BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Miércoles 1 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 148295
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
19806 Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, de 28 
de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, 
de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 
para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea  notorio  a  todos  los  ciudadanos  que  el  Parlamento  de  las  Illes  Balears  ha 
aprobado  y  yo,  en  nombre  del  Rey  y  de  acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  el 
artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las autoridades 
competentes de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears han 
podido intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la 
población, garantizar el control de los brotes epidemiológicos y contener la propagación 
de las infecciones por el SARS-CoV-2, amparadas en los poderes que la legislación 
sanitaria otorga a las autoridades sanitarias para hacer frente a situaciones en las que la 
salud pública se encuentra gravemente comprometida y en la legislación de protección 
civil, y lo han hecho tanto al amparo de la primera declaración de estado de alarma 
mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, como una vez finalizado este, 
durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 25 de octubre y, a partir de aquel 
momento, al amparo de la declaración del segundo estado de alarma, que finalizó el 
día 9 de mayo.
En el ámbito estatal, la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales 
en materia de salud pública, en los artículos 1 y 3 contiene la habilitación para que las 
autoridades sanitarias competentes, con el fin de proteger la salud pública y prevenir su 
pérdida o deterioro, además de realizar acciones preventivas generales, puedan adoptar, 
cuando  lo  exijan  razones  sanitarias  urgentes  o  necesarias,  medidas  que  traten  de 
controlar o evitar la transmisibilidad de enfermedades. El rango orgánico de esta cláusula 
general permite a la autoridad sanitaria, sea estatal o autonómica, adoptar en situaciones 
epidémicas  graves  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  salud  pública, 
sometidas al control judicial en la medida en que limiten derechos fundamentales.
Este apoderamiento para adoptar las medidas que resulten necesarias para combatir 
una situación de pandemia como la actual se contiene también en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, general de sanidad, que en el artículo 26 permite que, en caso de que exista un 
riesgo  inminente  y  extraordinario  para  la  salud,  las  autoridades  sanitarias  puedan 
adoptar las medidas preventivas que consideren sanitariamente justificadas, durante el 
espacio  de  tiempo  estrictamente  necesario  para  hacer  frente  a  la  situación  e.e
extraordinaria, y con sujeción a los principios que establece el artículo 28, entre los que  b
está la necesaria proporcionalidad entre la medida adoptada y la finalidad perseguida, y  806ww
llaa su tpileizrascoinóans  dye  ldaes  mloes dbidieans eqsu, el am leibneorsta pde rdjued ieqmuepnre asla  pyri nccuipaiole sdqeu ileibrr eo tcriorcsu ldaecrieócnh does 
afecLtaad oasd.opción  de  medidas  y  limitaciones  para  contener  la  transmisión  de
enfermedades transmisibles tiene también apoyo en la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
general  de  salud  pública,  que  en  el  artículo  54  prevé  que  las  administraciones 
competentes  puedan  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  asegurar  el 
cumplimiento de la ley y, con carácter excepcional, sin perjuicio de las medidas previstas 
en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud 
pública, y de las medidas previstas en la Ley general de sanidad, cuando lo requieran 
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, medidas de inmovilización y, en su caso, 
el comiso de productos y sustancias, de intervención de medios materiales o personales, 
de  cierre  preventivo  de  instalaciones,  establecimientos,  servicios  e  industrias,  de 
suspensión del ejercicio de actividades, entre otros, siempre y cuando se justifiquen y se 
ajusten  a  la  finalidad  de  prevención,  protección  y  control  de  la  salud  individual  y 
colectiva.
En las Illes Balears contamos con una regulación sanitaria específica, de rango legal, 
contenida en la Ley  5/2003, de  4 de  abril, de  salud de las Illes Balears, y en la 
Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, que nos permitió, 
al amparo de la cláusula general de la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas 
generales en materia de salud pública, garantizar una estrategia de respuesta adecuada 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la 
COVID-19.
En concreto, el artículo 51 de la Ley autonómica 5/2003, de 4 de abril, que regula las 
actuaciones de control sanitario, establece el deber de la administración sanitaria, en el 
ejercicio  de  sus  competencias,  de  adoptar  las  medidas  oportunas  de  intervención 
provisionales ante situaciones de riesgo para la salud colectiva, como por ejemplo las 
siguientes:
a)  Establecer limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto a las 
actividades  públicas  o  privadas  que,  directa  o  indirectamente,  puedan  tener 
consecuencias negativas para la salud.
b)  Establecer requisitos mínimos y prohibiciones para el uso y el tránsito de bienes 
y productos cuando impliquen un riesgo o daño para la salud.
c)  Adoptar las medidas oportunas de intervención provisionales ante situaciones de 
riesgo para la salud colectiva, sin perjuicio de las indemnizaciones procedentes.
En la misma línea, el artículo 49.2 de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud 
pública de las Illes Balears, dispone que, cuando haya –o se sospeche razonablemente 
que haya– un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población como 
consecuencia de una situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo de 
personas,  se  puede  ordenar  la  adopción  de  medidas  preventivas  generales  y  de 
intervención,  entre  las  que  se  incluyen  las  de  reconocimiento,  de  tratamiento,  de 
hospitalización o de control individual sobre la persona o el grupo de personas, mediante 
una resolución motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo.
A  pesar  de  que  nuestra  legislación  no  concreta  las  medidas  de  intervención 
administrativa que se pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el 
control  de  contagios  ni  el  procedimiento  que  se  debe  seguir  para  adoptarlas,  los 
acuerdos  del  Consejo  de  Gobierno  y  las  resoluciones  de  la  consejera  de  Salud  y 
Consumo dictadas para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19, en 
base a esta legislación, entre la finalización del primer estado de alarma y hasta la 
declaración del segundo, superaron el juicio valorativo de los juzgados contenciosos 
administrativos de Palma y de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de las Illes Balears, en cuanto a la decisión sobre la autorización o la  e
ratificación de las medidas de acuerdo con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la  bo
jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto afectaban derechos fundamentales de  806ww
uconnaf icnoalmecietinvitdoa pde driem deetrsatli ndaeta árimosb intoo  tiedrerintotirfiicaal dinossu ilnadr iovi dinufaelrmioer,n tlae , licmointa mcieódni ddaesl  dcoemreoc heol 
de rAeul naimónp ay reol  edsetla Rbleeacli mdieecnrteot od e9 2a6fo/2ro0s2 0m,á dxeim 2o5s  edne  loosc taucbtroes,  dpeo rc uellt oq.ue se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, el cual se ha prorrogado mediante el Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, 
hasta las 00.00 horas del día 9 de mayo de 2021, en el ámbito de cada comunidad 
autónoma, se han podido dictar las órdenes, las resoluciones y las disposiciones para la 
aplicación de las previsiones establecidas en los artículos 5 a 11, sin la tramitación previa 
de procedimiento administrativo y sin que sean aplicables las previsiones del segundo 
párrafo  del  artículo  8.6  y  del  artículo  10.8  de  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Entre las medidas previstas con el fin de limitar la expansión de la epidemia, en el 
Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, están las siguientes: en el artículo 5, se 
establecen medidas para la restricción de la movilidad nocturna; en el artículo 6, la 
posibilidad  de  limitar  la  entrada  y  la  salida  de  los  territorios  de  las  comunidades 
autónomas,  así  como  otros  ámbitos  territoriales  inferiores,  con  determinadas 
excepciones; en el artículo 7, la limitación de la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados en un número máximo de seis personas, salvo que se trate 
de convivientes o, en su caso, en función de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos y otros, en el número inferior a seis personas que determinen las 
autoridades competentes delegadas; y en el artículo 8, específicamente, la posibilidad de 
limitar los aforos en los lugares de culto. El Real decreto 926/2020, en el artículo 13, 
también prevé que las medidas establecidas se puedan completar con otras que, con el 
fin de garantizar la necesaria coordinación, pueda acordar el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de 
referencia y criterios de valoración del riesgo.
La inminente finalización de este régimen jurídico excepcional aconseja introducir en 
nuestra legislación más concreción de las medidas de intervención administrativa que se 
pueden adoptar en situaciones de pandemia para garantizar el control de contagios y 
resulta también necesario y urgente delimitar el procedimiento que se debe seguir para 
adoptarlas.
Así pues, esta ley tiene por objeto modificar la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de 
salud pública de las Illes Balears, para concretar las medidas que, en situaciones de 
pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueden adoptar las 
autoridades  sanitarias  autonómicas  competentes,  así  como  el  procedimiento  para 
adoptarlas garantizando su idoneidad, proporcionalidad y temporalidad. La finalidad es 
recoger en nuestra normativa las medidas que durante el estado de alarma se han 
evidenciado como especialmente idóneas en cuanto a la necesidad de contener la 
propagación del virus, como el confinamiento perimetral de un barrio, un municipio, una 
isla o todo el archipiélago, los controles a la entrada de las islas, a través de puertos y 
aeropuertos,  la  restricción  de  las  reuniones,  la  limitación  a  la  movilidad  en  horario 
nocturno o la limitación de aforos en lugares de culto, a fin de que puedan tener la 
previsibilidad normativa suficiente para que, en caso de que la situación epidemiológica o 
asistencial lo justifique, en el marco del procedimiento previsto en los artículos de la 
Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, que se modifican 
o se introducen mediante esta ley, se pueda recurrir para asegurar la protección de la 
salud pública.
II
Para lograr el objetivo perseguido, esta ley modifica la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, en el sentido de introducir cinco nuevos  s
artículos que recogen las medidas concretas antes mencionadas y el procedimiento para  e.
adoptarlas. En particular, se incluyen estos preceptos para posibilitar la adopción de  w.
medidas preventivas en situación de pandemia o epidemia y la intervención de centros  806ww
dpeo tesnecrivaicciióons  dseol cpiaalpeesl,  dsee l ase sntaubelveacse nte clnaos locgoíansd iecnio nlae sg epstaióran  ya deol pcotanrtlraosl,  des elo sp rreievség olas 
cpoaorap elara scaiólund y  plaú bcloiclaab, oyr ascei óens taadbmleicneis teral tmivaarsc eon e mn aetle qriuae d es es atileunde pnú qbulicea l.levar a cabo la  BOE-A-cable e
Por otra parte, esta ley también modifica el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por 
el  que  se  establece  un  régimen  sancionador  específico  para  hacer  frente  a  los 
incumplimientos  de  las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis 
ocasionada por la COVID-19, para mantener la vigencia de los tipos infractores previstos 
en los artículos 3.h) y 4.g), relativos al agravamiento de las infracciones leves y graves 
cuando estas se cometan en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta sanitaria –introducidas por el Decreto Ley 15/2020, de 21 de diciembre, y con una 
vigencia  limitada  hasta  el  9  de  mayo  de  2021–,  dado  su  efecto  disuasorio,  para 
garantizar el cumplimiento de las medidas que, con el fin de asegurar la salud de las 
personas, establecen las autoridades sanitarias. Asimismo, y ante el aumento progresivo 
de la movilidad, también se considera oportuno incluir un nuevo tipo infractor para 
sancionar los incumplimientos de la acreditación del resultado negativo de las pruebas 
diagnósticas que, en su caso, se establezcan, con carácter previo, como medidas de 
control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, o la 
negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior.
Conforme a la doctrina constitucional, los derechos fundamentales y las libertades 
públicas  no  tienen  carácter  absoluto  o  ilimitado,  y  se  pueden  someter  a  ciertas 
modulaciones o limitaciones, justificadas en la protección de otros derechos, bienes o 
valores constitucionales, siempre y cuando se ajusten al principio de proporcionalidad y, 
en todo caso, respetando su contenido esencial. En este sentido, en la actual situación 
de pandemia declarada debido a la COVID-19, el Tribunal Constitucional ha declarado 
que nos encontramos en un escenario en el que los límites al ejercicio de los derechos, 
que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de proteger otros bienes y 
derechos constitucionales también dignos de protección, como son la integridad física, la 
salud y la vida de todas las personas (artículos 15 y 43 de la Constitución), así como la 
necesidad de evitar el colapso del sistema sanitario (Auto TC 40/2020, de 30 de abril).
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha admitido el establecimiento de 
medidas limitativas del ejercicio de derechos y libertades públicas sin necesidad de 
acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de 
alarma, si bien con respecto al principio de reserva de ley (orgánica u ordinaria) siempre 
que la limitación se encuentre suficientemente determinada en la disposición legal de 
habilitación en cuanto a los supuestos y las finalidades que persigue, y esté justificada 
en la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Además, hay que recordar 
la doctrina de este tribunal, entre otras, en la Sentencia 53/2002, de 27 de febrero, que 
distingue entre restricciones directas a un derecho fundamental, que se deben vehicular 
mediante una Ley orgánica, y restricciones al modo, el tiempo y el lugar del ejercicio del 
derecho fundamental, que se pueden hacer por ley ordinaria.
