BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Lunes 26 de octubre de 2020 Sec. II.B.   Pág. 91966
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
12919 Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para 
provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de 
diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del 
orden civil, del orden penal o de los órganos con jurisdicción compartida, para 
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 
fecha 22 de octubre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 301.5, 
311.1 y 311.3 y 313 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, ha 
acordado:
1.  Convocar un proceso selectivo para la provisión de cincuenta (50) plazas, entre 
juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las 
materias propias de los órganos del orden civil, del orden penal o de los órganos con 
jurisdicción  compartida,  para  el  ingreso  en  la  Carrera  Judicial  por  la  categoría  de 
Magistrado o Magistrada.
2.  De las cincuenta (50) plazas de la convocatoria, quince (15) corresponden a 
órganos del orden jurisdiccional civil, quince (15) a órganos del orden jurisdiccional penal 
y veinte (20) a órganos con competencia compartida en materia civil y penal. Si en 
alguno de las anteriores especialidades resultara un número de personas aprobadas 
inferior al de plazas convocadas, las plazas sobrantes podrán acrecer a las de las otras 
especialidades en las condiciones y con los requisitos expuestos en las bases de esta 
convocatoria.
3.  De las plazas expresadas, la tercera parte se reservará a miembros del Cuerpo 
de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría, 
acreciendo a las del resto de juristas en el caso de no ser cubiertas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4.  Se reservarán una (1) plaza por cada una de las especialidades para ser cubiertas 
por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que superen las 
pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el 
desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el capítulo III del 
título I del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, cuyas previsiones 
resultarán de aplicación a este proceso selectivo.
Las plazas no cubiertas por este turno en alguna de las especialidades acrecerán a 
las otras y, subsidiariamente, acrecerán a las del turno libre.
En el caso de que alguna de las personas aspirantes que toman parte en el proceso 
por el turno de reserva para personas con discapacidad superase la oposición y no 
obtuviera plaza en ese turno, si su puntuación fuera superior a la obtenida por otros  s
aspirantes del turno libre, sería incluida por su orden de puntuación en este. oe.
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado al cupo de  w.
personas  con  discapacidad,  llamamientos  a  los  ejercicios  y  relación  de  personas  919ww
aprobadas.
5.  El proceso selectivo se ajustará en su desarrollo a las siguientes normas:
Parte primera. Bases de la convocatoria
Primera.  Normas aplicables.
El proceso selectivo para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de 
Magistrado o Magistrada entre juristas de reconocida competencia, con más de diez 
años de ejercicio profesional y especialización en las materias propias de los órganos del 
orden civil, del orden penal o de los órganos con jurisdicción compartida, se regirá por 
las normas contenidas en el presente acuerdo y, en lo no contemplado expresamente, 
por las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 
Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial.
Segunda.  Requisitos de las personas aspirantes.
1.  Para tomar parte en este proceso, se requiere ser mayor de edad, tener la 
nacionalidad española, poseer la licenciatura o el grado en Derecho y no haber incurrido 
en ninguna de las causas de incapacidad que recoge el artículo 303 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.
2.  Las personas aspirantes no deberán tener la edad de jubilación en la Carrera 
Judicial prevista en el artículo 386 de la misma Ley Orgánica, ni alcanzarla durante el 
tiempo que dure el proceso selectivo hasta la toma de posesión, según dispone el 
artículo 301.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3.  Será preciso contar con más de diez años de profesión jurídica y especializada 
en las materias objeto de los órdenes jurisdiccionales civil, penal o ambos, según la 
especialidad en la que se concurse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 311.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.
4.  El tiempo de ejercicio profesional se computará, para quien ejerza la función 
pública, desde su nombramiento en prácticas o desde la toma de posesión de su primer 
destino, certificada por el organismo del que dependa el Cuerpo o Escala y, para quien 
ejerza la abogacía, desde la fecha de la primera alta como ejerciente en cualquier 
Colegio, certificada por el Consejo General de la Abogacía.
5.  Los requisitos anteriores se entienden referidos a la fecha en la que expire el 
plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Tercera.  Presentación de solicitudes y documentación.
1.  Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el 
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas para el acceso a la Carrera 
Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio, que se facilitará gratuitamente en 
Internet, en el punto de acceso general (https://administracion.gob.es/PAG/ips), junto con 
la liquidación de la tasa de derechos de examen.
2.  La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá 
la exclusión de la persona aspirante.
3.  Las personas candidatas indicarán la especialidad correspondiente a los órganos 
del orden jurisdiccional civil, del orden jurisdiccional penal o a órganos con jurisdicción  s
compartida por la cual desean concurrir, no pudiendo participar simultáneamente en más  o
pdoer u 4cnu.  asulLqbaup ierporrace esdseeon .ltoasc imóne ddieo sla s isgouliiecintuteds :y el pago de la correspondiente tasa se realizará  2020-12919n https://www.
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convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido 
prestigio, pulsar la opción «inscribirse» y, a continuación, elegir la opción «realice su 
inscripción online», siguiendo las instrucciones que se le indiquen. Para optar por esta 
vía es necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica 
cl@ve o a través del DNI o certificado electrónico (más información para su obtención en 
http://www.clave.gob.es/clave_Home/clave.html  y  en  http://www.dnielectronico.es).  La 
presentación por esta vía permitirá:
– La inscripción en línea del modelo oficial.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud
– Adjuntar la documentación obligatoria para la fase de baremación de méritos, que 
deberá realizarse de conformidad con las instrucciones que aparecerán en la página web 
www.poderjudicial.es. En concreto:
i.  En su caso, las certificaciones que acrediten el derecho a la exención del pago de 
la tasa por derechos de examen.
ii.  Certificado al que se refiere el apartado tercero de la base segunda, al objeto de 
acreditar que cuentan con, al menos, diez años de ejercicio profesional.
iii.  Currículum adaptado al baremo recogido en la parte segunda de las normas que 
rigen la presente convocatoria.
iv.  Autovaloración, conforme a dicho baremo, de los méritos alegados.
v.  Documentación relativa a los méritos alegados.
Cuando la solicitud se presente en soporte electrónico, el pago de la tasa de derechos de 
examen se realizará a través de la misma plataforma, «Inscripción en pruebas selectivas del 
punto de acceso general» (http://administracion.gob.es/PAG/ips), en los términos previstos en 
la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, siguiendo las instrucciones que el sistema va 
indicando de forma guiada al completar la solicitud. Una vez completado el trámite, se podrá 
descargar el justificante de pago y de registro de la solicitud firmado electrónicamente. La 
constancia de correcto pago de la tasa estará avalada por el Número de Referencia Completo 
(NRC) emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que figurará en el 
justificante de registro.
b)   Subsidiariamente, en soporte papel: para ello deberán acceder a la solicitud a 
través  del  punto  de  acceso  general  (http://administracion.gob.es/PAG/ips),  elegir  la 
convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido 
prestigio, pulsar la opción «inscribirse» y, a continuación, la opción «imprima y entregue 
el  documento  790»,  siguiendo  las  instrucciones  que  se  le  indiquen.  Una  vez 
cumplimentados todos los datos del formulario, deberán pulsar en la parte inferior del 
mismo  sobre  la  opción  «generar  solicitud»  y  al  imprimirla  constará  de  tres  copias: 
«ejemplar para la Administración», «ejemplar para el interesado» y «ejemplar para la 
entidad colaboradora».
