BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Viernes 14 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 14660
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2247 Pleno. Sentencia 2/2020, de 15 de enero de 2020. Recurso de amparo 
2115-2018. Promovido por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras treinta 
y tres personas más, en relación con el auto del magistrado designado por la 
Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  instructor  de  causa  especial 
acordando prisión provisional. Alegada vulneración del derecho al ejercicio de 
los  cargos  públicos  representativos:  inadmisión  del  recurso  de  amparo 
promovido desatendiendo su carácter subsidiario.
ECLI:ES:TC:2020:2
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la magistrada doña María 
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  avocado  núm.  2115-2018,  promovido  por  don  Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre, don 
Josep Rull i Andreu, doña Elsa Artadi Vila, don Albert Batet Canadell, doña Laura Borràs 
Castanyer, don Eusebi Campdepadrós Pucurull, don Narcís Clara Lloret, don Josep 
Costa Rosselló, don Francesc de Dalmases Thió, doña Maria Isabel Ferrer Álvarez, don 
Lluís Font Espinós, don Josep Maria Forné i Febrer, doña Imma Gallardo Barceló, doña 
Gemma Geis Carreras, doña Anna Geli España, don Lluís Guinó Subirós, doña Saloua 
Laouaji Faridi, doña Montserrat Macià Gou, doña Aurora Madaula Giménez, doña Marta 
Madrenas Mir, don Antoni Morral i Berenguer, don Jordi Munell Garcia, doña Teresa 
Pallarès Piqué, don Eduard Pujol Bonell, don Francesc Xavier Quinquillà Durich, don 
Josep Riera Font, don Ferran Roquer i Padrosa, doña Mònica Sales de la Cruz, don 
Marc Solsona Aixalà, doña Anna Tarrés Campa, don Francesc Xavier Ten Costa y don 
Joaquim Torra Pla, todos ellos diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña, contra 
el auto del magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 de 
marzo de 2018, dictado en la causa especial núm. 20907-2017. Han comparecido la 
Asociación para la Defensa y Progreso de los Intereses Ciudadanos (Politeia), don 
Joaquim Forn Chiarello, don Lluís Guinó Subirós, don Lluís María Corominas Díez, doña 
Ramona Barrufet Santacana, doña Meritxell Borràs Santacana, el partido político Vox, 
doña Carmen Forcadell i Lluis, doña Anna Simó i Castelló, doña Dolors Bassa i Coll y el  e.e
abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado  b
don Antonio Narváez Rodríguez. 47ww
I. Antecedentes
1.  Por medio de escrito registrado en este Tribunal el día 19 de abril de 2018, don
Carles Puigdemont i Casamajó, don Jordi Sànchez Picanyol, don Jordi Turull i Negre,
don Josep Rull i Andreu, y otras treinta personas, todos ellos diputados y diputadas del 
Parlamento de Cataluña interpusieron recurso de amparo contra el auto de 23 de marzo 
de 2018, dictado por el magistrado designado como instructor para la causa especial 
núm. 20907-2017, en el seno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2.  Los antecedentes relevantes para resolver el presente recurso son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:
a)  Mediante resolución de 21 de marzo de 2018, el presidente del Parlamento de 
Cataluña, tras la renuncia efectuada por el diputado don Jordi Sánchez i Picanyol, 
propuso como candidato a la presidencia de la Generalitat a don Jordi Turull i Negre. La 
resolución tenía el siguiente contenido [«Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» 
(«BOPC») núm. 41, de 22 de marzo de 2018]:
«D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 novembre de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, i atès que el diputat que vaig proposar el 5 de març com a 
candidat a la presidència de la Generalitat hi ha renunciat, aquella proposta queda sense 
efecte i, havent consultat novament els representants dels grups parlamentaris, proposo 
com a nou candidat el diputat Jordi Turull i Negre.»
El presidente del Parlamento de Cataluña dictó, asimismo, una resolución de igual 
fecha convocando el debate de investidura para el día siguiente, 22 de marzo de 2018, a 
las 17:00 horas en el salón de sesiones.
El candidato propuesto, don Jordi Turull i Negre, tenía, en ese momento, la condición 
de diputado del Parlamento de Cataluña y estaba siendo investigado por la presunta 
comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos en el seno de la 
causa especial 20907-2017, seguida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Desde el 4 de diciembre de 2017, en virtud de auto de la misma fecha dictado por el 
magistrado  instructor  de  la  citada  causa  especial,  don  Jordi  Turull  se  encontraba, 
además, en situación de libertad provisional garantizada mediante la prestación de fianza 
de 100.000 €, con obligación de comparecer semanalmente ante el Tribunal Superior de 
Justicia  o  ante  el  juzgado  o  tribunal  de  su  conveniencia,  así  como  ante  el  propio 
magistrado instructor del Tribunal Supremo, siempre que fuera llamado, con expresa 
prohibición de salida del territorio nacional y con retirada de pasaporte. Previamente, 
entre  el  2  de  noviembre  y  el  4  de  diciembre  de  2017,  don  Jordi  Turull  se  había 
encontrado, en relación con esos mismos hechos (entonces investigados por el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional en el seno de las diligencias 
previas núm. 82-2017), en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza.
b)  El día 21 de marzo de 2018, el magistrado instructor de la causa especial núm. 
20907-2017 dictó auto por el que acordó declarar procesados, entre otros, a don Jordi 
Turull i Negre y al ahora también recurrente de amparo, don Josep Rull i Andreu, ambos 
diputados del Parlamento de Cataluña, imputándoles formalmente la presunta comisión 
de los delitos de rebelión [art. 472 del Código penal (CP) y concordantes] y malversación 
de caudales públicos (art. 432 CP). En el fundamento jurídico quinto de dicho auto el 
magistrado dispuso lo siguiente:
«En cuanto a la situación personal de los distintos encausados, vista la gravedad de 
los delitos atribuidos a algunos de los investigados que se encuentran actualmente en 
libertad,  cítese  a  […]  Jordi  Turull  i  Negre  […],  Josep  Rull  i  Andreu  […]  para  que  es
comparezcan ante este instructor el día 23 de marzo de 2018, a las 10:30, a fin de  o
notificarles el presente auto de procesamiento y practicar la comparecencia prevista en  47ww
el arPt.o 5r 0p5r oLvEidCernimci)a.» de la misma fecha, se efectuó la citación de don Jordi Turull i Negre
yp rodcoens aJmosieenpt o,R cuollm  ip aArnedcrieerua np aerl ad íqau 2e3,  ddee  maacruzeor ddoe  2co0n1 8l op aprare lvae nnoidtoifi ceanc ióenl  daeu tdoi chdoe   BOE-A-cable e
auto y la práctica de la comparecencia prevista en el art. 505 del mismo texto legal, al 
objeto de decidir sobre un eventual agravamiento de la situación personal.
c)  El día 22 de marzo de 2018 se celebró en el Parlamento de Cataluña el debate y 
primera votación de investidura de presidente de la Generalitat. En el curso del mismo, el 
candidato don Jordi Turull i Negre defendió personalmente su programa. Efectuada la 
votación, el presidente de la cámara constató que el candidato no había obtenido la 
mayoría  absoluta  requerida,  convocando  un  segundo  debate  y  votación  para  el 
sábado 24, lo que hizo del modo siguiente (diario de sesiones, XII legislatura, primer 
período, serie P, núm. 3):
«El  resultat  de  la  votació  ha  estat  el  següent:  64  vots,  “sí”,  65  vots  “no”,  i  4 
abstencions.
Atès, per tant, que el senyor Jordi Turull en aquesta votació no ha obtingut la majoria 
absoluta que estableix l’article 4.3 de la Llei de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, i d’acord amb l’article 4.4 de l’esmentada llei, el candidat ha de sometre’s a un 
segon debat i a una segona votació, en la qual serà suficient la majoria simple.
En aquest cas, la sessió es reprendrà el dia 24, dissabte dia 24, a les deu del matí.
Se suspèn la sessió.»
d)  El día 23 de marzo de 2018 se celebró ante el magistrado instructor de la causa 
especial 20907-2017 la comparecencia relativa a la modificación de la situación personal 
de varios procesados, entre ellos don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu. El 
Ministerio  Fiscal,  la  abogacía  del  Estado  y  la  acción  popular  interesaron  la  prisión 
provisional, comunicada y sin fianza, de todos los procesados citados y comparecidos al 
acto, expresando, en sustento de sus pedimentos que, junto a un riesgo de reiteración 
delictiva, concurría un marcado riesgo de fuga. Por su parte, la representación procesal 
de los recurrentes interesó el mantenimiento de las medidas ya acordadas, esto es, 
libertad provisional con fianza y la obligación de comparecencia semanal ya establecidas 
en el auto del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2017.
e)  Por auto de 23 de marzo de 2018, el magistrado instructor acordó la prisión 
provisional, comunicada y sin fianza, entre otros, de don Jordi Turull i Negre y don Josep 
Rull i Andreu, con fundamento, esencialmente, en lo siguiente:
(i)  Considera el instructor que «las sospechas que se plasmaban como base para la 
iniciación del proceso, así como para la adopción de las medidas cautelares en ese 
momento, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos 
que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos 
han podido tener los procesados».
(ii)  Asimismo, el magistrado estima que existe «un grave riesgo de fuga en los 
encausados  derivado  de  la  grave  punición  a  la  que  se  enfrentan  por  su  eventual 
responsabilidad penal por rebelión». Pone de manifiesto que la consideración del riesgo 
de fuga «debe hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y 
estas  vienen  precedidas  por  haber  comparecido  ante  este  instructor  en  cuantas 
ocasiones han sido llamados», pero añade que «[l]amentablemente es de imposible 
percepción cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados, por lo que debe 
recurrirse a una serie de elementos externos que permitan construir un juicio razonable 
de pronóstico, y no solo respecto de su voluntad presente, sino de la eventualidad de 
que esta pueda modificarse con ocasión del propio desarrollo de la causa». Desde esa 
perspectiva, el juez instructor entiende que «la imputación no es precipitada y responde  s
a las fuentes de prueba que se han acopiado durante el proceso», lo que aporta un  oe.
«primer parámetro objetivo de valoración, cual es que la tentación de fuga ante una pena  w.
tcdeoemm ipnoot ersanels  dione d gipcroaadv eeanrm  seeunl fr aiaru ustomu sde ecn otpanr,s oeacc eumseaenmdciiideaans t»oq., u Epeno  rlto ol adh oca cocanesc outa,r mraeñbnaicédinae  ,dl aee l  proiretorsoxgsimo d isdoeas  dpf aolcteetgonarceli asy:,    2020-2247n https://ww
por  un  lado,  su  propia  conducta,  al  desatender  de  forma  «contumaz  y  sistemática
durante  los  últimos  años»  mandatos  judiciales  igualmente  imperativos  que  los
llamamientos judiciales, sin que pueda concluirse que su comportamiento actual de 
cumplimiento vaya a ser permanente; y, por otro, el hecho que las motivaciones que les 
impulsaron a cometer los presuntos delitos sean compartidas con un amplio colectivo 
que se solidariza con su causa y que se encuentra en condiciones de prestar un soporte 
eficaz.
(iii)  Concurre,  además,  «un  marcado  riesgo  de  reiteración  delictiva»  pese  a  la 
renuncia  por  parte  de  algunos  procesados,  entre  los  que  no  se  encuentran  los 
demandantes de amparo, del acta de diputado. Afirma el magistrado que «la renuncia al 
acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que se persista en la determinación para 
impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados 
puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas 
ellas diferentes de la actividad parlamentaria». En el sentido de confirmar la existencia 
de  riesgo  de  reiteración,  hace  referencia  al  hecho  de  que  el  designio  al  que  se 
incorporaron desde un inicio los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden 
constitucional y penal, «preveía (Libro Blanco) continuar con la actuación ilícita tan 
pronto  como  se  recuperaran  las  instituciones  autonómicas  que  hubieran  sido 
intervenidas». Además, considera, tras la transcripción de un párrafo del citado Libro 
Blanco, que «[l]a actuación de los últimos meses no permite obtener la convicción de que 
se  haya  abandonado  la  intención  de  algunos  partícipes  de  retornar  al  normal 
funcionamiento  de  las  instituciones  y,  no  conjurándose  ese  riesgo,  tampoco  se 
desvanece  la  posibilidad  de  prestar  una  colaboración  desde  distintos  ámbitos 
parlamentarios». Para el magistrado, «[l]a medida cautelar garantiza así el acertado 
retorno del autogobierno».
(iv)  Según el magistrado, tampoco se ha producido una limitación ilegítima del 
derecho del art. 23.1 CE. En relación con la imposibilidad de los recurrentes de acudir a 
desempeñar las funciones parlamentarias encomendadas y participar en el debate de 
investidura  previsto,  se  remite  a  los  argumentos  desarrollados  con  ocasión  de  un 
pedimento semejante, dimanante de otros procesados en la misma causa. Considera 
que  la  limitación  del  derecho  a  acceder  a  las  funciones  y  cargos  públicos  resulta 
admisible «cuando venga fundada en otras finalidades constitucionalmente legítimas que 
presenten  una  correspondencia  razonable  en  su  intensidad».  Y  afirma,  tras  hacer 
mención de la STC 71/1994, de 3 de marzo, y Sentencia de la Gran Sala del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 6 de octubre de 2015 (asunto Thierry Delvigne c. 
Francia), que, «aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una 
investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de 
velar por que el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación 
delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de 
protección». Concluye su argumentación señalando que «[l]a gravedad de los hechos 
que  el  auto  de  procesamiento  describe,  la  utilización  de  las  instituciones  para  su 
ejecución, la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y que los 
procesados mantienen conforme a las expresiones generales del largo tiempo que ha 
precedido a la investidura, determinan que sus derechos políticos no muestren una 
preeminencia  y  mayor  necesidad  de  tutela,  que  los  derechos  que  esta  resolución 
preserva».
f)  El día 24 de marzo de 2018, el Pleno del Parlamento de Cataluña se constituyó 
para  la  reanudación  del  debate  de  investidura.  No  obstante,  al  inicio  del  acto,  el 
presidente del Parlamento tomó la palabra y, según consta en el diario de sesiones de 
dicha cámara, suspendió el pleno del segundo debate y votación al encontrarse el  e.
candidato don Jordi Turull i Negre en situación de prisión provisional. El presidente dio,  w.b
no obstante, un turno de palabra de un máximo de quince minutos a cada grupo  47ww
parlamentario. La explicación proporcionada por el presidente fue, tal y como consta
transcrita en el diario de sesiones de la cámara (XII legislatura, primer período, serie P, 
núm. 4), la siguiente:
«Avui s’hauria de fer la segona sessió del debat d’investidura, tal com estipula el 
Reglament i tal com pertocaria en una situació de normalitat democrática, però no estem 
en un moment normal. Estem en un moment profundament excepcional. Avui, el senyor 
Jordi Turull i Negre, candidat a la presidència de la Generalitat, hauria de ser aquí, en 
aquest hemicicle, a la seu de la sobirania popular, per exposar el seu pla de govern i 
intentar, de nou, aconseguir la confiança de la cambra a ser investit. Aquesta és la 
dinàmica que hauria d’haver seguit el debat parlamentari, en un context ordinari, sense 
ingerències externes.
Hem de denunciar que els poder de l’Estat están impedint que la voluntat de la 
ciutadania, expressada a les urnes, es pugui manifestar lliurement. El diputat Jordi Turull 
no pot ser avui aquí. No pot ser avui aquí per exercir el seu dret a la representació 
política perquè és a la presó. El candidat a la Presidència de la Generalitat és a la presó, 
juntament amb d’altres diputats d’aquesta cambra, entre d’ells, la meva predecesora, la 
presidenta Forcadell.
És evident que en aquestes condicions, el Ple d’investidura no es pot celebrar, però 
també és evident que, donada l’excepcionalitat i la gravetat del moment, és necessari 
parlar.  Cal  que  parlem,  cal  que  totes  les  veus  del  Parlament,  representants  de  la 
ciutadania, s’expressin i que ho facin amb llibertat. Si actuéssim com si res hagués 
passat, estaríem normalizant una situació d’injustícia, d’involució i repressió. I ni la 
dignitat del diputat Jordi Turull, ni la d’aquesta institució s’ho mereixen. És per aixó que 
els anuncio que suspendré el Ple, que el suspenc. Però, abans, tindran un torn de 
paraula  per  un  temps  màxim  de  quinze  minuts  per  grup  parlamentari,  per  tal  de 
posicionar-se respecte a l’enorme excepcionalitat i gravetat del moment.
No vull acabar aquestes paraules sense enviar una sentida i càlida abraçada als 
companys i amics Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep 
Rull, i Marta Rovira, així com a la resta de presos i exiliats. No descansaré fins que 
sigueu a casa amb nosaltres.»
Ante la decisión adoptada, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos tomó la 
palabra para reprochar al presidente de la cámara la falta de neutralidad de su discurso 
pero no discutió la decisión misma de suspender el pleno. También pidió la palabra el 
portavoz del subgrupo parlamentario popular, que manifestó que, aunque compartía 
«que no se puede celebrar el debate de investidura porque falta el candidato», entendía 
que procedía, a efectos de que los grupos pudieran expresar su opinión acerca de la 
situación generada, la convocatoria de una reunión de «la Junta de Portavoces, que 
convoque un pleno extraordinario para la hora que usted considere oportuna en el día de 
hoy  o  en  el  día  de  mañana  y  nosotros,  como  no  puede  ser  de  otra  manera, 
participaremos del mismo». Esta petición fue rechazada por el presidente, que dio inicio 
a los turnos de palabra anunciados. Los diputados del subgrupo popular abandonaron en 
ese momento el salón de sesiones. Ninguno de los portavoces del resto de formaciones 
parlamentarias expresó, en su turno de palabra, discrepancia alguna con la decisión de 
suspensión adoptada por el presidente.
g)  En fecha 28 de marzo de 2018, don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i 
Andreu presentaron sendos recursos de apelación contra el auto de prisión de 23 de 
marzo de 2018. Como primer motivo de su recurso, don Jordi Turull alegó entonces la 
vulneración de su derecho fundamental de participación política, reprochando al auto  e
impugnado haber privado de su libertad a un diputado propuesto como candidato a la  bo
presidencia de un gobierno en mitad del proceso de investidura, impidiendo, tanto al  47ww
ap roupniao  ccaánmdaidraat op caorlmamo ean ltoasri are setla netjeesrc diciipou tdaed ossu, se l ceojemrcpiectioe ndceia ssu, sc duearnedcoh,o sa dpeomlítáicso, s,s ey 
eancccioónnt rdaeb ala  ejuns tliicbiear.tad y no se había mostrado ninguna intención de sustraerse a la
h)  El día 19 de abril de 2018, treinta y cuatro diputados y diputadas del Parlamento 
de Cataluña, entre ellos don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu, interpusieron 
el presente recurso de amparo contra el citado auto de 23 de marzo de 2018.
i)  En fecha 17 de mayo de 2018, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo 
desestimó el recurso de apelación de don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu. 
Estos interpusieron entonces, de forma conjunta, y en fecha 25 de mayo de 2018, un 
recurso de amparo ante este Tribunal (recurso de amparo núm. 2971-2018), entre otros 
motivos, por la violación de sus derechos de participación política (art. 23.2 CE).
3.  Los diputados y diputadas recurrentes alegan en su demanda de amparo que el 
auto de 23 de marzo de 2018, dictado por el magistrado instructor de la Sala de lo Penal 
del  Tribunal  Supremo,  «ha  comportado  la  suspensión  del  pleno  de  investidura  del 
presidente de la Generalitat y la imposibilidad del candidato de someterse a una segunda 
votación»,  lo  que  ha  supuesto  la  vulneración  de  su  «derecho  fundamental  de 
participación política previsto en el art. 23 CE» sin cobertura legal alguna para ello. 
Fundamentan los actores dicha vulneración en el hecho de que se haya impedido al 
diputado don Jordi Turull i Negre «acceder a una de las facultades más relevantes 
inherentes al cargo representativo, el cual tiene derecho a ejercer, de acuerdo con el 
art. 23.2 CE en condiciones de igualdad». Sostienen, asimismo, que se han vulnerado 
«las prerrogativas de la cámara, la expresión representativa de la voluntad popular, así 
como la separación de poderes». Estiman los demandantes que «[h]ay, en definitiva, una 
intromisión  ilegítima  de  la  jurisdicción  penal  en  el  funcionamiento  de  una  cámara 
parlamentaria» con la consiguiente vulneración del «derecho más fundamental de los 
diputados individualmente a formar su voluntad parlamentaria, a proceder a la votación o 
no del candidato a la investidura propuesto por el President del Parlament». Quedaría, 
así, comprometido el núcleo de las funciones parlamentarias, que constituye el llamado 
ius in officium, sin cobertura legal alguna, ya que no estamos ante uno de los supuestos 
de inelegibilidad previsto en el art. 6.2 de la Ley orgánica del régimen electoral general 
(LOREG), que serían los únicos supuestos de incompatibilidad legalmente aplicables.
Expuesta  la  vulneración  que  denuncian,  los  recurrentes  dedican  un  segundo 
apartado de la fundamentación jurídica de la demanda a justificar su legitimación para 
recurrir en amparo. Insisten, a estos efectos, en la idea de que el auto de 23 de marzo 
de 2018, al provocar la suspensión de la sesión de investidura y la imposibilidad del 
candidato a someterse a segunda votación, «conlleva la afectación directa del ius in 
officium» de los recurrentes. Y ello en la medida en que, como diputados y diputadas del 
Parlamento de Cataluña, «se ven privados del normal ejercicio del mismo, por cuanto la 
no celebración de la sesión de investidura en los tiempos y plazos establecidos por la 
Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, les 
ha impedido la asistencia y participación en la misma en los términos previstos por dicha 
Ley 13/2008, cuya finalidad –no lo olvidemos– no es otra que dotar a Cataluña de su 
más  alta  representación  institucional,  el  presidente  de  la  Generalitat,  a  quien 
corresponde nombrar al gobierno que debe dirigir la acción política y administrativa de la 
Generalitat, ejercer la iniciativa legislativa, la función ejecutiva, la potestad reglamentaria 
y aquellas otras funciones que le asignen la Constitución, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y las leyes».
Añaden los recurrentes que esta vulneración del derecho «a ejercer los cargos y 
funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los 
requisitos señalados en las leyes […] se ha producido sin que mis representados hayan 
tenido la ocasión de ser oídos en el proceso, vulnerando derechos fundamentales con  e.
total ausencia de contradicción». De ello deducen los ahora actores su legitimación para  w.b
recurrir  en  amparo  pues  «negarles  la  posibilidad  de  defensa  de  su  ius  in  officium  47ww
(caornt.s 2tit4u.i1rí aC,E a)  dseul  vqeuze,  suonna  acsliamrais mvuol nteituralacrióens» d. eC osnus dideerreacnh oq uae  llaa  gturtaevlae  pjuedritcuirabl aecfieócnt idvea 
Gune ninetrearliétast  cpoonr setli tupcairolanmalemneton»te,  leresl ecvoannfeterí,a  ceolm coo rreess p«olnad ieelnetcec iiónnte rdéesl  lepgreítsimidoe nat ee fdeect olas 
de ser oídos en el procedimiento judicial en el que se acordó la prisión provisional,
interés que fue desconocido por el órgano judicial y que motiva, por ello, su legitimación 
para recurrir en amparo aun no habiendo intervenido como parte en el procedimiento 
judicial.
Finalizan los actores su demanda interesando que se otorgue el amparo solicitado, 
declarando la nulidad del auto de 23 de marzo de 2018 y «restableciendo a los diputados 
y diputadas recurrentes en la integridad de su derecho en plenitud».
4.  Por providencia de 17 de julio de 2018, el Pleno de este Tribunal aceptó la 
propuesta de avocación efectuada por tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala 
Segunda y recabó para sí, de acuerdo con lo que establece el art. 10.1 n) de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el conocimiento del presente recurso de 
amparo,  acordando,  en  la  misma  resolución,  «admitirlo  a  trámite,  apreciando  que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009. FJ 2 a)]».Igualmente se acordó 
que,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  51  LOTC,  se  dirigiera  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes a la causa especial núm. 20907-2017, en relación con el auto de 23 de 
marzo de 2018 dictado por el magistrado instructor; debiendo previamente emplazarse, 
para que en diez días pudieran comparecer en el recurso de amparo, si así lo deseaban, 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente.
5.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 30 de 
julio de 2018, el procurador de los tribunales don Javier Fernández Estrada, en nombre y 
representación de Politeia, Asociación para la Defensa y Progreso de los Intereses 
Ciudadanos, solicitó se le tuviera por personado y se le diera vista de las actuaciones 
para formular alegaciones.
6.  En virtud de sendos escritos registrados en este Tribunal el día 31 de julio 
de 2018: (i) el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz, en nombre y 
representación de don Joaquim Forn Chiarello, y también de doña Meritxell Borràs 
Santacana; (ii) el procurador de los tribunales don Ignacio Argós Linares, en nombre y 
representación de don Lluis Guinó Subirós y don Lluis María Corominas Díez, así como 
de doña Ramona Barrufet Santacana; y (iii) la procuradora de los tribunales doña María 
del Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox, solicitaron 
que se entendieran con ellos las sucesivas diligencias y, una vez transcurriera el término 
del emplazamiento, se les diera trámite para alegaciones (art. 52 LOTC).
7.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 11 de 
septiembre de 2018, el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, en 
nombre y representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló, 
solicitó que se entendieran con él las sucesivas diligencias y, una vez transcurriera el 
término del emplazamiento, se le diera trámite para alegaciones (art. 52 LOTC).
8.  Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 14 de 
septiembre de 2018, el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, en 
nombre y representación de doña Dolors Bassa i Coll, solicitó que se entendieran con él 
las sucesivas diligencias y, una vez transcurriera el término del emplazamiento, se le 
diera trámite para alegaciones (art. 52 LOTC). e.e
9.  Mediante escrito presentado en el registro de entrada de este Tribunal el día 14  47ww
todLrseOat neTssnCectp)ua.tr,i reiemsroabli rceeitl  ódt éerq m2ui0en1 o8s d,e e ell e enamtbeponlgadaziedaroma nide enclt ooEn, s staeéd l loel, a dseie nr salua ct reráesmpivirtaeess  peandrtilaaigc aeiólnencg iaaqscu ieo yn,lee gsu an(laamr te.v n5ete2z    OE-A-2020-22able en https://
10.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de este 
Tribunal, de fecha 18 de septiembre de 2018, se tuvo por recibido el testimonio de las 
actuaciones  solicitadas  y  por  personados  y  partes  en  el  procedimiento  a  los 
procuradores don Javier Fernández Estrada en representación de la Asociación para la 
Defensa y Progreso de los Intereses Ciudadanos (Politeia); don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz, en representación de don Joaquín Forn Chiarello; don Ignacio Argos Linares en 
representación de don Lluis Guinó Subiros y don Lluis María Corominas Díez; don 
Ignacio Argos Linares en representación de doña Ramona Barrufet Santacana; don 
Carlos Estévez Sanz en representación de doña Meritxell Borrás Santacana; doña María 
del Pilar Hidalgo López en representación del partido político Vox; don Emilio Martínez 
Benítez en representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló; 
don Aníbal Bordallo Huidobro, en representación de doña Dolors Bassa i Coll; y al 
abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta. Asimismo, a tenor de 
lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se procedió a dar vista de todas las actuaciones en la 
secretaría del Pleno, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las 
partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones 
que a su derecho conviniere.
11.  En  fecha  18  de  octubre  de  2018  tuvieron  entrada  en  este  Tribunal  las 
alegaciones del abogado del Estado, que interesa, en primer lugar, la inadmisión del 
recurso y, con carácter subsidiario, su desestimación. Entiende el representante procesal 
del Gobierno que concurre el óbice de falta de denuncia de la vulneración sufrida 
[art. 44.1 c) LOTC], pues, una vez dictado el auto de 23 de marzo de 2018, el recurrente 
que directamente había padecido el gravamen de la privación de libertad, don Jordi 
Turull i Negre, recurrió esta resolución en apelación. En la misma fecha en que se 
interpuso este recurso ante el órgano judicial competente, los distintos diputados y 
diputadas que suscriben este recurso de amparo, entre ellos el propio don Jordi Turull, 
presentaron ante el Tribunal Constitucional la correspondiente demanda por vulneración 
de sus derechos de participación política. Se pone, con ello, de manifiesto que los 
actores  incumplieron  su  deber  de  denunciar  en  el  proceso  judicial  antecedente  la 
violación de derechos fundamentales que alegan que han padecido.
En cuanto al fondo del asunto, el abogado del Estado, tras exponer la doctrina 
constitucional sobre el derecho de participación política (art. 23.2 CE), reprocha a los 
demandantes haber realizado una argumentación puramente estereotipada, que se limita 
a afirmar apodícticamente la vulneración de sus derechos por efecto de la suspensión de 
la sesión de investidura (segunda votación), sin entrar en ningún momento a rebatir los 
elementos de juicio tenidos en cuenta por el instructor del procedimiento. Añade que la 
alegación de trato discriminatorio constitutivo de vulneración del derecho de participación 
política «en condiciones de igualdad» adolece del mismo defecto, pues vuelve a ser 
puramente genérica, sin señalar siquiera un punto válido de comparación. Concluye, por 
ello, que la demanda debe ser desestimada.
12.  En fecha 18 de octubre de 2018 tuvieron entrada las alegaciones del partido 
político Vox, en las que se interesa la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación 
del recurso de amparo.
Estima esta formación política que no se cumplen los requisitos del art. 42 LOTC, 
pues no se impugna ningún acto parlamentario, sino un efecto indirecto de la medida de 
prisión provisional acordada en el auto de 23 de marzo de 2018. Argumenta, en este 
punto, que «[e]s verdad que el pleno [del Parlamento de Cataluña] no pudo contar con la  e
presencia de Jordi Turull, pero eso no es un hecho lesivo de un derecho fundamental por  bo
parte de la cámara, sino un hecho derivado de la prisión provisional […]». Por otra parte,  47ww
aamñapdaer,o  tadme ploac ore ssoel uccuiómnp ljeund icloiasl  rqeuqeudisait orse sdeervl aadrta.  4a4  qLuOieTnCes,  phuaeysa nla  siimdop upganratec ióenn  eenl 
pCroomceos or ajzuódnic iaald, icciiorcnuanl stpaanrcai a aqcuoerd anro  leas  inpareddmicisaibólne  ddee l toredcousr sloos,  aehl opraa rtriedcou rpreonlítteicso. 
considera que no se ha justificado la especial trascendencia constitucional, afirmación
que  sustenta,  después,  en  la  reproducción  de  fragmentos  literales  de  ciertas 
resoluciones del Tribunal Constitucional que explican el modo en que debe cumplirse 
dicha carga.
En  cuanto  al  fondo,  afirma  Vox  que  el  derecho  de  participación  política  no  es 
absoluto, pudiendo quedar restringido de acuerdo con lo previsto en la ley, pues se trata 
de  un  derecho  de  configuración  legal.  Estos  límites  pueden  estar  justificados  para 
proteger  otros  derechos  fundamentales  o  para  prevenir  peligros  relevantes  para  la 
convivencia ciudadana o la seguridad nacional. En el caso planteado, la formación 
política estima que la prisión provisional ha sido acordada por razones idóneas para 
justificarla,  realizando,  acto  seguido,  una  amplia  glosa  de  las  argumentaciones 
expresadas por el magistrado instructor en su auto de 23 de marzo de 2018. Estima que 
tales razonamientos son suficientes para justificar la incomparecencia de don Jordi Turull 
i Negre a la segunda votación de investidura, pues «una personación –bien física o por 
vía digital– puede ahondar en sus intenciones de socavamiento de la democracia, la 
seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden y 
del régimen de derechos que la Constitución reconoce» a lo que se añadiría, en su 
opinión, la condición del recurrente de amparo de «persona influyente en la política 
radical catalana». Valora especialmente, en este punto, la consideración del magistrado 
instructor de que «no existen marcadores que sugieran que se hubiera abandonado por 
los procesados la intención de retornar al anormal funcionamiento de las instituciones». 
Concluye  sus  alegaciones  destacando  que  los  recurrentes  pretenden,  en  realidad, 
disfrutar de una posición de privilegio, que les exima de la aplicación del ordenamiento 
jurídico.
13.  Las alegaciones del Ministerio Fiscal tuvieron entrada en el registro de este 
Tribunal en fecha 15 de noviembre de 2018. Propugna el fiscal en su escrito, tanto la 
inadmisión (A) del recurso, con carácter principal, como su desestimación (B), en caso 
de que, a juicio del Tribunal, el asunto resulte acreedor de un pronunciamiento sobre el 
fondo.
A)  Tras una prolija descripción de los hechos de los que trae causa la demanda, el 
fiscal ante el Tribunal Constitucional expone varias razones por las cuales considera que 
el recurso de amparo debería ser inadmitido.
a)  Entiende, en primer lugar, que no se cumple con la exigencia del art. 44 LOTC, 
según la cual el recurso de amparo interpuesto por esta vía debe tener como causa una 
vulneración de derechos fundamentales que tenga su «origen inmediato y directo» en un 
acto de un órgano judicial [art. 44.1 b) LOTC]. A su parecer, se ha presentado una 
especie de recurso de amparo «mixto o híbrido entre las modalidades parlamentaria y 
judicial de recurso de amparo» pero, a la hora de la verdad, la demanda interesa 
exclusivamente la nulidad de la resolución judicial, sin llegar en ningún momento a 
reprochar violación alguna de derechos a un acto de índole parlamentaria. Estaríamos, 
por ello, ante una vulneración exclusivamente imputable a la resolución judicial que 
acordó la prisión pero esta no puede considerarse, según razona el fiscal, como origen 
inmediato  y  directo  de  la  vulneración,  pues  es,  en  realidad,  el  art.  4.3  de  la  Ley 
catalana 13/2008, de 5 de noviembre, el que establece la necesidad de «un debate 
presencial», siendo, no solo la resolución judicial adoptada, sino también esta «exigencia 
impuesta ex lege por la propia normativa catalana» la que imposibilita la celebración de 
la segunda votación de investidura en la que se cifra la afectación de los derechos de  s
participación política de los actores. No se satisface, en definitiva, el requisito previsto en  oe.
el art. 44.1 b) LOTC pues «[s]i, haciendo un ejercicio de análisis causal en términos de  w.
ceauqpeulicsivatiaoclineóanndc ioan  nosoer m sseau thpivaraibm riíedase del enr pimvraeedsnoidt aeinlmnmteeen dtieda etlaal   ynP odarirmrelacamttaiveman etaonu tetod dneeó lm mCicaeatra oyl ua ñlcaat o,s  ujusedpl iecinraesls»ióu.nlt apdoor   2020-2247n https://ww
b)  Carecen, asimismo, los recurrentes, de la necesaria legitimación activa. El fiscal
señala, en este punto, que la legitimación activa para recurrir en amparo una resolución
judicial ha sido interpretada flexiblemente por el Tribunal Constitucional de modo que 
quien no ha sido parte en el proceso judicial puede acceder al amparo si pudo o tenía 
derecho a ser parte y no llegó a serlo por causa que no le fuera imputable, siendo, en 
todo caso, atribuible al recurrente su propia negligencia o inactividad. De acuerdo con la 
mencionada doctrina, los recurrentes carecen de legitimación activa pues, ni fueron parte 
en  el  procedimiento  judicial,  ni  podían  serlo  (esto  es,  no  tenían  derecho  alguno  a 
personarse, porque no existe ningún precepto legal que ampare esa pretensión) y ni tan 
siquiera  intentaron  comparecer  ante  el  órgano  judicial,  mostrándose  inactivos  e 
indiferentes al curso de este.
c)  El  recurso  de  amparo  tendría,  además,  carácter  prematuro,  ya  que  los 
recurrentes ni siquiera esperaron a que la resolución que recurrían ganara firmeza en la 
vía judicial ordinaria. Desdobla el fiscal este óbice en dos ámbitos: (i) En el ámbito 
parlamentario del art. 42 LOTC afirma que los recurrentes no han acompañado a la 
demanda  la  resolución  del  presidente  del  parlamento  por  la  que  se  suspendía  la 
celebración del acto de investidura, ni tampoco la acreditación de que dicha resolución 
hubiera ganado firmeza, bien por no ser recurrible, bien por la desestimación de la 
correspondiente  petición  de  revisión  o  reconsideración.  Sobre  si  existía  alguna 
posibilidad de impugnar la resolución adoptada, considera el representante del Ministerio 
Fiscal que no corresponde al Tribunal Constitucional hacer ninguna indagación de oficio; 
basta  en  realidad  con  constatar  el  incumplimiento  de  la  carga  procesal  que  exige 
acreditar esta circunstancia. (ii) En lo que se refiere a la resolución judicial, impugnada al 
amparo del art. 44 LOTC, es evidente, según alega el fiscal, que el auto de 23 de marzo 
de 2018 fue impugnado en amparo antes de que ganara firmeza, pues «el presente 
recurso se interpuso el 19 de marzo [sic, en realidad abril] de 2018, casi un mes antes de 
la resolución de 17 de abril de 2018 [sic, en realidad mayo] del recurso de apelación que 
la representación procesal del Sr. Turull, en funciones de defensa, interpuso en su día 
contra el auto de 9 [sic, en realidad 23] de marzo de 2018, aquí cuestionado».
d)  Lo  expuesto  revelaría,  igualmente,  el  grave  incumplimiento  del  principio  de 
subsidiariedad que rige en la jurisdicción constitucional de amparo, pues la violación de 
los derechos de participación política de los recurrentes nunca fue denunciada por los 
ahora actores ante el órgano judicial [art. 44.1 c) LOTC], ni estos utilizaron medio de 
impugnación alguno para hacer valer sus derechos ante este [art. 44.1 a) LOTC], ya que, 
ni  trataron  de  recurrir  en  apelación  la  medida  cautelar  de  prisión,  ni  plantearon  el 
incidente de nulidad de actuaciones.
B)  Expuestos  los  óbices  procesales,  el  fiscal  considera  que,  en  todo  caso,  la 
demanda de amparo carece de fundamento en cuanto al fondo, lo que argumenta del 
modo siguiente:
a)  Estima, en primer lugar, que, con posterioridad a la interposición del recurso, se 
han verificado hechos relevantes, que, si bien no llegan a privar al recurso de un interés 
objetivo que lo haga acreedor de un pronunciamiento de fondo, sí limitan, en todo caso, 
la tutela que el Tribunal Constitucional puede llegar a prestar, que no podría alcanzar al 
posible restablecimiento del derecho de los diputados recurrentes a votar la investidura 
de don Jordi Turull i Negre. Resulta, así, relevante para el Ministerio Fiscal: (i) que el 
propio  interesado,  Sr.  Turull,  renunciara  mediante  escrito  dirigido  al  presidente  del 
Parlamento de Cataluña –de fecha 4 de abril de 2018, anterior incluso a la de la 
interposición del presente recurso de amparo– a su candidatura a la presidencia de la 
Generalitat;  (ii)  que,  en  fecha  14  de  mayo  de  2018,  otro  diputado  fuera  investido  e
presidente de la comunidad autónoma; (iii) que, una vez firme el auto de procesamiento,  bo
y mediante auto del magistrado instructor de 10 de julio de 2018, se diera aplicación a la  47ww
suspbe) nsCióonn dseid ecararg, oa psúimbilsicmo op,r eqvuiset,a  aeunn eql uaer t. n3o8 4p buiesd LeE Cderismc.artarse  en  abstracto  que
acicetrotas sp amrleadmideansta jruiodsic ciaolnetsr aerisotsé na  lleag leítgimaalidmaedn, teen e enlc caamsoin aqduaes n oas e ovcituapr al ala  rceraolnizoalcoigóína  ddee 
los hechos desmiente completamente la tesis de los recurrentes, según la cual la prisión
provisional se acordó como reacción judicial deliberada ante la posibilidad de que don 
Jordi Turull i Negre fuera nombrado presidente de la Generalitat. A juicio del fiscal, «el 
iter cronológico de los acontecimientos procesales y parlamentarios revela justamente 
que  al  proceder  judicial  no  puede  atribuírsele,  ni  por  juicio  de  intenciones  ni  por 
constatación objetiva de naturaleza neutra, una intromisión en el funcionamiento de la 
cámara parlamentaria de Cataluña». Explica, en este punto, que la convocatoria de la 
vista relativa al posible agravamiento de la situación personal del Sr. Turull, de acuerdo 
con el art. 539 LECrim, fue realizada en el propio auto de procesamiento, de fecha 21 de 
marzo de 2018, siendo el día siguiente, 22 de marzo, cuando se publicó en el «Boletín 
oficial del Parlamento de Cataluña» la propuesta de candidatura a la presidencia y la 
celebración urgente del debate relativo a la primera votación de investidura. Dicha sesión 
urgente, convocada inmediatamente después del dictado de la resolución judicial que 
acordaba la vista relativa a las medidas cautelares, se celebró en todo caso, de modo 
que si el Sr. Turull no llegó a ser investido presidente fue, según considera el fiscal, 
porque  en  esa  sesión  urgente  no  recabó  los  apoyos  necesarios.  El  día  siguiente, 
viernes 23 de marzo de 2018, se celebró la vista de los arts. 505 y 539 LECrim, que dio 
lugar al correspondiente auto de prisión de la misma fecha, decisión judicial a la que, 
nuevamente, «siguió cronológicamente la decisión del presidente del Parlamento catalán 
de  suspender  la  segunda  votación  de  investidura  que  pretendía  habilitar  para  el 
sábado 24 de marzo siguiente». A juicio del fiscal, esta secuencia fáctica revela que 
«más que una injerencia judicial en el proceder parlamentario, lo que aconteció fue una 
actuación parlamentaria con incidencia inversa en el devenir de actuaciones y decisiones 
adoptadas [en el] proceso penal».
c)  Descarta,  también,  el  Ministerio  Fiscal  la  viabilidad  de  la  alegación  de  la 
demanda relativa a la existencia de un trato discriminatorio. Destaca, al respecto, el 
carácter puramente axiomático de esta afirmación de los recurrentes, que no apoyan en 
argumento  alguno.  Pone  de  relieve,  en  cualquier  caso,  que  el  movimiento 
independentista tiene plenas posibilidades de manifestación ideológica y política en 
España,  ocupando  de  hecho  el  poder  en  las  instituciones  de  autogobierno  de  la 
comunidad autónoma y disponiendo igualmente de representación propia a nivel estatal, 
siendo lo relevante en la causa penal, no la ideología de los procesados, sino que, según 
los hechos que provisionalmente se les imputan, decidieran, en un momento dado, 
conseguir  sus  propósitos  ideológicos  y  políticos  al  margen  de  las  vías  legales, 
cometiendo hechos constitutivos de delito.
d)  Se ocupa, a continuación, el fiscal de la que considera la «cuestión nuclear» del 
recurso de amparo presentado: la legitimidad constitucional del auto de 23 de marzo 
de 2018. Contrasta, para ello, la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental del 
art. 23.2 CE y los planteamientos jurídicos de la demanda, lo que le lleva a concluir que 
esta última contiene una tesis que, por maximalista (i) y desenfocada (ii), no tiene encaje 
en aquella doctrina.
(i)  Para el fiscal, la argumentación de los recurrentes es maximalista. En lugar de 
discutir las razones de la prisión provisional y ponderar el peso de estas en relación con 
la  importancia  del  derecho  que  ellos  invocan,  la  demanda  renuncia  a  toda  crítica 
argumental y sostiene, sin más, que la consideración abstracta del art. 23 CE debe 
conducir «al resultado sin matices de que, a no ser que el encausado sometido a una 
causa criminal estuviese incurso en una causa de inelegibilidad del art. 6.2 LOREG, no 
podría  nunca  impedirse  la  libertad  ambulatoria  de  un  candidato  a  una  investidura 
presidencial». Tal planteamiento carece de todo sustento en la doctrina del Tribunal  e.
Constitucional, en la que el derecho del art. 23 CE no tiene carácter absoluto e ilimitado.  w.b
La asunción de semejante planteamiento llevaría, según añade el fiscal, a un resultado  47ww
ipnearssuomnaib lper:o p«uneos tsae  copmodor íaca ancdoidradtaar  ala l ap rinisvióenst idpurorav iscioomnaol  perne snidinegnúten  dcea slao  Gcoennterara luitanta, 
acuuanlqquueie lraa  mquisem fuae, rfau essue n qautuieranl efuzae sye a, nhtuijbuireidsiec idcaodm oe tdidaoñ ou nin ddeivliitdou adle y e sxotrceiaml,a p gersaev ae dqaude, 
contrariase,  pusiese  en  riesgo  o  amenazase  los  bienes,  principios  e  intereses
constitucionales  más  sagrados  y  aunque  concurriesen  todas  las  exigencias 
constitucionales sobre los presupuestos, requisitos y fines legítimos para adoptarla».
(ii)  El planteamiento de los recurrentes no solo es maximalista sino que, según 
afirma el fiscal, está además desenfocado. Los demandantes consideran erróneamente 
que, fuera de los casos de inelegibilidad previstos en el art. 6.2 LOREG, que serían 
también, según los actores, supuestos de incompatibilidad (acreedores en todo caso de 
interpretación restrictiva), no habría ningún supuesto legal que pudiese sustentar la 
limitación  de  los  derechos  políticos  de  los  recurrentes.  Ignoran,  con  ello,  los 
demandantes  que  la  suspensión  del  pleno  de  investidura  vino  provocada  por  una 
disposición legal que exige la presencia del candidato en el debate de investidura, 
exigencia esta de la máxima importancia, pues determina que todos los diputados de la 
asamblea legislativa, tanto los que pretenden apoyar al candidato, como los que no 
sustentan su candidatura, «adquieran la facultad de participar en un debate sobre la 
aprobación de su candidatura y programa político de acción desarrollando su función 
parlamentaria con interpelaciones directas al candidato presente». Por ello, cualquier 
causa impeditiva de la presencia física del candidato «acarrea la falta de uno de los 
presupuestos o requisitos legales para el desarrollo de los plenos de investidura». Es, 
pues, la regulación legal que integra el ius in officium la que produce la restricción del 
derecho de don Jordi Turull a ser investido presidente, siendo lo esencial, a los efectos 
del presente recurso de amparo, determinar si la imposibilidad física de aquel resulta 
jurídicamente justificada, esto es, analizar la legitimidad constitucional del auto de prisión 
impugnado del que resulta la imposibilidad legal de celebrar la segunda votación del 
debate de investidura.
e)  Para el fiscal, la legitimidad del auto de prisión, en relación con los derechos de 
participación política de los recurrentes, solo puede ser determinada, según prescribe la 
doctrina constitucional, a través del pertinente test de proporcionalidad. Según explica, 
ha de valorarse si la privación de libertad ha ocasionado «aunque sea de modo colateral, 
una privación, constricción o perturbación ilegítima desde la perspectiva constitucional» 
del derecho de participación política de los actores, para lo cual debe determinarse «(i) si 
se ajusta a la ley, (ii) responde a un fin constitucionalmente legítimo y (iii) no resulta 
desproporcionada». Para efectuar esta operación, el fiscal realiza una amplia glosa de 
los contenidos argumentales del auto de 23 de marzo de 2018, llegando a las siguientes 
conclusiones: (i) la restricción sufrida es ajustada a la legalidad, ya que estamos ante la 
adopción de una medida cautelar penal privativa de libertad completamente acorde a las 
exigencias  del  art.  17  CE,  esto  es,  impuesta  siguiendo  «los  casos»  y  «la  forma» 
legalmente establecidos; (ii) la prisión provisional se ha acordado con un presupuesto 
habilitante suficiente y para la consecución de fines legítimos (prevenir el riesgo de fuga 
y el peligro de reiteración delictiva), cuestiones estas que, además, los recurrentes ni 
siquiera discuten; (iii) la resolución de la que deriva la restricción del derecho cumple, 
además,  con  el  principio  de  jurisdiccionalidad  y  con  las  exigencias  de  motivación 
reforzada que caracterizan, en la doctrina constitucional, a la prisión provisional; (iv) la 
medida es idónea para obtener los fines que persigue, que son la prevención de la fuga y 
de la comisión de nuevos delitos; (v) no existía alternativa menos restrictiva posible, pues 
no habría sido razonable, según considera el fiscal, otorgar un permiso penitenciario 
para acudir a la segunda votación de la investidura –ya que, según la propia narración 
fáctica del auto impugnado, la posibilidad de reproducción de alteraciones del orden 
público era especialmente alta, sobre todo en un contexto de «creciente actividad de 
resistencia y oposición activa de los denominados comités de defensa de la república» – e.
y tampoco bastaba la utilización de medios telemáticos –pues era discutible que esta vía  w.b
pudiera colmar suficientemente la exigencia legal de que el candidato estuviera presente  47ww
epnro peol raccioton–a;l i(dvai)d ,l a dmadead idlaa  apdoospibtaildidaa dse  daeju sretait,e friancailómne ndteel,i cati vlaas  deex iguenn cdiaesl iteos trcioctmaso  dlae 
rseobbeelrióann,í aq nuaec iaofneaclt,a l aa  ubniiednaeds  dye  vlaa lNoraecsió ens eesnpcaiañleosla  dye el l osridsetenmama ipeonltíoti cjou ryíd jiucroí,d iccoom doe  llaa 
Constitución.
Concluye, por todo ello, el fiscal que la demanda de amparo presentada debe ser 
inadmitida o, subsidiariamente, desestimada.
14.  En escritos registrados ante este Tribunal en fechas 28 de noviembre de 2018 
y 28 de enero de 2019, se solicitó por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez 
Sanz que se diera el máximo impulso procesal a la resolución del recurso de amparo.
15.  Mediante providencia de 14 de enero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso. Planteamiento de las partes.
El presente proceso de amparo tiene por objeto la impugnación por parte de treinta y 
cuatro diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña del auto de 23 de marzo 
de 2018, dictado por el magistrado instructor designado por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en la causa especial núm. 20907-2017. Los recurrentes entienden que esta 
resolución judicial vulneró su derecho al ejercicio de cargo público representativo, pues 
el magistrado instructor acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de don 
Jordi  Turull  i  Negre  (que  también  actúa  en  el  presente  recurso  en  la  calidad  de 
demandante) cuando este ya había sido propuesto (el día 21 de marzo de 2018) por el 
presidente de la cámara catalana como candidato a la presidencia de la Generalitat y ya 
se  había  celebrado  (el  22  de  marzo  de  2018)  el  primer  debate  y  votación  de  la 
investidura. La decisión judicial adoptada impidió que don Jordi Turull pudiera estar 
presente, tal y como exige el art. 4.3 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalitat y el gobierno (en adelante Ley 13/2008), en la reanudación 
del debate de investidura, lo que determinó la suspensión del acto previsto para el día 24 
de marzo de 2018, en la que había de tener lugar la segunda votación. Entienden, por 
ello, los recurrentes que la decisión judicial privativa de libertad interrumpió, sin cobertura 
legal suficiente, la celebración de un acto parlamentario de la máxima importancia, 
tendente a «dotar a Cataluña de su más alta representación institucional, el presidente 
de la Generalitat, a quien corresponde nombrar al gobierno que debe dirigir la acción 
política  y  administrativa  de  la  Generalitat,  ejercer  la  iniciativa  legislativa,  la  función 
ejecutiva,  la  potestad  reglamentaria  y  aquellas  otras  funciones  que  le  asignen  la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las leyes». Dada la relevancia del 
acto parlamentario frustrado, los actores consideran que la privación de libertad de don 
Jordi Turull i Negre y la consiguiente suspensión del debate de investidura conllevó la 
afectación directa de su ius in officium, pues, como diputados del parlamento, tenían 
derecho  a  debatir  y  pronunciarse  con  su  voto  sobre  la  investidura  del  candidato 
propuesto.
