BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 170 Jueves 18 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 41888
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6370 Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad interino de Tremp, por la que se suspende la 
inscripción  de  un  decreto  de  adjudicación  y  de  un  mandamiento  de 
cancelación de cargas dictados en ejecución de un embargo anotado sobre 
otro embargo previo, sin intervención del titular registral de la finca.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  M.  C.  J.  contra  la  nota  de  calificación  del 
registrador de la Propiedad interino de Tremp, don Santiago Ramón Lafarga Morell, por 
la que se suspende la inscripción de un decreto de adjudicación y de un mandamiento de 
cancelación  de  cargas  dictados  en  ejecución  de  un  embargo  anotado  sobre  otro 
embargo previo, sin intervención del titular registral de la finca.
Hechos
I
En el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 239/2015 seguido en el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  de  Tremp  contra  la  mercantil  «Disseny  i  Costrucció 
Rusiñol, S.L.», se adjudicó, previa cesión de remate, la finca registral número 1.489 del 
Registro de la Propiedad de Tremp a favor del recurrente. El embargo que se ejecutaba 
correspondía al anotado con letra C sobre la anotación preventiva de embargo letra A, 
prorrogado por la letra B.
II
Presentados el día 21 de agosto de 2019 testimonio del decreto de adjudicación 
junto con el correspondiente mandamiento de cancelación en el Registro de la Propiedad 
de Tremp, fueron objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación negativa.
Referencia:
Entrada: 1.198 i 1.199/2019.
Asiento: 1.377 i 1.378/88.
Notario: Jutjat Primera Instancia de Tremp.
Procediment 239/2015-B.
Fecha mandamiento: 25 de julio de 2019.
De conformidad con los artículos 18, 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, así como los 
artículos 97 a 102 y 434 del Reglamento Hipotecario, por la presente pongo en su 
conocimiento  los  defectos  subsanables  observados  en  la  calificación  registral  del 
documento relacionado que impiden el acceso del mismo a los libros del Registro, por 
los siguientes: e.
Calificado el Decreto de Adjudicación de 14 de junio de 2019, y el Mandamiento de  70ww
scdjueaed nmiaccadieanjlulaeddcsaiic ónnanteú  l made e.lf   i2snce3cañ9aro/g 2rrae0 sRg1 i5.sd -tCerBa .  2ld G4ne. .l º dy Je1 up 4tjaj8uar9ltti eo Pd  derdielme mm e2aur0ann1 diIc9nai,psd tiPaoa,r n odDcceiiae sS ds1iaem rnTriyroee cnim atCo pd o,de nee sBn tr Eaueljlclee ccqriuauóc,e  Ri pósrunioes pnidñideeoo dl,t a íptSdua .lrLdot.ees,     OE-A-2020-63able en https://
Proespir,  S.L.,  al  señor  M.  C.  J.,  se  deniega  su  inscripción  a  favor  de  la  parte
adjudicataria  y  la  cancelación  de  cargas  ordenada,  por  no  haberse  dirigido  el 
procedimiento contra la titular registral (Proespir, S.L.) ni estar el dominio de la finca 
afecto al procedimiento que ha dado lugar a la adjudicación.
La  anotación  preventiva  de  embargo  letra  C,  motivada  por  el 
procedimiento 239/2015, causante de la adjudicación, se practicó, no sobre el dominio 
del titular registral, sino sobre el crédito que ostentaba la entidad Disseny i Construcció 
Rusiñol, S.L. contra el titular registral (procedimiento cambiario núm. 767/2009, Juzgado 
Primera Instancia núm 5 de Granollers), al que sí quedó afectada la finca registral, a 
través de la anotación letra A, actualmente caducada y pendiente de cancelación.
Fundamentos legales: Según resulta de los artículos 20 y 42 de la Ley Hipotecaria: 
para inscribir o anotar títulos por los que se transmita el dominio sobre inmuebles, 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o 
en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos; en caso de resultar inscrito aquel 
derecho  a  favor  de  persona  distinta,  los  Registradores  denegarán  la  inscripción, 
permitiendo el segundo de los artículos citados, practicar anotaciones preventivas de 
embargo, siempre que hayan de hacerle efectivas sobre bienes inmuebles del deudor. 
En el procedimiento que ha dado lugar a la adjudicación, el embargo se practicó sobre 
un derecho de crédito, no sobre un derecho real, en el que haya sido parte el titular 
registral (Res. D.G.R.N. 15 de octubre de 2012).
La anterior nota de calificación negativa podrá (…)
Tremp, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. El Registrador de la Propiedad 
(firma ilegible), Santiago Ramón Lafarga Morell.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don M. C. J. interpuso recurso el día 28 de 
octubre de 2019 mediante escrito y con arreglo a las siguientes alegaciones:
«(…)  Que  en  1  de  octubre  de  2019  se  me  notificó  la  negativa  del  Ilmo.  Sr. 
Registrador de Tremp a practicar la inscripción derivada del decreto de fecha 14 de junio 
de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Tremp en los autos de 
ejecución de títulos judiciales n.º 239/2015 seguidos ante dicho Juzgado, en el que se 
acordó aprobar el remate y adjudicar al suscrito el bien inmueble que fue subastado en 
dichos autos (finca número 1.489 del Registro de la Propiedad de Tremp), así como 
decretar la cancelación de la anotación preventiva de embargo letra C del tomo 1.215, 
libro 24, folio 13 que causó la ejecución instada por D. R. C. G., quien cedió el remate a 
favor del suscrito en fecha 23 de mayo de 2018.
Que  entendiendo  dicha  calificación  lesiva  para  mis  intereses  y  no  ajustada  a 
Derecho, dicho sea en términos de defensa, mediante el presente escrito y al amparo del 
art. 324 de la Ley Hipotecaria, formulo recurso gubernativo ante la Dirección General de 
Registros y del Notariado, que fundo en las siguientes
Alegaciones:
Primera.
Como hemos adelantado, el pasado 14 de junio de 2019 el Juzgado de Primera 
Instancia n.º 1 de Tremp (autos de ejecución de título judicial n.º 239/2015), dictó el 
decreto del que aportamos copia como documento número 1 en cuya parte dispositiva,  e
entre otras cosas, se acordó: bo
pinomr u“2Ae1pb.8rleu1 e4b,s0ou0 be Eal suretraomdsao, t ees yyt o a dedesju sedclir c5itoo0  %a e Mdne.  lC ve.a l Jlo. arc nodtnee  cNtaeIsdFae (cn…itóen)  .cpornim deormo icidlieo  ene sCta/  (…re)s, oellu bciióenn   2020-6370n https://ww
Se  decreta  la  cancelación  de  la  anotación  preventiva  de  embargo  letra  C  del
tomo 1.215, libro 24, folio 13, que causó la presente ejecución a favor de don R. C. G.
Asimismo  se  decreta  la  cancelación  de  todas  las  inscripciones  y  anotaciones 
posteriores  al  crédito,  incluso  las  que  se  hubieran  verificado  después  de  haberse 
expedido la certificación de cargas (...)
Firme la presente resolución, hágase entrega al adjudicatario de testimonio de la 
misma que servirá de título bastante para su inscripción en el Registro de la Propiedad 
correspondiente, junto mandamiento por duplicado de cancelación de cargas.”
Segunda.
Una vez firme el mencionado decreto, se hizo entrega por el Juzgado al suscrito de 
testimonio del mismo y del mandamiento de cancelación de cargas para su inscripción 
en el Registro, ante el que se presentó en su día, habiéndose liquidado, si bien ha sido 
denegada  aquélla  por  el  Registro  en  la  resolución  que  impugnamos  en  base  a  la 
calificación negativa antes citada.
Tercera.
Es importante señalar que el decreto de adjudicación fue dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia de Tremp en los mencionados autos de ejecución de título judicial (el 
que se cita en el antecedente de hecho primero del propio decreto) seguidos con todas 
las garantías legales a instancia de D. R. C. G. (padre del suscrito) contra Disseny y 
Construcció Rusinol, S.L., constando el embargo de la finca que nos ocupa, finca n.º 
1489 del Registro de la Propiedad de Tremp, que figuraba a nombre de Proespir, S.L, y 
sobre la que pesaba un embargo de aquélla que fue objeto de reembargo.
Cuarta.
En concreto, tal como se indica en el antecedente de hecho segundo del decreto, por 
auto de 15 de julio de 2015 se despachó la ejecución solicitada, y por decreto de 31 de 
julio de 2015 se acordó el reembargo a favor de la parte ejecutante (D. R. C. G., que, 
una vez subastada la finca con todos los trámites y garantías legales cedió el remate a 
D. M. C. J.), todo ello en relación con la finca registral n.º 1489 de la que aparecía como 
titular Proespir, S.L.
(…) edicto de fecha 17 de noviembre de 2017 derivado de los autos de ejecución de 
títulos judiciales n.º 239/2015 del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Tremp, en donde 
constan todas las condiciones de la subasta requeridas por la ley, así como que el bien 
que se sacó a subasta fue la finca registral n.º 1489, inscrita en el tomo 1215, libro 24, 
folio 13 de (…), y que la titulación sobre el inmueble que se subastaba estaba de 
manifiesto en la Oficina judicial sede del órgano de la ejecución y en formato electrónico 
y en el portal de subastas.
