BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70508
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9769 Pleno.  Sentencia  81/2020,  de  15  de  julio  de  2020.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 1203-2019. Interpuesto por más de cincuenta senadores 
del  grupo  parlamentario  Popular  del  Senado  en  relación  con  diversos 
preceptos  de  la  Ley  6/2018,  de  26  de  noviembre,  de  protección  de  los 
animales  en  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja.  Competencias  sobre 
protección  ambiental,  sanidad,  legislación  civil,  investigación  científica  y 
técnica  y  ordenación  de  la  actividad  económica;  principios  de  seguridad 
jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, dignidad de 
los  seres  humanos  y  libertad  ideológica,  derechos  a  la  legalidad 
sancionadora, a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad de expresión y 
creación  artística:  nulidad  del  precepto  legal  autonómico  que  prohíbe  la 
donación, filmación, venta y cesión de animales, inciden sobre el objeto y 
capacidad para contratar; inadmisión de la solicitud de adhesión del Gobierno 
de La Rioja (STC 176/2019). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:81
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  1203-2019,  promovido  por  más  de 
cincuenta  senadores  del  grupo  parlamentario  Popular  del  Senado,  contra  diversos 
preceptos  de  la  Ley  del  Parlamento  de  La  Rioja  6/2018,  de  26  de  noviembre,  de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ha intervenido el 
letrado  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  en  representación  y  defensa  del 
Consejo de Gobierno de La Rioja. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero 
Tassara.
I. Antecedentes
1.  Con fecha 26 de febrero de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal el 
recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta senadores del grupo 
parlamentario Popular del Senado contra los siguientes artículos de la Ley 6/2018, de 26  e
de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja,  bo
publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» de 30 de noviembre de 2018: 1; 2.1; 2.2 g);  69ww
51 2e, )1; 35,  i1);4 5 y  o2)8; ;6 1.11;. l6; .121, .2le;t r1a2s. 2a, )l,e btr)a, sc )a, )d y),  be)); , 1f5),;  g3)9, .h1)  ay) ;l )4; 57.,1  aep)a; r5ta4d, oasp a3r,t a4d, o8s,  61 0y,  1191;, 
55.1; 56.1, letras b) y c); y 56.4, letras b), c), d), e) y f).
2.  El recurso se fundamenta en las alegaciones que seguidamente se resumen.
a)  La ley autonómica impugnada vulnera el sistema de valores recogido en el 
art. 10.1 CE, así como el principio de proporcionalidad en la finalidad de la ley y en el 
establecimiento  de  obligaciones  de  los  propietarios  y  poseedores  de  animales,  al 
imponer  como  obligatoria  una  ideología  animalista  que  establece  una  peligrosa 
equiparación  entre  la  dignidad  de  la  persona,  valor  constitucional  supremo,  y  la 
protección de los animales. La Ley 6/2018 recoge el principio de «máximo nivel de 
protección y bienestar de los animales» (art. 2.1) y esa protección máxima en nuestro 
derecho solo corresponde a las personas y no a los animales. Establece obligaciones 
para los propietarios y poseedores de animales (art. 6) que ni siquiera están previstas 
para los seres humanos (dos paseos al día, una dieta equilibrada, evitarles estados de 
ansiedad,  etc.).  No  hay  objeciones  al  establecimiento  de  recomendaciones  para  el 
cuidado de los animales, pero el máximo de protección solo compete a la persona, en 
función de la dignidad que le es intrínseca, tal y como determinan la Constitución y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
En ningún caso puede hablarse de dignidad de los animales. La utilización del 
concepto de dignidad animal para apoyar la protección de los animales a la larga 
conduce a relativizar la dignidad humana. Los animales no pueden disponer nunca del 
máximo nivel de protección y bienestar, reservado a los humanos, sino de protección y 
bienestar proporcionados, teniendo en cuenta la necesaria atención de otros bienes 
jurídicos y, especialmente, del necesario respeto de los derechos constitucionales de las 
personas. Lo contrario implicaría aceptar una jerarquía de valores trastocada, donde lo 
más  importante  sería  la  protección  del  bienestar  de  los  animales,  despreciando  la 
dignidad de la persona, lo que vulnera el art. 10.1 CE.
b)  La ley impugnada vulnera la libertad ideológica y la libertad religiosa (art. 16.1 CE), 
así como la prohibición de que existan confesiones de carácter estatal (art. 16.3 CE).
La  Ley  6/2018  se  inspira  en  una  ideología  animalista  incompatible  con  la 
Constitución. La ideología animalista es una convicción filosófica que legítimamente 
puede defenderse, pero que no puede imponerse a todos los ciudadanos a través de una 
ley como creencia obligatoria, porque esto supondría una vulneración de la libertad 
ideológica  y  religiosa  (art.  16.1  CE),  así  como  de  la  prohibición  de  que  existan 
confesiones  de  carácter  estatal  (art.  16.3  CE).  La  pretensión  de  que  la  ideología 
animalista se convierta en una confesión o una ideología de carácter estatal y de 
imponerla a través de leyes se pone de manifiesto en la exposición de motivos de la 
Ley 6/2018, cuyo propósito es establecer obligaciones morales para los ciudadanos en 
relación con la protección y el bienestar de los animales.
c)  La Ley 6/2018 infringe el principio de legalidad en materia sancionadora (arts. 9.3 
y 25.1 CE), por la indeterminación de las infracciones que establece.
El principio de legalidad obliga a que la potestad sancionadora de la administración 
pública cumpla la necesaria predeterminación normativa de la infracción, lo que exige la 
determinación de la conducta prohibida de manera previa (lex previa) y clara (lex certa), 
estando vedados los tipos de infracciones administrativas amplios que permitan una 
interpretación  expansiva  de  la  capacidad  punitiva  del  Estado.  Así,  el  concepto  de 
maltrato que incluye la Ley 6/2018 no puede ser aplicable a todos los animales, tal y 
como pretende su exposición de motivos. La definición que hace esta ley de la infracción 
de maltrato animal en su art. 5 o) es tan amplia que vulnera el principio de tipicidad y la 
predeterminación  de  las  infracciones  administrativas,  porque  afectaría  a  la  práctica 
totalidad  de  conductas  con  los  animales.  Sería  incompatible,  por  ejemplo,  con  la  e.
producción de animales para la alimentación humana o con ciertas prácticas veterinarias,  w.b
con la experimentación para fines científicos y con otras prácticas humanas como la  69ww
cazaA doe lam táasu, rolma adqeufiian.ición  de  maltrato  de  la  Ley  6/2018  se  aparta  de  la  noción
gdeen meraanlmerean tien juasdtmifiictiaddaa d, ec amuaslatrnadtoo  asnuifmrimali,e qnutoes i mop dlicaañ oqsu ein eústitlees s eo  hinangeac deosalorsioasm, eyn tqeu oe 
obliga a reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero
a los animales. La definición del maltrato animal realizada por la Ley 6/2018 se aparta de 
la contenida en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en 
su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, así como de lo dispuesto en el 
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas, e incluso de lo previsto para el delito de maltrato a los animales en el art. 337 
del Código penal.
Se añade a lo anterior que la regulación de las sanciones en el art. 56 de la Ley 6/2018 
vulnera el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora por las 
administraciones públicas, garantizado asimismo por el art. 25.1 CE.
d)  La  Ley  6/2018  vulnera  también,  según  los  recurrentes,  los  principios  de 
seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
La Ley 6/2018 incurre deliberadamente en una mala técnica legislativa que amplía su 
objeto y ámbito de aplicación, vulnerando con ello la seguridad jurídica y la confianza 
legítima  de  sus  destinatarios.  Infringe  asimismo  la  prohibición  constitucional  de 
arbitrariedad, porque muchos de sus preceptos carecen de explicación racional. Así, los 
arts. 1 y 2 infringen el principio de seguridad jurídica porque no ofrecen certidumbre 
acerca de a qué animales (además de los de compañía) se extienden la protección de la 
ley y las obligaciones de los dueños (art. 6). Otro tanto acontece con la imprecisa y 
contradictoria definición de tipos de animales y de establecimientos que se contiene en el 
art. 5. También vulnera el principio de seguridad jurídica la regulación contenida en el 
art. 12 sobre el traslado de animales. Otro tanto sucede con algunas de las prohibiciones 
enumeradas en el art. 7.
e)  La Ley 6/2018 vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), 
así como los derechos a la libertad de expresión y de producción y creación literaria y 
artística [art. 20.1 a) y b) CE].
La inviolabilidad domiciliaria de los propietarios y poseedores de animales se infringe 
por el art. 39.1 a) de la Ley 6/2018, conforme al cual los funcionarios que desarrollen las 
funciones  de  inspección  y  vigilancia  recogidas  en  esta  ley  están  autorizados  para 
acceder libremente, sin previo aviso, a todo establecimiento, instalación, vehículo o 
medio de transporte, o lugar en general, con la finalidad de comprobar el grado de 
cumplimiento de lo establecido en esta ley. No se exige, por tanto, ni el consentimiento 
del titular ni la autorización judicial para la entrada en domicilio, ni que medie flagrante 
delito, lo que supone una clara lesión del derecho garantizado por el art. 18.2 CE, según 
los recurrentes.
Por otra parte, la prohibición y la limitación de utilizar animales para filmación de 
escenas que se contienen respectivamente en los art. 7.12 y 15 de la Ley 6/2018 
vulneran los derechos a la libertad de expresión y de producción y creación literaria y 
artística [art. 20.1 a) y b) CE] de los propietarios y poseedores de animales.
f)  Por último, los senadores recurrentes entienden que la Ley 6/2018 incurre en 
extralimitación  competencial,  al  invadir  las  competencias  exclusivas  del  Estado  en 
materia  de  legislación  civil  (art.  149.1.8  CE),  bases  y  coordinación  general  de  la 
planificación  general  de  la  actividad  económica  (art.  149.1.13  CE),  fomento  y 
coordinación general de la investigación científica y técnica (art. 149.1.15 CE), bases y 
coordinación  general  de  la  sanidad  (art.  149.1.16  CE)  y  legislación  básica  sobre 
protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE).
La  protección  animal  no  aparece  en  la  Constitución  como  un  ámbito  material 
específico de la acción de los poderes públicos. El Estatuto de Autonomía de La Rioja  s
tampoco contiene previsión alguna respecto de la protección o del bienestar de los  oe.
animales.  Ello  no  quiere  decir  que  esta  comunidad  autónoma  no  pueda  aprobar  w.
legislación con incidencia en esta materia, a través de otros títulos competenciales de su  69ww
leas ptartoutteoc,c pióenro d esi eloms parnei mcoanle rse.speto de las competencias estatales que puedan afectar a
básiLcaa  Laepyr o6b/a2d0a1 8a sl ea mappaarrtoa  edne  vlaasri ocso dmep elotesn pcriaesc eepstotast aimlepsu genna dmoast edreia  lad ele gbiasslaecsió ny   BOE-A-cable e
coordinación general de la planificación general de la actividad económica, de bases y 
coordinación general de la sanidad y de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente. A tal efecto se señalan en el recurso distintos preceptos que tendrían carácter 
básico, contenidos en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, la Ley 32/2007, 
de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio; el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas; el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por 
el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia; el Real 
Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte; el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
catálogo español de especies exóticas invasoras; el Real Decreto 3/2002, de 11 de 
enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas 
ponedoras;  y  el  Real  Decreto  1135/2002,  de  31  de  octubre,  relativo  a  las  normas 
mínimas para la protección de cerdos.
En particular, el art. 7.28 de la Ley 6/2018, que establece la prohibición de usar 
perros como barrera para impedir el paso del ganado, puede interpretarse como un 
obstáculo  al  uso  de  perros  para  la  protección  de  rebaños  contra  el  ataque  de 
depredadores, lo que no solo no se encuentra amparado en la legislación básica sino 
que además supone una restricción de las actividades ganaderas tradicionales.
Por otra parte, la obligación de esterilizar los animales de compañía [arts. 2.2 g), 11, 
45.1 e) y 54.19 de la Ley 6/2018] excede también de la legislación básica, que no 
establece la obligación de esterilización sistemática de estos animales. Además, una 
esterilización sistemática puede afectar al derecho a la propiedad privada reconocido en 
el art. 33 CE.
Las prohibiciones de donación, venta y cesión de animales, así como de filmación, 
establecidas en los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del art. 7 de la Ley 6/2018, vulneran la 
competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil (art. 149.1.8 CE), al 
regular relaciones jurídicas entre particulares, para lo que la Comunidad Autónoma de La 
Rioja carece de competencia.
En fin, la Ley 6/2018 se aparta de la legislación estatal sobre protección de los 
animales aprobada en aplicación del Derecho de la Unión Europea, en particular del 
Reglamento (CE) núm. 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas.
3.  Por providencia de 26 de marzo de 2019 el Pleno del tribunal acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos 
presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de la Nación, y 
al Gobierno y al Parlamento de La Rioja, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran  personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaren 
convenientes. Asimismo se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» (publicación que tuvo lugar en el núm. 80, de 3 de abril de 2019), así como 
en el «Boletín Oficial de La Rioja».
4.  Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el 5 de abril de 2019, el presidente 
del Senado comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara de personarse y ofrecer su 
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Otro tanto hizo la presidenta del Congreso  e
de los Diputados, mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de abril de 2019. bo
aqbuoeg 5sa.e d loeM  dneeodlti aifEinqstuetae ednso lc aersint or e larse ogrleiuspctrrieoasndeeons et aqncu ieeós nst eeq  tudrieibc tuoensnat eel nnet la e1,s 5tee xd cpelr uoascbievriasl omd ece on2nt0es1 tai9tu , lcosiseo  nepafeel.rcstoonsó d eel   2020-9769n https://ww
6.  Por escrito que tuvo entrada en este tribunal el 29 de abril de 2019, el letrado 
mayor del Parlamento de La Rioja comunicó el acuerdo de la mesa de dicha cámara de 
personarse  en  el  proceso  constitucional  a  los  solos  efectos  de  recepción  de  las 
notificaciones a que haya lugar.
7.  El letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, actuando en representación y 
defensa del Consejo de Gobierno de La Rioja, se personó mediante escrito registrado en 
este  tribunal  el  30  de  abril  de  2019,  por  el  que  se  adhiere  al  recurso  de 
inconstitucionalidad  interpuesto  por  más  de  cincuenta  senadores  del  Grupo 
Parlamentario  Popular  y  formula,  a  mayor  abundamiento,  las  alegaciones  que 
seguidamente se resumen.
Los  arts.  6.2  c),  7.4,  y  7.28  de  la  Ley  6/2018,  que  imponen  determinadas 
obligaciones a los dueños de animales, inciden de modo directo sobre el ejercicio de 
actividades económicas y quebrantan la garantía de unidad de mercado, de suerte que 
tales preceptos incurren en infracción del art. 149.1.13 CE, que reserva al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica. En virtud de esta competencia el Estado puede actuar como 
garante de la unidad del mercado español para la protección de la libertad de empresa 
(art.  38  CE)  y  para  asegurar  la  libre  circulación  de  bienes  en  territorio  español, 
impidiendo los obstáculos a la misma por parte de los poderes públicos (art. 139.2 CE) y 
garantizando la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier 
parte del territorio del Estado.
Los arts. 11.1 y 2 y 45.1 e) de la Ley 6/2018 imponen la esterilización forzosa de 
todos los animales de compañía sin excepción, lo que se considera inconstitucional por 
invadir  las  competencias  estatales  de  establecimiento  de  las  normas  básicas  y  de 
coordinación, previstas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, al amparo de 
los arts. 149.1.13 y 149.1.16 CE. El art. 45.1 e) de la Ley 6/2018, que impone a los 
centros  de  venta  de  animales  la  carga  de  vender  los  animales  domésticos  ya 
esterilizados,  vulnera  además  los  arts.  3  y  5  de  la  Ley  estatal  20/2013,  de  9  de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, pues discrimina a los operadores 
riojanos frente a los de otras comunidades autónomas, con la consiguiente infracción del 
art. 149.1.13 CE.
El art. 12.2 b) de la Ley 6/2018, que establece para el traslado de animales de 
compañía la obligación de indicar la presencia de animales vivos de manera visible, 
incurre en una doble infracción: por un lado, la de los arts. 149.1.13 y 149.1.16 CE, pues 
la regulación básica (art. 47 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, y art. 5 
del Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección 
animal durante el transporte, que incorporan la normativa de la Unión Europea) limita 
esta indicación al transporte de animales vivos cuando lo sea en ejercicio de una 
actividad  económica;  por  otro,  la  del  art.  149.1.21  CE,  que  reserva  al  Estado  la 
competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, que 
comprende no solo el establecimiento de las condiciones atinentes a la circulación, sino 
también las que deben cumplir los vehículos (STC 183/1996, de 14 de noviembre).
