BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Lunes 26 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 89957
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12507 Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador mercantil XXIII de Madrid a inscribir una escritura de modificación 
de estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa, notario de 
Madrid, contra la negativa del registrador Mercantil XXIII de Madrid, don Fernando Trigo 
Portela,  a  inscribir  una  escritura  de  modificación  de  estatutos  de  una  sociedad  de 
responsabilidad limitada.
Hechos
I
El día 6 de abril de 2021 se otorgó escritura de elevación a público de acuerdos 
adoptados por la junta general de la sociedad «Ingeniería e Instalaciones de Media y 
Baja Tensión, S.L.» ante el notario de Madrid, don Fernando José Rivero Sánchez-
Covisa, por los que se modificaban, entre otros, el artículo 16 de los estatutos sociales, 
el cual quedó con la siguiente redacción:
«(…) 1.  El cargo de Administrador será retribuido mediante una cuantía fija para 
cada ejercicio que será fijada por la Junta General de Socios.
Si el órgano de administración fuere un Consejo de Administración, además, los 
consejeros tendrán derecho a una indemnización por fallecimiento o cese, siempre y 
cuando  el  cese  no  esté  motivado  por  el  incumplimiento  de  las  funciones  del 
administrador. Corresponde, también, la Junta General de Socios fijar el importe anual 
máximo a percibir por estas indemnizaciones.
El importe anual máximo de dichas retribuciones o indemnizaciones será fijado por la 
Junta General de Socios, y dichos importes máximos permanecerán vigentes en tanto en 
cuanto no se apruebe su modificación por la Junta General de Socios.
(…) 3.  Si el órgano de administración estuviere constituido por un Consejo de 
Administración, corresponderá al propio Consejo de Administración la fijación en cada 
ejercicio de la cantidad exacta a abonar a cada consejero dentro del límite fijado por la 
Junta General de Socios. Además, los consejeros tendrán derecho a una indemnización 
por  fallecimiento  o  cese,  siempre  y  cuando  el  cese  no  esté  motivado  por  el 
incumplimiento de las funciones del administrador, dentro del límite general anual fijado 
por la Junta General de Socios. Igualmente, se resarcirá a los consejeros íntegramente 
el importe de todos aquellos gastos, debidamente justificados, en los que incurran por 
cuenta de la sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros podrán desempeñar funciones ejecutivas 
y/o  profesionales  en  la  sociedad,  y  en  tal  caso,  tendrán  derecho  a  percibir, 
adicionalmente,  las  retribuciones  que  correspondan  por  el  desempeño  de  dichas 
funciones ejecutivas. e
A tal fin, cuando uno de los miembros del Consejo de Administración se le atribuyan  bo
funciones ejecutivas en virtud de cualquier título, será necesario que se celebre un  507ww
cdcvoooennt aAtsrcedaiójmteonri .noe i Esnattlrf reaeccco étinóastndrtea oc t oyod  nelaa bpe eSrl orvoáboc aatieodbd osfa atdedven oqberuaersebreá led   diendebce eo arlraáspsi oss trdeiaror r sasa e ptl earcor ocdbemearldoaibo sea  pprnaraeecrjivotóei ansam  ldy ea ednc setteau   pspda oemrr t iilceeaiml p sCaberors oneisósn.ne   Eljaoyl     OE-A-2021-12able en https://
deberá  detallar  todos  los  conceptos  por  los  que  el  consejero  pueda  obtener  una
remuneración por el desempeño de sus funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la 
eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a 
abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguros o de contribución a sistemas 
de ahorro.
La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para los consejeros y 
directivos.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  y  con  sujeción  a  la  normativa  de  las  operaciones 
vinculadas y al régimen de deberes de los administradores, los consejeros podrán 
realizar  cualquier  tipo  de  suministro  de  servicios  susceptible  de  ser  prestados  por 
terceros con arreglo a las condiciones de mercado.»
II
Presentada la referida escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación negativa:
«Fernando Trigo Portela, Registrador Mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimento a lo dispuesto en 
el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3119/1042.
F. presentación: 08/04/2021.
Entrada: 1/2021/52.763,0.
Sociedad: Ingeniería e Instalaciones de Media y Baja Tensión.
Autorizante: Rivero Sánchez-Covisa Fernando José
Protocolo: 2021/684 de 06/04/2021.
Fundamentos de derecho (defectos).
1.  Defecto subsanable: En cuanto a la remuneración prevista para los miembros del 
Consejo de Administración, a los que se les atribuya funciones ejecutivas, que consta en 
el tercer párrafo del punto 3 del nuevo artículo 16.º de los Estatutos Sociales, es 
necesario  que  la  misma  sea  aprobada  por  la  Junta  General  de  la  Sociedad,  de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 217 y 249 LSC y Sentencia del TS de 26 de 
febrero 2018.
Sin perjuicio del derecho a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…).
Madrid, 15 de abril de 2021.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa, 
notario de Madrid, interpuso recurso el día 28 de abril de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«1.º  No se entiende por qué, habiendo sido solicitada la “inscripción parcial” de la  e.
escritura en el propio texto de la misma escritura, el Sr. Registrador Mercantil, decide “no  w.b
inscribir” el documento (íntegro), cuando podrían haberse inscrito los demás acuerdos  507ww
ssoocciiaalleess , dtiesntiinetnodso,  ceonm cou esnotna  laq urea tiefinc adcicióhna  eens cerli tcuararg soe c eolmevoa An dam pinúibsltircaod oort rÚosn iacocu deerdl oSsr 
daortníc uJl.o  J.e sLt.a tyu tealr icoa mcobniotr odvee rdtiodmo icpirlieos cdien dliae nsdooc ieddea da.q Pueoldlorísa , piánrcrlaufsoos,  dhealb earr tiíncsuclori toq ueel 
considera no inscribibles, Esto es desconociendo dicha solicitud de “inscripción parcial”.
2.º  Esta cuestión fue resuelta por el Centro Directivo en su Resolución de 8 de 
noviembre de 2018 (Boletín Oficial del Estado de 29 de noviembre de 2018, ref. 16317), 
en la cual se realiza cita expresa de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero 
de 2018. La Dirección General de los Registros y del Notariado resuelve:
“4.  Con posterioridad a las reseñadas Resoluciones de este Centro Directivo, se 
dicta por la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la Sentencia 
de 26 de febrero de 2018 (citada por la registradora en la calificación impugnada), en la 
que, apartándose de lo que venía siendo el criterio mayoritario, declara, con respecto a 
las sociedades no cotizadas, que ‘la relación entre el art. 217 TRLSC (y su desarrollo por 
los arts. 218 y 219) y el art. 249 TRLSC no es de alternatividad, como sostiene la 
sentencia recurrida y la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores 
que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, 
y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el art. 249 
TRSLC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del art. 217, la 
intervención  de  la  junta  de  los  arts.  217.3,  218  y  219,  los  criterios  generales  de 
determinación de la remuneración del art. 217.4 y los requisitos específicos para el caso 
de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los arts. 218 
y 219’, sino que la relación entre ellos es ‘de carácter cumulativo’, de suerte que el 
régimen general será el contenido ‘en los arts. 217 a 219 TRLSC, preceptos que son 
aplicables a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos’, 
mientras que el artículo 249 ‘contiene las especialidades aplicables específicamente a 
los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, 
que sea aprobado por el consejo de administración con el voto favorable de dos terceras 
partes  de  sus  miembros  y  con  la  abstención  del  consejero  afectado  tanto  en  la 
deliberación  como  en  la  votación,  pero  cuyo  contenido  ha  de  ajustarse  al  ‘marco 
estatutario’ y al importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el 
desempeño de su cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo ámbito ejercita 
el  consejo  de  administración  su  competencia  para  decidir  la  distribución  de  las 
remuneraciones correspondientes a los administradores’, así como respetar también ‘los 
criterios  generales  establecidos  en  el  art.  217.4  TRLSC  y  cumplir  los  requisitos 
específicos  previstos  en  los  arts.  218  y  219  TRLSC  cuando  se  establezcan  como 
conceptos retributivos los previstos en tales preceptos legales’ (fundamento 21).
No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que ‘la consideración 
conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de 
administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que 
la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución 
de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá 
tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y 
la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o 
ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o 
ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia 
que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias 
de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que 
las  sentencias  más  recientes  de  esta  sala,  aun  referidas  a  la  anterior  normativa 
societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria’. Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez la  e.
reserva  estatutaria  sobre  retribución  de  consejeros,  suavizando  las  exigencias  de  w.b
precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a determinar los  507ww
ccoonmfpineetse ndciea  laal  fcleoxnisbeiljiod adde  parodpmuinginsatrdaac,i ónlim pitaárnad ofisjaer  ala  sreeñtraiblaurc ióqnu ed ela  loast ricbouncsióenje rdoes 
eesjetacututitvaoriso  ‘as uqpuoen hea ceel  rmeceonncoiócnim eile anrtto.  2d4e9 .ubnis .iá TmRbSitoL Cd,e q uaeu teosn oeml ríeag u·dlaednotr oc odne cl amráacrtceor 
principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual
del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé 
el art. 217.3 TRLSC’, y que ese ‘ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario 
entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos  a  las  cambiantes  exigencias  de  las  propias 
sociedades  y  del  tráfico  económico  en  general,  compaginándolo  con  las  debidas 
garantías  para  los  socios,  que  no  deben  verse  sorprendidos  por  remuneraciones 
desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual 
que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales’.
