BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 212 Jueves 6 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 65467
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
9321 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto 
de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en relación con 
la línea de avales creada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Presidente 
del Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial, han suscrito un Convenio 
para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el Real 
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 28 de julio de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de 
Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial para el intercambio de información en 
relación con la línea de avales creada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19
En Madrid, a 29 de mayo de 2020.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, «Agencia 
Tributaria»), con NIF Q2826000H y domicilio social en Infanta Mercedes 37, Madrid, 
España, representada por don Jesús Gascón Catalán, en calidad de Director General, 
cargo para el que fue designado por Real Decreto 619/2018, de 22 de junio, actuando 
por delegación de firma conferida por la Presidenta de la Agencia Tributaria mediante 
Resolución de fecha 26 de mayo de 2020, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo 103.Tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991.
Y,  de  otra  parte,  el  Instituto  de  Crédito  Oficial,  Entidad  Pública  Empresarial  (en  s
adelante, «ICO»), con NIF Q2876002C y domicilio social en el Paseo del Prado 4, Madrid,  oe.
España, representado por don José Carlos García de Quevedo Ruíz, en calidad de  w.
aDPcreetcusraiednteodn ot7 e0d, 6ec/ a1cr9go9on9 f,po ardmreai d e3al0d q  duceeo  nfau belar isdl, e asditegr inbaauddcaoiop nptaeocsri  óRrnee cadole gDl ideIancssre titteoun to6  8ed3l e/2a 0rCt1írc8éu,d lodit oe 1 2O22 f idcdeieal  l juRane ioala,l    2020-9321n https://ww
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General
del Estado y de aprobación de sus Estatutos (BOE n.º 114 de 13 de mayo de 1999). Bc
Reconociéndose  ambas  partes  de  capacidad  legal  necesaria  para  formalizar  el 
presente Convenio, realizan la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La  Agencia  Tributaria,  según  dispone  el  artículo  103,  apartado  Uno.2  de  la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, es la Entidad de Derecho Público encargada, en nombre 
y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del 
aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o 
de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.
El ICO es un Organismo público configurado como entidad pública empresarial de las 
previstas en los artículos 84, 103 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP); tiene naturaleza jurídica de 
entidad de crédito. Adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tiene 
como fines la concesión de préstamos para financiar operaciones de inversión y liquidez 
de las empresas, tanto dentro como fuera de España, y la gestión de los instrumentos de 
financiación oficial que el Estado español dota para fomentar la exportación y la ayuda al 
desarrollo,  pudiendo  bajo  esta  modalidad  también  financiar  a  los  afectados  por 
catástrofes naturales, desastres ecológicos y otros supuestos de interés general.
II
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece una serie de 
medidas para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de 
circulante  y  liquidez,  que  permitan  que  empresas  y  autónomos  puedan  seguir 
manteniendo la actividad económica. Dentro de estas medidas, se prevé una línea de 
avales por importe máximo de 100.000 millones de euros que aportará el Ministerio de 
Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital  para  la  cobertura  de  la  financiación 
otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, lo que permitirá, junto a las 
entidades  financieras  con  las  que  compartirán  el  riesgo,  poner  a  disposición  de  la 
economía española una importante red de seguridad financiera para poder hacer frente a 
la  excepcional  situación  derivada  de  la  emergencia  sanitaria,  permitiendo  el 
mantenimiento del empleo y la atenuación de los efectos económicos del COVID-19, 
atendiendo los pagos de salarios, las facturas de suministros y proveedores, o las 
necesidades  de  capital  circulante,  incluyendo  las  derivadas  de  vencimientos  de 
obligaciones financieras o tributarias y alquileres.
Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital serán 
gestionados a través del ICO en los términos previstos en los correspondientes Acuerdos 
del Consejo de Ministros por los que se aprueben las características de los distintos 
tramos de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos.
