BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72  Jueves 25 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 34059
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
4630 Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre 
de 2019, sobre el Pacto Verde Europeo pretende que la Unión Europea sea el primer 
continente climáticamente neutro. Para lograrlo, la Comisión Europea ha presentado un 
ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos 
europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Este Pacto Verde forma 
parte, además, de la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea.
Como en todo proceso de cambio, los efectos sobre los diferentes grupos son 
desiguales. Si bien todos los Estados miembros, regiones y sectores deberán contribuir a 
la transición, la magnitud del desafío no es la misma. Algunas regiones se verán 
particularmente afectadas y sufrirán una profunda transformación económica y social. Por 
ello, el Pacto Verde Europeo traza el camino para una transición justa y socialmente 
equitativa, de modo que no se deje a ninguna persona o territorio en este proceso de 
transformación. Aquí jugará un papel importante la política europea de cohesión.
La Comisión Europea ha propuesto la creación del Mecanismo de Transición Justa 
como herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía 
climáticamente neutral ocurra de manera justa, sin dejar a nadie atrás. Este Mecanismo 
proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica a los Estados miembros e inversores y 
se asegurará de que las comunidades afectadas, las autoridades locales, los interlocutores 
sociales y las organizaciones no gubernamentales estén involucradas; incluyendo un sólido 
marco de gobernanza centrado en planes territoriales de transición justa.
Aunque todas las regiones requerirán fondos y el Plan de Inversión del Acuerdo 
Verde Europeo así lo prevé, el Mecanismo brinda apoyo específico para ayudar a 
movilizar al menos cien mil millones de euros durante el período 2021-2027 en las 
regiones más afectadas, para aliviar el impacto socioeconómico de la transición. El 
Mecanismo creará la inversión necesaria para ayudar a los trabajadores y las 
comunidades que dependen de la cadena de valor de los combustibles fósiles. Se 
sumará a la contribución sustancial del presupuesto de la UE a través de todos los 
instrumentos directamente relevantes para la transición.
En línea con la nueva estrategia europea, el Gobierno de España ha presentado el 
Marco Estratégico de Energía y Clima, que busca facilitar la modernización de la 
economía hacia un modelo sostenible y competitivo que contribuya a poner freno al 
cambio climático. Este Marco Estratégico está integrado por tres pilares: el anteproyecto 
de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca que España cuente con 
un marco normativo sólido y estable para la descarbonización de su economía; el borrador 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge una serie de 
medidas que buscan conseguir la neutralidad de emisiones en 2050; y la Estrategia de 
Transición Justa, una estrategia quinquenal de acompañamiento solidario que asegure  s
que las personas y los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de esta  oe.
transición y que nadie se quede atrás. w.
Los objetivos de la Estrategia de Transición Justa son: Facilitar el aprovechamiento de  30ww
lpaosr  olpao trrtuannisdiacdióens  edeco elómgpicleao  dye m leaj oercao dneo mlaí aco; mgaperatintitviizdaard  uyn c oahperosvióenc hsaocmiaiel ngteon edrea dlaoss 
odpeo ortbusneidrvaadceisó nig usaolbitraer iola:  gséitnuearcoió, cno yle clatisv otes nvduelnnecriaabsl edse, lm muenrdcoa druor alal;b doortaalr  rdees pceapctaoc iad alda   BOE-A-cable e
transición ecológica; promover foros de participación sectoriales; realizar planes sectoriales
en los principales sectores económicos, analizando retos, oportunidades, amenazas y 
diseñando medidas necesarias para llevar a cabo su transformación; evaluar y mejorar los 
actuales instrumentos de la Administración General del Estado de apoyo a la empresa 
para la transición ecológica (apoyo a I+D+i, financiación, préstamos, avales, garantías, 
formación, etc.); proponer políticas de apoyo adecuadas (industriales, de I+D+I, de 
promoción de actividad económica, de empleo y formación profesional, etc.) para el trabajo 
coordinado de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los agentes sociales; y, por último, minimizar los impactos negativos en 
zonas vulnerables a través de Convenios de Transición Justa y a través del Plan de Acción 
Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre.
Para aquellos territorios donde la transición energética y ecológica pueda poner en 
dificultades a las empresas y la actividad económica, tanto el anteproyecto de ley de 
Cambio Climático y Transición Energética como la Estrategia de Transición Justa 
incorporan una herramienta para su reactivación: los Convenios de Transición Justa, que 
deben proponer un plan de acción territorial integral.
Los Convenios de Transición Justa tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y 
creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y 
colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con 
instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente 
con el contexto socio-económico.
Los Convenios de Transición Justa implican trabajar en procesos bien diseñados, con 
amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, pero sobre todo que constituyan 
proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo 
plazo y que dinamicen la transición ecológica.
Por ello, los Convenios de Transición Justa deben tener en cuenta la necesidad de 
mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres y de los colectivos con 
problemas de acceso al mercado laboral, como parados de larga duración, personas con 
discapacidad o población en riesgo de exclusión social. También han de involucrar a los 
jóvenes del territorio, que deberían tener la oportunidad de participar en las decisiones que 
pueden afectar su vida en el mismo, y que conformando su visión del territorio pueden 
encontrar incentivos a la permanencia en el mismo.
Los Convenios de Transición Justa buscan aprovechar los recursos endógenos del 
territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales y atraerán inversiones exógenas, 
cuando sea necesario, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también 
presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social.
Los Convenios de Transición Justa deben ser negociados y pactados incorporando al 
mayor número de actores especialmente a las administraciones a nivel local.
Para llevar a cabo el conjunto de medidas relacionadas con la transición justa, y 
coordinar los esfuerzos de España con la Unión Europea y el resto de sus Estados miembros, 
así como con los entes regionales y locales españoles, es necesario contar con una 
organización específica que cuente con un marco jurídico que permita la consecución de los 
objetivos señalados: el Instituto para la Transición Justa, O.A., cuyo objeto es la identificación 
y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición 
hacia una economía baja en carbono un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los 
impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
El Instituto para la Transición Justa, O.A., será el organismo responsable de la 
elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa, a través de 
la celebración de los Convenios de Transición Justa, así como de cualesquiera otras 
medidas que contribuyan a la consecución de sus objetivos. s
El organismo autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y  oe.
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., fue creado por la Ley 66/1997,  w.
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social con el objetivo  30ww
dcoem lleov ealr  dae csaabrroo llalo  eyj eccuumcipólnim diee nlato p doelí tcicuaa dneta rse mesetrduidcatusr ascei ódnir dijaen l aa m foinmeerínat adre el lc adrebsóanrr, oallsoí 
ecocnosniódmeriaccoi ódne  daeq mueulnlaicsi pzioons amsi nqeureo,s  ddee la ccaurebródno. con la normativa aplicable, tuviesen la  BOE-A-cable e
La disposición adicional décima del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece que el 
organismo autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., pasa a denominarse Instituto para la Transición 
Justa, O.A., y que todas las referencias previstas en la normativa vigente al Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, O.A., se entenderán hechas al Instituto para la Transición Justa, O.A.
Además, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 
el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica, modifica el objeto del Instituto, que pasa a ser la identificación y adopción de 
medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una 
economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando 
los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.
Las funciones que venía desempeñando el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., en el ámbito de 
la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras se mantendrán y 
pasarán a enmarcarse dentro del ámbito más amplio de la transición justa, si bien contarán 
con los elementos de actuación específicos para el ámbito de la minería del carbón.
Así, el Instituto para la Transición Justa, O.A., seguirá implementando el Acuerdo Marco 
para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas 
Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el 24 de octubre de 2018, por el Ministerio para 
la Transición Ecológica con la central sindical UGT-FICA, la Federación de Industria 
de CC.OO., la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector, 
Carbunión, que establece las bases para una transición justa de la minería del carbón y un 
desarrollo sostenible de las comarcas mineras «teniendo en cuenta la situación del sector y 
la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras, 
de acuerdo con las exigencias de la normativa europea». Con este objeto se extendió más 
allá del 31 de diciembre del 2018 el ámbito de las medidas sociales amparadas por la 
Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas 
estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, a fin de facilitar 
su acceso al conjunto de los trabajadores afectados, a la vez que se mantienen, asimismo, 
las medidas dirigidas a impulsar económicamente a las comarcas mineras e incentivar el 
empleo en los municipios mineros afectados. El Instituto para la Transición Justa, O.A., 
mantendrá asimismo la comisión de seguimiento del Acuerdo.
Para que la transición sea justa también es preciso asegurar la continuidad de la 
política de reactivación de las comarcas mineras, extendiendo su ámbito de vigencia y 
facilitando su impulso económico mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, de 
proyectos de restauración del espacio natural afectado por la actividad minera, o bien de 
actividades económicas alternativas que favorezcan la generación de nuevos empleos. De 
ahí que las actividades que desempeñaba el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A., sigan formando 
parte de las actividades del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Además, el Instituto para la Transición Justa, O.A., debe abordar otros desafíos como 
el cierre de centrales térmicas de carbón, y de centrales nucleares sin planes de 
reconversión previos, entre otros.
La disposición final segunda del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, establece que el 
Consejo de Ministros aprobará el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A. El  s
objeto de este real decreto es, por tanto, cumplir esta previsión y dotar al Instituto para la  oe.
Transición Justa de un marco jurídico adecuado para el cumplimiento de sus fines. w.
Con relación a su contenido, el estatuto establece que el Instituto para la Transición  30ww
Jdues 1ta d, eO o.Ac.t,u ebsre u, nd eo rRgaéngiismmeon  aJuutróídniocmo od edle S leocst oprr ePvúisbtolicso e, nfi geul raart qícuuelo p 9e8rm dieti rlaá  Lcoeny s4e0g/2u0ir1 d5e, 
udenpae mndaennecraia m dáesl  Mefiniciisetnetreio  lopsa rfain leas T qraunes liec iósonn E ecnoclóogmicean yd aedl oRse.t oS eD eemstaobglreácfiec,o a ad termaváéss,  dsue   BOE-A-cable e
la Secretaría de Estado de Energía; así como el régimen jurídico del organismo y la
normativa aplicable en materia de recursos humanos, contratación, subvenciones, ejercicio 
de potestades administrativas, patrimonio o control financiero, entre otros. A continuación, 
el estatuto pasa a definir el objeto del Instituto para la Transición Justa, O.A., y enumera 
las funciones que le son encomendadas.
Desde el punto de vista organizativo, el estatuto hace referencia tanto a los órganos de 
gobierno como a los órganos ejecutivos. Entre los primeros se encuentran la Presidencia (que 
corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía) y el Consejo Rector; 
y entre los segundos se encuentran la Dirección, que tiene rango de dirección general; y la 
Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación. Se detallan las funciones de 
cada uno de estos órganos y, en el caso del Consejo Rector, sus normas de funcionamiento.
Se crea un Consejo Asesor, integrado por personas en representación de departamentos 
ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y personas en representación de 
la sociedad civil. La función principal de este Consejo es dar asesoramiento y evaluar el 
impacto de las políticas de transición justa que pondrá en marcha el Instituto.
Por último, se fijan las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que debe 
acompañar la actividad de cualquier organización pública.
La adopción de este real decreto responde a los principios de buena regulación, de 
conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los 
principios de necesidad y eficacia, con esta disposición se actualiza el régimen jurídico de 
este organismo autónomo, dada la necesidad de gestionar de forma adecuada y eficaz 
una transición justa a una economía descarbonizada para los sectores más desfavorecidos. 
En cuanto al principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible en 
relación con la regulación de un estatuto para un organismo público, tal como marca la 
legislación vigente. Asimismo, la actualización del estatuto incrementará la seguridad 
jurídica de sus actuaciones en relación con la transición justa a una economía 
descarbonizada. Finalmente, es conforme con las exigencias de los principios de 
transparencia y de eficiencia, ya que el proyecto se ha tramitado siguiendo las 
prescripciones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, mediante la solicitud 
de informes preceptivos y convenientes para garantizar su acierto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, no se ha realizado consulta pública ni los trámites de audiencia e información 
públicas, ya que es una norma que regula un organismo público de la Administración 
General del Estado, en virtud de su potestad de organización propia.
La tramitación de este proyecto se ha realizado de conformidad con lo establecido en 
el citado artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y se ha regulado su 
contenido de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, 
de la Ministra de Hacienda y de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.   Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A.
Se aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, O.A., cuyo texto se incluye 
a continuación. s
Disposición transitoria única.  Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a  w.
Subdirección General. 30ww
Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a Subdirección General
choansttian uqauráen s seu baspirsuteenbteens  yla sse rráenla rceiotrnibeusid does  cpoune csatorgso d ae  lotrsa mbaisjom oasd acrpétadidtoass  par elsau epsutersutcatruioras 
orgánica prevista en el Estatuto que se aprueba por este real decreto.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el 
Estatuto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales.
El Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los Departamentos ministeriales, se modifica de la siguiente manera:
Uno.  Se añade un nuevo apartado 8 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«8.  La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ejercerá la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.»
Dos.  El apartado 5 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«5.  La persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá 
la Vicepresidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales.»
Tres.  Se suprime el párrafo e) del apartado 1 del artículo 7 y se renumeran los 
siguientes párrafos del apartado 1.
Como consecuencia de dicha supresión el apartado 2 del artículo 7 queda redactado 
en los siguientes términos:
«2.  De la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dependen los 
siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:
a)  La Subdirección General de Economía Circular, que ejerce las competencias 
indicadas en los párrafos a), b), d), h), k), l), m) y n) del apartado anterior, en materia 
de prevención y gestión de residuos, de producción y consumo sostenible, de 
economía circular, de registros, bases de datos e información asociados a la política 
de residuos, así como en materia de suelos contaminados.
b)  La Subdirección General de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial, que 
ejerce las competencias indicadas en los párrafos a), b), d), e), f), g), h), i), l) y m) 
del apartado anterior en materia de calidad del aire, prevención de la contaminación 
y sostenibilidad ambiental de la actividad industrial.
c)  La Subdirección General de Evaluación Ambiental, que ejerce las competencias 
señaladas en el párrafo c) del apartado anterior. Asimismo, le corresponde elevar la 
propuesta de resolución de los procedimientos de evaluación ambiental, cuya resolución 
corresponde a la Dirección General. Además, ejerce las competencias indicadas en los 
párrafos a), d), l) y m) del apartado anterior, en materia de evaluación ambiental.»
Cuatro.  Queda suprimido el apartado 3 del artículo 9. El actual apartado 4 queda 
renumerado como apartado 3.
Cinco.  El apartado 4 del artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:
«4.  La Subdirección General de Relaciones Internacionales depende  oe.
directamente del titular de la Subsecretaría y ejerce las competencias indicadas en  w.
las letras g), h) e i) del apartado 2. 30ww
de MAesdimiois Ammob, ileen ctoer rye espno pnadreti clau lraerp erens seun tCacoinósne djoe l dMei nAidstmeriniois etrna lcai óAng,e ennc isau E Rureodp edae 
PMuendtioos A Fmobciaelnetse N, aascíi ocnoamleos  eyl  edne slaasr rroelluon dioen etosd daes  llaa sR aecdc dioen Aesg erneclaiatisv aEsu arol pimeapsu ldsoe   BOE-A-cable e
en el diseño de indicadores ambientales para monitorizar el estado del medio
ambiente mediante la elaboración anual del informe Perfil Ambiental de España y la 
coordinación de la Red EIONET en España.
La Subdirección General de Relaciones Internacionales ejerce también la 
representación del Ministerio en la Red de la Unión Europea para la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, Red IMPEL, así como 
la coordinación nacional y el impulso de la participación española en sus proyectos.»
Seis.  El apartado 1 de la disposición adicional séptima queda redactado del 
siguiente modo:
«1.  El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) es un organismo 
autónomo de los regulados en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de 
la persona titular del Ministerio. La persona titular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico lo presidirá y la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente ejercerá la Vicepresidencia. Bajo la superior dirección de 
la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 
organismo contará con una dirección con rango de subdirección general.»
Disposición final segunda.   Habilitación para el desarrollo normativo y ejecución.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para que adopte las disposiciones y medidas necesarias para el desarrollo y 
ejecución de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
ESTATUTO DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA, O.A.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Naturaleza, adscripción y denominación.
1.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., es un organismo autónomo de los 
previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, dotado de personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y 
autonomía en su gestión para el cumplimiento de sus fines.
2.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., está adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía.
3.  Su denominación es Instituto para la Transición Justa, O.A.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
1.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., se rige por lo dispuesto en la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, modificada por 
el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, así como por lo dispuesto 
en su estatuto.
Asimismo se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre; 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; y en la demás normativa de 
aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado.
2.  El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y control será el 
establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control interno de la 
gestión económico-financiera del organismo corresponde a la Intervención General de la 
Administración del Estado, y se realizará mediante el ejercicio de la función interventora, 
del control financiero permanente y la auditoría pública por la Intervención Delegada en el 
organismo, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención General de la 
Administración del Estado.
Asimismo, corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado la 
supervisión continua a la que se refiere el artículo 85.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., estará sujeto a un control de eficacia que 
será ejercido por la Inspección de Servicios del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, de conformidad con el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 3.  Objeto.
1.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., tiene por objeto la identificación y  s
adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición  oe.
hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario,  w.
mla inEi2ms.t rizaaEtenl gdInioas  ltoEitsus tpioma pñpaoarclaat o lads e Tn reTagrnaasntiicsviioócnsió  sJnou bsJturaes,  teOal. .e APm.,a psrlaee roeá  lylro ela,s  pddoeensssaparorbbolellal adcrieáó  nlay  d iemej epeclseutmotaser nátet arcrcuitioóanrni otdases.   2021-4630n https://ww
medidas se dirijan a promover el desarrollo económico alternativo de los territorios afectados
por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, incluyendo, entre otros  Bc
territorios, aquellos que se vean o hayan visto afectados por la reconversión de la minería.
3.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., impulsará, trabajando de forma 
coordinada con otros organismos competentes, el diseño de políticas industriales, de 
investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación 
profesional con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea 
justo y socialmente beneficioso para todos.
Artículo 4.  Funciones.
Para el desarrollo de su objeto, el Instituto para la Transición Justa, O.A., realizará las 
siguientes funciones:
a)  Identificar, promover y apoyar técnica y financieramente las medidas necesarias 
para acompañar la transformación de sectores y territorios, anticipando los posibles 
efectos negativos sociales y laborales de transformaciones relacionadas con la transición 
ecológica y la descarbonización de la economía.
b)  Elaborar e implementar las estrategias de transición justa.
c)  Definir planes de acción para zonas vulnerables, sectores estratégicos y colectivos 
potencialmente afectados negativamente por la transición ecológica e impulsar la 
elaboración de Convenios de Transición Justa y apoyar su ejecución; y fomentar la 
cooperación territorial en el desarrollo de las políticas de transición justa.
d)  Gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo 
de las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y 
descarbonización de la economía, incluyendo la gestión de cualquier tipo de ayuda o 
incentivo procedente de la Unión Europea cuya gestión le sea encomendada y que pueda 
contribuir a la consecución del objeto del Instituto; e impulsar cuantos incentivos 
financieros se consideren oportunos para fomentar el desarrollo económico alternativo de 
las zonas en transición.
e)  Relacionarse  con  las  instituciones  europeas,  administraciones  públicas, 
organizaciones  empresariales,  organizaciones  sindicales,  organizaciones  no 
gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales 
para colaborar en iniciativas relacionadas con la transición ecológica justa.
f)  Promover foros de participación para una mejor comprensión de los agentes 
económicos y sociales de las posibilidades de cara a la generación de actividad y empleo 
de la transformación ecológica, y del papel de la innovación como fuente de progreso en 
las zonas de transición.
g)  Desarrollar investigaciones y estudios sobre tendencias e impactos económicos, 
sociales de las transformaciones derivadas de la transición ecológica.
h)  Desarrollar políticas de difusión y asesoramiento técnico sobre normativa de 
ayudas, aspectos mercantiles, fiscales y otros que permitan la captación de proyectos 
empresariales y su implantación, entre otras, en las zonas mineras del carbón, así como 
las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.
i)  Contribuir, mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y ejecución, a 
la restauración, entre otras, de las zonas degradadas por la actividad minera, así como a 
las afectadas por el cierre de centrales térmicas o nucleares.
j)  Ejecutar la política de reestructuración de la minería del carbón, especialmente en 
lo que se refiere a los aspectos laborales, y llevar a cabo el desarrollo y ejecución de 
cuantas medidas se dirijan a promover el desarrollo económico alternativo de las comarcas 
mineras del carbón.
Para ello podrá, entre otras medidas, gestionar ayudas de cualquier naturaleza a  e.e
empresas dedicadas a la minería del carbón y ayudas que puedan corresponder a los sujetos  b
productores de energía eléctrica como titulares de centrales térmicas; el análisis y seguimiento  30ww
ddeesl aarbroalslote teccimnoielóngtoic od;e la m ealatbeoriraasc ipónri,m saesg umiminieenratole ys d; eesl afroromlleon dtoe  pdreo glara minavse sdteig aacctiuóanc iyo ndeesl 
ey nd mematáesri am deed cidaalids apdr eyc siseagsu rpidaarda  ddee lsoasr eroqlulaipr olas  yp oplríotidcuac dtoes  ruetiolirzdaednoasc eiónn la d aec tliav idmaidn emríian edrae;l 
carbón y de promoción del desarrollo alternativo de las zonas mineras.
k)  Finalizar las actuaciones previstas de acuerdo con lo establecido en la 
Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, y gestionar cuantos 
expedientes hayan sido iniciados por el Instituto bajo su antigua denominación de Instituto 
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, O.A.
l)  Cualesquiera otras funciones que se le puedan atribuir para la consecución de su 
objeto.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 5.  Órganos de gobierno y órganos ejecutivos.
1.  Son órganos de gobierno del Instituto para la Transición Justa, O.A., el Consejo 
Rector y la Presidencia, que será ejercida por la persona titular de la Secretaría de Estado 
de Energía.
2.  Son órganos ejecutivos la Dirección, que tendrá rango de dirección general; y la 
Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación, ambas con rango de 
subdirección general.
3.  La persona titular de la Dirección del Instituto para la Transición Justa, O.A., será 
nombrada mediante real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 6.  Consejo Rector.
1.  El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno, integrado por personas en 
representación de la Administración General del Estado, que tiene como función el impulso 
y control tanto estratégico como operativo de la actividad del Instituto para la Transición 
Justa, O.A.
2.  Estará integrado por:
a)  La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
b)  La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
c)  Tres personas en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.
d)  Una persona en representación del Ministerio de Hacienda.
e)  Una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
f)  Una persona en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
g)  Una persona en representación del Ministerio de Ciencia e Innovación.
h)  Una persona en representación del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.
i)  Una persona en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana.
j)  Una persona en representación del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.
En la composición de este Consejo Rector se atenderá al principio de presencia  e.
equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo con los dispuesto en el artículo 54 de la Ley  w.
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 30ww
con 3v.o z,L pae Groe rseinn cvioat od.el Instituto ejercerá las funciones de Secretaría del Consejo Rector
pers4o. naL atistu plaerr sdoenla sM qinuies toecriuop epna rlaas l avo Tcraalínassi cdieóln C Eoncsoelójog iRcae cyto re sl eRráento n Domembroagdraásf ipcoor,  laa   BOE-A-cable e
propuesta de los departamentos ministeriales a los que representan. Deberán ocupar, al 
menos, un puesto con rango de dirección general.
5.  En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, 
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ejerce las funciones de 
Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria del Instituto para la Transición 
Justa, O.A., designada por la persona titular de la Gerencia.
Artículo 7.  Funciones del Consejo Rector.
Corresponden al Consejo Rector las siguientes funciones:
a)  Aprobar el anteproyecto de presupuestos, los estados de gastos e ingresos, las 
cuentas anuales y la memoria anual.
b)  Efectuar el seguimiento, la supervisión y el control de la actuación del Instituto, sin 
perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos.
c)  Proponer aquellas medidas que considere oportunas para el mejor cumplimiento 
del objeto del Instituto.
d)  Asesorar en aquellos asuntos que puedan ser de interés para la actividad del 
Instituto.
Artículo 8.  Funcionamiento del Consejo Rector.
1.  El Consejo Rector podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente.
2.  El Pleno estará integrado por la Presidencia, la Vicepresidencia y todos los vocales 
del Consejo Rector.
El Pleno se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario y con carácter 
extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Para la válida 
constitución del pleno del Consejo Rector se requerirá la presencia de al menos la mitad 
de sus miembros, siendo al menos una de ellas la Presidencia o la Vicepresidencia, así 
como de la persona que ejerza las funciones de Secretaría.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, dirimiendo los empates la 
Presidencia mediante su voto de calidad.
Corresponderá al Pleno el conocimiento de todos los asuntos de competencia del 
Consejo Rector que no estén expresamente atribuidos a la Comisión Permanente o a los 
grupos de trabajo.
3.  La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes miembros:
a)  La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
b)  La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
c)  Tres miembros del Consejo Rector, designados por el Pleno, con carácter rotatorio, 
cada dos años. Al menos uno de ellos deberá representar al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, 
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de los restantes miembros de la Comisión 
Permanente, serán sustituidos por las personas designadas por el Pleno. s
4.  La Comisión Permanente tendrá como función la preparación de los asuntos de  w.b
que deba conocer el Pleno. 30ww
acueErld Posle qnuoe  psoedarná  ddee sleug caorm epne tlaen Ccioam. isión Permanente la adopción de cualesquiera
en e5l.  quEel  Pslee naoc ou esrud Ce olma iscioónns Ptieturmcióann ednetel  pgorudpráon  dceo ntsratibtuairj og rsuep ofsij adreá  trsaub acjoom. Epno seilc aiócnto, 
objetivos, y, en su caso, el plazo de ejecución de la actividad encomendada y su régimen 
de funcionamiento.
6.  El funcionamiento del Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en este estatuto, así 
como en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
7.  El Consejo Rector podrá hacer uso de medios electrónicos de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En particular este funcionamiento electrónico 
podrá llevarse a cabo utilizando los medios y servicios compartidos a los que se refiere el 
artículo 10 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e 
instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
Artículo 9.  Funciones de la Presidencia.
Corresponde a la Presidencia del Instituto:
a)  Ostentar la superior representación oficial del mismo.
b)  Convocar las sesiones del Consejo Rector, presidir las reuniones y moderar el 
desarrollo de los debates.
c)  Convocar las sesiones del Consejo Asesor, presidir las reuniones y moderar el 
desarrollo de los debates.
d)  La aprobación de los gastos y la ordenación de los pagos del Instituto en ejecución 
del Presupuesto, salvo los casos reservados por Ley a la competencia del Gobierno, así 
como la suscripción de convenios y contratos.
e)  Otorgar las ayudas que se deriven de los programas del Instituto, mediante la 
oportuna resolución, que pondrá fin a la vía administrativa.
f)  Aprobar la propuesta de cuentas anuales, así como de la memoria anual del 
Instituto que deba elevarse al Consejo Rector para su aprobación
g)  Aprobar el Plan Anual de actuación, así como el informe anual de cumplimiento 
de éste.
h)  Conocer periódicamente la evolución de los programas cuya gestión corresponda 
al Instituto.
i)  Ejercer cuantas otras funciones sean intrínsecas a su condición de Presidente.
Artículo 10.  Funciones de la Dirección.
Corresponderá a la persona titular de la Dirección velar por la consecución de los fines 
asignados al Instituto para la Transición Justa, O.A., y ejercer la dirección del mismo. En 
concreto, le corresponderán las siguientes funciones:
a)  Dirigir las actuaciones del Instituto de acuerdo con las directrices que establezcan 
el Consejo Rector y la Presidencia, y ejecutar los acuerdos adoptados por estos.
b)  Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar todos los servicios del Instituto.
c)  Establecer,  desarrollar  y  aplicar  procedimientos  de  control  interno  del 
funcionamiento del Instituto.
d)  Elaborar la propuesta de los planes estratégicos del Instituto, así como de los 
planes anuales de actuación.
e)  El desarrollo de las herramientas y actuaciones para la elaboración y aplicación de 
la Estrategia de Transición Justa, el impulso de su ejecución y seguimiento, así como la 
comunicación, difusión, participación y evaluación del mismo. s
f)  Definir planes de acción para zonas vulnerables sectores estratégicos y colectivos  e.
potencialmente afectados negativamente por la transición ecológica e impulsar la  w.
elaboración de Convenios de Transición Justa y apoyar su ejecución en los mismos. 30ww
parag )a coIdmenptaifñicaarr ,l ap rtoramnosvfeorr my aacpióoyna dr eté scenicctao rye sfi nya ntecrierirtaomrioesn,t ea nlatsic impaenddidoa slo nse pceossaibrlieass 
eefceoclótogsic nae yg alati vdoess csaorcbiaolneisz ayc liaóbno drea lelas  edceo ntroamnsíafo.rmaciones relacionadas con la transición  BOE-A-cable e
h)  Gestionar las ayudas que tengan por objeto el desarrollo económico alternativo de 
las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la transición ecológica y 
descarbonización de la economía.
i)  Gestionar cualquier tipo de ayuda y/o incentivo procedente de la Unión Europea 
que pueda contribuir a la consecución del objeto del Instituto, cuya gestión le sea 
encomendada.
j)  Promover, ejecutar y gestionar proyectos que tengan como objetivo el desarrollo 
económico alternativo de las zonas afectadas por posibles impactos negativos de la 
transición ecológica, así como participar y apoyar el diseño, ejecución y gestión de 
proyectos realizados por terceros.
k)  Desarrollar políticas de difusión y asesoramiento técnico sobre normativa de 
ayudas, aspectos mercantiles, fiscales y otros que permitan la captación de proyectos 
empresariales y su implantación, entre otras, en las zonas mineras del carbón, así como 
las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.
l)  Impulsar cuantos incentivos financieros se consideren oportunos para fomentar el 
desarrollo económico alternativo de las zonas en transición.
m)  Contribuir, mediante actividades de dirección, diseño, coordinación y ejecución, a 
la restauración de las zonas degradas por la actividad minera, así como a las afectadas 
por el cierre de centrales térmicas o nucleares.
n)  Relacionarse con las instituciones europeas, administraciones públicas, 
organizaciones  empresariales,  organizaciones  sindicales,  organizaciones  no 
gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales 
para colaborar en iniciativas relacionadas con la transición ecológica justa.
ñ)  Promover foros de participación para una mejor comprensión de los agentes 
económicos y sociales de las posibilidades de cara a la generación de actividad y empleo 
de la transformación ecológica.
o)  Desarrollar investigaciones y estudios sobre tendencias e impactos económicos, 
sociales de las transformaciones derivadas de la transición ecológica.
p)  Ejecutar la política de reestructuración de la minería del carbón, y promover el 
desarrollo económico alternativo de las comarcas mineras del carbón.
q)  La gestión y control de los recursos humanos.
r)  La gestión y control de los recursos económicos, la formulación de las cuentas 
anuales e informe anual así como la planificación y coordinación de los servicios 
informáticos del Instituto, incluyendo las actuaciones económicas, contractuales y 
administrativas necesarias para el funcionamiento del organismo, la gestión de carácter 
patrimonial o de inversiones, y el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnologías de 
la información para la mejora de la eficiencia de los procesos de gestión y prestación de 
servicios que realiza el Instituto.
s)  La planificación, definición de objetivos y evaluación del rendimiento de la acción 
del Instituto
t)  La gestión patrimonial de los inmuebles adscritos al Instituto para la Transición 
Justa, O.A.
u)  La dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de la 
Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., adscrita al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa, O.A., sin 
perjuicio de las funciones de control de la eficacia que le corresponden a la Inspección de 
Servicios del departamento ministerial, tal y como establece el artículo 85 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. es
Artículo 11.  Organización interna de la Dirección. w.
sigu1ie. nteLsa  uDniirdeacdceiós nc odne ln iIvneslt ioturgtoá npicaora d ela s Turbadnirseicccióiónn J guesntae,r aOl:.A., se estructura en las
a)  La Gerencia, que ejercerá las funciones referidas en los apartados q), r), s), t), y u)
del artículo anterior.
b)  La Subdirección General de Estrategia y Planificación, que ejercerá las funciones 
referidas en los apartados e), f), g), j), k), l), m), n), ñ), y o) del artículo anterior.
Asimismo, cada una de estas subdirecciones generales ejercerá, siguiendo las 
directrices de la Dirección, las funciones referidas en los apartados a), b), c), d), h) i), y p) 
del artículo anterior en sus respectivos ámbitos de actuación, así como aquellas otras 
competencias que le sean atribuidas por la Dirección.
2.  En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la persona titular de la Dirección del 
Instituto será sustituida por las personas titulares de las subdirecciones generales de su 
dependencia, siguiendo el orden en el que aparecen mencionados en el apartado anterior, 
salvo que expresamente la Dirección establezca otro orden de sustitución.
3.  Adscrita al Instituto existirá una Intervención Delegada de la General de la 
Administración del Estado, con el nivel que se determine en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo.
Artículo 12.  Consejo Asesor.
1.  El Consejo Asesor es el órgano colegiado de asesoramiento en la implementación 
de las políticas de transición justa y de la actividad del Instituto para la Transición 
Justa, O.A., al cual se adscribe dependiendo directamente de la Presidencia del Instituto 
para la Transición Justa, O.A., Está integrado por las personas en representación de la 
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales, y 
de los agentes sociales afectados.
2.  Estará integrado por:
a)  La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Presidencia del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
b)  La Vicepresidencia, que corresponderá a la persona titular de la Dirección del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
c)  Las siguientes Vocalías:
1.  Una persona en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2.  Una persona en representación del Ministerio de Igualdad.
3.  Una persona en representación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
4.  Dos personas designadas a propuesta de cada una de las dos organizaciones 
empresariales que tengan la consideración de más representativas, en representación de 
las mismas.
5.  Dos personas designadas a propuesta de cada una de las dos organizaciones 
sindicales que tengan la consideración de más representativas, en representación de 
las mismas.
6.  Una persona designada a propuesta del Consejo de la Juventud, en representación 
del mismo.
7.  Una persona designada a propuesta de cada una de las comunidades autónomas 
incluidas en las estrategias y planes de acción, en representación de cada una de ellas.
8.  Una persona designada a propuesta de la Federación Española de Municipios y 
Provincias entre los municipios afectados por las estrategias y planes de acción, en 
representación de la misma.
En la composición de este Consejo Asesor se atenderá al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombre de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley  e.
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. w.b
Las personas designadas en representación de la Administración General del Estado,  30ww
aasl ím ceonmoos ,l arasn dgeos idgen asduabsd ipreocr claiósn c goemnuenraidl aod aessi mauiltaódnao.mas, deberán ocupar un puesto con,
Sec3re. tarLíaa  dGeel rCenocnisae djoe Al Isnesstiotur tcoo pna vroaz l,a p Terraon ssiinci óvno toJu.sta, O.A., ejercerá las funciones de
4.  Las personas que ocupen las vocalías del Consejo Asesor serán nombradas por 
la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a 
propuesta de los departamentos ministeriales, organizaciones o administraciones públicas 
a las que representan.
5.  En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, 
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona que ejerce las funciones de 
Secretaría, será sustituida por una persona funcionaria del Instituto para la Transición 
Justa, O.A., designada por la persona titular de la Gerencia.
Artículo 13.  Funciones del Consejo Asesor.
Las funciones del Consejo Asesor serán las siguientes:
a)  Analizar y evaluar la Estrategia Española de Transición Justa, tanto en su elaboración 
como en su implementación
b)  Analizar y evaluar las metodologías e informes de seguimiento de los Convenios 
de Transición Justa.
c)  Asesorar sobre los proyectos de transición justa y los programas de desarrollo 
alternativo de comarcas mineras.
d)  Ser informado de la actividad desarrollada por el Instituto para la Transición 
Justa, O.A., y elevar, en su caso, propuestas relacionadas con dicha actividad.
e)  Asesorar sobre todas aquellas cuestiones que le someta la dirección, por iniciativa 
propia o de los distintos poderes públicos, relacionadas con el ámbito de actividades del 
Instituto para la Transición Justa, O.A.
f)  Servir de foro de debate y discusión de los intereses afectados por la política de 
transición justa.
Artículo 14.  Funcionamiento del Consejo Asesor.
1.  El Consejo Asesor funcionará en Pleno y en los grupos de trabajo que, en su caso, 
se constituyan.
2.  El Pleno se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario y con carácter 
extraordinario cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
3.  El Pleno del Consejo Asesor adoptará sus propias normas de funcionamiento, que 
tendrán en cuenta lo previsto en este estatuto, así como por lo establecido en la sección 3.ª 
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4.  Las funciones de apoyo al Consejo Asesor y a los grupos de trabajo que se 
constituyan serán atendidas con los medios personales, técnicos y presupuestarios del 
Instituto para la Transición Justa.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico
Artículo 15.  Régimen de recursos humanos.
El personal al servicio del Instituto para la Transición Justa, O.A., será funcionario o laboral 
en los mismos términos establecidos para la Administración General del Estado. El personal 
funcionario se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás  e.e
normativa reguladora de los funcionarios públicos al servicio de la Administración General del  b
Estado. El personal laboral se rige, además de por la legislación laboral, y por las demás  30ww
nEosrtamtuatso  cBoánsviceon cdieoln Eamlmpelenated oa pPlúicbalbicloe,s q, upeo re xlopsr epsraemceepnttoes a dseí ll ot edxistop ornegfuannd.ido de la Ley del
sigaLno  saienntedroio rd es earáp liscianc pióenrj uaic lioos d eem lapsle naodromsa ps úyb lcicoonsd iicniocnoerpso lraabdoorsa leasl  Ienssptietuctíofi cpaasr aq ulea 
Transición Justa, O.A., procedentes de las extintas Oficina Nacional de Compensación de 
Energía Eléctrica (OFICO) y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Artículo 16.  Régimen de contratación.
El régimen de contratación del Instituto será el determinado para las administraciones 
públicas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como por su normativa de desarrollo.
Artículo 17.  Patrimonio y recursos.
1.  El patrimonio del Instituto para la Transición Justa, O.A., estará integrado, además de 
por aquellos bienes que le sean adscritos por la Administración General del Estado, por los 
bienes y derechos que la entidad adquiera en el curso de su gestión o que le sean incorporados 
por cualquier persona pública o privada y por cualquier título. La gestión patrimonial del Instituto 
se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2.  Los recursos del Instituto para la Transición Justa, O.A., podrán provenir de:
a)  Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas 
procedentes de dicho patrimonio.
b)  Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos 
Generales del Estado.
c)  Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.
d)  Las transferencias corrientes y de capital que procedan de la Unión Europea.
e)  Los ingresos y donaciones que pueda percibir de sujetos públicos o privados para 
el cumplimiento de su objeto.
f)  Otros ingresos ordinarios o extraordinarios que puedan generarse por el ejercicio 
de sus actividades.
g)  Cualquier otro recuso que pudiera serle atribuido.
Artículo 18.  Resoluciones y actos administrativos y régimen de impugnación.
1.  Los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas tienen la 
consideración de actos administrativos.
2.  Los actos y resoluciones de la Presidencia pondrán fin a la vía administrativa y 
frente a ellos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, o impugnarse 
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio del régimen de reclamaciones 
que la normativa reguladora de los diferentes procedimientos pueda establecer.
3.  Frente a los actos y resoluciones de otros órganos del Instituto para la Transición 
Justa, O.A., distintos de la Presidencia podrá interponerse recurso de alzada, que deberá 
ser resuelto por la Presidencia del Instituto.
4.  Corresponde a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial seguidos 
por actuaciones del organismo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 19.  Transparencia y rendición de cuentas.
1.  A efectos de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia, el 
Instituto para la Transición Justa, O.A., publicará información actualizada de su actividad 
en el sitio web habilitado para ello. El acceso a la información se proporcionará de acuerdo 
con los principios establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  e.
acceso a la información pública y buen gobierno. w.b
2.  El Instituto para la Transición Justa, O.A., elaborará y publicará un informe anual  30ww
dmee deivdaalus aacpióronb daedla rse,n sduims ioebnjteot idveo sla,  laocsc rióencu drseol sIn dsteitsuttinoa, dinocslu ay ecnaddoa  inufnoor,m eal coióring esno bdree  lloass 
finofnodrmose y e eslt anriáve rle dlaec ciounmapdloim cioenn toe l rceosnpteecntiod oa  dloesl  pPrliannc ipdael eAsc toubajceitóivno sd eel sotargbalencisidmoos.  aDl iqchuoe 
hace referencia el artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.