En la subasta de la finca se observaron pues todos los requisitos legales sin que 
nadie -tampoco la entidad a cuyo nombre figuraba inscrito el dominio de aquélla que fue 
objeto de embargo por la ejecutada- efectuara manifestación alguna.
Cabe añadir que, según resulta del documento que acompañamos como documento 
número 3, el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Granollers en el procedimiento 
cambiario n.º 767/2009 seguido entre Disseny i Construcció Rusiñol, S.L. y la entidad 
que aparecía como titular registral de la finca, Porespir, S.L., ya en 1 de octubre de 2015 
certificó que se había recibido el oportuno exhorto del Juzgado de Tremp, que fue 
cumplimentado, respecto del reembargo de la finca n.º 1489 de Sarroca de Bellera y el 
embargo de cualesquiera otros derechos de crédito para el cobro de cantidades frente a  es
Proespir que pudieran reconocerse a aquella. o
Quinta. 70ww
Celebrada la subasta del bien, que resultó desierta tras haber tenido lugar todas las
peustbalibclaecciiodnoess,  lare pqaureteri deajesc uyt ahnateb esrosleic itcóu mlap aliddjou dtiocdaocisó nlo dse ld beimená sc orne qeuxipsriteossa  lreegsaelrmvae ndtee 
ceder el remate, verificándose después la cesión en plazo a favor del suscrito, quien
efectuó  el  pago  de  la  cantidad  correspondiente  (21.814  €),  adjudicándosele  en 
consecuencia la finca de constante referencia y haciéndole entrega del testimonio del 
decreto y del mandamiento de cancelación de cargas.
Sexta.
A pesar de todo lo expuesto, ahora el Ilmo. Registrador de Tremp emite la nota de 
calificación negativa, que impide la inscripción del título de propiedad de mi mandante 
expedido por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Tremp, que dictó resolución 
judicial firme adjudicando el referido bien a D. M. C. J., tras seguir el correspondiente 
proceso  judicial  con  todas  las  garantías  legales  y  después  de  haber  efectuado  al 
Registro todas las comunicaciones previas.
Paradójicamente, la calificación negativa señala que se ponen en conocimiento del 
presentante los “defectos subsanables” que se dicen observados y que impiden el 
acceso a los libros del Registro, y que, según la nota, consisten en no haberse dirigido el 
procedimiento  contra  el  titular  registral  ni  estar  el  dominio  de  la  finca  afecto  al 
procedimiento que ha dado lugar a la adjudicación, supuesta subsanación que se antoja 
imposible como así ha venido a confirmar el propio Registro al reconocer que para 
subsanar las deficiencias que indica la nota de calificación sería preciso calificar otro 
mandamiento  o  documento  judicial  que  deberla  emitirse  tras  iniciar  un  nuevo 
procedimiento judicial contra otras entidades, lo que abunda a nuestro juicio en la 
improcedencia de la calificación del Registrador, causando indefensión a esta parte, y 
ello a pesar, insistimos, de haberse seguido todo el procedimiento judicial con todas las 
garantías y comunicaciones previas al Registro, que comportaron las correspondientes 
anotaciones en el mismo.
Séptima.
La calificación negativa del Registrador en estos términos es contraria, dicho sea en 
términos de defensa, a la doctrina reiterada de la DGRN que expresa que, tratándose de 
calificación de documentos judiciales, el Registrador ha de limitarse al artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario, sin entrar a valorar sobre el acierto intrínseco de la decisión 
judicial  que  en  aquellos  se  contiene,  pues  ello  supondría  interferirse  en  la  función 
jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales, de acuerdo con los 
artículos 117 de la Constitución Española, 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento 
Hipotecario.
El título inscribible es el decreto firme dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 
1 de Tremp en 14 de junio de 2019, en el que se acordó la adjudicación al suscrito del 
bien inmueble de constante referencia, que ha de ser inscrito a su nombre, sobre cuyo 
contenido no debe entrar el Registrador.
En su nota de calificación el Registrador, que no conoce ni le corresponde conocer 
todos los antecedentes del caso y las demás notificaciones y actuaciones practicadas en 
el procedimiento judicial, entra a valorar incluso contra quién debería haberse dirigido 
según  él  el  procedimiento,  considerando  que  al  no  haber  actuado  como  parte 
demandada en el mismo Proespir, S.L., no cabe inscribir el dominio a favor de la persona 
a la que el Juzgado, tras todo el procedimiento judicial seguido con todas las garantías, 
en ejercicio de la potestad jurisdiccional que le corresponde, ordena se inscriba.
En definitiva, el título inscribible es la resolución judicial firme indicada, y como que 
ésta ordena incondicionalmente la inscripción a favor del recurrente y se trata de una 
resolución que tiene aptitud legal para provocar tal asiento, el Registrador ha de estar y  e.
pasar por lo en ella declarado y resuelto y practicar la inscripción solicitada, sin perjuicio  w.
de cuantas otras actuaciones judiciales pudieran seguirse posteriormente por todas las  70ww
plaa rretesso liumcpiólinc ajuddaisc,i apl uye rse adleiz laor lcao unntraa raioc tievli dRaedg jiusrtrisaddiocrc isoen ainl tqeurfee rniroía le e cno errle fsupnodnadmee.nto de
corrAesspí osnudceend ep roepni aemseten tec aaslo f,o nddoon ddee  llaas r ecsoonluscidióenra cjuiodniceiasl  poo sr e praerftiee redne l a Rceugeissttiroandeosr   BOE-A-cable e
que únicamente incumben a los tribunales que han de resolver los conflictos que se 
plantean entre las partes, por lo que fundarse en tales argumentos a la hora de proceder 
a su calificación registral supone una extralimitación de su función calificadora respecto 
de los documentos judiciales.
Octava.
Nosotros  no  compartimos  la  argumentación  del  Ilmo.  Sr.  Registrador,  pero  las 
alegaciones que efectuamos al respecto sólo lo son a mayor abundamiento pues, como 
decimos, el art. 100 del Reglamento Hipotecario establece que la calificación de los 
Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial ha de limitarse a la 
competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento 
o  juicio  en  que  se  hubiere  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.
No hay discusión sobre la competencia del Juzgado que ha dictado la resolución 
firme que supone el título del suscrito.
Tampoco se discute la congruencia del mandato de inscripción del dominio a favor 
del suscrito que se ha otorgado por un Juzgado competente para acordarlo tras un 
procedimiento de ejecución de un título judicial en que se ha acordado la subasta y 
adjudicación de una finca con todas las comunicaciones requeridas legalmente y con 
pleno conocimiento del Registro y del titular registral.
No existe, ni se alega, ninguna formalidad extrínseca del documento presentado que 
no haya sido cumplimentada por el recurrente.
Y no pueden oponerse obstáculos que surjan del Registro.
Como hemos visto, además, según la doctrina y la DGRN, el Registrador al calificar y 
en definitiva para negar una inscripción de un título judicial, no puede entrar a valorar 
sobre el acierto intrínseco de la decisión judicial que en éste se contiene, pues ello 
supondría interferirse en la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces 
y tribunales.
En este sentido, y como decimos a mayor abundamiento, a modo de síntesis, cabe 
reiterar que la resolución firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
Tremp que se presentó en el Registro para inscripción, deriva de un procedimiento 
ordinario inicial instado en 2011 por D. R. C. G. contra Disseny i Construcció Rusiñol, 
S.L. (en adelante Dicons), sociedad vinculada a la entidad Proespir, S.L., entidad a cuyo 
nombre  figuraba  inscrita  la  finca,  siendo  ambas  sociedades  administradas  por  dos 
hermanos en aquella fecha.
En el mencionado procedimiento ordinario (623/11) que dio origen después a los 
autos de ejecución (239/2015), Dicons al contestar la demanda del Sr. C. (que acabó 
siendo estimada totalmente por el Juzgado y confirmada después por la Audiencia 
Provincial de Lleida) hizo referencia a un procedimiento cambiario que había instado 
aquélla frente a Proespir, S.L. ante el Juzgado n.º 5 de Granollers.
Proespir S.L. no sólo tuvo pleno conocimiento de los autos instados por el Sr. C. 
contra  Dicons,  sino  que  ésta  citó  como  testigo  a  la  propia  Proespir,  S.L.  en  el 
procedimiento seguido ante el Juzgado de Tremp y aquél requirió de dicha sociedad la 
aportación de diversa documentación a dichos autos, teniendo Proespir, S.L. (sociedad 
que, como quedó acreditado en dichos autos y fue reconocido por la propia Dicons tenía 
como administrador al hermano del administrador de ésta), intervención en el referido 
procedimiento, y que igualmente tuvo conocimiento del exhorto relativo al embargo de la 
finca que fue librado posteriormente por el Juzgado de Tremp al Juzgado de Granollers  e
ante el que se seguía el procedimiento instado por Dicons frente a Proespir, S.L. bo
Proespir, S.L. no es un tercero de buena fe que ignorase todo lo sucedido en el  70ww
perl ohceerdmimanieon tdoe sl eagdumidinoi sptroard eolr  Sdre.  CP.r oceosnptriar,  DSi.cLo.)n, ss i(nsoo cqieudea, da uennqtounec enso  afudem ifnoirsmtraaldmae pnoter 
pqauret ele e fnu ee l rmeqisumeroid, as íy t udveoc luanraan idmop coortmanot ete psatigrtoic iepna ceiól na ceton  déel, l ajupiocriota, nyd op odro scuupmueensttaoc fiuóen 
plenamente  conocedora  de  todas  las  incidencias  y  embargos  derivados  del
procedimiento que Dicons instó contra Proespir ante el Juzgado n.º 5 de Granollers, en el 
que Dicons, como sociedad vinculada a Proespir se limitó a anotar un embargo de la 
finca que nos ocupa, que nunca llegó a intentar hacer efectivo, seguramente porque su 
única motivación era de carácter fiscal.
(…) audiencia previa y del acto del juicio del que deriva la ejecución que motivó el 
reembargo y la subasta y adjudicación de la finca que nos ocupa, seguido por el Sr. C. 
contra Dicons ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Tremp y en el que tuvo 
intervención activa y por supuesto pleno conocimiento de todo lo actuado la entidad 
Proespir, que figuraba como titular registral de la finca.
Cabe señalar que tras dictarse las sentencias de primera y segunda instancia en el 
referido procedimiento declarativo, se siguieron los autos de ejecución del título judicial 
que estableció una condena dineraria a cargo de Dicons, en los que se ordenó el 
despacho de ejecución por la cantidad correspondiente (autos 239/2015), en los que se 
libró y cumplimentó el exhorto citado en relación con el embargo relativo a la finca 1489 
del Registro de la Propiedad de Tremp, y en los que se ha acabado expidiendo el 
mandamiento que ha sido objeto de calificación negativa.
En los referidos autos de ejecución, ante la inexistencia de otros bienes sobre los 
que  hacer  efectivo  el  crédito  reconocido  al  Sr.  C.,  éste  solicitó  se  procediera  al 
reembargo del embargo del que era titular Dicons sobre la finca n.º 1489 del Registro de 
la Propiedad de Tremp, así como al embargo de cualesquiera derechos de crédito para 
el cobro de cantidades frente a Proespir que se reconocieran o hubieran reconocido a 
Dicons por el Juzgado n.º 5 de Granollers que acordó el embargo indicado en los autos 
n.º 767/2009, adoptando las medidas correspondientes para la efectividad de la traba.
En  31  de  julio  de  2015  el  Juzgado  n.º  1  de  Tremp  dictó  decreto  declarando 
reembargados a resulta de los autos de ejecución de títulos judiciales 239/2015 en 
cuanto fueren suficientes a cubrir las cantidades reclamadas, el embargo del que era 
titular Dicons sobre la finca n.º 1489 del Registro de la Propiedad n.º 1 de Tremp, así 
como el embargo de cualesquiera derechos de crédito para el cobro de cantidades frente 
a Proespir que se reconozcan a Dicons por el Juzgado n.º 5 de Granollers, al que se le 
remitió la oportuna comunicación, anotándose en consecuencia el referido reembargo 
sobre la finca n.º 1489, expidiéndose mandamiento al Registro de la Propiedad para 
dejar la debida constancia.
Ello motivó entonces la anotación preventiva de embargo letra C a favor de D. R. C.
A mayor abundamiento de lo antes expuesto, cabe señalar que Dicons, sociedad de 
la que era administrador D. J. R., hermano de quien era administrador de Proespir, S.L., 
que dejó de depositar cuentas en el Registro Mercantil desde 2014, se halla desde 
entonces sin actividad ni solvencia y en liquidación, siguiendo como liquidador el propio 
Sr. R. (…)
Novena.
En las circunstancias expuestas y en razón al reembargo, el Sr. C. se subrogó en el 
lugar del primer embargante en relación con la finca que nos ocupa.
El artículo 610.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que los bienes o derechos 
embargados podrán ser reembargados y el reembargo otorgará al reembargante el 
derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes 
embargados, una vez satisfechos los derechos de los ejecutantes a cuya instancia se 
hubiesen decretado embargos anteriores o, sin necesidad de esta satisfacción previa, en 
el  caso  del  párrafo  segundo  del  apartado  2  del  propio  precepto,  según  el  cual  el  e
reembargante podrá solicitar la realización forzosa de los bienes reembargados, sin  bo
necesidad de alzamiento del embargo o embargos anteriores cuando los derechos de los  70ww
embargantes anteriores no hayan de verse afectados por aquella realización.
