BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47841
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6620 Pleno.  Sentencia  74/2021,  de  18  de  marzo  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 440-2020. Interpuesto por el presidente del Gobierno 
respecto del artículo 19 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 
de abril, de calidad agroalimentaria. Competencias sobre ordenación de la 
economía: nulidad del precepto legal autonómico que, al definir el concepto 
de «vino» entra en contradicción insalvable con la normativa básica estatal.
ECLI:ES:TC:2021:74
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez,  don  Alfredo  Montoya  Melgar,  don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  y  la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 440-2020, promovido por el presidente del 
Gobierno contra el art. 19 de la Ley del Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de 
calidad agroalimentaria. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de 
Canarias. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  el  día  22  de  enero  de  2020,  el  presidente  del 
Gobierno  interpuso  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  el  art.  19  de  la  Ley  del 
Parlamento de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria, alegando en 
síntesis lo siguiente:
a)  El artículo impugnado permite a los operadores hacer uso del término «vino» 
para la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas 
distintas de la uva, siempre que dicho término esté acompañado del nombre de la fruta o 
frutas  utilizadas,  formando  parte  de  una  denominación  compuesta.  Con  ello  se 
contraviene la norma básica recogida en el art. 2.2 e) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, 
de  la  viña  y  el  vino,  que  define  el  «vino»  como  el  «alimento  natural  obtenido 
exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, 
o de mosto de uva».
La competencia autonómica en materia de calidad agroalimentaria [ex arts. 130.1,  es
130.2 a) y 132 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EACan)] tiene como límite, entre  o
phsoelatarccontesoif ,ir cpeaolsacs  iimóbcnloae mt deleapri  ealiatlnme tneaecrcnvitateiev ni decaaisótdrtnai b teuadciled olone sEón m satmia cdlaaao t e(, acraiorat m. t r1pda4eev9t ée.sb1n a.cd1siae3e   sCmd eEey ) d.lai cdEsoa sos cr udoenimnc oautíncntuióiódlmona  idctrgeaaessn n,s aevinureactrólls unasdolo emq  uealenas     2021-6620n https://www.
(SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 64; 254/2004, de 23 de diciembre, FJ 7; 34/2013,
de 14 de febrero; 123/2013, de 23 de mayo, y 130/2013, de 4 de junio), y que ampara las
normas  y  actuaciones  orientadas  a  garantizar  la  unidad  de  mercado  o  la  unidad 
económica (SSTC 140/2011, de 14 de septiembre; 207/2012, de 14 de noviembre; 
69/2013, de 14 de marzo, y 79/2017, de 22 de junio, FJ 2). Por lo que respecta al sector 
vitivinícola, la intervención del Estado ex art. 149.1.13 CE, recogida ya en la temprana 
STC  186/1988,  de  17  de  octubre,  FJ  8,  se  contempla  en  la  doctrina  de  las 
SSTC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 4 a), y 82/2013, de 11 de abril, FJ 3, relativas a la 
citada Ley 24/2003.
b)  Tratándose de un supuesto de inconstitucionalidad mediata o indirecta, se debe 
considerar en primer lugar que la materia se encuentra regulada a nivel europeo en el 
Reglamento  (UE)  1308/2013,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de 
diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios. Esta norma establece en la parte II del anexo VII la definición de vino que ha 
quedado recogida en el art. 2.2 a) de la Ley 24/2003, disponiendo a continuación que los 
Estados  miembros  pueden  autorizar  la  utilización  de  la  palabra  vino,  en  términos 
similares a los recogidos en la ley canaria. En España, la ley básica estatal ha agotado 
dicho  margen,  desechando  explícitamente  esa  posibilidad,  pues  el  art.  2.3  de  la 
Ley 24/2003 cierra la cuestión al disponer que «las definiciones de los productos son 
excluyentes, no pudiendo utilizarse las respectivas denominaciones más que en los 
productos que se ajusten estrictamente a la definición». En la reforma que de esta norma 
lleva  a  cabo  el  Estado  en  el  año  2015  [esto  es,  tras  la  aprobación  del  vigente 
Reglamento (UE) 1308/2013], la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico, opta 
de nuevo por no ampliar el concepto y lo mantiene en sus propios términos.
