BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 59748
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8317 Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de San Sebastián n.º 1, por la 
que suspende la inscripción de un mandamiento de embargo dictado en 
procedimiento administrativo de apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el recurso interpuesto por don J. C. G. L., jefe del Servicio de Recaudación del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, contra la 
nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de San Sebastián 
número  1,  don  Jesús  Alberto  Goenechea  Alcalá-Zamora,  por  la  que  suspende  la 
inscripción de un mandamiento de embargo dictado en procedimiento administrativo de 
apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Hechos
I
En el Servicio de Recaudación de la Diputación Foral de Guipúzcoa se tramitó 
procedimiento de apremio para el cobro de las cantidades que fue condenado a pagar 
don J. I. U. A. por el delito a que fue condenado por sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Penal número 2 de San Sebastián. En dicho procedimiento se acordó el embargo de 
una serie de fincas que aparecían inscritas a nombre de la esposa del condenado, doña 
M. L. M. A., con carácter privativo por adjudicación en la liquidación de la sociedad de 
gananciales, en virtud de escritura otorgada ante el notario de San Sebastián, don Jesús 
María Sanza Amurrio, el día 12 de marzo de 2008.
II
Presentado  dicho  mandamiento  en  el  Registro  de  la  Propiedad  San  Sebastián 
número 1, fue objeto de la siguiente nota calificación:
«Presentado en este Registro, con fecha 26 de noviembre de 2020, copia autorizada 
electrónica  del  mandamiento  expedido  el  26  de  noviembre  de  2020,  recibido  vía 
telemática, expediente administrativo de apremio 215224-110, instruido en ese Servicio 
de Recaudación al deudor don J. I. U. A., motivando el asiento 1535 del Diario 108, se 
suspende la anotación del embargo que se interesa en el mismo en base a los siguientes 
hechos y fundamentos:
Resultando que en procedimiento administrativo de apremio, contra el deudor, don J. 
I. U. A., se ordena la anotación preventiva de embargo, sobre la finca 18101, que es la 
dependencia número uno o local en planta de sótano (…) de esta ciudad de San 
Sebastián;  la  finca  3865  que  es  la  dependencia  número  ciento  sesenta  y  siete  o 
aparcamiento (…) de esta ciudad; y la finca 10158 que es la dependencia número doce o  s
plaza de garaje (…) de esta ciudad; habiéndose notificado el mismo a la esposa del  oe.
deudor, doña M. L. M. A. w.
Resultando que dichas fincas figuran inscritas en pleno dominio a favor de la citada  17ww
dsoocñiae dMad.  Ld.e  Mg.a nAa.,n ccioanle sc,a eránc tveirrt updr ivdaet iveos,c rpitourr at ítoutloor gdaed aa dejlu ddoiccaec idóen  mena rlziqou didea cdioósn  mdeil 
ocho ante el Notario de San Sebastián, don Jesús María Sanza Amurrio, protocolo
número 315, que motivó la inscripción 2.ª de la finca 18101, la inscripción 3.ª de la 3865, 
y la inscripción 2.ª de la finca 10158, todas ellas con fecha 7 de abril de 2009.
Resultando que dicha señora doña M. L. M. A. no figura como deudora demandada.
Considerando que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, párrafo 1.º, establece que 
“para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o 
extingan el dominio y los demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar 
previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre 
sean otorgados los actos referidos”. Y establece también dicho precepto que “No podrá 
tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra 
prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha 
dirigido el procedimiento”. En el presente caso, las fincas se hallan inscritas a nombre de 
persona distinta del demandado.
Considerando que el art. 24.1 de la Constitución, para evitar la indefensión, exige 
que el que figure como titular registral sea parte en el procedimiento, enlazando así con 
el principio de tracto sucesivo y de salvaguarda judicial de los asientos, tal como ha 
señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado reiteradamente.
Se  suspende  la  práctica  de  la  anotación  del  embargo  que  se  interesa  en  el 
mandamiento calificado por los referidos hechos y fundamento de derecho.
No  se  practica  anotación  preventiva  de  suspensión  por  no  haberse  solicitado. 
Artículos 2, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 20 Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento.
En virtud de la presente calificación queda prorrogado el asiento de presentación por 
el plazo que señala el artículo 323-1.º de la Ley Hipotecaria.
Esta calificación podrá (…)
San Sebastián, 13 de enero de 2021. El registrador Este documento ha sido firmado 
digitalmente por el registrador: don Jesús Alberto Goenechea Alcalá-Zamora con firma 
electrónica reconocida».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.  C.  G.  L.,  jefe  del  Servicio  de 
Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, interpuso recurso el día 27 de enero de 2021 mediante escrito en el que 
expresaba lo siguiente:
«(…) Fundo dicho recurso en los siguientes antecedentes y razonamientos jurídicos:
1.  Antecedentes:
1.  Origen de las deudas a exigir a don J. I. U. A.: sentencia penal firme por un delito 
contra la Hacienda Pública.
Por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia se dictó sentencia el 10/10/2017, 
declarada firme por Auto de 03/10/2018, en la que se condenaba a D. J. I. U. A. (…) 
cónyuge de Dña. M. L. M. A. (...), corno autor de un delito contra la Hacienda Pública del 
art. 305.1 del Código Penal, por razón del Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2006 
correspondiente a “Iramendi Desarrollo, S.L.”, y le imponía a D. J. I. U. A. la pena, entre 
otras, del pago de una multa de 20.991.172,50 €; y el pago de una indemnización en 
concepto  de  responsabilidad  civil  a  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  por  importe 
de 10.495.586,30 € más los intereses de demora que en su caso procediesen.
La citada sentencia constituye el título ejecutivo para exigir forzosamente el cobro de  e.
las deudas que contiene. w.b
La  gestión  de  cobro  de  esas  deudas  junto  con  sus  intereses  de  demora  fue  17ww
Fenincaonmzaesn dapdoar  eal  eJsutzag aDdiop utdaec iólon   PFoernaal l dne.º  G4i pudzek oDao-Dneopstaiart ammeendtiaon tdee  AHuatoc iejnuddaic iayl 
dAed ici0o3n/a1l0 1/200.ª1 8d-ee jleac Luetoyr iGa en1e7r6a6l /T2r0ib1u8t;a riya , ceullyoo  ecqouni vafulenndtea meenn etol  Teernri torlaio  HDisistpóoriscioc idóen 
Gipuzkoa se encuentra en la Disposición adicional 7.ª de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.  Actuaciones dentro del procedimiento administrativo de apremio que se sigue 
contra el deudor D. J. I. U. A.
Recibida la encomienda de la gestión de cobro de las deudas procedentes de delito 
contra  la  Hacienda  Pública  en  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa-Departamento  de 
Hacienda y Finanzas, desde este Servicio de Recaudación y respecto de D. J. I. U. A se 
dictaron con fecha 30/10/2018 providencias de apremio por dichas deudas que fueron 
notificadas con fecha 05/11/2018 sin que, transcurrido el plazo de pago otorgado al 
deudor en la notificación, se efectuase el ingreso. El procedimiento administrativo de 
apremio iniciado tiene la referencia 215224-110.
Tras el plazo otorgado para el ingreso se intentó el cobro forzoso de la deuda con 
bienes titularidad de D. J. I. U. A mediante el embargo de los mismos, intento que resultó 
infructuoso dado el desconocimiento de la existencia de bienes a su nombre.
3.  Acto administrativo de requerimiento de pago de 23/09/2020 a Dña. M. L. M. A., 
cónyuge del deudor D. J. I. U. A.
Conforme los datos obrantes en este Servicio de Recaudación, D. J. I. U. A y Dña. M. 
L.  M.  A.  contrajeron  matrimonio  el  29/04/1978,  siendo  el  régimen  económico  del 
matrimonio hasta el 12/03/2008 el de sociedad de gananciales; en esa fecha y mediante 
escritura notarial con n.º de protocolo 315, del notario D. Jesús M.ª Sanza Amurrio e 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1 respecto de la 
mitad indivisa de la finca embargada, ambos cónyuges decidieron disolver y liquidar ese 
régimen  económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales,  y  sustituirlo  por  el  de 
separación de bienes.
De la escritura de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales se deduce 
la existencia al menos de varios bienes inmuebles que habían tenido el carácter de 
bienes gananciales; y que en ese momento fueron adjudicados a Dña. M. L. M. A. con 
carácter privativo, entre otras la mitad indivisa de la finca registral n.º 22589, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1.
A la vista de lo expuesto, y ante el desconocimiento de bienes a nombre del deudor 
D.  J.  I.  U.  A,  dentro  del  citado  procedimiento  administrativo  de  apremio  de 
referencia  215224-110  y  con  fecha  23/09/2020  se  dictó  desde  el  Servicio  de 
Recaudación, acto administrativo de requerimiento de pago de las deudas procedentes 
de un delito contra la Hacienda Pública por importe de 31.486.758,80 €, dirigido a Dña. 
M. L. M. A., y que le fue notificado el 28/09/2020.
El Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1 es conocedor del acto 
administrativo  de  requerimiento  de  pago  al  estar  referido  expresamente  en  el 
mandamiento de anotación de embargo cuya inscripción ha sido suspendida por parte 
del Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad n.º 1 de Donostia-San 
Sebastián.
En el contenido del requerimiento de pago realizado a Dña. M. L. M. A. se reflejaba lo 
siguiente:
– Existencia de la sentencia penal firme de 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 
de Donostia, por razón del Impuesto sobre Sociedades de 2006.
– Deudas a exigir, contenidas en esa sentencia penal firme (31.486.758,80 €).
– Vicisitudes  del  régimen  económico  matrimonial  (sociedad  de  gananciales 
desde 1978 hasta 2008, y desde entonces y hasta la actualidad, de separación de 
bienes), e.
– Afección de las deudas dimanantes de esa sentencia penal firme a los bienes que  w.b
habían sido gananciales, y después privativos de la esposa. 17ww
Dicho  acto  administrativo  fue  impugnado  por  Dña.  M.  L.  M.  A.  en  el  Tribunal
Ereccolanmómacicióon-A edcmoinnóismtriactoiv-aod mFoinriaslt radtiev a Gni.pºu 2z0k2o0a/ 0c6o8n4 , fdeicchtáan d2o8s/e1 0c/o2n0 2f ecphoar  0m4/e1d1i/o2 02d0e 
Resolución n.º 36021, por la que se inadmitía a trámite la reclamación y se procedía a su
archivo; la Resolución fue notificada a la reclamante con fecha 20/11/2020, sin que hasta 
la  fecha  se  tenga  conocimiento  que  se  haya  interpuesto  Recurso  Contencioso 
Administrativo contra la inadmisión a trámite.
4.  Diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020. Mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de 26/11/2020, suspendido por el Registrador de la 
Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1.
4.1  El 20/11/2020 se dictaron en el citado procedimiento administrativo de apremio 
varias diligencias de embargo de bienes inmuebles, entre ellas la diligencia de embargo de 
bienes inmuebles sobre las fincas registrales n.º 18101, 3865 y 10158 de San Sebastián, 
fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1.
En esa diligencia de embargo figura como “deudor” D. J. I. U. A; el nombre de su 
cónyuge,  Dña.  M.  L.  M.  A.,  aparece  en  la  diligencia  como  “titular  de  los  bienes” 
inmuebles que en ella se declaran embargados.
La diligencia de embargo garantiza unas deudas por principal de 31.486.758,80 €, y 
hasta un máximo de 1.180.753,45 € de intereses de demora que se devenguen, y una 
previsión de costas del procedimiento de 6.010,12 €. La dicción del principal de las 
deudas garantizadas es “Resp. C. Delito Fiscal 10/10/2017-10/10/2017, Multa Por Delito 
Fis 10/10/2017-10/10/2017” y se corresponden con lo descrito en el “antecedente 1.–” es 
decir,  las  deudas  contenidas  en  esa  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles 
de 20/11/2020 y señaladas como “principal” (el recargo de apremio no se devenga en 
este tipo de deudas) son las contenidas en la sentencia firme de 10/10/2017 del Juzgado 
de lo Penal n.º 2 de Donostia.
En el momento de dictarse la diligencia de embargo el 20/11/2020 sobre las fincas 
registrales n.º 18101, 3865 y 10158 de San Sebastián, estas aparecían registralmente 
como bienes privativos de Dña. M. L. M. A., trayendo tal cualidad de bien privativo de 
acuerdo con la escritura notarial de 12/03/2008 (inscrita registralmente) y referida en el 
“antecedente 3.–”, en concreto en el <<inventario-activo-“A”.–bienes inmuebles>> en los 
numerales 5, 3 y 2 respectivamente. Por tanto, los bienes privativos objeto de embargo 
el 20/11/2020 habían pertenecido a la sociedad de gananciales de ambos cónyuges 
durante el periodo comprendido entre el 29/04/1978 y el 12/03/2008.
La  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles  fue  notificada  mediante  sendas 
comunicaciones el 25/11/2020 tanto a D. J. I. U. A como a Dña. M. L. M. A., sin que 
hasta la fecha se tenga conocimiento de la presentación en plazo (un mes) bien de 
recurso de reposición en este Servicio de Recaudación, bien de reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Foral de Gipuzkoa.
4.2  Notificada la diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020 sobre 
las fincas registrales n.º 18101, 3865 y 10158 de San Sebastián arriba citadas, desde el 
Servicio de Recaudación se expidió y presentó el 26/11/2020 en el Registro de la 
Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 1 por vía telemática a través de la página web 
www.registradores.org, mandamiento de anotación preventiva de embargo sobre tales 
fincas. Con fecha 10/12/2020 el Registrador de la Propiedad de Donostia-San Sebastián 
n.º 1 ha suspendido la inscripción de ese mandamiento de anotación preventiva de 
embargo
5.  (…)
Razonamientos.
I.  (…)
II.  Consideraciones legales. e
El Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Donostia-San  bo
Sebastián n.º 1 considera que se ha de suspender la inscripción del mandamiento de  17ww
aenl 2o6ta/1c1ió/n2 02p0r edvaednot ivqau e dlaes  fienmcabsa rreggoi stdraicletasd no. º 1p8o1r 01e, s3te8 65S ye r1v0ic1io5 8 ddee  SaRne cSaeubdaasctiiáónn 
figurFar einnstecr aita e clloo,m coa bdee  stietuñlaalraidr alod  spirgivuaietinvtae :a nombre de Dña. M. L. M. A.
La naturaleza de las deudas contenidas por principal en la diligencia de embargo de 
bienes inmuebles de 20/11/2020, y por ende en el mandamiento de anotación preventiva 
de 26/11/2020 objeto de calificación (multa judicial e indemnización por responsabilidad 
civil procedente de un delito contra la Hacienda Pública), dimana de la sentencia judicial 
firme, de fecha 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, citada en el 
“antecedente 1.–”.
Así está expresado en el mandamiento de anotación preventiva objeto de calificación 
en  los  términos  ya  expuestos  en  el  “antecedente  4.–”:  “resp.  c.  delito 
fiscal 10/10/2017-10/10/2017, multa por delito fis 10/10/2017-10/10/2017”.
Las  citadas  deudas  cuya  gestión  de  cobro  se  ha  encomendado  por  el  órgano 
jurisdiccional penal a la Diputación Foral de Gipuzkoa, son obligaciones nacidas de esa 
condena penal.
No obstante, es principio general que la responsabilidad civil ex delicto no pierde su 
naturaleza civil por el hecho de que aparezca regulada en el Código Penal. Así las 
normas del Código Penal sobre responsabilidad civil tienen naturaleza civil y están 
sometidas a los principios del Derecho Privado.
En el presente caso D. J. I. U. A es condenado por un delito contra la Hacienda 
Pública en relación al ejercicio 2006 por el Impuesto sobre Sociedades, en el que el 
sujeto pasivo es “Iramendi Desarrollo, S.L.”, mercantil de la que D. J. I. U. A fue 
administrador único durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según los 
datos obrantes en esta Administración.
La sentencia condena, como tantas veces se ha indicado, a D. J. I. U. A al pago de 
una  multa  por  importe  de  20.991.172,50  €  y  al  pago  de  una  indemnización  a  la 
Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 10.495.586,30 € más los intereses que 
puedan corresponder. Y de lo que se trata es de dilucidar que: al menos en el momento 
de acaecer las conductas que dieron lugar a la comisión del delito, existían bienes 
gananciales del matrimonio formado por D. J. I. U. A y Dña. M. L. M. A.; y por tanto tales 
bienes  respondían  de  las  deudas  señaladas  en  la  sentencia  condenatoria  de 
fecha 10/10/2017; independientemente de quién de los dos cónyuges era el titular de los 
mismos a día de la fecha del embargo. Y para dilucidar todo ello, se hace necesario 
acudir a la normativa civil y en concreto al Código Civil en su artículo 1366.
Al  respecto,  el  artículo  1366  del  Código  civil  señala  que  las  obligaciones 
extracontractuales de un cónyuge consecuencia de su actuación en beneficio de la 
sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán de cargo y 
responsabilidad  de  la  sociedad  de  gananciales.  El  concepto  de  obligaciones 
extracontractuales es un término amplio que comprende, tal y como señala B. M., las 
obligaciones legales, las cuasicontractuales, las aquilianas o por culpa civil y también las 
deudas ex delicto, es decir las derivadas de delito.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 31/03/2004 
(recurso de casación 1540/1998), señala que el artículo 1366 del Código Civil se refiere 
a las obligaciones extracontractuales, concepto amplio en el cual pueden comprenderse 
las  obligaciones  nacidas  de  la  condena  penal  de  carácter  resarcitorio  del  daño 
ocasionado  por  el  delito,  indicando  que  la  única  característica  que  identifica  las 
obligaciones a que alude el artículo 1366 es la de su naturaleza extracontractual, por lo 
que sería arbitrario dejar fuera a las que tienen su fuente en una condena penal.
A la vista de lo expuesto se hace necesario concluir que las deudas procedentes de 
ilícitos  penales  tienen  cabida  dentro  de  las  deudas  de  naturaleza  extracontractual 
previstas en el artículo 1366 del Código Civil y por tanto han de ser reputadas como  s
gananciales y afectan ad extra al patrimonio ganancial. oe.
No obstante, para ello es necesario que el acreedor, en este caso la Diputación Foral  w.
de Gipuzkoa, demuestre que la actuación conyugal separada que las genera, en este  17ww
mcaastoe reial li lídceitol  apretíncaull op o1r 3e6l 6q udee sl eC cCo,n deesn ad eac iDr, . sJi.  Il.a U m. Ais,m sae  aejsutsát ao froiermntaaldmae natle  bael náemfibciioto, 
cmuaatnedrioa l eol  iancmtoa teernia cl,u dees tilóan c ocmonuencidtaa dc ocno neylu ignatel,r édse bdieen dlao  ceonmteunndidearsde  gqaunea necllioa la ecane ucne   BOE-A-cable e
sentido amplio, o si aquella se ejecuta en la esfera de la administración ordinaria o 
extraordinaria, del patrimonio propio de cualquiera de cualquiera de los cónyuges o del 
consorcial.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 25/09/1999 
(recurso de casación 178/1995), en relación a la interposición de una tercería de dominio 
en la que se solicitaba el alzamiento de unos embargos realizados sobre determinados 
bienes  inmuebles  que  la  tercerista  consideraba  de  titularidad  privativa  a  raíz  del 
otorgamiento de capitulaciones matrimoniales por medio de escritura pública, señala lo 
siguiente:
– El esposo de la tercerista había sido condena por delito.
– Las actuaciones que se imputaron al esposo lo fueron entre los años 1984 a 1987, 
estando vigente el régimen de sociedad de gananciales, habiendo desempeñado cargos 
de relevancia en una cooperativa.
– Las actividades desplegadas por el esposo resultaron beneficiosas para el haber 
de gananciales en cuanto contribuyeron a su incremento patrimonial en relación a las 
fechas de adquisición de las fincas que constan en las capitulaciones.
– En consecuencia, el Tribunal desestima la tercería de dominio y considera que 
todos los bienes que eran gananciales cuando se produjeron los hechos delictivos 
responden de la responsabilidad civil derivada de la condena.
Pues bien, en el presente caso:
– El delito contra la Hacienda Pública por el que se condena a D. J. I. U. A se refiere 
a conductas alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, conductas 
habidas mientras estaba vigente el régimen de sociedad de gananciales (disolución y 
liquidación de este: 12/03/2008).
– D.  J.  I.  U.  A  desempeñó  el  cargo  de  administrador  único  durante  los 
ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en la mercantil “Iramendi Desarrollo, S.L.”, 
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, del que trae causa el 
delito contra la Hacienda Pública.
– La sociedad de gananciales formada por D. J. I. U. A y Dña. M. L. M. A. se 
benefició de las actividades realizadas por D. J. I. U. A. como lo demuestra el hecho de 
adquisición  de  varios  bienes  que  constan  en  las  capitulaciones  y  en  concreto  los 
siguientes:
– Finca en jurisdicción de Aia, título de compra: escritura pública de compraventa de 
fecha 07/03/2008.–
– Finca en Jurisdicción de San Sebastián, título de compra: escritura pública de 
compraventa de fecha 07/03/2008.–
– Trescientas noventa y cuatro mil quinientas sesenta y dos participaciones sociales, 
título de compra: escritura pública de fecha 04/07/2006.
A la vista de lo expuesto cabe concluir:
En primer lugar, resulta indubitada y “ex lege” la naturaleza extracontractual de las 
deudas procedentes de ilícito penal de uno de los cónyuges que aquí se intentan cobrar 
por  encomienda  judicial,  es  decir  las  deudas  procedentes  de  la  sentencia  de 
fecha 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, por la que se condena a D. 
J. I. U. A por un delito contra la Hacienda Pública correspondiente al Impuesto sobre  es
Sociedades del ejercicio 2006. o
Y  en  segundo  lugar,  que  tales  deudas  de  uno  de  los  cónyuges  son  de  17ww
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régimen económico-matrimonial se hayan generado tales deudas (en este caso procede
de hechos alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006); que exista una 
sentencia  penal  firme  al  menos  para  uno  de  los  dos  cónyuges  que  determine  la 
existencia  para  él  de  deudas  procedentes  de  ilícito  penal  (en  este  caso,  la  citada 
sentencia de 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, que condena a D. J. 
I. U. A.); y que la sociedad de gananciales se haya beneficiado de las actividades del 
cónyuge relativas al delito por el que ha sido condenado.
Por  tanto,  quedaba  ya  demostrado  en  el  mandamiento  de  embargo  de 
fecha 26/11/2020 objeto de calificación registral y cuya inscripción ha sido suspendida 
por el Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Donostia-San 
Sebastián n.º 1, que las deudas comprendidas en él eran responsabilidad y cargo de la 
sociedad de gananciales existente entre D. J. I. U. A y Dña. M. L. M. A. en el momento 
en que se produjeron los hechos delictivos alrededor del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2006.
Se  cumple,  por  tanto,  con  los  requisitos  del  artículo  144.4  del  Reglamento 
Hipotecario  para  proceder  a  la  anotación  preventiva  de  embargo  ordenada  en  tal 
mandamiento de 26/11/2020».
IV
Mediante escrito, de fecha 4 de febrero de 2021, el registrador de la Propiedad elevó 
el expediente, con su informe, a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución; 1317, 1362 a 1375 y 1401 a 1410 del 
Código Civil; 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 41 a 43 y 178 
a 181 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de  Gipuzkoa;  18,  20,  38,  42.9.º  y  326  de  la  Ley  Hipotecaria;  140.1.ª  y  144.4  del 
Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 6, 10 y 19 de noviembre de 1981, 16 de febrero, 29 de mayo y 18 y 24 de 
septiembre de 1987, 18 y 25 de marzo de 1988, 29 de mayo de 1989, 3 y 4 de junio 
de 1991, 25 de enero y 4 de octubre de 1993, 28 de diciembre de 1998, 18 de febrero 
y 23 de junio de 2000, 18 de febrero, 15 y 24 de abril, 3 de junio y 18 de julio de 2002, 4 
de abril de 2003, 17 de marzo de 2005, 2 de marzo de 2006, 23 de marzo, 28 de mayo 
y 15 y 19 de octubre de 2007, 17 de marzo de 2009, 21 de abril y 16 de agosto de 2010, 
11 de julio y 21 de septiembre de 2011, 12 de diciembre de 2014, 7 de enero de 2015, 20 
de junio de 2018 y 22 de marzo de 2019, y la Resolución de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 14 abril de 2021.
1.  En este recurso son relevantes las siguientes circunstancias:
a)  Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales y liquidación de la sociedad 
conyugal otorgada el día 12 de marzo de 2008, se adjudicaron a la esposa el pleno 
dominio de determinadas fincas. Dicha adjudicación se inscribió en el Registro de la 
Propiedad el día 7 de abril de 2009.
b)  Por el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián se dictó sentencia el 
día 10 de octubre de 2017 (declarada firme por auto de fecha 3 de octubre de 2018) en 
la que el esposo es condenado por un delito contra la Hacienda Pública en relación con 
el Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio del 2006, en el que el sujeto pasivo es  es
una sociedad mercantil de la que dicha persona fue administrador único durante los  o
eDdnjíoeeatpr ifccai3ci)cr0 atia odEmdsae nse2   n0aoet0lco j6et dud,ce be2uur 0ceHdi0 óoa7dnrc,,e   i2es d0ni2ne0d0  8aq1l, au8 y2 e  0Fp,c 0irintto9raaav dynnida zs2e ac0nsus1c erd0rinaie.dts eo lan de cDeli a ipp,a lupaptrzaeoocmr i ódieonel    FppSoaoregra rolvd  diiocceithoo Ga rgsidp aeudd zeokRu, odesaace ass  eueqfd eduaciecct uitóafanurso eenrd o eeenlll     OE-A-2021-8317able en https://www.
ingreso, por lo que se intentó el cobro forzoso de la deuda mediante el embargo de sus
bienes,  resultando  que  eran  inexistentes  por  haberse  producido  la  liquidación  de 
gananciales referida con adjudicación de los mismos a la esposa.
d)  Por mandamiento de embargo dictado el día 26 de noviembre de 2020, en 
procedimiento administrativo de apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se ordena 
el  embargo  de  la  mitad  indivisa  de  la  finca  titularidad  de  la  esposa.  En  dicho 
mandamiento, además de la providencia a que se ha hecho referencia, consta así mismo 
que el día 20 de septiembre de 2020 se notificó a doña M. L. M. A. el requerimiento de 
pago de la deuda señalando que, si no pagaba la deuda en el plazo de un mes, se 
procedería al embargo y ejecución de los bienes que, en su momento, tenían carácter 
ganancial aunque ahora sean privativos suyos, que responden de la deuda en cuantía 
suficiente para cubrir su importe. Habiendo transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago, 
se procedió al embargo de los mismos.
El registrador suspende la anotación preventiva solicitada porque dicha señora titular 
no  figura  como  deudora  demandada,  por  lo  que,  a  su  juicio,  no  se  cumplen  las 
exigencias establecidas en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, al no darse ninguna de 
las excepciones contempladas en el mismo.
2.  Con  carácter  previo,  debe  recordarse  que  el  recurso  contra  la  calificación 
registral tiene exclusivamente por objeto revisar las calificaciones negativas emitidas por 
los registradores de la Propiedad y que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, 
deberá  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e 
inmediatamente con dicha concreta calificación, rechazándose, como ha reiterado este 
Centro Directivo, cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma, ya que el recurso tiene como objeto valorar si la 
calificación es fundada en derecho teniendo únicamente en cuenta los elementos de que 
dispuso el registrador para emitirla.
A esta doctrina se refiere Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre 
de 2017 que en su fundamento tercero expresa: «(…) De tal forma que en un caso como 
el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora de la registradora, lo 
relevante  es  que  el  mandamiento  judicial  deje  constancia  del  cumplimiento  de  los 
requisitos del art. 155.4 LC, en relación con los acreedores hipotecarios afectados por la 
venta  directa  del  bien  hipotecado.  Con  todo  lo  anterior  hemos  de  concluir  que  la 
denegación de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del 
cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, sin que en el pleito 
posterior  de  impugnación  de  la  calificación  o  de  la  resolución  de  la  DGRN  pueda 
censurarse  esta  denegación  porque  se  llegue  a  acreditar  que  en  la  realidad  se 
cumplieron tales requisitos».
El recurrente acompaña al escrito de recurso una serie de documentos que no fueron 
presentados en el Registro al tiempo de emitir la calificación ni tampoco posteriormente 
para intentar la subsanación de los defectos observados. Estos documentos son: a) 
fotocopia de la sentencia número 288/2017, de 10 de octubre, del Juzgado de lo Penal 
número 2 de San Sebastián, por la que se condena al deudor como autor de delito fiscal 
contra la Hacienda Foral de Gipuzkoa, como responsable directo y subsidiariamente a la 
mercantil de la que era administrador único, correspondiente al ejercicio económico del 
año 2006; b) fotocopia del auto de 3 de octubre de 2018, dictado por Juzgado de lo 
Penal número 4 de San Sebastián, por el que se encomienda a la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa las actuaciones necesarias para proceder a la ejecución de la pena de multa; 
c) fotocopia de la notificación a la esposa del demandado y requerimiento de pago de 
deuda a la misma, y d) fotocopia de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo  e.
desestimando  la  reclamación  de  la  esposa  del  demandado  a  dicha  notificación  y  w.b
requerimiento, sobre la base de tratarse la notificación de un acto de mero trámite, contra  17ww
el quPeo rn olo c taabneto r,e ecslatomsa cdioócnu.mentos, en los que en buena parte se apoya el recurso, no
pudieron ser analizados por el registrador para efectuar la calificación recurrida.
Todo ello sin perjuicio de que, presentada nuevamente en el Registro de la Propiedad 
la documentación inicialmente calificada junto con los originales de la ahora aportada, 
pueda ser objeto de examen y nueva calificación por el registrador.
3.  Entrando en el fondo del recurso, debe tenerse en cuenta, a los efectos de la 
práctica de la anotación preventiva de embargo, que las fincas objeto del embargo 
constan inscritas a favor de doña M. L. M. A., con carácter privativo, en virtud de 
adjudicación en liquidación de la sociedad de gananciales.
Con carácter general el artículo 20 de la Ley Hipotecaria en su último párrafo dispone 
que «no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni 
cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra 
la cual se ha dirigido el procedimiento».
Ahora  bien,  la  anotación  del  embargo  por  deudas  contraídas  por  uno  de  los 
consortes sobre bienes privativos del otro cónyuge, cuando tales bienes habían sido 
antes de carácter ganancial, ha sido siempre una cuestión compleja que ha dado lugar a 
diferentes pronunciamientos de este Centro Directivo y, en la actualidad, después de la 
reforma operada por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, se encuentra 
regulada en el artículo 144.4, párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario, según el 
cual cuando constare en el Registro la liquidación de la sociedad de gananciales «el 
embargo será anotable si el bien ha sido adjudicado al cónyuge contra el que se dirige la 
demanda o la ejecución, o del mandamiento resulta la responsabilidad del bien por la 
deuda que motiva el embargo y consta la notificación del embargo al cónyuge titular, 
antes del otorgamiento de aquélla».
Este precepto, como ya afirmó la Resolución de 24 de abril de 2002, «no puede 
interpretarse sino en congruencia con la doctrina de esta Dirección General». Por ello 
deben tenerse en cuenta estas premisas esenciales:
a)  No existiendo en el Código Civil una presunción de ganancialidad de las deudas 
contraídas durante la vigencia de la sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365), 
ninguna deuda contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada 
jurídicamente como tal mientras no recaiga la pertinente declaración judicial en juicio 
declarativo  entablado  contra  ambos  cónyuges,  pues  a  ambos  corresponde, 
conjuntamente, la gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 1375 del Código 
Civil).
b)  El artículo 1333 del Código Civil dispone: «En toda inscripción de matrimonio en 
el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se 
hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que 
modifiquen  el  régimen  económico  del  matrimonio.  Si  aquéllas  o  éstos  afectaren  a 
inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos 
previstos en la Ley Hipotecaria». Por otra parte, el artículo 77 de la Ley del Registro Civil 
de 1957, actualmente vigente, establece: «Al margen también de la inscripción del 
matrimonio  podrá  hacerse  indicación  de  la  existencia  de  los  pactos,  resoluciones 
judiciales  y  demás  hechos  que  modifiquen  el  régimen  económico  de  la  sociedad 
conyugal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.322 del Código Civil [actual 
artículo 1333], en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado, sino desde la 
fecha  de  dicha  indicación».  De  tales  preceptos  se  desprende  que  para  que  las 
capitulaciones matrimoniales, o cualquier otro acto que implique la modificación del 
régimen económico-matrimonial, surta efectos frente a los acreedores de cualquiera de 
los cónyuges, será preciso que se hayan inscrito en el Registro Civil, o bien, respecto de  e
cada inmueble en particular, que se haya verificado la inscripción en el Registro de la  bo
Propiedad. 17ww
en ecl)  proNcoe sdoe bdeen l iqtaumidpaoccióon o dlvei dlaar sseo cliaesd agda rdaen tgíaasn acnivciilaelse sd.e E qnu ceo gnocrzeatno  ldoesb aec creitaerdsoer eesl 
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cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido 
adjudicados, si se hubiere formulado debidamente, inventario judicial o extrajudicial».
4.  Con base en las premisas antes expuestas, para practicar una anotación de 
embargo sobre bienes inscritos a nombre de uno de los cónyuges con carácter privativo 
por  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales,  por  deudas  contraídas  por  el  otro 
consorte, será preciso que se dé alguno de estos casos:
– Que el procedimiento del que resulta el mandamiento que ordena la anotación se 
haya dirigido contra ambos cónyuges.
– Que, aun tratándose de un procedimiento dirigido solo contra el cónyuge deudor, 
se cumplan los dos requisitos previstos en el artículo 144.4, párrafo segundo, según la 
interpretación que respecto de los mismos ha mantenido esta Dirección General: que del 
mandamiento resulte la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y 
que conste la notificación del embargo al cónyuge titular, antes de que el acto que ha 
provocado la modificación del régimen económico-matrimonial haya producido efectos 
frente a terceros. Ahora bien, tal y como ha reiterado este Centro Directivo, es preciso 
que sea ganancial la deuda contraída por el cónyuge deudor bajo la vigencia del régimen 
económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales,  y  así  sea  declarado  en  juicio 
declarativo previo entablado contra ambos cónyuges. Este pronunciamiento es la base 
para que la posibilidad prevista en el artículo 144.4 del Reglamento Hipotecario se refleje 
registralmente y, por consiguiente, requiere que este pronunciamiento sea definitivo e 
irrevocable y no meramente temporal o transitorio pues, no existiendo en nuestro Código 
Civil una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas durante la vigencia de la 
sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365 del Código Civil), ninguna deuda 
contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada jurídicamente 
como tal mientras no recaiga la pertinente declaración judicial en juicio declarativo 
entablado  contra  ambos  cónyuges,  pues  a  ambos  corresponde,  conjuntamente,  la 
gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 1375 del Código Civil).
No obstante lo anterior, en el caso de deudas tributarias la modificación del régimen 
económico-matrimonial de los cónyuges a través de unas capitulaciones matrimoniales 
que  se  consideren  otorgadas  en  fraude  de  acreedores  constituye  uno  de  los 
presupuestos de hecho de la responsabilidad del artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de manera que la Hacienda Pública podrá resarcir el crédito tributario 
ejercitando su potestad de autotutela a través de la declaración de la responsabilidad 
solidaria del cónyuge causante o colaborador en la ocultación o transmisión de los 
bienes originariamente gananciales que le fueron adjudicados a través de la disolución 
de la sociedad ganancial con la finalidad de impedir la traba de los mismos.
En este supuesto, no será necesario acudir a un procedimiento judicial para declarar 
la ganancialidad de las deudas y la responsabilidad de los bienes ex gananciales, 
considerando además que la condición de responsable tributario no obedece al ejercicio 
de una potestad discrecional de la Administración tributaria ya que debe reconocerse 
siempre respecto de todos aquellos casos en los que concurran los requisitos legalmente 
previstos,  con  independencia,  en  este  caso,  de  la  responsabilidad  prevista  en  los 
artículos 1317, 1365 y 1401 del Código Civil.
La  configuración  del  régimen  de  responsabilidad  impide  que  quien  ostenta  la 
condición  de  deudor  eluda  su  responsabilidad  ocultando  o  vaciando  su  patrimonio, 
sirviéndose para ello de terceros vinculados a los que la norma declara responsables  s
solidarios tributarios en virtud del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria de 2003 y  oe.
que de igual forma ostentan la condición de obligado tributario desde la comisión de los  w.
preresusAulthaposureea sa túbonise  ned,xe i gphiaberlcaeh .od eficjaladroasr  elan  lrae snpoornmsaa,b ciloidna din dseepráe nndeecnecsiaa rdioe,  qaudee tmalá os bdligea cqiuóen  nsoe   2021-8317n https://ww
reúnan  los  requisitos  legales  para  su  aplicación,  una  resolución  firme  para  cuya
obtención deberán observarse los tramites contenidos en los artículos 174 y siguientes 
de la Ley General Tributaria que garantizan la intervención del afectado.
Por otra parte, la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, aplicable a este supuesto, contiene una regulación similar.
Los  artículos  41  a  43  determinan  quienes  son  los  responsables  tributarios.  En 
concreto el artículo 42.4 dispone que: «También serán responsables solidarios del pago 
de la deuda tributaria pendiente y en su caso, de las sanciones tributarias, incluidos el 
recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe 
del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la 
Administración  tributaria,  las  siguientes  personas  o  entidades:  a)  Las  que  sean 
causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos de las 
personas o entidades obligadas al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria (…)».
E igualmente establece un procedimiento para la declaración de responsabilidad 
tributaria en los artículos 178 a 181, de forma que una vez declarados fallidos el deudor 
principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración Tributaria dictará 
acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable.
5.  A la vista de lo expuesto, debe confirmarse el criterio del registrador.
La ganancialidad de las deudas a que se refieren los artículos 1365 y 1366 del 
Código Civil no es estimable de forma automática, sino que requiere una adecuada 
valoración  de  las  circunstancias  concurrentes  para  decidir  si  se  dan  todos  los 
presupuestos  que  estos  preceptos  establecen  para  que  la  concreta  deuda  pueda 
entenderse que es de responsabilidad y cargo de la sociedad de gananciales.
No son aplicables a este caso las conclusiones recogidas en la Resolución de este 
Centro  Directivo  de  7  de  enero  de  2015,  dado  que  entonces  se  trataba  de  la 
responsabilidad de los bienes gananciales por deudas derivadas del Impuesto sobre la 
Renta  de  las  Personas  Físicas,  que  tienen  un  régimen  específico  recogido  en  el 
artículo 85 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora de dicho Impuesto (artículo 116 
de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa): «Las deudas tributarias por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán la misma consideración de aquellas 
otras a las cuales se refiere el artículo 1365 del Código Civil y, en consecuencia, los 
bienes gananciales responderán directamente frente a la Hacienda Pública por estas 
deudas, contraídas por uno de los cónyuges, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
cuatro del artículo 89 de esta Ley para el caso de tributación conjunta».
6.  En el supuesto de este expediente, de la documentación presentada en tiempo y 
forma a la que debe ceñirse el recurso como se ha expresado anteriormente, no resulta 
ni la existencia de una declaración judicial de la ganancialidad de las deudas ni que se 
haya declarado la responsabilidad derivada respecto del cónyuge adjudicatario de los 
bienes. En consecuencia, en tanto no resultan acreditados dichos extremos, el defecto 
debe ser confirmado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e.
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  w.
la Ley Hipotecaria. 17ww
Madrid, 26 de abril de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.