BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Viernes 15 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126119
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
16787 Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional en el procedimiento interpuesto contra la entidad pública 
empresarial Enaire, las empresas Aena, S.M.E., SA, y AENA Scairm, S.M.E., 
SA, y los sindicatos CC.OO., UGT, USO, CSPA y SLTA.
Visto el fallo de la Sentencia núm. 198/2021, de fecha 23 de septiembre de 2021, 
dictada  por  la  Sala  de  lo  Social  de  la  Audiencia  Nacional  en  el  procedimiento 
n.º 127/2021 sobre impugnación de Convenios, seguido por la demanda del sindicato 
CIG contra la entidad pública empresarial Enaire, las empresas Aena S.M.E., S.A. y 
Aena Scairm S.M.E., S.A., y los sindicatos CC.OO., UGT, USO, CSPA y SLTA, siendo 
parte el Ministerio Fiscal,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.  En el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre de 2011 se publicó 
la resolución de la entonces Dirección General de Empleo, de 29 de noviembre de 2011, 
en la que se ordena inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el I Convenio colectivo del Grupo 
de empresas AENA (Código de convenio n.º 90100033012011).
Segundo.  El día 28 de septiembre de 2021 tuvo entrada en la Oficina de Registro 
del  Departamento  la  sentencia  antecitada  de  la  Sala  de  lo  Social  de  la  Audiencia 
Nacional, en cuyo fallo se acuerda declarar la nulidad del artículo 157.2 del antecitado I 
Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA.
Fundamentos de Derecho
Primero y único.  De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia 
sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio Colectivo impugnado y éste hubiera sido 
publicado, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de 
septiembre de 2021, recaída en el procedimiento n.º 127/2021 sobre impugnación de 
Convenios, y relativa al I Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA, en el 
correspondiente  Registro  de  convenios  y  acuerdos  colectivos  de  trabajo  con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo. es
Segundo. 787www.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
BarbMearod.rid, 4 de octubre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Letrada de la Administración de Justicia doña Marta Jaureguizar Serrano
Sentencia n.º 198/2021
Fecha de Juicio: 7 de septiembre de 2021.
Fecha Sentencia: 23 de septiembre de 2021.
Fecha Auto Aclaración:
Tipo y núm. Procedimiento: Impugnación de convenios 127/2021.
Materia: Impugnación convenio colectivo.
Ponente: José Luis Niño Romero.
Demandante/s: Confederacion Intersindical Galega (CIG).
Demandado/s:  Aena  SME  S.A.,  Aena  Sociedad  Concesionaria  Aeropuerto 
Internacional Región de Murcia SME, S.A., Enaire EPE, Comisiones Obreras, Unión 
General  de  Trabajadores,  Unión  Sindical  Obrera,  Confederación  de  Sindicatos 
Profesionales Aéreos (CSPA), Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA).
Intervención del Ministerio Fiscal.
Resolución de la Sentencia: Estimatoria.
Breve resumen de la Sentencia: Se reclama la nulidad del artículo 157.2 del convenio 
del Grupo Aena, que establece una única unidad electoral para la elección de la RLT, 
incluyéndose en la misma a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 
del convenio, cualquiera que sea la empresa del grupo a la que pertenezcan. 
Estimar demanda, la unidad electoral básica contemplada en el ET es el centro de 
trabajo que se entiende como correspondiente a una empresa. La nueva organización 
empresarial de la demandada no justifica una regla diferente a la contemplada en el ET 
que habla de empresa y de centro de trabajo. No hay grupo de empresas a efectos 
laborales  por  lo  que  no  se  puede  contemplar  la  regla  contenida  en  el  Convenio 
impugnado, pues su validez conllevaría la consideración del grupo empresarial como 
grupo laboral igualmente, sin que se pueda predicar la condición de grupo para la 
materia electoral pero no para otros aspectos de la relación laboral. El censo electoral 
único  determina  unos  órganos  de  representación  unitaria  que  no  se  ajustan  a  las 
previsiones del ET. Posibilidad de que empresas del grupo que no alcancen el mínimo de 
personal en el centro de trabajo para tener representación unitaria la obtengan, o de que 
personas empleadas en alguna empresa del grupo con derecho a tener representantes 
unitarios  no  obtengan  representación  efectiva  con  el  modelo  contemplado  en  el 
Convenio.
Aud.  Nacional  Sala  de  lo  Social.  Goya,  14  (Madrid).  Tfno.:  914007258.  Correo 
electrónico: –. Equipo/usuario: MAD. NIG: 28079 24 4 2021 0000130. Modelo: ANS105 
Sentencia. IMC Impugnación de Convenios 0000127/2021. Procedimiento de origen: –. 
Sobre: Impug. convenios. Ponente Ilmo. Sr.: José Luis Niño Romero.
Sentencia 198/2021.
Ilmo. Sr. Presidente: Don José Pablo Aramendi Sánchez.
Ilmos./as. Sres./Sras. Magistrados/as:
Doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. s
Don José Luis Niño Romero. oe.
En Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 787ww
La  Sala  de  lo  Social  de  la  Audiencia  Nacional  compuesta  por  los  Sres./as. 
Magistrados/as citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento impugnación de convenios 0000127/2021 seguido por demanda 
de Confederacion Intersindical Galega (Letrado D. Carlos Sevilla Alonso) contra Aena 
SME SA, Aena Sociedad Concesionaria Aeropuerto Internacional Region de Murcia 
SME, SA (Letrada D.ª Isabel Heras Sancho), Enaire EPE (Abogado del Estado D. 
Gonzalo Mairata Corominas), Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos SLTA (Letrado D. 
Gonzalo  Lucendo  de  Miguel),  Unión  Sindical  Obrera  (Letrado  D.  Serafín  López 
Rodríguez), Comisiones Obreras (Letrada D.ª Rosa González Rozas), Confederación de 
Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) (Letrado D. José María Palmero Carrero), Unión 
General de Trabajadores (Letrada D.ª Concepción Arranz Perdiguero) sobre impug. 
convenios. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Niño Romero.
Antecedentes de hecho
Primero.  Según  consta  en  autos,  el  día  15/04/2021  se  presentó  demanda,  en 
nombre y representación de la parte actora, Confederación Intersindical Galega (CIG), 
en materia de impugnación de convenio colectivo, que la dirigió inicialmente frente a 
Aena S.M.E., S.A., Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia, S.M.E., S.A., y Enaire E.P.E., Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión 
General  de  Trabajadores  (UGT),  Unión  Sindical  Obrera  (USO)  y  Confederación  de 
Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA). Por escrito presentado el 21 de junio de 2021 
se amplió la demanda frente al Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA).
Segundo.  La Sala acordó el registro de la demanda con el número 127/2021 y 
designó  ponente  señalándose  el  día  7  de  septiembre  de  2021  para  los  actos  de 
conciliación y, en su caso, juicio.
Tercero.  Abierto el acto del juicio, el letrado de la parte actora se afirmó y ratificó en 
su escrito de demanda solicitando se dicte sentencia por la que la que: a) Declare la 
nulidad del artículo 157.2 del I Convenio colectivo del Grupo Aena; b) Condene a las 
demandadas a estar y pasar por la declaración anterior y ordene la publicación de la 
sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
La parte codemandada Aena S.M.E., S.A., y Aena Sociedad Concesionaria del 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A., se opuso a la demanda al 
entender que el convenio colectivo no impone elecciones a nivel de grupo pues es cada 
centro de trabajo donde se constituye la unidad electoral, y es en cada centro de trabajo 
donde  concurren  las  empresas  del  grupo  a  las  que  es  de  aplicación  el  convenio 
colectivo. Invocó como cuestión procesal la falta de legitimación pasiva del sindicato libre 
de trabajadores aéreos. La defensa de la codemandada Enaire, E.P.E., se opuso a la 
demanda  adhiriéndose  a  las  alegaciones  realizadas  por  la  Letrada  de  Aena.  Los 
sindicatos  codemandados  Comisiones  Obreras  (CC.OO.)  y  Unión  General  de 
Trabajadores  (UGT),  se  opusieron  igualmente  a  la  demanda  solicitando  su 
desestimación, mientras que los demás sindicatos codemandados, Confederación de  e.
Sindicatos  Profesionales  Aéreos  (CSTA)  y  Sindicato  Libre  de  Trabajadores  Aéreos  w.b
(SLTA), se adhirieron a la demanda. 787ww
docuSmegeunitdaal,m treanst elo  sceu apl rloacse pdaiórt eas  leal efvaasreo nd seu ps rcuoenbcal upsrioonpeosn iaé nddeofisneit ivya ps.racticándose la
partEe l dMeimniasntedraion tFei sdcea l ceonn fsourm inidfoardm ceo nso elicl itaór tíacluelgoó  1la6 5f.a1l.taa)  ddee  lelag itLimRaJSci,ó na l accatirveac edre  dlea 
implantación suficiente en el ámbito del conflicto, y en cuanto al fondo interesó la
estimación de la demanda al entender que el artículo 157.2 del Convenio colectivo 
impugnado es contrario a lo previsto en los artículos 62 y 63 ET.
Cuarto.  En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las 
formalidades legales.
Resultado y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.  El sindicato demandante ostenta la condición legal de más representativo 
a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia, conforme al artículo 7.1 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical.
Asimismo, tiene presencia en Aena y Enaire, contando con afiliación en los tres 
aeropuertos gallegos y representación en los siguientes comités de empresa:
Comité de Empresa de Enaire en el Aeropuerto Rosalía de Castro-Santiago de 
Compostela: 2 miembros de 9 (3 de CSPA, 2 de CIG).
Comité de Empresa de Aena/Enaire en el Aeropuerto de Vigo: 1 miembro de 5 (2 de 
USO, 1 de CIG 1 de CCOO, 1 de UGT).
Además, cuenta con una sección sindical de ámbito gallego en Aena (que agrupa a 
la afiliación en los aeropuertos de A Coruña, Rosalía de Castro-Santiago de Compostela 
y  Vigo)  y  otra  en  Enaire,  adscrita  al  aeropuerto  Rosalía  de  CastroSantiago  de 
Compostela.
Al  descriptor  147  constan  los  resultados  de  las  elecciones  a  los  órganos  de 
representación  unitaria  en  los  distintos  centros  de  trabajo  de  las  empleadoras 
demandadas, figurando el sindicato CIG con tres representantes.
Segundo.  Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Ente de Derecho Público 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, fue creado por el 
artículo 82 de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, se creó la sociedad 
mercantil Aena Aeropuertos, como desarrollo del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y creación de empleo, que incluía en su texto la modernización del sistema 
aeroportuario mediante la implantación de un nuevo modelo de gestión. Por Orden 
Ministerial de 7 de junio de 2011, se acordó el inicio de la actividad de Aena Aeropuertos, 
S.A., a la que se le atribuye el conjunto de funciones y obligaciones que la entidad 
pública empresarial Aena ejercía en materia de gestión y explotación de los servicios 
aeroportuarios.
Mediante  el  Real  Decreto  Ley  8/2014,  de  4  de  julio,  se  produjo  el  cambio  de 
denominación de la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S.A., que pasó a denominarse 
Aena, S.A (en abril de 2017 según lo dispuesto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público que establece que en las sociedades mercantiles estatales debe 
figurar la abreviatura S.M.E., se adapta la denominación de la Sociedad a Aena SME, 
S.A.). Al unísono, y mediante la misma norma legislativa, la entidad pública empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, pasó a denominarse Enaire.
Enaire continúa con la misma naturaleza y régimen jurídico previsto para la entidad 
pública empresarial Aena, ejerciendo exclusivamente las competencias en materia de 
navegación  y  espacio  aéreo,  además  de  la  coordinación  operativa  nacional  e  s
internacional de la red nacional de gestión del tráfico aéreo. oe.
Tercero.  El día 8 de junio de 2011 se constituyó la comisión negociadora para la  w.
cnsoienlgedocicctaiivatooc siód Cne Cl dG.eO rOulap. ,o tUr aAGnesTnf oayr ,mU eSancO iló.an  qdueel  Vfo rCmoanrovenn pioa rcteo ledcet ivlao  rdeep rAeesennat aecnió enl  sI inCdoicnavle nloios   2021-16787n https://ww
El 14 de julio de 2011 se celebró la última reunión de la comisión negociadora en la 
que se firmó el I Convenio colectivo del Grupo Aena. Por la parte social intervinieron los 
sindicatos ya citados, CC.OO., UGT y USO.
El  día  20  de  febrero  de  2013  se  constituyó  la  comisión  negociadora  para  la 
negociación de diversas modificaciones del vigente I Convenio colectivo del Grupo Aena, 
en la que formaron parte de la representación sindical los sindicatos CC.OO., UGT y 
USO.
Cuarto.  El «Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre de 2011, publicó el I 
Convenio colectivo del Grupo de Empresas Aena (Entidad Pública Empresarial Aena y 
Aena Aeropuertos, S.A.).
De acuerdo con el artículo 1 del convenio en la versión publicada en el BOE de 19 de 
octubre de 2019, el mismo tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre las 
empresas  que  constituyen  actualmente  el  grupo  Aena:  entidad  pública  empresarial 
Enaire, Aena S.M.E., S.A., y la empresa Aena Scairm S.M.E., S.A., en sus centros de 
trabajo actuales y futuros, de una parte, y, de la otra, el personal que presta sus servicios 
en las mismas y que está incluido en el ámbito de aplicación previsto en este capítulo.
Se añade en el mismo artículo que el Convenio Colectivo también será de aplicación 
a las sociedades filiales y sociedades mercantiles  concesionarias o cualquiera otra 
derivada de operaciones de reordenación societaria y reorganización de la Entidad 
Pública Empresarial Aena, que suponga transferencia de personal y/o cargas de trabajo 
entre distintas empresas, que se pudieran constituir en el futuro, a resultas del desarrollo 
del R.D. Ley 13/2010, de 3 de diciembre, y cualquier otra norma que resultara de 
aplicación en esta materia, para el desarrollo de las funciones que en la actualidad tiene 
atribuidas  la  Entidad  Pública  Empresarial  Aena,  en  virtud  de  lo  establecido  en  la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, y en el Real 
Decreto 905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Ente Público 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
El artículo 2 define el ámbito personal señalando que afecta a todo el personal 
contratado  laboralmente  por  alguna  de  las  empresas  del  «Grupo  Aena».  Quedan 
excluidas  del  citado  ámbito  personal  las  relaciones  jurídicas  contempladas  en  el 
artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, el personal de alta dirección contemplado 
en el artículo 2.1.a) del mismo Estatuto, así como el personal que desempeñe los cargos 
de Directores Generales y Corporativos del Grupo Aena y el personal controlador de la 
circulación aérea.
Quinto.  Con fecha 31 de enero de 2019 se suscribió un acuerdo sobre promoción 
de elecciones en el Grupo de Empresas de Aena (EPE Enair, Aena SME, S.A., y Aena 
Scairm SME, S.A.), entre los sindicatos CC.OO., UGT y USO del Grupo Aena.
El apartado primero de los acuerdos adoptados decía lo siguiente:
La promoción de elecciones sindicales para todos los centros de trabajo del Grupo 
Aena y en Aena Scairm SME, S.A., que caducan el mandato a efectos de representación 
laboral en el mes de mayo de 2019, al amparo del artículo 67.1, párrafo tercero del 
Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 2.4 del Real Decreto 1844/94 y el artículo 157 
del vigente I Convenio Colectivo del Grupo AENA.
El artículo 157 del I Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA dice lo 
siguiente:
«Artículo 157.  Elecciones sindicales.
1.  En  el  ámbito  del  presente  Convenio  Colectivo  se  celebrarán  elecciones  bo
sindicales según la normativa vigente. 787ww
cgRoeelneae2cl r.tD aivedoEca,r nsey  tp cocoo-olnre msyeo ol1 n p3acr/noo2cnc0iesa1es 0toc,a u pndeateonr a cmci aeoo ln ddd eeeerlls n aeoizrsbratjoaeclttlioóuo ns dc  eodd meelal  osgs  rifcsuuotpnenocm i eoadln  eeáa smela rqbsoui pteoeo  nrepttusiedtaraasrbdiooaen,n sar  lea ygdt rueisblloa uccdidiooean dsvea enadn  eeliaosl     OE-A-2021-16able en https://
entidad  pública  empresarial  Aena,  se  hace  necesario  establecer  una  única  unidad
electoral, a efectos de la elección de la representación laboral correspondiente, en cada 
centro de trabajo del grupo Aena, en la que estarán incluidos todos los trabajadores 
afectados  por  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Convenio  Colectivo  de  Grupo,  con 
independencia de la entidad y/o sociedad del grupo Aena a la que dichos trabajadores 
estén vinculados laboralmente. A estos efectos se entenderá por centro de trabajo cada 
uno de los aeropuertos, cada uno de los centros de control de tránsito aéreo y cada una 
de las sedes centrales de las entidades y/o sociedades del grupo Aena.
3.  La  representatividad  de  los  respectivos  Sindicatos,  se  determinará  por  los 
resultados del proceso electoral, obtenidos en el conjunto de centros de trabajo del 
Grupo Aena.»
Sexto.  En virtud del acuerdo anterior, por los sindicatos firmantes se promovieron 
elecciones en distintos centros de trabajo, figurando a los descriptores 83 y siguientes 
impresos de preaviso de elecciones en algunos centros de esos centros de trabajo.
El sindicato CSPA impugnó distintos preavisos de elecciones por distintos motivos, 
según  consta  a  los  descriptores  90  y  siguientes,  en  las  que  se  pretendía 
fundamentalmente  la  anulación  de  los  preavisos  para  que  las  elecciones  se 
circunscribieran a una sola empresa en unos casos, así como la inclusión del personal 
de control en otro.
Se  dictaron  Laudos  arbitrales  en  resolución  de  las  citadas  impugnaciones,  que 
tuvieron resultado dispar en cuanto a la celebración de elecciones por cada empresa y 
centro de trabajo, mientras que se rechazó en todos los casos la inclusión del personal 
de control aéreo al no estar incluido en el ámbito de aplicación del Convenio colectivo. A 
los descriptores 90 y 103 y siguientes figuran los Laudos arbitrales dictados al efecto.
Igualmente constan en los descriptores 117 y siguientes sentencias dictadas por 
distintos  órganos  judiciales  resolviendo  las  impugnaciones  de  los  Laudos  arbitrales 
dictados en los procesos electorales promovidos.
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero.  Prueba de los hechos.
1.  De conformidad con el artículo 97.2 de la LRJS los hechos declarados probados 
han resultado acreditados de la prueba practicada a instancia de las partes, según se 
especifica a continuación:
El hecho primero, conforme y descriptor 147.
El hecho segundo, por conformidad y del documento obrante al descriptor 60.
El hecho tercero de la prueba documental que figura en el descriptor 130, 131 y 133.
El cuarto, del documento que consta en el descriptor 3.
El quinto, descriptores 101 y 3.
El sexto, descriptores 83, 90, 103 a 116 y 117 y siguientes.
Segundo.  Pretensiones de las partes.
