BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 334 Miércoles 23 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 118862
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
16840 Real  Decreto  1161/2020,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias 
para  abaratar  a  los  agricultores  el  sobrecoste  de  la  desalación  y  de  la 
extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.
El aprovisionamiento y uso del agua es uno de los principales retos a los que se 
enfrenta  la  Humanidad  al  tratarse  de  un  recurso  natural  escaso  en  su  estado  de 
potabilidad en relación con una demanda creciente. La gestión en la obtención y el 
suministro de este recurso plantea una espiral creciente de costes, que se ve agravada 
en los territorios insulares con mínima pluviometría, como es el caso de Canarias.
El  regadío  es  el  principal  consumidor  de  agua  en  la  mayoría  de  las  islas  del 
archipiélago canario, con una superficie regada de 28.990 hectáreas, lo que representa 
el 69,85 % de la superficie cultivada. Las aguas de regadío proceden principalmente de 
dos fuentes: aguas subterráneas (galerías y pozos) y aguas de producción industrial 
(desaladas y depuradas). En ambos procesos de obtención de agua de riego el consumo 
de energía es intensivo, incrementado el coste de su obtención.
En este sentido, el artículo 1.18 de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se 
modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias,  ha  añadido  el  artículo  14  bis,  recogiendo  la  obligación  de  establecer 
reglamentariamente  un  sistema  de  compensación,  consignado  anualmente  en  los 
presupuestos generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de 
los  precios  del  agua  desalinizada,  regenerada  o  reutilizada  hasta  alcanzar  un  nivel 
equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo 
agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego 
agrícola. Estos mismos presupuestos para el año 2019, actualmente prorrogados para el 
año 2020, han recogido, en el estado de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (23.05.452A.451), un crédito presupuestario por importe total de 8 
millones de euros para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la 
extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.
Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter excepcional y entendiendo que 
existen razones de interés público y social, y conforme a los principios previstos en el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia que rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Estado tiene 
interés  en  colaborar,  a  través  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, con la Comunidad Autónoma de Canarias para que pueda proporcionar a los 
agricultores canarios un precio para el agua procedente de la desalación y de la extracción de 
pozos y de galerías para el riego agrícola a un coste que resulte más asumible para estos 
agricultores,  contribuyendo  de  este  modo  a  garantizar  una  gestión  eficiente  del  agua  s
destinada al riego agrícola, mediante la concesión directa de una subvención. Al mismo  e.
tiempo, se entiende necesario el mantenimiento de la estructura socioeconómica establecida  w.
por el sector agrícola y su contribución a la necesaria permanencia de su población en el  840ww
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La regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica.
El presente real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas:  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En este sentido, el principio de necesidad 
tiene su razón de ser en el interés general de garantizar el suministro de agua para riego 
en las islas Canarias, de manera que el coste asumido por los agricultores canarios se 
equipare al del resto del territorio nacional. Asimismo, se fomenta el uso de estos 
recursos, contribuyendo a no sobreexplotar los recursos hídricos convencionales.
Por su parte, el principio de eficacia se cumple con la aprobación de dicha norma 
mediante real decreto, al ser el instrumento adecuado para ello, estando previsto de esta 
forma en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
dispone que el Consejo de Ministros aprobará por real decreto, a propuesta del Ministro 
competente  y  previo  informe  del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  las  normas 
especiales reguladoras de las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del 
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad dado que este real decreto 
contiene únicamente la regulación imprescindible para atender la necesidad de superar 
la situación de escasez estructural hídrica del archipiélago canario a través de otros 
recursos como es el agua desalada o el de la extracción de pozos y galerías.
Respecto al principio de seguridad jurídica es necesario destacar que el presente 
real decreto sigue lo expuesto en la normativa existente a tal efecto, siendo acorde a la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y a la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, generando un marco normativo estable, 
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión 
y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, administraciones 
y empresas que participen en los trabajos emanados del mismo.
En relación al principio de transparencia, en la elaboración del proyecto la norma se 
ha sometido al proceso de información previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Por último, respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de la presente norma si 
bien se produce un incremento de las cargas administrativas de aquellos beneficiarios últimos 
de la misma, éstas son compensadas notablemente con el beneficio que obtendrán al abaratar 
el coste del agua desalada y de la extraída a través de pozos y galerías, de manera que el 
coste asumido por los agricultores canarios se equipare al del resto del territorio nacional.
Este  real  decreto  se  ha  sometido  a  informe  de  la  Abogacía  del  Estado  en  el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, se ha recabado 
informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, así como del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 
conforme al artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; del 
Ministerio  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Democrática, 
conforme  al  artículo  26.9  de  la  mencionada  Ley  del  Gobierno,  y  del  Ministerio  de 
Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el informe del Ministerio de Hacienda, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de diciembre de 2020, s
DISPONGO: 840www.
Artículo 1.  Objeto.
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para la gestión y concesión de ayudas para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la 
desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en 
Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.
Artículo 2.  Régimen jurídico aplicable.
Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real 
decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por 
lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de 
aplicación.
Artículo 3.  Entidad beneficiaria y actuaciones a financiar.
1.  Será  entidad  beneficiaria  de  esta  subvención  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias,  que  deberá  desarrollar  un  programa  de  ayudas  bajo  la  modalidad  de 
concurrencia competitiva, que, rigiéndose por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  cumpliendo  con  el  derecho  de  la  Unión 
Europea, tenga por objeto garantizar una gestión eficiente del agua con destino al riego 
agrícola.
2.  Para el cálculo de las ayudas, la Comunidad Autónoma de Canarias tendrá en 
cuenta los costes incurridos por los beneficiarios en la obtención del agua para riego 
agrícola que precise de la utilización de recursos procedentes de la desalación y de la 
extracción  de  aguas  de  pozos  o  de  galerías  para  riego  agrícola  en  el  periodo  de 
referencia del programa de ayudas. En todo caso, la eficiencia energética representará al 
menos el 50 % de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada.
Artículo 4.  Beneficiarios últimos.
Podrán ser beneficiarios últimos de este programa de ayudas las entidades públicas 
o privadas que en las islas Canarias suministren agua para riego agrícola procedente de 
pozos o de desalación. Se incluyen, entre los posibles beneficiarios, entidades locales, 
corporaciones de derecho público, empresas públicas o concesionarias, heredamientos y 
comunidades de aguas canarias, constituidos al amparo de la normativa aplicable y de 
las comunidades de usuarios previstas en la legislación estatal de aguas.
También podrán acogerse aquellas personas físicas que acrediten la propiedad de un 
pozo o una planta desaladora cuyo objeto sea el suministro de agua para riego en su 
explotación agrícola, que tendrá la consideración de autoconsumo como mínimo de 
un 75 %, debiendo justificar la utilización del 25 % del agua restante para riego agrícola 
en otras explotaciones.
Artículo 5.  Cuantía y financiación.
El  importe  de  la  subvención,  8.000.000  de  euros,  se  abonará  con  cargo  al 
presupuesto  de  gastos  de  la  Dirección  General  del  Agua  previsto  en  la  prórroga 
para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2019, 23.05.452A.451,  e.e
«Para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de  w.b
agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias». 840ww
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Artículo 6.  Procedimiento de concesión directa y pago de la subvención.
La concesión de la subvención prevista se efectuará por resolución de la Secretaría 
de  Estado  de  Medio  Ambiente,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  28  de  la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  se  abonará  con  carácter  anticipado  para  la 
financiación  de  las  actuaciones  referidas  en  el  artículo  3  de  este  real  decreto,  de 
conformidad con el artículo 34.4 de la citada ley.
El pago de las ayudas se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
Artículo 7.  Obligaciones de los beneficiarios últimos.
1.  Los  beneficiarios  últimos  llevarán  a  cabo  las  actividades  previstas  en  el 
artículo 3, con el alcance que se determine en la resolución de concesión.
2.  La actividad financiada habrá de realizarse por el beneficiario último dentro de 
los doce meses siguientes desde la recepción de la transferencia de los fondos.
Artículo 8.  Justificación.
1.  La  presentación  de  la  justificación  de  esta  subvención  por  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias se realizará ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en 
un plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución 
previsto en el artículo 7.2 de este real decreto.
2.  En atención a la naturaleza del riego agrícola objeto de la presente subvención, 
la Comunidad Autónoma de Canarias justificará esta ayuda a través de un certificado 
emitido por el titular del órgano concedente del programa de ayudas objeto de esta 
subvención que acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de 
la  subvención,  al  que  se  acompañará  una  memoria  justificativa  que  detalle  el 
cumplimiento  de  las  actividades  recogidas  en  el  artículo  3  de  este  real  decreto. 
Asimismo, presentará certificado expedido por el órgano de intervención competente de 
la Comunidad Autónoma que acredite el destino final de los fondos, con relación de los 
beneficiarios e importes concedidos.
3.  Asimismo,  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  deberá  comunicar  a  la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente los procedimientos de reintegro que pueda 
iniciar, al amparo de lo previsto en la Ley General de Subvenciones y su reglamento de 
desarrollo, en los expedientes de concesión de las ayudas previstas en este real decreto 
y devolver los importes reclamados en los mismos, con independencia de su efectiva 
satisfacción por el beneficiario de sus ayudas, una vez que la correspondiente resolución 
de reintegro adquiera firmeza. Todo ello en los términos y plazos que se especifique en 
la resolución de concesión prevista en el artículo 6 de este real decreto.
Artículo 9.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. e.
2.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43  w.b
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título II del Reglamento de  840ww
ljau liLoe.y 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
Sec3re. tarEíal  ódreg aEnsota cdoom dpee Mteendteio  pAamrab ieexnitgei.r el reintegro de la subvención concedida es la
Artículo 10.  Publicidad.
Serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el 
artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas,  la  presente  subvención,  así  como  aquellas  que  otorgue  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias, según lo dispuesto en el artículo 3.1.
Artículo 11.  Cumplimiento y acreditación de las obligaciones tributarias.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se estará a lo previsto en los 
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio; acreditándose dicho cumplimiento en la forma prevista 
en sus artículos 22 y 24.
2.  La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  conllevará  la  autorización  del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los mencionados artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 
General  de  Subvenciones,  a  través  de  certificados  telemáticos,  en  cuyo  caso  el 
solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante 
podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento,  debiendo  aportar  entonces  la 
certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Reglamento.
Disposición adicional única.  Operaciones de cierre de ejercicio.
La tramitación presupuestaria del expediente correspondiente a la subvención queda 
exceptuada en todas sus fases de los plazos para envío a fiscalización previa previstos en la 
Orden HAC/1074/2020, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 2020 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.
Disposición final primera.  Desarrollo y ejecución.
La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá adoptar, en el 
ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
de este real decreto.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