BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Miércoles 28 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 50285
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6923 Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora  de  la  propiedad  de  Lugo  n.º  2,  por  la  que  se  deniega  la 
inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional de 
herencia.
En el recurso interpuesto por don S. I. S. L. contra la calificación de la registradora de 
la Propiedad de Lugo número 2, doña María Núñez Núñez, por la que se deniega la 
inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 22 de noviembre de 2019 por la notaria de Lugo, 
doña  Montserrat  Trigo  Mayor,  se  otorgaron  las  operaciones  particionales  de  las 
herencias de los cónyuges don A. S. B. y doña T. L. V.
Doña T. L. V. falleció el día 20 de noviembre de 1992, casada con don A. S. B. y 
dejando ocho hijos llamados don J. A., don L., doña J. D., doña M. A., don S. I., don J. 
M., don E. y doña E. S. L. En su último testamento, otorgado el día 17 de septiembre de 
1986 ante el notario de Lugo, don Juan Miguel Bellod Fernández de Palencia, tras legar 
a su esposo el usufructo universal de todos sus bienes y herencia, mejoró a sus hijos 
don L., doña J. D. y don J. M. con los bienes siguientes: «cuarenta y siete áreas y 
cuarenta centiáreas de la finca 127 de la zona de (…), que se extraerán en la colindancia 
con el camino que desde la pista baja a la fuente y dentro de cuya superficie se incluye 
la casa donde habita el testador y unos alpendres allí existentes.– Tal superficie será en 
compañía con su esposo el testador, ya que la finca es ganancial. Impone a dichos hijos 
la  condición  de  asistir  a  la  testadora  y  a  su  esposo  tanto  en  la  salud  como  en 
enfermedad, funerándoles al fallecimiento». En el resto de sus bienes instituyó herederos 
a sus ocho hijos sustituidos por sus descendientes.
Don A. S. B. falleció el día 19 de junio de 1997, en estado de viudo, y dejando los 
ocho hijos citados antes, don J. A., don L., doña J. D., doña M. A., don S. I., don J. M., 
don E. y doña E. S. L. En su último testamento, otorgado el día 22 de enero de 1996 
ante el notario de Lugo, don Julio Reigada Montoto, legó a su hija doña M. A. S. L., los 
tercios de libre disposición y de mejora con la condición de cuidar y asistir hasta su 
fallecimiento «a los otros hijos del testador doña J. D. y don J. M. S. L., que son 
incapaces, prestándoles alimentos»; instituyó herederos en el resto a sus ocho hijos, con 
sustitución vulgar y ejemplar o cuasi pupilar a sus hijos incapaces doña J. D. y don J. M. 
S. L. por su hermana doña M. A. S. L.; y sustitución vulgar de los demás hijos, tanto en la 
institución como en los legados, por sus respectivos descendientes.
El hijo don E. S. L. falleció el día 9 de junio de 1999, casado con doña M. P. O. G. y 
sin descendientes. En su último testamento, otorgado el día 10 de marzo de 1999 ante el 
notario de Pinto, don Miguel Rubio Otaño, instituyó heredera universal en todos sus  e.
bienes a su esposa, doña M. P. O. G. w.b
El hijo don L. S. L. falleció el día 1 de octubre de 2000, soltero y sin descendientes.  23ww
nMúemdeiarnot e2 a udteo  Lduicgtaod, of ueel rdoína  i6n sdteitu midaorsz oh edree d2e0r0o9s  paobr inetle Jsutaztgoa dpoo rd ep aPrtreims eirgau Ianlestsa nscuias 
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G. M. y dejando dos hijos, llamados don B. y don J. A. S. G. En su último testamento,
otorgado el día 4 de marzo de 2003 ante el notario de Tineo, don Alfonso Carbonell 
Aguilar, legó a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de su herencia e instituyó 
herederos por partes iguales a sus dos hijos sustituidos por sus descendientes.
La hija doña J. D. S. L. falleció el día 28 de diciembre de 2011, soltera y sin 
descendientes. Mediante auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo, de 
fecha 3 de diciembre de 2003, fueron declarados herederos abintestato por partes 
iguales don S. I., doña E., don J. M., doña M. A. S. L. y sus dos sobrinos, don B. y don J. 
A. S. G., los hermanos por cabezas y los sobrinos por estirpes.
Mediante acta de requerimiento ante la notaria de Lugo, doña Montserrat Trigo 
Mayor, de fecha 18 de julio de 2019, don S. I. y doña M. A. S. L. y don J. A. S. G –
presentes–, y doña E. S. L., doña M. C. G. M. y don B. S. G. –representados–, instaron 
el procedimiento de partición de la herencia de don A. S. B. y doña T. L. V. por el sistema 
de “partija por mayoría”, al amparo de lo dispuesto por los artículos 294 y siguientes de 
la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, siendo que los intervinientes 
representaban una cuota de más del 50% del haber partible, para lo que a través de la 
notaria dicha se requería para que notificase el inicio del procedimiento a los dos 
interesados que no habían intervenido en este requerimiento –doña M. P. O. G. y don J. 
M. S. L.–. En el citado requerimiento, se informaba a los requeridos de su posibilidad de 
proponer en un plazo de treinta días hábiles un máximo de tres contadores-partidores y 
concurrir a la formación del inventario y avaluación de los bienes de las herencias, para 
lo que los interesados han nombrado al abogado don E. B. B., «quien deberá entenderse 
designado por cada uno de ellos tres veces en caso de que los requeridos procedan al 
nombramiento de contador partidor»; se señalaba el día 22 de noviembre de 2019 a las 
11:00 horas a los efectos de que en el despacho de la notaria se efectuase el sorteo para 
la designación de técnico en cargado de realizar los cupos o partijas. Para la práctica de 
las diligencias, se requirió al notario de Valdemoro, don Emilio López Mélida, a los 
efectos de notificar a la interesada doña M. P. O. G., en su domicilio de esa localidad, y el 
día 26 de septiembre de 2019, se notificó de forma personal en su domicilio a la citada 
doña M. P. O. G., quien manifestó que «no quiere recibir la cédula de notificación que le 
ofrezco porque ya ha solicitado a estos señores y a su abogado desde hace mucho 
tiempo que le exhiban la documentación precisa para que ella pueda obrar»; y al 
interesado don J. M. S. L., la misma notaria autorizante del requerimiento, se personó en 
su domicilio de Lugo, el día 1 de agosto de 2019, y no encontró a nadie tras llamar 
reiteradas veces sin contestación.
El día 22 de noviembre de 2019, mediante diligencia que seguía al acta citada de 
fecha 18 de julio de 2019, con los mismos intervinientes que antes, y ante la inexistencia 
de otros designados para la insaculación y sorteo, se designó al abogado don E. B. B. 
para que efectuase los cupos de partijas de las herencias de don A. S. B. y doña T. L. V. 
Mediante diligencia, de la misma fecha, don E. B. B. acepta la designación del cargo 
como abogado contador-partidor.
El  mismo  día  22  de  noviembre  de  2019,  ante  la  misma  notaria,  los  mismos 
intervinientes junto con el contador-partidor, don E. B. B., y doña M. A. S. L., que además 
lo hacía en representación de su hermano don J. M. S. L., sobre quien ostenta la tutela 
en virtud de sentencia de 27 de julio de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Monforte de Lemos, otorgaron escritura de protocolización y aprobación del cuaderno 
particional de las herencias de don A. S. B. y doña T. L. V. En la citada escritura 
manifestaban  que  «resultando  conforme  a  las  disposiciones  testamentarias  cuotas 
desiguales que no permiten la formación de lotes homogéneos, el contador partidor  s
realizó  un  proyecto  de  partición  que  consta  de  inventario;  avalúo;  partición;  y  oe.
adjudicación y liquidación de las herencias». En el cuaderno particional se expresaba  w.
que, habida cuenta la condición de indivisibles de los bienes que integraban la herencia,  23ww
yp adrteid oqru eh anboí ae xciosntísaind ebraiednoe sa dseucfiuciaednote sa dpjuadraic aardlojusd icparor ininddivivisidou aal mloesn teh, eerel dceornotsa, dodre-
dcoonnf oAr.m Sid. aBd.  yc odno ñlaa  Tc.u Lo.t aV .que le correspondía a cada uno de ellos en las herencias de  BOE-A-cable e
Como corolario, los interesados en las herencias son: don S. I., don J. M., doña M. A. 
y doña E. S. L., don J. A. y don B. S. G., doña M. C. G. M. y doña M. P. O. G. 
Intervinieron en la escritura todos a excepción de doña M. P. O. G. En el inventario solo 
había bienes inmuebles y se hicieron adjudicaciones a favor de todos los herederos, de 
porciones indivisas homogéneas de los mismos, a excepción de la de doña M. P. O. G., 
que  lo  será  en  «metálico  efectivo,  una  vez  detraídos  del  valor  de  sus  derechos 
hereditarios los pagos en que han incurrido el resto de los herederos (…)».
Mediante  diligencia  a  la  citada  escritura  de  protocolización  de  operaciones 
particionales, se remite el contenido de la misma al notario de Valdemoro, don Emilio 
López Mélida, quién mediante acta, de fecha 7 de enero de 2020, notificó la escritura a la 
única interesada no interviniente en la misma, doña M. P. O. G., en su domicilio, por 
correo certificado con acuse de recibo; en la diligencia de entrega resultaba que no se 
había entregado la referida notificación a su destinataria al constar «ausente reparto. Se 
dejó aviso llegada en su buzón».
II
Presentada el día 4 de agosto de 2020 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Lugo número 2, fue calificada negativamente el día 12 de agosto de 2020 
y, tras ser subsanados varios defectos, se presentó de nuevo el día 30 de octubre 2020, 
siendo objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento presentado por Don/Doña S. L., S., el día 04/08/2020, bajo el asiento número 
345,  del  tomo  20  del  Libro  Diario  y  número  de  entrada  608,  que  corresponde  al 
documento otorgado por el notario de Lugo Montserrat Trigo Mayor, con el número 
1729/2019 de su protocolo, de lecha 22/11/2019, ha resuelto no practicar los asientos 
solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Se efectúa una partición de dos herencia [sic] al amparo de los dispuesto en los arts. 
295 de la Ley de derecho civil de Galicia y se observan los defectos siguientes:
1.  Se efectúa conjuntamente la partición de dos herencias que se rigen por normas 
testamentarías  distintas  y  sin  efectuar  previamente  la  disolución  de  la  comunidad 
conyugal, que entendemos que no cabe por este medio que es excepcional y por tanto 
de interpretación estricta. Además, difícilmente puede hacerse una partición conjunta 
cuando por un lado el art. 295 dice que se respeten en todo caso las disposiciones del 
causante y cuando en el art. 302 exige que el contador liquide previamente la sociedad 
conyugal con el cónyuge sobreviviente: (al haber fallecido tendría que efectuarse con 
todos sus herederos) lo que no sucede en este caso; y además al ser las partes del 
heredero  no  interviniente  diferentes  en  ambas  herencias  es  imposible  respetar  la 
obligatoriedad de hacer lotes o “Anexos homogéneos” sobre bienes comunes (art. 303).
2.  En  el  nombramiento  del  contador  partidor  se  vulnera  el  procedimiento 
establecido en la Ley ya que exige que se haga por insaculación entre los propuestos, 
que habrán de ser, al menos, cinco. En este caso se nombra uno solo que aceptan todos 
los intervinientes sin ningún sorteo, por lo que queda sin efecto una de las normas que 
establece la Ley para garantizar la imparcialidad del contador. s
3.  Se vulneran totalmente las reglas de los arts. 303 y 304 puesto que se forman  oe.
lotes homogéneos (participaciones proindivisas de las fincas del caudal hereditario) para  w.
aptodudeeamssto ál asq svu ape a enrtnoe  sclo os nahtlarvayo   depena  rqlaau sela  h enel orpe ainngcteoiar svd ieno i elaan l tleemg, eíatni molasa  q nsuoee   shseae g rcaeo flcmeojpane  ebnnise ane ele snin  dvdeeinn letaar orhi.oe L,r eocn oqcmuiaeo,    2021-6923n https://ww
exige el art. Artículo 246... “1. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de la
legítima se hará en bienes hereditarios”. Bc
4.  En el Acta notarial de notificación a la heredera no presente, que se efectúa por 
correo, solo resulta un intento de entrega. (Lo que vulnera lo establecido en el art. 42 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y 42 y 43 del Reglamento de Servicios Postales 
de 1999, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. RCL 19 99\3265 al 
que se remite el art 202 del Reglamento Notarial) Por lo que partición no puede tenerse 
por terminada ni producir sus efectos, de conformidad con el art. 307 de la Ley de 
Derecho Civil de Galicia.
Fundamentos de Derecho
1.  Artículos 295, 302 y 303 de la Ley de Derecho Civil de Galicia.
2.  Artículo 301 de la Ley de Derecho Civil de Galicia.
3.  Artículos 303 y 304 en relación con el 246 de la Ley de Derecho Civil de Galicia.
4.  Art. 307 de la Ley de Derecho Civil de Galicia en relación con el Artículo 202 del 
Reglamento Notarial en relación con los arts. 42 y 43 del Reglamento de Servicios 
Postales de 1999, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre y 42 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.
Y por considerarlo un defecto insubsanble, se procede a la denegación de los 
asientos solicitados del documento mencionado.
En relación con la presente calificación: (…)
Lugo,  diecinueve  de  noviembre  del  año  dos  mil  veinte.–El  Registrador  de  la 
Propiedad (firma ilegible), Fdo: María Núñez Núñez.»
III
No se solicitó calificación sustitutoria.
IV
Contra la anterior nota de calificación, don S. I. S. L. interpuso recurso el día 7 de 
enero de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Primera.  El defecto observado es el siguiente:
Se efectúa conjuntamente la partición de dos herencias que se rigen por normas 
testamentarias  distintas  y  sin  efectuar  previamente  la  disolución  de  la  comunidad 
conyugal, que entendemos que no cabe por esto medio que es excepcional y por tanto 
de interpretación estricta. Además difícilmente puede hacerse una partición conjunta 
cuando por un lado el art, 295 dice que se respeten en todo caso las disposiciones del 
causante y cuando en el art 302 exige que el contador liquide previamente la sociedad 
conyugal con el cónyuge sobreviviente (al haber fallecido tendría que efectuarse con 
todos sus herederos) lo que no sucede en este caso; y además al ser las partes del 
heredero  no  interviniente  diferentes  en  ambas  herencias  es  imposible  respetar  la 
obligatoriedad de hacer lotes o “Anexos homogéneos” sobre bienes comunes (art. 303).
En primer lugar, desconocemos el motivo que lleva a manifestar que las herencias de 
los cónyuges don A. S. B. y doña T. L. V., se rigen por normas testamentarias distintas, 
nada se motiva en la calificación e impide a esta parte alegar nada al respecto, en 
cualquier caso, entendemos que conforme a lo que diremos nada obsta a la partición. s
No podemos olvidar que el artículo 293 de la LDCG establece: “En la partición, el  oe.
contador-partidor podrá liquidar la sociedad conyugal con el cónyuge sobreviviente o sus  w.
hcpoerenrecjuidsneatr aop,s a.pr aoS dic ruáem l pcproleinrs tclaaidnsod drir-i psdaperot sidliaco irol iqnloue isdf uateecrsiaóta ndm ede ena tmlaarb ísaoossc  dcieeód nacyduu agcleqosun iyeyur agre adal,el i zseaalrlloavos l. a”q  Eupesa  rdtfiueceicóriarn,    2021-6923n https://ww
permite por un lado que el contador-partidor lo sea de ambos cónyuges (es decir la
partición  conjunta),  y  por  otro  incluso  le  permite  prescindir  de  la  liquidación  de  la 
sociedad conyugal.
Respecto de la disolución de la sociedad conyugal, entendemos que se refiere la 
calificación a su liquidación, puesto que la misma se encontraría disuelta desde el 
momento del fallecimiento de uno de los cónyuges ex. 1392 del Código Civil. Al respecto 
indicar,  que  el  proyecto  de  partición  aprobado,  si  efectúa  la  liquidación  del  haber 
ganancial, adjudicando a cada uno de los cónyuges una mitad exacta de su participación 
en la misma, de forma que las adjudicaciones posteriores, como se puede observar, se 
realizan partiendo de que la titularidad de los cónyuges en los bienes es equivalente a 
una mitad indivisa de aquellos que son gananciales.
Entiende esta parte que yerra la Registradora al afirmar que la partición por los 
herederos establecida en los artículos 294 y siguientes de la LDCG es una norma 
excepcional, puesto que nada la identifica como tal, tratándose de un medio de partición 
de la herencia que desde la actual redacción de la Ley, y al contario que la de 1.995, no 
está recogida como medio extraordinario o excepcional, sino como una nueva modalidad 
de partición, en igualdad con el resto aunque sometida las normas que la regulan. Es por 
ello  que,  quedando  claro  que  no  se  trata  de  ningún  medio  excepcional,  no  cabe 
interpretación estricta o analógica, sino que deberá interpretarse conforme se establece 
en primer lugar en el artículo 2.2 de la LDCG, que nos llevan al principio básico de 
conservación de la partición o “favor partitionis” debiendo evitarse en la medida de lo 
posible su anulación o rescisión de tal forma que si existiese algún error u omisión que 
pudiese evitarse con su modificación, así ha de hacerse. Principio consagrado desde la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1980.
Sentado lo anterior, consideramos que se equivoca de nuevo la Registradora al 
entender que la norma proscribe la partición conjunta de las herencias de dos causantes, 
cónyuges entre sí. Esta parte comparte la opinión de mayoritaria de la doctrina a la que 
dicha posibilidad no le ofrece duda alguna, siendo además la posición más lógica por lo 
siguiente:
a)  El espíritu de la LDCG es el de promover y facilitar la actuación conjunta de los 
cónyuges en materia sucesoria, admitiendo el testamento mancomunado, el testamento 
por comisario o la partija conjunta.
b)  En la práctica, la partición de las herencias, mientras uno de los cónyuges vive y 
es instituido usufructuario por el fallecido no suele tener lugar, lo que lleva a que las 
particiones se difieran hasta el fallecimiento del último de los cónyuges.
c)  Aunque el 295 citado habla de causante, nada hay en la literalidad de la Ley que 
impida la acumulación de ambos procedimientos.
d)  Los bienes de ambas herencias pasan de facto, fallecidos ambos cónyuges, a 
formar una sola masa a efectos de la partición y en la práctica suele prescindirse de toda 
referencia a la liquidación de la sociedad de gananciales, y es más en este caso, nada 
se altera, ya que comparecen todos los nombrados herederos en ambas herencias y la 
partición se realiza por mitades.
e)  Si fuera necesaria la iniciación de dos particiones, una para cada cónyuge, no 
sería posible financiar la segunda hasta la finalización del primer expediente en el cual 
se  liquidaría  la  sociedad  de  gananciales,  quedando  la  herencia  del  otro  cónyuge, 
indivisa, para, posteriormente iniciar un segundo expediente en que se partiera esa 
segunda herencia. A juicio de esta parte, esa mecánica nada mejora ni la seguridad 
jurídica de los no comparecientes, ni la economía de los comparecientes, y todo ello para 
llegar al mismo resultado que haciéndolas conjuntamente y compareciendo en ambas  e.
herencias los mismos interesados. w.b
momYe, nptoor  eúslttimabole, caeu nuqnuae  oab leigllaoc nióons  dreef efroirremmaor slo mteáss  haodmeolagnéten,e oesl  aerntí ctuoldoo 3 0c3a seon,  snoinlog úlno 
ahcaocnet eccuea nedno e lsatse  ccuaostoa.s fueran iguales, o si siendo desiguales lo permitieran, lo cual no
Segunda.  El defecto observado es el siguiente:
En el nombramiento del contador partidor se vulnera el procedimiento establecido en 
la Ley ya que exige que se haga por insaculación entre los propuestos, que habrán de 
ser,  al  menos,  cinco.  En  este  caso  se  nombra  uno  solo  que  aceptan  todos  los 
intervinientes sin ningún sorteo, por lo que queda sin efecto una de las normas que 
establece la Ley para garantizar la imparcialidad del contador.
Entiende esta parte que nada obsta en la literalidad de la Ley, para, a falta de 
designación de más de un contador partidor su nombramiento por unanimidad.
El artículo 298, establece que podrán designarse hasta un máximo de tres, lo que 
supone que un promovedor puede designar, desde tres hasta ninguno, ya que el número 
es un máximo. Y, en definitiva, nada obsta a que todos los promoventes designen a uno, 
puesto que pueden darse dos circunstancias, que esté de acuerdo en nombrar al mismo, 
o que casualmente designen al mismo, pero ninguna de las dos puede obligar a designar 
un contador con el que no se tiene relación alguna, por el mero hecho de tener que 
introducir un nombre más en una urna.
En relación a lo dispuesto en el artículo 301, establece la designación de un contador- 
partidor entre los designados, que han de ser al menos cinco, pero, ¿qué sucede si 
todos quieren nombrar al mismo y de hecho designan sólo a uno y esté es el mismo para 
todos? ¿A que promovente se le obliga a nombrar a quien no quiere como contador-
partidor para llegar al cupo? ¿Será el notario el que elija de un listín telefónico cuatro 
nombres más al azar para llenar la urna? En ese caso la insaculación no tendría cabida 
ni sentido, puesto que se obtendría de esa insaculación el nombre que de antemano se 
sabía, entendiendo esta parte que depositar veinte papeles con el mismo nombre para 
crear una ficción de sorteo, no cumple más el espíritu de la norma que el hecho de que 
todos los promoventes estén de acuerdo.
Desconocemos el motivo que lleva a la Registradora a entender que la designación 
entre sorteo de los propuestos sólo por los comparecientes, es más imparcial que la 
designación por unanimidad de los comparecientes. El sorteo, en su caso, al realizarse 
entre los propuestos por ellos y no a través de un sistema de designación Notarial o 
Registral, el efecto es el mismo, ya que el contador partidor sería elegido entre los 
propuestos y en el caso de unanimidad también es elegido entre los propuestos, sólo 
que  este  es  único.  Si  la  Registradora  se  refiere  a  causar  indefensión  a  los  no 
comparecientes, entendemos que no se produce ninguna, puesto que no se les ha 
negado su derecho a designar hasta tres, designación que voluntariamente no han 
efectuado en el amplio plazo que la ley les otorga y que ha sido escrupulosamente 
respetado. Lo que no parece que respete el espíritu de la norma, es que el hecho de que 
una persona voluntariamente no designe contadores partidores, impida a los que sí 
comparecen designar por unanimidad a uno.
Tercera.  El defecto observado es el siguiente:
Se vulneran totalmente las reglas de los arts. 303 y 304 puesto que se forman lotes 
homogéneos (participaciones proindiviso de las fincas del caudal hereditario) para todas 
las partes salvo para la no interviniente, a la que se compensa en dinero. Lo que, 
además, va en contra de que el pago de la legítima se haga con bienes de la herencia, 
puesto que no lo hay en las herencias o al menos no se refleja en el inventario, como 
exige el art. Artículo 246… “...A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de la 
legítima se hará en bienes hereditario”. s
A juicio de esta parte no hay vulneración alguna. Como dijimos, en la presente  oe.
partición no aplica el artículo 303, por no existir cuotas iguales ni aun siendo desiguales  w.
qrlaeu seinu dltaihv aipsyoi bsilmiibdláaesd l a d hfeoe rrlmoesda ecbriioóesnn  edsqe u dleoe t elabssi eh nhoeemsreo, ngcélaina esio,m slop.  oHqsuaibeyi  lqdidueae da p natmertmair,ta eanrdioae ls mudápeso, n defoe, r ylma d abera bsildeoo tde eas    2021-6923n https://ww
homogéneos.
Es por lo anterior, que no resulta incumplido artículo alguno. No podemos olvidar dos 
cuestiones capitales, nos encontramos con un proyecto de partición que es redactado 
por un contador-partidor, en que los herederos no tienen más influencia que la de 
entregarle los títulos y documentos que lo conforman, y el cuaderno realizado por este se 
somete a su aprobación estando citados todos los coherederos.
La motivación principal de la división de la herencia es no continuar en la indivisión, 
circunstancia que difícilmente sucederá si se adjudica una participación indivisa a una 
persona que no comparece a la partición, y que como consta en la notificación efectuada 
no tiene intención alguna en terminar con la misma.
A lo anterior se une lo dicho, si el contador partidor entiende que los bienes son 
indivisibles o desmerecen mucho con la división, los mismos pueden asignarse a un 
participe (o a varios si estos lo aprueban), y ello dada la imperatividad del artículo 1.061 
CC y por aplicación del 1.062, no siendo de aplicación por lo tanto relativo a la venta en 
pública subasta con licitadores extraños. Si lo anterior sería el marco en el que nos 
movemos, adjudicar a un coheredero “díscolo” una participación indivisa en uno de los 
bienes, supondría volver a la casilla de salida, debiendo hacer desaparecer la indivisión.
En el DCG, la legítima es un derecho de crédito y su contenido es una deuda de 
valor, por lo que realmente el legitimario no participa por un derecho propio en el 
patrimonio hereditario a repartir, es por ello que el pago en dinero es el único que 
satisface el derecho de dicha deuda de valor de forma totalmente neutra y sin perjuicio 
para nadie.
Y,  por  último,  no  podemos  olvidar  que  la  LDCG,  no  establece  normas  para  el 
contador partidor a la hora de efectuar la partición, y que por tanto no contiene norma 
alguna que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 841 del CC y por aplicación 
analógica del 1057 CC.
Es decir, entiende esta parte, que no disponiéndose en la LDCG, en relación a la 
partición por los herederos ninguna norma específica y concreta respecto del pago con 
metálico extra hereditario (más allá del 246 LDCG que entendemos que no aplicaría en 
ningún caso en la partición por los herederos), debe estarse al derecho supletorio, que 
no es otro que el 1.057 CC puesto en relación con el 841 CC que permite al contador 
partidor la adjudicación de todos o parte de los bienes hereditarios a algunos, ordenado 
en pago en metálico a los demás, tal y como ha sucedido en el presente supuesto.
Cuarta.  El último defecto observado es:
En el Acta notarial de notificación a la heredera no presente, que se efectúa por 
correo, solo resulta un intento de entrega. (Lo que vulnera lo establecido en el art. 42 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y 42 y 43 del Reglamento de Servicios Postales 
de 1999, aprobado por Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. RCL 1999\3265 al 
que se remite el art. 202 del Reglamento Notarial) Por lo que partición no puede tenerse 
por terminada ni producir sus efectos, de conformidad con el art. 307 de la Ley de 
Derecho Civil de Galicia.
El artículo 307, remite a los 295 y 296, lo cuales no hablan en ningún momento de la 
forma de la notificación.
Además  de  lo  anterior,  la  remisión  efectuada  a  la  Ley  de  Procedimiento 
administrativo común no resultaría de aplicación, puesto que no nos encontramos dentro 
del ámbito objetivo de dicha norma que no resulta supletoria en ningún caso de la LDCG.
La notificación del artículo 307, no pasa de ser una mera formalidad complementaria, 
marginal y accesoria, por lo que entendemos que, intentada la notificación, aun cuando  e
por los no comparecientes se rechace o no retire, el favor partitionis debe llevarnos a  bo
entender producida la partición en todos sus efectos. 23ww
siemEpl reR eqgulea mdee nutnoa  nnootramriaal ,l eegna l enlo  2re0s2u lsteó lolo  dciosnptoranreio ,“ Eplo dnroát aerfieoc, tudaisrc lraesc inoontaiflimcaecnioten,e sy 
yc erlotifsic aredqou ceornim aievinstoo sd ee rnevciiabnod”,o e sa ld edceirs,t idneajtaa raio l a ldai sccéredcuiolan, alcidoapdia d eol  Ncoatratari op loar p rcáocrtriecoa 
por medio de correo, y no habiendo norma que lo impida, ya que como dijimos ni el 295 
ni el 296 LDCG lo establecen será perfectamente posible hacerlo.
Y es incierto que la el reglamento Notarial establezca la obligatoriedad de realizar 
dos  intentos  de  entrega,  siendo  el  Reglamento  de  Servicios  postales  una  norma 
aplicable únicamente a quienes presten servicios postales, y no al Notario que practica la 
notificación.»
V
Mediante escrito, de fecha 27 de enero de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria; 1, 4 y 270 y siguientes y, en 
especial, 2, 187 y siguientes, 277 y siguientes, 293 y 294 y siguientes de la Ley 2/2006, 
de 14 de junio, de derecho civil de Galicia; la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de 
mayo de 1980; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia número 3/2013, 
de 3 de febrero; las Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado 
de 13 de julio y 26 de octubre de 2016, 24 de enero de 2017, 29 de enero de 2018 y 23 
de octubre de 2019, y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 16 de octubre de 2020.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
protocolización de operaciones particionales hecha por contador-partidor designado por 
mayoría, en la que son relevantes los hechos y las circunstancias siguientes:
– La esposa causante falleció el día 20 de noviembre de 1992, dejando viudo y ocho 
hijos llamados don J. A., don L., doña J. D., doña M. A., don S. I., don J. M., don E. y doña 
E. S. L. En su último testamento, de fecha 17 de septiembre de 1986, tras legar a su 
esposo el usufructo universal de todos sus bienes y herencia, mejoró a sus hijos don L., 
doña J. D. y don J. M. S. L. con los bienes siguientes: «cuarenta y siete áreas y cuarenta 
centiáreas de la finca 127 de la zona de (…), que se extraerán en la colindancia con el 
camino que desde la pista baja a la fuente y dentro de cuya superficie se incluye la casa 
donde  habita  el  testador  y  unos  alpendres  allí  existentes.– Tal  superficie  será  en 
compañía con su esposo el testador, ya que la finca es ganancial. Impone a dichos hijos 
la  condición  de  asistir  a  la  testadora  y  a  su  esposo  tanto  en  la  salud  como  en 
enfermedad, funerándoles al fallecimiento». En el resto de sus bienes instituyó herederos 
a sus ocho hijos sustituidos por sus descendientes.
– El viudo falleció el día 19 de junio de 1997, dejando los ocho hijos citados antes. 
En su último testamento, de fecha 22 de enero de 1996, legó a su hija doña M. A. S. L. 
los tercios de libre disposición y de mejora con la condición de cuidar y asistir hasta su 
fallecimiento a los otros hijos del testador doña J. D. y don J. M. S. L., incapaces, 
prestándoles alimentos; instituyó herederos en el resto a sus ocho hijos, con sustitución 
vulgar y ejemplar o cuasi pupilar a sus hijos incapaces doña J. D. y don J. M. S. L. por su 
hermana doña M. A. S. L.; y sustitución vulgar de los demás hijos, tanto en la institución 
como en los legados, por sus respectivos descendientes.
– El hijo don E. S. L. falleció el 9 de junio de 1999, casado con doña M. P. O. G. y sin 
descendientes.  En  su  último  testamento,  de  fecha  10  de  marzo  de  1999,  instituyó  es
heredera universal en todos sus bienes a su esposa doña M. P. O. G. o
Mdheee rdm––miaa  anEEnrtollze  sohh a  iidjjuoodot  eondd   ooJd2nn.i c0  ALJt0a...9,  d SA,do ..o   fpLSñuo.ae.  rf rL aJoe..ln l le Df aJc.uili,nló ezds gceotiiaótlñ udd aieodí aMl o d ds1.e í  Aa dPh .e1,er i 7drmoe ocdedntereu aS rbd o.rIi nsecI. s i,ed tadamebon bi2ncnr0i teaJe0  .s 0ndMt,úea .ms t 2ooye 0 ltdr0peoo5or ño2,r a   cyd paE esas. i ranLStde u.dos gLe  o.csi,goc deunena d dlfeoeiesñc nahts aeMu s6s..     OE-A-2021-6923able en https://www.
C. G. M. y dejando dos hijos llamados don B. y don J. A. S. G. En su último testamento,
el día 4 de marzo de 2003, lega a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de su 
herencia e instituyó herederos por partes iguales a sus dos hijos sustituidos por sus 
descendientes.
– La hija doña J. D. S. L. falleció el día 28 de diciembre de 2011, soltera y sin 
descendientes. Mediante auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo, de 
fecha 3 de diciembre de 2003, fueron declarados herederos abintestato por partes 
iguales don S. I., doña E., don J. M., doña M. A. S. J. y sus dos sobrinos, don B. y don J. 
A. S. G., los hermanos por cabezas y los sobrinos por estirpes.
– Mediante acta de requerimiento, de fecha 18 de julio de 2019, don S. I. y doña M. 
A. S. L. y don J. A. S. G. –presentes–, y doña E. S. L., doña M. C. G. M. y don B. S. G. –
representados–, instan el procedimiento de partición de la herencia de don A. S. B. y 
doña T. L. V. por el sistema de «partija por mayoría», al amparo de lo dispuesto por los 
artículos 294 y siguientes del derecho civil de Galicia, siendo que los intervinientes 
representan una cuota de más de la mitad del haber partible, para lo que a través de la 
notaria  dicha  se  requiere  para  que  notifique  el  inicio  del  procedimiento  a  los  dos 
interesados que no han intervenido en este requerimiento –doña M. P. O. G. y don J. M. 
S. L.–. En el citado requerimiento, se informa a los requeridos de su posibilidad de 
proponer en un plazo de treinta días hábiles un máximo de tres contadores-partidores y 
concurrir a la formación del inventario y valuación de los bienes de las herencias, para lo 
que los interesados han nombrado al abogado don E. B. B., «quien deberá entenderse 
designado por cada uno de ellos tres veces en caso de que los requeridos procedan al 
nombramiento de contador partidor»; se señala el día 22 de noviembre de 2019 a las 
11:00 horas a los efectos de que en el despacho de la notaria se efectúe el sorteo para la 
designación de técnico encargado de realizar los cupos o partijas. Para la práctica de las 
diligencias, se requirió al notario del domicilio de la requerida, a los efectos de notificar a 
la interesada doña M. P. O. G., en su domicilio de esa localidad, y el día 26 de 
septiembre de 2019, se notifica de forma personal a la citada doña M. P. O. G., quien 
manifiesta que «no quiere recibir la cédula de notificación que le ofrezco porque ya ha 
solicitado a estos señores y a su abogado desde hace mucho tiempo que le exhiban la 
documentación precisa para que ella pueda obrar»; y respecto del interesado don J. M. 
S. L., la misma notaria autorizante del requerimiento se personó en su domicilio, el día 1 
de agosto de 2019, y no encontró a nadie tras llamar reiteradas veces sin contestación.
– El día 22 de noviembre de 2019, mediante diligencia que sigue al acta citada de 
fecha 18 de julio de 2019, con los mismos intervinientes que antes, ante la falta de otros 
designados para la insaculación y sorteo, se designa al abogado don E. B. B. para que 
efectúe los cupos de partijas de las herencias de don A. S. B. y doña T. L. V. Mediante 
diligencia de la misma fecha, don E. B. B. acepta la designación del cargo como 
abogado contador-partidor.
– El mismo día 22 de noviembre de 2019, los mismos intervinientes junto con el 
contado-partidor, y doña M. A. S. L., que además lo hace en representación de su 
hermano don J. M., sobre quien ostenta la tutela en virtud de sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Monforte de Lemos, de 27 de julio de 2009, otorgan 
escritura de protocolización y aprobación del cuaderno particional de las herencias de 
ambos esposos causantes. En la citada escritura manifiestan que «resultando conforme 
a las disposiciones testamentarias cuotas desiguales que no permiten la formación de 
lotes homogéneos, el contador partidor realizó un proyecto de partición que consta de 
inventario;  avalúo;  partición;  y  adjudicación  y  liquidación  de  las  herencias».  En  el 
cuaderno particional se expresa que habida cuenta la condición de indivisibles de los  s
bienes que integran la herencia, y de que no existen bienes suficientes para adjudicar  oe.
individualmente, el contador partidor ha considerado adecuado adjudicarlos pro indiviso  w.
a los herederos de conformidad con la cuota que le corresponde a cada uno de ellos en  23ww
las hCeormenoc icaosr odlea rdioo,n l oAs.  iSnt.e Bre. sya ddooñsa e Tn.  lLa.s V h.erencias son: don S. I., don J. M., doña M. A.
ey nd olañ ae sEc.r iStu. rLa. ,t oddoons J .a A e. xyc edpocni óBn.  Sde.  Gd.o, ñdao ñMa.  MP..  CO..  GG..  ME.n y e dl oinñvae Mnt.a Pri.o O s.o Glo.  Ihnatey rvbiieenneens   BOE-A-cable e
inmuebles y se hacen adjudicaciones a favor de todos los herederos de porciones 
indivisas homogéneas de los mismos, a excepción de doña M. P. O. G., que lo será en 
«metálico efectivo, una vez detraídos del valor de sus derechos hereditarios los pagos en 
que han incurrido el resto de los herederos (…)».
– La notaria autorizante de la escritura, remite a notario de Valdemoro –domicilio de 
doña M. P. O. G.– el requerimiento para su notificación, y éste, el día 7 de enero de 
2020, notifica la escritura a la única interesada no interviniente –doña M. P. O. G.– en su 
domicilio, por correo certificado con acuse de recibo; en la diligencia de entrega resulta 
que no se ha entregado la referida notificación a su destinataria al constar «ausente 
reparto. Se dejó aviso llegada en su buzón».
La  registradora  señala  como  defectos  los  siguientes:  1)  Que  se  efectúa 
conjuntamente la partición de dos herencias que se rigen por normas testamentarías 
distintas y sin efectuar previamente la disolución de la comunidad conyugal, por lo que 
no cabe por este medio que es excepcional y por tanto de interpretación estricta; que no 
puede  hacerse  una  partición  conjunta  ya  que  deben  respetarse  en  todo  caso  las 
disposiciones del causante y se exige que el contador liquide previamente la sociedad 
conyugal con el cónyuge sobreviviente (al haber fallecido tendría que efectuarse con 
todos sus herederos), lo que no sucede en este caso; y además al ser las partes del 
heredero  no  interviniente  diferentes  en  ambas  herencias  es  imposible  respetar  la 
obligatoriedad de hacer lotes o «anexos homogéneos» sobre bienes comunes; 2) En el 
nombramiento del contador-partidor se vulnera el procedimiento establecido en la Ley ya 
que exige que se haga por insaculación entre los propuestos, que habrán de ser, al 
menos, cinco. En este caso se nombra uno solo que aceptan todos los intervinientes sin 
ningún sorteo, por lo que queda sin efecto una de las normas que establece la Ley para 
garantizar  la  imparcialidad  del  contador;  3)  Que  se  forman  lotes  homogéneos 
(participaciones pro indiviso de las fincas del caudal hereditario) para todas las partes 
salvo para la no interviniente, a la que se compensa en dinero. Lo que además va en 
contra de que el pago de la legítima se haga con bienes de la herencia, puesto que no lo 
hay en las herencias o al menos no se refleja en el inventario, y 4) En el acta notarial de 
notificación a la heredera no presente, que se efectúa por correo, solo resulta un intento 
de entrega. Por lo que partición no puede tenerse por terminada ni producir sus efectos.
El recurrente alega lo siguiente: que la ley permite por un lado que el contador-
partidor lo sea de ambos cónyuges (es decir la partición conjunta), y por otro incluso le 
permite prescindir de la liquidación de la sociedad conyugal; el proyecto de partición 
aprobado efectúa la liquidación del haber ganancial, adjudicando a cada uno de los 
cónyuges  una  mitad  exacta  de  su  participación  en  la  misma,  de  forma  que  las 
adjudicaciones posteriores se realizan partiendo de que la titularidad de los cónyuges en 
los bienes es equivalente a una mitad indivisa de aquellos que son gananciales; que esta 
forma de partición no está recogida como medio extraordinario o excepcional, sino como 
una nueva modalidad de partición, por lo que debe seguirse el principio básico de 
conservación de la partición; que en ningún momento la ley establece una obligación de 
formar lotes homogéneos en todo caso, solo lo hace cuando las cuotas fueran iguales, o 
si siendo desiguales lo permitieran, lo cual no acontece en este caso; que nada obsta en 
la literalidad de la Ley, para que, a falta de designación de más de un contador-partidor, 
su  nombramiento  se  haga  por  unanimidad;  que  nada  obsta  a  que  todos  los 
promovedores designen un solo nombre para la insaculación, puesto que pueden darse 
dos circunstancias, que estén de acuerdo en nombrar al mismo, o que casualmente 
designen al mismo todos, pero ninguna de las dos puede obligar a designar un contador  e.
con el que no se tiene relación alguna, por el mero hecho de tener que introducir un  w.b
nombre más en una urna; que la motivación principal de la división de la herencia es no  23ww
pcoanrttiicnipuaacr ióenn  inlad ivinisdaiv ias iuónna,  cpiercrsuonnsata qnuceia  nqou ceo mdipfíacrilemceen ate l as puacretdiceiórán , syi  qsuee  acdojmudoi ccao nusntaa 
eleng íltaim nao teifsic aucnió dne erefecchtou addea  cnroé dtiieton ey  instue nccoiónnte naildgou neas  eunn tae rdmeiundaar  cdoen  vlaa lmori,s mpoar;  lqou eq ulae 
realmente el legitimario no participa por un derecho propio en el patrimonio hereditario a
repartir, y por ello el pago en dinero es el único que satisface el derecho de dicha deuda 
de valor de forma totalmente neutra y sin perjuicio para nadie; que, a falta de norma 
especial, debe estarse al derecho supletorio (artículos 1057 y 841 del Código Civil), que 
permite al contador-partidor la adjudicación de todos o parte de los bienes hereditarios a 
algunos, ordenado en pago en metálico a los demás; que el notario, discrecionalmente, y 
siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones 
y  los  requerimientos  enviando  al  destinatario  la  cédula,  copia  o  carta  por  correo 
certificado con aviso de recibo.
2.  La tramitación de la designación de un contador-partidor distinto del que pueda 
designar el testador, se recoge en la Ley de derecho civil de Galicia en los artículos 295 
y siguientes, ubicados en la Sección Cuarta del título de la partición de la herencia, con 
el nombre de «de la partición por los herederos», que entraña un requerimiento al notario 
por quienes reúnen más de la mitad del haber partible, para que elegir un contador-
partidor de entre los designados por los herederos promotores, con un máximo de tres 
por cada promotor, por sorteo mediante insaculación de entre los propuestos. En los 
artículos 301 y siguientes se recoge detalladamente la actuación de este contador-
partidor (que en ningún caso se denomina como dativo) en lo que se refiere a formas, 
plazos y actuaciones.
En esta regulación gallega, no hay una reserva expresa en favor de los órganos 
jurisdiccionales, como por ejemplo existe en las legislaciones forales de Navarra (Ley 
344 de la Ley 1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación de Derecho 
Civil Foral de Navarra, tras la redacción dada por la Ley 5/87 de 1 de abril), en la que se 
le denomina «contador dativo» y Aragón (artículo 450.4 de la Ley 1/2011 de 22 de 
marzo, por la que se aprueba el Código de Derecho Foral Aragonés), en la que se 
previene la intervención judicial para el caso de que el administrador no formule el 
inventario, para que lo haga un «tercero designado judicialmente». Pero incluso en estas 
legislaciones forales serían compatibles sus regulaciones con la del contador-partidor 
dativo del artículo 1057.2 del Código Civil. En consecuencia, el procedimiento del artículo 
1057.2  del  Código  Civil  en  modo  alguno  contraviene  principios  o  pautas  del 
ordenamiento  jurídico  gallego,  sino  que  es  perfectamente  congruente  con  él,  y 
complementario como legislación supletoria.
3.  El primero de los defectos señalados por la registradora, que se desdobla en 
varios, es que se efectúa conjuntamente la partición de dos herencias que se rigen por 
normas testamentarías distintas y sin efectuar previamente la disolución de la comunidad 
conyugal, lo que no cabe por este medio que es excepcional y por tanto de interpretación 
estricta, de modo que no puede hacerse una partición conjunta ya que deben respetarse 
en  todo  caso  las  disposiciones  del  causante  y  se  exige  que  el  contador  liquide 
previamente  la  sociedad  conyugal  con  el  cónyuge  sobreviviente  (al  haber  fallecido 
tendría que efectuarse con todos sus herederos), lo que no sucede en este caso; y, 
además,  que  al  ser  las  partes  del  heredero  no  interviniente  diferentes  en  ambas 
herencias  es  imposible  respetar  la  obligatoriedad  de  hacer  lotes  o  «anexos 
homogéneos» sobre bienes comunes.
En cuanto a la partición conjunta, en el supuesto concreto, se hace la liquidación de 
la sociedad de gananciales adjudicando la mitad indivisa de cada uno de los bienes 
comunes a cada una de las herencias de los esposos, y cumpliendo con la mayoría del 
50% del haber partible de cada una de las herencias, pero lo rechaza la registradora al 
ser acumuladas ambas particiones.
El artículo 293 de la Ley de derecho civil de Galicia, en sede de la Sección Tercera  s
«de la partición por el contador-partidor», establece lo siguiente: «En la partición, el  oe.
contador-partidor podrá liquidar la sociedad conyugal con el cónyuge sobreviviente o sus  w.
herederos. Si el contador-partidor lo fuera de ambos cónyuges y realizara la partición  23ww
cporencjuisnat ap, aprao dcruám pprleirs lcains ddiris pdoes liaci olinqeusid taecsitóanm deen talari asso cdiee dcauda lqcuoineyruag dael,  esllaolsv»o.  qLuae n ofuremraa 
apdeermmitáes  lqeu pee reml icteo nptraedsocrin-pdairr tdideo lra  lloiq usiedaa cdióen  adme blao ss occóiendyaudg ecos n–yupgaartli.c iLóan  ccuoensjtuiónnta e–s,  syi   BOE-A-cable e
esta norma, que concede amplias facultades, puede ser aplicada también a la partición 
realizada por los herederos regulada en la Sección Cuarta de la Ley 2/2006, de derecho 
civil de Galicia.
La partición realizada por los herederos que representen la mayoría del 50% del 
haber hereditario estaba regulada en la anterior Ley 4/1995, de 24 de mayo, de derecho 
civil de Galicia, en los artículos 165 y siguientes, si bien se condicionaba a que no 
hubiera contador-partidor ni herederos menores no emancipados o incapacitados (ex 
artículo 165). La razón de esta limitación era el carácter excepcional o extraordinario de 
aquella forma de partición. En la actual regulación de los artículos 294 y siguientes de la 
Ley 2/2006, no se recoge aquella limitación, y así, el artículo 294 establece lo siguiente: 
«Cuando el testador no tuviera hecha la partición, los partícipes mayores de edad, los 
emancipados o los legalmente representados podrán partir la herencia del modo que 
tengan por conveniente», de manera que en el artículo 295 recoge esta misma partición 
por los «partícipes que representen una cuota de más de la mitad del haber partible y 
sean,  al  menos,  dos»,  si  bien,  ahora,  no  la  impide  aun  habiendo  menores  o 
incapacitados. Esta falta de limitación en la regulación del año 2006 se debe a que la 
partición regulada en los artículos 294 y siguientes, al contario que la regulación del año 
1995,  como  alega  el  recurrente,  no  está  recogida  como  medio  extraordinario  o 
excepcional,  sino  como  una  nueva  modalidad  de  partición,  igual  a  otras,  aunque 
sometida las normas que la regulan. Así pues, no se trata de ningún medio excepcional 
que  se  someta  a  interpretación  estricta,  sino  que  puede  interpretarse  conforme  se 
establece en el artículo 2.2 de la Ley de derecho civil de Galicia: «El derecho gallego se 
interpretará e integrará desde los principios generales que lo informan, así como con las 
leyes, los usos, las costumbres, la jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Galicia  y  la  doctrina  que  encarna  la  tradición  jurídica  gallega»,  y,  en 
consecuencia, cabe la aplicación de los preceptos de otras secciones de la ley gallega, 
en cuanto no contradigan las específicas. Además, como bien alega el recurrente, uno 
de esos principios es el de la conservación de la partición, consistente, en la medida de 
lo posible, en la evitación de la anulación o rescisión de la partición, de manera que si 
existiese algún error u omisión en la misma, que pudiese evitarse con su modificación, 
así ha de hacerse (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1980), lo que ha 
sido recogido también por la doctrina y tradición jurídica gallega.
4.  Este Centro Directivo, en Resolución de 16 de octubre de 2020, ha puesto de 
relieve que el legislador gallego a fin de proveer de recursos que eviten las situaciones 
de  bloqueo  derivadas  de  la  falta  de  colaboración  de  determinados  herederos,  ha 
habilitado  sistemas  que  agilicen  y  flexibilicen  la  partición  en  casos  de  posibles 
oposiciones a ella, entre estas el refuerzo de la partición practicada por los cónyuges, la 
partición por mayorías, partición conjunta y unitaria. En definitiva, como ha afirmado esta 
Dirección General en la citada Resolución (transcribiendo otras anteriores), «resulta del 
conjunto de la regulación gallega en materia sucesoria la voluntad legislativa de evitar 
situaciones de bloqueo derivadas de la no concurrencia de algún heredero o legitimario a 
la partición, lo que se traduce en la inclusión y desarrollo de figuras como la partición de 
los herederos por mayoría, auténtica excepción al carácter unánime de la partición, 
aunque esté sometida a controles no judiciales, y, en la misma línea, el refuerzo de la 
eficacia de los actos particionales realizados por los testadores, especialmente si son 
cónyuges, a los que se permite, por ejemplo, partir conjuntamente, aunque testen por 
separado, y satisfacer la legítima de los hijos con bienes solo de uno de ellos (artículo 
282 de la Ley de derecho civil de Galicia), y hacerlo con independencia del origen de los  s
bienes  (artículo  276  de  la  Ley  de  derecho  civil  de  Galicia),  o  que  el  cónyuge  oe.
sobreviviente atribuya eficacia a la partición conjunta, que puede incluir bienes comunes,  w.
tras el fallecimiento del otro cónyuge, mediante actos de atribución dispositiva inter-vivos  23ww
(raerflteícjau leon 2 l7a7 r edgeu lalac ióLne ye sdpee cdiearl edceh ola  cdiivsipl odseic iGóna litceisat)a. mEesnteta rmiai sdmeo b ieesnpeísri tgua ntaamncbiiaélne ss oe 
adleu dsiurá p. aTrotidciop aeclilóon n eon  sliogsn imficisam, osisn  peomr buanrog od,e  qlouse  ceónn ytuogdeos c, aas ola  yq useu pau ceosntoti npuearcmióitna  slea   BOE-A-cable e
legislación gallega prescindir de la previa liquidación de gananciales para la eficacia de 
la partición. Además y a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que sería la fecha 
de la apertura de la sucesión la que determinaría la naturaleza de la legítima, y no la de 
la práctica de la partición, como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(sentencia de 30 de noviembre de 2011), lo que en el caso nos remitiría a la legítima 
“pars bonorum” del Código Civil, si se tiene en cuenta la fecha de fallecimiento del 
causante de cuyo heredero se ha prescindido en la liquidación de gananciales (año 
1993) (…). Además, en el caso de no haberla hecho tampoco habría constituido un 
obstáculo, pues como ha puesto de relieve la Dirección General de Registros y del 
Notariado (Resolución de 24 enero de 2017) “Si el contador-partidor comisario que 
interviene en la protocolización de escritura de protocolización hubiera sido designado 
para  tal  cargo  por  ambos  causantes  podría  admitirse  la  no  necesidad  de  previa 
liquidación  de  gananciales,  como  un  acto  formal  previo  de  las  adjudicaciones 
hereditarias (así, artículo 293 de la Ley de derecho civil de Galicia y Resolución de 20 de 
julio de 2007). También podría ser cuestionable la necesidad de una previa liquidación de 
gananciales  cuando  conjuntamente  se  parten  las  herencias  de  dos  cónyuges, 
interviniendo en el acto los causahabientes de todos ellos, y, sobre todo si todos los 
bienes tienen naturaleza ganancial (Resoluciones de 1 de octubre y 19 de noviembre de 
2007)”».
En definitiva, se trata de un principio y espíritu que busca promover y facilitar la 
actuación conjunta de los cónyuges en materia sucesoria, así como evitar los bloqueos 
de las particiones y proindivisos perniciosos para la administración y función social de la 
propiedad, admitiendo el testamento mancomunado, el testamento por comisario, la 
partija conjunta y, como en este caso, la partición de la herencia por mayoría. Esto facilita 
que, en la vida ordinaria, la partición de las herencias, mientras sobrevive uno de los 
cónyuges, si ha sido instituido usufructuario por el fallecido no suele tener lugar la 
partición, y se difiere hasta el fallecimiento del supérstite.
5.  El artículo 295 de la Ley de derecho civil de Galicia, literalmente se refiere al 
«causante», pero una interpretación lógica del precepto combinada con el artículo 293 
del mismo texto legal, y la aplicación de los principios y tradiciones inspiradores de la ley 
gallega, no dejan lugar a dudas de que también cabe la partición conjunta de los 
caudales del matrimonio, por mayoría, pero en este caso concurriendo la cuota de más 
de la mitad del haber partible de cada uno de los esposos. Entender otra cosa sería 
privar de utilidad práctica a la norma y hacer inocuo el precepto.
En el presente supuesto, los bienes de ambas herencias, una vez fallecidos ambos 
cónyuges, forman una sola masa a efectos de la partición y prescinden de la liquidación 
de la sociedad de gananciales porque las particiones se hacen sobre las mitades del 
patrimonio común de cada uno de los fallecidos. En ambos patrimonios hereditarios, 
concurre más de la mitad del haber partible. En consecuencia, es posible la partición 
conjunta de ambas herencias.
Por último, en cuanto a la homogeneidad de los anexos o lotes, el artículo 303 de la 
Ley de derecho civil de Galicia, establece lo siguiente: «Si las cuotas de los partícipes en 
la herencia fueran iguales o si, aun siendo desiguales, permitieran la formación de tantos 
anexos  homogéneos  como  fueran  precisos  para  la  adjudicación  de  los  bienes,  el 
contador-partidor  formará  los  que  correspondan,  los  cuales  serán  sorteados  ante 
notario».  Por  tanto,  en  el  supuesto  concreto  de  este  expediente,  las  cuotas  son 
desiguales y no permiten formar lotes homogéneos, por lo que se realiza la partición en 
proindivisión y a una de las interesadas se le compensa en metálico. s
En consecuencia, debe ser revocado este primer defecto señalado en todos sus  oe.
aspectos. w.
6.  El  segundo  defecto  señalado  es  que  el  nombramiento  del  contador-partidor  23ww
vinuslnaecurala ceiól np eronctreed ilmosie pnrtoop ueesstatobsle, cqiudeo  heanb rálan  dLee ys eyr,a a l qmuee noesx,i gcein cqou ey  ssieen dhoa gqau ep soer 
unnoam bdrea l ausn on osromloa sq uqeu ea ceesptatabnle tcoed olas  Lloesy  ipnaterarv ginaireanntetizsa sri nla n iimngpúanrc siaolridteaod,  dqeule cdoan staind oerf.ecto  BOE-A-cable e
Respecto al nombramiento de contadores partidores en la partición hecha por la 
mayoría,  esta  Dirección  General  ha  diferenciado  el  procedimiento  de  jurisdicción 
voluntaria regulado por la Ley 2/2015 de la partición regulada en los artículos 295 y 
siguientes de la Ley 2/2006, y ha puesto de relieve (cfr., por todas, la Resolución de 28 
de enero de 2018) que una y otra son particiones de distinta naturaleza, esto es, por un 
lado,  un  acto  de  jurisdicción  voluntaria  realizado  por  el  notario  o  letrado  de  la 
Administración de Justicia que aprueban la partición del contador-partidor, en el caso del 
artículo  1057.2  del  Código  Civil,  y  por  otro,  una  partición  contractual,  aunque  no 
unánime, en el caso de los artículos 295 y siguientes de la Ley gallega.
Esto tiene una clara manifestación tanto en las reglas de competencia notarial –y del 
letrado  de  la  Administración  de  Justicia–  como  en  el  respectivo  procedimiento  de 
nombramiento  de  contadores-partidores.  Así,  mientras  la  competencia  notarial  está 
limitada en el caso del artículo 1057.2 del Código Civil por el artículo 66.2 de la Ley del 
Notariado, en el ámbito de la partición por mayoría del derecho gallego, rige el principio 
general  de  libre  elección  de  notario,  propio  de  las  actuaciones  voluntarias  o 
contractuales.
En  cuanto  al  nombramiento  de  contadores-partidores,  difieren  también  ambas 
regulaciones, pues mientras en el supuesto de los artículos 1057.2 del Código Civil y 66 
de la Ley del Notariado, el nombramiento lo hace el propio notario (o el letrado de la 
Administración de Justicia) entre la lista de contadores-partidores posibles que elaborará 
el correspondiente Colegio Notarial (artículo 50 de la Ley del Notariado), en cambio, en 
el  de  la  partición  por  mayoría  el  nombramiento,  se  hace  por  insaculación  entre 
contadores-partidores designados por los propios partícipes que promueven la partición.
Por tanto, es clara la distinta naturaleza y alcance de las particiones por mayoría del 
Derecho civil gallego y la partición por contador-partidor dativo del artículo 1057.2 del 
Código Civil. En consecuencia, la exclusión de esta última norma en Galicia, privaría a 
los  interesados  de  un  mecanismo  legalmente  establecido  para  la  defensa  de  sus 
derechos, propios de la jurisdicción voluntaria como alternativa a la directa partición 
judicial de la jurisdicción contenciosa, lo que es claramente contrario al espíritu de las 
recientes reformas.
Así,  la  partición  por  mayoría  del  Derecho  gallego  subsiste  tras  la  Ley  de  la 
Jurisdicción Voluntaria con sus propios trámites y naturaleza, como particularidad foral, 
de carácter sustantivo y no procesal o procedimental, pero de modo concurrente con la 
partición por contador-partidor dativo del artículo 1057.2 del Código Civil, que tiene la 
naturaleza procesal referida de la Jurisdicción Voluntaria.
En  el  artículo  298  de  la  Ley  gallega  se  recoge  que  «cada  uno  de  los  que  lo 
promuevan podrá designar hasta un máximo de tres contadores-partidores, a fin de 
elegir uno de ellos para el sorteo», lo que no impide que escoja menos de tres o ninguno, 
ya que el número es máximo. Además, como alega el recurrente, esto no impide que los 
promoventes designen el mismo contador-partidor, lo que supondría un acuerdo común y 
esa elección por insaculación no sería necesaria.
Señala la registradora que se puede causar indefensión a los no comparecientes. 
Pues bien, la notificación les ha advertido e informado de la posibilidad de su derecho a 
designar un máximo de tres candidatos, por lo que, si han decaído en el derecho, no 
pueden alegar una indefensión.
En consecuencia, debe revocarse este defecto señalado en la calificación.
7.  El  tercero  de  los  defectos  señalados  es  que  se  forman  lotes  homogéneos 
(participaciones pro indiviso de las fincas del caudal hereditario) para todas las partes  s
salvo para la no interviniente, a la que se compensa en dinero, lo que además va en  oe.
contra de que el pago de la legítima se haga con bienes de la herencia, puesto que no lo  w.
hay en las herencias o al menos no se refleja en el inventario. 23ww
deudAale dgea  veal lroer,c uprorre nlot eq uqeu er elaal mleegníttiem eal  elesg uitinm daeriroe cnhoo p daert iccripéad iptoo ry  usnu  dceornetcehnoid por oepsi ou enna 
edle rpeacthriom odnei od ihcheare ddietaurdioa  ad er evpaalortri r,d ey  qfourem ae l tpoataglmo eennt ed inneeurotr ae sy  esli nú npiecroju qicuieo  spaatrias fancaed iee.l   BOE-A-cable e
La disposición transitoria segunda de la vigente Ley de derecho de Galicia, Ley 2/2006 
de 14 de junio, establece lo siguiente: «1. Las disposiciones de la presente ley sobre la 
partición de la herencia serán de aplicación a todas las particiones que se realicen a 
partir de la entrada en vigor de la misma, sea cual fuera la fecha de fallecimiento del 
causante. 2. Respecto a los demás derechos sucesorios se aplicará la presente ley a las 
sucesiones cuya apertura tenga lugar a partir de la entrada en vigor de la misma». Así 
pues, habiendo fallecido los causantes en los años 1992 y 1997 respectivamente, los 
derechos sucesorios de sus causahabientes –entre ellos las legítimas– se rigen por el 
Código Civil y la Ley 4/1995, de 24 de mayo respectivamente, en los que se establecía 
un régimen prácticamente idéntico al del Código Civil –artículos 146 y siguientes de la 
Ley 2/1995– y por tanto con la naturaleza de «pars bonorum» y no como un mero 
derecho de crédito. Por tanto, no cabe tener en cuenta este argumento para sostener el 
pago en metálico, pues en este supuesto concreto no lo hay en la herencia.
8.  Alega también el recurrente que la motivación principal de la división de la 
herencia es no continuar en la indivisión, circunstancia que difícilmente sucederá si se 
adjudica una participación indivisa a una persona que no comparece a la partición, como 
consta en la notificación efectuada, y no tiene intención alguna en terminar con la misma; 
y que, por tanto, a falta de norma especial, debe estarse al derecho supletorio –artículos 
841 y 1057 del Código Civil–, que permite al contador-partidor la adjudicación de todos o 
parte de los bienes hereditarios a algunos, ordenado en pago en metálico a los demás 
con caudal extra hereditario.
En cuanto al principio de evitar la indivisión, como se ha recordado antes, este 
Centro Directivo, en Resolución de 16 de octubre de 2020, ha puesto de relieve que el 
legislador gallego a fin de proveer de recursos que eviten las situaciones de bloqueo 
derivadas de la falta de colaboración de determinados herederos, ha habilitado sistemas 
que agilicen y flexibilicen la partición en casos de posibles oposiciones a ella y sistemas 
de evitación del bloqueo e indivisión de la herencia, en los términos antes transcritos que 
no es necesario reiterar.
9.  En cuanto a la posibilidad del pago de la legítima con caudal extrahereditario, en 
la Ley 2/2006, Ley de derecho civil de Galicia, dispone el artículo 246 que «1. Si el 
testador no hubiera asignado la legítima en bienes determinados, los herederos, de 
común acuerdo, podrán optar entre pagarla en bienes hereditarios o en metálico, aunque 
sea extrahereditario. A falta de acuerdo entre los herederos, el pago de la legítima se 
hará en bienes hereditarios (…)».
Sostiene  la  registradora  que  no  habiendo  lotes  homogéneos  de  bienes  de  la 
herencia, ni metálico en el inventario de la misma, solo con el acuerdo de los herederos 
–todos, puesto que como se ha dicho, la legitima anterior a la entrada en vigor de la Ley 
es «pars bonorum»– cabrá pagar su porción en la herencia a una de las herederas que 
no está presente en el expediente; del texto del artículo 246 resulta que «(…) los 
herederos, de común acuerdo, podrán optar entre pagarla en bienes hereditarios o en 
metálico (…)», y en el artículo 248 de la Ley de derecho Civil de Galicia se acentúa esta 
facultad  que  no  obligación  de  los  herederos:  «Pueden  pagar  la  legítima,  o  su 
complemento, el heredero, el comisario o contador-partidor, así como el testamentero 
facultado para ello. Pero corresponderá en exclusiva a los herederos la opción de pagar 
la legítima en metálico extrahereditario». Por último, el artículo 251 del mismo texto legal 
ratifica  esta  interpretación  cuando  recuerda  en  sede  de  reducción  de  legados  y 
donaciones lo siguiente: «3. Los afectados por la reducción podrán evitarla entregando 
en metálico su importe para el pago de las legítimas». En definitiva, que, corresponde a  s
los herederos la facultad de determinar sí se paga la legítima en metálico, aunque sea  oe.
extrahereditario, o en bienes de la herencia. La cuestión es si ese acuerdo de los  w.
herederos debe ser unánime de todos o basta que lo sea de mayoría de los herederos,  23ww
es d1e0c.i r, dEen  loesl  Dqueere pcrhoom cuiveivl ecno melú anc t–aq.ue el recurrente alega como derecho supletorio–,
dlae fl aCcuóldtaigdo d eCli vpial gfuoe d ein tlaro ldeugcítidimaa e enn  lma erteáfloicrom are cdoeg i1d3a  edne  lomsa ayort ícduel o1s 988411,  yy ,s isgeugieúnnt elas   BOE-A-cable e
doctrina  y  la  jurisprudencia,  consiste  en  conceder  a  alguno  o  algunos  de  los 
descendientes del testador, o al contador-partidor expresamente autorizado por aquel, la 
posibilidad de conmutar la porción legitimaria de los demás por un caudal que se pagará 
en efectivo metálico. Como regla general la legítima en el derecho común se configura 
como  «pars  bonorum»  (así  lo  ha  entendido  este  Centro  Directivo)  o  como  «pars 
hereditatis», lo que implica, en palabras del Tribunal Supremo que la legítima es cuenta 
herencial y ha de ser abonada con bienes de la herencia, porque los legitimarios son 
cotitulares  directos  del  activo  hereditario  y  no  se  les  puede  excluir  de  los  bienes 
hereditarios. Es decir, como ha reiterado este Centro Directivo, la naturaleza de la 
legítima como «pars bonorum» atribuye al legitimario el derecho a una porción del haber 
hereditario que debe ser pagada en bienes de la herencia.
Así, ante la regla general, el artículo 841 del Código Civil supone una importante 
excepción, ya que permite, si así lo establece expresamente el testador, a uno o algunos 
de los descendientes, o al contador-partidor, en lugar de pagar la legitima de los demás 
legitimarios con bienes de la herencia, como es ordinariamente obligatorio, conmutar su 
cuota por un caudal que se pagará en efectivo metálico. Otra cuestión es si, aunque el 
precepto no lo establezca expresamente, se presupone que el metálico con que se 
pagará a los demás legitimarios no forzosamente debe existir en la herencia. La doctrina 
y la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2012 han admitido que el pago 
de la legítima lo sea con metálico extra hereditario porque han afirmado que la finalidad 
de salvaguarda de la intangibilidad material de la legítima y de la seguridad respecto del 
pago efectivo de la misma, viene también reforzada desde la perspectiva conceptual que 
presenta el pago en metálico de la legítima de los descendientes conforme al marco 
establecido en los artículos 841 y siguientes del Código Civil. Así, a diferencia de lo 
previsto en el artículo 1056 del Código Civil, y pese al mero tenor literal del artículo 841, 
«el testador o el contador-partidor expresamente autorizado por aquél», en rigor, no 
están  ordenando  imperativamente  la  conmutación  del  pago  de  la  legítima,  sino 
facultando a alguno o algunos de sus hijos o descendientes para que, si así lo quieren, 
se adjudiquen todo o parte del caudal relicto, compensando a los demás legitimarios con 
dinero no hereditario. En consecuencia, estos requisitos para que resulten aplicables los 
artículos  841  y  siguientes  del  Código  Civil  solo  son  aplicables  en  situaciones  muy 
tasadas en las que el testador lo ha autorizado o el contador-partidor ha sido autorizado 
para ello.
Es cierto, que si el contador-partidor, después de calcular la legítima, no puede 
proceder al pago en metálico de su cuota ya que tal cantidad no existe entre los bienes 
hereditarios del causante, sino que establece que tal cantidad sea pagada por los 
herederos, entonces no está limitándose a contar y partir los bienes del causante, sino 
que  está  transformando  la  legítima  en  un  derecho  de  crédito  frente  a  los  demás 
herederos, a quienes ordena el pago en metálico de su cuota. Efectivamente, en general, 
la asignación de todos los bienes de la herencia a uno de los interesados imponiéndole 
la  obligación  de  pagar  los  derechos  correspondientes  a  los  otros  interesados  en 
metálico, supone transformar los derechos de éstos, que de cotitulares de la masa 
hereditaria con cargo a la que, previa liquidación, han de satisfacerse sus derechos, 
pasan a ser titulares de un derecho de crédito frente a otro de los partícipes. Y ello 
implica un acto de disposición admisible en el caso de ser los interesados con facultades 
de libre disposición de sus bienes los que lo convinieran (cfr. artículo 1058 del Código 
Civil), pero que no puede entenderse comprendida entre las de partir que al contador-
partidor le vienen asignadas por la ley en su condición de tal. Otro tanto cabría decir del  s
derecho de los legitimarios, intangible no sólo en el aspecto cuantitativo sino también en  oe.
el cualitativo que no puede el contador-partidor cambiar por un crédito frente a los  w.
herederos so pena de desvirtuarlo completamente, algo que el legislador ni tan siquiera  23ww
pCeórdmigitoe)  esni  neol  ceass oco dne  cqounes eenl ttimesietandtoo r dleo  ilmosp oanfegcat aod oasu too raicper o(bcfar.c iaórntí cpuolor  e8l4 l1e trdaedl om disem loa 
sAedrmiei ndiest rgaacriaónnt ídaes  Jcuosmtioc ialo so  pella nzootsa rpiore (calurtsícivuolos  d8e4 3t)o,d aom eél np rdoecle nseoc deesa praior triceisópne yto p daeg oo t(rsai   BOE-A-cable e
bien, la regla del artículo 1061 del Código que impone la igualdad en la integración de los 
lotes de los herederos, referida principalmente a la partición hecha por contador-partidor, 
ha  de  tener  como  una  de  sus  excepciones  el  supuesto  que  contempla  el  artículo 
siguiente, el 1062, para el caso de cosas indivisibles, y esta excepción entendida como 
simple acto particional, ubicable por tanto dentro de las facultades de los contadores-
partidores,  ha  sido  interpretada  con  gran  amplitud  por  la  doctrina  de  este  Centro 
Directivo –vid. Resoluciones de 10 de enero de 1903, 23 de julio de 1925, 6 de abril de 
1962, 2 de diciembre de 1964, 13 de mayo de 2003 y 16 de septiembre de 2008– al 
punto de considerar que es la solución más lógica cuando en la herencia existe tan sólo 
un bien jurídico o económicamente indivisible).
En definitiva, se transforma, con ello, la naturaleza del derecho que los legitimarios 
tienen en la herencia del causante y como ha puesto de relieve la jurisprudencia, se 
convierte  en  un  crédito  la  legítima  «pars  hereditatis».  La  configuración  legal  de  la 
legítima en este caso impide la infracción del artículo 841 del Código Civil, porque es la 
propia ley la que produce el cambio de naturaleza de la posición del legitimario en la 
herencia. Resulta claro de la jurisprudencia que tal transformación de la naturaleza de la 
legítima sólo puede producirse cuando tenga un apoyo legal. En este caso se produce 
por la aplicación del artículo 841. Así, en este caso, al no existir metálico hereditario 
suficiente en la herencia, se realizará el pago de la legítima con dinero que ya no 
procede del causante sino de los herederos, siendo el supuesto del artículo 841. Pero 
esto,  en  el  caso  de  un  contador-partidor  dativo,  a  falta  del  acuerdo  de  todos  los 
interesados, requiere la aprobación del notario o del letrado de Administración de Justicia 
conforme el artículo 843 del Código Civil. De forma distinta, en el caso de partición por 
mayoría del Derecho civil gallego, el contador-partidor designado por insaculación, tiene 
unas funciones que no precisan culminar con la aprobación del notario ni del letrado de 
Administración de Justicia, pues el principio que informa esta forma de partición es evitar 
las  situaciones  de  bloqueo  e  indivisión  de  la  herencia  derivadas  de  la  falta  de 
colaboración de determinados herederos, para lo que se han habilitado estos sistemas 
que agilicen y flexibilicen la partición en casos de posibles oposiciones a ella.
Pero es que, además, el artículo 304 de la Ley de derecho civil de Galicia establece 
lo  siguiente:  «Siendo  las  cuotas  desiguales  de  tal  naturaleza  que  no  permiten  la 
formación  de  lotes  homogéneos  con  los  bienes  hereditarios,  el  contador-partidor 
propondrá a los interesados un proyecto de partición, que para su validez habrá de ser 
aprobado por partícipes que representen, al menos, las tres cuartas partes del haber 
hereditario». Es cierto que esta mayoría cohonesta con la naturaleza actual de «pars 
valoris» de la legítima gallega; pero, también lo es que, en el supuesto concreto, se trata 
de una de esas situaciones, y concurriendo la unanimidad de los intervinientes, que 
supera las tres cuartas partes del haber hereditario, debe bastar para ese pago de 
derechos  con  caudal  extrahereditario,  sin  que  la  no  interviniente  pueda  alegar 
indefensión habida cuenta de las notificaciones que se le han practicado y la posibilidad 
reiterada que ha tenido de ejercer sus derechos.
En consecuencia, debe revocarse este defecto señalado en la calificación.
11.  El cuarto defecto señalado es que, en el acta notarial de notificación a la 
heredera no presente, que se efectúa por correo, solo resulta un intento de entrega, por 
lo que partición no puede tenerse por terminada ni producir sus efectos.
El artículo 307 de la Ley 2/2006 establece lo siguiente: «El notario notificará la 
formalización de la partición a los interesados que no comparecieran a la protocolización. 
La notificación se realizará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 295 y 296. Una vez  s
practicada la notificación, la partición producirá todos sus efectos y pondrá fin a la  oe.
indivisión». De manera que esta notificación se habrá de realizar a tales interesados, si  w.
se conoce su domicilio. En el concreto supuesto, se conoce el domicilio de la interesada,  23ww
elufgeactro ds odned esu f udee rencohtiofi caa ddoe seigl nianric cioo ndtaedl oprr-opcaertdidimorie pnatora  dlae  inpsaartcicuilóanc iópno,r  dmeraeycohroía q, uae  lnoos 
ejerció.
A  falta  de  norma  específica  que  imponga  exigencias  complementarias  a  dicha 
notificación, basta con que se cumpla lo que a tal efecto establecen los artículos 202, 
203 y 204 del Reglamento Notarial, que básicamente se centran en regular los modos de 
practicar la diligencia notificatoria y en consagrar el derecho de contestar del requerido o 
notificado. Como dispone el artículo 202 «in fine», la notificación o el requerimiento 
quedarán igualmente cumplimentados y se tendrán por hechos en cualquiera de las 
formas expresadas en este artículo. Sin embargo, no es imprescindible que, en todo 
caso,  se  haya  de  entregar  materialmente  la  cédula  al  requerido.  Apoya  esta 
consideración el artículo 203 del mismo cuerpo normativo cuando establece que si el 
interesado o su representante «se negare a recoger la cédula o prestase resistencia 
activa  o  pasiva  a  su  recepción,  se  hará  constar  así,  y  se  tendrá  por  realizada  la 
notificación. Igualmente se hará constar cualquier circunstancia que haga imposible al 
notario la entrega de la cédula; en este caso se procederá en la forma prevista en el 
párrafo sexto del artículo 202». La norma reglamentaria se basa en que en muchas 
ocasiones la falta de entrega puede ser imputable al propio notificado.
El artículo 202 del Reglamento Notarial admite dos vías, con iguales efectos, al 
disponer que el notario, discrecionalmente y siempre que de una norma legal no resulte 
lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y requerimientos enviando al destinatario la 
cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo; a lo que añade que 
siempre que no se utilice tal procedimiento el notario se personará en el domicilio o lugar 
en  que  la  notificación  o  el  requerimiento  deban  practicarse,  según  la  designación 
efectuada por el requirente, dando a conocer su condición de notario y el objeto de su 
presencia al realizar la notificación. A continuación, el precepto reglamentario se refiere 
al supuesto en que no se halle presente el requerido, en el que podrá hacerse cargo de 
la cédula cualquier persona que se encuentre en el lugar designado y haga constar su 
identidad; al supuesto en que nadie se hiciere cargo de la notificación, en cuyo caso se 
hará constar esta circunstancia; y al caso de edificio que tenga portero, en el que podrá 
entenderse la diligencia con el mismo.
El citado artículo 203 del Reglamento Notarial, en la redacción resultante de su 
modificación por Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, estableció que «cuando el 
interesado, su representante o persona con quien se haya entendido la diligencia se 
negare a recoger la cédula o prestase resistencia activa o pasiva a su recepción, se hará 
constar así, y se tendrá por realizada la notificación»; pero la Sentencia de 20 de mayo 
de 2008 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró nulo el inciso: «o persona con 
quien se haya entendido la diligencia», por entender «que la regulación de la efectividad 
de la notificación, llevada cabo en persona distinta del interesado o su representante que 
se niegue a recoger la cédula o prestare resistencia a su recepción, se aparta del 
régimen general establecido en la Ley 30/92, en materia sujeta a reserva de ley –de 
irregularidad  procedimental  se  califica  por  el  Tribunal  Constitucional  el  defecto  de 
notificación o falta de la misma (ATC 261/2002, de 9 de diciembre y STC 186/1998, de 
28 de septiembre)–, estableciendo un supuesto de eficacia de la notificación no previsto 
en dicha Ley e incompatible con la misma y con el principio de reserva de ley, ello sin 
perder de vista que la regulación de la Ley 30/92 trata de cumplir la finalidad propia de la 
notificación, que como señala el Tribunal Constitucional en Sentencia 64/1996, es llevar 
al conocimiento de los afectados las decisiones con objeto de que los mismos puedan 
adoptar la postura que estimen pertinente, lo que puede justificarse cuando son los 
mismos o sus representantes quienes hacen inviable la notificación de cuya existencia, 
no  obstante,  toman  conocimiento,  pero  resulta  altamente  cuestionable  que  ello  se  s
produzca cuando quien se niega a recibir la notificación es un tercero». oe.
Según  el  último  inciso  del  artículo  203:  «Igualmente  se  hará  constar  cualquier  w.
circunstancia que haga imposible al notario la entrega de la cédula; en este caso se  23ww
ppuroecdeed esreár  perne clais afomrmenat ep rqeuveis tlaa  peenr seol npaá rcroanfo q sueiexnto  sdee el natriteícnudleo  l2a0 d2i»lig. eEnscaia c sirec unnesgtaanrac iaa 
ihmapcreersscei ncdaibrgleo  qduee ,l ac ocmédou ldai sdpeo nneo teifli cpaácriróanfo q sueex tloe  doefrle acrietírcau leol  2n0o2ta, reiol . nPotoarr ioe,ll op osre rníao   BOE-A-cable e
haber podido hacer entrega de la cédula, envíe la misma por correo certificado con 
acuse de recibo, tal y como establece el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, o 
por cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega.
A la luz de lo establecido en los artículos 202 y 203 del Reglamento Notarial debe 
concluirse  que  en  tal  caso  sería  necesaria  una  doble  actuación  notarial  que  diera 
cobertura al menos a dos intentos de notificación con entrega de la correspondiente 
cédula, uno efectuado mediante la personación del notario en el domicilio en que la 
notificación había de practicarse, y otro mediante su envío por correo certificado con 
acuse de recibo (o por cualquier otro procedimiento que permitiera dejar constancia 
fehaciente de la entrega). Como ya tiene declarado la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, a la vista de ambos artículos del Reglamento Notarial, debe tenerse por 
efectuada  la  notificación  (vid.  el  último  párrafo  del  artículo  202,  según  el  cual  «la 
notificación o el requerimiento quedarán igualmente cumplimentados y se tendrán por 
hechos en cualquiera de las formas expresadas en este artículo») siempre que se 
cumplan los procedimientos establecidos en el primer precepto, ya se haga la entrega de 
la  documentación  objeto  de  notificación  personalmente  o  a  través  del  Servicio  de 
Correos, ya se constate la negativa a la recepción por la persona –que sea el interesado 
o su representante– con quien se haya entendido la diligencia, o en su caso (si en el 
domicilio que corresponda no hay persona idónea que la recibiera) se lleven a cabo los 
dos intentos infructuosos de entrega de la cédula de notificación (uno de ellos por el 
notario de forma personal). Y es que, con carácter general, basta con asegurar la 
posibilidad razonable de que el notificado pueda informarse y conocer el contenido de lo 
que haya de comunicársele, sin que se exija o se imponga el resultado de que tenga un 
conocimiento efectivo, máxime si se tiene en cuenta que la imposibilidad de llegar a ese 
conocimiento puede deberse exclusivamente a la negligencia o mala fe del destinatario 
de la notificación que no haya comunicado la modificación del domicilio pactado para la 
práctica  de  la  misma  y,  por  ende,  no  cabe  alegar  lesión  alguna  de  las  garantías 
constitucionales (cfr., por todas, las Resoluciones de este Centro Directivo de 10 de julio 
de 2013 y 19 de febrero de 2020).
De este modo, en los casos como el presente, si se ha realizado únicamente el 
intento de envío de la cédula de notificación por correo certificado con acuse de recibo, 
pero no la notificación presencial prevista en el citado artículo 202, existiría un obstáculo 
a la inscripción por no poder entenderse que se haya practicado la notificación a la que 
el artículo 307 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, anuda la 
producción de efectos de la partición.
En consecuencia, debe ser confirmado este defecto señalado en la calificación.
Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso interpuesto, 
respecto de los tres primeros defectos expresados en la calificación, que se revocan; y 
desestimarlo respecto del cuarto de los defectos confirmando la calificación en este 
punto.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 18 de marzo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  s
Pública, Sofía Puente Santiago. oe.