus saldos en los estados 
de situación de tesorería del organismo. Esta irregularidad desapareció en el siguiente ejercicio, al 
aprobarse por Resolución de la Presidencia del CIS de 20 de enero de 2017 el procedimiento de 
gestión de los ingresos realizados en efectivo a través de ventanilla (procedentes de la venta de 
publicaciones y productos del Banco de Datos). 
Las cuentas de tesorería del Balance presentaban en el ejercicio fiscalizado los saldos que se 
indican a continuación: 
CUADRO Nº 6  
SALDOS DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA 
Cuenta  Saldo inicial  Debe  Haber  Saldo final 
570 Caja  548,22  1.093,35  0,00  1.641,57 
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas 
1.013.308,91  8.235.485,63  8.269.983,89  978.810,65 
operativas 
572 Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas  (1.238.407,44)  1.238.407,44  0,00  0,00 
573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas 
154,37  83.861,20  84.015,57  0,00 
restringidas de recaudación 
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas 
225.098,53  5.377.719,64  5.406.250,95  196.567,22 
restringidas de pagos 
57  Total  702,59  14.936.567,26  13.760.250,41  1.177.019,44 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
Del análisis realizado sobre dichas cuentas cabe destacar las siguientes circunstancias: 
a)  La cuenta 572 “Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas” recoge el saldo que se 
deriva de los movimientos que tienen su origen en la cesión temporal de tesorería del 
organismo al Tesoro, en el ámbito de aplicación del artículo 108.2 de la LGP. El CIS registró 
dichos movimientos mediante los asientos directos previstos en las instrucciones de la 
IGAE9. 
b)  La cuenta 575 “Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos” registra  es
los movimientos de la cuenta corriente abierta en el Banco de España, a través de la que se  oe.
gestionan indistintamente los pagos librados a justificar y los satisfechos mediante anticipos  w.
 9  N   o t a   i n  f o r m   a t i v a    d e    la    O  f i c i n a    N  a  c i  onal de Contabilidad de 24 de febrero de 2016.
de  caja  fija.  El  CIS  registra  separadamente  los  dos  tipos  de  pagos,  utilizando  dos 
subcuentas: la 575000 para los pagos a justificar, y la 575100 para los anticipos de caja fija.  
c)  El CIS no registra en la contabilidad financiera los movimientos de la cuenta corriente abierta 
en una entidad financiera para el pago de haberes del personal, seguros sociales y 
retenciones practicadas por el organismo. En aplicación de la Orden EHA/1037/2010, de 13 
de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, dichos movimientos 
deberían registrarse en la cuenta 576 “Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas 
restringidas  de  pagos”  (subcuenta  5760  “Bancos  e  Instituciones  de  crédito.  Pago  de 
nóminas”). Los movimientos de dicha cuenta corriente, conforme a los estados de situación 
de tesorería formulados por el organismo han supuesto cobros y pagos por importe de 
2.228.802,97 euros y de 2.228.661,97 euros, respectivamente. 
II.4.1.  Análisis de los pagos a justificar 
En el ejercicio fiscalizado la normativa interna del CIS en materia de pagos a justificar venía recogida 
en la Resolución del Presidente de 18 de noviembre de 2011 dictada en aplicación y desarrollo del 
RD 640/1987, de 8 de mayo y de la Orden EHA de 23 de diciembre de 1987.  
La tipología de los expedientes que la referida resolución estableció para ser tramitados por el 
sistema de pagos a justificar, excede, a juicio del Tribunal de Cuentas, del carácter excepcional que 
el artículo 79 de la LGP atribuye a este sistema de pagos10. La normativa del CIS estableció con 
carácter general la tramitación mediante pagos a justificar en los siguientes casos: a) para la 
adquisición de libros y publicaciones destinados a la biblioteca del centro; b) para atender los pagos 
derivados de la formación y perfeccionamiento del personal; c) para pagar gastos de organización 
y participación del centro en cursos de formación, reuniones y conferencias; d) para el pago de 
encuestas y sondeos de opinión programados por el centro; y e) para atender otros gastos del 
capítulo 2, cuando lo requiera la gestión económica del organismo. 
Esta norma estuvo vigente hasta finales del ejercicio fiscalizado, cuando fue derogada y sustituida 
por la Resolución de la Presidencia del CIS de 26 de diciembre de 2016. Los expedientes a tramitar 
por pagos a justificar contemplados en la nueva normativa fueron los mismos de la anterior. 
Por el procedimiento de pagos a justificar el CIS tramitó en el ejercicio fiscalizado un importe de 
2.592.407,72 euros, importe que representa el 33,83 % del total de obligaciones reconocidas en el 
presupuesto de gastos del CIS en 2016 (7.661.223,15 euros). Tal porcentaje confirma que el 
organismo utiliza este sistema como procedimiento de pago habitual, y no con el carácter de 
excepcionalidad que le atribuye la LGP. 
En el siguiente cuadro se expone el detalle de la imputación presupuestaria de los pagos tramitados 
a justificar en el ejercicio fiscalizado: 
                                                  w.
10 Artículo 79 LGP: “1. Cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de las obligaciones  07ww
efsoennr evdiloc msio ocsmo yne p nertelo cs patarrceáivcoitnsetero sd e ean  qa eu lj eua spsteaifi rcrteaafdri.eo Ar a4sn idm heials aymratoníc,  tupeloond i7dr3oá,  o pp rvooadcyreáadnne  tarrsa teme naite alrar sl ueegx paprreo edpnicu ieeólsn et axdster da leinb jrpeaarmog.oi e2sn  Eptolr esm saius pmjuusoet icsfiatcararáiroc ctseu yra  tlneibdnroda rrlásoens  
mlasin ipsrteorpiou,e ostragsa ndisem poa, geon teidfaedct ugaedstaosr ap oa rsae rsvaictiisof accoemr úgna dsteo sq uae  sreea tlrizaater ”.e n localidad donde no exista dependencia del
CUADRO Nº 7  
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR 
Subconcepto presupuestario  Importe (euros) 
162.00 “Formación y perfeccionamiento del personal”  7.688,00 
226.06 “Reuniones, conferencias y cursos”  140.517,16 
227.06 “Estudios y trabajos técnicos”  2.412.251,21 
620.00 “Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios”  31.951,35 
Total   2.592.407,72 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
El 92 % del total de los pagos tramitados en 2016 por el sistema de a justificar (2.385.100,27 euros) 
iba destinado a abonar los servicios prestados por los coordinadores y encuestadores de la red de 
campo del organismo (apartado II.5.2). Fueron imputados a la partida presupuestaria 227.06 
“Estudios y trabajos técnicos”. A juicio del Tribunal este procedimiento de tramitación resulta 
inadecuado al caso por no concurrir las circunstancias exigidas en el artículo 79 de la LGP.  
En 2016 se expidieron 24 libramientos a justificar, por un total de 3.251.135,00 euros, al cierre del 
ejercicio se habían ingresado en la cuenta corriente del organismo, habilitada para pagos a justificar, 
23 de ellos, por un total de 3.016.610,00 euros, quedando pendiente de cobrar un único libramiento 
por  importe  de  234.525,00  euros.  Se  formularon  25  cuentas  justificativas,  2  de  las  cuales 
corresponden a libramientos del ejercicio anterior. Todas las cuentas justificativas se rindieron en el 
plazo establecido por el artículo 79.4 de la LGP.  
El Tribunal ha observado, sin embargo, una demora importante en la aprobación de las cuentas 
justificativas. De las correspondientes a los libramientos de 2016 únicamente se aprobaron en el 
propio ejercicio 12; de las restantes, 8 se aprobaron en 2017 y 3 en 2018, según se expone a 
continuación: 
CUADRO Nº 8  
APROBACIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS FORMULADAS 
  Cuentas formuladas  Aprobadas en 2016  Aprobadas en 2017  Aprobadas en 2018 
en 2016 
  Nº  Importe  Nº  Importe  Nº  Importe  Nº  Importe 
Libramientos de 2016  23  2.565.348,58  12  155.016,89  8  2.093.609,88  3  316.721,81 
Libramientos de 2015  2  27.059,14  2  27.059,14  0  0  0  0 
Total   25  2.592.407,72  14  182.076,03  8  2.093.609,88  3  316.721,81 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
El CIS no cumplió lo establecido en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 22 de diciembre 
de 2015, publicado por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 23 de diciembre del mismo 
año,  al  no  remitir  a  esta  Institución  la  certificación  acreditativa  de  que  la  documentación  e.e
correspondiente a las cuentas justificativas de los pagos librados a justificar y las reposiciones de  b
anticipos de caja fija se conserva en la correspondiente oficina a disposición del Tribunal.   07ww
dmEelá  T4sr 2irb1eu.le7nv2aa3l n,h1tae0 s ee xouabromtesin n(i1ad6do,os2  6ufu n%ear  omdneu ll eotosstt arsali g ddueei e lo8ns tce gusae: sn ttoass  tjruasmtifiitcaadtoivsa as ,j uqsuteifi creacr oegní a2n0 1g6a)s. tLooss p roers iumltpaodrotes   OE-A-2021-28able en https://
a)  En 7 de las 8 cuentas examinadas se incumplió el plazo de dos meses establecido en el 
artículo 79.6 de la LGP para su aprobación. El periodo que transcurre entre la fecha de 
la formulación de las cuentas justificativas y su aprobación por la autoridad competente 
osciló entre 53 y 485 días, ascendiendo el periodo medio a 237 días. Los períodos de 
tramitación más largos correspondieron a la fase de intervención, en la que las cuentas 
de la muestra estuvieron entre 35 y 477 días, siendo el plazo medio de 228 días. 
b)  En un número considerable de supuestos, no se daban las razones exigidas por el 
artículo 79 de la LGP para la utilización del procedimiento de pagos a justificar. Entre 
tales supuestos cabe destacar: 
b.1)  Pagos  a  encuestadores  y  coordinadores  de  la  red  de  campo.  Las  cuentas 
analizadas incluían tales pagos por importe de 314.453,81euros. 
b.2)  Pagos de cursos de formación, cuyo importe en las cuentas examinadas ascendió 
a 29.134,23 euros.  
b.3)  Compra de libros para la biblioteca, incluidos en las cuentas analizadas por 
importe de 7.989,67 euros.  
b.4)  Gastos derivados de un convenio suscrito en 2015 entre el CIS y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Estudios Sociales Avanzados de 
Andalucía (CSIC-IESAA), por importe de 12.660,94 euros.  
b.5)  Otros gastos, por importe de 1.948,31 euros, cuyas facturas (5) son de fecha 
anterior a los correspondientes libramientos. 
c)  En dos casos, por importe de 10.000,00 dólares y 105,95 dólares no figuraban las 
facturas o justificantes de los gastos realizados. Se trata de gastos relacionados con el 
convenio suscrito entre el CIS y el Real Colegio Complutense en la Universidad de 
Harvard (ver apartado II.5.4.2). 
d)  Entre los justificantes relativos al convenio suscrito entre el CIS y el CSIC-IESAA figura 
una factura por importe de 5.705,89 euros en concepto de incentivos económicos para 
los participantes en las encuestas, cuya imputación a la partida 227.06 no se estima 
correcta. Se ha observado asimismo un pago realizado con un exceso de 115,52 euros. 
El Tribunal ha analizado la contabilización de las cuentas financieras del CIS que recogen la 
situación y los movimientos de sus fondos librados a justificar. Dicho examen puso de manifiesto la 
veracidad de los saldos de dichas cuentas, si bien con una salvedad relativa a la representatividad 
de los saldos deudor y acreedor, respectivamente, de las cuentas 5580 “Provisiones de fondos para 
pagos a justificar pendientes de aprobación” y 5586 ”Gastos realizados con provisiones de fondos 
para pagos a justificar pendientes de aprobación”. Dichos saldos, cuya cuantía es de 339.685,23 
euros, se encuentran infravalorados en 2.070.646,46 euros, importe correspondiente al total de los 
gastos de seis cuentas justificativas de libramientos tramitados en 2016 pendientes de aprobar al 
cierre del ejercicio, y que no se incluyeron en el saldo de estas cuentas. 
II.4.2.  Análisis de los anticipos de caja fija 
La regulación propia del CIS en materia de anticipos de caja estaba constituida en el ejercicio  e.
fiscalizado por la Resolución de su Presidente de 18 de enero de 2011, dictada en aplicación del  w.b
RD 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija y la Orden EHA de 26 de julio de 1989,  07ww
por la que se dictan normas en aplicación y desarrollo de dicho real decreto. 
Laan tirceispoolsu cdieó nc adjae l fipjare as isdietunater  edne ll aC cISaj am peangcaiodnoarad ad efilj ao regna n2i0s0m.0o0. 0D,i0c0h oe uimropso rlate c, utaannttoía e gnl olab afel cdhea  ldoes 
la resolución como en el ejercicio fiscalizado, resultaba inferior al límite máximo del 7 % de los 
créditos del capítulo 2 del presupuesto de gastos del CIS, según lo exigido en el artículo 78 de la 
LGP. En la misma resolución se fija en 4.000 euros el importe en efectivo autorizado en la caja 
pagadora para atender los gastos en concepto de indemnizaciones por razón del servicio y otros de 
menor cuantía. 
En contra de lo establecido en el artículo 78.1 de la LGP, la resolución mencionada en el apartado 
anterior no determina los criterios generales de los gastos que pueden ser satisfechos mediante 
anticipos de caja fija ni especifica los conceptos presupuestarios a los que afecta el procedimiento 
con sus respectivos límites cuantitativos. 
En 2016 se produjeron cinco reposiciones del anticipo, con cargo a las cuales se realizaron gastos 
y pagos por importe de 461.148,04 euros. Este importe fue imputado al capítulo 2 “Gastos corrientes 
en bienes y servicios” de su presupuesto de gasto, representando el 11,71 % del total de las 
obligaciones reconocidas en los referidos capítulo y ejercicio.  
La justificación de los libramientos se recogió en cinco cuentas justificativas, rendidas por la caja 
pagadora en el modelo establecido en la Resolución de la IGAE de 14 de septiembre de 1989. En 
todas ellas figuraba la firma del interventor delegado. Sin embargo, en ninguna de las cuentas 
quedaba constancia de su aprobación por el órgano competente. 
Los conceptos presupuestarios a los que se imputó la mayor parte del gasto fueron el 240 “Gastos 
de edición y distribución” (178.452,84 euros, que supone el 39 % del total), 227 “Trabajos realizados 
por otras empresas y profesionales” (63.561,26 euros, 14 %), 222 “Material, suministros y otros” 
(39.962,74 euros, 9 %). 
El CIS no ha remitido al Tribunal de Cuentas la certificación acreditativa de que la documentación 
correspondiente  a  esas  cinco  reposiciones  de  anticipos  de  caja  fija  se  conserva  en  la 
correspondiente oficina a disposición del Tribunal, en contra de lo previsto en el Acuerdo del Pleno 
de 22 de diciembre de 2015. El Tribunal examinó los plazos de tramitación de las cuentas. El más 
significativo es el transcurrido desde su rendición hasta su intervención, que osciló entre 294 y 634 
días, resultando una media para las cinco cuentas de 487 días. 
Se examinó el cumplimiento de la legalidad en la gestión de los gastos tramitados mediante 
anticipos de caja fija sobre una muestra de dos de las cinco cuentas justificativas, examinando 136 
justificantes por importe de 118.904,70 (26 % del importe del gasto tramitado por anticipos). Los 
resultados más significativos fueron los siguientes: 
a)  En la mayor parte de los justificantes figura el conforme del órgano de gestión que 
encargó el bien o el servicio, además del “Páguese” de la secretaria general, competente 
para ordenar el pago al cajero. Sin embargo, en 22 justificantes, por importe conjunto de 
15.624,96 euros, se ha omitido en las facturas la conformidad del órgano gestor. Esta 
circunstancia deriva de una insuficiente definición en el organismo del procedimiento de 
gestión de los anticipos, que permite en supuestos como los indicados un menor control 
del gasto11.  
b)  Se ha detectado el fraccionamiento de un gasto en dos facturas con la finalidad de no 
superar  el  importe  máximo  de  5.000,00  euros,  establecido  en  el  artículo  2  del 
RD 725/1989. Se trata de dos facturas recogidas en la cuenta 2, correspondiente a la 
primera reposición, por importes de 2.686,20 euros y 2.477,84 euros.   e.e
c)  Uno de los justificantes (correspondiente a la cuenta justificativa de la tercera reposición)  07ww
 1 1   S o  b  r e   e  s t a   p fa o s re    i dm  e pl   po r ro t ce e   dd  iem    i1e  8n  t0o    ,e eul raortsíc suelo  h5 ad eiml RpDu t7a2d5/o1 9in8c9 osrer elimctitaam a eensttaeb laelc seru qbuceo enl c“Peápgtoue 2s2e”1 d0e9l ,ó crguaanno ddoe 
qgueest iróenfl ecjoer lrae srepcolnadmieanctieó,n d oir idgeidreoc ahlo c daejel raoc, redeedboerr.á  figurar como mínimo, en las facturas, recibos o cualquier justificante
debería  haberse  aplicado  al  concepto  216  “Reparaciones,  mantenimiento  y 
conservación”. 
El Tribunal ha examinado las cuentas a través de las que el CIS ha recogido la situación y los 
movimientos de los fondos para anticipos de caja fija así como los de su tesorería vinculada a los 
cobros y pagos relativos a los gastos tramitados mediante dicho procedimiento. El examen 
efectuado permite concluir el adecuado soporte, corrección de las anotaciones y la representatividad 
de los saldos de dichas cuentas.  
II.5.  ANÁLISIS DE LOS GASTOS 
II.5.1.  Análisis de la gestión de recursos humanos 
Las relaciones de puestos de trabajo del organismo incluían a 1 de enero de 2016 un total de 99 
puestos, de los cuales estaban cubiertos 93. A fin de ejercicio, el número de puestos y los efectivos 
reales eran 98 y 89, respectivamente. Estas cifras no incluyen la plaza correspondiente a la 
presidencia del organismo, que tiene consideración de alto cargo. La distribución del personal y su 
clasificación por niveles se expone en los siguientes cuadros: 
CUADRO Nº 9  
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
1/1/2016  31/12/2016 
Vinculación 
RPT  Plantilla real  RPT  Plantilla real 
Personal funcionario  46  44  45  41 
Personal laboral  53  49  53  48 
Total personal  99  93  98  89 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
El porcentaje de puestos reservados al personal laboral (54 %) es ligeramente superior al de 
funcionarios (46 %). En ambos grupos el grado de ocupación es elevado, por encima del 90 %.  
La relación de puestos de trabajo de personal funcionario a 1 de enero de 2016, compuesta por 46 
puestos, presentaba la siguiente distribución por grupos: 11 puestos de grupo A1 (24 %), 8 puestos 
de grupo A1-A2 (17 %), 5 puestos para los grupos A2-C1 (11 %) 21 puestos para grupos C1-C2 
(46 %) y 1 puesto del grupo C2 (2 %). Al final del ejercicio la RPT había disminuido en un puesto 
del grupo A1. 
La relación de puestos de personal laboral a la misma fecha estaba compuesta por 27 puestos de 
grupo 1, Titulado superior (51 %), 1 de grupo 2, Titulado medio (2 %), 9 de grupo 3, Técnico superior 
(17 %), 4 de grupo 4, Oficial (7 %) y 12 de grupo 5, Ayudante (23 %). Esta relación de puestos no 
se modificó durante el ejercicio 2016. 
La clasificación de los efectivos reales a 1 de enero de 2016 se expone en el siguiente cuadro. En 
el caso de los funcionarios destaca el hecho de que los puestos accesibles a dos grupos distintos 
habían sido cubiertos, en la mayor parte de los casos, con funcionarios del nivel inferior.  e.