Pero es que además, el propio artículo 610 de la LEC en el primer párrafo de su 
apartado 2 señala:
“Si, por cualquier causa, fuere alzado el primer embargo, el ejecutante del proceso 
en el que se hubiera trabado el primer reembargo quedará en la posición del primer 
ejecutante y podrá solicitar la realización forzosa de los bienes reembargados”.
Entendemos que éste es claramente nuestro caso, pues es evidente que el primer 
embargo sobre la finca que había dado lugar a la primera anotación consecuencia del 
embargo de Dicons, fue alzado, y, en consecuencia, de acuerdo con el precepto citado, 
el ejecutante del proceso en que se trabó el primer (y único) reembargo, es decir, el Sr. 
C., quedó en la posición del ejecutante (Dicons), pudiendo solicitar la realización forzosa 
del bien reembargado, es decir, la finca que figuraba inscrita a nombre de Proespir, S.L. 
y que finalmente y tras todo el proceso de ejecución ha sido adjudicada al suscrito por el 
Juzgado mediante resolución judicial firme.
Obsérvese que en la parte dispositiva del decreto de adjudicación se decretó la 
cancelación de la anotación preventiva de embargo Letra C del tomo 1.215, libro 24, 
folio 13, que causó la ejecución en el proceso que dio lugar a la adjudicación del bien 
tras la celebración de la subasta, habiéndose alzado el embargo anterior.
En la nota de calificación negativa del Registrador se indica expresamente que la 
finca registral de referencia sí quedó afecta al crédito que ostentaba Dicons contra el 
titular registral (procedimiento cambiario núm. 767/2009, Juzgado Primera Instancia núm. 
5 de Granollers), “a través de la anotación letra A, actualmente caducada y pendiente de 
cancelación”.
No hay duda pues de que, habiéndose alzado el primer embargo -derivado del 
procedimiento instado por Dicons ante el Juzgado 5 de Granollers y en el que aquélla 
nunca  llegó  a  instar  subasta  ni  actuación  ejecutiva  alguna  seguramente  por  la 
vinculación existente entre las sociedades acreedora y deudora-, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 610.2 de la LEC, el Sr. C., ejecutante del proceso seguido ante el 
Juzgado 1 de Tremp, en el que se trabó el primer y único reembargo, quedó en la 
posición  del  primer  ejecutante  y  pudo  solicitar  la  realización  forzosa  del  bien 
reembargado (la finca que nos ocupa), como así entendió el Juzgado de Tremp, que en 
su día hizo las comunicaciones oportunas al Juzgado de Granollers y al Registro, que 
comportaron la subasta y posterior adjudicación del bien a favor del suscrito con todas 
las formalidades y requisitos legalmente dispuestos.
Además, el artículo 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone claramente que “el 
embargo concede al acreedor ejecutante el derecho a percibir el producto de lo que se 
obtenga de la realización de los bienes embargados a fin de satisfacer el importe de la 
deuda que conste en el título, los intereses que procedan y las costas de la ejecución”.
El Sr. C., en razón al reembargo, se subrogó en la posición que tenía Dicons 
respecto de la finca y el embargo sobre la misma anotado en el Registro, y según los 
preceptos citados tiene derecho a percibir el producto de lo que se obtenga de la 
realización del bien, una vez celebrada la subasta conforme a todas las garantías 
dispuestas legalmente, que es lo que sucedió en nuestro caso.
Décima.–Cabe añadir que la resolución de la DGRN y los preceptos citados en la 
nota  de  calificación  negativa  del  Ilmo.  Registrador  no  desvirtúan  lo  anteriormente 
expuesto ni justifican en forma alguna dicha negativa, que perjudica el derecho del 
suscrito, que en definitiva, de buena fe y tras comprobar que se habían seguido todos los 
trámites dispuestos legalmente, y en especial los relativos a la celebración de la subasta 
y  las  comunicaciones  al  Registro,  pagó  el  importe  del  remate  y  los  impuestos  e.
correspondientes, adquiriendo el bien que debe ser inscrito a su nombre, ello como  w.b
decimos, sin perjuicio de que cualesquiera otros terceros puedan, si entendieran les  70ww
aaqsiusétel.  cualquier  derecho,  interponer  cualquier  procedimiento  judicial  en  defensa  de
supoEnnd rlíaas a  cniruceusntsrota necnitaesn deexr,p udeicshtoa ss, ean ecgoanr  loesl  ddeerbeidcohso  reas plae toinss, curnipac ivóunl naelr ascuiósnc rditeo 
sus derechos, y en definitiva dejar en papel mojado una resolución judicial firme dictada 
tras un proceso seguido con todas las garantías legales.
