BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 26  Sábado 30 de enero de 2021  Sec. I.   Pág. 11045
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
1351 Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
I
Este real decreto tiene por objeto dar cumplimiento a la previsión recogida en la 
disposición final octava de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, por la 
que se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del entonces Ministro de Economía y 
Competitividad (hoy Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital), dicte las 
normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en la citada ley.
Dicha ley tiene por objeto regular la actividad de auditoría de cuentas, que se 
caracteriza por la relevancia pública que desempeña por prestar un servicio a la entidad 
revisada y afectar e interesar no solo a esta, sino también a los terceros que mantengan o 
puedan mantener relaciones con la misma, habida cuenta de que todos ellos, entidad 
auditada y terceros, pueden conocer la calidad de la información económica financiera 
auditada sobre la cual versa la opinión de auditoría emitida. Sobre la base de esta 
relevancia o función de interés público, se regulan las condiciones, requisitos y 
formalidades que deben cumplir quienes ejercen tal actividad, al mismo tiempo que se 
somete la vigilancia de dicha actividad a un régimen de supervisión pública, cuya 
responsabilidad se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La citada ley adaptó la legislación interna española a los cambios incorporados por la 
Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por 
la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 
consolidadas, en lo que no se ajusta a ella. Junto a dicha Directiva, se aprobó el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés 
público, si bien se incorporaron opciones a ejercer por los Estados miembros, que 
asimismo fueron concretadas en la referida ley. Esta normativa introdujo cambios 
sustanciales en la normativa existente, derivados de la necesidad, puesta de manifiesto en 
la Unión Europea, de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica 
financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la 
calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia.
A tal fin, con el nuevo marco legal se persigue, en primer lugar, incrementar la 
transparencia en la actuación de los auditores clarificando la función que desempeña la 
auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la denominada 
brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de una auditoría y lo que realmente 
es. El principal cambio incorporado es el nuevo modelo de informe de auditoría, junto con 
mayores obligaciones de comunicación e información que se exigen a quienes auditan 
entidades de interés público, mejorando la información que debe proporcionarse a la 
entidad auditada, a los inversores y demás interesados. En segundo lugar, persigue  e.
reforzar la independencia de los auditores en el ejercicio de su actividad, pilar básico y  w.b
fundamental en que reside la confianza que se deposita en el informe de auditoría,  51ww
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auditoría prohibidos, que no pueden prestarse a aquellas entidades, su matriz y sus
controladas; determinadas normas por las que se limitan los honorarios que pueden 
percibir por los servicios distintos de los de auditoría permitidos o en relación con una 
determinada entidad de interés público, la obligación de rotación externa, y determinadas 
obligaciones en relación con la Comisión de Auditoría de estas entidades. En tercer lugar, 
la nueva normativa pretende dinamizar el mercado de auditoría mediante un conjunto de 
medidas que pretenden resolver los problemas detectados en relación con la estructura 
del mercado y las dificultades de crecimiento de auditores. Y en cuarto lugar, al objeto de 
evitar una fragmentación en el mercado de auditoría en el ámbito de la Unión Europea, la 
nueva normativa pretende un mayor grado de armonización, también en las normas que 
vigilan la actividad, exigiendo mayor transparencia e independencia en la actividad 
supervisora e introduciéndose el criterio de riesgo como rector en las revisiones de control 
de calidad que ha de realizar dicha autoridad.
Con la Ley 22/2015, de 20 de julio, quedó derogado el Real Decreto Legislativo 1/2011, 
de 1 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. El 
mencionado texto refundido fue a su vez desarrollado mediante el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.
La modificación realizada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, conlleva la obligación de 
adecuar el reglamento que desarrolla el texto refundido, a la legislación vigente. Con 
estos antecedentes, resulta preciso aprobar un nuevo reglamento, que siguiendo la 
sistemática y contenido de la Ley 22/2015, de 20 de julio, desarrolle esta y derogue el 
reglamento anterior. Por eso, y de acuerdo con la normativa aplicable, con carácter previo 
a la redacción de este proyecto se abrió un proceso de consulta pública previa con la 
finalidad de conocer la opinión de los posibles interesados en la reforma sobre los 
objetivos y alcance que sirviese de base para redactar el reglamento. Los comentarios 
recibidos, todos del sector auditor, se muestran a favor de acometer la reforma 
principalmente con la finalidad de aclarar las dudas sobre el alcance de algunas 
cuestiones, sin dejar de manifestar algunos efectos de la reforma legal recientemente 
aprobada.
En relación con la adecuación de este reglamento a los principios de buena regulación 
contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este reglamento constituye el 
imprescindible desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
La adecuación a los principios de necesidad y eficacia se justifica por la razón del 
interés general cuya protección es objetivo de esta norma: la confianza que los terceros 
depositan en los estados financieros auditados. Para proceder al desarrollo de los 
preceptos incluidos en la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, necesario para mejorar su 
aplicabilidad, se considera idónea la utilización en primera instancia de la facultad 
reglamentaria del Gobierno para que, mediante real decreto, apruebe este reglamento. 
Desde la perspectiva de eficacia, en términos de la consecución de los objetivos 
perseguidos, es también un reglamento aprobado mediante real decreto el instrumento 
jurídico considerado idóneo que permite garantizar de la mejor forma y con seguridad 
jurídica la aplicación consistente de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
La adecuación al principio de proporcionalidad se justifica porque este reglamento 
contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad de aplicación de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, y no existe la posibilidad de adoptar otras medidas menos 
restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, que las 
que resulten necesarias para afianzar la calidad de las auditorías en aras de garantizar la 
consecución del interés público perseguido. En este sentido, se incorporan también  es
previsiones para asegurar una aplicación proporcionada de las disposiciones contenidas  o
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ordenamiento jurídico y, por otra parte, porque favorece la certidumbre y claridad de este
al proporcionar criterios más precisos sobre las disposiciones establecidas en la 
Ley 22/2015, de 20 de julio.
La adecuación al principio de transparencia se justifica y se ha materializado mediante 
la participación intensa ofrecida a los potenciales destinatarios en la elaboración de la 
norma y terceros interesados, incluyendo el acceso a los documentos propios del proceso 
de elaboración. Por otra parte, la adecuación al principio de transparencia también se 
produce por el hecho de que la norma define claramente sus objetivos, reflejados en su 
preámbulo y en la memoria que lo acompaña.
Finalmente, la adecuación al principio de eficiencia se justifica al comprobarse que 
esta iniciativa normativa no impone, para satisfacer el interés público enunciado, cargas 
administrativas innecesarias o accesorias.
Para la elaboración del reglamento de desarrollo de la citada Ley 22/2015, de 20 de 
julio, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones.
En primer lugar, solo se han incluido en los artículos de este reglamento aquellas 
previsiones que suponen desarrollo del contenido de los artículos de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, incorporando las modificaciones necesarias para adaptarse a las disposiciones 
contenidas en dicha ley y, manteniendo con carácter general la regulación anterior en tanto 
no resultara contraria a dicha ley o no se considerara conveniente su modificación por así 
aconsejarlo la práctica.
En segundo lugar, se han realizado ciertas modificaciones en algunos aspectos no 
modificados en la Ley 22/2015, de 20 de julio, que se han considerado necesarias por 
razones de mejora técnica aconsejadas por la práctica, así como otras para guardar 
coherencia y consistencia con la terminología y tratamiento empleados, bien en la 
Ley 22/2015, de 20 de julio o, bien en las normas de auditoría adaptadas para su aplicación 
en España, publicadas mediante Resoluciones de ICAC de 15 de octubre de 2013 y 23 de 
diciembre de 2016.
Con el nuevo reglamento se pretende dotar al cuerpo normativo que deben aplicar 
quienes ejercen la actividad de auditoría de cuentas de la conveniente seguridad jurídica 
que permita aplicar las disposiciones de dicho cuerpo de modo que se satisfaga el fin de 
interés público que se encomienda a dicha actividad.
II
Este reglamento sigue la misma sistemática y ordenación de materias que la contenida 
en la Ley 22/2015, de 20 de julio, que desarrolla, con la salvedad de que no se incluyen 
aquellos preceptos legales que no precisan de desarrollo reglamentario y está estructurado 
en un título preliminar y cinco títulos que se dividen en capítulos y secciones, y, en algún 
caso, en subsecciones.
El título preliminar incluye tres capítulos. El capítulo I «Ámbito de aplicación» delimita 
el objeto y el ámbito de aplicación del reglamento, aclarándose, en primer lugar la inclusión 
en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de la verificación por los 
auditores de las cuentas formuladas por entidades a las que su normativa aplicable exige 
la llevanza de contabilidad pero no establece un marco normativo de información financiera 
para su aplicación cuando se formulen dichas cuentas conforme a un marco que resulte 
aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada, así como, de la 
verificación por los auditores de las cuentas formuladas por entidades cuya normativa 
aplicable les exija la presentación de unas cuentas auditadas, cuando dichas cuentas se 
hayan preparado conforme a un marco normativo de información financiera que resulte de  s
aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada. En segundo lugar, se  oe.
aclara la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de los  w.
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cuando estos no hayan sido elaborados con arreglo a los principios y normas contenidos
en el marco normativo de información financiera expresamente establecido para su  Bc
elaboración por disposiciones legales o reglamentarias, salvo que se cumplan las premisas 
anteriores.
El capítulo II «Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas», regula la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas y la elaboración de las normas técnicas 
de auditoría, de ética y de control de calidad. De igual manera que hasta la fecha, se 
definen los principios de ética que deben promoverse y observarse en el ejercicio de la 
actividad y que deben desarrollarse en las correspondientes normas de ética que se 
aprueben, así como se establece que las normas de control de calidad interno establecerán 
los principios y requisitos a seguir por los auditores en la implantación y mantenimiento de 
los sistemas de control de calidad.
Al objeto de dotarle de mayor transparencia, se regula el contenido básico y régimen 
procedimental de elaboración de estas normas, siendo las principales modificaciones 
introducidas, las que se refieren, por un lado, a la publicación de las normas provisionales 
para el trámite de información pública también en la página web del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, además de en el Boletín Oficial de dicho Instituto y en 
el «Boletín Oficial del Estado». Y por otro lado, se regula la publicación de las normas 
definitivas en la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
En relación con la elaboración subsidiaria por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, se modifica el artículo para reducir de seis a dos meses el plazo que tienen 
las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas para 
atender el requerimiento efectuado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
para la elaboración o adaptación de una norma, para equipararlo al plazo de publicación 
de la norma para el trámite de información pública.
En el capítulo III «Definiciones» se ha incluido el desarrollo de algunas definiciones 
contenidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Se mantiene la definición de entidades de interés público, que se adoptó mediante el 
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, que modificó la definición contenida en el 
reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se aclara 
que se considerarán entidades de interés público aquellas que coticen en el mercado 
regulado de cualquier Estado miembro y se encuentren sometidas al régimen de 
supervisión y control atribuido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo 
con el contenido del artículo 2.13 de la Directiva 2006/43 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de 
las cuentas consolidadas, en la redacción dada por la Directiva 2014/56/UE.
Respecto a la definición de familiares, se excluye del concepto de familiares al cónyuge 
separado cuando se haya producido la separación efectiva y se encuentre inscrita en el 
registro civil. Asimismo, se precisa quiénes son los familiares con vínculos estrechos de la 
persona afectada por la causa de incompatibilidad, de la definición del artículo 3.13 de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, considerando como tales a quienes 
cumplan las condiciones de convivencia dentro del concepto de familiares definido por la 
citada Ley 22/2015, teniendo en cuenta la finalidad y el espíritu de dicha ley de que estos 
sean un grupo más reducido dentro del concepto de familiares, facilitando así su mejor 
interpretación y aplicación efectiva.
En relación con la definición de red, que con carácter general no ha cambiado en la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se ha tenido en cuenta cómo ha sido traspuesto este concepto 
en el ámbito de la Unión Europea, con la finalidad de evitar posibles diferencias entre la 
normativa nacional y la de los países de nuestro entorno. Con la redacción dada, se viene 
a aclarar que el acuerdo de cooperación, incluido en la Directiva 2006/43/CE del  es
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de  o
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de políticas y procedimientos de control de calidad interno, la existencia de una estrategia
empresarial común o el uso de un nombre comercial común. Se ha aclarado que la 
concurrencia de una de dichas circunstancias determina la existencia del acuerdo de 
cooperación y, por tanto, la existencia de red. De acuerdo con dicho criterio, en principio 
no sería red, la mera aceptación y la realización conjunta de una auditoría por parte de dos 
auditores, si no concurren el resto de circunstancias.
Por último, dentro de este capítulo se sigue definiendo el concepto de entidades 
vinculadas a la entidad auditada y entidades vinculadas por relación de control, por 
referencia a la normativa mercantil y contable que, debido a su precisión en el concepto de 
vinculación, proporciona mayor seguridad jurídica a la hora de definir la vinculación 
respecto a la entidad auditada.
III
El título I «De la auditoría de cuentas» incluye dos capítulos.
El capítulo I desarrolla las modalidades de auditoría de cuentas e incluye cinco 
secciones.
La sección 1.ª regula la auditoría de cuentas anuales, incluyendo un artículo dedicado 
al informe de auditoría en el que, partiendo del contenido del informe incluido en la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se recoge únicamente la descripción de la responsabilidad del 
órgano de administración de la entidad de la formulación de los estados financieros a 
auditar y del sistema de control interno de la entidad auditada, la descripción del objeto de 
la auditoría y del modo en que se desarrolla, así como la referencia al nombre, el domicilio 
y el número de Registro Oficial de Auditores de Cuentas del auditor o auditores principales 
responsables y de la sociedad de auditoría, para una mejor identificación de los 
responsables del informe. Asimismo, en relación con la actuación del auditor respecto del 
informe de gestión, regulada en el artículo 5.1.f) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, por una 
parte, se precisa, que cuando dicho informe de gestión acompañe a las cuentas anuales, 
ya sea por obligación legal o de forma voluntaria, el auditor deberá actuar en todo caso de 
conformidad con lo dispuesto en dicho artículo de la Ley 22/2015, de 20 de julio; y, por otra 
parte, se establece la excepción en la aplicación del artículo 5.1.f) mencionado para 
determinados supuestos, de acuerdo con la Directiva 2014/95/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE 
en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre 
diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos y de 
acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, el auditor de cuentas 
únicamente debe comprobar que se haya facilitado el estado de información no financiera, 
que puede ser obligatorio tanto para entidades de interés público, como para las que no 
tengan tal condición. Se aclara a este respecto en el reglamento la actuación del auditor 
en relación con dicha información que forma parte del informe de gestión, pero a la que no 
resulta de aplicación lo previsto para el informe de gestión establecido en el artículo 5.1.f) 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, sino que el auditor únicamente debe comprobar la 
existencia de tal información, y su actuación en caso de inexistencia.
