BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93248
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13014 Sala Primera. Sentencia 130/2021, de 21 de junio de 2021. Recurso de 
amparo  872-2020.  Promovido  por  la  Confederación  General  del  Trabajo 
respecto  de  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal 
Supremo en proceso de conflicto colectivo. Supuesta vulneración de los 
derechos a la tutela judicial efectiva y a libertad sindical en relación con el 
derecho de huelga: calificación de huelga abusiva resultante de la negativa 
de  los  cinco  comités  de  huelga  actuantes  a  constituir  una  comisión 
negociadora con composición ajustada a la normativa reguladora.
ECLI:ES:TC:2021:130
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 872-2020, ha sido promovido por la Confederación 
General del Trabajo, representada por la procuradora de los tribunales doña Valentina 
López Valero y asistida por el abogado don Raúl Maíllo García contra la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2019, que estimó el recurso de 
casación interpuesto por la representación legal de Ferrovial Servicios, S.A., contra la 
sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 18 de julio 
de 2017, en actuaciones núm. 134/2017, y frente al auto de 20 de noviembre de 2019 
dictado por el mismo órgano judicial en el que se desestimó el incidente de nulidad de 
actuaciones  formulado  contra  la  anterior  resolución.  Ha  comparecido  la  mercantil 
Ferrovial Servicios, S.A., representada por el procurador de los tribunales don Álvaro 
Armando García de la Noceda de las Alas Pumariño, bajo la dirección letrada de don 
Óscar Muela Gijón, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, 
representada por la procuradora de los tribunales doña María Jesús Ruiz Esteban, bajo 
la dirección letrada de don Enrique Lillo Pérez, y el Sindicato Ferroviario SF-Intersindical, 
representado  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Virginia  Sánchez  de  León 
Herencia,  bajo  la  dirección  letrada  de  don  Juan  Durán  Fuentes.  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 10 de febrero  e
de 2020, la procuradora de los tribunales doña Valentina López Valero, actuando en  b
nombre y representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), asistida por el  014ww
cleittaraddaos  deonn e Rl eanúcl aMbaeízllaom Vieanletoro., interpuso recurso de amparo contra las dos resoluciones
2.  Los hechos de los que trae causa la presente demanda de amparo, relevantes 
para la resolución del recurso, son los siguientes:
a)  El  12  de  enero  de  2016  se  constituyó  la  mesa  negociadora  del  convenio 
colectivo de Ferrovial Servicios, S.A., para el personal de restauración y atención a bordo 
de los trenes de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), actuando por la 
parte social el comité intercentros, compuesto por siete representantes de Comisiones 
Obreras (CCOO), tres de la Unión General de Trabajadores (UGT), dos de CGT y uno 
del Sindicado Ferroviario (SF).
b)  El 9 de febrero de 2017 los sindicatos CCOO, UGT, CGT, SF y Unión Sindical 
Obrera (USO) intentaron alcanzar acuerdo ante la comisión paritaria del convenio con el 
fin de evitar la huelga, sin que la reunión llegara a buen fin. Ese mismo día los sindicatos 
señalados promovieron papeleta de mediación previa a la huelga. Los motivos de la 
huelga fueron los siguientes:
«– La empresa ha comunicado a los representantes de los trabajadores mediante 
carta al efecto remitida a la comisión negociadora del convenio colectivo, la pérdida y 
decaimiento del convenio actual, siendo esta una agresión frontal a la negociación 
colectiva y a las relaciones laborales en su conjunto.
– Que el 12 de enero de 2016 se iniciaron las negociaciones del convenio colectivo, 
habiéndose  celebrado  un  gran  número  de  reuniones  en  las  cuales  ha  quedado 
demostrado  las  posturas  totalmente  antagónicas  en  aspectos  esenciales  de  la 
negociación, tanto en los aspectos sociales como económicos, llegando a trasladar 
ofertas  económicas  cercanas  a  la  congelación  salarial  que  claramente  generarían 
pérdidas de poder adquisitivo al conjunto de los trabajadores.
– La empresa ha introducido durante todo el proceso de negociación un elemento 
que  ha  generado  gran  conflicto,  pretendiendo  modificar  un  importante  número  de 
acuerdos incluidos en el convenio colectivo que regula el sistema de programación de 
los turnos de trabajo con incidencia directa en materia económica y notable perjuicio en 
la conciliación de la vida personal y familiar.
– La  postura  defendida  por  la  empresa  desde  el  inicio  de  las  negociaciones 
entendemos que es desregular y empeora en su conjunto las condiciones laborales, 
destacando a modo de ejemplo las medidas que afectan a la jornada de trabajo del 
personal que presta servicio a bordo de los trenes, siendo por el contrario el objeto de la 
representación legal de los trabajadores el concluir avances en el objetivo de solucionar 
aspectos que vienen generando conflictos.
– La  empresa  viene  interpretando  y  aplicando  el  convenio  colectivo  con 
posicionamientos unilaterales y restrictivos que están generando un efecto desregulador 
de las condiciones laborales reduciendo los márgenes posibles de negociación en cada 
uno de los conflictos que se vienen produciendo.
– Las posturas de las partes están alejadas en todas las materias que han venido 
siendo  objeto  de  negociación  recibiendo  propuestas  de  la  empresa  que  han  sido 
trasladadas a la plantilla siendo rechazadas de forma mayoritaria.
– La empresa ha comunicado a la representación legal de los trabajadores el inicio 
de  un  expediente  de  regulación  temporal  de  empleo,  habiendo  citado  a  los 
representantes para iniciar el proceso el pasado 3 de febrero de 2017. Esta iniciativa 
influye de manera determinante en la situación actual generando un mayor grado de 
conflictividad».
El 14 de febrero de 2017 se intentó sin acuerdo la mediación ante el Servicio  oe.
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comité de huelga estaba compuesto por doce miembros.
d)  El 15 de febrero de 2017 UGT convocó huelga para los mismos días y los 
mismos objetivos de CCOO, notificándoselo a la autoridad laboral. El comité de huelga 
estaba formado por once miembros.
e)  El 14 de febrero de 2017 convocó huelga CGT en las mismas fechas y con los 
mismos objetivos que CCOO y UGT. El comité de huelga estaba formado por seis 
miembros.
f)  El 15 de febrero de 2017 convocó huelga USO en las mismas condiciones 
expuestas. El comité de huelga estaba formado por cinco miembros.
g)  El 15 de febrero de 2017 convocó huelga el Sindicato Ferroviario SF-Intersindical 
por  los  mismos  motivos  que  los  anteriores  sindicatos.  El  comité  de  huelga  estaba 
formado por nueve miembros.
h)  El 15 de febrero de 2017 la empresa se reunió con los comités de huelga y les 
instó al nombramiento de uno solo, por considerar ilegal que haya cinco comités de 
huelga, sin que se alcanzara acuerdo en ese extremo, ni tampoco en la determinación de 
los servicios mínimos.
i)  El 19 de abril de 2017 se presentó demanda de conflicto colectivo por Ferrovial 
Servicios, S.A., promoviendo la declaración de ilegalidad de la huelga por irregularidades 
en  su  convocatoria  y  consecuente  ejercicio  abusivo  del  derecho  de  huelga,  contra 
Sindicato  Federal  Ferroviario  de  CGT,  Sindicato  Federal  Ferroviario  de  UGT,  USO, 
Sección Sindical Estatal de CCOO en Ferrovial servicio de atención a bordo (SAB), y los 
comités de huelga designados por CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y USO.
La  pretensión  de  la  empresa  se  basaba  en  que  los  motivos  y  objeto  de  las 
convocatorias de huelga eran los mismos en los cinco casos, lo que, realmente suponía 
un único proceso de huelga, pese a lo que se habían constituido cinco comités de huelga 
diferentes que contaban con cuarenta y tres miembros en lugar de los doce que como 
máximo debe tener un comité de huelga (art. 5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de 
marzo, sobre relaciones de trabajo), lo que además hacía que esa composición fuese 
ineficaz para una negociación ágil, pues el número de negociadores de la parte social 
entorpecía y dificultaba la negociación. Por ello, entendía la empresa que se había hecho 
un uso abusivo y en fraude de ley del derecho de huelga, al convocar cinco diferentes 
con idéntico objeto, inicio y duración lo que hacía ilícitas las convocatorias y obligaba a 
los convocantes a repararle los perjuicios causados, pretensión esta última de la que 
desistió.
j)  La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 18 de julio 
de 2017 desestimó la demanda de conflicto colectivo al entender, sustancialmente, que 
era lícito que cada sindicato hiciese una convocatoria de huelga, así como la forma en 
que esa convocatoria se había realizado, sin que apreciase ilegalidad alguna, ni que los 
convocantes hubiesen actuado en fraude de ley o de mala fe.
Las razones de la desestimación de la demanda están en los fundamentos de 
derecho sexto y séptimo.
Señala la Audiencia Nacional que «la negociación múltiple no es necesariamente un 
escenario  indeseable  para  las  empresas,  quienes  pueden  alcanzar  acuerdos  con 
algunos comités de huelga y con otros no, lo cual no significa que la huelga vaya a 
prolongarse artificiosamente, puesto que, si los acuerdos alcanzados son positivos para 
los trabajadores, la consecuencia lógica será que no se mantengan en huelga, lo cual 
sucederá normalmente, cuando se alcancen acuerdos con los sindicatos mayoritarios, 
igual que sucedería en una negociación conjunta, debiendo destacarse, en cualquier 
caso, que si se alcanzara acuerdo con sujetos colectivos mayoritarios, lo acordado  s
tendría valor de convenio colectivo, a tenor con lo dispuesto en el art. 8.2 del Real  oe.
Decreto-ley sobre relaciones de trabajo, que será estatutario, cuando se cumplan los  w.
demás requisitos contenidos en el título III LET, en cuyo caso podría suceder que las  014ww
adretm. 1á1s  dh) udeellg Rase asl eD eccornevtoir-tlieeyra sno bsroeb rreevlaecnioidnaems ednet etr aebna jiole»g.ales, de conformidad con el
el abLuas Soa dlae  cdoenresicdheor,a  «qauuen qFueerr osveiaa l cSieerrtvoi cqiouse,  rSe.qAu.i,r inóo a h lao sp rsoinbdaidcoa tnois  ecl ofrnavuodcea ndtee sle pya, rnai   BOE-A-cable e
que nombraran un solo comité de huelga, puesto que dicho requerimiento no se ajustó a 
derecho, ya que se habían convocado legítimamente cinco huelgas, siendo exigible, por 
consiguiente, que se nombrara un comité de huelga en cada una de ellas por las razones 
ya expuestas. Por lo demás, se ha probado que la empresa convocó conjuntamente a 
los comités de huelga, quienes acudieron a las reuniones, sin que se haya probado, de 
ningún modo, que obstaculizaran la negociación, siendo llamativo que la empresa no 
convocara jamás a los comités de huelga de manera separada, lo que hubiera servido, 
tal vez, para comprobar si estaban dispuestos a negociar lealmente y, en su caso, a 
desconvocar la huelga».
k)  Contra  esta  resolución  interpuso  la  empresa  recurso  de  casación  que  fue 
estimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de abril 
de 2019.
La sentencia rechaza la alegación de ilicitud de varias convocatorias de huelga con el 
mismo objeto y en fechas coincidentes, porque cada organización sindical es libre de 
convocar  una  huelga  y,  también,  de  desconvocarla,  posteriormente,  sin  venir 
condicionada por lo que hagan las demás convocantes de la huelga.
Por lo que se refiere al hecho de que cada sindicato convocante nombre un comité 
de huelga independiente, el Tribunal Supremo comienza recordando en primer lugar lo 
dispuesto en el art. 5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de 
trabajo,  y  la  interpretación  que  dio  del  mismo  el  Tribunal  Constitucional  en  su 
sentencia 11/1981, de 8 de abril. A partir de ello llega a la conclusión de que «se 
considera esencial la titularidad del derecho de huelga de los sindicatos en su vertiente 
colectiva,  especialmente  en  cuanto  se  refiere  a  la  convocatoria  y  desconvocatoria, 
elección de objetivos y adopción de estrategias de actuación, conjunta o separada con 
otros, y aprobación de los acuerdos que les pongan fin. Pero no se estima esencial el 
derecho de los convocantes de la huelga a formar un comité de huelga con cuarenta y 
tres miembros, so pretexto de que se han hecho cinco convocatorias de huelga distintas, 
ni obligar a la empresa a negociar con todos ellos simultáneamente». Ello se fundamenta 
en las siguientes razones:
«Primera.  El Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1981 ya dijo "La limitación 
numérica  es  un  criterio  sensato  en  la  medida  que  los  comités  demasiado  amplios 
dificultan  los  acuerdos",  así  como  que  el  derecho  de  huelga  se  reconoce  por  el 
artículo 28.2 de la Constitución a los trabajadores para la defensa de sus intereses, lo 
que comporta la apertura de una negociación en la que se debe perseguir la obtención 
de un acuerdo que le ponga fin. Si ese es el objetivo perseguido, no resulta que sea fácil 
de lograr si en la negociación abierta intervienen directamente en defensa de unas 
posiciones  cuarenta  y  tres  personas  pertenecientes  a  diferentes  sindicatos  y  con 
distintas estrategias que podrían acabar provocando el que la construcción del acuerdo 
se convirtiera en la de una nueva Torre de Babel.
Para evitar esas dificultades, nuestro Tribunal Constitucional consideró razonable 
que el comité de huelga lo compusieran doce miembros, lo que hizo sin desconocer que 
el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977 admite la posibilidad de que existan distintos 
comités de huelga, supuesto en el que la negociación se llevará a cabo entre la empresa 
y los representantes designados por los comités de huelga afectados y en su caso por 
las empresas afectadas de otro lado, precepto que muestra que la norma no quiere una 
comisión negociadora muy numerosa.
Segunda.  Porque esta solución la avala el hecho de que el art. 8.2 del Real 
Decreto-ley 17/1977 dé valor y eficacia de convenio colectivo al pacto que ponga fin a la  e.
huelga, por cuanto, si, conforme al artículo 87.1 LET, el convenio colectivo de empresa  w.b
puede  ser  negociado  por  la  representación  legal  de  los  trabajadores  (el  comité  014ww
cinotnevrceenniotr ocsu daen dlao  esmep rceosnav roeccóu rrlae ntheu teielgnae) ,t rerecseu mltaieríma barobss uyr dvoe nípao nr edgeoscpiarnodpoo recilo nnuaedvoo, 
immoptoivnoe rp ourn eal  qcuoem ilsai órenb naejag odcei aedsoer an úpmoer rola  npoa arttee nstoac ciaoln tdrea  eclu daererenctah oy  dtere hsu emlgieam abl rsoesr, 
proporcionado y razonable en atención a los fines perseguidos.
Tercera.  Porque la convocatoria simultánea de cinco huelgas por separado no 
puede  fundar  la  constitución  de  un  comité  negociador  por  la  parte  social  que  sea 
cuantitativamente desmesurado y contrario a las disposiciones de los artículos 5 y 8.2 
del Real Decreto-ley 17/1977 en los términos antes señalados. Consiguientemente, la 
postura adoptada por los cinco comités de huelga nombrados por las centrales sindicales 
convocantes de la huelga, consistente en negociar los cuarenta y tres miembros de los 
diferentes  comités  de  empresa  y  negarse  a  nombrar  un  comité  negociador  menos 
numeroso, puede calificarse de abusiva, porque, al mantener que, como existían cinco 
convocatorias de huelga cinco debían ser los comités de huelga, se olvidaba que las 
cinco convocatorias de huelga encubrían realmente una sola convocatoria por tener el 
mismo objeto y coincidir los paros con los mismos días en todas las convocatorias, así 
como que esa unidad de acción, tácitamente reconocida, implicaba una perturbación de 
la negociación contraria a los principios que la debían regir y, conforme a lo dispuesto en 
los citados artículos 5 y 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, especialmente del último de 
ellos que implícitamente establece la necesidad de que cuando existan varios comités de 
huelga los miembros de los mismos deban nombrar a quienes los representen en la 
comisión que negociará con los representantes de la empresa la solución del conflicto 
existente. […]
Cuarta.  Porque  frente  a  lo  dicho  no  cabe  alegar  que  las  cinco  convocatorias 
separadas  de  huelga  los  mismos  días  constituyese  una  acción  concertada  ilegal, 
buscada  para  coordinar  e  integrar  la  actuación  de  todas  las  centrales  sindicales 
convocantes aunando sus voluntades y bloqueando la posibilidad de desligarse de ese 
acuerdo, ya que, como se dijo antes, el ejercicio del derecho de huelga es libre y 
corresponde  en  su  vertiente  colectiva  a  cada  sindicato  que,  por  ende,  puede 
desconvocar, al igual que convocar, la huelga con independencia de lo que hagan los 
demás. Si ello es así, la constitución de una comisión negociadora única se adecúa a lo 
previsto en la norma, siempre que se respete la representatividad de cada sindicato. El 
posible pacto que se alcance, conforme al inciso final del art. 8.2 del Real Decreto-
ley 17/1977, tendrá valor de convenio colectivo, siempre y cuando que la decisión de la 
parte social que vote a favor del acuerdo se acomode a los requisitos de mayoría 
representativa que establece la Ley del estatuto de los trabajadores en su título III para la 
aprobación de los convenios colectivos estatutarios, pues en otro caso el acuerdo de fin 
de huelga tendrá eficacia de simple pacto contractual que obliga a los firmantes del 
mismo, lo que comportará que en ambos casos los disidentes puedan acordar seguir 
adelante con la huelga si lo consideran oportuno y asumen las responsabilidades que de 
ello se derive, ex artículo 11 del citado RDL, pudiendo también adherirse a ese pacto.
Tampoco son acogibles las argumentaciones relativas a que el pluralismo sindical 
viabiliza la posibilidad de negociaciones separadas con los distintos comités de huelga, 
esa negociación múltiple que ve viable la sentencia recurrida, para que se alcancen 
acuerdos por separado entre la empresa y los sindicatos mayoritarios, no resulta tan fácil 
articular en la práctica, máxime cuando sobre esos posibles acuerdos pende el riesgo de 
su anulación por haberse excluido de la negociación de los mismos a los minoritarios, 
quienes pueden alegar la violación de su derecho a tomar parte en la negociación de un 
acuerdo con valor de convenio colectivo o de pacto contractual. En este sentido conviene 
recordar que esta Sala en sus sentencias de 22 de julio de 2015 y 18 de noviembre 
de 2015, contempla un caso en el que se estimó y aceptó que se habían vulnerado los 
derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva excluyendo de la negociación 
de un acuerdo final sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo a ciertas  s
secciones sindicales legitimadas. Esta doctrina podría haber sido de aplicación a un  oe.
supuesto  como  el  presente  en  el  que  los  sindicatos  demandados  presentaron  w.
conjuntamente la papeleta de conciliación previa a la huelga, ante el SIMA con los  014ww
mmiissmmoo so obbjejetoti.vos y luego promovieron la celebración de la huelga los mismos días con el
huelLgaas  inpirceiacdead elnetgeasl mceonntseid ye rqauceio ndeesv inoob liegna ni leag acla, licfiocnafro rdmee  ilaelg aalr típcourl oa b11u sdiv)a d deel  Ruenaal   BOE-A-cable e
Decreto-ley 17/1977, por la conducta adoptada por los miembros de los comités de 
huelga al negarse a constituir una comisión negociadora con una composición más 
ajustada a las disposiciones de la norma reguladora, lo que impidió el desarrollo de una 
negociación que podría haber facilitado un acuerdo sobre el final de la huelga.»
l)  Frente a esta sentencia la Confederación General del Trabajo (CGT) formuló 
incidente de nulidad de actuaciones alegando vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y del derecho de libertad sindical. El incidente fue desestimado por auto de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2019.
Afirma este auto que el incidente debe ser desestimado porque «lo que se pretende 
con el incidente promovido es un nuevo examen de cuestiones ya resueltas por esta 
Sala, a fin de que se revisen las soluciones que dio, lo que no es posible, máxime 
cuando  la  parte  actora  no  concreta  y  razona  sobre  las  normas  esenciales  del 
procedimiento infringidas, ni que ello le haya causado indefensión, y porque con la 
pretensión de nulidad de actuaciones, formulada solo por uno de los sindicatos de los 
siete sindicatos demandados en el presente proceso de conflicto colectivo, lo que se 
persigue es que se vuelvan a estudiar cuestiones ya examinadas y resueltas por la 
sentencia cuya nulidad se interesa, al no ser del gusto de quien propone el incidente los 
argumentos en que se funda el fallo».
Añade  el  auto  que  «no  se  desconoció  la  libertad  sindical  de  la  promotora  del 
incidente, ni su derecho a convocar la huelga y a nombrar un comité de huelga, sino que, 
simplemente, se dijo que no cabían negociaciones separadas de la empresa con los 
distintos comités de huelga y que tampoco procedía un comité negociador único con 
numerosos componentes porque ello dificultaba la negociación. Consiguientemente la 
huelga  convocada  se  declaró  ilegal  no  porque  fuera  fraudulenta,  sino  porque  era 
abusiva, entendido este término como abuso del propio derecho, por intentarse imponer 
una  comisión  negociadora  que  dificultaba  obtener  acuerdos  y  conseguir  el  objetivo 
perseguido por las normas que regulan la huelga».
3.  El 10 de febrero de 2020 se registró en este tribunal la demanda de amparo 
interpuesta por la representación de la Confederación General del Trabajo contra el auto 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2019, que confirma 
la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2019.
En la demanda se alegan las siguientes vulneraciones:
– Vulneración del art. 24 CE respecto del ejercicio de los derechos fundamentales de 
libertad sindical y de huelga, en conexión con los principios de seguridad jurídica e 
interdicción de la arbitrariedad.
Afirma el sindicato recurrente que las resoluciones impugnadas vulneran el art. 24 
CE en su vertiente de acceso a los tribunales por la restricción del derecho de huelga 
que realiza el Tribunal Supremo, que ha hecho una interpretación limitadora del derecho 
sin que dicha limitación aparezca en la norma.
Señala que la sentencia del Tribunal Supremo recurrida establece que «no se estima 
esencial el derecho de los convocantes de la huelga a formar un comité de huelga con 
cuarenta y tres miembros, so pretexto de que se han hecho cinco convocatorias de 
huelga distintas, ni a obligar a la empresa a negociar con todos ellos simultáneamente», 
obviando, que per saltum, tras no considerarlo esencial acude a considerarlo abusivo, y 
por tanto ilegal, la huelga, con las graves consecuencias que ello genera, sin que exista 
norma escrita alguna vulnerada, ni actuación fraudulenta alguna acreditada y probada. e.
Afirma que el Real Decreto-ley 17/1977 no hace referencia alguna a cuando nos  w.
encontramos ante una pluralidad de convocatorias de huelga, pues la limitación de doce  014ww
pcoenrsvooncaasn tenso.  hace  referencia  a  diferentes  convocatorias  de  huelga  y  a  distintos
comEitnét iedned eh ulae lgoar gaúnniizcaoc iócno nssitnitduiicdaol  preocru rrreepnrtees eqnutea nltae sn odrem alo sn o dhisaticneto sre fseirnednicciaat oas   BOE-A-cable e
convocantes, sino que habla de la designación de representantes de distintos comités de 
huelga, pero no para constituir un nuevo comité de huelga, de segundo grado, conforme 
a criterios de audiencia electoral, sino para la negociación, por lo que el límite de doce 
personas, ni tan siquiera está afectando a dicho espacio negociador, al recoger el propio 
artículo supuestamente vulnerado en su apartado 2 lo siguiente: «Desde el momento del 
preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario, y en su caso los 
representantes designados por los distintos comités de huelga y por los empresarios 
afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier 
momento los trabajadores pueden dar por terminada aquella. El pacto que ponga fin a la 
huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo». Es decir, a 
juicio del sindicato recurrente, el que se designen representantes nombrados por los 
distintos comités de huelga, no impone que la limitación de doce personas se traslade a 
dicha negociación, en la medida en que la limitación se establece para el comité de 
huelga, pero no para estos representantes, a los que no se establece ni límite, ni 
composición alguna.
Considera que la sentencia recurrida establece de forma tautológica que el número 
de representantes conllevaba en sí mismo una vulneración del deber de negociar que 
corresponde al comité de huelga y a la empresa.
Se sostiene su abusividad sin acreditarse ni su carácter fraudulento, ni la elusión del 
deber de negociar.
Para el sindicato recurrente, si las cinco convocatorias de huelga son válidas pese a 
coincidir en objetivos y momento temporal de convocatoria, el reconducirlas a un único 
comité de huelga conforme a las reglas de representatividad en el seno de la empresa, 
conlleva una importante limitación del pluralismo sindical, y de la libertad sindical de cada 
organización sindical convocante, en la medida en que el derecho de huelga se convierte 
en un derecho proporcional, y limitado conforme a la representación que cada sindicato 
tuviera en la empresa. En la medida en que la huelga es convocada por distintos 
sindicatos,  y  no  conlleva  actuación  fraudulenta  alguna  como  reconoce  la  propia 
sentencia, al ser reconducida a un comité de huelga único, reduce la capacidad de 
negociación de los sindicatos convocantes.
Añade que existe incongruencia en la sentencia recurrida, dado que si no hay fraude, 
el carácter abusivo debe acreditarse,  como  detalla  la continuada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Y que también hay una incongruencia interna entre lo que se afirma 
en los hechos probados y las conclusiones que se extraen de los mismos al presuponer 
un abuso carente de apoyo en los hechos probados.
– Vulneración de los arts. 7 y 28 CE y de los derechos fundamentales a la actividad 
sindical.
Considera el sindicato recurrente que si la convocatoria de huelga se realiza por 
distintas organizaciones sindicales, deben ser estas las que mantengan su capacidad 
negociadora, de desconvocar dicho ejercicio del derecho, de llegar a acuerdo parcial o 
total en el seno de la misma o incluso por meros criterios de oportunidad.
La declaración de ilegalidad de la huelga por abusividad requiere establecer un 
abuso de derecho por parte de los sindicatos convocantes, no establecer una presunción 
de que el abuso se ha producido por existir varios comités de huelga. Se ha realizado 
una presunción arbitraria de que la huelga con cuarenta y tres miembros de distintos 
comités de huelga, impediría llegar a acuerdo, y que además, supuestamente debió 
realizarse con tal intención. Por ello, a su juicio, la sentencia es arbitraria y ha vulnerado  e
el derecho a la tutela judicial efectiva, en conexión con el derecho de huelga y de  bo
actividad sindical. No cabe apreciar el abuso de derecho en quien actúa dentro de las  014ww
prevAis isoun eesn tleengdaelers, ,u hnaac cieunedsoti óuns oe sd ep leorsm mitier ceal nlíimsmiteo sd pea nraú mhaecroe rd vea lmeri esmu bdreorse cdheol .comité
sdien dhicuaell,g ya , syu  olibtrear tmadu yd ed infeergeoncteia, cqióune,  epla mseend, iop odre m ceodniofli cdteo  lcao ilnetcetrivpore dtaec ilóan o drgeal nTirzibaucnióanl 
Supremo a quedar fuera de la voluntad del convocante de la huelga y negociador
durante el ejercicio de la misma, al quedar sometido a las reglas de toma de decisión 
mayoritaria en el seno de una empresa si se convoca durante el mismo tiempo y por los 
mismos motivos, más aún, cuando el efecto limitado de cualquier posible perjuicio ante 
tal situación está amparado por medio de los acuerdos que pudieran realizarse y que ya 
eluden cualquier posible abuso por parte de los múltiples actores.
Además, afirma que se vulnera la proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad del 
límite establecido de acudir al comité de huelga conjunto, porque el límite establecido 
jurisprudencialmente,  que  no  consta  en  la  norma  interpretada,  además,  es 
desproporcionado, pues puede ser limitado cuando nos encontremos precisamente ante 
supuestos acreditados fácticamente, tanto objetiva, como subjetivamente, de abusos de 
derecho, y está limitado igualmente por el límite de no poder utilizar el medio de conflicto 
colectivo frente a lo acordado en conflicto colectivo.
Concluye que la sentencia impugnada ha establecido un límite a las organizaciones 
sindicales convocantes de una huelga en las mismas fechas y por los mismos motivos, al 
obligar, sin amparo normativo alguno, a la toma de decisiones de forma mancomunada 
en todos ellos.
4.  Por providencia de 19 de octubre de 2020, la Sala Primera acordó la admisión a 
trámite de la demanda de amparo, al apreciar que concurría en la misma una especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)] porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, para que en el plazo de diez días remitiesen certificación o fotocopia adverada 
de  las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  de  casación  núm.  236-2017  y  al 
procedimiento núm. 125-2017; debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo 
de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a 
quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
5.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 21 de enero de 2020, acordó tener por recibidos los testimonios de las 
actuaciones remitidas por las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional,  de  los  que  se  acusará  recibo,  y  escrito  de  los  procuradores  don  Álvaro 
Armando García de la Noceda de las Alas Pumariño, doña María Jesús Ruiz Esteban y 
doña Virginia Sánchez de León Herencia, a quienes se tiene por personados y parte en 
nombre y representación respectivamente de Ferrovial Servicios, S.A., Federación de 
Servicios  a  la  Ciudadanía  de  Comisiones  Obreras  y  Sindicato  Ferroviario  SF-
Intersindical, con quienes se entenderán la presente y sucesivas diligencias.
Se  tiene  por  no  personada  a  la  Federación  Estatal  de  Servicios,  Movilidad  y 
Consumo de la Unión General de Trabajadores, toda vez que no ha subsanado la falta 
de postulación para la que fue requerido el letrado de dicha central sindical don José 
Vaquero Turiño.
A tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se da vista de todas las actuaciones del 
presente recurso de amparo, en la secretaría de esta Sala, por un plazo común de veinte 
días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término 
puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.
6.  El 9 de febrero de 2021 presentó su escrito de alegaciones la mercantil Ferrovial  s
Servicios, S.A. oe.
srqeeupnert Eeelasnne  crpnieaatla artnqcetui óerense , c cpupoerenrrrme olnai tt úaeann leip cgrmaeamatdeneantn edvtneeue  lndsre eerl faaep cnreeidótxeenisrn  dtdqeeeunl  ecdsi eaunr soetd ictehuh aiormy  a laaa  llpaaino  ttrfueteetr epsmlr aefá átjauscc dtiiaciócolnilaás l  d cedeofele nlj cuctnrzievúgatmao,d seso reeorñ n pa dollaaer     2021-13014n https://www.
la suya propia.
A su juicio, sí existen en la sentencia valoraciones fácticas suficientes en los hechos 
probados segundo y cuarto para poder mantener la existencia de una conducta abusiva 
por parte de los comités de huelga. La conducta de las cinco centrales sindicales 
convocantes, negándose a nombrar un comité negociador menos numeroso, se ha 
calificado de abusiva porque, al mantener que debían ser cinco los comités de huelga, se 
olvidaba  que  las  cinco  convocatorias  de  huelga  encubrían  realmente  una  sola 
convocatoria por tener el mismo objeto y coincidir los paros con los mismos días en 
todas las convocatorias, así como que esa unidad de acción, tácitamente reconocida, 
implicaba una perturbación de la negociación contraria a los principios que la debían 
regir.
Afirma que al estar bajo la ficción de cinco huelgas distintas cuando materialmente se 
trataba de una sola huelga, la aplicación correcta del art. 5 del Real Decreto-ley 17/1977, 
de 4 de marzo, implicaba un comité de huelga que no excediese de doce personas. No 
solo porque lo dice literalmente el precepto, sino para evitar contradecir la doctrina 
constitucional recogida en la STC 11/1981 en cuanto a la referida limitación numérica.
Señala que las organizaciones convocantes eran conocedoras de que mantener la 
negociación  separada  dificultaba  la  adopción  de  acuerdos  y  que  la  incongruencia 
alegada en cuanto a los hechos probados es insostenible porque la incongruencia debe 
plantearse en relación con las peticiones de las partes.
Por lo que se refiere a la vulneración de los arts. 7 y 28 CE, sostiene que la 
constitución de un comité de huelga de cuarenta y tres miembros no forma parte del 
contenido del derecho de huelga y considera que el Tribunal Supremo ha evitado que el 
pluralismo sindical afectase al núcleo esencial del derecho de huelga, a la capacidad 
para llegar a acuerdos que desconvoquen los paros.
Afirma que la táctica sindical elegida por la parte social buscaba alterar la proporción 
de las representaciones de los distintos sindicatos presentes en la plantilla. Con la 
convocatoria de cinco huelgas en vez de una, cualquier posible acuerdo debía adoptarse 
por unanimidad de todas las organizaciones sindicales, en cada uno de los comités de 
huelga, sorteando el régimen legal de mayorías.
Concluye que una de las virtudes de la tesis del Tribunal Supremo está en que esta 
solución no impediría que los disidentes con el acuerdo alcanzado pudiesen seguir 
adelante con la huelga si lo considerasen oportuno, siendo cada sindicato responsable 
de desconvocar, al igual que de convocar, la huelga con independencia de lo que hagan 
los demás.
7.  La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras presentó su 
escrito de alegaciones el 22 de febrero de 2021.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras reproduce los 
hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional y también los fundamentos 
jurídicos  de  esta  sentencia.  De  ellos  deduce  que  la  sentencia  establece  que  la 
incomodidad que para la empresa supone esta negociación múltiple no puede justificar 
una interpretación restrictiva del ejercicio del derecho fundamental de huelga, que prive a 
cada sindicato de su derecho a autoorganizarse y a designar su propio comité de huelga, 
puesto que la empresa puede establecer su propia estrategia empresarial de alcanzar 
acuerdos con los sindicatos mayoritarios para dotar al acuerdo de la validez de convenio 
y, por lo tanto, ahora sí la huelga contra el convenio sería ilegal. Insiste en que la 
comodidad  empresarial  o  la  perturbación  que  para  su  gestión  pueda  suponer  la 
pluralidad de convocatorias de huelga y pluralidad de comités de huelga no justifican que 
se establezca judicialmente la existencia de un abuso de derecho o de un fraude de ley. e.
A su juicio, de la argumentación de la sentencia del Tribunal Supremo recurrida en  w.b
amparo se deriva que la titularidad del sindicato para convocar y ejercer el derecho de  014ww
Shuueplrgeam oim spil iccao nqvuoec ae su ntait uhlaure ldgeal  edne rceocihnoc idpeenroci aq uye  osbejegtúivno sl ac osne notetrnocsi as idnedli cTartiobsu nnaol 
ppouneedres ed edseig naacur eersdpoe ccíofinc ol ocso rmeistéta ndtee sh usienldgiac astoinsd ipcaalr,a  seinnotr eq utoed noes cfeijsaar riuanm ecnotme itdée dbee 
huelga de un máximo de doce. Añade que esta interpretación es incompatible con el
derecho  fundamental  de  libertad  sindical  en  su  vertiente  de  autoorganización  o 
autonomía sindical y además constituye una interpretación que no está basada en la 
letra del Real Decreto-ley 17/1977, que en absoluto contempla esta exigencia en el caso 
de que haya una pluralidad de huelgas convocadas por pluralidad de sindicatos.
Por lo tanto, afirma la federación sindical que la interpretación judicial al imponer un 
gravamen no previsto en la letra de la ley constituye una interpretación restrictiva carente 
de fundamento legal suficiente como para justificar esta intromisión en el ejercicio de los 
derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
8.  El 10 de marzo de 2021 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal 
interesando el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho de libertad sindical 
en relación con el derecho a la huelga.
Tras  exponer  los  antecedentes  del  asunto,  señala  que  en  los  dos  motivos  de 
impugnación  alegados  en  el  recurso  de  amparo  se  expresa  una  argumentación 
concurrente. Se alega en esencia que la sentencia impugnada ha interpretado los arts. 5 
y 8.2 del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo y la STC 11/1981 de un modo 
contrario al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el 
derecho de huelga, al establecer unas limitaciones en la actuación de los sindicatos en 
cuanto a la negociación de la huelga que no se contienen en la normativa legal, ni 
resultan de la mencionada sentencia. Asimismo, se viene a alegar en ambos motivos 
que las conclusiones que extrae la sentencia impugnada de los hechos probados no son 
lógicas ni tampoco acordes con el derecho de libertad sindical y el derecho de huelga.
Indica que en sus alegaciones va a tratar de referirse a la violación de cada derecho 
fundamental, según el motivo que se recoge en su encabezado, con independencia de 
que las alegaciones hechas en la demanda de amparo relativas a uno u otro de los 
derechos fundamentales analizados, estén repartidas o de algún modo repetidas en 
ambos motivos.
A continuación, expone la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial 
efectiva y sobre el derecho de libertad sindical en relación con el derecho de huelga, 
reproduciendo distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Y por lo que se refiere a 
las huelgas abusivas y las reglas de la carga de la prueba a este respecto reproduce el 
fundamento jurídico 10 de la STC 11/1981, de 8 de abril.
Una  vez  expuesta  la  doctrina  constitucional  sobre  los  derechos  fundamentales 
alegados el Ministerio Fiscal trata de aplicar dicha doctrina a la presente causa.
Respecto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, señala que en lo 
relativo al derecho de acceso a la jurisdicción que se plantea al inicio de este motivo en 
la demanda de amparo, el sindicato demandante no ha tenido problemas de acceso a la 
jurisdicción, puesto que se le ha dado traslado de la demanda planteada frente a él, se le 
ha permitido contestarla y aportar pruebas, se efectuó una vista con todas las garantías y 
hubo un pronunciamiento sobre el fondo en el que incluso se le dio la razón. Asimismo, 
tras el recurso de la contraparte, se le permitió intervenir en el mismo y lo único que ha 
sucedido es que en esta segunda instancia ha existido un pronunciamiento de fondo 
contrario a sus propuestas. A juicio del fiscal esto no es contrario al derecho a la tutela 
judicial efectiva en el aspecto del derecho al acceso a la jurisdicción y no hay vulneración 
del principio pro actione en la interpretación y aplicación de los requisitos procesales, 
pues no se obstaculizó el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en 
derecho sobre la pretensión a él sometida.
En cuanto a las alegaciones de que la argumentación del Tribunal Supremo es 
ilógica o arbitraria, el fiscal considera que la argumentación que realiza el Tribunal  e.
Supremo no tiene ningún error, ni resulta arbitraria ni irracional. En su mayor parte es  w.b
coincidente con la sentencia de la Audiencia Nacional y por tanto con los argumentos de  014ww
elan teidnatidd adde mdaenmdaanndtea ndtee  admep aarmop easr oe.n  Elal  ipnutenrtpor eetna ceiól nq quuee  dhiasccere epla T, risbeuñnaalal S eulp rfiesmcaol ,d elal 
SRTeCal  1D1e/c1r9e8to1-. leEyn  socobnrec reretola, cciounaensd od ed itcrea bealj oT yri bluan adle  Slau pdreomctori nqau ceo nesnt iteusctieo ncaal sdoe,  alal 
resultar que son cinco los comités de huelga y cuarenta y tres el número total de
miembros de los mismos, que acuden todos cuando son convocados a una reunión 
conjunta, los sindicatos abusaron de su derecho cuando se negaron al requerimiento del 
empresario de que formasen un único comité de huelga y no redujeron el número de los 
miembros del comité de huelga que acudían a negociar, porque no tenían derecho a 
tener cuarenta y tres miembros en la comisión negociadora.
Considera el fiscal que esta argumentación basada en una interpretación del espíritu 
del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo y de lo que dice la STC 11/1981, no es 
irracional ni absurda, es una de las interpretaciones posibles y por tanto desde el punto 
de vista del canon constitucional ordinario de la tutela judicial efectiva, no hay infracción 
de este derecho fundamental.
Alega también el sindicato recurrente que es arbitraria la motivación de la sentencia 
porque el Tribunal Supremo parte de la idea de que los sindicatos realizaron las cinco 
convocatorias de huelga iguales, crearon los cinco comités de huelga y no accedieron a 
esa comisión reducida de los miembros de los comités de huelga, porque en realidad no 
querían negociar, sino que querían prolongar la huelga. Para el fiscal la argumentación 
del Tribunal Supremo en este punto tampoco es irracional o absurda, pues además de 
realizar  una  construcción  lógica,  se  basa  en  las  declaraciones  realizadas  por  un 
sindicalista de CGT, que pueden interpretarse en tal sentido, pues según los hechos 
probados dijo que «la convocatoria de huelga por cada sindicato pretendía evitar que los 
cambios en la correlación de fuerzas dentro del comité de huelga, dejara sin efecto la 
huelga».
En definitiva, el fiscal no considera que la sentencia del Tribunal Supremo se pueda 
calificar en ningún punto de irracional, absurda o que contenga un error evidente en el 
sentido de la doctrina constitucional de la tutela judicial efectiva. A su entender, la 
cuestión  de  si  la  interpretación  que  realizó  el  Tribunal  Supremo  de  las  normas 
mencionadas,  de  la  doctrina  constitucional  y  de  la  actuación  de  los  sindicatos  en 
cumplimiento de las normas reguladoras del derecho de huelga, es o no conforme con el 
contenido esencial del derecho a la actividad sindical en relación o en ejercicio del 
derecho de huelga, no debe tratarse en el análisis del motivo de la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, estimando que esta cuestión queda absorbida por la 
valoración de la posible violación del derecho a la libertad sindical en relación con el 
ejercicio del derecho de huelga que es objeto del segundo motivo de la demanda de 
amparo.
Seguidamente, analiza el fiscal la vulneración del derecho de libertad sindical en 
relación con el derecho de huelga. Lo que en opinión del fiscal es la cuestión esencial del 
recurso es la afirmación que hace la sentencia del Tribunal Supremo en el fundamento 
jurídico quinto, que la huelga es abusiva porque «iniciada legalmente, devino en ilegal, 
conforme al art. 11 d) del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo, por la conducta 
adoptada  por  los  miembros  de  los  comités  de  huelga  al  negarse  a  constituir  una 
comisión negociadora con una composición más ajustada a las disposiciones de la 
norma reguladora, lo que impidió el desarrollo de una negociación que podría haber 
facilitado un acuerdo sobre el final de la huelga».
Señala que lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que la negativa de los 
miembros  de  los  comités  de  huelga  a  constituir  una  comisión  negociadora  con  un 
número reducido de miembros de los comités de huelga, no se ajusta a las disposiciones 
del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo. A su entender, la argumentación del 
Tribunal Supremo supone decir que, para que la huelga no fuera abusiva, los sindicatos 
deberían  haber  aceptado  la  exigencia  que  hace  la  empresa  de  que  nombren  una  s
comisión negociadora con un número reducido de miembros, de manera que el Tribunal  oe.
Supremo  crea  una  limitación  a  la  capacidad  de  negociación  de  los  sindicatos,  no  w.
establecida en la ley, realizando una interpretación extensiva, casi analógica, de la  014ww
laimpliitcaacrilóan  ac olon tedmisppluaedsat oe ne enl  aerl t.a 5rt .d e8l. 2R. eEals Da eicnrteetrop-rleetya csioóbnr,e  arfeirlmacaio neel sfi sdcea tlr, avbualjnoe, rpaa rlaa 
doctrina  constitucional  sobre  cómo  deben  interpretarse  las  normas  limitadoras  de
derechos fundamentales, pues esa interpretación limita el derecho a la negociación 
colectiva de los sindicatos.
El fiscal tampoco considera acertada desde el punto de vista del contenido esencial 
del derecho a la libertad sindical, la valoración que hace la sentencia en cuanto a que los 
sindicatos impidieron el desarrollo de la negociación que podría haber facilitado un 
acuerdo sobre el final de la huelga, al negarse a constituir una comisión negociadora, 
con un número reducido de representantes de los comités de huelga, para que esa 
comisión negociase conjuntamente un acuerdo que pusiera fin a las cinco huelgas. Para 
el fiscal esa valoración olvida que fue la empresa la que pretendió imponer una limitación 
no prevista legalmente, y que no fueron los sindicatos quienes pretendían tener derecho 
a «obligar a la empresa a negociar con todos ellos conjuntamente», fue la empresa la 
que ni siquiera una vez intentó la negociación por separado y la que les convocó para 
negociar conjuntamente, pero luego quería que los sindicatos se plegasen a hacerlo del 
modo que a ella le venía bien, aunque no estuviera previsto en la ley.
Señala que la sentencia parte de la idea de que la unidad de acción de los sindicatos 
implicaba una perturbación de la negociación contraria a los principios que la debían 
regir, sin embargo el fiscal entiende que no queda claro por qué la unidad de acción es 
perturbadora para la negociación. En su opinión, si los sindicatos no han pretendido 
aumentar  el  daño  a  la  empresa  con  las  cinco  convocatorias  de  huelga,  pues  han 
acordado los mismos días de paro y tampoco han planteado finalidades diferentes, que 
harían más difícil la negociación, no se cumple el requisito exigido por la doctrina 
constitucional para considerar una huelga abusiva que expresan las SSTC 41/1984, 
de 21 de marzo, FJ 2, y 72/1982, de 2 de diciembre, FJ 4. Para el fiscal si los sindicatos 
eligieron hacer una huelga cada uno, presumiblemente por desconfianza entre ellos, 
pero luego eligieron coordinarse para que los paros fueran los mismos días adoptando 
una unidad de acción, de modo que no se perjudicase a la empresa más de lo necesario, 
no parece que se les pueda imputar ese daño grave «buscado por los huelguistas más 
allá de lo que es razonablemente requerido por la propia actividad conflictiva y por las 
exigencias inherentes a la presión que la huelga necesariamente implica», que sería 
necesaria para entender que han abusado de su derecho.
Por otra parte, señala el fiscal que la argumentación de la sentencia parte de una 
consideración  que  parece  evidente:  para  la  empresa  es  más  fácil  negociar  si  la 
representación de los trabajadores tiene un menor número de personas. Pero, en su 
opinión la mayor o menor dificultad vendrá dada por la calidad de los negociadores, más 
que por su número, y no está claro que sea más difícil negociar con cada comité de 
huelga  por  separado  que  hacerlo  de  forma  conjunta,  pues  en  la  sentencia  de  la 
Audiencia Nacional hay argumentos respecto a las ventajas e inconvenientes que puede 
suponer para la empresa la negociación por separado.
Considera  que  es  la  empresa  la  que  pretendía  un  criterio  restrictivo  de 
representación, no previsto en la ley, para negociar conjuntamente y no intentó una 
negociación por separado. Luego fue la estrategia negociadora de la empresa la que 
impidió el desarrollo de la negociación, o al menos tuvo la misma responsabilidad que los 
sindicatos, al pretender una limitación de los representantes de los trabajadores no 
prevista legalmente y que, en las circunstancias que se daban en ese conflicto, con cinco 
huelgas diferentes, sabía que muy probablemente no podría ser llevada a cabo por los 
sindicatos, pues requería un acuerdo entre ellos sobre el número de representantes que 
cada uno enviaba.
En definitiva, en cuanto a la negociación para llegar a un acuerdo exigida por el  s
art. 8.2 del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo señala el fiscal lo siguiente: oe.
a)  Los sindicatos llevaron su particular estrategia en la convocatoria de las huelgas  014ww
ny inegnú nla  mnoemgoecnitaoc isóen  nceogna lsae ne ma pnreesgao csiainr  dqeunet rroe sduellt em daerc olo sn ohremcahtoivso  pqruoeb aedsotsa bqleucee  eenl 
Rune adla Dñoe cgreratov-ele, ym sáosb arellá r e«ldaec iolon qeus ed ee st rraabzaojnoa, bnlie mqueen tper ereteqnudeireidseon p ocar ulas aprr oap ilaa  aecmtipvrideasda 
conflictiva y por las exigencias inherentes a la presión que la huelga necesariamente 
implica».
b)  La empresa llevó a cabo su estrategia negociadora pretendiendo un órgano 
negociador conjunto de las cinco huelgas, pero con un número reducido de miembros 
que no está previsto en la norma que regula la cuestión, lo que suponía presionar a los 
sindicatos que, por las cinco convocatorias y las declaraciones de los sindicalistas 
mencionadas en los hechos probados, se podía apreciar que desconfiaban unos de 
otros.
Con estos datos, considera el fiscal que la interpretación de la normativa reguladora 
del derecho de huelga que hace el Tribunal Supremo, no es acorde con el contenido 
esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho de huelga, puesto 
que las normas restrictivas de derechos deben interpretarse restrictivamente. A su juicio, 
que el Tribunal Constitucional considerase acorde con la constitución la norma que limita 
a doce el número de miembros de un comité de huelga, porque de este modo se facilita 
la  negociación,  no  quiere  decir  que  los  tribunales  puedan  hacer  una  interpretación 
extensiva o analógica, en caso de varias huelgas y por tanto de varios comités de 
huelga, para establecer una limitación del número de los miembros del comité de huelga 
que puedan acudir a una reunión conjunta con el empresario para negociar la salida de 
las  huelgas,  considerando  la  huelga  abusiva  por  no  acceder  a  esa  limitación, 
restringiendo sin una norma legal expresa el derecho a la libertad sindical en relación 
con el derecho de huelga.
Y, el fiscal, tampoco estima acorde con el contenido esencial del derecho a la libertad 
sindical, considerar que es un ejercicio abusivo del derecho a la huelga en relación con 
la negociación colectiva, la estrategia negociadora de los sindicatos, permitida por la ley, 
de convocar cinco huelgas creando así cinco comités de huelga, pero acordando unos 
mismos días de paro de forma que no se perjudicaba más de lo necesario a la empresa, 
si cuando han sido convocados han acudido a la reunión para negociar conjuntamente y 
solo se han negado a crear una comisión más reducida no prevista legalmente, para 
negociar con la empresa.
Por todo ello, el fiscal considera que la sentencia del Tribunal Supremo vulneró el 
derecho a la libertad sindical en relación con el derecho de huelga al declarar esta como 
abusiva.
9.  La Confederación General del Trabajo y el Sindicato Ferroviario SF-Intersindical 
no presentaron escritos de alegaciones.
10.  Por providencia de 17 de junio de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra la sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal  Supremo de 25 de abril  de 2019, que  estimó el recurso de casación 
interpuesto por la representación legal de Ferrovial Servicios, S.A., contra la sentencia 
dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2017 que 
desestimó la pretensión de la empresa de declarar ilegal la huelga, convocada por 
separado por cinco sindicatos, y celebrada en la empresa, así como contra el auto del  e.
mismo órgano judicial de 20 de noviembre de 2019 que desestimó el incidente de  w.b
nulidad de actuaciones interpuesto contra la anterior resolución. 014ww
(art.E 2l 4s.i1n dCicEa)t op odreqmuaen ldaa natreg uamleegnat avcuiólnne rdaec iólan  sdeenl tednecreiac hdoe l aT lraib utuntaell aS juupdriecimalo  erfeescutivltaa 
iclóagráiccate yr  aarbbuitsriavroia d, ed alad oh quueelg as i dneob hea ayc frreaduidtaer seen,  lya  econn evlo pcaretosreian ted es ulapsu ceisntcoo  nhaudealg saes ,h eal 
acreditado respecto de que la constitución de cinco comités de huelga impidiera el
desarrollo de la negociación. Alega también vulneración del derecho de libertad sindical 
en  relación  con  el  derecho  de  huelga  (art.  28  CE),  al  establecer  las  resoluciones 
recurridas que las organizaciones sindicales convocantes de una huelga, en las mismas 
fechas y por los mismos motivos, deben constituir un único comité de huelga cuando 
esta previsión no cuenta con amparo normativo alguno.
La representación de la mercantil Ferrovial Servicios, S.A., solicita la desestimación 
del recurso de amparo pues, a su juicio, la constitución de un comité de huelga de 
cuarenta y tres miembros no forma parte esencial del derecho de huelga y el respeto a la 
pluralidad  sindical  no  está  por  encima  de  otros  derechos  también  necesitados  de 
protección. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras solicita 
la estimación del amparo porque la resolución recurrida impone un gravamen no previsto 
en la ley a los sindicatos convocantes de la huelga que supone una intromisión en el 
ejercicio de los derechos de libertad sindical y de huelga. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo al entender, por los motivos recogidos 
en los antecedentes de hecho, que la sentencia del Tribunal Supremo vulneró el derecho 
a la libertad sindical en relación con el derecho de huelga al declarar esta como abusiva.
2.  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Comenzaremos el análisis de los motivos alegados por el relativo a la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva.
El  sindicato  recurrente,  al  exponer  las  razones  por  las  que  entiende  que  las 
resoluciones recurridas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, realiza escuetas 
referencias a aspectos concretos de este derecho fundamental de tal manera que la gran 
mayoría de los argumentos que, bajo el encabezamiento de «vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva», se plantean en la demanda, hacen referencia a la vulneración 
del contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho de 
huelga. Por otro lado, cuando expone los motivos por los que considera vulnerado este 
último derecho, realiza alguna referencia al derecho a la tutela judicial efectiva que no se 
incluye  en  el  apartado  correspondiente.  Por  ello,  en  este  fundamento  jurídico 
analizaremos las alegaciones de la demanda de amparo que efectivamente afectan al 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  incluidas  de  forma  discrecional  en  uno  u  otro 
apartado de la demanda. Estas alegaciones pueden sintetizarse en dos: vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción 
y arbitrariedad de la sentencia recurrida.
El derecho de acceso a la jurisdicción tiene su fundamento directo en el derecho a la 
tutela judicial (art. 24.1 CE), en donde el principio pro actione opera con la máxima 
intensidad  para  obtener  del  órgano  judicial  una  resolución  sobre  el  fondo  de  las 
pretensiones, aunque también pueda ser esta satisfecha con una decisión de inadmisión, 
por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia 
de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. En lo que se refiere al derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la 
jurisdicción y la aplicación del principio pro actione, el tribunal mantiene, «que, dada la 
trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones de denegación de acceso a 
la jurisdicción, su control constitucional ha de verificarse de forma especialmente intensa, 
a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no como la 
forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las 
posibles de las normas que la regulan, sino como la interdicción de aquellas decisiones 
impeditivas  de  un  pronunciamiento  sobre  el  fondo  que  por  su  rigorismo,  por  su  e
formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los  bo
fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican. Esto implica la  014ww
leexgigaelmnecinat e dper evqiusteo s,lo tse ngóargna nporess ejnutdeic liaa lerast,i o adl e inlat enrporremtaar,  cloons  erle fqinu idsieto esv itparro cqeusea lleoss 
mfoenrdoos  fdoerlm  aaslisumntoos,  ov uelnnteernadnidmoi elnatso se nxoig reanzcoiansa bdleesl  dper ienlclaip iiom pdidea np ruonp oerncjiuoincaialimdaiedn to(a dseí, 
SSTC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4; 80/2020, de 15 de julio, FJ 3, y 89/2020, de 20 de 
julio, FJ 3)» (STC 141/2020, de 19 de octubre, FJ 3).
Pues bien, teniendo en cuenta esta doctrina, no se alcanza a comprender en qué 
manera el sindicato recurrente puede entender que ha sido vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción porque en 
ningún momento se ha denegado su derecho de acceso y ha podido intervenir en el 
procedimiento, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, donde se 
han  dictado  las  resoluciones  de  fondo  correspondientes.  No  ha  habido,  por  tanto, 
ninguna resolución que haya impedido la obtención de una respuesta judicial sobre el 
fondo de los derechos e intereses sometidos a tutela. Lo que ha sucedido es que el 
Tribunal Supremo ha dictado un pronunciamiento de fondo contrario a las propuestas del 
sindicato recurrente, pero esto no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.
Por  lo  que  se  refiere  a  las  alegaciones  del  sindicato  recurrente  acerca  del 
razonamiento  ilógico  o  arbitrario  de  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  hemos  de 
recordar que, según reiterada doctrina de este tribunal, recogida, entre otras, en la 
STC  308/2006,  de  23  de  octubre,  FJ  5,  «el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva, 
garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los 
jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso que, no obstante, 
puede ser también de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia 
razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, 
de 8 de noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, 
entre otras). También ha dicho este tribunal que los derechos y garantías previstos en el 
artículo 24 CE no garantizan la corrección jurídica de la actuación o interpretación 
llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto 
(entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4), 
y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del 
proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2, y 139/2000, de 29 de mayo, 
FJ 4). Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho 
a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, 
con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y 
a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o 
adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2, 
y 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(por todas, STC 146/2005, de 6 de junio, FJ 7). Lo anterior conlleva la garantía de que el 
fundamento  de  la  decisión  sea  la  aplicación  no  arbitraria  de  las  normas  que  se 
consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un 
error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no 
podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan 
solo una mera apariencia (por todas, SSTC 25/2000, de 31 de enero, FJ 2, y 221/2001, 
de 31 de octubre, FJ 6). En suma, el art. 24 CE impone a los órganos judiciales no solo 
la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que,  s
además,  esta  ha  de  tener  contenido  jurídico  y  no  resultar  arbitraria  (entre  otras,  oe.
STC 8/2005, de 17 de enero, FJ 3)». w.
El sindicato recurrente discrepa de la interpretación que el Tribunal Supremo hace  014ww
dpeelr oR, eaalp Dliceacnrdeoto -lelay  sdoobcrter inrae laccioonnsetsit udceio ntraalb aejox pyu edset ala,  ddoecbtreinmao sd e clao nSclTuCir  1q1u/1e9 81la, 
argumentación de las resoluciones recurridas no es arbitraria ni irracional sino una de las
interpretaciones posibles en aras a facilitar la negociación para llegar a un acuerdo que 
ponga fin a la huelga.
Se alega también que la motivación de la sentencia es arbitraria porque, para llegar a 
la conclusión de que la huelga es abusiva, el Tribunal Supremo parte de la idea de que 
los sindicatos realizaron las cinco convocatorias de huelga iguales, crearon los cinco 
comités de huelga y no accedieron a esa comisión reducida de los miembros de los 
comités de huelga, porque en realidad no querían negociar sino prolongar la huelga.
Para dar respuesta a la anterior cuestión «es necesario partir de la idea de que la 
validez de un razonamiento desde el plano puramente lógico es independiente de la 
verdad o falsedad de sus premisas y de su conclusión pues, en lógica, la noción 
fundamental es la coherencia y no la verdad de hecho, al no ocuparse esta rama del 
pensamiento de verdades materiales, sino de las relaciones formales existentes entre 
ellas. Ahora bien, dado que es imposible construir el Derecho como un sistema lógico 
puro este tribunal ha unido a la exigencia de coherencia formal del razonamiento la 
exigencia de que el mismo, desde la perspectiva jurídica, no pueda ser tachado de 
irrazonable. A tal efecto, es preciso señalar, como lo ha hecho este tribunal, que no 
pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones judiciales que, a 
primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba 
que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo 
argumental  que  incurre  en  quiebras  lógicas  de  tal  magnitud  que  las  conclusiones 
alcanzadas  no  pueden  considerarse  basadas  en  ninguna  de  las  razones  aducidas 
(STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4)» (STC 164/2002, de 27 de septiembre, FJ 4).
Esto no ocurre en el presente caso en el que no puede apreciarse ningún defecto 
relevante en el enjuiciamiento del Tribunal Supremo que permita calificar de irrazonable 
la conclusión alcanzada. La argumentación del Tribunal Supremo no es irracional porque 
se basa en el hecho de que las cinco huelgas tenían el mismo objeto y coincidían los 
paros con los mismos días en todas las convocatorias, de donde se puede deducir que 
las  cinco  convocatorias  de  huelga  encubrían  realmente  una  sola  convocatoria.  El 
razonamiento del Tribunal Supremo no resulta ajeno a la lógica ni puede considerarse 
arbitrario, pues no parte de premisas falsas, ni de las mismas extrae una consecuencia 
que no pueda derivar de ellas.
Por lo tanto, no cabe apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
alegada por el sindicato recurrente.
3.  Vulneración  del  derecho  de  libertad  sindical  en  relación  con  el  derecho  de 
huelga.
Sostiene el sindicato recurrente que se ha vulnerado el derecho a la actividad 
sindical, incluido en el derecho de libertad sindical, al limitarse el ejercicio del derecho de 
huelga sin amparo en ninguna norma previa. A su juicio, se ha vulnerado su derecho a la 
libertad sindical en relación con el derecho de huelga porque la sentencia del Tribunal 
Supremo calificó la huelga de abusiva por la conducta adoptada por los miembros de los 
comités  de  huelga  al  negarse  a  constituir  una  comisión  negociadora  con  una 
composición más ajustada a las disposiciones de la norma reguladora. Considera que la 
resolución recurrida declara ilegal la huelga por abusiva en base a la mera presunción de 
que un número menor de representantes hubiera facilitado un acuerdo.
Antes  de  adentrarnos  en  el  fondo  del  asunto  debemos  recordar  la  doctrina 
constitucional sobre los derechos fundamentales alegados.
Según reiterada doctrina constitucional, dentro del contenido esencial del derecho a  e
la libertad sindical se integra el derecho de huelga. En efecto, «el artículo 28.1 CE  bo
integra, además de la vertiente organizativa de la libertad sindical, los derechos de  014ww
adcet ivciodnafdli cyt oms–e,d iqous ed ec oancsctióituny deen  loesl  sniúncdliecoa tomsí n–ihmuoe,l gian,d nisepgeoncsiaacbilóen  ec oilnedcitsivpao,n pibrolem doeci ólan 
lFibJe 4rt)a»d  (sSinTdCic 1a2l 3(p/2o0r 1t8o,d adse,  1re2c odgei ennodvoie rmeibterera, dFaJ  d4o)c. tCrinoam, oS TreCc u6e4r/d2a0 1la6 , SdTeC 1 12 8d1e/ 2a0b0r5il,, 
de 7 de noviembre, FJ 3, «aun cuando del tenor literal del art. 28.1 CE pudiera deducirse
la  restricción  del  contenido  de  la  libertad  sindical  a  una  vertiente  exclusivamente 
organizativa o asociativa, este tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una 
interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE, efectuada según el canon hermenéutico 
del art. 10.2 CE, que llama a los textos internacionales ratificados por España –en este 
caso,  convenios  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  núms.  87  y  98, 
señaladamente–,  que  la  enumeración  de  derechos  efectuada  en  el  primeramente 
referido precepto constitucional no se realiza con el carácter de numerus clausus, sino 
que en el contenido de dicho precepto se integra también la vertiente funcional, es decir, 
el  derecho  de  los  sindicatos  a  ejercer  aquellas  actividades  dirigidas  a  la  defensa, 
protección y promoción de los intereses de los trabajadores; en suma, a desplegar los 
medios  de  acción  necesarios  para  que  puedan  cumplir  las  funciones  que 
constitucionalmente les corresponden (por todas, SSTC 94/1995, de 19 de junio, FJ 2; 
308/2000, de 18 de diciembre, FJ 6; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, y 198/2004, de 15 
de noviembre, FJ 5). Las anteriores expresiones del derecho fundamental (organizativas 
o asociativas y funcionales o de actividad) constituyen su núcleo mínimo e indisponible, 
el contenido esencial de la libertad sindical. En particular, en coherencia con la vertiente 
funcional del derecho, la Ley Orgánica de libertad sindical (LOLS) establece que la 
libertad sindical comprende el derecho a la actividad sindical [art. 2.1 d)] y, de otra parte, 
que las organizaciones sindicales, en el ejercicio de su libertad sindical, tienen derecho a 
desarrollar actividades sindicales en la empresa o fuera de ella [art. 2.2 d)]».
El derecho de los sindicatos a la huelga reconocido en el art. 2.2 d) LOLS es un 
derecho constitucional reconocido en el art. 28.2 CE. «Define el derecho de huelga el ser 
un derecho atribuido a los trabajadores uti singuli, aunque tenga que ser ejercitado 
colectivamente mediante concierto o acuerdo entre ellos. Para aclarar lo que se entiende 
por ejercicio colectivo debe señalarse que son facultades del derecho de huelga la 
convocatoria  o  llamada,  el  establecimiento  de  las  reivindicaciones,  la  publicidad  o 
proyección exterior, la negociación y, finalmente, la decisión de darla por terminada. Se 
puede, por ello, decir que si bien la titularidad del derecho de huelga pertenece a los 
trabajadores y que a cada uno de ellos corresponde el derecho de sumarse o no a las 
huelgas declaradas, las facultades en que consiste el ejercicio del derecho de huelga, en 
cuanto acción colectiva y concertada, corresponden tanto a los trabajadores como a sus 
representantes y a las organizaciones sindicales» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11).
El ejercicio del derecho de huelga admite ciertas limitaciones pues ningún derecho 
constitucional es un derecho ilimitado. «Como todos, el de huelga ha de tener los suyos, 
que derivan […] no solo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino 
también con otros bienes constitucionalmente protegidos» (STC 11/1981, FJ 9).
«Como cualquier otro derecho, el de huelga ha de moverse dentro de un perímetro 
que marcan, por una parte, su conexión o su oposición respecto de otros derechos con 
asiento en la Constitución, más o menos intensamente protegidos y, por la otra, los 
límites cuyo establecimiento se deja a la ley, siempre que en ningún caso se llegue a 
negar o menoscabar su contenido esencial. Este, en principio, consiste en la cesación 
del trabajo en cualquiera de sus manifestaciones, núcleo que implica a su vez la facultad 
de declararse en huelga, estableciendo su causa, motivo y fin y la de elegir la modalidad 
que se considera más idónea al respecto, dentro de los tipos aceptados legalmente» 
(STC 123/1992, de 28 de septiembre, FJ 4). Por lo tanto, el ejercicio del derecho de 
huelga puede quedar sometido en virtud de la ley a procedimiento o a algún tipo de 
formalismo o formalidad «porque el art. 53. CE permite que el legislador regule las 
“condiciones de ejercicio” de los derechos fundamentales, siendo preciso que tales  s
procedimientos y formalismos no sean arbitrarios, tengan por objeto proteger bienes e  oe.
intereses constitucionalmente protegidos y que no sean tan rígidos o difíciles de cumplir  w.
que en la práctica hagan imposible el ejercicio del deber» (STC 332/1994, de 19 de  014ww
dicieEml bprreo,c FedJ im5)i.ento previsto por la ley para el ejercicio del derecho de huelga prevé la
caocntusatictuiocnióens  dsein duicna lceosm, iatéd mdien ishtruaetilvgaas  cou yaju dfiucniaclieósn  sees  rleaa ldicee n« ppaarrtiac iplaa r seonlu ccióuna ndtaesl   BOE-A-cable e
conflicto» (art. 5 del Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo). La exposición de 
motivos  de  este  real  decreto-ley  reconoce  al  comité  de  huelga  como  «órgano  de 
representación de los trabajadores en conflicto». Como señaló la STC 11/1981, FJ 16, la 
existencia del comité de huelga posee plena justificación. En efecto, «la huelga es un 
instrumento de defensa de intereses. Tiene por objeto abrir una negociación, forzarla si 
se quiere y llegar a un compromiso o pacto. Es clara, por ello, la necesidad de decidir 
quiénes son las personas que tienen que llevar a cabo la negociación. Además, el pacto 
de finalización de la huelga alcanza el mismo valor que el convenio colectivo. Tiene por 
ello que existir un instrumento de la negociación y la exigencia de la formación del comité 
responde claramente a esta necesidad. No se puede tildar de inconstitucional el deber 
de comunicar al empresario la formación del comité, ni la competencia que a este se 
atribuye para participar en las actuaciones. La limitación numérica es un criterio sensato 
en  la  medida  en  que  los  comités  demasiado  amplios  dificultan  los  acuerdos.  La 
necesaria designación de los componentes del comité de huelga entre trabajadores del 
centro afectado por el conflicto, se corresponde con la naturaleza y con las funciones del 
comité  y  no  desconoce,  en  la  interpretación  que  damos,  el  protagonismo  que 
corresponde a los sindicatos en el proceso de huelga. El comité es, por un lado, órgano 
de defensa y negociación con el objeto de llegar a una solución del conflicto. Al comité 
de huelga le corresponde garantizar durante la misma, la prestación de los servicios 
necesarios de seguridad y mantenimiento. Desde ambos cometidos, es claro que solo 
trabajadores afectados por el conflicto pueden ser designados como componentes del 
comité de huelga. La participación de los sindicatos deberá obtenerse mediante las 
representaciones sindicales en el seno de la empresa o de los sectores afectados por el 
conflicto,  todo  ello  dentro  del  marco  de  la  presencia  sindical  en  el  ámbito  de  las 
empresas».
Por último, hay que recordar que «la afirmación de que el contenido esencial del 
derecho  de  huelga  consiste  en  la  cesación  del  trabajo  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones, no excluye por sí sola que el legislador al regular las condiciones de 
ejercicio del derecho de huelga, pueda entender que algunas particulares modalidades 
de cesación del trabajo pueden resultar abusivas, como es posible que remita este juicio 
en determinados casos a los tribunales de justicia» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10). 
Los huelguistas tienen el derecho de incumplir transitoriamente el contrato, pero su 
ejercicio  supone  una  limitación  a  la  libertad  del  empresario  y  por  ello  exige  «una 
proporcionalidad y unos sacrificios mutuos, que hacen que cuando tales exigencias no 
se observen, las huelgas puedan considerarse abusivas» (STC 11/1981, FJ 10).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
La empresa planteó ante los órganos judiciales que el hecho de que se hayan 
efectuado cinco convocatorias de huelga no permite que cada sindicato convocante 
nombre un comité de huelga independiente, dada la coincidencia de las convocatorias en 
sus objetivos y fechas de inactividad laboral, pues la constitución de cinco comités de 
huelga independientes o la creación de uno con cuarenta y tres miembros (suma de los 
cinco comités) no se adecúa a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto-ley sobre 
relaciones de trabajo y en cualquier caso, se trataría de un proceder constitutivo de un 
fraude de ley o de un abuso de derecho, porque con ellas se estaría dificultando la 
negociación y la consecución de un acuerdo que pusiera fin al conflicto. La sentencia de 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2017 desestimó la 
demanda de conflicto colectivo al entender que no hay fraude de ley ni abuso de  e
derecho, porque el requerimiento de la empresa a los sindicatos convocantes para que  bo
nombraran  un  solo  comité  de  huelga  no  se  ajustó  a  derecho.  Por  el  contrario,  la  014ww
sqeunet elan chiuae dlgea  lad eSbael ac odnes liod eSraorcsiael  cdoeml oT raibbuunsaivl aS upporre lam coo dned u2c5t ad ea daobprtial ddae  p2o0r1 l9o,s e cnotemnidtéiós 
adjeu shtuaedlag aa  «laasl  ndeisgpaorssiec ioan ceosn dsteit ulair  nuonram cao rmegisuióland onreag,o lcoi aqduoer aim cpoind ióu neal  dcoemsaproroslilcoi ódne  munáas 
negociación que podría facilitar un acuerdo sobre el final de la huelga».
Son facultades del derecho de huelga «la convocatoria o llamada, el establecimiento 
de las reivindicaciones, la publicidad o proyección exterior, la negociación y, finalmente la 
decisión de darla por terminada» (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11). Por ello, como 
señala la sentencia recurrida, no son ilícitas varias convocatorias de huelga con el mismo 
objeto y en fechas coincidentes, porque cada organización sindical es libre de convocar 
una huelga y, también, de desconvocarla posteriormente, sin venir condicionada por lo 
que hagan los demás convocantes de la huelga. En esta situación, cada sindicato 
convocante nombrará su propio comité de huelga de acuerdo con lo previsto en el art. 5 
del  Real  Decreto-ley  sobre  relaciones  de  trabajo  según  el  cual:  «Solo  podrán  ser 
elegidos  miembros  del  comité  de  huelga  trabajadores  del  propio  centro  de  trabajo 
afectados por el conflicto. La composición del comité de huelga no podrá exceder de 
doce personas. Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones 
sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto».
Sentado lo anterior, la cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo es 
si el empresario puede requerir a los sindicatos convocantes para que nombren un solo 
comité de huelga formado por representantes de los cinco comités y si la negativa a 
hacerlo puede conllevar la calificación de la huelga como ilegal por abusiva al impedir el 
desarrollo de una negociación que podría facilitar un acuerdo sobre su final.
El sindicato recurrente entiende que no existe amparo normativo alguno para exigir la 
constitución de un único comité negociador y que si cada sindicato puede convocar 
huelga con el mismo objeto y en las mismas fechas, la constitución de un comité de 
huelga único reduce la capacidad de negociación de los sindicatos convocantes.
Es necesario recordar que el comité de huelga es, por un lado, «órgano de defensa y 
negociación con el objeto de llegar a una solución del conflicto» y, por otro lado, al comité 
«le corresponde garantizar durante la misma, la prestación de los servicios necesarios 
de seguridad y mantenimiento» (STC 11/1981, FJ 16). Tiene asignadas, por tanto, una 
diversidad de funciones, para lo que no necesariamente tiene que intervenir el mismo 
órgano en todas ellas. En este sentido, el art. 8.2 del Real Decreto-ley sobre relaciones 
de trabajo establece la posibilidad de que se nombre por los distintos comités de huelga 
un comité que se encargará de las funciones de negociación. En efecto, el art. 8.2 del 
Real  Decreto-ley  introduce  la  previsión  de  la  obligación  de  negociación,  desde  el 
momento  del  preaviso,  y  mientras  dure  la  huelga,  por  parte,  en  su  caso  de  «los 
representantes  designados  por  los  distintos  comités  de  huelga»  y  los  empresarios 
afectados.  Puede  así,  crearse,  a  efectos  de  negociación,  un  comité  formado  por 
representantes de los distintos comités de huelga.
Como hemos recogido en el fundamento jurídico anterior, la STC 11/1981, FJ 16, ya 
señaló que «la limitación numérica es un criterio sensato en la medida que los comités 
demasiado amplios dificultan los acuerdos». La creación de un comité formado por 
representantes de los distintos comités, previsto en el art. 8.2 del Real Decreto-ley sobre 
relaciones de trabajo, responde a esta idea. Resulta significativo, a este respecto, que un 
órgano con similar función a la del comité de huelga, como es la comisión negociadora 
del convenio colectivo, encuentre idéntica limitación numérica en orden a garantizar su 
eficacia (art. 88.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores: LET).
En el presente supuesto, la empresa requirió a los sindicatos para que nombraran un 
solo comité de huelga o, en su defecto, una comisión delegada de todos ellos, sin 
obtener respuesta alguna. Esta petición de la empresa no atenta contra el derecho de 
huelga porque, como señala la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
recurrida, resulta proporcionada y razonable en atención al fin perseguido, que no es otro  s
que la negociación para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga. La petición de la  oe.
empresa se encuentra avalada, como acabamos de indicar, por el art. 8.2 del Real  w.
Decreto-ley sobre relaciones de trabajo. 014ww
sindLicaa lpeoss ctuornav oacdaonptteasd ad ep olar  lhouse clginac oe sc ocamliiftiécsa ddae  dheu ealbguas invoam pborra deol sT rpibour nlaasl  Scuepnrteramleos, 
ploosr qcuoem, i«téasl  mdaen theuneelgr aq,u es,e c oomlviod aebxais tqíaune  cliansc oc cinocnov occoantvooricaast odreia hsu edleg ah ucienlcgoa  deenbcíuabnr síaenr   BOE-A-cable e
realmente una sola convocatoria por tener el mismo objeto y coincidir los paros con los 
mismos  días  en  todas  las  convocatorias,  así  como  que  esa  unidad  de  acción, 
tácitamente reconocida, implicaba una perturbación de la negociación contraria a los 
principios que la debían regir».
Este tribunal comparte esta conclusión. La actuación de los cinco comités de huelga 
debe ser calificada de ilícita por abusiva, al ser contraria al espíritu que informa la ley.
Para que una huelga sea calificada de abusiva no basta con que la huelga origine un 
daño a la empresa, sino que es preciso que el daño sea grave y que haya sido buscado 
por los huelguistas más allá de lo que es razonablemente requerido por la propia 
actividad  conflictiva  y  por  las  exigencias  inherentes  a  la  presión  que  la  huelga 
necesariamente implica (STC 41/1984, de 21 de marzo, FJ 2).
Al comité de huelga, junto con el empresario, compete la obligación de negociar para 
intentar llegar a un acuerdo, de manera que una huelga en la que el comité de huelga se 
niegue a negociar podrá ser considerada ilícita por abusiva, al igual que la huelga en la 
que el comité no participe en la adopción de las medidas de seguridad (STC 11/1981, 
de 8 de abril, FJ 20). En el presente supuesto los cinco comités de huelga no se negaron 
a negociar cada uno de ellos con la empresa, sino que se negaron a crear una comisión 
negociadora formada con representantes de los cinco comités de huelga. Esta negativa 
ha de considerarse desproporcionada y abusiva pues las cinco huelgas convocadas en 
la empresa por distintos sindicatos tenían los mismos objetivos y fueron convocadas los 
mismos días, por lo que la petición del empresario resultaba razonable si tenemos en 
cuenta que el posible pacto que se alcance tiene valor de convenio colectivo (art. 8.2 del 
Real Decreto-ley sobre relaciones de trabajo). Tener que negociar un acuerdo con cada 
uno de los cinco comités de huelga, o tener que reunirse con los cinco comités de huelga 
a la vez y, por tanto, con cuarenta y tres personas, dificulta, más allá de lo que es 
razonable en toda huelga, la posibilidad de llegar a un acuerdo que la ponga fin.
En  efecto,  aunque  el  art.  8.2  del  Real  Decreto-ley  sobre  relaciones  de  trabajo 
atribuye al pacto que ponga fin a la huelga «la misma eficacia que lo acordado en 
convenio  colectivo»,  para  que  este  pacto  tenga  eficacia  erga  omnes,  los  sujetos 
negociadores deben reunir la legitimación suficiente para negociar de acuerdo con lo 
dispuesto en el título III del estatuto de los trabajadores. Es decir, si la huelga afecta a 
una empresa, como en este caso, para que el pacto tenga la eficacia de un convenio 
colectivo  estatutario,  la  parte  social  que  vote  a  favor  del  acuerdo  debe  reunir  los 
requisitos de mayoría representativa previstos en el art. 87 LET y, por lo tanto, deberá 
representar a la mayoría de los miembros del comité de empresa. Si no se alcanza esta 
representación, el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la eficacia de un simple pacto 
contractual que obliga solo a los sujetos que lo han negociado, por lo que aquellos que 
no lo han hecho podrán continuar si lo consideran oportuno con la huelga. De este modo, 
en el presente caso, si la empresa llega a un acuerdo con uno de los cinco comités de 
huelga, pero ese comité no representa a la mayoría de los miembros del comité de 
empresa, el acuerdo solo afectará a los sujetos que lo han negociado, y el resto de 
comités de huelga podrían continuar con la misma.
Por el contrario, si el comité de huelga con el que se llega a un acuerdo tiene 
legitimación suficiente para negociar un convenio colectivo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el título III del Estatuto de los trabajadores, ese acuerdo tendrá el valor de convenio 
colectivo estatutario con eficacia erga omnes y los sindicatos minoritarios convocantes 
habrán quedado excluidos de su negociación, con el consiguiente riesgo de que el 
acuerdo pueda ser declarado nulo. En este sentido, la jurisprudencia de este tribunal,  s
partiendo  de  la  doctrina  establecida  en  la  STC  73/1984,  y  continuada  por  las  oe.
SSTC 9/1986 y 39/1986, ha reconocido que «la exclusión de un sindicato de algunas  w.
comisiones creadas por un pacto que no ha firmado ni al que se ha adherido, puede  014ww
cuonn dsteitsuciro nleoscióimni ednetlo d edreel cdheor eac lhao l ibae rlata dn esginodciicaacli óenn  ccuoalencttoiv qau, ey  seulploo ncguaa nudnoa  sliem ittraactiaó nd ey 
ncoumevisaiso nreegsl a“ns engoo ccoiandtoernaidsa”,s c eonn  elal m fuisnmcioó»n  (dSeT Ce s2ta1b3l/e1c9e9r1 m, doed i1f1ic adcei onnoevsie dmebl rceo, nFvJe 1n)i.o o  BOE-A-cable e
Por este motivo, la conducta adoptada por los miembros de los comités de huelga, 
negándose a constituir una comisión negociadora formada por representantes de los 
cinco comités, cuando las cinco convocatorias de huelga era idénticas en su modalidad, 
duración y tabla reivindicativa, debe considerarse abusiva pues supone un obstáculo a la 
negociación de un pacto que ponga fin a la huelga. La creación de esta comisión 
negociadora no reduciría la capacidad de negociación de los sindicatos convocantes ya 
que su composición debería respetar la representatividad de cada uno de ellos, sin que 
los sindicatos minoritarios pudieran quedar excluidos de dicha comisión y, por tanto, de la 
negociación de un acuerdo con valor de convenio colectivo.
Por todo lo razonado, se desestima la queja de vulneración del derecho de libertad 
sindical en relación con el derecho de huelga y, con ello, el recurso en su integridad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por la Confederación General del 
Trabajo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.