BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291  Miércoles 4 de noviembre de 2020  Sec. I.   Pág. 95808
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
13490 Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al 
sector cultural.
I
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la elevara 
a pandemia internacional, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la 
COVID-19 se ha caracterizado por la rapidez en su evolución, tanto a escala nacional 
como internacional; lo que requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para 
hacer frente a esta crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud. El estado de 
alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió abordar la 
situación de emergencia sanitaria con medidas dirigidas a proteger la salud y la seguridad 
de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema 
Nacional de Salud.
Junto con estas necesarias medidas de contención, desde entonces se han venido 
acordando otras de carácter económico y social que, además de facilitar una adecuada 
respuesta sanitaria, garanticen la protección de familias, trabajadores y colectivos 
vulnerables, sosteniendo el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando 
la reactivación de la actividad económica.
El día 21 de junio finalizó el proceso de desescalada y la vigencia del primer estado de 
alarma declarado en respuesta a la pandemia, entrando el país en la etapa de nueva 
normalidad. En esta fase, fue preciso adoptar una serie de medidas para seguir haciendo 
frente a la pandemia y evitar un nuevo incremento de casos. Con este objetivo, se aprobó 
el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde 
se establecen las medidas generales de prevención y control que se deben mantener 
durante esta nueva normalidad.
Sin embargo, la pandemia no ha sido definitivamente superada y se mantiene con 
mayor intensidad de lo esperado, lo que ha dado lugar nuevamente a la aplicación de 
medidas más estrictas para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y frenar la 
progresión de la enfermedad por parte de las autoridades competentes. El Real 
Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, circunscribió su aplicación a determinados municipios de la 
Comunidad de Madrid y después, mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio 
nacional.
La evolución de la pandemia ha exigido también la aprobación de nuevas medidas 
para amortiguar los efectos socioeconómicos provocados por la crisis sanitaria y para 
asegurar el mantenimiento de la actividad. Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, se prorrogaron las medidas  e.
excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas  w.
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  490ww
reecloantivóamsi caa lsa,s  tséucsnpiceanss,i oonregsa ny izreadtiuvcacsi oyn edse  dper ojodruncacdiaó np ovri nccauulsaad adse  fcuoenr zlaa  mCaOyVoIrD y- c1a9u, saassí 
cdoemseom lapsle mo eyd icdoatsiz eaxctiroanoersd.i nIagruiaaslm veinnctuel,a dsea sa ad olapsta mroisnm nause evna sm mateedriiad adse  pparorate cpcailóianr  peonr   BOE-A-cable e
materia de Seguridad Social las consecuencias para los trabajadores autónomos de la
crisis económica. Por su parte, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia, abordaba la regulación de esta forma de prestación de trabajo por 
cuenta ajena, cuya utilización se ha llegado a configurar como preferente, como eficaz 
mecanismo de sostener la actividad económica durante la pandemia. En el mismo sentido, 
el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
perseguía asegurar el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas, impulsando 
nuevas formas de organización y estructuración del trabajo de las empleadas y empleados 
públicos para el mejor servicio a los intereses generales.
En el contexto actual se hace necesario adoptar medidas adicionales para la protección 
por desempleo y de apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector cultural.
II
Pese a las numerosas medidas sociales aprobadas en materia de protección por 
desempleo, con la finalidad de paliar los efectos de la disminución de ingresos debida a la 
pérdida temporal o definitiva de la ocupación como consecuencia de las circunstancias 
derivadas de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, en forma de restricciones 
o de paralización de la actividad, todavía existen numerosas personas que no han podido 
beneficiarse de las mismas.
Es el caso de quienes durante el estado de alarma declarado mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y, con posterioridad, se encontraban percibiendo las 
prestaciones por desempleo y las han agotado sin tener acceso a otras ayudas y, lo que 
es más grave, sin tener, siquiera, la posibilidad de buscar trabajo y de incorporarse al 
mundo laboral, tanto por las restricciones impuestas para hacer frente a la emergencia 
sanitaria durante el estado de alarma como, posteriormente, por la propia paralización de 
la actividad en determinados sectores que se están encontrando con grandes dificultades 
para reincorporar a los trabajadores de su plantilla que se encuentran con los contratos 
suspendidos.
Teniendo en cuenta la extensión en el tiempo de estas situaciones, la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, estableció que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reuniría a la mayor 
brevedad posible con los agentes sociales para tratar de dar solución, en el marco del 
diálogo social, al consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por 
desempleo de personas no afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, 
así como a la situación de las personas afectadas que realizaban trabajos a tiempo parcial 
compatibles con la percepción de las prestaciones, y que por la aplicación de la ley, no 
ajustada a esta situación extraordinaria, han visto reducidas las cuantías de aquellas, 
hasta el punto, en muchas ocasiones, de que las prestaciones no consiguiesen siquiera 
paliar la pérdida de ingresos producida.
Como resultado del proceso de diálogo social sobre las situaciones descritas, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas han llegado a un acuerdo para desarrollar un subsidio 
especial, de naturaleza extraordinaria, que garantice la adecuada cobertura de estas 
situaciones y que se recoge también en este real decreto-ley.
III o
El sector cultural se ha visto especialmente afectado por la crisis desde el comienzo de  490ww
leas tpea ánmdebmitoia, .a E tlrlaov méso tdiveól  Rlae aiml Dpleecmreetnot-alecyió 1n7 d/2e0 m20e,d didea 5s  deex tmraaoyrdoi,n paorira esl,  qeusep esceí faicparsu epbaarna 
meceodnidóamsi cdoe  ya psooycoia la ld seel cCtoOr VcIuDlt-u2r0a1l 9y.  dEen ctraer áecltlaesr ,t rdibeusttaarcioa bpaa real  heasctaebr lferecnimteie anlt oim dpea cuton   BOE-A-cable e
acceso extraordinario a la prestación por desempleo para artistas en espectáculos
públicos. Se trata este de un colectivo especialmente vulnerable en las circunstancias 
concurrentes, dado que, por la intermitencia que caracteriza a la actividad artística, no 
alcanzan a reunir ordinariamente los requisitos para tener acceso a la prestación por 
desempleo conforme al régimen general.
Sin embargo, la cultura, como otros sectores de actividad, continúa sufriendo las 
consecuencias de la crisis y de las limitaciones acordadas por las autoridades para hacer 
frente a la misma. Estas limitaciones impiden un normal desenvolvimiento de los 
espectáculos culturales, y por ende, de las actividades que podrían desempeñar el 
colectivo de artistas, el cual ve imposibilitado el desarrollo de su profesión.
Según los últimos datos procedentes de la explotación mensual de Ficheros de 
Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social, en el conjunto de 
actividades de creación artística y de espectáculos artísticos, se observa que el conjunto 
de afiliados en alta a finales de septiembre de 2020 al Régimen General de la Seguridad 
Social se cifró en 22.657, lo que supone un descenso respecto a finales de septiembre 
de 2019 del 29,8 %.
Esta caída fue muy intensa tanto en artes escénicas como en actividades auxiliares a 
las artes escénicas. Concretamente en las artes escénicas el conjunto de afiliados en alta 
a finales de septiembre de 2020 era de 13.121, lo que supone un descenso respecto a 
finales de septiembre de 2019 del 29,9 %; y en las actividades auxiliares a ellas de 4.640, 
es decir, un 29,8 % de caída respecto a septiembre de 2019.
El ejercicio de su actividad por parte de profesionales de la cultura presenta 
singularidades que, muchas veces, hacen ineficaces los mecanismos generales de 
protección de las personas trabajadoras. La falta de continuidad inherente a esta 
actividad dificulta con carácter general la percepción de la prestación ordinaria por 
desempleo, lo que justificó el reconocimiento de un acceso extraordinario a la misma 
para estos profesionales en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Igualmente, 
mediante el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, se eliminó el requisito de 
encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el coste que ello 
supondría para la persona trabajadora y simplificando la tramitación y reconocimiento de 
la prestación.
A las consecuencias de la evolución de la pandemia y de las medidas de contención, 
así como a la intermitencia propia del sector, debe añadirse el vencimiento inminente de 
las prestaciones recogidas en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. La duración de 
la prestación por desempleo prevista en esta disposición era de 120 o 180 días, en función 
de los días de actividad en el año anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. En el momento actual, y ante la finalización del periodo de prestación 
reconocido, es necesario asegurar la protección de estos trabajadores, indispensables 
para hacer efectiva la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso de todos 
los ciudadanos a la cultura.
Igualmente, se debe hacer efectiva la protección de otros colectivos que, también 
por las peculiaridades del desempeño ordinario de su profesión, tienen dificultades 
para acogerse a los mecanismos generales de cobertura. Es el caso de personas 
trabajadoras que prestan servicios técnicos indispensables para que los espectáculos 
y actividades culturales tengan lugar y que participan de la misma intermitencia y falta 
de continuidad propia de los artistas. Por ello, no pueden acceder tampoco a las 
prestaciones ordinarias de desempleo, debiendo articularse un mecanismo que haga  es
posible su percepción. o
dlchaoeasm b laiAmptussee aiatmdelmcinitdsietvmaenissdot.e a, d E dltoeisees tsna c pesrore  onllauiftmelegizsinataiarcod cineóaiaoln smlne  eeysans  yt  laosipmuerla r inihtznaúaaocmnssi, oe  esrnrxeeoet c evsdiinn eetdar ooficdesno os erta,de  faiaejnoddcssetta,aam sydla á,o pcspsio,oo  irdnrn  uietlcaarsiaans ntlt maotaeu,eu  rdlntionoutsearr ai smdpn,ao etyedrs,   eleadess el s  pseuspenasurp niléooeitsdsna,o s rqp iióudaoneesr      OE-A-2020-13490able en https://www.
mayor actividad para trabajadores taurinos. Ello les ha dificultado, por ende, trabajar y
cotizar lo necesario para generar derecho a las prestaciones por desempleo; a lo que hay 
que añadir la especificidad del cómputo de los días de cotización con arreglo al Real 
Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que integran los Regímenes Especiales de 
la Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de 
Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General, así como se procede a la integración 
del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos.
Resulta, pues, imprescindible aprobar nuevas medidas sociales que, como 
complemento a las establecidas con carácter general, y a las recogidas en el Real Decreto-
ley 17/2020, de 5 de mayo, salvaguarden la situación de las personas trabajadoras del 
sector cultural.
IV
El real decreto-ley se estructura en cuatro artículos, distribuidos en dos capítulos, dos 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.
El capítulo I, dedicado a las medidas extraordinarias de protección por desempleo, 
incluye el artículo 1, en el que se introduce un subsidio especial de desempleo de 
naturaleza extraordinaria, por un plazo de noventa días, para las personas que, en el 
periodo de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, agotaron la 
prestación, subsidio o ayuda de las se hubieran beneficiado dentro de la acción protectora 
por desempleo, sin necesidad de cumplir el plazo de espera ni acreditar la carencia de 
rentas, ni la existencia de responsabilidades familiares regulados con carácter general en 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El capítulo II, dedicado a las medidas de apoyo y de protección por desempleo de 
artistas y otros profesionales que desarrollan su actividad en las artes escénicas y 
espectáculos públicos, incluye los tres artículos siguientes.
El artículo 2 amplía la duración de la prestación económica por desempleo para artistas 
en espectáculos públicos prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo. De este modo, quienes tuvieran derecho a ella, con arreglo a lo establecido en 
dicho Real Decreto-ley, podrán continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021. En 
todo lo demás, resultará de aplicación la regulación contenida en dicha norma.
En el artículo 3, se establece un subsidio excepcional por desempleo para el personal 
técnico y auxiliar del sector de la cultura, del que se podrán beneficiar esta colectividad de 
personas trabajadoras por cuenta ajena. Para reconocer este subsidio se atiende, entre 
otros requisitos, a los sectores de actividad en los que se hubiera prestado servicios, en 
función del código CNAE, y al periodo de ocupación cotizada desde el 1 de agosto 
de 2019, exigiéndose un mínimo de 35 días en el Régimen General la Seguridad Social. 
En este caso, la duración es de tres meses.
El artículo 4 habilita, asimismo, también de forma extraordinaria, el acceso a la 
prestación contributiva por desempleo y hasta el 31 de enero de 2021, a profesionales 
taurinos que lo soliciten y que, con fecha 31 de diciembre de 2019, figurasen en el censo 
de activos a que se refiere el artículo 13.2.a) del Real Decreto 2621/1986, de 24 de 
diciembre. A los efectos de cumplir los requisitos del artículo 266 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, se les reconocerá estar en situación legal de 
desempleo, así como tener cubierto el período mínimo de cotización.
Por su parte, la disposición adicional primera elimina la necesidad de acreditar la  s
búsqueda activa de empleo mientras se mantenga el estancamiento en algunos  oe.
spdpereeoc rclstaeoo drnCeiamOsl  iVaedI neDst ou-l1s a9p  d,lda eden ra teidalglaacu t,lli aavdci edieó annmdo to remedmcoepo  qdonuirófaeimcl  uddicleetaa jee dmy  dp peeal emreaopx  qpirgeuoiesrr sa celara iusates le,am m ydp peocr refoausnlematriszne aúnin temecno a eryvpsoiotgre red ernenetr qeinvusuai edsloivotooss     2020-13490n https://www.
previsto para el acceso a la renta activa de inserción o al subsidio extraordinario de
desempleo. Bc
El contenido de la disposición adicional segunda responde a la necesidad de adaptar 
la duración del subsidio por desempleo de las personas trabajadoras de carácter fijo-
discontinuo a las peculiaridades en que se desenvuelve su actividad y a las circunstancias 
derivadas de la COVID-19; de forma que, a los exclusivos efectos de determinar su 
duración, se entenderán como cotizados los periodos que, de no haber sido por la 
pandemia, hubieran sido de actividad, incluyendo por tanto aquellos durante los cuales 
percibieron protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
Asimismo, la disposición transitoria única establece el régimen aplicable a las 
solicitudes de prestaciones por desempleo que, a la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, ya hubieran sido formuladas o resueltas favorablemente al amparo del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo.
A su vez, la disposición final primera incorpora una modificación en el artículo 2 del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relativa a los expedientes temporales de 
empleo por impedimento o limitaciones de actividades y a su autorización conforme a los 
previsto en el artículo 47.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La reciente promulgación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, posterior al Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, y conforme al cual las autoridades podrán adoptar nuevas medidas de 
restricción por razón de la evaluación epidemiológica; los rebrotes y sus efectos sobre la 
actividad de las empresas en diferentes sectores, hacen previsible la presentación de 
nuevas autorizaciones a las autoridades laborales en términos similares a los del comienzo 
de la pandemia.
Resulta imprescindible, por tanto, establecer todos los mecanismos precisos que 
agilicen la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, con las necesarias 
dosis de seguridad y transparencia en la tramitación y resolución de los expedientes, 
contando para ello con el precedente de la modificación incluida en el artículo 22.2.d) del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, relativa al carácter potestativo del 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por último, las disposiciones finales segunda a cuarta recogen el título competencial, 
la habilitación para el desarrollo reglamentario y ejecución, y la entrada en vigor del real 
decreto-ley, respectivamente.
V
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que 
el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido 
nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido 
por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de 
las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del  s
Gobierno. oe.
pctauanlnttudoNre aianml egliasuas, n e yapn l ea dlra usn oedenccaoae onssfi odrtmreaacdíbae ad,  jqelaa udm deoai rflianactsu e slnetiatenudr a g,y cce irunóeaenfonr arddzloe ac  rnoc olmrai ssiomi s map es oladasniisdb iaitdlaisedr laiy asd a,e ,p lcdaote oyg rodr seca usvpaleútur brironlaiclcll aoiedrsn e ad ncpectasiivartiitd nicdaaueddl aeolarss,     2020-13490n https://www.
integran el supuesto descrito en el artículo 86.1 de la Constitución Española. Además, la
adopción de medidas de carácter económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley  Bc
ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, siempre que concurra una motivación
explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura económica 
exige una rápida respuesta, y la urgencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo 
de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce 
normativo ordinario podría generar algún perjuicio.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse 
demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de 
uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma, al responder a la finalidad legítima de 
aprobar medidas que contribuyan a abordar de forma inmediata el impacto económico y 
social de la COVID-19 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
Por tanto, en las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real 
decreto-ley.
VI
El presente real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los 
principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las 
medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este 
real decreto-ley impone las cargas administrativas necesarias para la consecución de sus 
fines.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como 
de la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la  s
ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. oe.
ConEstnit uscuió vni rEtusdp,a ñhoalcai,e an dporo puusoes dtae  dleal  aMuintoisrtirzoa cdieó nC uclotunrtae nyi dDae peonr tee l ya drteíc lual oM i8n6is tdrae  dlae   2020-13490n https://www.
Trabajo y Economía Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 3 de noviembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas extraordinarias de protección por desempleo
Artículo 1.  Subsidio especial por desempleo.
1.  Se establece un subsidio especial por desempleo con el carácter de prestación 
económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción protectora por 
desempleo del Sistema de la Seguridad Social, destinado a las personas que cumplan los 
requisitos de los apartados siguientes.
2.  Podrán ser beneficiarias del subsidio especial por desempleo regulado en este 
artículo las personas que, en la fecha de la solicitud, cumplan los siguientes requisitos:
a)  Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio 
de 2020, ambos inclusive, alguna de las siguientes prestaciones:
1.  La prestación por desempleo, de nivel contributivo, regulada en el capítulo II del 
título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2.  El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades reguladas en el 
capítulo III del título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
3.  El subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disposición adicional 
vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4.  Las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) 
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar 
empleo, regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.
b)  Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el servicio 
público de empleo.
c)  Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social o a cualquiera de las ayudas o prestaciones enumeradas en el apartado 2.a).
No obstante, quienes estuvieran cumpliendo el mes de espera de acceso al subsidio 
de agotamiento de la prestación contributiva, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 274.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán acceder 
al subsidio regulado en este artículo y posteriormente, de forma extemporánea, al subsidio 
de agotamiento, aplicándose en ese momento las reglas de consumo de días.
d)  No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda 
análoga concedida por cualquier Administración Pública.
e)  En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último derecho 
reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de desempleo.
f)  No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de jubilación, en 
sus modalidades contributiva o no contributiva.
3.  Para acceder al subsidio especial no será exigible cumplir el plazo de espera de  e.
un mes ni acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades familiares  w.b
regulados en los artículos 274.1 y 275, respectivamente, del texto refundido de la Ley  490ww
Gen4e.r al Ldae  glae sSteiógnu rdideal ds uSbosciidailo. especial corresponderá al Servicio Público de Empleo
Eprsotatetaccl icóonm poo er ndteidsaedm gpelesoto.ra de las funciones y servicios derivados de las prestaciones de
5.  La solicitud del subsidio especial por desempleo, que implicará la suscripción del 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, podrá presentarse a partir del día siguiente a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 30 de noviembre de 2020 inclusive. 
Las solicitudes presentadas pasado dicho plazo serán denegadas.
6.  Una vez dictada la resolución reconociendo el derecho al subsidio especial, los 
beneficiarios podrán percibirlo de acuerdo con lo establecido en los siguientes párrafos:
a)  El derecho al subsidio nacerá al día siguiente a la solicitud.
b)  La duración máxima del subsidio será de noventa días y no podrá percibirse en 
más de una ocasión.
c)  La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento.
7.  En lo no previsto expresamente en este artículo se estará a lo dispuesto en el 
título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
CAPÍTULO II
Medidas de apoyo y de protección por desempleo de artistas y otros profesionales 
que desarrollan su actividad en las artes escénicas y espectáculos públicos
Artículo 2.  Ampliación del acceso extraordinario a la prestación por desempleo de 
artistas  en  espectáculos  públicos  que  no  se  encuentren  afectados  por 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada reguladas por 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de 
la COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho al acceso 
extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los términos previstos 
en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 31 de 
enero de 2021.
2.  La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta propia 
o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima, renta 
de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración 
Pública.
Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá 
mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La 
suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que se 
reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción 
que corresponda y como máximo hasta el 31 de enero de 2021.
3.  Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, salvo lo relativo a la duración de la prestación que se 
extenderá hasta la fecha indicada en el apartado 1.
Artículo 3.  Subsidio por desempleo excepcional para personal técnico y auxiliar del  s
sector de la cultura. oe.
1.  Serán beneficiarias de este subsidio por desempleo excepcional las personas  490ww
tprearbsaojnaadlo tréacsn qicuoe o h aauyaxinli apr reesnt aedl os escutos r sdeerv liac iocsu lttuerma ppoarraalm reeanltieza pcoiórn c duee nutan  aejveennato c, oumnao 
obra o espectáculo público, cualquiera que sea el medio o soporte de difusión, y que 
cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar en la fecha de la solicitud del subsidio excepcional inscritos como 
demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, y suscribir el compromiso de 
actividad.
b)  No estar trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena a jornada completa en 
la fecha de la solicitud del subsidio ni en la de nacimiento del derecho.
c)  Haber cesado en el último trabajo en un contrato temporal por cuenta ajena con 
situación legal de desempleo, sin estar trabajando por cuenta propia en la fecha del cese.
d)  No cumplir los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo ni a la 
prestación por cese de actividad previstas en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, ni haber sido beneficiarios de alguna de las medidas extraordinarias de 
protección por desempleo aprobadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
derivada de la COVID-19.
e)  Acreditar, desde el 1 de agosto de 2019 hasta la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto-ley, un periodo de ocupación cotizada en el Régimen General de la Seguridad 
Social de, al menos, treinta y cinco días, que no haya sido computado para el 
reconocimiento de un derecho anterior, y durante el cual se haya trabajado por cuenta 
ajena como personal técnico o auxiliar para empresas del sector de la cultura incluidas en 
alguna de las actividades previstas en los códigos CNAE 5912, 5915, 5916, 5920, o entre 
el 9001 y el 9004.
2.  El plazo para presentar la solicitud del subsidio regulado en este artículo será de 
quince días a partir del siguiente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley. 
Solicitado dentro de este plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la entrada 
en vigor de este real decreto-ley. En todo caso, los requisitos exigidos para el 
reconocimiento del subsidio, salvo la inscripción como demandante de empleo, deberán 
concurrir en el momento de entrada en vigor del presente real decreto-ley.
3.  La empresa o empresas del sector cultural en las que el trabajador haya cesado 
deberán remitir a la entidad gestora el Certificado de Empresa si no lo hubieran hecho 
con anterioridad, a través de Certific@2. En el supuesto de que, por el tiempo 
transcurrido desde el cese, la empresa no estuviera en condiciones de presentar dicho 
certificado, el trabajador deberá aportar certificación de la empresa que acredite haber 
trabajado por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar en el sector de la cultura 
para la realización de un evento, una obra o espectáculo público. De no ser posible por 
desaparición o negativa de la empresa, será suficiente una declaración responsable 
donde haga constar que la actividad realizada en la empresa reúne las condiciones 
recogidas en el apartado 1.
4.  La duración del subsidio excepcional será de tres meses, y no podrá percibirse en 
más de una ocasión.
5.  La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del indicador público de rentas 
de efectos múltiples mensual vigente, con independencia de que los días trabajados por 
cuenta ajena en el sector cultural lo hayan sido a jornada completa o a tiempo parcial.
6.  El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la realización de 
trabajo por cuenta propia o ajena a jornada completa, así como con la percepción de 
cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 
por cualquier Administración Pública. Es compatible con la realización de trabajo por 
cuenta ajena a tiempo parcial, en cuyo caso, se deducirá de su cuantía la parte proporcional  e.e
al tiempo trabajado. w.b
7.  En lo no previsto en este artículo se aplicará lo dispuesto en el título III en el texto  490ww
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Artículo 4.  Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales 
taurinos.
1.  Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, con carácter 
excepcional y transitorio, se reconoce el acceso extraordinario a la prestación contributiva 
por desempleo, en los términos previstos en este artículo, y siempre que no hubiera podido 
accederse a la misma ordinariamente, a profesionales taurinos que lo soliciten y que, con 
fecha 31 de diciembre de 2019 figurasen en el censo de activos a que se refiere el 
artículo 13.2.a) del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que integran los 
Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de 
Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General, así como 
se procede a la integración del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
El derecho nacerá a partir del día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-
ley, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes a dicha fecha. 
Solicitado fuera de este plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente a la solicitud.
Para acceder a esta prestación, las personas solicitantes deberán, además, cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social, a excepción de encontrarse en situación de alta o asimilada al alta. A 
estos efectos, si los solicitantes figuran el día 31 de diciembre de 2019 de alta en el censo 
de activos a que se refiere el artículo 13.2.a) del Real Decreto 2621/1986, de 24 de 
diciembre, se les reconocerá estar en situación legal de desempleo, así como tener 
cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no estén percibiendo o hayan 
optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria prevista en el artículo 262 y 
siguientes del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
La base reguladora de la prestación por desempleo será la base de cotización mínima 
vigente por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de categorías profesionales 
del Régimen General de la Seguridad Social.
2.  La prestación será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades 
por cuenta propia o por cuenta ajena. También es incompatible con cualquier otra 
prestación, renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 
por cualquier Administración Pública.
Una vez reconocido el derecho a la percepción de la prestación, se suspenderá 
mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. La 
suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, que se 
reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción 
que corresponda.
3.  El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo quedara 
extinguido el día 31 de enero de 2021, con independencia de los días de derecho que 
hasta esa fecha se hayan consumido.
Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por 
desempleo a los efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición adicional primera.  Suspensión temporal del requisito de acreditación de 
búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y al 
subsidio extraordinario por desempleo.
Hasta el 31 de enero de 2021 queda suspendida la aplicación de lo dispuesto en el  e.e
tercer párrafo del artículo 2.1.b) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el  b
que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales  490ww
naepcaertsaiddaod 4e sd eec loan dóimspicoassi cyió dni fiacduilctaiodn paal rvai geénsciomnatr asré petmimpale od,e yl  teenx tloo sr epfáurnradfiodso  ad)e y  lab ) Ldeeyl 
Gocetunebrrael,  ddee  lfao rSmeag uqruidea pda Srao sciearl ,b aepnreofbicaiadroio p doer le pl rRoegaral mDeac dreet ore Lnetag iasclatitvivao d 8e/ 2in0s1e5r,c dióen 3 o0  ddeel 
subsidio extraordinario por desempleo regulados en dichos preceptos, no se exigirá a sus
solicitantes que acrediten haber realizado previamente acciones de búsqueda activa de 
empleo.
Disposición adicional segunda.  Determinación de la duración del subsidio por desempleo 
para los trabajadores fijos discontinuos.
A los exclusivos efectos de determinar la duración del subsidio por desempleo de los 
trabajadores fijos discontinuos a que se refiere el artículo 277.4 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, se entenderán como trabajados los periodos durante los cuales aquellos 
hayan sido beneficiarios de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 25.6 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Disposición transitoria única.  Solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas o 
resueltas favorablemente al amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
1.  Las solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de resolución 
a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con lo 
establecido en éste.
2.  En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley, sin que se hubiera agotado la prestación, se 
reconocerá de oficio la ampliación de su duración con arreglo a lo previsto en artículo 2.
3.  Los beneficiarios que hubieran agotado la prestación reconocida al amparo del 
artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, podrán presentar nueva solicitud, para el reconocimiento de su 
derecho por el periodo establecido en el artículo 2.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
Se añade un nuevo apartado 2 bis al artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, con la siguiente redacción:
«2 bis.  En la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo 
previstos en los apartados 1 y 2, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social será potestativa para la autoridad laboral.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como 
de la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. e.e
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario y ejecución. 490ww
edne seaSl reáro mhllabobi tyoil i etdajee ac sul uGcsió ocnbo imedrepn eloot  eydn iasc pilaausse,  spatoe d riescnota nera scstue ta itrnuetlaaalsr ed dsei csdrpeeo tosloi-cslei odyn.eepsa rsteaamne nnetocse smairniaisst epraiarale se,l   OE-A-2020-13able en https://
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN