BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 108488
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
15389 Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE 
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 
MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
El Reino de España y la República de Cabo Verde, deseando concluir un Convenio 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta, han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del convenio
Artículo 1.  Personas comprendidas.
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados contratantes.
Artículo 2.  Impuestos comprendidos.
1.  El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por 
cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas, administrativas o 
entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2.  Se consideran impuestos sobre la Renta los que gravan la totalidad de la renta o 
cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de 
la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las 
plusvalías.
3.  Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a)  en España:
i)  el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
ii)  el Impuesto sobre Sociedades;
iii)  el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y
iv)  los impuestos locales sobre la renta;
(denominados en lo sucesivo «impuesto español»)
b)  en Cabo Verde:
i)  el impuesto único sobre los rendimientos (IUR); b
ii)  el impuesto único sobre el patrimonio, con respecto a las ganancias derivadas de  389ww
plalu esnvaajleíansa; cyión de bienes mobiliarios o inmobiliarios, así como los impuestos sobre las
iii)  la tasa de incendio;
(denominados en lo sucesivo «impuesto cabo-verdiano»).
4.  El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o 
análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a 
los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido 
en sus respectivas legislaciones fiscales.
CAPÍTULO II
Definiciones
Artículo 3.  Definiciones generales.
1.  A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente:.
a)  el  término  «España»  significa  el  Reino  de  España  y,  utilizado  en  sentido 
geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo sus aguas interiores, su 
espacio aéreo, su mar territorial y las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con 
arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España 
ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del 
fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
b)  el término «Cabo Verde» significa el territorio de la República de Cabo Verde 
situado en la costa occidental africana, incluyendo sus aguas interiores, su espacio 
aéreo,  su  mar  territorial  y  las  áreas  exteriores  a  su  mar  territorial  en  las  que,  de 
conformidad con el derecho internacional y la legislación caboverdiana, la República de 
Cabo Verde ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía en 
relación  con  el  fondo  marino,  su  subsuelo  y  aguas  suprayacentes,  y  sus  recursos 
naturales;
c)  las  expresiones  «un  Estado  contratante»  y  «el  otro  Estado  contratante» 
significan España o Cabo Verde, según el contexto;
d)  el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 
otra agrupación de personas;
e)  el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 
se considere persona jurídica a efectos impositivos;
f)  el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica;
g)  las  expresiones  «empresa  de  un  Estado  contratante»  y  «empresa  del  otro 
Estado  contratante»  significan,  respectivamente,  una  empresa  explotada  por  un 
residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro 
Estado contratante;
h)  la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un 
buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté 
situada  en  un  Estado  contratante,  salvo  cuando  el  buque  o  aeronave  se  exploten 
únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
i)  la expresión «autoridad competente» significa:
(i)  en  España:  el  Ministro  de  Hacienda  y  Función  Pública  o  su  representante 
autorizado;
(ii)  en Cabo Verde: el miembro del Gobierno responsable del área de finanzas, o el 
Director General de Contribuciones e Impuestos o sus representantes autorizados; s
j)  el término «nacional» significa: w.b
la le((gii)ii) s lauucnnióaan  p pveeirgrsseoonnntaea   feíjusnir cíudani c qEaus,e ts apodocosie ecdaoa nldat r panetaarcnsiotoenn;aalliisdtaad o d aes uonc iEacsitóand oc ocnosnttirtautiadnat ec;onforme a  OE-A-2020-15able en https://
k)  la  expresión  «actividad  económica»  incluye  las  actividades  de  carácter 
comercial,  industrial,  agrícola  o  pesquero,  así  como  la  prestación  de  servicios 
profesionales y cualquier otra actividad de naturaleza independiente.
2.  Para  la  aplicación  del  Convenio,  en  cualquier  momento,  por  un  Estado 
contratante, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que 
de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento 
le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que 
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.
Artículo 4.  Residente.
1.  A  los  efectos  de  este  Convenio,  la  expresión  «residente  de  un  Estado 
contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté 
sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección 
o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus 
subdivisiones políticas, administrativas o entidades locales. Esta expresión no incluye, 
sin  embargo,  a  las  personas  que  estén  sujetas  a  imposición  en  ese  Estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.
