BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 28 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 119268
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
15757 Orden TED/1018/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  de  la  Fundación 
Biodiversidad,  F.S.P.,  para  fomentar  actuaciones  dirigidas  a  la 
renaturalización y resiliencia de ciudades españolas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2021.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad 
de impulsar una transición verde que tenga en cuenta los límites ambientales del planeta 
y detener así los procesos de deterioro ecológico. Se hace imprescindible y urgente 
poner en marcha un plan de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto 
plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de 
transformación  estructural,  y  lograr,  a  largo  plazo,  un  desarrollo  más  sostenible  y 
resiliente  desde  el  punto  de  vista  económico-financiero,  social,  territorial  y 
medioambiental.
Los entornos urbanos concentran la mayor parte de la población en nuestro país. Es 
necesario mantener y mejorar los servicios ecosistémicos en las ciudades para conseguir 
entornos saludables con una mejor capacidad de respuesta frente a grandes desafíos, 
incluidos los impactos derivados del cambio climático.
El medio urbano tiende a tener temperaturas más elevadas que las que se dan en su 
entorno, especialmente durante la noche, poseen un mayor riesgo de inundaciones 
debido, entre otros motivos, al elevado grado de impermeabilidad de los suelos y una 
peor calidad del aire por la concentración de emisiones derivadas del uso de energía en 
las viviendas, el transporte o las industrias.
Las soluciones basadas en la naturaleza son costo-efectivas y eficaces frente a estos 
retos. Las infraestructuras verdes en entornos urbanos, como parques y jardines ricos en 
biodiversidad, tramos fluviales, huertos urbanos, jardines verticales y cubiertas verdes, 
calles arboladas, praderas y setos, favorecen la biodiversidad y proporcionan numerosos 
servicios ecosistémicos, relacionados con la calidad de vida, la salud y el bienestar de 
sus habitantes, incluyendo la regulación térmica y la disminución del efecto de isla de 
calor, la purificación del aire, o la disminución del impacto acústico. Al mismo tiempo, 
proporcionan espacios para el ocio y la recreación y contribuyen a la permeabilización 
para hacer frente a lluvias torrenciales e inundaciones y a disminuir la desconexión con 
los ecosistemas naturales periurbanos. Asimismo, la proximidad de los servicios es 
aspecto clave para hacer las ciudades más habitables, de modo que los servicios 
básicos como el trabajo, la sanidad, las tiendas, la cultura y el ocio estén cerca del lugar 
de residencia, y sean accesibles a pie o en bicicleta. Esto implica una transformación de 
la localización de los usos del territorio, incluyendo la creación de modelos de negocio de 
cercanía, el aumento de los espacios públicos de reunión e interacción social, una 
apuesta por modelos de movilidad descarbonizada, y la posibilidad de redescubrir la  s
biodiversidad en las ciudades a través de la renaturalización. La transformación del  e.
modelo de movilidad y transporte se tornan imprescindibles y apoyar el impulso de  w.
modelos de ciudades no motorizadas es acuciante. 757ww
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económica tras la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Para alcanzar los objetivos 
marcados, estas ayudas se canalizan a través Planes de Recuperación desarrollados 
por  cada  Estado  miembro,  que  incluye  las  reformas  y  los  proyectos  de  inversión 
necesarios.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España (en 
adelante  PRTR),  aprobado  también  por  la  Comisión  Europea,  persigue  entre  sus 
objetivos ser referente en la protección y conservación de la riqueza de sus bienes 
naturales como activo de sostenibilidad para los territorios y elemento fundamental para 
hacer frente a los desafíos climáticos, apostando por la descarbonización y la inversión 
en infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. Del mismo modo, 
persigue el objetivo de ser un país resiliente, que impulsare la ciencia y la I+D+I, las 
ciudades sostenibles y el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial.
El PRTR movilizará un importante volumen de recursos que supondrá un efecto 
multiplicador  en  la  economía.  Está  basado  en  la  colaboración  y  coordinación  para 
garantizar la plena efectividad en la ejecución de los distintos proyectos tractores que se 
desarrollarán al amparo del instrumento europeo Next Generation EU en los diversos 
sectores sobre los que opera. Se trata de promover proyectos transformadores de 
carácter estratégico, con vocación de arrastre para la economía y que se puedan escalar 
o replicar a distintos niveles. Por sus características, es obligado garantizar la eficiencia 
de su gestión actuando allí donde el coste económico sea más eficaz o productivo y 
económicamente resulte más eficiente.
El  PRTR  incluye  entre  sus  diez  políticas  palanca  una  política  dirigida  a 
«Infraestructuras y ecosistemas resilientes» (política palanca 2), que a su vez incorpora 
un componente de «conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad» 
(componente 4). En este componente se incluye la «restauración de ecosistemas e 
infraestructura verde» (reforma 2). Para llevar a cabo el desarrollo material de esta 
reforma sobre el territorio, se plantean actuaciones alineadas con Estrategia europea de 
biodiversidad 2030, enmarcadas en la inversión 3 (C4.I3). Tal como se indica en el anexo 
de la Decisión Ejecutiva del Consejo sobre la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación  y  resiliencia  de  España  (Council  Implementing  Decision–CID),  esta 
inversión concluirá a más tardar en junio de 2026. Esta inversión incluye un programa de 
reverdecimiento urbano, con el objeto de incrementar la infraestructura verde, mediante 
actuaciones  para  restaurar  ecosistemas  y  reducir  la  fragmentación  de  hábitats  y 
fomentar la conectividad.
Igualmente, el Plan también incluye en el componente 5, la inversión 2 (C5.I2) para el 
«seguimiento  y  restauración  de  ecosistemas  fluviales,  recuperación  de  acuíferos  y 
mitigación del riesgo de inundación» que incluye actuaciones dirigidas al seguimiento y 
restauración  de  ecosistemas  fluviales  y  reservas  naturales  fluviales,  incluyendo  los 
tramos urbanos de ríos. Se trata de medidas básicas necesarias para alcanzar los 
objetivos ambientales exigidos por la Directiva Marco del Agua y con actuaciones que 
geográficamente  se  localizan  principalmente  en  las  demarcaciones  hidrográficas 
intercomunitarias, por tanto, competencia de la Administración General del Estado.
Se prevé así mismo, dentro de esta inversión 2 realizar actuaciones de mitigación de 
riesgo de inundación, incluidas medidas de prevención en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, la elaboración de guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos en las zonas inundables y promover la adaptación al riesgo de 
inundación de distintos sectores económicos. Además, los municipios deberán promover 
la implantación de sistemas de drenaje sostenibles, la mejora de la permeabilidad de los  s
entornos urbanos y la conexión de los mismos con los valores ambientales de los ríos en  oe.
las zonas urbanas, sobre la base de las guías técnicas elaboradas y los objetivos de la  w.
planificación hidrológica. 757ww
climEátsictaos  ya cptrueavceinocnieósn  sye g eensctiuóand draen r eiens glao se triqeulaectiao n3a5d «oms ecdoind aesl  dcleim aad:a ipntuancdióanc iaoln ceasm» bdioe 
ldae  m12e tdoed ofelobgreíar od.e seguimiento para la acción por el clima del Reglamento 2021/241  BOE-A-cable e
En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR y en el Reglamento 2021/241 de 12 de 
febrero, y su normativa de desarrollo, todos los proyectos de inversión que se lleven a 
cabo en el marco de estas ayudas deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do 
No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital, así como las 
condiciones recogidas en las componentes en 4 y 5, inversiones 3 y 2 respectivamente.
Las subvenciones en el marco del componente 4 y la inversión 2 tienen asignado un 
campo de intervención cuyo código es el 050 con un coeficiente de contribución a los 
objetivos climáticos de 40% y del 100% para los medioambientales.
Por  otro  lado,  las  subvenciones  en  el  marco  del  componente  5,  inversión  2a 
(acciones de seguimiento y restauración en los ecosistemas fluviales) tienen asignado un 
campo de intervención cuyo código es 040 con un coeficiente de contribución a los 
objetivos climáticos del 40% y 100% para los ambientales y las ayudas en el marco del 
componente  5  inversión  2b  (medidas  de  mitigación  del  riesgo  de  inundación)  con 
código 035, tienen un coeficiente de contribución del 100% a los objetivos climáticos y a 
los ambientales, según el anexo VI del Reglamento 2021/241, de 12 de febrero.
En línea con el PRTR, la presente convocatoria busca impulsar una transformación 
del modelo de desarrollo en las ciudades mediante la mejora de las políticas ambientales 
urbanas y la implementación de acciones de renaturalización que mejoren la calidad de 
vida y la salud de sus ciudadanos y mejoren la resiliencia frente al cambio climático y la 
gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Pretende, en línea con el 
PRTR, dirigir un esfuerzo real, directo y coordinado a impulsar este nuevo modelo de 
desarrollo.
Las  subvenciones  reguladas  en  esta  orden  son  consecuencia  de  la  aplicación 
efectiva del PRTR. Sólo podrán ejecutarse con la finalidad de financiar actuaciones que 
resulten elegibles conforme al marco regulatorio comunitario y al Plan aprobado por el 
Gobierno, y su tramitación y gestión ha de ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
El Mecanismo de Recuperación por su parte impone a los Estados Miembros unos 
plazos estrictos para la gestión de los fondos, para que puedan cumplir su objetivo de 
reconstrucción  y  establece  rigurosos  mecanismos  de  seguimiento  y  control  de  su 
aplicación. Ello exige que los fondos europeos asignados a estas subvenciones se 
apliquen cuanto antes y en su totalidad en los plazos establecidos en el PRTR. Por lo 
tanto, el cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación y sus requisitos de 
ejecución,  requiere  un  alto  grado  de  homogeneización  en  la  implantación  de  las 
actuaciones subvencionables por cada uno de los Estados Miembros, debiendo tener un 
impacto común en todo el territorio nacional.
Como se ha mencionado anteriormente, las soluciones de infraestructuras verdes en 
los entornos urbanos (incluyendo cuerpos de agua o infraestructura azul-verde) prestan 
numerosos  servicios  ecosistémicos,  tanto  de  tipo  cultural  (ocio,  salud,  bienestar, 
aspectos sociales, etc.) como de regulación (regulación térmica, hídrica, purificación del 
aire, control de la erosión, etc.) y son una solución costo-efectiva a numerosos retos al 
tiempo ambientales, económicos y sociales, tal como subraya la Estrategia Nacional de 
Infraestructura  Verde  y  de  la  Conectividad  y  Restauración  Ecológicas  (IVCRE). 
Igualmente, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (en adelante PNACC), 
que es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y 
coherente frente a los efectos del cambio climático, define una serie de líneas de acción 
para integrar la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbana, así  s
como en el sector de la edificación. oe.
Esta transformación incluye asimismo un impulso a la planificación de la actividad  w.
económica mediante el apoyo los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos  757ww
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resiliencia ante los desastres, en línea con el ODS 11, así como impulsar «negocios de 
proximidad». Se trata de poner en valor los valores naturales y socioeconómicos de los 
ecosistemas urbanos, de modo que se aprovechen al máximo las oportunidades que 
brinda, incluyendo los aspectos económicos relacionados.
Igualmente, la investigación y la generación de conocimiento para la sostenibilidad 
urbana  es  un  elemento  fundamental.  Es  indispensable  proporcionar  conocimientos 
básicos para una gestión adecuada de los servicios ecosistémicos frente a los modelos 
tradicionales de desarrollo urbanístico, de uso de espacio público o de jardinería urbana 
intensiva. Así, por ejemplo, la IVCRE establece como uno de sus cuatro objetivos 
generales la promoción del conocimiento y de la investigación en infraestructuras verdes 
y de conectividad y restauración ecológicas. Asimismo, el PNACC establece también que 
las medidas de adaptación deben basarse en un adecuado conocimiento de los riesgos 
derivados del cambio climático. Por ello, impulsa la generación de conocimiento en este 
campo,  incluyendo  nuevos  ámbitos  económicos,  sociales  y  ecológicos.  Así,  las 
presentes ayudas contribuirán a la generación de conocimiento y datos que permitirán el 
aprendizaje  entre  pares,  la  creación  de  redes,  la  sensibilización  y  el  desarrollo  de 
capacidades en materia de renaturalización urbana en todo el territorio nacional.
En este contexto de recuperación y con un horizonte a largo plazo en el que el 
desafío del cambio global sigue siendo una prioridad, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, como integrante de la Administración General del 
Estado,  cuenta  con  competencias  para  la  propuesta  y  ejecución  de  la  política  del 
Gobierno  en  materia  de  lucha  contra  el  cambio  climático,  prevención  de  la 
contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del 
mar, del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias y de la energía para 
la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el 
desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento 
territorial.
La ejecución de estas políticas se concreta a través de los planes y estrategias de 
carácter estatal vigentes y sus actualizaciones.
Entre los planes y estrategias de carácter estatal vigentes, y sus actualizaciones, que 
contemplan la conservación del patrimonio natural y el diagnóstico de amenazas cabe 
destacar: (i) el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, 
en aplicación de la Ley 42/2007; (ii) las Estrategias de conservación de especies de 
fauna  y  flora  silvestres,  (las  Estrategias  de  conservación  y  gestión  de  especies 
amenazadas, las Estrategias de lucha contra las principales amenazas, las Estrategias 
de  conservación  de  flora  amenazada  y  lucha  contra  sus  amenazas,  la  Estrategia 
española  de  conservación  vegetal  2014-2020,  la  Estrategia  nacional  para  la 
conservación de los polinizadores); y (iii) el Plan de acción español contra el tráfico ilegal 
y el furtivismo internacional de especies silvestres.
Igualmente, cabe destacar las estrategias relativas a la planificación, uso sostenible 
de los recursos e integración de la conservación en las políticas sectoriales: (i) la 
Estrategia forestal española; (ii) la Estrategia de conservación y uso sostenible de los 
recursos  genéticos  forestales  de  2006;  (iii)  el  Plan  estratégico  español  para  la 
conservación y uso racional de los Humedales; y (iv) el Plan sectorial de turismo de 
naturaleza y biodiversidad 2014-2020.
Así como destacar las estrategias relacionadas con la restauración de ecosistemas, 
la  conectividad  ecológica  y  la  recuperación  de  servicios  ecosistémicos:  (i)  la  ya 
mencionada  Estrategia  Nacional  de  Infraestructura  Verde  y  de  la  Conectividad  y  s
Restauración Ecológicas; (ii) el Plan nacional de actuaciones prioritarias en materia de  oe.
restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación;  w.
y (iii) la Estrategia nacional de restauración de ríos. 757ww
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mencionado Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
En materia de gestión del medio hídrico y riesgos asociados, igualmente derivados 
de la normativa europea destacan los Planes hidrológicos de cuenca (PHC) y los Planes 
de gestión del riesgo de inundación (PGRIs) de los que derivan un conjunto de medidas 
integrados  en  los  programas  de  medidas  de  estos  planes,  coordinados  con  las 
previsiones del PNACC.
Todos estos planes y estrategias establecen la generación de conocimiento y la 
investigación dentro de sus ámbitos como uno de los elementos fundamentales para la 
implementación de medidas efectivas y consecución de objetivos.
El  papel  de  la  ciencia  y  el  conocimiento  es  fundamental  para  contribuir  a  la 
renaturalización de las ciudades. En esta línea, el objeto de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, subraya que la promoción de la 
investigación, el desarrollo experimental y la innovación son los elementos sobre los que 
ha de asentarse un desarrollo sostenible. A su vez, la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2021-2027, aprobada el 8 de septiembre de 2020, contempla 
entre sus líneas estratégicas la exploración, análisis y prospectiva de la biodiversidad.
Además,  los  planes  y  estrategias  mencionados  responden  a  los  compromisos 
adquiridos por España en el ámbito internacional y comunitario en la aplicación de 
convenios y convenciones y las decisiones aprobadas en las Conferencias de las Partes, 
como  son  el  Convenio  relativo  a  los  Humedales  de  Importancia  Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, el Convenio de Naciones Unidas sobre 
Diversidad  Biológica,  el  Convenio  sobre  el  Comercio  Internacional  de  Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, el Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua 
transfronterizos y de los lagos internacionales, Convenio sobre el Agua o de Helsinki, el 
Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, el Convenio 
sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste o la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias.
Igualmente, cabe mencionar la Agenda Urbana Española, tomada en consideración 
por el Consejo de ministros el 22 de febrero de 2019, que integra una visión sostenible 
que  compatibiliza  la  prosperidad  económica,  el  aumento  del  bienestar  social,  la 
reducción  de  la  pobreza,  el  mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y 
tecnológicos, la disminución de la contaminación, la mejora del medio ambiente y la 
preservación de los valores culturales.
La Fundación Biodiversidad F.S.P (en adelante FB) es una fundación del sector 
público estatal de las previstas en el artículo 84.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  constituida  en  escritura  pública  de  22  de 
diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal con 
el número 1AGR.
La FB, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre y a sus Estatutos, tiene como 
objeto la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias 
de su Ministerio de adscripción, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en el ámbito de la conservación, el estudio y el uso sostenible de la 
biodiversidad  y  el  patrimonio  natural,  principalmente  en  sus  aspectos  ambientales, 
sociales, económicos y culturales.
Cabe destacar entre sus objetivos el de fomentar la investigación y la capacitación 
científica y actuar de foro de desarrollo y diseminación de información sobre sus líneas 
de actuación (biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, cambio climático y  s
calidad ambiental, economía y empleo verde y relaciones internacionales), así como  oe.
cuidar de los aspectos culturales, científicos, sociales, ambientales histórico artísticos,  w.
antropológicos, etnológicos, sociológicos, económicos, jurídicos y de cualesquiera otros  757ww
relacLiao ndaidsopso sciocnió nsu sa dáimciobnitoasl  ddee caimctuoasecixótna.  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,
Gpoednreárna lc odnec Seduebrv esnucbivoennecsi oensetas bclueacen dqou aes lía sse f uanudtoarcicioen ae sla d ceol rrseescptoorn dpiúebnlticeo f uúnndicaacmióne ndtee   BOE-A-cable e
forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente de la 
Administración a la que la fundación esté adscrita. En consonancia con lo anterior, con 
fecha 11 de febrero de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden 
TED/112/2021, de 25 de enero, por la que se autoriza a la FB, a conceder subvenciones.
Esta  misma  disposición  adicional  determina  que  la  aprobación  de  las  bases 
reguladoras  corresponde  al  órgano  de  la  Administración  que  financie  en  mayor 
proporción la subvención correspondiente, siendo en este caso el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cuyos presupuestos figuran las partidas 
que financian a la FB para, entre otros fines, gestionar las convocatorias de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva, para la consecución de sus objetivos estatutarios.
La FB es pues un instrumento para contribuir a la consecución de los fines del 
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  que  cuenta,  como 
integrante de la Administración General del Estado, con competencias exclusivas en 
materia de legislación básica sobre las bases y la coordinación de la planificación 
general  de  la  actividad  económica,  la  ordenación  y  concesión  de  recursos  y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 
Autónoma, legislación básica sobre protección de medio ambiente y obras públicas de 
interés general en relación al alcance material y funcional de la competencia que los 
artículos 149.1. 13.ª, 22.ª, 23.ª y 24.ª, de la Constitución respectivamente, reserva al 
Estado.
Para  asegurar  la  plena  efectividad  de  las  ayudas  y  garantizar  las  mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, es imprescindible una articulación simultánea y uniforme en todo el 
territorio, como único modo de visibilizar un cambio de modelo coherente y potenciar 
directamente sus efectos sobre el bienestar y la percepción de la población.
En  primer  lugar,  es  necesaria  una  planificación  coherente  en  todo  el  territorio 
nacional para generar un cambio de modelo estructural en las ciudades. Por tanto, es 
imprescindible generar un liderazgo en la transición hacia una nueva forma de entender 
el medio urbano, evitando diferencias de criterio que impidan la obtención de resultados 
certeros y eficaces en el todo el Estado en el camino hacia la transición verde.
En segundo lugar, la selección de los proyectos a subvencionar requiere de una 
valoración técnica que no garantizaría la igualdad de acceso si las valoraciones no las 
realiza la misma entidad. Tanto más cuanto la diversidad de proyectos subvencionables 
hace altamente complejo el establecimiento de criterios reglados para la distribución de 
estos  fondos  entre  las  comunidades  autónomas  sin  riesgo  de  que  proyectos 
merecedores  de  un  mayor  impulso  pudieran  quedar  excluidos  por  razón  de  las 
singularidades territoriales. Para alcanzar el impacto transformador deseado, la calidad 
de las propuestas será el criterio por el que se rija el procedimiento de evaluación del 
proyecto y de concesión de financiación en el marco de esta convocatoria.
En tercer lugar, la urgencia de la situación económica provocada por el COVID 19 y 
el  objetivo  de  las  ayudas  europeas  dirigidas  al  cambio  a  corto  plazo  del  modelo 
económico conlleva una inyección de fondos europeos que exigen de una gestión ágil 
que se viene a superponer a los fondos europeos que como consecuencia de esta 
situación excepcional ya están gestionando las comunidades autónomas.
En este marco, el artículo 149.1.13.ª CE puede en determinados casos justificar la 
reserva  de  funciones  ejecutivas  al  Estado  y  también  permitir  el  uso  de  la 
supraterritorialidad como título atributivo de competencias al Estado, pero para que dicho 
supuesto pueda ser considerado conforme al orden competencial han de cumplirse dos  s
condiciones: que resulte preciso que la actuación de que se trate quede reservada al  oe.
Estado para garantizar así el cumplimento de la finalidad de ordenación económica que  w.
se persigue, la cual no podría conseguirse sin dicha reserva, y, por otro lado, que el uso  757ww
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función con el régimen de la norma.
Por ello mismo, y también debido a la urgencia de las ayudas, derivada de la 
necesidad de reactivación de la economía y de distribución eficiente las actuaciones 
subvencionables, incluidas en el PRTR, y para asegurar la igualdad en la percepción por 
parte de los posibles destinatarios de estas ayudas, cabe citar la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la supraterritorialidad que señala que «Dicho traslado de titularidad, 
con base en la extraterritorialidad, tiene carácter excepcional, de manera que solo podrá 
tener lugar «cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el 
ejercicio  de  las  competencias  autonómicas  o  cuando  además  del  carácter  supra 
autonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento 
de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación 
tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por 
ello, requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar su atribución a un 
único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supra-
ordenado  con  capacidad  de  integrar  intereses  contrapuestos  de  sus  componentes 
parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el 
terreno del estado de necesidad (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 8)» (STC 194/2011, 
de 13 de diciembre, FJ 5). En consecuencia, «sin que el recurso a la técnica del 
desplazamiento de competencias al Estado, en el caso de efectos extraterritoriales del 
ejercicio de la competencia ejecutiva autonómica, deba ser asumido como solución. El 
Estado, al fijar los puntos de conexión territorial que estimase oportunos y resultasen 
acordes con la finalidad perseguida por la norma, estaría determinando, precisamente, la 
Comunidad Autónoma a la que en cada caso correspondería ejercer las funciones de 
ejecución a las que la norma hace referencia, ofreciendo a las Comunidades Autónomas 
una regla de atribución de competencias que pretende evitar el eventual conflicto de 
intereses» (STC 194/2011, de 13 de diciembre, FJ 6)» (STC 35/2012, FJ 5).
El  marco  regulador  de  estas  ayudas  resulta  conforme  con  la  jurisprudencia 
constitucional  consolidada  en  materia  de  ayudas  y  subvenciones  que  comenzó  a 
articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de febrero, y que, 
recientemente,  se  ha  perfilado  con  las  sentencias  9/2017,  de  19  de  enero,  y  62 
y 64/2018, de 7 de junio.
En cumplimiento de dicha jurisprudencia en esta orden, de cuyo proceso de diseño y 
elaboración se ha dado cuenta a las distintas comunidades autónomas, se establece un 
modelo  para  la  concesión  de  ayudas  basado  en  mecanismos  de  cooperación  y 
colaboración consustanciales a la estructura del Estado de las Autonomías que articula 
la Constitución Española. Este mecanismo de coordinación y participación conjunta con 
las comunidades autónomas podrá consistir en la selección de propuestas a través de 
comisiones bilaterales de valoración lo que permitiría a las comunidades autónomas una 
implicación activa en los procesos de toma de decisiones y por tanto en la gestión de 
estas ayudas.
La orden ministerial se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad y 
eficacia, justificada por una razón de interés general, como es el de la conservación y 
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española.
Su regulación se adapta a los criterios que regulan el poder soberano de gasto 
fijando el marco de actuación indispensable para garantizar la correcta implementación 
de  los  fondos  estatales.  Asimismo,  establece  la  regulación  de  los  aspectos 
procedimentales y orgánicos necesarios para garantizar la plena efectividad, igualdad de  s
acceso y estabilidad de la cuantía de los fondos destinados a las ayudas. oe.
La presente orden ministerial se adecúa igualmente a los principios de eficiencia,  w.
transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad, recogidos en el artículo 129 de la  757ww
lLae yn o3r9m/2a0 1re5s, udleta  1e dl ein osctrtuumbreen. tEo nm reálsa ciniódnic aa dloos  pparirnac ilpoiso si ndteer eesfiecise nqcuiae  ys etr apnesrpsaigrueennci ay, 
quedan claros sus objetivos.
Conforme al artículo 60.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  en  la 
concesión de subvenciones y ayudas financiables con los fondos europeos a las que 
resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, no 
será exigible la autorización del Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de dicha 
ley.
Por último, en relación a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad, esta 
norma es coherente con el ordenamiento jurídico y contiene la regulación y obligaciones 
necesarias que exige la normativa sobre subvenciones. Asimismo, se ha consultado a 
las  comunidades  autónomas,  y  se  ha  realizado  el  trámite  de  participación  pública 
mediante  la  publicación  del  proyecto  en  la  web  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.
Las ayudas contempladas en la orden no tienen la consideración de ayudas de 
Estado del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por cuanto 
no van dirigidas a empresas en los términos señalados por el derecho europeo. Los 
destinatarios  no  realizan  una  actividad  económica  o  las  actividades  a  las  que  van 
dirigidas las ayudas no tienen la consideración de actividad económica en cuanto que el 
bien o servicio no se ofrece en el mercado.
Esta orden se estructura en dos capítulos, 39 artículos, una disposición adicional 
única y tres disposiciones finales. En el primer capítulo se regulan las bases reguladoras 
para  fomentar  actuaciones  dirigidas  a  la  renaturalización  y  resiliencia  de  ciudades 
españolas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el 
segundo  capítulo  se  regula  la  convocatoria  correspondiente  a  2021  de  dichas 
subvenciones.
En la tramitación de esta orden se ha recabado informe de la Abogacía General del 
Estado y de la Intervención delegada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto-
ley  36/2020,  de  30  de  diciembre.  Asimismo,  ha  sido  informada  en  la  Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 15 de junio de 2021 y se ha realizado el 
trámite de participación pública mediante la publicación del proyecto en la web del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Asimismo, se ha recabado la aprobación del patronato de la FB en su reunión 
celebrada con fecha de 23 de junio de 2021.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
CAPÍTULO I
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación 
Biodiversidad FSP para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y 
resiliencia de ciudades españolas en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El objeto de esta orden es el establecimiento de las bases reguladoras de la 
Fundación Biodiversidad FSP (en adelante FB) para la concesión de ayudas para el 
fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como 
para la mitigación de los riesgos de inundación, incrementando la infraestructura verde y  e.e
la conectividad de los espacios verdes y azules. b
2.  Estas  ayudas  colaboran  en  la  consecución  de  los  objetivos  del  Plan  de  757ww
Robejceutipveor 7a1ci,ó yn ,c oTmrapnosnfeonrmtea 5c,i óinnv eyrs iRóne s2i li(eCn5c.iIa2,)  ec ohmitop o7n7e.nte  4,  inversión  3  (C4.I3)  y
acue3r.d oE  sctoans  loasy udparisn cispeio sc odnec epduebrálinc ideand , rtérgainmsepna rednec iac,o nocbujerrteivnidcaiad , ciogmuapledtaitdiv ay,   ndoe 
discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las 
mismas.
Artículo 2.  Beneficiarios.
1.  Podrán  ser  beneficiarios,  según  se  establezca  en  las  correspondientes 
convocatorias,  efectuadas  al  amparo  de  estas  bases  reguladoras  en  los  términos 
establecidos en las mismas y siempre que cumplan los requisitos exigidos:
a)  Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.
b)  Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y 
de las Comunidades Autónomas.
c)  Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
d)  Colegios profesionales.
e)  Administraciones públicas.
f)  Sociedades de capital, las cooperativas y las sociedades de personas (regular 
colectiva y comanditaria simple).
g)  Otras personas jurídicas, públicas o privadas.
h)  Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. De 
acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las 
personas jurídicas integrantes de la agrupación tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarias.
2.  Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los siguientes 
requisitos:
a)  Estar  válidamente  constituidas,  debidamente  inscritas  en  el  registro 
correspondiente y tener domicilio en territorio español.
b)  No  concurrir  en  alguna  de  las  circunstancias  invalidantes  previstas  en  el 
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3.  No obstante, lo anterior, en el caso de agrupaciones:
a)  Con carácter previo a la solicitud, deberán formalizar un acuerdo interno que 
regule el funcionamiento de la agrupación. Este acuerdo deberá reflejar, como mínimo:
1.  La designación de un representante o apoderado único de la agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a 
la misma. Este representante estará habilitado para presentar la solicitud y realizar en 
nombre  de  la  agrupación  el  resto  de  comunicaciones  y  trámites,  tanto  en  el 
procedimiento  de  concesión  como  en  la  fase  de  seguimiento  y  justificación  de  las 
ayudas.
2.  Los aspectos previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
b)  Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de beneficiarios 
de la subvención, por lo que de forma individual, cada uno de ellos, deberá reunir los  e.e
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario. Serán responsables  w.b
solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la  757ww
aregsrpuopnascaióbnil,i daindcelus ypeonrd ion fralac cioobnleigsa.ción  de  justificar,  el  deber  de  reintegro,  y  las
otroc, )o  Lqau ea gsreu psaucsitóitnu ypao darlá  repprorepsoennetra nqtuee,  sseie msupmree  quune  neusetevo  cpaamrbticioip asnet ea jou sstee  are tliares 
condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra 
del principio de igualdad de trato.
d)  La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de 
prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en los artículos 39 
y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  Cuando  las  entidades  beneficiarias  realicen  actividades  económicas  y  no 
económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas.
Artículo 3.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Son obligaciones de los beneficiarios las enumeradas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Los beneficiarios deberán a su vez cumplir las siguientes obligaciones:
a)  Asumir expresamente la obligación de cofinanciar el porcentaje no financiado por 
la FB.
b)  Asumir  las  responsabilidades  que  podrían  derivarse  de  la  realización  del 
proyecto o actividad.
c)  Disponer de los permisos administrativos correspondientes en caso de que sean 
necesarios para el desarrollo de la actividad objeto de ayuda.
d)  Ser el único responsable jurídico y financiero de la ejecución del proyecto o 
actividad ante la FB, excepto en el caso de las agrupaciones de beneficiarios.
e)  Mantener un sistema de contabilidad aparte y específico en relación con el 
proyecto subvencionado, o un código contable adecuado en relación con todas las 
transacciones relacionadas con el proyecto.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente acreditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso.
g)  Solicitar, en caso de las agrupaciones de beneficiarios, la autorización para 
efectuar cualquier cambio o modificación en los acuerdos que las formalizan. Estos 
cambios deberán, asimismo, ser aceptados expresamente por la FB.
h)  Cumplir con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento 2021/241 de 12 de 
febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la 
Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos 
los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del diseño, ejecución y justificación 
de los proyectos y de manera individual para cada actuación, deben de respetar el 
llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio 
DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No  Significant  Harm»)  y  las  condiciones  del 
etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas 
asignadas previstas en los componentes 4 y 5, así como en las inversiones 3 y 2 
respectivamente,  en  la  que  se  enmarcan  dichos  proyectos,  tanto  en  lo  referido  al 
principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en 
los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del Plan.
i)  Incluir,  siempre  que  ello  sea  posible,  criterios  ambientales  en  todos  los 
procedimientos de contratación que pudiera convocar la entidad beneficiaria en cualquier  s
fase de realización del proyecto objeto de ayuda. oe.
pprooscikjb)e) ld ei,Cm Ccuiuermimnteptporliilsorir  s dlc aeop  nacno roaenr lmt rfCaaavtótaiodvcraiiegó conee  nÉqr  utlimaec o api gtuyeud raidiaeled r aadB decu  oedingnevu  oGatrclaodatbaro idel a,yr  n eeodn  etiein dncoamlpudoia rbr,rt ecusannideeidofmiac pdeiarenres ia e q.el unSe is toteedllmoos a s ledoaes    2021-15757n https://www.
Buen Gobierno y Responsabilidad de la FB.
l)  Difundir el proyecto y mencionar el apoyo de la FB, y del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, al estar financiado por la Comisión Europea a través del 
instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation EU» en toda la información, 
verbal o escrita, emitida con ocasión de la actividad objeto de subvención, antes, durante 
y después de su finalización. Del mismo modo, difundir los resultados de los proyectos 
de acuerdo a lo indicado en el artículo 22.
m)  Incluir, en su caso, la imagen corporativa de la FB de forma correcta (que 
incluye el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), 
previa aceptación por parte de la misma. La FB se reserva el derecho a no incorporar su 
imagen corporativa en los materiales que considere.
n)  Ser  responsable  de  que  los  productos  divulgativos  del  proyecto  estén  en 
consonancia con el estado del arte de los conocimientos científicos y con el marco 
normativo relacionado con las temáticas objeto del proyecto.
o)  Dar  publicidad  a  las  ayudas  percibidas  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.
p)  Remitir informe intermedio de resultados en caso de que la FB lo solicite.
q)  Remitir los resultados del proyecto a las principales administraciones y entidades 
públicas interesadas en el objeto del mismo.
r)  Realizar un seguimiento de la huella de carbono derivada de las actividades 
ejecutadas en el marco del proyecto financiado y facilitar dichos datos a la FB.
s)  Cumplir  con  las  obligaciones  específicas  que  establezca  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y su normativa de aplicación, y en especial 
en lo relativo a:
1.º  Recabar, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos y en formato 
electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d) del Reglamento 2021/241 
de 12 de febrero.
2.º  A  guardar  la  trazabilidad  de  cada  una  de  las  inversiones  y  actuaciones 
realizadas, así como la correspondiente documentación acreditativa de las mismas. Se 
someterán a las medidas de control y auditoría recogidas en el Reglamento 2021/241 
de 12 de febrero de, y el Reglamento 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión. En particular, deberán autorizar a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de 
Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que 
les reconoce el artículo 129, apartado 1, del referido Reglamento Financiero.
3.º Conservar y custodiar los documentos en las condiciones y plazos establecidos 
de conformidad con el artículo 132 del Reglamento 2018/1046 de 18 de julio.
4.º  Asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas 
a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de 
interés y la doble financiación con el objeto de proteger los intereses financieros de la 
Unión, según se definen en el artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento 2018/1046 
de 18 de julio.
5.º  Ser  responsables  de  la  fiabilidad  y  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación y de los hitos y objetivos que se hayan establecido al 
respecto.
6.º  Asumir  cualquier  otra  obligación  comunitaria  y  nacional  que  resulte  de  e.
aplicación por razón de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. w.b
resotl)u ciCónu mpoprli rl ac quuaelq sueie cr oontcrae doeb llaig aaycuiódna .que, en su caso, pudiese establecerse en la
Artículo 4.  Dotación, cofinanciación y plazo de ejecución.
1.  La  dotación  máxima  global,  y  el  importe  mínimo  y  máximo  de  la  ayuda  a 
conceder  por  cada  solicitud,  el  porcentaje  máximo  de  cofinanciación  y  la  duración 
máxima de los proyectos se establecerá en cada convocatoria.
2.  Estas ayudas se desarrollarán en el marco del Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y de acuerdo con los fondos a asignar en el presupuesto 
de  gastos  de  la  FB,  son  objeto  de  financiación  mediante  los  recursos  financieros 
derivados  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  («Next  Generation  EU»).  La 
concesión de las subvenciones queda condicionada a la vigencia y suficiencia del citado 
presupuesto. Cabe señalar que el anexo a la Decisión Ejecutiva del Consejo sobre la 
aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council 
Implementing Decision-CID), indica que la inversión 3 del componente 4 concluirá a más 
tardar en junio de 2026.
Artículo 5.  Actividad objeto de financiación.
1.  Serán objeto de financiación los siguientes tipos de actividades, de estrategia y 
planificación (tipo A) y de implementación de acciones en el territorio (tipo B).
2.  Descripción de la tipología de acciones:
a)  Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación 
urbanística sostenible, planes de adaptación al cambio climático relacionados con la 
renaturalización urbana y fluvial, así como con la protección y/o adaptación al riesgo de 
inundación, o de liberación de espacio dedicado a la movilidad privada que permitan la 
renaturalización urbana (estrategias de movilidad sostenible y espacio público), que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación o a la adaptación al 
cambio climático e incremento de la resiliencia del sistema.
b)  Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, 
área periurbana y urbana, tramo fluvial o litoral, barrio, edificio o manzana relacionados 
con las anteriores estrategias.
3.  El ámbito de actuación de la actividad objeto de las ayudas comprende todo el 
territorio nacional.
4.  Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para los 
beneficiarios.
Artículo 6.  Gastos susceptibles de financiación.
1.  Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo 
financiará  gastos  no  recurrentes  que  supongan  un  cambio  estructural  y  tengan  un 
impacto  duradero  sobre  la  resiliencia  económica  y  social,  la  sostenibilidad,  la 
competitividad a largo plazo y el empleo.
2.  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, 
estén  relacionados  con  la  actividad  objeto  de  la  ayuda,  sean  necesarios  para  su 
ejecución, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución aprobado para cada 
proyecto  beneficiario  y  se  encuentren  efectivamente  pagados  con  anterioridad  a  la 
finalización del período de justificación. Los gastos deberán estar sujetos a precios de 
mercado.
3.  Los gastos deberán estar a nombre del beneficiario, en el caso de agrupaciones  e
los gastos deberán estar a nombre de la entidad que sea parte de la agrupación que  bo
ejecute el gasto. 757ww
activ4i.d adN osu sbevreánnc aiodnmadisaib, lae se lxocse pgcaisótno sd ceo lnotsr agídaostso sa ndtees l ad erel uinniicóion  dineicl icarlo pnaorgar aemntaid daed elas 
ibnevneenftiacriaiarbiales  cporenvvioacmaednat ep oar dlqau iFriBdo  y yd eq ulea  cao rfreecshpao nddeie ninteic iaom  doertli zapcroióyne cdtoe  nmoa teersitaél 
completamente amortizado o haya sido financiado con otras ayudas.
5.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de personal:
a)  Los gastos de personal aprobados por la FB para el proyecto.
b)  El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente 
para la realización de la actividad objeto de la ayuda y así quede patente en su contrato 
laboral.
c)  El coste del resto de los trabajadores de la entidad será financiable en función 
del porcentaje de dedicación al proyecto, que nunca podrá ser superior al 80% del coste 
laboral.
d)  En  general,  estos  gastos  se  justificarán  mediante  la  presentación  de  las 
nóminas,  seguros  sociales  y  sus  respectivos  justificantes  de  pago,  así  como  una 
certificación firmada por el responsable legal indicando el porcentaje de dedicación 
asumido por cada uno de los trabajadores imputados al proyecto, que acredite que estos 
no son gastos recurrentes de la entidad. En el caso de trabajadores imputados al 100% 
al proyecto, se debe presentar también su contrato laboral.
e)  Dentro de esta partida de gasto se podrán imputar igualmente trabajadores 
autónomos económicamente dependientes (TRADE). Igual que en el resto del personal, 
será financiable el 100% de su coste si su dedicación es exclusiva al proyecto y así 
queda reflejado de forma explícita en su contrato. En el resto de casos, será financiable 
en función del % de dedicación, que no será superior al 80%. Este tipo de gastos se 
justificarán  mediante  la  aportación  de  contrato,  factura  junto  a  su  correspondiente 
justificante de pago, modelo 130 para los que se encuentren en estimación directa, y el 
recibo de pago de la cuota de autónomos.
6.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de viajes y manutención:
a)  Los  gastos  de  desplazamiento,  alojamiento  y  manutención  del  personal 
involucrado en las actividades objeto de ayuda, así como de los voluntarios o personal 
colaborador implicados, siempre que éstos estén directamente vinculados al proyecto, 
sean necesarios para la ejecución del mismo, y se identifique la actividad por que ha 
generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.
b)  El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento será el 
exceptuado de gravamen según el Reglamento del IRPF (Orden EHA/3771/2005 de 2 de 
diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en 
el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa que le sustituya).
c)  Salvo  excepciones  justificadas,  la  elegibilidad  del  resto  de  gastos  de 
manutención tendrá como límite máximo las cuantías establecidas para el grupo 2 por el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
d)  En todo caso, los desplazamientos deberán realizarse en clase turista y el 
alojamiento en categoría máxima de 3 estrellas.
e)  Estos  gastos  serán  financiables  mediante  la  presentación  del  documento 
acreditativo del gasto, su correspondiente documento de pago y la vinculación de los 
mismos al proyecto.
f)  En  los  casos  en  los  que  se  imputen  gastos  de  viajes  o  manutención  del 
voluntariado será necesario que la entidad garantice el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
7.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de asistencias externas:
a)  Los servicios externos que siendo necesarios para la ejecución del proyecto la  e.e
entidad beneficiaria no pueda realizar por sí misma. b
b)  Aquellos servicios externos contratados cuyo objeto coincide con el objeto de la  757ww
sauybucdoan otr aqtuaec,ió pnu yd ieenstdaor ásne rs urejeatloizsa ad olos sp loímr biteesn eefsictiaabriloe,c isdeo se xetne renla alicrteícnu, los e7  cdoen seisdtearsa rláans 
bases reguladoras.
c)  En estas contrataciones de servicios externos se aplicarán, en la medida de lo 
posible, criterios de sostenibilidad, concurrencia y aquellos necesarios para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres.
d)  Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente factura o 
documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante de pago.
8.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material inventariable:
a)  La amortización de instalaciones y de material inventariable durante el periodo 
de ejecución del proyecto, incluida la adquisición de software o aplicación informáticas, 
mediante la correspondiente factura o documento acreditativo y su respectivo justificante 
de pago, siempre que tengan relación directa con la ejecución de las actividades, no 
exista  otra  financiación  para  las  mismas  y  la  amortización  correspondiente  esté 
debidamente contabilizada por la entidad en el ejercicio de ejecución de la actuación.
b)  Los  arrendamientos  de  instalaciones  y  de  material  inventariable  serán 
financiables  mediante  la  presentación  del  correspondiente  contrato  y  factura  o 
documento similar y su respectivo justificante de pago. Además, se deberá presentar un 
cuadro  de  amortización  en  el  que  se  detalle  el  cálculo  realizado  para  obtener  la 
imputación al proyecto objeto de ayuda. Este modelo será facilitado por la FB.
c)  Los softwares o aplicaciones informáticas desarrolladas en el marco del proyecto 
no podrán generar ingresos económicos para la entidad, salvo que estos se destinen al 
mantenimiento y mejora de la propia aplicación sin llegar a generar en ningún caso un 
beneficio económico para la entidad.
d)  En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 
inventariables, se destinarán al fin concreto para el que se concedió la ayuda durante 
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público y dos años para el resto 
de bienes, y se deberá demostrar que esta resulta imprescindible para la correcta 
ejecución del proyecto y no existen otras fórmulas posibles. En el caso de bienes 
inscribibles  en  un  registro  público,  deberá  hacerse  constar  en  la  escritura  esta 
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto 
estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. En el caso de los 
bienes inmuebles, en la justificación será preciso certificado de tasador independiente 
debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
9.  La financiación podrá aplicarse a los siguientes costes de material fungible:
a)  Aquellos  gastos  de  material  fungible  adquirido  siempre  que  este  esté 
directamente vinculado a la actividad objeto de la ayuda.
b)  Asimismo, tendrán consideración de fungible aquellos materiales adquiridos cuyo 
periodo de vida útil no supere el cronograma de ejecución aprobado para el proyecto y 
así quede justificado por la entidad.
c)  Serán financiables mediante la presentación de la correspondiente factura o 
documento acreditativo del gasto y su respectivo justificante de pago.
10.  También serán financiables otros costes no contemplados en los anteriores 
apartados que se deriven de la actuación y que sean necesarios para su ejecución.
11.  Serán  considerados  como  costes  indirectos  aquellos  que,  no  estando 
directamente vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de la entidad beneficiaria. Estos se justificarán mediante tanto alzado 
sobre los gastos directos, hasta un máximo de 4%. La justificación de estos gastos  e.e
consistirá en una certificación firmada por el representante legal o persona que cuente  b
con los poderes de representación para ello. 757ww
agua1,2 . eleScetrráicnid caodn, sisdeegraudriodsa dc,o mgeos ctoorsítae,s  cinadleirfeacctcoisó nlo sy g alismtopsie rzeala, ticvoorsr eaol ,s utmelienfiosntríoa  dee 
ilnat eernnteidt,a md,a taesriía lc yo msuom ointriastsr ocso dnetr aotfaiccinioan ey sg aos tsoesr vdiec iaolsq uqilueer ,d en olo ceaslteasn doo s eddiree cstoacmiael ndtee 
vinculados con el objeto de la ayuda, sean necesarios para el correcto funcionamiento de
la entidad beneficiaria. También podrá ser financiable el gasto derivado de la revisión de 
cuenta justificativa por el auditor, en caso de que lo haya, hasta un límite de un 5% de la 
ayuda concedida.
13.  No serán financiables gastos en los términos establecidos en los apartados 7 
y 8 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de los gastos 
derivados  de  la  garantía  bancaria  siempre  que  para  la  obtención  del  anticipo  sea 
obligatoria la constitución de garantía bancaria.
14.  No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o el Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y la Importación (IPSI).
15.  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la  entrega  del  bien,  en  los  términos  y  con  las  excepciones  establecidas  en  el 
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
16.  Las entidades beneficiarias que por su naturaleza se encuentren dentro del 
ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deberán respetar las normas que 
establece esta normativa. En toda la documentación generada en aplicación de los 
procedimientos de contratación, deberá señalar la cofinanciación recibida por la FB.
17.  En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía  del  mismo  y  eludir  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  contratación  y 
subcontratación establecidos en estas bases.
18.  Los  gastos  financiables  deberán  estar  debidamente  justificados  mediante 
documentos  de  gasto  originales  o  documentos  contables  de  valor  probatorio 
equivalentes, así como sus correspondientes justificantes de pago tal y como se ha 
indicado en el presente artículo en cada una de las tipologías de gasto. La acreditación 
de los gastos también podrá efectuarse de forma electrónica, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito de la Administración Tributaria.
19.  Los  justificantes  de  gasto  originales  presentados  deberán  especificar  la 
subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se 
imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en el segundo caso el porcentaje 
correspondiente imputado. Esto se podrá hacer mediante estampillado de documentos 
originales o bien mediante la inclusión en el concepto del gasto la información relativa a 
la subvención. La ayuda en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no 
sustituirá,  excepto  en  casos  debidamente  justificados  a  los  gastos  presupuestarios 
nacionales ordinarios.
Artículo 7.  Subcontratación.
1.  En caso de que sea necesario, por las características de la actividad objeto de la 
ayuda, la entidad beneficiaria podrá realizar subcontrataciones siempre que el porcentaje 
subcontratado no exceda del 80% del importe total del proyecto.
2.  Se  entiende  que  la  entidad  beneficiaria  subcontrata  cuando  concierta  con 
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda o 
de  aquellas  actividades  que  pudiendo  ser  realizadas  por  la  entidad  beneficiaria  se 
externalizan. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que  e.
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad objeto  w.b
de la ayuda. 757ww
la ac3t.i vidEand  noibnjgeúton  dcea slao  apyouddráan,  nsou bacpoonrtterant avrasloer  aacñtiavdididaod easl  cqounet,e naiudmo ednet alan dmoi seml aco.ste de
4.  Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del 20% del importe de 
la ayuda o dicho importe sea superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará 
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que se garantice la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
b)  Que el contrato se celebre por escrito, cuando un solo contrato supere el 20%.
c)  Que la celebración del mismo se autorice de forma previa y expresa por la FB. 
Para ello se deberá remitir la información del contrato previamente a su celebración con 
tiempo suficiente para su análisis y posterior autorización por escrito.
5.  Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la ayuda frente a la FB.
6.  Las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la 
actividad  objeto  de  la  ayuda  subcontratada  a  terceros,  se  respeten  los  límites 
establecidos en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos financiables. Así mismo, 
deberán prever mecanismos para asegurar que los  subcontratistas cumplan con el 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
7.  En ningún caso podrá subcontratarse por la entidad beneficiaria la ejecución 
parcial de las actividades objeto de la ayuda con aquellas personas o entidades que se 
encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones. En lo referente a la subcontratación con personas o entidades vinculadas 
prevista en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será obligatorio 
disponer  de  la  autorización  expresa  previa  de  la  FB.  En  el  caso  de  los  Centros 
Tecnológicos  de  ámbito  estatal,  inscritos  en  el  registro  de  Centros  Tecnológicos  y 
Centros de apoyo a la innovación y de centros tecnológicos de ámbito autonómico 
inscritos en sus correspondientes registros, se estará a lo establecido en la disposición 
adicional vigésima séptima, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8.  En  el  caso  de  agrupaciones,  los  miembros  que  las  componen  no  podrán 
subcontratar al resto de integrantes para ejecutar las actividades asignadas a cada una 
de ellas en el acuerdo de agrupación.
Artículo 8.  Cuantía y pago de la ayuda.
1.  La FB otorgará las ayudas de acuerdo a lo establecido en estas bases, y se 
adjudicará hasta el límite fijado dentro del crédito disponible de cada convocatoria.
2.  La cuantía de las ayudas se determinará de la siguiente forma: la puntuación 
total de los proyectos obtenida tras su evaluación determinará el orden de prelación de 
las solicitudes. De acuerdo a este orden, de forma descendente, se irá otorgando el 
importe solicitado por cada proyecto hasta agotar el importe total de la convocatoria. El 
comité de evaluación podrá solicitar la reformulación de alguna de las acciones incluidas 
en la propuesta, lo que podría reducir el importe a conceder.
3.  La subvención otorgada se establecerá en la resolución de concesión. La cuantía 
definitiva y el pago se fijará en el momento en que la entidad beneficiaria justifique la 
actividad objeto de la ayuda a la FB y esta emita el documento de liquidación definitiva.
4.  En ningún caso se podrán conceder subvenciones que puedan tener por efecto 
el otorgamiento, a una o más entidades, en el ejercicio de una actividad económica e 
independientemente  de  su  forma  jurídica,  de  ventajas  que  puedan  dar  lugar  al  s
falseamiento de la competencia en el mercado interior y que sean susceptibles de  oe.
baefence65taf..i  cr iaaLL roalioossss    irdneaetncebdtriecvimraidámianedb naeitopossls i c cafpoirnrmseaeesn eraccn ieilaatarl oeadssca  tseiqv nuidteprae ad srl oases u  bgElvaese ntanedocreoibonstne  manpdcioeaiórm. nlb orsod sef.o nadyousd alibs radreoqsu ear irláons   2021-15757n https://www.
cofinanciación por parte del beneficiario. El porcentaje de financiación comprometido por
el solicitante en la fase de solicitud se mantendrá en la resolución y liquidación de la 
ayuda concedida.
7.  No se realizará ningún pago en tanto la entidad beneficiaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. En el caso de las 
agrupaciones los pagos se harán de forma individualizada a fin de verificar que cada uno 
de los integrantes se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
Artículo 9.  Concurrencia y compatibilidad de ayudas.
1.  La  ayuda  concedida  en  el  marco  del  mecanismo  se  podrá  sumar  a  la 
proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión Europea. Las 
reformas  y  los  proyectos  de  inversión  podrán  recibir  ayuda  de  otros  programas  e 
instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
2.  Las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  son  compatibles  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de 
cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.
3.  La suma de todas las ayudas, ingresos o recursos destinados al mismo fin en 
ningún  caso  podrá  ser  de  tal  cuantía  que,  aisladas  o  en  concurrencia  con  otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, superen el coste total de la actividad objeto 
de la ayuda.
4.  Estas ayudas de terceros podrán ser dinerarias o en especie, si bien estas 
últimas no podrán cuantificarse ni computar como parte del gasto total incurrido para la 
ejecución del proyecto.
Artículo 10.  Anticipo y garantías.
1.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un  anticipo  de  la  ayuda  cuyo 
porcentaje se determinará en la convocatoria.
2.  En los proyectos de 3 o más años de duración, si tras la liquidación parcial del 
proyecto se determina que este ha superado el 50% de gasto correctamente ejecutado 
conforme  al  presupuesto  aprobado,  la  convocatoria  puede  prever  la  petición  y  el 
porcentaje de un segundo anticipo, constituyendo la garantía correspondiente a favor de 
la FB por el importe solicitado, conforme al siguiente punto.
3.  En el caso de que se solicite este anticipo, las entidades beneficiarias o la 
responsable de la agrupación quedan obligadas a constituir una garantía a favor de la FB 
por el importe solicitado, hasta el 31/12/2026. No hay exoneraciones para la petición de 
esta garantía bancaria.
4.  Para  el  pago  del  anticipo  se  requerirá  la  presentación  del  resguardo  de 
constitución de alguna de las garantías en cualquiera de las modalidades aceptadas por 
la  Caja  General  del  Depósitos  conforme  a  la  normativa  de  la  citada  Caja  (Real 
Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos y con los requisitos establecidos para la misma). La garantía 
estará en vigor hasta que la FB autorice su cancelación o devolución.
5.  En el caso de que la garantía se constituya mediante aval deberán ser solidarios 
respecto al obligado principal, pagaderos a primer y simple requerimiento de la FB y con 
renuncia por parte de la entidad emisora a los beneficios de orden, división y excusión. es
6.  La garantía constituida mediante contrato de seguro de caución, siempre que  bo
éste se celebre con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo  757ww
dcdsoieegnb us eileeargán u mtheriaoss,c m denear o  rce eaxdfeutaercreniáóns nicód,ia ned  reeyex bcgpeharroerá as anaclot  íanaa ssqst ueirteeug siurluasral etfdaa eonltnrtae   sfado  edr mrepe aasla ogd lovpe edó rcel iez elraatl.i  f picDcroaiimcndhtoaroa ,  itnscoeed, arivt niiúfdii cnuaéiacdsla to,de  e pin rqdismueiveegiddruaaurr oaoá,l     OE-A-2021-15able en https://
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación,
caso de que el asegurador deba de hacer efectiva la garantía, así como a que el 
asegurador no podrá oponer frente a la FB, como asegurada, las excepciones que 
puedan  corresponderle  contra  el  tomador  del  seguro,  asumiendo,  asimismo,  el 
compromiso de indemnizar a la FB a primer y simple requerimiento de éste.
7.  La garantía, de haber sido exigida, será devuelta una vez liquidada la ayuda 
concedida.
8.  La cuantía del anticipo se tendrá en cuenta a la hora de hacer liquidaciones 
parciales.
9.  En caso de que se acuerde el reintegro por el órgano competente y, a instancias 
de este, la FB ejecutará las garantías constituidas a su favor.
10.  Los  beneficiarios  de  los  anticipos  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al 
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o 
anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  créditos  específicamente 
consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. 
Corresponderá a la FB comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad 
al  pago,  exigiendo,  cuando  no  pueda  acreditarse  de  otro  modo,  una  declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una 
administración pública.
Artículo 11.  Procedimiento de concesión.
1.  El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva 
mediante  los  procedimientos  de  selección  que  se  establecen  en  estas  bases 
reguladoras, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad 
y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la 
asignación  y  utilización  de  los  recursos  públicos  que  señala  el  artículo  8.3  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se  podrá  exceptuar  del  requisito  de  fijar  un  orden  de  prelación  entre  las 
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el 
crédito  consignado  en  la  convocatoria  fuera  suficiente,  atendiendo  al  número  de 
solicitudes  una  vez  finalizado  el  plazo  de  presentación  si  así  se  establece  en  la 
convocatoria.
3.  El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  su  disposición  adicional 
decimosexta, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por estas bases.
4.  El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  mediante  la  publicación  de  la 
correspondiente convocatoria en la web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es), así 
como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la 
convocatoria  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 12.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para aprobar la convocatoria del procedimiento será la 
persona titular de la Dirección de la FB.
2.  La instrucción y ordenación del procedimiento corresponde a la persona titular de 
la Subdirección Jurídica, Financiera y de Capital Humano de la FB, denominado órgano 
instructor.
3.  El comité de evaluación es el órgano colegiado encargado de la evaluación de  es
las solicitudes. bo
4.  El Comité de Evaluación estará integrado por una presidencia, que podrá ser  757ww
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con voz pero sin voto.
5.  Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de 
la Dirección de la FB, previa autorización del órgano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico que corresponda, conforme a lo dispuesto por la 
disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 13.  Notificaciones y comunicaciones.
1.  Las comunicaciones y notificaciones a los interesados de las actuaciones que se 
realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión, en el desarrollo 
de su ejecución y en su caso en el de justificación se llevarán a cabo a través de medios 
electrónicos, a la dirección de correo facilitada al efecto.
2.  Los  actos  integrantes  del  procedimiento  de  concesión  serán  objeto  de 
publicación en la página web de la FB, surtiendo tales publicaciones los efectos de 
notificación practicada.
3.  La  notificación  de  los  actos  administrativos  que  pudieran  proceder  como 
consecuencia del ejercicio de las potestades relativas a la exigencia del reintegro, la 
imposición de sanciones y las funciones de comprobación que corresponderán al órgano 
que resulte competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y podrán realizarse mediante 
comparecencia en su sede electrónica, conforme al artículo 43 de la dicha Ley.
Artículo 14.  Tramitación de solicitudes.
1.  La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la 
página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte de la entidad solicitante, 
en el plazo y forma que se determine en la convocatoria.
2.  Al formulario de solicitud, en el que se indicarán los datos de la entidad y del 
proyecto, se acompañará documentación de carácter técnico del proyecto y relativa a la 
entidad o entidades solicitantes.
3.  Las entidades deberán aportar declaración expresa firmada por el representante 
legal que incluya relación exhaustiva y detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos concedidos para financiar las mismas actuaciones objeto de la subvención. 
Esta declaración expresa deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud 
y  en  cualquier  otro  momento,  tan  pronto  como  sea  conocida,  la  mencionada 
concurrencia.
4.  El plazo para la presentación de solicitudes será como mínimo de veinte días 
hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
5.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo máximo de diez días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, y previa resolución, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6.  La  documentación  de  carácter  técnico  del  proyecto  no  será  susceptible  de 
subsanación.
7.  Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos oficiales facilitados, que 
permitan  la  adecuada  valoración  de  la  propuesta,  dentro  de  los  plazos  y  cauces 
establecidos. En caso contrario no serán tenidas en cuenta. es
8.  Los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que  bo
presenten.  757ww
Artículo 15.  Procedimiento de evaluación.
defin1i.d asE le nó regla anrotí cuinlost r2u4c.t3o rd er elaa lLizeayr á3 8l/a2s0 0a3c,t udaec 1io7n dees  nqouveie mesbtriem.e necesarias de las  BOE-A-cable e
2.  Las convocatorias podrán establecer una fase de preevaluación en la que se 
verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de 
beneficiario de la subvención.
3.  El  comité  de  evaluación  valorará  las  solicitudes  de  acuerdo  a  los  criterios 
objetivos a que se refiere el artículo 16.
4.  El comité podrá someter a consulta las propuestas presentadas a su unidad de 
adscripción u otras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así 
como de las personas expertas que se considere convenientes, y podrá recabar cuantos 
informes estime oportunos de las áreas técnicas de la FB.
5.  El comité de evaluación podrá establecer una Comisión Bilateral de Valoración 
con la Dirección General de Medio Natural/Medio Ambiente/Biodiversidad/Agua (o que 
asuma competencias homólogas) de aquellas comunidades autónomas en las que se 
sitúen las actuaciones de las propuestas que hayan superado el umbral mínimo de los 
criterios de calidad técnica. Esta Comisión valorará los Criterios Estratégicos definidos en 
la  convocatoria.  Si  una  propuesta  presentara  municipios  de  dos  Comunidades 
Autónomas, ambas podrán participar de la valoración.
6.  Tras la evaluación, junto, en su caso, a los comités bilaterales de valoración de 
las solicitudes presentadas, el comité de evaluación emitirá un informe en el que se 
concretará el resultado final de la valoración.
7.  El órgano instructor, a la vista del informe del comité de evaluación, formulará 
propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará 
en su caso al propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando en cualquier caso el 
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  27  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  y  en  el  artículo  61  del  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8.  Esta propuesta de resolución provisional se notificará a los propuestos como 
beneficiarios  para  que,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles,  aporten  los  documentos 
detallados en la convocatoria para cumplimentar en este acto.
9.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole  que  si  no  lo  hiciese  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  solicitud,  previa 
resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
10.  Si alguno de los propuestos como beneficiarios no aceptase la ayuda o se 
comprobase que no cumplen con los requisitos para serlo a la vista de la documentación 
facilitada,  se  podrá  optar  bien  por  completar,  en  su  caso,  el  importe  concedido  al 
propuesto como beneficiario que haya visto reducido su presupuesto para ajustar el 
importe de la propuesta de resolución al importe máximo a comprometer, o proponer la 
concesión de la misma a los siguientes a aquella en orden de puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de las entidades beneficiarias, se haya 
liberado presupuesto suficiente para atenderla/s. Estos últimos dispondrán de un plazo 
de diez días hábiles para aportar la documentación requerida. Si la documentación 
aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud. s
11.  Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se  oe.
entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la  w.
subvención. 757ww
lista1d2o.  deE sl oólircgiatannot eisn sat rluacst oqru efo rsme ulelasr ác ounncae dper olap useusbtave dnec iórne syo lluac cióuna ndteíafi ndieti vlaa,  mciosnm ae.l 
Adedle rmesátso,  dlae  lparso psuoelicsittau ddees .resolución hará constar de manera expresa la desestimación  BOE-A-cable e
13.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la FB, mientras no haya sido notificada o 
publicada la resolución de concesión.
14.  La propuesta de resolución de concesión será sometida a la autorización previa 
del órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Artículo 16.  Criterios de valoración de solicitudes.
1.  Los criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, que podrán sumar 
como máximo 100 puntos, se determinarán de entre los siguientes, en función de la 
convocatoria:
a)  Criterios de calidad técnica de la propuesta, hasta un máximo de 30 puntos. A su 
vez, estos criterios podrán desagregarse en subcriterios cuya ponderación se fijará en 
función de la convocatoria de que se trate, sin que la suma de varios de ellos supere el 
máximo señalado.
b)  Criterios ambientales y sociales, hasta un máximo de 35 puntos. A su vez, estos 
criterios podrán desagregarse en subcriterios cuya ponderación se fijará en función de la 
convocatoria de que se trate, sin que la suma de varios de ellos supere el máximo 
señalado.
2.  Criterios estratégicos, hasta un máximo de 35 puntos. Estos criterios podrán 
desagregarse para adaptarse a la convocatoria correspondiente.
3.  Aquellos proyectos que no obtengan al menos 15 puntos en los criterios de 
calidad  técnica  no  serán  valorados  respecto  a  los  criterios  ambientales,  sociales  y 
estratégicos.
4.  En el caso de constituirse las comisiones bilaterales de valoración recogidas en 
el  Artículo  15.5  de  estas  BBRR,  éstas  evaluaran  los  criterios  estratégicos  de  las 
propuestas de cada comunidad autónoma con una valoración paritaria del 50%.
5.  La calidad será por tanto el criterio por el que se rija el procedimiento de 
evaluación del proyecto y de concesión de financiación al amparo de estas bases. La 
puntuación mínima exigida para poder constituirse como beneficiario será de 50 puntos.
6.  Atendiendo a la calidad de las propuestas contenidas en las solicitudes y a la 
disponibilidad presupuestaria, la FB podrá optar por no comprometer la totalidad del 
presupuesto.
7.  En caso de que dos o más propuestas obtengan la misma puntuación y no haya 
crédito suficiente para atender a todas ellas, se priorizará la propuesta de acuerdo al 
siguiente orden de desempate:
a)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de los criterios 
estratégicos.
b)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios ambientales y 
sociales
c)  Aquella que haya obtenido mayor puntuación en los criterios de calidad técnica.
d)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a las solicitudes por orden de 
entrada en el registro.
Artículo 17.  Resolución. e.
1.  Una vez elevada la propuesta de resolución al órgano competente para resolver,  757ww
este2 d. ictLaará r leas roeluscoilóunc iócno ndteeln pdrroác,e cdoimmieon tmo.ínimo, la relación de los beneficiarios de la
sCuobnvsetanrcáió ing,u aelml etíntutelo d ed eml apnreoryae ecxtop,r elsaa  plau ndteusaecsiótimn aocbiótenn dideal  reys toe ld eim lapso rsteo licciotundceesd.ido.
3.  Esta se publicará en la página web de la FB y se remitirá a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. Esta publicación de la resolución será válida a efectos de 
notificación.
4.  Asimismo, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no 
hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios.
5.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá  exceder  de  seis  meses  a  partir  de  la  publicación  de  la  correspondiente 
convocatoria,  salvo  que  ésta  posponga  sus  efectos  a  un  momento  posterior.  El 
vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  la  resolución  legitima  a  los 
interesados para entender desestimada la solicitud de concesión de la subvención.
6.  El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido 
conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7.  El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones que 
se susciten en relación con el acto de concesión de estas subvenciones, en tanto que 
son otorgadas por una fundación del sector público. Sin perjuicio de lo anterior, quedan 
sujetas  al  control  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  las  potestades 
administrativas ejercidas por los órganos de la administración pública correspondiente, 
respecto de las actuaciones previas y posteriores a este acto recogidas en la Disposición 
Adicional 16.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8.  Cuando la evaluación del número de solicitudes presentadas pudiere suponer un 
incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a 
propuesta motivada del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo máximo 
de  resolución  y  notificación,  no  pudiendo  ser  este  superior  al  establecido  para  la 
tramitación.
Artículo 18.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Las condiciones por las que ha sido concedida la ayuda podrán ser modificadas 
por los siguientes motivos:
a)  Alteración de las condiciones de partida tenidas en cuenta en el momento de 
presentación del proyecto. Estos nuevos condicionantes deberán comunicarse de forma 
fehaciente a la FB, con carácter previo a la finalización del proyecto, a fin de que la 
modificación  sea  aprobada  expresamente  por  la  FB.  Solo  podrá  realizarse  esta 
comunicación hasta 3 meses antes de la finalización del mismo, salvo excepciones 
justificadas.
b)  La obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos otorgados por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma 
actividad que sumadas a las concedidas por la FB superen el coste total de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario. En este caso se procederá a la liquidación de subvención 
en la forma prevista en el artículo 34 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 19.  Indicadores.
1.  Conforme al artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 y al artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, la financiación de los proyectos estará vinculada a su contribución al 
cumplimiento  de  los  objetivos  e  hitos  previstos  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y, para ello la entidad beneficiaria tendrá que aportar la  s
medición de los indicadores requeridos, que se detallarán en la convocatoria. oe.
2.  Asimismo,  y  en  el  marco  de  los  compromisos  del  Plan  de  Recuperación,  w.
pTmrreiandncisiopfaoiomrm bdaieecn iót«annl eoys   cyRa edusesi alirere nsdctaaiauñ roas cesi óigtnen naifdimcráab tiievenont» a,cl ,u Deenon  tpaNa oret ilc Sucilugamnr ifpdicleiaml npietl enHntooa  rcdmue m (lDpolsNim SoieHbn)je totyi v doeesll    2021-15757n https://ww
etiquetado climático y digital asignado en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, establecido por el Reglamento 2021/241, de 12 de febrero. Bc
Artículo 20.  Justificación técnica y económica.
1.  El pago de la ayuda se realizará previa justificación por la entidad beneficiaria o 
agrupación de la realización de la actividad por la que se concedió la ayuda. Para ello, 
finalizada la ejecución, la entidad beneficiaria deberá presentar la documentación técnica 
y económica acreditativa de la realización de la actividad objeto de la ayuda. Así mismo, 
deberá presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que de acuerdo 
con la normativa europea o nacional resulten exigibles en el marco del PRTR.
2.  En los casos de agrupaciones de beneficiarios, la documentación justificativa se 
presentará de forma conjunta y a través del representante señalado por la agrupación en 
el acuerdo de agrupación suscrito por los miembros.
3.  Los beneficiarios o agrupaciones deberán presentar una memoria técnica de 
ejecución de acuerdo con el modelo facilitado.
4.  Así mismo los beneficiarios o agrupaciones deberán presentar una memoria 
económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que podrá adoptar una de 
las  dos  modalidades  siguientes:  Con  aportación  de  justificantes  de  gasto  o  con 
aportación de informe de auditor, conforme a lo establecido en los artículos 72 y 74 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:
a)  Con aportación de justificantes de gasto. La documentación presentada por parte 
de la entidad contendrá:
1.º  Autoliquidación económica, cuyo modelo será remitido por la FB, consistente en 
un listado pormenorizado de todos los documentos probatorios del gasto ejecutado.
2.º  Original o copia compulsada de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en 
la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la documentación 
acreditativa del pago.
3.º  Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el 
correspondiente registro oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.
4.º  Declaración responsable de coste total y de mantenimiento de un sistema de 
contabilidad aparte y especifico en relación con el proyecto subvencionado, o un código 
contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con el proyecto, 
firmada por el representante legal, conforme al modelo facilitado.
5.º  Declaración responsable firmada por el representante legal, conforme modelo 
facilitado,  con  una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan 
financiado  la  actividad  beneficiaria  de  la  ayuda  con  indicación  del  importe  y  su 
procedencia.
6.º  La documentación exigida en el artículo 6 de estas bases reguladoras.
7.º  Toda la documentación original se presentará igualmente digitalizada. La FB 
procederá a la revisión de la veracidad de los documentos escaneados, mediante el 
cotejo con los originales.
b)  Con aportación de informe de auditor. La documentación presentada por parte 
de la entidad contendrá:
1.º  Presentación de una memoria económica abreviada que contendrá los aspectos 
que se detallan en los puntos a).1.º, a).3.º, a).4.º y a).5.º del apartado anterior. En el caso 
de la autoliquidación deberá presentarse firmada y sellada tanto por el auditor como por 
el representante legal. e.e
2.º  Un informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial  b
de  Auditores  de  Cuentas  dependiente  del  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de  757ww
Clouse pnatagso,s s eofbercet ulaa daodse ccuoand lao sc ofonntadboisli zdaec ieósnt ay  acyourrdeac tya  deex pleods iciniógnre dseo slo gse jnuesrtaifidcoasn tpeosr  deel 
yp rloag croanmtaa,b ielind asdu  dcea slao ,e yn teidl adde.stino dado a los mismos, según las normas de estas bases
3.º  El alcance del informe será aquel que permita al auditor obtener evidencia 
suficiente para poder emitir opinión sobre la ejecución de los gastos del proyecto y 
deberá regirse por lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que 
se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los 
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector 
público estatal, previstos en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4.º  En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor. En el 
supuesto en que el beneficiario no esté obligado a auditar sus cuentas anuales, la 
designación del auditor de cuentas será realizada por él.
5.º  El beneficiario estará obligado a poner a disposición del auditor de cuentas 
cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a 
conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.
5.  Las  entidades  podrán  contar  con  una  desviación  del  15%  entre  partidas 
presupuestarias justificadas a la FB. De esta forma, el menor gasto total en una partida 
puede quedar compensado con un mayor gasto en otra hasta el límite máximo del 15% y 
siempre que el importe de las mismas lo permita.
6.  El plazo de presentación de los documentos anteriores será de dos meses desde 
la finalización del plazo para la realización de la actividad. La FB podrá conceder una 
prórroga del mencionado plazo, que deberá ser solicitada por escrito y debidamente 
justificada  por  el  beneficiario.  Esta  prórroga  no  podrá  exceder  la  mitad  del  plazo 
inicialmente concedido para la justificación.
7.  Si transcurrido el plazo establecido de justificación, sin que se haya presentado 
la misma, se requerirá a la entidad beneficiaria, para que en el plazo improrrogable de 15 
días sea presentado. Si transcurrido este último plazo no se recibe documentación, se 
procederá a la liquidación del proyecto.
8.  La FB se reserva la capacidad de exigir, en general, la comprobación de la 
correcta aplicación de la ayuda y la de requerir la presentación de los documentos 
justificativos adicionales que se consideren precisos, con independencia de la modalidad 
que adopte la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación que las normas vigentes atribuyen a la 
Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas o a otros 
órganos. Así mismo, la FB podrá comprobar el valor de mercado de los gastos objeto de 
la ayuda.
9.  En todos los casos, la entidad beneficiaria o agrupación deberá justificar el 100% 
del gasto del proyecto, independientemente de la ayuda concedida por la FB.
10.  Se realizarán liquidaciones parciales de aquellos proyectos cuya duración sea 
igual o superior a tres años, una vez alcanzada la mitad del periodo de ejecución. Estas 
liquidaciones requerirán la documentación y condiciones exigidas en este artículo. En el 
caso de entidades que hayan recibido un anticipo, en el importe resultante a pagar de la 
liquidación parcial, se tendrá en cuenta dicho anticipo.
11.  Lo establecido en estas bases se entiende sin perjuicio del control financiero 
previsto en artículos 141 y siguientes de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria y en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 21.  Reintegro y criterios de graduación de los incumplimientos. e.
1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de  757ww
qddsiuee eem 1s os7 ear a dna etcce ournrieoorerrvd siaeep  moélansb dtpraeire,o.  nceSteneed   ldeoeensjesc cdriacaee s dreoeáls l  m prpeoorirenm vteeeilsgn tórtooorsg ,  daoeen nlloa  pl  ofaqesguc oeah  radctí eocq ruulraleeo  sssep ul3 obd6nve deuyan d 3codi7róe  nildn  eMgh railenassi tsLaete  eelayrli   or3fee 8picn/ah2trea0ag 0 er3lona,     OE-A-2021-15able en https://
Transición Ecológica y el Reto Demográfico de acuerdo a lo previsto en la disposición 
adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se podrá producir la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda o, en 
su caso, el reintegro de las cantidades percibidas cuando se ponga de manifiesto el 
incumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, estableciendo, 
según el principio de proporcionalidad, la siguiente graduación:
a)  Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: 100%.
b)  Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: 100%.
c)  Incumplimiento  parcial  de  los  fines  para  los  que  se  presentó  la  solicitud: 
Proporcional a los objetivos no cumplidos.
d)  En el caso de incumplimientos de las condiciones económicas, no se aceptará 
el 100% de aquellos gastos que no cumplan los aspectos reflejados en los artículos 6 y 7 
relativo a gastos subvencionables.
e)  Incumplimiento de las medidas de difusión: hasta el 50% en caso de ausencia de 
logotipo de la FB y de su mención, no respeto de la imagen corporativa de la FB o 
colocación del logotipo en un lugar no preferente o igual que otras entidades cuya 
aportación a la actividad sea menor. En el caso de que estos materiales tengan asociado 
un gasto directamente vinculable, se podrán considerar no elegibles. Hasta el 5% en el 
caso  de  inclusión  de  logotipos  o  menciones  incorrectas  como  organizadores, 
patrocinadores o colaboradores a entidades que cobran por sus servicios en el proyecto 
o entidades no colaboradoras. Hasta un máximo del 5% de la ayuda concedida en el 
caso  de  mención,  en  cualquier  documento,  de  entidades  no  colaboradoras,  sin 
autorización de la FB.
f)  Incumplimiento  de  condiciones  técnicas:  hasta  el  100%  del  gasto  concreto 
presentado para su ejecución en caso de realización de modificaciones no autorizadas 
en las actividades del proyecto.
g)  Incumplimiento relativo a la falta de consecución de alguno de los resultados o 
productos  de  la  actividad,  o  calidad  inferior  a  la  esperada  en  los  mismos,  sin  la 
justificación  adecuada  del  esfuerzo  realizado  para  su  consecución.  Proporcional  al 
incumplimiento en la consecución de los resultados o productos previstos y aprobados 
inicialmente.
h)  Incumplimiento  relativo  al  principio  «Do  No  Significant  Harm»  DNSH,  del 
etiquetado climático o de sus condiciones de cumplimiento, así como de los hitos y 
objetivos y de cualquier aspecto normativo vinculado al PRTR; hasta el 100% de la 
ayuda.
3.  En caso de concurrencia de motivos de reducción de la misma naturaleza se 
acumularán  respetando  el  principio  de  proporcionalidad  y  serán  de  aplicación  para 
determinar  la  cantidad  que  finalmente  haya  de  recibir  el  beneficiario.  En  caso  de 
concurrencia  de  varios  incumplimientos  de  distinta  naturaleza  se  aplicará  un  único 
motivo para determinar la cantidad a percibir o reintegrar, en su caso, que resultará ser el 
de mayor importe. Por lo tanto, en el caso en que las causas no sean de la misma 
naturaleza, no se consideran acumulativas.
4.  No obstante, lo anterior, en los siguientes casos la minoración será siempre 
acumulativa al resto de causas detalladas en los puntos anteriores:
a)  No facilitar las funciones de seguimiento o control del proyecto. Hasta un máximo 
de 100% de la ayuda concedida. s
b)  No enviar en forma y plazo la documentación justificativa. Hasta un máximo  oe.
de 100% de la ayuda concedida. 757www.
Artículo 22.  Difusión de la información.
finan1c. iadToosd ap olar  lian foFrBm paocidórná nté scenri ceam yp leela mdoaste prioarl  laau mdioisvmisau apla drae rsivua ddoif udseió nlo sa  ptrraovyéesc tdoes 
sus canales (página web, redes sociales, otros) al objeto de garantizar su difusión, 
general conocimiento y puesta en valor.
2.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de difusión 
marcadas en los manuales de la FB, en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y otras impuestas por la Unión Europea.
3.  En el caso de los resultados generados por la actividad investigadora de los 
proyectos  financiados,  los  resultados  publicados  en  publicaciones  de  investigación 
seriadas o periódicas deberán hacerse públicos en repositorios de acceso abierto en los 
términos y condiciones previstos en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En cumplimiento de esta obligación, dichos datos 
podrán incorporarse al Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al 
Banco de Datos de la Naturaleza y habrán de presentarse con las características y 
especificidades técnicas para tal fin.
Artículo 23.  Publicidad e información.
1.  El texto completo de las presentes bases reguladoras se podrá consultar en la 
página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Los  beneficiarios  deberán  dar  publicidad  de  las  ayudas  percibidas  en  los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 24.  Protección de datos.
Estas ayudas estarán sujetas a la normativa vigente en materia de protección de 
datos  actuando  en  este  sentido  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
CAPÍTULO II
Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., para el 
fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia
Artículo 25.  Objeto de la convocatoria.
1.  El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas para el fomento de 
actividades  que  contribuyan  a  la  renaturalización  urbana,  incrementando  la 
infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de 
incrementar la biodiversidad y su conservación y la adaptación al cambio global y de 
mejorar la habitabilidad de las capitales de provincia y otras ciudades españolas de más 
de 50.000 habitantes. Estos proyectos abordarán de forma integral estos objetivos y sus 
resultados deberán ser por sí mismos perdurables en el tiempo.
2.  Estas  ayudas  complementan  la  consecución  de  los  objetivos  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente. Apoyarán el cumplimiento  e.
del  componente  4  «alcanzar  un  buen  estado  de  conservación  de  los  ecosistemas  w.
mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria». Para ello, se realizarán  757ww
ya ctfuoamceionntoe s dreec olag idcaosn eecnt ilvai dinavde res ióinn ic3i a(tCiv4a.sI3 ),e n« reesntatourrnaocsió nu rdbea neocso sidsetesmtinaasd naast uara lesus 
irmevpelerdmeecnimtaiecinótno  dye  laa creefrocarmmaie 2n,t o« redseta ulara cnióantu drael eezcao»s,i stqeumea sa peo inyafrraáens trau ctsuur a vveezr dea» .la  BOE-A-cable e
3.  Se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los 
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como con los principios de eficacia y eficiencia de la gestión de las mismas.
Artículo 26.  Beneficiarios.
1.  Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las siguientes entidades:
a)  Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más 
de 50.000 habitantes conforme al censo oficial proporcionado por el INE 2020.
2.  Podrán así mismo obtener la condición de beneficiarias las siguientes entidades, 
siempre y cuando se integren en agrupaciones de beneficiarios junto con al menos un 
municipio que cumpla las condiciones del apartado 1.a), que deberá en todos los casos 
actuar como representante de la agrupación:
a)  Ayuntamientos de municipios que cuenten con una población de más de 20.000 
habitantes.
b)  Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando estas entidades realicen 
actividades económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas 
últimas.
c)  Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y 
de las Comunidades Autónomas.
d)  Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
e)  Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin 
ánimo lucro de ámbito estatal que estén inscritos en el Registro de centros creado por el 
Real  Decreto  2093/2008,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  los  centros 
tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales centros.
f)  Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o 
en la normativa que los regule tengan la I+D+i como actividad principal.
3.  En el supuesto de agrupaciones deberán cumplir las condiciones del artículo 2.3. 
Para todos los casos, los municipios que integren las agrupaciones, deben ser limítrofes 
y participar de un proyecto común.
4.  Para poder alcanzar la condición de beneficiario deberán reunir los siguientes 
requisitos:
a)  Estar  válidamente  constituidas,  debidamente  inscritas  en  el  registro 
correspondiente y tener domicilio en territorio español.
b)  No  concurrir  en  alguna  de  las  circunstancias  invalidantes  previstas  en  el 
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
c)  En el caso de las tipologías de beneficiarios de los apartados 1.a) y 2.a), además 
de lo anterior, deberán contar con la aprobación de la propuesta por el órgano de 
gobierno de la entidad local, con la aprobación de la obligación plurianual del gasto en 
caso de selección del proyecto y con los informes favorables de la Secretaría del 
Ayuntamiento,  de  la  Intervención  Municipal  y  de  los  servicios  técnicos  municipales 
correspondientes. es
Artículo 27.  Actividad objeto de financiación. 757www.
plan1if.i caScieórná n(t iopboj eAt)o y d dee f iinmapnlecimaceinótna cloiósn s digeu aiecnctieosn etsip eons  edle t earcrittiovirdioa d(teipso,  dBe). estrategia y
2.  Descripción de la tipología de acciones:
a)  Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación 
urbanística sostenible, planes de adaptación al cambio climático relacionados con la 
renaturalización urbana y fluvial, o de liberación de espacio dedicado a la movilidad 
privada que permitan la renaturalización urbana (estrategias de movilidad sostenible y 
espacio público), que contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación.
b)  Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, 
área periurbana y urbana, barrio, edificio o manzana. Se podrá considerar, entre otras, la 
siguiente tipología de acciones:
1.º  Creación,  restauración  ecológica,  conexión  de  espacios  naturales,  que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación: anillos verdes, bosques, 
espacios  naturales  abiertos,  espacios  agrícolas  y  áreas  azules  como  cuerpos 
hidrográficos, ríos y todo tipo de cauces, deltas y zonas costeras y conectores verdes 
con el espacio periurbano. Además de ampliar, mejorar y consolidar la masa vegetal, se 
trata de implantar la utilización de especies autóctonas, diversificar las especies de 
arbolado y arbustivas, sustituir céspedes de alto consumo hídrico por prados naturales, 
favorecer especies que pueden adaptarse mejor a los impactos previstos del cambio 
climático, mejorar la gestión de la poda, implantar la gestión integrada de plagas y otros 
criterios  y  actividades  que  contribuyan  a  naturalizar  y  enriquecer  la  biodiversidad 
autóctona de los espacios verdes urbanos.
2.º  Liberación de espacio público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para 
su renaturalización, creación de huertos urbanos, desarrollo de espacios verdes en la vía 
pública y sendas peatonales, instalación de pavimentos filtrantes y drenajes sostenibles, 
jardines de lluvia, parques inundables, otras actuaciones.
3.º  Renaturalización  y  fomento  de  la  biodiversidad  autóctona,  mejora  de  la 
nidificación, prevención y reducción de las especies exóticas invasoras, apoyo a la 
conservación de los polinizadores, proyectos de gestión del ciclo integral del agua, y 
restauración  fluvial,  sistemas  urbanos  de  drenaje  sostenible,  disminución  de  la 
impermeabilización  de  las  ciudades,  eliminación  de  prácticas  perjudiciales  para  la 
biodiversidad,  micro-infraestructuras  azules  (charcas  y  similares),  gestión  de  los 
materiales y compostaje comunitario, otras actuaciones.
4.º  Actuaciones sobre edificios. Incorporar criterios para asegurar la conservación y 
fomento de fauna silvestre ligada a edificios y se aseguren las oquedades que sirven de 
refugio  para  aves  y  murciélagos,  desarrollo  de  cubiertas  verdes  y  fachadas,  otras 
actuaciones.
3.  Las actividades presentadas deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)  Todas las actividades de implementación directa en el territorio que se vayan a 
desarrollar (tipo B) deberán estar enmarcadas en un plan o estrategia (tipo A). Si el 
ayuntamiento ya dispone de un plan o estrategia en la que enmarcar sus actividades no 
sería necesario elaborarlo.
b)  Aquellos ayuntamientos que no dispongan de una estrategia previa, o que aun 
disponiendo  de  una  deban  actualizarla  para  poder  dar  cabida  a  las  acciones  de 
intervención directa, deberán desarrollarla en el marco de esta convocatoria de forma 
previa o paralela al desarrollo de actividades del tipo B.
c)  Todos los proyectos deberán desarrollar actividades de implementación directa 
en el territorio (tipo B). e.
4.  Los  proyectos  deberán  incluir  de  forma  obligatoria  y  transversal  a  toda  la  757ww
propabu))e  sPPtall aalanns  dd seei  ggcuooimebneutrnenisac naazccaicó inyo  npye assre:tincsipibaicliizóanc.ión. OE-A-2021-15able en https://
c)  Plan de medición y seguimiento de indicadores.
5.  El ámbito de actuación de la actividad objeto de las ayudas comprende todo el 
territorio nacional.
6.  Las acciones no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para los 
beneficiarios.
Artículo 28.  Dotación de la convocatoria, cofinanciación y plazo de ejecución.
1.  La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 58.000.000,00 €.
2.  El importe máximo de la ayuda a conceder por cada solicitud de ayuda será de 
hasta 4.000.000,00 €.
3.  El importe mínimo de la ayuda a conceder por cada solicitud de ayuda será de al 
menos 2.000.000,00 €.
4.  El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el 95% del total del 
presupuesto del proyecto presentado.
5.  El proyecto deberá dar comienzo a partir de la resolución de la convocatoria y no 
podrá finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas.
6.  Como  máximo,  se  admitirá  para  su  evaluación  una  propuesta  por  entidad 
solicitante (que actúe como representante). Se atenderá, a efectos de solicitante, a un 
NIF único por entidad. En esa propuesta por entidad no contarán las propuestas en las 
que esa entidad forme parte de una agrupación sin que sea representante de la misma.
7.  Esta  convocatoria  se  desarrollará  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de acuerdo con los fondos a asignar en el 
presupuesto de gastos de la FB para 2021, es objeto de financiación mediante los 
recursos  financieros  derivados  del  Instrumento  Europeo  de  Recuperación  («Next 
Generation EU»). La concesión de las subvenciones queda condicionada a la vigencia y 
suficiencia del citado presupuesto. Cabe señalar que el anexo a la Decisión Ejecutiva del 
Consejo sobre la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España (Council Implementing Decision-CID), indica que la inversión 3 del componente 4 
concluirá a más tardar en junio de 2026.
8.  De acuerdo con el artículo 64 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
se tramita de forma anticipada a la obtención del crédito disponible esta convocatoria 
financiable  con  fondos  europeos,  toda  vez  que  se  ha  solicitado  la  correspondiente 
modificación  presupuestaria  necesaria  para  la  disposición  del  crédito  aplicable, 
quedando la concesión supeditada a la aprobación de dicha modificación.
Artículo 29.  Anticipo y garantías.
1.  Las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un  anticipo  de  la  ayuda  cuyo 
porcentaje se será de hasta un máximo del 60%.
2.  En los proyectos de 3 o más años de duración, si tras la liquidación parcial del 
proyecto se determina que este ha superado el 50% de gasto correctamente ejecutado 
conforme  al  presupuesto  aprobado,  las  entidades  beneficiarias  podrán  solicitar  un 
segundo  anticipo  la  ayuda  cuyo  porcentaje  será  de  hasta  un  máximo  del  20%, 
constituyendo la garantía correspondiente a favor de la FB por el importe solicitado, 
conforme al siguiente punto.
3.  En el caso de que se solicite este anticipo, las entidades beneficiarias o la 
responsable de la agrupación quedan obligadas a constituir una garantía a favor de la FB 
por el importe solicitado, hasta el 31/12/2026. No hay exoneraciones para la petición de 
esta garantía bancaria. es
4.  Para  el  pago  del  anticipo  se  requerirá  la  presentación  del  resguardo  de  bo
constitución de alguna de las garantías, de acuerdo a lo que describe el artículo 10 de la  757ww
oacorndrtriec5ieni.pn  doteesL   obdsaec slo bepnesac.negedofi iddcoieas r liaossa  notdbeelrig ioalrocmsio ennaetnest i cdiecpo ornse  edmceabbroeglrsoáo n d aea  cclrouesad lietascrqr éuqdieuitreoa s  osetre ossep nepccruéífesicntaatrmmanoe sn taoel    OE-A-2021-15able en https://
consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado.
Corresponderá a la FB comprobar el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad 
al  pago,  exigiendo,  cuando  no  pueda  acreditarse  de  otro  modo,  una  declaración 
responsable del beneficiario o certificación del órgano competente si éste fuere una 
administración pública.
Artículo 30.  Procedimiento de concesión.
1.  El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva 
mediante los procedimientos de selección que se establecen en la orden de bases 
reguladoras  y  en  esta  convocatoria,  conforme  a  los  principios  de  publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que 
señala el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Se  podrá  exceptuar  del  requisito  de  fijar  un  orden  de  prelación  entre  las 
solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el 
crédito  consignado  en  la  convocatoria  fuera  suficiente,  atendiendo  al  número  de 
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3.  El procedimiento de concesión se regulará por lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  su  disposición  adicional 
decimosexta, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por las bases reguladoras.
Artículo 31.  Órganos competentes.
1.  El órgano competente para aprobar la convocatoria del procedimiento será la 
persona titular de la Dirección de la FB.
2.  La instrucción y ordenación del procedimiento corresponde a la persona titular de 
la Subdirección Jurídica, Financiera y de Capital Humano de la FB, denominado órgano 
instructor.
3.  El comité de evaluación es el órgano colegiado encargado de la evaluación de 
las solicitudes.
4.  El comité de evaluación estará integrado por una presidencia, cuatro vocales y 
una Secretaría, con voz pero sin voto. La presidencia la ejercerá la persona titular de la 
Subdirección  de  Biodiversidad  y  Cambio  Climático  de  la  FB,  y  las  vocalías 
corresponderán  a  las  personas  titulares  de  la  coordinación  de  las  áreas  de  (i) 
Renaturalización Urbana y Resiliencia, (ii) de Proyectos y Convocatorias propias y (iii) de 
la Subdirección de Economía Verde y Azul y Relaciones Internacionales de la FB, así 
como a un (iv) representante de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y 
Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico designado por 
su titular. La secretaría corresponderá a la persona titular de la Coordinación del área de 
la secretaría general de la FB.
5.  El régimen de funcionamiento será el previsto para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.  Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la persona titular de 
la Dirección de la FB, previa autorización del órgano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico que corresponda, conforme a lo dispuesto por la 
disposición adicional decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 32.  Presentación de solicitudes.
1.  La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la  oe.
página web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte de la entidad solicitante,  w.
a través de la herramienta habilitada al efecto. 757ww
2.  Al formulario de solicitud, en el que se indicarán los datos de la entidad y del 
proyecto, se acompañará la siguiente documentación:
a)  Declaración responsable firmada por el representante legal.
b)  Declaración responsable firmada por el representante legal de cumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» DNSH.
c)  Documentación  de  carácter  técnico  del  proyecto:  marco  lógico,  fichas 
descriptivas de las actividades previstas, presupuesto, recursos humanos, cronograma y 
evaluación preliminar del principio DNSH.
d)  Para aquellos solicitantes que concurran en las circunstancias establecidas en el 
artículo 26 1.a) y 26 2.a), deberán presentar además la siguiente documentación:
1.º  La aprobación de la propuesta de proyecto por el órgano competente de la 
entidad local, con la aprobación de la obligación plurianual del gasto en el supuesto de 
que el proyecto fuese finalmente beneficiario de la ayuda.
2.º  Informe favorable del proyecto por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.
3.º  Informe favorable del proyecto por parte de la Intervención Municipal.
4.º  Informe favorable de los servicios técnicos municipales correspondientes.
e)  Documentación relativa a la entidad o entidades solicitantes:
1.º  Estatutos o documento en vigor donde consten las normas por las que se regula 
la actividad de la entidad. Las Administraciones Públicas, en su caso, están exentas de 
la entrega de este documento. 
2.º  Poder o documento que acredite la representación con que se actúa. 
3.º  Documento  acreditativo  de  la  inscripción  de  la  entidad  en  el  Registro 
Administrativo correspondiente, cuando la misma sea necesaria o documento justificativo 
de la no obligatoriedad de inscripción en registro. Las Administraciones Públicas, en su 
caso, están exentas de la entrega de este documento. 
4.º  En  el  caso  de  las  agrupaciones,  el  acuerdo  interno  firmado  por 
los representantes legales de las entidades integrantes al que se refiere el artículo 2 de 
la orden de bases.
5.º  Declaración expresa firmada por el representante legal que incluya relación 
exhaustiva y detallada de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos concedidos 
para financiar las mismas actuaciones objeto de la subvención. Esta declaración expresa 
deberá llevarse a cabo en el momento de presentar la solicitud y en cualquier otro 
momento, tan pronto como sea conocida, la mencionada concurrencia. 
3.  En el caso de las agrupaciones, se deberá aportar la documentación referida en 
el apartado 2.a), b), d) y e) de este artículo de cada una de las entidades integrantes, a 
excepción del acuerdo de agrupación que será único.
4.  En el caso de que la entidad ya forme parte del Registro de Beneficiarios de la 
FB,  y  la  organización  no  haya  sufrido  ningún  cambio  administrativo  o  de 
su representante legal desde su inclusión en el registro, no es necesario presentar la 
documentación prevista en los apartados 2.e)1.º, 2.º y 3.º Para ello se deberá indicar el 
número de beneficiario en el formulario de solicitud. Este número se podrá consultar en 
la web de la FB y si es anterior al año 2015 se deberá aportar la documentación en todo 
caso.
5.  La entidad podrá adjuntar cartas de apoyo al proyecto de otras entidades e 
instituciones, como documentación adicional a la solicitud.  e.e
6.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al  b
interesado, para que, en el plazo máximo de diez días subsane la falta o acompañe los  757ww
ldeo tceunmderán tpoosr  pdreesciesptitdivoo dse,  csoun  saodlivceitrutde,n cdiea  adceu qeurdeo,  scio nno l olo e hsitcaiebsleec, idyo p reenv ieal  raerstíocluulcoi ó6n8,  dsee 
la Le7y.  39L/a2 0d1o5c, udme e1n dtaec ioócnt ubdree .carácter  técnico  del  proyecto  a  la  que  se  refiere  el
apartado 2.c) no será susceptible de subsanación.
8.  Los solicitantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. 
9.  Las  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes,  deberán  realizarse  conforme  a  la  normativa  nacional  y 
europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
Artículo 33.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir del 
día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».
2.  Las solicitudes se presentarán conforme a los modelos oficiales facilitados, que 
permitan  la  adecuada  valoración  de  la  propuesta,  dentro  de  los  plazos  y  cauces 
establecidos  en  las  bases  reguladoras  y  convocatoria.  En  caso  contrario  no  serán 
tenidas en cuenta.
Artículo 34.  Procedimiento de evaluación.
1.  De acuerdo al procedimiento de evaluación establecido en el artículo 15 de las 
bases reguladoras, el órgano instructor realizará las actuaciones que estime necesarias 
de las definidas en el artículo 24.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Habrá una fase de preevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
3.  El  comité  de  evaluación  valorará  las  solicitudes  de  acuerdo  a  los  criterios 
objetivos a que se refiere el artículo 35.
4.  El  comité  someterá  a  consulta  de  la  Dirección  General  de  Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación y de la Dirección General de la Oficina de Cambio Climático, 
así  como  de  las  personas  expertas  que  se  considere  convenientes  las  propuestas 
presentadas y podrá recabar cuantos informes estime oportunos de las áreas técnicas 
de la FB.
5.  El comité de evaluación establecerá una Comisión Bilateral de Valoración con la 
Dirección  General  de  Medio  Natural/Medio  Ambiente/Biodiversidad  (o  que  asuma 
competencias homólogas) de aquellas comunidades autónomas en las que se sitúen los 
municipios de las propuestas que hayan superado el umbral mínimo de los criterios de 
calidad  técnica.  Esta  Comisión  valorará  los  Criterios  Estratégicos  definidos  en  el 
artículo 35. Si una propuesta presentara municipios de dos Comunidades Autónomas, 
ambas participarán de la valoración.
6.  Tras la evaluación, junto a los comités bilaterales de valoración de las solicitudes 
presentadas, el comité de evaluación emitirá un informe en el que se concretará el 
resultado final de la valoración.
7.  El órgano instructor, a la vista del informe del comité de evaluación, formulará 
propuesta de resolución provisional. Cuando el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se instará al 
propuesto como beneficiario a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 61 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.
8.  Esta propuesta de resolución provisional se notificará a los propuestos como 
beneficiarios para que, en el plazo de diez días hábiles, aporten los documentos que se  es
detallan a continuación para cumplimentar en este acto: bo
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b)  Formulario de solicitud modificado.
c)  Marco Lógico reformulado. Bc
d)  Fichas descriptivas de las actividades modificadas.
e)  Presupuesto reformulado.
f)  Cronograma reformulado.
g)  Evaluación preliminar DNSH reformulada, si aplica.
h)  Recursos humanos reformulado.
i)  Solo en el caso de agrupaciones de personas jurídicas, el acuerdo de agrupación 
actualizado, en caso de reformulación, firmado por la representación legal.
j)  Certificación administrativa positiva vigente expedida por el órgano competente 
que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias referido al cumplimiento de la 
Ley de Subvenciones. El certificado deberá tener una validez de 6 meses a contar desde 
la fecha de expedición y extender su validez hasta la fecha máxima de resolución de la 
convocatoria.
k)  Certificación administrativa positiva vigente expedida por el órgano competente 
que acredite el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social referido al 
cumplimiento de la Ley de Subvenciones. El certificado deberá tener una validez de 6 
meses a contar desde la fecha de expedición y extender su validez hasta la fecha 
máxima de resolución de la convocatoria.
9.  En el caso de las agrupaciones, se deberá aportar la documentación referida en 
el apartado 8.j) y 8.k) de cada una de las entidades integrantes.
10.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole  que  si  no  lo  hiciese  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  solicitud,  previa 
resolución en los términos previstos en los artículos 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y el 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
11.  Si alguno de los propuestos como beneficiarios no aceptase la ayuda o se 
comprobase que no cumplen con los requisitos para serlo a la vista de la documentación 
facilitada,  se  podrá  optar  bien  por  completar,  en  su  caso,  el  importe  concedido  al 
propuesto como beneficiario que haya visto reducido su presupuesto para ajustar el 
importe de la propuesta de resolución al importe máximo a comprometer, o proponer la 
concesión de la misma a los siguientes a aquella en orden de puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia por parte de alguno de las entidades beneficiarias, se haya 
liberado presupuesto suficiente para atenderla/s. Estos últimos dispondrán de un plazo 
de diez días hábiles para aportar la documentación del punto 8. Si la documentación 
aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el 
plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
12.  Transcurrido el plazo sin que se hayan aportado los documentos exigidos, se 
entenderá que la entidad propuesta como beneficiaria renuncia a la concesión de la 
subvención.
13.  El órgano instructor formulará una propuesta de resolución definitiva, con el 
listado de solicitantes a las que se les concede la subvención y la cuantía de la misma. 
Además, la propuesta de resolución hará constar de manera expresa la desestimación 
del resto de las solicitudes.
14.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la FB, mientras no haya sido notificada o 
publicada la resolución de concesión.
15.  La propuesta de resolución de concesión será sometida a la autorización previa  e.
del órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  w.b
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003,  757ww
de 17 de noviembre.
Artículo 35.  Criterios de valoración de solicitudes.
1.  Las solicitudes serán evaluadas conforme a los siguientes criterios y subcriterios 
de evaluación:
Criterios técnicos 65
Criterios de calidad técnica de la propuesta 30
Actuaciones coherentes, detalladas, realizables y necesarias para alcanzar los objetivos del 
6
proyecto.
Resultados adecuados, cuantificables y verificables, a problemas identificados 4
Estrategia de gobernanza y participación completa y coherente en el marco de las 
3
actividades a realizar.
Estrategia de sensibilización y comunicación adecuada al proyecto presentado y al objetivo 
3
de la convocatoria.
Medidas de evaluación periódica y seguimiento adecuadas al proyecto presentado y al 
3
objetivo de la convocatoria.
Recursos humanos adecuados y suficientes. 2
Cronograma realista y adecuado a las acciones y resultados previstos en el proyecto 2
Presupuesto adecuadamente dimensionado a objetivos y resultados y justificación de la 
7
necesidad de los gastos del proyecto adecuada.
Criterios ambientales y sociales 35
Mejora de la conectividad natural y de las infraestructuras verdes y azules. 6
Contribución a la adaptación al cambio climático (el proyecto contribuye a mejorar la 
capacidad adaptativa de la ciudad frente a los impactos del cambio climático y/o su  7
respuesta frente a eventos extremos).
Contribución al control de las variables de entorno urbanas (contaminación atmosférica, 
3
ruido, temperatura, etc.).
Contribución a recuperar, conservar y/o restaurar la biodiversidad urbana. 7
Contribución a una accesibilidad urbana equitativa e igualitaria. 2
Impacto positivo en salud y bienestar de los ciudadanos. 3
Facilitación de modos de vida más sostenibles (movilidad, reciclaje, uso público…). 3
Contribución a la dinamización de la actividad económica y generación de empleos verdes. 4
Criterios estratégicos 35
Contribución, sinergias y complementariedad en el marco de políticas, estrategias, planes o 
10
programas público.
Agrupación completa y coherente. 5
Carácter innovador (la propuesta aporta soluciones que resuelven múltiples problemas 
simultáneamente y potencia las sinergias entre distintos ámbitos: biodiversidad, cambio  10
climático, calidad ambiental, etc.)
Pesecrdaularsa.bilidad de los resultados del proyecto y transferibilidad o replicabilidad a otras  10 oe.es
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comité  de  evaluación  y  la  Dirección  General  de  Medio  Natural/Medio  Ambiente/
Biodiversidad  de  las  comunidades  autónomas  en  donde  se  hayan  presentado 
propuestas. Estas comisiones evaluarán los criterios estratégicos de las propuestas de 
cada comunidad autónoma con una valoración paritaria al 50%.
4.  La calidad será por tanto el criterio por el que se rija el procedimiento de 
evaluación  del  proyecto  y  de  concesión  de  financiación  en  el  marco  de  esta 
convocatoria. La puntuación mínima exigida para poder constituirse como beneficiario 
será de 50 puntos.
5.  Atendiendo a la calidad de las propuestas contenidas en las solicitudes y a la 
disponibilidad presupuestaria, la FB podrá optar por no comprometer la totalidad del 
presupuesto.
Artículo 36.  Resolución.
1.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses, computado a partir de la fecha de cierre del plazo de 
solicitudes que figura en el artículo 33. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud 
de concesión de la subvención.
2.  De acuerdo al artículo 17 de la orden de bases, la resolución se publicará en la 
página web de la FB y se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Esta 
publicación de la resolución será válida a efectos de notificación.
3.  Asimismo, se publicará un listado de aquellos beneficiarios cuyas solicitudes no 
hayan sido admitidas o no alcancen la valoración suficiente para ser beneficiarios.
4.  El citado plazo para dictar la resolución de concesión podrá ser suspendido 
conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones que 
se susciten en relación con el acto de concesión de estas subvenciones, en tanto que 
son otorgadas por una fundación del sector público. Sin perjuicio de lo anterior, quedan 
sujetas  al  control  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  las  potestades 
administrativas ejercidas por los órganos de la administración pública correspondiente, 
respecto de las actuaciones previas y posteriores a este acto recogidas en la Disposición 
Adicional 16.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6.  Cuando la evaluación del número de solicitudes presentadas pudiere suponer un 
incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a 
propuesta motivada del órgano instructor, podrá acordar la ampliación del plazo máximo 
de  resolución  y  notificación,  no  pudiendo  ser  este  superior  al  establecido  para  la 
tramitación.
Artículo 37.  Seguimiento y control de las ayudas.
1.  La FB nombrará a un responsable que será el encargado del seguimiento del 
proyecto junto con la persona designada por la entidad beneficiaria como responsable 
del mismo.
2.  Se deberá comunicar cualquier cambio en el nombramiento de las personas 
responsables.
3.  El seguimiento y comprobación del estado de ejecución del proyecto, de las 
actuaciones  y  del  cumplimiento  de  objetivos,  se  podrá  llevar  a  cabo  a  través  de 
reuniones,  visitas  in  situ,  petición  y  evaluación  de  documentación,  e  informes  de 
seguimiento. Con este objetivo, el beneficiario remitirá a la FB, cuando esta lo solicite, un  es
informe de seguimiento con los trabajos desarrollados hasta ese momento incluyendo los  bo
indicadores establecidos en el artículo 39. En especial, el beneficiario deberá reportar en  757ww
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naturalización».
4.  Así mismo, el beneficiario deberá remitir la información que le sea solicitada para 
dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del PRTR, informando 
de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la 
normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la 
financiación y los objetivos.
5.  Los  modelos  para  el  seguimiento  y  comprobación  de  las  ayudas,  serán 
proporcionados por la FB donde se establecerán los datos y formatos necesarios a 
recabar por el beneficiario.
6.  FB convocará al beneficiario a tantas reuniones de seguimiento como se estimen 
necesarias para garantizar la correcta ejecución de los fondos.
Artículo 38.  Difusión de la información de los proyectos.
1.  Las entidades beneficiarias deberán aportar un resumen ejecutivo de carácter 
divulgativo  de  su  proyecto  junto  con  la  memoria  final  del  proyecto  en  la  fase  de 
justificación.  Este  resumen  ejecutivo  será  considerado  como  un  producto  final  del 
proyecto y podrá ser utilizado para la comunicación y difusión de los resultados del 
mismo. En el caso de que la FB pudiera estar interesada en el uso de los resultados 
generados en los proyectos beneficiarios de esta convocatoria, estos serán requeridos a 
la entidad beneficiaria para su cesión.
Artículo 39.  Indicadores.
1.  Conforme al artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 y al artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, la financiación de los proyectos estará vinculada al cumplimiento de 
los objetivos e hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y, para ello la entidad beneficiaria tendrá que aportar la medición de los indicadores 
requeridos.
2.  En particular, esta convocatoria deberá complementar y apoyar la consecución 
del objetivo 71 (C4.I3) del PRTR: «al menos 30.000 hectáreas cubiertas por acciones 
completadas de restauración de ecosistemas en territorios o ecosistemas degradados, 
incluyendo la eliminación de elementos artificiales, mejoramiento del suelo y morfología, 
y revegetación y naturalización».
3.  Para el seguimiento de este y otros objetivos de la convocatoria, los indicadores 
a reportar serán, al menos, los siguientes:
a)  Número de habitantes beneficiados por las intervenciones desagregados por 
género.
b)  Superficie de espacio público liberadas para la renaturalización.
c)  Superficie de cuerpos hidrográficos restaurados.
d)  Número de especies exóticas invasoras sobre las que se ha actuado.
e)  Superficie de cubiertas verdes creadas.
f)  Superficie de áreas verdes creadas/restauradas/conectadas o renaturalizadas (ha).
4.  Las acciones se verificarán con la emisión del informe técnico intermedio e 
informe técnico final presentado en las correspondientes justificaciones, así como en los 
informes de seguimiento cuando se soliciten.
5.  Asimismo,  y  en  el  marco  de  los  compromisos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se tendrá en cuenta el pleno cumplimiento del principio «Do  e.
No Significant Harm» (DNSH) y el etiquetado climático y digital asignado en el PRTR,  w.b
establecido por el Reglamento 2021/241 de 12 de febrero. 757ww
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
La concesión de estas subvenciones se ajusta a lo establecido en el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica  el  Reglamento  (UE)  2019/2088,  el  Reglamento  2018/1046  del  parlamento 
europeo y del consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión, así como la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y el 
Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así mismo, se regirá por lo dispuesto en 
esta orden y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En defecto de lo previsto en esta normativa se aplicarán las normas de Derecho 
Administrativo, y en último término el Derecho Privado.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1. 13.ª, 22.ª, 23.ª 
y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas 
en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, legislación básica sobre 
protección de medio ambiente, obras públicas de interés general.
Disposición final segunda.  Convocatoria.
Los apartados de esta orden referidos exclusivamente a la convocatoria, incluidos en 
el  capítulo  II,  cuyo  contenido  coincide  con  lo  reflejado  en  el  artículo  23.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no tienen rango reglamentario.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid,  20  de  septiembre  de  2021.–La  Vicepresidenta  Tercera  del  Gobierno  y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.