BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64180
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9219 Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de bienes muebles de Asturias, por la que se deniega la 
cancelación de una reserva de dominio.
En el recurso interpuesto por don J.C.C. en representación de Castrillo Truck, S.L. 
sociedad compradora en el plan de liquidación aprobado en los autos de Concurso 
Ordinario n.º 88/2014, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, relativo a 
doña S. A. D. contra la nota de calificación de la registradora de Bienes Muebles de 
Asturias,  doña  María  Concepción  Solance  del  Castillo,  por  la  que  se  deniega  la 
cancelación de una reserva de dominio.
Hechos
I
Con fecha 28 de enero de 2020, se presenta mandamiento, en que se inserta auto 
de 16 de enero de 2020, en el que se autoriza al levantamiento de la reserva de dominio 
que pesa sobre el siguiente bien: vehículo marca (…), matrícula (…).
II
Presentado dicho mandamiento en el Registro de Bienes Muebles de Asturias fue 
objeto de la siguiente nota de calificación: Fundamentos de Derecho. El Registrador de 
Bienes Muebles que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado, 
de conformidad con el artículo 16 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada, por adolecer dicho 
documento de los siguientes defectos: Del Registro resulta que sobre el bien objeto del 
presente mandamiento lo que resulta inscrito, (folio 1, inscripción de fecha 13/01/2010), 
es un contrato de arrendamiento financiero (leasing), en el que figura como arrendador el 
Banco Popular Español S.A. C.I.F (…) y como arrendataria doña S. A. D. N.I.F. (…). En 
un contrato de leasing hay reserva de dominio: se inscribe el dominio (propiedad) del 
bien  a  nombre  del  arrendador,  Banco  Popular  Español  S.A.,  y  el  derecho  de 
arrendamiento a nombre del arrendatario, doña S. A. D. (en este caso con opción de 
compra). De procederse a la cancelación del arrendamiento inscrito el dominio del bien 
(propiedad) seguiría inscrito a nombre del arrendador, en este caso Banco Popular 
Español S.A., si lo que se pretende es proceder a la cancelación del contrato inscrito, 
debe acompañarse el documento de cancelación expedido por el Banco Popular Español 
en el que se haga constar que el arrendatario ejercitó la opción de compra (con lo que el 
dominio del vehículo queda a favor del que era arrendatario, doña S. A. D.). Contra la 
presente calificación, que ha sido extendida con la conformidad de los cotitulares, cabe 
(…) Firmado con firma digital reconocida en Oviedo el seis de febrero de dos mil veinte 
por María Concepción Solance del Castillo. Registradora de Bienes Muebles de Asturias. e.e
III 19ww
Contra la anterior nota de calificación, don J.C.C. en representación de Castrillo
Tenrutrcek ,o Str.oLs  inat elorpso snieg urieecnutersso a ergnu vmiretundto dse:  Ie. sQcruiteo  cdoen  fefecchhaa 1 113 d dee m faerbzroe rdoe d 2e0 22002 e0n l eb afusee 
comunicada la Nota de Calificación dictada por el Registrador del Registro Mercantil y de
Bienes Muebles de Asturias (…) denegando la cancelación de la inscripción relativa al 
levantamiento  de  la  reserva  de  dominio  realizada  en  el  año  2010  en  garantía  del 
arrendamiento financiero de bienes muebles serie n.º (…) inscrito en el Registro de 
Bienes Muebles de Asturias, acordada mediante Auto y Mandamiento de fecha 16 de 
enero de 2020, dictados por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo en los autos de 
Concurso  Ordinario  n.º  88/2014,  NIG  33044-47-1-  2014-0000231  (Pieza  Cuestión 
Incidental Especial Pronunciamiento 88/2014 0002 - Autorización Judicial-B) relativo a 
Doña S. A. D. II.–Que, dentro del plazo conferido al efecto, formula recurso contra la 
citada Calificación, dictada en el expediente al inicio referenciado, sobre la base de los 
siguientes, Hechos: Primero.–Con fecha 28 de enero de 2020, por Gestoría Alfonso 
Velasco Fernández en representación de Castrillo Truck, S.L., CIF (…), se presentó ante 
el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias contrato de compraventa del 
vehículo matrícula (...), Bastidor (...), Tractocamión marca (…), Modelo (...), suscrito con 
fecha 10 de diciembre de 2019 entre la Administradora Concursal, Doña G. G. R. (en 
adelante AC) y quien suscribe en representación de Castrillo Truck, S.L., CIF (…), junto 
con la documentación anexa al mismo, así como entre otros documentos, las siguientes 
resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, en los autos de 
Concurso  Ordinario  n.º  88/2014,  NIG  33044-47-1-2014-  0000231  (Pieza  Cuestión 
Incidental Especial Pronunciamiento 88/2014 0002 - Autorización Judicial-B) relativo a 
Doña S. A. D., NIF (…): Auto de fecha 02 de diciembre de 2019 autorizando la venta del 
referido  vehículo  interesada  por  la  AC  a  favor  de  Castrillo  Truck,  S.L.,  Auto  y 
Mandamiento de fecha 16 de enero de 2020 autorizando el levantamiento de la reserva 
de dominio que pesa sobre el referido vehículo (…) Segundo.–En relación al vehículo 
matrícula  (...),  Bastidor  (...),  Tractocamión  marca  (…),  Modelo  (...),  en  el  Registro 
Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias aparecen el/los siguiente/s asiento/s, que 
transcritos literalmente dicen: “Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias bien 
n.º  20100000258  folio:  1  asiento:  inmatriculación  leasing  con  opción  de  compra 
tractocamión, marca (…), modelo (…), matrícula (…) comunicado por la DGT, bastidor 
(…) S. A. D., N.I.F. (…) arrienda con opción de compra, el bien a que se refiere esta 
inscripción  mediante  contrato  de  arrendamiento  financiero  (leasing)  actuando  como 
arrendador Banco Popular Español SA, C.I.F. (…) Es fiador J. A. M. G., N I.F (…) En su 
virtud inscribo el dominio a favor del arrendador Banco Popular Español SA, C.I.F. (…) y 
el derecho de arrendamiento con opción de compra a favor del arrendatario S. A. D., 
N.I.F.  (…)  Según  resulta  de  las  condiciones  generales  y  particulares  del  contrato 
celebrado  en  Gijón  a  cuatro  de  diciembre  de  dos  mil  nueve  en  un  modelo  de 
arrendamiento financiero de bienes muebles, serie n.º: (…) presentado en este Registro 
el día cinco de enero de dos mil diez que causó el asiento n.º 20100000092 del diario 12. 
Queda  archivada  una  copia  en  la  base  de  datos  con  la  referencia  20100000103”. 
Tercero. Para la adquisición del vehículo matrícula (...), Bastidor (...), Tractocamión 
marca (…), Modelo (...), la concursada suscribió el contrato de arrendamiento financiero 
(leasing) n.º (…) formalizado en póliza intervenida por el Notario de Gijón, Don Ángel 
Luis Torres Serrano en fecha 04 de diciembre de 2009, por importe de 94.030,15€, del 
que,  a  fecha  de  declaración  del  Concurso  n.º  88/2014,  la  entidad  Banco  Popular 
Español, S.A., conforme a lo dispuesto en el art. 85 LC, comunicó a la AC ser titular de 
un crédito por importe de 11.986,15€ según liquidación practicada el día 4 de marzo 
de 2014 para ser incluido en la lista de acreedores, como así se procedió por parte de la 
AC. En la comunicación de su crédito remitida a la AC, la citada entidad manifestó que 
dicho crédito resultaba del saldo que, a la fecha indicada, arrojaba el meritado contrato  s
de arrendamiento financiero. (…). Cuarto. Por Auto de fecha 5 de diciembre de 2016 (…)  oe.
se acordó la apertura de la fase de liquidación en el Concurso 88/2014 aprobándose el  w.
plan de liquidación mediante Auto de fecha 17 de octubre de 2017, tal y como consta  19ww
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partes personadas y a la entidad Banco Popular Español, S.A. (…), sin que, por ninguna 
de ellas, se formulase oposición alguna a dicha venta. Igualmente, ni Banco Popular 
Español, S.A. ni ninguno de los acreedores personados, realizaron alegaciones o se 
opusieron a la cancelación de cargas en el período que media desde que se dictó el Auto 
autorizando la venta del vehículo matrícula (...) hasta que se notificó el Auto acordando 
autorizar el levantamiento de la reserva de dominio existente sobre el citado vehículo 
(…) ni tampoco después, ni se formuló incidente alguno al respecto, como tampoco se 
impugnaron la lista de acreedores ni el Plan de Liquidación. La cancelación de cargas 
interesada se refiere a la de fecha 5 de enero de 2010, es decir, muy anterior a la 
declaración de Concurso (5 de junio de 2014). Quinto. Solicitada la inscripción de la 
nueva titularidad del vehículo matrícula (...) a favor de Castrillo Truck, S.L., el Registrador 
acuerda  no  practicar  la  inscripción  por  entender  que  la  documentación  presentada 
adolece de los siguientes defectos: 1. Sobre el citado bien resulta inscrito un contrato de 
arrendamiento financiero (leasing) en el que figura como arrendador el Banco Popular 
Español, S.A. y como arrendataria la concursada. Considera que en un contrato de 
leasing no hay reserva de dominio, sino que se inscribe el dominio (propiedad) del bien a 
nombre del arrendador (Banco Popular Español, S.A.) y, el derecho de arrendamiento a 
nombre del arrendatario (la concursada, D.ª S. A. D.), en este caso con opción de 
compra. 2. De proceder a la cancelación del arrendamiento inscrito, el dominio del bien 
(propiedad) seguiría inscrito a nombre del arrendador (Banco Popular Español, S.A.), por 
lo que, si se pretende proceder a la cancelación del contrato inscrito, debe acompañarse 
el documento de cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A., en el que 
conste que el arrendatario ejercitó la opción de compra, con lo que el dominio quedaría a 
favor de quien era arrendatario (la concursada, D.ª S. A. D.). A estos hechos, les son de 
aplicación los siguientes, Fundamentos de Derecho. Ley Hipotecaria: arts. 1, 8, 18, 38, 
76, 83, 97 y concordantes y 324 y siguientes. Reglamento Hipotecario: art. 100 y 
concordantes. Ordenanza de 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza 
para  el  Registro  de  Venta  a  Plazos  de  Bienes  Muebles:  art.  24  párrafo  3.º  y 
concordantes. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: 
art. 15.2 y concordantes. Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio): arts. 8.3, 55.3, 
149.3, 149.5, 155.1 y 4 y concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial: arts. 18 y 86 ter 1. Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa: art. 103.1 y 4. Constitución Española: art. 24 
y 118. Se interesa la práctica de la cancelación de la reserva de dominio que afecta al 
vehículo matrícula (...); dicha reserva se practicó con antelación o anterioridad a la 
declaración de concurso. Dicha cancelación se ordena en virtud de Auto y Mandamiento 
de cancelación de cargas expedido al efecto por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de 
Oviedo, encargado de resolver el Concurso n.º 88/2014, una vez se ha autorizado 
judicialmente la venta del referido vehículo. Tanto en la tramitación de la autorización de 
venta a un tercero como de la solicitud de cancelación de cargas existentes sobre dicho 
bien, se ha dado traslado y audiencia a los acreedores personados y al titular del 
arrendamiento financiero (leasing) el Banco Popular Español, S.A., quienes, en ningún 
momento,  se  han  opuesto,  incidentado  o  alegado  causa  alguna  para  impedir  su 
realización y levantamiento de cargas, tal y como se refleja en las resoluciones judiciales 
que acompañan al presente Recurso. Con carácter general, la venta de los bienes en el 
Concurso se llevará a efecto durante la fase de liquidación (arts. 142 y siguientes de la 
Ley Concursal), una vez aprobado el plan de liquidación y solo en la fase de liquidación, 
por el Juzgado Mercantil que tramita el concurso, podrá ordenarse la cancelación de las  s
cargas y gravámenes. Existiendo pues aprobado un plan de liquidación con previsión  oe.
