BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Lunes 9 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 97602
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
13671 Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Junta de Andalucía y la 
Diputación  Provincial  de  Cádiz,  para  la  constitución  de  la  Junta  Arbitral 
Provincial de Consumo de Cádiz.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, en fecha 2 de agosto de 2021, Convenio para 
la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Cádiz, que figura como anexo a 
esta resolución, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
Madrid, 3 de agosto de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, para la constitución de la Junta 
Arbitral Provincial de Consumo de Cádiz
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, de acuerdo 
con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se 
nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 61 letra 
k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, nombrado para este cargo por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de 
enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 14, de 22 de enero de 2019, y corrección de errores en BOJA Extraordinario 
núm. 1, de 22 de enero de 2019), actuando en ejercicio de las facultades que le vienen 
conferidas por Decreto del Presidente 2/2019, de 22 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz 
de Salud.
Y de otra, doña Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado en fecha 27 de junio de 2019, en uso de las 
competencias que le resultan atribuidas en el artículo 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud del Acuerdo de Pleno de fecha 21 de 
abril de 2021 que le faculta para la firma del presente convenio.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo, de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial de Cádiz. e.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y w.
EXPONEN
los cEoln asrutímcuidloo r5e1s  yd eu slau aCrioonss, tpitruoctieógni einnsdtoa,  ma elodsia pnoted eprreosc epdúibmliiceonsto as  egfaicraancteizsa, rla l as edgeuferindsaad ,d lae 
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro primero, 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece el 
régimen  jurídico  del  Sistema  Arbitral  de  Consumo,  facultando  al  Gobierno  para  que 
reglamentariamente  establezca  su  organización,  gestión  y  administración,  así  como  el 
procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, de 15 
de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el cauce para 
que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin 
merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes, incorporando, 
asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, completa 
el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y gestión del 
Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de 
Consumo, tal como se recoge en la letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 27 de abril de 2001, se constituyó la Junta Arbitral Provincial 
de Consumo de Cádiz (en adelante, la Junta Arbitral), realizando desde entonces una 
importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, conscientes de la necesidad de 
facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta 
la experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral Provincial de Consumo de 
Cádiz, con sede en Cádiz, cuyo ámbito territorial viene determinado por el propio de la 
provincia  de  Cádiz,  conocerá,  con  carácter  prioritario,  de  las  reclamaciones  de  los 
consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de 
conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo o 
disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Diputación Provincial de Cádiz impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral, comprometiéndose 
a solicitar ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, en el plazo de  e.e
un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de  b
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2017,  671ww
dDeir ec2t ivdae 2 0n1o3v/i1e1m/UbrEe,,  dpeol rP alarl amqueen tos eE uirnocpoerop oyra  deall  Coorndseenjaom, dieen to2 1 judreíd imcoa yoe sdpea ñ2o0l 13la, 
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
2.  El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Diputación Provincial 
de Cádiz, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema 
Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias.
3.  La Diputación Provincial de Cádiz facilitará información sobre la designación de la 
Presidencia y la Secretaría de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El  Ministerio  de  Consumo  y  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  facilitarán  el 
asesoramiento  técnico  y  jurídico  necesario  para  el  desarrollo  del  Sistema  Arbitral  de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Cádiz.
5.  Las  Instituciones  firmantes  se  comprometen  a  difundir  el  Sistema  Arbitral  de 
Consumo  para  su  conocimiento  por  los  ciudadanos  en  general,  empresas  y  agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión de 
Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a través 
de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución firmante, 
correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de Consumo del 
Ministerio de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo no 
previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 3.ª 
del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los requisitos 
legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo  de  las  partes,  antes  de  su  finalización  por  un  período  de  hasta  cuatro  años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su  es
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las  o
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  671ww
Sectao)r  PPúobrli ceol , tarasní sccoumrsoo l adse sl ipgluaizeon tperse:visto para solicitar la acreditación de la Junta Arbitral
cdoemneog aEcniótind.ad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud o su  BOE-A-cable e
b)  La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser 
comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres 
meses.
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando  una  de  las  partes  considere  que  cualquiera  de  las  otras  partes  está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará mediante 
comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. Este 
requerimiento  será  comunicado  igualmente  a  los  representantes  de  la  Comisión  de 
Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no superior a un mes, 
a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la Comisión de Seguimiento 
podrá  decidir  sobre  la  adopción  inmediata  de  las  medidas  correctoras  oportunas  para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la Comisión 
de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo con el 
objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. La Comisión 
de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del Convenio, sobre 
la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en el artículo 52.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no dispuesto 
en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se comprometen a 
resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento las discrepancias 
que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que 
pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la 
ejecución y cumplimiento pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la Comisión de 
Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos Garzón 
Espinosa.–El Consejero de Salud y Familias, Jesús Ramón Aguirre Muñoz.–La Presidenta de 
la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García Macías.