CUADRO Nº 10  
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GRUPOS Y NIVELES 
  Personal funcionario    Personal laboral 
Grupo  NCD  Nº efectivos    Grupo  Nº Efectivos 
A1  26 a 30  10    1  25 
A2  24 y 26  7    2  1 
C1  18 a 22  8    3  8 
C2  15 a 18  19    4  4 
  5  11 
Total grupos  44 
  Total grupos  49 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
El siguiente cuadro recoge la distribución del personal entre sus distintas unidades. Llama la 
atención la existencia de un elevado número de trabajadores (25) con dependencia orgánica de la 
Unidad de Apoyo al Presidente, pero funcionalmente adscritos a distintos departamentos. El 
Tribunal no ha podido determinar las razones que pudieran justificar dicha situación. 
Del total de efectivos, el 31 % dependía orgánicamente de la Unidad de Apoyo al Presidente; otro 
31 % estaba adscrito a Secretaría General, el 15 % al Departamento de Publicaciones y Fomento 
de la Investigación, el 12 % al Departamento de Investigación, y el 11 % restante al Departamento 
de Banco de Datos. 
CUADRO Nº 11  
NÚMERO DE EFECTIVOS POR UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN 
Unidades Administrativas 
Nº efectivos 
a 1/1/2016 
Dependencia Orgánica  Dependencia Funcional 
Unidad de Apoyo   4 
Departamento de Investigación  14 
Unidad de Apoyo al Presidente 
Departamento de Banco de Datos  9 
Departamento de Publicaciones  2 
Secretaría General  Secretaría General  28 
Departamento de Investigación  Departamento de Investigación  11 
Departamento de Banco de Datos  Departamento de Banco de Datos  10 
Departamento de Publicaciones y Fomento de la  Departamento de Publicaciones y Fomento de la 
15 
Investigación  Investigación 
Total  93  s
Fuente: Memoria del CIS 2016.  bo
Eap rl e3ims.2up8po7ur.et5es1 tdo5e ,7 dl2ae s  egouabrsloitgosa,s c qidouenele  sCs uIrSepc.o onLneao  cdeidils at4rsi3b e u%nc  ieódln ec la pptooírtt uaallo rt dí1ce u“ Glloaasss  tdorees g dliosest r pagedarasssot onesan ld”  elea n p l2eiq0rus1io6dn aaacsli ócfenun edd ielóal    2021-2807n https://ww
siguiente:
CUADRO Nº 12  
DISTRIBUCIÓN POR ARTÍCULOS DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
Artículo  Importe obligaciones reconocidas 
10 Altos cargos  56.724,80 
12 Funcionarios  1.374.823,42 
13 Laborales  1.263.554,93 
15 Incentivos al rendimiento  154.670,00 
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales  437.742,57 
Total  3.287.515,72 
Fuente: Cuenta del CIS. 
En relación con la gestión presupuestaria de los gastos de personal cabe destacar la tramitación de 
una modificación presupuestaria (transferencia positiva al capítulo 1 “Gastos de personal”) en el 
mes de diciembre, fuera del plazo establecido en la Orden HAP 1169/2016, de 14 de julio, por la 
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016. La modificación, por importe de 
67.833,15 euros, con cargo a créditos del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”, se 
justificó por la necesidad de cubrir el déficit derivado del pago en el mes de abril de la parte de la 
paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, conforme a lo establecido en la Resolución 
de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el 
ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional décima segunda, de 
la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
La gestión de los recursos personales del CIS corresponde a la Secretaría General, por delegación 
expresa, contenida en el artículo 14 del RD 1214/1997, de las competencias atribuidas al presidente 
en materia de personal. 
La elaboración y gestión de las nóminas la lleva a cabo el Servicio de Habilitación y Gestión 
Financiera, dependiente de la Secretaría General, que utiliza para su tramitación la aplicación 
NEDAES. Este servicio está asimismo encargado del control de la cuenta bancaria a través de la 
que se pagan las nóminas, lo que pone de manifiesto una debilidad de control interno por la falta de 
segregación de funciones. Tal situación deriva de  la insuficiencia de los medios personales 
dedicados en el organismo a la gestión de personal, que es realizada por una sola funcionaria.  
En 2016 el CIS elaboró además de las 12 nóminas mensuales ordinarias (para altos cargos, 
funcionarios y laborales) una nómina de incidencias para atender la recuperación de la paga extra 
de 2012, y otra nómina para el abono de la acción social. El detalle de las retribuciones incluidas en 
dichas nóminas fue el siguiente: 
CUADRO Nº 13 
NÓMINAS ELABORADAS 
  Nóminas ordinarias  Nómina incidencias  Acción social  Total nóminas 
Altos cargos  60.315,46  1.645,08  0,00  61.960,54 
Funcionarios  1.478.492,78  46.901,58  5.928,84  1.531.323,90 
Laborales  1.217.244,11  46.310,82  7.100,63  1.270.655,56 
Total  2.756.052,35  94.857,48  13.029,47  2.863.940,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
Las cifras anteriores no recogen la totalidad de las retribuciones asignadas al presidente del CIS 
(único alto cargo del Organismo) en el ejercicio fiscalizado. Además de las retribuciones abonadas 
con cargo a los créditos del CIS (61.960,54 euros), el presidente percibió. 38.443,26 euros, en 
concepto de productividad asignada conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la LPGE para 
2016, abonadas con cargo al presupuesto del Ministerio de la Presidencia. 
El Tribunal examinó la nómina ordinaria del mes de abril y la nómina de incidencias para verificar la 
adecuación de las retribuciones abonadas. Los principales resultados obtenidos en relación con la 
nómina ordinaria de abril, cuyo importe ascendía a 200.618,95 euros, fueron los siguientes: 
a)  No  se  ha  podido  determinar  los  criterios  seguidos  en  el  CIS  para  el  abono  del 
complemento de productividad. La justificación de los importes incluidos en la nómina 
examinada consiste en una relación nominativa de perceptores e importes firmada por 
el presidente. El organismo no ha aportado la información solicitada por el Tribunal en 
relación con los criterios de reparto, la periodicidad y los importes totales por perceptores 
abonados en 2016.  
b)  No se ha podido determinar la procedencia del abono a una funcionaria de un importe 
mensual de 11,47 euros en concepto de complemento personal de antigüedad, no 
previsto entre las retribuciones de los funcionarios, al no haber aportado el CIS la 
información solicitada al respecto por el Tribunal. 
c)  Un trabajador en régimen laboral cobró el complemento “55-Singular de puesto”, por un 
importe superior en 7,89 euros al correspondiente, si bien se ha comprobado que esta 
circunstancia comenzó a regularizarse en el ejercicio siguiente. 
d)  No se han podido verificar los importes abonados a personal laboral por los conceptos 
“02P Complemento personal de antigüedad” y “44 Complemento personal unificado”, por 
no haber aportado el CIS documentación al respecto. Dichos importes ascendían en la 
nómina fiscalizada, para el conjunto de perceptores, a 2.134,75 euros y 787.84 euros, 
respectivamente.  
La liquidación de los seguros sociales correspondientes a la nómina del CIS es realizada por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, a partir de los datos de la aplicación NEDAES recibidos 
del CIS. Se ha examinado la liquidación correspondiente a la nómina seleccionada, resultando unos 
pagos a la seguridad social por importe de 48.888,40 euros. De dicha cantidad, 40.639,09 euros  s
correspondían a la cuota empresarial y 8.249,31 euros a la cuota obrera. Estos importes incluyen  e.
la seguridad social correspondiente a la nómina de becarios (414,20 euros), que, de febrero a junio  w.
de 2016, el organismo imputó indebidamente al capítulo 1 “Gastos de personal” de su presupuesto.  07ww
El importe de las nóminas de incidencias tramitadas para atender al pago pendiente de la paga
edxettreac tdaero 2n0 i1n2c idaescnecniadsi ód ea  r9e4le.8v5a7n,c4ia8.  euros. En las pruebas realizadas sobre estas nóminas no se
En concepto de acción social el CIS abonó a sus empleados 13.029,47 euros. El gasto destinado a 
formación, imputado a la partida 1620 “Formación y perfeccionamiento del personal” ascendió a 
7.688,00 euros. 
En la cuenta bancaria de nóminas del organismo, se registraron en 2016 tres reintegros por errores 
en las liquidaciones practicadas, por importe conjunto de 3.047,93 euros. Uno de ellos, por importe 
de 967,98 euros no fue traspasado a la tesorería central ni contabilizado.  
II.5.2.  Análisis de los gastos en concepto de servicios prestados por la red de campo 
El CIS ha venido utilizando tradicionalmente para la realización de la mayor parte de los sondeos y 
encuestas a un conjunto de personas que componen la denominada red de campo del organismo 
y que figuran incluidos en un archivo mantenido por el centro. La red está formada por coordinadores 
y encuestadores. Los primeros ejercen habitualmente sus funciones en el ámbito territorial de una 
provincia; el CIS se relaciona directamente con ellos a efectos de encargar los trabajos, dar 
instrucciones, entregar y recibir los cuestionarios, etc.; los coordinadores son también quienes 
designan a los encuestadores necesarios para cada trabajo.  
El CIS imputa el gasto correspondiente a los servicios prestados por el personal de la red de campo 
al concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales” del capítulo 2 “Gastos 
corrientes en bienes y servicios” de su presupuesto. En 2016, la cantidad abonada a coordinadores 
y encuestadores ascendió a 2.383.935,35 euros, representando el 61 % de las obligaciones 
reconocidas en el capítulo 2. Después de los gastos de personal es el principal concepto de gasto 
del organismo. 
Entre 2015 y 2017, el número de personas que realizaron para el CIS este tipo de trabajos osciló 
entre 380 y 300. En el siguiente cuadro se expone el número de coordinadores y entrevistadores 
que prestaron servicios al CIS en el periodo indicado y el importe destinado por el organismo para 
abonar dichos trabajos. Hay que señalar que un porcentaje elevado de los coordinadores realizaron 
trabajos de encuestadores, además de sus funciones específicas: 
CUADRO Nº 14  
PAGOS A LA RED DE CAMPO 2015-2017 
2015  2016  2017 
Tipo contrato/ejercicio 
Nº  Importe  Nº  Importe  Nº  Importe 
Coordinadores  54  515.247,71  51  435.076,17  53  386.411,92 
Encuestadores  326  1.927.931,29  308  1.948.859,18  247  1.114.873,45 
Total  380  2.443.179,00  359  2.383.935,35  300  1.501.285,37 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
El CIS se sirve de este personal tanto para los estudios realizados por propia iniciativa como para 
los que le son encargados mediante convenios o encomiendas de gestión. En 2016 la red de campo 
participó en 26 de los de 41 estudios realizados12. En el siguiente cuadro se recoge el detalle de los 
importes abonados a la red de campo en el periodo 2015-2017 en función del tipo de estudios al 
que correspondieron:  s
1  2   L o  s   e  s t u  d i o  s   e  n   l o s    q u  e   n  o   i n  te  r v  in  o la red de campo fueron los realizados mediante encuestas telefónicas o internet.
CUADRO Nº 15  
IMPORTES ABONADOS A LA RED DE CAMPO POR TIPOS DE ESTUDIOS  
2015  2016  2017 
Tipo de estudio/ejercicio 
Nº  Importe  Nº  Importe  Nº  Importe 
Barómetros de opinión  13*  626.402,58  11  600.540,22  11  562.362,51 
Encuesta social europea  1  123.034,16  0  0,00  1  134.515,74 
Estudios preelectorales  21  752.984,52  1  300.893,37  0  0.00 
Estudios postelectorales  18  358.660,54  4  607.705,00  0  0.00 
Otros estudios realizados por 
10  582.097,20  10  874.796,76  13  804.407,12 
encargo 
Total  63  2.443.179,00  26  2.383.935,35  25  1.501.285,37 
*Dos de los estudios fueron realizados en 2014.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
Las Resoluciones del Presidente del CIS de 31 de agosto de 2009, y de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia de 28 de septiembre de 2009 establecieron los módulos retributivos 
aplicables a los servicios de la red de campo, la primera, para los trabajos realizados por iniciativa 
del organismo, y la segunda para los servicios prestados en régimen de encomienda. Los módulos 
establecidos  en  ambas  resoluciones  son  básicamente  los  mismos,  y  tienen  en  cuenta, 
fundamentalmente, la extensión y complejidad de la muestra y del cuestionario y la dispersión 
geográfica. Desde 2009 no se han actualizado los módulos. 
Las resoluciones mencionadas establecen varios niveles de valoración aplicables a la extensión y 
complejidad del cuestionario y de la muestra, fijando los importes a abonar en función de las 
combinaciones resultantes para cada caso13. Sin embargo, no precisan los criterios determinantes 
de la aplicación de los referidos niveles (cuándo debe considerarse un cuestionario corto, medio o 
largo, o de complejidad mínima o máxima, por ejemplo) lo que permite un cierto grado de 
discrecionalidad o subjetividad en la fijación de las tarifas. 
El CIS no dispone de manuales de procedimiento que definan las pautas a seguir en la contratación 
de los servicios de la red de campo. A partir de las entrevistas realizadas en el organismo y de la 
información facilitada, se han podido determinar las líneas generales de dicho proceso, que son las 
siguientes:  
a)  Una vez decidida la realización de un estudio, en el Departamento de Investigación se 
configuran  los  aspectos  cuantitativos  y  cualitativos  de  los  cuestionarios  y  de  las 
muestras. El mismo departamento propone la tarifa a aplicar, elegida a partir de los 
módulos retributivos aprobados, y que se somete a la consideración de la Secretaría 
General. 
b)  Una  vez  determinada  la  tarifa,  el  Departamento  de  Investigación  prepara  la 
documentación que se enviará por mensajería a cada uno de los coordinadores de la 
red implicados en el estudio. Consiste básicamente en los cuestionarios a realizar, las 
normas sobre desarrollo del estudio, con detalle del número de encuestas a realizar y la 
cuota (sexo, edad, lugar) de las mismas, además de una hoja-informe del trabajo de  s
                                                  07ww
nl1a3o  Emmli unseaissltetersam.:  aC1 re itspe oreibol l saCicg)iuó Cine ongmteepn: leCerjriaditlea prdioo dr  Aecl) u cEouxteates ntdiosein ósaner ixdooe:  l1 yc  umeedísnatiimdo;na a2; r 2ipo om: b1el adccioairó;t no3 ;  cm2o ámnx eicmdaiaroa.; c C3te olramísrgbtioicn.a aCsc rioeitsneperiesoc  pBífoi)c sCaibsol;me s3p:  lmeAj1iudBeas1dtC rda1es:  
pfurnecciióon p doer  elan tdreisvtaisntac ia8 ,d3e2s eduer olas ;c Aap1iBta2l Cd1e  plar epcrioov 9in,c2i4a .e uros; etc. Los precios se incrementan en distintos porcentajes en
campo,  los  formularios  para  liquidación  de  los  trabajos  y  la  documentación 
complementaria que se haya estimado necesaria.  
c)  Paralelamente, se da traslado a la Unidad de Habilitación y Gestión Financiera de los 
datos sobre la muestra, kilometraje, coordinadores y tarifas, para su incorporación a la 
aplicación del sistema de pagos “gestiónCIS.es”. El sistema emite automáticamente un 
email a cada coordinador para que procedan a seleccionar a los entrevistadores. 
d)  Cada coordinador distribuye el trabajo entre los encuestadores de su ámbito territorial 
que  estime  necesarios  o  estén  disponibles,  facilitándoles  los  cuestionarios  y 
comunicándoles  las  instrucciones  recibidas  del  CIS.  Cada  encuestador  debe 
cumplimentar al terminar su trabajo el formulario para la liquidación de los gastos. 
e)  Una vez realizado el trabajo de los encuestadores, cada coordinador debe verificar la 
adecuación de las entrevistas de acuerdo a las instrucciones dictadas y remitirlas al CIS 
para su procesamiento informático, junto con el “Informe de trabajo de campo” que 
detalla las incidencias apreciadas en el desarrollo del estudio. Corresponde asimismo a 
cada coordinador verificar la liquidación de gastos presentada por los entrevistadores de 
su ámbito territorial y enviarlas al CIS. 
f)  Las liquidaciones son revisadas tanto en el Departamento de Investigación como en la 
Unidad de Habilitación y Gestión Financiera dependiente de la Secretaría General (unas 
200 liquidaciones por estudio, aproximadamente). 
g)  En el Departamento de Investigación se elabora una memoria técnica que firma su 
director y que contiene el detalle de la liquidación de los gastos de cada estudio. Dicha 
memoria se somete al visto bueno de la Secretaría General, con carácter previo a la 
tramitación del pago material.  
El organismo no ha facilitado información que permita conocer el procedimiento de selección o 
designación de los efectivos que componen la red de campo. Sobre la exigencia de requisitos 
específicos para el acceso a dicha red, el CIS, en una nota relativa a la situación de este colectivo, 
indica que “la condición de encuestador o coordinador no requiere unos requisitos específicos, no 
están detallados en ningún manual o procedimiento escrito, no requieren de titulación específica ni 
de formación concreta, no está delimitado ningún rango de edad para su realización y tampoco es 
exigida una dedicación exclusiva ni disponibilidad concreta o técnica (como disponer de carnet de 
conducir o coche propio). No obstante, el CIS sí ha expedido una tarjeta identificativa para la 
realización de los trabajos”. 
Por otra parte, el CIS carece de un registro actualizado de las personas que integran su red de 
campo. La base de datos de la que dispone para el registro de los componentes de la red, se 
encontraba totalmente desfasada a la fecha de inicio de los trabajos de la fiscalización, al no haber 
sido actualizada en mucho tiempo. La base de datos contenía información sobre cerca de 2.500 
personas, cuando desde 2015 el número de coordinadores y entrevistadores activos era inferior a 
400. Tras una depuración de la base de datos realizada para eliminar los elementos sin actividad 
desde 2015, se facilitó un segundo listado que incluía 650 personas, aún muy por encima de las 
que según la información de detalle aportada prestaron servicios al CIS a partir de 2015; ello sugiere 
que la actualización realizada no fue suficientemente estricta. 
La falta de un registro actualizado de los componentes de la red de campo impide al CIS conocer  e.e
los efectivos disponibles por provincias y los que podrían ser asignados a cada trabajo, información  bo
esta que resulta indispensable para calcular el coste de los trabajos a realizar. Por otra parte, la  07ww
scceoolonertcrdocinli óapndo or drpeeas r,tl oelos d  qeeul nCec IuiSme ssptolaicbdaroe rr ieleass  sgupofasicr aide encrciaviada ady o latsr  aiddbeoa njloae  ifdqaaultdae  dddaee   loeusxn c spluersloeicvceacdmioimneaniedteno tsoe.  nd em saengousim  ideen tolo ys   OE-A-2021-28able en https://
La relación jurídica entre el CIS y el personal de la red de campo nunca ha estado suficientemente 
definida. En el informe del Tribunal de Cuentas sobre el CIS, ejercicios 1993 a 1995, aprobado en 
octubre  de  1997,  se  indicaba  al  respecto  lo  siguiente:  “La  relación  del  organismo  con  los 
coordinadores y encuestadores se limita al pago, según las tarifas autorizadas por la Comisión 
Interministerial  de  Retribuciones,  de  los  servicios  efectuados,  pero  sin  que  esté  definida  la 
naturaleza de su relación jurídica que ni siquiera tiene su origen en un contrato escrito. Esta 
situación, que se considera anómala, debe regularizarse a la mayor brevedad posible por aquella 
de las vías admitidas en la normativa vigente que resulta idónea, sea esta la contratación civil de 
arrendamiento de servicios, la contratación administrativa o, en su caso, la contratación laboral 
según las distintas variantes permitidas por el Estatuto de los Trabajadores”.  
A esta situación se trató de poner fin en el año 2002. La Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social modificó el artículo 5 de la Ley 39/1995, de 19 de 
diciembre, de organización del CIS añadiendo un nuevo párrafo según el cual “Las funciones 
previstas en este artículo que sean realizadas tanto por entidades como por entrevistadores o 
coordinadores de la red de campo del centro, se considerarán comprendidas en el artículo 196.3 e) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), y se regirán por dicha ley”. El 
apartado e) del artículo 196.3 de la LCAP calificaba como contratos de servicios los que tuvieran 
por objeto la realización de encuestas, toma de datos y otros servicios análogos14. 
En consecuencia, en el ejercicio fiscalizado el régimen aplicable a la relación entre el CIS y el 
personal de su red de campo era el establecido para los contratos de servicios en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas.  
Desde la referida reforma normativa el CIS ha venido considerando los encargos a coordinadores y 
encuestadores como contratos menores de servicios, aplicando en el ejercicio fiscalizado la 
regulación contenida al respecto en el artículo 138 del TRLCSP. Esta consideración explica la falta 
de formalización de contrato alguno entre el organismo y el personal de la red de campo. 
Sin embargo, a juicio del Tribunal, no resulta adecuada la caracterización de este tipo de trabajos 
como contratos de servicios, por no darse las condiciones establecidas para estos en la legislación 
de contratos. En cuanto a su adjudicación, se incumple la exigencia del artículo 138.3 del TRLCSP 
sobre la necesidad de que el adjudicatario sea un empresario con capacidad de obrar y que cuente 
con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. En lo referente a su justificación, 
las liquidaciones presentadas por encuestadores y coordinadores no pueden ser consideradas 
facturas en el sentido exigido para las mismas en el artículo 111 del TRLCSP. 
Por otra parte, la habitualidad con que el CIS requiere este tipo de prestaciones conlleva la 
superación de los límites establecidos para dichos contratos en los artículos 23.3 y 138.3 del 
TRLCSP, tanto en cuanto a duración (máximo un año) como en cuanto a importe (18.000,00 euros). 
De acuerdo con el análisis realizado por el Tribunal, entre 2015 y 2017, se habrían gestionado 
anualmente más de 5.000 contratos (5.555 en 2015, 5.346 en 2016, y 5.022 en 2017)15. El número 
de personas que percibieron anualmente retribuciones superiores al importe máximo establecido 
para los contratos menores de servicios (18.000,00 euros) por los trabajos de coordinador o 
encuestador, fue de 21 en 2015, 16 en 2016 y 8 en 2017. En varios casos, los importes percibidos 
superaron los 30.000,00 euros anuales. Por otra parte, la red de campo se mantiene bastante 
estable a lo largo del tiempo, por lo que de las 21 personas que superaron el límite de 18.000,00 
euros en 2015, 16 vuelven a hacerlo en el ejercicio siguiente, y hay 7 personas que lo superan en 
3“ 1S 4/ E2e  0nr v1  e i1c l , ipo  d es er  id  o1 e d4  oi  n d f vie se  c sn at oi lgvi za iea c mdi ó ob n  lr  aed   ,en  p  oe or nm rc  la uo   e v  qsigutaeesn l taye   rdeeenf e emrseatnutecdriiaioa s dd edebe ce lo aen ontrptaeitnnoidsóe ner rspaeú  ebhll eiTccRah”La, C daSel lPa a rantípecruxoolob  IaI1.d 0o  dpeo re Rsteaa nl oDremcare, tcoa Lteeggoisrlíaat i1v0o   2021-2807n https://ww
r1e5 aLliazsa dcoifsra. s resultan de la suma de los participantes (coordinadores y encuestadores) en la totalidad de los estudios
los tres años examinados. Estos datos ponen de manifiesto la inadecuación del procedimiento de 
los contratos menores para la contratación de los servicios de la red de campo. 
Por otra parte el procedimiento aplicado por el CIS para la contratación de estos servicios no tiene 
en cuenta las diferencias entre la relación del organismo con los coordinadores, a quienes encarga 
directamente los trabajos, y con los encuestadores, con los que no tiene relación directa (aparte del 
abono de los servicios) y que son asignados por aquellos a los estudios a realizar.  
Como se ha indicado en el anterior apartado II.4.1, el procedimiento de pago utilizado en el ejercicio 
fiscalizado para los servicios de la red de campo era el de a justificar previsto en el artículo 79 de la 
LGP. La Resolución del Presidente del CIS de 18 de enero de 2011, dictada en aplicación de lo 
establecido en el RD 640/1987, de 8 de mayo, había incluido entre los expedientes a tramitar por 
este procedimiento “los libramientos que hayan de llevarse a cabo para atender el pago de 
encuestas  y  sondeos  de  opinión  programados  por  el  Centro,  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria  25.102.462M.227.06”.  En  el  ejercicio  2016,  los  pagos  a  coordinadores  y 
entrevistadores representaron el 92 % de los tramitados en el organismo por el procedimiento de 
a justificar. A juicio del Tribunal de Cuentas el procedimiento de pago a justificar no resulta adecuado 
para el abono de los servicios realizados por el personal de la red de campo, por no concurrir 
ninguna de las circunstancias que el artículo 79 de la LGP exige para la utilización de dicho 
procedimiento excepcional. 
Por Resolución de la Presidencia del CIS de 26 de diciembre de 2016 se deroga la anterior 
regulación de los pagos a justificar. La nueva normativa vuelve a incluir la tramitación de los pagos 
a los componentes de la red de campo por dicho procedimiento, que continuó utilizándose hasta 
que en 2018 fue sustituido por el de anticipos de caja fija. A la fecha de finalización de los trabajos 
de campo, el organismo estaba trabajando para adecuar la contratación de los trabajos de 
encuestas y sondeos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
II.5.3.  Análisis de la contratación 
Según la información facilitada por el CIS en el ejercicio 2016 estaban vigentes en el organismo 46 
contratos cuyo importe conjunto de adjudicación ascendía a 1.354.705,43 euros. Esta información 
no incluye los contratos con los coordinadores y encuestadores de la red de campo, analizados en 
el anterior el apartado II.5.2. 
Los contratos vigentes pertenecían a las categorías de servicios (57 % del total) y suministros 
(43 %). El procedimiento de adjudicación más común fue el del contrato menor, utilizado en el 50 % 
de los contratos vigentes. En el siguiente cuadro se recoge el detalle de los contratos vigentes por 
tipos de contrato y procedimientos de contratación: 
CUADRO Nº 16  
TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DEL CIS 
Servicios  Suministros  Total 
Tipo contrato/Procedimiento 
Número  Importe  Número  Importe  Número  Importe 
Abierto  3  327.245,15  0  0  3  327.245,15 
Negociado sin publicidad  3  162.703,86  4  217.210,16  7  379.914,02 
Menores  18  167.261,87  5  48.927,47  23  216.189,34 
Centralizado  1  108.900,00  11  320.113,65  12  429.013,65 
Protocolo actuación conjunta  
1  2.343,27  0  0  1  2.343,27 
316.5 TRLCSP 
Total  26  768.454,15  20  586.251,28  46  1.354.705,43 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
La mayor parte de los contratos se imputó al capítulo 2 “Gastos corrientes” (42 contratos por un 
importe  de  adjudicación  de  1.312.214,82  euros).  Únicamente  4  contratos,  por  importe  de 
adjudicación de 42.490,61 se imputaron al capítulo 6 “Inversiones”.  
El importe de los 12 contratos tramitados por el procedimiento de contratación centralizada 
establecido en el artículo 206 del TRLCSP, adjudicados por la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación, representó el 32 % del total de la contratación del organismo. 
El importe de los contratos adjudicados por el CIS ascendió a 923.344,51 euros. El 41 % de este 
importe se adjudicó por procedimiento negociado, el 36 % por procedimiento abierto y el 23 % 
restante se tramitó por el procedimiento de los contratos menores.  
La tramitación de los expedientes corresponde al Servicio de Contratación, dependiente de la 
Secretaría General, a propuesta, en su caso, de los distintos departamentos. El CIS no dispone de 
instrucciones internas ni manuales de procedimiento de contratación.  
El CIS no cumplió las obligaciones de comunicación de datos contractuales al Tribunal de Cuentas 
y al Registro de Contratos. No remitió al Tribunal de Cuentas la relación de contratos suscritos en 
el ejercicio fiscalizado, contraviniendo lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017 el CIS remitió al Registro de 
Contratos una comunicación relativa a los contratos adjudicados en el ejercicio anterior, si bien solo 
incluía 7 de los 26 contratos suscritos. 
Para analizar la legalidad de la gestión contractual se seleccionó una muestra de 8 contratos, cuyo 
importe conjunto de adjudicación ascendió a 554.429,82 euros. Por los contratos seleccionados se 
reconocieron obligaciones por importe conjunto de 281.567,18 euros, cifra que supone el 39,2 % de 
las obligaciones reconocidas por la totalidad de los contratos vigentes en 2016 (717.794,97 euros). 
Los contratos seleccionados corresponden a los siguientes tipos y procedimientos de adjudicación: 
dos contratos de servicios tramitados por procedimiento abierto, otros dos de servicios y uno de 
suministro adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad, y otros dos contratos de 
servicios y uno de suministro tramitados como contratos menores. Todos los contratos de la muestra 
fueron imputados al capítulo 2 “Gastos corrientes” del presupuesto del CIS. 
    w.b
II.5.3.1.  Contratos tramitados por procedimiento abierto 
Se examinaron los dos contratos de servicios que se indican: 
  Realización de la encuesta telefónica mensual para la elaboración del indicador de confianza 
del consumidor del CIS. Importe de obligaciones reconocidas en 2016: 90.346,32 euros. 
  Realización de la encuesta telefónica mensual para la elaboración del indicador de confianza 
del consumidor del CIS. Importe de obligaciones reconocidas en 2016: 31.762,50 euros. 
El primero de los contratos se suscribió en agosto de 2014, por importe de 135.520,00 euros 
(Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  -IVA-  incluido)  y  un  período  de  ejecución  de  un  año, 
prorrogándose a su finalización por otro período igual. El segundo contrato se tramitó para continuar 
con la prestación del servicio tras finalizar el anterior. Se suscribió en agosto de 2016, por importe 
de 127.050,00 euros y plazo de ejecución de un año, prorrogándose a su finalización por otro plazo 
igual. 
Se observaron las siguientes deficiencias comunes a la tramitación de ambos contratos: 
a)  No figura entre las actuaciones preparatorias de los expedientes la memoria o el informe 
justificativo de la necesidad de contratación, contraviniendo lo previsto en el artículo 22.1 
del TRLCSP. Tampoco consta declaración de la insuficiencia de medios del organismo. 
b)  No consta la publicación de la formalización de los contratos en el Boletín Oficial del 
Estado ni en el Diario Oficial de la Unión Europea, en contra de lo establecido en el 
artículo 154 del TRLCSP. 
c)  No se formalizaron las prórrogas de los contratos, en contra de lo establecido en los 
artículos 28 y 156 del TRLCSP. En ninguno de los expedientes hay constancia del 
acuerdo de prórroga del órgano de contratación previsto en el artículo 23.2 del TRLCSP. 
d)  En ambos casos la imputación presupuestaria de alguna de las facturas supuso el 
incumplimiento del principio de temporalidad de los créditos establecido en el artículo 49 
de la LGP. En el primer contrato, una de las facturas correspondiente a trabajos 
realizados en 2015, por importe de 11.293,93 euros, se imputó al presupuesto del 
ejercicio siguiente. Otra de las facturas del segundo contrato, por importe de 10.557,50 
euros, se imputó asimismo al ejercicio siguiente al de realización del servicio. 
En el primero de los contratos no se contabilizó presupuestariamente el importe correspondiente al 
IVA, cuyo pago fue tramitado extrapresupuestariamente. Esta práctica contravino las reglas sobre 
ejecución del presupuesto establecidas en la Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de 
Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  aprueban  los  documentos  contables  a  utilizar  por  la 
Administración General del Estado. 
Por otra parte, a juicio del Tribunal, la urgencia de la tramitación declarada para el segundo de los 
expedientes pone de manifiesto deficiencias en la planificación de la gestión administrativa de los 
contratos. 
   
II.5.3.2.  Contratos celebrados por procedimiento negociado 
Se examinaron un contrato de suministros y dos de servicios: 
  Licencia y actualización de los programas de software: “Análisis de datos on line, Data cleaning 
y gestión de preguntas para la aplicación CIS B. Datos”. Importe de adjudicación: 113.740,00 
euros. Importe de obligaciones reconocidas en 2016: 28.435,00 euros. 
  Asistencia técnica necesaria para la adaptación urbanística de la actividad desarrollada en la 
sede del CIS. Importe de adjudicación: 59.023,80 euros. Obligaciones reconocidas en 2016: 
21.297,34 euros. 
  Estudio sociológico de encuesta telefónica sobre: “Preelectoral del País Vasco. Elecciones 
autonómicas 2016”. Importe de adjudicación: 56.628,00 euros. Obligaciones reconocidas en 
2016: 56.628,00 euros. 
La elección del procedimiento estaba justificada por la existencia de un único proveedor en el primer 
expediente y en razón del importe en los otros dos. En el primer contrato no consta informe sobre 
la necesidad del gasto ni la insuficiencia de medios del organismo; en el segundo hay un error en 
el importe del contrato recogido en la cuenta justificativa del pago (sin incidencia en la corrección 
del pago); los pliegos del último de los contratos examinados no figuran firmados por el presidente 
del CIS. 
II.5.3.3.  Contratos menores 
Los contratos examinados tramitados por el procedimiento de contrato menor fueron los siguientes: 
  Servicio de codificación para determinadas encomiendas de gestión llevadas a cabo por el CIS. 
Importe obligaciones reconocidas en 2016: 20.887,02 euros. 
  Suministro  e  instalación  de  software  Absysnet  para  gestión  de  bibliotecas.  Obligaciones 
reconocidas en 2016: 21.659,00 euros. 
  Servicio  de  apoyo  en  las  tareas  de  gestión  comercial  y  distribución  de  publicaciones. 
Obligaciones reconocidas en 2016: 9.922,00 euros. 
En relación con el primero de los contratos examinados, se ha comprobado la tramitación un mes 
después de otro contrato menor, por importe de 8.454,27 euros (IVA incluido), con el mismo objeto 
y adjudicatario. A juicio del Tribunal, la tramitación independiente de estos dos contratos menores 
responde al supuesto de fraccionamiento prohibido por el artículo 86 del TRLCSP. 
II.5.4.  Análisis de otros gastos imputados al capítulo 2 “Gastos corrientes” 
II.5.4.1.  Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 
La Resolución del Presidente del CIS de 2 de marzo de 2016 reguló la convocatoria para el ejercicio 
fiscalizado del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política. El premio se otorga como 
recompensa a la aportación y labor científica de los galardonados en el campo de la sociología o  s
de  la  ciencia  política,  puesta  de  manifiesto  a  través  de  su  trayectoria  profesional  o  como  e.
reconocimiento a una obra singular. Está dotado con 25.000,00 euros, que según la convocatoria,  w.
debían financiarse con cargo a la partida 227.06 “Estudios y trabajos técnicos” del presupuesto de  07ww
gastos del CIS.
E38l /p2r0e0m3i,o  dsee  1c7o ndcee dneo vsiienm lab rper,e vGiae nseorlaicli tdued  Sdeulb bveennecfiiocniaersio, ,e pno vr ilrotu qdu ed en olo l ed irsepsuueltsat oa pelnic asbul ea rlatí cLueloy 
4.a). Ni en el ejercicio fiscalizado ni en los anteriores disponía el CIS de bases reguladoras de 
aplicación al premio, figurando en la propia convocatoria los aspectos básicos de configuración y 
gestión.  
En el sistema de gestión del premio se observa una deficiente segregación de funciones, al coincidir 
en el presidente del CIS la regulación de los aspectos básicos del premio, su convocatoria y el 
nombramiento de los miembros del jurado al que corresponde fallar el premio, cuya presidencia 
también se atribuye al presidente del organismo16.  
El fallo del Jurado tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2016. Por Resolución del Presidente del 
CIS de 22 de noviembre de 2016 se hizo pública la concesión del premio. En la misma resolución 
se publica la composición del jurado. A juicio del Tribunal, este procedimiento resulta poco 
adecuado, siendo más acorde con las exigencias de transparencia en la gestión pública la 
publicación de la composición del jurado con carácter previo al fallo.  
El gasto fue imputado a la partida del capítulo 2 “Gastos corrientes” indicada en la convocatoria, 
contraviniendo lo establecido en la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de 
Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los 
Presupuestos. Según dicha norma, el gasto debería haberse imputado al capítulo 4 “Transferencias 
corrientes” del presupuesto del organismo17. 
II.5.4.2.  Convenio con el Real Colegio Complutense at Harvard University para la celebración del 
IX Summer Seminar on Sociological and Political Research 
El 1 de junio de 2016 el CIS suscribió un convenio con el Real Colegio Complutense at Harvard 
University (RCCH) para la celebración del IX Summer Seminar on Sociological and Political 
Research, que tendría lugar en Cambridge, Massachusetts (EEUU) entre los días 1 y 5 de agosto. 
El convenio establecía que el CIS se haría cargo de los gastos originados por el mencionado curso, 
con el límite máximo de 70.000,00 euros, según el presupuesto desglosado por partidas incorporado 
como anexo. 
Se estableció asimismo que tras celebrarse el seminario y previa liquidación económica, aportación 
de facturas y justificación de los gastos, el CIS abonaría al RCCH (mediante transferencia a una 
cuenta bancaria de Estados Unidos) y, en su caso a otros proveedores, el importe de los gastos 
incurridos  en  concepto  de  becas,  honorarios  de  profesorado  y  del  coordinador  del  curso, 
alojamiento, gastos de recepción y clausura y alquiler de instalaciones.  
La Resolución de la Presidencia del CIS de 2 de junio de 2016 convocó el curso y dio publicidad a 
los criterios de admisión al mismo y a la concesión de las ayudas de viaje vinculadas a su 
realización. Se ofrecieron, en régimen de concurrencia competitiva, hasta un máximo de 30 plazas 
y 15 ayudas de viaje, por importe individual de 1.000,00 dólares. Por Resolución del Presidente del 
CIS de 28 de junio de 2016, se concedieron las plazas y las ayudas.  
El gasto se tramitó por el procedimiento de a justificar, por tratarse de pagos en el extranjero, con 
cargo a la partida 226.06 “Reuniones, conferencias y cursos” del presupuesto del CIS. Los gastos 
justificados ascendieron finalmente a 57.484,45 euros; la cuenta correspondiente fue aprobada por 
                                                  s
16 Algunas de las deficiencias indicadas se superaron en el ejercicio siguiente. Así, por Orden del Ministerio de la  e.
Presidencia de 17 de enero de 2018 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión por el Centro de  b
1Ican7oy vCurerdeosasntispcg,ora ebnctediaocimenaneests,ne  dt eaoS, n o2aac0l ci1aoi8orlót nísgceeuisc li,aom ps 4p r8eud mt“eóAil o  cfsoPa rmlrireteeimlciraatiaosrmi  oesNen,n a iantcersit otíaisntlut aicccla oiopsdní etoeu  slco Sis eo4innc  dtifíoiefnilcloe opgssrí ea dns eou y lpui nucCvereoisen”tno,t ac adrilai eaq lbu CPleeIo sScl,ío. t eircrtace..s,  pqPounoerd  seoe it mroatpo urptgaaurre t“ento,  ad eael  nctlpaidrseaemd deioes    2021-2807n https://ww
fsainm ifliinaess”.  de lucro no pertenecientes al sector público; fundaciones, instituciones, entidades benéficas o deportivas y
el presidente del CIS en diciembre de 2016, tras ser informada favorablemente, con observaciones, 
por el interventor. 
A juicio del Tribunal, las becas debieron ser tramitadas como subvenciones del organismo, dado 
que fue el CIS quien las convocó y resolvió. Sin embargo, en ningún momento, la tramitación del 
expediente y del gasto correspondiente a las ayudas se hizo de conformidad con su naturaleza de 
subvenciones. No existieron bases reguladoras18, no se publicaron en el Boletín Oficial del Estado 
ni en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ni la convocatoria ni la resolución, y el gasto se 
imputó indebidamente a la aplicación 226.06 “Reuniones, conferencias y cursos” indicada en la 
convocatoria, en lugar de al capítulo 4 “Transferencias corrientes” del presupuesto. El importe de 
las becas, 15.000,00 euros, que había sido abonado a los beneficiarios por el RCCH, conforme a lo 
previsto en el convenio, fue incluido entre los gastos de la cuenta justificativa. 
Según  lo  establecido en  la  convocatoria,  la  adjudicación  de  las  ayudas  correspondía  a  los 
solicitantes previamente admitidos al curso que contaran con ingresos anuales brutos inferiores al 
doble del salario mínimo interprofesional, y respetando el orden de baremación seguido en la 
adjudicación de las plazas. El Tribunal examinó cuatro expedientes de concesión de ayudas; en 
todos los casos el único documento acreditativo de los ingresos era la declaración jurada de los 
propios  solicitantes,  sin  que  haya  quedado  constancia  de  la  realización  por  el  CIS  de 
comprobaciones sobre la veracidad de los datos declarados. 
Entre los gastos incluidos en la cuenta justificativa figuran 10.000,00 dólares en concepto de alquiler 
de instalaciones. Esta cantidad coincide con el importe máximo previsto en el presupuesto anexo al 
convenio por tal concepto, y está incluida en la factura del RCCH, cuyo importe total asciende a 
61.320,35 dólares (55.735,64 euros). No se aporta, sin embargo, ningún justificante del gasto 
realizado por el RCCH en concepto de alquiler de instalaciones. Tampoco figura el justificante de 
otro gasto, por importe de 105,95 dólares, en concepto de tarjeta regalo, no contemplado en el 
presupuesto. 
II.5.5.  Análisis de las transferencias 
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” del CIS en el ejercicio 
fiscalizado  ascendieron  a  353.155,27  euros.  El  52 %  de  dicha  cantidad  (183.081,27  euros) 
correspondió al concepto 481 “Becas a postgraduados” y el 48 % (170.074,00 euros) al concepto 
490 “Contribución para la participación de España en la 8ª Edición de la Encuesta Social Europea”. 
La ejecución de dichos conceptos se expone a continuación. 
CUADRO Nº 17  
EJECUCIÓN CAPÍTULO 4: “TRANSFERENCIAS CORRIENTES” 
Crédito  Obligaciones 
Imputación presupuestaria  Crédito inicial 
definitivo  reconocidas 
481 “Becas a postgraduados”  199.880,00  251.880,00  183.081,27 
490 “Contribución para la participación de España en la 8ª Edición de 
0,00  170.074,00  170.074,00 
la Encuesta Social Europea” 
Total capítulo 4 “Transferencias corrientes”  199.880,00  421.954,00  353.155,27 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
r 1e 8  gE  un l a  l da o   cr ao  sn  v p o ac r aa  t o l ar i sa    ad  ye u l  d c au s r s  (o O   cr do  er rn  e sPpRoAnd/1ie0n0t4e/ 2a0 1270,1 d7e s e1 3c odrer igoicetruobnr ela),s  sdee fpicuibelniccóia es ns elañ aBlaadsea sd: es eD aatporso bNaarocnio nbaals dees 
fSinuebsv ednec liuocnreos” .i nformación al respecto, y se imputó el gasto al concepto presupuestario 481 “A familias e instituciones sin
Al concepto 481 “Becas a postgraduados” se imputaron los gastos correspondientes a tres líneas 
de subvenciones convocadas por el CIS en régimen de concurrencia competitiva, según el siguiente 
detalle: 
CUADRO Nº 18  
LÍNEAS DE SUBVENCIONES 
Línea de subvención  Obligaciones reconocidas 
Becas de formación para postgraduados  121.081,27 
Subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el CIS  52.000,00 
Becas del Curso de Postgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y 
10.000,00 
Análisis de Datos 
Total líneas  183.081,27 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
La gestión de los expedientes de subvenciones corresponde en el CIS al Departamento de 
Publicaciones y Fomento de la Investigación, cuyos recursos personales son muy limitados para 
atender la carga de trabajo derivada de la instrucción de las convocatorias. A la fecha de realización 
de los trabajos de campo la Unidad estaba compuesta por la directora del departamento y una jefa 
de servicio. 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Ministerio de 
la Presidencia aprobó para el periodo 2015-2018 su Plan Estratégico de Subvenciones. Incluye las 
gestionadas por el Ministerio y por sus organismos autónomos adscritos, entre ellos, el CIS. El Plan 
Estratégico del Ministerio solo contempla dos de las líneas de subvenciones tramitadas por el CIS 
(becas de formación para posgraduados y subvenciones para formación e investigación en materias 
de interés para el CIS) no contiene, sin embargo, referencia a las subvenciones para el XXV Curso 
de Postgrado de Formación de Especialistas, ni a las ayudas de viaje a que se hace referencia en 
el  apartado  II.5.4.2  de  este  informe,  lo  que  supone  el  incumplimiento  del  artículo  11.1  del 
Reglamento General de Subvenciones. 
II.5.5.1.  Becas de formación a postgraduados 
Las becas de formación para postgraduados fueron convocadas por Resolución del Presidente del 
CIS de 30 de octubre de 2015, con la finalidad de contribuir a la formación de posgraduados en los 
métodos y técnicas utilizados en la investigación social aplicada, exigiéndose la presencia de los 
becados en las instalaciones del CIS. Se convocaron 10 becas, de 12.189,98 euros cada una, 
previéndose su abono en 11 meses en el periodo febrero/diciembre. Las bases reguladoras de estas 
becas habían sido aprobadas por Orden del Ministerio de la Presidencia 1867/2010, de 5 de junio. 
En la gestión de la convocatoria se observaron las siguientes deficiencias: 
a)  El procedimiento de tramitación previsto en la convocatoria, no facilitaba la necesaria 
segregación de funciones entre el órgano instructor (Departamento de Publicaciones y 
Fomento de la Investigación) y el encargado de la resolución del procedimiento (el  s
presidente del CIS). Se preveía la constitución de una comisión de valoración, adscrita  e.
al órgano instructor, encargada de evaluar los méritos de los solicitantes, cuyo presidente  w.b
era el mismo presidente del CIS, quien nombraba a los vocales de la comisión y tenía la  07ww
competencia para adjudicar las becas. 
b)  lLaoss  scorliitceirtuiodse es sftuaebrloenc idpoosc oe np rleac bisaosse,  loimctiatávnad does ela a c eosntvaobcleactoerri au npaa rpau lnat ubaacreiómn amciáóxni mdae 
para cada uno de los 4 criterios considerados19, reiterando lo establecido al respecto en 
las  bases  reguladoras.  La  graduación  de  dichos  criterios,  indispensable  para  la 
valoración de las solicitudes, se llevó a cabo inicialmente de conformidad con las 
instrucciones  contenidas  en  un  documento  denominado  “Anexo  III.  Sistema  de 
baremación de las becas 2016”. El Tribunal no ha podido determinar el origen de este 
documento, plasmado en varias hojas sin membrete, fecha ni firma. 
c)  No han quedado suficientemente documentados los criterios aplicados finalmente por la 
comisión para la selección de los adjudicatarios de las becas y de los suplentes, debido 
a las siguientes circunstancias:  
c.1)  Antes de la primera reunión de la comisión, en el Departamento de Publicaciones 
se realizó una baremación de los méritos de los solicitantes admitidos (317), conforme 
a los criterios indicados en el documento mencionado en el anterior punto, y se elaboró 
una relación ordenada por puntuación. Según las explicaciones facilitadas por los 
responsables del CIS, la Comisión de valoración realizó un análisis más pormenorizado 
de los expedientes, modificando en algunos casos la valoración de los candidatos. No 
hay constancia documental de los criterios aplicados finalmente por la comisión. El acta 
únicamente  recoge  la  puntuación  global  de  los  diez  candidatos  seleccionados, 
quedando sin explicar las diferencias con la baremación previa.  
c.2)  La convocatoria establecía que la comisión debía indicar asimismo la relación 
ordenada de suplentes, compuesta por los candidatos no seleccionados que hubieran 
obtenido una puntuación mínima de 50 puntos. El acta de la comisión incluye dicha 
relación, pero no recoge la valoración obtenida por cada uno de los suplentes. El orden 
de los suplentes en el acta presenta diferencias con el resultante de la baremación 
previa, sin que haya quedado acreditada la explicación de las diferencias. 
d)  Se omitió el trámite de elaboración de la propuesta de resolución definitiva previsto en la 
convocatoria. La Resolución del Presidente del CIS incorporó varias modificaciones a la 
selección de candidatos recogida en la propuesta de resolución provisional, derivadas 
de la aceptación de alegaciones y de la renuncia de dos de los solicitantes inicialmente 
seleccionados. 
e)  La  resolución  de  adjudicación  no  se  publicó  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, en contra de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley General de 
Subvenciones. La convocatoria sí había sido publicada, si bien con retraso, después de 
finalizado el periodo de presentación de solicitudes. 
El Tribunal examinó una muestra de 14 expedientes de solicitud de becas; 7 de ellos resultaron 
adjudicatarios en primera instancia, aunque 3 renunciaron a la beca. No se observaron deficiencias 
relevantes en la documentación de los expedientes, si bien es frecuente la falta de firma original en 
las declaraciones de no hallarse incurso en causa de prohibición para ser adjudicatario de 
subvenciones,  y  la  falta  de  acreditación  documental  de  algunos  de  los  méritos  alegados 
(herramientas informáticas o idiomas, por lo general). 
Se observaron dos deficiencias relacionadas con la gestión contable de la cuota patronal de la 
seguridad social; el gasto correspondiente a los meses de febrero a junio se imputó al capítulo 1 
“Gastos de personal” del presupuesto, en lugar de al capítulo 4 “Transferencias corrientes”, en 
contra de lo establecido en la Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de  e.e
Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica; por otra  b
1  9   1 .   E  x  p e  d i e  n t e    a  c a  d é  m  i c o    ( h  a s  t a   u  n máximo de 60 puntos). Se valorará la nota media obtenida en el conjunto de las
2as0i gpnuanttuorsa)s;  3d.e P luab lliicceanccioianteusra ( hoa gstraa duon;  m2.á Exixmpoe rdieen 1c0ia p eunn tinovse);s 4ti.g Haceiróranm yi efonrtmasa ciniófonr mcoámticpalesm deen atanráilais (ish adset ad autno sm eá xidimioom daes 
(hasta un máximo de 10 puntos).
parte, no se recogió en la contabilidad financiera la cuota correspondiente al mes de diciembre, lo 
que supone el incumplimiento del principio de devengo. 
No hay constancia de que el CIS exigiera a los becarios la justificación de la subvención conforme 
a lo previsto en la convocatoria, cuya base decimotercera establecía que los beneficiarios vendrían 
obligados a presentar, en los últimos días del plazo de disfrute de la beca, una memoria científica 
sobre el conjunto de los trabajos realizados, especificando los objetivos conseguidos con la beca, 
la metodología empleada y los principales resultados de los estudios practicados. Solicitadas las 
memorias por el Tribunal, el organismo aportó en su lugar unos documentos sin fecha ni firma donde 
se relacionan tareas realizadas por los becarios. 
Tampoco los certificados emitidos por el responsable del Departamento de Publicaciones y Fomento 
de la Investigación se ajustan a lo previsto en la convocatoria en relación con la justificación de las 
becas. La convocatoria preveía que a la vista de la memoria presentada, dicho responsable debía 
emitir un informe de evaluación en el que se certifique el cumplimiento de las condiciones impuestas 
por la concesión de la beca. Los documentos aportados al Tribunal se limitan a certificar la condición 
de adjudicatario de la beca, el periodo de disfrute y las tareas realizadas. 
II.5.5.2.  Subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el CIS 
Las bases reguladoras de las subvenciones para formación e investigación en materias de interés 
para el CIS fueron aprobadas por la Orden 1868/2010, de 5 de julio, derogada y sustituida en 2016 
por la Orden 593/2016, de 21 de abril, del Ministerio de la Presidencia. En ellas, se establece que 
el CIS convocará anualmente, mediante concurso público en régimen de concurrencia competitiva, 
subvenciones para la explotación del Banco de Datos del CIS y para la finalización de tesis 
doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el organismo. 
Las obligaciones reconocidas en 2016 en el concepto 481 por esta línea de subvenciones, por 
importe de 52.000,00 euros, corresponden en su totalidad a las subvenciones concedidas en el 
ejercicio  anterior  por  Resolución  del  Presidente  del  CIS  de  26  de  abril  de  201520.  Estas 
subvenciones no fueron abonadas en el ejercicio correspondiente como consecuencia de la demora 
en la tramitación del expediente derivada de la omisión del trámite de fiscalización previa de la 
Resolución de concesión. El expediente fue sometido al Gobierno a fin de subsanar dicha omisión 
con la convalidación del gasto. No se ha aportado, sin embargo, el acuerdo de Consejo de Ministros 
en tal sentido. En el ejercicio 2016 el CIS tramitó una modificación presupuestaria por el referido 
importe de 52.000,00 euros para incrementar el crédito del concepto 481 “A familias e instituciones 
sin fines de lucro” y hacer frente al pago de las subvenciones pendientes.  
La convocatoria de las subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el 
CIS correspondientes al ejercicio 2016 tuvo lugar por Resolución del Presidente del CIS de 8 de 
julio  de  2016.  Por  Resolución  de  31  de  octubre  del  mismo  ejercicio  se  concedieron  las 
subvenciones, por importe de 77.980,00 euros.  
El detalle de las subvenciones convocadas y concedidas en 2016 en esta línea de subvenciones 
fue el siguiente: 
 2 0   C  o r r e  s p  o  n d  e  n   a   l a    c o  n v  o c  a  to  r i a   r e  alizada por Resolución del Presidente del CIS de 29 de enero de 2015.
CUADRO Nº 19  
DETALLE DE LAS SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIAS 
DE INTERÉS PARA EL CIS 
Número de  Importe 
Tipo de subvención  Importe total 
subvenciones  Individual 
Subvenciones Individuales para la explotación del banco de datos  3  6.000,00  18.000,00 
Subvenciones a equipos investigadores para la explotación del banco 
5  10.000,00  50.000,00 
de datos 
Subvenciones individuales para la finalización de tesis doctorales  2  4.990,00  9.980,00 
Total subvenciones  77.980,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
En la tramitación del gasto correspondiente a estas subvenciones se han observado las siguientes 
irregularidades: 
a)  La resolución de concesión se aprobó sin fiscalización previa más de dos meses después 
de haber expirado el plazo límite establecido en la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, 
por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto 
de gastos y operaciones no presupuestarias, para la entrada en la Intervención de los 
expedientes de adquisición de compromiso de gasto, que finalizaba el 8 de agosto. A 
juicio del Tribunal resultaba improcedente la concesión de las subvenciones después de 
conocerse la imposibilidad de tramitar el gasto.  
b)  En la misma fecha de la concesión, el presidente del CIS aprobó una resolución de 
modificación de la convocatoria, decidiendo, ante la imposibilidad de “finalización del 
expediente en los términos requeridos en la orden de cierre mencionada”, que las 
subvenciones se imputaran al presupuesto de 2017. Tal disposición fue contraria a lo 
establecido en el artículo 34 de la LGP en relación con la temporalidad de los créditos.  
En abril de 2017 se inició la tramitación de los pagos, siendo reparado el expediente por el 
interventor por omisión del trámite de fiscalización previa de la concesión. El expediente fue 
sometido al Consejo de Ministros, que acordó su convalidación el 16 de junio de 2017. Como 
consecuencia de todo ello, las subvenciones concedidas correspondientes a la convocatoria de 
2016, por importe de 77.980,00 euros, se imputaron al presupuesto de 2017. 
Por otra parte, en el proceso de selección de los beneficiarios de las subvenciones se han observado 
las siguientes deficiencias: 
a)  La normativa reguladora de las subvenciones no contempla la necesaria separación de 
funciones entre el órgano instructor y el órgano encargado de resolver (el presidente). El 
órgano instructor es el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, al 
que se adscribe la comisión de valoración, presidida por el presidente del CIS, que 
designa a los vocales de la comisión y resuelve la convocatoria. 
b)  No hay constancia de los criterios considerados para la selección de los candidatos, ni, 
consiguientemente, de la puntuación asignada en cada criterio. El acta de la comisión y 
la resolución indican únicamente la puntuación global obtenida por los candidatos  s
seleccionados.  e.
c)  El órgano instructor elaboró la propuesta de resolución provisional prevista en la  07ww
cporonpvuoecsattao rdiae,  raebsroiéluncdióons ed eefli npitliavzao q udee  malaergcaac liao nceosn vinodciactaodrioa.,  Nsio b iheany l ac orenssotalunccióian  ddee  llaa 
misma no presenta diferencias con la propuesta provisional.
No se han observado deficiencias en la muestra de dos expedientes de concesión de subvenciones, 
figurando en los mismos la documentación requerida para la adjudicación y para la justificación de 
las subvenciones. En el pago de las subvenciones a los beneficiarios de la muestra se observó una 
demora de cuatro meses respecto del plazo previsto. 
II.5.5.3.  XXV Curso de Postgrado para la Formación de Especialistas en Investigación Social 
Aplicada y Análisis de Datos 
El CIS organiza anualmente cursos de postgrado para la formación de especialistas en investigación 
social aplicada y análisis de datos. El organismo aprueba cada año, por resolución de su presidente, 
una convocatoria pública para la selección de los asistentes al curso, que es resuelta asimismo por 
resolución del presidente. Los alumnos seleccionados deben abonar el coste de la matrícula, si bien 
en la convocatoria se prevé la concesión de becas de matrícula para los candidatos mejor valorados.  
Entre octubre de 2016 y julio de 2017 se celebró la edición XXV de dicho curso, convocado por 
Resolución del Presidente de 6 de mayo de 2016. En la convocatoria se ofrecieron hasta 24 plazas, 
se fijó el coste de la matrícula en 2.000,00 euros, y se estableció la concesión de 2 becas por el 
importe total de la matrícula y otras seis por la mitad de dicho importe.  
No consta la orden o autorización del Ministerio de Presidencia exigida para el establecimiento del 
precio público correspondiente a la matrícula en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos. 
Ni en esta convocatoria ni en las anteriores se tramitaron las becas como correspondía a su 
naturaleza de subvenciones. No se elaboraron bases reguladoras, ni se remitió la información 
correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Tampoco se regularon aspectos 
básicos  para  la  convocatoria  y  concesión  de  las  becas,  como  su  dotación  e  imputación 
presupuestaria, o los requisitos y obligaciones de los beneficiarios. Por Orden PRA/1003/2017, de 
13 de octubre, se aprobaron las bases reguladoras de esta línea de subvenciones para las 
sucesivas convocatorias. 
En el proceso de selección de alumnos y becarios correspondiente a la convocatoria de 2016 se 
observaron las siguientes deficiencias: 
a)  La convocatoria establecía que la selección de los alumnos correspondía a una comisión 
que  debía  valorar  a  los  candidatos  según  los  criterios  establecidos  en  la  propia 
convocatoria. La composición de la comisión de valoración no venía establecida en la 
convocatoria, quedando a la discrecionalidad del presidente. Como en las líneas de 
subvención mencionadas en los apartados anteriores, tampoco en este caso se da la 
necesaria segregación de funciones; el presidente del CIS preside la comisión de 
valoración, nombra a sus miembros y resuelve la convocatoria. 
b)  En el proceso de selección de los candidatos, la comisión de valoración, modificó los 
criterios de baremación de las solicitudes establecidos en la convocatoria. En esta se 
establecían seis criterios de valoración, siendo el primero el expediente académico, para 
el que se establecía una puntuación máxima de 4 puntos. La comisión acordó aplicar “un 
coeficiente modulador de 2 puntos para los alumnos que hayan cursado las licenciaturas 
de  Sociología  y  Ciencia  Política”.  Como  consecuencia  de  ello,  varios  candidatos 
obtuvieron  en  dicho  criterio  puntuaciones  superiores  a  la  máxima  prevista  en  la  s
convocatoria21.   e.
 2 1   S e  g  ú n    u  n   l is  t a d  o   f a  c i l it a  d o    d e  n  o m    inado “Solicitudes admitidas ordenadas por puntuación final”.
c)  La instrucción del proceso de selección no se ajustó a lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley General de Subvenciones. El mismo órgano de valoración, la comisión, fue quien 
propuso a los candidatos.  
d)  Según el acta de la comisión de valoración, se admitieron 36 solicitudes de las 39 
presentadas. Sin embargo, en el listado de valoraciones solo figuran 35 candidatos.  
e)  La relación de candidatos propuestos por la comisión no coincide con el orden de 
puntuación del listado facilitado al Tribunal. La comisión propuso 20 candidatos, que 
según la convocatoria, debían corresponderse con los 20 mejor valorados, pero que 
estaban situados en el listado de valoraciones entre las posiciones 1 y 33. Seleccionó 
además, seis suplentes para el caso de renuncia de alguno de los titulares, cuyas 
posiciones en el listado de valoraciones estaban entre la 5 y la 35. El acta de la comisión 
no contiene las valoraciones de los candidatos seleccionados. 
f)  La  convocatoria  del  curso  no  estableció  criterios  objetivos  cuantificables  para  la 
selección de los becarios, limitándose a indicar que se concederían “atendiendo a los 
méritos académicos del candidato, la idoneidad de su perfil y su situación profesional”. 
La comisión acordó proponer como candidatos para las becas totales a los dos primeros 
seleccionados, y como candidatos a las becas parciales a los seis siguientes. En el acta 
de la comisión no se motiva la propuesta de becarios realizada. 
g)  Por Resolución del Presidente del CIS de 14 de octubre de 2016 se adjudicaron las 
plazas para el curso y las becas, con considerables diferencias respecto de la propuesta 
de la comisión de valoración a causa de las renuncias de varios de los candidatos. De 
hecho, de los 20 candidatos propuestos por la comisión, renunciaron 9, ofreciéndose las 
plazas y becas a los siguientes de la relación de seleccionados. También renunciaron 3 
de los 6 suplentes. En la Resolución se adjudican finalmente solo 12 del total de las 24 
plazas ofertadas: dos con beca total, seis con beca parcial y cuatro sin beca. Tampoco 
la Resolución recoge las valoraciones de los alumnos seleccionados ni motiva la 
concesión de las becas. 
No se han observado deficiencias relevantes en la documentación contenida en la muestra de dos 
de los expedientes de alumnos beneficiarios de becas, si bien en uno de ellos no se acreditaban 
documentalmente todos los méritos aducidos. Se ha comprobado asimismo la correcta justificación 
de las becas por los beneficiarios. 
Las becas se registraron contablemente como un gasto imputado al concepto 481 a favor del 
habilitado del CIS con descuento en formalización a favor del concepto 310 del presupuesto de 
ingresos “Derechos de matrículas de cursos y seminarios”. Esta forma de pago implica la falta de 
información sobre los beneficiarios en la relación de subvenciones corrientes concedidas del 
documento B04 de la cuenta rendida, al ser el tercero de la obligación reconocida el habilitado y no 
el beneficiario de la beca.  
II.5.5.4.  Convenio MINEICO-CIS para la participación en la Encuesta Social Europea 
Las  obligaciones  reconocidas  en  el  concepto  490  “Transferencias  corrientes  al  exterior“  del 
presupuesto del CIS en el ejercicio fiscalizado, por importe de 170.074,00 euros, corresponden a la 
primera anualidad del gasto previsto en el convenio suscrito el 21 de diciembre de 2016 entre el CIS  s
y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la participación de España en la 8ª  e.
Encuesta Social Europea realizada en el marco de la infraestructura de investigación europea  w.
denominada ESS-ERIC22 y dedicada a la investigación en ciencias sociales.   07ww
 2 2   C  r e a  d  a   p  o r   D  e  c i s i ó  n   d  e   E  j e  c u  c i ó n    de la Comisión Europea de 22 de noviembre de 2013.
La participación de España en la realización de dicha encuesta se realizó en condición de invitado, 
siguiendo el procedimiento aprobado por la Asamblea General del ESS-ERIC el 12 de octubre de 
2015, y conllevaba el pago de una contribución bienal, debiendo abonarse la primera anualidad en 
2016, por el referido importe de 170.074,00 euros, y la segunda en 2017, por importe de 175.176,00 
euros. 
El objeto del convenio era regular las condiciones para la participación de España en la encuesta, 
determinando los organismos y autoridades españoles encargados de ejercer los derechos y 
obligaciones correspondientes a la condición de país invitado del ESS-ERIC. Entre las obligaciones 
que se atribuyen al CIS en la cláusula tercera, se contempla el abono a dicha infraestructura de 
investigación de las cantidades antes indicadas. No se han observado deficiencias relevantes en la 
tramitación del convenio ni del gasto asociado al mismo, si bien no ha quedado acreditado el 
cumplimiento de los requisitos de publicidad establecidos para los convenios en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
II.6.  ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
II.6.1.  Encomiendas de gestión 
En 2016 el CIS facturó 419.331,24 euros en concepto de prestación de servicios en régimen de 
encomienda, importe que fue imputado al concepto 322 “Otros”, del presupuesto de ingresos del 
organismo. Los derechos reconocidos en este concepto en el ejercicio fiscalizado representaron el 
81 % de los ingresos del organismo, excluidas las transferencias del Estado. Del importe total 
facturado en 2016, 289.786,54 euros fueron ingresados en el propio ejercicio y el resto, 129.544,70 
euros, en 2017. 
El régimen jurídico aplicable a las encomiendas de gestión que recibe el CIS estaba constituido en 
el ejercicio fiscalizado, además de por la regulación general de las encomiendas en el ámbito de la 
Administración del Estado (básicamente a nuestros efectos el artículo 24.6 del TRLCSP), por las 
normas específicas contenidas en el RD 1214/1997, de 18 de julio, sobre organización del CIS. 
El artículo 1.3 de dicha norma, en la redacción dada por el RD 923/2009, de 29 de mayo, establece 
que el CIS tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General 
del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para la realización de 
algunas de sus funciones, cuya ejecución será, en tales casos, de obligado cumplimiento. Tales 
funciones son las relacionadas en los apartados a), c) y e) del artículo 3 del citado real decreto, que 
hacen referencia a: 
a)  La programación, diseño y realización de estudios que contribuyan al conocimiento 
científico  de  la  sociedad  española,  principalmente  mediante  la  ejecución  de  las 
encuestas que sean necesarias para llevar a cabo dichos estudios.  
c)  La realización de estudios que proporcionen diagnósticos sobre situaciones y asuntos 
sociales y sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y 
ejecutivas. 
e)  El desarrollo de trabajos de documentación y la difusión de los resultados de la actividad 
científica del organismo, así como de otros estudios de naturaleza académica que 
contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española.  e
EcmMulii snbamirrsitríta cee urlni loovo a rd1mloe0ar  b l adias ePt  rdlriabeesuls  RyipdeDree  nls1act2 aiac1c.o4i omL/1nap9ese9s tt 7eae,nrn eicfcasiaatsar  gbvpailagedrecaaens  t lqeayus  nea eo pln arso seeb trl aa escrjiuiefóaprnsce  iracdioipeorl  eicflsiaas sbca allet laciszor iaasfad tlesao  s eah fe aenlbcacít aiovSnmou  isbdeisednelod cs arfesiejra tvdadiercaíbiasoe  .rp dáLoenarl     2021-2807n https://ww
raecstuoalulicziaórn.   de dicho órgano de 28 de septiembre de 2009, permaneciendo desde entonces sin  BOE-A-cable e
En el ejercicio fiscalizado estaban vigentes en el CIS las encomiendas de gestión que se relacionan: 
a)  Encomienda  de  gestión  para  la  realización  de  los  estudios  “Actitudes  hacia  la 
cooperación internacional (I y II)”, promovidos por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).  Se  suscribió  el  31  de  enero  de  2015, 
ascendiendo el importe estimado de los trabajos a realizar por el CIS a 117.233,40 euros. 
b)  Encomienda de gestión para la realización del estudio “La Calidad de los servicios 
públicos XI”, acordada por Resolución de 9 de marzo de 2016 de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL). El presupuesto ascendía a 55.447,61 euros. 
c)  Encomienda de gestión para la realización de un estudio sobre “Barómetro sanitario 
2016”, acordada por Resolución de 27 de mayo de 2016 del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. El presupuesto estimado ascendía a 214.182,90 euros. 
d)  Encomienda de gestión para la realización de una encuesta sobre “La percepción de la 
discriminación en España” promovida por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. El acuerdo con el CIS se suscribió el 13 de junio de 2016, con un 
presupuesto estimado por importe de 77.587,31 euros. 
e)  Encomienda de gestión para la realización de un estudio sobre “Actitudes de los 
españoles ante la inmigración, IX”, acordada por Resolución de 2 de agosto de 2016 del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Su presupuesto ascendía a 72.306,57 euros. 
Los estudios encargados al CIS en dichas encomiendas fueron ocho; la primera encomienda incluía 
un estudio a realizar en 2015 y otro en 2016, y la tercera tres estudios trimestrales. 
El Tribunal ha examinado los expedientes de las cinco encomiendas. Los resultados más relevantes 
han sido los siguientes: 
a)  La formalización de las encomiendas resulta muy heterogénea, como consecuencia de 
la variedad de los procedimientos de tramitación seguidos por los distintos gestores 
encomendantes23.  
b)  Con carácter general las encomiendas contienen referencias a los documentos técnicos 
que deben regir la ejecución de los trabajos, básicamente el presupuesto estimativo y la 
memoria técnica. Sin embargo estos documentos, pese a que suelen mencionarse en 
las encomiendas como anexos, no están identificados como tales en los expedientes. 
En uno de los expedientes (AECID) no consta la memoria técnica. 
c)  En los cinco expedientes se han observado incongruencias en las tarifas aplicadas en 
los presupuestos. La valoración de los parámetros a considerar para la selección de las 
tarifas  (tamaño  del  cuestionario,  complejidad  de  la  muestra  y  complejidad  del 
cuestionario)  presenta  diferencias  no  justificadas  entre  los  distintos  módulos  que 
componen el presupuesto. Así, en varios casos el cuestionario se considera corto y de 
complejidad mínima a la hora de elegir la tarifa aplicable al diseño y elaboración del 
cuestionario y de tamaño medio o largo y complejidad media o máxima cuando se 
selecciona la tarifa aplicable a las entrevistas o a los trabajos de codificación. La misma 
circunstancia se da respecto de la valoración de la complejidad de las muestras. La  e
consideración  de  unos  valores  u  otros  da  lugar  a  diferencias  significativas  en  el  bo
 Ed2 3en   Es  ea l  lr2  re 2o j l eld ar ecr    iucd  ini oc   i aed d me e  bs c ruu e  a  add c eo t  i v2 m i0d a 1a r6 dc  o  ef  il sl e Tc ga r ailb  ilz upanadarola rd aee ld  Ceem uloepsnle túaols ti dmaepo rlsao sba óñe onuscn,oa em ml ieTonrcidbióaunsn  aadl e loa gbse sCsetorivórtóne  spp roGorbe llnaeesmr aAalsde msp risnáoicsbttirrceao clsaio  qnnueeesc  eaPsfúeidbcatliadcn ad sae.    2021-2807n https://ww
stoitduaasc ilóans  lfaa caeutsaesn dceia d hicahsata f oernmtoan dcees g dees tiuónna,  traengtuol ascuióstna nstuivfiacise ncotem qou dee c opnroficeerad imseiegnutroid, asdie jnudríod ilcaa c aa ussua u ptirliinzacicpióanl  dpeo re slotas 
gestores públicos.
presupuesto (especialmente en el de los trabajos de campo) dado el incremento de las 
tarifas en función de la mayor extensión y complejidad del cuestionario y de la muestra. 
d)  En la encomienda de la AEVAL el presupuesto calculado para los trabajos ascendía a 
69.309,51 euros. No obstante, se establece un descuento del 20 % sobre dicho importe 
“en atención a la larga relación entre el CIS y la AEVAL para la elaboración periódica y 
seriada en el tiempo del estudio sociológico “La calidad en los servicios públicos”, y 
teniendo en cuenta la satisfactoria trayectoria de colaboración entre ambas instituciones 
y  las  restricciones  presupuestarias  de  AEVAL…”.  Tras  el  descuento,  el  importe 
presupuestado resultante fue de 55.447,61 euros, inferior en 13.861,90 euros al coste 
previsto de los trabajos a realizar.  
El descuento aplicado carece de soporte normativo, y dio lugar al incumplimiento del 
artículo 10 bis del RD 1214/1997, al resultar el precio acordado inferior al valor de las 
prestaciones  encargadas.  De  hecho,  solo  el  importe  de  los  trabajos  de  campo 
presupuestados, que el CIS contrata externamente, ascendía a 59.075,00 euros. Por 
otra parte, este importe figura de forma global en el presupuesto, sin desglosar la 
realización de entrevistas, los trabajos de coordinación y los desplazamientos.  
El Tribunal ha comprobado que en 2015 el CIS aplicó una reducción del 29 % al precio 
de la encomienda encargada por AEVAL para realizar el mismo estudio (estudio X); en 
dicha ocasión, el importe descontado ascendió a 20.822,45 euros. En el presupuesto 
relativo al estudio de 2017 (estudio XII), no se contempla ningún descuento. 
e)  Otras deficiencias que afectan a los presupuestos de las encomiendas fueron las 
siguientes: 
e.1)  En el presupuesto correspondiente a la primera de las encomiendas no se 
especifica el módulo aplicable a las entrevistas, fijándose una tarifa que no coincide con 
ninguna de las aprobadas. 
e.2)  En  cuatro  de  los  presupuestos  se  ha  añadido  sin  explicación  alguna  otro 
parámetro, previsto en la Resolución de aprobación de las tarifas, consistente en la 
consideración de la concurrencia de las circunstancias calificadas como “D.- Incidencias 
en la recogida de la información: 1.- Especiales o no previstas en la muestra”. Este 
parámetro incrementa notablemente el precio de las tarifas por entrevistas. 
e.3)  Con carácter general, los presupuestos no especifican los parámetros aplicados 
para el cálculo de los importes correspondientes a los conceptos de coordinación de 
entrevistas y de desplazamientos del personal de la red de campo. 
Una vez finalizados los trabajos, el CIS procede a la formalización y justificación de los costes en 
que ha incurrido por cuenta del encomendante, con la finalidad de llevar a cabo la facturación y 
cobro de los servicios realizados. El organismo elabora la documentación justificativa del coste de 
ejecución de la encomienda, consistente en una memoria económica rubricada por la Secretaría 
General del organismo que se acompaña de tres anexos con el detalle del gasto incurrido en cada 
uno de los siguientes módulos: 1. trabajos de diseño del cuestionario y elaboración de la muestra 
realizados, 2. trabajos de campo y 3. labores de codificación, depuración, tabulación y verificación 
y grabación de los datos obtenidos. Dicha documentación, junto con la correspondiente factura 
electrónica, se remite al ente encomendante.   e.e
De la regulación del régimen de las encomiendas se desprende que la facturación por los servicios  07ww
apalrp ecrsootbsaatdedo arses a.d lS edibnee  le omcsu bsbaerrirrgv oiyc, i oensno.   dsoesr  dseu plaesr ieonr caolm cieonsdtea sr eeaxla mdein alodsa sm eisl mimopso, rtceo nfafoctrumraed ao  fluaes  intaferirfiaosr   OE-A-2021-28able en https://
En el caso de la encomienda suscrita con AEVAL, el coste ascendió a 69.816,98 euros, pero se 
facturó conforme al presupuesto acordado, por importe de 55.447,61 euros. La diferencia entre 
ambas cantidades supone una pérdida para el CIS de 14.369,37 euros, que no debió asumir el 
organismo. En el otro caso (encomienda con la AECID), el importe facturado fue inferior en 200,23 
euros al presupuestado. 
En el resto de las encomiendas se facturó por el coste real de los servicios prestados conforme a 
las liquidaciones practicadas. En uno de ellos (encomienda suscrita con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) dicho coste coincidió exactamente con el presupuesto inicial, por 
importe de 214.182,90 euros; en los otros dos casos (encomiendas con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades), el coste fue 
inferior al previsto (70.697,92 euros y 70.928,00 euros, respectivamente). 
En la liquidación de los trabajos de la encomienda suscrita con el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, se aplicó una tarifa inferior a la presupuestada, modificándose la 
valoración dada a la complejidad del cuestionario (máxima en el presupuesto y media en la 
liquidación). El CIS no ha aportado ninguna justificación para dicha variación en las tarifas. 
En el punto 4 del artículo 10 bis del RD 1214/1997 se establece que para la realización de los 
estudios  o  trabajos  realizados  en  régimen  de  encomienda,  el  Centro  de  Investigaciones 
Sociológicas utilizará su propia red de campo y servicios, pudiendo contratar el trabajo o parte del 
mismo, en la forma, supuestos y condiciones establecidas en la legislación sobre contratación 
administrativa. 
El Tribunal ha examinado la composición del coste de los trabajos realizados por el CIS en régimen 
de encomienda a efectos de diferenciar el correspondiente a los servicios realizados con medios 
propios  y  el  de  los  medios  subcontratados.  Las  actividades  realizadas  con  medios  propios 
comprenden el diseño y la elaboración del cuestionario y de la muestra, la codificación y supervisión 
de los datos, su tabulación y la grabación de los datos obtenidos en las encuestas. El coste de los 
trabajos subcontratados es el correspondiente a la red de campo y comprende el de realización de 
entrevistas, coordinación y desplazamientos. 
CUADRO Nº 20  
DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LAS ENCOMIENDAS 
Ministerio de  Instituto de la Mujer  Ministerio de 
Coste/encomienda  AECID  AEVAL  Sanidad, Servicios  y para la Igualdad  Empleo y  TOTAL 
Sociales e Igualdad  de Oportunidades  Seguridad Social 
Medios propios  10.418,33  10.231,38  20.720,76  11.021,85  11.603,49  63.995,81 
Subcontratación  48.398,60  59.585,60  193.462,14  59.906,15  59.094,43  420.446,92 
Total coste  58.816,93  69.816,98  214.182,90  70.928,00  70.697,92  484.442,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el CIS. 
Según se desprende de los datos contenidos en el anterior cuadro, el coste total de los servicios 
prestados por el CIS en régimen de encomienda ascendió en 2016 a 484.442,73 euros. El 87 % de 
dicha cantidad corresponde a servicios prestados por la red de campo, es decir, subcontratados por 
el organismo. El porcentaje oscila entre el 82 % y el 90 % en las encomiendas examinadas. En  es
conjunto, el coste de las actividades realizadas con los medios propios del organismo supuso  oe.
