BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 81377
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11309 Pleno. Auto 65/2021, de 1 de junio de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 
1431-2021. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 1431-2021, 
planteada por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de 
Mallorca en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 2/2020, 
de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19.
ECLI:ES:TC:2021:65A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en la 
cuestión  de  inconstitucionalidad  número  1431-2021,  promovida  por  el  Juzgado 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca respecto de la disposición 
transitoria  primera  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de  medidas  urgentes  y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  El 11 de marzo de 2021 tuvo entrada en el registro general de este tribunal oficio 
del  Juzgado  Contencioso-Administrativo  núm.  3  de  Palma  de  Mallorca,  al  que  se 
acompañaba, junto con un «CD» que contenía escritos presentados y resoluciones 
dictadas  en  la  pieza  de  medidas  cautelarísimas  núm.  1-2021  tramitada  en  el 
procedimiento ordinario núm. 16-2021 seguido ante dicho juzgado, el auto de fecha 24 
de febrero de 2021 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad 
respecto de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, por vulnerar la 
legislación básica [disposición final tercera y apartado c) del punto 4 del artículo 24 de la 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques nacionales].
2.  Los  antecedentes  de  hecho  relevantes  para  el  examen  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad planteada son, sucintamente expuestos, los siguientes: s
a)  El 30 de marzo de 2019, se publicó el anuncio de licitación del concurso para el  w.
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de su director gerente de 26 de marzo de 2019. La entidad Excursions a Cabrera, S.L.,
interpuso contra dicha resolución recurso especial en materia de contratación ante el 
Tribunal Administrativo Especial de Recursos Contractuales.
b)  Por resolución del presidente del Instituto Balear de la Naturaleza de 10 de mayo 
de 2019 se acordó suspender la tramitación del indicado concurso público, aludiendo a la 
solicitud de medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación interesada en 
los recursos interpuestos, entre otros, por la entidad Excursions a Cabrera, S.L. Contra 
dicha resolución, la referida entidad interpuso recurso de reposición. Este recurso y su 
tramitación no forman parte del contencioso administrativo que motiva el planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad.
c)  El 16 de enero de 2021, el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» («BOIB»), publicó 
el acuerdo del consejo de administración del Instituto Balear de la Naturaleza por el que 
se declaraba la pérdida sobrevenida de objeto del expediente relativo al concurso público 
para  el  otorgamiento  de  autorizaciones  administrativas  relativas  al  transporte  de 
visitantes al parque nacional marítimo terrestre del archipiélago de Cabrera (expediente 
AA1-2019). El contenido de dicho acuerdo disponía:
«El consejo de administración del IBANAT [Instituto Balear de la Naturaleza], en la 
sesión que tuvo lugar el 23 de diciembre de 2020 a propuesta del director gerente adoptó 
el acuerdo siguiente:
Primero.–Declarar la pérdida del objeto en la tramitación del concurso público para el 
otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas al transporte de visitantes al 
parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera promovido por el IBANAT 
(exp. AA 1-2019) a causa de la aprobación de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes 
Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Segundo.–Inadmitir los recursos de alzada interpuestos por el señor Rafael Velasco 
Fernández, las empresas Excursions a Cabrera, S.L., y Cabrera Sea Fun, S.L., y la 
Asociación Patronal de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), formulados contra 
las resoluciones del director gerente de fechas 18 y 26 de marzo de 2019, contra el 
acuerdo del consejo de administración de 6 de marzo de 2019 y otros que de manera 
genérica no se detallan en los recursos de manera directa y contra el anuncio de 
licitación y el pliego de bases que rigen en el procedimiento, todo en relación con el 
concurso público para el otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas al 
transporte de visitantes al parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera 
promovido por el IBANAT (exp. AA 1-2019) por pérdida sobrevenida de su objeto.
Tercero.–Levantar la suspensión del procedimiento adoptada mediante resolución del 
presidente del IBANAT de 10 de mayo de 2019.»
d)  Contra el acuerdo del consejo de administración del citado Instituto, con fecha 
de  21  de  enero  de  2021  se  interpuso  recurso  contencioso-administrativo  por  el 
procurador de los tribunales don Gabriel Tomás Gili, en representación de la entidad 
Excursions a Cabrera, S.L., solicitándose –mediante otrosí– medida cautelar urgente 
consistente en suspensión del citado procedimiento de selección. El recurrente también 
interesó el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición 
transitoria  primera  de  la  Ley  2/2020,  de  15  de  octubre,  de  medidas  urgentes  y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para  s
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, por vulnerar el art. 20 de la  oe.
Ley 30/2014, de 3 de diciembre y el art. 149.1.23 CE. 9ww.
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de 22 de enero de 2021, el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de
Mallorca,  denegó  la  medida  cautelar  provisionalísima  solicitada,  continuándose  la
tramitación de la medida cautelar con arreglo a lo dispuesto en los artículos 131 y ss., de 
la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), concediéndose en el mismo 
auto un plazo de diez días a la administración demandada para formular alegaciones.
f)  Por escrito de 4 de febrero de 2021, la administración demandada se opuso a la 
medida  de  suspensión,  razonando  contra  la  pretendida  declaración  de 
inconstitucionalidad de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de las 
Illes Balears 2/2020, de 15 de octubre, añadiendo que la existencia o inexistencia de 
inconstitucionalidad de una norma con rango de ley no es cuestión que deba debatirse ni 
resolverse en el trámite de decisión sobre medidas cautelares, e indicando que tampoco 
su conformidad o no con la Constitución es relevante para el otorgamiento de medida 
cautelar alguna. Por otra parte descarta que concurran los requisitos que exigen los 
arts. 129 y 130 LJCA, al no existir la apariencia de buen derecho ni el periculum in mora 
necesarios para adoptar la medida cautelar.
En relación con este segundo presupuesto de la medida cautelar, recuerda que 
conforme al art. 130.1, inciso segundo LJCA, «la medida cautelar podrá acordarse 
únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer 
perder su finalidad legítima al recurso». Indica que tal presupuesto no existe pues: (i) los 
transportes colectivos al parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera 
se prorrogaron, hasta el 31 de diciembre de 2020, respecto de las autorizaciones ya 
concedidas (conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley del Parlamento de las 
Illes Balears 2/2020, de 15 de octubre) y, a partir del 1 de enero de 2021, la disposición 
transitoria primera de esa misma Ley 2/2020, de 15 de octubre, permite dicho transporte 
colectivo conforme a lo establecido en el punto 3 de la misma –pudiéndose solicitar la 
autorización entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año en curso– hasta que se 
apruebe el nuevo plan rector de usos y gestión (PRUG) o se modifique el actual; (ii) nada 
impide a la entidad actora solicitar y, en su caso, obtener dicha autorización con arreglo a 
dicha norma; (iii) en el caso de que la nueva situación le causara perjuicios económicos 
que no tuviera el deber de soportar y así lo demostrara, esos perjuicios siempre serían 
resarcibles y no conllevarían la pérdida de la finalidad legítima del recurso.
Finalmente, añade que no se acredita que la regulación actual ocasione perjuicios 
irreparables para el interés general, y, al propio tiempo entiende que la suspensión 
interesada perjudicaría el interés de terceros que quisieran solicitar dicha autorización en 
el modo ahora vigente.
g)  Consta en las actuaciones un informe del fiscal, fechado el 26 de enero de 2021, 
en el que indica que resulta competente para el enjuiciamiento y fallo de la cuestión 
litigiosa suscitada por la entidad demandante, y, que debe admitirse y dar lugar a la 
medida cautelarísima interesada. El fiscal señala en su informe que «con adhesión 
expresa a la totalidad de los argumentos expuestos por la entidad demandante en su 
escrito de fecha 19 de enero de 2021 y relativos a la fundamentación jurídica de la 
medida  cautelarísima  que  se  solicita,  esta  fiscalía,  como  garante  del  principio  de 
legalidad,  no  puede  admitir  los  indicios,  no  de  discrecionalidad,  sino  de  evidente 
arbitrariedad administrativa que ha permitido a un organismo público –el Instituto Balear 
de la Naturaleza– modificar a su antojo un marco normativo con utilización de vías 
dudosamente legales, perjudicando los legítimos derechos de la entidad concesionaria».
h)  Por diligencia de ordenación de 9 de febrero de 2021, se interesa del Ministerio 
Fiscal que aclare, en un plazo de tres días, «si ha habido un error puesto que el traslado 
que se le confirió fue para que alegase respecto a la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por la parte actora y sobre la suspensión de la tramitación del pleito hasta que  s
se resuelva la cuestión de inconstitucionalidad en el supuesto en que se acceda a  oe.
plantearse la reseñada cuestión» (sic). w.
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cuestión de inconstitucionalidad, así como el artículo constitucional que se considera 
incumplido. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional que formula la parte 
demandante, el fiscal no se opone a dicha solicitud de suspensión de las actuaciones» 
(sic). Sin dictar la providencia prevista en el art. 35 LOTC, por el órgano judicial mediante 
auto de 24 de febrero de 2021 se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad 
respecto de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de las Illes 
Balears 2/2020, de 15 de octubre.
3.  El auto de planteamiento comienza su razonamiento jurídico identificando el acto 
impugnado en el procedimiento, esto es, el acuerdo del consejo de administración del 
Instituto Balear de la Naturaleza de 23 de diciembre de 2020 por el que se declaró la 
pérdida  sobrevenida  de  objeto  del  expediente  relativo  al  concurso  público  para  el 
otorgamiento de autorizaciones administrativas relativas al transporte de visitantes al 
parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (expediente AA 1-2019). 
Indica que el expediente de contratación se basaba en las previsiones del plan rector de 
usos y gestión, aprobado mediante el Decreto del Gobierno de las Illes Balears 58/2006, 
de 1 de julio, transcribiendo el apartado 2.3.5, dedicado al transporte colectivo al citado 
parque nacional.
Señala que la causa de la pérdida de objeto viene determinada por la aprobación de 
la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de  la  actividad  económica  y  la  simplificación  administrativa  en  el  ámbito  de  las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19 («BOIB» núm. 180, de 20 de octubre de 2020). Trascribe su 
disposición transitoria primera, relativa al «régimen de acceso de visitantes en transporte 
colectivo al parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera», aclarando 
que dicha disposición fue incorporada al texto legal durante la tramitación parlamentaria 
del Decreto-ley del Gobierno de las Illes Balears 8/2020, de 13 de mayo.
A continuación, recoge el contenido del art. 20 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 
de Parques Nacionales, que se refiere a «[l]os planes rectores de uso y gestión», y 
afirma  su  carácter  de  legislación  básica  de  conformidad  con  lo  que  establece  su 
disposición final tercera. Añade, que el apartado c) del punto 4 del artículo 24 de dicho 
texto legal incluye entre las funciones del patronato del parque nacional la de «informar 
el plan rector de uso y gestión y sus modificaciones, así como los planes de trabajo e 
inversiones, o cualquier desarrollo sectorial derivados del mismo».
Tras reproducir el art. 35 LOTC, indica que el acto impugnado se basó, única y 
exclusivamente,  en  el  cambio  operado  por  la  entrada  en  vigor  de  la  disposición 
transitoria primera de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 2/2020, «de forma que, 
para poder decidir si se ajustó o no a derecho, en definitiva, deberá apreciarse si ese 
cambio legislativo se adecuaba a las previsiones del bloque de constitucionalidad sobre 
la materia. Es capital, por tanto, examinar si las previsiones de la citada disposición 
transitoria se ajustan a la normativa básica que regula la materia, ya que, caso de que se 
considere que ello es así, habrá que plantear la cuestión de inconstitucionalidad […]. No 
cabe duda, por tanto, que nos encontramos ante una norma con rango de ley aplicable al 
caso y de cuya validez depende el fallo, tal como reza el punto 1 del artículo 35 LOTC».
Añade, en cuanto al momento procesal oportuno para efectuar el planteamiento, que 
coincide con la parte actora en que es este el momento, inmediatamente antes de 
resolver la citada pieza de medidas cautelares mediante auto, pues, como señala el 
artículo 35.2 LOTC, el órgano judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el 
procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que  e.
procediese. Afirma, que «una vez formuladas alegaciones por las partes y el Ministerio  w.b
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terrestre del archipiélago de Cabrera, debe ajustarse a su contenido cuando aprueben
normas de desarrollo de la misma en virtud del mecanismo bases-desarrollo previsto en 
el texto constitucional (art. 149.1.23 CE, en relación con el art. 30.46 EAIB).
Sostiene que la Ley 30/2014, al referirse a la elaboración y aprobación de los planes 
rectores de uso y gestión, contiene una serie de previsiones que fueron obviadas por la 
comunidad autónoma cuando aprobó la disposición transitoria primera de la Ley del 
Parlamento de las Illes Balears 2/2020 sin atender a tales trámites y procedimientos, 
mediante la incorporación de dicha disposición al texto legal. Esos trámites, tal como 
detalla la parte actora en el escrito de interposición del recurso venían referidos a la 
audiencia  a  los  interesados,  trámite  de  información  pública,  consulta  a  las 
administraciones afectadas e informe de las administraciones competentes en materia 
urbanística (que en este caso serían el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de 
Palma), así como informe previo del Consejo de la Red de Parques Nacionales. Esos 
trámites, forman parte de la legislación básica estatal, de tal manera que la modificación 
introducida mediante la referida disposición transitoria viene a suponer de facto una 
modificación del plan rector de uso y gestión aprobado mediante el Decreto del Gobierno 
de las Illes Balears 58/2006, de 1 de julio, cuyo apartado 2.3.5 queda suspendido por la 
disposición  legal  que  ahora  se  cuestiona.  Aunque  sea  de  modo  transitorio,  la 
modificación no se ajustó a las previsiones contenidas en la legislación básica.
Ello  supone  alterar  de  forma  irregular  el  sistema  de  planificación  ordinaria 
expresamente regulado por ley estatal para la elaboración del plan rector de uso y 
gestión,  incumpliendo  así  los  requisitos  previstos  en  la  norma  estatal,  y  significa 
transcender  los  límites  de  la  posibilidad  de  actuación  de  la  comunidad  autónoma, 
aprobando una disposición legal que modifica ese plan en lugar de cumplir los trámites 
de los artículos 20 y concordantes de la Ley 30/2014, que constituye normativa básica. 
En suma, implica desconocer el bloque de la constitucionalidad en esta materia, y, por 
ende, incurrir en extralimitación legal en contravención del artículo 149.1.23 CE; es decir, 
incurre en inconstitucionalidad, lo que obliga a plantear la cuestión ante el órgano 
competente, el Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 35 LOTC.
A ello añade que no constan en el texto de la enmienda parlamentaria que dio lugar a 
la  norma  ahora  cuestionada,  ni  en  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley,  ninguna 
justificación de la inclusión de la disposición transitoria en una norma cuya finalidad 
venía dada por el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en 
el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de 
la crisis ocasionada por la COVID-19 (según su propia denominación). Ello, a juicio del 
órgano judicial promovente de la cuestión, hace aún más inexplicable su encaje en ese 
contexto, al margen del sistema de fuentes constitucional y estatutariamente establecido.
Por ello plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición transitoria 
primera de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para 
el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones  públicas  de  las  Illes  Balears  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, por vulnerar la legislación básica y, en consecuencia, el 
artículo 149.1.23 CE.
4.  Por  providencia  de  20  de  abril  de  2021,  la  Sección  Segunda  del  Tribunal 
Constitucional acordó oír a la fiscal general del Estado, a los efectos que determina el 
art. 37.1 LOTC, para que en el plazo de diez días alegue lo que considere conveniente 
acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación 
con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC).
5.  La  fiscal  general  del  Estado  presentó  sus  alegaciones  mediante  escrito  bo
registrado en este tribunal el 25 de mayo de 2021, interesando la inadmisión de la  9w
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constitucionalidad de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de las 
Illes Balears 2/2020.
Comienza  sus  alegaciones  exponiendo  los  antecedentes  administrativos  y 
procesales que preceden al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, así 
como el contenido de la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de las 
Illes  Balears  2/2020  cuestionada,  y  del  auto  de  planteamiento  de  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad. Con carácter previo destaca que nada impide al órgano judicial 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad en una pieza de medidas cautelares.
