BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 93 Viernes 3 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 28216
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD
4265 Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/
232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla 
una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los 
ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.
El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, 
para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del 
Presidente  del  Gobierno,  el  Ministro  de  Sanidad  tendrá  la  condición  de  autoridad 
competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las áreas que 
no recaigan en el ámbito específico de las competencias de los Ministros de Defensa, 
Interior y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En  concreto,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  4.3  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar 
las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su 
ámbito  de  actuación  como  autoridad  delegada,  sean  necesarios  para  garantizar  la 
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección 
de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas 
previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio.
Asimismo, el artículo 12 del citado real decreto establece un conjunto de medidas 
dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, entre las 
que se encuentra la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de 
todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan 
de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo dispone que las Administraciones públicas, 
autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de 
los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado 
funcionamiento, reservándose el Ministro de Sanidad el ejercicio de cuantas facultades 
resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido 
servicio.
La Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia 
de  recursos  humanos  y  medios  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, dictada al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria, contempla una serie de medidas especiales en materia de recursos humanos y 
medios para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
La necesidad de ir adoptando de manera gradual medidas en esta materia, en 
función de la continua evolución de la crisis provocada por el COVID-19 y su repercusión  s
en la organización asistencial, exige una nueva modificación de la orden ministerial que  oe.
dé respuesta al avance de esta crisis en lo que respecta a las dificultades de gestión de  w.
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Respecto  de  los  residentes,  si  bien  en  una  primera  fase  previendo  posibles
dificultades para llevar a cabo la evaluación de la formación y por tanto la necesidad de  Bc
prorrogar la contratación, se contempló asegurar el mantenimiento y la disponibilidad de 
los profesionales de determinadas especialidades, en el momento actual se confirma la 
imposibilidad de efectuar la correspondiente evaluación de los residentes de todas las 
especialidades y de todos los años de formación exigida por el Real Decreto 183/2008, 
de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de 
la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada, lo que exige la oportuna modificación normativa.
Por otra parte, mediante Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación 
de la actividad profesional de los miembros de los Cuerpos de funcionarios regulados en 
el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, durante la vigencia 
del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro 
de Sanidad encomendó al Ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional 
de los miembros de los Cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en todo el territorio del Estado.
En aplicación de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, el pasado 24 de marzo 
de 2020 el Ministro de Justicia dictó Resolución sobre la puesta a disposición del 
Ministerio de Sanidad de los Cuerpos Especiales de la Administración de Justicia para 
prestar  servicios  sanitarios  y/o  de  laboratorio  en  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, disponiendo la citada resolución la puesta a disposición del 
Ministerio de Sanidad de los Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto 
Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias  Forenses,  para  su  mejor  aprovechamiento  en 
aquellas labores de apoyo o de refuerzo sanitario que se estimen oportunas de acuerdo 
con sus específicos perfiles profesionales y distribución por comunidades autónomas.
Por todo ello, con el objeto de reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud y poder 
determinar los lugares concretos en los que dichos profesionales van a desempeñar su 
labor, se hace necesario poner a disposición de las comunidades autónomas, como 
responsables de la gestión de los servicios sanitarios en su ámbito de competencia, a 
estos especialistas.
En su virtud, resuelvo:
Primero.  Modificar la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos.
Uno.  Se modifica el apartado segundo que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Segundo.  Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.
1.  Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de todos los 
residentes a las que se refiere el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 
desarrollan  determinados  aspectos  del  sistema  de  formación  sanitaria 
especializada, cualquiera que sea la especialidad en la que estén realizando la 
formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando.
El  Ministerio  de  Sanidad,  en  coordinación  con  las  autoridades  sanitarias 
competentes de las comunidades autónomas, establecerá el inicio de plazos para 
realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo.
2.  El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse realizado  es
la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación final efectivamente se lleve  bo
a  cabo,  computará  a  efectos  de  antigüedad,  en  el  supuesto  de  que  dicha  65ww
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se prorrogarán automáticamente.
4.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  39.3  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Estatuto de los Trabajadores las comunidades autónomas garantizarán 
que los residentes, cuyos contratos se prorrogan, perciban las retribuciones que 
les correspondan atendiendo a las funciones que efectivamente realicen, siempre 
que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de supervisión que el 
que les correspondiera antes de la prórroga de contrato.
