BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126807
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16902 Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad de Deusto, para la 
realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 24 de septiembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad de Deusto para la realización de 
prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la 
Universidad de Deusto para la realización de prácticas externas en Juzgados y 
Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia, Doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Sra. don Beatriz Artolazabal 
Albeniz, en virtud del artículo 13 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, de creación, 
supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos, así como del artículo único del Decreto 28/2020, de 7 de septiembre, de 
nombramiento de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y facultada para 
este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11 de mayo de 2021.» es
El Rector de la Universidad de Deusto, Sr. don José M.ª Guibert Ucín, nombrado por  o
Acuerdo de la Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis) de 15 de  902ww
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Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1. 5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia establece en su Anexo, apartado B) que «La planificación, 
programación  y  control  administrativos  de  los  medios  materiales  precisos  para  la 
actuación de los Tribunales de Justicia en el País Vasco» y «la adquisición de inmuebles, 
mobiliario y enseres para el uso de los órganos judiciales con sede en el País Vasco, 
corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado E) del citado anexo establece 
que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al 
ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto. e
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atribuyan al Gobierno.
A su vez, el artículo 35,4 del citado Estatuto de Autonomía señala que la Comunidad 
Autónoma  y  el  Ministerio  de  Justicia  mantendrán  la  colaboración  precisa  para  la 
ordenada gestión de la competencia asumida por el País vasco.
Asimismo, las previsiones derivadas del citado Real Decreto 1684/1987, de 6 de 
noviembre y de los traspasos efectuados por los Reales Decretos 410/1996, de 1 de 
marzo y 514/1996, de 15 de marzo, posibilitan un desarrollo más adecuado a dichas 
necesidades de la Administración de Justicia, así como la coordinación y planificación 
general  de  las  competencias  atribuidas  a  la  comunidad  autónoma  en  relación  con 
tribunales, juzgados y fiscalías.
El artículo 13. 1 d y e) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de 
creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 
actuación de los mismos, recoge entre las funciones del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, entre otras, las de atender las relaciones con el poder 
judicial  y  la  provisión  de  los  medios  necesarios,  personales  y  materiales,  para  el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.
Séptimo.
La Universidad de Deusto tiene entre sus fines «formar personas que, desde su 
respectiva capacitación universitaria, fomenten en la sociedad el servicio de los valores 
de la persona integral, particularmente preocupada por la promoción de la justicia en el 
mundo y competente para trabajar por ella».
Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos, resulta de interés la organización de 
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo. e.e
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en  902ww
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Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad de Deusto pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  convenio  la  realización  de  prácticas  externas 
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad de Deusto y siempre de titulaciones relacionadas con 
profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  juzgados  y  tribunales  de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco
Por  un  lado,  el  Departamento  de  Igualdad,  Justicia  y  Políticas  Sociales  se 
compromete  a  permitir  la  realización  de  las  prácticas  externas  objeto  del  presente 
convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y 
tribunales.
Por otro lado, la Universidad de Deusto se compromete a que la persona o personas 
que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los 
siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad de Deusto que 
sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad de Deusto que certifique su actividad como tutor/a de 
estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad Autónoma del País Vasco estará siempre supeditada a las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación alguna por parte de la Universidad de Deusto o concesión de indemnización 
o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su  colaboración  al  Ministerio  de  Justicia  y  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes 
a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia y de acceso a las Carreras judicial y fiscal.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda. o
Condiciones y requisitos generales de las prácticas. 902ww
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en
reesgpuelcaina ll aas  lpor áecstitcaabsle accidaod éemni ceal sR eexatel rDnaesc rdeeto l o5s9 e2s/t2u0d1ia4n, tdees  u1n1i vdeers ijtualrioio, sp.or el que se
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como Anexo I al presente convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las 
prácticas externas de la Universidad de Deusto.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que 
lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Deusto, 
realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a 
establecer  por  la  persona  responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y 
cautelar  dichas  prácticas,  poniéndolo  en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que 
adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia  y  la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedan exentos de 
cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son 
de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes 
se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo 
cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de 
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el 
desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, 
todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, 
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas. e
Tercera  Cobertura de riesgos. 902ww
realiLzaa ccióonn tdineg leansc piará cdteic aasc ceixdteenrnteass  as uqfuried osse  roe fqieuree  eol cparseisoennet ee cl oanlvuemnnioa dsoe rád uarsaunmteid ala, 
exclusivamente, por la Universidad de Deusto, en aquellos casos no cubiertos por el
seguro escolar. Bc
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un  s
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la  e.
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o  w.
personas que ejerzan la tutoría de las mismas. 902ww
que Leaj eUrznaiv/ne rslaid taudto dríea  Dqeuues tloo  esmoliictiirtáe nu,n p door cluam ceonlatob oarcarceidóinta ptirveos ata dlaa p eenrs eoln ap roo gprearmsoan daes 
prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las 
partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones 
que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-
ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente convenio, la 
Universidad de Deusto se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas 
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración 
prestada  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia,  la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los tribunales y 
juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada 
comisión. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las 
partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados. e.
Novena.  Efectos y modificación del convenio. 902ww
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mediante acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de 
antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, el convenio será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado» e, igualmente, será objeto de publicación 
en el «Boletín Oficial del País Vasco».
2.  Cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un 
plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
3.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En  este  caso,  cualquiera  de  las  partes  podrá  notificar  a  la  parte  incumplidora  un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que  se  consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la  comisión  de 
seguimiento y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente convenio.
Undécima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que  bo
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las  902ww
PInrsetsitiudceinotnee sd eql uTer ibreupnrael seSnutparne,m  sou syc rdibeel nC  eolnescetrjóon iGcaemneernatle  deell   Pproedseern tJeu dcicoinavl,e nCioa.r–loEsl 
LJuesstmiceias  yS Perorlaítnicoa.–sL Sao Mciianliesstr,a B deea tJriuzs Aticrtioal,a Pzailabra lL Alolpb eCnuize.n–cEal .R–Leac toCro dnes elaje rUan divee rIgsiudaaldd adde, 
Deusto, José M.ª Guibert Ucín. cve: VerifiBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
Núm. 2 49 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126815
   
ANEXO I
   
En ………………................., a ......... de ........................ de ............       
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:            DNI:            
Titulación que cursa:             Centro:       
Domicilio:             Municipio:            Provincia:            Cód. Postal:            
Teléfono móvil:             Teléfono fijo:             e-mail:            
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:           Modalidad de la práctica:   Centro gestor:            
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:    
Horario:            
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :             Email:             Teléfono:            
Tutor de la Universidad:             Email:             Teléfono:            
Pro  Proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el 
convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el 
compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el 
secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que 
en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad de 
donde se realiza la práctica,  Deusto, 
Fdo.            Fdo.            Fdo.            w.
  2021-16902n https://ww