BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 340  Miércoles 30 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 122986
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17267 Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de 
apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
I
La situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia sigue 
exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo que se suman a las 
situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas 
como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones 
económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes.
Con el objetivo de atender a estas circunstancias descritas se adopta un conjunto de 
medidas sociales y económicas que a continuación se detallan.
Con la finalidad de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital se 
declara su exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos 
términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas 
en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de 
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas 
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a 
colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades 
habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y 
demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las 
personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, de modo que el ingreso 
mínimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideren exentas hasta un 
importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos 
múltiples.
Por otra parte, en virtud del real decreto 855/2008 de 16 de mayo, se otorgó a «ESCAL 
UGS, S.L.», la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas 
natural denominado «Castor». En el artículo 14 del citado Real Decreto 855/2008 de 16 de 
mayo, se preveía la compensación a la empresa concesionaria por el valor neto contable 
de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, siempre que estas 
continuaran operativas.
El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, 
determinó la extinción de la concesión del almacenamiento «Castor» y otorgó su 
administración a ENAGAS. Las inversiones realizadas por ESCAL en el almacenamiento 
se valoraron en 1.350.729 miles de euros, que fueron abonadas por ENAGAS a ESCAL.
El real decreto-ley reconoció a ENAGAS un derecho de cobro por dichas cantidades 
durante 30 años, autorizando su cesión a terceros, en cuyo caso estos pasarían a ser 
sujetos del sistema de liquidaciones del sistema gasista, con prioridad sobre el resto de 
pagos del sistema.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2017, de 21 de diciembre, declaró 
inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, el artículo 2.2, la disposición adicional primera 
y la disposición transitoria primera del citado Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre,  e.
que, entre otros aspectos, recogía los derechos de cobro de ENAGAS. w.
El Tribunal Supremo, en Sentencia 1404/2020 de la Sala de lo Contencioso- 267ww
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desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la
sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la 
citada notificación de conformidad con la normativa vigente.
En su sentencia, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso de las tres entidades, 
que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una «reclamación de responsabilidad 
del Estado legislador» en la que le instaban a la devolución del dinero aportado para 
indemnizar a la ex concesionaria de Castor por la paralización del almacén de gas.
La ejecución de la citada sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda al 
que, para poder proceder al pago de la misma, se le concede una ampliación del crédito 
destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
Para la obtención de la financiación necesaria para atender a su pago, dado el elevado 
importe fijado en la sentencia y las necesidades que el Estado ha tenido que afrontar para 
paliar los efectos económicos, sociales y sanitarios provocados por el COVID-19, se hace 
necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de 
recursos suficientes para financiarlo.
En las disposiciones finales se modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya que, en la coyuntura actual, en la 
que la pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis global sin precedentes, las 
contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales cobran especial 
importancia.
En estas instituciones es recurrente que tanto en la suscripción de acciones como en 
la reposición de fondos el plazo para formalizar el instrumento jurídico por el que se 
adquiere el compromiso finalice en el último mes del año natural y el plazo para realizar el 
primer desembolso comience en el año siguiente. El objetivo es habilitar de forma urgente 
el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gasto de aquellas 
contribuciones en las que los calendarios establecidos internacionalmente determinen que 
el primer desembolso de una contribución se realice en un año natural distinto (lo habitual, 
en el siguiente) a aquél en el que se adquirió el compromiso, atendiendo a lo establecido 
en el artículo 47.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Se considera que habilitar este mecanismo es una medida de extraordinaria y urgente 
necesidad para que España pueda integrarse en tiempo y en forma en los instrumentos 
que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar una respuesta 
global a la crisis de la COVID-19. La pandemia supone una crisis global, en la que un 
enfoque país a país resulta ineficiente y en la que los instrumentos multilaterales son la 
principal herramienta para canalizar financiación a las economías más débiles afectadas 
por el virus y para asegurar tanto el fortalecimiento de sistemas sanitarios como la compra 
de vacunas de forma equitativa en los países más pobres. España ha de estar en 
disposición de poder comprometer recursos en los plazos establecidos internacionalmente 
y con esta propuesta se asegura la implementación del mecanismo necesario para ello.
Asimismo, se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para efectuar la 
materialización de la reserva para inversiones en Canarias dotada con beneficios obtenidos 
en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a 
las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de la 
misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la realización de las 
inversiones y los resultados económicos en el año 2020.
II
Este real decreto-ley consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva  oe.
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perjuicio de la obligación de declarar el impuesto que incumbe a sus perceptores. Dicha
medida debe adoptarse con carácter urgente para que puedan beneficiarse cuanto antes  Bc
de sus efectos sociales y económicos dichos colectivos.
El artículo 2 tiene como objetivo dar adecuado y urgente cumplimiento a la sentencia 
1404/2020 del Tribunal Supremo que es de obligada ejecución en plazo.
La disposición derogatoria única incorpora una cláusula general de derogación de 
cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el real 
decreto-ley proyectado.
La disposición final primera recoge la modificación de la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuya modificación 
resulta urgente ante la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19 que ha 
generado una crisis global sin precedentes, y las contribuciones de España a las 
instituciones financieras multilaterales cobran una especial importancia para paliar sus 
consecuencias.
La disposición final segunda modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para ampliar en un año los plazos para efectuar 
la materialización de la reserva para inversiones en Canarias dotada con beneficios 
obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva 
relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como 
materialización de la misma, por los graves efectos que la pandemia ha producido en la 
realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020, lo que requiere 
una repuesta inmediata y urgente.
Las tres últimas disposiciones finales se refieren a al título competencial, la habilitación 
normativa, y la entrada en vigor, respectivamente.
III
En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su 
naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la 
aprobación de un real decreto-ley.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de urgente y extraordinaria necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con 
rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por 
razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (sentencia del Tribunal 
Constitucional 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y 
urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en 
él debe existir una «relación directa o de congruencia». Por tanto, para la concurrencia del 
presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, «la presentación explícita 
y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su 
aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro,  s
«la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la  oe.
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F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever  Bc
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en 
el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse 
demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de 
uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 
de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, 
FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la 
consolidada doctrina constitucional l, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6), 
«1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que 
supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular 
con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en 
el título I de la Constitución»; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que 
no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe 
constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y 
libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales 
derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) 
El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de 
reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido 
‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo 
que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad 
afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
IV
Este real decreto-ley responde a los principios de buena regulación de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia dado el interés general en el que se fundamenta la medida que se establece, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento  s
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de  oe.
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Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de  Bc
hacienda general.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas sociales
Artículo 1.  Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ingreso 
mínimo vital.
Con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se modifica la letra y) del 
artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«y)  La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, las 
prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en 
concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de 
subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas 
establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su 
normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia 
social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de 
alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas 
con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios 
económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el 
indicador público de rentas de efectos múltiples.
Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos 
violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas 
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de 
violencia de género por tal condición.»
CAPÍTULO II
Medidas económicas para la ejecución de sentencias
Artículo 2.  Concesión de una ampliación de crédito destinada al Ministerio de Hacienda.
1.  La ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo 1404/2020, de responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador, se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda, 
atribuyéndose la competencia para su ejecución y la autorización para la aprobación del 
correspondiente expediente de gasto a la persona titular de la Subsecretaría de Hacienda.
2.  Al objeto de proceder al pago de la ejecución de la citada sentencia, se concede  es
una ampliación de crédito por importe de 638.000.000 de euros en la aplicación  o
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Generales del Estado para el año 2018.
4.  Este crédito se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su 
importe con baja en otros créditos del presupuesto del Estado, no resultando de aplicación 
las limitaciones contenidas en el apartado 4 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
5.  Los expedientes de gasto y documentos contables asociados con la ejecución de 
este crédito quedarán exceptuados de los plazos recogidos en la Orden HAC/1074/2020, 
de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2020 
relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
Asimismo, quedarán exceptuados de lo dispuesto en los apartados sexto y séptimo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen 
los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales del 
Estado vigentes en el año 2019, se formaliza la distribución por secciones y se aprueban 
medidas para reforzar el control del gasto público.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida se 
modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 45 de la Ley 14/2000, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 45.  Actos de suscripción de acciones y de aportación de fondos a 
instituciones financieras internacionales.
1.  Los actos de suscripción de acciones o de aportaciones de fondos derivados 
de acuerdos de ampliación de capital o de reposiciones adoptados por los órganos 
competentes de los bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales 
de los que España sea miembro de derecho, la reposición de fondos en instrumentos 
multilaterales en los que España ya participa como donante y los desembolsos 
económicos que hayan de realizarse para cumplir las obligaciones contraídas por el 
Estado español como consecuencia de aquellos actos, sólo necesitarán el previo 
acuerdo favorable del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su 
caso, se cumplan los límites previstos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, de acuerdo con el calendario de pagos previsto.
El acuerdo se elevará al Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de 
Hacienda.
2.  Los expedientes de suscripción de acciones o de aportaciones de fondos en 
bancos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales y de reposición de 
fondos en instrumentos multilaterales, a los que se refiere este artículo, podrán 
ultimarse incluso con la formalización del correspondiente instrumento jurídico, aun  e.e
cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse  w.b
en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las  267ww
limitaciones que se determinen en la normativa presupuestaria aplicable.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Se introduce una nueva disposición transitoria octava en la Ley 19/1994, de 6 de julio, 
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria octava.  Ampliación de plazos vinculados a la Reserva para 
Inversiones en Canarias.
1.  El plazo máximo a que se refiere el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 
será de cuatro años para las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en 
Canarias dotada, en los términos señalados en su normativa reguladora, con 
beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016.
2.  El plazo a que hace referencia el párrafo primero del apartado 11 del artículo 
27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, será de cuatro años para las inversiones 
anticipadas materializadas en 2017.»
Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
hacienda general.
Disposición final cuarta.  Habilitación para la aplicación y el desarrollo y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda, en el ámbito 
de sus competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN