BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Sábado 30 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 35868
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
5475 Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  sobre  levantamiento  de  la  suspensión  de  plazos 
administrativos.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 2020) ordenó la suspensión del 
cómputo de los plazos administrativos, en los siguientes términos:
«1.  Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo.
2.  La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 
sector  público  definido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.  No  obstante  lo  anterior,  el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante 
resolución  motivada,  las  medidas  de  ordenación  e  instrucción  estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en 
el  procedimiento  y  siempre  que  éste  manifieste  su  conformidad,  o  cuando  el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4.  La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los 
que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.»
El artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE de 23 de 
mayo), determina en relación a los plazos administrativos suspendidos en virtud del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo siguiente:
«Con  efectos  desde  el  1  de  junio  de  2020,  el  cómputo  de  los  plazos 
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se 
hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del 
estado de alarma y sus prórrogas.»
La  disposición  derogatoria  única,  apartado  segundo,  del  citado  Real 
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, establece que:
«Con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.»
La Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE de 23 de mayo), de manera que, de  es
conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, el Congreso de los  bo
Diputados,  autoriza  la  prórroga  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real  75ww
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«Décimo.  Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de  Bc
plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran 
sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma 
con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.»
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  estableció  en  su 
artículo 42 la suspensión del plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las 
anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera 
otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, 
ordenando su reanudación al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de 
su prórroga en su caso.
No  habiéndose  todavía  levantado  la  suspensión  de  los  plazos  específicos  del 
procedimiento  registral  a  que  se  refiere  el  citado  artículo  42,  y  sí  de  los  plazos 
administrativos, es conveniente dictar una Instrucción que aclare las consecuencias de 
este levantamiento de la suspensión en relación a determinadas actuaciones de esta 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública registral, y otras en el ámbito de 
los Registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles donde excepcionalmente 
sí incide la reanudación de los plazos administrativos.
En concreto, la Resolución de 15 de marzo de 2020, en su regla cuarta, dejó en 
suspenso el plazo de quince días naturales para presentar instancias de participación en 
el  concurso  convocado  por  Resolución  de  2  de  marzo  de  2020,  ordenando  su 
reanudación una vez que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o las prórrogas del 
mismo.
También se entiende aplicable el levantamiento de la suspensión de los plazos 
administrativos  a  las  notificaciones  y  cómputo  de  los  plazos  en  la  solicitud  de 
calificación sustitutoria y en el recurso contra la calificación de los registradores de la 
propiedad,  mercantiles  y  de  bienes  muebles,  pues,  aunque  es  un  procedimiento 
especial,  supletoriamente  es  aplicable  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (cfr. 
artículo 322 Ley Hipotecaria).
No  se  considera  que  ocurra  lo  mismo  en  relación  con  las  notificaciones  en 
procedimientos registrales en los que la Ley Hipotecaria no invoca supletoriamente la 
aplicación de la legislación administrativa.
El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, da nueva redacción al apartado tercero 
del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableciendo que:
«La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales 
o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social 
que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando 
fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la 
legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose 
de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será 
válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración 
de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su 
verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga 
prevista en el apartado siguiente.»
El  desplazamiento  del  periodo  contable  producido  a  consecuencia  de  la 
declaración del estado de alarma en las sociedades de capital tiene una importante  s
consecuencia en el derecho del socio minoritario a solicitar la verificación de las  oe.
cuentas anuales. La Ley computa el plazo ordinario para solicitar el nombramiento de  w.
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producido un desplazamiento a partir del 1 de junio de 2020 de todo el ciclo contable
(formulación, legalización, verificación, auditoría, depósito y cierre registral) y, muy en
particular, del propio plazo para formular/reformular cuentas, conviene entender que el 
plazo de tres meses para solicitar auditor ex artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital debe contarse desde el 1 de junio de 2020, de suerte que acabe cuando acaba el 
plazo para formular cuentas, sin que sea relevante el plazo que hubiera trascurrido 
desde el cierre del ejercicio hasta la declaración del estado de alarma.
