BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119  Miércoles 29 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 30623
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4705 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 
de Justicia.
I
El pasado 14 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se incluyeron, entre otras 
medidas, limitaciones a la libertad de circulación de las personas, con los efectos que ello 
supone para ciudadanos, trabajadores y empresas. Específicamente, en el ámbito de la 
Administración de Justicia, se dispuso la suspensión de los términos y plazos procesales, 
con las solas excepciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos a todas 
las personas en el artículo 24 de la Constitución.
Desde entonces, el Gobierno ha adoptado un conjunto de medidas dirigidas a proteger 
a las personas del riesgo de contagio, a atender a las que son especialmente vulnerables, 
a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, así como a velar por las 
personas trabajadoras y las empresas.
Para hacer frente a las posibles consecuencias de esas medidas, la Administración de 
Justicia debe prepararse, tanto desde el punto de vista de la adopción de los cambios 
normativos necesarios en las instituciones procesales como desde la perspectiva 
organizativa, y todo ello con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales.
En efecto, la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hace necesario adoptar el presente 
real decreto-ley que tiene por finalidad, además de otras más concretas, procurar una 
salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del 
estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.
Asimismo, deben adoptarse medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se 
originará como consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la 
propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria.
En un Estado Social y Democrático de Derecho como en el que vivimos, todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen que participar del proceso de recuperación de las 
consecuencias de la crisis. La actual situación sanitaria tiene un impacto global, y acarreará 
efectos negativos en un amplio conjunto de colectivos sociales, si bien las consecuencias 
sociales y económicas afectarán más gravemente a los colectivos vulnerables.
Indudablemente, resulta preciso configurar procedimientos que permitan sustanciar 
con celeridad pretensiones con origen directo y fácilmente identificable en la crisis sanitaria 
derivada del COVID-19 como, por ejemplo, el reequilibrio del régimen de visitas o custodia 
compartida por los periodos no disfrutados por las limitaciones de la libertad deambulatoria 
u otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. Con este mismo fin, se hace 
necesario declarar la preferencia para el despacho y tramitación de otros procedimientos 
ya contemplados en las leyes procesales vigentes. e.
Asimismo, durante todo el tiempo que perdure esta crisis sanitaria, se han de adoptar  w.
medidas que garanticen el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la  05ww
Aredlamciinoinsatrna ccioónn  ddiceh Jau Asdtimciain,i sctroamcioó nd, ep rloocsu craiunddaod daen oess tya  dmea nloesr ap erovfiteasri osnitaulaecsio qnuees  dsee 
contPaogrio e.llo es de singular importancia incluir medidas que garanticen la distancia de  BOE-A-cable e
seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación
de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de 
los ciudadanos y ciudadanas con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida 
de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.
II
El presente real decreto-ley se estructura en tres capítulos, que contienen un total de 
veintiocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
El capítulo I regula las medidas de carácter procesal. En primer término, se establecen 
una serie de disposiciones dirigidas a retomar la actividad ordinaria de los juzgados, 
además de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad que se derivará de la 
propia crisis sanitaria. En este sentido, se habilita excepcionalmente y de forma parcial el 
mes de agosto, pretendiendo con ello dar continuidad a la actividad judicial durante este 
mes que, de ordinario y con carácter general, es inhábil en el ámbito de la Administración 
de Justicia. En efecto, el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, declara, con carácter general, como días inhábiles los del mes de agosto para 
todas las actuaciones judiciales, si bien permite que las leyes procesales declaren urgentes 
actuaciones procesales, para las cuales se considerarán, en todo o en parte, hábiles los 
días del mes de agosto. Pues bien, mediante este real decreto-ley, en el que se contienen 
normas legales procesales para poder reactivar la actividad judicial y recuperar para los 
ciudadanos este servicio público esencial, en aplicación de dicho precepto de la Ley 
Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de forma excepcional para ese año 2020, se declaran 
urgentes todas las actuaciones procesales y declara hábiles para su realización los días 11 
a 31 del citado mes. Es obvio que para poder recuperar, al menos parcialmente, la 
actividad procesal que no se pueda realizar en el periodo en el que el estado de alarma 
esté en vigor, se hace urgente y necesario declarar estos días como hábiles. Esto va a 
exigir a todos los operadores jurídicos que trabajan en la Administración de Justicia y a los 
profesionales que se relacionan con ella un esfuerzo adicional al que hacen diariamente 
para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, y les va a conferir la 
responsabilidad de ser agentes fundamentales en ese proceso que tiene que iniciar 
nuestra sociedad para volver progresivamente a la normalidad. Esta medida también va a 
exigir a todas las Administraciones e instituciones implicadas una cuidadosa labor de 
organización y coordinación. En definitiva, se trata de aunar fuerzas por parte de todos los 
que trabajan en la Administración de Justicia, se relacionan con ella o la dirigen para 
ayudar a la sociedad y a la economía a recuperarse lo más pronto posible de las 
consecuencias negativas que deje tras de sí la crisis del COVID-19.
Por otra parte, los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron 
afectados como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 con la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, salvo los supuestos excepcionados en la disposición 
adicional segunda del mismo real decreto. En aras de la seguridad jurídica resulta 
necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose en 
el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por 
tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma.
Asimismo, aunque los plazos procesales han sido suspendidos en los términos que se 
ha descrito anteriormente, los jueces y magistrados han venido dictando sentencias y otras 
resoluciones y se ha continuado con su notificación en la medida en que ha sido posible  s
en función de la reducción de actividad del personal al servicio de la Administración de  oe.
