BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Sábado 2 de octubre de 2021 Sec. I.   Pág. 121187
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
16029 Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 
de  julio,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres  en  materia  de 
infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para 
luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por 
carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del 
transporte y las infraestructuras.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
Esta Ley nace a partir de dos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley por el que se 
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en 
materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y el 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en 
el ámbito del transporte de mercancías por carretera.
En  lo  referente  al  arrendamiento  de  vehículos  con  conductor,  tiene  por  objeto 
adecuar el régimen sancionador aplicable a la actividad a las nuevas condiciones de 
prestación de esa clase de servicios establecidas en el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 
de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (en 
adelante LOTT).
A tal efecto, se modifica el artículo 140 de la mencionada Ley para establecer seis 
nuevos tipos infractores, relativos a la realización de los servicios fuera del ámbito 
territorial en que legalmente han de desarrollarse o incumpliendo aquellas específicas 
condiciones  que  legal  o  reglamentariamente  se  encuentren  establecidas  y, 
especialmente, la obligación de comunicar a la Administración, antes de su inicio, los 
datos  relativos  a  cada  servicio  realizado  y  la  recogida  de  clientes  que  no  hayan 
contratado  previamente  el  servicio,  así  como  aquellas  otras  relacionadas  con  la 
captación de clientes o con la obligación de portar la documentación de control o el 
itinerario  del  servicio,  los  horarios  y  calendarios  de  prestación  del  servicio  y  las 
características técnicas o la adecuada señalización del vehículo.
Toda vez que las conductas que ahora se tipifican suponen un incumplimiento de 
condiciones esenciales de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor,  es
destinadas a delimitar su específica naturaleza de la que es propia de otros servicios de  o
transporte de viajeros, se considera necesario atribuirles la máxima gravedad y, en  029ww
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6 a dicho artículo, para establecer las sanciones correspondientes a la comisión de las
nuevas infracciones, previéndose, además, la elevación de la sanción o la revocación de 
la autorización en los supuestos en que la conducta del infractor devenga en contumacia.
II
Por  otra  parte,  la  lucha  contra  la  morosidad  en  el  ámbito  del  transporte  de 
mercancías  por  carretera  constituye  una  de  las  prioridades  políticas  de  la  Unión 
Europea, que se ha traducido en la aprobación de sendas directivas sobre la materia. La 
Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por 
la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales, y la vigente Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 2011, que derogó la anterior.
La  primera  Directiva  establecía  un  marco  homogéneo  de  garantías  frente  a  la 
morosidad mediante la disposición de unos plazos legales de pago en las operaciones 
comerciales entre empresas y entre estas y las Administraciones públicas, así como las 
consecuencias por no cumplirlas para el obligado al pago, que debe abonar intereses de 
demora, concediéndose al acreedor, además, el derecho a reclamar una indemnización 
por los costes en los que pudiera haber incurrido.
Las  disposiciones  de  la  Directiva  2000/35/CE  fueron  objeto  de  transposición  al 
ordenamiento español a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad.
Posteriormente, la aprobación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales, introdujo modificaciones sustantivas en la 
Directiva  2000/35/CE,  trasladadas  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  mediante  la 
aprobación de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, la cual, 
entre otras novedades, incorporaba la obligación de empresas y Administraciones de 
hacer públicos sus plazos medios de pago a proveedores.
En el ámbito concreto del transporte de mercancías por carretera, la Ley 15/2009, de 
11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, regula en su 
artículo 41 el supuesto de demora en el pago del precio, delimitando claramente el 
momento a partir del cual el deudor incurre en mora y con la voluntad, asimismo, de 
evitar pactos de contenido abusivo para el porteador. Dicha Ley establece remisiones en 
la regulación sobre esta materia a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
No obstante, la legislación española referida se ha demostrado insuficiente para 
desincentivar de manera efectiva la morosidad empresarial, estando el plazo medio de 
pago en las operaciones comerciales de noventa días, muy por encima del registrado en 
otros países europeos y del máximo fijado en la normativa comunitaria enunciada.
La morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, complicando su 
gestión  financiera  y  afectando  a  su  competitividad  y  rentabilidad  cuando  se  ven 
obligadas a solicitar financiación exterior. El riesgo de esta influencia negativa aumenta 
drásticamente en períodos de crisis económica, como el motivado por la pandemia 
ocasionada  por  el  COVID-19,  al  hacerse  más  difícil  la  financiación,  y  afecta 
especialmente a las empresas de mediano y pequeño tamaño (PYMES), puesto que 
comporta una grave desestabilización de su estructura financiera, que puede condicionar 
incluso la viabilidad de las mismas.
En  el  sector  del  transporte  de  mercancías  por  carretera  en  España,  esta 
circunstancia es la predominante, puesto que el tejido empresarial está constituido por  s
empresas de reducido tamaño, sobre las que impactan duramente las consecuencias de  e.
los incumplimientos sistemáticos de los plazos máximos legalmente establecidos para el  w.
pago de los servicios de transporte prestados, máxime cuando ellas deben hacer frente a  029ww
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de vehículo. No obstante, es significativo el hecho de que el 51,6 por ciento de las 
empresas dedicadas al transporte de mercancías con vehículos pesados únicamente 
disponen de un solo vehículo.
Por todo lo expuesto, se considera necesario crear en la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres,  un  nuevo  tipo  infractor  por  el 
incumplimiento del plazo máximo legal de pago de sesenta días previsto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, en los contratos de transporte de mercancías por carretera, 
en línea con los precedentes existentes en nuestro ordenamiento jurídico referidos a 
otros sectores económicos en los que, al igual que en los transportes de mercancías por 
carretera, es frecuente una asimetría entre las partes en la relación contractual que 
propicia aún más, si cabe, este incumplimiento, lo que hace necesario abordar esta 
situación de competencia desleal en el marco normativo ordenador de la actividad. Tal es 
el caso de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y de la 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria.