únicamente el 13 % del total, oscilando entre el 10 % y el 18 %. Los anteriores datos evidencian la  w.
aebnscoolmutean idnasduofisc.ie  ncia de los medios personales y materiales del CIS para llevar a cabo los trabajos  2021-2807n https://ww
Lóarg annoorms aot ivean tvidigaednetse  peanr ae la edjqeurciriicr iola  fcisocnadliizcaiódno  dree smpeecdtioo  dpero lpoiso  reerqau misiutoys l imquitea ddae,b yía nno c suem hpalirb ílaons 
establecido los límites para la subcontratación de los trabajos encomendados. Estas circunstancias 
permitieron al CIS firmar las encomiendas y realizar los servicios en los términos indicados. Sin 
embargo, a juicio del Tribunal, tal posibilidad desaparece tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 32 exige a los entes destinatarios 
de los encargos que cuenten con medios personales y materiales apropiados para su realización, y 
que limita la subcontratación al 50 % de la cuantía de aquellos24. 
II.6.2.  Venta de publicaciones  
Los derechos reconocidos en el concepto 330 “Venta de publicaciones propias” ascendieron a 
48.340,97 euros, y la recaudación a 42.516,76 euros. La gestión de las publicaciones corresponde 
al Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, enmarcándose en un programa 
editorial que se somete a la validación del Ministerio de la Presidencia para su introducción en el 
“Sistema de gestión para la coordinación de las publicaciones editoriales”. El programa editorial del 
CIS queda integrado en el Plan General de Publicaciones aprobado anualmente por el Consejo de 
Ministros. Tras la aprobación del programa, es el CIS quien establece la tirada de las publicaciones 
y su coste. 
El control por el CIS de sus publicaciones se lleva a cabo mediante una aplicación informática, que 
contiene información sobre cada publicación (referencia, descripción, fecha de alta, número de 
existencias, valor unitario y valor global) y que registra las altas y las bajas consecuencia de las 
ventas. El Tribunal no ha podido verificar el valor unitario asignado a las publicaciones, debido a la 
falta de información sobre los costes de producción que sirven de base para su cálculo. 
Según los datos contenidos en la aplicación informática de gestión al cierre del ejercicio la cifra de 
publicaciones era de 159.562 unidades, valoradas en 2.488.999,18 euros. La contabilidad del 
organismo no recoge ninguna referencia a sus publicaciones. El examen de las fechas de alta en el 
registro de las publicaciones puso de manifiesto la considerable antigüedad de una parte importante 
de las mismas. El 30 % de las existencias a 31/12/2016 (47.235 publicaciones) figuran registradas 
entre 1997 y 1999. Su importe conjunto (621.732,82 euros) representa el 25 % del valor total 
asignado a las publicaciones a dicha fecha.  
El organismo no disponía en el ejercicio fiscalizado de normas de procedimiento relativas al proceso 
de gestión y contabilización de las ventas, que se desarrolla conforme a unas prácticas implantadas, 
diferentes según se trate de venta a clientes finales o a distribuidores. En el caso de las ventas 
presenciales a clientes se ha observado una deficiencia de control consistente en la falta de registro 
de los ingresos realizados en efectivo. La Resolución de la Presidencia del CIS de 20 de enero de 
2017, reguló el procedimiento de gestión de los ingresos que se realicen a través de ventanilla 
(procedentes de la venta de publicaciones y productos del banco de datos), estableciendo las 
normas para el cobro, el registro, los plazos de ingreso en las cuentas del organismo y la 
contabilización de estos ingresos.  
Los precios de venta se determinan aplicando al valor unitario figurado en la aplicación una serie 
de descuentos y repercutiendo el IVA. Los porcentajes de descuento figuran en un documento 
denominado “Política de descuentos”, cuya procedencia no ha podido ser determinada, y del que 
no hay constancia de aprobación formal. 
Los ingresos realizados en la cuenta corriente se contabilizan tras ser verificados con las facturas 
correspondientes. A fin de ejercicio el servicio de contabilidad elabora un informe que recoge los  s
ingresos  producidos  por  modalidades  y  las  facturas  pendientes  de  pago  que  soportan  la  oe.
contabilización. Se ha observado una diferencia de 1.830,45 euros entre el importe contabilizado  w.
 2 4   S  a l v  o   q  u  e    s e    a  c r e  d i t e    la    e  x c e  p  c i  ón, contemplada en la norma citada, de que la subcontratación afecte a servicios
auxiliares o instrumentales que no constituyan una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal.
como derechos reconocidos (48.340,97 euros) y el que resulta de los registros llevados en el 
Departamento de Publicaciones (46.510,52 euros). 
En  el  análisis  de  la  recaudación  se  han  observado  algunas  incidencias,  poco  significativas 
cuantitativamente consistentes en: a) minoración de ingresos por gastos de comisiones bancarias; 
b) falta de registro de una retrocesión; c) inclusión de ingresos por conceptos distintos de venta de 
publicaciones. Dichas incidencias revelan debilidades en el sistema de control de ingresos por venta 
de publicaciones. 
El Tribunal ha examinado una muestra de 38 facturas, por importe conjunto de 17.052,96 euros 
(40 % de los derechos reconocidos en concepto de venta de publicaciones), a fin de comprobar la 
adecuación  de  los  precios,  impuestos  y  descuentos  aplicados.  Se  han  observado  algunas 
incidencias de escasa materialidad: a) en tres facturas el precio aplicado no coincide con los 
correspondientes valores unitarios; b) en otras cuatro facturas se aplican descuentos inferiores o no 
previstos en el documento “Política de descuentos”; y c) en diez facturas no se repercutió el IVA 
sobre los gastos de envío. 
II.6.3.  Derechos de matrícula en cursos y seminarios 
En 2016 los derechos reconocidos en el organismo en el concepto 310 ”Derechos de matrícula en 
cursos y seminarios” ascendieron a un total de 37.300,00 euros. Este importe comprende los 
ingresos correspondientes a la matrícula de dos ediciones (XXIV y XXV) del Curso de Postgrado de 
Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos.  
A juicio del Tribunal de Cuentas, la naturaleza de estos ingresos es la de precio público, criterio que 
parece compartir el CIS al contabilizarlos en el concepto 310, donde, según lo establecido en la 
Resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, deben figurar los 
derechos de matrícula en cursos y seminarios que tengan naturaleza de precios públicos. Sin 
embargo, el precio de la matrícula del curso no había sido establecido en el ejercicio fiscalizado ni 
anteriormente conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y 
precios públicos. No hay constancia de memoria económica justificativa del importe y del grado de 
cobertura financiera de los costes correspondientes ni de la propuesta del organismo al Ministerio 
de Presidencia, competente para la fijación del precio. 
Los precios fueron establecidos en las propias convocatorias de los cursos, por Resolución de la 
Presidencia del CIS. El precio de la matrícula fijado fue de 2.000,00 euros, previendo la posibilidad 
de conceder en cada curso ocho becas, dos por el importe total de la matrícula y 6 por la mitad de 
dicho importe. El organismo no ha facilitado información acerca de los criterios considerados para 
la fijación del precio de matrícula. Pese a que las plazas convocadas fueron 25 (edición XXIV) y 24 
(edición XXV) finalmente solo se cubrieron 13 y 12, respectivamente. Se concedieron, en cada 
curso, dos becas totales y seis parciales, por lo que el importe abonado por los alumnos en concepto 
de matrícula ascendió a 16.000,00 euros en la edición XXIV del curso y a 14.000,00 euros en la 
siguiente25. 
II.7.  OTROS ÁMBITOS DE LA FISCALIZACIÓN 
II.7.1.  Normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
En las comprobaciones efectuadas en las distintas áreas de la fiscalización no se ha observado por  e.
el Tribunal ningún incumplimiento relevante de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la  w.
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  07ww
                                                
j2u5 sPtiaficrtae  edle iml pproerctieo  ddee  dlae rmecahtroísc urleac odne olaci dXoXsI Ve ne 2d0ic1ió6n.  del curso (2.700,00 euros) se abonó y contabilizó en 2015, lo que
A 31/12/2016 el personal del CIS estaba compuesto por 89 efectivos, de los cuales 62 (70 %) eran 
mujeres y 27 (30 %) hombres. El porcentaje de mujeres era mayor en el colectivo de funcionarios, 
donde suponía el 76 %, que en el de laborales, en que alcanzaba un al 64 %. 
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, establece que “a los efectos de esta Ley, se entenderá por 
composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se 
refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 
ciento”.  Los  datos indicados  en  el  párrafo  anterior  ponen  de  manifiesto  una situación  poco 
equilibrada en términos generales, en el organismo fiscalizado. 
Entre el personal directivo (Secretario/a General y Jefes/as de Departamento) la situación estaba 
equilibrada, distribuyéndose los cuatro puestos al 50 % entre mujeres y hombres.  
II.7.2.  Normativa sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
El CIS está sujeto a las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, de conformidad con lo establecido en su artículo 
2.1 c). En el ejercicio 2014 se creó en el organismo una unidad específica dependiente de la 
Secretaría General, encargada de suministrar la información requerida al Portal de Transparencia. 
En relación con los requisitos de publicidad activa exigidos en la Ley de Transparencia, se ha 
verificado que la página web del CIS contiene, en líneas generales, la información institucional y 
organizativa exigida en el artículo 6. Sin embargo, el organismo no publica en su página web gran 
parte de la información obligatoria (p.ej., convenios, información presupuestaria, retribuciones, 
información estadística, etc.). Aunque incluye un enlace al portal de transparencia del Gobierno de 
España, la información en este portal relativa al organismo es muy escasa, dispersa e incompleta. 
El CIS dispone de una Carta de servicios, aprobada por Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia, de 8 de marzo de 2014. Dicha carta figura en la web del organismo 
junto con las correspondientes fichas del plan de seguimiento de los compromisos adquiridos. El 
CIS no publica, sin embargo, información estadística que permita la valoración del grado de 
cumplimiento de los servicios públicos, según lo previsto en el apartado i) del artículo 8 de la ley 
19/2013. Tampoco ha elaborado un código de buenas prácticas para el cumplimiento de las 
obligaciones de buen gobierno. 
   
 CONCLUSIONES 
El Centro de Investigaciones Sociológicas se configura como un organismo autónomo de los 
definidos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público26. Tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, y está adscrito al Ministerio 
de la Presidencia. Su finalidad es el estudio científico de la sociedad española, principalmente a 
través de la investigación mediante encuesta. La regulación del CIS se recoge en la Ley 39/1995, 
de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, y en el Real 
Decreto 1214/1997, de 18 de julio, sobre organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
modificado por el Real Decreto 923/2009, de 29 de mayo.  
III.1.  CONCLUSIONES RELATIVAS AL CONTROL INTERNO (apartado II.1) 
El Tribunal ha apreciado debilidades significativas en el sistema de control interno del CIS que 
afectaban al correcto funcionamiento del organismo, de acuerdo con la normativa de aplicación y 
los principios de buena gestión. En materia de planificación se observó que el organismo carecía 
del programa anual comprensivo de las actuaciones previstas para el desarrollo de sus funciones 
exigido por el artículo 4 del RD 1214/1997. Por otra parte, ni en el ejercicio fiscalizado ni en los 
anteriores se llevó a cabo por el Ministerio de la Presidencia el control de eficacia sobre el organismo 
previsto en el artículo 51 de la LOFAGE27 y en el artículo 42 del RD 1214/1997. 
En cuanto a los procedimientos de gestión en el ejercicio fiscalizado el CIS no disponía de manuales 
o normas escritas sobre los procedimientos a seguir en ninguna de sus áreas de gestión. Esta 
carencia ya había sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en el anterior informe de 
fiscalización sobre el organismo, aprobado en 1997 y referido a los ejercicios 1993 a 1995. En 
relación con la gestión de la red de campo se observaron las siguientes deficiencias: a) la falta de 
definición de la relación jurídica entre el CIS y los coordinadores y entrevistadores; b) la falta de 
actualización del registro de los componentes de la red; y c) la utilización de un procedimiento de 
pago de los servicios (pagos a justificar) que no resulta adecuado a la naturaleza y habitualidad de 
las prestaciones. 
En materia de anticipos de caja fija y pagos a justificar se observó que las normas internas de 
gestión vigentes en el ejercicio fiscalizado permanecían sin actualizar desde 2011 y contenían una 
regulación  confusa  e  inadecuada  de  los  supuestos  de  aplicación  de  cada  uno  de  dichos 
procedimientos. 
Con carácter general, se puso de manifiesto la insuficiencia de los medios personales destinados 
en las unidades encargadas de la gestión ordinaria de los gastos e ingresos del CIS, circunstancia 
que ha dado lugar a un inadecuado sistema de distribución de funciones entre el personal del 
organismo.  
Respecto del control sobre el inmovilizado, el CIS únicamente tenía inventariados los bienes 
integrantes del mobiliario y los equipos destinados al procesamiento de la información, que 
representaban el 22,6 % del total de sus bienes inventariables. No hay constancia de que el 
organismo realizara verificaciones periódicas de dichos bienes destinadas a la actualización del 
inventario. Las pruebas realizadas por el Tribunal sobre algunos de los elementos inventariados 
revelaron deficiencias de identificación y registro. 
2  6   H  a s  t a   l a   e  n  tr a  d  a   e  n   v  ig  o  r   d e    d i c  h a   ley (2 de octubre de 2016), la norma de referencia era el artículo 43.1 a) de la Ley
627/ 1D9e9s7d, ed e2  1d4e  doect uabbrreil,  ddee  2O0r1g6a,n aizrtaíccuiólon  8y 5F duen claio nLaemy 4ie0n/t2o0 d1e5 ,l ad eA 1d mdein iosctrtaucbiróen,  dGee Rneérgailm deenl  EJustraíddioco.  del Sector Público.
III.2.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (apartado II.2) 
En opinión del Tribunal las cuentas del CIS correspondientes al ejercicio 2016 reflejan fielmente en 
todos los aspectos significativos la situación financiera del organismo, así como los resultados de 
sus operaciones y flujos de tesorería, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera de aplicación y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
El saldo del activo del CIS al cierre del ejercicio 2016 ascendía a 8.430.218,72 euros, cifra inferior 
en un 31 % a la recogida en el balance del ejercicio precedente. La diferencia se concentraba en 
dos epígrafes del activo corriente: "Deudores por operaciones de gestión”, que presenta una 
diferencia de 1.522.790,47 euros, y “Otras cuentas a cobrar”, que en 2016 registra 2.115.537,76 
euros menos que en 2015. El 88 % del activo no corriente correspondía al terreno y al edificio sede 
del organismo.  
El patrimonio neto del organismo se redujo en un 19 % (1.688.561,70 euros), respecto del ejercicio 
precedente. El organismo no disponía de información acerca de la composición y evaluación del 
saldo de las cuentas “Patrimonio aportado” y “Patrimonio generado”. Las variaciones de este último 
epígrafe,  corresponden  a  los  movimientos  de  las  cuentas  120000  “Resultados  de  ejercicios 
anteriores” y 12900 “Resultados del ejercicio”. Los movimientos de la cuenta 120000 se debieron al 
traspaso de las pérdidas del ejercicio anterior y a la regularización de gastos realizados con 
provisiones de fondos para gastos a justificar pendientes de aprobar a finales de 2015. La cuenta 
12900 registró el traspaso de los resultados negativos de 2015 y las pérdidas obtenidas en 2016, 
por importe de 1.688.561,70 euros. 
La situación de las masas patrimoniales del CIS en el ejercicio 2016 confirmó la tendencia constante 
a la baja reflejada en las cuentas de los últimos ejercicios. Entre 2013 y 2016 el Patrimonio neto del 
CIS disminuyó en un 40 %, como consecuencia del exceso de gastos sobre los ingresos del 
organismo. Los ingresos se mantuvieron relativamente estables en el período, siendo insuficientes 
para cubrir los gastos incurridos en cada uno de los ejercicios analizados. Por el contrario, los gastos 
experimentaron fluctuaciones, siendo las principales las referidas a “Otros gastos de gestión 
ordinaria”.  
De mantenerse la situación de desequilibrio financiero que reflejan las cuentas del CIS en el ejercicio 
fiscalizado y en los precedentes, el organismo podría incurrir en el supuesto de disolución recogido 
en el apartado e) del artículo 96 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, vigente desde octubre de 
201628. 
III.3.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (apartado II.3) 
La  liquidación  presupuestaria  del  CIS  en  el  ejercicio  fiscalizado  presentó  un  resultado 
presupuestario negativo por importe de 1.734.868,43 euros.  
Las obligaciones reconocidas por el CIS en 2016 ascendieron a 7.661.223,15 euros (92 % de los 
créditos definitivos), correspondiendo los mayores importes a los capítulos 1 “Gastos de personal” 
y  2  “Gastos  en  bienes  corrientes  y  servicios”,  cuyas  obligaciones  reconocidas  supusieron, 
respectivamente, el 43 % y el 51 % del total.  
Los derechos reconocidos por el CIS en el ejercicio 2016 ascendieron a 5.926.354,72 euros, lo que 
supone el 98 % de los ingresos previstos en los capítulos 1 a 7 de su presupuesto. El 91 % de los  s
derechos reconocidos correspondió al capítulo 4 “Transferencias corrientes”, que recoge las  e.
procedentes  del  Ministerio  de  la  Presidencia.  La  recaudación  neta  del  ejercicio  ascendió  a  w.
3.540.962,81 euros, representando el 60 % de los derechos reconocidos. El 94 % de los derechos  07ww
 2 8   L a  s   c  u e  n t a  s   d  e l   C  I S    p a  r a   e  l  e  j e r c  ic  io 2018 presentan un resultado presupuestario positivo por importe de 1.258.514,11
euros, lo que modifica la tendencia al desequilibrio observada en los ejercicios 2013-2017.
pendientes de cobro (2.236.775,00 euros) correspondían a las transferencias del Ministerio de 
Presidencia, que fueron ingresadas en 2017. 
III.4.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA TESORERÍA (apartado II.4) 
En el ejercicio fiscalizado el CIS disponía de dos cuentas bancarias abiertas en el Banco de España 
y otras dos en una entidad financiera privada. Una de las cuentas del Banco de España era utilizada 
para los pagos a justificar y para los anticipos de caja fija, lo que a juicio del Tribunal dificultaba el 
seguimiento y el control de los movimientos correspondientes a los gastos y pagos tramitados 
mediante ambos procedimientos. Respecto de la gestión de las cuentas abiertas en la entidad 
financiera  privada  se  observó  la  falta  de  constancia  de  la  documentación  que  acredite  la 
formalización de la prórroga del contrato. 
El organismo disponía de una caja principal en efectivo para el pago de las indemnizaciones por 
razón del servicio y otras atenciones de menor cuantía, prevista en la Resolución del Presidente del 
CIS de 18 de enero de 2011, reguladora de los anticipos de caja fija. Durante la mayor parte del 
ejercicio 2016 permaneció sin formalizarse el nombramiento del cajero pagador, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 4 del RD 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar.  
El Tribunal verificó la existencia en el organismo de una caja auxiliar donde se recogen los ingresos 
en efectivo procedentes de la venta de publicaciones. La existencia de esta caja auxiliar carecía de 
autorización en el ejercicio fiscalizado, desapareciendo tal irregularidad en el ejercicio siguiente al 
aprobarse por Resolución de la Presidencia de 20 de enero de 2017 el procedimiento de gestión de 
los ingresos realizados en efectivo a través de ventanilla. 
La normativa interna del CIS en materia de pagos a justificar vigente en 2016 venía recogida en la 
Resolución del Presidente de 18 de noviembre de 2011. La tipología de los expedientes que la 
referida Resolución estableció para ser tramitados por el sistema de pagos a justificar, excede, a 
juicio del Tribunal de Cuentas, del carácter excepcional que el artículo 79 de la LGP atribuye a tal 
sistema de pagos. La Resolución declaraba aplicable el sistema a los siguientes supuestos: a) la 
adquisición de libros y publicaciones destinados a la biblioteca del centro; b) los pagos derivados 
de la formación y perfeccionamiento del personal; c) los gastos de organización y participación del 
centro en cursos de formación, reuniones y conferencias; d) el pago de encuestas y sondeos de 
opinión programados por el centro; y e) la atención de otros gastos del capítulo 2, cuando lo requiera 
la gestión económica del organismo. 
