BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53596
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8130 Sala  Primera.  Sentencia  46/2020,  de  15  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3130-2017. Promovido por don Alberto Ordóñez Martín y doña Nuria 
Casado Barrio respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Civil y 
Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  en  procedimiento  de 
anulación  de  laudo  arbitral.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (motivación): resoluciones judiciales que denegaron la petición de 
archivo  del  proceso  por  satisfacción  extraprocesal  de  la  pretensión, 
fundándose  en  un  razonamiento  que,  ignorando  el  principio  de  justicia 
rogada, privó de virtualidad a un acuerdo alcanzado entre las partes que no 
contravenía norma prohibitiva alguna.
ECLI:ES:TC:2020:46
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado,
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3130-2017, promovido por don Alberto Ordóñez 
Martín y doña Nuria Casado Barrio contra la sentencia núm. 33/2017 de la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de mayo de 2017, 
recaída en el procedimiento de anulación de laudo arbitral núm. 63-2016, contra la 
providencia de 8 de junio de 2017 por la que se inadmite el incidente de nulidad 
promovido frente a la citada sentencia, contra el auto de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de mayo de 2017 por el que se 
desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por los demandantes de 
amparo frente al auto de 4 de abril de 2017, así como contra este último. Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de junio de 2017, don Alberto 
Ordóñez Martín y doña Nuria Casado Barrio presentaron escrito por el que interpusieron 
demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento.
2.  Los hechos y antecedentes procesales de los que trae causa la demanda de 
amparo son, en síntesis, los siguientes: es
a)  Los recurrentes en amparo celebraron con fecha de 1 de junio de 2014 un  w.
contrato de arrendamiento de vivienda, en cuya estipulación octava se pactó someter  30ww
cAuEaAlqDuEie).r discrepancia al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (en adelante,
arbitbr)a jeL aocso radrarednod, addicotráensd, oaslee glaaunddoo  aerlb iitmrapl apgoor  edle á rvbaitrrioa sd omne Rnsaufaaelidl aIldleessc,a sin sRtoajraosn  eenl   BOE-A-cable e
fecha 20 de junio de 2016, en el que acordaba declarar resuelto el contrato y condenar a 
los demandados al pago de las rentas más sus intereses, a desalojar la vivienda en el 
plazo de un mes y al abono del suministro de agua y de las costas arbitrales.
c)  Los arrendatarios interpusieron demanda interesando la anulación del laudo ante 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Invocaban el 
carácter abusivo de la cláusula de sumisión a arbitraje, afirmando su condición de 
consumidores y la de profesionales del sector de arrendamiento inmobiliario de los 
arrendadores. Se afirmaba en la demanda que el convenio arbitral contenía una cláusula 
predispuesta o de adhesión, con fórmulas que aparecían publicadas en la web de 
AEADE, siendo ello contrario al art. 90.1 del texto refundido de la Ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con infracción del art. 57.4 del 
mismo cuerpo legal.
Con fecha de 8 de noviembre de 2016, los arrendadores se opusieron a la demanda 
negando su condición de empresarios, así como la existencia de desequilibrio alguno 
entre los contratantes.
d)  Por auto de 16 de diciembre de 2016, el órgano judicial acuerda la admisión de 
determinadas pruebas y la celebración de la vista, dictándose en fecha de 31 de enero 
de  2017  nuevo  auto  por  el  que  se  acordó  dar  traslado  a  las  partes  para  que  se 
pronunciasen sobre la posible infracción del orden público como causa de nulidad del 
laudo. Así, la sala del Tribunal Superior de Justicia, citando su sentencia núm. 55/2016, 
de 19 de julio, observa ya no el problema sobre la cláusula de sumisión expresa al 
arbitraje, sino una posible falta de imparcialidad objetiva de la corte arbitral. Considera 
que AEADE (dedicada al fomento de la mediación y del arbitraje) está vinculada con la 
asociación Arrenta (cuyo objeto es promover el acceso de los ciudadanos a viviendas 
dignas  de  alquiler),  que  fue  quien  asesoró  a  los  recurrentes  en  las  negociaciones 
contractuales  y  en  el  arbitraje,  así  como  les  facilitó  el  modelo  de  contrato  de 
arrendamiento  discutido.  Se  acredita  la  coincidencia  de  los  socios  de  ambas 
asociaciones (entre ellos, del presidente) y la semejanza de sus estatutos, destacándose 
además la falta de provisión de fondos por los demandantes a favor de AEADE, ni su 
exigencia por esta.
La parte demandada interpuso recurso de reposición contra el referido auto, por 
entender que con esta decisión el tribunal se constituía en juez y parte.
e)  Con fecha de 13 de febrero de 2017, ambas partes presentaron un escrito 
conjunto, manifestando al órgano judicial haber alcanzado un acuerdo para la solución 
del litigio, solicitando la terminación del procedimiento de anulación por satisfacción 
extrajudicial, así como la suspensión del plazo para la celebración de la vista.
f)  Los dos últimos escritos citados –recurso de reposición y escrito conjunto de las 
partes  solicitando  la  terminación  del  procedimiento–  tuvieron  entrada  en  el  órgano 
judicial el 13 de febrero de 2017, víspera del señalamiento previsto para el día 14 de 
febrero de ese año, lo que justificó la suspensión de la vista.
g)  Por auto de 22 de marzo de 2017, el recurso de reposición fue desestimado, y, 
por diligencia de ordenación del siguiente día 23 de marzo de 2017, se señaló como 
nueva fecha para la vista el día 26 de abril de 2017. Para el órgano judicial, la iniciativa 
probatoria  admitida  no  contradice  lo  dispuesto  en  la  ley,  sino  que  al  contrario  por 
imperativo del art. 14 CE cumple la obligación de conocer su propio precedente para 
decidir en su caso si lo mantiene o no en un asunto análogo.
h)  Solicitado el archivo de la causa por desistimiento de ambas partes, la petición  s
fue rechazada por auto de 4 de abril de 2017. Entendió la sala con cita de sus propias  oe.
sentencias [sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 62/2015, de 17 de  w.
septiembre, FJ 1 bis)] que, sin perjuicio de las facultades generales de disposición de las  30ww
dpiasrpteosn ibelne , eyl ap qroucee esoxi sctiev iul, ne iln otebrjéesto g edneel rparlo ecne ddimepieunrator  adqeu ealnlousla qcuióen  sdeea nl acuodnotrsa rnioos  easl 
orden público.