expresa de levantamiento de cargas y embargos y de autorización para la venta de  w.
bienes, el Auto y el Mandamiento expedidos por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de  19ww
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dreeit e2ra0d1a0 , d9e  ldae D  mGRayNo  (ednet re2 0o1t1ra sy,  R5 edsoel uocciotunberse  ddee 2 12 0d1e5 )e, neerl or edsep e2t0o0 5a,  2la7  dfuen cjuiólion   BOE-A-cable e
jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las 
autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los Registradores, el 
deber  de  cumplir  las  resoluciones  judiciales  que  hayan  ganado  firmeza  o  sean 
ejecutables  de  acuerdo  con  las  leyes.  Al  Registrador  no  le  compete  calificar  los 
fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan, sino únicamente 
y en virtud del principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de 
interdicción de la indefensión procesal que impide dar cabida en el Registro a una 
extralimitación del Juez, el Registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe 
calificar  la  competencia  del  Juez  o  Tribunal,  la  adecuación  o  congruencia  de  su 
resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así 
como a las formalidades extrínsecas del documento presentado. En el presente caso, no 
se vulnera ni el principio de tracto sucesivo (el acto que pretende inscribirse deriva de 
otro previamente inscrito) ni se causa indefensión a los interesados al haber dado el 
oportuno traslado e intervención al titular registral afectado por dicha cancelación. Como 
quiera que Banco Popular Español, S.A., no se opuso ni a La venta ni a la solicitud de 
cancelación de cargas, ni siquiera recurrió en queja, resulta evidente que con sus 
propios  actos  se  ha  aquietado  a  las  mismas  por  lo  que  su  consentimiento  debe 
interpretarse  como  prestado  y  así  lo  ha  considerado  el  Juez  del  Concurso;  en 
consecuencia, se debió proceder a la cancelación interesada por el comprador del 
vehículo matrícula (...). La competencia del Juez del Concurso se extiende para ordenar 
también la cancelación de los embargos y anotaciones que afecten a los bienes que 
integran la masa activa del Concurso, toda vez que su mantenimiento pueda dificultar 
gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, 
requisito éste que ya no es exigible en supuestos como en el presente caso cuando se 
ha aprobado el plan de liquidación y la solicitud de venta y el levantamiento de las cargas 
resultan de la aplicación del Plan de Liquidación judicialmente aprobado. Debe señalarse 
que,  el  plan  de  liquidación,  fue  aprobado  por  el  Juzgado  competente  para  el 
conocimiento del procedimiento concursal, indicando que la realización de los activos se 
llevaría a cabo libre de cargas y gravámenes. Señalado lo anterior, debe manifestarse 
además, que la Jurisprudencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la 
coordinación entre la subsistencia de embargos y prohibiciones de disponer previos al 
Concurso con la necesidad de transmitir dichos bienes en fase de liquidación libres de 
cargas pues en fase de liquidación como la que nos ocupa, esos bienes o derechos 
pasarán a formar parte del activo del deudor para el pago de los créditos, y ello siempre 
según la prelación de los mismos y, como no puede ser de otra forma, regidos, dentro de 
cada clase, por el principio de la «par conditio creditorum»; por tanto, como subraya la 
Exposición de motivos de la Ley Concursal, «de la integración de los acreedores en la 
masa pasiva del concurso» con la finalidad de hacerles pago, total o parcialmente, de 
sus respectivos créditos, por el orden previsto en los arts. 154 y siguientes, sólo puede 
hacerse efectiva a través de la purga o extinción de todas las cargas o gravámenes que 
pesaran sobre los bienes del deudor, como indica la SAP de Barcelona, Sección 15.ª, 
de 15 de mayo de 2009 (los bienes se venden en liquidación libres de cargas). La 
competencia exclusiva y excluyente del Juez del Concurso (arts. 86 ter 1 LOPJ y 8 LC) 
en materia de ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado, le faculta para 
adoptar las decisiones relativas al patrimonio del concurso entre ellas, el alzar los 
embargos existentes. En este sentido, se cita la Sentencia 392/2012 de sección 1.ª de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra de 16 de julio de 2012: «La competencia del juez del  s
concurso en sede de liquidación, como en el resto de materias previstas en el art. 8 LC,  oe.
es exclusiva y excluyente, en línea con el triple principio de unidad que in-forma la  w.
normativa concursal legal, de disciplina y de sistema. No se ven razones para que en  19ww
sperodneu ndceia mliqieunidtoa caiódnm inlais traaptirvoob,a rceióvnis adbelel  apnlaten  otteran gjau risqduiecc ióvenn, ilro  cqouned iacdioenmadáas  dae  nuon 
ccoonnstaerr,v a-cnioósn  epmarpercees-a, riaclo ne n uunn  soobpjeotritveo  lteogdaalv íac lamroá,s  cilounsoverirot irdíae l lqau efi nlaa lidparádc tidcae  slea   BOE-A-cable e
encarga de dibujar, resultando claramente disfuncional. No creemos que resulte preciso 
una atribución competencial expresa para autorizar un plan de liquidación en el que se 
incluya  una  previsión  de  no  subrogación  en  cargas  del  deudor  o  en  obligaciones 
laborales, que quedaría entonces siempre condicionado a su posterior ratificación por el 
organismo administrativo correspondiente (Fogasa, Hacienda Pública o TGSS) y a la 
revisión de su criterio por otra jurisdicción. Si el conocimiento de la legalidad de este 
pronunciamiento -expresamente atribuido al juez del concurso en la medida en que, 
normalmente, constituirá uno de los apartados del plan-, implica que éste deba de 
abordar  cuestiones  que  pudieran  exceder  del  ámbito  de  su  jurisdicción,  habría  de 
entenderse incluido en todo caso a los efectos prejudiciales que autoriza el art. 9 LC. Lo 
contrario,  insistimos,  resultaría  disfuncional  y  contrario  a  los  fines  de  la  normativa 
concursal». En idéntico sentido, la Sentencia n.º 53/2019, de 14 de febrero del Juzgado 
Mixto n.º 1 de Toledo y las que en ella se citan: «En este sentido, el Auto del Juzgado de 
lo Mercantil núm. 1 de Oviedo de 12 marzo 2008 destacaba que “la posibilidad de 
reinicio con subsistencia de los embargos resulta incompatible con el carácter universal 
del procedimiento concursal y es natural consecuencia, como subraya la Exposición de 
Motivos de la Ley Concursal de la integración de los acreedores de la masa pasiva del 
concurso con la finalidad de hacerles pago, total o parcialmente, de sus respectivos 
créditos, por el orden previsto en los artículos 154 ss.... Esta finalidad satisfactoria en el 
seno del concurso solo puede hacerse efectiva a través de la purga o extinción de todas 
las cargas o gravámenes (no reales) que pesaran sobre los bienes del deudor... Con 
frecuencia  esa  purga  se  llevará  a  cabo  a  través  del  auto  aprobando  el  plan  de 
liquidación, en el que habrá de preverse la venta de esos bienes libres de cargas, 
dirigiendo a tal efecto comunicación a los Juzgados u otros organismos públicos que las 
hayan acordado al objeto de que procedan a su cancelación... Nada obsta a que con 
posterioridad el Juez del concurso ordene la cancelación de esas medidas de garantía”. 
En términos coincidentes puede citarse también el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 
1 de Bilbao de 31 marzo 2008: “en principio el proceso de liquidación que regulan los 
artículos 148 de la Ley Concursal obliga, conforme al plan de liquidación aprobado, o en 
aplicación de las normas subsidiarias del artículo 149 LC, a la enajenación de los bienes 
para  con  el  producto  obtenido  proceder  al  abono  de  los  créditos  en  el  modo  que 
disponen los artículos 154 y siguientes. (…) Por lo tanto, para la enajenación del bien 
podrá acordarse en el auto de adjudicación correspondiente la cancelación de las cargas 
anteriores que tengan las características antes expresadas. No es posible que tras su 
realización permanezcan estos embargos inscritos, y corresponde al juez del concurso 
acordar su desaparición para que el adquirente no los padezca y para no otorgar un 
privilegio que la sola anotación no concede, para perseguir el bien así transmitido a un 
tercero”. Los argumentos que entonces se utilizaban deben considerarse vigentes con 
independencia  de  la  introducción  del  último  inciso  del  art.  55,3  LC,  tanto  por  las 
características propias de esta fase como por la expresa previsión incorporada como 
apdo. 3 del art. 149 LC. En efecto, el mantenimiento de las trabas administrativas no 
sería acorde con la naturaleza de la liquidación que, por definición, cierra la puerta a las 
ejecuciones separadas. Si la realización del bien no fuese libre de cargas el acreedor 
público ejecutante podría satisfacer su crédito de forma dispar a otros acreedores con 
igual  calificación,  alterando  el  principio  de  la  par  conditio  creditorum.  Llegada  la 
liquidación  cualquier  instrumento  asociado  a  la  tutela  individual  del  crédito  ha  de 
desaparecer en beneficio del procedimiento concursal por la tanto debe entenderse que 
la prohibición del último inciso del art. 55,3 LC no resulta de aplicación en sede de  s
liquidación”. Entiende pues quien suscribe que. en aquellos procedimientos concursales  oe.
en los que se haya aprobado el plan de liquidación y en éste se prevean expresamente  w.
el levantamiento de cargas y embargos como sucede en el caso que nos ocupa, deberá  19ww
aapprliocbaarsceió ne l daerlt írceumloa t1e4 9o. 5d ed ela  latr avnigsmenisteió nL edye  Cloosn cbuiersnaels  qou ed eersetcahbolesc ree:a «lizEand oesl ,a yuato s deea 
djuee zfo armcoar dsaerpáa rlaa dcaa,n pcoerl alcoitóens  doe f otromdaasn dloa sp caartreg adse  aunntae reiomrepsr easla c oo nucnuidrsaod  cpornosdtuitcutiidvaas,  eal   BOE-A-cable e
favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial, conforme al 
artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia de gravamen» En el 
contrato  de  venta  del  Tractocamión  matrícula  (...)  se  fijan  las  condiciones  de  la 
transmisión  (libre  de  cargas  y  sin  asunción  de  deudas  de  la  concursada  por  el 
adquirente), por lo que negarse a practicar la inscripción solicitada y ordenada por el 
Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, supone una extralimitación del Registrador 
respecto de las facultades que le confiere el Reglamento Hipotecario y supone una 
vulneración de los arts. 8.3 y 149.5 LC, en tanto que no atiende a la competencia 
exclusiva  y  excluyente  del  Juez  del  concurso  y  a  las  reglas  establecidas  para  la 
liquidación de los activos de la concursada a través de venta directa previa autorización 
judicial, tratándose además de un Auto que es meramente instrumental del Plan de 
Liquidación judicialmente aprobado, el cual, se reitera, no fue impugnado en ningún 
momento por el Banco Popular Español, S.A., aquietándose por tanto a su contenido, 
directrices y mandatos. Por otra parte, la exigencia del Registro como requisito para la 
inscripción que se cancele el contrato de arrendamiento inscrito y que para ello se 
acompañe el documento de cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A., en 
el que se haga constar que el arrendatario ejercitó la opción de compra para que el 
dominio del vehículo figure a favor de quien era arrendatario (D.ª S. A. D.), supone añadir 
una exigencia y unos condicionantes que ni tan siquiera han sido contemplados por el 
Juez del Concurso por lo que entiende quien suscribe que, tal exigencia de pretender 
llevarla a cabo, dejaría vacío de contenido el procedimiento judicial seguido para la venta 
del vehículo matrícula (...), lo que llevaría a tener que pensar en la inutilidad de la 
actividad y competencias legales del Juez del Concurso, incluso del propio Concurso, lo 
que resulta de todo punto inaceptable. En definitiva, no puede una calificación o requisito 
administrativos pretender estar por encima de una resolución o procedimiento judicial 
que, entre otras facultades, puede ordenar modificaciones, inscripciones y cancelaciones 
en los distintos Registros Públicos a fin, entre otros de evitar que tras la realización de 
los  bienes,  permanezcan  los  embargos  inscritos  para  que  los  padezca  el  nuevo 
adquirente, otorgando un privilegio que la sola anotación no concede para perseguir el 
bien así transmitido a un tercero. Tal posibilidad imposibilitaría la aplicación práctica de la 
Ley Concursal, lo que no es factible ni permitido. En consecuencia, entiende esta parte 
que la calificación contra la que se recurre, dicho en términos de defensa, supone una 
extralimitación  del  Registrador  de  las  facultades  que  le  confiere  el  art.  100  del 
Reglamento Hipotecario y, además supone una vulneración de los arts. 8.3 y 149.5 de la 
Ley Concursal en tanto que no atiende a la competencia exclusiva y excluyente del Juez 
del  Concurso  y  a  las  reglas  establecidas  para  la  liquidación  de  los  activos  de  la 
concursada, así como un claro incumplimiento de valores supremos del ordenamiento 
jurídico, la ejecutividad de las resoluciones judiciales sin que ningún obstáculo pueda 
poner ninguna autoridad o persona a su cumplimiento (Principio consagrado en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en su artículo 18, y fundamento del Estado de Derecho; el 
artículo 118 de la Constitución). Teniendo en cuenta que, la compra del vehículo se 
realizó  por  94.030,15€;  que  Banco  Popular  Español,  S.A.,  comunicó  a  esta  AC  el 
reconocimiento de un crédito en relación por el contrato de arrendamiento financiero 
(leasing)  n.º  (…)  originador  de  esa  operación,  por  importe  de  11.986,51€;  que  la 
autorización judicial de venta se hizo por importe de 8.000€; que en consecuencia la 
concursada  habría  abonado  ya  el  95,76%  de  las  cuotas  (94.030,15  -  11.986,51  = 
82.043,64);  (82.043,64  +  8.000  =  90.043,64);  [(11.986,51  -  8.000)  =  (94.030,15  - 
90.043,64) = 3.986,51], quedando únicamente pendiente de satisfacer el 4,24%; que  s
entregados los 8.000€ a Banco Popular Español, S.A., se extingue el privilegio del que  oe.
disfrutaba en el Concurso; que el resto de su crédito cambia en cuanto a su calificación  w.
