BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Martes 28 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 8571
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
1231 Circular 1/2020, de 3 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre los 
recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden 
jurisdiccional civil.
ÍNDICE
1.  Introducción.
2.  El recurso de casación.
2.1  Ideas generales.
2.2  Resoluciones recurribles en casación.
2.2.1  Sentencias.
2.2.2  Autos.
2.2.3  Resoluciones no recurribles.
2.3  Fundamento del recurso.
2.3.1  Motivo general.
2.3.2  Modalidades.
2.3.2.1  Requisitos comunes cuando se invoca interés casacional.
2.3.2.2  Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
2.3.2.3  Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
2.3.2.4  Cuando la sentencia recurrida aplique normas que no lleven más de cinco 
años en vigor.
2.3.2.5  Cuando no exista jurisprudencia.
2.3.2.6  Interés casacional foral.
2.3.2.7  Tutela de derechos fundamentales.
2.3.2.8  Resoluciones recurribles en atención a la cuantía.
2.4  Procedimiento.
2.4.1  Interposición.
2.4.1.1  Forma.
2.4.1.2  Plazo.
2.4.2  Admisión.
2.4.3  Competencia en relación con las medidas cautelares.
2.5  Pautas jurisprudenciales recientes en relación con supuestos concretos.
2.5.1  Alimentos.
2.5.2  Guarda y custodia.
2.5.3  Protección de menores. e.
2.5.4  Honor, intimidad y propia imagen. w.b
2.5.5  Acciones de filiación. 31ww
22..55..76   CTraaltifaicmaiceinótno  ddeel  lcao dnicsucraspoa.cidad.
3.  Recurso extraordinario por infracción procesal.
3.1  Ideas generales.
3.2  Resoluciones recurribles.
3.3  Motivos.
3.3.1  Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.
3.3.2  Infracción de las normas reguladoras de la sentencia.
3.3.3  Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 
cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir 
indefensión.
3.3.4  Vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos 
en el art. 24 de la Constitución.
3.4  Procedimiento.
4.  Competencia para conocer de los recursos cuando se invoca la infracción de una 
norma foral.
5.  El recurso de queja.
5.1  Ideas generales.
5.2  Interposición.
6.  Cuestiones organizativas internas.
7.  Pautas sobre asistencia a vistas ante el Tribunal Superior de Justicia.
8.  Cláusula de vigencia.
9.  Conclusiones.
1. Introducción
Las funciones civiles del Fiscal se conectan con las raíces históricas de la Institución, 
encajan en su conformación constitucional y han llegado a ocupar en la actualidad una 
parte importante de su actividad.
El  ordenamiento  jurídico  reconoce  al  Ministerio  Fiscal  la  condición  de  parte  en 
asuntos civiles de gran relevancia cuantitativa y, sobre todo, cualitativa, por estar en 
juego intereses sociales de especial trascendencia.
La intervención del Fiscal en estos casos se extiende a todas las fases procesales, 
prolongándose por tanto más allá de la segunda instancia y alcanzando la casación, fase 
esta que asume, en su sustanciación, como parte esencial de su cometido, la Fiscalía 
del Tribunal Supremo.
La Exposición de Motivos de la LEC refiere que «la jurisprudencia o el precedente 
goza de relevancia práctica por su autoridad y fuerza ejemplar, pero no por su fuerza 
vinculante. Esa autoridad, nacida de la calidad de la decisión, de su justificación y de la 
cuidadosa expresión de ésta, se está revelando también la más importante en los 
sistemas jurídicos del llamado «case law». Y ha sido y seguirá siendo la única atribuible, 
más allá del caso concreto, a las sentencias dictadas en casación».
En este sentido, puede decirse que el recurso de casación tiene como objetivo 
esencial  ser  un  instrumento  generador  de  jurisprudencia,  para  conseguir  una 
interpretación uniforme del ordenamiento, de manera que la seguridad jurídica y, en 
última instancia, la igualdad de todos ante la Ley sean reales y efectivas. s
Estos  objetivos  entroncan  directamente  con  los  cometidos  constitucionales  o
asignados al Ministerio Fiscal. w.
ainrst.t rC1u2om4me ond teay llaiaz  asCceiEó  en«x epelr feFescisatcibvaaal   cedonen l slatpi truIinncsciotiprnuiaocl c sidóeen   cu1on1ni/vd2iae0dr0t 5ed,  eedn e a pc1iet0uz aadc eeió snne onevcsiieataml bpblaererca,i d spoor obecrneu  raelarl    2020-1231n https://ww
una interpretación unitaria del ordenamiento jurídico, contribuyendo así a garantizar los
principios  de  seguridad  jurídica  y  de  igualdad  ante  la  ley,  conceptos  íntimamente 
vinculados a la idea del Estado de Derecho».
El Ministerio Fiscal en el ámbito de su actuación civil, a través de su intervención en 
el recurso de casación -ya interponiéndolo, ya dictaminando los interpuestos por otros- 
ha logrado consolidar interpretaciones ajustadas a la legalidad y favorecedoras de los 
derechos  fundamentales  de  los  ciudadanos  en  materias  tales  como  la  sustracción 
internacional de menores, el tratamiento de la discapacidad a la luz de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, en la 
decantación de los criterios de aplicación del interés superior del menor, el tratamiento 
de la maternidad subrogada o la recepción de la guarda y custodia compartida.
Ya la Circular 3/1986, de 15 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal 
en los procesos de separación y divorcio exhortaba al Fiscal a «mostrarse en actitud 
analítica y no meramente formularia, activo en la fase probatoria y observador y crítico 
ante  las  resoluciones  judiciales,  utilizando,  en  su  caso,  los  medios  legales  de 
impugnación reconocidos», añadiendo que puede «recurrir en casación».
La función nomofiláctica de la casación, en relación con los procesos en los que se 
atribuye al Fiscal legitimación, adquiere una especial importancia por afectar a ámbitos 
especialmente sensibles de los derechos de los ciudadanos.
La  Circular  1/2001,  de  5  de  abril,  sobre  la  incidencia  de  la  nueva  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles abordó en su 
epígrafe IX el recurso de casación. Las ulteriores modificaciones hacen necesario un 
nuevo pronunciamiento, actualizando la doctrina de la Fiscalía General y ampliando las 
pautas, a la luz de la experiencia práctica acumulada desde la entrada en vigor de la 
LEC de 2000.
El art. 123 CE reconoce al TS como órgano «superior en todos los órdenes». La 
Fiscalía  del  Tribunal  Supremo  asume  el  despacho  de  los  recursos  para  cuyo 
conocimiento dicho órgano es competente.
Además de esta presencia en la casación por medio de la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, es imprescindible que en cada asunto en el que interviene el Fiscal se valore 
la procedencia de interponer recurso de casación, tomando la iniciativa impugnativa 
cuando los intereses por los que debe velar el Ministerio Público (legalidad, interés 
público y social) así lo exijan.
Es objetivo de la presente Circular facilitar la labor de las/os Sras./es. Fiscales, 
dándoles pautas orientativas para valorar la procedencia y viabilidad de la interposición y, 
en su caso, a la hora de redactar el escrito del recurso de casación, de infracción 
procesal y de queja, con la finalidad de promover la utilización de estas vías procesales 
imprescindibles  para  generar  criterios  jurisprudenciales  sólidos  en  el  ámbito  de 
intervención del Ministerio Público.
Es de resaltar que la necesidad de pautas para la correcta comprensión del recurso 
de casación civil no sólo puede predicarse de los Fiscales adscritos a las Secciones 
Civiles  (vid.  Instrucción  4/2009,  de  29  de  diciembre,  sobre  la  organización  de  las 
secciones de lo civil y del régimen especializado en materia de protección de personas 
con discapacidad y tutelas), sino también, atendiendo a los cometidos asignados, a los 
de las Secciones de Menores (Instrucción 1/2009, de 27 de marzo, sobre la organización 
de  los  servicios  de  protección  de  las  Secciones  de  Menores,  en  relación  con  los 
procesos de protección de menores y de derechos fundamentales de menores), a los de 
Violencia de Género (Instrucción 7/2005, de  23 de  junio,  sobre  el  Fiscal  contra la 
Violencia sobre la Mujer y las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer de las  s
Fiscalías, en relación con los procesos civiles relacionados con violencia de género) y a  oe.
los  de  Extranjería  (Instrucción  5/2007,  de  18  de  julio,  sobre  los  Fiscales  de  sala  w.
coordinadores  de  siniestralidad  laboral,  seguridad  vial  y  extranjería  y  sobre  las  31ww
eredsapde cdteiv laoss  smeecncoiornees se xdtera lnajse rFoiss cnaol íaacso tmerpraitoñraiadloess),. en relación con la determinación de
primEelr oa rqt.u e4 4«8c oLnEtrCa  lbaas jore slao lurúcbiorinceas  «ddee ll odse Trericbhuon aale sre yc uSrreirc»re dtaerciolasr aJ uednic iasule sa pqaureta ldeos   BOE-A-cable e
afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la 
Ley».
A  partir  de  este  precepto  habrá  de  entenderse  que  el  Fiscal  podrá  -y  deberá- 
interponer  recurso  de  casación,  y  en  su  caso  recurso  extraordinario  de  infracción 
procesal contra las sentencias dictadas en segunda instancia en los procedimientos en 
los que intervenga como parte cuando la resolución recaída contraríe los intereses 
públicos y sociales que le están encomendados, siempre, lógicamente, que concurra 
alguno de los motivos que pueden fundamentar estos recursos y las demás exigencias 
legales, cuestiones que serán analizadas en la presente Circular.
La legitimación para cualquier clase de recurso contra resoluciones judiciales, entre 
ellos el de casación, se funda en la existencia de un gravamen o perjuicio causado a la 
parte recurrente por la resolución que se impugna (SSTS n.º 382/2016, de 19 de mayo 
y 88/2013, de 26 de abril).
El gravamen que legitima al Fiscal para recurrir será precisamente el perjuicio que la 
resolución atacada pueda haber irrogado a los intereses que en cada proceso le están 
encomendados.
Como observación general en relación con la admisión a trámite de estos recursos 
extraordinarios, debe subrayarse que el derecho a los recursos, de neta caracterización 
y contenido legal (SSTC n.º 3/1983 y 216/1998, entre otras), está condicionado al 
cumplimiento  de  los  requisitos  de  admisibilidad  establecidos  por  el  legislador  y 
delimitados por vía interpretativa por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sin que la 
interpretación  de  las  normas  rectoras  del  acceso  a  la  casación  tenga  que  ser 
necesariamente la más favorable al recurrente (SSTC n.º 63/2000, 258/2000 y 6/2001); y 
que el principio pro actione, proyectado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, no 
opera con igual intensidad en las fases iniciales del pleito que en las posteriores (vid. en 
este sentido, ad exemplum ATS de 11 de septiembre de 2019, rec. 185/2019).
No  existe  un  derecho  de  relevancia  constitucional  a  recurrir  en  casación  y 
corresponde al TS, por vía interpretativa de la legislación procesal pertinente, la última 
palabra sobre el acceso a los recursos de casación y extraordinario por infracción 
procesal (SSTC n.º 114/2009 y 233/2005).
Debe tenerse en cuenta que el TC ha avalado el especial rigor en el control de la 
admisibilidad de estos recursos, pues «no existe propiamente un derecho derivado de la 
Constitución a disponer de un recurso contra las resoluciones judiciales, salvo en lo 
relativo a sentencias penales condenatorias, de manera que, con esta última excepción, 
son  cada  una  de  las  leyes  de  enjuiciamiento  reguladoras  de  los  diversos  órdenes 
jurisdiccionales las que determinan los concretos supuestos en que procede un recurso, 
de modo que su establecimiento y regulación pertenecen, en principio, al ámbito de 
libertad del legislador» (SSTC n.º 91/2005, de 18 de abril y 71/2002, de 8 de abril).
Por ello considera el TC indudable «la configuración del recurso de casación como 
un  remedio  procesal  extraordinario,  con  fundamento  en  motivos  tasados  numerus 
clausus,  y  cuya  admisibilidad  queda  sometida,  no  sólo  a  los  requisitos  meramente 
extrínsecos -tiempo y forma- y a los presupuestos comunes exigibles para los recursos 
ordinarios,  sino  a  otros  intrínsecos,  sustantivos,  relacionados  con  el  contenido  y 
viabilidad de la pretensión, cuyo régimen es más severo por su propia naturaleza (SSTC 
n.º 37/1995, de 7 de febrero; 125/1997, de 1 de julio y 89/2002, de 22 de abril).
La STEDH de 19 de diciembre de 1997, Brualla Gómez de la Torre contra España, 
ha declarado a este respecto que los requisitos de admisibilidad de un recurso de 
casación  pueden  ser  más  rigurosos  que  los  de  un  recurso  de  apelación,  siendo  s
compatible con el Convenio un mayor formalismo para el recurso de casación. oe.
El TS ha proclamado la especial condición de parte del Ministerio Fiscal en los  w.
procesos especiales del Libro IV de la LEC y singularmente durante la tramitación del  31ww
rpercoucressoo  dceiv icl a[s…ac] iódne:t e«rlma ininat eqrvueen cciuóann ndeoc einstaerripao ndee l uMni nriestceurrioso F hisacyaal  cdoem toe npéarrstee lee np oerl 
erescpuercreianl teco hnadsictaió tna nctoom hou bpiaerrtae  deens ieslt idporo ecexpsore s[…am] eTanlt ec odnesl imdeisramcoió, nlo v qieunee s eex digeirdivaa p doer  ssuu   BOE-A-cable e
propio  Estatuto  […]  en  cuanto  actúa  de  oficio  en  defensa  de  los  derechos  de  los 
ciudadanos  y  del  interés  público  tutelado  por  la  ley  (art.  1)  y  está  integrado  con 
autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2) por lo que de modo permanente lo está 
también en esta Sala (ATS de 12 de diciembre de 2013, rec. 1657/2013).
El apartado quinto de la disposición adicional 15.ª LOPJ declara al Ministerio Fiscal 
expresamente «exento de constituir el depósito que para recurrir viene exigido en esta 
Ley». El ATS de 12 de diciembre de 2013, rec. 1657/2013, recuerda que la Ley releva al 
Fiscal recurrente «de pago de tasas y de la constitución de depósitos».
La  LEC  2000  escindió  el  recurso  de  casación  tradicional  en  dos  recursos 
extraordinarios  distintos:  1)  el  recurso  por  infracción  de  una  norma  de  carácter 
sustantivo, único al que se denomina recurso de casación y cuyo conocimiento se 
atribuye a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (o a la Sala de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia en materia de Derecho civil foral o especial) y 2) el 
recurso extraordinario por infracción procesal, en el que pueden articularse los motivos 
antes  abarcados  por  la  casación  por  vicios  in  iudicando  e  in  procedendo.  En  la 
concepción de la LEC 2000 y siguiendo las pautas del Libro Blanco de la Justicia (CGPJ, 
1998) se pretendía descargar de trabajo al TS para potenciar su función nomofiláctica. 
Como se examinará infra, este modelo no se ha implementado íntegramente.
Como deslinda el propio TS «El sistema de recursos de la nueva LEC 2000 no es, en 
absoluto, coincidente con la distinción entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de las 
formas esenciales del juicio", establecida inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo 
limitarse el recurso extraordinario por infracción procesal a los vicios "in procedendo" y 
atribuir el control de los vicios "in iudicando" al recurso de casación, pues el ámbito 
jurídico material al que se circunscribe este último determina un desplazamiento de los 
temas de índole adjetiva hacía la esfera del otro recurso extraordinario, a través del cual 
incumbe controlar las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que no se 
circunscribe a las que enumera el art. 416 LEC 2000 bajo dicha denominación, sino que 
abarcan también las normas del enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base 
fáctica de la pretensión, de modo que las infracciones sobre normas relativas a la prueba 
deben  examinarse  en  el  marco  del  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal, 
dejando  el  de  casación  limitado  a  una  estricta  función  revisora  del  juicio  jurídico 
consistente  en  la  determinación  del  alcance  y  significado  jurídico  de  los  hechos 
probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto 
de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como, claro 
está, en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, en donde se 
resume el alcance de la infracción normativa que habrá de fundarlo, y en donde se 
concretan las cuestiones que constituyen el objeto del proceso a que ha de referirse la 
infracción normativa» (ATS de 12 de junio de 2007, rec. 461/2004, con cita de varios 
precedentes anteriores).
Casación  e  infracción  procesal  se  integran  en  la  categoría  de  los  recursos 
extraordinarios,  cuya  singularidad  radica  en  que  las  resoluciones  recurribles  son 
limitadas, los motivos del recurso están tasados, y se exigen formalidades rigurosas en 
la interposición. Además, los recursos extraordinarios no permiten la plena revisión de lo 
actuado, a modo de tercera instancia judicial (novum iudicium).
Deberá tenerse especialmente en cuenta la reforma de los recursos de casación y 
extraordinario por infracción procesal, llevada a cabo por la Ley 37/2011, de 10 de 
octubre,  de  medidas  de  agilización  procesal  y  la  modificación  de  las  causas  de 
inadmisión del recurso de casación, mediante la nueva redacción del art. 483.2 LEC  s
efectuada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. oe.
La Circular prestará especial atención al Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la  w.
Sala de lo Civil del TS de 27 de enero de 2017 sobre criterios de admisión de los  31ww
rdeec u2r0s1o7s) . dEes tcea Asaccuieórnd oy  seuxsttritauoyred ianla drieol  Ppolern oin fnraoc jcuiróisnd ipcrcoiocneasal ld e(e lna  Saadleal adnete l,o  ACcivuiel rddeol 
Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011. Fue dictado conforme a las previsiones
del art. 264 LOPJ y es aplicado de forma uniforme y constante por el TS, por lo que debe 
ser singularmente tenido en cuenta.
2. El recurso de casación
2.1  Ideas generales.
Este recurso puede definirse como el recurso extraordinario a través del cual se 
pueden impugnar con fundamento en la infracción de una norma jurídica sustantiva, en 
ciertos  casos,  las  sentencias  dictadas  en  segunda  instancia  por  las  Audiencias 
Provinciales.
El régimen legal del recurso de casación se contiene en los arts. 477 a 479 LEC.
La Ley 37/2011 generaliza el recurso de casación por razón de interés casacional, 
según  su  Preámbulo  para  «cumplir  de  forma  más  eficaz  los  fines  legalmente 
establecidos», esto es, la creación de criterios jurisprudenciales uniformes.
Debe partirse de que el recurso de casación «no es un recurso ordinario que de paso 
a una tercera instancia en la que el recurrente pueda someter a este tribunal la decisión 
del conflicto con plenitud de cognición» (STS n.º 398/2018, de 26 de junio y ATS de 19 
de junio de 2019, rec. 5721/2018), pues «la casación sirve para comprobar si ha sido 
correcta  la  aplicación  del  Derecho  sustantivo  a  la  cuestión  de  hecho»  (SSTS  n.º 
532/2011, de 18 de julio y 429/2018, de 9 de julio).
Para el TC «esta función de unificación de la doctrina corresponde a los órganos 
superiores de la Jurisdicción ordinaria, a través de los recursos de casación o revisión, 
siendo, pues, sus criterios los que resultan vinculantes como fuente complementaria del 
Derecho (art. 3.6 CC) sin perjuicio de la evolución de la propia doctrina originada en los 
órganos superiores o en la confirmación de resoluciones suficientemente fundadas de 
los inferiores» (STC n.º 246/1993, de 19 de julio).
Ese objetivo del recurso de casación de crear jurisprudencia no debe hacer perder de 
vista que como el TC ha declarado «ni puede exigirse que el órgano judicial quede 
vinculado  permanentemente  a  sus  propios  precedentes,  máxime  cuando  éstos  han 
podido incurrir en una incorrecta aplicación de la normativa aplicable, ni todo cambio de 
criterio implica un apartamiento arbitrario» (STC n.º 160/1993, de 17 de mayo).
Es importante subrayar -y ello, como se expondrá infra tiene un efecto directo en el 
ámbito de la casación- que la jurisprudencia no es necesariamente estática. Así, «si bien 
es cierto que los principios de igualdad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica y el 
derecho a la tutela judicial efectiva […] exigen cierta permanencia y estabilidad en la 
doctrina jurisprudencial, en cuanto que complementa el ordenamiento jurídico […], el 
cambio  de  criterio  jurisprudencial  está  permitido  por  la  reiterada  jurisprudencia  del 
Tribunal Constitucional, siempre que no sea arbitrario y esté motivado, no exige que 
previamente se anuncie, ni limita sus efectos para el futuro pues no se excluye para 
resolver el caso en que se produce el cambio ni los ya iniciados rigiendo el criterio que 
se modifica (STS n.º 545/2011, de 18 de julio, con múltiples citas).
La STC n.º 16/2015, de 16 de febrero, -con cita de la STEDH de 14 de enero 
de 2010, Atanasovski contra la ex República Yugoslava de Macedonia- ha declarado que 
la evolución de la jurisprudencia no es en sí contraria a la correcta administración de 
justicia, ya que lo contrario impediría cualquier cambio o mejora en la interpretación de 
las leyes.
Para el TC la finalidad básica de la casación «en un Estado de Derecho consiste en 
fijar y unificar la interpretación jurisprudencial de las leyes, y a la par asegurar el  e.e
sometimiento del Juez a la Ley como garantía de su independencia» (STC n.º 230/1993,  b
de 12 de julio). 31ww
contEran  clau asnetnot eanl coibaj edtioc tdaedla r eecnu raspoe dlaec cióans ayc iónno  ecso nimtrap olrata dnete  pterinmeer rpar einssetnatnec qiau,e s «ins eq udea 
pcounesdeacnu reenpcrioad, uinctiresger aenn  ceul emsitsiomnoe sc uneusetvioanse»s  (qSuTeS n no. ºs e6 9p1la/2n0te1a8r,o dne e 1n1 l ad ea lzdaicdieam yb qruee, ,c eonn 
cita de múltiples precedentes). En efecto, «el objeto del recurso extraordinario no es la
sentencia de primera instancia, que ha sido sustituida y eliminada del mundo jurídico por 
la de segunda instancia, incluso si ésta se remite a aquélla, que existirá jurídicamente 
por la remisión y no por sí misma» (SSTS n.º 16/2013, de 24 de enero y 603/2008, de 23 
junio).
Las/os Sras./es. Fiscales se abstendrán de interponer recursos cuando no vayan a 
tener un efecto útil ya que «no puede surtir efecto un motivo que no determine una 
alteración del fallo recurrido» (STS n.º 259/2019, de 10 de mayo) pues «el recurso no 
procede cuando la eventual aceptación de la tesis jurídica del recurrente conduce a la 
misma solución contenida en la sentencia recurrida […], incluso cuando no es correcta la 
doctrina seguida por sentencia impugnada si la estimación del recurso no produce una 
modificación del fallo […]. Este es el fundamento de la doctrina de la equivalencia de 
resultados o falta de efecto útil del recurso […] que lleva a la desestimación del recurso 
cuando la parte dispositiva de la sentencia, apoyada en una argumentación no aceptable 
jurídicamente, resulta, sin embargo, procedente conforme a fundamentos distintos que 
podrían haber sido utilizados para decidir la cuestión […]. Conforme a este criterio no 
procede acoger el recurso cuando, pese al fundamento de alguno de los motivos que lo 
sustentan, el fallo deba ser mantenido con otros argumentos […]» (SSTS n.º 713/2013, 
de 25 de noviembre y 429/2013 de 11 de junio, con cita de otras muchas).
Debe, no obstante, en este punto recordarse que se ha admitido que la sentencia 
causa un perjuicio directo cuando, aun habiéndose obtenido un fallo favorable, los 
fundamentos jurídicos de la sentencia perjudican a quien pretende recurrir (STS n.º 
1243/2000, de 29 de diciembre).
2.2  Resoluciones recurribles en casación.
2.2.1  Sentencias.
Es preciso que la sentencia se haya dictado en un procedimiento seguido para la 
tutela judicial civil de los derechos fundamentales o por razón de la cuantía si esta es 
superior a 600.000 € (art. 477.2.1.º2.º LEC).
Podrán recurrirse también en casación las sentencias dictadas por razón de la 
materia o por razón de la cuantía si esta no es superior a 600.000 € siempre que se 
demuestre que presentan interés casacional (art. 477.2. 3.º LEC).
Por tanto, todas las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias 
Provinciales son en principio recurribles en casación. Debe recordarse que no cabe 
apelación contra las sentencias dictadas en juicios verbales tramitados por razón de la 
cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros (art. 455.1 LEC).
Tras la reforma de 2011 queda claro ya que los supuestos del art. 477.2 LEC no son 
distintos y excluyentes sino que las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales 
pueden ser recurridas por interés casacional aunque se hubieran tramitado por razón de 
la cuantía y esta no supere los 600.000 euros (siempre que exceda de los 3.000).
Tanto en el recurso de casación como en el extraordinario por infracción procesal, 
solo son recurribles las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en segunda 
instancia (art. 477.2 y disposición final decimosexta 1 LEC), considerando como tales las 
sentencias  definitivas  que  ponen  fin  a  una  verdadera  instancia,  tras  la  tramitación 
ordinaria  de  un  proceso  (artículo  477.2  y  disposición  final  decimosexta  1  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil).
La exigencia de que la resolución haya sido dictada en segunda instancia supone 
excluir la posibilidad de casación per saltum prevista en el art. 1688 de la LEC 1881. s
Las cuestiones que no hayan sido objeto de apelación y sobre las que por tanto no  oe.
se haya pronunciado la Audiencia Provincial no pueden ser planteadas en casación. w.
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la cuantía del asunto haya permanecido como indeterminada o inestimable sin que exista
resolución en contrario.
Cuando la cuantía es de 600.000 euros justos sólo puede recurrirse por razón de 
interés casacional (vid. AATS de 17 de febrero de 2016, rec. 2624/2014 y de 16 de 
noviembre de 2016, rec. 1167/2015). Cuando la cuantía es indeterminada se asimila a 
cuantía inferior a 600.000 euros y sólo puede recurrirse por razón de interés casacional.
En el recurso de casación por razón de interés casacional, será causa de inadmisión 
la falta de acreditación del interés casacional (art. 483.2.3.º LEC).
Por lo que a las/os Sras./es. Fiscales interesa, serán pues recurribles en casación las 
sentencias dictadas en los procesos especiales regulados en el Libro IV de la LEC y las 
sentencias dictadas en la pieza de calificación del concurso, cuando se acredite interés 
casacional,  así  como  las  sentencias  dictadas  en  procesos  civiles  de  protección  de 
derechos fundamentales en todo caso.
2.2.2  Autos.
La  regla  general  es  la  de  que  están  excluidos  de  los  recursos  de  casación  y 
extraordinario por infracción procesal los autos y las demás resoluciones que no revistan 
forma de sentencia (vid. ATS de 7 de julio de 2019, rec. 138/2019).
Como excepción, el Acuerdo de 2017 se refiere a los autos que lo sean «conforme a 
reglamentos, tratados o convenios internacionales o de la Unión Europea (art. 477.2 
LEC, en relación con la norma aplicable en cada caso)».
Por ello, serán recurribles en casación o por infracción procesal los autos dictados en 
procesos  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  extranjeras  resueltos  al 
amparo del Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano 
de 16 de septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41); del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental;  y  Reglamento  (UE)  2019/1111,  de  25  de  junio  de  2019,  relativo  a  la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DOUE n.º 
178, de 2 de julio de 2019); del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento y del 
Consejo,  de  12  de  diciembre  de  2012,  relativo  a  la  competencia  judicial,  el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de 
cualesquiera  otras  normas  de  similar  naturaleza,  cuando  la  facultad  de  recurrir  se 
reconozca en el correspondiente instrumento.
La  recurribilidad  en  casación  de  estas  resoluciones  dictadas  encuentra  su 
fundamento en la primacía que las normas supranacionales integradas en el acervo 
comunitario presentan respecto de las de producción interna. Junto con esa primacía, es 
rasgo  característico  de  determinadas  normas  comunitarias,  particularmente  los 
Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa o efecto directo. Las consecuencias 
de los principios de primacía y del efecto directo de las normas comunitarias conducen 
tanto  a  la  inaplicación  de  las  normas  internas  incompatibles  o  contrarias  a  las 
comunitarias,  como  a  impedir  la  válida  formación  de  posteriores  actos  normativos 
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del Derecho de 
garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales, operándose una interacción 
entre ordenamiento interno y comunitario que se traduce, prima facie, en la interpretación 
de la legalidad interna conforme al derecho comunitario (AATS de 17 de enero de 2006, 
rec. 1122/2005 y de 4 de octubre de 2005, rec. 685/2005).
Debe  en  este  punto  recordarse  que  el  apartado  segundo  del  art.  55  de  la 
Ley  29/2015,  de  30  de  julio,  de  cooperación  jurídica  internacional  en  materia  civil,  e
establece que contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial resolviendo el  bo
exequátur, «la parte legitimada podrá interponer el recurso extraordinario por infracción  31ww
pErnojcueicsiaaml oie netlo  rCecivuilr»s oy  dqeu ec caosnafcoiórmn ed ea  scuo nafrotr. m5i4d.a8d e nco lno sl apsr opcreedvimisiioennetoss  ddee  leax eLqeuya tduer 
el FiDsceable «ráinnt erevnetnednrdáe sr ieimguparelm»e.nte  las/os  Sras./es.  Fiscales  que  cabrá  recurso  de
casación contra resoluciones que, debiendo adoptar la forma de sentencia, conforme a
las previsiones de los arts. 245 y ss LOPJ, hubieran asumido incorrectamente la forma 
de auto (vid. ATS de 19 de junio de 2019, rec. 105/2019).
2.2.3  Resoluciones no recurribles.
Conforme al Acuerdo de 2017 no son recurribles:
En primer lugar «las sentencias de las Audiencias Provinciales que carezcan de la 
condición de sentencia dictada en segunda instancia por acordar la nulidad y retroacción 
de  las  actuaciones  o  la  absolución  en  la  instancia,  o  por  resolver  una  cuestión 
incidental».
El  art.  477.2  LEC  limita  las  sentencias  recurribles  a  las  «dictadas  en  segunda 
instancia por las Audiencias Provinciales». Tal calificación es privativa de las sentencias 
que deciden el recurso de apelación contra la sentencia definitiva que pone fin a la 
primera instancia tras la tramitación ordinaria del proceso.
El recurso de apelación no abre la segunda instancia cuando se interpone contra 
resoluciones  interlocutorias  o  contra  resoluciones  que  ponen  fin  al  proceso,  pero 
decidiendo una cuestión procesal, y no de fondo.
Ello lleva a excluir del recurso las sentencias que deciden cuestiones incidentales 
(Ad exemplum ATS de 3 de julio de 2019, rec. 127/2019).
En este sentido, el TS ya se ha pronunciado sobre la imposibilidad de recurrir en 
casación las sentencias recaídas en procedimiento de audiencia al rebelde (AATS de 23 
de mayo de 2018, rec. 4969/2017; de 5 de abril de 2017, rec. 2938/2016 y de 15 de julio 
de 2015, rec. 1273/2014).
Así, una sentencia dictada por la Audiencia que declara la nulidad de un juicio 
acordando la retroacción al momento de la celebración no es recurrible en casación 
porque si bien la sentencia recurrida tiene la condición de sentencia de apelación, carece 
de la condición de «sentencia dictada en segunda instancia», en tanto que dispone la 
continuidad  de  los  trámites  procesales  en  primera  instancia  (ATS  de  17  de  enero 
de 2006, rec. 1263/2003).
La sentencia dictada en apelación revocando la de primera instancia que declaraba 
caducada una acción tampoco es recurrible en casación pues «que la caducidad de la 
acción sea una cuestión considerada como sustantiva no significa que resolver sobre 
ella, declarando que la acción no ha caducado, suponga resolver sobre el fondo del 
asunto» (STS n.º 315/2017, de 18 de mayo).
Actualmente se admite el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial recaída en los procedimientos de formación de inventario y de solicitud de 
liquidación  del  régimen  matrimonial,  superándose  la  anterior  calificación  de 
procedimientos incidentales generadores de sentencias no recurribles (vid. ad exemplum 
AATS de 8 de marzo de 2017, rec. 607/2016 y de 5 de abril de 2017, rec. 1256/2015).
En segundo lugar «las sentencias que debieron adoptar la forma de auto».
En  tercer  lugar  «las  sentencias  dictadas  o  que  debieron  dictarse  por  un  único 
magistrado,  por  no  actuar  la  Audiencia  Provincial  en  tales  casos  como  órgano 
colegiado».
Además de estos casos, no es recurrible una sentencia dictada en única instancia 
por un Tribunal Superior de Justicia respecto de un aforado al estar limitado el recurso a 
las sentencias dictadas en segunda instancia por Audiencias Provinciales (AATS de 17 
de junio de 2015, rec. 100/2015 y de 14 de octubre de 2008, rec. 181/2006).
Es  claro  igualmente  que  sólo  cabe  casación  contra  resoluciones  dictadas  en  s
procesos declarativos, no cuando lo que se impetra sea la tutela cautelar. oe.
Tampoco caben recursos extraordinarios en el proceso de ejecución, «como resulta  w.
cldooesm  lapo r poercnoe plsoioass  u redbseictcaalancrtióeansti  vpsorisset,ce esmipeátnotidsco aq  uceelna  rseaels  T relíatfusie lorne oInVr m,a d aloessl  c Lroiebncrtuoer nsIIiod, saa sle  vnee nlras  eaelr j eaécrstu.t ce5i óú6nl2t,i  maLlEo e Csx,oc balursierí    2020-1231n https://ww
los de casación e infracción procesal, estando incluso el de apelación limitado a los
casos expresa y taxativamente previstos, sin que pueda formularse de modo general ese
recurso devolutivo ordinario. […]» (AATS de 30 de noviembre de 2016, rec. 215/2016 y 
de 4 de febrero de 2003, rec. 1339/2002).
El  TS  ha  declarado  también  la  irrecurribilidad  en  casación  de  las  resoluciones 
dictadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria (AATS de 28 de febrero de 2012, 
rec. 1225/2011 y 17 de mayo de 2011, rec. 176/2011). El ATS de 2 de diciembre de 2008, 
rec. 698/2008, declara al respecto que «el legislador no ha previsto que las resoluciones 
que ponen fin a los procedimientos de jurisdicción voluntaria sean susceptibles de tal 
medio de impugnación extraordinario, no sólo por estar excluidos los Autos, incluso 
definitivos, sino por la más poderosa razón de que se limita la recurribilidad en casación 
a las Sentencias dictadas en segunda instancia, cuando la recaída en la primera puso fin 
a la tramitación ordinaria del proceso de declaración, es decir, a las que se regulan como 
juicios  ordinarios  o  especiales  en  la  LEC  2000  u  otras  leyes,  más  nunca  quedan 
asimiladas a esas Sentencias de segunda instancia las resoluciones recaídas en el 
ámbito de la jurisdicción voluntaria».
El art. 774 quinquies LEC redactado por Ley 15/2015, de 2 de julio, dispone en 
relación al procedimiento sobre medidas relativas a la restitución o retorno de menores 
en los supuestos de sustracción internacional que «contra la resolución que se dicte sólo 
cabrá recurso de apelación con efectos suspensivos, que tendrá tramitación preferente, 
debiendo ser resuelto en el improrrogable plazo de veinte días».
La Circular 6/2015, de 17 de noviembre, sobre aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, analiza este recurso. Es claro que la propia esencia del 
procedimiento de restitución excluye que tras la apelación pueda interponerse un ulterior 
recurso. En este sentido, el TEDH ha subrayado la necesidad de celeridad por existir una 
obligación de emplear diligencia excepcional, por el riesgo de que el paso del tiempo 
resuelva de hecho la situación (SSTEDH de 21 de julio de 2015 G.S. contra Georgia y 
de 17 de enero de 2012, Kopf y Liberda contra Austria).
Por ello, en estos procedimientos, las resoluciones sobre restitución o retorno de 
menores no son susceptibles de casación (en este sentido, AATS de 20 de marzo 
de 2019, rec. 11/2019 y de 23 de noviembre de 2016, rec. 782/2016).
Tampoco serán recurribles en casación los autos sobre internamiento por razón de 
trastorno psíquico (art. 763 LEC) ni los autos sobre ingreso en centros de protección 
específicos de menores con problemas de conducta (art. 778 bis LEC).
2.3  Fundamento del recurso.
2.3.1  Motivo general.
El recurso de casación sólo puede fundarse en un único motivo: la infracción de las 
normas  (sustantivas)  aplicables  para  resolver  las  cuestiones  objeto  del  proceso 
(art. 477.1 LEC).
Como declara el Acuerdo de 2017 «este fundamento es único o exclusivo, en el 
sentido de que el recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, no puede 
tener otro sustento».
Debe tratarse de normas de Derecho privado. La STS n.º 67/2007, de 8 de febrero, 
con cita de múltiples precedentes, declara que «[…] la recurrente ha buscado apoyo en 
tres preceptos de la Ley de Seguridad Social […] con lo que ha omitido la posición de 
esta Sala Primera respecto a que sólo cabe fundamentar un motivo de casación en la 
infracción de normas de derecho privado, civiles o mercantiles, con categoría de ley o 
asimiladas a las leyes […]» En el mismo sentido se pronuncia el ATS de 13 de febrero  s
de 2019, rec. 2005/2016. oe.
El art. 477.1 LEC se refiere genéricamente a la infracción de «normas». Tal redacción  w.
aebvirtiaeE,nn da eo df elaifce tprooe, sneicbsiia lic dodamed  madleug nuainlseo go apdrien o iotsr uadsso  ncptorrerinmcaeald slea jnu tdreíeds i qclaau ser  eqdfueeenr etnrnooc  isdaee ala nm  lapo rtoiivnpofira acmcacebinóetn ea  dlleeegy aeLrse .lya,   2020-1231n https://ww
infracción de otras normas sustantivas con rango distinto al de la Ley.
Cabe alegar infracción de preceptos constitucionales, no solo en el caso de procesos 
para la tutela de derechos fundamentales sino en cualquier proceso, y no sólo en 
relación con los artículos que regulan los derechos fundamentales sino respecto de 
cualquier  otra  norma  siempre  que  pueda  considerarse  sustantiva,  excluyéndose 
expresamente el art. 24 CE.
En este sentido, el inciso primero del apartado cuarto del art. 5 LOPJ dispone que 
«en todos los casos en que, según la Ley, proceda recurso de casación, será suficiente 
para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional».
Debe no obstante tenerse en cuenta que este precepto «no autoriza una especie de 
recurso de casación autónomo que proceda siempre que se alegue la vulneración de 
algún derecho fundamental, al margen de cualquier otro requisito legal, sino únicamente 
la posibilidad de fundamentarlo en la infracción de precepto constitucional, pero sólo en 
"los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación", ya que «el art. 5.4 LOPJ 
en  modo  alguno  establece  un  sistema  de  recursos  diferente  al  que  la  Ley  de 
Enjuiciamiento  Civil  regule  en  cada  momento,  ni  tampoco  un  catálogo  distinto  de 
resoluciones recurribles» (AATS de 28 de marzo de 2006, rec. 38/2006 y de 13 de 
septiembre de 2005, rec. 633/2005).
Cabe alegar infracción de normas con rango de Ley orgánica u ordinaria, así como 
de normas contenidas en Decretos Leyes y Decretos Legislativos.
Son inidóneas para fundamentar el recurso las normas de carácter genérico, por 
ejemplo, el art. 609 CC, pues «no es más que una "disposición preliminar" que describe 
los distintos modos de adquirir la propiedad, carente, por tanto, por su sentido genérico, 
de relevancia casacional» (SSTS n.º 763/2009, de 17 de noviembre y 87/2000, de 1 
febrero).
En cuanto a las normas de rango reglamentario, la regla general es la de que no son 
aptas para fundamentar la casación (vid. ATS de 23 de enero de 2019, rec. 2149/2016). 
La STS n.º 406/2002, de 25 de abril (con cita de múltiples precedentes) introduce las 
excepciones, al considerar que «la posibilidad de invocar otras disposiciones de rango 
inferior a la Ley o de naturaleza no civil queda reducida a los casos en que tales normas 
tengan  una  civil  como  cobertura,  o  sean  complementarias,  o  estén  íntimamente 
relacionadas». La STS n.º 847/1999, de 20 de octubre, añade que «asimismo, en ese 
sentido, se ha manifestado en esta sede la imposibilidad de la alegación de normas de 
carácter reglamentario, salvo que su fundamento se encuentre en el desarrollo de una 
ley sustantiva, en cuyo caso cabe citarlas con la disposición legal que le sirve de 
cobertura».
La  casación,  en  el  orden  jurisdiccional  civil,  no  permite  la  cita  de  normas 
administrativas  como  motivo  de  recurso,  salvo  que  sean  complementarias  o  que 
desarrollan preceptos de Derecho civil (SSTS n.º 155/2019 de 14 de marzo; 57/2011, 
de 25 febrero y ATS de 17 de julio de 2019, rec. 1522/2017).
El Acuerdo de 2017 expresamente declara que el recurso de casación civil no puede 
fundarse en normas administrativas, penales o laborales que no se pongan en relación 
con una norma civil.
Cabe articular un motivo de casación en la infracción de un principio general del 
derecho, pero para ello debe fundamentarse la norma que lo ampara o la jurisprudencia 
que lo acoge. La STS n.º 891/2001, de 8 de octubre, se pronuncia en este sentido: «para 
fundamentar un motivo de casación en la infracción de un principio general del derecho, 
ha de estar reconocido como tal en la ley o en la jurisprudencia, que debe ser citada 
expresamente, como ineludible exigencia para que pueda ser tenido en cuenta». s
Se admite que el recurso se articule por infracción de una norma extranjera. La STS  oe.
de 4 de julio de 2006, rec. 2421/1999, declara al respecto que «la ley aplicable puede ser  w.
infringida,  inaplicada,  etc.  y  no  debe  hacerse  diferencia  entre  derecho  extranjero  y  31ww
dsoemreecthidoo n aalc jiuozngaal duonra,  pvoerzq uqeu eo trsae  choan sdeecmuoesntcriaad soe qríuae t aenl tpor cimoemroo  iemsp eeld airp elilc aacbclee saol  aca losos 
Sreincu ersmobsa ergsota, blale dcoidcotrsi npao fro lram luelya d[…a e],n a udne mreácsu rdseo  dinefr cinagsiar claió nn opromr ain cfroancfcliicótnu adl eel sdpeareñcohlao.   BOE-A-cable e
extranjero no deba (sic) ser tenida como doctrina legal a los efectos del artículo 6.1 del 
Código civil, sin perjuicio de que pueda servir de pauta en posteriores conflictos ante los 
Tribunales españoles producidos en problemas semejantes en los que deban aplicarse 
las mismas normas jurídicas».
Hay también consenso en la posibilidad de invocar una norma sustantiva contenida 
en un Tratado internacional ratificado por España.
Igualmente es pacífica la posibilidad de invocar normas sustantivas de Derecho de la 
Unión europea, tanto originario como derivado.
Quedan excluidas las normas procesales. La Exposición de Motivos de la LEC lo 
explica: se ha perseguido que la actividad del TS se concentre en la revisión de errores 
de derecho material o sustantivo.
El TS afirma: el «desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacia la esfera del 
otro recurso extraordinario» (ATS de 8 de julio de 2015, rec. 1173/2014) pues a través 
del  recurso  de  infracción  procesal  «incumbe  controlar  las  cuestiones  procesales, 
entendidas en un sentido amplio, que […] abarcan también las normas del enjuiciamiento 
civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión […] cuya corrección debe 
examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de 
casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la 
determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados […]» (AATS 
de 27 de marzo de 2007, rec. 1431/2004; de 3 de mayo de 2007, rec. 2037/2004 y de 10 
de junio de 2014, rec. 2712/2013).
Desaparece como motivo de casación la infracción de la jurisprudencia, sin perjuicio 
de que la misma tenga relevancia como requisito de procedibilidad para fundamentar el 
interés casacional.
En el recurso de casación no tienen cabida ni las cuestiones de índole fáctica, ni los 
meros alegatos tendentes a imponer una resultancia probatoria o el resultado de una 
labor interpretativa o valorativa diferente al del Tribunal de instancia (ATS de 18 de 
octubre de 2005, rec. 1789/2001 y 22 de marzo de 2005, rec. 1254/2001).
En tanto prevalece la finalidad nomofiláctica de control de la aplicación de la norma y 
de creación de doctrina jurisprudencial, la técnica casacional «exige razonar sobre la 
infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la valoración probatoria […]» lo que 
«implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas sin apartarse de los hechos» 
(ATS de 17 de julio de 2019, rec. 1298/2017) «debiendo recordarse que el objeto del 
recurso de casación es la revisión del juicio jurídico, es decir, en la determinación y 
alcance de los hechos probados, lo que supone examinar únicamente la corrección de la 
interpretación  y  aplicación  de  la  norma  llevadas  a  cabo  por  el  Tribunal  "a  quo", 
comprobando la aplicación al supuesto de hecho previsto en la ley del previo juicio de 
hecho y la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma, de tal modo 
que el juicio fáctico queda siempre al margen del recurso de casación» (ATS de 8 de 
septiembre de 2008, rec. 1789/2005, con cita de varios precedentes).
El Acuerdo de 2017 señala al respecto que «los motivos del recurso de casación 
deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que 
implica: - que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva 
valoración probatoria; - que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos 
distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o 
parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de 
principio o hacer supuesto de la cuestión)». No es posible transformar la casación en una 
tercera instancia (SSTS n.º 25/2017, de 18 de enero; 122/2017, de 23 de febrero;  s
146/2017, de 1 de marzo y 196/2017, de 22 de marzo). oe.
En  el  escrito  de  interposición  deben  combatirse  únicamente  los  argumentos  w.
empleados  para  resolver  las  cuestiones  objeto  de  debate  que  constituyan  ratio  31ww
rdeefcuiedreznod (i.A TSQ udeed 1a1n  dee xscelupitdieoms blroes d ea r2g0u1m9e, nretocs.  1o4b4i6te/2r,0 1a9 ; mSaSyToSr  na.ºb u2n9d/2a0m1i7e,n dtoe  1o8  ddee 
enero y 362/2011, de 7 de junio, entre otras; Acuerdo de 2017).
2.3.2  Modalidades.
2.3.2.1  Requisitos comunes cuando se invoca interés casacional.
La Exposición de Motivos de la LEC en su apartado XIV define el interés casacional 
como «el interés trascendente a las partes procesales que puede presentar la resolución 
de un recurso de casación», defendiendo su objetivación en tanto «aporta más seguridad 
jurídica  a  los  justiciables  y  a  sus  abogados»  y  en  cuanto  «elimina  los  riesgos  de 
desconfianza y desacuerdo con las decisiones del Tribunal».
El  recurso  de  casación  por  interés  casacional  se  configura  como  la  modalidad 
genérica y genuina de este recurso extraordinario, dirigido a lograr la fijación de la 
doctrina jurisprudencial del TS o a la unificación de las doctrinas dispares existentes 
entre las diversas Audiencias Provinciales o a la fijación de la doctrina jurisprudencial 
respecto  de  una  norma  con  vigencia  inferior  a  5  años.  No  es  preciso  subrayar  el 
entronque de este recurso con la función específica atribuida al Ministerio Fiscal de velar 
por el respecto a la legalidad y promover la interpretación uniforme del ordenamiento y, 
en definitiva, los principios de igualdad ante la Ley y de seguridad jurídica.
El TS declara que la nueva casación basada en el interés casacional es un recurso 
en el que prevalece claramente el ius constitutionis (ATS de 3 de mayo de 2007, rec. 
2484/2003),  subrayando  reiteradamente  la  función  nomofiláctica  (ad  exemplum  ATS 
de 17 de julio de 2019, rec. 2776/2017) y limitando su objeto a una estricta función 
revisora del juicio jurídico (ATS de 12 de julio de 2011, rec. 2119/10).
Esa finalidad pública (ius constitutionis) que trasciende a la privada (ius litigatoris), 
explica que la reforma de la casación civil operada por Ley 37/2011 haya optado por 
generalizar el recurso de casación por razón del interés casacional: basta que concurra 
la necesidad de unificación o fijación de la interpretación de la ley para que pueda 
admitirse el recurso: al introducirse la expresión «cuando la cuantía del proceso no 
excediere  de  600.000  euros  o  este  se  haya  tramitado  por  razón  de  la  materia» 
(ordinal 3.º del art. 477.2 LEC), toda sentencia dictada en segunda instancia por una 
Audiencia Provincial, con las excepciones examinadas supra, puede ser recurrida en 
casación por interés casacional.
Lo que constituye «interés casacional» no es la mera diferencia entre la sentencia 
impugnada y otras resoluciones, sino la existencia de un previo y reiterado antagonismo 
entre  órganos  judiciales,  que  haya  determinado  la  existencia  de  «jurisprudencia 
contradictoria» que el legislador trata de evitar, permitiendo al TS sentar una doctrina con 
finalidad unificadora (ATS de 10 de junio de 2014, rec. 2712/2013).
El art. 477.3 LEC sólo contempla como supuestos en los que concurre el interés 
casacional que la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del TS, que 
exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, o que se apliquen 
normas que no lleven más de cinco años en vigor. La vulneración de la doctrina de los 
TSJ no puede fundamentar el interés casacional (AATS de 10 de enero de 2012, rec. 
748/2011 y de 26 de diciembre de 2007, rec. 709/2007, entre otros).
Tampoco  cabe  invocar  infracción  de  doctrina  constitucional.  Para  el  TS  «la 
justificación  del  interés  casacional  no  puede  ampararse  en  la  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional dada la claridad del art. 477.3 LEC […] sin que en consecuencia, visto el 
referido precepto, quepa anudar a la infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional 
invocada interés casacional alguno, lo que evidencia el sistema de «numerus clausus» 
que el legislador ha impuesto, y, además, está en concordancia con los efectos de la 
sentencia a que se refiere el art. 487.3 LEC, que impiden al Tribunal Supremo efectuar  e
declaración alguna sobre una eventual oposición a doctrina del Tribunal Constitucional,  bo
lo que patentiza que su vulneración no determina la existencia del «interés casacional»  31ww
(rAecA T1S61 5d/e2 02009 , ednet reju ontioro sd me u2c0h1o8s,) .rec.  863/2018  y  de  14  de  septiembre  de  2010,
puedTaem speor cloa  eDs irae cecsitóons  eGfeecnteorsa lj udries pRruedgeisntcroias  lay  dNoocttarirniaad does  ó(regna naodse lnaon tjeu,d iDciGalResN c):o m«lao 
jurisprudencia, alegable en casación, es tan solo la emanada del Tribunal Supremo, en
su Sala correspondiente a la materia que se aduce y, por tanto, no lo es la doctrina, de 
alto valor jurídico, que exponen las resoluciones de aquélla y cuyos argumentos podrán 
ser tenidos en cuenta, pero no son doctrina jurisprudencial» (STS n.º 978/2008, de 27 de 
octubre; AATS de 20 de enero de 2009, rec 1873/2006 y de 27 de julio de 2004, 
rec 91/2004).
El  TS  en  un  principio  negó  que  el  interés  casacional  pudiera  fundarse  en 
resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ATS de 20 de enero de 2009, 
rec 1873/2006). Sin embargo, posteriormente ha rectificado su criterio y en la STS n.º 
401/2010, de 1 de julio, declara terminantemente que hay que concluir que «es suficiente 
la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés casacional».
Conforme al Acuerdo de 2017 «el recurso de casación por interés casacional va 
encaminado a la fijación de doctrina jurisprudencial (art. 487.3 LEC). A los requisitos 
comunes a todo recurso de casación hay que añadir los siguientes: a) La justificación, 
con la necesaria claridad, de la concurrencia del interés casacional. b) Debe tenerse en 
cuenta que el recurso no puede ser admitido, entre otros supuestos […] si el criterio 
aplicable para resolver el problema planteado depende única o sustancialmente de las 
circunstancias fácticas de cada caso; o si la aplicación de la jurisprudencia invocada o 
pretendida solo puede llevar a una modificación del fallo mediante la omisión total o 
parcial o de los hechos que la Audiencia Provincial considere probados».
Se incurre en inadmisión si no se establece con precisión «cual es la jurisprudencia 
que se solicita sea fijada, declarada infringida o desconocida […]» (ad exemplum, ATS 
de 5 de octubre de 2015, rec. 435/2015).
No basta enumerar sentencias: «si bien se citan varias Sentencias de esta Sala con 
un criterio jurídico que se dice coincidente, la parte recurrente se limita a enumerarlas, no 
llegando a razonar cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada por la Sentencia 
recurrida la doctrina del Tribunal Supremo denunciada, lo que resulta imprescindible para 
que la Audiencia pueda examinar el supuesto de recurribilidad invocado y decidir sobre 
la preparación del recurso de casación» (AATS de 12 de mayo de 2009, rec. 1154/2008; 
28 de abril de 2009, rec. 429/2007 y 21 de abril de 2009, rec. 524/2007).
Debe ponerse en directa relación la pretendida infracción normativa con el interés 
casacional alegado (STS n.º 415/2010, de 7 de julio). Por ello no puede invocarse la 
jurisprudencia infringida sin conectarla con la norma vulnerada.
No obstante, el TS introduce pautas flexibilizadoras, y así ha declarado que «aun no 
quedando rigurosamente justificado el interés casacional, el recurso puede ser admisible 
si sobre el problema jurídico planteado […] existe jurisprudencia de esta Sala y la 
sentencia recurrida ha resuelto de forma contraria a ella (STS n.º 339/2016, de 24 de 
mayo).
2.3.2.2  Oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
La oposición a la jurisprudencia del TS deja de ser un motivo autónomo de casación 
para constituir un supuesto de interés casacional.
Deben, al respecto, tenerse en cuenta los siguientes puntos.
No puede considerarse que tengan carácter jurisprudencial unas sentencias cuando 
existan otras de fechas más recientes que se aparten de dicha doctrina.
Si  existe  jurisprudencia  del  TS,  concurrirá  interés  casacional  si  la  Audiencia 
Provincial la contradice, pero no si la respeta.
No  concurrirá  interés  casacional  cuando  la  sentencia  invocada  examina  «un  e
supuesto  con  evidentes  peculiaridades»  derivadas  de  las  circunstancias  concretas  bo
concurrentes (ATS de 31 de marzo de 2009, rec. 2417/2005). 31ww
fundUanmae nútnairc ae l sreenctuernscoia p doer l inTtSer énso  ccarseaac ijounriaslp r(uedne necsitae  ys ennoti deos ,A pToSr  dtaen t5o ,d aep otac tupbarrea 
de 2E0l1 c6o, nrecec.p 4to7 4d/e2 0ju1r6is).prudencia comporta, en principio, reiteración en la doctrina de la
Sala Primera del Tribunal Supremo. Es necesario, en consecuencia, que en el escrito de
interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y 
que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o 
desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas (ATS de 11 de septiembre 2019, 
rec. 31/2019).
Sin embargo, aun cuando el art. 1.6 del Código Civil recoge el carácter reiterado que 
ha  de  presentar  la  doctrina  jurisprudencial  «en  determinados  supuestos  es 
perfectamente posible que baste una sola sentencia, para justificar la oposición a la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, como en el caso de una sentencia de la 
Sala Primera en Pleno que, de un modo expreso y razonado, cambia el criterio hasta ese 
momento  seguido  […]  al  igual  que  existen  otras  excepciones  a  la  necesidad  de 
reiteración de jurisprudencia, […] cual sucede cuando se declara lo que corresponda, 
según los términos en que se hubiese producido la oposición a la doctrina jurisprudencial 
o la divergencia entre Audiencias Provinciales, a tenor de lo dispuesto en el art. 487.3 
[…] (ATS de 22 de marzo de 2005, rec. 938/2004 y Acuerdo de 2017).
El Acuerdo de 2017 especifica que «las sentencias de la sala deben ser identificadas 
por su número y fecha […] o, excepcionalmente, si no tuviera número, por su fecha y el 
número del recurso […]. Se extractará su contenido y, de incluir citas literales, se 
limitarán  a  los  bloques  relevantes  para  resolver  el  problema  jurídico  planteado.  Es 
recomendable la cita jurisprudencial únicamente en lo que interese confrontar con la 
resolución recurrida […]».
2.3.2.3  Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Conforme  al  art.  477.3  LEC  «se  considerará  que  un  recurso  presenta  interés 
casacional cuando la sentencia recurrida […] resuelva puntos y cuestiones sobre los que 
exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales».
La jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, como modalidad del 
interés casacional prevista en el artículo 477.3 LEC, comporta la existencia de criterios 
dispares entre secciones de Audiencias mantenidos cada uno con la suficiente extensión 
e igual nivel de trascendencia, de modo que puedan calificarse como jurisprudencia 
operativa en el grado jurisdiccional correspondiente a estos tribunales. En consecuencia, 
tiene que acreditarse que existen soluciones diferentes para el mismo problema por 
parte de distintas Audiencias y que no existe jurisprudencia del TS sobre dicho problema 
(ATS de 7 de marzo de 2018, rec. 4308/2017 y Acuerdo de 2017).
Para justificar esta contradicción, esta modalidad del recurso por interés casacional 
exige citar al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una Audiencia 
en las que se decida en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una 
misma sección de una Audiencia, diferente de la primera, en las que se decida en 
sentido contrario. En uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida.
El Acuerdo de 2017 introduce también una modulación en este punto: «este requisito 
se flexibilizará cuando el elevado número de secciones de una Audiencia Provincial 
dificulte objetivamente su cumplimiento. No obstante, no será imprescindible la cita de 
sentencias con los requisitos indicados cuando, a criterio de la Sala Primera, conste de 
manera  notoria  la  existencia  de  jurisprudencia  contradictoria  de  las  Audiencias 
Provinciales  sobre  el  problema  jurídico  planteado.  Para  ello  es  necesario  que  el 
problema  haya  sido  debidamente  puntualizado  por  la  parte  recurrente  y  se  haya 
justificado  la  existencia  de  un  criterio  dispar  entre  Audiencias  mediante  la  cita  de 
sentencias contrapuestas».
Si existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales pero existe  e
jurisprudencia del TS y la sentencia recurrida es conforme a la jurisprudencia del TS no  bo
concurrirá interés casacional. En este sentido se pronuncia el ATS de 5 de octubre  31ww
de 2S0i1 e5x, isretec .j u4r3is5p/2ru0d1e5n.cia contradictoria de las Audiencias Provinciales y también existe
cjuarsisapcriuodneanl csiae rdáe l dTeS  ya plare sceianrt epnocira  lrae ccuorrnidtraa dciocnctiróanr íad ela  jluar isspernutdeenncciaia  ddee l TlaS ,A eul dinietenrcéias 
Provincial  con  la  jurisprudencia  del  TS,  no  por  la  concurrencia  de  jurisprudencia
contradictoria entre Audiencias Provinciales, si bien esa contradicción entre Audiencias 
puede articularse como motivo subsidiario al principal.
La contradicción ha de producirse entre diferentes órganos de apelación sobre un 
punto o cuestión jurídica, pues el supuesto de "interés casacional" radica, no en la mera 
diferencia entre la sentencia impugnada y otras resoluciones, sino en la existencia de un 
antagonismo reiterado entre órganos jurisdiccionales de segunda instancia, permitiendo 
al  TS  sentar  una  doctrina  con  finalidad  unificadora,  por  ello  se  precisa  que  la 
discrepancia sea repetida (AATS de 17 de mayo de 2005, rec. 257/2005 y de 19 de abril 
de 2005, rec. 110/2005, entre otros muchos).
Conforme  al  Acuerdo  de  2017  «la  parte  recurrente  debe  expresar  el  problema 
jurídico sobre el que existe la contradicción que alega, indicar de qué modo se produce 
esta y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en 
la  sentencia  recurrida  y  aquel  sobre  el  que  versa  la  jurisprudencia  contradictoria 
invocada».
Incurre en defecto de planteamiento el recurso que «acogiéndose a la diferencia de 
tratamiento en las distintas Audiencias Provinciales sobre una misma cuestión jurídica, 
se limita a aportar varias sentencias que proceden de distintas Audiencias, y secciones 
de las mismas, sin cumplir el requisito de que al menos sean dos coincidentes de la 
misma Audiencia y sección» (STS n.º 92/2016, de 19 de febrero).
No existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales cuando las 
sentencias de referencia resuelven cuestiones de hecho (SSTS n.º 659/2011, de 3 
octubre y 578/2011, de 21 julio).
Debe tenerse presente que en ocasiones el TS modera las exigencias generales 
para acreditar el interés casacional en estos supuestos de jurisprudencia contradictoria 
de las Audiencias Provinciales. Así, en un procedimiento de consumidores, la STS n.º 
401/2010, de 1 de julio, declara que «no todas las formalidades son exigibles con 
idéntica intensidad en todos los supuestos, ya que […] en materias como la presente, la 
doctrina jurisprudencial genérica precisa de una respuesta específica a las singulares 
cuestiones planteadas, dado que la potencial fuerza expansiva de las sentencias puede 
trascender a terceros al amparo del artículo 221 regla 2.ª de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, lo que podría provocar que en el caso de declaración de nulidad de una cláusula 
deviniese inviable una sola segunda sentencia contradictoria».
En  este  mismo  sentido,  la  STS  n.º  792/2009,  de  16  de  diciembre,  en  un 
procedimiento de impugnación de cláusulas abusivas bancarias.
2.3.2.4  Cuando la sentencia recurrida aplique normas que no lleven más de cinco 
años en vigor.
Conforme  al  art.  477.3  LEC  «se  considerará  que  un  recurso  presenta  interés 
casacional cuando la sentencia recurrida […] aplique normas que no lleven más de cinco 
años en vigor […]».
El recurso podrá referirse a la novedad de la norma que se aplicó o a la novedad de 
la norma que debió ser aplicada.
En  estos  supuestos  es  necesario  que  no  exista  doctrina  jurisprudencial  del  TS 
relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
El Acuerdo de 2017 exige identificar «el problema jurídico sobre el que no exista 
jurisprudencia y que haya sido resuelto o debiera haberlo sido mediante la aplicación de 
una norma de menos de cinco años de vigencia» y justificar «que no existe doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de  e
igual o similar contenido». bo
En cuanto al cómputo de los cinco años de vigencia de la norma aplicable para el  31ww
vAicguoer ryd oc odme o2 0d1ie7s  «adde qbuee emfe lcat ufaercshea  teonm aqnudeo la c onmorom dai efuse a i nqvuooc alad afe cphoar  pdreim seur ae nvterazd ean e enl 
dpero 2ce0d0i9m, ireenct.o 1»4. 0L/o2s0 0A8A yT dSe  d8e  d2e3 s edpet iemmabrzroe  ddee  22000190, , rerecc. .2 170231//22000079,;  fdijaen 3 s1in d eem mbaarrgzoo 
como dies ad quem la fecha en la que se dicte la sentencia recurrida, criterio este último
que  se  considera  más  acertado  por  aportar  mayores  dosis  de  seguridad  en  su 
determinación.
No cabrá ampararse en este motivo ante modificaciones puramente formales, como 
puede ser el cambio de ubicación de una norma.
Un ejemplo de novedad solo aparente, que no puede fundamentar el recurso, es 
analizado por el ATS de 13 de marzo de 2017, rec. 2265/2003: «la reforma de la LPH a 
la que se hace referencia como norma con vigencia inferior a cinco años, efectuada por 
la Ley 8/1999, de 6 de abril, no modificó todos los preceptos de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal, e incluso respecto de algunos de aquellos preceptos se 
limitó a cambiarlos de ubicación; y es que, mencionados en el escrito preparatorio los 
arts. 12 y 17.1 de la LPH, resulta que respecto del primero de ellos la Ley 8/1999 se 
limitó  a  cambiar  su  ubicación,  pues  anteriormente  estaba  numerado,  con  idéntico 
contenido, como art. 11 […], por lo que en modo alguno pueden considerarse como 
normas "nuevas". Y respecto del párrafo primero del art. 17, éste no difiere, en lo 
sustancial, de la norma primera, párrafo primero, del antiguo art. 16, en cuanto ambas 
declaran ser exigible la unanimidad para la validez de los acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo o en los 
estatutos, por lo que tampoco cabe hablar propiamente de norma "nueva" con relación al 
invocado art. 17.1.a, párrafo primero».
Si pese a la novedad de la norma existe doctrina jurisprudencial no concurrirá interés 
casacional, salvo que la sentencia recurrida sea contraria a dicha jurisprudencia, en cuyo 
caso, el recurso de casación debe articularse por esa contrariedad y no por la novedad 
de la norma (en este sentido, vid. ATS de 31 de marzo de 2009, rec. 140/2008).
Si concurre el requisito de la novedad de la norma y la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de Audiencias Provinciales, el recurso de casación podrá articularse por 
ambas vías.
La norma nueva invocada debe ser la norma sustantiva cuya infracción se alega para 
articular el recurso de casación.
Habrá de entenderse que puede acaecer la desaparición sobrevenida del interés 
casacional cuando tras la sentencia recurrida la jurisprudencia del TS hubiera resuelto el 
problema jurídico planteado en contra del criterio propugnado por la parte recurrente.
2.3.2.5  Cuando no exista jurisprudencia.
La  interpretación  judicial  de  la  legalidad  «constituye,  junto  con  la  modificación 
normativa,  uno  de  los  instrumentos  para  la  adaptación  del  Derecho  a  la  realidad 
cambiante» (STC n.º 242/1992, de 21 de diciembre).
Ya el Libro Blanco de la Justicia (CGPJ,1998) postulaba la necesidad «de regularse, 
con independencia de la cuantía, la posibilidad de que las resoluciones tradicionalmente 
recurribles sean revisables en casación por el Tribunal Supremo cuando versen sobre 
una cuestión de interés general sobre la que no se haya pronunciado con anterioridad el 
Tribunal Supremo».
Las/os  Sras./es.  Fiscales  deberán  tener  especialmente  en  cuenta  un  supuesto 
admitido por el Acuerdo de 2017: «[…] no será imprescindible la cita de sentencias 
cuando, a criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la parte recurrente justifique 
debidamente la necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en 
relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o 
la  común  opinión  de  la  comunidad  jurídica  sobre  una  determinada  materia.  Esta 
excepción tiene el carácter extraordinario que se desprende de su naturaleza. Por ello, el  e
recurso no será admisible cuando la Sala Primera del Tribunal Supremo no considere  bo
que su jurisprudencia deba ser modificada». 31ww
variaEnsttees .p Ausnít,o e l dTeSl  dAecculaerrad oq udee l a2 f0a1lta7  dhea t ostaidl oc oeinfecicdteivnacmiae enntetr ea lpalsic asednot ecnocnia sd icvietardsaass 
perne ecils raemcuernstoe  yp loar m laa teprrioap liiati gnioosvae dnaod s ideem plare m eaxtceluriyae  qeul ein tpelraénst ecea seal crioencaulr s«op upeosr  cinutaenrdéos 
casacional  resulte  prácticamente  imposible  la  invocación  de  sentencias  que
específicamente traten de la misma, será admisible aquel recurso que […] someta a la 
decisión de esta Sala una cuestión jurídica relevante y de interés general citando como 
exponentes de su doctrina jurisprudencial las sentencias que, versando sobre materias 
relacionadas  con  esa  cuestión,  puedan  considerarse  representativas  de  unos 
determinados criterios o postulados jurisprudenciales de carácter más general pero que, 
a modo de principios, permiten dar respuesta fundada a la nueva cuestión planteada, 
máxime si además de las sentencias citadas en el recurso cabe tener en consideración 
otra u otras igualmente dictadas por esta Sala que también guarden relación con la 
cuestión de que se trate» (SSTS n.º 142/2016, de 9 de marzo y 889/2010, de 10 de 
enero de 2011).
También ha declarado el TS que «el interés casacional del recurso se justifica 
porque, tanto en la fecha en que se dictó la sentencia recurrida como al tiempo de 
interponerse el recurso de casación y de dictarse el auto de admisión, no existía doctrina 
jurisprudencial específica que resolviera la contradicción de criterios hasta entonces 
existente en torno a la interpretación […]» (STS n.º 133/2015, de 23 de marzo).
Igualmente se ha establecido que en el recurso de casación por interés casacional 
en su modalidad de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial del 
TS «[…] lo decisivo es que la aplicación del derecho por la sentencia impugnada para 
resolver  el  caso  litigioso  se  contraste  con  los  criterios  de  decisión  de  esta  Sala, 
mantenidos en dos o más sentencias […], sobre casos, si no idénticos, sí al menos 
similares en cuanto a sus circunstancias de hecho, salvo que por tratarse de un caso 
singular, nunca antes tratado por el Tribunal Supremo o bien tratado por una sola 
sentencia, el interés general en la formación de doctrina jurisprudencial, de evidente 
relación con el principio de seguridad jurídica […], pueda identificarse con el interés 
casacional del art. 477.2-3.º LEC» (STS n.º 857/2010, de 3 de enero de 2011).
2.3.2.6  Interés casacional foral.
El párrafo segundo del apartado tercero del art. 477 LEC dispone que «cuando se 
trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, 
se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se 
oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre 
normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente».
Es el denominado interés casacional foral que, con más claridad que el recurso ante 
el TS, puede surgir: a) en los supuestos de contradicción con la doctrina jurisprudencial 
(se entiende, del TSJ) o b) cuando no existe doctrina del Tribunal Superior sobre el 
precepto de Derecho especial aplicado.
El interés casacional foral debe referirse a la interpretación de normas forales, no de 
las comunes.
No cabrá apoyar el interés casacional en la jurisprudencia del TS ni en la de las 
Audiencias Provinciales, en relación a normas comunes.
También cabrá en los casos en que exista disparidad de doctrina entre distintas 
Secciones de la Audiencia o entre las Audiencias Provinciales comprendidas en la 
jurisdicción del TSJ.
En este sentido se ha considerado que «[…]sólo se puede articular el "interés 
casacional foral", como puerta de entrada al Recurso de casación de que se trata, en el 
sentido de que la infracción o aplicación indebida de normas referidas en el mismo deba 
afectar, inexcusablemente, a precepto foral […], y con que el único Tribunal competente 
para resolver ese recurso lo es el de la Comunidad Autónoma de que se trate, ya que el  e
mismo es el llamado a crear jurisprudencia al respecto, por cuanto la sustrae legalmente  bo
de la, general en otros casos, del Tribunal Supremo […] por ello, el "interés casacional  31ww
froerfaelr"ir, sees a d lias tiinnttoe rdperel ta"ccoiómnú dne",  nyo raml apsla nfoteraalresse,  naon ted ee ll aTsr icboumnauln dees  [l…a ]A nuoto ncoambeía a, pdoeybaer 
aoqtruoís  eTl ri"binutnearéless  cParsoavciniocniaalle" se, ne nla  redloacctiróinna a e nstoarbmleacsi dcao mpourn eesl  T[…rib]u, npaolr  Smuupyre pmaore, cyi dpaosr, 
análogas o similares que sean a las forales […] sólo cabe proponer el Recurso de que se
trata en relación a jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia, o en los casos en 
que exista disparidad de doctrina entre distintas Secciones de la Audiencia o entre las 
Audiencias Provinciales comprendidas en la jurisdicción de aquél» (STSJ Navarra n.º 
7/2003, de 26 de febrero).
2.3.2.7  Tutela de derechos fundamentales.
El art. 249.1, 2.º LEC establece que se decidirán en juicio ordinario las demandas 
«que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las 
que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se 
refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio 
Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente».
Por tanto, tras la derogación del cauce incidental previsto en la Ley 62/1978 por la 
disposición derogatoria única de la LEC, la tutela de los derechos fundamentales en el 
proceso civil se tramita por el cauce del juicio ordinario.
Conforme  al  art.  477.2.1.º  LEC  «serán  recurribles  en  casación  las  sentencias 
dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales […] cuando se dictaran 
para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el 
artículo 24 de la Constitución».
Para poder articular el recurso de casación por esta vía no es suficiente con que se 
invoque la conculcación de un derecho fundamental, sino que es necesario que la 
demanda se haya sustanciado a través de los trámites para la tutela de derechos 
fundamentales.
El objeto del proceso es el que determina este cauce específico de acceso al recurso 
de casación, por lo que es únicamente aplicable a los juicios relativos a la protección 
jurisdiccional  de  los  derechos  fundamentales  a  que  se  refiere  el  art.  53.2  de  la 
Constitución, de ahí que la previsión normativa contemple en este caso la recurribilidad 
en casación de las sentencias recaídas en procesos referidos a la tutela civil del honor, 
intimidad, imagen u otro derecho fundamental, mas no en aquellos atinentes a derechos 
reales, contratos o cualesquiera otra cuestión civil o mercantil, en los que no cabe utilizar 
el referido ordinal 1.º del art. 477.2 por el simple medio de citar como infringido un 
precepto constitucional, aunque tenga relación con la materia debatida en el pleito (vid. 
AATS de 23 de marzo de 2010, rec. 721/2009; de 1 de junio de 2004, rec. 367/2004 y 
de 27 de marzo de 2007, rec. 129/2007). Esta pauta ha sido recogida también por el 
Acuerdo de 2017 (epígrafe IV.3.4).
Aplicando esta doctrina se ha declarado por ejemplo que el procedimiento sobre 
reclamación de filiación no es un proceso para la tutela civil de derechos fundamentales 
(ATS de 27 de marzo de 2007, rec. 129/2007). Así también se ha rechazado a estos 
efectos la violación del art. 47 CE en relación con un proceso de desahucio, pues no es 
un proceso de tutela civil de derechos fundamentales (ATS de 11 de enero de 2017, rec. 
239/2016).
Tampoco serán alegables por esta vía el principio de protección a la familia (art. 39 
CE), el derecho de propiedad (art. 33 CE) o la libertad de empresa (art. 38 CE) pues no 
son derechos fundamentales y no pueden protegerse a través del procedimiento de 
protección de derechos fundamentales (art. 53.2 CE).
Es necesario además alegar la vulneración de un derecho fundamental sustantivo 
que  haya  sido  vulnerado  en  la  realidad  extraprocesal.  La  infracción  de  derechos 
fundamentales  procesales  (art.  24  CE)  habrá  de  articularse  por  medio  del  recurso 
extraordinario por infracción procesal. e
En los casos en los que se acude improcedentemente a este motivo por no haber  bo
sido la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales el específico objeto del litigio,  31ww
rceocnusrirdeenrtae  ehl uTbSie raq uaec r«elad itamdeon ceiónn  eel rreósnceriato  ddee t apl revpíaa rsaecrióían  tlaam  ebxiéisnt einrrceiale vdaen tein tseir éesl 
cdaessapcuiéosn»a l(»A,T pSe rdoe  s2i 4n doe l ofe hbare hroe cdheo 2 e0l0 d9e, freecct.o 2 e0s7 /i2n0s0u8b)s.anable «sin que pueda suplirse
A la inversa, acudir improcedentemente a la vía del interés casacional (art. 477.2.3.º 
LEC) cuando se recurren sentencias dictadas en segunda instancia en procesos sobre 
tutela judicial civil de los derechos fundamentales (cuya vía correcta sería el art. 477.2.1.º 
LEC), no determina por sí misma la inadmisión del recurso (vid. STS 620/2018, de 8 de 
noviembre).  Tal  defecto  se  ha  considerado  como  causa  de  inadmisión,  pero  en 
supuestos  en  los  que  concurrían  otras  causas  (ATS  de  20  de  julio  de  2016,  rec. 
3476/2015).
Las  sentencias  dictadas  en  los  procesos  en  los  que  se  ejercite  el  derecho  de 
rectificación regulado en la LO 2/1984, de 26 de marzo, no son susceptibles de recurso 
de casación al amparo del art. 477.2.1 LEC. No obstante, en estos casos, tramitándose 
como  procedimiento  específico  por  razón  de  la  materia  (juicio  verbal  con  las 
especialidades  previstas  en  el  art.  6  LO  2/1984)  la  sentencia  será  susceptible  de 
casación en su caso, pero por la vía del interés casacional (art. 477.2 LEC).
En este sentido se pronuncia el TS que declara que «la referencia al derecho de 
rectificación no debe sacarse del contexto en que se produce, y debe ser entendida en 
sus justos y estrictos términos […] que no se trata de un verdadero derecho fundamental 
al  que  el  legislador  haya  querido  dar  un  tratamiento  procesal  distinto  se  pone  de 
manifiesto con la simple lectura de la Exposición de Motivos de la LEC 2000, en cuyo 
apartado X se deja bien claro que la voluntas legislatoris es estatuir para los derechos de 
tal naturaleza un cauce procedimental común -el correspondiente al juicio ordinario- cuya 
tramitación se considera más expeditiva que la de la Ley de Protección Jurisdiccional de 
los Derechos Fundamentales, dando así cumplimiento a las previsiones contenidas en el 
art. 53.2 de la CE, separando, en cambio, del conjunto de estos derechos aquellos que 
en sí mismos constituyen derechos y garantías procesales, para los cuales considera 
ilógico establecer un procedimiento especial, optando por proporcionar los mecanismos 
precisos para que su vulneración se remedie en el seno mismo del proceso en donde ha 
tenido lugar. […] El derecho de rectificación no tenía antes, ni tiene ahora, naturaleza de 
derecho fundamental […]» (vid. AATS de 15 de marzo de 2017, rec. 2595/2016 y de 23 
de junio de 2009, rec. 1629/2007).
Debe en este punto recordarse la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2001, 
de 5 de abril, sobre la incidencia de la nueva LEC en la intervención del Fiscal en los 
procesos civiles que expresamente declara en relación con el derecho de rectificación 
que su «[…] tutela se recabará, sin la intervención del Fiscal, a través del juicio verbal 
conforme a los arts. 250.1.9.º LEC y 6 LO 2/1984».
A través de esta vía puede recurrirse la resolución dictada en el procedimiento para 
la protección de derechos fundamentales aunque lo que se alegue no sea propiamente 
la infracción del derecho fundamental sino de alguna norma sustantiva que lo desarrolle. 
En este sentido se ha admitido el recurso por infracción del art. 9.2 de la LO 1/1982, 
regulador de la condena a publicar el fallo de la sentencia (vid. ATS de 17 de junio 
de 2008, rec. 827/2007); por infracción del art. 9.3 de la LO 1/1982, que establece las 
pautas para determinar el quantum indemnizatorio (vid. SSTS n.º 166/2015, de 17 de 
marzo y 12/2014, de 22 de enero) y por infracción del art. 9.5 LO 1/1982, sobre la 
caducidad de la acción (STS n.º 725/2016, de 7 de diciembre).
2.3.2.8  Resoluciones recurribles en atención a la cuantía.
La cuantía del pleito ha sido un parámetro tradicional a la hora de delimitar el acceso 
a la casación. Su concreción ha evolucionado, incrementándose paulatinamente con el 
fin de reducir el número de asuntos a resolver por el TS. El establecimiento de una  e
summa gravaminis para la admisibilidad del recurso de casación tiene fundamento en el  bo
designio de procurar que la Justicia se imparta de la forma más rápida y eficaz posible. 31ww
La LLEaC r edfeo r2m0a0 0d elo l afi jLóE eCn  e2n5  1m9i9ll2o ninecsr edme epnetsóe etal slí.m Eilt eR deea lt rDeesc are steoi s1 4m1i7llo/2n0e0s1 d lea  pceosnevtiratsió. 
emne deiduaross d, et raagnislifzoarcmióánn dporolac eesna l 1la5 0h.a0 0e0le veaudroo sa.  6L0a0 .L0e0y0  e3u7r/o2s0.11 de 10 de octubre, de
Conforme al Acuerdo del Pleno de 4 de abril de 2006 «[…] la cuantía que permite el 
acceso a la casación es la cuantía litigiosa discutida en el recurso de apelación, por lo 
que la reducción del objeto litigioso sólo operará de primera a segunda instancia».
En la línea de este Acuerdo, el TS ha declarado que la reducción del objeto litigioso 
en la segunda instancia conlleva la correlativa reducción de la cuantía litigiosa, que 
queda entonces circunscrita a la materia debatida en la apelación y no comprende 
aquella que, por una u otra razón, hubiese devenido pacífica (SSTS n.º 557/2008, de 12 
de junio y 477/2008, de 29 de mayo).
También en aplicación de este Acuerdo se ha declarado que «[…] la cuantía que ha 
de tenerse en cuenta es aquella que hubiera sido litigiosa en la segunda instancia, en 
que se dictó la sentencia recurrida. En nuestro caso, la suma reclamada en primera 
instancia era de 652.398,12 euros. En la medida en que la demanda fue desestimada y 
recurrieron los demandantes, quienes reiteraron sus pretensiones, la cuantía litigiosa en 
apelación  siguió  siendo  652.398,12  euros.  Suma  superior  al  límite  previsto  en  el 
art. 477.2.2.º LEC para que el recurso pueda tener acceso por razón de la cuantía» (STS 
n.º 87/2019, de 13 de febrero).
Por tanto, las incidencias que se produzcan durante el proceso que incidan en el 
quantum objeto de discusión, como puedan ser allanamientos parciales, desistimientos 
parciales o el aquietamiento de la actora a la sentencia de primera instancia que estima 
parcialmente la demanda, afectan a la determinación de la cuantía mínima para recurrir 
en casación.
La determinación de la cuantía litigiosa en los casos de acumulación de autos, e 
incluso de acciones cuando tienen su fundamento en distinto título «[…] supone la 
improcedencia de sumar las cuantías de las demandas de cada proceso acumulado, así 
como las cuantías de las diversas pretensiones ejercitadas en un mismo proceso cuando 
los créditos de quienes en él demandan nacen de títulos diferentes» (ATS de 18 de 
noviembre de 2015, rec. n.º 2000/2014, con cita de múltiples precedentes).
Debe  tenerse  en  cuenta,  no  obstante,  que  en  la  STS  n.º  545/2010,  de  9  de 
diciembre, el Pleno de la Sala de lo Civil, en un caso de perjuicios derivados de la 
implantación  de  prótesis  mamarias  a  distintas  afectadas,  equiparó,  a  efectos  de  la 
cuantificación del proceso, la acumulación subjetiva de acciones basadas en distintos 
títulos a la acumulación subjetiva de acciones basadas en un mismo título, atendiendo a 
la identidad sustancial de los hechos en materia de consumo en unas reclamaciones 
dirigidas contra productores o fabricantes. Para esta resolución «el concepto de título no 
debe ser interpretado en sentido estricto, sino que debe entenderse que se incluye 
también la causa de pedir, pues el artículo 252.2.ª LEC, aplicando criterios sistemáticos, 
debe ser interpretado en relación con lo dispuesto en el artículo 72 LEC, en el cual se 
establece que podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno 
tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista 
un nexo por razón del título o causa de pedir». Declara igualmente esta resolución que 
«para la acumulación de cuantías es exigible que sea el mismo el negocio jurídico (título) 
o sean los mismos los hechos en que se fundamentan sustancialmente las diversas 
pretensiones acumuladas (causa de pedir) […] A este último supuesto deben asimilarse 
aquellos casos […] en los cuales, aun cuando puedan registrarse diferencias en los 
hechos  que  conciernen  a  los  distintos  reclamantes  cuyas  pretensiones  aparecen 
acumuladas, esta diferencia se refiere a aspectos accesorios (intensidad y circunstancias 
de  los  daños  sufridos)  y  no  altera  la  uniformidad  en  los  hechos  en  los  que  se 
fundamentan las distintas pretensiones». s
Esta doctrina se reitera, entre otras, en las SSTS n.º 244/2014, de 21 de mayo  oe.
(responsabilidad derivada del contagio de hepatitis a hemofílicos); n.º 412/2014, de 10 de  w.
julio (perjuicios derivados de medicamento defectuoso); n.º 405/2015, de 2 de julio  31ww
p(rreocmlaomtoarcai)ó ny  dne.º  v6a3ri9o/s2 0c1o5n,t rdaeta n3t edse  ddei cpieemrmbureta  (dreec slaomlaar cpióonr  eddei fipcearcjuióicni ofust udrear ifvraednotes  ad elal 
amianto).
Por otra parte, aun cuando la cuantía figure como indeterminada en el escrito de 
demanda,  el  recurso  de  casación  es  admisible  si  el  objeto  del  proceso  supera 
notoriamente la summa gravaminis con arreglo a los datos que objetivamente consten en 
el proceso, aunque no pueda precisarse con exactitud (STS n.º 1135/2008, de 22 de 
diciembre).
Cuando la cuantía «ha quedado fijada por las partes en la fase inicial del pleito, 
ninguno de los litigantes podrá luego revisarla al alza, ni tampoco concretar la que no se 
determinó, con objeto de recurrir en casación la sentencia de segunda instancia que le 
haya sido desfavorable» (ATS de 29 de mayo de 2007, rec. 268/2003, con cita de 
múltiples precedentes)
En casos en que el recurso ha quedado limitado sólo a la demanda principal o a la 
reconvención se ha estimado que "aunque el objeto litigioso de la demanda principal 
pudiera exceder de dicha suma, hay que tener en cuenta que el actual objeto casacional 
lo es el de la demanda reconvencional, y que en ningún caso se podrá adicionar al valor 
del objeto litigioso el de la demanda principal […]» (ATS de 5 de diciembre de 2006, rec. 
3443/2001, con cita de múltiples precedentes).
2.4  Procedimiento.
La tramitación del recurso de casación se simplifica tras la reforma operada por 
Ley 37/2011, al suprimirse la fase de preparación.
Las fases en la tramitación del recurso de casación podrían estructurarse en torno al 
siguiente  esquema:  interposición  (art.  479.1  y  481  LEC);  admisión  en  la  Audiencia 
(art. 479.2 LEC); remisión al TS (art. 482 LEC); admisión en el TS; (art. 483 LEC); 
oposición al recurso (arts. 485 y 486 LEC) y decisión del recurso, con eventual vista 
(arts. 486 y 487 LEC).
Como quiera que la finalidad de la presente Circular es dar pautas y facilitar la labor 
de los Fiscales de las Fiscalías territoriales, se hará referencia a las fases que, por 
desarrollarse en la Audiencia Provincial, les son de especial interés, especialmente a la 
fase de interposición.
2.4.1  Interposición.
2.4.1.1  Forma.
2.4.1.1.1  Ideas generales.
Conforme al art. 481 LEC.
1. En el escrito de interposición se expresará el supuesto, de los previstos por el 
artículo  477.2,  conforme  al  que  se  pretende  recurrir  la  sentencia.  Igualmente  se 
expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos y se podrá pedir la celebración 
de vista.
2. Al  escrito  de  interposición  se  acompañarán  certificación  de  la  sentencia 
impugnada y, cuando sea procedente, texto de las sentencias que se aduzcan como 
fundamento del interés casacional.
3. En su caso, en el escrito de interposición, además de fundamentarse el recurso 
de casación, se habrá de manifestar razonadamente cuanto se refiera al tiempo de 
vigencia de la norma y a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la norma 
que se estime infringida. s
Por tanto, se interpone el recurso ante el órgano a quo y no ante el ad quem, lo cual  w.b
permite que el expediente llegue ya prácticamente completo a la Secretaría de la Sala  31ww
PrimEenr ac.onsecuencia, los Fiscales de las Audiencias Provinciales, o en su caso, de las
rFeisccuarslíoa sd ed ec aÁsraecai,ó nse, rpáens elo as  qquuee,,  pcuoastnedroio rpmroecneted,a e, ld reebcaunrs foo rsmea sliuzsatra lnac iianrtáe rapnotseic liaó nS daelal 
Primera del Tribunal Supremo o ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia, interviniendo los Fiscales de dichos Tribunales.
Deberán tener presente las/os Sras./es. Fiscales que si se pretende recurrir una 
sentencia por infracción de precepto sustantivo (casación) y además por infracción de 
precepto procesal (extraordinario por infracción procesal), habrán ambos de articularse 
en un mismo escrito de interposición.
Como pauta general el Acuerdo de 2017 advierte que «el recurso por infracción 
procesal y el recurso de casación son recursos extraordinarios sujetos a determinadas 
exigencias técnicas, derivadas de las normas que los regulan […] Es precisamente su 
carácter extraordinario lo que justifica la exigencia de requisitos más estrictos, e incluso 
de un mayor rigor formal que en los recursos ordinarios […]».
También como pauta general, declara el TS que «[...] el recurso de casación exige 
claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa [...], lo que se traduce 
no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito 
de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable claridad expositiva para 
permitir  la  individualización  del  problema  jurídico  planteado  [...]  la  fundamentación 
suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada [...] y el respeto a la 
valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida». (ATS de 17 de julio 
de 2019, rec. 3130/2017 y STS n.º 98/2017, de 15 de febrero).
El  cuerpo  del  escrito  deberá  estructurarse  en  dos  partes  perfectamente 
diferenciadas. En la primera, la parte recurrente deberá precisar la norma que le habilita 
para interponer el respectivo recurso, se identificará de forma precisa el supuesto, de los 
tres previstos en el art. 477.2 LEC, que permita el acceso a dicho recurso (art. 481.1 
LEC) En la segunda parte se expondrán los motivos del recurso. Cada motivo constará 
de un encabezamiento y de un desarrollo (Acuerdo de 2017).
La importancia de respetar las exigencias formales del escrito de interposición radica 
en que no hay un trámite posterior que permita subsanar los errores. El TS a estos 
efectos ha considerado que «no es posible la modificación del escrito de interposición del 
recurso por vía de alegaciones para completar o subsanar cualquier circunstancia que 
afecte al escrito» (ATS de 12 de diciembre de 2018, rec. 2933/2016) ni tampoco puede 
modificarse a través del escrito de alegaciones a las posibles causas de inadmisión 
puestas de manifiesto (AATS de 8 de febrero de 2005, rec.1872/2001 y de 17 de febrero 
de 2004, rec. 8/2004).
2.4.1.1.2  Encabezamiento de cada motivo.
En  relación  con  el  encabezamiento,  habrán  de  tener  las/os  Sras./es.  Fiscales 
presentes las siguientes pautas:
El hecho de que el art. 477.1 LEC prevea la infracción de ley como motivo único no 
significa que el recurso de casación no tenga que articularse en tantos motivos como 
infracciones normativas se denuncien (SSTS n.º 856/2009, de 11 de enero de 2010; 
16/2013, de 24 de enero y Acuerdo de 2017).
Por ello, el escrito de interposición debe estructurarse en motivos, de forma que cada 
una de las infracciones que se denuncian se formule en un motivo distinto, y en caso de 
ser más de uno, estos deben presentarse numerados correlativamente, constituidos por 
un encabezamiento y un desarrollo que deberán a su vez cumplir ciertos requisitos 
específicos. No pueden formularse submotivos dentro de cada motivo (AATS de 20 de 
septiembre de 2017, rec. 1699/2015; de 19 de abril de 2017, rec. 30/2017 y Acuerdo  s
de 2017). oe.
El TS explica el porqué de la exigencia de la rígida separación en motivos: «[…] cada  w.
useonxbparo eds eics iiól ancsa  rddaaizv oeunrnsaaad sad  ieny  frlsaaescp camioriansdemasa , lseq guhaeal e hdsa ega ads uepcr oidasadibsml eei tined la e pl prrooenrc uulnarcs ioSa amhlaaie,n n dtdoee si gnsldeoirsv áidonubdajeolitszoea  ddeeol    2020-1231n https://ww
recurso en tantos apartados como vulneraciones se denuncien, y ello, naturalmente, en
relación con las infracciones legales que en el escrito de preparación del recurso de
casación hayan quedado expresadas. Tal exigencia responde, por otra parte, a la más 
elemental e inveterada técnica casacional, que demanda, de acuerdo con doctrina de 
rancio abolengo en esta Sala, claridad en la formulación del recurso de casación, acorde 
con la naturaleza extraordinaria de este recurso» (ATS de 27 de septiembre de 2005, 
rec. 2214/2001).
No hacerlo así, además de que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, 
confunde la casación con una nueva revisión del caso como si de una tercera instancia 
se tratara (STS n.º 91/2018, de 19 de febrero).
Es necesario que en el encabezamiento de cada motivo se cite la norma infringida, 
siendo este un requisito necesario de todo recurso de casación, sin que sea suficiente 
que  la  norma  infringida  pueda  deducirse  del  desarrollo  del  motivo.  También  debe 
contenerse en el encabezamiento un resumen de la norma infringida (ATS de 20 de 
septiembre de 2017, rec. 1881/2015 y Acuerdo de 2017).
Es  incorrecto  articular  la  infracción  de  la  norma  seguido  de  fórmulas  tipo  «y 
siguientes» (Acuerdo de 2017). En estos casos sólo se tiene en cuenta el precepto 
expresamente citado (vid. en este sentido, STS n.º 921/2011, de 14 de diciembre).
Debe igualmente estimarse incorrecta articular la infracción de normas citando un 
conjunto heterogéneo de preceptos (vid. en este sentido, ATS de 10 de octubre de 2018, 
rec. 2539/2016; STS n.º 289/2011, de 14 de abril y Acuerdo de 2017).
El  Acuerdo  de  2017  dispone  que  el  encabezamiento  de  cada  motivo  deberá 
condensar  sus  elementos  esenciales,  de  forma  que  puedan  ser  comprendidos  sin 
necesidad  de  acudir  al  estudio  de  su  fundamentación  (resumen  de  la  infracción 
cometida: cómo, por qué y en qué ha sido infringida o desconocida la norma citada).
En  el  encabezamiento  también  deberá,  si  se  recurre  por  interés  casacional, 
especificarse la concreta modalidad (oposición a jurisprudencia del TS, contradicción 
entre Audiencias o norma novedosa).
2.4.1.1.3  Desarrollo de los motivos.
El objeto del desarrollo será la exposición razonada de la infracción o vulneración 
denunciada en el encabezamiento y de cómo influyó en el resultado del proceso. No 
podrá apartarse del contenido esencial del encabezamiento y deberá tener la razonable 
claridad expositiva para permitir la identificación del problema jurídico planteado y para 
fundamentar adecuadamente la infracción del ordenamiento jurídico alegada en relación 
con  la  norma,  derecho  fundamental,  principio  general  del  derecho  o  jurisprudencia 
aplicable al caso que se denuncien como vulnerados. (STS de Pleno n.º 232/2017, de 6 
de abril; ATS de 24 de mayo de 2017, rec. 3946/2016 y Acuerdo de 2017).
El TS ha declarado que no le corresponde «supliendo la actividad que la regulación 
del recurso de casación atribuye a la parte, investigar si el agravio denunciado deriva de 
una infracción sustantiva, identificar la norma vulnerada y construir la argumentación del 
recurso, seleccionando los argumentos adecuados, a fin de precisar en qué y por qué 
resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso [...]» (STS de Pleno n.º 
232/2017, de 6 de abril).
La  naturaleza  extraordinaria  del  recurso  no  tolera  el  acarreo  de  argumentos 
heterogéneos  y  la  invocación  de  normas  carentes  de  conexión  cuando  generan 
imprecisión (STS de Pleno n.º 232/2017, de 6 de abril y ATS de 23 de mayo de 2018, 
rec. 4499/2017).
