BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Viernes 4 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 25609
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3441 Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Jaca, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de entrega de legados.
En el recurso interpuesto por don J. A. A. G. contra la calificación del registrador de 
la Propiedad de Jaca, don Pedro Pernas Ramírez, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de entrega de legados.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 14 de diciembre de 2015 por la notaria de 
Huesca, doña Ana María Laliena Salillas, se procedió por el albacea contador-partidor, 
don L. T. R., a la entrega del legado ordenado por el causante, don P. G. C., de una casa 
sita en Jaca a favor del legatario, don J. A. A. G.
El causante, don P. G. C., falleció el día 4 de junio de 2015 dejando viuda –doña 
M. L. J. P. O.– y sin descendencia. En su último testamento, otorgado el día 8 de abril 
de  2015  ante  la  misma  notaria  de  Huelva,  el  testador  ordenaba  varios  legados  y 
disposiciones a favor de diversos sobrinos, de los que, a los efectos de este expediente 
interesan los siguientes: reconocía a favor de su esposa el usufructo universal foral 
aragonés; legaba «a su sobrino don J. A. A. G.: el edificio señalado con el número (…) 
de la calle (…) de Jaca, con todo lo que se encuentre en su interior; y la cantidad de 
doscientos mil euros (200.000 euros)»; sustituía vulgarmente a las personas físicas 
designadas  como  legatarios  y  a  la  heredera  por  sus  respectivos  descendientes. 
Establecía en la cláusula tercera lo siguiente: «Prohibición de disponer. Los legatarios de 
los inmuebles antes citados no podrán disponer por ningún título inter-vivos de los 
mismos (ni por pacto sucesorio que implique su transmisión de presente) ni gravarlos 
hasta  que  hayan  transcurrido  quince  años  desde  el  fallecimiento  del  testador,  no 
obstante doña (…)». Nombraba albaceas universales y contadores-partidores de su 
herencia con el carácter de solidarios a don L. y a don M. T. R. Instituía herederas 
universales a sus hermanas, doña E., doña M. y doña E. G. C., por partes iguales entre 
ellas.
La viuda había renunciado al usufructo respecto de la planta primera del edificio 
legado. El legatario, don J. A. A. G., había renunciado al legado de dinero en la citada 
escritura de aceptación del otro legado del inmueble.
II
Presentada el día 22 de octubre de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Jaca, solicitado la inscripción excluyendo la prohibición de disponer, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación: e.
«Calificación desfavorable. 41ww
dicieECmlo bnrrfeeog)r imsyt er9a 8ad lyo a rs ritgdícueui elolna t1 e8sp  rddoeepl i elRad eaLgdela y mqHueiepn ototse uHcsaipcrroiiabte e(cr,ea frpoiorre:mvaiod oe pxoarm Leeny  y2 4/c2a0li0fi1c adceió 2n7  ddeel   BOE-A-2022-34cable en https://
documento presentado por don/doña A. G., J. A. P. P., el día 22/10/2021, bajo el asiento
número 870, del tomo 102 del Libro Diario y número de entrada 3174, que corresponde 
al documento otorgado por el notario de Huesca Ana María Laliena Salillas, con el 
número 1523/2015 de su protocolo, de fecha 14/12/2015, ha resuelto no practicar los 
asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
En el Registro de la Propiedad de Jaca consta sobre varias fincas adquiridas toda 
ellas por legado y fruto de la disposición testamentaria que dio lugar a la inscripción a 
favor de los legatarios de una prohibición de disponer con el siguiente tenor literal «los 
legatarios de inmuebles no podrían disponer por ningún título inter-vivos de los mismos 
(ni por pacto sucesorio que implique su transmisión de presente) ni gravarlos hasta que 
hayan transcurrido quince años desde el fallecimiento del testador.»
Una de las fincas que constan en el título es la 1337 aún inscrita a nombre del 
causante sobre la que se solicita la inscripción excluyendo la prohibición de disponer.
Fundamentos de Derecho
Artículo 26.
Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro de la 
Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas:
(…)
Tercera. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última 
voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán 
inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su validez.
Artículo 27.
Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o contratos de los no 
comprendidos en el artículo anterior, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que 
mediante hipoteca o cualquier otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento.
La validad de las prohibiciones de disponer, en ausencia de regulación especial 
aragonesa, viene determinada por el artículo 785 2.º del Código Civil que establece que 
«no  surtirán  efecto:  2.º Las  disposiciones  que  contengan  prohibición  perpetua  de 
enajenar, y aun la temporal, fuera del límite señalado en el artículo 781».
Estableciendo asimismo el artículo 781 que «las sustituciones fideicomisarias en 
cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte 
de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, 
o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador».
Si bien es cierto que la jurisprudencia ha establecido la necesidad de justa causa, 
también debe valorarse el principio general de interpretación de los testamentos. Así, el 
artículo 675 del Código Civil establece  que «toda disposición testamentaria deberá 
entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que 
fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más 
conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. El testador no 
puede  prohibir  que  se  impugne  el  testamento  en  los  casos  en  que  haya  nulidad 
declarada por la ley». e.
De manera similar, el artículo 416 del Código Foral Aragonés establece en su primer  w.b
apartado que «toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de  41ww
ssui es l pteaslatabmraesn, tao  nfuoe srae rm qaunec aopmaurneazcdao ,c llaa rcaommeúnnte d qeu aem fubeo so tteras tlaad voorelusn. tEadn  dceals ote sdtea ddourd ao,, 
ssee goúbns eelr vtaernáo rl od eqlu me isampaor etezcsata mmeánst oc»o.n Afournmqeu ea  elal  aipnatertnacdióon t edrecle rtoe setasdtaobr leoc ete qsutaed o«rlaess 
disposiciones que impongan cualquier carga se interpretarán restrictivamente», esta
interpretación restrictiva no puede alcanzar, a juicio del Registrador que suscribe, a dejar 
sin efecto una prohibición de disponer, tratándola a efectos registrales como un ruego o 
recomendación, dada la forma de su redacción en el testamento.
La vía para dejar sin efecto la prohibición de disponer, por tanto, será la impugnación 
del testamento no siendo la inscripción en el Registro vía para dejar sin efecto una 
disposición testamentaria que, hasta que no sea declarada nula, debe entenderse que 
ha de producir todos sus efectos. No procede apreciar en el procedimiento específico 
registral cuestiones relativa al carácter injusto y desproporcionado de la disposición 
testamentaria, que impone a los legatarios un [sic] prohibición de disponer por un plazo 
de 15 años, plazo que se estima, entra de los aceptados por la regulación civil al no 
tener un carácter permanente y poder considerarse que entraría dentro de los plazos de 
las sustituciones fideicomisarias (artículo 785 del Código Civil en relación al 781).
Las referencias a los proyectos de normas catalanas a que hace referencia una de 
las sentencias dictada, no resultan aplicables, si bien puede destacarse que el Código 
Civil Catalán que ha establecido normas especiales en relación a las prohibiciones de 
disponer,  dispone  en  el  apartado  5  del  artículo  428-6.  que  «en  cualquier  caso,  el 
afectado por la prohibición de disponer puede solicitar autorización judicial para disponer 
si concurre una causa justa sobrevenida». Por tanto, se sujeta al control judicial, la 
valoración de la licitud de las prohibiciones de disponer.
En definitiva, de lo dispuesto en el testamento y de las normas reguladoras de las 
prohibiciones  de  disponer,  no  puede  apreciarse  la  nulidad  de  la  cláusula  siendo 
necesario acudir a la vía judicial si se pretende dejar sin efecto la cláusula del testamento 
que limita a los legatarios la disposición de los inmuebles.
Medios de subsanación.
Resolución  judicial  firme  declarando  la  ilegalidad  de  la  prohibición  de  disponer 
impuesta a los legatarios. Solicitud, por el interesado, de inscripción plena de la escritura.
Y por considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión de los asientos 
solicitados del documento mencionado.
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.
Contra esta calificación (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Pedro Pernas 
Ramírez registrador/a de Registro Propiedad de Jaca a día treinta de noviembre del dos 
mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, don J. A. A. G. interpuso recurso el día 7 de 
enero de 2022 mediante escrito en el que alegaba, en síntesis, lo siguiente:
«Expone:
1.º (…)
3.º Que  el  que  suscribe,  al  solicitar  la  inscripción  de  la  citada  escritura,  pidió 
expresamente al señor registrador omitiese la inscripción de la citada prohibición de 
disponer, en base a las consideraciones que constan en el presente recurso, petición 
que fue desestimada por resolución (…) s
h) Que el causante en su testamento no expuso razón alguna que justificase tal  w.b
restricción. 41ww
gravi)a doP: odr e cuonn slaigduoie pnoter , ele lu squufreu ctsou svcidriubael , hya d eh eorterod apdoor  luan r epstarticricmióonn iod e dsoub lfeamcuelntated 
doibstpeonseirti vnain gsúonb rea perol vmecishmamo iednutroa ndtee  la1 5h earñeonsc;i ac rireccuibnisdtaa,n cyi aqsu ea mseb apsr eqcuisea  lsei  nimop pidaerna 
sufragar completamente, sí al menos aliviar la carga que supone conservar y mantener 
el edificio.
j) Como muestra de lo gravoso que le resulta al que suscribe el mantenimiento del 
edificio, baste con tener en cuenta que en este año 2021 ha tenido que hacer frente con 
sus exclusivos medios a la reparación integral de la cubierta del edificio que quedó 
seriamente dañada a resultas de la copiosa nevada por la borrasca Filomena, cuyo coste 
total ascendió a 23.500 euros, cantidad que no ha podido repercutir en modo alguno a la 
usufructuaria, a pesar de que su derecho le otorga un valor equivalente al 54’07 % del 
citado edificio (…)
Alegaciones:
El derecho de dominio o propiedad, que antiguamente era de una plenitud casi 
absoluta, se ha visto paulatinamente sujeto a mayores limitaciones, por mor del cada vez 
mayor carácter social del derecho, a la par de su natural proyección individual.
Los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria hacen referencia a las prohibiciones de 
disponer  desde  la  perspectiva  registral  careciendo  nuestro  Código  Civil  de  una 
regulación completa y específica al respecto. No obstante, el principio de libertad de 
tráfico, con amparo en el artículo 348 del Código Civil, y por tanto de nuestro sistema 
jurídico, exige que "las restricciones legítimamente impuestas a la propiedad, y, en 
consecuencia,  a  su  facultad  dispositiva,  sean  Interpretadas  de  forma  restrictiva  sin 
menoscabo de los intereses que las justifican" (Resolución de 21 de marzo de 2018, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, entre otras muchas). Así, el 
artículo 26 de la Ley Hipotecaria dispone que "Las prohibiciones de disponer o enajenar 
se harán constar en el Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las 
siguientes normas:... Tercera: Las impuestas por el testador o donante en actos o 
disposiciones de última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás 
actos a título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su 
validez".