pasando a ser ordinario; que los créditos ordinarios quedan sometidos a la regla general  19ww
dsoem lae tcidaan cúenliacbaimlideandt ep ao rd mobalned caoton ddiceiló Jnu eenz  fdaesle C doen cliquursidoa; cqióune  (dciachnace claacnicóenl adceiócrne tqaudead aa 
pperetivciiaó na d elo sla  aAfCec staiednodso),  lassie anndoot aecsioan elas  asnittuearicoiórens  eanl  Cloan cquures os ye  qeunec useen dtréa  aluad iveennctiaa   BOE-A-cable e
autorizada judicialmente del vehículo matrícula (...) en el Auto y el Mandamiento cuya 
inscripción se deniega, resulta todavía más difícil no entender que ha habido una clara 
extralimitación en sus funciones de la titular del Registro Mercantil. En este sentido, la 
Resolución de la DGRN de 5 de octubre de 2017 establece que «la doctrina de la DGRN 
procura siempre respetar el principio de no revisar el fondo de la resolución que se 
ejecuta cuando es de origen judicial, por eso admite la cancelación de asientos pese a 
no constar propiamente demandados los titulares registrales siempre que “el órgano 
jurisdiccional que ha conocido del procedimiento se pronuncie en relación a si dichos 
terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si 
concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección en términos tales que 
el obstáculo registral señalado por el registrador desaparezca” (Resolución de 12 de 
marzo de 2014, BOE 25 de abril de 2014). También se admite la cancelación derivada de 
un procedimiento de ejecución directa en que no se demandó ni requirió de pago al 
tercer poseedor inscrito porque: «en el decreto aclaratorio de 8 de marzo de 2017, que sí 
fue debidamente presentado en el Registro, consta que los cónyuges actuales titulares 
de la finca han formulado oposición y que la misma ha sido desestimada. Y aunque no 
figure el fundamento de dicha oposición sí queda suficientemente acreditado que los 
citados  titulares  registrales  han  tenido  intervención  directa  en  el  procedimiento  de 
ejecución, no pudiendo por tanto entenderse que ha existido indefensión en los términos 
antes indicados. Desestimada la oposición y finalizado el procedimiento, no puede la 
registradora cuestionar dicha decisión judicial, conforme a lo señalado en el artículo 100 
del Reglamento Hipotecario». En el presente caso, resulta muy difícil explicar que el 
Registrador pueda, en su labor de calificación, denegar el acceso al Registro de aquellos 
documentos que tienen un origen judicial, precisamente por la obligación de cumplir los 
mandatos judiciales, hasta el punto de constituir delito la negativa de todo funcionario 
público en este sentido. La propia Dirección general, señala que la calificación de la 
congruencia del mandato judicial con el procedimiento seguido, entra en el ámbito de la 
calificación registral, sin que ello signifique, en absoluto, entrar en la validez, corrección o 
justicia  de  la  decisión  judicial,  extremo  que  queda  al  margen  de  las  competencias 
calificadoras de los registradores. Extremo que debe achacarse a la titular del Registro 
de Asturias, al haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones, causando con ello 
el enorme perjuicio que se ha irrogado para mi representada, al rechazar la inscripción 
del título de cancelación de cargas. Tanto el Auto como el Mandamiento que autorizan el 
levantamiento de la reserva de dominio, son resoluciones que tienen aptitud legal para 
provocar el asiento por lo que se ha de estar y pasar por dichas resoluciones judiciales y 
practicar la inscripción solicitada pues, de lo contrario, la titular del Registro interferiría en 
el fundamento de la resolución judicial y realizaría una actividad jurisdiccional que no le 
corresponde.  Así  sucede  en  este  caso,  donde  las  consideraciones  por  parte  del 
Registrador corresponden propiamente al fondo de la resolución judicial, por lo que 
fundarse en tales argumentos a la hora de proceder a su calificación registral supone 
una extralimitación de su función calificadora respecto de los documentos judiciales. En 
consecuencia, el presente Recurso ha de ser estimado, considerando el Auto y el 
Mandamiento de fecha 16 de enero de 2020, dictados por el Juzgado de lo Mercantil n.º 
1  de  Oviedo  en  los  autos  de  Concurso  Ordinario  n.º  88/2014,  NIG  33044-47-1- 
2014-0000231  (Pieza  Cuestión  Incidental  Especial  Pronunciamiento  88/2014  0002  - 
Autorización  Judicial-B)  relativo  a  doña  S.  A.  D.,  título  suficiente  para  acceder  al 
levantamiento de la reserva de dominio que pesa sobre el vehículo matrícula (...), 
Bastidor (...), Tractocamión marca (…), Modelo (...), sin necesidad de documento de  s
cancelación expedido por Banco Popular Español, S.A. que se requiere en la calificación  oe.
que se recurre. w.
IV
califLicaa creiógnis ytr ealdeovróa  eel mexitpióe diniefonrtme ea  eesl tdeí aC e8n dtreo  jDunirieoc tdiveo .2020, se mantuvo en la nota de  BOE-A-cable e
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  7  a  10  de  la  Ley  venta  a  Plazos  de  Bienes  Muebles;  el 
artículo 198.3 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Concursal; el artículo 4 de la Ordenanza para el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles aprobada por Orden del Ministerio de Justicia de 19 
de julio de 1999; las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1981, 18 de 
noviembre de 1983, 26 de junio de 1989, 22 de abril de 1991, 8 de julio de 1992, 22 de 
febrero de 2006, 11 de febrero de 2020, 21 de noviembre de 2017 y 4 de junio de 2019. 
Así como la resolución de este Centro Directivo de 20 de septiembre de 2018.
1.  Con fecha 28 de enero de 2020, se presenta mandamiento, en que se inserta 
auto de 16 de enero de 2020, en el que se autoriza al levantamiento de la reserva de 
dominio que pesa sobre el siguiente bien: vehículo marca (…) modelo (…), matrícula 
(…). Se ordena así por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, encargado de 
resolver el Concurso n.º 88/2014, seguido contra la arrendataria financiera del vehículo 
Doña S. A. D., una vez se ha autorizado judicialmente la venta del referido vehículo. La 
registradora suspende la cancelación de la reserva de dominio porque –según su nota 
de calificación– lo que consta inscrito es un arrendamiento financiero. El representante 
de la sociedad compradora del vehículo recurre la calificación alegando que la venta del 
vehículo se hizo dentro de un plan de liquidación autorizado judicialmente en el que el 
Banco arrendador financiero no ha recurrido y que se ordenó la cancelación de las 
cargas anteriores.
2.  Ambas figuras, la reserva de dominio y el arrendamiento financiero, aunque 
algún sector doctrinal haya visto alguna similitud, son fundamentalmente distintas. La 
reserva de dominio, como su propio nombre indica, consiste en una retención de la 
propiedad por el vendedor hasta el pago del precio por el comprador. Se produce en el 
seno  de  un  contrato  de  compraventa  con  precio  aplazado  y  en  los  préstamos  de 
financiación a comprador donde el vendedor puede ceder esa garantía al financiador. Es 
precisamente en el ámbito de la compraventa a plazos y los préstamos de financiación, 
donde la reserva de dominio despliega sus funciones de garantía. Una vez inscrita, la 
presunción de legitimación derivada del Registro de Bienes Muebles despliega toda su 
eficacia en favor del vendedor o financiador que tiene reservado el dominio a su favor.
Por el contrario el arrendamiento financiero constituye una operación crediticia, un 
contrato  complejo,  atípico,  regido  por  disposiciones  específicas  de  contenido  no 
uniforme, que se caracteriza por: a) encargo de adquisición por el usuario a la compañía 
de leasing de un bien determinado a un proveedor y por un precio designado por el 
usuario; b) una vez aceptado por la compañía de leasing se formaliza el contrato de 
compraventa para la adquisición del bien, en los términos fijados por el usuario; c) 
seguidamente se concierta el contrato de arrendamiento sobre la cosa adquirida, que 
contiene una opción de compra ejercitable por el usuario al finalizar el período de cesión 
de uso.
3.  El Tribunal Supremo en numerosas sentencias (véase las citadas en los vistos), 
ha sancionado la falta de identidad entre la compraventa de bienes muebles a plazos y el 
contrato de arrendamiento financiero o «leasing».
La jurisprudencia configura el arrendamiento financiero, mayoritariamente, como un 
contrato complejo –de cesión de uso con opción de compra–, con causa única, y en 
principio atípico, que tiene «como objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o 
inmuebles, adquiridos con dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a  e
cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas, y que  bo
incluirá necesariamente una opción de compra a su término a favor del usuario». 19ww
cedeA ssíu,  euns oe ld aer rmenoddaom qiueen,t op ofirn asun cpierorop inao n saetu trraalneszma,i tneo l ac apbroep eiesdtaabdl edceel rb pieanc,t os ianlog uqnuoe  dsee 
rpeesretervnae cedne  ad lao menintiiod adn if indaen cpierroah/iabrirceiónnd addoer , dqiusep osnoenr .s uLso tsit ublaierense sle goítbimjeotos .de  leasing
Existe entre la reserva de dominio y el arrendamiento financiero una diferencia 
esencial: en la compraventa a plazos, al finalizar el contrato, se le transmite directamente 
la propiedad del bien al comprador cuando cumple con el pago de la última cuota. Es 
decir,  el  pago  de  todas  las  cuotas  estipuladas  determinará  irremediablemente  la 
adquisición de la propiedad del bien, porque esta es la única finalidad del contrato: la 
transmisión de la propiedad. Sin embargo, en el arrendamiento financiero, no solo se 
pacta una contraprestación fraccionada por el uso de la cosa, sino que además debe 
existir  siempre  una  opción  de  compra.  Ello  comporta  que  al  finalizar  el  contrato  y 
habiendo abonado el usuario todas las cuotas estipuladas, esto no conlleve directamente 
a la adquisición de la propiedad del bien. Ésta solo se conseguirá si el usuario decide 
ejercitar su derecho de opción, el cual cumple la función económica de un precio 
autónomo; no de cuota. Si el usuario no ejercita la opción, a pesar de haber abonado 
todos los cánones, no adquirirá la propiedad del bien, aunque sí lo habrá utilizado.
4.  No  se  trata  de  disquisiciones  teóricas,  ya  que  la  diferencia  entre  una 
compraventa a plazos con reserva de dominio y un arrendamiento financiero con opción 
de compra conlleva consecuencias bien distintas, especialmente en el ámbito concursal 
en  el  que  se  sitúa  este  expediente.  En  efecto  es  discutida  doctrinal  y 
jurisprudencialmente la posibilidad de la venta en el plan de liquidación de los bienes 
cedidos en arrendamiento financiero.
Dispone así el artículo 82.5 de la vigente Ley concursal (198.3 del Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, Texto Refundido de la Ley Concursal) los bienes de 
propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no 
se incluirán en el inventario, ni será necesario su avalúo. Por excepción se incluirá en el 
inventario el derecho de uso sobre un bien de propiedad ajena si el concursado fuera 
arrendatario financiero.
Dado que la masa activa del concurso está constituida por la totalidad de los bienes y 
derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de 
concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del 
procedimiento (artículo 192 TRLC) para un sector jurisprudencial mayoritario el plan de 
liquidación debe prever la realización de bienes y derechos integrados en la masa activa 
del  concurso,  y  que  los  bienes  cedidos  en  leasing  son  titularidad  del  arrendador 
financiero, por lo que -a diferencia de los bienes con pacto de reserva de dominio- no 
deben ser incluidos en el inventario, debiendo figurar únicamente el derecho de uso 
sobre los mismos.
Es cierto que hay otra línea jurisprudencial minoritaria que considera, en cambio, que 
el reconocimiento al arrendador financiero de la condición de acreedor con privilegio 
especial sobre los bienes arrendados (vigente artículo 90.1.4.º de la ley concursal, 
artículo 270.4 del TRLC, que entrará en vigor el 1 de septiembre) implica que en sede de 
liquidación no pueda separar los bienes, que pasan a ser titularidad del concursado, por 
lo que sí deben ser realizados para, con su producto, atender el privilegio especial, 
equiparándolo a la reserva de dominio.
5.  En cuanto al ámbito de calificación registral del artículo 100 RH debe recordarse 
que incluye la existencia de obstáculos registrales. En relación con la función calificadora 
que los registradores ejercen respecto de los documentos judiciales, cabe destacar la 
reciente  Sentencia  de  Pleno  de  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo,  la 
número 625/2017, de 21 de noviembre, relativa a una Resolución de esta Dirección 
General. Dicha resolución del Alto Tribunal, no obstante tener un objeto que no tiene que 
ver con el de este recurso, analiza la función del registrador en torno a los documentos  s
judiciales y la posterior valoración de hechos que no pudieron tenerse en cuenta por el  oe.
registrador y por la Dirección General. Dice la citada Sentencia en su fundamento  w.
tercero: «(…) Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora  19ww
rqeusep eccotno  dcea rláocst edro cguemneernatlo sle  ecxopnefdieidreo sa pl orre lgai satruatdoorird aedl  jaurdt.i c1ia8l  eLlH a,r ty.  1m00á sR Hen.  Cpoanrtfiocrumlaer 
alel gaarltid. a1d8  dLeH ,l aesl  rfeogrmisatrsa deoxrt rdínes elac apsr odpeie dloasd  ddoecbuem ceanlitfoicsa re, nb acjuoy sau  vriretsupdo nssea bsoilildicaitda,  llaa   BOE-A-cable e
inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos 
contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos 
registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 
RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o 
tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal».
Este centro directivo –véase resolución de 20 de septiembre de 2018– recuerda 
como el registrador puede calificar la congruencia del plan de liquidación aprobado 
judicialmente con la normativa registral.
Como recuerda la RDGRN de 18 de enero de 2018 “la función calificadora del 
registrador incluye ese juicio de congruencia, es decir, el juicio sobre la validez del acto 
dispositivo por su conformidad a esas reglas. Conforme a la normativa vigente, no puede 
ponerse en duda que el registrador, al analizar una operación de liquidación inscribible 
en el Registro, debe calificar si la operación es o no conforme con el plan de liquidación 
aprobado por el juez, con o sin modificaciones, o, en defecto de aprobación o de 
específica previsión, con las reglas legales supletorias. La Ley establece expresamente 
que la calificación del título presentado a inscripción incluye el juicio de validez de los 
actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas «por lo que resulte de ellas y de 
los asientos del Registro» (artículo 18, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria). Si en el 
Registro de la Propiedad figuran anotada o inscrita, como es preceptivo, la declaración 
de concurso y la apertura de la fase de liquidación de la masa activa, el registrador tiene 
base más que suficiente, según esos asientos, para que la función calificadora incluya 
ese juicio de validez del acto de enajenación.
La STS de 21 de noviembre de 2017, precisamente en un recurso contra una 
resolución de este Centro Directivo, expresamente considera el Alto Tribunal que es una 
cuestión calificable por el registrador. El mandamiento debe constar expresamente el 
cumplimiento del plan de liquidación y los requisitos exigidos por la legislación concursal 
sin que baste afirmarlo o acreditarlo en el recurso. En los mismos términos se pronuncia 
la STS de 4 de junio de 2019.
6.  En definitiva, en el caso objeto de este expediente es cierto que hay aprobado un 
plan de liquidación por el juez del concurso en el que se ordena la cancelación. Pero 
también  es  cierto  es  que  existe  un  claro  obstáculo  registral,  al  ordenarse  el 
levantamiento  de una  reserva de dominio  inexistente, sin que el juez haya podido 
pronunciarse  con  conocimiento  de  causa  sobre  la  inclusión  o  no  del  activo  en  el 
inventario y sobre la procedencia o no de incluirlo en el plan de liquidación.
Sea cual sea la decisión que tome el juez del concurso sobre incluir el activo o no en 
el  plan  de  liquidación,  siempre  será  sobre  la  base  de  que  los  datos  aportados  al 
expediente  sean  correctos  –en  particular  congruente  el  inventario  con  los  registros 
públicos–, de manera  que no basta  registralmente para cancelar un arrendamiento 
financiero sobre un vehículo el mandamiento judicial en el que en el plan de liquidación 
aprobado expresamente se ordena la cancelación de una reserva de dominio, que como 
se ve son conceptualmente distintos y que tiene o puede tener consecuencias diversas  s
en su tratamiento concursal. oe.
El  defecto  no  obstante  es  fácilmente  subsanable,  mediante  mandamiento  w.
complementario, en el que el juez expresamente cancele el arrendamiento financiero  19ww
rmeigsimstora tdraot a-ym nieon ltao  rceosnecrvuars dael q duoem ain uion ain reexsiestrevnat ed-e  sdi oemntienniod.iera que quiere dar a aquél el
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos,  esta  Dirección  General  ha  acordado  la  desestimación  del  recurso  y  la 
confirmación de la nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de julio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.