BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Viernes 19 de junio de 2020 Sec. I.   Pág. 42247
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
6424 Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto 
sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
Habiendo observado errores en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, 
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las 
instalaciones que inciden en el medio ambiente, publicada en el BOE número 155, de 2 
de junio de 2020, y corrección de errores publicada en el BOE número 163, de 10 de 
junio de 2020, se detallan a continuación las correspondientes correcciones:
En el artículo 107, apartado 1, donde dice:
«1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del estatuto de la 
función interventora, en los siguientes términos:
a)  […]
b)  […]»
Debe decir:
«1.  Se modifica el texto de la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del estatuto de la 
función interventora, en los siguientes términos:
a)  […]
b)  […]»
En el artículo 129, apartado 3, donde dice:
«3.  Se añade una letra, la g bis, a la Ley 13/1997, con el siguiente texto:
“[…]”.»
Debe decir:
«3.  Se añade una letra, la g bis, al artículo 3 de la Ley 13/1997, con el siguiente 
texto:
“[…]”.»
En el artículo 136, apartados 2, 3 y 4, donde dice:
«2.  Se modifica la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en los siguientes 
términos:
a)  Se  modifica  la  letra  a  del  apartado  2  del  artículo  5  de  la  Ley,  que  queda 
redactada del siguiente modo: s
“[…]” w.b
sigubie) nteS em omdood:ifica el apartado 9 del artículo 5 de la Ley, que queda redactado del
“[…]”
3.  Se modifica la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del 
derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  en  riesgo  de  exclusión  residencial,  en  los 
siguientes términos:
a)  Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley, y se añade a dicho artículo un 
apartado, el 3 bis, con el siguiente texto:
“[…]”
b)  Se modifican las letras d y e del apartado 4 del artículo 16 de la Ley 4/2016, que 
quedan redactadas del siguiente modo:
“[…]”
c)  Se modifica el punto 1.º de la letra d del apartado 1 de la disposición adicional 
primera de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
“1.º  Que la vivienda esté inscrita en el Registro de viviendas vacías y de viviendas 
ocupadas sin título habilitante o sea susceptible de estar inscrita en él.”
d)  Se deroga el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley.
4.  Se modifica el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 
para mejorar el acceso a la vivienda, en los siguientes términos:
a)  Se modifica la letra b del apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley, 
que queda redactada del siguiente modo:
“[…]”
b)  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley, que queda 
redactado del siguiente modo:
“3.  El  régimen  especial  establecido  en  la  presente  disposición  […]  una  vez 
transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde el 24 de diciembre de 2019, 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto ley”.»
Debe decir:
«2.  Se modifica la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en los siguientes 
términos:
a)  Se  modifica  la  letra  a  del  apartado  2  del  artículo  5  de  la  Ley,  que  queda 
redactada del siguiente modo:
“[…]”
b)  Se modifica el apartado 9 del artículo 5 de la Ley, que queda redactado del 
siguiente modo:
“[…]”
c)  Se modifican el encabezamiento y el punto 1.º de la letra b del apartado 1 de la 
disposición adicional primera de la Ley, que quedan redactados del siguiente modo:
“b)  Por falta de título jurídico que habilite la ocupación, cuando el demandante 
tenga la condición de gran tenedor de acuerdo con las letras a y c del apartado 9 del 
artículo 5, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1.º  Que la vivienda esté inscrita en el Registro de viviendas vacías y de viviendas 
ocupadas sin título habilitante o sea susceptible de estar inscrita en él.”
d)  Se deroga el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley.
