BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 108 Jueves 6 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 54454
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
7532 Resolución de 28 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado y Minas de Almadén y Arrayanes, 
SA, S.M.E.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Presidente de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA), han suscrito un 
Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 28 de abril de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA)
23 de abril de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del 
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por 
Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE número 158, quien actúa en virtud de la 
delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7 d) de la Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.
De  otra  parte,  don  Emiliano  Almansa  Rodríguez,  actuando  en  nombre  y 
representación de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA), con domicilio 
social en calle Velázquez, 134 Bis, 2.ª Planta, 28006, Madrid y NIF ***764***, en su 
condición de Presidente, cargo para el que fue nombrado el 26 de diciembre de 2018 en 
virtud de acuerdo del Consejo de Administración.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el  e.
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica  w.
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto  32ww
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oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (en adelante, MAYASA) es una 
sociedad  mercantil  del  sector  público  estatal  de  las  previstas  en  el  art.  84  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, integrada en la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), teniendo por objeto principal el 
fomento de proyectos industriales, turísticos y culturales e implantación de iniciativas 
para el desarrollo de proyectos de investigación y de nuevas tecnologías relacionadas 
con el mercurio; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, 
que  ejerce  sus  funciones  con  autonomía  e  independencia  respecto  de  las 
Administraciones Públicas.
Tercero.
Que MAYASA de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 29 de abril 
de 2019, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a  MAYASA,  ambas  partes  consideran  conveniente  la  designación  por  el  Abogado 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «Convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a MAYASA por medio de los 
Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica comprenderá tanto el 
asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado. es
MAYASA colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los  o
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997,  w.
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Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, MAYASA se reserva la facultad 
de ser asesorada, representada y defendida por Abogado y, en su caso, procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de MAYASA, y 
del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, MAYASA será asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre MAYASA y otra entidad convenida, 
por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el 
proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del 
Estado  antes  de  personarse  en  estos  supuestos  elevarán  consulta  a  la  Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga 
se formalizará mediante adenda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
de dicha Ley.
Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en 
el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el  bo
Convenio, MAYASA satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio  32ww
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enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. MAYASA deberá efectuar el
ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea MAYASA corresponderá a ésta el abono de 
las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
MAYASA.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la  s
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se  oe.
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá  w.
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e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. Bc
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 29 de abril de 2019, sin necesidad de realizar liquidación 
adicional alguna. En consecuencia, el presente Convenio sustituirá en su totalidad al 
extinto Convenio firmado por las partes en fecha 29 de abril de 2019.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Presidente de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E., 
Emiliano Almansa Rodríguez.
ANEXO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del Convenio, la comisión de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., S.M.E. (MAYASA):
El Presidente.
El Director Financiero y de Control.