BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 53659
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7412 Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del  registrador  de  la  propiedad  de  San  Sebastián  n.º  2,  por  la  que  se 
suspende  la  inscripción  de  un  mandamiento  de  embargo  dictado  en 
procedimiento administrativo de apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el recurso interpuesto por don J. C. G. L., jefe del Servicio de Recaudación del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, contra la 
nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de San Sebastián 
número 2, don José Francisco Javier Mir Sagardia, por la que suspende la inscripción de 
un mandamiento de embargo dictado en procedimiento administrativo de apremio por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.
Hechos
I
En  mandamiento  de  embargo  dictado  el  día  26  de  noviembre  de  2020,  en 
procedimiento administrativo de apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa, siendo el 
demandado don J. I. U. A. por los conceptos de responsabilidad civil, delito fiscal y multa 
por delito fiscal, se manifestaba que se había notificado a doña M. L. M. A., esposa del 
demandado y titular registral de la finca embargada con carácter privativo por disolución 
de la sociedad de gananciales, requiriéndole de pago y apercibiéndole que, si no lo 
efectuaba, se procedería al embargo y ejecución de los bienes de titularidad ganancial 
en su momento, aunque ahora sean privativos suyos.
II
Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Presentada copia telemática con fecha 26 de Noviembre de 2020, causando asiento 
de presentación número 173 del Diario 77, calificada dentro del plazo legal, se suspende, 
con esta fecha su inscripción, en base a los siguientes hechos y fundamentos de 
derecho:  1.–Por  el  presente  en  procedimiento  administrativo  de  apremio,  contra  el 
deudor, J. I. U. A., se ordena la anotación preventiva de embargo, sobre la mitad indivisa 
de la finca 22589, vivienda, habiéndose notificado el mismo a la esposa del deudor, M. L. 
M. A. 2.–Dicha mitad indivisa figura inscrita en pleno dominio a favor de dicha señora, 
con carácter privativo en virtud de escritura autorizada el 12 de Marzo de 2008 por el 
Notario de esta Ciudad, Sr. Sanza, de modificación de régimen económico matrimonial y 
liquidación del anterior régimen, que originó la inscripción 2.ª de su historial de fecha 9 
de  Agosto  de  2010.  3.–Dado  que  dicha  señora  titular  no  figura  como  deudora 
demandada y conforme al principio de tracto sucesivo, art 20 L. Hipotecaria, sin que se  es
den ninguna de las excepciones contempladas en el mismo, no procede de momento la  o
inscripción del documento referido. No se practica anotación preventiva de suspensión  12ww
pdoer s nuo R heagblaemrseen stoo.li cCitoandtora.  Adirctsh a2 ,c 3a,li f1ic7a, c1ió8n,  1(…9, )19 bis, 20 L. Hipotecaria, y concordantes
Donostia-San Sebastián, 10 de diciembre de 2020 el registrador.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  J.  C.  G.  L.,  jefe  del  Servicio  de 
Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, interpuso recurso el día 21 de enero de 2021 en base a las siguientes 
alegaciones:
«Fundo dicho recurso en los siguientes antecedentes y razonamientos jurídicos:
Antecedentes.
1.  Origen de las deudas a exigir a D. J. I. U. A.: sentencia penal firme por un delito 
contra la Hacienda Pública.
Por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia se dictó sentencia el 10/10/2017, 
declarada firme por Auto de 03/10/2018, en la que se condenaba a D. J. I. U. A. (…), 
cónyuge de Dña. M. L. M. A. (…), como autor de un delito contra la Hacienda Pública del 
art. 305.1 del Código Penal, por razón del Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2006 
correspondiente a “Iramendi Desarrollo, S.L.” (…), y le imponía a D. J. I. U. A. la pena, 
entre otras, del pago de una multa de 20.991.172,50 €; y el pago de una indemnización 
en concepto de responsabilidad civil a la Diputación Foral de Gipuzkoa por importe 
de 10.495.586,30 € más los intereses de demora que en su caso procediesen.
La citada sentencia constituye el título ejecutivo para exigir forzosamente el cobro de 
las deudas que contiene.
La  gestión  de  cobro  de  esas  deudas  junto  con  sus  intereses  de  demora  fue 
encomendada  a  esta  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa-Departamento  de  Hacienda  y 
Finanzas  por  el  Juzgado  de  lo  Penal  n.º  4  de  Donostia  mediante  Auto  judicial 
de  03/10/2018-ejecutoria  1766/2018;  y  ello  con  fundamento  en  la  Disposición 
Adicional 10.ª de la Ley General Tributaria, cuyo equivalente en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa se encuentra en la Disposición adicional 7.ª de la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.  Actuaciones dentro del procedimiento administrativo de apremio que se sigue 
contra el deudor D. J. I. U. A.
Recibida la encomienda de la gestión de cobro de las deudas procedentes de delito 
contra  la  Hacienda  Pública  en  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa-Departamento  de 
Hacienda y Finanzas, desde este Servicio de Recaudación y respecto de D. J. I. U. A. se 
dictaron con fecha 30/10/2018 providencias de apremio por dichas deudas que fueron 
notificadas con fecha 05/11/2018 sin que, transcurrido el plazo de pago otorgado al 
deudor en la notificación, se efectuase el ingreso. El procedimiento administrativo de 
apremio iniciado tiene la referencia 215224-110.
Tras el plazo otorgado para el ingreso se intentó el cobro forzoso de la deuda con 
bienes titularidad de D. J. I. U. A. mediante el embargo de los mismos, intento que 
resultó infructuoso dado el desconocimiento de la existencia de bienes a su nombre.
3.  Acto administrativo de requerimiento de pago de 23/09/2020 a Dña. M. L. M. A., 
cónyuge del deudor D. J. I. U. A.
Conforme los datos obrantes en este Servicio de Recaudación, D. J. I. U. A. y Dña. 
M. L. M. A. contrajeron matrimonio el 29/04/1978, siendo el régimen económico del 
matrimonio hasta el 12/03/2008 el de sociedad de gananciales; en esa fecha y mediante 
escritura notarial con n.º de protocolo 315, del notario D. Jesús M.ª Sanza Amurrio e 
inscrita en el Registro de la Propiedad de DonostiaSan Sebastián n.º 2 respecto de la 
mitad indivisa de la finca embargada, ambos cónyuges decidieron disolver y liquidar ese  e.
régimen  económico-matrimonial  de  sociedad  de  gananciales,  y  sustituirlo  por  el  de  w.
separación de bienes. 12ww
la eDxies telan ceisac raitlu rma edneo sd isdoel uvcaiórino sy  bliqieunideasc iiónnm udeeb llae ss oqcuieed ahda bdíaen g atennaindcoi aelel sc aserá dcteedru dcee 
bienes gananciales; y que en ese momento fueron adjudicados a Dña. M. L. M. A. con
carácter privativo, entre otras la mitad indivisa de la finca registral n.º 22589, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 2.
A la vista de lo expuesto, y ante el desconocimiento de bienes a nombre del deudor 
D.  J.  I.  U.  A.,  dentro  del  citado  procedimiento  administrativo  de  apremio  de 
referencia  215224-110  y  con  fecha  23/09/2020  se  dictó  desde  el  Servicio  de 
Recaudación, acto administrativo de requerimiento de pago de las deudas procedentes 
de un delito contra la Hacienda Pública por importe de 31.486.758,80 €, dirigido a Dña. 
M. L. M. A., y que le fue notificado el 28/09/2020.
El Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 2 es conocedor del acto 
administrativo  de  requerimiento  de  pago  al  estar  referido  expresamente  en  el 
mandamiento de anotación de embargo cuya inscripción ha sido suspendida por parte 
del Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad n.º 2 de Donostia-San 
Sebastián.
En el contenido del requerimiento de pago realizado a Dña. M. L. M. A. se reflejaba lo 
siguiente:
– Existencia de la sentencia penal firme de 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 
de Donostia, por razón del Impuesto sobre Sociedades de 2006.
– Deudas a exigir, contenidas en esa sentencia penal firme (31.486.758,80 €).
– Vicisitudes  del  régimen  económico  matrimonial  (sociedad  de  gananciales 
desde 1978 hasta 2008, y desde entonces y hasta la actualidad, de separación de 
bienes),
– Afección de las deudas dimanantes de esa sentencia penal firme a los bienes que 
habían sido gananciales, y después privativos de la esposa.