III
El artículo 12.2 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias  para  apoyar  la  economía  y  el  empleo  establece  que  «Para  el  e
cumplimiento de sus fines, la Administración tributaria tendrá acceso directo y, en su  bo
caso, telemático a la información y a los expedientes completos relativos a la solicitud y  21ww
cilmeoypn ac8Cec/o2tson0ió  2een0cs ,ot dande óeh m al1abi7c ilo iftdi anyeca  sinómocncai,ai rayczl i oóed,nne d  l beCaa  OmsleaVe  IdaDqi d-ulo1ae 9s s» esu.eñra gleraendftioee sree n e xeetllr  aaaorrtrtídícciunulaloor  i9a24s9. 1 p addreeal   lahR aeLceaeylr   D5fr8ee/nc2rt0ee0 to3a-,l   OE-A-2020-93able en https://
de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), que establece que todas las
autoridades y los titulares de los órganos del Estado están obligados a suministrar a la 
Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe 
ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y 
a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de 
sus funciones, la Agencia Tributaria podrá obtener los datos necesarios que permitan tanto 
la identificación de los sujetos que intervienen como de la propia operación.
Además, el apartado 5 del mismo precepto dispone que «La cesión de datos de 
carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo 
dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LGT o en otra norma de rango legal no requerirá 
el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal». Igualmente del artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se 
deriva que la cesión de información que deba efectuar el ICO no precisa la autorización 
de los interesados, en cuanto que dicho tratamiento de datos es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en relación 
con lo dispuesto en los artículos 94.5 y 95.1.d) de la LGT.
IV
El ICO, en el marco de la colaboración prevista en este Convenio con la Agencia 
Tributaria y con el objeto de facilitar información sobre las operaciones de financiación que 
se formalicen con la Línea ICO Avales COVID-19 puesta en marcha con el Real Decreto-
ley  8/2020,  ha  comunicado  a  las  entidades  financieras  que  habrán  de  informar 
expresamente a sus clientes sobre la cesión de sus datos a la Agencia Tributaria a través 
del ICO para las operaciones de financiación avaladas por la Línea ICO Avales COVID-19.
La entidad informará a sus clientes que toda la información relativa a la operación 
podrá ser remitida y puesta a disposición por el ICO a la Agencia Tributaria en los 
términos previstos por la normativa tributaria.
Por otra parte, el ICO ha indicado a las entidades financieras que, si identifican 
posibles prácticas irregulares o presuntamente fraudulentas, con independencia de las 
actuaciones llevadas a cabo por la entidad y aunque no hayan admitido la operación 
conforme a sus procedimientos internos, lo comuniquen al ICO con todos los datos 
necesarios de identificación de las empresas y sus representantes (NIF, denominación 
social, etc.). El ICO trasladará esta información a la Agencia Tributaria para que se 
evalúe su repercusión a efectos del cumplimiento de sus fines.
V
Para la concesión de la financiación avalada por el ICO, serán con carácter general 
las entidades financieras las que decidirán sobre la concesión de la correspondiente 
financiación  de  acuerdo  con  sus  procedimientos  internos,  políticas  de  concesión  y 
riesgos y usos bancarios, sólo requiriéndose comprobación expresa previa del ICO del 
cumplimiento de las condiciones de elegibilidad cuando la operación financiera supere 
los 50 millones de euros.
En casos muy concretos, las entidades financieras, tras la realización de sus análisis 
de riesgos y solvencia ordinarios, pueden tener sospechas fundadas de que, bajo una  e.
apariencia de legalidad en la documentación aportada, subyacen operaciones irregulares  w.b
o presuntamente fraudulentas. Independientemente de que, conforme a la normativa  21ww
dfinea lnacsi earuat oaripdlaicdaebsle c oym epne cteanstoe sn esecegsúanr ipor,o hceadbará (nS EdeP BpLoAneCr,  lBaas nmcois dmea Es sepna ñcao,n toricbimunieanletos 
u otras autoridades), comunicarán a su vez al ICO esta información.
Es en estos casos donde el ICO, como gestor de la Línea de Avales del Estado a 
través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puede actuar. Por 
un lado, colaborando a través de la puesta en conocimiento de la Agencia Tributaria de 
la  información  facilitada  por  las  entidades  financieras  y  los  resultados  de  las 
comprobaciones  efectuadas.  Por  otro  lado,  mediante  las  comprobaciones  de  las 
operaciones con las entidades financieras que pudiesen tener titulares comunes en el 
sistema.
El  artículo  95.1  de  la  LGT  establece  el  carácter  reservado  de  los  datos  con 
trascendencia  tributaria,  señalando  en  su  letra  d)  la  posibilidad  de  su  cesión  o 
comunicación  a  terceros  por  parte  de  la  Administración  tributaria  en  supuestos  de 
colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos o de la Unión Europea.
En este sentido la Agencia Tributaria podría facilitar al ICO la información necesaria 
sobre los solicitantes de financiación sobre los que las entidades financieras hayan 
informado  al  ICO  en  relación  a  posibles  operaciones  irregulares  o  presuntamente 
fraudulentas al objeto de que este pueda llevar a cabo el control de las operaciones de 
financiación que se han beneficiado del aval del Estado.
Este mismo artículo posibilitaría la comprobación posterior que puede realizar el ICO 
de  las  solicitudes  aceptadas  y  que,  de  detectarse  algún  incumplimiento  en  las 
condiciones  requeridas  o  alguna  inexactitud  o  falsedad  en  los  datos  comunicados, 
podrían ser excluidas de la cartera avalada en caso de que se constate incumplimiento 
de contrato y de la finalidad prevista. Ello sin perjuicio de la puesta en conocimiento de la 
situación al Banco de España o autoridades competentes y de las actuaciones que la 
Agencia Tributaria y cada organismo pudiese llevar a cabo en el ámbito de sus funciones 
y competencias.
Para que la cesión sea procedente, además de tener que quedar acreditada la 
finalidad  de  la  información  requerida,  deberá  ser  conforme  a  los  principios  de 
adecuación, relevancia, utilidad, proporcionalidad, eficiencia y minimización de costes, 
estricta afección a los fines que justifican, intransferibilidad y prohibición de ulterior 
tratamiento expresamente contemplados en el artículo 6 de la Orden de 18 de noviembre 
de  1999,  por  la  que  se  regula  el  suministro  de  información  tributaria  a  las 
Administraciones Públicas.
VI
En  el  marco  de  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 140.1.c) de la 
LRJSP, los representantes de ambas partes consideran, por todo lo señalado, que sería 
muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines mantener un sistema que 
regule el intercambio estable y periódico de información entre las partes.
El artículo 3 de la LRJSP establece los principios generales de actuación de la 
Administración pública. Entre los mismos, las letras i) y j) de su apartado 1 proclaman, 
respectivamente, los de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 
y de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
La colaboración prevista en este Convenio ha de llevarse a cabo sin menoscabo del 
deber de confidencialidad establecido en el artículo 95 de la LGT.
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de  s
este Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad  e.
personal  y  familiar  de  los  ciudadanos  y  a  la  protección  de  datos  personales  que  w.
prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los  21ww
tCéormnsineojos  dper e2v7i sdtoes a bernil  deel  2R0e1g6la rmeleantitvoo  (aU lEa )p r2o0te1c6c/6ió7n9  ddee lla sP aprelarsmoennatso f ísEiucarosp eeno  loy  qdueel 
qreusep esect ad earlo tgraat alam Dieirnetcot idvea  d9a5t/o4s6 /pCeErs.onales y a la libre circulación de estos datos y por el  BOE-A-cable e
VII
Según establece el artículo 48 de la LRJSP, en el ámbito de la Administración 
General  del  Estado  y  sus  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público 
vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos 
Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y organismos públicos.
En la tramitación administrativa y suscripción de los convenios en el ámbito de la 
gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, en virtud de lo 
señalado en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
no resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en las 
letras a), b) y c) del artículo 50 de la LRJSP, así como en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la 
tramitación de convenios, perfeccionándose y resultando eficaces por la prestación del 
consentimiento de las partes, sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
VIII
En consecuencia, al ser jurídicamente procedente el mantenimiento de un sistema 
estable y periódico de intercambio de información entre la Agencia Tributaria y el ICO, y 
tras haberse cumplido los trámites preceptivos y recabado el informe previo del Servicio 
Jurídico de la Agencia Tributaria sobre el proyecto, ambas partes acuerdan celebrar el 
presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  general  de 
colaboración  sobre  las  condiciones  y  procedimientos  por  los  que  se  debe  regir  el 
intercambio de información entre la Agencia Tributaria y el ICO que preserve en todo 
caso los derechos de las personas a que se refiera la información.
2.  El presente Convenio se entiende sin perjuicio del intercambio de información 
que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y el ICO según el Ordenamiento 
Jurídico en supuestos distintos de los regulados por este Convenio.
Segunda.  Finalidad del Convenio.
1.  La cesión de información que efectúe el ICO a la Agencia Tributaria a través del 
acceso a Banc@ico Avales Covid y de otra información disponible tendrá como finalidad 
exclusiva el cumplimiento de las funciones atribuidas a la Agencia Tributaria por normas 
de obligado cumplimiento, en particular, las referidas a la aplicación efectiva del sistema 
tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y 
Entes Públicos, nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se encomiende a la 
Agencia Tributaria por Ley o por Convenio, haciendo efectiva la previsión contenida en el 
artículo  12.2  del  Real  Decreto-ley  15/2020,  de  21  de  abril,  de  medidas  urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. s
2.  La información suministrada por la Agencia Tributaria tendrá como finalidad su  oe.
utilización por parte del ICO para llevar a cabo, en el ámbito de sus competencias, las  w.
cdeoesmt alapb rleoficbniadacanisco inaeecnsi óe nl  ocdopeno trrtloaustno a asmc areracdnoitt aeyd  doeesl ,  lasspo obcsoriebn ldeloi csio innqceuusem  dlpaels iem leeiengntiibtdoial iddaeddse ,  fliínlmaasint ecsice, oryan sfdi nichaiaolidynaaends    2020-9321n https://ww
informado  al  ICO  en  relación  a  posibles  operaciones  irregulares  o  presuntamente
fraudulentas,  con  el  objeto  de  colaborar  para  evitar  el  fraude  en  la  obtención  o  Bc
percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos en relación con la 
línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y, en su caso, dar traslado a 
las autoridades competentes.
Tercera.  Autorización de los interesados.
La cesión de información que en el marco de este Convenio realice la Agencia 
Tributaria  al  ICO  no  precisará  contar  con  la  previa  autorización  expresa  de  los 
interesados, según lo establecido en el artículo 95.1.d) de la LGT, en los términos y con 
las garantías que se establecen en el artículo 6 de la citada Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.
La cesión de información que en el marco de este Convenio realice el ICO a la 
Agencia Tributaria no precisará contar con autorización de los interesados, según el 
artículo 94.5 de la LGT.
Cuarta.  Suministro de información del ICO a la Agencia Tributaria.
1.  El  ICO,  en  relación  con  las  distintas  líneas  de  avales  para  empresas  y 
autónomos  creadas  para  paliar  los  efectos  económicos  del  COVID-19,  según  lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, pondrá a disposición de la 
Agencia  Tributaria  la  información  necesaria  que  permita  la  identificación  de  los 
beneficiarios  y  las  operaciones  realizadas  en  todos  sus  términos.  El  acceso  a  la 
información se realizará preferentemente mediante una consulta directa por medios 
telemáticos, por la que la Agencia Tributaria accederá a los sistemas del ICO relativos a 
la Línea ICO Avales COVID-19.
2.  El ICO facilitará a la Agencia Tributaria toda la información disponible, a través 
de su acceso a Banca@ico Avales Covid y de toda la documentación que estuviese 
disponible para la comprobación del cumplimiento, por parte de los sujetos a los que se 
les haya concedido un aval de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, de las 
obligaciones tributarias.
3.  La información suministrada por el lCO deberá ser valorada por la Agencia 
Tributaria como un elemento más dentro de los procesos establecidos por la normativa 
aplicable para el cumplimiento de sus fines, sin que pueda exigirse responsabilidad a 
ICO por el pronunciamiento, en su caso, efectuado.
4.  Toda información adicional que la Agencia Tributaria precise para el ejercicio de 
sus  funciones  y  competencias  en  materia  tributaria  y  que  no  esté  disponible  en 
Banc@ico Avales Covid, se obtendrá directamente por la Agencia Tributaria mediante los 
cauces habituales o mecanismos establecidos.
