BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134  Sábado 5 de junio de 2021  Sec. I.   Pág. 68657
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
9347 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:
PREÁMBULO
I
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para 
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad 
humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de 
violencia.
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de 
los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en 
diversos tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.
Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de 
Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de 
conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias, 
jurídicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso de esta ley 
orgánica, son especialmente relevantes la Observación General número 12, de 2009, 
sobre el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, sobre el 
derecho del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación 
General número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea 
considerado primordialmente.
La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a 
través del artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común, 
tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores.
El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para 
garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el 
Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio 
de Lanzarote), el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y  s
la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata  oe.
de seres humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la  w.
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Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de
forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y  Bc
todas las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de
promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Las niñas, por su edad y sexo, muchas 
veces son doblemente discriminadas o agredidas. Por eso esta ley debe tener en cuenta 
las formas de violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y 
así abordarlas y prevenirlas a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en 
respeto e igualdad será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.
Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros referentes 
mencionados, España debe fomentar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a 
desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, 
descuido o negligencia, malos tratos o explotación.
El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los 
derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la 
violencia. En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la 
adolescencia, que introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo 
de las personas menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas las 
producidas en su entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la 
mutilación genital femenina, entre otras. Con acuerdo a la ley, los poderes públicos tienen 
la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y 
protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos 
procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones 
públicas competentes y, en este orden, revisar en profundidad el funcionamiento de las 
instituciones del sistema de protección a las personas menores de edad y constituir así 
una protección efectiva ante las situaciones de riesgo y desamparo.
En este contexto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio 
de 2014, acordó la creación de una Subcomisión de estudio para abordar el problema de 
la violencia sobre los niños y las niñas. Dicha Subcomisión adoptó ciento cuarenta 
conclusiones y propuestas que dieron lugar, en 2017, a la aprobación de la Proposición no 
de ley, por la que se instaba al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en 
colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar los trabajos para la aprobación de 
una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia.
Sin embargo, a pesar de dichos avances, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión 
del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a 
nuestro país la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los 
niños y niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el 
marco de la violencia de género.
Por supuesto, la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro 
ordenamiento jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la 
protección integral de las personas menores de edad, sino a la relevancia de una materia 
que conecta de forma directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad.
Como indica el Comité de los Derechos del Niño en la citada Observación General 
número 13, las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los 
niños, niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras muchas 
consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de 
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades;  es
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el  o
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La violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida 
a pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la 
intimidad de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y 
escolar, entornos en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, 
debieran ser marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. 
Además, es frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables 
sociológicas, educativas, culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo 
que obliga a que cualquier aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio 
enfoque multidisciplinar.
Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos 
especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia, expuestos de forma 
agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de 
oportunidades, al ejercicio de sus derechos.
Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una 
aproximación integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus 
factores de riesgo y consecuencias. La ley va más allá de los marcos administrativos y 
penetra en numerosos órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística. Desde 
una perspectiva didáctica, otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y 
la educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia 
sociedad civil. La norma establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, 
reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su 
inspiración en los modelos integrales de atención identificados como buenas prácticas a la 
hora de evitar la victimización secundaria.
Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el 
fraccionamiento operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso 
a un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado 
frente a la vulneración de derechos de las personas menores de edad y favorece que el 
conjunto de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, 
refuercen su implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la 
violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos 
internacionales del Estado.
La ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales 
ratificados por España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que 
asocia a su marco de efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en 
su voluntad didáctica, divulgativa y cohesionadora.
II
La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos, 
nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y veinticinco disposiciones 
finales.
El título preliminar aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, recogiendo la 
definición del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, así como el buen 
trato, y estableciendo los fines y criterios generales de la ley. Asimismo, regula la formación 
especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual 
con personas menores de edad, y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre 
las administraciones públicas, estableciéndose a tal efecto la creación de la Conferencia  s
Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada. oe.
El título I recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia,  w.
eeos nact ruleac  haloasdsis otqesu nyce ie ass jecuu reícdhnicacadu aegsnr,at ratau ilntaa  .saute ndceiórenc ihnote gar alla,  ain infotermrvaecniiór ne ny e al psreoscoerdaimmiieennttoo ,j uad icsiearl   2021-9347n https://ww
El título II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de
violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía,  Bc
de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de
violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se 
configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, 
profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza 
o la protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros 
sanitarios, centros escolares, centros de deporte y ocio, centros de protección a la infancia 
y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida, de asilo y atención humanitaria 
y establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos 
supuestos, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de 
facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.
Por otro lado, se prevé la dotación por parte de las administraciones públicas 
competentes de los medios necesarios y accesibles para que sean los propios niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia, o que hayan presenciado una situación de violencia, 
los que puedan comunicarlo de forma segura y fácil. En relación con esto, se reconoce 
legalmente la importancia de los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas 
telefónicas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que habrán de ser gratuitas y que las 
administraciones deberán promover, apoyar y divulgar.
Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de 
contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, 
niñas o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet 
y redes sociales es especialmente sensible a estos efectos.
En todo caso, la ley garantiza la protección y seguridad, de las personas que cumplan 
con su deber de comunicación de situaciones de violencia, con el objetivo de incentivar el 
cumplimiento de tal deber.
El título III, que regula la sensibilización, prevención y detección precoz, recoge en su 
capítulo I la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de 
una Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con 
especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, 
de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El capítulo II recoge los diferentes niveles de actuación, incidiendo en la sensibilización, 
la prevención y la detección precoz. En concreto, profundiza en la necesidad de que las 
administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de 
la violencia sobre la infancia y la adolescencia, identificando grupos de riesgo y 
especificando los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También se apunta la 
necesidad de establecer medidas de sensibilización, prevención y detección precoz frente 
a los procesos de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia. En cuanto 
a detección precoz, se incide en la adopción de medidas que garanticen la comunicación 
de las situaciones de violencia que hayan sido detectadas.
El capítulo III, dedicado al ámbito familiar, parte de la idea de la familia, en sus múltiples 
formas, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes, debe ser objetivo prioritario de todas las administraciones públicas, 
al ser el primer escalón de la prevención de la violencia sobre la infancia, debiendo 
favorecer la cultura del buen trato, incluso desde el momento de la gestación.
Para ello, la ley refuerza los recursos de asistencia, asesoramiento y atención a las 
familias para evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, lo que 
exige un análisis de riesgos en las familias, que permita definir los objetivos y las medidas 
a aplicar. Todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus 
responsabilidades parentales, siendo una de sus implicaciones la necesidad de procurarse 
dichos apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Por ello, antes que los apoyos con  es
finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse aquellos que tengan una finalidad  o
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como un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la
sociedad actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas 
sobre cómo articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.
Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades, 
siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia 
y dedicando una especial atención a la protección del interés superior de la persona menor 
de edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.
El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la 
violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta 
que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el 
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al 
plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación 
frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de 
género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para 
el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora 
de bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la necesaria 
capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.
El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de 
Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Las medidas contenidas en el capítulo VI respecto al ámbito sanitario se orientan 
desde la necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso 
de crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con 
el mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de 
la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco de la atención 
universal a todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se 
garantiza una atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.
El capítulo VII refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y 
adolescentes por parte de los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 
servicios sociales. En este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad, 
en aras de poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de 
personas menores de edad, debido a la posibilidad de verse expuestos a actos de violencia 
o posibles situaciones de alta conflictividad, como las relacionadas con la posible retirada 
del menor de su familia en casos de desamparo.
Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar 
individualizado, con la participación del resto de administraciones, judicatura y agentes 
sociales implicados, así como un sistema de seguimiento y registro de casos que permita 
evaluar la eficacia de las distintas medidas puestas en marcha.
El capítulo VIII, regula las actuaciones que deben realizar y promover las 
administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por 
parte de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que 
trabajen con personas menores de edad.
El capítulo IX dedicado al ámbito del deporte y el ocio establece la necesidad de contar 
con protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito y establece determinadas 
obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas 
menores de edad de forma habitual, y entre la que destaca el establecimiento de la figura 
del Delegado o Delegada de protección.
El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta  es
de dos artículos. El primero de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de  o
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El segundo artículo establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el 
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su 
interés superior. Sin perjuicio de los protocolos de actuación a que están sujetos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley recoge una relación de criterios 
de actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen trato al niño, niña o 
adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.
Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación 
de evitar, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo 
en aquellos supuestos que sea absolutamente necesaria. Ello es coherente con la reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre 
de 1882, por la que se pauta como obligatoria la práctica de prueba preconstituida por el 
órgano instructor. El objetivo de esta ley es que la persona menor de edad realice una 
única narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que 
lo haga ni con anterioridad ni con posterioridad a ese momento.
El capítulo XI regula las competencias de la Administración General del Estado en el 
Exterior en relación con la protección de los intereses de los menores de nacionalidad 
española que se encuentren en el extranjero.
Por último, el capítulo XII recoge el papel de la Agencia Española de Protección de 
Datos en la protección de datos personales, garantizando los derechos digitales de las 
personas menores de edad al establecer un canal accesible y la retirada inmediata de 
los contenidos ilícitos.
El título IV sobre actuaciones en centros de protección de personas menores de edad, 
establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, 
cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras 
de prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. 
Asimismo, se establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos 
anteriormente citados, a las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e 
intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que 
tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que 
residan en centros residenciales.
Además, se establece la oportuna supervisión por parte del Ministerio Fiscal de los 
centros de protección de menores y se prevé la necesaria conexión informática con las 
entidades públicas de protección a la infancia, así como la permanente comunicación de 
estas con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso.
El título V dedicado a la organización administrativa recoge en su capítulo I el 
compromiso para la creación de un Registro Central de información sobre la violencia 
contra la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones 
públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El capítulo II, por su parte, introduce una regulación específica en relación a la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a 
denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, 
desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del 
perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos 
contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar 
actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad.
Se introduce una definición acerca de qué ha de entenderse, a los efectos de la ley, 
por profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores  es
de edad, limitándolo a aquellas que por su propia esencia conllevan un trato repetido,  o
deehinlarloe btsceAo.trd o fcoi noy  c mdraeeesg toaiud mlioanp rcd,l lieuaylir id ntloaaoss  p m carooeqntrueatercmalcl aeilóasnn  tlaie,b c seoteircv taaeidsdxait oieden eniansdld ,eo ec  mlosaen nor idvbnialiciñgdiooa sssc,e i óqxnnuuiñ eada leess se ay  ac da riterdoidjodailotneas sre c lesoeplsn re tteercaqsífbu,i caiqsajuiamtoede dodnareetne snd  oaoy     OE-A-2021-9347able en https://www.
trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así 
como a las personas voluntarias.
Además, se establece el sentido negativo del silencio administrativo en los 
procedimientos de cancelación de antecedentes por delitos de naturaleza sexual iniciados 
a solicitud de la persona interesada.
Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, se establece en ellas la necesaria 
dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y los servicios 
sociales para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones 
encomendadas por la ley respectivamente, el mandato a las administraciones públicas, en 
el ámbito de sus competencias, para priorizar las soluciones habitacionales ante los 
desahucios de familias en el que alguno de sus integrantes sea una persona menor de 
edad, el seguimiento de los datos de opinión pública sobre la violencia hacia la infancia y 
adolescencia, a través de la realización de encuestas periódicas, el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gastos de personal, la actualización de las referencias al 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y al Registro Unificado de Maltrato Infantil. 
Asimismo, la disposición adicional sexta encomienda al Gobierno, en el plazo de un año, 
a establecer los mecanismos necesarios para realizar la comprobación automatizada de la 
existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades. Por su 
parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una 
Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición adicional 
octava garantiza a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al 
territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su 
forma de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Por último, la 
disposición adicional novena mandata al Gobierno para regular el régimen de Seguridad 
Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.
Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos 
normativos a través de las disposiciones finales de la ley.
La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
En los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad jurídica tanto a 
las víctimas como a las personas perjudicadas por un delito. Así, se modifican los 
artículos 109 bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de 
las mismas, una vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, 
siempre que se adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por 
el resto de las acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela 
judicial efectiva de las víctimas del delito a la vez que se respeta el derecho de defensa 
de las personas investigadas.
En el tercer apartado se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al 
régimen general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de 
denunciar del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho 
delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o 
con discapacidad necesitada de especial protección, adaptando nuestra legislación a las 
exigencias del Convenio de Lanzarote. Igualmente, en el apartado cuatro se modifica el 
artículo 416, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la 
obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores 
de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección. es
Los apartados quinto a decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la  o
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victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 
Atendiendo a su especial vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo 
sea una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección. En estos supuestos la autoridad judicial, practicada la prueba 
preconstituida, solo podrá acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, 
cuando, interesada por una de las partes, se considere necesario.
Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de 
catorce años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de 
instrucción y su reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre 
la primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la 
victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables.
La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil para reforzar el 
interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como 
para asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes 
de guarda y custodia.
Asimismo, se modifica el artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad 
que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad forma 
parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos 
progenitores. Ello implica que, salvo suspensión, privación de la potestad o atribución 
exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores, se requiere el consentimiento de 
ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, 
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, 
como así se ha fijado ya explícitamente por algunas comunidades autónomas. Así, se 
aclaran las posibles dudas interpretativas con los conceptos autónomos de la normativa 
internacional, concretamente, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y 
de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, en 
sus artículos 2, 9 y 3 respectivamente, ya que en la normativa internacional la custodia y 
la guarda comprenden el derecho de decidir sobre el lugar de residencia de la persona 
menor de edad, siendo un concepto autónomo que no coincide ni debe confundirse con el 
contenido de lo que se entiende por guarda y custodia en nuestras leyes internas. 
