BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 144573
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19439 Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio con las Comunidades Autónomas 
con traspaso de funciones en materia de provisión de medios personales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para 
establecer el sistema de representación de las Comunidades Autónomas en 
el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas.
Con fecha 13 de noviembre de 2021 se ha suscrito el convenio entre el Ministerio de 
Justicia  y  las  Comunidades  Autónomas  con  traspaso  de  funciones  en  materia  de 
provisión  de  medios  personales  y  económicos  para  el  funcionamiento  de  la 
Administración  de  Justicia  para  establecer  el  sistema  de  representación  de  las 
Comunidades Autónomas en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  19  de  noviembre  de  2021.–El  Secretario  de  Estado  de  Justicia,  Pablo 
Zapatero Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con 
traspaso de funciones en materia de provisión de medios personales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia para 
establecer el sistema de representación de las Comunidades Autónomas en el 
Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
La  Ministra  de  Justicia,  doña  María  Pilar  Llop  Cuenca,  nombrada  mediante  el 
Real  Decreto  526/2021,  de  10  de  julio,  y  en  uso  de  las  competencias  que  le 
corresponden en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La  Consejera  de  Igualdad,  Justicia  y  Políticas  Sociales  del  Gobierno  de  la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  señora  doña  Beatriz  Artolazabal  Albeniz, 
nombrada en virtud del Decreto 28/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari.
La Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, señora doña Lourdes Ciuró i 
Buldó, en virtud de nombramiento por el Decreto 22/2021, de 26 de mayo, por el que se 
nombran  el  vicepresidente  del  Gobierno  y  los  consejeros  y  las  consejeras  de  los 
departamentos de la Generalitat de Cataluña, autorizada para este acto por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Generalidad de fecha 22 de diciembre de 2020. s
El Vicepresidente Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo de la  e.
Xunta de Galicia, señor don Alfonso Rueda Valenzuela, en uso de las competencias que  w.
le corresponden en virtud del artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora  439ww
dseep tliae mXburnet,a p oyr  deel q usue  sPer ensoimdebnraci aa,  loys  ltoit udlaisrepsu edset ola se nv iceel pDreescidreetnoc ia11s 2y/ 2c0o2n0s,e ldleer ía6s  ddee 
la Xunta de Galicia.
El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, señor don 
Juan Antonio Marín Lozano, actuando en nombre y representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del Presidente 3/2019, 
de 21 de enero, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don 
Juan Antonio Marín Lozano y Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que 
se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio 
de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 98/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local.
La Consejera de Presidencia del Principado de Asturias, señora doña Rita Camblor 
Rodríguez, nombrada en virtud de Decreto 14/2019, de 24 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias (BOPA de 25 de julio de 2019) por el que se nombra a los 
miembros del Consejo de Gobierno, en el ejercicio de las competencias atribuidas en 
virtud del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, modificado parcialmente mediante Decreto 26/2019, de 24 de agosto, por 
Decreto 6/2020, de 23 de junio y por Decreto 56/2021, de 29 de julio, facultada para este 
acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de febrero de 2021.
El Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de 
Cantabria, señor don Pablo Zuloaga Martínez, nombrado por Decreto 8/2019, de 8 de 
julio, por el que se nombra al Vicepresidente y al resto de miembros del Consejo de 
Gobierno, autorizado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 
de marzo de 2021.
El  Consejero  de  Servicios  Sociales  y  Gobernanza  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja, señor don Pablo Rubio Medrano, nombrado por Decreto de la 
Presidenta 8/2020, de 24 de agosto, facultado para este acto en virtud del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2019 (BOR número 133, de 6 de noviembre 
de 2019), por el que se delega en los Consejeros la competencia para aprobar los 
convenios y protocolos en relación con el Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, por el 
que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Servicios  Sociales  y 
Gobernanza Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de 
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La  Consellera  de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública  de  la  Generalitat 
Valenciana, señora doña Gabriela Bravo Sanestanislao, nombrada por Decreto 6/2019, 
de 17 de junio, del President de la Generalitat, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell autorizada para la firma 
del presente acto por Acuerdo del Consell de 16 de abril de 2021.
La Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, 
señora doña María Teresa Pérez Esteban, nombrada mediante Decreto de 5 de julio 
de 2019, de la Presidencia del Gobierno de Aragón (BOA núm. 153, de 6 de agosto 
de 2019), actuando en nombre y representación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, facultado para este acto por Acuerdo del Gobierno de Aragón de 
fecha 10 de marzo de 2021.
El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, señor don Julio 
Manuel Pérez Hernández, según nombramiento efectuado por Decreto 121/2019, de 17 
de  julio,  del  Presidente  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  nombre  y  s
representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en  oe.
virtud de las facultades conferidas por el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de  w.
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y de acuerdo  439ww
cJounst iceila  vyi gSeengteu riRdaedg,la amperonbtoa dOo rpgoárn Diceoc rdeeto  la1 4C/2o0n2s1e, jedreí a1 8d ed eA mdamriznois.traciones Públicas,
señoErl  Cdoonn sEedjeuraor ddoe  SPaonlíttiocsa sI toMizig, rantoomriabsra yd oJ upsotirc iDa edcere ltao  CFoomraul ndidea dla  FPorreasl iddeen Ntaa vdaer rala,   BOE-A-cable e
Comunidad Foral de Navarra 28/2019, de 6 de agosto y, en ejercicio de las atribuciones 
que le están conferidas en virtud del artículo 90.2.b) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y del Sector Público 
Institucional Foral.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, señor 
don  Enrique  López  López,  nombrado  por  Decreto  43/2021,  de  19  de  junio,  de  la 
Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  actuando  por  delegación  de  firma  de  la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, señora doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, en 
virtud  del  Decreto  28/2021,  de  12  de  abril,  y  en  el  ejercicio  de  las  competencias 
atribuidas por el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de 
Gobierno por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Las partes se reconocen recíprocamente, en la calidad con que cada uno interviene, 
con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este acuerdo y, al efecto
EXPONEN
I.  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, 
en  su  Título  Tercero,  los  principios  generales  que  deben  regir  las  relaciones 
interadministrativas, entre ellos, los principios de colaboración y cooperación entre las 
Administraciones Públicas.
Dentro  del  deber  de  colaboración  entre  las  Administraciones  Públicas  se  hace 
referencia a la asistencia activa que las Administraciones pudieran recabar mutuamente 
para  el  ejercicio  eficaz  de  sus  competencias.  Así  como  la  posibilidad  de  celebrar 
convenios para formalizar dicha cooperación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 143 y 144 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
II.  El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia 
conforme establece el artículo 149.1.5.ª de la Constitución Española.
III.  De acuerdo con el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, corresponde al 
Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  ámbito  de  las  competencias  que  le  confieren  las 
disposiciones legales vigentes, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para 
el  desarrollo  del  ordenamiento  jurídico,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  otros 
departamentos; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia así 
como la cooperación con las comunidades autónomas en coordinación con los demás 
departamentos competentes en la materia.
IV.  Las  competencias  correspondientes  a  las  Comunidades  Autónomas  que 
suscriben el presente convenio, se reflejan a continuación:
– Mediante Real decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, se iniciaron los traspasos 
de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia.
– Por  su  parte,  el  traspaso  de  funciones  de  la  Administración  del  Estado  a  la 
Generalitat de Cataluña en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para  el  funcionamiento  de  la  Administración  de  Justicia  se  inicia  por  el 
Real Decreto 1553/1994, de 8 de julio.
– El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 
de abril, establece en su artículo 20.1 que en relación con la Administración de justicia,  es
exceptuada la militar, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia ejercer todas  bo
las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del Consejo General del Poder  439ww
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se llevó a cabo mediante el Real decreto 2166/1994, de 4 de noviembre.
– La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  por  su  parte,  ha  sido  objeto  de  los 
correspondientes traspasos de funciones y servicios en materia de medios materiales, 
económicos y personales al servicio de la Administración de Justicia, de conformidad con 
los Reales Decretos 141/1997, de 31 de enero, y 142/1997, de 31 de enero.
Por otro lado, el artículo 29 del Estatuto de Autonomía garantiza la atención a las 
víctimas y reconoce en su artículo 37.1.24.º, como principio rector de las políticas 
públicas  de  la  Comunidad  Autónoma,  la  atención  de  las  víctimas  de  delitos, 
especialmente los derivados de actos terroristas.
– En virtud de lo establecido en el apartado B).1.f) del Real Decreto 966/2006, de 1 
de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre 
las  funciones  y  servicios  de  la  Administración  General  del  Estado  que  asume  el 
Principado de Asturias, se encuentra la de «(…) La asistencia psicológica especializada 
en las oficinas de Asistencia a las Víctimas (…)».
– Mediante el Real Decreto 817/2007, de 22 de junio, se inicia el traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia.
– El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de 
junio, la Ley Orgánica 3/1994 de 24 de marzo, de ampliación de competencias del 
Estatuto de Autonomía de La Rioja y, Ley Orgánica 2/1999 de 7 de enero de reforma de 
la Ley Orgánica 3/1982, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, dedica su capítulo II a la 
Administración de Justicia.
La Comunidad Autónoma de la Rioja ostenta competencias en materia de personal 
no integrado en el Poder Judicial, sobre los medios materiales de la Administración de 
Justicia, en virtud del Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, de traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia, y en general, todas aquellas funciones y 
facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Gobierno de España en 
relación con la Administración de Justicia en La Rioja.
– El artículo 49 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio y modificada por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de 
abril,  establece  que  la  Generalitat  tiene  competencias  exclusivas  en  materia  de  la 
Administración de Justicia, sin perjuicio de lo que dispone la legislación de desarrollo del 
artículo 149.1.5 de la Constitución. Y por Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, se 
traspasan las funciones de la Administración del Estado a la Comunitat Valenciana, en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, ampliándose este traslado por el Real Decreto 1949/1996, 
de 23 de agosto.
– Mediante el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, fueron traspasados de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y los 
servicios  en  materia  de  medios  personales,  materiales  y  económicos  para  el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. El ejercicio de estas competencias 
transferidas en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento de 
Presidencia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto de 5 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la  s
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los  oe.
Departamentos. w.
– En  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se  inicia  el  traspaso  de  funciones  439ww
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diciembre, sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de medios personales al 
servicio de la Administración de Justicia.
– Mediante Reales Decretos 812 y 813/1999, de 14 de mayo, se traspasaron a la 
Comunidad Foral de Navarra las funciones y servicios de la Administración del Estado en 
materia de medios personales, materiales y económicos al servicio de la Administración 
de Justicia. El ejercicio de estas competencias corresponde, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de 
agosto, al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
– Por último, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por 
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, establece que, en relación a la Administración de 
Justicia, exceptuando la militar, corresponde al Gobierno de la Comunidad ejercer todas 
las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno 
de la Nación. Posteriormente, se dictaron el Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre 
el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de 
provisión  de  medios  materiales  y  económicos  para  el  funcionamiento  de  la 
Administración de Justicia y el Real Decreto 1429/2002, de 27 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de 
Madrid en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la 
Administración de Justicia.
V.  La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual, pone su atención en la persona de la víctima, 
reclamando una intervención positiva del Estado dirigida a restaurar la situación en que 
se encontraba antes de padecer el delito o al menos a paliar los efectos que el delito ha 
producido sobre ella. En su artículo 16 establece que se procederá a la implantación de 
las  Oficinas  de  Asistencia  a  las  Víctimas,  que  se  constituyen  como  unidades 
dependientes del Ministerio de Justicia o, en su caso, de las comunidades autónomas 
con  competencias  asumidas  sobre  la  materia,  que  analizan  las  necesidades 
asistenciales y de protección de las víctimas, y que estarán integradas por personal al 
servicio de la Administración de Justicia, psicólogos o cualquier técnico que se considere 
necesario para la prestación del servicio.
Con ello se fija un marco asistencial mínimo para la prestación de un servicio público 
en condiciones de igualdad en todo el Estado, y para la garantía y protección de los 
derechos  de  las  víctimas,  sin  perjuicio  de  las  especialidades  organizativas  de  las 
Oficinas según la normativa estatal o autonómica que les resulte de aplicación.
VI.  La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, transpone la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo  pretende,  partiendo  del  reconocimiento  de  la  dignidad  de  las  víctimas,  la 
defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad.
En dicha Ley se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos requiere el desarrollo de algunas de las previsiones 
recogidas en el citado Estatuto, en aras a garantizar la efectividad de los derechos que 
en él se recogen, así como una regulación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 
Además, los derechos que recoge la Ley serán de aplicación a todas las víctimas de 
delitos  ocurridos  en  España  o  que  puedan  ser  perseguidos  en  España,  con 
independencia de la nacionalidad de la víctima o de si disfrutan o no de residencia legal. e.
VII.  El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la  w.b
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas  439ww
dAes isAtesnisctiean ac iala sa V  ílactsim  Vaísc,t iemna as tednecl ióDne ali tloo,s  ndoerrmecahliozsa  relac oagcidtuoasc eiónn  lad neo rlamsa tOivfaic einuaros pdeea 
y enE enl  Eesl tamtuistom doe  slae  viíncstitma aa d elal sd eAlitdom. inistraciones Públicas a aprobar y fomentar el
desarrollo  de  protocolos  de  actuación  y  de  procedimientos  de  coordinación  y
colaboración, en los que también tendrán participación las asociaciones y colectivos de 
protección de las víctimas.
En el artículo 10 de dicho Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, se prevé la 
creación del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, con carácter de órgano 
consultivo con amplia representación, que tendrá distintas funciones para velar por el 
respeto  de  los  derechos  de  las  víctimas  y  el  buen  funcionamiento  del  sistema  de 
asistencia. Con el asesoramiento de este Consejo, el Ministerio de Justicia podrá llevar a 
cabo la evaluación periódica del sistema de asistencia a las víctimas, y proponer, a 
través del Consejo de Ministros, las medidas y reformas que sean necesarias para la 
mejor protección de las víctimas.
De conformidad con el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Justicia,  y  se  modifica  el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, dicho Consejo Asesor está adscrito a la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia.
VIII.  Asimismo, se establecen los representantes de las distintas Administraciones 
públicas y Asociaciones que van a formar parte del Consejo Asesor de Asistencia a las 
Víctimas y, se indica que, con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto 
se nombrarán tres representantes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido 
los traspasos de medios personales y materiales al servicio de la Administración de 
Justicia en régimen de rotación anual, que representarán al resto y que ejercerán, 
también rotatoriamente, la Vicepresidencia.
IX.  Que, para la consecución de los objetivos expuestos, se suscribió en fecha 
de 30 de septiembre de 2016, el convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia 
y las Comunidades Autónomas con traspaso de funciones en materia de provisión de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
para establecer el sistema de representación de las comunidades autónomas en el 
Consejo  Asesor  de  Asistencia  a  las  Víctimas.  Dicho  convenio,  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en la disposición adicional 8.ª, apartado 1.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, debe entenderse extinguido.
X.  Debido a la extinción operada en aplicación de la disposición adicional 8.ª, 
apartado 1.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
se procede a la suscripción de un nuevo convenio para incorporar las prescripciones 
introducidas por la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Por ello, en aplicación de los principios de cooperación y colaboración que rigen las 
relaciones entre las administraciones públicas, y con el fin de establecer fórmulas que 
contribuyan a dar un mejor servicio, en una materia tan sensible como son las víctimas 
del  delito,  las  partes  suscriben  el  presente  convenio  para  dar  cumplimiento  a  lo 
establecido en el artículo 10.2.b) Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que 
se  determinan  los  miembros  del  Consejo  Asesor  de  Asistencia  a  las  Víctimas 
correspondientes a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de 
medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, que se regirá 
por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio. e.
El presente convenio tiene como objeto establecer el sistema de representación de  439ww
lsaesr vCicoiom udnei dlaad eAsd mAiuntisótnraocmióans  dceo nJ utrsatsicpiaas oesn  deel  Cmoendsieojso  pAesrseosnoar ledse  yA seisctoennócmiai cao s laasl 
VRíecatilm Daesc, redteo  1c1o0n9f/o2r0m1i5d,a dd e c1o1n  dleo  dpicrieevmisbtroe , epno r eel l qaurteíc usleo  d1e0s.a2r,r olalap alart aLdeoy  4b/)2, 01d5e,l 
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas del Delito.
Segunda.  Sistema de representación de las Comunidades Autónomas.
Las partes firmantes acuerdan que el sistema de representación de las Comunidades 
Autónomas,  con  traspasos  de  medios  personales  y  materiales  al  servicio  de  la 
Administración de Justicia, en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas será de 
tres  representantes  en  rotación  anual,  que  representará  al  resto,  y  que  ejercerán, 
también rotatoriamente, la Vicepresidencia. Los representantes de las Comunidades 
Autónomas con competencias en esta materia, tendrán rango de Director General o 
rango superior, que podrá ser sustituido por la persona en quien delegue en atención a 
las funciones a desempeñar.
El orden de representación rotatoria de las Comunidades Autónomas se realizará 
según  el  orden  de  fecha  de  aprobación  de  sus  primeros  Estatutos  de  Autonomía, 
continuándose a la fecha de efectos del presente convenio, con este orden entre las 
Comunidades Autónomas que no hubieran ejercido esta representación en un turno 
anterior.
Entre  las  Comunidades  Autónomas  que  ejerzan  la  representación  rotatoria,  la 
Vicepresidencia del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas será ejercida, en cada 
anualidad, por aquella Comunidad Autónoma cuyo primer Estatuto de Autonomía fuera el 
más antiguo, salvo que ya la hubiera ejercido en turnos anteriores, en cuyo caso será 
ejercida, de entre ellas, por la siguiente por orden de antigüedad de su primer Estatuto 
de Autonomía.
Tercera.  Vigencia, efectos y modificación del convenio.
El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y producirá efectos en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  una  vez  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal, y será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y podrá ser prorrogado a su término 
mediante acuerdo expreso por igual período de cuatro años, que deberá formalizarse 
con un mes de antelación a la expiración del convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
Igualmente, las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio 
en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. La 
modificación se incorporará como parte inseparable del texto del convenio.
Cuarta.  Financiación.
La aplicación y ejecución de este convenio no comporta por sí misma ningún tipo de 
contraprestación económica ni obligaciones financieras por ninguna de las partes, ni 
produce ningún incremento del gasto público.
Quinta.  Comisión de seguimiento.
Se constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por un representante del  e.e
Ministerio de Justicia y un representante designado de entre y de común acuerdo por las  w.b
tres Comunidades Autónomas que, por turno anual, tengan asignada la representación  439ww
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indicLaad coosm diessióignn see,  srei ulon eirsát iaml am oepnoorst uunnoa. vez al año y cuando lo determinen las partes.
La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el presente convenio, resolver las cuestiones que se planteen durante la 
ejecución  del  mismo,  así  como  hacer  propuestas  de  mejora  o  modificaciones  a  la 
colaboración que puedan surgir en ejecución del convenio entre las partes intervinientes.
La Comisión se regirá, en cuanto su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y 
vinculación  de  sus  acuerdos  por  lo  dispuesto  en  este  apartado,  así  como  por  la 
regulación  contenida  en  la  sección  3.ª  del  capítulo  II  del  título  preliminar  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre el funcionamiento de los órganos colegiados de las 
distintas administraciones públicas.
Sexta.  Causas de extinción del convenio.
El presente convenio se extingue, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el 
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de 
resolución.
Se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.  En  este  convenio,  no  se  prevé  ninguna  indemnización  en  caso  de 
incumplimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en este convenio o 
en otras leyes.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
Comisión  de  seguimiento,  podrán  acordar  la  continuación  y  finalización  de  las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas 
en los términos establecidos en el artículo 52 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
Séptima.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
lo dispuesto en el capítulo VI título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Su objeto se halla excluido del ámbito de la 
contratación pública, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de  e.
noviembre, de Contratos del Sector Público. w.b
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución,  439ww
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presAeln tteen ceor nnvaetnuiroa.leza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Octava.  Difusión.
La difusión, publicidad y registro del convenio se ajustará a la normativa que resulte 
de aplicación en cada una de las Comunidades Autónomas firmantes.
Novena.  Protección de datos personales.
Los afectados por el convenio vendrán obligados por las disposiciones y exigencias 
de la normativa reguladora en esta materia, constituida por el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y por la restante 
normativa aplicable en la materia.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  convenio.–La 
Ministra  de  Justicia,  María  Pilar  Llop  Cuenca.–La  Consejera  de  Igualdad,  Justicia  y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal Albeniz.–La Consejera de 
Justicia de la Generalitat de Cataluña, Lourdes Ciuró i Buldó.–El Vicepresidente Primero y 
Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda 
Valenzuela.–El  Vicepresidente  y  Consejero  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y 
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Antonio Marín 
Lozano.–La  Consejera  de  Presidencia  del  Principado  de  Asturias,  Rita  Camblor 
Rodríguez.–El Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Pablo Zuloaga Martínez.–El Consejero de 
Servicios Sociales y Gobernanza Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pablo 
Rubio  Medrano.–La  Consellera  de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública  de  la 
Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo Sanestanislao.–La Consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales  del Gobierno de  Aragón, María Teresa  Pérez  Esteban.–El 
Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, Julio Manuel Pérez Hernández.–El Consejero de Políticas Migratorias y 
Justicia  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  Eduardo  Santos  Itoiz.–El  Consejero  de 
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López López.