BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Viernes 31 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 168189
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
21967 Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración 
público-privada,  del  Programa  Estatal  para  Impulsar  la  Investigación 
Científico-Técnica  y  su  Transferencia,  del  Plan  Estatal  de  Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la 
convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021.
El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (en 
adelante, PEICTI) aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en sesión celebrada 
el  15  de  junio  de  2021  constituye  el  instrumento  de  programación  que  permite 
desarrollar, financiar y ejecutar las políticas públicas de la Administración General del 
Estado en materia de fomento y coordinación de la I+D+i.
El PEICTI es, además, el instrumento de la Administración General del Estado para el 
desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2021-2027, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de 8 de 
septiembre de 2020, que constituye el marco en el que se establecen los objetivos 
estratégicos ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+i en España durante 
el período 2021-2027 y es el resultado de la colaboración entre la Administración General 
del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas.
El PEICTI se articula en cuatro programas estatales que se desarrollan a través de 
subprogramas con objetivos específicos y que incluyen las ayudas públicas estatales, 
anuales y plurianuales, dedicadas a actividades de I+D+i que se otorgan a través de 
convocatorias  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  u  otros  mecanismos  de 
asignación directa, según lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Estos programas son: el Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro 
Entorno;  el  Programa  Estatal  para  Impulsar  la  Investigación  Científico-Técnica  y 
su Transferencia; el Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento; y 
el Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial.
El Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia 
es el resultado de la revisión de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento 
y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal 
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020, 
adecuando sus objetivos y los instrumentos de ayudas a las necesidades del Sistema 
Español  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  y  sus  principales  agentes,  siendo  sus 
principales objetivos: incrementar y potenciar los recursos necesarios para poder producir 
ciencia  y  tecnología  de  calidad;  propiciar  un  entorno  que  favorezca  el  desarrollo  de 
resultados científicos hacia niveles avanzados de madurez tecnológica a través de canales 
de  transferencia  entre  investigación  científica,  desarrollo  tecnológico  e  innovación 
empresarial; fortalecer institucionalmente las unidades y centros de investigación para estar 
en condiciones de alcanzar posiciones de liderazgo internacional; mejorar las instalaciones  s
científico-técnicas, incluyendo las infraestructuras científico-técnicas singulares (ICTS) y los  oe.
pncsiuooebddnpeotírrsfo i cngosar-eactrméi ocanninsaic tleeors en psdaatecari atolaa nldseao silmnt:a frera nSaetules bt prpeucrrcoostgumorrnpaaaemsl  tidaitnie vv oeiEn.s vsteitEgasaltt aidglop arrc odidógeenr a  limanGstaee  rhnneeearrscrataiácom inóianeinl netetsadg, sery a  nedeloC ce oeqnpsuaooiprcri aiammsci ueipeananttrrtoaoo,     2021-21967n https://www.
Subprograma  Estatal  de  Transferencia  de  Conocimiento,  Subprograma  Estatal  de
Fortalecimiento Institucional y Subprograma Estatal de Infraestructuras y de Equipamiento 
Científico-Técnico.
La mayor parte de las actuaciones del Plan Estatal se dirigen a seis agrupaciones 
temáticas asociadas al pilar «desafíos mundiales y competitividad industrial», y que 
determinan las prioridades temáticas del PEICTI 2021-2023, si bien se admiten también 
otros ámbitos siempre que contribuyan a conseguir los objetivos del Plan Estatal. En el 
anexo I se enumeran las prioridades temáticas del PEICTI 2021-2023. Estas prioridades 
temáticas dan continuidad a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
El Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento responde al objetivo 
específico  5  del  PEICTI  (OE5)  y  tiene  como  objetivo  facilitar  la  transferencia  de 
conocimiento  mediante  actuaciones  que  eliminen  las  barreras  existentes  entre  los 
diferentes actores en los ámbitos público y privado e incrementen las capacidades de 
divulgación y comunicación de la I+D+i a la sociedad.
Las actuaciones contempladas dentro del Subprograma Estatal de Transferencia de 
Conocimiento,  en  el  ámbito  de  la  colaboración  público-privada,  son  las  siguientes: 
Proyectos de Prueba de Concepto y Proyectos de colaboración público-privada.
La financiación de las ayudas objeto de estas bases reguladoras y convocatoria, 
dirigidas a fomentar la colaboración público-privada en una fase de transferencia de 
conocimiento  cercana  a  los  procesos  productivos  y  al  mercado,  se  incluye  en  la 
actuación de Proyectos de colaboración público-privada del Subprograma Estatal de 
Transferencia de Conocimiento. La convocatoria representa una oportunidad para las 
empresas y agentes de I+D tanto públicos como privados, para la ejecución de proyectos 
de  I+D+i  de  desarrollo  experimental  innovadores  en  colaboración  y  con  resultados 
cercanos al mercado, que movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la 
balanza tecnológica del país.
El  11  de  marzo  de  2020  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  declaró 
oficialmente que la situación de emergencia ocasionada por la enfermedad infecciosa 
COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, constituía una pandemia.
Como respuesta a la crisis provocada por la COVID-19, la Unión Europea ha lanzado 
un paquete de medidas extraordinarias encaminadas a consolidar y potenciar la ciencia y 
la innovación a través de una serie de actividades que están recogidas en el Mecanismo 
para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno traza la hoja de 
ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento 
económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. 
Este  Plan  recibirá  la  financiación  de  los  fondos  Next  Generation  EU,  entre  ellos 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Instrumento de Recuperación Europeo, denominado Next Generation EU, tiene como 
objetivo  dinamizar  la  recuperación  europea,  reforzando  el  Marco  Financiero 
Plurianual 20212027 y permitiendo aprovechar todo el potencial del presupuesto europeo 
para movilizar la inversión, sobre todo en los primeros años de la recuperación. Los fondos de 
Next Generation EU, que ascienden a 750.000 millones de euros, financiarán las actuaciones 
del MRR a través de los planes de recuperación que han presentado los Estados Miembros y 
que incluyen las inversiones que realizarán a lo largo de un periodo máximo de siete años y 
las reformas que acometerán en un periodo máximo de cuatro años.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue presentado por el  s
Gobierno de España el 30 de abril de 2021 y aprobado por la Comisión Europea el 16 de  oe.
junio de 2021, plantea el reforzamiento de las capacidades en varios ámbitos clave para  w.
responder a necesidades del futuro y contará con 69.000 millones de euros del MRR. 967ww
denoEml incaodmop o«nReenftoer m1a7  indsetilt ucPiolanna l dye  foRrteacleucpimeriaecnitóon ,d eT rlaans scfoarpmaaccidióand esy  dReel sSiliisetnecmiaa, 
dNea cCioineanlc idae,  CTeiecnncoialo,g Tíae cyn odloeg íaIn neo Ivnancoióvna ci(óSnE»C, TpIr)e tepnadrae  raedfeocrmuaarrl oe l aS ilsotse meas táEnsdpaarñeosl   BOE-A-cable e
internacionales y permitir el desarrollo de sus capacidades y recursos. Se propone 
utilizar los recursos públicos para realizar cambios rápidos que adapten y mejoren la 
eficacia, la coordinación y colaboración y transferencia entre los agentes del SECTI y la 
atracción del sector privado, con gran impacto en el corto plazo sobre la recuperación 
económica y social del país. El compromiso claro del país de incrementar y acelerar la 
inversión en I+D+i de forma sostenible a largo plazo, hasta alcanzar la media europea 
en 2027, requerirá cambios estructurales, estratégicos y de digitalización en el sistema 
para  ser  eficiente.  En  este  componente  se  marca  una  orientación  estratégica  y 
coordinada que permitirá la inversión en áreas prioritarias de I+D+I y el incremento del 
volumen de ayudas públicas a la innovación empresarial, en particular a las pymes.
En el componente 17, en el que se incluyen tres reformas y nueve inversiones, las 
ayudas a proyectos de colaboración público-privada forman parte de la inversión I3, 
denominada «Nuevos proyectos I+D+I Publico Privados, Interdisciplinares, Pruebas de 
concepto  y  concesión  de  ayudas  consecuencia  de  convocatorias  competitivas 
internacionales. I+D de vanguardia orientada a retos de la sociedad. Compra pública pre 
comercial»,  que  plantea  la  introducción  de  una  serie  de  medidas  contundentes  de 
reconstrucción y reforzamiento del sistema de ciencia e innovación, entre las que se 
encuentra el refuerzo de las convocatorias de ayudas a proyectos de colaboración 
público-privada.
La inversión I3 anteriormente citada tiene dos objetivos vinculados. La convocatoria 
contribuirá a la consecución del objetivo 261 y 262 de la Decisión de Ejecución del 
Consejo (CID por sus siglas en inglés Council Implementing Decision) de 13 de julio 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. 
Por un lado, el primer objetivo, número 261 del CID, es la publicación de la adjudicación 
de  ayudas  por  un  importe  de,  al  menos,  897  M  euros  a  través  de  las  siguientes 
convocatorias: proyectos de prueba de concepto (80 M€), proyectos interdisciplinares en 
líneas estratégicas (73 M€), proyectos de I+D dirigidos a la transición verde y digital (296 
M€), proyectos en colaboración público-privada (140 M€), proyectos de I+D orientados a 
los retos de la sociedad (230 M€) y proyectos en colaboración internacional (78 M€). Los 
proyectos que se financien deberán cumplir con el «principio DNSH», por sus siglas en 
inglés, Do No Significant Harm, de no ocasionar, directa o indirectamente, un perjuicio 
significativo  al  medio  ambiente,  de  acuerdo  con  el  artículo  17  del  «Reglamento  de 
Taxonomía»  así  como  lo  dispuesto  en  relación  con  las  actividades  que  no  deben 
seleccionarse ni financiarse y la legislación medioambiental nacional y comunitaria de 
aplicación. Este primer objetivo deberá conseguirse en el cuarto trimestre de 2022. El 
mecanismo de verificación de este objetivo se establece en las Disposiciones Operativas 
(Operational Arrangements) aprobado por la Comisión Europea.
Por otro lado, el segundo objetivo, número 262 del CID, es la concesión de ayudas 
para, al menos, 3.000 proyectos de I+D, de los cuales un mínimo del 35 % deberán estar 
dirigidos a la transición verde y digital. Los proyectos que se financien deberán cumplir el 
«principio DNSH» así como lo dispuesto en relación con las actividades que no deben 
seleccionarse ni financiarse y la legislación medioambiental nacional y comunitaria de 
aplicación. Este segundo objetivo deberá conseguirse en el segundo trimestre de 2024. 
El  mecanismo  de  verificación  de  este  objetivo  se  establece  en  las  disposiciones 
operativas aprobado por la Comisión Europea.
El Mecanismo de Transformación y Resiliencia (MRR) regulado en el Reglamento 
(UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  se  ha  configurado  como  un  instrumento  en  el  que  la  s
subvencionalidad de las medidas (reformas e Inversiones) financiadas con cargo al  oe.
mismo se determina según lo dispuesto en el artículo 17 de dicho Reglamento y en el  w.
que los pagos, conforme al artículo 24, se realizarán por la Comisión Europea tras el  967ww
Tcuramnpslfiomrmienatcoió dne y  loRse shiiltieons cyia  o(bPjRetTivRo)s  yp erenv ciaummepnlitme iefijnatdoo dse e lno  aecl oPrldaand od ep oRre lcau Cpeormacisióiónn, 
en el CID.
Esta medida no tiene asociada una etiqueta verde ni digital en los términos previstos 
por los anexos VI y VII del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
Por  otro  lado,  en  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia,  en  el  Reglamento  (UE)  2021/241  de  12  de  febrero 
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
(2021/C 58/01) guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la decisión de ejecución del consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID), 
todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en cumplimiento de la presente 
orden,  deben  respetar  el  principio  de  no  causar  un  perjuicio  significativo  al 
medioambiente  (principio  DNSH).  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
específicas previstas en el componente 17, Inversión I3 en la que se enmarcan y 
especialmente  en  el  anexo  a  la  CID  y  las  recogidas  en  los  apartados  3  y  8  del 
documento del Componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con el fin de optimizar la gestión de estos fondos por parte de la Administración 
Pública española, se promulgó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, 
en  dicha  norma  se  recogen  una  serie  de  medidas  de  agilización  de  las  ayudas 
financiables con los fondos europeos asignados al plan de recuperación.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en virtud del artículo 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, se aprueba esta orden de bases reguladoras y la 
convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 para la concesión de 
ayudas  públicas  destinadas  a  financiar  proyectos  de  colaboración  público-privada, 
incluidas en el Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su 
Transferencia, Subprograma Estatal de Transferencia de Conocimiento, del Plan Estatal 
de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, con cargo a los fondos 
europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021, permite que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se 
sume a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión e 
indica  que  las  reformas  y  los  proyectos  de  inversión  podrán  recibir  ayuda  de  otros 
programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
presente orden de bases y convocatoria se ajusta a los principios de buena regulación. A 
este respecto, la norma se ajusta a los principios de necesidad y eficiencia, existiendo 
fundadas  razones  de  interés  general  para  su  aprobación,  habida  cuenta  de  la 
importancia de las ayudas públicas estatales para el mantenimiento del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la contribución de este al progreso económico y 
social. Se atiene, igualmente, al principio de proporcionalidad, habiéndose utilizado de 
forma precisa el instrumento jurídico previsto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y con el contenido regulatorio exigido en el apartado 3 de dicho 
artículo. Se garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que la norma es coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, genera un marco  s
normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de  certidumbre,  que  facilita  su  oe.
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de  w.
los gestores de las ayudas y de los potenciales beneficiarios de las mismas. Se respeta  967ww
e«lB oplreintícnip Oiof icdiea l tdraenl sEpsatraednoc»ia y,  teond ala  vpeázg qinuae  wlae bn odreml aM isneisrtáe roiob jdeeto  Cdieen pcuiab leic aIncnióonv aecnió ne,l 
conjuntamente con los documentos propios de su proceso de elaboración. En aplicación
del principio de eficiencia, la norma no incluye nuevas cargas administrativas y reduce o 
simplifica las existentes en bases reguladoras precedentes.
Esta  orden  y  convocatoria  se  estructura  en  tres  capítulos,  60  artículos,  una 
disposición adicional, tres disposiciones finales y seis anexos. En el primer capítulo se 
establece el objeto de la orden; en el segundo capítulo se regulan las bases para la 
concesión de ayudas públicas para proyectos en colaboración público-privada; y en el 
tercer capítulo se regula la convocatoria para el año 2021 de dichas ayudas públicas.
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece la obligatoriedad para las personas 
jurídicas  y  otros  colectivos  de  relacionarse  por  medios  electrónicos  con  las 
administraciones públicas.
En la medida en que los solicitantes y potenciales beneficiarios de las ayudas 
reguladas  en  esta  orden  son  exclusivamente  personas  jurídicas,  se  establece  la 
obligatoriedad  de  relacionarse  con  los  órganos  concedentes  mediante  medios 
electrónicos, tanto para las comunicaciones y notificaciones que deban emitirse por la 
Administración, como para la presentación de documentos.
El  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  es  el  departamento  de  la  Administración 
General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluyendo 
la investigación científica, así como del resto de competencias y atribuciones que le 
confiere el ordenamiento jurídico.
Según el artículo 2.1 del Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se 
desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  la 
Secretaría General de Investigación ejercerá, bajo la superior dirección de la persona 
titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, respecto de las unidades dependientes de 
ella, las atribuciones previstas en el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
La Agencia Estatal de Investigación, creada mediante el Real Decreto 1067/2015, 
de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba 
su  Estatuto,  queda  adscrita  al  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  a  través  de  la 
Secretaría General de Investigación y tiene entre sus funciones, a tenor del artículo 5 de 
su estatuto, entre otras, la gestión de los programas, instrumentos y actuaciones que se 
le adjudiquen en el marco de los planes estatales de investigación científica y técnica y 
de innovación, cualquier otro que le sea expresamente asignado por la Administración 
General del Estado o los que deriven de los convenios de colaboración celebrados con 
otras entidades o de otras actuaciones, mediante la asignación objetiva e imparcial de 
los recursos disponibles.
La Agencia Estatal de Investigación responderá a los principios de transparencia y 
eficiencia, garantizando al mismo tiempo la adopción de un modelo de gestión eficaz que 
simplifique los procedimientos y disminuya las cargas administrativas para la ciudadanía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, esta 
orden ha sido objeto de los informes favorables de la Abogacía del Estado y de la 
Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
CAPÍTULO I
Objeto e.
Artículo 1.  Objeto. 967ww
1.  La presente orden ministerial tiene como objeto aprobar las bases reguladoras de
ala  cfionnacnecsiaiór np droey aeycutodsa sd peú bdliecsaasr rao lplor oyeexcpteorsim deen ctaol laebno raccoilóanb oprúabcliiócno -pernivtared ae, mdepsretinsaasd asy 
organismos  de  investigación,  del  Programa  Estatal  para  Impulsar  la  Investigación
Científico-Técnica  y  su  Transferencia,  Subprograma  Estatal  de  Transferencia  de 
Conocimiento, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el 
período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
y aprobar la convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de estas 
ayudas.
2.  Las ayudas que se financien al amparo de estas bases reguladoras se enmarcan 
en  la  inversión  I3,  denominada  «Nuevos  proyectos  I+D+I  Publico  Privados, 
Interdisciplinares,  Pruebas  de  concepto  y  concesión  de  ayudas  consecuencia  de 
convocatorias competitivas internacionales, I+D de vanguardia orientada a retos de la 
sociedad, Compra pública pre-comercial», del componente 17 «Reforma institucional y 
fortalecimiento  de  las  capacidades  del  Sistema  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación»  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  de  España  y 
contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la 
normativa  reguladora  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  del  Plan  de 
Recuperación a nivel europeo y nacional.
CAPÍTULO II
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de colaboración 
público-privada
Artículo 2.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Las ayudas que se financien al amparo de estas bases reguladoras se enmarcan 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español.
2.  La  presente  orden  establece  las  bases  de  la  concesión,  seguimiento  y 
justificación de las ayudas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa 
Estatal  para  Impulsar  la  Investigación  Científico-Técnica  y  su  Transferencia, 
Subprograma  Estatal  de  Transferencia  de  Conocimiento,  del  Plan  Estatal  de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.
Artículo 3.  Finalidad de las ayudas.
1.  Las  ayudas  objeto  de  estas  bases  tienen  como  finalidad  avanzar  en  la 
incorporación  de  conocimientos  y  resultados  científico-técnicos  que  permitan  la 
validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, 
creando el contexto adecuado que estimule la generación de una masa crítica en I+D+i 
de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y 
generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de las 
empresas como en el mercado. Asimismo, con estos proyectos se pretende movilizar 
inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país, así como 
reforzar  la  capacidad  de  liderazgo  internacional  del  Sistema  Español  de  Ciencia 
Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad del 
tejido empresarial.
2.  Las ayudas contempladas en la presente orden tienen como finalidad facilitar la 
transferencia de conocimiento mediante actuaciones que eliminen las barreras existentes 
entre  los  diferentes  actores  en  los  ámbitos  público  y  privado  e  incrementen  las 
capacidades de divulgación y comunicación de la I+D+i a la sociedad contribuyendo al 
cumplimiento del objetivo específico 5 (OE5) del Plan Estatal de Investigación Científica,  es
Técnica y de Innovación para el período 2021-2023. Mediante estas ayudas se pretende  o
iauopnvtprvioaleeipdnrsaiazctcidaigai,doa reo nculsai ón nlmn úde meencn etitoeremron n tasíodfdei ecuq  areuae,me uz md pfeareteesvnsaoctanerrreso oz lelqócloluga  ei nce túaeclm  ocdnoeaeopr soleóat rrgraadrinocve olé lco sso  eond ld eiccei niert nuencodstrauveonalsstaac  didldóeeoens s   in pecdvaimeeete snptntrtiígretfeaiascsncao sirsóofiae n hlr  meayen coencidali  ae nen lúoli vmesen qeltuderreoees      OE-A-2021-21967able en https://www.
de empresas spin-off creadas.
Artículo 4.  Régimen de concesión y normativa aplicable.
1.  La  concesión  de  las  ayudas  se  efectuará  en  concurrencia  competitiva,  de 
acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación,  así  como  los  de  eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  de 
eficiencia  en  la  asignación  y  utilización  de  recursos  públicos,  establecidos  en  el 
artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.1.1  del  Marco  sobre  Ayudas 
Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará lo 
establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, 
por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas de Estado las ayudas previstas en 
esta orden que se otorguen a organismos de investigación, de acuerdo a la definición del 
anexo II, para actividades no económicas. Los organismos de investigación que, además 
de  actividades  no  económicas,  realicen  también  actividades  económicas,  deberán 
consignar por separado la financiación, los costes y los ingresos respectivos.
Cuando el organismo de investigación realice casi exclusivamente actividades no 
económicas,  podrán  quedar  excluidos  en  su  totalidad  del  ámbito  de  aplicación  del 
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siempre que sus 
actividades económicas sean puramente accesorias; es decir, que correspondan a una 
actividad que esté relacionada directamente con su funcionamiento o sea necesaria para 
el funcionamiento del organismo de investigación o esté estrechamente vinculada a su 
principal uso no económico, y tenga un alcance limitado.
Se considerará que esto se produce cuando las actividades económicas consumen 
exactamente los mismos insumos (como material, equipamiento, mano de obra y capital 
fijo) que las actividades no económicas y la capacidad asignada cada año a dichas 
actividades económicas no supera el 20 % de la capacidad anual total de la entidad de 
que se trate.
En  aplicación  de  lo  anterior,  las  ayudas  contempladas  en  esta  orden  que  se 
concedan a organismos de investigación no tendrán la consideración de ayudas de 
Estado.
3.  Con la excepción de las entidades que les sea de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 2, las ayudas previstas en esta orden deberán cumplir lo establecido en los 
capítulos I y II y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2021/1237 de 
la Comisión de 23 de julio de 2021, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea», L187, de 26 de junio 
de 2014. Dichas ayudas quedarán exentas de lo establecido en el artículo 108.3 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4.  Las  ayudas  objeto  de  esta  orden  bajo  la  modalidad  de  subvención  están 
financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de 
conformidad  con  el  Reglamento  (UE)  2020/2094  del  Consejo,  de  14  de  diciembre 
de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, por lo que las entidades 
beneficiarias deberán regirse por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, por las demás normas comunitarias sobre la materia y por 
las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas. e.
5.  Además de la normativa prevista anteriormente, será de aplicación supletoria la  w.b
siguiente normativa nacional: 967ww
a)  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento de
desabr)r olLloe, ya 1p4ro/2b0a1d1o,  pdoer  1e ld Re ejuanl iDoe, cdree tlao  C88ie7n/2c0ia0, 6la,  dTee c2n1o dloeg jíual iyo .la Innovación.
c)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
d)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e)  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
f)  Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
g)  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en caso de que en la 
ejecución se celebren contratos que deban someterse a esta ley).
h)  Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
i)  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por la Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6.  Las entidades beneficiarias de los proyectos objeto de las ayudas previstas en 
esta orden deberán cumplir los requisitos legales que establece la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre,  de  prevención  de  Riesgos  Laborales  y  su  normativa  de  desarrollo,  en 
especial el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, disponiendo de un plan de prevención 
acorde a lo dispuesto en la normativa e incorporando los actuales criterios de prevención 
de riesgos laborales activamente a sus tareas.
7.  La realización de los proyectos objeto de las ayudas previstas en esta orden 
deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la normativa 
vigente que les resulte de aplicación de acuerdo con el ámbito de conocimiento y 
actuación en el que se desarrolle, de conformidad con lo establecido en el anexo IV.
8.  La Recomendación de la Comisión Europea (2005/251/CE) de 11 de marzo 
de 2005 («Diario Oficial de la Unión Europea» L75 de 22/03/2005), relativa a la Carta 
Europea del Investigador y Código de Conducta para la contratación de investigadores, 
se aplicará en las ayudas previstas en esta orden.
9.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  sexta  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los préstamos y créditos financieros que se otorguen 
al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica y, en su defecto, por las 
prescripciones  de  la  citada  ley  que  resulten  adecuadas  a  la  naturaleza  de  estas 
operaciones.
Artículo 5.  Requisitos de las entidades beneficiarias.
1.  Podrán  tener  la  condición  de  beneficiarios  al  amparo  de  esta  orden  las 
categorías  contempladas  a  continuación,  en  los  términos  que  establezca  las 
convocatorias  y  siempre  que  cumplan  los  requisitos  exigidos  en  cada  caso.  Las 
entidades beneficiarias deberán tener personalidad jurídica propia, con la excepción 
recogida en el apartado 2 del presente artículo y del apartado 1 del artículo 6, estar  e
válidamente constituidas y tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en  bo
España. 967ww
Ley a1)4 /2O0r1g1a, ndiesm 1o dse  jpuúnbioli.cos  de  investigación  definidos  en  el  artículo  47  de  la
b)  Universidades públicas y sus institutos universitarios, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que estén inscritas en  Bc
el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, 
de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos.
c)  Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación 
biomédica o sanitaria y normas complementarias.
d)  Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en sus 
estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan la I+D+i como 
actividad principal.
e)  Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado por el 
Real  Decreto  2093/2008,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  los  Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales Centros.
f)  Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i.
g)  Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro 
que tengan definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto 
social a la I+D+i como actividad principal.
h)  Empresas,  entendiendo  como  tales  a  toda  sociedad  mercantil, 
independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad 
económica dirigida al mercado.
i)  Asociaciones empresariales sectoriales.
2.  Podrán  ser  entidades  beneficiarias  los  centros  de  I+D  a  que  se  refiere  la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y los centros 
públicos  de  I+D+i  de  investigación  agraria  o  alimentaria  dependientes  de  las 
comunidades autónomas integrados en el sistema INIA-CCAA. Como excepción a la 
obligación de disponer personalidad jurídica propia, en el caso de que alguno de estos 
centros  careciese  de  personalidad  jurídica  propia,  constará  como  beneficiaria  la 
administración pública a la que pertenezca.
3.  Los organismos de investigación y de difusión de conocimientos deberán cumplir 
con la definición y condiciones que se especifican en el punto 1 y 2 del anexo II, 
debiendo acreditarlo mediante la presentación de una declaración responsable.
Asimismo, se deberá declarar responsablemente, en su caso, si se cumple con el 
apartado c) del punto 3 del anexo II y, en caso contrario, que las ayudas serán dedicadas 
única y exclusivamente a la actividad no económica de la entidad.
4.  A los efectos de este artículo, se entenderá por actividades de I+D+i las definidas 
en el anexo II de la presente orden.
5.  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. Asimismo, no podrán 
obtener  la  condición  de  beneficiario  las  entidades  que  no  cumplan  los  requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que reciban ayuda 
en forma de préstamo y que no acrediten que se encuentran al corriente del pago de las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los presupuestos generales del Estado.
7.  No  podrán  obtener  la  condición  de  entidad  beneficiaria,  a  no  ser  que  se  e.
considere alguno de los casos exceptuados conforme a lo dispuesto en el artículo 1  w.b
apartado 4.c) del Reglamento (UE) n.º 651/2014, las entidades contempladas en las  967ww
caactueegrodroía as  lah )d eof ini)ic idóenl  daep aermtapdroe s1a  edne  cerissties  daerttaícllualdoa  qeune e sl eaapna rtcaadloifi c1a6d daesl  aenne xcori sIiIs., de
Artículo 6.  Pluralidad de los beneficiarios.
1.  Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán tener la 
condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas, tanto públicas como 
privadas  que,  aun  careciendo  de  personalidad  jurídica,  puedan  llevar  a  cabo  los 
proyectos, actividades o comportamientos, o que se encuentren en la situación que 
motiva la concesión.
2.  Las personas a que se refiere este artículo deberán pertenecer a alguna de las 
categorías enumeradas en el artículo 5 de esta orden, y cumplir los requisitos que se 
establezcan para los beneficiarios.
3.  La agrupación resultante no tendrá personalidad jurídica, por lo que uno de los 
participantes actuará como solicitante y representante de la misma.
4.  Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, tendrán la condición de beneficiarios tanto la agrupación como cada uno 
de sus miembros. Asimismo, cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas sin personalidad jurídica propia, se deberá hacer constar 
expresamente,  tanto  en  la  solicitud  como  en  la  resolución  de  concesión,  los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el 
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos.
Artículo 7.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir  las  obligaciones,  europeas  y 
nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero, especialmente en materia de etiquetado digital y verde, no 
causar daño significativo, pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de 
Estado, las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble 
financiación; así como lo establecido en las ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, 
de 29 de septiembre.
b)  Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero. 
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única. Así, los requerimientos en 
relación con la identificación de los beneficiarios sean personas físicas o jurídicas, son, 
de acuerdo con el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre:
i.  NIF del beneficiario.
ii.  Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
iii.  Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
iv.  Acreditación, en caso de beneficiarios que desarrollen actividades económicas, 
de la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la 
fecha de solicitud de la ayuda.
En el caso de que en el desarrollo de las actividades financiadas se encuadren  e.e
procedimientos de licitación, los beneficiarios deberán cumplir los requerimientos en  b
relación con la identificación de los contratistas, de acuerdo con el artículo 8.2 de la  967ww
Ordec)n  HSPeFr/á1n0 3r0e/s2p0o2n1s,a dbele 2s9  ddee  slae pftiiaebmilibdraed. y el seguimiento de la ejecución de las
adcet ucaocnisoenceusc sióunb vdeen ccaiodnaa adcatsu,a dceió mn ayn deera l oqsu eh itpouse yd ao bcjoentiovcoesr sqeu ee ns eto hdaoy mano mesetnatbole ecli dnoiv eall 
respecto.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas  en  el  marco  de  esta  ayuda,  y  la  obligación  de  mantenimiento  de  la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
f)  Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y de la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión. En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo final. Este 
período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
h)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica  el  Reglamento  (UE)  2019/2088  dando  cumplimiento  a  la  Guía  técnica 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», 
a  las  condiciones  específicas  previstas  en  el  componente  17  y  especialmente  las 
recogidas en los apartados 3 y 8 del documento del Componente del Plan en relación 
con la inversión en la que se enmarca, así como con lo requerido en la decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación 
y resiliencia de España y sus anexos. En concreto, en la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas no se podrán desarrollar las actividades detalladas en los apartados 
de a) a e) del artículo 8.3 de esta orden.
2.  Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas 
en  el  artículo  14  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  concordantes  de  su 
reglamento de desarrollo, así como las que se establecidas en el artículo 7 de esta 
orden, en la resolución por la que se aprueba el procedimiento de concesión, en las que 
se determinen específicamente en la resolución de concesión de la ayuda, y en las 
instrucciones de ejecución y justificación específicas del órgano concedente publicadas 
en la página web de la Agencia Estatal de Investigación.
3.  A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se 
deberá disponer de los datos de los perceptores finales de esta subvención.
4.  En materia de comunicación y publicidad, las entidades beneficiarias deberán 
cumplir  con  las  disposiciones  establecidas  en  el  artículo  34  del  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de 
información  y  comunicación  de  las  actuaciones  (carteles  informativos,  placas,  e.
publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e  w.b
inserciones en prensa, certificados, etc.) así como en los contratos (de suministros, de  967ww
saetrrivbiuciidooss, , etcto.)t,a l puob licpaacricoinaelms eyn teo,t roas  relas uletandtiodsa dd e blean einfivceiasrtiiag,a cipóonn eqnucei apsu, edeaqnu ipsoesr 
inventariables y actividades de difusión de resultados financiados con las ayudas, se 
deberán incluir los siguientes logos, en el orden según se citan:
i.  El logo del Ministerio de Ciencia e Innovación.
ii.  El emblema de la Unión Europea y, junto al emblema de la Unión, se incluirá el 
texto «Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».
iii.  El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Disponible en el 
enlace https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
iv.  El logo de la Agencia Estatal de Investigación.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores 
normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y 
de acceso al público.
Asimismo, en la publicidad, la difusión y en cualquier resultado o actuación derivada 
de las actuaciones financiadas con esta convocatoria que puedan ser atribuidos, total o 
parcialmente, a la entidad beneficiaria deberá mencionarse a la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI). La mención a la Agencia se realizará de la siguiente forma: «El/la 
publicación/resultado/equipamiento/video/actividad/contrato/otros es parte del proyecto 
REFERENCIA DEL PROYECTO, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y 
por  la  Unión  Europea-NextGenerationEU/PRTR»,  siendo  referencia  del  proyecto  la 
referencia que figura en la resolución de concesión; MCIN el acrónimo del Ministerio de 
Ciencia  e  Innovación;  AEI  el  acrónimo  de  la  Agencia  Estatal  de  Investigación; 
10.13039/501100011033 el DOI (Digital Object Identifier) de la Agencia; y PRTR el 
acrónimo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta mención debe aparecer de manera visible y siempre distanciada y de manera 
destacada frente al resto de logotipos de otras entidades que hayan realizado una 
aportación económica menor.
En la página web de la agencia se podrán dictar instrucciones y normas gráficas a 
este respecto.
5.  Los resultados de la investigación de las actuaciones financiadas, incluyendo 
tanto los resultados difundidos a través de publicaciones científicas como los datos 
generados en la investigación, deberán estar disponibles en acceso abierto, con las 
excepciones señaladas en el último párrafo de este apartado.
Las  publicaciones  se  depositarán  en  repositorios  institucionales  o  temáticos  de 
acceso abierto en un plazo que se determinará en las convocatorias en función del área 
de investigación, que será entre seis y doce meses tras su publicación en las revistas 
académicas.
Las convocatorias podrán prever que los datos generados sean depositados en un 
repositorio de datos de investigación en abierto, siguiendo un plan de gestión de datos 
que formará parte de la documentación de la solicitud y que podrá ser modificado 
durante el periodo de ejecución de la actuación previa información y aprobación del 
órgano concedente. En la solicitud de la ayuda se indicará si procede o no la difusión en 
abierto de los resultados, así como de los datos que se generen como resultado de la 
investigación.  En  caso  afirmativo,  se  indicará  además  el  repositorio  institucional  o 
temático de acceso abierto en el que se depositarán. En caso negativo, se señalará la 
concurrencia de alguna de las excepciones indicadas a continuación.
Las excepciones a la obligatoriedad del régimen de publicación en abierto y del 
acceso abierto a los datos de investigación en el caso de que la convocatoria lo prevea,  e
se producirán en los siguientes casos: bo
ddeer elaac) h ionCsv uedasetn ipgdraooc psióieen d parrdee avinelizdaau qdsuatre ia pll ouose  idndataentlo essc etgure ansl.oemraedtoidso esn  ala  sinovliceistutidg adcieó nl ay  plorso treecscuióltna ddoes   2021-21967n https://ww
La titularidad de los indicados derechos de propiedad industrial e intelectual se
determinará conforme a la normativa específica que les resulte de aplicación.
b)  Cuando por su naturaleza los datos estén sujetos a la protección de datos de 
carácter personal o cuando afecten a la seguridad pública.
6.  De acuerdo con lo establecido en el anexo II de esta orden sobre organismos de 
investigación  y  difusión  de  conocimientos,  cuando  estas  entidades  lleven  a  cabo 
actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de 
sus actividades deberán contabilizarse por separado.
7.  Sin perjuicio de las responsabilidades que, conforme a los artículos 40.1 y 53 de 
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  puedan  corresponder  en  el  caso  de  las 
agrupaciones previstas en el artículo 6 de esta orden, cada miembro de la misma será 
responsable del cumplimiento de las actividades que se hubiera comprometido a realizar.
8.  En particular, cada entidad participante de la agrupación deberá responder de las 
obligaciones de reintegro o de las sanciones que se puedan imponer como consecuencia 
del  incumplimiento  de  sus  compromisos,  en  los  términos  establecidos  en  los 
artículos 40.2 y 53.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9.  En el caso de que una entidad participante de la agrupación no responda de las 
obligaciones de reintegro, cada miembro de la misma responderá solidariamente, de 
acuerdo con el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El importe a reintegrar 
por  cada  miembro  de  la  agrupación  tendrá  como  límite  las  cantidades  de  ayuda 
efectivamente recibidas.
10.  Cada miembro de la agrupación responderá individual y exclusivamente de la 
amortización del préstamo que le haya sido asignado y de los incumplimientos en las 
devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos, no aplicándose por tanto 
la responsabilidad solidaria a la devolución de los préstamos.
11.  Las convocatorias podrán recoger medidas para favorecer la conciliación entre 
la vida laboral, familiar y personal y la igualdad de género.
Artículo 8.  Actividad financiable.
1.  Serán  objeto  de  ayuda  las  propuestas  presentadas  para  la  realización  de 
proyectos de desarrollo experimental en colaboración público-privada entre entidades 
empresariales y organismos de investigación. Las actividades del proyecto deberán 
corresponder a la definición y características descritas en el apartado 8 del anexo II para 
proyectos de desarrollo experimental.
2.  El  proyecto  implicará  la  colaboración  efectiva,  conforme  a  la  definición 
contemplada en el apartado 9 del anexo II, entre al menos una empresa y uno o varios 
organismos de investigación. La agrupación de los beneficiarios estará representada por 
uno de ellos, que será el interlocutor ante la Administración, y canalizará con esta las 
relaciones correspondientes. El solicitante y representante de la agrupación de entidades 
que presente el proyecto deberá ser una empresa, en el sentido expresado en el 
artículo 5.1 h).
Los  proyectos  presentados  deberán  cumplir  los  requisitos  que  se  exijan  en  la 
convocatoria en lo referente a cuantía, duración y participación de cada uno de los 
miembros del consorcio en el proyecto.
3.  En ningún caso podrán ser susceptibles de ayuda aquellas actuaciones que 
directa  o  indirectamente  ocasionen  un  perjuicio  significativo  al  medio  ambiente,  de 
acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En  e
concreto, no podrán ser subvencionadas las siguientes actividades: bo
qtruaen assp)e o rrAteeqf iuye erdallinas stra ib rleualc agicóeinon necaoradncaeisóx anc, o dunet i lciezolaemncbdtruoics igtdiabaslde  nsy a/fotóu srcaialell osqr,u,  eian sccíluu mcidopoml aoen l  lcauo sinon  flrpaaose ssctteorurnicodtriuc irsoaan ldevoes    2021-21967n https://ww
previstas en el anexo III de la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar
un  perjuicio  significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).
b)  Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) 
de la UE cuyas emisiones de gases de efecto invernadero estimadas no sean inferiores 
a los parámetros de referencia. En caso de que la actividad sufragada no conduzca a 
unas  estimaciones  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  que  sean 
significativamente inferiores a los parámetros previstos, deberá aportarse una memoria 
en  la  que  se  detallen  las  razones  que  lo  impidan.  Los  valores  revisados  de  los 
parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión se prevén 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447, de la Comisión de 12 de marzo de 2021.
c)  La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE.
d)  Aquellas relativas a la disposición de residuos en vertederos, en incineradoras y 
en  plantas  de  tratamiento  mecánico  biológico.  Esta  exclusión  no  afecta  a  aquellas 
medidas que inviertan en plantas que se dediquen de forma exclusiva al tratamiento de 
residuos peligrosos no reciclables siempre y cuando las medidas sufragadas tengan por 
objeto: incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para su 
almacenamiento o el uso o recuperación de materiales de las cenizas de incineración; y, 
no supongan un aumento de la capacidad de procesamiento de residuos o una extensión 
de la vida útil de la planta.
e)  Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar daño 
al medio ambiente.
4.  Las siguientes actividades de I+D+i se consideran conformes con la guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»:
a)  Las actividades de I+D+i que den lugar a resultados tecnológicamente neutros a 
nivel de su aplicación.
b)  Las actividades de I+D+i que apoyen alternativas con bajo impacto ambiental, 
siempre que dichas alternativas existan.
c)  Las actividades de I+D+i que se centren principalmente en el desarrollo de 
alternativas  con  el  menor  impacto  ambiental  posible  en  el  sector  para  aquellas 
actividades para las que no exista ninguna alternativa de bajo impacto viable tecnológica 
y económicamente.
5.  Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que 
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.
6.  En ningún caso se seleccionarán actuaciones para recibir ayuda si han concluido 
materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de que el beneficiario presente la 
solicitud de financiación, al margen de que el beneficiario haya efectuado todos los 
pagos relacionados.
Artículo 9.  Costes susceptibles de ayuda.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  cubrir  los  costes  directa  e  indubitadamente 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido 
concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
2.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes conceptos de gasto:
a)  Costes directos, que incluyen entre otros los siguientes costes: e.e
cecooxncnl t1Eurlaa.snºsti  va enadClo o aor c mbslaaatsae jaososc    atcdud uelaeaa c sloqi óprqugneuiae ressnri  oi emsansmsaotíéold .l  soas  lGoidydmia assepedtnot oidtdnsiedoe  a  dcledaoele  n cbstope rnaendvtreeasoflc oiccisnaóiaeatnorcl i,rtoa oia,cqr .o auprjeudú sebt dálciecnobodne,o  rlseaáel    leapeg eslitorsasslroa  lncídmiaóelni tdep ivcsoia gdqderuáone  t eseee nnyr     OE-A-2021-21967able en https://www.
cada momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de presupuestos
generales del Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector 
público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación 
a dicho organismo o entidad. En el caso de organismos y entidades del sector público se 
deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de aplicación.
Cuando  la  convocatoria  así  lo  establezca,  podrán  ser  financiables  las 
compensaciones del personal de investigación no vinculado a las entidades beneficiarias 
cuando participe en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención, siempre que 
ello no contravenga el régimen retributivo de dicho personal.
En  el  caso  de  organismos  y  entidades  del  sector  público  cuyos  presupuestos 
consoliden con los presupuestos generales del Estado o con los de las comunidades 
autónomas no serán susceptibles de ayuda los gastos de personal propio, financiados 
con dichos presupuestos.
2.º  Costes  de  movilidad:  Gastos  de  viaje,  locomoción,  dietas,  alojamiento  y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de personal que determinen 
las convocatorias.
3.º  Costes  de  adquisición,  alquiler,  arrendamiento  financiero  («leasing»), 
mantenimiento,  reparación  y  amortización  de  activos  materiales,  como  instrumental, 
equipamiento  científico-técnico  e  informático  y  otros  elementos  necesarios  para  la 
actuación.
El  coste  de  amortización  de  los  bienes  inventariables  se  sujetará  a  las  reglas 
establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo 
durante el cual el beneficiario debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la 
ayuda, será de cinco años para los bienes inscribibles en registro público y de dos años 
para bienes no inscribibles en dicho registro.
4.º  Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
5.º  Costes  de  adquisición  y/o  amortización  de  activos  inmateriales,  incluyendo 
programas de ordenador de carácter técnico.
6.º  Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros 
costes derivados del mantenimiento de los mismos.
7.º  Costes  de  investigación  contractual,  conocimientos  y  patentes  adquiridas  u 
obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y cuando la operación se haya 
realizado en condiciones de plena competencia.
8.º  Costes  de  apoyo  y  asesoramiento  en  materia  de  innovación  tales  como 
consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, 
bancos  de  datos,  uso  y  gestión  de  repositorios  de  datos  y  bibliotecas  técnicas, 
consultoría sobre el empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de 
documentos,  investigación  de  mercados,  servicios  de  etiquetado,  calidad,  ensayo  y 
certificación.
9.º  Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, difusión y 
publicidad.
10.º  Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que pudieran 
derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto.
11.º  Costes  derivados  de  la  formación  del  personal  asociado  a  la  actuación, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones formativas y el 
material docente o formativo.
12.º  Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos,  s
congresos y seminarios. oe.
13.º  Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se deriven  w.
directamente de la actuación. 967ww
técn1ic4a.ºs   yC ossitmesil ardees , inpsacrraip claiósn  ceante gcoorníagsr esoo st,i posse mdinea rpioesr,s ocnoanl feqrueen cidaes,t erjmorinnaed alas 
convocatoria.
15.º  Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando 
tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad de costes.
16.º  Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales.
17.º  Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
18.º  El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se requiera su 
aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por 
otro, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
19.º  Otros  costes  no  contemplados  en  los  anteriores  apartados  que  de  forma 
indubitada  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de ejecución de la actividad, siempre 
que queden reflejados en la convocatoria.
b)  Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la actuación, 
pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma directa. Los costes indirectos 
deben responder a gastos reales de ejecución de la actuación, asignados a la misma a 
prorrata con arreglo a un método generalmente aceptado en la práctica contable, y 
debidamente justificado. Para su cálculo se tendrá en cuenta el coste real de los gastos 
generales del beneficiario contabilizados en el último ejercicio cerrado y la proporción 
entre el coste de personal imputado a la actuación y el coste total del personal de dicho 
beneficiario, con un límite del 25 por ciento del gasto de mano de obra de la actuación 
por entidad y por anualidad o, si así lo establece la convocatoria, por entidad y por la 
totalidad del período de ejecución.
Los costes indirectos podrán calcularse, sin necesidad de aportar justificantes de 
gasto,  mediante  la  aplicación  de  un  porcentaje  fijo,  que  se  especificará  en  las 
convocatorias, sin que pueda superar el 25 por ciento, sobre los costes directos de la 
actuación, válidamente justificados.
3.  De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o,  en  su  caso,  en  la  solicitud  de  subvención,  se  realizará  conforme  a  criterios  de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la legislación de 
contratos del sector público deberá someterse a lo dispuesto en la misma.
4.  Las convocatorias podrán especificar, de entre los costes susceptibles de ayuda 
relacionados en este artículo, cuáles serán de aplicación, y, en su caso, desarrollarlos,  e
así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto. bo
5.  Las  ayudas  concedidas  a  los  organismos  públicos  de  investigación  967ww
dcoen tienmvepsltaigdaocsi óenn  edle la rstíeccutloor  4p7ú dbelic loa,  Luenyi v1e4r/s2id0a11d,e ds ep 1ú bdleic ajusn, ioy,  aesnít icdoamdeos  odtreo sd ceernetcrhoos 
ploúsb lidceo  clausy osc opmreusnuipduaedsetso sa cuotónnsoolmidaesn,  csoeng luoisr ápnr eslau pmueosdtaolsid gaedn edrea lecso dsetel sE smtaadrog ion acloens 
definidos en el apartado 19 del anexo II de esta orden. Las ayudas podrán financiar 
hasta el cien por cien de los costes marginales de la actuación.
6.  Para los beneficiarios no comprendidos en el apartado anterior, las convocatorias 
podrán optar por aplicar la modalidad de costes marginales, en cuyo caso las ayudas 
podrán financiar hasta el cien por cien de dichos costes marginales de la actuación, o, 
alternativamente, por la modalidad de costes totales definido en el apartado 20 del 
anexo II, pudiendo, en ese caso, establecer un límite máximo de financiación de todos 
los costes de la actuación.
7.  No se consideran gastos subvencionables el IVA u otros impuestos indirectos 
análogos, tales como el IGIC o el IPSI.
Artículo 10.  Subcontratación.
1.  Podrán  subcontratarse  las  actuaciones  objeto  de  la  ayuda  respetando  los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento de desarrollo.
En función de la naturaleza de la actividad financiada, la subcontratación podrá 
alcanzar hasta el porcentaje máximo del 50 por ciento del presupuesto financiable. La 
convocatoria podrá restringir el porcentaje máximo de subcontratación.
2.  Cuando  la  actividad  concertada  con  terceros  exceda  del  20  por  ciento  del 
importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación 
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente. 
La solicitud, que se presentará en la forma que se determine en la convocatoria, irá 
acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la 
consecución de los objetivos de la actuación objeto de la ayuda.
c)  Que  la  entidad  beneficiaria  prevea  mecanismos  para  asegurar  que  los 
subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente».
3.  A  efectos  de  esta  orden,  la  subcontratación  no  se  considera  colaboración 
efectiva.
Artículo 11.  Modalidades de ayuda.
1.  Las  ayudas  podrán  concederse  en  la  modalidad  de  subvención,  préstamo, 
anticipos reembolsables o una combinación de las mismas.
2.  Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en la convocatoria y en la resolución de concesión.
3.  Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos en cuanto a 
plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso.
4.  Las ayudas concedidas en la modalidad de subvención están financiadas por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece  un  Instrumento  de  Recuperación  de  la  Unión  Europea  para  apoyar  la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado por el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda legalmente vinculada  e.
a la realización de las actuaciones subvencionadas, correspondientes a las medidas  w.b
integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 967ww
Artículo 12.  Garantías.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden que adopten la forma de subvención no
precisarán de la constitución de garantías.
2.  Se  exigirá  la  constitución  de  garantías  a  las  entidades  no  previstas  en  el 
artículo 42.2, letras a), c) y d), del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, cuando la ayuda adopte la forma de préstamo o anticipo reembolsable y 
supere la cantidad de 200.000 euros, y, en todo caso, cuando se trate de proyectos en 
colaboración,  cuando  el  total  concedido  en  forma  de  préstamo  supere  la  cantidad 
de 1.000.000 de euros.
Las entidades previstas en el artículo 42.2, letras a), c) y d), del reglamento de 
desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no estarán exentas de la presentación 
de garantías cuando la ayuda se otorgue en forma de préstamo y, además, su cuantía 
sea superior a 5.000.000 de euros.
3.  Las  garantías  se  constituirán  por  un  porcentaje,  que  se  establecerá  en  la 
convocatoria, y que en ningún caso será inferior al 25 por ciento del importe concedido a 
las entidades obligadas a ello. Cuando la ayuda se abone en varios libramientos, para 
cada uno de ellos se deberá constituir una garantía por el referido porcentaje de la 
cantidad que se vaya a satisfacer en dicho libramiento. En los casos de pluralidad de 
beneficiarios, el importe de la garantía se distribuirá entre los miembros de la agrupación 
obligados a su presentación.
4.  Tras  la  concesión  de  la  ayuda,  para  el  pago  de  la  misma,  las  entidades 
beneficiarias  obligadas  a  ello,  deberán  constituir  con  anterioridad  al  libramiento  la 
garantía  correspondiente.  En  todo  caso,  el  pago  estará  condicionado  a  que  exista 
constancia  de  que  todas  las  entidades  participantes  en  el  proyecto  cumplan 
simultáneamente  los  requisitos  señalados  en  los  artículos  13.2.b)  y  34.5  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y a que, cuando 
sea exigible, se hayan presentado las correspondientes garantías. No se podrá proceder 
al pago hasta que todos los participantes cumplan con los mencionados requisitos. La 
falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías, cuando 
fueran exigibles, podrá dar lugar a la pérdida de derecho al cobro de la cantidad que se 
fuera a librar.
5.  Las  garantías  se  constituirán,  a  disposición  del  órgano  concedente,  a 
requerimiento de este o del órgano instructor, según proceda, en la Caja General de 
Depósitos  o  en  sus  sucursales,  encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y 
Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en 
las convocatorias de los establecidos en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
6.  El plazo de presentación del resguardo de constitución de las garantías desde la 
notificación de su requerimiento se establecerá en las convocatorias.
7.  La  falta  de  constitución  y  acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las 
garantías, cuando fueran exigibles, tendrá como efecto la retención del pago hasta el 
momento en que se acredite la constitución de la garantía, pudiendo dar lugar a la 
pérdida, de forma definitiva, del derecho al cobro de la cantidad que se fuera a librar 
cuando, habiéndose realizado requerimiento previo del órgano concedente para que se 
acredite la constitución de la garantía, este no fuera atendido en el plazo de quince días.
8.  La Caja General de Depósitos, una vez acordado el reintegro por el órgano 
competente,  y  a  instancias  de  este,  ejecutará  las  garantías  de  acuerdo  con  los 
procedimientos establecidos en su normativa reguladora.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que 
está  afecta,  la  Administración  procederá  al  cobro  de  la  diferencia  continuando  el  s
procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de  oe.
recaudación vigentes. w.
9.  Las garantías se cancelarán, en la forma y el plazo que se determine en las  967ww
convocatorias, por acuerdo del órgano concedente, en los siguientes casos:
ab))   CCuuaannddoo,  stera htáanydaons ree edme buonls pardéos tlaasm coa, nsteid ahduebsie arad epuroddaudcaisd.o la subrogación de la
deuda viva del mismo por parte de una entidad financiera.
c)  Cuando  se  hubieran  constituido  garantías  por  un  montante  superior  al 
establecido en el apartado 3 de este artículo o cuando se produzca la renuncia o 
imposibilidad de continuar el proyecto en colaboración, se cancelará la parte constituida 
en exceso o la totalidad de la misma, según proceda.
d)  Cuando  se  hubieran  reintegrado  las  cantidades  debidas  en  los  supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En ningún caso la cantidad garantizada podrá superar el porcentaje de la deuda viva 
referido en el apartado 3.
Artículo 13.  Cuantía e intensidad de la ayuda y criterios para su determinación.
1.  El  presupuesto  financiable  se  establecerá  en  función  del  coste  total  de  la 
actividad  financiada.  La  cuantía  individualizada  de  cada  ayuda  se  determinará 
atendiendo al coste financiable real de la actuación y de las características de los 
beneficiarios.
2.  La convocatoria podrá establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda para 
cada actuación y/o beneficiario. Las ayudas podrán financiar hasta el 100 % de los 
gastos de la actuación financiada para la realización de actividades no económicas de 
organismos de investigación. En cualquier otro caso, el importe de las ayudas que se 
determine se establecerá de acuerdo a las intensidades y límites establecidos por el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014. Las intensidades y límites se entenderán expresados en 
términos  de  equivalente  de  subvención  bruta,  conforme  a  lo  establecido  en  la 
Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de 
referencia y de actualización (2008/C 14/02).