Por su parte, la DGRN siempre ha defendido el principio de libertad de tráfico, con 
amparo en el artículo 348 del Código Civil, y en base a al cual se exige que las 
restricciones legítimamente impuestas a la propiedad, y, en consecuencia, a su facultad 
dispositiva, sean interpretadas de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que 
las justifican.
En igual sentido se expresa también el art Artículo 416 del Código de Derecho Foral 
de Aragón (en adelante, "CDFA"), que, en materia de interpretación del testamento, que 
dispone que: "1. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal 
de sus palabras... 3. En los casos de duda, la interpretación se realizará en sentido 
favorable al heredero instituido y las disposiciones que impongan cualquier carga se 
interpretarán restrictivamente", al tiempo que el artículo 476 CDFA establece que son 
válidas todas las condiciones impuestas en el testamento que no sean imposibles o 
contrarias a las leyes o las buenas costumbres.
Dicho esto, la Jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 diciembre 1991, 
entre otras) y la propia DGRN (en la misma resolución antes citada) van más lejos aún, 
en el sentido de exigir que las restricciones al "ius disponendi" del propietario, además de 
ser temporales, deben de responder a una justa causa o a una causa lícita, la cual, si no 
queda explicitada en el propio testamento, sí al menos resulte de otras circunstancias 
externas que sean notorias, las cuales justifiquen la vigencia de la restricción como 
medio de preservar un interés legítimo digno de protección. O dicho de otro modo: la  e.e
interpretación de la prohibición debe hacerse "teniendo en cuenta la finalidad perseguida  w.b
por quien establece tal limitación, finalidad que puede ser de carácter social, familiar,  41ww
ae tcs.a".lv..o ",s icelanrdoo  epsre, cdiseo l apsa rtaa xsaut ievfaicsa pcriao hqiubeic isoen einss pleirgeanle esn"  usne ginútne raérsg udmigneon tdae e psrtoet eCcecniótrno, 
Directivo.
Así lo disponen las Sentencias siguientes, entre otras; a saber:
Tribunal Supremo (Civil), S 13-12-1991, rec. 727/1990, que te cito textualmente a 
continuación, en concreto su Fundamento de Derecho Quinto:
"En la actualidad, la materia ante el evidente directo silencio legal (en cuanto no de 
otra forma pueden calificarse las disposiciones de los citados artículos 781 y 783 del 
Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia han venido respecto del tema poniendo una 
cierta  atención  en  el  artículo  348  del  Código  Civil,  relativo  a  la  propiedad  y  sus 
facultades, interpretaciones que a su vez vienen tomando en consideración, al menos en 
cierto modo y con la mirada puesta en el vigente artículo 3.1 del mismo Cuerpo legal y 
el 33.1 y 2 de la C.E., el cambio experimentado por ese derecho de dominio o propiedad, 
antes  de  una  plenitud  casi  absoluta  y  actualmente  sujeto  cada  día  a  mayores 
limitaciones, en cuanto considerando como derecho a vez que dotado de evidente 
carácter social bien que sin olvidar su proyección individual.
De acuerdo con ello y al margen de las limitaciones que la ley imponga, respecto de 
las cuales ha de estarse a lo que cada una de las normas limitativas del ius disponendi 
establezcan; proyectando la atención sobre las impuestas por la voluntad del particular o 
particulares, es de señalar, que el más generalizado criterio doctrinal y centro de sus 
escasas  manifestaciones  también  del  jurisprudencial,  nos  indican,  que  siendo  la 
prohibición de disponer un límite a una de las más normales y generalizadas facultades 
del  dominus,  la  del  ius  disponendi,  su  interpretación  ha  de  realizarse  con  criterio 
restrictivo y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por quien establece tal limitación, 
finalidad que puede ser de carácter social, familiar, etc.
Ejemplo de lo indicado puede contemplarse en la Sentencia de esta Sala de 25 de 
junio de 1945, en la cual y entre otros pronunciamientos se declara la inadmisibilidad de 
los pactos de no enajenar concebidos en términos absolutos con base en el principio de 
que pactum de non alienando res propria non valet, siendo preciso para su eficacia que 
se  inspiren  en  un  interés  digno  de  protección,  a  salvo,  claro  es,  de  las  taxativas 
prohibiciones legales, criterio que puede también observarse en las Res. D.G.R.N. de 30 
de junio de 1913, cuando establece que tales pactos han de entenderse en su sentido 
literal y no pueden ampliarse, y en la de 21 de abril de 1949".
Otra  Sentencia,  del  TSJ  Cataluña  sec.  1.ª,  de  30/06/2009,  número  25/2009, 
rec. 157/2008 ilustra el caso con mucha amplitud en su Fundamento de Derecho Quinto, 
cuando dice:
"De la misma forma el ya compilado artículo 117 de la CDCC de 21 de julio de 1960 
estableció definitivamente que: ‘la prohibición o limitación de disponer solamente será 
eficaz si es temporal i responde a una razón lícita o al designio de beneficiar o tutelar a 
alguien, aún que sea el afectado por la prohibición; en otro caso, será considerado mera 
recomendación’.
En consecuencia, es condición esencial para la validez de las prohibiciones de 
disponer. además de su temporalidad, es que se funden en un interés digno de tutela, en 
una  razón  fundada  bien  porque  se  protejan  determinados  intereses,  bien  porque 
respondan al designio de favorecer a alguna persona o bien para proteger al propio 
adquirente de los bienes.