Justicia. Es previsible, en consecuencia, que en los primeros días en que se retome la  w.
asreecst ipovrliuodcdaiudoz njuceads i.cu iDna eln oboretdo igrniaoar raiinanc ttrirzeaamsr seeenl  lteqovu eaenn  lteaal m vnuiúeemnltteaor  doae  dl alea  n rseoucrsmupraeslnoidssai ópdnr,e  dusene anlo tavsed pzol assz efor esrne ptaerco taciv edesinca hlelaosss,    2020-4705n https://ww
plazos y el servicio de notificaciones, no suponga un colapso de las plataformas para
presentación de escritos y demandas, y que los juzgados y tribunales puedan dar  Bc
respuesta a todos ellos, así como que los profesionales que se relacionan con la
Administración de Justicia tengan el tiempo necesario para preparar los escritos procesales 
en aras a proteger el derecho de defensa de sus clientes y representados. Para ello, se 
acuerda la ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y 
otras resoluciones que ponen fin al procedimiento y sean notificadas durante la suspensión 
de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que 
sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos 
procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos puedan presentarse de 
forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo, y no concentrados en escasos 
días después del citado levantamiento.
De particular interés es la regulación «ex novo» de un procedimiento especial y 
sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente 
derivadas de la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han 
tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y de visitas de menores, 
provocando en ocasiones desequilibrios en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible 
que pueda desembocar en demandas y solicitudes ante los juzgados con competencias en 
materia de derecho de familia. Por otra parte, las consecuencias económicas que se 
derivarán de la crisis del COVID-19 pueden conllevar alteraciones en las situaciones 
económicas de las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias o bien en las 
situaciones de quienes las reciben, lo que dará lugar a que sean instados procedimientos 
para la modificación de tales medidas. Para dar una respuesta rápida y eficaz a tales 
pretensiones, se regula en presente real decreto-ley este procedimiento especial pensando 
en particular en el interés superior de las personas menores afectadas y contribuyendo a 
su mejor protección.
En el capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario. La crisis 
sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas 
concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un 
convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de 
enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. Es por ello que en el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, extendió 
a estas empresas la posibilidad de acceder a un expediente de regulación temporal de 
empleo en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
A las medidas ya adoptadas en dicho real decreto-ley, se añaden ahora otras, con una 
triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas, 
profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de 
alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un 
acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto 
de estos deudores, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación 
cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los 
pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de 
aquel; así mismo, se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de 
pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite 
además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde 
la presentación de la anterior.
En segundo lugar, se trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas 
para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la 
masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación  es
o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente  o
rpfpdaeerecolrnaispltciortuaionoer ansd estaeal   dec ldoasréesps d e mdicctooooias dny lmai  fleiñacelo an lisccqte oiusó nivingdic nueducizeeru slnd laayteeadd ls aoaa s, ape   crqmloaoub pnedar  eeedfclsio gdlaa uep,r ruoasaderc roi eaócrlnan  jeul  idnfeeie cnzlola.   senlEa s ccn toaop endmrsocotoup ed ruo smeero dsiassitnl maaqaru ormdei ose apse .u cnlodotisidne ocvrar,e éncnd oidionteo  cesol l a dferieann r l dasleeas     OE-A-2020-4705able en https://www.
Por último, para evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la 
tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera 
Instancia, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como 
la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones 
tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad 
de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de 
determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de 
acreedores o aprobación de planes de liquidación).
Finalmente, dentro de este Capítulo II se establecen dos normas que tratan de atenuar 
temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual 
situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre 
declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para 
poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la 
recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas. 
De esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso 
de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa 
legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.
Al hilo de lo anterior, en la disposición derogatoria se deroga el artículo 43 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, que establecía la suspensión del 
deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma y preveía que los 
jueces no admitirían a trámite solicitudes de concurso necesario hasta transcurridos dos 
meses desde la finalización de dicho estado.
Se trata, en definitiva, de evitar que el escenario posterior a la superación de la crisis 
del COVID-19 nos lleve a declaraciones de concurso o apertura de la fase de liquidación 
respecto de empresas que podrían ser viables en condiciones generales de mercado 
(valor en funcionamiento superior al valor de liquidación), con la consiguiente destrucción 
de tejido productivo y de puestos de trabajo.
El capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a 
afrontar de manera inmediata las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis 
del COVID-19 sobre la Administración de Justicia.
Así, se establece la celebración de actos procesales preferentemente mediante la 
presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las 
personas y minimizar el riesgo de contagio. No obstante, en el orden jurisdiccional penal, 
la celebración de juicios preferentemente mediante presencia telemática se exceptúa en 
los supuestos de procedimientos por delitos graves, en los que la presencia física del 
acusado resulta necesaria.
Igualmente, para atender a los mismos fines, se limita el acceso del público a todas las 
actuaciones orales atendiendo a las características de las salas de vistas. Se posibilita, 
así, el mantenimiento de las distancias de seguridad y se evitan las aglomeraciones y el 
trasiego de personas en las sedes judiciales cuando ello no resulte imprescindible.
Con la misma finalidad se establece un sistema de atención al público por vía telefónica 
o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de tal forma que se limita la atención 
presencial a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa.
La recuperación de la actividad ordinaria de las oficinas judiciales y fiscales requiere 
no dilatar el plazo de reincorporación tras el levantamiento de las principales restricciones 
y de esta forma establecer medidas que coadyuven a afrontar con el menor impacto 
posible el incremento de litigiosidad. es
De este modo, se prevé la creación de unidades judiciales para el conocimiento de  o
aLfueuerls ngdutrceenainortdeotnaecses h ns dode ed ecaer ei l valssaa iuAd dtsaudotdtmiest u dliandce iiejs óurltne drCa gioccuO iialróaVeln rfIeiu Dzdfeae-er1rc z Jt9loiauv , ysa se t iistsncuietinaar e c edp isoióulattnearc adbdisoalee nnm cje,u eesdz  dugilnairadad dapneosotb.ess i d Ciyeba olti slrnpi.idb eeaurlidlnoo ad dsloeee sd   pqepru aepertra eál nochdtsaice cLa eaesrt,t e reranefeddacoelitrszi v alaoyr     OE-A-2020-4705able en https://www.
Además, tal objetivo ha de compatibilizarse con la adecuada protección de la salud del 
personal de la Administración de Justicia, del resto de profesionales y de los particulares 
que acuden a sus sedes. Por ello, se precisan medidas que supongan la distribución 
temporal de la prestación de servicios por el personal de las oficinas judiciales, de forma 
que puedan cumplir con su horario habitual de forma sucesiva. Con tal objeto, se 
establecen jornadas de trabajo de mañana o tarde, evitando con ello la coincidencia de 
todo el personal en las mismas horas. El cumplimiento de ese horario por distinto personal 
al servicio de la Administración de Justicia, aun sin ampliación de jornada, permite, 
además, la celebración de juicios y vistas no solo en horario de mañana, sino también 
durante las tardes.
En la disposición final primera se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 
facilitando el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal, 
fomentando así el teletrabajo, y se modifica el sistema de identificación y firma reconocidos, 
disociando uno de otro, en los mismos términos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión 
procesal, así como el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios electrónicos 
en la Administración de Justicia, implicará que todos los órganos, oficinas judiciales y 
fiscalías se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de 
información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente.
La disposición final segunda modifica y amplía la «vacatio legis» de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021. La actual coyuntura y la 
necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación de la actividad en el Registro 
Civil impide abordar en estos momentos el cambio organizativo y de funcionamiento que 
requiere en tan corto periodo de tiempo por lo que resulta necesario ampliarlo para 
garantizar su adecuada y plena entrada en vigor.
Con la disposición final tercera se introduce una mejora técnica en la modificación del 
artículo 159.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
aprobada por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
En las disposiciones finales cuarta y quinta se amplía la posibilidad de disponibilidad 
de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos 
en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 por 
ciento en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
La modificación se realiza mediante ajustes puntuales en la redacción de la disposición 
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,para añadir al supuesto 
ya recogido de cese de actividad el nuevo de reducción de facturación en, al menos, un 75 
por ciento; la definición del supuesto de reducción de facturación se ajusta a la empleada 
en la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, al artículo 17 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación con la prestación extraordinaria 
por cese de actividad. También se modifica el artículo 23 del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, para concretar la justificación acreditativa de esta situación ante la entidad 
gestora de fondos de pensiones.
Sobre esta última cuestión cabe señalar que para justificar la reducción de la 
facturación se hace una remisión a lo ya previsto para la acreditación de ese volumen de 
facturación en la solicitud de prestación pública extraordinaria por cese de actividad del 
autónomo que incluye el mismo supuesto de reducción del 75 por ciento de la facturación.  es
Con ello, la misma documentación servirá al trabajador autónomo para acreditar su  o
cerineinrggc reuueSlln saedsod etmsoa  lsnnaa ce nedittnaoiise  sadpn meoee nsnbrti eobitmdosilu diadrcoedacsaodi lós elod,ns sey  d d  dsaeeeul c fmspra eepcátrtlsoiauo snrad-aesloecsp iyd óe,de ncre et e otpfasesent radnteodesn oi teole andns  eed ea silas  .lcplaaao rcsnmuoibaa din lyietd í uaalan,d   v pmdinreeec ssupt llaaaacddniiaóec nsiao   ndplaaeú l bp.pléiecrnads idciooanm deeos    OE-A-2020-4705able en https://www.
Asimismo, la disposición final cuarta, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia 
y sus efectos en los ingresos de muchos hogares, amplía los plazos establecidos en los 
artículos 4 y 8 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de 
aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. También se modifican 
determinados aspectos del artículo 9 con objeto de dar mayor agilidad a la tramitación de 
la línea de ayudas transitorias de financiación, de forma que pueda estar operativa para 
los arrendatarios en situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible.
III
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar Decretos-leyes 
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. 
Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la declaración de estado 
de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptar diversas medidas.
En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y 
necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez 
que se adoptan vía legislación de excepción medidas de contenido económico y social 
para afrontar sus consecuencias en nuestra sociedad. Pero también adoptar medidas 
organizativas y procesales que permitan la activación de la Justicia tras el levantamiento 
de la suspensión de los plazos procesales establecida en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que eviten 
el colapso de los Juzgados y Tribunales con el previsible aumento de la litigiosidad en 
determinados ámbitos.
En este sentido, es importante recordar que la Constitución española reconoce el 
derecho fundamental a un proceso «sin dilaciones indebidas» (artículo 24.2). La finalidad 
específica del derecho radica en la garantía de que el proceso judicial, incluida la ejecución, 
se ajuste a adecuadas pautas temporales (sentencia del Tribunal Constitucional 35/1994, 
de 31 de enero).
Se trata de un concepto técnico-jurídico que el Tribunal Constitucional ha ido 
aquilatando a lo largo del tiempo y que no necesariamente coincide con la percepción 
ciudadana de lo que significa «retraso» o «lentitud». La tutela judicial de los derechos 
necesita tiempo para que los principios fundamentales que la rigen puedan desplegarse  s
(dualidad de posiciones, igualdad de armas, contradicción). «Justicia tardía no es justicia»,  oe.
suele decirse con acierto, pero tampoco lo es «justicia instantánea». Hace falta tiempo,  w.
pnpeeecrroseo senasartieloe  nsao dy op pmuteaadrt eelar ssiae alred ese xcecuxeaissditvaeosn.  tmCeeso dnyi d,e aal sfl i nop rrdgoeap nicoioz naticteiivmliaapsr  oqe,us eteos psta epbrrmlienictcaeipnri  oonspo,t rirmmesiazusal trap lo ruosrc gmeesenadtelieo yss    2020-4705n https://ww
temporales que faciliten la celeridad de determinados procedimientos, incorporando a
estos las nuevas tecnologías. Respecto a este último aspecto, resulta también urgente y  Bc
necesario incorporar a la Administración de Justicia instrumentos que permitan adoptar las
medidas de seguridad y mitigación de contagios recomendadas por la autoridad sanitaria, 
evitando desplazamientos a las sedes judiciales y aglomeraciones de personas en 
espacios reducidos.
Asimismo, ante este escenario inédito, por lo prolongado en el tiempo y por la amplitud 
de su espectro, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (sentencias del 
Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) 
y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación 
(sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  30  de  enero  de  2019,  recurso  de 
inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica y la salud pública.
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse justifican amplia y 
razonadamente la adopción de la presente norma de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, de 31 de mayo, 
FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos 
referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los 
presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación 
con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-
leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de 
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real 
decreto-ley no se afecta a ninguna de estas materias.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas 
puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna 
con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación 
en este punto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo 
este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y 
constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de minimizar el impacto en la actividad judicial ante 
la situación excepcional actual, permitiendo reactivar los procedimientos suspendidos, 
agilizar determinados trámites y procedimientos e incorporar las nuevas tecnologías en la 
práctica judicial.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, estableciendo normas claras 
que aseguran la mejor protección de los derechos del justiciable, proporcionando certeza 
en la configuración de las instituciones procesales, tanto en lo que afecta a los plazos y  es
cómputo de los mismos, como a los procedimientos que se agilizan. o
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proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar 
el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la 
aprobación de un real decreto-ley.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 5.ª, 6.ª, 
8.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; Administración de Justicia; legislación mercantil; legislación procesal, sin 
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas; legislación civil, 
sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas 
de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, en particular, en materia 
de ordenación de los registros e instrumentos públicos; bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; y legislación básica sobre contratos y 
concesiones administrativas.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y del Ministro de Justicia, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de abril de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas procesales urgentes
Artículo 1.  Habilitación de días a efectos procesales.
1.  Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del 
artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declaran 
urgentes, los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los 
sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que 
estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
2.  Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y la eficacia 
de la medida, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el 
Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en materia de 
Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos de competencia, las 
medidas necesarias para la distribución de las vacaciones de Jueces, Magistrados, 
miembros del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia y demás personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Artículo 2.  Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir.
1.  Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado 
suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la  e.e
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a  b
computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a  05ww
aque2l.  enL oesl  qpulaez doesj ep adrea  teeln aenr uenfecicot,o p lare spuasrapceinósni,ó fno rdmeal lpizroacceiódnim ei einntteor pcoosrirceisópno dned ireenctuer.sos
caol nptrroac esdeinmteiennctioa sy  yq dueem seáas nr ensootliuficcaiodnaess  dquurea,n cteo nlafo srumsep ean lsaisó nle dyee sp lparzoocse seaslteasb,l epcoindgaa enn  fienl 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los
veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales 
suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, 
preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos 
fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Artículo 3.  Ámbito del procedimiento especial y sumario en materia de familia.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, 
se decidirán a través del procedimiento especial y sumario regulado en los artículos 3 a 5 
del presente real decreto-ley las siguientes demandas:
a)  Las que versen sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el 
régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido 
atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida 
vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás 
autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19.
b)  Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre 
cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a 
los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la revisión tenga como fundamento haber 
variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como 
consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
c)  Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar 
alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado 
sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación 
alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
Artículo 4.  Competencia.
1.  Será competente para conocer de los procedimientos a que se refieren los 
párrafos a) y b) del artículo anterior el juzgado que hubiera resuelto sobre el régimen de 
visitas o custodia compartida cuyo reequilibrio se inste o que hubiera acordado las medidas 
definitivas cuya revisión se pretenda.
2.  Será competente para conocer del procedimiento previsto en el párrafo c) del 
artículo anterior, el juzgado señalado en el artículo 769.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
cuando se trate del establecimiento de la prestación de alimentos reclamados por un 
progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, y el juzgado que resulte 
competente en aplicación de las reglas generales del artículo 50 de la citada Ley 1/2000, 
de 7 de enero, cuando se trate de la prestación de alimentos en favor de cualquier otro 
alimentista. Cuando la demanda verse sobre la revisión de la prestación de alimentos, será 
competente el juzgado que hubiera resuelto en su día sobre la misma.
Artículo 5.  Tramitación.
1.  El procedimiento principiará por demanda, con el contenido y forma propios del 
juicio ordinario.
La demanda a que se refieren los párrafos b) y c) del artículo 3 deberá ir acompañada  s
de un principio de prueba documental que consistirá en la aportación del certificado  e.
expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual  w.
percibida en concepto de prestaciones o subsidios de desempleo, en caso de situación  05ww
lTergibaul tdaeri ad eos epmorp lleaos,  aod bmieinni setlr caecriotinficeasd tori beuxtpaerdiaidso c poomr plae tAegnetensc iad eE slata Ctaol mdeu nAiddmadin Fisotrraacl iódne 
Nceasvea rdrae  oa dceti vloidsa Tde rdrietocrliaorsa dHais tpóorirc oesl  dinetle Preasísa dVoa sqcuoe,  saocbrreed lait eb aesl ec dees ela  ddee calacrtaivcidióand d oe   BOE-A-cable e
disminución de ingresos, en el caso de trabajadores por cuenta propia.
2.  El Letrado de la Administración de Justicia, examinada la demanda, la admitirá por 
decreto o, cuando estime que puede haber falta de jurisdicción o competencia, dará cuenta 
al juez para que resuelva en este caso sobre su admisión.
3.  Admitida a trámite la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará 
que se cite a las partes y al Ministerio Fiscal cuando proceda, a una vista, que deberá 
celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de admisión de la demanda.
4.  Con carácter previo a la celebración de la vista se podrá intentar que las partes 
lleguen a un acuerdo, que será homologado judicialmente. En caso de que haya algún 
menor interesado en el objeto del procedimiento, este acuerdo solo podrá ser homologado 
considerando el interés superior del menor.
Asimismo, previamente a la celebración de la vista, en los procedimientos iniciados 
mediante la demanda a que se refiere el párrafo a) del artículo 3, se dará audiencia de 
manera reservada a los hijos menores si el tribunal lo considerara necesario y, en todo 
caso, a los mayores de doce años.
5.  La vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante, para que ratifique 
la demanda o la amplíe sin realizar variaciones sustanciales, y acto seguido a la parte 
demandada para que conteste a la demanda, pudiéndose solicitar el recibimiento del pleito 
a prueba. Igualmente podrá formularse reconvención.
Las partes podrán solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la 
vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o 
requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos, que posean instituciones públicas 
o privadas, y que no estén a su disposición.
Las partes tendrán que asistir al acto con las pruebas de que intenten valerse, debiendo 
practicarse dichas pruebas, así como las que pueda acordar de oficio el juez, en el mismo 
acto de la vista. Si ello fuera imposible en relación con alguna de las pruebas, estas deberán 
practicarse en el plazo que señale el juez, que no podrá exceder de quince días.
6.  Practicadas las pruebas, se podrá conceder a las partes un turno de palabra para 
formular oralmente conclusiones.
7.  Finalizada la vista, el órgano judicial podrá dictar resolución, en forma de sentencia 
o auto según corresponda, oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles. En 
caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y 
de una sucinta motivación.
Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueran parte en el 
proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas y expresaren 
su decisión de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución.
Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de 
la resolución debidamente redactada.
8.  Contra la resolución que ponga fin al procedimiento podrá interponerse recurso de 
apelación.
9.  En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación supletoria lo dispuesto en 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tramitación del juicio verbal.
Artículo 6.  Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo 
a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, las 
demandas presentadas por los sujetos legitimados a los que se refiere el apartado 2 de 
este artículo, cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas  e.
en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,  w.
y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores. 05ww
de 120.  deA doecmtuábsre d, ere lgousl asduojerato sd ele lgai tjiumriasddoicsc icóonn sfoorcmiael,  aels atarrtíác uiglou a1lm54e ndtee  llae gLiteimy a3d6a/2 p0a1r1a, 
perno lma onvoermr ealt civitaa ldaob oprraolc deidcitmadiean ptoa rdae p caolniafrli clotos  ceofelecctotisv od elar icvoamdoissi ódne lr eCpOreVsIDen-1ta9t ievan  prerelavcisiótan   BOE-A-cable e
con los expedientes de regulación temporal de empleo a que se refiere este artículo.
Artículo 7.  Tramitación preferente de determinados procedimientos.
1.  Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los 
plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 
de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y 
procedimientos:
a)  Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las 
medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento 
especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley.
b)  En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados de la falta de reconocimiento 
por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de 
inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera 
reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la 
moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los 
procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la 
condición de empresarios.
c)  En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, los recursos que se 
interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que 
se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos 
económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.
d)  En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter urgente y preferente los procesos 
por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber 
y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido 
previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19; los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del 
artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los procedimientos para la 
impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de 
empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a 
distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del mismo.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del carácter preferente 
que tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales.
No obstante, en el orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impugnación 
individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas 
reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las 
condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 de este y los procedimientos para la 
aplicación del plan MECUIDA establecidos en el artículo 6 del mencionado Real Decreto- 
ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán 
preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por 
objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
CAPÍTULO II
Medidas concursales y societarias
Artículo 8.  Modificación del convenio concursal. bo
1.  Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el  05ww
cpoenricoudros addeo ,c puomdprálim pireensteon. tAar  lpar ospouliceistutad  ddee mbeordái fiaccaocmiónp adñeal rc ounnvae rneiola qcuióen s dee e nlocsu ecnrétrdei teons 
ccoonntcruaírdsoasle dsu qraunete e eslt upevireiordaon  dpee cnudmiepnltimesie dnteo  pdaegl coo nyv deeni oa qnou ehlulobsie qraune ,s idhoa bsiaetnisdfeoc shiodso,   BOE-A-cable e
un plan de viabilidad y un plan de pagos.
La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a las mismas normas 
establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita, 
cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayorías del pasivo exigibles para la 
aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la 
aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la 
modificación. En ningún caso la modificación afectará a los créditos devengados o 
contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores 
privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido 
a él una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la 
propuesta de modificación.
2.  El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del 
incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a 
contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que 
transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo. Durante esos tres meses el 
concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará con 
prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
3.  Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.
Artículo 9.  Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación.
1.  Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el 
deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la 
imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con 
posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una 
propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo. 
La propuesta de modificación del convenio se tramitará conforme a lo establecido en el 
artículo 8.1.
2.  Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo 
la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos 
que pueden fundamentar la declaración de concurso.
3.  En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los dos 
años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de 
créditos contra la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de 
préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza que se hubieran concedido al 
concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por 
cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la condición de personas 
especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación 
constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de 
la garantía a constituir.
Artículo 10.  Acuerdos de refinanciación.
1.  Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el 
deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento 
del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar 
negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar 
otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.
2.  Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez 
dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo  e.e
de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que  b
transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses. Durante ese  05ww
mcoensc uerl sdoe uqduoer h pao idnriác iapdoon eor  perne tceonndoec iimniiceianrto n deeglo jcuizagcaiodnoe cso cmonp eatcerneteed poarreas  lpaa dreac mlaoradcifiiócna rd eel 
atrcaunesrcduorr iqduoe u tnu vaiñeora d eensd veig lao ra hnotemrioolro sgoaldicoit uod p daer ah oamlcoalnozgaarc oiótnro.  Sniu deevnot,r oa udneq luoes  tnreos h mubeiseeras 
siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de 
modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes 
de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
Artículo 11.  Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no 
comunicado al juzgado competente para la declaración de este la apertura de 
negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo 
extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
2.  Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes 
de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de 
alarma. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de 
concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha 
posterior a la solicitud de concurso necesario.
3.  Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura 
de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un 
acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se 
estará al régimen general establecido por la ley.
Artículo 12.  Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor.
1.  En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes 
a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios, los 
derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios 
de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido 
concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas 
especialmente relacionadas con él.
2.  En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes 
la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios, 
aquellos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de 
personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de 
los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la 
declaración de ese estado.
Artículo 13.  Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.
1.  En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no 
hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los 
que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de 
alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y 
de la lista de acreedores, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales 
y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del 
concurso resuelva otra cosa.
2.  La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se 
considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público.
3.  Los medios de prueba de que intenten valerse las partes deberán acompañar 
necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se 
presenten. es
Artículo 14.  Tramitación preferente. w.
tramHitaasrátan  qcuoen  tcraarnáscctuerrr par eufne raeñnote a: contar desde la declaración del estado de alarma, se
ab))   LLoass  aincctiudaecniotense cso onrcieunrstaadleass  ean l am eantearjeian alacbióonra dl.e unidades productivas o a la venta  BOE-A-cable e
en globo de los elementos del activo.
c)  Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de 
cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.
d)  Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
e)  La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de 
refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente.
f)  La adopción de medidas cautelares y, en general, cualesquiera otras que, a juicio 
del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y 
derechos.
Artículo 15. Enajenación de la masa activa.
1.  En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la 
declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, 
la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque 
el plan de liquidación estableciera otra cosa.
2.  Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior la enajenación, en cualquier 
estado del concurso, del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, 
que podrá realizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien mediante 
cualquier otro modo de realización autorizado por el juez de entre los previstos en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
3.  Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autorizado la realización 
directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para 
pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.
Artículo 16.  Aprobación del plan de liquidación.
1.  Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días 
desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el 
Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés 
del concurso, aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime 
necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.
2.  Cuando a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación 
presentado por la administración concursal aún no estuviera de manifiesto en la oficina del 
juzgado, el Letrado de la administración de justicia así lo acordará de inmediato y, una vez 
transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo 
pondrá en conocimiento del Juez del concurso para que proceda conforme a lo establecido 
en el apartado anterior.
Artículo 17.  Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos.
Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el 
acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que 
se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a 
los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.
Artículo 18.  Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.
1.  A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista 
en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración  e.
las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran  w.
pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital  05ww
seonc eial lp, ldaezob edreá  dcoosn vmoecsaersse a p coorn ltoasr  addemsdinei setlr caideorrree sd eol  peojedrrcáic sioo lcicoitnafrosrem peo arl  caurtaíclquuloie 3r 6s5o cdieo 
lqau cei tsaed aa uLmeye, nlate c oe lerebdrauczicóan  edle c Jaupnittaal  epna rlaa  pmroecdeiddae rs au fliac ideinstoel.ución de la sociedad, a no ser  BOE-A-cable e
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar 
la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley.
CAPÍTULO III
Medidas organizativas y tecnológicas
Artículo 19.  Celebración de actos procesales mediante presencia telemática.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, 
comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se 
realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, 
Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal 
será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.
3.  Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia 
telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello.
4.  Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a los actos que se 
practiquen en las fiscalías.
Artículo 20.  Acceso a las salas de vistas.
Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, durante la vigencia 
del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, el órgano judicial 
ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a 
todas las actuaciones orales.
Artículo 21.  Exploraciones médico-forenses.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, 
los  informes  médico-forenses  podrán  realizarse  basándose  únicamente  en  la 
documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.
Artículo 22.  Dispensa de la utilización de togas.
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, 
las partes que asistan a actuaciones orales estarán dispensadas del uso de togas en las 
audiencias públicas.
Artículo 23.  Atención al público.
1.  Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, la 
atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica 
o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto de publicación 
en la página web de la correspondiente Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o del 
órgano que determinen las comunidades autónomas con competencias en materia de 
Justicia y, que en el ámbito de la jurisdicción militar se encuentra publicado en la página 
web del Ministerio de Defensa, en el enlace correspondiente; todo ello siempre que sea 
posible en función de la naturaleza de la información requerida y, en todo caso, cumpliendo  es
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  bo
Personales y garantía de los derechos digitales. 05ww
lcdaoe nbfies 2lcr.o áasnl íP appa,rr oresatveo earcárqo  lualnoesesl lcpo eqassu rctaeiacr isuoaol la sore biedftenaec dnloteeossr    eqdpusertee al varbiesales mcuzoelctmena tnpiema  lrlapaesr ce cesaoncdrcirmneiadsisnipb iaoslennt rtadaecic eluionodstnie rje u acsz i lgtacaa o,sd medodespe  eec tjnoue ndnfufitcoenirascm,ilo  oiqdn uadedees     OE-A-2020-47able en https://
de guardia y los juzgados de violencia sobre la mujer.
Artículo 24.  Órganos judiciales asociados al COVID-19.
1.  De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial y previa audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, podrá 
transformar los órganos judiciales que estén pendientes de entrada en funcionamiento en 
el momento de la entrada en vigor del presente real decreto-ley en órganos judiciales que 
conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.
2.  Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder 
Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales 
correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos 
con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19.
Artículo 25.  Asignación preferente de Jueces de adscripción territorial.
Los Jueces de adscripción territorial por designación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, 
en órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19.
Artículo 26.  Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, los Secretarios Coordinadores Provinciales podrán asignar a los Letrados de 
la Administración de Justicia y demás funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia destinados en cualquiera de las unidades procesales de apoyo directo a órganos 
judiciales, la realización de cualquiera de las funciones que, siendo propias del Cuerpo al 
que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera otras unidades.
2.  En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo, la asignación de funciones, en el mismo periodo 
establecido en el apartado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en 
cualquier órgano unipersonal o colegiado.
3.  En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se dará preferencia a 
los Letrados y Letradas de Administración de Justicia y demás personal al servicio de la 
Administración de Justicia que accedan voluntariamente y en ningún caso implicará 
variación de retribuciones.
La decisión de asignación se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada 
que se fundamentará en que la medida resulta imprescindible para garantizar la correcta 
prestación del servicio.
Asimismo, dicha asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que 
radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional en el que 
el Letrado o funcionario venga realizando su actividad profesional.
Artículo 27.  Jornada laboral.
1.  Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se 
establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal 
al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para 
todos los servicios y órganos jurisdiccionales.
2.  El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en  s
materia de Justicia establecerán la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de  e.
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. w.
Artículo 28.  Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia en prácticas.
form1a. cióHna isntiac ieall  d3e1l  dceu edripcoie mdeb rLee dtrea d2o0s2 0d el alsa  Aendsmeiñnaisntrzaacsi ópnr ádceti cJauss tdiceia l oas  lacus rqsouse  dsee 
refiere el artículo 24 del Estatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos,
aprobado por el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, podrán realizarse desempeñando 
labores de sustitución y refuerzo cuando así lo determine la Dirección del Centro, teniendo 
preferencia sobre los Letrados o Letradas sustitutos en cualquier llamamiento para el 
ejercicio de tales funciones.
2.  Las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia que realicen las labores 
de sustitución y refuerzo conforme al apartado anterior ejercerán sus funciones con 
idéntica amplitud a la de los titulares y quedarán a disposición de la Secretaría de Gobierno 
correspondiente.
La persona titular de la Secretaría de Gobierno deberá elaborar un informe sobre la 
dedicación y rendimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir al Centro 
de Estudios Jurídicos para su evaluación.
3.  En todo caso, el Centro de Estudios Jurídicos garantizará la adecuada tutoría de 
las prácticas, a cuyo efecto las Secretarías de Gobierno prestarán la debida colaboración.
4.  Las Letradas y los Letrados de la Administración de Justicia en prácticas que 
realicen labores de sustitución y refuerzo percibirán la totalidad de las retribuciones 
correspondientes al puesto de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio 
de Justicia.
Disposición adicional primera.  Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil.
1.  En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera 
recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la 
celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.
2.  Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a aquellos expedientes 
en los que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde la publicación de edictos, de 
su dispensa o de las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Reglamento de 
la Ley del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958.
3.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de 
la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece para que la dirección de 
hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil 
que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.
Disposición adicional segunda.  Suspensión de la causa de disolución del artículo 96.1 e) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Lo previsto en el artículo 96.1 e) y 96.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, no será de aplicación para las cuentas anuales aprobadas 
durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Disposición adicional tercera.  Adecuación de determinadas disposiciones a la jurisdicción 
militar.
1.  La referencia a los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia recogida 
en los artículos 1, 2 y 26 del presente real decreto-ley deberá entenderse también referida 
a los Secretarios Relatores en el ámbito de la jurisdicción militar.
2.  Lo dispuesto en el artículo 19 no será de aplicación a los procesos penales militares.
Disposición adicional cuarta.  Actos de comunicación del Ministerio Fiscal. s
Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7  w.
de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los actos de comunicación del Ministerio  05ww
Faristíccaull,o h saesrtáa  deel  3110  ddíea sd incaietmurbarlees d.e 2020. Hasta dicha fecha, el plazo regulado en dicho
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las actuaciones procesales.
1.  Las normas del presente real decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones 
procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de 
iniciación del proceso en que aquellas se produzcan.
2.  No obstante, aquellas normas del presente real decreto-ley que tengan un plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo.
Disposición transitoria segunda.  Previsiones en materia de concurso de acreedores.
1.  Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 11.
2.  Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley, algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de 
liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre la 
misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a las 
disposiciones del presente real decreto-ley.
3.  Si en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley algún acreedor 
hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación o de declaración de 
incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto en los artículos 8 y 9.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de 
Justicia.
Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia, en los siguientes términos.
Uno.  Se modifica el párrafo f) del artículo 4.2, que queda redactado como sigue:
«f)  A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los artículos 9 
y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.»
Dos.  Se modifica el párrafo d) del artículo 6.2, que queda redactado como sigue:
«d)  A utilizar los sistemas de identificación y firma establecidos en los 
artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que dicho sistema le identifique 
de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la 
Administración en los términos establecidos por las leyes procesales.
A tal efecto, el Consejo General o el superior correspondiente deberá poner a 
disposición de las oficinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión que 
permitan el acceso necesario por medios electrónicos al registro de profesionales  e.
colegiados ejercientes previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,  w.b
sobre Colegios Profesionales, garantizando que en él consten sus datos  05ww
pterloéffeosnioo nya dlees ,f atxa lye sd icreocmcoió nn údme ecroor rdeeo  ecolelectgrióandioco, .d»omicilio profesional, número de
Tres.  Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:
«Las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para 
que estos sistemas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que 
los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, 
oficinas o fiscalías.»
Cuatro.  Se modifica la disposición adicional quinta, que queda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta.  Dotación de medios e instrumentos electrónicos y 
sistemas de información.
Las Administraciones competentes en materia de justicia dotarán a todos los 
órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de 
los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función 
eficientemente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin 
necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus 
respectivos órganos, oficinas o fiscalías, con respeto a las políticas internas que 
garanticen el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 14.j.bis y en el 
artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo, formarán 
a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos.»
Disposición final segunda.  Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil.
Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, que pasará a tener la siguiente redacción:
«Disposición final décima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposiciones 
adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, y 
excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 
de junio de 2017.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en 
vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 64, 66 
y 67.3, y la disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la 
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Registro Civil.
Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las 
medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y 
funcionamiento de los Registros Civiles.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia indefinida, se 
modifican los párrafos d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  es
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español  bo
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  05ww
febrero de« 2d0)1 4L, aq uoef eqrutae dsaen  preredsaecntatadroás  edne lu snig úunieicnote  smobodreo :o archivo electrónico en los
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presentará en dos sobres o archivos electrónicos.
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se 
hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la 
que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. »
«f)  En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que 
contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas.
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa 
procederá a:
1.º  Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º  Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 
puntuación.
3.º  Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.
4.º  Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa 
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo 
de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación 
se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el 
artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º 
anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo 
máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles 
desde el envío de la correspondiente comunicación.
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior 
a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que 
aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. e.e
Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas  w.
uerng leonst essig cuoiemnptelesm téernmtainrioass :en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,  2020-4705n https://ww
Uno.  El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al  Bc
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en 
el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho 
aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido 
ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:
«1.  La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al 
amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el 
artículo 5, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de 
las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley y en los términos recogidos en los apartados 2 a 4 
siguientes, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre 
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera 
acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.»
Tres.  El artículo 9 queda redactado como sigue:
«Artículo 9.  Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del 
Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y 
económica como consecuencia de la expansión del COVID-19.
1.  Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los 
gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad  social  y  económica  como  consecuencia  de  la  expansión 
del COVID 19, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de 
hasta catorce años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, 
para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación 
a las personas que se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, en 
forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable 
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo 
de gastos e intereses para el solicitante.
2.  Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse 
al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual y podrán cubrir un importe 
máximo de seis mensualidades de renta.
3.  A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos 
arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como 
consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y 
requisitos que se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las 
situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Dicha Orden no 
precisará desarrollo normativo posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso 
con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. e.
4.  La Orden del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana  w.b
establecida en el apartado anterior no estará sujeta a la autorización del Consejo de  05ww
MGeinniestrraol sd,e p Sreuvbivsetan ceionn eels .artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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de crédito de conformidad con la regulación establecida, se entenderá concedida la
subvención de gastos e intereses que conlleve dicho préstamo, por lo que no 
requerirá resolución de concesión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Las ayudas en la modalidad de subvención de tipo de interés se financiarán 
por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.09.261N.481, «Bonificación de gastos e intereses por concesión 
de préstamos a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID- 19». Este 
crédito tendrá la consideración de ampliable. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos de los beneficiarios de la subvención se realizará ‘‘ex post’’ por el Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, conforme a la normativa de aplicación.
6.  El convenio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 
el Instituto de Crédito Oficial al que se refiere el apartado 1 y la Orden del Ministerio 
de Transportes Movilidad y Agenda Urbana referida en apartados anteriores, quedan 
exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en los apartados Sexto y Séptimo del 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos 
Generales del Estado vigentes en el año 2019. Adicionalmente, al convenio le 
resultará de aplicación el régimen especial previsto en el artículo 39 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.»
Cuatro.  El párrafo c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima queda 
redactado como sigue:
«c)  En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan cesado en su actividad o, cuando sin 
haber cesado en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita 
la disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, al menos, en un 75 por ciento 
en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior, siempre que no 
se encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos en los párrafos siguientes.
En el caso de los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter 
estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de 
productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio en los meses de campaña de 
producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en 
un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
En el caso de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno 
de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 
y el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su facturación 
en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al 
menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.»
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Uno.  El párrafo c) del artículo 23.2 queda redactado como sigue:
«c)  En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado  es
previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un  o
régimen de mutualismo alternativo a esta, y haya cesado en su actividad o cuya  05ww
faalactrumraa cdióenc rseeta hdaoy pao rre edlu Gciodboi eernn uon,  s7e5 p proers ecnietnatroá ,c soemgoú nc ocnosrreecsupeonncdiaa :del estado de
o el 1ó.rºg aEnol c ceortmifipceatdeon etex pdeed liad oC poomr ulan iAdgaedn Acuiat óEnsotamtaal,  deen  lasu A cdamsion,is stroabcrieó nla T briabsueta driea   BOE-A-cable e
la declaración de cese de actividad declarada por el interesado; o
2.º  la información contable que justifique la reducción de la facturación en los 
mismos términos que los establecidos en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, para justificar la reducción de la facturación en la prestación 
extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia afectados 
por la declaración del estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia que no 
estén obligados a llevar los libros que acrediten el volumen de actividad, deberán 
acreditar la reducción de la facturación por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho.»
Dos.  El párrafo c) del artículo 23.3.1.º queda redactado como sigue:
«c)  En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un 
régimen de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya 
facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de 
alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado 
de percibir durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de 
alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su 
caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último 
trimestre.»
Disposición final sexta.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 5.ª, 6.ª, 
8.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; Administración de Justicia; legislación mercantil; legislación procesal, sin 
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas; legislación civil, 
sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas 
de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, en particular, en materia 
de ordenación de los registros e instrumentos públicos; bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica; y legislación básica sobre contratos y 
concesiones administrativas.
Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de abril de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN