BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. TC.   Pág. 7702
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1115 Sala Primera. Sentencia 183/2020, de 14 de diciembre de 2020. Recurso de 
amparo 3096-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:183
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3096-2019, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent, contra el auto del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, de 14 de septiembre de 2018, que 
inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2018 instado por la entidad Banco de 
Sabadell, S.A., y contra el auto del mismo juzgado, de 8 de abril de 2019, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 16 de mayo 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando en 
nombre y representación de Penrei Inversiones, S.L., interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  es
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: o
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de las demandadas la deudora hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y 
disfrute sobre dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 29 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  48-2018), 
ordenando a las ejecutadas efectuar el pago de las cantidades que se reclamaban. 
Asimismo se proveyó que dicho auto, junto con el decreto que debía dictar el letrado de 
la administración de justicia, fueran «notificados simultáneamente a la parte ejecutada, 
tal y como dispone el artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni 
emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se 
advirtió además que contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de 
que  la  parte  ejecutada  pueda  oponerse  al  despacho  de  ejecución  en  los  términos 
previstos en el artículo 695 de la LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte». El decreto al que 
se hace referencia fue dictado por el letrado de la administración de justicia del juzgado a 
quo  en  la  misma  fecha,  ordenando  la  expedición  de  mandamiento  de  certificación 
relativa a la finca al registro de la propiedad competente y el requerimiento de pago a los 
ejecutados.
b)  Con fecha 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, relativa 
al proceso: EJH/0000048/2018; notificación que estaría disponible entre los días 30 de 
mayo y 15 de julio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba. 
Como información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo 
indicado se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  La  recurrente  en  amparo  recibió  el  día  14  de  julio,  en  la  misma  dirección 
electrónica habilitada, un «[a]viso de próxima caducidad», recordándole que el plazo 
para la recepción de la comunicación terminaba el día 15 de julio de 2018 a las 23:59 
horas.
d)  En esta última fecha, Penrei Inversiones, S.L., accedió al enlace remitido a la 
dirección electrónica habilitada, y, con ello, a la notificación enviada por el juzgado 
ejecutante,  en  relación  con  el  procedimiento  hipotecario  núm.  48-2018. 
Automáticamente, el servicio de notificaciones de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre emitió un certificado electrónico haciendo constar que la notificación había sido 
enviada y aceptada con fecha de 15 de julio de 2018, a las 20:31:41 horas.
e)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó con fecha 24 de julio de 2018 
escrito de oposición a la ejecución despachada.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto, en 
fecha  14  de  septiembre  de  2018,  en  cuya  virtud  inadmitió,  por  extemporánea,  la 
oposición planteada. En dicha resolución se expone que «[e]n fecha 30-5-18 se notificó y 
requirió en legal forma a través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en 
fecha 27-7-18 se ha presentado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y en 
fecha 24-07-18 por Penrei Inversiones, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria», para 
luego fundar la inadmisión, en esencia, en que, conforme a la improrrogabilidad de los 
plazos y la preclusión que establecen los artículos 134 y 136 LEC, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 695 LEC, la oposición habría de haberse presentado dentro de 
los diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el que se despachó la  s
ejecución.  Por  tanto,  al  haberse  opuesto  la  ejecutada  pasado  el  plazo  legalmente  oe.
establecido, se debe inadmitir su oposición por extemporánea. w.
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(en el caso desde el 30 de mayo al 15 de julio de 2018) y entenderlo de otro modo, 
además de infringir los artículos 135, 152, 160, 162 LEC, vulneraba el artículo 24 CE.
h)  El  recurso  fue  desestimado  por  auto  de  8  de  abril  de  2019,  señalando  la 
condición de persona jurídica de la recurrente y la obligación que como tal tiene de 
relacionarse con la administración de justicia por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, así como en los 
artículos 14.2 a) de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPACAP), y 273.3 a) LEC. Determina el juzgado que la 
recurrente  interpreta  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable,  considerando  que, 
conforme al artículo 162.2 LEC, transcurridos tres días sin que el destinatario acceda al 
contenido  de  la  comunicación,  se  entenderá  realizada  legalmente  la  notificación, 
desplegando plenamente sus efectos. En función de esa normativa y de los acuerdos y 
pronunciamientos judiciales que cita, concluye el juzgado que «consta que la notificación 
se puso a disposición de las recurrentes en fecha 30/05/18 no accediendo al contenido 
hasta el día 15/07/18 respecto de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y no 
siendo  retirada  respecto  de  Penrei  Inversiones,  S.L.,  (fuera  de  los  tres  días  que 
establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición a la ejecución en 
fecha 24/07/18 respecto de Penrei Inversiones, S.L., y en fecha 27/07/18 respecto de 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., claramente fuera del plazo legalmente 
establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de los 10 días siguientes al de la notificación 
del auto despachando ejecución) y siendo que conforme al artículo 136 LEC transcurrido 
o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se 
producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es 
claro  que  dichas  oposiciones  son  extemporáneas  siendo  la  consecuencia  legal  la 
inadmisión».
3.  En  la  demanda  de  amparo  la  sociedad  recurrente  alega  la  vulneración  del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE), en su vertiente del 
respeto a un procedimiento con las debidas garantías, que no cause indefensión. La 
queja principal de la demanda de amparo se refiere a la falta de notificación personal de 
la demanda de ejecución hipotecaria, otorgándose efecto a la remisión de un correo 
electrónico  que  carece  de  los  requisitos  esenciales  para  considerarlo  un  acto  de 
notificación procesal, habiéndose vedado a la recurrente de este modo la posibilidad de 
ejercitar su derecho de oposición en un proceso de ejecución hipotecaria. La cuestión 
planteada se cifra en determinar si un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas es un acto de notificación procesal, que despliega los efectos 
propios de una notificación realizada con todas las garantías procesales o si no lo es, en 
cuyo caso habría que determinar si las decisiones adoptadas por el juzgador en la 
instancia son arbitrarias, irracionales o fruto de un error patente, y en consecuencia 
constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el 
artículo 24 de la Constitución Española.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios electrónicos, según dispone el artículo 273 LEC, cuando se trata del primer 
emplazamiento y, por tanto, todavía aquella «aún no ha tenido ninguna relación con el 
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha 
de  practicarse  mediante  cédula  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los  e.
artículos 135, 152, 162 y 155 LEC. Este último precepto es categórico al respecto, ya  w.b
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aplica  normativa  derivada  del  procedimiento  administrativo  común,  que  no  resulta
aplicable  al  procedimiento  judicial  civil,  aun  cuando  pretenda  ampararse  en  el 
artículo 273 LEC o en la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, pues 
olvida la existencia de otro tipo de preceptos aplicables al caso, a las que se ha hecho 
previa referencia, en particular los referidos a la exigencia de presentación de documento 
en soporte papel en el primer acto de comunicación procesal (artículo 273 LEC).
La entidad recurrente afirma, por último, que las resoluciones impugnadas no han 
«dado cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de 
notificación  procesal,  donde  los  órganos  judiciales  no  han  de  limitarse  al  formal 
cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho 
fundamental,  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras  del  emplazamiento  debe 
hacerse  tratando  de  asegurar  que  el  acto  de  comunicación  cumple  su  finalidad 
constitucional, es decir, la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la 
Constitución Española contiene un mandato no solo dirigido al legislador, sino también al 
interprete,  obligándole  a  promover  la  defensa  mediante  la  correspondiente 
contradicción».
En consecuencia, solicita la estimación del amparo, instando al tribunal para que 
acuerde la nulidad de ambas resoluciones judiciales y ordene reponer las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de otrosí el escrito de demanda solicitó la suspensión de la continuación 
del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2018 seguido ante el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca.
4.  Por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección Segunda 
de este tribunal, de fecha 3 de julio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad posible, 
certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna 
de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o en alguna pieza separada, 
en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  juzgado  con  el 
número 48-2018; y si hubiera recaído resolución, que se certifique sobre el contenido de 
la misma.
Por certificación de 16 de julio de 2019, la letrada de la administración de justicia hizo 
constar que en el procedimiento citado no se había interpuesto ningún recurso de 
apelación por las partes personadas.
5.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  11  de  noviembre  de  2019,  y,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  88  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC), se requirió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 
de  Lorca  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  remitiera  testimonio  de  la  ejecución 
hipotecaria núm. 48-2018.
6.  Mediante providencia de 10 de febrero de 2020, la Sección Segunda del tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (artículo 50.1 LOTC) porque el recurso puede 
dar  ocasión  al  tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma providencia se acuerda dirigir comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51  s
LOTC, a fin de que se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento,  oe.
excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran  w.
lcianoscm oarppcaotrureaaccdeiaor sne eynsa  e acl lo rrreercecusurprssooon .ddeie natmesp aar ol,a  neoj escieuncdióon  nheicpeosteacriaar iala  nreúmmi.s i4ó8n- 2d0e1l 8te, satilm eosntaior  dyae   2021-1115n https://w
7.  La sección acordó, mediante providencia de la misma fecha, formar la oportuna 
pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al 
Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. 
A través de escrito presentado el 14 de febrero de 2020, la parte demandante formuló 
sus alegaciones, reiterando lo dicho en el otrosí de su demanda y trascribiendo parte del 
ATC  287/2013,  de  16  de  diciembre.  Por  su  parte,  el  Ministerio  Fiscal,  en  escrito 
registrado el 24 de febrero de 2020, interesaba que se acordase la anotación preventiva 
de la demanda en el registro de la propiedad, aunque esta última medida no hubiera sido 
solicitada en el recurso de amparo.
El ATC 45/2020, de 15 de junio, acordó denegar la suspensión cautelar solicitada, y 
ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad 
de conformidad con el artículo 56.2 LOTC.
8.  Por diligencia de ordenación de 11 de septiembre de 2020, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas al 
Ministerio Fiscal y a la parte recurrente en amparo, por plazo común de veinte días, para 
que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho 
convinieran.
9.  En  fecha  13  de  octubre  de  2020  presentó  sus  alegaciones  la  entidad 
demandante  de  amparo.  Como  primera  cuestión  y  a  fin  de  evitar  repeticiones 
innecesarias, se reiteró en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
amparo. No obstante, destaca la reciente STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno del 
Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de amparo núm. 5377-2018, promovido 
por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al 
del presente recurso de amparo, en el que el tribunal sostiene que, tratándose del primer 
emplazamiento o citación al demandado, este ha de efectuarse en el domicilio del 
litigante, como impone el artículo 155.1 LEC, pues de lo contrario se estaría vulnerando 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE).
Tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la indicada sentencia, a mayor 
abundamiento refiere que existen toda una serie de sentencias en las que se estima el 
amparo  solicitado  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  por  Penrei 
Inversiones, S.L., en asuntos prácticamente iguales, citando a modo de ejemplo la 
STC 43/2020, de 9 de marzo. Por último, solicita que se dicte sentencia estimatoria, en 
los términos interesados en el escrito de interposición del recurso.
10.  En fecha 5 de octubre de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Tras reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, la fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por la STC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y la STC 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. En 
relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por la 
STC 6/2019, de 17 de enero, y la STC 47/2019, de 8 de abril, y añade que, en esta  s
última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela  oe.
judicial  efectiva  sin  indefensión  (artículo  24.1  CE),  por  la  inobservancia  del  w.
tetremanvpeélras  zedanem  cliaeu nedtnoirt eapc ecqriuóseno  neeallel  cadtrertóí cnlauic loea n 1hti5ad5ba idliLt aEddeCam  doaebn ldilgaaa de ana, t opqnuuceees s e dld icephmraima ndedirl iagenemtnepc dilaae z saaemm irpeeanartlooiz,  óds ienal    2021-1115n https://w
demandando o ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  la  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior. Asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable al 
presente recurso de amparo, por lo que interesa su estimación al haberse vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE).
11.  Por providencia de 10 de diciembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 14 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto y contexto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se interpone contra los autos de 14 de septiembre 
de 2018 y 8 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 6 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 48-2018. El primero 
de ellos inadmitió por extemporánea la oposición a la ejecución hipotecaria, mientras que 
el  segundo  confirmó  la  anterior  decisión  al  desestimar  el  recurso  de  reposición 
interpuesto frente a ella. La constatación de la existencia del óbice de extemporaneidad 
se basa en que el órgano judicial toma como fecha de notificación el 30 de mayo 
de 2018, que es la fecha en la que se pone a disposición de la recurrente en amparo, en 
la  sede  judicial  electrónica  (dirección  electrónica  habilitada),  la  correspondiente 
notificación, a pesar de que la mercantil recurrente no abrió la notificación, siguiendo las 
instrucciones contenidas en la propia comunicación, hasta el 15 de julio de 2018.
La  demandante  de  amparo  considera  que  la  notificación  fue  inadecuadamente 
realizada pues, al tratarse de la primera notificación, debió efectuarse de forma personal 
y  no  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  lo  que  le  habría  generado 
indefensión, y por tanto vulneración del artículo 24.1 CE, al inadmitirse la oposición a la 
ejecución e impedirse la formulación del oportuno recurso. Por su parte, el Ministerio 
Fiscal,  con  sustento  en  las  razones  que  detalladamente  se  han  expuesto  en  los 
antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(artículo 24.1 CE).
El presente recurso de amparo se integra en la serie de recursos interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia e instrucción de 
Lorca,  los  cuales  tras  emplazarlas  por  vía  electrónica  a  través  del  servicio  de 
notificaciones electrónicas y de la dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución 
presentados por aquéllas, al considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de 
plazo realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común.
2.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La STC 40/2020, de 25 de febrero, ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de 
amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de coincidente contenido con los 
que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí 
las partes, con fallo estimatorio de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún  e.
elemento distintivo que obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado  w.b
penrotocEnencse atsal,, l  pssreeo ncateibddooer,,d  plauo ere gtnao n edtole ,  fquduneeds pahemajgaearn mteono  sjeu alr pífduliicncadoca i3óm nee dnl eteo lx ajau cmriítdaeidnca o d S2eT  cClau  4aq0lqu/2ue0ijea2r 0 dp.eo sfiobnled oó bpicoer   2021-1115n https://w
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plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a) (iii), dictada en sede de cuestión
de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los procesos regidos en esta materia por la LEC (directa o supletoriamente), como 
primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida 
por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de 
la  dirección  electrónica  habilitada.  Tal  emplazamiento  personal  se  exige  en  el 
artículo  155.1  LEC,  y  lo  complementa  la  regla  del  artículo  273.4  LEC  sobre  la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la 
doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su fundamento jurídico 4, como ha de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron 
el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  recurrente,  al  no  proceder  a  su 
emplazamiento personal en el proceso a quo a efectos de requerirla de pago o 
alternativamente permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio 
el juzgado por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, no previsto en la normativa procesal, y que apenas consistía en un aviso 
remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido de la notificación. 
Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición invocando normas 
del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito jurisdiccional en el 
que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del artículo 556 LEC. Todo 
lo cual determina la estimación del amparo por lesión del artículo 24.1 CE, en sus 
vertientes  de  acceso  al  proceso,  a  no  padecer  indefensión,  y  a  una  resolución 
fundada en Derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  al 
emplazamiento  de  la  actora  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada,  con 
retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los 
términos exigidos por la ley (artículos 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el 
derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  la  demanda  de  amparo  promovida  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva  sin  padecer  indefensión  (artículo  24.1  CE),  con  reconocimiento  de  tal 
derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 14 de septiembre de 2018 y 8 de abril  e.e
de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca  b
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3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente, 
de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.
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