Esta normativa estatal es formalmente básica (disposición final segunda de la propia 
Ley 24/2003), siéndolo también materialmente, pues se trata de asegurar, mediante una 
definición expresa, que un concepto que juega un papel central en el mercado vitivinícola 
no pueda designar realidades diferentes en las distintas partes del Estado. Para alejar 
ese riesgo, la ley ofrece una descripción precisa de lo que ha de entenderse por vino y 
fija sus rasgos esenciales y comunes, en beneficio de productores y consumidores, en 
un mercado transparente y único, dotando de certeza y seguridad el tráfico mercantil.
En  consecuencia,  la  denominación  como  «vino  de  frutas»  de  un  producto  no 
obtenido de la uva, y su regulación en el art. 19 de la ley recurrida, contraviene el art. 2 
de la Ley 24/2003, y adolece de inconstitucionalidad mediata o indirecta por vulnerar la 
norma básica mediante la que el Estado ha ejercido la competencia reconocida en el 
art. 149.1.13 CE.
2.  Por providencia de 11 de febrero de 2020, el Pleno, a propuesta de la Sección 
Segunda, acordó admitir a trámite este recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la 
demanda  y  documentos  presentados  al  Congreso  de  los  Diputados,  al  Senado,  al 
Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias, al objeto de que, en el plazo de 
quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes [art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]; y publicar 
la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de 
Canarias».
3.  Las presidentas del Congreso de los Diputados y del Senado, mediante sendos 
escritos registrados el 21 y el 27 de febrero de 2020, comunicaron que las mesas de 
esas cámaras habían acordado darse por personadas en el procedimiento, ofreciendo su 
colaboración a los efectos de lo previsto en el art. 88.1 LOTC. e
4.  El día 12 de marzo de 2020 tuvo entrada en el registro general del tribunal  w.
aelsecgriatoc iodneels  Pqaurela smegeunitdoa mdee nCtea snea rsiainst,e tpizearns.onándose  en  el  recurso  y  formulando  las  2021-6620n https://ww
legitaim) anL aa ld Eocsttraindao  cpoanras tietujecricoenra ls, ua ucno mapdemteitniecniad os oqburee  elaxsis tbeans edse tye rmcoinoarddionsa cfiiónne sd eq ulae   BOE-A-cable e
planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), ha advertido de que 
no  cabe  por  esta  vía  propiciar  el  vaciamiento  de  las  competencias  autonómicas 
(SSTC 85/2015, de 30 de abril, FJ 2, y 77/2004, de 29 de abril, FJ 4), siendo necesario 
que  la  coherencia  de  la  política  económica  general  exija  decisiones  unitarias 
[STC 133/1997, de 16 de julio, FJ 4 C)]. Las SSTC 34/2013 y 82/2013 han analizado la 
incidencia de esta competencia estatal en la Ley estatal 24/2003.
Cuando el Estado denuncia la contradicción entre la regulación autonómica y la 
libertad  económica  debe  acompañar  la  misma  de  un  juicio  ponderativo  específico 
(STC 97/2018, de 19 de septiembre, FJ 7). El Estado, al entablar este recurso, omite la 
aportación de elementos de juicio objetivos suficientes para evidenciar que la medida 
contemplada en el art. 19 de la ley canaria es inidónea o desproporcionada, en cuanto 
generadora  de  una  incidencia  directa  y  significativa  sobre  la  actividad  económica 
general, sin aportación de datos empíricos contrastables. El precepto impugnado no 
produce afectación relevante al principio de unidad de mercado, ni lo distorsiona, ni 
afecta a la seguridad del tráfico mercantil o a la confianza de los consumidores. El vino 
de frutas se ha venido elaborando tradicionalmente en Canarias, y es un producto 
ampliamente  conocido  por  los  consumidores  canarios;  su  volumen  económico  de 
producción y comercialización es muy poco significativo en comparación con el vino de 
uva.  Por  esta  razón,  no  tiene  incidencia  económica  significativa  en  la  actividad 
económica general, y la defensa de la unidad de mercado no parece fundamentación 
suficiente para justificar la prevalencia del art. 149.1.13 CE frente a la competencia 
autonómica en materia de agricultura.
b)  Pudiendo ser el Derecho europeo elemento interpretativo en esta controversia 
(STC 33/2005, de 17 de febrero, FJ 3), el Reglamento (UE) 1308/2013, anexo VII.II, 
ofrece la posibilidad –sujeta a la autorización de cada Estado miembro– de que la 
palabra  «vino»  pueda  referirse  también  al  obtenido  tras  la  fermentación  de  frutas 
distintas  de  la  uva,  al  igual  que  los  precedentes  Reglamentos  (CE)  1493/1999 
y 491/2009.
No  son  los  reglamentos  comunitarios  los  que  atribuyen  al  legislador  estatal  la 
potestad exclusiva de delimitar la autorización de la palabra «vino», puesto que esa 
atribución viene determinada por el orden de competencias interno, en virtud del principio 
de autonomía institucional. Por otro lado, la Ley 24/2003 no ha recogido una prohibición 
expresa de considerar «vino» también al obtenido de la fermentación de frutas distintas 
de la uva.
La actividad administrativa de autorización, en los términos de lo permitido por el 
Reglamento (UE) 1308/2013, es un supuesto de ejercicio de la función ejecutiva en 
materia de productos agroalimentarios, que corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, competente para aplicar el Derecho europeo en su territorio, en las materias 
de su competencia (STC 252/1988, de 20 de diciembre, y art. 197 EACan).
c)  En otras consideraciones a favor de la constitucionalidad de la ley canaria, el 
Parlamento  canario  señala  que,  desde  la  perspectiva  del  art.  132.1  EACan,  que 
comprende la competencia exclusiva autonómica sobre la promoción en el mercado 
interior de los productos agroalimentarios canarios de calidad diferenciada, mantener la 
posición restrictiva de que solo corresponde al Estado ejercer la posibilidad contemplada 
en el Reglamento (UE) 1308/2013 impediría el ejercicio de esta competencia.
Se refiere también a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana  de  18  de  mayo  de  2017,  sobre  el  «vino  de  naranja»  y  el  «vino  de 
mandarina». s
Recoge asimismo información sobre vinos procedentes de fermentación de frutas  oe.
distintas de la uva comercializados en otras comunidades autónomas y otros países de  w.
la Unión Europea, frente a los que los elaborados en Canarias se encontrarían en  20ww
aptoesnictaiórnía  dneo  dseoslov ecnotnatjraa.  eLl ap raincceipptiaoc dióen l ibdeer tlaad p does iecimónp rreessat reicnti veal  mquaerc od edfeie unndae  eecl oEnsotmadíao 
de mercado (art. 38 CE), sino también contra la libre circulación de mercancías (arts. 26
y 28 a 37 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), generando una situación 
asimétrica y absurda en cuanto a la venta del vino de frutas.
5.  El escrito de alegaciones del Gobierno de Canarias tuvo entrada en el registro 
general del tribunal el día 1 de julio de 2020.
6.  Mediante providencia de 16 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presidente del Gobierno interpone recurso de inconstitucionalidad contra el 
art.  19  de  la  Ley  del  Parlamento  de  Canarias  6/2019,  de  9  de  abril,  de  calidad 
agroalimentaria, que regula el «vino de frutas» en los siguientes términos:
«1.  Los operadores podrán hacer uso del término ‘vino’ para la comercialización de 
productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distintas de la uva siempre que 
esté acompañada del nombre de la fruta o frutas utilizadas en forma de denominación 
compuesta. El producto así obtenido deberá tener una graduación alcohólica mínima 
adquirida del 5 por 100 y máxima de 15 por 100.
2.  En caso de que el producto haya sido obtenido de la fermentación de varias 
frutas, el nombre de estas deberá aparecer en orden descendente en función de la 
proporción utilizada y en caracteres del mismo tamaño.
3.  Para poder hacer uso de dicho término, los operadores que a la entrada en vigor 
de esta ley figuren inscritos en el registro de embotelladores y envasadores de vino y 
bebidas  alcohólicas  deberán  comunicar  previamente  a  la  autoridad  competente  los 
productos en los que pretendan utilizar aquel.
4.  Las menciones aplicadas al vino recogidas en la base de datos electrónica E-
Bacchus de la Unión Europea y en la reglamentación comunitaria del sector vitivinícola 
no podrán ser utilizadas, en ningún caso, para la identificación o comercialización del 
vino de fruta.»
El abogado del Estado considera que este artículo incurre en inconstitucionalidad 
mediata o indirecta, por vulneración de lo dispuesto en el art. 2, apartados 2 e) y 3, de la 
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino, normativa básica dictada por el Estado 
al amparo de la competencia conferida por el art. 149.1.13 CE, en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Por las razones que han quedado resumidas en los antecedentes, el Parlamento de 
Canarias ha instado la desestimación de este recurso de inconstitucionalidad.
2.  El Gobierno de Canarias se personó en el procedimiento y formuló alegaciones 
mediante escrito que tuvo entrada en el registro general de este tribunal el día 1 de julio 
de 2020, superado el plazo de quince días que le había sido concedido mediante 
providencia de 11 de febrero de 2020, que le fue notificada con fecha 20 de febrero. El 
plazo venció por tanto el día 12 de marzo de 2020.
Contra  lo  que  sostiene  en  su  escrito  el  Gobierno  de  Canarias,  no  resulta  de 
aplicación el acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en 
relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ni el posterior acuerdo de 6 de mayo 
de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y  e
administrativos que fueron suspendidos por el primer acuerdo citado. Ninguno de estos  bo
acuerdos permite entender que la suspensión de plazos procesales y las reglas para su  20ww
cteónmepr uptoo ra plcearnscoenna dao  loasl  yGao bpireercnlou iddoes ,C caonmaori aess  neil  pcoars of.o rEmnu claodnasse csuuesn cailae,g naoc iopnroecse, dael 
rdees u1l9ta dr es juu neisoc, rFitJo  2m aa)n].ifiestamente extemporáneo [en el mismo sentido, STC 236/2012,
3.  La Ley estatal 24/2003 tiene por objeto la ordenación básica, en el marco de la 
normativa  de  la  Unión  Europea,  de  la  viña  y  del  vino,  así  como  su  designación, 
presentación, promoción y publicidad (art. 1.1). El art. 2, dedicado a las definiciones, 
recoge en sus apartados 2 e) y 3 las normas que, según el recurso, son vulneradas por 
el precepto de la ley canaria objeto de impugnación. Concretamente, el apartado 2 e) 
define el «vino» como «el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación 
alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva», y el 
apartado 3 precisa que «[l]as definiciones de los productos son excluyentes, no pudiendo 
utilizarse las respectivas denominaciones más que en los productos que se ajusten 
estrictamente a la definición».
El juicio de constitucionalidad mediata requiere, en primer lugar, verificar si estas 
disposiciones cumplen con los requisitos formales y materiales propios de la normativa 
básica.  Su  carácter  formalmente  básico  está  recogido  en  el  apartado  2  a)  de  la 
disposición final segunda de la Ley 24/2003. Desde el punto de vista material, es 
obligado  remitirse  a  la  doctrina  recogida  en  las  SSTC  34/2013,  de  24  de  febrero, 
y 82/2013, de 11 de abril, que examinaron la constitucionalidad de otros preceptos de la 
Ley  24/2003,  enmarcando  la  controversia  planteada  entonces  en  algunas 
consideraciones generales que resultan plenamente aplicables a la cuestión que aquí se 
examina.
Concretamente, la STC 34/2013 afirma que «la Ley de la viña y del vino, apreciando 
la importancia que tiene en España el cultivo, la elaboración y la comercialización de 
vino, persigue establecer criterios generales de ordenación del entero sector vitícola 
orientados a evitar que la divergencia radical entre las distintas normativas autonómicas 
obstaculice gravemente la unidad de mercado o, introduciendo confusión, haga ineficaz 
la intervención pública en ese ámbito de la economía» (FJ 5). En la misma línea de 
razonamiento, señala que «en virtud de los datos que suministra el apartado IV del 
preámbulo de la Ley de la viña y del vino, constituye sin duda un hecho económico 
relevante  en  la  economía  nacional.  La  STC  118/1996,  de  27  de  junio,  aunque 
refiriéndose al sistema de transporte, reconoce que "lo que parece claro es que, si es un 
hecho económico de gran importancia, la posibilidad de que el Estado, para ajustarlo al 
objetivo constitucionalmente legítimo de llevar a cabo una política económica común 
(STC 96/1984, de 19 de octubre) y para adecuarlo a las exigencias de unidad de la 
economía  nacional  que  requiere  un  mercado  único  (STC  64/1990,  de  5  de  abril), 
establezca criterios generales a tener en cuenta a la hora de efectuar el desarrollo 
normativo con tal de que se limiten a asegurar en ese sector específico la unidad de los 
principios básicos del orden económico, es constitucionalmente legítima"» (FJ 9).
Sentado así que el Estado dispone de competencia, ex art. 149.1.13 CE, para dictar 
normas básicas en este subsector de la economía, a la hora de proyectar esta doctrina 
sobre los apartados 2 e) y 3 del art. 2 de la Ley 24/2003, que respectivamente definen y 
delimitan el objeto regulado, procede recordar que, según la STC 40/1998, de 19 de 
febrero,  «lo  relevante  desde  el  punto  de  vista  del  respeto  del  bloque  de  la 
constitucionalidad no son tanto las definiciones en sí mismas cuanto las consecuencias 
concretas que de ellas se derivan» (FJ 43), «correspondiendo, eso sí, a este tribunal 
garantizar que dichas definiciones no impliquen en la práctica una alteración del sistema 
de distribución de competencias, ya sea porque resulten completamente artificiales, no 
respetando la imagen que de los distintos conceptos existe en la conciencia social, ya 
sea  porque  a  tales  conceptos  se  anuden  consecuencias  no  queridas  por  el 
constituyente» (FJ 6). s
Cuando, como es el caso, la definición de lo que es el «vino» y, por vía de reserva de  oe.
denominación, de lo que no lo es, entronca con la competencia estatal para dictar  w.
normativa básica, sin introducir conceptos artificiales o ajenos a la imagen existente en la  20ww
caopnacrtiaednoci aI  sdoecli alp –recáommbou ploo ndee d ela m  Laenyif ie2s4to/2 l0a0 a3p–r, etvaad ad seí nsteusyios  hqiusteó riecsaa r eccoomgipdeat eennc ieal 
ccoonmtperneidnod em laa tedreia pl rdeec islaa r nsour moabtjievtao , bpáuseicsa  aedsmtaittiar ll oq uceodnatrraíari oe sni glnai fipcraárcíati cqau ep rievla pdroo pdioe   BOE-A-cable e
contenido jurídico, y aún de sentido lógico. Así se ha reconocido por este tribunal al 
confirmar el carácter materialmente básico de definiciones recogidas en otros sectores 
de la normativa básica, por ejemplo, en las SSTC 128/1999, de 1 de julio, FJ 16; 
14/2004, de 13 de febrero, FJ 12; 18/2011, de 3 de marzo, FJ 18, y 158/2011, de 19 de 
octubre, FJ 8 b).
La anterior conclusión no queda enervada por la fórmula abierta utilizada en la parte 
II del anexo VII del Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios, que permite a los Estados miembros autorizar que, en determinadas 
condiciones, la palabra «vino» pueda referirse también al obtenido tras la fermentación 
de frutas distintas de la uva. Como se razona en la ya citada STC 34/2013, «que la 
normativa europea condicione y en buena parte absorba la planificación general de la 
economía española en el sector del vino, lejos de justificar que al Estado no le resta 
espacio para dictar normas que realicen esa función, supone el reconocimiento de que 
en  esa  materia  pueden  establecerse  reglas  que,  con  el  objeto  de  diseñar  una 
planificación general del sector, señalen las líneas directrices y criterios generales que 
han  de  presidir  su  organización,  así  como  preverse  medidas  instrumentadas  a  la 
realización de aquellos. Además, dado que la intervención del Derecho comunitario 
europeo no altera el reparto constitucional de competencias [STC 99/2012, de 11 de 
febrero, FJ 2 b)], dicha planificación general del sector del vino corresponde, por efecto 
de la atribución que se sigue del art. 149.1.13 CE, al Estado, que podrá limitarse a 
trasponer la parte de aquél que contenga esa planificación general o, respetándola, optar 
por una ordenación del sector más intensa, siempre, claro está, sin ir más allá de los 
límites del título competencial que le habilita» (FJ 7).
Como ya se ha razonado, el Estado dispone de competencia para adoptar la decisión 
de mantener o modificar la definición de vino y la reserva de denominación contenida en 
la normativa básica, sin que corresponda a este tribunal examinar la oportunidad o el 
acierto de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles.
