BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Lunes 22 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 20470
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2747 Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Talavera de la Reina n.º 2, por la que se 
deniega la práctica de una nota marginal.
En el recurso interpuesto por don Félix Romero Cañizares, Director General de 
Medio Natural y Biodiversidad de Castilla La Mancha, contra la nota de calificación del 
registrador  de  la  propiedad  de  Talavera  de  la  Reina  número  2,  don  Luis  Manuel 
Benavides Parra, por la que se deniega la práctica de una nota marginal.
Hechos
I
Mediante comunicación expedida el día 8 de septiembre de 2020 por la Jefa del 
Servicio  Forestal,  doña  C.  F.  M.,  a  la  vista  de  una  previa  comunicación  recibida 
procedente del Registro de la Propiedad en relación a la inmatriculación de una finca, se 
opone a la inscripción practicada.
II
Presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina 
número 2, es objeto calificación negativa en los siguientes términos:
«Hechos:
Datos de presentación:
– Asiento/diario: 252/46
– Fecha entrada: 18/09/2020, a las 10:01 horas.
– Entrada: 1775
– Presentante: D. G. de Medio Rural y Biodiversidad, Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
– Datos del documento:
– Documento: Escrito de oposición a la inmatriculación de la finca registral 2.998 de 
Almendral  de  Cañada  (CRU  45016000665173)  con  la  referencia 
catastral 2298206UK5429N0001FF por posible invasión de la vía pecuaria (…).
– Declarante: Dña. C. F. S. M., jefa del Servicio Forestal.
– Fecha: 08/09/2020
Se  acompaña  Resolución  de  4  de  enero  de  2004  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria (…), tramo no urbano en 
el término de Almendral de la Cañada, Resolución de 1 de agosto de 2008 de la  s
Consejería de Medio Ambiente por la que se aprueba el amojonamiento de la citada vía  oe.
pecuaria, listado de intrusiones y croquis de la situación de la vía pecuaria respecto a los  w.
límites actuales de catastro. 2021-2747n https://ww
Defectos y Fundamentos de Derecho:
Que, calificado el documento presentado y conforme al artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario, no procede acceder a la práctica de los asientos solicitados por advertirse 
los siguientes defectos:
1.º)  No  procede  la  cancelación  de  la  inscripción  de  inmatriculación  practicada 
respecto de la finca registral 2.998 del término municipal de Almendral de la Cañada:
De conformidad con el artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los asientos del Registro de la 
Propiedad, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia 
de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en 
los términos establecidos en esta Ley. De este modo, la inmatriculación de la citada finca 
se ha producido conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria y previa calificación 
registral, tanto jurídica como gráfica, quedando amparada por los Tribunales de justicia.
En  materia  de  calificación,  el  registrador  debe  ceñirse  al  contenido  de  los 
documentos presentados y a lo que resulta de los asientos registrales (artículo 18 de la 
Ley Hipotecaria). No obstante, tras la reforma operada por la Ley 13/2015, de 24 de 
junio, se introduce la necesidad de realizar lo que podríamos denominar «calificación 
gráfica» cuando sea preciso. Así, el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en su letra b), 
párrafo 1.º, exige, cuando se trata de una inmatriculación, que se aporte junto con el 
título  inscribible,  la  representación  gráfica  georreferenciada  de  la  finca  con  las 
coordenadas  georreferenciadas  de  sus  vértices  lo  que,  puesto  en  relación  con  el 
artículo 205, exige aportar la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca al 
exigir que siempre exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos 
títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título 
inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe 
ser aportada al efecto. No obstante, con el objetivo de evitar la inmatriculación de fincas 
que pudieran invadir otras de dominio público, tanto inscrito como no inscrito, añade que 
si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca 
cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público que no estén 
inmatriculadas  pero  que  aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada 
facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u 
órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el 
informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación. Es decir, tratándose de una inmatriculación es preciso 
aportar la representación gráfica catastral de la finca que será objeto de calificación 
gráfica por parte del registrador y solo cuando este albergue dudas sobre la posible 
invasión  de  dominio  público,  debe  solicitar  el  informe  previo  de  la  administración 
competente. De hecho, y de forma complementaria, no resulta ni de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, ni de la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías 
Pecuarias de Castilla-La Mancha, norma alguna por la que el registrador, ante una 
inmatriculación de bien colindante con una vía pecuaria, deba solicitar previamente 
informe a la administración competente, a diferencia de lo que ocurre con la normativa 
sobre carreteras, costas o montes públicos.