De este modo, indican los autores y ratifica la Resolución de la DGRN de fecha 18 de 
enero de 1963 que el artículo citado regula las prohibiciones de disponer con un carácter 
restrictivo por implicar un cercenamiento de la facultad dispositiva de los bienes...." es
Es por ello que, aunque no se exprese formalmente en la disposición testamentaria  bo
la razón de su establecimiento, ésta debe poder deducirse de cualquier otro modo. 41ww
pteeassprtaaeE mcnlioa ee ln le ctoclu a cadsale os  vtlqiaellu onse íead nñ eoole srVna a o lAculeu.t  iplndizaoea   lreCa, s af cnionoetamrtal,i od sq aigudyue adi  eserhu ai lcnavi  oepplrueraonr phtsaeibudtiu  cadipómean deq drnueetee,   d leoeisnsnp   eboflino esernmere ncasoo   fnadintmeed niilrlaiieda cafraet ames ,ni ll eioaens,l     OE-A-2022-34able en https://
mecanismos legales que permitiesen conseguir la ilícita finalidad.
Así una prohibición de disponer junto con sustituciones fideicomisarias en el máximo 
número posible y cuando la legislación ya no permitía más vinculaciones, instando 
mediante ruegos o recomendaciones a los futuros herederos a realizar lo mismo en sus 
disposiciones testamentarias en relación con dichos bienes.
En  esta  forma  se  conseguía  un  resultado  antijurídico  sirviéndose  de  fórmulas 
pensadas por el legislador para finalidades justas.
En definitiva, no puede considerarse la causa indicada como lícita o legítima al ir 
contra el orden público económico y contra las Leyes desvinculadoras (artículo 1255 
y 1275 CC).
Las prohibiciones de disponer ya fueron vistas con prevención en el derecho romano. 
Aparecen reguladas en el Digesto, 30, 114, 14 que recogió una constitución de Severo y 
Caracalla conforme a la cual la disposición de quienes en testamento vedan que se 
enajene alguna cosa sin expresar la causa por la que quieren esto, ni hallarse personas 
en cuya consideración el testador lo establece deben considerarse nuda preacepta y no 
obligan en derecho.
Advertido en el siglo XVIII, lo antieconómico de este tipo de prohibiciones, máxime si 
se pretendían con carácter de perpetuidad, por la real cédula de 14 de mayo de 1789 
declarada aplicable a los fideicomisos perpetuos catalanes por R.O. de 16 de octubre 
de 1830 y por la Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820 fueron suprimidos los 
mayorazgos y cualesquiera otras vinculaciones existentes.
Dichas prohibiciones en cuanto cercenan una de las potestades más esenciales de 
dominio, han sido tratadas con especial rechazo por la doctrina científica clásica catalana 
que vino entendiendo que, aunque pudieran ser válidas siempre sería necesario que 
respondieran a un fin lícito y legítimo pues si la prohibición de enajenar no estuviese 
fundada en motivo o interés razonable sería contraria al espíritu informador del derecho 
civil catalán según el cual el dominio debe considerarse libre.
En esta línea, ateniéndonos a la interpretación histórica (artículo 1.º de la CDC) 
vemos como en el Proyecto de Apéndice de 1930, en concreto en el artículo 298-2, se 
disponía que "la simple prohibición de enajenar sin la finalidad de favorecer a otra 
persona es nula".
Y es el Proyecto de Compilación de 1.956, artículo 272, expresaba que "el modo 
consistente en una prohibición o limitación de disponer sólo será eficaz si la prohibición o 
limitación es temporal y responde a una razón lícita y fundada o al designio de beneficiar 
a alguien. En caso contrario constituirá una mera recomendación".
Nótese, contrariamente a lo que considera el recurrente, que la razón lícita para el 
establecimiento de la prohibición de disponer no podía ser la preservación de la unidad 
del castillo en la medida en que el castillo fue dividido por la propia testadora, que dio la 
mitad indivisa a una nieta y la otra mitad a la otra. Tampoco pretendía la tutela de una 
persona determinada pues no lo es la perpetuación del bien en el seno de la familia en 
forma abstracta. Por estar fundada la prohibición de enajenar en un designio no admitido 
en derecho no puede considerarse jurídicamente eficaz.
A parecida conclusión llegó la sentencia de fecha 25 de junio de 1979 al folio 538 del 
tomo III de las actuaciones, al analizar una cláusula similar del testamento del padre de 
la señora Amalia y también la propia causante de los actores doña Evangelina, que junto 
con su hermana Ramona, al oponerse a la demanda planteada por el Ayuntamiento de 
Canet adujo entre otros argumentos la ilicitud de aquella cláusula (folio 455 y ss.). Dicha 
sentencia que fue confirmada por la de la Audiencia que asumió sus razonamientos, 
ciertamente  en  una  consideración  obiter  dicta,  dijo  que  la  institución  de  heredero  es
sometida a una condición resolutoria –para el caso del quebrantamiento de la prohibición  o
seEdeles np  dptreiionsnrpc ciotpioanido ero ers –cee uemllrorreai dql  cauho eean rlted rcseao brnsieaete  marne pilcdoehosra   yhpz eareirrnsescpesiíp, r eiiatoulu s rnd edqeceulu lae rdsr dtoeíec rdeuseceloh s cot1ia m1ss7uóa c cCleiaóDs ndCo erCpimor.e acsnaedtnaatla ápdnoo rq  auolet ra osjsue s mrtiaogrtesiv epo olsar.    OE-A-2022-3441able en https://www.
Tampoco existe vulneración de la jurisprudencia ya que:
a) La sentencia de la Audiencia de Barcelona de 13 de mayo de 2005 no constituye 
doctrina legal al no tratarse de doctrina reiterada del TSJ y estar basada además en un 
supuesto de hecho completamente diferente referido, en aquel caso, a la voluntad del 
testador de que determinados bienes no pasasen a una exconyuge.
b) De igual forma la cita de los autos de 15 de septiembre de 2003 y de 1 de 
febrero de 2005 dictados por la Sección 16.ª de la APB deviene inútil a los efectos 
pretendidos ya que ni constituyen jurisprudencia ni contemplan supuestos de hecho 
semejantes a los del presente pleito. En el primero se trataba de evitar que los bienes 
relictos hicieran tránsito a la madre de los herederos en virtud de un acto dispositivo 
voluntario de éstos y en el segundo la prohibición pretendía que el heredero, nieto del 
causante, no pudiera disponer de la herencia hasta los 30 años.
Por todo lo expuesto se desestimará el recurso de casación presentado».
Que, por tanto, y como conclusión a lo expuesto, queda claro desde el punto de vista 
estrictamente jurídico, que la prohibición impuesta a la facultad dispositiva del que 
suscribe sobre el edificio recibido en herencia resulta inadmisible, por varias razones:
A) Que el causante no adujo motivo alguno en su última voluntad que justificase la 
restricción (la prohibición de disponer) por él impuesta.
B) Que tampoco se atisba que pueda existir un interés legítimo de terceros que 
fuese digno de tutela.
C) Que procede hacer una interpretación restrictiva respecto de la vigencia de las 
cláusulas testamentarias limitativas del dominio.
D) Que la prohibición resulta injusta y desproporcionada puesto que mientras los 
gastos de conservación del edificio le corresponden íntegramente al que suscribe, la 
usufructuaria se aprovecha de los arrendamientos existentes en el edificio gracias a su 
derecho de uso mayoritario del 54 %.
Todo lo cual debe conducir necesariamente a considerar que la citada prohibición de 
disponer debe considerarse nula y no producir ningún efecto, por lo que no debería 
acceder al Registro, por lo que la calificación desfavorable del señor Registrador de Jaca 
debe de ser revocada, mandando se proceda a inscribir la titularidad del que suscribe sin 
limitaciones a su derecho de libre disposición.
Pero por si los motivos jurídicos expuestos contra la vigencia de la prohibición no 
fuesen suficientes, debemos apuntar las razones personales del que suscribe, que es un 
pensionista, de avanzada edad (actualmente cuenta con 71 años) y una incapacidad 
reconocida del 55 por 100, circunstancias estas que hacen que la prohibición impuesta 
resulta insoportable e inasumible económicamente.
Y para muestra de ello, téngase en cuenta que este mismo año (2021) el que 
suscribe ha tenido que pagar íntegramente de su bolsillo la reparación integral de la 
cubierta del edificio que quedó seriamente dañada a resultas de la copiosa nevada de la 
borrasca Filomena, que le obligó a afrontar un coste de 23.500 euros (…), cantidad esta 
que no ha podido repercutir en modo alguno a la usufructuaria, a pesar de ostentar 
un 55 % del valor de la finca.
Dicho todo ello, entenderá esta Dirección General, que el que suscribe no puede 
demorar por más tiempo la ordenación de sus bienes, a fin de poder disponer su 
testamento de forma conveniente para sus herederos. Y es que en lo tocante al edificio  s
objeto de la presente reclamación, en su actual estado de cargas, difícilmente podrá ser  oe.
aceptado por éstos, debido a los elevados costes de conservación que lleva implícitos,  w.
spoobr rEleon  e qdl umeefii sntmaitimvoa bc,i uéranen sptuool traa n eetsevtsied. emnoteti vqou eu rlgaes  cleovnacnrteatra sla c iprcrouhnisbtiacniócnia dse q udeis pcoonnecru rqreune  epne seal   2022-3441n https://ww
caso expuesto limitan de forma abrumadora e insoportable las posibilidades del que
suscribe de obtener recursos con los cuales mantener el edificio en condiciones no sólo  Bc
en la actualidad, sino, sobre todo, a futuro, por lo que su remoción es indispensable, la 
cual se considera justa y acertada en derecho al no responder a una finalidad objetiva 
específica digna de protección.
Por todo ello considera que la prohibición debe considerarse nula o anulable, y por 
tanto la misma debe de ser retirada de la hoja registral del edificio sito en Jaca.»
IV
Mediante escrito, de fecha 11 de enero de 2022, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 348, 639, 640, 675, 781 y 785 del Código Civil; 1, 18, 26 y 27 de 
la Ley Hipotecaria; 416 y 428 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral 
de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas; 428-6, apartado 5, de la 
Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las 
sucesiones; 434 del Reglamento Hipotecario; Resoluciones de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 20 de diciembre de 1929, 18 de enero de 1963, 13 de 
enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004, 20 de julio de 2006, 26 de julio 
de 2007, 14 de julio de 2016 y 27 de febrero, 8 y 9 de agosto, 3 y 23 de septiembre y 8 
y 26 de noviembre de 2019; y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública de 19 de febrero y 27 de octubre de 2020.
1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de entrega 
de legados en la que concurren las circunstancias siguientes:
– En la escritura de fecha 14 de diciembre de 2015, se procede por el albacea 
contador-partidor a la entrega del legado ordenado por el causante, de una casa sita en 
Jaca, a favor de un legatario.
– El causante falleció el día 4 de junio de 2015, dejando viuda y sin descendencia.
– En su último testamento, de fecha 8 de abril de 2015, el testador ordena varios 
legados y disposiciones a favor de diversos sobrinos, de las que interesan lo siguiente: 
reconoce a favor de su esposa el usufructo universal foral aragonés; lega a un sobrino 
«el edificio señalado con el número (…) de la calle (…) de Jaca, con todo lo que se 
encuentre  en  su  interior;  y  la  cantidad  de  doscientos  mil  euros  (200.000  euros)»; 
sustituye vulgarmente a las personas físicas designadas como legatarios y a la heredera 
por sus respectivos descendientes.
– En el testamento ordena lo siguiente: «Prohibición de disponer. Los legatarios de 
los inmuebles antes citados no podrán disponer por ningún título inter-vivos de los 
mismos (ni por pacto sucesorio que implique su transmisión de presente) ni gravarlos 
hasta que hayan transcurrido quince años desde el fallecimiento del testador (…)».
– Nombra dos albaceas universales y contadores-partidores de su herencia con el 
carácter de solidarios e instituye herederas universales a tres de sus hermanas por 
partes iguales entre ellas.
– La viuda ha renunciado al usufructo respecto de la planta primera del edificio 
legado. El legatario ha renunciado al legado de dinero en la citada escritura y acepta el  s
legado del inmueble. oe.
– En la presentación de la escritura en el Registro, el legatario solicita su inscripción  w.
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dejar sin efecto la cláusula del testamento que limita a los legatarios la disposición de los
inmuebles; que es precisa una resolución judicial firme declarando la ilegalidad de la  Bc
prohibición de disponer impuesta a los legatarios, o, solicitud, por el interesado, de 
inscripción plena de la escritura.
El recurrente alega lo siguiente: que, al solicitar la inscripción de la escritura, se pidió 
expresamente  al  registrador  que  omitiese  la  inscripción  de  la  citada  prohibición  de 
disponer, con base en las consideraciones que constan en el presente recurso, petición 
que fue desestimada; que la prohibición impuesta a la facultad dispositiva sobre el 
edificio resulta inadmisible, por las razones siguientes: el causante no adujo motivo 
alguno en su última voluntad que justificase la restricción (la prohibición de disponer) por 
él impuesta; no se atisba que pueda existir un interés legítimo de terceros que fuese 
digno de tutela; procede hacer una interpretación restrictiva respecto de la vigencia de 
las  cláusulas  testamentarias  limitativas  del  dominio;  la  prohibición  resulta  injusta  y 
desproporcionada  puesto  que  mientras  los  gastos  de  conservación  del  edificio 
corresponden  íntegramente  al  legatario,  la  usufructuaria  se  aprovecha  de  los 
arrendamientos existentes en el edificio gracias a su derecho de uso; y el recurrente es 
pensionista, de edad avanzada, discapacitado, y, por tanto, la prohibición impuesta 
resulta insoportable e inasumible económicamente.
2. Previamente,  respecto  a  la  solicitud  del  presentante  del  documento  de  la 
inscripción de la escritura excluyendo la prohibición de disponer, hay que recordar la 
doctrina reiterada de este Centro Directivo, en cuanto a la posibilidad de inscripción 
parcial. Es cierto que los artículos 19 bis de la Ley Hipotecaria y 434 de su Reglamento 
contemplan,  en  caso  de  calificación  negativa  que  afecte  a  ciertas  cláusulas  de  un 
documento, la posibilidad de practicar la inscripción parcial del mismo en virtud de 
solicitud del interesado. En esta misma línea, y acorde con el principio registral de 
rogación, es reiterada la doctrina de esta Dirección General en el sentido de que el 
registrador ha de atenerse a lo querido por las partes en el documento presentado, sin 
poder actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (vid. Resoluciones 
de 13 de enero de 1995, 17 de marzo y 19 de abril de 2004, 20 de julio de 2006 y 26 de 
julio de 2007).
Pero este principio general tiene sus límites, y como ya señaló la Resolución de 18 
de abril de 1994 (citadas por otras posteriores, como las de 14 de julio de 2016 y 27 de 
octubre de 2020) «el Registrador tiene que denegar o suspender íntegramente el ingreso 
del documento si entiende que las cláusulas que no deben acceder al Registro inciden 
en el total contexto pactado por las partes, pero lo que no puede hacer es alterar su 
contenido y transformar (…) inscribiendo lo que las partes no estipularon en la escritura 
pública». Añade la Resolución de 13 de febrero de 2012 que debe recordarse, para los 
supuestos de inscripción parcial, que el principio de especialidad que impone la exacta 
determinación  de  la  naturaleza  y  extensión  del  derecho  que  ha  de  inscribirse  (cfr. 
artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.6.ª del Reglamento Hipotecario), de manera que 
dicha  inscripción  parcial  solicitada  no  puede  desnaturalizar  el  negocio  que  ha  sido 
celebrado por las partes.
Por otra parte, como ha recordado este Centro Directivo en Resolución de 11 de abril 
de 2018, la exigencia de petición expresa de las partes como requisito para practicar la 
inscripción parcial (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) tiene como presupuesto que 
el  pacto,  estipulación  o  hecho  rechazado  afecten  a  la  esencialidad  del  contrato 
(Resolución de 13 de marzo de 2014), por lo que, dado que la presentación de un 
documento en el Registro implica la petición de práctica de todos los asientos que en su 
virtud puedan practicarse (Resolución de 19 de junio de 2007), no es necesaria dicha  s
solicitud expresa cuando el defecto afecte sólo a alguna de las fincas (o a parte de la  e.
finca, o de su descripción) o derechos independientes objeto del negocio jurídico y no  w.
exista perjuicio para nadie, de modo que en tal caso podrá practicarse la inscripción  41ww
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de 2Y0a0 6a ny t1e4s  ddee  sleap itnietrmodburec cdieó n2 0e1n6 )l.a Ley Hipotecaria del artículo 19 bis, este Centro  BOE-A-cable e
Directivo  había  declarado  que  la  inscripción  parcial  de  un  documento  tenía  como
presupuesto que el pacto o estipulación rechazados no afectaran a la esencialidad del 
contrato. Así, teniendo en cuenta que en el Registro de la Propiedad español no se 
inscriben abstractamente las titularidades reales inmobiliarias, sino el completo hecho, 
acto o negocio que las causa, cualquiera que sea su clase, no puede desconocerse la 
unidad negocial tal como aparece configurada por los otorgantes, de modo que si, por 
ejemplo, han querido establecer como contraprestación del reconocimiento del dominio 
un derecho de opción de compra no podrá inscribirse aquel y denegar el acceso registral 
a  la  opción  de  compra,  por  cuanto  que  ello  implicaría  la  alteración  del  equilibrio 
resultante del acuerdo, atribuyendo a este, efectos distintos de los requeridos por los 
interesados.
En definitiva, la inscripción parcial de un documento tiene como presupuesto que el 
pacto o estipulación rechazados no afecten a la esencialidad del negocio.
En el caso de este expediente, no procede la inscripción parcial del título, porque las 
operaciones  que  recoge  solo  podrían  dar  lugar  a  una  publicidad  equívoca  de  las 
posibilidades de disposición de la finca legada.
3. Ya entrando en el fondo del recurso, cabe recordar, con carácter general, la 
doctrina sobre la configuración registral de las prohibiciones de disponer que este Centro 
Directivo ha establecido en diversas ocasiones desde la clásica Resolución de 20 de 
diciembre de 1929 hasta las más recientes de 27 de febrero y 26 de noviembre de 2019 
y 19 de febrero de 2020.
Conforme a esta doctrina, cabe afirmar que las prohibiciones de disponer no son 
verdaderos derechos reales cuya inscripción perjudique a terceros adquirentes, sino 
restricciones que, sin atribuir un correlativo derecho al beneficiado por ellas, limitan el 
ejercicio de la facultad dispositiva (ius disponendi) de su titular.
Tales restricciones no impiden la realización de actos dispositivos forzosos, sino tan 
sólo los actos voluntarios de transmisión «inter vivos», por lo que un bien gravado con 
una prohibición de disponer es susceptible de ser transmitido «mortis causa» o en virtud 
de los citados actos dispositivos de carácter forzoso. Así resulta del principio de libertad 
de  tráfico,  con  amparo  en  el  artículo  348  del  Código  Civil,  el  cual  exige  que  las 
limitaciones legítimamente impuestas a la propiedad y, en consecuencia, a su facultad 
dispositiva, sean interpretadas de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que 
las justifican. Y ello por cuanto las prohibiciones y demás restricciones que limitan la libre 
disposición de los bienes son tratadas con disfavor por las disposiciones legales, en 
cuanto que si en algunas ocasiones aparecen justificadas para el logro de ciertos fines 
lícitos, al sustraer a la circulación los inmuebles afectados las hace poco aptas para el 
crédito territorial y crea, de otra parte, situaciones confusas, y por eso el artículo 26 de la 
Ley Hipotecaria, en su párrafo tercero, establece que se harán constar en el Registro la 
Propiedad solo las impuestas en testamento y demás actos a título gratuito, siempre que 
la legislación vigente reconozca su validez, lo que requiere que tengan un carácter 
temporal, respondan a una razón lícita y no traspasen los límites establecidos para la 
sustitución  fideicomisaria,  pues,  en  caso  contrario,  constituyen  tan  solo  una  mera 
recomendación (cfr. Resolución de 18 de enero de 1963).
Asimismo, la doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas Resolución de 18 de 
diciembre de 2013) ha destacado que los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria hacen 
referencia a las prohibiciones de disponer desde la perspectiva registral. Pero al carecer 
el Código Civil de una regulación completa de la figura de las prohibiciones de disponer o 
enajenar, puede afirmarse  que la legislación  hipotecaria constituye en esta materia  s
legislación civil sustantiva. De esta regulación sustantiva resulta, como se ha adelantado,  e.
que sus efectos son diferentes según procedan de actos a título oneroso o gratuito: las  w.
prohibiciones voluntarias establecidas en actos a título gratuito tienen eficacia real y, en  41ww
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los daños y perjuicios causados. Por ello, su acceso al Registro está regulado de 
diferente forma según se trate de unas u otras.
Como ya señalara la Resolución de 13 de octubre de 2005 las prohibiciones de 
disponer impuestas en actos «mortis causa» no implican un llamamiento sucesivo y de 
ahí  que  no  pueda  ser  asimilada  a  las  sustituciones  fideicomisarias  (confróntese  el 
contenido de los dos primeros números del artículo 785 del Código Civil o el distinto 
régimen que, en sede de donaciones, otorga el legislador a la donación con reserva de 
disponer y a la donación con sustitución fideicomisaria en los artículos 639 y 640 del 
propio código). Y es que hay todo un catálogo de prohibiciones de disponer que no 
llevan  aparejado  un  llamamiento  sucesivo  sin  que  ello  implique  que  no  exista  un 
beneficiario o un interés protegido (que puede ser determinado o determinable, sin que 
este último carácter suponga inexistencia).
4. En  definitiva,  las  prohibiciones  de  disponer  no  son  derechos  reales  sino 
restricciones impuestas a un titular sin atribución de un correlativo derecho a otras 
personas. La legislación hipotecaria refleja estas diferencias al regular de forma distinta 
la inscripción de la sustitución fideicomisaria y la de la prohibición de disponer (cfr. 
artículos 13 y 26 de la Ley Hipotecaria y 7, en relación a los artículos 82 y 145 de su 
Reglamento) sin confundir una y otra. Así, al no atribuir derecho alguno al beneficiado 
por las restricciones dispositivas impuestas por el causante, no cabe cancelación por 
renuncia de aquél y debe respetarse la voluntad del causante que es la ley por la que se 
rige la sucesión (artículo 675 del Código Civil).
5. Esto no impide que el afectado por la prohibición de disponer puede solicitar 
autorización judicial para disponer si concurre una causa justa sobrevenida (como en el 
ámbito del Derecho civil catalán contempla expresamente el artículo 428-6, apartado 5, 
del Libro IV del Código civil de Cataluña).
Pero, entretanto, la inscripción de la prohibición de disponer impuesta por el testador 
en  su  testamento  despliega  todos  sus  efectos  jurídico  reales  y  queda  bajo  la 
salvaguardia de los tribunales (artículos 1 y 26 de la Ley Hipotecaria).
No obstante, todo lo expuesto a modo de principio o regla general, el principio de 
libertad de tráfico en nuestro sistema jurídico (cfr. artículo 348 del Código Civil), exige 
que las restricciones legítimamente impuestas a la propiedad, y, en consecuencia, a su 
facultad  dispositiva,  sean  interpretadas  de  forma  restrictiva  sin  menoscabo  de  los 
intereses que las justifican. Esta misma fórmula o solución fue admitida ya por este 
Centro Directivo en Resolución de 18 de enero de 1963, en relación con prohibiciones 
testamentarias, como modo de salvaguardar los distintos intereses en juego y debe 
tenerse en cuenta para interpretar la extensión y alcance de la prohibición de disponer.
6. Pero no están exentas de requisitos las prohibiciones de disponer: la exigencia 
de justa causa ha sido mantenida por la jurisprudencia. Baste como ejemplo la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 13 diciembre 1991. Y la temporalidad es un requisito esencial 
para  la  validez  de  las  mismas:  son  nulas  las  prohibiciones  perpetuas  y  aun  las 
temporales que impliquen una vinculación de los bienes más allá del segundo grado. Así 
lo establece el artículo 785 del Código Civil. La prohibición de disponer que contravenga 
esta limitación adolece de nulidad toda ella. De esta manera no cabe inscripción en el 
Registro de la Propiedad de una prohibición de disponer perpetua, sin que el registrador 
pueda inscribirla tan sólo con relación al período autorizado por el artículo 781 del 
Código Civil. No obstante, según los casos, la ley y la jurisprudencia han optado por la  es
nulidad parcial, entendiendo que la prohibición debe subsistir, si bien sólo dentro de los  bo
límites autorizados (será nula en cuanto al exceso). En definitiva, las prohibiciones que  41ww
eecoxxccmeeEpdsll oea mno(u terdtonile etla  rpreliíeaqmr u diitineseui  totoditl eeral e n sfaoi grntulí acvra uic laiojauc trcu7íder8)isc1.oa r.di eNedlo a Cdc.óa dbLiega oi m pcprioovnihl eibdrilecaib ósenon b rdceeo  lnosdsii dspeprrooapnriesoers   bneiuse lnasesi see,m nspi nreeol    OE-A-2022-34able en https://
que solo se imponen sobre aquellos que se transmiten a un tercero por herencia, legado
o donación en el caso de las que se establecen a título gratuito. Su fundamento es la 
garantía de derechos o intereses legítimos de otras personas, distintos de los gravados 
por ellas.
7. En el concreto supuesto,  el  recurrente alega que  dicha prohibición es nula 
porque el causante no expuso razón alguna que la justificase y supone un gravamen 
exorbitante a los legatarios. Pero la nulidad de dicha prohibición de disponer no puede 
ser valorada en sede registral al calificarse el título pues la interpretación del testamento 
no puede alcanzar a dicho extremo. Como bien señala el registrador, la declaración de la 
nulidad de la prohibición de disponer precisa de una resolución judicial.
Alega  el  recurrente  numerosa  jurisprudencia  y  doctrina  sobre  circunstancias  de 
nulidad de cláusulas de prohibición de disponer, pero no corresponde al registrador la 
declaración unilateral de nulidad de esa cláusula, cuya valoración corresponde a los 
tribunales de Justicia, y excede del ámbito de la calificación registral.
Por otra parte, la ley no exige expresamente la expresión de una causa válida para 
las prohibiciones de disponer establecidas en actos a título gratuito, recogiendo tan sólo 
una limitación temporal que en este supuesto concreto no se vulnera (artículos 781 y 785 
del Código Civil). Asimismo, tampoco se establece en la legislación de forma clara cuál 
es la consecuencia de la nulidad de la prohibición de disponer.
Por último, este Centro Directivo no es insensible a la situación de pensionista, 
discapacidad y edad avanzada que alega el recurrente, pudiendo ser éstas objeto de 
alegaciones  que  se  hagan  en  el  procedimiento  por  el  que  se  pretenda  obtener  la 
resolución judicial que anule la prohibición de disponer, si bien, debe tenerse en cuenta 
que los legados pueden ser aceptados o renunciados, tal como se ha hecho con el 
legado de metálico al que se renuncia en la misma escritura, sin prejuzgar con ello si se 
trata de un solo legado o de varios, lo que no es objeto de este recurso por no haber sido 
señalado en la calificación.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de febrero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.