2.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea 
residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente 
manera:
a)  dicha persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda 
permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones 
personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b)  si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de 
sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en 
ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente;
c)  si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, 
se considerará residente del Estado del que sea nacional;
d)  si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común 
acuerdo.
3.  Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea 
una  persona  física  sea  residente  de  ambos  Estados  contratantes,  se  considerará 
residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
Artículo 5.  Establecimiento permanente.
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» 
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de 
su actividad.
2.  La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:
a)  las sedes de dirección;
b)  las sucursales; s
c)  las oficinas; o
extradef)c))   cilóallaonsss  d  mfteáai blnlreraeircscea,us srl;os; yso sp noaztousr adlees p.etróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de  2020-15389n https://www.
3.  La expresión «establecimiento permanente» comprende asimismo:
a)  una obra o un proyecto de construcción, instalación o montaje, pero sólo cuando 
tales obras o proyectos continúen durante un período superior a doce meses;
b)  la prestación de servicios en un Estado contratante, incluidos los servicios de 
consultoría, por una empresa del otro Estado contratante, a través de empleados o de 
otro  personal  contratado  por  la  empresa  para  ese  fin,  cuando  estos  servicios  se 
prolonguen, para un mismo proyecto, durante un periodo o periodos que excedan de 183 
días dentro de un periodo de doce meses.
4.  No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la 
expresión «establecimiento permanente» no incluye:
a)  la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c)  el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes 
o mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la 
empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f)  el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier 
combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de 
que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de 
un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la 
faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades 
que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona 
se limiten a las mencionadas en el apartado 4, y que, de haber sido realizadas por medio 
de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo 
de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de 
ese apartado.
6.  No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un 
Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por 
medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, 
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
7.  El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea 
controlada  por  una  sociedad  residente  del  otro  Estado  contratante,  o  que  realice 
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento 
permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades 
en establecimiento permanente de la otra.
CAPÍTULO III s
Imposición de las rentas w.b
Ainrmtícu1ue. lbol eL6sa.  s( iRnrceelnnuttiadasas  sinq lmuaeso  bruielnina trariaesss .didee netxep lodtea cuionn eEss taagdroíc oclaosn troa tfaonretes taolbetse)n sgiatu addeo sb ieenn eesl   OE-A-2020-15able en https://
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho 
del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en 
todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado 
en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las 
disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes 
inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la 
explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros 
recursos naturales; Los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración 
de bienes inmuebles.
3.  Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de 
la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de 
explotación de los bienes inmuebles.
4.  Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos atribuyan 
directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o participaciones o derechos, 
el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización 
directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de 
disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes 
inmuebles estén situados.
5.  Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplican igualmente a las rentas 
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.
Artículo 7.  Beneficios empresariales.
1.  Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden 
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en 
el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si 
la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 
someterse  a  imposición  en  el  otro  Estado,  pero  sólo  en  la  medida  en  que  sean 
imputables a ese establecimiento permanente.
2.  Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un 
Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a 
dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener 
de  ser  una  empresa  distinta  y  separada  que  realizase  las  mismas  o  similares 
actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con 
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3.  Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, 
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos 
fines,  tanto  si  se  efectúan  en  el  Estado  en  que  se  encuentra  el  establecimiento 
permanente como en otra parte.
4.  No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la 
simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la 
empresa.
5.  A  los  efectos  de  los  apartados  anteriores,  los  beneficios  imputables  al 
establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser 
que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
6.  Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros 
artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las  e.
del presente artículo. w.b
Ainrtteícr1nu.a loc Li8oo.n sa lTb sreaónnleosf pipcoiuoretsed  pemrnoa csríeotidmmeeont teyer sas eéd reae  olia.m peoxpsilcoitóanc ióenn  deel  Ebsutaqduoe sc oon atreartoannatev eesn  eqnu etr áefsictoé   OE-A-2020-15able en https://
situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
2.  Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera 
a bordo de un buque, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el 
puerto base del buque, o si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que 
sea residente la persona que explota el buque.
3.  Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes 
de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo 
internacional de explotación.
Artículo 9.  Empresas asociadas.
1.  Cuando:
a)  una empresa de un Estado contratante participe, directa o indirectamente, en la 
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante; o
b)  unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, el 
control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante,
y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o 
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían 
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por 
una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han 
realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y 
someterse a imposición en consecuencia.
2.  Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese 
Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales una 
empresa del otro Estado ha sido sometida a imposición en ese otro Estado contratante, y 
los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del 
Estado  mencionado  en  primer  lugar  si  las  condiciones  convenidas  entre  las  dos 
empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, 
ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha 
gravado esos beneficios siempre que este otro Estado considere que el ajuste está 
justificado. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones 
del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se 
consultarán en caso necesario.
Artículo 10.  Dividendos.
1.  Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a 
un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 
Estado.
2.  Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos, y según la 
legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un 
residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a)  0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una 
sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 25 
por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
b)  10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. e
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con  bo
cargo a los que se pagan los dividendos. 389ww
de l3a.s  aEclc tioénrmesin, od «ed liavsid eancdcoiosn»e se no  ebl osneonsti ddoe  ddei sefrsutete ,a rdtíec ulalos  spiganrtieficsa d leo sm riennadsi,m dieen tlaoss 
partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito que permitan participar en
los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al
mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado 
del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario 
efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad 
empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación 
que  genera  los  dividendos  está  vinculada  efectivamente  a  dicho  establecimiento 
permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.
5.  Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o 
rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 
impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos 
dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera 
los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en 
ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto 
sobre  los  mismos,  aunque  los  dividendos  pagados  o  los  beneficios  no  distribuidos 
consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11.  Intereses.
1.  Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente 
del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereses. 
Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  establecerán  de  mutuo 
acuerdo las modalidades de aplicación de ese límite.
3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los intereses procedentes de un 
Estado  Contratante  y  pagados  a  un  residente  del  otro  Estado  estarán  exentos  de 
impuestos en el primer Estado si el perceptor coincide con el beneficiario efectivo y:
a)  es el propio Estado o el Banco Central, una de sus subdivisiones políticas, o 
entidades locales;
b)  el pagador de los intereses es el Estado del que proceden, o una de sus 
subdivisiones políticas, entidades locales u organismos públicos;
c)  los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito debido a ese Estado o 
a una de sus subdivisiones políticas, entidades locales u organismo de crédito a la 
exportación, o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los 
anteriores;
d)  es una institución financiera;
e)  el interés se paga por razón de una deuda surgida como consecuencia de la 
venta a crédito de cualquier equipo, mercancía o servicio;
f)  es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta 
de dicho fondo está, en términos generales, exenta de tributación en ese Estado.
4.  El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de 
créditos  de  cualquier  naturaleza,  con  o  sin  garantía  hipotecaria  o  cláusula  de 
participación en los beneficios del deudor y, en particular, los rendimientos de valores 
públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a  s
esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que  oe.
aplo rseo fcer5eec.d ntoadLsnim a dlsaiee slnd  prtioesrespns otadessenic. t ielLoo anasse rtc sípac eupdnlieotaa .llilezosas c piaorpenasertsata dpdooosrs  m p1oo,rr  a2la  e ynle  ge3il s pnlaaocg isoóe nn  ofai spscleiac lac ondn essl ii Edeeslrt aabdneo inn edtefeircle iaqsrueioes    2020-15389n https://www.
efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado
contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un  Bc
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los 
intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
6.  Los intereses se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, 
sea  o  no  residente  de  un  Estado  contratante,  tenga  en  un  Estado  contratante  un 
establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda que da 
origen al pago de los intereses y que soporte la carga de los mismos, los intereses se 
considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento 
permanente.
7.  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el 
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los 
intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran 
convenido  el  deudor  y  el  beneficiario  efectivo  en  ausencia  de  tales  relaciones,  las 
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, 
el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado 
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 12.  Cánones o regalías.
1.  Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del 
otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Sin embargo, dichos cánones pueden también someterse a imposición en el 
Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el 
beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el 
impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de dichos 
cánones. Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de 
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de ese límite.
3.  El término «cánones» en el sentido de este artículo significa las cantidades de 
cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre 
obras  literarias,  artísticas  o  científicas,  incluidas  las  películas  cinematográficas,  o 
películas, cintas y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido, de patentes, 
marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 
secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos industriales, comerciales o 
científicos,  o  por  informaciones  relativas  a  experiencias  industriales,  comerciales  o 
científicas.
4.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo 
de  los  cánones,  residente  de  un  Estado  contratante,  realiza  en  el  otro  Estado 
contratante, del que proceden los cánones, una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se 
pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. 
En tales casos se aplicarán las disposiciones del artículo 7.
5.  Los cánones se considerarán procedentes de un Estado contratante cuando el 
deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, 
sea o no residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes 
un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de 
pago  de  los  cánones  y  que  soporte  la  carga  de  los  mismos,  dichos  cánones  se 
considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento 
permanente. e.
6.  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el  w.b
beneficiario efectivo de los cánones, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el  389ww
ipmapgoarnte,  edxec elodsa  cádneol nqeuse,  hhaabbidríaa nc uceonntav edneidl ou seol,  ddeeruedcohro  yo  einl fobremnaecfiiócina rpioo r elfoesc tqivuoe  esen 
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con  la  legislación  de  cada  Estado  contratante,  teniendo  en  cuenta  las  demás 
disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13.  Ganancias de capital.
1.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte 
del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante 
tenga  en  el  otro  Estado  contratante,  comprendidas  las  ganancias  derivadas  de  la 
enajenación  de  dicho  establecimiento  permanente  (sólo  o  con  el  conjunto  de  la 
empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3.  Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados 
en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o 
aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté 
situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
4.  Las  ganancias  que  un  residente  de  un  Estado  contratante  obtenga  de  la 
enajenación de acciones o de otros derechos de participación cuyo valor se derive 
directa o indirectamente en más de un 50 % de bienes inmuebles situados en el otro 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
5.  Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros 
derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, 
participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un 
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
6.  Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 sólo pueden someterse a imposición en el 
Estado contratante en que resida el transmitente.
Artículo 14.  Rentas del trabajo dependiente.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18, los sueldos, salarios y 
otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por 
razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el 
empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce de esa forma, las 
remuneraciones  derivadas  del  mismo  pueden  someterse  a  imposición  en  ese  otro 
Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un 
residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado 
contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer 
lugar si:
a)  el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya 
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que 
comience o termine en el año fiscal considerado; y
b)  las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, un empleador que no sea 
residente del otro Estado; y
c)  las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente que el 
empleador tenga en el otro Estado. s
3.  No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones  w.b
obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado  389ww
eesnt étr ásfiitcuoa dinat elarn saecdioen dael,  dpiureecdceiónn s eofmecettievras ed ea  laim epmopsirceisóan. en el Estado contratante en que
Artículo 15.  Participaciones de consejeros.
Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 
contratante obtenga como miembro de un Consejo de Administración u otro órgano 
similar de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.
Artículo 16.  Artistas y deportistas.
1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de 
un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado 
contratante en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, 
o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2.  No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de 
las actividades personales de un artista o deportista, en esa calidad, se atribuyan no ya 
al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a 
imposición en el Estado contratante donde se realicen las actividades del artista o del 
deportista.
Artículo 17.  Pensiones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y 
remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de 
un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 18.  Función pública.
1.  a)  Los  sueldos,  salarios  y  otras  remuneraciones  similares  pagadas  por  un 
Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas, administrativas o entidades 
locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa 
subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b)  Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares sólo pueden 
someterse a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese 
Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:
(i)  es nacional de ese Estado; o
(ii)  no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar 
los servicios.
2.  a)  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y remuneraciones 
similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o 
entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona 
física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión política o 
administrativa o entidad local, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b)  Sin  embargo,  dichas  pensiones  y  remuneraciones  similares  sólo  pueden 
someterse a imposición en el otro Estado contratante si la persona física es residente y 
nacional de ese Estado.
3.  Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17, se aplica a los sueldos, salarios, 
pensiones y otras remuneraciones similares pagados por razón de servicios prestados 
en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado contratante o por una  s
de sus subdivisiones políticas, administrativas o entidades locales. oe.
Artíc1u. lo U19n.a  pPerrosfoensao refíss.ica que sea o haya sido residente de un Estado contratante  2020-15389n https://ww
iunnmae duinaitvaemrseindtaed ,a netsetsa bdlee csimu ilelengtoa ddae a  eontrsoe ñEasntazad o scuopnetrriaotra, netes cyu eqluae ,u p oort rian viintasctiitóunc iódne 
pedagógica reconocida como institución sin ánimo de lucro por la Administración de ese
otro Estado, permanezca en ese otro Estado contratante por un período no superior a 
dos años desde la fecha de su llegada a ese Estado, con el único fin de dedicarse a la 
enseñanza,  a  la  investigación,  o  a  ambas,  en  dicha  institución,  estará  exenta  de 
imposición en ese otro Estado contratante respecto de las remuneraciones que perciba 
como consecuencia de tales actividades de enseñanza o investigación.
2.  Este artículo sólo será aplicable a las rentas procedentes de la investigación si la 
persona física realiza dicha investigación en interés público, y no principalmente para el 
beneficio de una actividad privada.
Artículo 20.  Estudiantes.
Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 
formación práctica un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido 
inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado 
contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin 
de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en 
ese Estado siempre que proceda de fuentes situadas fuera de ese Estado.
Artículo 21.  Otras rentas.
1.  Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su 
procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, se 
someterán a imposición únicamente en ese Estado.
2.  Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las 
derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el 
beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro 
Estado contratante una actividad comercial o industrial por medio de un establecimiento 
permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las 
rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, 
son aplicables las disposiciones del artículo 7.
CAPÍTULO IV
Métodos para eliminar la doble imposición
Artículo 22.  Eliminación de la doble imposición.
1.  En  España,  la  doble  imposición  se  evitará  bien  de  conformidad  con  las 
disposiciones de la legislación interna o conforme a las siguientes disposiciones, sujetas 
a la legislación interna de España:
a)  Cuando  un  residente  de  España  obtenga  rentas  que,  con  arreglo  a  las 
disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en Cabo Verde, España 
permitirá:
i)  la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al 
impuesto sobre la renta pagado en Cabo Verde;
ii)  la  deducción  del  impuesto  sobre  sociedades  efectivamente  pagado  por  la 
sociedad que reparte los dividendos correspondiente a los beneficios con cargo a los 
cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con su legislación interna. es
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la  w.
renta,  calculado  antes  de  la  deducción,  correspondiente  a  las  rentas  que  puedan  389ww
sombe)t erCseu aan idmop ocsoicnió na rereng Cloa bao  Vceuradleq.uier  disposición  de  este  Convenio  las  rentas
obtenidas por un residente de España estén exentos de impuestos en España, España
podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto 
sobre el resto de las rentas de ese residente.
2.  En Cabo Verde, la doble imposición se evitará de acuerdo con las disposiciones 
aplicables de la legislación interna, siempre que no sean contrarias a los principios 
generales establecidos en este apartado, del siguiente modo:
a)  Cuando un residente de Cabo Verde obtenga rentas que, con arreglo a las 
disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en España, Cabo Verde 
permitirá la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual 
al impuesto sobre la renta pagado en España.
Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta,  calculado  antes  de  la  deducción,  correspondiente  a  las  rentas  que  puedan 
someterse a imposición en España.
b)  Cuando  con  arreglo  a  cualquier  disposición  de  este  Convenio  las  rentas 
obtenidas por un residente de Cabo Verde estén exentas de impuestos en Cabo Verde, 
Cabo Verde podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular 
el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.
3.  En caso de que se aplique el método de imputación para la eliminación de la 
doble imposición y a los efectos de su deducción como impuesto pagado en España, se 
considerará que el impuesto pagado en Cabo Verde comprende el impuesto que hubiera 
sido pagadero en Cabo Verde de no haberse reducido, o de no haber renunciado Cabo 
Verde a él, conforme a las disposiciones de la ley 89/IV/93 de 13 de diciembre y sus 
modificaciones.
Lo dispuesto en este apartado será aplicable durante los 5 años siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de presente Convenio.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Artículo 23.  No discriminación.
1.  Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado 
contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que 
sean  más  gravosos  que  aquellos  a  los  que  estén  o  puedan  estar  sometidos  los 
nacionales  de  ese  otro  Estado  que  se  encuentren  en  las  mismas  condiciones,  en 
particular con respecto a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, la 
presente disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno 
o de ninguno de los Estados contratantes.
2.  Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante 
tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de 
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas 
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado 
contratante a conceder a los residentes del otro Estado contratante las deducciones 
personales,  desgravaciones  y  reducciones  impositivas  que  otorgue  a  sus  propios 
residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3.  A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 9, del 
apartado 7 del artículo 11, o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, cánones y  e.
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un residente del  w.b
otro  Estado  contratante  serán  deducibles  para  determinar  los  beneficios  sujetos  a  389ww
uimnp roessiicdieónnt ed ed edl icEhsata edmo pmreensaci,o enna dlaos e mn ipsrmimaesr  cluognadri.ciones que si se hubieran pagado a
pose4í.d oL oa s ceomntprorelasdaos,  ddeir eucnt aE sot aidnod irceocnttarmateannttee,  cpuoyro  ucnaop itoa l veasrtiéo,s  toretasli doe pnatersc iadlmel eonttreo, 
Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún
impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que 
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado 
mencionado en primer lugar.
5.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las disposiciones del presente artículo 
se aplican a todos los impuestos cualquiera que sea su naturaleza o denominación.
Artículo 24.  Procedimiento amistoso.
1.  Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 
Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 
conforme  con  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  con  independencia  de  los 
recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la 
autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 
el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 
deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la 
medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
2.  La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por 
sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión 
mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, 
a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será 
aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho interno de los 
Estados contratantes.
3.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por 
resolver  las  dificultades  o  las  dudas  que  plantee  la  interpretación  o  aplicación  del 
Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para 
tratar de evitar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4.  Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados 
anteriores.  Cuando  se  considere  que  este  acuerdo  puede  facilitarse  mediante  un 
intercambio  verbal  de  opiniones,  éste  podrá  realizarse  a  través  de  una  comisión 
compuesta  por  representantes  de  las  autoridades  competentes  de  los  Estados 
contratantes.
Artículo 25.  Intercambio de información.
1.  Las  autoridades  competentes  de  los  Estados  contratantes  intercambiarán  la 
información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el 
presente Convenio, o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a 
los impuestos de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, 
sus subdivisiones políticas o administrativas o entidades locales, en la medida en que la 
imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no 
está limitado por los artículos 1 y 2.
2.  La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 será 
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho 
interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los 
tribunales y órganos administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los 
impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de los procedimientos declarativos o 
ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en relación con 
los mismos. Estas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos  es
fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las  bo
sentencias judiciales. 389ww
uEtsiltiazNadoros seo. bcsotna notter olso  fiannetse,r icour,a nlad oi ndfiocrhmaa uctiiólinz arceiócnib iedsat ép poer rmunit idEas tpaodro l acso lnetyraetsa ndtee  apmobdorás   OE-A-2020-15able en https://
3.  En ningún caso las disposiciones de los párrafos 1 y 2 pueden interpretarse en el 
sentido de obligar a un Estado contratante a:
a)  adoptar  medidas  administrativas  contrarias  a  su  legislación  o  práctica 
administrativa o a las del otro Estado contratante;
b)  suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las del otro Estado 
contratante; y
c)  suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o 
profesional o un proceso industrial, o información cuya comunicación sea contraria al 
orden público (ordre public).
4.  Si un Estado contratante solicita información conforme al presente artículo, el 
otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga 
con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando ese otro Estado pueda no 
necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente 
está  limitada  por  lo  dispuesto  en  el  apartado  3  excepto  cuando  tales  limitaciones 
impidieran  a  un  Estado  contratante  proporcionar  información  exclusivamente  por  la 
ausencia de interés nacional en la misma.
5.  En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de 
permitir a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente porque 
esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esté relacionada con derechos de 
propiedad en una persona.
Artículo 26.  Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de 
que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de 
acuerdo  con  las  normas  generales  del  Derecho  internacional  o  en  virtud  de  las 
disposiciones de acuerdos especiales.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Artículo 27.  Entrada en vigor.
1.  El presente Convenio estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
serán intercambiados por conducto diplomático lo antes posible.
2.  El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción del último instrumento de ratificación a que se refiere el apartado 1 y 
sus disposiciones surtirán efecto:
i)  en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos 
sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience en la fecha de entrada en 
vigor del Convenio o con posterioridad a la misma;
ii)  en los restantes casos, en la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
Artículo 28.  Denuncia. es
El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los  w.
Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá notificar por escrito  389ww
lcao nd esneuinsc ima edseel sC odnev eannitoe laalc oiótnro  aEl sftiandaol  cdoen tcrautaalqnuteie, rp oarñ coo ncdivuilc tqou dei pcloommáietinccoe,  aul nmae nveozs 
transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En 
tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:
i)  en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos 
sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience el primer día de enero del 
año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia, o con posterioridad a esa 
fecha;
ii)  en los restantes casos, el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el 
que se notifique la denuncia.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Convenio.
Hecho en doble ejemplar en Madrid el 5 de junio de 2017 en las lenguas española y 
portuguesa, siendo los dos textos igualmente auténticos.
POR EL REINO DE ESPAÑA, POR LA REPÚBLICA DE CABO VERDE,
Cristóbal Montoro Romero, Luis Filipe Tavares,
Ministro de Hacienda y Función Pública Ministro de Negocios Extranjeros y Comunidades
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la 
República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido en las siguientes 
disposiciones que forma parte integrante del Convenio:
I.  Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio.
a)  Los Estados contratantes declaran que sus normas y procedimientos de Derecho 
interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son 
aplicables para combatir tales abusos.
b)  Se entenderá que los beneficios del presente Convenio no se otorgarán a una 
persona que no sea la beneficiaria efectiva de las rentas procedentes del otro Estado 
contratante.
c)  El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes la aplicación de sus 
normas  internas  relativas  a  la  transparencia  fiscal  internacional  «Controlled  Foreign 
Companies».
II.  Ad Artículo 4.
En tanto que Cabo Verde mantenga para sus residentes un régimen de tributación 
conforme al principio de territorialidad, cualquier persona que, conforme a la legislación 
interna de Cabo Verde, sea considerada residente en el mencionado Estado por razón 
de  su  residencia,  domicilio,  sede  de  dirección  efectiva  o  cualquier  otro  criterio  de 
naturaleza  análoga,  será  considerada  residente  en  Cabo  Verde  a  los  efectos  del 
artículo 4 del presente Convenio.
III.  Ad Artículo 10.3.
En  el  caso  de  Cabo  Verde,  el  término  «dividendos»  incluye  los  rendimientos  o
ddee ruivInVaa.d  osAso cddi eeAd rcatuídce.unlota 1s 5e.n participación así como los beneficios derivados de la liquidación  2020-15389n https://www.
En el caso de Cabo Verde, se entiende que la expresión «otro órgano similar»
incluye el Consejo Fiscal de una sociedad.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el 
presente Protocolo.
Hecho en doble ejemplar en Madrid el 5 de junio de 2017 en las lenguas española y 
portuguesa, siendo los dos textos igualmente auténticos.
POR EL REINO DE ESPAÑA, POR LA REPÚBLICA DE CABO VERDE,
Cristóbal Montoro Romero, Luis Filipe Tavares,
Ministro de Hacienda y Función Pública Ministro de Negocios Extranjeros y Comunidades
El presente Convenio entrará en vigor el 7 de enero de 2021, transcurrido un plazo 
de tres meses a partir de la fecha de recepción del último instrumento de ratificación, 
según se establece en su artículo 27.
Madrid, 25 de noviembre de 2020.–El Secretario General Técnico, José María Muriel 
Palomino.