5.  La  autoridad  sanitaria  competente  de  la  comunidad  autónoma  podrá 
determinar  que  los  residentes  de  cualquier  año  de  formación  y  de  cualquier 
especialidad,  presten  servicios  en  Unidades  con  especial  necesidad.  Las 
Unidades podrán estar en su mismo centro, en centro diferente de la misma 
comunidad  autónoma  o  de  distinta  comunidad  autónoma.  En  estos  casos, 
quedarán suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes, 
para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades y se procederá a 
adaptar los itinerarios formativos, con el fin de que los residentes adquieran las 
competencias en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia.
6.  Los residentes que se encuentren en otra comunidad autónoma realizando 
una rotación externa, podrán permanecer en el centro sanitario en el que se 
encuentren, salvo que este determine la finalización de la rotación.
Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la rotación externa, el residente 
deberá comunicarlo a su Unidad docente antes de incorporarse a la misma, a 
efecto del cumplimiento de los protocolos de prevención y control de la infección 
por COVID-19.
7.  Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los meses 
permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, permaneciendo en la 
misma Unidad, o autorizando una nueva rotación que tenga como objetivo la 
adquisición de competencias en control de las enfermedades y las situaciones de 
emergencia,  independientemente  del  año  de  residencia  y  de  la  especialidad. 
Excepcionalmente, los residentes podrán trasladarse a Unidades no acreditadas 
para  la  docencia.  Los  responsables  de  formación  sanitaria  especializada 
designarán colaboradores docentes, con carácter temporal, en dichas Unidades, 
atendiendo a criterios de experiencia, competencia y demostrada buena práctica 
profesional, para que puedan tutorizar a los residentes durante el tiempo de 
prestación de servicios.
De la misma manera podrán designarse colaboradores docentes, con carácter 
temporal,  en  Unidades  cuyos  tutores  acreditados  puedan  no  tener  plena 
disponibilidad para desarrollar su labor docente.
8.  El Ministerio de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades 
autónomas o de los centros de la Administración General del Estado que, no 
contando  con  residentes  en  formación,  precisen  de  los  servicios  de  estos 
profesionales. A estos efectos, el Ministerio de Sanidad contactará con aquellas 
comunidades autónomas a las que, en atención a su situación particular, les 
pueda ser solicitado el traslado de residentes a otra comunidad autónoma con 
mayores necesidades asistenciales.»
Dos.  Se añade un nuevo apartado 3 al apartado tercero, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«3.  Se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de  e
aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del Real  bo
Decreto 459/2010, de 16 de abril, que cuenten con título de Especialista obtenido  65ww
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El contrato que se suscriba será de un máximo de tres meses prorrogables por 
sucesivos períodos de tres meses.
Con el fin de que puedan valorar su disponibilidad para ser contratados, el 
Ministerio  de  Sanidad  facilitará  a  las  comunidades  autónomas  los  datos  de 
contacto de estos profesionales, que constan en sus registros, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.»
Tres.  Se añade un nuevo apartado sexto ter que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Sexto ter.  Contratación de titulados en Formación Profesional.
Las personas que han finalizado sus estudios de Formación Profesional de 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las que todavía no se ha 
expedido el correspondiente título, podrán ser contratadas por las comunidades 
autónomas aportando certificado expedido por las autoridades competentes que 
acredite la finalización de sus estudios.»
Cuatro.  Se añade un nuevo apartado octavo bis, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Octavo  bis.  Puesta  a  disposición  de  las  comunidades  autónomas  de  los 
Médicos Forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses.
Las comunidades autónomas podrán disponer de los Médicos Forenses y 
profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
que no estén prestando servicios esenciales en el ámbito de la Administración de 
Justicia, pudiendo destinarlos a aquellas labores de apoyo o de refuerzo sanitario 
que se estimen oportunas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.
El Ministerio de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de 
contacto  que  procedan,  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  Ley 
Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y 
garantía de los derechos digitales.»
Segundo.   Efectos.
Esta orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Tercero.  Régimen de recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 1 de abril de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.