BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19833
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2516 Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador mercantil XIII de Madrid, por la que se rechaza la 
inscripción de renuncia de auditor a realizar los trabajos de auditoría.
En el recurso interpuesto por don C. C. G. contra la nota de calificación extendida por 
el registrador Mercantil XIII de Madrid, don Juan Sarmiento Ramos, por la que se 
rechaza la inscripción de renuncia de auditor a realizar los trabajos de auditoría.
Hechos
I
Mediante escrito, de fecha 24 de septiembre de 2021, don C. G. C., auditor, exponía 
que, tras recibir comunicación de la sociedad «Tecnodec Construcciones, S.L.», de cuya 
auditoría se encontraba encargado, no podía hacerse cargo del importe de la auditoría 
por carecer de liquidez, que no aceptaba el presupuesto, ni podía pagar el 50% del 
mismo, manifestando que renunciaba a llevar a cabo la auditoría de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.4 del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas.
II
Presentado  dicho  escrito  en  el  Registro  Mercantil  de  Madrid,  fue  objeto  de  la 
siguiente nota de calificación:
«Juan Sarmiento Ramos, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3160/1180.
F. presentación: 28/09/2021.
Entrada: 1/2021/144.095,0.
Sociedad: Tecnodec Construcciones SL.
Autorizante: Otros.
Protocolo: De 24/09/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1. A fin de garantizar la efectividad del derecho de la minoría previsto en el art 265  bo
LSC, no cabe inscribir la renuncia por falta de provisión de fondos o caución adecuada  16ww
aLqncSuoue Che )apr,db usoeein rdsuoeen   máasnneoitdmliicciaeiitp  aedarled  ce olol o ensals  uededfeneitmtcoimtrái viseno nos stmoooc bliieocrxaistpda r(oneq tsueaoe)n.  tdpeeosld  sdríoeacln io eh jqeaurbceeic rs ioeo jleidcreict óits asudu o fun anoqcmuióbenrla  d(mcefirere ncathorto,  ,2y 6d e7el    OE-A-2022-25able en https://
Ciertamente, tal exigencia no resulta expresamente de la legislación; pero tampoco 
resulta de la misma la posibilidad de renuncia, después de aceptado el cargo, por falta 
de provisión de fondos (el 267 LSC citado, solo permite suspender el ejercicio del 
cometido encargado). Pero dee [sic] inscribir la renuncia sin tales cautelas, habría de 
cancelarse el nombramiento en su día efectuado, lo que permitiría inscribir las cuentas 
del ejercicio sin necesidad de revisión por auditor, pues la sociedad no estaría obligada a 
tal revisión, ni resultaría del registro otra razón que a ello obligara (cfr art 279 LSC). De 
forma que la negativa de la sociedad a garantizar el pago al auditor nombrado, le 
permitiría eludir el derecho de la minoría a la revisión de cuentas cuando no hay 
obligación legal de hacerlo.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a 5 de octubre de 2021.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don C. C. G. interpuso recurso el día 28 de 
octubre de 2021 en virtud de escrito en el que alegaba, resumidamente, lo siguiente:
Primero. Que, designado auditor por el registrador Mercantil a instancia de socio 
minoritario,  presentó  presupuesto  a  la  sociedad,  que  contestó  en  los  términos  que 
resultan de su escrito de solicitud de cancelación.
Segundo. Que la resolución es nula por falta de congruencia dado que la sociedad 
no ha procedido al abono de ninguna caución adecuada o provisión de fondos en 
garantía  del  pago  de  sus  honorarios.  Además,  se  invoca  nulidad  por  aplicación 
preferente  del  Reglamento  que  desarrolla  la  Ley  de  Auditoría  frente  a  la  Ley  de 
Sociedades de Capital, que no regula el supuesto de falta de provisión de fondos; Que 
ostenta legitimación para interponer el recurso, que presenta en el plazo previsto en el 
artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que prevalece frente al previsto en el artículo 354.3 del 
Reglamento del Registro Mercantil.
Tercero. Que la resolución es nula por falta de congruencia, ya que no recibió ni la 
mínima  referencia  a  la  norma  en  que  fundamenta  su  petición  que  justificase  la 
prevalencia  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  frente  a  la  Ley  de  Auditoría  y 
Reglamento de ejecución (con cita de jurisprudencia).