1.  La demandante en el presente procedimiento interesa que se declare la nulidad 
del artículo 157.2 del I Convenio colectivo del Grupo Aena, con la correspondiente 
condena  a  las  demandadas  a  estar  y  pasar  por  esa  declaración  y  se  ordene  la 
publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Alega en tal sentido que el  e
ámbito propio de la representación de los trabajadores en nuestro ordenamiento jurídico  bo
es «la empresa o centro de trabajo», según se recoge en los artículos 62 y 63 ET, que  787ww
eremgpurlaensa r,e ys peenc teivl aamrtíecnutleo  l6a7 r edper leas menistamcaió nno mrmedai,a qnutee  dreegleuglaa dlao sp rdoem poecrisóonn dael  ye lceocmciioténse sd ey 
teél rmmiannods adtoe l aerletícctuolroa l4. 2A.1ñ addeel  Cqóudeig ou nd eg Cruopmoe rmcieor,c úannitcila mdee netem spere csoansc, ibdee fcinoimdoo  uenni dlaods 
electoral en las empresas de dimensión comunitaria para la elección del comité de
empresa europeo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 10/1997, por la 
que se transpuso al derecho interno la Directiva 94/45/CE sobre la constitución de un 
comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Así 
entiende que al no tener las empresas demandadas la consideración de empresas de 
dimensión  comunitaria,  entonces  se  deben  someter  los  procesos  electorales  a  la 
disciplina del ET. Por otra parte, al no tratarse de un grupo de empresas a efectos 
laborales, lo que se conoce como «grupo patológico de empresas», tampoco es posible 
que el grupo empresarial actúe como unidad electoral. Indica en último lugar que el 
establecimiento de un nuevo régimen jurídico en la gestión aeroportuaria y la creación de 
una nueva sociedad mercantil para la atención a una parte del negocio que antes 
desempeñaba  directamente  la  entidad  pública  empresarial  implican  un  cambio 
estructural  en  la  organización,  que  pasa  de  ser  unitaria  a  plural,  y  ello  tiene 
consecuencias jurídicas tanto en el ámbito mercantil como en el laboral, entre ellas la 
necesidad de ajustar el ámbito de representación de los trabajadores a las nuevas 
empresas a que son adscritos.
2.  La parte demandada, defensas de Aena S.M.E., S.A., y Aena SCAIRM, S.M.E., 
S.A., y de Enaire, E.P.E., se opuso a la demanda, alegando primeramente la falta de 
legitimación  pasiva  del  Sindicato  Libre  de  Trabajadores  Aéreos  de  acuerdo  con  el 
artículo 165 LRJS, pues dicho sindicato no forma parte de la mesa negociadora del 
convenio  colectivo  ni  de  otros  órganos  de  representación.  Señala  también  que  el 
convenio no impone elecciones a nivel de grupo, pues cada centro de trabajo constituye 
una unidad electoral, entendiendo por ello que no asiste acción a la parte demandante ya 
que el convenio alude al centro de trabajo siempre. Cita igualmente la Disposición 
Adicional  13  de  la  Ley  21/2003.  Por  la  defensa  del  sindicato  CC.OO.,  se  citó  la 
Disposición Adicional 3 del Reglamento de elecciones del Real Decreto 1844/1994.
Tercero.  Falta de legitimación activa.
1.  Procede analizar primeramente la excepción de falta de legitimación activa del 
sindicato demandante, al entender el Ministerio Fiscal que al no tener de implantación 
suficiente en el ámbito del conflicto carece de legitimación activa de conformidad con el 
artículo 165.1.a) de la LRJS.
2.  El artículo 165.1 de la LRJS establece lo siguiente:
«1.  La legitimación activa para impugnar un convenio colectivo, por los trámites del 
proceso de conflicto colectivo corresponde:
a)  Si  la  impugnación  se  fundamenta  en  la  ilegalidad,  a  los  órganos  de 
representación  legal  o  sindical  de  los  trabajadores,  sindicatos  y  asociaciones 
empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Administración General del 
Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito. A los 
efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o 
indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los 
organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.»
Este precepto ha de ser relacionado con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la LRJS, 
cuyo texto es el siguiente:
«Los  sindicatos  de  trabajadores  y  las  asociaciones  empresariales  tendrán  es
legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. o
Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados  787ww
stpqriauanreb aq a sujaaeecd  cttoraiaorle tniensa;,t r ep sreoivendem rncápcunriaóe iln gqq uuhuaiaeelmgr  eapex rndiostetceate e psuneoner  rsev oonín n rceaeulrt rslqooeu c eeeyn  detsreseertr  é edtnlie c cnehuinodr  sojsuosine  dpdgeoioc r la aipntsoat e aryrtcee et suele aonscb  idcojeionctleohes ocd.stei vlpo prsol ecdieteos  oldoses,    OE-A-2021-16able en https://
En especial, en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del 
proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad 
de trabajadores indeterminada o de difícil determinación; y, en particular, por tal cauce 
podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en 
todas las materias atribuidas al orden social.»
3.  Las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de marzo 
de  2021,  Recurso  176/2019,  y  de  23  de  octubre  de  2018,  Recurso  131/2017  han 
interpretado la cualidad de "interesado" del sindicato, que le legitima para accionar, en 
los siguientes términos:
«... la recurrente no ha probado tener la condición de sindicato "interesado" al que 
conceden la oportuna legitimación esas disposiciones legales que requieren, al efecto, 
que "exista un vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito", esto es un nexo de 
unión, una conexión entre el sindicato y los intereses del colectivo de trabajadores al que 
dice representar. Es cierto que para impugnar las disposiciones del convenio colectivo no 
hace falta tener el mismo nivel de implantación que para negociarlo, pues el llamado 
principio de correspondencia que impera en la negociación colectiva impone una mayor 
implantación del sindicato negociador en el ámbito del sector que se verá afectado por la 
negociación. Pero, no lo es menos que para impugnar un convenio colectivo como 
sindicato, la asociación sindical accionante debe acreditar que tiene un interés legítimo 
por su implantación en el ámbito de aplicación del mismo, lo que no ha hecho la 
recurrente que ni participó en el proceso electoral previo, ni en la negociación del 
convenio colectivo que impugna, ni ha probado el número de afiliados que tiene en la 
empresa.»
4.  El sindicato demandante, según ha quedado acreditado y nadie discutió en la 
vista oral, tiene presencia en los órganos de representación unitaria de las personas 
trabajadoras, en concreto en los comités de empresa en los aeropuertos de Santiago de 
Compostela y de Vigo, amén de una sección sindical de ámbito gallego tanto en Aena 
como en Enaire.
Tratándose el presente procedimiento de resolver si la previsión contenida en el 
convenio colectivo de aplicación, relativa al establecimiento, en las elecciones a los 
órganos de representación unitaria en cada centro de trabajo, de un censo electoral 
único para todas las personas que prestan servicios laborales en las empresas que 
forman el Grupo Aena, con independencia de la concreta empresa en la que trabajan, es 
conforme a la legalidad vigente, teniendo el resultado del proceso claras consecuencias 
en el número de órganos de representación unitaria en los centros de trabajo en los que 
tiene presencia el sindicato demandante, así como en su composición numérica, parece 
claro que existe un interés legítimo en la actuación procesal de la parte demandante, por 
lo que debe rechazarse la excepción planteada por el Ministerio Fiscal.
Cuarto.  Falta de legitimación pasiva.
1.  La segunda excepción procesal que debe analizarse es la planteada por la 
defensa de Aena S.M.E., S.A., y Aena SCAIRM, S.M.E., S.A., y de Enaire, E.P.E., de 
falta  de  legitimación  pasiva  del  Sindicato  Libre  de  Trabajadores  Aéreos  (SLTA)  de 
acuerdo con el artículo 165 LRJS, ya que este sindicato no forma parte de la mesa 
negociadora del convenio colectivo ni de otros órganos de representación.
2.  El artículo 165.2 LRJS dispone que estarán pasivamente legitimadas todas las  e.e
representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio. b
Además, como ya se ha citado en el fundamento anterior, el artículo 17.2 LRJS dice  787ww
lqeugeit im«alocsió ns pinadraic alato dse fednes a trdaeb alojas dinotreerse seys  elacso nóamsoiccoiasc yio nsoecsi aleems pqruees aler iasloens  prtoepnidorsá»n, 
qpureec enpot oe qs usei neos tuanbale ctrea s(SlaTcSió n2 8d.e0l1 .a2r0tí1c5u,l oR 7e cCurEs,o  u3t4ili/z2a0n1d4o)  uinncalu rseog lah agsetan esruasl  pmroiscmesaasl 
palabras.  El mismo precepto añade: «Los sindicatos con implantación suficiente en el
ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén 
en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre 
dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser 
tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal actuación haga detener o retroceder el 
curso de las actuaciones». Y, en tercer lugar el artículo 13 de la LEC sobre «Intervención 
de sujetos originariamente no demandantes ni demandados», supletoriamente aplicable 
para  los  aspectos  concretos  que  no  estén  contemplados  en  las  normas  laborales, 
dispone que «mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como 
demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado 
del pleito». Éstos serían, por tanto, el interviniente litisconsorcial y el adhesivo que, sin 
haber iniciado el pleito, pueden luego entrar en él siempre que no haya concluido y que 
su intervención no incurra en manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o 
procesal (art. 11.1 LOPJ).
Como señala el Tribunal Supremo en la sentencia citada más arriba, parece claro, 
pues, que el legislador tiene una actitud «proactiva» respecto a la intervención procesal 
de los sindicatos, cuando de intereses colectivos se trata, para favorecer el cumplimiento 
de su función constitucional.
3.  El presente procedimiento se inició por demanda del sindicato actor que la digirió 
inicialmente frente a las empresas Aena S.M.E., S.A., Aena Sociedad Concesionaria del 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A., y Enaire E.P.E., así como 
frente a los sindicatos CC.OO., UGT, USO y CSPA. Por escrito presentado el 21 de junio 
de 2021 se amplió la demanda frente al sindicato SLTA al tener una sección sindical en 
Aena/Enaire.
Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  anteriormente,  se  ha  de  rechazar  la  falta  de 
legitimación pasiva del sindicato SLTA invocada por la defensa de Aena, pues si bien es 
cierto que no formó parte de la comisión negociadora del convenio colectivo discutido, no 
debe olvidarse que puede personarse en el proceso y ser tenido por parte, considerando 
que la constitución de una sección sindical en las empresas demandadas le confiere 
legitimación suficiente en el presente proceso como interesado en el mismo.
Quinto.  Representación unitaria de las personas trabajadoras.
1.  La cuestión a resolver en el presente procedimiento se concreta en si es posible 
que, en materia de elección a representantes unitarios de las personas trabajadoras, el 
convenio colectivo establezca un colegio electoral único por cada centro de trabajo para 
todo el personal laboral empleado en las empresas y entidades que forman el Grupo 
Aena.
2.  Recordemos que el artículo 157 del convenio colectivo de aplicación prevé que 
en el ámbito del presente Convenio Colectivo se celebrarán elecciones sindicales según 
la normativa vigente.
«2.  En consonancia tanto con el objeto como con el ámbito personal del convenio 
colectivo, y como consecuencia del estatus de grupo de las entidades y sociedades 
generadas por el proceso de modernización del sistema aeroportuario, regulado en el 
Real Decreto-ley 13/2010, para el desarrollo de las funciones que estaban atribuidas a la 
entidad  pública  empresarial  Aena,  se  hace  necesario  establecer  una  única  unidad 
electoral, a efectos de la elección de la representación laboral correspondiente, en cada 
centro de trabajo del grupo Aena, en la que estarán incluidos todos los trabajadores 
afectados  por  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Convenio  Colectivo  de  Grupo,  con  s
independencia de la entidad y/o sociedad del grupo Aena a la que dichos trabajadores  oe.
dueenst oéla 3nds.  e vs ilenLodcaseu  aslrae ecdrpeoornspet usrlaaeeblrnetotosars atd,ivl emcid aleaadnsdat  e eu.dn neAtoi d  ealdosdeste o lsosr s eye s/cfopee ecsnctototrciosvie sos dseda  edeS ecninsote dndnitcerdoale ltg rodársue ,pp  toorsár eA nc esedninteoattr .eoar émdreein ota ryará bc aapjdooa rc  ualndoaas    2021-16787n https://www.
resultados del proceso electoral, obtenidos en el conjunto de centros de trabajo del
Grupo Aena.»
3.  El artículo 61 ET dispone que los trabajadores tienen derecho a participar en la 
empresa  a  través  de  los  órganos  de  representación  regulados  en  este  título. 
Circunscribe el derecho participativo a la empresa, y los órganos de representación son 
los previstos en los dos artículos siguientes, los delegados de personal y los comités de 
empresa.
Así el artículo 62.1 ET dispone lo siguiente para los delegados de personal:
«1.  La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que 
tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores corresponde a los delegados de 
personal. Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o 
centros  que  cuenten  entre  seis  y  diez  trabajadores,  si  así  lo  decidieran  estos  por 
mayoría.
Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los 
delegados de personal en el número siguiente: hasta treinta trabajadores, uno; de treinta 
y uno a cuarenta y nueve, tres.»
Por su parte el artículo 63 regula los comités de empresa en los siguientes términos:
«1.  El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de 
los trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, 
constituyéndose  en  cada  centro  de  trabajo  cuyo  censo  sea  de  cincuenta  o  más 
trabajadores.
2.  En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o 
más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores, pero que 
en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos 
centros tengan cincuenta trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros 
se constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro.
3.  Solo por convenio colectivo podrá pactarse la constitución y funcionamiento de 
un comité intercentros con un máximo de trece miembros, que serán designados de 
entre los componentes de los distintos comités de centro.»
En la constitución del comité intercentros se guardará la proporcionalidad de los 
sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente.
Tales  comités  intercentros  no  podrán  arrogarse  otras  funciones  que  las  que 
expresamente se les conceda en el convenio colectivo en que se acuerde su creación.
La composición del comité de empresa según el artículo 66 ET varía en función del 
número de personas trabajadoras en la empresa, y va desde cinco miembros para las 
empresas que ocupen de 50 a 100 trabajadores, hasta el máximo de setenta y cinco 
para las empresas de más de 28.000 empleados. Además, dentro de cada comité se 
elige de entre sus integrantes un/a presidente y un/a secretario, teniendo el órgano 
facultad para elaborar su propio reglamento de funcionamiento.
3.  De lo expuesto resulta que los supuestos de pluralidad que se contemplan en la 
norma legal básica son dos, a saber: la reunión de centros de trabajo en la misma 
provincia o en municipios limítrofes que individualmente no alcanzan la cifra mínima de 
trabajadores para constituir un comité de empresa, pero cuya suma llega a ese mínimo, 
y el caso del comité intercentros cuando exista previsión convencional expresa. La nota 
común que se da en ambos casos es que se trata de una sola empresa, lo que difiere del 
supuesto de autos en el que la previsión convencional lo que pluraliza no son los centros 
de trabajo sino las empresas que resultan afectadas por el proceso electoral que son las 
que desarrollan sus respectivas actividades productivas en el mismo centro de trabajo.  e.
Así mientras que el Estatuto de los Trabajadores se refiere a varios centros de trabajo (o  w.
varios comités de empresa en el comité intercentros) de la misma empresa, ahora nos  787ww
enco4n. traEmstoas  Scoanla v aturivaos  eomcapsrieósna sd ee np erol mnuisnmcioa rcseen tsroob dree  turanb asjuop.uesto de pluralidad de
dceen 2tr0o2s0 d ed ictrtaabdaaj oe an  eefle pcrtoosc edseo  cIeMleCb r2a2c9ió/2n0 d2e0 ,e lqeucec ioanneasli,z saebnat eunnc icao dnev e2n3io d ec onleocvtieivmo bdree   BOE-A-cable e
empresa  que  establecía  para  la  celebración  de  elecciones  a  los  órganos  de 
representación unitaria la agrupación de los centros de trabajo existentes en el territorio 
nacional en tres zonas geográficas. Decíamos en dicha sentencia que partiendo de la 
regla general de que el centro de trabajo constituye la unidad electoral básica, sin que 
sea posible que los sindicatos, o en su caso, mediante acuerdo sindicatos y empresa 
puedan elegir libremente la unidad electoral, entre la empresa en su conjunto o un 
conjunto de centros de trabajo, o los centros de trabajo singulares. Las conclusiones que 
de lo anterior se desprenden en relación con el art. 62 ET, son evidentes: no es posible, 
en ningún caso, la celebración de elecciones para delegados de personal en empresas o 
centros de trabajo que cuenten con menos de 6 trabajadores; los promotores de tales 
elecciones no pueden alterar la única unidad electoral básica establecida por la ley para 
estas; y no cabe su convocatoria y celebración en un ámbito superior al centro de 
trabajo, mediante la agrupación de varios de ellos con la finalidad de obtener por esa vía 
una representación distinta en número o calidad a la querida por la Ley. Como tampoco 
cabe, desde la perspectiva de la Ley, desbordar el centro de trabajo como unidad 
electoral en la elección para comités de empresa. Porque el art. 63, pese a utilizar la 
misma expresión de "empresa o centro de trabajo", tampoco permite agrupar -salvo, 
excepcionalmente, para la elección del Comité conjunto, dentro de una misma provincia 
o en municipios limítrofes- los distintos centros de trabajo que una empresa puede tener 
repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para elegir un único comité de 
empresa de ámbito estatal, o varios comités de empresa que no sean de la misma 
provincia o en municipios limítrofes.
Se añadía en la citada sentencia que la previsión convencional conduciría a un 
sistema representativo muy distinto del previsto en la Ley o, en todo caso, a una 
desmesurada  y  no  autorizada  ampliación  del  mismo.  Amén  de  que  permitir  en  el 
convenio colectivo la agrupación de centros fuera de lo permitido en el artículo 63 ET, 
sería tanto como despojar a los trabajadores de los centros que ocupan entre 6 y 10, de 
la facultad soberana que les otorga el art. 62 ET de ser ellos los únicos que pueden 
decidir por mayoría si celebran o no elecciones, para imponérselas desde fuera, aun en 
contra de su voluntad. Igual que en el supuesto de los Comités de empresa, que deben 
constituirse en cada centro de trabajo, sin posibilidad de acumular centros de múltiples 
provincias para la elección de sus miembros.
Es  obligado  pues  entender,  que  la  opción  del  legislador  ha  sido  clara:  dar  un 
tratamiento plenamente diferenciado a las empresas o centros de trabajo con escasos 
trabajadores, respecto de las que ocupan un mayor número. Cuando la empresa o el 
centro de trabajo tiene menos de 50 y más de 10, o en su caso,6 trabajadores la 
representación de los trabajadores corresponde a los Delegados de personal y los 
Comités de empresa se constituyen en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o 
más trabajadores, con la única excepción establecida en el artículo 63.2 ET en las 
empresas que tengan en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más 
centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su 
conjunto lo sumen, se constituye un Comité de empresa conjunto. Cuando unos centros 
tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán 
Comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro, siempre 
dentro de la misma provincia o en municipios limítrofes. La Ley no permite la agrupación 
en otros supuestos.
Sexto.  Centro de trabajo.
1.  La defensa de las partes demandadas se ha centrado en dos extremos, uno el  bo
relativo  al  centro  de  trabajo,  pues  entiende  que  el  convenio  colectivo  no  impone  787ww
eulneicdcaido neelesc ato rnaivl,e yl  edse  egnr ucpaod as icneon qtruoe d ees t rcaabdaajo  cdeonntdroe  dceo ntcraubrraejno  ldaosn edme psree scaosn dsetilt ugyreu ploa 
aa mlapsa rqau ela  enso rdmea a cpolincvaecniócnio enla cl odnisvceuntiidoa c, oclietacntivdoo;  ayl  eefle octtroo  lase D risepfioesreic iaó nla A ndoicrmionaativl a1 3q duee 
la Ley 21/2003, y la DA 3 del Real Decreto 1844/1994.
2.  Respecto al centro de trabajo entiende la empresa que al prestar servicios las 
personas trabajadoras de Aena y Enaire en el mismo centro de trabajo, quedan entonces 
adscritos a una misma unidad electoral por lo dispuesto no solamente en el convenio 
colectivo cuestionado, sino también en el artículo 69.2 ET.
3.  En relación con el concepto de centro de trabajo, que el artículo 1.5 ET define 
como «la unidad productiva con organización específica que sea dada de alta, como tal, 
ante la autoridad laboral», ha sostenido el Tribunal Supremo, sentencia de 5 de mayo 
de 2021, Rcud 3160/2018, que «El concepto de centro de trabajo tiene unos contornos 
indeterminados, pero ello no supone que pueda dejarse al arbitrio del empresario la 
decisión  última  de  crear  artificialmente  o  reconocer  la  existencia  de  un  centro  de 
trabajo». Y, tras negar que el alta administrativa sea un elemento constitutivo de su 
existencia, añadíamos que «Lo decisivo es que se aprecie la existencia de una unidad 
técnica de producción que, dentro del conjunto de la actividad de la empresa, sirva a la 
ejecución práctica de ésta». El centro de trabajo se configura como unidad simple, en 
donde se efectúa la realización de la actividad empresarial, bien desde un punto de vista 
geográfico o desde el punto de vista funcional (STS/4.ª de 24 febrero 2011 –antes 
citada– y 11 enero 2017 –rec. 24/2016–). Por ello, en algunos casos hemos identificado 
centro de trabajo con lugar de trabajo, como ha sucedido en relación con la aplicación de 
las normas sobre prevención de riesgos laborales (así, STS/4.ª de 10 diciembre 2007 –
rcud  576/2007–).  También  hemos  señalado  que  la  actividad  real  es  el  elemento 
determinante por encima de otras formalidades administrativas, como en el caso de la 
fijación de la norma a aplicar respecto de los buques en que se ha considerado relevante 
el punto base precisamente en atención a dicha actividad real (STS/4.ª de 3316/1999 y 8 
febrero  2007  –rec.  149/2005–).  En  definitiva,  resulta  decisivo  para  determinar  el 
concepto el que se trate del lugar al que acuden los trabajadores para la prestación de 
servicios y donde la empresa tenga implantados elementos productivos destinados a tal 
fin.
En definitiva, lo que caracteriza al centro de trabajo no es tanto un elemento físico, 
sino el técnico que permita desarrollar la actividad productiva de la empresa, lo que en el 
presente  caso  es  posible  de  manera  separada  por  parte  de  las  empleadoras 
demandadas,  por  un  lado  Aena  S.M.E.,  S.A.,  y  Aena  Sociedad  Concesionaria  del 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A., y por otro Enaire E.P.E.
4.  El propio proceso de modernización del sector aeroportuario español viene a 
corroborar lo anterior. Así en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 13/2010, se 
afirma que el modelo actual de gestión aeroportuaria puede mejorar sus niveles de 
eficiencia  abordando  medidas  que  permitan  acometer  un  importante  proceso  de 
modernización dirigido a la separación de las funciones de gestión aeroportuaria y las de 
navegación aérea que en España, hasta ahora, venían siendo desarrolladas por la 
misma Entidad Pública Empresarial, AENA, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
eficacia de nuestro sistema aeroportuario.  Por ello, se dice más adelante, se prevé la 
creación de una Sociedad Estatal que asuma la gestión de los aeropuertos que hasta 
ahora viene gestionando la Entidad Pública Empresarial AENA, dotándola así de una 
estructura mercantil que posibilitará, no solo una mayor agilidad de gestión, sino además 
un marco jurídico más adecuado para mejorar la gestión de todas las actividades no 
estrictamente aeronáuticas que cada vez desarrollan más los gestores aeroportuarios, y 
que resultan necesarias para la financiación de las infraestructuras aeroportuarias sin 
que se grave más a las compañías aéreas y a los demás usuarios de las mismas. Por 
otra parte, la nueva estructura empresarial que se establece permite la consecución del  s
objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter  oe.
estatal de la sociedad, lo que supone el control de la mayoría de su capital. Además, se  w.
articulan dos vías para la posible gestión individualizada de los aeropuertos, que podrá  787ww
aSr.tAic.u»l,a brsieen,  ab iteranv aé st rdaevlé ost odrgea lma iecnretoa cdióen c odnec essoicoineedsa dae fsa vfoilira dleesl  sdeec t«oAr epnriava Adeor.opuertos,
travéEsn  dlae  mlae cdrideaa ceiónn q duee  fsileia pleesr mdiete A lae ngae, sbtiióenn  ian dtirvaivdéusa lidzea dcao ndcee lsoios naeesr oap ueemrptorse,s baise nd eal   BOE-A-cable e
sector privado, parece claro que no puede hablarse de un vínculo inescindible entre 
Aena y Enaire para la consecución de sus respectivos fines, puramente empresarial de 
la primera y público del segundo, tal como propugna la defensa de las empleadoras 
demandadas, por lo que la vinculación al mismo centro de trabajo, a efectos electorales, 
de las personas trabajadoras de todas las empresas demandadas que prestan servicios 
en cada centro de trabajo no encuentra justificación.
5.  Por otra parte la Disposición Adicional 13 de la Ley 21/2003, de Seguridad 
Aérea, contiene una equiparación de la normativa aplicable tanto al personal laboral de 
EPE Aena y al de Aena Aeropuertos, S.A., pues dispone que la negociación colectiva, la 
contratación y el régimen jurídico del personal laboral de la Entidad Pública Empresarial 
Aena que no tenga la condición de controlador de tránsito aéreo será el legalmente 
establecido para el personal de Aena Aeropuertos, S.A., pero ello no implica que tenga 
cobertura  legal  la  previsión  convencional  discutida  tal  como  se  afirma  por  la  parte 
demandada, pues la citada Ley de Seguridad Aérea no tiene por objeto regular los 
procesos electorales a la representación unitaria de los trabajadores en las empresas, 
sino que tal extremo está contenido, como ya se sabe, en el Estatuto de los Trabajadores 
que es la norma de rango legal a la que debe ajustarse el artículo del convenio colectivo 
discutido.
Se ha citado también por las defensas para justificar la procedencia de la norma 
controvertida la DA tercera del Reglamento de elecciones del Real Decreto 1844/1994, 
que dispone que en las Administraciones Públicas, conforme a lo que establece la 
disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, constituirá un único centro 
de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes del departamento u organismo 
de que se trate, que radique en una misma provincia, siempre que los trabajadores 
afectados se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de un mismo Convenio 
Colectivo.  Como  se  ve  la  norma  tiene  en  cuenta  un  criterio  funcional  para  la 
configuración del centro de trabajo único a efectos electorales, como es la dependencia 
del mismo departamento u organismo de que se trate, de lo que se deduce que pueden 
existir distintos procesos electorales en la misma provincia de la misma Administración 
Pública si los establecimientos allí radicados dependen de distintos departamentos u 
organismos de esa Administración. Añadir que la norma se refiere a las Administraciones 
Públicas, condición no tiene la empleadora Aena, y además que es la norma con rango 
legal la que prevé la unidad electoral, no un convenio colectivo como el caso que ahora 
analizamos, pues la DA 5 de la Ley 9/1987 establece en su párrafo primero que a 
efectos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley, en adecuación a las 
actividades y organización específica de la Administración pública, en las elecciones a 
representantes  del  personal  laboral  al  servicio  de  las  Administraciones  públicas, 
constituirá un único centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes del 
departamento u organismo de que se trate, que radiquen en una misma provincia, 
siempre  que  los  trabajadores  afectados  se  encuentren  incluidos  en  el  ámbito  de 
aplicación de un mismo convenio colectivo.
Séptimo.  Resolución.
A  la  vista  de  todo  lo  expuesto  procede  la  estimación  de  la  demanda  por  las 
siguientes razones:
1.  La norma discutida, al vincular a todo el personal laboral de las demandadas a 
un único proceso electoral por razón del lugar de prestación de servicios (centro de  s
trabajo), con independencia de la concreta empresa para la que trabajan, establece un  oe.
áprCemluafianbentirteedoa o ane ledl eclo ceE tnuostnrrtaaaol t  oudspteuoc p tirdeóaernbi o laeorj nsoat   rTdleare a u elbnamaa ejp aumrde opostrrareeo ssq ad uh.eea  tbealsal  m edla ecn o«enertame mqpurpeelsa sade oo  p ecunee nldotarso  ea dsrtceíco tugraleobrs,a  s6joi2n» o yn  q6ou3 ee E sstTáe.    2021-16787n https://www.
2.  El censo electoral único supone agrupar a todas las personas trabajadoras de
las distintas empresas del grupo, lo que da lugar a unos órganos de representación de
los trabajadores que no se ajustan a las previsiones contenidas en los artículos 62 
y 63 ET.
3.  No existe previsión de proporcionalidad alguna en la norma discutida, por lo 
que  pueden  darse  casos  de  sobre  representación,  empresas  con  un  número  de 
trabajadores reducido que obtengan un número de representantes superior al que les 
correspondería, y de infra representación si en la empresa con un alto número de 
trabajadores  no  se  obtienen  representantes  o  en  número  inferior  al  que 
correspondería por empleados/as.
4.  Quedaría alterada la representatividad sindical al basarse en órganos «ficticios», 
los cuales no serían el resultado de la suma de los representantes de cada empresa en 
proporción al respectivo número de trabajadores.
5.  En los centros de trabajo donde concurren distintas empresas por razón de una 
descentralización  productiva,  se  celebran  elecciones  en  cada  empresa  aún  cuando 
pertenezcan al mismo grupo empresarial, sin que en el presente caso la estructura 
societaria del grupo Aena justifique una solución distinta, pues si ello fuera así debería 
hablarse entonces de un grupo de empresas de efectos laborales, ya que si se es una 
sola empresa para elegir a los representantes unitarios de los trabajadores, materia 
regulada por las normas laborales y que forma parte de los derechos básicos de las 
personas trabajadoras, igual criterio debería seguirse para los demás extremos de la 
relación laboral que une a las empresas del grupo con sus trabajadores, lo que no es 
aceptado por la parte demandada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
En  la  demanda  de  impugnación  de  convenio  colectivo  promovida  por 
Confederación Intersindical Galega (CIG), frente a Aena S.M.E., S.A., Aena Sociedad 
Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A., y 
Enaire  E.P.E.,  con  intervención  de  los  sindicatos  Comisiones  Obreras  (CC.OO.), 
Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Confederación 
de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) y Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos 
(SLTA), previa desestimación de las excepciones de falta de legitimación activa y 
pasiva,  estimamos  la  demanda  y  declaramos  la  nulidad  del  artículo  157.2  del  I 
Convenio colectivo del Grupo Aena, condenando a las demandadas a estar y pasar 
por la declaración anterior.
Esta sentencia es inmediatamente ejecutiva y de ella se dará traslado a la Autoridad 
Laboral y una vez firme, si resulta confirmada, deberá ser publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma 
cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la 
notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su abogado, 
graduado social o representante al serle notificada, o mediante escrito presentado en 
esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 
Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, 
deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en artículo 229.1.b de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en  e.e
sentencia  al  pago  de  alguna  cantidad,  haber  consignado  la  cantidad  objeto  de  b
condena de conformidad con el art. 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta  787ww
cBoarrrqieuniltleo  4q9u,e  slia  eSs aplao rt iterannes afebrieenrtcaia e cno ne l eBl ann.ºc o0 0d4e9  S3a5n6t9a n9d2e r0 0S0u5c0u0rs1a2l7 d4e h laac iCenadlloe 
ccouensnttaar  ne.ºn  2la4s1 9o b0s0e0r0v a0c0io 0n1e2s 7e 2l 1n(.IºB 2A4N1 9E S05050)0,  p0u0d 0ié1n2d7o s2e1 ;s suis teitsu ier nla  ecfeocntsivigon aecni ólan 
en  metálico  por  el  aseguramiento  mediante  aval  bancario,  en  el  que  conste  la 
responsabilidad solidaria del avalista.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 
libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.