BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Miércoles 16 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 73329
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
10027 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 
2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 de junio de 2021, a propuesta de la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha adoptado un Acuerdo por el que se 
establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la 
COVID-19, F.C.P.J.
Para general conocimiento, se procede a la publicación del referido Acuerdo, como 
anexo de esta resolución.
Madrid, 15 de junio de 2021.–La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida 
Méndez Bértolo.
ANEXO
Acuerdo por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas por la COVID-19 F.C.P.J.
El  artículo  17  del  Real  Decreto-ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, en adelante el «real decreto-ley», crea el «Fondo de recapitalización de 
empresas afectadas por la COVID-19, fondo carente de personalidad jurídica», en lo 
sucesivo el «Fondo», adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de 
la Secretaría de Estado de Comercio. El real decreto-ley encomienda la gestión del 
Fondo a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E., 
en lo sucesivo, «la Gestora» o COFIDES y crea, asimismo, el Comité Técnico de 
Inversiones del Fondo, en lo sucesivo el «Comité Técnico de Inversiones», órgano al 
que,  entre  otras  funciones,  se  encomienda  el  control,  y  el  seguimiento  de  las 
operaciones del Fondo, así como la aprobación para realizarlas.
Este Fondo tiene por objeto fortalecer y recuperar de una forma ágil y eficaz la 
solvencia de empresas de mediano tamaño de cualquier sector con un importe neto de la 
cifra de negocios de entre 15 y 400 millones de euros a nivel consolidado y que, no 
teniendo problemas de viabilidad con anterioridad a la crisis del COVID-19 y siendo 
viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia 
en sus balances y en sus mercados. Con el fortalecimiento de la solvencia se contribuirá, 
además, a asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido productivo y 
fomentar la competitividad de la economía española.
No se trata, por tanto, de un instrumento de rescate de empresas que no eran viables 
antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de apoyo público temporal 
en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas de mediana dimensión que, 
aun  en  el  caso  de  atravesar  dificultades  financieras  temporales,  resultan  viables  por  e
disponer de un plan de medio/largo plazo factible y un modelo de negocio viable. bo
La Gestora del Fondo verificará, directamente o con ayuda de expertos externos, que  027ww
edpdmereo  pbvarilcaeeubmseialair ddsnao odd  e fciy nov anriain eblcsaiilgesido raad,  derse foaisnlniuicctleititoasan  nvdetieeas   bldadlee eC ll a aOe pfVpuoíItygDuorr-ao 1pf 9eay;  d r3yee  cqúdeune eell a  aatso n sddeuoixf isojcu u yicIl tIica oadd, deetrals a  pscur ineteaosl d eodanpestoe ; rl oqtuAsun cerou en eqaorund iátoseli,int soíliaass     OE-A-2021-10able en https://
de elegibilidad previstos en el presente Acuerdo.
El análisis previo de viabilidad y riesgo al que se supedita la concesión del apoyo 
público temporal valorará las eventuales reestructuraciones de deuda que la empresa 
potencialmente beneficiaria haya realizado, incluidas las previstas en los artículos 7, 8 
y 9 del real decreto-ley, en la medida en que mejoren su perfil de riesgos y contribuyan a 
su viabilidad.
Con cargo al Fondo se prestará apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, 
riesgo e impacto en desarrollo sostenible y se hará mediante instrumentos de capital e 
híbridos de capital y, en su caso, complementariamente de deuda. En todo caso, las 
operaciones financiadas con cargo al Fondo tendrán un importe de entre 4 millones de 
euros y 25 millones de euros por beneficiario. Dicho intervalo será de entre 3 millones de 
euros y 15 millones de euros en el caso de que el beneficiario sea una PYME.
El real decreto-ley prevé que por Acuerdo de Consejo de Ministros se regule la 
composición, competencias y funcionamiento del Comité Técnico de inversiones y las 
competencias de la Gestora. Igualmente, quedaba prevista la regulación por Acuerdo de 
Consejo de Ministros del funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del 
Fondo, los criterios básicos de elegibilidad de las empresas susceptibles de apoyo, así 
como las condiciones básicas aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones que se 
financien con cargo al Fondo, asegurando que dichas operaciones se ajusten a la 
normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea.
Este  Acuerdo  establece  el  conjunto  de  requisitos  que  deberán  cumplir  los 
beneficiarios  de  las  operaciones  de  apoyo  público  temporal  a  la  solvencia  que  se 
financien con cargo al Fondo, de acuerdo con la normativa de ayudas de Estado de la 
Unión Europea, con el fin de garantizar que las mismas responden a los principios de 
proporcionalidad, igualdad de trato y protección del interés general.
Las operaciones de apoyo público temporal contempladas en este Acuerdo podrán 
otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta la fecha posterior que pudieran 
disponer  el  Marco  Temporal  relativo  a  las  medidas  de  ayuda  estatal  destinadas  a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado el 19 de 
marzo de 2020, y sus sucesivas modificaciones, en lo sucesivo el «Marco Temporal» o el 
Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, autorizado por la Decisión de la 
Comisión  Europea  SA.56851  (2020/N),  de  2  de  abril  de  2020,  y  sus  sucesivas 
modificaciones, en lo sucesivo «Marco Nacional». Asimismo, se supedita la concesión de 
apoyos con cargo al Fondo a la previa declaración de compatibilidad del presente 
régimen con el mercado interior por la Comisión Europea.
En su virtud, y a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, el 
Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de junio de 2021, acuerda:
1.  Establecer, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 13 del artículo 17 del 
real decreto-ley, los criterios básicos de elegibilidad de las empresas susceptibles de 
apoyo; así como las reglas de funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del 
Fondo y las condiciones aplicables y requisitos a cumplir en las operaciones de apoyo 
público temporal a la solvencia que se financien con cargo al Fondo, en los términos que 
figuran en los anexos I y II.
2.  Establecer, en virtud del artículo 17, apartados 5 y 6, del real decreto-ley, las 
competencias de la Gestora en los términos previstos en el anexo III, así como la 
composición, competencias y funcionamiento del Comité Técnico de Inversiones, en los 
términos indicados en el anexo IV.
3.  Supeditar la concesión de apoyos con cargo al Fondo, de conformidad con lo  e.
dispuesto en el real decreto-ley en su artículo 17, apartado 14, y en su disposición  w.b
adicional quinta apartado 1, a la autorización expresa de la Comisión Europea. 027ww
nece4s. arMio,a nindtaetranra male Mntien isot eari ot radveé sIn ddues tCriOa,F TIDuErisSm, op ayr aC qoumee rdceion tproa rdae q luoes  dtriespinotan gdaí alos 
msigaurciehnat eesfe cat ivlaa  daeult oFroiznadcoió.n expresa de la Comisión Europea asegure la puesta en
ANEXO I
Funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo
1. Funcionamiento
1.1   De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 17 del real decreto-
ley, COFIDES será la Gestora del Fondo. En todas sus acciones relativas al Fondo, la 
Gestora actuará en nombre propio, por cuenta de la Administración General del Estado y 
con cargo al Fondo. La Gestora llevará a cabo todas las acciones relativas a la gestión 
del Fondo y, en particular, tendrá las competencias que se detallan en el anexo III.
Corresponde al presidente de la Gestora ostentar la condición de cuentadante a 
efectos de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas.
1.2   Los recursos del Fondo se financiarán con cargo al crédito extraordinario 
previsto en el apartado 3 del artículo 17 del real decreto-ley.
1.3   A efectos de llevar a cabo las operaciones cuya ejecución por la Gestora 
apruebe  el  Comité  Técnico  de  Inversiones,  con  cargo  al  Fondo,  la  Gestora  podrá 
disponer de los recursos del Fondo, en las cuantías y condiciones establecidas en los 
actos  correspondientes.  Asimismo,  la  Gestora  podrá  cargar  al  Fondo  los  gastos 
incurridos en la contratación de servicios de apoyo externo, así como la retribución que 
por el desarrollo y ejecución de sus funciones le corresponda, de acuerdo con la Orden 
de la titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 7 y 8 del artículo 17 del real decreto-ley.
1.4   Todas las operaciones efectuadas con cargo al Fondo serán registradas por la 
Gestora en una contabilidad específica, separada e independiente de la suya propia.
1.5   Se ingresará en el Tesoro Público el saldo remanente de tesorería del Fondo a 
su extinción, de conformidad con lo previsto en el apartado 16 del artículo 17 del real 
decreto-ley.
Asimismo, como norma general, el Fondo tendrá su tesorería en una cuenta abierta 
en el Banco de España, salvo que las circunstancias requieran la apertura de cuentas 
situadas fuera del mismo.
ANEXO II
Condiciones aplicables a las operaciones financiadas con cargo al Fondo
1. Solicitud
El inicio del procedimiento para la utilización del Fondo se supedita a que haya 
existido previamente solicitud expresa por escrito de la empresa dirigida a la Gestora, sin 
perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera del real decreto-ley en 
relación con los expedientes trasladados por SEPI.
2. Tipos de instrumentos
2.1  Las operaciones de apoyo público temporal financiadas con cargo al Fondo 
podrán tomar forma de:
a)  Cualesquiera instrumentos de capital y/o híbridos de capital. En particular, a 
título  enunciativo  y  no  limitativo,  podrá  consistir  en  la  concesión  de  préstamos  e.
participativos, en la suscripción/adquisición de acciones o participaciones sociales o  w.b
cualquier otro instrumento de capital. Las condiciones de estos instrumentos se atendrán  027ww
aa  llaa sn omrmedaidtivaas  ddee  aayyuuddaas  edseta Etaslt addeos,t isneagdúans  lao  reesstapballedcaird ola  eenc oenl oMmaírac oe Tne eml pcoornatle rxetloa tdiveol 
macotudaifilc abcroiotnee sd,e el nC loO sVuIcDe-s1i9v,o  aepl «roMbaardcoo  Teel m1p9o radle» .marzo  de  2020,  y  sus  sucesivas
Los préstamos participativos no tendrán una duración superior a ocho años, a contar 
desde la creación del Fondo.
b)  Como  complemento  a  los  instrumentos  de  capital  y/o  híbridos  de  capital 
recogidos en el apartado anterior, cualesquiera otras facilidades crediticias, tales como el 
otorgamiento  de  préstamos  o  la  suscripción  de  deuda,  ordinaria  o  subordinada, 
asegurada  o  sin  garantías.  Las  condiciones  de  estas  facilidades  se  atendrán  a  la 
normativa de ayudas de Estado, según lo establecido en el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, autorizado por la Decisión de la Comisión Europea SA.56851 
(2020/N), de 2 de abril de 2020, y sus sucesivas modificaciones, en lo sucesivo «Marco 
Nacional». No obstante, en caso de que estos créditos acabasen siendo capitalizados al 
amparo de este Acuerdo, les resultarán de aplicación las disposiciones relativas a los 
instrumentos híbridos de capital a partir del momento en que adquieran tal cualidad.
La duración máxima de estas facilidades de crédito será de seis años desde el 
primer desembolso y podrán cubrir necesidades de inversión o de capital circulante.
2.2  Los instrumentos utilizados se elegirán de forma que sean los más adecuados 
para atender las necesidades de financiación del beneficiario al mismo tiempo que sean 
los que menos distorsionen la competencia, sin que en ningún caso puedan destinarse a 
la  amortización  anticipada  de  cuotas  de  principal  o  pago  de  intereses  de  deudas 
contraídas con terceros financiadores.
3. Criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias
3.1  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  cuarta  del  real 
decreto-ley, para poder resultar beneficiaria de alguno de los instrumentos financieros del 
Fondo, la empresa deberá cumplir en el momento de presentación de la solicitud (o 
fecha anterior si así se señala expresamente) los siguientes requisitos:
a)  Constituir una empresa no financiera, con domicilio social y principales centros 
de  trabajo  situados  en  España,  que  atraviese  dificultades  de  carácter  temporal  a 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Se entenderá a los efectos de este 
Acuerdo de Consejo de Ministros que la beneficiaria, a nivel individual y consolidado en 
caso de pertenecer a un grupo de empresas, atraviesa dificultades cuando el importe 
neto de la cifra de negocios de 2020 se hubiera reducido en más de un 20 % respecto 
del de 2019 y adicionalmente se hubiera producido un deterioro en la estructura de 
capital, entendida como la ratio de patrimonio neto respecto de deuda financiera neta, 
entre esos dos años.
b)  No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 
como paraíso fiscal.
c)  No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, 
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones 
ilegales o delitos urbanísticos o medioambientales.
d)  No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
e)  Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o 
ayudas públicas.
f)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a  es
la Seguridad Social. bo
g)  No  haber  solicitado  la  declaración  de  concurso  voluntario;  no  haber  sido  027ww
sqdjuauedlecvicl oahia raqal yudoaea  h  ceaionnbns eécorlsl uvstieeiddn ooht e aei nyl eahpn aea brdciíloquitduaaoildrq iadud oiece  orli annp fheoraofribmcciealeitdc aiaiamc  ilóaiuen nnL  tfecoijyoa;  nd2nvo2oe / ne2hin0oa 0;ll 3alna, o rsds eeeen  st9dtea endrcc esli aaujur jadelidoetaa,   c Caae olniinnf itccceauorcrvnsieócannul,c r sidsóoeinn,l     OE-A-2021-10able en https://
concurso.
h)  No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, en los términos 
establecidos por el artículo 2 (18) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior por aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea; y ser viable a esa fecha. Este requisito deberá 
verificarse a nivel individual y a nivel consolidado si el beneficiario pertenece a un grupo 
de empresas.
i)  Tener un importe neto de la cifra de negocios anual a nivel consolidado a 31 de 
diciembre de 2019 entre 15 y 400 millones de euros, según informe de auditoría de sus 
cuentas anuales a 31 de diciembre de 2019. En caso de ejercicio social no coincidente 
con el año natural, este requisito se entiende respecto del ejercicio cuya fecha de cierre 
esté más cerca del 31 de diciembre de 2019, sin exceder el 29 de febrero de 2020.
j)  Demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando a tal efecto en su 
solicitud  un  Plan  de  Viabilidad  para  superar  su  situación  de  crisis,  describiendo  la 
utilización proyectada del apoyo público temporal solicitado con cargo al Fondo, la 
experiencia  y  capacidad  técnica,  los  riesgos  socioambientales,  las  previsiones  para 
afrontarlos y su estrategia energética.
k)  Demostrar  que  la  estructura  de  endeudamiento  es  sostenible  con  el  apoyo 
público temporal solicitado al Fondo. A tales efectos, el análisis previo de viabilidad y 
riesgo  al  que  se  supedita  la  concesión  del  apoyo  público  temporal  valorará  las 
eventuales reestructuraciones de deuda que la empresa potencialmente beneficiaria 
haya realizado, incluidas las previstas en los artículos 7, 8 y 9 del real decreto-ley, en la 
medida en que mejoren su perfil de riesgos y contribuyan a su viabilidad.
l)  Informar  del  conjunto  de  medidas  de  apoyo  público  de  las  que  se  haya 
beneficiado en los últimos cinco años y, en todo caso, de las que, teniendo carácter 
reembolsable, no estén totalmente reembolsadas en el momento de la solicitud, con 
indicación de la cuantía, concepto y órgano otorgante de la subvención pública o ayuda 
bajo cualquier modalidad.
m)  Presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario de 
amortización de la inversión nominal del Estado y de abono de las remuneraciones y las 
medidas que se adoptarían para garantizar el cumplimiento del plan de reembolso del 
apoyo estatal.
n)  Que, en ausencia de apoyo público temporal solicitado al Fondo, la empresa 
beneficiaria cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse en 
funcionamiento. Estas dificultades podrán demostrarse por el deterioro, en particular, del 
coeficiente deuda/capital del beneficiario o por indicadores similares.
o)  Que  el  apoyo  público  temporal  se  fundamente  en  la  necesidad  de  evitar 
deficiencias en el mercado o problemas sociales, tales como pérdidas significativas de 
empleo, directo e indirecto, ya sea a escala nacional o local; la salida de una empresa 
innovadora; el riesgo de perturbación de una cadena de valor o de un servicio importante 
por su carácter tractor sobre el conjunto de la economía o del mercado, o mercados 
ascendentes y descendentes, en los que actúa; el carácter esencial de los servicios que 
presta; o el papel de la empresa o sector de actividad en la estructura económica, a nivel 
nacional o local, o en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la 
transición ecológica, la digitalización, la industrialización, el aumento de la productividad 
y el capital humano.
p)  Que la empresa beneficiaria no puede conseguir financiación en el mercado en 
condiciones asequibles y las medidas horizontales existentes en el Estado español para  s
cubrir las necesidades de liquidez resulten insuficientes para garantizar la viabilidad de la  oe.
empresa potencialmente beneficiaria del apoyo público temporal. w.
empErens aesl  pcearstoe nedcei eqnutees  eal  uanp ogyruop op úebmlipcore steamriapl,o reaslt osso lriecqitaudisoit ovsa syea  vdeirriifgicidaorá na  av anriivaesl 
consolidado en los casos indicados y a nivel individual de cada beneficiario.
3.2  La  Gestora  verificará  la  concurrencia  de  los  requisitos  previstos  en  este 
apartado y valorará, con ayuda de expertos independientes, en su caso, la validez y 
suficiencia de la información aportada. En particular y de conformidad con el apartado 
segundo del artículo 17 del real decreto-ley:
a)  En relación con el requisito de viabilidad señalado al final del apartado 3.1.h), 
comprobará que el beneficiario no tenía problemas de viabilidad antes de la crisis del 
COVID-19 atendiendo a indicadores como los fondos propios en relación al activo y al 
capital social suscrito; la deuda financiera en relación a los fondos propios; la deuda 
financiera neta en relación al EBITDA; el EBIT o, en caso de que el beneficiario presente 
estado financiero de flujo de tesorería, el flujo de caja operativo y el libre en relación al 
servicio de la deuda; el EBITDA y el resultado neto.
b)  En relación con el requisito de viabilidad a futuro señalado en el 3.1.j), la Gestora 
verificará  que  el  beneficiario  supera  el  análisis  de  riesgos  que  se  plasmará  en 
indicadores tales como la calificación crediticia, que permita prever el reembolso o 
recuperación del apoyo público temporal otorgado y señale los mitigantes de los riesgos 
identificados. En todo caso, la Gestora en el análisis previo de viabilidad y riesgo 
valorará  también  las  eventuales  reestructuraciones  de  deuda  que  la  empresa 
potencialmente beneficiaria haya realizado en la medida que mejoren su perfil de riesgos 
y contribuyan a su viabilidad.
4. Importes y remuneración de las operaciones
4.1  Importes.
4.1.1  Al margen de las limitaciones derivadas de la normativa de ayudas de Estado 
previstas en los apartados siguientes, en todo caso las operaciones financiadas con 
cargo al Fondo tendrán un importe de entre 4 millones de euros y 25 millones de euros 
por beneficiario. Dicho intervalo será de entre 3 millones de euros y 15 millones de euros 
en el caso de que el beneficiario sea una PYME, tal y como es definida esta categoría en 
el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado: empresas que ocupan a 
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de 
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
4.1.2  Instrumentos de deuda. El importe máximo del apoyo público temporal por 
este concepto por beneficiario no podrá superar ninguno de estos límites:
– El doble de los costes salariales anuales del beneficiario a 2019 o último año 
disponible. A estos efectos se incluyen las cargas sociales.
– El 25 % del volumen de negocios total del beneficiario a 2019.
En el caso de deuda subordinada, si su importe superara dos tercios de la masa 
salarial anual del beneficiario o el 8,4 % del volumen de negocios anual del beneficiario 
en 2019 (coste salarial anual y 12,5 % del volumen de negocios para PYME), se 
aplicarán a la misma las disposiciones relativas a los instrumentos híbridos de capital.
4.1.3  Instrumentos de capital o híbridos de capital. El importe máximo será el 
mínimo necesario para asegurar la viabilidad de la empresa, y no podrá implicar una 
mejora de la estructura de capital de la empresa beneficiaria en relación con la registrada 
a 31 de diciembre de 2019. A la hora de analizar la proporcionalidad del apoyo público  e.
temporal, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista por el beneficiario a  w.b
través de otras modalidades como garantías sobre préstamos. 027ww
4.2  Remuneración.
4.2.1  La remuneración de cada apoyo público temporal se realizará conforme a 
criterios de riesgo y se fijará caso por caso por la Gestora en atención a la calificación 
crediticia que resulte del análisis de riesgo. En ningún caso la remuneración establecida 
será inferior a los umbrales mínimos señalados a continuación.
4.2.2  La remuneración mínima de los instrumentos de deuda se ajustará a los tipos 
de  referencia  establecidos  por  el  Marco  Nacional  (EURIBOR  a  12  meses  más  los 
márgenes establecidos en la tabla inferior):
Tipo de beneficiario Para el 1.er año Para los años 2.º y 3.º Para los años 4.º, 5.º y 6.º
Pymes. 25 pb 50 pb 100 pb
Grandes empresas. 50 pb 100 pb 200 pb
El tipo de interés global mínimo (Euríbor más margen) será de al menos 10 pb.
En caso de suscripción de deuda subordinada, su remuneración mínima será igual a 
los niveles previstos en el citado Marco Nacional más 200 puntos básicos en el caso de 
grandes empresas y 150 puntos básicos en el caso de pequeñas y medianas empresas 
según la definición del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión 
Europea
4.2.3  La remuneración mínima de los instrumentos híbridos de capital se ajustará a 
los tipos de referencia establecidos por la Comisión Europea en el Marco Temporal 
(Euríbor a doce meses más los márgenes establecidos en la tabla inferior). Dichos 
instrumentos  podrán  remunerarse  mediante  uno  o  varios  factores  que  midan  el 
comportamiento económico de la empresa, tal como el volumen de ventas, más un 
interés  fijo  o  variable,  de  forma  que,  en  su  conjunto,  la  remuneración  de  estos 
instrumentos se adecue a sus características, perfil de riesgo del instrumento y del 
beneficiario y tipo de interés de mercado.
Tipo de beneficiario 1.er año 2.º y 3.er año 4.º y 5.º año 6.º y 7.º año 8.º año y siguientes
Pymes. 225 pb 325 pb 450 pb 600 pb 800 pb
Grandes empresas. 250 pb 350 pb 500 pb 700 pb 950 pb
4.2.4  El tipo de conversión de los instrumentos híbridos en capital se efectuará a un 
nivel inferior en un 5% al precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la 
conversión. Si transcurridos dos años desde esta conversión se mantiene la intervención 
estatal,  se  incrementará  en  al  menos  un  10%,  pagadero  en  deuda  o  instrumento 
equivalente, el montante del reembolso correspondiente a la recompra por parte del 
beneficiario de la participación en el capital social del Fondo.
4.2.5  La participación en el capital social del beneficiario con cargo al Fondo, 
distinta de la conversión contemplada en el anterior apartado, se efectuará a precio no 
superior a la cotización media de la acción del beneficiario durante los quince días 
anteriores a la solicitud de este. En el caso de sociedades no cotizadas, un experto 
independiente designado por la Gestora establecerá su valor de mercado de acuerdo 
con los métodos y las prácticas profesionales establecidas, efectuándose la operación a 
precio no superior a dicho valor. e
5. Salida del Estado 027ww
En operaciones de participación en el capital del beneficiario:
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del calendario de reembolsos para asegurar este objetivo, teniendo debidamente en 
cuenta la situación y perspectivas del mercado en que opera el beneficiario.
5.2  El  beneficiario  tendrá  en  todo  momento  la  posibilidad  de  recomprar  la 
participación adquirida en su capital social con cargo al Fondo. El reembolso de dicha 
participación se efectuará por el beneficiario al precio de recompra que resulte, superior 
entre los dos siguientes:
a)  El precio de mercado en el momento del reembolso.
b)  La inversión nominal con cargo al Fondo incrementada por una remuneración 
anual igual a la suma de 200 puntos básicos (salvo en el octavo y sucesivos años) y de 
la  remuneración  mínima  que  figura  en  el  apartado  4.2.2,  contados  a  partir  de  la 
adquisición de la participación social por parte del Estado.
5.3  El montante del reembolso por la participación en el capital social con cargo al 
Fondo  se  incrementará  en  al  menos  un  10 %,  pagadero  en  deuda  o  instrumento 
equivalente, si transcurridos cinco años desde la aportación de capital, no se ha reducido 
al menos en un 40 % la cuota de participación inicial. De mantenerse una participación 
con cargo al Fondo transcurridos siete años desde la aportación de capital, el montante 
del reembolso se incrementará adicionalmente en al menos un 10 %, pagadero en 
deuda o instrumento equivalente, sobre la participación viva en dicho momento. En las 
sociedades cotizadas, dichos incrementos del reembolso se producirán transcurridos 
cuatro y seis años, respectivamente, en las condiciones que se establezcan en cada 
caso.
5.4  Alternativamente,  el  Comité  Técnico  de  Inversiones  podrá  otorgar  su 
aprobación a la Gestora, previa propuesta de esta, para la cesión a un tercero de los 
títulos y derechos en que se materialicen las operaciones financiadas con cargo al 
Fondo, a través de un procedimiento abierto a compradores potenciales, asegurando la 
igualdad de trato, o mediante la venta en un mercado organizado. Podrá ofrecer, en su 
caso, preferencia en la adquisición a los socios o accionistas de la empresa. Si el Estado 
vende su participación a un precio inferior al establecido en el apartado 5.2, las reglas 
previstas en el apartado 6 se aplicarán durante el plazo de 4 años contados a partir de la 
concesión del apoyo público temporal.
6. Gobernanza y prevención de los falseamientos indebidos de la competencia
6.1  El beneficiario deberá mantener su actividad hasta el reembolso definitivo del 
apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo. En caso de producirse el reembolso 
anticipado con anterioridad al 30 de junio de 2022, el beneficiario deberá mantener su 
actividad como mínimo hasta dicha fecha.
6.2  En  operaciones  de  deuda,  el  beneficiario  deberá  asumir  los  siguientes 
compromisos:
a)  No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
b)  No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un 
periodo de dos años desde la concesión del apoyo público temporal con cargo al Fondo.
6.3  En operaciones de capital o híbridos de capital.
6.3.1  Hasta el reembolso definitivo del apoyo público temporal recibido con cargo al 
Fondo, el beneficiario estará sujeto a las siguientes restricciones, con las adaptaciones  e
que pudiera introducir ulteriormente el Marco Temporal, debiendo adoptar los acuerdos  bo
sociales o, en su caso, las modificaciones estatutarias que aseguren debidamente su  027ww
puntau)a l cPuromhpiblimiciióenn tdoe: anunciar con fines comerciales el carácter de beneficiario.
b)  A fin de evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permite a los 
beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada por los apoyos 
públicos temporales ni asumir riesgos excesivos.
c)  Mientras  no  se  haya  amortizado  al  menos  el  75 %  de  las  medidas  de 
recapitalización en el contexto de la COVID-19, se impedirá a la empresa beneficiaria 
adquirir participaciones superiores al 10% de empresas activas en el mismo sector o en 
mercados ascendentes o descendentes, salvo que el beneficiario no ostente la condición 
de gran empresa, según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión 
Europea, o cuente con la preceptiva autorización de la Comisión Europea a solicitud del 
Comité Técnico del Fondo.
d)  Las  empresas  integradas  establecerán  una  separación  de  cuentas  para 
garantizar que el apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo no revierta en un 
apoyo a actividades en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.
e)  Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 
participaciones propias hasta el reembolso definitivo, salvo las de titularidad estatal por 
cuenta del Fondo. Esta prohibición estará vigente en todo caso y con carácter mínimo 
durante 2021 y 2022, aún en el caso de que el reembolso definitivo se haya producido 
antes de que finalice 2022.
f)  Hasta el reembolso del 75 % del apoyo público temporal con cargo al Fondo, y 
en todo caso y con carácter mínimo durante un periodo de dos años desde su concesión, 
aunque se haya alcanzado dicho porcentaje de reembolso, la remuneración de los 
miembros del Consejo de Administración, de los Administradores, o de quienes ostenten 
la máxima responsabilidad social en la empresa, no podrá exceder de la parte fija de su 
remuneración  vigente  al  cierre  del  ejercicio  2019.  Las  personas  que  adquieran  las 
condiciones reseñadas en el momento de la recapitalización o con posterioridad a la 
misma, serán remuneradas en términos equiparables a los que ostentan similar nivel de 
responsabilidad.  Bajo  ningún  concepto  se  abonarán  primas  u  otros  elementos  de 
remuneración variable o equivalentes.
g)  Cumplimiento  de  todos  los  requisitos  establecidos  por  la  normativa  laboral 
aplicable.
h)  Cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan de Viabilidad.
6.3.2  Cuando concurran conjuntamente los siguientes supuestos:
a)  Que el Estado o uno de sus organismos o entidades ostente una participación 
social en el beneficiario antes de la intervención con cargo al Fondo y acuda a una 
ampliación de capital en las mismas condiciones que los restantes socios o accionistas, 
a prorrata o a un tipo inferior a su cuota de participación;
b)  que la aportación de los socios o accionistas privados en dicha ampliación 
resulte significativa y, en todo caso, cuando supere un 30 %; y
c)  que  la  aportación  pública  constituya  una  ayuda  estatal  por  sus  especiales 
circunstancias o el otorgamiento simultáneo de otras ventajas a favor del beneficiario.
Las operaciones con cargo al Fondo se beneficiarán de las siguientes excepciones:
1.  No resultará aplicable el apartado 5.3 de este anexo.
2.  Las limitaciones previstas en los incisos c) y f) del anterior apartado 6.3.1 se 
aplicarán por un plazo de tres años desde la concesión del apoyo.
3.  La  prohibición  de  distribuir  dividendos,  prevista  en  el  inciso  e)  del  anterior 
apartado 6.3.1, a partir de 2023 no se aplicará a las participaciones derivadas de la  e.
ampliación de capital, ni a las participaciones preexistentes siempre que la cuota de sus  w.
titulares tras la ampliación se sitúe por debajo del 10%; en los demás supuestos, la  027ww
ampeonycoio. nEadna  topdrooh icbaicsióon,  lsae  rleimmiutanreár aac ióunn  pdlea zolo sd ei ntsrtersu maeñnotso sd ehsídberi dloas  cyo ncfaecsiilóidna ddeesl 
crediticias con cargo al Fondo, se abonarán antes que cualquier dividendo.
6.3.3  Cuando concurran los supuestos señalados en el anterior apartado 6.3.2, 
salvo que el Estado o uno de sus organismos o entidades ostentaran una participación 
social en el beneficiario antes de la intervención con cargo al Fondo, será aplicable lo 
dispuesto en el inciso 3 del anterior apartado 6.3.2.
7. Transparencia, seguimiento de las operaciones y otros trámites
7.1  Transparencia. El Estado español hará pública la información pertinente sobre 
cada apoyo público temporal individual concedido con cargo al Fondo en los plazos y 
forma previstos por la normativa sobre ayudas de Estado aplicable en cada caso, en 
función del tipo de instrumento utilizado.
En el caso de grandes empresas, los beneficiarios de apoyos públicos temporales en 
forma  de  instrumentos  de  capital  o  híbridos  de  capital  publicarán  en  sus  portales 
corporativos información sobre la utilización del apoyo público temporal recibida en un 
plazo  de  doce  meses  desde  la  fecha  de  concesión  del  apoyo  público  temporal  y, 
posteriormente, de forma periódica cada doce meses, hasta el pleno reembolso del 
apoyo público temporal. Dicha publicidad incluirá información sobre la forma en que la 
utilización del apoyo público temporal recibido apoya sus actividades en consonancia 
con los objetivos de la Unión Europea y las obligaciones nacionales relacionadas con la 
transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la Unión Europea de lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050.
7.2  Seguimiento de las operaciones. La Gestora informará con carácter trimestral al 
Comité Técnico de Inversiones de la actividad del Fondo en el trimestre precedente.
El Estado informará anualmente  a la  Comisión  Europea sobre la concesión de 
apoyos  públicos  temporales  con  cargo  al  Fondo  y,  específicamente  en  el  caso  de 
instrumentos de capital o híbridos de capital, se informará también de forma anual sobre 
la  aplicación  del  calendario  de  reembolsos  y  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas sobre gobernanza y mantenimiento de competencia.
Si la participación en el capital social con cargo al Fondo, transcurridos 6 años desde 
la aportación de capital, no se hubiera reducido por debajo del 15 % de los fondos 
propios  del  beneficiario,  el  Estado  presentaría  a  la  Comisión  Europea,  para  su 
aprobación, un plan de reestructuración que cumpla con lo establecido en las Directrices 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras 
en crisis. En el caso de que la beneficiaria sea una PYME o una sociedad no cotizada, el 
plazo anterior se amplía a siete años.
7.3  Otros trámites. No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo de 
Consejo de Ministros.
ANEXO III
Competencias de la Gestora
1. Competencias de la Gestora
En su calidad de Gestora del Fondo, COFIDES llevará a cabo en general todas las 
acciones relativas a  la  gestión de  este y,  en  particular, tendrá las competencias y 
desarrollará las funciones que se describen a continuación.
a)  Recibir, estudiar y evaluar las solicitudes de financiación con cargo al Fondo. s
b)  Una vez realizado el estudio de viabilidad y la evaluación de riesgos de las  e.
solicitudes  de  financiación  recibidas,  solicitar  del  Comité  Técnico  de  Inversiones  la  w.
aprobación para realizar las operaciones que la Gestora haya considerado viables. 027ww
del cE)s taSduos cyr ibcior ny  ceajercguot aar,l  eFno nndoom, blroes  pcroonptiroa, topso r qcuuee nftoar mdael ilcae nA dlmasin iosptrearcaicóino nGeesn qeurael 
previamente le hubiera aprobado el Comité Técnico de Inversiones.
d)  Efectuar el seguimiento de las operaciones realizadas con cargo al Fondo e 
informar al Comité Técnico periódicamente y en todo caso a través de un informe de 
seguimiento  de  toda  su  actividad  en  relación  con  el  Fondo,  que  tendrá  carácter 
trimestral.
e)  Proponer, según lo considere oportuno en cada caso, las personas que deban 
ser  nombradas  consejeros  en  los  órganos  de  administración  de  las  empresas 
participadas con cargo al Fondo.
f)  Fijar la posición de la Administración General del Estado en el ejercicio de los 
derechos y facultades que le correspondan por su participación en el capital social de las 
compañías participadas con cargo al Fondo y ejercitar consecuentemente por cuenta de 
la misma los derechos de voto y demás derechos políticos que le correspondan en los 
órganos de decisión de aquellas con cargo al Fondo.
g)  Actuar como depositaria de los contratos suscritos en nombre propio, por cuenta 
de  la  Administración  General  del  Estado  y  con  cargo  al  Fondo  y  de  los  títulos 
acreditativos de las participaciones que se asumieran o suscribieran con cargo al mismo.
h)  Realizar los cobros y pagos derivados de las operaciones formalizadas con 
cargo al Fondo, dentro de los más estrictos principios de prudencia financiera.
i)  Una vez analizados por la Gestora los riesgos y las circunstancias concurrentes 
en cada caso concreto, solicitar al Comité Técnico de Inversiones la aprobación para 
llevar a cabo las renegociaciones, las desinversiones o liquidaciones de las operaciones 
formalizadas con cargo al Fondo o acordar cualesquiera otros pactos o transacciones 
que  aquella  considere  convenientes  para  la  recuperación  de  los  apoyos  públicos 
temporales concedidos. Así, entre otras, a título enunciativo y no limitativo, la Gestora 
podrá solicitar al Comité Técnico de Inversiones la aprobación para llevar a cabo las 
quitas  y  esperas,  adhesiones  a  convenios  de  acreedores,  refinanciaciones, 
reestructuraciones,  renegociaciones,  reconocimientos  de  deuda  y  transacciones 
judiciales o extrajudiciales que la Gestora estime oportunas.
j)  Ejercitar las acciones legales, según considere oportuno, en defensa de los 
intereses públicos.
k)  Proponer al Comité Técnico de Inversiones del Fondo el sometimiento a arbitraje 
u otro medio de resolución de conflictos de las contiendas que se susciten respecto de 
las operaciones financiadas con cargo al Fondo, el desistimiento de acciones legales ya 
iniciadas o la renuncia temporal al ejercicio de acciones legales.
l)  Proponer al Comité Técnico de Inversiones un marco de apetito por el riesgo, así 
como un procedimiento para su gestión a efectos de asegurar el correcto funcionamiento 
del Fondo y el control de su riesgo.
m)  Registrar todas las operaciones realizadas en nombre propio, por cuenta de la 
Administración General del Estado y con cargo al Fondo en una contabilidad específica, 
diferenciada e independiente de la propia.
n)  Elaborar los presupuestos anuales del Fondo.
o)  Aprobar las cuentas del Fondo y remitirlas al Comité Técnico, a la Ministra de 
Industria, Comercio y Turismo y a la Intervención General de la Administración General 
del Estado.
p)  Colaborar en el reporte a la Comisión Europea en los términos que exija la 
normativa aplicable.
q)  En general, llevar a cabo todas aquellas acciones e iniciativas que resulten 
precisas para el buen funcionamiento del Fondo y suministrar al Comité Técnico de 
Inversiones cuanta información y documentación éste le solicite. s
ANEXO IV
Composición, competencias y funcionamiento del Comité Técnico de Inversiones
1. Objeto
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17 del real decreto-ley, 
el  presente  anexo  tiene  por  objeto  regular  la  composición,  competencias  y 
funcionamiento  del  Comité  Técnico  de  Inversiones  como  órgano  colegiado 
interministerial  de  carácter  técnico,  adscrito  al  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio.
2. Composición
El  Comité  Técnico  de  Inversiones  estará  formado  por  nueve  miembros.  La 
Presidencia la ostentará la persona titular de la Secretaría de Estado de Comercio, del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo.  Las  reuniones  del  Comité  Técnico  de 
Inversiones deben estar siempre presididas por la Presidenta o la persona que le supla. 
En  caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad,  la  Presidenta  será  sustituida  por  la 
Vicepresidencia Primera del Comité Técnico de Inversiones.
Serán vocales en el Comité Técnico de Inversiones los siguientes:
a)  La persona titular de la Dirección General de Política Comercial, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, que será el Vicepresidente Primero del Comité Técnico de 
Inversiones. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Vicepresidente Primero será 
sustituido por la Vicepresidenta Segunda del Comité Técnico de Inversiones.
b)  La  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Comercio  Internacional  e 
Inversiones,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio,  que  será  la  Vicepresidenta 
Segunda del Comité Técnico de Inversiones.
c)  El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, de la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
d)  Dos representantes de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa.
e)  Un representante de la Secretaría de Estado de Turismo.
f)  Un representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
g)  El Presidente de la Gestora.
Los Vocales del Comité Técnico de Inversiones serán nombrados a propuesta de del 
titular  del  órgano  o  entidad  representada  por  la  Ministra  de  Industria,  Comercio  y 
Turismo, con rango mínimo de subdirector general.
Los Vocales podrán delegar su asistencia e intervención en las sesiones del Comité 
Técnico de Inversiones en otro miembro del mismo.
La  Secretaría  del  Comité  Técnico  de  Inversiones  será  desempeñada  por  el 
Presidente de la Gestora.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por quien 
designe el propio Comité de entre sus miembros.
Podrá participar en las sesiones del Comité Técnico, con voz, pero sin voto, un 
representante con rango mínimo de Subdirector General designado por los Ministerios 
directamente afectados por los asuntos que se vayan a tratar, cuando así lo solicite el 
Comité Técnico de Inversiones. e
3. Competencias del Comité Técnico 027ww
FonEdol ,C eosm eitlé ó Trgéacnnoic coo dmep Ientveenrtsei opnaersa,: como órgano técnico en relación con la gestión del  OE-A-2021-10able en https://
a)  Evaluar y, en su caso, otorgar su aprobación a la Gestora para realizar las 
operaciones que aquella haya considerado viables.
b)  Analizar y valorar la evolución de las operaciones realizadas con cargo al Fondo, 
tomando, a propuesta de la Gestora, las medidas que se consideraran más adecuadas 
para asegurar la buena marcha del Fondo y el cumplimiento de los objetivos para los que 
el mismo fue creado.
