BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 254 Sábado 23 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 128977
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
17269 Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y las entidades públicas 
promotoras  de  la  Plataforma  Logístico-Industrial  de  Salvaterra-As  Neves, 
representadas por el consorcio de la Zona Franca de Vigo.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo y Vicepresidente del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, actuando en nombre y representación de las entidades públicas 
promotoras de la Plataforma Logístico-Industrial de Salvaterra-As Neves, han suscrito un 
Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 20 de octubre de 2021.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y las entidades públicas promotoras de la Plataforma 
Logístico-Industrial de Salvaterra-As Neves, representadas por el consorcio de la 
Zona Franca de Vigo
13 de octubre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del 
Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada por 
Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE número 158, quien actúa en virtud de la 
delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7.d) de la Orden 
JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.
De otra parte, don David Regades Fernández, en su condición de Delegado del 
Estado en la Zona Franca de Vigo y Vicepresidente del Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo, cargo el primero para el que fue nombrado por Real Decreto 837/2018, de 6 de 
julio. Actúa en nombre y representación de las entidades públicas promotoras de la 
Plataforma  Logístico-Industrial  de  Salvaterra-As  Neves  por  apoderamiento  expreso  s
otorgado  en  virtud  del  Acuerdo  de  la  Comisión  de  Seguimiento  de  la  PLISÁN,  de 
fecha 21 de junio de 2021.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Autoridad Portuaria de Vigo y la 
Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade son las 
entidades promotoras de la Plataforma Logístico-Industrial de Salvaterra-As Neves (en 
adelante, PLISÁN), representadas por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica 
al Estado e Instituciones públicas, están interesadas en que el Servicio Jurídico del 
Estado le preste asesoramiento jurídico en relación con las cuestiones que se susciten 
en el desarrollo de dicha actuación; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de 
las Administraciones Públicas.
Tercero.
Que PLISÁN de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, 
de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 
tiene actualmente suscrito un Convenio de asistencia jurídica, de fecha 30 de septiembre 
de 2019, con la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a PLISÁN, ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada General 
del  Estado  de  uno  o  más  Abogados  del  Estado  en  activo  que  actúen  como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que el texto del «Convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en  s
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente  oe.
Convenio, de acuerdo con las siguientes 269www.
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en 
la  disposición  adicional  quinta  de  la  Ley  50/1998,  de  30  de  diciembre,  y  en  el 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, este podrá prestar asistencia jurídica a PLISÁN por medio de los 
Abogados del Estado integrados en aquel. La asistencia jurídica comprenderá tanto el 
asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
PLISÁN colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre PLISÁN y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, PLISÁN se reserva la facultad de 
ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  Abogado  y,  en  su  caso,  Procurador 
especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de PLISÁN y del 
Estado  o  sus  Organismos  Autónomos.  En  este  caso,  PLISÁN  será  asesorada, 
representada  y  defendida  por  Abogado  y,  en  su  caso,  Procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando exista contraposición de intereses entre PLISÁN y otra entidad convenida, 
por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el 
proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del 
Estado  antes  de  personarse  en  estos  supuestos  elevarán  consulta  a  la  Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los Convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos. e.e
Quinta.  Duración. 269ww
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se formalizará mediante adenda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del Sector Público Estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
de dicha Ley.
Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización 
en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo satisfará a la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de cincuenta y cuatro 
mil cincuenta euros con noventa y siete céntimos (54.050,97 euros) más IVA, que se 
abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: Enero-abril, mayo-agosto y 
septiembre-diciembre.
El pago se efectuará mediante el Modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. PLISÁN deberá efectuar el 
ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sean las entidades promotoras corresponderá 
a estas el abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
las entidades promotoras.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una Comisión de Seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  Comisión  es
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse.  bo
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora  269ww
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Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga 
acordada expresamente.
b)  El mutuo acuerdo.
c)  El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en el plazo de treinta días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de Convenios previsto en el capítulo VI, título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 30 de septiembre de 2019, sin necesidad de realizar liquidación 
adicional alguna. En consecuencia, el presente Convenio sustituirá en su totalidad al 
extinto Convenio firmado por las partes en fecha 30 de septiembre de 2019.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo  Castro  Rey.–El  Delegado  del  Estado  en  la  Zona  Franca  de  Vigo  y 
Vicepresidente del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades Fernández.
ANEXO
En virtud de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio, la Comisión de 
Seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
– Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
• La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección.
– Por las Entidades Públicas Promotoras de la Plataforma Logístico-Industrial de 
Salvaterra-As Neves (PLISÁN):
• Director General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, don Heriberto García 
Porto.
• Directora de la Autoridad Portuaria de Vigo, doña Beatriz Colunga Fidalgo.
• Directora de Promoción Económica del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, doña 
Rosa Eguizábal Gándara.