BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 158965
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21184 Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil XXIII de Madrid, por la que se resuelve no practicar 
un depósito de cuentas anuales solicitado.
En el recurso interpuesto por don G. R. G., como administrador único de la sociedad 
«Inversiones Santullan, SL», contra la nota de calificación emitida por el registrador 
Mercantil XXIII de Madrid, don Fernando Trigo Portela, mediante la que resuelve no 
practicar el depósito de cuentas anuales solicitado.
Hechos
I
El día 29 de julio de 2021, «Inversiones Santullan, SL» presentó para su depósito en 
el Registro Mercantil de Madrid las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, 
aprobadas por la junta general celebrada el día 30 de junio de 2021.
II
La referida documentación fue objeto de la siguiente nota de calificación en el 
Registro Mercantil de Madrid:
«Depósitos de cuentas.
Fernando Trigo Portela, registrador mercantil de Madrid, previo examen y calificación 
del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio 
y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, y con cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15.2 de dicho Reglamento, resuelve no practicar el depósito de cuentas por 
haber observado el/los siguientes defecto/s que impiden su práctica:
Inversiones Santullan SL.
Presentación: 22.728,0/2021 Asiento: 176.468/39 Fecha: 29/07/2021.
Ejercicio: 2020.
No se aporta el documento relativo a la declaración de identificación del titular real 
(Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo, Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 20 de mayo de 2015, Ley 10/2010 de 28 de abril).
Sin perjuicio del derecho a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener el 
depósito de las cuentas, el interesado podrá: (…).
Madrid, a 14 de agosto de 2021.–El Registrador.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don G. R. G., como administrador único de la  e.e
sociedad «Inversiones Santullan, SL», interpuso recurso el día 6 de septiembre de 2021  b
Reconer grlo«eissIs.t p rsooig QnuduMieieeen,n rtcteceoassn n t étafielrl  mcehi(jneaNor úc2smi9:c iedore oc  jeurldrioae dd oe e e2nl0 trd2aí1ad, a l3a 1 S 2do2ec.7 ied2di8ca,ie0dm/ 2pb0rer2es1 e)d,n etó l2,a 0ps2 a0ra,C  auspuer nodtbeaaps dóasAisto np ueoanrl  eelasl    OE-A-2021-21184able en https://ww
Junta General de Socios de la Sociedad, el día 30 de junio de 2021. En concreto, el 
depósito que es objeto de este recurso es el siguiente:
Fecha  de  entrada:  29/07/2021  Número  de  entrada:  22.728,0/  2021  Asiento: 
176.468/39.
Sociedad: Inversiones Santullan, SL.
Ejercicio depósito: 2020 (…).
II.  Que, con fecha 23 de agosto de 2021, la Sociedad recibió la nota de calificación 
de fecha 14 de agosto de 2021, objeto del presente recurso. En dicha calificación el Sr. 
Registrador, D. Fernando Trigo Portela, resolvió “no practicar el depósito solicitado” 
sobre la base de los hechos y fundamentos de Derecho que recoge en su calificación. 
En concreto, el defecto que el Registrador detectó fue el siguiente:
“No se aporta el documento relativo a la declaración de identificación del titular real 
(Orden  JUS/  319/  2018  de  21  de  marzo,  Directiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, Ley 10/2010 de 28 de abril)” (…)
III.  Que,  en  virtud  de  todo  lo  anterior,  y  al  amparo  de  lo  establecido  en  los 
artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, se interpone, respetuosamente, el 
correspondiente recurso gubernativo contra dicha denegación de inscripción ante la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes Dirección General de los 
Registros y del Notariado), con base en los siguientes
Hechos.
Único.  Por motivos de economía procesal se dan por reproducidos los hechos 
aducidos en los Expositivos I a III, que obligan a la Sociedad a accionar contra una 
actividad  contraria  a  Derecho,  dicho  sea  en  términos  de  estricta  defensa,  dada  la 
negativa del Sr. Registrador de lo Mercantil a depositar las cuentas anuales de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio 2020 en el Registro Mercantil de Madrid.
A los anteriores hechos, corresponden los siguientes
Fundamentos de Derecho.
Previo.  El presente recurso gubernativo se interpone contra la Nota de Calificación 
del Sr. Registrador de lo Mercantil, D. Fernando Trigo Portela, de 14 de agosto de 2021, 
notificada el día 23 de agosto de 2021, relativa al depósito de cuentas de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio de 2020.
El  recurso  gubernativo  se  interpone  porque  se  considera  que  dicha  calificación 
resulta contraria a Derecho sobre la base de los siguientes fundamentos:
– La Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo –al amparo de la cual se exige aportar el 
documento  relativo  a  la  declaración  de  identificación  del  titular  real–  no  respeta  el 
principio de reserva material por cuanto traspone la Directiva a través de una norma de 
rango reglamentario cuando, por razón de la materia que es objeto de trasposición, 
debiera de haberse hecho por una de rango de ley.
– La  Resolución  objeto  del  presente  recurso  excede  del  deber  del  control  de 
legalidad que corresponde a los Registradores en España ya que, el documento sobre el 
que  se  basa  la  resolución  denegatoria  –el  documento  relativo  a  la  declaración  de 
identificación del titular real– no forma parte de los documentos exigidos por la Ley de  e
Sociedades de Capital ni por el Reglamento de Registro Mercantil para llevar a cabo el  bo
depósito de las Cuentas Anuales. 4w
cdpuerearevn–icot oh,L  odaa e la le  arxlecaigcs eepinsnotocnim isadai debda leedte   drpaceepe rodrsoricotsahn roaa s ll o ddysi ca dhtdoeaas  t ilo(naesf lo  atrdicmteutuall aactrlii  ótrunenloaa rslrm  iqnrau etecaivo lda ne ssbdueeepn  otsiPnmeerroi  eitduneentconac,ti  iófnvinciu  alcdndoeeon r)ao.Dccaiiómtonise  ndetenol    OE-A-2021-2118able en https://w
A la vista de lo expuesto, la Sociedad instará la declaración de invalidez de la 
resolución y calificación impugnada por ser contraria a Derecho, para que se dicte, en su 
lugar, una resolución por la que se ordene el depósito de las Cuentas Anuales de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 en el Registro Mercantil.
A.  De carácter procesal.
Primero.  De la competencia.
De  conformidad  con  los  artículos  324  y  327  de  la  Ley  Hipotecaria,  el  órgano 
competente  para  la  resolución  del  presente  recurso  es  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  (antes  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado) quien lo recibirá del Registro Mercantil de Madrid.
Segundo.  De la legitimación activa.
En virtud del artículo 325.a) de la Ley Hipotecaria, la Sociedad es la persona jurídica 
legitimada para interponer el presente recurso ya que debiera haberse practicado a su 
favor el depósito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 denegado por la Resolución 
objeto del recurso.
Tercero.  De la legitimación pasiva.
Conforme a los artículos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria, la legitimación pasiva 
recae sobre el Registrador del Registro Mercantil de Madrid que dictó la Resolución 
objeto del presente Recurso gubernativo.
Cuarto.  Del  objeto,  del  plazo  y  de  la  concurrencia  de  los  demás  requisitos 
legalmente exigibles para interponer el recurso gubernativo.
De conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria el objeto del presente 
recurso recae exclusivamente sobre el motivo de denegación de la práctica del depósito 
de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 de la Sociedad.
En cuanto al plazo para la interposición será de un mes y se computará desde la 
fecha de la notificación de la calificación dictada por el Registrador, por lo que el 
presente  recurso  se  interpone  dentro  del  plazo  establecido  al  efecto.  Todos  estos 
requisitos se han cumplido en legal tiempo y forma.
Por lo demás, el presente escrito cumple con los demás requisitos que resultan 
legalmente exigibles para interponer recurso gubernativo, es decir, en el escrito (i) se 
identifica el órgano al que se dirige el recurso; (ii) se identifica al recurrente –persona 
jurídica– y el nombre y apellidos del representante; (iii) se identifica la calificación que se 
recurre, con expresión del documento objeto de la misma –las cuentas anuales de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio 2020– (iv) se narran los hechos y se exponen los 
fundamentos de derecho en que se basa el recurso; (v) se identifica el lugar, fecha y 
firma del recurrente y, también, (vi) se identifica el medio y del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. A tales efectos en la primera página del escrito se designa 
domicilio  a  efectos  de  notificaciones  debiendo  primar  por  lo  tanto  la  comunicación 
escrita.
B.  De carácter sustantivo.
Primero.  Vulneración del principio de reserva legal al trasponer la directiva (UE)  e.
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la  w.
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SocEield mado tisveo  dfuen ddeanmeegnatcai óúnn diceal  dye peóxsciltuos divea mlase nCteu eennta sla A innudaelbeisd ad ecl uemjeprcliimcieon 2ta0c2i0ó nd ed leal   BOE-A-cable e
documento relativo a la declaración de identificación del titular real, documento exigido 
por la Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo (en adelante, la “Orden”).
No obstante, tal y como desarrollaremos a continuación, dicha Orden no debe ser 
aplicada ya que no respeta el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español al 
trasponer  una  serie  de  materias  (relacionadas  con  la  Ley  10/2010  y  el  Real 
Decreto 304/2014, normativa interna de prevención de blanqueo de capitales) que están 
reservadas a una norma con rango de ley. Es evidente que una Orden Ministerial, 
dictada por el Ministerio de Justicia, carece de rango de ley y, por tanto, se vulnera el 
sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico y el principio de jerarquía normativa 
que recoge el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Entrando  ya  en  el  fondo  de  la  cuestión,  los  reglamentos  y  disposiciones 
administrativas (como la Orden en cuestión) no pueden vulnerar la Constitución ni las 
leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración 
con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, 
establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas 
o  prestaciones  personales  o  patrimoniales  de  carácter  público.  Las  disposiciones 
administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna 
disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
En este caso concreto, procederemos a confirmar la existencia de una reserva 
material de ley en la materia contemplada por la Orden en cuanto afecta al ámbito de 
libertad y propiedad de las sociedades mercantiles. En realidad, y al margen de la exacta 
previsión constitucional, que existe, lo cierto es que el sometimiento constitucional de la 
Administración a la Ley y al Derecho le impone una vinculación positiva al principio de 
legalidad. Y la norma habilitante debe ser una ley allí donde existen actuaciones públicas 
que  poseen  eficacia  ablatoria,  donde  en  suma  “el  Parlamento  existe  no  solo  para 
controlar el Gobierno, sino sobre todo porque sólo él está legitimado para adoptar las 
decisiones que afectan a la libertad o al patrimonio delos ciudadanos” (artículo 53. 1 de 
la Constitución), “la libertad de los ciudadanos –cualquier situación jurídica concreta, no 
solo  los  derechos  fundamentales–  no  puede  ser  limitada  por  la  Administración  si 
previamente no ha sido autorizada para ello por una ley”, añadamos, con el contenido 
normativo suficiente.
El Tribunal Supremo, por su parte, lo ha indicado con reiteración. La regulación de la 
libertad y propiedad requiere norma legal. No cabe alterar el contenido de los derechos y 
deberes privados de las personas al margen o sin intervención legal.
Por todos los pronunciamientos cabe recordar la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 31 de enero de 2001. Como se indica en ella:
“La coherencia y armonía de un sistema jurídico permite diferentes significantes 
siempre que no se altere el significado del signo jurídico, y sin que el factor tiempo, que 
impulsa el cambio y la evolución de éste, justifique que la transformación se produzca a 
través de un método inadecuado, como podría ser la vía reglamentaria ‘praeter out 
contra legem’, pues, de procederse así, se arrumbarían principios en los que el propio 
sistema se asienta, cuales son los de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, 
proclamados en el artículo 9 de la Constitución, que requieren que el ejercicio de la 
potestad reglamentaria respete la Constitución y las leyes (artículo 97 de lo propia 
Constitución), de modo que, según el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, los Reglamentos 
no pueden regular materias reservadas a la Ley ni infringir normas con dicho rango,  e.
debiéndose ajustar siempre a ese principio de jerarquía normativa (artículo 1.2 del  w.b
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explicar el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia inmobiliario-registral, cual es
que ésta tiene un carácter meramente técnico pues ello no presupone laxitud en el 
estricto respeto de los aludidos principios básicos del sistema jurídico, teniendo en 
cuenta, además, que gran parte de los preceptos de la Ley Hipotecaria tienen ese mismo 
carácter... Aun cuando la reforma del Reglamento Hipotecario pretenda dar respuesta a 
las necesidades del tráfico inmobiliario actual y a otras realidades extrarregistrales, lo 
cierto es que no puede efectuarse en contra o al margen de la Ley Hipotecaria, el Código 
Civil o cualquier otra disposición con rango de ley, pues el cometido de desarrollo y 
colaboración propio del Reglamento no puede alcanzarse a costo de aquellos principios, 
o  pesar  de  que  la  Ley  pueda  contener  elementos  ilógicos  insalvables  mediante  la 
interpretación, lo que, en tal caso, justificaría su sustitución por vía parlamentaria y no 
reglamentaria...
Crear una serie de derechos Obligaciones que exceden del modesto cometido de un 
Reglamento e invaden lo regulación sustantivo de los derechos civiles reservada a una 
ley formal... al afectar o la tradicional reserva de Ley en materia de propiedad y otros 
derechos civiles, mantenida en la vigente Constitución al exigir que su contenido se 
delimite de acuerdo con las Leyes (artículo 33) e incluir entre las competencias del 
Estado lo legislación civil (con las salvedades forales) al igual que la mercantil o la 
procesal (artículo 149.6.ª y 8.ª).
La claridad de la conclusión es evidente: en el ámbito privado, la regulación de los 
derechos de las personas jurídicas, la imposición de nuevos deberes y obligaciones, 
requiere de intervención legal dotada de suficiente contenido.
En el caso concreto de la materia de la Orden, ésta hace referencia al deber de 
realizar la declaración de titularidad real de conformidad con los artículos 3.6 y 30 de la 
IV Directiva y 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 y 8 del RD 304/2014.
No obstante, si revisamos el contenido de estos preceptos resulta que tanto el 
artículo 3.6) de la IV Directiva como los artículos 4.2 b y c) de la Ley 10/2010 y 8 del 
RD 304/2014 se limitan a definir el concepto de “titular real”. Establecen el concepto, 
pero no imponen la obligación formal a sujeto alguno de declarar su titularidad real. Más 
aún, el inciso final del artículo 3.6) a) ji) de la IV Directiva señala a “las entidades 
obligadas”, concepto legalmente definido como se expresa a continuación, como a los 
sujetos “que han de conservar los registros de las medidas tomadas para identificar a 
quien ejerce la titularidad real” con arreglo al precepto. Responde así al criterio legal que 
resulta del sistema de las directivas en la materia previas a la Directiva IV que recoge la 
ley y el reglamento de prevención de blanqueo españoles: que las obligaciones que 
establece  esta  normativa  solo  tienen  unos  destinatarios  específicos  y  legalmente 
definidos: “los sujetos obligados”.
La legislación de prevención y blanqueo se aplica a los sujetos obligados y estos son 
exclusivamente los definidos en el artículo 2 de la Ley 10/2010 y 2 de la IV Directiva.
Es a los “sujetos obligados” a los que se exige la totalidad de los deberes impuestos 
en la normativa de prevención del blanqueo: (i) el deber de identificación formal de las 
personas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones; 
(ii) el deber de identificar al titular real; (iii) el deber de obtener la información sobre el 
propósito e índole prevista de la relación de negocios; y (iv) el deber de aplicar las 
medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
En conclusión, es evidente que una disposición reglamentaria no puede establecer 
nuevas obligaciones que afecten a particulares ni alterar el contenido de las previamente 
existentes sin previa habilitación legal con suficiente densidad normativa.
Para esta identificación y comprobación puede acudirse con carácter general a una  s
declaración responsable del cliente o de la persona que tenga atribuida la representación  oe.
de la persona jurídica y, a estos solos efectos, los administradores de las sociedades  w.
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deber de realizar una declaración responsable de la persona jurídica –el cliente–, al 
margen o con independencia de una relación de negocios con un sujeto obligado. El 
hecho de que para facilitar sus relaciones negociales se realice por la persona jurídica, a 
través de sus administradores, tal declaración es un acto puramente voluntario y libre y 
su  no  realización  no  supone  incumplimiento  de  deber  alguno  en  el  marco  de  la 
Ley 10/2010 ni de su reglamento pues la sociedad que realiza la declaración no es 
legalmente un “sujeto obligado” a los efectos de la normativa de prevención de blanqueo. 
Por ello, aun teniendo conocimiento de la declaración responsable, el sujeto obligado 
puede considerar necesario, como medida de diligencia debida, realizar actuaciones de 
comprobación  adicionales  (que  pueden  serle,  además,  legalmente  obligatorias 
necesarias) y, en ausencia o con independencia de tal declaración responsable puede 
acudir a medidas alternativas (como es el acceso a la base de datos de titularidad real 
que contempla el artículo 9.6 del RD 304/2014).
Excluida la Ley 10/2010 y el RD 304/2014 como normas que establezcan el deber de 
las personas jurídicas de realizar una declaración formal de su titularidad real al no ser 
“sujetos  obligados”,  solo  cabría  acudir  conforme  a  la  Orden  a  la  IV  Directiva;  en 
particular, a su artículo 30 pues ya se ha indicado que el artículo 3.6) es una simple 
definición legal de titular real.
La conclusión de lo dicho con anterioridad es que es precisa la mediación de una 
norma de derecho interno para definir la obligación de suministro de información al 
registro central por parte de las personas jurídicas que han de declarar su titularidad real, 
mediación que ha de cumplir el sistema de ordenación de fuentes internas porque al 
afectar  a  la  “libertad”,  la  imposición  de  una  nueva  obligación  no  contemplada 
previamente a sujetos privados requiere indudablemente de norma de rango legal en 
sentido estricto. La Orden, por tanto, al establecer ex novo esta obligación, es nula de 
pleno derecho por regular una materia reservada materialmente a la Ley.
Más aún, tal y como será objeto de desarrollo en el Fundamento de Hecho Tercero, 
el RGPD establece una serie de principios relativos al tratamiento, entre los que se 
encuentran la minimización de datos y la limitación de la finalidad.
Por otro lado, no podemos dejar de abordar la reserva legal que existe en las 
competencias del Registro Mercantil. El artículo 16.2 del Código de Comercio establece 
una reserva formal de ley para la atribución de funciones al Registro Mercantil al que 
señalar que “corresponderá al Registro Mercantil... cualesquiera otras funciones que le 
atribuyan las Leyes”.
La utilización del término “Leyes” en mayúscula no admite duda alguna. Debe ser 
una ley formal la que atribuya funciones adicionales al Registro Mercantil y así resulta de 
nuestra práctica legal y del Reglamento del Registro Mercantil que, al regular en su 
Título III, las “otras funciones del Registro Mercantil” detalla atribución de competencias 
que descansan en una norma de rango legal: la legalización de los libros obligatorios 
(artículo 27 del Código de Comercio), el nombramiento de expertos independientes y de 
auditores de cuentas o el depósito y publicidad de las cuentas anuales (en los términos 
del  Código  de  Comercio,  Ley  de  Sociedades  de  Capital  o  Ley  de  Modificaciones 
Estructurales).
Es evidente, por tanto, que una Orden Ministerial que pretenda alterar el contenido y 
concepto de las Cuentas Anuales incluyendo información adicional, que establezca como 
necesario  un  documento  no  previsto  en  la  ley  y  que  “amplía”  el  contenido  de  la 
obligación de depósito –incluyendo un documento no contable– es manifiestamente 
ilegal por contrario al principio de reserva formal de ley. s
Por lo tanto, procede declarar la invalidez de la resolución impugnada, por ser  oe.
contraria a Derecho, y dictar otra en su lugar por la que se ordene depositar en el  w.
Rejeegrcisictrioo  20M2e0r.cantil  las  cuentas  anuales  de  la  Sociedad  correspondientes  al  2021-2118n https://w
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el Reglamento del Registro Mercantil.
Como  segundo  motivo  de  impugnación  debemos  mencionar  el  que,  en  nuestra 
opinión, el Registrador se ha excedido en sus funciones del control de legalidad de los 
actos inscribibles, pues, como recoge el artículo 18.2 del Código de Comercio, “los 
Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la 
capacidad  y  legitimación  de  los  que  los  otorguen  o  suscriban  y  la  validez  de  su 
contenido, por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro”.
Así se ha manifestado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
(antes Dirección General de los Registros y del Notariado) en Resoluciones como la de 6 
de junio de 2018, del 29 de marzo de 2017 o la del 28 de enero de 2015 en las que se 
dice que “es obligación del registrador, conforme al artículo 280 de la Ley de Sociedades 
de Capital, calificar bajo su responsabilidad si los documentos presentados son los 
exigidos por la Ley, ‘si están debidamente aprobados por la Junta General o por los 
socios, así como si constan las preceptivas firmas’”.
En todo caso, de la interpretación de los antecedentes históricos y de las normas 
legales, resulta la conclusión de que el artículo 18.2 del Código de Comercio debe 
interpretarse en el sentido de que la calificación registral de los acuerdos sociales 
inscribibles se limita a asegurar (i) la “autenticidad” de los poderes y actos de las 
sociedades que se inscriben en el Registro –que han sido producto de la voluntad de los 
órganos sociales–; (ii) el cumplimiento de los requisitos de forma (titulación pública) y (iii) 
que no accedan al Registro cláusulas estatutarias en sentido amplio o actos jurídicos de 
las sociedades inscritas que quepa considerar como nulos de pleno derecho. Dado que 
el control registral supone una injerencia administrativa en la autonomía privada y en la 
libertad contractual y de empresa, el artículo 18.2 del Código de Comercio no puede 
interpretarse  extensivamente  ni  extender  el  control  registral  a  la  garantía  de  la 
“regularidad” de los actos, acuerdos y contratos de sociedad.
En nuestro caso, además, las “causas” aducidas para la denegación de la inscripción 
no se refieren al propio acto cuya inscripción se solicita (las Cuentas Anuales de la 
Sociedad), sino a algo ajeno a las mismas como es, dice la resolución, “el documento 
relativo  a  la  declaración  de  identificación  del  titular  real”,  exigencia  que  en  ningún 
momento vienen recogidas, en relación con las Cuentas Anuales y su contenido, ni en el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  1/2010,  de  2  de  julio  (artículo  280),  ni  en  el  Código  de  Comercio 
(artículo 18.2), ni en el Reglamento del Registro Mercantil (artículo 366), que son los que 
se refieren específicamente a los requisitos que deben cumplir las Cuentas Anuales de 
una sociedad para su inscripción en el Registro Mercantil.
Es decir, ni la declaración de titularidad real forma parte de las cuentas anuales ni su 
ausencia o realización defectuosa debe habilitar al cierre registral de la sociedad. Es la 
ley, la que define el concepto y contenido de las cuentas anuales (artículos 34 del Código 
de Comercio y 253 y 254 de la LSC), la que determina los documentos a presentar al 
Registro y a calificar por este (explícitamente artículo 280 LSC) y la que impone el cierre 
registral vinculada al “incumplimiento de la obligación –legal– de depositar” (artículo 282 
LSC).
Como  hemos  desarrollado  en  el  anterior  Fundamento  de  Derecho,  una  Orden 
Ministerial  que  pretenda  alterar  el  contenido  y  concepto  de  las  cuentas  anuales 
incluyendo información adicional, que establezca como necesario un documento no 
previsto en la ley y que “amplía” el contenido de la obligación de depósito –incluyendo un 
documento no contable– es manifiestamente ilegal por contrario al principio de reserva  s
formal de ley. oe.
En igual sentido se concluye en el Reglamento del Registro Mercantil ya que se ha  w.
“scuo anErgtleí calaurdlgoou 3”m 6ee6l n retaoln  cgnooon  tdeeexn iigldaeo  r eddgeeu  lmolasac idyóoonrc  urdemegtelaanlmlteoe.s n Bataa prsiratea s dceeonl ntRafrreo.gnistatrro e Ml ceorcnatenntiild doe fleingieanlmdoe netne   2021-2118n https://w
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concepto resulta de la Ley 10/2010 y su Reglamento no es un concepto “contable” ni 
requiere reflejo en documento de tal carácter. Pero tampoco es una “información no 
financiera  y  de  diversidad”  tal  y  como  este  concepto  se  ha  recibido  por  nuestro 
ordenamiento.
Resulta así muy significativo que la transposición de la Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas, se llevara a 
cabo por virtud de un Real Decreto Ley, el 18/2017, de 24 de noviembre, que modificó el 
Código  de  Comercio,  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  y  la 
ley 22/2015, de 20 de julio, en materia de información no financiera. Esta norma de 
rango legal estableció los sujetos que debían presentar esta información no financiera y 
de diversidad y el contenido concreto de la información a suministrar y el alcance del 
informe de auditoría de cuentas respecto a esta información. Cosa que no ha sucedido 
con la novedosa exigencia de la identificación del titular real de la sociedad que vaya a 
presentar el depósito de sus Cuentas Anuales.
No siendo información ni financiera ni información no financiera a reflejar en los 
documentos legalmente depositables, su inclusión en la Orden y el efecto de cierre 
registral que ocasiona vulnera el principio de reserva legal y de jerarquía normativa 
determinando la concurrencia de un nuevo motivo de nulidad de pleno derecho.
Obsérvese  además  que  su  configuración  por  la  Orden  como  presupuesto  del 
depósito de cuentas convierte una actuación voluntaria la manifestación espontánea de 
la titularidad real a efectos de realización de operaciones con terceros– en una actuación 
“necesaria”. Lo que nos lleva a la conocida doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 
voluntariedad en las prestaciones patrimoniales públicas. Así la STC 185/1995 indicaba 
que “debe precisarse que la libertad o la espontaneidad exigida en la realización del 
hecho imponible y en la decisión de obligarse debe ser real y efectiva. Esto significa que 
deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que 
la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino 
también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente 
indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social 
de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar 
o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades 
priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social”.
La necesaria presentación de la declaración de titularidad real como presupuesto del 
depósito de cuentas, siendo estas imprescindibles para el desarrollo de la actividad 
económica, convierte a un acto voluntario en un acto necesariamente obligatorio. Aquí 
no se obliga al sujeto obligado que debe desplegar la necesaria diligencia para hacer las 
averiguaciones,  sino  directa  e  inmediatamente  a  la  sociedad  que  no  es  un  sujeto 
obligado a efectos de la Ley 10/2010. Se define así una prestación personal pública no 
voluntaria impuesta por una norma reglamentaria con rango de orden ministerial. La 
contravención del artículo 31 de la Constitución y de la reserva material de ley que tal 
precepto establece es obvia.
Por todo lo anterior, entendemos que la negativa a la inscripción de las Cuentas 
Anuales  de  la  Sociedad  supone  una  extralimitación  de  la  función  de  control  de  la 
legalidad por parte del Registrador, al estar fundamentada en una pretendida incorrecta 
cumplimentación de un formulario que para nada afecta al contenido de las propias 
Cuentas  Anuales  cuya  inscripción  se  ha  solicitado,  contenido  que  viene  delimitado  s
exclusivamente por las normas citadas, por lo que, también por este motivo, procede la  oe.
estimación del presente recurso, al ser la resolución impugnada contraria a Derecho. w.
de laST eilnerc gpeiserolraj.uc iicóVinou  rdlneeela rttaoivcdaioó  anlo  l ada epnl rteodrteeiorcerc,c idhóeonb  daee ml ado asint oatismñ adiddeai rcd qa puráeecr tlsaeo rnm paeel.rr ase onen xaeigls.epnecciiaa ld, ev uqlunee,r ajucniótno   2021-2118n https://w
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físicas  que  ostenten  más  de  un  25%  del  capital  social  de  la  misma,  supone  una 
vulneración de la intimidad personal.
Decimos esto porque la información que se exige relativa a la titularidad real de una 
empresa en relación con las personas físicas que ostentan más del 25% de su capital 
social representa un tipo de información al que la legislación vigente en materia de 
protección de datos otorga toda la protección necesaria para evitar precisamente que 
cualquier persona o entidad tenga acceso a esos datos de carácter personal como lo son 
el número de D.N.I./N.I.F., la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el país de residencia, 
etc.  Es evidente que la infracción en materia de protección de datos se produce cuando 
el acceso a dichos datos no puede ser limitado si tenemos en cuenta que cualquier 
persona puede, libre e injustificadamente, solicitar las Cuentas Anuales de cualquier 
sociedad.
Dicha infracción se detecta cuando en el Preámbulo de la Orden se indica que de la 
declaración debidamente depositada se dará la publicidad prevista en artículo 30.3 de la 
IV Directiva Con sujeción, en su caso, a las normas de protección de datos de carácter 
personal. Por su p art e, en la contestación a las “preguntas frecuentes” preparadas por 
el Colegio de Registradores (pregunta 14) se expresa que se dará la publicidad prevista 
en la IV Directiva y que se acudirá a las reglas de publicidad formal del Registro 
Mercantil conforme a los artículos 12 del Código de Comercio, 77 y siguientes del 
Reglamento.
La falta de claridad sobre las reglas de acceso que crea la incompleta regulación de 
la  Orden,  con  las  dudas  que  comporta  sobre  protección  de  intimidad  de  terceros 
personas  físicas  ajenas  al  Registro  Mercantil  que  es  objeto  sobre  el  que  recae  la 
publicidad –la titularidad real–, no hace sino reforzar la insuficiencia de la norma en 
cuanto a contenido y rango.
Desde  un  punto  de  vista  de  protección  de  datos  hay  que  ser  especialmente 
cuidadoso con los destinatarios o personas que pueden acceder a datos personales, ya 
que el tratamiento de datos personales debe fundarse en una de las bases legales 
previstas en el artículo 6.1 del RGPD. En el presente supuesto, la legitimación para el 
tratamiento  de  los  mismos  derivaría  del  cumplimiento  de  una  obligación  legal  (la 
aplicación de la IV Directiva y la Ley 10/2010). Estas normas establecen las siguientes 
obligaciones respecto a los datos de los titulares reales: (i) que las personas jurídicas 
deben obtener y conservar información adecuada, precisa y actual sobre su titularidad 
real; (ii) que deben suministrar esta información a las entidades obligadas, cuando las 
entidades  obligada  s  estén  tomando  medidas  de  diligencia  debida  con  respecto  al 
cliente; y (iii) que los Estados Miembros deben conservar un registro en el que se 
incorpore la información sobre la titularidad real.
Con lo anterior, resulta evidente que la obligación consiste en que las personas 
jurídicas suministren la información sobre los titulares reales a los sujetos obligados por 
la normativa de prevención de blanqueo no a un registro central. Por ello, no tiene 
sustento alguno el que pueda acceder a esta información cualquier persona con un 
interés legítimo, como establecen las reglas de acceso a registros públicos, en lugar de 
solo los sujetos obligados como recoge la normativa en blanqueo de capitales, salvo 
habilitación por norma legar expresa.
La conclusión de lo anterior es que la Orden facilita el acceso a los datos de los 
titulares reales a terceros no previstos en la normativa de blanqueo de capitales, lo que 
sería contrario al RGPD.
Por tanto, el hecho de que, junto con las Cuentas Anuales, cuyo acceso es público,  s
se  deban  comunicar  datos  que  merecen  una  especial  protección  con  arreglo  a  la  oe.
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal (número de D.N.I./N.I.  w.
Fd.e,  efeFscrteahn aút eldt iema  ane.astcoim nioe nctaob, en adceicoinr aqluidea lda,  npoaríms adteiv are rseidlaetnivcaia a,  leat cp.r)e, vseunpcoinóen  duenla b vlaunlnqeureaoc iódne   2021-2118n https://w
Pcaaprliatamleesn qtou eE cuirtoap leao r eys odleulc iCóno ndseenjoe gdaeto 2ri0a  ddee  lma ainysoc rdipec i2ó0n1 (5D iyre Lcetivya 1 (0U/2E0) 1200,1 d5e/8 4298  ddeel   BOE-A-cable e
abril) exija la existencia de una base de datos en el Registro Mercantil, puesto que ya 
existe  un  registro  público  de  titularidades  reales  cuyo  acceso  es  libre  para  las 
administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, 
como es, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Prevención de 
Blanqueo (artículo 9.6), la Base de Datos de titularidades reales, derivada del “Índice 
Único Informatizado a cargo del Consejo General del Notariado”, que se encuentra 
regulado  en  el  artículo  17.2  de  la  Ley  del  Notariado.  Este  Registro,  al  no  tener 
implantado un régimen de acceso libre, sí que garantiza, en la medida de lo posible, la 
protección de la privacidad de la identidad de los titulares reales, sin ser accesibles 
libremente por cualquiera, como pasaría en el Registro Mercantil al que me dirijo si se 
permite que los datos personales de los titulares reales queden registrados.
En definitiva, entendemos que la exigencia contenida en la normativa relativa al 
blanqueo de capitales que se cita como fundamento de la denegación de la inscripción 
(Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, 
y Ley 10/2010 de 28 de abril): (i) no puede fundamentar una vulneración de la normativa 
relativa a la protección de datos, y (ii) su exigencia respecto a la necesaria existencia de 
un  registro  público  de  titularidades  reales  está  debidamente  cumplida  en  nuestro 
ordenamiento nacional con la existencia de la Base de Datos de titularidades reales 
regulada en el artículo 17.2 de la Ley del Notariado.
Además, mi representada ha cumplido, cumple y cumplirá con estas exigencias 
legales.
Por  todo  ello,  dado  que  el  propio  formulario  sobre  titularidades  reales  que  se 
acompaña que se exige para la presentación de las Cuentas Anuales en el Registro 
Mercantil  vulneraría  las  previsiones  legales  sobre  protección  de  datos  de  carácter 
personal,  entendemos  que  una  pretendida  indebida  cumplimentación  del  mismo  no 
puede fundamentar la denegación de inscripción de las Cuentas Anuales presentadas, 
por lo que, también por este motivo, procede la estimación del presente recurso, al haber 
quedado demostrado que la resolución impugnada resulta ser contraria a Derecho.
Por todo lo expuesto,
Suplico al Sr. registrador Mercantil de Madrid que, se tenga por presentado este 
escrito con los documentos que lo acompañan, los admita, y tenga por interpuesto 
recurso gubernativo contra la Nota de Calificación del Sr. Registrador de lo Mercantil, D. 
Fernando Trigo Portela, de 14 de agosto de 2021, notificada el 23 de agosto de 2021, y, 
tras los trámites preceptivos, remita el recurso interpuesto a la Dirección General de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  (antes  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado) (…)
Otrosí digo.–Suplico a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
(antes Dirección General de los Registros y del Notariado) que, en virtud de todo lo 
expuesto, y tras los trámites oportunos, estime el presente recurso y, en virtud del 
mismo, revoque la Nota de Calificación del Sr. Registrador de lo Mercantil, D. Fernando 
Trigo Portela, de 14 de agosto de 2021, notificada el 23 de agosto de 2021, dictando en 
su  lugar  una  resolución  estimatoria  del  recurso  gubernativo  que  obligue  al  Sr. 
Registrador de lo Mercantil de Madrid a depositar en el Registro Mercantil las cuentas 
anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.»
IV
El día 7 de septiembre de 2021, el registrador Mercantil emitió el informe previsto en  e.e
el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, se ratificó en la calificación y remitió el expediente a  b
este Centro Directivo. Fundamentos de Derecho 2021-21184n https://ww
Vistos los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se 
derogan  la  Directiva  2005/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  y  la 
Directiva 2006/70/CE de la Comisión; 4.2.b) y.c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; 8 y 9 del Real 
Decreto  304/2014,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo; la disposición adicional décima del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas; Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 
los sujetos obligados a su publicación; Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se 
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de octubre de 2013, 21 de 
diciembre de 2015, 5 de septiembre de 2017 y 25 de enero de 2021.
1.  Presentadas a depósito las cuentas anuales de una sociedad de responsabilidad 
limitada, son calificadas negativamente por no venir acompañadas del formulario relativo 
a la declaración de identificación del titular real. La sociedad recurre afirmando que la 
Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, carece de rango para exigir la obligación de 
presentación del citado formulario, así como que el registrador se extralimita en su 
función al no resultar dicho formulario parte de las cuentas anuales sujetas a depósito. 
Además, afirma el recurso, la publicidad prevista para dicho formulario violenta las 
normas sobre protección de datos.
2.  Como pone de relieve el preámbulo de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, 
mediante la introducción del formulario a que se refiere la presente, se lleva a cabo la 
materialización de la obligación derivada de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que 
en  su  artículo  30.3  dispuso:  «Los  Estados  miembros  se  asegurarán  de  que  la 
información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada 
Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en 
un registro público». Además, continúa dicho Preámbulo: «mediante la declaración de 
«titular real» de la sociedad o entidad que deposita cuentas anuales individuales –no 
consolidadas– las entidades sujetas a dicha obligación además darán cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 de 28 de abril (RCL 2010, 1175), de 
prevención  del  blanqueo  de  capitales  y  de  la  financiación  del  terrorismo,  que  se 
desarrolla  en  el  artículo  8  del  Reglamento  de  la  Ley  10/2010,  de  28  de  abril,  de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el 
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo».
La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, de 26 de junio de 2019 
confirma la aplicación meramente material de una obligación preexistente por lo que 
rechaza la impugnación de la Orden Ministerial con las siguientes palabras: «A estos 
efectos conviene reiterar que la OM impugnada no crea la obligación de declarar la 
titularidad real ni de identificar al titular real, ambas obligaciones son previas y tienen 
base  legal,  en  normas  con  rango  de  ley,  siendo  que  la  OM  simplemente  viene  a 
implementar  unos  nuevos  formularios  en  el  que  determinadas  sociedades,  en  el 
momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la  e.
declaración acerca del titular real facilitando con ello a los sujetos obligados en el marco  w.b
irdmeeap floairn mLeaP, csBiióCenn  eddloe  c dluaem  odpbelilsmigtaaieccnaiótron e  ddl epe o llasa t eodrbeiolcigrla aRrcaeicóainól  Dnd eedc erid eleaton i-tdliefeiycn at1icd1iaó/2dn0  1dd8ee, l  ladti ettu it3lua1lra  drreieda aal dgq orueseat ols  eeen nl  eelasl    2021-2118n https://w
depoEsl itmo iasnmuoa l dréeg liamse cnu ednet asd eecnla erla Rcieógni starnou dael  lafu Pe roinptireoddaudc»id.o  para  los  denominados
prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos por el artículo 33 del Real Decreto-
ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de 
los  compromisos  por  pensiones  con  los  trabajadores,  prevención  del  blanqueo  de 
capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el 
que modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  Dicho  Real  Decreto-ley  modificó  la  disposición 
adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo que, en lo que ahora interesa dispone: «4. 
Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición 
adicional estuvieran realizando alguna o algunas de las actividades comprendidas en el 
artículo 2.1.o) de la ley, y no constaren inscritas, deberán, en el plazo de un año, 
inscribirse de conformidad con el apartado 2 de esta disposición adicional. Igualmente, 
las personas físicas o jurídicas que ya constaren inscritas en el Registro Mercantil, 
deberán,  en  el  mismo  plazo,  presentar  en  el  registro  una  manifestación  de  estar 
sometidas, como sujetos obligados, a las normas establecidas en esta ley. Las personas 
jurídicas además deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares 
reales  en  el  sentido  determinado  por  el  artículo  4.2  b)  y  c)  de  esta  ley.  Estas 
manifestaciones se harán constar por nota marginal y deberán ser actualizadas en caso 
de cambio en esa titularidad real (…) 7. Las personas físicas o jurídicas a las que les sea 
aplicable  esta  disposición  adicional,  con  la  salvedad  de  las  personas  físicas 
profesionales, deberán cada ejercicio, junto con el depósito de sus cuentas anuales en el 
Registro Mercantil competente, acompañar un documento para su depósito del que 
resulten los siguientes datos: (…) f) En su caso titular real si existiere modificación del 
mismo  respecto  del  que  ya  conste  en  el  Registro,  en  el  sentido  indicado  en  el 
apartado 4».
Con  posterioridad,  el  Real  Decreto  164/2019,  de  22  de  marzo,  por  el  que  se 
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en 
situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera dispuso lo siguiente: «En 
tanto no se haya creado el Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de 
Justicia, la autorización para obtener la información a la que se refiere el artículo 4.3 b) 
2.º  se  podrá  referir  al  Registro  de  Titularidades  Reales  del  Colegio  Oficial  de  los 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España o a la Base 
de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado».
Más recientemente dispone el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas: «A los efectos de acreditar el titular real de las entidades sujetas a auditoría, u 
otras comprobaciones necesarias para la supervisión y en tanto no se haya creado el 
Registro único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública dará las instrucciones necesarias para que quede 
asegurado el acceso al Registro de Titularidades Reales del Colegio Oficial de los 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y a la Base 
de Datos de Titularidades Reales del Consejo General del Notariado».
Finalmente el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de 
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y 
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación 
de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, lleva a cabo la trasposición 
de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la  s
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del  oe.
terrorismo (quinta Directiva), dispone en su artículo 3, apartado 28, la incorporación de  w.
una nueva disposición tercera a la ley. 2021-2118n https://w
Del siguiente tenor:
«Disposición adicional tercera.  Registro de Titularidades Reales.
1.  Mediante real decreto se creará en el Ministerio de Justicia el Registro de 
Titularidades Reales, registro central y único en todo el territorio nacional, que contendrá 
la información a la que se refieren los artículos 4, 4 bis y 4 ter, relativa a todas las 
personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que 
tengan la sede de su dirección efectiva o su principal actividad en España, o que estén 
administradas o gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes o establecidas 
en España. Las personas físicas cuyos datos personales se conserven en el registro en 
calidad de titularidades reales deben ser informadas al respecto de conformidad con la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales.
2.  En el registro se incluirán también los datos de las entidades o estructuras sin 
personalidad jurídica que, no estando gestionadas o administradas desde España u otro 
Estado de la Unión Europea, y no estando registradas por otro Estado de la Unión 
Europea, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales 
o adquirir bienes inmuebles en España.
3.  La información se conservará y actualizará durante la vida de las personas 
jurídicas o entidades o estructuras sin personalidad jurídica, y se mantendrá por un 
periodo de 10 años tras su extinción. En los casos previstos en el apartado 2, la 
información  se  conservará  y  actualizará  durante  el  tiempo  en  que  se  prolongue  la 
relación de negocios o la propiedad de los inmuebles, y se mantendrá por un periodo 
de 10 años tras la finalización de la relación de negocios, la venta del inmueble o la 
terminación de la operación ocasional.
4.  El Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, 
que además de los datos recabados de manera directa, centralizará la información de 
titularidad real disponible en los Registros de Fundaciones, Asociaciones, Mercantil y 
otros registros que puedan recoger la información de las entidades inscritas, así como la 
obtenida por el Consejo General del Notariado.
5.  Las fundaciones, asociaciones, y en general, todas las personas jurídicas, los 
fideicomisos tipo trust y entidades o estructuras sin personalidad jurídica que no declaren 
su titularidad real a través del Registro Mercantil, o los Registros de Fundaciones, 
Asociaciones u otros donde estuvieran inscritas, por no estar regulada dicha vía de 
declaración,  deberán  declarar  al  Registro  de  Titularidades  Reales  la  información 
relacionada en los artículos 4 bis y 4 ter y actualizar los datos cuando se produzcan 
cambios en la titularidad real. En todo caso, se realizará una declaración anual y en el 
supuesto de que no se hayan producido cambios en la titularidad real se realizará una 
declaración confirmando este extremo.
6.  Reglamentariamente se regulará el tratamiento que se dará a la información 
suministrada por varias de las indicadas fuentes, cuando sea discrepante, de acuerdo 
con el principio de preferencia del dato que sea más relevante, por su fecha o por la 
fiabilidad de la forma en que el mismo ha sido obtenido, siempre teniendo presente la 
naturaleza electrónica del Registro y su finalidad.»
Finalmente, la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 
los sujetos obligados a su publicación, introduce nuevos modelos sin que, como resulta 
de su preámbulo, ninguna de las novedades introducidas afecte al objeto del presente  s
expediente. oe.
3.  Llegados a este punto resulta que el recurso no puede ser estimado pues como  4ww.
qrceousmeu olnta or e dctueov nliaeosrca ióc o rlaann stgirdaoen rlseacgcraiiotla n nesies  vnaitoenlnteecnritiaoa r deeesl  ,lr aén gAi ilumad eiOennr dcdeiean   fNudaeecn i2toe0ns1a 8ld. einl tororddeunjoa muniean otob ljiugraídciiócon   2021-2118n https://w
Por este mismo motivo no puede ampararse el motivo que se refiere al exceso de la
calificación del registrador pues, tratándose de una obligación legal cuya materialización
se produce con el depósito de cuentas anual, el registrador ostenta competencia para 
rechazar  dicho  depósito  si  las  cuentas  anuales  no  vienen  acompañadas  de  los 
documentos que resultan de los modelos oficiales, documentos que son idénticos tanto 
en la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos 
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación, como en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo.
Por último, no puede estimarse el motivo relativo a la eventual vulneración de las 
normas sobre protección de datos, no solo porque resulta imposible de determinar a 
priori si el depósito de cuentas de una sociedad en concreto acompañado del formulario 
relativo a la titularidad real puede dar lugar o no a semejante vulneración, sino porque la 
cuestión  viene  regulada  en  la  actualidad  por  la  disposición  adicional  cuarta  de  la 
Ley 10/2010, introducida por el artículo 3, apartado 29, del Real Decreto-ley 7/2021, 
de 27 de abril a que se ha hecho referencia anteriormente, con el siguiente contenido: 
«Disposición  adicional  cuarta.  Acceso  al  Registro  de  Titularidades  Reales.  1. 
Corresponderá al Ministerio de Justicia garantizar y controlar el acceso a la información 
contenida en el Registro de Titularidades Reales en las condiciones establecidas en la 
ley y las que reglamentariamente se determinen. Esta información será accesible, de 
forma gratuita y sin restricción, a las autoridades con competencias en la prevención y 
represión de los delitos de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y sus 
delitos precedentes: la Fiscalía, los órganos del Poder Judicial, los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de  Capitales  e  Infracciones  Monetarias  y  sus  órganos  de  apoyo,  los  órganos 
supervisores en caso de convenio, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Protectorado de Fundaciones y aquellas 
autoridades que reglamentariamente se determinen. Todas estas autoridades, así como 
los notarios y registradores, podrán acceder no solo al dato vigente sobre la titularidad 
real de la persona o entidad, sino también a los datos históricos que hayan quedado 
registrados. 2. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, tendrán acceso a 
la información vigente contenida en el Registro y recabarán prueba del registro o un 
extracto de este para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificación 
del titular real. A tal efecto, en los casos de relaciones de negocios o clientes de riesgo 
superior al promedio, los sujetos obligados no se basarán únicamente en la información 
contenida en el registro, debiendo realizar comprobaciones adicionales. 3. Los terceros 
no incluidos en los apartados anteriores podrán acceder exclusivamente a los datos 
consistentes en el nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de 
nacionalidad  de  los  titulares  reales  vigentes  de  una  persona  jurídica  o  entidad  o 
estructura sin personalidad jurídica, así como a la naturaleza de esa titularidad real, en 
particular, al dato de si la misma se debe al control de la propiedad o al del órgano de 
gestión de la misma (…)».
4.  Por último, y aunque el escrito de recurso no se refiere a esta cuestión, hay que 
poner de relieve que, si bien la calificación se refiere a la Orden JUS/319/2018, de 21 de 
marzo, lo cierto es que se encontraba derogada al tiempo de la calificación por la Orden 
JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a 
su publicación.
Esta última establece en su disposición final segunda que entraría en vigor el día 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (día 26 de julio de 2021), lo 
que ocurrió el día 27 de julio de 2021. Por su parte, la disposición derogatoria única  s
derogó  la  Orden  JUS/319/2018,  de  21  de  marzo,  y  la  disposición  transitoria  única  oe.
dispuso lo siguiente: «Los sujetos obligados podrán seguir utilizando los modelos y  w.
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modelos aprobados por la Orden y Resolución que ahora se derogan, siempre que la
aprobación de las cuentas y su depósito en el Registro Mercantil competente se haya 
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden».
En el expediente que dio lugar a la presente, las cuentas anuales se aprobaron por la 
junta general el día 30 de junio de 2021 y fueron presentadas a depósito el día 29 de 
julio de 2021, fuera por tanto del período transitorio previsto.
Este error a la hora de citar la normativa vigente y, por lo tanto, aplicable (cita de la 
Orden de 2018 cuando debería haber sido de la Orden de 2021) en nada altera la 
obligación de la sociedad de presentar a depósito sus cuentas anuales acompañadas de 
la declaración de la titularidad real, ya que tanto en una orden como en la otra se exige 
que se acompañen a las cuentas dicha información (en la Orden JUS/794/2021 de 22 de 
julio, hoja de declaración de identificación del titular real 1).
Hay que analizar ahora, si la errónea cita de la normativa vigente (que no de la 
obligación de aportar la información sobre el titular real) ha impedido al recurrente 
ejercitar  su  derecho  de  recurso  y  supone,  en  consecuencia,  causa  de  indefensión 
material. El Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28 de enero de 2013 recuerda 
que: «Esto determina que la supuesta lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) que 
denuncian los recurrentes resulte ser un reproche meramente formal y retórico, carente, 
por lo tanto, de acuerdo con una reiterada doctrina de este Tribunal, de la imprescindible 
relevancia constitucional, ya que es igualmente doctrina reiterada y conocida de este 
Tribunal la que señala que –de producirse– no toda infracción o irregularidad procesal 
cometida por los órganos judiciales provoca inevitablemente un perjuicio material en los 
derechos  de  defensa  que  corresponden  a  las  partes  en  el  proceso  (por  todas, 
recientemente  STC  42/2011,  de  11  de  abril,  F.  2).  Como  subraya  por  su  parte  la 
STC 85/2003, de 8 de mayo, F. 11, lo relevante a estos efectos es determinar si –en este 
caso– esa supuesta irregularidad procesal causó un perjuicio real y efectivo en las 
posibilidades de defensa…, privando o limitando su facultad de alegar y justificar sus 
derechos e intereses».
A la vista del recurso no podemos sino concluir que el recurrente ha podido alegar 
frente a lo que se le exigía (obligación de aportar la información sobre el titular real) y así 
se observa que el núcleo de su recurso y donde centra sus esfuerzos argumentativos es 
sobre esta cuestión, alegaciones que serían las mismas si el registrador hubiera citado 
correctamente la Orden sobre modelos de cuentas vigente y a las que se ha dado 
cumplida  respuesta  en  esta  resolución.  En  consecuencia,  razones  de  economía 
procesal, una vez analizado que no ha existido indefensión, nos llevan a confirmar la 
nota de calificación por ser correcto el defecto indicado (estimar precisa la aportación del 
documento de identificación del titular real) a pesar de la incorrecta cita de la Orden que 
lo establece puesto que la vigente también contempla la misma obligación, siendo esto 
así, se recuerda la obligación del registrador de reflejar en su nota de defectos la 
normativa vigente a fin de que el interesado tenga información precisa no sólo del motivo 
de rechazo de la operación solicitada sino también de su fundamento jurídico (artículo 19 
bis de la Ley Hipotecaria).
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  e
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,  bo
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. 4w
PúbMlicaad, rSido, fí7a  dPeu ednicteie Smabnrteia dgeo .2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  2021-2118n https://w