BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Miércoles 24 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 33926
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
4616 Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  la  Subcomisión  de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 2/2020, de 5 de marzo, de 
la vitivinicultura.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2021.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la 
Ley 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura
La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de conformidad con las negociaciones previas 
celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el 
Acuerdo de la Subcomisión de 29 de junio de 2020, para resolver las discrepancias 
competenciales suscitadas en relación con los artículos 1, 2, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 
31, 33 a 39, 42, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 65 y la Disposición adicional cuarta de la 
Ley de Cataluña 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:
Primero.
1. Ambas partes convienen que el ámbito de aplicación de la regulación contenida en 
la Ley de Cataluña 2/2020, relativa al régimen jurídico de las denominaciones de origen 
vitivinícolas,  debe  entenderse  referido  a  aquellas  cuyo  ámbito  territorial  se  inscribe 
íntegramente en el territorio de Cataluña. Al objeto de precisar el alcance exacto de esas 
disposiciones de la Ley 2/2020, la Generalitat de Cataluña impulsará una modificación de 
su art. 20.1 que comporte la supresión de su inciso «o parcialmente», modificando la 
redacción de forma que resulte claramente referido en exclusiva al ámbito territorial 
autonómico.
2. Ambas partes coinciden en que la interpretación conforme con el sistema de 
distribución  competencial  vigente  de  los  siguientes  preceptos  de  la  Ley  de 
Cataluña 2/2020, es la que se expone a continuación respecto de cada uno de ellos, y la 
Generalitat de Cataluña plasmará esta interpretación en el desarrollo reglamentario de la  s
Ley: oe.
2.1  La definición de denominación de origen contenida en el artículo 4 d), cuando  16ww
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de competencia estatal.
2.2  La referencia a los órganos de gestión que consta en el artículo 20.4 debe 
entenderse efectuada respecto a los órganos de gestión previstos en el Capítulo III del 
Título III de la Ley 2/2020, a los que habrá de darse conocimiento de la superposición, 
sin ser necesaria su autorización para la superposición geográfica de DOP/IGP. La 
referencia a «las normas más restrictivas de las consideradas por las denominaciones de 
origen  protegidas»  debe  entenderse  referida  a  la  obligación  de  cumplir  el  pliego 
conforme al que se opte por comercializar el vino. En el supuesto de que el operador 
libremente optare por comercializar uno de sus vinos conforme a una de las figuras de 
calidad que tenga requisitos más restrictivos que otras que se superpongan, ese vino 
tendrá que cumplir con esos requisitos en todas sus fases, desde la viña y hasta su 
elaboración, para poder comercializarlo válidamente con dicha figura de calidad.
2.3  El derecho de toda persona física o jurídica titular de viñas o bodegas a ser 
inscrita en la denominación al que se refiere el art. 23.4 tiene la virtualidad que le 
confiere el art. 103 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, de modo que no se trata de un 
requisito previo para el uso de una DOP o IGP.
2.4  La tramitación del expediente de solicitud de reconocimiento a la Comisión 
Europea prevista en el art. 24.9, se llevará a cabo en los términos establecidos en el 
art.  15.2  del  Real  Decreto  1335/2011,  de  3  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el 
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones 
de  origen  protegidas  y  de  las  indicaciones  geográficas  protegidas  en  el  registro 
comunitario y la oposición a ellas.
2.5  El  contenido  del  pliego  de  condiciones  para  el  reconocimiento  de  una 
denominación de origen o de una indicación geográfica protegidas al que se refiere el 
art. 25.2.g) es el que resulta del art. 94.2.g) del Reglamento (UE) 1308/2013.
2.6  La protección a la que se refiere el artículo 31.3 es la que podrá alcanzar la 
mención «vino de finca calificada» cuando se tramite y conceda el reconocimiento como 
término tradicional. Los nombres concretos de los vinos de finca calificada que se vayan 
reconociendo sólo tendrán la protección que les permita la reglamentación comunitaria 
en vigor.
2.7  Las infracciones tipificadas en el art. 54.1.h), i) y k), han de ser interpretadas en 
congruencia con lo dispuesto en el art. 8 de la propia Ley 2/2020, y sin perjuicio de la 
legislación básica estatal que resulta de los arts. 25 y 26.2 del Real Decreto 1338/2018, 
de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.
Segundo.
En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las 
discrepancias manifestadas en relación con la Ley de Cataluña 2/2020, de 5 de marzo, 
de la vitivinicultura.
Tercero.
Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya». es