Como hemos señalado anteriormente, a pesar de que en la nota de calificación se 
dice  que  se  ponen  en  conocimiento  del  presentante  los  “defectos  subsanables” 
observados, en realidad en la calificación no se concreta una posible subsanación de los 
defectos que pudiera hacer posible la inscripción del mandamiento judicial, sino que 
viene a impedirse totalmente la inscripción del mismo, remitiendo a la parte instante del 
procedimiento  judicial  tras  el  cual  el  suscrito  adquirió  la  finca,  a  instar  un  nuevo 
procedimiento frente a determinados demandados que el Registrador entiende deberían 
no sólo haber tenido conocimiento e intervención en el proceso -que en nuestro caso se 
ha demostrado ya tuvieron dicho conocimiento e intervención-, sino también ser parte 
demandada en el mismo.
La inscripción del mandamiento de adjudicación objeto de calificación, frente a lo que 
en ésta se afirma, no supone infracción ni contradicción alguna con lo dispuesto por los 
arts. 20 y 42 de la Ley Hipotecaria, pues, como hemos señalado anteriormente, el propio 
Registro  tomó  constancia  mediante  las  anotaciones  correspondientes  de  todas  las 
actuaciones y del embargo y reembargo previos, al punto de que al tiempo de aquélla 
constaba la anotación letra C a favor del Sr. C. y había caducado la anotación letra A, 
procediendo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  610.2  de  la  LEC  la 
subrogación antes expuesta^ cumpliéndose en definitiva la previsión de los artículos 20 
y 42 para la inscripción de la transmisión del dominio decretada por la autoridad -judicial.
En cuanto a la única resolución de la DGRN que se cita en la nota de calificación, 
que es la de 15 de octubre de 2012, cabe señalar que la misma no es de aplicación a 
nuestro caso, pues no se refería a un reembargo en que el embargo anterior quedó 
alzado, permitiendo que el reembargante pudiera solicitar la realización forzosa del bien, 
sino de una simple anotación de un mandamiento de embargo sobre un derecho de 
crédito, personal, derivado de una compraventa con precio aplazado no garantizada con 
condición resolutoria, siendo que en nuestro caso, además del embargo de cuantos 
derechos de crédito para el cobro de cantidades frente a Proespir se reconocieran a 
Dicons en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Granollers, se procedió también 
al reembargo antes mencionado.
Fundamentos de Derecho.
I.  Artículo 117 de la Constitución española.
II.  Artículos 18, 42 y 323 a 327 de la Ley Hipotecaria.
III.  Artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
IV.  Artículos 610 y 613 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (…)»
IV
El  registrador  de  la  Propiedad  interino  de  Tremp  emitió  informe  el  día  15  de 
noviembre de 2019 y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1.3.º, 18, 20, 38 y 326 
de la Ley Hipotecaria; 100 y 109 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, Sala Segunda, número 266/2015, de 14 de diciembre; las Sentencias del  es
Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio y 21 de octubre de 2013 y 21 de  o
ndmnDoeoiarv ver2iizcee0ocmm0 ióy6bbn ,rr1 ee 8G7   d deddeenee  e 2 2roj0ua0c0ll1it o2ud7 ,be, d r 1eerlo2e  2s lyay 0 tR 21iv1e55a4g ,s  di2 sdeta0er l o n dnsoaeo vly cvio eaidecmnemtcuble bbrN rereedo   edtayy e r l i31aa206 d0  co1dda 3eedli, f e indc1 oa2i8cvc  iyieideó mem4n  b,bd nrryeeoe   v aldidaebeesmr   i2l2bR 0d0ree0e1s 3 6od2,, le 0u18 0c0,21 i o01,d n127ee4   ys,yf   e 111db841er   e dddrlaeeoe      OE-A-2020-6370able en https://www.
septiembre y 4 y 10 de octubre de 2017, 4 de abril y 20 y 26 de julio de 2018 y 10 de 
enero de 2019, entre otras.
1.  El  presente  recurso  tiene  como  objeto  un  decreto  de  adjudicación  y  un 
mandamiento de cancelación de cargas dictados en un procedimiento de ejecución de 
títulos judiciales por virtud del cual se adjudica determinada finca al recurrente. Debe 
señalarse que el objeto del embargo que se ejecuta, y de su correspondiente anotación, 
es un embargo anterior, que también fue objeto de anotación.
El registrador de la Propiedad se opone a la inscripción de la adjudicación y a la 
cancelación de cargas ordenada por entender que falta la intervención del titular registral 
de la finca en el procedimiento ya que éste se ha entendido exclusivamente con el titular 
del embargo que a su vez había sido embargado.
El recurrente considera que se trata de un reembargo que implica la subrogación por 
parte del reembargante en la posición del primer embargante y que el titular registral de 
la finca ha tenido suficiente conocimiento del procedimiento. Señala asimismo la parte 
recurrente que el registrador no puede revisar el fondo de una resolución judicial.
2.  Sin entrar a valorar la naturaleza del embargo de un embargo y la procedencia 
de su anotación, ha de comenzarse por el análisis de las facultades de calificación que 
los registradores ostentan respecto de las resoluciones judiciales. Es una cuestión que 
ha sido tratada por este Centro Directivo en numerosas ocasiones, debiendo ahora 
reiterarse la doctrina mantenida al respecto.
El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los 
registradores de la propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero 
no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de 
calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero 
sí examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y su corolario 
registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Es doctrina reiterada de este Centro 
Directivo, apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias relacionadas en 
el apartado «Vistos»), que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la 
exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente 
el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del documento 
judicial  «los  obstáculos  que  surjan  del  Registro»,  y  entre  ellos  se  encuentra  la 
imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o no ha sido oído el 
titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, a todos los efectos legales 
se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su 
titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento que está bajo la 
salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria), por 
lo que el titular registral debe ser demandado en el mismo procedimiento, al objeto de 
evitar que sea condenado sin haber sido demandado, generando una situación de 
indefensión  proscrita  por  nuestra  Constitución  (cfr.  artículo  24  de  la  Constitución 
Española).
En estos casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que 
dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las 
encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las  e.
sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas,  w.b
salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación  70ww
edsep mecaírfzicoa, .n Yo  cpoumedoe t ipernaec tpicraorcslaem naindgoú ne satasi eSnatloa ,q puoer  mtoednaoss, claab SeT oS p noúnmga.  2e9n5 e/2n0tr0e6d,i cdheo 2 l1a 
jeufdicicaicaila e dne q uloes h aviygae nsitdeos  psainrt ee»l .consentimiento del titular o a través de procedimiento
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  que,  de  una  forma 
contundente, declara: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función 
calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en 
particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. 
Conforme  al  art.  18  LH,  el  registrador  de  la  propiedad  debe  calificar,  bajo  su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud 
se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los 
asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el 
art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado 
o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal».
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al 
proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución  Española)  de  la 
demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el  reconocimiento  de 
circunstancias  favorables  a  la  acusación  particular,  (...)  no  puede  deparar  efectos 
inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad 
alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera 
serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano 
judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos 
terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses 
por  la  estimación  de  una  petición  acusatoria  que  interesaba  hacer  valer  derechos 
posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en 
defensa de los suyos propios».
Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral 
afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido 
parte  o,  al  menos,  haya  tenido  legalmente  la  posibilidad  de  intervención  en  el 
procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia 
del  registrador  calificar  la  personalidad  de  la  parte  actora  ni  la  legitimación  pasiva 
procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites 
seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales si debe 
alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya 
sido emplazado en el procedimiento, pues no se trata en este expediente de una 
eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador calificar), sino de una 
inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente 
previsto.
3.  En el presente expediente, el titular registral de la finca no ha sido parte en el 
procedimiento de ejecución ni consta que haya tenido la posibilidad de intervenir, ya que 
en éste se demandó exclusivamente al titular del embargo que fue a su vez embargado.  s
El principio de tracto sucesivo y la prohibición de indefensión mencionados exigen la  oe.
intervención del titular registral de la finca en la ejecución. Además, debe señalarse que  w.
lo embargado no es la finca registral, sino el crédito que ostentaba el primer embargante  70ww
Econnjutricai aeml tieitunltaor  Creivgili.s Ctraule, sstuiópnu deissttoin dtaif eerse nqtuee  asle r eheumbibeararg por edteenl dairdtíoc uello a 6c1ce0s doe a lla R Leegyis tdroe 
daen olata dsuob, rlao gcaucaiól nn op rnoecceessailt ad edreiv aindtae rdveen lcai óenje dcuecl idóenu ddeolr ,e sminboa rag olo dse lli mdeitraedcohso  edfee cctorésd ditoe   BOE-A-cable e
que el deudor que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor 
quedará libre de la obligación (artículo 1527 del Código Civil), pero esta es una cuestión 
que no se ha planteado en el recurso (artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Para inscribir 
la realización forzosa del bien, no cabe duda de la necesaria intervención del deudor en 
el procedimiento.
Por tanto, el recurso debe ser desestimado y la nota de calificación confirmada.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso 
interpuesto y confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de enero de 2020.–El Director General de los Registros y del Notariado, 
Pedro José Garrido Chamorro.