A la pretensión de los recurrentes se oponen el abogado del Estado (que interviene 
en la causa especial 20907-2017 como acusador particular), el partido político Vox (que 
actúa en la citada causa como acusador popular) y el Ministerio Fiscal. Todos ellos citan 
diversos óbices de admisibilidad y coinciden, en todo caso, en considerar, con los 
argumentos que han quedado consignados en los antecedentes, que la vulneración de 
derechos  fundamentales  denunciada  por  los  ahora  actores  nunca  ha  llegado  a 
producirse. El resto de partes comparecidas no ha presentado alegaciones.
2.  Naturaleza jurídica del recurso; amparo del art. 44 LOTC. e.
Antes de proceder al análisis de los distintos óbices procesales planteados, ha de  47ww
fhisaccaelr saen tuen eal  pTrreibcuisniaóln  Cinoincsiatilt uscoiobnrea l lae sntiamtuar aqlueez ae sdtealm porse saennttee  lore cquures oc adliefi caam cpoamroo.  uEnl 
eresctau rsqou e« mleix tsoi rove h ídberi dfou nednatrmee lnatso  mpoadraa lidfoardmeusl apra, ralacmtoe nsteagriuai dyo ,ju dciieciratal»s,  coobnjescidioenreasc ióanl 
cumplimiento por parte de los recurrentes, diputados y diputadas del Parlamento de 
Cataluña, de los requisitos formales establecidos en el art. 42 LOTC.
La apreciación del fiscal sobre el carácter dual o mixto del presente recurso tiene 
soporte en un pasaje inicial de la demanda en el que se afirma expresamente que se 
actúa «al amparo de lo establecido en los artículos 53.2 y 161.1 b) de la Constitución 
española  y  42  y  44  de  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional».  Con  ello,  los  demandantes  invocan  simultáneamente  dos  cauces 
distintos de acceso al recurso de amparo. Citan, de un lado, el art. 42 LOTC, que permite 
recurrir en amparo «[l]as decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o 
de cualquiera de sus órganos, o de las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas, o de sus órganos, que violen derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional […]». Y de otro lado, hacen expresa mención, también, del art. 44 LOTC, 
que se ocupa de las «violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un 
órgano judicial».
La lesión del derecho fundamental se pone, así, en aparente conexión, tanto con una 
resolución judicial (auto de 23 de marzo de 2018, que impuso la medida cautelar de 
prisión provisional al diputado del Parlamento de Cataluña que había sido designado 
candidato a la presidencia de la Generalitat), como con un acto sin valor de ley del 
presidente del Parlamento de Cataluña (suspensión, acordada in voce el día 24 de 
marzo de 2018, del segundo debate y votación de la investidura del candidato a la 
presidencia).
Esta doble invocación de los arts. 42 y 44 LOTC, que parece atribuir implícitamente 
la  lesión  de  derechos  fundamentales,  tanto  a  un  acto  judicial  como  a  un  acto 
parlamentario sin valor de ley, carece, sin embargo, de desarrollo argumental posterior 
en el cuerpo de la demanda y tampoco tiene reflejo en el petitum de la misma.
En efecto, en la argumentación posterior de la demanda se incide en una idea única: 
el comportamiento lesivo del derecho de participación política de los recurrentes fue 
debido a la decisión judicial de acordar la prisión provisional de quien ya era candidato a 
la presidencia de la Generalitat y había llegado a someterse a una primera votación para 
obtener la confianza del parlamento autonómico. Los recurrentes no atribuyen ilicitud 
alguna a la decisión posterior del presidente de dicho parlamento de suspender el pleno 
de investidura previsto para el día 24 de marzo de 2018; consideran, antes bien, que 
esta decisión era jurídicamente debida, en cuanto impuesta ex lege por el art. 4.3 de la 
Ley 13/2008, que impide el desarrollo del referido acto en ausencia del candidato.
Los  demandantes  muestran,  así,  su  completa  aquiescencia  con  la  decisión  del 
presidente de la cámara catalana, que consideran jurídicamente irreprochable, en plena 
coherencia con el comportamiento que desplegaron antes de interponer el recurso de 
amparo, pues ninguno de los actores, como tampoco ningún otro diputado, manifestó, en 
el desarrollo de la sesión parlamentaria de 24 de marzo de 2018, su disconformidad con 
la  suspensión  acordada  oralmente.  El  único  aspecto  de  la  decisión  tomada  por  la 
presidencia de la cámara que resultó controvertido fue, según ha quedado consignado 
en los antecedentes, el de conceder un turno de palabra de hasta quince minutos a cada 
portavoz  parlamentario,  actuación  esta  que  suscitó,  según  consta  en  el  diario  de 
sesiones, el rechazo exclusivo del portavoz del subgrupo popular, que argumentó que, 
precisamente por haber quedado el pleno en suspenso, un nuevo debate ajeno al objeto 
estricto de la investidura solo podía canalizarse a través de una reunión ad hoc de la 
junta de portavoces. Ninguna objeción se hizo, en suma, en ese momento, a la decisión  s
parlamentaria de suspender la investidura del candidato, ni tampoco se achaca a ella, en  oe.
la demanda, ningún contenido decisorio que se estime, en sí mismo, lesivo del derecho  w.
de los recurrentes. 47ww
instaT aemxcbliuésniv paumeednet ec oqmuep rsoeb aacrsuee,r dfien alalm «ennutleid, aqdu ed eel la puetoti tduem f edceh ala  2d3e dmea mndaar zdoe d aem 2p0a1r8o, 
del magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017 de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, por el que se resolvió la prisión incondicional del diputado Sr. Jordi 
Turull i Negre».
De todo lo señalado se desprende que, pese a la invocación formal del art. 42 LOTC, 
estamos ante un recurso de amparo exclusivamente dirigido contra la resolución judicial 
que acordó la prisión provisional, pues solo a esta se imputa la violación de un derecho 
fundamental  susceptible  de  amparo.  Por  más  que  en  la  verificación  del  gravamen 
alegado por los recurrentes mediara, como evento necesario, la suspensión del debate 
de investidura, lo cierto es que no se hace reproche alguno en la demanda al acto 
parlamentario, tal y como exige el art. 42 LOTC, para poder articular el recurso de 
amparo por los cauces y con los requisitos que dicho precepto establece.
Hemos de concluir, por ello, que estamos, en definitiva, ante un recurso de amparo 
dirigido contra vulneraciones de derechos fundamentales exclusivamente atribuidas a un 
«acto u omisión de un órgano judicial» (art. 44 LOTC).
3.  La vulneración alegada tiene origen inmediato y directo en una resolución judicial 
(art. 44.1 LOTC).
Sentado  que  los  recurrentes  residencian  exclusivamente  la  vulneración  de  sus 
derechos en la resolución judicial que impugnan, se ha de dar respuesta a la alegación 
preliminar del fiscal según la cual el recurso de amparo presentado no puede tener 
encaje en el art. 44 LOTC. Alega en este punto el fiscal que no estamos, frente a lo 
exigido por el tenor del apartado primero de dicho precepto, ante una vulneración que 
tenga «su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial», pues el 
auto de prisión provisional no provocó por sí solo la suspensión del acto de investidura, 
dado que esta venía, en realidad, impuesta ex lege por el art. 4.3 de la Ley 13/2008, que 
exige un debate presencial. De ahí que, en su opinión, la articulación del recurso por la 
vía del art. 44 LOTC sea inviable y que deba procederse a la inadmisión de la demanda 
de  amparo,  sin  necesidad  de  analizar  siquiera  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
procesales requeridos.
El  art.  44.1  LOTC  exige,  en  efecto,  identificar  el  acto  que  constituye  el  origen 
«inmediato y directo» de las «violaciones» de derechos fundamentales que han sido 
alegadas por los recurrentes (art. 44.1 LOTC). Utiliza, para ello, unos términos literales 
(«violaciones de los derechos y libertades […] que tuvieran su origen inmediato y directo 
en un acto u omisión de un órgano judicial») que resultan de la máxima importancia ya 
que apuntan, con toda evidencia, a que es el acto del poder público el que infringe por sí 
mismo el derecho fundamental (esto es, el que origina la violación y no el que consuma 
el  perjuicio)  el  que  rige  la  calificación  jurídica  del  recurso.  De  ahí  que  los  actos 
posteriores que contribuyen causalmente a la consumación del gravamen no puedan 
considerarse el origen inmediato y directo de la violación alegada cuando carecen de 
contenido decisorio propio o cuando contraen su ámbito de decisión a la no reparación 
de una violación ya verificada previamente (sin incurrir en ninguna vulneración ex novo). 
Esto tiene diversas consecuencias en la doctrina de este Tribunal. Así:
a)  Cuando,  en  los  hechos  de  los  que  trae  causa  el  recurso  de  amparo,  las 
actuaciones administrativas preceden a las jurisdiccionales, este Tribunal ha declarado 
que la violación del derecho fundamental no deja de tener su origen inmediato y directo 
en el acto u omisión de la administración pública (art. 43 LOTC) por el mero hecho de 
que los órganos judiciales que intervienen posteriormente en el proceso judicial no hayan 
procedido a repararla (SSTC 15/1981, de 7 de mayo, FJ 3; 45/1982, de 12 de julio, FJ 1;  s
67/1982, de 15 de noviembre, FJ 2; 21/1983, de 22 de marzo, FJ 1; 112/1983, de 5 de  oe.
diciembre, FJ 1; 63/1989, de 5 de abril, FJ 1; 216/1991, de 14 de noviembre, FJ 1;  w.
2in6v/e1br9s)9 a4, A,s d olena   2lma7s ids amec afteu bcaroceniorconl,ue FssiJ ój un2d ; ihyca i8a 7llele/s2g 0laa0ds8o ,q  deuese t 2es1 eT  drveieb nuju nlsiaoel, g eFunJid  1alo)s.s  dcea asoctso se na dlomsi nqisutera, tiav olas   2020-2247n https://ww
posteriores, necesarios para la consumación del gravamen. Así, por ejemplo, tal y como
hemos destacado recientemente, el déficit de control judicial de las garantías jurídicas de
la extradición debe ser considerada una vulneración con origen inmediato y directo en la 
decisión judicial que autoriza la entrega extradicional, resolución que ha de ser, por ello, 
autónomamente impugnada por el cauce del art. 44 LOTC, por más que sea todavía 
necesario, para la verificación efectiva de la entrega extradicional (como gravamen 
material  en  la  esfera  del  afectado),  un  acto  posterior  del  Consejo  de  Ministros 
(STC 104/2019, de 16 de septiembre, FJ 5). Y ello porque, en ese caso, el margen de 
decisión autónoma y discrecional del Gobierno se sitúa en un ámbito, el político, diverso 
del puro control jurídico del cumplimiento normativo de las garantías jurídicas de la 
extradición.
c)  Finalmente,  cuando  la  lesión  se  produce  en  el  ámbito  de  las  actuaciones 
judiciales, es igualmente el acto que, por su contenido decisorio, «atenta contra los 
derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo  constitucional  por  sí  mismo» 
(STC  15/1981,  de  7  de  mayo,  FJ  3)  el  que  resulta  relevante  para  determinar  el 
cumplimiento de las exigencias de oportuna denuncia y debido agotamiento consignadas 
en el art. 44.1 a) y c) LOTC. También en estos casos hemos considerado, en definitiva, 
que es la resolución judicial que infringe ab origine el derecho fundamental (y no las 
resoluciones judiciales desestimatorias de los diversos medios de impugnación utilizados 
contra ella) la que constituye el «origen inmediato y directo» de la violación alegada (por 
todos, ATC 200/2010, de 21 de diciembre, FJ 2).
De todo ello se infiere que el nexo jurídico, directo e inmediato, existente entre una 
decisión judicial y la «violación» que esta causa por sí misma en un derecho fundamental 
no se ve afectado por la intervención posterior de otro poder público (incardinado en el 
mismo o en distinto ámbito institucional) que, pese a tener la oportunidad de repararla, 
nada añade en su decisión a la vulneración ya verificada. Con más motivo todavía queda 
intacto dicho nexo originario cuando esa intervención posterior constituye un acto debido, 
puramente reglado. La identificación del acto que constituye el origen inmediato y directo 
de las «violaciones» de derechos fundamentales susceptibles de amparo exige, en 
definitiva, examinar el margen y contenido decisorio de las resoluciones dictadas por los 
diversos órganos o autoridades intervinientes en la materialización de la injerencia que 
es alegada por los recurrentes, análisis que, en el caso que nos ocupa, permite extraer 
las siguientes conclusiones:
(i)  La cuestión que los demandantes realmente plantean en este recurso de amparo 
es si, a la vista de que la normativa existente impedía la celebración del debate de 
investidura en ausencia del candidato, dicha circunstancia debió ser valorada de modo 
distinto por el juez al adoptar su decisión de prisión provisional, en cuanto esta iba a 
producir  necesariamente  el  efecto  de  impedir  el  desarrollo  de  ciertos  actos 
parlamentarios de la máxima importancia. En opinión de los demandantes, al interrumpir 
el acto de investidura, la resolución judicial se entrometió indebidamente en el ius in 
officium de los diputados que habían de intervenir en el debate y que estaban llamados a 
expresar su voluntad a través del voto, vulnerando su derecho fundamental al ejercicio 
de su cargo público representativo (art. 23.2 CE). De ello se infiere que el órgano judicial 
tuvo en su mano, según el planteamiento de los demandantes, la posibilidad de ponderar 
si  la  prisión  provisional  resultaba  justificada  pese  a  que  su  adopción  conduciría 
inexorablemente a la interrupción del desarrollo del acto parlamentario de investidura del 
candidato a la presidencia de la Generalitat.
(ii)  Dictada la resolución judicial privativa de libertad, la existencia de un mandato 
legal imperativo (que supeditaba la celebración del debate previsto para el día 24 de 
marzo de 2018 a la presencia efectiva del candidato) privaba, según coinciden en  e.
señalar los recurrentes y el Ministerio Fiscal, de todo margen legal de actuación a la  w.b
autoridad parlamentaria. Al haberse limitado el presidente de la asamblea legislativa  47ww
cnaot acloannsai sati ós umspáesn qdueer  eel na clato  mdeer ain vceosntsidtautraac pióonr  dimep lear aimtivpoo sleibgialild, asdu  dinet elrlevveanrc iaó nc acabuos eall 
tprráismióitne  ppraorvlaismioennatla.rio inicialmente previsto por encontrarse el candidato en situación de
No puede ignorarse, en este punto, que, en la reciente STC 19/2019, de 27 de 
marzo, ha considerado este Tribunal que las resoluciones parlamentarias que tienen 
«como objeto celebrar la sesión de investidura del presidente de la Generalitat en 
ausencia del candidato, no respetan una de las formalidades esenciales para garantizar 
el correcto desarrollo de este procedimiento –la comparecencia personal y presencial del 
candidato ante la cámara– y por este motivo vulneran el artículo 23 CE, el artículo 67 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 149 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña»  (FJ  7).  Por  ello,  una  resolución  parlamentaria  que  trate  de  sortear  la 
imperativa  presencia  del  candidato  en  el  debate  de  investidura  de  presidente  a  la 
Generalitat, no solo resulta contraria al art. 4.3 de la Ley 13/2008, sino que puede 
vulnerar la propia Constitución y el bloque de la constitucionalidad. Esta doctrina, no solo 
refuerza la idea de que la decisión del presidente del parlamento fue, en el caso que nos 
ocupa,  puramente  reglada,  sino  que  permite  concluir  que  una  decisión  tendente  a 
celebrar el debate de investidura en ausencia del candidato, no solo habría sido contraria 
a un mandato legal expreso (Ley 13/2008), sino que habría resultado lesiva del ius in 
officium de los diputados de la cámara catalana (art. 23.2 CE).
La constatación de que la resolución judicial es, desde el planteamiento argumental 
de los recurrentes, la única resolución que, por su margen y contenido decisorio, incurre 
en la vulneración de su derecho al ejercicio de la función pública representativa (art. 23.2 
CE) permite concluir que es aquella, a efectos del art. 44.1 LOTC, el origen inmediato y 
directo de la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia en el presente 
recurso de amparo, ya que causó por sí misma la imposibilidad fáctica de continuar el 
debate de investidura en curso, sin que la autoridad parlamentaria tuviera posibilidad 
alguna de proceder legalmente de un modo distinto.
4.  Óbices de admisibilidad relativos a la subsidiariedad del recurso de amparo. 
Planteamiento general.
El hecho de que la resolución judicial pueda ser considerada origen inmediato y 
directo de la vulneración de un derecho fundamental que los actores invocan como 
propio (su ius in officium previsto en el art. 23.2 CE) lleva únicamente implícita una 
valoración preliminar positiva de su legitimación ad causam, en cuanto «vínculo especial 
y concreto» entre la posición jurídica que los recurrentes invocan como propia y la 
resolución judicial que impugnan en amparo (por todas, STC 58/2011, de 3 de mayo, 
FJ 3). Desde la perspectiva de la demanda, la decisión de prisión provisional constituye, 
como ya se ha dicho, la única fuente jurídica del menoscabo de las facultades que les 
asisten como diputados, en particular la de participar personalmente en el debate de 
investidura cuya celebración estaba prevista para el día 24 de marzo de 2018. Solo la 
autoridad  judicial,  al  resolver  la  prisión  provisional,  pudo  valorar,  según  alegan,  la 
pendencia de dicho debate como circunstancia relevante. Obviamente, si la frustración 
de ese acto parlamentario afectó a sus facultades más esenciales como diputados, 
constituyendo un elemento de su ius in officium, y si la decisión del órgano judicial 
constituyó una injerencia ilegítima en este, es una cuestión que pertenece ya al fondo del 
recurso. A priori, sin embargo, la merma en la esfera jurídica de los actores puede 
considerarse directamente derivada del acto impugnado, como situación activa suficiente 
para sustentar la legitimación ad causam de los recurrentes.
Cuestión distinta es, sin embargo, la de determinar si quien invoca válidamente un 
derecho o interés legítimo, como situación jurídica activa, ha debido actuar previamente 
en el proceso judicial para poder interponer válidamente el recurso previsto en el art. 44  e
LOTC, evaluación esta (de la llamada legitimación ad procesum) que viene determinada  bo
por lo preceptuado en el art. 46.1 b) LOTC, según el cual están legitimados «quienes  47ww
heastyea nT rsibiduon apla vrtiee neen  ienlt eprrporceetasnod juod iinceiaql ucíovorrceasmpoenndteie, nytae »d, edsicdcei ólna  lteegmapl rqaunea  laS TdCoc t4r/in1a9 8d2e, 
deel p 8ro dcee sfeob juredrioc,ia Fl,J n 1o,  hqaune  llceogmadpore an dsee rtlaom pboiré nca au sqau iqeunee sn,o h laebsi esnedao i mdepbuitdaob lese (re px amrtuel teisn, 
SSTC 46/1982, de 12 de julio, FJ 4; 60/1982, de 11 de octubre, FJ 3; 86/1984, de 27 de
julio, FJ 1; 83/1985, de 8 de julio, FJ 2; 67/1986, de 27 de mayo, FJ 3; 38/1987, de 1 de 
abril, FJ 1, y 235/1997, de 19 de diciembre, FJ 2). Esto supone, más concretamente, que 
la falta de intervención previa en el proceso judicial antecedente no puede resultar de la 
inactividad o negligencia de los propios recurrentes (por todos, ATC 53/1981, de 3 de 
junio).
La exigencia de legitimación procesal prevista en el art. 46.1 b) LOTC, según la cual 
solo pueden acceder al recurso de amparo quienes hayan sido «parte» en el proceso 
judicial previo, se solapa, en el caso que nos ocupa, con el deber que pesa sobre los 
recurrentes de cumplir con ciertas cargas que aseguran la subsidiariedad del recurso de 
amparo. La regla especial de legitimación procesal prevista en el art. 46.1 b) LOTC 
conecta, en efecto, con las letras a) y c) del art. 44.1 LOTC, que expresan el principio 
general de subsidiariedad del recurso de amparo, pues, si no se ha intervenido o no se 
ha intentado intervenir en el proceso judicial previo, va de suyo que la vulneración del 
derecho fundamental no ha sido denunciada, ni se ha combatido esta a través de los 
medios de impugnación pertinentes.