c)  Evaluar y, en su caso, otorgar su aprobación para la ejecución de determinadas 
actuaciones en relación con operaciones ya formalizadas que la Gestora considere 
oportuno acometer, entre otras y a título enunciativo y no limitativo, desinversiones, 
quitas  y  esperas,  adhesiones  a  convenios  de  acreedores,  refinanciaciones, 
reestructuraciones,  renegociaciones,  reconocimientos  de  deuda  o  transacciones 
judiciales o extrajudiciales.
d)  Evaluar, y, en su caso, otorgar su aprobación para el sometimiento a arbitraje u 
otro medio de resolución de conflictos las contiendas que se suscitaran respecto de las 
operaciones financiadas con cargo al Fondo, el desistimiento de acciones legales ya 
iniciadas o la renuncia temporal al ejercicio de acciones legales.
e)  Proponer al Gobierno, a través de la Dirección General de Política Comercial, 
cualesquiera acciones que se consideraren necesarias a efectos de asegurar el correcto 
funcionamiento del Fondo.
f)  Establecer, a propuesta de la Gestora, un marco de apetito por el riesgo, así 
como un procedimiento para su gestión a efectos de asegurar el correcto funcionamiento 
del Fondo y el control de su riesgo.
g)  Verificar la correcta aplicación de los criterios de cálculo de la remuneración de la 
Gestora a las disposiciones dictadas por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, así 
como ratificar los pagos de dichas remuneraciones.
h)  Solicitar a la Gestora cualquier información necesaria para valorar los riesgos 
que asumiera el Estado, así como determinar la información económico-financiera que 
de  forma  específica  o  periódica  debiera  ser  remitida  al  propio  Comité  Técnico  de 
Inversiones.  En  general,  podrá  solicitar  cuanta  información  o  documentación  sea 
necesaria  para  el  desarrollo  de  sus  funciones  de  control  y  seguimiento  de  las 
operaciones que realice la Gestora con cargo al Fondo
i)  En general, realizar el control y seguimiento de las operaciones que realice la 
Gestora con cargo al Fondo, así como ejercer cualquier otra competencia que se derive 
de lo dispuesto en el real decreto-ley.
4. Funciones de la Presidenta
Corresponde a la Presidenta del Comité Técnico de Inversiones:
a)  Ostentar la representación del órgano colegiado.
b)  Acordar  la  convocatoria  de  las  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias, 
presenciales o a distancia, y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, 
las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la 
suficiente antelación.
c)  Proponer el nombramiento de los vocales del Comité Técnico de Inversiones de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este anexo.
d)  Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por 
causas justificadas.
e)  Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. e.e
f)  Asegurar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación en cada  b
momento. 027ww
hg))   FVaiscailri tlaars t oadctaa sla y i ncfeorrtmifiaccaicóino nneesc edsea lroias  apcaurae rldao tso mdeal  dóerg daencois.iones.
5. Derechos y obligaciones de los miembros del Comité Técnico de Inversiones
Corresponde a los miembros del Comité Técnico:
a)  Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
orden del día.
b)  Participar en los debates de las sesiones.
c)  Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
d)  Formular ruegos y preguntas.
e)  Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
6. El Secretario
Corresponderá  al  Secretario  velar  por  la  legalidad  formal  y  material  de  las 
actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que 
los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
Particularmente, le corresponderá:
a)  Asistir a las reuniones.
b)  Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidenta, 
así como las citaciones a los miembros del mismo.
c)  Recibir  los  actos  de  comunicación  de  los  miembros  con  el  órgano,  sean 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de 
los que deba tener conocimiento.
d)  Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las 
sesiones.
e)  Expedir certificaciones de las consultas y acuerdos aprobados.
f)  Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
7. Funcionamiento
1.  El Comité Técnico de Inversiones se podrá constituir, convocar, celebrar sus 
sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.
2.  Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros 
del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el 
orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación, las condiciones 
en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión. A las sesiones del Comité 
Técnico de Inversiones podrán ser convocadas las personas señaladas por la Gestora 
que hayan intervenido en el análisis, valoración o seguimiento de las operaciones.
3.  Para la válida constitución del Comité Técnico de Inversiones, a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, 
presencial o a distancia, por si o mediante representante, de la Presidenta, del Secretario 
y de, al menos la mitad de los Vocales.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, todos los miembros 
del Comité Técnico de Inversiones, éstos podrán constituirse válidamente como órgano 
colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin  s
necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan por unanimidad. e.
En las sesiones que se celebren a distancia, los miembros del Comité Técnico de  w.
Inversiones y su Secretario podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se  027ww
sausse gmuaren ipfeosr tmaceiodnioess ,e elel cmtroómniceonsto s eun id qeuneti déasdta os  lsae d per osduusc reenp,r easseí nctoamntoe sla,  einl tceoranctetinviiddaod d ee 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la
sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos los 
telefónicos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
4.  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, siendo dirimente, en 
caso de empate, el voto de quien presida la reunión. Cuando se asista a distancia, los 
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde esté ubicada la presidencia.
5.  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 
exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
6.  De  cada  sesión  que  celebre  el  órgano  colegiado  se  levantará  acta  por  el 
Secretario,  que  especificará  necesariamente  los  asistentes,  el  orden  del  día  de  la 
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados.
7.  El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata 
siguiente. El Secretario elaborará el acta y lo remitirá a través de medios electrónicos, a 
los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios 
su conformidad o reparos al texto.
8.  El  Comité  Técnico  podrá  establecer  su  propio  reglamento  interno  de 
funcionamiento
8. Impacto presupuestario
La creación del Comité Técnico de Inversiones no supondrá incremento alguno del 
gasto público.
Los miembros del Comité Técnico de Inversiones no percibirán remuneración ni dieta 
alguna por su pertenencia al Comité.
9. Duración y disolución
El Comité Técnico de Inversiones se crea por tiempo indefinido.
No obstante, se disolverá:
a)  Al tiempo de la extinción y completa liquidación del Fondo.
b)  Por acuerdo del Consejo de Ministros.