BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126845
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16906 Resolución  de  8  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora mercantil y de bienes muebles de Barcelona n.º 10 a 
inscribir  el  nombramiento  de  los  recurrentes  como  administradores 
mancomunados de una compañía mercantil.
En el recurso interpuesto por doña S. y don J. M. H. contra la negativa de la 
registradora Mercantil y de Bienes Muebles X de Barcelona, doña María Azucena Bullón 
Manzano,  a  inscribir  el  nombramiento  de  los  recurrentes  como  administradores 
mancomunados de la compañía mercantil «Inmobiliaria Moure, S.A.».
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 20 de noviembre de 2020 por el notario de 
Barcelona, don Francisco Javier Fernández Alonso, con el número 2.646 de protocolo, 
se procedió a elevar a público uno de los acuerdos adoptados por la junta general 
ordinaria de accionistas de «Inmobiliaria Moure, S.A.», celebrada con carácter universal 
el día 21 de octubre de 2019, y cuyo desarrollo constaba en acta autorizada por el 
mismo notario en tal fecha y con el número 2.797 de su protocolo. En concreto, el 
acuerdo que se formalizaba era el correspondiente al nombramiento, por plazo de cinco 
años, de doña S. y don J. M. H. como administradores mancomunados, aprobado por 
el 75% de los votos correspondientes a las acciones concurrentes, que, por ser junta 
universal, era la totalidad de las que integraban el capital social con derecho a voto.
En los estatutos sociales de la compañía, se establecía con carácter general un 
quórum  de  asistencia  reforzado  para  la  constitución  de  las  juntas  generales  de 
accionistas y una mayoría cualificada para la adopción de acuerdos. Con arreglo al 
artículo 14 «para que la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas pueda adoptar 
válidamente  cualquier  acuerdo  social,  necesitará,  en  primera  convocatoria,  la 
concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 85% 
del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria, será suficiente la 
concurrencia del 80% de dicho capital»; y conforme al artículo 16 «cada acción dará 
derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán por una mayoría de más de un 75% de 
los votos emitidos, excepto en aquellos casos en que la Ley exigiera otro número 
determinado de votos».
II
Presentada el día 20 de abril de 2021 la referida escritura en el Registro Mercantil de 
Barcelona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«El  Registrador  que  suscribe,  previo  el  consiguiente  examen  y  calificación  del  es
documento,  de  conformidad  con  los  artículos  18  del  Código  de  Comercio  y  6  del  o
Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto no practicar la inscripción solicitada  906ww
confHoermcheo as :los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Diario/Asiento: 1344/1699.
Fecha de la presentación: 20/04/2021.
Entrada: 41053261.
Sociedad: Inmobiliaria Moure, S.A.
Documento  calificado:  escritura  otorgada  ante  el  notario  D.  Francisco  Javier 
Hernández Alonso, n.º 2646/2020. documento complementario: acta notarial autorizada 
por el citado notario, n.º 2797/2019, presentada telemáticamente en el departamento de 
cuentas  anuales  el  20/04/2021,  formando  parte  de  los  expedientes  de  los 
ejercicios  2016,  2017  y  2018,  cuyos  asientos  de  presentación  2264,  2265  y  2266 
respectivamente del diario 1154, se encuentran vigentes.
Fecha de la calificación: 06/05/2021.
Fundamentos de Derecho (defectos).
1.  (…)
2.  Escritura n.º 2646/2020 antes citada:
A la vista del contenido de la referida acta notarial presentada en esta oficina 
el 20/04/2021, resulta lo siguiente:
El voto favorable del 75,00% del capital social para acordar el nombramiento de 
administradores, no cumple lo establecido en los estatutos sociales, que exigen “una 
mayoría de más del 75% de los votos emitidos” (arts.16 de los estatutos sociales 
inscritos y 201 de la Ley de Sociedades de Capital).;
3.  (…)
Los defectos consignados tienen carácter subsanable.
Contra la presente calificación puede (…)
El registrador (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos de la 
registradora)».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña S. y don J. M. H. interpusieron recurso el 
día 11 de junio de 2021 mediante escrito en los siguientes términos:
«(…)  Que  de  conformidad  con  los  artículos  66,  322  y  siguientes  de  la  Ley 
Hipotecaria,  interpongo  recurso  gubernativo  frente  a  esta  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, frente a la calificación negativa del Registro Mercantil 
de Barcelona, por la que deniega la inscripción del nombramiento de administradores a 
favor de los recurrentes y de conformidad a los siguientes:
Motivos:
Primero.–Que mediante Junta Universal de Socios de la mercantil Inmobiliaria Moure 
S.A., que tuvo lugar el 21 de octubre de 2019, que tuvo el carácter de Junta Notarial 
autorizada  por  el  Notario  de  Barcelona,  Don  Francisco-Javier  Hernández  Alonso, 
figuraba en el Primero Punto del Orden del día el siguiente:
Elección y nombramientos de los cargos del órgano de administración por el plazo 
estatutario.
Tras las correspondientes propuestas de nombramientos, los aquí recurridos quedaron  e.
nombrados como administradores con una votación del 75,0 por ciento del capital social,  w.b
siendo que el restante 25,0 por ciento del capital social votaron en contra (…) 906ww
pFúrabnlSicceiosgscu onlo-dJsoa .av–iceQurue erHd, oescrn odánen  dpneoozsm,t ebrariaoumrtoidireaizndat,od salo  dsee  la cqadurígía o rse2 cm0u errddeeian ntenteso  vApiecromtacb eNrdeoi etardoreina   [2as0 ic2e] 0lde, eva bdra ojona    OE-A-2021-16able en https://
protocolo 2646 (…)
Tercero.–Presentada la correspondiente escritura de nombramiento de cargos ante el 
Registro Mercantil de Barcelona, y mediante nota de calificación negativa relativa a la 
inscripción del nombramiento de cargos del órgano de administración de la sociedad 
Inmobiliaria Moure S.A., se expresa la denegación de la inscripción por la siguiente 
razón:
El voto favorable del 75,00% del capital social para acordar el nombramiento de 
administradores, no cumple lo establecido en los estatutos sociales, que exigen “una 
mayoría de más del 75% de los votos emitidos”.
La justificación de la denegación, que consideramos infundada, viene por la siguiente 
norma estatutaria.
Artículo 16.  Cada acción dará derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán por 
una mayoría de más de un 75% de los votos emitidos, excepto en aquellos casos en que 
la Ley exigiera otro número determinado de votos.
Asimismo,  la  nota  de  calificación  negativa  de  la  inscripción  fundamenta  su 
denegación sobre la base de lo dispuesto en el artículo 201 de Ley de Sociedades de 
Capital, que
Artículo 201.  Mayorías.
1.  En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría 
simple  de  los  votos  de  los  accionistas  presentes  o  representados  en  la  junta, 
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra 
del capital presente o representado.
2.  Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital 
presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se 
adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos 
tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria 
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito 
con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
3.  Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados 
anteriores (…)
Cuarto.–Paralelamente a todo ello, en el Acta de Nombramiento de Cargos de la 
sociedad, quedó adjunta una Sentencia dictada por la Audiencia provincial de Barcelona 
de fecha 26 de septiembre de 2005, bajo el rollo de apelación 155/2005-2.ª de la Sección 
decimoquinta, en la que, en parte dispositiva o Fallo, literalmente se dice:
Y  dejamos  sin  efecto  la  declaración  de  nulidad  del  segundo  de  los  acuerdos 
adoptados en la Junta de la sociedad demandada, celebrada el 9 de abril de 2001, por el 
que se destituía a T. M. A. como coadministrador y se nombraba en su lugar a J. M. H., 
por considerar tal acuerdo válido.
Abundar que en aquel proceso judicial fueron partes, de un lado, C. M. P., T. M. A., R. 
P. G., M. M. P. y T. M. P., socios que representa en junto el 25,00% del capital Social de 
Inmobiliaria Moure S.A. y de otro lado, fue parte la propia sociedad Inmobiliaria Moure S.A.
El íter de la mencionada Sentencia, en lo que aquí interesa es que en Junta General 
de Accionistas de 9 de abril de 2001, se adoptó el acuerdo con una mayoría favorable 
del 75,0% del capital social y un voto en contra del 2,25 % del capital social, de destituir  s
en aquellos momentos al coadministrador T. M. A., nombrándose en su lugar a Don J. M.  oe.
H., aquí hoy recurrente. w.
En  aquella  Sentencia  se  interpretó  la  cláusula  Estatutaria,  Artículo  16  de  los  906ww
Eensctauteuntotrsa nS oecniatrlee s lodse  pIrnemviosbtoilsia reian  Meol uarert ícSu.lAo. , 1c0o3n cTluRyLeS Aqu, ep o“er sltoo s qauceu ererdsouslt anráo  dsee 
saip lpicaarcai ólan  eald roépgcimióne nd geel naecruael rddeol  adret ícpurolom 1o0v2e rT RlaL aScAc”i.ó An bsuoncdiaal  edne  erle rsapzoonnsaambiielidnatod  qquuee,   BOE-A-cable e
lleva  consigo  la  destitución  de  los  administradores  afectados,  no  pueden  exigirse 
mayorías  distintas  a  las  del  artículo  93  TRLSA,  y  consiguientemente  quórums  que 
impidan  la  aprobación  del  acuerdo  por  esta  mayoría  legal,  con  mayor  motivo  esta 
prohibición debería de extenderse a los acuerdos de separación y revocación de los 
administradores.  Sería  absurdo  que  para  lo  más,  que  lleva  consigo  lo  menos,  no 
operaran  las  mayorías  y  quórums  reforzados  estatutariamente,  y  sí  para  lo  menos 
cuando se acuerda aisladamente.
La expresada Sentencia tiene el carácter de autoridad de cosa juzgada entre las 
partes y por consiguiente de obligado cumplimiento para los socios de la sociedad.
Sería como se dice absurdo que el cese de un administrador pueda llevarse a cabo 
en junta aun cuando no conste en el orden del día o bien se exprese legalmente que los 
Estatutos sociales no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la toma 
del acuerdo del ejercicio de la acción social y producida ésta se exige un quorum 
reforzado estatutariamente para el nombramiento ad hoc del administrador para así 
evitar la cefalea de la sociedad, salvo ir contra el orden público societario.
Desde otro punto de vista, el artículo 201 de la Ley de Sociedades de Capital, para la 
sociedades anónimas, no contiene la misma previsión que el legislador hace para la 
sociedad  de  responsabilidad  limitada  (artículo  200  LSC),  pues  el  citado  precepto, 
contiene la norma general de que en la Sociedades Anónimas los acuerdos sociales se 
adoptan por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados 
y, si bien el número 3 del citado precepto expresa que los Estatutos sociales podrán 
elevar las mayorías, a diferencia de las sociedades de responsabilidad limitada, al ser 
más personalista, se expresa que el refuerzo estatutario de las mayorías lo será para 
“todos o alguno de los asuntos determinados”.
Es obvio que, si bien existe la previsión de reforzar las mayorías para la toma de 
acuerdos, pero no para todos los supuestos, se debe de evitar que con ella se produzca 
la unanimidad. En el presente caso, los socios que representan el 25.0% del capital 
social  y  que  no  votaron  a  favor  de  la  reelección  y  nombramiento  del  órgano  de 
administración a favor de los aquí recurrentes, utilizan sin duda alguna su participación 
como un verdadero derecho de veto, controlando cualquier acuerdo que se pretenda 
adoptar en la sociedad.
Así pues, a falta de previsión estatutaria de que las mayorías reforzadas de más 
del 75.0% de votos sea para todos los acuerdos, queda excluidos de dicha previsión los 
acuerdos de reelección y nombramiento del órgano de administración, evitando con ello 
una situación de acefalia de la sociedad contraria a lo dispuesto en el artículo 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.–El presente recurso de encuentra regulado en el artículo 66, así como en los 
artículo  322  y  siguientes  de  la  Ley  Hipotecaria,  estando  los  impugnantes  y 
comparecientes legitimados, de conformidad con lo que dispone el artículo 325 de dicho 
texto legal, y habiéndose interpuesto el recurso gubernativo en el plazo que contempla el 
artículo 236 [sic] de la Ley Hipotecaria y con los requisitos exigidos en el referido 
precepto, interesando se siga su tramitación conforme dispone el artículo 327 de dicho 
texto legal.
En su virtud,
A la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicito que, habiendo por 
presentado  este  escrito,  e  [sic]  sirva  admitirlo  junto  con  los  documentos  que  es  s
acompañan,  tena  [sic]  por  interpuesto  recurso  gubernativo  frente  a  la  calificación  oe.
cdnreaeevb gocoaca tairlvagna od tsdora e dmlla eR i tcaeaacgdliiimósfintcirn aodic smeitórle anprd crnoaeernsegetsailn  tddtiveeea    rBleadac eruSlc reoRslcooei enggdaisua,t bdreoe n Ir nMnomaredtorievcbonail  niaayt i rllia dad i icenMt saBocnuradirproecc  eieSólonn.An  dsa. eu (yl …  dnoío)ar,m d lrelbeenrvsaaaomnnludidecooni ó tlaano     2021-16906n https://www.
práctica  de  la  inscripción  correspondiente,  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el
artículo 327 de la Ley Hipotecaria».
IV
La registradora Mercantil y de Bienes Muebles X de Barcelona, doña María Azucena 
Bullón Manzano, emitió el preceptivo informe el día 28 de junio de 2021 y elevó el 
expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1281 del Código Civil; 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 93, 
131 y 134 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  Anónimas  (derogado  en  la 
actualidad); 159, 160, 200, 201, 214, 223 y 238 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1985, 4 de noviembre de 1992, 
307/2010, de 25 de mayo, 327/2013, de 24 de junio, 383/2014, de 7 de julio, 117/2015, 
de 5 de marzo, 316/2019, de 4 de junio, 445/2019, de 18 de julio, 529/2019, de 10 de 
octubre, y 150/2021, de 16 de marzo; la sentencia de la Sección Decimoquinta de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de septiembre de 2005; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de enero de 1994, de 18 de 
julio de 2005, 1 de febrero de 2008, 10 de mayo de 2011 y 26 de julio de 2019, y las 
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 22 de 
octubre y 12 de noviembre de 2020.
1.  Debe decidirse en este expediente sobre la inscripción de un acuerdo social 
relativo  al  nombramiento  de  dos  administradores  mancomunados  en  una  sociedad 
anónima,  adoptado  en  junta  universal,  con  el  voto  a  favor  del  75%  de  los  votos 
correspondiente a las acciones concurrentes y el voto en contra del restante 25%.
Para analizar la cuestión controvertida es imprescindible tener en cuenta, tal como se 
ha hecho constar en el primer apartado de los «Hechos», que en el régimen estatutario 
establecido con carácter general para la junta de accionistas se fija un quórum mínimo 
de asistencia y una mayoría reforzada para la adopción de acuerdos. Así, para la válida 
constitución de la junta, cualesquiera que sean los acuerdos a considerar, será necesaria 
la concurrencia, presentes o representados, de accionistas que posean al menos el 85% 
del capital suscrito con derecho a voto, en primera convocatoria, y del 80% en segunda 
convocatoria (artículo 14 de los estatutos sociales); además de ello, para la aprobación 
de acuerdos, se impone una mayoría cualificada de más del 75% de los votos emitidos, 
«excepto en aquellos casos en que la Ley exigiera otro número determinado de votos» 
(artículo 16 de los estatutos sociales).
2.  Presentada a inscripción la escritura en que se formalizó el referido acuerdo, fue 
calificada negativamente por la registradora Mercantil de Barcelona con el argumento de 
no haber sido adoptado por la mayoría reforzada exigida estatutariamente.
La  impugnación  la  fundamentan  los  recurrentes  de  manera  principal  en  una 
sentencia, cuyo texto se incorporó a la escritura calificada, dictada por la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta, número 407) el día 26 de septiembre 
de 2005, recaída en un recurso de apelación contra la de primera instancia recaída en un 
proceso de impugnación de acuerdos sociales, precisamente contra «Inmobiliaria Moure, 
S.A.», y que, según alegan, gozaría de fuerza de cosa juzgada en relación con el tema 
controvertido. s
Aunque la autoridad de cosa juzgada de la sentencia invocada por los recurrentes no  oe.
extendería imperativamente su influjo a la órbita de este Centro Directivo ni al ámbito  w.
aseedngm euilnr iidpsartrodac tjeiuvsrooí d,e icnna iq  deuexeis seatlec p ordneisssepejonast esic erióegncu uirlr esugona  slr eaq zudoeen saleemn viiemuneptlouv teed  (elsacui sAso dremiofe incditesotssrca)o,c nieóeln c rtneaosd pofue detoe  p aau rntleaa    2021-16906n https://ww
resolución judicial firme cuya eficacia afecta a todos los socios y a la propia sociedad
(artículo 222.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y que en este caso, según alegan, 
constituiría un antecedente lógico del objeto sobre el que ha de adoptarse la decisión.
3.  A los efectos que aquí interesan, la sentencia en torno a la que se articula el 
recurso versa sobre una impugnación de acuerdos sociales adoptados en una junta 
general, convocada judicialmente y celebrada en segunda convocatoria con asistencia 
del 77,25% del capital social con derecho a voto; en concreto, las decisiones sociales 
cuestionadas  consisten  en  la  destitución  de  un  administrador  mancomunado  y  el 
nombramiento de otra persona para cubrir la vacante así surgida.
La minoría impugnó los acuerdos por no concurrir el quórum estatutario del 80%, 
exigido por el artículo 14 de los estatutos sociales para la constitución de la junta en 
segunda  convocatoria,  resultando  aceptadas  sus  alegaciones  por  la  sentencia  de 
Primera Instancia. Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó 
que el derecho de veto atribuido a la minoría a través de las previsiones estatutarias 
aludidas «nunca puede ir en contra de normas de orden público societario, como las que 
conceden  a  la  Junta  general  la  facultad  no  sólo  de  acordar  la  acción  social  de 
responsabilidad contra los administradores, expresamente prevista en el art. 134.1.II 
TRLSA, sino también la de separación o revocación de dichos administradores (art, 131 
TRLSA)».
En el momento en que se dicta la sentencia, el artículo 131 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas establecía que «la separación de los Administradores 
podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta general», y el artículo 134.1, 
párrafo segundo, de la misma ley, respecto del acuerdo asambleario para el ejercicio de 
la  acción  social  de  responsabilidad  contra  los  administradores,  determinante  de  su 
destitución, ordenaba que «los Estatutos no podrán establecer una mayoría distinta de la 
prevista por el artículo 93 para la adopción de este acuerdo», es decir, una mayoría 
diferente de la ordinaria o simple.
Pues bien, continúa la sentencia con el siguiente argumento: «Si para la adopción de 
este acuerdo de promover esta acción social de responsabilidad, que lleva consigo la 
destitución de los administradores afectados (art. 134.2 TRLSA), no pueden exigirse 
mayorías distintas a las del art. 93 TRLSA, y consiguientemente quórums que impidan la 
aprobación  del  acuerdo  por  esta  mayoría  legal,  con  mayor  motivo  esta  prohibición 
debería extenderse a los acuerdos de separación y revocación de los administradores. 
Sería absurdo que para lo más, que lleva consigo lo menos, no operaran las mayorías y 
quórums  reforzados  estatutariamente,  y  sí  para  lo  menos  cuando  se  acuerda 
aisladamente». Persevera en su razonamiento aduciendo que «proyectar la referida 
exigencia estatutaria respecto del quorum de constitución de la junta para impedir un 
acuerdo de revocación del administrador, va en contra del principio de libre revocabilidad 
del cargo de administrador, cuando el resto del capital social no controlado por el 
administrador (...), que representa el 75% del capital social, pretende su destitución, y 
para ello insta la convocatoria judicial de la junta, comparece y vota a favor de la 
destitución». Y concluye que la exigencia estatutaria del quórum de constitución no 
resulta exigible «respecto del acuerdo de revocación del cargo de administrador».
En la actualidad, esta cuestión se encuentra regulada en los artículos 223 y 238 de la 
Ley de Sociedades de Capital. El principio de libre revocabilidad de los administradores 
aparece  plasmado  en  el  primero  de  ellos,  declarando  en  su  inicio  que  «los 
administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la junta 
general aun cuando la separación no conste en el orden del día», y precisando en su 
apartado segundo que «en la sociedad limitada los estatutos podrán exigir para el  e.
acuerdo de separación una mayoría reforzada que no podrá ser superior a los dos  w.b
tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital  906ww
esostcaiabll»e.c ePro ur nsau  mpaaryteo,r íeal  dairsttíicnutalo  a2 3la8 .o1r,d «inina rifain ep»a,r ap rleas acdriobpec qióune  dloesl  aecsutaetrudtoo sr enlaot ivpoo dar álan 
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invocada,  que  se  verían  si  acaso  confirmadas  por  el  argumento  a  contrario  que
proporciona el artículo 223.2 en relación con el apartado que le precede, y que vendría a 
recoger una particularidad tipológica para la sociedad de responsabilidad limitada.
4.  El valor de cosa juzgada que los recurrentes alegan en su impugnación es 
necesariamente el denominado efecto positivo o prejudicial, definido en el artículo 222.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los siguientes términos: «Lo resuelto con fuerza de 
cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal 
de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que 
sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa 
juzgada se extienda a ellos por disposición legal».
Respecto de esta cuestión, tiene declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia 
número 150/2021, de 16 de marzo que «la función positiva de la cosa juzgada consiste 
en que el tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica que es 
dependiente  de  otra  ya  resuelta  ha  de  atenerse  al  contenido  de  la  sentencia  allí 
pronunciada; o lo que es lo mismo, queda vinculado por aquel juicio anterior sin poder 
contradecir lo ya decidido. Es el efecto al que se refiere el artículo 222.4 LEC para el que 
no  se  exige  que  concurran  las  tres  identidades  que  integran  el  efecto  negativo  o 
preclusivo de la cosa juzgada, pues basta con la identidad subjetiva en ambos procesos, 
cualquiera que sean las posiciones que se ocupen en cada uno de ellos, y con que lo 
que se haya decidido en el primero constituya un antecedente lógico de lo que sea 
objeto del posterior (STS de 17 de junio de 2011, recurso n.º 1515/2007). La finalidad 
perseguida es evitar pronunciamientos contradictorios incompatibles con el principio de 
seguridad jurídica y, en consecuencia, con el derecho a la tutela efectiva cuando se está 
ante una sentencia firme que afecte a materias indisolublemente conexas con las que 
son  objeto  de  un  pleito  posterior»  (en  parecidos  términos,  las  Sentencias 
números 383/2014, de 7 de julio, 117/2015, de 5 de marzo, y 529/2019, de 10 de 
octubre). Tratando de precisar el alcance de la norma, la Sentencia número 327/2013, 
de 24 de junio, con cita de la número 307/2010, de 25 de mayo, señala que «el efecto 
prejudicial de la cosa juzgada vincula al fallo, pero también a los razonamientos de la 
sentencia cuando constituyan la razón decisoria» (en sentido semejante, las Sentencias 
números 316/2019, de 4 de junio, y 445/2019, de 18 de julio).
5.  La situación de hecho sobre la que la sentencia se pronuncia viene dada por el 
acuerdo adoptado en junta de accionistas, convocada judicialmente y celebrada en 
segunda convocatoria con un quorum inferior al establecido con carácter general en los 
estatutos,  consistente  en  destituir  a  uno  de  los  administradores  mancomunados  y 
designar al que ha de ocupar la vacante ocasionada. Tal como se ha señalado en la 
reseña, la fundamentación del fallo gira en torno a la prohibición expresa de elevar 
estatutariamente las mayorías ordinarias legales para el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad,  que  comporta  la  separación  de  los  administradores  (actualmente, 
artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital), y la implícita de hacerlo para el simple 
cese (actualmente, artículo 223 de la Ley de Sociedades de Capital).
Ciertamente, la sentencia mantiene la inaplicación del quórum de constitución más 
allá del estricto caso de la destitución «ad nutum» de un administrador, extendiéndolo a 
la subsiguiente designación del que haya de sustituirle, sin dedicar ninguna justificación 
específica a esa dilatación de efectos. Tradicionalmente, a la posibilidad de destitución 
de  administradores  por  la  junta  sin  necesidad  de  constancia  en  el  orden  del  día, 
expresamente prevista en la actualidad en el artículo 223.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital, se ha asociado la de nombrar a los administradores que les sustituyan, en la  e
misma junta y, por tanto, sin necesidad de previo anuncio, fundándola, a falta de una  bo
previsión legal específica, en la conveniencia de evitar situaciones de acefalia que  906ww
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de 2020, entre otras). Ante la ausencia de un argumento que aprecie un impedimento
obstaculizador  de  la  elevación  de  quórums  de  asistencia  o  el  establecimiento  de 
mayorías cualificadas para el ejercicio de la competencia general que los artículos 160.b) 
y 214.1 de la Ley de Sociedades de Capital asignan genéricamente a la junta de 
accionistas para el nombramiento de administradores, debe entenderse que la sentencia 
invocada  en  el  recurso  contempla  implícitamente  la  vinculación  entre  sí  de  ambas 
decisiones como un mecanismo único que permite solventar con presteza el vacío gestor 
causado por la libre revocabilidad de los administradores.
Si la sentencia se proyecta sobre el texto estatutario, resulta que su fallo excluye del 
ámbito de aplicación del artículo 14 (quórums de asistencia) un caso de destitución y 
subsiguiente  nombramiento  de  administradores,  sin  afectar  al  artículo  16  (mayoría 
reforzada con carácter general para la adopción de acuerdos), pues la junta cuestionada, 
y finalmente validada, se constituyó con asistencia del 77,25% del capital con derecho a 
voto y los acuerdos se tomaron por una mayoría del 97,087379% de los votos emitidos 
(75% del capital sobre el 77,25% asistente).
Acotado así el alcance de la sentencia firme cuya eficacia de cosa juzgada se 
pretende  hacer  valer  en  este  recurso,  procede  analizar  si  sus  pronunciamientos 
presentan una conexión indisoluble con la cuestión aquí controvertida.
Comenzando por los factores que identifican el punto de partida, resulta que el 
acuerdo  cuestionado  consiste  en  el  nombramiento  de  dos  administradores 
mancomunados no vinculado a la destitución previa de los titulares del cargo, y que el 
obstáculo advertido por la registradora se encuentra en la mayoría de votos por la que se 
toma el acuerdo (75% de los votos presentes) y no por el quórum de asistencia (100%), 
de manera que el pasaje estatutario vulnerado sería el artículo 16 (mayoría superior 
al 75% de los votos emitidos para la adopción de acuerdos con carácter general) y no el 
artículo 14 (quórums de asistencia), como sucedía en el caso de la sentencia.
Sentada la disparidad en las respectivas situaciones de partida, resta por examinar, 
en línea con lo indicado por el Tribunal Supremo en sus Sentencias números 307/2010, 
25 de mayo, 327/2013, de 24 de junio, 316/2019, de 4 de junio, y 445/2019, de 18 de 
julio, la aplicabilidad a este caso de los argumentos esgrimidos por la sentencia como 
razón decisoria. Tal como ha quedado expuesto, la fundamentación se centra en la 
elevación indirecta, vía quorum de asistencia, de la mayoría requerida para la destitución 
de administradores, efecto que considera contrario a normas de orden público societario 
que conceden a la junta general la facultad no sólo de acordar por mayoría ordinaria la 
acción social de responsabilidad contra los administradores, expresamente prevista en la 
actualidad en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital, sino también la 
separación o revocación de ellos (actualmente, artículo 223 de la Ley de Sociedades de 
Capital);  sin  embargo,  guarda  silencio  sobre  la  regularidad  de  la  misma  elevación 
indirecta de mayorías respecto del nombramiento del administrador que haya de sustituir 
al destituido, aunque la da por válida en el fallo, vinculando ambas decisiones sociales. 
Así las cosas, contemplado el acuerdo social de nombramiento de administradores 
mancomunados desligado de un acuerdo previo de destitución de los que ocuparan el 
cargo, los argumentos de la sentencia, referidos en exclusiva al antecedente que en este 
caso no concurre, no resultan aplicables ni pueden tener el efecto prejudicial de cosa 
juzgada previsto en el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6.  Descartado el efecto positivo de cosa juzgada invocado para la sentencia de la 
Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (sección  Decimoquinta,  número  407)  de  26  de 
septiembre  de  2005,  resta  por  considerar  el  motivo  impugnatorio  final  relativo  al 
requerimiento de unanimidad que, a juicio de los recurrentes, provocan de hecho las  e.
mayorías exigidas por el artículo 16 de los estatutos sociales (75% de los votos emitidos)  w.b
en un caso como el examinado, en el que «los socios que representan el 25% del capital  906ww
asodcmiainl isyt raqcuióen  nao  favvootra rdoen  loas  afaqvuoír  redceu rrlae nrteese,l euctciliiózna n ys inn odmudbara malgieunntoa  sdue lp aórrtgicaipnaoc iódne 
caodmopot aur ne vne rlad asdoecroie ddaedre»c. hAon dtee  lvae tsoi,t ucaocniótrno laansdí od ecsucarliqtau,i epr raocpuoenredno  qquuee,  s«ea  pfraelttae nddae 
previsión estatutaria de que las mayorías reforzadas de más del 75.0% de votos sea
para todos los acuerdos de reelección y nombramiento del órgano de administración, 
evitando con ello una situación de acefalia de la sociedad contraria a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital».
El argumento no puede ser aceptado. En primer lugar, por el dato, de puro hecho, de 
que el porcentaje del 25%, ostentado por la minoría, no está en poder de un único 
accionista, de forma que bastaría que uno solo de esos socios votara a favor del acuerdo 
para que, sin llegar a la unanimidad, resultara aprobado. Así se desprende de la propia 
redacción del recurso cuando se refiere a «los socios que representan el 25%», y se 
confirma con la lectura del acta de junta universal de socios autorizada por el notario de 
Barcelona, don Francisco Javier Hernández Alonso, el día 21 de octubre de 2019, con el 
número 2.797 de su protocolo, documento aportado junto con el recurso.
En segundo lugar, porque, en palabras de la Resolución de esta Dirección General 
de 13 de enero de 1994, «el refuerzo de las mayorías no plantea problemas siempre que 
no alcance los aledaños de la unanimidad». El artículo 201.3 de la Ley de Sociedades de 
Capital, al prever que los estatutos sociales puedan elevar las mayorías y los quórums 
de asistencia legalmente establecidos, a diferencia de lo que hace el artículo precedente 
con referencia a las sociedades de responsabilidad limitada, no impide de manera 
expresa  «llegar  a  la  unanimidad»;  no  obstante,  la  imposición  de  ese  límite  resulta 
absolutamente innecesaria al ser la junta general el órgano encargado de decidir «por la 
mayoría legal o estatutariamente establecida» en los asuntos propios de su competencia 
(artículo  159.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital),  y  resultar  contraria  a  ello  la 
exigencia de unanimidad. En definitiva, con la frontera indicada, los estatutos pueden 
reforzar las mayorías legalmente previstas, aunque, en una determinada coyuntura de 
distribución del capital, la adopción de acuerdos requiera el respaldo de todos los socios.
Y tampoco resulta admisible la interpretación sugerida por los recurrentes por ser 
contraria al sentido gramatical del texto, pues el artículo 16 de los estatutos fija la 
mayoría para «los acuerdos» en general, exceptuando únicamente los casos «en que la 
Ley exigiera otro número determinado de votos». Baste citar el artículo 1281 del Código 
Civil cuando indica que «si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre 
la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas», salvo que 
«las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes», en cuyo 
caso «prevalecerá ésta sobre aquéllas». La redacción de la cláusula estatutaria es 
meridianamente clara y, frente al designio de que todas las decisiones corporativas 
cuenten con un amplio respaldo de la base social, nada prueba un efecto que no es más 
que la consecuencia del régimen de mayorías libremente fijado dentro del marco de 
autonomía que la ley permite.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y 
confirmar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 8 de septiembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.