Hay que tener en cuenta que la letra c) del art. 44.1 LOTC exige, en particular, la 
denuncia temporánea de la vulneración del derecho fundamental. Y a ella se suma la 
exigencia  del  art.  44.1  a)  LOTC  de  que  «se  hayan  agotado  todos  los  medios  de 
impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía 
judicial», requisito este que se desdobla, a su vez, en dos cargas procesales: (i) la de 
utilizar las diversas impugnaciones previstas en la legislación procesal aplicable para 
combatir  la  resolución  judicial  a  la  que  se  atribuye  la  vulneración  del  derecho 
fundamental, de suerte tal que no basta con denunciar [art. 44.1 c)] dicha violación sino 
que  esta  debe,  además,  combatirse  siguiendo  el  iter  procedimental  (la  cadena  de 
recursos idóneos) previsto en el ordenamiento; (ii) la de acudir al recurso de amparo solo 
cuando dichas impugnaciones ya han sido resueltas por el órgano judicial competente, 
de modo que la vía de amparo no sea utilizada prematuramente, cuando la tutela del 
derecho  fundamental  aún  puede  ser  obtenida  de  los  órganos  del  Poder  Judicial, 
guardianes naturales de los derechos de los ciudadanos (por todas, STC 129/2018, 
de 12 de diciembre, FFJJ 4 y 5).
El recurso de amparo cumple, con ello, un rol subsidiario: solo opera cuando la lesión 
del  derecho  fundamental  ha  sido  oportunamente  denunciada,  poniéndose  en 
conocimiento del órgano judicial competente, y cuando se han utilizado para combatirla 
los diversos medios de impugnación disponibles, que han resultado desestimados por 
los órganos del Poder Judicial.
5.  Evaluación de los óbices de admisibilidad.
A la vista de la doctrina expuesta en el fundamento precedente, se observa, en 
definitiva, que, en el caso que nos ocupa, los tres óbices opuestos por el Ministerio Fiscal 
pivotan sobre una misma idea rectora: en opinión del fiscal, estamos ante un recurso de 
amparo que, pese a dirigirse contra una resolución judicial, se ha interpuesto de forma 
completamente ajena a los requisitos procesales propios del amparo judicial, sin colmar, 
en particular, las mínimas exigencias de diligencia que permiten respetar la necesaria 
subsidiariedad  del  recurso  de  amparo,  pues  los  recurrentes,  ni  han  tratado  de 
personarse como parte [art. 46.1 a) LOTC], ni han procurado ser oídos por el órgano 
judicial a efectos de denunciar la lesión de sus derechos [art. 44.1 c) LOTC], como 
tampoco han impugnado en la vía judicial ordinaria la resolución que consideran lesiva 
de su ius in officium y, por último, ni siquiera han esperado a que aquella resolución haya  e
ganado firmeza [art. 44.1 a) LOTC]. bo
En este punto, hay que tener en cuenta que la tesis de los demandantes de amparo  47ww
innoc iedse nqtuee c naou tepluadr iedreo np rtiesnióenr  ipnrtoevrviseinocniaóln,  paolgr unnoa  seenr  eel sptoro cleegsaol mpeenntael,  peons icbolen,c rseintoo  eqnu ee,l 
pseogr úenl  ósreg aconnos jiugdniac iaeln.  Slao dsetiemnaennd, ae, nd epbairetircounl atre, nqeurlea  eyl  qmuaeg eissttraa dfuoe i,n nsotr uocbtostra dnete l,a o cmaiutidsaa 
especial 20907-2017 debió oírles a pesar de que no eran parte en el proceso porque la
decisión  que  aquel  pudiera  tomar  en  relación  con  la  situación  personal  de  los 
procesados, entre los que se encontraba el Sr. Turull i Negre, podía afectar a su ius in 
officium, que es lo que ahora denuncian en este trámite extraordinario y subsidiario del 
recurso de amparo.
No realizaron, sin embargo, ningún acto tendente a facilitar esa audiencia, pues no 
trataron de personarse en el procedimiento, a efectos de defender los derechos que 
podían resultar comprometidos, ni tampoco comparecieron ante el juez para denunciar la 
injerencia en sus derechos de participación política (art. 23.2 CE), al objeto de que el 
órgano judicial pudiese ponderar dicha circunstancia (esto es, no trataron ni tan siquiera 
de ser oídos en su condición de terceros afectados por la decisión judicial que pudiera 
adoptarse).
Permanecieron, por tanto, pasivos ante la lesión de sus derechos, denunciándola 
directamente  ante  el  Tribunal  Constitucional.  Han  incurrido,  así,  en  una  manifiesta 
contradicción: entienden en su demanda que el órgano judicial tenía imperativamente 
que oírles en el proceso a quo, pero han omitido en aquella vía judicial cualquier 
actuación tendente a facilitar esa audiencia y a remediar, por tanto, dentro de aquel 
cauce ordinario, la posible lesión de sus derechos fundamentales.
Asimismo, una vez dictado el auto de 23 de marzo de 2018, los ahora demandantes 
no  articularon  ningún  medio  de  impugnación,  ni  tampoco  dirigieron  al  magistrado 
instructor o a la Sala de Recursos del Tribunal Supremo ningún escrito tendente a 
denunciar la vulneración de sus derechos. Al contrario, formalizaron demanda de amparo 
de  forma  directa  e  inmediata  ante  este  Tribunal,  sin  tratar  de  interponer  el 
correspondiente  recurso  de  apelación  o,  al  menos,  adherirse  al  formalizado  por  la 
representación del Sr. Turull i Negre; tampoco articularon ninguna actuación tendente a 
facilitar su audiencia en el trámite del recurso efectivamente interpuesto por el precitado 
Sr. Turull i Negre. Es más, ni siquiera esperaron a que se resolviera este último recurso.
Hay que tener presente que la apelación interpuesta el 28 de marzo de 2018 por don 
Jordi Turull i Negre contra el auto de 23 de marzo de 2018 planteaba de manera 
específica  la  violación  del  derecho  de  participación  política  (art.  23.2  CE)  por  la 
incidencia de la resolución judicial en su investidura como candidato a la presidencia de 
la Generalitat. Su eventual estimación habría conllevado, en todo caso, la libertad del 
candidato  a  la  presidencia,  circunstancia  que  podía  desbloquear  la  investidura,  al 
desaparecer la imposibilidad material de cumplir con lo prevenido en el art. 4 de la 
Ley 13/2008. La existencia de este recurso de apelación no pudo pasar desapercibida a 
los parlamentarios ahora actores, pues don Jordi Turull es uno de los firmantes de la 
demanda de amparo. A pesar de ello, el 19 de abril de 2018 interpusieron el presente 
recurso de amparo, cuando la resolución (que se produciría el 17 de mayo siguiente) del 
recurso de apelación del Sr. Turull aún estaba pendiente de decisión.
Se  observa,  por  todo  ello,  que  tampoco  desde  esta  perspectiva  dieron  los 
demandantes oportunidad alguna a los órganos del Poder Judicial de reparar la posible 
lesión de sus derechos fundamentales.
6.  Conclusión: inadmisibilidad por incumplimiento de los requisitos del recurso de 
amparo judicial (arts. 44 y 46 LOTC).
Resulta de lo expuesto en el fundamento jurídico precedente que los recurrentes no 
intentaron comparecer o ser oídos ante los órganos judiciales a los que imputan la 
vulneración de sus derechos, no combatieron la resolución judicial controvertida (auto 
de 23 de marzo de 2018) y ni siquiera esperaron a que esta ganara firmeza, aun a  e
sabiendas  de  que  se  habían  utilizado  medios  de  impugnación  idóneos  para  hacer  bo
desaparecer el gravamen en sus facultades como parlamentarios. A la vista de este  47ww
pprriovcileedgeiard dae  ldoes  aacctcoeresso,  laal  ardemcuisrisóon  ddee  saum dpeamroa,n dpar essucpinodniderníad oa rbcoitrmapr lpeataram eelnlotes  udnea  vloías 
rbe)q LuOisTitCos. previstos en las letras a) y c) del art. 44.1 LOTC, en conexión con el art. 46.1
Una mínima voluntad de preservar la subsidiariedad del recurso de amparo habría 
debido llevar a los recurrentes a intentar comparecer ante el órgano judicial, sobre todo 
si entendían (como se argumenta en la demanda) que este tenía el deber legal de oírles, 
con fundamento en la vulneración del derecho de participación política que alegan; 
podrían haber tratado de combatir la decisión de prisión por el medio de impugnación 
legalmente previsto, o, en todo caso, esperar a la confirmación judicial del gravamen tras 
la resolución del recurso interpuesto por el propio afectado. Los demandantes han 
prescindido de todas estas posibilidades de actuación. La opción de los recurrentes ha 
sido presentar directamente una demanda de amparo, comportamiento este que, al 
apartarse de todo parámetro de diligencia, hace que la admisión del recurso de amparo 
resulte completamente inviable, pues se ha prescindido enteramente de los mínimos 
requisitos de admisibilidad ligados, en la regulación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, a una violación de derechos imputable a una resolución judicial [arts. 44.1 
a) y c) y 46.1 b) LOTC].
Tal circunstancia impide a este Tribunal examinar el fondo del recurso interpuesto, 
que  coincide,  en  todo  caso,  en  sus  planteamientos  fundamentales  relativos  a  la 
afectación  del  derecho  de  participación  política  (art.  23.2  CE)  con  la  demanda 
interpuesta personalmente por don Jordi Turull i Negre y don Josep Rull i Andreu contra 
su privación de libertad (recurso de amparo 2971-2018). En lo que a ellos dos se refiere, 
es obvio que el presente recurso de amparo resulta prematuro, pues lo interpusieron 
junto al resto de diputados recurrentes cuando aún no se había resuelto su propio 
recurso de apelación.
No puede admitirse que los recurrentes accedan al recurso de amparo per saltum, 
prescindiendo de modo absoluto del principio de subsidiariedad, sin tratar de comparecer 
ante el órgano judicial y sin esperar siquiera a que el recurso interpuesto por quien sí ha 
sido parte en el proceso (y que podía dar lugar a la desaparición del gravamen) sea 
resuelto por el órgano judicial competente. Por todo ello, procede inadmitir la demanda 
de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el presente recurso de amparo núm. 2115-2018, promovido por don Carles 
Puigdemont i Casamajó, don Jordi Sànchez i Picanyol, don Jordi Turull i Negre, don 
Josep Rull i Andreu y otras treinta personas, todos ellos diputados y diputadas del 
Parlamento de Cataluña.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado. es