5.  Debe advertirse que el criterio mantenido por la Sección Primera de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 es el único 
pronunciamiento dictado en tal sentido. Y la cláusula impugnada judicialmente en el caso 
analizado  por  el  Alto  Tribunal  excluía  categóricamente  toda  reserva  estatutaria  y 
competencia de la junta general de la sociedad respecto de la remuneración de los 
consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: ‘El cargo de administrador no será 
retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración que 
tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones 
ejecutivas que se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión 
estatutaria alguna de mayor precisión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello 
en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de 
Capital’. Por ello, esta Dirección General en la reciente Resolución de 31 de octubre 
de  2018,  ha  considerado  inscribibles  otras  cláusulas  estatutarias  que  no  incluyen 
mención  alguna  que  contradiga  la  eventual  reserva  estatutaria  para  acoger  ciertos 
extremos relacionados con los emolumentos de los consejeros ejecutivos o nieguen la 
competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su cuantificación, 
limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales que 
correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas (párrafo tercero) y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 
de la Ley de Sociedades de Capital (párrafo cuarto).
6.  Hechas las anteriores aclaraciones, debe tenerse en cuenta que en el presente 
recurso es precisamente la interpretación del artículo 249 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en cuanto fue modificado por la Ley 31/2014, lo que constituye objeto de 
discusión.  Como  ya  puso  de  relieve  este  Centro  Directivo  en  resolución  de  5  de 
noviembre de 2015, de la literalidad del referido artículo 249 se deduce que es necesario 
que se celebre un contrato entre el administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con los requisitos que establece 
dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos los conceptos por los 
que  pueda  obtener  una  retribución  por  el  desempeño  de  funciones  ejecutivas, 
incluyendo,  en  su  caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o 
de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso 
del artículo apartado 4 del mismo artículo 249 ‘(…) deberá ser conforme con la política 
de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general’. Y, como añade dicha 
Resolución, es en este específico contrato en el que deberá detallarse la retribución del 
administrador ejecutivo, y el artículo 249.4 exige que la política de retribuciones sea 
aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese contrato y esa 
política  de  retribuciones  no  necesariamente  deben  constar  en  los  estatutos.  Son 
cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria. De los anteriores razonamientos 
debe concluirse que en el presente caso no cabe rechazar la inscripción por los motivos  s
expresados  por  la  registradora  en  la  calificación  impugnada.  En  primer  lugar,  del  oe.
contenido literal del apartado tercero del artículo 249, se desprende la existencia de la  w.
obligación de celebrar –en la forma legalmente indicada– el contrato entre el miembro  507ww
dcoenl vceonngsae joc odne b aadsme iennis tlraa caióunto ncoomn ífau ndceio lnae sv oelujenctaudti vqause y t alale ss ofucinecdioande asu enj eccuuatinvdaos  ssee 
orergaálicneicna  gdrea tudiitcahmoe natdem, ihniipstórtaedsoisr  ceonn  lala  qsuoec ieddicahdo–  cpoondtrraát ote n–earc cpeosro roiob jedteo  lnao  resolaloci ólan   BOE-A-cable e
previsión de determinadas cuestiones económicas (como, por ejemplo, indemnizaciones 
o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el administrador) sino la regulación de 
otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su situación 
jurídica  (concreción  de  determinadas  obligaciones  –por  ejemplo,  cláusulas  de 
permanencia–, o de las consecuencias del cese en el cargo o del desistimiento del 
contrato mismo, etc.). Por este solo motivo debe ya entenderse que la calificación 
impugnada no está fundada en Derecho, pues la registradora se limita a presuponer que 
en el referido contrato se establece que el cargo de consejero delegado es retribuido, 
algo que no es sino mera conjetura. En segundo lugar, aunque se entendiera que los 
conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los 
estatutos sociales, extremo que referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
febrero  de  2018  no  aclara  si  está  afectado  por  la  flexibilidad  que  patrocina,  no 
competería a la registradora apreciar si el contenido del contrato, que según se expresa 
en el acuerdo adoptado, cumple con las exigencias establecidas en el artículo 249 de la 
Ley de Sociedades de Capital, contradice o no el carácter retribuido del cargo de 
administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el Registro 
Mercantil.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada”.
2.  En los acuerdos elevados a público se establece claramente que el órgano es 
retribuido.
Se establece, además, la modalidad de retribución: “una cuantía fija que será fijada 
por la Junta general”.
Se  establece  esa  cuantía  fija  máxima  de  retribución  para  todo  el  órgano  de 
administración.
Y siguiendo el principio de flexibilidad fijado por el Tribunal Supremo, se atribuye al 
acuerdo del propio Consejo de Administración, la fijación de la distribución de esa 
retribución entre los Consejeros, dentro de la cuantía máxima fijada por la Junta General.
La retribución del Consejero Delegado quedará delimitada dentro del contrato entre 
Sociedad (por acuerdo del Consejo de Administración) y el propio Consejero delegado, y 
deberá respetar el límite máximo retribuido fijado por la Junta general, como límite 
común a todo el órgano de administración. Lo que “supone el reconocimiento de esa 
autonomía del Consejo dentro del marco estatutario”.
Dicha cláusula estatutaria (artículo 16.º de los Estatutos Sociales) se corresponde 
bien y fielmente con la cláusula estatutaria declarada válida e inscribible en virtud de la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de octubre 
de  2018  (Boletín  Oficial  del  Estado  de  20  de  noviembre  de  2018,  ref.  15834): 
“antecedente de hecho” primero. Dicha cláusula estatutaria ha sido, de nuevo admitida 
como válida, con posterioridad a la Resolución de 8 de noviembre de 2018, por la 
Resolución DGRN de 12 de diciembre de 2018 (Boletín Oficial del Estado de 3 de enero 
de 2019, ref. 90), en los siguientes términos (F.D. 5.ª):
“5.  Debe advertirse que el criterio mantenido por la Sección Primera de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 es el único 
pronunciamiento dictado en tal sentido. Y la cláusula impugnada judicialmente en el caso 
analizado  por  el  Alto  Tribunal  excluía  categóricamente  toda  reserva  estatutaria  y 
competencia de la junta general de la sociedad respecto de la remuneración de los  s
consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: ‘El cargo de administrador no será  oe.
eerteesjenttracgibutauut itivadparooisa,r    qsaciulongen u pvnseeaenr  jdiuleeeincs itm oee  andayceo o rlmo qpsuire eenc,c odisdneiesón en, ej esdxiriensol ts iacr  ocecunjoeecncerdsupoettio jvod oo,e s  ac locpauno ejcru erndeptelat o  eésnj seir terencm eiclcuaieon s reeidrdmaeat udoln raideosers a ,f puctoirnóedcnvoio is qneióuellneos     2021-12507n https://www.
en aplicación de lo que se establece en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de
Capital’. Por ello, esta Dirección General en la reciente Resolución de 31 de octubre
de  2018,  ha  considerado  inscribibles  otras  cláusulas  estatutarias  que  no  incluyen 
mención  alguna  que  contradiga  la  eventual  reserva  estatutaria  para  acoger  ciertos 
extremos relacionados con los emolumentos de los consejeros ejecutivos o nieguen la 
competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su cuantificación, 
limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales que 
correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas (párrafo tercero) y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 
de la Ley de Sociedades de Capital (párrafo cuarto)”.
Esta última de Resolución del Centro Directivo de 12 de diciembre de 2018 concluye, 
(F.D. 6.º:
“De los anteriores razonamientos debe concluirse que en el presente caso no cabe 
rechazar la inscripción por los motivos expresados por el registrador en la calificación 
impugnada. En primer lugar, del contenido literal del apartado tercero del artículo 249, se 
desprende la existencia de la obligación de celebrar –en la forma legalmente indicada– el 
contrato entre el miembro del consejo de administración con funciones ejecutivas y la 
sociedad aun cuando se convenga con base en la autonomía de la voluntad que tales 
funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis en la que dicho contrato –
accesorio de la relación orgánica de dicho administrador con la sociedad– podrá tener 
por objeto no solo la previsión de determinadas cuestiones económicas (como, por 
ejemplo,  indemnizaciones  o  resarcimiento  de  ciertos  gastos  en  que  incurra  el 
administrador) sino la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del 
administrador o de su situación jurídica (concreción de determinadas obligaciones –por 
ejemplo, cláusulas de permanencia–, o de las consecuencias del cese en el cargo o del 
desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este solo motivo debe ya entenderse que la 
calificación impugnada no está fundada en derecho, pues no cabe presuponer que en el 
referido contrato se establece que el cargo de consejero delegado es retribuido, algo que 
no es sino mera conjetura. En segundo lugar, aunque se entendiera que los conceptos 
retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos 
sociales, extremo que referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 
no aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no competería al registrador 
apreciar si el contenido del contrato, que según se expresa en el acuerdo adoptado, 
cumple con las exigencias establecidas en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de 
Capital, contradice o no el carácter retribuido del cargo de administrador, toda vez que 
dicho contrato carece de publicidad alguna en el Registro Mercantil”».
IV
Mediante escrito, de fecha 6 de mayo de 2021, el registrador Mercantil elevó el 
expediente, con su informe, a esta Dirección General. En dicho informe afirmaba que 
cumplió lo establecido en el artículo 15.2 del Reglamento del Registro Mercantil, y que el 
documento  había  sido  objeto  de  despacho  parcial,  a  solicitud  del  interesado,  con 
excepción del artículo 16 de los estatutos sociales.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 1255 del Código Civil; 23.e), 28, 217, 
218, 219, 220, 227, 228, 232, 236, 249, 249 bis, 260, 529 quindecies, 529 septdecies,  es
529  octodecies,  529  novodecies  y  541  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital;  las  o
SDandboieicrrvneiieiltce meycmn ibó3cbrni1erae   sdd G deedee  en2 ol2 e0cT0rt1rua02ibbl3 ,ur ,d1e n1e8 ad6  lde  loSde se2u  j 0pufR0ernee7biomg,r  eido2sre 9otdr  ,oe2 d7s 0e3  1 d0ym3e  d  adymeye  2oald 6 riNcdz dioeoee, tm 2a 3f0reb id0abree8dre  ,od ar 2eobd8  r1de il9ed  y9 e12 2 220s, 3 1e2d 8p1de;t e  idel aaemmsb a abrRibyrl eerodi sl d edode eleu 2  2c2200i000o1102n035,e ,,,s   112 22d957 e   dddd leeeea      OE-A-2021-12507able en https://www.
febrero, 12 de mayo, 17 de junio y 26 de septiembre de 2014, 19 de febrero, 12 de
marzo, 30 de julio y 5 de noviembre de 2015, 10 de mayo y 17 de junio de 2016 y 31 de 
octubre, 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2018, y las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio de 2020 y 3 de febrero, 26 de 
abril y 25 de mayo de 2021.
1.  Debe decidirse en este expediente si es o no fundada la calificación según la 
cual el registrador suspende la inscripción de la cláusula de los estatutos relativa a la 
retribución de los miembros del consejo de administración a los que se les atribuya 
funciones ejecutivas –transcrita en el apartado I de los «Hechos» de esta Resolución– 
porque considera que esa remuneración debe ser aprobada por la junta general de la 
sociedad, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital y la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero 2018.
2.  Según el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, si es retribuido el 
cargo de los administradores deberá constar, en todo caso, en los estatutos sociales el 
sistema de retribución.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha afirmado que la exigencia de constancia 
estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de retribución 
«aunque también tutela el interés de los administradores, tiene por finalidad primordial 
potenciar la máxima información a los accionistas a fin de facilitar el control de la 
actuación de éstos en una materia especialmente sensible, dada la inicial contraposición 
entre los intereses particulares de los mismos en obtener la máxima retribución posible y 
los de la sociedad en minorar los gastos y de los accionistas en maximizar los beneficios 
repartibles –en este sentido: la sentencia 441/2007, de 24 de abril, afirma que su 
finalidad es “proteger a los accionistas de la posibilidad de que los administradores la 
cambien (la retribución) por propia decisión”; y la sentencia 448/2008, de 29 de mayo, 
que “se inspira en la conveniencia de hacer efectivo el control de los socios sobre la 
política de retribución de los administradores, mediante una imagen clara y completa de 
ella”» (Sentencias número 893/2011, de 19 de diciembre, y número 412/2013, de 18 de 
junio).
Esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la 
materia en diversas Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente, de las que 
resulta  que  el  concreto  sistema  de  retribución  de  los  administradores  debe  estar 
claramente establecido en estatutos, determinando si dicho sistema consiste en una 
participación en beneficios, con los límites legalmente establecidos, en dietas, en un 
sueldo  mensual  o  anual,  en  seguros  de  vida,  planes  de  pensiones,  utilización  en 
beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre 
las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer.
Así, en concreto, la Resolución de 12 de noviembre de 2003 (cuyo criterio ha sido 
reiterado en las Resoluciones de 16 de febrero y 7 de marzo de 2013 y 17 de junio 
de 2014, entre otras), mantuvo que el régimen legal de retribución de los administradores 
exige que se prevea en estatutos, de forma expresa, que el administrador es retribuido, 
para así destruir la presunción de gratuidad, y también la determinación de uno o más 
sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede a la voluntad de 
la junta general su elección o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que 
pueden ser cumulativos pero no alternativos.
3.  Para resolver la concreta cuestión planteada en este expediente no pueden 
ignorarse las modificaciones introducidas sobre esta materia en la Ley de Sociedades de 
Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica aquélla para 
la mejora del gobierno corporativo. e.
Como expresa el apartado III del Preámbulo de dicha ley modificadora, ésta tiene  w.b
como antecedente directo el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013  507ww
(dpeu bElixcpaedroto pso er nO rmdeante EriaC Cd/e8 9g5o/2b0ie1r3n,o  dceo 2rp1o draet ivmoa, y«op),a prao rp erol pqounee sr el acsre ian iucniaati vCaosm yis ilóans 
lraesfo ermmapsre nsoarsm, ya tpivaarsa  qpurees tsaer  caopnosyiod eyr eanse asdoeracmuaiednatso  paa lraa  Cgoamrainsitóizna rN ealc biouneanl  dgeolb Mieernrcoa ddoe 
de Valores en la modificación del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas. El objetivo final de estos trabajos, tal y como indica el acuerdo, fue velar por 
el  adecuado  funcionamiento  de  los  órganos  de  gobierno  y  administración  de  las 
empresas españolas para conducirlas a las máximas cotas de competitividad; generar 
confianza y transparencia para los accionistas e inversores nacionales y extranjeros; 
mejorar el control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas españolas y 
asegurar la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las 
empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor». Añade que la 
citada Comisión presentó su informe el 14 de octubre de 2013 y «sobre la base del 
citado  informe  y  respetando  la  práctica  totalidad  de  sus  recomendaciones  se  ha 
elaborado esta norma». En tal informe (apartado 4.10.1 –«Normas aplicables a todas las 
sociedades de capital»–) la Comisión proponía «que los estatutos de las sociedades 
deberán establecer el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones 
como administradores (“por su condición de tal” –o de “tales”–), y que podrán percibir 
una remuneración consistente en una retribución fija o variable, en dinero o en especie, 
dietas de asistencia, participación en beneficios, retribución en acciones, sistemas de 
ahorro, cualquier otro mecanismo admisible o una combinación de distintas modalidades 
y que la remuneración anual del conjunto de los administradores deberá ser aprobada 
por la junta (artículo 217 de la LSC)». Y añade lo siguiente: «Por otra parte, también 
resulta  necesario  clarificar,  con  carácter  general,  el  régimen  de  retribución  de  los 
administradores que, formando parte de un consejo de administración, desempeñen 
funciones ejecutivas (en virtud de un nuevo título, sea este de delegación orgánica, o 
contractual de facultades). La fijación de su retribución corresponde al Consejo de 
Administración si bien, dada su trascendencia y los posibles conflictos de interés a los 
que  puede  dar  lugar,  resulta  conveniente  una  regulación  específica  en  la  que  se 
introduzcan  las  cautelas  apropiadas,  como  la  exigencia  de  mayoría  reforzada  o  la 
abstención de los consejeros interesados y la previsión de que el consejo se circunscriba 
necesariamente  en  su  actuación  a  las  decisiones  que,  en  su  caso  –ya  que  su 
intervención no es obligatoria en sociedades no cotizadas– adopte la junta». Termina 
expresando  que  «para  ello  se  propone,  siguiendo  el  artículo  231.97.3  de  la  PCM 
[Propuesta de Código Mercantil], introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 249 de la 
LSC  que  regule  el  régimen  de  aprobación  y  documentación  de  la  retribución  de 
consejeros por el desempeño adicional de funciones ejecutivas».
Como consecuencia de ello, la Ley 31/2014, entre otras cuestiones referentes al 
gobierno corporativo, modificó la Ley de Sociedades de Capital en materia de retribución 
de administradores. Por una parte, dotó de nueva redacción a los artículos 217 a 219, 
incrementando  su  densidad  preceptiva  con  mantenimiento  de  los  principios 
caracterizadores  del  régimen  anterior,  singularmente  la  reserva  estatutaria  y  la 
competencia de la junta general para la fijación de las cuantías, si bien, con relación a 
estos  dos  aspectos,  introduce  la  precisión  de  que  el  mandato  se  refiere  a  los 
«administradores en su condición de tales». Por otra parte, dentro del mismo Título VI, 
pero en este caso en el Capítulo VI, dedicado al consejo de administración, se incluyeron 
dos apartados (3 y 4) en el artículo 249, de contenido hasta entonces inédito en este 
lugar, referentes a la retribución de consejeros ejecutivos; en ellos se prevé que, cuando 
un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesaria la celebración de 
un contrato previamente aprobado por el propio consejo con el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, que deberá ser incorporado como anejo al acta de la sesión, a 
la que el designado deberá abstenerse a de asistir y votar, y se especifica que en tal  s
contrato, que habrá de «ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su  oe.
caso, por la junta general», deberán detallarse «todos los conceptos por los que pueda  w.
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su  507ww
ccaansotid, aldae se ave anbtuoanla r inpdoer mlan sizoaccieiódna dp eonr  ccoenscee ptaon dticei pparidmoa se dne  dsiecghuarso  ofu dnec ioconnetsr ibyu cilóans 
ap osri setel mdaess edme paehñoorr od»e,  dfeu nmciaonneersa  qeujeec u«teivl acso ncsueyjearso  ncaon ptioddardáe pse roc ibcior nrceetrpibtousc iónno  aelgsuténna   BOE-A-cable e
previstos en ese contrato». Y, dentro del Título XIV, atinente a las sociedades anónimas 
cotizadas, se añade una nueva Sección, la Tercera, relativa a las «Especialidades de la 
remuneración de los Consejeros» e integrada por los artículos 529 sexdecies a 529 
novodecies,  donde  expresamente  se  atribuye  al  consejo  de  administración  la 
competencia para «fijar la retribución de los consejeros por el desempeño de funciones 
ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos con la sociedad de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  249.3  y  con  la  política  de  remuneraciones  de  los 
consejeros  aprobada  por  la  junta  general»  (artículo  529  octodecies,  apartado  2). 
Finalmente, esta última Sección ha sido recientemente modificada por la Ley 5/2021, 
de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 
financieras,  en  lo  que  respecta  al  fomento  de  la  implicación  a  largo  plazo  de  los 
accionistas en las sociedades cotizadas, si bien esta ley entrará en vigor el 13 de octubre 
de 2021.
La  reforma  llevada  a  cabo  por  la  Ley  31/2014  fue  interpretada  por  la  doctrina 
mayoritaria en el sentido de que la competencia del consejo de administración para fijar 
las retribuciones de los consejeros ejecutivos regía tanto para las sociedades cotizadas 
como para las no cotizadas, criterio del que también ha participado este Centro Directivo. 
Así, la Resolución de 30 de julio de 2015 declaró que el contrato era el lugar donde 
habrían de detallarse «todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por 
el  desempeño  de  funciones  ejecutivas,  incluyendo,  en  su  caso,  la  eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro», 
aclarando que el «artículo 249.4 exige que la política de retribuciones sea aprobada, en 
su caso, por la junta general, pero esa política de retribuciones detallada, (…), no 
necesariamente debe constar en los estatutos», en la misma línea se pronunció la 
Resolución de 5 de noviembre de 2015. Con mayor detalle, la Resolución de 17 de junio 
de  2016  advierte  que,  conceptualmente,  deben  separarse  dos  supuestos,  el  de 
retribución de funciones inherentes al cargo de administrador y el de la retribución de 
funciones extrañas a dicho cargo; a partir de esta afirmación señala que «las funciones 
inherentes al cargo de administrador no son siempre idénticas, sino que varían en 
función del modo de organizar la administración», de manera que, cuando se opta por la 
fórmula  compleja  de  administración  colegiada  (consejo  de  administración),  «las 
funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la llamada función deliberativa 
(función de estrategia y control que se desarrolla como miembro deliberante del colegio 
de administradores)», mientras que «la función ejecutiva (la función de gestión ordinaria 
que  se  desarrolla  individualmente  mediante  la  delegación  orgánica  o  en  su  caso 
contractual de facultades ejecutivas) no es una función inherente al cargo de “consejero” 
como tal», sino que tiene un carácter adicional «que nace de la relación jurídica que 
surge del nombramiento por el consejo de un consejero como consejero delegado, 
director general, gerente u otro», por lo que «la retribución debida por la prestación de 
esta función ejecutiva no es propio que conste en los estatutos, sino en el contrato de 
administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero».
Con posterioridad a las reseñadas Resoluciones de este Centro Directivo, se dictó 
por la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la Sentencia de 26 de 
febrero de 2018, en la que, apartándose de lo que venía siendo el criterio mayoritario, 
declara, respecto de las sociedades no cotizadas, que «la relación entre el art. 217 
TRLSC  (y  su  desarrollo  por  los  arts.  218  y  219)  y  el  art.  249  TRLSC  no  es  de  s
alternatividad, como sostiene la sentencia recurrida y la DGRN, en el sentido de que la  oe.
retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se rige  w.
por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige  507ww
reexscelurvsaiv aemsteantuteta rpiao rd eell  aarrtt..  221479,  TlaR iSntLeCrv, ednec iómno ddeo  lqau jeu nata e dseto lso sú latirmtso. s2 1n7o. 3le, s2 1a8f eyc t2a1 9la, 
leossp cercitíeficriooss  gpeanrae raelle sc adseo d edtee rmpainrtaicciipóanc idóen  lae nre mbeunneefriaccioiósn o d erle amrtu. n2e1r7a.c4ió yn  lovsin rceuqluaidsait oas   BOE-A-cable e
acciones de los arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de carácter 
cumulativo», de suerte que el régimen general será el contenido «en los arts. 217 a 219 
TRLSC,  preceptos  que  son  aplicables  a  todos  los  administradores,  incluidos  los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos»,  mientras  que  el  artículo  249  «contiene  las 
especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que 
deberán  firmar  un  contrato  con  la  sociedad,  que  sea  aprobado  por  el  consejo  de 
administración con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y con la 
abstención del consejero afectado tanto en la deliberación como en la votación, pero 
cuyo contenido ha de ajustarse al “marco estatutario” y al importe máximo anual de las 
retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo 
de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia 
para  decidir  la  distribución  de  las  remuneraciones  correspondientes  a  los 
administradores», así como respetar también «los criterios generales establecidos en el 
art. 217.4 TRLSC y cumplir los requisitos específicos previstos en los arts. 218 y 219 
TRLSC  cuando  se  establezcan  como  conceptos  retributivos  los  previstos  en  tales 
preceptos legales» (fundamento 21).
No obstante lo anterior, añade la Sentencia (fundamento 23) que «la consideración 
conjunta del nuevo sistema que regula las retribuciones de los miembros del órgano de 
administración en las sociedades no cotizadas nos lleva también a la conclusión de que 
la atribución al consejo de administración de la competencia para acordar la distribución 
de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá 
tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y 
la atribución de la competencia para, en el caso de designar consejeros delegados o 
ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o 
ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, ha de tener como consecuencia 
que la reserva estatutaria sea interpretada de un modo menos rígido y sin las exigencias 
de precisión tan rigurosas que en alguna ocasión se había establecido en sentencias de 
varias de las salas de este Tribunal Supremo y por la propia DGRN, sin perjuicio de que 
las  sentencias  más  recientes  de  esta  sala,  aun  referidas  a  la  anterior  normativa 
societaria, ya han apuntado hacia esa mayor flexibilidad de la exigencia de reserva 
estatutaria». Sin embargo, pese a aludir a la necesidad de interpretar con menor rigidez 
la reserva estatutaria sobre retribución de consejeros, suavizando las exigencias de 
precisión mantenidas en relación con la normativa anterior, no llega a determinar los 
confines  de  la  flexibilidad  propugnada,  limitándose  a  señalar  que  la  atribución  de 
competencia al consejo de administración para fijar la retribución de los consejeros 
ejecutivos «supone el reconocimiento de un ámbito de autonomía ·dentro del marco 
estatutario· a que hace mención el art. 249.bis.i TRSLC, que es el regulado con carácter 
principal en el art. 217 TRLSC, y dentro del importe máximo de la remuneración anual 
del conjunto de los administradores que haya aprobado la junta general conforme prevé 
el art. 217.3 TRLSC», y que ese «ámbito de autonomía dentro de un marco estatutario 
entendido de una forma más flexible, debe permitir adecuar las retribuciones de los 
consejeros  delegados  o  ejecutivos  a  las  cambiantes  exigencias  de  las  propias 
sociedades  y  del  tráfico  económico  en  general,  compaginándolo  con  las  debidas 
garantías  para  los  socios,  que  no  deben  verse  sorprendidos  por  remuneraciones 
desproporcionadas, no previstas en los estatutos y por encima del importe máximo anual 
que la junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales».
Debe advertirse que la cláusula impugnada judicialmente en el caso analizado por el Alto  s
Tribunal en la Sentencia de 26 de febrero de 2018 excluía categóricamente toda reserva  oe.
estatutaria y competencia de la junta general de la sociedad respecto de la remuneración de  w.
los consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de administrador no será  507ww
preotrr ibcounidvoe, nsieinn tpee arj uloicsi oc odnes eqjueero, sd eej eecxuistitviro sc opnosre ejol ,e jaecruciecriod ed eé slates  flau nrceimonuense erajeccióunti vqause q tueen gsea 
lmesa yeonr cpormecieisniódne nd, esl inco anccueeprtod oo  dceo nlac ejputnotsa  rneim nuenceersaitdoardio sd, et opdroe veislloió ne ne satpalticuatacriióan  adlgeu lnoa q duee   BOE-A-cable e
se establece en el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de Capital». Por ello, esta 
Dirección General, en la Resolución de 31 de octubre de 2018 (cfr., también las Resoluciones 
de 8 de noviembre y 12 de diciembre de 2018 y 4 de junio de 2020), consideró inscribibles 
otras cláusulas estatutarias que no incluyen mención alguna que contradiga la eventual 
reserva estatutaria para acoger ciertos extremos relacionados con los emolumentos de los 
consejeros ejecutivos o nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos 
elementos de su cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las 
retribuciones adicionales que correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas y a 
reproducir  sustancialmente  los  requerimientos  establecidos  en  los  apartados  3  y  4  del 
artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital.
Como ya puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 5 de noviembre 
de 2015, de la literalidad del referido artículo 249 se deduce que es necesario que se 
celebre  un  contrato  entre  el  administrador  ejecutivo  y  la  sociedad,  que  debe  ser 
aprobado previamente por el consejo de administración con los requisitos que establece 
dicho precepto. Es en este contrato en el que se detallarán todos los conceptos por los 
que  pueda  obtener  una  retribución  por  el  desempeño  de  funciones  ejecutivas, 
incluyendo,  en  su  caso,  la  eventual  indemnización  por  cese  anticipado  en  dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o 
de contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso 
del artículo apartado 4 del mismo artículo 249 «(…) deberá ser conforme con la política 
de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general». Pero la referencia a ese 
contrato  y  esa  política  de  retribuciones  no  necesariamente  deben  constar  en  los 
estatutos. Son cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria.
Por ello, este Centro Directivo, con las anteriores aclaraciones, y en la línea de flexibilidad 
que en la interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital 
patrocina la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 y siguen las 
citadas Resoluciones, ha admitido que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los 
consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán éstos 
remitirse al contrato que se celebre entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se 
detalle si se remunerará al mismo por todos o sólo por algunos de los conceptos retributivos 
fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza la debida protección de los socios, por 
cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos retributivos y se aprueba en junta general 
el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores, con la 
adaptación  a  las  necesidades  de  la  práctica  por  cuanto  se  atribuye  al  consejo  de 
administración  la  competencia  de  elegir,  caso  por  caso,  entre  los  distintos  conceptos 
retributivos previstos en los estatutos aquellos concretos que deben incluirse en el contrato al 
que se refiere el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, sin necesidad de 
modificación estatutaria alguna.
4.  De los anteriores razonamientos debe concluirse que en el presente caso no cabe 
rechazar la inscripción por los motivos expresados por el registrador en la calificación 
impugnada, pues la cláusula ahora debatida es análoga a la admitida por este Centro 
Directivo en la referida Resolución de 31 de octubre de 2018 y se ajusta a los parámetros de 
lo establecido en los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de  e
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  bo
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,  507ww
27 dMe addicriide,m 7b dree,  jyu llioos d aer t2íc0u2lo1s.– 3L2a5 D yi r3e2c8to drae  Glae Lneeyra Hl dipeo tSeecgauriraid.ad Jurídica y Fe Pública,
Sofía Puente Santiago.