Abona esta solución el criterio seguido por este centro directivo para la legalización 
de libros y muy especialmente que la norma que se trata de aplicar reconoce un derecho 
de minoría y la solución adoptada es la más tuitiva de los derechos del socio: no tiene 
sentido que los administradores cuenten con un plazo mayor para formular o incluso 
revisar o reformular cuentas, mientras que el minoritario disponga de pocos días desde 
el 1 de junio para instar el nombramiento de auditor para verificarlas.
En consecuencia, esta Dirección General, para aclarar estos extremos, acuerda:
Primero.
Se  mantiene  la  convocatoria  del  concurso  ordinario  de  traslados  en  Registros 
convocado por Resolución de este centro directivo de 2 de marzo de 2020 (BOE de 9 de 
marzo).
Segundo.
El plazo de presentación de instancias proseguirá a partir del día 1 de junio de 2020 
en el punto en el que se encontraba, sin reiniciarse de nuevo el cómputo de los plazos.
Tercero.
Conforme al artículo 498 del Reglamento Hipotecario, quienes hayan presentado su 
instancia no podrán desistir de la misma.
Cuarto.
A efectos de determinar la duración que resta del indicado plazo, entre la fecha 
inicial prevista en la base tercera de la convocatoria (10 de marzo de 2020, día 
siguiente al de la publicación oficial, que tuvo lugar el 9 de marzo anterior) y la fecha 
de entrada en vigor de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo (el propio 14 de marzo), se considerarán transcurridos cuatro días. 
Los once restantes se contarán a partir del día 1 de junio de 2020, el cual formará 
parte del plazo a efectos del cómputo de este.
Quinto.
En las solicitudes de calificación sustitutoria y en los recursos contra la calificación 
registral,  si  esta  no  hubiese  sido  notificada  al  interesado,  el  plazo  de  diez  días 
establecido  al  efecto  en  el  artículo  40.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se computará a 
partir del 1 de junio de 2020.
Sexto.
Si la calificación negativa hubiese sido notificada al interesado antes de la entrada  s
en vigor del estado de alarma, los plazos para solicitar calificación sustitutoria o para  e.
interponer recurso ante esta Dirección General, previstos respectivamente, en los  w.
artículos 19 bis, párrafo 4.º, regla 1.ª; 326, párrafo 2.º, de la Ley Hipotecaria, que  75ww
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del 1 de junio de 2020.
Séptimo.
Si la calificación negativa hubiese sido notificada al interesado durante el estado de 
alarma, los plazos para solicitar la calificación sustitutoria y para interponer recurso ante 
esta  Dirección  General,  de  conformidad  con  lo  dispuesto,  respectivamente,  en  los 
artículos 19 bis, párrafo 4.º, regla 1.ª, y 326, párrafo 2.º, de la Ley Hipotecaria, se 
computarán a partir del 1 de junio de 2020.
Octavo.
Si notificada la calificación negativa durante el estado de alarma, hubiese sido objeto 
de recurso ante esta Dirección General, el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución establecido en el artículo 327, párrafo 9.º, de la Ley Hipotecaria se computará 
a partir del 1 de junio de 2020.
Noveno.
El cómputo de los plazos señalados en meses, iniciados antes de la entrada en vigor 
del estado de alarma y que hubiesen quedado suspendidos en virtud de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se reanudará el día 1 de 
junio de 2020.
Décimo.
Una vez determinado, conforme al artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el que habría 
sido día final de los plazos señalados en meses si no hubieran sido suspendidos, se 
añadirá,  sin  solución  de  continuidad,  el  número  de  días  que  hubiese  durado  la 
suspensión y al último día que resulte se le aplicará, en su caso, lo dispuesto en el 
artículo 30.5 de la citada ley.
Undécimo.
El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales que hubiesen 
quedado suspendidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, es decir, asientos de presentación, anotaciones preventivas, 
menciones, notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles 
de cancelación por el transcurso del tiempo, seguirá en suspenso hasta el levantamiento 
de la suspensión en este ámbito. Lo mismo ocurrirá en relación con los plazos para 
formular alegaciones en los expedientes del artículo 199 de la Ley Hipotecaria y demás 
procedimientos registrales.
Duodécimo.
El cómputo del plazo señalado en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital 
para que el socio solicite del registrador la designación de un auditor que verifique las 
cuentas anuales de la sociedad se extenderá hasta el final del plazo establecido para su 
formulación en el artículo 40.3 del Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Madrid, 28 de mayo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. e.