BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Miércoles 23 de junio de 2021 Sec. I.   Pág. 75553
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
10414 Resolución  de  16  de  junio  de  2021,  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 
2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de 
la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 15 junio de 2021, ha modificado el vigente 
Acuerdo aprobado con fecha 30 de mayo de 2008 (BOE n.º 143, de 13 de junio), por el 
que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos.
Considerando necesaria su publicidad y de conformidad con el certificado de dicho 
Acuerdo emitido por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, he resuelto ordenar la publicación de 
su contenido en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto figura su texto como anexo 
a esta Resolución.
Madrid, 16 de junio de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, 
Pablo Arellano Pardo.
ANEXO
Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de convenios 
y trasferencias a comunidades autónomas realizadas de conformidad con el 
artículo 86 de la Ley General Presupuestaria
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 152, 
autoriza al Gobierno para acordar que la fiscalización e intervención previa se limite a 
comprobar determinados extremos, unos tasados por dicha Ley y, adicionalmente, otros 
contemplados en el ordenamiento jurídico en su conjunto y seleccionados en atención a 
su trascendencia en el proceso de gestión y que tienden a asegurar la objetividad y 
transparencia en las actuaciones públicas.
El último Acuerdo por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto del ejercicio de la función interventora en 
régimen de requisitos básicos, fue aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión 
de 30 de mayo de 2008, y modificado posteriormente, mediante Acuerdos de 16 de abril 
de 2010, 1 de julio de 2011, 20 de julio de 2018 y 15 de noviembre de 2019.
En el marco de este proceso de adaptación a una serie de reformas normativas 
producidas en los últimos años, dada la diferente situación actual del régimen jurídico 
aplicable a los distintos tipos de gastos incluidos en el ámbito de aplicación de la función  e
interventora en régimen de requisitos básicos, y siguiendo la técnica empleada en el  bo
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, el ámbito objetivo del presente  414ww
AdmRecéatugteeeirmrrmidaeion nd a eJsd ueocr osíld nimivtciepiotnoa dis oe asld   Scelaoe  mcgrtaooes rfeo tPonrmsú e bala l ircféyeog c,i rtmqaeudgeeoun sl haj uacpri íóiodnnritc  roolda ded u eLcl eailday os c  4ciitmoa0nd/p2faoe0 rr1tmea5nn,o ctdeidaases lin  dso1aev dced tdoedar eidao elcecstosu .ntbatrrneot,ol   dedene    OE-A-2021-10able en https://
Por lo que respecta al ámbito subjetivo, se mantiene para los tipos de gastos en él 
incluidos la homogeneización que en este aspecto se llevó a cabo a través del Acuerdo 
del  Consejo  de  Ministros  de  30  de  mayo  de  2008  y  que  consistió  en  regular 
conjuntamente la función interventora para la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social. Por tanto, el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 147 de la Ley 
General Presupuestaria, abarca también a las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social, en el ámbito objetivo en él incluido.
El actual marco legal de los convenios recogido en la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por 
el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios, requiere la 
necesidad  de  adaptar  el  régimen  de  control  incorporando  no  solo  las  reformas 
introducidas por la citada Ley sino también aquellas otras fruto del análisis y experiencia 
obtenida en el ejercicio de la citada modalidad de control durante la vigencia del Acuerdo 
precedente.
Asimismo, la regulación de las técnicas de cooperación contenida en la citada Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en particular de las Conferencias Sectoriales exige 
su reflejo en el contenido del apartado correspondiente del presente Acuerdo cuando en 
las mismas se distribuyen territorialmente créditos presupuestarios de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 152 de la 
Ley General Presupuestaria, a propuesta de la Ministra de Hacienda e iniciativa de la 
Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo de Ministros, en su 
reunión de 15 de junio de 2021, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
Primero.  Extremos de general comprobación.
1.  La fiscalización e intervención previa de gastos u obligaciones incluidos en el 
presente Acuerdo, en cada uno de los órganos de la Administración General del Estado 
u Organismos autónomos sujetos a función interventora y Entidades gestoras y Servicios 
comunes de la Seguridad Social, se realizará mediante a comprobación de los siguientes 
extremos:
a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y 
suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o 
nacidas y no prescritas a cargo del Tesoro Público o de la Seguridad Social, cumpliendo 
los requisitos y reglas presupuestarias de temporalidad, especialidad y especificación 
reguladas en la Ley General Presupuestaria.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter 
plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 de la 
Ley General Presupuestaria.
b)  Que  los  gastos  u  obligaciones  se  proponen  al  órgano  competente  para  la 
aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
c)  La competencia del órgano que suscribe el convenio y en general del que dicte el 
acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad de aprobación, 
compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación de que se trate. e.e
d)  Que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y  b
fiscalizados favorablemente. 414ww
respAosnidmeisnm ao g, aesnto slo as peroxbpaeddoiesn yte cso dmep rroemcoentiodcoims yie fnistoc adliez aodbolsig faacvioornaebsl,e mqueen telo.s mismos
gasteo)s  inLcal ueidxoisst eennc eial  pdree saeunttoer Aizcauceiórnd od eenl  lCoso nqsueej os ud neo Mrminaitsivtrao se,s peenc íafiqcuae lollo esx itjiap.os de
f)  Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos 
actos, documentos o expedientes, se contienen en el presente Acuerdo.
2.  En los expedientes en que, de conformidad con la normativa aplicable sea 
preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, se comprobarán, con anterioridad al 
mismo, los extremos contemplados en los correspondientes apartados de este Acuerdo 
y, con posterioridad a su emisión, únicamente se constatará su existencia material y 
carácter favorable, en cumplimiento del artículo 13.1 del Real Decreto 2188/1995, de 28 
de diciembre, y del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.
3.  Cuando  de  los  informes  preceptivos  a  los  que  se  hace  referencia  en  los 
diferentes apartados de este Acuerdo se dedujera que se han omitido requisitos o 
trámites que sean esenciales o que la continuación de la gestión administrativa pudiera 
causar quebrantos económicos al Tesoro Público, a la Seguridad Social o a un tercero, 
se procederá al examen exhaustivo del documento o documentos objeto de informe y si, 
a  juicio  del  Interventor,  se  dan  las  mencionadas  circunstancias,  habrá  de  actuar 
conforme a lo preceptuado en el artículo 154.1 de la Ley General Presupuestaria.
Segundo.  Expedientes de convenios.
En los expedientes de convenios, los extremos adicionales a que se refiere el 
apartado primero.1.f) del presente Acuerdo serán los siguientes:
1.  En los expedientes que por su contenido estuviesen incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público u otras normas administrativas 
especiales, el régimen de fiscalización y los extremos adicionales que, en su caso, 
deban  verificarse,  serán  los  mismos  que  se  apliquen  a  la  categoría  de  gasto 
correspondiente.
2.  En los expedientes que por su objeto impliquen una subvención o ayuda pública 
se verificarán los requisitos establecidos en el correspondiente Acuerdo para dicha 
categoría de gastos.
3.  En los expedientes que tengan por objeto la aplicación provisional de un tratado 
internacional,  la  implementación  de  un  acuerdo  internacional  administrativo  o  la 
suscripción o formalización de un acuerdo internacional no normativo, definidos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales, e impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 
Pública, su fiscalización e intervención previa se efectuará en régimen general.
4.  Expedientes  de  convenios  correspondientes  a  los  tipos  previstos  en  el 
artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.1  Convenios interadministrativos.
4.1.1  Suscripción:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
Cuando se utilice un modelo normalizado, verificar que el convenio a celebrar es de 
naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
b)  En los convenios con Comunidades Autónomas, que existe informe favorable de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos previsto en la disposición adicional 
primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 o equivalente. es
c)  Que en el convenio figura la cuantía máxima de los compromisos económicos  o
clqoou npetr dreso)ev l i sdaQtesouu  leamen  eee ljnane   cpleeuoglcr  iicóslaolnasn c dvpieóealnnr ct ieopos rne svysee u sncpuiouo dne yitsse ttdrmaeibrp iualolac.si ó ucnno  mtempmerpocomarniasislo mpso oar  dadqneuu isarieldidgoausdi mpeoiser, n ldotoes,   afivcrmiugeialarndntoec sica.o ny   OE-A-2021-10414able en https://www.
e)  En el supuesto de que el convenio prevea pagos anticipados, que no se supera 
el límite máximo previsto por el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria y que, en 
su caso, se exige la prestación de garantía.
4.1.2  Modificación o prórroga:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico.
b)  En los convenios con Comunidades Autónomas, que existe informe favorable de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos previsto en la disposición adicional 
primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 o equivalente.
c)  Cuando el acuerdo implique la variación o asunción de nuevos compromisos 
económicos,  verificar  que  se  establece  la  cuantía  máxima  de  los  mismos  y  su 
distribución  temporal  por  anualidades,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación 
presupuestaria.
d)  En el supuesto de que se estipulen pagos anticipados o se modifiquen los 
mismos, que no se supera el límite máximo previsto por el artículo 21.3 de la Ley 
General Presupuestaria y que, en su caso, se exige la prestación o la ampliación de 
garantía.
4.1.3  Reconocimiento de la obligación:
a)  Que se acompaña certificación expedida por la comisión o por el responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control previsto en el convenio, acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.
b)  En el caso de efectuarse pagos anticipados, que no se supera el importe previsto 
en el convenio para aquéllos y, en su caso, que se ha prestado la garantía exigida.
c)  En el supuesto del artículo 52.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que el importe a abonar resultante de la liquidación 
no supera el límite máximo de compromisos económicos previsto en el convenio.
4.1.4  Resolución.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
4.2  Convenios intradministrativos a suscribir entre organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública y 
convenios con sujetos de derecho privado.
4.2.1  Suscripción:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
Cuando se utilice un modelo normalizado, verificar que el convenio a celebrar es de 
naturaleza análoga al informado por el Servicio Jurídico.
b)  Que en el convenio figura la cuantía máxima de los compromisos económicos 
que se asumen por las partes y su distribución temporal por anualidades, de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
c)  Que en el convenio se contempla un mecanismo de seguimiento, vigilancia y 
control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
d)  En el supuesto de que el convenio prevea pagos anticipados, que no se supera 
el límite máximo previsto por el artículo 21.3 de la Ley General Presupuestaria y que, en  e
su caso, se exige la prestación de garantía. bo
4a.)2 .2Q ueM oedxiisfitcea ciniófonr mo ep rdóerrl oSgear:vicio Jurídico. 2021-10414n https://ww
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distribución  temporal  por  anualidades,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación 
presupuestaria.
c)  En el supuesto de que se estipulen pagos anticipados o se modifiquen los 
mismos, que no se supera el límite máximo previsto por el artículo 21.3 de la Ley 
General Presupuestaria y que, en su caso, se exige la prestación o la ampliación de la 
garantía.
4.2.3  Reconocimiento de la obligación:
a)  Que se acompaña certificación expedida por la comisión o por el responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control previsto en el convenio, acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos.
b)  En el caso de efectuarse pagos anticipados, que no se supera el importe previsto 
en el convenio para aquéllos y, en su caso, que se ha prestado la garantía exigida.
c)  En el supuesto del artículo 52.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que el importe a abonar resultante de la liquidación 
no supera el límite máximo de compromisos económicos previsto en el convenio.
4.2.4  Resolución.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
4.3  Convenios de los previstos en el artículo 47.2 d) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4.3.1  En los expedientes de suscripción, modificación, prórroga y resolución se 
verificará como extremo adicional que existe informe del Servicio Jurídico.
4.3.2  En  otros  expedientes  relativos  a  dichos  convenios  no  procederá  la 
comprobación  de  ningún  extremo  adicional,  debiendo  verificarse  únicamente  los 
extremos que procedan del apartado primero de este Acuerdo.