3.  Se modifica la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del 
derecho  a  la  vivienda  de  las  personas  en  riesgo  de  exclusión  residencial,  en  los 
siguientes términos:
a)  Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley, y se añade a dicho artículo un 
apartado, el 3 bis, con el siguiente texto:
“[…]”
b)  Se modifican las letras d y e del apartado 4 del artículo 16 de la Ley 4/2016, que 
quedan redactadas del siguiente modo:
“[…]”
4.  Se modifica el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes 
para mejorar el acceso a la vivienda, en los siguientes términos:
a)  Se modifica la letra b del apartado 1 de la disposición adicional sexta del Decreto 
ley, que queda redactada del siguiente modo:
“[…]”
b)  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional sexta del Decreto ley, que 
queda redactado del siguiente modo:
“3.  El  régimen  especial  establecido  en  la  presente  disposición  […]  una  vez 
transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde el 31 de diciembre de 2019, 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto ley”.»
En el artículo 137, apartados 1, 7 y 23, donde dice:
«1.  Se modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en los siguientes términos:
“a)  Las  referencias  contenidas  en  todo  el  texto  articulo  […]  de  Territorio  de 
Cataluña.”
[…]
7.  Se modifica el apartado 7 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
“7.  La calificación del suelo […] el derecho de realojo de anteriores residentes o  b
titulares. 24ww
vinc7u labri se. l uSsio l ar ecsaidliefincacicaiól na  dlae lc osunedlioci ópne rqmuiete  ddicifheares natecstu aucsioosn,e es l epdlaifinceaatomriiaesn tod epsutiendeen 
total o parcialmente la edificabilidad a viviendas de protección pública. En el caso de
destino parcial, si la calificación urbanística no concreta las unidades de vivienda sobre
las que recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda condicionada a la obtención 
de  la  calificación  provisional  de  las  viviendas  con  protección  oficial  y  la  primera 
ocupación  de  la  edificación  queda  condicionada  a  la  obtención  de  la  calificación 
definitiva”.»
[…]
«23.  Se añaden dos letras, la e bis y la e ter, a la disposición derogatoria del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
“e bis)  El artículo 9 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto 305/2006, de 18 de julio.
e ter)  La letra b del apartado 1 del artículo 107, la letra b del artículo 108, el 
punto 1.º de la letra b del apartado 1 del artículo 109 y el apartado 3 del artículo 131 del 
Reglamento  sobre  protección  de  la  legalidad  urbanística,  aprobado  por  el 
Decreto 64/2014, de 13 de mayo”.»
Debe decir:
«1.  Se modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en los siguientes términos:
“a)  Las referencias contenidas en todo el  texto  articulado […] de Territorio de 
Cataluña”.»
[…]
7.  Se modifica el apartado 7 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
“7.  La calificación del suelo […] el derecho de realojo de anteriores residentes o 
titulares.
“Si la calificación del suelo permite diferentes usos, el planeamiento puede vincular el 
uso residencial a la condición que dichas actuaciones edificatorias destinen total o 
parcialmente la edificabilidad a viviendas de protección pública.
En todos los casos de destino parcial, si la calificación urbanística no concreta las 
unidades de vivienda sobre las que recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda 
condicionado a la obtención de la calificación provisional de las viviendas con protección 
oficial y la primera ocupación de la edificación queda condicionada a la obtención de la 
calificación definitiva”.»
[…]
«23.  Se añade una disposición derogatoria, única, al texto refundido de la Ley de 
urbanismo, con el siguiente texto:
“Disposición derogatoria única.
Se derogan las siguientes disposiciones:
“a)  El  artículo  9  del  Reglamento  de  la  Ley  de  urbanismo,  aprobado  por  el  s
Decreto 305/2006, de 18 de julio. e.
b)  La letra b del apartado 1 del artículo 107, la letra b del artículo 108, el punto 1.º  w.
de la letra b del apartado 1 del artículo 109 y el apartado 3 del artículo 131 del  24ww
RDeegcrlaemtoe 6n4to/2 01s4o,b dree  13p rdoete mccaiyóon” .»de  la  legalidad  urbanística,  aprobado  por  el
En el artículo 154, apartado 2, donde dice:
«2.  Se deroga la letra c del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 14/2003.»
Debe decir:
«2.  Se deroga la letra c del apartado 4 del artículo 53 de la Ley 14/2003.»