El objeto de esta disposición es sancionar el incumplimiento del límite máximo de 
pago indisponible previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, es decir, sancionar los 
supuestos en los que se pague a más de sesenta días, al margen de que no se hubiera 
pactado un plazo de pago por las partes y operase el plazo legal de treinta días, o se 
incumpla el plazo eventualmente pactado por las partes dentro de dicho límite. En estos 
últimos  supuestos,  se  producirían  las  consecuencias  contractual  y  legalmente 
establecidas, pero no se incurriría en una infracción administrativa.
Además, se prevé la publicidad de las resoluciones sancionadoras impuestas por 
estos incumplimientos, como sucede en otros sectores y en el Derecho comparado, con 
fines disuasorios, puesto que la reputación empresarial también debe jugar un papel 
importante para combatir las prácticas de competencia desleal en el mercado.
III
Por último, en el marco de su tramitación parlamentaria, se han incluido diversos 
aspectos  que  contribuirán  a  mejorar  la  gestión  en  el  ámbito  del  transporte  y  las 
infraestructuras.
Como disposiciones adicionales, se incluyen en primer lugar, el incremento temporal 
de la antigüedad máxima de los vehículos que realizan transportes incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1.a) del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre 
condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.
La  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  y  las  medidas  asociadas  de 
restricción de la movilidad han afectado enormemente a la demanda de los servicios de 
transporte público discrecional de viajeros por carretera, con un descenso de viajeros 
entre marzo y diciembre de 2020 del 85% frente al año anterior. Muchos de estos 
servicios de transporte son prestados por empresas de reducido tamaño que también 
realizan  transporte  público  regular  de  uso  especial  de  escolares  para  garantizar  la 
rentabilidad de su negocio.
Con  el  fin  de  paliar  los  efectos  de  la  pandemia  en  este  sector,  se  incluye  el 
incremento temporal de la antigüedad máxima de los vehículos que realizan transportes 
incluidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.a) del Real Decreto 443/2001, de 
27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, hasta 
un  máximo  de  18  años  en  la  península  y  hasta  20  años  en  los  territorios  s
extrapeninsulares, condicionado a que se acredite que el vehículo se venía dedicando  e.
con anterioridad a la realización de esa misma clase de transporte, o bien presente el  w.
certificado de desguace de otro vehículo que en el corriente curso escolar o en el  029ww
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previstos en el artículo 6 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril.
Se incluye también la obligación del Gobierno de realizar un estudio de la situación 
del mercado de transporte de mercancías efectuado en vehículos de menos de dos 
toneladas de masa máxima autorizada y su impacto sobre el empleo y la actividad 
derivado de la entrada de nuevos operadores no especializados, en el plazo máximo de 
un año desde la entrada en vigor de esta Ley, y que deberá presentarse en la Comisión 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados con el fin de 
detectar,  en  su  caso,  situaciones  de  competencia  asimétrica  entre  los  distintos 
operadores que efectúan transporte de mercancías por carretera.
Añadido a todo lo anterior, se modifica el artículo 67 de la Ley 24/2001, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que regula el régimen jurídico aplicable a la 
Sociedad Mercantil Estatal Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica SME MP, S.A (SENASA) con el objeto de adaptar el texto a la nueva Ley 
9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incluyendo la determinación de 
que SENASA sea medio propio personificado en aquellos entes, organismos y entidades 
vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado cuyo capital sea 
íntegramente de titularidad pública, así como para determinar que el órgano competente 
para la fijación de las tarifas de SENASA sea el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, que actualmente ejerce su tutela de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  176  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas.
Se modifica también el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
En primer lugar, se añade un antepenúltimo párrafo al apartado 5 del artículo 159 ya 
que, con la pandemia, se ha demostrado que los cálculos incluidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y cuya redacción data de 2011, 
no se ajustan a situaciones como la acontecida en 2020, las cuales, lamentablemente 
pueden  volver  a  repetirse.  Con  el  aumento  del  periodo  para  el  cálculo  de  las 
percepciones del Fondo de Compensación Interportuario (FCI) de un ejercicio a cinco, se 
consigue que, en el futuro, se puedan destinar más recursos económicos a paliar las 
situaciones de puertos que presentan circunstancias de especial aislamiento como los de 
Ceuta y Melilla.
En segundo lugar, se modifica el segundo párrafo del apartado 3 bis del artículo 245, 
para corregir una errata que da al artículo un sentido contrario al pretendido y que 
hubiese implicado la frustración del propósito del legislador de favorecer los tráficos entre 
la península con los archipiélagos y las ciudades autónomas. Estos servicios marítimos, 
como  ha  puesto  de  manifiesto  la  crisis  del  COVID-19,  son  esenciales  para  la 
conectividad y el abastecimiento de los territorios extrapeninsulares.
En tercer lugar, se modifica el artículo 315.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011,  de  5  de  septiembre.  Esta  modificación  responde  a  la  clarificación  de  la 
competencia para la imposición de las sanciones previstas en el texto refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante por infracciones graves relativas a la 
prevención de la contaminación del medio marino producida desde buques o plataformas 
fijas  u  otras  instalaciones  que  se  encuentren  en  zonas  en  las  que  España  ejerce 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
Con la modificación de dicho texto refundido por la Ley 14/2014, de 24 de julio, de  s
Navegación  Marítima,  se  atribuyó  a  las  Autoridades  Portuarias  la  competencia  en  oe.
materia  de  prevención  y  control  de  las  emergencias,  limpieza  y  control  de  las  w.
contaminaciones que se produzcan en la zona de servicio de los puertos, cuestión  029ww
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soberanos  o  jurisdicción,  en  concreto,  en  las  aguas  portuarias  de  los  puertos  de 
titularidad estatal. No obstante, al tratarse de infracciones en materia de Marina Civil, de 
acuerdo al artículo 310.2 del Texto refundido, ha de resultar clara la atribución de las 
competencias al Director General de la Marina Mercante para la imposición de esta clase 
de sanciones por infracciones graves o para proponerlas por infracciones muy graves, a 
semejanza de la atribución que de las leves se hace a los capitanes marítimos por el 
artículo 315.1.b).
Por ello, se propone una modificación de varios apartados del artículo 315.1 que 
identifique expresamente los ámbitos que conciernen al Director General de la Marina 
Mercante  y,  en  consecuencia,  al  Consejo  de  Administración  de  las  Autoridades 
Portuarias.
Por último, se determinan los órganos competentes para la imposición de sanciones 
por infracciones muy graves tipificadas en el texto refundido, ya sean o no de Marina 
Civil, con igualdad a lo dispuesto sobre la titularidad y el ejercicio de la competencia 
sancionadora en el Reglamento del procedimiento sancionador de las infracciones en el 
ámbito de la Marina Civil, aprobado por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, 
donde se desconcentró la competencia en la imposición de sanciones en el ámbito de 
Marina Civil.
Por  otro  lado,  se  modifica  también  la  Ley  37/2015,  de  29  de  septiembre,  de 
Carreteras para añadir un nuevo artículo 27.bis, que determina que el importe de los 
derechos liquidados por el uso o explotación de las áreas de servicio y otros elementos 
funcionales de la carretera quedará afecto a la financiación de los servicios y obras de 
conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE), con el fin de que 
estos  ingresos  queden  vinculados  a  esta  actividad  y  así  contribuir  a  asegurar  una 
adecuada financiación de la conservación de la RCE que hoy en día presenta cierto 
déficit acumulado y unas necesidades en aumento.
Asimismo, se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 50, se modifica la letra a) 
y se suprime la letra e) del apartado 1 del artículo 56 y se modifica el apartado 4 del 
artículo 109 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
El marco sancionador actual de la Ley del Sector Ferroviario (LSF) califica como muy 
graves determinados hechos que supondrían el cese de actividad de la empresa, cuando 
dichos  hechos  no  suponen  infracciones  de  una  magnitud  tal  que  justifique  llevar 
aparejado una sanción tan relevante, agravada, lo que en último término podría afectar el 
derecho a la movilidad de los ciudadanos.
Dado lo anterior, la modificación legal elimina este riesgo de afección al derecho de 
movilidad de los ciudadanos, ya que la retirada de la licencia se limita a los supuestos 
concretos que afecten de manera grave a la seguridad ferroviaria o al derecho a la 
movilidad de las personas, dejando que sea el órgano competente para imponer la 
sanción  el  que  deba  valorar  si  procede  su  aplicación  o  no,  atendiendo  a  las 
circunstancias concretas del caso.
Asimismo, y en virtud de que el Derecho de la Unión no diferencia entre infracciones 
muy graves, graves y leves, la trasposición al derecho nacional de la referencia que la 
Directiva 2012/34 hace a «infracciones graves» en su artículo 19, debe entenderse 
realizada  a  aquellas  de  una  mayor  importancia  o  entidad,  es  decir,  única  y 
exclusivamente a las que son definidas como muy graves por la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre  y,  por  tanto,  se  elimina  también  la  referencia  a  la  reiteración  de  las 
infracciones  tipificadas  en  la  legislación  de  transporte,  pues  el  referido  artículo  19 
únicamente  se  refiere  a  esta  reiteración  en  lo  relativo  a  las  infracciones  de  las  s
obligaciones derivadas del «Derecho Social o Laboral» (letra d). oe.
Adicionalmente, se modifica el apartado a) de la disposición adicional primera del  w.
Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987,  029ww
adrer en3d0a mdiee ntjou liod,e  dvee híOcurdloesn accoiónn  codned uloctso r,T reasnpsepcoifritceasn dToe rqreuset relsa,s  ecno ndmicaiotenreias   ddee 
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prestación del servicio, e incluyendo la posibilidad de prever medidas destinadas a 
minimizar los recorridos en vacío, así como horarios o calendarios obligatorios.
Finalmente, también se incluye la modificación de la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
La  duración  de  la  emergencia  sanitaria  continúa  impidiendo  o  dificultando 
enormemente la celebración de vistas orales por las Juntas Arbitrales del Transporte. 
Además, en un contexto de crisis económica, las demandas de arbitraje aumentan 
extraordinariamente, lo que puede llevar al colapso del sistema arbitral establecido en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, 
estableció la posibilidad de seguir un procedimiento escrito en determinadas ocasiones, 
lo que ha resuelto en gran parte el problema apuntado. Sin embargo, tal opción se limitó 
a las reclamaciones presentadas hasta el 31 de diciembre de 2020 y, dada la evolución 
actual  de  la  pandemia,  entonces  imprevisible,  se  considera  necesario  ampliar  la 
posibilidad  de  seguir  este  procedimiento  para  resolver  las  reclamaciones  que  se 
presenten durante 2021.
Es,  por  tanto,  necesario  y  urgente  permitir  que  continúe  agilizándose  el 
funcionamiento de un instrumento de protección de las partes del contrato de transporte 
de incuestionable éxito y que siempre ha encontrado el apoyo decidido, tanto de las 
asociaciones de usuarios como de las de transportistas e intermediarios.
Con este fin, se mantiene la posibilidad de que pueda prescindirse de la vista oral 
para resolver las reclamaciones más sencillas y de escasa cuantía presentadas o que se 
presenten durante el año 2021, en los términos establecidos en el artículo 30 del Real 
Decreto-ley 26/2020. Esta limitación temporal se considera suficiente entendiendo que 
posteriormente podrán celebrarse las vistas orales con normalidad.
Esta Ley se ajusta a los principios de buena regulación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al responder a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado.
Igualmente,  se  da  cumplimiento  a  los  principios  de  seguridad  jurídica, 
proporcionalidad  y  eficacia,  destacándose  que  las  medidas  que  incorpora  son 
congruentes con el Ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible al 
contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos 
previamente mencionados.
De acuerdo con el principio de transparencia, se ha seguido en la tramitación de esta 
norma lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, además de posibilitar la participación activa de los 
destinatarios mediante el proceso de consultas a que se ha sometido la iniciativa.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno,  el  texto  ha  sido  sometido  al  preceptivo  trámite  de  consulta  y  audiencia 
mediante su puesta a disposición de los sectores afectados en la sede electrónica del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El texto se ha enviado al Consejo Nacional de Transportes Terrestres, al Comité 
Nacional del Transporte por Carretera y a los órganos competentes en materia de 
transporte terrestre de las distintas Comunidades Autónomas. s
Esta norma se adecua al principio de eficiencia, en la medida en que lleva a cabo  oe.
una  gestión  eficiente  de  los  recursos  públicos  y  no  impone  cargas  administrativas  w.
innecesarias o accesorias a los ciudadanos. 029ww
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excepciones  establecidas  para  el  Derecho  civil  autonómico  especial,  así  como  las 
competencias que corresponden al Estado en materia de legislación laboral, Hacienda del 
Estado, Marina Mercante y puertos de interés general, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 149.1.7.ª, 149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la Constitución. También al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución que atribuye al Estado la 
competencia  sobre  «bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica», «ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más 
de una Comunidad Autónoma» y «obras públicas de interés general o cuya realización 
afecte a más de una Comunidad Autónoma», así como la competencia estatal en materia 
de «hacienda general y deuda del Estado», de acuerdo con el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución. Finalmente, también aplica la competencia exclusiva que atribuye al Estado la 
Constitución,  en  sus  artículos  149.1.21.ª  y  24.ª,  sobre  el  régimen  general  de 
comunicaciones y sobre las obras públicas de interés general cuya realización afecte a más 
de una comunidad autónoma, así como los artículos 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución que 
atribuyen al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica y la competencia sobre la legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas, respectivamente.
Artículo único.  Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres queda 
modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se añaden los apartados 39 y 40 al artículo 140 con el siguiente contenido:
«39.  La  realización  de  servicios  de  arrendamiento  de  vehículos  con 
conductor cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
39.1  Inicio de un servicio en un ámbito territorial distinto de aquél en que 
resulte obligatorio hacerlo o el incumplimiento de las limitaciones que definen la 
prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la 
autorización en que se amparan, en los supuestos en que este régimen resulte de 
aplicación.
39.2  Inicio  de  un  servicio  sin  que  el  titular  de  la  autorización  haya 
comunicado,  por  vía  electrónica,  los  datos  relativos  a  éste  exigidos  por  la 
legislación  vigente  al  registro  de  comunicaciones  de  los  servicios  de 
arrendamiento de vehículos con conductor de la Dirección General de Transporte 
Terrestre.
39.3  La  circulación  para  búsqueda,  recogida  o  propiciar  la  captación  de 
clientes que no hayan contratado ni solicitado previamente el servicio en el tiempo 
previsto para la pre-contratación del servicio.
39.4  El  incumplimiento  de  las  condiciones  legal  o  reglamentariamente 
establecidas en relación con el itinerario del servicio, los horarios y calendarios de 
prestación del servicio y las características técnicas o la adecuada señalización 
del vehículo.
39.5  Inicio de un servicio y la recogida de clientes por parte del titular de la 
autorización sin que los clientes hayan efectuado la pre-contratación del servicio. 
A estos efectos se entenderá pre-contratación como el establecimiento de un 
intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la  s
prestación del servicio. oe.
cdruiertcla u3 ldul9aeg.c6la iós r eneLr, vnasi c insqio aul,ll eeiod v ahea alr d ibnaeict  ubuloaomslrm dpvoleiem ndhtieeíec ln usvtloeoe  shde íecdn uelcalduo pie clunaaet drdseotonsac   uaagm lud aaeisrrndprteaoandscdioicóasinóm  noei e dxneiegts oitlbaa lc cehoi oonynj  aalca ddo oehns odr juuaotc a tdo leaar     2021-16029n https://www.
los  servicios  de  inspección  del  transporte  terrestre  de  conformidad  con  la
normativa vigente». Bc
«40.  El  incumplimiento  del  límite  máximo  legal  de  pago  no  dispositivo 
previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
en el pago del precio del transporte en los contratos de transporte de mercancías 
por carretera, cuando el obligado al pago no sea un consumidor y el precio del 
transporte sea superior a 3.000 euros».
Dos.  Se añade un apartado 26 al artículo 141 con el siguiente contenido:
«26.  El  incumplimiento  del  límite  máximo  legal  de  pago  no  dispositivo 
previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
en el pago del precio del transporte en los contratos de transporte de mercancías 
por carretera, cuando el obligado al pago no sea un consumidor y el precio del 
transporte sea igual o inferior a 3.000 euros».
Tres.  Se modifican las letras d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 143.1 que quedan 
redactadas en los siguientes términos:
«d)  Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas 
en los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 del artículo 141 cuando el precio 
del transporte, para esta última infracción sea inferior a 1.000 euros.»
«e)  Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas 
en los puntos 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 y 26 del artículo 141 cuando el precio 
del transporte, para esta última infracción esté comprendido entre 1.000 y 1.500 
euros.»
«f)  Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas 
en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 26 del artículo 141 cuando el precio del 
transporte, para esta última infracción, esté comprendido entre 1.501 y 3.000 
euros.»
«g)  Se  sancionarán  con  multa  de  1.001  a  2.000  euros  las  infracciones 
previstas en los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
y 40 del artículo 140, cuando el precio del transporte, para esta última infracción, 
esté comprendido entre 3.001 a 4.000 euros.»
«h)  Se  sancionarán  con  multa  de  2.001  a  4.000  euros  las  infracciones 
previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 40 del artículo 140, cuando 
el precio del transporte, para esta última infracción, esté comprendido entre 4.001 
y 6.000 euros.»
«i)  Se  sancionarán  con  multa  de  4.001  a  6.000  euros  las  infracciones 
previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 40 del 
artículo 140, cuando el precio del transporte, para esta última infracción, sea 
superior a 6.000 euros.»
«j)  Se  sancionarán  con  multa  de  6.001  a  18.000  euros  las  infracciones 
reseñadas en el apartado i) y con multa de 2.001 a 6.000 euros las infracciones 
del apartado g) reseñadas en el artículo 140.39, cuando el responsable de las 
mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las 
previstas en esta Ley en los 12 meses anteriores, pudiendo ascender a 30.000 
euros el importe de la multa cuando se trate de infracciones contenidas en el 
apartado  40  del  artículo  140  y  se  considere  que  la  conducta  afecta  e.
significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del acreedor o se  w.
haya superado en más de 120 días el plazo máximo legal de pago previsto en  029ww
dicho precepto».
Cuatro.  Se modifica la letra a) del artículo 143.4, que queda redactada en los 
siguientes términos:
«a)  Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones 
que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 1, 10, 11, 12, 
15.6, 15.7, 15.11, 15.18, 23, 39.1, 39.2 o 39.3 del artículo 140 o en el punto 2 del 
artículo 141.
En los supuestos previstos en los puntos 39.1, 39.2 y 39.3 del artículo 140, 
procederá la inmovilización del vehículo hasta que se produzca el pago de la 
correspondiente sanción pecuniaria».
Cinco.  Se añade un apartado 6 al artículo 143 con la siguiente redacción:
«6.  La imposición de tres sanciones en el periodo de dos años, mediante 
resolución  firme  en  vía  administrativa,  por  la  comisión  de  las  infracciones 
tipificadas en el artículo 140.39, contado desde la imposición de la primera de 
ellas,  en  servicios  realizados  al  amparo  de  una  misma  autorización  de 
arrendamiento de vehículos con conductor, podrá dar lugar a la revocación de 
ésta».
Seis.  Se introduce un nuevo artículo 144 con el siguiente texto:
«Artículo  144.  Publicidad  de  las  resoluciones  sancionadoras  en  materia  de 
morosidad en los contratos de transporte de mercancías por carretera.
1.  La Administración pública competente para la imposición de las sanciones 
publicará  de  forma  periódica  las  resoluciones  sancionadoras  impuestas  por 
infracciones previstas en el apartado 40 del artículo 140 que hayan adquirido 
firmeza  en  vía  administrativa  o,  en  caso  de  haberse  interpuesto  recurso 
contencioso-administrativo,  en  vía  judicial.  En  el  caso  de  las  sanciones  que 
imponga la Administración General del Estado, esta publicidad se dará por medio 
de la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2.  Cuando la información a que se refiere el apartado anterior contenga datos 
personales, su publicación se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno».
Disposición adicional primera.  Antigüedad de los vehículos de transporte público 
regular de uso especial de escolares por carretera durante los cursos escolares 
2021-2022 y 2022-2023.
1.  Excepcionalmente, durante los cursos escolares 2021-2022 y 2022-2023, los 
transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera incluidos en la 
letra a) del artículo 1 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de 
seguridad en el transporte escolar y de menores, podrán prestarse con vehículos con 
una antigüedad superior a diez años e inferior a dieciocho años al inicio del curso escolar 
para la Península y veinte años en el caso de las Comunidades Autónomas de Canarias 
e Illes Balears y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, computados desde su 
primera  matriculación,  siempre  que  el  solicitante  acredite  que  el  vehículo  se  venía  s
dedicando con anterioridad a la realización de esta misma clase de transporte, o bien  o
epiennrssep pseeeelc cniacatneiló t enedr lei toéc rece nrhstiiuccfiobacli aaeedrsneoe s  ldo,e essy  tt daéedsrsimoeg miaundaposcrsece p r idrqteoeuv  eaios  ttrusoones a  ve ehnaha uíyectaolu  raloipzr taaíqccsuuiaóeldon oe  6 nd  dedee elt  rlc afRoonrersrmaipelao nD rttesee a ccrtrueiesrgtfsoauo cl 4ateo4rs r3dica/eo2  l0auu0rns 1aoo,     2021-16029n https://www.
de 27 de abril.
2.  A los efectos del cómputo de antigüedad, se considerará el día 1 de septiembre 
como fecha de inicio del transporte escolar.
Disposición adicional segunda.  Estudio del impacto en el sector del transporte de 
mercancías  por  carretera  no  superior  a  dos  toneladas  por  operadores  no 
especializados.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley el Gobierno 
deberá  presentar  en  la  Comisión  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  del 
Congreso de los Diputados un estudio de la situación en la que se encuentra el sector 
del transporte de mercancías no superior a dos toneladas y el impacto sobre el empleo y 
la actividad derivado de la entrada de nuevos operadores no especializados para su 
debate en dicha Comisión.
Disposición  transitoria  única.  Comunicación  electrónica  de  datos  al  registro  de 
comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor.
La infracción prevista en el artículo 140.39.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, no resultará de aplicación hasta la efectiva 
puesta  en  funcionamiento  del  registro  de  comunicaciones  de  los  servicios  de 
arrendamiento  de  vehículos  con  conductor  de  la  Dirección  General  de  Transporte 
Terrestre.
Hasta entonces, se mantendrá en vigor la infracción contenida en el artículo 141.18 y 
su correspondiente sanción con multa de 401 a 600 euros, prevista en el artículo 
143.1.d) de la Ley 16/1987.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se dejan sin contenido los apartados 8 y 18 del artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
disposición transitoria única.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se  introducen  las  siguientes  modificaciones  en  el  artículo  67,  con  la  siguiente 
redacción:
Uno.  Se modifica el primer párrafo del apartado uno, que pasa a quedar redactado 
en los siguientes términos:
«Uno.  Servicios  y  Estudios  para  la  Navegación  Aérea  y  la  Seguridad 
Aeronáutica SME MP, S.A. (SENASA), tendrá la consideración de medio propio 
personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado, y de 
aquellos  entes,  organismos  y  entidades  vinculados  o  dependientes  de  la 
Administración General del Estado, ya se rijan por el derecho público o privado 
cuyo  capital  sea  íntegramente  de  titularidad  pública,  siempre  que  tengan  la 
condición de poderes adjudicadores, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 
9/2017,  de  9  de  noviembre,  de  contratos  del  Sector  Público  por  la  que  se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  s
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y se  oe.
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, y  w.
emsataterária so:b»l.igada  a  realizar  los  trabajos  que  le  encarguen  en  las  siguientes  2021-16029n https://ww
Dos.  Se modifica la letra l) del apartado uno, que queda redactada como sigue:
«l)  Prestación  de  servicios  de  consultoría,  realización  de  estudios, 
asistencias técnicas, redacción, ejecución y supervisión de proyectos, incluidos los 
de seguridad, medioambientales, de investigación e innovación, sostenibilidad, 
movilidad  y  facilitación  relacionados  con  el  trasporte  aéreo,  la  ingeniería 
aeronáutica y sus aplicaciones intersectoriales».
Tres.  Se modifica el apartado dos, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Dos. El gasto derivado de las actuaciones, trabajos y estudios realizados por 
medio de SENASA tendrá la consideración de gastos corrientes o de inversión (si 
de la naturaleza del servicio se derivara la compra o equipamiento o de cualquier 
otro  bien  que  pueda  tratarse  como  inmovilizado).  Su  coste  se  determinará 
aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido aprobadas por el 
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y que serán fijadas en 
función  del  coste  de  realización  del  servicio,  según  los  datos  que  arroje  la 
contabilidad  analítica  separada,  realizada  por  SENASA,  de  las  actividades 
efectuadas por los trabajos que le encargue la Administración. El pago de las 
mismas, se efectuará previa certificación de la conformidad expedida por el órgano 
que hubiese encargado los trabajos. El órgano que realiza el encargo podrá 
supervisar en todo momento la correcta realización por SENASA del objeto del 
encargo».
Cuatro.  Se modifica el apartado cuatro que queda redactado como sigue:
«Cuatro.  Respecto de las materias señaladas en el apartado Uno, SENASA 
no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de los contratos que 
decidan convocar los poderes adjudicadores de los que sea medio instrumental. 
No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a SENASA la 
actividad objeto de licitación pública».
Cinco.  Se modifica el apartado cinco que queda redactado como sigue:
«Cinco.  Los  contratos  de  servicios  que  SENASA  deba  contratar  para  la 
ejecución de las actividades que se exponen en el apartado Uno se adjudicarán 
mediante la aplicación de los procedimientos establecidos al efecto en la Ley 
9/2017,  de  9  de  noviembre,  de  contratos  del  Sector  Públicos  por  la  que  se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014».
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.
Uno.  Se añade un antepenúltimo párrafo al apartado 5 del artículo 159, con la 
siguiente redacción:
«Las  Autoridades  Portuarias  cuya  rentabilidad  de  cualesquiera  de  los  5 
ejercicios  inmediatamente  anteriores  al  año  en  que  se  acuerde  el  Plan  de 
Empresa,  calculados  los  ingresos  por  tasas  de  utilización  con  coeficientes  es
correctores  de  valor  uno,  supere  la  rentabilidad  anual  objetivo  del  sistema  bo
portuario, no recibirán cantidad alguna del Fondo de Compensación Interportuario  029ww
pucCoolatrmrna aplporeesianr issfse aurcpicipuoiodenrase dtso,  sseau x 1sc  leaapslc  too5An  quddutiecoe iro ilsdanea e ldseee tnrsca du Peeb on) rtrdtiuenea sld ruieaalabpsria didradtaamedd ,eo Cn te5eeu, s tfpaaoe,sr mcí Miaaclelo izlmiallaoadi ,os t laaBamm atprlieeaoanvcrétoeos s  l daeyys     OE-A-2021-16able en https://
un protocolo, acuerdo o norma de alcance nacional».
Dos.  Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 bis al artículo 245, quedando 
como sigue:
«La bonificación aplicada a los tráficos regulares de pasaje o carga rodada, a 
que se refiere el anterior párrafo, no computará respecto al 20 por ciento de la 
recaudación anual conjunta por las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía, 
establecido como límite máximo para las bonificaciones reguladas en el apartado 
3. Esta bonificación no será incompatible con las que puedan establecerse para un 
mismo servicio marítimo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 de este 
artículo».
Tres.  Se modifican las letras c), d) y e) del artículo 315.1, y se añade una nueva 
letra f), quedando como sigue:
[…]
«c)  Al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en los supuestos 
de infracciones graves:
1.°  Relativas al uso del puerto y al ejercicio de actividades que se prestan en 
él, en el ámbito de sus competencias.
2.°  Relativas a la prevención de la contaminación de la zona de servicio del 
puerto incluyendo el medio marino producida desde tierra.
3.°  En la prestación de servicios portuarios.
d)  Al  Director  General  de  la  Marina  Mercante  en  los  supuestos  de 
infracciones graves:
1.°  Relativas al uso del puerto y al ejercicio de actividades que se prestan en 
él, en el ámbito de sus competencias.
2.°  Contra la seguridad y protección marítimas.
3.°  Contra la ordenación del tráfico marítimo.
4.º  Relativas  a  la  prevención  de  la  contaminación  del  medio  marino 
producida  desde  buques  o  plataformas  fijas  u  otras  instalaciones  que  se 
encuentren en espacios marítimos españoles.
e)  Al Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 
propuesta de Puertos del Estado, o del Director General de la Marina Mercante, en 
el ámbito de sus competencias, en los casos de infracciones muy graves, en 
cuantía interior a 1.202.000 euros.
f)  Al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a propuesta del 
Secretario  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  en  los  casos  de 
infracciones muy graves, en cuantía superior a 1.202.000 euros».
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras.
Se añade un nuevo artículo, con el siguiente contenido:
«Artículo 27 bis.  Afectación.
El importe de los derechos liquidados por el uso o explotación de las áreas de  oe.
servicio  y  otros  elementos  funcionales  de  la  carretera  quedará  afecto  a  la  w.
financiación de los servicios y obras de conservación y explotación de la Red de  029ww
Carreteras del Estado».
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario.
La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario se modifica en los 
siguientes términos:
Uno.  El apartado 3 del artículo 50 tendrá la siguiente redacción:
«3.  No podrán obtener una licencia las siguientes entidades:
a)  Aquéllas  cuyos  administradores  o  miembros  de  su  personal  directivo 
sufran o hayan sufrido, en España o fuera de ella, pena privativa de libertad hasta 
que transcurran cinco años desde su íntegro cumplimiento, los declarados en 
situación  concursal  o  los  inhabilitados  o  suspendidos  para  ejercer  cargos  de 
administración  en  sociedades  o  los  sancionados  o  condenados  mediante 
resolución o sentencia firme por las infracciones a que se refieren los párrafos b), 
c) y e) siguientes, en tanto dicha declaración, inhabilitación o suspensión estuviera 
vigente.
b)  Las sancionadas por infracciones penales graves, en el plazo de cinco 
años desde la firmeza de la sanción.
c)  Las que estén incursas en un procedimiento concursal.
d)  Las sancionadas o condenadas, mediante resolución o sentencia firmes, 
por infracciones muy graves cometidas en el ámbito de la legislación específica de 
transportes,  o  por  infracciones  muy  graves  o  reiteradas  de  las  obligaciones 
derivadas de las normas sociales o laborales y resultantes de convenios colectivos 
vinculantes, en particular de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, en 
el plazo de cinco años desde la firmeza de la última resolución sancionadora.
e)  Las que, prestando servicios de transporte transfronterizo de mercancías 
sujetos  a  trámites  aduaneros,  hayan  sido  sancionadas  por  infracciones  muy 
graves o graves o reiteradas por incumplir las normas que regulen el régimen 
aduanero,  en  el  plazo  de  cinco  años  desde  la  firmeza  de  la  resolución 
sancionadora».
Dos.  El apartado 1 del artículo 56, tendrá la siguiente redacción:
«1.  Son  causas  de  revocación  de  la  licencia  concedida  a  una  empresa 
ferroviaria las siguientes:
a)  El incumplimiento sobrevenido por la empresa ferroviaria de los requisitos 
exigidos en el artículo 50.1 para su otorgamiento, así como el hallarse incursa en 
alguna de las causas enumeradas en el artículo 50.3, epígrafes d) y e) cuando el 
hecho ilícito cometido afecte gravemente a la seguridad ferroviaria o al derecho a 
la movilidad de las personas. No obstante, cuando la licencia sea revocada por 
incumplimiento  del  requisito  de  capacidad  financiera,  la  Agencia  Estatal  de 
Seguridad  Ferroviaria  podrá,  por  razones  de  interés  general,  conceder  a  la 
empresa ferroviaria una licencia temporal, siempre que no se comprometa la 
seguridad del servicio de transporte ferroviario. Dicha licencia temporal tendrá 
validez durante un período máximo de seis meses.
b)  La declaración en estado concursal, salvo que la Agencia de Seguridad 
Ferroviaria constate que dentro de un plazo razonable la empresa podrá tener  s
viabilidad  financiera.  La  apertura  de  la  fase  de  liquidación  dará  lugar  a  la  oe.
revocación siempre que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria llegue al  w.
convencimiento  de  que  no  existen  perspectivas  realistas  de  saneamiento  029ww
financc) ierLoa. obtención de la licencia en virtud de declaraciones falsas o por otro
medio irregular.
d)  El acaecimiento de alguna de las causas de disolución forzosa de la 
empresa ferroviaria previstas en el artículo 363 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio».
Tres.  El apartado 4 del artículo 109 queda redactado como sigue:
«4.  La  comisión  de  una  infracción  muy  grave  podrá  llevar  aparejada  la 
revocación  o  suspensión  de  la  licencia  administrativa,  título  habilitante, 
autorización de seguridad, certificado de seguridad, homologación, autorización o 
certificación  y  la  consecuente  inhabilitación  temporal  para  el  ejercicio  de  la 
actividad  por  un  período  máximo  de  un  año.  En  el  caso  de  comisión  de 
infracciones graves se podrá acordar la suspensión de las habilitaciones citadas 
durante un plazo máximo de seis meses. En ambos casos podrá acordarse, en su 
caso, el precintado de la maquinaria y del material rodante con el que se haya 
realizado la actividad infractora.
Cuando por aplicación del régimen previsto en este apartado se pudiera ver 
afectada la continuidad o regularidad de la prestación de obligaciones de servicio 
público, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adoptará las 
medidas necesarias para garantizar su salvaguardia.
En caso de una sanción firme por infracción muy grave derivada de la cesión 
del derecho de uso de capacidad de infraestructura o la celebración de cualquier 
otro negocio jurídico sobre la capacidad de infraestructura adjudicada, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 106.2.4 de esta Ley, la sanción llevará aparejada la 
imposibilidad de obtención de nueva capacidad por un período máximo de un 
año».
Disposición  final  quinta.  Modificación  del  Real  Decreto-ley  13/2018,  de  28  de 
septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
Se modifica el apartado a) de la disposición adicional primera, quedando redactado 
como sigue:
«a)  La  modificación  sólo  podrá  afectar  a  los  servicios  cuyo  itinerario  se 
desarrolle íntegramente en su respectivo ámbito territorial y podrá referirse a: 
Condiciones de pre-contratación, entendida, en su caso, como el establecimiento 
de  un  intervalo  de  tiempo  mínimo  entre  la  contratación  o  la  designación  del 
vehículo y la prestación del servicio, solicitud de servicios, recorridos mínimos y 
máximos,  medidas  destinadas  a  minimizar  los  recorridos  en  vacío,  servicios, 
horarios o calendarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo».
Disposición final sexta.  Modificación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en 
los ámbitos de transportes y vivienda.
Se modifica el apartado 1 del artículo 30 con la siguiente redacción:
«1.  En relación con las demandas de arbitraje presentadas ante las Juntas 
Arbitrales del Transporte durante los años 2020 y 2021, el Presidente de la Junta  s
podrá acordar que se prescinda de la vista oral cuando la cuantía reclamada no  o
exceda de 5.000 euros». 029www.
Disposición final séptima.  Modificación de los contratos de arrendamiento o cesión 
de local de negocio en los aeropuertos gestionados por Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA).
1.  Los contratos de arrendamiento o de cesión de local de negocio para actividades 
de restauración o de comercio minorista concluidos entre AENA SME S.A. y operadores 
privados que se encontrasen en vigor el día 14 de marzo de 2020, o hubiesen sido 
licitados con anterioridad a dicha fecha, quedarán automáticamente modificados por 
efecto de esta Ley en los siguientes términos:
a)  La parte proporcional de Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) establecida 
en los contratos correspondiente al periodo de tiempo que se extiende entre el 15 de 
marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será 
exigible su pago por AENA.
b)  A partir del día 21 de junio de 2020 la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) 
fijada en los contratos quedará automáticamente reducida en proporción directa al menor 
volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de 
pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019, no siendo exigible por AENA el 
pago de una RMAG por mayor importe. Esta reducción de la Renta Mínima Anual 
Garantizada (RMAG) será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores 
hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al que existió en 2019.
El cálculo de la minoración de la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) se 
realizará mediante un prorrateo de su importe con arreglo a los datos oficiales sobre el 
volumen de pasajeros publicados por AENA.
c)  Lo establecido en el apartado anterior no afectará al derecho de AENA a exigir el 
pago de la Renta Variable establecida en los contratos en función de los ingresos 
derivados de las ventas en los diferentes locales.
2.  La modificación de los contratos establecida en esta disposición será igual para 
todos los contratos y operadores. Tendrá carácter obligatorio para AENA y producirá 
plenos efectos jurídicos aun cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes 
sobre la minoración de la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG), u otras cláusulas, o 
ya se hubiese procedido al pago de esta obligación.
Disposición final octava.  Títulos competenciales que amparan la Ley.
La presente norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 21.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre los transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, al artículo 149.1.6 y 8, en la 
ordenación de los registros e instrumentos públicos, y legislación civil, con las excepciones 
establecidas para el Derecho civil autonómico especial, así como las competencias que 
corresponden al Estado en materia de legislación laboral, Hacienda del Estado, Marina 
Mercante y puertos de interés general, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
149.1.7.ª, 149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la Constitución. También al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre 
«bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», «ferrocarriles y 
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma» 
y «obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad 
Autónoma», así como la competencia estatal en materia de «hacienda general y deuda del 
Estado», de acuerdo con el artículo 149.1.14.ª de la Constitución. Finalmente, también aplica  e.
la competencia exclusiva que atribuye al Estado la Constitución, en sus artículos 149.1.21.ª y  w.b
24.ª, sobre el régimen general de comunicaciones y sobre las obras públicas de interés  029ww
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Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 1 de octubre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN