BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Sábado 18 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 53705
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8143 Sala Segunda. Sentencia 59/2020, de 15 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 5811-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:59
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  5811-2018,  promovido  por  la  mercantil  Penrei 
Inversiones, S.L., contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 
de Lorca, de 10 de julio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución 
formulada  por  dicha  entidad,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
101-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del mismo juzgado, 
de 24 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como sucesora procesal del 
banco ejecutante. Ha sido Ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 7 de 
noviembre  de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de la mercantil Penrei Inversiones, S.L., bajo la 
defensa  del  letrado  don  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  demanda  de 
amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  o
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 43www.
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntrcao  ladse  mSearbcaandteillel,s  SE.uAr.o,  Iinnvteerrpsuiosnoe sd eInmmaonbdialia rdiaes  eCjeocsutac ióSnu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral núm. 43.331 sita en el
término  municipal  de  Lorca,  resultando  la  primera  de  las  demandadas  la  deudora 
hipotecaria, y la segunda titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto el 3 de mayo de 2018, aclarado por posterior auto 
de 22 de junio siguiente, por el que acordó el despacho de ejecución (procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 101-2018), requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo 
derecho a oponerse a le ejecución en el plazo de diez días.
b)  Con fecha 8 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca relativa al proceso «EJH/
0000101/2018»; notificación a la que podía acceder desde el día 8 de mayo de 2018 
hasta el 23 de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  22  de  junio  de  2018  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 23 de junio de 2018.
d)  El día 23 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
Juzgado de Primera Instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
101-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un certificado 
electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), 
dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
e)  El 9 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el Juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
aportando una serie de documentos.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca dictó auto el 10 de 
julio de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir a trámite la oposición formulada por las ejecutadas Penrei Inversiones, 
S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representadas por el procurador 
don Antonio Serrano Caro por presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su Fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 de la LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.» e.
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días  43ww
anteg e) steP otrri beuln arel psrine seefenctatonste s upsropceenssaivl odse» .la demandante de amparo y de la entidad
Eanutreoriinovre arsuitoon. eLsa  Ipnrmimoebrilaia rdiaes e, llSa.sL .d, esfeen dinióte rqpuues ilear onno tirfeiccaucrisóons  yd ree qreupeorismicieiónnto  cdoen tpraa geol 
tuvo lugar cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no antes,
siendo desde entonces que cabía computar el plazo de diez días del art. 556 de la Ley 
de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2.3, 152.2, 
162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer 
indefensión y la importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que de no 
tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, quedando denunciado 
a esos efectos.
h)  El Juzgado ejecutor dictó auto el 24 de septiembre de 2018 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su Razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC].
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, hierran [sic] en el plazo en el que puede acceder a 
su contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo de la art. 43 de la citada LPACAP 
(ley 39/2015). Así dice el artículo 43. 2 de la citada ley que "Las notificaciones por 
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido."
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 7 de mayo 2018 no accediendo al contenido hasta el día 21 de 
junio de 2018 (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a 
la  ejecución  en  fecha  9  de  julio  de  2018  claramente  fuera  del  plazo  legalmente 
establecido en el art. 556. 1 LEC (dentro de los 10 días siguientes al de la notificación del 
auto despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno». Tanto este auto, como el anterior de 10 de julio de 2018, se los 
notificó el juzgado al procurador de la demandante de amparo a través del sistema 
Lexnet, tal y como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 24 de septiembre de 2018, por la indicada mercantil se 
interpuso el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos, a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de  s
referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones  oe.
electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la  w.
saceortdm. eo1  5de5es. 1tsa ubd ldeeo cemes ietcali l iaoler tys., o 2co7iba3jl e,L ttaEranCtdá,o ne dntao mrseebl aidécenió  snqu uc peor niem llo eJsru  eazmrgtsap.dl a1oz3 ah5ma, y1iea5n 2tho,e  1cju6hd2oi c yeia le l nce ónem slapp uectcaoiau dls aee,ll    2020-8143n https://ww
plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección electrónica
habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 24 de septiembre siguiente que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquéllas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivada de los pronunciamientos judiciales que han sido 
objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión de la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria 101-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, hasta tanto 
sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del órgano 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el día 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
[art. 50.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]»; así como que «el recurso puede dar ocasión 
al  Tribunal  para  aclarar  o  cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]»; (ii) requerir al juzgado a quo para que, en plazo no superior a 
diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 101-2018; (iii) previamente emplazara a 
quienes hubieran sido parte en éste, excepto a la recurrente en amparo, para poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en el plazo de diez días, a efecto de 
formular alegaciones; y (iv) formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm.  3  de  Lorca,  para  que  remitiera,  a  la  mayor  brevedad  posible,  certificación 
acreditativa «de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  juzgado  con  el 
número 101/2018», y, si hubiere recaído resolución, se certificara sobre el contenido de 
la misma.
Con  fecha  23  de  julio  de  2019,  se  recibió  en  el  registro  de  este  Tribunal  la 
correspondiente certificación del juzgado a quo fechada el 8 de julio de 2019, en la que  e
se hizo constar «que en los presentes autos no se ha interpuesto recurso de apelación  bo
por ninguna de las partes personadas en el mismo». 43ww
la p6ro. cuPraodr oersac rditeo  plores setrnibtaudnoa leesn  edlo rñeag isBtlraon dcae  eMsaterí aT riGburannadl ee l Pdeías q1u2e droe,  jualciotu daen d2o0 1e9n, 
nombre y representación de la entidad Banco Sabadell, S.A., solicitó se tuviera a esta
última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha procuradora las 
actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió 
tener  por  personado  y  parte  al  Banco  de  Sabadell  a  través  de  la  procuradora 
mencionada, y, de otro lado, acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas 
y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la 
LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  14  de  octubre  de  2019,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  Con fecha 17 de octubre de 2019, la procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que «se tenga por subrogada a mi representada Assets Designated Activity Company 
como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte legítima en 
dicha representación». En dicho escrito, la mercantil defendió la interpretación que hace 
el juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, por lo que el escrito de 
oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo legalmente establecido 
en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del art. 52 LOTC, o con posterioridad, ningún 
escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones en 
fecha 30 de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca, en el juicio 
de ejecución hipotecaria 101/18», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato 
anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular 
oposición a la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [art. 44.1 a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de nulidad 
de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición –el cual no producía en 
origen la lesión–, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. Tampoco la 
demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos autos, sin 
esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este Tribunal para 
situaciones similares. e.e
b)  En  cuanto  al  fondo,  la  alegada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  b
efectiva, (art. 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de  43ww
hoapcoesric iaópnl icaa claió ne jedceu cliaó nd odcet rlian ar esceunrrteandtae , pcoor nlsaid eSrTaC l a4 7fis/2c0a1l 9s,o bdree  8to ddoe  qauber il,p reonc eudne 
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segundo párrafo, de los que se deriva la obligatoriedad de que el primer emplazamiento
se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación. El resultado 
es  que  ambas  resoluciones  del  Juzgado  sumieron  a  la  recurrente  en  indefensión 
prohibida  por  el  art.  24.1  CE,  pero  además  conculcaron  el  canon  exigible  de 
razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, tras haberse recibido del Juzgado de 
Primera Instancia núm. 3 de Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo el 3 de 
diciembre de 2019, aceptando la sucesión procesal solicitada, y copia del auto de 31 de 
enero de 2020, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra aquél por la 
entidad Penrei Inversiones, S.L., el 6 de febrero de 2020, la Sección Cuarta de este 
Tribunal dictó providencia acordando «tener por personada como parte comparecida en 
el presente recurso a la entidad Pera Assets Designated Activity Company, en virtud de 
sucesión procesal».
12.  Por la secretaría de justicia se ha dictado diligencia el 18 de febrero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sección Cuarta, Sala Segunda 
de este Tribunal, núm. 94/2019, de 18 de julio, se acordó: «1.º Denegar la suspensión 
cautelar solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en 
el  registro  de  la  propiedad,  a  cuyo  efecto  el  referido  juzgado  ha  de  expedir  el 
mandamiento  oportuno,  para  que  pueda  practicarse  la  misma  en  relación  con  el 
inmueble a que se refieren las presentes actuaciones».
14.  Por providencia de 11 de junio de 2020, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Lorca, de 10 de julio de 2018 y de 24 
de septiembre de 2018, recaídos en el proceso hipotecario núm. 101-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel  e.
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación  w.b
correspondiente, tal y como establecen las normas de la LEC. Aduce otras dos quejas  43ww
dpeo r dleesfeiónns ad eclo dnetrraedcihctoo raia u; ny  perlo dceerseoc hcoon a t olad aass ilsatse ngcaiara lnettíraasd a(a (rat.r t2. 42.24 .2C EC)E, )e,n a smub faasc estian 
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comparecida se opone a la demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que 
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [art. 44.1 a) LOTC], 
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de 
recurso de éste, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la 
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 
de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la garantía de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la LEC (directa o supletoriamente), como primera comunicación con el 
órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser  sustituida  por  una  comunicación 
electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica 
habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, y lo complementa 
la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y 
documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano 
judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como 
ya  ha  declarado  este  Tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, en su FJ 4, como ha de hacerse también ahora, 
que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a 
quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición 
a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición 
invocando normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 
LEC. Todo lo cual determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art.24. 1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede, por ello, acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado 
en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó a su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones  para  que  el  Juzgado  practique  dicho  emplazamiento  en  los  términos 
exigidos por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho  s
fundamental de la demandante. oe.
En atención a todo lo expuesto, el FTAriLbLuOnal Constitucional, POR LA AUTORIDAD  2020-8143n https://ww
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 10 de julio de 2018 y de 24 de septiembre 
de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en 
el  proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  101-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.