BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. I.   Pág. 68776
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
9589 Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en 
la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.
I
La situación actual de la vivienda en la Comunitat Valenciana, sobre todo para 
aquellas personas que se encuentran en una situación económica más desfavorecida, 
ha sufrido un deterioro significativo a pesar de los esfuerzos que se han ido realizando 
en  los  últimos  años  para  solucionar  un  problema  que  se  arrastra  desde  la  crisis 
económica e inmobiliaria sufrida en nuestro país.
Dentro del marco de políticas de vivienda, con el objeto de llevar a término las 
actuaciones  necesarias  para  asegurar  el  acceso  a  la  vivienda  en  la  Comunitat 
Valenciana  a  las  familias  y  personas  con  recursos  limitados,  la  Generalitat  ha 
implementado diversas iniciativas entre las que destaca la promoción de vivienda pública 
o los programas de ayudas al alquiler destinados a una pluralidad de colectivos y 
situaciones. Así mismo, recientemente se ha intentado dar un impulso adicional a las 
políticas públicas en esta materia a través del concurso convocado para la adquisición 
de  viviendas  en  municipios  de  la  Comunitat  Valenciana  para  su  incorporación  al 
patrimonio público de vivienda de la Generalitat.
No obstante, el reciente incremento del precio de la vivienda, tanto en régimen de 
propiedad  como  de  arrendamiento,  unido  a  la  repentina  y  masiva  extinción  de  los 
contratos de arrendamiento que venían ofreciéndose a un precio inferior al de mercado, 
ha puesto de manifiesto que las medidas anteriores resultan insuficientes para hacer 
frente al problema actual.
El  incremento  del  precio  de  venta  de  la  vivienda  ha  derivado  en  un  notable 
incremento de la demanda del mercado del alquiler. Sin embargo, dicho incremento 
encuentra un obstáculo insoslayable en la oferta limitada, debido al auge de figuras 
como los pisos turísticos, y en particular, a la reducida oferta de alquiler público. Hasta 
hoy, los efectos de la tendencia alcista de la demanda en el mercado del alquiler venían 
siendo contrarrestados por los denominados alquileres sociales, pero el proceso de 
venta masiva de viviendas que se ha iniciado recientemente ha derivado en la ausencia 
de renovación de dicho tipo de contratos de arrendamientos cuya titularidad, por otra 
parte, suele corresponder a las personas y familias en situación más desfavorecida.
En este sentido, el reciente estudio sobre el mercado de la vivienda en España 
entre 2014 y 2019 publicado por el Banco de España advierte de que los precios en el 
mercado del alquiler han aumentado de forma significativa durante los últimos años, 
incluso a un ritmo muy superior al observado en el mercado de compraventa. Esta 
evolución de los precios en el mercado del alquiler ha venido condicionada en gran 
medida por el fuerte repunte de la demanda de vivienda de alquiler, el cual, según el 
análisis realizado por el Banco de España, responde a un conjunto de factores. De un 
lado,  el  endurecimiento  de  los  criterios  y  condiciones  crediticias  de  las  entidades 
financieras, lo que impide el acceso a una vivienda en propiedad a las personas jóvenes  s
o en situación económica más desfavorecida al carecer de ahorros suficientes. De otro,  e.
se apunta también como causante de esta tendencia a las compras de inmuebles por  w.
parte de personas extranjeras, cuya concentración en las provincias insulares y en las de  89ww
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acudir al mercado del alquiler ante el aumento de los precios de venta.
Adicionalmente, no se debe olvidar que el conjunto de personas y familias que en su 
día fueron desposeídas de sus viviendas como consecuencia de cualquiera de los 
procedimientos  de  ejecución  hipotecaria,  dación  en  pago  o  venta  extrajudicial, 
encuentran en el mercado del alquiler la única alternativa posible para procurarse una 
vivienda, dado que, en la práctica totalidad de los casos, tienen cerrado el acceso al 
crédito como consecuencia de la deuda crediticia que arrastran.
No obstante, el desorbitado y reciente repunte de los precios en el mercado del 
alquiler no se debe exclusivamente al aumento de la demanda, sino que, como precisa el 
referido  informe,  también  habría  venido  motivado  por  algunos  factores  recientes 
vinculados con la oferta. Por una parte, el mercado español de alquiler se caracteriza por 
su relativo escaso tamaño, en un contexto en el que el peso del régimen de propiedad de 
la vivienda ha sido tradicionalmente muy elevado en comparación con otros países de 
nuestro entorno. Y, por otra parte, el progreso tecnológico y el uso extensivo de Internet 
han facilitado la aparición de plataformas digitales que han abierto el mercado tradicional 
de los apartamentos turísticos a otras viviendas cuyo uso era residencial.
Esta situación dramática que describe con precisión el informe del Banco de España 
en  referencia  a  la  evolución  reciente  del  mercado  inmobiliario  y,  en  particular,  del 
mercado  del  alquiler,  hasta  la  fecha  venía  siendo  contrarrestada  con  la  oferta  de 
viviendas en alquiler a un precio inferior al de mercado. Esto es, la oferta de los 
denominados  alquileres  sociales,  de  los  cuales  se  venían  beneficiando  personas  y 
familias en una situación económica más desfavorecida. Ahora bien, en los últimos 
meses se ha constado una tendencia consistente en la ausencia de renovación de 
dichos contratos.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 el número contratos de 
arrendamientos por debajo del precio de mercado, como los alquileres sociales, se 
redujo a menos de la mitad en la Comunitat Valenciana. Así, en ese mismo año 2018, la 
conflictividad en materia de arrendamientos urbanos por denegación de prórroga del 
contrato de arrendamiento, inexistente en 2017, se ha situado como la segunda causa 
de litigiosidad en materia de arrendamientos urbanos, sólo por detrás de la falta de pago 
de la renta.
Como advierte el mencionado informe de Banco de España, durante los últimos años 
se ha observado un cierto incremento del peso de los inversores institucionales y los 
fondos de inversión especializados. Sin embargo, la concentración de la propiedad 
inmobiliaria,  también  de  la  residencial,  en  un  número  más  reducido  de  agentes 
económicos no ayuda a corregir esta situación, sino que la empeora. En efecto, atendida 
la escasez de oferta disponible, la cuota de mercado que alcanzan estos fondos es 
suficiente  para  asegurarles  una  posición  dominante  en  el  mercado,  así  como  un 
considerable control de precios.
El Banco de España, a la vista del exhaustivo análisis realizado, concluye su estudio 
sentenciando que: «durante los últimos años han aumentado las dificultades para el 
acceso a la vivienda para determinados colectivos, como los jóvenes, los hogares con 
rentas más bajas y los que residen en áreas metropolitanas». Es decir, para aquellas 
personas que se encuentran en una situación más desfavorecida y a las que les resulta 
imposible subvertir los efectos adversos del mercado inmobiliario. Con el objeto de hacer 
frente a estos retos sociales, el Banco de España concluye que: «la intervención pública 
en el mercado del alquiler puede contribuir a aliviar estos problemas». Y, así mismo, 
añade que: «de entre las distintas medidas, las que parecen más efectivas para este fin 
son aquellas que se centran en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en  s
arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables». oe.
A este deterioro sufrido en el último año, se suma, de forma imprevista y muy  w.
perjudicial,  las  consecuencias  que  la  pandemia  generada  por  la  COVID-19  está  89ww
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el futuro, influyen también en la posibilidad de afrontar las necesidades básicas como 
son el pago de hipotecas o el pago del alquiler, y en la experiencia adquirida en 
anteriores crisis, ello puede desembocar en que una parte de la ciudadanía no pueda 
hacer efectivo su derecho a una vivienda.
La previsión de medidas en materia de vivienda mediante decreto ley para dar una 
respuesta  inmediata  a  las  miles  de  familias  que  pueden  encontrarse  en  riesgo  de 
exclusión residencial es inaplazable y su adopción ha sido avalada por el Tribunal 
Constitucional  siempre  que  concurra  una  motivación  explícita  y  razonada  de  la 
necesidad, entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta; 
y la urgencia, asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la 
medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría 
generar algún perjuicio.
Analizados los datos de la evolución del mercado laboral en la Comunitat Valenciana 
relativos a los últimos tres meses, podemos afirmar que nos encontramos ante una 
situación imprevisible y de extrema gravedad que se agudiza mes a mes y que requiere 
de una actuación inmediata de los poderes públicos para garantizar el acceso a la 
vivienda. Según la Encuesta de Población Activa del mes de abril de 2020, cerca de 
medio millón de personas (439.942 personas) se encuentran en situación de desempleo. 
Por su parte, de la información ofrecida por la Dirección General de Empleo referida al 
número de personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), se evidencia que las cifras vienen incrementándose por cientos de miles cada 
mes desde los últimos tres meses. Así, de las 214.448 personas sujetas a un ERTE el 
pasado 31 de marzo, se pasó a las 292.685 personas el pasado 30 de abril, alcanzando 
las 411.216 personas el pasado 29 de mayo. De las cifras anteriores podemos concluir 
que el 35,02 % de la población activa de la Comunitat Valenciana se encuentra en 
situación de desempleo o afectada por un ERTE.
De este modo, el impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19  está  ejerciendo  sobre  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  es 
incuestionable, así como también lo es el aumento del riesgo de exclusión residencial si 
no se adoptan medidas con carácter inmediato. Todo ello evidencia la concurrencia de 
los motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de implementar los 
mecanismos para ampliar la red pública de vivienda sin dilación.
Aunque todavía es muy pronto para disponer de datos específicos sobre el impacto 
de la COVID-19 en las tasas de pobreza de nuestro país, diversos estudios e informes 
emitidos  por  algunas  instituciones  ponen  de  manifiesto  que  la  pérdida  de  ingresos 
motivada por la emergencia sanitaria ha afectado más intensamente a los hogares que 
antes de la crisis ya tenían ingresos muy bajos y serios problemas para el acceso a la 
vivienda.
En este sentido, el estudio sobre el mercado de la vivienda en España entre 2014 
y 2019 realizado por el Banco de España, advierte de que la crisis de la COVID-19, en la 
medida  en  que  va  a  generar  un  profundo  efecto  contractivo  sobre  las  rentas  y  la 
actividad  económica,  al  menos  en  el  corto  plazo,  previsiblemente  impactará  en  la 
situación del mercado inmobiliario. Así mismo, entiende que, sin perjuicio de que las 
medidas temporales aprobadas por el Gobierno para aliviar la presión financiera de los 
segmentos más vulnerables, como la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento del 
pago de los alquileres, contribuirán a mitigar los efectos adversos en el corto plazo, éstas 
no dan respuesta a la gran incertidumbre que existe sobre los efectos a medio plazo 
sobre el mercado inmobiliario. s
A mayor abundamiento, cabe recordar que la contención de la mayor crisis sanitaria  oe.
conocida  en  décadas,  sólo  ha  sido  posible  mediante  el  confinamiento  de  toda  la  w.
población en viviendas. Organismos como la OMS, han insistido en la necesidad de  89ww
eantacciearrr ou enna  lopsa nhdoegmarieas ,q yu eo bstrearsvcaiennddoe e satr icctuaasl qmueiedri dafrso ndtee rsae ggueroidgardá ficcuaa, ndmoe dhiaaynate q ueel 
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refugio,  seguridad  y  protección  de  la  ciudadanía  y  ahora,  más  que  nunca,  es 
responsabilidad de los poderes públicos garantizar el debido acceso a la misma.
En este contexto, la posibilidad de proporcionar una vivienda a las personas más 
vulnerables transciende el derecho a la vivienda, cuya importancia no obstante se halla 
reconocida en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos así como en 
nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, para incidir directamente en el 
derecho a la salud de toda la comunidad.
En esta línea de razonamiento, y siguiendo la doctrina constitucional (STC 61/2018), 
cabe argumentar que el recurso al decreto ley para la ampliación de la vivienda pública 
en la Comunitat Valenciana tiene una doble motivación cada una de las cuales, por sí 
sola, serviría para justificar la iniciativa. Por un lado, nos recuerda la citada sentencia que 
el uso del decreto ley se ha venido aceptando en situaciones que se han calificado como 
«coyunturas  económicas  problemáticas».  Y  parece  evidente  que  la  magnitud  de  la 
tragedia por la pérdida de vidas humanas y las devastadoras consecuencias sociales y 
económicas derivadas de la necesaria adopción de medidas para la contención de la 
pandemia justifican suficientemente la actuación normativa de urgencia. Pero también ha 
admitido, por otro lado, «… que el hecho de que se considere una reforma estructural no 
impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto ley, pues el posible carácter 
estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda 
convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad».
En  consecuencia,  resulta  urgente  y  necesario  atajar  el  actual  escenario  de 
vulnerabilidad  y  riesgo  residencial  desencadenado  por  la  COVID-19  adoptando  las 
medidas que faciliten la inmediata ampliación de la red de viviendas públicas en la 
Comunitat para su puesta a disposición de la ciudadanía valenciana, y en particular, de 
los colectivos vulnerables como medio para afrontar las graves consecuencias y proteger 
la salud pública.
Con la finalidad de abordar este nuevo problema de forma eficaz, y para evitar que 
nuestra  ciudadanía  quede  privada  de  este  derecho  en  un  contexto  económico 
desfavorable, la Generalitat necesita dotarse de instrumentos más eficaces que los 
previstos hasta el momento, a fin de crear una verdadera red de vivienda pública que 
permita, con la mayor urgencia posible, dar alternativas a quienes no pueden acceder al 
mercado libre de vivienda, tanto de compra, como de alquiler, así como dar cobertura a 
quienes padecen una situación de emergencia en el ámbito de la vivienda.
La Comunitat Valenciana posee competencia exclusiva en materia de vivienda, tal y 
como se recoge en el artículo 49.1.9.ª del Estatuto de Autonomía, y de acuerdo con el 
marco  de  distribución  de  competencias  diseñado  por  la  Constitución,  en  su 
artículo 148.1.3.ª Asimismo, el derecho a la vivienda no sólo se halla plasmado en la 
Constitución, en su artículo 47, como un mandato a los poderes públicos, sino que el 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 16, también establece 
el derecho a la vivienda digna como un derecho de la ciudadanía valenciana. Y, en 
consecuencia, es la Generalitat, como poder público con competencia exclusiva en la 
materia, quien debe afrontar de forma decidida la garantía de este derecho.
El presente decreto ley pretende dar respuesta a estas nuevas situaciones con 
carácter urgente e inmediato imprimiendo un nuevo impulso al derecho de adquisición 
preferente de la Administración, de forma que con el ejercicio del mismo se convierta en 
una realidad la existencia de un parque público de vivienda que, del mismo modo que 
ocurre en otros países, contribuya de forma eficaz a garantizar el derecho a la vivienda 
en nuestra tierra. s
II 89www.
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legislación anterior.
Con el objeto de dotar a la ciudadanía de una red de viviendas públicas con vocación 
de permanencia, se introduce por primera vez la calificación permanente de las viviendas 
adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanto y retracto, lo que supone la 
incorporación de estas viviendas al régimen de protección pública a todos los efectos y 
sin límite temporal. De este modo, se pretenden corregir las ineficiencias derivadas de 
los regímenes de protección temporal o de los diversos instrumentos de ayudas públicas 
para  la  adquisición  de  viviendas  en  el  mercado  libre,  dado  que  no  han  resultado 
adecuados para la construcción de un parque público de viviendas. Huelga decir que, 
pese a la cantidad de recursos públicos invertidos a lo largo de los años en nuestra 
Comunitat en materia de vivienda, el número de viviendas de protección pública es 
insuficiente para atender las necesidades básicas de la ciudadanía valenciana, por lo 
que, en el actual contexto de emergencia, resulta inaplazable la adopción de nuevas 
soluciones que corrijan la situación diagnosticada.
Por otra parte, en la línea iniciada por la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la función 
social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, se apuesta por la descentralización de 
las políticas públicas en materia de vivienda, invitando a los municipios a establecer un 
sistema  de  colaboración  y  apoyo  mutuo  a  fin  de  llevar  a  término  las  actuaciones 
necesarias  para  asegurar  el  acceso  a  una  vivienda  a  las  familias  y  personas  con 
recursos limitados respetando, en todo caso, la autonomía municipal.
De un lado, se prevén diversos mecanismos para crear o ampliar el parque público 
municipal de viviendas de aquellos municipios que así lo deseen mediante el ejercicio de 
los derechos de adquisición preferente a su favor o la cesión de los citados derechos. En 
el primer caso, la Generalitat ejercitará los derechos a favor de los municipios que no 
tengan la posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa. En el segundo, los 
municipios a cuyo favor se cedan los derechos de adquisición preferente mediante la 
firma del correspondiente convenio podrán ejercitar de manera autónoma los citados 
derechos de acuerdo con el procedimiento regulado en la ley.
De otro, en el marco de una acción conjunta en políticas de vivienda y con el 
propósito  de  garantizar  la  participación  activa  de  todos  aquellos  municipios  que  lo 
deseen, aun cuando no les resulte posible la adquisición de viviendas, se prevé la cesión 
temporal del uso de las viviendas de la Generalitat a los municipios donde radiquen para 
su gestión. Con ello, se persigue una gestión más eficiente del parque público de 
viviendas y una mayor proximidad a la ciudadanía, lo que reportará un beneficio directo 
en el servicio público que se preste.
Por último, en este título se sistematizan los necesarios deberes de colaboración de 
organismos  y  funcionarias  y  funcionarios  públicos,  con  la  finalidad  de  asegurar  el 
cumplimiento y control de las obligaciones derivadas de los derechos de adquisición 
preferente de la Generalitat.
III
El título II regula los derechos de adquisición preferente a favor de la Generalitat en 
las transmisiones de viviendas adquiridas mediante procesos de realización patrimonial 
para  el  pago  de  deudas  hipotecarias  o  en  las  transmisiones  relativas  a  grandes 
operaciones inmobiliarias.
Esta previsión persigue, de un lado, la ampliación del parque público de viviendas de 
las  administraciones  públicas  de  la  Comunitat  Valenciana  para  poder  destinarlas  a 
personas y familias en situación de vulnerabilidad y, de otro, mitigar las consecuencias  s
desfavorables de los grupos sociales más desfavorecidos que, tras la pérdida de la  e.
propiedad de su vivienda, ahora ven amenazada la posibilidad de mantenerse en la  w.
misma en régimen de arrendamiento por su falta de renovación; así como remediar la  89ww
dsietu alac ióvniv ideen daaq,u eslela se npceurseonntraesn  qaunet,e h aebl ierinedsog oc odnes osliedra ddoe suanl odjeardeocsh os isnu bnjientgivúon r etisppoe cdteo 
alternativa habitacional.
El  ejercicio  de  los  derechos  de  adquisición  preferente  en  las  antedichas 
transmisiones se limita a las viviendas ubicadas en las áreas de necesidad de vivienda 
(ANHA) declaradas por la Generalitat, por ser éstas las áreas en las que la Generalitat 
no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda no satisfecha 
por el mercado libre. Con ello, se garantiza que la intervención de la administración es la 
mínima e imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia cuyos efectos se 
persigue paliar.
Para la delimitación de las áreas de necesidad de vivienda se prevé la elaboración y 
aprobación por parte de la Generalitat de un catálogo de áreas de necesidad de vivienda 
en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto ley. Este 
catálogo podrá comprender todas aquellas áreas en las que el acceso a la vivienda 
resulte  afectado  negativamente  por  un  fenómeno  social,  económico,  demográfico 
geográfico, climatológico o de salud pública. Hasta la entrada en vigor de dicho catálogo, 
y con el objeto de asegurar la aplicación inmediata de la norma, se prevé un régimen 
transitorio  en  virtud  del  cual  se  consideran  áreas  de  necesidad  de  vivienda  a  los 
municipios previstos en la Resolución de 15 de abril de 2019, de la Presidencia de la 
Generalitat,  sobre  la  asignación  de  la  línea  específica  del  Fondo  de  Cooperación 
Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de la Comunitat 
Valenciana,  y  en  el  informe  de  necesidad  de  vivienda  en  la  Comunitat  Valenciana 
de 2020 realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana.
En  el  marco  de  un  modelo  avanzado  de  descentralización  en  las  políticas  de 
vivienda, tratando de incentivar que los municipios participen activamente de dichas 
políticas, se prevé la posibilidad de que aquellos municipios no incluidos en el Catálogo 
de áreas de necesidad de vivienda delimiten las áreas de necesidad de su ámbito 
territorial para ser incluidos en dicho catálogo cuando concurra alguno de los fenómenos 
de  afección  negativa,  previa  comprobación  por  parte  de  la  Generalitat  de  que  la 
delimitación se ajusta a los parámetros descritos.
Así mismo, se determina el destino, el proceso de adjudicación y su calificación 
permanente como viviendas protegidas de las viviendas adquiridas por este medio, con 
el  propósito  de  que  su  adquisición  se  ponga  al  servicio  del  interés  general  y,  en 
particular, al cumplimiento de la función social presente y futura.
Por último, se modifica la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la 
Comunidad Valenciana con el objeto de adecuar su regulación a las nuevas previsiones 
introducidas  por  este  decreto  ley  y  reforzar  el  régimen  sancionador  para  el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de los derechos de adquisición preferente 
previstos a favor de la Generalitat.
En definitiva, se pretende dar respuesta a una realidad sobrevenida que coloca a 
gran parte de la población valenciana en una situación de emergencia y riesgo de 
exclusión  residencial,  mediante  la  actuación  conjunta  y  coordinada  de  las 
administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
IV
La  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  ha  respaldado  la  aprobación  de 
disposiciones de carácter socio económico mediante el instrumento normativo del real 
decreto ley en aquellos casos en los que se aprecie una motivación explícita y razonada 
de la necesidad y urgencia de la medida. El carácter «necesario» se ha afirmado en los 
casos de coyunturas económicas problemáticas que exigen una rápida respuesta. Por su  s
parte, la urgencia se ha aceptado cuando la dilación en el tiempo de la adopción de la  e.
medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría  w.
generar algún perjuicio. 89ww
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agravados con la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuyo impacto económico y 
social  está  agudizando  tanto  cualitativa  como  cuantitativamente  las  situaciones  de 
vulnerabilidad así como los riesgos de cronificación y aumento de la pobreza en el futuro, 
con especial afectación a jóvenes y familias monoparentales. La vivienda, como derecho 
social básico para permitir el disfrute del resto de derechos, se ha convertido en un 
elemento de bienestar y de salud imprescindible para permitir la gestión de la grave crisis 
sanitaria acaecida. La posibilidad de que se repitan crisis como la vivida exige que las 
instituciones utilicen todos los medios a su alcance para asegurar el derecho a una 
vivienda adecuada, que pueda ser el refugio de las personas frente a nuevas amenazas 
sanitarias.
En este sentido, y teniendo en cuenta que las medidas de contención y prevención 
de la COVID-19 deben acompañarse de contenido económico y social para afrontar sus 
consecuencias en la ciudadanía en el corto y medio plazo, en particular, en los colectivos 
vulnerables, no adoptar esta norma con carácter urgente podría ahondar en el problema 
anteriormente señalado, lo cual pone de manifiesto la concurrencia de los motivos que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de su adopción.
La justificación de la utilización del instrumento del decreto ley se apoya igualmente 
en una dilatada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuyos requisitos esta norma 
cumple.  Así,  cabe  recordar  que  nuestro  Tribunal  Constitucional,  en  las 
sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 
de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3, ha vinculado la utilización de esta norma a la 
solución de una situación concreta que dentro de los objetivos del órgano emisor, y por 
razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes.
En concreto, la doctrina constitucional contenida en la STC 61/2018, que recoge la 
jurisprudencia anterior más relevante, indica que el uso del decreto ley se ha venido 
aceptando  en  situaciones  que  se  han  calificado  como  «coyunturas  económicas 
problemáticas». Evidentemente, y según los datos aportados en el primer párrafo de este 
preámbulo, la Comunitat Valenciana atraviesa una situación de crisis económico-social, 
derivada de pandemia provocada por la COVID-19, que requiere la adopción de una 
normativa de urgencia orientada a hacer efectivo el derecho a la vivienda.
Evidentemente, y así lo ha admitido el propio tribunal, lo anterior no excluye la 
adopción de normas que impliquen reformas estructurales y que solucionen problemas 
con carácter igualmente estructural que se hayan visto agravados en un momento 
concreto. En palabras del tribunal: «… el hecho de que se considere una reforma 
estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto ley, pues el posible 
carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema 
pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente 
necesidad, que justifique la aprobación de un decreto ley, lo que deberá ser determinado 
atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes  en  cada  caso  (STC  137/2011,  FJ  6; 
reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)».
Por añadidura es preciso contemplar que corresponde al Consell, en este tipo de 
normas, la realización de un juicio político o de oportunidad (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) sobre la coyuntura y la motivación de la 
norma. En este aspecto, los párrafos anteriores acreditan de manera suficiente los 
motivos de oportunidad para la adopción de la presente norma, la cual responde en 
todos sus términos a la finalidad legítima de aprobar medidas que contribuyan a abordar  s
de forma inmediata el enorme impacto económico y social provocado por la COVID-19  oe.
que ha venido a agravar el ya importante problema de vivienda existente en la Comunitat  w.
Valenciana (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;  89ww
182/C1o9m97o,  dees  2p0re dcee potcivtou,b rdee, bFeJ  s3e).ñalarse también que este real decreto ley no afecta al
ordenamiento  de  las  instituciones  básicas  del  Estado,  a  los  derechos,  deberes  y
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las 
comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
A  la  vista  de  lo  expuesto  anteriormente,  concurren  las  circunstancias  de 
extraordinaria y urgente necesidad establecidos por el artículo 44.4 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana como presupuestos habilitantes para recurrir al 
instrumento jurídico del decreto ley. Igualmente se pone de manifiesto el cumplimiento de 
los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan 
las medidas que se establecen, siendo el decreto ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados. 
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico.
En  relación  con  el  principio  de  eficiencia,  este  decreto  ley  no  impone  cargas 
administrativas que no estén justificadas para la consecución de sus fines.
En definitiva, se pretende dar respuesta a una realidad sobrevenida que coloca a 
gran parte de la población valenciana en una situación de emergencia y riesgo de 
exclusión  residencial,  mediante  la  actuación  conjunta  y  coordinada  de  las 
administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44.4 del Estatut d’Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, a propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 5 de junio 
de 2020, decreto:
TÍTULO I
Los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas
CAPÍTULO I
Ejercicio de los derechos de adquisición preferente de las administraciones 
públicas
Artículo 1.  Los derechos de adquisición preferente de la administración sobre viviendas 
de protección pública.
1.  La Generalitat es titular de los derechos de tanteo y retracto respecto de todas 
las viviendas de protección pública y sus anejos, de acuerdo con la ley, en tanto se 
mantenga  dicha  calificación.  El  ejercicio  de  los  citados  derechos  se  ajustará  a  las 
condiciones y el procedimiento señalado en la ley.
2.  Los  derechos  de  tanteo  y  retracto  serán  de  aplicación  a  las  segundas  y 
sucesivas transmisiones inter vivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un 
procedimiento  de  ejecución  patrimonial  o  realización  patrimonial  extrajudicial,  de 
viviendas de protección pública y sus anejos.
3.  Los derechos de tanteo y retracto se exceptúan en los casos de transmisiones 
gratuitas inter vivos a favor de descendientes, ascendientes o cónyuge o pareja de 
hecho  debidamente  acreditada,  salvo  que  la  vivienda  no  vaya  a  ser  destinada  a 
residencia habitual y permanente de la nueva persona titular. s
Se exceptúa asimismo la aportación por cualquier título de la vivienda y sus anejos a  o
la  sociedad  de  gananciales  o  a  cualquier  otro  régimen  económico  matrimonial  de  w.
ccoao rsmeotur adnceidt oaa.dc,o rndaacrisoen aslu  od iseoxlturacniójenr,o n, ol ac oandsjiuddeircáancdióons ea  trcaunaslmquisieióran  ad elo ss uesf eicnttoesg rdaen tteasn teeno   2020-9589n https://ww
Igualmente se exceptúan todas las transmisiones que tengan su origen en actos de
extinción de condominio.
4.  La Generalitat será titular de los derechos de tanteo y retracto respecto de las 
transmisiones efectuadas durante todo el período de vigencia del régimen de protección 
que corresponda, a contar desde la calificación definitiva. En el supuesto de viviendas 
protegidas con calificación permanente, será titular permanente de los derechos de 
tanteo y retracto.
5.  La Generalitat ejercitará los derechos de tanteo y retracto con cargo a sus 
presupuestos y en el supuesto de las viviendas de promoción pública y sus anejos lo 
hará  a  través  de  la  Entidad  Valenciana  de  Vivienda  y  Suelo  o  quien  asuma  sus 
competencias.
Artículo 2.  Procedimiento para el ejercicio del tanteo.
1.  Todas las personas propietarias de viviendas de protección pública deberán 
notificar  a  la  Generalitat,  por  cualquier  medio  que  permita  tener  constancia  de  su 
recepción, la decisión de enajenarlos, especificando los siguientes datos:
a)  Datos  de  la  persona  titular  o  personas  titulares  de  la  vivienda  objeto  de 
transmisión.
b)  Datos de identificación de la vivienda y, en su caso, de sus anejos, incluyendo el 
estado de cargas y estado de ocupación.
c)  Precio de la transmisión y forma de pago proyectada, salvo que la transmisión 
sea a título gratuito.
d)  Datos de la persona interesada en la adquisición, con referencia expresa al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la vivienda, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado tercero del artículo uno respecto de las transmisiones gratuitas 
inter  vivos  a  favor  de  descendientes,  ascendientes  o  cónyuge  o  pareja  de  hecho 
debidamente  acreditada.  Así  mismo,  se  indicará  si  la  persona  interesada  en  la 
adquisición se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad.
e)  Cualquier otra condición esencial de la transmisión.
La  notificación  de  las  circunstancias  anteriores  deberá  ir  acompañada  de  los 
correspondientes documentos acreditativos.
2.  El derecho de tanteo podrá ejercitarse en el plazo de sesenta días naturales a 
partir del día siguiente a aquel en que haya tenido entrada en el registro general de la 
conselleria competente en materia de vivienda la notificación de la transmisión con el 
contenido  descrito  en  los  apartados  anteriores,  sin  perjuicio  de  la  presentación  en 
cualquier registro público o mediante comunicación electrónica de conformidad con la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
El citado plazo de sesenta días naturales podrá ser suspendido o ampliado con 
arreglo a lo dispuesto la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
3.  Si la notificación de la persona transmitente fuera incompleta o defectuosa, la 
Generalitat podrá requerirle para que la subsane, quedando entretanto en suspenso el 
plazo para el ejercicio del derecho de tanteo conforme a lo previsto en el párrafo 
segundo del apartado anterior.
Cuando la citada subsanación presente dificultades especiales atendido su contenido 
o naturaleza del requerimiento, la Generalitat podrá, de oficio o a instancia de parte, 
conceder un plazo superior o ampliar el inicialmente concedido hasta un máximo de dos 
meses.
4.  Con el objeto de colaborar en el ejercicio del derecho de tanteo, la persona titular  s
de la vivienda sujeta a tanteo facilitará, en el marco de la ley, el acceso a la misma para  oe.
su correspondiente valoración por parte de la Generalitat cuando así fuere requerida. w.
pGreondEeulrz apcllaiata zeto lc  pauacrscraee  seroel  qeeujefeerrccitmiciviiooe  ndate oll a ad  melarie spcmeharos  ood,ne a dt eati ntnuteolao rs  sedere   pslauo ssvpibiveliene dndedicraáh  ohd aeassctdace ee selo ld ,d íahía ae sentna q  qeuule ed  síleaa    2020-9589n https://ww
en que haya tenido entrada en el Registro General de la Conselleria competente en
materia de vivienda la comunicación de la persona titular en la que se indiquen y 
justifiquen las causas que lo impiden.
El incumplimiento del deber de colaboración comportará la aplicación del régimen 
sancionador previsto en la normativa reguladora de las viviendas de protección pública.
5.  Transcurrido  el  plazo  previsto  para  el  ejercicio  de  tanteo  conforme  a  los 
preceptos anteriores sin que la Generalitat notifique su voluntad de ejercer el derecho, la 
persona titular podrá transmitir la vivienda en las mismas condiciones que hubieren sido 
notificadas y de acuerdo al régimen que le resulte de aplicación.
La Generalitat podrá comunicar a la persona transmitente su renuncia motivada a 
ejercer el derecho de tanteo antes de que finalice el plazo previsto para su ejercicio.
Los efectos liberatorios derivados de la notificación de la transmisión de la vivienda y 
del transcurso del plazo para su ejercicio caducarán a los seis meses desde que se 
hubiera realizado la notificación. Cualquier transmisión que se realice transcurrido este 
plazo requerirá una nueva notificación y, de no realizarse, se entenderá transmitida la 
vivienda sin notificación a efectos del ejercicio del derecho de retracto
6.  El derecho de tanteo se ejercitará mediante notificación fehaciente a la persona 
transmitente u organismo que hubiera realizado la adjudicación y se procederá al pago 
del precio en el plazo de cuatro meses desde la misma, salvo que en las condiciones de 
la transmisión se hayan establecido plazos superiores.
La notificación del ejercicio de tanteo recogerá, al menos, el siguiente contenido:
a)  La indicación por parte de la Generalitat de si el derecho se ejercita en beneficio 
propio o si se ejercita a favor de tercera persona.
b)  Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
c)  El precio a satisfacer con indicación de la partida presupuestaria.
Artículo 3.  Procedimiento para el ejercicio de retracto.
1.  Las personas adquirentes de viviendas de protección pública deberán notificar a 
la conselleria competente en materia de vivienda la adquisición efectuada, en el plazo de 
quince días naturales a contar desde la misma, por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción, indicando las condiciones previstas en el apartado primero 
del artículo anterior y acompañando copia del documento en que se hubiera formalizado.
Si la enajenación se produjera como consecuencia de un procedimiento de ejecución 
patrimonial o venta extrajudicial de la vivienda dada en garantía, el organismo que 
realice la adjudicación deberá notificarlo a la conselleria competente en materia de 
vivienda en el plazo de tres días. La notificación consistirá en la remisión de una copia 
del testimonio de firmeza del decreto de adjudicación, comprensivo de la resolución de 
aprobación del remate o de la adjudicación a la persona acreedora de aquella o, en caso 
de realización extrajudicial, de una copia simple del acto traslativo del dominio, la cual 
deberá contener, en todo caso, el precio y la identificación de la persona adjudicataria, a 
quien  se  advertirá  que  se  cursa  la  notificación  a  fin  de  que  pueda  acreditar  el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen que resulte de aplicación. 
Dicha  acreditación  no  será  exigible  si  resultara  adjudicataria  la  persona  titular  del 
préstamo  o  crédito  objeto  de  reclamación,  en  cuyo  caso  se  le  advertirá  de  las 
condiciones de uso y transmisión de la vivienda protegida si la Generalitat decidiera no 
ejercitar el derecho de retracto.
2.  La Generalitat podrá ejercer el derecho de retracto respecto de las viviendas que 
sean transmitidas infringiendo lo establecido en los artículos anteriores o las restantes  e
obligaciones derivadas del régimen de protección y, en particular, en los siguientes  bo
supuestos: 89ww
o cuaa) ndCou, ahnadboié nnod ossee l er ehaaliyzaa dreoa, liszea dhou lbai enroet ifdiceanceigóand por epvoisrt ap aernte e ld aer tílacu Gloe pnreercaelidtaetn tlea 
autorización de transmisión de la vivienda de protección pública.
b)  Cuando se haya omitido en la misma cualquiera de los requisitos establecidos. Bc
c)  Cuando  se  haya  producido  la  transmisión  después  de  haber  caducado  los 
efectos liberatorios derivados de la notificación de la voluntad de transmitir la vivienda o 
antes de que transcurra el plazo del que dispone la Generalitat para el ejercicio del 
derecho de tanteo.
d)  Cuando  se  haya  realizado  la  transmisión  en  condiciones  distintas  de  las 
notificadas.
e)  Cuando la transmisión se produzca como consecuencia de un procedimiento de 
ejecución patrimonial o venta extrajudicial de la vivienda dada en garantía.
Sin perjuicio del derecho de retracto al que darán lugar las infracciones indicadas, el 
incumplimiento  del  deber  de  notificar  por  parte  de  la  persona  transmitente  o  el 
incumplimiento de cualquier otra obligación derivada del régimen de protección aplicable 
a la vivienda y sus anejos, comportará la aplicación del régimen sancionador previsto en 
la normativa reguladora de las viviendas de protección pública.
3.  Este derecho se ejercitará en el plazo de sesenta días naturales a contar desde 
el  día  siguiente  a  aquel  en  que  haya  tenido  entrada  en  el  registro  general  de  la 
conselleria competente en materia de vivienda la notificación de la transmisión referida 
en el apartado primero de este artículo, sin perjuicio de la presentación en cualquier 
registro público o mediante comunicación electrónica de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Si no se realiza la 
notificación,  el  plazo  de  sesenta  días  se  contará  desde  que  la  Generalitat  tuviera 
conocimiento de la transmisión efectuada y de sus condiciones.
El citado plazo de sesenta días naturales podrá ser suspendido o ampliado con 
arreglo a lo dispuesto la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
4.  Si la notificación de la persona adquirente fuera incompleta o defectuosa, la 
Generalitat podrá requerir su subsanación, quedando entretanto en suspenso el plazo 
para el ejercicio del derecho de retracto conforme a lo previsto en el párrafo tercero del 
apartado anterior.
Cuando  la  citada  subsanación  presente  dificultades  especiales  a  causa  de  su 
contenido o de la naturaleza del requerimiento, la Generalitat podrá, de oficio o a 
instancia de parte, conceder un plazo superior o ampliar el inicialmente concedido hasta 
una duración máxima de dos meses.
5.  Notificada la transmisión, con el objeto de colaborar en el ejercicio del derecho 
de retracto, la nueva persona titular de la vivienda sujeta a retracto facilitará el acceso a 
la misma para su correspondiente valoración por parte de la Generalitat cuando así fuere 
requerido.
El plazo de sesenta días naturales para el ejercicio del derecho de retracto se 
suspenderá  desde  el  día  en  que  la  Generalitat  curse  requerimiento  a  la  persona 
adquirente de la vivienda hasta el día en que se produzca el acceso efectivo a la misma 
o, de no ser posible dicho acceso, hasta el día en que haya tenido entrada en el Registro 
General de la Conselleria competente en materia de vivienda la comunicación de la 
persona titular en la que se indiquen las causas que lo impiden.
El incumplimiento del deber de colaboración comportará la aplicación del régimen 
sancionador previsto en la normativa reguladora de las viviendas de protección pública.
6.  Transcurrido  el  plazo  previsto  para  el  ejercicio  de  retracto  conforme  a  los 
preceptos anteriores sin que la Generalitat notifique su voluntad de ejercer el derecho, se 
entenderá renunciado el ejercicio del mismo respecto de la transmisión notificada.
La Generalitat podrá comunicar a la persona adquirente, antes de que finalice el 
plazo, su renuncia motivada a ejercer el derecho de retracto. e.
7.  El derecho de retracto se ejercitará mediante notificación fehaciente a la persona  w.b
adquirente y se procederá al pago del precio en el plazo de cuatro meses desde la  89ww
smuispmeraio, ressa.l voE nq ueel  esnu plause sctoo nddiec iotnraenss mdeis iloan etrsa ncsomnisseiócnu esnec ihaa ydaen  persotcaebdleimcidieon tpolsa zdoes 
ejecución patrimonial el plazo de pago será de dos meses.
La notificación del ejercicio de retracto recogerá, al menos, el siguiente contenido:
a)  Indicación por parte de la Generalitat de si el derecho se ejercita en beneficio 
propio o si se ejercita a favor de tercera persona.
b)  Las razones que justifican el ejercicio del derecho.
c)  El precio a satisfacer con indicación de la partida presupuestaria.
Artículo 4  Precio de adquisición.
1.  Cuando  se  ejerzan  los  derechos  de  adquisición  preferente,  el  precio  de 
adquisición de las viviendas de protección pública será el que se hubiere fijado para la 
transmisión objeto de tanteo o de retracto.
2.  En las transmisiones a título gratuito, el precio de adquisición coincidirá con el 
valor que correspondería a la vivienda a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, determinado por la Administración mediante la aplicación de la normativa 
tributaria  sobre  comprobación  de  valores.  La  persona  interesada  comunicará  a  la 
Administración su conformidad o disconformidad con la valoración efectuada en un plazo 
de diez días hábiles. Si la interesada no estuviera conforme con la estimación hecha por 
la Administración, se determinará por un perito independiente nombrado de común 
acuerdo  por  las  partes,  y,  en  defecto  de  acuerdo  entre  ellas,  por  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa. Los plazos de los que dispone la Administración para ejercer 
los derechos de tanteo o retracto quedarán suspendidos desde el día en que se haya 
comunicado por la interesada su disconformidad hasta el día en que se comunique a la 
Administración el precio de adquisición finalmente establecido.
3.  No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el precio de adquisición de 
las viviendas de protección pública no podrá superar en ningún caso el precio máximo 
legalmente establecido en los casos de viviendas protegidas sujetas a dicha limitación. 
Si el precio fijado conforme a los dos apartados anteriores fuera superior al precio 
máximo legalmente establecido, la Generalitat podrá ejercitar los derechos de tanteo y 
de retracto por este último precio.
Artículo 5.  Calificación permanente de las viviendas adquiridas en el ejercicio de los 
derechos de adquisición preferente.
1.  Las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de adquisición 
preferente se calificarán como viviendas protegidas con carácter permanente por su 
mera adquisición, quedando incorporadas al régimen de protección pública a todos los 
efectos  y  sin  límite  temporal.  La  referida  calificación  se  acordará  aún  cuando  ello 
suponga un cambio del régimen de protección vigente al tiempo de su adquisición.
2.  La  protección  pública  alcanzará  a  garajes,  anejos,  trasteros  y  restantes 
elementos recogidos en la normativa de vivienda de protección pública y el contenido de 
su régimen se determinará conforme a lo dispuesto en la citada normativa.
3.  En el documento público en el que se formalice la adquisición resultante del 
ejercicio  de  los  derechos  de  adquisición  preferente  se  indicará  expresamente  la 
calificación permanente de la vivienda adquirida y sus anejos, si los hubiera, y el régimen 
de protección correspondiente. En caso de que la persona adquirente sea una persona o 
entidad de las reguladas en el artículo siete o municipio previsto en el artículo ocho se 
hará constar en la escritura, además, los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat; 
así como el régimen de notificaciones y comunicaciones previsto en este decreto ley,  s
todo lo cual deberá reflejarse en la respectiva inscripción registral. oe.
Artículo  6.  Especiales  deberes  de  colaboración  de  organismos  y  funcionarias  y  89ww
funcionarios públicos.
tran1sm. isLióans  ndoet atroiadsa  yv liovsie nndoata rdioes  perxoigteircácnió, np apraú baluictao,r izqaure e sscer itaucraresd qituee  pdoorc ulam epnetresno nlaa 
transmitente la notificación a la conselleria competente en materia de vivienda de la
decisión de enajenar, así como el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del 
derecho de tanteo o la renuncia expresa y motivada de la Generalitat si éste no hubiera 
vencido, circunstancias que deberán constar en las correspondientes escrituras.
Así mismo, deberán comunicar la transmisión realizada a la conselleria competente 
en materia de vivienda en el plazo de veinte días naturales desde la misma, mediante 
remisión de copia simple de la escritura pública. Esta comunicación se efectuará de 
manera telemática a través del servicio electrónico para adquisiciones preferentes de la 
conselleria competente en materia de vivienda.
La comunicación prevista en el presente apartado no exime, en ningún caso, del 
cumplimiento de la obligación de notificar de los artículos dos y tres de este decreto ley, 
ni tendrá la consideración de notificación a los efectos de la inscripción de la transmisión 
en el Registro de la Propiedad.
2.  Para inscribir en el Registro de la Propiedad correspondiente la transmisión de 
toda vivienda de protección pública y sus anejos, cualquiera que sea su régimen de 
protección en tanto se mantenga el mismo, las registradoras y los registradores exigirán 
que las escrituras cumplan con los requisitos previstos en el apartado anterior y que se 
acredite la notificación efectuada por la persona adquirente a la conselleria competente 
en materia de vivienda.
Así mismo, deberán comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda 
las inscripciones de transmisiones referidas a viviendas de protección pública en el plazo 
de veinte días naturales desde la misma, mediante remisión de copia de la inscripción. 
Esta comunicación se efectuará de manera telemática a través del servicio electrónico 
para adquisiciones preferentes de la conselleria competente en materia de vivienda.
3.  La conselleria competente en materia de hacienda, con objeto de facilitar el 
control de las transmisiones sujetas a los derechos de adquisición preferente, identificará 
las transmisiones referidas a viviendas de protección pública, cualquiera que sea su 
régimen de protección, y comunicará a la dirección general competente en materia de 
vivienda, con periodicidad trimestral, las viviendas cuya transmisión le conste durante el 
periodo correspondiente.
CAPÍTULO II
Del ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor de tercera persona 
y su cesión
Artículo  7.  Ejercicio  de  los  derechos  de  adquisición  preferente  a  favor  de  tercera 
persona.
1.  La Generalitat podrá ejercer los derechos de adquisición preferente establecidos 
en los artículos anteriores a favor de un ente local o cualquier ente del sector público 
institucional autonómico o local con competencias en materia de vivienda.
2.  La Generalitat podrá, así mismo, ejercer los derechos a favor de entidades sin 
ánimo  de  lucro  que  realicen  funciones  de  inserción  de  colectivos  en  situación  de 
vulnerabilidad, a favor de personas que hubieren consolidado un derecho subjetivo con 
respecto a la vivienda, y a favor de personas inscritas en el registro de demandantes de 
vivienda  de  protección  pública.  En  este  último  caso,  deberá  respetarse  el  orden 
establecido conforme a los criterios de adjudicación de viviendas y la persona a cuyo 
favor  se  ejercite  el  derecho  deberá  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
socioeconómicos  que  estuvieren  establecidos.  A  los  efectos  de  esta  norma,  se  e.e
entenderá que una persona tiene un derecho subjetivo respecto de una vivienda cuando  b
exista una situación posesoria que satisfaga sus necesidades vitales y que cumpla con la  89ww
func3ió. n sCoucaianld doe  slae  veivjeierznadna .los derechos de adquisición preferente a favor de tercera
paebrosnoon ad,e llo ps regcaisot oas  lqau ep egrseonneare  trlaan tsrmanitsemntiesi óon  csuearálqnu ideer  octuroe ngtaa sdtoe  aensátalo, gaos í dceorimvaod oe,l 
directa o indirectamente, de la transmisión. La actuación de la Generalitat se limitará al
ejercicio  fehaciente  del  derecho  conforme  a  lo  establecido  en  la  ley,  indicando 
expresamente que se ejerce el derecho a favor de tercera persona.
4.  La tercera persona beneficiaria se someterá a los criterios que establezca la 
Generalitat respecto del destino de la vivienda y, en particular, al régimen de calificación 
permanente que, en todo caso, resulte de aplicación por su mera adquisición.
5.  El  documento  público  en  el  que  se  formalice  la  transmisión  de  propiedad 
resultante del ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor de tercera 
persona hará constar la calificación permanente de la vivienda y sus anejos, si los 
hubiera, el régimen de protección correspondiente, los derechos de tanteo y retracto de 
la Generalitat, así como el régimen de notificaciones y comunicaciones previsto en la ley, 
todo lo cual deberá reflejarse en la respectiva inscripción registral.
Artículo 8.  Cesión de los derechos de adquisición preferente a los municipios.
1.  La Generalitat podrá ceder los derechos de adquisición preferente al municipio 
donde radique la vivienda objeto de tanteo o retracto, que podrá ejercerlos directamente 
o a través de cualquier ente del sector público institucional en quien hubiera delegado las 
competencias en materia de vivienda.
2.  La  cesión  de  los  citados  derechos  se  formalizará  mediante  la  firma  de  un 
convenio en el que se determinarán las condiciones de la cesión y, en especial, las 
relativas al destino de los inmuebles y a los criterios para su adjudicación. En todo caso, 
la Generalitat se reservará la preferencia en el ejercicio de estos derechos. Sin perjuicio 
de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», cuando así proceda, 
la conselleria competente en materia de vivienda remitirá al decanato del Colegio de 
Registradores de Comunidad Valenciana y al Colegio Notarial de València el texto de los 
convenios celebrados.
3.  Si la Generalitat no comunicara al municipio cesionario, en el plazo de diez días 
naturales, el ejercicio de su preferencia, los derechos de adquisición preferente se 
entenderán cedidos al municipio con quien se hubiese suscrito el convenio, que podrá 
ejercitarlos de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. No obstante, si el 
municipio decidiere no ejercitar los mencionados derechos, lo pondrá en inmediato 
conocimiento  de  la  conselleria  competente  en  materia  de  vivienda,  quien  podrá 
ejercitarlos de manera subsidiaria.
4.  La Administración o entidad cesionaria que ejercite los derechos de adquisición 
preferente asumirá íntegramente los gastos que genere la transmisión, así como el 
abono del precio a la persona transmitente o cualquier otro gasto análogo derivado, 
directa o indirectamente, de la transmisión.
5.  Las viviendas y sus anejos adquiridos por los municipios mediante el ejercicio de 
los derechos de adquisición preferente cedidos conforme a este artículo se calificarán 
como viviendas protegidas con carácter permanente por su mera adquisición, quedando 
incorporadas al régimen de protección pública a todos los efectos y sin límite temporal, y 
sujetas  a  los  derechos  de  adquisición  preferente  a  favor  de  la  Generalitat.  Dichas 
circunstancias se harán constar en el documento público en el que se formalice la 
adquisición y en su inscripción registral en los términos previstos en el artículo cinco.
6.  La cesión de los derechos de adquisición preferente a favor de los municipios 
queda limitada al primer ejercicio de cualquiera de los citados derechos en relación con 
cada vivienda, sin perjuicio de que el segundo o sucesivo ejercicio del mismo pueda ser 
también objeto de cesión.
Artículo 9.  Colaboración con los entes locales en la gestión del parque público de  b
vivienda que se adquiera en el ejercicio de los derechos de adquisición preferente. 89ww
uesnoti d1tae. dmeLpsao  rdaGel le dnseee crlaatoslirt a vpitv úpiebonlidcdroaá s y s dueesn ctsirduiba tidrit eucsloa nrpivdrieavndai docasos nc  solainn   fliáonnsai lmimdoau dnd iedc eiplu icocorson,  trmpibaaurnairc  loaam  ucunenasi idómanad ydeoesr,l    OE-A-2020-95able en https://
eficacia y proximidad en la gestión del parque público de viviendas.
2.  Los convenios establecerán los derechos y obligaciones de cada una de las 
partes, así como las condiciones de utilización de las viviendas cedidas y, en particular, 
el destino autorizado que deba darse a las mismas, el cual deberá facilitar, en todo caso, 
el  disfrute  de  vivienda  para  familias,  personas  y  colectivos  con  escasos  recursos 
económicos o en situación de vulnerabilidad.
3.  La conselleria competente en materia de vivienda facilitará a los municipios, 
mancomunidades, entidades de derecho público y sin ánimo de lucro que así lo soliciten 
la relación de viviendas disponibles a los efectos de que puedan solicitar la cesión del 
uso temporal las mismas.
TÍTULO II
Los derechos de adquisición preferente en transmisiones singulares
CAPÍTULO I
Ejercicio de los derechos de adquisición preferente en transmisiones singulares
Artículo  10.  Titularidad,  competencia  y  transmisiones  de  viviendas  sujetas  a  los 
derechos de adquisición preferente.
1.  La Generalitat es titular de los derechos de tanteo y retracto respecto de las 
siguientes transmisiones de vivienda:
a)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas y sus anejos que 
hubieren sido adquiridas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria.
b)  Derecho de retracto en las transmisiones de viviendas y sus anejos que hubieren 
sido adquiridas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria o en un procedimiento de 
venta extrajudicial en sede notarial.
c)  Derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de edificios, con un mínimo de 
cinco  viviendas,  cuyo  destino  principal  sea  el  residencial,  cuando  se  transmita  un 
porcentaje igual o superior al 80 % de dicho edificio y aun cuando dicha operación se 
realice mediante la venta de acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo 
objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.
d)  Derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta referidas a diez o más 
viviendas y sus anejos, y aun cuando dicha operación se realice mediante la venta de 
acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con 
la actividad inmobiliaria.
Los  citados  derechos  de  tanteo  y  retracto  podrán  ejercerse  por  la  conselleria 
competente en materia de vivienda de conformidad con las disposiciones del presente 
título.
2.  Se excluye el ejercicio de los citados derechos en caso de concurrencia con 
otros derechos de adquisición preferente de carácter legal cuando éstos fueren ejercidos 
por otras administraciones o personas a cuyo favor estuvieran establecidos. Si estas 
administraciones o personas decidieran no ejercitar su derecho en el plazo legalmente 
establecido para ello, la Generalitat podrá optar por el ejercicio del propio en el plazo de 
sesenta días a contar a partir de aquél en que finalice el plazo del derecho legal 
concurrente.
3.  Como  requisito  esencial  para  la  procedencia  de  los  citados  derechos,  las  e.
viviendas sobre las que se podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto deberán  w.
estar ubicadas en los municipios incluidos en las áreas de necesidad de vivienda o, en  89ww
su c4a.s o,E esnte s udse árerecahso  ddee in faludeqnucisiaic.ión  preferente  afecta  a  la  primera  y  posteriores
tmraunnsicmipisioiosn eesn  dloes l aqsu vei vsieen duabsiq uy eend icfiocniotsin úperenv iisntcolsu ideons e le anp laarsta ádroe apsri mdeer on emcieesnitdraads  ldoes   BOE-A-cable e
vivienda  declaradas  por  la  Generalitat,  o  en  sus  áreas  de  influencia  si  han  sido 
declaradas, o en las áreas de necesidad de vivienda declaradas por los municipios.
5.  Los derechos de adquisición preferente recogidos en este artículo se ejercitarán 
conforme a las previsiones del presente título y, en todo lo no previsto, les será de 
aplicación lo dispuesto para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de viviendas 
de protección pública en la medida en dicha regulación resulte compatible. En particular, 
resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos cinco, seis, siete, ocho y nueve de 
este decreto ley.
Artículo 11.  Procedimiento para el ejercicio de los derechos de tanteo en transmisiones 
singulares.
1.  La decisión de transmitir toda vivienda o edificio incluidos en cualquiera de los 
supuestos sujetos a tanteo conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, y ubicados 
en los municipios incluidos en las áreas de necesidad de vivienda o en sus áreas de 
influencia declaradas, deberá ser notificada por parte de la persona titular transmitente a 
la  conselleria  competente  en  materia  de  vivienda.  La  notificación  comprenderá  el 
contenido previsto en el artículo dos de este decreto ley y deberá acompañarse de la 
correspondiente documentación acreditativa.
2.  Notificada la decisión de transmitir, la Generalitat podrá ejercer el derecho de 
tanteo de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo dos de esta ley.
3.  Cuando se ejerza el derecho de tanteo previsto en este artículo, el precio de 
adquisición será el que se hubiere fijado para la transmisión objeto de tanteo.
Artículo  12.  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  los  derechos  de  retracto  en 
transmisiones singulares.
1.  Las personas adquirentes de toda vivienda o edificio incluidos en cualquiera de 
los supuestos sujetos a retracto conforme a lo dispuesto en el artículo diez y ubicados en 
los municipios incluidos en las áreas de necesidad de vivienda o en sus áreas de 
influencia  declaradas,  deberán  notificar  la  transmisión  efectuada  a  la  conselleria 
competente en materia de vivienda por cualquier medio que permita tener constancia de 
su  recepción  en  el  plazo  de  quince  días  naturales  a  contar  desde  la  misma.  La 
notificación comprenderá el contenido previsto en el artículo tres de este decreto ley 
deberá acompañar una copia del documento en que se hubiere formalizado.
2.  Notificada la transmisión efectuada, la Generalitat podrá ejercer el derecho de 
retracto en los supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo tres 
de esta ley.
3.  Cuando se ejerza el derecho de retracto previsto en este artículo, el precio de 
adquisición será el que se hubiere fijado en la transmisión objeto de retracto.
CAPÍTULO II
Municipios sujetos a los derechos de adquisición preferente en transmisiones 
singulares
Artículo 13.  Municipios sujetos a los derechos de adquisición preferente.
1.  Con el objeto de establecer las áreas de necesidad de vivienda, la Generalitat, a 
través de la conselleria competente en materia de vivienda, elaborará y aprobará un  e.
Catálogo de áreas de necesidad de vivienda que podrá comprender todas aquellas áreas  w.
en las que el acceso a la vivienda resulte afectado negativamente por un fenómeno  89ww
soci2a.l , eTceonndórmánic ola,  dceomnsoigdreárfaiccoió, ng edoeg rmáfuicnoic, icpliiomsa tsoulójegtiocso  ao  dloes s daelurde cphúobsli cdae. adquisición
pnreecfeesreidnated  deen  vitvriaennsdma isqiuoen ehsu bsieinrgeunl asrideos  daeqculaerlalodsa sq eu ein csleu iduabsi qeune ne l ceant állaosg oá dreea ásr edaes   BOE-A-cable e
de necesidad de vivienda, así como aquellos municipios que se ubiquen en sus áreas de 
influencia y se hagan constar en el referido catálogo.
3.  Los municipios podrán delimitar las áreas de necesidad de vivienda de su ámbito 
territorial para su inclusión en el catálogo de áreas de necesidad de vivienda. La referida 
delimitación incluirá todo o parte del municipio y requerirá la elaboración de un informe 
técnico de necesidad que justificará la afectación negativa del acceso a la vivienda 
conforme  a  cualquiera  de  los  fenómenos  previstos  en  el  apartado  anterior  y  la 
delimitación territorial de las áreas incluidas.
Las áreas de necesidad de vivienda delimitadas en el informe técnico deberán ser 
aprobadas por acuerdo del pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
miembros de la corporación.
Una vez adoptado el acuerdo anterior, se remitirá a la conselleria competente en 
materia de vivienda, que comprobará, con carácter previo a su inclusión en el catálogo 
de áreas de necesidad de vivienda, que el informe técnico se ajusta a los anteriores 
parámetros.
Artículo 14.  Actualización y publicidad de las áreas de necesidad de vivienda.
1.  El catálogo de áreas de necesidad de vivienda se actualizará cuando se revisen 
los  parámetros  de  afectación  negativa  del  acceso  a  la  vivienda  previamente 
considerados y se aprueben las nuevas áreas de necesidad de vivienda conforme a los 
parámetros revisados, o cuando se apruebe la inclusión de una nueva área de necesidad 
de vivienda declarada por un municipio.
2.  La disposición reglamentaria que apruebe las áreas de necesidad de vivienda 
declaradas por la Generalitat o apruebe la inclusión de una nueva área de necesidad de 
vivienda declarada por un municipio, será publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana» y será aplicable durante un periodo de diez años desde su publicación.
Artículo 15.  Comunicación de las áreas de necesidad de vivienda.
1.  Sin perjuicio de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», 
la conselleria competente en materia de vivienda comunicará al Decanato del Colegio de 
Registradores de Comunidad Valenciana y al Colegio Notarial de València las áreas de 
necesidad de vivienda recogidas en el catálogo de áreas de necesidad de vivienda a las 
que les resultará de aplicación los derechos de tanteo y retracto contenidos en este título 
y demás previsiones de esta ley, así como cualquier actualización de las mismas.
2.  Así mismo, la conselleria competente en materia de vivienda comunicará a los 
municipios incluidos en el referido catalogo su afección como áreas de necesidad de 
vivienda para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, a efectos de que puedan 
solicitar que los derechos de adquisición preferente que pudieren corresponder a la 
Generalitat se ejerciten a su favor o les sean cedidos mediante la celebración del 
correspondiente convenio.
CAPÍTULO III
Adjudicación de viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de 
adquisición preferente en transmisiones singulares
Artículo 16.  Destino y adjudicación de las viviendas adquiridas. s
1.  Las viviendas o edificios adquiridos en virtud del ejercicio de los derechos de  w.
adquisición preferente regulados en este título serán destinados a personas en situación  89ww
dmeo mvuelnnteor apbairliad aedl  aoc cqeusoe  ar elaúsn avniv ielonsd aresq dueis pitroost escoccióione pcúobnlóicma.icos establecidos en cada
arre2g.l o aL alo as dcjuridteicriaocsi ódne  daed juladsic avcivióienn ddaes v ipvoiern pdaarst ep údbel iclaa sG qeunee srael iteant csuee nrtereanli zvaigráe nctoens   BOE-A-cable e
en cada momento y, especialmente, con respeto al orden de prelación que resulte, salvo 
en los casos de adjudicaciones de viviendas o edificios destinados a situaciones de 
emergencia en el ámbito de la vivienda o en los casos de adjudicación a los anteriores 
titulares de la propiedad o personas que hubiesen consolidado un derecho subjetivo 
respecto de las viviendas sobre las que se ha ejercido el derecho de tanteo o retracto.
3.  Si se ejerciera el derecho de tanteo o retracto a favor de tercera persona, la 
persona beneficiaria se someterá a los criterios que establezca la Generalitat respecto 
del destino de la vivienda y, en particular, al régimen de calificación permanente que, en 
todo caso, resulta de aplicación por su mera adquisición conforme al artículo cinco y el 
artículo siete de este decreto ley.
4.  El uso temporal de estas viviendas o edificios podrá cederse a los entes locales, 
entidades del sector público con competencias en materia de vivienda o asociaciones sin 
ánimo de lucro que realicen funciones de reinserción de colectivos en situación de 
vulnerabilidad  para  la  gestión  de  su  uso,  mantenimiento  y  adjudicación,  debiendo 
respetar la administración o entidad cesionaria, en todo caso, el destino y los criterios de 
adjudicación específicos que establezca la Generalitat.
Artículo 17.  Calificación permanente de las viviendas adquiridas.
Las  viviendas  adquiridas  mediante  el  ejercicio  de  los  derechos  de  adquisición 
preferente previstos en este título se calificarán como viviendas protegidas con carácter 
permanente por su mera adquisición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
cinco de este decreto ley, cuyo contenido resulta de aplicación en toda su extensión.
Disposición adicional primera.  Modificación de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Vivienda de la Comunidad Valenciana.
Se modifica la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad 
Valenciana, en los siguientes términos:
1.  Se añade un apartado 3 al artículo 46 con la siguiente redacción:
«3.  La  calificación  permanente  supone  la  incorporación  al  régimen  de 
protección pública de toda edificación, vivienda o suelo residencial adquirido por la 
Generalitat, a todos los efectos y sin límite temporal. Dicha calificación se realizará 
automáticamente en los casos expresamente previstos en la ley, o mediante acto 
administrativo expreso en el resto de supuestos.
La  protección  alcanzará  a  los  elementos  y  supuestos  recogidos  en  el 
artículo 45 de esta ley y concretará el régimen de uso, las formas de acceso, 
limitaciones  y  demás  condiciones  que  resulten  de  aplicación,  las  cuales  se 
determinarán por disposición reglamentaria.
La referida calificación podrá acordarse aun cuando ello suponga un cambio 
del régimen de protección vigente al tiempo de la adquisición».
2.  Se añade un apartado 20 al artículo 68 con la siguiente redacción:
«20.  Transmitir o adquirir una vivienda o edificio sujetos a los derechos de 
adquisición preferente sin notificación a la conselleria competente en materia de 
vivienda, así como transmitirla sin autorización, transmitirla después de haber 
caducado los efectos liberatorios de la notificación de la transmisión realizada o  s
transmitirla en condiciones distintas a las autorizadas». o
3.  Se añade un apartado 21 al artículo 68 con la siguiente redacción: 89ww
«21.  El  incumplimiento  del  deber  de  colaboración  en  el  ejercicio  de  los
idnemreucehboles  od ela  aednqtrueisgiac iódne  lpar einfeforermntaec, iónne goa nddooc uminejunsttaifcicióand armeqeuneteri deals , aacscíe scoo maol 
toda acción que impida u obstaculice el ejercicio de tales derechos».
4.  Se da contenido al punto 12 del artículo 69 con la siguiente redacción:
«12.  El  incumplimiento  por  parte  de  los  organismos  y  funcionarias  y 
funcionarios  públicos  de  las  obligaciones  contenidas  en  el  procedimiento  de 
adquisición preferente, determinará la imposición de las sanciones procedentes de 
acuerdo con el régimen disciplinario que les resulte de aplicación».
Disposición adicional segunda.  Modificación de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la 
función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Se modifica el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la 
función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, que queda redactado en los 
términos siguientes:
«1. La conselleria competente en materia de vivienda establecerá un sistema 
voluntario de obtención o de oferta de viviendas privadas para su puesta en 
alquiler, en el que se incluirán necesariamente las inscritas en el Registro de 
viviendas  deshabitadas  y  las  adquiridas  a  consecuencia  del  ejercicio  de  los 
derechos de tanteo y retracto que no estén destinadas a otros fines sociales o de 
aquellas otras acciones dirigidas a garantizar el uso social de la vivienda previstas 
por esta ley».
Disposición adicional tercera.  Servicio electrónico para adquisiciones preferentes.
A los efectos de las comunicaciones y notificaciones de organismos y funcionarias y 
funcionarios públicos previstas en este decreto ley, se habilitará un servicio electrónico 
para adquisiciones preferentes que dependerá de la conselleria competente en materia 
de vivienda. El servicio electrónico para adquisiciones preferentes se habilitará en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este decreto ley.
Disposición transitoria primera.  Aplicación del ejercicio de los derechos de adquisición 
preferente en transmisiones singulares.
Los  derechos  de  tanteo  y  retracto  en  transmisiones  singulares  resultarán  de 
aplicación a las transmisiones sujetas que se realicen desde la entrada en vigor de esta 
norma respecto de viviendas y edificios ubicados en las áreas de necesidad de vivienda 
que hubieren sido adquiridos después de la entrada en vigor de la Ley 8/2004, de 20 de 
octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio de los derechos de adquisición 
preferente regulados en este decreto ley.
1.  Los derechos de adquisición preferente regulados en el título primero, tras la 
entrada en vigor del presente decreto ley, se aplicarán directa e íntegramente a las 
segundas y sucesivas transmisiones de viviendas de protección pública de promoción 
privada, cuya fecha de calificación definitiva sea posterior a la entrada en vigor de la 
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.
En el caso de las viviendas de protección pública de promoción pública, los derechos 
de adquisición preferente regulados en el título primero, tras la entrada en vigor del 
presente decreto ley, se aplicarán directa e íntegramente a las segundas y sucesivas  s
transmisiones  de  viviendas,  durante  todo  el  periodo  de  vigencia  del  régimen  de  oe.
protección que corresponda y aún cuando su cédula de calificación definitiva fuera  w.
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Ley  8/2004,  que  no  hubieren  finalizado,  continuarán  su  tramitación  conforme  a  las
disposiciones de este decreto ley, incluidas las disposiciones relativas a la calificación 
permanente de las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tales derechos.
3.  Los procedimientos de adquisición preferente iniciados y concluidos al amparo 
de la Ley 8/2004, en caso de impugnación de la firmeza de dichos actos jurídicos, se 
regirán  por  el  régimen  legal  que  resultó  de  aplicación  en  dicho  procedimiento,  sin 
perjuicio de la aplicación complementaria de la regulación contenida en el presente 
decreto ley, en lo que no sea contraria al citado régimen legal.
4.  Desde la entrada en vigor de esta norma, cualquier referencia realizada por una 
disposición normativa a lo dispuesto en los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 8/2004, 
de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana, se entenderá realizada a 
lo dispuesto en el presente decreto ley.
Disposición  transitoria  tercera.  Notificaciones  y  comunicaciones  de  organismos  y 
funcionarias y funcionarios públicos.
En tanto no esté habilitado el servicio electrónico para adquisiciones preferentes, los 
organismos y funcionarias y funcionarios públicos obligados a realizar comunicaciones o 
notificaciones a la conselleria competente en materia de vivienda con relación a los 
derechos de adquisición preferente dirigirán sus comunicaciones o notificaciones a la 
dirección territorial competente en materia de vivienda que corresponda, atendida la 
ubicación de la vivienda o edificio objeto de transmisión.
Disposición  transitoria  cuarta.  Municipios  incluidos  en  las  áreas  de  necesidad  de 
vivienda.
1.  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto ley, la 
conselleria  competente  en  materia  de  vivienda  aprobará  el  catálogo  de  áreas  de 
necesidad de vivienda que comprenderá las áreas de necesidad de vivienda declaradas 
por  la  Generalitat  y,  en  su  caso,  sus  áreas  de  influencia,  así  como  las  áreas  de 
necesidad que hubiesen sido declaradas por los municipios, previa comprobación de que 
el informe técnico municipal se ajusta a los requisitos previstos en este decreto ley.
2.  En tanto no se apruebe el citado catálogo de áreas de necesidad de vivienda, a 
los efectos del ejercicio de los derechos de adquisición preferente en transmisiones 
singulares, los municipios incluidos en las áreas de necesidad de vivienda son los que 
figuran en la Resolución de 15 de abril de 2019, de la Presidencia de la Generalitat, 
sobre la asignación de la línea específica del fondo de Cooperación Municipal para la 
lucha contra el Despoblamiento de los municipios de la Comunitat Valenciana y en el 
Informe de Necesidad de Vivienda en la Comunitat Valenciana de 2020 realizado por el 
Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana, que figuran como anexo I y anexo II, 
respectivamente.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a)  Los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda 
de la Comunitat Valenciana.
b)  La disposición transitoria segunda del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda.
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario. w.b
Se faculta al Consell para desarrollar y ejecutar este decreto ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana». 
València, 5 de junio de 2020.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.–El 
Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Ruben 
Martinez Dalmau.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8832 bis, de 11 de junio de 2020)