BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70630
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9774 Sala  Segunda.  Sentencia  86/2020,  de  20  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 5319-2018. Promovido por Gesnarros Churral, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial  sin  indefensión:  emplazamiento  mediante  edictos  sin  apurar 
previamente las posibilidades de averiguación del domicilio efectivo (STC 
122/2013).
ECLI:ES:TC:2020:86
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, 
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5319-2018, promovido por Gesnarros Churral, S.L., 
contra la providencia de 10 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 32 de Madrid por la que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones 
formulado por la mercantil recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
345-2017. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido y formulado alegaciones 
Kutxabank, S.A. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 11 de 
octubre  de  2018,  doña  María  de  los  Llanos  Ferrando  Galdón,  procuradora  de  los 
tribunales, en nombre y representación de Gesnarros Churral, S.L., bajo la dirección del 
letrado don Tomás Cuevas Martínez, interpuso recurso de amparo contra la resolución 
judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid se tramita, a instancia 
de  Kutxabank  S.A.,  el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  345-2017  frente  a 
Gesnarros Churral, S.L., hoy demandante de amparo. El título objeto de ejecución se 
corresponde con la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria otorgada por  s
Caja de Ahorros y Monte Piedad de Córdoba (Cajasur) y la sociedad Gesnarros Churral,  e.
S.L., el día 4 de diciembre de 2006, novada el 30 de noviembre de 2012 y afianzada en  w.
ambos casos de manera solidaria por la administradora de la sociedad deudora doña  74ww
Anab M) arCíao nA loannsteor iLoarigduanda  ay  psour  dinoteñrap Iossaicbieóln L óspee zin Atelonntasroo ny  dlaosñ an Aotnifaic Laócipoenze sA lodnesl os.aldo
dsoecuideodra dm perdeiasntateta reial  eennv síou  dsee dsee nsodcoisa lb duer olafa cxaelsle e Pl o1n5f edrera sdeap ntiúemm.b 1re2  ddee  2M0a1d7r idta, nctoom ao  laa   BOE-A-cable e
dos de las fiadoras en el mismo domicilio, y, a la tercera, en la calle Pinos Baja núm. 62 
de Madrid, domicilios designados en ambas escrituras públicas. Los burofaxes fueron 
devueltos  al  emisor  al  resultar  desconocidos  sus  destinatarios  en  los  domicilios 
designados.
c)  El órgano judicial dictó auto despachando ejecución el 14 de noviembre de 2017 
y decreto, de la misma fecha, requiriendo de pago a la sociedad deudora en el domicilio 
social de la misma, sito en la calle Ponferrada núm. 12 de Madrid.
El requerimiento de pago y la notificación a la sociedad, realizado a través del 
servicio común, resultaron infructuosos recogiéndose, en la diligencia intentada el 15 de 
diciembre de 2017, las manifestaciones del portero de la finca en las que afirmaba que 
«hace muchísimos años que se ausentaron de esta dirección». Lo mismo sucedió con 
los intentos de notificación a las dos fiadoras en sus respectivos domicilios.
d)  El 19 de diciembre de 2017, el órgano judicial intentó averiguar otros posibles 
domicilios de la sociedad deudora mediante consulta de las bases de datos asociadas al 
punto neutro judicial [Agencia estatal de la administración tributaria (AEAT), catastro, 
Dirección General de Tráfico (DGT) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)]. 
El  resultado  de  la  consulta  ofrecía  la  siguiente  información:  «la  DGT  no  posee 
información del número de documento […]», la TGSS advierte que «[n]o hay datos 
registrados para el identificador solicitado», la Agencia Tributaria señala como domicilio 
social de la demandada el de la calle Ponferrada núm. 12 (Madrid), y, por último, el 
catastro indica el domicilio sito en la calle Voluntarios Catalanes 68-70 (Madrid).
e)  Por diligencia de ordenación de 19 de diciembre de 2017, se tiene por recibida 
diligencia de requerimientos negativa a la ejecutada y a los fiadores, y se procede a 
acordar, «toda vez que no aparecen otros domicilios de la parte ejecutada en los que 
poder llegar a efecto la notificación y requerimiento», la notificación del despacho de 
ejecución por vía edictal.
f)  Por decreto de 2 de abril de 2018, se acordó convocar subasta para la venta 
pública de la finca hipotecada sita en la calle Voluntarios Catalanes 68-70, primero A, 
Madrid. Firme este, por diligencia de ordenación de 27 de abril de 2018 se dispone la 
publicación de los edictos en el portal de subastas de la Agencia Estatal del Boletín 
Oficial del Estado.
g)  Con fecha 25 de junio de 2018, comparece en la secretaría del órgano judicial el 
nuevo  administrador  de  la  sociedad  don  Miguel  Armero  Sauz  –tras  la  dimisión 
presentada por doña Ana María Alonso Laguna aportando copia de la elevación a 
público del acuerdo de cese y nombramiento de administrador único en escritura de 12 
de febrero de 2018 y otorga poder apud acta–.
h)  Por decreto de 24 de julio de 2018, se aprobó la tasación de costas y la 
liquidación de intereses.
i)  La sociedad ejecutada se personó en el procedimiento con fecha 27 de julio 
de 2018 y promovió incidente de nulidad de actuaciones. En su escrito, la sociedad 
recurrente alega, en primer lugar, la vulneración del art. 24. 1 CE por haberse intentado 
la citación únicamente en el domicilio que fue el de la sociedad, con incumplimiento del 
art. 686 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), entre otras normas que cita, y denuncia 
la indefensión a la que se ha visto sometida al haberse seguido el procedimiento de 
ejecución hipotecaria sin haber tenido conocimiento del mismo (al respecto cita múltiples 
resoluciones  del  Tribunal  Constitucional:  SSTC  122/2013,  de  20  de  septiembre; 
126/2014, de 21 de julio; 169/2014, de 22 de octubre; 30/2014, de 24 de octubre, 
o 6/2017, de 16 de enero). En segundo lugar, la mercantil recurrente reclama en el  s
escrito de nulidad su condición de consumidor [sentencia del Tribunal de Justicia de la  oe.
Unión  Europea  (en  adelante,  STJUE)  de  3  de  septiembre  de  2015  y  resoluciones  w.
diversas de audiencias provinciales y del Tribunal Supremo], así como el carácter de la  74ww
fcinlácuas uhlaipso atebcuasdivaa sc oqmueo  pduodmieircailnio e xhiasbtiirt.ual a los efectos de solicitar la revisión de las
incidj)e ntPeo dr ep nrouvlididaedn.cia de 10 de septiembre de 2018 fue inadmitido a trámite dicho  BOE-A-cable e
El órgano judicial afirma que «el presente procedimiento de ejecución hipotecaria ni 
está concluido ni nada ha impedido a la sociedad deudora formular oposición a la 
ejecución o recurrir cualquiera de las resoluciones dictadas desde el 19 de noviembre 
(sic) de 2017 fecha en la que fue válidamente notificada del despacho de ejecución por 
edictos, notificación por edictos que se realizó como último recurso y agotadas las 
posibilidades  de  practicar  la  diligencia  en  el  domicilio  de  la  sociedad  deudora. 
Concretamente se intentó por dos veces la notificación inicial en el domicilio social de 
Gesnarros Churral, S.L., que hizo constar tanto en la escritura pública del préstamo 
hipotecario de 4 de diciembre de 2006 como en la de novación posterior de 30 de 
noviembre de 2012. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2017, se intentó averiguar 
otros posibles domicilios de la sociedad deudora mediante consulta de las bases de 
datos  asociadas  al  punto  neutro  judicial  (AEAT,  catastro,  DGT  y  TGSS),  sin  que 
aparecieren. Dicha notificación por edictos es válida y acorde con la doctrina expresada 
por el Tribunal Constitucional en sentencias 135/2014, de 8 de septiembre; 137/2014, 
de 8 de septiembre; 150/2016, de 19 de septiembre; 200/2016, de 28 de noviembre, 
y 106/2017, de 18 de septiembre». Añade, a renglón seguido, que para la sociedad 
deudora «tampoco se puede considerar un acontecimiento imprevisible la existencia del 
presente procedimiento de ejecución teniendo en cuenta que lleva más de tres años sin 
realizar pago alguno a cuenta del préstamo».
La  resolución  termina  haciendo  referencia  a  la  alegación  sobre  el  carácter  de 
vivienda familiar de la finca hipotecada por Gesnarros Churral, S.L., y al hecho de que el 
administrador de la sociedad deudora y su familia tengan su residencia en ella. Al 
respecto el órgano judicial considera, en síntesis, que (i) sólo las personas físicas 
pueden tener vivienda familiar, (ii) que no se puede considerar la finca hipotecada como 
segundo domicilio y (iii) que la sociedad deudora no puede invocar la aplicación de 
normativa  de  defensa  de  consumidores  y  usuarios  ni  considerarse  legitimada  para 
formular oposición por la presencia de cláusulas abusivas en el título de ejecución al 
amparo de la causa de oposición cuarta del apartado primero del art. 695 LEC.
3.  La  entidad  recurrente  alega  que  la  resolución  judicial  impugnada  causa  la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con 
todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  al  haberse  efectuado  su  emplazamiento  en  el 
procedimiento hipotecario a través de edictos, pese a constar en autos un domicilio 
alternativo, tal y como resulta de la propia consulta domiciliaria efectuada por el punto 
neutro judicial.
Añade que el juzgado tampoco efectuó otras labores de averiguación alternativas 
tendentes  a  conocer  el  verdadero  domicilio  de  la  mercantil  actora,  ni  siquiera 
comunicando el proceso en el domicilio de la finca hipotecada. Además, advierte que la 
providencia recurrida incurre en un error importante, pues demuestra que la misma ha 
sido dictada sin que el juez haya cotejado la consulta domiciliaria incluida en autos, pues 
no se puede explicar de otro modo el hecho de que no advirtiera a simple vista que en 
dicha  consulta  aparece  como  domicilio  perfectamente  visible  aquel  sito  en  la  calle 
Voluntarios Catalanes, 68, primero A (además del domicilio en la calle Ponferrada, 12, 
único en el que se practicaron los intentos de notificación).
Finaliza  su  alegato  advirtiendo  que  la  vulneración  del  art.  24  CE  tiene  como 
precedente la previa vulneración de las reglas procesales esenciales de notificación al 
demandado,  previstas  genéricamente  en  los  art.  155,  156,  158  y  161  LEC,  y, 
particularmente, para los casos de ejecución, en los arts. 553 y 686 LEC. A su juicio, la 
vulneración denunciada reviste un carácter cualificado, pues, por un lado, la negligencia  e.
del juzgado ha sido determinante para que no haya concurrido en el procedimiento de  w.b
ejecución hipotecaria que se seguía contra ella ni, por tanto, ejercer sus derechos de  74ww
adcetfievnos ean y ,j upeogro o etrso ,l as evi vtrieantad ad eh aubni tuparol ceend ilma iqeuneto r edsei deejenc eulc aiódnm hinipisottreacdaorri ad ee nG eels qnuaerr oesl 
ChuLrraa l,s oSc.Lie.,d qaude r peacudrerceen tuen ad eednicfear muend aadp agrrtaavdeo,  ay  sjuus ftaifmicialira .la especial transcendencia
constitucional que identifica, en los términos expuestos en la STC 155/2009, en el
supuesto de la negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal 
Constitucional por parte de un órgano judicial [art. 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ)], así como en dar ocasión al tribunal para aclarar o reflexionar sobre su 
doctrina  ante  cambios  normativos,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión 
interna, como acontece en el caso que ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas 
realidades  sociales  o  de  cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del 
contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de 
garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los 
que se refiere el art. 10.2 CE. Al respecto, enumera supuestos idénticos al presente en 
los que el tribunal ha apreciado la especial transcendencia constitucional.
En  consecuencia,  la  recurrente  solicita  que  este  Tribunal  Constitucional,  con 
estimación  del  amparo,  acuerde  la  nulidad  de  la  providencia  de  10  de  septiembre 
de 2018 que inadmitió a trámite el incidente de nulidad, así como de cuantas actuaciones 
se hayan realizado en el seno del procedimiento de ejecución hipotecaria 345-2017, 
seguido  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  32  de  Madrid,  al  no  haberse 
respetado las garantías exigibles, y ordene reponer las actuaciones al momento previo al 
requerimiento de pago o, en su caso, al traslado del escrito de demanda, para que se 
despache la ejecución en legal forma.
4.  Mediante providencia de 18 de junio de 2019, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó la admisión a trámite del presente recurso al apreciar que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]. Por ello, constando ya en el recurso el testimonio del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 345/2017 y en aplicación de lo dispuesto en 
el art. 51 LOTC, se acordó también dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 32 de Madrid, a fin de que, en el plazo que no excediera de diez días, 
emplace a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente 
en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer si lo desearan. 
Asimismo  se  acordó  formar  pieza  separada  para  la  sustanciación  del  incidente  de 
ejecución.
5.  Por escrito de fecha 10 de julio de 2019, se personó el procurador de los 
tribunales don Ángel Rojas Santos en representación de Kutxabank, S.A.
6.  Por ATC 74/2019, de 15 de julio, se acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada por la sociedad recurrente del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
345-2017 y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de 
la propiedad.
7.  El secretario de justicia de la Sección Tercera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 30 de septiembre de 2019, acordó tener por personado a Kutxabank, 
S.A., y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al fiscal por plazo común 
de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad 
con el art. 52.1 LOTC.
8.  El fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado ante este tribunal 
el 30 de octubre de 2019, solicitando el otorgamiento del amparo.
Tras exponer los hechos y hacer alusión a la jurisprudencia dictada por el tribunal  e.e
sobre la validez de la notificación edictal, concluye que «es procedente la estimación del  b
amparo, pues el órgano judicial acudió a la vía edictal de manera inmediata, tras una  74ww
adcirteivcicdiaódn  iny,v essinti geamdobraar gqou es dei od reesspurletacdióo  epsoes itidvaot,o y, ao qputaen edlo  cadtea sftororm sae ñeaxlóp líucnitaa  dpisotrin tlaa 
anpol icpaocdióían  daeustocmonáoticcear  dpeol raqrut.e 6 8e6l .3p roLpEiCo , idnecsidoeynetned od ela  nduolicdtaridn ap claonntsetaitduoci orneaclo [g…ía]  qcuitae 
jurisprudencial en ese sentido, teniendo en cuenta además que en este caso, al contrario
de otros que se le han sometido a este tribunal, no se le exigía al órgano judicial una 
actividad de averiguación ni siquiera relativamente compleja, pues bastaba con que se 
comprobara en la propia documentación remitida por el punto neutro judicial que a la 
sociedad deudora se la relacionaba con otro domicilio». Comparte, además, con la 
demandante  de  amparo  que  el  banco  ejecutante  era  conocedor  de  otro  domicilio 
alternativo, y el juez podía al menos haberlo requerido para manifestar si le constaba 
algún otro domicilio del ejecutado.
A juicio del fiscal el órgano judicial, no cumplió «con las exigencias derivadas de la 
doctrina  constitucional,  que  concibe  el  emplazamiento  edictal  como  último  remedio, 
subsidiario  respecto  a  la  citación  personal,  y,  por  el  contario,  actuó  con  palmario 
automatismo, sin intentar una mínima actividad averiguadora de algún otro domicilio que 
resultara eficaz al objeto perseguido de que los ejecutados tuvieran fiel conocimiento de 
la existencia de la demanda en su contra y permitirles así el ejercicio de su derecho. Y 
una vez denunciada, ante el mismo, la posible vulneración de los derechos de los 
ejecutados, rechazó declarar la nulidad de lo actuado». Actuación que impidió a la 
ejecutada acceder al proceso y ejercer las actuaciones que le correspondían.
El fiscal termina su escrito de alegaciones solicitando el reconocimiento del derecho a la 
tutela judicial efectiva, la declaración de nulidad de la providencia impugnada y la retroacción 
de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento de pago a la 
demandada para que se le comunique el despacho de ejecución de forma legal.
9.  La  representación  procesal  de  Kutxabank,  S.A.,  presentó  sus  alegaciones 
mediante escrito registrado ante de este tribunal el 31 de octubre de 2019, solicitando la 
desestimación del amparo.
Comienza su escrito haciendo referencia a lo pactado por las partes en la escritura 
de préstamo en relación con el domicilio a efectos de la práctica de las notificaciones y 
requerimientos; tras hacer alusión al art. 682.2 LEC, aduce que la sociedad prestataria 
fijó en la escritura de constitución del préstamo hipotecario objeto de ejecución como 
domicilio  para  la  práctica  de  notificaciones  y  requerimientos  el  domicilio  social  de 
Gesnarros Churral, S.L., sito actualmente en la calle Ponferrada núm. 12 de Madrid, este 
domicilio fue confirmado posteriormente en la escritura de modificación de préstamo 
hipotecario otorgada por las mismas partes el 30 de noviembre de 2012, en la que 
incluso los propios otorgantes lo designaron en su comparecencia.
Añade que en ningún momento Gesnarros Churral, S.L., hizo uso del procedimiento 
previsto  en  el  artículo  683  LEC  para  modificar  dicho  domicilio,  ni  lo  comunicó  a 
Kutxabank  por  ningún  medio,  por  lo  que,  a  todos  los  efectos,  el  único  que  podía 
considerarse válido legalmente era el de la calle Ponferrada de Madrid. Esta pasividad a 
la hora de modificar el domicilio a los efectos de las notificaciones le colocó, a su juicio, 
en una situación de indefensión que sólo a ella le resulta imputable, no resultando 
admisible que se traslade la responsabilidad de su provocada ignorancia a la entidad 
financiera. Considera la parte que el artículo 572.2 LEC no impone a los acreedores que, 
con base en un título ejecutivo pretenden acudir al procedimiento de ejecución, la «labor 
detectivesca»  de  conocer  dónde  puedan  ser  localizados  los  deudores  a  quienes 
pretende demandar, sino, dentro de sus limitadas posibilidades, tratar de notificarles el 
saldo deudor en el domicilio que les conste, bien en la póliza o en el manifestado en 
caso de cambio por el deudor. Si el deudor modifica su domicilio y no lo comunica a la 
entidad  acreedora  —como  es  el  caso—,  la  responsabilidad  de  la  imposibilidad  de 
haberse podido notificar el saldo deudor recae única y exclusivamente en este.
Advierte que si hubo alguna notificación con Gesnarros Churral, S.L., en un domicilio  e.
diferente  del  social  designado  en  escritura,  se  produjo  en  relación  con  productos  w.b
financieros que nada tenían que ver con el préstamo hipotecario objeto de autos y para  74ww
fcinoanlsididaedreas q tuoeta dlmeebnet eta dmifbeiréenn treesp.u Yta, rpsoer  púeltrimfeoct,a emne rnetlea cvióánlid cao, np ulae sa cpturaacctiiócnó  dlae ld jiulizggeandcoia, 
mene reelc deo mlai cdilieos edsetsimigancaidóon  pdaer al ae llnou plidoar dla sd ep aartcetsu,a cpioorn elos  qpulea nnteinagdúan  dreep rcoocnhtera rjuior.í diEcno 
consecuencia  debe  desestimarse  el  recurso  de  amparo,  con  confirmación  de  la 
providencia de 10 de septiembre de 2018.
10.  La  representación  procesal  de  Gesnarros  Churral,  S.L.,  presentó  sus 
alegaciones mediante escrito registrado ante de este tribunal el 4 de noviembre de 2019, 
ratificándose y reiterando lo alegado en la demanda de amparo. No obstante, para 
reforzar sus argumentos, hace referencia a la actuación negligente del juzgado y a la 
maliciosa actuación de la entidad ejecutante. Termina su escrito de alegaciones haciendo 
alusión a la jurisprudencia dictada sobre notificación edictal tras la presentación del 
recurso de amparo.
11.  Por providencia de 16 de julio de 2020 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 20 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si la providencia de 10 de 
septiembre de 2018, dictada por Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, por la 
que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la mercantil 
recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 345-2017, ha vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haberse seguido el proceso de 
ejecución sin haberse emplazado personalmente a la ejecutada, ya que el órgano judicial 
acudió al emplazamiento por edictos sin haber agotado, previamente, los mecanismos 
previstos en el art. 686.3 LEC para intentar su localización personal, tal y como así exige 
la jurisprudencia constitucional.
El fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado derecho 
fundamental ha sido vulnerado por las razones ya expuestas en los antecedentes de 
esta sentencia. Por su parte, Kuxtabank, S.A., solicita su desestimación.
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda.
Aunque  ninguna  de  las  partes  comparecidas  ha  puesto  en  duda  la  especial 
trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de 
conformidad con los artículos 49.1 y 50.1 b) LOTC y, por consiguiente, de orden público 
procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas), exigencias 
de certeza y buena administración de justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto 
Arribas Antón c. España, § 46) obligan a explicitar el cumplimiento del mismo a fin de 
hacer así recognoscibles los criterios empleados al efecto por este tribunal.
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la Sección Tercera de este tribunal, 
por providencia de 20 de diciembre de 2016, admitió a trámite el presente recurso de 
amparo,  al  apreciar  «que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera 
haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de 
este tribunal [STC 155/2009, FJ 2, f)]». Una negativa que «no puede ser identificada con 
‘la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si fuera objetivable y 
verificable’ en el caso concreto. Para el tribunal se trata de algo radicalmente distinto, 
como lo es ‘la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o dicho en otras 
palabras, a una decisión consciente de soslayarla (en este sentido, STC 133/2011, de 18  e
de julio, FJ 3, y 155/2015, de 8 de junio, FJ 2)’ (STC 5/2017, de 16 de enero, FJ 2). Y es  bo
que es precisamente el ‘elemento intencional o volitivo el que caracteriza este concreto  74ww
sduisptiunegsuteo  ddee u ne sspuepcuiaels ttor assucbejnedtiveon,c qiau ec onnos otibtujectioivnoa, ld’ e( SvTuCln e5ra/2c0ió1n7 ,p oFr Ji na2p) liyc aecli ónq udee  llao 
jduoricstprirnuad ednicctiaa dcao npsotri tuecsioten atlr.i bEunna lo tnraos  ppuaeladber asse,r  ecl oinnsciudmerpaldimo iecnotmo op ourn  ssí uspouleos tdoe  dlea 
especial trascendencia constitucional, pero una vez advertida la cualidad que hace del
mismo un supuesto de trascendencia constitucional —es decir, la existencia de una 
negativa manifiesta— este tribunal debe conocer del recurso y aplicar su doctrina al caso 
concreto»  (SSTC  106/2017,  de  18  de  septiembre,  FJ  2,  y  101/2019,  de  16  de 
septiembre, FJ 2).
La jurisprudencia constitucional aplicable al caso sobre la interpretación que debía 
darse del artículo 686.3 LEC, en redacción producida con la Ley 13/2009, posteriormente 
modificada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, para no incurrir en la vulneración del 
artículo 24.1 CE, había sido citada y extractada en lo fundamental por la parte en el 
escrito por el que se promovió el incidente de nulidad de actuaciones, y, sin embargo, el 
juzgado, aunque no rechazó expresamente la toma en consideración de la jurisprudencia 
invocada por la recurrente, se limitó a entender suficiente, a los efectos de notificación, 
los dos intentos realizados en la dirección de la sociedad fijada en la escritura de 
constitución de la hipoteca, tras la infructuosa, a su juicio, consulta de las bases de datos 
asociadas al punto neutro judicial (AEAT, catastro, DGT y TGSS), cuando, en realidad, 
presentaba un domicilio distinto del social al que podía haberse dirigido la notificación del 
procedimiento en curso. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por la sociedad 
recurrente en el escrito del incidente de nulidad de actuaciones.
3.  La doctrina constitucional aplicable al presente caso.
Este tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la comunicación del 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  cuando  sea  negativa  la  notificación  y  el 
requerimiento de pago en el domicilio que consta en el registro de la propiedad y, más 
concretamente,  sobre  la  necesidad  de  que  el  órgano  jurisdiccional  agote  las 
posibilidades de averiguación del domicilio real, antes de acudir a la comunicación 
edictal.
En concreto, se ha afirmado en la STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3, que «cuando 
del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la 
existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de 
comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación 
antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, 
FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)». Para el 
tribunal,  «desde  una  estricta  perspectiva  constitucional,  procede  realizar  una 
interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de 
forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad de 
la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al 
proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de 
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5).
La aplicación de la doctrina de la STC 122/2013, reiterada en una pluralidad de 
sentencias posteriores (por todas STC 29/2020, de 24 de febrero, FJ 3, y las allí citadas), 
lleva a apreciar, en este caso, la vulneración del art. 24.1 CE. En efecto aunque el 
órgano  judicial  realizó  una  actividad  investigadora  al  consultar  las  bases  de  datos 
asociadas al punto neutro judicial (AEAT, catastro, DGT y TGSS), que dio resultado 
positivo al señalar el catastro una distinta dirección a la realizada por dos veces en el 
domicilio social de Gesnarros Churral, S.L., se procedió a la comunicación edictal.
La recurrente, con cita expresa de la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de 
que los órganos judiciales extremen su diligencia en la averiguación del domicilio del  e
deudor, denunció a través del incidente de nulidad de actuaciones la indefensión que le  bo
había  ocasionado  la  sustanciación  de  un  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  74ww
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domicilios de la sociedad deudora, llevado a cabo mediante la consulta de las bases de
datos asociadas al punto neutro judicial, fue suficiente a los efectos del cumplimiento de 
la doctrina constitucional acerca de la validez de la comunicación edictal. Pues bien, al 
conformarse dicho órgano judicial con ese «único intento fallido de averiguación», obvió 
el carácter excepcional y supletorio que la comunicación por edictos tiene respecto de la 
notificación personal, al no haber «agotado los medios de averiguación del domicilio del 
deudor o ejecutado» (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5), que cabía considerar como 
razonablemente a su alcance antes de recurrir a la notificación edictal. Pudo haber 
acudido a la dirección de la finca hipotecada; o al domicilio del administrador de la 
sociedad, que era el que suministró la propia recurrente en el incidente de nulidad de 
actuaciones.
Pero es que, además, con la respuesta ofrecida, ratio decidendi de su decisión, el 
órgano judicial no sólo incumplió la doctrina constitucional puesta de manifiesto por la 
recurrente  en  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones,  al  entender  agotadas  las 
posibilidades de practicar la diligencia en el domicilio de la sociedad deudora y cumplida 
su función de averiguación de otros posibles con la consulta realizada a través del punto 
neutro judicial, sino que, en aplicación de la misma, no subsanó el error en el que 
incurrió tras no advertir que en la información obtenida en dicha consulta, sí se ofrecía un 
domicilio alternativo por el catastro. En la reciente STC 32/2020, de 24 de febrero, esta 
sala estimó, en un caso similar al presente, que se vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva al considerar que el juzgado debió de haber valorado la documentación aportada 
junto al escrito de promoción del incidente de nulidad, de la que no tuvo conocimiento 
hasta  ese  momento,  y  haber  tutelado  los  derechos  del  ejecutado  y  acordado  lo 
procedente, en aquel momento, a la vista de las alegaciones presentadas. En dicho 
caso, y a diferente del presente, la Sala apreció que el órgano judicial actuó con toda 
diligencia pues «intentó llevar a efecto el acto de comunicación en el domicilio de la 
localidad […] que figuraba en las escrituras de subrogación del préstamo hipotecario 
suscrito. Posteriormente, lo trató de hacer en otro domicilio […] que había facilitado la 
entidad bancaria acreedora en su demanda. Y, por último, lo intentó nuevamente en el de 
la localidad que había obtenido a través del punto neutro judicial, sin que en ninguna de 
las tres ocasiones hubiera llegado a practicar de modo efectivo la notificación personal» 
[fundamento jurídico 5 B)].
Así pues, y como tampoco consta que hasta el momento de presentar el incidente de 
nulidad,  la  sociedad  ejecutada  hubiera  conocido,  judicial  o  extrajudicialmente,  la 
existencia  del  procedimiento,  no  se  puede  considerar,  como  esgrime  el  juzgado  al 
entender  previsible  su  conocimiento  al  no  abonarse  los  diferentes  plazos  de  los 
préstamos, que la sociedad deudora hubiera podido, en plazo, «formular oposición a la 
ejecución o recurrir cualquiera de las resoluciones dictadas desde el 19 de noviembre 
de 2019».
4.  Conclusión.
Por lo expuesto, procede la estimación del recurso de amparo con nulidad de la 
providencia de 10 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 32 de Madrid, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la 
mercantil  recurrente  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  345-2017. 
Asimismo,  como  medida  de  restablecimiento  del  derecho,  hemos  de  acordar  la 
retroacción  de  las  actuaciones  hasta  el  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento de pago, a fin de que se provea por el órgano judicial a la notificación de la 
demanda ejecutiva y el requerimiento de pago a la recurrente en términos respetuosos  e
con su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE),  bo
pues fue en dicho momento procesal en el que le fue causada la indefensión que aprecia  74ww
eesnt ela  tarivbeurnigaul aacl inóon  daeclt udaorm eilc iólirog adneol e jjuedciuctiaald oco, np alara d, idlieg eenscei am pordooc,e nsoatl ifqicuaer lele  lae reax iesxteignibcilae 
del procedimiento.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la mercantil Gesnarros Churral, S.L., y, 
en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla  en  su  derecho  y,  en  consecuencia,  declarar  la  nulidad  de  la 
providencia de 10 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 32 de Madrid en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 345-2017, así 
como todo lo actuado inclusive el requerimiento de pago.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento 
de pago a la demandante, para que se le comunique el despacho de ejecución en 
términos respetuosos con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinte de julio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.