Ese cambio completa la vigente redacción del artículo 158 del Código Civil, que contempla 
como medidas de protección «Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los 
hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, el 
sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor».
Se modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la 
suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y 
custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en 
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás 
disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle 
perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la 
audiencia de la persona menor de edad.
Por último, se modifica el artículo 172.5 del Código Civil, que regula los supuestos de 
cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección,  es
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el  o
cdpaedeenor s2tlLero6oasn . cddaeeissn  piscnoeitasep ircatnii eóafimnns   bfcdinroeean ,el d tvGeeitnreacanre delraaara  srcle  opPinrorecre nidsdipeteeolnintncocdisaiiae ,rr neaiatlsea,í  c aecio solantma ambodl ooeedscl i esfciec opagnrcuo ilióagmn rvia ediomneltea olans d c Leeiaes  lypas eosO bcmrígrfeiiásc nlmoaisc aia nsp f 1aap/nra1acr9 ai7ala 9l ays,     OE-A-2021-9347able en https://www.
concesión de permisos y la libertad condicional.
La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Mediante esta modificación se regula la necesidad de formación 
especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de 
personal al servicio de la Administración de Justicia, exigida por toda la normativa 
internacional, en la medida en que las materias relativas a la infancia y a personas con 
discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Asimismo, se establece la posibilidad de 
que, en las unidades administrativas, entre las que se encuentran los Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del 
Ministerio de Justicia, se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados 
en las distintas áreas de actuación de estas unidades, reforzando así el carácter 
multidisciplinar de la asistencia que se prestará a las víctimas.
La disposición final quinta modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, con el objeto de declarar ilícita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma 
de violencia o discriminación sobre las personas menores de edad como aquella que 
fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.
La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, incorpora diferentes modificaciones de importante calado.
Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 
314, 511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una 
causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas 
de edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que impulsa este texto 
legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social 
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la 
actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo 
un motivo expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.
Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las 
personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el 
plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco 
años de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que 
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano 
psicológico y, muchas veces, de tardía detección.
Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la 
responsabilidad criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho 
años, completando de este modo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante 
delitos perseguibles a instancia de parte.
Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria 
potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor 
y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del 
autor.
Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado del delito de 
lesiones del artículo 148.3, de los doce a los catorce años, puesto que resulta una esfera 
de protección más apropiada en atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la 
señalada franja vital.
Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos 
y agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y  es
explotación sexual y corrupción de menores (artículos 180, 183, 188 y 189) con el fin de  o
ascpcerudriem aemvnciinuosdatadoolri  fs piesc oluea r na  ree uelll dto aocasrro ct ínacscsrieuóteíalncon  u tua1ilmon 8lsaa3ie    r1nqpe8tueoa3ar lsi,tldi eobaarrn,pde apa  a darpcteraartluó d mlaxoimli e m1ynit ,aao a yrr  a l eda1 lesl 8ae  3pd fe priebececvitrsoiisss,  oédiponiesána  reea rsxamñ tfodioense nc,p  iolóúarrinn  mp picdreoeaerrsmo  lea,ee n dinrnteaetcesd il sp eaoyoy   n.lo gsAsserada gbdeduiemlonildi dátdaoosdes,,      OE-A-2021-9347able en https://www.
desarrollo o madurez física y psicológica, siempre que los actos no constituyan un atentado 
contra la libertad sexual de la persona menor de edad.
Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del 
artículo 225 bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor 
que conviva habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que 
únicamente lo tenga en su compañía en un régimen de estancias.
Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas 
realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves 
riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran 
alarma social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la 
autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como 
la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente 
que las autoridades judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia 
delictiva.
La disposición final séptima modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas 
menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para 
litigar.
La disposición final octava correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil 
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a completar la revisión del sistema de protección 
de la infancia y adolescencia llevada a cabo en el año 2015 con la descripción de los 
indicadores de riesgo para la valoración de la situación de riesgo. Asimismo, se introduce 
un nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de 
urgencia. Por último, se establece un sistema de garantías en los sistemas de protección 
a la infancia, de las que deben cuidar las entidades públicas de protección, en especial 
respecto de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso 
de los niños o niñas que llegan solos a España o de los niños, niñas y adolescentes 
privados de cuidado parental.
La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa 
con la introducción de los artículos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y 
el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del 
Convenio de La Haya de 1996. La Autoridad Central Española debe garantizar el 
cumplimiento en estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de 
protección que se pretende ejecutar en España proteja su interés superior. También se 
regula el procedimiento para la transmisión de las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
desde España a otro Estado miembro de la Unión Europea, conforme a los Reglamentos 
(CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 
y (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, y sobre la sustracción internacional de menores, o a un Estado parte del citado 
Convenio de La Haya de 1996.
De este modo, se da cumplimiento no solo a las obligaciones derivadas de Convenios 
internacionales, sino que se adecúa la nueva redacción a los últimos criterios  es
jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno 64/2019, de 9  o
ddeineenic  emoiLracoaact,uyi  ódobdni rsed,ep  ee Eod n2sen 0i ljco2u1iós0i9c n1,ip a 6cfrmoi.onmcaieelo ndn dtiomoev lieC eTnnirvatiboi lums, n poeaadnl ri Efaliocu safri o jqlapoures e oua  sndret eíp c sDluauleozsrostea  c7nmh7coá9iesx  y ilHm a7u o8om 0pda odense oict srliaeó e snLn  e amlya  el a1sss/e2e nr0set,0e s0ndo,cel uidsaced id oe7en   dse1ue1s     OE-A-2021-9347able en https://www.
administrativas en materia de protección de menores. Además, se prevé que las personas
menores de edad podrán elegir, ellos mismos, a sus defensores, se reducen los plazos del 
procedimiento, y se contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.
La disposición final décima modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer 
constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la 
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus 
familiares o allegados menores de edad.
La disposición final undécima modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, referido a los derechos 
de las víctimas de los delitos cometidos por personas menores de edad, a fin de configurar 
nuevos derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los 
hechos sea una persona menor de dieciocho años, adaptando lo previsto en el artículo al 
artículo 7.3 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
La disposición final duodécima modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, introduciendo una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar 
ocupación a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas 
con personas menores de edad.
La disposición final decimotercera por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, establece que los registros relativos a 
la atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la 
historia clínica. Esto permitirá hacer un mejor seguimiento de los casos, así como estimar 
la magnitud de este problema de salud pública y facilitar su vigilancia.
La disposición final decimocuarta modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la expedición de los títulos 
de especialista en Ciencias de la Salud.
La disposición final decimoquinta modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, con el fin de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser 
escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa, a 
expresarse libremente y garantizando su intimidad.
La disposición final decimosexta modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para actualizar 
la denominación de la especialidad en Medicina Legal y Forense.
La disposición final decimoséptima mandata al Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta ley, proceda a la creación del Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
La disposición final decimoctava establece el título competencial, indicando que esta 
ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª, 18.ª, 
27.ª, 29.ª y 30.ª de la Constitución Española.
La disposición final decimonovena establece el carácter ordinario de determinadas 
disposiciones.
La disposición final vigésima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración 
de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal 
y civil, así como del Ministerio Fiscal. Igualmente, se establece que las administraciones 
competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos 
Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en 
infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde  es
un enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos  o
danaep ol lroilmcaLsa  aaitbn istdlfue aissl naaepcr oaeliaasnss i  yc dnm iódeeene cDd  eflaiiesdnsraaae rpslc i aevhdirsoges sé opc snaoSiamrnoastcae  ci snapouclren iióms ddn eeiy ssry caAa as,rg eprreoeganlgucldouirdai,ld aa ca2 dloda0.n  3ea 0nuu, nt looJarus iz secatseiccpniiaóetrn coe isaa  Illdn  Creteeo prfneirosorreet enajocc  dcidaiieóc  ntaMa lry i rn créieusgfatoirmnormtsea nasy     OE-A-2021-9347able en https://www.
de menores.
Las disposiciones finales vigésima segunda y vigésima tercera regulan la necesaria 
adaptación de la normativa incompatible con lo previsto en la misma y la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea, respectivamente.
La disposición final vigésima cuarta mandata al Gobierno, en el plazo de doce meses 
desde la aprobación de esta ley, para que proceda al desarrollo normativo del procedimiento 
para la determinación de la edad de los menores.
Por último, la disposición final vigésima quinta regula la entrada en vigor de esta ley.
III
Durante la tramitación de la ley se ha recabado informe del Consejo Económico y 
Social, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional 
de la Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción 
Social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, 
se ha consultado a las comunidades autónomas, así como a las entidades locales a través 
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, la ley ha sido informada 
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia, así como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo.
Esta ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las administraciones públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, toda vez que mediante 
esta ley se da respuesta a la necesidad de contar con un marco normativo que regule un 
sistema de protección integral y uniforme en todo el territorio del Estado frente a la 
vulneración de derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia, frente 
a la fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de 
las personas menores de edad. Asimismo, la ley es acorde al principio de proporcionalidad, 
al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica en tanto que la ley es 
coherente con el ordenamiento jurídico nacional, e internacional, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala la 
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda 
forma de maltrato y con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del 
Niño a España en 2010 y 2018. En cuanto al principio de transparencia, durante la tramitación 
de la norma se ha realizado el trámite de consulta pública previa, así como el trámite de 
información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y 6, de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio de 
eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son las mínimas 
imprescindibles para la consecución de los objetivos de la ley y en ningún caso innecesarias.
Como se menciona, la reforma completa la incorporación al derecho español de los 
artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra 
los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por 
la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales es
Artículo 1.  Objeto. 47www.
y ad1o.l esLcae nleteys t iae nseu  ipnoter gorbidjeatdo  fgísaicraan, tpizsaíqr uloicsa d, eprseiccohloósg ifcuan yd ammoeranlt afrleenst ed ea  lcousa nlqiñuoiesr,  fnoirñmaas 
ddee  pviroolteenccciiaó,n a isneteggurraaln, dqou ee li nlicblurey adne slaa rsreonllosi bdieliz sauc ipóenr, slao nparleidvaedn cyi óens,t alab dleectieecncdióon m peredcidoazs,   BOE-A-cable e
la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.
2.  A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia 
de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o 
emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, 
las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la 
corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el 
ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con 
cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a 
pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia 
de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.
3.  Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando 
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los 
principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución 
pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y 
prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se 
encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación 
administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los 
términos establecidos en el artículo 51.
2.  Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. 
A estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español 
cuando tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o 
establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español.
Artículo 3.  Fines.
Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:
a)  Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y 
eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los 
poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos 
eficaces en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el 
familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas 
tecnologías, del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.
b)  Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia 
y la adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, 
la especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de 
intervención, el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de 
parentalidad positiva, y el refuerzo de la participación de las personas menores de edad.
c)  Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que  es
tienen contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes. o
d)  Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para  47www.
qreeusacecu ecsc)ie hoaanRnda oerp sffaor eyrrtzn eaat e raq  ceautl ei lvae as jemu ersicns iomc lpiaoai n .pdioreonl medsoe crseieócanhn od  tedelen b idluoaessn  n etinñra octsou,  eynn ipñtaua esd deyab naid daroemlceeosnnctoeecn eetern s lc aao  vnsitoeelrxe tonoícsdi aod sey,    OE-A-2021-93able en https://
violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria.
f)  Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
g)  Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
h)  Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores 
de edad.
i)  Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
en situación de especial vulnerabilidad.
j)  Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación 
y la superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, 
transfóbico o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o 
exclusión social o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social 
o cultural.
k)  Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas 
administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados 
en la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.
l)  Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan 
que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.
m)  Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la 
creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los 
ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. 
Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y 
promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.
n)  Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su 
fallecimiento.
Artículo 4.  Criterios generales.
1.  Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés 
superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes:
a)  Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
b)  Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.
c)  Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de 
todas las actuaciones.
d)  Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación 
interadministrativa e intradministrativa, así como de la cooperación internacional.
e)  Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.
f)  Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto 
habitual con los niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles 
situaciones de violencia.
g)  Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la 
detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida 
sobre ellos o sobre terceros.
h)  Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas 
de cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.
i)  Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de  e.e
cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia. b
j)  Incorporación  del  enfoque  transversal  de  la  discapacidad  al  diseño  e  47ww
iamdpolleemsceenntcaicai.ón de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la
fomek)n toP dreo mlao ceinósne dñea nlaz aig euna ledqaudi ddaed t,r ayt ola  ddee ncoiñnosst ryu cnciiñóans  dmee ldoisa nrotele lsa  yc oeesdteurceaoctiipóons y d eel 
género.
l)  Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las 
decisiones que afecten a una persona menor de edad.
m)  Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
n)  Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en toda toma de decisiones que les afecte.
ñ)  Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los 
mandatos de esa Ley a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepciones.
2.  Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, 
psíquica, psicológica y emocional y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia, así como su inclusión social.
3.  Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán 
recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen 
trato y la prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.
Artículo 5.  Formación.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de 
derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que 
tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación 
comprenderá como mínimo:
a)  La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la 
que se refiere esta ley.
b)  Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
c)  La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, 
incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.
d)  El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
e)  La identificación de los factores de riesgo y de una mayor exposición y 
vulnerabilidad ante la violencia.
f)  Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
g)  El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los 
niños, niñas y adolescentes.
2.  Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en 
el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador 
recibe formación específica en materia de educación inclusiva.
3.  Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus miembros el acceso a 
formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del 
Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como a programas de formación 
continua en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
4.  El diseño de las actuaciones formativas a las que se refiere este artículo tendrán 
especialmente en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas 
de las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional 
diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad pertenecientes 
al colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u orientación sexual y/o identidad de género 
y personas menores de edad no acompañadas. s
Artículo 6.  Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas. w.
com1p.e teLnacsia sd, isdteinbtearsá na cdomlaibnoisratrra ecniotrnee ssí , peúnb lloicsa tsé,r meinno es le sátmabblietoci ddoes  esnu se l raerstípceulcot i1v4a1s 
dloeg rlaa rL uenya 4 a0c/2tu0a1c5ió, nd ee f1ic daez  eonct ulobsr eá,m dbei tRosé gdiem lean p Jreuvríedniccoió dne, ld Seteecctcoiró Pn úpbrleiccoo,z a, lp orobtjeectoc idóen 
y reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
2.  Las administraciones públicas promoverán la colaboración institucional a nivel 
nacional e internacional mediante acciones de intercambio de información, conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas.