Se mantiene, como en la redacción del reglamento que ahora se deroga, que debe 
dejarse constancia documental de la fecha de entrega del informe y de su recepción por la 
entidad auditada cuando haya diferencia entre una fecha y otra. s
Respecto a la obligación de emitir el informe, se recoge, tal y como figuraba en el  oe.
reglamento que ahora se deroga, la obligación de que, en los casos en que se produzcan  w.
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el auditor tuviese constancia de tal situación. Dicho escrito en el caso de auditoría
obligatoria se remitirá no solo al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y al  Bc
Registro Mercantil, como estaba regulado hasta el momento, sino también al Juzgado en
caso de que se hubiera producido el nombramiento judicial del auditor. A estos efectos, se 
distingue en el plazo de comunicación entre quince días naturales, para la comunicación 
entre auditor y entidad auditada, dado que se trata de una comunicación entre particulares, 
y diez días hábiles, para las comunicaciones entre auditor y órgano judicial, Registro 
Mercantil e Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dado que, en estos casos, 
deriva de una relación entre un administrado y órganos de carácter público.
Se matiza respecto al contenido de este artículo, que se entiende por auditoría 
obligatoria aquella en la que se nombra auditor porque la entidad está obligada a auditar 
sus cuentas, así como cuando se produce el nombramiento del auditor por el Registro 
Mercantil o por el Juzgado.
En el caso de auditoría voluntaria, si el nombramiento del auditor se ha inscrito en el 
Registro Mercantil se efectuará la comunicación únicamente a este de las causas de 
imposibilidad de emitir el correspondiente informe. Con esto se garantiza que, en los casos 
en los que el auditor esté inscrito en el Registro Mercantil, este pueda tener conocimiento, 
en su caso, de la imposibilidad por la que el auditor no puede llevar a cabo la auditoría 
contratada, dado que si se presentaran las cuentas anuales a depósito sin el 
correspondiente informe de auditoría no sería admitido el depósito de dichas cuentas, de 
acuerdo con el artículo 279 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
En relación con el contrato de auditoría se precisan, para los supuestos de 
nombramiento de auditor por el Registrador Mercantil o por el órgano judicial 
correspondiente previstos en los artículos 265 y 266 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, los efectos de la posibilidad contemplada en el artículo 267 de 
dicho texto refundido que permite al auditor solicitar que se garantice el pago de sus 
honorarios, para evitar situaciones en las que el auditor nombrado no tiene seguridad 
del cobro de dichos honorarios, lo que podría afectar a su independencia en la 
realización del trabajo de auditoría, precisándose que dicha garantía deberá ser 
prestada por la entidad en el plazo de diez días naturales desde la notificación de su 
solicitud por el auditor y previéndose las consecuencias de que, en caso de que no se 
aporte dicha garantía, el auditor pueda renunciar al trabajo o a continuar con el contrato 
de auditoría.
En relación con este nombramiento, en la disposición final primera se concede un 
plazo de diez días hábiles para la aceptación del contrato de auditoría, con la finalidad de 
que el auditor pueda evaluar, antes de aceptar el trabajo, su capacidad para desarrollarlo, 
así como el cumplimiento de la condición de la necesaria independencia y de los restantes 
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
Con ello, dicha obligación resulta exigible para todos los trabajos.
La sección 2.ª regula la auditoría de otros estados financieros o documentos contables, 
sin modificaciones relevantes.
La sección 3.ª se refiere a la obligación de requerir información a la entidad auditada y 
la obligación de esta de suministrarla, manteniéndose la necesidad de acreditar los 
requerimientos de información por parte del auditor y las respuestas obtenidas de la 
entidad auditada a dichos requerimientos de información.
La sección 4.ª se refiere a la auditoría de las cuentas consolidadas. Se precisa la 
documentación que el auditor del grupo debe tener respecto a la revisión y evaluación del 
trabajo realizado por los auditores de las entidades que forman parte del conjunto 
consolidable y que deberá reflejar, entre otros, los riesgos que el auditor ha considerado 
para la planificación del trabajo a realizar, las cuestiones y aspectos concretos revisados,  es
el trabajo realizado por los otros auditores así como la motivación por la que dicho trabajo  o
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responsabilidad plena.
Además,  se  incluye  en  esta  sección  un  nuevo  artículo  para  establecer 
reglamentariamente el plazo y forma de la comunicación al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas de la imposibilidad de revisar el trabajo de otros auditores, mediante 
un escrito que detalle las circunstancias que impidan tal revisión.
La sección 5.ª se refiere a la auditoría conjunta, que en su único artículo establece 
los principios rectores a seguir por los auditores cuando son nombrados conjuntamente 
para realizar una auditoría de cuentas anuales, incorporando como novedades la 
actuación en caso de discrepancia en cuanto a la opinión técnica a emitir, señalando que 
cada auditor presentará su opinión en un párrafo distinto del informe de auditoría y 
expondrá los motivos de la discrepancia; que los auditores nombrados no pueden 
pertenecer a la misma red y que deben comunicarse entre ellos las circunstancias que 
afecten a su independencia; también se regula sin que suponga novedad alguna la 
responsabilidad conjunta en relación con el deber de custodia y conservación de los 
papeles de trabajo. Con ello se pretende dotar de un marco reglamentario a estas 
actuaciones que pretende incentivar el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril 
de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de 
interés público.
El capítulo II desarrolla el acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas e 
incluye dos secciones.
La sección 1.ª está referida al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en el que se 
recogen las secciones de personas físicas, sociedades de auditoría, pudiendo obtenerse 
información sobre si auditan entidades de interés público, y auditores y sociedades de 
auditoría y demás entidades de terceros países.
Dentro de la sección de personas físicas se elimina la situación voluntaria de «no 
ejerciente prestando servicios por cuenta ajena», manteniéndose únicamente, por un lado, 
la situación de «ejerciente» que incluye a los auditores individuales y los auditores 
designados por las sociedades de auditoría para la firma de informes de auditoría, 
eliminándose la modalidad de «socio de sociedad de auditoría», y, por otro lado, la 
situación de «no ejerciente».
Se regula el proceso de inscripción de los auditores autorizados en otros Estados 
miembros o terceros países como ejercientes estableciéndose la obligación de que 
acrediten, además de las condiciones establecidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, la 
constitución de la garantía, y para quienes estén autorizados en terceros países se 
exige que acrediten, adicionalmente a lo anterior, la concurrencia de la condición de 
reciprocidad y como novedad también se exige en el caso de auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría y demás entidades de terceros países que se inscriben para 
que el informe de auditoría emitido respecto a determinadas entidades domiciliadas en 
terceros países cuyos valores cotizan en los mercados oficiales nacionales tenga 
validez en España. Se establece que el auditor de cuentas facilite al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas la dirección electrónica habilitada única para sus 
comunicaciones.
La sección 2.ª regula los requisitos exigidos para obtener la autorización para el 
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
Merece destacar, como novedad, por un lado, la posibilidad de que los cursos de 
formación teórica se organicen por los centros de formación superior acreditados por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación u organismo equivalente del 
ámbito autonómico y reconocidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
al igual que se reconoció la facultad a estos centros de organizar los cursos de formación  es
continuada, y, por otro lado, se permite incrementar el tiempo de formación práctica que  o
pccCreoauupmleierfedipncseutaea tdánsronet,a rda naodltitsezeeeasln  ,reed scnxieoe aa nnmñasdoienodsnte  ey arsda  n enlodad  ae eopnn  lta elihatscuo  emdrtase asiprdt.mae aYrridain ap  asoedc rloe  iúóba lnjactei cmstoedeo segd,o lues  re paea rlmxr o aRogumedrnagiefaimincs .atmar o laa d yOceoof rimce idnpaoislv sedeiñcersia óAinnduz adadde i tlot dterreieób sruis cnduaaes,l     OE-A-2021-1351able en https://www.
IV
El título II «Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas» consta de seis 
capítulos. En el capítulo I «Formación continuada», se desarrolla la obligación de los 
auditores de cuentas de realizar actividades de formación continuada, cuyo fin es mantener 
el adecuado nivel de exigencia en relación con la actualización de sus conocimientos, 
dentro de un entorno financiero y mercantil en continuo cambio y progresivamente más 
complejo. La realización de actividades de formación continuada por parte de los auditores 
de cuentas debe orientarse al mantenimiento y actualización del conocimiento de aquellos 
aspectos de las materias a que se refiere el artículo 9.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, a un nivel suficientemente elevado, que garanticen el correcto cumplimiento de la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en la realización de los 
trabajos de auditoría aceptados. En el desarrollo reglamentario se establece la forma y 
condiciones en que ha de tenerse por cumplido el requisito de formación continuada 
mínima, cifrada en número de horas, que deben seguir y acreditar los auditores de cuentas 
inscritos en situación de ejercientes y de no ejercientes que se encuentren colaborando 
activamente con un auditor de cuentas, mediante la realización de una serie de actividades. 
Asimismo, se establecen los centros que pueden organizar e impartir dichas actividades 
de formación, facilitando la entrada a nuevos centros y a los grupos de auditores, 
definiéndose las agrupaciones de sociedades y los grupos de auditores, su acreditación y 
justificación y la remisión de información anual a este respecto al Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas. La regulación está en línea con la exigida en el reglamento que se 
deroga incorporándose las mejoras que de la experiencia acumulada se deducen 
recomendables.
En el capítulo II, «De independencia», que consta de cinco secciones, se regula el 
régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas en el 
ejercicio de esta actividad, soporte fundamental en que se asienta la confianza que se 
deposita en el informe de auditoría de cuentas. En aras de salvaguardar el deber de 
independencia que obliga al auditor a abstenerse de actuar cuando pudiera verse 
comprometida su objetividad en relación a la información económica financiera a auditar, 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, configura un sistema mixto basado en un doble pilar, de un 
lado, en el llamado sistema de amenazas y salvaguardas que se articula como un sistema 
de autodiagnóstico en el que el auditor debe establecer los procedimientos necesarios 
para identificar situaciones, relaciones o servicios, incluidas las definidas como causas de 
incompatibilidad, que puedan generar amenazas a la independencia, evaluarlas y, en su 
caso, aplicar medidas de salvaguarda. Y de otro lado, en la enumeración de un conjunto 
de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se considera que, en el 
caso de concurrir, los auditores no gozan de independencia respecto a una entidad 
determinada, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo 
de auditoría. Así, se recogen junto a las causas de incompatibilidad, limitaciones en 
relación con los honorarios, la duración de los contratos y las prohibiciones posteriores. 
Dichas situaciones son manifestación del principio de ser y parecer ser independiente por 
el que opta la normativa comunitaria en cuanto que es una actitud inobservable que no 
puede medirse y en el sentido de precisar aquellas situaciones que deben evitarse en la 
medida en que se pudiera concluir que no se observaría la debida objetividad en caso de 
concurrir.
En la sección 1.ª «Principio general de independencia», se concretan y aclaran 
determinados aspectos establecidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, relativos al principio  s
general de independencia, destacando como novedades las precisiones que se realizan  e.
en relación con la prohibición de participar en la gestión o toma de decisiones en la entidad  w.
auditada, cuyos contornos son objeto de una doble delimitación, positiva y negativa; y a la  51ww
erexaislitzeanccióian d dee lc tornafbliacjtoo  ddee  ainutdeirtoersíeas o,  qquuee  dpeubeedne ne vreitsaursltea rp doer  seilt upaecrsioonneasl  qduee la psa qrtuicei ppau eedne lan 
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aplicación de las salvaguardas que en su caso procedan para eliminarlas o reducirlas a un
nivel suficientemente bajo que no comprometa su independencia, y la documentación de 
todas las actuaciones efectuadas a este respecto, proceso que se integra en su sistema 
de control interno. En particular, y como venía sucediendo hasta ahora, se advierte que las 
amenazas no derivan únicamente de las circunstancias constitutivas de incompatibilidad, 
sino que pueden provenir de situaciones, relaciones o servicios, distintas de aquellas, 
tanto en relación con la entidad auditada como respecto a entidades vinculadas a esta, 
como de las personas relacionadas con el auditor o que formen parte de la red. Dichas 
amenazas deben ser evaluadas individualmente y en conjunto con otras amenazas, 
considerando para ello la naturaleza de la amenaza la importancia para el auditor y, en su 
caso, la significatividad de la entidad vinculada a la entidad auditada en los términos que 
se definen.
En la sección 2.ª «Incompatibilidades», se concretan determinados aspectos de las 
causas de incompatibilidad establecidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, por razones de 
seguridad jurídica, a fin de facilitar una mejor comprensión y aplicación práctica de dichas 
circunstancias por parte de los auditores de cuentas. Esta sección incluye tres 
subsecciones. En la primera de ellas se recogen las causas de incompatibilidad derivadas 
de situaciones personales. Con respecto al régimen anterior, conviene destacar que se 
desarrolla para aclarar y precisar determinadas circunstancias derivadas de situaciones 
personales no permitidas incorporadas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, por mandato 
comunitario, tales como la tenencia de interés significativo directo (contemplándose como 
tales determinadas relaciones empresariales, préstamos, garantías e intercambio de 
personal clave, de valor significativo), la posesión de instrumentos financieros y la 
realización de operaciones con estos instrumentos, aclarando cuándo tienen carácter 
significativo y la percepción o solicitud de obsequios y favores.
La segunda subsección recoge las causas de incompatibilidad derivadas de servicios 
prestados, incorporándose cambios exigidos por las nuevas exigencias de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, como sucede en el caso de los servicios de valoración.
En la tercera subsección se determina y concreta cuándo se va a considerar que una 
situación o un servicio, para aquellos casos en que así lo establece la Ley 22/2015, de 20 
de julio, tiene incidencia significativa de modo que afecte a la independencia del auditor. 
Para ello, se precisa que concurran alguna de las dos circunstancias que se fijan como 
referencia: una, por superar la cifra de importancia relativa fijada por el auditor en la 
realización del trabajo concreto, y otra nueva, que se añade respecto al reglamento que se 
deroga, por superar uno de los parámetros (el más representativo), referidos a cifras 
relacionadas con la dimensión de la entidad auditada.
En la sección 3.ª «Particularidades de las normas de extensión», se desarrollan 
distintos aspectos de extensión del régimen de independencia previstos en la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, con la misma finalidad indicada en las secciones anteriores de dotar al 
marco de seguridad jurídica y facilitar una mejor comprensión y aplicación práctica de 
dicho régimen. Dichas normas de extensión implican la falta de independencia del auditor, 
cuando concurren las situaciones o servicios no permitidos en determinadas personas 
vinculadas al auditor por razón de parentesco o profesional, así como en quienes 
pertenecen a la misma red y en relación con la entidad auditada o sus vinculadas. Dichas 
normas no operan con carácter absoluto al incorporarse excepciones o requisitos más 
restrictivos en función del grado de participación en el trabajo de auditoría, de la naturaleza 
de la relación con la entidad auditada, del grado de familiaridad y de la relevancia de los 
instrumentos financieros que se posean o de las operaciones que se realizan. Así, se 
destacan como modificaciones con respecto al régimen anterior, las precisiones  es
incorporadas con el fin de delimitar y precisar: o
– En relación con las incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros, por  51ww
uvinnac uplaardtaes,  cgueánnedroa  lian cpoomsepsaitóibni ldidea din,s atrtuemndeinetnodso f iana lnacsi ecriorcsu dnes talan ceinatsid ya dp aarutdicitualadrai dya dseuss 
psere evsistatabsl eecne l aq uLee ye n2 2lo/2s0 s1u5p,u dees t2o0s  deen  jquulioe.  lYa  ppoosr eostriaó np adret eta, yle es nin csotrhuemreennctioas c foinna lnoc aienrtoesr ionro,   BOE-A-cable e
esté prohibida o genere una situación de incompatibilidad tampoco la genere la realización
de operaciones con dichos instrumentos. Asimismo, se concretan los supuestos en los que 
cabe considerar si dichos instrumentos financieros o el volumen de operaciones es 
significativo o muy significativo a efectos de lo previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
– Cuando una entidad vinculada a la entidad auditada va a considerarse que tiene un 
carácter significativo, a efectos de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en aquellos casos en que 
la ausencia de dicho carácter se contempla como circunstancia enervadora o no 
generadora de incompatibilidad.
– En relación con las personas o entidades relacionadas directamente con el auditor 
de cuentas, las personas que participan o tienen capacidad para influir en el resultado final 
del trabajo de auditoría o responsabilidad de supervisión o gestión del trabajo; las personas 
con quienes se entienden vinculados los auditores de cuentas responsables del informe de 
auditoría; las personas que intervienen en las actividades de auditoría, incluyendo en este 
último grupo a quien tiene atribuidas y desempeña la función de seguimiento del sistema 
de control interno del auditor.
– Cuando se va a considerar que las relaciones con posibles efectos o influencia en el 
resultado del trabajo por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o 
su red implican una situación de incompatibilidad, en aquellos supuestos en que así lo 
prevé en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
– Las personas de la red a la que pertenece el auditor, que le pueden generar 
situaciones de incompatibilidad.
– Y determinados aspectos relacionados con la eliminación de instrumentos 
financieros sobrevenidos con posterioridad a la aceptación del trabajo a realizar, así como 
con respecto a la realización de operaciones con dichos instrumentos en dicho periodo.
En la sección 4.ª «Contratación y prórroga», se concretan determinados aspectos de 
la prórroga y rescisión del contrato de auditoría y las obligaciones de remitir información a 
este respecto al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Y sobre prohibiciones 
posteriores a la realización del trabajo de auditoría de cuentas, se concretan, como 
novedad, determinados aspectos a fin de asegurar su efectiva aplicación, aclarando qué 
se entiende por interés financiero significativo directo o indirecto, quiénes tienen a estos 
efectos responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo, cuándo 
existen influencias recíprocas entre quien cesa y el auditor firmante que determina la 
aplicación del régimen de prohibiciones y cómo afecta el hecho de que los sujetos a los 
que afecta la prohibición del artículo 23 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se desvinculen 
del auditor antes de finalizar el trabajo de auditoría.
En la sección 5.ª «Honorarios», de un lado, se establece, como novedad y para 
garantizar la calidad de las auditorías, que los honorarios deban fijarse en función del 
esfuerzo de auditoría estimado para la realización del trabajo. Dicha estimación debe 
hacerse en función de los medios, recursos, cualificación y especialización requeridos en 
cada trabajo, según la complejidad de las labores a realizar. Lo anterior responde al 
principio contenido en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de disponer de recursos suficientes 
y adecuados para poder aceptar y realizar el trabajo de auditoría correspondiente. De no 
procurarse estos recursos y medios, no se estaría en condiciones de poder cumplir la 
función de interés público encomendada, al no proporcionar fiabilidad a la información 
auditada. De igual manera, se establece que dichos honorarios no podrán modificarse en 
el ejercicio o sucesivos, salvo que se modifiquen las condiciones que sirvieron de base 
para su realización, y así se justifique.
Se detallan las reglas de cómputo para determinar la existencia de dependencia  s
financiera y económica, real o aparente, que no se encuentra permitida, por alcanzar un  e.
determinado nivel de concentración en una entidad en relación con el total de los ingresos.  w.
Se precisan las particularidades de aplicación en caso de auditores de nuevo acceso y  51ww
deel tpeormrcienandtaajse  mdeed icdoansc peanrtara ecvióitanr  eexl lilgaimdoa dqou eef esceto g «ecnaesrcaa dcao»m qou ec osen sperocuduecnec iaal  sduep eqruaer 
coobnsctáucrrualons d eat elarm einxapdaanss icóinrc udnes tlaonsc iaaus daitjeonreass  dael  amudeintoor,r  ctaonm aeñl op royp dósei tofa dvoer eeclimeri nsaur   BOE-A-cable e
recuperación, en línea con uno de los objetivos fijados en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
El capítulo III, «Garantía financiera», con un único artículo que presenta como cambio 
respecto a la regulación que ahora se deroga la actualización del importe garantizado.
El capítulo IV trata de la «Organización interna». En la regulación que aquí se acomete 
se tiene muy en cuenta el cambio muy relevante incorporado por mandato de la normativa 
europea en la Ley 22/2015, de 20 de julio, al exigir al auditor de cuentas disponer de una 
organización sólida basada en unos procedimientos administrativos y contables sólidos y 
eficaces, procedimientos eficaces de gestión de riesgos que afecten a la actividad de 
auditoría de cuentas, mecanismos que aseguren el control de los sistemas informáticos, y 
un sistema de control interno. Es decir, la Ley 22/2015, de 20 de julio, impone 
requerimientos adicionales a los que ya existían en la norma de control de calidad interno, 
y que requieren ser desarrollados y precisados, para una mayor seguridad jurídica. Así, se 
establecen los principios básicos, políticas, y criterios que todo auditor de cuentas debe 
establecer para garantizar que su actividad se desarrolla de conformidad con la normativa 
de aplicación, respetando en todo caso la autonomía en la organización empresarial del 
auditor para elegir los concretos procedimientos a aplicar por el auditor, que serán los que 
a su criterio sean proporcionados y adecuados a su estructura y dimensión.
Asimismo, se regulan las condiciones que debe tener el sistema de control de calidad 
interno que los auditores deben implantar, para lo cual deben basarse en la norma de 
control de calidad interno, respecto a la cual se incorporan los requisitos adicionales para 
dar cumplimiento a ciertas exigencias recogidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, y no 
contempladas con el mismo rango imperativo en la citada norma.
Con respecto a dichos criterios, se precisan los principios de adecuación y 
proporcionalidad a la dimensión del auditor de cuentas y complejidad de los trabajos a 
realizar, pudiendo ser las políticas de comunicación y documentación más simplificadas y 
menos formales.
La regulación incorporada va encaminada a prevenir y, en su caso, detectar riesgos de 
incumplimientos en relación con la actividad de auditoría, incluyendo los necesarios para 
salvaguardar la independencia.
Por último, se detalla con mayor precisión determinados aspectos de la organización 
de cada trabajo de auditoría, entre otros, los relacionados con el contenido mínimo de la 
documentación de cada trabajo y las políticas y procedimientos adecuados para generar, 
en caso de modificación necesaria del archivo compilado, un archivo complementario en 
el que se documente quién realiza el cambio, la fecha y los motivos de dicho cambio. Se 
establece asimismo que la documentación deberá compilarse en formato electrónico.
El capítulo V «Deberes de custodia y secreto», regula aspectos concretos del deber de 
conservación y custodia en línea con lo establecido a este respecto en el reglamento que 
se deroga, precisando a quienes alcanza el deber de secreto previsto en el artículo 31 de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, incluyendo a todas las personas que hayan participado o 
colaborado en el desarrollo de la actividad de auditoría del auditor de cuentas, 
independientemente de si forman o no parte de la organización interna de estos. Se 
establece que los auditores de cuentas deberán adoptar las medidas necesarias para la 
protección de la documentación y de los archivos, disponiendo de sistemas informáticos 
con controles adecuados para reducir las posibilidades de deterioro o pérdida de la 
información, así como garantizar que no se producen accesos no autorizados.
El capítulo VI del título II «De la auditoría de las entidades de interés público» contiene 
cuatro secciones.
La sección 1.ª «Del ámbito de aplicación», recoge la aplicación de este capítulo a los 
auditores de cuentas que realicen trabajos de auditoría de las cuentas anuales o de  es
estados financieros o documentos contables correspondientes a entidades de interés  o
pironebúflolabigrclLimaciaóot eons.sr eci ocao cdpnióia cenrilao  2i nnl.oaªfos l«e rtDmsra eeab  l aaoejdsom isicni itdofioren rp amaolu erad s lil»otao,s  rCs íaeaou  mcsdooiistnboicrórerene cs tdau denee  nAd tueeadtnse ittariodmnrauíindaaa,el edssse od; s aes ace isl napptrreeaecr céqtiousss aep n rúúe dnbfeeilcirtceaeonmr.mt eeAisnns taaíe,d   leoeonsss     OE-A-2021-1351able en https://www.
aspectos del contenido del informe de transparencia, en relación con el detalle a
proporcionar de servicios y honorarios; y en relación con el informe que en su caso deben 
remitir a las autoridades nacionales supervisoras, se concreta el plazo máximo para su 
remisión.
En la sección 3.ª «Independencia», se concretan determinados aspectos de las 
particularidades del régimen de independencia establecido para este tipo de auditores en 
la Ley 22/2015, de 20 de julio. Así, se imponen requisitos más restrictivos, principalmente, 
referidos al carácter significativo de las causas de incompatibilidad, y se recogen las 
obligaciones y actuaciones que con el carácter de mínimo deben realizar los auditores de 
cuentas de las entidades de interés público en relación con la Comisión de Auditoría de 
cada una de estas entidades, de modo que pueda dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y el artículo 529 quaterdecies del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y así contribuir a aumentar el valor añadido 
que supone la auditoría y a coadyuvar al mejor funcionamiento de las funciones atribuidas 
a dicha Comisión y consiguientemente a una mayor calidad de la información económica 
financiera.
Por otra parte, y en relación con la contratación, se recogen las actuaciones a seguir 
por el auditor de cuentas de entidades de interés público cuando participe en un proceso 
de selección de nombramiento de auditor que se regula en el artículo 16 del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril; se precisa el proceso y plazos de prórroga 
del contrato del auditor en diferentes casos de contratación conjunta; y se fijan los plazos 
de las obligaciones de comunicación en caso de rescisión y revocación del nombramiento 
de auditor.
Este capítulo dedica su último artículo a los honorarios y transparencia, estableciéndose 
que para el cómputo de los límites aplicables de concentración se utilicen las reglas 
establecidas a este respecto en el artículo 64. Asimismo, se regula el proceso de 
autorización excepcional previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, que permite realizar la 
auditoría del ejercicio siguiente a pesar de incurrir en concentración a las sociedades de 
auditoría pequeñas y medianas, definiéndose tales sociedades.
En la sección 4.ª, «Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de 
entidades de interés público», se desarrolla reglamentariamente la previsión contenida a 
estos efectos en el artículo 45 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. De esta forma se 
establecen los recursos y condiciones con los que como mínimo deben contar los auditores 
de cuentas de entidades de interés público en su estructura organizativa, adicionalmente 
a los establecidos en el artículo 42 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
V
El título III «Supervisión Pública», se estructura en dos capítulos, el capítulo I, «Función 
supervisora» se divide a la vez en seis secciones. En la sección 1.ª «Órganos colegiados 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» se regula la composición de los 
órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
En la sección 2.ª «Facultades de supervisión», se definen las facultades de la 
supervisión, autorizando al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a solicitar 
información a cualquier persona relacionada con un trabajo de auditoría realizado.