El  contenido  del  precepto  impugnado  no  es,  como  sostiene  el  Parlamento  de 
Canarias, manifestación del ejercicio de la función ejecutiva en materia de productos 
agroalimentarios  –aunque  es  claro  que,  si  así  fuera,  no  sería  constitucionalmente 
admisible que tal función ejecutiva se ejerciera contraviniendo lo establecido por las 
normas básicas dictadas por el Estado–. En cualquier caso, las determinaciones que 
recoge  el  art.  19  de  la  Ley  canaria  objeto  de  este  proceso  constitucional  tienen 
indiscutible naturaleza normativa, al regular con carácter general y abstracto los términos 
en los que se autoriza la utilización de la denominación «vino» para productos de la 
fermentación de frutas distintas de la uva, su graduación alcohólica mínima y máxima, o 
la comunicación a la autoridad competente, entre otros aspectos. Son disposiciones 
dirigidas al conjunto de los operadores del sector, que no agotan su eficacia en la 
aplicación a un caso concreto. El art. 197.1 EACan atribuye a la Comunidad Autónoma 
de Canarias el desarrollo, transposición y ejecución del Derecho de la Unión Europea en 
el  ámbito  de  sus  competencias,  y  en  el  sector  agroalimentario,  que  comprende  el 
subsector vitivinícola, la competencia autonómica halla su límite en el respeto a lo 
establecido  por  el  Estado  en  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el 
art. 149.1.13 CE (art. 130.1 EACan). La doctrina constitucional ha reiterado que, sobre la 
ejecución  del  Derecho  europeo,  «las  normas  que  han  de  servir  de  pauta  para  la 
resolución de las controversias competenciales son exclusivamente las de Derecho 
interno que establecen el orden de distribución de competencias entre el Estado y las  s
comunidades  autónomas,  ya  que,  «como  este  tribunal  ha  declarado  en  anteriores  oe.
ocasiones (SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 115/1991 y 236/1991), "la traslación de la  w.
normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los  20ww
ccoritmeurionsid acodnesst iatuuctióonnoamleass y,  ecrsittaetruiotas riqouse d e[. .r.e] pnaor tore dseu ltcaonm apleteterandcoiass  nein tpreo re el lE isntgardeos oy  ldaes 
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palabras,  "no  existe  una  competencia  específica  para  la  ejecución  del  Derecho 
comunitario (STC 141/1993)" (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 14)» (STC 54/2018, 
de 24 de mayo, FJ 6).
Tampoco estamos ante un supuesto similar al examinado por la STC 97/2018, de 19 
de  septiembre,  como  alega  el  Parlamento  de  Canarias.  Aquí  no  se  denuncia  una 
invasión  competencial  fundada  en  la  eventual  contradicción  entre  una  regulación 
autonómica que impone determinados límites a la libertad económica y la exigencia 
básica  de  proporcionalidad  recogida  con  carácter  genérico  en  el  art.  5.2  de  la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, denuncia que ha 
de venir «acompañada de un juicio ponderativo específico –ilustrado, en la medida de lo 
posible, con datos y análisis económicos rigurosos– sobre la idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad  de  la  restricción  impugnada»  [FJ  7  d)].  En  este  recurso  de 
inconstitucionalidad  la  denuncia  se  funda  en  la  vulneración  de  normas  básicas 
específicas dictadas sobre la misma materia por el Estado al amparo de la competencia 
que  le  atribuye  el  art.  149.1.13  CE,  y  que  constituyen  el  parámetro  del  juicio  de 
constitucionalidad directa o inmediata.
Confirmado, por tanto, el carácter materialmente básico de los apartados 2 e) y 3 del 
art. 2 de la Ley estatal 24/2003, es claro que el precepto impugnado, al autorizar la 
denominación de «vino» para la comercialización de productos obtenidos a partir de la 
fermentación de frutas distintas de la uva, entra en contradicción efectiva e insalvable por 
vía interpretativa con esas disposiciones básicas, particularmente con el art. 2.3, que 
establece el carácter excluyente de las definiciones y prohíbe que se utilicen esas 
denominaciones en productos que no se ajusten estrictamente a la definición recogida 
en este caso en el art. 2.2 e).
En  consecuencia,  el  art.  19  de  la  Ley  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias  6/2019  es  inconstitucional  y  nulo  por  contravenir  lo  establecido  por  los 
apartados 2 e) y 3 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y el vino, vulnerando con 
ello la competencia que el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  440-2020  y,  en  consecuencia, 
declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  art.  19  de  la  Ley  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de calidad agroalimentaria.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.