BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Miércoles 4 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 95064
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
13269 Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el 
marco  del  Programa  de  Regeneración  y  Reto  Demográfico  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. 
Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha por parte de la Comisión 
Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al 
proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir 
de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto el Gobierno ha aprobado 
el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española. Este Plan ha 
sido aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo 
de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, que 
requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los 
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las 
componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, 
de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
Este  Plan  tiene  entre  sus  objetivos  que  nuestro  país  apueste  por  la 
descarbonización,  invirtiendo  en  infraestructuras  verdes,  de  manera  que  se  transite 
desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema  energético  limpio,  siendo  la  transición 
ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión 
Europea  en  marzo  de  2020,  que  proporciona  el  marco  director  del  programa  de 
inversiones y reformas para una transición medioambiental justa que desarrolle las 
capacidades estratégicas de la economía verde.
Por otro lado, las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
están completamente alineadas con las siete iniciativas emblemáticas europeas (flagship 
initiatives) presentadas por la Comisión Europea en la Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible 2021. e.
En  este  contexto,  deben  llevarse  a  cabo  medidas  en  el  marco  del  Mecanismo  w.b
Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241  269ww
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cumplimiento de los objetivos y las metas pertinentes, en los plazos que se establezcan.
La rápida absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación del nivel 
de empleo y actividad económica y también resultará clave para la transformación del 
modelo económico español, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y 
social.
La consecución de los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización 
de las energías renovables establecidos en las anteriores disposiciones normativas, así 
como los objetivos incluidos en el PNIEC 2021-2030, requieren abordar un proceso de 
transición energética que permita reducir paulatinamente la demanda energética de los 
edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, 
introducir tecnologías de alta eficiencia energética así como fomentar las energías de 
origen renovable y el autoconsumo.
La  transición  ecológica,  así  como  la  cohesión  territorial  y  la  lucha  contra  la 
despoblación, son dos de los cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, de forma transversal en el Plan, se 
ha articulado un conjunto de 130 medidas para el reto demográfico orientadas a zonas 
rurales y pequeños municipios, entre ellas, las incluidas dentro de su componente 2, 
denominado «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana». Dentro la inversión C2.I4 «Programa de regeneración y 
reto demográfico» prevista por dicho componente 2 se incluye, como una línea de 
actuación, el Programa de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en 
municipios  de  reto  demográfico  (en  adelante,  PROGRAMA  DUS  5000)  que  se 
implementa mediante este real decreto. Este programa es sinérgico con otros incluidos 
en  la  citada  Inversión  4  del  Componente  2:  el  programa  PREE  5.000  ligado  a  la 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos 
de 5.000 habitantes, y el programa de ayudas a proyectos singulares e innovadores en 
dichos municipios y núcleos.
El  marco  general  de  la  inversión  C2.I4  «Programa  de  regeneración  y  reto 
demográfico»  pretende  incentivar  proyectos  singulares  locales  de  energía  limpia  y 
proyectos integrales que combinen distintas tipologías de actuaciones, proporcionen una 
solución global a empresas y familias, o se basen en mecanismos de participación social 
o público-privada como las comunidades de energías renovables. La inversión prevista 
por  el  mismo  va  específicamente  dirigida  a  municipios  y  núcleos  no  urbanos  de 
hasta  5.000  habitantes,  pero  es  sinérgica  con  inversiones  en  otros  componentes 
(especialmente los Componentes 1, 7 y 11, relativos a movilidad, renovables y transición 
energética de la Administración) que contienen un tratamiento específico para municipios 
y núcleos de baja población. Con ello, se pretende maximizar el impacto en cohesión 
social, contribuyendo a dirigir inversiones a territorios en declive demográfico.
En cuanto al campo de intervención de este programa, se vertebra en distintas 
tipologías de inversión, todas ellas ligadas al ámbito energético: mejora de la eficiencia 
energética de edificios e infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso 
de la movilidad sostenible, todos ellos correspondientes a campos de intervención con 
una contribución climática del 100%, lo que se deberá conseguir, en todo caso, mediante 
una reducción de las emisiones de CO , teniendo en cuenta el principio de «no causar 
2
un  perjuicio  significativo»  (do  not  significant  harm)  a  ninguno  de  los  objetivos 
medioambientales  establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  2020/852,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. s
II 269ww
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públicas de mejora de la eficiencia energética en edificios (con un ahorro de energía
primaria  de,  al  menos,  el  30 %,  acreditado  mediante  certificados  de  eficiencia  Bc
energética) e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes y, en 
particular, del autoconsumo, así como de movilidad sostenible, facilitando el cambio 
modal  y  garantizando  la  participación  de  los  municipios  en  el  despliegue  de  la 
infraestructura  de  recarga  e  impulso  del  vehículo  eléctrico,  y  medidas  de  ahorro 
energético  y  reducción  de  la  contaminación  lumínica  mediante  la  mejora  de  la 
iluminación pública.
Por  otra  parte,  dentro  del  marco  definido  por  la  Estrategia  Nacional  de  Reto 
Demográfico, los municipios a los que van dirigidas las ayudas establecidas por este real 
decreto constituyen un colectivo de prioridad sobre los que establecer unas ayudas 
específicas.  El  fenómeno  de  la  despoblación  se  aprecia  a  escala  municipal  y  es 
eminentemente rural: de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden 
población.  En  España,  hay  6.827  municipios  que  concentran  a  5,69  millones  de 
personas, el 12 % de la población total española (censo de 1 de enero de 2020). En la 
última década, han perdido población 8 de cada 10 de estos municipios, de manera que, 
en conjunto, estos municipios tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En 
municipios de menos de 1.000 habitantes, la despoblación llega al 86% de los casi 5.000 
municipios, que han perdido más de 200.000 habitantes en la última década.
El trabajo conjunto y complementario entre diferentes administraciones en todo el 
territorio  nacional  es  imprescindible  para  el  desarrollo  de  planes  y  programas 
equilibrados, efectivos y vertebradores que garanticen la óptima puesta en marcha y 
aplicación de una adecuada política energética en beneficio de la administración pública, 
de todos los agentes del sector energético implicados y de la población en general. Esto 
resulta especialmente relevante cuando se trata de políticas dirigidas a afrontar el reto 
demográfico para garantizar la necesaria cohesión social y territorial y, por tanto, cuando 
las actuaciones de las administraciones competentes se dirigen a municipios de pequeño 
tamaño, particularmente, de hasta 5.000 habitantes.
La  mejora  de  los  servicios  y  de  las  instalaciones  e  infraestructuras  de  estos 
municipios, aprovechando los canales de comunicación y colaboración entre el Gobierno 
y, entre otras, las Administraciones públicas supramunicipales y locales, así como la 
organización técnica y administrativa creada al efecto, los instrumentos de cogestión 
puestos en marcha y la activación de inversiones en ahorro y eficiencia energética y 
energías renovables, en muchos casos, puede llevar asociados beneficios adicionales 
que hacen más atractiva la residencia en dichos municipios o la instalación en los 
mismos  de  pequeños  negocios.  Por  ejemplo,  las  reformas  y  adecuación  de  las 
instalaciones de alumbrado o las mejoras en las instalaciones energéticas de edificios 
dotacionales con la utilización de energías renovables pueden incluso llegar a abaratar 
los  servicios  ofrecidos  por  estos  ayuntamientos  a  sus  habitantes,  en  el  caso  de 
polideportivos,  piscinas  municipales,  etc.  Además,  los  ayuntamientos  de  estos 
municipios en ocasiones tienen que hacer frente a pagos desproporcionados de facturas 
energéticas por disponer de instalaciones obsoletas, agravados por la diseminación de la 
población en diferentes núcleos de baja concentración (aldeas, pedanías, etc.). Estos 
núcleos,  formalmente  entidades  singulares  de  población,  están  identificados  en  el 
Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante su correspondiente 
denominación y código de 9 cifras, lo cual permite un seguimiento oficial de su evolución 
demográfica.
Las medidas de movilidad en muchas ocasiones también son un vector para la 
potenciación económica de zonas en riesgo de despoblación, al hacer más accesibles 
zonas céntricas de las poblaciones que concentran los servicios públicos, facilitando  s
desplazamientos  entre  distintos  núcleos  poblacionales,  a  menudo  con  menores  oe.
dotaciones de transporte público y redundando en la mejora de la calidad de vida en  w.
esos municipios, teniendo incidencia también en la potencialización del turismo e incluso  269ww
en ePl odre úsaltirmrooll,o y d een n seignoecrgioias  lcoocna lleass. medidas a adoptar en el ámbito de la digitalización y
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accesible, tanto eléctrica como térmica, puede ser un catalizador de actividad y empleo 
en estas zonas.
III
Las ayudas reguladas por este real decreto serán financiadas con el Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que el 
PROGRAMA DUS 5000 se encuentra incluido como una de las líneas de actuación de la 
inversión C2.I4 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Componente 2, 
Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de Rehabilitación de vivienda y 
regeneración urbana, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A tal 
efecto, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 se ha previsto, en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al 
IDAE.  Para la promoción  de energías  renovables,  eficiencia energética y movilidad 
sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el 
libramiento de los correspondientes fondos a IDAE. Dentro de este crédito, de acuerdo 
con lo informado en las Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 
de mayo de 2021, se prevé destinar un presupuesto de al menos 150 millones de euros 
destinados a proyectos singulares locales de energía limpia objeto de estas ayudas, 
existiendo  la  posibilidad  de  ampliaciones  adicionales  en  los  ejercicios 
presupuestarios 2022 y 2023. Este real decreto establece una dotación inicial de 75 
millones de euros, que podrá ser objeto de ampliación en función de la demanda y 
desarrollo de los proyectos.
Por  ello,  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  ha 
procedido  a  su  ejecución  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de 
noviembre,  General  Presupuestaria  y  demás  normativa  reguladora,  habiéndose 
reconocido la obligación e instrumentado la correspondiente propuesta de pago con 
fecha 23 de julio de 2021, integrándose el mismo en el patrimonio neto del IDAE, 
conforme a su normativa contable reguladora. En consecuencia, con fecha 23 de julio 
de 2021 se ha emitido por IDAE el oportuno certificado de existencia de crédito para la 
financiación de las actuaciones previstas en el presente real decreto.
De conformidad con lo previsto en la regla séptima del artículo 7 de la referida 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, los ingresos por transferencias recibidas con cargo a la 
aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías 
renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia», están legalmente afectados a financiar proyectos o líneas de actuación 
integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En caso de no 
realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al Tesoro Público los fondos 
recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada. Asimismo, con la finalidad 
de permitir su seguimiento, en la formulación de las cuentas anuales, en el remanente de 
tesorería  afectado,  IDAE  distinguirá  la  parte  afectada  destinada  a  cubrir  estas 
actuaciones.
El buen desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se evalúa 
mediante los hitos y objetivos asignados a cada reforma e inversión, aprobados en el 
marco  del  mismo,  que  son  condición  indispensable  para  el  libramiento  de  los 
correspondientes fondos a nuestro país.
La gestión de estas ayudas se realiza por parte del IDAE para asegurar la plena  s
efectividad del presupuesto disponible y garantizar en todo el territorio español las  e.
mismas posibilidades de obtención y aplicación de las ayudas, asegurando la unidad de  w.
mercado. En este sentido, las actuaciones previstas en este programa se enmarcan en  269ww
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y 2006/32/CE, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, lo que confiere a las actuaciones contempladas en 
este real decreto un indudable enfoque supra autonómico que hace necesaria la gestión 
centralizada de las ayudas, evitando el fraccionamiento en su acceso. Asimismo, en el 
cumplimiento de estos objetivos, es muy importante la temprana realización de acciones 
de ahorro y de incremento del uso de energías renovables, ya que cuanto antes se 
ejecuten  antes  reactivarán  la  economía  y  el  empleo.  Por  ello,  resulta  de  capital 
importancia  superar  fronteras  económicas  y  regionales  mediante  la  adecuada, 
armonizada y uniforme aplicación de unos mismos criterios de selección de proyectos en 
todo el territorio nacional a todos los posibles interesados, evitando visiones parciales, 
incompletas y/o distintas inherentes a toda territorialización de ayudas.
De manera adicional, cabe destacar que este programa es heredero del denominado 
PROGRAMA DUS, articulado mediante el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa  operativo  FEDER  de  crecimiento  sostenible  2014-2020,  modificado 
posteriormente por el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril, y Real Decreto 1185/2020, 
de 29 de diciembre, por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones a 
proyectos singulares de entidades locales que favorecieran el paso a una economía baja 
en  carbono  en  el  marco  del  Programa  Operativo  FEDER  de  Crecimiento 
Sostenible 2014-2020.
El  programa  ya  cerrado  (PROGRAMA  DUS),  dirigido  a  entidades  locales,  fue 
gestionado de forma centralizada y finalizó su periodo de vigencia el 31 de diciembre 
de 2020; al cierre del mismo, se habían registrado solicitudes de ayuda en el programa 
por un importe total que superaba el presupuesto del que estaba dotado de tal forma que 
una proporción relevante de las mismas quedaron definitivamente desestimadas al no 
poder ser dotadas presupuestariamente. Dado el interés de los municipios por ejecutar 
proyectos que posibiliten la transición energética, en eficiencia energética, energías 
renovables y movilidad sostenible, y la importancia de las entidades locales, se articula 
mediante este real decreto un nuevo programa (PROGRAMA DUS 5000), que mantiene 
continuidad con el anterior en el modelo de gestión pero que atiende, adicionalmente, el 
reto de la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial al ir dirigido, de manera 
exclusiva,  a  los  municipios  de  hasta  5.000  habitantes  o  municipios  no  urbanos  de 
hasta  20.000  habitantes  en  los  que  todos  sus  núcleos,  o  entidades  singulares  de 
población sean de hasta 5.000 habitantes.
Por otra parte, el modelo de gestión de estas ayudas, así como los criterios de 
reserva  de  presupuesto  por  comunidades  autónomas,  han  sido  informados  y 
consensuados con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en las 
Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 de mayo de 2021.
El procedimiento de concesión de las ayudas será mediante concesión directa, dado 
que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, concurren razones de interés público, social y económico que 
justifican  la  dificultad  de  su  convocatoria  pública  en  concurrencia  competitiva.  En 
particular, la concesión directa de las ayudas se justifica teniendo en cuenta que la 
tipología de actuaciones a las que van dirigidas las ayudas no permiten su comparación 
entre  sí,  pero  contribuyen  a  progresar  en  los  objetivos  perseguidos  de  mejora 
medioambiental, disminución de emisiones de CO  y eficiencia energética, dado que se 
2
trata de incentivar la realización de actuaciones en municipios de reto demográfico que,  s
dada  su  singularidad,  precisan  contar  con  un  procedimiento  de  concesión  oe.
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medios y en las que se pueden producir plazos dilatados de licitación, adjudicación y
ejecución. Por esta razón, se requiere que estos programas permanezcan abiertos por
un periodo de tiempo razonable, por lo que, dado lo elevado del presupuesto y el corto 
periodo de tiempo requerido para resolver un procedimiento en concurrencia competitiva, 
la ejecución del presupuesto sería insuficiente para el adecuado aprovechamiento de los 
fondos europeos.
En definitiva, no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva por 
cuanto  las  entidades  beneficiarias  de  las  ayudas  previstas  por  este  real 
decreto son entidades públicas donde no cabe establecer ni parámetros comparativos 
que permitan su prelación ni otras posibles entidades o personas perceptores de tales 
fondos.
Por tanto, mediante este real decreto se establecen las normas especiales para la 
concesión directa de ayudas destinadas a subvencionar las inversiones que se realicen 
por las entidades locales beneficiarias para la implementación del programa de ayudas a 
proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de hasta 5.000 habitantes o 
municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades 
singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes (PROGRAMA DUS 5000).
La gestión de las ayudas, como entidad concedente, se realizará por la EPE Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.
Por otra parte, el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de 
ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y 
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas  térmicos  renovables  en  el  sector  residencial,  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  prevé  en  su  artículo  11  una  serie  de 
requisitos  relativos  a  la  realización  por  las  empresas  de  servicios  energéticos  de 
inversiones elegibles correspondientes a los programas de ayudas regulados en dicho 
real decreto en determinados ámbitos, siempre que el servicio energético se presté para 
determinadas empresas. Dada la importancia de facilitar que no sólo las empresas sino 
el conjunto de los consumidores, incluido el sector residencial y las administraciones 
públicas, puedan acceder a las energías renovables y el almacenamiento a través de 
todas las modalidades de oferta disponible en el mercado, incluida la de las empresas de 
servicios energéticos, se considera necesario modificar el citado real decreto al objeto de 
que estas empresas de servicios energéticos puedan ofertar y prestar sus servicios 
energéticos no sólo a determinadas empresas sino a cualesquiera destinatarios últimos 
de programas de ayudas aprobados por el citado real decreto.
IV
Las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular derivado de la 
necesidad de fomentar, en el corto plazo, la realización de proyectos de transición 
energética en un colectivo de prioridad, como son los municipios a los que van dirigidas 
las ayudas objeto de este real decreto, fomentando las inversiones verdes, de mejora de 
la eficiencia energética de los edificios, equipamiento e infraestructuras públicas, de 
generación  y  consumo  de  energías  renovables  en  general  y,  en  particular,  del 
autoconsumo,  y  de  movilidad  sostenible  en  los  mismos,  siendo  así  que  dicha 
singularidad  también  se  fundamenta  en  criterios  de  oportunidad,  que  implican  la 
exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de 
descarbonización previstos en todos los ámbitos.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que  s
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  e.
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de  w.
las comunidades autónomas, a través de las Conferencias Sectoriales de Energía de  269ww
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regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras 
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente  en  materia  de  eficiencia  energética  y  establece  estímulos  económicos  que 
facilitarán su mejor cumplimiento.
La norma cumple con el principio de transparencia, habiendo sido informadas las 
Entidades Locales destinatarias de la misma, representadas por la Federación Española 
de Municipios y Provincias, a través de la Conferencia Sectorial de Energía de 12 de 
mayo y la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE de 13 de 
mayo de 2021. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en su preámbulo y 
en la memoria que la acompaña.
Finalmente, se encuentra acreditado el principio de eficiencia porque la iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
En  la  tramitación  de  este  real  decreto,  adoptado  en  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  se  ha  aplicado  lo  previsto  por  los 
artículos 47 y 60 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose emitido 
informes por la Abogacía del Estado y formulado consulta a la Intervención Delegada en 
relación a la necesidad de informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61.2 del mismo.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de ayudas, con 
carácter  excepcional,  y  por  razones  de  interés  público,  social  y  económico,  a  las 
entidades previstas en el artículo 6 que realicen las inversiones correspondientes a la 
promoción y ejecución de uno o varios de los proyectos contemplados en el artículo 9, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 
relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.
2.  La finalidad de este real decreto es ejecutar el PROGRAMA DUS 5000, parte de 
la  inversión  C2.I4  (Programa  de  Regeneración  y  Reto  Demográfico)  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  dentro  de  la  Componente  2,  e.
«Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y  w.b
regeneración urbana», contribuyendo con ello a la descarbonización mediante el fomento  269ww
deen elragsía sin fvóesrisleiosn heass tean u nin sfriasteesmtrau cetunrearsg évtiecrod leims,p idoe. manera que se transite desde las
Res3ili.e nEcina  c(uPmRpTlRim),i eennto  eclo nR elog ldaimspeunetost o( UeEn )e 2l P02la1n/2 d4e1  Rdeecl uPpearralacmióenn, tTo raEnusrfooprmeoa cyió nd eyl 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular, la Comunicación 
de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»,  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos 
los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento del presente real 
decreto deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al 
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm») y 
las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las 
condiciones  específicas  asignadas  previstas  en  el  Componente  2,  así  como  en  la 
Inversión 4, en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio 
DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los 
apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Este real decreto será de aplicación a las entidades previstas en el artículo 6, 
que formulen sus solicitudes de ayuda para la realización por su parte de las inversiones 
correspondientes a la promoción y ejecución de uno o varios de los proyectos a los que 
se refiere el artículo 9.
2.  El ámbito territorial para la ejecución de los proyectos elegibles se circunscribe al 
territorio nacional conformado por los municipios denominados, a efectos de este real 
decreto, de reto demográfico, que serán aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes y 
los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades 
singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.
La determinación de la cifra de habitantes de estos municipios se realizará de 
acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el 
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2020. Las entidades singulares de población serán 
aquellas cuya denominación y código de 9 cifras figuran en el Nomenclátor del INE, y la 
determinación de su población a efectos de lo previsto en el párrafo anterior se realizará 
de acuerdo con lo publicado por éste. La caracterización de municipio «no urbano» se 
determinará de acuerdo con lo establecido en la publicación «Atlas Estadístico de las 
Áreas Urbanas» del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Se podrán añadir, en su caso, los nuevos municipios que pudieran cumplir estos 
requisitos de reto demográfico tras las revisiones y actualizaciones que puedan ser 
publicadas en ambas fuentes oficiales con posterioridad y mientras permanezca vigente 
el programa de ayudas en los términos del artículo 4.
A los efectos anteriores, el IDAE publicará en su sede electrónica, con carácter 
informativo y supeditado a las publicaciones oficiales antes referidas, listado de los 
municipios donde podrán realizarse las inversiones subvencionables correspondientes.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Estas ayudas se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto y las 
resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y supletoriamente por lo  es
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  bo
las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico  269ww
ddGeiceli neS2em.er acbtlrTeoeasr, m  Ppdbúoeibérl l nicEe oels .staq ddueoe   apspeali rcaaa pcerióul nea bñlaao n L 2em0y e21d11i d/2ya 0s2e 0lu ,r Rgdeeean 3lt e0Ds  depeca redratico i-ellaem yb mr3eo6,d /e2dr0en2 iPz0ar,e csdióuenp  u3de0es  tdoleas    OE-A-2021-13able en https://
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos recibidos 
por transferencia a IDAE procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, así como a las obligaciones de control, seguimiento de la 
ejecución y reingreso de fondos.
3.  Serán de aplicación el resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de 
la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de  aplicación,  particularmente,  las  que  se 
aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Artículo 4.  Vigencia.
Las ayudas que se regulan por este real decreto estarán en vigor desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio del plazo de 
inicio para la presentación de solicitudes que se establece en el artículo 12 de este real 
decreto, y hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b)  Que se cumpla un año natural desde el inicio del plazo para la presentación de 
solicitudes establecido en este real decreto.
Artículo 5.  Características y compatibilidad de las ayudas.
1.  Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como entidad concedente, a las entidades 
a las que se refiere el artículo 6 para financiar inversiones para la promoción y ejecución 
de uno o varios de los proyectos singulares locales de energía limpia a los que se refiere 
el artículo 9, siempre que se cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos en 
este real decreto, y teniendo en cuenta el orden de prelación correspondiente a la fecha 
de presentación de la correspondiente solicitud de ayuda por la entidad solicitante de 
que se trate, en el ámbito de la comunidad autónoma a la que pertenezca, y todo ello 
hasta agotar el presupuesto disponible por cada comunidad autónoma, de acuerdo con 
lo previsto en este real decreto o hasta que expire la vigencia del mismo, de acuerdo con 
lo especificado en el artículo 4.
El ahorro energético conseguido por el proyecto ejecutado podrá ser computado a 
efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de la 
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban  medidas  en  materia  de  energía  y  otros  ámbitos  para  la  reactivación 
económica, que extiende la vigencia del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética a un nuevo período de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
de diciembre de 2030.
2.  Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras ayudas o 
subvenciones para la misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera  s
Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales,  oe.
siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión  w.
Ecounro Lopater oaes, n aintsidcíe acndot mivsooos le,ic ln itioma nsptuoepr teedr eed beee ll racá o asydtueed cdalea lor ap srr uobylaevsec tnoac.iyóund, aasi slaod asmubevneten coio enne sc onqcuuer rehnacyiaa   2021-13269n https://ww
solicitado, obtenido o cobrado para las actuaciones objeto de las ayudas previstas en
este real decreto. Bc
Artículo 6.  Entidades beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas por este real decreto las 
siguientes  entidades,  siempre  que  realicen  proyectos  singulares  locales  de  energía 
limpia en los términos previstos en el artículo 9, y en el ámbito territorial previsto en el 
artículo 2:
a)  Las entidades locales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local.
b)  Cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente 
constituida y dotada de personalidad jurídica propia
c)  Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculadas a las 
Entidades  locales  territoriales  cuya  función  sea  la  gestión  directa  de  los  servicios 
públicos locales, siempre que dichos organismos o entidades no desarrollen actividad 
económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
d)  Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales y la Foral de Navarra.
2.  La condición de entidad beneficiaria de las ayudas implica que se asumen la 
totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, en los términos previstos 
por los artículos 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su 
reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como 
las obligaciones derivadas de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión 
Europea que pudieran resultar de aplicación en el ámbito de la ejecución y gestión tanto 
del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 7.  Requisitos y obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias estarán obligadas a comunicar de inmediato al IDAE, 
incluso durante la tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones 
inicialmente  informadas  con  la  documentación  que  acompañe  a  la  solicitud.  En 
consecuencia, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la tramitación 
de  la  solicitud  podrá  dar  lugar  a  la  modificación  o  revocación  de  la  resolución  de 
concesión, sin perjuicio de que la no comunicación de estas modificaciones sea causa 
suficiente para exigir el reintegro de la ayuda o, en su caso, declarar la pérdida del 
derecho a su percepción.
Por este motivo, constituye una obligación esencial de las entidades beneficiarias el 
atender a cualquier requerimiento de información que pudiera ser realizado por el órgano 
instructor, en cualquier fase de la tramitación, con el fin de conocer el estado de la misma 
en  relación  con  el  mantenimiento  de  las  condiciones  de  elegibilidad  que  hubieran 
determinado la concesión de la ayuda.
2.  No  podrán  obtener  la  condición  de  entidad  beneficiaria  de  las  ayudas  las 
entidades que no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del 
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La entidad beneficiaria deberá también 
encontrarse al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
3.  Se  consideran  obligaciones  esenciales  de  las  entidades  beneficiarias,  las  e.
siguientes: w.b
autoar)iz acEilo nbeesn enfeiccieasriaor iadse beenr ác aodbate mneorm ye nmtoa pnaternae lrle evanr  vai gcoarb olo sla  paecrtmuaiscoiósn, , lilcoesn ccuiaasle ys 
peoxpderádnie nsteer.  requeridos  por  el  IDAE  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
b)  Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, lo siguiente:
1.º  Por  la  naturaleza  de  las  entidades  beneficiarias,  el  procedimiento  de 
contratación de los suministros, obras y/o servicios necesarios para la ejecución de los 
proyectos previstos por este real decreto deberá estar sometido a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.º  La entidad beneficiaria deberá disponer, para su posible verificación, de toda la 
documentación del procedimiento de contratación, especialmente, de los criterios de 
valoración, la justificación de la selección de la oferta económicamente más ventajosa y 
las comunicaciones con los ofertantes. Asimismo, en el caso de contrato menor, la 
documentación  justificativa  relativa  a  la  adjudicación  y,  en  el  caso  de  utilizarse  el 
procedimiento de urgencia, aquella que justifique dicha urgencia.
3.º  En los documentos (pliegos, anuncios, etc.) que sustenten la contratación de los 
bienes y/o servicios a prestar, deberá hacerse constar expresamente la financiación del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como 
referencia  al  PROGRAMA  DUS  5000  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
4.º  No será admisible la inclusión de criterios de valoración discriminatorios o que 
alteren la concurrencia.
5.º  La prestación del servicio contratado debe ser demostrable y tendrá que estar 
verificada  y  aceptada  de  forma  previa  a  la  certificación  del  pago,  conforme  a  las 
condiciones que se establezcan en el contrato.
6.º  Para favorecer la eficacia y transparencia en el destino de los fondos públicos, 
los contratos deberán hacerse preferentemente mediante procedimiento abierto. En el 
caso de contratos de obras que vayan a ser formalizados como contratos menores será 
obligatorio acreditar en la documentación justificativa la solicitud de, al menos, 3 ofertas, 
para justificar la adjudicación en precio de mercado.
7.º  Dada la definición y detalle que, en la fase de solicitud, deben presentar los 
proyectos previstos en este real decreto, tanto en alcance como en presupuesto, no 
podrán ser admitidos como costes elegibles en la formalización de los contratos las 
posibles mejoras que en su caso hubieran podido ser licitadas para la ejecución de las 
actuaciones subvencionables y, por tanto, en caso de que se presenten contratos que 
hayan resultado adjudicados a empresas que las hayan ofertado, estas serán minoradas 
del importe del coste elegible definitivo para el cálculo de la ayuda final a otorgar.
c)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actuación subvencionable en los 
términos  expuestos  en  este  real  decreto,  facilitando  además  las  comprobaciones 
encaminadas a garantizar la correcta ejecución del proyecto, aportando al efecto cuanta 
documentación le fuera requerida. Con estos fines, IDAE realizará un procedimiento de 
control que permita verificar y validar documentalmente el 100 % del gasto declarado 
por  las  entidades  beneficiarias,  así  como  verificar  sobre  el  terreno  un  conjunto 
representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
De conformidad con el artículo 63, apartado d), del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, para los supuestos en que las solicitudes deban venir acompañadas de 
memorias  económicas,  se  admitirán  compensaciones  entre  los  conceptos 
presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención. e
d)  Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en este real  bo
decreto y en particular en el artículo 20, conforme lo establecido en el artículo 18.4 de la  269ww
cLoeryr e3s8p/2o0n0d3a,n  dael  b1e7n deefi cnioavriioe mcobnre a, ryre cgolon  alo sla ds enboerrmesa sd ee sinpfeocrímficaacsió dne y p cuobmlicuindiacda cpióanra q luaes 
Paclatuna dceio Rneesc ufpinearnacciiaódna, sT rcaonns feolr mMaeccióann iys mRoe sdileie nRceiacu.peración y Resiliencia, así como el
e)  Ser incluido en una base de datos única para las operaciones cofinanciadas con 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que será objeto de publicación electrónica 
o por otros medios de acuerdo con lo establecido en el art. 22.2.d) del Reglamento (UE) 
n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
f)  Conservar durante 5 años los documentos originales, justificativos de la actuación 
realizada y la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones  de  comprobación  y  control,  y,  en  todo  caso,  deberán  cumplir  el  plazo 
recogido  en el artículo 132 del Reglamento  Financiero (Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas  financieras  aplicables  al  presupuesto  general  de  la  Unión,  por  el  que  se 
modifican  los  Reglamentos  (UE)  número  1296/2013,  (UE)  número  1301/2013,  (UE) 
número  1303/2013,  (UE)  número  1304/2013,  (UE)  número  1309/2013,  (UE) 
número  1316/2013,  (UE)  número  223/2014  y  (UE)  número  283/2014  y  la  Decisión 
número  541/2014/UE  y  por  el  que  se  deroga  el  Reglamento  (UE,  Euratom) 
número 966/2012), de acuerdo con lo que se señala en el art. 22.2.f) del Reglamento 
(UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
4.  Las entidades beneficiarias deberán disponer de los procedimientos de gestión y 
control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas.
5.  Las entidades beneficiarias deberán proporcionar a IDAE de acuerdo con lo 
previsto en este real decreto la documentación técnica necesaria «ex ante» y «ex post» 
referida en este real decreto, fundamentalmente en el artículo 19 y en el anexo I, entre 
ella la relacionada con la cuantificación de los indicadores energéticos que apliquen al 
proyecto, así como la relativa al cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente» (principio DNSH).
6.  Las entidades beneficiarias garantizarán el respeto al principio de DNSH y el 
etiquetado climático, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en 
la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España.
Artículo 8.  Obligaciones económico-financieras y de cumplimiento de objetivos e hitos.
1.  Las entidades beneficiarias estarán obligadas a cumplir cuantas disposiciones 
deriven de disposiciones nacionales o de la Unión Europea en el ámbito de ejecución y 
gestión  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a 
facilitar  cuanta  información  les  sea  requerida  por  IDAE  o  por  otras  autoridades 
nacionales o comunitarias en este marco.
2.  Las entidades beneficiarias, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, 
deberán establecer sistemas de seguimiento contable diferenciados.
3.  Las  entidades  beneficiarias,  a  requerimiento  del  IDAE,  deberán  facilitar 
información en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos con las 
actuaciones.
4.  Las entidades beneficiarias deberán someterse a cualesquiera otras actuaciones 
de comprobación y control financiero que pueda realizar el IDAE, el Ministerio para la  e
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Secretaría General de Fondos Europeos,  bo
la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas y/o los  269ww
spócoourgmmeadeonat oendsr es r eelda aea l iU zcancuoriaó nlnleto rssoEq lu uóriyroeg praaefni asooc,ts rad aleiosz   aaaacccuitóutuonear rcidddiooae nda ee lsslao   d deeCes  octacmobomilnsepticórroiondlb  oac Ecoeuimnór onplap ey et/neaoon.  rctmeoAsnas,t tirimtvoaali ns ftmaionp aolnin,c acaicdbeieolreobn  eaaqrl áuelneas     OE-A-2021-13able en https://
gestión de las ayudas financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aportando para ello cuanta información le sea requerida y cooperando plenamente en la 
protección de los intereses financieros, tanto nacionales como de la Unión Europea, 
concediendo los derechos y el acceso necesarios a tales órganos o autoridades.
5.  Las entidades beneficiarias deberán aplicar procedimientos de buen gobierno de 
los fondos y control interno apropiados en los niveles de gestión, diseñados para ofrecer 
garantías razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y 
economía de las operaciones; fiabilidad de los informes; salvaguardia de los activos y de 
la información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de 
las  operaciones  subyacentes,  y  prevención,  detección,  corrección  y  seguimiento  de 
fraudes, conflictos de interés e irregularidades.
6.  El IDAE publicará en su sede electrónica las instrucciones sobre formatos y 
modelos ajustados a los requerimientos que, en su caso, pudiera recibir o diseñar para 
facilitar la ejecución y gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Artículo 9.  Proyectos objeto de ayuda.
1.  Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos singulares locales de energía 
limpia: mejora de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, despliegue de 
generación renovable o impulso de la movilidad sostenible. Para todos los proyectos, se 
justificará  que  las  actuaciones  previstas  no  causarán  un  perjuicio  significativo  al 
medioambiente o, en su caso, se indicarán las medidas correctoras que se adoptarán 
para cumplir con los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones 
acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente», 
publicada por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. En este sentido, los 
proyectos seleccionados contribuirán a la lucha contra el cambio climático contribuyendo 
a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y de contaminantes atmosféricos.
Los proyectos singulares locales de energía limpia del PROGRAMA DUS 5000, 
susceptibles de las ayudas reguladas por este real decreto, serán proyectos singulares 
locales de energía limpia que habrán de conseguir la citada reducción de las emisiones 
de  dióxido  de  carbono,  a  través  de  una  o  varias  de  las  medidas  elegibles  que  a 
continuación se relacionan, cuya descripción completa se incluye en el anexo I de este 
real decreto:
Medida  1.  Reducción  de  la  demanda  y  el  consumo  energético  en  edificios  e 
infraestructuras públicas.
Medida 2.  Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.
Medida 3.  Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o 
frío.
Medida  4.  Lucha  contra  la  contaminación  lumínica,  alumbrado  eficiente  e 
inteligente, Smart Rural y TIC.
Medida 5.  Movilidad Sostenible.
El  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo  al 
medioambiente»  se  justificará  en  los  proyectos  mediante  el  cumplimiento  de  los 
requisitos técnicos y medioambientales que para cada una de las anteriores medidas de 
actuación se incluye en el anexo I de este real decreto y en la «Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo  s
al medioambiente». oe.
accounnmecx2pro.el i rtI a Lldosoe sys    redespeqtrfeuoin iysrideeitaacotsls o, d stqée uccoenreb icctjoeou.tse o An yts edeimnec  oicsnoamónyomu u,d incad o ecsabd leqeerubnáeedn ra pácraniuor m adc pecol airerrd ejteaosc dpmuaoce nilóddanie dn raeso serstm aeb aceloteisvncta aid bavolcie,g tcaueesanníct e cieo onqnm ueeeosl     2021-13269n https://www.
les  sea  de  aplicación  y  contar  con  las  preceptivas  licencias  y  autorizaciones
administrativas en el caso de que la actuación lo requiera. Bc
3.  Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, 
siempre que tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. No serán admitidas 
aquellas solicitudes que contemplen la ejecución de idéntico o similar proyecto al que 
hubiera sido objeto de otra solicitud ya formulada por la misma u otra entidad beneficiaria 
dependiente o integrada en ésta.
4.  Sólo  se  podrán  presentar  solicitudes  correspondientes  a  proyectos  que 
supongan una inversión total elegible, entendida como suma de todas las medidas de 
actuación que se planteen en la solicitud, superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 
euros.
5.  Asimismo, se establece un límite de ayuda máxima por municipio (como suma de 
todas las ayudas percibidas por una o distintas entidades solicitantes para proyectos a 
ejecutar en el mismo ámbito territorial de dicho municipio) de 6.000.000 euros. Por tanto, 
una entidad podrá solicitar ayuda para la promoción y ejecución de tantos proyectos 
distintos  como  considere,  bien  de  forma  individual  o  bien  a  través  de  Entidades 
supralocales que pudieran representarla (diputación, mancomunidad, etc.), siempre que 
el importe total de la ayuda que pudiera corresponder al ámbito territorial del mismo 
municipio donde vayan a ejecutarse los proyectos, de forma acumulada para todos los 
proyectos solicitados, no supere dicho límite de subvención máxima.
6.  Los límites máximos establecidos en los apartados 4 y 5 anteriores quedan 
supeditados a la limitación presupuestaria asignada a cada comunidad autónoma en el 
artículo 21, con las salvedades respecto de la asignación de remanentes que en dicho 
artículo se establecen.
Artículo 10.  Inversiones subvencionables.
1.  Las inversiones subvencionables deben responder a alguna de las actuaciones y 
cumplir los requisitos correspondientes a las medidas que se describen en el anexo I.
2.  Solo se considerarán elegibles y, por tanto, sólo podrán ser subvencionables las 
inversiones que se realicen en la ejecución de obras, así como la adquisición de los 
bienes y servicios correspondientes, por parte del promotor de la actuación, que sean 
necesarias y estén directamente relacionadas con el proyecto, así como las necesarias 
para cumplir los requisitos medioambientales exigidos en este programa.
También resultarán elegibles, como inversión subvencionable, los gastos necesarios 
para facilitar las capacidades técnicas y, en su caso, contratar la prestación de servicios 
correspondientes para la adecuación o adaptación de la normativa local relacionada con 
el  desarrollo  de  los  proyectos  objeto  de  ayuda,  siempre  que  esta  adecuación  o 
adaptación  facilite  la  efectividad  de  la  inversión  subvencionable,  conforme  a  lo 
establecido en el siguiente apartado. Estas inversiones deberán poder acreditarse y 
justificarse mediante factura expedida a su favor y justificante de pago correspondiente.
No  se  considerarán,  en  ningún  caso,  elegibles  los  gastos  estructurales  de 
constitución,  funcionamiento,  generales  o  de  estructura  ordinaria,  ni  los  gastos  de 
personal de las entidades beneficiarias.
Tampoco  tendrán  la  consideración  de  inversión  elegible  las  licencias,  tasas, 
impuestos o tributos, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o impuesto 
equivalente soportado, que será subvencionable siempre que no sea susceptible de 
recuperación o compensación para la entidad local beneficiaria.
3.  De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se considerarán, por tanto, 
inversiones subvencionables, entre otras, las siguientes:
a)  Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, de redacción de informes y  bo
demás documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas. 269ww
tlaipso albcoc))g  tuíaaLLscoo idssoe  nc ceaooscss ttsuteeuassbc  dviódeenen  r coeilbodajna eacrteocbd ilódeanesc . cadiyeóu nld oads. ep lileogs osp roobyejecttoo sd et éliccnitiaccoisó nr eplaarcaio lnaa edjoesc uccoiónn  ldaes   OE-A-2021-13able en https://
d)  Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
e)  Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones.
f)  La inversión en equipos y materiales efectuada.
g)  Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.
h)  Cuando sea necesario, el informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
i)  Cuando sea necesario, el informe que acredite la adecuada realización de las 
actuaciones objeto de la ayuda, emitido por un organismo de control o entidad de control.
j)  Otras  partidas  necesarias  (auxiliares  o  no)  específicas  de  cada  tipología  de 
actuación y que se describen en el anexo I para cada una de las medidas objeto de 
ayuda.
k)  Los costes de retirada de productos de construcción que contengan amianto 
cuando  por  motivo  de  la  actuación  sea  necesaria  su  retirada.  La  retirada  deberá 
realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La 
gestión  de  los  residuos  originados  en  el  proceso  deberá  realizarse  conforme  a  lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.
l)  Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir 
los criterios técnicos y económicos en relación al principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente» recogidos en el Anexo I y en la «Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo 
al medioambiente», publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
m)  Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para incorporar en el 
proyecto o memoria técnica un Plan de Gestión de Residuos donde se justifique el 
cumplimiento del apartado n) del punto 2 del artículo 19.
n)  Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para contratar la 
prestación  de  servicios  correspondientes  para  la  adecuación  o  adaptación  de  la 
normativa local relacionada con el desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre 
que esta adecuación o adaptación facilite la efectividad de la inversión subvencionable.
4.  Para  que  estos  gastos  puedan  ser  considerados  inversión  subvencionable, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Ser reales y abonados efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo 
de justificación establecido.
b)  Existir constancia documental de los mismos y ser verificables.
c)  Estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y ser 
necesarios para la ejecución de las correspondientes actuaciones del proyecto.
d)  Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán proyectos cuya 
ejecución se inicie con posterioridad a la fecha de publicación de este real decreto. Se 
entenderá  como  fecha  de  inicio  del  proyecto  el  día  de  inicio  de  los  trabajos  de 
construcción  o  el  primer  compromiso  en  firme  para  el  pedido  de  equipos  u  otro 
compromiso que haga la inversión irreversible.
No se considerará elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que 
haya sido facturado con anterioridad, a excepción de los costes correspondientes a 
actuaciones preparatorias que sean necesarias para presentar la solicitud o llevar a cabo 
las correspondientes inversiones, como pueden ser la redacción del proyecto, memorias  e
técnicas,  certificados  energéticos,  auditorías,  contratación  de  servicios  para  la  bo
adecuación o adaptación de normativa, etc., que sí podrán ser considerados gastos  269ww
esileemgipbrlees  qyu es, uebnv etnocdioo ncaabsloe,s ,e satuans  acuctaunadcoio nheusb ieprraenp asraidtoor iafasc tsuer ahduobsi ecraonn  caonntetrraiotariddoa dy, 
ejeceu)t adRoe csopno nfedcehra a p uons tceorinotrr aatlo 1 o d ceo enntreartoo sd efo 2rm02a1li.zados para llevar a cabo el proyecto,
de acuerdo a alguna de las tipologías previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, entre la entidad beneficiaria y la empresa o empresas que participen 
en la ejecución de las actuaciones, o a un encargo a un medio propio de las entidades o 
administraciones que realicen la inversión subvencionable.
5.  En el caso de que las actuaciones o proyectos sean realizados por empresas de 
servicios  energéticos,  concesionarias  de  obras  y/o  servicios,  que  lleven  a  cabo 
directamente la inversión elegible conforme a un contrato suscrito con el beneficiario, 
podrán ser considerados elegibles los pagos de la inversión correspondiente al proyecto, 
efectuados por la entidad beneficiaria a la empresa que realice las obras e instalaciones, 
únicamente bajo las siguientes circunstancias:
a)  Se acredite de manera indubitada la inversión realizada para la ejecución de las 
actuaciones que componen el proyecto de desarrollo local sostenible, así como que 
exista  trazabilidad  de  dicha  inversión  desde  los  documentos  que  formen  parte  del 
expediente de contratación de la entidad local (pliegos con definición de alcance de la 
inversión, que deberá corresponderse con el proyecto seleccionado, precio base de 
licitación explícito para dicha inversión y forma de facturación) hasta la adjudicación del 
contrato (oferta económica explícita para la inversión y contrato).
b)  Los pagos que correspondan a la inversión del proyecto seleccionado estén 
claramente  definidos  y  diferenciados  de  los  pagos  del  resto  de  servicios  (gestión 
energética, mantenimiento, garantía) prestados por la empresa y se hayan realizado 
antes de fecha límite para la justificación de las actuaciones, aunque la duración del 
contrato para el resto de servicios no subvencionables pueda ser mayor.
c)  Exista  un  contrato  formalizado  de  acuerdo  a  las  tipologías  previstas  en  la 
normativa de contratación pública aplicable (bien sea de obra y/o servicio, de concesión 
de obra pública, etc.) entre la empresa que ejecute la actuación y el beneficiario, que 
prevea la reversión de la plena propiedad de todas las instalaciones e infraestructuras a 
ejecutar al beneficiario, en un plazo anterior a la fecha límite para la justificación de las 
actuaciones.
d)  Se  justifique  documentalmente  la  totalidad  de  la  inversión  subvencionable 
correspondiente a la ejecución del proyecto objeto de ayuda, estando el alcance técnico 
del  proyecto  claramente  definido  y  acotado,  diferenciado  del  resto  de  posibles 
prestaciones que pudiera incluir el contrato, en todos los documentos del expediente.
e)  El  gasto  máximo  a  considerar  como  inversión  subvencionable  para  el 
beneficiario en dicho contrato estará limitado a la inversión elegible ejecutada. Dicha 
inversión  deberá  constar  perfectamente  definida  (en  alcance  y  presupuesto)  y 
diferenciada del resto de prestaciones tanto en el pliego de licitación de la entidad local 
(presupuesto base de licitación) como en la oferta presentada por la adjudicataria (oferta 
de  inversión,  facturación  prevista  y  reversión  de  la  titularidad  para  la  prestación 
correspondiente a la inversión necesaria para la ejecución del proyecto), de manera clara 
y precisa.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos específicos, que garantizan la 
trazabilidad y cuantía final de la inversión subvencionable en los contratos efectuados 
con empresas de servicios energéticos, será causa suficiente para la exigencia del 
reintegro de la subvención concedida o, en su caso, para declarar la pérdida del derecho 
a su percepción. s
Artículo 11.  Cuantía y criterios para la determinación de la ayuda a percibir. 269www.
la fe1c.h a Ldae  apsriegsneanctiaócni ódne  dlaes l aa ysuodliacistu sde  dree aaliyzuadráa , phoars otard aegno dtaer  perle plarecsióunp uceosrrteos dpiosnpdoineinbtlee  oa 
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subvencionable realizada en cada proyecto, todo ello, dentro de los límites del presupuesto 
de financiación asignado a la comunidad autónoma donde radique el proyecto, los límites 
establecidos por proyecto y municipio y, en su caso, los límites establecidos para el coste 
subvencionable máximo que se establecen en el anexo I para cada una de las tipologías de 
proyecto.
2.  El porcentaje de ayuda podrá incrementarse hasta el 100 % en el caso de que 
los proyectos tengan la consideración de «proyectos integrales», para lo que deberán 
demostrar el cumplimiento de requisitos energéticos de altas prestaciones en la medida 
o medidas de las descritas en el artículo 9 siguientes, así como los indicados en el 
apartado 3 de este artículo:
a)  Actuaciones dentro de la Medida 1. Proyectos que supongan una reforma del 
edificio y consigan una mejora de la calificación energética de, al menos, 2 letras o, en 
su defecto, se alcance la calificación energética A.
b)  Actuaciones dentro de la Medida 2. Proyectos que supongan la instalación de 
generación eléctrica renovable que, en cómputo anual, sea equivalente, al menos, al 70 % 
del consumo eléctrico del edificio e incluyan la realización y publicación de un inventario de 
cubiertas o espacios para autoconsumo y el desarrollo de cambios normativos para facilitar 
el autoconsumo y el despliegue de renovables en el municipio. En todo caso al menos el 80 
% de la generación renovable deberá corresponder a consumos de entidades públicas sin 
actividad económica.
c)  Actuaciones  dentro  de  la  Medida  3.  Cualquiera  de  estas  dos  tipologías  de 
proyecto:
1.º  Proyectos que supongan la incorporación de generación renovable térmica para 
satisfacer, al menos, el 60 % de la demanda térmica del edificio para ACS y calefacción 
y en el caso de proyectos que incorporen bomba de calor, deberán satisfacer al menos 
el 80 % de la demanda de calor y frío.
2.º  La ejecución de una red de calor para 3 o más edificios o infraestructuras. En 
todo  caso,  al  menos  el  80 %  de  la  energía  térmica  en  la  red  de  calor  deberá 
corresponder a consumos de entidades públicas.
d)  Actuaciones dentro de la Medida 4. Proyectos de sustitución integral de las 
instalaciones de alumbrado de, al menos, el 90% del municipio, por lo que el alcance 
deberá coincidir con, al menos, el 90 % de las instalaciones que figuren en la auditoría 
existente, incluida la iluminación ornamental, fachadas, etc., todo ello de conformidad 
con  los  requisitos  establecidos  en  el  anexo  I  para  esta  medida.  Deberá  incluirse, 
además, un estudio de alternativas que indique que las actuaciones propuestas son las 
que maximizan la reducción de la contaminación lumínica del entorno (optimización 
equipos, automatismos, horarios, minimización del flujo hemisférico superior, etc.).
e)  Actuaciones  dentro  de  la  Medida  5.  Cualquiera  de  estas  dos  tipologías  de 
proyecto:
1.º  Proyectos que justifiquen un ahorro energético de, al menos, el 15 % con 
respecto al perfil de movilidad existente en el ámbito de implantación de la medida y 
demuestren una reducción de barreras y mejora de la accesibilidad.