En el artículo 106, donde dice:
«Artículo  106.  Modificación  de  la  Ley  de  la  función  pública  con  relación  a  la 
responsabilidad de los empleados públicos en la gestión de sociedades mercantiles y 
fundaciones del sector público institucional.
Se añade un artículo, el 109 bis, a la refundición en un texto único de los preceptos 
de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, 
aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con el siguiente texto:
“1.  La responsabilidad que corresponda a los empleados públicos [...].
2.  La entidad o la Administración de la Generalidad [...].
3.  A efectos de determinar los estándares [...].
4.  El régimen de responsabilidad aplicable [...].
5.  Los estándares de diligencia [...].
6.  Las entidades del sector público institucional [...] las correspondientes pólizas”.»
Debe decir:
«Artículo 106.  Responsabilidad de los empleados públicos en la gestión de sociedades 
mercantiles y fundaciones del sector público institucional.
1.  La responsabilidad que corresponda a los empleados públicos de la Generalidad 
como miembros de consejos de administración, secretarios de los órganos de gobierno 
de las sociedades de capital y miembros de órganos con funciones de liquidación de 
sociedades  mercantiles  del  sector  público  institucional  de  la  Administración  de  la 
Generalidad es directamente asumida por parte de la entidad o la Administración de la 
Generalidad que les haya designado.
2.  La entidad o la Administración de la Generalidad, según corresponda, pueden 
exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que haya podido incurrir por 
causa de los daños y perjuicios ocasionados a los bienes o derechos de aquellas cuando 
concurra  dolo,  culpa  o  negligencia  grave,  conforme  a  lo  dispuesto  por  las  leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3.  A efectos de determinar los estándares de diligencia cuyo incumplimiento es 
susceptible de originar responsabilidad, se consideran deberes de los miembros de los 
órganos a que se refiere el apartado 1 los siguientes:
a)  Los  establecidos  por  los  estatutos  de  la  sociedad  y,  en  su  caso,  por  el 
reglamento de régimen interno, bases de ejecución del presupuesto, el código de buen 
gobierno  y  los  programas  sobre  gestión  de  sistemas  de  cumplimiento  normativo  y 
buenas prácticas.
b)  Los derivados de los artículos 55 y 56 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, así como los resultantes del  es
Código de conducta de altos cargos y personal directivo del sector público aprobado por  o
el Acuerdo GOV/82/2016, de 21 de junio, por el que se aprueba el Código de conducta  24ww
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de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.
4.  El  régimen  de  responsabilidad  aplicable  a  los  empleados  públicos  de  la 
Generalidad como patrones de las fundaciones del sector público institucional de la 
Administración de la Generalidad y de las que están adscritas a la misma, así como a los 
secretarios del patronato y demás órganos de gobierno y a los miembros de los órganos 
de liquidación de estas entidades, se rige por lo dispuesto en el artículo 312-14 del libro 
tercero del Código civil de Cataluña, sin perjuicio del ejercicio de la acción de regreso a 
que se refiere el apartado 2.
5.  Los estándares de diligencia exigible a los miembros de los órganos a que se 
refiere el apartado 4 se rigen por lo dispuesto en el libro tercero del Código civil de 
Cataluña y en las letras a y b del apartado 3.
6.  Las  entidades  del  sector  público  institucional  participadas,  directa  o 
indirectamente, de forma mayoritaria por la Administración de la Generalidad y las que 
están adscritas a la misma deben asegurar la responsabilidad civil de los miembros de 
los órganos de gobierno o de liquidación y de los empleados públicos de la Generalidad 
que  ejercen  las  funciones  de  secretarios  de  dichas  entidades,  de  acuerdo  con  las 
instrucciones y a través del procedimiento que en cada caso determine el departamento 
competente en materia de seguros, previo informe favorable de este sobre las cláusulas 
de las correspondientes pólizas.»
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8147, de 4 de junio de 2020)