BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282  Domingo 25 de octubre de 2020  Sec. I.   Pág. 91912
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
12898 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar 
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la 
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos.
Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país 
entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las 
autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y 
frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control 
de la pandemia, las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas 
en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes 
disposiciones y actos adoptados por las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a 
prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de 
la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta 
ahora ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas 
de evolución de la onda epidémica en cada territorio.
II
No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países 
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento 
se ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, 
hasta situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por 
encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de 
acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel 
de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales 
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de 
la transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020. e.e
Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo,  b
que presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad,  898ww
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sanitario, requiriendo la adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier
impacto negativo de esta situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes 
a COVID-19, previniendo desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso 
del sistema asistencial.
En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores 
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la 
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente 
y evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la 
primera ola de la pandemia.
En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud 
pública de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que 
tienen el propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la 
transmisión del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada, 
requiriendo la combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo en 
la transmisión.
Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos 
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin 
relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la 
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del 
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.
Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados 
en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva 
un alto riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores 
confirma cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y 
actividades tiene un impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los 
casos asociados vinculados a tales contextos.
Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los 
brotes notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros 
familiares y sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se 
producen agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando 
más de una cuarta parte de los casos.
En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados y 
la reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto de 
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización Mundial 
de la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona a persona y 
el control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras agencias 
internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran 
eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas no convivientes, 
la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia estable y 
permanecer  en  el  domicilio,  evitando  desplazamientos  que  no  se  consideren 
imprescindibles. La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha 
sido aplicada en varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno 
con resultados positivos desde el punto de vista epidemiológico.
Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto 
que la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre 
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e 
incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la 
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento  es
de las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. o
nrmueonodc tuptiEvucoonretne,   eoslnau,sc  tbdrieaese lst  saatimrencicnucpctieaaiidórcldmontoo, e d  bcnpeout oelneas  n lilmataaiv   oeionpvf fiaicoelirarndtmec aei daadl c  nedcióo eolnc ono tstfutra roraecnli snaldi ct msaeued eel aadcn  oitpdtrnrooaasrssn i dl saddemseer a  cicsr oiuoieómnnsnatug,r  noomail d leis maededvip deipltaesar om rpasdreueount pócsteonaitnroduc maaieoscann.i so aP,hnd oloeoarrs   aqec rdousioenee      OE-A-2020-12898able en https://www.
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.
Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un 
nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, 
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución 
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de 
riesgo medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas 
dirigidas a la restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias 
para mantener el control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice 
el mantenimiento de las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin 
perjuicio de poder adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no 
es en absoluto descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la 
inestabilidad del comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades 
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado 
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada, 
además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro 
del territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han 
articulado medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales, 
que en su momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la 
transmisión en su zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras 
fases de la epidemia.
III
En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción 
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.
Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos 
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la evolución 
de la epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto sanitario, social 
y económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y 
proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la 
situación  con  las  máximas  garantías  constitucionales  durante  un  periodo  que 
necesariamente deberá ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia 
de este real decreto, por lo que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un 
periodo estimado de seis meses. El real decreto establece, para estos supuestos de 
prórroga, que el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la aplicación 
de las medidas; información que en sus ámbitos territoriales respectivos deberían 
proporcionar las autoridades competentes delegadas a las correspondientes asambleas 
autonómicas, en los términos y condiciones que estas tengan determinados.
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias 
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar 
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.
No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible  s
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho  oe.
dyy  ess iiegtDixouec.ieebnpetc esisóe nñd,ae tl aalalr  syLe ec yqo umOeor ge rále nacipocaagr et4an/d1 lo9o 8sb 1a), r ddteíecl  u1alo rdtsíec 1 uj1ulo6n .ico2u,  daderet o lla od sCe e olsant saLtdeitouys cO idóreng  áaEnlsaicprmaa ña4o,/ 1lea9x 8yc 1ec,pu dcaeirót n1o    2020-12898n https://www.
de junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el
artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio  Bc
nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en 
la situación presente.
Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado a) 
prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la 
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos. 
Además, el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales 
obligatorias.
Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente 
a la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos 
últimos meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a 
ellas de manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial 
de la Salud y otros organismos internacionales.
En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de 
las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección 
durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos 
de los contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con 
anterioridad.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de 
las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito 
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.
Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de 
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.
Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a 
la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad 
autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada 
respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la 
aplicación de estas medidas.
Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan 
imponer la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus 
sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para 
responder a la situación de emergencia sanitaria.
Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la 
declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real 
decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a 
la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho 
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1.  Declaración del estado de alarma.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981,  oe.
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma  w.
cAortníc eull ofi n2 .d e Acuotnotreidnaedr  lcao pmroppeategnatcei.ón de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 2020-12898n https://ww
1.  A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la
Nación.
2.  En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad 
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o 
ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.
3.  Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la 
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de 
procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo 
del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 3.  Ámbito territorial.
La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.
Artículo 4.  Duración.
El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas 
del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
Artículo 5.  Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
1.  Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas 
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de 
las siguientes actividades:
a)  Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera 
necesidad.
b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c)  Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d)  Cumplimiento  de  obligaciones  laborales,  profesionales,  empresariales, 
institucionales o legales.
e)  Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 
previstas en este apartado.
f)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i)  Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para 
la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
2.  La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su 
ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea 
entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre 
las 5:00 y las 7:00 horas.
Artículo 6.  Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades 
con Estatuto de autonomía.
1.  Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad 
autónoma  y  de  cada  ciudad  con  Estatuto  de  autonomía  salvo  para  aquellos  es
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los  o
siguientes motivos: 898www.
ab))   CAsuimstepnlicmiaie an ctoe ntdroes ,o sbelrivgiacicoiso nye ess talabbleocriamlieesn,t ops rsoafneistaiorinoas.les,  empresariales,
instictu) cioAnsaisletes noc ilae gaa lceesn.tros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas  BOE-A-cable e
de educación infantil.
d)  Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje 
en territorios limítrofes.
g)  Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 
notariales.
h)  Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables.
i)  Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
2.  Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente 
delegada que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas 
en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y 
ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.
3.  No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los 
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este 
artículo.
Artículo 7.  Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados.
1.  La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados 
como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis 
personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se 
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al 
público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará 
condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes.
En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como 
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de 
seis personas.
2.  La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su 
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el 
apartado anterior sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes 
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas 
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en 
este artículo.
3.  Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en 
ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán 
limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los 
promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.
4.  No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades 
laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en  e.e
la normativa aplicable. b
ApartrítcSeu edlo el i 8mla. i taauL tlimao riiptdaeacrdimó cnao name lnpace pitaee nrdmteea  dpneeelrnescgoiaand adase  c eponerr relsusogpnaoarnsed sei endn eltue gc, uadlreteo sa  mfdoeero dcsiua plntaoter.a l ala sfi jraecuiónnio,n peosr,   OE-A-2020-12able en https://
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera
resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al 
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.
Artículo 9.  Eficacia de las limitaciones.
1.  Las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad 
competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al 
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la 
medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de 
lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con 
un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al 
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
2.  La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el 
momento de la entrada en vigor de este real decreto, sin perjuicio de lo previsto en el 
siguiente párrafo.
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la medida prevista en el 
artículo 5 será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo 
determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a 
siete días naturales.
Artículo 10.  Flexibilización y suspensión de las limitaciones.
La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto 
de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al 
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y 
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, con el alcance y 
ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las previstas en los 
mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.
Artículo 11.  Prestaciones personales.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en 
su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten 
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a 
la situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.
Artículo 12.  Gestión ordinaria de los servicios.
Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, 
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que 
estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
Artículo 13.  Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de  e.
Salud. w.b
contCeomnp llaa dfinaas liedna de dsete g raeraaln tdizeacrr elat on,e ecle sCaornias ceojoo rIdnitnearcteiórrnit eonri alal  dapelli cSaicsitóenm dae  Nlaasc mioendaild daes 
Sacauluedrd, obsa jpor olac epdreasnid, einnccluiaid doesl,  Menin sisutr coa dseo ,S eal neisdtaadb,l epcoidmriáe natdoo dpeta irn ad iecastdoosr eesfe dceto rse fceuraenntcoias 
y criterios de valoración del riesgo.
Artículo 14.  Rendición de cuentas.
En caso de prórroga, el Ministro de Sanidad comparecerá quincenalmente ante la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la 
aplicación de las medidas previstas en este real decreto.
Artículo 15.  Régimen sancionador.
El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes 
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos 
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición adicional única.  Procesos electorales.
La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de 
las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a 
parlamentos de comunidades autónomas.
Disposición final primera.  Habilitación.
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno 
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá 
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 25 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO