BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80623
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11272 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 2, por la que se 
deniega la práctica de una nota marginal.
En el recurso interpuesto por don Félix Romero Cañizares, Director General de 
Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, contra la nota de calificación del 
registrador  de  la  Propiedad  de  Talavera  de  la  Reina  número  2,  don  Luis  Manuel 
Benavides Parra, por la que se deniega la práctica de una nota marginal.
Hechos
I
Mediante comunicación expedida el día 5 de febrero de 2021 por la jefa de Servicio 
Forestal,  doña  C.  F.  S.  M.,  Dirección  General  de  Medio  Natural  y  Biodiversidad, 
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, a la vista de una previa 
comunicación  recibida  procedente  del  Registro  de  la  Propiedad  en  relación  a  la 
inscripción  de  representación  gráfica  de  la  finca  registral  número  3.110  de  La 
Pueblanueva, solicitaba la práctica de una nota marginal en los siguientes términos: 
«Esta finca colinda con (…), vía pecuaria clasificada en el término municipal de La 
Pueblanueva por Orden Ministerial de 6 de junio de 1970 con una anchura de 37,61 
metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que, en un futuro deslinde, la 
posesión  de  la  totalidad  o  parte  de  la  finca  podría  ser  atribuida  a  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  siendo  la  Resolución  de  aprobación  título 
suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde (art. 8.4 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)».
II
Presentada dicha solicitud en el Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina 
número 2, fue objeto calificación negativa en los siguientes términos:
«Acuso recibo de la presentación en este Registro la Propiedad escrito firmado por 
usted el día de 5 de febrero y con salida el día 8 (N.º 110833), en contestación a la 
notificación realizada por esta oficina de fecha 18 de enero de 2021 (N.º 262443) por la 
que se ponía en su conocimiento, a los efectos previstos en el artículo 199 de la Ley 
Hipotecaria, de la tramitación de un procedimiento de incorporación de representación 
gráfica georeferenciada catastral con referencia 45138A048000390000LT sobre la finca 
registral 3110 de La Pueblanueva (CRU 45016000377090).
En dicho escrito no se oponen al procedimiento expresamente si bien, y dado que 
el (…) con el que linda la citada finca no se haya deslindado, solicitan se practique nota  es
al margen de la citada finca haciendo constar su colindancia con el (…) y la posible  o
afección de la misma, o parte de ella, a un futuro deslinde que pudiera realizarse, pongo  2w
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marginal,  en  este  caso,  queda  limitada  a  que,  efectivamente,  el  procedimiento  de
deslinde  se  haya  iniciado  contra  el  titular  registral.  Así  lo  sostiene,  igualmente,  la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al decir, en Resoluciones de 9 de 
agosto y 19 de septiembre de 2019, que para poder extender nota marginal de que una 
determinada finca colinda con el dominio público no deslindado, a la vista de que del 
deslinde a realizar podría resultar la incorporación al dominio público de parte de aquélla, 
es  preciso  acreditar  que  el  interesado  ha  tenido  conocimiento  del  expediente 
administrativo; es decir, la publicidad registral mediante un asiento en la finca solo se 
contempla legalmente una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención 
de los interesados.
Quedo a su disposición para cuantas aclaraciones precise.
Atentamente.
Luis Manuel Benavides Parra (firma ilegible) Registrador.»
III
Contra la anterior calificación, don Félix Romero Cañizares, director general de 
Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, interpuso recurso el día 22 de 
marzo de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«De acuerdo a los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria se recurre la 
calificación del Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina, n.º 2, recibida el 24 de 
febrero de 2021, sobre:
– Asiento 986 del Diario 46 referido a la finca registral 3110 de La Pueblanueva 
(Toledo), con referencia catastral 45138A048000390000LT, que se corresponde con la 
parcela 39 del polígono 48 (…).
Motivos.
La Ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por 
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo en su artículo 10.1 dice 
"La base de representación gráfica de las fincas registrales será la cartografía catastral, 
que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad". Por lo tanto, actualmente 
cuando  se  realiza  una  inscripción  en  el  Registro  se  coordina  gráficamente  con  la 
cartografía catastral, con lo que la finca queda georreferenciada de forma inequívoca.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo cuyo origen y principal uso hasta 
la citada Ley 13/2015 había sido el tributario. En consecuencia, la cartografía catastral a 
menudo no refleja con exactitud la situación legal de los terrenos de las vías pecuarias. 
Comparando la cartografía catastral con la elaborada para la protección, conservación y 
gestión  de  las  Vías  Pecuarias  y  Montes  de  Utilidad  Pública  por  la  Consejería  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la cartografía catastral la mayor parte 
de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha no tienen su anchura legal, pues han sido 
invadidas por las parcelas colindantes.
Entre las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
encuentran la protección, conservación y gestión de los bienes de dominio público:
Montes y vías pecuarias. e.e
La situación actual, en cuanto a la defensa de la propiedad de las vías pecuarias en  2w
Cas–ti llaV-íLaas  MPeacnucahraia, se sC alapsriofixciamdaadsa: m14e.n5t0e0 l aK msig (u5i6e.n0t0e0: ha) 2021-1127n https://w
– Vías Pecuarias Deslindadas: 3.200 Km (17.800 ha)
– Vías Pecuarias digitalizadas, en proceso de actualización catastral: 2.200 Km 
(14.200 ha).
– Sólo un 6 % de la superficie de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (3.200 
ha) está inscrita en los Registros de la Propiedad
– También existen algunos términos municipales con vías pecuarias sin clasificar.
Por lo tanto, las notas marginales solicitadas son imprescindibles para evitar la buena 
fe exigida por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en las posteriores transacciones 
onerosas, manteniendo de esta forma la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
la posibilidad de recuperar el Dominio Público Pecuario mediante futuros deslindes. Lo 
que  está  sucediendo,  en  ausencia  de  estas  notas  marginales  es  que  se  inscriben 
derechos y pueden consolidarse, por la vía del artículo 34 (adquisición de buena fe a 
título oneroso), intrusiones en terrenos del dominio público que pasaría manos de los 
colindantes, con la consiguiente pérdida de patrimonio público a favor de unos pocos 
particulares (ver art. 21.8 de la Ley 43/2003 de Montes).
Entendemos que, conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, el Registrador puede 
hacer constar, bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la defensa del 
dominio público, sin necesidad del consentimiento del titular registral, nota marginal en la 
que se aclare la situación de la finca inmatriculada. A modo de ejemplo, se adjunta copia 
de  notas  marginales  inscritas  por  los  Registros  de  la  Propiedad  de  Belmonte, 
Manzanares y Pastrana-Sacedón para casos similares a los que se tratan en este 
recurso.»
IV
El registrador de la Propiedad de Talavera de la Reina número 2 emitió informe 
ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 20, 40, 201 y 203 de la Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento 
Hipotecario; 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 33/2003, de 3 
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de octubre de 2014, 15 de 
marzo de 2016, 13 de noviembre de 2017, 19 de julio de 2018 y 4 de julio y 19 de 
septiembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 12 de marzo y 16 de octubre de 2020 y 13 de enero y 11 de febrero 
de 2021.
1.  Es objeto de este expediente decidir si, a solicitud de la Administración titular de 
una Vía Pecuaria, puede practicarse una nota marginal en una finca colindante a la 
misma en los siguientes términos: «Esta finca colinda con (…), vía pecuaria clasificada 
en el término municipal de La Pueblanueva por Orden Ministerial de 6 de junio de 1970 
con una anchura de 37,61 metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que, en 
un futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de aprobación título 
suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde (art. 8.4  es
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)». o
El registrador deniega la operación solicitada porque considera que la nota marginal  2ww.
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La Administración solicitante recurre la calificación en idénticos términos que en los 
anteriores supuestos ya tratados por esta Dirección General, exponiendo la situación 
estadística de la falta de inscripción de las Vías Pecuarias en los Registros de la 
Propiedad  y  en  base  a  ello  entiende  que  la  práctica  de  las  notas  marginales  son 
imprescindibles para evitar que surjan terceros de buena fe protegidos conforme al 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, lo que supondría una pérdida de patrimonio público. 
Asimismo, afirma que «conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador puede 
hacer constar bajo su responsabilidad, como medida de colaboración en la defensa del 
dominio público, sin necesidad de consentimiento del titular registral». Por último, alega 
que notas marginales de esta índole se han practicado ya en otros Registros.
Procede, por tanto, para la resolución de este recurso reiterar, una vez más, los 
pronunciamientos de esta Dirección General en casos idénticos y en idénticos recursos 
promovidos por la misma Administración.
2.  En primer lugar procede hacer referencia al último argumento alegado por el 
recurrente, consistente en que notas marginales análogas a la ahora pretendida se han 
practicado en otros registros.
Este argumento no puede admitirse.
Debe recordarse que es doctrina de este Centro Directivo, reiterada en innumerables 
ocasiones,  que  el  registrador,  al  ejercer  su  competencia  de  calificación  de  los 
documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del principio de 
independencia  en  su  ejercicio,  por  las  calificaciones  llevadas  a  cabo  por  otros 
registradores,  como  tampoco  lo  está  por  las  propias  resultantes  de  la  anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, las Resoluciones de 9 y 13 de marzo, 4 de 
abril y 8 y 22 de mayo de 2012, 22 de febrero, 7 de marzo, 3 de abril y 24 de junio 
de 2013 y 25 de julio y 13 de noviembre de 2017).
3.  Centrándonos en el fondo del asunto, se plantea como única cuestión si es 
posible practicar, a requerimiento de la Administración, una nota marginal con la finalidad 
de advertir que una finca colinda con una vía pecuaria, la cual no está deslindada, sin 
que ni siquiera se haya iniciado este procedimiento, a los efectos de advertir las posibles 
consecuencias de un eventual deslinde.
La  publicidad  del  procedimiento  de  deslinde  se  contempla  en  el  artículo  8, 
apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias que dispone que 
«cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el 
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 
público,  el  órgano  que  tramite  dicho  expediente  lo  pondrá  en  conocimiento  del 
Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa 
circunstancia».
Con  independencia  de  la  imprecisión  del  texto  legal  sobre  el  asiento  legal 
(«anotación marginal preventiva»), lo que resulta indudable es que la publicidad registral 
mediante un asiento en la finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de 
deslinde y con intervención de los interesados.
4.  Esta última cuestión resulta de capital relevancia puesto que por aplicación del 
principio de tracto sucesivo no cabe practicar ningún asiento en una finca en virtud de 
una  resolución  administrativa  sin  que  el  interesado  haya  tenido  intervención  en  el 
procedimiento correspondiente.
Como ha venido resolviendo esta Dirección General (vid. por todas, la Resolución  s
de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción actual del artículo 99 del Reglamento  oe.
Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, este Centro Directivo  2ww.
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trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las
garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y reglamentos (cfr. 
entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza 
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces 
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que 
legalmente están investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro  (cfr.  entre  otras,  las  Resoluciones  de  27  de  abril  de  1995,  27  de  enero 
de 1998, 27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre 
de 2011 y 1 de junio de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están 
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene 
declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la 
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de 
una indefensión procesal,  y en  este  sentido –como una garantía más del derecho 
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del 
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Por tanto, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el 
curso de ningún procedimiento administrativo en el que los titulares registrales hayan 
tenido intervención alguna, motivo por el cual la calificación debe confirmarse.
5.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni tampoco se prevé en la 
normativa general de las Administraciones Públicas. Así, en el procedimiento de deslinde 
previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre (cfr. artículo 52), también se contempla la 
publicidad registral una vez iniciado dicho procedimiento.
Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley Hipotecaria dispone que «cuando conste 
acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, medioambiental o 
administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 
previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de 
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de 
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita 
a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción 
de la finca (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento); advierte la 
posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca 
pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales 
del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley. Por tanto, tampoco puede practicarse 
la nota marginal solicitada al amparo de este precepto, pues no resulta una concreta 
calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca más allá de su 
colindancia con una vía pecuaria. e.
6.  Todo lo expuesto es sin perjuicio de la tutela del dominio público que proceda en  2w
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público tiene su origen y fundamento, con carácter general, en la legislación protectora
del  dominio  público,  pues,  como  señala  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  tanto  en  su  artículo  6  como  en  su 
artículo 30, los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, 
imprescriptibles  e  inembargables,  lo  cual  no  es  sino  manifestación  del  principio  y 
mandato supremo contenido en el artículo 132 de nuestra Constitución.
Por esa razón, el artículo 61 de la misma ley, ordena que «el personal al servicio de 
las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección, defensa y 
administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos».
En  el  caso  particular  de  los  registradores  de  la  Propiedad,  como  funcionarios 
públicos que son, tal deber de colaboración se articula desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, el artículo 36 de dicha ley ordena que «las Administraciones públicas 
deben inscribir en los correspondientes Registros los bienes y derechos de su patrimonio, 
ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos 
los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros». Y para 
implicar a los registradores en la promoción de dicha inscripción registral, se establece a 
su cargo, además del mandato general de colaboración y suministro de información de los 
artículos 61 y 64, una previsión específica en el artículo 39 conforme a la cual «los 
registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la existencia de bienes o 
derechos  pertenecientes  a  las  Administraciones  públicas  que  no  estuvieran  inscritos 
debidamente, lo comunicarán a los órganos a los que corresponda su administración, para 
que por éstos se inste lo que proceda».
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. Resolución 
de 23 de enero de 2019).
Pero  la  protección  registral  que  la  ley  otorga  al  dominio  público  no  se  limita 
exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio 
público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 
declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento 
jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Por tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo 
previsto en distintas leyes especiales, como la de costas o de montes (supuesto de este 
expediente),  el  registrador  ha  de  recabar  informe  o  certificación  administrativa  que 
acrediten que la inscripción pretendida no invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de uso público general.
Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección  registral  del  dominio 
público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma 
de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos de la Ley Hipotecaria, 
prevé que, en todo caso, el registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o  s
de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando tuviera  oe.
dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público. w.
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concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la Ley 13/2015 la 
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo la 
invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
7.  En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de la 
instancia  que  da  lugar  a  la  calificación  negativa  impugnada,  se  ha  seguido  el 
procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base gráfica 
catastral,  habiéndose  practicado  las  preceptivas  notificaciones,  entre  ellas  a  la 
Administración  como  titular  de  dominio  público  colindante,  quien  presenta  la 
comunicación a que se refiere el hecho primero de esta resolución, en la cual se solicita 
la  práctica  de  la  nota  marginal,  pero  sin  formular  oposición  a  la  inscripción  de  la 
representación gráfica.
Por ello, lo procedente es que, a la vista de los trámites efectuados en el citado 
expediente, el registrador, en resolución motivada, resuelva si procede la inscripción de 
la  representación  gráfica,  adoptando  las  oportunas  cautelas  a  la  vista  del  escrito 
presentado,  y  de  la  consulta  a  las  bases  gráficas  disponibles  en  la  aplicación 
homologada.
8.  Asimismo debe recordarse, como se indicó en la Resolución de esta Dirección 
General de 19 de julio de 2018, que la falta de deslinde de la vía pecuaria con el 
procedimiento y garantías previstas en la Ley impide que puedan aplicarse a los titulares 
de fincas colindantes las consecuencias propias de este deslinde.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 de 
abril de 1988, para poder determinar si existe invasión del dominio público «ha de 
saberse dónde está situado éste y los límites de su superficie; si no hay datos sobre el 
terreno destinado a vía pecuaria y su delimitación con la finca privada colindante, la 
afirmación de que ha invadido el terreno de dominio público, carece de base, y más 
cuando, (…), tal terreno estaba siendo usado por el sancionado: el cambio de esta 
situación de hecho, había de tener una base, cual es la concreta determinación concreta 
del terreno que corresponde a la vía pecuaria; y esto falta en los actos administrativos 
recurridos,  al  no  haberse  efectuado  el  deslinde,  ni  actuación  con  audiencia  del 
interesado que pueda tener unos efectos iguales o parecidos».
En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1986 ya destacó 
la necesidad de deslinde previo para el válido ejercicio de la facultad administrativa de 
recuperación posesoria, que «se subordina a que en la correspondiente prueba se 
acredite suficientemente, por un lado, la posesión administrativa, el uso público del 
terreno de que se trata, y, por otro, que el indicado uso haya sido perturbado por el 
administrado contra quien se dirige la acción», y consideró «la falta de identificación del 
terreno reivindicado, aludiéndose a la necesidad de practicar un deslinde para precisar  e
los límites de las propiedades en cuestión». bo
En  este  punto  no  podemos  olvidar  la  presunción  derivada  del  principio  de  2w
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inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos».
En  particular,  sobre  las  consecuencias  de  la  ausencia  de  deslinde  de  una  vía 
pecuaria frente al principio de legitimación registral como efecto fundamental de los 
pronunciamientos del Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 5 de febrero de 1986 que manifestó lo 
siguiente: «Frente a las invasiones y usurpaciones de terrenos de dominio público, entre 
los que se incluyen las vías pecuarias (…), la Administración es titular de facultades 
recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, quedando por ello 
excluida de las mismas toda cuestión que implique definición de derechos dominicales 
por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil, debiendo calificarse de tal 
aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía pecuaria y los terrenos 
colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y 
amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el supuesto de autos en el 
cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si el terreno ocupado por el 
demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o pertenece a la propiedad del 
mismo y de ello excede de la competencia de la Administración y de esta Jurisdicción y 
sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de las acciones civiles pertinentes ante los 
jueces ordinarios, siendo por tanto procedente la confirmación de la sentencia apelada 
que así lo declara y a cuya fundamentación jurídica cabe añadir que entre la presunción 
de la legalidad que protege los actos administrativos y la legitimación derivada del 
Registro de la Propiedad debe, en el caso contemplado, concederse preferencia a esta 
última puesto que la indeterminación en los límites de ambas propiedades colindantes es 
únicamente imputable a la Administración al haber dejado de practicar las operaciones 
de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la vía pecuaria que le 
impone las normas legales y reglamentarias citadas».
9.  Por último es preciso señalar un error en la fundamentación del recurrente, en 
relación con la posibilidad de que puedan aparecer terceros protegidos por el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria en relación con la superficie y linderos que se derivan de la 
inscripción de la base gráfica y su coordinación con Catastro.
Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o alternativa una 
vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria que 
establece  que:  «Alcanzada  la  coordinación  gráfica  con  el  Catastro  e  inscrita  la 
representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y 
delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado 
incorporada al folio real».
Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y delimitación geográfica que 
resulta de la base gráfica, pero se trata de una presunción «iuris tantum» que admitirá, 
en todo caso, prueba en contrario en el correspondiente procedimiento de deslinde 
administrativo realizado por los trámites correspondientes.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  oe.
Pública, Sofía Puente Santiago. 2ww.
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