BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 296 Sábado 11 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 152188
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
20480 Real  Decreto  1100/2021,  de  10  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 
«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la 
vivienda  a  personas  mayores,  con  discapacidad  y/o  en  situación  de 
dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 y la rápida propagación 
de  esta  enfermedad,  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  internacional,  los  Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  adoptaron  con  rapidez  medidas  coordinadas  de 
emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
Estas  medidas  aúnan  el  Marco  Financiero  Plurianual  (MFP)  para  2021-2027 
reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next 
Generation EU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021. La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros 
del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de 
abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permitirán  la  realización  de  reformas 
estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo 
tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía 
tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una 
estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras 
posibles crisis o desafíos en el futuro.
El  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  establece  diez  políticas 
palanca  que  determinan  la  evolución  futura  del  país  a  través  de  un  crecimiento 
sostenible  e  inclusivo,  y  destaca  por  su  potencial  para  seguir  trabajando  hacia  la 
inclusión plena de las personas con discapacidad en todas sus facetas. El Plan incluye 
muy claramente el componente social, de igualdad de oportunidades y de género. Las 
reformas tienen que estar basadas en la solidaridad, la integración, la justicia social y 
una distribución justa de la riqueza con el fin de afrontar los problemas de desigualdad, 
dar protección a los grupos más vulnerables y mejorar los niveles de vida de todos los 
ciudadanos, esencial para la igualdad de oportunidades. Para ello el Plan desarrolla  s
medidas específicas de gran impacto en la lucha contra la desigualdad, como es la  oe.
mcdueeild joEaPrndala o lndas e  ps lyeoa  l íaetricecncfacue uepsariabzdloiarlai nd cadeadel    VdClIeaIoIss,md  «epNp ouounnleíeatvin captae ese r cs2op2dne:e oc Pmtiilvnaíaacn  l iudndseteei ól goncrs.ah  lco.Euqliu deao dbpojeastr iayv  opl ao plíertiiccnoacnsipo admle í aed med peel esloote»s    2021-20480n https://www.
componente es la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, con
especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y  Bc
un modelo de atención centrada en la persona. Igualmente, un principio básico de este 
enfoque basado en los derechos sociales ha de garantizar la igualdad en el acceso a 
todo tipo de servicios para todas las personas, por lo que una parte de las inversiones se 
destinarán directamente a reforzar la accesibilidad universal, entendida como un derecho 
instrumental, o, dicho de otra manera, como la palanca para el acceso y disfrute de todos 
los derechos humanos.
Precisamente, el objetivo 8 del C22 se dirige a promover la accesibilidad universal en 
todos los ámbitos donde existen barreras que impiden la participación plena de todas las 
personas en condiciones de igualdad, una cuestión que se especifica en la descripción 
de la inversión del C22.I3, el cual se orienta a mejorar la accesibilidad desde una 
perspectiva  integral,  perspectiva  que  debe  implicar  sin  duda  a  la  vivienda,  como 
presupuesto ineludible para conquistar la inclusión, que, en el caso de las personas con 
discapacidad, mayores y en situación de dependencia, comporta participar plenamente 
en la corriente general de la vida social, pudiendo por tanto elegir dónde, cómo y con 
quién vivir, sin imposiciones y sin verse obligadas a habitar en entornos específicos y 
separados al margen de la vida en comunidad. En este sentido, la perspectiva integral de 
esta inversión no puede ignorar una realidad que excluye a muchas personas con 
discapacidad,  mayores  y  en  situación  de  dependencia  del  derecho  de  la  vivienda. 
Precisamente, porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nace con 
la vocación de transformar España en clave de accesibilidad universal, se debe implicar 
a los espacios en los que habita las personas en situación de vulnerabilidad. Este real 
decreto  contribuye  a  la  realización  de  parte  de  las  actuaciones  previstas  para  el 
cumplimiento  del  hito  326  (C22.I3)  Proyectos  de  mejora  de  la  accesibilidad,  que 
contempla la realización de al menos 277 proyectos por las administraciones central y 
autonómicas para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras. El resto de intervenciones 
vinculadas con este hito se articularán con otros mecanismos para el cumplimento total 
del hito en el plazo previsto.
Este real decreto conecta igualmente con la consecución de la reforma C22.R1 que 
pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, 
promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un 
modelo de atención centrada en la persona. Más concretamente, con el Plan de Choque 
para la Economía de los Cuidados y Refuerzo de las Políticas de Igualdad e Inclusión, 
insta a promover la accesibilidad universal en todos los ámbitos.
El Plan se denomina «España País Accesible». Unos de los mayores problemas de 
accesibilidad se encuentran en las viviendas, teniendo en cuenta que el parque de 
viviendas en España tiene una media de, aproximadamente, 45 años de antigüedad. 
Hace cuarenta y cinco años los edificios no se diseñaban teniendo en cuenta los criterios 
de accesibilidad existentes a día de hoy.
El marco legal vigente en materia de discapacidad ofrece una amplia base jurídica 
para el desarrollo de estas actuaciones. Partiendo de los artículos 9.2, 10, 14, 47 y 49 de 
la  Constitución  Española,  la  Convención  sobre  los  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad asienta el modelo de derechos humanos sobre el que sustentar el derecho 
de  las  personas  con  discapacidad  a  una  vivienda  accesible.  En  concreto,  en  su 
artículo 28 reconoce el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, un 
artículo que debe conectarse con el artículo 9 para garantizar la accesibilidad universal 
de este bien, así como con el artículo 19 para que la vivienda sea un espacio de vida 
independiente y de inclusión en la comunidad. Además, la vivienda se reconoce como un 
derecho  humano  también  en  el  artículo  11  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  s
Económicos, Sociales y Culturales, y la Constitución Española recoge expresamente el  oe.
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en su artículo 47, como un  w.
principio rector de nuestras políticas públicas. 480ww
serieE sdteo sle pyeresc. eEpnto psr imy eprr elumgiasra, sp ohra enl  sTiedxot od Reseafurrnodlliaddoo dse a l an Liveeyl  Gesetnaetaral la d etr adveérse cdheo su ndae 
lLaesg ipselarstiovon a1s/ 2c0o1n3 ,d disec a2p9a cdied ando vyi edmeb sreu,  iqnucelu stiieónne s poocria ol,b ajeptoro bgaadraon tpizoar r eel l Rdeearel cDheoc rae tloa   BOE-A-cable e
igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos 
por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del 
resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, 
de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la 
vida independiente. Esta ley se rige por el principio de accesibilidad universal, de respeto 
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones,  y  la  independencia  de  las  personas.  Y  reconoce  expresamente  en  el 
artículo 22 el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y 
a participar plenamente en todos los aspectos de la vida, para lo cual los poderes 
públicos han de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, 
en igualdad de condiciones con las demás personas en los entornos. Sobre la base de 
este  derecho  se  han  regulado  unas  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 
discriminación para el acceso y utilización de las edificaciones, exigibles en unos plazos 
y términos determinados. Además, se establecen una serie de medidas públicas de 
accesibilidad en su artículo 39, de modo que las administraciones públicas han de 
fomentar  la  adaptación  de  los  inmuebles  de  titularidad  privada  mediante  el 
establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
En  segundo  lugar,  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se inspira 
en el principio de permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre 
que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. Para ello, en la disposición 
adicional  tercera  se  posibilita  que  la  Administración  General  del  Estado  y  las 
administraciones de las comunidades autónomas establezcan, de conformidad con sus 
disponibilidades presupuestarias, acuerdos específicos para la concesión de ayudas 
económicas  con  el  fin  de  facilitar  la  autonomía  personal.  Estas  ayudas  tendrán  la 
condición de subvención e irán destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o 
instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, y a 
facilitar  la  accesibilidad  y  adaptaciones  en  el  hogar  que  contribuyan  a  mejorar  su 
capacidad de desplazamiento en la vivienda. Además, la accesibilidad es determinante 
para que las personas puedan ser beneficiarias de la prestación económica para ser 
atendidas por cuidadores no profesionales, ya que el artículo 14.4 de esta ley vincula su 
reconocimiento a que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad 
de la vivienda.
Por otra parte, en la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, la Comisión 
Europea trabajará por los servicios sociales y de empleo de calidad, la vivienda accesible 
e inclusiva, la participación en el aprendizaje permanente, la protección social adecuada 
y el refuerzo de la economía social. En este sentido, de aquí a 2023, la Comisión 
publicará directrices en las que recomendará a los Estados miembros mejoras para la 
vida independiente y la inclusión en la comunidad, con el fin de permitir que las personas 
con discapacidad residan en viviendas accesibles y asistidas en la comunidad, o que 
continúen viviendo en sus hogares, contando con regímenes de asistencia personal.
La situación generada por la pandemia, especialmente durante el confinamiento, ha 
puesto  de  relieve  el  aislamiento  y  la  soledad  de  personas  mayores,  personas  con 
discapacidad y personas en situación de dependencia por falta de accesibilidad en sus 
viviendas, lo que compromete derechos humanos como la vivienda y la movilidad de 
estas personas.
Asimismo, la población mundial avanza paulatinamente hacia un envejecimiento por 
edades. Según la Organización de Naciones Unidas, para 2050, una de cada seis  s
personas en el mundo, es decir, el 16 % de la población, tendrá más de 65 años, en  oe.
comparación  con  una  de  cada  11  en  2019,  es  decir,  el  9  %.  Se  proyecta  que  la  w.
proporción de la población de 65 años y más se duplicará entre 2019 y 2050 en África  480ww
Asempéterinctari oLnaatli nya  Ays ieal  oCcacriidbeen. taPl,a rAas i2a0 5ce0n, tsrael  ey smtimeraid qiounea l,u nAas iad eo rcieandtaa l cyu asturod oprieernstoanl,a sy 
pvirvimieenrdao  veenz  Eenu rloap hai syt oArima,é lraicsa p edresl oNnoarst ed es e6r5á  aigñuoasl  oo  mmáasy oar  ndivee 6l 5m uanñdoisa.l  Esunp 2e0ra1r8o,n p eonr   BOE-A-cable e
número a los niños menores de cinco años. Se proyecta que el número de personas 
de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. Se 
proyecta que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población de 65 
años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6 % del total de la población, alcanzaría 
un máximo del 31,4 % en torno a 2050.
Se calcula que un 75 % de personas jubiladas viven en edificaciones no accesibles. 
La gran mayoría de personas mayores en España, un 83 %, posee su vivienda en 
régimen de propiedad, pero se enfrentan a problemas severos relacionados con la 
vivienda y su entorno cercano. El 14 % de las personas mayores que viven en régimen 
de  alquiler,  en  muchas  ocasiones  lo  hacen  en  condiciones  precarias  por  falta  de 
reformas.
A las personas mayores, se deben sumar las personas con discapacidad y sus 
familias, que también requieren de una accesibilidad a la vivienda. Según el INE en la 
Encuesta  de  Discapacidad,  Autonomía  personal  y  situaciones  de  Dependencia, 
EDAD-2008, en 3,3 millones de hogares españoles residía al menos una persona que 
afirmaba tener una discapacidad, lo que suponía un 20 %. De estos, 608.000 personas 
con discapacidad vivían solas.
Así, el cómputo total de viviendas con potencial necesidad de accesibilidad en un 
futuro  próximo  se  dispara,  comprendiendo  un  porcentaje  significativo  sobre  el  total 
edificado existente.
Las mejoras de accesibilidad no solo benefician a las personas con discapacidad, si 
no  que  dotan  a  los  edificios  de  mecanismos  que  facilitan  la  gestión  en  futuras 
pandemias. La instalación de puertas automáticas y ascensores dotados de tecnología 
punta en la gestión por voz o teléfono móvil disminuyen notablemente la posibilidad de 
contagio por contacto con superficies contaminadas. Por otro lado, la instalación y 
renovación  de  elementos  más  eficientes  en  su  mantenimiento  y  en  cuestiones 
medioambientales,  mejorarán  claramente  las  condiciones  del  parque  edificatorio 
existente, en línea con los objetivos globales de sostenibilidad.
El derecho a la vivienda debe erigirse, por tanto, como elemento esencial para una 
vida digna y motor normativo para promover la transformación de los entornos urbanos, 
por medio de la ordenación, actuación e intervención en el bien básico de la vivienda, en 
espacios inclusivos, accesibles, asequibles, confortables, seguros y participativos para 
las personas con discapacidad y sus familias. La accesibilidad universal debe ser la 
norma y no la excepción que guíe todos y cada uno de los principios, mandatos y 
actuaciones de las políticas públicas de vivienda.
Sin accesibilidad, el derecho a una vivienda digna se hace, para este grupo de 
población,  extremadamente  difícil.  Las  personas  con  discapacidad  y  las  personas 
mayores o de edad avanzada acceden con mucha más dificultad a los bienes y servicios 
básicos que en principio deben estar al alcance de cualquier ciudadano. El caso de la 
vivienda es paradigmático, pues a los problemas generalizados de carestía, falta de 
financiación adecuada o calidad, o dificultades extremas para mantener la propiedad o la 
posesión por no poder hacer frente al pago de deudas o rentas con los que se topan 
muchos ciudadanos y ciudadanas, se añaden, para las personas con discapacidad y las 
personas mayores, los de ausencia de condiciones de accesibilidad del parque de 
edificios y viviendas.
Efectivamente, ha de partirse de la accesibilidad universal como eje transversal de  s
las políticas públicas en materia de discapacidad y de la propia cohesión social pero  oe.
también como garantía insustituible y absolutamente necesaria para el ejercicio de otros  w.
derechos, que no olvidemos, se insertarían en la esfera de los derechos humanos  480ww
Denetsrodnec easdtoes p cuonnto  vdaer iopsa rdtidea l ohsa yO qbujeet irveossa ldtaer  Dsue seaferrcotlolo e Sxpoasntesnivibol,e h daeb idlaa  Acugeenntdaa q 2u0e3 s0u. 
respeto no beneficia exclusivamente a las personas con discapacidad sino también a
otros grupos cívicos, algunos especialmente vulnerables, como las personas mayores y 
personas en situación de dependencia
Por otra parte, la accesibilidad en edificios de uso privado se inserta en el tablero 
sociopolítico no solo como factor clave para garantizar la dignidad de la persona, el cual 
es un derecho reconocido en el artículo 10.1 de la Constitución Española, sino también 
como  un  principio  esencial  de  convivencia  y  solidaridad  intergeneracional, 
preparándonos así para afrontar las transformaciones económicas y sociales asociadas 
con el envejecimiento poblacional y la «vejez», asegurando que seremos capaces de 
implementar las condiciones necesarias para que nuestros mayores puedan llevar vidas 
autodeterminadas, saludables y productivas, empoderándolas para ejercer su derecho a 
la libre elección, luchando contra la soledad no deseada al final de la vida o entre los 
jóvenes, no debiendo restar relevancia al necesario contacto entre iguales, que son 
precisamente los jóvenes quienes reconocían sentirse más solos, incluso antes de la 
llegada de la pandemia.
A ello debe unírsele la nueva «arquitectura de los cuidados», potenciando un modelo 
socio-ecológico de calidad de vida de las personas con discapacidad, centrado en las 
propias personas y sus derechos. Esto se conoce como sociedad de los cuidados y 
apoyos naturales en entornos comunitarios. Se hace necesario, por tanto, impulsar 
cambios estructurales en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración. Estos 
cambios vendrían no sólo a dar cumplimiento al principio ya señalado de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de permanencia de las personas en situación de dependencia, 
siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida, sino que se 
atendería así a las Directrices Comunes Europeas para la transición de la atención 
institucional a la atención comunitaria, y a la observación del Comité de Naciones Unidas 
sobre  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  relativa  a  la  ausencia  de  una 
estrategia y un plan de acción para la desinstitucionalización que promuevan la vida 
independiente de todas las personas con discapacidad en su comunidad. Precisamente 
el Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 
inclusión viene a financiar esa transición, siendo por tanto clave para ello que los 
hogares de las personas sean accesibles y estén adaptados a sus necesidades.
Nuestro ordenamiento jurídico no desconoce este estado de cosas, y ha desplegado 
medidas de acción positiva en favor de un acceso más normalizado de las personas con 
discapacidad y personas mayores a una vivienda digna. Así, la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal, ha experimentado diversas modificaciones, a lo largo 
del  período  democrático,  para  facilitar  las  obras  de  accesibilidad,  señalando  una 
tendencia progresiva, como ocurre en los demás países europeos, para que los costes 
de  adecuar  los  edificios  e  inmuebles  sean  asumidos  en  su  integridad  por  las 
comunidades de propietarios. En el año 2003, se produjo un avance normativo relevante 
en esta materia, al obligar la ley a las comunidades de propietarios a hacerse cargo, bien 
es cierto que, hasta un límite, de las obras y actuaciones de accesibilidad. Dada la 
limitación  de  esta  mejora,  en  los  años  2011,  2013  y  2019,  esa  misma  ley  ha 
experimentado modificaciones parciales en este aspecto de la accesibilidad, que, siendo 
positivas,  siguen  sin  solventar  la  cuestión  de  fondo  y  es  que  el  régimen  legal  de 
propiedad  horizontal  no  llega  plenamente  al  acceso  digno  y  al  mantenimiento  en 
condiciones de dignidad y adecuación de las personas con discapacidad y personas 
mayores a una vivienda.
Al  enfoque  de  derechos  debe  sumarse  un  enfoque  socioeconómico  en  el  que 
deberían considerarse factores tales como el binomio perturbador pobreza-discapacidad  s
y  pobreza-mayor  edad  por  pérdida  de  poder  adquisitivo  de  las  pensiones  y  oe.
ensanchamiento de los umbrales, así como la perspectiva de género. Estadísticamente  w.
el grueso del grupo de personas con discapacidad está integrado por mujeres mayores  480ww
dfoer m6a5,  aañ doísa  pdeen hsiooyn, isutnaass,  d1e0 0m.0a0n0e rpae rqsuoen aesl  rcieosng mo odveil ipdoabdr reezdau ecisd am nuultnifacact osarilaeln.  Ddee  icgausaal 
menil loEnsepsa ñdae  ppeorrs olan afas ltcao nd ea lgaucncae sdibifiilcidualtda dd peal rian mdeusepbllaez aerns ee, l uqnu 4e  %re sviidveenn . reDcelu ildooss  2e,5n   BOE-A-cable e
sus casas y este porcentaje aumenta al 42 % entre aquellos que pasan muchos días sin 
salir a la calle. La falta de adaptación de los edificios, unido a la escasez de ayudas para 
eliminar barreras arquitectónicas, las condena a vivir aisladas en sus propias casas.
En este contexto, hay que considerar las personas con discapacidad, mayores y en 
situación de dependencia que residen en la España rural, con mayor dificultad para 
acceder  a  recursos  de  inclusión  y  que  precisan  de  soporte  público  para  que  sus 
viviendas  gocen  de  condiciones  de  accesibilidad  que  aseguren  la  seguridad,  la 
salubridad y la seguridad de estas personas.
Con el fin de hacer frente a esta situación, se hace necesario poner en marcha 
proyectos y líneas de intervención que den respuesta a las dificultades económicas de 
colectivos en situación de vulnerabilidad social y económica para el goce y disfrute de 
una vivienda digna, segura, salubre y universalmente accesible. Esta adaptación impacta 
en  la  economía  verde,  a  través  de  proyectos  integrados  de  inserción  en  los  que 
participen todos aquellos agentes que puedan facilitar el tránsito hacia la incorporación al 
mercado de trabajo de los más vulnerables.
El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social estableció un plazo máximo de exigibilidad de las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación otorgado a las personas físicas o jurídicas 
titulares de edificios públicos o privados para asegurar la accesibilidad universal en 
aquellas  edificaciones  existentes  antes  del  4  de  diciembre  de  2010,  que  sean 
susceptibles  de  ajustes  razonables.  A  partir  del  4  de  diciembre  de  2017,  si  una 
comunidad de vecinos no es accesible, puede ser solicitada su adaptación por las 
personas  con  discapacidad,  y  las  personas  físicas  o  jurídicas  titulares  del  edificio 
deberán llevar a cabo la adaptación siempre que sea susceptible de ajustes razonables.
Mediante las oportunas normas, las administraciones públicas también pueden exigir 
la adaptación de los edificios, por ejemplo, con la incorporación de la evaluación de las 
condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con 
discapacidad en el Informe de Evaluación del Edificio o las exigencias derivadas de los 
concursos para la obtención de subvenciones.
Este real decreto pretende impulsar la recuperación y la transformación desde dos 
claros  puntos  de  vista  motivados  por  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.  Uno  es  el  impulso  de  la  actividad  en  el  ámbito  de  la  edificación  o 
rehabilitación, y el otro es la mejora de las condiciones de accesibilidad en los edificios 
de viviendas en España planteadas en la introducción de este documento. Esta dualidad 
está basada en el impulso de la actividad económica aparejada a un alto impacto social 
absolutamente justificado y necesario.
En estos proyectos las inversiones han de centrarse, por una parte, en actuaciones 
de accesibilidad universal tales como la instalación de ascensores, elevadores, escaleras 
mecanizadas o construcción de rampas u otras construcciones que aseguren el acceso, 
uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, especialmente a las mayores, con 
discapacidad o en situación de dependencia, y se asegure su movilidad al exterior en 
edificios de vivienda vertical. Por otra parte, también se centran en actuaciones de 
accesibilidad  en  el  interior  de  las  viviendas,  especialmente  cuando  se  trate  de 
poblaciones  rurales  en  las  que  residan  personas  mayores,  con  discapacidad  o  en 
situación de dependencia.
Este real decreto tiene por finalidad la concesión directa, con carácter excepcional y 
por razones de interés público de las aportaciones de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinadas a la  s
financiación  para  2021  de  proyectos  en  el  marco  de  lo  establecido  en  el  Plan  de  oe.
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  desarrollados  por  las  comunidades  w.
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. 480ww
son Tceonmiepnedtoe necnia c duee nlatas  qcuoem utannidtoa dloess  saeurtvóicniooms asso,c eial leinss tcroummoe netol  uardbeacnuisamdoo  yp alara v lilveiveanrd aa 
cAadbmoi nlias trcaocniócne siGóne ndeera le sdtaesl  aEysutdaadso  eys  ala str aavédsm idneis truanc ioanceuse rddoe  eslapse cícfiocmo uennidtraed elas   BOE-A-cable e
autónomas,  tal  y  como  se  regula  en  la  citada  disposición  adicional  tercera  de  la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Así, las aportaciones que financiarán los proyectos 
territoriales serán distribuidas entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla conforme a los criterios de reparto aprobados por acuerdo del Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
adoptado en su reunión del día 27 de octubre de 2021.
Según este Acuerdo, el importe de la subvención en cada caso no depende del 
importe concedido a los demás solicitantes, sino que se establece a partir de un sistema 
de cálculo ponderado con las circunstancias concurrentes en cada comunidad o ciudad 
autónoma,  siendo  incompatible  con  la  concurrencia  competitiva  y  quedando 
salvaguardados los principios de objetividad, igualdad y no discriminación previstos en el 
artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Siendo la subvención el instrumento jurídico adecuado para articular la financiación 
de los programas y servicios señalados, se ha de proceder a su análisis para justificar la 
necesidad de este real decreto.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 67 de 
su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que 
podrán  concederse  de  forma  directa  y  «con  carácter  excepcional,  aquellas  otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitaria, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».
La ejecución de las actuaciones específicas previstas en este real decreto por parte 
de  las  comunidades  autónomas,  de  unas  ayudas  financiadas  con  cargo  a  los 
presupuestos  generales  del  Estado,  permite  confirmar  que  existen  las  razones 
legalmente previstas para articular el mecanismo excepcional de concesión directa de 
las subvenciones. A tal fin, se considera, en primer lugar, la existencia de razones de 
interés público, social y económico, dado el objetivo prioritario de la medida de contribuir 
a realizar inversiones destinadas a asegurar la accesibilidad como presupuesto previo 
para  un  goce  y  disfrute  del  derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  mayores,  con 
discapacidad y/o en situación de dependencia.
El interés público y social de estas subvenciones descansa en el concepto de la 
accesibilidad como el elemento básico que permite que las personas con mayores, con 
discapacidad o en situación de dependencia puedan vivir en igualdad, en libertad, de 
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Pero 
también, la accesibilidad es parte del contenido esencial de otros derechos que protegen 
o facilitan el desarrollo de una vida humana digna.
La concesión directa permite conocer de un modo cierto y anticipado la cantidad que 
va a llegar a los beneficiarios últimos que, por sus especiales circunstancias, no puede 
dejarse a una concurrencia competitiva por tratarse de actuaciones que se estiman 
preferentes  en  virtud  de  los  criterios  de  interés  general  que  guían  la  actuación 
administrativa de construir una sociedad para todas las personas.
En cuanto al interés económico, estas ayudas deben servir para mejorar la tasa de 
actividad y empleabilidad del colectivo de las personas con discapacidad y en situación 
de dependencia al poder superar la primera barrera que se encuentra en la propia 
vivienda.
Por  todo  ello,  en  la  subvención  contemplada  en  este  real  decreto  se  dan  las 
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
que justifican su concesión directa.
Asimismo, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el  s
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y  oe.
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todas las  w.
medidas que ayuden a agilizar y flexibilizar su tramitación. A los efectos de este real  480ww
dneeccreestaor,i oe el l ainrtfíocrumloe  d6e0l. 3M idneisl temrioe ndceio Hnaadcoie nrdeaa ly  dFeucnrceitóon-l ePyú belisctaa bpleacrae  eql uoeto r«gnaom iseenrtáo 
hduem saunbivtaernioc,io un eost reans  qdueeb idsea maecnreted itjeuns tirfaiczaodnaess  qduee  indtiefircéusl tepnú bsliuc oc, osnovcoiacla, toerciao npóúmbilcicoa o»   BOE-A-cable e
previsto en el artículo 22.2.c), al que se remite en este punto el artículo 28.2, ambos de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si bien el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
especificará los  extremos que  deben quedar acreditados en la memoria explicativa 
respecto de las circunstancias que justifican dicha modalidad de subvención».
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia.
La adecuación de la presente norma a los principios de necesidad y eficacia deriva 
de la defensa del interés general, materializado en la necesidad de garantizar el derecho 
constitucional a una digna y adecuada, para lo cual es imprescindible que sea accesible, 
especialmente  para  las  personas  mayores,  con  discapacidad  y/o  en  situación  de 
dependencia, impulsando de este modo el proceso de desinstitucionalización y el cambio 
