BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Miércoles 17 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 18157
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2395 Ley 6/2020, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 6/2020, 
de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
PREÁMBULO
I
En virtud de la competencia asumida estatutariamente (artículo 164 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias –Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre–), la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  es  titular  del  servicio  público  de  comunicación  audiovisual, 
declarado legalmente como servicio público necesario para la cohesión territorial de las 
islas (artículo 2.1 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas 
de la Comunidad Autónoma de Canarias) y como servicio esencial de interés económico 
general (artículo 40.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual).
La  gestión  y  prestación  de  dicho  servicio  público  viene  atribuida,  por  la  citada 
Ley 13/2014 (artículo 3), al ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), que lo ejerce 
directamente y a través de las sociedades mercantiles Televisión Pública de Canarias, 
SA y Radio Pública de Canarias, SA.
Con motivo de una situación sobrevenida de insuficiencia del número mínimo de 
miembros del Consejo Rector del ente público –máximo órgano decisor del mismo– y de 
vacancia simultánea de su presidencia, se produjo una situación de riesgo inminente de 
«bloqueo  jurídico  y  fáctico»  de  la  gestión  del  servicio  público.  Por  tal  motivo,  por 
Ley 1/2018, de 13 de junio, se arbitró un «régimen temporal de asunción y ejercicio de la 
gestión ordinaria» del servicio público, a través de la figura del «administrador único» 
caracterizado  por  las  tres  notas  siguientes:  1)  la  necesidad  de  su  creación  para 
salvaguardar «la continuidad en la gestión del servicio público, y con ello los puestos de 
trabajo y el sector audiovisual afectado»; 2) la interinidad y transitoriedad de su mandato, 
en la medida en que venía a suplir una situación coyuntural de inoperatividad de los 
órganos decisorios permanentes del ente y sus sociedades y venía a hacerlo, además, 
de forma temporal: en tanto «se renueve el Consejo Rector y, en todo caso, por un plazo 
de seis meses contados a partir de la fecha de su nombramiento» (artículo 21 bis.4 de la 
Ley  13/2014,  en  su  redacción  dada  por  la  Ley  1/2018);  y  3)  la  limitación  de  sus 
competencias, circunscritas a las funciones de «gestión ordinaria» (artículo 21 bis.3), que 
la ley delimitaba y delimita como una gestión comprensiva de «todos aquellos asuntos 
cuya resolución no implique condicionamiento, compromiso o impedimento para las  e.
funciones del nuevo Consejo Rector o, en su caso, [de] las previsiones contenidas en el  w.b
mandato marco que apruebe el Parlamento de Canarias, atendiendo para ello a su  95ww
ndaetbuar aplerozdau, cair slaes»  c(aorntsíceucluoe 2n1c ibaiss .6d)e  dlae  ldae Lceisyió 1n3 /a2 0a1d4o)p.tar y al concreto contexto en que
II
Dos años después de la citada Ley 1/2018, vuelve a producirse una situación de 
auténtico «bloqueo jurídico y fáctico» en la gestión del servicio –por utilizar la misma 
terminología empleada entonces por la Ley 1/2018–, situación que tiene dos causas 
determinantes: la primera –que se mantiene invariable desde la Ley 1/2018–, radica en 
que han de proveerse los órganos decisorios permanentes del ente público conforme a 
la  composición  impar,  de  siete  miembros,  que  en  esta  ley  se  prevé;  la  segunda, 
sobrevenida a la Ley 1/2018 y causa directa de la presente ley, radica en un evidente 
colapso  competencial  de  la  figura  del  administrador  único,  consecuencia  de  una 
manifiesta disfunción, dos años después de su creación, entre cometido competencial 
asignado (artículo 21 bis, apartados 3 y 6 de la Ley 13/2014) y la finalidad para la que 
fue creado: salvaguardar «la continuidad en la gestión del servicio público, y con ello los 
puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado» durante la situación de interinidad de 
su mandato.
La mencionada disfunción competencial presenta una triple manifestación:
1)  Una disfunción temporal, resultante del hecho de que un órgano concebido y 
dotado  competencialmente  para  ejercer  su  cometido  por  un  plazo  máximo  de  seis 
meses, viene asumiendo, con el mismo contenido competencial inicial (artículo 21 bis.3 y 
6 de la Ley 13/2014), la gestión del servicio público por un período que ya alcanza los 
dos  años.  En  concreto,  una  «gestión  ordinaria»,  concebida  para  una  situación 
excepcional y transitoria, se ha transformado en una gestión prolongada más allá de las 
previsiones para las que fue concebida. Dicha prolongación es consecuencia directa de 
la  permanencia  de  la  situación  de  vacancia,  dos  años  después,  de  los  órganos 
decisorios que conforman la estructura ordinaria del ente público, y cuya provisión, como 
reconoció la Ley 6/2018, de 28 de diciembre, en su exposición de motivos, ha sido –y 
sigue siendo– una «aspiración claramente limitada, cuando no imposibilitada», lo cual ha 
sido consecuencia de un cúmulo de circunstancias como son: el cambio del modelo de 
organización del ente público, que se introduce por la Ley 6/2018, 28 de diciembre –que 
sustituye al Consejo Rector y Presidencia por una junta de control y una dirección 
general,  ambos  de  nueva  creación  y  ambos  vacantes  desde  su  creación–;  la 
especialidad del procedimiento de designación de los miembros de dichos órganos 
permanentes, residenciada en el Parlamento de Canarias y precisada de un necesario 
consenso en la propuesta y de mayorías cualificadas en la elección; y la singularidad 
inherente  a  los  «tiempos  parlamentarios»  en  la  que  surge  la  Ley  6/2018,  de  28 
diciembre, al final de la anterior legislatura, sobreviniendo, al poco tiempo de constitución 
de la nueva legislatura, la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, aún vigente al día de la fecha.
2)  La disfunción formal reside en los términos con los que fue –y sigue siendo– 
regulada la competencia del administrador único en la Ley 1/2018. Posiblemente por 
entenderse  que  la  transitoriedad  del  mandato  –por  un  máximo  de  seis  meses– 
conformaba, por sí misma, el cometido funcional asignado –comprensivo de la gestión 
mínima y estrictamente necesaria para garantizar la continuidad del servicio durante el 
periodo máximo de seis meses–, la Ley 1/2018 no delimita con precisión el ámbito 
competencial del administrador único, sino que apela al concepto jurídico de «gestión 
ordinaria» (artículo 21 bis.3 de la ley), cuya indeterminación es predicable tanto del 
propio  calificativo  («ordinaria»),  como  de  la  interpretación  auténtica  que  del  mismo 
pretende acometerse en la norma (artículo 21 bis.6), y que más que una concreción  e
precisa de tales competencias, acomete una delimitación negativa y relativa de las  bo
mismas: negativa, en cuanto se determina la gestión ordinaria por exclusión, esto es,  95ww
ccoomndoic iolnaa mcieonmtop,r ecnosmivpar omdiseo  oa qimueplelodsim  e«natos upnatoras  lasc ufuyan ciorneesso ludcei ólan  nuneov a ijmunptlaiq duee 
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competencias asignadas al administrador único, atendiendo a su «naturaleza, a las 
consecuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse».
Por ello, ante la insuficiente cobertura para la contratación administrativa, reconocida 
por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en relación específica al transporte de la señal, en esta ley se mandata al 
administrador único a convocar y adjudicar el procedimiento de contratación procedente 
y  a  continuar  transitoriamente,  entre  tanto  se  resuelve  dicho  procedimiento,  con  la 
continuidad de la prestación del servicio a fin de garantizar la difusión, transporte y 
recepción de la señal en todas y cada una de las islas del archipiélago, en cuanto 
instrumento o medio fundamental para la prestación del servicio.
3)  Finalmente,  concurre  una  disfunción  material  que  radica  en  la  cláusula  de 
intangibilidad o indisponibilidad, por el administrador único, del modelo de gestión del 
servicio  de  radio  y  televisión,  limitación  que  se  colige  del  artículo  21  bis.6  de  la 
Ley 13/2014, al concretar como ámbito competencial excluido al administrador único 
cualquier condicionamiento, compromiso o impedimento de las previsiones contenidas 
en el mandato marco que apruebe el Parlamento de Canarias, en el que se ha de 
contener  necesariamente  la  definición  del  modelo  de  gestión  de  los  servicios 
informativos  de  la  televisión  canaria  (artículo  7.5,  según  redacción  operada  por  la 
Ley 6/2018), previo estudio económico y jurídico que evalúe el coste de tales servicios 
(disposición adicional cuarta de la Ley 13/2014, introducida por la Ley 6/2018).
Esta limitación supone, evidentemente, que el administrador único tenga vedada 
cualquier intromisión en el futuro modelo de gestión de los servicios informativos, a la 
espera de la aprobación del mencionado mandato marco y adopción de los pertinentes 
acuerdos de la junta de control, una vez nombrada y constituida. Pero, al mismo tiempo, 
la ausencia de mandato marco y el no haberse producido el nombramiento y constitución 
de los órganos decisorios determinan una situación de auténtico vacío competencial en 
la toma de decisiones respecto al régimen de las prestaciones materiales y personales 
necesarias para los servicios informativos, en relación a las cuales el ente público y sus 
sociedades ni pueden, actualmente, decidir pro futuro sobre el modelo de gestión –al no 
estar aprobado el mandato marco ni constituidos los órganos decisorios permanentes 
encargados de su ejecución– ni tampoco pueden prescindir de los medios personales y 
materiales de los que se venía disponiendo a la entrada en vigor de las leyes 13/2014, 
1/2018 y 6/2018, ya que prescindir de dichos medios exige decidir sobre su alternativa o 
sustitución,  y  esa  decisión  afecta  directamente  al  modelo  de  gestión,  con  lo  que 
desprenderse de los mismos sin capacidad de decidir sobre otras alternativas supondría 
el  cese  en  la  prestación  de  los  servicios  informativos  y,  por  ende,  frustraría  la 
salvaguarda de «la continuidad en la gestión del servicio público, y con ello los puestos 
de trabajo y el sector audiovisual afectado», que constituyen el propósito esencial que 
justificó la Ley 1/2018 y la creación del administrador único.
Esta situación ya fue prevista, respecto a los medios personales, por la Ley 6/2018, 
que consciente del vacío competencial producido, optó directamente por disponer ex 
lege la subrogación, por Televisión Pública de Canarias, SA, en el personal que estuviera 
prestando servicios para terceras empresas contratadas por la sociedad pública para la 
prestación de los servicios informativos y siempre «hasta que se defina el modelo de 
gestión de los servicios informativos por el mandato marco» (disposición transitoria 
primera.2 de la Ley 13/2014, en redacción operada por la Ley 6/2018, y disposición 
adicional  cuadragésima  novena  de  la  Ley  19/2019,  30  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020). s
Y, por idénticos motivos, procede habilitar ex lege un sistema paralelo y de eficacia  oe.
temporal o transitoria respecto a los medios materiales contratados en su momento a  w.
terceras  empresas  y  que,  sin  solución  de  continuidad,  hayan  seguido  utilizándose  95ww
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ser sustituidos o reemplazados por motivos técnicos, operativos u organizativos, o para 
la licitación de tales suministros o arrendamientos si la misma resultara técnicamente 
viable dentro de los límites temporales y de continuidad en la prestación del servicio 
exigidos.
III
Esta  ley  se  ha  tramitado  por  el  procedimiento  de  urgencia,  después  de  la 
promulgación y convalidación parlamentaria del Decreto ley 11/2020, de 19 de junio, de 
modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» el 20 
de junio de 2020.
TÍTULO ÚNICO
Artículo 1.  Se modifica el artículo 3 de la Ley 13/2014, 26 de diciembre, de Radio y 
Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo un apartado 
seis, del tenor siguiente:
«6.  El ente público RTVC elaborará un código deontológico por el que se 
regirán sus profesionales, el director general y la Junta de Control. En ausencia de 
este  y,  de  manera  provisional,  se  actuará  por  los  principios  del  Código 
Deontológico Europeo de la Profesión Periodística.
Asimismo, el ente público RTVC seguirá las recomendaciones del "Decálogo 
para  una  comunicación  Integradora  y  no  xenófoba"  aprobado  en  Canarias  y 
renovado en 2011 por el Foro Canario de la Inmigración, en el tratamiento de 
asuntos relacionados con el fenómeno migratorio».
Artículo 2.  Se modifica el artículo 10.1 de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio 
y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, que queda redactado 
con el siguiente tenor:
«1.  La Junta de Control del ente público RTVC estará compuesta por siete 
miembros, garantizando una representación equilibrada entre hombres y mujeres. 
Para garantizar este requisito, el Reglamento o las resoluciones de la Mesa del 
Parlamento de Canarias preverán, en el procedimiento de nombramiento de los 
consejeros y consejeras, la posibilidad de suspender el mismo, a criterio de la 
Mesa, oída la Junta de Portavoces, si el resultado final de las votaciones pudiera 
dar lugar a una composición no equilibrada de la Junta de Control».
Artículo 3.  Se modifica el apartado 6, del artículo 21 bis de la Ley 13/2014, 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
que queda redactado en los siguientes términos.
«6.  El administrador único ejercerá funciones de gestión ordinaria del ente 
público de RTVC y de sus sociedades, entendiéndose por esta todos aquellos 
asuntos  cuya  resolución  no  implique  condicionamiento,  compromiso  o 
impedimento para las funciones de la nueva Junta de Control o, en su caso, las 
previsiones  contenidas  en  el  mandato  marco  que  apruebe  el  Parlamento  de  s
Canarias, atendiendo para ello a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión  oe.
a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse. w.
ccoomntEurannt iocpsaa crirtóiecnlua,l taidvri,of usqs uióaen d alyan   duiinstcitlrilizubaiudccoióisón nd ,e ysn otdrpoios rpdtoeess i,dc ivicóíhanas   dgye et setlciaónsno  lodogirfdíeairnsea ndrtieea s tl roarsen dsamecstios sidó eny    2021-2395n https://ww
de que deba servirse el ente público y sus sociedades así como la contratación de
cualesquiera servicios relativos a las mismas. Bc
La competencia contractual que, en el ámbito de dicha gestión ordinaria, 
pueda ejercer el administrador único como órgano de contratación del ente público 
Radiotelevisión Canaria y de sus sociedades dependientes no está sujeta a límite 
cuantitativo  ni  temporal,  sin  perjuicio  del  que  resulte,  en  cada  caso,  de  la 
normativa sobre contratación del sector público aplicable al objeto o modalidad del 
contrato.  No  obstante  lo  anterior,  el  administrador  único  comparecerá  para 
comunicar mensualmente a la Comisión de Control del Parlamento de Canarias la 
relación de contratos, conforme a su competencia contractual, que se pretendan 
licitar, así como todos los contratos formalizados».
Disposición adicional única.  Convocatoria del procedimiento de licitación de la señal de 
radio y televisión.
En  el  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas  por  el  artículo  21  bis.6  de  la 
Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por el administrador único se procederá a convocar, en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el procedimiento de 
licitación para la contratación de la prestación, con carácter plurianual, de los servicios 
de transporte de la señal de televisión y radio que cubran las necesidades previstas en el 
artículo 2.3 de la citada ley. Entre tanto se proceda a la adjudicación y puesta en 
funcionamiento  de  tales  servicios,  se  seguirá  garantizando  la  continuidad,  sin 
interrupción,  de  los  mismos  por  cualquiera  de  los  mecanismos  que,  con  carácter 
transitorio y excepcional, contempla la legislación aplicable.
Disposición transitoria única.  Plazo de elaboración del código deontológico.
El código deontológico al que se refiere el nuevo apartado 6 del artículo 3 de la 
Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en la redacción dada por el artículo 1 de la presente ley, se 
elaborará en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Canarias».
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 18 de diciembre de 2020.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 268, de 29 de diciembre de 2020)