El Acuerdo de 2017, descendiendo al detalle, establece como requisitos formales 
comunes a los dos recursos extraordinarios los siguientes: «en el desarrollo de cada  e
motivo se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos del mismo [...] Una  bo
extensión excesiva [...] puede ser considerada innecesaria y, en consecuencia, puede  31ww
duanra  luegxater nas ilóan i ndaed mveisiniótinc idneclo r epcáugrisnoa.s L cao sna lian tceorlninseidaedroa  1q,u5e ,y  pfoure lnot eg eTnimereasl,  Nese wsu Rficoiemnaten 
clao ntr aunns ctarimpcaiñóon  dlitee r1a2l  dpeu nptroesc eepnt oesl  toe xptoá ryra dfoes 1 d0e p suenntotesn ecina sla qsu neo staes i nac poirep odree np»á.gina o en
En el desarrollo de cada motivo se deben exponer los fundamentos del mismo 
(art. 471 y 481 LEC), con la debida claridad y la extensión necesaria, sin incurrir en 
reiteraciones ni incluir cuestiones innecesarias o no relacionadas con el objeto del motivo 
(ATS de 20 de septiembre de 2017, rec. 1699/2015 y Acuerdo de 2017).
En el escrito de interposición del recurso de casación por interés casacional se debe 
expresar  con  claridad,  en  el  encabezamiento  o  en  la  formulación  del  motivo,  la 
jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o que se declare 
infringida o desconocida.
En el escrito de interposición puede igualmente interesarse la celebración de vista. 
Las/os Sras./es. Fiscales, como regla general no la solicitarán, sin perjuicio de que las 
circunstancias concretas concurrentes pudieran fundamentar otra posición, que en todo 
caso habrá de ser consultada con la Fiscalía del Tribunal Supremo, o en su caso, con la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma.
2.4.1.1.4  Petitum.
El Acuerdo de 2017 dispone a estos efectos que en la petición final del escrito 
deberán indicarse con precisión los pronunciamientos que se interesan de la sala.
2.4.1.1.5  Documentación a adjuntar.
Conforme al art. 481.2 LEC «al escrito de interposición se acompañarán certificación 
de la sentencia impugnada y, cuando sea procedente, texto de las sentencias que se 
aduzcan como fundamento del interés casacional».
Este precepto se completa con la previsión del art. 482.2 LEC que dispone que «si el 
recurrente no hubiere podido obtener la certificación de sentencia a que se refiere el 
artículo 481, se efectuará no obstante la remisión de los autos dispuesta en el apartado 
anterior».
Deberán aportarse tantas copias del escrito de recurso cuantas sean las otras partes. 
El ATS de 19 de abril de 2005, rec. 245/2005, considera excepcionalmente la falta de 
traslado de las copias un defecto subsanable.
2.4.1.1.6  Recapitulación y síntesis.
Recapitulando, el contenido del escrito de interposición del recurso deberá tener el 
siguiente contenido:
En la primera parte:
1)  Deberá citarse la resolución impugnada.
2)  Deberá especificarse el recurso extraordinario que se interpone. Conforme a la 
disposición final 16.ª1.3.ª LEC «cuando un litigante pretenda recurrir una resolución por 
infracción procesal y en casación, habrá de interponer ambos recursos en un mismo 
escrito».
3)  Deberá identificar el Tribunal ad quem (Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o 
Sala de lo Civil y Penal, como Sala de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia).
4)  Deberá determinarse la modalidad por la que se recurre conforme al art. 477.2 
LEC (esto es, bien por tutela judicial civil de derechos fundamentales, bien por ser pleito 
de cuantía de más de 600.000 euros; bien como proceso que no alcance dicha cuantía o 
tramitado por razón de la materia, por interés casacional).
En la segunda parte: bo
SEin s eoln e vnacraiobse zloasm mieonttiov odse d cea dimap mugontivaoc:ión, deberán formularse singularizadamente. 2020-1231n https://ww
12))   DDeebbeerráá  eresapleizcaifriscea rusne  rlae snuomrmena/ esxutsrtaacntotiv dae iln dfreinsgairdroal.lo del motivo. BOE-A-cable e
3)  Si se alega interés casacional deberá especificarse la modalidad (infracción de 
jurisprudencia  del  TS,  jurisprudencia  contradictoria  de  las  Audiencias,  aplicación  de 
normas de vigencia inferior a los cinco años, inexistencia de jurisprudencia).
En el desarrollo de cada motivo:
1)  En general, en cada motivo, habrán de exponerse las alegaciones en que se 
base la impugnación, fundamentándolos de forma suficiente y clara.
2)  En el recurso de casación por interés casacional deberá:
– Identificarse,  en  su  caso,  la  contradicción  de  la  sentencia  recurrida  con  los 
precedentes jurisprudenciales.
– Especificarse la doctrina que se solicita sea fijada o la jurisprudencia que ha sido 
infringida o desconocida.
En la tercera parte, en la petición final del escrito deberán indicarse con precisión los 
pronunciamientos que se interesan de la sala.
Este esquema es aplicable, mutatis mutandis, al recurso extraordinario por infracción 
procesal. Sus singularidades se expondrán infra.
2.4.1.2  Plazo.
Conforme al art. 479.1 LEC «el recurso de casación se interpondrá ante el Tribunal 
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados 
desde el día siguiente a la notificación de aquélla».
El plazo de veinte días se cuenta desde el siguiente a la notificación de la resolución 
a impugnar. Si con anterioridad se ha solicitado la aclaración de la sentencia, el plazo se 
iniciará de nuevo desde la notificación del auto de aclaración (vid. STS n.º 674/2015, 
de 9 de diciembre y ATS de 4 de octubre de 2011, rec. 121/2011). La simple petición de 
corrección de un error material o aritmético, en cuanto puede verificarse en cualquier 
momento, no afecta al cómputo del plazo para recurrir (ATS de 15 de septiembre 
de 2009, rec. 300/2009).
Si el recurso se interpone extemporáneamente, la consecuencia es la inadmisión, 
como defecto no subsanable «atendida la improrrogabilidad de los plazos procesales 
establecida en el art. 134.1 LEC, así como la preclusión de las actuaciones en el proceso 
contemplada en el art. 136 LEC» (AATS de 24 de noviembre de 2009, rec. 476/2009 y 
de 2 de febrero de 2010, rec. 201/2009).
En el ámbito del proceso civil la regla general es la presentación de los escritos ante 
el órgano jurisdiccional al que van dirigidos.
En relación con el tratamiento procesal de los casos en los que el recurso de 
casación se interpone ante órgano funcionalmente incompetente, es de interés el ATS 
de 26 de enero de 2010, rec. 17/2010: «el legislador se ha decantado, por lo tanto, por 
establecer  un  especial  régimen  de  subsanación  de  la  incorrecta  preparación  o 
interposición de los recursos por haberse dirigido a órgano funcionalmente incompetente, 
seguramente movido por la intención de facilitar en mayor grado el acceso al sistema de 
recursos legalmente establecido, dotando de este modo de toda su dimensión al más 
genérico derecho a la tutela judicial efectiva. Este específico régimen de subsanación 
[…] comporta la habilitación de un nuevo plazo que se habrá de añadir al que restase por 
cumplir del legalmente establecido, de forma que sólo cuando haya transcurrido ese 
nuevo plazo sin haberse ejercitado adecuadamente el derecho a recurrir cabe tener por  es
desierto el recurso con la subsiguiente consecuencia de la firmeza de la resolución  o
recurrida». 31ww
pdroemsDPeinuengelt oadpsrel a,  lzfohioesa s cdteeaesrs csv rneeita ionucstiseo o end la díaldeesís a l,sa  aeh u pádtrboeeinlsr rócsomuiggeiaucntiatievasnan to  el qo lousace  ad alíceqaosusn)é .ciln ehedáneb  iqeleul sea  (rmfti.n ea1sl3 izd5ae.b5 aa Lg eEolsC tpo l2,a 0sz0áo0b  ahpdaaosrtsaa,    OE-A-2020-12able en https://
las 15 horas.
La petición de nulidad de actuaciones no suspende el plazo para interponer los 
recursos extraordinarios, no solo porque no lo prevé la LEC, sino porque expresamente 
establece que la nulidad y la pretensión de anulación de actuaciones procesales «se 
harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que 
se trate» […] y solo prevé el incidente de nulidad de actuaciones contra resoluciones que 
no sean susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario […]» (ATS de 4 de mayo 
de 2016, rec. 47/2016).
2.4.2  Admisión en la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial es competente funcionalmente para controlar la admisibilidad 
del recurso interpuesto.
El Letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial tendrá por 
interpuesto el recurso si la resolución impugnada es susceptible de recurso y este se 
formuló dentro de plazo.
En otro caso, lo pondrá en conocimiento de la Sala para que se pronuncie sobre la 
admisión del recurso, bien mediante providencia teniendo por interpuesto el recurso bien 
mediante auto de inadmisión.
El  auto  de  inadmisión  es  susceptible  de  queja.  La  providencia  teniendo  por 
interpuesto el recurso no es recurrible, sin perjuicio de las posibilidades de oposición a la 
admisión ante el TS.
2.4.3  Competencia en relación con las medidas cautelares.
Debe recordarse que el Tribunal a quo mantiene su competencia en relación con las 
medidas cautelares hasta la remisión del expediente y el emplazamiento de las partes 
ante el TS. A partir de ese momento la competencia se traslada al TS (o al TSJ en su 
caso). En este sentido, el apartado segundo del art. 723 LEC dispone que «para conocer 
de  las  solicitudes  relativas  a  medidas  cautelares  que  se  formulen  durante  la 
sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción 
procesal  o  de  casación,  será  competente  el  Tribunal  que  conozca  de  la  segunda 
instancia o de dichos recursos».
En este aspecto, el ATS de 19 de julio de 2005, rec. 92/2005, declara que «[…] el 
artículo 723.2 LEC debe ser interpretado en el sentido de que la competencia para la 
adopción de las medidas cautelares únicamente se desplaza al tribunal superior en 
grado desde el momento en que, presentado el escrito de interposición, se acuerda la 
remisión de los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso, con 
emplazamiento de las partes ante él, teniendo en cuenta que el artículo 481 LEC 
determina que el escrito de interposición del recurso de casación «habrá de presentarse 
ante el tribunal que hubiese dictado la sentencia recurrida». Hasta este momento, la 
sustanciación del recurso con la consiguiente disponibilidad de los autos permanece bajo 
la competencia del tribunal que ha dictado la sentencia, el cual, en consecuencia, 
continúa conociendo del proceso a los efectos de la tramitación del recurso, aun después 
de la sentencia, y por ello es el considerado idóneo por la LEC para la adopción de las 
medidas mientras la sustanciación del mismo no se desplace al Tribunal competente 
para la decisión de la segunda instancia o de la casación, único momento a partir del 
cual éste puede decidir sobre su propia competencia para sustanciar y conocer del 
recurso, presupuesto, a su vez, de su competencia para decidir sobre la solicitud de 
medidas cautelares». Estas pautas son confirmadas por el ATS de 17 de julio de 2019, 
rec. 191/2019. e.
2.5  Pautas jurisprudenciales recientes en relación con supuestos concretos. 31ww
ddee  aqAdu oecp optnaotrri n ulaunsaa/co idóse nSc isrsaeiós r.n/ee scsoo. bgFreeins c laaa lligenusten sropeso  tsseiuncpgióuane  psdrteeolss re eqncutueer  slcaoo .jnu rfirsepcruuednecnicai all evgigaenn tael  aT Sla,  hao frina   OE-A-2020-12able en https://
2.5.1  Alimentos.
De acuerdo con jurisprudencia reiterada del TS no puede ser objeto de recurso de 
casación la revisión del juicio de proporcionalidad de la pensión alimenticia por cuanto 
esta cuestión entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, 
facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia 
(AATS de 17 de julio de 2019, rec. 904/2019 y de 10 de octubre de 2018, rec. 905/2018).
Solo es posible revisar el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC, si se ha 
vulnerado claramente el mismo o no se ha razonado lógicamente con arreglo a la regla 
del artículo citado (SSTS n.º 33/2017, de 19 de enero y 740/2014, de 16 de diciembre).
En los casos de dificultad económica del progenitor obligado al pago habrá de 
examinarse  el  caso  concreto  y  revisar  la  Sala  si  se  ha  conculcado  el  juicio  de 
proporcionalidad del artículo 146 del CC «[…] lo normal será fijar siempre en supuestos 
de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más 
imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy 
excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante 
la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se 
habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran 
sacrificio del progenitor alimentante» (SSTS n.º 484/2017, de 20 de julio; 184/2016, 
de 18 de marzo y 111/2015, de 2 de marzo).
En caso de pobreza absoluta del alimentante «tal circunstancia, por respeto al orden 
público y al interés del menor no puede suponer la supresión de la obligación de la 
madre  de  prestar  alimentos  a  la  hija  menor,  pero  sí  su  suspensión  hasta  que  se 
encuentre en condiciones de prestarla para los gastos más imprescindibles de aquella» 
(STS n.º 484/2017, de 20 de julio).
Respecto a la incidencia del nacimiento de nuevos hijos de una relación posterior, del 
obligado  al  pago,  la  STS  n.º  61/2017,  de  1  de  febrero  resume  toda  la  doctrina 
jurisprudencial de la Sala Primera, estableciendo que «el nacimiento de nuevos hijos 
fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a 
la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una 
anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios 
económicos  del  alimentante  es  insuficiente  para  hacer  frente  a  esta  obligación  ya 
impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad […] 
El tratamiento jurídico es el mismo pues deriva de la relación paterno filial. Todos ellos 
son iguales ante la Ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus 
progenitores, conforme al artículo 39 de la Constitución Española, sin que exista un 
crédito preferente a favor de los nacidos en la primitiva unión respecto de los habidos de 
otra posterior fruto de una nueva relación de matrimonio o de una unión de hecho del 
alimentante».
Debe tenerse también presente que tras la reforma operada por la Ley 15/2005, el 
procedimiento de modificación de medidas definitivas pasa a ser un proceso declarativo 
que se sustancia por los trámites del juicio verbal y que acaba por sentencia, susceptible 
de apelación. La sentencia de apelación es una sentencia dictada en segunda instancia 
susceptible de ser recurrida en casación.
En  efecto,  como  declara  el  ATS  de  8  de  mayo  de  2007,  rec.  141/2004,  «la 
Ley 15/2005, de 8 de julio […] ha dado nueva redacción al artículo 775.2 LEC 2000, que 
remite ahora al art. 770 para tramitar las peticiones atinentes a las medidas definitivas, lo 
que posibilitará el acceso a la casación de las sentencias dictadas en segunda instancia 
en los procedimientos para la modificación de las medidas definitivas, al igual que ahora  e.
sucede con las recaídas en los procesos de nulidad, separación o divorcio, es decir por  w.b
el cauce del "interés casacional" del artículo 477.2, 3.º LEC 2000, al tratarse de asuntos  31ww
asurts. t4a7n7c.ia3d LoEsC e 2n0 r0a0z»ó.n a la materia, y siempre que se justifique alguno de los casos del
2.5.2  Guarda y custodia.
La revisión en casación de los casos de guarda y custodia solo puede realizarse con 
fundamento en una aplicación incorrecta del principio de protección del superior interés 
del menor a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre (SSTS n.º 
249/2018, de 25 de abril y 154/2012, de 9 de marzo).
La custodia compartida es el sistema prioritario para custodia de menores, tras los 
procedimientos de ruptura conyugal o de pareja (SSTS n.º 458/2019, de 18 de julio 
y 215/2019, de 5 de abril, entre otras).
Esta modalidad de custodia «conlleva como premisa la necesidad de que entre los 
padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y 
conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese 
a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que 
sustente un crecimiento armónico de su personalidad» (SSTS n.º 529/2017, de 27 de 
septiembre y 495/2013, de 19 de julio).
Sin embargo, los desencuentros propios de las crisis matrimoniales que no afecten 
de modo relevante a los menores no impiden la guardia y custodia compartida (SSTS n.º 
242/2018,  de  24  de  abril;  566/2014  de  16  de  octubre;  433/2016,  de  27  de  junio 
y 409/2015, de 17 de julio). «Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje 
no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un 
nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial» (STS n.º 296/2017, de 12 
de mayo).
2.5.3  Protección de menores.
Deben tener presente las/os Sras./es. Fiscales que no cabe casación frente a las 
resoluciones recaídas en juicios verbales para determinar la necesidad del asentimiento 
a la adopción (vid. AATS de 22 de mayo de 2019, rec. 5375/2018; de 22 de enero 
de 2018, rec. 1409/2017 y de 29 de junio de 2016, rec. 471/2016).
El razonamiento que se utiliza -y que ha sido asumido por múltiples precedentes, 
entre otros los citados supra- es el siguiente: «[…] la sentencia objeto de impugnación 
fue dictada en un juicio verbal, iniciado bajo la vigencia de la LEC, al amparo del art. 781, 
que se promueve en el seno de un expediente de adopción de un menor por parte de la 
madre  biológica  de  éste  al  objeto  de  que  se  declare  la  necesidad  de  recabar  su 
asentimiento carece de la condición de "sentencia dictada en segunda instancia", porque 
la LEC distingue en su regulación entre "apelación" y "segunda instancia", configurando 
esta última como aquella en la que se conoce de los procedimientos que han puesto fin a 
la  primera  instancia  tras  su  tramitación  ordinaria.  Situación  que  no  acontece  en  el 
supuesto de autos, al carecer la resolución impugnada del carácter de sentencia de 
segunda instancia, por haber recaído en un incidente planteado en el curso de la 
tramitación de un expediente de adopción, siendo evidente la subordinación a éste del 
procedimiento donde recayó la sentencia que se pretende recurrir en casación, que, 
incluso, desde un aspecto funcional, se manifiesta en la propia competencia para su 
conocimiento del mismo Juez que conoce de la adopción, sin que nada afecte a lo dicho 
la circunstancia de que tanto la LEC de 1881 (art. 1.827) como la vigente LEC (art. 781) 
se remitan, para sustanciar las controversias que se susciten en torno a la necesidad del 
asentimiento en la adopción, a los trámites del juicio verbal […] De esta forma, queda 
cerrado el acceso a la casación al no tener la resolución impugnada el carácter de 
Sentencia  dictada  en  segunda  instancia  al  haber  sido  dictada  en  un  incidente  del  s
proceso principal». oe.
El TS ha confirmado esta interpretación tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de  w.
mdreeoc du2ir2fsic oda edci eóecnnla edrraeonl  ddsoeis  qt2eu0me1 a8« ,ad ureen cqp.ur o1et4 ee0cs9c /iió2nn0d 1ua7d ,a labc loeinn tlfaraa nt creaials  cinyef noadr melane c aidade o dlleeas  ecFseistnacc aimalí.aa  teiEnrianad  pmeal itrAeaT  eeSll    2020-1231n https://ww
interés del menor, como subraya el Ministerio Fiscal, no debe olvidarse, por un lado, que
el interés del menor también puede requerir una especial celeridad que excluya los
recursos extraordinarios […] y de otro, que en casos como el presente la demanda de la 
hoy recurrente vino precedida por la declaración de desamparo del menor confirmada 
judicialmente en un proceso que sí tenía acceso a la casación y en el que también fue 
parte demandante la hoy recurrente, sin necesidad de pronunciarse sobre la otra causa 
de inadmisión detectada por la Sala».
Como quiera que no se admite casación por resoluciones recaídas en actos de 
jurisdicción voluntaria, se considera irrecurrible por esta vía el auto que resuelve sobre 
una adopción (AATS de 22 de enero de 2018, rec. 1409/2017 y de 28 de febrero 
de 2012, rec. 1225/2011).
En relación con las decisiones sobre desamparo, el TS admite su recurribilidad en 
casación (ATS de 22 de enero de 2018, rec. 1409/2017) y ha establecido que el recurso 
de casación debe examinar únicamente si en las decisiones adoptadas se ha aplicado 
correctamente  el  principio  del  superior  interés  del  menor  a  la  vista  de  los  hechos 
probados en la sentencia que se recurre (STS n.º 800/2011, de 14 de noviembre, con 
cita de varios precedentes).
Cabe recurrir en casación la sentencia dictada por la Audiencia en relación con la 
impugnación de la resolución sobre idoneidad para la adopción (vid. a contrario ATS 
de 17 de julio de 2019, rec. 5815/2018). Debe en este punto recordarse que conforme a 
la Circular 8/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación 
especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores el Fiscal, «no 
sólo debe intervenir necesariamente en los procedimientos en los que los declarados no 
idóneos impugnen la resolución, sino que tendría incluso legitimación para impugnar 
declaraciones de idoneidad improcedentes».
2.5.4  Honor, intimidad y propia imagen.
Se considera necesario subrayar, en cuanto supone una al menos relativa ampliación 
de los contornos del recurso de casación, la doctrina del TC y del TS conforme a la que 
cuando la resolución del recurso afecta a derechos fundamentales la Sala no puede 
partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las 
sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación 
jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para 
apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados sin limitarse a 
considerar, como ocurre cuando el recurso de casación se desenvuelve en el plano de la 
legalidad ordinaria, si las conclusiones de facto (sobre los hechos) obtenidas por el 
tribunal de instancia, además de no infringir las normas que integran el régimen de la 
prueba, simplemente soportan la aplicación de un test de racionabilidad.
Este es el criterio propugnado, entre otras resoluciones, por la STC n.º 100/2009, 
de 27 de abril, la cual, anulando el ATS de 24 de mayo de 2005, rec. 2766/2001, declara 
que «la falta de veracidad de la información (en el sentido que corresponde a este 
término,  cuando  se  enjuicia  la  constitucionalidad  del  ejercicio  del  derecho  de 
información) y el carácter vejatorio o no de las opiniones emitidas por el autor de los 
artículos  periodísticos  son  cuestiones  de  estricto  carácter  jurídico,  vinculadas  a  la 
ponderación sustantiva de los derechos fundamentales en conflicto».
Cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos fundamentales la 
Sala no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias 
obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea 
de  calificación  jurídica,  una  valoración  de  los  hechos  en  todos  aquellos  extremos 
relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados  e
(ATS de 17 de julio de 2019, rec. 353/2019 y STS n.º 278/2017, de 9 mayo). bo
Pero esta aseveración es matizada por el propio TS: «[…] este principio no puede  31ww
Slleuvparre mao  dqeusev irtcuoarrr ijala  lan actuornaclreeztaa   dfijealc iróenc udrseo  lodse  hceacshaocsi óne,f ecstouliacditaa nedno  ldae ls eTnritbeunncaial 
ruencau rcraidliafi coa cqiuóen  rqeuaelic hea ucnea s nuupeuveas tvoa dloer adciicóhna d ree vlais piórnu,e bpau eesn  (sau)  ecol nojbujnettoo,  doe pl rroepcounrsieon ddoe 
casación se limita al examen de concretas infracciones del ordenamiento jurídico en
virtud del llamado principio de especialidad; (b) en el recurso de casación no pueden 
combatirse  de  modo  abierto  las  conclusiones  obtenidas  por  la  sentencia  recurrida, 
solicitando una valoración conjunta de los medios de prueba o un examen exhaustivo de 
la valoración de los hechos efectuada por el tribunal de instancia, pues esto convertiría el 
recurso en una tercera instancia, lo que ha sido rechazado con reiteración por esta Sala» 
(SSTS n.º 718/2010, de 15 de noviembre y 54/2009, de 4 de febrero).
Por ello, considera el TS, aquilatando esta atribución que «al examinar el recurso de 
casación  interpuesto  debemos  verificar  las  valoraciones  realizadas  por  la  sentencia 
recurrida para la apreciación de la posible existencia de una vulneración del derecho al 
honor, pero no podemos prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que 
aquella considera probados» (STS n.º 475/2012, de 9 de julio). Es decir, asumiendo una 
tarea de calificación jurídica, «se realiza una valoración de los hechos en todos aquellos 
extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales 
alegados» (STS n.º 381/2012, de 11 de junio).
2.5.5  Filiación.
Hay que subrayar en estos procedimientos que la cuestión de la determinación de la 
filiación tiene rango constitucional (art. 39 CE) por lo que las facultades del órgano 
jurisdiccional se potencian.
En relación con la negativa del demandado a someterse a la práctica de la prueba 
biológica,  es  ya  doctrina  consolidada  que  la  negativa  al  sometimiento  a  la  prueba 
biológica no puede ser considerada como una ficta confessio, sino que tiene la condición 
de un indicio probatorio que, unido a otras pruebas obrantes en el proceso, debe ser 
ponderado por el juzgador a los efectos de atribuir la paternidad reclamada. Por lo tanto, 
hay que examinar cuáles son las razones de la decisión y las pruebas que se han 
aportado, con las que debe ponderarse la negativa al sometimiento a dicha prueba. Ante 
la negativa injustificada del demandado a someterse a la prueba biológica, que ninguna 
lesividad tenía para él y precisamente sería oportuna para dejar en evidencia los indicios 
que  obraban  en  su  contra,  puede  declararse  la  filiación  reclamada  (vid.  STS  n.º 
299/2015, de 28 de mayo).
El TS está subrayando la intensidad probatoria que ha de atribuirse al hecho de la 
negativa injustificada por parte del demandado a someterse a la prueba biológica: «no 
cabe, en ningún caso, dar mayor protección a la opción obstruccionista del demandado 
que a intereses de tan alta valoración […] que corresponden a la menor, en cuyo 
beneficio se ejercita la acción de reclamación de la filiación paterna […] es preciso añadir 
que hoy día ya no resulta imprescindible la extracción de sangre para la práctica de la 
prueba, pues los avances científicos permiten obtener con total fiabilidad las muestras 
necesarias para ello de forma absolutamente indolora, bastando una muestra del ADN 
de ambos (posible padre, e hijo) mediante la obtención de las células epiteliales de la 
mucosa oral, siendo suficientes incluso las muestras derivadas de manchas de sangre o 
sudor, uñas cortadas, cepillo de dientes, chicles, dientes de leche o pelos arrancados de 
raíz, entre otros medios (ATS de 3 de julio de 2019, rec. 331/2019; STS n.º 460/2017, 
de 18 de julio). Tampoco es necesario que se pruebe la existencia de una relación 
sentimental entre las partes, pues basta una simple relación de conocimiento de la que 
pudiera inferirse la posibilidad de la procreación en atención a datos como los que 
concurren en el caso presente, al estar acreditado que la demandante y el demandado 
se conocían porque frecuentaban el mismo gimnasio […] donde se relacionaban, a lo 
que hay que añadir que el titular del establecimiento declaró que, según comentarios,  e
estaban «liados». Es cierto que como prueba de paternidad tales circunstancias resultan  bo
insuficientes, pero ello -unido a la negativa del demandado- permite al tribunal hacer  31ww
dichEan d erecllaacraiócnió cno cno ne l polerdnean c edret elzoas» a (pveidll.id SoTsS d ne.l ºm 4e6n0o/2r0 e1n7 ,a dcec i1o8n edse  djuel iore).clamación de
mpaatderren idya edl,  sseeg uanddmoit ee l edne li npteardérse  dqeule m hean eojre qrcuitea deol  ptarirmdeíarm aepnetlleid loa  daeclc miónis mdeo  rseecala eml adceió lna 
de paternidad (STS n.º 76/2015, de 17 de febrero) e incluso cuando aun no concurriendo
ejercicio tardío no se acredite ninguna circunstancia que, siempre bajo el interés superior 
del menor, aconseje el cambio del apellido con el que aparece identificado desde la 
inscripción de su nacimiento (SSTS n.º 130/2018, de 7 de marzo; 266/2018, de 9 de 
mayo y 659/2016, de 10 de noviembre). La STS n.º 496/2018, de 14 de septiembre, 
analiza esta cuestión a la luz del art. 49 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del registro 
civil, declarando que en la determinación del orden de los apellidos «se han de ponderar 
y aplicar dos derechos de especial relevancia, el de igualdad por razón de sexo y el de 
interés superior del menor».
2.5.6  Tratamiento de la discapacidad.
En cuanto al matrimonio de personas con discapacidad, la STS n.º 597/2017, de 8 de 
noviembre, declara que «nuestro Derecho […] no contempla la privación de la capacidad 
para contraerlo ni en consecuencia prevé que la persona con capacidad limitada requiera 
autorización judicial para que compruebe su capacidad […] En ausencia de norma 
expresa que permita privar «in genere» de la capacidad para contraer matrimonio, debe 
considerarse que las personas con enfermedades mentales o deficiencias sí pueden 
contraerlo cuando puedan prestar válido consentimiento matrimonial, cuando posean la 
capacidad natural de entender y querer la unión matrimonial, lo que es posible tanto si la 
persona está incapacitada […] como cuando, sin estarlo, adolezca de alguna deficiencia 
psíquica. […] En la redacción del art. 56 CC dada por la Ley 4/2017, de 28 de junio […] 
se profundiza en esta tendencia al prever que, al tramitar el expediente matrimonial, solo 
en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condición de 
salud  que,  de  modo  evidente,  categórico  y  sustancial,  pueda  impedirle  prestar  el 
consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabará dictamen médico 
sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
La  discapacidad  intelectual,  per  se,  no  determinan  la  falta  de  consentimiento 
matrimonial ni, por ello, la nulidad del matrimonio (STS n.º 145/2018, de 15 de marzo).
En cuanto a la capacidad de testar de las personas con discapacidad, la STS n.º 
146/2018, de 15 de marzo, declara que «partiendo de que el testamento es un acto 
personalísimo  (art.  670  CC),  ni  el  tutor  como  representante  legal  puede  otorgar 
testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente ni el 
curador puede completar su capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento […] 
Conforme a las reglas sobre la capacidad para otorgar testamento, debe atenderse al 
estado en el que el testador se halle al tiempo de otorgar el testamento […] Por eso, el 
testamento hecho antes de la «enajenación mental» es válido ( art. 664). Por eso 
también el notario debe asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad 
legal necesaria para testar […]».
En la misma línea, la STS n.º 362/2018, de 15 de junio, declara que no se extiende la 
curatela  a  los  actos  de  disposición  mortis  causa,  al  ser  el  testamento  un  acto 
personalísimo.
2.5.7  Calificación del concurso.
Ya la Instrucción 1/2013, de 23 de julio, sobre la intervención del fiscal en el proceso 
concursal exhortaba a los Fiscales a valorar si contra la sentencia de la pieza de 
calificación «procede interponer recurso de apelación (art. 172 bis apartado cuarto LC) o 
recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal (art. 197.7 LC)».
La Ley Concursal, bajo la rúbrica «presunciones de culpabilidad», dispone en su 
art. 165.1.2.º que «el concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando  e.
el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores […]  w.
hubieran  incumplido  el  deber  de  colaboración  con  el  juez  del  concurso  y  la  31ww
caodnmviennisiternatceió pna rcao enlc uinrtsearlé so d enl oc olnecsu rhsuob oie nraon  hufabcieilsiteand oa slias tidinof,o prmora csiíó on  pnoer cmeseadriioa  doe 
daeptoedremriandaon,t ea p alraa  ljau natdao pdceió na cdreele cdoonrveesn, ios»ie.mpre  que  su  participación  hubiera  sido  BOE-A-cable e
El TS, superando las dudas al respecto, interpreta esta previsión: «contiene una 
concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia 
causal en la generación o agravación de la insolvencia y, en caso de concurrencia de la 
conducta  descrita,  establece  una  presunción  iuris  tantum  [que  permite  prueba  en 
contrario] que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la 
provocación o agravamiento de la insolvencia […] Si concurre la conducta de falta de 
colaboración o de información por parte del concursado, la presunción iuris tantum se 
extiende tanto al carácter doloso o gravemente culposo de su conducta como a su 
incidencia causal en la agravación de la solución concursal alcanzada. Es el concursado 
quien tendrá que desvirtuar la presunción, ya sea en lo referente a la calificación de su 
conducta como dolosa o gravemente culposa, ya sea en lo referente a la incidencia 
causal que la falta de colaboración o de información ha tenido en la agravación de la 
solución al concurso» (SSTS n.º 656/2017, de 1 de diciembre; 275/2015, de 7 de mayo 
y 327/2015, de 1 de junio).
El TS delimita las obligaciones del Fiscal: «es exigible al administrador concursal y al 
Ministerio  Fiscal  que  describan  los  hechos  en  que  se  concreta  la  conducta  que 
encuadran en el art. 165.2 de la Ley Concursal, para que el afectado por la petición de 
calificación del concurso como culpable pueda no solo desvirtuar la realidad de tales 
hechos o probar otros que excluyan la reprochabilidad de su conducta, sino también 
justificar, en su caso, la falta de dolo o culpa grave en la realización de esos hechos o 
que  tales  hechos  no  incidieron  en  un  empeoramiento  de  la  solución  concursal 
alcanzada» pero no puede exigirse al administrador concursal y al Ministerio Fiscal 
«como  requisito  que  condicione  la  estimación  de  su  pretensión  de  calificación  del 
concurso  como  culpable  por  concurrencia  de  la  conducta  descrita  en  el  art.  165.2 
(actual 165.1.2.º) de la Ley Concursal, que justifiquen la relación de causalidad entre la 
conducta del concursado y la agravación de la solución concursal» (SSTS n.º 656/2017, 
de 1 de diciembre).
3. Recurso extraordinario por infracción procesal
3.1  Ideas generales.
El  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  constituye  un  último  remedio, 
excepcional, que la LEC establece para suscitar cuestiones de naturaleza adjetiva (ATS 
de 21 de abril de 2009, rec. 744/2008).
En palabras de la Exposición de Motivos de la Ley, este recurso «procede contra 
sentencias de las Audiencias Provinciales en cuestiones procesales de singular relieve y, 
en general, para cuanto pueda considerarse violación de los derechos fundamentales 
que consagra el artículo 24 de la Constitución».
Como  quiera  que  esta  novedad  exigía  una  reforma  orgánica  para  distribuir  las 
competencias entre TS y TSJ que no llegó a buen puerto, se incorporó a la LEC la 
disposición final 16.ª, mediante la cual se sigue asignando al TS la competencia para 
conocer  de  los  recursos  extraordinarios  por  infracción  procesal.  Esta  situación 
teóricamente provisional se ha perpetuado en el tiempo, llega hasta nuestros días y se 
seguirá manteniendo en tanto no se reforme la LOPJ para atribuir a las Salas de lo Civil 
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento de este recurso.
El ATS de 8 de marzo de 2005, rec. 134/2005, deslinda el ámbito de los recursos 
extraordinarios: «se desplazan […] al recurso extraordinario por infracción procesal todas 
las cuestiones que no presenten carácter sustantivo, no solo las de carácter adjetivo  e.e
estrictamente consideradas, sino también otras como la cosa juzgada, el litisconsorcio o  b
la  legitimación,  que,  si  bien  están  indisociablemente  unidas  al  fondo  del  asunto,  31ww
creoqmuoie lrae nd eutne rtmraintaamciióenn tdoe p lroesli mheincahro sa lp droeb laadso csu, eqsuteiodnaensd doe p afornad eol  rpercouprisaom deen tcea dsiacchiaósn,  loa 
scuobnscurenccióiónn  ddee  lloas  sriegpnuifitcaadcoisó np rjoubríaddicoas  deen  elol ss uhpeucehsotso  yd el ah eocpheor accoiónnte mjupríldaidcoa  pdoer  llaa 
norma».
No obstante, las cuestiones relativas a la legitimación, en tanto conectadas con la 
titularidad  del  derecho  han  suscitado  vacilaciones  jurisprudenciales  en  orden  a 
encauzarlas en el recurso de casación o en el extraordinario por infracción procesal. La 
STS  n.º  656/2018,  de  21  de  noviembre,  sobre  legitimación  de  asociaciones  de 
consumidores  y  usuarios  para  defender  en  juicio  los  derechos  e  intereses  de  sus 
asociados se decanta claramente por darle la consideración de cuestión procesal.
Analiza también el citado ATS de 8 de marzo de 2005 los denominados fenómenos 
de sustantivización de las normas procesales, que pueden tener lugar por dos razones: 
1)  por la especialidad del objeto del proceso de que se trata: sería el supuesto de 
procedimientos  sobre  el  reconocimiento  y  declaración  de  eficacia  de  resoluciones 
extranjeras,  en  donde  la  cuestión  que  constituye  su  objeto  -el  reconocimiento  y 
virtualidad de los efectos de la sentencia foránea- presenta un neto carácter procesal y 
se resuelve mediante la aplicación de normas que contemplan presupuestos o requisitos 
que, por lo general, tienen ese mismo carácter adjetivo -la firmeza de la resolución por 
reconocer,  la  naturaleza  de  la  acción  ejercitada,  la  salvaguarda  de  las  garantías 
procesales en el procedimiento seguido en origen, el respeto al orden público procesal, 
la competencia internacional o la litispendencia o la eficacia de la cosa juzgada de las 
resoluciones del foro-.
2)  Porque  el  objeto  del  proceso  lo  constituya  la  validez  o  eficacia  de  otro 
procedimiento, que exige resolver sobre la pretensión anulatoria llevando a cabo el 
examen de la aplicación de las normas procesales en el anterior procedimiento, cuya 
corrección jurídica conforma el objeto del proceso.
Pues bien, para el TS «[…] en tales casos, y en la medida en que los preceptos 
procesales se sustantivizan para constituir las normas con arreglo a las cuales se ha de 
resolver el objeto del proceso, que igualmente aparece sustantivizado, resultan idóneos 
[…] para fundamentar el interés casacional […]».
Dado que el ámbito material de cada recurso está perfectamente diferenciado, ni es 
posible plantear cuestiones procesales en casación (ATS de 24 abril de 2019, rec. 
2002/2016), ni aisladamente, ni mezclándose con cuestiones sustantivas, ni tampoco 
cabe plantear estas en sede de recurso extraordinario por infracción procesal (STS n.º 
478/2014, de 2 de octubre).
Debe tenerse especialmente presente el presupuesto de recurribilidad contenido en 
el art. 469.2 LEC: «sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal 
cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan 
denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se 
haya  reproducido  en  la  segunda  instancia.  Además,  si  la  violación  de  derecho 
fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la 
subsanación en la instancia o instancias oportunas».
El TS considera al respecto que queda vedado el acceso al recurso extraordinario 
«cuando la infracción o vulneración ha sido consentida o no se promovió la oportuna 
corrección del defecto, incumbiendo al litigante expresar en el escrito preparatorio cómo 
y en qué momento se efectuó la denuncia y se pidió la subsanación […] es necesario 
que en el escrito preparatorio se indique de forma clara y con la debida extensión cuál es 
la falta o defecto denunciado, además de en qué momento del procedimiento se ha 
producido, de qué modo ha sido denunciada por el recurrente y en qué momento, y, en 
su caso, de qué manera ha pretendido su subsanación, lo que resulta imprescindible 
para comprobar si se han agotado las posibilidades de actuación que el ordenamiento 
procesal establece para reparar el defecto o falta denunciada» (AATS de 13 de febrero  s
de 2019, rec. 2988/2016 y de 21 de abril de 2009, rec. 744/2008). oe.
Es un requisito inexcusable, una carga impuesta a las partes que obliga a reaccionar  w.
en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, ya que de no  31ww
rheaccuerrsloo  aesxít rapoierdrdinea rlaio  o(pSoSrTtuSn idna.ºd  7d4e2 /2d0e1n5u,n cdiea r 1l8a  direre gduicliaermidbarde  pyr o2c4e1s/a2l0 1a5 t,r adveé s6  ddeel 
mayo).
Por ello «no será motivo de infracción procesal cualquier defecto que haya podido 
subsanarse en la instancia o instancias oportunas mediante la aclaración, corrección o 
complemento de la sentencia» (Acuerdo de 2017).
Por otra parte, debe mantenerse el criterio establecido por la Circular 1/2001, de 5 de 
abril, «ante la inexistencia de previsión legal acerca de la legitimación del Fiscal en este 
recurso,  el  Ministerio  Fiscal  sólo  intervendrá  en  los  recursos  extraordinarios  por 
infracción procesal que se sustancien en aquellos procesos en los que haya intervenido 
como parte. En los procesos en que no sea parte, pese a la invocación como posibles 
motivos  del  recurso  extraordinario  de  la  infracción  de  normas  sobre  jurisdicción  y 
competencia (art. 469.1.1.º) o la vulneración de alguno de los derechos fundamentales 
reconocidos en el art. 24 de la CE (art. 469.1.4.º) el Fiscal, por decisión del legislador, no 
tendrá intervención».
3.2  Resoluciones recurribles.
Conforme a la disposición final decimosexta LEC, en los casos a que se refieren los 
números 1.º y 2.º del apartado segundo del art. 477 (pleitos de más de 600.000 euros o 
procedimientos de protección de los derechos fundamentales) el recurso extraordinario 
por  infracción  procesal  puede  interponerse  de  forma  autónoma,  sin  necesidad  de 
formular recurso de casación.
En  relación  con  estas  resoluciones,  si  se  interpone  conjuntamente  casación  e 
infracción procesal se examina la admisión de cada recurso según sus propias reglas 
(483.2 LEC para la casación y 473.2 LEC para la infracción procesal), pudiendo ser 
inadmitido uno o ambos.
En los demás casos (resoluciones recurribles del número 3° del art. 477.2 LEC), el 
recurso por infracción procesal debe interponerse junto al de casación, condicionándose 
la admisión de aquél a que resulte admisible este. A estos efectos conforme a la regla 5.ª 
de la disposición final decimosexta LEC «cuando el recurso por infracción procesal se 
hubiese  formulado  fundando  exclusivamente  su  procedencia  en  el  número  3.º  del 
apartado segundo del artículo 477, la Sala resolverá si procede la admisión o inadmisión 
del recurso de casación, y si acordare la inadmisión, se inadmitirá, sin más trámites, el 
recurso por infracción procesal. Sólo en el caso de que el recurso de casación resultare 
admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario por 
infracción procesal».
Por tanto, para recurrir por infracción procesal en procedimientos por razón de la 
materia o de cuantía no superior a 600.000 euros es necesario articular simultáneamente 
un recurso de casación (vid., en este sentido, ATS de 26 de febrero de 2013, rec. 
1477/2012).
En estos supuestos, en el escrito de interposición habrá de indicarse expresamente 
que el recurso por infracción procesal se interpone conjuntamente con el recurso de 
casación por interés casacional.
Podrán, pues, ser objeto del recurso de infracción procesal todas las resoluciones 
susceptibles de casación, pero sólo podrán recurrirse autónomamente por infracción 
procesal las sentencias recaídas en procedimientos de cuantía superior a 600.000 euros 
y en procedimientos para la protección de derechos fundamentales.
Es por ello que no son susceptibles de recurso por infracción procesal los autos, 
salvo aquellos que, conforme a lo expuesto ut supra, pueden ser objeto de casación.
3.3  Motivos. s
El recurso extraordinario por infracción procesal solo se puede interponer por alguno  w.
de los motivos expresamente previstos en el art. 469 LEC, que son exclusivos o tasados  31ww
(vid.D eenb ee sttee nseernsteid op raeds eenxteem qpuluem l aA TiSnf rdaec c5i ódne  adber ill adse  2n0o0rm5,a rse cs.o 6b1r8e/ 2c0o0s2ta).s no puede
fundamentar ni el recurso extraordinario por infracción procesal (vid. ATS de 3 de julio
de 2019, rec. 4058/2016 y de 18 de enero de 2005, rec. 1109/2001) ni, por supuesto, el 
recurso de casación (vid. ATS de 03 de abril de 2019, rec. 456/2017).
3.3.1  Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional 
(art. 469.1.1.º).
En virtud de lo dispuesto en el art. 67 LEC, también podrá fundarse en la infracción 
de las normas sobre competencia territorial que tengan carácter imperativo (Acuerdo 
de 2017, vid. STS n.º 216/2009, de 2 de abril).
No puede alegarse este motivo por la parte que no agotó los recursos ordinarios por 
las infracciones de las normas sobre competencia alegadas (STS n.º 570/2010, de 17 de 
septiembre).
El  TS  rechaza  la  recurribilidad  en  casación  y  por  infracción  procesal  de  las 
resoluciones dictadas en el procedimiento de la declinatoria (ATS de 30 de marzo 
de 2004, rec. 152/2004, con cita de múltiples precedentes).
No cabe fundar el recurso extraordinario por infracción procesal en que el tribunal de 
instancia no apreció de oficio su falta de competencia objetiva, cuando previamente el 
recurrente dejó de plantear a tiempo la pertinente declinatoria (SSTS n.º 253/2016, de 18 
de abril y 241/2015, de 6 de mayo).
3.3.2  Infracción de las normas reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2.º).
Conforme al Acuerdo de 2017 «[…] únicamente podrá fundarse este motivo de 
recurso en la infracción de los arts. 209 y 214 a 222 LEC […] cuando se alegue 
infracción del art. 217 LEC, será imprescindible que la sentencia recurrida haya aplicado 
las normas de atribución de la carga de la prueba previstas en dicho precepto».
Por tanto, en relación con cuestiones probatorias, el recurso puede fundamentarse 
en este motivo exclusivamente cuando se alegue la infracción de las normas por las que 
se regula la carga de la prueba, considerando como norma reguladora de la sentencia el 
art. 217 LEC.
Los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del 
art. 469.1.2 LEC. Este motivo de infracción procesal está reservado al examen del 
cumplimiento de «las normas procesales reguladoras de la sentencia». Estas normas 
comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la sentencia y los 
requisitos internos de ella, pero no con carácter general las reglas y principios que deben 
observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen 
premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la 
operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado 
(SSTS n.º 544/2012, de 25 de septiembre y 1069/2008, de 28 de noviembre).
El  defecto  de  incongruencia,  con  infracción  de  las  normas  reguladoras  de  la 
sentencia (art. 218 LEC), es subsumible en este motivo (STS n.º 648/2015, de 1 de 
diciembre).
La incongruencia como motivo de infracción procesal comprende la incongruencia 
omisiva, la extra petita, la infra petita y la ultra petita.  No cabe alegar en este motivo el 
desacuerdo con la motivación, contenido o argumentación de la sentencia ni la denuncia 
de errores que pudieron subsanarse mediante la aclaración, corrección o complemento 
de la sentencia (Acuerdo de 2017).
Cuando se trata de denunciar la incongruencia por falta de pronunciamiento se exige 
la denuncia previa de dicha omisión ante la propia Audiencia por el mecanismo previsto 
en el art. 215 LEC (subsanación o complemento de resoluciones) (STS n.º 538/2014,  e.
de  30  de  septiembre,  con  cita  de  múltiples  resoluciones).  Así,  «denunciándose  la  w.
incongruencia de la sentencia por omisión de alguna de las pretensiones formuladas, el  31ww
dreec uinrrceonnteg rtueenníac iala  opmosisibivilaid amde ddeia dneten uenlc ieajre recnic liao  sdeeg ulnad ap einticsitóann cdiae  lac oinmfrpalcecmióenn ptor odcees alal 
saecnretednitácinad qousee  phraebveér  eal caurdtíicduolo a 2 1e5s.t2e  LpEroCc,e edli mcuieanl thou, beiel rrae cpuerrsmoi tiedso  isnua dsmubissiabnlea cyi,ó ne.n N eol   BOE-A-cable e
trance de dictar sentencia en que nos encontramos, debe ser desestimado» (SSTS n.º 
572/2018, de 15 de octubre y 712/2010, de 11 noviembre).
3.3.3  Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso 
cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir 
indefensión (art. 469.1.3.º).
Para articular el recurso a través de este motivo «deberá justificarse cumplidamente 
que la infracción ha sido esencial y determina la nulidad (art. 225 LEC) y en qué ha 
consistido la indefensión, puesto que no cualquier vicio o error de procedimiento provoca 
dicha consecuencia (art. 225.3.º LEC)» (Acuerdo de 2017).
La indefensión ha de ser «material, real y efectiva, y no meramente formal, que, de 
un lado obliga a la parte que la alega a la debida diligencia, desterrando la pasividad, el 
desinterés, la desidia o la impericia, y de otro impone la presencia de un resultado 
verdaderamente lesivo para la plenitud de sus derechos de defensa, con auténtica 
limitación o menoscabo de ellos […] (ATS de 3 de marzo de 2009, rec. 115/2007). No 
toda irregularidad u omisión procesal causa por sí misma la nulidad de actuaciones, ya 
que […] el dato esencial es que tal irregularidad procesal haya supuesto una efectiva 
indefensión material, y por lo tanto, trascendente de cara a la resolución del pleito […]» 
(ATS de 4 de junio de 2019, rec. 2651/2016).
3.3.4  Vulneración, en el proceso civil, de los derechos fundamentales reconocidos 
en el art. 24 de la Constitución (art. 469.1.4.º).
Como se ha señalado por la doctrina, el art. 24 CE es el precepto procesalmente 
más importante de nuestro ordenamiento jurídico.
El Acuerdo de 2017 exige la justificación de 1.º) en qué consiste la lesión del derecho 
fundamental; 2) que se han agotado los remedios procesales para evitar dicha lesión; 3) 
que se ha denunciado oportunamente la vulneración del derecho fundamental en cuanto 
hubo ocasión procesal para ello.
Los requisitos de la denuncia previa son explicados por el propio Acuerdo: solo es 
admisible el recurso cuando la infracción procesal o la vulneración del art. 24 CE se haya 
denunciado en la instancia en que se produjo, en la primera oportunidad posible, y se 
haya reproducido la denuncia en segunda instancia, si hubo lugar a ello. Si la infracción 
es subsanable habrá de acreditarse el intento de subsanación en cuanto hubo lugar a 
ello y su resultado. No será motivo de infracción procesal cualquier defecto que haya 
podido  subsanarse  en  la  instancia  o  instancias  oportunas  mediante  la  aclaración, 
corrección o complemento de la sentencia (art. 469.2 y arts. 214 y 215 LEC).
Debe recordarse que, conforme a la doctrina del TC, no existe lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva cuando esta resulte exclusivamente imputable a la inactividad 
procesal de las partes, a su conducta omisiva, negligencia o a la acción voluntaria y 
desacertada de las partes (STC n.º 364/1993, de 13 de diciembre, con cita de múltiples 
precedentes).
No toda irregularidad procesal es por sí relevante, pues la parte debe justificar que la 
infracción que alega comporta una privación material de medios de defensa suficiente 
para lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTS n.º 351/2015, de 15 de junio 
y 575/2014, de 27 de octubre).
Aunque  como  se  expuso  ut  supra  los  pronunciamientos  sobre  costas  no  son 
impugnables  mediante  este  recurso,  el  TS  introduce  una  excepción:  «siendo  la 
imposición de costas una de las consecuencias o condiciones que pueden incidir en el  e.
derecho de acceso a la jurisdicción o que pueden actuar en desfavor de quien actúa  w.
jurisdiccionalmente […] cabe controlar si la decisión judicial ha podido suponer la lesión  31ww
dpealt ednetere, cahrob itara rlaie dtuatde,l am jaundiifcieiaslt ae fierrcatzivoan acbuialidnaddo  ola,  erens osluu ccióans oj,u dsii criaels uinltcau rinram oetniv aedrrao»r 
(SSTS n.º 715/2015, de 14 de diciembre y 40/2015, de 4 de febrero).
El error en la valoración de la prueba no se configura expresamente como uno de los 
cuatro motivos en los que puede fundarse el recurso por infracción procesal en el 
art. 469.1 LEC. No obstante, la jurisprudencia ha admitido que pueda justificarse un 
recurso por infracción procesal, al amparo de este motivo, basado en la existencia de un 
error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que 
comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTS n.º 743/2015, 
de 29 de diciembre y 58/2015, de 23 de febrero).
Los límites los señala la STS n.º 445/2014, de 4 de septiembre, cuando declara que 
«el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, 
la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso 
valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean 
compartidos por la recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte 
en arbitraria ni errónea la revisión de la valoración de la prueba hecha por la audiencia 
provincial».
El Acuerdo 2/2006, de 4 de abril, de la Sala Primera del TS ya declaró que «en el 
ordinal  4.º  del  art.  469.1  LEC  al  considerar  motivo  del  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el 
art. 24 CE podría encuadrarse el error patente o notorio y la interpretación ilógica o 
irrazonable de los distintos medios de prueba legalmente previstos».
Conforme al Acuerdo de 2017 «la valoración de la prueba no puede ser materia de 
los recursos extraordinarios. Solo el error patente puede alegarse como motivo del 
recurso, con los siguientes requisitos: (i) debe tratarse de un error fáctico-material o de 
hecho-;  (ii)  debe  ser  patente,  evidente  e  inmediatamente  verificable  de  forma 
incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales; (iii) no podrán acumularse en un 
mismo motivo errores patentes relativos a diferentes pruebas; (iv) es incompatible la 
alegación del error patente en la valoración de la prueba con la vulneración de las reglas 
de la carga de la prueba del art. 217 LEC sobre un mismo hecho».
La idea nuclear de la jurisprudencia del TS es la de que la valoración de la prueba es 
función de la instancia, por lo que en el recurso no pueden plantearse cuestiones que 
obliguen a efectuar una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia, 
ni  pretender  que  se  dé  prioridad  a  un  concreto  medio  probatorio  para  obtener 
conclusiones contrarias a las objetivas del órgano jurisdiccional a no ser que se ponga 
de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto. Como expresa la STS n.º 39/2018, 
de 26 de enero, «en nuestro sistema el procedimiento civil sigue el modelo de la doble 
instancia […] la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a 
una  tercera  instancia  en  la  que  fuera  de  los  supuestos  excepcionales  se  pueda 
replantear la completa revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de 
las instancias y las mismas se agotan en la apelación».
«La valoración de la prueba testifical no puede ser sometida a revisión casacional 
[…] El recurso de casación no es una tercera instancia, y en ella se convertiría si a un 
precepto admonitivo […] el art. 376 […] se le da carácter imperativo […] salvo error 
patente (de hecho) o arbitrariedad; supuestos que no concurren en el caso en que lo que 
se produce realmente es una discrepancia en cuanto a la valoración y consecuencias 
que hayan de atribuirse a determinados pronunciamientos de los testigos» (STS n.º 
8/2009, de 28 de enero, con cita de múltiples resoluciones).
Del mismo modo, la valoración de la prueba pericial corresponde al Tribunal de 
instancia, no pudiendo ser objeto de casación a no ser que sea ilógica, arbitraria o 
contraria a derecho (STS n.º 347/2005, de 12 de mayo, con cita de varias). s
En relación con las presunciones es constante la doctrina de la Sala de que sólo  oe.
cabe la denuncia casacional «cuando el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la  w.
lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a  31ww
pparertcire ddeen tloess ).hechos acreditados» (STS n.º 336/2015, de 9 de junio, con cita de varios
racioCnaabbeil iadratidc uclaorn setsittuec imonoatilvmoe cnutea nedxoi glaib lvea lpoararac iórens dpee talar  perlu deebrae cnhoo s uap lear etu etel ltae sjtu ddiec ilaal   BOE-A-cable e
efectiva consagrado en artículo 24 CE (STS n.º 544/2012, de 25 de septiembre, entre 
otras).
La omisión total de valoración de una prueba practicada también puede articular el 
recurso al amparo de la infracción del art. 24 CE (STS n.º 576/2010, de 1 de octubre).
Pero como quiera que rige el principio de valoración conjunta de la prueba «no puede 
sustentarse un recurso de infracción procesal en un argumento que va impugnando uno 
a uno el resultado de las pruebas practicadas, para pretender una nueva valoración del 
resultado probatorio» (STS n.º 37/2016,de 4 de febrero), pues «no es posible atacar la 
valoración  conjunta  de  la  prueba,  ni  siquiera  mediante  la  impugnación  de  pruebas 
concretas, ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener 
conclusiones  interesadas,  contrarias  a  las  objetivas  y  desinteresadas  del  órgano 
jurisdiccional» (STS n.º 506/2016, de 20 de julio). Dicho de otro modo «el carácter 
extraordinario de este recurso no permite tratar de desvirtuar la apreciación probatoria 
mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el 
criterio del tribunal por el suyo propio» (STS n.º 206/2018, de 11 de abril). No le será 
factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla 
para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones (ATS de 17 de julio de 2019, rec. 
804/2017).
No debe confundirse la discrepancia con los razonamientos de la sentencia con la 
falta de expresión de los mismos (STS n.º 20/2007, de 31 de enero).
El Acuerdo de 2017 establece además que la alegación de la denegación de prueba 
como fundamento del recurso exigirá identificar el hecho concreto que dicha denegación 
haya impedido acreditar o desvirtuar.
En relación con la denegación de prueba considera el TS que «no basta impugnar la 
indebida  denegación  de  un  medio  de  prueba  justificando  el  cumplimiento  de  los 
presupuestos formales para su admisión sino que es necesario acreditar la relevancia 
que la indebida denegación de esta prueba provoca en la resolución de la litis […] la 
prueba ha de guardar relación con el objeto del proceso y ha de ser pertinente, esto es, 
legítima y relevante […] La jurisprudencia constitucional, como ha destacado la doctrina 
más  autorizada,  ha  identificado  la  prueba  pertinente  con  aquella  cuya  denegación 
produce materialmente indefensión […] (ATS de 20 de julio de 2016, rec. 3181/2014, con 
cita de múltiples resoluciones) lo que viene a traducirse en que la inadmisión de medios 
de prueba, aunque fuere irregular, sólo produce indefensión si es injustificada, arbitraria 
o irrazonable y, sobre todo, si priva al litigante de un medio de prueba decisivo para el 
éxito de su posición» (ATS de 28 de mayo de 2019, rec. 49/2018).
El ATS de 14 de febrero de 2012, rec. 977/2011, inadmite el recurso porque el 
recurrente «consintió la denegación de prueba en segunda instancia, al no interponerse 
contra la misma el preceptivo recurso de reposición, tal y como resulta necesario para 
considerar cumplido el art. 469.2 de la LEC».
Cuando se trate de un error fáctico, patente e inmediatamente verificable en la 
valoración de la prueba, se deberá indicar la prueba concreta, incluso con referencia al 
folio de las actuaciones o al minuto del soporte audiovisual, y exponer cómo, dónde o 
cuándo se ha producido el error (Acuerdo de 2017).
3.4  Procedimiento.
Tras la publicación de la Ley 37/2011 se suprime el trámite de preparación del 
recurso extraordinario por infracción procesal.
El nuevo art. 470 LEC en su apartado primero dispone que «el recurso extraordinario  e
por infracción procesal se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que  bo
se  impugne  dentro  del  plazo  de  veinte  días  contados  desde  el  día  siguiente  a  la  31ww
notifCicoancfioórnm dee a al qaurté. ll4a7»1. LEC «en el escrito de interposición se expondrá razonadamente
lean  ineflr apcroccióens oo.  vTualmnebriaécni ósne  cpoomdreát idsao,li ceixtaprr elas apnrádcot,i cean  dseu  aclagsuon,a d per uqeubéa m qaunee srae  cinofnlusyideeroren 
imprescindible  para  acreditar  la  infracción  o  vulneración  producida,  así  como  la 
celebración de vista».
Estos recursos «se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, 
entre otros aspectos, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la infracción 
legal que se denuncia, que debe estar mencionada en el encabezamiento del motivo y 
desarrollada en los razonamientos expuestos a continuación, y en la imposibilidad de 
acumular  por  acarreo  argumentos  heterogéneos,  determinantes  de  la  falta  de  la 
razonable claridad expositiva necesaria para permitir la individualización del problema 
jurídico planteado» (STS n.º 116/2016, de 1 de marzo).
Al  igual  que  ocurre  con  el  recurso  de  casación  «el  escrito  de  recurso  debe 
estructurarse en motivos. Tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la 
misma naturaleza, como si se alegan varias de distinta naturaleza […] cada una de las 
infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer 
numerados correlativamente. No podrán formularse submotivos dentro de cada motivo» 
(Acuerdo de 2017).
El Acuerdo de 2017 establece como contenido de cada motivo, el siguiente: a) el 
motivo, de los cuatro previstos en el art. 469.1 LEC, en que se ampara. b) La cita precisa 
de la norma infringida. No podrá acumularse la cita de preceptos heterogéneos en un 
mismo motivo. No será suficiente que la norma infringida pueda deducirse del desarrollo 
del motivo. c) El resumen de la infracción cometida (cómo, por qué y en qué ha sido 
infringida o desconocida la norma citada). d) El intento de subsanación de la infracción 
en la instancia o instancias correspondientes, cuando haya sido posible, y el resultado de 
dicho intento. e) La identificación concreta de la indefensión material producida si el 
recurso se interpone por los ordinales 3.º y 4.º del art. 469.1 LEC. En el desarrollo de 
cada  motivo  se  deberá  hacer  referencia  exacta  a  las  actuaciones  sustanciadas  en 
primera y segunda instancia con indicación de la resolución judicial supuestamente 
infractora.
El  Acuerdo  de  2017  dispone  a  estos  efectos  que  si  se  trata  de  un  recurso 
extraordinario por infracción procesal autónomo -sin recurso de casación conjunto-, se 
expresará la modalidad que lo permita (proceso seguido para la tutela judicial civil de los 
derechos fundamentales o tramitado por razón de la cuantía, si ésta excede de 600.000 
euros); si se trata de un recurso por infracción procesal interpuesto conjuntamente con 
recurso de casación por interés casacional y subordinada su admisión a la de este último 
(disposición final 16.ª LEC), se ha de indicar así de forma expresa.
Las infracciones de estas exigencias son causa de inadmisión. El Acuerdo de 2017 
considera como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal: 
g)  Incumplimiento  de  los  requisitos  del  encabezamiento  de  los  motivos  (arts.473.2 
y 483.2 LEC). h) Incumplimiento de los requisitos de desarrollo de los motivos (arts. 
473.2 y 483.2 LEC).
Se pueden alegar varias infracciones que tengan la misma o distinta naturaleza (se 
entiende que dentro de los cuatro motivos) en cuyo caso, si se alegan varias, de la 
misma o distinta naturaleza, cada una de ellas debe ser formulada en un motivo distinto 
que se numerará correlativamente.
Es inviable la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo o la cita de 
preceptos genéricos que puedan comportar ambigüedad o indefinición.
Son además aplicables mutatis mutandis, las exigencias examinadas ut supra para la 
redacción del escrito de interposición del recurso de casación.
Los motivos de inadmisión del recurso por infracción procesal son el incumplimiento  s
de los requisitos establecidos en los arts. 467 y 469 LEC y la carencia manifiesta de  oe.
fundamento  del  recurso  (art.  473.2  LEC).  Se  desarrollan  en  detalle  con  carácter  w.
ejemplificativo en el Acuerdo de 2017 (epígrafe IV, apartados primero y segundo). 31ww
4. Competencia para conocer de los recursos cuando se invoca la infracción de una 
norma foral
Conforme a los arts. 56.1 LOPJ y 478 LEC, la competencia para conocer de los 
recursos de casación en materia civil corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo.
Según disponen los arts. 152.1 CE, 73.1 a) LOPJ y 478.1 LEC corresponderá a las 
Salas de lo Civil y Penal como Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia 
conocer  de  los  recursos  de  casación  que  procedan  contra  las  resoluciones  de  los 
tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, 
exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, 
foral  o  especial  propio  de  la  Comunidad,  y  cuando  el  correspondiente  Estatuto  de 
Autonomía haya previsto esta atribución.
Conforme a las previsiones de estos preceptos están habilitados para ejercer su 
potestad respecto del recurso de casación los TSJ de las CCAA del País Vasco (art. 34.1 
LO 3/1979), Aragón (art. 63 LO 5/2007), Cataluña (art. 95 LO 6/2006) Galicia (art. 22 
LO  1/1981)  Comunidad  Valenciana  (arts.  33  y  37  LO  5/1982),  Murcia  (art.  35.1 
LO 4/1982), Navarra (art. 61.1 LO 13/1982), Extremadura (art. 50.2 LO 1/2011) e Islas 
Baleares (art. 94.1 LO 1/2007).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 LEC, como principio general, tal y 
como  ha  establecido  el  TS  en  otras  resoluciones,  la  competencia  funcional  viene 
determinada por las normas invocadas en el recurso de casación con independencia de 
las normas aplicadas o invocadas por las partes en las respectivas instancias (vid. ATS 
de 10 de julio de 2019, rec. 6014/2018).
A efectos de determinar cuándo una norma autonómica podrá calificarse de norma 
de Derecho Civil foral o especial el TS ha considerado que «no toda norma autonómica 
aplicable para resolver litigios sobre materias de Derecho privado constituye norma de 
Derecho civil foral o especial, pues las competencias de las comunidades autónomas 
pueden extenderse, en mayor o menor medida, a materias que guarden relación con el 
Derecho privado pero que en puridad no integran su Derecho civil propio» (ATS Pleno 
de 3 de marzo de 2015, rec. 121/2014; AATS de 20 de mayo de 2015, rec. 2872/2013 y 
de 5 de septiembre de 2018, rec. 3282/2017).
El factor determinante para decidir sobre la competencia funcional es si la norma 
autonómica citada como infringida constituye conforme al art. 149.1 8.ª CE Derecho civil 
foral o especial. Para el TS «el criterio más seguro para responder a esta cuestión es el 
de la competencia legislativa, de modo que una norma autonómica puede calificarse de 
norma de Derecho civil foral o especial si ha sido aprobada por la asamblea legislativa 
correspondiente en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1-8.ª de la 
Constitución […]» (ATS Pleno de 3 de marzo de 2015, rec. 121/2014).
En  este  sentido,  el  ATS  Pleno  de  5  de  septiembre  de  2018,  rec.  3282/2017, 
considera competente al TS para conocer de los recursos de casación basados en la 
infracción de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, en tanto 
«no se aprobó por el Parlamento de Galicia en el ejercicio de la competencia legislativa 
de  conservación,  modificación  y  desarrollo  «de  las  instituciones  de  Derecho  civil 
Gallego» atribuida a la comunidad autónoma gallega en el apartado 4 del art. 27 de su 
Estatuto de Autonomía».
Debe  en  este  punto  recordarse  que  la  competencia  funcional  es  ius  cogens, 
debiendo ser apreciada de oficio por los Tribunales y no siendo disponible para las 
partes, generando su infracción la nulidad de actuaciones, conforme a los arts. 238.1  e.
LOPJ y 225.1 LEC. w.b
Será  siempre  competente  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal  Supremo  cuando  la  31ww
sCeCnAteAn cdiae  rAesctuurrriiadsa,  hCaaynata bsirdiao,  dLiac taRdioaj ap, oMr audnraid ,A uCdaisetnilclaia  yP Lroevóinn,c iCala sctoilnla -sLead eM aennc hlaas, 
uAnnad anluocrmíaa y c Civailn, aforiraasl , oa uensqpueeci aell  dreec uortsrao  Cdeo mcausnaidcaiódn  Asuet ófunnodmaam, epnutees e sno lbar ein ferla cDceiórenc dheo 
civil foral o especial solo puede pronunciarse a través de la casación el TSJ de esa 
concreta Comunidad.
El ATS de 11 de noviembre de 2003, rec. 884/2001, declara a este respecto que la 
tarea para formar jurisprudencia que complemente el Ordenamiento jurídico civil foral o 
especial «también corresponde a esta Sala del Tribunal Supremo cuando la sentencia 
recurrida no se hubiera dictado por un órgano con sede en la Comunidad Autónoma 
correspondiente».
Cuando se interpone casación frente a una sentencia dictada por una Audiencia 
Provincial con sede en alguna de las CCAA con Derecho civil foral o especial y se alega 
infracción de una norma sustantiva del correspondiente Derecho civil foral o especial, la 
competencia corresponderá al TSJ, aunque también se alegue infracción de normas 
sustantivas estatales.
Como excepción, la denuncia de infracción de precepto constitucional implica la 
atribución de la competencia al TS. Ello se cohonesta con lo dispuesto en el apartado 
cuarto del art. 5 LOPJ «en todos los casos en que, según la Ley, proceda recurso de 
casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En 
este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al TS, 
cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional».
A estos efectos el TS ha declarado que «lo que prima en esta distribución de la 
competencia  […]  es  atribuir  a  las  Salas  de  los  Tribunales  Superiores  el  pleno 
conocimiento de Derecho foral o especial y por ello el legislador acepta sin reparos que 
puedan  conocer  también  del  Derecho  Común  cuando  se  invoca  junto  a  norma  de 
Derecho  foral  o  especial,  de  igual  forma  que  el  legislador  acepta  que  el  Tribunal 
Supremo conozca de Derecho foral o especial si existe el dato que prima en esta caso 
de alegación de norma constitucional. Adviértase que en ambos criterios de distribución 
el legislador no divide la competencia para el conocimiento de un mismo recurso sino 
que  la  atribuye  a  un  único  órgano,  aunque  para  ello  deba  sacrificar  los  intereses 
perseguidos  con  la  regla  precedente  […]»  (vid.  en  este  sentido,  AATS  de  11  de 
noviembre de 2015, rec. 736/2015; de 21 de abril de 2009, rec. 362/2007 y de 8 de 
septiembre de 2008, rec. 2290/2007).
El criterio general es el de la improcedencia de dividir la continencia del recurso, «[…] 
no resultando posible […] compartimentar con un tratamiento diferenciador o disgregador 
el  control  de  admisibilidad  de  cada  uno  de  los  motivos  que  integran  el  recurso 
interpuesto» (AATS de 21 de abril de 2009, rec. 362/2007 y de 11 de noviembre de 2015, 
rec. 736/2015).
En alguna ocasión el TS ha acordado no admitir los motivos fundados en infracción 
de norma constitucional carentes de fundamento, declarando entonces la competencia 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente  para 
conocer del resto de los motivos (ATS de 16 de marzo de 2004, rec. 3837/2000) pues no 
conoce  el  TS,  cuando  la  alegación  de  infracción  de  precepto  constitucional  sea 
fraudulenta, tangencial o manifiestamente infundada (ATS de 13 de octubre de 2010, rec. 
1502/2009).
Se trata de evitar que se contradiga «el claro designio del legislador de que la 
infracción de Derecho Foral o especial sea examinada por el Tribunal Superior de 
Justicia que corresponda, intención que se sitúa en una voluntad evidente de reforzar la 
labor de los Tribunales Superiores de Justicia dentro de la evolución del desarrollo de un 
Estado  autonómico»  (AATS  de  11  de  noviembre  de  2015,  rec.  736/2015;  de  2  de 
septiembre de 2008, rec. 2290/2007 y de 1 de abril de 2003, rec. 151/2000). s
En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia es el órgano competente para conocer  oe.
del Derecho común cuando se alegue junto con norma de Derecho foral o especial en un  w.
mismo  recurso  de  casación,  sin  más  excepción  que  la  invocación  de  norma  31ww
ccoonnostcitimucieionntaol  y[ …re]s oylu csiiónn  qsuee a tprirboucyeed ap odr iveild lier glias lacdoonr tian eunnc iúan idceol  órregcaunros oju rpisodrqicuceio nsaul 
(ATS de 11 de noviembre de 2015, rec. 736/2015).
El TS da pautas para evitar fraudes de ley en la determinación de la competencia 
funcional:
1.ª)  Como  principio  general  la  competencia  funcional  para  el  conocimiento  del 
recurso de casación viene determinada por las normas invocadas en el recurso, y se 
atribuye por la ley a un único órgano, lo que no impide que en el examen que de su 
propia competencia debe hacer el órgano judicial este acuda a las posibilidades que 
ofrece el art. 11 LOPJ para evitar situaciones exclusivamente orientadas a la elección del 
órgano judicial de casación que más pueda interesar a la parte recurrente.
2.ª)  A tal efecto conviene insistir en que las partes no son libres de invocar a su 
elección cualquier norma que -aun tangencialmente relacionada con la materia litigiosa- 
les interese para fijar la competencia funcional del órgano al que dirigen su recurso; al 
contrario, es necesario -y esta es la clave- que las normas que se citan como infringidas 
tengan  una  conexión  real  o  verdadera,  razonable  y  coherente,  con  la  cuestión 
controvertida.
3.ª)  Junto  a  lo  anterior  también  será  relevante  la  identificación  de  la  cuestión 
jurídica sobre la que se ha de fijar jurisprudencia. Un proceso que se desarrolle en el 
ámbito de aplicación del Derecho foral o especial, respecto del que el CC actúa como 
supletorio, no permitirá invocar la infracción del CC solo para augurarse la competencia 
del TS de la misma manera que en un proceso en el que se discuta el alcance de ciertas 
normas  de  Derecho  común,  sin  conexión  alguna  con  un  tema  de  Derecho  foral  o 
especial, no podrá asegurarse la competencia del Tribunal Superior de Justicia mediante 
la  cita  de  una  norma  foral  o  especial  por  más  que  pueda  estar  tangencialmente 
relacionada con la controversia.
4.ª)  En definitiva, la formulación del recurso no debe provocar el efecto de alterar 
por la cita formal de una norma- la función institucional de creación de jurisprudencia y 
unificación  de  criterios  en  la  aplicación  de  la  ley  que,  en  sus  distintos  ámbitos 
competenciales, tienen atribuida esta Sala Primera del Tribunal Supremo y los Tribunales 
Superiores de Justicia (ATS de 4 de diciembre de 2015, rec. 1011/2015).
En esta misma línea el ATS de 10 de julio de 2019, rec. 6014/2018, declara que 
«cuando el procedimiento se ha seguido en un ámbito territorial donde el derecho civil 
aplicable al caso es el derecho foral o especial, siendo el Código Civil derecho supletorio, 
constituyen normas aplicables para resolver el proceso las normas forales sobre la 
correspondiente materia y que han sido dictadas en el uso de la competencia legislativa 
atribuida por el Estatuto de Autonomía […] no resulta posible invocar la infracción de 
derecho supletorio para predeterminar la competencia del Tribunal Supremo, por cuanto 
ello supondría tanto como admitir la alteración de las normas sobre la competencia, en 
este caso funcional, a voluntad del recurrente».
Deben tenerse en cuenta la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa; la Ley 5/2005, de 25 de abril, reguladora del recurso de casación en materia 
de derecho civil de Galicia y la Ley 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en 
materia de derecho civil de Cataluña.
Cuando se interponen conjuntamente casación basada en precepto foral o especial e 
infracción  procesal,  la  competencia  funcional  para  conocer  de  ambos  recursos 
corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (vid. AATS 
de 20 de enero de 2009, rec. 1916/2006 y 24 de marzo de 2009, rec. 952/2008).
5. El recurso de queja e.e
5.1  Ideas generales. 31ww
aparUtandao  vseezg uinntdeorp udeesl toa rte. l 4r7e9c uLrsEoC  d«es i ceals aTcriióbnu,n acl oennfotermndei earal  pqáurera fsoe  sceugmupnldeon  dloesl 
requisitos de admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso; en caso
contrario,  dictará  auto  declarando  la  inadmisión.  Contra  este  auto  sólo  podrá 
interponerse recurso de queja».
El recurso de queja se configura como un medio de impugnación instrumental, para 
controlar la denegación de la tramitación de un recurso devolutivo por el juez o tribunal a 
quo, resolviendo el tribunal ad quem sin audiencia de las demás partes, exclusivamente 
sobre la base de las alegaciones del que ha interpuesto la queja y atendiendo al 
contenido de los testimonios que la ley prevé y, eventualmente, de aquellos otros que 
deban  recabarse  por  considerarse  necesarios  en  orden  a  la  decisión  que  proceda 
adoptar, sin que esa inaudita parte, consustancial a la queja, pueda eludirse por otros 
litigantes solicitando su personación o por cualquier otro medio (vid. AATS de 20 de 
marzo de 2002, rec. 2374/2001 y de 18 de diciembre de 2001, rec. 2074/2001).
Es un medio de impugnación devolutivo. Cabe contra los autos en que el tribunal que 
hubiere dictado la resolución rechace la sustanciación de un recurso de apelación, 
extraordinario por infracción procesal o de casación.
Debe  necesariamente  formularse  ante  el  órgano  jurisdiccional  ad  quem.  Su 
carácter meramente instrumental implica que su ámbito queda limitado al examen de 
denegación de la tramitación por el tribunal a quo, sin que pueda extenderse la función 
revisora a ningún otro supuesto (vid. ATS de 23 de diciembre de 2003, rec. 1356/2003).
Como se expone en el ATS de 3 de febrero de 2016, rec. 251/2015, «el artículo 479 
LEC faculta a los tribunales a acordar mediante auto, la inadmisión de un recurso de 
casación si considera que concurre cualquier causa que, conforme a la LEC, lo justifique. 
Frente a tal decisión se puede formalizar, tal y como ha hecho la parte, recurso de queja. 
Esto es, no se produce indefensión alguna a la parte recurrente que puede hacer valer 
ante esta Sala su disconformidad con la causa de no admisión del recurso extraordinario 
por infracción procesal y/o casación apreciada por la Audiencia Provincial a través del 
presente recurso de queja».
El auto por el que el TS resuelve sobre la queja no es susceptible de recurso alguno.
5.2  Interposición.
El recurso de queja se interpone directamente ante el órgano ad quem, esto es, el 
Tribunal que debiera conocer el recurso de ser admitido. Por tanto, si se pretende recurrir 
en  casación  por  infracción  de  norma  de  Derecho  civil  foral  o  especial  habrá  de 
interponerse ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Si se pretende recurrir en casación 
por  infracción  de  norma  de  Derecho  común  y/o  por  infracción  procesal  deberá 
interponerse el recurso de queja ante la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En este sentido el ATS de 17 de febrero de 2009, rec. 15/2009, dispone que «en la 
medida en que concurren los presupuestos del art. 73.1 a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ya que la Sentencia que se pretende recurrir en casación fue dictada por un 
órgano jurisdiccional civil con sede en una Comunidad Autónoma con Derecho civil 
propio, y se cita como infringido el art. 566.4 y 7 del Libro Quinto del Código Civil de 
Cataluña […], la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es 
la competente para resolver el recurso de queja, ya que, en todo caso, le correspondería 
conocer del recurso de casación no tramitado, competencia, esta última, que le viene 
atribuida por el art. 20.1 a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña».
6. Cuestiones organizativas internas
Las Fiscalías territoriales son las competentes para interponer el recurso de casación  es
y el extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal a quo.  En la sustanciación  bo
del mismo ante el Tribunal ad quem intervendrá la Fiscalía del Tribunal Supremo o, en su  31ww
ceans tooDE,ds elo abp  ecco aore srernoel l osee pls imoptenrpi dnrpiceeuispnncitotieon  d dFreiibes lucceoan erliíddasaat addrsbe del ele ac i gaeCucro tamumlmaeucecnióanidnntea.is dmq Auoeus t ódlane o Icmnosaot.rrudcincaiócnió n1 1a/ 2f0in0 5d,e  dpere s1e0r vdaer   OE-A-2020-12able en https://
noviembre, sobre la instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación
establecido en el art. 124 de la CE asigna al Fiscal de Sala Delegado de lo Civil, entre 
otras, una función promotora de la unificación de criterios y específicamente se le 
atribuye la competencia para establecer los cauces de comunicación necesarios entre 
las Fiscalías y la Sección correspondiente de la Fiscalía del Tribunal Supremo y canalizar 
las  daciones  de  cuenta  que  los  Fiscales  encargados  del  despacho  de  asuntos  de 
importancia o trascendencia eleven (art. 25 párrafo 2.º EOMF). Esta asignación tiene una 
repercusión directa en el mantenimiento del principio de unidad de actuación, esencial 
para asegurar la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la Ley.
En este contexto, cuando una Fiscalía territorial pretenda interponer un recurso de 
casación y/o de infracción procesal, deberá previamente comunicar con la Fiscalía del 
Tribunal Supremo por el medio más rápido y remitirle para su aprobación un borrador del 
recurso  con  los  antecedentes  documentales  imprescindibles,  a  fin  de  preservar  el 
principio  de  unidad  de  actuación  así  como  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
exigencias formales de la casación.
Cuando por denunciarse la infracción de una norma de Derecho civil foral o especial 
sea competente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, será 
aplicable mutatis mutandis el mismo esquema, y por tanto, la Fiscalía Provincial deberá 
comunicarse con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente
Igualmente las/os Sras./es. Fiscales, cuando no siendo los recurrentes en el recurso 
de casación o extraordinario por infracción procesal, hayan sido emplazados ante la Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  por  haber  recurrido  otras  partes,  remitirán  copia  del 
emplazamiento y de la sentencia de la Audiencia recurrida, así como la dictada por el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  a  la  Sección  de  lo  Civil  de  la  Fiscalía  del  Tribunal 
Supremo.
La  Fiscalía  del  Tribunal  Supremo  o,  en  su  caso,  la  Fiscalía  de  la  Comunidad 
Autónoma comunicará a las respectivas Fiscalías territoriales las resoluciones dictadas 
por el TS en los recursos por ellas promovidos. En caso de que no se autorice la 
interposición del recurso, la Fiscalía del Tribunal Supremo o, en su caso, la Fiscalía de la 
Comunidad  Autónoma  dará  las  oportunas  explicaciones  a  la  Fiscalía  territorial  que 
pretendía interponerlo.
Ante una eventual inadmisión de la Audiencia Provincial de un recurso extraordinario 
interpuesto por una Fiscalía territorial, el Fiscal Jefe o, en su caso, el Fiscal Decano de la 
Sección  Civil  comunicará  inmediatamente  esta  circunstancia  con  remisión  de  los 
antecedentes necesarios a la Fiscalía del Tribunal Supremo a fin de que ésta estudie e 
interponga si procede el recurso de queja ante la Sala de lo Civil del TS. Idéntico trámite 
tendrá lugar en relación con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma si el recurso que se 
pretende es competencia del TSJ.
7. Pautas sobre asistencia a vistas ante el Tribunal Superior de Justicia
Dentro de las normas dedicadas a la tramitación del recurso de casación, el apartado 
primero del art. 486 LEC regula la posible celebración de una vista «[…] si todas las 
partes hubieren solicitado la celebración de vista el Secretario judicial señalará día y hora 
para su celebración. De igual modo se procederá cuando el Tribunal hubiera resuelto, 
mediante providencia, por considerarlo conveniente para la mejor impartición de justicia, 
la celebración de dicho acto».
Si el recurso de casación es competencia del TS, habrá de asistir a la vista un Fiscal 
de la Sección de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo. s
En el caso de recursos competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal  e.
Superior de Justicia habrá de asistir un Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma. w.
Cuando concurra justificación suficiente, podrá ser designado para la asistencia a la  31ww
vloisst ap raenstuep ueel sTtSosJ,  erle Fquisicsaitol sd ey  lpar oAcueddieimncieian tPosro evxinpcuiaels tqouse  etnra mla itIón setrl uacscuiónnto 1, /c1o9n9f7o,r mdee  a6 
dMein oisctteurbiore ,F aisccearlc ae nd elo asl gruencousrs aossp edcet oasp reelalactiióvons  ean  lae lp rpersoecnecdiiam dieen tlao  raenptree seeln jtuarcaiódno ;d elal   BOE-A-cable e
Instrucción 4/2011, de 17 de noviembre, sobre el funcionamiento de las Fiscalías de Área 
y otras cuestiones relativas al vigente modelo orgánico territorial del Ministerio Fiscal; y la 
Circular 1/2018, de 1 de junio, sobre algunas cuestiones que suscita la nueva regulación 
de la segunda instancia en materia penal.
En síntesis, esta remisión supone que: 1) se evitarán desplazamientos de Fiscales 
cuando no coincidan las sedes; 2) podrá excepcionarse este principio en supuestos de 
especial complejidad o en los que la singular naturaleza del objeto del proceso así lo 
imponga y 3) la designación del Fiscal de la Fiscalía de Área o Provincial para asistir a la 
vista ante el TSJ corresponde al Fiscal Superior con previa audiencia del Consejo Fiscal.
8. Cláusula de vigencia
La  presente  Circular  sustituye  los  contenidos  del  apartado  IX  (acerca  de  la 
preparación e interposición del recurso de casación por el Ministerio Fiscal) contenido en 
la Circular 1/2001, de 5 de abril de 2001, relativa a la incidencia de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles.
9. Conclusiones
9.1  Recurso de casación.
1.ª  Las/os Sras./es. Fiscales podrán -y deberán- interponer recurso de casación, y 
en su caso recurso extraordinario de infracción procesal, contra las sentencias dictadas 
en segunda instancia en los procedimientos en los que intervengan como parte cuando 
la  resolución  recaída  contraríe  los  intereses  públicos  y  sociales  que  le  están 
encomendados, siempre que concurra alguno de los motivos que pueden fundamentar 
estos recursos y se den las demás exigencias legales.
2.ª  Las/os  Sras./es.  Fiscales  se  abstendrán  de  interponer  recursos  cuando  no 
vayan a tener un efecto útil, conforme a la doctrina de la equivalencia de resultados.
3.ª  Son recurribles en casación las sentencias dictadas en los procesos especiales 
regulados en el Libro IV de la LEC y las sentencias dictadas en la pieza de calificación 
del concurso, cuando se acredite interés casacional, así como las sentencias dictadas en 
procesos civiles de protección de derechos fundamentales en todo caso.
4.ª  No son recurribles ni en casación ni por infracción procesal los autos, salvo los 
que lo sean conforme a reglamentos, tratados o convenios internacionales o de la Unión 
Europea. No obstante, cabrá recurrir resoluciones que debiendo adoptar la forma de 
sentencia se hayan dictado como autos.
5.ª  No son susceptibles de casación:
Las resoluciones sobre restitución internacional de menores.
Las resoluciones dictadas en procedimientos de jurisdicción voluntaria.
Las  resoluciones  recaídas  en  juicios  verbales  para  determinar  la  necesidad  del 
asentimiento a la adopción.
El auto que resuelve sobre la constitución de una adopción.
6.ª  El recurso de casación ha de fundarse en la infracción de normas sustantivas, 
de Derecho privado. Cabe alegar infracción de preceptos constitucionales, infracción de 
normas con rango de Ley orgánica u ordinaria, así como de normas contenidas en 
Decretos Leyes y Decretos Legislativos. s
Es posible fundamentar un motivo de casación en la infracción de un principio  e.
general del derecho o de una costumbre. w.
Se admite que el recurso se articule por infracción de una norma extranjera. 31ww
por CEsapbaeñ ian vyo ncaorr mnaosrm sauss tasunstitvaanst idvaes D ceornetcehnoid daes  lae nU Tnrióanta eduorso ipnetear,n taacnitoon oarleigsin raartiiofi ccaodmoos 
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7.ª  La justificación del interés casacional no puede ampararse en la infracción de la 
doctrina del TC, de los TSJ o de la DGRN.
8.ª  Es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea para entender cubierta la justificación formal de interés 
casacional.
9.ª  Una única sentencia del TS no crea jurisprudencia y no es, por tanto, apta para 
fundamentar el recurso por interés casacional, por lo que en principio deben citarse al 
menos dos sentencias.
No obstante, bastará la cita de una sola sentencia cuando se trate de sentencias del 
Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional.
10.ª  El interés casacional basado en la novedad de la norma exige que no exista 
jurisprudencia. Si pese a la novedad de la norma existe doctrina jurisprudencial no 
concurrirá interés casacional, salvo que la sentencia recurrida sea contraria a dicha 
jurisprudencia,  en  cuyo  caso,  el  recurso  de  casación  debe  articularse  por  esa 
contrariedad y no por la novedad de la norma.
Si concurre el requisito de la novedad de la norma y la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de Audiencias Provinciales, el recurso de casación podrá articularse por 
ambas vías.
11.ª  Deberán las/os Sras./es. Fiscales tener especialmente en cuenta que -más allá 
de la literalidad de la Ley- podrá interponerse recurso por interés casacional cuando se 
justifique  debidamente  la  necesidad  de  establecer  jurisprudencia  o  modificar  la  ya 
establecida en relación con el problema jurídico planteado. De esta manera se abre una 
vía para promover pronunciamientos del TS tanto en cuestiones en las que pese a no ser 
novedosa la norma no hay jurisprudencia como respecto de supuestos para los que se 
considere por las/os Sras./es. Fiscales que debe superarse la ya establecida.
12.ª  Para  interponer  el  recurso  de  casación  para  la  tutela  judicial  civil  de  los 
derechos fundamentales es preciso que la sentencia se haya dictado en un proceso de 
tutela judicial civil de los derechos fundamentales.
Por esta vía puede recurrirse la resolución dictada en el procedimiento para la 
protección de derechos fundamentales aunque lo que se alegue no sea propiamente la 
infracción del derecho fundamental sino de alguna norma sustantiva que lo desarrolle 
(por ejemplo, por infracción del art. 9.2 LO 1/1982, regulador de la condena a publicar el 
fallo de la sentencia o por infracción del art. 9.3 LO 1/1982, que establece las pautas 
para determinar el quantum indemnizatorio).
13.ª  Serán las/os Sras./es. Fiscales de las Audiencias Provinciales, o en su caso, 
de las Fiscalías de Área, los que, cuando proceda, deban interponer el recurso de 
casación.
Los  escritos  de  interposición  habrán  de  adaptarse  a  las  exigencias  formales 
desarrolladas en el cuerpo del presente documento.
En la fase de sustanciación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o ante la Sala 
de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia intervendrán los Fiscales de 
dichos Tribunales.
14.ª  Deberán tener presente las/os Sras./es. Fiscales que si se pretende recurrir 
una sentencia por infracción de precepto sustantivo (casación) y además por infracción 
de  precepto  procesal  (extraordinario  por  infracción  procesal),  habrán  ambos  de 
articularse en un mismo escrito de interposición.
15.ª  En el escrito de interposición puede interesarse la celebración de vista. Las/os 
Sras./es.  Fiscales,  como  regla  general  no  la  solicitarán,  sin  perjuicio  de  que  las  s
circunstancias concretas concurrentes pudieran fundamentar otra posición, que en todo  oe.
caso habrá de ser consultada con la Fiscalía del Tribunal Supremo, o en su caso, con la  w.
Fiscalía de la Comunidad Autónoma. 31ww
9.2  Recurso extraordinario por infracción procesal.
1.ª  Ante la inexistencia de previsión legal acerca de la legitimación del Fiscal en
este recurso, el Ministerio Público sólo intervendrá en los recursos extraordinarios por
infracción procesal que se sustancien en aquellos procesos en los que haya intervenido 
como parte.
2.ª  Las/os  Sras./es.  Fiscales  tendrán  presente  que  para  recurrir  por  infracción 
procesal  en  procedimientos  por  razón  de  la  materia  es  necesario  articular 
simultáneamente un recurso de casación.
Las sentencias recaídas en procedimientos para la tutela de derechos fundamentales 
podrán  ser  objeto  de  recurso  por  infracción  procesal  sin  necesidad  de  recurrir 
simultáneamente en casación.
3.ª  No  cabe  recurrir  por  incongruencia  por  omisión  si  previamente  no  se  ha 
articulado el mecanismo del art. 215 LEC (subsanación o complemento de resoluciones).
4.ª   Cabe articular el recurso por infracción procesal, al amparo del art. 469.1.4.º 
LEC, basado en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la 
prueba realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la 
tutela judicial efectiva.
La omisión total de valoración de una prueba practicada también permite articular el 
recurso al amparo de la infracción del art. 24 CE.
5.ª  La impugnación por vulneración de las reglas de la carga de la prueba del 
art. 217 LEC debe realizarse a través del motivo relativo a la infracción de las normas 
reguladoras de la sentencia.
9.3  Competencia para conocer de los recursos cuando se invoca la infracción de 
una norma foral.
1.ª  A la hora de determinar la competencia funcional para conocer de los recursos 
extraordinarios deben partir las/os Sras./es. Fiscales de que se trata de una materia de 
ius cogens, debiendo ser apreciada de oficio por los Tribunales y no siendo disponible 
para las partes, generando su infracción la nulidad de actuaciones
2.ª  No toda norma autonómica aplicable para resolver litigios sobre materias de 
Derecho  privado  constituye  norma  de  Derecho  civil  foral  o  especial,  pues  las 
competencias de las Comunidades Autónomas pueden extenderse, en mayor o menor 
medida, a materias que guarden relación con el Derecho privado pero que en puridad no 
integran su Derecho civil propio.
Un criterio para delimitar qué integra y qué no integra el Derecho civil foral o especial 
será  el  de  si  la  concreta  norma  ha  sido  aprobada  por  la  Asamblea  Legislativa 
correspondiente en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1 8.ª CE.
3.ª  Será siempre competente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cuando la 
sentencia recurrida haya sido dictada por una Audiencia Provincial con sede en las 
CCAA de Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Andalucía y Canarias, aunque el recurso de casación se fundamente en la infracción de 
una norma civil, foral o especial de otra Comunidad Autónoma.
4.ª  Cuando se interpone casación frente a una sentencia dictada por una Audiencia 
Provincial con sede en alguna de las CCAA con Derecho civil foral o especial y se alega 
infracción de una norma sustantiva del correspondiente Derecho civil foral o especial, la 
competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia, aunque también se alegue 
infracción de normas sustantivas estatales.
Como excepción, la denuncia de infracción de precepto constitucional implica la 
atribución de la competencia al TS.
5.ª  Cuando se interponen conjuntamente casación basada en precepto foral o 
especial e infracción procesal, la competencia funcional para conocer de ambos recursos  e
corresponde al TSJ. bo
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con los antecedentes documentales imprescindibles, a fin de preservar el principio de 
unidad de actuación así como de garantizar el cumplimiento de las exigencias formales 
de la casación.
2.ª  Cuando por denunciarse la infracción de una norma de Derecho civil foral o 
especial sea competente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, será 
aplicable mutatis mutandis el mismo esquema y, por tanto, la Fiscalía Provincial deberá 
comunicarse con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma correspondiente.
3.ª  La Fiscalía del Tribunal Supremo o, en su caso, la Fiscalía de la Comunidad 
Autónoma comunicará a las respectivas Fiscalías territoriales las resoluciones dictadas 
por el TS en los recursos por ellas promovidos. En caso de que no se autorice la 
interposición del recurso, la Fiscalía del Tribunal Supremo o, en su caso, la Fiscalía de la 
Comunidad  Autónoma  dará  las  oportunas  explicaciones  a  la  Fiscalía  territorial  que 
pretendía interponerlo.
4.ª  Ante  una  eventual  inadmisión  de  la  Audiencia  Provincial  de  un  recurso 
extraordinario interpuesto por una Fiscalía territorial, el Fiscal Jefe o, en su caso, el 
Fiscal Decano de la Sección Civil comunicará inmediatamente esta circunstancia con 
remisión de los antecedentes necesarios a la Fiscalía del Tribunal Supremo a fin de que 
esta estudie e interponga si procede el recurso de queja ante la Sala de lo Civil del 
Tribunal  Supremo.  Idéntico  trámite  tendrá  lugar  en  relación  con  la  Fiscalía  de  la 
Comunidad Autónoma si el recurso que se pretende es competencia del TSJ.
9.5  Pautas sobre asistencia a vistas ante el Tribunal Superior de Justicia.
En el caso de recursos competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ habrá de 
asistir un Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.
Podrá excepcionarse este principio en supuestos de especial complejidad o en los 
que la singular naturaleza del objeto del proceso así lo imponga. Para estos casos, la 
designación del Fiscal de la Fiscalía de Área o Provincial para asistir a la vista ante el 
TSJ corresponde al Fiscal Superior con previa audiencia del Consejo Fiscal.
Madrid, 3 de enero de 2020.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra 
Crespo.