Por el procedimiento de pagos a justificar el CIS tramitó en el ejercicio fiscalizado un importe de 
2.592.407,72  euros,  que  representa  el  33,83 %  del  total  de  obligaciones  reconocidas  en  el 
presupuesto de gastos del CIS en 2016 (7.661.223,15 euros). Tal porcentaje confirma que el 
organismo utilizaba este sistema como procedimiento de pago habitual, y no con el carácter de 
excepcionalidad que le atribuye la LGP. 
El Tribunal observó una demora importante en la aprobación de las cuentas justificativas. De las 
correspondientes a los libramientos de 2016 únicamente se aprobaron en el propio ejercicio 12; de 
las restantes, 8 se aprobaron en 2017 y 3 en 2018.  
El Tribunal ha comprobado la veracidad de los saldos de las cuentas financieras del CIS que 
recogen la situación y los movimientos de sus fondos librados a justificar, si bien con una salvedad 
relativa a la representatividad de los saldos deudor y acreedor, respectivamente, de las cuentas  s
5580 “Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de aprobación” y 5586 ”Gastos  e.
realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de aprobación”. Dichos  w.
saldos se encuentran infravalorados en 2.070.646,46 euros, importe correspondiente al total de los  07ww
gciaesrtroes d deel  esjeerisc icciuoe, nyt aqsu eju nsotif iscea tiinvcalsu ydeer olinb reanm eiel nsatoldso t rdaem eitsatdaoss c eune n2ta0s1.6  pendientes de aprobar al
La regulación propia del CIS en materia de anticipos de caja estaba constituida en el ejercicio 
fiscalizado por la Resolución de su Presidente de 18 de enero de 2011. En contra de lo establecido 
en el artículo 78.1 de la LGP, esta resolución no determina los criterios generales de los gastos que 
pueden ser satisfechos mediante anticipos de caja fija ni especifica los conceptos presupuestarios 
a los que afecta el procedimiento con sus respectivos límites cuantitativos.  
El CIS no cumplió lo establecido en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 22 de diciembre 
de 2015, publicado por Resolución de la Presidencia del Tribunal de 23 de diciembre del mismo 
año,  al  no  remitir  a  esta  Institución  la  certificación  acreditativa  de  que  la  documentación 
correspondiente a las cuentas justificativas de los pagos librados a justificar y las reposiciones de 
anticipos de caja fija se conserva en la correspondiente oficina a disposición del Tribunal.  
III.5.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS GASTOS  
III.5.1. Conclusiones relativas a la gestión de los recursos humanos (apartado II.5.1) 
Las relaciones de puestos de trabajo del organismo incluían a 1 de enero de 2016 un total de 99 
puestos. El porcentaje de puestos reservados al personal laboral (54 %) era ligeramente superior al 
de funcionarios (46 %). En ambos grupos el grado de ocupación estaba por encima del 90 %. Del 
total de efectivos, el 31 % dependía orgánicamente de la Unidad de Apoyo al Presidente; otro 31 % 
estaba adscrito a Secretaría General, el 15 % al Departamento de Publicaciones y Fomento de la 
Investigación, el 12 % al Departamento de Investigación, y el 11 % restante al Departamento de 
Banco de Datos. 
El importe de las obligaciones reconocidas en el capítulo 1 “Gastos de personal” en 2016 ascendió 
a 3.287.515,72 euros. En el ejercicio fiscalizado se tramitó una modificación presupuestaria 
(transferencia positiva al capítulo 1 “Gastos de personal”) fuera del plazo establecido en la Orden 
HAP 1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016. 
La modificación, por importe de 67.833,15 euros, con cargo a créditos del capítulo 2 “Gastos en 
bienes corrientes y servicios”, se justificó por la necesidad de cubrir el déficit derivado del pago en 
el mes de abril de la parte de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012. 
El examen de la nómina ordinaria del mes de abril reveló algunas deficiencias entre las que cabe 
destacar:  a) la  falta  de  acreditación  de  los  criterios  seguidos  en  el  CIS  para  el  abono  del 
complemento de productividad, y b) la ausencia de documentación acreditativa del derecho a la 
percepción de algunos complementos abonados al personal laboral. 
En relación con la liquidación de los seguros sociales se observó la inclusión de la seguridad social 
correspondiente a la nómina de becarios que, de enero a mayo de 2016, el organismo imputó 
indebidamente al capítulo 1 “Gastos de personal” de su presupuesto. 
III.5.2. Conclusiones relativas a los gastos en concepto de servicios prestados por la red de 
campo (apartado II.5.2) 
El CIS ha venido utilizando tradicionalmente para la realización de la mayor parte de los sondeos y 
encuestas a un conjunto de personas que componen la denominada red de campo del organismo. 
La red está formada por coordinadores y encuestadores. El CIS se relaciona directamente con los 
primeros, a efectos de encargar los trabajos, dar instrucciones, entregar y recibir los cuestionarios,  s
etc.; los coordinadores son quienes designan a los encuestadores necesarios para cada trabajo.   e.
El CIS imputa el gasto correspondiente a los servicios prestados por el personal de la red de campo  07ww
caol rcroienncteepst eon 2 b2i7e n“eTsra yb saejorsv icreioasl”iz daed ossu  pproers outprause setom. pErne s2a0s1 6y , plaro cfaensitoidnaadle asb” odneal dcaa ap íctuoloor 2d in“Gadaosrteoss 
y encuestadores ascendió a 2.383.935,35 euros, representando el 61 % de las obligaciones
reconocidas en el capítulo 2. Después de los gastos de personal es el principal concepto de gasto 
del organismo. El número de personas que realizó para el CIS este tipo de trabajos fue de 359. 
Las Resoluciones del Presidente del CIS de 31 de agosto de 2009, y de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia de 28 de septiembre de 2009 establecieron los módulos retributivos 
aplicables a los servicios de la red de campo, la primera, para los trabajos realizados por iniciativa 
del organismo, y la segunda para los servicios prestados en régimen de encomienda. Los módulos 
establecidos  en  ambas  resoluciones  son  básicamente  los  mismos  y  tienen  en  cuenta, 
fundamentalmente, la extensión y complejidad de la muestra y del cuestionario y la dispersión 
geográfica. Desde 2009 no se han actualizado los módulos. 
Las resoluciones mencionadas establecen varios niveles de valoración aplicables a la extensión y 
complejidad del cuestionario y de la muestra, fijando los importes a abonar en función de las 
combinaciones resultantes para cada caso. Sin embargo, no se precisan los criterios determinantes 
de la aplicación de los referidos niveles, lo que permite un cierto grado de discrecionalidad o 
subjetividad. 
El CIS no disponía de manuales de procedimiento para la contratación de los servicios de la red de 
campo. El organismo no ha facilitado información que permita conocer el procedimiento de selección 
o designación de los efectivos que componen dicha red. Por otra parte, el CIS carece de un registro 
actualizado de las personas que la integran.  
La relación jurídica entre el CIS y el personal de la red de campo nunca ha estado suficientemente 
definida. En el informe del Tribunal de Cuentas sobre el CIS, ejercicios 1993 a 1995, aprobado en 
octubre  de  1997,  se  indicaba  al  respecto  lo  siguiente:  “La  relación  del  organismo  con  los 
coordinadores y encuestadores se limita al pago, según las tarifas autorizadas por la Comisión 
Interministerial  de  Retribuciones,  de  los  servicios  efectuados,  pero  sin  que  esté  definida  la 
naturaleza de su relación jurídica que ni siquiera tiene su origen en un contrato escrito. Esta 
situación, que se considera anómala, debe regularizarse a la mayor brevedad posible por aquella 
de las vías admitidas en la normativa vigente que resulte idónea, sea esta la contratación civil de 
arrendamiento de servicios, la contratación administrativa o, en su caso, la contratación laboral 
según las distintas variantes permitidas por el Estatuto de los Trabajadores”.  
A partir de la modificación del artículo 5 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de organización del 
CIS, por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, las relaciones entre el CIS y el personal de la red de campo pasaron a considerarse contratos 
de servicios sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. El CIS no llegó 
a formalizar ningún contrato, considerando los encargos a coordinadores y encuestadores como 
contratos menores de servicios. 
A juicio del Tribunal, no resulta adecuada la caracterización de este tipo de trabajos como contratos 
de servicios, por no cumplir los requisitos establecidos para los mismos en el TRLCSP en relación 
con los adjudicatarios y con la forma de justificación. Por otra parte, la habitualidad con que el CIS 
requiere los servicios conlleva la superación de los límites establecidos para los contratos menores 
en dicha norma, tanto en cuanto a duración (máximo un año) como en cuanto a importe (18.000,00 
euros). 
De acuerdo con el análisis realizado por el Tribunal, entre 2015 y 2017, se habrían gestionado 
anualmente más de 5.000 contratos (5.555 en 2015, 5.346 en 2016, y 5.022 en 2017). El número 
de personas que percibieron anualmente retribuciones superiores al importe máximo establecido  e.e
para los contratos menores de servicios (18.000,00 euros) por los trabajos de coordinador o  b
encuestador, fue de 21 en 2015, 16 en 2016 y 8 en 2017. En varios casos, los importes percibidos  07ww
sccuoopnnet rloraastra occonióo lnord sdi n3ea0 ed.0so0troe0ss, 0 sy0e  creovuincr oiloosss a  nenonu catuileeensse.t a Pedonor r coeutsre.a n ptaa rltaes  edl ipferroecnecdiaims ieennttore a lpal icrealdaoc iópno rd eel l CoIrSg apnairsam loa   OE-A-2021-28able en https://
El procedimiento de pago utilizado en el ejercicio fiscalizado para los servicios de la red de campo 
era el de a justificar previsto en el artículo 79 de la LGP. La Resolución del Presidente del CIS de 
18 de enero de 2011, dictada en aplicación de lo establecido en el RD 640/1987, de 8 de mayo, 
había incluido entre los expedientes a tramitar por este procedimiento “los libramientos que hayan 
de llevarse a cabo para atender el pago de encuestas y sondeos de opinión programados por el 
Centro, con cargo a la aplicación presupuestaria 25.102.462M.227.06”. A juicio del Tribunal de 
Cuentas el procedimiento de pago a justificar no resulta adecuado para el abono de los servicios 
realizados por el personal de la red de campo, por no concurrir ninguna de las circunstancias que 
el artículo 79 de la LGP exige para la utilización de dicho procedimiento excepcional. 
III.5.3. Conclusiones relativas a la contratación (apartado II.5.3) 
Según la información facilitada por el CIS en el ejercicio 2016 estuvieron vigentes en el organismo 
46  contratos  cuyo  importe  conjunto  de  adjudicación  ascendía  a  1.354.705,43  euros.  Esta 
información no incluye los contratos con los coordinadores y encuestadores de la red de campo. 
Los contratos vigentes pertenecían a las categorías de servicios (57 % del total) y suministros 
(43 %). El procedimiento de adjudicación más común fue el del contrato menor, utilizado en el 50 % 
de los contratos vigentes. La mayor parte de los contratos se imputó al capítulo 2 “Gastos corrientes” 
(42 contratos por un importe de adjudicación de 1.312.214,82 euros). Únicamente 4 contratos, por 
importe de adjudicación de 42.490,61 se imputaron al capítulo 6 “Inversiones”.  
El 32 % de los contratos fue tramitado por el procedimiento de contratación centralizada establecido 
en el artículo 206 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y adjudicados por la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación. El importe de los contratos adjudicados por 
el CIS ascendió a 923.344,51 euros. El 41 % de este importe se adjudicó por procedimiento 
negociado, el 36 % por procedimiento abierto y el 23 % restante se tramitó por el procedimiento de 
los contratos menores.  
El CIS no cumplió las obligaciones de comunicación de datos contractuales al Tribunal de Cuentas 
y al Registro de Contratos. No remitió al Tribunal de Cuentas la relación de contratos suscritos en 
el ejercicio fiscalizado, contraviniendo lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2013, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas. En septiembre de 2017 envió al Registro de Contratos 
una comunicación relativa a los contratos adjudicados en el ejercicio anterior, si bien solo incluía 7 
de los 26 contratos suscritos. 
El examen de una muestra de ocho contratos reveló deficiencias, especialmente en dos de ellos, 
relacionadas con: a) la falta entre las actuaciones preparatorias de los expedientes de la memoria 
o el informe justificativo de la necesidad de contratación; b) la omisión de la publicación de la 
adjudicación de los contratos en el Boletín Oficial del Estado ni en el Diario Oficial de la Unión 
Europea; c) la falta de formalización de las prórrogas de los contratos; y d) la imputación del gasto 
al ejercicio siguiente al de la realización de las prestaciones. 
III.5.4. Conclusiones relativas a otros gastos imputados al capítulo 2 “Gastos corrientes” 
(apartado II.5.4) 
En la tramitación del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política correspondiente a 2016 se 
han  observado  algunas  deficiencias  relativas  a  la  inexistencia  de  bases  reguladoras,  la  e
concentración inadecuada de funciones en la Presidencia del CIS, y la imputación incorrecta del  bo
gasto al capítulo 2 “Gastos corrientes”, en lugar de al capítulo 4 “Transferencias corrientes” del  07ww
pErne sreulpauceiósnto c odne ll ao rggeasntiisómn od.e l convenio con el Real Colegio Complutense at Harvard University para
la celebración del IX Summer Seminar on Sociological and Political Research, convocado por
Resolución de la Presidencia del CIS de 2 de junio de 2016, las principales deficiencias observadas 
fueron las siguientes: a) la falta de tramitación como subvenciones de las ayudas de viaje; y b) la 
omisión en la correspondiente cuenta justificativa del justificante del gasto realizado por el Real 
Colegio en concepto de alquiler de instalaciones, por importe de 10.000,00 euros. 
III.5.5. Conclusiones relacionadas con las transferencias (apartado II.5.5) 
Las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 “Transferencias corrientes” del CIS en el ejercicio 
fiscalizado  ascendieron  a  353.155,27  euros.  El  52 %  de  dicha  cantidad  (183.081,27  euros) 
correspondió al concepto 481 “Becas a postgraduados” y el 48 % (170.074,00 euros) al concepto 
490 “Contribución para la participación de España en la 8ª Edición de la Encuesta Social Europea”. 
El  Tribunal  ha  observado  deficiencias  en  la  tramitación  de  las  tres  líneas  de  subvenciones 
convocadas por el CIS en régimen de concurrencia competitiva, imputadas al concepto 481 “Becas 
a postgraduados”.  
Las becas de formación a postgraduados fueron convocadas por Resolución del Presidente del CIS 
de 30 de octubre de 2015. El importe de las obligaciones reconocidas por esta línea de ayudas 
ascendió a 121.081,27 euros. En su gestión cabe destacar las siguientes deficiencias: a) el 
procedimiento previsto en la convocatoria no facilitaba la necesaria segregación de funciones entre 
el órgano instructor y el encargado de la resolución del procedimiento; b) los criterios establecidos 
en la convocatoria para la baremación de las solicitudes fueron poco precisos; c) no quedaron 
suficientemente  documentados  los  criterios  aplicados  finalmente  para  la  selección  de  los 
adjudicatarios de las becas; y d) no hay constancia de que el CIS exigiera a los becarios la 
justificación de la subvención conforme a lo previsto en la convocatoria. 
En relación con las subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el CIS, 
se observó la omisión del trámite de fiscalización previa de la resolución de concesión tanto en la 
convocatoria correspondiente a 2015 como en la de 2016, debiendo ser sometidos los expedientes 
a convalidación del Consejo de Ministros. Como consecuencia de ello se demoró en ambos 
ejercicios la tramitación de los expedientes. Las obligaciones reconocidas en 2016 (52.000,00 
euros) correspondieron a las ayudas concedidas en el ejercicio anterior, mientras que se imputaron 
a 2017 las ayudas concedidas en 2016 (77.980,00 euros). Por otra parte, en la tramitación de estas 
subvenciones  se  observaron  deficiencias  consistentes  en  la  inadecuada  segregación  de  las 
funciones de instrucción y resolución y la falta de constancia de los criterios aplicados en la selección 
de los beneficiarios. 
La tramitación de las becas correspondientes al XXV Curso de Postgrado para la Formación de 
Especialistas  en  Investigación  Social  no  se  realizó  como  correspondía  a  su  naturaleza  de 
subvenciones. No se elaboraron bases reguladoras ni se remitió la información correspondiente a 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Tampoco se regularon aspectos básicos para la 
convocatoria y concesión de las becas, como su dotación e imputación presupuestaria, o los 
requisitos y obligaciones de los beneficiarios. También se observaron deficiencias en la selección 
de alumnos y becarios, destacando las siguientes: a) la comisión de valoración, modificó los criterios 
de baremación de las solicitudes establecidos en la convocatoria; y b) el mismo órgano de 
valoración fue quien propuso a los candidatos, en contra de lo establecido en el artículo 24 de la 
Ley General de Subvenciones. Por Orden PRA/1003/2017, de 13 de octubre, se aprobaron las 
bases reguladoras de esta línea de subvenciones para las sucesivas convocatorias. 
III.6.  CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS INGRESOS   e.e
III.6.1. Conclusiones relacionadas con las encomiendas de gestión (apartado II.6.1)  07ww
En 2016 el CIS facturó 419.331,24 euros en concepto de prestación de servicios en régimen de
encomienda, importe que fue imputado al concepto 322 “Otros”, del presupuesto de ingresos del
organismo. Del importe total facturado en 2016, 289.786,54 euros fueron ingresados en el propio 
ejercicio y el resto, 129.544,70 euros, en 2017. 
El CIS tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración General del 
Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para la realización de 
algunas de sus funciones, según lo establecido en el artículo 1.3 del RD 1214/1997, de 18 de julio, 
sobre organización del CIS. Las tarifas vigentes en el ejercicio fiscalizado para los servicios 
prestados en régimen de encomienda habían sido fijadas por Resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia de 28 de septiembre de 2009, permaneciendo desde entonces sin 
actualizar.  
En el ejercicio fiscalizado estuvieron vigentes en el CIS cinco encomiendas de gestión en cuya 
tramitación se observaron las siguientes deficiencias: a) la falta de identificación de los documentos 
técnicos rectores de los trabajos; b) incongruencias en las tarifas aplicadas en los presupuestos; c) 
la aplicación de descuentos en las tarifas no contemplados en las normas reguladoras (encomienda 
de AEVAL); y d) la liquidación de los servicios con arreglo a una tarifa inferior a la presupuestada 
(encomienda del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades). 
El análisis de la composición del coste de los trabajos realizados por el CIS en régimen de 
encomienda, a efectos de diferenciar el correspondiente a los servicios realizados con medios 
propios  y  el  de  los  medios  subcontratados,  puso  de  manifiesto  que  del  coste  total  de  las 
encomiendas vigentes en 2016 (484.442,73 euros), el 87 % correspondía a servicios prestados por 
la red del campo, es decir, subcontratados por el organismo, y el 13 % restante a las actividades 
realizadas con los medios propios. Estos porcentajes evidencian la absoluta insuficiencia de los 
medios personales y materiales del CIS para llevar a cabo los trabajos encomendados. 
En el ejercicio fiscalizado no se habían establecido límites para la subcontratación de los trabajos 
encomendados. Estas circunstancias permitieron al CIS firmar las encomiendas y realizar los 
servicios en los términos indicados. Sin embargo, a juicio del Tribunal, tal posibilidad desaparece 
tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuyo 
artículo 32 exige a los entes destinatarios de los encargos que cuenten con medios personales y 
materiales apropiados para su realización, y que limita la subcontratación al 50 % de la cuantía de 
aquellos. 
III.6.2. Conclusiones relativas a los ingresos por venta de publicaciones (apartado II.6.2) 
Los derechos reconocidos en el concepto 330 “venta de publicaciones propias” ascendieron a 
48.340,97 euros, y la recaudación a 42.516,76 euros.  
El organismo no disponía en el ejercicio fiscalizado de normas de procedimiento relativas al proceso 
de gestión y contabilización de las ventas, que se desarrolla conforme a unas prácticas implantadas, 
diferentes según se trate de venta a clientes finales o a distribuidores. En el caso de las ventas 
presenciales a clientes se observó una deficiencia de control consistente en la falta de registro de 
los ingresos realizados en efectivo. En el siguiente ejercicio, por Resolución de la Presidencia del 
CIS de 20 de enero de 2017, se reguló el procedimiento de gestión de los ingresos que se realicen 
a través de ventanilla, procedentes de la venta de publicaciones y productos del Banco de Datos. 
III.6.3. Conclusiones  relativas  a  los  ingresos  por  derechos  de  matrícula  en  cursos  y 
seminarios (apartado II.6.3)  e.e
En 2016 los derechos reconocidos en el organismo en el concepto 310 ”Derechos de matrícula en  07ww
ciFnuogrrrsmeosasoc siyó  cnso edrrmee isEnpasoprnieodcsii”ea nlaitssetcase san  edlanie  mIrnoavnte rísact uigulaan c ditóeon tda Sol sod ceeid a3ilc 7Aio.p3nl0iec0sa, 0d(X0aX  yeI VuAr nyoá sXl.i XsEiVss )dt ede e iDlm Captuoorsrst.oe    dceo mPopsretgnrdaídao  ldoes 
El precio de la matrícula del curso no fue establecido conforme a lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos. No hay constancia de memoria económica 
justificativa de su importe y del grado de cobertura financiera de los costes correspondientes, ni de 
la propuesta del organismo al Ministerio de Presidencia, competente para la fijación del precio. Los 
precios fueron establecidos en las propias convocatorias de los cursos, por Resolución de la 
Presidencia del CIS. El precio de la matrícula fijado fue de 2.000,00 euros, no habiendo aportado el 
organismo los criterios considerados para su fijación.  
III.7.  CONCLUSIONES RELATIVAS A OTROS ÁMBITOS DE LA FISCALIZACIÓN 
III.7.1. Conclusiones relativas al cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (apartado II.7.1) 
El Tribunal no ha observado incumplimientos relevantes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A 31/12/2016 el 70 % de los efectivos del CIS eran 
mujeres  y  el  30 %  hombres,  lo  que  refleja  una  situación  poco  equilibrada  en  los  términos 
establecidos en la disposición adicional primera de la citada Ley Orgánica. Entre el personal 
directivo sí se daba tal equilibrio, estando distribuidos los puestos al 50 % entre hombres y mujeres. 
III.7.2. Conclusiones relativas al cumplimiento de la normativa sobre transparencia y buen 
gobierno (apartado II.7.2) 
En relación con los requisitos de publicidad activa exigidos en la Ley de Transparencia, se ha 
verificado que la página web del CIS contiene, en líneas generales, la información institucional y 
organizativa exigida en el artículo 6. Sin embargo, el organismo no publica en su página web gran 
parte de la información obligatoria (p.ej., convenios, información presupuestaria, retribuciones, 
información estadística, etc.). Aunque incluye un enlace al portal de transparencia del Gobierno de 
España, la información en este portal relativa al organismo es muy escasa, dispersa e incompleta. 
 
 RECOMENDACIONES 
El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno y al Centro de Investigaciones Sociológicas adoptar 
las medidas necesarias para superar la situación de desequilibrio financiero que muestran las 
cuentas del organismo en el ejercicio fiscalizado y anteriores, que de mantenerse podría llevar al 
centro a incurrir en el supuesto de disolución recogido en el apartado e) del artículo 96 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. 
El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para 
adecuar  la  capacidad  operativa  del  CIS,  en  cuanto  medio  propio  y  servicio  técnico  de  la 
Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes de ella, a los 
requerimientos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
El Tribunal recomienda al CIS disponer las medidas necesarias para reforzar su sistema de control 
interno y superar las deficiencias de gestión observadas. En particular, se estima conveniente la 
elaboración  de  manuales  de  procedimiento  en  materia  de  becas  y  ayudas,  convocatoria  y 
celebración de cursos, venta de publicaciones y gestión de la red de campo. Recomienda asimismo  es
la revisión del sistema de distribución de funciones en la tramitación de las becas y de otras  oe.
transferencias.  w.
Aco nfifnig udrea caiójuns tlaerg alal  dgee sctoiónntr adteo sl odse  tsraebrvaicjoioss  esnucjaertogsa dao sla  alle gpiesrlascoinóanl  ddee  cloan rtreadt odse d ecla mEsptoa dao , seul 
Tderi bsuenlaelc dcieó nC udeen tlaoss  reacdojumdiiecantdaar ioasl  CyI Sq quuee f ogramraanlitcicee  plao re xeisscterintoc ialo dse  cuonn ptrraotcoesd eimni elonsto  saudpeuceusatdoos 
procedentes, definiendo adecuadamente el objeto, las obligaciones de las partes, el precio o la 
duración del contrato. 
 
Madrid, 31 de octubre de 2019.−LA PRESIDENTA, María José de la Fuente y de la Calle. 
 
ANEXOS 
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS 
ANEXO 1. CUADRO 1. BALANCE  DEL  CENTRO  DE  INVESTIGACIONES  SOCIOLÓGICAS. 
EJERCICIO 2016 
  CUADRO 2. CUENTA  DE  RESULTADOS  DEL  CENTRO  DE  INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS. EJERCICIO 2016 
 
ANEXO 2. CUADRO 1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. EJERCICIO 2016 
  CUADRO 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. EJERCICIO 2016 
 
 
 
ANEXO 1 
CUADRO Nº 1  
BALANCE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. EJERCICIO 2016  
 
Epígrafe  Ejercicio N  Ejercicio N-1 
A) Activo no corriente  4.248.016,22  4.373.898,81 
I. Inmovilizado intangible  0,00  1.505,84 
  3. Aplicaciones informáticas  0,00  1.505,84 
II. Inmovilizado material  4.246.102,82  4.368.092,97 
  1. Terrenos  2.541.247,46  2.541.247,46 
  2. Construcciones.  1.204.782,23  1.240.769,68 
  5. Otro inmovilizado material  500.073,13  586.075,83 
V. Inversiones financieras a largo plazo  1.913,40  4.300,00 
  2. Créditos y valores representativos de deuda  1.913,40  4.300,00 
B) Activo corriente  4.182.202,50  7.861.803,90 
III. Deudores y otras cuentas a cobrar  2.999.663,92  6.620.979,70 
  1. Deudores por operaciones de gestión  2.385.391,91  3.908.182,38 
  2. Otras cuentas a cobrar  576.195,75  2.691.733,51 
  3. Administraciones públicas  38.076,26  21.063,81 
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0,00  1.238.407,44 
  2. Créditos y valores representativos de deuda  0,00  1.238.407,44 
V. Inversiones financieras a corto plazo  5.519,14  1.714,17 
  2. Créditos y valores representativos de deuda  5.519,14  1.714,17 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.177.019,44  702,59 
  2. Tesorería  1.177.019,44  702,59 
TOTAL ACTIVO (A+B)  8.430.218,72  12.235.702,71 
A) Patrimonio neto  7.386.502,26  9.075.063,96 
I. Patrimonio aportado  4.852.696,63  4.852.696,63 
II. Patrimonio generado  2.533.805,63  4.222.367,33 
  1. Resultados de ejercicios anteriores  4.222.367,33  6.235.046,45 
  2. Resultados de ejercicio  (1.688.561,70)  (2.012.679,12) 
C) Pasivo corriente  1.043.716,46  3.160.638,75 
II. Deudas a corto plazo  0,00  63.957,15 
  4. Otras deudas  0,00  63.957,15 
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar  1.043.716,46  3.096.681,60 
  1. Acreedores por operaciones de gestión  499.096,04  223.287,32 
  2. Otras cuentas a pagar  452.635,02  2.763.836,19  e.
  3. Administraciones públicas  91.985,40  109.558,09  w.
TOFTAuLe PnAtTeR: IMCOuNeInOt NaE dTeOl  YC PIASS I2V0O1 (6A+. C)  8.430.218,72  12.235.702,71  2021-2807n https://ww

ANEXO 1-1/2 
CUADRO Nº 2  
CUENTA DE RESULTADOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. 
EJERCICIO 2016 
 
Epígrafe  2016  2015 
2. Trasferencias y subvenciones recibidas  5.466.717,23  5.537.926,77 
a) Del ejercicio  5.466.717,23  5.537.926,77 
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  72.465,23  68.399,77 
a.2) transferencias  5.394.252,00  5.469.527,00 
3. Ventas netas y prestaciones de servicios  85.640,97  23.300,00 
a) Ventas netas  48.340,97  0,00 
b) Prestación de servicios  37.300,00  23.300,00 
6. Otros ingresos de gestión ordinaria  431.517,75  488.860,93 
Bienes procedentes de activos no corrientes, otros ingresos de gestión ordinaria e ingresos 
431.517,75  488.860,93 
excepcionales: otros ingresos 
7. Excesos de provisiones  0,00  0,00 
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2+3+6+7)  5.983.875,95  6.050.087,70 
8. Gastos de personal  (3.327.756,16)  (3.267.129,44) 
a) Sueldos, salarios y asimilados  (2.849.773,15)  (2.786.057,33) 
Sueldos y salarios  (2.849.773,15)  (2.786.057,33) 
b) Cargas sociales  (477.983,01)  (481.072,11) 
Cotizaciones sociales a cargo del empleador  (457.265,54)  (459.517,61) 
Formación y perfeccionamiento del personal  (7.688,00)  (8.524,50) 
Acción Social  (13.029,47)  (13.030,00) 
9. Transferencias y subvenciones concedidas  (301.155,27)  (136.023,79) 
Transferencias  (170.074,00)  0,00 
Subvenciones  (131.081,27)  (136.023,79) 
11. Otros gastos de gestión ordinaria  (3.847.473,78)  (4.434.970,42) 
a) Suministros y otros servicios exteriores  (3.842.181,46)  (4.428.373,76) 
Arrendamientos y cánones  (24.693,68)  (26.257,24) 
Reparaciones y conservación  (209.087,02)  (282.652,46) 
Servicios de profesionales independientes  (2.951.114,38)  (3.346.517,34) 
Transportes  (2.588,50)  (3.278,73) 
Primas de seguros  (7.435,93)  (7.580,20) 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas  (176.625,58)  (177.219,36) 
Suministros  (87.457,41)  (93.499,16)  s
Comunicaciones y otros servicios  (383.178,96)  (491.369,27)  o
b) Tributos  (5.292,32)  (6.596,66)  07ww
1A2m. oArtmizoarctiiózna cdieól nin dmeol vinilimzaodvoi liinztaadnog ible  (19(71..953075,,9854))   (20(14..250454,,6812)) 
  Amortización de otro inmovilizado material  (54.184,73)  (58.188,97)
 
 
ANEXO 1-2/2 
Epígrafe  2016  2015 
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+11+12)  (7.674.323,16)  (8.042.368,26) 
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)  (1.690.447,21)  (1.992.280,56) 
14. Otras partidas no ordinarias  1.883,53  0,00 
a) Ingresos  1.883,53  0,00 
Reintegros  1.883,53  0,00 
II Resultado de las operaciones no financieras (I +14)  (1.688.563,68)  (1.992.280,56) 
15. Ingresos financieros  1,98  57,33 
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  1,98  57,33 
b.2) Otros  1,98  57,33 
Otros ingresos financieros  1,98  (57,33) 
III Resultado de las operaciones financieras (15)  1,98  57,33 
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)  (1.688.561,70)  (1.992.223,23) 
(±) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior    (20.455,89) 
Resultado del ejercicio anterior ajustado    (2.012.679,12) 
Fuente: Cuenta del CIS 2016. 
 
Remanentes Crédito  0,00  35.877,52  (35.877,52)  0,00  0,00  0,00  108.254,90  4.162,53  16.138,12  46.077,37  15.272,15  (131.899,20)  11.438,24  11.672,64  (2.082,74)     
6 
CICIO 201 Obligaciones Pendientes Pago  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97,18  0,00  48.733,25  0,00  3.481,55  0,00 
ER 80  48  94  93  00  00  10  47  88  45  85  95  76  81  74 
AS. EJ Pagos  56.724, 689.122, 685.700, 1.263.554, 152.580, 2.090, 417.025, 20.717, 23.991, 44.725, 4.727, 104.865, 66.561, 53.055, 39.962,
C
CIOLÓGI Obligaciones Reconocidas Netas  56.724,80  689.122,48  685.700,94  1.263.554,93  152.580,00  2.090,00  417.025,10  20.717,47  23.991,88  44.822,63  4.727,85  153.599,20  66.561,76  56.537,36  39.962,74 
O
CIONES S Gastos omprometidos  56.724,80  689.122,48  685.700,94  1.263.554,93  152.580,00  2.090,00  525.029,50  20.718,00  25.395,48  46.334,71  4.727,85  161.207,48  66.857,27  59.432,14  52.462,71 
A C
G
EXO 2-1/2  ADRO Nº 1  NTRO DE INVESTI  Créditos Créditos dificaciones Definitivos  2.074,80 56.724,80  0,00 725.000,00  27.843,42 649.823,42  37.914,93 1.263.554,93  0,00 152.580,00  0,00 2.090,00  0,00 525.280,00  0,00 24.880,00  0,00 40.130,00  (52.000,00) 90.900,00  0,00 20.000,00  0,00 21.700,00  0,00 78.000,00  0,00 68.210,00  0,00 37.880,00 
N UE Mo
A CC
L  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 
OS DE Créditos Iniciales  54.650, 725.000, 621.980, 1.225.640, 152.580, 2.090, 525.280, 24.880, 40.130, 142.900, 20.000, 21.700, 78.000, 68.210, 37.880,
T
S
A
G
N DEL PRESUPUESTO DE  Concepto  00. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  20. RETRIBUCIONES BÁSICAS  21. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  30. LABORAL FIJO  50. PRODUCTIVIDAD  51. GRATIFICACIONES  60. CUOTAS SOCIALES  62. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  05. ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  12. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  15. MOBILIARIO Y ENSERES  16. EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN  20. MATERIAL DE OFICINA  21. SUMINISTROS  22. COMUNICACIONES 
Ó 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
CI es
LIQUIDA Capítulo  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS DE PERSONAL  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  BOE-A-2021-2807cable en https://www.boe.
1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  1.  2.  2.  2.  2.  2.  2.  2.
emanentes Crédito  7.411,50  (2.435,93)  (292,32)  (17.225,58)  330.663,29  5.143,08  (2.174,57)  2.000,00  1.072,60  68.798,73  0,00  165.558,04  60.000,00  2.461,70  272,30  700.286,85 
R
Obligaciones Pendientes Pago  0,00  0,00  0,00  0,00  276.710,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  170.074,00  0,00  0,00  0,00  0,00  499.096,04 
0  3  2  8  0  2  7  0  0  7  0  6  0  0  0  1 
Pagos  2.588,5 7.435,9 5.292,3 176.625,5 874.749,5 6.116,9 13.174,5 0,0 183.927,4 183.081,2 0,0 74.441,9 0,0 3.548,3 5.737,7 162.127,1
2. 7.
bligaciones econocidas Netas  2.588,50  7.435,93  5.292,32  176.625,58  3.151.459,56  6.116,92  13.174,57  0,00  183.927,40  183.081,27  170.074,00  74.441,96  0,00  3.548,30  5.737,70  7.661.223,15 
OR
s  0  3  2  8  9  2  7  0  0  0  0  7  1  0  0  8 
o 5 9 3 5 9 9 5 0 4 8 0 9 0 3 7 2
Gastos mprometid 2.588, 7.435, 5.292, 176.625, 3.179.250, 6.116, 13.174, 0, 183.927, 183.899, 170.074, 74.441, 10.710, 3.548, 5.737, 7.834.762,
C
0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Créditos Definitivos  10.000,0 5.000,0 5.000,0 159.400,0 3.482.122,8 11.260,0 11.000,0 2.000,0 185.000,0 251.880,0 170.074,0 240.000,0 60.000,0 6.010,0 6.010,0 8.361.510,0
2 
NEXO 2-2/ Créditos Modificaciones  0,00  0,00  0,00  0,00  (237.907,15)  0,00  0,00  0,00  0,00  52.000,00  170.074,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
A
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos Iniciales  10.000, 5.000, 5.000, 159.400, 3.720.030, 11.260, 11.000, 2.000, 185.000, 199.880, 0, 240.000, 60.000, 6.010, 6.010, 8.361.510,
E A 
Concepto  223. TRANSPORTES  224. PRIMAS DE SEGUROS  225. TRIBUTOS  226. GASTOS DIVERSOS  227. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  230. DIETAS  231. LOCOMOCIÓN  233. OTRAS INDEMNIZACIONES  240. GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN  481. BECAS A POSTGRADUADOS  490. CONTRIBUCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DESPAÑA EN LA 8ª EDICIÓN DE LA ENCUESTSOCIAL EUROPEA 620. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  830. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO  831. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  16.  
0
Capítulo  2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  6. INVERSIONES REALES  6. INVERSIONES REALES  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  TOTAL   Cuenta del CIS 2Fuente:   
ceso Defecto Previsión  5.300,00  (61.315,71)  6.163,46  (6.659,03)  7.074,39  0,00  (55.000,00)  1,98  (24.988,00)  (9.447,81)  5.295,44  0,00  (133.575,28) 
6  Ex
1
0 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
CICIO 2 Derechos Pendientes Cobro  0,0 129.544,7 0,0 5.824,2 0,0 2.236.775,0 0,0 0,0 13.248,0 0,0 0,0 0,0 2.385.391,9
R
CAS. EJE Recaudación Neta  37.300,00  295.809,59  6.163,46  42.516,76  7.074,39  3.131.485,00  0,00  1,98  12.744,00  2.572,19  5.295,44  0,00  3.540.962,81 
GI
OCIOLÓ Derechos econocidos Netos  37.300,00  425.354,29  6.163,46  48.340,97  7.074,39  5.368.260,00  0,00  1,98  25.992,00  2.572,19  5.295,44  0,00  5.926.354,72 
R
S
CIONES  Derechos econocidos  37.300,00  425.354,29  6.163,46  48.340,97  7.074,39  5.368.260,00  0,00  1,98  25.992,00  2.572,19  5.295,44  0,00  5.926.354,72 
A R
G
2 E INVESTI Previsiones Definitivas  32.000,00  486.670,00  0,00  55.000,00  0,00  5.368.260,00  55.000,00  0,00  50.980,00  12.020,00  0,00  2.301.580,00  8.361.510,00 
ANEXO 2  ADRO Nº ENTRO D  Previsiones Iniciales  32.000,00  486.670,00  0,00  55.000,00  0,00  5.368.260,00  55.000,00  0,00  50.980,00  12.020,00  0,00  2.301.580,00  8.361.510,00 
UC
CL 
E N  A  A 
D Ó R R
PRESUPUESTO DE INGRESOS  Concepto  0. DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS  2. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  9. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIDE SERVICIOS  0. VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS  0. DE EJERCICIOS CERRADOS  0. DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO  1. DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES  0. INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS  0. DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO  0. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUEDEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 1. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUEDEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO  0. REMANENTE DE TESORERÍA 
L  31 32 32 33 38 40 40 52 70 83 83 87
E
D S  S  S  S  S 
O O O O O
LIQUIDACIÓN  Capítulo   3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRINGRESOS 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRINGRESOS 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRINGRESOS 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRINGRESOS 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRINGRESOS  4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5. INGRESOS PATRIMONIALES  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  8. ACTIVOS FINANCIEROS  TOTAL  Cuenta del CIS 2016Fuente: