BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Miércoles 8 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 48758
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
7440 Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención 
para  refuerzo  del  sistema  de  garantías  de  Extremadura,  se  establecen 
ayudas  financieras  a  autónomos  y  empresas,  y  se  adoptan  medidas  en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio 
histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo 
de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por 
el  COVID-19.  El  citado  Real  Decreto  463/2020  establece  en  su  artículo  4  que  la 
autoridad  competente  a  efectos  del  estado  de  alarma  será  el  Gobierno  y,  en  sus 
respectivas  áreas  de  responsabilidad,  las  personas  titulares  de  los  Ministerios  de 
Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de 
conformidad con el artículo 6 del citado Real Decreto cada Administración conserva las 
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios 
para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de 
la autoridad correspondiente.
A esta medida, le han seguido una cascada de iniciativas adoptadas por las distintas 
Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido 
una  importante  afectación  por  razón  de  las  circunstancias  tanto  sociales  como 
económicas que ha generado la situación. Así, en Extremadura se han dictado ya 
medidas en los ámbitos sanitario, educativo, comercial, de los servicios sociales, de 
subvenciones,  de  la  función  pública,  de  los  servicios  públicos  básicos  y  para  el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
En  esta  línea,  y  tratándose  de  una  situación  excepcional,  se  han  aprobado  y 
publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» hasta el momento ocho normas con 
rango de Decreto-ley. Dada la evolución de la crisis sanitaria y sus efectos, la Junta de 
Extremadura considera ineludible seguir arbitrando medidas urgentes y excepcionales, 
complementarias de las anteriores.
La incierta extensión de la pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un 
impacto negativo en nuestra economía, resultando esencial procurar minimizar en lo 
posible el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la 
situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y 
evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural.
En este sentido, como consecuencia de los efectos de la pandemia y de las medidas 
adoptadas para combatirla, la actividad productiva se ha visto reducida en gran medida,  s
por lo cual las empresas han visto mermadas sus fuentes de ingresos de forma muy  e.
considerable.  Por  ello,  una  de  las  mayores  dificultades  a  las  que  se  enfrentan  w.
actualmente los autónomos y las pymes extremeñas es a la falta de liquidez para  40ww
finanLcai aprr soupsia g Casotmosis cióonr riEeunrtoeps eya s suesñ naelac etseixdtaudaelms ednet ec aepni taslu c Mircaurlcaon tTee.mporal de Ayudas
qduee t o«deon  tilpaos  pciurceudnesnt avnecrsiaes  eenxfcreenptcaiodnaas leas u cnrae agdraavse p foarl teal  dbero ltiqeu didee Cz.O PVuIeDd-e1 9q, ueem npor essoalos   BOE-A-cable e
las empresas solventes sino también las menos solventes padezcan una súbita escasez 
o incluso la falta de disponibilidad de liquidez.
Las pymes están particularmente en riesgo. Por lo tanto, todo ello puede afectar 
seriamente  a  la  situación  económica  de  muchas  empresas  saneadas  y  de  sus 
empleados a corto y medio plazo, al tiempo que también tiene efectos más duraderos, al 
poner en peligro su supervivencia. Los bancos y otros intermediarios financieros tienen 
un papel clave que desempeñar a la hora de abordar los efectos del brote de COVID-19, 
manteniendo el flujo de crédito a la economía.
Si el flujo de crédito se viera perturbado de forma grave, la actividad económica se 
desaceleraría considerablemente, ya que las empresas tendrían dificultades para pagar 
a sus proveedores y empleados.
En este contexto, conviene que los Estados miembros puedan adoptar medidas para 
incentivar a las entidades de crédito y a otros intermediarios financieros a que sigan 
desempeñando su papel y continúen apoyando la actividad económica en la UE.»
Por  otra  parte,  la  crisis  sanitaria  mundial  originada  por  el  virus  COVID-19,  ha 
irrumpido -al igual que otras muchas esferas de la vida social y económica- en el ámbito 
de las actividades de esparcimiento y ocio de los ciudadanos. Así, la declaración del 
estado  de  alarma  por  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  y  sus  sucesivas 
prórrogas,  ha  supuesto  la  suspensión  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades 
recreativas previstos durante su vigencia, con el consecuente cierre temporal de todo 
tipo  de  establecimientos  e  instalaciones  que  les  dan  soporte  y  con  las  secuelas 
económicas que ello conlleva. Adicionalmente, las perspectivas de futuro indican que la 
vuelta a un nivel de actividad mínimamente normalizado tras la finalización del estado de 
alarma  en  este  tipo  de  establecimientos  se  dilatará  en  el  tiempo  y  se  sujetará  a 
condicionamientos derivados de la protección de la salud tanto pública como de los 
propios usuarios y/o empleados de los mismos. Es necesario, pues, llevar a cabo las 
modificaciones normativas que sean procedentes en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.
Igualmente,  en  estos  tiempos  en  los  que  ha  sido  necesario  implantar  medidas 
limitativas de la movilidad de las personas en aras de la preservación de la salud pública 
resalta  la  importancia  del  acceso  universal  y  fluido  a  las  telecomunicaciones  para 
favorecer el desempeño del teletrabajo y el acceso al ocio, entre otros fines. Por ello, 
resulta preciso efectuar modificaciones normativas para superar las dificultades que, de 
orden técnico o socioeconómico, se estaban planteando en los Conjuntos Históricos a la 
hora de implantar aquellas tecnologías y facilitar a sus habitantes el acceso a servicios 
de  interés  general,  compatibles  con  la  actividad  económica  y  laboral  de  forma  no 
presencial.  La  conservación,  enriquecimiento  y  difusión  del  patrimonio  histórico 
constituye, en un Estado social y democrático de Derecho, una obligación de los poderes 
públicos que aparece jurídicamente consagrada en la Constitución española de 1978, en 
su artículo 46.
En consonancia con su espíritu, el legado de bienes materiales e inmateriales que 
constituye este patrimonio, ha de contribuir a que cada comunidad comprenda la realidad 
histórica y cultural sobre la que se asienta, descubriendo y perfilando su identidad 
colectiva. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica  1/2011,  de  28  de  enero,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  de 
Extremadura,  en  su  artículo  9.1.47  recoge,  como  competencia  exclusiva  de  la 
Comunidad Autónoma, la «Cultura en cualquiera de sus manifestaciones», así como el 
«Patrimonio Histórico y Cultural de interés para la Comunidad Autónoma». s
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, ha modificado la denominación, el  oe.
número y las competencias de las consejerías que conforman la Administración de la  w.
Comunidad Autónoma de Extremadura. En el mismo se atribuyen a la Consejería de  40ww
aCnutleturiroar,m Teunrties maos igyn aDdeapso rate sla,  eCnotnres eojetrraías , dlea sC cuoltmurpae tee nIgcuiaasl deand . mAastíe, rciao nd eb apsaet riemno nlaios 
nfinoarml saesg uconmdap.etenciales citadas, se dictan las medidas contempladas en la disposición  BOE-A-cable e
II
El impacto económico de la crisis sanitaria en Extremadura obliga a la adopción de 
medidas urgentes en apoyo de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos 
y autónomas extremeños. Y se lleva a cabo con base en las competencias determinadas 
por  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  en  su 
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que, en su artículo 9.1.7 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de fomento 
del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de 
la  política  económica  nacional.  En  este  sentido,  la  Administración  de  la  Junta  de 
Extremadura considera imprescindible, ante la eventualidad de que PYMES y autónomos 
necesiten financiación crediticia, contar con la colaboración de la Sociedad de Garantía 
Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL), de la que es socio protector mayoritario la 
Junta de Extremadura, siendo la única Sociedad de Garantía Recíproca extremeña con 
presencia estable y permanente en todo el conjunto del territorio de la región, cuya 
actividad principal consiste en facilitar el acceso a la financiación a las pequeñas y 
medianas  empresas  y  autónomos  extremeños,  mediante  la  prestación  de  avales  y 
servicios  de  asesoramiento  financiero  a  los  mismos,  manteniendo  convenios  de 
colaboración suscritos en condiciones preferenciales con los principales operadores del 
mercado financiero.
Con este propósito, a través del Capítulo I este Decreto-ley, se pretende reforzar el 
sistema de garantías extremeño, de manera que las pymes y autónomos de la región 
puedan contar con los avales necesarios para acceder a la financiación bancaria y cubrir 
sus necesidades de liquidez. Y se lleva a cabo a través de una subvención de concesión 
directa,  en  aplicación  del  artículo  22.4.b)  de  la  Ley  6/2011,  de  23  de  marzo,  de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que habilita la posibilidad de 
que sean concedidas de forma directa, sin convocatoria pública, aquellas subvenciones 
cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de 
rango legal.
Pues bien, atendiendo a la necesidad de adoptar medidas eficaces que puedan 
coadyuvar a solventar los problemas de liquidez de nuestras pymes y autónomos, se 
considera necesario utilizar la presente norma con rango de ley a fin de fortalecer la 
solvencia de la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL) 
aportando la cantidad de hasta 3 millones de euros a su Fondo de Provisiones Técnicas, 
conforme contempla el artículo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen 
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, que indica que dicho fondo de 
provisiones técnicas podrá ser integrado por Las subvenciones, donaciones u otras 
aportaciones  no  reintegrables  que  efectúen  las  Administraciones  públicas.  El 
fortalecimiento de la solvencia de EXTRAVAL le permitirá dar cobertura a una nueva 
línea de avales, denominada «Línea Extraval Circulante Covid-19», la cual permitirá 
avalar todas aquellas operaciones de préstamos que se formalicen por los autónomos y 
pymes  extremeñas  para  financiar  sus  necesidades  de  capital  circulante.  Y  es  la 
acuciante necesidad de liquidez en la que se hallan sumidos la inmensa mayoría de 
autónomos y PYMES lo que hace idónea la figura del Decreto-ley para el otorgamiento 
de esta subvención, a fin de agilizar el acceso de autónomos y PYMES a las distintas 
operaciones crediticias, pues la tramitación de un procedimiento legislativo no haría 
factibles los propósitos perseguidos, el de atajar a la mayor brevedad las dificultades del 
sector productivo de la región.
Se considera, pues, que EXTRAVAL es el instrumento idóneo para, con la presente  e.
subvención, posibilitar que se puedan conceder avales a pymes y autónomos por la  w.b
totalidad del riesgo vivo de todas aquellas operaciones de préstamos que se formalicen  40ww
peal reax tfrianoarndciinaar rsiou se fneecctoe smidualdtipelsic daed ocra qpuitael  sceir caulclaanntzea. rHíaa  cdoen  telan eprrsees eennt ec useunbtvae, nacdióenm, áysa, 
oqtuoer gsaed aco.nseguiría movilizar un volumen de avales muy superior al importe de la ayuda
Por último, en cuanto a la forma de instrumentarse la subvención que se concede 
mediante  el  presente  Decreto-ley,  el  artículo  2  se  remite  a  la  formalización  de  un 
convenio entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y EXTRAVAL, en el 
que  se  establecerán  las  condiciones  y  compromisos  aplicables,  atendiendo  a  la 
posibilidad de que contempla el artículo 31.2 de la Ley 6/2011.
III
Así mismo y con el objetivo fundamental de posibilitar que los autónomos y pymes 
puedan financiarse en las mejores condiciones posibles, resulta necesario reducir el 
coste de acceso a los recursos financieros, tanto en lo que se refiere a comisiones como 
los tipos de intereses a aplicar en las operaciones que se formalicen. El Capítulo II de 
este Decreto-ley lleva a cabo la puesta en marcha de un programas de ayudas, en 
régimen de concesión directa y sin convocatoria, destinado a autónomos y pymes, que 
tengan necesidades financieras como consecuencia de la crisis sanitaria producida por 
el COVID-19.
En el ámbito de los productos financieros definidos en el marco del Fondo de Cartera 
Jeremie Extremadura 2 (que se encuentra adscrito a la Consejería de Economía, Ciencia 
y  Agenda  Digital),  se  halla  en  vigor  desde  el  día  5  de  abril  de  2019  el  Producto 
Financiero  de  Garantía  de  Cartera  sobre  Microcréditos  dirigido  principalmente  a 
inversiones en activos fijos y el circulante asociado a los mismos. Con el fin de paliar en 
cierto modo los efectos de la pandemia en el tejido empresarial extremeño, la Junta de 
Inversiones del Fondo de Cartera Jeremie Extremadura 2 acordó, en su reunión del día 3 
de abril de 2020, modificar las condiciones del mismo orientándolo hacia la creación de 
una  nueva  línea  de  microcréditos  denominada  «Microcréditos  circulante  Covid-19», 
destinada a dotar a los beneficiarios de «circulante» o «liquidez», con el fin de que 
puedan asegurar el empleo, su continuidad, el pago a sus proveedores, cumplimiento de 
obligaciones tributarias, etc. Dicha nueva línea de microcréditos se hallaría incluida en el 
referido producto financiero de Garantía de Cartera sobre Microcréditos.
Dentro de la línea de microcréditos, se han incorporado una serie de condiciones 
más  ventajosas  respecto  a  los  actuales  microcréditos  que  ya  existían,  como  la 
ampliación del perfil de empresas que pueden beneficiarse de este producto, pasando de 
empresas de menos de 3 años a empresas que puedan tener una antigüedad de hasta 5 
años, reduciendo el tipo de interés a aplicar a los microcréditos al 1,5% e incrementando 
la garantía por operación del 80% al 90%.
La Caja Rural de Ahorros de Almendralejo es el intermediario financiero a quien 
corresponde ejecutar el producto financiero de Garantía de Cartera sobre Microcréditos, 
en sus diversas líneas, tras haber sido seleccionado por el gestor del Fondo de Cartera 
Jeremie Extremadura 2 en el procedimiento de Convocatoria de Manifestaciones de 
Interés, que es el proceso abierto, transparente y objetivo mediante el que se selecciona 
a los intermediarios financieros en los productos del Fondo de Cartera.
A pesar de esas importantes ventajas, se considera fundamental que, para que sea 
aún más accesible ese recurso a los autónomos y pymes, es necesario hacer una 
esfuerzo extra adicional, subvencionando los costes de la comisión de apertura de las 
diferentes operaciones de microcréditos que se formalicen, con el propósito de reducir 
los gastos financieros que deben incurrir las empresas, como el tipo de interés a aplicar 
en  esos  microcréditos,  que  asciende  al  1,5%,  hasta  un  periodo  máximo  de  los 
primeros  33  meses  de  vigencia.  Y  dado  que  esta  línea  de  ayudas  tiene  por  fin  s
subvencionar las comisiones de apertura y los intereses devengados hasta el 31 de  e.
diciembre de 2022 en la citada línea de microcréditos, con el propósito de asegurar que  w.
estos programas puedan llegar a las empresas destinatarias con la mayor agilidad  40ww
Cpoasjaib lRe,u rraels udleta  Aahdoercruoas ddoe q Auelm lae ntdraramleitjaoc icóonm doe le pnrtoidcaedd imcoielanbtoo rsaed oarrati,c ualle s ae rt rtaavl éesn dtidea lda 
bancaria a la que corresponde ejecutar el citado producto financiero de microcréditos.
Del mismo modo con el objetivo de que los avales que se formalicen con Extraval 
sean lo más accesibles y asequibles para nuestras empresas, con el propósito de 
minorar los costes financieros que deben asumir en estos momentos, se considera que 
una vía adecuada sería subvencionar aquellos gastos que llevan aparejados este tipo de 
operaciones, como es la comisión de estudio de la operación, así como la comisión de 
riesgo  de  los  30  primeros  meses  de  vigencia  de  las  operaciones  formalizadas  y 
avaladas. Y a su vez aquellos préstamos que se formalizasen con entidades financieras 
garantizados con estos avales formalizados con Extraval, se podrían beneficiar de una 
subvención del tipo de interés del 1,5% a aplicar por la entidad también hasta un plazo 
máximo de los 30 primeros meses de vigencia del préstamo.
La  dos  modalidades  de  ayudas  articuladas  en  el  capítulo  II,  destinadas  a 
subvencionar a PYMES y autónomos determinados gastos conexos a la suscripción de 
microcréditos y avales, también se llevan a cabo con base en la competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma en materia de fomento del desarrollo económico y social de 
la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional, 
determinada en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, pues en una región 
como  la  nuestra,  la  inmensa  mayoría  del  sector  empresarial  está  compuesto  por 
autónomos y PYMES, que se han visto afectados gravemente por las consecuencias de 
la crisis sanitaria.
Y  son  precisamente  las  graves  consecuencias  de  la  crisis  sanitaria  que  están 
sufriendo autónomos y PYMES lo que hace necesario incluir la regulación de este tipo de 
ayudas en un Decreto-ley, con el fin de conseguir la puesta en marcha de estas medidas 
a la mayor prontitud posible, y conseguir así paliar en cierta medida los problemas de 
liquidez  que  acucian  a  nuestro  sector  empresarial.  La  tramitación  de  un  proceso 
legislativo retrasaría e incluso impediría el acceso a las medidas que se establecen en 
esta norma, pues muchas de nuestras PYMES y autónomos se ven abocados al cese de 
actividad ante la ausencia de ingresos. Por ello, se lleva a cabo la puesta en marcha de 
un  programa  de  ayudas,  en  régimen  de  concesión  directa  y  sin  convocatoria,  en 
aplicación del artículo 22.4.b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  que  habilita  la  posibilidad  de  que  sean 
concedidas  de  forma  directa,  sin  convocatoria  pública,  aquellas  subvenciones  cuyo 
otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango 
legal.
IV
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de 
Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad 
de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de 
recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y contener la situación 
en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, además, es necesario una 
rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que 
permite una actuación de urgencia es el Decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto 
las circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente 
vienen  a  justificar  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  que  las  medidas  aquí  s
previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una  e.
tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado  w.
gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas. 40ww
situaPcoiór nt adnetori,v ae nd eel  lpar edseecnltaer ascuiópnu edsetol , eeslt acdaorá cdtee r aelaxrtmraao rdpirnoavroioc ayd ae xpcoerp claio nsaitlu adcei ólna 
sloa npiotasribiale, ,q luae s rietuqaucieiórne  clare aaddoap yc ióqnu ec onno  uprugeednacnia a dpela mzaerdsied,a isn cqluues op amlíeedni,a netne  lala  muetildizidaac idóen   BOE-A-cable e
de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente 
norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de 
junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las 
SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, 
de 8 de mayo, en lo relativo a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales 
que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un 
plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
Este Decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El Decreto-
ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta 
al principio de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, y 
teniendo en cuenta la propia naturaleza de las medidas adoptadas este Decreto-ley no 
impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
V
El presente Decreto-ley consta de 21 artículos, divididos en 2 capítulos. Mediante el 
primero de ellos, que contiene los artículos 1 y 2, se concede una subvención a la 
Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, a fin de reforzar su solvencia y 
facilitar la concesión de avales a PYMES y autónomos para facilitar su acceso a la 
financiación.
El segundo capítulo regula un programa de ayudas, en régimen de concesión directa 
y sin convocatoria, destinado a autónomos y pymes, que tengan necesidades financieras 
a corto plazo. Consta de los artículos 3 a 21.
Asimismo, la disposición adicional única establece los mecanismos necesarios para 
optimizar la gestión presupuestaria y contable del régimen de conciertos educativos 
adaptándolos a los procedimientos más ágiles y simplificados de la administración digital, 
cuya necesidad se ha evidenciado con mayor claridad en este periodo de dificultad de 
prestación de la actividad laboral presencial.
Los conciertos educativos se enmarcan en el artículo 27 de la Constitución, la Ley 
Orgánica  8/1985,  de  3  de  julio,  reguladora  del  Derecho  a  la  Educación,  la  Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre. En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en 
redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a 
la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia 
de educación, en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades y 
mediante  el  Decreto  67/2017,  de  23  de  mayo,  se  establecen  las  normas  para  la 
aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2017/2018.
Dentro  de  las  5  disposiciones  finales  del  presente  Decreto-ley,  es  necesario 
detenerse en las dos primeras.
La disposición final primera modifica las disposiciones transitorias tercera y cuarta de 
la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta ley fijó en su articulado diversos requisitos  s
y  condiciones  técnicas  a  los  cuales  deberían  adaptarse  los  establecimientos,  e  e.
instalaciones  destinados  a  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas.  Su  w.
disposición transitoria tercera habilitó el plazo de un año, desde su entrada en vigor, para  40ww
persotacbeldeecri ó ae l ptalal zaod daep tuanc ióanñ;o  pdaerla  madisamptoa r mloosd por oqceudei msiue ntdoiss pqouseic hióanb iliatadnic iloan paul ecsutaa retna 
pfurnoccieodniammieienntotos  poy r loasp eqrutuer as e daeu torloicse n eesstpaebcletáccimulioesn tpoús blipcúobs liyc oasc tiveid aidnessta rlaecciroenaetisv asy,   BOE-A-cable e
cuando sea de competencia municipal a las prescripciones establecidas en esta ley. La 
situación de crisis sanitaria ha supuesto un cambio radical en las perspectivas existentes 
en el momento de la redacción de la ley. Así, para poder cumplir el plazo de un año para 
adaptarse  a  la  Ley  7/2019,  es  necesario  no  solo  el  esfuerzo  económico  del 
establecimiento  público,  sino  también  la  confluencia  de  elementos,  para  poder 
conjugarlos  (procedimientos  administrativos,  redacción  de  proyectos,  realización  de 
obras…). Sin duda, un complejo proceso no compatible con el actual estado de alarma, 
que ha imposibilitado cumplir con los plazos fijados.
La disposición final segunda modifica parte de los artículos 41 y 42 de la Ley 2/1999, 
de  29  de  marzo,  de  Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de  Extremadura,  La  vigente 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, es un 
instrumento de gestión que se ha mostrado eficaz, desde su aprobación, para alcanzar el 
objetivo de garantizar, bajo la tutela de la Administración cultural, la salvaguarda de los 
valores que atesoran los bienes culturales.
En este sentido, el régimen de protección de los Conjuntos Históricos, recogido en el 
Título II, Capítulo II, sección 3.ª de la Ley, regula la autorización de intervenciones en 
tales ámbitos, así como los criterios que deben marcar dichas intervenciones. Y, dentro 
de este régimen, la ley contempla e intenta prevenir la incidencia directa sobre la 
conservación de los conjuntos históricos de las instalaciones eléctricas, telefónicas y 
cualesquiera otras.
Y para alcanzar los objetivos señalados, resulta necesario proceder a la modificación 
de los preceptos citados de la Ley 2/1999, con lo que se conseguiría la adaptación de la 
misma a los criterios avanzados en este punto por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones.
En la actual coyuntura generada en la sociedad extremeña, tras la aprobación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que 
adoptan una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las 
personas,  para  contener  el  avance  del  COVID-19,  resulta  imprescindible  que  las 
personas  trabajadoras  puedan  seguir  desempeñando  su  actividad  con  normalidad 
mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de 
servicios. Para ello se debe asegurar que las empresas estén preparadas y puedan 
desarrollar su actividad en un entorno digital y que las personas trabajadoras tengan 
acceso a servicios, que han sido declarados de interés general por el artículo 2.1 de la 
Ley General de Telecomunicaciones.
Coincidiendo con la actual pandemia, se está procediendo al despliegue de fibra 
óptica en Extremadura en ejecución del Programa de Extensión de la Banda Ancha de 
Nueva Generación, con el que se pretende hacer frente a la brecha digital geográfica, al 
reto demográfico y construir así una sociedad más inclusiva, por lo que resulta urgente 
facilitar el acceso a estos servicios de interés general a las personas y las empresas 
radicadas en los Conjuntos Históricos de las zonas declaradas como elegibles por la 
Secretaría de Estado para el Avance Digital.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica Autónoma de Extremadura, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta Primera 
y Consejera de Hacienda y Administración Pública, del Consejero de Economía, Ciencia 
y  Agenda  Digital,  de  la  Consejera  de  Educación  y  Empleo,  de  la  Consejera  de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y de la Consejera de Cultura, Turismo 
y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de mayo 
de 2020, dispongo:
CAPÍTULO I
Subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales
Artículo 1.  Subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, 
para facilitar el acceso a la financiación de las pymes y autónomos de Extremadura.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4.b) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se concede una 
subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (Extraval), por un 
importe de tres millones de euros (3.000.000 de euros) para favorecer y facilitar la 
financiación de las PYMES y los autónomos y autónomas en Extremadura a través de la 
concesión por ésta de avales financieros con la finalidad de ayudar a mitigar los efectos 
del COVID-19.
2.  Esta subvención se integrará dentro del Fondo de Provisiones Técnicas de 
Extraval y servirá para incrementar los recursos propios de la sociedad y fortalecer su 
solvencia para la cobertura de los riesgos que conlleve en esta nueva situación la 
financiación de PYMES y autónomo/as en general, y en particular la línea de avales 
denominada «Línea Extraval Circulante Covid-19», de forma que puedan ser avaladas 
operaciones financieras que se concedan a PYMES y a los autónomos y autónomas de 
Extremadura, por parte de las entidades financieras adheridas a esta línea, hasta un 
montante total de, al menos, 20.000.000 de euros, y que vayan dirigidos a cubrir las 
necesidades de financiación de capital circulante, derivadas de la crisis generada por el 
COVID-19.
3.  El importe de la ayuda, tres millones de euros, se irá abonando de manera 
anticipada y parcialmente conforme se vayan cumpliendo una serie de hitos en cuanto a 
avales formalizados, hasta el 31 de diciembre de 2020.
4.  Esta subvención será financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional  de  la  Unión  Europea,  en  el  marco  de  las  previsiones  contenidas  en  el 
Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo 
de  2020  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE)  n.º  1301/2013,  (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 
sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19, y en concreto dentro 
del  Objetivo  Específico  3.3.1  «Apoyo  a  la  creación  y  ampliación  de  capacidades 
avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios», con cargo a la posición 
presupuestaria 140040000 G/323A/770.00, y un nuevo Proyecto de gasto, 20200233 
«Ayudas líneas de avales Covid-19».
Artículo 2.  Instrumentalización de la subvención mediante convenio.
Dicha subvención se instrumentará a través de un convenio a suscribir entre la  o
deEiCnexxotte tnrrlreaesémsmes j oeempsrñúíi:aas bDm  ldiecdaeofesi n, E,  isAccdooiveócnalni ola pedmlrs, eo íelac (ceo,E odbCxnijtmeióreatmnioevc iancdialtoe)o    y olqad  Ausehe g usc emuondbandevncabeei tenDasrciráióiigoo ni ntr ayeed lc sairyo,qe  glcucaeote arnSl,l   aoyicns co dliaqemicsuda oearc  dajimu ózdsoníetnn id fieGimecsaalo  crnq,a a unllraeoát  íscada t icefRsirrciee gusdculitiníitapeegdrnnuo t dlceaeeasrl      OE-A-2020-7440able en https://www.
su  convocatoria  pública,  además  del  régimen  jurídico  aplicable  a  las  mismas,  la
determinación de los beneficiarios, modalidades de ayuda, procedimiento de concesión y 
régimen de justificación y pago, de acuerdo con la siguiente estructura:
a)  Actividad objeto de subvención.
b)  Plazo de ejecución.
c)  La financiación y el régimen de pagos. A estos efectos, la subvención podrá 
abonarse con carácter anticipado estando exenta de prestación de garantías por parte 
de la entidad beneficiaria.
d)  Régimen  de  justificación  de  la  subvención  y  resto  de  obligaciones  de  la 
beneficiaria.
e)  Reintegro de la subvención.
f)  Régimen de compatibilidades de la subvención.
g)  Resolución del convenio.
h)  Régimen jurídico aplicable y vigencia.
CAPÍTULO II
Programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y PYMES 
para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19
Artículo 3.  Objeto.
El presente capítulo tiene por objeto regular la puesta en marcha de un programa de 
ayudas, en régimen de concesión directa y sin convocatoria, destinado a autónomos y 
pymes, que tengan necesidades financieras a corto plazo, como consecuencia de la 
extraordinaria situación de emergencia provocada por la pandemia generada por el 
coronavirus  COVID-19,  y,  para  atenderlas,  se  hayan  visto  obligados  a  recurrir  a 
financiación bancaria.
Artículo 4.  Modalidades de las ayudas.
Se establecen dos modalidades de ayudas:
A)  Ayudas de la Línea de Microcréditos Circulante COVID-19.
Para todas aquellas operaciones formalizadas antes del 31 de diciembre de 2020 en 
la línea de Microcréditos Circulante COVID-19, con cargo al Fondo de cartera Jeremie 
Extremadura  2,  se  subvencionarán  las  comisiones  de  apertura  y  los  intereses 
devengados hasta el 31 de diciembre de 2022.
B)  Ayudas de la Línea de Avales Extraval COVID-19.
Para  todas  aquellas  operaciones  de  avales  y  préstamos  formalizados  hasta  un 
importe  máximo  de  150.000  euros  antes  del  31  de  diciembre  de  2020,  se 
subvencionaran los siguientes conceptos:
– 0,25 por ciento en concepto de comisión de estudio del aval.
– 1,25 por ciento anual en concepto de comisión sobre el riesgo vivo del aval hasta 
el 31 diciembre de 2022
– Hasta 1,5 puntos de intereses de las operaciones de préstamos formalizados con 
cargo al aval, devengados hasta el 31 de diciembre de 2022. e
Artículo 5.  Cuantía económica de la ayuda.
La  ayuda  económica  máxima  a  conceder  por  modalidad  y  beneficiario,  será  la 
siguiente:
1.  En la línea de Microcréditos Circulante COVID-19: Hasta 1.220 euros.
2.  En la línea Extraval Circulante COVID-19: Hasta 10.700 euros.
Artículo 6.  Régimen comunitario de las ayudas.
Las  ayudas  establecidas  en  este  capítulo  tendrán  la  consideración  de  minimis, 
sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) n. º 1407/2013, de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE núm. 
L 352 de 24 de diciembre de 2013), el Reglamento (UE) No 1408/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola y 
Reglamento (UE) n °717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
Aquellos solicitantes que hayan recibido, o solicitado, ayudas de minimis en los tres 
últimos ejercicios fiscales por cualquier otro proyecto y Administración pública deberán 
presentar junto con la solicitud de la operación, declaración responsable que recoja los 
datos de otras posibles ayudas de minimis que tenga concedidas y/o solicitadas.
Artículo 7.  Beneficiarios.
1.  Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones los autónomos y pymes que 
tengan su domicilio social o centro productivo en Extremadura, con dificultades de 
liquidez ocasionadas por la caída de ingresos o de acceso al crédito debido a la situación 
de  emergencia  producida  por  el  COVID-19.  Además,  en  la  línea  de  Microcréditos 
Circulante COVID-19, entre la fecha de inicio de su actividad y la fecha de formalización 
de la operación no podrá haber trascurrido más de cinco años.
De  conformidad  con  el  Anexo  I  del  Reglamento  (UE)  número  651/2014  de  la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, se entenderá por PYME a aquellas empresas que 
ocupen a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda 
de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de 
euros.
2.  Se excluyen de estas ayudas las empresas en crisis, conforme a lo establecido 
por  la  Unión  Europea  en  las  Directrices  comunitarias  sobre  ayudas  estatales  de 
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2014/C 249/01), en el que se 
establece que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios 
recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y 
acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención 
exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.
Artículo 8.  Requisitos de los beneficiarios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de Extremadura, para poder beneficiarse de las ayudas reguladas en el  e
presente Decreto-ley, los beneficiarios deberán cumplir las condiciones previstas en el  bo
mismo y en la restante normativa que les sea de aplicación. 40ww
dperochlLaibarai cjcuioiósntnief iesc xappcraióernsaa  p oyob rrte epsnaperortne s lada ebc leola.nsd ipceiórnso ndaes  bseonliecfiticainatreiass  dep ondorá e sretaarl izinacrsuers ams eednia nlates   OE-A-2020-74able en https://
Artículo 9.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Los beneficiarios asumirán con carácter general las obligaciones previstas en el 
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
2.  Además, al estar estas ayudas financiadas por fondos de la UE, los beneficiarios 
quedarán sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a)  Llevar  un  sistema  de  contabilidad  separada  o  asignar  un  código  contable 
adecuado a todas las transacciones relacionadas con esta operación.
b)  Conservar la documentación original de la justificación de los gastos, incluidos 
los documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control.
c)  La aceptación de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación en una 
lista pública conforme dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
d)  Someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y  control 
financiero que realice la Unidad Administradora del FEDER, la Intervención General de la 
Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuentas, 
los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa  aplicable  a  la  gestión  de  las  ayudas 
cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida.
e)  Deberán cumplir lo establecido en el anexo XII del Reglamento 1303/2013 sobre 
las actividades de información y publicidad.
3.  También deberán comunicar a la Dirección General de Empresa, en un plazo 
de  30  días  naturales,  las  cancelaciones  parciales  o  totales  o  cualquier  tipo  de 
incidencias,  incluido  los  impagos,  que  afecten  a  las  operaciones  que  han  sido 
subvencionadas siempre que estás se hayan producido antes del 31 de diciembre 
de 2022.
Artículo 10.  Entidades colaboradoras.
Teniendo en cuenta el objetivo perseguido por estos programas de ayudas, sus 
peculiaridades y la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, y con el 
propósito de asegurar que estos programas puedan llegar a las empresas destinatarias 
con la mayor agilidad posible, la tramitación del procedimiento se articulará a través de 
las siguientes entidades, que actuarán como entidades colaboradoras y con las cuales 
se firmarán los respectivos convenios de colaboración.
1.  Para la Línea de Microcréditos Circulante COVID-19: Caja Rural de Ahorros de 
Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito, con CIF F-06004816 y domicilio social 
en Plaza de San Antonio, s/n., de Almendralejo.
2.  Para la Línea de Avales Extraval COVID-19 Liquidez: Sociedad de Garantía 
Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL, SGR), con C.I.F.: V-06258321 y domicilio 
social en Paseo Fluvial, 15; 6.ª Planta. Edificio Siglo XXI, de Badajoz.
La justificación de la elección de estas entidades viene determinada porque las  es
operaciones  subvencionables,  en  el  caso  de  la  línea  de  Microcréditos  Circulante  o
CceaAonlvO m aheVnaplI tbDeceeta,-i 1trsci v9oosa  misd,d oeooel   onleas  np eeltuíllie ndepceadrcadoei  ocndgen eessa seodAtr oav dr faeaollae  rdmm sem aaE llniiosxzimtsfare adaisnvat,sa astacl r ci uCóotmnrOna eV vdlnaéeItD so Ci -sn1da t9feejian,r  é aluRasnn  ucS lrlipeoearvcrlo oaidecsdede o JadA ediamhr  eodcimerearn bioGetoso a  E dprdxaeoetn rr Ae tEcímlamox antRerdceneuumdcrrírarapae dr2lneou;cjc roiyaaa,,      OE-A-2020-7440able en https://www.
Extremeña de Avales (EXTRAVAL, SGR) porque, además de ser la única sociedad de
garantía recíproca regional constituida en Extremadura, es la entidad que en virtud de la 
subvención del artículo 1 de este Decreto Ley recibirá fondos para fortalecer su solvencia 
para la cobertura de los riesgos que conlleve la línea de avales denominada «Línea 
Extraval Circulante Covid19» para destinarlos a conceder avales a autónomos y pymes, 
requisito imprescindible para poder acceder a las ayudas reguladas en el artículo 4.B) de 
este Decreto Ley.
Artículo 11.  Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Las  entidades  colaboradoras  asumirán  con  carácter  general  las  obligaciones 
previstas en el artículo 14 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo y, específicamente, las 
siguientes:
a)  Difundir entre sus redes de oficinas y entre los autónomos y pymes la existencia 
de este tipo de ayudas que suponen una reducción de los costes de las operaciones que 
se formalicen.
b)  Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o 
requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)  Someterse a las actuaciones de control financiero que puedan realizar tanto la 
Consejería  de  Economía,  Ciencia  y  Agenda  Digital  como  los  órganos  de  control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)  Comunicar a la Dirección General de Empresa, en un plazo de 30 días naturales, 
las  cancelaciones  parciales  o  totales  o  cualquier  tipo  de  incidencias,  incluido  los 
impagos, que afecten a las operaciones que han sido subvencionadas siempre que estás 
se hayan producido antes del 31 de diciembre de 2022.
e)  Analizar las operaciones de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas 
de concesión y riesgos.
f)  Formalizar  las  operaciones  de  crédito  con  las  empresas  y  autónomos  con 
sujeción a los convenios firmados en base a este Decreto Ley.
Artículo 12.  Plazo de formalización de las operaciones subvencionables.
Serán  subvencionables  todas  aquellas  operaciones  que,  atendiendo  a  las 
peculiaridades de cada programa, sean formalizadas a partir de la fecha de la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 13.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión de estas ayudas, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 22.4.b) y en el 31 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuará en régimen de concesión directa 
sin convocatoria.
2.  Se iniciará mediante la presentación por parte de las entidades colaboradoras de 
las sucesivas certificaciones colectivas, a las que se refiere el artículo 14 de este 
Decreto-ley, en la que se indicarán cada uno de los beneficiarios incluidos en este 
programa. e.
3.  Las  ayudas  se  irán  tramitando  por  orden  de  entrada  de  las  solicitudes  y  w.b
concediendo según se vayan completando los expedientes hasta el agotamiento del  40ww
crédLitaos d sisopliocnitiubdlee sp arerac icbaiddaas u unnaa d ev elazs a lgínoetaads od ee la ycuréddai.to disponible para cada línea de
ayuda serán desestimadas.
Artículo 14.  Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1.  El plazo para presentar las solicitudes de ayudas a estos programas se iniciará el 
mismo día de la entrada en vigor de este Decreto-ley y finalizará el 31 de diciembre 
de 2020.
2.  Los autónomos y pymes que deseen beneficiarse de estas ayudas, deberán 
dirigirse a cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras, las cuales de 
acuerdo con sus procedimientos, recabarán la información y documentos que precisen a 
los efectos de analizar cada operación y, en su caso, aprobación y formalización de las 
mismas. Además, tales entidades colaboradoras facilitarán a los interesados el modelo 
de solicitud de ayuda y serán las receptoras del mismo una vez suscrito. La fecha de 
presentación de cada solicitud será la de formalización de cada operación.
En las operaciones formalizadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto-ley, y siempre con posterioridad a la fecha de la entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los autónomos 
y pymes interesados en acogerse a las mismas, deberán presentar la correspondiente 
solicitud de ayuda en la entidad colaboradora.
3.  El inicio del procedimiento para la concesión de estas subvenciones coincidirá 
con  la  presentación  por  parte  de  las  entidades  colaboradoras  de  las  sucesivas 
certificaciones  colectivas,  con  desglose  de  cada  uno  de  los  beneficiarios  de  las 
subvenciones incluidos en cada una de esas certificaciones.
4.  Con cada una de las certificaciones colectivas, las entidades colaboradoras 
remitirán a la Dirección General de Empresa la siguiente documentación:
a)  Relación nominal de todas las operaciones formalizadas, donde se indique el 
nombre de las empresas beneficiarias, CIF, actividad, fecha de formalización de la 
operación, importe formalizado, comisiones y tipo de interés de cada operación, vigencia 
de la póliza y de la carencia en su caso.
b)  Copias de las solicitudes de ayudas presentadas por los autónomos y pymes en 
las  entidades  colaboradoras,  conforme  a  los  modelos  que  se  establezcan  en  los 
convenios de colaboración que se suscriban con las mismas.
c)  Copias digitalizadas de las pólizas de avales y/o préstamos formalizados.
d)  Copias de los certificados aportados por las empresas que han formalizado las 
operaciones que acrediten estar al corriente con la Hacienda Estatal, con la Seguridad 
Social y con la Hacienda Autonómica.
5.  Esta documentación deberá ser remitida a la Dirección General de Empresa 
mensualmente, en los 10 primeros días hábiles de cada mes.
Artículo 15.  Subsanación de la certificación.
Si  alguna  de  las  certificaciones  indicadas  en  el  artículo  anterior  no  reúne  los 
requisitos establecidos o no se acompañasen los documentos exigidos, se requerirá, a la 
entidad colaboradora para que en el plazo máximo de 10 días hábiles subsane la falta o 
acompañen los documentos preceptivos.
Artículo  16.  Órgano  competente  para  la  ordenación,  instrucción  y  resolución  del 
procedimiento.
1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de  bo
concesión será el Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial de la Dirección  40ww
Gesetnimeera ln edcee sEamriapsre psaar, a ella  cdueatle rrmeainliazcairóán  ayq ucoenllaosc imacietunatoc idoen elso sy  dacotoms peronb vaicrtiounde dse  qluoes 
cual2e.s  dLeab acno mfoprmetuelnacrsiae  plaasr ap rloap ureessotalusc dióen r edseo leusctiaósn .ayudas corresponde al Secretario
General  de  la  Consejería  de  Economía,  Ciencia  y  Agenda  Digital,  como  órgano
competente para la concesión de subvenciones así como para la aprobación del gasto, 
de conformidad con el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3.  Las resoluciones dictadas serán notificadas individualmente a los interesados, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a que fuesen dictadas, conforme a lo establecido 
en  los  artículos  40  y  41  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  indicándose  además  los 
recursos que contra las mismas procedan, órgano administrativo ante el que hubieren de 
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. También se comunicará, en ese mismo 
plazo, la relación de beneficiarios a las entidades colaboradoras.
4.  Las resoluciones habrán de ser dictadas y notificadas en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de recepción en el órgano gestor de las certificaciones colectivas, 
establecidas en el artículo 14.4, por las entidades colaboradoras. Transcurrido dicho 
plazo sin resolverse expresamente, se entenderá desestimada la solicitud de ayuda.
5.  Las  resoluciones  no  ponen  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  ellas  podrá 
interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, 
según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el 
artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
6.  Las ayudas concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Portal de Subvenciones de la Junta 
de  Extremadura  y  en  Portal  Electrónico  de  la  Transparencia  y  la  Participación 
Ciudadana.
7.  En caso de no existir crédito suficiente para atender a todas las solicitudes 
presentadas,  la  concesión  de  las  ayudas  se  realizará  atendiendo  a  la  fecha  de 
presentación de las solicitudes de subvención.
Artículo 17.  Pago de las subvenciones concedidas.
Una vez recibida la documentación acreditativa a la que se refiere el artículo 14 se 
abonará a los beneficiarios de las ayudas el importe que les corresponda en la cuenta 
que estos beneficiarios tengan en la entidad financiera con la que hayan formalizado la 
operación financiera.
Artículo 18.  Financiación de las ayudas.
1.  El volumen total de crédito para los programas regulados en este capítulo es 
de 2.197.000 euros.
2.  Si las disponibilidades presupuestarias lo permitiesen la cuantía económica del 
programa se podrá ampliar mediante Resolución del Consejero de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital.
3.  Esta subvención será financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional  de  la  Unión  Europea,  en  el  marco  de  las  previsiones  contenidas  en  el 
Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo 
de  2020  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE)  n.º  1301/2013,  (UE) 
n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar 
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros 
sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 y en concreto dentro del  es
Objetivo Específico 3.3.1. «Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas  bo
para  el  desarrollo  de  productos  y  de  servicios»,  con  cargo  a  la  posición  40ww
pa«rfPreorsonugtparaur melosast a earifyaeu cd1toa4ss0  0ep4cao0rn0aó0 m0fa iccGiol/ist3a 2nr3 eaAgc/a7ct7eiv0soo.s0  0da,e  llya C  uolinqv uidnid-u1ee9zv» o.p aPrrao yaeucttóon odme ogsa syt oP, y2m0e2s0 0p2a3ra4   OE-A-2020-74able en https://
4.  Las ayudas reguladas en este título II de este Decreto-ley, en la medida en la 
que estén cofinanciados por el FEDER, deberán cumplir las disposiciones derivadas de 
la normativa comunitaria aplicable, así como las referentes a las políticas comunitarias.
Artículo 19.  Reintegro.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, procederá el reintegro total o parcial de la cantidad percibida y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
supuestos y con las condiciones previstas en el citado artículo y siguientes.
En cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de las 
operaciones  subvencionadas  en  este  capítulo  II  dará  lugar  a  la  revocación  de  la 
resolución  de  concesión  y  al  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  cuando  estos 
incumplimientos  se  produzcan  durante  el  primer  año  a  contar  desde  la  fecha  de 
formalización de la operación financiera subvencionada.
Si el incumplimiento de las obligaciones de pago se produjera después del plazo 
indicado en el párrafo anterior y antes del 31 de diciembre de 2022, el órgano gestor 
tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad en la determinación de la parte de 
subvención a devolver por el beneficiario, siendo el importe a reintegrar proporcional al 
tiempo que no haya mantenido sus obligaciones de pago.
Artículo 20.  Régimen de compatibilidad de la subvención.
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que no superen las cuantías concedidas el coste total de las actuaciones 
subvencionadas.  La  superación  de  dicha  cuantía  será  causa  de  reintegro  de  las 
cantidades percibidas en exceso.
Artículo 21.  Información y publicidad.
La convocatoria de estas ayudas y las subvenciones concedidas serán publicadas en 
el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los 
artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
Así mismo se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información 
sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este Decreto-ley, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico 
de  la  Transparencia  y  la  Participación  Ciudadana  de  la  Comunidad  Autónoma,  de 
acuerdo con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo. Dicho portal se encuentra a 
disposición de los interesados en la sede corporativa: http://sede.juntaex.es.
Disposición adicional única.  Adaptación presupuestaria y contable de los conciertos 
educativos.
Con la finalidad de optimizar la gestión presupuestaria y contable del régimen de  e.e
conciertos  educativos,  las  fases  de  compromiso  de  gasto  y  reconocimiento  de  la  w.b
obligación  podrán  acumularse  al  momento  en  que  proceda  realizar  los  respectivos  40ww
caobnovnoocsa, tosrinia  pye drjeu ilcaiso  mdoed ilfaic aficsicoanliezsa cdieó nlo sp rgeavsiato sd ea plaro baapdroobsa dceió lna  mdeis mloas  qguaes tporso cdeed alna 
y surjan con posterioridad conforme a la normativa correspondiente.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se modifica la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la disposición transitoria tercera, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición  transitoria  tercera.  Régimen  transitorio  sobre  condiciones  de 
establecimientos e instalaciones.
Una vez finalizada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
la vigencia del estado de alarma, declarado por medio del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el de sus sucesivas 
prórrogas,  los  establecimientos,  locales  e  instalaciones  a  que  se  refiere  el 
artículo 1 de la presente ley dispondrán del plazo de un año, para adaptarse a los 
requisitos y condiciones técnicas exigidas en esta. A tal fin, deberán acreditar ante 
la Administración competente para expedir la autorización o licencia, o en su caso 
gestionar los títulos que habiliten la apertura y funcionamiento de la actividad, la 
efectiva adaptación de los establecimientos públicos o instalaciones en la forma y 
plazo que reglamentariamente se establezca.
Las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo de esta ley sobre 
condiciones  de  establecimientos  e  instalaciones  podrán  prever  un  régimen 
transitorio para la realización de las adaptaciones correspondientes.»
Dos.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  cuarta,  que  queda  redactada  de  la 
siguiente forma:
«Disposición transitoria cuarta.  Adaptación de procedimientos de competencia 
municipal.
Los ayuntamientos en el plazo máximo de un año, a computar desde la 
finalización  de  la  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  mediante  Real 
Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo  y  sus  prórrogas,  deberán  adaptar  los 
procedimientos  que  habiliten  la  puesta  en  funcionamiento  y  apertura  de 
establecimientos públicos e instalaciones y los procedimientos mediante los que 
se autoricen espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando sean de 
competencia municipal, a las prescripciones establecidas en la presente ley.
Los ayuntamientos deberán adecuar, en el plazo máximo de un año a partir de 
la entrada en vigor de la normativa reglamentaria de desarrollo de la presente ley, 
las  licencias  concedidas  a  los  establecimientos  e  instalaciones  objeto  de 
regulación en esta ley con el único fin de adaptar la denominación de la actividad y 
tipología  del  local  a  las  definiciones  contenidas  en  el  Catálogo  a  que  hace 
referencia el artículo 4 de esta ley.»
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  2/1999,  de  29  de  marzo,  de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Se modifica la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de  oe.
Extremadura, en los siguientes términos: w.
los aUpnaor.t adSoes  dmeol dairftiíccau leol.  aEpl aarptaadrtoa d5o  d5e ql uaertdícau rleod 4a1c,t andoo  sdueflr iseingduoie natlete mraocdióon: el resto de
«5.  En  la  redacción  del  Plan  Especial  de  Protección  se  contemplarán
específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, que
deberán ir bajo tierra, pudiéndose no obstante, efectuar despliegues tanto aéreos 
como adosados a las fachadas, en los casos en los que el soterramiento pueda 
suponer  daño  para  bienes  de  interés  cultural,  presente  grandes  dificultades 
técnicas o supusiera un coste desproporcionado que hicieran inviable un proyecto 
de interés público o socioeconómico, preservando, en estos casos, el paisaje 
urbano y los valores dignos de protección. Las antenas de televisión, pantallas de 
recepción  de  ondas  y  dispositivos  similares  se  situarán  en  lugares  que  no 
perjudiquen la imagen urbana o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos 
que anuncien servicios públicos, los de señalización y comerciales, que serán 
armónicos con el Conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de anuncios o 
rótulos publicitarios.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en todo caso, se entenderán 
como de coste desproporcionado los proyectos cuyo presupuesto de ejecución 
superen en más del doble, es decir más de un 100%, la diferencia entre las 
acometidas  a  las  viviendas  por  fachada  frente  a  las  acometidas  que  vayan 
soterradas. Sin perjuicio de las competencias de cada administración, son de 
interés público los proyectos por los que se despliega fibra óptica en los Conjuntos 
Históricos de Extremadura.»
Dos.  Se modifica el apartado 1 del artículo 42, no sufriendo alteración el resto de 
los apartados del artículo. El apartado 1 queda redactado del siguiente modo:
«1.  En  tanto  no  se  apruebe  definitivamente  la  normativa  urbanística  de 
protección a que se hace referencia en el artículo 41.1 de la presente Ley, la 
concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de la declaración 
de Conjunto Histórico precisará resolución favorable de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio. No se admitirán modificaciones o cambios que afecten a la armonía 
del Conjunto Histórico, debiendo las intervenciones que se proyecten ajustarse a 
los criterios establecidos en el artículo 41.»
Disposición final tercera.  Supletoriedad.
En  todo  aquello  no  regulado  expresamente  por  el  presente  Decreto-ley  en  lo 
referente a la concesión de ayudas y subvenciones, será de aplicación la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la 
normativa  básica  contenida  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones y su Reglamento; la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
cada  ejercicio;  la  Ley  5/2007,  de  19  de  abril,  General  de  Hacienda  Pública  de 
Extremadura;  disposiciones  legales  estatales,  con  carácter  supletorio,  incluido  los 
preceptos  de  la  Ley  38/2003,  que  no  tengan  carácter  básico,  y  las  disposiciones 
reglamentarias de igual o superior rango que se dicten con posterioridad.
Disposición final cuarta.  Deslegalización y habilitación normativa.
El titular de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital podrá llevar a cabo, 
mediante Orden, aquellas modificaciones que resulten necesarias en la regulación de las 
ayudas llevada a cabo por el presente decreto-ley.
Igualmente, se habilita a los órganos competentes de la Consejería de Economía, 
Ciencia y Agenda Digital para dictar las resoluciones que sean procedentes para la 
aplicación  del  presente  decreto-ley  en  las  cuestiones  relativas  a  las  ayudas  y  e.
subvenciones en él previstas. w.b
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 8 de mayo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 91, de 13 de mayo de 2020. Convalidado por 
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, publicada en el «Diario Oficial de 
Extremadura» número 113, de 12 de junio de 2020)