Para el órgano judicial, una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo 
arbitral por motivos apreciables de oficio, las partes no pueden disponer de la acción de 
anulación, sustrayendo al tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable. Esta 
facultad no es otra que la de verificar si concurre o no la lesión de intereses tan 
generales como son la preservación del orden público y, en particular, la necesidad de 
que el procedimiento arbitral se desenvuelva con arreglo a las elementales exigencias de 
audiencia y contradicción. Intereses generales cuya protección, según la sala, la ley 
impone  al  tribunal  de  oficio,  tal  como  tiene  declarado  en  su  sentencia  de  17  de 
septiembre de 2015 o en el auto de 17 de septiembre de 2015. Así, señala que «en el 
caso, la causa de anulación invocada por la actora es la radical nulidad del convenio 
arbitral –art. 41.1 a) de la Ley de arbitraje–, dado que la suscripción del convenio sería 
abusiva en tanto que prohibida por la normativa tuitiva de los consumidores. La eventual 
causa de anulación puesta de manifiesto por esta sala guarda relación, como queda 
dicho, con la infracción del orden público, apreciable de oficio por disposición expresa del 
art. 41.2 de la Ley de arbitraje. Y es más, aunque en una primera aproximación pudiera 
pensarse que el motivo de anulación invocado por los demandantes no es apreciable de 
oficio ex art. 41.2 de la Ley de arbitraje, sin embargo no cabe ignorar que, en numerosas 
ocasiones la alegación de invalidez del convenio está indisolublemente vinculada –por 
razón de los hechos y/o argumentos en que se sustenta tal causa de nulidad, más allá 
de su mera denominación– a la tutela del orden público y/o de intereses generales cuya 
protección  y  salvaguarda  no  puede  ser  declinada.  Tal  es  el  caso  que  nos  ocupa, 
señaladamente puesto de manifiesto por aquella doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea que, en garantía de los consumidores, obliga a los tribunales de la Unión 
a apreciar de oficio la nulidad de convenios arbitrales que hayan de ser calificados como 
abusivos».
Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como también apuntó en sus 
sentencias de 23 de octubre de 2015 y 2 de noviembre de 2016, no entenderlo así sería 
tanto como vaciar de contenido la prescripción terminante del art. 41.2 de la Ley de 
arbitraje, que no puede quedar a la voluntad de las partes, ya que prevalece el interés 
público asociado a la resolución de la demanda de anulación que la propia ley impone. 
Con base en todo lo anterior, concluye que no es posible poner fin a un proceso de 
nulidad del laudo, aunque las partes hayan llegado a un acuerdo. Finaliza reconociendo 
que con esta valoración se acentúa claramente el control jurisdiccional sobre el arbitraje, 
pero se justifica en la preservación ex officio del orden público, motivo que trasciende a 
la simple voluntad de las partes y a su poder de disposición.
Esta resolución fue objeto de un voto particular del presidente de la sala, que 
entiende que debe accederse al archivo solicitado por tratarse de una decisión sometida 
a la propia voluntad de las partes y no contravenir precepto legal alguno.
i)  Contra el anterior auto, la parte demandada planteó, en fecha de 19 de abril 
de 2017, incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, al que se adhirió la parte 
actora. Alegaban vulneración del «derecho fundamental a la libertad constitucional» (sic) 
y a la tutela judicial efectiva por infringirse los arts. 9.1, 2 y 3; 16.1; 17.1; 24.1; 106.1 
y 117.1 CE.
j)  Llegada  la  fecha  señalada,  26  de  abril  de  2017,  se  celebró  la  vista  sin  la 
comparecencia de las partes.
k)  El  incidente  excepcional  de  nulidad  de  actuaciones  se  resolvió  por  auto 
desestimatorio de fecha de 3 de mayo de 2017, al no apreciarse vulneración de derecho 
fundamental alguno, siendo las alegaciones de la parte –a juicio del tribunal– mera  s
repetición de las formuladas al instar el archivo de la causa. Reitera que «existe un  oe.
interés general prevalente, in casu la preservación del orden público, que hace que esos  w.
acuerdos [extrajudiciales] no puedan ser utilizados –sin perjuicio de la eficacia que  30ww
qpuuee duann  trtiebnuenra li nctuemr pplaar tceosn–  eclo dmeob ecr oinbdeertculrinaa fbraleu qduuele nlet aa s–iestne ,f roapued ele gdies , ldeey –v epraifricaa er vsiit aerl 
ocabujestao  dined iasnpuolnaicbilóen ,q udee baen eten téeln deesrtáse s eoxmisetteidnote, , lao  vnuol;n ey ramcáióxnim dee, l inosridsetinm opsú,b clicuoa ncdoom lao   BOE-A-cable e
Ley de arbitraje patria (art. 41.2) y la normativa internacional le imponen incluso el deber 
de apreciar de oficio la concurrencia de tal motivo de nulidad». Para la sala, además, «no 
vale decir que lo único que se debate aquí es el cumplimiento de un contrato de 
arrendamiento de vivienda, lo cual es ajeno a toda idea de interés general aspecto de 
por sí desmentido por la propia legislación arrendaticia (arts. 6 y concordantes de la Ley 
de arrendamientos urbanos): lo que se ha debatido en la causa, aquello sobre lo que se 
ha alegado y practicado abundante prueba, es si, con ocasión de tal contrato, se ha 
llevado a cabo un arbitraje prohibido en las relaciones de consumo por normativa con 
rango de ley, y si se ha infringido el principio de igualdad en la ratificación del convenio 
arbitral: decir que tales cuestiones no afectan al orden público o, más ampliamente, al 
interés  general  en  que  el  arbitraje  se  desarrolle  con  las  debidas  garantías  –como 
‘equivalente  jurisdiccional’  que  es–,  por  el  hecho  de  que  se  hayan  sometido  a  la 
consideración de la sala al hilo de un contrato sobre materia disponible sería tanto, lisa y 
llanamente, como dar por buena una patente ‘petición de principio’: por definición, la 
controversia que se somete a arbitraje ha de versar sobre materias de libre disposición –
art. 2.1 de la Ley de arbitraje–, pero esto no significa, con toda evidencia, que lo que dé 
origen y suceda en el procedimiento arbitral sea igualmente disponible siempre y en todo 
caso: un postulado semejante contraviene frontal, clara e inequívocamente la dicción 
terminante de los arts. 41.1 f) y 41.2 de la Ley de arbitraje, y de los correlativos 
preceptos de la Ley modelo sobre comercio electrónico de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho mercantil internacional y del Convenio de Nueva York de 1958, 
por citar solo dos ejemplos paradigmáticos de normas internacionales».
También en este caso, el auto fue objeto de voto concurrente del presidente del 
tribunal que, a pesar de sostener que procedía el archivo del procedimiento, entiende 
que  la  decisión  de  la  mayoría  es  una  de  las  posibilidades  de  interpretación  de  la 
legalidad y, por tanto, no puede entenderse vulnerado derecho fundamental alguno.
l)  Con fecha de 4 de mayo de 2017 se dictó sentencia, estimando la demanda de 
nulidad del laudo arbitral, por entender que se había dictado con manifiesta pérdida de la 
imparcialidad objetiva. A este respecto se destaca que «están acreditados tanto la labor 
de asesoramiento de AEADE a una de las partes intervinientes en el procedimiento 
arbitral como la identidad de intereses entre la corte de arbitraje AEADE y la entidad 
comercializadora de los contratos de adhesión con cláusula de sumisión a arbitraje 
(Arrenta), de tal modo que es fundado, conforme a la razón prudente, sostener que, en 
estas situaciones, falta la imparcialidad objetiva y/o la apariencia de neutralidad de la 
corte de arbitraje, con la consiguiente lesión del orden público por el laudo dictado en 
esas condiciones y, como hemos apuntado, con directa incidencia en la validez misma 
del convenio arbitral, consentido por una de las partes con clara quiebra del principio de 
igualdad a la hora de emitir el consentimiento, pues no cabe olvidar que la voluntad 
válida de someterse a arbitraje es aquella que parte de la base de que se acepta la 
sumisión a la decisión de un tercero independiente e imparcial y a la administración del 
arbitraje por una institución que también lo sea». Entiende el órgano judicial que «en 
estas circunstancias, no es admisible la renuncia tácita a exigencias indeclinables del 
principio de igualdad en aplicación del art. 6 de la Ley de arbitraje; este artículo 6 parte 
de la premisa del conocimiento durante el procedimiento arbitral y no denuncia en el 
mismo de la infracción de alguna norma dispositiva o de algún requisito del convenio 
arbitral –in casu, el conocimiento del asesoramiento y de la comunidad de intereses–; es 
evidente –lo hemos dicho– que no puede ser renunciada la vulneración del principio de 
igualdad porque no es una norma dispositiva; es un criterio de orden público esencial en  s
el arbitraje, si se ha de respetar su calidad de ‘equivalente jurisdiccional’, resultando, por  oe.
ello, de todo punto irrenunciable». Por ello concluye que «procede estimar este motivo  w.
de anulación al amparo del art. 41.1 f) de la Ley de arbitraje, si bien precisando, en recta  30ww
aveprlidcaadceiórna  yd erel ailu irnac idneonvciti ac eunri ala,  qcauues alo as ) hdeecl haorts.  4e.1n. 1q udee  lasu Lseteyn dtae  alar bintrualjied a–dt atmiebnieénn 
ipnrveoecmaidnae necnia l ad ed eumnaan ddea –la; se lp caortnevse nsioob rhea  lsai dootr as ursecsrpiteoc eton  duen ala i neandtimdaisdib ale  las itquuaec,i óenn  dlae   BOE-A-cable e
cláusula de sumisión, se encomendaba la administración del arbitraje, que adolece del 
desinterés  objetivo  constitucionalmente  exigible.  En  consecuencia,  el  laudo  no  solo 
infringe el orden público, sino que, en las circunstancias expuestas, también se ha de 
considerar que el convenio arbitral es en sí mismo radicalmente nulo. La estimación, en 
los términos indicados, de este motivo hace improcedente el análisis de la causa de 
anulación alegada en relación con la validez de un convenio que ya hemos declarado 
radicalmente nulo».
m)  Planteado nuevo incidente excepcional de nulidad de actuaciones, alegándose 
la misma vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
por el rechazo de la petición conjunta de archivo del procedimiento por satisfacción 
extraprocesal, fue inadmitido por providencia de 8 de junio de 2017, al entender que se 
trataba de una pretensión «repetidamente denegada por el tribunal».
3.  Los recurrentes denuncian en su demanda de amparo varias vulneraciones de 
derechos fundamentales. Así, en primer lugar, impugnan el auto de 3 de mayo de 2017 
que resuelve el primer incidente de nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los arts. 1.1, 9.2, 16, 17 y 117.1 
CE. Según se alega, la decisión judicial ha vulnerado la «libertad constitucional» (sic) de 
las partes al disponer del objeto del proceso civil en contra de lo acordado por las 
mismas. A su juicio, la sala se ha convertido en «juzgador omnímodo» hasta quebrar sus 
propios límites jurisdiccionales en detrimento de la libertad de las partes de disponer del 
proceso como les reconoce la Ley de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC). Señalan 
que no existe norma alguna que impida la terminación por satisfacción extraprocesal y 
tampoco razones de interés general, pues en este caso concreto se está en presencia 
del ejercicio de una acción de resolución de contrato de arrendamiento urbano y, por 
consiguiente, de una cuestión estrictamente patrimonial que no trasciende a las partes ni 
afecta a terceros, por lo que difícilmente puede entenderse que exista un interés público 
que pudiera verse afectado por la declaración de terminación del procedimiento de 
nulidad del laudo arbitral que dirimía la controversia entre los contratantes.
En segundo término, se aduce la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE, en relación con los arts. 19 y ss. LEC) y del principio de contradicción 
procesal, al haber dispuesto y resuelto el órgano judicial sobre una cuestión litigiosa ya 
fenecida por voluntad de los litigantes. Entienden los recurrentes –con apoyo en las 
SSTC 57/1993, de 15 de febrero, y 13/2005, de 31 de enero, y el ATC 159/2011, de 21 
de  noviembre–,  que  la  satisfacción  extraprocesal  de  la  pretensión  por  el  acuerdo 
alcanzado  por  las  partes  hace  desaparecer  su  interés  en  el  procedimiento  y,  por 
consiguiente, el juez no puede apartarse de lo estrictamente solicitado. Añaden que, no 
existiendo causa legal para que el órgano judicial desoiga la voluntad de las partes, el 
haber dictado una sentencia incongruente por exceder los términos del debate fijado por 
ellos, hace obvia la lesión del citado derecho fundamental. En este sentido, recuerda que 
este Tribunal Constitucional en relación con la desaparición sobrevenida del objeto del 
proceso ha declarado reiteradamente que la satisfacción extraprocesal es uno de los 
supuestos  de  terminación  que  no  admite  que  pueda  continuarse  con  un  proceso 
concluido  por  transacción  más  allá  de  las  excepciones  legalmente  establecidas 
(STC 133/2007, de 4 de junio, y ATC 400/2005, de 10 de noviembre).
Por último, invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
y del «principio de legalidad procesal y constitucional», pues se han infringido los arts. 
9.1 y 117 CE y arts. 1, 19.1, 22.1 y 442 LEC, en relación con el art. 7 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, por quebrantamiento del proceso debido fijado por el legislador según  e.
las pautas establecidas por el citado art. 22 LEC. Subraya que el art. 22 LEC establece  w.b
que cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda dejare de haber interés  30ww
lpergoíctiemsoo  lean  porebtteennseiró nla  dteult ealcat ojur,d sici iahlu bpireertee nadciduae,r dpoo rdqeu ela ss ep ahrateysa,  seal tsisefcercehtoa rifou ejurad icdiaell 
ddiesbpeu edsteoc reenta rl a lan otremrma,i nlaa csióanla  dneol  sporlooc ensoo .d eEcnre tcóo nlas etceurmenincaiac,i ónco dnetrla rpiaromceendtiem iean tolo, 
manifestando su persistencia en dictar sentencia, sino que también eludió aplicar los
efectos del art. 442 LEC sobre la inasistencia de las partes a la vista, permitiendo su 
celebración.
4.  Mediante  providencia  de  4  de  junio  de  2018,  la  Sección  Segunda  de  este 
Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo tras apreciar que concurre 
en el mismo una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC)], porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]. De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó 
dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid para que, en un plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia 
adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de nulidad de laudo 
arbitral núm. 63-2016 y procediera al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en 
el proceso, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer en este proceso constitucional de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de 24 de julio de 2018 se tienen por recibidos los 
testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, junto con al emplazamiento efectuado a don Alfonso 
Antonio de las Heras Hernández y a doña Natalia Iakovleva que, una vez transcurrido el 
plazo,  no  se  personaron  en  el  presente  recurso.  Con  arreglo  al  art.  52  LOTC,  se 
concedió a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días 
para que, con vista de las actuaciones, formulasen las alegaciones que tuvieran por 
convenientes.
6.  El 25 de octubre de 2018 tuvo entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones 
del fiscal ante el Tribunal Constitucional. En él se interesa la estimación del recurso de 
amparo, imputando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) a 
los autos de fecha 4 de abril y 3 de mayo de 2017, dictados en el procedimiento de 
nulidad de laudo arbitral 63-2016, seguido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con nulidad de todo lo actuado posteriormente.
El Ministerio Fiscal comienza sus alegaciones señalando que, a su juicio, lo que los 
recurrentes enumeran como tres vulneraciones distintas del derecho a la tutela judicial 
efectiva, debe considerarse tan solo una, relativa a la libre disposición del procedimiento 
por las partes, libertad que se les ha impedido ejercer con una motivación incorrecta y 
arbitraria. Para la fiscalía, el segundo motivo denunciado sigue incidiendo en la lesión del 
derecho a la tutela judicial efectiva y en el argumento dado por el órgano judicial para no 
acceder  a  la  terminación  del  proceso,  al  archivo  solicitado,  pero  no  desarrolla  ni 
especifica en qué se basa una posible incongruencia extra petita.  Finalmente, en tercer 
lugar, la parte recurrente invoca el derecho al proceso debido (situándolo en el art. 24.1 
CE, en vez de en el art. 24.2 CE), pero en realidad la alusión a tal derecho es solo formal 
porque reitera el argumento de la incorrecta interpretación por el tribunal de los arts. 22 
y 442 LEC, así como el art. 42 de la Ley de arbitraje, aunque la esencia de los 
argumentos vuelve a poner en entredicho la motivación de las resoluciones impugnadas. 
Por todo ello, el fiscal entiende que el enjuiciamiento que debe realizarse en el presente 
recurso de amparo ha de ceñirse exclusivamente a valorar si se ha producido una 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
La segunda acotación sobre el objeto del recurso que ab initio lleva a cabo la fiscalía  s
se refiere a las resoluciones efectivamente impugnadas en este recurso. Así, destaca  oe.
que aunque los recurrentes señalan varias, lo cierto es que, del contenido del recurso, la  w.
rúpenraoiclciade addidm eeicel inostibóojne a to ql adu eev  iqsuctaue ejads ethi oalan d apene  ctieecnsiót rnal arfs oerdm eeun l adedel ana eupgtooa rcd iteóo nd3 a dsde el a asbe rxpilta idnretce ió2s.n0  1P7yo  rp aolorr c ethali nvqotuo e,  deseenl    2020-8130n https://ww
denegó el archivo del procedimiento, y el auto de 4 de mayo de 2017, denegatorio de la
nulidad de actuaciones del anterior. A su entender, si se ciñe el análisis constitucional a
estas dos resoluciones se cumple la doctrina de este Tribunal que viene declarando que 
cuando son varias las resoluciones judiciales recurridas, se debe acudir a aquella que 
suponga una mayor retroacción en el iter procesal, pues si es anulado lo más antiguo, 
ello conlleva la anulación de lo más reciente. En el caso que nos ocupa, si se declararan 
nulos los autos referidos, y se entiende que procede declarar extinta la relación procesal 
por desistimiento de las partes, ya no habrá necesidad de analizar la sentencia posterior 
que anula el laudo, ni la providencia de inadmisión del incidente excepcional de nulidad 
de actuaciones planteado contra esta.
Por tales razones el fiscal entiende que el enjuiciamiento de este recurso de amparo 
debe limitarse a valorar si una vez instada la nulidad del laudo, el órgano judicial debe 
proseguir hasta depurar la integridad del proceso arbitral, con independencia de lo que 
quieran  las  partes,  o,  por  el  contrario,  prima  el  principio  de  disposición  y,  por 
consiguiente, el Tribunal Superior de Justicia vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva de los recurrentes.
Determinado el objeto del debate, el fiscal subraya su conformidad con el argumento 
de la sala sobre su legitimación para analizar de oficio la posible nulidad de un laudo 
arbitral que pueda ser contrario al orden público [art. 41.2 f) de la Ley de arbitraje]. Sin 
embargo, discrepa sobre el momento en que lo hizo, pues antes de entrar a resolver tal 
cuestión había otra pretensión de las partes –la petición de archivo por composición 
entre ellos– que debía haber resuelto previamente. Es decir, el tribunal hace supuesto de 
la cuestión pues deniega el archivo porque la transacción podría afectar a intereses 
generales, pero tal afectación solo la justifica tras constatar que el laudo vulnera el orden 
público. Por esta razón la fiscalía estima que la sala pasó por alto el poder dispositivo de 
las  partes  sobre  el  procedimiento,  poder  que,  sin  embargo,  habían  ejercitado 
manifestando su desinterés por el litigio incluso a sabiendas de la posible concurrencia 
del vicio de parcialidad de la institución de arbitraje que les había trasladado el órgano 
judicial (remitiéndoles copia de la sentencia de la propia sala núm. 55/2016) y a pesar de 
ello, siguieron manifestando ese desinterés por la continuación de la causa. Para el 
fiscal, debió ser en este momento, teniendo en cuenta lo hasta entonces actuado, 
cuando el tribunal debió resolver, y, si así lo hubiera hecho, difícilmente habría apreciado 
un interés general, ya que un pronunciamiento sobre el orden público era prematuro. En 
ese sentido comparte los argumentos de los recurrentes y del voto particular discrepante. 
A su juicio, tanto la protección del orden público (art. 41.2 de la Ley de arbitraje) como la 
del interés general (art. 22.1 LEC) efectivamente corresponde a los órganos judiciales, 
pero  ello  no  impide  la  posibilidad  de  desistimiento  de  las  partes,  pues  solo  están 
prohibidos los acuerdos que perjudiquen a terceros, aquellos que versen sobre materias 
indisponibles por disposición legal o los que afecten al interés general. En este caso –
subraya el fiscal– no hay una prohibición legal respecto al proceso de anulación del 
laudo, ni provoca perjuicio alguno a tercero y no se aprecia el interés general que se 
haya garantizado al anular el laudo, anulación que en todo caso solo despliega efectos 
respecto  a  las  partes  y  en  el  supuesto  concreto  tan  siquiera  los  produce,  pues 
alcanzaron una solución al margen del laudo. La falta de interés por el procedimiento de 
anulación queda, por lo demás, reiterada, en la falta de comparecencia de las partes a la 
vista (art. 442 LEC).
El Ministerio Fiscal comparte con la sala la reprobación del comportamiento de 
algunas  sociedades  o  instituciones  que  participan  en  estos  medios  alternativos  de 
composición, como el arbitraje, y su pretensión de anular aquellos laudos arbitrales en 
los que se detecta algún género de arbitrariedad o de irregularidad. Pero, en este caso,  s
no aprecia una afectación del interés general concebido como el cuestionamiento de la  oe.
posibilidad de actuar las sociedades, pues la anulación del laudo solo produce efectos  w.
para los implicados. Comparte igualmente el voto particular respecto a la afectación a la  30ww
pler oopbisat aacdumliiznais ptroanciiéónnd doele J turasbticaisa ,q yu ea  elan  epfricinaccipiaio d neol p nraocceend imdeie lnat ole dye d airrebcittaramjee,n atel ,q ucoem soe 
llae gidsela dqoure,  aflo rjuzostsifaicmaer nltae  edxeisbteenn ciaac adbea re sctoons  mseendtieonsc iaal,t ecrnuaatnivdoos,  dpeo r coeml  pcoonsitcraiórnio,,  heal   BOE-A-cable e
acudido a criterios de facilitación para los ciudadanos, refuerzo de la autonomía de la 
voluntad de las partes, e incluso de carácter más práctico, desahogar la carga de trabajo 
de los tribunales.
Concluye solicitando que para el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado 
se proceda a declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas con retroacción al 
momento anterior a dictarse.
7.  No ha formulado alegaciones la parte demandante de amparo.
8.  Por providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El recurso de amparo tiene por objeto la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 4 de mayo de 2017, recaída en el 
procedimiento de nulidad de laudo arbitral núm. 63-2016, la providencia de 8 de junio 
de 2017 por la que se inadmite incidente de nulidad planteado por los recurrentes contra 
la citada sentencia y la sentencia, así como el auto de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de mayo de 2017, por el que se 
desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra el auto de 4 de abril 
de 2017, que denegó el archivo de la causa solicitado por ambas partes.
Para los recurrentes la negativa del tribunal a atender su solicitud de archivo del 
procedimiento vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
vertiente  de  derecho  a  una  resolución  motivada  no  incursa  en  irrazonabilidad, 
arbitrariedad  o  error  patente.  Así,  sostienen  que  en  el  supuesto  sometido  a  la 
consideración del órgano judicial no existe norma legal alguna que impida la terminación 
por satisfacción extraprocesal y tampoco razones de interés general, pues se está en 
presencia del ejercicio de una acción de resolución de contrato de arrendamiento urbano 
y, por consiguiente, de una cuestión estrictamente patrimonial que no trasciende a las 
partes ni afecta a terceros, por lo que difícilmente puede entenderse que exista un 
interés  público  que  pudiera  verse  afectado  por  la  declaración  de  terminación  del 
procedimiento  de  nulidad  del  laudo  arbitral  que  dirimía  la  controversia  entre  los 
contratantes.
Por su parte, el Ministerio Fiscal entiende que debe estimarse el recurso de amparo, 
pues si bien es loable el esfuerzo del tribunal por proteger el orden público, lo cierto es 
que a las partes ha de reconocérseles el poder de disposición sobre el proceso de 
anulación  de  los  laudos  arbitrales  y  en  este  caso  concreto  no  existía  tan  siquiera 
afectación  del  interés  general.  Por  ello,  debe  apreciarse  que  las  resoluciones 
impugnadas han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los 
demandantes,  en  cuanto  no  se  les  permitió  ejercer  su  derecho  a  desistir  del 
procedimiento al haber alcanzado un acuerdo transaccional, debido a una distorsionada 
interpretación de la noción de orden público como causa de anulación del laudo arbitral 
(art. 41.2 de la Ley de arbitraje). Señala en este aspecto que tanto la protección del 
orden público, como la del interés general (art. 22.1 LEC) efectivamente corresponde a 
los órganos judiciales, pero ello no impide la posibilidad de desistimiento de las partes, 
pues solo están prohibidos los acuerdos que perjudiquen a terceros, aquellos que versen  s
sobre materias indisponibles por disposición legal o los que afecten al interés general, lo  oe.
que no ocurre en el presente caso. w.
2.  Consideraciones previas.
alegAanctioens edse d eeln Mtrainri sate rviaol oFriasrc ael l refolantdivoa sd eal  laa snuencteos, iddaedb edmeo cso npcrorentuanr claiasr nvousln esroabcrieo nleass 
de  derechos  fundamentales  invocadas  en  el  recurso  de  amparo,  así  como  las 
resoluciones judiciales afectadas por las mismas.
En  efecto,  le  asiste  la  razón  al  fiscal  cuando  expone  que  las  quejas  de  los 
recurrentes  pueden  concentrarse  en  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa 
en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, pues, al fin y al cabo, van referidas todas 
ellas a la negativa del órgano judicial de archivar el procedimiento una vez que las partes 
alcanzaron un acuerdo de resolución del conflicto que mantenían. Ha sido, en definitiva, 
una interpretación extensiva e injustificada del concepto de orden público contenido en el 
art. 41.2 f) de la Ley de arbitraje realizada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid lo que ha impedido a los recurrentes ejercer su derecho 
de disposición sobre el objeto del proceso de anulación del laudo arbitral.
Del mismo modo, hemos de coincidir con el fiscal en su observación acerca de la 
innecesaria extensión de las resoluciones judiciales impugnadas. De una lectura atenta 
del escrito de demanda se puede concluir, sin especial dificultad, que, aunque los 
demandantes imputan la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en 
primer lugar, al auto de fecha de 3 de mayo de 2017, desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones contra el auto denegatorio del archivo del procedimiento, de 4 de 
abril de 2017, en segundo término, a la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo de 2017, que anula el laudo 
arbitral, y, por último, a la providencia de fecha de 8 de junio de 2017, que inadmite el 
incidente de nulidad planteado contra esta, en realidad, la decisión que cuestionan es la 
de no haber atendido a la solicitud de archivo del proceso formulada por las partes. En 
consecuencia, para dar adecuada respuesta a la pretensión de amparo es suficiente con 
enjuiciar el auto denegatorio del archivo de 4 de abril de 2017 y el de fecha de 3 de mayo 
de 2017, desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra 
aquel. Recordemos que –como alega la fiscalía– hemos declarado reiteradamente que 
«[n]o  puede  ignorarse,  en  este  punto,  que  el  orden  de  tratamiento  de  las  quejas 
formuladas en amparo, conforme al criterio de mayor retroacción que tantas veces 
hemos establecido (por todas, recientemente, STC 83/2018, de 16 de julio, FJ 2), obliga 
a comenzar por la lesión precedente, esto es, a conceder prioridad al examen de 
aquellas causas que, de prosperar, determinarían la retroacción a un momento procesal 
anterior, lo que haría innecesario un pronunciamiento sobre las restantes, circunstancia 
esta que resta trascendencia a la existencia de una lesión (normalmente procesal) 
posterior acumulada» (STC 171/2019, de 16 de diciembre, FJ 2). Por consiguiente, a fin 
de asegurar «la más amplia tutela de los derechos fundamentales» y analizando «en 
todo caso la lesión que otorga especial trascendencia constitucional al presente recurso 
de amparo» (STC 152/2015, de 6 de junio, FJ 3), debemos dar prioridad al examen de la 
negativa por el órgano judicial de archivar el procedimiento de anulación del laudo 
arbitral, lo que tuvo lugar por auto de 4 de abril de 2017, reiterado en el auto de fecha 
de  3  de  mayo  de  2017,  que  desestimó  el  incidente  excepcional  de  nulidad  de 
actuaciones planteado contra aquel.
3.  Antecedentes del caso y doctrina constitucional aplicable.
Concretado el objeto de debate y las resoluciones afectadas en este recurso de 
amparo, la demanda se reduce a determinar si la decisión de la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no atender la petición de archivo del 
proceso por pérdida sobrevenida de objeto y, por consiguiente, de entrar en el fondo de  e
la demanda de anulación del laudo arbitral, vulneró el derecho fundamental de los  bo
recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en términos de razonabilidad de las  30ww
resoCluocmioon ehsa  cqituaeddaasd.o expuesto en los antecedentes de hecho, pendiente el proceso de
tarnaunlsaacciócnio ndael ls olabured ola  caorbnittrroavl,e rlsaisa  qpuaer taefse, ctdaabdao a  qlau ep erhvaivbeíannci aa dlcea snuz aindtoe réusn  eanc sueegrudior 
litigando,  solicitaron  de  consuno  y  por  escrito  el  archivo  del  proceso  por  pérdida
sobrevenida  de  objeto.  La  petición  fue  formulada  expresamente  en  dos  ocasiones, 
aunque se puede afirmar que existió una tercera tácita, mediante la no comparecencia a 
la vista oral, hecho determinante por imperio de la ley del desistimiento del proceso 
(art. 442.1 LEC). Finalmente la pretensión fue reiterada en sendos escritos de nulidad de 
actuaciones,  igualmente  rechazados  por  aquella  sala,  por  auto  desestimatorio  y 
providencia de inadmisión.
La sala justificó el rechazo de la petición de archivo con el argumento de que no se 
puede  otorgar  la  misma  virtualidad  a  un  acuerdo  extraprocesal  alcanzado  en  un 
procedimiento de anulación de laudo arbitral respecto al que existe en otros procesos 
civiles, pues –en su opinión– en aquel no rige el principio dispositivo. En consecuencia, 
entiende que para cumplir con su deber legal de resolver (art. 117 CE), el órgano judicial 
debe comenzar enjuiciando si cabe o no homologar una transacción cuando pende una 
demanda cuya pretensión se basa en una infracción del orden público [art. 41.2 f)].
A partir de dicha premisa, la sala entra a analizar si la transacción está incursa en 
alguna prohibición legal, si conculca el interés general o si perjudica a tercero, cuestión 
que no puede desvincularse de la naturaleza del proceso que se ventila, puesto que la 
transacción no es admisible cuando el objeto del proceso es indisponible. Para el órgano 
judicial –como ha quedado transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución– 
el  objeto  del  proceso  no  es  exclusivamente  el  cumplimiento  del  contrato  de 
arrendamiento, sino que se centra en la infracción del orden público en el procedimiento 
arbitral al que se sometieron los contratantes para dirimir las diferencias surgidas de su 
relación arrendaticia, pues existiendo conflicto de intereses entre la corte arbitral y 
aquellos que asesoraron a los arrendatarios, la imparcialidad de la primera queda en 
entredicho. Tal es el motivo –a su juicio– que le obliga de oficio a entrar en el fondo de la 
demanda  de  nulidad  planteada  y  no  puede  quedar  a  lo  que  resulte  del  poder  de 
disposición, so pena de vaciar de contenido lo dispuesto por el art. 41.2 de la Ley de 
arbitraje, sin perjuicio de los acuerdos de naturaleza patrimonial a que las partes puedan 
llegar en relación con el cumplimiento del contrato litigioso.
Pues bien, para valorar si la decisión judicial recurrida vulneró el derecho a la tutela 
judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, conviene recordar en primer término que, según es consolidada 
doctrina  constitucional,  el  derecho  reconocido  en  el  art.  24.1  CE  no  garantiza  la 
corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho llevada a cabo por los 
jueces  y  tribunales,  pues  no  existe  un  pretendido  derecho  al  acierto  judicial  en  la 
selección, interpretación y aplicación de las normas, salvo que afecte al contenido de 
otros  derechos  constitucionales.  Ahora  bien,  lo  que,  en  todo  caso,  sí  garantiza  el 
art. 24.1 CE es el derecho a obtener de los órganos judiciales una resolución motivada, 
es decir, que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles 
han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté 
fundada en Derecho, exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una 
declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una 
exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, 
STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 4). Pero también hemos declarado en multitud de 
ocasiones que una resolución judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva 
cuando  el  razonamiento  que  la  funda  incurre  en  tal  grado  de  arbitrariedad, 
irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves 
que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda 
motivación o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, este Tribunal  s
incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas  oe.
aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental,  w.
se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un  30ww
dcoensaclrurosliloon easr gaulcmaennztaadl asq uneo  pinuceudreren  ceonn sqidueierabrrsaes  blaósgaicdaass  edne  ntianlg umnaa gdneit ulads  qrauzeo nleass 
FadJ u5c,i deanstr e(p ootrr atso dmausc, hSaSsT).C 214/1999, de 29 de noviembre, y 133/2013, de 5 de junio,  BOE-A-cable e
4.  Análisis de la pretensión de amparo: apreciación de la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE.
A la vista de la doctrina constitucional que acabamos de recordar, debemos dilucidar 
ahora si la motivación dada por el órgano judicial para no dar virtualidad al acuerdo 
transaccional alcanzado por las partes, decidiendo continuar el proceso en contra de la 
voluntad  concorde  de  ambas  de  ponerle  fin,  es  conforme  con  nuestro  canon 
constitucional de motivación ex art. 24.1 CE. Dicho de otro modo, al igual que en otros 
supuestos  semejantes,  debe  insistirse  también  ahora  en  que  únicamente  nos 
corresponde comprobar si la interpretación de las normas procesales efectuada por las 
resoluciones impugnadas es o no respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva 
de los demandantes de amparo y, en particular, como antes se ha subrayado, si esa 
interpretación revela un rigor o formalismo exagerado en relación con los fines que trata 
de preservar y el sacrificio que comporta y, en consecuencia, acaba por convertir en 
impracticable el derecho a la disponibilidad del proceso civil.
A juicio de este Tribunal, la decisión impugnada es, cuando menos, irrazonable y 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). En efecto, 
las partes en litigio solicitaron de consuno el archivo del procedimiento –con efectos 
equivalentes al desistimiento por pérdida sobrevenida de interés en continuar con el 
mismo–, dado que se había alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial cuya 
homologación igualmente se solicitó. La sentencia rechaza la solicitud de archivo al 
entender, primero, que no cabe aplicar el art. 22 LEC en el procedimiento de anulación 
de laudos arbitrales, dado que el procedimiento concluyó ya con el laudo, siendo el 
objeto del proceso de anulación del laudo otro distinto al procedimiento arbitral, en 
sentido estricto (que es al que alcanzaría en su caso el pacto logrado entre las partes).
Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita 
entrar a decidir una cuestión que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de 
procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición de archivo pretende poner de 
relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como 
consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada 
dado que, en efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que 
parece incontrovertible es que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de 
obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, 
no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar un 
acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto 
demandante como demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal 
línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen 
en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de 
desencadenar  el  proceso,  pero  sin  poder  hacer  valer,  a  posteriori,  los  cambios 
sobrevenidos que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de 
entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de las partes en un 
proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma 
legal prohibitiva a dicho respecto.
En tal sentido recordemos que el proceso civil regulado en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus 
intereses  privados  o,  lo  que  es  lo  mismo,  para  iniciar  la  actividad  jurisdiccional, 
determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, 
sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida 
responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este principio dispositivo  e.
hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, «Del  w.b
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones», pone ya  30ww
deexp oresliiceivóen  dcueá ml oetsiv olas  cslea veex psruesstaa necni ael sstoosb rteé rmla inqouse  agl idrae celal raprr oqcuees o« lac ivniul. eLvaa  Lmeiys mdae 
deinsjpuoicsiaitimvoie, ndtoe l cqiuveil  sseig euxet rainesnp itroádnadso sseu  reanz oenla bplreinsc cipoion sedceu ejunsctiiacsia,  croong alad av isot ap priunecsiptaio, 
no solo en que, como regla general, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos
e  intereses  legítimos  de  determinados  sujetos  jurídicos,  a  los  que  corresponde  la 
iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, sino en que las cargas 
procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial 
que  piden,  pueden  y  deben  configurar  razonablemente  el  trabajo  del  órgano 
jurisdiccional en beneficio de todos. De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa 
de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses 
legítimos». Es cierto que la forma natural de finalización del proceso civil es mediante 
sentencia dictada como consecuencia de un debate contradictorio entre las partes, lo 
que presupone que el conflicto persiste hasta el final del proceso. Ahora bien, fruto 
precisamente de ese poder de disposición de las partes que consagra el principio 
dispositivo, el proceso puede finalizar antes de dictarse sentencia a través de una 
resolución judicial que, sin entrar a resolver sobre el fondo del asunto, refleje la voluntad 
de las partes de ponerle fin, por no subsistir el interés legítimo que subyace en la 
pretensión de tutela.
A pesar de tratarse de un principio básico que rige el régimen jurídico del proceso 
civil, las decisiones recurridas (especialmente el auto de 4 de abril de 2017, fundamento 
jurídico 2) parten del error de entender que la voluntad de las partes se dirigía a disponer 
del objeto del procedimiento de anulación (que se integra por las causas de nulidad 
invocadas), del cual las partes no pueden disponer libremente cuando está presente un 
elemento de orden público –lo cual es un argumento correcto–. Por el contrario, resulta 
obvio que la pretensión era la de manifestar a la sala su ausencia de interés en proseguir 
con  el  litigio,  al  haber  obtenido  un  acuerdo  sobre  las  obligaciones  patrimoniales 
reconocidas en el laudo, cuyo carácter de derecho privado patrimonial no se discute y de 
ahí  su  petición  de  archivo  del  proceso.  En  este  punto,  este  Tribunal  comparte  el 
argumento de los recurrentes y del Ministerio Fiscal, sostenido también por el voto 
particular concurrente del auto de 3 de mayo de 2017. Las decisiones recurridas no 
deslindan el terreno del litigio subyacente (aún pendiente, a pesar de la existencia de un 
laudo, pues de otro modo no tendría sentido la búsqueda de un acuerdo extrajudicial) del 
objeto del procedimiento de anulación, obviando que son presupuestos de la estimación 
de la demanda no solo la existencia del vicio de anulación que se invoca, sino también la 
existencia del interés legítimo, cuestión esta que pertenece al estricto ámbito subjetivo 
de las partes, máxime cuando no se acredita la existencia de intereses de terceros en 
juego. Por esa razón, con independencia de que la causa de pedir de la anulación afecte 
al  orden  público  o  no,  es  lo  cierto  que  la  cuestión  de  fondo  es  jurídico-privada  y 
disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se 
requiere que las partes acrediten su interés en litigar. Podría discutirse la cuestión en 
caso de petición unilateral de una de las partes, controvertida por la contraria. Pero, en el 
presente recurso de amparo, demandantes y demandados pidieron al unísono el archivo 
(desistimiento)  del  proceso  como  consecuencia  de  la  pérdida  de  interés  en  seguir 
litigando tras alcanzar el acuerdo transaccional.
El ensanchamiento del concepto de «orden público» que realizan las resoluciones 
impugnadas para llevar a cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo 
que pertenece en esencia solo a los árbitros, desborda el alcance de la acción de 
anulación y desprecia el poder de disposición o justicia rogada de las partes del proceso.
No huelga recordar ahora que, recientemente, este Tribunal ha declarado en su 
STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 3, que «el mecanismo arbitral, la renuncia al ejercicio del 
derecho fundamental proviene de la legítima autonomía de la voluntad de las partes, 
que,  libre  y  voluntariamente,  se  someten  a  la  decisión  de  un  tercero  ajeno  a  los  s
tribunales de justicia para resolver su conflicto, y ello, correctamente entendido, no  oe.
implica una renuncia general al derecho fundamental del artículo 24 CE, sino a su  w.
ejercicio en un determinado momento, no quebrantándose principio constitucional alguno  30ww
(dSeSl TlaCu d1o7 4a/1rb9i9tr5a,l  7e5s/1 ú9n9i6c aym 1e7n6t/e1 9p9o6s)i»b.l eT apmobr iémno stiev ohsa  fsourbmraayleasd o(a qrtuse.  «4l0a  iym psus.g, ndaeci ólan 
jLuedyic i6a0l /s2o0b0r3e,  ldae  c2u3e stdióen  ddiceie fmonbdreo,.  dEen  aersbtietr asjeen),t idcoo,n  nloa  ccaobnes igduuidean ted ef aqltuae  duen ac omnetrroal   BOE-A-cable e
revisión formal solo puede ser compatible con las exigencias del artículo 24 CE cuando 
la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral, entendido 
este como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y 
en consecuencia al laudo que se obtenga. Así se afirmó en la STC 174/1995, FJ 3, y se 
reiteró en la STC 75/1996, FJ 2, ‘ese control excluye las cuestiones de fondo, ya que al 
estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las 
garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, 
nos hallamos frente a un juicio externo (STC 43/1988 y sentencias del Tribunal Supremo 
que en ella se citan) que, como tal, resulta insuficiente para entender que el control 
judicial así concebido cubre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra 
el art. 24.1 CE’» (STC 1/2018, FJ 4).
Efectivamente,  la  Ley  60/2003,  de  23  de  diciembre,  de  arbitraje,  configura  la 
institución arbitral como un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es 
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor 
de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido en virtud de un convenio 
arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución de sus posibles controversias y deferir a 
los  árbitros  el  conocimiento  y  solución  de  sus  conflictos,  que  desde  ese  momento 
quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes.
Por consiguiente, es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un 
proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del 
fondo de la decisión de los árbitros, «al estar tasadas las causas de revisión previstas en 
el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el 
órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo» 
(SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Por todo 
ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje 
puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues «la finalidad 
última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de 
un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la 
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo» (ATC 231/1994, de 18 
de julio, FJ 3). A ello hay que añadir –a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial– 
que  es  doctrina  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  que  las  «exigencias 
relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos 
arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en 
casos  excepcionales»  (STJCE  de  26  de  octubre  de  2008,  asunto  Mostaza  Claro, 
C-168/05).
Es cierto que la contravención del «orden público» se establece en el art. 41.1 f) de 
la Ley de arbitraje como motivo de anulación y en el art. V.2 B) del Convenio de Nueva 
York de 1958 como causa de denegación del reconocimiento de laudos extranjeros. 
Ahora bien, el problema que precisamente suscita este asunto es el de qué debe 
entenderse por orden público o si la interpretación llevada a cabo por el órgano judicial 
de lo que deba entenderse por orden público es arbitraria e irrazonable y con esa 
irrazonabilidad se ha vulnerado el derecho de las partes a la motivación razonable de las 
resoluciones judiciales.
Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se 
entiende  el  conjunto  de  principios  jurídicos  públicos,  privados,  políticos,  morales  y 
económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en 
un pueblo y en una época determinada (SSTC 15/1987, de 11 febrero; 116/1988, de 20 
junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se  s
configura  como  el  conjunto  de  formalidades  y  principios  necesarios  de  nuestro  oe.
ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de  w.
tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede  30ww
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einl telerngaiscliaodnoarl mpeonrt ee.xigencia  constitucional  o  de  la  aplicación  de  principios  admitidos  BOE-A-cable e
Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica el 
riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las 
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y 
vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, 
con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un 
asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio 
del derecho de desistimiento de las partes.
En este contexto, este tribunal entiende que la decisión del órgano judicial fue 
contraria  al  canon  constitucional  de  razonabilidad  de  las  resoluciones  judiciales, 
conclusión que se refuerza además por el comportamiento de la sala, que no solo 
rechazó la petición de archivo, sino que, además, como se pone de relieve en la 
demanda y subraya el Ministerio Fiscal, ni siquiera dio eficacia a la voluntad tácita de las 
partes de desistimiento por su no comparecencia al acto del juicio, demostrando con ello 
una pertinacia en decidir el fondo del asunto que, aparentemente, fue más allá de los 
límites constitucionales del deber de motivación y congruencia.
A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la 
decisión que se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una 
suerte de «efecto dominó» que impediría a las partes ejercer su poder de disposición 
sobre  el  proceso.  Dicha  solución  podría  ser  admisible  de  basarse  la  petición  de 
anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no 
era susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público, pero no es el 
caso, dado que el orden público determinante de la decisión se refiere a la vulneración 
del derecho al árbitro imparcial, un matiz aportado al proceso de oficio por la propia sala, 
pues los demandantes fundaban la petición de nulidad en el carácter abusivo de la 
cláusula de sumisión a arbitraje.
En definitiva, de acuerdo con la doctrina anteriormente reproducida, entiende este 
Tribunal que debe reputarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de los 
recurrentes el razonamiento del órgano judicial que niega virtualidad a un acuerdo 
basado en el poder dispositivo de las partes sin que medie norma prohibitiva que así lo 
autorice, imponiendo una decisión que subvierte el sentido del proceso civil y niega los 
principios en que se basa, en concreto, el principio dispositivo o de justicia rogada.
En  consecuencia,  determinado  el  desajuste  de  la  motivación  contenida  en  las 
resoluciones impugnadas del canon constitucional exigible, procede otorgar el amparo y 
reconocer que ha sido lesionado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión garantizado por el art. 24 CE. Así pues, procede la anulación de todas las 
resoluciones  judiciales  impugnadas,  debiendo  remontarse  la  retroacción  de  las 
actuaciones al momento anterior a dictarse el auto de 4 de abril de 2017, que rechazó el 
archivo del procedimiento, por desistimiento, solicitado por las partes demandante y 
demandada en el procedimiento de anulación de laudo arbitral núm. 63-2016.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Alberto Ordóñez Martín y doña 
Nuria Casado Barrio y, en consecuencia: e.
1.º  Declarar  vulnerado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  30ww
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de 2017, y de la providencia de 8 de junio de 2017, todos ellos dictados por la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento de nulidad 
de laudo arbitral núm. 63-2016.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de las 
resoluciones citadas para que por el órgano judicial se resuelva de forma respetuosa con 
los derechos fundamentales de los actores cuya vulneración se declara.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.