Para efectuar el pago de la tasa se deberán presentar las tres copias de la solicitud 
en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como 
entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que 
se  ha  realizado  el  correspondiente  ingreso  de  los  derechos  de  examen,  mediante 
validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de 
certificación mecánica, o en su defecto, sello, firma autorizada y fecha de la misma en el 
espacio reservado a estos efectos. s
Una vez abonados los derechos de examen, deberán presentar la solicitud junto con  oe.
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Administraciones Públicas.
En este supuesto, la documentación se presentará debidamente escaneada, en dos 
soportes digitales (USB) y siguiendo las instrucciones que aparecerán en la página web 
www.poderjudicial.es, debiendo aportarse lo siguiente:
i.  En su caso, las certificaciones que acrediten el derecho a la exención del pago de 
la tasa por derechos de examen.
ii.  Certificado al que se refiere el apartado tercero de la base segunda, al objeto de 
acreditar que cuentan con, al menos, diez años de ejercicio profesional.
iii.  Curriculum adaptado al baremo recogido en la parte segunda de las normas que 
rigen la presente convocatoria.
iv.  Autovaloración, conforme a dicho baremo, de los méritos alegados.
v.  Documentación relativa a los méritos alegados.
5.  Toda  la  documentación  se  presentará  siguiendo  las  instrucciones  que 
aparecerán en la página web www.poderjudicial.es.
La autovaloración también se adaptará al modelo colgado en la página web.
La documentación que se presente en lenguas extranjeras deberá adjuntarse con su 
traducción oficial.
No se admitirá ninguna documentación que no cumpla con estos requisitos.
Dicha  documentación  digital  quedará  en  poder  del  Consejo  General  del  Poder 
Judicial, que tratará los datos obtenidos de conformidad con el apartado noveno de la 
presente base, respecto de los cuales la persona interesada podrá ejercer los derechos 
previstos en la misma.
El  plazo  máximo  para  aportar  documentación  terminará  concluido  el  plazo  de 
presentación de solicitudes a menos que se acredite la imposibilidad de obtenerlo con 
anterioridad por causa no imputable a la persona aspirante.
Las personas aspirantes que no superen el proceso selectivo dispondrán de un plazo 
máximo  de  seis  meses  para  retirar  la  documentación  aportada,  acreditativa  de  los 
méritos alegados.
6.  Quienes aspiren al turno de reserva para personas con discapacidad, además de 
lo indicado en los apartados anteriores, deberán presentar también la eventual petición 
sobre las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo para su participación en el 
proceso en condiciones de igualdad, consignando las necesidades específicas que se 
precisan y el ejercicio para el que se requieren, debiendo adjuntar el dictamen técnico 
facultativo  emitido  por  el  órgano  técnico  de  calificación  del  grado  de  discapacidad 
competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que dan 
origen al grado de discapacidad reconocido. La adaptación de tiempos no se otorgará de 
forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde 
relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo al Tribunal calificador resolver 
la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio.
7.  Las solicitudes suscritas por las personas aspirantes residentes en el extranjero, 
que hagan uso del medio descrito en el apartado 4.b) de la presente base, podrán 
cursarse,  en  el  plazo  expresado  en  el  punto  2  de  esta  base,  a  través  de  las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las 
remitirán seguidamente a la Sección de Selección de Escuela Judicial del Consejo 
General  del  Poder  Judicial.  Las  personas  aspirantes  adjuntarán  a  dicha  solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho la tasa por derechos de examen o su derecho 
a la exención de la misma, de acuerdo con la base cuarta siguiente. e
8.  El Consejo General del Poder Judicial accederá a los registros del Ministerio del  bo
Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Formación Profesional al  919ww
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lroe qduiesrpiduae sdteo  lae np elrosso naar taícsupliorasn t9e. 1s aylv o2 o8p odsei cilóan  Leexyp re3s9a/2 d0e1 5e,s tdae,  de1  cdoen foorcmtuidbared,  codne 
procedimiento administrativo común, tras la modificación operada por la disposición final
duodécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
9.  Los  datos  obtenidos  serán  tratados  de  conformidad  con  las  disposiciones 
contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, respecto de los cuales la persona aspirante podrá ejercer los 
derechos previstos en los mismos.
Cuarta.  Tasa por derechos de examen.
1.  La tasa por derechos de examen asciende a 30,49 euros, según establece la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, actualizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
prorrogada por Acuerdo de 27 de diciembre de 2019 del Consejo de Ministros por el que 
se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes en el año 2019, de conformidad con el artículo 134 de la 
Constitución Española.
2.  Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen cuando no se 
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Por 
tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de 
exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables a la persona aspirante.
3.  Los ingresos realizados en el extranjero se recogerán en la cuenta restringida 
ES06-0182-2370-49-0200203962, abierta en la sucursal del BBVA, a nombre de «Tesoro 
Público. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuenta restringida para la 
recaudación de tasas en el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en 
cualquier  oficina  del  BBVA  o  mediante  transferencia  desde  cualquier  otra  entidad 
bancaria.
4.  Estarán exentas del pago de la tasa, en virtud de lo establecido en la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
a)   Las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por 100, que 
acreditarán ese extremo presentando, junto a la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas, certificación del Departamento Ministerial competente o, en su caso, del 
órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma con la competencia transferida en 
esa materia.
b)   Las personas aspirantes que figurasen como demandantes de empleo durante 
el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en 
dicho plazo, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a 
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional, justificando esas circunstancias con la aportación junto a 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, de un certificado extendido por el 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  u  órgano  correspondiente  de  la  Comunidad 
Autónoma con la competencia transferida en esa materia y una declaración jurada de la 
persona interesada en la que se haga constar que se carece de rentas superiores, en  e
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. bo
c)    Las  personas  aspirantes  que  sean  miembros  de  familias  numerosas  de  919ww
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categoría se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
d)   Las personas aspirantes que sean víctimas de terrorismo, de acuerdo con la 
modificación introducida en la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas  y  del  Orden  Social,  por  la  disposición  final  quinta  de  la  Ley 
Orgánica 9/2015, de 28 de julio.
Quinta.  Publicación de listas.
1.  Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial aprobará las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas en cada una de las especialidades. En el correspondiente acuerdo, que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», se indicará la relación de personas excluidas, 
con expresión de las causas de la exclusión, así como los lugares en los que se encuentren 
expuestas al público las mencionadas listas. Las personas excluidas dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos advertidos o formular 
las reclamaciones a que hubiere lugar, debiendo remitir el escrito de subsanación y/o 
reclamación exclusivamente a la dirección: seleccion.escuela@registro.cgpj.es.
2.  Las listas provisionales de personas admitidas y excluidas se publicarán en la 
página web www.poderjudicial.es.
3.  Concluido  el  plazo  para  la  subsanación  de  defectos  y  presentación  de 
reclamaciones,  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
resolverá acerca de las mismas y elevará a definitiva la relación de personas admitidas y 
excluidas en cada una de las especialidades, publicando este acuerdo en el «Boletín 
Oficial del Estado».
4.  La inclusión en la lista definitiva a que se refiere el apartado anterior no prejuzga 
el cumplimiento del requisito de contar con más de diez años de ejercicio de profesión 
jurídica en las materias objeto de la especialidad, cuya concurrencia puede examinar 
posteriormente el Tribunal calificador al amparo de lo dispuesto en las normas que rigen 
este proceso, ni tampoco prejuzga la valoración de los méritos que resulte de dicho 
ejercicio.
5.  En cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal podrá excluir del mismo 
a quien no acredite los requisitos exigidos en la convocatoria.
Sexta.  Tribunal calificador.
1.  Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial y lo presidirá quien 
ostente la Presidencia del Tribunal Supremo o un Magistrado o Magistrada del Tribunal 
Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue. Serán Vocales: dos 
Magistrados  o  Magistradas,  un  o  una  Fiscal,  dos  Catedráticos  o  Catedráticas  de 
Universidad designados por razón de la materia o cuando no sea posible designarlos, 
podrá nombrarse, excepcionalmente, Profesores o Profesoras titulares, un Abogado o 
una Abogada con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado o una Abogada 
del Estado, un Letrado o una Letrada de la Administración de Justicia de primera 
categoría y un miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, 
que tenga la licenciatura en Derecho y que se encargará de la Secretaría del Tribunal.
2.  El nombramiento de los miembros del Tribunal a que se refiere el apartado 
anterior será realizado por el Consejo General del Poder Judicial de la siguiente manera: 
el/la Presidente/a y los/as dos Magistrados/as serán nombrados directamente por el 
Consejo General del Poder Judicial; el/la Fiscal, oído el Fiscal General del Estado; el/la  es
Letrado/a de la Administración de Justicia y el/la Abogado/a del Estado, oído el Ministerio  bo
de Justicia; los/las Catedráticos, y en su caso, los/las Profesores/as titulares, oído el  919ww
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4.  El Tribunal será nombrado en el plazo máximo de dos meses contados a partir 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas definitivas de las 
personas admitidas y excluidas. Dicho nombramiento se hará público en el «Boletín 
Oficial del Estado».
5.  El Tribunal no podrá actuar sin, al menos, la presencia de los dos tercios de sus 
miembros. De no hallarse presente quien ostente la Presidencia, realizará sus funciones, 
con carácter accidental, el Magistrado o Magistrada de mayor antigüedad. En caso de 
ausencia de quien ostente la Secretaría, realizará sus funciones el Abogado o Abogada 
o, en su defecto, otro de los miembros del Tribunal, por el orden inverso a aquel en que 
aparezcan enumerados en el acuerdo de su nombramiento.
6.  Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de su nombramiento, 
el Tribunal, a instancia de su Presidencia, procederá a constituirse, levantándose la 
correspondiente acta.
7.  En la sesión de constitución, los miembros del Tribunal en quienes concurra 
alguna de las causas de abstención establecidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  deberán  manifestarlo 
expresamente, mediante declaración individual, salvo que tuvieren conocimiento de ella 
en un momento posterior. Por los mismos motivos podrán las personas aspirantes, en su 
caso, promover la recusación de los miembros del Tribunal.
8.  La Presidencia del Tribunal pondrá en conocimiento del Consejo General del 
Poder Judicial la abstención o la recusación de cualquiera de sus miembros, a fin de que 
aquél resuelva sobre ella y proceda, en su caso, a la designación de otro miembro del 
Tribunal de la misma condición que el que se hubiera abstenido o hubiera sido recusado. 
En el ínterin, sin embargo, el Tribunal podrá seguir actuando si contase con el quórum 
mínimo reglamentario.
9.  Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.
10.  El Tribunal resolverá cuantas incidencias se planteen durante el desarrollo de la 
oposición que no estén especialmente previstas en esta convocatoria.
11.  Las sesiones se documentarán por quien ocupe la Secretaría, que levantará 
acta de las mismas, suscribiéndolas con el visto bueno de la Presidencia. En las actas se 
indicarán necesariamente los miembros presentes, las causas de ausencia de los demás 
y las motivaciones de las decisiones del Tribunal en aplicación de lo establecido en estas 
Bases.  A  las  actas  correspondientes  a  las  fases  de  dictamen  y  de  entrevista  se 
incorporarán los instrumentos de evaluación de cada persona aspirante por cada uno de 
los miembros del Tribunal.
12.  Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los 
motivos y formas que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
13.  A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en la calle Trafalgar, 27-29, 28071 Madrid, teléfono 91 700 59 77, fax 91 700 58 59.  Las 
comunicaciones  por  correo  electrónico  se  realizarán  a  la  siguiente  dirección: 
seleccion.escuela@registro.cgpj.es.
Séptima.  Desarrollo del proceso selectivo.
1.  El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente, por 
el primero de la letra «B» según lo establecido en la Resolución de 21 de julio de 2020,  e.
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública (BOE número 201,  w.b
de 24 de julio 2020). En el supuesto de que no exista ningún opositor cuyo primer  919ww
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Tribunal calificador para la lectura del dictamen y la entrevista de méritos.
2.  Cuando  se  demuestre  que  una  persona  aspirante,  para  la  realización  de 
cualquiera de las tres fases del proceso selectivo, copia o utiliza engaño, aparatos 
electrónicos, falsifica documentación o cualesquiera otras maquinaciones fraudulentas, 
la Presidencia del Tribunal dará urgente cuenta a la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial quien, mediante resolución motivada con audiencia a la 
persona aspirante y al Tribunal calificador, podrá acordar la exclusión de la persona 
aspirante del proceso selectivo en curso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones 
penales que pudieran proceder.
A)  Valoración de méritos:
1.  En  la  primera  sesión  de  baremación,  el  Tribunal  acordará  las  siguientes 
cuestiones:
a)   La determinación de los criterios de corte para superar esta fase de baremación 
de méritos para las personas aspirantes por el turno libre y por el turno de discapacidad.
b)   Los criterios para la ponderación y valoración de los méritos señalados en el 
baremo que sean susceptibles de graduación.
c)    El  calendario  de  las  sesiones  que  resulten  necesarias  para  la  valoración 
conjunta de la documentación.
2.  El Tribunal, teniendo en cuenta la documentación aportada por las personas 
aspirantes, valorará los méritos con arreglo a los parámetros de puntuación que se 
expresan en el baremo contenido en la parte segunda de las normas que rigen esta 
convocatoria. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 313.2 de la Ley 
Orgánica  del  Poder  Judicial.  Para  lo  cual,  con  carácter  previo,  se  distribuirá  la 
documentación aportada por las personas aspirantes entre los miembros del Tribunal, a 
fin de que cada uno lleve a cabo un examen preliminar de los méritos alegados y 
justificados por las personas concursantes que le hayan correspondido.
3.  La calificación correspondiente a cada persona aspirante será la que apruebe el 
Tribunal por mayoría de sus miembros, debiendo constar en acta qué méritos específicos 
han sido considerados y valorados, así como los que no lo fueron y por qué razón. Esta 
puntuación no podrá ser inferior a 12 puntos ni en el caso de las personas aspirantes por 
el  turno  libre  ni  por  el  turno  de  discapacidad.  De  dichos  12  puntos,  al  menos  10 
procederán de la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados 
que van del «c» al «f» y en el «h.2». La superación definitiva de esta fase dependerá, en 
su caso, del resultado de la entrevista de valoración de los méritos, y en concreto de lo 
dispuesto en el apartado C.4 de la base séptima.
4.  El Tribunal calificador adoptará el correspondiente acuerdo con la valoración 
provisional de los méritos, determinando la puntuación final necesaria para superar esta 
fase, teniendo en cuenta los criterios de corte señalados en su primera sesión de 
baremación,  no  pudiendo  ser  inferior  a  12  puntos  ni  en  el  caso  de  las  personas 
aspirantes por el turno libre ni por el turno de discapacidad, de los que al menos 10 
procederán de la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados 
que van del «c» al «f» y en el «h.2». El citado acuerdo contendrá asimismo la puntuación 
total otorgada a cada persona aspirante y su desglose con arreglo a cada uno de los 
apartados que conforman el baremo, facilitando esta información sólo a la persona 
interesada.
5.  El Tribunal calificador elaborará un listado de las personas aspirantes para cada 
una de las especialidades que han superado provisionalmente esta fase de valoración  e.
con su puntuación, sin perjuicio de la puntuación final que se determine en la fase de  w.
entrevista, convocándolas a participar en la siguiente fase del proceso selectivo en un  919ww
p«lBaozloe tínno O inficfeiarilo dr eal  Eqsutaindcoe» ,d díaasn dhoá cboilmesie. nEzlo a aclu pelardzoo  adnetle Triroibrmuneanlt es eseráñ aplaudbolic.ado en el
B)  Elaboración de un dictamen:
1.  Las personas aspirantes que superen la fase de valoración de méritos en cada 
una de las especialidades serán convocadas para efectuar un dictamen que permita al 
Tribunal evaluar su aptitud y deducir el grado de capacitación profesional necesario para 
el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en el punto 3 
del artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.  Se  efectuará  un  dictamen  escrito  por  cada  especialidad.  El  Tribunal  podrá 
disponer  que  la  confección  del  dictamen  se  realice  por  medios  informáticos.  Los 
dictámenes versarán sobre aspectos sustantivos y procesales de las materias a las que 
se refiere cada especialidad de la convocatoria y podrá contener uno o varios supuestos, 
inspirados sustancialmente en casos reales tomados de la jurisprudencia. El tiempo del 
que dispondrán las personas aspirantes será, como máximo, de cinco horas, pudiendo 
señalar el Tribunal una duración inferior en atención a su grado de dificultad. En su caso, 
el Tribunal calificador indicará qué tipo de documentación podrán utilizar las personas 
aspirantes para la realización del dictamen, o qué tipo de bases de datos o documentos 
electrónicos se pondrán a su disposición a estos efectos. El Tribunal calificador resolverá 
sobre las adaptaciones solicitadas por las personas que concurran por el turno de 
reserva para personas con discapacidad, velando por que compitan con el resto de las 
personas aspirantes en condiciones de igualdad.
3.  El Tribunal calificador puntuará el dictamen de 0 a 30 puntos tanto para las 
personas  del  turno  libre  como  del  turno  de  personas  con  discapacidad.  Para  su 
valoración se tendrá en cuenta:
a)    La  formación  jurídica  en  las  materias  propias  de  cada  especialidad  de  la 
convocatoria.
b)   La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las 
novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en dichas materias.
c)   La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico para alcanzar 
conclusiones válidas, tanto formal como materialmente.
A estos efectos, cada miembro presente del Tribunal cumplimentará un instrumento 
de  evaluación  individualizado,  incorporándose  al  final  de  la  sesión  al  acta 
correspondiente.
4.  Realizado  el  dictamen,  el  Tribunal  calificador  convocará  a  las  personas 
aspirantes para que procedan a su lectura, que tendrá lugar en audiencia pública que 
será registrada en soporte audiovisual. El orden de actuación se regirá por lo establecido 
en el apartado 1 de la base séptima.
5.  Cuando el Tribunal, consultado a tal efecto por su Presidencia y por decisión 
unánime  de  sus  miembros,  apreciara  en  cualquier  momento  de  la  exposición  del 
dictamen, una manifiesta deficiencia de contenido, invitará a la persona aspirante a 
retirarse y dará por concluido para ésta el desarrollo de las pruebas, dejando sucinta 
motivación de ello en el acta de la sesión correspondiente.
6.  Al  concluir  cada  aspirante  la  exposición  del  dictamen,  el  Tribunal,  previa 
deliberación, votará sobre el aprobado o suspenso, exigiéndose para el aprobado la 
mayoría de los votos del Tribunal y decidiendo, en caso de empate, el voto de la 
Presidencia.
En caso de que la persona aspirante resulte suspendida, la decisión aparecerá 
motivada en el acta. s
En caso de que la persona aspirante resulte aprobada, cada miembro del Tribunal le  oe.
eccsoaul nsmnocaúe p mddueeeerr dáotoa  ud dsnaeeas r   ppleauuxsnnc ttpluuuuaaidnccatiiuóo mannc eádisose n  dce0eos  am,u  enp3xau0c t malpuduáyanxestinom,d saos y i yel a lnad d meno áou xtnlaaiam   fminano aíyntla  ilrm aem asmu,í nílytnia midmniavtae id, p siseaeinrn aod  qboaut eecencl  deetordntáe a nrlc  ieonanng t úrllanae     2020-12919n https://www.
siguiente fase de 15 puntos tanto para las personas del turno libre como para las
participantes del turno de personas con discapacidad.
7.  Finalizadas las lecturas de los dictámenes, el Tribunal calificador hará pública la 
relación de personas candidatas que hayan superado esta fase en cada una de las 
especialidades de la convocatoria, y las convocará a la realización de una entrevista en 
los términos recogidos en el apartado siguiente.
C)  Entrevista de acreditación de méritos:
1.  Con carácter previo a la celebración de la entrevista, el Tribunal se dirigirá a las 
entidades u organismos en los que las personas aspirantes hubieran desarrollado con 
anterioridad su actividad, según resulte de la documentación aportada o, en su caso, a 
los  Servicios  de  Inspección  o  Salas  de  Gobierno  correspondientes,  a  fin  de  tener 
conocimiento directo y reservado de las demás incidencias que les hubieran afectado a 
lo largo de su vida profesional y que pudieran tener importancia en orden a valorar su 
aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 313.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Respecto a las personas candidatas que hayan ejercido la Abogacía, el Tribunal 
pedirá al Consejo General de la Abogacía y a la Sala de Gobierno respectiva información 
sobre aquellas incidencias de carácter disciplinario que hubieran afectado a la persona 
aspirante durante su ejercicio profesional y que no se hallaren canceladas.
En ningún caso se podrá solicitar o proporcionar información relativa a la intimidad de 
las personas candidatas.
2.  Las personas aspirantes que hubieren superado el dictamen serán convocadas 
por el Tribunal a una entrevista personal, de una duración máxima de una hora, en la que 
se debatirán los méritos aducidos y su curriculum profesional.
Se celebrará en audiencia pública y será registrada en soporte audiovisual.
La entrevista tendrá como exclusivo objeto la acreditación de la realidad de la 
formación jurídica y la capacidad para ingresar en la Carrera Judicial que se deduzcan 
de  los  méritos  alegados,  sin  que  pueda  convertirse  en  un  examen  general  de  los 
conocimientos jurídicos de la persona candidata, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 313.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3.  En la entrevista, el Tribunal valorará los méritos profesionales de las personas 
candidatas que se pongan de manifiesto a lo largo de su desarrollo, con arreglo a los 
siguientes criterios:
a)    La  formación  jurídica  en  las  materias  propias  de  cada  especialidad  de  la 
convocatoria.
b)   La actualización y suficiencia de su preparación mediante el conocimiento de las 
novedades legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en dicha especialidad.
c)   La capacidad de argumentación jurídica y razonamiento lógico.
d)   La aptitud que se infiera del debate sobre los méritos aducidos.
4.  Como  consecuencia  de  la  entrevista  y  por  la  aplicación  de  los  criterios 
expuestos,  el  Tribunal  calificador  podrá  aumentar  o  disminuir  motivadamente  la 
puntuación provisional concedida en la fase de valoración de méritos a cada aspirante en 
un 25 por 100 de la misma como máximo. La disminución por debajo de la nota fijada de 
conformidad  con  los  apartados  A.4  y  A.5  de  la  base  séptima  determinará  la  no 
superación de la fase de valoración de méritos.
5.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.9 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el Tribunal levantará acta suficientemente expresiva del contenido y del 
resultado de la entrevista, así como de los criterios aplicados para la calificación de cada  e.
aspirante.  A  estos  efectos,  cada  miembro  presente  del  Tribunal  cumplimentará  un  w.
instrumento de evaluación individualizado, incorporándose al final de la sesión al acta  919ww
corr6e.s poEnl dTierinbtuen.al, por mayoría de votos, teniendo en cuenta los méritos alegados por
lraesa lizpaedrsoo, nya lsa s ainsfpoirramnateciso,n eloss r erceibsuidltaasd ocos nftoarnmtoe  ad elo  elas taebnlterecivdisot ae nc eolm pou ntdoe pl ridmicetraom deenl   BOE-A-cable e
presente apartado C, podrá excluir mediante acuerdo motivado a aquellos aspirantes en 
quienes se aprecie insuficiencia o falta de aptitud deducida de los datos objetivos del 
expediente, por existir circunstancias concretas que supongan un demérito incompatible 
con la pertenencia a la Carrera Judicial, aun cuando se hubiese superado, a tenor del 
baremo fijado, la puntuación mínima exigida. Todo ello de conformidad con lo prevenido 
en el artículo 313.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7.  El Tribunal calificador motivará por separado la exclusión a la que se refiere el 
apartado anterior, que será notificada a las personas interesadas por el Consejo General 
del Poder Judicial.
8.  Sobre las circunstancias que supongan demérito incompatible con la pertenencia 
a  la  Carrera  Judicial,  habrá  de  oírse  a  la  persona  afectada  en  la  entrevista, 
notificándosele la correspondiente resolución debidamente motivada.
9.  Al  finalizar  las  entrevistas,  tras  la  deliberación  y  trámites  descritos  en  los 
puntos 6 al 8 de este apartado C, el Tribunal elevará a la Comisión Permanente del 
Consejo  General  del  Poder  Judicial  la  relación  de  personas  aprobadas  en  cada 
especialidad sin que se pueda superar el número total de plazas convocadas.
Si el Tribunal, respetando el límite de plazas de la convocatoria, considerase aptas a 
más personas que plazas convocadas en alguna de las especialidades, lo indicará 
expresamente.
Igualmente, el Tribunal calificador remitirá al Consejo General del Poder Judicial el 
acuerdo motivado sobre exclusión de personas candidatas para su notificación a las 
afectadas.
10.  Recibida en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la 
propuesta  de  aspirantes  declarados  aptos  por  el  Tribunal  calificador,  su  Comisión 
Permanente establecerá un orden de prelación único, situando en primer lugar a los 
números uno de cada especialidad, atendiendo a la mayor puntuación obtenida por cada 
uno de ellos, deshaciendo los posibles empates entre los mismos a favor del que mayor 
puntuación hubiera obtenido en el dictamen y, si persistiera el empate, a la mayor 
puntuación alcanzada en la entrevista de acreditación de méritos. Tras ellos se situarán 
los aspirantes con el número 2 y así sucesivamente.
11.  En el supuesto de que el Tribunal calificador, dentro del límite de plazas de la 
convocatoria, hubiera propuesto más personas aprobadas que plazas convocadas en 
alguna de las especialidades, la Comisión Permanente, teniendo en cuenta las vacantes 
existentes,  certificadas  por  el  órgano  técnico  correspondiente,  podrá  aprobar  dicha 
propuesta, sin que pueda superarse en ningún caso la suma total de plazas de la 
convocatoria ni ofrecerse a un candidato plazas de naturaleza distinta a aquélla en la 
que hubiera demostrado su aptitud.
12.  También podrá el Consejo General del Poder Judicial rechazar a una persona 
aspirante, de forma motivada y previa audiencia, a pesar de la propuesta favorable del 
Tribunal  calificador,  siempre  que,  con  posterioridad  a  la  misma,  se  hubiere  tenido 
conocimiento  de  alguna  circunstancia  que,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 313.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suponga un demérito insuperable. 
A los mismos efectos, y antes del ingreso en la Escuela Judicial, podrá someterse a las 
personas aspirantes a un examen de personalidad y aptitud para el desarrollo de las 
funciones judiciales.
13.  Cumplidos  los  anteriores  trámites,  la  Comisión  Permanente  del  Consejo 
dispondrá lo necesario para el comienzo de la siguiente fase teórico-práctica en la 
Escuela Judicial, sin que puedan acceder al curso un mayor número de personas que de  s
plazas convocadas. oe.
D)  Curso de formación: 919ww
1.  Las personas aspirantes aprobadas accederán a la fase teórico-práctica del
proc2e.s oC soemlepctrievnod, eqruáe  tmenóddruál ousn at edóurriaccoi-ópnrá dceti c1o2s s ermepaanratisd.os  en  dos  fases,  con  una
duración, la primera, de cuatro semanas y, la segunda, de ocho semanas. Las personas
aspirantes realizarán las actividades programadas para estas pruebas selectivas que se 
desarrollarán, en la primera fase, en la Escuela Judicial. La segunda fase se llevará a 
cabo mediante tutorías en órganos judiciales correspondientes al orden jurisdiccional 
respectivo.
3.  El  programa  formativo  del  curso  comprenderá  elaboración  de  resoluciones, 
estudio de jurisprudencia, seminarios y realización de trabajos o ponencias, así como 
todas las actividades docentes que se estimen necesarias para el ejercicio de la función 
jurisdiccional. El programa formativo se elaborará por los órganos correspondientes de la 
Escuela  Judicial  y  será  sometido  a  la  aprobación  de  la  Comisión  Permanente  del 
Consejo General del Poder Judicial.
4.  La  Comisión  Permanente  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  podrá 
dispensar de la fase de tutorías en órganos jurisdiccionales o acordar su sustitución por 
formación teórica complementaria a quienes hubieran ejercido tiempo suficiente como 
Jueces sustitutos o Magistrados suplentes, previo informe favorable al respecto de la 
correspondiente Sala de Gobierno.
5.  Mientras dure el curso, las personas aprobadas tendrán la consideración de 
funcionarios en prácticas, dependiendo del Consejo General del Poder Judicial.
6.  Concluidas las dos fases del curso teórico-práctico, profesorado y tutores que 
hubieran intervenido efectuarán un informe razonado de las actividades realizadas por 
cada aspirante, con una evaluación de aptitud final.
7.  Siguiendo el anterior informe, la Escuela Judicial confeccionará la relación de 
personas aspirantes que hayan participado en el curso, con la calificación de apta o no 
apta, con la debida motivación en este último supuesto, y la elevará al Consejo General 
del  Poder  Judicial  para  que  disponga  el  nombramiento  de  las  primeras  como 
Magistrados o Magistradas, de conformidad con el artículo 301.5 LOPJ.
8.  Si no se superase alguna de las dos fases, la persona repetirá el curso en su 
totalidad y si no fuera declarada apta en esa segunda ocasión, no podrá acceder a la 
Carrera Judicial al amparo de esta convocatoria. De aprobar la fase teórico-práctica en la 
segunda ocasión, se incorporaría al escalafón al final de esta promoción.
E)  Nombramiento de las personas aprobadas:
1.  Las personas aspirantes incluidas en la lista de aprobadas publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» se incorporarán al escalafón inmediatamente a continuación 
de la última Magistrada o Magistrado que hubiese accedido a la categoría, desde la 
fecha del Real Decreto del nombramiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 311.4 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2.  Las personas que se incorporen a la Carrera Judicial como consecuencia de 
este  proceso  no  podrán  ocupar  plazas  correspondientes  a  un  orden  jurisdiccional 
distinto  de  aquél  en  que  hubieran  sido  declaradas  aptas.  Quienes  hubieren  sido 
declaradas  aptas  en  el  subproceso  de  órganos  mixtos  no  podrán  ocupar  plazas 
correspondientes a órdenes distintos del civil y penal. Todo ello según prescribe el 
artículo 311.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y con la 
salvedad de que las personas interesadas superen posteriormente las pruebas de 
especialización previstas en la citada Ley.
F)  Recursos:
1.  Los actos y resoluciones adoptados por el Tribunal podrán ser impugnados ante 
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los  e.
motivos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  w.
Común de las Administraciones Públicas. 919ww
repo2s.i cióCno netnra e l epl lapzroe sdeen uten  Amceuse ard poa rptior ddreál  diníate srpigounieernstee  ap oatqeusétal teivna qmueen ttee nrgeac ulurgsaor  dseu 
bpiuebnl,ic daicrieócnt aemne enlt e« Breocleutrínso O cfiocniatel ndceilo Esost-aaddom»in aisnttrea teivl om aisnmteo  laó rgSaanlao  Tqeurec elara h dae dl icTtraibduon oa,l   BOE-A-cable e
Supremo  en  el  plazo  de  dos  meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Parte segunda. Baremo de méritos
La valoración de los méritos de las personas participantes se ajustará a lo dispuesto 
en  el  artículo  313.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  teniendo  en  cuenta  la 
documentación aportada a tal efecto y, en concreto, de conformidad con el siguiente 
baremo de méritos:
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 313.5 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, sólo podrán apreciarse por el Tribunal calificador los méritos que, estando 
comprendidos en el baremo, guarden relación con los órdenes jurisdiccionales civil, 
penal y jurisdicción compartida, especialmente el Derecho Civil, el Derecho Procesal 
Civil, el Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, materias propias de cada subproceso 
por especialidad respectivamente en el que participe la persona interesada, siempre que 
se acrediten debidamente.
2.  A todos los efectos, se considerarán materias propias de esta convocatoria el 
Derecho Político, el Constitucional, la Filosofía del Derecho, la Teoría del Derecho, la 
Historia del Derecho, el Derecho Romano, el Derecho de la Unión Europea y todas 
aquellas materias que, por su íntima relación con la Teoría General del Derecho, la 
Constitución Española o los Tratados Internacionales de los que España sea parte, 
informen el conjunto de ramas que conforman el ordenamiento jurídico.
3.  Por lo que se refiere a la especialidad civil y a la de los órganos con jurisdicción 
compartida civil y penal, se considera, además, materia propia de la convocatoria el 
Derecho  Internacional  Privado.  Igualmente,  se  tendrá  como  tal,  para  todas  las 
especialidades convocadas, el estudio del principio de no discriminación y especialmente 
de igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, de la normativa específica dictada 
para combatir la violencia sobre la mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de 
tratados  e  instrumentos  internacionales  en  materia  de  igualdad,  discriminación  y 
violencia contra las mujeres ratificados por España.
4.  Los criterios anteriores se entienden sin perjuicio de casos particulares derivados 
de ciertos planes de estudios, que serán analizados individualmente por el Tribunal.
5.  Los méritos a valorar por el Tribunal son los siguientes, teniendo en cuenta que 
la suma de las puntuaciones obtenidas conjuntamente en los apartados que van del «c» 
al «f» y en el «h.2», no podrá superar los 18 puntos:
Apartado A): Licenciatura o Grado en Derecho con calificación superior al aprobado, 
incluido el expediente académico (hasta 6 puntos):
1.  Premio extraordinario: 5 puntos.
2.  Por cada matrícula de honor en las materias propias de la especialidad: 0,50 
puntos.
3.  Por cada sobresaliente en las mismas materias: 0,25 puntos.
4.  Por cada notable en las mismas materias: 0,10 puntos.
Apartado  B):  Doctorado  en  Derecho  y  calificación  alcanzada  en  su  obtención,  e.
incluido  el  expediente  académico  (hasta  6  puntos):  Sólo  deben  valorarse  las  tesis  w.b
doctorales en las materias propias de la especialidad. 919ww
1.  Premio extraordinario: 6 puntos.
23..   ARpetsittuadn tceusm ca lalifuicdaec: io4n peusn: t3o sp.untos.
En  este  apartado,  son  válidas  las  equivalencias  contenidas  en  las  diferentes 
regulaciones de los estudios de Doctorado.
Apartado  C):  Ejercicio  efectivo  de  la  abogacía  ante  los  Juzgados  y  Tribunales, 
dictámenes emitidos y asesoramientos prestados (hasta 12 puntos):
1.  Se computará 0,50 puntos por cada año de ejercicio profesional de la abogacía 
ante los Juzgados y Tribunales en las materias propias de la especialidad o la proporción 
correspondiente en caso de periodos inferiores. Además, por cada asunto en que haya 
tenido participación efectiva al menos en una instancia completa, se reconocerá 0,01 
puntos.
2.  Se equiparará, a estos efectos, los asesoramientos prestados y los servicios 
efectivos realizados en departamentos jurídicos de empresas relevantes en su sector, 
asociaciones, corporaciones, organismos o empresas públicas en materias propias de la 
especialidad, pudiéndose computar hasta un máximo de 0,50 puntos por cada año en 
atención a la complejidad y dedicación realizada, o la proporción correspondiente en 
caso de periodos inferiores. En su caso, se valorará con hasta 0,75 puntos cada año de 
ejercicio  como  director  o  responsable  de  dichos  servicios  jurídicos  o  la  proporción 
correspondiente en caso de periodos inferiores. Estos periodos no podrán valorarse 
cumulativamente, en periodos concurrentes, con la práctica de la abogacía forense.
3.  El  período  total  de  ejercicio  efectivo  profesional  se  acreditará  mediante  la 
presentación conjunta de:
– certificación del Consejo General de la Abogacía;
– certificación del Colegio de Abogados correspondiente;
– justificación  de  participación  efectiva  en  asuntos  o  bien  de  prestación  de 
asesoramientos o de realización de servicios en Departamentos jurídicos.
Las certificaciones mencionadas recogerán las circunstancias de especialización del 
ejercicio, en su caso, así como de aquellas otras circunstancias que pudieran tener 
importancia en orden a valorar la aptitud para el ejercicio de la función jurisdiccional.
4.  El número de asuntos en los que haya intervenido en al menos una instancia 
completa  se  acreditará  exclusivamente  mediante  certificación  expedida  por  los 
Tribunales y organismos correspondientes. Si cursada la solicitud de dicha certificación, 
con  indicación  concreta  y  precisa  de  los  procedimientos  de  referencia,  no  fuera 
oportunamente cumplimentada en plazo, deberá acompañarse, además de la solicitud 
mencionada, una declaración jurada de haber asumido dicha dirección letrada.
5.  El período total del tiempo en el que se ha ejercido el cargo como director o 
responsable de los servicios jurídicos se acreditará mediante certificación emitida por la 
empresa, asociación, corporación, organismo o empresa pública en la que ha trabajado.
Apartado D): Años de servicio efectivo como Catedrático o Catedrática o como 
Profesor o Profesora titular de disciplinas jurídicas en Universidades públicas o en 
categorías  similares  en  universidades  privadas,  con  dedicación  a  tiempo  completo 
(hasta 12 puntos):
1.  Se  valorará  hasta  0,75  puntos  cada  año  de  ejercicio  como  Catedrático  o 
Catedrática  en  alguna  de  las  materias  propias  de  la  especialidad  o  la  proporción 
correspondiente en caso de periodos inferiores.
2.  Se valorará hasta 0,50 puntos cada año de ejercicio como Profesor o Profesora  es
titular  en  alguna  de  las  materias  propias  de  la  especialidad  o  la  proporción  o
correspondiente en caso de periodos inferiores. 919ww
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4.  Para valorar estos méritos, así como los descritos en la letra h.2, el Tribunal 
establecerá  las  equivalencias  que  procedan  entre  los  diferentes  tipos  de  créditos 
universitarios,  según  la  carga  lectiva  que  históricamente  hayan  comportado  en  los 
respectivos planes de estudio.
Apartado E): Años de servicio como funcionario o funcionaria de carrera en la 
Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia o en 
cualquier  Cuerpo  de  las  Administraciones  Públicas  para  cuyo  ingreso  se  exija 
expresamente estar en posesión del Doctorado o la Licenciatura o el Grado en Derecho 
e impliquen intervención ante los Tribunales de Justicia, destinos servidos y funciones 
desempeñadas en los mismos (hasta 12 puntos):
1.  Se  valorará  un  punto  por  cada  año  de  servicio  en  materias  propias  de  la 
especialidad  o  la  proporción  correspondiente  en  el  caso  de  periodos  inferiores.  La 
prestación  del  servicio  se  acreditará  mediante  certificación  de  la  Administración  o 
Corporación a la que hubiere estado vinculado, que especificará con detalle el tiempo de 
ejercicio y las características de las funciones desempeñadas, así como aquellas otras 
circunstancias que pudieran tener importancia en orden a valorar la aptitud para el 
ejercicio de la función jurisdiccional. Sólo se valorará el tiempo de servicio en relación 
con las materias propias de la especialidad.
2.  Se considerará que implican participación en el proceso aquellas profesiones 
que,  sin  que  sea  necesaria  actuación  directa,  lleven  a  cabo  la  presentación  de 
dictámenes, informes o cualesquiera actuaciones que coadyuven en la impartición de la 
justicia, valorándose en este caso con 0,50 puntos cada año de servicio.
3.  La superación de la oposición para acceder a la Carrera o el Cuerpo respectivo 
se valorará con dos puntos adicionales, siempre respetando el máximo de 12 puntos 
atribuido a este apartado.
Apartado F): Años de ejercicio efectivo de funciones judiciales sin pertenecer a la 
Carrera Judicial y número de resoluciones dictadas, valorándose además la calidad de 
las  mismas,  en  órganos  judiciales  del  orden  u  órdenes  correspondientes  a  cada 
especialidad (hasta 12 puntos):
1.  El cargo de Juez o Jueza de provisión temporal se valorará con 1 punto por cada 
año de desempeño efectivo o la proporción correspondiente para periodos inferiores en 
órganos judiciales propios de las materias de la especialidad.
2.  El nombramiento como Juez sustituto o Jueza sustituta en órganos judiciales 
propios de las materias de la especialidad se valorará con 0,20 puntos por año judicial. 
El tiempo de ejercicio efectivo se valorará con hasta 0,80 puntos por cada año judicial, 
siempre  que  la  ocupación  sea  equiparable  al  año  natural,  computándose  en  caso 
contrario la proporción correspondiente.
3.  El nombramiento como Magistrado o Magistrada suplente en órganos judiciales 
propios de las materias de la especialidad se valorará con 0,25 puntos por año judicial. 
El tiempo de ejercicio efectivo se entenderá referido a haber desempeñado la función de 
ponente en el dictado de sentencias, acreditándose 0,01 puntos por sentencia, con el 
límite de 0,75 puntos por año.
4.  Estos méritos se acreditarán exclusivamente mediante certificación de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del ámbito en el que se hayan desempeñado 
los cargos. Los certificados deberán contener los siguientes extremos:
a)  Año judicial y cargo para el que fueron nombrados. b
b)  Número de días en el que se llevaron a cabo actuaciones efectivas como Juez  919ww
sustcit)u toN oú mJueerzoa  dseu ssteitunttae nyc óiarsg aenno  ldaes  dqeuset infuoe. ponente como Magistrado o Magistrada
suplente en el órgano correspondiente y periodos en que fueron dictadas.
5.  Las funciones como Fiscal sustituto o sustituta en órganos judiciales propios de 
las materias de la especialidad en régimen de provisión temporal se valorarán de forma 
similar  a  las  del  ejercicio  de  Juez  sustituto  o  Jueza  sustituta  y  se  acreditarán 
exclusivamente mediante certificado extendido por la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia o de la Fiscalía Provincial que corresponda, señalando expresamente el número 
de días por año judicial de prestación efectiva de servicios.
6.  Las  funciones  como  Letrado  o  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  en 
régimen de provisión temporal en órganos judiciales propios de las materias de la 
especialidad se valorarán de forma similar a las del ejercicio de Juez sustituto o Jueza 
sustituta  y  se  acreditarán  exclusivamente  mediante  certificado  extendido  por  la 
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, señalando 
expresamente el número de días por año judicial de prestación efectiva de servicios.
7.  El Tribunal calificador podrá valorar la calidad de las resoluciones dictadas tanto 
de los Jueces y Juezas sustitutos y sustitutas como de los Magistrados y Magistradas 
suplentes, de los Fiscales y las Fiscales sustitutos y sustitutas, y de los Letrados y 
Letradas de la Administración de Justicia en régimen de provisión temporal hasta en dos 
puntos, a cuyos efectos los participantes podrán aportar copia de las mismas en número 
máximo de 25, siempre respetando el máximo de 12 puntos atribuido a este apartado.
Apartado G): Publicaciones científico-jurídicas (hasta 6 puntos):
1.  El  Tribunal  calificador,  en  el  ejercicio  de  su  discrecionalidad  técnica,  podrá 
otorgar hasta un punto por cada libro en materias propias de la especialidad, atendiendo 
a su contenido y valor doctrinal, o la fracción correspondiente en caso de coautoría.
2.  Igual criterio se adoptará con los artículos versados en materias propias de la 
especialidad,  puntuándose  con  hasta  0,15  puntos  cada  uno  de  los  que  presenten 
diferente contenido.
3.  La publicación de tesis doctorales no se valorará si formó parte de los trabajos 
para la obtención de doctorado que hubiera sido tenido en cuenta en el apartado «b)» de 
este baremo.
Apartado  H):  Ponencias  y  comunicaciones  en  congresos  y  cursos  de  relevante 
interés jurídico (hasta 6 puntos):
1.  Cada ponencia, comunicación, memoria o trabajo similar en materias propias de la 
especialidad se valorará con hasta 0,10 puntos, siempre que sean de diferente contenido.
La persona aspirante deberá indicar el número de ponencias, etc., de diferente contenido 
y acompañar la certificación de ellas y/o una copia de la misma en el soporte digital.
La impartición reiterada de la misma ponencia no podrá ser objeto de valoración 
cumulativa. La publicación de la ponencia, comunicación, memoria o trabajo similar excluirá 
su cómputo por este apartado, valorándose exclusivamente por el apartado «g)».
2.  En este apartado, se valorará la actividad docente en materias propias de la 
especialidad, siempre que no corresponda a la actividad de servicios que le haya sido 
previamente valorada al aspirante en el apartado «d)»: hasta 0,25 puntos por cada curso 
académico completo, o la proporción inferior que corresponda a la duración del curso, 
teniendo  en  cuenta  la/s  asignatura/s  impartida/s,  programa  y  número  de  créditos 
correspondiente.
3.  No se valorarán en este apartado las publicaciones tenidas en cuenta para la 
puntuación asignada en el apartado «g)» de este baremo.
Apartado I): Realización de cursos de especialización jurídica de duración no inferior  b
a trescientas horas, así como la obtención de la suficiencia investigadora (hasta 6  919ww
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especialidad se valorará con hasta un punto. Para la valoración de los impartidos en
centros no oficiales o vinculados a centros no oficiales, se tendrá especialmente en 
cuenta la solidez docente de la institución que lo imparta.
2.  Los cursos de especialización jurídica de duración inferior a trescientas horas no 
serán valorados.
3.  La  obtención  de  la  suficiencia  investigadora  en  materias  propias  de  la 
especialidad se valorará con hasta 2 puntos, sin que en ningún caso se valoren créditos 
tenidos en cuenta para la puntuación asignada en el apartado «b)».
Apartado J): Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren las pruebas de 
acceso a la Carrera Judicial (hasta 6 puntos):
1.  Por haber superado alguno de los ejercicios orales de las pruebas convocadas 
desde el Acuerdo de 20 de noviembre de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, acreditado por certificación extendida por dicho órgano:
a)  Desde 12,51 hasta 15 (o puntuación equivalente): 1 punto.
b)  Desde 15,01 hasta 20 (o equivalente): 1,50 puntos.
c)  Desde 20,01 hasta 25 (o equivalente): 2 puntos.
2.  Por  haber  superado  alguno  de  los  ejercicios  escritos  en  las  convocatorias 
realizadas a partir del año 2003: 0,25 puntos por ejercicio aprobado, hasta un máximo de 
un punto.
3.  Por  haber  superado  algún  ejercicio  con  anterioridad  al  Acuerdo  de  20  de 
noviembre de 1996: 1 punto. Este mérito se acreditará mediante certificación extendida 
por el Consejo General del Poder Judicial, en lo que respecta al proceso selectivo 
convocado por Acuerdo de 15 de mayo de 1995, y por el Ministerio de Justicia en el caso 
de ser anterior.
4.  Por haber superado el dictamen en las pruebas de acceso a la Carrera Judicial 
por la categoría de Magistrado o Magistrada en materias propias de la especialidad en 
las convocatorias de 2008, 2009, 2010, 2013 y 2015, hasta dos puntos.
5.  Por haber superado ejercicios en pruebas de ingreso en la Carrera Fiscal, se 
otorgará una puntuación similar a la señalada en los puntos anteriores, graduada en 
función de la homogeneidad de los procesos aprobados con los de acceso a la Carrera 
Judicial.
Madrid,  22  de  octubre  de  2020.–El  Presidente  del  Consejo  General  del  Poder 
Judicial, Carlos Lesmes Serrano.