Cuarto. Que son anulables los actos administrativos que incurran en desviación de 
la norma, incluso la desviación de poder; Que, de acuerdo con el artículo 3 del Código 
Civil, viene a comprender dos grupos de criterios: el gramatical y el sociológico; Que el 
Reglamento  de  auditoría  establece  en  su  artículo  11.4  la  posibilidad  de  renuncia, 
debiendo comunicarlo al registrador Mercantil o al órgano que lo nombró (con cita de 
jurisprudencia  sobre  interpretación  gramatical).  Del  precepto  citado,  se  desprende 
claramente el derecho del auditor a renunciar al contrato; Que hay que tener en cuenta el 
dictamen del Consejo de Estado número 417/2020, que confirma el iter normativo que 
dio lugar a la redacción del precepto y su fundamentación, y Que, desde el punto de 
vista sistemático, el artículo 267 de la Ley de Sociedades de Capital contempla la 
solicitud de caución adecuada, pero existen otras normas que resultan de aplicación, 
como son la Ley de Auditoría y su Reglamento y el Reglamento del Registro Mercantil. 
Pero es el Reglamento de Auditoría el que regula en su artículo 11 las consecuencias de  e.e
la falta de prestación de la garantía, de modo que no contradice la Ley de Sociedades de  b
Capital. 16ww
IV
El registrador Mercantil emitió informe el día 4 de noviembre de 2021, ratificándose
en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 263, 265, 266 y 279 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital; 5 y 22 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas; 9, 
10 y 11 del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas; 153, 154, 354 
y 361 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Sentencias del Tribunal Supremo y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública citadas en el texto.
1. Un auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil de Madrid a instancia 
de minoría (artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital), y con cargo inscrito, 
solicita del propio Registro la toma de razón de su renuncia con fundamento en la falta 
de satisfacción de la provisión de fondos y al amparo de la previsión del artículo 11.4 del 
Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
El registrador califica negativamente y el interesado recurre.
2. Con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo y, dados los términos en 
que se pronuncia el escrito de recurso, es conveniente que esta Dirección General 
recuerde que el procedimiento de toma de razón en el Registro Mercantil y el que 
gobierna el régimen de recursos en caso de calificación negativa es el establecido en 
sus normas regulatorias particulares de aplicación. No es, en consecuencia, procedente 
la llamada a las normas genéricas sobre procedimiento administrativo ni a su régimen de 
recursos.
Ha  reiterado  este  Centro  Directivo,  (cfr.,  por  todas,  la  Resolución  de  14  enero 
de 2012, con criterio confirmado por otras posteriores, como las de 16 de mayo y 7 de 
diciembre de 2012, 20 de noviembre de 2013, 17 de febrero y 23 de abril de 2014 y 20 
de abril de 2016; y, entre las más recientes, las de 7 de enero, 24 de octubre y 5 de 
noviembre de 2020 y 16 de julio de 2021), que la aplicación supletoria de las normas de 
procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral no puede aceptarse con 
carácter general ni de manera abstracta. Esta afirmación se basa en la doctrina legal 
sobre  la  naturaleza  del  procedimiento  registral  fijada  por  la  Sentencia  del  Tribunal 
Supremo, Sala Primera, de 3 de enero de 2011 y nuevamente confirmada por las 
Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo números 959/2011, de 10 febrero, 
334/2011, de 18 mayo, 373/2011, de 31 mayo, 517/2011, de 1 julio, y 730/2013, de 21 de 
noviembre, todas ellas en el idéntico sentido.
Las cuestiones relacionadas con el procedimiento registral se regulan en las normas 
previstas en el ordenamiento jurídico (ley y reglamento hipotecario, Código de Comercio 
y Reglamento del Registro Mercantil), y las relativas al recurso contra la calificación de 
los registradores por los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria de plena 
aplicación al procedimiento del Registro Mercantil (disposición adicional vigesimocuarta 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social: «La regulación prevista en el sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los 
recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a los 
recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles».)
Dicho esto, no debe confundirse la regulación aplicable al procedimiento registral con 
aquella aplicable al procedimiento llevado a cabo ante el registrador Mercantil y por el 
que se resuelve sobre solicitud de designación de experto o auditor. e.e
Como ha afirmado esta Dirección en múltiples ocasiones (vid. Resoluciones de 26 de  w.b
junio y 28 de julio de 2014 y 10 de julio de 2017, por todas), el expediente registral a  16ww
ltara vLéesy  ddeel  qSuoec iesed addae sre dspeu Cesatpai taa l laa psaorleicciteu dd epsreavrrisotlala deon  eeln a Tpíaturtlaod IoII  2d deel lR aergtílcaumloe n2t6o5  ddeel 
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por la función calificadora como control de legalidad que en aras del interés público a
que responde la publicidad registral es llevado a cabo por el registrador de forma 
unilateral y objetiva, ajena a la idea de contienda u oposición de intereses entre partes, 
en los expedientes sobre nombramiento de auditores a que se refiere el tan repetido 
artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital existe un foro de contraposición de 
intereses que ha de resolver el registrador como órgano de la administración (Resolución 
de 15 de julio de 2005). De este modo, la decisión del registrador Mercantil declarando la 
procedencia  del  nombramiento  solicitado  por  la  minoría  no  tiene  el  carácter  de 
calificación registral, sino que es un acuerdo adoptado por quien en este procedimiento 
regulado en los artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil es la 
autoridad pública competente para resolver la solicitud (vid. Resoluciones de 13 de enero 
de 2011 y 10 de julio de 2013). En definitiva, y como ha mantenido reiteradamente esta 
Dirección  General,  la  actuación  del  registrador  viene  amparada  por  la  atribución 
competencial que lleva a cabo el artículo 265 de la Ley de Sociedades de Capital y que 
desarrolla  el  Reglamento  del  Registro  Mercantil  para  resolver,  en  el  ámbito  del 
procedimiento especial por razón de la materia jurídico privada que el mismo regula, la 
pretensión  del  socio  minoritario  sin  perjuicio  de  la  revisión  jurisdiccional  del  acto 
administrativo que del procedimiento resulte.
Los razonamientos anteriores son pertinentes porque el escrito de recurso parece 
confundir y entremezclar cuestiones relativas a su propia designación como auditor 
(cuestión que no es objeto, ni puede serlo de este expediente), con aquellas derivadas 
de  la  calificación  del  registrador  (que  constituye  su  objeto  de  conformidad  con  la 
previsión del artículo 326 de la Ley Hipotecaria).
3. Establecido  lo  anterior,  no  puede  acogerse  la  pretensión  de  nulidad  de  la 
calificación impugnada. Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, cuando la 
calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de 
todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos 
jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y 
Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de 
enero de 2011, 20 de julio de 2012 y 18 de noviembre de 2013, reiteradas por otras 
muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador 
funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos 
de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y 
razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución 
del recurso.
No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta Dirección 
General (vid. Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de 
abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 19 de julio de 2013 y 22 de diciembre de 2015), que la 
argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que 
el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo 
acredita en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede 
entrar en el fondo del asunto.
En el supuesto de hecho es cierto que la calificación no hace referencia al precepto  es
señalado  por  el  solicitante  de  la  inscripción  de  cancelación,  pero  el  registrador  ha  o
siqslnoeuutsñe e sarp oeelralseli cdaciiondetu topedd treo hey safs  o saeprudnmo o dfaq ui ufdnpueodrn e adfcucmaoins nedsaonau ctcm oeup erarj uenlc rtteoíeadsnn i s cseluoailó    mdnpde)oeo.cr tt ieiCsvlorioomó  mqnpinu oo(aerq  c rueenióelso n qu n pulnotueae e  tcniddeeoeens l ep appnrrrair eaopct poteeicirnlo  adq m eeueorsél  tc aqisvrsuieotieoer   d nledoetsoesl t   arsmre eocDiclsihciumraiertzsoacoosdc , oi dóe eennyl      OE-A-2022-2516able en https://www.
General ampare su solicitud de declaración de nulidad de la calificación.
4. Por lo que se refiere al fondo del asunto, el recurso debe ser estimado.
La relación mercantil de auditoría entre quien la lleva a cabo y quien es objeto de la 
misma tiene naturaleza contractual y de ahí que las partes se encuentren vinculadas sin 
posibilidad de modificación unilateral (artículo 1256 del Código Civil). Ahora bien, dada la 
especial relación de confianza entre la persona del auditor y aquél cuyas cuentas son 
objeto de verificación, así como el hecho de que la labor de auditoría puede venir 
impuesta por la ley o por una resolución judicial o administrativa, el principio general de 
irretroactividad tiene algunas excepciones contempladas en la propia ley.
Dejando  de  lado  el  supuesto  de  revocación  o  rescisión  llevada  a  cabo  por  la 
sociedad a auditar (supuestos de los artículos 264.3 y 266 de la Ley de Sociedades de 
Capital y 22.2 de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas), la ley contempla 
la posibilidad de renuncia llevada a cabo por el propio auditor. Dice así el artículo 5.2 de 
la Ley de Auditoría: «El informe de auditoría deberá ser emitido por el auditor de cuentas 
o la sociedad de auditoría, de forma que pueda cumplir la finalidad para la que fue 
contratada la auditoría de cuentas. La falta de emisión del informe de auditoría o la 
renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la 
existencia de justa causa. En todo caso, se considera que existe justa causa en aquellos 
supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Existencia de 
amenazas que comprometan la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de 
la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 1.ª y 2.ª del 
capítulo III del título I y, en su caso, en la sección 3.ª del capítulo IV del título I. b) 
Imposibilidad  absoluta  de  realizar  el  trabajo  encomendado  al  auditor  de  cuentas  o 
sociedad  de  auditoría  por  circunstancias  no  imputables  a  estos.  En  los  anteriores 
supuestos, cuando se trate de auditorías obligatorias, deberá informarse razonadamente, 
tanto al registro mercantil correspondiente al domicilio social de la sociedad auditada, 
como  al  Instituto  de  Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas,  de  las  circunstancias 
determinantes de la falta de emisión del informe o la renuncia a continuar con el contrato 
de auditoría, en la forma y plazos que se determine reglamentariamente».
Como se puede apreciar, la ley condiciona el ejercicio de la renuncia por parte del 
auditor a la concurrencia de una causa de las legalmente contempladas y, además, 
imponiendo en caso de auditoría obligatoria la carga de información o dación de razón al 
Registro Mercantil, así como a la autoridad reguladora de la actividad de auditoría.
El Reglamento de Auditoría (Real Decreto 2/2021, de 12 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio de 2015, de 
Auditoría de Cuentas), complementa la regulación legal, añadiendo en su artículo 11.4 lo 
siguiente: «En los casos de nombramiento de auditor por el registrador mercantil o por el 
órgano judicial, a que se refieren los artículos 265 y 266 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
los auditores de cuentas podrán solicitar caución adecuada o provisión de fondos en 
garantía del pago de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio de sus funciones. Dicha 
garantía deberá ser prestada por la entidad en el plazo de diez días naturales desde la 
notificación de su solicitud por el auditor de cuentas. De no prestarse la garantía en el 
plazo  establecido  el  auditor  podrá  renunciar  al  contrato,  debiendo  comunicarlo  al 
registrador mercantil o al órgano judicial que lo nombró».
En consecuencia, y de modo expreso, el Reglamento contempla como causa de 
renuncia por parte del auditor el hecho de que por parte del sujeto obligado no se preste 
la caución o provisión de fondos reclamada, imponiendo igualmente la carga de ponerlo 
en  conocimiento  del  Registro  Mercantil  o  del  órgano  judicial  que  llevó  a  cabo  el  es
nombramiento (en los términos contemplados por el artículo 10 del propio Reglamento). o
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al ejercicio de la labor de verificación si, requerida la persona obligada, no procede a la 
satisfacción de la provisión solicitada.
Con independencia de si dicha regulación se acomoda o no a la previsión del 
artículo 267 de la Ley de Sociedades de Capital, lo cierto es que el Registro Mercantil 
debe reflejar dicha circunstancia mediante la aportación del título y práctica del asiento 
que, conforme a las reglas de procedimiento registral, proceda (artículos 153 y 154 del 
Reglamento del Registro Mercantil).
Dicha toma de razón no puede confundirse con las consecuencias que para el 
depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio respecto del que se llevó a 
cabo la designación, tiene el hecho de que se haya instado la designación de auditor 
para su verificación.
Como ha afirmado en numerosas ocasiones esta Dirección General, la finalidad del 
procedimiento a que se refiere el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital no es 
otra que la satisfacción del interés del socio que reúna los requisitos en el establecidos, 
de que por parte de un auditor se lleve a cabo la verificación de las cuentas anuales. El 
procedimiento finaliza, en su caso, con la resolución por la que se estima la solicitud y se 
resuelve la procedencia de la designación de auditor, pero ni puede garantizar que el 
auditor designado acepte ni que los trabajos de auditoría puedan finalmente llevarse a 
cabo. Por este motivo, el artículo 361 del Reglamento del Registro Mercantil prevé el 
cierre del expediente a pesar de que no se hayan llevado a cabo los trabajos de 
verificación.
Esta circunstancia no hace desaparecer el interés protegible del socio, y protegido 
por la resolución firme que así lo declara, ni, en consecuencia, afecta al hecho de que la 
sociedad continúa obligada a la verificación contable (vid. artículo 10.4 del Reglamento 
de Auditoría). Estando obligada la sociedad a la verificación de las cuentas anuales 
correspondientes, el depósito de las mismas no podrá llevarse a cabo si no vienen 
acompañadas  del  informe  correspondiente  por  exigencia  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 279.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Del contenido del Registro Mercantil 
(vid. artículos 29, 32, 350 y 354 del Reglamento del Registro Mercantil), resultará el 
carácter de obligada de la sociedad en cuestión, lo que constituirá el obstáculo registral 
que, en su caso, impida el depósito de las cuentas anuales.
Así lo ha entendido esta Dirección General en numerosas ocasiones.
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de 
febrero de 2003 afirma: «(…) no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas 
anuales de una sociedad si no se presenta el correspondiente informe del auditor de 
cuentas  cuando  en  una  sociedad  no  obligada  a  verificación  contable  se  hubiese 
solicitado por socios minoritarios el nombramiento registral (cfr. artículo 366.1.5.º del 
Reglamento del Registro Mercantil)».
A  lo  que  añade  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 16 de abril de 2003: «No desvirtúan este fundamento jurídico ninguna de 
las alegaciones que la sociedad invoca. Es indiferente la causa por la que la auditoría no 
ha sido realizada, ya que lo cierto es que no lo ha sido». En idéntico sentido las 
Resoluciones de 31 de agosto de 2007, 6 de noviembre de 2013, 24 de noviembre 
de 2015, 18 de abril de 2016, 15 de junio, 14 de septiembre y 29 de noviembre de 2017, 
27 de julio de 2018 y 3 (1.ª y 2.ª), 7 de febrero y 5 de junio de 2020.
La doctrina de la Dirección General no ha variado en otros supuestos en los que, a 
diferencia de los casos mencionados, no constaba inscripción de auditor en la hoja de la 
sociedad pese a lo que se rechaza el depósito de cuentas. Así, en el supuesto de la  es
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de febrero  o
crdcdeooeeinnt  e2staar0tauab1rdbl8seia et,oe   srnn,ue  one mpahl e uqbrvburoaeie,em z sr dieeemas ndsuátoaolstlsa  ic abqitllauaga esudd, noe o elc p.sur oepaDrgen iicldcsoietoasr  ol ease srosne íc s cilooeairsllsuc   uctmesinóxoisnntctoo aif erniirddtcmaeairae dios lead ss e d eR enple lor nso osocoumleubpdbcluiegiróeanansmcdt:io aaie« s ndP dteaooe  r  d rveheeeseglrliciiogsfhi,ntc roaaad,cc le iiónbódnoene      OE-A-2022-2516able en https://www.
un auditor de cuentas, no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas
anuales si no se presenta el correspondiente informe (…) Una interpretación distinta del 
mencionado precepto podría llegar a vulnerar los derechos de los socios minoritarios a 
obtener  el  informe  del  auditor  de  cuentas,  por  incidencias  que  puedan  surgir  del 
procedimiento de nombramiento, ajenas a su voluntad, lo cual no es admisible.
Y así, las Resoluciones de 6 de noviembre de 2009 y 12 de noviembre de 2012 
rechazan las alegaciones del recurrente de que, al tiempo de interponer el recurso, no 
existía nombramiento de auditor, y por tanto no podía existir informe de auditoría, al no 
ser la resolución sobre su nombramiento definitiva en vía administrativa, puesto que fue 
recurrida.
La  Resolución  de  18  de  enero  de  2016  entiende  que,  ante  una  situación  de 
indeterminación sobre la obligación de presentar las cuentas junto al informe de auditor, 
el registrador Mercantil debe esperar a la resolución por parte de esta Dirección General 
del recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas anuales 
instado por la sociedad. Y si se confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la 
procedencia del nombramiento de auditor, el registrador podrá rechazar el depósito si la 
solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado.
En el caso objeto de la presente, tampoco hay nombramiento efectivo a favor de 
persona alguna, si bien a diferencia de los anteriores señalados, la resolución que 
acuerda el nombramiento es firme en vía administrativa, en tanto que la misma no fue 
recurrida dentro de plazo, por lo que con mayor razón debe denegarse el depósito de 
cuentas  si  no  se  acompaña  del  correspondiente  informe  una  vez  producido  el 
nombramiento efectivo».
En  el  mismo  sentido  la  Resolución  de  20  de  marzo  de  2019  que  confirma  la 
imposibilidad de depósito de cuentas de una sociedad habida cuenta de que no existía 
firmeza sobre el nombramiento o no de auditor a instancia de la minoría.
Y en el mismo sentido la Resolución de 4 de junio de 2020 (5.ª), en un supuesto en 
el que no existe resolución administrativa firme al existir impugnación por parte de la 
sociedad y litispendencia civil que impide resolver en el ámbito administrativo. Dice así la 
Resolución:  «Si  la  resolución  del  registrador,  estimatoria  o  desestimatoria,  ha  sido 
impugnada ante esta Dirección General, la indeterminación sobre si definitivamente 
procederá o no el nombramiento afecta al contenido del Registro por lo que la decisión 
sobre si procede o no la designación de auditor previsto en el artículo 265.2 de la Ley de 
Sociedades  de  Capital  deberá  demorarse  hasta  que  quede  resuelta  en  vía 
administrativa. Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro 
ordenamiento jurídico que prevé que el registrador de la propiedad no emita calificación 
hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva (vid. artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro 
Mercantil sin que la particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio 
general del artículo 18.4 del Código de Comercio dada la coordinación prevista en el 
ordenamiento (vid. artículos 23, 29, 80 y 358.2 del Reglamento del Registro Mercantil). 4. 
El mismo razonamiento es aplicable cuando, como consecuencia de la suspensión del 
procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría por existencia de 
litispendencia  civil,  existe  una  indeterminación  sobre  cual  haya  de  ser  la  situación 
registral, indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que 
devenga definitiva (artículo 18 del Código de Comercio). La Dirección General de los 
Registros y del Notariado ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de 
su competencia si se le acredita debidamente que la cuestión que constituye el objeto 
del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de Justicia. Así lo  es
ha afirmado la doctrina elaborada por esa Dirección General en sede de recursos contra  o
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porque  se  discuta  su  condición  de  socio,  bien  porque  se  discuta  el  porcentaje  de
participación  en  el  capital  social,  bien  para  discutir  si  el  solicitante  es  titular  de 
participaciones concretas, bien de un porcentaje sobre un conjunto de ella o bien por 
cualquier otro motivo relevante). El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida 
este siendo ejercitada por los tribunales impide que esta Dirección General se pronuncie 
en  tanto  no  exista  una  resolución  judicial  firme  al  respecto.  Así  lo  dispone  hoy 
expresamente la Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria, cuando prescribe 
afirma en su artículo 6.3: "Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite 
la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, 
debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil"».
En definitiva, con independencia de que se practique el asiento por el que se haga 
constar la renuncia del auditor por causa amparada legalmente, la sociedad continúa en 
situación de obligada a verificación contable, por resultar así de resolución administrativa 
firme derivada del procedimiento previsto en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades 
de Capital, de modo que aquel asiento no afectará a su obligación de presentar el 
informe de verificación junto a las cuentas anuales a depósito de conformidad con la 
previsión del artículo 279 de la propia ley. Procede la estimación del recurso.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.