BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Viernes 13 de marzo de 2020 Sec. III.   Pág. 25063
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
3622 Orden JUS/217/2020, de 9 de marzo, por la que se concede una subvención 
directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación 
de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2020.
Con fecha de 6 de marzo de 2020 se ha publicado en «Boletín Oficial del Estado» el 
Real Decreto 400/2020 de 25 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los 
Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las 
víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020.
Instruido el procedimiento de concesión directa y acreditado que el Consejo General 
de la Abogacía Española cumple con los requisitos previstos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición 
de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no es deudora 
por procedimiento de reintegro, este Ministro de Justicia, a propuesta de la Dirección 
General para el Servicio Público de Justicia, resuelve:
Primero.
Conceder al Consejo General de la Abogacía Española una subvención directa por 
importe de 45.003,22 miles de euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria 13.02.112A.483 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia, 
para  la  prestación  del  servicio  de  asistencia  jurídica  gratuita,  en  el  ámbito  de 
competencia del Ministerio de Justicia.
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de otras Administraciones o 
entes públicos o privados, si bien, en ningún caso, el importe de los fondos recibidos 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Segundo.
La subvención concedida tiene por objeto:
1.  Indemnizar las actuaciones profesionales que realicen los abogados descritas en 
los apartados 1 a 3 del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, siempre que 
tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.
2.  Sufragar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española el 
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades  s
encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos, en el  oe.
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia. w.
asis3te. ncSiau jfurarígdaicr a lgorsa tugiatas,t oesn  edle ávmenbgitaod does  cpoomrp elate ntrcaiam ditealc Miónin isdtee riolo ds e eJxupsetidciiean.tes  de  2020-3622n https://ww
Tercero.
No se requiere la constitución de ninguna garantía.
Cuarto.
El  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  deberá  destinar  la  cantidad 
subvencionada a financiar las siguientes actuaciones:
a)  De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, y en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia:
1.º  El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 
reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la 
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de 
conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto 
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer 
de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su 
intervención.
Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 
humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia jurídica gratuita 
comprenderá  asesoramiento  y  orientación  gratuitos  en  el  momento  inmediatamente 
previo a la interposición de denuncia o querella.
2.º  Asistencia  de  abogado  al  detenido,  preso  o  imputado  que  no  lo  hubiera 
designado,  para  cualquier  diligencia  policial  que  no  sea  consecuencia  de  un 
procedimiento  penal  en  curso  o  en  su  primera  comparecencia  ante  un  órgano 
jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, 
preso  o  imputado  no  hubiere  designado  abogado  en  el  lugar  donde  se  preste. 
Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida 
como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiera designado 
abogado.
3.º  Defensa  gratuita  por  abogado  en  el  procedimiento  judicial,  cuando  la 
intervención  del  abogado  sea  legalmente  preceptiva  o,  cuando  no  siéndolo,  sea 
expresamente  requerida  por  el  Juzgado  o  Tribunal  mediante  auto  motivado  para 
garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b)  De conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, y su reglamento de desarrollo, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
Justicia:
1.º  La puesta en funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al 
proceso a los ciudadanos.
2.º  La tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su 
normativa de desarrollo. es
Quinto. w.
de  Dfeeb rceoron foerlm  liidbaradm cioenn tolo  pdree vpisatgoo e nd ee l laa rtsícuublove 6n.c1i ódne l sRee aelf eDcetucareráto  c4o0n0 /2p0e2ri0o,d idceid a2d5 
dmeel ncsituaadlo,  sriena pl edrejucriceitoo ,d pea lroa  perle pvaisgtoo  edne l laú ltdimisop otrsiimcieósnt rtera dnes i2to0r1ia9 .segunda, números 1 y 4,  BOE-A-cable e
Dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la  finalización  de  cada  mensualidad,  el 
Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  remitirá  al  Ministerio  de  Justicia  una 
certificación que contenga los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada 
colegio  a  lo  largo  del  mes  anterior,  junto  con  la  justificación  del  coste  económico 
asociado a aquéllas.
En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación 
los  libramientos  mensuales  que  correspondan,  pudiendo  llevar  a  cabo  libramientos 
parciales por colegios si así lo requiriera el proceso de comprobación de la certificación 
presentada por el Consejo General de la Abogacía Española, y sin perjuicio de las 
posteriores regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la 
justificación anual regulada en los números siguientes.
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto por la disposición transitoria primera, 
número 1, del Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, con respecto a la justificación de 
la actividad realizada en los meses completos de 2020 anteriores a la entrada en vigor 
del real decreto antes citado, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes 
siguiente al de su presentación.
Sexto.
1.  El Consejo General de la Abogacía Española deberá cumplir las obligaciones 
que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en la presente resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios 
para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General para el Servicio 
Público de Justicia, en el formato establecido por esta Dirección General para tal fin.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Distribuir,  entre  sus  respectivos  colegios,  el  importe  de  la  subvención  que 
corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas 
y acreditadas por éstos ante el Consejo General de la Abogacía Española, así como de 
los expedientes tramitados, de en conformidad con lo aprobado por las Comisiones de 
Asistencia  Jurídica  Gratuita  durante  el  mes  inmediatamente  anterior  al  de  cada 
libramiento.
d)  Remitir  al  Ministerio  de  Justicia,  dentro  del  mes  natural  siguiente  al  de  la 
finalización  de  cada  mes,  una  certificación  que  contenga  los  datos  relativos  a  las 
actuaciones  realizadas  por  cada  colegio  a  lo  largo  del  mes  anterior,  junto  con  la 
justificación del coste económico asociado a aquéllas.
e)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante el procedimiento establecido por 
la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y a la evaluación continua y final 
por parte de la misma, así como al control financiero de los mismos por la Intervención 
General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
f)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y 
control.
Séptimo. bo
apprimlicEealr coiCós nom ndseees jleoas  s Gutrebanvsee nrlaacl i ófidnne ap leilzarac cibAióibdnoa g ddaeuc ríaalan  tEees jetpocaduñoco ieólaln ,e,  jjeaurnscttieicfi icoea lyr á Mp, riendsiesetnentrrtaioor  ádd ueen  alJo usms teiccmuiaao trrlioaa    2020-3622n https://ww
y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del objeto de la subvención.
La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el 
contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u 
omisión de algún Colegio de Abogados, se detraerá de los libramientos posteriores una 
cantidad igual a la última distribuida por el Consejo General de la Abogacía española a 
dichos colegios.
Octavo.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses 
devengados  por  la  subvención,  así  como  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser 
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad.
Noveno.
Esta  resolución  podrá  modificarse  como  consecuencia  de  la  alteración  de  las 
condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  citada  concesión  y,  particularmente,  en  el 
supuesto de variación de las cuantías inicialmente presupuestadas como consecuencia 
de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.
La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular del Ministerio 
Justicia y deberá ser motivada.
Décimo.
Atribuir a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia la gestión de la 
subvención que se concede por la presente resolución.
Undécimo.
Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones la presente resolución.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición 
en el plazo de un mes ante el Ministro de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha  de  su  publicación,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46.1  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 9 de marzo de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno. oe.