Quinta.  Suministro de Información de la Agencia Tributaria a ICO.
1.  La información facilitada por las entidades financieras al ICO sobre posibles 
prácticas irregulares o presuntamente fraudulentas será trasladada por el ICO a la 
Agencia Tributaria, para que se comprueben por la Agencia Tributaria coincidencias, 
antecedentes o vinculaciones que supongan riesgo de insolvencia deliberada de los 
operadores identificados por las entidades, con independencia de si se les ha otorgado o 
no operación de financiación avalada.
2.  El ICO solicitará la colaboración de la Agencia Tributaria en tanto en cuanto sea 
precisa para la determinación de la idoneidad de determinados solicitantes de avales de  s
la  línea  de  avales  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  sobre  los  que  existan  sospechas  oe.
fundadas de fraude a la vista tanto de la documentación financiera y tributaria aportada a  w.
la entidad de crédito para la concesión de dichos avales como de las declaraciones  21ww
resp3o.n sPabalreas  leaxsi goidpaesr.aciones indicadas en el apartado 1 anterior, y en los términos
tprribeuvtisatroioss e enn  eul np rinefsoernmtee  Ceno nevl eqnuioe,  slae  aAngaelnizcaiará Tnr idbeuttearrmiai npardoopso ricnidoincaardáo rael sI CreOla lcoiso ndaadtooss   BOE-A-cable e
con la información disponible requerida para la concesión de la financiación, los cuales 
podrían poner de manifiesto la existencia de una solicitud fraudulenta.
4.  La información suministrada por la Agencia Tributaria deberá ser valorada como 
un elemento más dentro de los procesos establecidos de verificación y control del ICO 
de las operaciones, sin que pueda exigirse responsabilidad a la Agencia Tributaria por el 
pronunciamiento efectuado.
5.  La información suministrada por la Agencia Tributaria deberá ajustarse a los 
principios contemplados en el artículo 6 de la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la 
que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas. En 
particular, no podrá ser cedida por el ICO a terceros como las entidades financieras que 
gestionan los avales o los solicitantes de los mismos, ni podrá ser utilizada con otro fin 
distinto al previsto en el apartado 2 anterior.
Sexta.  Tratamiento de datos personales.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente como el cesionario tratarán los mismos de acuerdo al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.
Los  datos  tratados  en  este  Convenio  tienen  la  categorización  de  información 
tributaria.
En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del 
Reglamento General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.
En el caso del ICO, el Responsable del Tratamiento a los efectos del Reglamento 
General de Protección de Datos son el Instituto de Crédito Oficial y actuando como punto 
de contacto el Delegado de Protección de Datos (Delegado.protecciondatos@ico.es).
Séptima.  Obligación de sigilo.
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará 
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que  se  pudieran  derivar  del  acceso  indebido  o  de  la  utilización  incorrecta  de  la 
información suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, 
así  como  la  responsabilidad  exigida,  en  su  caso,  por  la  Administración  a  la  que 
pertenezca  la  autoridad,  funcionario  u  otro  tipo  de  personal  responsable  de  dicha 
utilización indebida.
Octava.  Control y seguridad de los datos suministrados.
1.  El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en la Política de Seguridad de 
la Información de la Agencia Tributaria y del ICO.
2.  Se establecen los siguientes controles sobre la custodia y la utilización de la  s
información suministrada al amparo de este Convenio: oe.
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información. La Agencia  21ww
rTercibibuitdaorisa  rye aelilc IeCnO la rse aauliztoarriádna dceosn, tfruonlecsio snoabriroes  loa  rceusstoto ddiea  pye rustoilinzaalc dióenp eqnudei ednete lso sd ed aetlloas, 
lpau odtirean deon tiidnafodr mdea rl,o esn r eesl uslteandoo sd eo blate Cniodmosis eiónn d Micihxota s pergeuvimistiae neton. el presente Convenio, a
Contarán con una política de seguridad de la información, un análisis y gestión de 
riesgos  y  una  asignación  explícita  de  responsabilidades  en  materia  de  seguridad 
adecuadas para su misión, objetivos y tamaño y deberá aplicar dichos mecanismos de 
seguridad a la información suministrada.