5.  Otros expedientes.
5.1  Convenios que instrumenten aportaciones económicas ya sea a sociedades 
mercantiles estatales previstas en la disposición adicional séptima de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de Carreteras, y en los artículos 99 de la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y 132 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, o a las entidades públicas empresariales previstas en el artículo 25 de la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
5.1.1  Suscripción:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico sobre el texto del convenio.
b)  Que existe informe favorable previsto respectivamente en la disposición adicional 
séptima.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en el artículo 132.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas, y en el artículo 25.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario.
c)  Que en el convenio figura el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en 
el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución  s
por anualidades, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación presupuestaria. oe.
pArdemvdiis)n tios tQreaunte ive ale sax yrist ídtceeu ll oiOn f6rod6rem nde eS  oldace iL aella.y  S62e/c2r0e0ta3r,í ad ed 3e0  Edset addioci edmeb rPer,e dseu pMueedstidoas s yF iGscaasletoss,   2021-10414n https://www.
5.1.2  Modificación o prórroga:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico.
b)  Que existe informe favorable previsto respectivamente en la disposición adicional 
séptima.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en el artículo 132.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas, y en el artículo 25.2 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario.
c)  Cuando el acuerdo implique la variación o asunción de nuevas obligaciones 
económicas, verificar que se establece el importe máximo de las obligaciones a adquirir, 
y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente 
distribución por anualidades, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria 
y que existe informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos previsto en el 
artículo 66 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social.
5.1.3  Reconocimiento de la obligación.
Sólo se comprobarán los extremos previstos con carácter general en el apartado 
primero del presente Acuerdo.
5.1.4  Resolución:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico.
b)  Que  existe  el  informe  favorable  previsto  respectivamente  en  la  disposición 
adicional séptima.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en el 
artículo 132.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas, y en el artículo 25.2 de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del Sector Ferroviario.
5.2  Convenios que instrumenten la concesión de préstamos o anticipos financiados 
con cargo al capítulo 8, a los que no sea de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
5.2.1  Suscripción:
a)  Que existe informe del Servicio Jurídico.
b)  En los convenios con Comunidades Autónomas, que existe informe favorable de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos previsto en la disposición adicional 
primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 o equivalente.
c)  Que,  en  su  caso,  existe  la  autorización  expresa  de  la  persona  titular  del 
Ministerio de Hacienda a que se refiere la disposición adicional décima primera de la 
Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2013 o equivalente.
d)  Que en el convenio figura el importe máximo de las obligaciones a adquirir, así 
como el calendario para su devolución o amortización, y en el caso de que se trate de 
gastos  de  carácter  plurianual,  la  correspondiente  distribución  por  anualidades,  de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
5.2.2  Modificación o prórroga: e
lpar imSabee))cr  are EQdtaneur  eíllaoa e s dxL ceieso ytEne v1 si1enta/nf2odio0roms2  d0ece, o d dnPee lrC  eS3ose0mur pvduiuence iiodds aitJcoduiseer mísyd  biAcGruoeat.,ós dntoeos m Pparreses,v uqisputueoe  eesxtnoi sslta eG  dienisnfoperormaslieec isfóa ndv eoalr daEibcslietoa nddaoel    2021-10414n https://www.
para el año 2021 o equivalente.
c)  Que,  en  su  caso,  existe  la  autorización  expresa  de  la  persona  titular  del 
Ministerio de Hacienda a que se refiere la disposición adicional décimaprimera de la 
Ley  17/2012,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el 
año 2013 o equivalente.
d)  Cuando el acuerdo implique la variación o asunción de nuevas obligaciones 
económicas o la alteración del calendario de devolución o amortización, verificar que se 
establece el importe máximo de las obligaciones a adquirir, que el nuevo calendario de 
devolución o amortización resulta adecuado al clausulado del convenio, y en el caso de 
que  se  trate  de  gastos  de  carácter  plurianual,  la  correspondiente  distribución  por 
anualidades, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
5.2.3  Reconocimiento de la obligación:
a)  En  su  caso,  certificación  expedida  por  el  órgano  previsto  por  el  convenio, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para realizar los 
pagos.
b)  Acreditación, en la forma prevista en la disposición adicional décima primera de 
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013 o equivalente, de que los beneficiarios de préstamos y anticipos se encuentran 
al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos 
o  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  del 
Estado.