3.  Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad, sin 
que, en ningún caso se supere el coste real de la actividad financiada.
4.  Excepcionalmente, cuando se prevea que el importe global de las solicitudes 
pudiera ser significativamente superior al importe global máximo destinado a las ayudas 
y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, se podrá 
admitir la posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare 
del exceso entre lo solicitado y el importe global máximo destinado a las ayudas.
5.  Los rendimientos financieros que se pudieran generar por los fondos librados por 
anticipado a los beneficiarios no incrementarán el importe de la ayuda concedida.
Artículo 14.  Límites de ayuda.
1.  El proyecto objeto de ayuda deberá pertenecer a la categoría de desarrollo 
experimental.  La  intensidad  máxima  de  las  ayudas  que  se  podrán  conceder  para 
proyectos de desarrollo experimental será del 25 por ciento del coste financiable.
2.  La  intensidad  de  ayuda  deberá  determinarse  para  cada  beneficiario  de  la 
agrupación, conforme con lo establecido en el apartado 4.
3.  En el proyecto realizado en colaboración por organismos de investigación y 
empresas, las ayudas que correspondan a la participación directa en el proyecto por 
parte de organismos de investigación para la realización de actividades no económicas, 
estas podrán ser de hasta del cien por cien de su coste financiable.
4.  Podrán aumentarse, hasta un máximo del 80 por ciento, las intensidades básicas 
de ayuda fijadas en el apartado 1 para proyectos de desarrollo experimental en la 
siguiente forma: s
a)  Cuando las ayudas se concedan a pyme, la intensidad máxima de ayuda podrá  w.b
incrementarse en 10 puntos porcentuales para las medianas empresas y 20 puntos  967ww
porcentuales para las pequeñas empresas.
b)  Hasta  la  intensidad  máxima  de  ayuda  del  80  por  ciento  de  los  costes 
subvencionables, podrá añadirse una bonificación de 15 puntos porcentuales en los 
siguientes casos:
1.º  El  proyecto  implica  la  colaboración  efectiva  entre  al  menos  dos  empresas 
independientes entre sí y si se cumplen, además, las condiciones siguientes:
i.  Una empresa no podrá correr por sí sola con más del 70 por ciento de los costes 
subvencionables del proyecto de colaboración.
ii.  En cualquier caso, el proyecto debe contar con la colaboración de al menos una 
pyme o ser llevado a cabo al menos en dos Estados miembros de la Unión Europea o en 
un Estado miembro de la Unión Europea y una parte contratante en el Acuerdo del 
Espacio Económico Europeo.
2.º  El proyecto implica la colaboración efectiva entre una empresa y uno o varios 
organismos de investigación y se cumplen, además, las condiciones siguientes:
i.  El organismo de investigación asume un mínimo del 10 por ciento de los costes 
subvencionables, y
ii.  Los organismos de investigación tienen derecho a publicar los resultados de los 
proyectos  de  investigación,  siempre  y  cuando  se  deriven  directamente  de  la 
investigación realizada por ellos.
3.º  Los  resultados  del  proyecto  se  difunden  ampliamente  por  medio  de 
conferencias, publicaciones, bases de acceso abierto o programas informáticos gratuitos 
o de fuente abierta.
5.  Las convocatorias podrán establecer, dentro de los máximos previstos en el 
apartado anterior, límites de ayudas diferentes para los distintos tipos de beneficiarios.
6.  En cualquier caso, la cuantía de las ayudas no podrá superar los 15 millones de 
euros por entidad y por proyecto, expresados en equivalente de subvención bruta.
Artículo 15.  Concurrencia y acumulación de ayudas.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con la percepción de 
otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero que establece que no se financiará el mismo coste con distintas ayudas de la 
Unión  y  siempre  que  el  importe  conjunto  de  las  mismas  sea  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de 
la actividad financiada o no implique una disminución del importe de la financiación 
propia exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
2.  En  todo  caso,  la  entidad  deberá  comunicar  la  obtención  de  otras  ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una 
vez  tengan  conocimiento  de  su  existencia,  y  en  todo  caso,  con  anterioridad  a  la 
justificación  de  los  fondos  percibidos,  lo  que  podrá  originar  las  correspondientes 
minoraciones en el importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la 
justificación, deberá comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo 
del proyecto. s
3.  Deberán  respetarse  las  reglas  de  acumulación  de  ayudas  y  las  de  e.
incompatibilidad entre ayudas comunitarias, así como con las intensidades máximas,  w.
procurando  que  las  categorías  de  ayudas,  en  la  medida  de  lo  posible,  no  sean  967ww
cmoenncousrrceanbtoe s dsei nolo  codmisppuleemsteon taernia se ly  aqrutíec unloo  9fin adnecl ieRne egll ammiesnmtoo  g(UasEto) . 2T0o2d1o/ 2e4l1lo  dseinl 
aPdairclaiomneanlidtoa dE duero spuebov eyn cdieoln Ceso,n essetjaos,  ndoe  p1o2d rdáen  fceubbrreirr oe,l  mquisem eos tcaobslteec.e que en caso de  BOE-A-cable e
Artículo 16.  Efecto incentivador.
1.  Las ayudas reguladas por esta orden deberán tener efecto incentivador. Se 
considerará  que  tienen  efecto  incentivador  si,  antes  de  comenzar  la  actividad,  el 
beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria, con 
el contenido señalado a continuación:
a)  Nombre de la entidad, y en caso de empresas, su tamaño.
b)  Descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y finalización.
c)  Ubicación del proyecto.
d)  Lista de costes del proyecto.
e)  Tipo  de  ayuda  (subvención,  préstamo,  anticipos  reembolsables  o  una 
combinación de las mismas).
f)  Importe de la financiación pública necesaria para el proyecto.
2.  Cuando las convocatorias establezcan expresa e inequívocamente el tipo de 
ayuda a conceder no será necesario contemplar el apartado e) en la solicitud de ayuda, 
debiendo indicarse solamente el importe de la financiación solicitada.
Artículo 17.  Ejecución de la actividad.
1.  La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada proyecto, dentro del periodo 
de ejecución que determine la convocatoria o la resolución de concesión teniendo en 
cuenta el objeto o la finalidad de la ayuda.
2.  Las inversiones y gastos efectuados por el beneficiario podrán realizarse durante 
todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades 
que establezca la convocatoria o la resolución de concesión. El gasto y pago del informe 
de auditor a que se refiere el artículo 9.2.a).18.º, podrán realizarse hasta que finalice el 
plazo de presentación de la documentación de justificación de la ayuda.
Se considerará gasto realizado el que se lleve a cabo dentro del periodo de ejecución 
y sea efectivamente pagado durante el mismo, o dentro del periodo de justificación.
Artículo 18.  Comunicaciones electrónicas.
1.  En aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en atención 
a la condición de personas jurídicas de los solicitantes y potenciales beneficiarios de las 
ayudas, las comunicaciones y notificaciones de todas las actuaciones que se realicen 
por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas 
en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en los eventuales 
procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios 
electrónicos.
La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por los interesados, que deberán 
hacerlo a través de la sede electrónica del órgano concedente o en la del organismo que 
establezca la convocatoria y utilizar un sistema de firma electrónica avanzada. El sistema 
de identificación y firma electrónica de los interesados deberá cumplir los requisitos que 
establecen los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, los actos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo todos los  e
efectos de notificación practicada. bo
Las sucesivas publicaciones se realizarán en la dirección o sede electrónica del  967ww
óqrugea nsoe  cdoentceermdeinnete  eon  eenl llaa,  dseulr toiergnadnoi semsota qs upeu ebslitcaabcleioznceas  lalo cso nevfeocctaotso ridae,  enno tliafi cfaocrmióan 
prac3ti.c adCao.mplementariamente y por necesidades de confidencialidad vinculadas a la
naturaleza de las actividades de I+D+i, la convocatoria podrá establecer la notificación
por comparecencia de algunos de los trámites administrativos del procedimiento de 
concesión.
Posteriormente, se procederá a la publicación de las listas de los solicitantes o 
beneficiarios incluidos en dichos trámites con fines puramente informativos.
4.  Cuando  se  practique  una  notificación,  se  enviará  un  aviso  de  cortesía  al 
dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este 
haya comunicado en la solicitud de la ayuda, informándole de la puesta a disposición de 
una notificación en la sede electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que 
la notificación sea considerada plenamente válida.
5.  Los  interesados  que  presenten  cualquier  tipo  de  solicitud,  escrito  o 
comunicación, deberán estar previamente acreditados en los registros telemáticos que 
determine la convocatoria.
6.  La convocatoria podrán limitar el tamaño y el formato de los ficheros electrónicos 
que deban anexarse.
Artículo 19.  Procedimiento de concesión.
1.  El  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  será  el  de  concurrencia 
competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme 
a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, con las características que 
establecen estas bases reguladoras.
3.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, 
efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto del mismo en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Artículo 20.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para la iniciación del procedimiento será la Ministra de 
Ciencia e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Corresponde a la Ministra de Ciencia e Innovación la 
convocatoria de ayudas en forma de préstamo o anticipo reembolsable con cargo al 
presupuesto de gastos de su departamento y a la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Investigación  la  convocatoria  de  ayudas  en  forma  de  subvenciones  con  cargo  al 
presupuesto de gastos de la agencia.
2.  La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Subdivisión de 
Planificación y Gestión Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación.
3.  Corresponde  la  resolución  del  procedimiento  de  concesión  a  la  Ministra  de 
Ciencia e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.
4.  Con  carácter  general  y  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  para  la 
prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de 
selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su 
implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique  es
la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el  bo
procedimiento. 967ww
Artículo 21.  Presentación de solicitudes.
conv1o. caLtoarsia .s oElli cpitlauzdoe sd es eso lpicreitusedn ntaor páond reán s elar  infofermrioar  ay  seient ee dl íapsla nzoi s uepsetarbioler cai dtroe inetna .la  BOE-A-cable e
2.  Las  solicitudes  se  presentarán  mediante  el  formulario  electrónico 
correspondiente, disponible en la sede electrónica del órgano convocante o en la del 
organismo  que  establezca  la  convocatoria,  junto  con  la  documentación  que  se 
especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud. Cuando así se 
requiera para la evaluación, se podrá exigir la presentación en lengua inglesa de la 
documentación técnica.
La presentación efectiva de las solicitudes se completará mediante firma electrónica 
avanzada a través del registro electrónico del órgano convocante o del registro del 
organismo que establezca la convocatoria.
Las  personas  jurídicas  deberán  contar  con  la  firma  electrónica  avanzada  de  la 
persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante especificada en el 
artículo 18 de esta orden.
3.  Se  considerarán  efectivamente  presentadas  aquellas  solicitudes  firmadas  y 
registradas dentro de plazo que incluyan tanto el formulario como la información y todos 
los documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la misma.
4.  La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano 
instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores 
de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 
del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras 
circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria 
y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso 
de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija 
la convocatoria.
5.  Se  podrá  admitir  la  sustitución  de  la  presentación  de  la  documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  13  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de los requisitos específicos establecidos en esta 
orden  o  en  las  convocatorias  para  adquirir  la  condición  de  beneficiario,  o  de  los 
documentos  requeridos  en  las  convocatorias  para  cada  tipo  de  ayuda,  por  una 
declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos en el artículo 23.4 
de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre.  Las  declaraciones  responsables  que  se 
suscriban a los efectos de esta orden deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En este caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 y siguientes del 
reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con anterioridad a la 
propuesta  de  concesión,  los  solicitantes  incluidos  en  la  propuesta  de  resolución 
provisional de concesión de la ayuda serán requeridos al efecto de que aporten la 
documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un 
plazo no superior a diez días.
No se podrá requerir a los interesados la presentación de documentos no exigidos en 
la normativa aplicable, que ya obren en poder de la Administración o que hayan sido 
elaborados por esta.
6.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del reglamento de desarrollo de 
la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  el  solicitante  deberá  aportar  declaración 
responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la 
relación exhaustiva de otras  subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o 
privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de 
ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 15 de esta orden. s
Esta declaración responsable expresa deberá llevarse a cabo en el momento de  oe.
presentar la solicitud o en cualquier momento ulterior en que se dé la mencionada  w.
concurrencia. 967ww
la in7e.x acAtsitiumdi,s mfaols,e ddea dc oun foomrmisiidóand,  dcoen c ealr áacrtteícru elos e6n9c diael,  lad eL ecyu a3l9q/u2ie0r1 5d,a dtoe  o1  idnefo ormctaucbiróen, 
qpurees esneta ciniócno rpdoer el a ad oucnuam  ednetcalacrióanc ióqnu er essepao nesna blseu  oc aas o urneaq uceormidau npicaarcai óanc, reod iltaa r neol   BOE-A-cable e
cumplimiento  de  lo  declarado,  determinará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el 
procedimiento dando lugar a la desestimación de la ayuda o en su caso su revocación, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera 
lugar.
Del  mismo  modo,  en  virtud  del  artículo  37.1.a)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el 
reintegro si es anterior a esta, en caso de la obtención de la ayuda falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
Los  órganos  competentes  podrán  realizar  las  comprobaciones  oportunas  con 
anterioridad o posterioridad a la concesión de la ayuda y en caso de detectarse el 
incumplimiento  de  alguna  condición  procederá  la  desestimación  de  la  ayuda  o  la 
exigencia de reintegro.
8.  Si la solicitud, con el contenido al que se refiere el apartado 2 de este artículo, no 
reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 22.  Instrucción del procedimiento.
En  la  instrucción  del  procedimiento  de  concesión  se  podrán  llevar  a  cabo  las 
siguientes actividades:
a)  La petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o que sean 
exigidos por esta orden o por la convocatoria.
A este respecto, las solicitudes podrán ser objeto de informes de valoración científico 
técnica  y  en  su  caso,  económico-financiera,  que  podrán  realizarse  por  expertos 
independientes, nacionales o internacionales, por comisiones técnicas de expertos, o por 
agencias de evaluación nacionales o internacionales, según determine la convocatoria, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
En el caso de recurrir a comisiones técnicas se procurará el equilibrio de género, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.
b)  La pre-evaluación de las solicitudes se hará siguiendo lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en la 
convocatoria.  En  esta  fase  el  órgano  instructor  verificará  el  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. En caso de que en esta 
fase se hubiera producido la exclusión de algún solicitante se le notificará tal extremo en 
la forma que determinen las convocatorias.
c)  La evaluación de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 
de esta orden.
Artículo 23.  Evaluación y selección.
1.  El procedimiento de evaluación de las solicitudes se realizará en una sola fase. 
Los solicitantes aportarán con la solicitud de la ayuda la información necesaria para que  s
se evalúe la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establecen en el  oe.
artículo 24 de esta orden. Quedarán eliminadas las solicitudes que no cumplan el criterio  w.
poa crraLit aeusrni ooss oo  alai cllgiotuusdn qeousse  d sese erloá osnt  ocerrigvteuareliuo acsda.arásc tpeor re xccolmuyiseinotnee os  ntéoc nsuicpaesr,e nc oenl sutimtubidraasl  qsueeg úsen  fsijee   2021-21967n https://ww
establezca  en  la  convocatoria,  y  por  una  comisión  de  selección,  en  base  a  la
documentación presentada en la solicitud. Bc
2.  La comisión de selección, órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del 
artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, encargada de formular la propuesta 
de concesión será designada por la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal 
de investigación, de acuerdo a lo establecido en la orden CIN/639/2020, de 6 de julio, por 
la que se delegan competencias, y en la Resolución de 27 de julio de 2018, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, de delegación de competencias, y 
tendrá la siguiente composición:
a)  Presidencia:  la  persona  titular  de  la  Dirección  de  la  Agencia  Estatal  de 
Investigación.
b)  Vicepresidencia: la persona titular de la División de Coordinación, Evaluación y 
Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. En caso de 
ausencia, podrá ser sustituida por la persona correspondiente adjunta o asimilada.
c)  Vocales:
1.º  Tres personas funcionarias de la Agencia Estatal de Investigación.
2.º  Una persona representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI).
3.º  En su caso, hasta ocho personas expertas con el perfil que se determine en la 
convocatoria.
d)  Asimismo, contará con un/a secretario/a que será una persona funcionaria de la 
Agencia Estatal de Investigación, que actuará con voz, pero sin voto.
3.  Las comisiones técnicas estarán compuestas por colaboradores científicos de la 
agencia, nombrados en virtud de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 14/2011, de 1 
de junio, y otros expertos del área o subárea temática en la que se enmarquen los 
proyectos.
Las comisiones técnicas serán nombradas por la dirección de la Agencia Estatal de 
Investigación, no tendrán la consideración de órgano colegiado y por lo tanto no les será 
de aplicación lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Tendrán la siguiente composición:
a)  Presidente/a:  un/a  colaborador/a  científico-técnico/a  de  la  agencia  del  área 
temática correspondiente.
b)  Vicepresidente/a: un/a colaborador/a científico-técnico/a de la agencia del área 
temática correspondiente.
c)  Vocales: un panel compuesto por personas expertas nombradas por el órgano 
concedente, seleccionadas según la naturaleza de cada área temática.
La secretaría de las comisiones técnicas será ejercida por un/a funcionario/a de la 
Agencia Estatal de Investigación.
4.  Las comisiones que puedan conformarse al amparo de este artículo procurarán 
el equilibrio de género, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
5.  Las personas que intervengan en las comisiones técnicas y en la comisión de 
selección manifestarán de forma expresa la ausencia de conflictos de intereses, no 
pudiendo participar en las comisiones personas en la que exista dicho conflicto.
6.  En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, 
el  funcionamiento  de  la  comisión  de  selección  se  regirá  por  lo  establecido  en  la  es
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  o
Régimen Jurídico del Sector Público. 967ww
acotennv7do.i cdaoEn ltc efou.nn cloiosn ammeideinotso  dpee rlsaosn caolems,is itoéncensic otésc noi cparse syu dpeu elas tcaorimosis iaósni gdnea dseolse cacli óónr gsaenroá   OE-A-2021-21able en https://
Artículo 24.  Criterios de evaluación de solicitudes.
1.  Los criterios de evaluación de las solicitudes y los umbrales establecidos, en su 
caso, son los siguientes:
Criterios de evaluación Puntuación Umbral
1.  Calidad y viabilidad de la propuesta. 0-40 20
2.  Explotación de resultados esperados y orientación al mercado. 0-20  
3.  Capacidad técnica y económica del consorcio. 0-15  
4.  Impacto socioeconómico. 0-15  
5.  Proyección Internacional. 0-10  
2.  La descripción de los criterios de evaluación es la siguiente:
a)  Calidad y viabilidad de la propuesta.
Se valorará la adecuación de la propuesta a los objetivos de la convocatoria, y el 
grado  de  desarrollo  experimental  de  la  misma,  la  excelencia  técnica,  innovadora  y 
económica  de  la  propuesta.  La  claridad,  originalidad  y  pertinencia  de  los  objetivos 
científico-técnicos perseguidos, incluyendo la correcta justificación de los mismos, su 
relevancia  y  la  adopción  de  una  metodología  correcta  para  su  consecución;  y  los 
elementos innovadores de la propuesta.
Se valorará la viabilidad de la propuesta valorando la adecuación de las actividades 
del proyecto a los objetivos propuestos, su adecuación según el estado de la técnica, los 
recursos  disponibles  para  la  correcta  ejecución  de  las  actividades  propuestas  y  la 
idoneidad del presupuesto solicitado en relación con los objetivos a alcanzar; así como el 
plan de contingencia.
Cuando sea pertinente se valorará el carácter inter y multidisciplinar de la propuesta.
b)  Explotación de resultados esperados y orientación al mercado.
Se valorará el plan propuesto para la explotación de resultados esperados y la 
orientación y cercanía al mercado. Se valorarán los estudios de análisis y previsión de 
mercados y la generación y explotación de patentes y/o modelos de utilidad.
c)  Capacidad técnica y económica del consorcio.
Se valorará la calidad de las contribuciones científico-técnicas, de innovación y otros 
resultados obtenidos por los miembros del consorcio. La complementariedad técnica entre 
los diferentes miembros, así como su capacidad para llevar a cabo las tareas propuestas.
Se valorará la capacidad económica del consorcio para la ejecución de la propuesta 
y la explotación de los resultados. Se valorará la adecuación de los medios materiales y 
humanos necesarios, tanto de las empresas, como de los centros de I+D participantes, 
así como el porcentaje y las actividades objeto de subcontratación.
d)  Impacto socioeconómico.
Se valorará el grado de madurez tecnológica del proyecto y el tiempo previsible para  s
su explotación o llegada al mercado, el potencial de la propuesta para la creación de  e.
empleo directo de los miembros del consorcio, así como el impacto que pueda derivarse  w.
de  las  actividades  previstas  en  términos  de  generación  de  valor  añadido  para  la  967ww
sdoimcieendsaiódn.  dEen  gaéqnueeroll oesn  lcaa psroosp uqeuseta  adseí  inlov esretiqguaiceiórann o,  esle i mvpaalocrtoa raás olac iaidnocl uasl iáómn bditeo  dlea 
ldae d loissc arepsauclitdaaddo sy  ao tlara sso ácrieedaas dd.e inclusión social, así como la planificación de la difusión  BOE-A-cable e
e)  Proyección internacional.
Se valorará la participación y liderazgo en programas de I+D+I internacionales, 
colaboraciones internacionales, así como las relaciones con entidades internacionales. 
Se  valorará  la  capacidad  de  apertura  de  mercados  internacionales  por  parte  del 
consorcio.
3.  Criterios de desempate:
En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, este se dirimirá a favor de la solicitud que tenga mayor puntuación en la 
valoración del criterio 1, 2, 3, 4 y 5, por este orden.
Si de nuevo persistiera el empate, este se arbitrará pudiendo tenerse en cuenta entre 
otros factores la fecha y hora de registro de la solicitud o por sorteo ante el órgano 
instructor.
Artículo 25.  Propuesta de resolución.
1.  La comisión de selección, con arreglo a los criterios de evaluación establecidos 
en el artículo 24, emitirá un informe motivado que contenga una relación priorizada de 
los proyectos que se consideren subvencionables, detallando para cada solicitud la 
financiación propuesta. A continuación, el órgano instructor, a la vista del expediente y 
del informe de la comisión de selección, emitirá una propuesta de resolución provisional 
motivada y la publicará para que los interesados, en el plazo de diez días hábiles, 
formulen alegaciones si lo estiman oportuno.
La convocatoria establecerá el contenido de la propuesta de resolución provisional, 
que incluirá, como mínimo la entidad solicitante para las que se propone la concesión de 
la ayuda, junto con la cuantía y condiciones de la misma. Dicha propuesta incluirá, como 
mínimo:
a)  La entidad o entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la 
ayuda, junto con la cuantía y condiciones de la misma, así como la información prevista 
en la normativa específica de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
b)  Cuando  corresponda,  la  relación  de  las  solicitudes,  ordenadas  según  su 
prelación, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del reglamento 
de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c)  En su caso, el equivalente de subvención bruta de la ayuda propuesta.
2.  Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, 
podrá  recabarse  en  el  mismo  acto  la  aceptación  de  la  ayuda  por  los  solicitantes 
seleccionados.
Así mismo se podrá recabar en este trámite la presentación de los justificantes o 
documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario. 
Dichos documentos serán especificados en la convocatoria junto con los plazos para su 
presentación. A falta de respuesta del solicitante, la ayuda se entenderá aceptada, salvo 
que no se aporten los justificantes y documentos requeridos en los plazos establecidos, 
en cuyo caso se tendrá al solicitante por desistido de su solicitud.
3.  Se  podrá  prescindir  del  trámite  de  audiencia  en  los  casos  previstos  en  el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. es
4.  Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la  o
piTsnorrfoaolipncr5miust.af eaonscrCttmieaóus anad c pnepióad rnerroae v yr sise looRtslasueu  csleqtiienóuli e neplna  rsdoc neiecao ef.iprndmrieotianpvttaoiev,n  ayee   enalsa sp lía cel oocq nídufciicesea pss oidóenen g e ladox epsla  rfae ocysnouadndrováaos s ec daly et sols orPuilai lcac,i unteaa lnd nóteterí ga Roa,e  nacroseu ílpi ancecsoritóarmuncoci ót donlaer,     OE-A-2021-21967able en https://www.
notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios la propuesta
de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen la 
aceptación  o  desistimiento  de  la  ayuda  propuesta  y  aporten  los  justificantes  o 
documentos requeridos, si no lo hubieran hecho con anterioridad. Será de aplicación lo 
dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 de este artículo.
6.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no le haya sido 
notificada la resolución de concesión.
7.  La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo establecido en la normativa 
específica de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 26.  Resolución.
1.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver,  este  dictará  la  resolución  del  procedimiento,  que  pondrá  fin  a  la  vía 
administrativa.  Contra  la  resolución  del  procedimiento  cabrá  interponer  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses si la resolución fuera expresa, o de seis meses si no 
lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o recurso de 
reposición, con carácter previo y potestativo, ante el órgano que la dictó, en el plazo de 
un mes si la resolución fuera expresa, o en cualquier momento a partir del día siguiente 
en que se produzca el acto presunto, si el acto no fuera expreso, sin que puedan 
simultanearse ambas vías de impugnación.
2.  La resolución del procedimiento estará debidamente motivada, con referencias a 
la  presente  orden  y  a  la  correspondiente  convocatoria,  a  los  informes  del  órgano 
instructor, así como al proceso de evaluación. En el caso de las solicitudes desestimadas 
se indicará el motivo de desestimación, y, en su caso, se mencionará si no se ha 
alcanzado alguno de los umbrales.
La resolución de concesión deberá contener, al menos:
a)  La relación de solicitantes a quienes se concede la ayuda, en la que figure la 
identificación de la actuación, la cantidad concedida a cada solicitante y la modalidad de 
ayuda, así como la desestimación expresa de las restantes solicitudes.
b)  Las condiciones generales y las condiciones particulares establecidas para cada 
ayuda.
c)  El presupuesto financiable, la forma y la cuantía de la ayuda concedida, así 
como la forma de pago.
d)  Tratándose  de  anticipos  reembolsables,  préstamos,  las  condiciones  de 
concesión y devolución de los mismos.
e)  El régimen de recursos.
f)  La  mención  a  la  financiación  con  fondos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
g)  En su caso, el equivalente de subvención bruta de la ayuda.
3.  La resolución del procedimiento será dictada y notificada en el plazo máximo de 
seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la convocatoria difiera sus 
efectos a una fecha posterior.