2.º  Proyectos de implementación de plataformas de transporte público a demanda, 
mediante vehículos eléctricos enchufables, variable en función de la demanda de los 
usuarios y que permita realizar un cambio modal desde el vehículo privado a un modo de 
transporte público. e.
f)  Proyectos que combinen actuaciones de al menos tres medidas distintas de las  269ww
descritas en el artículo 9, con un coste elegible de al menos 50.000 euros por medida.
3.  Adicionalmente,  para  obtener  la  consideración  de  «proyectos  integrales»,  la 
documentación a presentar deberá incluir un plan estratégico que incluya:
a)  el  origen  o  lugar  de  fabricación  (nacional,  europeo  o  internacional)  de  los 
componentes de la instalación y su impacto medioambiental.
b)  los criterios de calidad o durabilidad (garantías, estándares de calidad, etc.) 
utilizados para seleccionar los distintos componentes. Además, en el caso de incluir 
instalaciones  eléctricas  superiores  a  100  kW  de  potencia  nominal,  se  detallará 
interoperabilidad de la instalación y su potencial para ofrecer servicios al sistema.
c)  impacto sobre PYMES y autónomos que se espera que tenga la puesta en 
marcha y mantenimiento proyecto, y estimación de su impacto sobre el empleo local y 
sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional.
d)  impactos positivos previstos sobre el municipio y el entorno en términos sociales, 
en particular en relación con el reto demográfico, así como ambientales y económicos.
e)  plan de formación a personal adscrito a las entidades locales en relación con el 
impulso en el municipio de las tipologías de actuación objeto de ayuda.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión y concesión de las subvenciones
Artículo 12.  Presentación, formalización y evaluación de solicitudes.
1.  Las solicitudes de las ayudas reguladas por este real decreto podrán presentarse 
por las entidades beneficiarias a partir de las 13:00 horas del día siguiente al vencimiento 
del plazo de 3 meses contado desde el día siguiente al de la publicación de este real 
decreto en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta la conclusión de su vigencia.
A la finalización del plazo de vigencia dispuesto por el artículo 4 no serán admitidas 
más solicitudes.
2.  La formalización de solicitudes se efectuará de manera telemática a través de la 
aplicación  que  estará  disponible  en  la  sede  electrónica  del  IDAE  (https://
sede.idae.gob.es),  conforme  al  formulario  que  figure  en  la  misma.  Los  interesados 
presentarán la solicitud de ayuda y el resto de la documentación con firma electrónica de 
la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica 
de la solicitud, consignada de manera telemática en dicha aplicación, se garantizará la 
fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a 
dicha solicitud.
A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación 
de los solicitantes informar al IDAE de los cambios en la representación de la entidad en 
el  momento  en  que  se  produzcan,  comunicando  de  manera  fehaciente  los  datos 
identificativos y, en particular, el número de documento de identidad y correo electrónico 
de la nueva representación. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que 
se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de 
representante  de  la  entidad.  Se  considerarán  correctamente  practicadas  las 
notificaciones  anteriores  a  esa  fecha  dirigidas  al  representante  que  figurase  en  el 
expediente.
3.  El formulario de solicitud incluirá una autorización expresa para la consulta, por 
parte de IDAE, del cumplimiento de las obligaciones tributarias a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o, en su caso, a la Administración tributaria foral competente y  es
con la Seguridad Social de la entidad beneficiaria. En caso de que no se produzca dicha  o
autorización expresa, el interesado deberá acompañar a su solicitud el certificado de  269ww
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presentarse en castellano, excepto la documentación de carácter oficial que pueda ser
expedida  por  una  Administración  pública  en  relación  con  las  tramitaciones  que  le 
competan, que podrá figurar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el 
ámbito territorial de ejercicio de sus competencias.
5.  El procedimiento para el envío telemático del formulario de solicitud y de la 
documentación  que  debe  acompañar  a  la  misma,  así  como  para  la  tramitación 
electrónica del resto de fases del procedimiento será el previsto en el artículo 13.
6.  Para formular la solicitud, además de rellenar el correspondiente formulario con 
los datos de identificación del solicitante, acreditación de su personalidad, capacidad, 
representación, inversión y/o gastos elegibles y cuantía de la ayuda solicitada, así como 
generales del proyecto o actuaciones objeto de ayuda, se deberá aportar, a través de la 
sede electrónica, la siguiente documentación:
a)  Certificado acreditativo de la resolución o acuerdo del órgano de gobierno o de 
representación competente de la entidad solicitante en el que, de forma expresa, se 
aprueben:
1.º  La participación y aceptación expresa del procedimiento regulado por este real 
decreto.
2.º  Las actuaciones que componen el proyecto objeto de ayuda, el presupuesto 
total del mismo y el compromiso para dotar presupuestariamente el proyecto (en las 
anualidades correspondientes, si fuera el caso), así como el compromiso para financiar 
la totalidad del proyecto con carácter previo al cobro de la ayuda. Dicho compromiso 
podrá condicionarse a la obtención de la resolución de concesión de ayuda, así como del 
anticipo que sobre la misma pueda concederse.
La  entidad  beneficiaria  deberá  disponer  de  presupuesto  propio  para  realizar  la 
inversión subvencionable necesaria para la promoción y ejecución del proyecto objeto de 
ayuda, teniendo en cuenta los procedimientos y límites previstos en la normativa vigente 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dado que el importe de la ayuda 
será transferido a dicha entidad una vez realice y justifique dicha inversión así como la 
ejecución del proyecto correspondiente, sin perjuicio de los anticipos previstos en el 
artículo 23 de este real decreto.
3.º  La Memoria descriptiva de las actuaciones que componen el proyecto objeto de 
ayuda, la cual estará convenientemente identificada y referenciada.
b)  Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer y que conformen el proyecto 
a  ejecutar,  firmada  por  técnico  responsable.  La  información  de  esta  memoria  se 
estructurará de forma independiente para cada una de las tipologías de medidas que se 
relacionan en el artículo 9 que, en su caso, formen parte del proyecto.
La memoria deberá responder al formato y modelo disponible al efecto en la sede 
electrónica del IDAE, y contendrá como mínimo:
1.º  Identificación del solicitante.
2.º  Descripción general del proyecto, incluyendo un resumen de las medidas que lo 
componen, datos del emplazamiento, consumo energético y emisiones de dióxido de 
carbono y características técnicas generales, planificación, así como forma en que se 
pretende llevar a cabo y contrataciones previstas para su ejecución.
3.º  Detalle para cada medida del proyecto, que incluirá, al menos, lo siguiente:
1.ª  Características técnicas detalladas.
2.ª  Detalles de consumos y/o producciones energéticas expresados en energía  e.e
final, emisiones de dióxido de carbono, actuales y futuros. b
3.ª  Detalles de costes energéticos actuales y futuros. 269ww
de l4a. ªa ctDuaocciuómn ean traecaiólizna er s(teaxb laencitdea)» e, np aerl aa nceaxdoa  Iu, naap adreta dlaos  5t ip«oJluosgtíifaicsa dcieó nm deodciduamse qnutael 
cont5e.nª gaP erel psuropyueecsttoo.  total  y  desglosado  con  mediciones  y  partidas  unitarias,  con
identificación de la inversión y/o gastos considerados elegibles.
6.ª  Planificación orientativa del procedimiento de contratación pública, del tipo de 
procedimiento, de su proceso de adjudicación y de la ejecución física y financiera de las 
actuaciones y su puesta en servicio.
7.ª  Relación  de  los  indicadores,  si  estuvieran  publicados  y  disponibles,  que 
apliquen de entre los que pueda incluir la Comisión Europea para el seguimiento del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021. Estos indicadores están definidos para cada una de las medidas en el anexo I 
de actuaciones elegibles; en su defecto, la información sobre los parámetros energéticos 
que se recoja en los modelos de memoria que para cada medida se publicarán en la 
sede electrónica de IDAE y que puedan permitir con posterioridad el cálculo de dichos 
indicadores.
4.º  En el caso de proyectos que pretendan obtener la consideración de «proyectos 
integrales», la memoria deberá incluir justificación de lo previsto en los apartados 2 y 3 
del artículo 11 de este real decreto.
c)  Declaración  responsable,  según  el  modelo  del  anexo  II,  suscrita  por  el 
representante de la entidad solicitante, donde conste detallado que la entidad solicitante:
1.º  No se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo mención expresa 
respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras 
subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del 
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:
2.º  Tiene  suficiente  capacidad  administrativa  y  de  gestión  y  de  comunicación 
electrónica  propia  o  a  través  de  la  concertación  con  terceros  de  los  servicios 
correspondientes. Así mismo dispone de la capacidad para cumplir las condiciones 
exigidas para recibir las ayudas reguladas por este real decreto, en relación a plazos 
límites de ejecución de las actuaciones, normativa de aplicación, información financiera y 
de otro tipo que ha de conservar, comunicar y facilitar cuando sea requerido al respecto.
3.º  En el caso de que la entidad solicitante sea un organismo autónomo o entidad 
pública dependiente o vinculada a una Entidad local territorial, declaración responsable 
de que no realiza actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el 
mercado.
4.º  Se compromete a comunicar de inmediato al IDAE cualquier modificación o 
variación de las circunstancias anteriores.
5.º  Informa  sobre  la  situación  de  otras  posibles  solicitudes  o  percepciones  de 
subvenciones o ayudas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el 
contexto del presente Programa de ayudas, de cualquier Administración, organismo o 
entidad pública, nacional o internacional (táchese, si no procede).
d)  Declaración sobre la información medioambiental del proyecto, según el modelo 
del  anexo  III,  suscrita  por  el  representante  de  la  entidad  solicitante,  donde  conste 
detallada la información y compromiso de proporcionar la documentación acreditativa 
oportuna respecto a:
1.º  Evaluación favorable de adecuación al principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2  e.e
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero  b
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 269ww
sign2if.iºc atiIvnov ear snioinngeusn os odset elonsib olebsje: tievlo sp rmoyeedciotoa mobbijeentota ldees  easytuadbale cnidoo sc aeuns ae l uRne gplaemrjueinctioo 
(aUl Ees) t2a0b2le0c/i8m5i2e,n dtoe ld Pe aurnla mmeanrctoo  Epaurrao pfeaoci lyit adre lla Cs oinnvseerjsoi,o dnee s1 s8o dsete njuibnlieos d, ey  2p0o2r 0e,l  rqeulaet isveo 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
3.º  Evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA) (Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental), cuando fuera de aplicación.
4.º  Protección de Red Natura 2000 en relación a proyectos (artículo 46 de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), cuando 
fuera de aplicación.
7.  Adicionalmente,  en  el  caso  de  las  solicitudes  presentadas  por  entidades 
supralocales que realicen inversiones en edificios e infraestructuras de otras entidades, 
deberá aportarse acuerdo por el que se establezcan las actuaciones a realizar, que 
habrán de llevarse a cabo siempre en municipios de reto demográfico, las obligaciones 
asumidas  por  cada  parte  y  la  forma  en  que  se  acometerán  y  justificarán  dichas 
inversiones, adjuntándose, asimismo, el anexo II debidamente cumplimentado por cada 
una de ellas.
8.  Las entidades solicitantes dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de 
quince (15) días hábiles, desde el inicio del proceso correspondiente en la aplicación 
informática  de  la  sede  electrónica,  para  completar  la  documentación  y  datos  del 
expediente y cursar la solicitud. Concluido este plazo, sin que se hubiera completado y 
cursado la solicitud, el expediente quedará anulado de forma automática, todo ello sin 
perjuicio de que la entidad solicitante pueda iniciar un nuevo proceso de solicitud.
9.  Cargada la documentación y los datos requeridos por la aplicación, y cursada la 
solicitud de ayuda, la aplicación facilitará comprobante de la fecha y hora de registro de 
la misma, así como del número de registro asignado al expediente, entendiéndose en 
ese momento formulada y registrada con carácter definitivo la solicitud, a todos los 
efectos del procedimiento. El número de registro que se asigne determinará el orden de 
prelación correspondiente a los efectos de asignación de la ayuda.
10.  Una  vez  registrada  la  solicitud  conforme  al  procedimiento  anterior,  si  el 
formulario de solicitud o la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, 
se requerirá al interesado, para que, en el plazo de diez (10) días hábiles desde el 
siguiente  al  de  recepción  del  requerimiento,  subsane  la  falta  o  acompañe  los 
documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido  de  su  solicitud,  previa  resolución,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.  La evaluación de las solicitudes será efectuada, bien por los departamentos 
especializados  del  IDAE  o  bien  por  empresas  o  entidades  independientes 
especializadas,  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  en  este  real  decreto  y, 
especialmente, con aquellos incluidos en el anexo I.
12.  La  selección  y,  en  su  caso,  desestimación  provisional  de  solicitudes  será 
realizada, conforme a la evaluación anterior, mediante las propuestas de resolución 
provisional y definitiva previstas en el artículo 15, aplicándose lo dispuesto para las 
mismas en dicho precepto, en cada caso.
13.  La  selección  y,  en  su  caso,  desestimación  definitiva  de  solicitudes  será 
realizada,  conforme  a  la  propuesta  de  resolución  definitiva,  mediante  la  resolución 
establecida en el artículo 16 de este real decreto, aplicándose lo dispuesto para la misma 
en dicho precepto.
Artículo 13.  Tramitación electrónica y representación.
1.  La tramitación electrónica será obligatoria en todas sus fases de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes,  e
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos objeto de  bo
ayuda  serán  presentadas  a  través  de  la  sede  electrónica  del  IDAE  (https:// 269ww
dsseeedd 1eeL  .daiedeslae  oecnct.orgtótuoifnbibcirc.eaea.cs id)o.enle IsD AaE l,o esn i nlotes rteésramdionso ss ree croegaildizoasr áenn  eml eadrtiaícnutleo  4co3m dpea lrae Lceeny c3ia9 /2e0n1 5la,   OE-A-2021-13able en https://
2.  La entidad solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus 
expedientes y a las comunicaciones electrónicas asociadas, identificándose mediante 
sus  certificados  electrónicos  correspondientes  en  el  enlace  habilitado  para  este 
programa de ayudas en la sede electrónica de IDAE. En dicho enlace, podrán consultar 
los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del 
solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del 
expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible por medio de la 
sede electrónica de IDAE. Adicionalmente a la puesta a disposición del interesado de las 
comunicaciones y notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente 
informativo, por lo que carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de 
realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente a través 
de  sus  certificados,  podrán  consultar  los  actos  del  procedimiento  que  les  sean 
notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser 
requerida por el órgano actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
(https://sede.idae.gob.es) las propuestas de resolución, las resoluciones de concesión y 
sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
5.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en la mencionada sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados 
cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
Artículo 14.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento.
1.  Será  competente  para  la  instrucción  y  ordenación  del  procedimiento  de 
concesión la persona titular de la Secretaría General del IDAE.
2.  La  concesión  o  denegación  de  la  ayuda  correspondiente  se  instrumentará 
mediante resolución de la persona titular de la presidencia del IDAE, una vez verificado 
el trámite de propuesta de resolución previsto en el siguiente artículo 15, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16 de este real decreto, previa la resolución que dicte el Consejo 
de Administración, cuando la misma sea necesaria, conforme a lo establecido en el 
Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero y sin perjuicio de 
las delegaciones que pudieran corresponder de acuerdo con el artículo 7.3 de dicho 
Estatuto.
Artículo 15.  Propuesta de resolución y aceptación de las ayudas. e.e
1.  El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional y definitiva  269ww
ddpeeroc lvra2eiss.t i ooa,nyS eaui lldc  óafoursmeg.saoen c ood neinsnseetcrguuacettonorcri aian,  odpteiofi rcl aan roeá v caaul umloapscl iióirnsntee d rleeo sslaa r desooqslui,c isaitiu totdrsa,  vleaés spta rdobeple ulcaei dssoteasd  depe o errl eeescsottrleuó cnrieiócanal    OE-A-2021-13able en https://
del IDAE, la propuesta de desestimación de la ayuda. Dicha propuesta de desestimación
deberá expresar con claridad y motivación cuál es el requisito o requisitos de los que no 
queda acreditado el cumplimiento y que constituyen la causa de la misma.
Con la notificación de esta propuesta, se abrirá el trámite de audiencia para que la 
entidad solicitante pueda efectuar sus alegaciones en el plazo de quince (15) días 
hábiles contados desde el siguiente al día en el que se dé por practicada la notificación a 
través  de  la  sede  electrónica.  Una  vez  resueltas,  el  órgano  instructor  formulará  la 
correspondiente propuesta de resolución definitiva al órgano concedente. En el caso de 
que no se produjesen alegaciones, el órgano instructor elevará a definitiva la propuesta 
provisional. Tras la formulación de la propuesta de resolución definitiva, se notificará la 
resolución correspondiente emitida por el órgano concedente.
3.  Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud, la propuesta de resolución 
provisional  fuera  aprobatoria,  estimando  total  o  parcialmente  la  solicitud  de  ayuda 
formulada,  el  órgano  instructor  la  notificará  a  los  interesados  a  través  de  la  sede 
electrónica del IDAE, dándose inicio al trámite de audiencia, a fin de que, en el plazo de 
quince  (15)  días  hábiles  contados  desde  el  siguiente  al  día  en  el  que  se  dé  por 
practicada la notificación a través de la sede electrónica, se formulen, en su caso, las 
alegaciones que se estimen oportunas.
De no formularse alegaciones, la entidad solicitante deberá aceptar expresamente la 
propuesta formulada dentro del mismo plazo anterior, al objeto de considerar la misma 
como  definitiva,  en  cuyo  caso,  se  dictará  y  notificará  la  resolución  de  concesión 
correspondiente. Se considerará que se renuncia a la ayuda solicitada en caso de que la 
entidad  solicitante  no  hubiera  formulado  alegaciones  ni  hubiera  comunicado  esta 
aceptación  expresa  dentro  de  dicho  plazo,  para  lo  que  se  dictará,  al  efecto,  la 
correspondiente resolución.
De  formularse  alegaciones,  el  órgano  instructor  redactará  la  correspondiente 
propuesta de resolución definitiva que notificará a los interesados a través de la sede 
electrónica del IDAE para que, en su caso, comuniquen su aceptación expresa en un 
plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el siguiente al día en el que se dé por 
practicada la notificación a través de la sede electrónica, en cuyo caso se dictará la 
correspondiente resolución de concesión. De no comunicarse dicha aceptación expresa, 
se dictará la resolución correspondiente.
Artículo 16.  Resolución.
1.  La  resolución,  debidamente  motivada,  concediendo  o  denegando  la  ayuda 
solicitada, se dictará por la persona titular de la presidencia del IDAE, teniendo en cuenta 
lo previsto en el artículo 14.3 de este real decreto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de  diciembre,  siendo  el  objeto  de  las  ayudas  reguladas  por  este  real  decreto 
subvencionar la realización de inversiones por las entidades beneficiarias que cumplan 
con  los  requisitos  establecidos  por  este  real  decreto,  hasta  el  agotamiento  del 
presupuesto correspondiente, no requiriéndose de una valoración comparativa entre las 
solicitudes presentadas, se dictarán las correspondientes resoluciones de concesión por 
orden de registro de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia 
de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos 
exigidos, hasta agotar el presupuesto correspondiente.
La  resolución  correspondiente  se  notificará  a  las  entidades  solicitantes,  por 
comparecencia en la sede electrónica del IDAE, en el plazo de diez días a partir de la 
fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la  e.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación  w.b
conforme  a  lo  establecido  en  dicho  artículo,  y  sin  perjuicio  de  la  remisión  de  la  269ww
infor2m. acSiói ns eco rrerensupnocniadsieen tae  laa  laa yBuadsae  pdoer D aaltgousn Na adceio nlaasl  deen Stiduabdveesn csioonliecista.ntes, por no
dhiacbtaerrás ey  ancoetipfitcaadroá  llaa  mcoisrrmesap oo npdoier nctuea rlqeusioelru coitóran  qcauues dae pcrlaervaisráta l ae np éersdtied ar edael l ddeecrreectoh,o  sael 
cobro de la misma.
3.  Contra las resoluciones anteriores, que pondrán fin a la vía administrativa según 
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 7.6 del Estatuto del 
IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de 
la  citada  ley  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa.
4.  En la resolución de concesión se hará constar lo siguiente:
a)  Datos del solicitante y descripción de las actuaciones y proyecto objeto de 
ayuda.
b)  El importe de la inversión y/o gastos considerados elegibles a estos efectos.
c)  La cuantía de la subvención prevista sobre la base de la inversión y/o gastos 
elegibles admitidos.
d)  Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y la presentación de la 
justificación de la realización del proyecto.
e)  Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las 
actuaciones que puedan requerirse.
5.  La resolución de concesión de ayuda quedará condicionada expresamente a que 
el beneficiario acredite, en un plazo improrrogable de doce meses desde la fecha de 
notificación de la resolución de concesión de ayuda, haber iniciado la tramitación de los 
procedimientos de contratación de los suministros, obras y servicios necesarios para la 
ejecución  del  proyecto  objeto  de  ayuda,  de  manera  que  quede  acreditado  el 
cumplimiento delos plazos de ejecución comprometidos en el proyecto.
Esta acreditación se realizará mediante la aportación, a través de la sede electrónica 
del IDAE, de copia de los anuncios publicados en los Diarios Oficiales, la Plataforma de 
Contratación del Estado, Perfil de Contratante o, en su caso, certificados que acrediten 
fehacientemente el inicio de las actuaciones previstas. De no acreditarse tal extremo, la 
resolución de concesión quedará sin efecto ni validez alguna, notificándose a la entidad 
beneficiaria la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente.
Artículo 17.  Modificación de la resolución.
1.  Las  condiciones  iniciales  objeto  de  la  resolución  de  concesión  podrán  ser 
modificadas, siempre que los cambios no afecten a los objetivos perseguidos por el 
presente real decreto o a los aspectos fundamentales de las actuaciones propuestas 
para la ejecución de los proyectos objeto de ayuda, y que estén motivadas por causas 
técnicas o de otra índole que impidan o comprometan la formalización de la contratación 
de los servicios y/o adquisición de los bienes correspondientes, así como la ejecución del 
proyecto  en  el  plazo  establecido,  todo  ello  por  motivos  ajenos  o  sobrevenidos  al 
beneficiario debidamente justificados, y pese a haberse adoptado las medidas técnicas y 
de planificación que resultasen exigibles.
No podrán admitirse sustituciones o modificaciones sustanciales del proyecto objeto 
de ayuda (ampliación del alcance, tipología de actuación, ubicación) ni modificaciones 
que no obedezcan a una causa técnica o de contratación o ejecución debidamente 
justificadas.
La variación de la inversión prevista que produzca un reajuste a la baja tras el 
proceso  de  contratación  de  las  actuaciones  sin  modificación  del  alcance  ni  de  la  s
actuación prevista no constituirá per se una modificación de la resolución, ajustándose  oe.
smeeeln ol edeicmisfciecpi oaconcaratisóedon o  l.dade ea  ylaul adr eas saou loubtcvoieórgnnac piró oendn r áloa r mfigaoisndeai fldi cea crvo eerrrl iefiimscpapoconiródtneie  ddneetel  a pyroauyld eacp tcrooo.yn Eecncet doni idnagi núsincui pacelamrsaeonn,d tlaoe    2021-13269n https://www.
2.  La modificación de la resolución habrá de ser solicitada, en su caso, por el
beneficiario antes de que concluya el plazo para la ejecución del proyecto objeto de  Bc
ayuda  y  la  decisión  sobre  la  aceptación  o  no  de  dicha  solicitud  de  modificación 
corresponderá  al  órgano  concedente,  que  dictará  la  correspondiente  resolución 
estimando o desestimando la modificación solicitada.
3.  En  el  caso  de  estimarse  la  modificación  solicitada,  la  resolución  incluirá  el 
contenido mínimo previsto por el artículo 16 de este real decreto, notificándose con 
arreglo a lo previsto también en ese mismo artículo.
CAPÍTULO III
Plazo de realización y justificación de las inversiones subvencionables así como 
de la ejecución de los proyectos objeto de ayuda
Artículo 18.  Plazo de realización de las inversiones subvencionables y ejecución de los 
proyectos objeto de ayuda.
El plazo máximo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución 
de  los  proyectos  objeto  de  las  ayudas  reguladas  por  este  real  decreto  será  de 
veinticuatro meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.
Artículo 19.  Justificación de la realización de las inversiones subvencionables y de la 
ejecución del proyecto.
1.  Todas las justificaciones de gasto por parte de los beneficiarios acreditativas de 
la realización de las inversiones subvencionables y de la ejecución del proyecto objeto 
de ayuda deberán realizarse ante el órgano instructor en un plazo máximo de dos meses 
contados  a  partir  de  la  fecha  en  que  expire  el  plazo  máximo  para  su  ejecución 
establecido al respecto por el anterior artículo, y, en todo caso, con fecha límite el 30 de 
noviembre de 2025, fecha ésta a partir de la cual no podrá aceptarse ninguna nueva 
documentación.
2.  La justificación documental se realizará a través de la sede electrónica del IDAE 
mediante escrito dirigido al órgano instructor junto al que se aportará, con carácter 
general, la siguiente documentación:
a)  Informe  justificativo  de  la  adecuada  realización  de  las  actuaciones  (según 
modelo publicado al efecto en la sede electrónica del IDAE). Se realizará un informe para 
cada medida que incluya el expediente, que deberá estar suscrito, fechado y emitido por 
técnico titulado competente autor del proyecto definitivo o, en su defecto, el Director de 
Obra o, en su caso, la empresa instaladora autora de la memoria técnica final de la 
instalación ejecutada.
En este informe se ha de justificar la correcta realización de las actuaciones, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en las bases y en la concesión de la ayuda, y 
recoger lo realmente ejecutado y los resultados obtenidos. Este informe justificativo 
incluirá la información sobre los parámetros energéticos que se recoja en los modelos 
del mismo que para cada medida se publicarán en la sede electrónica de IDAE.
En el caso de «proyectos integrales», información que justifique lo indicado en los 
apartados 2 y 3 del artículo 11 actualizada de acuerdo con el proyecto finalmente 
ejecutado.
b)  Acta de replanteo o declaración responsable firmada por el Director de la Obra o, 
en su caso, la empresa instaladora, y un representante del beneficiario, o en su caso,  s
documentación fehaciente (contratos, Pliego de Prescripciones Técnicas, anteproyecto,  e.
etc.), donde se justifique la fecha de inicio de las actuaciones y el estado previo de los  w.
edificios y/o infraestructuras objeto de la ayuda. 269ww
entidca) d Cloecratli.ficado de recepción de las actuaciones, suscrito por el representante de la
tituladd) o cPormoypeectteon tdee, foin iptiovro l ao  eMmepmreosraia i ntésctanliacdao frian aalu dtoer ilzaa dinas.talación firmado por técnico  BOE-A-cable e
e)  Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post» que se requiere 
para cada medida, según se establece en el anexo I de este real decreto.
f)  Relación certificada y copia de los contratos suscritos por el beneficiario para la 
realización de las actuaciones objeto de ayuda, así como documentación justificativa del 
procedimiento de contratación: dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios 
de  licitación  y  resolución  o  acuerdo  de  adjudicación  y  formalización  de  contratos, 
acuerdos del órgano de contratación, etc.
g)  Relación  certificada  y  copia  de  las  facturas,  y  de  sus  correspondientes 
justificantes  bancarios  de  pago,  de  las  partidas  del  presupuesto  aprobado  como 
inversiones y gastos elegibles realizados para llevar a cabo la ejecución del proyecto 
objeto de ayuda. Se exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un 
importe inferior a 3.000 euros.
Las  facturas  deberán  ser  detalladas  e  incluir,  suficientemente  identificados,  los 
conceptos  e  importes  correspondientes  a  las  actuaciones  objeto  de  ayuda.  Los 
conceptos que figuren en las facturas deberán corresponderse con los aprobados en la 
resolución de la concesión de la ayuda, es decir, deben relacionarse inequívocamente 
con las actuaciones descritas en la memoria y presupuesto presentado y aprobado.
Asimismo,  los  justificantes  de  pago  deberán  ser  claramente  identificables  y 
relacionables con las facturas aportadas.
El IDAE no admitirá como justificación de las actuaciones realizadas, facturas o 
pagos que no respondan a estos requerimientos.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad al plazo de justificación 
establecido en este real decreto, no aceptándose pagos en metálico. Si la forma de pago 
es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo 
de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, 
en defecto de éste, el concepto abonado. En todos los justificantes de pago que se 
aporten,  el  beneficiario  debe  quedar  identificado  como  emisor  del  pago,  bien 
directamente o por entidad financiera en su nombre. En caso de no aparecer el emisor 
del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga 
información sobre el emisor del pago, destinatario del pago, fecha e importe.
h)  Documentación justificativa de la titularidad de las cuentas bancarias desde las 
que se hayan realizado pagos de facturas o justificación de la procedencia de las 
aportaciones, en caso de que sean distintas a la propia entidad beneficiaria.
Igualmente, el beneficiario deberá indicar el número de IBAN de la cuenta bancaria 
en la que solicita que se le realice el ingreso de la ayuda, así como aportar el documento 
justificativo de que dicha cuenta bancaria es de su titularidad.
i)  Documentación justificativa de la existencia de una contabilidad diferenciada que 
permita la trazabilidad de todas las transacciones relacionadas.
j)  Declaración  responsable  que  acredite  la  existencia  de  otras  subvenciones  o 
ayudas obtenidas y cobradas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el 
contexto de las ayudas objeto de este real decreto (según modelo publicado al efecto en 
la sede electrónica del IDAE).
k)  Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la 
situación de los edificios/infraestructuras después de las actuaciones, y en su caso, de 
los equipos e instalaciones principales finales objeto de la ayuda, y donde se muestre el 
cartel publicitario o señalización de la actuación. Información y enlace al sitio de Internet 
del beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde se informará al público del  s
apoyo obtenido de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  oe.
y/o, en su caso, del instrumento de la Unión Europea que corresponda, haciendo una  w.
breve descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado,  269ww
con ls) usD oebcjleatrivaocsió yn  rerseuslptaodnossa,b yle d egsataracanntizdaon edlo a peoly op frinoacnecsioe rod dee  lcao Untnraiótanc Eióunr opdeea .las
atocdtuaasc liaosn etrsa,n lsaa ecxciisotneensc irae ldaec iuonnaa dcaosn,t aebnicliodnatdra drisfeer aeln ccoiardriae nqtuee e pne erml cituam lap ltimraizeanbtoili ddaed s dues   BOE-A-cable e
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, el cumplimiento de las normas 
nacionales  y  comunitarias  sobre  requisitos  de  igualdad  de  oportunidades  y  no 
discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas 
medioambientales nacionales y comunitarias y de los criterios de la «Guía para el diseño 
y  desarrollo  de  actuaciones  acordes  con  el  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo al medioambiente»; asimismo, garantizando el cumplimiento de las normas 
sobre  desarrollo  sostenible  y  la  aplicación  de  medidas  antifraude  eficaces  y 
proporcionadas en el ámbito de gestión del proyecto objeto de ayuda (según modelo que 
estará disponible en sede electrónica de IDAE).
m)  Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 1.000.000 
euros  y  opcionalmente  para  el  resto,  deberá  entregarse  cuenta  justificativa  con 
aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por 
IDAE en la «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones», disponible al 
efecto en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del informe de 
auditor mencionado tendrá la consideración de gasto elegible, sin exceder la cantidad 
de 10.000 euros por proyecto. La realización y pago de dicho informe podrá efectuarse 
durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.
n)  Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de gestión de 
residuos de construcción y demolición no peligrosos, mediante la aportación del proyecto 
o memoria técnica donde se incluya un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición,  así  como  del  correspondiente  plan  de  gestión  de  los  residuos  de 
construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará, según lo regulado por 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. La justificación de lo anterior se realizará 
de la forma siguiente:
i.  Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los 
residuos de construcción y demolición, el adjudicatario presentará una memoria resumen 
donde se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados por códigos LER, y 
los  certificados  de  los  gestores  de  destino,  donde  se  indique  el  porcentaje  de 
valorización alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no 
valorizables no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.
ii.  El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una demolición 
selectiva se acreditará mediante los códigos LER incluidos en los certificados expedidos 
por los gestores como justificación de la entrega de los residuos generados. Estos 
códigos serán los correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por 
ejemplo 170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 ó 170405.
iii.  En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario 
incluirá en la memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código 
LER y los medio utilizados (planta móvil, gestor, etc.).
iv.  En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el 
adjudicatario incluirá en la memoria resumen la documentación que acredite la compra 
de estos materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de material.
v.  En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su 
adecuado tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de 
amianto desde el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de  e.
identificación de los traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación  w.b
del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en  269ww
el interior del territorio del Estado.
publoic) adDoso cyu mdeisnptaocniióbnle sju, sqtiufieca taivpali qduee n lodse  veanlotrree sl odse  qluoes  pinudeidcaad oinrcelsu,i r slia  eCstoumviiesrióann 
Europea  para  el  seguimiento  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, o en su defecto, la información sobre 
los parámetros energéticos que se recoja en los modelos de memoria que para cada 
medida  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  IDAE  y  que  puedan  permitir  con 
posterioridad el cálculo de dichos indicadores.
3.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se 
hubiera pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio 
de proporcionalidad.
4.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo 
establecido en los apartados anteriores, supondrá la exigencia del reintegro de la ayuda 
o, en su caso, la pérdida del derecho a su percepción.
5.  El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de  la  actuación  ejecutada  a  la  que  fue  objeto  de  ayuda,  quedando  el  beneficiario 
obligado a su entrega en un plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de 
la comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
6.  El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que estime 
oportuno y/o, por otro, utilizar los servicios de empresas independientes especializadas o 
medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para realizar la inspección 
y el seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase 
final  de  comprobación,  sino  también  en  momentos  intermedios,  donde  se  puedan 
comprobar  los  fines  sobre  los  cuales  se  conceden  las  ayudas  y  también  en  lo 
relacionado con el procedimiento de control establecido.
7.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, 
podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años a contar 
desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución del proyecto objeto 
de ayuda, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan servido 
para el otorgamiento de la ayuda, o para justificar la realización de las inversiones y 
gastos elegibles necesarios para la ejecución del proyecto correspondiente (incluyendo 
facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, exigencia de reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a 
su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido 
en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación 
de justificación del destino de la ayuda otorgada.
8.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  Instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
9.  Adicionalmente  a  los  apartados  previos,  resultará  también  de  obligado 
cumplimiento cualquier otro mecanismo de justificación de la realización de los proyectos 
que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pudieran ser 
desarrollados tanto a nivel nacional como europea.
CAPÍTULO IV
Publicidad de las ayudas
Artículo 20.  Publicidad de las ayudas. b
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que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el
Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, así como el Plan de Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  18.4  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 31 de su reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, las instalaciones o, en su caso, equipos correspondientes objeto de ayuda 
deberán estar señalizados de acuerdo con lo que se indique en el manual de imagen de 
este programa que estará disponible en la sede electrónica de IDAE.
Adicionalmente, en el caso de «proyectos integrales» de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 11, los planes estratégicos  descritos  en el apartado 3 de dicho artículo 
deberán ser publicados en la web del beneficiario pudiendo también publicarse en la web 
de IDAE.
2.  La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto tanto en la 
normativa nacional como europea que regule el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, sobre actividades de información y publicidad, debiendo de mencionarse el 
origen de la financiación recibida y garantizar su visibilidad, en particular cuando se 
promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información 
coherente,  efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los 
medios de comunicación y el público.
3.  En  el  supuesto  de  que  el  beneficiario  disfrutara  de  otras  ayudas  y  viniera 
obligado a dar publicidad de esta circunstancia, los medios de difusión, así como su 
relevancia, deberán ser análogos a los empleados para las otras fuentes de financiación.
4.  Adicionalmente, la publicidad de las ayudas reguladas por este real decreto se 
realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, el «Boletín Oficial del 
Estado» y, en su caso, la página web y sede electrónica del IDAE, sin perjuicio del resto 
de  obligaciones  relativas  a  la  publicidad  de  la  realización  de  las  inversiones 
subvencionables y ejecución de los proyectos establecidas en este artículo.
La persona titular de la Dirección General del IDAE efectuará las comunicaciones 
correspondientes y facilitará la información requerida a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones  (BDNS),  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  20  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
CAPÍTULO V
Presupuesto, financiación y procedimiento de pago de las ayudas
Artículo 21.  Presupuesto y financiación.
1.  El presupuesto inicial asciende a 75.000.000,00 de euros, financiados con cargo 
a  los  fondos  de  IDAE  previa  trasferencia  de  los  mismos  desde  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  para  el  año  2021  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
Este presupuesto podrá ser ampliado, siempre que exista disponibilidad de fondos y 
que no hubiera expirado el plazo de vigencia de este real decreto.
En ese supuesto, el Consejo de Administración del IDAE realizará una propuesta de 
asignación por comunidades autónomas, teniendo en cuenta el grado de ejecución e  es
implementación  del  programa,  acordándose  la  ampliación  y  nueva  asignación  de  o
presupuesto mediante resolución de la persona titular de la presidencia del IDAE. 269ww
dEdeeu lr oP2Rp.ae ercloaLu mapdseee r naaRtycoeui ócEdnuau,ps roe Trpreraeagconuió slyanf odd ryaem sl R aCpecooisónri lnsiee esnjytoce ,i  aRrde,e eae s1ls il2dtiae edbncelcre eifacetio,db  orsde eorpronáo dnrd e eef i ln2 saR0en2 ec1giin,al acedmlnua yesee nlc  tcooeon l(n  UetPelE xRM)t oOe2 cGd0ae2Rnl1 AiP/s2Mmla4An1o     OE-A-2021-13able en https://
DUS 5000, teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto disponible para cada 
comunidad autónoma que se indican en la tabla del siguiente apartado.
3.  El presupuesto se distribuye por Comunidades Autónomas de la forma que se 
indica en el cuadro que se incluye a continuación:
Presupuesto (€)
Comunidad Autónoma
PROGRAMA DUS 5000
01 Comunidad Autónoma de Andalucía. 8.501.250
02 Comunidad Autónoma de Aragón. 5.546.250
03 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 1.260.000
04 Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 798.750
05 Comunidad Autónoma de Canarias. 1.376.250
06 Comunidad Autónoma de Cantabria. 1.387.500
07 Comunidad de Castilla y León. 16.417.500
08 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 8.377.500
09 Comunidad Autónoma de Cataluña. 8.673.750
10 Comunidad Valenciana. 4.773.750
11 Comunidad Autónoma de Extremadura. 4.102.500
12 Comunidad Autónoma de Galicia. 5.692.500
13 Comunidad de Madrid. 1.578.750
14 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 236.250
15 Comunidad Foral de Navarra. 2.561.250
16 Comunidad Autónoma del País Vasco. 2.418.750
17 Comunidad Autónoma de La Rioja. 1.297.500
  TotaL. 75.000.000
4.  Se  considerará  agotado  el  presupuesto  disponible  para  cada  comunidad 
autónoma, cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice el 
importe asignado para dicha comunidad. Con posterioridad a ese momento, podrán 
seguir registrándose solicitudes en el ámbito de dichas comunidades autónomas y para 
las  medidas  especificadas  que  serán  atendidas  por  riguroso  orden  de  registro, 
supeditadas a que se produzcan desestimaciones de solicitudes, reintegros o pérdidas 
del derecho a la percepción de las ayudas por incumplimiento, que pudieran liberar 
presupuesto disponible, así como ampliaciones de presupuesto. En ningún caso, la 
presentación de una solicitud generará derecho alguno para la entidad solicitante, hasta 
que no se dicte resolución expresa por parte del IDAE.
5.  Si a la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, en alguna de las 
comunidades  autónomas,  no  se  hubieran  registrado  solicitudes  por  el  total  del 
presupuesto, la diferencia entre el presupuesto establecido en el apartado 3 del presente 
artículo y la cantidad solicitada podrá ser destinada por IDAE a solicitudes registradas de 
otras comunidades autónomas en lista de espera. En ese caso, la asignación de dichas  e.
cantidades se determinará de la siguiente forma: w.b
asigan)a ciSóno loa  tseonldicriátund elas  ceonn slisidtae radcei óens pdeer ac,a anqtiudealdlaess  caadnictiidoandaeless ,q uae  lonso  ehfuebciteorsa nd es idsou 
csoomlicuitnaiddaasd  aau tólan omcoan.clusión  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  en  alguna
b)  La asignación de dichas cantidades adicionales se realizará, utilizando como 
criterio de prelación para la selección, los datos relativos a la fecha de presentación y 
registro de las mismas, independientemente de la comunidad autónoma de origen.
c)  Una vez efectuada la asignación de dichas cantidades adicionales a las posibles 
solicitudes en lista de espera, de conformidad con el orden de prelación descrito, las 
solicitudes que no pudieran ser financiadas serán definitivamente desestimadas.
Artículo 22.  Pago de las ayudas concedidas.
1.  El pago de las ayudas objeto de este real decreto se realizará por el IDAE, una 
vez se haya realizado y justificado la inversión subvencionable correspondiente, así 
como la ejecución del proyecto objeto de la misma, conforme a lo establecido por los 
artículos 18 y 19 y lo previsto en el presente capítulo.
Para tramitar el pago  de la ayuda  deberán  haberse  entregado los documentos 
acreditativos de que la actividad objeto de la ayuda ha sido efectivamente realizada en 
las  condiciones  impuestas  por  este  real  decreto  y  en  la  resolución  de  concesión 
correspondiente, o en su caso en la resolución modificativa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la 
verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación de las 
inversiones subvencionables y la ejecución del proyecto correspondiente.
2.  Una  vez  realizada  la  correspondiente  verificación  técnico-económica  del 
cumplimiento de los requisitos establecidos por este real decreto, así como de las 
obligaciones establecidas en la resolución de concesión correspondiente, se extenderá 
informe de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será notificado por el órgano 
instructor a la entidad beneficiaria a través de la sede electrónica del IDAE. Con dicho 
informe se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la 
actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la 
ayuda, tal y como se recoge en el artículo 85 del reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 23.  Pago anticipado de las ayudas.
1.  De conformidad con el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
podrán realizar pagos anticipados como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, que supondrán entregas de fondos con 
carácter  previo  a  la  justificación.  A  tal  efecto,  las  entidades  beneficiarias  deberán 
formular petición expresa, correspondiendo su concesión, mediante resolución, a la 
persona titular de la presidencia del IDAE, siempre con los límites establecidos en el 
citado  artículo  34.  En  todo  caso,  con  las  condiciones  y  previa  acreditación  del 
cumplimiento de los requisitos que a continuación se detallan:
a)  Que  se  hayan  formalizado  los  contratos  para  la  ejecución  de  las 
correspondientes actuaciones objeto de ayuda y dichos contratos establezcan, en todo 
caso, la inversión directa de la entidad beneficiaria para la que se solicita el anticipo.
b)  Que  las  actuaciones  objeto  de  ayuda  y  las  condiciones  establecidas  en  la 
resolución de concesión no hayan sido modificadas o no estén pendientes de valoración 
de modificación por parte del órgano concedente.
2.  El límite de anticipo a otorgar será del 80% de la ayuda correspondiente a la  e.
inversión acreditada en el contrato o contratos formalizados, considerando las posibles  w.b
bajas sobre la inversión inicialmente aprobada que pudieran producirse tras el proceso  269ww
mdee nlicoirteasc iónno.  sLearsá np ocsoinbsleidse irnavdearss ioanl oebs jeqtuoe d peu cdoienrcaens sióenr  daecr aendtiticaidpaos. a través de contratos
esta3b.l ecLidaa  seonli cliatu sde ddee  ealnetcictriópnoi,c aq udee ls IeD AreEa,l idzeabráe raá  atrcaovmésp adñea rlase a dpeli claac dióonc uinmfoernmtaáctiiócna 
necesaria para su evaluación y tramitación: pliegos de condiciones administrativas y
técnicas de la licitación, contrato formalizado y memoria actualizada del proyecto objeto 
de ayuda con el contenido que se indica en el artículo 12.5.b).
4.  La  resolución  de  concesión  de  anticipo  constituirá  a  todos  los  efectos  una 
resolución modificativa, que ajustará la ayuda concedida a las posibles bajas sobre la 
inversión inicialmente aprobada que pudieran producirse tras el proceso de licitación, 
resultando  de  aplicación  las  previsiones  que  sobre  su  contenido  y  notificación  se 
establecen en el artículo 17.
5.  La liquidación y pago del resto de la ayuda, una vez deducido el anticipo que se 
hubiera concedido, será realizado por el IDAE, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22.
CAPÍTULO VI
Incumplimiento de condiciones
Artículo 24.  Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en 
materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previsto por las 
disposiciones nacionales y comunitarias en relación al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y normativa de desarrollo.
Artículo 25.  Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.
1.  En  los  supuestos  de  incumplimiento  parcial  o  total  de  las  condiciones 
establecidas en las resoluciones de concesión, se procederá a iniciar el procedimiento 
para, en su caso, la exigencia del reintegro o la pérdida del derecho a la percepción de la 
ayuda correspondiente, en función de la relevancia del incumplimiento.
2.  Se producirá la exigencia de reintegro o la pérdida del derecho a la percepción 
total de la ayuda otorgada en aquellos casos en los que el proyecto objeto de ayuda, en 
las fechas máximas fijadas para su ejecución, o en su caso de las ampliaciones que 
pudieran haberse concedido, no supere los requisitos mínimos señalados en «requisitos 
técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental» que, para la medida o 
medidas ejecutadas por el mismo, se especifican en el anexo I de este real decreto.
3.  En el supuesto de realización parcial de la inversión subvencionable establecida, 
siempre que el proyecto ejecutado cumpla con los requisitos mínimos señalados como 
«requisitos técnicos de eficiencia energética o mejora medioambiental» que, para la 
medida o medidas ejecutadas, se especifican en el anexo I de este real decreto, se 
liquidará la ayuda máxima definitiva en el mismo porcentaje de inversión subvencionable 
acreditada, exigiéndose, en su caso, el reintegro parcial o declarándose la pérdida del 
derecho a la percepción parcial de la ayuda correspondiente.
4.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  la  obtención  de  otras 
subvenciones públicas o ayudas privadas será causa suficiente para la exigencia del 
reintegro o pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la 
cuantía de la ayuda obtenida por el proyecto y no notificada al IDAE.
5.  El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 20 
dará lugar a la exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la 
percepción total de la ayuda correspondiente. es
6.  En caso de incumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al  o
mdcueem drepioilniamtmeigebrnioeto no t delae  l(p pcéritrianddcidiopa i podr einDl cdNipeSiroeH c)Dh, Nod SaeH ll a ye p teieqtruicqeeutpeactdaioód noc  tlcoimltiamál átdicteioc lo a,o  as yedu epd raola dosut occrigroáan ddlaaic .eioxnigeesn cdiae   2021-13269n https://www.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por 
el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se suprime el apartado 6 del artículo 11 del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, 
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos  ligados  al  autoconsumo  y  al  almacenamiento,  con  fuentes  de  energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que 
queda redactado como sigue:
«Artículo 11.  Destinatarios últimos de las ayudas.
1.  Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas establecidas en este real 
decreto, conforme a lo previsto en el mismo para cada programa de incentivos 
previsto  por  el  artículo  13,  cualesquiera  de  los  sujetos  que  se  enumeran  a 
continuación.
2.  Dentro de los programas de incentivos 1, 2 y 3, se considerarán como 
destinatarios últimos de las ayudas:
a)  Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con 
o sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que 
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, incluyendo, entre otros:
1.º  Los gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o privada.
2.º  Las  empresas  explotadoras,  arrendatarias  o  concesionarias  de 
actuaciones en el ámbito de la energía.
3.º  Las  empresas  de  servicios  energéticos  (ESEs),  o  proveedores  de 
servicios energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por 
el  que  se  transpone  la  Directiva  2012/27/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que 
se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan 
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la  eficiencia  del  suministro  de  energía.  Para  poder  ser  beneficiarias,  estas 
empresas deberán actuar conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con 
la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las tipologías 
de actuaciones recogidas en este real decreto, debiendo acreditar su actuación 
como empresa de servicios energéticos y la inversión realizada.
b)  Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas 
de energía, según definición de la Directiva 2018/2001, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, y de la Directiva 2019/944, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el 
mercado  interior  de  la  electricidad  y  por  la  que  se  modifica  la  e.e
Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como del artículo 4 del Real Decreto- b
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de  269ww
deenseer3gm. íap Leyoñ esan r  odstuero sstai ncáatmivtabidriitaoodss   pdaúerlntaitm rloao  srde ea dcuetinlv aa cpiCróolnag sreaicfmiocnaaóc imódniec a N.ianccieonntaivl odse  1A ctdiveidbaedráens   OE-A-2021-13able en https://
Económicas (en adelante, CNAE) incluido en uno de los siguientes grupos: G, H, I, 
J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Siempre que no sean administraciones públicas.
4.  Los  destinatarios  últimos  del  programa  de  incentivos  2  deberán 
desempeñar  su  actividad  dentro  de  un  CNAE  correspondiente  al  grupo  A01, 
excepto el 017, o dentro de un CNAE correspondiente a los grupos B, C, D, E o F. 
También podrán ser  destinatarios últimos de este  programa el sector público 
institucional  de  cualesquiera  Administraciones  Públicas  a  que  se  refiere  el 
artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como las entidades u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, 
siempre que, en ambos casos, realicen alguna actividad económica por la que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
5.  Los  destinatarios  últimos  del  programa  de  incentivos  3  deberán 
desempeñar su actividad dentro de un CNAE correspondiente a uno de los grupos 
establecidos en los párrafos anteriores 3 y 4.
6.  Para  los  programas  de  incentivos  4  y  5,  se  considerarán  como 
destinatarios últimos de las ayudas:
a)  Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
b)  Las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera 
Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, éste último siempre que no 
realice ninguna actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el 
mercado.  En  caso  contrario,  se  considerarán  incluidas  en  los  programas  de 
incentivos 2 o 3 previstos en el artículo 13.
c)  Las personas jurídicas que no realicen ninguna actividad económica, por 
la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo las entidades u 
organizaciones del tercer sector. A efectos de este real decreto, se entiende como 
entidades  u  organizaciones  del  tercer  sector  las  entidades  u  organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro que no realicen ninguna actividad económica, por la 
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado. En caso de realizar alguna 
actividad económica por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, se 
considerarán incluidas en los programas de incentivos 2 o 3 previstos en el 
artículo 13.
d)  Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados 
de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, y estarán sometidos a los requisitos y límites 
establecidos en el Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
e)  Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
f)  Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas 
de energía, según definición de la Directiva 2018/2001, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, y de la Directiva 2019/944, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el  e.
mercado  interior  de  la  electricidad  y  por  la  que  se  modifica  la  w.b
Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como del artículo 4 del Real Decreto- 269ww
leenye r2g3ía/2 0y2 e0n,  doetr o2s3  ádmeb ijtuonsi op,a prao rl ae lr eqauceti vsaec ióanp reuceobnaónm micae,d icduaasn deon  nmoa treeraiali cedne 
mninegrcuandao . acEtniv idcaads oe ccoonnótrmariicoa,  speo r cloan sqidueer aorfárne zcinacnlu ibdiaesn eesn  y/loos  sperrovigcriaoms aesn  deel 
incentivos  1,  2  o  3  previstos  en  el  artículo  13,  en  función  del  área  en  que 
desempeñen su actividad.
7.  Para  el  programa  de  incentivos  6,  previsto  en  el  artículo  13,  se 
considerarán como destinatarios últimos de las ayudas:
a)  Personas físicas que no realicen ninguna actividad económica por la que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
b)  Entidades u organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o 
personas  jurídicas  que  no  realicen  ninguna  actividad  económica  por  la  que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, que acrediten la puesta a disposición 
de colectivos vulnerables de viviendas sociales, sin que tal actividad, en el caso de 
generar algún rendimiento económico, se pueda considerar actividad económica a 
los efectos de la aplicación de la normativa europea de ayudas de estado, sin 
perjuicio de la aplicación del resto de disposiciones tanto de derecho nacional 
como de la Unión Europea, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la 
ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c)  Las personas físicas que realicen alguna actividad económica, por la que 
ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, en cuyo caso habrán de estar dados 
de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, y las ayudas que perciban estarán sometidas 
a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis.
d)  Comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal, que habrán de cumplir con lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  Las entidades locales y del sector público institucional de cualesquiera 
Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Público, cuando se pueda 
excluir la existencia de ayuda de estado. Se considerará que se puede excluir la 
existencia  de  ayuda  de  estado  cuando  éstas  no  realicen  ninguna  actividad 
económica  por  la  que  ofrezcan  bienes  y/o  servicios  en  el  mercado,  estén 
considerados  servicios  de  interés  económico  general,  o  cuando  las  medidas 
carezcan  de  impacto  sobre  el  comercio  entre  Estados  Miembros  al  tener  un 
impacto puramente local. En estos casos, sólo podrán recibir ayudas destinadas a 
la realización de instalaciones de generación de energía térmica con fuentes 
renovables en viviendas que sean de propiedad pública. Dicha propiedad pública 
deberá mantenerse inalterada durante, al menos, cinco años desde la resolución 
de concesión de ayuda correspondiente.
8.  En todos los programas de incentivos, los ayuntamientos, las diputaciones 
provinciales o las entidades equivalentes y las mancomunidades o agrupaciones 
de  municipios  españoles,  cabildos  y  consejos  insulares,  y  cualesquiera 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
tanto  de  la  administración  local  como  autonómica  correspondiente,  podrán 
acceder  a  la  condición  de  destinatarios  últimos  de  las  ayudas  como  s
representantes  de  agrupaciones  de  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  oe.
peeprjnreiovecdarugudcícaaitósi vn,r oe sdnp eorqo vuplaaeibes, lt eaac,uro inodrr seec basidpreeeonc ndiedionni esdctnauotlme adscpe il oaiprncseteeurs,sa  oecndinoae nllti eodssdae oddc  jetcuo arraís duositc,eo alrco,vo  ipcnpuisroeeusdvm aisount  o cl oleoptvnrooa rs fru  eaels  nceptaceábtsroro ard efloeas     2021-13269n https://www.
segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las facultades de 
las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección, así como 
bases del régimen minero y energético.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Palma, el 3 de agosto de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANEXO I
Descripción de las Medidas Elegibles
Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e 
infraestructuras públicas
1.  Objeto. Las actuaciones contempladas en esta medida serán las que tengan por 
objeto limitar y reducir la demanda energética en edificios públicos mediante la mejora 
energética de uno o varios de estos elementos: envolvente, elementos de climatización 
pasivos, instalaciones de climatización, instalaciones de iluminación interior, así como la 
digitalización de las instalaciones anteriores que supongan un ahorro energético.
Asimismo,  serán  elegibles  las  actuaciones  que  consigan  disminuir  la  demanda 
energética de infraestructuras públicas consumidoras de energía (por ejemplo, piscinas 
municipales).
2.  Descripción. Esta medida contempla actuaciones en mejora de la envolvente 
térmica de los edificios; la sustitución y renovación de las instalaciones de iluminación 
interior; y la mejora energética de instalaciones de calefacción, climatización, ventilación 
y producción de agua caliente sanitaria de los edificios y dependencias existentes.
La  mejora  de  la  eficiencia  energética  de  la  envolvente  térmica  comprende  las 
actuaciones  energéticas  sobre  su  envolvente,  que  permitan  reducir  la  demanda 
energética de calefacción y/o refrigeración y, por lo tanto, su consumo energético y 
emisiones de dióxido de carbono, mediante soluciones constructivas convencionales y 
no convencionales, que pueden consistir en una reforma integral de la envolvente o 
sobre alguno de sus cerramientos por separado (cubiertas, suelos, huecos, muros y 
medianeras).
Se define como envolvente térmica del edificio, a efectos de esta medida, la que está 
compuesta por todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire 
exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan los 
espacios habitables con los no habitables en contacto con el ambiente exterior. Se 
entienden por soluciones constructivas convencionales las utilizadas habitualmente en 
los edificios para reducir su demanda energética de calefacción y/o refrigeración como, 
por ejemplo, las que afectan a las fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, ventanas 
y protecciones solares. Se entienden como soluciones constructivas no convencionales 
las conocidas habitualmente como medidas de «arquitectura bioclimática» como, por 
ejemplo: muros trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de 
sombreamiento, ventilación natural, etc.
Se  consideran  como  instalaciones  térmicas  de  calefacción,  climatización  y 
producción de agua caliente sanitaria las destinadas a atender la demanda del bienestar 
térmico e higiene de las personas. Las actuaciones energéticas consideradas dentro de 
este bloque serán aquellas que consigan una reducción anual del consumo de energía 
convencional  y  de  emisiones  de  dióxido  de  carbono  mediante  actuaciones  en  sus 
instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente 
sanitaria.
También se contempla en las actuaciones incluidas en esta medida la mejora de la 
eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de  iluminación  interior  existentes  de  los 
edificios y dependencias que se renueven, de forma que cumplan, al menos, con las 
exigencias mínimas que fija el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE3 del 
Código Técnico de la Edificación vigente, reduciendo su consumo de energía y las  s
emisiones de dióxido de carbono. oe.
orienLata)a st ivAaocc ttyuu aanccoii oolinnmeeissta  etsinvooeb,rr gleaé stli acs aigesu nciveoonnltvteeesmn:tpel atdéarms iecna  edsetal  emdeifdicidioa  poo dsorábnre s earl,g cuonno  cdaerá cstuesr   2021-13269n https://www.
scoelruracmioineensto cso npsotrr uscetipvaarsa cdoon v(ceunbciieorntaasle, ss yu enloo sc,o hnuveencociso,n maluerso.s y medianeras) mediante  BOE-A-cable e
b)  Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros de 
alta eficiencia energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de tuberías.
c)  Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del 
aire de extracción.
d)  Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que 
reduzcan  el  consumo  de  energía  de  la  instalación:  enfriamiento  evaporativo, 
condensación  evaporativa,  pre-enfriamiento  evaporativo  del  aire  de  condensación, 
enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de 
extracción, etc.
e)  Sistemas  de  control  y  regulación  de  equipos  y/o  instalaciones  que  ahorren 
energía, por ejemplo, en función de la variación de la temperatura exterior, la presencia o 
las necesidades del usuario. Sistemas de gestión telemática de suministro de agua 
caliente sanitaria para edificios que permitan controlar el consumo de agua caliente 
sanitaria y energía o limitar el caudal máximo instantáneo.
f)  La ampliación de redes centralizadas de calor y/o frío de titularidad pública 
existentes: ampliar el número de edificios públicos conectados a la red y que sustituyan a 
instalaciones  individuales  o  centralizadas  existentes  de  manera  que  se  consiga  un 
ahorro energético significativo. En este caso, estarán incluidos el tendido de las tuberías 
de transporte de los fluidos caloportadores, sus sistemas de regulación y control y la 
obra civil directamente asignable para implantación de las mismas; no obstante, no se 
contempla la ampliación de capacidad de generación térmica (aumento de potencia 
térmica instalada con equipos consumidores de energía fósil).
g)  Sustitución en edificios de luminarias, lámparas y equipos por otro conjunto con 
luminarias  de  mayor  rendimiento,  lámparas  de  mayor  eficiencia  y  reactancias 
electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia instalada en iluminación, 
cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados.
h)  Sistemas  de  control  local  o  remoto  de  encendido  y  regulación  de  nivel  de 
iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y regulación de nivel de 
iluminación según el aporte de luz natural, ajustándose a las necesidades del usuario 
consiguiendo un ahorro eléctrico respecto a la instalación sin control o regulación.
i)  Cambio  de  sistema  de  iluminación:  reubicación  de  los  puntos  de  luz  con 
utilización de las tecnologías anteriores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico 
anual respecto al sistema actual de iluminación.
j)  Implantación  de  sistemas  de  monitorización  que  permitan  conocer  en  todo 
momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones realizadas a favor 
de la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación.
k)  Sistemas de aprovechamiento de la luz natural.
Para infraestructuras que estén excluidas de la aplicación de los diferentes DB-HE 
del Código Técnico de la Edificación o que no puedan certificarse energéticamente de 
acuerdo  con  el  Real  Decreto  235/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, sólo 
se consideran elegibles las actuaciones de mejora de la eficiencia de las instalaciones, 
no siendo elegible la modificación o mejora de la envolvente, la inclusión o cambio del 
sistema de generación de calefacción, refrigeración o ACS. Estas infraestructuras deben 
poder  enmarcarse  dentro  del  sector  terciario,  no  contemplando  como  elegibles 
actuaciones que se proyecten en edificios o infraestructuras de uso industrial, de la 
defensa  o  agrícola  no  residencial  (talleres,  naves,  etc…)  por  considerarse  de  baja 
demanda energética. Serán elegibles actuaciones del tipo que con carácter enunciativo y  e.
no limitativo se listan a continuación: w.b
piscain)a sR peúnbolivcaacsi ócnlim  daeti zaedqausip.os  recuperadores  de  energía  en  agua  y  ambiente  de
bc))   SRuesntoitvuaccióiónn  ddee  leaqsu iinpsotsa ladceio nmeosv dimei eilunmtoi ndaec ióflnu iidnotesr iopro.r otros de alta eficiencia
energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de tuberías.
d)  Mejora de sistemas de control en instalaciones de uso terciario de titularidad 
pública.
3.  Actuaciones  elegibles.  Se  considerarán  elegibles  las  actuaciones  sobre  la 
envolvente  térmica  del  edificio  o  sobre  alguno  de  sus  cerramientos  por  separado 
(cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras) y no sobre uno o varios locales del 
mismo edificio considerados individualmente.
No se contempla la renovación de equipos generadores de energía térmica por otros 
que  utilicen  combustibles  fósiles  o  bombas  de  calor  que  no  sean  consideradas 
renovables; los equipos generadores que se consideran elegibles a efectos de este real 
decreto  son  únicamente  los  descritos  en  la  medida  3  de  este  mismo  anexo: 
«Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frío».
Adicionalmente, siempre que formen parte de un proyecto en el que se mejore la 
eficiencia energética de edificios o infraestructuras de acuerdo con lo recogido en este 
apartado, serán elegibles las asistencias técnicas relativas a la certificación energética 
de edificios de titularidad pública ligados a un plan de rehabilitación energética, a la 
adecuación de ordenanzas municipales o locales para la promoción de la rehabilitación 
energética, así como a la formación del personal adscrito a las entidades locales en 
relación  con  la  tramitación  de  licencias  o  actuaciones  relativas  a  la  rehabilitación 
energética. Será elegible un importe máximo para estos conceptos complementarios de 
un 10 % del presupuesto total de la actuación.
4.  Requisitos técnicos, energéticos y ambientales. Todos los proyectos contenidos 
en esta medida deben conseguir un ahorro de energía primaria de origen no renovable 
de al menos un 30 %.
La actuación cumplirá con la legislación vigente que le sea de aplicación y en 
particular:
a)  Documento  Básico  de  Ahorro  de  Energía  HE-0,  Limitación  del  consumo 
energético, del Código Técnico de la Edificación.
b)  Documento Básico de Ahorro de Energía HE-1, Condiciones para el control de la 
demanda energética, del Código Técnico de la Edificación.
c)  Documento Básico de Ahorro de Energía HE-2, Condiciones de las instalaciones 
térmicas, del Código Técnico de la Edificación, desarrollado a través del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).
d)  Documento Básico de Ahorro de Energía HE-3, Condiciones de las instalaciones 
de Iluminación, del Código Técnico de la Edificación.
Deberá acreditarse la mejora de al menos 1 letra en la calificación energética en 
emisiones de CO  del edificio, según el Procedimiento básico para la certificación de la 
2
eficiencia energética de los edificios, regulado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio, para lo cual se deberá aportar el Certificado de eficiencia energética del edificio 
existente en su estado actual y el Certificado energético del edificio alcanzado tras la 
reforma  propuesta  para  la  que  se  solicita  ayuda.  Para  edificios  que  dispongan  de 
certificado energético con calificación A en emisiones de CO , pero sea posible mejorar 
2
la calificación de la demanda térmica, será suficiente acreditar mediante certificado 
energético la mejora de una letra en dicha demanda
.
La mejora de al menos una letra en la calificación energética podrá obtenerse 
mediante  actuaciones  de  esta  medida  o  por  una  combinación  de  esta  con  otras 
actuaciones de las medidas 2 y/o 3 de este mismo anexo: «Instalaciones de generación  e.e
eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin almacenamiento» e «Instalaciones de  b
generación térmica renovable y redes de calor y/o frío» contenidas en el proyecto  269ww
eonbestragnétteic,o l ap remseejnotraad od ee nle etrla c oennt elxat oc adleif ilcaasc iaóynu deanse rrgeégtuiclaad asse  pdoerb ees tceo rnesaelg dueirc rceoton.  lNaos 
adcetlu saaclitoon edse  cleotnrasi dneinragduansa  ealectguibalceiós nd eqlu per onyoe csteoa,  noob jpeutod iedned sou ibnvcelunirc ipóanr ap olar  jluas ptifriecsaecnióten 
línea de ayudas o que no se presente en el mismo expediente de solicitud de ayuda,
aunque  se  vayan  a  llevar  a  cabo  de  manera  simultánea  por  cuenta  y  riesgo  del 
beneficiario.
Ambos certificados se realizarán de acuerdo con el Procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno 
de  los  programas  informáticos  oficiales  reconocidos,  que  regula  el  Real 
Decreto 390/2021, de 1 de junio. Para el caso de actuaciones no consideradas por los 
programas  oficiales  de  certificación  de  forma  directa,  se  aportará  la  información 
necesaria que justifique el ahorro energético mediante documento de auditoría o informe 
energético.
En  materia  de  rehabilitación  energética,  los  componentes  y  materiales  de 
construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no 
contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de 
sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
1907/2006 del Parlamento y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la 
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 
y 2000/21/CE de la Comisión. Cuando por motivo de la actuación sea necesario retirar 
aquellos  productos  de  construcción  existentes  que  contengan  amianto,  su  retirada 
deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 
aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto,  por  una  empresa 
legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá 
realizarse conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Asimismo, al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), generados en el 
sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización, incluidas 
las  operaciones  de  relleno,  de  forma  que  se  utilicen  residuos  para  sustituir  otros 
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los  operadores  deberán  limitar  la  generación  de  residuos  en  los  procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. s
Igualmente, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de  oe.
forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma  preferente  en  el  lugar  de  w.
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción  269ww
aoptroaysa nráonrm laa sc iprcaurala reidvaaldu ayr,  lean  cpaapraticciudlaadr,  ddee mdeossmtraornátna,j ec oon a rdeafpetraebnicliidaa ad  dlae  ISloOs  e2d0i8fic8i7o su, 
cflóemxibol eess ytá dne sdmisoenñtaadboless  ppaarraa  pseerrm mitirá lsa  reefiuctiielinzatecsió ne ny  reelc iucslaoje .de recursos, adaptables,  BOE-A-cable e
5.  Justificación documental de la actuación a realizar ex ante. La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 12 del real decreto, y adicionalmente, los documentos que se 
relacionan a continuación.
Se aportarán los siguientes certificados energéticos de los edificios, suscritos por 
técnico  competente  y  elaborados  de  acuerdo  al  procedimiento  aprobado  por  Real 
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios:
a)  Certificado energético del edificio existente en su estado actual y registrado en el 
registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b)  Certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta 
para la que se solicita ayuda, demostrando que el proyecto permite mejorar, al menos, 
una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO /m2 año), con 
2
respecto a la calificación energética inicial del edificio, no siendo necesario que este 
certificado  energético  esté  registrado  en  el  registro  del  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma correspondiente.
Para facilitar la comparación entre los certificados indicados en los párrafos a) y b) 
anteriores, los programas y versiones empleados de los mismos deben ser idénticos. 
Cuando el certificado registrado en el organismo competente de la comunidad autónoma 
esté realizado en un programa o versión que ya no se encuentre en vigor, además de 
este certificado registrado se aportará un certificado del edificio existente en su estado 
actual realizado con un programa y versión actualmente en vigor y que será el mismo en 
el que se realice la simulación del certificado energético del edificio tras la reforma objeto 
de la subvención. En este último caso, ambos certificados vendrán firmados por técnico 
competente, pero no es necesario que se encuentren registrados en órgano competente 
de la comunidad autónoma.
c)  Para las solicitudes que incluyan actuaciones en las instalaciones de generación 
térmica, ya sean actuaciones de la medida 1 o de la medida 3, se deberá aportar 
esquema de principio que permita comprender perfectamente la actuación a desarrollar.
d)  Para las solicitudes que incluyan actuaciones en las instalaciones de generación 
eléctrica, ya sean actuaciones de la medida 1 o de la medida 2, se deberá aportar plano 
de implantación de los nuevos equipos generadores y esquema unifilar que permita 
comprender perfectamente la actuación a desarrollar.
e)  Documento  justificativo  de  la  consecución  del  ahorro  del  30 %  de  energía 
primaria de origen no renovable. En los casos en los que los certificados recogidos en 
los apartados a) y b) anteriores recojan el total de energía primaria consumida, serán 
suficientes dichos certificados para demostrar el ahorro de energía primaria obtenido. En 
los casos en los que, por la naturaleza de la actuación, no sea preciso o posible emitir 
alguno de estos certificados o cuando debido a la incorporación de energías renovables 
en el edificio el certificado energético del mismo no recoja toda la energía primaria 
consumida, se deberá aportar un informe, firmado por técnico competente, que justifique 
que la actuación alcanza al menos el ahorro de energía primaria del 30 %.
6.  Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación 
se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 19, y adicionalmente los siguientes documentos:
Según el tipo de actuación ejecutada, en su caso y cuando sea preceptivo: es
a)  Copia del Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de  w.
ejecución de la obra, en el caso de las actuaciones de mejora de la envolvente térmica. 269ww
habibli)t adCo oyp iae l ddeirl ecCtoerr tidfieca dlao  indseta llaac ióinns, tacluaacniódno  tléar mpaicrati,c ipsaucsicórnit od ep oers tee l úilntismtaol asdeoar 
pcorenc eelp RtivITaE, ,r eegni setrl acdaos oe dne e al cótrugaacnioon ceosm spoebtreen itnes tdaela claio cnoems uténrimdaicda sa.utónoma de acuerdo  BOE-A-cable e
c)  Copia  del  Certificado  de  la  instalación  eléctrica  que  exige  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, suscrito por el instalador habilitado y registrado en el 
órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  en  el  caso  de 
actuaciones sobre instalaciones de iluminación interior u otras instalaciones eléctricas.
d)  Certificación energética del edificio tras la realización de las actuaciones, suscrita 
por  técnico  competente  y  registrada  en  el  registro  del  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma.
e)  Documento  justificativo  de  la  consecución  del  ahorro  del  30%  de  energía 
primaria con la actuación llevada a cabo. En los casos en los que los certificados 
energéticos del edificio existente y del edificio tras la realización de las actuaciones 
recojan el total de energía primaria consumida, serán suficientes dichos certificados para 
demostrar el ahorro de energía primaria obtenido. En los casos en los que, por la 
naturaleza de la actuación, no sea preciso o posible emitir alguno de estos certificados o 
cuando, debido a la incorporación de energías renovables en el edificio, el certificado 
energético del mismo no recoja toda la energía primaria consumida, se deberá aportar 
un informe, firmado por técnico competente, que justifique que la actuación alcanza al 
menos el ahorro de energía primaria no renovable del 30 %.
Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 
almacenamiento
1.  Objeto. Las actuaciones contempladas bajo esta medida están alineadas con el 
marco normativo europeo y nacional de fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables. Esta medida se plantea ante la conveniencia de propiciar el cambio 
desde un sistema de generación eléctrica centralizado –donde la oferta se adapta a una 
demanda pasiva según se requiera en cada momento– hacia un sistema de generación 
distribuida o continua, donde la generación se integre en la red como un elemento de 
eficiencia, de autogestión y de producción asociada a los centros de consumo, en los 
que  sea  posible  actuar  sobre  la  demanda  de  manera  activa  mediante  sistemas 
adecuados de comunicación y control.
En  este  contexto,  se  plantea  la  necesidad  de  apoyar  y  facilitar  la  viabilidad 
económica de aquellas actuaciones integradas en un desarrollo local sostenible, que 
lleven  asociadas  instalaciones  de  generación  eléctrica  renovable  destinadas  al 
autoconsumo eléctrico tanto conectadas a red como aisladas, de titularidad de la entidad 
local.
2.  Descripción.  Se  entiende  por  instalación  solar  fotovoltaica  un  sistema  de 
generación eléctrica que transforma la radiación solar en energía eléctrica mediante el 
efecto fotovoltaico.
Se entiende por instalación eólica como aquella instalación en las que el o los 
equipos  de  generación  sean  aerogeneradores  que  basen  su  funcionamiento  en  la 
conversión de la energía del viento en energía eléctrica.
Se  entiende  por  instalación  hidroeléctrica  aquella  instalación  constituida  por  el 
conjunto de infraestructuras y equipos necesarios para transformar la energía potencial 
de una masa de agua para convertirla, primero, en energía mecánica y, posteriormente, 
en energía eléctrica en el punto más bajo.
Dentro de estas tipologías, también se incluyen las instalaciones aisladas de la red 
no reguladas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 
condiciones  administrativas,  técnicas  y  económicas  del  autoconsumo  de  energía  s
eléctrica. e.
Asimismo,  a  los  efectos  de  este  real  decreto,  se  entiende  por  instalación  de  w.
almacenamiento aquellas instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a  269ww
uenlé cmtroicmae netno  puonsat efroiormr aa  cduea nednoe frugeía g eqnueer asdea , pou eqduae  raelamliazcaenn laar  cpoanrvae rslaió ns udbes iegnueierngtíea 
reconversión de dicha energía en energía eléctrica. Para que estas instalaciones sean
elegibles, se deberá dar la condición de que el almacenamiento no esté directamente 
conectado a la red, sino que será parte de la instalación de autoconsumo.
Sólo serán consideradas dentro de esta medida las instalaciones de almacenamiento 
que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia 
de generación de 2 Wh/W.
Un proyecto energético subvencionable en esta medida podrá incluir una o varias 
instalaciones de las definidas en los párrafos anteriores.
3.  Actuaciones  elegibles.  Serán  elegibles  aquellas  instalaciones  solares 
fotovoltaicas, eólicas e hidroeléctricas tanto aisladas como conectadas a red en cualquier 
modalidad de autoconsumo recogido en la normativa que establece las condiciones 
administrativas,  técnicas  y  económicas  del  autoconsumo  de  energía  eléctrica.  Son 
elegibles  también  las  instalaciones  aisladas  de  la  red  no  reguladas  en  el  Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril.
Serán elegible los autoconsumos colectivos en edificios públicos promovidos por las 
entidades públicas. Cabe señalar que la entidad beneficiaria de la subvención no podrá 
desarrollar ninguna actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el 
mercado, ni antes ni después de la concesión de la subvención.
Las instalaciones de autoconsumo objeto de subvención deben justificar que al 
menos el 80% de la producción eléctrica se consume en instalaciones públicas sin 
actividad económica, ya sea mediante autoconsumo individual o compartido y que no se 
produce una venta de la electricidad generada superior al 20% de la producida en 
cómputo anual.
Para  justificar  los  requisitos  del  párrafo  anterior,  los  consumos  de  los  usuarios 
conectados a la instalación de autoconsumo y el correcto dimensionado de la instalación 
generadora, se podrán utilizar datos históricos de consumo o en su defecto casos tipo, 
que podrán tener en cuenta las previsiones de demanda de las instalaciones públicas.
Serán elegibles instalaciones o conjuntos de instalaciones presentados en un mismo 
proyecto, en la misma o en diferentes ubicaciones.
En el caso de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, la potencia se 
corresponderá  con  la  suma  de  las  potencias  máximas  unitarias  de  los  módulos 
fotovoltaicos que configuran dicha instalación (conocida comúnmente como potencia 
pico), medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.
La  potencia  de  la  instalación  eólica  P(W),  a  efectos  del  coste  elegible,  se 
corresponderá con la potencia nominal de los equipos de generación.
La potencia de una instalación hidroeléctrica se corresponderá con la potencia menor 
de las especificadas en las placas de características de los equipos, turbina o alternador 
o, en su caso, la menor de las sumas de las potencias de las placas de características 
de los equipos, turbinas o alternadores.
Se considerarán como costes elegibles máximos para las distintas actuaciones los 
incluidos en la siguiente tabla, en función de la potencia de la instalación definida en los 
párrafos anteriores:
Coste elegible unitario máximo 
Actuaciones
(€/kW)
Instalación fotovoltaica para autoconsumo. 1.100
Instalación eólica para autoconsumo. 3.884
Instalación hidroeléctrica para autoconsumo con  es
almacenamiento. 4.531 oe.
Cuando las actuaciones incorporen sistemas de acumulación, se considerarán como 
costes  elegibles  máximos  adicionales,  imputables  a  estos  equipos,  los  siguientes 
valores, donde C es la capacidad de almacenamiento eléctrico en kWh:
Coste elegible unitario máximo (€/
Actuaciones adicionales
kWh)
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación 
500 x C
de energía renovable para autoconsumo.
Los anteriores costes elegibles unitarios máximos son sin IVA/IGIC, por lo que, en los 
casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, dichos 
valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.
Adicionalmente, siempre que formen parte de un proyecto en el que se instale nueva 
capacidad de generación renovable de acuerdo con lo recogido en este apartado, serán 
elegibles las asistencias técnicas relativas a la elaboración de inventarios de cubiertas y 
espacios municipales para el progresivo despliegue del autoconsumo, a la adecuación 
de ordenanzas municipales o locales para la promoción del autoconsumo o el despliegue 
de renovables, así como a la formación del personal adscrito a las entidades locales en 
relación con la tramitación de instalaciones de autoconsumo. Será elegible un importe 
máximo para estos conceptos complementarios de un 10% del presupuesto total de la 
actuación.
4.  Requisitos técnicos, energéticos y ambientales. Las instalaciones cumplirán la 
normativa europea, nacional, autonómica y local que les sea de aplicación, así como las 
condiciones administrativas y técnicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Todas  las  instalaciones  subvencionables  en  esta  medida  deberán  disponer  de 
sistema  de  medición  y  registro  de  potencia  y  generación  eléctrica.  Además,  las 
instalaciones fotovoltaicas deberán incorporar medición y registro de datos solares, y las 
eólicas de datos de viento. Adicionalmente, las instalaciones generadoras instaladas 
sobre  edificios  deberán  disponer  de  una  pantalla  que  informe  sobre  la  generación 
eléctrica en tiempo real visible para las personas que visiten el edificio, y todas deberán 
disponer de un sitio web de consulta pública que facilite información de producción 
eléctrica en tiempo real y datos históricos de la instalación.
Para instalaciones de potencia inferior a 10 kW, la pantalla informativa del párrafo 
anterior puede ser sustituida por un panel estático informativo del proyecto, que indique 
una dirección web de consulta en la que se puedan ver datos de producción energética 
de la instalación con una actualización mínima diaria. Esta excepción también se admite 
para proyectos deslocalizados, en cuyo caso el panel informativo se ubicará en el edificio 
del ayuntamiento.
Las instalaciones de autoconsumo deberán incluir un informe relativo al porcentaje 
de  producción  de  la  instalación  respecto  del  consumo  anual  de  energía  según  lo 
establecido  en  el  apartado  6.e)  de  la  justificación  documental  de  ejecución  de  la 
actuación «ex post».
Para que estas instalaciones con acumulación sean elegibles, se deberá dar la 
condición de que el almacenamiento no esté directamente conectado a la red, sino que 
será parte de la instalación de autoconsumo. Sólo serán consideradas elegibles las 
instalaciones de almacenamiento que no superen una ratio de capacidad instalada de 
almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW. Además, deberán contar  e.e
con una garantía mínima de 5 años. b
Las tecnologías plomo-ácido para almacenamiento no serán elegibles. 269ww
consEtnru ccmióante uritail izaddeo sr eehna ebli lidtaecsiaórnr olleon edreg élatisc aa,c tuloasc iocnoems pporenveinsttaess  eyn  emstaat emrieadleidsa  dneo 
csounsttaenncdiraásn  saumjeiatansto  an i asuutostraiznacciaiósn  mquuye  pfriegoucrau peann teesl  iadneenxtiofi cXadIVa sd ae lp aRretigr ladme elan tlois t(aC dEe) 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Cuando
por motivo de la actuación sea necesario retirar aquellos productos de construcción 
existentes  que  contengan  amianto,  su  retirada  deberá  realizarse  conforme  a  lo 
establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición  al  amianto,  por  una  empresa  legalmente  autorizada.  La  gestión  de  los 
residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados  y  en  el  Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.
Asimismo, al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), generados en el 
sitio de construcción, se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización, incluidas 
las operaciones de relleno, de forma que se utilicen para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE.
Los  operadores  deberán  limitar  la  generación  de  residuos  en  los  procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Igualmente, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de 
forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma  preferente  en  el  lugar  de 
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción 
apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u 
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, 
cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
5.  Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 12, y adicionalmente los siguientes documentos:
a)  Informe, firmado por un técnico competente, que justifique la previsión de que el 
consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la 
instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por la instalación 
objeto de la ayuda.
Para  justificar  los  requisitos  del  párrafo  anterior,  los  consumos  de  los  usuarios 
conectados a la instalación de autoconsumo y el correcto dimensionado de la instalación 
generadora, se podrán utilizar datos históricos de consumo o en su defecto casos tipo, 
que podrán tener en cuenta las previsiones de demanda de las instalaciones públicas.
b)  Plano de implantación de los nuevos equipos generadores y esquema unifilar  e.
que permita comprender perfectamente la actuación a desarrollar. w.b
reali6z.a ráJ umsteifdiciaanctieó nl ad opcreusmeenntatacli ódne  deeje clau cdióonc udme elan taacctióuna cqióune ,e xc opno scta. rLáac tjeurs tgifeicnaecriaóln,  ssee 
establece en el artículo 19 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:
a)  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de 
la obra, en caso de que sea preceptivo.
b)  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio, cuando sea preceptiva, 
y Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de  Baja  Tensión  (en  instalaciones  eléctricas  de  cualquier  tipología),  emitido  por  la 
empresa  instaladora  y  diligenciado  por  el  órgano  competente  de  la  comunidad 
autónoma.
c)  Proyecto o memoria técnica de diseño (según proceda para la tipología de 
actuación) que se haya aportado al órgano competente de la comunidad autónoma para 
la obtención de la autorización de explotación o acta de puesta en servicio y/o Certificado 
de Instalación Eléctrica (CIE).
d)  Los  proyectos  que  incorporen  almacenamiento,  informe  firmado  por  técnico 
competente  que  acredite  que  el  sistema  de  almacenamiento  no  está  directamente 
conectado a la red, sino que forma parte de la instalación de autoconsumo realizada.
e)  Los proyectos que hayan declarado ser de autoconsumo colectivo, deberán 
aportar justificación de su configuración de autoconsumo colectivo, aportando el acuerdo 
firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto. En todo caso, al 
menos el 80% de la generación deberá corresponder a consumo por parte de entidades 
públicas sin actividad económica.
Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor y/o frío
1.  Objeto. El objetivo de las actuaciones contempladas bajo esta medida es reducir 
el consumo de energía final de origen fósil y emisiones de dióxido de carbono mediante 
la  utilización  de  energías  renovables  destinadas  a  satisfacer  la  demanda  de  agua 
caliente  sanitaria,  calefacción  o  refrigeración  y  otras,  en  edificios  e  infraestructuras 
públicas,  tanto  nuevos  como  existentes.  Entre  dichas  infraestructuras  públicas,  se 
incluyen las redes de calor y/o frío, pudiendo dar servicio a cualquier usuario.
Esta  medida  persigue  introducir  diferentes  recursos  renovables  para  su 
aprovechamiento térmico en instalaciones e infraestructuras públicas.
2.  Descripción. El aprovechamiento de los recursos renovables para satisfacer las 
demandas térmicas se ha mostrado altamente eficaz para la mitigación de los efectos 
adversos para el medioambiente que conlleva el uso de combustibles fósiles. Además, 
las tecnologías existentes actualmente permiten dotar a los edificios de combinaciones 
óptimas para cubrir la totalidad de las diferentes demandas térmicas de los edificios e 
infraestructuras del sector terciario.
Las  tecnologías  renovables  que  se  contemplan  para  el  presente  bloque  de 
actuaciones son las que se definen a continuación:
a)  Solar  térmica.  Se  entiende  por  instalación  solar  térmica  el  conjunto  de 
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar incidente 
mediante captadores solares térmicos, transformarla directamente en energía térmica útil 
calentando un líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o 
de  acumulación  a  través  de  un  circuito  hidráulico  mediante  circulación  natural  por 
termosifón o circulación forzada por bomba, transferir la energía térmica captada desde 
el circuito de captadores al circuito de consumo mediante un intercambiador, almacenar 
dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los 
captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después de forma directa en 
los puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de regulación y control el correcto  e.e
funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica  b
posible y protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc. 269ww
usosb )t érGmeicootesr my isae.  Lpala ennteearg ícao mgeoo tuénram iocpac cióune nctoan c ofune urtne  pimotpeunlcsioa l ym eulye vimadpaosr tagnatrea nptaíaras 
para el futuro.
Según la Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables, se define energía geotérmica 
como la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida.
El uso de este tipo de energía depende de la temperatura obtenida del recurso 
geotérmico:  los  de  baja  temperatura  (menores  de  100.ºC)  son  utilizados  para  la 
aplicación directa del calor en el desarrollo de redes de calefacción de distrito o en 
aplicaciones industriales y los de muy baja temperatura (inferiores a 25.ºC) se utilizan 
para climatización, ACS o calentamiento de piscinas en edificios mediante el uso de una 
bomba de calor geotérmica.
La combinación de las tecnologías de aprovechamiento geotérmico con bombas de 
calor permite utilizar el recurso con menores exigencias de carga térmica, dando lugar a 
unos valores del SPF (factor de rendimiento medio estacional) de las bombas de calor 
mucho mayores que los alcanzados con otros tipos de aplicaciones de las mismas.
c)  Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia). La Directiva (UE) 2018/2001, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables define energía ambiente como la energía térmica presente de manera natural 
y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire 
ambiente (excluido el aire de salida). Es lo que comúnmente se ha venido llamando 
aerotermia e hidrotermia mediante bomba de calor.
Para que el aprovechamiento mediante bombas de calor se pueda considerar 
renovable, el valor del SPF de las mismas deben tener un valor superior a 2,5. El 
aprovechamiento de la energía ambiente mediante bombas de calor para abastecer 
las demandas de producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y 
climatización  de  piscinas,  en  edificios  e  infraestructuras  municipales  permite  la 
sustitución de la energía convencional utilizada y una disminución de las emisiones 
de CO .
2
d)  Biomasa. La aplicación de biomasa como combustible tiene un amplio potencial 
de aplicación como alternativa a combustibles más contaminantes y de origen fósil, 
actuaciones que se han visto mejoradas en los últimos años como consecuencia del 
desarrollo de nuevas tecnologías y la presencia en el mercado de una amplia oferta de 
combustibles certificados.
Ejecutar  instalaciones  con  biomasa  en  edificios  de  nueva  construcción,  nuevos 
equipamientos o proceder a la renovación de los sistemas disponibles tiene un indudable 
interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia 
frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y 
ventajas económicas, para sus titulares y el propio país.
3.  Actuaciones  elegibles.  Serán  elegibles  aquellas  instalaciones  de 
aprovechamiento  de  las  energías  renovables  listadas  en  el  apartado  anterior  que 
abastezcan  cualquiera  de  las  siguientes  aplicaciones  o  un  conjunto  de  ellas:  agua 
caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas; bien directamente 
o bien a través de redes de calor y/o frío. Se consideran elegibles instalaciones o 
conjuntos de instalaciones realizadas en una actuación, en la misma o en diferentes 
ubicaciones tanto para edificios e infraestructuras públicas existentes como de nueva 
construcción. Serán también elegibles los costes derivados del desarrollo de nuevas 
redes de calor y/o frío públicas para abastecer las demandas térmicas de sus propios 
edificios.
Las redes de calor y/o frío objeto de ayuda deben justificar que al menos el 80% de 
la producción térmica se consume en instalaciones públicas sin actividad económica, y  e.
que no se produce una venta de energía a terceros. w.
Para  justificar  los  requisitos  del  párrafo  anterior,  los  consumos  de  los  usuarios  269ww
cporenfeecritbaldeomse nate  lya  proerd e l ys igeul iecnotrer eocrtdoe nd: im1)e dnasitoonsa ddeo  lodse  celart ifiicnasdtaolas ceiónne,r gséeti cousti ldizea rláons 
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De manera general, serán admisibles los costes de los equipos de generación, 
intercambio y distribución exterior (redes); no obstante, la distribución interior y equipos 
terminales (radiadores, suelo radiante, fancoil, rejillas) serán elegibles en instalaciones 
de bomba de calor que requieran equipos específicos o con otras tecnologías cuando se 
instalen radiadores de baja temperatura o suelo radiante; y no se considera elegible la 
sustitución de instalaciones de radiadores por otros de tecnologías similares, incluida la 
distribución interior del edificio.
También se considerará elegible la ampliación de redes municipales existentes de 
generación exclusivamente renovable para incorporar edificios públicos adicionales a 
dicha red existente.
Las actuaciones elegibles permitirán:
a)  Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de consumo, utilizando como 
fuente de energía cualquiera de las indicadas en el apartado 2. «Descripción» de la 
presente medida.
b)  Adecuar  las  instalaciones  al  menos  a  los  preceptos  establecidos  en  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, siendo subvencionables los 
costes  en  actuaciones  que  mejoren  y  superen  los  mínimos  que  marque  el  citado 
reglamento.
Adicionalmente, de manera más concreta y dadas las particularidades de algunas 
tecnologías contempladas en la presente medida, que requieren un desglose adicional, 
se indican los elementos subvencionables y característicos adicionales de las que lo 
precisan:
a)  Geotermia. Para las instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica, 
se considerarán elegibles tanto los sistemas de aprovechamiento que utilicen bombas de 
calor que intercambien con el terreno, ya sean de circuito abierto o cerrado, como los 
sistemas de aprovechamiento geotérmico de uso directo. Serán elegibles los siguientes 
conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución de la instalación, 
obra  civil  asociada  e  instalaciones  auxiliares  necesarias,  así  como  el  coste  de  la 
realización de los estudios, ensayos, sondeos y simulaciones preliminares previas a la 
realización  del  diseño  de  la  instalación,  excavaciones,  cimentaciones,  zanjas, 
urbanización y demás elementos necesarios para su explotación.
b)  Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia). En el caso de las instalaciones de 
energía ambiente (aerotérmicas o hidrotérmicas), se considerarán costes elegibles los 
siguientes conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución de la 
instalación, obra civil asociada e instalaciones auxiliares necesarias, así como el coste 
de la realización de los estudios, ensayos y simulaciones preliminares previas a la 
realización  del  diseño  de  la  instalación,  excavaciones,  cimentaciones,  zanjas, 
urbanización y demás elementos necesarios para su explotación, así como redes de 
calor y/o frío y estaciones de intercambio.
c)  Biomasa.
1.º  En el caso de instalaciones de biomasa, se consideran elegibles los siguientes 
conceptos:
2.º  Equipos  y  sistemas  para  descarga,  movimiento  y  almacenamiento  del 
combustible.
3.º  Equipos de combustión e intercambio entre los gases y el fluido portador de 
calor. Sistemas de generación de frio. Sistemas de reducción de emisiones al aire. e.
Sistemas de distribución de calor/frio a puntos de consumo. Adaptación de la sala de  269ww
imntáeqrcuainmabs iaedxoirsetesn, tbeo mab alas , cnouleevcato rienss,t aeltacc. iqóune  isnec oprrpeocrisaen.do  los  depósitos  de  inercia,
diseSñea deaxsc pluayrae ne l luosso  cdoem ppeallcettoss y /doe h ucehsimo ednee aac eyi tucnoac.inas. Las estufas deberán estar
En el caso de aparatos de calefacción local solo se consideran elegibles aquellos con 
la  parte  frontal  cerrada.  Se  considerarán  como  costes  elegibles  máximos  para  las 
distintas actuaciones los incluidos en la siguiente tabla y en función de la potencia de la 
instalación:
Coste elegible 
Actuaciones unitario máximo 
(€/kW)
Instalación solar térmica. 1.295
Instalaciones geotérmicas para climatización o ACS de circuito cerrado. 3.237
Instalaciones geotérmicas para climatización o ACS de circuito abierto. 2.460
Instalaciones de energía ambiente aerotérmicas aire-agua para 
1.295
climatización o ACS.
Instalaciones de energía ambiente hidrotérmicas para climatización o ACS 
2.330
de circuito cerrado.
Instalaciones de energía ambiente hidrotérmicas para climatización o ACS 
1.685
de circuito abierto.
Biomasa. 647
Para cualquier tecnología o combinación de tecnologías anteriores que se proyecte 
como una red de calor y/o frío, entendida como instalación que abastece térmicamente a 
varios edificios que actualmente no comparten instalaciones de distribución o que se van 
a renovar estas por completo, se consideran los siguientes costes elegibles máximos 
para la red de distribución y los sistemas de intercambio de los usuarios:
Tipo de red Coste elegible máximo (€) para instalaciones de redes
Instalación a dos tubos. 70 x Psub(kW) + 318.03 x L(m)
Instalación a cuatro tubos. 70 x Psub(kW) + 435.95 x L(m)
Siendo Psub la potencia útil de la totalidad de las subestaciones de intercambio 
expresada en kW y que no podrá superar la potencia útil de la instalación generadora, y 
L la longitud del trazado de la red expresado en metros (longitud de zanja). Estos costes 
serán también de aplicación a las ampliaciones de redes renovables existentes elegibles 
en esta medida.
Para algunas de las tecnologías contempladas en esta medida, se consideran costes 
adicionales en conceptos de distribución interior y elementos terminales, tal y como se 
indica en la siguiente tabla, en función de la potencia de la instalación:
Coste elegible 
unitario 
Actuaciones
máximo 
(€/kW)
Nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulicos para la 
incorporación de suelo radiante para proyectos de geotermia, energía ambiente  1.100 es
(aerotermia e hidrotermia) o solar térmica, siempre que estos sistemas funcionen  e.
al 100 % con energía renovable. w.b
Nraaeudreoiavtdeaor dmreisiastr ,di bgeue cboiatóejnarm  itneiatme, rphioeidrr radoteute rcralmi moia av teoizn satoicloliaócrno t,né cvrimercciuctoiatro,e sss i pepamarrpaar  elpa r qionuyceeo certpsootsor asd cesi óisnte dmea s  550 2021-13269n https://ww
funcionen al 100 % con energía renovable.
Para  las  actuaciones  tipo  de  geotermia  y  energía  ambiente  (aerotermia  e 
hidrotermia),  se  tomará  como  potencia  de  la  instalación  la  potencia  en  calefacción 
extraída de la ficha técnica o especificaciones del fabricante de acuerdo con los ensayos 
de la norma UNE-EN 14511, es decir, para las bombas de calor geotérmicas se tomará el 
valor de la potencia de calefacción B0W35 y para las bombas de calor aerotérmicas el 
valor de potencia de calefacción A7W35. En aquellos casos donde la potencia no se 
pueda justificar en base a dicha norma, se presentará un informe firmado por técnico 
competente o empresa instaladora que justifique dicha potencia.
Los requisitos de rendimiento estacional (SPF) para bombas de calor accionadas 
eléctricamente  serán  obligatoriamente  certificados  de  acuerdo  a  las  normas  UNE-
EN  14511,  UNE-EN  14825,  UNE-EN  16147,  según  corresponda,  y  se  acreditarán 
mediante la aportación de ficha técnica del fabricante de los equipos en la que figuren 
explícitamente dichos rendimientos y las normas mediante las que se han obtenido los 
mismos. En caso de que la ficha técnica no explicite dichos rendimientos o mención 
expresa a las normas mediante las que se han ensayado los equipos para la obtención 
de  los  mismos,  se  podrá  anexar  certificado  de  ensayos  mediante  las  normas 
anteriormente  citadas  para  los  equipos  propuestos  en  los  que  figure,  de  manera 
indubitada, marca y modelo de los equipos propuestos en la solicitud, normas de ensayo 
y los datos de rendimientos estacionales (SPF) obtenidos para todos los servicios que 
satisfagan los equipos.
El coste elegible podrá alcanzarse con la agregación de los correspondientes a las 
instalaciones  y  equipos  de  generación  de  las  diferentes  tecnologías  renovables 
empleadas en el proyecto y/o a las redes de distribución y/o a los equipos de intercambio 
en los centros de consumo.
Los costes elegibles unitarios máximos de esta medida son sin IVA/IGIC, por lo que, 
en los casos en que este impuesto no sea susceptible de recuperación o compensación, 
dichos valores máximos se incrementarán con el impuesto que resulte aplicable.
No serán consideradas elegibles bombas de calor que no alcancen los rendimientos 
mínimos  exigidos  ni  las  que  no  certifiquen  los  rendimientos  de  las  maneras 
anteriormente detalladas.
Adicionalmente, siempre que formen parte de un proyecto en el que se instale nueva 
capacidad  de  energías  renovables  térmicas  de  acuerdo  con  lo  recogido  en  este 
apartado, serán elegibles las asistencias técnicas relativas a la realización de inventarios 
de  edificios  públicos  de  cara  a  un  plan  de  sustitución  de  consumos  térmicos  por 
renovables, a la adecuación de ordenanzas municipales o locales para la promoción de 
las renovables térmicas, así como a la formación del personal adscrito a las entidades 
locales  en  relación  con  la  tramitación  de  licencias  o  actuaciones  relativas  a  las 
renovables  térmicas.  Será  elegible  un  importe  máximo  para  estos  conceptos 
complementarios de un 10% del presupuesto total de la actuación.
4.  Requisitos  técnicos,  energéticos  y  ambientales.  Las  instalaciones 
subvencionables en esta medida deberán disponer de una pantalla informativa sobre la 
generación térmica de calor y/o frío en tiempo real en los edificios afectados visible para 
las personas que visiten el edificio, y además disponer de un sitio web de consulta 
pública  que  facilite  información  de  producción  energética  en  tiempo  real  y  datos 
históricos de la instalación.
Para instalaciones de potencia nominal inferior a 70 kW, la pantalla informativa del 
párrafo anterior puede ser sustituida por un panel estático informativo del proyecto, que 
indique una dirección web de consulta en la que se puedan ver datos de producción  s
energética de la instalación con una actualización mínima diaria. Esta excepción también  oe.
se admite para proyectos deslocalizados, en cuyo caso el panel informativo se ubicará  w.
en el edificio del ayuntamiento. 269ww
Todas las instalaciones cumplirán al menos con lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado por el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, y de manera adicional, lo siguiente:
a)  Las instalaciones solares térmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.º  Responderán a la definición de la exigencia básica HE4 del Código Técnico de 
la Edificación, cuando les sea de aplicación.
2.º  Los captadores solares deberán estar certificados por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Orden ITC/71/2007, de 22 de enero).
3.º  El aprovechamiento de la radiación solar para satisfacer demandas térmicas se 
llevará a cabo únicamente mediante captadores solares con un coeficiente global de 
pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC).
b)  Las instalaciones de energía geotérmica, hidrotérmica y aerotérmica deberán 
tener un SPF superior a 2,5. Se acreditará mediante las especificaciones técnicas del 
fabricante del equipo o, en su defecto, informe justificativo del valor del SPF firmado por 
técnico competente.
c)  Las instalaciones de biomasa deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Las instalaciones de esta tipología deberán lograr una reducción de las emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero  de  al  menos  un  80%,  a  fin  de  que  se  alcance  un 
«Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 100 %, de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Anexo  VI  del  Reglamento  (UE)  2021/241,  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Además, las actuaciones que incluyan aparatos de calefacción local o calderas de 
menos de 1 MW:
1.º  Deberán presentar una acreditación por parte del fabricante del equipo del 
cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el 
combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos 
en  el  Reglamento  de  Ecodiseño  en  vigor  (según  corresponda,  Reglamento  (UE) 
2015/1185 de la Comisión o Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión).
2.º  Como requisito adicional a las obligaciones establecidas en este real decreto 
para  esta  tipología  de  actuación,  el  beneficiario  mantendrá  un  registro  documental 
suficiente que permita acreditar que el combustible empleado en el equipo dispone de un 
certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de 
la clase A1, según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase A1 de la 
norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o de la clase A1 de la 
norma 164004. Este registro se mantendrá durante un plazo de cinco años.
Asimismo, las emisiones procedentes de las instalaciones de 1 MW o superior y 
menores de 50 MW deberán cumplir con los requisitos de emisiones establecidos en el 
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como con cualquier otra 
legislación nacional que les sea de aplicación.
Según  lo  establecido  en  la  Directiva  2018/2001,  del  Parlamento  Europeo  y  del  es
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente  o
de fuentes renovables, así como los correspondientes actos delegados y de ejecución,  269ww
Dbedineior lem vcciuatritmsvuaadp   lcyimdu eemien pn lolltaio rsáq  d udleoeis s lpo rocesrs siritueceliqtroeiuon isesd isetdo  eqsa u spdeole icss atseeoc npisóiutbnedi lniieddibraeaidlli nd r eaeesdast ltae abdnble eleecclcr ideeáotrmo sp b adeitreona    dltdoreeas sn loaassrrpt ríouocssluliaoclorsi ós ltan é2  re9dmx eaiigc  oed3sni1c,c,h  ilaaay     OE-A-2021-13able en https://
tendrá un valor por defecto de reducción de emisiones de GEI del 80% o superior, según 
los indicados para producción de calor establecidos en el anexo VI, de la citada directiva.
En  materia  de  rehabilitación  energética,  los  componentes  y  materiales  de 
construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no 
contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de 
sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. Cuando 
por motivo de la actuación sea necesario retirar aquellos productos de construcción 
existentes  que  contengan  amianto,  su  retirada  deberá  realizarse  conforme  a  lo 
establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición  al  amianto,  por  una  empresa  legalmente  autorizada.  La  gestión  de  los 
residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  en  el  Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.
Asimismo, al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), generados en el 
sitio de construcción, se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización, incluidas 
las operaciones de relleno, de forma que se utilicen para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE.
Los  operadores  deberán  limitar  la  generación  de  residuos  en  los  procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Igualmente, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de 
forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma  preferente  en  el  lugar  de 
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción 
apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u 
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, 
cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
5.  Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 12 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:
a)  Plano  de  implantación  y  esquema  de  principio  que  permita  comprender 
perfectamente la actuación a desarrollar y que muestre posibles interacciones con los  e.
equipos o sistemas térmicos existentes. En el caso de actuaciones sobre edificios, se  w.b
aportarán los siguientes certificados energéticos de los mismos, suscritos por técnico  269ww
Dcoemcrpeetote n3t9e0 /2y0 21e,la dbeo r1a ddoes  jundieo , paocru eerld qou ea sl e parporcueedbiam ieeln ptoro caepdrimobieandtoo  bpáosri coe lp aRrae alal 
certificación de la eficiencia energética de los edificios:
b)  Certificado energético del edificio existente en su estado actual y registrado en el 
registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
c)  Certificado energético del edificio que se alcanzará tras la reforma propuesta 
para la que se solicita ayuda, demostrando que el proyecto permite mejorar, al menos, 1 
letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO /m2 año), con 
2
respecto a la calificación energética inicial del edificio, no siendo necesario que este 
certificado  energético  esté  registrado  en  el  registro  del  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma correspondiente.
Para  el  caso  de  actuaciones  no  consideradas  por  los  programas  oficiales  de 
certificación  de  forma  directa,  se  aportará  la  información  necesaria  como  anexo  al 
certificado energético de acuerdo con lo que establece Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio.
Para  facilitar  la  comparación  entre  los  certificados  indicados  en  los  párrafos 
anteriores, los programas y versiones de los mismos deben ser idénticos. Cuando el 
certificado registrado en el organismo  competente  de la comunidad autónoma esté 
realizado en un programa o versión que ya no se encuentre en vigor, además de este 
certificado registrado se aportará un certificado del edificio existente en su estado actual 
realizado con un programa y versión actualmente en vigor y que será el mismo en el que 
se realice el certificado energético del edificio alcanzado tras la reforma objeto de la 
subvención.  En  este  último  caso  ambos  certificados  vendrán  firmados  por  técnico 
competente, pero no es necesario que se encuentre registrado en órgano competente de 
la comunidad autónoma.
6.  Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación 
se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 19 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:
a)  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio, cuando sea preceptiva, 
emitida  por  la  empresa  instaladora  y  diligenciada  por  el  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma.
b)  Certificado de la instalación térmica, suscrito por el instalador habilitado y el 
director  de  la  instalación,  cuando  la  participación  de  este  último  sea  preceptiva, 
registrado por el órgano competente de la comunidad autónoma de acuerdo con el RITE, 
en el caso de actuaciones sobre instalaciones térmicas.
c)  Proyecto o memoria técnica de diseño (según proceda para la tipología de 
actuación) que se haya aportado al órgano competente de la comunidad autónoma para 
la obtención de la autorización de explotación o acta de puesta en servicio y/o certificado 
de la instalación térmica.
d)  Para  las  actuaciones  de  tipologías  con  bombas  de  calor  geotérmicas, 
hidrotérmicas o aerotérmicas, acreditación de que las bombas de calor accionadas 
eléctricamente tienen un SPF superior a 2,5. Se acreditará mediante las especificaciones 
técnicas del fabricante del equipo o, en su defecto, mediante un informe justificativo del 
valor del SPF firmado por técnico competente.
Para las actuaciones de tipología de biomasa de potencia menor de 1 MW deberá 
presentarse, para el equipo definitivamente instalado, una acreditación por parte del 
fabricante  del  equipo  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  eficiencia  energética 
estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar que no podrán ser 
menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (según 
corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, de 24 de abril de 2015 o  e.e
Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión, de 28 de abril de 2015. b
e)  Documento acreditativo de que se han realizado las mediciones que permiten  269ww
evestraifi cmare qduidea ,la  rienasltiazaladcoió np ocru menptleid alods  ninivdeelpeesn ddeie enmtei,s iopnaeras  ienld iccaasdoo sd een  ienls ataplaacrtiaodnoe s4  ddee 
biomasa.
f)  En el caso de instalaciones de energía solar térmica, certificado en vigor del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de los captadores solares 
a instalar.
g)  Certificación energética del edificio tras la realización de las actuaciones, suscrita 
por  técnico  competente  y  registrada  en  el  registro  del  órgano  competente  de  la 
comunidad autónoma.
Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, 
smart rural y tic
1.  Objeto. El objeto de las actuaciones recogidas bajo esta medida es mejorar la 
calidad del entorno, reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de 
carbono y mejorar el conocimiento del consumo energético, mediante la reforma de las 
instalaciones municipales de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes y 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
Esta reforma deberá integrar sistemas de iluminación que protejan la calidad del cielo 
nocturno frente a la contaminación.
La iluminación artificial inadecuada y excesiva tiene consecuencias negativas en su 
entorno; uno de sus principales efectos es el aumento del brillo del cielo nocturno, que 
puede causar daños a los ecosistemas, provocar alteraciones en los ciclos vitales y en 
los comportamientos de especies animales y vegetales. Otros impactos negativos recaen 
en la calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en 
el ámbito privado de las personas y dificulta a la población la observación del cielo 
nocturno.
La protección de la calidad del cielo nocturno como patrimonio natural, que se 
pretende con esta medida, es más viable en los entornos de pequeñas poblaciones y 
esto puede suponer un elemento distintivo y atractivo para la zona que puede redundar 
de manera beneficiosa en algunos negocios locales, además de mejorar la calidad de 
vida de las personas.
Por su parte, el ahorro energético derivado de la mejora y renovación del alumbrado 
público genera ahorros para las entidades locales que permite liberar fondos públicos 
para otras actuaciones.
De manera adicional y con objeto de acercar a los municipios de menor tamaño 
prestaciones adicionales derivadas de la conexión a internet de calidad, se pretende 
también de manera supletoria y por razones de eficiencia en la contratación pública, el 
aprovechamiento de las infraestructuras de alumbrado municipal como soporte para 
dotar de conexión de óptima calidad a los habitantes.
2.  Descripción.  Las  actuaciones  enmarcadas  en  esta  medida  persiguen  la 
actualización de los municipios mediante la utilización de tecnologías de la información, 
renovación de las instalaciones de alumbrado exterior existentes, sus instalaciones de 
iluminación ornamental y las redes semafóricas bajo criterios de ahorro y eficiencia 
energética,  lo  que  permitirá  reducir  de  forma  significativa  su  consumo  de  energía 
eléctrica. A su vez, de manera supletoria y sin que sea la medida principal, se pueden 
aprovechar sinergias en la contratación pública de la renovación de alumbrado dotando a 
los municipios de conectividad a internet de calidad, aprovechando la capilaridad de las 
instalaciones de alumbrado como soporte, que pueden prestar servicios adicionales a los 
propios de la instalación de alumbrado, tales como aportar conectividad, servir de puntos 
de  información  dinámicos  con  información  en  tiempo  real,  siempre  que  la  s
implementación de estas redes esté directamente relacionada con el ahorro energético,  e.
como puede ser el caso de dotar de conectividad a zonas sensorizadas que requieran de  w.
la misma. 269ww
alumLbar audtioliz, amcoióvnil ideafidci,e enttce. )d ees l au neon edreg ílao se ne letomdeonst oloss  culasvoes  pdaer alo lsa  mcounnsicidipeiroasc i(óend idficei ousn, 
municipio como inteligente y para ello es preciso monitorizar y tener capacidad de
actuación sobre los elementos consumidores del municipio, que es lo que se persigue en 
este bloque de actuaciones.
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante el uso 
de  sensores  inteligentes  que  permitan  recopilar  datos  de  las  distintas  actividades 
relacionadas con el uso de la energía en los municipios, la medición del consumo de 
energía de los edificios o la generación de energía renovable para autoconsumo a través 
de telecontadores, el control del tráfico y las redes semafóricas, la regulación de los 
sistemas de alumbrado exterior, la gestión inteligente de los edificios, etc. permite reducir 
el consumo de energía a lo estrictamente necesario, mejorando el nivel de calidad de 
dichos servicios.
El desarrollo sostenible del ámbito local es un reto que requiere nuevas tecnologías y 
servicios  respetuosos  y  eficientes,  en  particular,  en  los  edificios,  la  movilidad  y  el 
alumbrado exterior. La automatización de sistemas y redes de comunicación en los 
municipios permite mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos hacia sus 
habitantes,  postulándose  como  una  herramienta  indispensable  en  la  gestión  de  la 
demanda de los servicios y en la garantía de satisfacción de los mismos.
Por su parte, las instalaciones de alumbrado exterior, las de iluminación de fuentes o 
de  elementos  arquitectónicos  o  del  patrimonio  histórico  cultural  como  fachadas  de 
edificios y monumentos, así como los semáforos, poseen un elevado potencial de ahorro 
de energía mediante la renovación de sus luminarias, lámparas y equipos de regulación, 
actuaciones que se han visto acrecentadas en los últimos años con nuevos avances 
tecnológicos que facilitan la obtención de estos elevados ahorros.
Acometer la renovación de las instalaciones de alumbrado tiene un indudable interés 
por su potencial de ahorro y de mejora de su eficiencia energética y reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, además de reducir la contaminación lumínica de los 
municipios, permitiendo obtener notables beneficios energéticos y económicos a las 
entidades locales y por ende al propio país.
3.  Actuaciones elegibles. Las actuaciones elegibles deben contribuir al desarrollo 
de un nuevo modelo energético para el municipio, mejorando los actuales servicios para 
los habitantes o para los entes locales, permitiendo obtener y gestionar información 
detallada sobre consumos y materializando actuaciones de ahorro y gestión energética 
eficiente como la reducción de la potencia lumínica de las instalaciones de alumbrado, 
iluminación y señalización existentes, mediante la sustitución de los actuales equipos por 
luminarias de mayor rendimiento, por fuentes de luz de mayor eficiencia y/o por equipos 
electrónicos de regulación y control.
Todas las renovaciones de alumbrado público subvencionadas deberán reducir la 
contaminación lumínica del entorno respecto del alumbrado sustituido.
Con carácter orientativo y no limitativo, serán actuaciones elegibles las siguientes:
a)  Automatización de las redes existentes de alumbrado exterior, semáforos y otras 
líneas de señalización, comunicación con los habitantes o vigilancia del tráfico local.
b)  Gestión,  control  activo  y  monitorización  de  la  demanda  de  energía  de  las 
instalaciones consumidoras e instalaciones de autoconsumo en edificios y dependencias 
públicas,  así  como  sistemas  de  información  relativos  al  consumo  energético  y 
generación renovable en el municipio en su conjunto. Podrá incluir pantallas informativas 
con esta información en vía pública o en instalaciones y edificios públicos.
c)  Integración  de  infraestructuras  para  mejorar  la  eficiencia  energética  y  la 
sostenibilidad de los municipios.
d)  Redes de distribución inteligentes (Smart grids) para gestionar la generación  e.
distribuida de origen renovable, y que deberá ser también gestionable. w.b
e)  Reforma de las instalaciones de alumbrado exterior municipal por tecnología  269ww
mpoádsr áenf isceiernvitre  dee  sinocplouryteen fdísoi cote lye gteecsntioólnó.g iLcoa sp ainras talala mcieojnoeras  ore ifmorpmleamdeans tadceió na lduem breraddeos 
ncoenceescatardioa sp aar ain taecrntueat cdioen ecsa lidviandc u(lpaodra se jecmonp loe,l  aa htroarvroé s ednee rWgéiftii)c,o s iceommpore  pquueed ee llsoe rs elaa 
sensorización de zonas para llevar a cabo actuaciones del tipo Smart Cities.  No se
considera elegible la reforma de instalaciones que no sean fijas, como puede ser el 
alumbrado festivo.
f)  Implantación de sistemas de telegestión que permitan, entre otros, regular los 
niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías, ajustándose a 
las necesidades de los habitantes.
Será también elegible la adecuación de las instalaciones de alumbrado existentes a 
los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado  exterior,  así  como  la  adecuación  de  las  instalaciones  al  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, si como consecuencia de la reforma energética fuera 
necesario.
Las adecuaciones del párrafo anterior serán elegibles siempre que vayan asociadas 
a instalaciones reformadas con objeto de generar ahorro energético y que formen parte 
de un proyecto que de manera conjunta obtenga un ahorro energético mínimo del 45%; 
no serán elegibles las simples adecuaciones que no supongan un ahorro energético 
superior al 15% de manera aislada.
No será subvencionable ninguna reforma sobre instalaciones de alumbrado exterior 
que no pueda acreditar posteriormente, mediante el aporte del certificado de instalación 
eléctrica,  que  la  misma  cumple  con  los  actuales  preceptos  del  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión en vigor en base a su uso y potencia.
Adicionalmente, siempre que formen parte de un proyecto en el que se mejore la 
eficiencia energética del alumbrado de acuerdo con lo recogido en este apartado, serán 
elegibles las asistencias técnicas relativas a estudios de contaminación lumínica y planes 
de acción para su reducción, a la adecuación de ordenanzas municipales o locales para 
la prevención y la reducción de la contaminación lumínica, así como a la formación del 
personal adscrito a las entidades locales en relación con esta materia. Será elegible un 
importe máximo para estos conceptos complementarios de un 10% del presupuesto total 
de la actuación.
4.  Requisitos  técnicos,  energéticos  y  ambientales.  Los  proyectos  energéticos 
presentados en esta medida cumplirán con la legislación vigente que le sea de aplicación 
reduciendo el consumo de energía final, al menos un 15 %, respecto al servicio sobre el 
que se actúe; en el caso de que dicho servicio sea el alumbrado exterior, la actuación 
permitirá reducir el consumo de energía eléctrica de la instalación reformada en, al 
menos, un 45 %, y deberán en todo caso suponer una reducción en la contribución a la 
contaminación lumínica y justificará la reducción de la contaminación lumínica asociada 
a la reforma.
Adicionalmente, cuando la actuación se efectúe sobre la renovación del alumbrado 
exterior, se deberán cumplir estos requisitos:
a)  Las  instalaciones  renovadas  cumplirán  los  preceptos  establecidos  en  el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado 
por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de mejorar la eficiencia y 
ahorro  energético,  así  como  la  disminución  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero [artículo 1.a)], y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación 
luminosa  y  reducir  la  luz  intrusa  o  molesta  [artículo  1.b)]  e  Instrucción  Técnica 
Complementaria EA-03.
b)  Todas las instalaciones de alumbrado exterior objeto de ayuda cumplirán, tras la 
actuación, con los preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor,  s
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Más concretamente, la instalación  oe.
(npscoeoebctneertensr coail raaido  oe)q,  u pmeiun aedsndiesdat o inac, tocactnmúasebied lneedtareead broeds,e e  q ccouqoneumddeuao cr d mcicíinoohtndaeei fgisacr,aac mtcluuióeamnnci tinóedan era  iaicsmstou,pl oaoa lrisztsaíau ndcpcaooi amna goola    nrceuougn,a laaldq meur ieeaendcr tuuoece lcrevdiómiogn ee cnndottenoe     2021-13269n https://www.
el artículo 2, «Campo de aplicación» del citado reglamento.
c)  Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior e iluminación de 
espacios peatonales, artísticos o monumentales estarán equipados con luminarias de 
bloque óptico, que controlen la emisión de luz en el hemisferio superior y aumenten el 
factor de utilización en el hemisferio inferior.
d)  Toda  reforma  de  instalación  de  alumbrado  exterior  quedará  regulada  y 
controlada por un sistema de telegestión centralizada que permita a la entidad local 
disponer  de  la  información  sobre  consumos,  funcionamiento  y  programación  de  la 
instalación, y que permita automatizar, monitorizar y controlar un flujo bidireccional de la 
información, hacia terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la ejecución inmediata 
de las acciones que procedan.
e)  En instalaciones de alumbrado exterior, la instalación reformada tendrá una 
calificación energética A o B y deberá cumplir con los requerimientos de iluminación, 
calidad y confort visual reglamentados.
f)  La temperatura de color en alumbrado exterior será como máximo de 3000 K 
para las fuentes de luz.
g)  El  flujo  hemisférico  superior  instalado  o  emisión  directa  por  encima  de  la 
horizontal de las luminarias a implantar en las instalaciones de alumbrado exterior viario 
y de servicios no superará el 3%, de manera que será necesario reducir las emisiones 
luminosas hacia el cielo.
h)  Los  sistemas  de  regulación  de  flujo  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior 
reducirán los niveles de iluminación un mínimo del 50% del valor del servicio normal. 
Esta reducción podrá minorarse en aquellas zonas o vías cuya intensidad de tráfico de 
personas o vehículos justifique su modificación.
i)  La regulación del flujo tendrá un límite mínimo del 20% del valor de flujo normal, y 
sólo se justificarán sistemas de apagado total para zonas de poca o nula actividad 
nocturna como son instalaciones deportivas, carriles bici, etc., siempre y cuando se 
vuelva a activar automáticamente por el tránsito de personas y vehículos.
j)  La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED deberá 
cumplir  con  lo  establecido  en  el  documento  «Requisitos  técnicos  exigibles  para 
luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité 
Español de Iluminación (CEI) y publicado en la página web del IDAE.
k)  La actualización de luminarias y lámparas mediante equipos «retrofit» solo será 
elegible en los casos en los que no sea posible cambiar la luminaria de manera íntegra. 
En estos casos, la empresa que haya modificado el conjunto de lámpara y luminaria 
original deberá aportar un certificado responsabilizándose de dichas modificaciones e 
indicando el cumplimiento de todos los requisitos que le sean de aplicación a la nueva 
luminaria,  de  acuerdo  con  lo  indicado  para  «sistema  retrofit»  en  el  documento  de 
«Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 
exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y publicado en 
la página web del IDAE.
l)  Las luminarias LED deberán disponer de los certificados emitidos por Organismo 
de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) o equivalente europeo, indicados en el punto «Informes de Pruebas y 
Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria» del citado documento «Requisitos 
técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior» elaborado 
por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI), en lo que respecta a requisitos de 
seguridad, compatibilidad electromagnética, componentes de las luminarias y materiales 
de las luminarias, que de manera adicional se listan en anexo del citado documento.  s
Dichos certificados podrán ser requeridos por IDAE en cualquier momento una vez se  oe.
haya producido la contratación del suministro de las luminarias. w.
m)  Los anuncios luminosos estarán equipados con reductor de luminancia para  269ww
horanr)io  nLoocst usrenmo.áforos serán de tecnología LED.
Asimismo, al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la
Lista europea de residuos establecida por la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), generados en el 
sitio de construcción, se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización, incluidas 
las operaciones de relleno, de forma que se utilicen para sustituir otros materiales, de 
acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición de la UE.
Los  operadores  deberán  limitar  la  generación  de  residuos  en  los  procesos 
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las 
mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la 
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Igualmente, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de 
forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma  preferente  en  el  lugar  de 
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción 
apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u 
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, 
cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
Para el caso de los proyectos integrados definidos en el artículo 11, la renovación de 
las instalaciones de alumbrado exterior debe acometerse sobre, al menos, el 90 % de 
las instalaciones, considerando también las instalaciones ornamentales, de iluminación 
de fachadas, instalaciones deportivas, etc. y tomando como indicador para calcular el 
porcentaje de la actuación la potencia instalada de las mismas. En el caso de municipios 
que hayan llevado a cabo con anterioridad reformas parciales de las instalaciones de 
alumbrado exterior, la actuación mínima restante objeto de ser considerada proyecto 
integral no puede ser inferior al 80 % en potencia instalada. Además, las instalaciones 
ya renovadas previamente a las actuaciones objeto de ayuda deben encontrarse de 
acuerdo a los preceptos actuales del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y del 
Reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior, no siendo 
aceptadas actuaciones parciales que no hayan dejado las instalaciones actualizadas.
5.  Justificación documental de la actuación a realizar ex ante. La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 12 del real decreto, y adicionalmente los siguientes documentos:
a)  Auditoría energética con el alcance de las actuaciones previstas y en la que se 
contemple la implantación de los sistemas de comunicación, control y telegestión de las 
instalaciones, así como la reducción del consumo de energía eléctrica y las emisiones de 
dióxido  de  carbono  asociadas.  Para  el  caso  de  las  instalaciones  de  alumbrado,  la 
auditoría  recogerá  el  estado  actual  de  las  instalaciones  de  alumbrado  de  todo  el 
municipio.
b)  Información sobre el plan de gestión de residuos previsto en relación con su 
reutilización y reciclado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 8 de julio,  e.
de residuos y suelos contaminados y que permita alcanzar, al menos, un 30 % de  w.b
reutilización y reciclado de los materiales afectados en la reforma. 269ww
En particular, a los residuos de lámparas y luminarias (fuentes de luz) les será de
aapplaicraatcoiósn e lléoc etrsictaobsl eyc eidleoc ternó neicl oRse.al Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de residuos de
6.  Justificación documental de ejecución de la actuación ex post. La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 19, y adicionalmente los siguientes documentos, según el tipo de 
actuación ejecutada, en su caso y cuando sea preceptivo:
a)  Certificado  sobre  cumplimiento  de  las  directivas  comunitarias  de  seguridad 
eléctrica y compatibilidad electromagnética, en los equipos que aplique.
b)  Certificado  de  la  instalación  eléctrica,  de  acuerdo  con  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, suscrito por el instalador habilitado y registrado en el 
órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente,  en  el  caso  de 
actuaciones sobre instalaciones eléctricas.
c)  Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (según proceda para la tipología de 
actuación), firmado por un técnico titulado competente o por el instalador habilitado, 
según  corresponda  para  la  categoría  de  la  instalación  correspondiente.  Cuando  la 
reforma  sea  sobre  una  instalación  de  alumbrado  exterior,  la  documentación  se 
corresponderá con el contenido especificado en la instrucción técnica ITC-EA-05 del 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
d)  Para las instalaciones de alumbrado exterior reformadas, copia de la etiqueta 
energética de la instalación según lo especificado en la instrucción técnica ITC-EA-01 del 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
e)  Para las instalaciones de alumbrado exterior reformadas con tecnología LED, 
certificado firmado por el técnico titulado competente autor del proyecto o, en su defecto, 
el Director de Obra o, en su caso, la empresa instaladora autora de la memoria técnica 
final de la instalación ejecutada de que la instalación cumple con lo establecido en el 
documento  «Requisitos  técnicos  exigibles  para  luminarias  con  tecnología  LED  de 
alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI).
Medida 5. Movilidad sostenible
1.  Objeto. El principal objetivo de esta medida se centra en reducir el consumo de 
energía final y las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre la movilidad para 
conseguir cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los 
modos más eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja 
ocupación, así como fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como 
la marcha a pie y la bicicleta, así como los combustibles alternativos.
Adicionalmente, esta medida busca avanzar en la electrificación de la movilidad, 
mediante la sustitución de vehículos por tecnologías enchufables y el despliegue de 
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
2.  Descripción.  Se  incluirá  en  esta  medida  la  implantación  de  actuaciones  en 
movilidad sostenible que incluyan alguna o varias de las actuaciones identificadas que se 
describen en el apartado 3 siguiente sobre actuaciones elegibles.
3.  Actuaciones  elegibles.  Dado  el  ámbito  territorial  de  los  proyectos  objeto  de 
ayuda, no será obligatorio que las actuaciones elegibles deriven de un PMUS o Plan 
Director específico, si bien deberán contemplarse en un estudio que evalúe de manera 
detallada y particularizada para el emplazamiento concreto de la actuación la reducción 
de emisiones y los ahorros energéticos asociados, y que supongan un cambio modal en 
el reparto del transporte o su electrificación.
El documento anterior que soporte los datos de ahorro energético y de emisiones 
estará basado en datos de mediciones reales y/o estadísticos para el municipio y la zona  e.e
concreta de la actuación, y no se admitirán extrapolaciones de tráfico o tipo de vehículos  b
de otros emplazamientos distintos a los de la ubicación del proyecto. 269ww
ahorLraos e ancetrugaéctiicoon eos  lad esbuesnti tuscuipóonn deer  vcelahríacmuleonst eim upnu lscaadmobsi op omr ocdoaml bquuseti brleedsu fnódseile esn p oerl 
modelos eléctricos y podrán ser, con carácter orientativo y no limitativo, las siguientes:
a)  Actuaciones de promoción de la movilidad peatonal:
1.º  Peatonalizaciones.
2.º  Restricciones de tráfico.
3.º  Eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad.
b)  Implantación de la movilidad en bicicleta en la movilidad obligada:
1.º  Diseño de itinerarios seguros para el uso de la bici por el entramado de la 
localidad.
2.º  Ciclabilidad de calles. Limitación de la velocidad del tráfico motorizado.
3.º  Carriles bici.
4.º  Red  de  aparcamientos  seguros  para  la  bici:  principalmente  en  colegios  y 
edificios públicos.
5.º  Adecuación de ordenanzas municipales o locales para la promoción de la bici.
6.º  Formación para el uso de la bici en convivencia con el tráfico motorizado y el 
peatón.
7.º  Sistema público de alquiler de bicicleta. Incluidos anclajes, software, bicis, etc., 
siempre y cuando sea la Entidad local la que afronte el gasto de la puesta en marcha del 
sistema.
8.º  Será también elegible, como complemento a alguno de los puntos anteriores, la 
implantación de sistemas digitales para el recuento o monitorización digital del uso de 
carriles bici.
b)  Camino escolar: Promoción de la movilidad peatonal y/o en bicicleta al colegio.
c)  Nueva política de aparcamiento:
1.º  Aparcamientos disuasorios para liberar espacio en el centro de la localidad 
actualmente dedicado a aparcamiento.
2.º  Establecimiento de zonas de aparcamiento regulado.
3.º  Regulación de la carga y descarga.
d)  Transporte público:
1.º  Implantación  de  lanzaderas  a  polígonos,  nodos  de  transporte  y  áreas  de 
actividad.
2.º  Información dinámica en paradas.
3.º  Introducción  de  vehículos  eléctricos  enchufables  para  transporte  público 
colectivo.
4.º  Consideración de la movilidad alternativa en las licitaciones públicas de compra 
de vehículos para transporte público de la entidad local.
5.º  Implementación de sistemas de transporte público a demanda. Implementación 
de  plataformas  de  transporte  público  a  demanda,  mediante  vehículos  eléctricos 
enchufables, variable en función de la demanda de los usuarios y que permita realizar un 
cambio modal desde el vehículo privado a un modo de transporte público. Este sistema 
de transporte dinámico permitirá que los usuarios puedan proponer recorridos o solicitar 
puntos de recogida y/o parada en función de sus necesidades, con una antelación 
temporal determinada, a través de plataforma digital, y optimizar así recorridos, evitando 
desplazamientos de vehículos privados con baja ocupación y de vehículos públicos a 
paradas fijas en rutas u horarios sin demanda. Esta implementación podrá efectuarse  s
como un servicio nuevo o tomando como base una ruta convencional ya existente sobre  oe.
la que se realicen adaptaciones para cubrir una demanda dinámica. w.
comep)a rtPidroo mpoorc lioósn  hdaebli taunstoe sc.ompartido del coche: Habilitar plataforma para el coche
f)  Reordenación y diseño viario:
1.º  Actuaciones de calmado de tráfico.
2.º  Nuevos diseños y ordenación del viario público.
3.º  Establecimiento de Áreas de Prioridad Residencial.
4.º  Desviación del tráfico motorizado de paso.
5.º  Elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con criterios de 
movilidad generada y movilidad sostenible.
6.º  Promover la penetración de vehículos propulsados con energías alternativas a 
través de la implantación de puntos de recarga en vía pública, aparcamientos públicos y 
para flotas de servicios públicos.
g)  Vehículos públicos eléctricos: renovación (con achatarramiento) del parque de 
vehículos de titularidad de las entidades locales que presten un servicio público, siempre 
por vehículos eléctricos enchufables.
h)  Infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Serán elegibles los gastos de elaboración de un PMUS, Plan director o del estudio 
indicado  en  el  punto  3  de  esta  medida,  siempre  que  vaya  acompañado  de  la 
implantación de actuaciones identificadas en el mismo. Igualmente, serán elegibles los 
estudios  de  viabilidad  necesarios  asociados  a  la  implantación  de  cada  una  de  las 
medidas.  En  el  caso  de  elaboración  de  un  nuevo  PMUS,  deberá  ser  acorde  a  la 
metodología  descrita  en  la  «Guía  metodológica  para  la  implantación  de  Planes  de 
Movilidad Urbana Sostenible del IDAE», disponible en www.idae.es.
En  relación  a  la  adquisición  de  vehículos,  serán  elegibles  las  adquisiciones  de 
vehículos  eléctricos  enchufables  con  etiqueta  ambiental  «Cero  Emisiones»  de  la 
Dirección General de Tráfico (DGT), según catalogación actual, para transporte público 
colectivo, así como para otros servicios públicos (recogida de basuras, limpieza, etc.), o 
flotas de policía, bomberos u otras.
No serán elegibles actuaciones cuyo uso final no esté vinculado a un cambio modal 
que vaya a suponer de manera clara una mejora en el día a día de la población, como 
pueden ser actuaciones en caminos con un uso principalmente deportivo o turístico.
El importe de instalaciones complementarias a la actuación, que se consideren 
recomendables  para  favorecer  el  cambio  modal,  pero  que  no  sean  estrictamente 
necesarias  para  la  ejecución  del  proyecto,  deberán  presentar  presupuesto  unitario 
detallado  por  partidas  y  será  elegible  un  importe  máximo  para  estos  conceptos 
complementarios de un 15 % del presupuesto total de la actuación. Se da esta situación 
con el mobiliario municipal que se cambie o instale tras una peatonalización, así como el 
arbolado, fuentes, o nuevas instalaciones de alumbrado que se prevean instalar tras la 
finalización de la obra civil.
En las actuaciones que modifiquen instalaciones superficiales, como puede ser el 
caso de peatonalizaciones o carriles bici que puedan afectar a instalaciones existentes 
de distribución de gas, agua, redes de saneamiento, telefonía, distribución eléctrica o 
alumbrado, se considera elegible el coste de la sustitución de los elementos en superficie 
tales  como  acometidas,  alcantarillas  o  contadores  superficiales,  que  sea  necesario 
sustituir debido a la ejecución de la actuación.
En el caso de las actuaciones que requieran levantamiento de firme o pavimentos y 
puedan interferir con instalaciones soterradas existentes, de distribución de agua, gas, 
electricidad, saneamiento, o bien requieran el soterramiento de instalaciones existentes 
necesario  para  el  cambio  de  estas  instalaciones,  hasta  un  máximo  del  15 %  del 
presupuesto total de la actuación, sin incluir la parte de obra civil asociada, y se deberá 
aportar justificación de la necesidad de la sustitución de estos elementos ocasionada por  e
la  ejecución  de  la  actuación.  No  se  considera  elegible  la  incorporación  de  nuevas  bo
instalaciones o infraestructuras no relacionadas con el cambio modal y que no existieran  269ww
elenv alan tfaemchiean dtoe  dperel speanvtimaceiónnto d.e la solicitud y que se proyecte su ejecución con motivo del
legis4l.a ciRóne qvuigiseintotes  qtéucen liec osse,a  ednee argpélictiacocisó ny. ambientales. La actuación cumplirá con la
Para ser elegibles las actuaciones, en el ámbito de aplicación de esta medida, 
deberán conseguir un ahorro energético mínimo de un 5 % respecto a la situación de 
partida, por el cambio modal producido sumado, en su caso, al efecto de las actuaciones 
complementarias. Cualquier consumo energético modificado por el proyecto debe ser 
evaluado a efectos de justificar que se consigue el ahorro mínimo perseguido por la 
actuación.  Por  ejemplo,  una  peatonalización  o  un  carril  bici  que  incorpore  nuevas 
instalaciones de alumbrado debe comparar el consumo inicial y final de esta instalación 
complementaria e incluir el resultado en el balance energético total de la actuación.
a)  Sustitución o adquisición de vehículos:
1.º  Será  requisito  técnico  que  la  sustitución  de  los  vehículos  existentes  o  la 
dotación de nuevos vehículos para flotas de la entidad local sea por la adquisición 
directa de vehículos eléctricos enchufables nuevos, matriculados por primera vez en 
España  a  nombre  de  la  entidad  local.  2.º  Los  nuevos  vehículos  serán  eléctricos 
enchufables y su clasificación de acuerdo con la actual catalogación de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) será la equivalente a la vigente etiqueta ambiental «Cero 
Emisiones». También las motos, cuadriciclos y otros vehículos del servicio municipal o 
local podrán sustituirse por vehículos eléctricos enchufables con los mismos requisitos 
ambientales que los descritos anteriormente.
b)  Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos:
1.º  La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos será de uso exclusivo de la 
entidad local.
2.º  La infraestructura de recarga eléctrica de vehículos podrá ser alimentada por 
conexión a red o por una fuente autónoma de energía renovable.
3.º  Podrán ser elegibles unidades de producción de energía renovable conectadas 
a la red, vinculadas parcialmente al punto de recarga, siempre que dichas unidades de 
producción  u  otras  instalaciones  vinculadas  al  proyecto  autoconsuman  la  energía 
producida en, al menos, un 80 % de dicha producción. La instalación de recarga será 
compatible con las instalaciones de  generación eléctrica renovable recogidas en la 
medida 2 del presente anexo.
4.º  Para las instalaciones conectadas en baja tensión, la instalación cumplirá con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, concretamente ITC-BT-52. Grado de protección IP e IK adecuado en 
función de la ubicación.
5.º  Alimentación: monofásica o trifásica 230-400 VAC o voltajes superiores para el 
caso de recarga ultra rápida.
Asimismo, al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se 
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos), generados en el 
sitio de construcción, se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización, incluidas 
las operaciones de relleno, de forma que se utilicen para sustituir otros materiales, de  e.e
acuerdo con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28  b
de julio, de residuos y suelos contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de  269ww
consLtorusc coiópne rya ddoermeos licdióenb edreá nla  UlimE.itar  la  generación  de  residuos  en  los  procesos
greelastcióionn addeo sre sciodnu olsa  dceo ncsotrnusctrcuiócnc ióyn  dye mdeomlicoiólicni,ó nd ed ec olan foUrEm idy atde ncieonnd oe l ePnr octuoecnotlao  ldaes 
mejores  técnicas  disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y 
reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los 
sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Igualmente, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de 
forma  selectiva  y  la  clasificación  se  realizará  de  forma  preferente  en  el  lugar  de 
generación de los residuos. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción 
apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u 
otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, 
cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, 
flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
5.  Justificación documental de la actuación a realizar «ex ante». La justificación se 
realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 12 del real decreto, y adicionalmente, los siguientes documentos:
a)  Estudio detallado que justifique el ahorro energético previsto tras la actuación y 
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono asociada.
b)  Para las actuaciones en vías, construcción de carriles bici, desvíos de tráfico, 
peatonalizaciones,  y  cualquier  actuación  que  suponga  modificaciones  en  el  tráfico 
rodado, se aportará como anexo a la memoria planos explicativos de la situación de 
partida y tras la reforma, que ayuden a comprender la magnitud de la actuación y cómo 
la misma consigue el ahorro energético mínimo requerido.
6.  Justificación documental de ejecución de la actuación «ex post». La justificación 
se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se 
establece en el artículo 19, y adicionalmente los siguientes documentos, según el tipo de 
actuación ejecutada, en su caso y cuando sea preceptivo:
a)  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio, cuando sea preceptiva, 
de  acuerdo  con  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (en  instalaciones 
eléctricas de cualquier tipología), emitido por la empresa instaladora y diligenciado por el 
órgano competente de la comunidad autónoma.
b)  Como documento anexo al informe justificativo de la adecuada realización de las 
actuaciones  solicitado  en  el  artículo  19,  apartado  2  a),  se  incluirá  la  justificación 
documental del ahorro energético obtenido por la medida.
c)  Memoria justificativa validada por un técnico titulado competente o una entidad 
independiente y especializada en el objeto del proyecto, que certifique la realización de 
las inversiones objeto de la ayuda solicitada.
Se informará sobre la estructura interna y los recursos dedicados a la gestión, 
implantación y seguimiento de la actuación objeto de apoyo en este programa.
1.º  La memoria, en el caso de contener medidas relativas a «Camino Escolar» o 
«Promoción de sistemas de préstamo de bicicletas», como mínimo contendrá:
1.ª  La memoria justificativa del ahorro energético obtenido por la implantación de 
camino escolar deberá incluir un certificado energético obtenido a partir de los datos de 
centros implicados en el Plan, número de alumnos participantes por centro, número de 
días/año en los que se prevé se va a utilizar el camino escolar y distancias medias de los 
recorridos entre origen destino.
2.ª  La memoria justificativa del ahorro energético obtenido por la implantación de  es
sistemas de préstamo de bicicletas deberá incluir, al menos, características y número de  o
bicicletas, datos de explotación (número de usuarios, número de rotaciones diarias por  269ww
tfdbiueeicnmsic,d pioeodn siesa lpmm poieuendnnibittooiolsi  dd edael ed sv ,iu sisstrteoeam.d  dSiasee tdlr  imfeba uocpcidrliéióotasn tdr aáemd  uteorn a  pnebússicbptiucloidclreitooet.a  duse)ti ll ipzeaesdtrifmoil  adccoeinló u nas nudtaeerri ioor rehidcaaobdritr uiada olla sd  eemnl steriadsdtioeasm  eany,    OE-A-2021-13able en https://
2.º  La memoria, en el caso de incluir actuaciones de «Infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos», contendrá:
1.ª  Condiciones finales de la adjudicación del concurso público para la realización 
de la instalación de recarga, mediante la aportación del correspondiente contrato.
2.ª  Proyecto  o  memoria  técnica  de  la  instalación  firmado  por  técnico  titulado 
competente  con  la  descripción  y  alcance  de  las  actuaciones  realizadas  y  cálculos 
justificativos,  que  deberá  incluir,  al  menos,  ahorros  conseguidos  por  los  vehículos 
asociados  a  la  infraestructura  implantada,  teniendo  en  cuenta  los  vehículos 
convencionales sustituidos por vehículos eléctricos enchufables. Además, la memoria 
incluirá,  como  mínimo,  descripción  de  la  instalación  y  de  la  ubicación,  plano  de 
emplazamiento  con  coordenadas  UTM,  modelo  y  características  de  las  bases  de 
recarga, tipo de recarga, potencia e intensidad máxima de la recarga y sistema de 
control.
3.ª  Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones durante, al menos, 
dos años, aceptado por el solicitante.
4.ª  El beneficiario deberá obtener y mantener en vigor los permisos, licencias y 
autorizaciones necesarias en cada momento, para llevar a cabo la actuación, los cuales 
podrán  ser  requeridos  por  el  IDAE  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del 
expediente.
5.ª  Copia del registro en industria y acta de puesta en marcha en su caso firmado 
por el instalador autorizado y debidamente diligenciado por el órgano competente de la 
comunidad autónoma correspondiente.
ANEXO II
Declaración Responsable que se formula a los efectos de lo establecidos
Don/Doña ............................................................................................, Nacionalidad: ...................................................., 
con NIF/NIE/: ......................................., en su calidad de representante legal de  ........................................................., 
con  NIF  número........................................................,  domicilio  en:  ........................................................................., 
Localidad: ...................................., CP: ............................, Provincia: ..........................., Teléfono: ..............................., 
e-mail: ................................................................................., Domicilio a efectos de comunicaciones (si es distinto del 
anterior): ............................................................................................................... N.º: ......................., Esc.: ................, 
Piso: .............., Localidad: ...................................., CP: ............................, Provincia: .............................................., 
Teléfono: ......................................, Fax: ......................................, e-mail: ........................................................................, 
La representación se ostenta en virtud de ............................................................................ 
DECLARA 
1.  Que  .................................................................  (nombre  o  razón  social  de  la  entidad  solicitante) 
..............................................., no se encuentra incurso en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, asimismo, que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas recibidas, conforme a 
los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
2.  Que  .................................................................  (nombre  o  razón  social  de  la  entidad  solicitante) 
..............................................., tiene suficiente capacidad administrativa, de gestión y de comunicación electrónica; 
asimismo dispone de la capacidad suficiente para cumplir con las condiciones del Programa de ayudas en cuanto a 
plazos límites de ejecución, normativa de aplicación, información financiera y de otro tipo que ha de conservar, 
comunicar y facilitar cuando sea requerido. 
3. Que.................................................................  (nombre  o  razón  social  de  la  entidad  solicitante)
.......... ....................................., no realiza actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado 
(rellenar solo si la entidad solicitante es un organismo autónomo o entidad pública dependiente o vinculada a una 
Entidad local territorial). 
4.  Que  .................................................................  (nombre  o  razón  social  de  la  entidad  solicitante) 
..............................................., se compromete a comunicar de inmediato al IDAE cualquier modificación o variación de 
las circunstancias anteriores. 
5. Que …………………………………………...…. (nombre o razón social del solicitante) ..............................................., 
a)No ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas para la misma actuación o finalidad que la solicitada en el
contexto del presente Programa de ayudas, de cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o
internacional (táchese, si no procede).
b)Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma actuación o finalidad que la solicitada
en el contexto del presente Programa de ayudas, de la/s siguiente/s Administración/es, organismo/s o entidad/es
pública/s, nacional/es o internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad  concedente:  ......................................................................,  Importe  ayuda:  ..............................................., 
Programa: ................................................... 
Entidad  concedente:  ....................................................................,  Importe  ayuda:  .................................................,  es
Programa: ...................................................  o
(ENnO ..T..A..:. .E...n.. .c..a..s.o.. .d..e.. .n..o a h .a..b..e..r.  sdoel i.c..i.t.a.d..o.. .n..i. .r.e..c..i.b..i.d..o d aey .u..d..a..s. .i.n..d..i.c..a..r : NINGUNA)  2021-13269n https://ww
(Firma del representante de la entidad)
ANEXO III
Declaración sobre la información medioambiental del proyecto que se formula a 
los efectos de lo establecido en el artículo 12.6.d).
Don/Doña ............................................................................., Nacionalidad: ..................................................................., 
con NIF/NIE/: ........................................, en su calidad de representante legal de  ....................................................., 
con  NIF  número...................................................,  domicilio  en:  .............................................................................., 
 
Localidad: ...................................., CP: ............................, Provincia: ..........................., Teléfono: ..............................., 
e -mail: ............................................................................., Domicilio a efectos de comunicaciones (si es distinto del 
anterior): ............................................................................................................... N.º: ..........., Esc.: ............................., 
Piso:  .............., Localidad: ...................................., CP: ............................, Provincia: ..........................., Teléfono: 
..............................., Fax: ..............................., e-mail: ......................................., La representación se ostenta en virtud 
de ............................................................................ 
Siendo esta entidad promotora del proyecto denominado: ........................................................................... 
A desarrollar en el/los término/s municipales/es: ........................................................................... 
De la provincia/s: ........................................................................... 
A cofinanciar por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
DECLARA 
1. Que el proyecto cuenta con una evaluación favorable de adecuación al principio de «no causar un perjuicio
significativo al medioambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, o en caso de no contar con la misma se declara responsablemente que el proyecto cumple
con dicho principio.
□SÍ, cuenta con evaluación favorable de adecuación favorable al principio DNSH (se adjunta)
□NO cuenta con evaluación favorable, pero declaro responsablemente que se adecúa al principio DNSH.
□2. El proyecto no causa un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
3.Que existe alguna administración pública que actúe como órgano sustantivo para el referido proyecto en el sentido
del artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
□ SÍ (especificar): ……………………………………………….  □NO
4. Que el proyecto debe someterse a autorización previa administrativa / declaración responsable / comunicación
previa frente a dicha administración.
□ SÍ (especificar situación del trámite): ……………………………………………….  □NO
5. Que el proyecto se encuentra en alguno de los supuestos de evaluación de impacto ambiental obligatoria
contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
□ SÍ (especificar): ……………………………………………….  □NO
6.Que, en relación con la Red Natura 2000, se manifiesta lo siguiente (señalar alguna de las siguientes circunstancias):
□6. a) Se dispone de informe motivado del órgano competente sobre Red Natura 2000 que confirma que el
proyecto no puede causar efectos negativos apreciables sobre ningún espacio de dicha Red, informe que se
aporta anexo a esta declaración.
□6. b) El proyecto, considerado en todas sus fases:
No tiene ningún elemento o acción geográficamente incluido en espacios Red Natura 2000, y además: 
No utiliza recursos naturales que haya que extraer de espacios Red Natura 2000, o que sean 
necesarios para su funcionamiento, tales como agua captada de masas de agua que posteriormente 
alimentan a espacios Red Natura 2000. 
No genera vertidos, residuos o emisiones de materia o energía que por vía terrestre, acuática o  e.
atmosférica puedan llegar a espacios Red Natura 2000 del entorno.  b
No puede causar mortalidad u otros daños a fauna que temporalmente salga de espacios Red Natura  269ww
22aN0t0or00a i00pn  atddemeerrlli  eueenmnntttopoo errenn nnoo is.,n  upgmoúrni de ecjeoromrrsep. dloo, rp eocr oelólegcitcroo cfuocrmióanl mo ecnotlies iódne cclaorna tdeon dqiudeo sc oenléecctrteic oess,p paocri oast roRpeedl loN aot uproar   OE-A-2021-13able en https://
Aportándose como anexo a esta declaración un mapa que refleja la localización de todos los elementos y 
acciones del proyecto, incluidas las captaciones de recursos naturales necesarias (agua) y los puntos de 
realización de sus vertidos y emisiones, en relación con la localización de los espacios Red Natura 2000 y 
corredores ecológicos declarados en el entorno. 
□ 6. c) Se dispone de informe técnico que descarta motivadamente que el proyecto pueda causar efectos
negativos apreciables sobre algún espacio de la Red Natura 2000, aportándose el referido informe técnico
como anexo a esta declaración. 
En ............................. a ........ de .......................... de ................... 
(Firma del representante de la entidad) 
4