La inviolabilidad domiciliaria de los propietarios y poseedores de animales se infringe 
por el art. 39.1 a) de la Ley 6/2018, que autoriza a los inspectores a acceder libremente, 
sin previo aviso, a todos los recintos en que se hallen animales, con la finalidad de 
comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido en esta ley, sin necesidad de 
contar con el consentimiento del titular ni de autorización judicial para la entrada en 
domicilio, lo que supone una vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria  e.
garantizado por el art. 18.2 CE. w.b
Los arts. 54.6 y 55.1 de la Ley 6/2018 tipifican como falta grave y muy grave,  69ww
sreasnpceiócnti vpaemceunntiea,r iad ectoerrrmesinpaodnadsie nctoen d(aurctt.a 5s 6d).e E msaasl trcaoton daunctimasa ls, olnle vsaunsdcoe patibplaerse jaddea s elar 
c(doenlsitiodse rraesla ttaivmosb iéan  lac opmroot edcecliióton,  cdoen lfao rmfaeu naa  lyo sl oasr tsa.n i3m3a7l eys  3d3o7m béisst icdoesl )C. óLdai gdoe cpiesnióanl 
sobre qué conductas puedan ser consideradas como delito corresponde en exclusiva al
legislador (orgánico) estatal, de acuerdo con el art. 149.1.6 CE. Este resulta infringido 
por  la  regulación  autonómica  impugnada,  en  cuanto  procede  a  despenalizar 
determinadas conductas, lo que escapa por completo a la competencia del legislador 
autonómico. Tal despenalización, introducida por la ley impugnada vulnera también los 
principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos (art. 9.3 CE). También el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), toda vez 
que conductas que tienen cabida en delitos contra la fauna (arts. 337 y 337 bis del 
Código penal) parecen convertirse en la Comunidad Autónoma de La Rioja, tras la 
entrada en vigor de la Ley 6/2018, en infracciones administrativas de carácter grave o 
muy grave. Esto provocará inseguridad jurídica no solo al aplicador del Derecho, que 
encontrará  problemas  a  la  hora  de  calificar  una  actuación  concreta  como  delito  o 
infracción administrativa, sino también a los ciudadanos, que desconocerán el alcance 
de su conducta infractora.
8.  Durante la pendencia del presente recurso de inconstitucionalidad fue aprobada 
la Ley del Parlamento de La Rioja 2/2020, de 30 de enero, de medidas fiscales y 
administrativas para el año 2020 (publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» núm. 12, 
de 31 de enero de 2020, así como en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 36, de 11 de 
febrero de 2020), que modifica parcialmente la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
9.  Mediante providencia de 14 de julio de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Delimitación del objeto del recurso.
a)  El  presente  recurso  de  inconstitucionalidad  ha  sido  promovido  por  más  de 
cincuenta senadores del grupo parlamentario Popular del Senado contra los siguientes 
artículos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja: 1; 2.1; 2.2 g); 5 e); 5 i); 5 o); 6.1; 6.2, letras a), b), c), 
d), e), f), g), h) y l); 7, apartados 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 28; 11, apartados l y 2; 12.2, 
letras a) y b); 15; 39.1 a); 45.1 e); 54, apartados 6 y 19; 55.1; 56.1, letras b) y c); y 56.4, 
letras b), c), d), e) y f).
Sostienen los senadores recurrentes, como ha quedado indicado con mayor detalle 
en el relato de antecedentes de esta sentencia, al que procede remitirse, que los 
preceptos impugnados de la Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, incurren en diversas vulneraciones de la Constitución, tanto de 
carácter material o sustantivo, como del orden de distribución de competencias.
Así, en lo que atañe a las infracciones constitucionales de carácter material, se 
alega, en síntesis, que la ley impugnada impone una ideología animalista que establece 
una  peligrosa  equiparación  entre  la  dignidad  de  la  persona  y  la  protección  de  los 
animales, vulnerando así el art. 10.1 CE. La imposición de esa ideología animalista 
vulnera asimismo la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), así como la prohibición 
de que existan confesiones de carácter estatal (art. 16.3 CE). La ley impugnada infringe 
los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionadora (arts. 9.3 y 25.1 CE), por 
la indeterminación de las infracciones que establece; infracción que se predica también 
de la regulación de las sanciones, por ser contraria al principio de proporcionalidad.  s
Atenta también la ley contra los principios de seguridad jurídica e interdicción de la  oe.
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Vulnera, en fin, el derecho a la  w.
ienxvpiorPelaosbrió illnoid  ayq dud ee d speerlo  rddeuoficmecrieicó inlaio  yl a c(sar eirnta.f crai1óc8nc. 2iloi tneCerasEr )ica, o yna ssatíri ttuícscotiimocnaoa  [laelorsts.   d2ed0 e.c1rae arcá)h cyot esb r)  acCo Emla].p elibteenrctaiadl , dsee   2020-9769n https://ww
aduce que la Ley 6/2018 invade las competencias exclusivas del Estado en materia de
legislación  civil  (art.  149.1.8  CE),  bases  y  coordinación  general  de  la  planificación  Bc
general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE), fomento y coordinación general de 
la investigación científica y técnica (art. 149.1.15 CE), bases y coordinación general de la 
sanidad (art. 149.1.16 CE) y legislación básica sobre protección del medio ambiente 
(art. 149.1.23 CE).
El letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en representación y defensa del 
Consejo  de  Gobierno  de  La  Rioja,  se  adhiere  al  recurso  de  inconstitucionalidad  e 
interesa por ello su estimación, conforme ha quedado reflejado en los antecedentes de la 
presente sentencia. Careciendo, conforme al art. 32.2 LOTC, de legitimación activa el 
ejecutivo  de  La  Rioja  para  interponer  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  leyes 
aprobadas  por  la  asamblea  legislativa  de  su  propia  comunidad  autónoma 
(STC 176/2019, de 18 de diciembre, FJ único), no procede admitir su solicitud de 
adhesión al recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 6/2018, 
de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. De admitirse esa 
intervención adhesiva, vendrían a aparecer como autor (el Parlamento) y denunciante (el 
Consejo de Gobierno) de las infracciones constitucionales aducidas por este. Todo ello 
con el resultado de que «el recurso abstracto de inconstitucionalidad canalizaría, en 
realidad, un conflicto interno entre órganos autonómicos, cuya resolución no ha sido 
atribuida al Tribunal Constitucional por el ordenamiento jurídico vigente» (STC 176/2019, 
FJ  único).  El  ejecutivo  autonómico  puede  personarse  en  el  recurso  de 
inconstitucionalidad interpuesto contra una ley de la comunidad autónoma para formular 
alegaciones (art. 34.1 LOTC).
b)  Por  otra  parte,  para  la  adecuada  delimitación  del  objeto  del  recurso  de 
inconstitucionalidad  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  durante  la  pendencia  del  mismo 
algunos de los preceptos impugnados de la Ley 6/2018, de protección de los animales 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, han sido modificados por la Ley del Parlamento 
de La Rioja 2/2020, de 30 de enero, de medidas fiscales y administrativas para el 
año 2020. En concreto, en lo que aquí importa, esa reforma legal, en vigor desde el 1 de 
febrero de 2020, afecta directamente a los arts. 2.1; 2.2 g); 5 e) y o); 6.1 y 2; 7.4 y 28; 
y 12.2 b). Pero además, como más adelante se verá, otras modificaciones introducidas 
por la Ley 2/2020 en la Ley 6/2018 también tienen incidencia en el presente recurso, 
aunque se refieran a preceptos no impugnados.
Conforme  a  la  conocida  doctrina  constitucional  sobre  los  efectos  que  para  la 
resolución de un recurso de inconstitucionalidad pueda tener la modificación, derogación 
o pérdida de vigencia sobrevenida de las disposiciones legales recurridas, es preciso 
tener  en  cuenta  si  en  el  recurso  se  plantean  motivos  sustantivos  o  de  carácter 
competencial.
En los recursos que no tienen contenido competencial se aplica generalmente el 
criterio conforme al cual el recurso se extingue por pérdida de objeto en caso de 
derogación o modificación del precepto legal impugnado (se exceptúan supuestos tales 
como los referidos a la impugnación de normas con vigencia temporal o los de preceptos 
con efectos ultraactivos). Dado que el recurso de inconstitucionalidad es de carácter 
abstracto, dirigido a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico, carece de sentido, 
por regla general, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad 
de normas que el legislador ha expulsado ya del ordenamiento, por su derogación o por 
la modificación del enunciado del texto legal que motivó la impugnación (STC 160/1987, 
de 27 de octubre, FJ 6; 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3; 19/2012, de 15 de febrero, 
FJ 2; 216/2012, de 14 de noviembre, FJ 2, y 86/2017, de 4 de julio, FJ 2, por todas).
En cuanto a las modificaciones normativas en recursos de naturaleza competencial  s
es asimismo doctrina reiterada de este tribunal que la eventual apreciación de la pérdida  oe.
de objeto del proceso constitucional dependerá de la incidencia real que sobre el mismo  w.
tenga la derogación, sustitución o modificación de las normas legales impugnadas y no  69ww
rpeuleevdaen rtee sonlvoe reses  atparniotor ísltaic aemxepnutles ióenn  fduenlc ióonrd deen acmriiteenritoos  daeb stlraasc tocso noc rgeetansé ricnoosrm. Laos 
cimopmupgenteandcaisa l,c utoadnato  vdeezt eqrumei npaor nseir  cfionn  ae slaa  meixspmuals iaó nl ah alu zc edseal door doe nn oc olnas tcitounctiroonvaelr sdiea   BOE-A-cable e
reparto de competencias es el objetivo último al que sirven tales procesos (por todas, 
SSTC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 3; 16/2003, de 30 de enero, FJ 2; 18/2011, de 3 
de marzo, FJ 3; 143/2014, de 22 de septiembre, FJ 2, y 14/2018, de 20 de febrero, FJ 3).
De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta examinaremos la incidencia que 
pueda tener para la resolución del presente recurso la modificación de la Ley 6/2018, de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la Ley 2/2020, 
de  medidas  fiscales  y  administrativas  para  el  año  2020,  al  enjuiciar  los  concretos 
preceptos impugnados que resultan afectados por esa reforma legal.
2.  Orden de examen de los motivos de inconstitucionalidad.
Como se ha dicho, el presente recurso de inconstitucionalidad se plantea desde dos 
perspectivas diferenciadas. Por una parte, se impugna la Ley 6/2018, de protección de 
los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por entender que invade distintas 
competencias  que  el  art.  149.1  CE  atribuye  al  Estado.  Por  otra,  se  imputa  a  la 
Ley  6/2018  la  vulneración  de  diversos  principios  constitucionales  y  de  libertades  y 
derechos fundamentales.
Siguiendo el criterio habitual para los recursos de inconstitucionalidad en los que se 
plantean  tanto  infracciones  sustantivas  como  competenciales,  iniciaremos  nuestro 
enjuiciamiento por el examen de estas últimas, en el orden en el que se plantean en el 
escrito de interposición del recurso.
Por otra parte debe precisarse que no le corresponde a este tribunal dilucidar si, 
como también alegan los recurrentes, la Ley 6/2018, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, contradice la regulación establecida por la Unión 
Europea en materia de protección animal, en particular el Reglamento (CE) núm. 1/2005 
del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales 
durante el transporte y las operaciones conexas. Como hemos advertido en reiteradas 
ocasiones,  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  no  es  en  sí  mismo  canon  directo  de 
constitucionalidad en los procesos constitucionales, de modo que la eventual infracción 
de las normas de la Unión Europea por leyes estatales o autonómicas constituye un 
conflicto de normas que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, en su 
caso,  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  (entre  otras  muchas, 
SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 128/1999, de 1 de julio, FJ 9; 173/2005, de 23 de 
junio, FJ 9; 135/2012, de 19 de junio, FJ 2; 64/2013, de 14 de marzo, FJ 4, y 76/2019, 
de 22 de mayo, FJ 3).
3.  La  materia  de  protección  de  los  animales  como  ámbito  de  concurrencia 
competencial de títulos habilitantes diferentes.
Se afirma en el recurso, con cita del dictamen 85/2018 del Consejo Consultivo de La 
Rioja, que la Constitución no recoge expresamente la protección de los animales en el 
listado de materias que son competencia exclusiva del Estado (art. 149 CE), ni tampoco 
entre  las  materias  sobre  las  que  las  comunidades  autónomas  pueden  asumir 
competencias (art. 148 CE). No aparece en la Constitución la protección o el bienestar 
animal como un ámbito material específico de la acción de los poderes públicos. El 
Estatuto de Autonomía de La Rioja tampoco contiene previsión alguna respecto de esa 
materia específica. Ello no quiere decir, claro está, que esa comunidad autónoma no 
pueda aprobar legislación con incidencia en dicha materia, a través de otros títulos 
competenciales de su Estatuto (así, art. 8.1, apartados 4, 6, 13, 19, 21, 23, 24 y 29, y 
art. 9, apartados 1, 3, 5 y 8), siempre con respeto a las competencias estatales que  e.
puedan afectar a la protección y bienestar de los animales (en particular, arts. 149.1.6,  w.
149.1.8, 149.1.13, 149.1.15, 149.1.16, 149.1.18, 149.1.23 y 149.1.29 CE). La protección  69ww
aconmimpael tecnocnifaolrems,a  taunntao  «dpeol lEítisctaa dtora cnosmveor sdael» l,a qs uceo mreusnuildtaa daems paaurtaódnao mpoars ,d civoemrsoo sta mtítbuiléons 
ha señalado el Consejo de Estado en su dictamen de 23 de noviembre de 2006, sobre el
proyecto de ley luego convertido en Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de 
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
En consecuencia, tanto la legislación estatal como la autonómica sobre protección o 
bienestar animal tienen que ser aprobadas respetando las competencias que el Estado y 
las  comunidades  autónomas  ostentan  sobre  esas  otras  materias,  conforme  a  lo 
dispuesto en la Constitución y en los correspondientes estatutos de autonomía, que 
inciden en la materia de protección de los animales.
Nada cabe objetar al planteamiento del recurso que acaba de resumirse. La creciente 
preocupación en la sociedad actual por la protección o el bienestar animal se ha trasladado 
a las políticas públicas, dando lugar a la aparición de diferentes disposiciones normativas, 
estatales  y  de  las  comunidades  autónomas,  como  es  el  caso  de  la  Ley  6/2018,  de 
protección  de  los  animales  en  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja.  Ahora  bien,  la 
protección de los animales no figura como título específico en ninguno de los apartados de 
los arts. 148 y 149 CE y tampoco se contempla de manera expresa en el estatuto de 
autonomía de esa comunidad autónoma. Se trata de una materia relativamente novedosa 
en  la  que  pueden  concurrir  diversos  títulos  competenciales,  tanto  estatales  como 
autonómicos. De este modo, la intervención del Estado en esta materia puede venir 
amparada  en  particular  por  títulos  competenciales  tales  como  –aunque  no  solo–  los 
previstos en el art. 149.1.13 (bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica), el art. 149.1.16 (bases y coordinación general de la sanidad) y 149.1.23 
(legislación básica sobre protección del medio ambiente). En el caso de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja son diversos también los títulos habilitantes de su estatuto de 
autonomía que podrían invocarse para dictar una ley como la parcialmente impugnada, si 
bien  es  cierto  que  la  exposición  de  motivos  de  la  Ley  6/2018  ninguna  indicación 
competencial contiene al respecto. Se trata en especial de los previstos en el art. 8.1.4 
(ordenación de la planificación económica de la comunidad autónoma), 8.1.6 (comercio 
interior), 8.1.19 (agricultura y ganadería), 8.1.21 (pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza) 
y 8.1.29 (espectáculos); y en el art. 9.1 (protección medioambiental y de los ecosistemas), 
9.3 (defensa de consumidores y usuarios) y 9.5 (sanidad e higiene).
En suma, en la materia de protección o bienestar de los animales nos encontramos 
ante un ámbito de entrecruzamiento o concurrencia competencial de títulos habilitantes 
diferentes, estatales y autonómicos, debiendo recordarse que la atribución estatutaria de 
una determinada competencia con carácter exclusivo a la comunidad autónoma no 
puede afectar a las competencias reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 
CE). Estas se proyectarán cuando materialmente corresponda, sin necesidad de que el 
estatuto  de  autonomía  incorpore  cláusulas  de  salvaguardia  de  las  competencias 
estatales.
Procede por ello examinar si la Ley 6/2018, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, ha respetado la distribución competencial sobre las 
diversas  materias  que  amparan  las  políticas  públicas  relativas  a  la  protección  y  el 
bienestar animal y que resulta del bloque de la constitucionalidad.
4.  Precisiones  sobre  la  primera  tacha  competencial  alegada  en  el  recurso. 
Inconstitucionalidad mediata o indirecta de la ley autonómica.
Sostienen  en  primer  lugar  los  senadores  recurrentes  que  la  Ley  6/2018,  de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se aparta de la 
legislación básica aprobada por el Estado al amparo de sus competencias exclusivas en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica  e
(art. 149.1.13 CE), de bases y coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16 CE) y de  bo
legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 149.1.23 CE). A tal efecto se  69ww
Freufniedreanm ean tdailsmtienntates , nlao rLmeays 8 /e2s0ta0t3a,l edse  q2u4e d ete anbdrriíla, nd ec asraáncitdeard b aánsiimcoa,l , fyo rlma aLl eyy  3m2a/2te0r0ia7l., 
edxep e7r idmee nntoavciieómn byr es,a pcraifriac ioe.l  Sceu idtraadtao,  dsee glúons  ealn irmecaulersso, , edne  snuo remxapslo tealcaibóonr,a tdraasn sppoorr tee,l 
legislador estatal respetando el concepto material de norma básica, para garantizar en
todo el Estado un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria 
y en condiciones de igualdad, los intereses generales, a partir del cual puede cada 
comunidad autónoma, en atención a sus propios intereses, introducir las peculiaridades 
que estime convenientes, dentro del marco competencial que le asigne su estatuto, 
conforme  tiene  reiteradamente  declarado  la  jurisprudencia  constitucional  (por  todas, 
SSTC 69/1988, de 19 de abril, FFJJ 5 y 6, y 248/1988, de 20 de diciembre, FJ 4).
También  invocan  como  normas  básicas  en  esta  materia  diversas  disposiciones 
reglamentarias  estatales  (Real  Decreto  348/2000,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se 
incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas; Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el 
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia; Real 
Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte; Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
catálogo español de especies exóticas invasoras; Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, 
por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, y 
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos). Recuerdan al respecto la citada jurisprudencia constitucional 
sobre las bases, conforme a la cual es posible que el Gobierno regule mediante real 
decreto aspectos básicos de una materia cuando esa regulación resulte completamente 
indispensable para el ejercicio de sus competencias de desarrollo de la legislación 
básica.
Lo  que  plantean  los  recurrentes,  en  consecuencia,  es  un  problema  de  posible 
inconstitucionalidad mediata o indirecta de la Ley 6/2018, de protección de los animales 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. A su entender, esta ley sería inconstitucional 
por haber sido elaborada apartándose de la legislación básica del Estado que se cita en 
el recurso.
En relación con la inconstitucionalidad mediata o indirecta, este tribunal ha venido 
elaborando una consolidada doctrina, conforme a la cual para que dicha infracción 
constitucional exista será necesaria la concurrencia de dos circunstancias: que la norma 
estatal supuestamente infringida por la ley autonómica sea, en el doble sentido material y 
formal,  una  norma  básica  y,  por  tanto,  dictada  legítimamente  al  amparo  del 
correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado; así 
como, en segundo lugar, que la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, 
sea efectiva e insalvable por vía interpretativa (por todas, SSTC 39/2014, de 11 de 
marzo, FJ 3; 162/2014, de 7 de octubre, FJ 3; 214/2015, de 22 de octubre, FJ 2, 
y 104/2018, de 4 de octubre, FJ 3).
Por otra parte, corresponde al recurrente la carga de justificar tanto el carácter básico 
de la norma estatal con la que se pone en contraste la norma autonómica impugnada, 
como la efectiva e insalvable contradicción de esta con la norma básica. A tal efecto 
procede recordar que la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley 
no  puede  desvirtuarse  sin  una  argumentación  suficiente  del  recurrente,  no  siendo 
admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento que las sustente 
(SSTC 43/1996, de 14 de marzo, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2; 248/2007, 
de 13 de diciembre, FJ 1; 87/2017, de 4 de julio, FJ 2, y 98/2018, de 19 de septiembre, 
FJ 2, por todas). En consecuencia, no basta con postular la inconstitucionalidad de una 
norma legal mediante la mera invocación de una serie de preceptos del bloque de la 
constitucionalidad, sino que es preciso que la demanda contenga la argumentación  s
específica que fundamente la presunta infracción constitucional. El incumplimiento de  oe.
esta carga argumentativa por el recurrente exime al Tribunal Constitucional de examinar  w.
la concreta impugnación (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 3; 36/1994, de 10 de febrero,  69ww
dFeJ  210;  1d3e8 d/2ic0ie1m0,b dree,  F16J  2d,e e dnitcreie omtrbarse ,m FuJc h1a; s1)1.9/2014, de 16 de julio, FJ 2, y 140/2018,
siguEiesntate sc parregcae patrogsu mdee nlata Ltievay  6s/2e0 1c8u,m dpele p reonte cecli ópnr edsee lnotse  arneimcuarlseos  erens lpae Cctoom  duen idlaods   BOE-A-cable e
Autónoma de La Rioja: arts. 2.2 g), 5 e) y o), 7.4 y 28, 11.1 y 2, 12.2 b), 45.1 e), 54.6 
y 19, y 55.1. Sobre ellos por tanto (algunos de los cuales han resultado modificados por 
la  Ley  2/2020,  de  30  de  enero,  como  se  ha  dicho),  habrá  de  recaer  nuestro 
enjuiciamiento, para determinar si existe o no la infracción de la normativa básica estatal 
que denuncian los recurrentes.
5.  Examen de la tacha referida a la inconstitucionalidad mediata de los arts. 5 o), 
54.6 y 55.1 de la Ley 6/2018.
Entrando a examinar las alegadas contradicciones de los referidos preceptos de la 
Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con 
la normativa básica estatal invocada en el recurso, hemos de comenzar por la relativa a 
la definición de maltrato animal y su punición. Sostienen los senadores recurrentes que 
el  art.  5  o)  de  la  Ley  6/2018  emplea  una  noción  de  maltrato  incompatible  con  la 
legislación básica. Esta incompatibilidad afectaría también a la infracción grave tipificada 
por el art. 54.6 («maltratar o agredir a un animal, siempre que no sea constitutivo de una 
infracción muy grave») y a la infracción muy grave prevista en el art. 55.1 («maltratar o 
agredir físicamente a los animales, o someterlos a cualquier práctica que les suponga 
sufrimientos, daños graves o la muerte»).
En su redacción inicial, que es la impugnada, el art. 5 o) de la Ley 6/2018 establecía 
que a efectos de esta ley, se entenderá por maltrato «toda conducta, tanto por acción 
como por omisión, mediante la cual se inflige a un animal dolor o sufrimiento». El 
art. 17.3 de la Ley 2/2020, de 30 de enero, modifica ese precepto, añadiendo que ese 
dolor o sufrimiento ha de ser «inútil» para caer bajo la definición de maltrato animal. Esta 
definición ha de ponerse en relación con la finalidad de la Ley 6/2018, contenida en su 
art. 2.1, modificado a su vez por el art. 17.1 de la Ley 2/2020, que no es otra que 
«alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales», y con el art. 2.2 c), 
que  establece  que  una  de  las  acciones  encaminadas  a  lograr  esa  finalidad  es  la 
consistente en «luchar contra el maltrato y abandono». A su vez, el no impugnado 
art. 7.1, modificado por el art. 17.7 de la Ley 2/2020, prohíbe a los propietarios o 
poseedores  de  animales  «maltratar,  agredir  físicamente  a  los  animales,  así  como 
someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos o daños físicos 
inútiles».
Los recurrentes consideran que la noción de maltrato animal del art. 5 o) de la 
Ley  6/2018  (en  su  redacción  inicial,  se  insiste)  contradice  la  legislación  básica, 
señalando al efecto como tal los arts. 4 y 5 de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio; 
el art. 3 a) del Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en 
las explotaciones ganaderas; y el art. 4 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el 
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 
utilizados  en  experimentación  y  otros  fines  científicos,  incluyendo  la  docencia.  Se 
argumenta en el recurso, tras reproducir el contenido de los citados preceptos, que la 
legislación estatal básica sobre bienestar animal acepta que diversas prácticas legítimas 
con  animales  (explotaciones  ganaderas,  sacrificio  para  el  consumo  humano, 
experimentación científica, etc.), que pueden suponer un sufrimiento o dolor para estos, 
son aceptables cuando el fin lo justifica. El concepto básico de maltrato exige que este 
se haga dolosamente, de manera injustificada, causando sufrimientos o daños inútiles, 
innecesarios o evitables, lo que obliga a reducir al mínimo cualquier dolor, sufrimiento,  e
angustia  o  daño  duradero  a  los  animales,  en  la  medida  de  lo  posible.  La  norma  bo
autonómica impugnada entraría en contradicción con la legislación básica, al definir (y  69ww
ssaunfrcimioineanrto)  ac oumn oa nimmaallt,r astion  ncinugaúlqnu miera ticzo.nducta  mediante  la  cual  se  inflige  dolor  o
contLeansid dau edna sl ad ere dcaocncsitóitnu ciinoinciaalli ddaedl  qaurte.  5p uod) ielara L pelya n6t/e2a0r1 8la  qnuoecdióann  ddee smpeajlatrdaatos  atrnaism laal 
reforma de este precepto introducida por el art. 17.3 de la Ley 2/2020, lo que hace 
desaparecer la controversia competencial suscitada en este punto.
En  efecto,  como  ya  se  ha  señalado,  tras  esa  reforma  legal  el  art.  5  o)  de  la 
Ley 6/2018 establece que se entenderá por maltrato animal «toda conducta, tanto por 
acción como por omisión, mediante la cual se inflige a un animal dolor o sufrimiento 
inútil». A su vez, el art. 7.1 la Ley 6/2018, modificado también por la Ley 2/2020, prohíbe 
«maltratar, agredir físicamente a los animales, así como someterlos a cualquier práctica 
que les pueda producir sufrimientos o daños físicos inútiles».
De ello resulta que la noción de maltrato animal contenida en el art. 5 o) de la 
Ley 6/2018, pensada fundamentalmente para los animales de compañía, es plenamente 
compatible con la establecida por la legislación básica. Al precisar ahora la norma 
autonómica que el dolor o sufrimiento ocasionado al animal ha de ser «inútil» para tener 
la  consideración  legal  de  maltrato  no  existe  contradicción  alguna  con  la  normativa 
básica. Valga advertir que esa noción básica de maltrato animal es coincidente con la 
establecida  en  el  art.  3.1  del  Convenio  europeo  sobre  protección  de  animales  de 
compañía de 13 de noviembre de 1987 (que entró en vigor para España el 1 de febrero 
de 2018), a cuyo tenor «nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o 
angustia a un animal de compañía».
Es claro que la actual definición de maltrato animal del art. 5 o) de la Ley 6/2018, 
coincidente con la que se contiene en la normativa básica, no concierne a los supuestos 
de actividades legítimas en relación con los animales de producción: reproducción, 
crianza y sacrificio para el consumo humano, obtención de alimentos o productos de 
origen animal, utilización para el trabajo agropecuario, o para cualquier otro uso industrial 
o  fin  comercial  o  lucrativo;  tampoco  respecto  de  animales  utilizados  para 
experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, que puedan suponer algún 
tipo de daño, sufrimiento o dolor para estos animales. Esas actividades lícitas, tal como 
señalan las normas básicas y la propia ley autonómica impugnada, deberán llevarse a 
cabo de modo que se evite, en la medida de lo posible, causar sufrimientos o daños 
inútiles o injustificados a los animales. En consecuencia, tales actividades no podrán ser 
consideradas como infracciones graves del art. 54.6 de la Ley 6/2018 o muy graves del 
art. 55.1 de la misma ley.
En suma, la controversia competencial suscitada en el recurso sobre el art. 5 o) de la 
Ley 6/2018 ha perdido su objeto, por cuanto el Parlamento de La Rioja ha modificado 
ese precepto de suerte que la noción de maltrato animal que contiene viene ahora a 
coincidir con el establecido por la legislación básica estatal.
6.  Examen de la alegada inconstitucionalidad mediata del art. 5 e) de la Ley 6/2018.
Se afirma también en el recurso la inconstitucionalidad mediata del art. 5 e) de la 
Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
porque la definición de animal asilvestrado que contiene ese precepto no se corresponde 
con la prevista en el art. 2 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula  el  catálogo  español  de  especies  exóticas  invasoras,  norma  básica  sobre 
protección  del  medio  ambiente  (art.  149.1.23  CE),  conforme  a  su  disposición  final 
primera.
El art. 2 del Real Decreto 630/2013, que tiene carácter materialmente básico ex 
art. 149.1.23 CE, conforme a la doctrina resultante de la STC 102/1995, de 26 de junio, 
FJ 25, a la que procede remitirse, considera como animal asilvestrado el «espécimen 
animal de procedencia doméstica, que está establecido y se mueve libremente en el  e
medio natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni supervisión de las personas».  bo
Por su parte, el art. 5 e) de la Ley 6/2018, en su redacción originaria (que es la  69ww
cimopnudgicnioandeas) , qcuoen sildoesr ahbaac ecno maop taonsi mpaalreas  laas ilcvoensvtrivaednocsi a« tocdoons  laasq upeellorsso nqause» p. ieArhdoerna  laesl 
alar t.d 1e7fi.n3ic dióen l ad Lee ay n2im/2a0l2 0a sdilav ensuteravdao r ecdoainccciidóen  aclo anr t.la 5  ees) tadbel elac iLdeay  e6n/2 e0l1 8a,r td. e2 m doedl oR qeuael 
Decreto  630/2013.  En  consecuencia,  debe  declararse  que  ha  desaparecido  la
controversia competencial suscitada en el recurso sobre el art. 5 e) de la Ley 6/2018, al 
haber modificado el legislador autonómico este precepto. El recurso ha perdido pues su 
objeto en cuanto a esta tacha competencial.
7.  Examen de la alegada inconstitucionalidad mediata de los arts. 2.2 g), 11, 45.1 e) 
y 54.19 de la Ley 6/2018.
Se alega asimismo en el recurso la inconstitucionalidad indirecta o mediata de varios 
preceptos de la Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja referidos a la esterilización de los animales de compañía, en concreto de los 
arts. 2.2 g), 11, 45.1 e) y 54.19. Los arts. 2.2 g) y 11.2 han sido reformados por el art. 17 
de la Ley 2/2020, pero se trata de modificaciones que no determinan la desaparición de 
la controversia competencial suscitada, por lo que el objeto del recurso pervive en este 
punto.
Señalan los senadores recurrentes que el art. 2.2 g) de la Ley 6/2018 establece 
como una de las acciones para alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los 
animales la de «garantizar la esterilización […] para evitar la superpoblación y en última 
instancia el abandono». El art. 11, apartados 1 y 2, impone la esterilización forzosa, bajo 
control veterinario, de determinados animales de compañía (perros, gatos y hurones), 
salvo que exista un certificado veterinario que desaconseje por motivos de salud del 
animal la esterilización. Además, el art. 45.1 a) impone a los establecimientos de venta 
de  animales  la  obligación  de  vender  los  perros,  gatos  y  hurones  previamente 
«esterilizados, conforme a lo previsto en esta ley, excepto aquellos destinados a centros 
de cría autorizados». El incumplimiento de las obligaciones de esterilizar a los animales 
de compañía en los supuestos determinados por la Ley 6/2018 se tipifica como infracción 
grave en su art. 54.19. Según los recurrentes, esta regulación sobre la esterilización 
forzosa  de  los  animales  de  compañía  sería  inconstitucional  porque  «excede  de  la 
legislación básica, que no establece la obligación de esterilización sistemática de estos 
animales».
Para descartar la infracción competencial alegada bastaría con constatar que los 
recurrentes no cumplen la carga de identificar la concreta norma básica con la que la 
regulación contenida en los arts. 2.2 g), 11, 45.1 e) y 54.19 de la Ley 6/2018, referidos a 
la esterilización forzosa de ciertos animales de compañía (perros, gatos y hurones), 
entraría en contradicción insalvable. En consecuencia, esta queja competencial debe ser 
rechazada.
Por otra parte procede advertir que en el recurso se alega también, al hilo de la 
antedicha  tacha  competencial,  que  la  esterilización  sistemática  de  los  animales  de 
compañía «puede afectar al derecho de propiedad privada reconocido en el art. 33 CE». 
