BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63076
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9050 Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de San Vicente de la Barquera-Potes, por 
la que suspende la inmatriculación de una finca.
En el recurso interpuesto por doña M. N. C. L. y don A. P. M. contra la nota de 
calificación de la registradora de la propiedad de San Vicente de la Barquera-Potes, doña 
Ana Julia Marlasca Morante, por la que suspende la inmatriculación de una finca.
Hechos
I
Mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre de 2019 ante el notario de 
Torrelavega, don Alberto García Alija, número 1509 de su protocolo, doña M. N. C. L. 
aporta a su sociedad de gananciales una finca rústica no inmatriculada sita en el término 
de Comillas. Se acompaña como título previo de adquisición de la aportante, escritura 
pública de adjudicación de herencia otorgada el día 12 de marzo de 2014 ante el notario 
de San Vicente de la Barquera, don Nadal Pieras Gelabert, número 224 de protocolo.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de San Vicente de la 
Barquera-Potes, es objeto de calificación negativa, con arreglo a los siguientes hechos y 
fundamentos jurídicos:
«Hechos. En la escritura pública autorizada por el Notario de Torrelavega Alberto 
García Alija, con el número 1509/2019 de su protocolo, de fecha 29/10/2019, que ha sido 
presentada el día 12/11/2019, bajo el asiento número 1383, del tomo 69 del Libro Diario, 
doña M. N. C. L. aporta una finca de naturaleza rústica a su sociedad de gananciales y 
solicita su inmatriculación conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, aportando 
además el título previo de adquisición (sic) de la aportante, que es una escritura de 
herencia autorizada por el Notario de San Vicente de la Barquera Nadal Pieras Gelabert 
en fecha 12/03/2014, número 224 de protocolo.
Fundamentos de Derecho.
El artículo 18 de la Ley Hipotecaria dice: "(…)", y el artículo 98 de su Reglamento lo 
complementa en la siguiente forma: "(…)" El artículo 205 de la Ley Hipotecaria que, en 
su redacción vigente dada por la Ley 13/2015 de 24 de junio, dice: "(…)".
Respecto a las circunstancias que contendrá la inscripción practicada en el folio real 
de cada finca, el apartado b) del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada 
por la Ley 13/2015 de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, dice: (…).
Resolución sobre intercambio de información entre Registradores y Catastro de 29  e.
de octubre de 2015. w.b
Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General de los  50ww
RegVisitsrtoas  lay  ddeolc Numoteanritaadcoió.n aportada, los hechos y fundamentos de derecho citados, se
gsurásfpicean dgee loar rinemfearetrniccuialadcai ónca stoalsictriatal daco anl  relas ualtpalri cdaec ilóan c oinmfopramraáctiiócan  dheo smuo rloegparedsae nptaocr ióenl 
Ministerio de Justicia –comparación realizada en base a las ortofotos de varios años–
que invade en parte la carretera sita al norte de la finca, siendo necesario para su 
inmatriculación la corrección de su delimitación catastral en su parte norte, de forma que 
se garantice la no inscripción a favor de particulares del dominio público–.
Contra la presente nota de calificación cabe (…) Prórroga del asiento: (…) San 
Vicente de la Barquera, treinta y uno de enero del año dos mil veinte. El Registrador. 
Fdo. Doña Ana Julia Marlasca Morante».
III
Doña M. N. C. L. y don A. P. M., interpusieron recurso contra la anterior calificación 
mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2020, que tuvo entrada en el citado Registro 
el mismo día, en el que alegan lo siguiente: «Primera.–La finca cuya inmatriculación se 
interesa del Registro es la que se aporta a la sociedad de gananciales de los dicentes, 
en escritura pública autorizada por el Notario de Torrelavega Alberto García Alija. De 
fecha  29/10/2019,  número  1509  de  su  protocolo,  acompañada  del  título  previo  de 
adquisición de la aportante, que es una escritura de herencia autorizada por el Notario 
de San Vicente de la Barquera Nadal Pieras Gelabert en fecha 12/03/2014, numero 224 
de protocolo. En las escrituras presentadas concurren todos los requisitos exigidos en el 
artículo 205 de la Ley Hipotecara para la inmatriculación de fincas. En primer lugar, 
existe un título público traslativo de dominio otorgado por personas que acreditan haber 
adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento, y 
también en documento público. En segundo lugar, existe identidad de la descripción de 
la finca contenida en ambos títulos y, además en la descripción contenida en el título 
inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que se adjuntó en la 
escritura de aportación a la sociedad de gananciales. En la nota de calificación objeto de 
este recurso, se hace constar que se suspende la inmatriculación, al resultar de la 
comparación de su representación gráfica georreferenciada catastral con la aplicación 
informática homologada por parte del Ministerio de Justicia –comparación realizada en 
base a ortofotos de varios años– que invade en parte la carretera sita al Norte de la 
finca. Tal como ha señalado la Dirección General de los Registros y Notariado en 
numerosas resoluciones, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por 
parte del registrador, no puede ser arbitrario, ni discrecional, sino que ha de estar 
motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (Resoluciones de 8 de octubre 
de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio 
de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras). La Registradora, por 
tanto, tal y como recuerda la DGRN en su resolución de 18 de octubre de 2018, no 
puede eludir su responsabilidad y su deber de emitir un juicio crítico fundamentado y 
motivado que esclarezca si efectivamente existe o, al menos, se constatan indicios 
suficientemente rigurosos para afirmar que se constata una invasión del dominio público. 
La exigencia de una motivación en la calificación negativa nos la recuerda la Resolución 
de 12 de febrero de 2016 de la DGRN señalando textualmente "es doctrina de este 
Centro Directivo que cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 
según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente; 
que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, 
aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y 
con  suficiencia  los  fundamentos  jurídicos  en  los  que  se  basa  dicha  calificación 
(artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de  e.e
marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, entre  b
otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del  50ww
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fhuencdhaoms eyn rtoasz odnea mDieernetcohso a deunc liodso sq puoer  aepl oreyeg isstura tdeosri sq uime ppuugdnieartoarnia s, ear  rleal evvisatnat eysa  pdaer al olas 
Resolución  del  recurso.  También  ha  mantenido  esta  Dirección  General  (vid.  la
Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 
de febrero y de 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un 
precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección General), sino que es preciso 
justificar  la  razón  por  la  que  el  precepto  de  que  se  trate  es  de  aplicación  y  la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de 
las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación 
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma". Partiendo de las 
anteriores consideraciones, en la nota de calificación objeto de este recurso, no resulta 
explicitado el método o sistema técnico utilizado para realizar la comparación que impide 
la inscripción de la finca con su representación gráfica según resulta de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica, desconociendo esta parte cual es el método técnico que 
utiliza el Registrador para poder determinar dicha invasión, pues no se concreta la 
pericia o labor técnica que permita llegar a tal conclusión. Y ello por cuanto no se 
determina en la nota de calificación cual ha sido el informe técnico o sistema utilizado 
para dicha comparación, pues para realizar una superposición de planos y ortofoto es 
preciso  que  se  estén  representado  las  mismas  coordenadas  georreferenciadas, 
comparación que para ser fehaciente ha de realizar un técnico competente, ya que lo 
contrario nos llevaría a presumir una supuesta invasión de una carretera, que no es real 
ni resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica. En Informe realizado don F. G. 