Dicho  acto  administrativo  fue  impugnado  por  Dña.  M.  L.  M.  A.  en  el  Tribunal 
Económico-Administrativo  Foral  de  Gipuzkoa  con  fecha  28/10/202  por  medio  de 
reclamación económico-administrativa n.º 2020/0684, dictándose con fecha 04/11/2020 
Resolución n.º 36021, por la que se inadmitía a trámite la reclamación y se procedía a su 
archivo; la Resolución fue notificada a la reclamante con fecha 20/11/2020, sin que hasta 
la  fecha  se  tenga  conocimiento  que  se  haya  interpuesto  Recurso  Contencioso 
Administrativo contra la inadmisión a trámite.
4.  Diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020. Mandamiento de 
anotación preventiva de embargo de 26/11/2020, suspendido por el Registrador de la 
Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 2.
4.1  El 20/11/2020 se dictaron en el citado procedimiento administrativo de apremio 
varias diligencias de embargo de bienes inmuebles, entre ellas la diligencia de embargo 
de bienes inmuebles sobre la mitad indivisa de la finca registral n.º 22589 de San 
Sebastián, finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 2.
En esa diligencia de embargo figura como “deudor” D. J. I. U. A.; el nombre de su 
cónyuge,  Dña.  M.  L.  M.  A.,  aparece  en  la  diligencia  como  “titular  de  los  bienes” 
inmuebles que en ella se declaran embargados.
La diligencia de embargo garantiza unas deudas por principal de 31.486.758,80 €, y 
hasta un máximo de 1.180.753,45 € de intereses de demora que se devenguen, y una 
previsión de costas del procedimiento de 6.010,12 €. La dicción del principal de las 
deudas garantizadas es “resp. c. delito fiscal 10/10/2017-10/10/2017, multa por delito 
fis 10/10/2017-10/10/2017” y se corresponden con lo descrito en el “antecedente 1.–” es 
decir,  las  deudas  contenidas  en  esa  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles  e.
de 20/11/2020 y señaladas como “principal” (el recargo de apremio no se devenga en  w.
este tipo de deudas) son las contenidas en la sentencia firme de 10/10/2017 del Juzgado  12ww
de loE nP eenl aml no.mº 2e ndteo  Ddoen doiscttiaar.se la diligencia de embargo el 20/11/2020 sobre la mitad
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privativo de acuerdo con la escritura notarial de 12/03/2008 (inscrita registralmente) y 
referida  en  el  “antecedente  3.–”,  en  concreto  en  el  “inventario-activo-'A'.–bienes 
inmuebles” en el numeral 7. Por tanto, el bien privativo objeto de embargo el 20/11/2020 
había pertenecido a la sociedad de gananciales de ambos cónyuges durante el periodo 
comprendido entre el 29/04/1978 y el 12/03/2008.
La  diligencia  de  embargo  de  bienes  inmuebles  fue  notificada  mediante  sendas 
comunicaciones el 25/11/2020 tanto a D. J. I. U. A. como a Dña. M. L. M. A., sin que 
hasta la fecha se tenga conocimiento de la presentación en plazo (un mes) bien de 
recurso de reposición en este Servicio de Recaudación, bien de reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal EconómicoAdministrativo Foral de Gipuzkoa.
4.2  Notificada la diligencia de embargo de bienes inmuebles de 20/11/2020 sobre la 
mitad indivisa de la finca registral arriba citada, desde el Servicio de Recaudación se 
expidió  y  presentó  el  26/11/2020  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Donostia-San 
Sebastián n.º 2 por vía telemática a través de la página web www.registradores.org, 
mandamiento de anotación preventiva de embargo sobre tal finca. Con fecha 10/12/2020 
el Registrador de la Propiedad de Donostia-San Sebastián n.º 2 ha suspendido la 
inscripción de ese mandamiento de anotación preventiva de embargo (…)
II.  Consideraciones legales.
El Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Donostia-San 
Sebastián n.º 2 considera que se ha de suspender la inscripción del mandamiento de 
anotación  preventiva  de  embargo  dictado  por  este  Servicio  de  Recaudación 
el 26/11/2020 dado que la mitad indivisa de la finca registral n.º 22589 de San Sebastián 
figura inscrita como de titularidad privativa a nombre de D.ª M. L. M. A.
Frente a ello, cabe señalar lo siguiente:
La naturaleza de las deudas contenidas por principal en la diligencia de embargo de 
bienes inmuebles de 20/11/2020, y por ende en el mandamiento de anotación preventiva 
de 26/11/2020 objeto de calificación (multa judicial e indemnización por responsabilidad 
civil procedente de un delito contra la Hacienda Pública), dimana de la sentencia judicial 
firme, de fecha 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, citada en el 
“antecedente 1.–”.
Así está expresado en el mandamiento de anotación preventiva objeto de calificación 
en  los  términos  ya  expuestos  en  el  “antecedente  4.–”:  “Resp.  c.  delito 
fiscal 10/10/2017-10/1012017, multa por delito fis 10/10/2017-10/10/2017”.
Las  citadas  deudas  cuya  gestión  de  cobro  se  ha  encomendado  por  el  órgano 
jurisdiccional penal a la Diputación Foral de Gipuzkoa, son obligaciones nacidas de esa 
condena penal.
No obstante es principio general que la responsabilidad civil ex delicto no pierde su 
naturaleza civil por el hecho de que aparezca regulada en el Código Penal. Así las 
normas del Código Penal sobre responsabilidad civil tienen naturaleza civil y están 
sometidas a los principios del Derecho Privado.
En el presente caso D. J. I. U. A. es condenado por un delito contra la Hacienda 
Pública en relación al ejercicio 2006 por el Impuesto sobre Sociedades, en el que el 
sujeto pasivo es “Iramendi Desarrollo, S.L.”, mercantil de la que D. J. I. U. A. fue 
administrador único durante los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según los 
datos obrantes en esta Administración.
La sentencia condena, como tantas veces se ha indicado, a D. J. I. U. A. al pago de  s
una  multa  por  importe  de  20.991.172,50  €  y  al  pago  de  una  indemnización  a  la  oe.
Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 10.495.586,30 € más los intereses que  w.
gdpaeun eaadcnaacnei accloeersrr  edlasepsl  omcnoadnterdrim.u Ycot nadisoe   flqoour mqeu aedd ieosr epo ontrr a lDtuag.  eaJs.r   Id.a eU  l.ad A iluc. ocyim dDaisñri aóq.n uM ed:.  eLal .l  dMme.el iAntoo.,;s  y ee xpnios ert ílta amnn otobm ieteannleetoss    2021-7412n https://ww
bienes  respondían  de  las  deudas  señaladas  en  la  sentencia  condenatoria  de
fecha 10/10/2017; independientemente de quién de los dos cónyuges era el titular de los
mismos a día de la fecha del embargo. Y para dilucidar todo ello, se hace necesario 
acudir a la normativa civil y en concreto al Código Civil en su artículo 1366.
Al  respecto,  el  artículo  1366  del  Código  civil  señala  que  las  obligaciones 
extracontractuales de un cónyuge consecuencia de su actuación en beneficio de la 
sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, serán de cargo y 
responsabilidad  de  la  sociedad  de  gananciales.  El  concepto  de  obligaciones 
extracontractuales es un término amplio que comprende, tal y como señala B. M., las 
obligaciones legales, las cuasicontractuales, las aquilianas o por culpa civil y también las 
deudas exdelicto, es decir las derivadas de delito.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 31/03/2004 
(recurso de casación 1540/1998), señala que el artículo 1366 del Código Civil se refiere 
a las obligaciones extracontractuales, concepto amplio en el cual pueden comprenderse 
las  obligaciones  nacidas  de  la  condena  penal  de  carácter  resarcitorio  del  daño 
ocasionado  por  el  delito,  indicando  que  la  única  característica  que  identifica  las 
obligaciones a que alude el artículo 1366 es la de su naturaleza extracontractual, por lo 
que sería arbitrario dejar fuera a las que tienen su fuente en una condena penal.
A la vista de lo expuesto se hace necesario concluir que las deudas procedentes de 
ilícitos  penales  tienen  cabida  dentro  de  las  deudas  de  naturaleza  extracontractual 
previstas en el artículo 1366 del Código Civil y por tanto han de ser reputadas como 
gananciales y afectan ad extra al patrimonio ganancial.
No obstante, para ello es necesario que el acreedor, en este caso la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, demuestre que la actuación conyugal separada que las genera, en este 
caso el ilícito penal por el que se condena a D. J. I. U. A., se ajusta formalmente al 
ámbito material del artículo 1366 del CC, es decir, si la misma está orientada al beneficio, 
material o inmaterial, de la comunidad conyugal, debiendo entenderse que ello acaece 
cuando el acto en cuestión conecta con el interés de la comunidad ganancial en un 
sentido amplio, o si aquella se ejecuta en la esfera de la administración ordinaria o 
extraordinaria, del patrimonio propio de cualquiera de cualquiera de los cónyuges o del 
consorcial.
En este sentido el Tribunal Supremo-Sala de lo civil en su sentencia de 25/09/1999 
(recurso de casación 178/1995), en relación a la interposición de una tercería de dominio 
en la que se solicitaba el alzamiento de unos embargos realizados sobre determinados 
bienes  inmuebles  que  la  tercerista  consideraba  de  titularidad  privativa  a  raíz  del 
otorgamiento de capitulaciones matrimoniales por medio de escritura pública, señala lo 
siguiente:
– El esposo de la tercerista había sido condena por delito.
– Las actuaciones que se imputaron al esposo lo fueron entre los años 1984 a 1987, 
estando vigente el régimen de sociedad de gananciales, habiendo desempeñado cargos 
de relevancia en una cooperativa.
– Las actividades desplegadas por el esposo resultaron beneficiosas para el haber 
de gananciales en cuanto contribuyeron a su incremento patrimonial en relación a las 
fechas de adquisición de las fincas que constan en las capitulaciones.
– En consecuencia el Tribunal desestima la tercería de dominio y considera que 
todos los bienes que eran gananciales cuando se produjeron los hechos delictivos 
responden de la responsabilidad civil derivada de la condena.
Pues bien en el presente caso:
– El delito contra la Hacienda Pública por el que se condena a D J. I. U. A. se refiere  oe.
a conductas alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, conductas  w.
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ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en la mercantil “Iramendi Desarrollo, S.L.”,
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006, del que trae causa el 
delito contra la Hacienda Pública.
– La sociedad de gananciales formada por D. J. I. U. A. y Dña. M. L. M. A. se 
benefició de las actividades realizadas por D. J. I. U. A. como lo demuestra el hecho de 
adquisición  de  varios  bienes  que  constan  en  las  capitulaciones  y  en  concreto  los 
siguientes:
– Finca en jurisdicción de Aia, título de compra: escritura pública de compraventa de 
fecha 07/03/2008.
– Finca en Jurisdicción de San Sebastián, título de compra: escritura pública de 
compraventa de fecha 07/03/2008.
– Trescientas noventa y cuatro mil quinientas sesenta y dos participaciones sociales, 
título de compra: escritura pública de fecha 04/07/2006.
A la vista de lo expuesto cabe concluir:
En primer lugar, resulta indubitada y “exlege” la naturaleza extracontractual de las 
deudas procedentes de ilícito penal de uno de los cónyuges que aquí se intentan cobrar 
por  encomienda  judicial,  es  decir  las  deudas  procedentes  de  la  sentencia  de 
fecha 10/10/2017 del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, por la que se condena a D. 
J. I. U. A. por un delito contra la Hacienda Pública correspondiente al Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2006.
Y  en  segundo  lugar,  que  tales  deudas  de  uno  de  los  cónyuges  son  de 
responsabilidad  y  cargo  de  la  sociedad  de  gananciales  tal  y  como  previene  el 
artículo  1366  del  Código  Civil  bastando  que  se  produzca  la  concurrencia  de  los 
siguientes hechos: la existencia de un régimen económico-matrimonial de sociedad de 
gananciales (en este caso existe: desde 1978 hasta 2008); que durante la vigencia de tal 
régimen económico-matrimonial se hayan generado tales deudas (en este caso procede 
de hechos alrededor del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2006); que exista una 
sentencia  penal  firme  al  menos  para  uno  de  los  dos  cónyuges  que  determine  la 
existencia  para  él  de  deudas  procedentes  de  ilícito  penal  (en  este  caso,  la  citada 
sentencia de 10/10/2017, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Donostia, que condena a D. J. 
I. U. A.); y que la sociedad de gananciales se haya beneficiado de las actividades del 
cónyuge relativas al delito por el que ha sido condenado.
Por  tanto,  quedaba  ya  demostrado  en  el  mandamiento  de  embargo  de 
fecha 26/11/2020 objeto de calificación registral y cuya inscripción ha sido suspendida 
por el Sr. Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Donostia-San 
Sebastián n.º 2 que las deudas comprendidas en él eran responsabilidad y cargo de la 
sociedad de gananciales existente entre D. J. I. U. A. y Dña. M. L. M. A. en el momento 
en que se produjeron los hechos delictivos alrededor del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2006.
Se  cumple,  por  tanto,  con  los  requisitos  del  artículo  144.4  del  Reglamento 
Hipotecario  para  proceder  a  la  anotación  preventiva  de  embargo  ordenada  en  tal 
mandamiento de 26/11/2020.»
IV
El registrador de la Propiedad emitió informe confirmando su calificación y formó 
expediente que elevó a esta Dirección General. s
Fundamentos de Derecho 12www.
CódVigisot oCsiv liol; s4 2a rdtíec ulalo Lse 2y 45 8d/e2 0l0a3 ,C doen s1t7it udceió dni;c i1e3m1b7r,e ,1 G36e2n eara 1l 3T7ri5b uyta r1ia4;0 411 a a  14431 y0  1d7e8l 
ad e1 8G1i pduez lkao Na;o r1m8a,  F2o0r,a l3 28/,2 04025.9, .dºe  y8  d3e2 6m adrez ol,a G  Leenye raHli pToritbeuctaarriiaa;  d1e4l 0T.e1r.rªit oyr io1 H44is.4tó rdiceol   BOE-A-cable e
Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 6, 10 y 19 de noviembre de 1981, 16 de febrero, 29 de mayo y 18 y 24 
de septiembre de 1987, 18 y 25 de marzo de 1988, 29 de mayo de 1989, 3 y 4 de junio 
de 1991, 25 de enero y 4 de octubre de 1993, 28 de diciembre de 1998, 18 de febrero 
y 23 de junio de 2000, 18 de febrero, 15 y 24 de abril, 3 de junio y 18 de julio de 2002, 4 
de abril de 2003, 17 de marzo de 2005, 2 de marzo de 2006, 23 de marzo, 28 de mayo 
y 15 y 19 de octubre de 2007, 17 de marzo de 2009, 21 de abril y 16 de agosto de 2010, 
11 de julio y 21 de septiembre de 2011, 12 de diciembre de 2014, 7 de enero de 2015, 20 
de junio de 2018 y 22 de marzo de 2019.
1.  En  el  supuesto  de  hecho  del  presente  recurso  concurren  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales y liquidación de la sociedad 
conyugal otorgada el día 12 de marzo de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad el 
día  9  de  agosto  de  2010,  los  cónyuges  disolvieron  y  liquidaron  su  sociedad  de 
gananciales con adjudicación a la esposa del pleno dominio de la mitad indivisa de 
determinada finca, cuya restante mitad pertenece a un tercero ajeno al procedimiento.
b)  Por el Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia se dictó sentencia el día 10 de 
octubre de 2017, declarada firme por auto de fecha 3 de octubre de 2018, en la que el 
esposo es condenado por un delito contra la Hacienda Pública en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio del 2006, en el que el sujeto pasivo es 
una sociedad mercantil de la que dicha persona fue administrador único durante los 
ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
c)  En  ejecución  de  la  citada  sentencia  por  el  Servicio  de  Recaudación  del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa se dictaron 
con fecha 30 de octubre de 2018 providencias de apremio por dichas deudas que fueron 
notificadas al deudor, sin que, transcurrido el plazo de pago otorgado, se efectuase el 
ingreso por lo que se intentó el cobro forzoso de la deuda mediante el embargo de sus 
bienes,  resultando  que  eran  inexistentes  por  haberse  producido  la  liquidación  de 
gananciales referida adjudicándose los mismos a la esposa.
d)  En mandamiento de embargo dictado el día 26 de noviembre de 2020, en 
procedimiento administrativo de apremio por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se ordena 
el  embargo  de  la  mitad  indivisa  de  la  finca  titularidad  de  la  esposa.  En  dicho 
mandamiento además de la providencia a que se ha hecho referencia, consta asimismo 
que el día 20 de septiembre de 2020 se notificó a la esposa el requerimiento de pago de 
la deuda señalando que, si no pagaba la deuda en el plazo de un mes, se procedería al 
embargo y ejecución de los bienes de carácter ganancial en su momento, aunque ahora 
sean privativos suyos, que responden de la deuda en cuantía suficiente para cubrir su 
importe. Habiendo transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago, se procede al embargo 
de los mismos.
El registrador suspende la anotación preventiva, dado que la esposa titular no figura 
como deudora demandada, conforme al principio de tracto sucesivo, artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria, sin que, a su juicio, se den ninguna de las excepciones contempladas en el 
mismo.
2.  Con carácter previo, es preciso recordar que el recurso contra la calificación 
registral tiene exclusivamente por objeto revisar las calificaciones negativas emitidas por 
los registradores de la Propiedad y que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria,  s
deberá  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e  oe.
inmediatamente  con  la  calificación  del  registrador,  rechazándose,  como  señala  la  w.
rcmeooimtetiovrao odsbí sojeim teoan  v dadoloocctrrauinrm alea dn petor oescs neteod  eCpnerceniastre odn eDta ilrdaeo ccsta ivleiofni,c  catiuceaimólqnpu otie eynr  ioefotnrrdamo pa rú,e nytiecana sqmiuóeenn  tbeeal  sereancd cuaur seeonn  toatite rlnooess    2021-7412n https://ww
elementos de que dispuso el registrador para emitirla.
Esta doctrina se ha visto recogida en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de noviembre de 2017 que señala en su fundamento tercero: «(…) De tal forma 
que, en un caso como el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora 
de la registradora, lo relevante es que el mandamiento judicial deje constancia del 
cumplimiento  de  los  requisitos  del  art.  155.4  LC,  en  relación  con  los  acreedores 
hipotecarios afectados por la venta directa del bien hipotecado. Con todo lo anterior 
hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el 
mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del art. 155.4 LC fue correcta, 
sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la 
DGRN  pueda  censurarse  esta  denegación  porque  se  llegue  a  acreditar  que  en  la 
realidad se cumplieron tales requisitos».
El recurrente acompaña al escrito de recurso una serie de documentos que no fueron 
presentados en el Registro al tiempo de emitir la calificación ni tampoco posteriormente 
para  intentar  la  subsanación  de  los  defectos  observados.  Estos  documentos  son: 
fotocopia de la sentencia número 288/2017, de 10 de octubre de 2017, del Juzgado de lo 
Penal número 2 de Donostia por la que se condena al deudor como autor de delito fiscal 
contra la Hacienda Foral de Gipuzkoa, como responsable directo y subsidiariamente a la 
mercantil de la que era administrador único, correspondiente al ejercicio económico del 
año 2006; fotocopia del auto de fecha 3 de octubre de 2018, dictado por Juzgado de lo 
Penal número 4 de Donostia, por el que se encomienda a la Hacienda Foral de Gipuzkoa 
las actuaciones necesarias para proceder a la ejecución de la pena de multa; fotocopia 
de la notificación a la esposa del demandado y requerimiento de pago de deuda a la 
misma, y fotocopia de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Gipuzkoa desestimando la reclamación de la esposa del demandado a dicha notificación 
y requerimiento, sobre la base de tratarse la notificación de un acto de mero trámite, 
contra el que no cabe reclamación.
Por lo tanto, estos documentos, en los que en buena parte se apoya el recurso, no 
pudieron ser analizados por el registrador para efectuar la calificación recurrida.
Todo ello sin perjuicio de que, presentada nuevamente en el Registro de la Propiedad 
la documentación inicialmente calificada junto con los originales de la ahora aportada, 
pueda ser objeto de examen y nueva calificación por el registrador.
3.  Entrando en el fondo del recurso, debe tenerse en cuenta, a los efectos de la 
práctica de la anotación preventiva de embargo que la mitad indivisa de la finca objeto 
del embargo consta inscrita a favor de doña M. L. M. A., con carácter privativo, en virtud 
de adjudicación en liquidación de la sociedad de gananciales.
Con carácter general el artículo 20 de la Ley Hipotecaria en su último párrafo dispone 
que «no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni 
cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra 
la cual se ha dirigido el procedimiento».
Ahora bien, en el ámbito de la sociedad de gananciales hay que tener en cuenta lo 
dispuesto  en  el  artículo  144  del  Reglamento  Hipotecario.  Concretamente  en  su 
apartado 4 párrafo segundo señala lo siguiente: «cuando constare en el Registro la 
liquidación de la sociedad de gananciales, el embargo será anotable si el bien ha sido 
adjudicado  al  cónyuge  contra  el  que  se  dirige  la  demanda  o  la  ejecución,  o  del 
mandamiento resulta la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el embargo y 
consta la notificación del embargo al cónyuge titular, antes del otorgamiento de aquélla».
En el caso de este expediente, respecto a la finca reseñada, consta inscrita la 
liquidación de la sociedad de gananciales y en el mandamiento figura como deudor el  s
cónyuge  no  adjudicatario  de  la  finca,  si  bien  consta  el  requerimiento  de  pago  y  oe.
notificación a la titular registral, por lo que resulta de aplicación el apartado transcrito. w.
Tal y como ha reiterado este Centro Directivo, para que se proceda a la práctica de  12ww
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pronunciamiento es la base para que la posibilidad prevista en el artículo 144.4 del 
Reglamento Hipotecario se refleje registralmente y, por consiguiente, requiere que este 
pronunciamiento sea definitivo e irrevocable y no meramente temporal o transitorio pues, 
no existiendo en nuestro Código Civil una presunción de ganancialidad de las deudas 
contraídas durante la vigencia de la sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365 
del Código Civil), ninguna deuda contraída por un solo cónyuge puede ser reputada 
ganancial y tratada jurídicamente como tal mientras no recaiga la pertinente declaración 
judicial  en  juicio  declarativo  entablado  contra  ambos  cónyuges,  pues  a  ambos 
corresponde, conjuntamente, la gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 1375 
del Código Civil).
No obstante lo anterior, en el caso de deudas tributarias la modificación del régimen 
económico-matrimonial de los cónyuges a través de unas capitulaciones matrimoniales 
que  se  consideren  otorgadas  en  fraude  de  acreedores,  constituye  uno  de  los 
presupuestos de hecho de la responsabilidad del artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, de manera que la Hacienda Pública podrá resarcir el crédito tributario 
ejercitando su potestad de autotutela a través de la declaración de la responsabilidad 
solidaria del cónyuge causante o colaborador en la ocultación o transmisión de los 
bienes originariamente gananciales que le fueron adjudicados a través de la disolución 
de la sociedad ganancial con la finalidad de impedir la traba de los mismos.
En este supuesto, no será necesario acudir a un procedimiento judicial para declarar 
la  ganancialidad  de  las  deudas  y  la  responsabilidad  de  los  bienes  exgananciales, 
considerando además que la condición de responsable tributario no obedece al ejercicio 
de una potestad discrecional de la Administración Tributaria ya que debe reconocerse 
siempre respecto de todos aquellos casos en los que concurran los requisitos legalmente 
previstos,  con  independencia,  en  este  caso,  de  la  responsabilidad  prevista  en  los 
artículos 1317, 1365 y 1401 del Código Civil
La  configuración  del  régimen  de  responsabilidad  impide  que  quien  ostenta  la 
condición de deudor, eluda su responsabilidad ocultando o vaciando su patrimonio, 
sirviéndose para ello de terceros vinculados a los que la norma declara responsables 
solidarios tributarios en virtud del artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria de 2003 y 
que de igual forma ostentan la condición de obligado tributario desde la comisión de los 
presupuestos de hecho fijados en la norma, con independencia de que tal obligación no 
resultase aún exigible.
Ahora bien, para declarar la responsabilidad será necesario, además de que se 
reúnan  los  requisitos  legales  para  su  aplicación,  una  resolución  firme  para  cuya 
obtención deberán observarse los trámites contenidos en los artículos 174 y siguientes 
de la Ley General Tributaria que garantizan la intervención del afectado.
Respecto de la norma foral aplicable a este supuesto, la Norma Foral 2/2005, de 8 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, contempla una regulación 
similar. Los artículos 41 a 43 determinan quienes son los responsables tributarios. En 
concreto el artículo 42.4 señala que: «También serán responsables solidarios del pago 
de la deuda tributaria pendiente y en su caso, de las sanciones tributarias, incluidos el 
recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe 
del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la 
Administración  tributaria,  las  siguientes  personas  o  entidades:  a)  Las  que  sean 
causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos de las 
personas o entidades obligadas al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria (…)». s
E igualmente establece un procedimiento para la declaración de responsabilidad  oe.
tributaria en los artículos 178 a 181, de forma que una vez declarados fallidos el deudor  w.
principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración Tributaria dictará  12ww
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declarado la responsabilidad derivada respecto del cónyuge adjudicatario de los bienes. 
En consecuencia, en tanto no resultan acreditados dichos extremos, el defecto debe ser 
confirmado.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 14 de abril de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.