Se trata de una aseveración a todas luces insuficiente para fundamentar la presunta 
contradicción constitucional material que apuntan los recurrentes, lo que exime a este 
tribunal de examinar esa tacha. En cualquier caso conviene señalar que la obligación de 
esterilizar,  bajo  estricto  control  veterinario  y  limitada  a  determinados  animales  de 
compañía (perros, gatos y hurones), salvo en los casos que la propia Ley 6/2018 
determina,  responde  al  propósito,  según  determina  el  art.  2.2  g),  de  evitar  la 
superpoblación y en última instancia el abandono de animales. Este propósito, que cabe 
considerar constitucionalmente legítimo, se halla, por otra parte, en sintonía con los 
compromisos internacionales asumidos por España, debiendo indicarse al efecto que el 
citado Convenio europeo sobre protección de animales de compañía de 1987 permite 
expresamente las intervenciones quirúrgicas sobre animales de compañía «para impedir  e
la reproducción» [art. 10.2 b)] y determina, con el fin de evitar el abandono de estos  bo
animales, que las partes firmantes se comprometen a tratar de «reducir la reproducción  69ww
no planificada de perros y gatos, estimulando su esterilización» [art. 12 b) ii)].
8.  Examen de la alegada inconstitucionalidad mediata de los apartados 4 y 28 del 
art. 7 de la Ley 6/2018.
Según los senadores recurrentes, algunas de las prohibiciones a los propietarios o 
poseedores de animales establecidas en el art. 7 de la Ley 6/2018, de protección de los 
animales  en  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  incurren  en  inconstitucionalidad 
mediata, por ser incompatibles con la normativa básica.
a)  Así sucedería según los recurrentes con el art. 7.4, que en su redacción inicial 
prohibía  «mantener  a  los  animales  atados  o  encerrados  permanentemente  o  en 
condiciones  que  provoquen  un  sufrimiento  para  el  animal,  debiendo  habilitarse  un 
cerramiento adecuado y regularse el tiempo de esparcimiento diario», lo que entraría en 
contradicción  con  la  normativa  básica  sobre  animales  de  producción,  aprobada  al 
amparo  de  las  competencias  estatales  del  art.  149.1.13  y  16  CE,  que  impone 
determinadas  obligaciones  en  las  instalaciones  para  garantizar  el  bienestar  de  los 
animales, citándose al efecto en el recurso el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por 
el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, y el 
Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos.
Sin embargo, el art. 7.4 de la Ley 6/2018 ha recibido nueva redacción en virtud del 
art. 17.7 de la Ley 2/2020, de modo que ahora la prohibición de mantener a los animales 
atados o encerrados permanentemente o en condiciones que les provoquen sufrimiento 
ya no atañe a todo tipo de animales, como pudiera entenderse que sucedía en la 
redacción inicial del precepto, sino que se ciñe a los animales de compañía que señala 
(gatos, perros y hurones). En consecuencia, sin necesidad de entrar a examinar si los 
reales  decretos  invocados  en  el  recurso  de  inconstitucionalidad  tienen  carácter 
materialmente  básico,  cabe  concluir  que  no  subsiste  la  controversia  competencial 
suscitada por los recurrentes sobre el art. 7.4, por lo que el recurso ha perdido su objeto 
en este punto.
En efecto, los recurrentes sostenían que la prohibición establecida por el art. 7.4 de 
la Ley 6/2018 en su redacción inicial, al referirse indistintamente a todos los animales, 
vulneraba la normativa básica, porque permitía entender incluidos en esa prohibición a 
los animales de producción. Conviene advertir que no era enteramente descartable que 
esa regulación autonómica pudiera ser interpretada como referida en exclusiva a los 
animales de compañía (en particular a los perros, gatos y hurones, conforme al inciso 
final del precepto), teniendo en cuenta que el impugnado art. 7.4 se corresponde con la 
obligación que establece el art. 6.2 d) para los dueños o poseedores de este tipo de 
animales («adoptar las medidas necesarias, garantizando que los animales de compañía 
no permanezcan atados ni encerrados de forma permanente»), a cuya protección se 
dirige fundamentalmente la Ley 6/2018. En cualquier caso, tras la reforma introducida 
por el art. 17.7 de la Ley 2/2020 en el art. 7.4 de la Ley 6/2018 no existe ningún género 
de dudas en cuanto a que la prohibición que establece este precepto no incluye a los 
animales de producción, sino que se refiere en exclusiva a los gatos, perros y hurones, 
por lo que la controversia competencial suscitada sobre el art. 7.4 de la Ley 6/2018 no 
pervive y el recurso ha perdido su objeto en este punto.
b)  El art. 7.28 de la Ley 6/2018, que establece la prohibición de «usar perros como 
barrera para impedir el paso del ganado», puede interpretarse –afirman los recurrentes– 
como un obstáculo al uso de perros para la protección de rebaños contra el ataque de 
depredadores, lo que no solo no se encuentra amparado en la legislación básica sino  e
que además supone una restricción de las actividades ganaderas tradicionales. bo
Para descartar la infracción competencial alegada bastaría de nuevo con constatar  69ww
qquuee  llao sr ergeucluarcrieónnt ecso nntoe nciudma pelne ne l laa rtc.a 7rg.2a8  ddee  ildae Lnetiyfi c6a/r2 0la1 8c oennctrraertíaa  neonr mcoan tbráasdiiccac iócno.n E lan 
taoñdaod ec ausno e, nlau nmcioaddiofi,c apceirómni tdee d eessctea rtparre scienp ntoin pgoúrn  eglé naertr.o 1 d7e.7 d uddea lsa  laL einyt e2r/p2r0e2ta0c, ióqnu eq ulee 
realizaban los recurrentes en cuanto que la norma autonómica suponía una restricción
de las actividades ganaderas tradicionales (uso de perros pastores). En efecto, en su 
redacción actual el art. 7.28 prohíbe «usar perros como barrera para impedir el paso del 
ganado, ello sin perjuicio de su uso tradicional para el cuidado y manejo del ganado, así 
como para la protección de rebaños contra el ataque de depredadores».
Debe pues declararse, conforme a la doctrina constitucional citada en el fundamento 
jurídico  primero  de  la  presente  sentencia,  que  ha  desaparecido  la  controversia 
competencial suscitada en torno al art. 7.28 de la Ley 6/2018. Al haber dado el legislador 
autonómico una nueva redacción a este precepto, se desvanece la pretendida y no 
fundamentada infracción de la normativa básica. El recurso ha perdido, por tanto, su 
objeto en cuanto a esta tacha competencial.
9.  Examen de la alegada inconstitucionalidad mediata del art. 12.2 a) y b) de la 
Ley 6/2018.
Se aduce asimismo en el recurso la inconstitucionalidad mediata o indirecta del 
art. 12.2 a) y b) de la Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, que regula el transporte de animales de compañía.
Procede advertir que en la redacción inicial del art. 12 de la Ley 6/2018 se utilizaba el 
término  «traslado»,  en  lugar  del  término  «transporte»,  que  es  el  empleado  por  la 
normativa básica. Tras la reforma introducida por el art. 17.10 de la Ley 2/2020 en aquel 
precepto, la norma autonómica emplea también ahora el término «transporte», por lo que 
cualquier  reparo  que  pudiera  entenderse  dirigido  en  el  recurso  contra  el  sintagma 
«traslado de animales» utilizado en la inicial redacción del parcialmente impugnado 
art. 12 de la Ley 6/2018, por apartarse de la denominación utilizada por la legislación 
básica («transporte de animales») debe entenderse desaparecido como consecuencia 
de esa reforma legal.
Con carácter previo al examen de esta queja debe indicarse que en el recurso se 
argumenta también que si bien el art. 12.1 de la Ley 6/2018 establece que en el 
transporte «de animales destinados a la producción, se estará a lo dispuesto en la 
normativa de la Unión Europea y la legislación sectorial vigente», se puede interpretar 
que igualmente el transporte de animales de compañía queda sujeto a la normativa 
europea en la materia, lo que entraría en contradicción con lo dispuesto por la norma 
básica (art. 2 del Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad 
y  protección  animal  durante  el  transporte)  que,  siguiendo  el  Derecho  de  la  Unión 
Europea, restringe su ámbito de aplicación al transporte de animales vertebrados vivos 
en relación con una actividad económica, excluyéndose expresamente el transporte de 
animales domésticos, siempre que no se efectúe en relación con tal actividad.
Pues bien, sin perjuicio de que el art. 12.1 de la Ley 6/2018 no aparece relacionado 
ni en el encabezamiento ni en el suplico del recurso entre los preceptos impugnados de 
esa  ley,  lo  que  nos  exime  de  su  enjuiciamiento,  cabe  con  todo  indicar  que  la 
interpretación que aventuran los recurrentes de este precepto carece en realidad de 
fundamento, pues el art. 12 de la Ley 6/2018 distingue claramente en sus dos apartados 
entre el transporte de animales de producción (art. 12.1), que se rige por lo dispuesto 
«en la normativa de la Unión Europea y la legislación sectorial vigente» (lo que implica el 
respeto a la normativa básica) y el transporte de animales de compañía, que deberá 
llevarse a cabo cumpliendo las condiciones que determina el art. 12.2.
Se impugna en el recurso, como se ha indicado, la regulación contenida en el 
art. 12.2 a) y b) de la Ley 6/2018. El art. 12.2 a) establece que en el transporte de 
animales de compañía se deberá «disponer de espacio suficiente en el interior del medio  e
de transporte empleado que permita como mínimo que puedan levantarse y tumbarse,  bo
sin riesgo de lesiones o daño para el animal». Ahora bien, como ya se anticipó, en este  69ww
ccaosno l an oq usee  scuupmupelset alam ecanrteg ae natrrgaurmíae ennta tcivoan treaxdigicibclieó,n  peule asr tn. o1 2s.e2  inad) icdae  llaa  nLoerym 6a/ 2b0á1s8ic ay 
ptarmecpeopctoo , sqeu eo fqreuceed au np orra zeollon armeciehnatzoa dean. el que se pueda fundar la impugnación de este
El art. 12.2 b) establecía en su redacción inicial (que es la impugnada) que en el 
transporte de animales de compañía se deberá «garantizar que los medios de transporte 
y remolques sean diseñados adecuadamente para proteger a los animales de golpes, 
inclemencias climatológicas acusadas, de la intemperie, entre otros, debiendo indicarse 
la presencia de animales vivos de manera visible». Según el recurso, el requisito de que 
los  medios  de  transporte  y  remolques  indiquen  la  presencia  de  animales  vivos  de 
manera visible va más allá de lo establecido en el Derecho de la Unión Europea y en la 
legislación básica del Estado, que no establece esta obligación (art. 5 de la Ley 32/2007, 
de 7 de noviembre, cuyo contenido quedó transcrito en el fundamento jurídico quinto de 
la presente sentencia).
Pues bien, el art. 12.2 b) de la Ley 6/2018 ha recibido nueva redacción en virtud del 
citado art. 17.10 de la Ley 2/2020, de modo que ahora se dispone que en el transporte 
de  animales  de  compañía  se  deberá  «garantizar  que  los  medios  de  transporte  y 
remolques estén diseñados adecuadamente para proteger a los animales de golpes, 
inclemencias climatológicas acusadas, de la intemperie, entre otros». Se ha suprimido, 
por tanto, la exigencia de indicar en el vehículo la presencia de animales vivos de 
manera visible, que era el enunciado sobre el que versaba la tacha competencial de los 
recurrentes, como se ha dicho. Por consiguiente debemos concluir que no pervive la 
controversia competencial suscitada sobre el art. 12.2 b) de la Ley 6/2018 y que el 
recurso ha perdido por ello su objeto en este punto.
10.  Examen  del  motivo  de  inconstitucionalidad  referido  a  la  infracción  de  la 
competencia estatal en materia de Derecho civil.
Se alega asimismo en el recurso otra tacha competencial distinta, referida a la 
vulneración  de  la  competencia  exclusiva  del  Estado  en  materia  de  legislación  civil 
(art. 149.1.8 CE). Como es sabido, esta competencia abarca por entero la legislación 
civil, sin más posible excepción que la conservación, modificación y desarrollo por las 
comunidades autónomas de sus derechos civiles especiales o forales, allí donde existan, 
y siempre que no se trate de las materias reservadas «en todo caso» al Estado por el 
propio art. 149.1.8 CE (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FFJJ 17 a 19; 88/1993, 
de 12 de marzo, FJ 1; 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1, y 132/2019, de 13 de noviembre, 
FJ 6). La Comunidad Autónoma de La Rioja carece de Derecho civil especial o foral 
propio y por tanto de competencia en esta materia.
Efectuadas  las  precisiones  que  anteceden,  procede  examinar  si  concurre  la 
denunciada infracción de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
civil. Sostienen los recurrentes que las prohibiciones de donación, venta y cesión de 
animales, así como de filmación de estos, establecidas en los apartados 8, 10, 11, 12 
y 14 del art. 7 de la Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, vulneran esa competencia estatal, al regular relaciones jurídicas 
entre  particulares,  para  lo  que  la  Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja  carece  de 
competencia. El ejercicio de las competencias autonómicas para legislar en materia de 
protección animal exige respetar la competencia exclusiva que, en materia de legislación 
civil, atribuye al Estado el art. 149.1.8.CE; esta competencia no permite regular las 
relaciones jurídicas entre particulares que, sometidas al Derecho privado, se suscitan en 
el ámbito de la realidad social que constituye el sustrato material de las competencias 
autonómicas específicas. La regulación autonómica se despliega en la relación jurídico-
pública (vertical) que se entabla entre la administración y el ciudadano y solo puede 
anudar  a  su  incumplimiento  consecuencias  de  índole  estrictamente  jurídico- e
administrativa, como, por ejemplo, en este caso, la prohibición del ejercicio de ciertas  bo
actividades o la imposición de sanciones administrativas; pero no efectos propios de la  69ww
relacLioósn  phroercizeopntotasl , iimntpeur gpnraivdaotoss a, lcuodmeno  laa  dneutleidramdi ndaed uons  caosnpteracttoos o  qnueeg occoinov jiuernídei caon.alizar.
Eprl omarot.c ió7n.8,  epnrotrheígbaer lo«sh accoemr od opnreamciioon, erse cdlaem olo sp uabnliicmitaarleios,  rceocmoom preengsaalo»,.  sEol rtaerot.,  7r.if1a0, 
prohíbe «venderlos, donarlos o cederlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de
las  garantías  previstas  en  la  normativa  vigente».  El  art.  7.11  prohíbe  «venderlos, 
donarlos o cederlos a menores de dieciocho años o a incapacitados sin la autorización 
de quienes tengan la patria potestad o custodia de los mismos». El art. 7.12 prohíbe 
«utilizar animales en filmación de escenas para cine, televisión o internet, artísticas o 
publicitarias, que conlleven muerte, maltrato, crueldad o sufrimiento, salvo que se trate 
de un simulacro». En fin, el art. 7.14 prohíbe «comercializar con ellos, fuera de los 
certámenes u otras concentraciones de animales vivos y establecimientos de venta y 
cría  debidamente  autorizados;  salvo  las  transacciones  entre  particulares  cuando  se 
limiten a sus animales, no tengan ánimo de lucro y se garantice el bienestar del animal».
Los preceptos referidos, aplicables tanto a los animales de compañía como a los de 
producción, inciden directamente en la regulación de la estructura de determinados 
contratos, al prohibir que sean objeto de los mismos los animales (apartados 8, 10, 12 
y 14 del art. 7) o regular la capacidad de las personas menores de edad o con capacidad 
limitada para ser donatarias o adquirentes en cualquier contrato que tenga por objeto un 
animal (apartado 11 del art. 7). Tanto el objeto de los contratos (arts. 1261.2 y 1271 
a 1273 del Código civil), como la capacidad para contratar (arts. 1261.1, 1262 y ss. del 
Código civil), constituyen «bases de las obligaciones contractuales», de competencia 
estatal exclusiva «en todo caso» (art. 149.1.8 CE). Por consiguiente, esta regulación, 
emanada de una comunidad autónoma que carece de derecho civil propio, invade la 
competencia estatal en materia de legislación civil (art. 149.1.8 CE) y además afecta a 
las  bases  de  las  obligaciones  contractuales,  cuya  regulación  queda  reservada  al 
legislador estatal (SSTC 71/1982, FFJJ 17 a 19, y 132/2019, FJ 6). En consecuencia, los 
apartados  8,  10,  11,  12  y  14  del  art.  7  de  la  Ley  6/2018  deben  ser  declarados 
inconstitucionales y nulos.
11.  Examen  de  los  motivos  de  inconstitucionalidad  de  carácter  sustantivo.  La 
dignidad de la persona como valor constitucional supremo.
Procede  entrar  a  continuación  a  examinar  las  quejas  de  carácter  material  o 
sustantivo  que  se  aducen  en  el  recurso  de  inconstitucionalidad.  Las  abordaremos 
siguiendo el orden en que se plantean en el recurso.
Sostienen en primer lugar los recurrentes, conforme ha quedado reseñado en los 
antecedentes de la presente sentencia, que la Ley 6/2018, de protección de los animales 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, vulnera el sistema de valores recogido en el 
art.  10.1  CE,  al  imponer  una  ideología  animalista  que  establece  una  peligrosa 
equiparación  entre  la  dignidad  de  la  persona,  valor  constitucional  supremo,  y  la 
protección de los animales. La Ley 6/2018 recoge en su art. 2.1 el principio de «máximo 
nivel de protección y bienestar de los animales», pero esa protección máxima en nuestro 
derecho solo corresponde a las personas, en función de la dignidad que les es intrínseca 
(por  todas,  SSTC  53/1985,  de  11  de  abril,  FJ  8;  20/1990,  de  27  de  junio,  FJ  4, 
y 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 5), tal y como determinan el art. 10.1 CE, al igual que 
ocurre en el caso de la Constitución alemana (art. 1.1) y como lo proclaman también los 
tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  (se  citan  expresamente  los 
preámbulos de la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 y del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos de 1966, así como el art. 1 de la Carta de 
derechos fundamentales de la Unión Europea).
Nuestra Constitución –prosiguen los senadores recurrentes– no contiene ninguna 
referencia a la protección o bienestar de los animales como valor constitucional. Ni 
siquiera entre los principios rectores de la política social y económica se encuentra  e
ninguna previsión relativa a la protección de los animales, más allá de la genérica  bo
referencia a la protección del medio ambiente (art. 45). En ningún caso puede hablarse  69ww
dcoen sdtirguncidciaodn edse i nltoesle catnuiamleasle as  lap aproas tarep ocyoanrd ulac epnr oat ereclcaiótivni zdaer  lae sdtiogsn,i dpaude hsu mesatnea t.ipo de
recoEmne nsduamcaio, nneasd aa  lhaasy  ajdumrídinicisatmraecniotnee qs upeú bolbicjeatsa,r  caolm eos tsaebñleaclaim eiel nPtoro tdoec odloir encútimva.s 3 o3 
anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre la protección y el bienestar
de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam; tampoco a los particulares, 
para que ofrezcan, dentro de sus recursos limitados, una protección a los animales. 
Cuestión distinta es establecer en una ley el principio jurídico de «máximo nivel de 
protección y bienestar de los animales», como se hace en el art. 2.1 de la Ley 6/2018, 
pues ello supone, según los senadores recurrentes, una vulneración del sistema de 
valores de nuestra Constitución, que se fundamenta en la dignidad de la persona, en los 
derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de su personalidad 
(art. 10.l CE).
Antes de dar respuesta a esta primera tacha de inconstitucionalidad de carácter 
sustantivo conviene precisar que, si bien del planteamiento del recurso se infiere que se 
dirige contra la Ley 6/2018 en su integridad, lo cierto es que debe entenderse ceñida a 
los concretos preceptos de esta ley impugnados en el recurso, según se establece en el 
suplico y conforme a la voluntad impugnatoria expresada previamente por la agrupación 
de parlamentarios recurrentes en el acuerdo que documenta esa voluntad y que se 
acompaña al escrito del recurso. Tales preceptos son los relacionados en el primer 
antecedente y el primer fundamento jurídico de la presente sentencia. En particular, la 
queja de los recurrentes se centra de modo expreso en el citado art. 2.1 y, por conexión, 
en el art. 6.2, letras a), b), c), g) y l), en la medida que establecen ciertas obligaciones de 
los propietarios y poseedores de animales respecto de estos que «no están siempre 
garantizadas  para  los  seres  humanos».  También  en  el  art.  7.3,  en  cuanto  prohíbe 
mantener los animales en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-
sanitario, precepto al que ya nos hemos referido desde la perspectiva competencial. Así 
como en el art. 12.2, letras a) y b), en lo que se refiere a los requisitos para el transporte 
de animales de compañía, preceptos de los que ya nos hemos ocupado también desde 
el punto de vista competencial. Como antes se advirtió, algunos de estos preceptos, 
concretamente los arts. 2.1, 6.2 y 12.2 b) han sido modificados por el art. 17 de la 
Ley 2/2020, por lo que ha de declararse, conforme a la doctrina constitucional recordada 
en el primer fundamento jurídico de la presente sentencia, que el recurso ha perdido 
objeto en cuanto a la impugnación de esos preceptos por motivos no competenciales.
Debe recordarse, por otra parte, que el control que se lleva a cabo por este tribunal 
en el recurso de inconstitucionalidad es un control jurídico, no político ni de oportunidad, 
calidad técnica o idoneidad. De modo que las intenciones o finalidades del autor de la 
ley, su estrategia política o su propósito último no constituyen, como es evidente, objeto 
de nuestro enjuiciamiento, que ha de circunscribirse a contrastar los concretos preceptos 
impugnados y las normas o principios constitucionales que integran en cada caso el 
parámetro de control (por todas, SSTC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 1; 222/2006, 
de 6 de julio, FJ 4; 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4; 90/2017, de 5 de julio, FJ 2, 
y 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 2).
Habremos, pues, de examinar si los preceptos impugnados de la Ley 6/2018, de 
protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, han vulnerado lo 
dispuesto en el art. 10.1 CE, conforme al cual «la dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley 
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». 
Como este tribunal ha tenido ocasión de señalar, «se encuentran afirmaciones parecidas 
en el derecho comparado y, en el plano internacional, la misma idea se expresa en la 
Declaración universal de los derechos humanos (preámbulo, párrafo primero) y en el 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales del Consejo de Europa (preámbulo, párrafo cuarto)» (STC 25/1981, de 14  s
de julio, FJ 5). También, cabe añadir, en el preámbulo y el art. 1 de la Carta de los  oe.
derechos fundamentales de la Unión Europea. w.
Ciertamente, nuestra Constitución ha elevado a valor jurídico fundamental la dignidad  69ww
dvien clual apdear síonntiam, a«mceonmteo  cgoenrm eel nli bore n dúecsleaor rodlelo  udneo sla  dpeererscohnoasl idqaude  (laer t.s o1n0 .1in hCeEre);n taessí»,  lay 
dsiinggnuidlaardm e«netse  uenn  lvaa alourt oedsepteirritmuainl ayc iómn ocroanl sicniheenrteen yte r eas ploan spaebrsleo ndae,  laq upero psiea  vmidaan iyfi eqsutae   BOE-A-cable e
lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás» (STC 53/1985, de 11 de 
abril, FFJJ 3 y 8). La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad 
«suponen  la  base  de  nuestro  sistema  de  derechos  fundamentales»  (por  todas, 
SSTC 212/2005, de 21 de julio, FJ 4, y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8).
Ahora bien, la dignidad de la persona reconocida por el art. 10.1 CE «no significa ni 
que todo derecho le sea inherente –y por ello inviolable– ni que los que se califican de 
fundamentales sean in toto condiciones imprescindibles para su efectiva incolumidad, 
de modo que de cualquier restricción que a su ejercicio se imponga devenga un estado 
de indignidad […]. Proyectada sobre los derechos individuales, la regla del art. 10.1 CE 
implica que, en cuanto ‘valor espiritual y moral inherente a la persona’ (STC 53/1985, 
FJ 8), la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la 
persona se encuentre […], constituyendo, en consecuencia, un minimum invulnerable 
que  todo  estatuto  jurídico  debe  asegurar,  de  modo  que,  sean  unas  u  otras  las 
limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven 
menosprecio  para  la  estima  que,  en  cuanto  ser  humano,  merece  la  persona» 
[SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 4; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 a), y 192/2003, 
de 27 de octubre, FJ 7].
El examen de los preceptos impugnados de la Ley 6/2018, de protección de los 
animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, no permite compartir la tesis que se 
sostiene en el recurso según la cual esa regulación impone una «ideología animalista» 
que vulnera el sistema de valores establecido en el art. 10.1 CE. Procede advertir que, 
tras su reforma por el art. 17.1 de la Ley 2/2020, el art. 2.1 de Ley 6/2018 continúa 
proclamando que la finalidad de esta ley es «alcanzar el máximo nivel de protección y 
bienestar  de  los  animales»  («fundamentalmente  los  de  compañía  y  los  que  se 
encuentren bajo la responsabilidad de las personas», como se cuida el precepto de 
precisar en su actual redacción). No cabe ver en tal enunciado un propósito de relativizar 
la dignidad de la persona, valor jurídico fundamental; otro tanto cabe afirmar de los 
restantes preceptos impugnados de la Ley 6/2018 que no han sido modificados por la 
Ley 2/2020. No puede haber equivalencia entre la dignidad humana, reconocida por el 
art. 10.1 CE, y la protección y el bienestar de los animales, que es un bien de rango 
infraconstitucional, ni cabe entender que la Ley 6/2018 pretenda esa equiparación.
De la garantía constitucional de la dignidad de la persona deriva ciertamente un 
mandato de respeto dirigido principalmente a los órganos del Estado, que impide a estos 
emanar normas o actos que tengan un efecto degradante o envilecedor para la dignidad 
humana.  Ahora  bien,  no  se  advierte  que  la  Ley  6/2018  incurra  en  ese  vicio  de 
inconstitucionalidad. Procurar, a través de disposiciones normativas, que se dispense 
buen trato a los animales de compañía y que se eviten o minimicen, en lo posible, 
sufrimientos innecesarios, injustificados o evitables a los animales de producción en las 
actividades ganaderas y comerciales, son medidas legítimas que el legislador estatal y 
autonómico pueden adoptar en el marco de sus respectivas competencias que puedan 
proyectarse  sobre  esta  materia  y  que  no  tienen  por  qué  comprometer  la  dignidad 
inherente a la persona en modo alguno. Antes bien, la creciente preocupación por la 
protección de naturaleza, y en particular de los animales, constituye una tendencia 
generalizada en las sociedades más avanzadas, que es vista como una manifestación 
de progreso moral y como tal perfectamente acomodada a la dignidad del ser humano. 
En esta misma línea cabe recordar la ratificación por España del Convenio europeo 
sobre protección de animales de compañía de 1987, en cuyo preámbulo se señala que 
«el hombre tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas vivas». Desde esta  s
perspectiva cobran sentido las diversas prescripciones de la Ley 6/2018 a las que se  oe.
hace mención en el recurso, en las que no cabe ver una preterición de la dignidad  w.
humana ni de los derechos inviolables que le son inherentes. 69ww
fundNaom esnet aal pdreec iala,   ednig nsiudmada , dqeu ela  lap erresgounlaac i(óanr t.i m1p0u.1g naCdEa) , inlofr inqjau ee l covanldour ceju ríad iclao 
desestimación del recurso en este punto.
12.  Sobre la alegada vulneración de las libertades ideológica y religiosa y del 
mandato de aconfesionalidad del Estado.
Según los senadores recurrentes, la Ley 6/2018, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, vulnera la libertad ideológica y la libertad religiosa 
(art. 16.1 CE), así como la prohibición de que existan confesiones de carácter estatal 
(art. 16.3 CE).
Se afirma en el recurso que la Ley 6/2018 se inspira en una «ideología animalista» 
que parte de una premisa incompatible con la Constitución. La ideología animalista, que 
equipara el bienestar de los animales con el de los seres humanos, es una convicción 
filosófica que legítimamente puede defenderse, pero que no puede imponerse a todos 
los ciudadanos a través de una ley como creencia obligatoria, porque esto supondría una 
vulneración de las libertades ideológica y religiosa (art. 16.1 CE), que podría afectar a la 
prohibición de que existan confesiones de carácter estatal (art. 16.3 CE). La pretensión 
de que la ideología animalista se convierta en una confesión o una ideología de carácter 
estatal y de imponerla a través de leyes se pone de manifiesto en la exposición de 
motivos de la Ley 6/2018, cuyo contenido se transcribe en parte en el recurso.
Como en el caso de la tacha de inconstitucionalidad precedente, esta segunda tacha 
de  carácter  sustantivo  debe  entenderse  referida  a  los  concretos  preceptos  de  la 
Ley 6/2018 impugnados en el recurso, relacionados en el primer antecedente y el primer 
fundamento jurídico de la presente sentencia, algunos modificados por el art. 17 de la 
Ley 2/2020, como ya se dijo, lo que determina respecto de estos la pérdida de objeto del 
recurso; se trata en concreto de los arts. 2.1, 6.2 y 12.2 b). En cuanto a la exposición de 
motivos de la Ley 6/2018, procede recordar que los preámbulos o las exposiciones de 
motivos de las leyes carecen de valor normativo, por lo que no pueden ser objeto directo 
de un recurso de inconstitucionalidad, sin perjuicio de su valor interpretativo (por todas, 
SSTC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 2; 116/1999, de 17 de junio, FJ 2; 31/2010, de 28 
de junio, FJ 7; 104/2015, de 28 de mayo, FJ 3, y 158/2019, de 12 de diciembre, FJ 4).
En  estrecha  relación  con  el  pluralismo  político,  valor  superior  del  ordenamiento 
jurídico (art. 1.1 CE), y con el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona 
(art. 10.1 CE), el art. 16.1 CE garantiza la libertad ideológica, al par que la libertad 
religiosa y de culto, «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley». Así lo ha recordado este tribunal, 
al señalar que la libertad ideológica es esencial para la efectividad de los valores 
superiores del ordenamiento jurídico que se proclaman en el art. 1.1 CE para constituir el 
Estado  social  y  democrático  de  derecho,  especialmente  el  pluralismo  político 
(STC 20/1990, de 15 de febrero, FFJJ 3 y 4, cuya doctrina recuerda la STC 177/2015, 
de 22 de julio, FJ 5).
La  libertad  ideológica  implica,  ante  todo,  la  inmunidad  del  ciudadano  frente  a 
actuaciones  ilícitas  de  los  órganos  del  Estado;  es  decir,  la  garantía  de  no  verse 
compelido por un poder público a participar de determinado ideario o a manifestar su 
adhesión al mismo, compulsión constitucionalmente prohibida incluso en sus formas 
indirectas o subrepticias (art. 16.3 CE: «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias»). La libertad ideológica «no se agota en una dimensión 
interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto 
le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. 
Comprende, además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias 
ideas, sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de 
los poderes públicos» (SSTC 120/1990, FJ 10, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 8; en  e.
análogo  sentido,  respecto  de  la  libertad  de  creencias,  SSTC  177/1996,  de  11  de  w.b
noviembre, FJ 9; 141/2000, de 29 de mayo, FJ 4, y 101/2004, de 2 de junio, FJ 3, entre  69ww
otraTse).niendo en cuenta la referida doctrina constitucional, hemos de señalar que no
ay dvdeer ticmreoesn qcuiaes l aq rueeg uglaacriaónnt iczoan teeln idaart .e n1 6la.1 L eCy E6./ 2E01s8ta v ulelnye rees ltaasb lleibceer taodbelisg aidceioonlóegsi cay 
restricciones para los dueños y poseedores de animales, con el propósito de alcanzar el
mayor nivel de protección y bienestar de los animales –en particular los de compañía–, lo 
que  sin  duda  obedece  a  una  determinada  convicción  filosófica,  por  lo  demás 
perfectamente respetable. No se aprecia que los preceptos impugnados «perturben o 
impidan de algún modo la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada 
ideología o pensamiento» (SSTC 137/1990, FJ 8, y 177/2015, FJ 5; ATC 19/1992, de 27 
de enero, FJ 2) de sentido contrario a la que inspira al autor de la Ley 6/2018 –nada 
alegan los recurrentes al respecto–, por lo que desde esta perspectiva cabe descartar 
que la normativa impugnada incurra en infracción del art. 16.1 CE.
Tampoco cabe entender que la Ley 6/2018 obligue a los dueños y poseedores de 
animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja a participar de un pretendido ideario 
animalista o a manifestar su adhesión al mismo. El legislador autonómico, dentro de su 
legítimo  margen  de  configuración,  establece  obligaciones  y  prohibiciones  para  los 
propietarios  y  poseedores  de  animales  con  el  propósito  de  fomentar  la  tenencia 
responsable  y  evitar  el  maltrato  animal.  Acaso  algunas  de  estas  obligaciones  y 
prohibiciones puedan ser consideradas excesivas o injustificadas por sus destinatarios, 
pero ello en modo alguno equivale a la imposición de una determinada ideología por 
parte del poder legislativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por lo que también 
desde esta perspectiva ha de descartarse la vulneración de las libertades ideológica y de 
creencias que garantiza el art. 16.1 CE.
Lo expuesto permite asimismo descartar la alegada vulneración del primer inciso del 
art. 16.3 CE, conforme al cual «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Nada hay en 
el enunciado de los preceptos impugnados de la Ley 6/2018, de protección de los 
animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que permita apreciar que el legislador 
autonómico ha pretendido hacer de la «ideología animalista» una confesión o ideología 
de carácter estatal e imponerla a los propietarios y poseedores de animales en esa 
comunidad autónoma.
13.  Acerca de la alegada vulneración del principio de legalidad sancionadora.
Se denuncia también en el recurso que la Ley 6/2018, de protección de los animales 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, infringe los principios de legalidad y tipicidad en 
materia sancionadora (arts. 9.3 y 25.1 CE), por la indeterminación de las infracciones 
que establece.
El régimen sancionador que establece la Ley 6/2018 se contiene en su título VIII, 
arts.  52  a  63.  El  art.  53  enumera  las  conductas  que  tienen  la  consideración  de 
infracciones leves; el art. 54 las que se consideran como infracciones graves, y el art. 55 
las consideradas como muy graves. El art. 56 determina las sanciones que corresponde 
imponer a las infracciones tipificadas en los anteriores preceptos, para cuya graduación 
habrá  de  atenderse  a  los  criterios  establecidos  por  el  art.  58.  Las  modificaciones 
parciales introducidas en los arts. 53, 54 y 55 de la Ley 6/2018 por el art. 17 de la 
Ley 2/2020 no afectan a ninguno de los concretos preceptos impugnados en el presente 
recurso.
Esta  tacha  de  inconstitucionalidad,  basada  en  la  vulneración  del  principio  de 
legalidad sancionadora, se dirige concretamente contra determinados preceptos de la 
Ley 6/2018 referidos al régimen sancionador, los arts. 54.6, 55.1 y 56.1.
En relación con el art. 54.6, que tipifica como infracción grave «maltratar o agredir a 
un animal, siempre que no sea constitutivo de una infracción muy grave», y el art. 55.1, 
que tipifica como infracción muy grave «maltratar o agredir físicamente a los animales, o 
someterlos  a  cualquier  práctica  que  les  suponga  sufrimientos,  daños  graves  o  la  e
muerte», alegan los recurrentes que el principio de legalidad obliga a que la potestad  bo
sancionadora  de  la  administración  pública  cumpla  la  necesaria  predeterminación  69ww
mnoarnmearativ par edveia l a(l einxf rparcecviióan) , yl oc laqruae  (leexxi gcee rltaa )d, eetsetramnidnoa cvieódna ddeo sl alo cso tnipdousc tdae  pirnofrhaibcicdioan dees 
apdumnitiniviast rdaetli vEasst aadmo.p Llioas L eqyu e6 /2p0e1rm8 intaon s autnisafa cinet,e srpergeútanc lioósn  reecxuprarnesnitveas , dees talas  ecxaipgaecnicdiaads 
del principio de legalidad sancionadora, pues contiene en su art. 5 o) una definición de
maltrato animal tan amplia que vulnera el principio de tipicidad y la predeterminación de 
las infracciones administrativas, porque afectaría a la práctica totalidad de conductas con 
los animales. Sería incompatible, por ejemplo, con la producción de animales para la 
alimentación humana, o con ciertas prácticas veterinarias, con la experimentación para 
fines científicos y con otras prácticas como la caza o la tauromaquia.
Además, la definición de maltrato de la Ley 6/2018 se aparta, según los recurrentes, 
de la noción generalmente admitida de maltrato animal, que implica que este se haga 
dolosamente  o  de  manera  injustificada,  causando  sufrimientos  o  daños  inútiles  o 
innecesarios, lo que obliga a reducir al mínimo cualquier posible dolor, sufrimiento, 
angustia o daño duradero a los animales, en la medida de lo posible. La definición del 
maltrato animal realizada por la Ley 6/2018 se aparta de la contenida en la Ley 32/2007, 
de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio, así como de lo dispuesto en el Real Decreto 348/2000, 
de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, e incluso de lo 
previsto para el delito de maltrato a los animales en el art. 337 del Código penal.
Para dar respuesta a este motivo de inconstitucionalidad procede recordar en primer 
lugar que el principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) comprende en el plano 
normativo una doble garantía, formal y material. La garantía formal hace referencia al 
rango legal de las normas tipificadoras de infracciones y sanciones, aunque no cabe 
excluir la colaboración reglamentaria, subordinada a la ley (por todas, SSTC 166/2012, 
de 1 octubre, FJ 5; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 2, y 199/2014, de 15 de diciembre, 
FJ 3). La garantía material trae causa del mandato de taxatividad (lex certa) y se 
concreta en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las 
sanciones correspondientes. Hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas 
con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el 
ámbito de lo proscrito y prever así las consecuencias de sus acciones (SSTC 133/1987, 
de 21 de julio, FJ 4; 219/1989, de 21 de diciembre, FJ 4; 61/1990, de 29 de marzo, FJ 7; 
260/2007, de 20 de diciembre, FJ 7, y 144/2011, de 26 de septiembre, entre otras 
muchas).
El recurso hace descansar la pretendida infracción de la exigencia de predeterminación 
normativa, como garantía material del principio de legalidad sancionadora, en el argumento 
de que la definición del maltrato animal en la Ley 6/2018 se aparta de la establecida por la 
legislación estatal básica. Ahora bien, ya hemos dejado sentado en el fundamento jurídico 
quinto de la presente sentencia, al que procede remitirse, que la definición de maltrato 
animal establecida en la redacción inicial del art. 5 o) de la Ley 6/2018 ha sido modificada 
por  el  art.  17.3  de  la  Ley  2/2020,  de  tal  suerte  que  ahora  esa  noción  se  acomoda 
plenamente  a  la  normativa  básica,  que  entiende  como  maltrato  animal  la  conducta 
intencional que cause sufrimientos o daños inútiles, innecesarios, injustificados y evitables. 
Las prácticas legítimas que puedan suponer para los animales algún tipo de sufrimiento o 
dolor,  que  deben  evitarse  o  minimizarse  en  la  medida  de  lo  posible,  no  tienen  la 
consideración de maltrato animal y no pueden ser consideradas, por tanto, infracciones 
graves o muy graves con arreglo a lo previsto en los arts. 54.6 y 55.1.
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe apreciar que lo dispuesto por los arts. 54.6 
y 55.1 de la Ley 6/2018 incurra en vulneración del principio de legalidad sancionadora, 
pues la tipificación del maltrato animal que en tales preceptos se contiene, por referencia 
a lo dispuesto en el art. 5 o), satisface la inexcusable exigencia de predeterminación 
normativa. s
Los arts. 54.6 y 55.1 de la Ley 6/2018 cumplen las exigencias de predeterminación  oe.
normativa y certeza que se derivan del principio de legalidad consagrado en los arts. 9.3  w.
y 25.1 CE, así como del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pues la imposición  69ww
Ldeey  la6s/2 s0a1n8c inoon edse pdeen dmeu dltae  l(ay  macecrae sdoirsiacsre, ceionn asluid acda sdoe)  lpar eavdismtainsi setrna ceiól na ratu. to5n6ó dmeic ala, 
cduey au npao tceosntaddu cstaan dceio nmaadlotrraat os ea neinmcaule ntiptriafi ccaodnad,i cbioienna dcao,m doe  iunnfraa cpcaiórtne , gpraovr ela  (aerxti.s t5e4n.c6i)a,   BOE-A-cable e
bien como infracción muy grave (art. 55.1) y, por otra, por la concurrencia de los criterios 
establecidos en el art. 58 de la misma ley para graduar la cuantía de las multas y la 
imposición o no de las sanciones accesorias.
Alegan también los recurrentes que la regulación de las sanciones que se contiene 
en el art. 56 de la Ley 6/2018 vulnera el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la 
potestad sancionadora por las administraciones públicas, garantizado asimismo por el 
art. 25.1 CE. Esta tacha de inconstitucionalidad, conforme al suplico del recurso, debe 
entenderse referida a lo dispuesto en el apartado primero, letras b) y c), y en el apartado 
cuarto, letras b), c), d), e) y f), del art. 56 de la Ley 6/2018. De conformidad con el 
art. 56.1 b), las infracciones graves (art. 54) serán sancionadas con multa de 501 a 5000 
€, mientras que las infracciones muy graves (art. 55) se sancionarán con multa de 5 001 
a  100  000  €,  según  dispone  el  art.  56.1  c).  Además  de  estas  multas  podrán  ser 
impuestas al infractor las sanciones accesorias previstas en el art. 56.4 (decomiso de 
animales, clausura temporal de establecimientos, prohibición temporal de actividades, 
baja  temporal  en  los  registros  autonómicos,  prohibición  temporal  de  tenencia  de 
animales, retirada o denegación temporal de subvenciones y retirada del reconocimiento 
de  veterinario  colaborador).  Para  graduar  la  cuantía  de  las  multas  y  determinar  si 
procede o no la imposición de sanciones accesorias se tendrán en cuenta los criterios 
enumerados por el art. 58 (intencionalidad, trascendencia social o sanitaria y perjuicio 
causado, reincidencia, existencia de requerimiento previo al infractor, etc.).
En todo caso, los senadores recurrentes se limitan a afirmar que las sanciones 
reguladas en esos preceptos vulneran el principio de proporcionalidad en el ámbito 
sancionador administrativo, pero sin razonar de qué modo se produciría esa infracción. 
El incumplimiento de la carga argumentativa que incumbe al recurrente para desvirtuar la 
presunción de constitucionalidad de las leyes determina en este caso que deba también 
rechazarse la alegada vulneración del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) 
desde la perspectiva de la proporcionalidad de las sanciones.
14.  Los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos.
La Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja,  vulnera  también  los  principios  de  seguridad  jurídica  e  interdicción  de  la 
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), según los senadores recurrentes.
a)  Se alega en el recurso que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, la 
exigencia de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no 
la confusión normativa; debe procurar que, acerca de la materia sobre la que se legisle, 
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, huyendo de provocar 
situaciones objetivamente confusas. La Ley 6/2018 incurre deliberadamente en una mala 
técnica legislativa que amplía su objeto y ámbito de aplicación, vulnerando con ello la 
seguridad jurídica y la confianza legítima de sus destinatarios. De igual modo vulnera la 
prohibición constitucional de arbitrariedad de las leyes, porque muchos de sus preceptos 
carecen de explicación racional. Así, el art. 1 de la Ley 6/2018, referido al «objeto» de la 
ley, deja este sin definir e infringe el principio de seguridad jurídica porque no ofrece 
certidumbre acerca de a qué animales –además de los de compañía– se extienden las 
obligaciones que la ley impone a los dueños y poseedores de animales en su art. 6.2. 
Esta infracción constitucional también se produce por la misma razón en el art. 2.1 de la 
Ley  6/2018  («finalidad»)  y  otro  tanto  sucede  con  algunas  de  las  prohibiciones  s
enumeradas en el art. 7, en particular las establecidas en los apartados 3 y 4. Al no  oe.
distinguir el legislador autonómico en muchas ocasiones el régimen jurídico aplicable a  w.
tscipaaoldv aod  etei pnao nl oidmse ap lareensci.mepatl,o sto edno slo sse q vueen s es umjeetonsc iopnoer  iqguuea le as ala rse gpurelavcisióionn eess  edsep elac íLficeay  p6a/2ra0 1u8n,   2020-9769n https://ww
El art. 6 de la Ley 6/2018 regula un conjunto de obligaciones de los propietarios y
poseedores de animales que en muchas ocasiones no son suficientemente concretas ni
materialmente posibles para toda clase de animales y tampoco son susceptibles de 
control, por lo que estas medidas debían haber sido incluidas como principios generales 
y no como obligaciones. Ello se predica en particular de las obligaciones enunciadas en 
las letras a), b), c), d), e), f), g), h) y l) del art. 6.2. La vulneración del principio de 
seguridad jurídica proviene en gran medida de que las obligaciones mencionadas se 
aplican no solo a los dueños de los animales de compañía sino también a los dueños de 
animales de producción, asilvestrados o de competición, al no distinguir el legislador 
autonómico las obligaciones aplicables a los propietarios y poseedores de cada tipo de 
animal.
Lo  mismo  acontece,  según  los  recurrentes,  con  la  imprecisa  y  contradictoria 
definición de tipos de animales y de establecimientos que se contiene en el art. 5. Como 
la Ley 6/2018 no diferencia debidamente las obligaciones aplicables a los dueños de 
cada tipo de animal, quedan sujetos al mismo régimen jurídico los animales de compañía 
(a cuya protección va dirigida fundamentalmente la Ley 6/2018, según su exposición de 
motivos) y el resto de animales (los de producción, los de competición o de carrera, los 
de la fauna silvestre, etc.). La definición de los tres tipos de establecimientos (núcleos 
zoológicos, instalaciones para el mantenimiento de animales y centros de cría) que 
establece el art. 5 de la Ley 6/2018 tampoco es clara. Teniendo en cuenta la definición 
de núcleo zoológico del art. 5 i), tanto la instalación para el mantenimiento de animales 
de compañía como los centros de cría de animales son subtipos de núcleos zoológicos, 
incluyéndose ambas instalaciones dentro de una categoría mayor, que son los núcleos 
zoológicos. De esta forma, un centro de cría de animales que está dedicada a la 
reproducción y venta de los animales es un núcleo zoológico. Sin embargo, tal definición 
excluye expresamente «las instalaciones que alojan animales de producción». Además, 
la inclusión dentro de las instalaciones para el mantenimiento de animales de compañía 
de los centros de importación de animales conlleva que los requisitos de la Ley 6/2018 
deban aplicarse también a todos los animales que lleguen de otros estados.
También  vulnera  el  principio  de  seguridad  jurídica,  según  los  recurrentes,  la 
regulación contenida en el art. 12 de la Ley 6/2018 sobre el transporte de animales. El 
concepto legal de transporte de animales que emplea (siguiendo la normativa de la 
Unión  Europea)  el  Real  Decreto  542/2016,  de  25  de  noviembre,  sobre  normas  de 
sanidad y protección animal durante el transporte, excluye el transporte de animales 
vertebrados sin finalidad económica y el de invertebrados, con o sin finalidad económica. 
Este concepto de transporte de animales no se corresponde con la noción jurídica de 
transporte de animales del art. 12 de la Ley 6/2018, lo que deja en una situación de 
inseguridad jurídica a los propietarios y poseedores de animales.
b)  El examen de este motivo de inconstitucionalidad de carácter material, referido a 
la vulneración de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos (art. 9.3 CE), requiere precisar, en primer lugar, como en los 
motivos precedentes, que ha de entenderse referido a los concretos preceptos de la 
Ley  6/2018  que  se  impugnan  y  sobre  los  que  se  proyecta  en  el  recurso  una 
argumentación suficiente sobre esa concreta infracción constitucional. Esto es, sobre los 
arts. 1; 2.1; 5 i); 6.2, letras a), b), c), d), e), f), g), h) y l); 7.3 y 4; y 12.2 a) y b). Asimismo 
debe advertirse que, como se ha señalado antes, algunos de estos preceptos han 
recibido nueva redacción por el art. 17 de la Ley 2/2020; así sucede en el caso de los 
arts. 2.1, 6.2, 7.4 y 12.2 b). En consecuencia, procede declarar la pérdida de objeto del 
recurso  respecto  de  la  impugnación  de  estos  preceptos,  conforme  a  la  doctrina 
constitucional recordada en el primer fundamento jurídico de la presente sentencia. De  s
modo que la tacha no competencial que nos ocupa ha de entenderse referida a los  oe.
arts. 1, 5 i), 7.3 y 12.2 a) de la Ley 6/2018. w.
Por  otra  parte  cabe  señalar  que  los  razonamientos  de  los  recurrentes  giran  69ww
sfuengduarimdaedn tajulmrídeincate.  Eenn  ctuoarnnoto  aa  llaa  tparmetbeinédni daale ginafdraac lcaió inn tedredli cpcrióinnc idpeio  lac oanrbsittirtuacriieodnaadl  ddee 
cloosn sptiotudceiroensa l ppúobrqlicuoes m, uecl hroesc duers loo ss per elcimepittao sa d ea flair mLeayr  6q/u2e0 18se « cianrfreincegne  dees eex pplricinacciipóino   BOE-A-cable e
racional». Así planteado, el reproche de arbitrariedad que los recurrentes dirigen a la 
Ley 6/2018 (rectius, a los concretos preceptos impugnados de esta ley) carece de 
sustantividad propia que lo diferencie de la tacha de inconstitucionalidad basada en la 
infracción del principio de seguridad jurídica.
Para determinar si los referidos preceptos impugnados de la Ley 6/2018 vulneran el 
principio  de  seguridad  jurídica  garantizado  por  el  art.  9.3  CE  ha  de  tomarse  en 
consideración  que,  conforme  a  la  doctrina  de  este  tribunal  (sintetizada  en  las 
SSTC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, y 2006/2013, de 5 de diciembre, FJ 8, entre 
otras), la seguridad jurídica ha de entenderse como la «certeza sobre el ordenamiento 
jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados» (STC 156/1986, de 31 de 
enero, FJ 1), procurando «la claridad y no la confusión normativa» (STC 46/1990, de 15 
de marzo, FJ 4), así como «la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en 
cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (STC 36/1991, de 14 
de febrero, FJ 5). En definitiva, «solo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y 
teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las 
omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus 
destinatarios  una  incertidumbre  razonablemente  insuperable  acerca  de  la  conducta 
exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse 
que la norma infringe el principio de seguridad jurídica» (SSTC 96/2002, de 25 de abril, 
FJ 5; 93/2013, de 23 de abril, FJ 10, y 161/2019, de 12 de diciembre, FJ 4, por todas).
c)  De acuerdo con esta doctrina constitucional, no cabe apreciar infracción del 
principio de seguridad jurídica en el art. 1 de la Ley 6/2018. Ciertamente, la protección y 
tenencia responsable de los animales que constituye el objeto de esta ley, según este 
precepto, se extiende a todos los que se encuentren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, sin distinción entre animales de compañía y el resto de animales. 
De la lectura del articulado de la Ley 6/2018 (en particular de sus art. 2.1 y 6, tras la 
reforma introducida por el art. 17 de la Ley 2/2020) se desprende que, tal como señala 
en  su  exposición  de  motivos,  va  dirigida  fundamentalmente  a  la  protección  de  los 
animales de compañía, sin perjuicio de que algunos preceptos se refieran a otros tipos 
de animales y de que en otros casos la regulación no distinga entre los diferentes tipos 
de animales que define el art. 5. Ahora bien, el enunciado del art. 1, referido a todo 
tipo  de  animales,  no  vulnera  el  principio  de  seguridad  jurídica  de  sus  dueños  y 
poseedores. El objetivo genérico que proclama atañe sin lugar a dudas a todo tipo de 
animales, si bien de manera principal a los de compañía y los que se encuentran bajo la 
responsabilidad de las personas.
La definición de «núcleo zoológico» del art. 5 i) de la Ley 6/2018 tampoco puede 
considerarse lesiva del principio de seguridad jurídica. El precepto define como núcleos 
zoológicos, cuyos requisitos comunes de funcionamiento se determinan por el art. 43, las 
agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales: su regulación específica, en el 
caso de la fauna salvaje, se establece en los arts. 49 y 50; las instalaciones para el 
mantenimiento de animales de compañía: su regulación específica se establece en el 
art. 44; los establecimientos de venta y los centros de cría de animales: su regulación 
específica se contiene en los arts. 45 a 48, y los centros de recogida o acogida de 
animales: su regulación específica se contiene en los arts. 22 a 27. Excluye de este 
concepto de núcleo zoológico las instalaciones que alojan animales de producción, 
animales de carga, los que se emplean en la agricultura y las instalaciones destinadas a 
la avicultura recreativa; por tanto, a estas instalaciones no les son de aplicación los 
requisitos  de  funcionamiento  que  establece  el  art.  43;  ni  tampoco,  claro  está,  los  s
requisitos y reglas adicionales que para cada núcleo zoológico en concreto establece la  oe.
Ley 6/2018. Por tanto, la definición de núcleo zoológico del art. 5 i) de la Ley 6/2018 no  w.
genera inseguridad jurídica, pues enuncia claramente los tres tipos de establecimientos  69ww
qau loes t iepnriemne erossa  lceasl isfiocanc aiópnli cleagbalel,s a llo tsie rmeqpuoi sqiutoes  dceotmerumniensa  qlouse e sxecñluaidlao se ld aer tl.a 4 m3,i samsaí .c Somoloo 
nloúsc lreeoq uziosoitloósg iacdoi cqiuoen aelestsa bplaercae  claa dpar otpipiao  Ldeey  e6s/t2a0b1le8c, icmoimenot os eq uhea  steenñgaala ldao c.alificación de  BOE-A-cable e
Por lo que atañe a las obligaciones de los propietarios y poseedores de animales que 
establece el art. 6.2, letras a), b), c), d), e), f), g), h) y l), cabe señalar que el art. 6 (y su 
rúbrica) ha recibido nueva redacción por el art. 17.4 de la Ley 2/2020, lo que determina la 
pérdida de objeto de esta impugnación del recurso, como ya se indicó. En todo caso 
procede advertir que la nueva regulación del art. 6 de la Ley 6/2018 disipa las dudas de 
constitucionalidad  planteadas  en  el  recurso  desde  la  perspectiva  del  principio  de 
seguridad jurídica. En particular, la modificación de la rúbrica del precepto determina que 
ya no exista duda alguna en cuanto a que las obligaciones se imponen a los dueños y 
poseedores  de  animales  de  compañía,  exclusivamente;  no  atañen  por  tanto  a  los 
propietarios o poseedores de otro tipo de animales, como los de producción.
El  art.  7.3  de  la  Ley  6/2018  prohíbe  a  los  dueños  y  poseedores  de  animales 
«mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario que 
no les protejan de las inclemencias del tiempo, en dimensiones inadecuadas o cuyas 
características,  distancias  u  otros  motivos  hagan  imposible  garantizar  la  adecuada 
atención, control y supervisión de los animales con la frecuencia al menos diaria de 
acuerdo a sus necesidades etológicas, según raza y especie». El incumplimiento de esta 
obligación  constituye  una  infracción  grave,  conforme  al  art.  54.5.  La  prohibición 
establecida en el art. 7.3 concierne a la tenencia de cualquier tipo de animales y no se 
advierte que genere inseguridad jurídica para los destinatarios de la norma.
El art. 7.4 de la Ley 6/2018 ha recibido nueva redacción por el art. 17.7 de la 
Ley 2/2020, lo que determina la pérdida de objeto del recurso en este punto, como ya se 
señaló. Procede advertir en cualquier caso que la nueva regulación del art. 7.4 de la 
Ley 6/2018 desvanece la duda sobre la supuesta infracción del principio de seguridad 
jurídica que plantean los recurrentes. En efecto, tras esa reforma legal, el art. 7.4 precisa 
que la prohibición de mantener a los animales atados o encerrados permanentemente o 
en condiciones que provoquen un sufrimiento para el animal se refiere a los animales de 
compañía  que  señala  (perros,  gatos  y  hurones),  no  a  otro  tipo  de  animales.  Esa 
prohibición  se  corresponde  con  la  obligación  que  se  establece  en  el  art.  6.2  d), 
modificado también por la Ley 2/2020, para los dueños o poseedores de esos animales 
de compañía («adoptar las medidas necesarias, garantizando que los gatos, perros y 
hurones no permanezcan atados ni encerrados de forma permanente»).
En fin, el art. 12.2, letras a) y b), de la Ley 6/2018, del que ya nos hemos ocupado 
desde la perspectiva competencial, se refiere a los requisitos a los que debe ajustarse el 
transporte de animales de compañía en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Habiendo perdido objeto la impugnación del art. 12.2 b), por la modificación 
introducida  por  el  art.  17.10  de  la  Ley  2/2020,  solo  resta  señalar  que  la  regulación 
establecida en el art. 12.2 a) no genera inseguridad jurídica para sus destinatarios (los 
propietarios o poseedores de un animal de compañía), pues determina con claridad los 
requisitos que estos han de cumplir en el caso de transporte de este tipo de animales en el 
ámbito de aplicación territorial de la Ley 6/2018 (art. 3). Cabe concluir, pues, que el art. 12.2 
a) de la Ley 6/2018 no contraviene el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
15.  El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Sostienen asimismo los senadores recurrentes que el art. 39.1 a) de la Ley 6/2018, 
de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, vulnera el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) de los propietarios o poseedores 
de animales.
El art. 39.1 a) determina que los funcionarios que desarrollen las funciones de  e
inspección y vigilancia recogidas en la Ley 6/2018 están autorizados para «acceder  bo
libremente, sin previa notificación, a todo establecimiento, instalación, vehículo o medio  69ww
ddee  tlora ensstpaobrlteec, idoo lu egna re estna  gleeyn»e.r aNl,o c soen  elax ifginea, lpidoar dta dneto c,o nmi perl ocboanrs eeln gtirmaideon tdoe d ceul mtitpulliamri enni tlao 
sauuptoornizea,c sióeng újund liocsia rl epcaurrare lnat eesn, turandaa e evnid ednotme ivcuililon,e rnai cqióune  dmele ddeier efclahgor agnatrea ndteizliatod,o  lop oqr ueel 
art.  18.2  CE,  conforme  ha  sido  interpretado  por  la  jurisprudencia  constitucional
(SSTC 137/1985, de 17 de octubre; 69/1999, de 26 de abril; 94/1999, de 31 de mayo, 
y 10/2002, de 17 de enero, entre otras). Contrasta así la norma autonómica impugnada –
añaden los recurrentes– con lo dispuesto en la legislación estatal, que sí respeta la 
garantía de inviolabilidad domiciliaria, al establecer el art. 79.1 a) de la Ley 8/2003, de 24 
de abril, de sanidad animal, que si la inspección se practicase en el domicilio de persona 
física los funcionarios inspectores deberán obtener el expreso consentimiento de esta o, 
en su defecto, la preceptiva autorización judicial previa.
A fin de dar respuesta a esta tacha de inconstitucionalidad procede recordar en 
primer término que, conforme a reiterada jurisprudencia de este tribunal, la protección 
constitucional del domicilio tiene carácter instrumental, pues defiende el ámbito en que 
se desarrolla la vida privada de la persona, excluido del conocimiento ajeno y de las 
intromisiones de terceros. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma 
que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio sin consentimiento del titular o 
autorización judicial (art. 18.2 CE) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de 
privacidad (art. 18.1 CE). El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive 
sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad 
más íntima; por ello, a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio 
físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de 
esfera privada de ella (SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FFJJ 2 y 5; 137/1985, de 17 de 
octubre, FJ 2; 50/1995, de 23 de febrero, FJ 5; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 119/2001, 
de 24 de mayo, FJ 6; 10/2002, de 17 de enero, FJ 6; 209/2007, de 24 de septiembre, 
FJ 2, y 188/2013, de 4 de noviembre, FJ 2, entre otras muchas).
En sentido similar el art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, al igual que el art. 7 de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, reconoce el derecho de las personas al 
respeto de su vida privada y familiar, así como de su domicilio. La jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado también la conexión entre la 
protección del domicilio y el derecho a la vida privada (SSTEDH de 16 de diciembre 
de 1992, caso Niemietz c. Alemania; de 25 de febrero de 1993, caso Funke c. Francia; 
de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra c. España; de 25 de junio de 1997, caso 
Halford c. Reino Unido; de 24 de agosto de 1998, caso Lambert c. Francia; de 23 de 
septiembre de 1998, caso McLeod c. Reino Unido, y de 16 de noviembre de 2004, caso 
Moreno Gómez c. España, entre otras).
La entrada en domicilio sin el consentimiento de quien lo ocupa, ni estado de 
necesidad o flagrancia, solo puede hacerse si lo autoriza u ordena la autoridad judicial. 
La garantía judicial aparece como un instrumento preventivo, destinado a proteger el 
derecho  y  no,  a  diferencia  de  otras  intervenciones  judiciales  constitucionalmente 
previstas,  a  reparar  su  vulneración  cuando  esta  se  hubiere  producido  (por  todas, 
SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8; 22/2003, de 10 de febrero, FJ 4, y 189/2004, de 2 
de noviembre, FJ 3). Por lo demás, una vez recaída una resolución judicial que dé lugar, 
por su naturaleza y contenido, a una entrada domiciliaria, tal resolución será título 
bastante  para  esa  entrada  y  se  habrá  cumplido  la  garantía  del  art.  18.2  CE 
(SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 9, y 199/1998, de 13 de octubre, FJ 2, por todas).
La facultad que el art. 39.1 a) de la Ley 6/2018 otorga a los funcionarios para acceder 
a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse las comprobaciones y 
actuaciones precisas de inspección y vigilancia para hacer guardar lo dispuesto en esta 
ley es en sí misma constitucionalmente legítima, al igual que la establecida en sentido 
similar por el 79.1 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. El reparo  s
formulado por los recurrentes, por estimar que el art. 39.1 a) de la Ley 6/2018 conculca  oe.
la  inviolabilidad  del  domicilio  que  reconoce  el  art.  18.2  CE,  se  sustenta  en  una  w.
interpretación desmesurada de lo en él dispuesto, pues nada hay en su texto que regule  69ww
qeul me oodtoor gy am, a«nceuryaa e na cqtuuaec dióenb ed esebre reáje arcteidma ppeorra rlosse  f–ucnocmionoa reios so cbovmiop–e taeln treess plae tfoa cau ltlaods 
tdéerrmeicnhooss  pfurenvdiastmose nptaolre se,l  eanrtt.r e1 8lo.s2  qCuEe» s e[S TinCcl u1y4e9 /la1 9i9n1v,io dlaeb i4lid adde  djuelilo d, oFmJi c6il ioc,) ]e. nS ololos   BOE-A-cable e
forzando el sentido literal del art. 39.1 a) de la Ley 6/2018 cabría admitir que la simple 
habilitación que enuncia este precepto puede ser interpretada como una autorización 
para  llevar  a  cabo  actuaciones  que  la  Constitución  prohíbe.  En  todo  caso,  esa 
inaceptable interpretación queda descartada tras la reforma introducida por el art. 17.18 
de la Ley 2/2020 en la redacción del art. 39.2 de la Ley 6/2018 (no impugnado), a cuyo 
tenor resulta que «[l]a actuación inspectora podrá llevarse a cabo en cualquier lugar en 
que  pueda  exigirse  el  cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  esta  ley,  con 
observancia de la legalidad vigente en materia de inviolabilidad del domicilio».
En  consecuencia,  debe  ser  desestimada  la  impugnación  del  art.  39.1  a)  de  la 
Ley 6/2018.
16.  Libertades de expresión y de producción y creación literaria y artística.
Sostienen asimismo los senadores recurrentes que la prohibición y la limitación de 
utilizar animales para filmación de escenas que se contienen respectivamente en los 
arts. 7.12 y 15 de la Ley 6/2018, de protección de los animales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, vulneran los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de 
producción y creación literaria y artística [art. 20.1 a) y b) CE] de los propietarios y 
poseedores de animales.
Las libertades de expresión y de producción y creación literaria y artística tienen su 
límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título primero de la Constitución, en 
los preceptos de las leyes que las desarrollan y, especialmente, en los derechos al honor, 
a la intimidad y a la propia imagen, así como en la protección de la juventud y la infancia, 
conforme determina el art. 20.4 CE. En consecuencia, la protección de los animales no 
es oponible a esas libertades fundamentales, que encuentran su límite exclusivamente 
en el respeto a los derechos de otras personas.
Además, el art. 20.2 CE establece una prohibición absoluta e incondicionada de 
cualquier tipo de censura previa, de suerte que el ejercicio de los derechos garantizados 
por el art. 20.1 CE no puede restringirse mediante censura, como tiene declarado la 
jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 52/1983, de 17 de junio, FJ 5, y 13/1985, 
de 31 de enero, FJ 1). Contraviniendo esta prohibición constitucional, el art. 15 de la 
Ley 6/2018 introduce, según los recurrentes, un sistema de censura previa, al establecer 
que la filmación, para el cine, la televisión u otros medios de difusión, de escenas ficticias 
de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales, requiere la autorización previa de la 
consejería competente en la materia.
En respuesta a este motivo de inconstitucionalidad procede precisar en primer lugar 
que, declarada ya la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7.12 de la Ley 6/2018, por 
motivos  competenciales,  y  expulsado  así  en  consecuencia  este  precepto  del 
ordenamiento jurídico, el examen de la tacha sustantiva que ahora nos ocupa se ciñe a 
su art. 15.
A tal efecto resulta pertinente recordar que el ejercicio de la libertad de expresión que 
proclama  el  art.  20.1  a)  CE  «no  tiene  otros  límites  que  los  fijados  explícita  o 
implícitamente en la Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los 
demás» (STC 187/1999, de 25 de octubre, FJ 5). Por otra parte, la libertad de producción 
y creación literaria y artística reconocida por el art. 20.1 b) CE es una concreción del 
derecho fundamental a la libertad de expresión, si bien con un ámbito de protección 
propio. En ambos casos se veda pues cualquier interferencia de los poderes públicos 
que no esté legalmente prevista y de modo especial, en este ámbito, la censura previa 
(art. 20.2 CE). e
Por censura previa hay que entender, a efectos constitucionales, «la intervención 
preventiva de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de 
mensajes escritos o audiovisuales. La presión de ciudadanos o grupos de ellos para 
impedir esa difusión, aunque consiga obtener el mismo resultado, puede llegar a ser una 
intromisión en un derecho ajeno, con relevancia penal en más de un caso y desde más 
de un aspecto, pero no ‘censura’ en el sentido que le da la Constitución». De este modo, 
«[l]a prohibición de todo tipo de censura previa, en el marco de la libertad de expresión, 
no es sino garantía con el fin de limitar al legislador y evitar que, amparado en las 
reservas de ley del art. 53.1 y art. 81.1 CE, pudiera tener la tentación de someter su 
ejercicio y disfrute a cualesquiera autorizaciones, sea cual fuere su tipo o su carácter» 
(STC 187/1999, FJ 5).
Atendiendo  a  esta  doctrina  constitucional  debe  descartarse  que  la  regulación 
contenida en el art. 15 de la Ley 6/2018 vulnere la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] 
y  la  libertad  de  producción  y  creación  literaria  y  artística  [art.  20.1  b)  CE]  de  los 
propietarios y poseedores de animales.
El art. 15 de la Ley 6/2018 establece que «la filmación para el cine, la televisión u 
otros  medios  de  difusión  que  reproduzca  escenas  ficticias  de  crueldad,  maltrato  o 
sufrimiento de animales requiere la autorización previa de la consejería competente en la 
materia, con el fin de garantizar que el daño sea simulado y los productos y los medios 
utilizados no provoquen perjuicio alguno al animal. El medio de difusión debe hacer 
constar que las situaciones son ficticias y hacer constar el número de autorización».
No cabe apreciar que este precepto introduzca un supuesto de censura previa. La 
autorización previa de la consejería competente de la comunidad autónoma lo es a los 
exclusivos efectos de asegurar que las escenas que se pretenden filmar simulando que 
se da muerte o se inflige cualquier daño o sufrimiento a un animal son, en efecto, 
ficticias. Se trata de una norma que atiende al fin legítimo de evitar el maltrato animal y 
que no compromete la libertad de producción y creación artística cuando se utilizan 
animales en la filmación de escenas artísticas o publicitarias para el cine, la televisión u 
otros medios de difusión. Por otra parte, del tenor del precepto y del contexto se 
desprende sin dificultad que se refiere a las filmaciones artísticas, tanto de ficción como 
documentales o publicitarias; no a los reportajes gráficos en los que se difunda una 
noticia referida a la muerte o sufrimiento de un animal, ni a las retrasmisiones por 
televisión  u  otros  medios  de  difusión  audiovisual  de  espectáculos  y  actividades 
autorizados en los que, por su propia naturaleza, los animales sufren daños o incluso la 
muerte, como sucede en las actividades cinegéticas o las corridas de toros, que se 
regirán  por  lo  dispuesto  en  su  normativa  específica,  según  establece  la  propia 
Ley 6/2018 (arts. 8.2 y 13).
En consecuencia, debe ser desestimado este motivo de inconstitucionalidad.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Inadmitir la solicitud de adhesión del Consejo de Gobierno de La Rioja, en los 
términos señalados en el fundamento jurídico 1 de esta sentencia.
2.º  Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia,  b
declarar inconstitucionales y nulos los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del art. 7 de la  69ww
ALeuytó n6o/2m0a1 8d,e  dLea  R26io jad.e noviembre, de protección de los animales en la Comunidad
3.º  Declarar que la impugnación de los arts. 2.1, 5 e), 5 o), 6.2, letras a), b), c), d), 
e), f), g), h) y l), 7.4, 7.28 y 12.2 b) de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, ha perdido su 
objeto.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la 
sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1203-2019
Comparto con la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en la que se 
sustenta la sentencia la fundamentación jurídica y el fallo sobre las cuestiones de fondo 
controvertidas en el presente recurso. Por el contrario, disiento con la argumentación 
utilizada para excluir la posibilidad de que el Consejo de Gobierno de La Rioja se adhiera 
al recurso de inconstitucionalidad, fundamentada en que esa es la conclusión que se 
deriva de los razonamientos desarrollados en la STC 176/2019, de 18 de diciembre, FJ 
único,  sobre  que  los  ejecutivos  autonómicos  carecen  de  legitimación  activa  para 
interponer  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  leyes  aprobadas  por  la  asamblea 
legislativa de sus propias comunidades autónomas. Los motivos de mi disentimiento con 
esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular que formulé a la citada 
STC 176/2019, al que me remito.
Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1203-2019
Los  argumentos  de  la  mayoría  no  han  logrado  persuadirme  de  su  decisión  de 
inadmitir la «solicitud de adhesión» del Gobierno de La Rioja, [fundamento jurídico 1 a) y 
apartado primero del fallo de la sentencia]. Parte esa decisión, trasladada al fallo, de una 
imprecisión técnica en el escrito de alegaciones del Gobierno de La Rioja.
En sus alegaciones, efectivamente, el Consejo de Gobierno de La Rioja manifiesta 
que «se adhiere» al recurso interpuesto por más de cincuenta diputados del Congreso 
contra la ley objeto de este recurso. Pero la adhesión –o «intervención», como la 
denomina la Ley de enjuiciamiento civil (arts. 13 y ss.)– supone la admisión como parte 
en un proceso de alguien que no lo es, es decir, de un tercero, y así lo ha entendido 
siempre este tribunal desde el ATC 18/1985, de 15 de enero, FJ 3: «La Ley Orgánica de 
este tribunal, al regular los recursos de inconstitucionalidad no conoce la figura de la 
intervención adhesiva de terceros, que no hayan sido recurrentes y que no hayan 
esgrimido la acción dentro del plazo específicamente establecido para ello». Por tal 
razón, el tribunal rechazó en aquella ocasión la adhesión al recurso interpuesto por más 
de cincuenta diputados contra el proyecto de Ley Orgánica de libertad sindical de otros  e.e
diputados diferentes que no se habían sumado inicialmente a los primeros y no habían  w.b
ejercitado en su momento la acción de inconstitucionalidad. En idéntico sentido, las más  69ww
yre 6ci6e/n2t0e1s8 ,S dSeT 2C1  1d4e/ 2ju0n1io8,,  FdJe  32, 0in addem ifteiebrroenro l,a  FsoJ lic2i;t ud3 1d/2e0 a1d8h, edsieó n1 d0e ld Pe aralabmril,e nFtoJ  d2e, 
Ndiacvieamrrbar ea,  lpoasr are clau rmsoesjo drae  dinec olan sctiatulidciaodn aelidduacda tcivoan,t rian tlear pLueeys tOorsg ápnoirc ae l 8G/2o0b1i3e,r ndoe  d9e  dlae 
Generalitat  de  Cataluña,  más  de  cincuenta  diputados  del  Congreso  y  el  Gobierno
Canario,  respectivamente.  Incluso  en  el  ATC  172/1995,  de  6  de  junio,  citado 
(incorrectamente) por la propia sentencia de la que discrepo [fundamento jurídico 1 a)] se 
resuelve una cuestión análoga a las anteriores, y diferente a la de este caso. Se trataba 
entonces de resolver sobre la solicitud de intervención como «coadyuvante» de los 
demandados, presentada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en el recurso 
interpuesto por más de cincuenta diputados contra la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
defensa de sus competencias; un recurso en el que aquel no debía ser emplazado de 
conformidad con el art. 34.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Pero,  el  caso  que  aquí  se  resuelve  es  completamente  diferente  al  de  esos 
precedentes. Aquí, el Consejo de Gobierno de La Rioja no es un tercero que trata de 
«adherirse» o intervenir en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto, sino una parte 
necesaria en este proceso constitucional a la que este tribunal debe obligatoriamente 
emplazar, como efectivamente hizo, de conformidad con el art. 34.1 LOTC. De acuerdo 
con este precepto, en los recursos de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones 
con fuerza de ley de una comunidad autónoma el tribunal debe dar traslado de la 
demanda, además de al Congreso, al Senado y al Gobierno de la Nación, «a los órganos 
legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y 
formular las alegaciones que estimen oportunas». Por lo tanto, con independencia de los 
(imprecisos) términos empleados en el escrito de alegaciones del Gobierno de La Rioja, 
teniendo en cuenta que en ese escrito no se formulan alegaciones respecto de otros 
preceptos  distintos  a  los  recurridos  por  los  diputados  recurrentes,  el  tribunal  debió 
calificar ese escrito como lo que verdaderamente era, es decir, sus alegaciones sobre el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto presentadas al amparo del art. 34.1 LOTC, y 
consiguientemente admitir y valorar esas alegaciones.
La inadmisión acordada por la sentencia parte de que los llamados al proceso, de 
conformidad  con  el  art.  34.1,  solo  pueden  «coadyuvar  en  la  defensa  de  la 
inconstitucionalidad de la norma […], no […] postular su inconstitucionalidad», según 
dice expresamente [fundamento jurídico 1 a)], mas ello no es así. El art. 34.1 LOTC, 
antes transcrito, dispone literalmente que las partes emplazadas pueden comparecer 
ante el tribunal y formular las alegaciones «que estimen oportunas», a favor o en contra 
de la constitucionalidad, por tanto. La mayoría del tribunal resolvió en la STC 176/2019, 
de  18  de  diciembre,  que  el  art.  32  LOTC  no  otorga  legitimación  a  los  gobiernos 
autonómicos  para  recurrir  ante  este  tribunal  leyes  de  su  propio  parlamento,  y  en 
consecuencia inadmitió el recurso interpuesto por este mismo Gobierno autonómico 
contra la misma ley aquí impugnada (aunque ahora por un sujeto distinto, más de 
cincuenta diputados). Pero ahora la cuestión es diferente, pues aunque se acepte la 
doctrina de aquella sentencia, de ella no puede seguirse una suerte de obligación de 
sostener ante este tribunal la constitucionalidad de esa misma ley cuando es impugnada 
por otros, de modo que sea «inadmisible» apoyar su inconstitucionalidad, como sostiene 
esta sentencia de la que discrepo.
Es enteramente lógico que el art. 34.1 LOTC otorgue plena libertad a los llamados a 
un recurso de inconstitucionalidad respecto al contenido de sus alegaciones. Desde 
luego lo es para el Congreso, el Senado y el Gobierno de la Nación, que son también 
emplazados en los recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, como es 
el caso, y pueden tener –sobre todo el último– interés en personarse y defender la 
inconstitucionalidad  de  esa  ley  por  ser  contraria  a  la  política  general  del  Estado 
establecida por las Cortes o al programa político (y legislativo) del Gobierno. Pero 
también lo es para los órganos legislativo y ejecutivo autonómico, no solo porque el  s
art. 34.1 LOTC no distingue, sino, sobre todo, porque al igual que en el caso anterior los  oe.
órganos ejecutivo y legislativo autonómicos no son llamados al proceso para defender un  w.
interés propio, como un particular demandado en un proceso civil (por eso no pueden  69ww
aaltleanncairósne , ap o«rl ae jeamltap loc)u; asloifinc allcaimóna dpoosl íaticl ap roqcuees os ep airnaf iedreef enddee rs ue l rinetsepreécst igvoe necoraml eyt iedno 
imnsutcithuacsio ontaral»s  (pSoSsTteCr io5r/e1s9 8e1n,  edle m 1i3s mdoe  sfeebnrteidroo,) .F EJs 3ta,  yre 4it2e/r1a9d8a5 d, odcet r1in5a ,d ees mtaabrlzeoc,i dFaJ p 2a,r ay   BOE-A-cable e
la legitimación activa para interponer recursos de inconstitucionalidad, es enteramente 
trasladable a la legitimación pasiva del art. 34.1 LOTC, y su corolario es que, como 
literalmente  dispone  el  citado  precepto,  en  sus  alegaciones  al  recurso  las  partes 
comparecidas pueden exponer lo que estimen oportuno, sea a favor o en contra de la 
inconstitucionalidad  pretendida,  en  el  bien  entendido  de  que  si  apoyan  la 
inconstitucionalidad, como aquí sucede, ello no convierte a esos órganos en nuevos y 
autónomos recurrentes de modo que puedan pedir la anulación de preceptos diferentes 
de los que fueron objeto de recurso, ni les otorga un derecho separado a que «su» 
recurso sea resuelto mediante sentencia en caso de desistimiento del único y auténtico 
recurrente. Simplemente les otorga el derecho a que sus alegaciones sean admitidas y 
valoradas por el tribunal, otorgándoles el valor que merecen al ser formuladas por 
órganos con legitimidad democrática, funciones de dirección política y gobierno y una 
perspectiva  singular  y  propia  de  la  que  carece  este  tribunal.  Más  allá  de  posibles 
intereses  partidistas,  no  es  baladí  que  el  órgano  de  gobierno  de  una  comunidad 
autónoma  aprecie  vicios  de  inconstitucionalidad  y  falta  de  competencia  en  una  ley 
aprobada por su propio parlamento y ofrezca a este tribunal argumentos al respecto.
No es la primera vez, de hecho, que partes comparecidas al amparo del art. 34.1 
LOTC apoyan la declaración de inconstitucionalidad de una ley recurrida por otros. Así 
sucedió, por ejemplo, en el caso de la STC 71/1982, de 30 de noviembre, donde el 
gobierno vasco admitió la posible inconstitucionalidad de un precepto de la ley recurrida, 
de la misma comunidad autónoma, tal y como se refleja en su fundamento jurídico 19, 
donde se lee: «La uniformidad, en esta materia, a salvo el Derecho civil foral o especial, 
por lo demás, es algo explícitamente reconocido por las representaciones procesales del 
País Vasco, hasta el punto que quien lleva la del Gobierno vasco, admite que el art. 31 
puede ser inconstitucional». O más claramente aun, en el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por más de cincuenta diputados contra el Real Decreto-ley 22/1982, de 7 de 
diciembre, sobre medidas urgentes de reforma administrativa, donde el propio abogado 
del  Estado,  en  representación  del  Gobierno  de  la  Nación  autor  de  la  disposición 
impugnada, sostuvo la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos por motivos 
además distintos de los alegados en el recurso, y el tribunal no solo no inadmitió esas 
alegaciones, sino que con base en ellas rechazó el desistimiento de los recurrentes 
(ATC 419/1986, de 13 de mayo, FJ 2) y luego las examinó en sentencia (véase la 
STC 60/1986, de 20 de mayo, resolutoria del recurso, en especial FFJJ 1 y 5). La 
mayoría  no  explica  por  qué  se  aparta  de  estos  precedentes  y  se  acoge  a  otros 
(ATC 172/1995 y STC 176/2019) que, como ya he explicado, se dictaron en supuestos 
completamente diferentes.
En definitiva, a la vista del contenido de las alegaciones del gobierno de La Rioja, y 
de conformidad con las posibilidades procesales que a este otorga el art. 34.1 LOTC, 
considero que en este caso ni hay verdadera «adhesión» o intervención del referido 
gobierno autonómico en este recurso de inconstitucionalidad ni, en consecuencia, debió 
inadmitirse esta, como hace la sentencia de la que discrepo. Por ello el tribunal debió 
haber examinado también, respecto de los preceptos impugnados por los recurrentes, 
las alegaciones deducidas por el Gobierno de La Rioja, incluso las que apoyan su 
inconstitucionalidad en motivos no advertidos por aquellos.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
Voto particular concurrente que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer 
Callejón a la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1203-2019
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal  Constitucional  y,  estando  plenamente  de  acuerdo  con  el  contenido  de  la 
sentencia, manifiesto mi discrepancia con la consideración de negar la legitimación 
activa al Consejo de Gobierno de La Rioja en el presente procedimiento. De ahí mi 
remisión al voto particular emitido en su día a la STC 176/2019, de 18 de diciembre, que 
resolvió el recurso de inconstitucionalidad núm. 1195-2019.
Madrid, a quince de julio de dos mil veinte.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado 
y rubricado.