BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Jueves 2 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 46367
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7088 Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad de Campillos, por la que, tras la tramitación 
del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, se suspende la 
inscripción de la georreferenciación de una finca.
En el recurso interpuesto por don D. L. F. contra la nota de calificación de la 
registradora de la Propiedad de Campillos, doña Laura Torres Rodríguez, por la que se 
suspende la inscripción de la georreferenciación de una finca tras la tramitación del 
procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
Hechos
I
Con fecha 25 de febrero de 2019 se presentó en el Registro de la Propiedad de 
Campillos por don P. U. M. una instancia suscrita el día 19 de febrero de 2019 por don A. 
G. P., don J. P. G. Y. y don D. L. F., como cotitulares, en tanto que únicos partícipes en la 
entidad «Laja del Turón, S.C.», y para sus respectivas sociedades de gananciales, en la 
proporción de un 49.5% del pleno dominio cada uno de los dos primeros, y un 1% del 
pleno dominio el último, en la que se solicitaba la inscripción de la representación gráfica 
georreferenciada de la finca registral número 6.575 de Ardales y la tramitación del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
II
Presentada dicha instancia y documentación complementaria, así como instancias 
sucesivas rectificativas, en el Registro de la Propiedad de Campillos, fue objeto de nota 
de calificación registral negativa de fecha 5 de junio de 2019, en los siguientes términos:
«Calificado el precedente documento, que se presentó el 25 de febrero de 2.019 bajo 
el asiento número 870 del Diario 126, al que el día 1 de abril de 2.019 bajo el número de 
entrada 1141/2019 se adjuntó nueva documentación, tras examinar los antecedentes del 
Registro y una vez tramitado el procedimiento del artículo 199 de la ley Hipotecaria para 
la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca registral 6575 de 
Ardales con código de finca registral 29004000024627, examinados y calificados los 
trámites seguidos. y las alegaciones presentadas en el procedimiento y que constan 
archivadas en el expediente correspondiente, el registrador que suscribe ha acordado 
estimar las alegaciones, dar por concluido el expediente y denegar la inscripción de la 
representación gráfica georreferencia de la finca 6575 de Ardales.»
III
Interpuesto recurso por don D. L. F. contra dicha nota de calificación, fue estimado  o
pooctru «lba(r …eR e)d seeo n2l u0ec1l ió9pn,r e lads eecn ulatae l D cciaoresncocc lunióyonó r  eGesneu nlloteasrna s le igdxuepi leliocnisttea Rsd eatégsri smetnrion lsoa s yn: odteal  dNeo tcaarliiafidcoa cdióen f elacsh ad u9d daes   2020-7088n https://www.
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formuladas, sin que las mismas se extracten, se reproduzcan o ni siquiera se anexen a la 
calificación para que el interesado pueda tener conocimiento de ellas para ejercer su 
derecho a la defensa.
En el presente caso la nota de calificación es totalmente insuficiente, pues no se 
expresan en ella los motivos por los que la representación gráfica no es inscribible, sin 
que en el informe pueda subsanarse esta carencia, pues el recurrente no ha tenido 
posibilidad de contradicción. Se impide, además, que esta Dirección General pueda 
llegar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Incluso desde el punto de vista formal, la calificación ni siquiera se ordena en hechos 
y fundamentos de derecho, según prescribe el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, sin 
que tampoco exprese la más mínima motivación fáctica o jurídica.
Por ello el recurso debe estimarse y la calificación revocase sin que ello signifique, 
como pretende el recurrente, proclamar la inscribibilidad del documento calificado (cfr. 
Resolución de 1 de marzo de 2019); de manera que esto no obsta a que se pueda poner 
una nueva nota de calificación en los términos que resultan de esta Resolución, sin 
perjuicio de la eventual responsabilidad en que pudiera incurrirse por contradecir la 
exigencia legal de que la calificación sea global, unitaria y motivada (artículos 19 bis 
y 258 Ley Hipotecaria).
Esta  Dirección  General  ha  acordado  estimar  el  recurso  y  revocar  la  nota  de 
calificación de la registradora.»
IV
Tras dicha Resolución estimatoria, en fecha 5 de noviembre de 2019 la registradora de la 
Propiedad de Campillos, «para subsanar los defectos formales apreciados por el Centro 
Directivo en la nota recurrida» dicta nueva nota de calificación, en los siguientes términos:
«En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de fecha nueve de octubre del año en curso, recibida en este 
Registro el catorce de octubre siguiente, con el número de entrada 3140/2019, emitida 
con ocasión del  recurso  gubernativo  planteado  contra la nota de calificación de la 
registradora abajo firmante respecto a la instancia de solicitud de inscripción de la 
representación  gráfica  georreferenciada  alternativa  de  la  finca  6575  de  Ardales 
presentada el día veinticinco de febrero de este año bajo el número 870 del Diario 126, a 
la  que  el  día  uno  de  abril  del  corriente  bajo  el  número  de  entrada  1141/2019  se 
acompañó  nueva  documentación  complementaria,  se  emite  esta  nueva  nota  de 
calificación  que  pretende  subsanar  los  defectos  formales  apreciados  por  el  Centro 
Directivo en la nota recurrida, advirtiendo al presentante y al recurrente, a quienes les 
será notificada esta nueva calificación registral, que la citada Resolución se encuentra 
aún pendiente de publicación en el BOE habiéndose recibido el mismo día de esta nota 
el expediente original íntegro que fue enviado a la Dirección General de los Registros y 
del Notariado con motivo del recurso y la emisión de informe registral en defensa de la 
nota de calificación, documentación que fue requerida formalmente el día veinticuatro de 
octubre. Para dar cumplimiento inmediato a la resolución del Centro Directivo es por lo 
que, no obstante lo anterior, se procede a emitir la siguiente nota de calificación.
Visto por Doña Laura Torres Rodríguez, Registrador de la propiedad de Campillos, el 
procedimiento registral identificado con el número de entrada 1141/2019 iniciado como 
consecuencia de la presentación en este Registro, de los documentos que se dirán, en 
virtud de solicitud de inscripción. e.e
En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos  b
presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes: 88ww
Hechos.
I.  El documento objeto de la presente calificación, instancia privada suscrita el 19
de febrero de 2.019 para la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de  Bc
la finca registral 6575 de Ardales, presentada el día 25 de febrero de 2.019, bajo el 
asiento número 870 del Diario 127 y a la que el día 1 de abril de 2.019 bajo el número de 
entrada 1141/2019 se adjuntó nueva documentación.
II.  En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias que han 
sido objeto de calificación desfavorable:
1.  Con  fecha  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  diecinueve  se  presentó  en  el 
Registro de la Propiedad de Campillos por Don P. U. M. una instancia suscrita el día 
diecinueve de febrero del mismo año por Don A. G. P., Don J. P. G. Y. y Don D. L. F., 
como cotitulares, en tanto que únicos partícipes en la entidad “Laja del Turón, S.C.”, y 
para sus respectivas sociedades de gananciales, en la proporción de un 49.5% del pleno 
dominio cada uno de los dos primeros, y un 1% del pleno dominio el último, en la que se 
solicitaba la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca 6575 de 
Ardales y la tramitación del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Junto a la referida 
instancia se presentó un informe técnico suscrito el día diecinueve de febrero de dos mil 
diecinueve por Don J. L. P. M., Ingeniero Técnico Industral [sic], colegiado número (…) 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.
Dado que no se aportó el necesario informe de validación gráfica de Catastro, con 
fecha seis de marzo del corriente, fue obtenido el referido informe de validación por Doña 
M. J. M. M., oficial del Registro de la Propiedad de Campillos.
Habiéndose  detectado  problemas  técnicos  en  los  GMLs  facilitados  por  los 
interesados, y puesto en conocimiento de éstos, el mismo día seis de marzo se recibe en 
el correo electrónico del registro de Campillos un email del técnico firmante del informe 
donde se dice expresamente que “tal como hemos quedado”, se adjunta nuevo GML 
modificado, pero no el nuevo informe técnico que sustente dicho archivo gráfico. Por lo 
que el día once de marzo siguiente, se recibe en el correo electrónico del Registro, un 
email de Don P. U. M., el presentante de la instancia, en el que se adjunta un nuevo 
certificado del técnico debidamente firmado y donde se informa que la nueva instancia 
suscrita por los promotores se enviará por correo ordinario con esa misma fecha de once 
de marzo.
La  nueva  instancia  se  recibió  en  el  Registro  de  Campillos  el  día  uno  de  abril 
siguiente, con el número de entrada 1141 de 2019. Del cotejo de las dos instancias 
presentadas en este expediente, la de 25 de febrero y la de 1 de abril, se extrae que la 
modificación ha sido en el sentido de reducir la cabida de la finca.
Con fecha veinticuatro de abril de 2019 se inicia la tramitación del expediente, con la nueva 
base gráfica y el nuevo informe técnico de la instancia presentada el uno de abril anterior.
Dado que en el expediente que sobre la misma finca 6575 de Ardales se había ya 
tramitado con ocasión de la instancia de doce de abril de dos mil dieciocho presentada 
por  los  interesados  bajo  el  asiento  706  del  Diario  126  que  se  cerró  de  forma 
desestimatoria a las pretensiones de los solicitantes como así consta en la nota de 
calificación formal emitida con ocasión del citado asiento de presentación, y disponiendo 
la legislación hipotecaria que se practique notificación sólo a los colindantes registrales o 
catastrales que puedan resultar afectados por la base gráfica que se pretende inscribir, la 
registradora actuante estimó, tras un análisis gráfico de los nuevos GMLs facilitados, que 
los únicos colindantes que podían resultar afectados eran los dos que precisamente 
presentaron alegaciones en el expediente previo y cuya estimación positiva ocasionó su 
cierre con resultado negativo. Dichos alegantes eran Don F. J. C. F. y Don A. A. D. El 
nuevo  informe  técnico  y  gráfico  georreferenciado  se  elaboró  precisamente  por  los 
promotores  con  la  voluntad  de  salvar  los  escollos  del  primer  expediente  fallido,  e.
acomodándose  a  las  reclamaciones  de  los  dos  colindantes  citados,  además  de  w.b
aprovechar para excluir de la base gráfica el dominio público que se había incorporado a  88ww
la suLpaesr fnicoiteif icdaec liaon feinsc ad eel np ruens epnritnec eipxipoe.diente fueron emitidas con fecha veinticinco de abril
Fde.  Jd. oCs.  mF.i,l  yd ieelc diníau e2v6e ,d per aobdruilc piéanrdao Dseo nlo As.  aAc.u Ds.e, slo dse d roesc iúbnoi ccoosn c foelicnhdaasn t2e sd eq umea syeo  cpaalirfaic aDroonn 
por la registradora actuante como afectados por la nueva documentación gráfica.
Estando aún abierto el plazo de 20 días para formular alegaciones de los dos 
colindantes notificados, el día 16 de mayo se personó en el Registro de la Propiedad de 
Campillos Don J. F. V. S., abogado, actuando en nombre y representación de Doña C. C. 
A., Don A., Doña C. y Don J. M. S. C., y Arcillas de Extremadura SL, representación de 
acreditó debidamente, presentado un escrito fechado el día anterior, que tuvo entrada 
bajo el número 1647 de 2019, en el que expone que sus representados son titulares 
registrales de las fincas 5911, 6455, 6456, 6445, 6449, 6450 y 6612 del término de 
Ardales, fincas que son colindantes con las registrales 743, 3548 y 6575 (fincas todas 
ellas de la misma propiedad), y habiendo tenido conocimiento de la iniciación en este 
Registro del expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para la inscripción de la 
representación gráfica georreferenciada de la finca 6575 de Ardales, solicita le sea 
notificada cualquier actuación o iniciativa respecto de la misma teniendo en cuenta que 
es colindante con la de sus mandantes y, por tanto, afectados a los efectos de la 
tramitación del citado expediente. Dicho escrito junto con el resto de documentación 
presentada por Don J. F. V. S. se acompaña como Anexo 14 a este informe.
Con fecha 17 de mayo y bajo el número de entrada 1669 de 2019 se presentó en 
este Registro escrito de fecha 8 de mayo suscrito por Don A. A. D. en el que manifiesta 
estar  de  acuerdo  con  la  nueva  representación  gráfica  georreferenciada  de  la  finca 
registral 6575 de Ardales, colindante por el oeste con la parcela de su propiedad.
Aún vigente el plazo de alegaciones del otro colindante notificado, Don F. J. C. F., 
con fecha 24 de mayo se personó en el Registro de la Propiedad de Campillos Don J. F. 
V. S., abogado, actuando en nombre y representación de Doña C. C. A., Don A., Doña C. 
y  Don  J.  M.  S.  C.,  y  Arcillas  de  Extremadura  SL,  representación  de  acreditó 
debidamente, presentado un escrito fechado el mismo día 24 de mayo que tuvo entrada 
bajo el número 1767 de 2019, en el que como complemento del escrito presentado el 
pasado día 16 de mayo, acompaña un informe pericial elaborado por el Arquitecto 
Técnico e Ingeniero de la Edificación Don F. J. R. C., colegiado número (…) del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de la Edificación de Málaga, al 
objeto de acreditar la ubicación de las siete fincas registrales de sus representados sobre 
la cartografía catastral actual, determinando, a su vez, su representación gráfica sobre 
ortofotos existentes y su emplazamiento. En consecuencia, solicita que sean notificados 
Doña C. C. A., Don A., Doña C. y Don J. M. S. C., y Arcillas de Extremadura SL como 
afectados  por  la  inscripción  de  la  representación  gráfica  georreferenciada  de  la 
finca 6575 de Ardales. Solicitando, sin perjuicio de la notificación, que se tenga por 
formulada oposición.
Con fecha 30 de mayo, examinada la documentación presentada, visto el informe 
pericial y consultada la base de datos del Registro y la aplicación informática gráfica 
disponible en este Registro debidamente homologada, la registradora actuante acordó 
notificar  como  colindantes  afectados  por  la  inscripción  de  la  representación  gráfica 
georreferenciada de la finca 6575 de Ardales a Doña C. C. A., Don A., Doña C. y Don J. 
M. S. C., y Arcillas de Extremadura SL.
Con fecha 31 de mayo, personado en el Registro Don J. F. V. S., abogado, actuando 
en nombre y representación de Doña C. C. A., Don A., Doña C. y Don J. M. S. C., y 
Arcillas de Extremadura SL, se le hace entrega del acuerdo suscrito por la registradora 
por el que se accede a notificar como colindantes afectados a sus representados así 
como de las notificaciones a ellos dirigidas. De dicho escrito queda archivada copia en el 
expediente.
Con fecha 4 de junio tuvo entrada en este Registro con número 1898 de 2019,  s
escrito de igual fecha, suscrito por Don J. F. V. S., abogado, actuando en nombre y  oe.
representación de Doña C. C. A., Don A., Doña C. y Don J. M. S. C., y Arcillas de  w.
Extremadura  SL,  lo  que  acreditó  debidamente,  formulando  y  presentando  las  88ww
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registrales 5911, 6445, 6449, 6450, 6455, 6456 y 6612 de Ardales, se desprende con 
claridad que existe una superposición de representaciones gráficas de éstas con la finca 
registral 6575 de Ardales, con el consiguiente conflicto entre colindantes.
El expediente fue concluido con fecha 5 de junio de 201, tras haber transcurrido el 
plazo para formular alegaciones.
En vista de todo lo anterior, se acuerda la denegación de la inscripción en virtud del 
informe técnico aportado por los alegantes donde se contiene un análisis pormenorizado 
por el técnico de cada una de las siete fincas de las que son titulares los colindantes 
afectados,  estableciendo  su  correspondencia  con  parcelas  concretas  del  Plano 
Parcelario Catastral actual, teniendo en cuenta las superficies y linderos de cada una de 
ellas según constan en las respectivas inscripciones registrales y en las correlativas 
certificaciones catastrales descriptivas y gráficas. Un estudio técnico perfecto y completo 
que permite visualizar sin lugar a dudas que en este caso las alegaciones presentadas 
exceden de un mero conflicto de lindes sino que van más allá, pues de lo que se trataría 
es de incluir en la representación gráfica de la finca 6575 de Ardales de los promotores 
la  total  cabida  de  las  siete  fincas  registrales  de  los  colindantes,  causando 
inmediatamente  un  problema  de  doble  inmatriculación,  vaciando  de  realidad 
extrarregistral y de proyección gráfica en la cartografía catastral las citadas siete fincas.
Asimismo, se ha de indicar que a diferencia del informe técnico de los colindantes 
que han presentado alegaciones, donde se hace una correlación entre las parcelas del 
plano parcelario catastral antiguo y el nuevo, puesto que algunas de ellas constan 
descritas en el Registro de la Propiedad con identificación de polígono y parcela, en el 
informe del técnico de los promotores, a pesar de que también en su descripción tabular 
constan las referencias catastrales asignadas a la finca registral 6575 de Ardales (que 
pertenecen a su identificación en el Catastro Parcelario antiguo), en ningún caso se 
contiene una estudio pormenorizado que concluya con la determinación a juicio del 
técnico de que las nuevas parcelas y polígonos actuales son las que corresponden a 
aquellas. Al contrario, ese dato se da por supuesto, e incluso se incluyen algunas 
parcelas que corresponden a ríos y arroyos que atraviesan o colindan con la finca 6575 
de Ardales y que no fueron excluidos de la instancia de los promotores, del informe 
técnico ni del GML asociado hasta la presentación del segundo expediente el 25 de 
febrero de 2019, como ya se ha indicado más arriba con ocasión de la reducción de 
cabida progresiva que se ha ido asignando a la finca 6575 de Ardales en las sucesivas 
instancias presentadas.
Sin más datos que poder valorar, más que los dos informes técnicos reseñados, y a 
la vista del completo análisis del informe de los alegantes, previa comprobación de la 
realidad de las correlaciones asignadas a las fincas de los colindantes afectados según 
los datos obrantes en las respectivas inscripciones registrales, se concluye que sin 
perjuicio de lo que pueda ser debatido en sede judicial, el conflicto entre colindantes es 
un problema que excede en su pronunciamiento de lo previsto en la tramitación del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, por lo que se estiman las alegaciones.
Lo que subyace de toda la documentación analizada es posiblemente un problema 
de tracto sucesivo, respecto de las siete fincas cuya cabida completa pretende ser 
incorporada por la vía del artículo 199 de la Ley Hipotecaria a la finca registral 6575 de 
Ardales, por lo que en ningún caso el procedimiento legal idóneo será la inscripción de la 
base gráfica georreferenciada de la finca sino un proceso judicial contradictorio en el que 
las partes en conflicto puedan hacer valer sus títulos de propiedad y el derecho que 
tienen sobre el terrero físico discutido. s
De practicarse la inscripción de la representación gráfica en los términos que han  oe.
sido planteados por los promotores, se crearía un conflicto entre historiales registrales de  w.
difícil  solución,  pudiendo  generarse  incluso  problemas  con  terceros  protegidos  del  88ww
acortmícpulleot o3 4d ed er elaal idLaedy  eHxitpraortreecgairsitar arl.e sLpoe cqtou ea  lala sr esfoiermtea  fidneca s2 0q1u5e  hsae  pvraecteianrdíaidno  peosr 
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procederse a la inscripción como solicita el recurrente, se desvirtuaría la finalidad misma 
del  procedimiento  de  coordinación  registral  e  inscripción  de  la  base  gráfica 
correspondiente a una finca, al producirse en este caso una inmediata desafectación con 
la realidad extrarregistral de cada una de las siete fincas en conflicto. Los procedimientos 
previstos tras la reforma operada por la Ley 13/2015 están dirigidos a posibilitar la 
incorporación de bases gráficas de los inmuebles inscritos o que van a ser objeto de 
primera inscripción, complementando, o rectificando, su descripción registral y con el 
importante efecto añadido de extender a los datos físicos de la finca de que se trate la 
presunción  del  artículo  38  de  la  Ley  Hipotecaria;  no  estamos,  por  contra,  ante 
procedimientos, ya se trate del artículo 199 o del 201, incluso de la incorporación de 
aquéllas en aplicación del art. 9 de la Ley Hipotecaria, previstos para eludir cuestiones 
que, necesariamente, deben ventilarse en el procedimiento judicial que corresponda.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
I.  Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a 
la calificación por el Registrador, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.
II.  En relación a las circunstancias reseñadas en el Hecho II anterior, debe tenerse 
en consideración:
1.  Artículo  9,  10,  199  de  la  Ley  Hipotecaria,  en  su  redacción  dada  por  la 
Ley 13/2015 de veinticuatro de junio y resolución conjunta de la DGRN y Dirección 
General de catastro de 29 de octubre de 2015.
III.  De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, 
el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento 
presentado.
En su virtud,
Se acuerda
Suspender,  la  inscripción  del  documento  objeto  de  la  presente  calificación,  en 
relación con las circunstancias expresamente consignadas en el Hecho II de la presente 
nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se indican en 
dicho  hecho  II  y  en  el  Fundamento  de  Derecho  II  de  la  misma  nota,  quedando 
automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente en los términos 
que determinan los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra la presente nota de calificación (…)
Campillos a 5 de noviembre de 2.019. La registradora (firma ilegible).»
V
Contra la anterior nota de calificación, don D. L. F. interpuso recurso el día 5 de 
diciembre de 2019 mediante escrito en el que alegaba, en esencia, defectos formales en 
la nota de calificación ahora recurrida, en los siguientes términos:
«Fundamentos de Derecho.
I.  (…) e.e
II.  Defectos formales en la nota de calificación recurrida. 88ww
orgaAn.i zaEcli ópnr indceilp ipor odcee sloa  clloanmsaisdtae n“tsee geunn edla  eisntsatbalnecciiam” iehnatcoe  dree fdeoresn coi am aáls  seisxteámmae ndees 
consecutivos sobre la cuestión de fondo planteada, realizados por dos o más órganos
administrativos o jurisdiccionales distintos, de modo que la decisión del órgano superior -
segunda o ulterior instancia- prevalezca sobre el inferior.
La efectividad de dicha organización se basa, entre otros principios, en el llamado 
efecto devolutivo del recurso, en virtud del cual el segundo o ulterior examen y decisión 
han de ser realizados por órgano distinto -superior- a aquel que adoptó la decisión 
anterior sujeta a revisión, al cual ha de hacerse entrega o devolución de la jurisdicción. El 
efecto devolutivo, consustancial a la segunda instancia, determina por ello la necesidad 
de  que  el  órgano  o  tribunal  ad  quem  –superior–  asuma  todas  las  facultades  que 
correspondían al órgano a quo inferior-; el cual por ello queda desprovisto de potestad o 
jurisdicción  en  el  procedimiento,  debiendo  abstenerse  de  cualquier  intervención  o 
perturbación en el ejercicio de la jurisdicción que, por devolución y en virtud de la 
interposición el recurso, ha pasado de modo íntegro al superior, hasta que el mismo 
adopte su decisión definitiva vid., sobre la completa doctrina jurisprudencial relativa a la 
doble instancia y el efecto devolutivo del recurso, unánimemente asumida por la doctrina 
científica como uno de los pilares fundamentales del sistema procesal español, las 
sentencias del Tribunal Supremo núm. 236/2002, de 15 marzo [RJ (marginal Aranzadi) 
y 2002\2842] y núm. 952/2011, de 4 enero [RJ 2012\3641], conforme a las cuales, de 
conformidad con el “efecto devolutivo del recurso de apelación”, “la cognitio del órgano 
jurisdiccional ad quem abarca todas las cuestiones, fácticas y jurídicas, del pleito que se 
hayan sometido al mismo por las partes”, provocando “un nuevo examen del pleito 
(revisio prioris instantiae), tanto en lo que hace referencia a la fijación de los hechos, 
como a la cuestión jurídica, de tal modo que el órgano jurisdiccional ad quem se halla 
investido de los mismos poderes que el juzgador a quo”.
La devolución o traspaso de la jurisdicción al órgano ad quem determina, de este 
modo, la imposibilidad de continuación o iniciación de idéntico proceso en el órgano a 
quo o en otro distinto, en tanto no recaiga resolución definitiva en sede de recurso. Un 
efecto que aparece igualmente impuesto por la denominada excepción procesal de 
litispendencia, consagrada en el artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme 
al  cual,  “cuando  el  tribunal  aprecie  la  pendencia  de  otro  juicio  o  la  existencia  de 
resolución firme sobre objeto idéntico conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 222, dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de los siguientes cinco 
días,  auto  de  sobreseimiento”;  excepción  cuyo  objetivo  es,  como  afirma  la 
sentencia 142/2012 (Sala 1.ª) del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012, “impedir la 
simultánea  tramitación  de  dos  procesos”  y  “evitar  que  puedan  llegar  a  existir  dos 
resoluciones judiciales contradictorias”; un objetivo que ha de considerarse esencial o de 
orden público, de manera que, si la excepción de litispendencia no es alegada por las 
partes,  “debe  ser  apreciada  de  oficio  a  lo  largo  de  todo  el  procedimiento 
(SSTS 1152/2007, de 7 noviembre, 47/2006, de 24 enero 266/2006, de 22 marzo, entre 
otras)”.
El Tribunal Constitucional, por su parte, se ha pronunciado también acerca de los 
principios constitucionales que se hallan en la base de la segunda instancia; declarando 
de manera reiterada que, fuera del orden jurisdiccional penal, el derecho a recurrir no 
tiene su fundamento en ningún precepto constitucional ni forma parte del derecho a la 
tutela judicial efectiva o, en general, del derecho a la defensa del artículo 24 de la 
Constitución. Los principios iusfundamentales, por ello, no imponen la obligación de 
establecer o articular recursos en segundas o ulteriores instancias, gozando así el 
legislador ordinario de plena libertad para configurar el proceso civil sin recurso alguno. 
Ahora bien, si lo establece, el derecho al recurso “pasa a incorporarse, en principio, al  s
contenido del art. 24 núm. 1 de la CE”, debiendo respetar su regulación los principios  oe.
que rigen el mismo, así como el resto de principios constitucionales en especial, de  w.
igualdad-. De manera que, una vez instituido legalmente el recurso, los presupuestos de  88ww
fsauv oaradbmleis iaó nla  yp rsouc edtreanmciitaa cyi óenf edcteivbiedna ds deer l imntiesrmpore; tlaodso csu aploers  lsoes  vterirbíaunn aimlepse ddied oms,o sdion 
idnusdtaan, csiai se,l  póurdgiaenrao  rinefiteerrioarr,  daen tmeso ddoe  albau osibvtoe nlac iómni sdmea  rreessooluluccióiónn  dqeufein ihtiav as iedno  otobdjeatso  ldaes   BOE-A-cable e
recurso en la instancia superior, impidiendo con ello la efectividad de la sentencia o 
resolución que haya de dictar el órgano superior de fiscalización o control entre otras, las 
sentencias del Tribunal Constitucional 42/1982, de 5 de julio, 51/1982, de 19 de julio, 
3/1983, de 25 de enero, 14/1983, de 28 de febrero, 123/1983, de 16 de diciembre, 
17/1985, de 9 de febrero, 57/1985, de 29 de abril, 60/1985, de 6 de mayo, 58/1987, 
de 19 de mayo, 185/1987, de 18 de noviembre, 33/1989, de 13 de febrero, 157/1989, 
de 5 de octubre, 247/1991, de 19 de diciembre, 64/1992, de 29 de abril, 160/1993, de 17 
de mayo, 18/1996, de 29 de enero y 255/1993, de 20 de julio, entre otras-.
B.  Esos mismos principios de la doble instancia y efecto devolutivo del recurso 
inspiran la regulación del recurso gubernativo frente a la calificación del registrador. Cuyo 
régimen, de este modo, aparece igualmente organizado sobre el principio o sistema de 
doble  o  múltiple  instancia,  al  permitir  el  artículo  328  de  la  Ley  Hipotecaria  que  la 
resolución de la Dirección General, de revisión de la calificación registral, pueda ser 
posteriormente  impugnada  ante  el  orden  jurisdiccional  civil.  Imponiendo  la  Ley,  en 
consecuencia,  el  efecto  de  la  devolución  o  entrega  de  la  potestad  a  dicho  orden 
jurisdiccional superior, haciendo que los órganos inferiores (el registrador y la Dirección 
General de los Registros) queden entretanto desprovistos de su potestad.
En este sentido, el artículo 327, párrafo penúltimo, de la Ley Hipotecaria establece 
que, “habiéndose estimado el recurso, el registrador practicará la inscripción en los 
términos que resulten de la resolución. El plazo para practicar los asientos procedentes –
continúa  el  precepto–,  si  la  resolución  es  estimatoria,  o  los  pendientes,  si  es 
desestimatoria, empezará a contarse desde que hayan transcurrido dos meses desde su 
publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’, a cuyo efecto, hasta que transcurra dicho 
plazo, seguirá vigente la prórroga del asiento de presentación”. El precepto, como se 
observa a simple vista, hace referencia al único supuesto verdaderamente contemplado 
por  la  norma:  la  necesidad  de  que,  estimado  el  recurso,  el  registrador  proceda 
ineludiblemente a la práctica de la inscripción, sin posibilidad alguna de nota ulterior de 
denegación  o  suspensión  del  mismo  título;  una  necesidad  que  constituía  también 
doctrina del propio Centro Directivo hasta época bien reciente -cfr. Resoluciones de la 
Dirección General de 26 de junio de 1986, 10 de junio de 2009, 13 y 14 de enero, 16 de 
mayo y 7 de diciembre de 2012, 20 de noviembre de 2013, 30 de enero, 17 de febrero, 
23 de abril y 13 de junio de 2014, 20 de abril de 2016, 21 y 25 de septiembre de 2017 
y 30 de mayo de 2018 y Sentencias de Tribunal Supremo de 3 de enero, 10 de febrero, 
18 y 31de mayo y 1 de julio de 2011 y 21 de noviembre de 2013-, tal como tuvimos 
ocasión de exponer en el recurso gubernativo interpuesto frente a la nota de calificación 
anterior una doctrina que se ha mantenido vigente, sin interrupción, hasta la reciente 
modificación  de  criterio  experimentada  por  el  mismo  Centro  Directivo,  desde  la 
recentísima Resolución de 1 de marzo de 2019, y conforme a la cual la estimación del 
recurso no impide la extensión de nueva nota de calificación-.
El precepto, por ello, no hace referencia a la posibilidad, abierta por aquel cambio de 
criterio de la Dirección General, de extensión de una nueva nota de calificación. Sin 
embargo, la necesidad de abstención por parte del registrador resulta sin duda aplicable 
también a esta última posibilidad, recientemente reconocida por la Dirección General –en 
franca  contradicción,  por  cierto,  con  la  dicción  literal  del  precepto  legal–;  pues  la 
interdicción  de  iterativas  y  ampliatorias  resoluciones  desestimatorias,  por  parte  del 
órgano autor de la resolución recurrida, antes de que recaiga resolución definitiva en el 
curso de procedimiento de recurso, en todas sus instancias, encuentra su fundamento en 
los mismos principios protectores del derecho fundamental a la defensa, antes referidos,  s
los cuales deben ser en todo caso protegidos. Debiendo impedirse con ello que la  oe.
inoportuna, insistente y abusiva reiteración de resoluciones negativas sobre el mismo  w.
objeto, por parte del órgano autor de la resolución recurrida, quien como consecuencia  88ww
dpeule deafe cptroo vdoecvaor luutniv op edrjeuli crieoc iurrresop airnatbelrep ueens tloa ss ep oesnibciulideandtreas  ddees pdreofveinstsoa  ddee l lain tpeoretessatdaod., 
Una reiteración insidiosa que, en todo caso, resulta contraria a la lógica más elemental.
La nota de calificación así extendida, dirigida por sí misma a impedir o dificultar la 
efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer en la instancia por la que se 
revoque definitivamente el criterio de la registradora, imponiendo la inscripción del título-, 
debe reputarse por ello nula de pleno derecho, dada su contradicción con los principios 
fundamentales del procedimiento, dirigidos a proteger las garantías jurisdiccionales del 
recurrente, impidiendo el abuso por parte del órgano público autor de la resolución 
recurrida (el registrador).
La radical irregularidad de la nota de calificación recurrida, su frontal contradicción 
con la lógica más elemental, impiden que el presente recurso pueda entrar a analizar el 
fondo del asunto. Si lo hiciera, si la resolución de esa Dirección General pudiera entrar a 
desgranar las razones de fondo alegadas por la funcionaria autora de la nota, revisando 
la corrección de la misma y la procedencia o improcedencia de la inscripción, se estaría 
desproveyendo al orden jurisdiccional superior, como órgano de revisión o instancia 
posterior, de la jurisdicción o potestad plena que el sistema de segunda instancia le 
garantiza;  provocando  con  ello  la  completa  y  definitiva  lesión  en  las  garantías 
jurisdiccionales  del  interesado  a  las  que,  por  sí  misma,  se  dirige,  en  su  absoluta 
alegalidad, la nota de calificación recurrida. Con el riesgo evidente de que, por esa 
Dirección General, se dicte en el presente recurso una resolución que contradiga el 
sentido de la sentencia que haya de recaer como consecuencia de la demanda de esta 
parte, ante la jurisdicción ordinaria, frente a la resolución dictada en el recurso anterior 
(…)
A la Dirección General de los Registros y del Notariado solicito que, en mérito a las 
alegaciones formuladas en el presente escrito y previos los trámites oportunos, dicte 
Resolución por la que se revoque íntegramente la nota de calificación recurrida.»
VI
Mediante escrito, de fecha 19 de diciembre de 2019, la registradora de la Propiedad 
se ratificó en su calificación, emitió informe y remitió el expediente a la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, rebatiendo con datos pormenorizados la existencia de 
supuestas deficiencias procedimentales.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 199 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de noviembre de 2001, 5 
de marzo de 2014, 7 de noviembre de 2016, 26 de octubre de 2018 y 1 de marzo 
de 2019, y, en particular, la de 9 de octubre de 2019 por la que se resolvió un anterior 
recurso  contra  una  anterior  nota  de  calificación  del  mismo  documento  cuya  nueva 
calificación ahora ser vuelve a recurrir.
1.  Tras la tramitación del procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria la registradora dictó una nota de calificación de fecha 5 de junio de 2019 por 
la que suspendió la inscripción de la georreferenciación pretendida por los promotores 
del expediente, señalando como defecto la existencia de oposición formalizada por 
terceros en el seno de dicho procedimiento.
El  promotor  del  expediente  recurrió  a  este  Centro  Directivo  alegando  falta  de 
motivación de dicha calificación inicial, siendo estimado su recurso por resolución de 
fecha 9 de octubre de 2019 en la que se concluyó diciendo que en el caso entonces  e.e
analizado «no resultan explicitadas en la nota de calificación las dudas de identidad que  b
impiden la inscripción de la representación gráfica, ya que la registradora deniega la  88ww
lianss cmripiscmióans  asfierm eaxntrdaoc teúnn,i csaem reenptreo dquuzec asne  oe sntiim saiqnu ilearsa  asleeg aanceioxneens  af olarm cualalifdicaasc, iósnin  pqaurea 
qdueefe nesla  in(…ter)e»s ay dqou ep u«epdoar  etellon eer l creocnuorcsiom ideenbtoe  deest imelalarss ep ya rlaa  ceajelirfcicearc isóun  dreevroeccahros ea  slian 
que  ello  signifique,  como  pretende  el  recurrente,  proclamar  la  inscribibilidad  del
documento calificado (cfr. Resolución de 1 de marzo de 2019); de manera que esto no 
obsta a que se pueda poner una nueva nota de calificación en los términos que resultan 
de esta Resolución, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que pudiera incurrirse 
por contradecir la exigencia legal de que la calificación sea global, unitaria y motivada 
(artículos 19 bis y 258 Ley Hipotecaria)».
Tras ser notificada dicha Resolución, la registradora «en cumplimiento» de la citada 
Resolución y «para subsanar los defectos formales apreciados por el Centro Directivo en 
la  nota  recurrida»  dicta  nueva  nota  de  calificación,  ésta  de  fecha  5  de  noviembre 
de  2019,  en  la  que,  ahora  sí,  hace  una  extensa  y  pormenorizada  relación  de  las 
vicisitudes del procedimiento tramitado y de las alegaciones de oposición presentadas 
por algunos de los notificados, tal como se ha transcrito en los antecedentes de hecho 
de la presente resolución, y concluye diciendo que «a la vista del completo análisis del 
informe  de  los  alegantes,  previa  comprobación  de  la  realidad  de  las  correlaciones 
asignadas a las fincas de los colindantes afectados según los datos obrantes en las 
respectivas inscripciones registrales, se concluye que sin perjuicio de lo que pueda ser 
debatido en sede judicial, el conflicto entre colindantes es un problema que excede en su 
pronunciamiento de lo previsto en la tramitación del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, 
por lo que se estiman las alegaciones».
En concreto, la registradora afirma que «lo que subyace de toda la documentación 
analizada es posiblemente un problema de tracto sucesivo, respecto de las siete fincas cuya 
cabida completa pretende ser incorporada por la vía del artículo 199 de la Ley Hipotecaria a 
la finca registral 6575 de Ardales, por lo que en ningún caso el procedimiento legal idóneo 
será la inscripción de la base gráfica georreferenciada de la finca sino un proceso judicial 
contradictorio en el que las partes en conflicto puedan hacer valer sus títulos de propiedad y 
el derecho que tienen sobre el terrero físico discutido».
Y que «los procedimientos previstos tras la reforma operada por la Ley 13/2015 (…) 
no están previstos para eludir cuestiones que, necesariamente, deben ventilarse en el 
procedimiento judicial que corresponda».
El interesado recurre también contra esta segunda nota de calificación (tan extensa y 
detallada) y sostiene que la misma es alegal, formalmente nula, y que su contenido no 
debe ser tomado en consideración en el presente recurso, y argumenta en los términos 
transcritos  más  arriba  para  combatir  la  posibilidad  misma,  que  reconoció  y  ofreció 
expresamente  la  Resolución  inicial  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, de que la registradora pudiera dictar una segunda nota de calificación para 
subsanar las deficiencias formales y de motivación que ocasionaron la revocación por 
este Centro Directivo, en vía de recurso, de la primera y escueta nota de calificación.
Y en cambio nada argumenta el recurrente en cuanto al fondo del asunto, ni rebate la 
existencia de dudas fundadas señaladas por la registradora en la nota ahora recurrida. 
Por tanto, dado que el contenido del escrito del recurrente delimita el objeto del recurso 
(cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria), únicamente son objeto de debate las cuestiones 
procedimentales por él planteadas.
2.  Como resulta de lo que se acaba de reseñar, el presente recurso, en esencia, no 
se interpone para sostener que el contenido de la segunda nota de calificación sea 
contrario a Derecho, sino para sostener, en contra del criterio explicitado por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado en su Resolución de 9 de octubre de 2019, que 
la mera existencia de esta segunda nota de calificación ya es de por sí contraria a 
Derecho, y que tal nota es «nula de pleno derecho».
O, visto desde otro punto de vista, lo que el recurrente está recurriendo, de facto, no  s
es tanto el contenido de la segunda nota de calificación, sino el pronunciamiento final de  oe.
la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 9 de  w.
octubre de 2019. 88ww
recu3r.s o Ecno ncturaa llqau icearl icfiacsaoc,ió nno  reesgtiást rdael  nmoá se sr eicdoérndtaicra a, qnui ím quuceh loa  mnaetnuorasl,e aza l ay  deefel cretocsu rdseol 
ljau dciacipailt aqlu dee  cparboev ininctiear.poner mediante demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de  BOE-A-cable e
Como tampoco está de más recordar aquí, que el objeto, alcance y efecto del 
llamado recurso contra una determinada nota de calificación no es decidir ni proclamar la 
inscribibilidad o no del documento calificado, sino analizar y resolver sobre la adecuación 
a derecho de la concreta nota de calificación objeto de recurso, de modo que si tal nota 
de calificación adoleciera de algún defecto formal, o de falta de motivación suficiente, su 
revocación por motivos formales en vía de recurso no prejuzga ni proclama que el 
documento calificado sea inscribible.
Y, es que, como ya se dijo, entre otras, en la Resolución de 1 de marzo de 2019, el 
recurso ha de resolverse «atendiendo como es preceptivo a los estrictos términos en que 
está redactada la nota de calificación recurrida» y si procediera revocar la concreta nota 
de calificación recurrida ello no significa «pues legalmente no es ese el objeto ni alcance 
de  la  resolución  de  un  recurso  contra  una  concreta  nota  de  calificación  registral, 
proclamar la inscribibilidad del documento calificado».
Ha sido reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(vid., por todas Resolución de 14 de julio de 2017), basada en el contenido del citado 
precepto legal y en la doctrina del Tribunal Supremo (vid. Sentencia, Sala Tercera, de 22 
de mayo de 2000), que el objeto del recurso contra la calificación negativa del registrador 
no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de 
manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho 
de  que  sea  el  acto  de  calificación  el  que  constituye  el  objeto  del  recurso  tiene 
importantes consecuencias, entre ellas que, por imperativo legal, el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, pues, de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos 
en la misma supondría indefensión para el recurrente.
Hechas las anteriores precisiones, es la calificación tal y como ha sido formulada en 
el presente caso la que debe ser objeto de análisis, sin que puedan abordarse otras 
cuestiones distintas de la expresada en la misma.
Por esa razón, la Resolución de 9 de octubre de 2019, resolviendo el primer recurso 
del ahora recurrente contra la primera calificación del mismo documento, ya dijo, cuando 
estimó  ese  primer  recurso  por  cuestiones  formales,  que  ello  no  significaba  «como 
pretende el recurrente, proclamar la inscribibilidad del documento calificado, (…) de 
manera que esto no obsta a que se pueda poner una nueva nota de calificación».
4.  Por otra parte, no es acertado decir, como afirma el recurrente, que la Dirección 
General de los Registros y del Notariado hubiera mantenido el criterio contrario hasta la 
citada Resolución de 1 de marzo de 2019, pues en previas y reiteradas ocasiones ya 
había  explicitado  este  Centro  Directivo  el  mismo  criterio,  siempre  inspirado  en  la 
necesaria primacía del principio de legalidad.
Por ejemplo, en la Resolución de 12 de noviembre de 2001 ya se dijo que «la 
exigencia de que la calificación registral sea global y unitaria, de suerte que en ella se 
pongan de manifiesto la totalidad de los defectos que impidan la inscripción (artículo 59.2 
del Reglamento del Registro Mercantil), no obsta a que en aras del superior principio de 
legalidad deba rechazarse la inscripción de observar nuevos defectos que la impidan 
aunque no hubieran sido puestos de manifiesto con ocasión de una calificación anterior, 
al margen de la corrección disciplinaria a que en tal caso haya lugar (artículo 127 del 
Reglamento Hipotecario aplicable en el ámbito de la calificación mercantil conforme al 
artículo 80 del Reglamento del Registro Mercantil)».
La Resolución de 5 de marzo de 2014 también recordó la primacía del principio de 
legalidad,  cuando  dijo  que  «como  ha  reiterado  en  numerosas  ocasiones  este  Centro  s
Directivo, de acuerdo con la exigencia del artículo 258.5 de la Ley Hipotecaria, la calificación  oe.
ha de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica  w.
consagrado en nuestra Constitución (artículo 9.3). El registrador de la Propiedad debe  88ww
ye xatr elam amr issmu ace plore psaernat aecviiótanr,  qgueen eurnea  usnuace isnisóeng dueri dcaadlif icjuarcídioicnae se nre lealt ivroagsa anlt em idsem os ud omciunmisetenrtioo 
tiniecnoem pdaetciblalera cdoon  leas ftien alCideandt ryo  efDiciarecciati vdoe l qRueeg islatrso  dceo nlas iPdreorpaiceiodnaeds» . Panetreor,i oarñeasd ión,o « tpaumebdiéenn   BOE-A-cable e
prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de 
legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen 
aun cuando sea extemporáneamente (cfr. artículo 127 del Reglamento Hipotecario). Es decir, 
que aun cuando el registrador pueda incurrir en causa de responsabilidad disciplinaria, si 
calificado un título y subsanado el defecto, detectase otro que no haya hecho constar en la 
primera calificación, debe efectuar una segunda comprensiva del mismo, pues los fuertes 
efectos que el sistema registral atribuye a las inscripciones con la finalidad de preservar la 
seguridad del tráfico y del crédito inmobiliario, hacen que deba extremar el control de 
legalidad sobre los títulos presentados».
Por su parte, la Resolución de 7 de noviembre de 2016 igualmente expresó esta 
primacía del principio de legalidad cuando señaló que «como ha reiterado esta Dirección 
General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los 
documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma 
documentación»  y  que  «tampoco  puede  verse  vinculado  por  las  calificaciones 
anteriormente efectuadas aun cuando sean propias».
También se recordó esa primacía del principio de legalidad en la Resolución de 26 de 
octubre de 2018, cuando proclamó que «es cierto que conforme al artículo 258.5 de la 
Ley Hipotecaria, la calificación ha de ser unitaria y global, de modo que el registrador de 
la propiedad debe extremar su celo para evitar que una sucesión de calificaciones 
relativas  al  mismo  documento  y  a  la  misma  presentación,  genere  una  inseguridad 
jurídica en el rogante de su ministerio incompatible con la finalidad y eficacia del Registro 
de la Propiedad. Pero es igualmente cierto que también tiene declarado este Centro 
Directivo (cfr., por todas, la Resolución de 5 de marzo de 2014) que las consideraciones 
anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema 
registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los 
defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente».
5.  En definitiva, queda fuera de toda duda que la primacía del principio de legalidad 
exige, para evitar la práctica de asientos contrarios a la legalidad vigente, permitir que el 
registrador pueda apreciar la existencia de defectos incluso aunque no los hubiera 
apreciado en una calificación anterior, o resultaran contradictorios con calificaciones 
anteriores, o fueran apreciados de manera extemporánea.
Por  análogas  e  incluso  más  poderosas  razones  el  principio  de  legalidad  exige 
permitir que el registrador, cuando su anterior nota de calificación haya sido revocada en 
vía de recurso por un defecto formal o por falta de motivación suficiente, pueda dictar 
otra  nota  de  calificación  que  subsane  tales  deficiencias  formales  o  carencias  de 
motivación, como expresamente se dijo en la Resolución de 9 de octubre de 2019, según 
criterio que procede reiterar ahora.
Lo que no sería respetuoso con la primacía del principio de legalidad sería sostener, 
como parece ser la petición del recurrente, que porque una nota de calificación registral 
haya sido revocada en vía de recurso por meras deficiencias formales, el documento 
calificado haya de ser necesariamente inscrito y obtener así los poderosos efectos 
jurídicos que la ley otorga a la inscripción, en perjuicio de terceros y/o sin el cumplimiento 
de los requisitos por los que legalmente ha de velar y vela la calificación registral.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  bo
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en  88ww
veel rpblaalz, oto ddeo  edlolos  cmonefsoerms ed eas ldoe e sstua bnleoctiifdicoa ecinó nlo, ss aiertnícduol odse 3 2a5p liyc a3c2i8ó nd ela lsa  Lneoyrm Haipso dteecl ajruiaic.io
Madrid, 26 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.