3.  Para garantizar la necesaria cooperación entre todas las administraciones 
públicas, los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley serán abordados en el 
seno de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
Artículo 7.  Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
1.  La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación 
entre las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y 
la adolescencia.
2.  Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes 
objetivos:
a)  La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las 
administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos 
colectivos.
b)  El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución 
de las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones 
públicas en aplicación de lo previsto en esta ley.
c)  La participación de las administraciones públicas en la formación y evaluación de 
la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3.  La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento 
interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, garantizándose la presencia e intervención de las comunidades autónomas, 
entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
Artículo 8.  Colaboración público-privada.
1.  Las administraciones públicas promoverán la colaboración público-privada con el 
fin de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los medios 
de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones 
religiosas, y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual 
con niños, niñas y adolescentes o en su ámbito material de relación.
2.  Asimismo, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas 
necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboración 
con el sector de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo VIII del título III.
En especial, se fomentará la colaboración de las empresas de tecnologías de la 
información y comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas 
administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de 
Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales 
en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
3.  Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información, 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la 
protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar  s
e inclusivo. e.
4.  En  los  casos  de  violencia  sobre  la  infancia,  la  colaboración  entre  las  w.
administraciones públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el  47ww
reens pceatsoo a dl eh ofnaoller,c aim laie innttoim dideal dm ye an olar.  pEronp eias tiam asigtueanc dióen l,a  lvaí cdtiifmusai óyn s udse  facumailliqaureiesr,  tinipcolu dsoe 
imagen deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores.
TÍTULO I
Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia
Artículo 9.  Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia.
1.  Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los 
derechos reconocidos en esta ley.
2.  Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los medios 
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, 
teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos 
que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendrán en 
consideración las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que 
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
3.  Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e 
identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, 
así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación 
o violencia por tales motivos.
4.  Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en 
esta ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y 
apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de 
coordinación del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores 
de edad.
A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias  transferidas,  promoverán  la  adopción  de  convenios  con  otras 
administraciones públicas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinación 
de la ayuda a las víctimas.
Artículo 10.  Derecho de información y asesoramiento.
1.  Las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su 
caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él 
mismo, información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente 
aplicables, así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia 
existentes.
2.  Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina 
de Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el 
asesoramiento y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
3.  La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores 
deberá proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan 
entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados 
a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. 
Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá 
recibir dicha información en la lengua cooficial que elija.
Artículo 11.  Derecho de las víctimas a ser escuchadas. o
1.  Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos  47ww
ye setsec purcohcaedsoos  sceoan  utondivaesr slaaslm geanraten taíacsc eys sibinle l ímenit eto ddeo se dloasd ,p arosecegduirmaniednot,o esn a tdomdoin cisatsraot,i vqouse, 
jdued ilcaias levsíc oti mdea so. trEal  ídnedroelech roe laac sioenra odíodso sc odne l alo asc nreiñdoitsa,c inóinñ adse  yla a vdioolleenscceian yte lsa  sreoploa rpaocdiórán   BOE-A-cable e
restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior.
2.  Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, 
metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas 
menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención 
a la formación profesional, las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a 
las víctimas en edad temprana.
3.  Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que 
planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o 
manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser 
tomados en consideración.
Artículo 12.  Derecho a la atención integral.
1.  Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida 
y recuperación.
2.  Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la 
persona menor, comprenderá especialmente medidas de:
a)  Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.
b)  Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
c)  Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima 
y, en su caso, la unidad familiar.
d)  Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
e)  Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente 
fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
f)  Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.
g)  Apoyo a la educación e inserción laboral.
h)  Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que 
deba intervenir, si fuera necesario.
i)  Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que 
puedan atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
3.  Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación 
necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización 
secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.
4.  Las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores 
víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable 
adaptado al niño, niña o adolescente.
5.  Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes 
garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos 
en el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el 
apoyo al desarrollo infantil.
Artículo 13.  Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos 
judiciales que traigan causa de una situación de violencia.
1.  Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para 
defender sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan  s
causa de una situación de violencia. e.
Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes  w.
legales en los términos del artículo 162 del Código Civil. También podrá realizarse a través  47ww
dMeinl idsteefreion sFoirs cjuadl, iceina l lodse ssiugpnuaedsot opso pr reelv iJsutozsg aedno e ol  aTrtríicbuulnoa 2l,6 d.2e  doef iclaio L oe ya 4 i/n2s0t1a5n,c diae  d2e7l 
de aEbnri le.l caso de los niños, niñas o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad  BOE-A-cable e
pública de protección que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido
violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso, que existe un conflicto de intereses 
entre el niño y su tutor o guardador.
2.  Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia 
sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará a la 
persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima 
competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la 
vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.
Artículo 14.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1.  Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa 
y representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
2.  Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio 
cursos de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los 
derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, 
formación especializada en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.
3.  Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por 
violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a 
las víctimas.
4.  Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por 
violencia contra menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación 
particular.
5.  El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal 
para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o 
procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo 
dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el 
deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.
6.  Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como 
acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá 
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá 
suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
TÍTULO II
Deber de comunicación de situaciones de violencia
Artículo 15.  Deber de comunicación de la ciudadanía.
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 
persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad 
competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la 
atención inmediata que la víctima precise.
Artículo 16.  Deber de comunicación cualificado. bo
aen acqo1um. eellEnadls da pedbeaer slra od naeas csiso tqmeunuecn iaipc,oa ecr li órcanuz piódrnae dvdiose,t  olsa ue  nec neaslr egañrota,í cnpuzrlaoo  foaen sltaieó rnpio,r oro teefiscc iceoisó pone  acdiceat limnviiñdeonastde,,   entexiñingagisba lneo    2021-9347n https://ww
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación
de violencia ejercida sobre los mismos. Bc
En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de 
los centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los 
centros de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de 
acogida de asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan 
habitualmente o temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.
2.  Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento 
o advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona 
menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales 
competentes.
Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del 
niño, niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma 
inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.
3.  Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible 
infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor 
de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de 
Datos.
4.  En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la 
víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, 
así como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.
A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos 
adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad 
víctimas de violencia.
Artículo 17.  Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y 
adolescentes.
1.  Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran 
alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, 
personalmente, o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, 
a la Agencia Española de Protección de Datos.
2.  Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación 
seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan 
comprender, para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una 
persona de su confianza que ellos mismos designen.
3.  Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios 
electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niños, 
niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como 
herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y detección 
precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 18.  Deberes de información de los centros educativos y establecimientos 
residenciales.
1.  Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los 
establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el 
momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información, 
que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los 
procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las  e.e
administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de  b
las personas responsables en este ámbito. Igualmente, facilitarán desde el primer  47ww
mlínoemase ntetole fiónnfoicrmasa dceió na ysuodbar ea  llooss  nmiñeodsio, ns iñealesc ytr óandiocloess cdeen tceos.municación, tales como las
esta2 i.n foLromsa cciitóand oesn c uenn tlruogsa yr  evsistaibblele cyi maciecnetsoibs lme,a andteonpdtaráránn p learsm maneednidteams ennetcee asactruiaasli zpaadraa 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier
momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicación y a 
las líneas de ayuda existentes.
Artículo 19.  Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.
1.  Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles 
en Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o 
adolescente, está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos 
pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio 
Fiscal o a la autoridad judicial.
2.  Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales 
accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán 
ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, 
siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Artículo 20.  Protección y seguridad.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
los mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad 
de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de 
violencia sobre niños, niñas y adolescentes.
2.  Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en 
los que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes 
que comuniquen una situación de violencia.
3.  La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de 
protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a 
testigos, cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de 
la formulación de denuncia conforme a los artículos anteriores.
TÍTULO III
Sensibilización, prevención y detección precoz
CAPÍTULO I
Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia
Artículo 21.  Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1.  La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 
autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una 
Estrategia nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre 
la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, 
sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta 
de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria 
económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias 
con cargo a las que habrá de financiarse. s
Dicha Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y  e.
Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades  w.
del tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los niños, niñas y  47ww
adolSeusc iemnpteusl.so corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las
competencias en políticas de infancia.
En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y 
adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la 
Adolescencia.
2.  Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un 
informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de 
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deberá 
ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios de 
Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado para 
la lucha contra la pobreza infantil.
Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos 
disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se harán públicos para 
general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas 
públicas correspondientes.
CAPÍTULO II
Niveles de actuación
Artículo 22.  De la sensibilización.
1.  Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, 
campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, 
destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas 
conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio, con 
el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.
Asimismo, las administraciones públicas impulsarán campañas específicas de 
sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque 
de aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva 
y opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes.
2.  Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de 
edad, de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores 
de edad y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de 
apoyos específicos.
Artículo 23.  De la prevención.
1.  Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de 
prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, 
educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el 
ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación 
de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos 
que establezcan las administraciones públicas competentes.
2.  Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre 
la infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, 
niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos 
específicos de alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a  e
estos colectivos. bo
3.  En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención  47ww
las sai)g uiLeanste dsi:rigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los
niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad
positiva. Bc
b)  Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos 
de exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes.
c)  Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el 
deterioro del entorno familiar y social de las personas menores de edad.
d)  Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a 
cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
e)  Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la 
participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de edad en 
los propios procesos de sensibilización y prevención.
f)  Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad 
parental.
g)  Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de 
edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.
h)  Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los 
niños, niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, 
así como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.
i)  Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la 
adolescencia.
j)  Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los niños y niñas, en las 
que se identifiquen las distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
k)  Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que 
intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones relacionadas 
con la atención a la infancia y adolescencia, con particular atención a los colectivos en 
situación de especial vulnerabilidad.
l)  Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios 
para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial 
atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo.
m)  Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación 
regulados en esta ley.
4.  Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, 
tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se 
acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la 
adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto 
individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.
Artículo 24.  Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes.
Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas de sensibilización, 
prevención y detección precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad 
frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas 
o de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se 
manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que 
esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que 
incorpore las dimensiones de género y de edad.
Artículo 25.  De la detección precoz. e.e
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán  47www.
aaovincbotujlieevatnilidmvcaoiead n d ptreeue  eqpddureaoite gesrrcaeatr am ecras optsmar deru ecne oinfcoz amrcmdoeaann cdttaieeóc  natloa ci  nuhvieciaoriabdlelio tnyu c cacoiloa nnc  elotoijnn epu rrncaeii ñdvdiaaess stoc,t io nnenainñtd rolaaos  sa l oy als ora tsímdc puoisrllooemfsseo c1ssei5 on ynyt ea q1slue6 sec. o cenus yteaal    OE-A-2021-93able en https://
2.  En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de 
violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente 
comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la 
mencionada violencia haya sido ejercida por estos.
3.  Las administraciones públicas competentes promoverán la capacitación de 
personas menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones 
de violencia.
CAPÍTULO III
Del ámbito familiar
Artículo 26.  Prevención en el ámbito familiar.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que 
convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el 
apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los 
factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, 
o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan 
desarrollar adecuadamente su rol parental o tutelar.
2.  A tal fin, dentro de los planes y programas de prevención previstos en el artículo 23, 
las administraciones públicas competentes deberán incluir, como mínimo, un análisis de la 
situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus 
necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.
3.  Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán estar enfocadas a:
a)  Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. 
A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los 
progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado 
en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de 
edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su 
opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la educación 
en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca 
reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.
En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser 
utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o 
divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser 
relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental.
b)  Promover la educación y el desarrollo de estrategias básicas y fundamentales 
para la adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o 
en quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los niños y niñas 
de acuerdo con el grado de madurez de los mismos. En particular, se promoverá la 
corresponsabilidad y el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación 
con enfoque inclusivo y el desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas 
a la adquisición de habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo 
afectivo fuerte, recíproco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones 
de tutela, guarda o acogimiento. e
c)  Promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el  bo
buen trato prenatal. Esta atención deberá incidir en la identificación de aquellas  47ww
cmirucjuenr,s atasní ccioams oq ueen  eplu deedsaanr rionlfllou idr en eesgtaratitveagmiaesn ptea rean l ala d egteesctcaicóinó np rye ceonz  edle b sieitnueasctiaorn edse  dlae 
riesgdo)  duPrraonptoer ceilo enmarb aurna zeon tyo rdneo  porebpstaértariccioó ny  yp aeprionyaota.l seguro para la madre y el recién
nacido e incorporar los protocolos, con evidencia científica demostrada, para la detección
de enfermedades o alteraciones genéticas, destinados al diagnóstico precoz y, en su caso, 
al tratamiento y atención sanitaria temprana del o la recién nacida.
e)  Desarrollar programas de formación a adultos y a niños, niñas y adolescentes en 
habilidades para la negociación y resolución de conflictos intrafamiliares.
f)  Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así 
como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.
g)  Crear los servicios necesarios de información y apoyo profesional a los niños, 
niñas y adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente 
y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las 
niñas y adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de 
discriminación directa o indirecta.
h)  Proporcionar la orientación, formación y apoyos que precisen las familias de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atención adecuada de 
estos en su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonomía, su 
participación activa en la familia y su inclusión social en la comunidad.
i)  Desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y a niños, niñas y 
adolescentes, encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el 
abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes 
con la edad.
Artículo 27.  Actuaciones específicas en el ámbito familiar.
1.  Las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas 
a apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir 
la pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida familiar y 
laboral en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que 
permitan atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el 
ejercicio igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.
Dichas medidas habrán de individualizarse en función de las distintas necesidades de 
apoyo específico que presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias 
con niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial 
vulnerabilidad. Y las dirigidas a prevenir la separación del entorno familiar.
2.  Las administraciones públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en 
formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio 
positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán 
formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán 
contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las 
niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como 
medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y 
adolescentes.
Artículo 28.  Situación de ruptura familiar.
Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, 
adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las 
familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la 
ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el  e.e
pleno desarrollo de los mismos. b
Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas: 47ww
ya doetcaruo) asd Irame caputuerlsnsoco isód neo  y los pser rsovetiecrvcioiccsiióo nes s adp elea ca iinpafolaiyznoac diaao  lysa  sad dfeao mlteitisluicalaesnr, icdloiaasd  fp reupnnúttbeol siac  dalae q  veuinoecl eupneecnriatmr.oit afanm uilniaar   OE-A-2021-93able en https://
b)  Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados así como de servicios de 
mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los 
niños, niñas y adolescentes implicados.
Artículo 29.  Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1.  Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección 
del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares 
marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su 
respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.
2.  Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma 
integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de 
la madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el 
apoyo necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, 
atención especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario 
a su interés superior.
Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia 
asegurarán:
a)  La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b)  La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a 
menores de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en 
materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, 
educativos, judiciales y de igualdad.
CAPÍTULO IV
Del ámbito educativo
Artículo 30.  Principios.
El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la 
comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de 
calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación 
en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y 
la promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando 
métodos pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.
Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente 
de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su 
participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de 
aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o 
de algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la 
adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo 
educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel 
madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y 
evitación de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla 
y reaccionar frente a la misma.
Artículo 31.  De la organización educativa. w.b
con 1e.l  aTrtoícduolso  l1o2s4 c deen trlao sL eeyd uOcragtiávnoisc ae l2a/b2o0r0a6rá, nd eu n3  pdlea nm daey oc,o dnev iEvednucciaac, idóen , ceonntfroer mcuidyaads 
acocmtivuidnaiddaeds  esdeu cinactilvuair,á p lrao madoqciuóins icdieóln b duee nh tarbaitloid ya dreesso, lsuecniósnib pilaizcaífcicióan d ye  fcoornmflaicctioósn  pdoer  elal 
personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de 
conflictos.
2.  Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el 
profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante 
situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en 
el centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro 
educativo o si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de 
la comunicación.
El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias 
el impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante 
cualquier forma de violencia.
3.  Las administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los 
principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas 
necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisarán 
que todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos 
preceptivos de actuación en casos de violencia.
Artículo 32.  Supervisión de la contratación de los centros educativos.
Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad 
de todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal 
y controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el 
capítulo II del título V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de 
servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar 
de forma retribuida o no.
Artículo 33.  Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.
Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 
familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Específicamente, las administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas 
formativas el uso adecuado de Internet.
Artículo 34.  Protocolos de actuación.
1.  Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el 
abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, 
violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de 
violencia comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos 
protocolos se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras 
administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores 
implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia 
sobre niños, niñas y adolescentes. es
Dichos  protocolos  deberán  ser  aplicados  en  todos  los  centros  educativos,  o
ieeendfddiucueaccpacaetitnaiivvd.a oi,eDs nd,e tebeptemearcdeátrennent se i n indoicde ii macsiruaos dseti rt deuceslua  arvdiindoeadlle doan  ycleu ilaem  vponae alpurdsoaoorr s nloeaa   lp mcdeueorairóclaqed ucnicioteaemmr  uomen neiiectedam uccbcioóarnnod   eoddlre e f id nlole asd   elcho oevsmac hcloueornsnai trdpr aosoudsr     2021-9347n https://www.
parte de los niños, niñas o adolescentes.
2.  Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, 
los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de 
cada actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.
Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como 
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud 
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad 
o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o 
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la 
protección de datos personales de las personas menores de edad.
3.  Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se 
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de 
actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas 
en los mismos.
4.  Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y 
formación especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la 
formación adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.
Artículo 35.  Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
1.  Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de 
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que 
ostente la dirección o titularidad del centro.
2.  Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y 
funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. 
Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya 
existente en el centro escolar o por nuevo personal.
Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 
deberán ser al menos las siguientes:
a)  Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de 
los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como 
al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que 
ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por 
estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento.
b)  Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
c)  Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, 
en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
d)  Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. e.e
e)  Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos  b
alternativos de resolución pacífica de conflictos. 47ww
protfe) ccIinófno rdmea rc uaal lpqeuriseorn faolr mdeal  cdeen tvroio lseonbcriea  leoxs isptreontotecso loesn  esnu  mloactaerliidaa dde  op rceovmenucnióidna dy 
autógn)o mFao.mentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
h)  Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se 
refiere el artículo 31.
i)  Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de 
las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
j)  Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 
datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata 
por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.
k)  Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 
llevar una dieta equilibrada.
3.  El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, 
con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
CAPÍTULO V
De la Educación Superior
Artículo 36.  Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre 
la infancia y la adolescencia.
1.  Los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos 
la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en 
general y en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.
2.  En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los 
programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito 
educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del derecho, y de aquellas otras 
titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas 
menores de edad, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos 
específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Artículo 37.  Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia 
sobre la infancia y la adolescencia.
Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se 
promoverá la inclusión en el mundo académico del estudio y la investigación de los 
derechos de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en 
particular, y más específicamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de 
profesiones que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.
CAPÍTULO VI
Del ámbito sanitario
Artículo 38.  Actuaciones en el ámbito sanitario.
1.  Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato  e.e
a la infancia y la adolescencia, así como para la prevención y detección precoz de la  w.b
violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco  47ww
del p2r.o toScion lop ecrojumicúion  ddee  lao cdtuisapcuieósnt os aenni tealr iaap parretavdisot oa netne reiol ra, rltaícsu alod m39in.2is.traciones sanitarias
cáommbpitoe tdeen tseuss  pcroommpoevteernácnia lsa,  qeulaeb foarcaiclitióenn  ldae p rpormotooccioólno sd eels bpueecníf itcraotso ,d lea  iadcetnutaifcicióanci óenn  deel 
factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y
adolescentes, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación 
de las víctimas, y que deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a 
desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas 
graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra 
situación de especial vulnerabilidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos 
los agentes implicados.
3.  Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el acceso de los niños, 
niñas y adolescentes a la información, a los servicios de tratamiento y recuperación, 
garantizando la atención universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las 
situaciones de desprotección, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, 
se garantizará una atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.
Artículo 39.  Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de 
esta ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y 
adolescentes. Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las 
profesiones sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas 
de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
2.  La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y 
orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, 
y elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de 
actuación sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta 
aplicación de la ley y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el 
sector sanitario contribuya a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la 
adolescencia. Dicho protocolo establecerá los procedimientos de comunicación de las 
sospechas o evidencias de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia a los 
servicios sociales correspondientes, así como la colaboración con el Juzgado de Guardia, 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la entidad pública de protección a la infancia y el 
Ministerio Fiscal. Para la redacción del mencionado protocolo se procurará contar con la 
participación de otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los 
diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación 
de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
3.  Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos 
disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de 
violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación 
de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido 
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de 
la infancia, y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en 
el artículo 21.2.
Artículo 40.  Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones 
de violencia.
1.  Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a  e.e
una persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán  b
aplicar el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al  47ww
alta 2h.o spLiotasl arerigai.stros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de
veino leeln acriatí cquuloe d1a6r.á3n d inec eosrtpao lreayd.os en su historia clínica y su protección estará a lo dispuesto
CAPÍTULO VII
Del ámbito de los servicios sociales
Artículo 41.  Actuaciones por parte de los servicios sociales.
1.  El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios 
sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su ámbito 
geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los 
servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.
2.  Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que 
puedan presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de 
Protección a la infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para 
que los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de 
atención primaria, puedan adoptar las medidas oportunas de coordinación para garantizar 
la mejor protección de las personas menores de edad víctimas de violencia.
Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado previsto en el 
artículo 16, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un 
caso de violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación 
de desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la 
infancia.
3.  Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un 
centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o 
a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que 
la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 42.  De los equipos de intervención.
1.  Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de 
atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con 
la infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración 
e intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.
2.  Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de 
la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, 
preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo 
social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre 
la infancia y la adolescencia.
Artículo 43.  Plan de intervención.
1.  En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los 
niños, niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de 
forma coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a 
la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso 
necesario, los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención 
familiar individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos  s
implicados. e.
2.  La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos  w.
de violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible,  47ww
dcoen f oarqmuae llionste erdqiusicpiopsli nya pr ryo fceosoiorndainleasd ad ec olons  láam ebnittiodsa dd ep úlab sliacalu dd,e l ap reodtueccaccióiónn a,  llaa  juindfiacnactuiar ay, 
od ela l as epgeursriodnaad  mexeinstoern dtees e edna de ly t esruri teonritoo rqnuoe f apmueildiaarn y a spoocritaalr. información sobre la situación  BOE-A-cable e
En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del 
acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá 
de la intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del 
caso.
3.  Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la 
información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de 
los y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando 
siempre que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a 
la infancia, así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones 
desarrolladas por los servicios sociales de atención primaria en el marco del plan de 
intervención sobre casos de riesgo o sospecha de maltrato infantil se notificarán a los 
servicios sociales especializados de protección de menores.
4.  Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia 
de género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.
Artículo 44.  Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores 
de edad.
1.  Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad 
con el procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de 
seguimiento y registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el 
que consten las notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las 
distintas medidas puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios 
sociales.
2.  La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia 
procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la 
entidad pública de protección a la infancia, será incorporada, con la desagregación 
establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el artículo 22 ter 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado 
de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).
CAPÍTULO VIII
De las nuevas tecnologías
Artículo 45.  Uso seguro y responsable de Internet.
1.  Las  administraciones  públicas  desarrollarán  campañas  de  educación, 
sensibilización y difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores 
y otros profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el 
uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar 
fenómenos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, 
el grooming, la ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de 
pornografía entre la población menor de edad.
Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y 
apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades  e
que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas  bo
en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  47ww
Pacodenors l2epo.se ncraesLlenoastnes ay ss a,g  fdamamrmeaininnliotiaísarste ,rd sape ced irloeosn soe enddsaea lr dpee údcuhubnocli acssd aedosrivgr  ipiycta oioolnet rdseo.rssáp pner coaíff eidcsoiiso pndoaels eliíscn iqeóuane  d dterea  baloayujse dnna hi ñsaoobsbit,ru ean liemñla eusns teoy    OE-A-2021-93able en https://
seguro y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento
ante situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en 
Internet.
3.  Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la 
responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de 
Internet por la infancia y la adolescencia.
Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo 
de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la 
adolescencia.
4.  Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus 
objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir 
y ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.
Artículo 46.  Diagnóstico y control de contenidos.
1.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar 
periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso 
seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo 
asociadas, así como de las nuevas tendencias.
2.  Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, 
para la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la 
clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para 
conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de 
contenidos, servicios y dispositivos.
Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de 
mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad 
del riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos 
de denuncia y bloqueo.
3.  Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer 
sector, fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos 
adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la 
industria códigos de autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable en 
el desarrollo de productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como 
fomentar y reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control 
parental de los contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de 
verificación de edad, en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el 
acceso a los reservados a adultos.
4.  Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de 
los instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se 
advierta de la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir 
conductas adictivas específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas 
responsables de la educación de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad 
en el uso adecuado de estas tecnologías.
CAPÍTULO IX
Del ámbito del deporte y el ocio
Artículo 47.  Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio. e.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos  47ww
ddianedet oepalroecvrtsetucinvaeoccnii ócóyinna  ,d q ceufor emeo nrcpetirecoeo  ngayde  idqlraáausnse    lepadnose  seabilcbe átlnuem assbc eiisotgointu uediarsesc ppeiooa rnrptaieav scroao  y dn lesdat e rvup oiirorce luiveonen. neccinaitó onsrno, obd rseeet eglcuacr oiión enfan  npecrle iáacm oybz i tleoa    OE-A-2021-93able en https://
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades 
deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de 
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y 
Escuelas municipales.
Artículo 48.  Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas 
menores de edad de forma habitual.
1.  Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con 
personas menores de edad están obligadas a:
a)  Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que 
adopten las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
b)  Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.
c)  Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas 
menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la 
difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las 
comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de 
violencia sobre la infancia o la adolescencia.
d)  Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad 
física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, 
discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra 
circunstancia personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así 
como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones 
degradantes y discriminatorias.
e)  Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los 
aspectos de su formación y desarrollo integral.
f)  Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones 
deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
2.  Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes 
trabajen en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender 
adecuadamente las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.
CAPÍTULO X
De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Artículo 49.  Unidades especializadas.
1.  Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas 
y de las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y la 
adolescencia. Con tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación 
y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la 
adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.
Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de  e.
situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial. w.
2.  Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio  47ww
cfuonlacbioonraersá ne,n d eeln átrmo bdieto s due á mla bliutoc hcao mcopnettrean claia lv, iopalernac lioag erajer rucnid ae fiscoabzr ed elsaa irnrofallnoc diae  ys ulas 
aFduoelrezsacse yn cCiau,e erpno lso sd et éSrmeginuorisd apdre.vistos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de  BOE-A-cable e
3.  Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la 
labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas 
tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de los delitos.
Artículo 50.  Criterios de actuación.
1.  La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.
2.  Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad 
con los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como 
cualesquiera otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad estatales, autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para la 
prevención, sensibilización, detección precoz, investigación e intervención en situaciones 
de violencia sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada 
intervención ante tales casos.
En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:
a)  Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección 
que resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad.
b)  Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que 
sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaración del menor se realizará en 
una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados.
c)  Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la 
intervención de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en 
disposición de someterse a dichas intervenciones.
d)  Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias 
policiales entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.
e)  Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular 
denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta.
f)  Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia 
jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la 
designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su 
personación en dependencias policiales.
g)  Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del 
lenguaje y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.
h)  Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en 
compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella misma en un 
entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podría actuar 
en contra de su interés superior, de lo cual deberá dejarse constancia mediante declaración 
oficial.
CAPÍTULO XI
De la Administración General del Estado en el Exterior
Artículo 51.  Embajadas y Consulados.
1.  Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el  s
exterior, de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones  oe.
Consulares de Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los  w.
iDnitcehr2ea.s  perEso ltd eMec cinloióissn te msreeio ng odureiea sArá sd upeno ntro alsoc siEo pnxrtaienlircdioiaprdieo sse, s gUpeannñieóornala lEe qsuu rroeep cseoeag  eidyn acCsuo eeonnp tleraer nam ceiisónmn e,a la. e txrtaravénsje rdoe.   2021-9347n https://ww
la Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la
Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de  Bc
Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de 
los menores españoles en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el 
retorno a España de los mismos.
CAPÍTULO XII
De la Agencia Española de Protección de Datos
Artículo 52.  De la Agencia Española de Protección de Datos.
1.  La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades 
que le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar 
una protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en 
los casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando 
se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
2.  La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de 
denuncia de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo 
grave del derecho a la protección de datos personales.
3.  Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular 
denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, 
siempre que el funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.
4.  Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de 
datos personales.
5.  Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de 
dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, 
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al 
incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa 
que se impute a las personas menores de edad.
TÍTULO IV
De las actuaciones en centros de protección
Artículo 53.  Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores 
de edad.
1.  Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos 
seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos 
de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que 
contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e 
intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de 
aplicación de esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores 
que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación.
Entre otros aspectos, los protocolos:
a)  Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y 
la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación. s
b)  Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y  oe.
confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados  w.
sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser  47ww
rdeec uforrrmidaas c. oEnnfi dtoednoc iacal asol M lains ispteerrsioo nFaissc male, nao lrae as udtoer eiddaadd j utednicdiraál nc odmerpeectheon tae  rye mal itDire qfeunesjaosr 
del Pc)u ebGloa roa natniztea rl aqsu ien,s teitnu ceiol nmeosm aeuntoton ódmeilc iansg rheosmo,ó leolg caesn.tro de protección facilite a la  BOE-A-cable e
persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y
accesible, las normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así 
como información sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.
d)  Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como 
motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la 
identidad o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar 
actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías 
de las personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la 
intimidad y reputación.
e)  Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de 
la persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar.
2.  Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV 
del título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de 
protección de menores con problemas de conducta.
Artículo 54.  Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores 
de edad sujetas a medidas de protección.
Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones 
específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, 
explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas 
menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo 
su responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas 
actuaciones la perspectiva de género, así como las medidas necesarias de coordinación 
con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales 
implicados.
Artículo 55.  Supervisión por parte del Ministerio Fiscal.
1.  El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la 
normativa interna de los centros de protección de personas menores de edad para 
supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los 
mecanismos de comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, 
niñas y adolescentes que así lo soliciten.
2.  Las entidades públicas de protección a la infancia mantendrán comunicación de 
carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que 
acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la 
estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de 
mantener el mismo.
TÍTULO V
De la organización administrativa
CAPÍTULO I
Registro Central de información
Artículo 56.  Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la  e.
adolescencia. w.
la si1tu. acCióonn  dlae  flian avliidoaledn cdiea  ccoomntpraar tlair  iinnffoarnmciaac iyó nla q audeo pleesrcmeintac ieal,  ceoln Gocoibmieiernnoto  eusntiafobrlemcee rdáe, 
mcoendtriaan late i nrefaanl cdiae cyr elato a dlao lcersecaecniócnia ,d aesl íR ceogmisot rloa  Cinefonrtmraal cdióen i ncfoonrmcraectaió yn  eslo pbrroec elad ivmioielenntoc iaa 
través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos 
al registro.
El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro 
que, como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:
a)  Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad 
y, en su caso, discapacidad.
b)  Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
c)  Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
d)  Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.
2.  El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la 
adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga 
atribuidas las competencias en políticas de infancia.
3.  Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la 
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor 
publicidad posible.
CAPÍTULO II
De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos
Artículo 57.  Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con personas menores de edad.
1.  Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber 
sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad 
sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el 
título VII bis del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 
oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
2.  A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican 
contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por 
su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente 
ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que 
tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.
3.  Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores 
de edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 
y de Trata de Seres Humanos.
Artículo 58.  Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas 
trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la 
Seguridad Social.
1.  La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y 
de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que  e.
impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de  w.
contratación. 47ww
Sex2u.a leLsa y  edxeis Tterantcaia d seo Sbererevse nHiduam daen oasn tceocneldleevnatreás  eel nc eesl eR eingmisetrdoi aCtoe ndtera lla d ree lDaceilóinnc luaebnotreasl 
peonr  actueennctiaó na jae nlaa so  cdierc luanss ptaráncctiiacsa sc onnoc luarbroernatleess . eNno e ol bcsetanntrtoe ,d seie tmrapbraej oq uye  afu lear aa cptoivsiidbaled,   BOE-A-cable e
desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo
siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de 
edad.
De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su 
empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia 
de antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación 
laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y 
culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, 
deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y 
los beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real 
Decreto 1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales 
en empresas.
Artículo 59.  Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que 
realicen actividades en régimen de voluntariado.
1.  La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y 
de Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado 
que impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de 
voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien 
pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
2.  La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de 
la persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas 
menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias 
concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá 
efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el 
contacto habitual con personas menores de edad.
3.  Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el 
régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 57.1.
Artículo 60.  Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
1.  Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a 
los efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores de edad.
2.  Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo 
máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición 
se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos 
supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e 
interior.
Disposición adicional primera.  Dotación presupuestaria. e
cmAosamitmeEpirlsei amtEeleonss,ct  ansiadeesoc ,de  edsybea ebrliareoásrs á  dpncoa otdramaor  tueaaln  rla iodadsa e ldIocnuess astJid tuuoazt uocgtsuaó mddnoepos lmiM myae iesTdn,ri citboienu ndan e aLe lleeal gssáa  ndml,ue bOe livoftioacss i n mdoaebes l didgsioeaus csA i optreneenersscspoi ólenencag tlaaeiv lselaa sssy.     2021-9347n https://www.
Victimas, órganos técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios
sociales de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento 
de los fines y obligaciones previstas en esta ley.
Disposición adicional segunda.  Soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las 
soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus 
miembros sea una persona menor de edad, y promoverán medidas de apoyo psicosocial 
con el fin de reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras 
situaciones graves de vulnerabilidad.
Disposición adicional tercera.  Mejora de los datos de opinión pública.
El Centro de Investigaciones Sociológicas realizará anualmente una encuesta acerca 
de las opiniones de la población, tanto adulta como infantil y adolescente, con respecto a 
la violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes y la utilidad de las medidas 
establecidas en la ley, que permita establecer series temporales para valorar los cambios 
sociales más relevantes sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia.
La encuesta tendrá perspectiva de discapacidad y género; garantizará que los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad estén representados entre las personas 
encuestadas.
Los resultados de este análisis deberán ser incluidos en el informe anual de evaluación 
de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto 
en el artículo 21.2.
Disposición adicional cuarta.  Gastos de personal.
Las actuaciones derivadas de la aplicación y desarrollo de esta ley que tengan 
incidencia sobre el personal de las administraciones públicas, se ajustarán a las normas 
básicas sobre gastos de personal que sean de aplicación.
Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Central de 
Delincuentes Sexuales deberán entenderse realizadas al Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
Asimismo, las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Unificado 
de Maltrato Infantil deberán entenderse realizadas al Registro Unificado de Servicios 
Sociales sobre Violencia contra la infancia.
Disposición adicional sexta.  Procedimiento de comprobación automatizada de los 
antecedentes regulados en los artículos 57 a 60.
1.  En el plazo de un año, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que 
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes, en los casos en 
que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsión 
Social, mediante el cruce de la información existente en las bases de datos de trabajadores 
por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una práctica no laboral, y la 
recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
2.  Asimismo, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que permitan, para  e
las personas que desarrollen actividades de voluntariado, la comprobación de la  b
inexistencia de antecedentes mediante el cruce de la información recopilada por las  47ww
aCseonctiraacl idoen eDse elinnc luaesn qteuse  Sdeexsuaarlreosll eyn d seu T aracttaiv didea dS evroelsu nHtaurmiaa nyo lsa. recogida en el Registro
perm3.it anE nla  eclo mmipsrmoboa sceiónnti daou,t oeml Gátoicbai edrneo l ae sinteaxbilsetceenrcáia l odse  maencteacneisdmenotse sn eecne esla Rrioesg iqstureo 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de aquellas personas que 
realicen prácticas no laborales que no precisen el alta en la Seguridad Social.
Disposición adicional séptima.  Comisión de seguimiento.
1.  Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de 
la Adolescencia, se creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a 
partir de la aprobación de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y la evaluación de su impacto.
La Comisión de seguimiento podrá requerir la colaboración de todos los departamentos 
ministeriales y en especial de los Ministerios de Sanidad, Consumo, Educación y 
Formación Profesional e Igualdad mediante la participación en los asuntos que se estime 
de su competencia.
2.  La Comisión deberá emitir en el plazo máximo de dos años, contados a partir de 
la entrada en vigor de esta ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en 
el apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema.
3.  A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 promoverán, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.
Disposición adicional octava.  Acceso al territorio a los niños y niñas solicitantes de asilo.
Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de 
protección internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con 
independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en España, en los términos 
establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 
protección subsidiaria.
Disposición  adicional  novena.  Seguridad  Social  de  las  personas  acogedoras 
especializadas de dedicación exclusiva.
Reglamentariamente el Gobierno determinará en el plazo de un año de la entrada en 
vigor de la presente ley orgánica, el alcance y condiciones de la incorporación a la 
Seguridad Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas 
de dedicación exclusiva, previstas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y 
procedimiento de afiliación, alta y cotización.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada 
por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre 
de 1882, queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 109 bis, que queda  o
redactado como sigue: 47www.
«Artículo 109 bis.
ejerc1e. r lLaa asc vcíióctnim paesn adle el nd ecluitaol qquuieer  nmoo hmuebnietora ann rteens udnecli atrdáom ait es ud ed ecarelicfihcaoc pióond rdáenl 
delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas
antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para 
formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del 
juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o 
del resto de las acusaciones personadas.»
Dos.  Se modifica el artículo 110 que queda redactado como sigue:
«Artículo 110.
Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su 
derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de 
calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les 
conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se 
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación 
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito 
de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones 
personadas.
Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por 
esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 
que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia 
de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.»
Tres.  Se modifica el artículo 261, que queda redactado como sigue:
«Artículo 261.
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º  Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o 
la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º  Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus 
parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de 
un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código 
Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código 
Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un 
delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de 
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.»
Cuatro.  Se modifica el apartado primero del artículo 416, que queda redactado como 
sigue:
«Están dispensados de la obligación de declarar:
1.  Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, 
su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido 
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; 
pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de 
la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia. es
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes  bo
casos: 47ww
de la1 .vº íctCimuaa nmdeon eolr t edset iegdoa tde nog cao ant rdibisucidaap alac irdeapdre nseecnetasictaiódna l edgea el sop geucaiardl par doete hceccióhno.
vícti2m.ºa  seCau uannad op esreso tnraat me edneo ru dne d eedliatod  og ruanvae ,p eerls toensati gcoon s deiasc mapaaycoidr adde n eedcaesdi tya dlaa   BOE-A-cable e
de especial protección.
3.º  Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda 
comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la 
persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.
4.º  Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como 
acusación particular.
5.º  Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento 
después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.»
Cinco.  Se suprime el párrafo cuarto del artículo 433.
Seis.  Se suprime el párrafo tercero del artículo 448.
Siete.  Se introduce un artículo 449 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 449 bis.
Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la 
práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá 
desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo.
La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la 
declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá 
la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, 
deberá estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la 
persona  investigada  o  cuando  haya  razones  de  urgencia  para  proceder 
inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente 
designado al efecto.
La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte 
apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la 
Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación 
audiovisual. Se acompañará acta sucinta autorizada por el Letrado de la 
Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma de todas las 
personas intervinientes en la prueba preconstituida.
Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto 
en los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2.»
Ocho.  Se introduce un artículo 449 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 449 ter.
Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un 
procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, 
lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, 
contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones 
familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de 
organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial 
acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, 
con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad 
con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las 
garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.
La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años 
se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera  e
interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que  bo
hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales,  47ww
ftraamtailmiaireenst oy  dseo lcoisa lemsis dmeo sla y p eelr sreonndai mmieenntoor  doe  clao np rduiesbcaa.p Eacni deasdte,  pcaasrao , mlaesj opraarrt eesl 
tcroanstlarodla dreá ns ua  plae ratuinteonricdiaad y j uudtiilcidiaald l,a sse p lraesg ufanctailista qráu ea  elassti mpeerns oonpaosrt uenxapse rqtausie. nU, npare vveioz 
realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos
términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el Juez, 
previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del 
desarrollo y resultado de la audiencia del menor.
Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la 
audiencia del menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para 
ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico.
Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito 
tenga la consideración de leve.»
Nueve.  Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 544 ter, que quedan redactados 
como sigue:
«6.  Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera 
de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y 
vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por 
el Juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata 
de la víctima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento.
7.  Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de 
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran 
precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 
del Código Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez 
deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertenencia de la 
adopción de las referidas medidas.
Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, 
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o 
mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de 
prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna 
a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.
Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y 
existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran 
presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de 
este artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el 
régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los 
menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial 
podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior 
del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia 
de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción 
civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días 
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán 
ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia  e.e
que resulte competente.» w.b
Die«zA. rtícSuel oin 7tr0o3d ubcise. un artículo 703 bis con el siguiente contenido:
Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449
bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de
un testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la reproducción en la 
vista de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea 
necesaria la presencia del testigo en la vista.
En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá 
acordar la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional, 
cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en 
resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los 
apoyos de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad.
En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de 
parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no 
reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a 
alguna de las partes.»
Once.  Se modifica el párrafo segundo del artículo 707, que queda redactado como 
sigue:
«Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor 
de dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo, 
cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan 
derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la 
confrontación visual con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado 
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose 
la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala 
mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.»
Doce.  Se modifica el artículo 730, que queda redactado como sigue:
«Artículo 730.
1.  Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las 
partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de 
la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.
2.  A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación 
audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba 
preconstituida durante la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el 
artículo 449 bis.»
Trece.  Se adiciona un apartado 3 al artículo 777, con el siguiente contenido:
«3.  Cuando una persona menor de catorce años o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de 
testigo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 449 ter, debiendo la autoridad 
judicial practicar prueba preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea 
la instrucción de alguno de los delitos relacionados en tal artículo.
A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese 
deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación audiovisual, en los 
términos del artículo 730.2.»
Catorce.  Se adiciona un apartado 2 y se reenumeran los apartados del 2 al 6, que  s
pasan a ser del 3 al 7, en el artículo 788, con el siguiente contenido: e.
«2.  Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703 bis en cuanto a la no  47ww
ipnrteecrovnesntcitiuóind ae dne e clo ancfotorm diedal dju cicoino  ldoe dl istepsuteigsoto,  ecnu alonsd aor tsíceu lhoasy 4a4 9p rbaicst yic saidgou iepnruteesb.»a
Disposición final segunda.  Modificación del Código Civil, aprobado por Real Decreto 
de 24 de julio de 1889.
Uno.  Se modifica el artículo 92 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«Artículo 92.
1.  La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus 
obligaciones para con los hijos.
2.  El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado 
y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser 
oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta 
cuestión.
3.  En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello.
4.  Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, 
en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por 
uno de los cónyuges.
5.  Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos 
cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando 
ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.
6.  En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez 
deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente 
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o 
miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones 
de las partes, la prueba practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí 
y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.
7.  No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores 
esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro 
cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el 
Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la 
existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.
8.  Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco 
de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio 
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo 
de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
9.  El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los 
apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del 
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas 
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria 
potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar 
su interés superior.
10.  El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y 
custodia, así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, 
procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, 
procurando no separar a los hermanos.»
Dos.  Se modifica el artículo 154 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24  oe.
de julio de 1889, que queda redactado como sigue: w.
«Artículo 154.
progLeonsit ohreijos.s e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en 
interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus 
derechos, su integridad física y mental.
Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º  Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral.
2.º  Representarlos y administrar sus bienes.
3.º  Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que 
solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su 
defecto, por autorización judicial.
Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes 
de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo 
acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones 
idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su 
edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello 
fuera necesario.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la 
autoridad.»
Tres.  Se modifica el artículo 158 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 
de julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«Artículo 158.
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 
Ministerio Fiscal, dictará:
1.º  Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y 
proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, 
por sus padres.
2.º  Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los caso de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º  Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por 
alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:
a)  Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b)  Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya 
se hubiere expedido.
c)  Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 
del menor.
4.º  La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a 
terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro 
educativo  y  a  otros  lugares  que  frecuente,  con  respecto  al  principio  de 
proporcionalidad.
5.º  La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a 
los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto 
escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o  s
telemático, con respeto al principio de proporcionalidad. e.
6.º  La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el  w.
ejercicio de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y  47ww
caopmroubnadicoa cy,i oenne gse enestraabl, lleacsi ddoesm áesn  driesspoolsuicciioónne sju qduicei aclo nos cidoenreve onpioor tjuundaicsi,a alm fienn dtee 
aap taerrtcaerr aasl  mpeernsoorn daes .un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente  BOE-A-cable e
En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas 
a la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier 
proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la 
autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, 
pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda 
ejercitarse este derecho por sí misma.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 5 del artículo 172 del Código Civil, aprobado por 
Real Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:
«5.  La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores 
declarados  en  situación  de  desamparo  cuando  constate,  mediante  los 
correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su 
asunción, por alguno de los supuestos previstos en los artículos 276 y 277.1, y 
cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b)  Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en 
cuyo caso se procederá al traslado del expediente de protección y cuya Entidad 
Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y 
asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no 
es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.
c)  Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó 
voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.
La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria.
Se introduce un artículo sesenta y seis bis en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido:
«Artículo sesenta y seis bis.
1.  La Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las 
personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la 
violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una 
actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los 
términos que se determinen reglamentariamente.
2.  Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, 
concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y 
aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas 
internas a que se refiere el apartado anterior.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada de la 
forma siguiente:
Uno.  Se modifica el apartado 2 del artículo 307, que queda redactado en los  b
siguientes términos: 47ww
fdoer mto«ad2co.i ósn Elo mls  cuóulrtriddseoisn cedipse l ijsnuearilrse,d cuiccnic óiponen rianíolcedlsuo i yrdá ue n np eprcáeecrsítoiacdariosa  metunet eneltla eqd:u auesn  le opnsr  odjugifereacreemsna tye  tsjeu óóerrzigcaaosn  deoens    OE-A-2021-93able en https://
prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la 
superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente.
En la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en 
profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la 
igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la 
lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, incluirá el 
estudio en profundidad de la legislación nacional e internacional sobre los derechos 
de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus observaciones generales.»
Dos.  Se modifica el artículo 310, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 310.
Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras 
Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con 
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.
El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio 
de no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en 
particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la 
mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos 
internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres 
ratificados por España.
Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del 
principio del interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá 
garantizar la adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e 
internacional, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y 
sus observaciones generales.»
Tres.  Se modifica el apartado 5 del artículo 433 bis, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«5.  El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contendrá cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple 
discriminación y la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la trata en todas 
sus formas y manifestaciones y la capacitación en la aplicación de la perspectiva de 
género en la interpretación y aplicación del Derecho, además de incluir dicha 
formación de manera transversal en el resto de cursos.
Asimismo, el Plan de Formación Continuada contemplará cursos específicos de 
naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de 
la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 434, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«2.  Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la  es
selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el  o
Cetrlau npeEsrripvln oeCc riedspnaeiotl  rL oade  detqre aui gdiEeuosnsateu lsdyd  aidiondest em eJgnuárrtserí denpi  celmaors suCo jiemnararperle asar ralty ir s áFhe iorasvmncicuabialo,r le medslee  C ynla tues eA ucrd puamorps ioldnicseisa  dtLcreaeió cftonrióar nmdc ooadsnce  i yócJ naud rsseátomiccbtáieraesr.    2021-9347n https://www.
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección
precoz y el tratamiento de situaciones de violencia de género.
Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de 
la infancia y la adolescencia. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá 
el enfoque de la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»
Cinco.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 480 que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 480.
3.  Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados 
Superiores al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad 
técnica y científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse 
especialidades.
Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas 
profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los 
médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias 
previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que 
les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las 
consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los 
particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas 
que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.
Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las 
unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que 
se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
4.  Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio 
especializado al servicio de la Administración de Justicia y realizarán funciones de 
auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias 
del citado Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Prestarán servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las 
relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad.
Se modifica el párrafo a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, que queda redactado en los siguientes términos:
«a)  La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los 
que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a 
las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y 
directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del 
producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos 
estereotipados  que  vulneren  los  fundamentos  de  nuestro  ordenamiento  e.
coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28  w.b
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 47ww
publAicsidimadis mquoe,  csoea ednytuevned ae rgáe innecrlaurid vaio elenn claia  por edvisisciróimn iannatceiórino re nc ucaulaqluqiueire rfoar dmea s dues 
mcaarnáicfetesrt asceioxnisetsa ,s roabcries tlaa,s  epsetérstiocnoa so  mdee ncoarreásc tdeer  ehdoamdo, foó bfoicmo eon tter aensstefórbeioctoip oos p doer 
razones de discapacidad.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.
Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que 
queda redactada en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la circunstancia 4.ª del artículo 22, que queda redactada como 
sigue:
«4.ª  Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, 
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o 
de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad 
que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o 
circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la 
conducta.»
Dos.  Se modifica el párrafo b) del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«b)  Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, 
oficio, industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los 
derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, 
derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.»
Tres.  Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 45.
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras 
actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse 
expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad 
de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir 
la inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, 
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones 
no directamente relacionadas con el delito cometido.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 46.
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a 
la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para 
obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena 
de privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 
subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la 
persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá 
acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo 
de la persona condenada.
Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con  s
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para  oe.
determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial  w.
valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en  47ww
relacAi ólons a e lfaesc tcoisrc duen setsatnec aiartsí cduelol ,c alas op actorinac preottoe.stad comprende tanto la regulada en
eanl áCloógdaigso p rCeivviisl,t ains celun idlaa l elag isplraocriróong caidvial  dye  llaa sr echoambuilnitiaddaad,e sc oamutoó nloams ainss.»tituciones  BOE-A-cable e
Cinco.  Se modifica el párrafo introductorio del artículo 49, que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 
consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, 
en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las 
víctimas, así como en la participación de la persona condenada en talleres o 
programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. 
Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las 
siguientes:»
Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«1.  Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, 
contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, 
contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y 
las relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o 
varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no 
excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.
No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el 
Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo 
hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de 
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si 
fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes 
citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea.»
Siete.  Se modifica el párrafo 6.ª del apartado 1 del artículo 83, que queda redactado 
como sigue:
«6.ª  Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de 
igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad 
positiva y otros similares.»
Ocho.  Se modifica el artículo 107, que queda redactado como sigue:
«Artículo 107.
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación 
para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, 
cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a 
cinco años, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en 
relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias 
concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u  s
otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente  e.
por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º  w.
del artículo 20.» 47ww
Nueve.  Se modifica el párrafo 5.º del apartado 1 del artículo 130, que queda 
redactado como sigue:
«5.º  Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves 
perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón 
habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a 
cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por 
el delito antes de dictarla.
En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos 
eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la 
responsabilidad criminal.»
Diez.  Se modifica el apartado 1 del artículo 132, que queda redactado como sigue:
«1.  Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el 
día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, 
delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales 
términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última 
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.
En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y 
contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos 
contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor 
de dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya 
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha 
del fallecimiento.
En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, 
en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra 
la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de 
trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho 
años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco 
años de edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del 
fallecimiento.»
Once.  Se modifica el artículo 140 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 140 bis.
1.  A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos 
comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.
2.  Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos 
precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, 
respecto de este, la pena de privación de la patria potestad.
La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, 
respecto de otros hijos e hijas, si existieren.»
Doce.  Se introduce un artículo 143 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 143 bis. e.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier  47ww
oestrpae ctíeficcanmoleongtíea d edset inlaad oins fao rpmroamcioóvne r,o f odmee nltaa r coo imncuitnairc aacl isóunic iddieo  dceo npetersnoidnoass 
mseernáo craesst idgea dead acdo no  lpae presonnaa dse c pornis dióisnc daep aucnidoa ad  cnueacteros iatañdoass. de especial protección
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 
para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Trece.  Se modifica el apartado 3.º del artículo 148, que queda redactado como sigue:
«3.º  Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad 
necesitada de especial protección.»
Catorce.  Se modifica el artículo 156 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 156 ter.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 
otra  tecnología  de  la  información  o  de  la  comunicación  de  contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de 
personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección será castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 
para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Quince.  Se introduce el artículo 156 quater, con el siguiente contenido:
«Artículo 156 quater.
A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos 
en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.»
Dieciséis.  Se introduce el artículo 156 quinquies, con el siguiente contenido:
«Artículo 156 quinquies.
A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en 
los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la víctima sea una persona 
menor de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena 
de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o 
no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de 
edad, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena 
de privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco 
años cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en ambos casos se 
atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos 
cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.»
Diecisiete.  Se modifica el apartado 1 del artículo 177 bis, que queda redactado como 
sigue:
«1.  Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de  e
trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en  bo
tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o  47ww
avblaíeb cnuvtiesímcafitcnaimid onoasa , dp cleaaio r uancn aalaolp  gstoariat ruerea xe,c tltr iórcaaonnnn jdseseprea ons,rut timopae rieemri,no ettrodrida idaasendla t lodea a  dplraeee  r,nes eaonccntreoaesg gqiideauare edo p,  o oro esd ecereey vcepuircbalniió eeenrlr e acd,bo eiinlni tdcpraolaudl gis ddoooesb   reloael     OE-A-2021-93able en https://
intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las 
finalidades siguientes:
a)  La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
b)  La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c)  La explotación para realizar actividades delictivas.
d)  La extracción de sus órganos corporales.
e)  La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 
cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad 
se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier 
profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular 
y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte 
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.»
Dieciocho.  Se modifican las circunstancias 3.ª y 4.ª del apartado 1 del artículo 180, 
que quedan redactadas como sigue:
«3.ª  Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una 
situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad 
o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183.
4.ª  Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera 
prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o 
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, 
con la víctima.»
Diecinueve.  Se modifican las letras a) y d) del apartado 4 del artículo 183, que 
quedan redactadas como sigue:
«a)  Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, 
en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
d)  Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por 
ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»
Veinte.  Se modifica el artículo 183 quater, que queda redactado como sigue:
«Artículo 183 quater.
El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del 
artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos 
previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por 
edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.»
Veintiuno.  Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 188, que quedan 
redactadas como sigue:
«a)  Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por  oe.
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. w.
b)  Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de  47ww
usenra  assitcueancdióienn tdee,  oco hnevrimveanncoia,  poo dr en autnuara rleezlaac ioó na ddoep scuiópne,r ioo raidfiande so,  cpoanre lnat evsícctoim, pao.»r
Veintidós.  Se modifican las letras b), c) y g) del apartado 2 del artículo 189, que 
quedan redactadas como sigue:
«b)  Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material 
pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.
c)  Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una 
situación de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por 
cualquier otra circunstancia.
g)  Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro 
o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de 
derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra 
persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o 
autoridad.»
Veintitrés.  Se modifica el artículo 189 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 189 bis.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente 
destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en 
este capítulo y en los capítulos II bis y IV del presente título será castigada con la 
pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 
para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Veinticuatro.  Se introduce el artículo 189 ter, con el siguiente contenido:
«Artículo 189 ter.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 
siguientes penas:
a)  Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por 
la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b)  Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por 
la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida 
en el anterior inciso.
c)  Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, las autoridades judiciales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33.»
Veinticinco.  Se modifica el apartado 3 del artículo 192, que queda redactado como 
sigue: es
«3.  La autoridad judicial podrá imponer razonadamente, además, la pena de  w.
privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio  47ww
dtieem lopso d deere scehiso sm dees elas  paa streiais p aoñteosst,a yd ,l atu pteelnaa,  cduer aintehlaab, iglituaacridóan  op aarcao egmimpielenot oo,  pcaorrg eol 
pmúebsleicso  ao s eejies racñicoios .de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis  BOE-A-cable e
La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos 
comprendidos en el presente título, sin perjuicio de las penas que correspondan con 
arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier 
profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y 
directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco y veinte 
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia si 
el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave, en ambos casos 
se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos 
cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona condenada.»
Veintiséis.  Se modifica el artículo 201, que queda redactado como sigue:
«1.  Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
2.  No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder 
por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del 
delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima 
es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección.
3.  El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la 
acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo.»
Veintisiete.  Se modifica el apartado 3 del artículo 215, que queda redactado como 
sigue:
«El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.»
Veintiocho.  Se modifica el apartado 2 del artículo 220, que queda redactado como 
sigue:
«2.  La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una 
persona menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.»
Veintinueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 225 bis, que queda redactado 
como sigue:
«2.  A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º  El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia 
habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a 
las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
2.º  La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el 
deber establecido por resolución judicial o administrativa.»
Treinta.  Se modifica el párrafo tercero del artículo 267, que queda redactado como 
sigue:
«En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.»
Treinta y uno.  Se modifica el artículo 314, que queda redactado como sigue:
«Artículo 314. bo
cfaomntiQrliaau ria,e lngseuus np ape rproteedrnusezoncnacain ap  uoanr  aura ngzaró anev tedn eida i,ss urca riizdmaei onolao cngiaíóacn,i  óreennl,i  gesiuló  enom orip gcleerenoe , nnpacúciabioslin,c oas ul,o  s spiutru ivsaaecdxióoon,,    2021-9347n https://ww
edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia
o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar
la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro 
del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras 
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años 
o multa de doce a veinticuatro meses.»
Treinta y dos.  Se introduce un nuevo artículo 361 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 361 bis.
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 
otra  tecnología  de  la  información  o  de  la  comunicación  de  contenidos 
específicamente destinados a promover o facilitar, entre personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de 
productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o 
eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo 
para la salud de las personas será castigado con la pena de multa de seis a doce 
meses o pena de prisión de uno a tres años.
Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 
para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»
Treinta y tres.  Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:
«Artículo 511.
1.  Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a 
una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, 
religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones 
de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad.
2.  Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra 
una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por 
razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de 
sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
3.  Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en 
este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro 
años.
4.  En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, 
por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta 
si esta fuera de privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la  e
pena de inhabilitación especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo  bo
caso se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias  47ww
que concurran en el delincuente.»
Treinta y cuatro.  Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:
«Artículo 512.
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales 
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 
un periodo de uno a cuatro años.»
Treinta y cinco.  Se modifica el apartado 4.º del artículo 515, que queda redactado 
como sigue:
«4.º  Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita.
Se modifica el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita que queda redactado como sigue:
«g)  Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce 
el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las 
víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en 
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su 
condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de 
delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato 
habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de 
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento 
penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se mantendrá mientras 
permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere 
dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la 
firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no 
resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las 
prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la  e
condición de víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los  bo
de violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella,  47ww
siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»
Disposición final octava.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada 
en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el primer párrafo y la letra c) del apartado 5 del artículo 2, que 
quedan redactados como sigue:
«5.  Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el 
interés superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las 
debidas garantías del proceso y, en particular:
[...]
c)  La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor 
o de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del 
Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe 
un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria 
a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.»
Dos.  Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:
«Artículo 12.  Actuaciones de protección.
1.  La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante 
la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los 
casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. 
En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas 
familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las 
consensuadas frente a las impuestas.
2.  Los  poderes  públicos  velarán  para  que  los  progenitores,  tutores, 
guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les 
facilitarán servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en 
todas las áreas que afectan al desarrollo de los menores.
3.  Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de 
los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para 
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con 
aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación.
4.  Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se 
determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad 
que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte 
o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. 
La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores 
se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del 
afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo  es
para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. No podrán realizarse, en  o
nemisnepgneAúocsnriiae mclsmai ssdemoen,o t de,e e udinsnanvadau  vsdqeiovuzsae  sai n.dhtoaepgytaraandle alsl e,la ge amxpdelood risdaocali aodnse e gasu  gEaersdnpaitaa ñole atsu,  tulea losat  rrEaesns tppideruacetdobe aass  p Pmeúrésbdoliinccaaasss    2021-9347n https://www.
comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de
inscripción en el Registro Estatal correspondiente.
5.  Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley 
a las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a 
un recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y 
adecuada a sus necesidades, evitando la prolongación de las medidas de carácter 
provisional y de la estancia en los recursos de primera acogida.
6.  Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de 
menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa 
edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión 
tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce 
meses.
7.  Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública 
remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado 
menor cuando este se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento 
familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la 
Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de 
carácter más estable en ese intervalo,
8.  Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los 
menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, 
adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del 
menor. Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los 
mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos 
y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán 
porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a 
los menores con discapacidad y a sus familias.»
Tres.  Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue, y se suprimen los 
apartados 4 y 5 del artículo 13:
«1.  Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, 
oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una 
persona menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, 
sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»
Cuatro.  Se introduce un artículo 14 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 14 bis.  Actuaciones en casos de urgencia.
1.  Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda 
provisional a la que se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, 
la actuación de los servicios sociales será inmediata.
2.  La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está 
sujeta a requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin 
perjuicio del deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato 
que precisen.»
Cinco.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados como 
sigue:
«1.  Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona  es
menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o  o
eidinndettueescarnvamsetiidpnvaacodir,ó o en on y  d spleuea  r blsaaiie ssnauteednnsmctciaióinarn i os qt derueane c  sliaófuu nsnt  uddpteaeúrmlbealce icphnaoot asrc r odímamein nfp oisesruttmee randi oteqe cu,d leaep,r  aaslraican i ó laeenllyc i,mad nesinze aasarri t, u lparare eecdcnióuitsincdai ar d dloea,     2021-9347n https://www.
compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y
exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.
2.  Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a)  La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte 
de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, 
que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o 
adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, 
la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
b)  La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la 
tutela, guarda o acogimiento.
c)  La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma 
evidente.
d)  La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones 
de tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas 
de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de 
violencia, perjudiquen su desarrollo.
e)  La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la 
familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.
f)  Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, 
contra los niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar 
y su salud mental y física, en particular:
1.º  Las  actitudes  discriminatorias  que  por  razón  de  género,  edad  o 
discapacidad puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la 
falta de acceso a la educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso 
al arte y a la vida cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de 
género, edad o discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.
2.º  La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las 
características sexuales de la persona menor de edad.
g)  El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra 
forma de violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las 
promesas o acuerdos de matrimonio forzado.
h)  La identificación de las madres como víctimas de trata.
i)  Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos 
establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.
j)  Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales 
con síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.
k)  El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las 
personas menores de edad.
l)  La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 
doméstica o de género.
m)  Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas 
menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el 
desamparo del niño, niña o adolescente.»
Seis.  Se añade un nuevo artículo 17 bis con el siguiente contenido: s
«Artículo 17 bis.  Personas menores de catorce años en conflicto con la ley. w.b
de eLnaesr op,e drseo nreassp ao nlassa bqiulidea sde  preefniearle d eel  laorstí cmuelon o3r dees  lsae Lráeny  iOncrgluáidnaicsa  e5n/2 u0n0 0p,l adne  d1e2 
sseergvuicimioise nsotoc iqaulees  vcaolmorpee tseun tseistu daec icóand as occoimo-ufanmidialida ra dutisóenñoamdao. y realizado por los
Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o 
indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir 
un módulo formativo en igualdad de género.»
Siete.  Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1.  Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el 
acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del 
procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en 
el Código Civil y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, 
podrá tener lugar, de acuerdo al interés superior del menor, en la propia familia 
extensa del menor o en familia ajena.
El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se 
desarrolla en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran 
la unidad familiar dispone de cualificación, experiencia o formación específica para 
desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias 
especiales, pudiendo percibir por ello una compensación.
El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se 
determine por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias 
especiales del menor en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona 
o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha 
dedicación.»
Ocho.  Se añade un artículo 20 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 20 ter.  Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 
personas menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la 
Unión Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.
1.  El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será 
la autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo 
de personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes 
deberán ser remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de 
obtener la preceptiva autorización de las autoridades españolas competentes con 
carácter previo a que se pueda producir el acogimiento.
2.  Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse 
de los documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la 
idoneidad de la medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del 
establecimiento o familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, 
además de la requerida por la normativa internacional aplicable, deberá aportarse 
un informe sobre el niño, niña o adolescente, los motivos de su propuesta de 
acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del mismo y cómo se prevé 
hacer seguimiento de la medida.
3.  Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central 
española comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo 
previsto en el apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica 
competente para su aprobación.
4.  La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, 
remitirá su decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad  e.e
Central del Estado requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades  b
competentes de dicho Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento  47ww
ey ne Ejespcauñcaió, nn oetinfic aErsápna añ tao ddaisr elacst apmaretenste in taenretesa deal sJ yu zsgolaicditoa ráon  Tsrui breucnoanl oecismpiaeñntool 
terri5to. riaElml pelnatzeo c momáxpiemteon ptea.ra la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres
meses.
6.  Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán 
acompañarse de una traducción legalizada en español.»
Nueve.  Se añade un artículo 20 quater con el siguiente contenido:
«Artículo 20 quater.  Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo de personas menores de edad en España.
1.  La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo cuando:
a)  El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés 
superior de la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en 
cuenta la existencia de vínculos con España.
b)  La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este 
caso, se devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos 
de la devolución con el fin de que pueda subsanarlos.
c)  Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un 
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la 
comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.
d)  No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad 
a ser oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o 
representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.»
Diez.  Se añade un nuevo artículo 20 quinquies con el siguiente contenido:
«Artículo 20 quinquies.  Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de 
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La 
Haya de 1996.
1.  Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades 
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán 
por escrito a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades 
competentes del Estado miembro requerido para su tramitación.
2.  La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho 
Nacional del Estado miembro requerido.
3.  La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido 
a la Autoridad solicitante.
4.  Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a 
una autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua 
oficial del Estado requerido o aceptada por este.»
Once.  Se añade un nuevo artículo 21 ter con el siguiente contenido:
«Artículo 21 ter.  Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia.
1.  Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas 
de  carácter  preventivo  y  de  desescalada,  pudiéndose  también  adoptar  s
excepcionalmente y como último recurso, medidas de contención física del menor. e.
Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona  w.
menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las  47ww
insta2l.a ciToondeas  mo ead oidbaje tqouse m suee abplelisq.ue en un centro de protección a la infancia y la
addeo lelegsacleidnacdia,  npeacreas gidaaradn, tinizdairv ildau caolinzvaicvieónnc, ipar yo psoergcuiorindaaldid asde,  riedgoinráe ipdoard l,o gsr apdriunaccipióions,   BOE-A-cable e
transparencia y buen gobierno.
Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios 
rectores de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente 
necesario, y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad 
y a los derechos de la persona menor de edad.
3.  Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por 
personal especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la 
adolescencia, así como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.
4.  Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas 
verbales de gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad 
del menor que se encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y 
grave peligro para su vida e integridad o para la de otras personas.
5.  Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre 
el menor y la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de 
espacios o movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la 
inmovilización física del menor por personal especializado del centro.
Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de 
menores con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir 
en la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará 
con las garantías previstas en el artículo 28 de esta ley.
6.  Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a 
la infancia y la adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la 
Entidad Pública y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el 
expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.
La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se 
hiciera uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el 
plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.
7.  Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de 
catorce años, a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después 
de la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan 
hijos e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad 
grave, salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente y grave 
peligro para su vida e integridad o para la de otras personas.
Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en 
la restricción de espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán 
ser motivadas y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y 
al Ministerio Fiscal.»
Doce.  Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27.  Medidas de seguridad.
1.  Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en 
su aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas 
de seguridad solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de 
desescalada, que tendrán carácter prioritario.
2.  Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y 
con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución  es
de conflictos y técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de  bo
seguridad con los menores como último recurso, en casos de intentos de fuga,  47ww
rvdeuesl nlies3est.re iaoncnCcióeioansr  r aega srcoapttivorvoenas d a qeo l u oadesla   Dñdsoieurserpe cogctnorhargo vadsee  sdul  enCa  aeola ntasrtor liotsne  sormat apecleaniórcosniroo enngsaer ao sev .nrei e lasd geqo u lead  iercesoctento vh idaveey ana cduieatol eloeg sauiódnnoa,,    OE-A-2021-93able en https://
la adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas
y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio 
Fiscal y podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, 
ante el órgano judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar 
informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.
4.  Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro 
de Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.»
Trece.  Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:
«Artículo 28.  Medidas de contención.
1.  Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias 
en presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del 
presente artículo.
2.  El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención 
previo intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de 
medidas de desescalada.
3.  La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y 
la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios 
y movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización 
física por personal especializado del centro.
En los centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta, será admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las 
muñecas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un 
estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo 
de la vida o la integridad física del menor o de terceros. Esta medida excepcional 
solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo imprescindible, que no podrá ser superior 
a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada 
presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un 
educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.
La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad 
Pública, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.
4.  La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el 
art. 21 ter de esta Ley.»
Catorce.  Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:
«Artículo 29.  Aislamiento del menor.
1.  El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un 
espacio adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención 
de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, 
al personal del mismo o a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. 
Se aplicará puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningún caso 
como medida disciplinaria.
2.  El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del 
derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor 
permanezca en aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma 
continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional 
del equipo educativo o técnico del centro.» es
Quince.  Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue: w.
«dAebrti1ídc.o u laoL  lo3as0 d .r igengRiidseatgrdois,st rp oprsiev rapsceoirdnsaaodlne aysl  eays  l omys am dteaertreiearclieahsloe sss .efu nlledavamreánnt aal ecsa dbeo  lcao pne reslo rneas,p ceotno   OE-A-2021-93able en https://
el fin de evitar situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del
centro de objetos, instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso 
inadecuado pueden resultar peligrosos o perjudiciales.
Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
2.  El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal 
indispensable que requerirá, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo 
que el menor. Cuando implique alguna exposición corporal esta será parcial, se 
realizará en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en 
todo lo posible la intimidad del menor.
3.  El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del 
menor, pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que 
pudieran ser de ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las 
instalaciones del centro o que no estén autorizados para menores de edad. 
Los registros materiales se deberán comunicar previamente al menor siempre que 
no pudieran efectuarse en su presencia.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.
Se modifican los artículos 779 y 780 con la siguiente redacción:
«Artículo 779.  Carácter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente y 
deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha en que se hubieren 
iniciado. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo.
Será competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia 
del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los 
artículos 179 y 180 del Código Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.
Artículo 780.  Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores.
1.  No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular 
oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores. La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo 
de dos meses desde su notificación.
Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo 
en tal resolución, los menores afectados por la resolución, los progenitores, tutores, 
acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente 
la ley les reconozca tal legitimación. Aunque no fueran actores podrán personarse 
en cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.
Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el 
proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas 
que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan 
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que 
ellos mismos designen como su defensor para que les represente.
2.  El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de  e.
protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en  w.b
el que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone. 47ww
admEinni setrl aetsivcar ityo m coannsifiegsntaarráá  esix epxreisstaemn epnrotec elad ifmeciehnat odse r neolattifivicoasc iaó ne sdee  mlae rneosro.lución
adm3in. istEral tiLvae turand toe sdtime olnai oA cdomminpliesttora dceiól ne xdpee dJieunsttei,c iqau er edcelabmeraár sáe ra a lpao retandtoid aend 
el plazo de diez días.
La entidad administrativa, podrá ser requerida para aportar al Tribunal antes de 
la vista, las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor.
4.  Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Letrado de la 
Administración de Justicia, en el plazo máximo de cinco días, emplazará al actor por 
diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto 
en el artículo 753.
El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación 
del juicio.
5.  Se suprime.
6.  Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento 
de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones 
administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y 
dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que 
estuviera conociendo del procedimiento más antiguo.
Acordada la acumulación, se procederá según dispone el artículo 84, con la 
especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera 
posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por 
el señalamiento. En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia 
acordará la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se 
hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos 
con carácter preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes.
Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos 
de reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la 
acumulación no se dará recurso alguno.»
Disposición final décima.  Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género queda modificada en los siguientes términos:
Se añade un apartado nuevo 4 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«4.  La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 
violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza 
sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas 
indicadas en el apartado primero.»
Disposición final undécima.  Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, que queda redactado en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
«Artículo 4.  Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.
El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la 
protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las  s
infracciones cometidas por las personas menores de edad. oe.
De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas  w.
qdueeri vLpaarres  vavé íl calat i vmleícagtsiims lyaa cl adiósen  p vveiiogrsleeonnntceaia,s d  ape eblarije uOnddficioca iendlaa L sde etter aAnddtoer ándncei ó dlane  Araed clmah oiVn iíasc ttpriamecraisó ocnno damersp Jeeu tyset niscteeiar.   2021-9347n https://ww
parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la
Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109  Bc
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar
dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no 
personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el 
Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.
Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo 
actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá 
comunicar a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, 
todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por 
el Juez de Menores, que puedan afectar a sus intereses.
En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 18 de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá 
inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas 
haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la 
jurisdicción civil.
Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por 
escrito la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la 
infracción penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.
Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a 
que le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas 
cautelares de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán 
comunicadas a las administraciones públicas competentes para la adopción de 
medidas de protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, 
sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole.
La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente 
de la situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una 
medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo 
momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en 
aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.»
Dos.  Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:
«Artículo 59.  Medidas de vigilancia y seguridad.
1.  Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán 
suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, 
inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas 
y enseres de los menores internados.
2.  Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan 
reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que 
cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras personas, para 
impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia 
activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo.
Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la 
persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y 
cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos 
lesivas.
3.  Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una 
persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a  es
objetos muebles. bo
4.  La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que  47ww
seceol  pmhl5aiuc.zni eoicr Laam aduásasx soim m cdooee nd dl aiecd  afa4urs8áe  crhzdtoeaerr, a  liacns,o m eenxextpdetleionanrctadoióci éainónl  ndJa oufpíszslegiicc aeaadl d docae odslr eir ne eMtsenper nonlonoo dsrpei eoscnr  eytfean a ctplru aoMltrsatie nti dvimsoeteé bmrdeioéirc ádoFin.cis ocs eaenlr.    OE-A-2021-93able en https://
Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será supervisado
por parte de la dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, que 
debe mantenerse actualizado.»
Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.
Se añade un apartado 19 al artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto con la siguiente redacción:
«19.  Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley 
Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.»
Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, en los siguientes términos:
«5.  Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia 
ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta 
circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado.»
Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
queda modificada en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el 
Ministerio de Sanidad.»
Dos.  Se añade una nueva disposición transitoria séptima con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria séptima.  Expedición de títulos de especialista en Ciencias 
de la Salud.
Los procedimientos de expedición de títulos iniciados con anterioridad al 1 de 
enero de 2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio 
de Universidades y, por tanto, los títulos serán expedidos por este último.»
Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.
Se modifica la especialidad 4.ª del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 15/2015, de 2 
de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que queda redactada como sigue: e.
«4.ª  Cuando el expediente afecte a los intereses de una persona menor de  47ww
efudearde  op opseibrsleo,n ean c loons  ddiisecza dpíaacsi dsaigdu, iesen tpersa, clatisc adriáligne tnacmiabsié rne leanti veal sm ais dmicoh aocst ion toe,r esis neos 
que Lsae  aauctuoerirddaedn j uddei coifaicl ioo  eol  Lae intrsatdaon cdiea  ldae Al dMmininisistetrraioc iFóins cdael .Justicia podrán acordar
que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se
practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el 
Ministerio Fiscal. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones 
idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su 
edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello 
fuera necesario.
Del resultado de la exploración se levantará en todo caso, acta por el Letrado de 
la Administración de Justicia, expresando los datos objetivos del desarrollo de la 
audiencia, en la que reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente 
imprescindibles por significativas, y por ello estrictamente relevantes, para la 
decisión del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar 
después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a las 
personas interesadas para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco 
días.
Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución 
que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la exploración 
practicada.
En lo no previsto en este precepto, se aplicará lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición transitoria séptima.  Dilación del requisito de especialidad en Medicina 
Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el artículo 475 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para acceder al Cuerpo de 
Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el 
Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia 
al menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía 
extraordinaria de acceso a dicho título según el procedimiento regulado en el real 
decreto que desarrolle el acceso a esta especialidad por el sistema de residencia.»
Disposición final decimoséptima.  Creación del Consejo Estatal de Participación de la 
Infancia y de la Adolescencia.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, procederá a 
la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de 
modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación en la formulación, 
aplicación y evaluación de planes, programas y políticas nacionales que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes.
Disposición final decimoctava.  Título competencial.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª  e.e
y 18.ª de la Constitución española (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia  b
exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad  47ww
dcoen tsotditousc iloonsa elessp,a nñaocleios neanli deal edj,e irncmiciigor daeci ólons,  deemreigcrhaocsió yn ,e enx etrl acnujmerpíalim yi ednetroe cdheo l odse d aesbielor,e sy 
bpearsjueisc iod edle r léagsi mcoemn pjeutreídniccioa sd qeu ela psu aeddamnin oisstteranctaior nlaess  cpoúmbulinciadsa,d reess apuetcótnivoammaesn, teen,  vyi rtsuind 
de los Estatutos de Autonomía que forman parte del cuerpo constitucional, que deberán
respetarse en cualquier caso. De manera particular, los capítulos II, III, VII y IX del Título III 
de esta Ley Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las 
comunidades autónomas en virtud de sus competencias en materia de política familiar, 
asistencia social y deporte y ocio.
No obstante, los artículos 13 y 14 y la disposición final séptima se dictan al amparo de 
las competencias que corresponden al Estado en materia de administración de justicia y 
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, de 
conformidad con lo previsto en los apartados 5.ª y 6.ª del artículo 149.1 CE.
Las disposiciones finales primera y decimoquinta se dictan al amparo de las 
competencias del Estado sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las comunidades autónomas, de conformidad con lo previsto por el artículo 149.1.6.ª CE.
La  disposición  final  tercera  se  dicta  al  amparo  de  la  competencia  que  el 
artículo 149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penitenciaria.
La  disposición  final  sexta  se  dicta  al  amparo  de  la  competencia  que  el 
artículo 149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penal.
La disposición final undécima se dicta al amparo de las competencias que el 
artículo 149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penal, procesal y penitenciaria.
La disposición adicional sexta se dicta al amparo de las competencias estatales que el 
artículo 149.1.5.ª CE atribuye al Estado sobre administración de justicia.
La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la CE.
Los capítulos IV y V del título III se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª CE, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 CE.
El capítulo VI del título III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se 
dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª CE, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre bases y coordinación general de la sanidad, respetando, en todo caso, las 
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito por sus respectivos 
Estatutos de Autonomía.
El capítulo X del título III se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de 
creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los 
respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
El artículo 55, así como las disposiciones finales cuarta, decimosexta y vigésima se 
dictan al amparo del artículo 149.1.5.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre Administración de Justicia.
El capítulo II del título V y la disposición final duodécima se dictan al amparo del 
artículo 149.1.7.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
La disposición final segunda se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales 
o especiales, allí donde existan.
La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.27.ª CE, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio 
y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. es
Disposición final decimonovena.  Carácter ordinario de determinadas disposiciones. w.
y 8 dLeal  ptírteusloe nptree lliemyi ntiaern; ed ee l locsa raárcttíecur ldoes  l1e0y,  o1r1g,á 1n2ic, a1,3 a y e 1x4c edpecli ótíntu dloe  I;lo dse a lrotísc utíltouslo 5s,  I6I,,  I7II 
ys eIVgu; nded alo, ste arrcteícrual,o cs u5a7r taa ,6 q0u dinetl atí,t usleox Vta;  ays ín coovmenoa d ye  ldaes  dlaissp doissipcoiosniceiso naedsic ifoinnaalleess  pprriimmeerraa,,   BOE-A-cable e
segunda, quinta, séptima, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta 
y decimonovena.
Disposición final vigésima.  Especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de 
los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales.
1.  En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales los siguientes proyectos de ley:
a)  Un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la 
especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y 
enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de 
edad. Tal especialización se realizará en orden a los principios y medidas establecidos en 
la presente ley. Con este propósito se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia 
contra la Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo 
Penal y las Audiencias Provinciales. También serán objeto de adaptación, en el mismo 
sentido, las pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos 
especializados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 312.4 de la citada Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio.
Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley orgánica dispondrá las modificaciones 
necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en 
Infancia, Familia y Capacidad.
b)  Un proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la 
especialización de fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, 
conforme a su régimen estatutario.
2.  Las administraciones competentes regularán en idéntico plazo la composición y 
funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos 
judiciales especializados en infancia y adolescencia, y la forma de acceso a los mismos de 
acuerdo con los criterios de especialización y formación recogidos en esta ley.
Disposición final vigésima primera.  Desarrollo normativo y ejecución de la ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, así 
como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e 
implantación.
Disposición final vigésima segunda.  Adaptación normativa.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, se deberán adecuar a la 
misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que sean incompatibles 
con lo previsto en esta ley.
Disposición final vigésima tercera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se completa la incorporación al Derecho español de los artículos 3,  es
apartados 2 a 4, 6 y 9, párrafos a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento  o
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos  47www.
sseuxsutitauleyes  lya  lDa eecxispilóonta mcióanrc ose 2x0u0a4l /d6e8 /JloAsI  mdeeln Coorenss eyj ola. pornografía infantil y por la que se
Disposición final vigésima cuarta.  Procedimiento para la determinación de edad.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al 
desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, 
de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas 
por España, así como la prevalencia del interés superior del menor, sus derechos y su 
dignidad.
Disposición final vigésima quinta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producirán 
efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.
Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de 
enero de 2022.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley orgánica.
Madrid, 4 de junio de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN