BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60361
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8807 Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Badajoz n.º 3, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Juan López Alonso, notario de Sevilla, contra la 
calificación del registrador de la propiedad de Badajoz número 3, don Ignacio Burgos 
Bravo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el 11 de diciembre de 2019 ante el notario de Sevilla don 
Juan López Alonso, con número 2.374 de protocolo, se formalizó un préstamo concedido 
por  «Banco  Santander,  S.A.»  a  dos  personas  físicas,  y  en  garantía  del  mismo  se 
hipotecó una vivienda habitual de los prestatarios.
En tal escritura se expresa que el préstamo «se regirá por las condiciones que se 
transcriben  a  continuación,  que  se  encuentran  depositadas  en  el  Registro  de 
Condiciones Generales de la Contratación de Cantabria, bajo el número de identificación 
(…),  y  que  el  cliente  puede  consultar  también  en  la  página  web  del  Banco: 
www.bancosantander.es».
II
Presentada el mismo día 11 de diciembre de 2019 copia autorizada de la escritura en 
el Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, fue objeto de calificación por el 
registrador, don Ignacio Burgos Bravo, quien suspendió la inscripción solicitada alegando 
los siguientes fundamentos de Derecho:
«La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 13 
de junio de 2019, en su párrafo último resulta: "En conclusión, si bien en el contrato de 
préstamo  debe  hacerse  constar  que  las  condiciones  generales  han  sido  objeto  de 
depósito,  y  comprobarse  por  el  notario  y  el  registrador  que  dicho  depósito  se  ha 
practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan acordado 
modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una exigencia de la 
flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las 
necesidades de las pintes en cada caso particular".
Por tanto, teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derechos expuestos, 
este Registrador ha resuelto suspender el acto solicitado, porque no consta que el 
Notario autorizante del documento, haya comprobado que las condiciones generales han 
sido depositadas en el RCGC., tal y corno establece dicha Instrucción. es
No se incorpora en la escritura adjunta datos suficientes que permitan comprobar el  o
Depósito de contrato de préstamo o crédito utilizado en el Registro de Condiciones  07ww
GpNáoertnraTaerafiroomas laep usoy tcod ore ivz salaaerni  aCthedao odrnsáet rnla  ddtcaoeocc niuósemntsa,et ricnp oetuonnla   hcalaaino  ctnienoersmisoc/prrciirdlpáoacubdiósa undal/o ael assq/  upclaeaos cms teoee ssrhc,ta iipa ppulirzálaoarcdrcaiuoiófconnised  sdo/e ycdl l iácpuahrsépousa dltraateasmpd/póooas,s ic tnotio d.ese,l    OE-A-2020-88able en https://
estipulaciones/cláusulas/pactos, que no tienen transcendencia real o por ser contraria/s a
la Ley de los Contratos de Créditos Inmobiliarios 5/2019, de 15 de marzo, artículos 12, 
17, 18 y 258.2 Ley Hipotecaria, 83 y 84 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de 16 de noviembre de 2007, 8 de la Ley 7/1998 de 13 de 
abril, de Condiciones Generales de la Contratación, 3 de la Ley 5/2019 de los contratos 
de crédito inmobiliario, y Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de 
junio de 2009 y 14 de junio de 2012, y del Tribunal Supremo 792/2009 de 16 de 
diciembre, 22 de Abril de 2015, 23 de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 2016.
Tal/es defecto/s se considera/n subsanable.
Contra  la  precedente  nota  de  calificación,  que  será  notificada,  conforme  a  lo 
dispuesto en los artículos 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria, y al señor Notario/Juez/
Autoridad administrativa, por medio de Telefax, cabe (…)
Badajoz, veintidós de enero del año dos mil veinte.–El Registrador. Firmado: Ignacio 
Burgos Bravo.»
III
Mediante escrito que causó entrada en el Registro de la Propiedad de Badajoz 
número 3 el día 3 de febrero de 2020, el notario autorizante de la escritura, don Juan 
López  Alonso,  interpuso  recurso  contra  la  anterior  calificación,  en  el  que  alega  lo 
siguiente:
«Que la calificación expresada, suspende la inscripción de escritura de Préstamo con 
Garantía de Hipoteca Inmobiliaria por mí autorizada en Sevilla, el día 11 de diciembre 
de 2019, con el n.º 2.374 de mi protocolo general, testimonio de la cuál acompaño, en 
base, entre otros, a los dos siguientes defectos:
“No consta que el Notario autorizante del documento, haya comprobado que las 
condiciones generales han sido depositadas en el RCGC., tal y corno establece dicha 
Instrucción.”
“No se incorpora en la escritura adjunta datos suficientes que permitan comprobar el 
Depósito de contrato de préstamo o crédito utilizado en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación, con anterioridad a la comercialización del préstamo, ni el 
Notario autorizante del documento ha comprobado que se ha producido dicho depósito.”
Que sin perjuicio de la subsanación de los defectos consignados en aras de la 
agilidad del tráfico inmobiliario y por razón del valor constitutivo que tiene la inscripción 
respecto del derecho real de Hipoteca, me hallo legitimado para la interposición de 
Recurso de conformidad con el artículo 325-b) de la vigente Ley Hipotecaria,
Que el presente recurso se basa en los siguientes fundamentos:
Primero.  Falta de Motivación Jurídica de la Calificación de conformidad con el 
artículo 19-bis de la Ley Hipotecaria y reiterada doctrina de la Dirección General, que 
señala que no basta con la mera cita de normas que se consideran infringidas, sino que 
debe el Sr. Registrador exponer los motivos y fundamentos, y más específicamente el 
razonamiento jurídico que le lleva a sostener la calificación.
En el presente supuesto, la calificación se limita a transcribir el apartado final de la 
Instrucción de la Dirección General de 13 de junio de 2019, para señalar como defecto, 
que no consta en la escritura que el Notario haya comprobado el depósito previo.... Pero 
no razona ni explica por qué la falta de manifestación expresa por el Notario en la  e
escritura constituye un vicio o defecto que impida la inscripción, cual es el interés  bo
legítimo, el precepto o norma legal que considere vulnerado, que doctrina, sentencia o  07ww
resoSluecgióunn dsou.s teInntsatr suuc ciniótne rprdeet ac1ió3n , deetc ...junio  de  2019.–Errónea  Interpretación.  El
eRsecgriistutrraad oqru ien tehrap rectoam qpureo blaad por eecli taddeap óInssittoru cpcrieóvni oo bdliegla  caol nNtroattaor ioe na  ceol nRsieggniasrt roe n dlea 
Condiciones Generales de Contratación, en adelante RCGC, y dicha falta es defecto
obstativo que impide la inscripción en el Registro. Pero la Instrucción no dice eso ni 
impone esa obligación al Notario sino simplemente dispone que el Notario y Registrador 
deben comprobar que se ha producido el depósito, y “comprobar", como es obvio no es 
igual a consignar en la escritura. La Instrucción se dicta ante la entrada en vigor de la 
Ley 5/2019 de 15 de marzo y trata de resolver las dudas que pueda suscitar la cuestión 
relativa al depósito en el RCGC de aquellas cláusulas que constituyan condiciones 
generales de los préstamos hipotecarios. Recogemos algunas de las declaraciones que 
contiene la Instrucción: "el Notario deberá controlar al autorizar la escritura de Préstamo 
Hipotecario  y  et  Registrador  de  la  Propiedad  al  inscribirla,  el  mero  hecho  de  que 
efectivamente  la  entidad  financiera  haya  procedido  previamente  a  practicar  dicho 
deposito..." "el previo depósito de las condiciones generales empleadas por la Entidad en 
su contratación no debe impedir la autorización y posterior inscripción de la escritura de 
préstamo hipotecario por el hecho de que el cotejo de la misma con las condiciones 
generales  depositadas  resulte  alguna  diferencia...."...."  En  el  supuesto  de  que  se 
compruebe, por el Notario o por el Registrador, que una condición general no ha sido 
depositada, deberán notificárselo al Ministerio de Justicia, en cumplimiento de su deber 
general de colaboración con la Administración, para que ésta proceda en la forma 
establecida en el artículo 24 de la Ley 7/1988…" "La legislación no precisa la eventual 
consecuencia de la falta de depósito sobre la validez de la condición general, sin que el 
control formal que deben desempeñar notarios y registradores sobre el cumplimiento de 
dicha obligación, suponga atribuir a su inobservancia una nulidad patente y de pleno 
derecho de la misma..."
A nuestro juicio, de una simple lectura de la referida Instrucción, se puede deducir 
claramente,  que  la  Instrucción  se  limita  a  resaltar  el  deber  reciproco  de  Notario  y 
Registrador de comprobar el depósito previo, dado su deber general de colaboración con 
la Administración pública, que, en caso de falta del depósito previo, ambos funcionarios 
deberán comunicarlo al Ministerio de Justicia y que incluso, la falta del depósito previo no 
puede impedir la inscripción.
Asimismo se trata de un deber respectivo, que cada cual ha de cumplir, pero que no 
faculta al Sr. Registrador para a su vez controlar o exigir al Notario que expresamente 
haga constar haber efectuado dicho control.
Tercero.  Artículo 22, Forma y contenido de los contratos, y artículo 15 Ley 5/2019.
En ninguno de ambos preceptos, se hace referencia alguna a la necesidad de 
consignar  expresamente  en  la  Escritura  de  Préstamo  Hipotecario,  que  se  ha 
comprobado el depósito previo en el RCGC.
Por el contrario, las Resoluciones de 29 noviembre 2019, que pese a contemplar 
supuesto de hecho diferente, por cuanto la calificación registral se basaba en el defecto 
de falta de consignación en la escritura de la Aseveración Notarial sobre coincidencia del 
contenido de la escritura con el proyecto de contrato y con la FEIN, en ellas se declara 
que la nueva Ley 5/2019, impone al Notario amplios deberes de control de legalidad y 
específicamente del cumplimiento del Principio de Transparencia Material del contrato de 
préstamo, junto a su deber de asesoramiento imparcial del Prestatario, y el Art. 15.7 
Ley 5/2019, lo único que le exige es que se consigne en la escritura reseña identificativa 
del Acta de Transparencia con expresión de su fecha, numero de protocolo y notario 
autorizante así como la declaración por el Notario, bajo su responsabilidad, que el 
prestatario ha recibido la documentación y asesoramiento previsto por la ley. Esto y nada 
más, es lo que el Notario debe consignar en la Escritura.
Y como dicen dichas Resoluciones no se deba exigir como si de fórmulas rituales se  s
tratara, la mención expresa del cumplimiento de cada uno de los deberes y controles que  oe.
debe efectuar el Notario en aras del cumplimiento de la transparencia exigida. w.
Cuarto.  En cuanto al segundo de los defectos que se alegan por el Sr. Registrador, se  07ww
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continuación, que se encuentran depositadas en el Registro de Condiciones Generales de 
la Contratación bajo el número de identificación 39014-20056000002-20 y que el cliente 
puede consultar también en la página Web del banco: www.bancosantander.es".
Basta acceder a dicho Registro, como ha hecho el Notario que suscribe, introducir 
Banco de Santander, S.A. y el código expresado para comprobar el depósito.
Finalmente,  en  el  inciso  final  del  segundo  defecto  señalado  consigna  el  Sr. 
Registrador:  "ni  el  Notario  autorizante  del  documento  ha  comprobado  que  se  ha 
producido dicho deposito”. No puede admitirse dicha afirmación; se trata de un mero 
juicio de valor carente de todo fundamento, que excede del ámbito propio de una 
calificación registral y es falso e inadmisible.»
IV
El registrador de la propiedad emitió informe mediante escrito de 27 de febrero 
de 2020 y elevó el expediente a este Centro Directivo. En dicho informe manifiesta 
respecto del segundo de los defectos que en la escritura se expone que las condiciones 
se encuentran depositadas en el Registro de Condiciones General de la Contratación de 
Cantabria, bajo el número de identificación (…), y debe entenderse, en consecuencia, 
rectificada la nota en cuanto al defecto.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1284 y 1285 del Código Civil; 18, 21 y 114 de la Ley Hipotecaria; 
3, 7, 14, 15, 25 y 45 y la disposición adicional octava de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; 83 del texto refundido de Ley General 
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, 
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles 
de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010; 5, 7, 11, 23 y 24 de la Ley 7/1998, de Condiciones 
Generales de la Contratación; artículo 28.3 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados 
con  los  consumidores  para  bienes  inmuebles  de  uso  residencial  y  por  la  que  se 
modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n o 1093/2010; 
6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores; 147 del Reglamento Notarial; 
29 y 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 
cliente  de  servicios  bancarios;  las  Sentencias  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión 
Europea de 4 de junio de 2009 (As. C-243/08), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 26 
de marzo de 2019 (Ass. C-70/17 y C-179/17); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 
de marzo de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de 
mayo, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 26 de mayo, 30 de junio y 8 de 
septiembre de 2014; la Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de 
los  Registros  y  del  Notariado,  sobre  el  depósito  de  condiciones  generales  de  la 
contratación, y el reflejo del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la 
Propiedad, desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 
los contratos de crédito inmobiliario; y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 18 de enero y 8 de junio de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de  e.
febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 2 de enero, 2 de marzo, 1 de  w.b
junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre de 2013, 5 de febrero, 23 de julio y 29 de  07ww
dseep jtuienmiob, r5e  yd e1 22 0d1e4  dyic 2ie2m dber ee ndeer o2 0y1 192  yd e3 , m7a, r8z,o 1 d5e,  1270,1 52,2 1 y9  2d8e  djuel ioe ndeer o2 0d1e8 2 y0 2103;  yy  2la7 
fReebsreorluoc dióen 2 0d2e0 .esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada formalizó un 
préstamo concedido por «Banco Santander, S.A.» a dos personas físicas, y en garantía 
del mismo se hipotecó una vivienda habitual de los prestatarios.
En tal escritura se expresa que el préstamo «se regirá por las condiciones que se 
transcriben  a  continuación,  que  se  encuentran  depositadas  en  el  Registro  de 
Condiciones Generales de la Contratación de Cantabria, bajo el número de identificación 
(…),  y  que  el  cliente  puede  consultar  también  en  la  página  web  del  Banco: 
www.bancosantander.es».
Según la calificación impugnada, el registrador suspende la inscripción solicitada 
porque no consta que el notario autorizante de la escritura haya comprobado que las 
condiciones generales han sido depositadas en el Registro de Condiciones Generales de 
la Contratación ni se incorporan en la escritura datos suficientes que permitan comprobar 
el depósito de contrato de préstamo o crédito utilizado en dicho Registro con anterioridad 
a la comercialización del préstamo. No obstante, a la vista del recurso, el registrador 
rectifica su calificación en cuanto al segundo de tales defectos
El notario recurrente alega –respecto del único defecto que debe abordarse en este 
recurso– que la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 13 de junio de 2019 se limita a resaltar el deber reciproco de notario y registrador de 
comprobar el depósito previo, de modo que en caso de falta del depósito previo ambos 
funcionarios deberán comunicarlo al Ministerio de Justicia; y que, incluso, la falta del 
depósito previo no puede impedir la inscripción; que no faculta al registrador para exigir 
al notario que expresamente haga constar haber efectuado dicho control; que en la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, no se exige consignar expresamente en la escritura de 
préstamo  hipotecario  que  se  ha  comprobado  el  depósito  previo  en  el  Registro  de 
Condiciones Generales de la Contratación, sino que exige únicamente que se consigne 
en la escritura reseña identificativa del acta de transparencia con expresión de su fecha, 
numero de protocolo y notario autorizante así como la declaración por el notario, bajo su 
responsabilidad, sobre el hecho de que el prestatario ha recibido la documentación y 
asesoramiento previsto por la ley.
2.  Respecto de las alegaciones del recurrente sobre falta de motivación jurídica de 
la calificación, debe tenerse en cuenta que la argumentación en que se fundamenta la 
calificación  es  bastante  para  la  tramitación  del  expediente  porque  expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del 
asunto.
3.  La cuestión sustantiva planteada ha sido ya resuelta por la Dirección General de 
los Registros y del Notariado en Resoluciones de 5 y 12 de diciembre de 2019 y 3, 7, 8, 
15, 17, 22 y 28 de enero de 2020, con criterio que se ha mantenido por esta Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resoluciones de 12 y 28 de febrero 
de 2020 y debe ahora reiterarse.
En la referida Instrucción de 13 de junio de 2019, sobre el depósito de condiciones 
generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las escrituras de préstamo y en el 
Registro de la Propiedad -a la que se remite la reciente Instrucción del mismo Centro 
de 20 de diciembre de 2019-, se analizan tres cuestiones en relación con todo el 
conjunto normativo examinado: la necesidad, o no, de que en cualquier escritura pública 
de préstamo hipotecario, así como en su inscripción registral, se controle y haga constar 
que se ha producido el previo depósito de las condiciones generales de la contratación  s
empleadas  en  la  misma;  la  forma  o  contenido  que  debe  tener  ese  depósito;  y  el  oe.
tratamiento que debe darse al hecho de que en una cláusula contenida en el contrato de  w.
préstamo formalizado en escritura pública exista alguna diferencia con la cláusula que  07ww
fue dReepsopseictatod ad een l ae l pRriemgeisrtar oc duee sCtioónnd, iqcuioen eess  Glae nqeurea lienste.resa en este expediente, dicha
ILnesytr 7u/c1c9ió9n8 , ydae  e1s3t adbele acbióri l,c osonb troed Ca ocnldaircidioande sq uGee, naelr aimlepso dnee rlase C eonn trealt aacritóícnu, loa  t1o1d adse l alas   BOE-A-cable e
entidades  la  obligación  concreta  y  terminante  de  depositar  los  formularios  de  los 
préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia 
Ley antes de empezar su comercialización, es indudable que «el notario deberá controlar 
al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 
inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido 
previamente  a  practicar  dicho  depósito».  Añade  que:  «Se  trata  de  un  control  de 
cumplimiento  de  la  legalidad  que  el  notario  y  el  registrador  de  la  propiedad  están 
obligados a realizar, como ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo 
cumplimiento, con independencia de si afectan o no a la validez y eficacia del negocio, 
debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar al practicar su inscripción: 
ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración del movimiento de 
metálico, la justificación de los medios de pago, la obtención de una licencia urbanística, 
etc.».  Y  termina  insistiendo  en  «la  carga  o  deber  de  diligencia  del  notario  y  del 
registrador, quienes, en cuanto autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma 
inmediata y gratuita, y realizar de esta forma la comprobación del previo depósito de las 
condiciones generales». Cuestión distinta es la relativa a la actuación que hayan de 
seguir el notario y el registrador cuando en una cláusula contenida en el contrato de 
préstamo formalizado en escritura pública exista alguna diferencia con la cláusula que 
fue depositada en el Registro de Condiciones Generales, cuestión que, como se ha 
indicado anteriormente, también es analizada en dicha Instrucción, teniendo en cuenta 
que la flexibilidad que requiere el tráfico jurídico debe permitir la adaptación a las 
necesidades que se planteen en cada supuesto concreto (por especialidades en relación 
con la finalidad del préstamo, el objeto, los sujetos, la relación entre los sujetos, los 
pactos  especiales  que  se  hayan  alcanzado,  etc.),  y  la  inclusión  en  el  contrato  de 
cláusulas  especiales  que  se  aparten  de  las  condiciones  generales  que  se  han 
depositado, precisamente porque por su especialidad propia no constituyen condiciones 
generales, sino condiciones particulares o pactos que han sido objeto de negociación 
individual. Por ello concluye que «si bien en el contrato de préstamo debe hacerse 
constar que las condiciones generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el 
notario y el registrador que dicho depósito se ha practicado, ello no impide que en la 
configuración  del  contrato  se  hayan  acordado  modificaciones  respecto  de  esas 
condiciones generales, lo que es una exigencia de la flexibilidad que la contratación y el 
tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada 
caso particular».
En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen indicar en sus 
modelos o minutas los números de identificación de las cláusulas depositadas en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que 
dichos números aparezcan también reseñados en las escrituras de préstamo, para 
facilitar en su día la comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro 
que, en la facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro de 
los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese número identificador, 
con la finalidad de facilitar la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al 
registrador y eventualmente al juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del 
negocio documentado. En consecuencia, en los supuestos en que ese número sea 
indicado por la entidad financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá 
consignarlos en la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 
financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción registral, puesto que 
siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de cláusulas depositadas por  s
la  entidad  financiera,  algo  que,  por  lo  demás,  las  modernas  herramientas  digitales  oe.
facilitan sobremanera. w.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente  07ww
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o  por  el  registrador,  que  una  condición  general  no  ha  sido  depositada,  deberán 
notificárselo  al  Ministerio  de  Justicia,  en  cumplimiento  de  su  deber  general  de 
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el 
artículo 24 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, según el 
cual: «La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro  regulado  en  el  capítulo  III  cuando  sea  obligatoria  o  la  persistencia  en  la 
utilización  o  recomendación  de  condiciones  generales  respecto  de  las  que  ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)».
En el presente caso son los otorgantes quienes expresan que la entidad prestamista 
tiene depositadas las condiciones generales del contrato de préstamo en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación. Pero no consta en la escritura que el notario 
haya realizado la comprobación de tal extremo. Por ello, debe confirmarse, respecto de 
esta cuestión, la calificación recurrida.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y  confirmar, 
respecto del único defecto mantenido por el registrador, la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  5  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.