En materia de calificación de la representación gráfica aportada, el párrafo 5.º del 
artículo 9, letra b), señala que la representación gráfica será objeto de incorporación al 
folio real de la finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la  s
correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de  oe.
coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada,  w.
elaols síR  cseougmpisuoter alsadt oopsro,  sdpibeal reafa  invltaaval oosr iaóirnn sl adu efcilco direronemcsipiano iond depe úlnobcsliic ado do. ecP uolamr  sereunp tporeassr teseun, mtsauicn iópisnátr ragradráfoofsi c8, a.pº  aodpdisorpárto aundteial i,qz aeurne,    2021-2747n https://ww
con carácter meramente auxiliar, otras representaciones gráficas disponibles, que le
permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea poligonal de
delimitación. Y, añade el párrafo 9.º que los Registradores dispondrán, como elemento 
auxiliar de calificación, de una única aplicación informática suministrada y diseñada por 
el Colegio de Registradores e integrada en su sistema informático único, bajo el principio 
de neutralidad tecnológica, para el tratamiento de representaciones gráficas, que permita 
relacionarlas con las descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo 
además la invasión del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al 
dominio  que  puedan  derivarse  de  la  clasificación  y  calificación  urbanística, 
medioambiental  o  administrativa  correspondiente.  Dicha  aplicación  y  sus  diferentes 
actualizaciones habrán de ser homologadas por la Dirección General de los Registros y 
del  Notariado,  para  establecer  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  protección  y 
seguridad adecuados a la calidad de los datos.
La  disposición  adicional  1.ª  de  la  Ley  13/2015  establece  los  requisitos  de 
homologación de la aplicación auxiliar de calificación de materia gráfica, señalando que 
la misma habrá de permitir, a través de servicios de mapas web en línea, enlazar e 
interoperar  visualmente,  así  como  realizar  análisis  de  contraste,  con  la  cartografía 
elaborada por la Dirección General del Catastro y con aquellas otras cartografías o 
planimetrías, debidamente georreferenciadas y aprobadas oficialmente por las distintas 
Administraciones competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o 
medio  ambiente,  que  fueran  relevantes  para  el  conocimiento  de  la  ubicación  y 
delimitación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  del  alcance  y  contenido  de  las 
limitaciones públicas al dominio privado.
Finalmente, dicha homologación se produjo por Resolución de 2 de agosto de 2016, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en cuyo apartado primero se 
señala que la homologación se extiende a la calificación e inscripción gráfica a través de 
servicios de mapas web en línea, con el fin de poder enlazar e interoperar visualmente, 
así como realizar análisis de contraste, con la cartografía elaborada por la Dirección 
General del Catastro y con aquellas otras cartografías o planimetrías, debidamente 
georreferenciadas  y  aprobadas  oficialmente  por  las  distintas  Administraciones 
competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o medio ambiente, que 
fueran relevantes para el conocimiento de la ubicación y delimitación de los bienes de 
dominio público y del alcance y contenido de las limitaciones públicas al dominio privado.
Comprobada la documentación aportada en su momento, se verificó que la finca en 
cuestión figuraba como urbana en el Catastro desde el 17 de enero de 1997 y calificada 
la representación gráfica catastral de la finca tanto sobre la cartografía catastral y, sobre 
todo  y  puesto  que  la  vía  pecuaria  no  estaba  inmatriculada,  sobre  las  cartografías 
georreferenciadas  aprobadas  oficialmente  por  las  distintas  Administraciones 
competentes en materia de territorio y entre las que se incluye la capa gráfica de Vías 
Pecuarias de Castilla La Mancha, el Registrador que suscribe no pudo apreciar invasión 
que pudiera motivar la petición de informe previo previsto en el artículo 205, más allá de 
existir colindancia catastral o aproximación a la línea gráfica que delimita la vía pecuaria, 
según la información gráfica existente en el programa homologado de este Registro. Es 
decir,  de  la  información  gráfica  sobre  vías  pecuarias  existente  en  el  programa 
homologado de este registro, no resultaba invasión alguna, careciendo el Registrador 
que suscribe de la información gráfica que ustedes reflejan en su escrito y que, de haber 
podido comprobar, hubiera motivado la petición de informe del artículo 205 de la Ley 
Hipotecaria.
Por tanto, no cabe sino concluir que la inmatriculación se produjo con las garantías 
previstas en la legislación hipotecaria y por tanto no procede apreciar la oposición a la  s
inmatriculación practicada y que pudiera conllevar una cancelación total o parcial del  oe.
asiento practicado. w.
No obstante, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las  47ww
dAedrmecinhisotsr acdioen edso mPúinbiloic apsú, btalicnoto  eon  dseum aartníciaulleos  6 scoonm oin eanlie snua balertsíc, uliom 3p0re, slcorsip btiibelneess  ey 
icnoenmtebnaidrgoa ebnle se,l  alort íccuulaol  1n3o2  dees  nsuineos trma aCnoifnessttiatuccióiónn . dYe lj upnrtion ccipoino  eyll o,m laa nidnamtaot riscuuplarecmióno   BOE-A-cable e
practicada queda sujeta a lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley Hipotecaria, de modo 
que los efectos protectores dispensados por el artículo 34 de esta Ley no se producirán 
hasta transcurridos dos años desde su fecha.
Y  no  hay  que  olvidar  que  el  artículo  36  de  la  Ley  33/2003  ordena  a  las 
Administraciones inscribir en los correspondientes Registros los bienes y derechos de su 
patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos 
registros (igualmente, artículo 8.4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo). Y el artículo 39 
dispone los registradores de la propiedad, cuando tuvieren conocimiento de la existencia 
de bienes o derechos pertenecientes a las Administraciones públicas que no estuvieran 
inscritos  debidamente,  lo  comunicarán  a  los  órganos  a  los  que  corresponda  su 
administración, para que por éstos se inste lo que proceda. Por ello, no podemos dejar 
de insistir en la conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se 
cumpla debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio 
público en el Registro de la Propiedad (artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas), 
dado  que  de  esta  forma  éstos  gozarán  de  la  máxima  protección  posible,  pues  la 
calificación registral tratará por todos los medios a su alcance de impedir en lo sucesivo 
ulteriores dobles inmatriculaciones, ni siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio 
público ya inscrito (Resolución de 23 de enero de 2019). Lo que no es incompatible con 
actualizar  la  representación  gráfica  georreferenciadas  de  dichos  bienes  tanto  en  el 
Catastro como en la información gráfica aprobada por la administración y asociada al 
programa  homologado  de  calificación  de  bases  gráficas  de  los  Registros  de  la 
Propiedad.
2.º)  Posibilidad de practicar nota al margen de la finca, conforme al artículo 9 de la 
Ley Hipotecaria:
Como resulta del escrito presentado, el deslinde y amojonamiento de la vía pecuaria 
Cañada Real Leonesa está debidamente aprobado por Resoluciones de 4 de enero 
de 2004 y de 1 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente que se 
acompañan, habiéndose tramitado conforme a los artículos 8.7 de la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias y artículo 13.5 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías 
Pecuarias de Castilla-La Mancha.
El artículo 8, apartado 3, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 
dispone que el deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de 
la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del 
Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los 
bienes deslindados y su apartado 4 añade que la resolución de aprobación del deslinde 
será  título  suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. 
En parecidos términos, el artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías 
Pecuarias de Castilla-La Mancha, al disponer en su apartado 6 que los deslindes y 
delimitaciones,  una  vez  aprobadas  y  firmes  declararán,  con  carácter  definitivo,  la 
posesión  y  titularidad  demanial  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La 
Mancha, a reserva de lo que pudiera resultar, en su caso, del juicio declarativo de 
propiedad, añadiendo su apartado 7, que la resolución de aprobación de un deslinde 
será  título  suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.  e
Dicha resolución será título suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la  bo
inmatriculación los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. 47ww
estaPbolerc seu  pqauret e,« eclu aanctduoa l caortnícsutelo  9a cdreed liata Ldeay,  Hsiep oetexcparreiasa, reán  spuo rl etnrao taa ), aúl ltimmaor gpeánrr aflao 
cdael ilfaic afeccióhna  uar blaa nqíuseti csae,  mreefideiroaa»m. Dbiee netsatle o m aoddmoi,n yis terant ibvaas ceo arr elas pnoonrdmieantitvea,  ecoxpnr eesxapdreas, ióens 
posible hacer constar el deslinde efectuado sobre la finca 2.998 de Almendral de la
Cañada, en la parte en que esta resulte afectada por aquel (Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y fe Pública de 9 de agosto y 19 de septiembre de 2019, 
entre otras).
Sin  embargo,  del  escrito  presentado  no  se  deduce  que  sea  intención  de  la 
administración firmante la de solicitar dicha nota. A lo que hay que añadir que, aun 
cuando  se  solicitara,  no  es  posible  establecer  la  correspondencia  entre  la  parcela 
afectada por el deslinde y la que figura actualmente inscrita, siendo necesario en virtud 
del principio de especialidad registral y en aras de que, mediante la nota practicada, 
quede clara la situación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca más allá 
de su colindancia con una vía pecuaria.
Efectivamente, desde el punto de vista de la descripción y localización gráfica y 
territorial de la finca afectada, la finca registral 2.998 ha quedado inmatriculada con la 
referencia  catastral  2298206UK5429N0001FF  y,  por  tanto,  coordinada  con  catastro, 
conforme al artículo 10 de la Ley Hipotecaria. De los antecedentes catastrales se ha 
podido  comprobar  que  la  finca  a  13  de  octubre  de  2003  era  la  parcela  276  del 
polígono 7, al sitio (…) de Almendral de la Cañada, constituyendo hoy día una finca 
urbana  sita  en  la  (…).  Si  bien  de  la  documentación  aportada  resulta  el  deslinde 
efectuado, del listado de fincas donde existen intrusiones, resultan afectadas, entre 
otras, la parcela 276 del polígono 10 de Almendral de Cañada en una superficie utilizada 
intrusada de 65,4232m2 y en 249,9941m2 de superficie catastral intrusada.
Desde el punto de vista de la titularidad y en cuanto a con quien se entendió el 
procedimiento de deslinde, la parcela 276 figuraba catastrada a nombre de Dña. M. R. S. 
S. desde 17 de enero de 1997 hasta el 4 de diciembre de 2018 en que pasa a estar a 
nombre de don A. R. F. R. Registralmente, la finca figura inmatriculada a favor de este 
último  por  escritura  de  disolución  de  condominio  autorizada  por  el  Notario  de 
Navamorcuende, D. Jesús Fernández de la Rocha, el veintiséis de Noviembre del año 
dos mil dieciséis, protocolo número 695 previa adquisición de la finca por los hermanos 
F. R. al fallecimiento de su madre, Doña M. R. S., el 28 de marzo de 2.002, en escritura 
autorizada por el Notario de Getafe, Don Pedro Gil Bonmati, el día veinticinco de marzo 
de dos mil tres, con el número 1.316 de protocolo. De la relación de fincas afectadas por 
el deslinde, concretamente la parcela 276, figura que su titular es desconocido.
Por  tanto,  si  fuera  intención  de  la  administración  actuante  hacer  constar  la 
circunstancia del deslinde en la parte que afecta a la finca registral 2.998 mediante la 
nota marginal prevista en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, deberá solicitarlo de forma 
expresa debiendo, igualmente, establecer la concreta y exacta correspondencia entre la 
parcela afectada por el deslinde según la documentación aportada (parcela 276 del 
polígono 10 de titular desconocido) con la finca registral inmatriculada (finca 2.998, sita 
en  […],  con  referencia  catastral  2298206UK5429N0001FF,  inscrita  y  catastrada  a 
nombre de don A. R. F. R., si bien estuvo catastrada a nombre de Dña. M. R. S. S.), 
especificando  los  metros  cuadrados  de  la  finca  afectados  por  el  deslinde  y  todas 
aquellas circunstancia descriptivas y gráficas que permitan identificar la porción afectada 
de la finca sobre la cartografía catastral, dado que la finca figura registralmente como 
coordinada con la gráfica catastral.
Y todo ello con el objetivo de que el resultado del deslinde goce de plena protección 
en el Registro, completando lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, artículo 6 
y 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y el artículo 207 de la Ley Hipotecaria. Y sin perjuicio de que la administración 
ejercite las acciones que estime conveniente para la protección del dominio público. s
Practicada la nota marginal, en su caso, se notificará debidamente al actual titular  oe.
registral para su conocimiento y efectos. w.
Calificación: 47ww
A la vista de los hechos y fundamentos de derecho citados se suspende la práctica
de loNso a sseie tnotmosa  sao lnicoittaadcoiósn,  cparelifviceánntidvao speo lro ds edfeefcetoct ossu basdavneartbidleo sp ocro mnoo  hsaubbesrasnea sbolelisc.itado.
Practicada la notificación de la calificación de conformidad con el artículo 322 y 323, de
la Ley Hipotecaria, quedará prorrogado automáticamente el asiento de presentación, por 
un plazo de sesenta días, contados desde la fecha de la última notificación.
El asiento practicado queda bajo la salvaguardia de los Tribunales y produce los 
efectos derivados de la publicidad registral (...)
El Registrador. Luís Manuel Benavides Parra
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Luis Manuel 
Benavides Parra registrador/a de Registro Propiedad de Talavera de la Reina 2 a día 
veintiocho de septiembre del año dos mil veinte».
III
Don Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de 
Castilla La Mancha, interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito de 
fecha  30  de  octubre  de  2020  que  tuvo  entrada  en  el  citado  Registro  el  día  5  de 
noviembre, en el que alega lo siguiente: «De acuerdo a los artículos 324 y siguientes de 
la Ley Hipotecaria se recurre la siguiente calificación del Registro de la Propiedad n.º 2 
de Talavera de la Reina:
Asiento 252 del Diario 46
Se  adjunta  copia  del  expediente  en  el  que  se  incluye  la  calificación  recurrida 
(Copia 1).
Motivos
El artículo 22 de la Ley 4312003, de 21 de noviembre, de Montes establece que: 
«Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad 
de un monte o una finca colindante con monte demanial o ubicado en un término 
municipal en el que existan montes demaniales requerirá previo informe favorable de los 
titulares de dichos montes y para los montes catalogados del órgano forestal de la 
comunidad autónoma.»
La  calificación  que  se  recurre  se  refiere  a  la  finca  con  referencia 
catastral 2298206UK542N0001FF situada en el término municipal de Almendral de la 
Cañada.
En el término municipal de Almendral de la Cañada se ubica el siguiente monte 
demanial:
– Monte de Utilidad Pública n.º 31 "(…)»
En la siguiente dirección web se puede consultar el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de Castilla-La Mancha:
https://www.castillalamancha.eslsites/default/lfeis/documentoslpdf120140207/
cataloqo mup clm.pdf
El órgano forestal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es la Dirección 
General de Medio Natural y Biodiversidad, donde no se ha recibido el requerimiento de 
informe previo a la inmatriculación previsto en el artículo 22 de la Ley 43/2003.
La parcela inmatriculada está intrusa en la (…), incluida en la Red Nacional de Vías 
Pecuarias y:
– Deslindada por Resolución de 08/01/2004, de la Consejería de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el deslinde de (…), tramo no urbano que discurre por el Término  e.
Municipal  de  Almendral  de  la  Cañada,  provincia  de  Toledo.  (DOCM  n.º  31  w.
de 05/03/2004). 47ww
Des–a rrAomlloo jRonuaradla,  ppoorr  lRa eqsuoelu sceió anp druee 0b1a/ 0e8l /a2m00o8jo, ndaem laie Cntoon dsee jelar íav íad ep eMceudairoia A (m…b)i,e ennte  eyl 
Tdeé r2m6i/n0o8 /M20u0n8ic).ipal de Almendral de la Cañada, provincia de Toledo. (DOCM n.º 176  BOE-A-cable e
Por lo tanto, solicitamos se cancele la inscripción de inmatriculación realizada por no 
haberse cumplido la legislación vigente y suponer la pérdida de patrimonio público 
pecuario a favor de un particular.
El Director General de Medio Natural y Biodiversidad».
IV
El registrador de la propiedad de Talavera de la Reina número 2, emitió informe 
ratificando la calificación en todos sus extremos y elevó el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, 20, 40, 199, 205 y 326 de la Ley Hipotecaria; artículo 99 del 
Reglamento Hipotecario; artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
Resolución-Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la 
interpretación y aplicación de algunos extremos regulados en la reforma de la Ley 
Hipotecaria operada por la ley 13/2015, de 24 de junio y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre 
de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011, 2 de octubre de 2014, 5 y 20 de 
febrero y 27 de marzo de 2015, 14 de marzo de 2016, 15 de marzo de 2016, 13 de 
noviembre de 2017, 19 de julio de 2018, 4 de julio de 2019, 19 de septiembre de 2019 y 
las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de 
marzo de 2020, 11 de diciembre de 2020 y 16 de octubre de 2020.
1.  Se  debate  en  este  expediente  si  puede  practicarse  la  cancelación  de  una 
inscripción  de  inmatriculación  ya  practicada  en  virtud  del  artículo  205  de  la  Ley 
Hipotecaria.
Dicha cancelación es instada por una Administración Pública que, a la vista de la 
comunicación a colindantes que prevé el citado artículo en su último párrafo, presenta 
escrito en el que expresamente se opone a la inscripción por entender que la parcela 
catastral (cuya descripción es coincidente con la finca registral) invade una vía pecuaria.
El registrador se opone a tal solicitud y la Administración recurre invocando el 
artículo 22 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, afirmando que en el 
término municipal en el que está situada la finca se ubica un monte demanial. Asimismo, 
reitera que la finca invade una cañada deslindada y concluye solicitando la cancelación 
de la inscripción de inmatriculación.
Aunque la calificación se refiere también a la improcedencia de practicar una nota 
marginal advirtiendo la existencia del deslinde, tal solicitud, como la propia calificación 
reconoce, no se formula por la Administración en el escrito calificado y tampoco se 
plantea la cuestión en el recurso, por lo que no es objeto de la presente resolución (cfr. 
artículo 326 Ley Hipotecaria).
2.  El recurso no puede prosperar. Toda la doctrina elaborada a través de los 
preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro 
Directivo relativa a la rectificación del Registro parte de un principio esencial y que 
constituye un pilar básico en nuestro Derecho hipotecario que afirma que los asientos  s
registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en  e.
tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por  w.
ello, como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., las Resoluciones en «Vistos»), la  47ww
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aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho. Este 
principio  se  consagra  en  el  artículo  40.d)  de  la  Ley  Hipotecaria  referido  a  las 
inexactitudes del Registro que procedan de falsedad, nulidad o defecto del título que 
hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no especificadas en la 
Ley: en todas éstas, la rectificación precisará del consentimiento del titular o, en su 
defecto, resolución judicial. Por tanto, si el recurrente entiende que la titularidad reflejada 
en el Registro de la Propiedad es inexacta y la cancelación no puede obtenerse con el 
consentimiento  unánime  de  todos  los  interesados,  debe  instar  la  correspondiente 
demanda judicial.
Cabe matizar que este defecto obstativo de la operación pretendida es insubsanable, 
por  lo  que  debe  matizarse  la  calificación  en  este  sentido,  siendo  lo  correcto  la 
denegación de la cancelación solicitada.
3.  En este punto debe aclararse que el artículo 205 de la Ley Hipotecaria contempla 
en su párrafo tercero la posibilidad de efectuar una notificación a la Administración 
previamente a la inmatriculación cuando «el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la 
coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras 
de dominio público que no estén inmatriculadas pero que aparezcan recogidas en la 
información territorial asociada facilitada por las Administraciones Públicas».
Por tanto, la comunicación previa a la inmatriculación no procede en todo caso de 
colindancia  de  la  finca  que  se  pretende  inmatricular  con  el  dominio  público,  sino 
solamente en el supuesto indicado o cuando una norma especial así lo prevea (como 
sucede en la normativa de costas, montes o carreteras).
En el caso que nos ocupa, la normativa reguladora de vías pecuarias no contempla 
esta exigencia. A lo que cabe añadir que, en primer lugar, conforme al artículo 10 de la 
Ley Hipotecaria «La base de representación gráfica de las fincas registrales será la 
cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad»; 
que,  en  segundo  lugar,  conforme  al  párrafo  primero  del  artículo  205,  debe  existir 
identidad en todo caso entre la descripción contenida en el título inmatriculador y la 
certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al 
efecto; y que, por último, el artículo 3.3 de la Ley del Catastro recoge una presunción de 
veracidad de los datos catastrales en los siguientes términos: «Salvo prueba en contrario 
y  sin  perjuicio  del  Registro  de  la  Propiedad,  cuyos  pronunciamientos  jurídicos 
prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos».
Por todo ello, tal y como se expone en la calificación, se advierte que ha sido 
correcta la actuación del registrador, dado que el dominio público además de no constar 
inscrito en el registro, no resultaba afectado según la cartografía catastral ni según las 
cartografías  disponibles  en  la  aplicación  informática  registral  homologada  para  el 
tratamiento de representaciones gráficas.
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. resolución 
de 23 de enero de 2019).
4.  Ningún pronunciamiento procede hacer acerca de la invocación de la Ley de  bo
Montes, puesto que ni en el documento calificado ni en la nota de calificación se trata de  47ww
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ecaxclifluicsaivcaiómn ednetel  sRoebgries tlraasd ocru, ersetciohnaezsá nqduoes see  cruealalqcuioienre no tdrair epcrtae teen isnimóne dbiaatsaamdean teen  coontr olas 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma»
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación del registrador, en los términos que resultan de las anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 4 de febrero de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.