Impedirán  el  acceso  a  la  información  suministrada  por  parte  de  personal  no 
autorizado, estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información suministrada, y 
desarrollando auditorías del acceso a los datos con criterios aleatorios y de riesgo.
Adoptarán medidas específicas que eviten el riesgo de que la información pueda ser 
utilizada, incluso inadvertidamente, para otros propósitos, o por personal en el que 
concurra algún conflicto de intereses. Así como medidas que aseguren el cumplimiento 
de las condiciones que sustentan cada una de las cesiones.
b)  Control por el ente titular de la información cedida. La Agencia Tributaria y el ICO 
aplicarán los controles ordinarios derivados de su sistema de gestión de la seguridad de 
la información. Las cesiones de información realizadas quedarán registradas en los 
sistemas de control de accesos del ente titular de la información cedida. En particular, en 
el  caso  de  la  Agencia  Tributaria,  las  cesiones  de  información  realizadas  quedarán 
registradas en su sistema de control de accesos.
El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria y el ICO podrán acordar 
otras actuaciones de comprobación para verificar la adecuada obtención y utilización de 
la información cedida y el cumplimiento de las condiciones normativas o convencionales 
que resultan de aplicación.
Novena.  Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
1.  Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes 
nombrados por el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria y otros tres 
nombrados por el ICO. La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
– Por  la  Agencia  Tributaria:  un  representante  del  Departamento  de  Inspección 
Financiera  y  Tributaria,  un  representante  del  Departamento  de  Recaudación  y  un 
representante del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.
– Por el ICO: dos representantes de la Asesoría Jurídica y un representante de del 
área de financiación a pymes y garantías
2.  En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse 
cualesquiera otros funcionarios o personal que se considere necesario.
3.  La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una 
vez al año, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada.
4.  Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente  Convenio  serán  resueltas  por  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y 
Seguimiento.
5.  La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente cláusula, por lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar 
de la LRJSP.
6.  Para su mejor funcionamiento, la Comisión podrá constituir Grupos de Trabajo 
específicos, de los que formarán parte representantes de los dos organismos firmantes. s
Décima.  Financiación. w.
travéCsa ddae p asrutes  apsruemsuirpáu eels ptoasg oa dseig nloasd ocso,s tessin  quqeu ela  eenje cnuicnigóúnn d ecl aAscou eprudeod lae  osruigpinoen ear 
incremento del gasto público.
Decimoprimera.  Plazo de vigencia.
1.  El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, perfeccionándose y 
resultando eficaz, en virtud de lo señalado en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, el mismo día de su firma, sin perjuicio de su posterior 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
al que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la LRJSP y su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Los firmantes, antes del vencimiento del plazo, podrán 
acordar una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.
2.  Por otra parte, cualquiera de las dos partes podrá acordar la suspensión o la 
limitación  del  suministro  de  la  información  cuando  advierta  incumplimientos  de  la 
obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal de la 
otra parte, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos  de  los  principios  y  reglas  que  deben  presidir  el  suministro  de 
información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio.
Decimosegunda.  Resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LRJSP, son causas de 
resolución del Convenio las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado 
expresamente su prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  La decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Asimismo, será causa de resolución del Convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, que surtirá efecto transcurridos dos meses desde que se comunique 
fehacientemente a la otra parte, sin perjuicio de la facultad de suspensión prevista en la 
cláusula anterior.
Decimotercera.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos  asumidos  por  parte  de  alguno  de  los  firmantes  podrá  dar  lugar  a  la  e
resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula anterior. bo
DecPimaorac ualar tam. odRiéficgaimcieónn  ded eml opdrifeicsaecnitóen .Convenio  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 49.g) de la LRJSP.
Decimoquinta.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la 
LRJSP. Las Partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de aplicación 
para la efectiva adecuación del presente Convenio a lo dispuesto en dicha Ley.
Por  otro  lado,  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  cláusula  Novena,  las 
controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se 
pudieran suscitar durante la vigencia del Convenio, serán sometidas a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio, en el 
lugar y fecha arriba indicados.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Jesús Gascón Catalán.–El Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Entidad 
Pública Empresarial, José Carlos García de Quevedo Ruiz.