El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido en los  s
casos previstos en el artículo 22.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el  oe.
maLraet íscfEeaulsll to ape  2lnad4 zel.o3o s. ra met)és ádromxelui milcnaioo óL sne p eyaes r3xtaa8p b/rr2elee0ssc0aoid3 lvo,e esdnr e  e epn1lo  7edp ldrl aáaez r ntoaíoc muvinpileodlim ia2crba3srd eedo .e p lloearg  Litueimny  a3p 9ea/r2 io0lod1so5  ,i nmdteeá rx1eim sdaoed  oodcset  upsbaerreias.    2021-21967n https://www.
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
4.  Asegurando  la  observancia  del  principio  de  igualdad  en  el  otorgamiento,  el 
órgano concedente podrá dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas, sobre 
la totalidad de solicitudes presentadas, a medida que el órgano correspondiente formule 
las correspondientes propuestas de resolución provisionales y definitivas parciales. En 
este  caso,  las  convocatorias  deberán  establecer  las  medidas  que  garanticen  dicho 
principio de igualdad en el otorgamiento.
Solo será posible dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas si el reparto 
de la subvención no se hace depender del número de beneficiarios que cumplan los 
requisitos o bien del orden que ocupen en la clasificación resultante de la aplicación de 
los criterios de adjudicación.
Artículo 27.  Modificación de la resolución.
1.  Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en 
las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que 
alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión en 
la forma que se establezca en las mismas.
Cualquier cambio en el contenido de la resolución requerirá simultáneamente:
a)  Que el mismo sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución de la 
actuación o, en su caso, la anualidad correspondiente, y sea autorizado expresamente 
por el órgano concedente.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, incluidos los 
de  finalidad  regional,  no  afecte  a  sus  aspectos  fundamentales  o  que  hayan  sido 
determinantes  para  la  concesión  de  la  ayuda,  no  afecte  a  la  determinación  del 
beneficiario, ni dañe derechos de terceros.
2.  Las circunstancias sobrevenidas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión, debidamente justificadas, son las siguientes:
a)  Cambio de beneficiario, pudiéndose autorizar:
1.º  Las relacionadas con la fusión, absorción y escisión de entidades y las que sean 
consecuencia  de  que  uno  de  los  beneficiarios  de  un  proyecto  en  colaboración  lo 
abandone por una causa sobrevenida.
2.º  El  cambio  de  beneficiario  de  la  ayuda,  siempre  que  el  nuevo  cumpla  los 
requisitos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de esta orden, y se comprometa a 
mantener la actividad objeto de la ayuda y no se alteren los principios de igualdad y 
concurrencia,  garantizándose  que  el  nuevo  beneficiario  reúne  los  requisitos  que  le 
hubieran permitido obtener la ayuda. La autorización requerirá de un informe técnico en 
el que se constate la idoneidad del nuevo beneficiario para garantizar la viabilidad de la 
actuación y se podrá exigir un informe de un auditor de cuentas externo a la propia 
entidad, que certifique el estado económico de la ayuda concedida en la fecha de la 
solicitud de cambio.
En este caso, el remanente de ayuda no gastado por la entidad beneficiaria originaria 
deberá ser transferido directamente a la nueva entidad, que adquirirá la condición de 
beneficiaria desde la fecha de la modificación de la resolución. La convocatoria podrá  e.e
establecer que dicho cambio solo se pueda solicitar para anualidades completas. b
adsecet  idlvabei )dnm a dicPtai rredcónu rd rneoeslg  tlapaanl  addczeiuaolr s api,ncl adiicózeinoab  lidmidneaiec meniajteeel nc dputeerc e ilaóavcni sar etdcodet.ui  tNaaaccdotia óivssnied,   oaqa duuqeetuos ehr id azqeayu arIeá+ndnD ei m+anim p eoepxbdlcjieialdutcooiido  dlanaese   esadj eyequclu udpecae i,eór icxnouc ddeaoedn  addlneao     OE-A-2021-21967able en https://ww
elegibilidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c)  Cambios en el equipo de investigación de la actuación objeto de ayuda, siempre 
que los propuestos cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
3.  No podrán realizarse trasvases entre los conceptos de costes directos y costes 
indirectos.
4.  La solicitud de modificación se acompañará, al menos, de una memoria en la 
que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir 
las  condiciones  impuestas  en  la  resolución  de  concesión  y  el  cumplimiento  de  los 
requisitos expuestos en los apartados anteriores de este artículo.
5.  En el marco de lo establecido en este artículo, la convocatoria podrá concretar 
las condiciones específicas de cada modificación, así como la documentación necesaria 
que deberá presentarse en cada caso. Se podrá establecer una antelación mínima a la 
finalización de las ayudas para la presentación de las solicitudes de modificación, que no 
podrá exceder de dos meses.
Artículo 28.  Pago.
1.  Las  ayudas  que  se  concedan  podrán  tener  una  dotación  económica  fija  o 
variable  y  el  pago  podrá  hacerse  en  forma  de  pago  único  o  fraccionado,  anual  o 
plurianual, y de forma anticipada, a cuenta, con posterioridad a la realización de la 
actividad objeto de ayuda, o en una combinación de las formas anteriormente citadas.
2.  Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano 
gestor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, los pagos podrán condicionarse a la 
presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones 
de concesión.
3.  Cuando  los  pagos  se  realicen  en  varias  anualidades,  éstos  estarán 
condicionados a la presentación de la documentación requerida para la justificación 
económica o a la presentación de los informes científico-técnicos de avance de la 
actuación y, en el caso de estos últimos, a su valoración positiva.
El órgano concedente de las ayudas podrá condicionar un último pago, hasta un 
porcentaje máximo del 5 % del importe total de concesión, a la justificación de las 
ayudas y su comprobación.
4.  El órgano concedente de la ayuda podrá acordar, como medida cautelar a raíz 
de la intervención de las autoridades de control competentes, nacionales o europeas, la 
retención del pago a la que se alude en el artículo 88.3 c) de reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha retención se realizará sobre las cantidades 
pendientes de abonar al beneficiario en el supuesto de indicios racionales de fraude y/o 
de la incorrecta obtención, destino o justificación de la ayuda percibida.
La retención se levantará cuando desaparezcan las circunstancias que la originaron 
o  cuando  el  interesado  proponga  la  sustitución  de  esta  medida  cautelar  por  la 
constitución de una garantía por el importe de la retención.
Se perderá el derecho al cobro del importe retenido si pasados doce meses desde 
que se practicó la retención, no hubiera desaparecido la causa que la originó.
5.  La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia 
en  la  asignación  y  utilización  de  los  recursos  públicos  contemplado  en  la  Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera.
6.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241,  e
de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero [Reglamento (UE,  bo
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018] la  967ww
Fsnpeeera crcuepedsrpeeac srii(eoóOnsnL t edAp eFa cr)fa,oo  mnegdlp aoTrrsorai mbnduteiisnzlo aaP rl l apdqnoeu r de Ce eu lsaRec nerCticatoous mp eEpisruaaiórrcoanip ó, enclo aoy, n  ROlcaeef idFsceiiilnsirec ana loclEíisaau   rEeodsupetreraoearpcá eh dcaoeo s yn L dlyuai ccsihlo oaansu a tcdoaoarcni dcatrae aqds ueoeessl     OE-A-2021-21able en https://
nacionales  competentes  ejerzan  sus  competencias  de  control.  Asimismo,  los
beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su 
caso, se efectúen.
7.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Artículo 29.  Justificación científico-técnica y económica.
1.  La justificación de las ayudas se ajustará a las exigencias de la normativa 
comunitaria y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, 
la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se 
realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y su reglamento de desarrollo y, en su caso, en la normativa 
aplicable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Los beneficiarios estarán obligados a la presentación de memorias de justificación 
científico-técnica y económica, en los términos que se detallan a continuación.
2.  La justificación científico-técnica consistirá en la presentación de una memoria 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, 
con indicación como mínimo de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos y 
del grado de cumplimiento de la obligación del acceso abierto a las publicaciones a las 
que dé lugar la actuación financiada, cuando sea de aplicación.
Se realizará una justificación científico-técnica final en el plazo de tres meses a 
contar desde el día 1 de enero del año inmediato siguiente a aquel en que finalice la 
ejecución de la actuación.
3.  La justificación económica se realizará mediante una memoria justificativa del 
coste  de  las  actividades  realizadas  que  podrá  adoptar  alguna  de  las  siguientes 
modalidades de cuenta justificativa: ordinaria, con aportación de informe de auditor o 
simplificada. La utilización de una u otra modalidad se regirá por las reglas siguientes:
a)  Se  podrá  optar  por  la  cuenta  justificativa  simplificada,  con  el  contenido 
establecido en el artículo 75 b), c) y d) del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, en los supuestos previstos en los artículos 75.1 y 82.1 del citado 
reglamento, así como, cuando sea aplicable, en la disposición adicional undécima de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio.
b)  En los demás casos, se podrá optar por la cuenta justificativa ordinaria prevista 
en el artículo 72 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o 
bien por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Esta última se regirá 
por lo previsto en el artículo 74 del referido reglamento, y contendrá una memoria 
económica abreviada con el contenido de los apartados a), d), e) y g) del artículo 72.2 
del mismo.
El informe del auditor se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 
de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la 
realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el 
ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del reglamento de desarrollo 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cuando el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor 
sometido al texto refundido de la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la 
revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, o por otro,  s
siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. oe.
ddee sladCS eeua  acertnleu ddaaoílcai zi óea1nlr  á.dli beur aenmnae iejruons ttdoife icdl aeac ñilóoan  ia nyemucedodani óasmteoi  csraeig aufliiniceaenl  teee nna   veaalq ruipaelsal  zeaonn  udqaeul iedt rafeidnsea smli ceeesl  leabs e enajee cfciucoicnaitórainor    2021-21967n https://www.
deberá  presentar  la  documentación  justificativa  de  los  gastos  realizados  hasta  el
momento,  antes  del  libramiento  de  las  anualidades  posteriores  a  la  primera.  La  Bc
comprobación sobre la documentación justificativa citada en este párrafo tendrá carácter 
provisional, en tanto no se justifique totalmente la actividad subvencionada.
4.  En cualquier caso, los beneficiarios deberán custodiar todas las facturas y demás 
documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, 
y  quedarán  a  disposición  del  órgano  concedente,  que  podrá  requerirlas  para  su 
comprobación en cualquier momento.
5.  En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 27.2.a) de esta orden, se 
hubiera producido una sustitución del beneficiario, cada uno de ellos será el beneficiario 
de la ayuda en el periodo y por la cuantía que determinen, consideradas conjuntamente, 
las  resoluciones  de  concesión  y  de  modificación  de  la  concesión,  a  la  vista  del 
presupuesto gasto y de la actividad realizada en el momento de la sustitución. Cada 
beneficiario será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que 
le corresponda.
Artículo 30.  Seguimiento o comprobación científico-técnica y análisis ex post de las 
actuaciones.
1.  El  órgano  concedente  llevará  a  cabo  el  seguimiento  o  comprobación  del 
cumplimiento  de  los  objetivos  científico-técnicos  de  las  actuaciones  según  lo 
contemplado al efecto en el Plan Estatal de I+D+i y en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
El seguimiento deberá basarse en la revisión y valoración de la memoria justificativa 
científico-técnica final. También podrá basarse en indicadores objetivos establecidos al 
efecto  y  públicamente  conocidos;  en  presentaciones  presenciales,  que  podrán 
desarrollarse en lengua inglesa; o en visitas a las entidades beneficiarias.
2.  Asimismo, con la información aportada por el beneficiario, a la que se alude en el 
apartado anterior, y la agregada de cada convocatoria, se realizará un análisis ex post 
del impacto de las actuaciones financiadas. A tal efecto, se podrá solicitar información 
adicional a los beneficiarios en cualquier momento, incluso después de finalizada la 
justificación de las actuaciones.
3.  El órgano encargado de la comprobación científico-técnica y del análisis ex post 
podrá realizarlos directamente (con su propio personal) o indirectamente (a través de 
personas u organismos externos autorizados al efecto), pudiendo crear las comisiones 
que se estimen necesarias.
4.  Los  resultados  negativos  de  los  seguimientos  o  comprobaciones  de  las 
actuaciones  financiadas  podrán  ser  tenidos  en  consideración  cuando  el  interesado 
solicite una nueva ayuda del Plan Estatal I+D+i, con motivo de la valoración de los 
criterios de evaluación relativos al equipo de investigación o a la calidad de la propuesta.
Artículo 31.  Actuaciones de comprobación y control económico.
1.  Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de las mismas 
o con posterioridad a este, el órgano concedente, así como los órganos de control 
competentes,  incluidos  los  recogidos  en  el  artículo  22.2.e)  del  Reglamento  (UE) 
2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero 
[Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018], podrán realizar todos 
aquellos  controles  e  inspecciones  que  consideren  convenientes,  con  el  objeto  de 
asegurar el buen fin de la ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar 
colaboración y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime  es
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la  bo
presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones  967ww
cpyo ecmrojuEpminrcpo ioerbo la dbcceaai ocslanioo e tndrsaee ms es  iuqtianbucsceipoó, ennect nrdca eistolau ncc eoicósranr se poeso,np d oserenál  d qeiceufoenenct eestút l ipetpurneoi.rrc  cLeceadap iumtoospiraeo  fnsidnticoeai  lós rdnaee nian cl otieloasgn  frraooedn aoddliroze.sa  clsaieó ana  yuduned  ape,os dtsaeinsr    OE-A-2021-21able en https://
adjudicador,  el  beneficiario  de  la  ayuda  deberá  aceptar  la  cesión  de  datos  entre
administraciones públicas implicadas para dar a lo previsto en la normativa europea que 
es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará las medidas contenidas en el 
«Plan de medidas antifraude», elaborado de acuerdo con lo establecido en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, para reforzar los mecanismos para la prevención, 
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
sistemas de los fondos europeos, según las previsiones contenidas en la normativa 
europea y nacional aplicable.
5.  La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las 
cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de 
valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación 
en el plazo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o en la normativa específica 
aplicable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre la base de una 
muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la 
remisión  de  los  justificantes  que  compongan  dicha  muestra,  así  como  realizar  los 
controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el 
artículo 85 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  Los  beneficiarios  deberán  disponer  de  los  libros  contables,  registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos 
constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo 
en la contabilidad del beneficiario.
7.  Los  beneficiarios  deberán  confeccionar  y  custodiar  los  partes  horarios  del 
personal contratado con cargo al proyecto, a efectos de evitar la doble financiación. Los 
partes  horarios  deberán  identificar  todos  los  proyectos  y/o  actividades  en  que  ha 
participado esa persona, con la dedicación horaria a cada proyecto, de modo que la 
suma de las horas de dedicación de todos los proyectos de como resultado la jornada 
laboral semanal según convenio o normativa aplicable. Deberá estar firmado por el 
trabajador y el responsable del proyecto.
Artículo 32.  Reintegro y pérdida del derecho al cobro.
1.  Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como los intereses de demora 
correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y este se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el 
título  III  de  su  reglamento  de  desarrollo,  previo  el  oportuno  expediente  de 
incumplimiento.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma 
ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la  e.
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del  w.b
reintegro  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  967ww
novi2e.m  bSree. producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
esul apruteícsutolo  d3e7  fdaelta e sdtea  jLuestyif i3c8a/c2i0ó0n3 o,  ddee  1c7o ndceu rnroevniceima bdree .alguna de las causas previstas en
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda y el reintegro 
total  o  parcial  de  las  cantidades  percibidas  cuando  se  ponga  de  manifiesto  el 
incumplimiento, desde el momento de la concesión o de forma sobrevenida, de los 
requisitos para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre o cuando proceda lo establecido en los artículos 18 y 
siguientes del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En estos casos se requerirá al beneficiario para que aporte la documentación en el 
plazo de quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. La 
no aportación conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda.
3.  Adicionalmente, la entidad beneficiaria deberá reintegrar los fondos recibidos 
cuando el incumplimiento impida el retorno de fondos europeos, por el importe del 
retorno no percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. Además, cualquier 
irregularidad  que  afecte  a  medidas  bajo  responsabilidad  determinada  en  cualquier 
control desarrollado por autoridades nacionales o comunitarias que impida el retorno de 
fondos, implicará el reintegro por la entidad beneficiaria del importe del retorno no 
percibido en relación con las actuaciones subvencionadas. De no utilizar la entidad 
beneficiaria  las  cantidades  recibidas  para  las  actuaciones  subvencionadas,  deberá 
reintegrar los fondos por el importe indebidamente utilizado. En particular, en caso de 
incumplimiento  del  «principio  DNSH»,  la  entidad  beneficiaria  deberá  reintegrar  las 
cuantías percibidas.
Artículo 33.  Criterios de graduación de incumplimientos.
1.  El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en 
estas bases reguladoras, en texto de la convocatoria, en la normativa europea, en su 
caso, y demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en 
las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar esta, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 32 de esta orden.
2.  Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a)  El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la 
ayuda,  determinado  a  través  de  los  mecanismos  de  seguimiento,  control  y 
comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda, y en su caso de la pérdida del 
derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b)  El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado 
a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la 
devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas y, en su caso, la pérdida 
del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
c)  En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto 
financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de 
las cantidades desviadas.
d)  La falta de presentación de los informes de seguimiento, conllevará la devolución 
de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al 
cobro de las cantidades pendientes de percibir.
e)  La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, en caso de tratarse de un beneficiario sometido a dicha normativa, 
significará la reducción de la ayuda en un importe al equivalente al no justificado por este  e
motivo y sin perjuicio de lo previsto por la normativa europea en aquellos casos que  bo
resulte de aplicación. 967ww
ntpéoarvrmcifei)ian mlo bdEsre le d ih neyacl  sudatmear t píleoclliu  m2elo is%e tna3 tbd1ole.e 3dlc  ieimdd elopal o  eorrnetbe gle iglaal asmaocriectóíincantud odlo oed  a 7ed . da4dir c edphseuoa b erinlrsiocctliauldo mao dpdrd leaiem  nllaia,e   nsaLteyeoruy.ád  a3c a8cu/o2sn0ac0 ed3de, ildd raee, i ne1tn7e  gldoreos    OE-A-2021-21able en https://
No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa europea y de las 
sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta letra y si fuera aún posible su cumplimiento en los 
términos  establecidos,  o  pudieran  realizarse  acciones  correctoras  de  la  falta  de 
publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas 
de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa 
advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 34.  Devolución voluntaria de remanentes no aplicados.
De conformidad con el artículo 90 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  los  interesados  podrán  realizar  la  devolución  voluntaria  de 
remanentes no aplicados al fin para el que se concedió la ayuda. Procederá la exigencia 
de interés de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta el momento en que 
se  produjo  la  devolución  efectiva  por  parte  del  beneficiario.  El  interés  de  demora 
aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 35.  Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido 
en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
CAPÍTULO III
Convocatoria de tramitación anticipada correspondiente al año 2021 de ayudas 
a proyectos de colaboración público-privada
Artículo 36.  Objeto y finalidad de las ayudas.
1.  La presente convocatoria tiene por objeto la aprobación para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de colaboración público-privada, del 
Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, 
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  La finalidad de esta convocatoria es avanzar en la incorporación de conocimientos 
y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de 
nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que estimule la 
generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, 
transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las trayectorias 
tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado. Asimismo, con estos 
proyectos se pretende movilizar inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza 
tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema 
Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la 
competitividad del tejido empresarial.
3.  La  convocatoria  se  enmarca  en  la  inversión  I3,  denominada  «Nuevos 
proyectos I+D+I Publico Privados, Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión de 
ayudas consecuencia de convocatorias competitivas internacionales, I+D de vanguardia 
orientada  a  retos  de  la  sociedad,  Compra  pública  precomercial»,  del  componente  17  e.
«Reforma  institucional  y  fortalecimiento  de  las  capacidades  del  Sistema  Nacional  de  w.
Ciencia, Tecnología e Innovación» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  967ww
cyu cyoan tcriobnusireác aulc oióbnje teivsotá 2 6p1re yv is2t6a2  pdaer ala  eDl etcriismióens tdree  Ecujeacrutoc iódne  d2e0l 2C2o nys etjroim (CesIDtre)  asseogcuianddoo, 
dRee c2u0p2e4ra, crieósnp ye cRteivsailmieennctiea,  y ddee l aPcluaenr ddeo  Rceocnu plae rnaocriómna ati vnaiv erel geuulraodpoeroa  yd neal cMioencaal.nismo de  BOE-A-cable e
Artículo 37.  Régimen de concesión y normativa aplicable.
1.  La  concesión  de  las  ayudas  se  efectuará  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva,  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, establecidos 
en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.  La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria les aplicará la 
normativa contemplada en el artículo 4 de esta orden.
3.  Las  ayudas  objeto  de  esta  orden  están  financiadas  por  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la 
crisis de la COVID-19, por lo que las entidades beneficiarias deberán regirse por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por las 
demás normas comunitarias sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o 
trasposición de estas.
Además de la normativa prevista anteriormente, será de aplicación supletoria la 
normativa nacional relacionada en el artículo 4.5 de la presente orden.
4.  Las ayudas concedidas a las empresas objeto de esta convocatoria se rigen por 
el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  tratado  [en  adelante,  Reglamento  (UE) 
n.º 651/2014].
Las ayudas concedidas a las empresas al amparo de esta convocatoria cumplen con 
todas las condiciones, tanto generales como específicas, contempladas en el capítulo I 
y II y en la sección 4.ª del capítulo III del Reglamento (UE) n.º 651/2014, por lo que 
quedan  exentas  de  la  obligación  de  notificación  previa  prevista  en  el  artículo  108, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
5.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la 
Comisión  sobre  el  Marco  sobre  Ayudas  Estatales  de  Investigación  y  Desarrollo  e 
Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas previstas en esta orden, que se 
otorgarán  a  organismos  de  investigación  para  actividades  no  económicas.  Los 
organismos  de  investigación  que,  además  de  actividades  no  económicas,  realicen 
también actividades económicas, deberán consignar por separado la financiación, los 
costes y los ingresos respectivos.
Cuando el organismo de investigación realice casi exclusivamente actividades no 
económicas,  podrán  quedar  excluidos  en  su  totalidad  del  ámbito  de  aplicación  del 
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea siempre que sus 
actividades económicas sean puramente accesorias; es decir, que correspondan a una 
actividad que esté relacionada directamente con su funcionamiento o sea necesaria para 
el funcionamiento del organismo de investigación o esté estrechamente vinculada a su 
principal uso no económico, y tenga un alcance limitado.
Se considerará que esto se produce cuando las actividades económicas consumen 
exactamente los mismos insumos (como material, equipamiento, mano de obra y capital 
fijo) que las actividades no económicas y la capacidad asignada cada año a dichas 
actividades económicas no supera el 20 % de la capacidad anual total de la entidad de  e.
que se trate. w.b
En aplicación de lo dispuesto anteriormente, las ayudas concedidas a organismos de  967ww
inve6s.t igaLcai ónre naoli zteancidórná n dlae  colonss idperroayceiócnto ds e oabyjuedtoa s ddee  Elassta daoy.udas  previstas  en  esta
cnoonrmvoactiavtao rviaig deenbtee rqáu aet elense rrsees ual telo  dees taabplleiccaidcoió ne ne nlo sb apsrein caipl iáoms binittoe rdnea ccioonnaolceism yie netno  lay 
actuación en el que se desarrolle, de conformidad con lo establecido en el anexo IV, 
correspondiendo a las entidades beneficiarias velar por su cumplimiento.
7. La Recomendación de la Comisión Europea (2005/251/CE) de 11/03/2005 («Diario 
Oficial  de  la  Unión  Europea»  L75  de  22/03/2005),  relativa  a  la  Carta  Europea  del 
Investigador y Código de Conducta para la contratación de investigadores, se aplicará en 
las ayudas convocadas en esta orden.
Artículo 38.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1.  Es competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas 
la  Subdivisión  de  Planificación  y  Gestión  Administrativa  de  la  Agencia  Estatal  de 
Investigación.
2.  Es competente para la resolución del procedimiento de concesión la Ministra de 
Ciencia e Innovación y la Presidenta de la Agencia Estatal de Investigación.
Artículo 39.  Comunicaciones entre la Administración y las personas interesadas.
1.  Todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen en el procedimiento 
de concesión de las ayudas contempladas en esta convocatoria, durante su periodo de 
ejecución y en su justificación y seguimiento, así como en los eventuales procedimientos 
de reintegro que se puedan iniciar, se harán a través de los medios electrónicos que se 
establecen en este artículo.
2.  La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria tanto para 
la notificación o publicación de los actos administrativos que se dicten como para la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán adjuntarse siempre 
en formato «PDF» y con un tamaño máximo de 4 MB.
3.  En virtud de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la 
notificación de los trámites de subsanación, resolución de desistimiento, resolución de 
exclusión,  propuesta  de  resolución  provisional,  propuesta  de  resolución  definitiva  y 
resolución de concesión, se hará mediante publicación en la página web de la agencia, 
surtiendo todos los efectos de notificación practicada.
4.  El resto de los trámites previstos en esta convocatoria podrá notificarse mediante 
publicación  en  la  página  web  de  la  agencia  o  mediante  el  procedimiento  de 
comparecencia electrónica en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 48 y 49 
para la presentación de la solicitud de ayuda, la presentación de cualquier otro tipo de 
solicitud, escrito o comunicación deberá hacerse a través de la Carpeta Virtual de 
Expedientes-Facilit@, accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y se completará con la firma y registro electrónico por parte de la persona 
que ostente la representación legal de la entidad.
A  su  vez,  la  presentación  telemática  por  las  personas  interesadas  de  la 
documentación para el seguimiento económico y científico-técnico del proyecto deberá 
hacerse a través del acceso directo al trámite de justificación telemática de ayudas 
«Justiweb», ubicado en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
6.  El certificado de firma electrónica avanzada correspondiente deberá cumplir dos 
requisitos:
a)  Debe pertenecer a una persona acreditada previamente para la representación  s
legal de la entidad interesada en el Registro Unificado de Solicitantes ubicado en la sede  oe.
electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación. w.
Cpliaetnabcf)oi ar mDaee b «e@I ncfnioromrvraaec»sip,ó oqnnu, dee drp eunaet droea nlg udcneooln  sudalepta arrlsotaesd  eocn e rl«atiI fniscfeaoddrmeo sae cleidócingtr itóansleiocsba r ead deml CMiteiidrntoiifssict earediono  sd»lae,    2021-21967n https://ww
«Certificados  electrónicos  admitidos».  La  presentación  que  se  realice  utilizando  un
certificado  digital  que  cumpla  los  requisitos  anteriores  quedará  automáticamente 
registrada en el registro electrónico.
7.  Las entidades solicitantes podrán consultar en todo momento el estado de su 
expediente administrativo a través de la Carpeta Virtual de Expedientes - Facilit@, 
ubicada en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Artículo 40.  Requisitos de las entidades beneficiarias.
1.  Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria las 
incluidas en el artículo 5 de esta orden, válidamente constituidas en el momento de la 
presentación de la solicitud de ayuda, con personalidad jurídica propia y que estén 
válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en 
España, con las siguientes restricciones:
a)  Solo  podrán  adquirir  la  condición  de  beneficiarias  aquellas  empresas  y 
asociaciones empresariales sectoriales, cuya constitución o inicio de actividad haya 
tenido lugar con anterioridad al primer día del mes anterior al de la fecha de publicación 
de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
b)  Las agrupaciones de interés económico (AIE) no podrán ser beneficiarias de 
estas ayudas.
2.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiario  las  entidades  en  quienes 
concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
3.  No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que reciban ayuda 
en forma de préstamo y que no acrediten que se encuentran al corriente del pago de las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los presupuestos generales del Estado.
4.  No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se encuentren 
incursas  en  un  procedimiento  de  recuperación  de  ayudas,  por  haber  sido  estas 
declaradas ilegales e incompatibles por la Comisión Europea.
5.  En el caso entidades clasificadas en la categoría h) o i) del apartado 1 del 
artículo 5 de esta orden, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades 
calificadas en crisis, de acuerdo con la definición de empresa en crisis establecida en el 
apartado 16 del anexo II, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 apartado 4.c) del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014. No obstante, como excepción, podrán ser beneficiarias 
aquellas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a ser 
empresas en crisis durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 
de diciembre de 2021.
Artículo 41.  Requisitos de los participantes en la agrupación.
1.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6  de  esta  orden,  obtendrán  la 
condición de beneficiario de las ayudas objeto de esta convocatoria las agrupaciones de 
entidades públicas y/o privadas que realicen el proyecto.
2.  La agrupación resultante no tendrá personalidad jurídica, por lo que uno de los 
participantes de la categoría expresada en el artículo 5.1.h) de la presente orden actuará 
como solicitante y representante de la misma.
3.  Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17  e
de noviembre, tendrán la condición de beneficiarios tanto la agrupación como cada uno  bo
de sus miembros. 967ww
le  p4u. edCana dac oernretisdpaodn dpearr,t ictiapnatnot e cdoem loa  aegnrtuidpaadc ióon  ecsotmaroá  smuijeemtab aro l ads eo bllaig aacgiorunpeasc qióune, 
conf5o.r mEe l aa lrotí ceusltoa b1l1e.c3i ddoe  elan  Leel ay r3tí8cu/2lo0 073 d, ed ela 1 p7r edsee nntoev ioermdebnre. establece que cuando se
trate  de  agrupaciones  de  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas  sin
personalidad jurídica propia, se deberá hacer constar expresamente, tanto en la solicitud 
como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de 
ellos, que tendrán igualmente la condición de beneficiarios. A tal efecto, los compromisos 
de ejecución y los importes a aplicar por parte de cada entidad participante en el 
proyecto  serán  los  reflejados  en  las  declaraciones  de  conformidad  de  participación 
generadas por la aplicación de solicitud de la ayuda.
Artículo 42.  Características de los proyectos.
1.  Los proyectos objeto de ayuda de la presente convocatoria serán proyectos de 
desarrollo experimental en colaboración efectiva por varias entidades beneficiarias en los 
que  las  actividades  objeto  de  ayuda  se  desarrollarán  conforme  la  definición  del 
apartado 8 y 9 del anexo II de la presente orden.
2.  Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  De cuantía. El presupuesto mínimo del proyecto será de 400.000 euros.
b)  De duración. Los proyectos tendrán una duración de tres años y comenzarán su 
ejecución en la fecha indicada en la solicitud. En cualquier caso, la fecha de inicio deberá 
ser  posterior  a  la  fecha  de  finalización  de  presentación  de  solicitudes  y  estar 
comprendida a lo largo del año 2022.
c)  De participación:
1.º  El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto deberá 
ser una empresa, en el sentido expresado en el artículo 5.1.h). Esta empresa actuará 
como solicitante de la ayuda y como interlocutor único con el órgano concedente, por lo 
que tendrá acceso a las notificaciones a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-
Facilit@  durante  el  procedimiento  de  concesión,  debiendo  trasladar  al  resto  de 
participantes todas las notificaciones o comunicaciones que la agencia notifique a través 
de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria.
No obstante, se podrá nombrar como coordinador técnico del proyecto a otra de las 
entidades  participantes,  reflejándose  las  tareas  que  le  sean  encomendadas  en  las 
declaraciones de conformidad de participación. Si no se eligiese a ningún coordinador 
técnico  se  entenderá  que  el  representante  de  la  agrupación  asume  las  tareas  de 
coordinación técnica.
2.º  El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, 
siendo  obligatorio  que  una  de  las  entidades  participantes  sea  un  organismo  de 
investigación  público  o  privado,  entendiéndose  por  tales  los  expresados  en  el 
artículo  5.1.a)  a  g),  y  que  otra  sea  una  empresa,  en  el  sentido  expresado  en  el 
artículo 5.1.h).
3.º  La participación mínima por entidad será del 10 % del presupuesto total del 
proyecto. Para ser participante en el consorcio, se deberá presentar presupuesto y 
solicitar ayuda.
A fin de que la agrupación de entidades que presenta el proyecto cumpla con los 
objetivos  del  efecto  incentivador  indicados  en  el  artículo  43,  no  se  admitirá  la 
participación en la agrupación de entidades que no soliciten ayuda, o que no necesiten 
ayuda para la realización de la actividad.
4.º  La suma de los porcentajes de participación empresarial, entendiendo por tal la 
suma de la participación de las entidades referidas en el artículo 5.1.h) e i) deberá ser, al  s
menos, del 51 % del presupuesto total presentado, sin que ninguna entidad corra por si  oe.
lisonosvl ea5s pc.trºiogo nay Lecmiocóátsnos  s ord eregadlal ei7nz 0aisi dn%mavo e dpsseo ti drgd eeaic lclihonióosvn .ep,s retsigsieuampciupóernes t toey.n dcruáann ddeor esceh o dae rpivuebnli cadrir elocsta rmeseunlttea ddoes  dlea   2021-21967n https://www.
d)  De actividad:
1.º  Los  proyectos  no  podrán  implicar  actividades  que  directa  o  indirectamente 
ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo con 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de junio de 2020 («Reglamento de Taxonomía»), relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE)  2019/2088,  ni  las  que  no  garanticen  el  cumplimiento  de  la  legislación 
medioambiental nacional y comunitaria de aplicación, dando cumplimiento a la Guía 
técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», ni las que no garanticen el cumplimiento de la legislación medioambiental 
nacional y comunitaria de aplicación. En concreto, no podrán ser subvencionadas las 
actividades detalladas en los apartados a) a e) del artículo 8.3 de esta orden.
2.º  Las  siguientes  actividades  de  I+D+i  se  consideran  conformes  con  la  Guía 
Técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo»:
a)  Las actividades de I+D+i que den lugar a resultados tecnológicamente neutros a 
nivel de su aplicación.
b)  Las actividades de I+D+i que apoyen alternativas con bajo impacto ambiental, 
siempre que dichas alternativas existan.
c)  Las actividades de I+D+i que se centren principalmente en el desarrollo de 
alternativas  con  el  menor  impacto  ambiental  posible  en  el  sector  para  aquellas 
actividades para las que no exista ninguna alternativa de bajo impacto viable tecnológica 
y económicamente.
3.  Las solicitudes que incumplan los requisitos establecidos anteriormente para los 
proyectos presentados serán excluidas. A estos efectos, el órgano instructor recabará los 
informes que correspondan a fin de verificar el cumplimiento del «principio DNSH».
Artículo 43.  Efecto incentivador.
1.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, 
se  considerará  que  las  ayudas  tienen  efecto  incentivador  si  la  solicitud  de  ayuda 
registrada dentro de plazo, que incluye tanto el formulario como todos los documentos 
determinados en la convocatoria, se ha presentado antes del comienzo del proyecto.
2.  Se  produce  un  efecto  incentivador  cuando  las  ayudas  cambian  el 
comportamiento  de  una  empresa  de  tal  manera  que  esta  emprenda  actividades 
complementarias que no realizaría, o que, sin las ayudas, realizaría de una manera 
limitada o diferente. No obstante, las ayudas no deben subvencionar los costes de una 
actividad en los que la empresa incurriría de todos modos ni deben compensar el riesgo 
empresarial normal de una actividad económica.
3.  La fecha de inicio del proyecto presentado no debe entenderse meramente como 
una fecha a partir de la cual se pueden imputar gastos, sino realmente como la fecha de 
comienzo de las actividades del proyecto.
Artículo 44.  Conceptos financiables.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  cubrir  los  costes  directa  e  indubitadamente 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido 
concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de  e
noviembre, y deberán realizarse dentro del periodo de ejecución, teniendo las siguientes  bo
características: 967ww
Ley a1)4 /2O0r1g1a, ndisem 1o sd ep júubnliioco, su ndivee risnivdeasdteigsa pcúióbnli ccaosn, tienmstpitluatdooss d ee nin veel satirgtíaccuiólon  4s7a nditaer iala, 
entidades de derecho público y otros organismos públicos de I+D cuyos presupuestos
consoliden con los presupuestos generales del Estado o con los de las comunidades 
autónomas:
1.º  Las ayudas concedidas a estas entidades seguirán la modalidad de costes 
marginales definidos en el apartado 19 del anexo II de esta orden.
2.º  Serán financiables los costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos 
siempre que se dediquen en exclusiva al proyecto y su vida útil se agote durante el 
periodo de ejecución del mismo.
3.º  No serán financiables los costes del personal propio ni los de amortización de 
aparatos y equipos usados cuando estos hayan sido financiados con fondos públicos.
4.º  Aunque no sean financiables, los costes de personal propio deberán incluirse 
obligatoriamente  en  el  presupuesto  del  proyecto  dentro  de  la  solicitud  para  que 
computen en relación a los requisitos de cuantía y de participación indicados en el 
artículo 42.2.a) y c).
5.º  Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de 
propiedad industrial o intelectual, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 
de junio, las publicaciones científicas resultantes, total o parcialmente, de la financiación 
otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles en acceso 
abierto. Para ello los autores podrán optar por publicar en revistas de acceso abierto o 
bien por autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto los 
trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones 
seriadas o periódicas.
b)  Empresas y asociaciones empresariales sectoriales:
1.º  Las ayudas concedidas a estas entidades seguirán la modalidad de costes 
totales definidos en el apartado 20 del anexo II de esta orden.
2.º  Serán financiables los costes de personal propio y en el caso de aparatos y 
equipos,  solo  serán  financiables  los  costes  de  amortización  correspondientes  a  la 
duración del proyecto, tanto de los aparatos y equipos nuevos como usados. En la 
memoria del proyecto deberá detallarse el cálculo seguido para determinar las cuotas de 
amortización.
c)  Entidades  pertenecientes  a  las  categorías  de  beneficiarios  reflejadas  en  el 
artículo 5.1.d) a g) no contempladas en el apartado a), se financiarán siguiendo las 
características descritas en el apartado b) anterior.
d)  Las  fundaciones,  independientemente  de  su  carácter  público  o  privado, 
vinculadas  o  dependientes  de  universidades  públicas,  organismos  de  investigación 
públicos y hospitales públicos se financiarán con las características descritas en el 
apartado a).
2.  De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de esta orden, la financiación se 
aplicará a los conceptos de gasto de costes directos e indirectos.
3.  Podrán  ser  objeto  de  ayuda,  dentro  del  concepto  de  costes  directos,  los 
siguientes costes:
a)  Costes de personal. Gastos de personal de investigadores, técnicos y personal 
auxiliar dedicado al proyecto, tanto de personal propio de la entidad como de nuevas 
contrataciones. Las horas de trabajo financiadas deberán dedicarse exclusivamente al 
proyecto. es
Para la realización del proyecto solo se financiará el personal que pertenezca a los  o
grupos de cotización 1, 2 y 3. 967ww
La  fórmula  de  cálculo  del  coste-hora,  para  cada  empleado  participante  en  el 
proyecto,  será  la  que  se  expresa  a  continuación,  y  no  se  admitirán  costes  hora 
superiores a 50 euros:
X + Y
Coste Hora  =    
H
  Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente:
X  =  Retribuciones  satisfechas  al  empleado  en  el  ejercicio,  de  acuerdo  con  lo 
declarado en el modelo 190 del IRPF, o documento equivalente.
Y  =  Cuota  patronal  anual  satisfecha  a  la  Seguridad  Social  por  ese  empleado, 
calculada  atendiendo  a  la  base  de  cotización  (expresada  en  los  modelos  TC2,  o 
documento equivalente, debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final 
resultante de la aportación de la entidad beneficiaria a la Seguridad Social por ese 
empleado. En el caso de que el personal sea socio-accionista de la entidad, el modelo 
TC2 se sustituirá por los boletines de cotización a la Seguridad Social.
H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación a la entidad 
beneficiaria.
En el caso de aquellas entidades en las que el personal es socio-accionista de la 
misma, podrán imputarse los gastos del personal como personal propio de la entidad, 
teniendo en cuenta que dicho personal deberá figurar en una escritura notarial. El 
documento  deberá  aportarse  junto  con  su  titulación  académica  en  la  justificación 
económica  de  la  ayuda.  Solo  se  financiará  al  personal  que  tenga  una  titulación 
universitaria de grado medio o superior o formación profesional de grado superior.
En el caso de las empresas y asociaciones empresariales sectoriales, referidas en el 
artículo 5.1.h) e i), podrá imputarse el coste de nuevas contrataciones, con carácter 
indefinido,  de  investigadores  con  el  grado  de  doctor  destinados  a  la  ejecución  del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3.c) y d). Las contrataciones 
deberán realizarse dentro del plazo de ejecución del proyecto.
Los contratos laborales de carácter temporal deberán indicar las fuentes de financiación 
y los códigos identificativos del proyecto, de la siguiente forma: «Este contrato es parte del 
proyecto  REFERENCIA  DEL  PROYECTO,  financiado  por  MCIN/AEI/10.13039/ 
501100011033 y por la Unión Europea-NextGenerationEU/PRTR», siendo referencia del 
proyecto la referencia que figura en la resolución de concesión; MCIN el acrónimo del 
Ministerio de Ciencia e Innovación; AEI el acrónimo de la Agencia Estatal de Investigación; 
10.13039/501100011033 el DOI (Digital Object Identifier) de la agencia; y PRTR el acrónimo 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En los mismos se deberán incluir 
los siguientes logos, en el orden según se citan:
i.  El logo del Ministerio de Ciencia e Innovación.
ii.  El emblema de la Unión Europea y, junto al emblema de la Unión, se incluirá el 
texto «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
iii.  El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
iv.  El logo de la Agencia Estatal de Investigación.
Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores 
normalizados establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014.
Esta mención debe aparecer de manera visible y siempre distanciada y de manera  e.e
destacada frente al resto de logotipos de otras entidades que hayan realizado una  b
aportación  económica  menor.  En  la  página  web  de  la  agencia  se  podrán  dictar  967ww
instrbu)c ciConoesste ys  nordmea s gardáqfiuciassic iaó ne,s te arelqsupielecrt,o . arrendamiento  financiero  (leasing),
meqaunipteanmimieienntoto ,c ierenptíafircaoc-itóénc nyic oa meo ritnizfoarcmióánt icdoe  ya cotitvrooss   meleamteerinatleoss,  nceocmeos airniosstr upmaeran talal, 
actuación. Se podrá financiar la adquisición o amortización del equipamiento necesario
para la realización proyecto, excluyendo los dispositivos informáticos de uso genérico 
(PC, ordenadores portátiles, impresoras…). Se incluyen en este apartado los costes de 
adquisición o amortización de programas de ordenador de carácter técnico, siempre que 
se justifique adecuadamente su necesidad en la memoria del proyecto.
El coste de amortización de los bienes inventariables estará sujeto a las reglas 
establecidas en el artículo 31.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El periodo 
durante el cual el beneficiario debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la 
ayuda, será de cinco años para los bienes inscribibles en registro público y de dos años 
para bienes no inscribibles en dicho registro.
Cuando la adquisición de los equipos se realice por medio de «leasing» solo se 
imputarán las cuotas pagadas dentro del periodo de ejecución del proyecto.
c)  Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares 
directamente derivados de la realización del proyecto. Los gastos de material de oficina y 
consumibles  informáticos  no  se  financiarán,  por  tener  la  consideración  de  gastos 
generales.
d)  El gasto derivado del informe realizado por un auditor de cuentas. Se financiará 
el  informe  realizado  por  un  auditor  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Auditores  de 
Cuentas, que conforme a lo establecido en el artículo 57 deberá presentarse en la 
justificación.  El  gasto  derivado  del  informe  de  auditor  tendrá  un  límite  máximo 
de 1.200,00 euros.
En el caso de que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales, el 
informe podrá ser emitido por un auditor distinto del que audite las cuentas anuales, 
siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
e)  Costes  de  patentes.  Se  financiarán  los  gastos  de  solicitud  de  las  patentes 
generadas por el proyecto. Este coste no será financiable a las grandes empresas, 
conforme a la definición del apartado 14 del anexo II.
f)  Costes de consultoría de gestión del proyecto. Se financiarán los gastos de 
consultoría  para  la  gestión  del  proyecto  y  su  justificación  solamente  a  la  entidad 
representante de la agrupación y siempre que dichos costes no formen parte de los 
costes  generales  de  la  entidad.  El  gasto  por  consultoría  tendrá  un  límite  máximo 
de 20.000,00 euros.
g)  Contratos y asistencias técnicas. Se financiarán prestaciones de servicios que, 
estando relacionadas con el proyecto, no constituyen en sí mismas parte de la actividad 
subvencionada y que por lo tanto no son susceptibles de subcontratación.
h)  Viajes. Se financiarán los viajes estrictamente necesarios para la realización del 
proyecto.  Únicamente  se  admitirán  viajes  referidos  a  trabajadores  imputados  en  el 
apartado de costes de personal y siempre que aparezcan nominativamente identificados 
en la justificación o en la solicitud de ayuda.
4.  Podrán ser objeto de ayuda los costes indirectos asociados a los costes del 
personal asignado al proyecto. Se calcularán proporcionalmente al coste de personal 
imputado al proyecto respecto del coste total del personal de la entidad. Para su cálculo 
se tendrán en cuenta los conceptos 621, 622, 624, 628 y 629 de la cuenta 62. El 
resultado  final  se  multiplicará  por  la  ratio  obtenido  de  dividir  el  coste  de  personal 
imputado al proyecto por el coste total del personal de la entidad, con los límites 
establecidos en el artículo 9.2.b) de esta orden.
No podrán imputarse en la cuenta 62 aquellos gastos que ya hayan sido financiados  e.
con cargo a los costes directos de esta convocatoria o cualquier otro tipo de ayuda. w.b
En el caso de las entidades que se financian a costes marginales, y a las que por lo  967ww
htaonrtaor ionso  qsuee  lejuss teifxiqiguee nla l aj udseticfilcaaraccióiónn d reell aptievras oan laals  phroorpaios ,d see d deedbicearcái ódni saplo pnreory edcet op, aprateras 
ijmusptiufitceanr  esle n údmeeterrom dinea hráonra sa d epdairctaird adse  alla psr ohyeocratos  ptorar bdaicjahdoa pse rsseognúanl.  Lraésg ihmoerna s jquuríed isceo 
aplicable, restando los períodos de absentismo del puesto de trabajo y cualquier tipo de 
baja laboral.
Los partes horarios deben identificar todos los proyectos y/o actividades en que ha 
participado esa persona, con la dedicación horaria a cada proyecto, de modo que la 
suma de las horas de dedicación de todos los proyectos de como resultado la jornada 
laboral semanal según convenio o normativa aplicable. Deberá estar firmado por el 
trabajador y el responsable del proyecto.
5.  En  el  caso  de  suministro  de  bienes  de  equipo  y  servicios  de  consultoría  y 
asistencia  técnica  o  prestaciones  de  análoga  naturaleza,  cuando  el  importe 
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor establecido en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se presentarán, como mínimo, tres ofertas previas de 
diferentes proveedores. No será necesaria la presentación de dichas ofertas cuando se 
justifique que no existen en el mercado otras entidades suministradoras. En el caso de que 
el contrato se encuentre incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, deberá ajustarse a lo dispuesto en dicha ley.
6.  Podrán  subcontratarse  las  actuaciones  objeto  de  la  ayuda  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 10 de esta orden, respetando los requisitos y prohibiciones 
establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 
de su reglamento de desarrollo. La subcontratación se imputará como un tipo de coste 
directo y estará sujeta a las siguientes características:
a)  Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades del proyecto que 
forman parte de la actuación subvencionada pero que no pueden ser realizadas por la 
entidad beneficiaria por sí misma, extremo que habrá de acreditarse en la memoria 
técnica del proyecto.
b)  El presupuesto global de la actividad subcontratada por participante no podrá ser 
superior al 50 % del presupuesto de dicho participante.
c)  Cuando, para cada entidad beneficiaria, la actividad concertada con terceros 
exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda concedida y dicho importe sea superior 
a 60.000 euros, la subcontratación estará condicionada a que el contrato se celebre por 
escrito, sea enviado y previamente autorizado por el órgano concedente.
d)  No podrá subcontratarse con las mismas entidades beneficiarias que forman 
parte del consorcio, ni en ninguno de los casos especificados en el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  En caso de subcontratación, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever 
mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el «principio DNSH».
f)  Las entidades a las que les sea de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la subcontratación deberá regirse por lo establecido en 
el artículo 215 de dicha ley.
7.  No serán subvencionables los siguientes gastos:
a)  Dispositivos y licencias informáticas de uso genérico.
b)  Los gastos de difusión de resultados.
c)  Las asistencias a congresos o jornadas.
d)  Gastos derivados de publicaciones.
e)  Suscripciones a publicaciones o revistas científicas.
f)  Estudios de mercado o de viabilidad.
g)  Los costes de adquisición, mantenimiento o estudio de patentes. s
h)  Los gastos de solicitud de patentes generadas por el proyecto por parte de  oe.
grani)d esE el ImVpAr eus oatsro.s impuestos indirectos análogos, tales como el IGIC o el IPSI. 2021-21967n https://www.
Artículo 45.  Modalidad de financiación, cuantía de las ayudas y garantías.
1.  Las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención o la de préstamo. Las 
ayudas bajo la modalidad de subvención, con cargo al programa 460D del presupuesto de 
gastos de las Agencia Estatal de Investigación, están financiadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2020/2094  del  Consejo,  de  14  de  diciembre  de  2020,  por  el  que  se  establece  un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la 
crisis de la COVID-19, y regulado por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia.  Dicha  financiación  queda  legalmente  vinculada  a  la 
realización  de  las  actuaciones  subvencionadas,  correspondientes  a  las  medidas 
integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2.  La cuantía individualizada de las ayudas se determinará en función del coste 
financiable  real  del  proyecto,  de  las  características  del  beneficiario  y  de  las 
disponibilidades  presupuestarias,  respetando  los  límites  de  intensidad  de  ayuda  en 
términos  de  equivalente  en  subvención  bruta  establecidos  en  el  artículo  14  de  la 
presente orden.
3.  La determinación de la modalidad de ayuda concreta otorgada a cada entidad 
beneficiaria se realizará en base a los siguientes criterios:
a)  Las  entidades  pertenecientes  al  sector  público  recibirán  las  ayudas  en  la 
modalidad de subvención.
b)  Los organismos de investigación privados, recogidos en los apartados f) y g) del 
artículo 5.1, recibirán las ayudas en la modalidad de subvención.
c)  Las empresas pertenecientes al sector privado solo podrán obtener ayuda en 
forma de préstamo, con la salvedad que se recoge en el párrafo siguiente. El importe 
máximo del préstamo podrá cubrir hasta el 95 % de los costes financiados con préstamo 
a  la  entidad,  respetando  los  límites  de  intensidad  de  ayuda  establecidos  en  el 
apartado 5.
En el caso de que la ayuda se destine a cubrir el gasto de la entidad para nuevas 
contrataciones,  con  carácter  indefinido,  de  investigadores  con  el  grado  de  doctor 
destinados a la ejecución del proyecto, esta será en forma de subvención, respetando 
los límites de intensidad de ayuda establecidos en el apartado 5. La retribución mínima a 
recibir por esas personas contratadas, e indicada en su contrato, será de 25.350 euros 
brutos anuales, sin perjuicio de los límites de coste hora indicados en el artículo 44.3.a).
De conformidad con lo anterior, en cada una de las modalidades de ayuda que se 
concedan, de modo independiente, se respetarán los límites de intensidad de ayuda 
indicados.
d)  Las  asociaciones  empresariales  sectoriales  recibirán  ayuda  en  forma  de 
préstamo, con la salvedad que se recoge en el párrafo siguiente. El importe máximo del 
préstamo podrá cubrir hasta el 95 % de los costes financiados con préstamo a la entidad, 
respetando los límites de intensidad de ayuda establecidos en el apartado 5.
En el caso de que la ayuda se destine a cubrir el gasto de la entidad para nuevas 
contrataciones,  con  carácter  indefinido,  de  investigadores  con  el  grado  de  doctor 
destinados a la ejecución del proyecto, esta será en forma de subvención, respetando 
los límites de intensidad de ayuda establecidos en el apartado 5. La retribución mínima a 
recibir por esas personas contratadas, e indicada en su contrato, será de 25.350 euros 
brutos anuales, sin perjuicio de los límites de coste hora indicados en el artículo 44.3.a). e
De conformidad con lo anterior, en cada una de las modalidades de ayuda que se  bo
concedan, de modo independiente, se respetarán los límites de intensidad de ayuda  967ww
indicea) doPs.ara  las  empresas  del  sector  público,  cualquiera  que  sea  su  tamaño,  la
intensidad de ayuda máxima será del 40 %.
4.  La intensidad de ayuda máxima para los organismos de investigación en el 
sentido expresado en el artículo 5.1 a) a g) podrá ser de hasta el 100 % siempre que, 
cuando dichos organismos realicen actividades económicas y no económicas, dispongan 
de una contabilidad que permita distinguir claramente entre ambos tipos de actividades y 
sus respectivos costes y su financiación.
En el caso de que no se pueda distinguir entre ambas actividades, la intensidad de 
ayuda máxima será la especificada para las empresas en el apartado 5. Para ello, los 
beneficiarios deberán declarar en la conformidad de participación que disponen de dicha 
contabilidad.
5.  La  intensidad  de  ayuda  máxima  para  las  empresas,  fijada  con  arreglo  al 
artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, dependerá de su tamaño:
a)  Para  las  pequeñas  empresas,  definidas  como  tales  en  el  apartado  11  del 
anexo II de esta orden, la intensidad de ayuda máxima será del 60 %.
b)  Para  las  medianas  empresas,  definidas  como  tales  en  el  apartado  12  del 
anexo II de esta orden, la intensidad de ayuda máxima será del 50 %.
c)  Para las grandes empresas, definidas como tales en el apartado 14 del anexo II 
de esta orden, la intensidad de ayuda máxima será del 40 %.
6.  El cálculo de la intensidad de las ayudas en forma de préstamo se realizará en 
términos de subvención bruta equivalente. Para su cálculo se seguirá el método indicado 
en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los 
tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02). Las ayudas pagaderas en varios 
plazos se actualizarán a su valor en el momento de la concesión. Todas las cifras 
empleadas serán brutas, es decir, antes de cualquier deducción.
7.  El presupuesto financiable por empresa y proyecto se limitará a un máximo 
de 15 millones de euros.
8.  Los préstamos tendrán las siguientes características:
a)  Tipo de interés: para el cálculo del tipo de interés al que se concede el préstamo 
se utilizará como referencia el Euribor a un año publicado por el Banco de España el 
mismo día del mes anterior al de publicación de la convocatoria, o en su caso el primer 
día siguiente hábil. Si este fuera negativo, el interés aplicable será el 0 %.
b)  Plazo fijo de carencia: 3 años.
c)  Plazo máximo de devolución: 7 años.
d)  Plazo máximo de amortización: 10 años.
9.  Las  ayudas  concedidas  en  la  modalidad  de  subvención  no  necesitarán  la 
presentación de ningún tipo de garantía para su concesión, tal y como establecen los 
apartados 1 y 2 del artículo 12 de esta orden.
10.  Cuando el préstamo total concedido a un beneficiario por proyecto sea mayor 
de 200.000 euros, el beneficiario estará obligado a la presentación de garantías por 
el 25 % del principal del préstamo concedido. Para el pago de cada anualidad deberá 
presentarse la garantía correspondiente al 25 % del principal del préstamo concedido en 
dicha anualidad.
11.  Cuando el préstamo total concedido al proyecto sea mayor de 1.000.000 euros, 
todos los beneficiarios que reciban préstamo estarán obligados a la presentación de 
garantías por el 25 % del principal del préstamo concedido a cada beneficiario. Para el 
pago de cada anualidad deberá presentarse la garantía correspondiente al 25 % del 
principal del préstamo concedido en dicha anualidad. e.
12.  Las  garantías  se  constituirán  a  disposición  del  órgano  concedente,  en  las  w.
modalidades  y  con  las  características  y  requisitos  establecidos  en  el  Real  967ww
GDeecnreertaol  d9e3 7D/2e0p2ó0s,it odse. 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja
debe1r3á. n cToranss tiltau irc olan cgeasraiónntí ad ec olrare aspyuodnad,ie lnotse  pbaernae feicl ilaibriroasm qieuneto e dseté pna goob lidgea dlao sp raim eelrlao   BOE-A-cable e
anualidad en el plazo de treinta días naturales desde la notificación de la resolución de 
concesión.
14.  Para  el  pago  de  los  libramientos  posteriores  a  la  primera  anualidad  los 
beneficiarios obligados a ello deberán constituir cuando sea requerida la correspondiente 
garantía, en el plazo indicado en el párrafo anterior.
15.  Las  garantías  se  liberarán  cuando  la  cantidad  pendiente  de  devolver,  de 
acuerdo  a  los  pagos  establecidos  en  el  cuadro  de  amortización  notificado  con  la 
resolución de concesión sea inferior a la garantía presentada. La liberación se hará 
proporcionalmente a las cuotas amortizadas.
Artículo 46.  Presupuesto de la convocatoria.
1.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación 
y  Resiliencia  de  la  Unión  europea,  regulado  según  Reglamento  (UE)  2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece 
el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia.  Dicha  financiación  queda  legalmente 
vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
2.  La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 375.000.000 de 
euros, siendo 150.000.000 de euros en forma de subvención y 225.000.000 de euros en 
forma de préstamo, que se imputará a las aplicaciones presupuestarias 28.303.463B.770, 
28.303.460D.75001  y  28.07.463B.83116,  correspondientes  de  los  Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2022, y sus equivalentes en ejercicios posteriores, 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Conforme al artículo 7.4 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, cuando los destinatarios de las ayudas sean 
organismos autónomos u otras entidades del sector público administrativo estatal con 
presupuesto limitativo, el gasto correspondiente habrá de imputarse desde el momento 
de la resolución de concesión, en todas sus fases de ejecución, tanto las relativas al 
presupuesto en vigor como las que afecten a presupuestos de ejercicios posteriores, al 
programa presupuestario 000X «Transferencias y libramientos internos».
La distribución de la financiación de las ayudas por aplicaciones presupuestarias, con 
carácter estimativo, es la siguiente:
Aplicación presupuestaria 2022 2023 2024 Total
28.303.460D.75001. 70.000.000 70.000.000 0 140.000.000
28.303.463B.770. 0 0 10.000.000 10.000.000
  Total capitulo 7. 70.000.000 70.000.000 10.000.000 150.000.000
28.07.463B.83116. 105.000.000 105.000.000 15.000.000 225.000.000
  Total capítulo 8. 105.000.000 105.000.000 15.000.000 225.000.000
    Total convocatoria. 175.000.000 175.000.000 25.000.000 375.000.000
La  concesión  se  realizará  de  acuerdo  con  la  aplicación  presupuestaria  que 
corresponda según la clasificación económica de la entidad beneficiaria.
La cuantía total máxima indicada de la convocatoria tiene carácter estimado, por lo 
que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito  e.e
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. w.b
3.  La cuantía máxima establecida en el apartado anterior podrá incrementarse para  967ww
ecol ncasepcítuuelon c7i ac odne u nlaa  ccuoannctuíarr eandciciaio ndael  dael ghuansata  deel  50la s%  cdiercl uimnsptoarnteci atost apl,r ceuvaisntadso , ecno meol 
aaurtmíceunlot o5 8d.e2l. ac rdéedli tRo edgilsapmoennibtole  daen tlae sL edye  3la8 /2c0o0n3ce, sdieó n1 7d ed ela nso aviyeumdbarse ,r esgeu plardoadsu zpcoar  ulan 
presente orden.
4.  La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en 
su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un 
momento anterior a la resolución de concesión de la ayuda.
5.  En  todo  caso,  la  declaración  de  los  créditos  finalmente  disponibles  y  su 
distribución definitiva se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en 
el «Boletín Oficial del Estado», con carácter previo a la resolución de concesión, sin que 
tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio 
de nuevo cómputo de plazo para resolver.
Artículo 47.  Concurrencia y acumulación de ayudas.
1.  La percepción de estas ayudas será compatible, de acuerdo con el artículo 9, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, con 
la  percepción  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o 
privados,  nacionales,  internacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales, en todo caso respetando las reglas de acumulación de ayudas y las de 
incompatibilidad entre ayudas comunitarias, así como con las intensidades máximas, 
procurando  que  las  categorías  de  ayudas,  en  la  medida  de  lo  posible,  no  sean 
concurrentes sino complementarias y que no financien el mismo gasto. En caso de 
adicionalidad de subvenciones, estas no podrán cubrir el mismo coste.
2.  El importe total de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía  que,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras,  supere  el  coste  total  del 
presupuesto financiable del proyecto.
3.  En el caso de que el coste considerado financiable en la resolución de concesión 
de  esta  convocatoria  sea  menor  que  el  coste  total  del  proyecto  presentado  en  la 
solicitud,  la  percepción  de  la  ayuda  será  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad por el importe no 
subvencionado y procedentes de cualquier administración o ente público o privado, 
nacional  o  de  organismos  internacionales,  teniendo  en  cuenta  el  artículo  9  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero que 
establece que no se financiará el mismo coste con distintas ayudas de la Unión y no 
implique una disminución del importe de la financiación propia exigida al beneficiario, en 
su caso, para cubrir la actividad financiada.
4.  El solicitante y los participantes deberán dar a conocer mediante declaración 
responsable las ayudas que hayan obtenido para la actividad subvencionada tanto al 
presentar la solicitud de ayudas, como en cualquier momento ulterior en el que se 
produzca esta circunstancia. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con la justificación anual de la ayuda.
Artículo 48.  Plazo y forma de la presentación de la solicitud.
1.  El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día 19 de 
enero de 2022 y finalizará el día 9 de febrero de 2022, a las 14:00 (hora peninsular 
española).
2.  La cumplimentación y presentación de la solicitud de ayudas, así como de toda 
la  documentación  requerida,  se  realizará  obligatoriamente  a  través  de  los  medios 
electrónicos habilitados en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación,  es
donde estará disponible la aplicación para cumplimentar la solicitud de ayuda al iniciarse  bo
el plazo de presentación de la misma. 967ww
Icenonnntoivd3voa.a cdcaeiCótsoon rn.qia usec, a drpáaacrrstteiecr i pdpeern e avelitona   aee nl  lpaer lo pySreeiscstteeonm tdaaec bdióeenr á Endn,e t isdliaa d neosso  lliodc eithul adMn  idnheise tceahryioou  dedane,   aCtonideteanrscio iarlea ess    OE-A-2021-21able en https://
4.  Para darse de alta en el Sistema de Entidades o mantener actualizados los datos 
de la entidad, esta deberá presentar la siguiente documentación: copia de la acreditación 
válida del poder para la representación legal de la entidad, copia de la tarjeta de 
identificación de las personas jurídicas y entidades en general (NIF) y copia de la 
constitución/estatutos de la entidad o documento equivalente.
Cualquier modificación de los datos de la entidad o de la persona que ostente su 
representación legal, sobrevenida tras la presentación de la solicitud, deberá rectificarse 
en el Sistema de Entidades y el Registro Unificado de Solicitantes y posteriormente, 
comunicarse  por  escrito  al  órgano  competente  a  través  de  la  Carpeta  Virtual  de 
Expedientes-Facilit@.
5.  La  presentación  telemática  de  la  solicitud  se  realizará  a  través  de  la 
cumplimentación  del  formulario  electrónico  disponible  en  la  sede  electrónica  del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.
6.  La  presentación  efectiva  de  la  solicitud  se  realizará  por  medio  del  registro 
electrónico del Ministerio de Ciencia e Innovación, disponible en su sede electrónica, 
utilizándose un sistema de firma electrónica avanzada. El certificado de firma electrónica 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 39.6 de esta orden. La 
persona que represente legalmente a la entidad firmante deberá disponer de poderes 
suficientes de representación de la entidad en el ámbito de esta convocatoria.
7.  No  serán  admitidas  a  trámite  aquellas  solicitudes  que  no  realicen  su 
cumplimentación y presentación telemática conforme a lo dispuesto en este artículo. El 
plazo establecido para la presentación de solicitudes detallado en el apartado 1 es único 
tanto para la cumplimentación de la solicitud como para la firma y registro electrónico por 
parte de la persona que ostente la representación legal de las entidades participantes y 
de la entidad solicitante.
Artículo 49.  Contenido y documentación de la solicitud.
1.  El formulario de solicitud a cumplimentar contendrá, entre otra, la siguiente 
información:
a)  Descripción  de  las  principales  actividades  y  del  presupuesto  detallado  del 
proyecto.  En  particular,  en  el  caso  de  los  participantes  que  sean  empresas  y 
asociaciones  empresariales  sectoriales,  se  deberá  detallar,  si  así  lo  solicitan,  el 
presupuesto destinado a cubrir el coste de personal de nuevas contrataciones, con 
carácter indefinido, de investigadores con el grado de doctor destinados a la ejecución 
del proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3.a).
b)  Identificación del área temática seleccionada para la evaluación del proyecto, 
cuya relación figura en el anexo III. El órgano instructor, a propuesta motivada de la 
Subdivisión de Coordinación y Evaluación, podrá cambiar de oficio el proyecto a otra 
área temática.
c)  Identificación de la prioridad temática elegida para realizar la actuación de entre 
las 6 prioridades recogidas en el plan estatal, cuya relación figura en el anexo I.
d)  Resumen, en español e inglés, del proyecto. Esta información podrá hacerse 
pública, atendiendo al principio de transparencia de la gestión de las subvenciones 
públicas, en el caso de que el proyecto sea financiado.
e)  Evaluación con carácter favorable, debidamente justificada, del cumplimiento del 
«principio DNSH». Para ello deberá indicar la información que describa en qué medida o 
actividad el proyecto podría tener algún efecto negativo sobre el «principio DNSH» y  e
aporte la justificación adecuada que permita acreditar que el proyecto propuesto cumple  bo
con dicho principio. 967ww
papacatrruttfiiacc) iicppióaaDnnne ttceefil sram eradnace dileoa ln p perpoosrry o eyladce etcop t.oe c rCsoinoancndfloaaur  imrqádui edecea lldao  rspatredceinesót unep  puldaaee rst rietccopiop rnareefcsolieaórmntnivt iadoca diódaen    dsltueeo  gdppaaaals rr dttiieccla iippcsaaa ccdiieaóón nnet  idneeatnnidd  aeeladsl     OE-A-2021-21able en https://
proyecto, sus compromisos de ejecución, así como el importe de ayuda solicitado.
Las cantidades consignadas en dicho documento serán las utilizadas a los efectos de 
cálculo de los porcentajes de participación establecidos en el artículo 42.2.c).
Las entidades participantes en el proyecto deberán declarar expresamente en dicho 
documento que no han recibido subvenciones concurrentes con la solicitada, o en su 
caso,  declarar  exhaustivamente  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos 
públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad de las mismas.
La firma de la declaración de conformidad de participación en la actuación implica la 
firma de las siguientes declaraciones responsables que contienen la declaración expresa 
de  que  la  entidad  que  representan  cumple  con  los  requisitos,  establecidos  en  la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho, y reflejan además el 
compromiso  de  la  entidad  a  mantener  el  cumplimento  de  los  mismos  durante  el 
procedimiento de concesión y el periodo de ejecución de la ayuda y el compromiso de 
comunicar  las  posibles  alteraciones  de  las  circunstancias  recogidas  en  tales 
declaraciones en el momento en el que estas se produzcan:
1.º  Declaración responsable de no hallarse la entidad solicitante incursa en ninguno 
de  los  supuestos  de  prohibición  para  la  obtención  de  la  condición  de  beneficiario, 
establecidos en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, 
de manera expresa, no estar incursa en alguna de las circunstancias previstas en la 
letra b) del artículo 13.2, en la forma prevista en el artículo 26 de su reglamento de 
desarrollo,  y  del  compromiso  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  los  beneficiarios, 
establecidas en el artículo 14 de la mencionada ley.
2.º  Declaración  responsable  de  las  entidades  que  reciban  ayuda  en  forma  de 
préstamo de encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de 
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la disposición adicional segunda de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos General del Estado para el año 2018.
3.º  Declaración  responsable,  en  el  caso  de  participar  como  organismo  de 
investigación,  de  que  cumple  la  definición  y  condiciones  para  ser  organismo  de 
investigación  y  de  difusión  de  conocimientos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 
puntos 1 y 2 del anexo II de las bases reguladoras, así como, en el caso de realizar 
actividad económica, de que cumple con el apartado c) del punto 3 del anexo II de la 
bases  reguladoras  o,  en  caso  contrario,  que  las  ayudas  serán  dedicadas  única  y 
exclusivamente a la actividad no económica de la entidad.
4.º  Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación, en forma de 
subvención, a la que se accede procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea y que asume todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás normas comunitarias 
sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas.
5.º  Declaración responsable de que todas las ayudas declaradas en la solicitud se 
corresponden con las recibidas o concedidas a la entidad participante para la misma 
actuación a la fecha de la solicitud de ayuda.
6.º  Declaración responsable de no ser deudora en vía ejecutiva de obligaciones por 
resolución en firme de procedencia de reintegro de subvenciones.
7.º  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  un  procedimiento  de 
recuperación de ayudas, por haber sido estas declaradas ilegales e incompatibles por la 
Comisión Europea.
8.º  Declaración responsable relativa de que, a la fecha de finalización del plazo de  e.
presentación de solicitudes, no han dado comienzo las actividades del proyecto. w.b
9.º  Declaración responsable de estar conforme con los compromisos de ejecución  967ww
creofmleoja cdoons  eeln im lap ocroten fdoer maiyduadda  dseo lipciatartdicoip.ación por parte de la entidad participante, así
cum1p0la.º  todDoesc llaorsa crieóqnu isreitsopso enxsiagbidleo sp eonr  llaa  cqounev oscea torerisap yo nlas anboilrizmaa tdivea  qduee a pelli capcroióyne cetno 
las actividades de investigación y, en especial, con el cumplimiento del principio DNSH,
de acuerdo con el artículo 17 del «Reglamento de Taxonomía». Asimismo, en caso de 
subcontratación,  se  compromete  a  prever  mecanismos  para  asegurar  que  los 
subcontratistas cumplan con el «principio DNSH».
11.º  Declaración responsable de que cumplirá toda la normativa nacional y de la 
Unión Europea que resulte de aplicación (en particular, en materia de competencia, 
contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de que se 
compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
12.º  Declaración responsable de que se compromete a conceder los derechos y los 
accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 
competencias.
13.º  Declaración  responsable  de  que  se  cumplimentará  los  modelos  que  sean 
aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, 
dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
14.º  Declaración  responsable  de  que  acepta  la  cesión  de  datos  entre  las 
administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa 
europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en 
los  términos  expresados  en  el  anexo  IV.B  de  la  Orden  HFP/1030/2021,  de  29  de 
septiembre.
15.º  Declaración  responsable  de  que  se  compromete  al  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de gestión, en los términos expresados en el anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 
septiembre.
2.  Junto  al  formulario  de  solicitud,  se  aportará,  en  formato  electrónico,  los 
siguientes documentos:
a)  Memoria técnica del proyecto. La memoria será un documento único que deberá 
limitarse a un número máximo de 40 páginas con el contenido descrito en el anexo V. La 
aplicación de solicitud no admitirá memorias técnicas con una extensión superior a la 
fijada.
La  memoria  técnica  se  presentará  en  inglés  (recomendado)  o  en  español.  Se 
recomienda cumplimentar la memoria técnica en letra Times New Roman, Calibri o Arial 
de un tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e 
inferior de 1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.
b)  Adenda de la memoria para las entidades que estén obligadas a ello conforme a 
lo establecido en el anexo VI, con el contenido de carácter económico y complementario 
recogido en el mismo.
Los ficheros electrónicos que contengan los documentos indicados deberán ser 
enviados en formato «PDF» y no podrán superar 4 MB de información.
3.  Los elementos y documentos enunciados en los apartados 1 y 2 son requisitos 
indispensables  para  completar  la  solicitud  de  ayuda  y  deberán  adecuarse  las 
instrucciones establecidas por la Agencia Estatal de Investigación, disponibles en su 
página web.
4.  La aplicación de solicitud habilitará la posibilidad de que los participantes den su 
consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de  s
otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos,  oe.
scldaeee gri nt1úiff7oinc r damloeca  ióndcnoiisó vpnaieu dsmemosbbitnroreei s.e  terEnal  nctei uvcl amaa srpctolíoic mdrureieleo son p2ptoo2o n.sd4diec ie dilóanenstl e  dro eebdgbleilega raemácsenitoan anrt opea osdlr  ttecra iobrd,ru erctisueaaanrirntareods l oldyo  el de destea  ss leleeasga  uL roreeibdyql aiug3dea8 rcs/i2dioo0acn0,i ae3lals,,     2021-21967n https://www.
expedida por el órgano competente.
Cuando la entidad que haya denegado su autorización se encuentre en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará 
mediante declaración responsable.
Asimismo, podrán requerirse otras cesiones de información tributaria para la lucha 
contra el delito fiscal y contra el fraude en las ayudas con cargo a fondos públicos o de la 
Unión Europea, según lo previsto en el apartado d) del artículo 95.1 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
5.  El formulario de solicitud junto con la memoria técnica se considerarán parte 
integrante  y  contenido  mínimo  de  la  solicitud,  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 21.3 de las bases reguladoras, por lo que la no presentación o falta de contenido 
de dichos documentos determinará el desistimiento de la solicitud de ayuda, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con objeto de garantizar la igualdad de todas las propuestas presentadas a la 
convocatoria, el contenido de la memoria técnica del proyecto y los datos aportados en el 
formulario de solicitud no podrán ser modificados o mejorados en un momento posterior 
al del plazo de finalización de la solicitud.
6.  La presentación de la solicitud conlleva el consentimiento para la comunicación a 
terceros de los datos recogidos en la misma, con objeto del tratamiento posterior de los 
datos  con  fines  históricos,  estadísticos  o  científicos,  en  el  marco  de  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
7.  Asimismo, la presentación de la solicitud conlleva la autorización de la entidad 
solicitante para tratar dichos datos de manera automatizada y cederlos a los órganos de 
instrucción, evaluación, resolución, seguimiento y control competentes, así como para 
dar publicidad de los actos de pre-evaluación, subsanación, resolución de exclusión, 
propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  resolución  de  concesión  de  las 
ayudas,  así  como  para  comprobar  o  recabar  de  otros  órganos,  administraciones  o 
proveedores,  por  medios  electrónicos,  la  información  sobre  circunstancias  de  los 
solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa 
aplicable,  sean  pertinentes  cualquier  notificación  necesaria  para  la  tramitación  del 
procedimiento  de  concesión.  Igualmente,  la  presentación  de  la  solicitud  de  ayuda 
conlleva la autorización de la entidad solicitante y de los investigadores participantes en 
la solicitud para recibir encuestas sobre la participación en las convocatorias de ayudas 
de la Agencia Estatal de Investigación.
Artículo 50.  Revisión de las solicitudes.
1.  El  órgano  instructor  efectuará  la  revisión  de  las  solicitudes  presentadas, 
verificando tanto el contenido y la documentación aportada como el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria cuya comprobación no requiera de ninguna 
valoración científica o técnica. Asimismo, en esta fase se verificará el cumplimento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario por parte de cada 
participante en el proyecto, además de la adecuación de la propuesta a los requisitos 
establecidos para los proyectos en el artículo 42.
Si, como resultado de dicha revisión, se detectara el incumplimiento de alguno de los 
requisitos  establecidos  en  la  convocatoria  o  se  detectaran  en  la  solicitud  errores 
subsanables, se requerirá a la entidad solicitante en la forma prevista en el artículo 39  e.
para que, en el plazo de diez días hábiles, a través de la Carpeta Virtual de Expedientes- w.b
Facilit@, formule alegaciones, subsane la falta o aporte la documentación preceptiva,  967ww
cdoens isatdidvoe rdteen scuia s doelic qituude,  sdi en aoc luoe rhdicoi ecsoen,  lsoe  plree vteisntod reán p eolr  aerxtíccluuliod o2 1d edle p erosctae doirmdieenn tyo  eol 
Parútíbcluiclaos 6, 8re dspee lcat ivLaemy ednetle .Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
2.  El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución. Se podrán recabar cuantos informes se 
estimen necesarios para resolver el procedimiento, incluidos los informes de evaluación 
científico-técnica contemplados en el artículo 51, y aquellos referidos a la verificación del 
cumplimiento del «principio DNSH».
Artículo 51.  Evaluación y selección de solicitudes.
1.  La evaluación de las solicitudes se realizará en una única fase conforme a lo 
establecido  en  artículo  23  de  las  bases,  será  competencia  de  la  Subdivisión  de 
Coordinación y Evaluación y se atenderá a las buenas prácticas internacionalmente 
admitidas para la evaluación.
2.  La evaluación se realizará por comisiones técnicas de personas expertas y por 
una comisión de selección. Los nombres de las personas expertas que participen en las 
comisiones técnicas serán publicados en la página web de la Agencia, una vez finalizada 
la tramitación de la convocatoria.
3.  Las comisiones técnicas de expertos, constituidas en función de las áreas y 
subáreas temáticas, deberán poner las valoraciones que las personas expertas han 
hecho para cada solicitud en el contexto de todas las solicitudes presentadas, y adoptar 
por consenso para cada solicitud una única valoración para cada uno de los criterios de 
evaluación establecidos en el artículo 24 de esta orden, así como una única valoración 
global. Además, dichas comisiones realizarán un informe científico-técnico para cada 
solicitud en el que se recogerá el resultado final de la valoración. Los informes de las 
personas  expertas  son  considerados,  por  tanto,  documentos  de  trabajo  de  las 
comisiones técnicas de expertos.
4.  La valoración de las propuestas se hará teniendo en cuenta exclusivamente la 
información aportada en la memoria técnica del proyecto y en el formulario de solicitud. 
No se podrán incluir en la memoria actividades de entidades que no forman parte del 
consorcio ni actividades de entidades que, aunque formen parte del consorcio, no tengan 
una cuantificación económica en el presupuesto.
5.  La comisión de selección, a la vista de los informes de valoración científico-
técnica emitidos por las comisiones técnicas conforme a los criterios de evaluación 
establecidos, elaborará:
a)  Una relación priorizada de los proyectos que se consideren subvencionables, 
detallando para cada solicitud la financiación propuesta y la modalidad de la misma, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
b)  Una relación priorizada de proyectos no propuestos para su financiación por no 
haber  alcanzado  la  prioridad  suficiente,  de  acuerdo  con  las  disponibilidades 
presupuestarias.
c)  Una relación de los proyectos que se consideren no subvencionables, por no 
alcanzar el umbral establecido en el artículo 24.1.
6.  La comisión de selección será designada por la Dirección de la Agencia Estatal 
de Investigación y tendrá la siguiente composición:
a)  Presidente/a: la persona titular de la Dirección de la agencia.
b)  Vicepresidente/a: la persona titular de la División de Coordinación, Evaluación y 
Seguimiento Científico y Técnico de la agencia, o bien la correspondiente persona  e.
adjunta o asimilada. w.b
c)  Vocales: 967ww
1.º  Tres personas funcionarias de la Agencia.
Indu2s.tºr ialU (nCaD TpIe).rsona  en  representación  del  Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico
3.º  Tres  personas  expertas  entre  los  colaboradores  científico-técnicos  de  la 
Agencia,  en  cada  uno  de  los  siguientes  ámbitos  temáticos:  Ciencias  matemáticas, 
físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ); Ciencias sociales y humanidades (CSH); y 
Ciencias de la vida (CV).
Ejercerá la secretaría una persona adscrita a la División de Coordinación, Evaluación 
y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación, con nivel 
mínimo de jefe/a de servicio, que actuará con voz, pero sin voto
7.  El funcionamiento de la comisión de selección se regirá por lo establecido en la 
sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
8.  Las comisiones técnicas y la comisión de selección procurarán el equilibrio de 
género conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 52.  Propuesta de resolución y trámite de audiencia.
1.  Realizada la evaluación de las solicitudes en la forma prevista en la presente 
convocatoria, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que se notificará a todas las entidades solicitantes para que, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación, manifiesten su aceptación o 
desistimiento de la ayuda propuestas, o bien formulen las alegaciones que consideren 
oportunas. Si no se formulasen alegaciones o un desistimiento expreso en dicho plazo, 
se entenderá que la propuesta ha sido aceptada.
La presentación de alegaciones a una propuesta diferirá el trámite de aceptación de 
la ayuda hasta que sean resultas las alegaciones presentadas. Dentro del plazo indicado 
se podrá solicitar, en los casos legalmente exigibles, la documentación necesaria para 
acreditar el cumplimento de los requisitos establecidos para adquirir la condición de 
beneficiario.
2.  Las alegaciones se presentarán a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-
Facilit@, accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 39.
3.  Una vez evaluadas las alegaciones presentadas en su caso por los interesados, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva. Respecto de aquellas 
solicitudes  que,  tras  el  trámite  de  alegaciones  hubiesen  sido  propuestas  para 
financiación, el órgano instructor les notificará la propuesta de resolución definitiva para 
que, en un plazo de diez días hábiles, manifiesten su aceptación o desistimiento de la 
ayuda propuesta, y en los casos legalmente exigibles, presenten la documentación 
necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para adquirir la 
condición de entidades beneficiarias. Si no se formulase un desistimiento expreso, se 
entenderá que la propuesta ha sido aceptada, salvo que no se aporten los justificantes y 
documentos en los plazos establecidos, en cuyo caso se excluirá la solicitud de la ayuda.
4.  Cualquier cambio que afecte a la naturaleza jurídica, declarada en la solicitud de 
ayuda, de uno o varios de los miembros del consorcio tras la propuesta de resolución 
definitiva, conllevará la desestimación de la solicitud.
5.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor de los beneficiarios propuestos frente a la Administración, mientras que no le haya 
sido notificada la resolución de concesión.
Artículo 53.  Resolución de concesión y régimen de recursos. es
1.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para  w.
aredsmo2ilnv. eisrt,Er al etpisvlataez. o dmicátaxriám ol ap arreas roeluscoilóvne r yd enl otpifricoacre dlaim rieesnotolu,c ióqnu ed epl opnrodcráe difmini enat o lae s vdíae   2021-21967n https://ww
seis meses contados a partir del día siguiente del fin del periodo de presentación de
solicitudes.  Este  plazo  de  resolución  podrá  ser  interrumpido,  de  acuerdo  con  el  Bc
artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, durante el período que dure el 
proceso de evaluación que no podrá exceder de dos meses. Una vez transcurrido dicho 
plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  los  interesados  podrán  entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
3.  La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma 
prevista en el artículo 39. Adicionalmente, se comunicará particularmente a través de la 
Carpeta  Virtual  de  Expedientes-Facilit@,  la  resolución  de  concesión  a  la  entidad 
representante de la agrupación. En todo caso, la resolución de concesión comunicada 
particularmente a través de Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@ será única para 
todos los miembros del proyecto.
4.  Contra la resolución del procedimiento de concesión, que pone fin a la vía 
administrativa,  se  podrá  interponer,  potestativamente,  recurso  de  reposición  ante  el 
órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión especificado en el 
artículo 38, en el plazo de un mes si la resolución fuera expresa, o si el acto no fuera 
expreso, se podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, de acuerdo con lo dispuesto en 
los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
5.  Sin perjuicio de lo anterior, contra la resolución del procedimiento de concesión y, 
en su caso, contra la resolución del recurso potestativo de reposición, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses si la resolución fuera expresa, o de seis 
meses si no lo fuera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No 
se  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto 
expresamente o, en su caso, se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto.
Artículo 54.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en el 
artículo 7 de la orden de bases.
2.  Sin perjuicio de las responsabilidades que conforme a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre puedan corresponder, la persona que ostente la representación legal de la 
entidad beneficiaria de la ayuda será responsable de la veracidad del contenido de los 
documentos que firme y presente ante la administración concedente.
3.  Para el caso de proyectos específicos, relacionados en el anexo IV, las entidades 
beneficiarias deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones descritas en dicho 
anexo. Los documentos a los que se hace referencia en el anexo quedarán en poder de 
la entidad beneficiaria, sin perjuicio del sometimiento a las actuaciones de comprobación 
que pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras actuaciones de 
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control 
competentes. Las entidades beneficiarias deberán aportar cuanta información les sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4.  Cuando  los  resultados  no  sean  susceptibles  de  protección  de  derechos  de 
propiedad  industrial  o  intelectual,  las  publicaciones  científicas  resultantes  de  la 
financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles 
en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
A tales efectos, los autores de trabajos científicos que hayan sido aceptados para su  e.
publicación en publicaciones seriadas o periódicas podrán optar por publicar en revistas  w.b
de acceso abierto o autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso  967ww
aTebcienrotolo, greíac o(FgEidCoYs Te)n,  ola  epnla otatrfoosrm reap RosEitCoOrioLsE pCrToAm, odveid loas F puonrd laacsi ópnro Epsiapsa ñinoslatit udcei oCnieens.cia y
publLicaa cpióunb liccoamcieórnc iasle,  sparlovdou ecnir áe l eÁnr euan  dpel aCzioe nncoia ss uSpoecriaioler sa y  loHsu mseainsi dmadeesse,s d otrnadse  seul 
plazo establecido no será superior a un año.
Los  datos  de  investigación  se  deberán  depositar  en  repositorios  institucionales, 
nacionales y/o internacionales antes de que transcurran dos años desde la finalización 
del proyecto, con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación de las ayudas 
financiadas.
5.  Las  entidades  beneficiarias  catalogadas  dentro  de  las  especificadas  en  los 
apartados de a) a g) del artículo 5.1 deberán cumplir con los requisitos exigidos a los 
«organismos  de  investigación»  de  acuerdo  con  la  definición  del  párrafo  15.ee)  del 
artículo 1.3 del Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación 
(2014/C  198/01).  Cuando  una  entidad  de  este  tipo  lleve  a  cabo  tanto  actividades 
económicas como no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas 
actividades deberán contabilizarse por separado.
Si  como  resultado  de  la  realización  del  proyecto  se  derivase  la  generación  de 
patentes o de modelos de utilidad, en el caso de organismos de investigación, los 
posibles ingresos generados por los mismos deberán ser consignados en las actividades 
no económicas de la entidad.
Artículo 55.  Pago de las ayudas.
1.  El pago de la ayuda se realizará conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
presente orden, en los términos que se especifiquen en la resolución de concesión 
estimatoria y de acuerdo con el tipo de ayuda concedida.
2.  Las  ayudas  en  cualquiera  de  sus  formas  serán  siempre  abonadas 
anticipadamente tras dictarse la resolución de concesión estimatoria.
3.  El pago de la ayuda se realizará individualmente a cada uno de los participantes 
en el proyecto.
4.  En todo caso, el pago estará condicionado a que exista constancia de que todas 
las  entidades  participantes  en  el  proyecto  cumplan  simultáneamente  los  requisitos 
señalados en los artículos 13.2.b) y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en la 
disposición adicional segunda de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos General 
del Estado para el año 2018, y a que, cuando sea exigible, se hayan presentado las 
correspondientes garantías.
En  el  caso  de  que  no  conste  la  situación  de  una  o  varias  de  las  entidades 
beneficiarias respecto de las obligaciones mencionadas, se les requerirá para que en el 
plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento aporten 
los  documentos  oportunos.  No  se  podrá  proceder  al  pago  hasta  que  todos  los 
participantes cumplan con los mencionados requisitos.
5.  La  falta  de  constitución  y  acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las 
garantías, cuando fueran exigibles, podrá dar lugar a la pérdida de derecho al cobro de 
la cantidad que se fuera a librar.
6.  Al  tratarse  de  una  ayuda  plurianual,  el  pago  de  las  anualidades  sucesivas 
quedará condicionado a la presentación de la justificación anual económica y a que en el 
momento del pago se cumpla con lo establecido en el apartado 4.
Artículo 56.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en 
las resoluciones de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que 
alteren las condiciones técnicas o económicas esenciales tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión  es
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la presente orden. bo
2.  Cualquier cambio solicitado deberá cumplir con todos los requisitos establecidos  967ww
seing ueiel natretísc urelos tr2ic7c idoen eess:ta orden. Las solicitudes de modificación estarán sujetas a las
a)  Cualquier modificación que implique cambios en el periodo de ejecución se
deberá  solicitar,  al  menos,  dos  meses  antes  de  la  finalización  de  la  ejecución  del  Bc
proyecto.  El  periodo  de  ejecución  de  los  proyectos  en  ningún  caso  podrá  finalizar 
después del 31 de diciembre de 2025. No podrán concederse prórrogas que lo amplíen 
hasta una fecha posterior
b)  Cualquier modificación que implique cambios en la composición del consorcio 
como consecuencia de que uno de los beneficiarios abandone el proyecto por causas 
sobrevenidas o de fuerza mayor se tendrá que solicitar cuando esta produzca y, en 
cualquier caso, al menos, cuatro meses antes de la finalización de la ejecución del 
proyecto.
3.  La cuantía aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá 
destinar  a  cualquiera  de  los  conceptos  de  gasto  elegibles  establecidos  en  el 
artículo 44.3, de acuerdo con las necesidades del proyecto y respectando los límites 
establecidos  para  determinados  costes  en  el  citado  artículo.  No  será,  por  tanto, 
necesario presentar una solicitud de modificación para variar el presupuesto/importe de 
los conceptos contemplados dentro de los costes directos. Lo dispuesto en este apartado 
no será de aplicación a la cuantía aprobada en forma de subvención, a empresas y 
asociaciones empresariales, para nuevas contrataciones, con carácter indefinido, de 
investigadores con el grado de doctor destinados a la ejecución del proyecto, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 44.3.a), que no podrá ser minorada ni aumentada por tal 
motivo.
4.  No  será  posible  realizar  compensaciones  o  modificaciones  entre  los  costes 
directos e indirectos reflejados en la resolución de concesión.
5.  Podrán realizarse cambios en el personal imputado al proyecto en la solicitud de 
la ayuda, siempre y cuando se sustituya por otro trabajador o trabajadores de la entidad 
con la misma o superior titulación académica o formación, debiendo motivarse dichos 
cambios de personal en la memoria económica.
6.  En caso de modificaciones significativas en la ejecución del proyecto, se podrá 
solicitar al beneficiario un nuevo informe que acredite que se respeta el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852».
Artículo 57.  Régimen de justificación.
1.  La  justificación  se  ajustará  a  las  exigencias  de  la  normativa  comunitaria  y 
nacional  relativa  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia.  La  justificación  se 
realizará mediante el sistema de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor 
previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los gastos previstos en el proyecto objeto de ayuda deberán ser realizados 
antes de que finalice el periodo de ejecución del proyecto o, en su defecto, al final de la 
prórroga de ejecución concedida y deben estar vinculados a la realización del proyecto.
3.  Los documentos de pago emitidos por la entidad beneficiaria pueden tener fecha 
de  vencimiento  posterior  al  periodo  de  ejecución  siempre  que  dicha  fecha  esté 
comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa. 
No obstante, el gasto financiable derivado del informe de auditoría, podrá realizarse y 
pagarse dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa.
4.  La  justificación  se  ajustará  a  las  exigencias  de  la  normativa  comunitaria  y 
nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Artículo 58.  Seguimiento económico. es
1.  El seguimiento económico será competencia del órgano concedente, a través de  w.
Ilan veS2su.t bigdaLivcaii sóinjóu.ns tidficea cSióeng uiemcioennótom iyc aJ udsetbifiecraác iórena ldizea rasyeu daansu adlme elnat eA gceonnc iae l Ecsotanttaeln iddeo   2021-21967n https://ww
especificado en el apartado 4 y deberá presentarse desde el 1 de enero hasta el 31 de
marzo del año inmediatamente posterior al año de realización de la anualidad en curso.  Bc
Si existiese resolución por la que se concede prórroga a la ejecución y justificación del 
proyecto, se tomará como fecha final del plazo de justificación la fecha que se indique en 
dicha  resolución.  En  ningún  caso,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  56.2,  la 
ejecución se podrá extender más allá del 31 de diciembre de 2025.
3.  La entidad representante de la agrupación es la responsable de presentar la 
justificación.  No  obstante,  la  aplicación  de  justificación  permitirá  que  las  entidades 
participantes que lo deseen puedan cargar todos los datos relativos a su justificación. En 
todo caso, las entidades participantes podrán ver los datos que la entidad representante 
de la agrupación haya presentado sobre la justificación de su actividad.
4.  La presentación de la justificación anual contendrá los siguientes documentos:
a)  Cuenta justificativa que contará con una memoria económica consolidada de 
todos los gastos asociados al proyecto y los siguientes documentos por cada miembro 
de la agrupación:
1.º  Cuenta justificativa a través de la aplicación de justificación.
2.º  Fichas  justificativas  normalizadas  y  certificación  de  los  gastos  y  pagos 
realizados  cuando  el  importe  sea  igual  o  superior  a  3.000  euros.  Los  documentos 
originales  acreditativos  del  gasto  y  del  pago  quedarán  en  poder  de  las  entidades 
beneficiarias, a disposición de los órganos de comprobación y control.
3.º  Indicación de las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones 
acaecidas.
4.º  En el caso de suministro de bienes de equipo y servicios de asistencia técnica o 
prestaciones  de  análoga  naturaleza,  las  ofertas  que  acrediten  el  cumplimiento  del 
artículo 44.5.
5.º  En su caso, acreditación del reintegro de remanentes no aplicados.
6.º  En su caso, actualización a la fecha de presentación de la justificación de la 
declaración responsable de todas las ayudas recibidas para los mismos costes elegibles 
presentada con la solicitud de ayuda.
7.º  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  de  publicidad  exigidas  en  el 
artículo 7.4 de esta orden.
A este efecto se aportará material gráfico (fotografías, ejemplares de publicaciones, 
etc.) que evidencie el cumplimiento de estas normas. Los documentos que sirvan para 
verificar el cumplimiento de este requisito estarán sellados por el auditor.
b)  Para cada uno de los miembros de la agrupación un informe realizado por un 
auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
En él se efectuará una verificación de que las inversiones y gastos realizados se 
corresponden  con  los  aprobados  en  la  resolución  de  concesión  de  la  ayuda.  La 
actuación de los auditores de cuentas para la elaboración del citado informe se regirá por 
lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo.
5.  Los documentos acreditativos de la justificación deberán ser cumplimentados de 
acuerdo  con  los  modelos  e  instrucciones  de  justificación  que  se  publicarán  en  el 
apartado de la convocatoria, en la página web de la agencia.
6.  En esta fase de la tramitación se podrá habilitar el acceso a la aplicación Carpeta 
Virtual de Expedientes-Facilit@ de forma individual para cada uno de los participantes en 
un proyecto.
Artículo 59.  Seguimiento científico-técnico. e.
1.  El seguimiento del cumplimento de los objetivos científico-técnicos del proyecto  967ww
Tseemráá ltliecvoasd Co iean ctíafibcoo -pToérc neilc óorsg adneo la c Aongceendceian Etes, taat atrla dveé sIn dvee slatig Saucbiódniv.isión de Programas
agru2p. acPióanr ad eeble  speregsueimntiaernsteo,  ecnie netlí fipcloa-ztéoc ndiec ot redse ml  epsreosy eac toc onetla r redsepsodnes alab lefe chdae  dlea 
finalización del proyecto, una memoria técnica global de la ejecución del mismo y la
relación  de  los  indicadores  de  la  Estrategia  Española  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación 2021-2027, para, tal y como establece el artículo 30 de esta orden, realizar la 
evaluación ex post del mismo. No se admitirán documentos adicionales a esta memoria, 
a excepción de los entregables en caso de ser necesario.
3.  Si por causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la 
concesión, el proyecto no pudiese ejecutarse en su totalidad y se produjese la renuncia 
expresa de todos los miembros del consorcio antes de la finalización de las actividades 
del  proyecto,  deberá  presentarse  una  memoria  técnica  acreditativa  de  los  logros 
obtenidos y justificativa de las causas que han impedido la total ejecución del mismo. La 
evaluación de dicha memoria determinará si se inicia el procedimiento de reintegro total 
de la ayuda concedida.
La renuncia por cualquier causa no sobrevenida conllevará el reintegro total o parcial 
de la ayuda concedida al proyecto.
Artículo 60.  Control de las ayudas.
1.  A la finalización del proyecto se realizará la correspondiente comprobación y 
control económico de las cuentas justificadas presentadas, según lo establecido en el 
artículo 31 de las bases reguladoras.
2.  El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la 
Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, así como de 
las instituciones comunitarias.
3.  Si como resultado de la comprobación económica se dedujera que la inversión 
financiable ha sido inferior a la aprobada o no ha sido utilizada para las actuaciones 
subvencionadas, se comunicará tal circunstancia al interesado junto a los resultados de 
la verificación efectuada y se iniciará el procedimiento de reintegro total o parcial de la 
ayuda.
4.  En el caso de que la valoración científico-técnica concluya que los objetivos no 
se  han  alcanzado  total  o  parcialmente,  se  procederá  a  iniciar  el  procedimiento  de 
reintegro total o parcial sobre toda la ayuda concedida al proyecto.
5.  El  reintegro  de  las  ayudas  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el  título  II  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y el artículo 32 de las bases reguladoras, que incluye el trámite de 
audiencia al interesado.
6.  Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, el beneficiario de la 
ayuda podrá realizar la devolución voluntaria de aquellos gastos que no hayan sido 
justificados.
7.  La devolución voluntaria de la ayuda percibida se atendrá a lo establecido en el 
artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para hacerla efectiva 
se solicitará, a la Subdivisión de Seguimiento y Justificación de Ayudas de la agencia, la 
carta de pago según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación o, modelo 069 de 
ingresos no tributarios, según la orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se 
desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de 
recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del 
Estado a través de entidades colaboradoras (apartado 1.b de la disposición derogatoria 
única). e.
8.  Los criterios de graduación de incumplimientos se regirán por lo establecido en el  w.b
artículo 33 de las bases reguladoras. En todo caso, la entidad beneficiaria deberá  967ww
ereuinrotepgeroasr,  lopso r foenl diomsp roercteib iddeols  rceutoarnndoo  neol  inpceurcmibpidlimo ieennt or eimlapciiódna  eclo nre tloarsn oa cdteu afcoionndeoss 
rseusbpvoennscaiobnilaiddaads . dAetdeermmiánsa,d ac ueanlq uiceur alqirureiegru lacroidnatrdo l qduees aarrfoelclated o a pomr edaiudtaosri dabdaejos 
nacionales o comunitarias que impida el retorno de fondos, implicará el reintegro por la
entidad beneficiaria del importe del retorno no percibido en relación con las actuaciones 
subvencionadas. En particular, en caso de incumplimiento del «principio DNSH», la 
entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.
9.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  42.2.c).1.º,  en  el  marco  de 
eventuales procedimientos de reintegro, todos los participantes del consorcio podrán 
disponer de acceso individualizado a la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@.
Disposición adicional primera.  Recursos contra la convocatoria.
1.  Contra la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un 
mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, contra esta convocatoria, y, en su caso, contra la 
resolución del recurso potestativo de reposición cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo y producirán efectos a partir del día siguiente al de la 
publicación  de  la  presente  orden  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado».  Extenderá  su 
aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma hasta tanto acaben su periodo 
de  ejecución,  seguimiento,  justificación  y  control,  incluyendo  los  eventuales 
procedimientos de reintegro.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 27 de diciembre de 2021.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant 
Ripoll.
ANEXO I
Prioridades temáticas
Las  prioridades  temáticas  contempladas  se  describen  en  el  Plan  Estatal  de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 y son las siguientes:
1.  Salud. e.e
2.  Cultura, creatividad y sociedad inclusiva. w.b
3.  Seguridad para la sociedad. 967ww
54..   CMluimndao,  ednigeirtgaíla,  iny dmuostvriilaid, aeds.pacio y defensa.
6.  Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente.
ANEXO II
Definiciones
1.  Organismo de investigación y difusión de conocimientos.
Se define organismo de investigación y difusión de conocimientos como: toda entidad 
(universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, 
intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la 
investigación, etc.) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público 
o privado) o de su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera 
independiente  investigación  fundamental,  investigación  industrial  o  desarrollo 
experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la 
enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
2.  Condiciones que deben cumplir los organismos de investigación y difusión de 
conocimientos. Dichas entidades deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Cuando la entidad lleve a cabo tanto actividades económicas como actividades 
no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán 
contabilizarse por separado.
b)  Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, 
por  ejemplo,  en  calidad  de  accionistas  o  miembros,  no  podrán  gozar  de  acceso 
preferente a los resultados que genere.
3.  Realización  de  actividad  económica  en  organismos  de  investigación.  No  se 
considerará  que  realizan  actividad  económica  si  se  producen  simultáneamente  las 
siguientes circunstancias:
a)  La actividad económica es necesaria para la entidad y de alcance limitado.
b)  La actividad económica está relacionada directamente con el funcionamiento de 
la entidad o estrechamente vinculada a su principal uso o actividad no económica.
c)  La  actividad  económica  consume  exactamente  los  mismos  insumos  (como 
material, equipamiento, mano de obra y capital fijo) que las actividades no económicas.
d)  La capacidad asignada cada año a las actividades económicas no supera el 20 
por ciento de la capacidad anual total de la entidad de que se trata.
4.  A  efectos  de  esta  orden,  se  establecen  las  siguientes  definiciones  para 
actividades de I+D+i.
a)  La  ejecución  de  proyectos  de  investigación  fundamental,  de  investigación 
industrial, o de desarrollo experimental.
b)  Los estudios de viabilidad.
c)  La realización de proyectos de innovación en productos, procesos y organización.
d)  El montaje de las propias infraestructuras de I+D+i el apoyo técnico y soporte a 
la I+D+i, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i.
e)  La gestión de la I+D+i, incluyendo las actividades de transferencia y valorización 
del conocimiento, y el asesoramiento para proyectos o programas internacionales en 
este ámbito.
f)  La promoción y fomento de la I+D+i, así como el impulso de la creación y 
desarrollo de empresas de base tecnológica. e
g)  El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas  bo
y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, en particular del Programa  967ww
Mpuabrlhcico) a dcLeióa In + doDi f+luais  dtiróean nl asd fUee rnelioónsnc  iarEe udsreuo lptcaeodano o(scH imdoeriie zenostnottases. 2 0a2ct0iv).idades mediante la enseñanza, la  OE-A-2021-21able en https://
5.  Se definen como actividades económicas a aquellas actividades que consisten 
en la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado.
6.  Actividades  no  económicas  de  los  organismos  de  investigación  o  de 
infraestructuras de investigación. Se considera que las siguientes actividades suelen ser 
de naturaleza no económica:
a)  Las actividades primarias de los organismos de investigación e infraestructuras 
de investigación, en particular:
1.º  La  educación  para  lograr  más  y  mejor  personal  cualificado.  Según  la 
jurisprudencia y la práctica decisoria de la Comisión Europea, y tal como se expone en la 
Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal y en la Comunicación sobre los 
Servicios de Interés Económico General (SIEG), la educación pública organizada dentro 
del sistema nacional de educación, financiada predominantemente o enteramente por el 
Estado y supervisada por este puede considerarse una actividad no económica.
2.º  La I+D independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión cuando 
el  organismo  de  investigación  o  la  infraestructura  de  investigación  emprendan  una 
colaboración efectiva.
3.º  La  amplia  difusión  de  resultados  de  las  investigaciones  de  forma  no 
discriminatoria y no exclusiva, por ejemplo, mediante la enseñanza, bases de datos de 
acceso abierto, publicaciones abiertas o programas informáticos abiertos.
b)  Actividades de transferencia de conocimientos, cuando son llevadas a cabo por 
el  organismo  de  investigación  o  la  infraestructura  de  investigación  (incluidos  sus 
departamentos o filiales) o de forma conjunta, o por cuenta de dichas entidades, y 
cuando todos los beneficios generados por ellas vuelven a invertirse en actividades 
primarias del organismo de investigación o la infraestructura de investigación. El carácter 
no económico de esas actividades no se ve afectado por el hecho de contratar con 
terceros la prestación de los servicios correspondientes mediante licitación pública.
7.  Proyecto de I+D+i. Toda operación que incluye actividades que abarcan una o 
varias categorías de investigación y desarrollo definidas en esta orden, y que pretende 
realizar una tarea indivisible de carácter económico, científico o técnico preciso con unos 
objetivos claramente definidos de antemano; un proyecto de I+D+i puede constar de 
varias tareas, actividades o servicios, e incluye objetivos claros, actividades que hay que 
realizar para lograr esos objetivos (incluidos sus costes previstos), y resultados concretos 
para identificar los logros de esas actividades y compararlos con los objetivos relevantes; 
cuando dos o más proyectos de I+D+i no sean claramente separables uno de otro y, en 
particular, cuando no tengan probabilidades independientes de éxito tecnológico, se 
considerarán un proyecto único.
8.  Proyectos  de  desarrollo  experimental.  Aquellos  dirigidos  a  la  adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de 
índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de 
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Podrá incluir también, por ejemplo, 
actividades  de  definición  conceptual,  planificación  y  documentación  de  nuevos 
productos,  procesos  o  servicios.  El  desarrollo  experimental  podrá  comprender  la 
creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la 
validación  de  productos,  procesos  o  servicios  nuevos  o  mejorados,  en  entornos 
representativos  de  condiciones  reales  de  funcionamiento,  siempre  que  el  objetivo 
principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no  e.
estén sustancialmente asentados. Podrá incluir el desarrollo de prototipos o proyectos  w.
piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto  967ww
cfionmese rcdiael  fdineaml oys strua cfiaóbnr icya cióvna lirdeascuióltne.  deEml adseiasdaor roolnloe roesxap epraimrae nsuta lu snoo e xicnlculsuiyveo  cloans 
modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción,
procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando 
dichas modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.
9.  Colaboración efectiva. Colaboración entre al menos dos partes independientes 
para el intercambio de conocimientos o tecnología, o para alcanzar un objetivo común 
sobre  la  base  de  la  división  del  trabajo,  en  la  que  las  partes  implicadas  definen 
conjuntamente el ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su aplicación y 
comparten sus riesgos y sus resultados; una o varias de las partes pueden soportar la 
totalidad de los costes del proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros; 
la  investigación  bajo  contrato  y  la  prestación  de  servicios  de  investigación  no  se 
consideran formas de colaboración.