5.2.4  Resolución.
Que existe informe del Servicio Jurídico.
Tercero.  Expedientes de transferencias a las Comunidades Autónomas realizados de 
conformidad con el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria.
Para los expedientes de transferencias a las Comunidades Autónomas realizados de 
conformidad  con  el  artículo  86  de  la  Ley  General  Presupuestaria,  los  extremos 
adicionales a que se refiere el apartado primero.1.f) del presente Acuerdo serán los 
siguientes:
1.  Aprobación del gasto:
a)  Que existe informe favorable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos  previsto  en  la  disposición  adicional  primera  de  la  Ley  11/2020,  de  30  de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 o equivalente.
b)  En supuestos de concesión de préstamos o anticipos financiados con cargo al 
capítulo 8 que, en su caso, existe autorización expresa de la persona titular del Ministerio 
de Hacienda a que se refiere la disposición adicional décima primera de la Ley 17/2012, 
de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2013  o 
equivalente.
2.  Compromiso de gasto:
En las transferencias que se instrumenten a través de convenios se verificarán 
además los extremos previstos en el apartado segundo 4.1.1 y 4.1.2 o en el apartado 
segundo 5.2.1 y 5.2.2 que procedan, excepto los señalados en el punto anterior del  es
presente apartado. bo
a3).   RCeucaonndooc imlaiesn totr adnes lfae roebnlicgiaacsi óns:e  instrumenten  mediante  convenios  y  los  2021-10414n https://ww
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se ha prestado la garantía exigida.
b)  En su caso, acreditación, en la forma prevista en la disposición adicional décima 
primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013 o equivalente, de que los beneficiarios de préstamos y anticipos se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos  o  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  Presupuestos 
Generales del Estado.
c)  En relación a la regla sexta del artículo 86.2 de la Ley General Presupuestaria, 
se verificará en primer lugar si existen remanentes de fondos no comprometidos al 
finalizar cada ejercicio en poder de las Comunidades Autónomas. En caso afirmativo, 
además, que el importe de esos remanentes ha sido descontado de la cantidad que 
corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma.
4.  Resolución.
En las transferencias instrumentadas mediante convenios, se verificará que existe 
informe del Servicio Jurídico.
Cuarto. 
Se modifica el punto 6 del apartado Decimoséptimo del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
«6.  En las aportaciones de capital con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado a sociedades mercantiles estatales, así como a entidades públicas 
empresariales y demás entidades y fondos del sector público, se comprobará, en 
el momento del compromiso de gasto, como extremo adicional a que se refiere el 
apartado primero.1.g) del presente Acuerdo, que existe el informe de la Secretaría 
de  Estado  de  Presupuestos  y  Gastos  a  que  se  refiere  el  artículo  66  de  la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.»
Quinto. 
Se modifica íntegramente el punto 2 del apartado Decimonoveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, que queda con la siguiente redacción:
«2.  Si el expediente se instrumenta a través de un convenio, además de 
verificarse lo establecido con carácter general en el punto 1 anterior, deberán 
comprobarse los extremos que resulten de aplicación de acuerdo con el tipo de 
convenio, establecidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio 
de 2021, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 
básicos en el ámbito de convenios y transferencias a comunidades autónomas 
realizadas de conformidad con el artículo 86 de la LGP.»
Sexto.
Se deroga el epígrafe b) del apartado Octavo 2.1 del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los 
artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector 
público y encargos a medios propios. El resto de epígrafes del apartado Octavo 2.1  e.
mantienen la misma redacción. w.
Séptimo.
AcuSered od edreol gCaonn sloesjo a dpea rMtaindiosstr oDse, cdiem 3o0se dxeto m, aVyigoé dseim 2o0 0p8ri,m peorro e ly q Vueig sées imdao  atpelriccearcoió nd eal 
la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
Octavo.
Este Acuerdo surtirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».