Por todo ello, el contenido de esta ley se ajusta a la doctrina constitucional sobre la 
materia, y se ampara en el marco legal estatal, orgánico y básico, aplicable, y las 
medidas que se puedan adoptar al amparo de esta modificación legal estarán sujetas al 
debido control judicial.
III
Esta ley se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una derogatoria y 
dos finales.
El artículo primero modifica la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de 
las Illes Balears, mediante la inclusión de los nuevos artículos 49 bis, 49 ter, 49 quater,  s
49 quinquies y 49 sexies, que recogen las medidas concretas que, en situaciones de  e.
pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueden adoptar las  w.
autoridades  sanitarias  autonómicas  competentes,  así  como  el  procedimiento  para  806ww
adopEtla arlratsíc.ulo segundo modifica el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de
las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
COVID-19, para incorporar una serie de tipos infractores.
Contiene también una disposición adicional que establece, con carácter temporal, 
hasta que el Gobierno del Estado español declare la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, las tarifas y los precios máximos que deben 
aplicar  los  centros,  los  servicios  y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios, 
públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas.
La disposición derogatoria única deroga todas las disposiciones de rango igual o 
inferior  que  se  opongan  a  lo  dispuesto  en  esta  ley,  la  contradigan  o  resulten 
incompatibles con la misma.
La disposición final primera dota de contenido el título VII de la Ley 16/2010, de 28 
de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, a la que incorpora también cuatro 
disposiciones adicionales y una disposición derogatoria a la citada ley.
Y la disposición final segunda establece la vigencia de esta ley.
IV
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1/2019, de 31 de enero, 
del Gobierno de las Illes Balears, esta ley se ajusta a los principios de buena regulación, 
atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se fundamenta 
en el interés general para hacer frente a la crisis de salud pública provocada por la 
COVID-19.
La norma se adecúa también a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad 
y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección de los derechos 
de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer 
cargas  administrativas  no  justificadas,  y  la  regulación  que  contiene  resulta 
proporcionada,  en  atención  a  la  particular  situación  existente  y  a  la  necesidad  de 
garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En cuanto al principio de transparencia, dada la urgencia para la aprobación de esta 
norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019.
Para finalizar, y desde el punto de vista de las competencias por razón de la materia 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, hay que añadir que esta ley encuentra 
anclaje en los artículos 12, 25, 30.48 y 31.4 del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears relativos a la salud que, a su vez, legitimaron la aprobación de las respectivas 
normas de rango legal que con esta ley se modifican.
Artículo primero.  Modificaciones de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud 
pública de las Illes Balears.
1.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 bis, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 bis.  Adopción de medidas preventivas en situación de pandemia o 
de epidemia.
1.  En situaciones de pandemia o de epidemia declaradas por las autoridades 
competentes, el Consejo de Gobierno puede adoptar medidas de limitación de la 
actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestación de servicios en  es
los siguientes términos: o
a)  La confiscación o la inmovilización de productos. 806ww
cb))   LLaa  sususpspeennsisóiónn t emtepmorpaol rdael l edjee rcliac io adcet ivaicdtaivdid addee s.empresas  o  de  sus
instalaciones.
d)  La  intervención  justificada  y  proporcionada  de  medios  materiales  o 
personales.
e)  Limitaciones de aforo.
f)  Limitaciones  de  horarios  de  apertura  y/o  cierre  de  establecimientos, 
lugares o actividades.
g)  El  establecimiento  de  medidas  de  seguridad  sanitaria  e  higiene  en 
determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
h)  La  obligación  de  elaborar  protocolos  o  planes  de  contingencia  en 
determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
i)  El  establecimiento  de  medidas  de  autoprotección  individual,  como  por 
ejemplo el uso de mascarilla y otros elementos de protección, y el mantenimiento 
de distancias de seguridad interpersonal o entre mesas o agrupaciones de mesas 
en los locales abiertos al público y en las terrazas al aire libre.
j)  La intervención de centros de servicios sociales en los términos previstos 
en el siguiente artículo.
k)  La obligación de suministrar los datos necesarios para el control y la 
contención del riesgo para la salud pública de que se trate y el registro de los 
datos suministrados, especialmente de datos que permitan la identificación de 
personas procedentes de lugares o asistentes a actividades o establecimientos 
que presenten un riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, con 
el fin de que las autoridades sanitarias puedan realizar su labor de control y 
búsqueda epidemiológica de brotes o situaciones de especial riesgo para la salud 
de  la  población.  En  todo  caso,  los  datos  registrados  serán  los  estrictamente 
indispensables para cumplir esta finalidad de control y contención del riesgo, y los 
datos de carácter personal serán tratados con estricto respeto a la normativa en 
materia de protección de datos.
l)  Ordenar a los ciudadanos y a las ciudadanas la prestación de servicios 
personales, de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de 
necesidad.
m)  Cualesquier  otras  medidas  ajustadas  a  la  legalidad  vigente  y 
sanitariamente justificadas.
2.  Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, con el fin de proteger 
la  salud  pública  y  prevenir  su  pérdida  o  deterioro,  las  autoridades  sanitarias 
autonómicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  cuando  lo  exijan  razones 
sanitarias  de  urgencia  o  necesidad,  pueden  adoptar  medidas  preventivas  de 
reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios 
racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la 
población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo 
de personas o por las condiciones sanitarias en las que se realice una actividad.
3.  Para controlar las enfermedades transmisibles, además de realizar las 
acciones  preventivas  generales  y  de  la  posible  adopción  de  las  medidas 
preventivas previstas en los apartados anteriores, pueden adoptar las medidas 
oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que estén o 
hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, así como las que 
se estimen necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. En particular, se 
pueden adoptar las siguientes medidas preventivas:
a)  Medidas de control de las personas enfermas, cuando sea procedente,  bo
como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en un centro hospitalario o el  806ww
aislabm) ieSntoom oe itnimteiernnatom dieen ltaos e pne orstroon lausg aern afedremcausa dao t rpaataram eiesntato f iandaelicduaadd.o.
con c)la sM  peedrisdoansa dse  ecnofnetrrmol adse,  lacso mpeor seoln asso mqueeti mesieténnto o  ah auynaan  ecsutaadreon etenn cao netna cteol 
domicilio o en otro lugar adecuado para esta finalidad. A tal efecto, se entiende por
cuarentena la restricción de las actividades y la separación, de las otras personas 
que  no  están  enfermas,  de  una  persona  respecto  a  la  que  pueda  tenerse 
razonablemente la sospecha de que haya estado o haya podido estar expuesta a 
un riesgo para la salud pública y sea una posible fuente de propagación adicional 
de enfermedades, de acuerdo con los principios científicos, las pruebas científicas 
o la información disponible.
d)  Sometimiento a observación o a medidas de vigilancia del estado de 
salud, a examen médico o a pruebas diagnósticas de personas que presenten 
síntomas  compatibles  con  la  enfermedad  transmisible  de  que  se  trate  o  de 
personas respecto a las que existan otros indicios objetivos que puedan suponer 
un riesgo de transmisión de la enfermedad. La observación, el examen o las 
pruebas serán lo menos intrusivos o invasivos posible para permitir conseguir el 
objetivo de salud pública consistente en prevenir o contener la propagación de la 
enfermedad.
e)  Planteamiento ante el Consejo Interterritorial de Salud de propuesta a los 
órganos competentes de sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la 
enfermedad,  incluida  la  vacunación  para  determinados  colectivos,  o  a  la 
inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados 
con la adopción o la no adopción de estas medidas.
f)  Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de 
las personas que estén o hayan estado en contacto con estas, así como de las 
zonas afectadas. A tal efecto, se entiende por zona afectada aquellos lugares 
geográficos  en  los  que  sean  necesarias  medidas  sanitarias  de  control  de  la 
propagación de la enfermedad. La determinación de la zona afectada se efectuará 
de  acuerdo  con  los  principios  de  precaución  y  proporcionalidad,  procurando, 
siempre que resulte posible y eficaz, actuar lo antes posible o con más intensidad 
o medida sobre las zonas concretas en las que se produzca la mayor afección, 
para evitar perjuicios innecesarios al resto de la población. Entre otras, estas 
medidas podrán consistir en:
– Medidas que supongan la limitación o la restricción de la circulación o la 
movilidad de las personas dentro de la zona o la isla o las islas afectadas o en 
determinados lugares y espacios dentro de esta zona o en determinadas franjas 
horarias.
– Medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de 
entrada a estas, incluido el establecimiento de pruebas diagnósticas previas o 
posteriores.
– Medidas de control de las tarifas y los precios máximos que deben aplicar 
los  centros,  los  servicios  y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios, 
públicos y privados, para la realización de las pruebas diagnósticas.
– Restricciones  a  las  agrupaciones  de  personas,  incluidas  las  reuniones 
privadas entre no convivientes, especialmente en los lugares y los espacios o con 
ocasión  del  desarrollo  de  actividades  que  supongan  un  mayor  riesgo  de 
propagación  de  la  enfermedad;  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  competencias 
estatales  en  relación  con  las  reuniones  en  lugares  de  tránsito  público  y  las 
manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el 
artículo 21 de la Constitución Española.
– Medidas de cribado consistentes en la realización de pruebas diagnósticas 
de determinados sectores o grupos de la población particularmente afectados o  e.
vulnerables. w.b
enumLaesr ardeasstr iacnctioenrieosrm ae nlotes  nduenscpala pzuaemdieenn toses r ya bas olalust aasg, rtuiepnaecnio qnuees  edxep rpeesrasro ncoans 
dcleabriedna da cyt uparre cciosnió np rleofse rdeenscpiala zsaombriee nlotoss  dye slapsla azgarmuipeanctoiosn eys l aqsu ea gsreu praecsitorinnegse np,o yr 
razones meramente recreativas y de ocio. Se deben admitir, en todo caso, los
desplazamientos y las agrupaciones que se lleven a cabo por motivos esenciales 
o justificados compatibles con la protección de la salud, sin perjuicio, si procede, 
de  los  controles  o  las  medidas  de  prevención  adicionales  que  se  puedan 
establecer.
g)  Las otras medidas sanitarias justificadas y necesarias que, de acuerdo con 
los riesgos y las circunstancias en cada caso concurrentes, se estimen adecuadas 
para impedir o controlar la propagación de la enfermedad, en función del estado 
de la ciencia y del conocimiento existente en cada momento, siempre con sujeción 
a los criterios y a los principios establecidos en esta ley y, en particular, de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad. Estas medidas pueden ser las siguientes:
– Medidas de salud pública:
• Consejos generales de salud pública.
• Identificación de contactos.
• Pruebas diagnósticas a todas las personas que presenten síntomas.
• Pruebas de cribado colectivas.
• Aislamiento y cuarentena a las personas afectadas.
– Limitaciones de desplazamientos territoriales que protejan del riesgo de 
transmisión y limitación de desplazamientos personales, manteniendo en todos los 
niveles de alerta los desplazamientos esenciales, siempre que se realicen de 
forma individual o con la unidad de convivencia y con todas las medidas de 
precaución higiénicas y de distanciamiento. Se incluye la limitación en horario 
nocturno.
– Limitación del número de personas que se puede reunir, tanto en espacios 
públicos como privados.
– Coordinación sobre la estrategia, las directrices y los planes de escalada del 
tipo de asistencia sanitaria en atención primaria, hospitalaria y servicios sociales.
– Restricciones de visitas en las instalaciones residenciales.
– Regulación de la situación de los espacios de trabajo en condiciones de 
espacio y medidas de higiene.
– Control de apertura del comercio (aforo, cita previa u otras modalidades) de 
espacios de trabajo.
– Priorización  de  gestión  de  horarios  para  promover  y  garantizar  la 
conciliación familiar.
– Regulación de las condiciones de apertura, afluencia, personales, materiales 
y temporales de los centros educativos y de ocio y tiempo libre.
– Regulación  del  aforo  en  establecimientos  de  restauración  y  hoteleros, 
atendiendo a condiciones de espacio y medidas de higiene (mascarilla, lavado de 
manos) y regulación de las condiciones de apertura materiales y temporales.
– Regulación de las actividades deportivas tanto profesionales y federadas 
como no profesionales atendiendo al tipo de deporte, los aforos y el uso de las 
instalaciones.
– Otras de naturaleza análoga que resulten necesarias para la lucha contra la 
pandemia o la epidemia.
La  adopción  de  estas  medidas  tiene  por  objeto  garantizar  el  control  de 
contagios  y  proteger  la  salud  de  las  personas,  y  adecuarse  al  principio  de 
proporcionalidad. A estos efectos, requiere la emisión de un informe por parte de  e.
la Dirección General de Salud Pública que acredite la situación de riesgo de  w.
contagio, la situación de control de la pandemia o la epidemia, la suficiencia de las  806ww
med4id. asE, ly  alac uperordpou eqsutae  dees ltaasb lmezecdaid alass q umee sdeid daes beesnt aabdloepctiadra.s en los apartados
adníates,r ioerxecse pdteob eq uined sicea rj ussut ifdiquuraec ilóan n, eqcuees eidna dp ridnec ipeisot anbole dceebr eu sne rp lsauzpoe rsiuopr ear iqour,i nscien   BOE-A-cable e
perjuicio de que se pueda producir la prórroga, justificando el mantenimiento de 
las condiciones que determinaron su adopción.
El establecimiento de dichas medidas se debe realizar teniendo en cuenta 
siempre la menor afectación a los derechos de las personas, y, siempre que sea 
posible, se debe ajustar territorialmente al mínimo ámbito necesario para asegurar 
su efectividad.
5.  Las medidas y las actuaciones previstas en los apartados anteriores que 
se ordenen con carácter obligatorio y de urgencia o necesidad se deben adaptar a 
los criterios expresados en el artículo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general 
de sanidad, y en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en 
materia  de  salud  pública,  y,  si  afectan  a  derechos  fundamentales,  requieren 
autorización o ratificación judicial, en los términos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.»
2.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 ter, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 ter.  Intervención de centros de servicios sociales.
1.  En los casos de riesgo inminente y grave para la salud de la población, 
como crisis sanitarias o epidemias, la autoridad sanitaria autonómica competente, 
en función de la situación epidemiológica y asistencial de cada centro o del 
territorio concreto en que este se encuentre, y siempre en atención a los principios 
de necesidad y proporcionalidad y a la situación de vulnerabilidad de las personas 
mayores  o  con  discapacidad  u  otras  personas  usuarias,  puede  intervenir 
temporalmente  los  centros  de  servicios  sociales  de  carácter  residencial  de 
personas  mayores  y personas con discapacidad  u otros centros de servicios 
sociales de análoga naturaleza, de carácter público o privado, y disponer una serie 
de actuaciones en estos, que pueden consistir en:
a)  Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el 
personal sanitario propio del centro.
b)  Ordenar, por motivos de salud pública justificados, el alta, la baja, la 
reubicación y el traslado de las personas residentes a otro centro residencial, con 
independencia de su carácter público o privado. La adopción de estas medidas 
requerirá la colaboración voluntaria de las personas afectadas o, a falta de esta, la 
necesaria garantía judicial.
c)  Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos 
centros residenciales o la modificación de la capacidad u organización de los 
existentes.
d)  Supervisar y asesorar las actuaciones que realice el personal sanitario y 
no sanitario, en su caso, del centro.
e)  Designar  a  una  persona  empleada  pública  para  dirigir  y  coordinar  la 
actividad asistencial de estos centros, que sustituirá, plena o parcialmente, al 
personal directivo del centro y que podrá disponer de los recursos materiales y 
humanos del centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados a 
la actividad sanitaria asistencial que se preste de forma habitual a las personas 
residentes en este.
f)  Secundar puntualmente el centro con personal, si es necesario. s
g)  Modificar  el  uso  de  los  centros  residenciales  para  utilizarlos  como  oe.
espacios para uso sanitario. 806www.
sigu2ie. nteL,a t einntderráv ecnacráiócnte, rq tueem speo raacl,o yr dsaur ád uerna cloiósn  tnéorm piondorsá  perxecveisdteors  deen l ae ld aurrtaíccuiólon 
naeuctoensóamriaic ap acoram paetetenndteer  aac orlad asráit,u adcei óonf icqiou eo  ala  poertiicgiiónnó . deL al a apuetorsriodnaad  tistualnairt adrieal 
centro, el cese de la intervención cuando resulte acreditada la desaparición de las 
causas que la hayan motivado.»
3.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 quater, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo  49  quater.  Adopción  de  medidas  preventivas  en  materia  de  salud 
pública.
1.  Las medidas preventivas previstas en los artículos anteriores se deben 
adoptar  con  la  urgencia  que  el  caso  requiera,  sin  necesidad  de  seguir  un 
procedimiento  administrativo  específico  y  con  independencia  de  las  medidas 
provisionales que se puedan adoptar de acuerdo con la legislación vigente en el 
seno de un procedimiento administrativo o con anterioridad a su iniciación.
2.  Las medidas se deben adoptar motivadamente, después de evaluar los 
principios científicos, las pruebas científicas o la información disponible en cada 
momento, y teniendo en cuenta el principio de precaución, que debe posibilitar su 
lícita adopción para asegurar un nivel elevado de protección de la ciudadanía 
cuando, después de la evaluación indicada, se observe la existencia, fundada, 
seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población, 
aunque continúe existiendo incertidumbre científica.
Además,  las  medidas  que  se  adopten  se  deben  ajustar  a  los  siguientes 
requisitos:
a)  Tienen  que  respetar,  en  todo  caso,  la  dignidad  de  la  persona.  En 
particular, las medidas de posible adopción en relación con las personas deben 
ser  lo  menos  intrusivas  e  invasivas  posible  para  conseguir  el  objetivo  de 
protección de la salud pública, procurando reducir al mínimo las molestias o las 
inquietudes que se asocian a estas. En los casos de medidas de aislamiento y 
cuarentena deben quedar garantizados el suministro de alimentos y de bienes de 
primera necesidad y la disponibilidad de medios para el mantenimiento de las 
comunicaciones  necesarias.  El  coste  de  este  suministro  y  disponibilidad 
únicamente  debe  ser  asumido  por  la  administración  autonómica  en  caso  de 
imposibilidad  de  sufragarlo  el  sujeto  o  los  sujetos  afectados.  Cuando  las 
circunstancias impongan el cumplimiento de estas medidas fuera del domicilio de 
la  persona  o  las  personas  afectadas,  se  deben  poner  a  su  disposición 
instalaciones adecuadas, a costa de la administración autonómica.
b)  Se  tiene  que  procurar,  siempre  y  preferentemente,  la  colaboración 
voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias.
c)  No se pueden ordenar medidas obligatorias que supongan riesgo para la 
vida.
d)  Se deben utilizar las medidas que menos perjudiquen a la libre circulación 
de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro derecho 
afectado.
e)  Las medidas deben ser proporcionadas al fin perseguido.
3.  En caso de medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades 
públicas, el requisito de proporcionalidad previsto en el apartado anterior exigirá 
que:
1.º  Las medidas sean adecuadas, en el sentido de útiles para conseguir la  b
finalidad perseguida de protección de la salud pública. 806ww
alter2n.aº tivLaa sm meneodsid aosn esreoasna  npeacreas alar iacso,n esne ceul csieónnt iddoe  dees tqau efin naoli deaxdis tcao ont rlaa  mmeisdmidaa 
efica3c.ºia .Las medidas sean ponderadas o equilibradas por derivarse de estas más
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto, en atención a la gravedad de la injerencia en los derechos 
fundamentales y las libertades públicas y las circunstancias personales de quienes 
la sufren.
En  la  motivación  de  las  medidas  se  debe  justificar  de  forma  expresa  la 
proporcionalidad de estas en los términos indicados. Además, la adopción de las 
medidas requiere la necesaria garantía judicial con arreglo a lo dispuesto en la 
legislación procesal aplicable.
4.  Las medidas deben ser siempre temporales. La duración se tiene que fijar 
para cada caso, sin que excedan de lo que exija la situación de riesgo inminente y 
extraordinario  que  las  justificó,  y  sin  perjuicio  de  las  prórrogas  sucesivas 
acordadas mediante resoluciones motivadas.
5.  Cuando las medidas afecten a una pluralidad indeterminada de personas, 
tienen que ser objeto de publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si la 
medida  afecta  a  una  o  varias  personas  determinadas,  se  les  tiene  que  dar 
audiencia con carácter previo a la adopción, siempre que esto sea posible. Si, 
debido a la urgencia, no resulta posible efectuar la audiencia previa, se debe 
realizar en el momento oportuno después de la adopción y la aplicación de la 
medida.
6.  La ejecución de las medidas puede incluir, cuando resulte necesario y 
proporcionado, la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa 
sobre las personas, con independencia de las sanciones que, en su caso, se 
puedan imponer. A tal efecto, se tiene que recabar la colaboración de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecución de las medidas.
7.  Las autoridades sanitarias deben informar a la población potencialmente 
afectada, para proteger su salud y seguridad, por los medios en cada caso más 
apropiados, de los riesgos existentes y de las medidas adoptadas, así como de las 
precauciones procedentes tanto para que ella misma pueda protegerse del riesgo 
como para conseguir su colaboración en la eliminación de sus causas, y, a tal 
efecto, pueden formular las recomendaciones sanitarias apropiadas.»
4.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 quinquies, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 quinquies.  Protección de la salud pública a través de las nuevas 
tecnologías.
1.  Las  autoridades  sanitarias  deben  potenciar  el  papel  de  las  nuevas 
tecnologías en la gestión y el control de los riesgos para la salud pública.
2.  A los efectos que prevé el apartado anterior, entre otras iniciativas, pueden 
desarrollar sistemas de información y aplicaciones para dispositivos móviles que 
operen  como  medidas  complementarias  para  la  gestión  de  crisis  sanitarias 
derivadas de enfermedades de carácter transmisible.
Estos sistemas de información y aplicaciones pueden tener, entre otras, las 
siguientes funcionalidades:
a)  Recepción, por parte de la persona usuaria, de información o alertas 
relativas  a  consejos  prácticos  y  orientaciones  de  carácter  general  ante  la 
enfermedad de que se trate, así como recomendaciones respecto a acciones y 
medidas adecuadas que hay que seguir. e.
b)  Geolocalización de recursos de interés que puedan servir de apoyo a la  w.b
ciudadanía para el seguimiento de las pautas de salud o movilidad u otras. 806ww
basec )a  lDose tdearmtoisn aqcuióen d ed elal  npievreslo dnea  uriseusagroia  ttreanngsam ieslo Sr edrev iclaio  pdeer sSoanluad  udseu alarisa ,I lleens 
Balears.
d)  Identificación  de  contactos  de  la  persona  usuaria  que  sean 
epidemiológicamente relevantes.
e)  Recepción, por la persona usuaria, de avisos sobre el riesgo efectivo en el 
que se encuentre por ser contacto epidemiológicamente relevante de una persona 
diagnosticada de la enfermedad transmisible.
f)  Proporcionar  a  la  persona  usuaria  el  apoyo  digital  de  información  o 
documentación individual relativa a sus circunstancias laborales y de localización 
geográfica u otras, con el fin de facilitar la aplicación de las medidas que adopten 
las autoridades competentes en la gestión de la crisis sanitaria, en la medida y en 
los términos que lo permitan las disposiciones o los actos que disciplinen estas 
medidas.
Tanto en el desarrollo como en la puesta en marcha y en el funcionamiento de 
estos sistemas y aplicaciones y, posteriormente, en su desactivación, se debe 
garantizar el respeto necesario a la normativa vigente en materia de protección de 
datos y confidencialidad de las comunicaciones.»
5.  Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 sexies, a la Ley 16/2010, de 28 de 
diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 sexies.  Cooperación y colaboración administrativas en materia de 
salud pública.
1.  En  el  ejercicio  de  las  competencias  propias,  la  Administración  de  la 
comunidad autónoma, los consejos insulares y los ayuntamientos se tienen que 
facilitar la información que necesiten en materia de salud pública y se tienen que 
prestar recíprocamente la cooperación y la asistencia activa para el ejercicio eficaz 
de estas.
2.  Los órganos competentes de la administración autonómica, de la insular y 
de la local, en el marco de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los 
principios de eficacia, coordinación, colaboración y lealtad institucional, deben 
velar por la observancia de la normativa de salud pública y por el cumplimiento de 
las medidas de prevención, ejerciendo las oportunas funciones de inspección, 
control y sanción, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
3.  Los ayuntamientos pueden recaudar la colaboración y el apoyo técnico 
que necesiten de la Administración de la comunidad autónoma y de los consejos 
insulares para el cumplimiento de esta ley. A tal efecto, se pueden subscribir los 
convenios de colaboración oportunos.
4.  Cuando no se hayan subscrito los convenios a los que hace referencia el 
apartado anterior, la Administración de la comunidad autónoma debe apoyar a los 
ayuntamientos en caso de que estos se lo soliciten expresamente, motivando la 
concurrencia  de  circunstancias  de  carácter  extraordinario  que  puntualmente 
sobrepasen la capacidad municipal.
5.  En  particular,  en  los  casos  de  crisis  sanitarias  o  epidemias,  la 
administración autonómica puede asumir, en la forma establecida en el artículo 11 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la 
realización de actividades de carácter material o técnico de competencia de las 
autoridades  sanitarias  locales,  especialmente  la  realización  de  actividades 
auxiliares,  previas,  preparatorias  o  de  colaboración  material  con  los  órganos  s
administrativos  instructores  de  expedientes  sancionadores,  por  razones  de  oe.
cteéafciscnoaiscc oiads e,  olpo esc rumsaounnndaicolei psli aooss   dmaeau mtteoerriinadolaerds pe osidb ólsanacenioóitsna  rypia amsr ae dlosiocuas .lde»ess enmo pepñoose, apnr iolroizsa nmdeod ilooss   2021-19806n https://www.
Artículo segundo.  Modificaciones del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que 
se  establece  un  régimen  sancionador  específico  para  hacer  frente  a  los 
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19.
1.  Se añade una nueva letra, la letra h), al artículo 3 del Decreto Ley 11/2020, de 10 
de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a 
los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, con la siguiente redacción:
«h)  La comisión de cualquiera de las infracciones graves previstas en el 
artículo 4 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  supone  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
2.  Se añade una nueva letra, la letra g), al artículo 4 del Decreto Ley 11/2020 
mencionado, con la siguiente redacción:
«g)  La  comisión  de  cualquiera  de  las  infracciones  leves  previstas  en  el 
artículo 5 siguiente en un territorio donde se haya declarado el máximo nivel de 
alerta  sanitaria,  porque  supone  un  riesgo  muy  alto  o  extremo,  transmisión 
comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta 
del sistema sanitario.»
3.  Se añade una nueva letra, la letra e), al artículo 5 del Decreto Ley 11/2020 
mencionado, con la siguiente redacción:
«e)  Incumplir  la  acreditación  del  resultado  negativo  de  las  pruebas 
diagnósticas que, en su caso, se establezcan, con carácter previo, como medidas 
de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada a 
estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con carácter posterior, salvo los 
supuestos en los que se acredite que se dispone del Certificado UE COVID-19 o 
de un documento análogo admitido por las autoridades sanitarias españolas o 
europeas.»
Disposición  adicional  única.  Limitación  de  precios  y  tarifas  de  las  pruebas 
diagnósticas.
Hasta que el Gobierno del Estado español declare la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establecen las tarifas y los precios 
máximos que se indican a continuación, que tienen que aplicar los centros, los servicios 
y  los  establecimientos  sanitarios  y  sociosanitarios,  públicos  y  privados,  para  la 
realización de las pruebas diagnósticas:
a)  Para la realización de pruebas PCR: 75,00 euros.
b)  Para la realización de pruebas de antígenos: 30 euros.
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a esta ley que la contradigan o  es
se opongan a ella y, concretamente, el Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se  o
modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el  806ww
pDeaseplciaererc tíloofics Lo ee fpyea c1rtao1 s/2h d0ae2c 0ela,r   dcfrreeis n1ist0e o  dcaae ls ojiuosl nioian,d cpauo mpro perli lml aqi euCneOt oVsseI D de-e1s 9tala.bsl edcies puons icréiognimese nd iscatandcaiosn apdaorar   OE-A-2021-19able en https://
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de 
salud pública de las Illes Balears.
1.  Se dota de contenido el título VII de la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud 
pública de las Illes Balears, con la redacción siguiente:
«TÍTULO VII
La Agencia de Salud Pública de las Illes Balears
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 17.  Naturaleza.
1.  La  Agencia  de  Salud  Pública  de  las  Illes  Balears  es  un  organismo 
autónomo,  adscrito  a  la  consejería  competente  en  materia  de  salud,  para  el 
desarrollo y la ejecución de las competencias de la comunidad autónoma de las 
Illes  Balears  en  materia  de  salud  pública,  con  personalidad  jurídica  propia, 
autonomía financiera y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
finalidades.
2.  Los  recursos  económicos  y  el  régimen  de  personal,  de  contratación, 
patrimonial y económico-financiero de la Agencia de Salud Pública de las Illes 
Balears se tienen que regir por el que se establece en esta ley, en sus estatutos y, 
en general, por la normativa aplicable a los organismos autónomos del sector 
público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 18.  Finalidades.
1.  La  Agencia  de  Salud  Pública  de  las  Illes  Balears  tiene  por  objeto  la 
ejecución de las políticas de salud y la prestación de los servicios que integran la 
cartera  de  servicios  de  salud  pública  para  dar  una  respuesta  eficiente  a  las 
necesidades  de  la  población  en  este  ámbito  y  posibilitar  una  adaptación 
permanente a estas necesidades y una mayor participación de la sociedad.
2.  La Agencia de Salud Pública de las Illes Balears ejerce sus competencias 
en concurrencia con las administraciones y el resto de organismos competentes 
en materia de salud pública, con los cuales actúa de forma coordinada.
Artículo 19.  Competencias.
Son competencias de la Agencia las siguientes:
a)  El desarrollo y la ejecución de políticas activas de salud pública, cuyos 
ejes son la promoción, la prevención, la protección y la vigilancia de la salud.
b)  La coordinación y la cooperación con los órganos correspondientes de la 
administración  autonómica  y  la  cooperación  con  las  otras  administraciones 
públicas para conseguir la presencia de la salud en todas las políticas.
c)  La definición de las directrices que, en materia de salud pública, se lleven 
a cabo en los centros sanitarios de la red asistencial. es
d)  El fomento de la competencia de los profesionales y de la investigación en  o
suriaenlsiuvgedeo) r s pidpaLaúraadb g elliaecsa s syt,ia  ólolnues d dnc ed e enlac tlrsoao l saspib otduobearl aacinccioviióónennes, st id gdceaeo cm nció ranisn.lieosrs ay   dcooero geramdnineisargmdeaon scc oian r qeloussep  odcniossnpasobtsilteiutisyv,eo ns  lduaens    2021-19806n https://www.
las administraciones que se movilizan en estas situaciones.
f)  La promoción y la gestión del sistema de información en salud pública.
g)  Cualquier otra función de salud pública que esté relacionada con los 
objetivos y las actividades que prevé esta ley.
h)  La evaluación y el análisis de datos de salud para hacer una mejor toma 
de decisiones, con el fin de contribuir a la mejora de salud de la ciudadanía.
Artículo 20.  Relaciones con la consejería competente en materia de salud.
Las relaciones entre la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y la 
consejería competente en materia de salud se articulan por medio de un contrato-
programa plurianual que tiene que incluir, como mínimo, los aspectos siguientes:
a)  La relación de servicios y actividades que tiene que prestar la Agencia de 
Salud Pública de las Illes Balears, su evaluación económica, los recursos en 
relación con los sistemas de compra y los pagos vigentes en cada momento, los 
objetivos y la financiación.
b)  Los  requisitos  y  las  condiciones  en  que  se  tienen  que  prestar  estos 
servicios y las actividades.
c)  Los objetivos, los resultados esperados, los indicadores y el marco de 
responsabilidades de la Agencia de Salud Pública.
d)  El plazo de vigencia.
CAPÍTULO II
Estructura de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears
Artículo 21.  Estructura orgánica.
1.  La Agencia de Salud Pública de las Illes Balears se estructura en órganos 
superiores y órganos de gestión y de asesoramiento.
2.  Son órganos superiores y centrales de la Agencia de Salud Pública de las 
Illes Balears:
a)  El presidente o la presidenta.
b)  El consejo rector.
c)  El director ejecutivo o la directora ejecutiva.
Son órganos de gestión y asesoramiento:
a)  El Consejo Asesor de Salud Pública.
b)  Los consejos sectoriales.
c)  Los centros insulares de salud pública.
3.  Los estatutos de la entidad tienen que establecer la estructura orgánica 
básica de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, su composición y 
funciones.
CAPÍTULO III
Régimen económico, presupuestario, contable y patrimonial
Artículo 22.  Régimen económico. e.e
La Agencia de Salud Pública de las Illes Balears tiene que disponer de los  806ww
oretrcousr:sos económicos siguientes para el cumplimiento de sus finalidades, entre
Baleaa)r s.Las dotaciones correspondientes del presupuesto del Gobierno de las Illes  BOE-A-cable e
b)  Los ingresos ordinarios y extraordinarios generados por el ejercicio de sus 
actividades.
c)  Los productos y las rentas de su patrimonio.
d)  Los  créditos,  préstamos,  empréstitos  y  otras  operaciones  que  pueda 
concertar.
e)  Las  subvenciones,  las  herencias,  los  legados,  las  donaciones  y  las 
aportaciones voluntarias de entidades u organismos públicos y privados, y de 
particulares.
f)  Los ingresos procedentes de sanciones administrativas y los derivados de 
resoluciones judiciales que le correspondan.
g)  Los otros ingresos de derecho público o privado que le sean autorizados o 
le puedan corresponder de acuerdo con la normativa vigente.
h)  Cualquier otro recurso que se le pueda atribuir.
Artículo 23.  Régimen presupuestario, contable y de control.
1.  La  Agencia  de  Salud  Pública  de  las  Illes  Balears  cuenta  con  un 
presupuesto propio e independiente del presupuesto de la Administración de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears.
2.  El  régimen  presupuestario,  económico,  financiero,  de  contabilidad, 
intervención y control financiero aplicable a la Agencia de Salud Pública de las 
Illes Balears es el establecido a la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears y la normativa que lo desarrolle.
Artículo 24.  Régimen patrimonial.
1.  El patrimonio de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears tiene que 
estar integrado por los bienes y derechos que le son propios y por aquellos que le 
son adscritos o cedidos por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de 
las Illes Balears o cualquier otra administración pública.
2.  Tienen la consideración de bienes y derechos propios todos aquellos que 
la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears adquiere o recibe por cualquier 
título, así como los productos y las rentas de estos.
3.  Los bienes y los derechos que el Consejo de Gobierno de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears o cualquier otra administración pública adscribe a la 
Agencia de Salud Pública tienen que conservar su calificación jurídica originaria y 
únicamente pueden ser utilizados para el cumplimiento de sus finalidades, y la 
Agencia  tiene,  respecto  a  estos,  todas  las  prerrogativas  y  los  derechos  que 
establece  la  normativa  sobre  patrimonio,  a  los  efectos  de  su  conservación, 
administración y defensa.
4.  La  adquisición,  la  venta  y  el  gravamen  de  bienes  inmuebles  propios 
requiere informe favorable de la consejería competente en materia de hacienda y 
de la consejería competente en materia de salud.
5.  Los bienes y los derechos patrimoniales propios, afectos al cumplimiento 
de sus funciones, tienen la consideración de dominio público y, como tales, deben 
gozar de las exenciones y de las bonificaciones tributarias que correspondan.
6.  La Agencia de Salud Pública debe gozar de autonomía para la gestión de 
su  patrimonio,  en  los  términos  que  establece  la  legislación  patrimonial  y  de 
hacienda pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que tiene que ser  es
de aplicación en todo el que no prevé esta ley. bo
7.  La Agencia de Salud Pública tiene que establecer la contabilidad y los  806ww
lrboeiseg niosettrrsoo ssy   esqnuutsee  sdp eye roremrcghitaoansni,s  mcporoonspo iecoensr  m ola aa tednrsaiactur dirtaoels es,z asalui,n d l.ap etrijtuuilcairoid daed  lya se cl odmepsteinteon cdiea ss dues   OE-A-2021-19able en https://
CAPÍTULO IV
Régimen de personal
Artículo 25.  Régimen del personal.
El personal al servicio de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears 
puede ser personal laboral propio o personal funcionario, estatutario o laboral 
adscrito por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears al 
Servicio de Salud de las Illes Balears o a los entes que integran su sector público 
instrumental.»
2.  Se adicionan cuatro disposiciones adicionales y una disposición derogatoria a la 
Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, con la redacción 
siguiente:
«Disposición adicional primera.  Traspaso de competencias.
En el momento en que la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears asume 
sus funciones, se tiene que subrogar en la posición jurídica de la Administración 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears en todo lo que afecte al ámbito de 
sus competencias.
Disposición adicional segunda.  Mantenimiento de los bienes adscritos.
Los bienes que, a la fecha de inicio de la actividad de la Agencia de Salud 
Pública de las Illes Balears, son afectos a los servicios de la Dirección General de 
Salud Pública y Participación quedan automáticamente adscritos a la Agencia.
Disposición  adicional  tercera.  Traspaso  del  personal  a  la  Agencia  de  Salud 
Pública.
El personal funcionario y laboral que, a la fecha de inicio de la actividad de la 
Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, ocupe puestos de trabajo en la 
Dirección General de Salud Pública y Participación, se adscribe a la Agencia de 
Salud Pública y pasa a depender orgánicamente del consejero o de la consejera 
competente en materia de función pública y, funcionalmente, de los órganos de la 
Agencia de Salud Pública.
Disposición adicional cuarta.  Competencias en materia de personal.
Por parte del consejero o de la consejera competente en materia de función 
pública se puede delegar el ejercicio de determinadas competencias ejecutivas en 
materia de personal estatutario, funcionario y laboral en el director o la directora 
general competente en materia de salud pública.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la disposición adicional novena de la Ley 3/2020, de 20 de 
diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2021.» es
Disposición final segunda.  Vigencia.
Esta ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Butlletí Oficial de les 
Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y 
las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
Palma, 8 de noviembre de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 155, de 9 de noviembre de 2021)