BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72795
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10006 Sala Primera. Sentencia 93/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 3223-2019. Promovido por doña Piedad Ángeles Peris García en 
relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo,  la  Audiencia  Provincial  de  Segovia  y  el  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción de Sepúlveda en proceso de protección del derecho al 
honor, intimidad y propia imagen. Supuesta vulneración del derecho a la 
libertad de expresión: mensajes difundidos a través de una red social en los 
que tilda de asesino y se expresa alivio por la muerte de un torero en el curso 
de la lidia. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:93
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado  
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3223-2019, interpuesto por doña Piedad Ángeles 
Peris  García,  representada  por  el  procurador  de  los  tribunales  don  Jesús  Lorenzo 
Salcedo Rico, y asistida del letrado don Hugo Manuel Sánchez de Moutas, contra la 
sentencia dictada el 3 de abril de 2019 por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo. Ha comparecido y formulado alegaciones además del Ministerio Fiscal, doña 
Raquel  Sanz  Lobo,  doña  Esther  Hernanz  Romero  y  don  Joaquín  Barrio  Águeda 
representados por el procurador de los tribunales don Carlos Piñeira de Campos y 
asistidos por el letrado don Antonio Valverde Estepa. Ha sido ponente el magistrado don 
Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado el día 22 de mayo de 2019, doña Piedad Ángeles Peris 
García, representada por el procurador de los tribunales don Jesús Lorenzo Salcedo 
Rico, y asistida del letrado don Hugo Manuel Sánchez de Moutas, interpuso recurso de 
amparo contra la sentencia dictada el 3 de abril de 2019 por el Pleno de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto por la 
demandante  contra  la  sentencia  dictada  por  la  Sección  Primera  de  la  Audiencia 
Provincial de Segovia el 8 de marzo de 2018, que, a su vez, desestimó el recurso 
interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  e
Único de Sepúlveda el 6 de noviembre de 2017. b
2a.)   LEol s9  hdeec hjuoliso  rdeele v2a0n1t6e se lp taorrae reon jduoicni aVr ílcat odre Bmaarnridoa H deer naamnpz afraoll escoinó  lao sc osingsueiecnuteensc:ia  2021-10006n https://ww
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Facebook, un texto en el que reproducía el titular de un medio de comunicación: «fallece 
el torero Víctor Barrio al sufrir una cogida en la feria de Teruel», junto con una fotografía 
del  torero  en  el  momento  en  que  fue  corneado.  El  texto  de  la  publicación,  cuya 
traducción al castellano no ha sido cuestionada por las partes, es el siguiente:
«Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto [...] Ya 
ha dejado de matar.
El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su carrera ha matado 
mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es el de los oprimidos, los 
que siempre pierden porque tienen a todos los opresores en contra, porque tienen el 
partido amañado. Ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en 
su sistema, y me pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta 
para que los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de 
subvencionar estas prácticas con olor a sadismo.
No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres 
que ha dejado a su paso mientras vivió. No solo de toros adultos a lo largo de su carrera 
(según las estadísticas de su página oficial, ha acabado con 258 vidas desde 2008), sino 
que también novillos a lo largo de su aprendizaje en escuelas taurinas, en las cuales 
podemos encontrar niños que acaban normalizando situaciones como esta: "un alumno 
asestó hasta 14 estocadas al animal antes de que este cayera al suelo, donde fue 
apuntillado, y aún vivo y boqueando, tratando de tomar los últimos alientos de vida, fue 
arrastrado al matadero"».
b)  Doña Raquel Sanz Lobo, doña Esther Hernanz Romero y don Joaquín Barrio 
Águeda interpusieron demanda de protección del derecho al honor, intimidad y propia 
imagen contra la recurrente en amparo, que tramitada como procedimiento ordinario, 
terminó por sentencia de 6 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Único de Sepúlveda. Dicha sentencia declaró que el contenido del 
mensaje publicado constituye una intromisión ilegítima del derecho al honor de don 
Víctor Barrio Hernanz y entre otros pronunciamientos condenaba a la demandada a 
abonar a los actores la cantidad de siete mil euros en concepto de daños morales.
En la resolución se argumenta que la profesión a la que se dedicaba el torero 
fallecido es lícita y que el comentario efectuado tuvo una importante repercusión al 
contar  la  usuaria  de  la  red  social,  que  actuaba  como  particular,  con  más  de  300 
seguidores. Razona que las redes sociales no son «un subterfugio donde todo cabe y 
todo vale», sin que la libertad de expresión pueda amparar el insulto. Indica que la 
demandada utilizó la expresión de asesino en referencia al torero lo que supone la 
utilización del término de modo erróneo y peyorativo, provocando una intromisión en el 
honor  de  este.  Sostiene  que  dicha  publicación  fue  de  conocimiento  generalizado 
mediante su difusión en la red social y perturbó el dolor de los familiares y la memoria del 
difunto.
Termina su razonamiento indicando que «sería conveniente un ejercicio de reflexión 
y un esfuerzo para humanizar las nuevas formas de comunicación muchas de las cuales 
se amparan en un recurso tecnológico mal aprovechado y una inexistente relación 
personal. Intentemos humanizar esas relaciones mediante la empatía. Pensemos si unos 
comentarios como los que se han juzgado se harían de la misma forma si tuviésemos 
delante de nosotros, a la vista y a un paso de tocarla a la persona a la que hemos 
dirigido o ha sufrido semejantes opiniones».
c)  La recurrente en amparo interpuso recurso de apelación contra la resolución 
anterior que fue desestimado por la sentencia de 8 de marzo de 2018, dictada por la  e.
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Segovia. La sentencia, en lo que a los  w.b
efectos del recurso de amparo interesa, concreta la cuestión litigiosa en determinar si el  006ww
amteanqsuaej ea lp duebrleiccahdoo a el nh olan orer dd eso dcoianl ,V cíacltiofirc aBnadrroio a yl ,f aelnle csiud oc acsoom, os i aessetasirníao ,a smuppaornaed oo  pnoor u enl 
daeurmeechnota ra e lla n úlibmeertraod d ed ep eerxsporneassió cno dnetr alraia rse cau lrar etnatuer.o mExapqouniae,  q«ulae  pproofre smióáns  aq ulae  qpuuee dsae 
dedicaba el Sr. Barrio es, hoy por hoy, lícita y, por tanto, no resulta posible dirigir
expresiones injuriosas a quienes la ejercen por ese solo hecho, siendo claramente 
vejatoria la expresión "asesino" para dirigirse a un torero, por el mero hecho de serlo, 
aunque no se comparta su actividad e incluso se rechace de modo explícito. Además, no 
puede obviarse que dicha expresión la dirigió la recurrente por escrito y en su perfil de la 
red social de Facebook, con la notoria repercusión, que ha determinado el mensaje 
tuviera difusión a nivel nacional».
Añade que no puede considerarse superfluo el término asesino, pues existe una 
clara diferencia entre el desvalor de la conducta recogida en el artículo 139 del Código 
penal, que castiga como autor de un delito de asesinato a quien mata a una persona, 
con la conducta de un torero que lidia un toro, en un país donde la profesión es lícita. 
Afirma el carácter absolutamente innecesario de la utilización de dicha expresión para 
exponer sus ideas y opiniones acerca de la tauromaquia y refiere que dicha expresión 
fue dirigida directamente hacia don Víctor Barrio y a las pocas horas de su fallecimiento, 
de donde se infiere la intencionalidad de menosprecio. Considera que la crítica pudo 
realizarse sin calificar al torero de «asesino», por lo que no estaba amparada por la 
libertad de expresión.
d)  La  recurrente  en  amparo  interpuso  contra  la  sentencia  anterior  recurso  de 
casación que fue impugnado tanto por los actores civiles, como por el Ministerio Fiscal, 
quiénes solicitaron la desestimación del mismo. El Pleno de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo, por sentencia de 3 de abril de 2019, desestimó el recurso de casación. La 
sentencia inicia su razonamiento identificando los derechos fundamentales en conflicto –
el derecho al honor y la libertad de expresión– y exponiendo la doctrina relativa a la 
técnica de la ponderación y los criterios aplicables a la misma. A continuación aplica 
tales criterios al objeto del recurso razonando que: (i) las manifestaciones enjuiciadas 
están referidas a un personaje de cierta relevancia pública, como es un torero, y tienen 
relación con la polémica social que existe sobre la tauromaquia. Pero exceden del 
ámbito protegido por la libertad de expresión tanto por su contenido gravemente vejatorio 
como, especialmente, por el contexto en el que se producen, justo tras la muerte 
traumática de la persona vejada; (ii) las manifestaciones no consistieron en una crítica de 
la tauromaquia o de los toreros en general, sino que se referían concretamente a una 
persona que acababa de morir de un modo traumático. Y en las mismas no solo no 
mostraba una mínima compasión hacia este luctuoso suceso, sino que manifestaba un 
sentimiento  de  alegría  o  alivio  por  la  muerte  de  quien  tachaba,  sin  ambages,  de 
«asesino». Esta muerte, según manifestaba la demandada en su cuenta de Facebook, 
tenía  «aspectos  positivos»;  (iii)  las  manifestaciones  de  la  demandada  violentan  y 
perturban el dolor de los familiares y la memoria del difunto, especialmente por el 
momento en que se profirieron y por el tono vejatorio empleado; (iv) la carga ofensiva del 
término  «asesino»  es  evidente.  No  es  aceptable  la  pretensión  de  la  recurrente  de 
trivializar el uso de una expresión de tal calado con la excusa de que no tenía nada 
personal contra el torero fallecido. Esa expresión tan ofensiva se dirige precisamente 
contra el fallecido y no contra personas indeterminadas; (v) un elemento fundamental 
que hace que la ponderación entre los derechos en conflicto deba decantarse en favor 
de la protección del derecho al honor es el relativo a las circunstancias en que se 
produjeron las manifestaciones de la demandada, justo tras la muerte del torero. Los 
usos sociales delimitan la protección del derecho al honor, y entre los usos sociales de 
una sociedad civilizada se encuentra, como exigencia mínima de humanidad, el respeto 
al dolor de los familiares ante la muerte de un ser querido, que se ve agravado cuando 
públicamente se veja al fallecido; (vi) se trata de la estimación de una demanda civil, de  s
consecuencias  mucho  menos  severas  que  la  condena  penal  (que  era  el  caso  oe.
contemplado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que se  w.
refiere la recurrente), y que está encaminada fundamentalmente a reparar el honor del  006ww
orefepnadraidcoió n(e nd ee sltae  rceapsuot,a csiuó nm  edmelo rfiaal)le yc idaoli,v iapro re l lod oqloure  des es urse sfpaemtail ialrae se xmigeedniacniate  dlae 
proporcionalidad en la restricción de la libertad de expresión.
3.  La demanda de amparo atribuye a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo la vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1.a) 
CE, si bien por error se refiere a la letra d)]. En el razonamiento jurídico único considera 
que el Tribunal Supremo interpreta de forma desviada la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional que analiza la colisión entre el derecho fundamental que protege el honor 
de las personas (en este caso la memoria del difunto) y la libertad de expresión. Afirma 
que la sentencia no valora una circunstancia esencial de las declaraciones efectuadas 
por la recurrente, que es que son realizadas en el ejercicio de su condición de activista 
política anti taurina. Refiere que las manifestaciones han sido efectuadas en el ámbito de 
la legítima crítica a los toreros y no atentan a la reputación personal o profesional de un 
torero, pues es precisamente la profesión y no la persona que la ejerce lo que motiva las 
declaraciones de la señora Peris. Añade que resulta notorio por una parte que existe un 
importante y creciente debate social sobre el futuro de la tauromaquia lo que dota a la 
cuestión de «interés general» y por otra que el torero Víctor Barrio, es un personaje 
público de indudable notoriedad dentro del mundo del toreo y por supuesto en su tierra, 
Sepúlveda, lo que le dota de «relevancia pública».
Considera que las declaraciones efectuadas guardan relación directa con la idea 
crítica  que  se  pretende  difundir,  aprovechando  el  contexto,  para  buscar  un  mayor 
alcance de la misma. Entiende que la circunstancia de que la ley no equipare el valor de 
la vida humana y de los animales, no significa que proscriba que este pueda ser un 
planteamiento moral, vital o filosófico perfectamente defendible, que justifique la crítica o 
la  generación  de  opinión  en  ese  sentido.  Los  toreros  como  profesionales  de  una 
actividad  lícita  aunque  controvertida  y  combatida  por  aquellos  que  defienden  los 
derechos de los animales, no son ajenos a la crítica que la tauromaquia genera. Por 
último  hace  una  referencia  a  la  distinta  intensidad  que  en  materia  de  derechos 
fundamentales ostentan las personas vivas frente a las fallecidas y termina solicitando 
que se declare la nulidad de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de fecha de 3 de abril de 2019, al haberse vulnerado el artículo 20.1.a) de la 
Constitución Española que proclama el derecho a la libertad de expresión.
4.  Mediante providencia de 21 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso al plantear un problema o afectar a una faceta 
de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2.a)], y dirigir comunicación a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Segovia y al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción  Único  de  Sepúlveda  a  fin  de  que,  en  el  plazo  de  diez  días,  remitan 
certificación o fotocopia adveradas de las actuaciones correspondientes al recurso de 
casación núm. 2013-2018, del rollo de apelación núm. 18-20 y del procedimiento de 
protección del derecho al honor, intimidad familiar y propia imagen núm. 330-2016, 
respectivamente, debiendo emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso de amparo.
5.  Por diligencia de ordenación de fecha 16 de noviembre de 2020, de la secretaría 
de la Sala Primera de este tribunal, se acordó, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52.1 LOTC dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las 
alegaciones que estimaran pertinentes.
6.  En fecha 21 de diciembre de 2020, el procurador de los tribunales don Carlos  s
Piñeira  de  Campos  en  la  representación  que  tiene  acreditada  presentó  escrito  de  oe.
aEálmnetgbiIeaintnocicdi oideane  elsq sduu e esrro aeljziuccohsitntoaiaf nifcmudanoired  lnaalatm osd e eamnsftieraamsnl taiiamfe nlaasdt coalii bócqeniour ndteaee dsl al  adsd e der eee mxfllapea rxndeiodesnaimóe dnase n y dd aleaem nslptiaoea n rroaed.nceu  erarl medneptraeer coeh xoec nea dl qehunoe nd oeer.ll    2021-10006n https://www.
asunto tiene carácter cultural, o por su condición de activista o concejal, vaciaría de
contenido la limitación que a la libertad de expresión impone el artículo 20.4 de la
Constitución. Escoger el momento de la muerte del matador de toros para lanzar «su 
proclama» revela la intención de lesionar el honor del señor Barrio.
Haciéndose eco de la argumentación que en apoyo de su pretensión expuso el 
Ministerio Fiscal ante el Pleno del Tribunal Supremo, indica que no se trata de un debate 
sobre  cuestiones  políticas  o  de  apoyo  o  no  a  la  tauromaquia,  sino  una  cuestión 
estrictamente jurídica, «el quid de la cuestión» es determinar si estas manifestaciones se 
pueden enmarcar dentro de los límites de la libertad de expresión.
Entiende que las referencias que la demandante efectúa a su condición de concejal 
en conexión con el carácter notorio de don Víctor Barrio a los efectos de elaborar su 
construcción  argumental  pretenden  desviar  la  atención  de  la  intromisión  ilegítima 
perpetrada. La demandante no solo quiso posicionarse contra la tauromaquia –lo que 
hubiera estado dentro de su libre expresión– sino que utilizó expresiones y palabras del 
todo vejatorias, innecesarias y ofensivas, viendo aspectos positivos en el fallecimiento de 
don Víctor, atentando gravemente contra su honor y el de sus familiares. Se pueden 
emitir opiniones, a favor o en contra de algo, y todo ello sin necesidad de destacar el 
aspecto positivo por la muerte de una persona y llamarle asesino, ya que esto excede, 
no  solo  de  los  límites  de  la  moral  y  el  buen  gusto,  sino  de  los  límites  legales  y 
jurisprudenciales.
Comparte la argumentación de la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió la 
controversia  ponderando  ambos  derechos  constitucionales,  teniendo  en  cuenta  la 
utilización de expresiones ofensivas, impertinentes o innecesarias para expresar una 
opinión, y las circunstancias concretas del caso. Entiende que ninguna duda cabe al 
respecto de que la recurrente ha utilizado expresiones ofensivas, ultrajantes y vejatorias, 
tales como, asesino, sadismo u opresor.
Con referencia a las sentencias recaídas en las sucesivas instancias y a la doctrina 
del Tribunal Constitucional, concluye que dichas expresiones se sitúan fuera del ámbito 
constitucionalmente protegido de la libre expresión, y suponen, en consecuencia, la 
vulneración a una persona de su honor y reputación. Añade que dicho mensaje en modo 
alguno  fue  publicado  en  el  ámbito  de  su  labor  política,  ni  lo  hizo  en  sede  del 
ayuntamiento ni mediante la cuenta oficial de su partido. Además refiere que don Víctor 
Barrio  no  era  un  torero  especialmente  conocido  a  nivel  nacional,  sino  que 
desgraciadamente adquirió mayor notoriedad a raíz del fatídico accidente, y de los 
numerosos mensajes que convirtieron la muerte del torero en noticia.
Indica que la muerte de una persona no conlleva una limitación de la esfera de 
protección del derecho al honor, como así resulta de la exposición de motivos y de los 
artículos 4 a 6 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Finalmente solicita que se impongan las costas del recurso de amparo a la recurrente 
por haber mantenido posiciones no fundadas o con temeridad o mala fe.
7.  En fecha 22 de diciembre de 2020 presentó las alegaciones el Ministerio Fiscal. 
Tras reflejar los aspectos procesales que consideró de interés al caso, concreta los más 
relevantes de la pretensión de los demandantes y señala que pese a que solo se 
impugna la sentencia del Tribunal Supremo, conforme a la STC 211/2005, de 18 de julio, 
FJ 1, la impugnación debe comprender también las sentencias de la Sección Primera de 
la Audiencia Provincial de Segovia y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Sepúlveda. Considera que el objeto del presente recurso es dilucidar si el 
mensaje publicado en Facebook por la demandante está amparado por la libertad de 
expresión [art. 20.1.a) CE] o si por el contrario supuso una injerencia en el honor del  e.
fallecido don Víctor Barrio. w.b
Con la finalidad de examinar el objeto de la demanda de amparo se hace eco de la  006ww
ddoiccietrminbar ed; e9l /2T0r0ib7u, ndael  1C5o ndseti tuecnieornoa, l yp 2la2s6m/2a0d1a6  edne  2la2s  dSeS dTiCci em22b3re/1, 9c9u2y, o dceo n1te4n iddeo 
reprTordausc ee xapmopnleiar mloesn ater.gumentos de los distintos órganos judiciales que han resuelto la
colisión entre los dos derechos fundamentales en la jurisdicción ordinaria, analiza las
circunstancias concretas en que se produce el mensaje: (i) el momento y modo en que 
se emite, indicando que se publicó en el perfil de Facebook el día 10 de julio de 2016, 
refiriéndose al fallecimiento en la plaza de toros de Teruel del «conocido matador Víctor 
Barrios», e indica que no fue casual que se escribiera ese día, sino intencionado «pues, 
la demandante, concejala de Catarroja por el partido Guanyar Catarroja, es una activa 
opositora a la utilización de toros en espectáculos o festejos y en la defensa de los 
animales». Añade que fue colocado en el muro de Facebook de la demandante y lo 
acompañó de una fotografía del torero en el momento de la «cogida», con la finalidad de 
compartir esas opiniones «con sus amigos (300)» y después apareció publicado en 
diversos medios de comunicación; (ii) la indudable relevancia pública del debate sobre la 
tauromaquia; (iii) la calidad de concejala y activista de los animales de la demandada, 
que sus manifestaciones sean parte del debate público y que se hayan efectuado en un 
contexto de defensa de los animales, de acuerdo con la doctrina que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos hace del artículo 10 del Convenio europeo de derechos humanos 
(CEDH) exige doblemente un alto nivel de protección del derecho a la libertad de 
expresión (STEDH asunto Otegui Mondragón y otros c. España); (iv) el carácter público 
del torero fallecido, conocido por su actividad profesional; (v) en relación con el contenido 
del mensaje señala que el mismo contiene valoraciones y opiniones que no se refieren a 
la vida privada y familiar del torero, ni siquiera se hace critica a su calidad profesional. El 
mensaje tiene un claro contenido ideológico y un solo objetivo: la crítica a la tauromaquia 
y la defensa de animales que genera un continuo debate público, con partidarios y 
detractores. Considera que en ese contexto hay que valorar la alusión que se contiene a 
la trayectoria del torero y a que desde 2008 ha acabado con la vida de 258 animales.
Discrepa de la valoración que realizan las sentencias, al considerar que carece de 
trascendencia el valor que la demandante da a la vida de los seres humanos y animales, 
esto es, sobre su equiparación, pues como indica la STC 81/2020, FJ 12, «la ideología 
animalista, que equipara el bienestar de los animales con el de los seres humanos, es 
una  convicción  filosófica  que  legítimamente  puede  defenderse».  Entiende  que  la 
supuesta falta de compasión, alegría o alivio a que se refiere la sentencia del Tribunal 
Supremo, «no deja de ser una valoración subjetiva que se aleja de la apreciación 
objetiva de las palabras utilizadas en el mensaje»; (vi) por ultimo alude a la finalidad del 
mensaje,  indicando  que  se  debe  hacer  una  valoración  objetiva  de  las  palabras 
pronunciadas, y en concreto, de la utilización del término «asesino» teniendo en cuenta 
las circunstancias y el contexto referido. La idea que trasmite es la de disentir, por parte 
de quien es firme defensora de los animales, de una actividad que cuesta muchas vidas, 
también la de los toreros, hasta el punto que la demandante se pregunta cuantas 
muertes  más  de  toreros  se  han  de  producir  para  que  esta  actividad  no  sea 
subvencionada.
Usa la palabra asesino para resaltar la cantidad de animales que mueren, como 
sinónimo de matador de toros, tal y como se deduce del mensaje que la demandante 
compartió y de la entrevista que le efectuó un periodista, en la que manifestó que «en 
vez de haber seis muertes esta vez ha habido siete muertes y que no hay un aspecto 
positivo que celebrar».
Tras ello considera que las expresiones de la demandante se han de enmarcar en el 
contexto de esa reivindicación ideológica y su derecho a compartir sus opiniones críticas 
en las redes sociales a través de la difusión de sus posicionamientos ideológicos, 
provocando  un  debate  sobre  la  tauromaquia,  pudiendo  provocar  la  condena  a  la 
indemnización civil un «efecto paralizante» en el ejercicio de la libertad de expresión de  s
la demandante. oe.
Por todo ello concluye que la recurrente no trasgredió los límites del derecho a la  w.
libertad de expresión, por lo que procede el otorgamiento del amparo al haber sido  006ww
vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
la pr8e.s ePntoer  speronvteidnecniac ieal  ddeía 6 1 d0e d mela myois mdeo  2m0e2s1 ,y s aeñ soe.ñaló para deliberación y votación de
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
Conviene  precisar  en  primer  lugar  que  si  bien  el  presente  recurso  de  amparo 
solamente se dirige contra la sentencia dictada el 3 de abril de 2019 por el Pleno de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, debe entenderse que la impugnación también 
comprende la sentencia dictada el 8 de marzo de 2018 por la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Segovia y la sentencia de 6 de noviembre de 2017 del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción Único de Sepúlveda, pues como indica el Ministerio 
Fiscal, es doctrina reiterada por este tribunal que «cuando se impugna en amparo 
constitucional  una  resolución  judicial  confirmatoria  de  otras,  que  han  sido  lógica  y 
cronológicamente  presupuesto  de  aquella,  han  de  considerarse  también  recurridas, 
aunque no lo hayan sido expresamente, las precedentes decisiones confirmadas» (por 
todas, STC 21/2021, de 15 de febrero, FJ 3).
Efectuada  dicha  precisión,  conviene  centrar  el  objeto  del  presente  recurso  de 
amparo, que no es otro, que decidir si el contenido del mensaje que la demandante de 
amparo publicó en su cuenta de la red social Facebook y que se ha reproducido en los 
antecedentes  de  esta  sentencia,  está  amparado  por  el  ejercicio  de  su  derecho 
fundamental a la libertad de expresión [art. 20.1.a) CE], como sostiene la recurrente y la 
representante  del  Ministerio  Fiscal,  o  si,  ausente  de  dicha  protección  supuso  una 
intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Víctor Barrio Hernanz.
Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los límites del ejercicio del 
derecho fundamental a la libertad de expresión en relación con el derecho al honor en 
múltiples sentencias –algunas de las cuales se citan por las partes en apoyo de sus 
respectivas posiciones–, sin embargo, no ha abordado la incidencia que tiene en la 
ponderación de tales derechos fundamentales la utilización de la redes sociales como 
medio  de  transmisión  de  las  opiniones,  aspecto  este,  que,  como  se  indicó  en  la 
providencia  de  admisión  del  recurso  de  amparo  en  aras  a  garantizar  una  buena 
administración de justicia (STEDH asunto Arribas Antón c. España, de 20 de enero 
de 2015, § 46), y ahora se recalca, dota de especial trascendencia constitucional a la 
demanda por afectar a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal y que será objeto de análisis en el fundamento siguiente.
2.  Las redes sociales y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales 
debatidos.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Único de Sepúlveda, ya adelantó en 
su sentencia, la conveniencia de un ejercicio de reflexión sobre las nuevas formas de 
comunicación. Dicha apreciación debe compartirse y por ello afirmar la necesidad de tal 
análisis. Conviene destacar que internet y las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación han propiciado un marco nuevo en las relaciones interpersonales. La 
generalización del uso de las redes sociales, la accesibilidad de los aparatos de difusión 
y  su  facilidad  de  empleo,  la  amplia  e  inmediata  difusión  de  sus  contenidos  sin 
limitaciones  temporales  ni  espaciales,  el  carácter  accesible  del  mensaje  por  la 
colectividad, esto es, la naturaleza esencialmente expansiva de la comunicación digital 
en red y su carácter interactivo, han supuesto una trasformación sin parangón del 
modelo tradicional de comunicación, dando lugar a un modelo comunicativo que, entre 
otras notas, se caracteriza por la fragilidad de los factores moderadores del contenido de 
las opiniones. Dicha transformación ha supuesto un drástico cambio en el perfil del  e.
emisor y también de los receptores, cuya facilidad para interactuar entre sí y con el  w.
emisor  les  distancia  del  carácter  pasivo  del  modelo  tradicional.  Además  estos,  en  006ww
memucithidaass ,o qcuaes iaonnteasñ,o a qcutúeadna bcaonn  repsreecrvaaridaa sc oan ucnie nácmiab itdoe m laá sp rreodyueccicdioó.n de las opiniones
las rDeed eess tseo mciaoldeos,,  ale lsa sa cinodmupdaañbalens,  dveandtaasja las sq ucaer raecsteurltíasntic daes  ldae csocmrituansi cya ecli óann oan tirmavaétos  edne   BOE-A-cable e
que se amparan muchos usuarios, una mayor potencialidad lesiva de los derechos 
fundamentales, entre otros, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen.  Ahora  bien,  debe  afirmarse  que  la  transformación  derivada  de  las  nuevas 
formas de comunicación y la generalización de su uso, no produce un vaciamiento de la 
protección constitucional de los derechos fundamentales y tampoco altera, desde un 
punto de vista sustantivo o material, los criterios asentados por nuestra reiterada doctrina 
sobre la función de este tribunal para apreciar si ha existido una vulneración del derecho 
al honor, ni modifica el contenido y alcance de los derechos fundamentales que deben 
ser ponderados cuando se invoca una vulneración, que, como en este caso, resulta de la 
colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor. En efecto, si la conducta es 
lesiva del derecho al honor fuera de la red, también lo es en ella.
Es por ello, que para resolver el conflicto planteado es preciso definir (i) el control 
que le corresponde a este tribunal sobre la vulneración invocada, (ii) el alcance genérico 
de la libertad de expresión y sus límites, (iii) el contenido del derecho al honor, para 
poder, (iv) tras examinar cuáles son los hechos que han dado lugar al conflicto (v) 
resolver finalmente la cuestión planteada.
3.  Doctrina constitucional sobre el control que ha de desarrollarse en supuestos en 
que se invoca la vulneración del derecho a la libertad de expresión.
En supuestos como el presente, dada la naturaleza sustantiva de los derechos 
fundamentales alegados y el contenido de la jurisdicción de amparo, no resulta ocioso 
recordar  que  la  naturaleza  de  nuestro  juicio  o  ponderación  no  versa  sobre  la 
razonabilidad o la suficiente motivación de las valoraciones efectuadas por jueces y 
tribunales. En estos casos, la función que corresponde a este tribunal no se circunscribe 
a realizar un simple juicio externo de las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales 
ordinarios, sino que vinculados a los hechos declarados probados en la vía judicial 
[art. 44.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y STC 25/2019, de 25 
de febrero, FJ 2.g)], hemos de aplicar a los hechos de los que parten esas resoluciones 
las exigencias dimanantes de la Constitución para determinar si, al enjuiciarlos, han sido 
o no respetadas, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los 
aplicados en la instancia (SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de 
julio, FJ 13; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 148/2001, de 27 de junio, FJ 3; 20/2002, 
de 28 de enero, FJ 3; 148/2002, de 15 de julio, FJ 3; 174/2006, de 5 de junio, FJ 2; 
299/2006, de 23 de octubre, FJ 3, y, recientemente 192/2020, de 17 de diciembre, FJ 2).
4.  Contenido y alcance de la libertad de expresión.
Como se ha adelantado, no afecta a las bases de nuestro enjuiciamiento que las 
opiniones se hayan emitido a través de las redes sociales, es por ello oportuno exponer 
la consolidada doctrina constitucional sobre el contenido de la libertad de expresión 
[art. 20.1.a) CE], no solo por ser el derecho que la recurrente reivindica –cuya proyección 
también alcanza a las relaciones entre particulares–, sino porque la vulneración del 
derecho al honor que a la misma se le atribuye por la jurisdicción ordinaria, resulta de «la 
emisión de pensamientos, ideas u opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar 
datos objetivos» [SSTC 139/2007, de 4 de junio, FJ 6, y 226/2016, de 22 de diciembre, 
FJ 4.b)].
En la STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3, recordamos que la libertad de expresión 
comprende, junto con la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de 
otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a  e.
quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura,  w.
sin los cuales no existe sociedad democrática. En el marco amplio que se otorga a la  006ww
mlibaenrtifaeds tadcieo neesx pqruees,i óanu nqquuee adfaenc tena malp haorandoar sa,j ensoe,g súen  revneuleesnt rcao mdoo ncetrcineas,a ria«sa qpuaerall alas 
exposición de ideas u opiniones de interés público» (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de
junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4, 
y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5).
Esa exigencia de necesidad de la expresión utilizada para la transmisión de la 
opinión, a la que se han referido también las sentencias impugnadas, ha sido enfatizada 
de modo constante por nuestra doctrina. Así, hemos indicado que «el derecho a la 
libertad de expresión, al referirse a la formulación de «pensamientos, ideas y opiniones», 
sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de 
acción que viene solo delimitado por la ausencia de expresiones sin relación con las 
ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las 
mismas» (STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6 y jurisprudencia allí citada).
Y es por ello que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, de 
modo  que  no  cabe  utilizar,  en  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión 
constitucionalmente  protegida,  expresiones  formalmente  injuriosas  (SSTC  107/1988, 
de 8 de junio, FJ 4; 105/1990, de 6 de junio, FJ 8; 200/1998, de 14 de octubre, FJ 5, 
y 192/1999, de 25 de octubre, FJ 3). Esta exigencia de necesidad de la expresión o 
manifestación  utilizada,  determina  que  no  se  puedan  justificar  las  expresiones  de 
carácter absolutamente vejatorias (SSTC 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; 174/2006, 
de 5 de junio, FJ 4, y 9/2007, de 15 de enero, FJ 4); es decir, quedan proscritas 
«aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad 
o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las 
opiniones o informaciones de que se trate» (STC 41/2011, de 11 de abril, FJ 5, y 
jurisprudencia allí citada), pues estas difícilmente podrían quedar amparadas por el 
derecho a la libertad de expresión al ser la dignidad de la persona fundamento mismo del 
orden político y la paz social (art. 10.1 CE) y piedra angular sobre la que se vertebra el 
sistema de los derechos y deberes fundamentales, y también, por tanto, de la libertad de 
expresión que la recurrente vindica.
Es decir, pese a la importancia de la libertad de expresión, en tanto que además 
«garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública 
libre» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, reiterada por la STC 79/2014, de 28 de 
mayo, FJ 6), constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática 
y una de las condiciones primordiales de su progreso (en el mismo sentido SSTEDH 
asunto Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42; asunto Fuentes Bobo c. España, 
de 29 de febrero de 2000, § 43; asunto Stoll c. Suiza, de 10 de diciembre de 2007, § 101; 
asunto Movimiento raeliano c. Suiza, de 13 de julio de 2012, § 48, y asunto Morice c. 
Francia, de 23 de abril de 2015, § 124), y por ello su ejercicio, como el del resto de 
derechos fundamentales está sometido a límites constitucionales (STC 65/2015, de 13 
de abril, FJ 3), no solo derivados del necesario respeto de los derechos fundamentales 
de los demás, sino inherentes a su propia naturaleza y sentido. De la propia Constitución 
se deriva que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en este Título Primero y especialmente –se recalca– «en el derecho al 
honor, a la intimidad, [y] a la propia imagen» (art. 20.4 CE).
El derecho al honor, en tanto que derecho de la personalidad, derivado de la dignidad 
humana, opera como un límite especifico de la libertad de expresión (art. 20.4 CE). Dicha 
limitación  aparece  reconocida  en  tratados  e  instrumentos  internacionales  que  son 
parámetro  interpretativo  de  los  derechos  y  libertades  (art.  10.2  CE).  El  Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos en el párrafo tercero de su artículo 19 prevé 
que la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, de ahí que 
pueda estar sujeta a restricciones expresamente fijadas por la ley, siempre que sean  s
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. oe.
Ciertamente es posible que, a pesar de producirse una intromisión en el derecho al  w.
honor, la misma no se considere ilegítima si se revela como necesaria para lograr un fin  006ww
mcoondsoti tunceicoensaalmrioe nptaer ale gpírtoimcuor,a er su pnrao pmoírnciimonaa daafe cptaarcaió anl cdaenlz áamrlob iyto s eg alrleavnati zaa dcoa bpoo rd ee suten 
aduenre cchuoa.n Edos  plao rm eisllmo aq usee an udeesstraab driodcat ryin pau head aa mmpoalerasdtaor ,l ain cqruítiiectaa rd eo  ldai scgounsdtuacr taa  dqeu ieontr osse,   BOE-A-cable e
dirige,  siempre  que  sea  necesaria  para  transmitir  la  opinión  y  proporcionada  para 
exteriorizarla. El ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el 
insulto, ni tampoco ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano y su 
propio valor como persona. Es en la dignidad, entendida como «valor espiritual y moral 
inherente a la persona», que «lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los 
demás» (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8) donde se encuentra el «germen o núcleo de 
unos derechos que le son inherentes»(STC 53/1985 FJ 3), entre los que se encuentra el 
derecho al honor (art. 18.1 CE) y también la libertad de expresión al posibilitarse con su 
ejercicio el libre desarrollo de la personalidad del ser humano.
5.  Contenido y alcance del derecho fundamental al honor (art. 18.1 CE).
Sentado que el derecho al honor es un límite al ejercicio de la libertad de expresión, 
el lógico discurrir argumental lleva a que expongamos la doctrina elaborada por este 
tribunal relativa a su contenido y alcance. Hemos reiterado que el derecho al honor es un 
derecho autónomo con contenido propio y específico al de los derechos a la intimidad 
personal y a la propia imagen, reconocidos en el artículo 18.1 CE, a pesar de su 
estrecha relación con ellos en tanto que derechos de la personalidad, derivados de la 
dignidad  humana  y  dirigidos  a  la  protección  del  patrimonio  moral  de  las  personas 
[SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 156/2001, de 2 de julio, FJ 3; 46/2002, de 25 de 
febrero, FJ 4; 14/2003, de 30 de enero, FJ 4, y 127/2003, de 30 de junio, FJ 6.b)].
Este tribunal ha reiterado que el contenido del derecho al honor «es lábil y fluido, 
cambiante»  (STC  170/1994,  de  7  de  junio,  FJ  4),  de  tal  suerte  que  una  de  sus 
características principales consiste en ser «un concepto jurídico normativo cuya precisión 
depende  de  las  normas,  valores  e  ideas  sociales  vigentes  en  cada  momento» 
(STC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4; en similares términos, SSTC 112/2000, de 5 de 
mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, 
y 46/2002, de 25 de febrero, FJ 6). Ahora bien, el grado de indeterminación del objeto de 
este  derecho  no  llega  a  tal  extremo  que  impida  identificar  como  «su  contenido 
constitucional  abstracto»  la  preservación  de  «la  buena  reputación  de  una  persona, 
protegiéndola  frente  a  expresiones  o  mensajes  que  le  hagan  desmerecer  en  la 
consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el 
concepto público por afrentosas» (STC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4).
Dicho de otro modo, el honor «no solo es un límite a las libertades del artículo 20.1.a) 
y d) de la Constitución, expresamente citado como tal en el núm. 4 del mismo artículo, 
sino que también es, en sí mismo considerado, un derecho fundamental protegido por el 
artículo 18.1 de la Constitución, que, derivado de la dignidad de la persona, confiere a su 
titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás» 
(SSTC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7, y 204/2001, 
de 15 de octubre, FJ 7). En consecuencia, el mencionado derecho fundamental protege 
frente al «desmerecimiento en la consideración ajena» (STC 52/2002, de 25 de febrero, 
FJ 4), pues lo perseguido por el artículo 18.1 CE «es la indemnidad de la imagen que de 
una persona puedan tener los demás» (STC 180/1999, FJ 5).
Es preciso también referir, «que el honor que la Constitución protege es también el 
que se expone y acredita en la vida profesional del sujeto, vertiente esta de la actividad 
individual que no podrá ser, sin daño para el derecho fundamental, menospreciada sin 
razón legítima, con temeridad o por capricho [respecto al «prestigio profesional» a estos 
efectos,  STC  223/1992,  de  14  de  diciembre,  FJ  3;  en  términos  no  diferentes, 
SSTC 9/2007, de 15 de enero, FJ 3; 41/2011, FJ 5 c), y 216/2013, FJ 5]. La simple crítica  e
a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse, sin más,  bo
con un atentado al honor, cierto es, pero la protección del artículo 18.1 CE sí defiende de  006ww
«inadqivuiedlulaos,  ccoríntisctaitsu yqeune ,e pne esle f oan edsot aurn fao rdmeaslcmaelinfictea cdiióring ipdearss oan laa l,a actl ivreidpaedrc purtoirf edsirioenctaal mdee nuten 
en su consideración y dignidad individuales» (STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 3).
6.  Hechos que han suscitado la controversia constitucional y criterio seguido por la 
jurisdicción ordinaria.
La recurrente de amparo, concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), como 
se ha relatado en los antecedentes, a las pocas horas de que muriera el torero don 
Víctor Barrio Hernanz a consecuencia de una cornada en la plaza de toros de Teruel, 
publicó en su cuenta de la red social Facebook, un texto en el que reproducía el titular de 
un medio de comunicación digital: «Fallece el torero Víctor Barrio al sufrir una cogida en 
la feria de Teruel», junto con una fotografía del torero en el momento en que fue 
corneado.  El  texto,  traducido  al  castellano,  ha  sido  íntegramente  glosado  en  el 
antecedente 2.a). En síntesis la recurrente a través del texto refería que: (i) «se podía 
tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto […] Ya ha dejado de 
matar»; (ii) «el negativo» «que a lo largo de su carrera ha matado mucho». Muchos del 
equipo de la recurrente, «el de los oprimidos», que siempre pierde, «porque tienen a 
todos los opresores en contra» y el partido amañado; (iii) «los opresores han tenido una 
baja, una víctima más, un peón en su sistema»; (iv) e indicaba que no podía «sentirlo por 
el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso 
mientras vivió», refiriéndose a cadáveres de toros adultos y de novillos.
Los órganos judiciales, de forma unánime, han considerado que el contenido del 
mensaje publicado constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de don 
Víctor Barrio Hernanz. El Juzgado de Primera Instancia Único de Sepúlveda y la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Segovia argumentaron que la recurrente, actuando 
como particular, utilizó la expresión de asesino –errónea y peyorativa–, dirigiéndose 
directamente hacia don Víctor Barrio, de modo absolutamente innecesario para exponer 
sus ideas y opiniones acerca de la tauromaquia, a las pocas horas de su fallecimiento, 
alcanzando una gran repercusión social a nivel nacional, y perturbando el dolor de los 
familiares y la memoria del difunto. Ambas resoluciones destacan en su argumentación 
el carácter lícito de la profesión a la que se dedicaba el torero.
Por su parte la sentencia del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, confirma 
que las manifestaciones exceden del ámbito protegido por la libertad de expresión. 
Fundamenta dicha conclusión en que si bien las mismas van referidas a un personaje de 
cierta relevancia pública y tienen relación con la polémica social que existe sobre la 
tauromaquia, por su contenido gravemente vejatorio, por el contexto en que se producen, 
por  referirse  concretamente  a  una  persona  que  acaba  de  morir  traumáticamente, 
mostrando un sentimiento de alegría o alivio, por tachar directamente al torero fallecido 
de asesino –término de carga ofensiva evidente, dirigido contra el fallecido y no contra 
personas indeterminadas–, violentando y perturbando el dolor de los familiares y la 
persona del difunto, y por incumplir la exigencia mínima de humanidad y respeto al dolor 
de los familiares ante la muerte traumática de un ser querido, como uso social de una 
sociedad civilizada. Finalmente señala la proporcionalidad de la respuesta derivada de la 
injerencia  en  el  derecho  al  honor,  al  no  imponerse  una  condena  penal,  sino  una 
indemnización encaminada a reparar el honor del ofendido y aliviar el dolor de sus 
familiares.
7.  Planteamiento  del  conflicto  constitucional.  Afectación  del  derecho  al  honor. 
Ausencia de necesidad y proporcionalidad de la injerencia.
Expuesto  el  razonamiento  de  las  resoluciones  impugnadas,  procede  efectuar  la 
ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho fundamental al  s
honor conforme a los criterios expuestos. Es conveniente a tal fin recordar las razones  oe.
aesceufnere vclnaitrats ad  dqodeu e ey se  unlfai jneu advicleemianmemtuanianteeldn ,na toenv,cta eelv osesridauriarsf,idt ceae ynrn t p asrs oilu ap e ocvferauccslintooievn, araasmlicid eióadnndet e.bp ere olsd oudpceoirdretaac hry o d eicla hlp aah roáinnmjoeerr etrsnoec  qiahu aeh  advbeisibdtoea    2021-10006n https://www.
La recurrente, y con parecidos argumentos el Ministerio Fiscal, sostienen que las
manifestaciones que se han considerado lesivas del derecho al honor de don Víctor
Barrio Hernanz se encuentran amparadas por el legítimo ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión. Sustentan dicha valoración en que la recurrente es una activista 
política  antitaurina  –«convicción  filosófica  que  legítimamente  puede  defenderse» 
(STC 81/2020, FJ 12)–, que se pronunció en el ámbito lícito de la crítica antitaurina, en 
pleno debate social sobre el futuro de la tauromaquia. Niegan que las manifestaciones 
sean atentatorias contra la reputación profesional o personal de «un torero», apuntando 
la «indudable notoriedad» que don Víctor Barrio tenía dentro del mundo del toreo, y la 
necesidad  de  valorar  la  utilización  del  término  «asesino»  teniendo  en  cuenta  las 
circunstancias  y  el  contexto  referido.  Finalmente,  el  Ministerio  Fiscal  añade  que  la 
condena a la indemnización civil puede provocar un «efecto paralizante» en el ejercicio 
de la libertad de expresión.
Todas las partes que han intervenido en este proceso coinciden, con las resoluciones 
judiciales, al admitir de modo más o menos explícito, el derecho de la recurrente a tener 
sus propias creencias y pensamientos y a defenderlas públicamente. También aceptan 
que la Constitución establece como límite del ejercicio de la libertad de expresión el 
respeto a los derechos reconocidos en su título primero y, «especialmente, en el derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen» (art. 20.4 CE). En lo que disienten es si el 
texto publicado por la recurrente, atendidas las circunstancias concurrentes, supone una 
intromisión en el derecho al honor de don Víctor Barrio y si dicha injerencia en el caso de 
que se hubiera producido –aspecto negado por la recurrente y el Ministerio Fiscal– era 
necesaria y proporcionada para la consecución del objetivo que la recurrente pretendía o 
por el contrario supuso un ilegítimo ejercicio de la libertad de expresión.
Debe compartirse, por evidente, que la Constitución ampara la libertad ideológica, 
que  comprende  como  dimensión  interna  la  de  adoptar  una  determinada  posición 
intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según 
personales convicciones, y como dimensión externa un agere licere, con arreglo a las 
propias ideas, sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la 
injerencia  de  los  poderes  públicos  (STC  81/2020,  FJ  12).  En  este  caso,  debe 
reconocerse  como  legítima  la  posición  de  defensa  de  los  animales  frente  a  los 
espectáculos taurinos, incluso la proyección de dicha sensibilidad mediante opiniones y 
manifestaciones  hirientes,  que  pueda  molestar,  inquietar  o  disgustar,  a  quienes 
mantienen  posiciones  contrarias.  Pero  también  está  fuera  de  toda  duda,  que  la 
Constitución no tutela ni alienta, a quienes invocando la libertad de expresión socavan la 
dignidad humana que es a la vez sustento y límite de dicha libertad y del resto del orden 
jurídico (art. 10.1 CE), ni tampoco a quienes con su ejercicio menoscaban el derecho al 
honor de los demás mediante una injerencia innecesaria o desproporcionada (arts. 18.1 
y 20.4 CE). Precisamente el núcleo de la problemática constitucional planteada es si el 
texto publicado afectó al honor y si lo hizo de modo innecesario y desproporcionado.
Para valorar si se ha producido una injerencia en el derecho al honor, atendido que 
su contenido es inestable y lábil, debemos fijarnos en las normas, valores e ideas 
sociales vigentes en cada momento (SSTC 170/1994, FJ 4, y 28/2020, FJ 4).
En primer lugar, es importante destacar que «la tauromaquia tiene una indudable 
presencia en la realidad social de nuestro país». De modo que «las corridas de toros y 
espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural, de manera que 
pueden  formar  parte  del  patrimonio  cultural  común»  (STC  177/2016,  FJ  4).  La 
Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio 
cultural, indica que es «digno de protección en todo el territorio nacional» y que «requiere 
de  protección  y  fomento»  como  «actividad  cultural  y  artística»,  comprendiendo  «el  s
conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la  oe.
crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el  w.
arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español» y, por  006ww
exteEnns ióens,t e« tcoodnat emxtaon isfeosctiaalc, ióenn  aerlt íqsutiec ala y  tcauulrtoumraal qviunicau floardmaa a  plaa rmtei sdmeal »p a(tarrimt. o1n).io cultural
pinrmofaetseiorianla el scpoamñool , «caaslieficsainro d»i reoc tammieemntber oa  ddoenl  Veíqcutoipro B adreri ol oHse r«noapnrze, spoorre ss»u,  ddeedbicea csióenr   BOE-A-cable e
considerado, sin el menor atisbo de duda como una injerencia en su derecho al honor, al 
suponer  un  menoscabo  de  reputación  personal,  así  como  una  denigración  de  su 
prestigio y actividad profesional, con directa afectación a su propia consideración y 
dignidad individual.
Además, atendidas las circunstancias del caso, dicha injerencia se evidencia como 
innecesaria, desproporcionada, así como carente de anclaje alguno en el ejercicio del 
derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  la  recurrente.  En  efecto,  para  defender 
públicamente sus posiciones antitaurinas no era necesario calificar en la red social de 
asesino o de opresor a don Víctor Barrio y mostrar alivio por su muerte. Menos aún 
hacerlo acompañando al texto una fotografía en que se mostraba al torero malherido, en 
el momento en que fue corneado, con evidentes muestras de dolor, y realizar esa 
publicación a las pocas horas de fallecer a consecuencia de esa cornada en la plaza de 
toros de Teruel, ocasionando con ello un dolor añadido al que tenían sus familiares.
Tampoco  la  utilización  de  tales  expresiones  venía  exigida  o  reclamada  por  un 
ejercicio de «pluralismo», «tolerancia» o «espíritu de apertura», sustento de cualquier 
sociedad democrática y de la libertad de expresión. Al contrario, precisamente tales 
principios reclamaban de la recurrente una mayor mesura y contención a fin de no 
menoscabar injustificadamente el respeto debido a la dignidad humana, al dolor de los 
familiares y al honor del fallecido. A ello aluden, con razón, las resoluciones judiciales 
impugnadas al referirse a exigencias mínimas de humanidad como integrantes de los 
usos sociales en una sociedad civilizada.
Mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas, alivio por la muerte de 
un ser humano producida mientras ejercía su profesión, y calificarle de asesino a las 
pocas horas de producirse su deceso, junto con la fotografía del momento agónico, 
supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que ocupa la persona en 
nuestra sociedad democrática y del necesario respeto de los derechos de los demás. La 
libertad de expresión no puede ser un instrumento para menoscabar la dignidad del ser 
humano, pues esta se erige como fundamento del orden político y de la paz social 
(art. 10.1 CE), a la vez que en sustento y límite de su ejercicio.
Por lo expuesto, puede concluirse que no se ha vulnerado el derecho a la libertad de 
expresión de la recurrente, pues el contexto y el contenido con el que se publicó el texto eran 
innecesarios y desproporcionados para defender públicamente sus ideas antitaurinas, de modo 
que la decisión de los órganos judiciales fue necesaria para tutelar el derecho fundamental al 
honor  de  don  Víctor  Barrio,  sin  que  la  indemnización  fijada  pueda  considerarse 
desproporcionada atendida la lesión causada y la exigencia de su reparación. Debe por ello 
descartarse  que  las  sentencias  impugnadas  hayan  ocasionado  un  indeseable  efecto 
«paralizante» en el ejercicio de la libertad de expresión al que alude el Ministerio Fiscal.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por LA AUTORIDAD QUE 
LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Piedad Ángeles Peris García, 
contra las sentencias dictadas el 3 de abril de 2019, el 8 de marzo de 2018 y el 6 de 
noviembre de 2017, respectivamente por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Segovia y el Juzgado de  e.
Primera Instancia e Instrucción Único de Sepúlveda. w.b
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Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, respecto 
de la sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3223-2019.
En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría de la Sala 
Primera, reflejada en la sentencia, formulo el presente voto, dejando constancia de los 
fundamentos de mi posición discrepante con el fallo y con los razonamientos que lo 
sustentan.
Considero que la sentencia hubiera debido ser estimatoria de las pretensiones de la 
recurrente  en  amparo,  apreciándose  la  vulneración  de  su  derecho  a  la  libertad  de 
expresión [art. 20.1.a) CE].
1.  El ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales exige el desarrollo 
de  un  canon  de  enjuiciamiento  específico  basado  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.
No es posible discrepar de la consideración de la sentencia cuando se refiere a la 
«conveniencia de un ejercicio de reflexión sobre las nuevas formas de comunicación». 
Sin embargo, cabe lamentar que tal reflexión no condujera a la identificación de un 
canon de control específico, relativo a los límites que cabe imponer al ejercicio de la 
libertad de expresión cuando se canaliza a través de internet y, más en particular, de las 
redes sociales.
A pesar de reconocer que las características de la comunicación a través de internet, 
el anonimato potencial de los emisores o reproductores de mensajes, y la fragilidad de 
los  factores  moderadores  del  contenido  de  las  opiniones,  suponen  una  «mayor 
potencialidad lesiva de los derechos fundamentales, entre otros, al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen», la sentencia termina por afirmar que nada de 
todo ello «altera, desde un punto de vista sustantivo o material, los criterios asentados 
por nuestra reiterada doctrina sobre la función de este tribunal para apreciar si ha 
existido una vulneración del derecho al honor, ni modifica el contenido y alcance de los 
derechos fundamentales que deben ser ponderados cuando se invoca una vulneración, 
que, como en este caso, resulta de la colisión entre la libertad de expresión y el derecho 
al honor». Es decir, la Sala niega que afecte a las bases del enjuiciamiento el hecho de 
que las opiniones sometidas a examen hayan sido emitidas a través de una red social, 
limitándose a apelar a la jurisprudencia clásica sobre el ejercicio de la libertad de 
expresión y los límites que impone a esta el respeto al derecho al honor.
Y, si bien puede ser cierto, como afirma la sentencia, que «si la conducta es lesiva 
del derecho al honor fuera de la red, también lo es en ella», ello no significa que sea 
posible trasladar sin matiz alguno la jurisprudencia preexistente sobre derecho al honor y 
libertad de expresión a una situación con las particularidades que presenta la difusión de 
un determinado mensaje en las redes sociales. Por lo demás, la formulación de un canon 
específico  no  revestía  más  dificultad  que  acudir  a  la  que  ya  empieza  a  ser  una 
consolidada  doctrina  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  que  vincula  al 
Tribunal Constitucional como intérprete de los derechos fundamentales, tal y como se 
deriva del artículo 10.2 CE.
Los siguientes elementos de reflexión, ausentes en la argumentación de la sentencia 
aprobada por la mayoría, hubieran sido imprescindibles para formular un adecuado juicio 
de proporcionalidad respecto de los límites al ejercicio de la libertad de expresión de la 
recurrente en amparo: s
a)  Los derechos de la personalidad, es decir, el derecho al honor, la intimidad  w.
personal o familiar, la propia imagen y la protección de datos personales, recogidos en el  006ww
daert ífcourlmo a1 8p aCrtEic uy laqrumee enntecu inetnetnrasna  s«up oerq euli vuasloe nmtea seinv oe ld aer tlaícsu tloe c8n oCloEgDíaHs,  dsee  vlae nin faofremctaacdióons 
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decía en este pronunciamiento «en este contexto es innegable que algunos contornos de 
los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE), 
garantes todos ellos de la vida privada de los ciudadanos, pueden quedar desdibujados y 
que  la  utilización  masificada  de  estas  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación, unida a los cambios en los usos sociales que ellas mismas han suscitado, 
añaden nuevos problemas jurídicos a los ya tradicionales».
b)  Al mismo tiempo y sin negar lo anterior, a través de la red se ejercen tanto la 
libertad de expresión como la de información, en un contexto en que los usuarios son a 
la vez creadores de contenidos, emisores, difusores y reproductores de esos contenidos. 
En la STEDH de 16 de junio de 2015, asunto Delfi AS c. Estonia, la Gran Sala lo expresa 
de forma clara: «la posibilidad de que los individuos se expresen en Internet constituye 
una herramienta sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata de 
un hecho indiscutible, como ha reconocido en varias ocasiones [asunto Ahmet Yildirim c. 
Turquía, núm. 3111/10, § 48, Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2012, y asunto 
Times Newspapers Ltd c. Reino Unido (núm. 1 y 2), núm. 3002/03 y 23676/03, § 27, 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2009]. Sin embargo, las ventajas de este medio 
van acompañadas de una serie de riesgos. Contenidos claramente ilícitos, incluido el 
difamatorio, odioso o violento, pueden difundirse como nunca antes en todo el mundo, en 
cuestión de segundos, y a veces permanecer en línea durante mucho tiempo». También 
se explica en la fundamentación de la STC 27/2020.
Tanto  la  sentencia  de  la  Sala  Segunda,  como  la  jurisprudencia  constante  de 
Estrasburgo asumen que el alcance del ejercicio de esos derechos, en el contexto de las 
redes sociales, tiene particularidades que no pueden obviarse cuando se formula un 
adecuado juicio sobre la proporcionalidad de los límites que se les imponen. Aunque 
esos límites deriven de la clásica protección al derecho al honor. No se trata solo de que 
los derechos de la personalidad puedan ser más vulnerables, o sensibles, al menoscabo 
procedente de la actuación a través de internet, tal y como reconoce el Tribunal de 
Estrasburgo  en  pronunciamientos  como  la  STEDH  de  16  de  julio  de  2013,  asunto 
Węgrzynowski y Smolczewski c. Polonia.  Es que las libertades informativas, en sentido 
amplio, también tienen una dimensión distinta y un alcance transformador de la opinión 
pública diverso. Las redes sociales hacen de los usuarios potenciales creadores de 
contenidos,  en  ocasiones  con  una  función  muy  próxima  a  la  que  desarrollan  los 
periodistas, lo que conduce a replantearse la diferenciación jurisprudencial preexistente 
entre  el  ejercicio  de  las  libertades  informativas  por  los  particulares  y  por  los 
profesionales, por poner solo un ejemplo de los muchos que podrían evocarse.
c)  Las redes sociales actúan sobre los ejes de la inmediatez y rapidez en la difusión 
de  contenidos,  la  dificultad  de  establecer  filtros  a  priori  en  esa  difusión,  y  la 
potencialmente amplia –y difícilmente controlable– transmisión de sus contenidos. Ello 
supone una capacidad para influir en la opinión pública exponencialmente superior a la 
de los medios de comunicación tradicionales que, por lo demás, también se sirven de las 
redes sociales para difundir sus contenidos, e incluso para manejar los tiempos y la 
capacidad de impacto de una determinada información.
Las  características  apuntadas,  como  contrapunto,  suponen  un  mayor  riesgo  de 
vulneración  de  los  derechos  de  la  personalidad  de  terceros.  Este  se  mitiga  o  se 
acrecienta  en  función  de  elementos  tales  como  la  cantidad  de  seguidores  de  un 
determinado perfil, el que este corresponda a un personaje público o privado, el hecho 
de que medios de comunicación clásicos o perfiles sumamente influyentes puedan llegar 
a generar un efecto multiplicador del mensaje y la rapidez efectiva con que se propaga el  s
mensaje. Estos elementos han de ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar el impacto  oe.
que las expresiones o informaciones volcadas en redes sociales han podido tener en el  w.
derecho al honor, intimidad, propia imagen o protección de datos de un tercero. 006ww
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reproduce haciéndolo suyo o de quien lo traslada sin más y, por supuesto, ninguna de 
ellas puede confundirse con la posición de la propia empresa que da el soporte a la red 
social  y  que  puede,  eventualmente,  establecer  algún  tipo  de  filtro  preventivo  o  de 
supresión de contenidos o suspensión de perfiles, llegado el caso. A su vez, y en lo que 
hace  al  estatuto  del  usuario,  no  solamente  difieren  entre  sí  al  adoptar  roles  o 
protagonismo diverso en redes, sino que difieren con carácter previo en función del 
anonimato del perfil, del carácter de personaje público de ese usuario, de que el perfil 
sea institucional o personal, por ejemplo y de que actúe en redes a cambio de una 
contraprestación económica o no lo haga.
e)  Los destinatarios del mensaje, tanto los potenciales como los que finalmente han 
resultado receptores del mismo, también conforman un elemento para tener en cuenta 
en el juicio relativo al ejercicio de las libertades comunicativas o, al menos, en el examen 
relativo a la proporcionalidad de las medidas concretas restrictivas de este tipo de 
libertades. Del mismo modo que se asume que la amplitud de la difusión de un reportaje 
en un medio de comunicación clásico, incide a la hora de formular un juicio sobre la 
adecuación de las restricciones, (en este sentido STEDH de 7 de febrero de 2012, de 
Gran Sala, asunto Axel Springer AG c. Alemania), ese elemento no puede ignorarse a la 
hora de evaluar el impacto de una determinada opinión o información difundida en redes. 
Si bien la afectación del derecho al honor, por ejemplo, del destinatario de una expresión 
injuriosa contenida en un tweet existe desde que el mensaje ha sido compartido, o es lo 
mismo que tal mensaje haya sido leído por una persona o por un millón, porque la 
imagen pública del titular del derecho al honor, y la percepción de esa imagen por 
terceras personas, no ha quedado afectada con la misma intensidad en uno y otro caso.
f)  Por lo que hace al contenido de los mensajes, el margen de apreciación del 
Estado a la hora de restringir el derecho a la libertad de expresión varía en función de 
una  serie  de  factores  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal  de  Estrasburgo  identifica 
claramente. La STEDH, de 13 de julio de 2012, en resolución de la Gran Sala, asunto 
Mouvement Raëlien Suisse c. Suiza, es ilustrativa a este respecto:
«Si bien el artículo 10 § 2 del Convenio deja poco margen para las restricciones a la 
libertad de expresión en asuntos políticos (véase asunto Ceylan c. Turquía [GC], núm. 
23556/94, § 34, Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1999-IV), los Estados firmantes 
tienen generalmente un margen de apreciación más amplio a la hora de regular la 
libertad  de  expresión  en  ámbitos  susceptibles  de  ofender  convicciones  personales 
íntimas de carácter moral o, más particularmente, religioso (véase asunto Murphy, citada 
anteriormente, § 67). Del mismo modo, los Estados disponen de un amplio margen de 
apreciación a la hora de regular la expresión comercial y publicitaria.»
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es categórica cuando 
afirma  que  los  mensajes  difundidos  por  internet  se  benefician  de  una  protección 
equivalente a la que merecen los otros medios de comunicación, en lo que hace al 
respeto del debate político, en particular si quien emite el mensaje es un representante 
elegido por la ciudadanía. Es decir, el artículo 10 CEDH, exige un alto nivel de protección 
del derecho a la libertad de expresión cuando se trata de la difusión de un mensaje 
político o activista y ese margen permite a los representantes del ciudadano en cualquier 
ámbito,  en  particular  cuando  actúan  como  opositores  políticos,  utilizar  un  lenguaje 
virulento y crítico sobre cualquier tema de interés general, tolerándose los excesos 
verbales y escritos inherentes al tema objeto de debate (en este sentido SSTEDH de 25 
de febrero de 2010, asunto Renaud c. Francia, § 38; de 13 de julio de 2012, en 
resolución de la Gran Sala, asunto Mouvement Raëlien Suisse c. Suiza). e.
Por lo que hace, más concretamente, al discurso en defensa de los animales, se  w.b
reconoce la naturaleza de asunto de interés público de dicho discurso. La sentencia de 8  006ww
dcaem npoavñieam cbornet rdae  la2 0c1r2ía,  edne  ealn aimsuanletos  PenE TbAa tDereíau,t srcehcloannodc ce.  qAuleem laa nciaam, rpeafiñriaé nsdaonsceio an audnaa, 
i«nanle egsatbalre  qreulea ctieonníaad uan  cinotne rléas  pprúobteliccoc ió[…n ].d eD el oesll oa sneim daeledsu cye  qdueel  msoelod iora zaomnbeise ndtee ,p eesrao 
pueden justificar la injerencia en el derecho a la libertad de expresión del demandante en 
este contexto».
En todo caso, la difusión en línea de ataques personales que sobrepasan el marco 
de un debate sobre las ideas no está protegido por el artículo 10 CEDH (en este sentido 
STEDH de 16 de enero de 2014, asunto Tierbefreier E.V. c. Alemania).
g)  Por último, y en relación con el efecto desaliento, o efecto disuasivo sobre del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en redes sociales, la valoración relativa a 
su concurrencia no puede ignorar la intensidad de la sanción, sea esta penal o, como es 
aquí  el  caso,  civil.  Esta  cuestión  debe  ser  analizada  a  la  hora  de  examinar  la 
proporcionalidad de una medida restrictiva (STEDH de 13 de julio de 2012, en resolución 
de la Gran Sala, asunto Mouvement Raëlien Suisse c. Suiza, § 75). En este sentido, el 
hecho  de  que  la  limitación  del  ejercicio  del  derecho  tenga  como  consecuencia  la 
imposición de la obligación de pagar una indemnización, y el alcance más o menos 
moderado de la cuantía no es argumento bastante para hacer desaparecer el riesgo del 
efecto desaliento tal y como se deriva de la STEDH de 10 de julio de 2014, asunto Axel 
Springer  AG  c.  Alemania  núm.  2,  que  recoge  a  este  respecto  la  cita  de  otros 
pronunciamientos previos.
2.  Los límites a la libertad de expresión de la recurrente en amparo en el supuesto 
concreto.
La sentencia de cuya argumentación y fallo discrepo, debería haber desarrollado un 
canon  de  enjuiciamiento  considerando,  al  menos,  todos  los  elementos  anteriores 
expuestos, para proyectarlos sucesivamente a la solución del caso concreto.
a)  No puede ponerse en duda que la recurrente en amparo ejerció su derecho a la 
libertad de expresión a través de una red social, en este caso Facebook, y que ese 
ejercicio queda amparado por el artículo 20 CE. Tampoco cabe negar que el ejercicio de 
ese derecho pudo llegar a suponer una intromisión ilegítima en el derecho al honor 
(art. 18 CE) de la persona a la que se refería su comentario, es decir, el torero Víctor 
Barrio. Ahora bien, ya en este primer punto de reflexión hubiera sido necesario valorar el 
hecho de que los actuantes en la instancia no son los titulares del derecho, sino los 
familiares del titular fallecido. Esta circunstancia no impide la defensa del derecho al 
honor por parte de los familiares de Víctor Barrio, en la línea de la jurisprudencia 
constitucional que sostiene la posibilidad de velar por la memoria de los difuntos, desde 
la tesis del cuidado de la «personalidad pretérita». Pero sí permitiría modular los efectos 
que  sobre  el  honor  del  fallecido  tendría  el  ejercicio  extralimitado  de  la  libertad  de 
expresión, y esto es así porque ya no se trata de que el titular del derecho valore su 
grado ofensivo, sino de preservar la percepción, muy legítima, de sus allegados.
b)  El potencial lesivo de las redes sociales, por su efecto inmediato y multiplicador 
del mensaje, en este caso ha sido escaso. El perfil de la recurrente en redes tenía, al 
momento de producirse los hechos, poco más de tres centenares de seguidores, lo que 
es sumamente poco en términos cuantitativos en el ámbito de las redes sociales. En la 
actualidad la cantidad de seguidores se ha duplicado, y podría haber sido efecto de las 
campañas de apoyo a la recurrente en amparo tras la denuncia por los hechos de los 
que estamos conociendo. Pero en cualquier caso, la mayor difusión del mensaje se 
produjo después de la denuncia, y no antes.
c)  La recurrente en amparo posee un perfil público en Facebook. Eso significa, de 
un lado que no es anónimo y permite identificarla adecuadamente, y de otro que permite  s
interactuar con cualquier usuario de la red. En el mismo, la propietaria del perfil comparte  oe.
acysoainsn áteaslimnstaitsáen tstiepc  eadermemn e pietnuelt b eacl iccpotaomivrs piiscermeilo nonpd eoyess r t p vqacinuortcenicu tirllpaoaadv ceapirsoót isndai co psi óúuynb   alhiaccaant i tvcietiosa nmuintriocinn luuaaas nodsim oop saohtleilasíntctiaicidé aayn   ddfeoeenlm o la iend li reseptscaopu.su rtLré eosen .s ht eEau csneítanae     2021-10006n https://www.
amparo. Es cierto, como se afirmó en la instancia por los actuantes, que este perfil no la
identifica  como  integrante  de  un  determinado  partido  político,  ni  como  militante,  ni
siquiera como concejala en su momento, no es el perfil de un partido político, sino un 
perfil personal, lo que no significa que no se trate del perfil de una persona con un cargo 
representativo en un determinado momento, ni que no exista un mensaje político en 
dicho perfil.
d)  El mensaje difundido en Facebook era, claramente, un mensaje de contenido 
político y así lo reconoce incluso el Ministerio Fiscal que defendió, en el proceso de 
amparo, la estimación del recurso.
La sentencia aparta del razonamiento las consecuencias que deberían derivarse de 
esta consideración del contenido del mensaje argumentando que, habida cuenta del 
contenido lábil del derecho al honor, es preciso analizar las normas, valores e ideas 
sociales vigentes en cada momento, para concluir que la tauromaquia forma parte del 
patrimonio  cultural  inmaterial  español,  y  que,  en  ese  contexto,  no  se  justifican  las 
expresiones hirientes dirigidas a un torero. Pero el enfoque de la sentencia es erróneo. 
El análisis debe partir del ejercicio del derecho a la libertad de expresión para verificar, 
en caso de que esa libertad se haya utilizado para difundir un mensaje político, si a pesar 
de  ello  se  ha  incurrido  en  una  limitación  ilegítima  del  derecho  al  honor.  Que  la 
tauromaquia venga protegida en determinadas previsiones legales no resta en absoluto 
validez a la crítica política que la misma suscita y que se traduce en propuestas políticas 
de supresión o modificación de los festejos taurinos que, por lo demás, también han 
encontrado reflejo en disposiciones normativas cuya cita obvia la sentencia.
Quien, sin conocer el estado de la cuestión en España lea la sentencia, bien podría 
pensar que en la sociedad existe una defensa y apoyo mayoritario a la tauromaquia, 
pero esto dista de ser así. Si analizamos la «estadística de asuntos taurinos», que 
publica  el  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte  anualmente,  se  verifica  un  descenso 
progresivo del número de personas que acuden a los diversos tipos de festejos taurinos 
permitidos en la mayor parte de las comunidades autónomas de España. Sin tener en 
cuenta el año 2020 (por las singularidades vinculadas a la crisis del Covid), se verifica un 
descenso lento pero mantenido del número de festejos taurinos celebrados (que pasan 
de 1598 en el año 2016 a 1425 en el año 2019), correlativo al declive en el número de 
personas que asisten a este tipo de actividades. En el año 2019 se trataba de un 8 
por 100 estimado de la población, habiendo descendido desde el año 2006 en que el 
porcentaje era del 9,8 por 100. También se constata que existen territorios en las que no 
se están desarrollando en absoluto este tipo de festejos (es el caso de Asturias, Baleares 
–sobre cuya ley se pronunció la STC 134/2018 de 13 de diciembre–, Canarias, Ceuta y 
Melilla en datos de 2019). Sin contar con encuestas oficiales al respecto, las propuestas 
por  distintas  organizaciones  no  gubernamentales  (como  World  Animal  Protection 
en 2016) o por encargo de distintos medios de comunicación (encuesta de SocioMétrica 
para El Español en enero de 2019; encuesta de YouGov para El HuffPost en julio 
de 2018) ponen de manifiesto que existe un elevado porcentaje de la ciudadanía que 
opta por prohibir o limitar las corridas de toros, siendo estos datos ilustrativos de la falta 
de unanimidad en relación con este tema.
En suma, no se puede perder de vista, como se ha expuesto previamente, que los 
temas que plantean interés general, si se encuadran además en el marco de un discurso 
político, se benefician de un elevado nivel de protección de la libertad de expresión, lo 
que  lleva  asociado  un  margen  de  apreciación  de  las  autoridades  jurisdiccionales 
particularmente restringido: el espacio para restringir la libertad de expresión en el 
dominio del discurso político es muy pequeño, lo que permite recurrir a la exageración, a 
la provocación, y la falta de moderación en las formas (recuerdo aquí en particular la  s
STEDH de 16 de julio de 2009, en el asunto Willem c. France, § 33). oe.
En este contexto, las expresiones utilizadas por la recurrente en amparo fueron,  w.
efectivamente provocadoras, hirientes, y pudieron causar dolor a la familia del fallecido.  006ww
pNoaldítaic ad eq uees on op ueesd pea tnriemgoanrsioe .e Cxcolmusoiv on od ep ulae dree cnuerrgeanrtsee  eqnu aem mpaanroif.e sEtla fraolnle cuinmai eonptoin dióenl 
torero, en este caso, fue la excusa para reiterar el mensaje político de la recurrente, y la
forma pudo ser excesiva e inmoderada, pero el contenido principal del mensaje iba más 
allá de la muerte de una persona, por más que se elaborase al hilo de la misma.
Por tanto, no se justificaba, en este caso, la limitación de la libertad de expresión de 
la recurrente en amparo, pudiendo calificarse como desproporcionada la sanción civil 
impuesta, habida cuenta de las circunstancias que han venido considerándose.
El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura que entrecomilla la sentencia, no 
pueden  ser  entrecomillados,  porque  las  sociedades  democráticas  solo  son 
verdaderamente resistentes cuando son capaces de integrar discursos que disgustan, 
siempre que no llamen a la violencia, o a la vulneración de derechos de terceros, o a la 
persecución de colectivos en particular situación de vulnerabilidad.
Madrid,  a  diez  de  mayo  de  dos  mil  veintiuno.-María  Luisa  Balaguer  Callejón.–
Firmado y rubricado.