C.,  Jefe  de  Servicio  de  Sistemas  Informáticos  Subdirección  General  de  Estudios  y 
Sistemas de la Información de la Dirección General del Catastro se hace constar lo 
siguiente "Las ortofotos son una herramienta indispensable en la producción cartográfica 
del catastro. Pero a menudo están sobrevaloradas, especialmente por personas sin 
conocimiento técnico suficiente, que frecuentemente creen que son una representación 
perfecta y exacta de la realidad. En este artículo explicaremos detalles de la realización 
de  las  ortofotos,  sus  limitaciones  y  finalmente  como  se  tienen  en  cuenta  esas 
limitaciones para poder utilizarlas con fiabilidad en la actividad catastral. El artículo tiene 
dos partes bien diferenciadas en la primera pretende dar una visión tanto histórica como 
técnica del proceso que ha seguido a lo largo de los últimos 125 años la producción de 
imágenes fotográficas transformadas. En la segunda parte se verán las aportaciones de 
la ortofotografía aplicada a la cartografía catastral. La fotografía aérea y la cartografía 
Las diferencias más importantes entre fotografías aéreas y mapas son las siguientes, ver 
figuras 1 y 2: 1. Diferencias cualitativas, la fotografía es, de una forma general, más rica 
en informaciones que el levantamiento gráfico, pero es más difícil de leer y de interpretar 
para el usuario medio, porque es un documento figurativo y objetivo, el mapa es por el 
contrario de naturaleza abstracta y subjetiva. 2. Diferencias métricas. La fotografía aérea 
presenta,  en  relación  al  mapa,  deformaciones  debidas  a  causas  diversas,  lo  que 
disminuye considerablemente el valor métrico de medidas directas sobre la imagen 
fotográfica.  Numerosos  usuarios,  habituados  a  la  lectura  de  fotografías  aéreas, 
desearían poder beneficiarse de las ventajas cualitativas de la imagen fotográfica sin 
estar  limitados  por  las  deformaciones  de  esta  imagen,  es  decir,  disponer  de  un 
documento fotográfico sobre el cual los detalles estén colocados en su sitio, permitiendo 
por tanto, efectuar las mismas medidas que en un mapa. Tal documento es una ortofoto. 
Una fotografía aérea no es un mapa excepto en el caso teórico ideal en que eje de toma 
de  vistas  sea  rigurosamente  vertical  y  el  terreno  plano  y  horizontal  obviando  las 
distorsiones de la imagen." Por tanto, como señala el Informe, en la comparación de 
planos con ortofotos existen diferencias cualitativas y métricas, diferencias que en sí 
mismas impiden que se pueda afirmar categóricamente como se hace en la nota de  s
calificación que la finca objeto de inmatriculación invade dominio público. Se señala en el  oe.
referido informe el técnico del Catastro, que – El mapa es una proyección ortogonal  w.
sobre un plano de referencia horizontal y la fotografía aérea es una proyección central. –  50ww
cEal ramcatepraís tiecsa s umnéat rirceapsr edseebnidtaoc iaó:n –  gDeeosmpélatrziacammieenntote  pocro rerle rcetalie vye . la–  Poortro finoctoli nancoi óntie dneel 
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Circunstancias  todas  ellas  que  impiden  que  la  comparación  efectuada  por  la 
Registradora tenga el suficiente rigor como para afirmar que la finca invade dominio 
público cuando no resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Segunda.–El 
artículo  9  de  la  Ley  Hipotecaria.  En  su  redacción  otorgada  por  la  Ley  13/2015, 
refiriéndose  a  las  circunstancias  que  ha  de  contener  la  inscripción  determina  con 
carácter  preceptivo  "(…)".  El  referido  artículo  de  la  Ley  Hipotecaria  se  remite  al 
procedimiento del artículo 199 en los supuestos en los que la aportación para inscripción 
de la representación gráfica sea meramente potestativa. En los casos en los que tal 
inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino preceptiva, 
como ocurre con los supuestos enunciados en el artículo 9, letra b), primer párrafo, la 
falta de una remisión expresa desde el artículo 9 al artículo 199 supone que con carácter 
general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de 
efectuar las notificaciones previstas en el artículo 9, letra b, párrafo séptimo, una vez 
practicada la inscripción correspondiente. Por ello no entendemos la alusión que se hace 
al artículo 199 en la nota de calificación. Cito al Respecto la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 12 de junio de 2018, en la que se revoca 
una calificación del Registrador sobre la base de que "no cabe concluir de todo ello la 
consecuencia  de  no  admitir  la  inscripción  de  la  representación  gráfica  alternativa 
aportada sin fundamentar las razones que impiden al registrador tal incorporación a los 
respectivos folios reales de las fincas objeto de las operaciones de modificación de 
entidades hipotecarias.
Si el Registrador considera que pudiera existir tal supuesta invasión de dominio 
público, que reiteramos no consta en la certificación catastral descriptiva y gráfica, pudo 
recabar informe o certificación administrativa que acredite que la inscripción pretendida 
invade camino público, pero no lo hizo, quedando a su criterio subjetivo y personal, sin 
una fehaciencia técnica, afirmar que "invade en parte la carretera sita al Norte» cuando 
tal invasión no resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica. Tampoco existe 
informe pericial alguno que permita constatar que la comparación de planos y ortofoto 
efectuada por la Registradora permita concluir tal supuesta invasión de dominio público, 
máxime cuando las fotos aéreas (ortofotos) no tienen encaje exacto en los planos del 
Catastro en la mayoría de las ocasiones. En la Nota de calificación recurrida no existe 
motivación  alguna  sobre  qué  razones  fácticas  o  jurídicas,  puedan  fundamentar  la 
afirmación de la Registradora de que se invade dominio público, excepto una mera 
comparación  de  plano  con  ortofoto,  sin  ni  siquiera  haber  oficiado  al  Ayuntamiento 
correspondiente para acreditar o no la supuesta invasión de dominio público. Cito al 
Respecto la Resolución de la DGRN de 18 de septiembre de 2019, que reiterando lo 
manifestado en una Resolución de 10 de abril de 2019, señala que cuando la calificación 
del registrador sea desfavorable es exigible conforme a los principios básicos de todo 
procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, 
se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente 
de los mismos, con desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con 
claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se 
basa dicha calificación. Tercera.–La calificación negativa se basa según consta en los 
fundamentos de derecho en el art. 205 de la LH, que textualmente reza "Si el Registrador 
tuviera  dudas  fundadas  sobre  la  coincidencia  total  o  parcial  de  la  finca  cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u  s
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la  oe.
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el  w.
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la  50ww
mreacregpecnió dne d loe  dlais pnuoetisfitcoa ecinó ne"l  aErntí ceull oc 2a0so5  dqeu ela  nLoesy  oHcipuoptae,c aerl iaR, eegnis ctruaadnotor  hqau ea ncotu saed on oasl 
hsea  ddaicdeo  intrvaasdlaiddoo.  dEen n noitnifgicúanc imóno malegnutnoa  sae  lah aA dnmotiinficisatrdaoc iaó nA pdúmbilnicisat rtaitcuilóanr  dPeúl bclaicma inaolg uqnuae   BOE-A-cable e
que  tenga  dudas  fundadas  sobre  la  coincidencia  total  o  parcial  de  la  finca  cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas. Si no se notifica tal circunstancia es evidente 
que no han debido de existir tales dudas, a las que alude dicho precepto. En este sentido 
se ha manifestado la DGRN en resolución de 20-06-2017 (BOE 173/2010 de 21/07/17) 
señalando: "En cuanto a las dudas de coincidencia de la finca con caminos, que ni 
siquiera se determina si son públicos, hay que estimar la alegación del recurrente sobre 
el modo de proceder del registrador en tales casos. Así el artículo 205 dispone que «si el 
Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya 
inmatriculación  se  pretende  con  otra  u  otras  de  dominio  público  que  no  estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción  de  la  notificación.  Si  la  Administración  manifestase  su  oposición  a  la 
inmatriculación o, no remitiendo su informe dentro de plazo, el Registrador conservase 
dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, denegará la 
inmatriculación pretendida». En el expediente no queda acreditada la existencia de 
caminos que figuren en información asociada ni se ha procedido en la forma prevista en 
el artículo 205 de la Ley Hipotecaria por lo que la alegación del recurrente debe ser 
estimada." Igualmente, no debemos olvidar que la inscripción que se solicita se hace al 
amparo del art. 205 de la LH y que por tanto, se han de publicar los correspondientes 
edictos y que dentro del plazo establecido los que pudieran considerarse afectados, 
podrían hacer alegaciones correspondientes y aportar los documentos en defensa de las 
mismas, incluido obviamente el Ayuntamiento de Comillas en que se ubica la finca objeto 
de inmatriculación.»
IV
La registradora de la propiedad de San Vicente de la Barquera-Potes, emitió informe 
confirmando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 10 y 205 de la Ley Hipotecaria; artículo 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 24 de octubre de 2016, 7 de noviembre de 2016, 20 de junio de 2017, 10 
de octubre de 2017, 7 de noviembre de 2017, 10 de abril de 2018.
1.  Se debate en el presente recurso si procede la inmatriculación de una finca.
La  registradora  suspende  la  inscripción  por  «resultar  de  la  comparación  de  su 
representación  gráfica  georreferenciada  catastral  con  la  aplicación  informática 
homologada por el Ministerio de Justicia –comparación realizada en base a las ortofotos 
de varios años– que invade en parte la carretera sita al norte de la finca, siendo 
necesario para su inmatriculación la corrección de su delimitación catastral en su parte  e.e
norte, de forma que se garantice la no inscripción a favor de particulares del dominio  b
público». 50ww
Dire2c.c ióLna  Gceuneesrtaiól n dcee nlotrsa l Rqeugei stprolasn teya  deesl teN oetxaprieaddioe nteen  yrae itheara dsaidso  otcraatsaidoan esp or( cflar. 
ResLoalu crieogniesstr acditaodraa sp elann «teVais tdous»d)a.s  de  invasión  de  dominio  público  derivadas  de  la
comparación por superposición de la cartografía catastral respecto de las ortofotografías
de  que  dispone  la  aplicación  registral  homologada  para  el  tratamiento  de 
representaciones gráficas.
Hay que recordar el modo de proceder del registrador en tales casos. El artículo 205 
dispone que «si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o 
parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público 
que no estén inmatriculadas pero que aparezcan recogidas en la información territorial 
asociada facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la 
entidad  u  órgano  competente,  acompañando  la  certificación  catastral  descriptiva  y 
gráfica de la finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se 
remita el informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de la notificación. Si la Administración manifestase su oposición 
a  la  inmatriculación  o,  no  remitiendo  su  informe  dentro  de  plazo,  el  Registrador 
conservase dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, 
denegará la inmatriculación pretendida».
En el caso de este expediente no se ha procedido en la forma prevista en el 
artículo 205 de la Ley Hipotecaria transcrito.
A ello cabe añadir que también se ha pronunciado la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en el sentido de afirmar que conforme al artículo 10.1 de la Ley 
Hipotecaria la base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía 
catastral,  que  estará  a  disposición  de  los  registradores  de  la  Propiedad;  sin  que 
corresponda al registrador, en el ejercicio de su función calificadora, revisar de oficio 
dicha cartografía catastral (cfr. Resoluciones de 24 de octubre de 2016 y 7 de noviembre 
de 2016), la cual goza, además, de la presunción de veracidad contemplada en el 
artículo 3 de la Ley del Catastro: «Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro 
de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en 
el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos».
Además, en el presente caso las dudas no resultan de la comparación con una 
representación  gráfica  de  dominio  público  que  figure  con  esta  consideración  en  la 
aplicación homologada, sino de la mera apariencia de dominio público que se infiere de 
una ortofotografía aérea (suministrada por el PNOA), siendo por ello una apreciación 
meramente indiciaria que no puede dar lugar a la suspensión de la inscripción sin haber 
solicitado  previamente  los  informes  pertinentes  a  la  Administración  supuestamente 
perjudicada.
Todo lo expuesto determina la estimación del recurso.
Por otra parte no cabe admitir las consideraciones formuladas por la registradora en 
su informe relativas al desconocimiento de la titularidad del dominio público afectado, y a 
la necesidad de que el interesado suministre la información sobre este particular, ya que 
a esta concreta cuestión hace referencia el registrador en el informe pero no en la nota 
de calificación, y es doctrina de esta Dirección General que el informe es un trámite en el 
que el registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar los 
defectos señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún caso se pueden 
añadir nuevos defectos, ya que sólo si el recurrente conoce en el momento inicial todos 
los defectos que impiden la inscripción del título según la opinión del registrador, podrá 
defenderse eficazmente, argumentando jurídicamente acerca de la posibilidad de tal 
inscripción. Por ello esta cuestión no puede abordarse en el recurso (cfr. artículos 326 
y 327 de la Ley Hipotecaria y resoluciones de 29 de febrero de 2012, 17 de febrero y 3 
de abril de 2017).
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho  e.
expuestos, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de  w.b
calificación de la registradora. 50ww
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ainnmteu eebl leJ uezng aedl op ldaez ol od eC idviol sd em elas ecsa pdietasld ed es ula  nPotriofivciancciióan ,d esli elnudgoa r ddeo nadpelic aracdióicna  laesl 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.