en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, primando la permanencia en el 
hogar de estas personas, siempre que sea posible. Además, este real decreto resulta el 
instrumento  más  indicado  para  los  intereses  que  se  persiguen,  dada  la  situación 
sobrevenida de las circunstancias en las que el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia se ha aprobado después de la elaboración del presupuesto vigente.
Esta norma responde al principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación 
imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir reduciendo su 
contenido al mínimo imprescindible. También se ajusta al principio de seguridad jurídica, 
ya  que  viene  a  dar  cumplimiento  a  los  derechos  y  medidas  previstas  en  el  Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social y en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y además es coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, y en particular con la 
legislación presupuestaria.
De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido 
claramente  el  alcance  y  objetivo;  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  eficiencia,  se 
contribuye a la gestión racional de estos recursos públicos existentes.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 1.ª 
y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para 
regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y para 
regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
respectivamente.
En la tramitación del presente real decreto se ha recabado el informe de la Abogacía 
del Estado y de la Intervención Delegada en el Departamento.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de diciembre 
de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto. oe.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter  480ww
Eexsctaedpoc iodnea l Dye rpeocrh roasz oSnoecsi adlees  indteelr éMs inpiúsbtelircioo  ddee  laDse raepcohrotasc iSoonceisa ledse  lya  ASgeecnredtaa rí2a0 3d0e 
dCe2s2t.inRa1d. a«sR ae folar zfainr alnac aiatceinócni ópna raa  la2 0d2e1p ednedl ednecsiaa rryo lplor odmeo vaecrtu ealc icoanmesb iod edl ec ommopdoenloe ndtee 
apoyos y cuidados de larga duración» y de las inversiones del componente C22.I3
«España País Accesible» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas 
aportaciones se efectuarán sin menoscabo de las posibles aportaciones que puedan 
realizarse por la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2.  Estas subvenciones, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto de gastos de 
la Secretaria de Estado de Derechos Sociales para 2021, serán objeto de financiación 
mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de Recuperación 
(«Next  Generation  EU»),  a  través  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, no pudiendo ser financiadas las mismas actuaciones por otros 
instrumentos o fondos de la Unión Europea. Serán de aplicación las disposiciones del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia o que las sustituyan, así como aquéllas que 
las  desarrollen.  Asimismo,  las  subvenciones  reguladas  en  este  real  decreto  están 
sujetas, en todo caso, al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos 
fijados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  evaluado 
favorablemente por la Comisión Europea en la Propuesta de Decisión de Ejecución del 
Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del citado Plan. Igualmente estarán 
sometidas  a  la  plena  aplicación  de  los  mecanismos  de  gestión  y  control  que  se 
establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y a la normativa 
de  la  Unión  Europea  aplicable  a  la  gestión,  seguimiento  y  control  del  Plan  de 
Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  específicas  relativas  a  la 
información y publicidad, verificación y demás impuestas por la normativa estatal y de la 
Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento.
En  particular,  será  de  aplicación  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, a cuyas obligaciones quedarán sujetos los beneficiarios 
de las subvenciones reguladas en el presente real decreto.
3.  Las aportaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán repartidas 
entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla conforme a los 
criterios  de  distribución  aprobados  por  acuerdo  del  Consejo  Territorial  de  Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
4.  Los  proyectos  serán  desarrollados  por  las  comunidades  autónomas  y  las 
ciudades de Ceuta y Melilla.
5.  La planificación y ejecución de los proyectos respetará las contribuciones del 
Componente 22 a los objetivos de transición ecológica y digital; esto es, un 24,47 % y 
un 12,76 %, respectivamente.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
1.  Las ayudas objeto de esta convocatoria están financiadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la 
crisis de la COVID-19, por lo que las entidades beneficiarias deberán regirse por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás 
normas  de  la  Unión  sobre  la  materia  y  por  las  normas  estatales  de  desarrollo  o  e.
trasposición de éstas. w.b
2.  Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en  480ww
Sesutbev erenacli odneecsr,e tyo , epno r ello  Rperegvlaismtoe netno  lad eL edye s3a8r/r2o0ll0o3 ,d ed e d1ic7h ad el enyo, vaiepmrobbrea,d oG epnoerr aRl edael 
Dpoerc reel toq u8e8 7s/e2 0a0p6r,u edbea 2n1  mdeed jiudlaios,  uprogre enlt eRse apla Drae clare mtoo-ldeeyr n3i6z/a2c0ió2n0 , ddee  l3a0 A ddem dinicisietrmacbiróen, 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el caso de que en 
la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley 
y por las demás normas legales, reglamentarias y, en su caso, convencionales, que 
resulten  de  aplicación;  particularmente  por  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y por la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del 
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 
España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que se lleven a cabo en 
cumplimiento del presente real decreto deben respetar el principio de no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH). Ello incluye el cumplimiento de 
las condiciones específicas asignadas en la Componente 22, así como en la inversión 3 
en  la  que  se  enmarcan  dichas  actuaciones  en  lo  referido  al  principio  DNSH,  y 
especialmente las recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente del 
Plan y en el anexo a la CID.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Atendiendo  al  carácter  singular  que  se  deriva  de  las  excepcionales 
circunstancias  en  que  ha  de  realizarse  la  actividad  subvencionada,  se  autoriza  la 
concesión  directa  de  estas  subvenciones  en  aplicación  de  lo  previsto  en  el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en 
el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de  21  de  julio,  por  concurrir  razones  de  interés  público,  económico  y  social,  que 
determinan la improcedencia de su convocatoria pública.
2.  La concesión de estas subvenciones a las comunidades autónomas y a las 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  beneficiarias  se  realizará  mediante  la  correspondiente 
resolución de concesión de la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales.
La resolución del procedimiento de concesión será motivada y deberá incluir los 
extremos que se mencionan en el artículo 65.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. Asimismo, en la resolución se detallará la cuantía máxima concedida para 
la ejecución de los programas, el tipo de actuaciones a financiar, y se determinará el 
plazo de presentación de la memoria justificativa prevista en el artículo 11. En todo caso, 
las actuaciones no podrán extenderse más allá del primer trimestre de 2023. e.e
La resolución del procedimiento de concesión se dictará y notificará en el plazo  b
máximo de un mes desde la publicación del presente real decreto en el «Boletín Oficial  480ww
sdoelli cEitsutda dsoe» t.e Endnr áe l pcoars doe dsee sqtiumea ndoa .se produzca la notificación en el plazo establecido la
infor3m. acEiól n Mcinoinstteenriiod a dee n Deel reRcehgoiss trSo ocdiea leTsi tuyla riAdgaednedsa  R2e0a3le0s , pcorderaád oa cpcoerd eerl   aR ealal 
Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones,  medidas  tributarias,  prevención  y  reparación  de  daños 
medioambientales,  desplazamiento  de  trabajadores  en  la  prestación  de  servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores, o el acceso a otras bases de datos de la 
Administración que puedan suministrar datos sobre los titulares reales.
Esta atribución la tendrán también la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de 
Cuentas y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.
La información obtenida podrá ser cedida al Sistema de Fondos Europeos según las 
previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.
Artículo 4.  Documentación a presentar.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias deberán 
presentar la siguiente documentación:
a)  Declaración  escrita  comprometiéndose  a  conceder  los  accesos  y  derechos 
necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la 
Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 
Dicha declaración deberá garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los 
fondos de la Unión concedan derechos equivalentes, según anexo I.
b)  Declaración responsable de encontrarse al corriente del pago de las obligaciones 
de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con 
cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de los fondos europeos 
en los Presupuestos Generales del Estado, según anexo II.
c)  Compromiso de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, según anexo III.
d)  Compromiso  en  relación  con  la  ejecución  de  actuaciones  del  plan  de 
recuperación, transformación y resiliencia, según anexo IV.
e)  Declaración de ausencia de conflicto de intereses, según anexo V.
La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  conllevará  la  autorización  del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la 
circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y a las obligaciones 
frente a la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el 
solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces las certificaciones correspondientes.
Artículo 5.  Publicidad y medidas de difusión.
1.  La convocatoria y demás información relevante de la subvención se publicará en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme establece el artículo 20.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones que son objeto de la subvención, en los términos 
establecidos en la normativa aplicable y/o en el respectivo instrumento de concesión de 
las subvenciones previsto en el artículo anterior. e.
En todo caso, las actuaciones deberán encontrarse debidamente identificadas de  w.b
conformidad  con  las  obligaciones  que  en  materia  de  información,  comunicación  y  480ww
Rpuebcluicpidearadc idóent eyrm Rinees illiae nncoiram, aqtuivead ainntdeorn ao byl igdaed laas U lnaisó ne nEtuidraodpeesa  bpeanrae feicl iaMrieacsa ndies meos tdaes 
spuobr vdeanrcleio nveissib ail idhaadce. rE mn epnacrióticnu elanr ,s ue np ulab lidcoidcaudm deenlt aocriigóenn  yd em eesdtiao sf indaen cdiiafucsióiónn,  vdeela nsduos 
acciones deberán hacer constar «financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»,
para aquellas actuaciones financiadas con las subvenciones reguladas en el presente 
real decreto.
Artículo 6.  Beneficiarias de las subvenciones.
Las  entidades  beneficiarias  de  estas  subvenciones  serán  las  comunidades 
autónomas  de  Andalucía,  Aragón,  Principado  de  Asturias,  Illes  Balears,  Canarias, 
Cantabria,  Castilla  y  León,  Castilla-La  Mancha,  Cataluña,  Comunitat  Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de 
Navarra, País Vasco, La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Artículo 7.  Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Las administraciones públicas beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, desarrollarán las siguientes actuaciones:
a)  Al menos un 50 % del presupuesto se destinará a actuaciones de accesibilidad 
universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, 
así como en los parques de viviendas de titularidad pública, incluidas los proyectos de 
obra, que aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, 
especialmente  a  las  personas  mayores,  con  discapacidad  y/o  en  situación  de 
dependencia, tales como:
1.º  Instalación de nuevos ascensores, incluyendo las obras que se justifiquen como 
indispensables para ello, tales como la demolición y nueva ejecución del núcleo de 
escaleras.
2.º  Instalación de otros dispositivos de mejora de la accesibilidad o la realización de 
otras obras con el mismo fin, tales como videoporteros, rampas, ampliación de cabinas 
de ascensor, incremento en el número de paradas o plataformas elevadoras, mejora de 
la iluminación, entre otras.
3.º  Actuaciones destinadas a garantizar la accesibilidad desde la vía pública hasta 
cada una de las viviendas, tales como eliminación de escalones y escaleras entre la calle 
y el inmueble, sustitución de puertas de acceso a portales, entre otras.
4.º  Actuaciones de mejora de los sistemas de señalización y comunicación en el 
edificio, tales como señalización, instalación de pavimentos podo táctiles direccionales y 
de  alerta,  instalación  de  elementos  de  información  o  de  aviso  tales  como  señales 
luminosas o sonoras que permitan la orientación en zonas comunes, entre otras.
5.º  Instalación de dispositivos en zonas comunes de los edificios que mejoren la 
accesibilidad de las mismas, tales como plataformas verticales de elevación, grúas para 
piscina, sistemas de detección y apertura automática, entre otras.
6.º  Cualquier  intervención  que  mejore  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DBSUA, 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad y en el Documento Básico de Seguridad en caso 
de Incendio-DB SI.
7.º  Otras que determinen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.
b)  El presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el interior 
de las viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, mediante ayudas  e
a particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el uso y disfrute de su  bo
vivienda, tales como: 480ww
mejo1r.aº  dLea la i nasctcaelascibióilnid adde,  ainsccleunyesonrdeos ,l ossa alvdaa petsacdaoles raa sl,a sra nmepcaess idua doetrso sd ed ipseprossoitnivaoss c odne 
discapacidad sensorial o intelectual o del desarrollo, así como su adaptación, una vez
instalados, a la normativa sectorial correspondiente.
2.º  La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales 
luminosas o sonoras que permitan la orientación en el interior de las viviendas.
3.º  La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre 
las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.
4.º  La  instalación  domótica  y  de  otros  avances  tecnológicos  para  favorecer  la 
autonomía personal de personas mayores, personas con discapacidad y/o en situación 
de dependencia.
5.º  Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del 
interior de las viviendas unifamiliares, agrupadas en fila o en edificios de tipología 
residencial colectiva objeto de este programa, así como en las vías de evacuación de los 
mismos. Se incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de 
la vivienda que cumplan con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo 
referido a vivienda accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en 
baños y cocinas.
6.º  Cualquier  intervención  que  mejore  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DBSUA, 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad y en el Documento Básico de Seguridad en caso 
de Incendio-DB SI.
7.º  Otras que se determinen por las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla.
2.  Estas actuaciones deberán cumplir con los parámetros recogidos en normativa 
de obligado cumplimiento, tanto a nivel estatal como autonómico:
a)  A nivel estatal deberá cumplirse con lo recogido en el Código técnico de la 
edificación (CTE) (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad –DB-
SUA– y Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio-DB SI).
b)  A nivel autonómico deberá cumplirse con lo recogido en la normativa autonómica 
en materia de accesibilidad correspondiente en cada caso.
c)  A nivel municipal deberá cumplirse con lo recogido en la ordenanza municipal en 
materia de accesibilidad correspondiente en cada caso.
Por otra parte, las actuaciones que impliquen la ocupación de la vía pública deberán 
cumplir con los parámetros establecidos en la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por 
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, así 
como  con  los  parámetros  de  las  normativas  autonómicas  y  locales  en  materia  de 
accesibilidad respecto a los espacios públicos urbanizados.
3.  Entre otros requisitos vinculados al principio DNSH, en los gastos financiables a 
desarrollar en los inmuebles:
a)  Se  mejorará  la  eficiencia  energética  conforme  a  lo  establecido  en  la 
Directiva 2010/31/EU.
b)  Se  realizará  una  evaluación  del  riesgo  climático  y  la  vulnerabilidad  de  las 
instalaciones  de  infraestructuras  y,  en  su  caso,  se  establecerán  las  soluciones  de 
adaptación adecuadas para cada caso.
c)  Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento 
de datos, u ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. e.e
d)  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no  b
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista  480ww
aecutruoapceiao nedse  prreesviidsutaoss  eens etasbtale icnidvear spióonr , lsae rDá epcriespióanra d2o0 0p0a/r5a3 2s/uE rCe)u tiglieznaeciróand,o rse, ciecnla jela ys 
preacruap seursatcitiuóinr  doetr oostr mosa mtearitaelerisa,l edse,  iancculueidrdaos  claosn  olap ejeraracrioqnueías  ddee  rreeslliednuoo su tyil izeal nPdroot orecsoildou does 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
e)  Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de la 
actividad no contendrán amianto ni sustancias altamente preocupantes identificadas en 
la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento 
(CE) n.º 1907/2006.
f)  Se  adoptarán  medidas  para  reducir  el  ruido,  el  polvo  y  las  emisiones 
contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta 
medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible 
contaminación de suelos y agua.
4.  Con carácter general, los gastos subvencionables deberán respetar lo dispuesto 
en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.  Se  financiarán  hasta  un  100  %  de  los  gastos  de  las  intervenciones  de 
accesibilidad estipuladas en punto 1 del artículo 6 de este real decreto.
6.  No serán subvencionables los proyectos o gastos que no respeten las normas en 
materia medioambiental que se deriven de la aplicación del artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088; especialmente las inversiones relacionadas con 
combustibles fósiles, incluido el uso posterior de los mismos.
7.  Las subvenciones reguladas en este real decreto se financiarán con cargo al 
Presupuesto  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos  Sociales.  Asimismo,  las 
actuaciones  se  financiarán  por  los  fondos  derivados  del  Instrumento  Europeo  de 
Recuperación («Next Generation EU»), a través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021.
8.  En  la  resolución  de  concesión  de  estas  subvenciones  se  concretarán  los 
compromisos a asumir por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
beneficiarias.
9.  El pago de estas subvenciones se realizará a partir de la fecha de la resolución 
de concesión. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea 
deudor por resolución de procedencia de reintegro. El pago se efectuará de forma 
anticipada y sin necesidad de constitución de fianza o garantía.
10.  Para la realización de las actividades objeto de la subvención, las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir, a lo largo del primer 
trimestre  de  2022,  una  relación,  calendarizada  por  fases,  de  las  mismas,  cuya 
aprobación previa por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales será preceptiva y 
que vinculará a la entidad beneficiaria.
11.  La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención 
se justificará, en el plazo máximo de seis meses desde su finalización, ante el Gabinete 
de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de la siguiente manera:
1.  Se  justificarán  mediante  cuenta  justificativa  de  los  gastos  realizados,  cuyo 
contenido se ajustará a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
a)  Memoria de actividades desarrolladas en relación con la finalidad para la que la  s
subvención fue concedida y de las condiciones impuestas, en su caso, con motivo de la  oe.
crpeoaqnruacbi es)l asitio óMrsne e.aemlsiztoaarcbiailóe encc iddooens ó lmaesnic  aala,c stci vonindo aremdseapsse  csfiiufsibccavaecleinóscn io qdnueae d loraessg ,g ulalaassnt o cesu l aedl eeinsbv ederer sbdioeenr áeenxs p ceeufdemiccptiuólianr d ldooess    2021-20480n https://www.
facturas por empresarios y profesionales.
c)  Certificación en la que se señalará expresamente que todos y cada uno de los 
gastos  que  se  documentan  que  se  adjuntan  se  corresponden  con  el  objeto  de  la 
subvención. A la mencionada certificación se unirá una relación comprensiva de todas 
las facturas o recibos de los gastos efectuados.
d)  Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
2.  El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se 
acuerden en las bases reguladoras, los justificantes que estime oportunos y que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin 
podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
3.  De acuerdo con lo previsto en los artículos 14.2.a) y 28 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en relación con el artículo 73.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, esta documentación se presentará a través de copias electrónicas, de cuya 
veracidad se responsabilizará la entidad beneficiaria.
4.  La no justificación de la subvención percibida en la fecha establecida y en los 
términos previstos en el presente real decreto conllevará el reintegro de las cantidades 
no  justificadas  y  la  exigencia  de  los  intereses  de  demora,  considerados  desde  el 
momento del pago de la subvención.
5.  Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas, además, con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
CAPÍTULO III
Financiación
Artículo 8.  Cuantía y financiación.
1.  El importe máximo de las subvenciones otorgadas será de 50.000.000,00 de 
euros (cincuenta millones de euros) con el siguiente desglose propuesto por acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en su reunión del día 27 de octubre de 2021.
Total
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla –
Euros
Andalucía. 8.019.396,83
Aragón. 1.651.540,51
Asturias, Principado de. 1.470.489,10
Balears, Illes. 1.100.276,13
Canarias. 2.664.829,78
Cantabria. 719.227,90
Castilla y León. 3.608.573,85
Castilla-La Mancha. 2.540.115,60 es
Cataluña. 7.477.499,98 w.b
CExotmreumnaitadtu Vraa.lenciana. 41..748281..808352,,2897 2021-20480n https://ww
Galicia. 4.226.229,03
Madrid, Comunidad de. 5.389.475,42
Total
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla –
Euros
Murcia, Región de. 1.486.567,66
Navarra, Comunidad Foral de. 637.548,12
País Vasco. 2.292.705,26
Rioja, La. 350.553,02
Ceuta. 78.099,97
Melilla. 76.953,68
  Total. 50.000.000,00
2.  Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier administración o entidad, pública o privada. En todo caso, deberá quedar 
identificada  nítidamente  la  trazabilidad  de  los  gastos.  Conforme  al  artículo  9  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, los proyectos de inversión financiados por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre 
que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que ya financie la subvención prevista 
en este real decreto. El beneficiario deberá comunicar a la administración pública que 
conceda las subvenciones la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad  sin  incurrir  en  doble  financiación  sobre  el  mismo  coste,  procedentes  de 
cualesquiera otras administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales.
3.  En los términos establecidos en el artículo 67.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre  General  de  Subvenciones,  para  atender  las  obligaciones  económicas 
derivadas  de  la  concesión  de  las  subvenciones  reguladas  en  este  real  decreto  se 
tramitarán las correspondientes modificaciones presupuestarias.
4.  Los ingresos por transferencias de fondos recibidos de la Secretaría de Estado 
de Derechos Sociales financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción que se integran 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 9.  Modificación de la resolución de concesión.
La resolución de concesión se podrá modificar siempre que exista acuerdo unánime 
de las partes y previo informe del servicio jurídico. Esta modificación no podrá suponer 
en ningún caso la asunción de compromisos financieros superiores a los inicialmente 
previstos y deberá respetar el carácter finalista de los fondos librados por la Secretaría 
de Estado de Derechos Sociales para la ejecución de las inversiones previstas en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CAPÍTULO IV
Obligaciones de las beneficiarias
Artículo 10.  Obligaciones de las entidades beneficiarias. w.b
subv1e. ncCióonn d ecbaerárácnte:r  general,  las  administraciones  públicas  beneficiarias  de  esta
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos  Bc
en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la 
correcta evaluación de las actuaciones a la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, 
así como a las administraciones competentes responsables de la gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En todo caso, deberán cumplir, ejecutar y 
realizar los hitos y objetivos fijados para los respectivos proyectos en dicho plan. Las 
entidades  ejecutoras  deben  reportar  la  información  y  documentación  prevista  como 
mecanismo  de  verificación  recogidos  en  las  Disposiciones  operativas  del  Plan  de 
Recuperación (OA).
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Asegurar la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y 
corregir el fraude y la corrupción, y prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. 
Se deberán atener a las obligaciones relativas a la prevención de conflictos de intereses, 
del fraude, de la corrupción y de la doble financiación, previstas en el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En especial, tomarán las 
medidas para asegurar que no exista conflicto de interés en el ámbito del órgano 
concedente de subvenciones y en los receptores finales de las ayudas, incluyendo en los 
expedientes que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, 
según corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en 
caso de detectarlos.
d)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte de la Secretaria de Estado de Derechos 
Sociales, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y órganos estatales y europeos que 
tengan  encomendado  el  control  y  seguimiento  de  los  fondos  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión europea, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, 
que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas. En todo 
caso, las subvenciones reguladas en este real decreto estarán sometidas al seguimiento, 
control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, 
control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la 
normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En 
particular, deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión que el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos 
de inversión financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Todo ello 
mediante los medios de verificación que expresamente se determinan en el anexo I del 
«Operational Arrangement».
e)  Conservar, por sí o mediante la imposición de esta obligación a los beneficiarios 
finales, los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación 
concernientes a la financiación, así como los registros y documentos, los documentos en 
formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir de la operación, de 
conformidad  con  el  artículo  132  del  Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos  s
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE)  oe.
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión  w.
n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. Este  480ww
epuerroíosd.o será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000
medfi)d asF adceilsittainr,a daa los sa e lfae cetjoesc udceió anu ddeito rreíafo yrm caosn tyro pl rdoeyle ucstoos d dee f oinnvdeorss ieónn  reenla ecli ómna crcoon  dlaesl   BOE-A-cable e
plan  de  recuperación  y  resiliencia,  en  un  formato  electrónico  que  permita  realizar 
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos del 
artículo 22.d) del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Especialmente, en lo relativo a la información que debe facilitarse en virtud de los 
artículos 10 de la Orden HFP/1031/2021 y 8 de la Orden HFP/1030/2021.
g)  Devolver  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos  Sociales  las  cantidades 
anticipadas que no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades 
objeto de la subvención en los plazos y condiciones previstos en la resolución de 
concesión.
h)  Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión establecidas en 
el artículo 4.
i)  Cumplir  con  la  normativa  reguladora  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia y en especial con lo dispuesto en la normativa que el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública apruebe a este respecto. Además de, cumplir los hitos y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en los términos y condiciones que se indiquen en la resolución de concesión.
j)  Para la ejecución de las ayudas, tanto las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla beneficiarias como los beneficiarios finales designados por éstas deberán 
cumplir, o hacer cumplir, en su caso, las siguientes obligaciones:
1.º  Tener  su  domicilio  fiscal  y  su  principal  centro  operativo  en  España  y 
mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de 
subvención.
2.º  Prestar  las  actividades  objeto  de  la  subvención  desde  centros  de  trabajo 
situados en España.
3.º  Crear en España todo el empleo necesario para la prestación de la actividad 
objeto  de  la  subvención,  que  se  realizará  con  personal  contratado  y  afiliado  a  la 
Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de este requisito tendrá que 
justificarse documentalmente.
4.º  Deberán contribuir al objetivo de la autonomía estratégica y digital de la Unión 
Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en 
cuenta  el  contexto  internacional  y  la  disponibilidad  de  cualquier  componente  o 
subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la 
adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a 
proveedores ubicados en la Unión Europea.
2.  De manera específica, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño 
significativo» («do no significant harm-DNSH») y el etiquetado climático y digital, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
aprobado  por  Decisión  del  Consejo  en  julio  2021  y  por  en  el  Reglamento  (UE) 
n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de 
desarrollo,  en  todas  las  fases  del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos.  Para  ello, 
establecerán  los  mecanismos  específicos  de  verificación  del  cumplimiento  de  este 
principio,  junto  con  la  obligación  para  los  beneficiarios  finales  de  conservar  la 
documentación acreditativa de ello por el periodo exigido por las normas de la Unión 
Europea que sean de aplicación, en particular el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046  e
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras  bo
aplicables al presupuesto general de la Unión. 480ww
mec3a.n isLmaoss c opmaruan idaasdeegsu raaur tóqnuoem laass  ye lnatsid caiduedsa dceosn dtrea tCisetausta/d ye sMtienlailtlaa rhiaasb rdáenl  deen pcraervgeor/
ssuebisc oobnjteratitvisotsa sm ecudmioapmlanb iecnotna leels  persintacbipleioc iddoes « enlo a rctíacuusloa r1 u7n d eple Rrjueigcliaom seignntoif i2c0a2tiv0o/8»5 2a. los
Artículo 11.  Memoria y justificación.
1.  Las administraciones públicas beneficiarias de la subvención reguladas en esta 
norma, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales la aplicación de la subvención percibida y presentará una memoria 
justificativa que incluya los tipos de procedimiento y de justificantes de gasto en que se 
haya incurrido para acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención, previstos en la 
normativa nacional y de la Unión Europea que sea de aplicación.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deben presentar la 
justificación del adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos de los proyectos a 
ejecutar en los términos y condiciones que se indiquen en la Orden HFP/1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, u orden que la sustituya, con anterioridad al 
día 1 de marzo de 2023.
2.  Igualmente,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
deberán incluir en la justificación una declaración responsable del cumplimiento de «no 
causar  daño  significativo  al  medio  ambiente»  («do  no  significant  harm»-DNSH),  de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.
3.  No obstante, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
deberán remitir la información al sistema de gestión que el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados 
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a través de los diferentes 
medios que se puedan desarrollar.
4.  Se deberá presentar información sobre los hitos y objetivos cumplidos, así como 
los fondos utilizados tras el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tras 
todos  los  posibles  controles  nacionales  y  comunitarios  que  sobre  las  medidas 
financiadas en el presente real decreto se pudieran realizar.
5.  En todo caso, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
también deberán registrar las subvenciones y ayudas públicas que concedan o los 
contratos que celebren en ejecución de las medidas financiadas a través de este real 
decreto,  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  y  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Sector Público, respectivamente.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 7, 
regla séptima, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021.
2.  Asimismo, al tratarse de fondos afectados al cumplimiento de una finalidad, en 
caso de no realizarse el gasto las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla deberán reintegrar los fondos recibidos a la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales de manera total o parcial, en cada caso.
En caso de no cumplir con la calendarización de actuaciones y con los objetivos 
previstos, así como los principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivados del  e
Reglamento UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero  bo
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como  480ww
Deiannuec truóeemnlc ohprmeolismsat osiSe  onddcteoeia  bnleedorserá mldn e ap trmrieviniaanc ntidpeeeigroa r al atrod  teUal onl s«oió n npfoo a nErcdcuiaoarousl,p s eearnear  c ciqdabuadideñao o ssc  easasaio g d.nlaeif  icaSapetliicvcroae»ct,aió rnilaa,  se dnec  opmEarsuttinaciuddloaa dr deeesl    OE-A-2021-20able en https://
En el caso de existir falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados, o cualquier 
otra irregularidad que dependa de su responsabilidad como organismo que ejecuta 
fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán reintegrar los fondos recibidos a la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales de manera total o parcial, en cada caso.
El reintegro se producirá en todo caso, si el incumplimiento en que incurriera la 
comunidad autónoma impide el cobro de las cantidades asignadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia al Estado. En este supuesto la cuantía del reintegro será 
equivalente  al  importe  que  el  Estado  ha  dejado  de  recibir  del  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia.
3.  En  el  supuesto  de  incumplimiento  parcial  de  los  objetivos  fijados,  la 
determinación de la cantidad que deba ser reintegrada se efectuará en aplicación del 
principio  de  proporcionalidad,  y  teniendo  en  cuenta  el  hecho  de  que  el  citado 
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las 
entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos.
4.  En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» o 
de las condiciones recogidas en los apartados 3 y 8 del Componente 22, la comunidad 
autónoma deberá reintegrar las cuantías percibidas.
5.  El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 
a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, además, en su caso, por Orden 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Derechos  Sociales,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Normativa supletoria aplicable.
En  lo  no  previsto  en  este  real  decreto,  estas  subvenciones  se  regirán  por  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  su  Reglamento, 
aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio;  la  Ley  47/2003,  de  26  de 
noviembre, General Presupuestaria; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público.  Asimismo  será  de  aplicación  el  Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y demás normativa tanto nacional 
como  de  la  Unión  Europea  aplicable  a  la  gestión,  seguimiento  y  control  que  se 
establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, así como las 
específicas relativas a la información y publicidad, verificación y demás impuestas por la 
normativa estatal y de la Unión Europea, cuya aplicación será de obligado cumplimiento; 
y demás normativa que resulte de aplicación con carácter general.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 1.ª y 13.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la competencia  es
exclusiva para regular las bases y coordinación de la planificación general de la actividad  bo
económica, respectivamente. 480ww
Disposición final tercera.  Aplicación.
Se autoriza a la persona titular de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para 
adoptar, en el ámbito de sus funciones y competencias, cuantos actos y medidas se 
precisen para la aplicación de este real decreto.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
IONE BELARRA URTEAGA
ANEXO I
Declaración de compromiso a conceder los accesos y derechos necesarios 
para garantizar el ejercicio de competencias de las instituciones nacionales 
y comunitarias
 
 
D./Dª. 
CON DNI Nº. 
CARGO: 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: 
 
 
DECLARA 
 
 
Que la comunidad/ciudad autónoma se compromete a conceder los accesos y derechos necesarios 
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y 
las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. 
 
Asimismo, esta comunidad/ciudad autónoma garantiza que los terceros implicados en la ejecución 
de los fondos de la Unión concederán derechos equivalentes. 
 
 
 
 
En …………………………………, a …… de …………………… de ……… 
 
 
Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ANEXO II
Declaración de compromiso de encontrarse al corriente de pago de las 
obligaciones de reembolso de préstamos o anticipos con cargo a los créditos 
consignados para la gestión de los fondos europeos 
en los Presupuestos Generales del Estado
 
D./Dª. 
CON DNI Nº. 
CARGO: 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: 
 
 
DECLARA 
 
 
Que la comunidad/ciudad autónoma se encuentra al corriente del pago de las obligaciones de 
reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
créditos específicamente consignados para la gestión de los fondos europeos en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
 
 
En …………………………………, a …… de …………………… de ……… 
 
 
Fdo. 
 
   

ANEXO III
Declaración de compromiso a la cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR)
 
 
D./Dª. 
CON DNI Nº. 
CARGO: 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: 
 
MANIFIESTA 
 
Que como entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que participa como entidad beneficiaria en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 22 «PLAN DE 
CHOQUE  PARA  LA  ECONOMÍA  DE  LOS  CUIDADOS  Y  REFUERZO  DE  LAS  POLÍTICAS  DE 
INCLUSIÓN», declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular los siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
 
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las 
medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos 
única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 
 
i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder 
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 
iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del 
contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (26); 
iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que 
indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión». 
 
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente 
auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con 
la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de 
conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento». 
 
Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fines 
expresamente relacionados en los artículos citados. 
 
 
En …………………………………, a …… de …………………… de ……… 
 
  e.e
Fdo.  bo
     2021-20480n https://www.

ANEXO IV
Declaración de compromiso contra el fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses, así como a respetar los principios de economía circular y evitación de 
impactos negativos significativos en el medio ambiente en relación con la ejecución de 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
 
D./Dª. 
CON DNI Nº. 
CARGO: 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA: 
 
 
MANIFIESTA 
 
Que en la condición de entidad beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del 
PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo 
de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 22 
«PLAN DE CHOQUE PARA LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y REFUERZO DE LAS 
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN», manifiesta el compromiso de la entidad que representa con los 
estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados. 
 
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a evitar impactos negativos 
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en 
la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, así como a gestionar 
los residuos que se generen aplicando el principio de jerarquía de residuos del artículo 8 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Además, manifiesta que no incurre en 
doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de 
ayudas de Estado. 
 
 
En …………………………………, a …… de …………………… de ……… 
 
 
 
Fdo. 
 
   

ANEXO V
Declaración de ausencia de conflicto de intereses
 
D./Dª. 
CON DNI Nº. 
CARGO: 
COMUNIDAD/CIUDAD AUTÓNOMA:  
 
MANIFIESTA 
 
Primero. Estar informado de lo siguiente: 
 
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de 
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o 
indirecto de interés personal.» 
 
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores. 
 
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al 
servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado 
siguiente», siendo éstas: 
 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; 
ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 
del  cuarto  grado  o  de  afinidad  dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados,  con  los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales 
o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado 
anterior. 
 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar». 
 
Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses 
de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona 
ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión. 
 
Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de evaluación, 
sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar  s
a dicho escenario.  e.
  b
 FCfa Eapdunlsloa iac….r a,t oca….ic óCa…nro.r …neoa…zrác o…la qs…u ce…o,n u…snea…c ud…eenc…claia…rsa cd, iióasn c… ipdle…in aa druieases …/n ca…idam …dine…i sct…orant…filvica…tso/ …judde i dcineiat el…erse… sqeu…se   qeuseta sbele zdceam luae nsotrrem qautieva s deea   BOE-A-2021-20480cable en https://www.