BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Martes 23 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143552
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19266 Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de A Coruña n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En el recurso interpuesto por don Enrique Santiago Rajoy Feijoo, notario de A 
Coruña, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de A Coruña número 2, 
doña Ana María Raposo Conde, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de préstamo con garantía hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 3 de junio de 2021 ante el notario de A Coruña, 
don Enrique Santiago Rajoy Feijoo, con el número 1.154 de protocolo, se formalizó un 
préstamo de 122.000 euros de principal concedido por «Liberbank, S.A.» a una persona 
física (don I. J. V. P.) y, en garantía del mismo, se constituyó hipoteca a favor de dicha 
entidad, sobre la finca registral número 88.543 de A Coruña, propiedad del deudor 
hipotecante, perteneciente al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de A 
Coruña número 2; y en garantía del mismo préstamo, don J. V. P., junto con doña P. R. 
C. (hipotecante no deudora), constituyó hipoteca sobre otra finca no radicante en dicha 
demarcación.
En tal escritura el notario expresaba lo siguiente: «El presente préstamo hipotecario 
queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, por cuanto es un préstamo de los previstos en el art. 2.4 
a) de la meritada ley, es decir es un préstamo concedido por Liberbank, S.A. a un 
empleado, a título accesorio, con una Tasa Anual Equivalente inferior a la del mercado, y 
que no se ofrece al público en general».
II
Presentada copia autorizada de la escritura en el Registro de la Propiedad de A 
Coruña número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación, con los hechos y 
fundamentos de Derecho que se transcriben únicamente en lo que interesa a efectos de 
este recurso:
«(…) A medio de dicha escritura, don I. J. V. P. constituye hipoteca a favor de 
Liberbank S.A., sobre la finca número 88543 de A Coruña sita en (…); y el mismo don I. 
J. V. P. junto con doña P. R. C. constituyen hipoteca sobre otra finca no radicante en esta 
demarcación; ambas hipotecas en garantía de un préstamo de 122000 euros de principal 
otorgado a don I. J., compareciendo por tanto don I. J. V. P. como deudor hipotecante, y 
doña P. R. C. como hipotecante no deudora. es
En tal escritura el Notario expresa lo siguiente: “El presente préstamo hipotecario  o
queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los  266ww
cqaeou)m nepdt rlneeao atlo adss oe m, d oeaefr  rcteiítrtcaéueddlo aait  ola lp ceinúcyemb, slioecobsori i oleida,n erc icogoi,ren  pn euoesnrr  aacu lu.Tn”aa nspatroé  Asentsau muanlo  E pcqréousnivtcaaemldeoind tode e ip nloofesr r ipLorirbe aev irslbatao dnsek el,  nmS ee.Alr ca.a rtda. o 2u,. n4y    OE-A-2021-19able en https://
En este caso el préstamo sólo se entrega al empleado, adquiriendo doña P. R. C. 
sólo responsabilidades, puesto que no recibe cantidad alguna, siendo aplicable a la 
misma la norma del artículo 2.1a) de la Ley 5/2019, en su condición de fiador o garante, 
con la doble consecuencia de aplicación respecto de dicho garante de las limitaciones 
que se derivan de las normas imperativas de la ley (artículos 23 al 25 principalmente) y 
de la obligatoriedad de autorización del acta previa; así como la de la constancia de una 
dirección de correo electrónico del garante como requisito para la inscripción registral de 
la escritura.–
Vista la Instrucción de la D.G.R.N. sobre la actuación notarial y registral ante diversas 
dudas en la aplicación de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario, que establece que, a propósito de los préstamos concedidos a los 
empleados, “...Diferente sería la situación en la que el préstamo sólo se entrega al 
empleado, que es el único que recibe el dinero prestado, destinándose el mismo a fines 
o atenciones exclusivos de él, y quedando la operación avalada por su cónyuge. En tal 
supuesto,  parece  que,  puesto  que  el  cónyuge  o  pareja  de  hecho  sólo  adquiere 
responsabilidades, pero no los beneficios derivados de las condiciones especiales del 
préstamo, sea aplicable al mismo la norma del artículo 2.1.a, en su condición de fiador o 
garante, con la doble consecuencia de aplicación respecto de dicho garante de las 
limitaciones  que  se  derivan  de  las  normas  imperativas  de  la  ley  (arts.  23  al  25, 
principalmente) y de la obligatoriedad de autorización del acta previa...”; así como que la 
indicación  de  la  dirección  de  correo  electrónico,  que  la  ley  impone  con  carácter 
obligatorio al notario (disposición adicional octava) respecto al prestatario es norma de 
protección que debe extenderse a toda persona física que sea fiadora o garante del 
préstamo, siendo requisito para la inscripción registral de la escritura, todo ello según 
Resolución de 28 de julio de 2020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública; la Registradora que suscribe suspende la inscripción de hipoteca solicitada, por 
haberse formalizado la escritura sin dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 5/2019 
de 5 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que por lo demás 
tienen carácter imperativo (art. 3 Ley 5/2019).–
Asimismo,  se  advierte  que,  llegado  el  caso,  no  serán  objeto  de  inscripción  los 
siguientes pactos, en base a los fundamentos de Derecho que se indican: (…)
Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  validez  de  estos  pactos  entre  las  partes  en  sus 
respectivos casos.–
La presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación 
por el plazo de sesenta días que señala el artículo 323.1.º de la Ley Hipotecaria, 
contados desde la fecha de la última notificación. No se toma anotación de suspensión, 
dada la prórroga automática del asiento de presentación
Contra la presente nota de calificación cabe (…)
A Coruña, 9 de julio de 2021. La Registradora de la Propiedad número Dos de A 
Coruña».
III
Contra la anterior nota de calificación, don Enrique Santiago Rajoy Feijoo, notario de 
A Coruña, interpuso recurso el día 11 de agosto de 2021 mediante escrito en los 
siguientes términos:
«Hechos.–Se presentan a inscripción una escritura de compraventa de una vivienda  es
a restaurar, bajo mi fe, de fecha 03/06/2021, n.º 1153; relativa a la registral n.º 36999 (+  bo
un desván) a favor de de [sic] don I. J. V. P. y doña P. R. C., que adquieren por mitades  266ww
ppsinoerdébrissvroteiasn amlaas ol  fyi enh xcricpealosu autsedlitcvqaaaunr i idrosiede, larn  ,ec. ºmro e1npg1vli5esiv4ater dandolt ee 3 ds6lao 9[ ns9m i9cIi.,s]   mJos.et aogV rúf.ge naPc n.hl;ad ae o,c   omhamidpoepodmataerláicedsaca reddiano  “cnedi ameI.;   pJayl. me ogabtardoarosa ss n”cut,oíb acps orihgoniupp gioieeatnetratacerani ortdíisaae,     OE-A-2021-19able en https://
complementaria sobre la registral 37001, de su exclusiva propiedad. El precio de la
vivienda (75.000 euros), adquirida proindiviso por la pareja, es pagado exclusivamente 
con sendas transferencia y cheque procedentes de la cuenta del préstamo hipotecario 
(…), certificándose por arquitecto técnico en la compraventa que el piso necesita una 
importante restauración, destino evidente del resto del préstamo hasta los 122.000 de su 
importe (…)
Se  califica  negativamente  la  de  préstamo  hipotecario  por  omisión  para  la  no-
empleada de los trámites de transparencia previstos de la ley 5/2019
Normativa aplicable:
1.  Ley  5/2019.  “Art.  2.  4:  Esta  Ley  no  será  de  aplicación  a  los  contratos  de 
préstamo:
a)  concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses 
o cuya Tasa Anual Equivalente sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al 
público en general”;
2.  Instrucción DGRN 20/12/2019. “Punto 5:... Lo habitual, por otra parte, es que los 
convenios colectivos prevean la concesión del préstamo al empleado juntamente con su 
cónyuge o pareja de hecho. En consecuencia, recibido el préstamo y firmado el contrato 
por ambos, con responsabilidad solidaria de los dos, debe considerarse aplicable la 
excepción,  lo  que  implicará  que  las  condiciones  puedan  no  quedar  sujetas  a  las 
limitaciones imperativas que establece la ley, y que no sea preciso el otorgamiento del 
acta previa de transparencia.
Diferente sería la situación en la que el préstamo sólo se entrega al empleado, que 
es el único que recibe el dinero prestado, destinándose el mismo a fines o atenciones 
exclusivos de él, y quedando la operación avalada por su cónyuge. En tal supuesto, 
parece que, puesto que el cónyuge o pareja de hecho sólo adquiere responsabilidades, 
pero  no  los  beneficios  derivados  de  las  condiciones  especiales  del  préstamo,  sea 
aplicable al mismo la norma del artículo 2.1.a, en su condición de fiador o garante, con la 
doble consecuencia de aplicación respecto de dicho garante de las limitaciones que se 
derivan de las normas imperativas de la ley (arts. 23 al 25, principalmente), y de la 
obligatoriedad de autorización del acta previa”.
3.  Res.  DGSJYFP  28/07/2020.–Sobre  exigencia  de  constancia  de  correo 
electrónico para remisión de copia en los créditos inmobiliarios sujetos a la ley 5/2019.
Motivos de oposición:
1.º- La propia ley 5/2019 excluye de su ámbito los préstamos concedidos por un 
empleador a sus empleados y/o cónyuges o parejas de hecho, circunstancias que la 
calificación reconoce.
2.º- La “instrucción” (sin perjuicio de su carácter orientativo y respetuoso con el 
criterio del notario: –utiliza el “parece”–) se refiere, en cuanto a la aplicabilidad del 
art. 2.1.a, a préstamos cuyo importe se destine a atenciones exclusivas del empleado, en 
que  el  cónyuge  o  pareja  de  hecho  adquiere  sólo  responsabilidades,  pero  no  los 
beneficios; lo que patentemente no es el caso, pues con la cuenta del préstamo (…) se 
adquiere una vivienda mutua para la pareja, abriendo la posibilidad, una vez restaurada, 
de que ninguno de sus miembros tenga que vivir en casa ajena.
Adicionalmente, un préstamo-empleados permite acceder a una superior vivienda 
común y libera fondos para el gasto corriente, beneficiando a ambos miembros de la 
pareja. e.e
No se percibe un mayor beneficio para el otro miembro de la pareja por el hecho de  b
hacerle responder personalmente, teniendo en cuanta que la solvencia del empleado es  266ww
mbaasntatenntee r glaa rraenlatícai ópna crare dlait iceinat iddeandt rdoe d eclr éádmitboi,t ola l acbuoaral, l.en su derecho, estima preferible
cons3t.iºtu- yAe bcuonmdoa n“duon a esno lae lh ippuontetoca ”a, nrteeprrioers, enetla nndeog oucnioa  msoebrmrea  dlae  lvaiv sieengduari dcaodm juúrníd iscea 
del  acreedor  la  posible  aplicación  de  un  régimen  híbrido,  dadas  las  características
especialísimas  del  préstamo  a  “empleados”,  como  su  convertibilidad,  lo  que  suele 
comprometer su concesión.
4.º- En un sistema jurídico en que los cheques, las transferencias y las cuentas de 
procedencia y destino forman parte de las escrituras, dichos movimientos explicitan 
palmariamente  la  causa  de  los  contratos.  Si  la  concesión  de  un  préstamo  para 
adquisición de vivienda en condiciones fuera de mercado debe considerarse un beneficio 
para la parte no empleada, ¿qué decir de la posibilidad de conseguir ese mismo fin 
(vivienda) sin siquiera asumir responsabilidad personal y en base a otra causa, la afectio 
y la convivencia?
La “instrucción” incluye en el ámbito de las medidas de transparencia al hipotecante 
no deudor que “adquiera sólo responsabilidades, pero no los beneficios”. Pues bien, en 
el presente supuesto “adquiere sólo beneficios, no responsabilidades” ni riesgos (win, 
win), puesto que la vivienda se adquiere con la cuenta de un préstamo del que no asume 
responsabilidad.
5.º- En cuanto a la Res. 28/07/2020 que se cita, parte de diferente supuesto (no se 
financia vivienda propia del hipotecante no-empleado), y su doctrina no es aplicable a los 
préstamos excluidos de la ley 5/2019.
6.º- Por último, puesto que la “instrucción” se aplica como una norma, generando 
defectos registrales (98, 99 RH), es claro que debe ser sometida a la interpretatio iuris. 
En materia de sedicentes beneficios, éste recurrente no encuentra nada mejor que ceder 
la palabra al arbitrista español Alaminas de Barrientos, comentando un conocido pasaje 
de Tácito. “Tanto puede la razón y el alma de las leyes –escribe–, que no se cumple con 
ellas cuando sólo se satisface a su letra”.
7.º- El recurso se mantiene a efectos doctrinales, aun cuando se procediere a la 
subsanación.
Por lo que se solicita la revocación de la calificación, procediendo a la inscripción de 
la escritura bajo mi fe de fecha 3 de junio de 2021, n.º 1154 de protocolo y su previa, n.º 
1153, por ajustarse tanto a la letra como al espíritu de la ley 5/2019».
IV
La registradora de la Propiedad informó y elevó el expediente a esta Dirección 
General mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2021. En dicho informe expresaba 
que al escrito de recurso el recurrente acompañaba, entre otros documentos, copia 
autorizada en soporte papel de una escritura de compra por la que don I. J. V. P. y doña 
P. R. C. compraban una vivienda perteneciente a otro distrito hipotecario, y, sin embargo, 
dicha  escritura  no  fue  objeto  de  calificación  porque  en  su  día  no  fue  presentada, 
precisamente por tratarse de la formalización de venta de una finca no perteneciente al 
distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de A Coruña número 2.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18, 21, 114 y 326 de la Ley Hipotecaria; 1, 2, 3, 7, 14, 25 y 45 y 
las disposiciones finales primera, apartado Dos, y novena de la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo,  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario;  los  artículos  1  de  la 
Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores 
de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración 
de contratos de préstamo o crédito; 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa  e.
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; la Ley 16/2011, de 24 de  w.b
junio, de contratos de crédito al consumo; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 3.2.b)  266ww
yd e2 82.031 d4e,  lsao Dbriree clotisv ac o2n0t1r4a/t1o7s /UdeE  cdreél dPitaor lacemleebnrtaod Eousr ocpoeno l oys d eclo Cnsounmseidjoo,r edse  4p adrea  fbeiberneeros 
yin m20u1e3b/l3e6s /UdEe  yu seol  Rreesgidlaemnceinatlo  y( UpEo)r  nla.º  q1u0e9 3s/2e0 1m0o; d1if4ic7a nd ella sR eDgilraemcteivnatos  N2o0t0a8r/ia4l8; /ClaEs 
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. 
C-243/08) y 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11); las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 9 de marzo de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 
de mayo, 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 26 de mayo, 30 de junio y 8 de 
septiembre de 2014, 14 de diciembre de 2017 y 11 de septiembre de 2019; la Instrucción 
de 20 de diciembre de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre  la  actuación  notarial  y  registral  ante  diversas  dudas  en  la  aplicación  de  la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de enero 
y 8 de junio de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de 
julio de 2012, 2 de enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre 
de 2013, 5 de febrero, 23 de julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de 
marzo de 2015, 19 de julio de 2018, 13 y 27 de junio y 5, 19 y 20 de diciembre de 2019 
y 15 y 28 de enero de 2020, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica Preventiva y Fe Pública de 5 y 12 de junio de 2020.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formaliza un 
préstamo concedido por «Liberbank, S.A.» una persona física, y en garantía del mismo 
se constituyó hipoteca sobre dos viviendas, una (inscrita en el Registro de la Propiedad 
de A Coruña número 2) perteneciente en pleno dominio a dicha persona; y la otra 
(inscrita en otro Registro) perteneciente al deudor y a otra señora (hipotecante no 
deudora) adquirida por éstos el mismo día.
En dicha escritura se expresa que el préstamo se concede en las condiciones 
establecidas por el acuerdo suscrito entre la dirección de «Caja de Ahorros de Asturias» 
(en la actualidad «Liberbank, S.A.») y los representantes sindicales de los trabajadores, 
para empleados fijos de su plantilla, dada la condición de empleado de «Liberbank, S.A.» 
que tiene el prestatario. Asimismo, se expresa que «el presente préstamo hipotecario 
queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, por cuanto es un préstamo de los previstos en el art. 2.4 
a) de la meritada Ley, es decir es un préstamo concedido por Liberbank, S.A. a un 
empleado, a título accesorio, con una Tasa Anual Equivalente inferior a la del mercado, y 
que no se ofrece al público en general».
La registradora suspende la inscripción solicitada porque el préstamo sólo se entrega 
al empleado, adquiriendo la hipotecante no deudora sólo responsabilidades, puesto que 
no recibe cantidad alguna, siendo aplicable a la misma la norma del artículo 2.1.a) de la 
Ley 5/2019, en su condición de fiador o garante, con la doble consecuencia de aplicación 
respecto de dicho garante de las limitaciones que se derivan de las normas imperativas 
de la Ley (artículos 23 al 25 principalmente) y de la obligatoriedad de autorización del 
acta previa; así como la de la constancia de una dirección de correo electrónico del 
garante como requisito para la inscripción registral de la escritura. Cita la Instrucción 
de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre  la  actuación  notarial  y  registral  ante  diversas  dudas  en  la  aplicación  de  la 
Ley 5/2019.
El recurrente alega que la mencionada Instrucción de 20 de diciembre de 2019 se 
refiere, en cuanto a la aplicabilidad del art. 2.1.a) de la Ley 5/2019, a préstamos cuyo 
importe se destine a atenciones exclusivas del empleado, en que el cónyuge o pareja de 
hecho adquiere sólo responsabilidades, pero no los beneficios; lo que patentemente no 
es el caso, pues con la cuenta del préstamo se adquiere una vivienda para la pareja, por 
lo que la hipotecante no deudora en el presente supuesto «adquiere sólo beneficios, no  e.
responsabilidades» ni riesgos, puesto que la vivienda se adquiere con la cuenta de un  w.b
préstamo del que no asume responsabilidad. 266ww
los c2o. ntEral toasrt ídceu loc ré2d.4it,o e inn msuo bleilitarari oa,) ,d disep olan eL eqyu e5 /l2a0 m19is, mdea  1n5o  dseer ám adrez oa,p rliecgaucliaódno, rean tdree 
ao trtoítsu,l o« aa clocse scoorniotr ayt ossi nd ein pteréresstaems oo  (…cu)y cao Tnacsead idAonsu paol rE uqnu ievmalepnletaed soer aa  isnufesr eiomr pal elaad odse,l 
mercado, y que no se ofrezcan al público en general». Este precepto constituye un
trasunto del artículo 3.2.b) de la Directiva EU 2014/17, el cual excluye, de forma análoga, 
«los  contratos  de  crédito  concedidos  por  un  empleador  a  sus  empleados,  a  título 
accesorio y sin intereses o cuyas TAE sean inferiores a las del mercado, y que no se 
ofrezcan al público en general».
No obstante, debe tenerse en cuenta que este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones 
de 20 de diciembre de 2019 y 5 y 12 de junio de 2020, y la Instrucción también de 20 de 
diciembre de 2019) ha puesto de relieve que la interpretación de la referida norma de 
exclusión plantea una serie de dudas, para cuyo análisis es conveniente tomar en 
consideración, con carácter previo, los datos reales sobre la utilización práctica de este 
tipo  de  préstamos.  Son  frecuentes  los  préstamos  concedidos  por  las  entidades 
financieras a sus empleados por estar previstos en el convenio colectivo de la entidad, o 
bien en las directrices de política retributiva o social de la misma entidad. Más raros son 
los conferidos por otro tipo de empresas. Y es frecuente, de acuerdo con los términos de 
dichos convenios o directrices, que, si bien los préstamos se dan en unas condiciones de 
tipo de interés notablemente mejores que las del mercado, hay algunas de sus cláusulas 
que  no  cumplen  con  algunas  de  las  limitaciones  o  exclusiones  que  con  carácter 
imperativo establece la Ley, por ejemplo, en materia de cláusulas suelo, gastos, etc. Por 
otra parte, estos préstamos, de acuerdo con los citados convenios colectivos, se suelen 
dar conjuntamente al empleado y a su cónyuge o pareja de hecho, estableciéndose 
además unas condiciones distintas, en línea con las habituales del mercado, para el 
caso de que, por cualquier motivo, el prestatario dejara de ser empleado.
Entre otras cuestiones, en la referida Instrucción de 20 de diciembre de 2019 se hace 
referencia a «la situación en la que el préstamo sólo se entrega al empleado, que es el 
único  que  recibe  el  dinero  prestado,  destinándose  el  mismo  a  fines  o  atenciones 
exclusivos de él, y quedando la operación avalada por su cónyuge. En tal supuesto, 
parece que, puesto que el cónyuge o pareja de hecho sólo adquiere responsabilidades, 
pero  no  los  beneficios  derivados  de  las  condiciones  especiales  del  préstamo,  sea 
aplicable al mismo la norma del artículo 2.1.a, en su condición de fiador o garante, con la 
doble consecuencia de aplicación respecto de dicho garante de las limitaciones que se 
derivan de las normas imperativas de la ley (arts. 23 al 25, principalmente), y de la 
obligatoriedad de autorización del acta previa». Y se añade que «por otra parte, la 
condición de pareja de hecho se puede ordinariamente acreditar mediante la inscripción 
en el correspondiente registro, pero no es éste el único procedimiento posible a tal 
efecto: esa inscripción produce efectos en la esfera administrativa, pero no en la civil o 
mercantil, por lo que debe también bastar con la manifestación motivada de la condición 
de pareja de hecho de los dos otorgantes».
3.  Por las anteriores consideraciones el defecto debe ser confirmado.
Aun  dejando  al  margen  que  la  escritura  calificada  no  contiene  ni  siquiera 
manifestación de los hipotecantes sobre su condición de pareja de hecho, es indudable 
que al hipotecar la señora otorgante la mitad indivisa de una de finca para garantizar el 
préstamo  concedido  exclusivamente  al  otro  otorgante  que  tiene  la  condición  de 
empleado  de  la  entidad  prestamista,  dicha  hipotecante  no  deudora  sólo  asume 
responsabilidades sin adquirir los beneficios derivados de las condiciones especiales del 
préstamo. Y no se puede decidir sobre las consideraciones expresadas por el notario 
recurrente  sobre  la  base  de  documentos  que  –como  afirma  la  registradora  en  su 
informe– no fueron presentados a calificación, como es la escritura de compraventa de 
otra  finca  inscrita  en  distinto  Registro  de  la  Propiedad,  pues,  por  imperativo  del 
artículo 326 de la Ley Hipotecaria, debe rechazarse en el recurso cualquier pretensión  s
basada en documentos no presentados en tiempo y forma. oe.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación  266ww
impugnada.
anteC oenl trJau zegsatad ore sdoel ulcoi óCn ilvoisl  ldeeg allam ecnatpeit alel gditiem alad oPsr opvuiendceian  dreecl ulrurigr amr eddoianndtee  draedmicaan deal 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.