En primer lugar, examina el cumplimiento de los requisitos procesales previstos en el 
art. 35.2 LOTC. Tras exponer la doctrina del Tribunal Constitucional relativa al trámite de 
audiencia  a  las  partes  (ATC  267/2013,  FJ  3),  refiere,  con  nueva  alusión  a  los 
antecedentes del procedimiento contencioso-administrativo, que no se han cumplido los 
presupuestos procedimentales del art. 35.2 LOTC, pues el órgano judicial, antes de 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad no ha oído a las partes y al Ministerio Fiscal, 
identificando la norma legal cuestionada y los preceptos constitucionales que infringiría, 
permitiendo  de  este  modo  que  las  partes  se  pronunciaran  sobre  la  duda  de 
constitucionalidad.
A continuación, se detiene a examinar si el órgano judicial ha dado cumplimiento al 
juicio de aplicabilidad y relevancia. En relación con el juicio de aplicabilidad indica que el 
auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no logra precisar que la 
decisión del procedimiento cautelar, esto es, la adopción o no de la medida cautelar 
demandada  por  la  mercantil,  depende  enteramente  de  la  constitucionalidad  de  la 
disposición  cuestionada.  Finalmente,  indica  que  tampoco  cumple  con  el  juicio  de 
relevancia, en tanto que para adoptar la medida cautelar deben concurrir los requisitos 
exigidos por los arts. 129 a 135 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa,  y  el  auto  de  planteamiento  no  contiene  ningún  argumento  sobre  la 
concurrencia de los presupuestos para adoptar dicha medida cautelar.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca plantea 
cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición transitoria primera de la Ley 
del Parlamento de las Illes Balears 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Según el órgano judicial 
proponente,  cabría  sostener  que  la  disposición  cuestionada  ha  desconocido  la 
legislación estatal básica y el art. 149.1.23 CE, en relación con el art. 30.46 EAIB. En 
concreto, la referida disposición habría infringido la disposición final tercera y el apartado 
c) del punto 4 del artículo 24 de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de parques 
nacionales que, al referirse a la elaboración y aprobación de los planes rectores de uso y 
gestión,  contiene  una  serie  de  previsiones  que  fueron  obviadas  por  la  comunidad 
autónoma cuando aprobó la controvertida disposición transitoria primera.
La  fiscal  general  del  Estado,  en  el  trámite  previsto  en  el  art.  37.1  LOTC,  ha 
argumentado que la presente cuestión de inconstitucionalidad debe ser inadmitida por no 
cumplir  ni  el  trámite  de  audiencia  previsto  en  el  art.  35.2  LOTC,  ni  el  juicio  de 
aplicabilidad y relevancia.
2.  Con  carácter  preliminar,  ha  de  enjuiciarse  el  cumplimiento  del  requisito  de  e.e
admisibilidad aludido por la fiscal general del Estado en la presente fase de admisión, a  b
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cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales. Entre las
citadas condiciones procesales debe incluirse el trámite de audiencia a las partes y al 
Ministerio Fiscal, previsto en el art. 35.2 de la misma ley, para que puedan alegar sobre 
la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El citado trámite, como 
hemos  indicado  en  anteriores  ocasiones,  tiene  el  doble  objetivo  de  garantizar  la 
audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal ante una posible decisión judicial de tanta 
entidad como es el abrir un proceso de inconstitucionalidad y poner a disposición del 
juez un medio que le permita conocer la opinión de los sujetos interesados con el fin de 
facilitar su reflexión sobre la conveniencia o no de proceder a la apertura de dicho 
proceso; se trata, por lo tanto, de un requisito de todo punto inexcusable y cuya eventual 
omisión constituiría un defecto en el modo de proposición de la cuestión que permitiría, 
tras el trámite de admisión previsto en el art. 37 LOTC, la inadmisión de la cuestión así 
suscitada (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 4, y ATC 136/1995, de 9 de mayo, FJ 
único).
3.  Del examen de las actuaciones resulta que el órgano judicial ha planteado la 
cuestión de inconstitucionalidad sin cumplir el requisito de la audiencia a las partes y al 
Ministerio Fiscal (art. 35.2 LOTC). En efecto, el Juzgado Contencioso-Administrativo 
núm. 3 de Palma de Mallorca, denegó la medida cautelar provisionalísima solicitada en 
el escrito de interposición del procedimiento contencioso-administrativo y concedió un 
plazo de diez días a la administración demandada para que formulara alegaciones. Esta, 
aprovechando dicho trámite se opuso a las pretensiones del demandante, tanto en lo 
relativo a la concesión de medida cautelar como en relación con el planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad que solicitaba en el escrito de interposición del recurso 
contencioso administrativo. En la mencionada resolución no consta que se diera traslado 
alguno  al  Ministerio  Fiscal  para  que  se  pronunciara  sobre  las  pretensiones  del 
recurrente, sin embargo, de las actuaciones resulta que el fiscal emitió un informe 
mostrándose a favor de la adopción de la medida cautelar interesada, sin informar, al no 
haberse abierto el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC sobre la procedencia del 
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Pese a que el órgano judicial no había acordado oír a las partes y al Ministerio Fiscal 
para que en el plazo común de diez días pudieran alegar lo que consideraran pertinente 
sobre  el  planteamiento  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad,  la  letrada  de  la 
administración de justicia dictó una diligencia de ordenación por la que solicitó al fiscal 
que  aclarara  su  ausencia  de  posicionamiento  en  relación  con  «la  cuestión  de 
inconstitucionalidad planteada por la actora». El fiscal dio respuesta a dicho traslado 
solicitando al órgano judicial que procediera a la apertura del trámite procesal previsto en 
el art. 35 LOTC, y concretara la norma legal que puede ser objeto de cuestión de 
inconstitucionalidad, así como el artículo constitucional que se considera incumplido. El 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca, pese a lo alegado 
por  el  Ministerio  Fiscal,  no  abrió  dicho  trámite  procesal,  y  planteó  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad.
Con dicho proceder el juzgado no precisó el precepto o preceptos cuestionables ni 
los motivos de inconstitucionalidad, sino que, mediante diligencia de ordenación de la 
letrada de la administración de justicia, el órgano judicial se limitó a dar audiencia 
expresamente  al  fiscal,  pues  la  audiencia  a  la  parte  demandada  debe  entenderse 
implícita, en relación con «la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la actora». 
Es cierto que la actora, en su extenso y argumentado escrito de interposición del recurso 
contencioso-administrativo, formuló un alegato específico sobre la inconstitucionalidad 
de la disposición transitoria luego cuestionada, pero no lo es menos que le corresponde  e.
al órgano judicial abrir expresamente el trámite del art. 35.2 LOTC en los términos  w.b
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doctrina constitucional, le son inherentes: garantizar una efectiva y real audiencia de las
partes –de todas, y no solo de las personadas en el incidente cautelar– y del Ministerio 
Fiscal ante una posible decisión de tanta entidad; y facilitar el examen por parte de este 
tribunal acerca de la viabilidad de la cuestión misma y de su alcance. La importancia de 
la audiencia del art. 35.2 LOTC, no puede minimizarse reduciéndola a un simple traslado 
del escrito de la parte en que se propone su planteamiento. Resulta, pues, inexcusable 
que en el trámite de audiencia se identifique por el juez o tribunal el precepto o preceptos 
que se consideren vulnerados, así como que el juez quede vinculado a elevar la cuestión 
de inconstitucionalidad sobre los preceptos sometidos a este trámite de alegaciones.
Al no haber procedido de este modo el órgano judicial, y al otorgar la audiencia de 
modo implícito por el mero traslado del escrito de la actora ha incurrido, como bien 
expone el Ministerio Fiscal en su informe, en la causa de inadmisibilidad consistente en 
la falta de una de las condiciones procesales (art. 37.1 LOTC), la relativa a la audiencia 
de las partes. De este modo, la omisión del trámite de audiencia no hace posible el 
cumplimiento del fin que lo justifica, esto es, la efectiva intervención de las partes en el 
proceso de formación del criterio judicial a propósito de la necesidad de cuestionar ante 
este tribunal una norma con valor de ley (ATC 56/1997, de 25 de febrero, FJ 1).
Es  por  ello  que  los  defectos  señalados  en  el  preceptivo  trámite  de  audiencia, 
determinan la inadmisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad y hacen 
innecesario el examen de los otros defectos advertidos por la fiscal en sus alegaciones, 
puesto que, al resultar insubsanable la omisión de los requisitos a que se refiere el 
art. 35.2 LOTC, no es necesario que este tribunal entre a examinar ni el resto de los 
obstáculos procesales para la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, ni el 
objeto de la misma.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  a  uno  de  junio  de  dos  mil  veintiuno.–Juan  José  González  Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
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