10.  Pequeñas y medianas empresas (pyme). De acuerdo con la categoría definida 
en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea», L187, de 26 de junio de 2014 (Reglamento general de 
exención por categorías).
11.  Pequeña empresa. Es aquella que, dentro de la categoría de las pyme, ocupa a 
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 
no supera los 10 millones de euros.
12.  Microempresa. Es aquella que, dentro de la categoría de las pyme, empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.
13.  Mediana empresa. Es aquella que, perteneciendo a la categoría de pyme, no se 
encuentra comprendida en la definición de las letras c) y d).
14.  Gran empresa. Es aquella no contemplada en la definición de PYME.
15.  Empresa  única.  Referida  al  conjunto  de  empresas  que  mantengan, 
directamente o a través de otra u otras empresas, al menos uno de los siguientes 
vínculos entre sí:
a)  Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o 
socios de otra empresa.
b)  Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros 
del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad.
c)  Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en 
virtud  de  un  contrato  celebrado  con  ella  o  una  cláusula  estatutaria  de  la  segunda 
empresa.
d)  una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo 
celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de 
voto de sus accionistas.
16.  Empresa en crisis. Una empresa en la que concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias:
a)   si se trata de una sociedad de capital, cuando haya desaparecido más de la 
mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; lo 
que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos 
los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce 
a un importe acumulativo negativo superior a la mitad del capital social suscrito. A 
efectos  de  la  presente  disposición,  «sociedad  de  capital»  se  refiere  a  la  sociedad  s
anónima, la sociedad comanditaria por acciones, y la social de responsabilidad limitada;  oe.
lryae s«s spbpoo)écn irseda didsbaaiid lissd d eaae dc t cruiaalmimtpauiti talaadl»dde aa inus sc nolmaub yárseeso,   clcdaiuee dad enalaudd do mae p intdra oedlca  el addq eaus ,oe stc ouiaedsld  amfa opdenr,ind mcoouassa   dnapedlr gooeup mnhioioasssyi ó aqns ud.oeec siofaisgp uatrireaennce idneo n u pnsouar    2021-21967n https://www.
contabilidad. A efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos
socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere a la 
sociedad colectiva y a la sociedad en comandita simple.
c)   cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o 
insolvencia o reúna los criterios para ser sometida a un procedimiento concursal.
d)   si se trata de una empresa distinta de una pyme, cuando durante los dos 
ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y en el 
mismo periodo la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base 
del  EBITDA  (ganancias  antes  de  intereses,  impuestos,  depreciación  y  amortización 
–Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations–), se haya situado 
por debajo de 1,0.
Las pyme con menos de tres años de antigüedad no se considerará que están en 
crisis salvo que cumplan la condición del párrafo c).
17.  Intensidad de ayuda. Es la cantidad bruta de ayuda expresada como porcentaje 
de los costes subvencionables, antes de cualquier deducción fiscal o de otras cargas. 
Cuando la ayuda adopte cualquier forma distinta a la subvención, la intensidad de la 
ayuda será el equivalente en subvención bruta de la ayuda expresada, asimismo, como 
porcentaje de los costes subvencionables.
18.  Equivalente de subvención bruta. Para ayudas concedidas en forma distinta de 
la subvención, es la cantidad de ayuda si esta se hubiese concedido en forma de 
subvención, antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas. Para su cálculo se 
seguirá el método indicado en la comunicación de la Comisión relativa a la revisión del 
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (2008/C 14/02).
19.  Costes marginales. Aquellos costes que se originen exclusiva y directamente 
por el desarrollo de las actividades correspondientes a la realización de las actuaciones 
solicitadas, incluyendo los costes de adquisición de material inventariable, con excepción 
de los costes del personal propio y de los de amortización del inmovilizado material 
adquirido con fondos públicos.
20.  Costes totales. Aquellos costes que, además de los anteriores, incluyan la parte 
proporcional de los costes de personal propio y de los de amortización del inmovilizado 
material, y otros gastos, siempre que estén claramente asignados al desarrollo de la 
actuación.
21.  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es un proyecto de 
País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción 
económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a 
los  retos  de  la  próxima  década  a  través  de  cuatro  ejes  transversales:  transición 
ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
ANEXO III
Áreas temáticas
Ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ)
Código y denominación de las áreas temáticas Código y denominación de las subáreas temáticas
IQM. Ingeniería química.
CTQ. Ciencias y tecnologías químicas. s
QMC. Química. e.
EYT. Energía y transporte. ENE. Energía. 967www.
TRA. Transporte.
Código y denominación de las áreas temáticas Código y denominación de las subáreas temáticas
AYA. Astronomía y astrofísica.
ESP. Investigación espacial.
FIS. Ciencias físicas.
FPN. Física de partículas y nuclear.
FYA. Física y sus aplicaciones.
MBM. Materiales para biomedicina.
MEN. Materiales para la energía y el medioambiente.
MAT. Ciencias y tecnologías de materiales.
MES. Materiales estructurales.
Materiales con funcionalidad eléctrica, magnética, óptica o 
MFU.
térmica.
MTM. Ciencias matemáticas. MTM. Ciencias matemáticas.
IBI. Ingeniería biomédica.
ICA. Ingeniería civil y arquitectura.
Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la 
PIN.
sociedad.
IEA. Ingeniería eléctrica, electrónica y automática.
INA. Ingeniería mecánica, naval y aeronáutica.
INF. Ciencias de la computación y tecnología informática.
TIC. Tecnologías de la información y de las comunicaciones. MNF. Microelectrónica, nanotecnología y fotónica.
TCO. Tecnologías de las comunicaciones.
Ciencias sociales y humanidades (CSH)
Código y denominación de las áreas temáticas Código y denominación de las subáreas temáticas
COM. Comunicación.
CPO. Ciencia política.
CSO. Ciencias sociales. FEM. Estudios feministas, de las mujeres y de género.
GEO. Geografía.
SOC. Sociología y antropología social.
DER. Derecho. DER. Derecho.
EYA. Economía y sus aplicaciones.
ECO. Economía. EYF. Empresas y finanzas.
MAE. Métodos de análisis económico.
EDU. Ciencias de la educación. EDU. Ciencias de la educación.
ART. Arte, bellas artes, museística.
FLA. Cultura: filología, literatura y arte.
Literatura, filología, lenguas y culturas antiguas y estudios 
LFL.
culturales.
FIL. Filosofía. o
MLP. Mente, lenguaje y pensamiento. w.
LYL. Lingüística y lenguas. 967ww
PPHSIA.. EPssticuodlioogsí ad.el pasado: historia y arqueología. AHPRSISIQ... AHPrsisqictuooerliooagl.oígaí.a. BOE-A-2021-21cable en https://
Ciencias de la vida (CV)
Código y denominación de las áreas temáticas Código y denominación de las subáreas temáticas
BIF. Biología integrativa y fisiología.
BIO. Biociencias y biotecnología. BMC. Biología molecular y celular.
BTC. Biotecnología.
CAN. Cáncer.
DPT. Herramientas diagnósticas, pronósticas y terapéuticas.
BME. Biomedicina. ESN. Enfermedades del sistema nervioso.
FOS. Fisiopatología de órganos y sistemas.
IIT. Inmunidad, infección e inmunoterapia.
ALI. Ciencias y tecnologías de alimentos.
CAA. Ciencias agrarias y agroalimentarias. AYF. Agricultura y forestal.
GYA. Ganadería y acuicultura.
BDV. Biodiversidad.
CTA. Ciencias de la Tierra y del agua.
CYA. Clima y atmósfera.
CTM. Ciencias y tecnologías medioambientales.
MAR. Ciencias y tecnologías marinas.
POL. Investigación polar.
TMA. Tecnologías medioambientales.
ANEXO IV
Normativa y condiciones específicas para la ejecución de determinados proyectos
1.  La  realización  de  los  proyectos  objeto  de  las  ayudas  previstas  en  esta 
convocatoria deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la 
normativa vigente que les resulte de aplicación en materia de bioética, experimentación 
animal,  bioseguridad,  seguridad  biológica,  protección  del  medioambiente,  patrimonio 
natural y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural y protección de datos, y respetar 
los  principios  fundamentales  establecidos  en  la  Declaración  de  Helsinki  (Asamblea 
Médica  Mundial),  en  el  Convenio  del  Consejo  de  Europa  relativo  a  los  derechos 
humanos y la biomedicina y en la Declaración Universal de la Unesco sobre el genoma 
humano y los derechos humanos.
2.  Los proyectos se atendrán a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
y a las que las modifiquen o desarrollen, y en concreto: 
a)  Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de 
muestras  biológicas  de  origen  humano  deberán  respetar  lo  establecido  en  la 
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica y demás legislación vigente sobre 
la materia. s
b)  Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo  oe.
endDxoiespvpceireuermeitmosbt eorne5 t,3ea /nc2 pi0ólaa1nr 3 any,   osdreamelc  ar1itcfii vucadiiod e,al  edmgfoeao bld riedvfiriecgo ae, dnlapote osp  ryo ,rae  nell ainm q Luapeelaye r sts6i ce/2u e0laen1rs ,3t a,es bdunlee   lca1ee 1xnL p delloeyat  saj3u c2ninó/io2onr0,, m 0y7a te,sr an dn beesá lp s7Roi credtaeaes,l     2021-21967n https://www.
aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines
científicos, incluida la docencia, modificado por el Real Decreto 118/2021, de 23 de 
febrero.
c)  Los  proyectos  que  impliquen  la  utilización  de  organismos  modificados 
genéticamente deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente, y en el Real Decreto 178/2004, de 31 de enero, por el que se aprueba su 
reglamento y sus posteriores modificaciones.
d)  Los  proyectos  que  impliquen  la  utilización  de  agentes  biológicos,  deberán 
ajustarse a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, y en los reales decretos que la desarrollan.
e)  Los proyectos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto 1090/2015, 
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los 
Comités  de  Ética  de  la  Investigación  con  medicamentos  y  el  Registro  Español  de 
Estudios Clínicos.
f)  Los proyectos de investigación que impliquen la utilización de células troncales 
embrionarias humanas o líneas celulares derivadas de ellas, así como los proyectos de 
investigación que impliquen la utilización de células y tejidos de origen humano en el 
campo de la medicina regenerativa deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, 
de 3 de julio, sobre investigación biomédica, y en el Real Decreto 2132/2004, de 29 de 
octubre,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  y  procedimientos  para  solicitar  el 
desarrollo  de  proyectos  de  investigación  con  células  troncales  obtenidas  de 
preembriones sobrantes, y en el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el 
que se regula la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos 
humanos y el registro de proyectos de investigación, así como al resto de la normativa 
legal vigente.
g)  Los proyectos que impliquen la investigación con células y tejidos humanos 
deberán atenerse a lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2014, de 4 de julio, por el 
que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la 
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento 
para su uso en humanos.
h)  Los  proyectos  que  utilicen  recursos  genéticos  españoles  o  extranjeros,  y 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, deberán cumplir con lo 
previsto en el Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos 
genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de su utilización. Asimismo, 
deberán cumplir con el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios 
del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que deriven de su utilización en la Unión.
i)  Los  proyectos  que  impliquen  adquisición  o  intercambio  de  material  genético 
deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el 
Tratado  Internacional  sobre  los  Recursos  Fitogenéticos  para  la  Alimentación  y  la 
Agricultura y a lo establecido en el Real Decreto 199/2017, de Semillas de Vivero y de 
Recursos Fitogenéticos. En el caso de  recursos  fitogenéticos, las recolecciones de 
material genético deberán cumplir las disposiciones de carácter nacional y autonómico 
que afecten a posibles taxones que se consideren amenazados.
j)  Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 7/2018  s
de 31 de diciembre. oe.
k)  Los proyectos que tienen como objetivo la conservación o recuperación del  w.
Patrimonio cultural e histórico deberán cumplir lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de  967ww
jluan leiog, isdlealc Pióant raimutoonnióom Hicisató vriigceon Etes psaoñborel,  eRsetaa lm daetcerreiato.-ley 2/2018 de 13 de abril, así como
Ley l4) 1/L2o0s1 0,p droey 2e9ct odse  dqicuiee msber e,d dees aprrrootlelecnc ióenn  deell  mmeeddioio m  amrianroin.o  deberán  cumplir  la  BOE-A-cable e
m)  Los proyectos que se lleven a cabo en espacios dentro de la Red Natura 2020 
deben cumplir la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
n)  Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, el Real Decreto 183/2015, 
de 13 de marzo, por el que se modifica el reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el 
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
o)  Cuando aplique según la naturaleza del proyecto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible.
p)  Los proyectos que se desarrollen en la zona del Tratado Antártico (por debajo 
del paralelo 60° S) deberán ajustarse a las normas establecidas por el propio Tratado 
Antártico (BOE de 26 de junio de 1982) y por el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente y sus Anejos (Protocolo de Madrid, BOE de 18 de febrero 
de 1998), recogidas por el Comité Polar Español.
q)  Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas 
cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos, deberán cumplir 
con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público y la recomendación de la Comisión Europea de 17 de julio 
de 2012, relativa a la información científica y su preservación.
3.  Los proyectos con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, 
bioseguridad  y  seguridad  biológica  deberán  contar  como  requisitos  de  actividad  y 
atendiendo  a  su  naturaleza,  con  las  autorizaciones  y/o  informes  legalmente 
establecidos. 
4.  El personal investigador responsable de los proyectos que utilicen organismos 
modificados genéticamente deberán presentar la solicitud de autorización/notificación 
para realizar actividades con organismos modificados genéticamente a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14 y 24 del Real Decreto 178/2004, de 30 de enero.
5.  Los proyectos que supongan actuaciones a bordo de buques oceanográficos y 
en campañas polares deberán cumplir los siguientes requisitos para su actividad.
a)  Los proyectos a desarrollar en campañas antárticas deberán planificarse dentro 
del  límite  de  duración  del  proyecto.  Toda  actividad  en  las  bases  antárticas  estará 
condicionada a las posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo.
b)  Para  la  participación  en  las  campañas  antárticas,  los/as  investigadores/as 
deberán pasar reconocimiento médico según el protocolo establecido por el Comité Polar 
Español. El procedimiento para este protocolo estará disponible en la página web de la 
Agencia y del Comité Polar Español.
c)  De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español, cada uno/a de 
los/as  investigadores/as  que  participe  en  la  campaña  antártica  debe  confirmar  por 
escrito, con anterioridad al inicio de la campaña, su aceptación plena y sin reservas del 
Código de Conducta disponible en la página web del Comité Polar Español. Este código 
será de obligado cumplimiento durante todo el desarrollo de la campaña. La ausencia de 
confirmación por escrito se entenderá como una negativa voluntaria a dicha aceptación e 
impedirá la participación en la campaña.
d)  Los proyectos de investigación que precisen para su desarrollo el acceso a las 
zonas polares, ya sea accediendo a infraestructuras científicas españolas o de otros 
países, deberán someterse a los procesos de examen, evaluación y autorización que 
determine el Comité Polar Español o autoridad competente, y deberán someterse a los  e
requisitos  establecidos  por  las  entidades  titulares  de  dichas  infraestructuras.  El  bo
incumplimiento de alguno de estos condicionantes que imposibilite el acceso a la zona  967ww
psuo laerv epnretuvaisl tcaa pnocderlaác dióanr .lugar a la necesidad de replantear los objetivos del proyecto o a
actuea)c ioDnees c opnoflaorremsi ddaedb ceoránn  loc opnretavcistator  cpoonr  eell  CCoemnittréo  Pdoel aNr aEcsiopnaañlo ld, elo Ds/aatso sIP P doela rleass 
(CNDP)  para  gestionar  el  envío  de  los  datos  brutos  y  los  de  las  calibraciones
instrumentales, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la finalización de la 
campaña y conforme al protocolo de remisión, almacenamiento y difusión de datos 
antárticos en España, disponible en la página web del Comité Polar.
f)  Los/as IP de las actuaciones polares deberán enviar al finalizar la campaña un 
informe de la misma de acuerdo con el formato disponible en la página web de la 
agencia.
g)  Aquellos  proyectos  que  resulten  financiados  deberán  remitir  a  la  Secretaría 
Técnica del Comité Polar Español los formularios de solicitud de toma de muestras y de 
acceso  a  las  zonas  antárticas  especialmente  protegidas,  si  van  a  realizar  dichas 
actividades en el mes de septiembre anterior a cada campaña antártica.
h)  Toda  actividad  en  los  buques  oceanográficos  estará  condicionada  a  las 
posibilidades logísticas y a las disponibilidades de espacio y tiempo. Los solicitantes 
deberán consultar la planificación de las campañas previas aprobadas en la Comisión de 
Coordinación  y  Seguimiento  de  las  Actividades  de  los  Buques  Oceanográficos 
(COCSABO), que está disponible en la página web del ministerio y proponer una fecha 
de campaña, dentro de las disponibilidades existentes. La no disponibilidad de espacio y 
tiempo de buque, así como la no viabilidad de la campaña por problemas logísticos 
podrá suponer la no subvención del proyecto. No se podrán solicitar campañas de 
duración superior a quince días.
i)  Los proyectos a desarrollar a bordo de buques oceanográficos deberán consultar 
el  documento  de  Protocolo  de  Acceso  a  Buques,  disponible  en  la  página  web  de 
la COCSABO.
j)  Los/as  IP  de  los  proyectos  que  conlleven  la  realización  de  campañas 
oceanográficas serán responsables de la elaboración de los metadatos de la campaña, y 
para ello tendrá a su disposición a bordo del buque las herramientas necesarias y el 
apoyo del personal técnico embarcado. Los metadatos serán incorporados por parte de 
los operadores de los buques en los catálogos de campañas realizas disponibles en la 
página web del ministerio. Los datos brutos adquiridos durante la campaña serán de 
carácter  restringido  (excepto  los  datos  básicos  recogidos  de  forma  automática  y 
continua)  y  pasarán  a  ser  de  carácter  público  en  el  plazo  de  dos  años  desde  la 
finalización del proyecto correspondiente.
k)  Los/as  IP  de  los  proyectos  que  conlleven  la  realización  de  campañas 
oceanográficas deberán presentar al operador del buque un informe de campaña de 
acuerdo con el formato disponible en la página web de la agencia. Asimismo, dicho 
informe deberá ser incorporado al informe científico-técnico final del proyecto.
l)  Los/as  investigadores/as  que  realicen  sus  actividades  en  la  Red  de  Aguas 
Marinas Protegidas o RED NATURA 2000 deberán disponer, siempre que sea necesario, 
previo al inicio de la campaña, del correspondiente informe de impacto ambiental, de 
acuerdo con el procedimiento publicado en la página web de la agencia.
m)  Los/as IP que realicen sus actividades oceanográficas en aguas extranjeras 
deberán solicitar con siete meses de antelación al inicio de la campaña el permiso para 
trabajar en aguas extranjeras. Se deberán asimismo tener en consideración las zonas de 
conflicto diplomático conocido y evitar cualquier actuación que pudiera suponerlo.
n)  Los/as IP de las actuaciones polares y de aquellas que conlleven la realización 
de campañas oceanográficas deberán enviar, tanto durante el período de vigencia del 
proyecto como una vez finalizado, las publicaciones científico-técnicas generadas como 
consecuencia de estas actividades.
6.  Los proyectos que impliquen la realización de estudios mediante encuestas  e.
cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales con toma de datos deberán cumplir los  w.b
siguientes requisitos: 967ww
a)  Los/as IP de estos proyectos deberá transferir, en un plazo máximo de doce
mEsepseecsí fidceos ddee s uE fsintuadliizoasc ióSno,c lioasle sm icqruoed,a toas  einstteogsr anetfeesc todse,l  ersatduidciao  aeln B aenl coC ednet rDoa tdoes 
Investigaciones Sociológicas, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, y la Recomendación (UE) 2018/790 de la Comisión, de 25 de abril 
de 2018, relativa al acceso a la información científica y a su preservación.
b)  A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las solicitudes de estos 
proyectos,  los/as  IP  deberán  remitir  al  Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad un Plan de Depósito 
Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento de la obligación de 
transferencia de microdatos a que se refiere el apartado a).
c)  Para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  recogen  en  los  apartados 
anteriores  se  utilizarán  los  modelos  normalizados  puestos  a  disposición  de  los/as 
investigadores/as por el Centro de Investigaciones Sociológicas, a través de su página web.
7.  Los proyectos que impliquen la realización de actividades arqueológicas deberán 
contar  con  las  autorizaciones  para  su  realización,  expedidas  por  las  autoridades 
competentes y cumplir cualquier otro requerimiento exigido por la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, así como a la legislación autonómica vigente 
sobre la materia que les sea de aplicación.
8.  Los/as  IP  de  los  proyectos  que  utilicen  recursos  genéticos  españoles  o 
extranjeros y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deberán 
presentar, a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, la declaración de diligencia de conformidad con el artículo 14.1 del 
Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero.
ANEXO V
Descripción del contenido de la memoria técnica del proyecto
Número máximo de páginas, incluyendo la portada y el índice: 40.
La memoria debe incluir los epígrafes siguientes. Para cada epígrafe, se proporciona 
un número indicativo de páginas. No se podrán incluir en la memoria actividades de 
entidades que no forman parte del consorcio ni actividades de entidades que, aunque 
formen parte del consorcio, no tengan una cuantificación económica en el presupuesto.
1.  Portada.
a)  Nombre del investigador o la entidad que coordina la propuesta.
b)  Título de la propuesta.
2.  Índice. Extensión indicativa: 1 página.
3.  Resumen ejecutivo. Extensión indicativa: 1 página.
4.  Objetivos científicos y tecnológicos y resultados esperados. Extensión indicativa: 
8 páginas.
a)  Descripción de los conocimientos y desarrollos actuales en el campo o campos 
específicos cubiertos por la propuesta, con indicación de las dificultades y desafíos.
b)  Objetivos generales y específicos de la propuesta, su novedad y relevancia en el 
ámbito del tema, así como la necesidad de investigación e innovación interdisciplinar. 
Justificar los objetivos a la luz de la necesidad de recuperación y resiliencia.
c)  Descripción de los aspectos clave de la propuesta (científicos, innovadores, 
transferencia de conocimiento, entre otros), detallando las disciplinas involucradas y el  s
progreso más allá del estado de la técnica. o
n(dpeeoc repd esr)o jiedymaIeddcpeetlonos,t,  i dfeieecms altapcosri óe ppnsuo adelsíedt,i  cerloea ssse p,sr oedtanserusm aljtauabnsdledtoisfasi cs pea ossdloípotcie cirapoalosedr,so  g seur lu deopempolo esprn trsuotoonycseidi acactleodos emy.s. o. s)n u.o asD n eeuáxpslpiueslaoinsrtd aioidedsena  edsms.op ederercala dtdipooos,    2021-21967n https://www.
5.  Metodología, plan de trabajo y presupuesto. Extensión indicativa: 10 páginas.
a)  Plan de trabajo, que incluya una descripción de todas las actividades y tareas 
que se proponen desarrollar y su adecuación para la consecución de los objetivos de la 
propuesta.
b)  Descripción de las metodologías previstas para las distintas actividades y tareas.
c)  Descripción  del  tipo  y  finalidad  de  las  actividades/tareas  propuestas 
(coordinación,  investigación,  desarrollo,  innovación,  transferencia  de  conocimiento, 
protección del conocimiento, formación o difusión, otros).
d)  Cronograma para todas las actividades y tareas del proyecto, con indicación de 
la responsabilidad y la participación de cada uno de los miembros del consorcio en las 
mismas.
e)  Tareas que se tiene previsto realizar a través de la subcontratación, justificando 
la necesidad de la misma.
f)  Identificación de riesgos y planes de contingencia, que aseguren la viabilidad del 
plan de trabajo propuesto.
g)  Lista de indicadores propuestos para el seguimiento del progreso del proyecto.
h)  Recursos disponibles y resumen del presupuesto de la propuesta, indicando el 
coste de las actividades y/o tareas y la distribución por cada miembro del consorcio.
6.  Descripción del consorcio, sus antecedentes y capacidades. Extensión indicativa: 
10 páginas.
a)  Descripción de todos los miembros del consorcio: composición y trayectoria del 
equipo,  antecedentes,  experiencia,  resultados  de  proyectos  previos  desarrollados 
relacionados con la actuación y contribución a la propuesta. Complementariedad entre 
los equipos ejecutores.
b)  Coordinador del proyecto: identificación del miembro del consorcio y persona, así 
como su experiencia previa en dicha tarea. Se recomienda una breve reseña curricular.
c)  Instalaciones  y  capacidades  puestos  a  disposición  por  cada  miembro  del 
consorcio para el éxito del proyecto, especificando su papel en la consecución de los 
objetivos o la ejecución de las actividades.
d)  Otras propuestas presentadas a esta convocatoria por los miembros de este 
consorcio (si las hubiera). Indique el título de la propuesta y los miembros del consorcio.
7.  Impacto esperado. Extensión indicativa: 6 páginas.
a)  Descripción del impacto esperado de la propuesta. El impacto puede describirse 
en  aspectos  como  la  ciencia,  la  tecnología,  el  desarrollo  social,  el  crecimiento 
económico, las perspectivas de mercado o el desarrollo de políticas. El impacto puede 
ser tangible o intangible.
b)  Planes de difusión de los resultados del proyecto.
c)  Planes de acceso abierto a los documentos del proyecto.
d)  Si así lo exigen los objetivos del proyecto y los resultados previstos, dimensión 
de género u otras áreas de inclusión social en las actividades/tareas del proyecto.
e)  Dimensión  internacional  de  la  propuesta,  reflejada  por  las  capacidades  del 
consorcio, las perspectivas de visibilidad internacional de las actividades y resultados de 
los proyectos, y la contribución al liderazgo internacional de los miembros del consorcio.
ANEXO VI
Descripción del contenido de la adenda de la memoria
1.  Las empresas que tengan las cuentas de los dos últimos ejercicios registradas 
en  el  Registro  Mercantil  no  tendrán  que  aportar  ninguna  información  adicional  de 
carácter económico.
2.  Las empresas que no tengan obligación de registrar sus cuentas en el Registro 
Mercantil, las que no tengan alguna de las cuentas correspondientes a los dos últimos 
ejercicios  registradas  en  el  Registro  Mercantil,  y  las  asociaciones  empresariales 
sectoriales deberán presentar las cuentas cerradas y auditadas (o aprobadas, su caso, 
por los administradores de la entidad) de los dos últimos ejercicios.
3.  Las  empresas  o  asociaciones  empresariales  sectoriales  que  tengan  una 
antigüedad inferior a tres años a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes  de  la  presente  convocatoria,  deberán  presentar  las  cuentas  que  tengan 
cerradas  y  auditadas  y  el  Plan  de  Negocios  de  la  entidad  para  los  tres  ejercicios 
siguientes de acuerdo con el modelo que se publicará en la página web de la agencia.