BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 188 Jueves 9 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 49076
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7531 Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida  por  la  registradora  de  la  propiedad  de  El  Rosario-Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, por la que suspende la inscripción 
de un mandamiento expedido por el recaudador ejecutivo de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 1 de 
Santa Cruz de Tenerife.
En el recurso interpuesto por don F. J. R. B., letrado de la Administración de la 
Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de El 
Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, doña María Azucena Morales 
González, por la que suspende la inscripción de un mandamiento expedido por el 
recaudador  ejecutivo  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Hechos
I
En mandamiento expedido el día 23 de octubre de 2019 por don J. M. S. T., 
recaudador  ejecutivo  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  Unidad  de 
Recaudación  Ejecutiva  número  1  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  se  solicitó  anotación 
preventiva  de  embargo  sobre  la  finca  registral  número  44.053  del  Registro  de  la 
Propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de 
la Tesorería General de la Seguridad Social contra la entidad mercantil «Tintorería Los 
Príncipes, S.L.».
II
Presentado el citado mandamiento en el Registro de la Propiedad de El Rosario-Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«María Azucena Morales González, registradora de la Propiedad de El Rosario-Área 
Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.
Previa  calificación  del  documento  que  antecede,  mandamiento  expedido  el  día 
veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, por don J. M. S. T., Recaudador Ejecutivo de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva número 
Uno de Santa Cruz de Tenerife, para el expediente administrativo de apremio número 38 
01 17 00167503 de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 del 
Reglamento para su ejecución, la Registradora que suscribe ha resuelto suspender la 
inscripción  del  documento  que  antecede  por  los  hechos  a  los  que  se  aplican  los  es
siguientes fundamentos de Derecho: o
En el precedente mandamiento se solicita anotación preventiva de embargo sobre la  31ww
rTeegsiosrtrearlí a 4G4.e0n5e3r,a lú ndiec al ap eSretegnuericdiaedn teS oac iaels tceo ndtrisat riltao  ehniptiodtaedc amrioe,r caan tiinl sTtainntcoiraesr íad eL olas 
Príncipes, S.L.
Según el Servicio General de Índices de los Registradores de España y de la 
información  obtenida  del  Registro  Público  Concursal  del  Ministerio  de  Justicia  vía 
consulta por internet, la entidad titular de la finca se encuentra sujeta a la Ley Concursal.
Si bien la situación concursal de la mercantil ejecutada no consta anotada en este 
Registro de la Propiedad, dicha situación resulta, como se ha dicho, de las consultas 
indicadas; siendo doctrina actual de la DGRN que el Registrador de la Propiedad no sólo 
puede, sino que debe consultar el contenido del Registro Mercantil, pudiendo servirse 
para ello de las nuevas técnicas informáticas y telemáticas, como se desprende de las 
Resoluciones de fechas 16 y 27 de febrero de 2012.–Señalando además, en relación 
con la apreciación por el Registrador de la Propiedad de la situación concursal de una 
mercantil que le conste por tales medios, que “la declaración de concurso produce todos 
sus efectos desde la fecha del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo 
aunque no sea firme (artículo 21.2 de la Ley Concursal)”, y que respecto de la posible 
publicidad de ello mediante asientos en los Registros de la Propiedad, “tales asientos no 
constituyen propiamente una carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de 
dicho titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, como son las inscripciones 
de incapacidad a que se refiere el artículo 2.4 de la Ley Hipotecaria”; añadiendo que “no 
teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción 
o anotación en el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de 
declaración de concurso (cfr. artículo 21.2 de la Ley Concursal), no pueden subordinarse 
su  efectividad  a  su  constancia  registral,  pues  son  una  consecuencia  del  régimen 
sustantivo previsto en la Ley Concursal 22/2003 de 9 de Julio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la indicada Ley. “1. Declarado el 
concurso,  no  podrán  iniciarse  ejecuciones  singulares,  judiciales  o  extrajudiciales,  ni 
seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
Hasta  la  aprobación  del  plan  de  liquidación,  podrán  continuarse  aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de 
embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor....”; y en el artículo 56 que parcialmente se 
transcribe:  “...5.  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  artículo  y  en  el  anterior, 
corresponderá  al  juez  del  concurso  determinar  si  un  bien  del  concursado  resulta 
necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.”
Esta falta se califica de subsanable no tomándose anotación por defecto subsanable 
al no haber sido solicitado por el presentante.
Contra la precedente nota podrán recurrir (…)
El Rosario, a 11 de noviembre de 2019. La registradora Fdo.: María Azucena Morales 
González.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don F. J. R. B., letrado de la Administración de 
la Seguridad Social, en nombre y representación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, interpuso recurso el día 2 de diciembre de 2019 en el que exponía lo siguiente:
«Motivos. s
Único.–Como se expuso con anterioridad, la lima. Registradora califica el documento  w.b
negativamente esgrimiendo como argumento el art. 55.1 de la Ley Concursal, el cual cita  31ww
iyn dtruacnidsocr aib eta le cna lisfiuc accaiólifnic.ación. No obstante, adolece de un error de premisa que ha
no  Epofedcrtáivna mineicnitaer seel  aertje. c5u5c.1io dnee sl a sLinegyu Claornecsu, rsjuadl ipciraelveés  qou ee: x“1tr.a Djuedciclaiaraledso,  enl i cosengcuurirssoe, 
apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
Hasta  la  aprobación  del  plan  de  liquidación,  podrán  continuarse  aquellos 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de 
embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor”.
Sentado lo precedente, ha de aclararse que la Social concursada lo fue mediante 
Auto de fecha 9 de mayo de 2019, como se acompaña al presente. Sin embargo, la 
ampliación de embargo preventivo sobre la registral que se pretende inscribir, fue objeto 
de traba con fecha 17 de diciembre del 2018 y notificada a la Social ahora concursada, 
así como a los acreedores preferentes, como se acredita mediante documentación que 
mediante el presente recurso también se aporta; es decir, la diligencia de embargo, el 
acto ejecutivo, es anterior a la declaración del concurso de la entidad sometida al 
procedimiento de ejecución universal.
Expuesto lo anterior, entiende la Tesorería General de la Seguridad Social que el 
mandamiento de ampliación sobre la registral ut supra referenciada debe acceder al 
Registro Público, pues de la dicción del art. 55.1 de la Ley Concursal se colige que el 
legislador lo que pretende es que no se inicie –término que expresamente emplea el 
artículo– ejecuciones singulares o de apremio tras la declaración del concurso. Pues 
bien, de la hermenéutica teleológica y literal (art. 3 CC) del artículo precitado de la Ley 
Concursal,  tan  sólo  cabe  concluir  que  el  mandamiento  de  ampliación  de  embargo 
preventivo  ha  de  ser  inscrito;  pues  no  se  trata  de  una  ejecución  iniciada  tras  la 
declaración del procedimiento universal de ejecución, sino de un acto previo como se 
acredita mediante la diligencia de embargo notificada a la Social deudora, así como a 
sus acreedores preferentes, datada el 17 de diciembre del 2018.
Por último, y como contrapunto, se adjunta calificación positiva del Ilmo. Registrador 
de la Propiedad número 1 y 3 de San Cristóbal de la Laguna en relación a otra registral 
de ese distrito hipotecario incluida en la misma diligencia de ampliación de embargo 
preventivo, cuyo mandamiento se envió a dicho Registro Público en la misma fecha en la 
que fue enviada al Registro de la Propiedad del Rosario.
Corolario de todo lo anterior es que no existe motivo de censura jurídica que impida 
el acceso del mandamiento de ampliación de embargo preventivo frente a la registral que 
pretende inscribir la Tesorería General de la Seguridad Social en su legítima facultad de 
autotutela.»
IV
La registradora de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 2, 3 y 18 de la Ley Hipotecaria; 99 y 100 del Reglamento 
Hipotecario; 8, 10, 21.2, 24, 55 y 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; 25.2.º 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social;  artículo  50  del  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de 
Conflictos de Jurisdicción, de 11 de diciembre de 2012, 10 de octubre de 2013 y 11 de  e.
noviembre y 9 de diciembre de 2014, y las Resoluciones de la Dirección General de los  w.b
Registros y del Notariado de 7 de julio de 2012, 17 de enero, 8 y 11 de marzo, 9 de abril,  31ww
2d0e  mdea ymoa yy o2,  d1e4  judnei oju dneio ,2 0111 5d.e julio y 5 de agosto de 2013, 1 y 25 de julio de 2014 y 25
1.  Son datos a tener en cuenta para la resolución de este recurso los siguientes:
– En diligencia dictada por el recaudador ejecutivo de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social,  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  número  1  de  Santa  Cruz  de 
Tenerife, con fecha 17 de diciembre de 2018 se acuerda la ampliación de embargo sobre 
la registral 44.053, de la que es titular la entidad mercantil «Tintorería Los Príncipes, 
S.L.». En mandamiento expedido el día 23 de octubre de 2019, que fue presentado al 
día siguiente en el Registro de la Propiedad, se solicita anotación preventiva de la 
ampliación de embargo acordada.
– Según el Servicio General de Índices de los Registradores de España y de la 
información  obtenida  del  Registro  Público  Concursal  del  Ministerio  de  Justicia  vía 
consulta efectuada por la registradora por internet, la entidad titular de la finca se 
encuentra sujeta a la Ley Concursal. Si bien la situación concursal de la mercantil 
ejecutada no consta anotada en el Registro de la Propiedad.
– La declaración del concurso de acreedores de la sociedad deudora se produce por 
parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife mediante auto de 
fecha 9 de mayo de 2019, es decir, después de dictada la diligencia de ampliación de 
embargo, pero con anterioridad al momento de la presentación del mandamiento de 
embargo en el Registro.
– De la documentación aportada no resulta pronunciamiento alguno del Juzgado de 
lo Mercantil acerca del carácter necesario o no para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del concursado en relación con los bienes objeto de la traba 
administrativa.
La registradora suspende la anotación de embargo de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 55 y 56 de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.
El recurrente alega que no es aplicable el artículo 55, puesto que la diligencia de 
embargo, el acto ejecutivo, es anterior a la declaración del concurso de la entidad 
sometida al procedimiento de ejecución universal.
2.  Con carácter previo procede destacar la correcta actuación de la registradora al 
comprobar la situación de la sociedad titular de la finca por lo que se refiere a la situación 
de concurso, de obligatoria publicación en el «Boletín Oficial del Estado», inscripción en 
el  Registro  Mercantil  y  de  la  Propiedad  y  objeto  de  reflejo  en  el  Registro  Público 
Concursal,  su  toma  en  consideración  directa  por  el  registrador  viene  exigida  en 
cumplimiento estricto de los deberes que resultan de la Constitución y obligan desde su 
publicación a todas las Administraciones públicas.
Deberes que se concretan, en este supuesto, en la consulta de la información 
procedente  del  Registro  Público  Concursal,  no  solo  con  la  finalidad  depurar  datos 
confusos sino también para asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la 
legalidad de los asientos cuya inscripción se pide. Máxime cuando, como en este caso, 
en el Registro de la Propiedad no consta reflejada la situación concursal de la sociedad.
A este respecto debe recordarse que el reflejo en el Registro de la Propiedad de la 
situación de concurso no implica una carga o gravamen de la finca, sino una situación 
subjetiva de su titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, cuya publicidad 
registral evita el acceso al Registro de actos anulables o claudicantes y evita igualmente 
la aparición de un tercero hipotecario protegido. Ahora bien, la anotación o inscripción 
registral del concurso no tiene carácter constitutivo, pues los efectos del concurso se 
producen desde el mismo momento en que se dicta el auto que lo declara (artículo 21.2 
de la Ley Concursal). Por ello, no es preciso que conste en el folio de la finca la situación  e
subjetiva de su titular para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de  bo
los títulos correspondientes cuando tiene conocimiento de tal situación. 31ww
Dec3la. radEon traenl dcoo ennc uerls foo,n dnoo  depl ordercáunr soin, iecli aarrstíec uleoj e5c5u cdieo nlae sL esyi nCgounlacruerss,a l jduidspicoianlee:s « 1o. 
edxeturadjourd. icHiaalestsa,  nlia s eagpuroirbsea caiópnre mdeiol s paladnm indies traliqtiuvoidsa oci ótrnib, uptaordiorsá nc ocnotrnat ineul aprasteri maoqnuioe ldloesl 
procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de
embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del 
concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre 
que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor».
El apartado segundo del artículo 25 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, dispone que, en caso de concurso, los créditos por las cuotas de la Seguridad 
Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que 
sobre aquéllos procedan, así como los demás créditos de Seguridad Social, quedarán 
sometidos a lo establecido en la Ley Concursal. En el apartado tercero del artículo 50 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto  1415/2004,  de  11  de  junio,  dedicado  a  los  «procedimientos  de  ejecución 
universal», se establece que, si se hubiese dictado providencia de apremio antes de la 
declaración del concurso, se seguirá el procedimiento recaudatorio en los términos 
previstos  en  el  artículo  55.1,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  22/2003,  de  9  de  julio, 
Concursal.
Las exigencias legales establecidas en la normativa concursal, por tanto, se ciñen a 
que la diligencia de embargo sea de fecha anterior a la declaración de concurso y a que 
los  bienes  embargados  no  resulten  necesarios  para  la  continuidad  de  la  actividad 
profesional o empresarial el deudor. Son dos pues los requisitos que deben darse de 
forma cumulativa para que el apremio administrativo pueda continuar.
El  Tribunal  Supremo,  se  ha  pronunciado  al  respecto,  al  considerar  la  Sala  de 
Conflictos que la intervención del Juzgado de lo Mercantil se hace preceptiva para el 
inicio o continuación de las ejecuciones singulares. En la Sentencia de 11 de diciembre 
de 2012 se expresa esta doctrina con estos términos: «Quinto. El criterio que marca la 
preferencia del procedimiento administrativo o judicial desde la perspectiva temporal, no 
es en definitiva en las presentes actuaciones la fecha de la Providencia de apremio o de 
embargo, que queda claro que es anterior a la declaración del concurso, sino si, en la 
fecha en que esta declaración se produce, los bienes incursos en el procedimiento de 
apremio administrativo se han realizado o no. Si, como en el presente caso, en la fecha 
de declaración del concurso el Apremio administrativo no se ha terminado, el criterio 
relevante es el de si los bienes incursos en el mismo son necesarios o no para la 
continuidad  de  la  actividad  empresarial,  momento  en  el  que  el  procedimiento 
administrativo  pierde  la  preferencia  de  la  que  gozaba  inicialmente  por  razones 
temporales y queda sometida al concurso en los términos previstos en el art. 55 L.C. En 
efecto, cuando dicho precepto dispone en su párrafo 1.º que declarado el concurso no 
podrán seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, 
está reconociendo el principio de vis atractiva del proceso concursal respecto de las 
ejecuciones  y  apremios  sobre  bienes  y  derechos  de  contenido  patrimonial  del 
concursado, que corresponde conocer a la Jurisdicción Mercantil con carácter exclusivo 
y  excluyente,  cualquiera  que  fuere  el  órgano  que  los  hubiere  ordenado,  cuyas 
actuaciones debiera suspender tras producirse la declaración del concurso (…)». Con 
posterioridad,  y  en  el  mismo  sentido,  la  Sentencia  de  1  de  octubre  de  2013,  ha 
considerado en su fundamento cuarto: «Como se ha expuesto, la doctrina de este 
Tribunal distingue dos situaciones. Si el procedimiento de apremio ha terminado y el 
crédito a favor de la Administración ha sido cobrado no existe posibilidad de conflicto. Si 
no es así, si el procedimiento está en curso, es preciso determinar si los bienes resultan 
necesarios para la pervivencia de la actividad del concursado o, por el contrario, no lo  s
son, determinación que corresponde en exclusiva al Juez del concurso». oe.
Actualmente, así lo exige expresamente el artículo 56 de la Ley Concursal, según  w.
redacción dada por la a Ley 38/2011, de 10 de octubre, al determinar en su apartado  31ww
qaul ijnuteoz q udee l «cao lnocsu ersfeoc tdoest edrem lion adri sspiu eusnt ob ieenn  edsetel  acortníccuulros ayd eon  reels aunlttae rnioer,c ecsoarrreios ppoanrdae rlaá 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor».
Este Centro Directivo ha tenido ocasión de pronunciarse a este respecto tras la 
modificación operada en nuestra legislación concursal en el año 2011.
De  las  Resoluciones  contempladas  en  los  «Vistos»  ha  de  concluirse  que  es 
imprescindible  un  pronunciamiento  expreso  por  parte  del  juez  encargado  de  la 
tramitación del concurso sobre la naturaleza, el destino y la trascendencia de los bienes 
objeto de una eventual ejecución singular cuando el deudor ya se encuentra declarado 
en situación de concurso de acreedores. La competencia universal del Juzgado de lo 
Mercantil  plasmada  en  el  artículo  8  de  la  Ley  Concursal  hace  imprescindible  su 
intervención en cualquier actuación incidental o puntual que pudiera afectar a la masa 
pasiva  del  deudor  concursado  a  través  de  ejecuciones  de  carácter  singular  o 
independiente, ya sea originada por apremio ordinario o administrativo. La mencionada 
reforma de la Ley Concursal de 10 de octubre de 2011 consagró en una norma con 
rango de ley esta exigencia de intervención del juez competente para el concurso 
reclamada por nuestra jurisprudencia, y reiteró la suspensión y paralización de todo 
procedimiento de ejecución separada, hasta que se acredite por testimonio del juzgado 
oportuno el carácter no necesario de los bienes objeto de la traba.
La competencia del registrador para calificar documentos judiciales en el supuesto de 
ejecución hipotecaria frente a una sociedad declarada en concurso y en relación a 
bienes necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional ha sido 
expresamente reconocida por nuestro Tribunal Supremo en Sentencia número 454/2013, 
de 28 de junio, y número 674/2013, de 13 de noviembre, por lo que el mismo criterio 
debe mantenerse en relación con los documentos administrativos.
Por todo lo expuesto, debe considerarse que la falta de pronunciamiento del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife sobre el carácter necesario o no 
para la actividad profesional o empresarial del deudor concursado del bien objeto del 
embargo impide la anotación del mismo en el Registro de la Propiedad, ya que la 
anotación de embargo comparte la naturaleza de los actos comprendidos dentro del 
procedimiento de apremio y por ende su carácter ejecutivo no puede cuestionarse.
4.  Por último, respecto de las alegaciones del recurrente sobre el hecho de que se 
haya  anotado  el  embargo  en  otros  registros,  es  doctrina  reiterada  de  este  Centro 
Directivo que el registrador, al ejercer su competencia de calificación de los documentos 
presentados  a  inscripción  no  está  vinculado,  habida  cuenta  del  principio  de 
independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores,  como  tampoco  lo  está  por  las  propias  resultantes  de  la  anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de 
abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013 y 25 de julio y 3 de noviembre de 2017, entre otras).
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación de la registradora.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble 
en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del 
juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.
Madrid, 14 de febrero de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago. s