BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 28 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 119320
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
15760 Decreto de 20 de septiembre de 2021, de la Fiscal General del Estado, por el 
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Confederación 
Plena Inclusión España.
Con fecha 9 de septiembre de 2021, se ha procedido a la firma del Convenio de 
colaboración entra la Fiscal General del Estado y el Presidente de Plena Inclusión 
España don Santiago López Noguera, en materia de «Convenio marco de Colaboración 
entre la Fiscalía General del Estado y la Confederación Plena Inclusión España».
Procédase a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de septiembre de 2021.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado 
García.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO Y LA CONFEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA
En Madrid, a 9 de septiembre de 2021.
REUNIDOS
La  Fiscal  General  del  Estado,  la  Excma.  Sra.  doña  Dolores  Delgado  García, 
nombrada en virtud del Real Decreto 410/2020 de 25 de febrero, en el ejercicio de la 
representación  del  Ministerio  Fiscal,  órgano  de  relevancia  constitucional  con 
personalidad jurídica propia, según se recoge en la Ley 2412007 de 9 de octubre, por la 
que se modifica el art 22.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
De otra parte, don Santiago López Noguera, en calidad de Presidente de Plena 
inclusión,  Confederación  Estatal  que  representa  a  las  personas  con  discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo, sita en Avda. General Perón, 32-1.º, de Madrid, en su 
nombre y representación, en cumplimiento de los acuerdos adoptados al efecto por su 
Junta Directiva y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.
La  Administración  de  Justicia  de  España  viene  desarrollando  desde  hace  años 
reglas, criterios y protocolos destinados a garantizar el acceso a la justicia de colectivos 
especialmente vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, con el fin de favorecer la efectividad del derecho a la tutela  s
judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. Así, las Reglas de Brasilia  oe.
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Discapacidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre
de 2006 en su sede de Nueva York, y vigente en España desde el 3 de mayo de 2008,  Bc
consagra el derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad en el 
artículo 13: «1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares».
Otros artículos de la Convención inciden en el concepto de «accesibilidad»:
a)  Artículo 2: «A los fines de la presente Convención: La «comunicación» incluirá 
los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, 
los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas 
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y 
formatos  aumentativos  o  alternativos  de  comunicación,  incluida  la  tecnología  de  la 
información y las comunicaciones de fácil acceso.».
b)  Artículo  3:  «Los  principios  de  la  presente  Convención  serán:  …f)  la 
accesibilidad».
c)  Artículo 9: «Accesibilidad…f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y 
apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información».
Todo ello, subrayado por los principios de dignidad (artículo 3) e igual reconocimiento 
de la persona con discapacidad como sujeto de derechos (artículo 12).
Segundo.
Por  otro  lado,  la  Administración  de  Justicia  se  encuentra  dentro  del  ámbito  de 
aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad y de su inclusión social.
Esta norma recoge en su artículo 7 el derecho a la igualdad de las personas con 
discapacidad  en  el  disfrute  de  sus  derechos  y  establece  que  las  administraciones 
públicas  protegerán  de  forma  especialmente  intensa  el  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva, entre otros.
Esta previsión debe complementarse con el artículo 28 que establece las condiciones 
de  accesibilidad  y  no  discriminación  en  el  ámbito  de  las  relaciones  con  las 
administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia en su conjunto, así 
como  con  el  artículo  66  que  establece  el  contenido  de  las  medidas  contra  la 
discriminación  y  establece  que  «podrán  consistir  en  prohibición  de  conductas 
discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de 
obstáculos y de realizar ajustes razonables.»
Tercero.
De  las  normas  citadas  se  desprende  la  necesidad  de  realizar  esfuerzos  para 
asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en igualdad de condiciones.
Para  garantizar  lo  proclamado,  y  como  establece  el  artículo  13  de  la  citada 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, conviene, además 
de garantizar la accesibilidad, proceder a la realización de ajustes de procedimiento  e.
«para  facilitar  el  desempeño  de  las  funciones  efectivas  de  estas  personas,  como  w.b
participantes directos e indirectos, incluidas la declaración como testigos, en todos los  760ww
pprroeclimedinimarieens»to. sA jsuidmicisiamleos, , recsounl tain cplruesciiósna  dlae  claapsa ecittaapcaiósn  ddee  inlovse sptriogfaecsióionn ayl etsr ays  aecttaopreass 
que intervienen en todas las instancias de las distintas jurisdicciones.
En  ese  compromiso  se  encuentran  también  la  Recomendación  de  la  Comisión 
Europea de 27 de noviembre de 2013 relativa a las garantías procesales para las 
personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales, especialmente sus 
artículos 6 a 10, 13, 14, 16 y 17, y el Informe del Comité de Derechos Humanos NN.UU. 
34° período de sesiones 27 de febrero-24 de marzo de 2017, en virtud del artículo 5 de la 
Convención arriba referida.
Cuarto.
El  Ministerio  Fiscal  es  un  órgano  de  relevancia  constitucional  con  personalidad 
jurídica propia. El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio 
Fiscal y su representación en todo el territorio español, correspondiéndole impartir las 
órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en 
general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en lo que concierne especialmente al 
objeto y finalidad de este Convenio, encomienda a la Institución importantes funciones, 
que  se  ven  completadas  por  normas  sustantivas  y  procesales  que  contienen  el 
despliegue de actividades concretas que forman el completo marco de la protección 
jurídica de los precitados colectivos, tales como: i) velar por el respeto de los derechos 
fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa (artículo 
3.3); ii) intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido 
el interés social o cuando puedan afectar a personas con discapacidad (artículo 3.7), 
particularmente  en  los  procesos  de  adopción  de  medidas  judiciales  de  apoyo  a  la 
capacidad; iii) velar por la protección procesal de testigos y víctimas con discapacidad 
(artículo 3.10), evitando  la  mayor permeabilidad a la  revictimización secundaria; iv) 
ejercer las acciones penales oportunas (artículo 3.4) garantizando la participación del 
investigado/acusado en un proceso equitativo y con todas las garantías y atendiendo a 
su discapacidad en orden a determinar la responsabilidad penal de los hechos, así como 
en las penas y/o medidas de seguridad aplicables.
Quinto.
La  Confederación  Plena  Inclusión  España  integra  a  las  organizaciones  de 
representación y defensa de derechos de las personas con discapacidad intelectual de 
todo el territorio nacional y su misión consiste en contribuir, desde su compromiso ético, 
con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su 
inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Plena inclusión España dispone, a través de sus Federaciones y organizaciones 
miembros, de los medios personales y materiales para la realización de actuaciones 
tendentes  a  mejorar  el  acceso  a  la  justicia  por  parte  de  las  personas  a  las  que 
representa.
En especial, Plena inclusión dispone de una extensa red de profesionales por todo el 
territorio nacional con experiencia en el apoyo a personas con discapacidad intelectual o 
del  desarrollo  en  contextos  judiciales,  así  como  profesionales  especializados  en  el 
ámbito de la accesibilidad cognitiva, y en especial de la Lectura Fácil.
Plena inclusión, además, cuenta con una Red de Accesibilidad Cognitiva en la que 
participan todas sus federaciones, así como servicios de accesibilidad cognitiva en cada 
federación  con  capacidad  para  realizar  evaluaciones  de  accesibilidad  cognitiva  de  es
entornos, así como en la adaptación a Lectura Fácil de textos, entre otros, jurídicos. bo
De esta forma, Plena Inclusión puede facilitar la asistencia técnico-jurídica de la  760ww
psienros otanma bviuélnn eerna boltero sp aórrad elan edse jfuernissdai cdceio nsaulse sd.erechos no solamente en el orden penal
Sexto.
Ambas  partes  consideran  de  gran  interés  la  colaboración  en  esta  materia  y, 
atendiendo  a  todo  lo  expuesto,  acuerdan  suscribir  el  presente  Convenio  marco  de 
colaboración, que se regirá de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El  objeto  de  este  Convenio  es  el  establecimiento  de  un  marco  general  de 
colaboración que permita realizar acciones concretas que garanticen que las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión 
puedan tener un pleno acceso a la justicia.
A  estos  efectos,  al  amparo  del  presente  Convenio  marco  se  podrán  concretar 
acciones,  a  través  de  la  firma  de  los  correspondientes  convenios  específicos  o 
protocolos de actuación, según corresponda.
Segunda.  Compromisos de las partes.
1.  Ámbitos de colaboración.
Para la consecución del objeto de este Convenio marco las partes firmantes se 
comprometen a colaborar en los ámbitos de actuación que a continuación se referirán, 
sin que ello entrañe carácter de exclusividad ni exhaustividad:
a)  Elaboración de guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de materiales 
y herramientas orientadas a facilitar que los/las fiscales puedan ejercer de forma efectiva 
sus funciones en relación a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
b)  Apoyo a los/las fiscales que así lo requieran, tanto en el marco de diligencias de 
investigación penal, como en el de diligencias preprocesales preparatorias del ejercicio 
de acciones en otras jurisdicciones, con especial relevancia en cuanto a las incoadas 
para la prestación de apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica, para la práctica de diligencias o pruebas que impliquen o afecten a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en todo aquello 
referido a ajustes de procedimiento que aseguren el derecho de acceso a la justicia y 
hagan cierto el derecho a la tutela judicial efectiva que a estas asiste.
c)  Promoción  de  acciones  que  permitan  que  las  personas  con  discapacidad 
intelectual  o  del  desarrollo  puedan  comprender  los  actos  de  trámite,  diligencias, 
resoluciones y escritos del Ministerio Fiscal que afectan a sus derechos a través de la 
utilización  de  versiones  en  lectura  fácil.  Singularmente,  se  fomentará  facilitar  la 
accesibilidad  y  la  comprensión  y  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa  en  los 
procedimientos  de  adopción  de  medidas  judiciales  de  apoyo  a  personas  con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, así como en los expedientes de jurisdicción 
voluntaria en que intervengan o que afecten a sus intereses, y en los procesos penales, 
prestando especial atención a las víctimas del delito en las que concurra la condición de 
discapacidad.
d)  Colaboración  y  organización  de  acciones  formativas  de  Formación  Inicial  y 
Formación Continua, así como colaboración en la organización de cualquier otra jornada, 
seminario o acción formativa de interés para ambas partes. Participación y colaboración  e.e
de  miembros  del  Ministerio  Fiscal  en  actividades  organizadas  por  Plena  Inclusión  w.b
España y sus organizaciones. 760ww
e)  Estudio de canales de colaboración en materia de ejecución de penas que 
permitan promover la utilización de fórmulas alternativas a la privación de libertad en el 
caso de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
f)  Cualesquiera  otras  acciones  que  las  partes  acuerden  y  que  tengan  como 
finalidad la mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, en igualdad de condiciones con las demás.
2.  Difusión de la colaboración.
a)  La  Fiscalía  General  del  Estado  se  compromete  a  poner  esta  iniciativa  en 
conocimiento de los miembros de todas las fiscalías. Por su parte, Plena Inclusión 
España  se  compromete  a  poner  esta  iniciativa  en  conocimiento  de  todas  las 
organizaciones y federaciones susceptibles de realizar acciones al amparo del presente 
Convenio marco.
b)  Ambas  partes  se  comprometen  a  promover  la  difusión  de  las  acciones  y 
convenios específicos o protocolos de actuación que se deriven de la puesta en marcha 
de este Convenio marco de colaboración a todos los niveles, tanto en el ámbito nacional, 
dándolo  a  conocer  a  otros  órganos  de  la  Administración  de  Justicia,  colectivos  de 
profesionales y operadores jurídicos, como en el ámbito internacional.
Tercera.  Financiación.
El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las 
partes ni compromisos financieros.
Cuarta.  Comisión Mixta de Seguimiento.
Con  el  fin  de  coordinar  las  actividades  necesarias  para  la  ejecución  de  este 
Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una 
Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las 
partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, al menos, 
una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada. De cada 
reunión se levantará un acta ejerciendo de secretario un miembro de la citada Comisión 
por turno rotatorio.
La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que 
se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes 
funciones:
a)  Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del 
objeto del presente Convenio.
b)  Realizar  el  seguimiento  de  las  actuaciones  y  de  los  trabajos  realizados  en 
desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.
c)  Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos 
asumidos.
d)  Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la 
más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.
e)  Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
f)  Formular propuestas conjuntas de reforma legislativa en aspectos concernientes 
a las materias recogidas en el presente Convenio. e
g)  Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán delegar sus funciones en  bo
las personas que tengan por conveniente. Igualmente, los miembros de la Comisión  760ww
plaosd mráant earciaosrd oabrj elato i ndceo repxoarmaceinó nr eas ulaltse  raecuonniosneejasb dlee. otras personas cuyo conocimiento de
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley.
Quinta.  Vigencia y eficacia del Convenio.
El presente Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las 
partes mediante su firma. Tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de su 
firma.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los 
firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un 
documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.
Sexta.  Modificación, resolución y extinción del Convenio.
La  modificación  del  presente  Convenio  requerirá  el  acuerdo  unánime  de  los 
firmantes. Se extinguirá por el transcurso del plazo fijado, el acuerdo unánime de los 
firmantes o debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, una 
vez realizados los traslados previstos en el artículo 51c) de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Séptima.  Protección de datos.
Los datos personales que se deriven de la ejecución del presente Convenio serán 
tratados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales así como, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 28 de mayo, de protección de 
datos  personales  tratados  para  fines  de  prevención,  detección,  investigación  y 
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Los/as titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos previstos en la 
legislación aplicable en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada 
momento.
Octava.  Confidencialidad.
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la 
información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente 
Convenio. Ambas partes también  acuerdan  no  divulgar esta información a ninguna 
persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también 
mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta 
ejecución de este Convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de 
este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su  e.e
propia  naturaleza,  de  las  obligaciones  de  publicidad  y  transparencia  derivadas  de  w.b
normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  760ww
acceso a la información pública y buen gobierno.
Novena.  Régimen Jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos  o  resolución  del  contenido  del  presente  Convenio  que  no  hayan  sido 
solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento se 
someterán  a  la  jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  de  conformidad  con  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por duplicado, 
en  el  lugar  y  la  fecha  indicados  ut  supra.–La  Fiscal  General  del  Estado,  Dolores 
Delgado.–El Presidente de Plena Inclusión España, Santiago López Noguera.