BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47525
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6605 Sala Segunda. Sentencia 59/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 6503-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:59
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6503-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 10 de 
enero de 2019, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 355-2018 instado por 
la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el auto del mismo juzgado, de 23 de 
septiembre  de  2019,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la 
anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Se ha personado la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 13 de 
noviembre  de  2019,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., bajo la defensa de la 
letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 05www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43.357 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 6 de junio de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  355-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 15 de junio de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000355/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 15 de junio y 31 de 
julio de 2018.
c)  El 25 de julio de 2018 por personal de la recurrente se accedió al enlace remitido 
por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el juzgado 
de  primera  instancia  ejecutor  en  relación  con  el  procedimiento  hipotecario  núm. 
355-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado electrónico que obra en las actuaciones del proceso, dejando constancia de 
que la notificación había sido «aceptada».
d)  El 31 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
e)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto el 10 
de enero de 2019, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones, S.L., Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por el 
procurador don Antonio Serrano Caro por estar presentada fuera de plazo, contra Banco 
de Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los 
plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 de la LEC, que transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo 
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal».
f)  Por el representante procesal de la demandante de amparo se interpuso recurso 
de  reposición  contra  el  anterior  auto.  En  el  recurso  defendió  que  la  notificación  y  e.e
requerimiento  de  pago  tuvo  lugar  cuando  accedió  al  contenido  de  la  notificación  b
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de  05ww
dloies za rdtísa. s1 d3e5l,  a1r5t.2 .515.26. 3d,e 1 la5 5L.2e,y  1d6e2  eyn 2ju7ic3i aLmEiCen, tyo  dcoivcitlr i(nLaE Cde).  eCsoten  Tinrivboucnaacli óCno ntasmtitbuicéino ndael 
psorobcrees eall ,d earfiermchóo  qau neo d pea dneoc teern ienrd eefl ejunzsgióand yo  lpao imr fpoormrtaunlacdiaa  dseu  lodse macatnods ad ed ec oompousniicciaócni óanl 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
g)  El juzgado ejecutor dictó auto el 23 de septiembre de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes [sic], las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) de la LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 de la LEC ‘[e]n cualquiera de los supuestos a los que se refiere este 
artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos 
medios  técnicos,  salvo  los  practicados  a  través  de  los  servicios  de  notificaciones 
organizados  por  los  colegios  de  procuradores,  transcurrieran  tres  días  sin  que  el 
destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada 
legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y estas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción’.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de 
justicia  establecen  que  ‘[l]as  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible al remitente y al destinatario de las mismas’; y ‘[e]l sistema de notificación 
permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su 
contenido. En caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios 
electrónicos,  se  procederá  a  imprimir  la  resolución  y  la  documentación  necesaria, 
procediéndose a la práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las 
leyes  procesales  e  incorporándose  a  continuación  el  documento  acreditativo  de  la 
práctica  del  acto  de  comunicación,  debidamente  digitalizado,  al  expediente  judicial 
electrónico. En todo caso, el destinatario del acto de comunicación tendrá derecho a 
obtener copia de la documentación recibida en formato electrónico’.
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el ámbito territorial del 
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet determina que "[s]erá de 
aplicación a los actos de comunicación realizados a través de la sede judicial electrónica 
lo dispuesto en el artículo 162.2 de la Ley de enjuiciamiento civil". e.
A tales efectos resulta clarificador el acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala  w.b
Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2.016 (LA LEY 72866/2016): "Cuando haya  05ww
hcoánbsiletasn sciina  qduee  leal  dcoersrteincatata rrieom aicscióend ad eal  sauc ctoo ndteen icdoom, suen iceancteiónnd eyr át rqaunes clau rcraonm utrneisc adcíióans 
rheam  sisidióon  deefe lcat ucaodmau nciocna cpiólenn toasl  y ecfoemctoo ss ep croocnesstaatlae sp. oPr eolr  letatrnatdoo,  dceo nlas taadnmdoin icsotrrarecicótna  dlea 
justicia, el hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9
de  diciembre  de  2017  no  es  determinante  de  nulidad  de  actos  por  cuanto  la 
comunicación se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se 
desestima el recurso".
En  parecidos  términos  se  han  manifestado  la  Sección  Tercera  de  la  Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca (sentencia 180/2018), o las Secciones Cuarta y Quinta 
de  la  Audiencia  Provincial  de  Murcia  (auto  68/2018  y  sentencia  109/2018, 
respectivamente),  dando  validez  a  la  notificación  a  personas  jurídicas  por  canales 
electrónicos.
De igual modo el Informe 12/2018 de la Comisión de consultas doctrinales del 
Colegio de Registradores de la Propiedad respondiendo a una consulta elevada por el 
Centro de estudios hipotecarios de Murcia, con carácter doctrinal y dejando a salvo la 
libertad de calificación se llega a las siguientes conclusiones:
a)  La exigencia legal de la fijación de un domicilio trata de conjugar la agilidad del 
procedimiento de ejecución, facilitando al acreedor el requerimiento al deudor, con la 
tutela judicial efectiva del mismo, evitando su indefensión, por lo que no se considerará 
obstáculo que impida la inscripción el hecho de que el requerimiento de pago al deudor, 
hipotecante no deudor o tercer poseedor, cuando se trate de personas jurídicas, se haya 
efectuado por medios electrónicos, siempre que del decreto se desprenda que este 
requerimiento se ha realizado.
b)  Si ese requerimiento electrónico ha sido fallido, al menos cuando la persona 
jurídica a notificar o requerir no haya sido la impulsora del procedimiento y no conste 
inscrita una dirección electrónica, no puede considerarse que el mismo se ha realizado y, 
a efectos de la inscripción de la ejecución hipotecaria, debe exigirse que la notificación 
se haya intentado también en el domicilio que conste en el registro y, en su caso, en el 
domicilio real personal al que se ha referido este informe.
c)  Se trata, en todo caso, de que la notificación se realice efectivamente en la 
persona que deba recibirla, de modo que la circunstancia de que figure un domicilio en el 
registro  a  efectos  de  notificaciones  únicamente  trata  de  dar  efectividad  a  esta 
comunicación,  facilitando  el  desarrollo  del  procedimiento,  pero  sin  que  pueda 
considerarse un impedimento la circunstancia de que el requerimiento se efectúe por 
otros medios. A la inversa, la existencia de un domicilio electrónico, no puede excluir la 
posibilidad de efectuar la notificación en el domicilio personal pactado o real, si aquella 
resulta infructuosa.
d)  Por último, mientras no se modifique el artículo 682 de la Ley de enjuiciamiento 
civil, no se considera que sea defecto la ausencia, en la escritura de constitución de 
hipoteca, del domicilio electrónico a efecto de las comunicaciones con las personas 
jurídicas afectadas.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 15/06/2018 no accediendo al contenido hasta el día 25/07/2018 
(fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de 
oposición a la ejecución en fecha 31/07/2018 claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el art. 556.1 de la LEC (dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al art. 136 de la 
LEC transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal 
de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que 
se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia 
legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la  bo
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 10 de enero  05ww
tdrea v2é0s1 d9e, lf useisrtoenm nao Ltiefixcnaedto, sta pl ocro mel oju ozbgraad eon a lla ps raocctuuraacdioorn edse. la demandante de amparo a
interNpoutsifoic eald por easseí netel  raeuctuor sdoe. 23 de septiembre de 2019, por la indicada mercantil se
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 23 de septiembre de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se han expuesto sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
Ley  del  procedimiento  administrativo  común,  que  considera  inaplicable  al  ámbito 
procesal civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales existe una 
normativa  propia  detallada  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  según  ha  expuesto, 
ensamblada en el haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un segundo otrosí digo, el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 355-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 29 de junio de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta una faceta de un 
derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 
a)], o bien que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina 
como  consecuencia  de  cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del 
contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) constatar que el 
testimonio de las actuaciones ya había sido remitido a requerimiento de la Secretaría de 
Justicia de la Sección y emplazar a través del juzgado ejecutor a quienes hubieren sido 
parte  en  el  procedimiento  excepto  la  parte  recurrente  en  amparo;  y  (iii)  formar  la 
correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  Por  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  tribunal  el  11  de  septiembre 
de 2020, la procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu con la asistencia 
letrada de don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la  e
entidad Pera Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como  bo
personada  y  parte  recurrida  en  lugar  de  la  ejecutante  Banco  de  Sabadell,  S.A.,  05ww
eJunstetinfidcaiébnad ossue p ectoicnió nd iecnh ala  persoccruitruardao drea  cleassi óanc otunaecroiosnae ds e scurcéedsitiovsa sh ipdoet eceasrteio sp sroucsecrsiota. 
ecofenc tBivaan pcoe rsdoen Sacaibóand eenll,  eSl .pAr.o, cceosmo od ec eedjeecnutec,i óont odrognaddea  feule 2 a3c odred ajudloio  sdue  e2m0p1l9a,z aym eine nstou 
ante este tribunal.
6.  Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección 
Cuarta de 28 de octubre de 2020 se acordó: (i) tener por personada y parte a la 
procuradora señora Munteanu en nombre y representación de la sociedad indicada y (ii) 
dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por 
plazo común de veinte días para presentar alegaciones de conformidad con lo previsto 
en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
7.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 13 
de  noviembre  de  2020,  por  el  que  interesó  de  este  tribunal  que  dictara  sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  355-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con 
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de 
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y 
jurídica procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  2  de  diciembre  de  2020,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del 
Tribunal Constitucional que resuelve el recurso de amparo 5377-2018 promovido por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., «en un asunto prácticamente igual al del 
presente recurso de amparo» que refuerza las exigencias para llevar a efecto el primer 
emplazamiento. Abunda en su procedencia por haber obtenido el amparo deducido en el 
recurso  de  amparo  núm.  5379-2018  interpuesto  por  la  misma  recurrente  Penrei 
Inversiones, S.L., y que motivó la STC 43/2020, de 9 de marzo.
9.  No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Pera Assets Designated Activity Company.
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm. 109/2020, de 21 de septiembre, se acordó: «1.º Denegar la suspensión cautelar 
solicitada […]. 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Por  la  Secretaría  de  Justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  11  de  diciembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera. e.e
12.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  marzo  de  2021,  se  señaló  para  05ww
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, de 10 de enero 
de 2019 y 23 de septiembre de 2019, recaídos en el proceso hipotecario núm. 355-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda. 
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa  e
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y  bo
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano  05ww
yjuad ichiaa l, d«eacclaarraredao  peosrt eta ntrtiob ulan acl onecnu lvcaarcioiósn  rdeec uarqsuoesl  ddeer eacmhop afruon draemfeerindtoasl» ,a t apl ryo cceosmoos 
lparbeocrisaalemse, nctivei leens  ayp cliocancciuórns adlee sla,  qduoec trsien ae dsep erceiffeicraenn ceian. el mismo fundamento jurídico 3,
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 10 de enero de 2019 y 23 de septiembre 
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  355-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.