BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 70358
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
9742 Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, en relación con 
la exención de copago a los menores huérfanos tutelados por la Generalidad.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los  artículos  65  y  67  del  Estatuto  prevén  que  las  leyes  de  Cataluña  son 
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De 
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
La legislación actual en materia de infancia permite situaciones discriminatorias que 
van en contra de los principios recogidos en la Convención de las Naciones Unidas de 
los derechos del niño, puesto que obliga a los menores huérfanos a contribuir al coste de 
los servicios sociales que reciben, con el importe de la prestación o pensión que tienen 
derecho a percibir los niños o adolescentes tutelados por parte de la Administración.
Ello es así de acuerdo con lo establecido por la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, que en su disposición 
adicional séptima establece que «el importe de las prestaciones o pensiones que causen 
los niños o los adolescentes que se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalidad 
queda afectado a subvenir a los gastos derivados de la atención del servicio público que 
reciben solamente en relación con el cumplimiento de las obligaciones alimenticias en 
favor de los hijos, según lo establecido por la normativa en materia de seguridad social».
Esta práctica, que en definitiva supone un copago impuesto al menor huérfano, 
representa una clara discriminación respecto a los menores tutelados que sí que cuentan 
con los padres vivos, que, con independencia de su capacidad económica, no deben 
contribuir  al  coste  de  estos  servicios.  Sorprende  que  la  beneficiaria  sea  la 
Administración, que es quien tiene el deber de garantizar la protección de todos los 
menores, a los que debe proporcionar el necesario apoyo económico y moral.
La presente ley tiene por objetivo eliminar esta práctica abusiva y discriminatoria 
llevada a cabo por la Generalidad, de modo que suprime el contenido regulado por la 
mencionada disposición adicional séptima al objeto de que los niños y adolescentes 
tutelados por la Generalidad, titulares de pensiones de la seguridad social, no hayan de 
contribuir  al  mantenimiento  del  coste  del  servicio  social  que  reciben.  Asimismo,  la 
presente ley regula el procedimiento que la Administración de la Generalidad debe seguir 
en cuanto a la gestión de la prestación o pensión de la seguridad social que tengan 
derecho a percibir los niños o adolescentes a su cargo.
Artículo 1.  Modificación de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2010.
Se modifica la disposición adicional séptima de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de 
los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, que queda redactada  e
del siguiente modo: bo
«Disepl opsaictriiómno andioic dioenl aml esnéoprt.ima.  Integración de las prestaciones y pensiones en
1.  El importe de las prestaciones o pensiones que causen los niños o los
adolescentes que se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalidad queda  Bc
afectado a subvenir a los gastos derivados de la atención del servicio público que 
reciben solamente en relación con el cumplimiento de las obligaciones alimenticias 
en  favor  de  los  hijos,  según  lo  establecido  por  la  normativa  en  materia  de 
seguridad social.
2.  Los  niños  o  adolescentes  huérfanos  que  son  beneficiarios  de  una 
prestación o pensión están eximidos de subvenir a cualquier gasto derivado de la 
atención que, por causa de su orfandad, reciben de la Generalidad.
3.  La pensión de orfandad de un niño o adolescente bajo la guarda o tutela 
de la Generalidad se integra en el patrimonio del niño o adolescente huérfano, del 
que pasa a formar parte. Una vez alcanzada la mayoría de edad o terminada la 
situación de guarda o tutela de la Generalidad, la entidad protectora debe entregar 
al huérfano, o a las personas titulares de la patria potestad o de la tutela, si 
todavía es menor de edad, la totalidad de su patrimonio».
Artículo 2.  Adición de dos disposiciones adicionales a la Ley 14/2010.
1.  Se añade una disposición adicional, la octava, a la Ley 14/2010, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional octava.
El  departamento  competente  en  materia  de  infancia  y  adolescencia  debe 
establecer el mecanismo adecuado para hacer efectivo el reembolso total de las 
prestaciones o pensiones de orfandad retenidas y no recibidas por los niños o 
adolescentes  tutelados  por  la  Generalidad  desde  la  entrada  en  vigor  de  la 
Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector  público  y  de  creación  y  regulación  de  los  impuestos  sobre  grandes 
establecimientos  comerciales,  sobre  estancias  en  establecimientos  turísticos, 
sobre  elementos  radiotóxicos,  sobre  bebidas  azucaradas  envasadas  y  sobre 
emisiones de dióxido de carbono».
2.  Se añade una disposición adicional, la novena, a la Ley 14/2010, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional novena.
La Generalidad debe establecer el mecanismo adecuado para reparar los 
derechos de los menores recogidos en los artículos 15 y 17 del Estatuto de 
autonomía  que  fueron  conculcados  por  la  retención  de  las  pensiones  o 
prestaciones de orfandad destinándolas a subvenir a los gastos derivados de la 
atención del servicio público que recibían de acuerdo con la Instrucción 1/2012, 
de 24 de febrero, sobre las prestaciones y las pensiones del sistema de seguridad 
social, de las que son o eran beneficiarios los niños y adolescentes tutelados por 
la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, con el objeto de 
reembolsar a estos menores el total de las prestaciones o pensiones de orfandad 
retenidas y no recibidas desde la entrada en vigor de dicha instrucción hasta la 
entrada  en  vigor  de  la  Ley  5/2017,  de  28  de  marzo,  de  medidas  fiscales  y 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos  sobre  grandes  establecimientos  comerciales,  sobre  estancias  en 
establecimientos  turísticos,  sobre  elementos  radio  tóxicos,  sobre  bebidas  e.
azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono». w.b
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Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario.
El Gobierno debe dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar los 
preceptos de la presente ley en el plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de  la  Generalitat  de  Catalunya»,  salvo  las  medidas  que  conlleven  un  aumento  de 
créditos o una disminución de ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no 
entren en vigor, en la parte que suponga una afectación presupuestaria, hasta el ejercicio 
presupuestario siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 31 de julio de 2020.–El Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, Joaquim Torra i Pla.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8193, de 4 de agosto de 2020)