En relación con la obligación periódica en el mes de octubre de cada año de rendición 
de información por parte de los auditores de cuentas al Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, además de la información recogida en la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
solicita la remisión de determinada información para que el Instituto de Contabilidad y  s
Auditoría de Cuentas pueda verificar el cumplimiento de las limitaciones respecto a los  oe.
honorarios establecidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, y en el Reglamento (UE)  w.
nee.jneºt ri5cd3iac7dio/e2 s0d 1ed4 es,  udi neftu e1nr6cé idsó enp  aúsbubrpliilce, orsv,o isbaorsería  lc.o oAsm srieomq iousitmsraiot o,i sny fe opsrapmreaac cíqfiióucnoe s ne pel acInreass taliatru iataou  pddaietor arCí aoe nll etaagdbaeill icddueaa dlda oys    2021-1351n https://ww
Auditoría de Cuentas pueda elaborar la lista a que se refiere el artículo 16 del mencionado
reglamento comunitario, se solicita a los auditores de cuentas de entidades de interés  Bc
público la remisión de información relativa al importe de los honorarios de actividad de
auditoría de cuentas en el mes de febrero de cada ejercicio. Finalmente, para que el citado 
Instituto pueda preparar los informes de evolución del mercado de auditoría a que se 
refieren las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
habilita a la citada autoridad supervisora para que mediante resolución determine la 
información a solicitar a auditores de entidades de interés público, así como su plazo de 
remisión.
En la sección 3.ª «Disposiciones comunes de las actuaciones de control», se definen 
las actuaciones de control, incluyéndose en estas no solo a las investigaciones e 
inspecciones sino también a las actuaciones de comprobación. Con respecto al reglamento 
que se deroga, se abandonan definitivamente los términos control de calidad y control 
técnico, que se sustituyen por inspecciones e investigaciones, respectivamente. Se 
determina la finalidad de estas actuaciones, así como su naturaleza, que se corresponde 
con las propias de información o actuaciones previas del artículo 55 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, el alcance de estas actividades de control y diferentes aspectos de su 
realización y se define el plan de actuaciones de control atendiendo al principio de 
transparencia y teniendo en cuenta criterios de riesgo para la selección de las inspecciones 
e investigaciones.
En las secciones 4.ª y 5.ª se regulan el objeto, alcance y finalización de las actuaciones 
de investigación y de inspección sin presentar cambios sustanciales respecto al reglamento 
que se deroga.
La selección para la realización de las inspecciones se hará teniendo en cuenta 
criterios de riesgo y la periodicidad mínima exigida. Además, para los auditores de 
entidades de interés público, cuyo alcance viene definido por el artículo 26 del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, se podrá verificar si estos auditores cumplen 
con los requisitos establecidos en el artículo 87 relacionados con la estructura organizativa 
que deben tener este tipo de auditores.
Finalmente se regula el contenido del informe de inspección y el régimen de su 
publicidad para el caso de auditores de entidades de interés público, en aras de dotar de 
mayor transparencia a la actividad supervisora, de acuerdo con el artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.
El capítulo II «Régimen de supervisión Pública», aplicable tanto a los auditores, 
sociedades y demás entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión 
Europea como de terceros países, regula el régimen de supervisión pública aplicable a 
estos auditores. En la primera sección «Actuaciones de control y dispensas», se delimita 
el campo de actuaciones de control en el caso de la prestación de servicios trasfronterizos 
en la Unión Europea, dependiendo del domicilio de la entidad auditada, correspondiéndole 
la inspección a la autoridad del domicilio de la entidad auditada y la investigación al país 
donde originariamente se inscribió el auditor.
Las modificaciones que se incorporan en relación con el régimen vigente consisten en 
prever, tal como hace la Ley 22/2015, de 20 de julio, en la sección 2.ª «Coordinación con 
autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea» que el intercambio 
de información ya no se produce únicamente entre las distintas autoridades competentes, 
sino también con las autoridades europeas de supervisión.
La sección 3.ª regula la «Coordinación con autoridades competentes de terceros 
países», sin presentar prácticamente diferencias respecto al régimen anterior.
VI
El título IV «Régimen de infracciones y sanciones» incluye tres secciones. oe.
El capítulo I regula el procedimiento sancionador. En relación con la denuncia se  w.
saLuceopygr 3iime9ne/2d 0loa1  l5ca,o  rdmeegu l1na i cdgaeec noieócrntau lab ylr  edp.eonsiubnilcidiaandt ep rdeev islata i necno ealc aiórtníc duelol  6p4ro.1c,e sdeimguienndtoo  psáarnrcaifoon, addeo lra,   2021-1351n https://ww
Respecto al plazo de caducidad del procedimiento sancionador y, en relación con los
supuestos de ampliación de dicho plazo, se prevé la comunicación a los interesados de la  Bc
iniciación y finalización del efecto suspensivo de las actuaciones contempladas en el 
artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En relación con el acuerdo de incoación se incorpora como novedad y como 
consecuencia de la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la posibilidad 
excepcional, cuando en el momento de dictar el acuerdo de incoación no existan elementos 
suficientes para la calificación inicial de los hechos que lo motivan, de que la determinación 
de la citada calificación y de las sanciones que pudieran corresponder, se realizará 
mediante un Pliego de cargos en el plazo máximo de un mes desde la fecha del acuerdo 
de incoación, que se notificará a los interesados. Por último, se concreta el plazo de quince 
días hábiles para presentar alegaciones al Acuerdo de Incoación y a la Propuesta de 
Resolución, se concreta además que en el caso de que se emita Pliego de cargos, el plazo 
para las alegaciones contará desde la remisión de dicho Pliego.
Y también como novedad y como consecuencia de la aprobación de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, se regula que en el caso de que concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 89.1 de la mencionada ley y el instructor resolviera la finalización del 
procedimiento con archivo de las actuaciones, se notificará igualmente a los interesados a 
efectos de la presentación de alegaciones, recogiéndose la posibilidad de que el Presidente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas revise dicha Resolución y, en su caso, 
emita una nueva.
El capítulo II regula el procedimiento abreviado que fue incluido en el Reglamento que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, mediante la Disposición final primera del Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, sin que suponga ninguna novedad.
El capítulo III regula las infracciones y sanciones. En cuanto a las infracciones, se 
incorporan elementos que permiten precisar o especificar las conductas que integran tipos 
infractores, dentro de los límites de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Como novedades 
respecto a la regulación vigente, se indica que en relación con la infracción derivada de la 
negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina, se incluyen aquellas 
actuaciones que, por acción u omisión, se dirijan a obstaculizar de forma reiterada la 
efectividad de las notificaciones realizadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en el ejercicio de sus competencias de control o disciplina.
Se desarrollan las circunstancias en las que se considera que el informe adicional para 
la Comisión de Auditoría tiene un contenido sustancialmente incorrecto o incompleto 
cuando la información incorrecta o incompleta impida su comprensión o el adecuado 
ejercicio de las funciones por parte de la Comisión de Auditoría. Asimismo, se desarrollan 
las circunstancias en las que se considera que la información remitida al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas es sustancialmente incorrecta o incompleta, cuando 
esta impida el adecuado ejercicio de las competencias de supervisión, así como las 
circunstancias en las que se considera que el informe de transparencia presenta un 
contenido sustancialmente incorrecto o incompleto, cuando la información incorrecta u 
omitida pudiera impedir la adecuada comprensión de la situación del auditor.
Se aclara que se entiende cometida la infracción derivada del incumplimiento de las  es
normas de auditoría en relación con un informe de auditoría cuando se haya incumplido lo  o
esandusdaetfet aiuaccbrpiuaelleailncecdtazeiodras soy   d y cece ouna nlm ap lla rapeo  lnLpicrteio iacdymdoa o2npds2 l ela /a2jp isad0a ua1pradd5re i ,tdp sadeocre, dr li taepo2srcd0  iaalo ad cnbveeeeo psjzru te aelqsirxou  id,yge e ri,de r eeaasnaups ld etiezaictnalot o crro ía aerasd l  oaelta, rn ra ne ebaoaxa  liesigjzomeea  ndriet ciessri t eaauag rnudúíaaden  i  oettloeapnrn i índcaeiio ómrqn nreude nteiccés uicsoiórnensniaeoc nassy      OE-A-2021-1351able en https://www.
sobre la fiabilidad de la información económica financiera auditada, con el consiguiente
menoscabo en la función de interés público encomendada a la auditoría, y siempre que 
concurriera el segundo elemento del tipo infractor, esto es, que se pudiera producir un 
efecto significativo en un trabajo de auditoría y, por consiguiente, en su informe.
Respecto a la infracción derivada del incumplimiento de la obligación de comunicación 
a las autoridades supervisoras de la entidad auditada de determinadas circunstancias en 
relación con dicha entidad de las que el auditor haya tenido conocimiento durante la 
realización de la auditoría, se reduce el plazo de dicha comunicación a tres días hábiles, 
para garantizar la eficacia de dichas comunicaciones.
En cuanto a las sanciones, respecto a los criterios de graduación, se establece la 
clasificación en los tres grados en los que deben dividirse las sanciones a imponer 
recogiendo el caso de la sanción por infracciones muy graves cometidas por una sociedad 
de auditoría, que no estaba previsto en la redacción hasta ahora vigente, para completar 
la casuística, además de concretarse el carácter de atenuante o agravante de los criterios 
de graduación de sanciones previstos en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Se aclara que la sanción adicional de prohibición de realización de la auditoría de 
cuentas de la entidad auditada en los tres ejercicios siguientes a que la sanción adquiera 
firmeza en vía administrativa, en caso de la imposición de sanciones por infracciones 
graves o muy graves relacionadas con un trabajo de auditoría, se entiende aplicable no 
solo a la auditoría de las cuentas anuales sino a la auditoría de otros estados financieros 
o documentos contables.
VII
El título V «De las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas» al igual que en el reglamento que se deroga contiene el conjunto de requisitos 
que deben reunir estas corporaciones y las funciones que deben desempeñar.
Finalmente, las disposiciones adicionales primera a quinta del reglamento incorporan 
casi literalmente aspectos ya contenidos en el reglamento, que se deroga, aunque se 
actualiza su contenido en aquellos aspectos en los que es preciso. Estas disposiciones 
tienen por objeto el desarrollo de lo previsto en la disposición adicional primera de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, relativa a la obligación de someter las cuentas anuales a 
auditoría, y de la disposición adicional séptima de la citada Ley 22/2015, de 20 de julio, 
relativa a la coordinación entre los órganos o instituciones públicas y los auditores de 
cuentas y a la posibilidad de que dichas instituciones recaben de los auditores la 
elaboración de un informe complementario al de auditoría de cuentas anuales. Al mismo 
tiempo, al objeto de obtener por los citados órganos e instituciones públicas una mayor y 
mejor información sobre la situación y funcionamiento de las entidades sometidas a su 
supervisión, aumentando de esta manera la eficacia en el desarrollo de sus funciones de 
inspección y control, se desarrollan aspectos relativos a las obligaciones de los auditores 
de cuentas previstas en la citada disposición final primera de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio.
Las disposiciones adicionales sexta y séptima dan continuidad a las labores que el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas viene desarrollando en el establecimiento 
de criterios uniformes de interpretación de la normativa de información financiera aplicable 
y de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Además, mantienen 
y actualizan la competencia de la edición, publicación y distribución del Boletín Oficial del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, instrumento de reconocido prestigio y 
eficacia en el sector de la auditoría de cuentas en España. s
La disposición adicional octava mantiene la exención de disponer de Comisión de  oe.
Auditoría dirigida a las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, que ya  w.
fpinuosert  iitsnuuccsoió rcpnao.rraacdtae rmísetidcaiasn tper oepl iRase,a ln Do escer ectoon 8s7id7e/2ra0 1p5r,o dcee d2e dnete o eclt uebsrtea,b pleacriam cieunytao a dceti vdidicahda,   2021-1351n https://ww
La disposición adicional novena, nueva disposición que tiene por objeto concretar una
situación que da lugar a la obligación de comunicación entre la Comisión Nacional de los  Bc
Mercados y la Competencia y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando
tuviera conocimiento de la existencia de cláusulas contractuales o estatutarias que 
pudieran restringir o limitar el nombramiento del auditor.
La disposición adicional décima recoge la colaboración entre el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para la 
efectiva aplicación de lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas, y la normativa mercantil, aplicable al nombramiento del auditor de cuentas y 
fijación de sus honorarios, reconociendo, en particular, la necesidad de establecer los 
mecanismos para el acceso e intercambio de información entre ambas a estos efectos, 
como el acceso por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a la información de 
la base de datos de titularidad real. También se le da habilitación normativa a la encomienda 
de gestión para la tramitación de los expedientes sancionadores por el incumplimiento de 
la obligación de depósito de cuentas.
La disposición adicional undécima precisa la regulación del régimen sancionador 
aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas en el Registro 
Mercantil. Se precisa el plazo para la tramitación del procedimiento sancionador y los 
criterios para la imposición de las sanciones por el incumplimiento de la obligación de 
depósito de cuentas.
Mediante las seis disposiciones transitorias se pretende facilitar la aplicación de esta 
nueva regulación, especialmente en relación con los regímenes anteriores y con los 
nuevos requerimientos.
Por último, se incluyen tres disposiciones finales referidas al plazo para aceptar el 
nombramiento del auditor por el Registro mercantil, el plazo para la modificación de las 
normas de control de calidad de los auditores de cuentas y la determinación de las 
corporaciones representativas de auditores de cuentas existentes.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
el proyecto de real decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de consulta y audiencia 
mediante su puesta a disposición de los sectores afectados en la sede electrónica del 
entonces Ministerio de Economía y Empresa (actual Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital). El texto ha recibido comentarios del entonces Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (actual Ministerio de Universidades), Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Ministerio de Justicia, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y de la Agencia Española de 
Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 12 de enero de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de 
julio.
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba  bo
el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas  51ww
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.
Disposición final primera.  Título competencial.
Las disposiciones contenidas en este real decreto, se dictan al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva 
sobre la legislación mercantil.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
1.  Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
2.  Lo dispuesto en los artículos 62 y 63.2 sobre honorarios será aplicable a los 
nuevos contratos que se firmen o se prorroguen a partir de la fecha de entrada en vigor del 
real decreto por el que se aprueba este reglamento.
3.  Lo dispuesto en el capítulo IV del título II, en el artículo 72.2 y en el artículo 87 del 
reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2022 y será aplicable a los trabajos de auditoría 
sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos cerrados con 
posterioridad a dicha fecha.
4.  Lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento, respecto a la cuantía mínima de la 
garantía financiera, entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
Dado en Madrid, el 12 de enero de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
 y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, 
DE AUDITORÍA DE CUENTAS
TÍTULO PRELIMINAR.
CAPÍTULO I.  Ámbito de aplicación.
Artículo 1.  Concepto de auditor de cuentas.
Artículo 2.  Delimitación del ámbito de aplicación.
CAPÍTULO II.  Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Sección 1.ª  Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 3.  Normas de ética.
Artículo 4.  Normas de control de calidad interno del auditor de cuentas.
Sección 2.ª  Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control de 
calidad.
Artículo 5.  Información pública.
Artículo 6.  Publicación y entrada en vigor.
Artículo 7.  Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
CAPÍTULO III.  Definiciones.
Artículo 8.  Definiciones.
TÍTULO I  De la auditoría de cuentas.
CAPÍTULO I.  De las modalidades de auditoría de cuentas.
Sección 1.ª  Auditoría de Cuentas anuales.
Artículo 9.  El informe de auditoría de cuentas anuales.
Artículo 10.  Obligación de emitir el informe de auditoría de cuentas anuales y la falta 
de su emisión o renuncia al contrato de auditoría.
Artículo 11.  Contrato de auditoría de cuentas anuales.
Sección 2.ª  Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 12.  Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 13.  Informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos 
contables.
Artículo 14.  Opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre otros estados 
financieros o documentos contables.
Sección 3.ª  Imposibilidad de obtener la información requerida.
Artículo 15.  Deber de requerimiento y suministro de información.
Sección 4.ª  Auditoría de cuentas consolidadas.
Artículo 16.  Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los  e
auditores de cuentas sobre la información financiera de las entidades del conjunto  bo
consolidable. 51ww
inmop eoAAxsrriisttbíítccialuui dallooac  du11 e87dr..e d  orAeC dvcoeicsm eainusrto nee ircal cat arlcaami bódbanoij ooca u dld meIen e isanntufittoadurcitmtoioó arndíca eid ó reCen a.oalnuiztdaaitbdoiolrie dpsao ddr  eoy t trAeourscd eaitruoodrsíia tpo adreíess e.Csu ceonnta lso sd eq ulae   OE-A-2021-13able en https://
Sección 5.ª  Actuación conjunta de auditores.
Artículo 19.  Actuación conjunta de auditores.
CAPÍTULO II.  Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
Sección 1.ª  Registro oficial de auditores de cuentas.
Artículo 20.  Secciones del Registro.
Artículo 21.  Inscripción de las personas físicas en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas.
Artículo 22.  Situaciones.
Artículo 23.  Inscripción de las sociedades de auditoría en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas.
Artículo 24.  Inscripción separada de determinados auditores de cuentas, así como de 
sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países.
Artículo 25.  Relaciones de auditores de cuentas y de sociedades de auditoría.
Artículo 26.  Baja en el Registro.
Sección 2.ª  Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas.
Artículo 27.  Programas de enseñanza teórica.
Artículo 28.  Formación práctica.
Artículo 29.  Examen de aptitud.
Artículo 30.  Convocatoria y tribunal.
Artículo 31.  Autorización de auditores de cuentas de otros Estados miembros de la 
Unión Europea.
Artículo 32.  Autorización de auditores de cuentas de terceros países.
TÍTULO II.  Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
CAPÍTULO I.  Formación continuada.
Artículo 33.  Formación continuada.
Artículo 34.  Dispensas y prórrogas.
Artículo 35.  Actividades de formación continuada.
Artículo 36.  Rendición de la información.
CAPÍTULO II.  De independencia.
Sección 1.ª  Principio general de independencia.
Artículo 37.  Principio general de independencia.
Artículo 38.  Conflicto de intereses.
Artículo 39.  Amenazas a la independencia.
Artículo 40.  Identificación y evaluación de amenazas.
Artículo 41.  Aplicación de medidas de salvaguarda.
Artículo 42.  Documentación.
Sección 2.ª  Incompatibilidades.
Subsección 1.ª  Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales.
Artículo 43.  Desempeño de cargos. oe.
Artículo 44.  Interés significativo directo. w.
AArrttííccuulloo  4456..   IOnbstsreuqmueionsto os  ffainvaonrecsie.ros. 2021-1351n https://ww
Subsección 2.ª  Causas de incompatibilidad derivadas de servicios prestados.
Artículo 47.  Servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o de  Bc
estados financieros.
Artículo 48.  Servicios de valoración.
Artículo 49.  Servicios de auditoría interna.
Artículo 50.  Servicios de abogacía.
Artículo 51.  Servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control 
interno o de gestión de riesgos, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos.
Subsección 3.ª  Normas comunes.
Artículo 52.  Importancia relativa e incidencia significativa.
Sección 3.ª  Particularidades de las normas de extensiones
Artículo 53.  Elaboración de información significativa.
Artículo 54.  Incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros.
Artículo 55.  Carácter significativo de una entidad vinculada por relación de control o 
influencia significativa en términos de importancia relativa.
Artículo 56.  Personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de 
cuentas.
Artículo 57.  Relaciones con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo 
por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o su red.
Artículo 58.  Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras 
personas o entidades pertenecientes a la red del auditor de cuentas.
Artículo 59.  Condiciones de eliminación del instrumento financiero.
Sección 4.ª  Contratación y prórroga.
Artículo 60.  Prorroga y rescisión.
Artículo 61.  Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y 
durante su realización.
Sección 5.ª  Honorarios.
Artículo 62.  Honorarios.
Artículo 63.  Dependencia financiera y económica.
Artículo 64.  Causas de abstención por honorarios percibidos.
CAPÍTULO III.  Garantía financiera.
Artículo 65.  Garantía financiera.
CAPÍTULO IV.  Organización interna.
Artículo 66.  Organización interna de los auditores de cuentas.
Artículo 67.  Sistema de control de calidad interno.
Artículo 68.  Proporcionalidad y requisitos simplificados.
Artículo 69.  Archivo de auditoría y documentación del trabajo.
Artículo 70.  Registro de infracciones.
Artículo 71.  Registro de entidades auditadas.
CAPÍTULO V.  Deberes de custodia y secreto.
Artículo 72.  Deber de conservación y custodia. s
Artículo 73.  Deber de secreto. oe.
Artículo 74.  Protección de datos de carácter personal. w.
CSeacpcítiuólno  1V.Iª.   DDeel  láam abuidtoit odreía a dpelic eanctiiódna.des de interés público. 2021-1351n https://ww
Artículo 75.  Ámbito de aplicación.
Sección 2.ª  De los informes.
Artículo 76.  Informe adicional a la Comisión de Auditoría.
Artículo 77.  Informe de transparencia.
Artículo 78.  Informe a las autoridades nacionales supervisoras.
Sección 3.ª  Independencia.
Artículo 79.  Régimen aplicable.
Artículo 80.  Obligaciones respecto a la Comisión de Auditoría de las entidades de 
interés público.
Artículo 81.  Actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría de las entidades de 
interés público.
Artículo 82.  Proceso de selección de nombramiento de auditor.
Artículo 83.  Prórroga.
Artículo 84.  Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor.
Artículo 85.  Rotación interna.
Artículo 86.  Honorarios y transparencia.
Sección 4.ª  Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades 
de interés público.
Artículo 87.  Estructura organizativa.
TÍTULO III.  Supervisión pública.
CAPÍTULO I.  Función supervisora.
Sección 1.ª  Órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 88.  Comité de Auditoría de Cuentas, Consejo de Contabilidad y Comité 
Consultivo de Contabilidad.
Sección 2.ª  Facultades de supervisión.
Artículo 89.  Rendición de información.
Sección 3.ª  Disposiciones comunes de las actuaciones de control.
Artículo 90.  Actuaciones de control.
Artículo 91.  Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 92.  Facultades para el ejercicio de las actuaciones del control.
Artículo 93.  Iniciación de las actuaciones de control.
Artículo 94.  Desarrollo de las actuaciones de control.
Artículo 95.  Lugar y horario de las actuaciones de control.
Artículo 96.  Documentación de las actuaciones de control.
Sección 4.ª  Actuaciones de investigación.
Artículo 97.  Objeto de las actuaciones de investigación.
Artículo 98.  Alcance de las actuaciones de investigación.
Artículo 99.  Finalización de las actuaciones de investigación.
Sección 5.ª  Actuaciones de inspección. b
AAAArrrrttttííííccccuuuulllloooo    111100000123....     AOCFilrbncitjaaeenlrtizoicoa esdc  edidó eelna  l lsada sesa   caalatccusttau uacaacicoctiuinooaenncseei sosd n edde eeisn  i isndnpsesepp iceneccscicpóciienóóc.nnc..ión. OE-A-2021-13able en https://
Artículo 104.  Publicación de informes de inspección.
Sección 6.ª  Comunicaciones y medios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.
Artículo 105.  Comunicaciones entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas y los auditores de cuentas.
Artículo 106.  Personal al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
CAPÍTULO II.  Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades 
y demás entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea y 
en terceros países.
Sección 1.ª  Actuaciones de control y dispensas.
Artículo 107.  Actuaciones de control de auditores en casos de prestación 
transfronteriza de servicios.
Artículo 108.  Dispensas.
Sección 2.ª  Coordinación con las autoridades competentes de Estados miembros de 
la Unión Europea y con las autoridades europeas de supervisión.
Artículo 109.  Deber de colaboración en el intercambio de información.
Artículo 110.  Solicitud de información.
Artículo 111.  Utilización de la información intercambiada.
Artículo 112.  Colaboración en la realización de actuaciones de control.
Artículo 113.  Negativa a la remisión de información o a la realización de una actuación 
de control.
Artículo 114.  Deberes de comunicación.
Sección 3.ª  Coordinación con autoridades competentes de terceros países.
Artículo 115.  Intercambio de información.
TÍTULO IV.  Régimen de infracciones y sanciones.
CAPÍTULO I.  Del procedimiento sancionador.
Artículo 116.  Denuncia.
Artículo 117.  Plazo de resolución, de caducidad del procedimiento y ampliación de 
plazos.
Artículo 118.  Actuaciones previas.
Artículo 119.  Acuerdo de incoación.
Artículo 120.  Facultades del instructor.
Artículo 121.  Propuesta de resolución.
Artículo 122.  Resolución.
Artículo 123.  Acumulación de expedientes y agrupación de sujetos infractores.
CAPÍTULO II.  Procedimiento abreviado.
Artículo 124.  Procedimiento abreviado.
CAPÍTULO III.  Infracciones y sanciones.
Artículo 125.  Negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina y falta de  e.
remisión de la documentación o información. w.
Artículo 126.  Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en  51ww
deteArmrtíicnualdoo 1s2 s7u. puNesot oesm.isión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión
de AAurdtíictourlíoa  1o2 e8m. isRióena clizoanc cióonn tdeen idtroa bsaujsotsa ndcei aalmudeintoterí ain scionr reescttaor  oin isnccroitmo pcloemtoo. ejerciente  BOE-A-cable e
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Artículo 129.  Incumplimientos de normas de auditoría en relación con un informe de 
auditoría.
Artículo 130.  Incumplimiento de la obligación de remisión de información al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o remisión de información sustancialmente 
incorrecta o incompleta.
Artículo 131.  Comunicaciones a las autoridades supervisoras.
Artículo 132.  Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos.
Artículo 133.  Incumplimiento de los requerimientos de mejora.
Artículo 134.  Información sustancialmente incorrecta o incompleta en el Informe de 
transparencia.
Artículo 135.  Criterios de graduación de las sanciones.
Artículo 136.  Sanción adicional a una sanción muy grave o grave consecuencia de 
un trabajo de auditoría de cuentas a una determinada entidad.
Artículo 137.  Normas especiales.
Artículo 138.  Publicidad de la sanción y vigencia.
TÍTULO V.  De las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas.
Artículo 139.  Corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas.
Artículo 140.  Funciones.
Artículo 141.  Del acceso a la documentación y las actuaciones de verificación por 
parte de las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
Disposición adicional primera.  Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por 
razón de su tamaño.
Disposición adicional segunda.  Auditoría de cuentas anuales de las entidades 
perceptoras  de  subvenciones  o  ayudas  con  cargo  a  los  presupuestos  de  las 
administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea.
Disposición adicional tercera.  Auditoría de cuentas anuales de las entidades que 
contraten con el sector público.
Disposición adicional cuarta.  Nombramiento de auditores en las entidades sujetas a 
la obligación de auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de este reglamento.
Disposición  adicional  quinta.  Mecanismos  de  coordinación  con  órganos  o 
instituciones públicas con competencias de control o inspección.
Disposición adicional sexta.  Formulación de consultas.
Disposición adicional séptima.  Boletín oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.
Disposición adicional octava.  Comisión de Auditoría de entidades de interés público.
Disposición adicional novena.  Cláusulas limitativas en la selección del auditor de 
cuentas.
Disposición adicional décima.  Colaboración con la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.
Disposición adicional undécima.  Régimen sancionador del incumplimiento de la 
obligación de depósito de cuentas.
Disposición transitoria primera.  Programas de enseñanza teórica. s
Disposición transitoria segunda.  Formación práctica. oe.
Disposición transitoria tercera.  Remisión de información al Instituto de Contabilidad y  w.
AudDDitoiissrppíaoo ssdiiecc iiCóónnu  ettrrnaatnnasssii.ttoorriiaa  cquuainrttaa..   APdromciendisimtraiednotroess  scaonncciounrsaadleosre.s. 2021-1351n https://ww
Disposición transitoria sexta.  Modalidades de auditoría de cuentas, independencia y
auditoría de las entidades de interés público. Bc
Disposición final primera.  Nombramiento de auditor por el registrador mercantil.
Disposición final segunda.  Modificación de las normas de control de calidad interno.
Disposición final tercera.  Corporaciones de derecho público representativas de 
auditores de cuentas.
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.  Concepto de auditor de cuentas.
Las menciones recogidas en este reglamento al auditor de cuentas se entenderán 
realizadas, igualmente, a las sociedades de auditoría, así como al auditor o auditores de 
cuentas designados expresamente como auditores principales responsables para realizar 
el trabajo y firmar el informe de auditoría en nombre de las citadas sociedades.
Artículo 2.  Delimitación del ámbito de aplicación.
1.  La verificación por los auditores de cuentas de las cuentas anuales o estados 
financieros formulados por entidades a las que su normativa aplicable exija la llevanza de 
contabilidad y la formulación de cuentas que reflejen la imagen fiel de su patrimonio, 
resultado y situación financiera, aun cuando dicha normativa no establezca un marco 
normativo de información financiera aplicable, se entenderá como auditoría de cuentas del 
artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando dichas cuentas o estados financieros 
se hayan preparado conforme a un marco normativo de información financiera que resulte 
de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada.
2.  Asimismo, la verificación por los auditores de las cuentas o estados financieros 
formulados por entidades a las que su normativa aplicable les exija la presentación de 
unas cuentas o estados financieros auditados, aun cuando dicha normativa no establezca 
un marco normativo de información financiera aplicable, se entenderá como auditoría de 
cuentas del artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando dichas cuentas o estados 
financieros se hayan preparado conforme a un marco normativo de información financiera 
que resulte de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada.
3.  No se considerará auditoría de cuentas del artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, los trabajos realizados sobre cuentas anuales, estados financieros o documentos 
contables consistentes en la comprobación específica de hechos concretos, en la emisión 
de certificaciones o en la revisión o aplicación de procedimientos con un alcance limitado 
inferior al exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para 
poder emitir una opinión técnica de auditoría de cuentas.
4.  Tampoco se considerará auditoría de cuentas del artículo 1.2 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, los trabajos de revisión realizados sobre cuentas anuales, estados 
financieros o documentos contables cuando estos no hayan sido elaborados con arreglo a 
los principios y normas contenidos en el marco normativo de información financiera 
aplicable, expresamente establecido para su elaboración por disposiciones legales o 
reglamentarias.
Asimismo, no se considerará auditoría de cuentas, los trabajos que, sin reunir las 
características y condiciones propias de un trabajo de esta naturaleza, conforme a lo  e.e
establecido en el artículo 1.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, estén atribuidos por  b
disposiciones de rango legal a auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de  51ww
Acourdreitsopreosn ddiee nCteu eqnutea sre. sDuicltheo dse  tarapbliacjaocsi ósne. sujetarán a lo dispuesto en la normativa legal
cons5i.d erLaocsió inn fdoerm aeusd ietomríitaid does  cpuoer natuads itcoorensfo rdme ec uae lnot aess tsaobblerec idtroa beanj oesl  qaurteíc unloo  t1e.n2g daen  llaa 
Ley 22/2015, de 20 de julio, así como aquellos informes a los que se refieren los
apartados 3 y 4 de este artículo, no podrán identificarse como informes de auditoría de 
cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza 
como trabajos de auditoría de cuentas realizados conforme a la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas definida en el artículo 2 de la Ley 22/2015, de 20 
de julio.
CAPÍTULO II
Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
Sección 1.ª  Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
Artículo 3.  Normas de ética.
1.  La responsabilidad y actuación de los auditores de cuentas debe estar presidida 
por el principio de interés público que conlleva la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, los auditores de cuentas en el ejercicio de su actividad han de tener en 
consideración y actuar en todo caso con sujeción a los siguientes principios éticos: 
competencia profesional, diligencia debida, integridad y objetividad, sin perjuicio de lo 
establecido respecto al deber de independencia en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III 
del título I y, en su caso, de la sección 3.ª del capítulo IV, del título I de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio. A estos efectos:
a)  La competencia profesional exige que los auditores de cuentas mantengan sus 
conocimientos teóricos y prácticos en el nivel requerido para asegurar que las entidades 
auditadas y los usuarios de la información financiera reciban con plena confianza un 
óptimo servicio.
Estos conocimientos adquiridos han de ser mantenidos a lo largo del tiempo por lo que 
los auditores de cuentas deberán realizar actividades de formación continuada y de 
actualización permanente.
b)  La diligencia debida hace referencia al especial deber de cuidado y atención que 
deben prestar los auditores de cuentas al conocer y aplicar la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría, de suerte que las conclusiones alcanzadas por ellos en la realización 
del trabajo de auditoría estén debidamente soportadas y justificadas.
c)  La objetividad implica, para los auditores de cuentas, actuar con imparcialidad y 
sin conflictos de intereses que pudieran comprometer su independencia. En ningún caso, 
los auditores de cuentas podrán comprometer su actuación por influencias indebidas, 
favoritismos o prejuicios, ni tener intereses ajenos que puedan afectar a la forma de 
plantear y realizar un trabajo de auditoría, o que puedan afectar a la formación de un juicio 
imparcial.
d)  El principio de integridad impone para los auditores de cuentas la obligación de ser 
honesto en el ejercicio de su actividad. La integridad también implica por parte de los 
auditores de cuentas actuar con rectitud y compromiso ante cualquier circunstancia que 
pueda suponer un conflicto de intereses.
2.  Los auditores de cuentas han de actuar de acuerdo con las normas que regulen la 
actividad de auditoría de cuentas atendiendo no solo a la letra, sino también al espíritu en 
que aquellas se inspiran.
Los auditores de cuentas promoverán un entorno laboral y corporativo de integridad y  es
de respeto a los principios y normas de ética que rigen la actividad de auditoría de cuentas. bo
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actividad de auditoría de cuentas se realiza conforme a lo exigido en la Ley 22/2015, de 20 
de julio, en este reglamento y en las normas de auditoría y de ética.
Sección 2.ª  Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control 
de calidad
Artículo 5.  Información pública.
1.  El trámite de información pública al que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, se realizará mediante el envío para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y mediante la publicación de las normas en la página web y en el Boletín Oficial 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2.  Durante el trámite de información pública el texto de la norma quedará a 
disposición de quien estuviera interesado en su examen, tanto en el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, incluyendo su página web, como en las 
corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas, pudiéndose 
deducir las alegaciones pertinentes, que se podrán presentar por medios electrónicos. El 
plazo de dos meses de información pública podrá ampliarse en función de la 
trascendencia y circunstancias excepcionales que pudieran concurrir en una determinada 
norma.
Artículo 6.  Publicación y entrada en vigor.
1.  En un plazo máximo de tres meses desde la conclusión del trámite de información 
pública o, en su caso, desde la presentación de la correspondiente adaptación o revisión, 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá, mediante resolución, a la 
correspondiente publicación en su página web y en su boletín oficial para su entrada en 
vigor, o bien en el caso de que considerara necesario realizar alguna modificación en la 
norma sometida a información pública comunicará a las corporaciones de derecho público 
representativas de auditores de cuentas, los motivos por los que no procediese su 
publicación, proponiendo las pertinentes modificaciones, si hubiere lugar a ellas y 
requiriendo su revisión a estos efectos.
2.  Revisadas las normas por las corporaciones de derecho público representativas 
de auditores de cuentas según las modificaciones propuestas, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación a que se refiere el 
apartado anterior.
3.  Adicionalmente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá al 
envío de la resolución para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 7.  Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
En el supuesto referido en el artículo 2.4, segundo párrafo, de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, cuando hubiesen transcurrido dos meses desde el requerimiento del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas sin que las corporaciones de derecho público 
representativas de auditores de cuentas lo hubieran atendido, dicho Instituto procederá a 
la elaboración, adaptación o revisión correspondiente, informando a aquéllas de ello y 
cumpliendo con los trámites de información pública y publicación.
CAPÍTULO III
Definiciones
Artículo 8.  Definiciones.
1.  Entidades de interés público.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, tendrán 
la consideración de entidades de interés público las siguientes:
a)  Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades 
emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores 
sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los organismos autonómicos con 
competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras y a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, respectivamente, así como las entidades emisoras de 
valores en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en 
expansión. A estos efectos se entenderá como mercado secundario oficial de valores 
cualquier mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos 
previstos en el artículo 2.13 de la Directiva 2006/43/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de 
las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE 
del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CE del Consejo.
b)  Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva 
que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan 
como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el 
segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones.
c)  Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades 
gestoras que administren dichos fondos.
d)  Las fundaciones bancarias, los establecimientos financieros de crédito, las 
entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
e)  Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo 
importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, 
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 
empleados, respectivamente.
f)  Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las 
entidades contempladas en las letras anteriores.
Las entidades mencionadas en las letras b), c) y e) del párrafo anterior perderán la 
consideración de entidades de interés público si dejan de reunir durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, los requisitos establecidos en 
dichas letras.
Las entidades a que se refieren las letras del párrafo anterior tendrán la condición de 
entidades de interés público si reuniesen los requisitos para serlo al cierre del ejercicio 
social de su constitución, transformación o fusión y del ejercicio inmediatamente posterior. 
No obstante, en el caso de que una de las entidades que participe en la fusión o de que la 
entidad que se transforme tuviese la consideración de entidad de interés público en el 
ejercicio anterior a dicha operación, no perderán tal condición las entidades resultantes si  e.
reúnen al cierre de ese primer ejercicio social los requisitos recogidos en las citadas letras. w.b
2a).   AF aemfeilciatores sd.e lo establecido en los artículos 3.12 y 3.13 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, no se considerarán cónyuges del auditor principal responsable o de la persona
afectada por la causa de incompatibilidad quienes estén en situación de separación  Bc
efectiva de estas personas y dicha situación se encuentre inscrita en el registro civil 
correspondiente, de conformidad con las normas de derecho civil.
b)  A efectos de lo establecido en el artículo 3.13 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderán como familiares consanguíneos con vínculos estrechos por razón de la 
convivencia durante al menos un año en el hogar de la persona afectada, las personas que 
tengan un vínculo de consanguinidad en primer grado directo o en segundo grado colateral 
según lo previsto en el artículo 3.12 de dicha ley.
A estos mismos efectos, se entiende por persona afectada por la causa de 
incompatibilidad al auditor o auditores de cuentas principales responsables del trabajo 
de auditoría y a cualquiera de las personas contempladas en los artículos 19.1 y 20.1 
de la citada Ley de conformidad con las particularidades establecidas en dichos 
artículos.
3.  Red del auditor de cuentas.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3.14 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entiende que pertenecen a la red del auditor de cuentas aquellas personas o entidades en 
las que concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)  La existencia de vinculación de conformidad con lo establecido en el apartado 4 
de este artículo.
b)  Un acuerdo de cooperación, cualquiera que sea la forma de su instrumentación, 
incluida la no escrita, con vocación de permanencia cuando se mantenga por un periodo 
superior a 12 meses o cuando se repita de forma recurrente en el tiempo, a través de 
alguno de los siguientes medios:
1.º  Compartir beneficios o costes, que sean significativos en los términos que por su 
relevancia pudiera concluirse la existencia de un acuerdo de cooperación. En todo caso se 
entenderá que se produce tal circunstancia cuando estos superen los porcentajes previstos 
en el artículo 52.b) sobre las cuentas anuales del auditor de cuentas.
2.º  Control o gestión comunes o concertados.
3.º  El diseño e implementación común de políticas y procedimientos de control de 
calidad interno incluido el seguimiento, realizado por una estructura más amplia que la del 
auditor de cuentas.
4.º  El uso de un nombre comercial común. Se considera que se utiliza un nombre 
comercial común, cuando se incluye este en todo o en parte en el nombre comercial del 
auditor de cuentas.
5.º  Una estrategia empresarial común. A tales efectos se entiende por estrategia 
empresarial común, aquella que supone que las decisiones a tomar en políticas de 
explotación y gestión financiera se realizan de forma centralizada, coordinada o 
complementaria en aras de alcanzar objetivos estratégicos comunes, lograr una mejora en 
la explotación del negocio o mayores sinergias.
6.º  Compartir una parte significativa de los recursos profesionales cuando por su 
naturaleza o relevancia pudiera concluirse la existencia de un acuerdo de cooperación. A 
estos efectos, se entienden por recursos profesionales, entre otros, los referidos al 
personal con capacitación relacionada con el área económico-financiera, el asesoramiento 
jurídico, la consultoría de gestión empresarial o cualquier otro análogo, a recursos técnicos 
y de asesoramiento y a los sistemas de intercambio de información.
No se considerará la existencia de red, cuando la cooperación tenga como único fin la  bo
realización conjunta de una auditoría por parte de dos auditores, siempre que no concurra  51ww
ninguna de las restantes circunstancias.
4.  Entidades vinculadas a la entidad auditada.
De acuerdo con el artículo 3.15 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, son entidades 
vinculadas a la entidad auditada las que están vinculadas directa o indirectamente a esta 
mediante alguna de las siguientes circunstancias:
a)  La existencia de una relación de control, determinada por la existencia de grupo al 
concurrir las relaciones de control contempladas en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, y de acuerdo con las normas y presunciones contenidas en los artículos 2 y 3 
de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas 
mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
b)  La existencia de unidad de decisión, en los términos previstos en el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en 
particular, la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª, párrafo 1.º, y el 
apartado 24.5 del contenido de la memoria de las normas de elaboración de las cuentas 
anuales, así como las normas que se dicten en su desarrollo.
c)  La existencia de control conjunto o influencia significativa en su gestión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Comercio, cuando se cumplan los 
dos requisitos y presunciones establecidas en los artículos 4 y 5 de las Normas para la 
Formulación  de  Cuentas Anuales  Consolidadas,  aprobadas  mediante  el  Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
5.  Entidades vinculadas a la entidad auditada por relación de control.
De acuerdo con el artículo 3.16 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, son entidades 
vinculadas mediante relación de control cuando concurre cualquiera de las circunstancias 
contempladas en la letra a) del apartado anterior.
TÍTULO I
De la auditoría de cuentas
CAPÍTULO I
De las modalidades de auditoría de cuentas
Sección 1.ª  Auditoría de cuentas anuales
Artículo 9.  El informe de auditoría de cuentas anuales.
1.  El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ser emitido por los auditores de 
cuentas con sujeción al contenido, requisitos, modelo de presentación y formalidades 
establecidos en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
2.  El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que 
contendrá, además de lo exigido en el artículo 5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, los 
siguientes datos:
a)  Manifestación sobre la responsabilidad del órgano de administración de la entidad 
en relación con la formulación de las cuentas anuales auditadas y el sistema del control 
interno de la entidad. es
b)  Descripción general del objeto de una auditoría de cuentas y del modo en que esta  bo
se desarrolla. 51ww
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Auditores de Cuentas del auditor o auditores de cuentas firmante del informe.
En el caso de que el auditor nombrado sea una sociedad de auditoría, además del 
nombre y número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del auditor 
de cuentas firmante del informe, debe indicarse la denominación social, el domicilio social 
y el número de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de la sociedad.
3.  La fecha del informe de auditoría no podrá ser anterior a la de formulación de las 
cuentas anuales por el órgano de administración.
En los casos en que la fecha del informe de auditoría no coincida con la fecha de su 
entrega a la entidad auditada deberá dejarse constancia documental de tal entrega y de su 
fecha en los papeles de trabajo del auditor de cuentas.
4.  En el informe de auditoría de cuentas anuales no podrán establecerse limitaciones 
de su uso.
Artículo 10.  Obligación de emitir el informe de auditoría de cuentas anuales y la falta de 
su emisión o renuncia al contrato de auditoría.
1.  La emisión del informe y su entrega a la entidad auditada deberán realizarse en las 
fechas previstas contractualmente, de forma que pueda cumplir con la finalidad para la que 
fue contratada la auditoría de cuentas. A estos efectos, se entenderá que el informe de 
auditoría cumple con esta finalidad cuando pueda ser conocido y valorado por la entidad 
auditada y por los terceros que puedan relacionarse con esta, a la vez que permita cumplir 
con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la entidad auditada a este respecto.
No obstante lo anterior, si en el transcurso del trabajo el auditor detectase la existencia 
de circunstancias, no imputables al mismo, que pudieran afectar a la fecha de emisión del 
informe inicialmente prevista, el auditor de cuentas detallará en un escrito, que deberá ser 
remitido a quien contrató la auditoría, las circunstancias y sus posibles efectos en la 
emisión del informe de auditoría. Dicho escrito deberá documentarse en los papeles de 
trabajo.
2.  A efectos de lo previsto en el artículo 5.2.b) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
considerará que existe imposibilidad absoluta para la realización del trabajo de 
auditoría:
a)  Cuando la entidad no haga entrega al auditor de cuentas de las cuentas anuales 
formuladas, objeto de examen, previo requerimiento escrito efectuado a tal efecto. En todo 
caso, se entenderá que no se ha producido tal entrega cuando haya transcurrido más de 
un año desde la fecha de cierre del ejercicio de las citadas cuentas anuales.
b)  Cuando, excepcionalmente, otras circunstancias no imputables al auditor de 
cuentas, y distintas de las de carácter técnico, impidan la realización del trabajo de 
auditoría en sus aspectos sustanciales. En particular, no se considerará que concurren las 
circunstancias citadas cuando el auditor de cuentas no pueda aplicar los procedimientos 
de auditoría que resulten necesarios para obtener evidencia de auditoría en relación con 
la información de las cuentas anuales, en cuyo caso el informe de auditoría se emitirá 
conforme a lo dispuesto en las normas de auditoría.
3.  En los supuestos a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
el auditor de cuentas detallará en un escrito todas las circunstancias determinantes de la 
falta de emisión del informe o la renuncia al contrato de auditoría. Este escrito deberá ser 
remitido a la entidad auditada, en un plazo no superior a quince días naturales desde la 
fecha en que el auditor tuviera conocimiento de la circunstancia determinante, y salvo en 
el supuesto previsto en la segunda parte del apartado 2.a) anterior, siempre con  es
anterioridad a la fecha en la que el informe de auditoría debiera emitirse para cumplir con  o
la finalidad para la que fue contratado. 51ww
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domicilio social correspondiente a la entidad auditada, así como, en su caso, al órgano
judicial que designó al auditor de cuentas para dicho trabajo, en el plazo de diez días 
hábiles desde la fecha de remisión del escrito a la entidad auditada.
4.  Se entenderá que una auditoría es obligatoria cuando su realización se derive de 
lo exigido en la disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, así como 
en los supuestos de nombramiento de auditor por el Registrador Mercantil o Juzgado a 
que se refieren los artículos 40 del Código de Comercio y 265 y 266 del texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio.
En los supuestos de nombramiento de auditor de forma voluntaria cuando este se 
hubiese inscrito en Registro Mercantil, dicha comunicación deberá ser remitida al Registro 
Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad auditada, en el plazo de diez 
días hábiles desde la fecha indicada en el párrafo primero del apartado anterior.
5.  Una vez realizadas las actuaciones referidas en este artículo, en dichos supuestos 
podrán entenderse finalizadas las obligaciones del auditor en cuanto al trabajo de auditoría 
a realizar sobre las cuentas anuales del ejercicio respecto al cual han concurrido las 
circunstancias contempladas en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 11.  Contrato de auditoría de cuentas anuales.
1.  Antes de aceptar el nombramiento y firmar el contrato de auditoría el auditor de 
cuentas deberá evaluar su capacidad para el adecuado y efectivo cumplimiento del trabajo 
de auditoría, así como sus condiciones de independencia, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
2.  Con carácter previo al inicio de la realización del trabajo de auditoría, 
correspondiente al primer ejercicio para el que el auditor haya sido nombrado, deberá 
suscribirse un contrato de auditoría entre la entidad auditada y el auditor de cuentas, que 
tendrá naturaleza mercantil.
El contrato de auditoría de cuentas anuales ha de formalizarse por escrito e incluirá, 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, al 
menos, la identificación de las cuentas anuales objeto de auditoría y los aspectos 
relevantes del trabajo de auditoría a realizar, referidos al período de contratación, los 
honorarios, finalidad o razón por la que se realiza el trabajo de auditoría y plazo de entrega 
del informe de auditoría.
No podrán establecerse limitaciones al alcance o al desarrollo del trabajo de 
auditoría ni restricciones a la distribución o utilización del informe de auditoría, ni 
estipulaciones contrarias a lo establecido en la citada normativa, incluidas las que 
tuvieran por objeto limitar la responsabilidad del auditor por los daños y perjuicios que 
el incumplimiento de sus obligaciones pudiera causar o que esta fuera asumida por la 
entidad auditada.
3.  En el momento de suscribirse el contrato de auditoría y, en todo caso, en el 
momento de aceptar la designación efectuada por la entidad, el auditor de cuentas deberá 
estar inscrito en la situación de ejerciente. Si el contrato de auditoría se suscribiese con 
una persona jurídica, esta deberá estar inscrita en dicho momento como sociedad de 
auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
4.  En los casos de nombramiento de auditor por el registrador mercantil o por el 
órgano judicial, a que se refieren los artículos 265 y 266 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los 
auditores de cuentas podrán solicitar caución adecuada o provisión de fondos en garantía 
del pago de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio de sus funciones. Dicha garantía  e.
deberá ser prestada por la entidad en el plazo de diez días naturales desde la notificación  w.
de su solicitud por el auditor de cuentas. De no prestarse la garantía en el plazo establecido  51ww
eólr gaaundoit ojur dpicoidarl áq ureen luon ncoiamr barló c.ontrato, debiendo comunicarlo al registrador mercantil o al
Sección 2.ª  Auditoría de otros estados financieros o documentos contables
Artículo 12.  Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
1.  A los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entiende por otros estados financieros o documentos contables aquellos elaborados 
con arreglo a los principios y normas contenidos en el marco normativo de información 
financiera aplicable, expresamente establecido para su elaboración por disposiciones 
legales o reglamentarias.
En particular, quedan incluidos en este concepto los estados o documentos contables 
integrantes de las cuentas anuales que se elaboren separadamente, o incluso elaborados 
en su conjunto, pero que se refieran en este caso a un período inferior al del ejercicio 
social.
Estos estados o documentos deberán estar firmados o ser asumidos formalmente por 
quienes tengan atribuidas las competencias para su formulación, suscripción o emisión, en 
la misma forma que la prevista en la legislación mercantil para la formulación de las 
cuentas anuales. En su caso, el documento en el que conste la citada asunción formal 
deberá acompañar a los estados financieros o documentos contables correspondientes.
2.  Lo previsto en la sección 1.ª de este capítulo I para los trabajos e informe de 
auditoría de las cuentas anuales será de aplicación, con la correspondiente adaptación y 
en lo no regulado expresamente en la presente sección, a los trabajos e informes de 
auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 13.  Informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables.
El informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables 
contendrá la información adaptada al estado financiero o documento contable objeto de 
auditoría, así como, al menos lo siguiente:
a)  Referencia a que los estados financieros o documentos contables objeto de 
auditoría de cuentas han sido firmados o asumidos formalmente por quienes tengan 
atribuidas las competencias para su suscripción o emisión, así como la referencia al marco 
normativo de información financiera aplicado en la preparación de dichos estados o 
documentos establecido por disposiciones legales o reglamentarias.
b)  Opinión técnica, con el contenido y alcance que se establecen en el artículo 
siguiente.
Artículo 14.  Opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre otros estados 
financieros o documentos contables.
1.  La forma de la opinión técnica a que se refiere la letra b) del artículo anterior 
dependerá del tipo de marco normativo de información financiera aplicable, conforme a lo 
dispuesto en este artículo.
En el caso de que el marco normativo de información financiera aplicable sea un 
marco de imagen fiel, la opinión técnica adoptará la forma prevista en el artículo 5.1.e) de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, si bien referida a la información contenida en el estado 
financiero o documento contable concreto auditado.
Cuando el marco normativo de información financiera aplicable sea un marco de 
cumplimiento, la opinión técnica deberá versar sobre si los estados financieros o  s
documentos contables auditados han sido preparados, en todos los aspectos significativos,  e.
de conformidad con el marco normativo de información financiera expresamente  w.
establecido para la elaboración de dichos documentos o estados. 51ww
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principios y normas contables aplicables que fueran incompatibles con la misma.
En el caso de que el marco normativo de información financiera aplicable requiera el 
cumplimiento de unos determinados principios y normas contables, sin posibilidad de 
aplicar las previsiones a las que se refiere el párrafo anterior, dicho marco tendrá la 
consideración de marco de cumplimiento.
Sección 3.ª  Imposibilidad de obtener la información requerida
Artículo 15.  Deber de requerimiento y suministro de información.
A efectos de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en los 
casos en que los auditores de cuentas no hubieran podido obtener la información requerida 
y dicha información fuese relevante para el desarrollo del trabajo de auditoría de cuentas 
y para la emisión del informe, deberán dejar constancia documental que acredite el 
requerimiento de información realizado en sus papeles de trabajo, así como, en su caso, 
las respuestas dadas por la entidad auditada a dicho requerimiento.
Sección 4.ª  Auditoría de cuentas consolidadas
Artículo 16.  Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los 
auditores de cuentas sobre la información financiera de las entidades del conjunto 
consolidable.
1.  A efectos de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, el 
auditor de las cuentas anuales consolidadas deberá disponer de la documentación relativa 
a la evaluación y revisión del trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas 
en relación con la verificación de la información financiera de las entidades que formen 
parte del conjunto consolidable, debiendo reflejar la evidencia obtenida para soportar su 
opinión de la auditoría de las cuentas consolidadas.
2.  La revisión y el detalle de la documentación a que se refiere el apartado anterior 
estará en función de las características y circunstancias del conjunto consolidable y de la 
importancia relativa de cada una de sus entidades integrantes, así como de los riesgos, 
para la auditoría de las cuentas consolidadas, identificados en la información financiera de 
dichas entidades. Atendiendo a estos criterios la documentación relativa a la revisión del 
trabajo realizado deberá reflejar:
a)  Los criterios y consideraciones tenidos en cuenta para la identificación y 
valoración de los riesgos de incorrección material a efectos de la auditoría de las 
cuentas consolidadas, entre los que se encontrarán los relativos al negocio, las 
transacciones u operaciones, su procesamiento, así como el control interno de dichas 
entidades.
b)  Los riesgos que el auditor de las cuentas consolidadas ha considerado, a efectos 
de la auditoría de las cuentas consolidadas, para la planificación del trabajo a realizar en 
relación con la información financiera de dichas entidades.
c)  Naturaleza, extensión y momento de realización de las pruebas tanto diseñadas 
como realizadas por el auditor de las cuentas anuales consolidadas para responder a los 
citados riesgos identificados en la información financiera de dichas entidades.
d)  Los aspectos concretos revisados del trabajo realizado por los auditores de dichas 
entidades sobre dicha información financiera, que incluirán:
1.º  la naturaleza de las pruebas realizadas y su momento de realización, bo
2.º  la información descriptiva de las poblaciones, los criterios y métodos utilizados  51ww
pdinaecr olaa3r rs.laeº  d cdeceliosotvseni raermecssii,on upnaltrecaoisdóc onees  dyi nid msceeoi ellreanrce trocceiscóa inloaiz nddaeieccs ii olóaidnnsea  dmnleetusi fde icrisceathadraalaisszs, a pydr ousseu b yrae slsa uy l,et aevdanol us,a ulac ci óaensx otrd,a elpal o eilnafevceciótsonti  gddaeec  illóaanss    OE-A-2021-13able en https://
desviaciones e incorrecciones en la auditoría, y
4.º  las cuestiones concretas discutidas con los auditores de dichas entidades y las 
conclusiones alcanzadas sobre los anteriores aspectos y cuestiones.
Artículo 17.  Comunicación al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la 
imposibilidad de revisar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores.
A efectos de lo previsto en el artículo 7.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando el 
auditor de las cuentas consolidadas no pueda revisar el trabajo de auditoría realizado por 
otros auditores de cuentas, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en 
relación con la información financiera de las entidades que formen parte del conjunto 
consolidable, detallará en un escrito todas las circunstancias que impidan tal revisión, el 
cual deberá ser remitido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en un plazo no 
superior a diez días hábiles desde la fecha en que el auditor tuviera constancia de la 
situación referida.
Artículo 18.  Acceso a la documentación de auditores de terceros países con los que no 
exista acuerdo de intercambio de información.
A efectos de lo establecido en el artículo 7.7 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, el 
auditor de las cuentas consolidadas será responsable de aplicar los siguientes 
procedimientos:
a)  Se pondrá en contacto por escrito con el auditor del tercer país indicándole que, 
de acuerdo con la legislación en vigor en España y en la normativa de la Unión Europea, 
existe la obligación de permitir el acceso al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
a la documentación del trabajo realizado por él en el marco de la auditoría de las cuentas 
consolidadas.
b)  Solicitará confirmación escrita respecto a si existen impedimentos legales o de 
otro tipo para la remisión de la documentación del trabajo y, en su caso, una explicación 
detallada de dichos impedimentos junto con su justificación jurídica. En el caso de que 
existan impedimentos evaluará la comunicación de dicha situación al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
c)  Cuando existan impedimentos legales o de otro tipo para la remisión de la 
documentación del trabajo realizado por los auditores de cuentas o sociedades y demás 
entidades de auditoría registrados y autorizados en terceros países, el auditor de cuentas 
de las cuentas consolidadas deberá conservar la documentación relativa a los 
procedimientos aplicados para acceder a dicha documentación y los citados impedimentos. 
En el caso de que los impedimentos no sean legales, el auditor de cuentas de las cuentas 
consolidadas deberá documentar la prueba que demuestre tales impedimentos.
La existencia de tales impedimentos no constituye un supuesto de imposibilidad 
absoluta para la realización del trabajo de auditoría de cuentas consolidadas, según lo 
previsto en el artículo 10.
Sección 5.ª  Actuación conjunta de auditores
Artículo 19.  Actuación conjunta de auditores.
1.  Cuando sean nombrados varios auditores de cuentas para la realización de un 
trabajo de auditoría de cuentas, el informe de auditoría será único y se emitirá bajo la  e.
responsabilidad de todos ellos, quienes firmarán el informe y quedarán sujetos a lo previsto  w.b
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 51ww
cuenEtna sc parseos ednet adriás csrue poapnincióian  eenn  cuuna pnátorr aaf ola d iosptiinntioó nd etlé icnnfoicram ea  deem aituird, ictoardíaa  ya euxdpitoonr ddreá 
los m2.o tivLooss  daeu dlait odrisecsr edpea ncuciean.tas nombrados conjuntamente no podrán pertenecer a la
misma red, debiendo comunicarse entre ellos todas las circunstancias que pudieran
afectar a la necesaria independencia en relación con la entidad auditada exigida por lo 
establecido en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, y en su caso, en la sección 3.ª del capítulo IV del título I de dicha ley.
3.  Las relaciones entre los auditores de cuentas nombrados y las actuaciones a 
seguir en relación con el trabajo de auditoría se llevarán a cabo con arreglo a la norma de 
auditoría específica.
En los supuestos a que se refiere este artículo, los auditores de cuentas nombrados 
serán responsables de la custodia y conservación de la totalidad de los papeles de trabajo 
que correspondan al trabajo de auditoría.
CAPÍTULO II
Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas
Sección 1.ª  Registro oficial de auditores de cuentas
Artículo 20.  Secciones del Registro.
El Registro Oficial de Auditores de Cuentas constará de las siguientes secciones 
independientes:
a)  Personas físicas.
b)  Sociedades de auditoría y
c)  Auditores de cuentas, sociedades y demás entidades de auditoría de terceros 
países a los que se refiere el artículo 24.
En las secciones a) y b) anteriores se indicarán las personas físicas o sociedades que 
auditen las cuentas anuales o estados financieros de las entidades de interés público.
A dichos efectos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas establecerá, 
mediante resolución, los modelos de solicitud de inscripción y de baja en las diferentes 
secciones, que serán cumplimentados y remitidos por medios electrónicos.
Artículo 21.  Inscripción de las personas físicas en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas.
En la sección de personas físicas del Registro Oficial de Auditores de Cuentas se 
inscribirán los auditores de cuentas con especificación de la situación en la que se 
encuentren, en función de su relación con la actividad de auditoría de cuentas, en una de 
las siguientes:
a)  Ejerciente.
b)  No ejerciente.
Artículo 22.  Situaciones.
1.  Solo los auditores de cuentas inscritos como ejercientes podrán actuar como 
responsables y firmantes del informe de auditoría de cuentas definida en el artículo 1 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio.
Los auditores de cuentas ejercientes deberán inscribirse como tales en alguna o  s
algunas de las siguientes modalidades: a título individual o como auditor de cuentas  oe.
designado expresamente por una sociedad de auditoría para firmar informes de auditoría  w.
eInns et2ilt .un tooPm adbrerae   iCdneso cndrtiiacbhbirasil eisd oaecndi e eyds atAad u.sditiutoarcíiaó nd dee  Cejueercniteanst,e sa sceo mdepbaeñraán sdooli cait alra p osro leicsicturitdo  laal   2021-1351n https://ww
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en los apartados 1
y 2 del artículo 9 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, así como de la garantía financiera  Bc
exigida y constituida y, en su caso, de la formación continuada y facilitando la dirección
electrónica habilitada única para las comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. Cuando se trate de auditores de cuentas designados expresamente 
por la sociedad para firmar informes de auditoría en su nombre, será la sociedad de 
auditoría la responsable de remitir dicha documentación acreditativa. Para la inscripción 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En el caso de que el auditor solicitante estuviera autorizado como ejerciente en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, la solicitud de inscripción deberá ir acompañada de 
la acreditación de la autorización otorgada por la autoridad competente del Estado 
miembro donde se haya registrado en origen, así como la acreditación de la superación de 
la prueba de aptitud a que se refiere el artículo 10.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y de 
la constitución de la garantía financiera exigida. Facilitará la dirección electrónica habilitada 
única para las comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
En el caso de que el auditor solicitante estuviera autorizado como ejerciente en un 
tercer país, la solicitud de inscripción deberá ir acompañada de la acreditación de la 
autorización otorgada por la autoridad competente del tercer país, la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 10.2 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, en particular la acreditación de la existencia de condiciones de reciprocidad, así como 
la acreditación de la constitución de la garantía financiera exigida. Facilitará la dirección 
electrónica habilitada única para las comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.
3.  En el caso de que los auditores de cuentas en situación de ejercientes no 
mantengan debidamente la garantía financiera quedarán adscritos automáticamente a la 
situación de no ejercientes, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que en su 
caso proceda según lo establecido en el artículo 72 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
4.  Podrán inscribirse como no ejercientes los auditores de cuentas que cumpliendo 
los requisitos de los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, no 
hayan optado por inscribirse en la situación descrita en el apartado 2 anterior. 
La adscripción a esta situación deberá solicitarse por escrito al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y acreditarse, en su caso, el cumplimiento de los requisitos citados 
en el artículo mencionado.
Asimismo, podrán cambiar a esta situación los auditores que estando inscritos como 
ejercientes soliciten al Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas su cambio de 
situación.
Artículo 23.  Inscripción de las sociedades de auditoría en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas.
1.  Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas las sociedades 
cuyo objeto social incluya la actividad de auditoría de cuentas, que estén domiciliadas en 
territorio español o en el de un Estado miembro de la Unión Europea, que aporten al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas junto con la solicitud correspondiente, la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 11.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y de que hayan prestado la garantía 
financiera exigida. Facilitarán la dirección electrónica habilitada única para las 
comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2.  Las sociedades de auditoría deberán informar al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas de las designaciones de los auditores de cuentas para realizar 
auditorías y emitir informes de auditoría en su nombre, y de sus variaciones, y remitir la 
documentación acreditativa del cumplimento de los requisitos para cada designación. Se  e.
entenderá que no están designados quienes no hayan sido comunicados al Instituto de  w.
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 51ww
por Epna rcteu adleq ulaie rs ocaciseod,a lda  dfeec haau ddieto riníaic ioo  ldae f eecshtaa  ddees iignnscarcipiócnió sne erán  lae l dRee lgai sctorom Ounfiicciaacl idóen 
Asauldvioto qreuse  dsee  Cesupeenctaifsiq, ueen  oetlr as ufepcuheas tpoo dsete qruioer. se trate de una nueva sociedad de auditoría,  BOE-A-cable e
3.  Las sociedades de auditoría deberán comunicar quién o quiénes ostentan la 
representación de las sociedades de auditoría en sus relaciones con el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La representación se acreditará de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En caso de 
modificación o revocación, deberá ser comunicada expresamente y acompañarse de la 
identificación de quién asume la representación.
4.  Las comunicaciones que haga el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en el ejercicio de sus competencias a los socios auditores de cuentas y a los auditores 
designados expresamente para realizar auditorías y firmar informes en nombre de la 
sociedad de auditoría, se realizarán en la dirección electrónica habilitada única facilitada 
por esta que conste en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, salvo que aquellos 
manifiesten expresamente otra dirección electrónica.
Artículo 24.  Inscripción separada de determinados auditores de cuentas, así como de 
sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países.
Figurarán inscritos en una sección separada en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas, los auditores de cuentas y sociedades y demás entidades de auditoría de 
terceros países que emitan informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales 
consolidadas de una entidad constituida fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén 
admitidos a negociación en un mercado regulado en España, conforme a lo previsto en los 
artículos 10.3 y 11.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Para inscribirse en esta situación deberá solicitarse por escrito al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, acreditar, junto a la solicitud, el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 10.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, así como prestar 
la garantía financiera exigida. Facilitarán la dirección electrónica habilitada única para las 
comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 25.  Relaciones de auditores de cuentas y de sociedades de auditoría.
1.  El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas hará pública, de forma 
actualizada, en su página web, la relación de auditores de cuentas y sociedades de 
auditoría, especificando de cada uno de ellos la información a que se refieren los 
apartados 3 y 4, respectivamente, del artículo 8 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
2.  El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas hará pública, de forma 
actualizada, en su página web, una relación separada de auditores de cuentas y 
sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países, a los que se refieren 
respectivamente los artículos 10.3 y 11.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, con la mención 
de que no están autorizados para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en 
España, y en la que se incluirá, al menos, información relativa al nombre o razón social y 
dirección de cada uno de ellos, y sin perjuicio de lo que disponga la normativa comunitaria 
a este respecto.
3.  El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pondrá a disposición del 
Registro Mercantil Central, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y 
del Decanato de los Juzgados, las relaciones de auditores de cuentas y sociedades de 
auditoría a los efectos de lo establecido en los artículos 355 y 356, respectivamente, del 
Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio 
y en el artículo 40 del Código de Comercio.
Dichas listas, que podrán consultarse por medios telemáticos, incluirán a aquellos  o
auditores de cuentas inscritos en situación de ejercientes y sociedades de auditoría que  51www.
hya auqyduaiEetnon  er mesdstaié cndnhief aee cssnu t alesisdinttuotaaa sesc x iefópifgnreeu cqsrtuaaivermaá mlenen selt anepst ees r udme ijvrieetoarclz uceanijnoeta nrscdeue s dra  elcda tee ivas ilctdaataisrv d iinod.cafilcdui inddaeos sa  ueadnbi itleoarrstía acs idt aeed nca uslae rsne tlaqasuc.ieo nloess   OE-A-2021-13able en https://
Artículo 26.  Baja en el Registro.
1.  Los auditores de cuentas causarán baja temporal o definitiva según los casos, en 
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los siguientes supuestos:
a)  Por fallecimiento.
b)  Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 9 
y 10 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
c)  Por renuncia voluntaria.
d)  Por sanción.
2.  Las sociedades de auditoría causarán baja en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas, en los siguientes supuestos:
a)  Por disolución de la sociedad.
b)  Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 
1 y 5, del artículo 11 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12.2 de dicha ley.
c)  Por renuncia voluntaria.
d)  Por sanción.
e)  Por la falta de prestación de la garantía financiera o por la insuficiencia de dicha 
garantía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
3.  En caso de solicitud de baja voluntaria en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas, dicha solicitud será dirigida al Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.
4.  La tramitación de la baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se podrá 
sujetar al procedimiento de tramitación simplificada contenido en el capítulo VI del título IV 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
No obstante lo anterior, en el caso de que la baja sea causada por fallecimiento del 
auditor o disolución de la sociedad de auditoría, así como por sanción, se inscribirá la 
baja mediante acuerdo del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.
Sección 2.ª  Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas
Artículo 27.  Programas de enseñanza teórica.
1.  Los programas de enseñanza teórica exigidos en el artículo 9.2.b) de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, serán organizados e impartidos por las Universidades y las 
corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas. Asimismo, 
podrán ser impartidos por centros de educación superior acreditados por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación u organismo equivalente del ámbito 
autonómico y reconocidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2.  Mediante resolución publicada en su boletín, el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, oído el Comité de Auditoría de Cuentas, establecerá las características y 
condiciones que deben reunir los citados centros de educación superior acreditados, 
incluidos los que sean necesarios para garantizar la calidad e idoneidad de la formación a 
impartir por razón de la materia. es
En todo caso, los mencionados programas deberán estar homologados, previamente,  bo
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. A estos efectos, dicho organismo,  51ww
oesusídt ahoCbo eolmeln coC elcooraágmr aálaictcésiót  ecndra. ers auAcbutesdiridítsoiatriícraiao s dc eyo  crCroeunsedpnicotainosdn,ee mrsá eq adulie aI ndntesetb iteruentso ro elduuenc iióCr nloo nspt ucaibbtaliilcdidaoadsd ap  yreo nAg rusadumi tbaoosrí laep taídrnea,    OE-A-2021-13able en https://
Cuentas la organización y realización de estos programas.
3.  A los efectos de considerar cumplido el requisito relativo al seguimiento de los 
programas de enseñanza teórica, los funcionarios o empleados públicos a que se refiere 
el artículo 9.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, deberán acreditar la superación de las 
pruebas selectivas correspondientes, así como que los conocimientos requeridos para 
dicha superación incluyen suficientemente las materias relacionadas en el artículo 9.2.c) 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Mediante el examen de la documentación requerida en el párrafo anterior, el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá en cada caso el cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el párrafo anterior por parte de las personas solicitantes a los 
efectos previstos en este apartado.
Artículo 28.  Formación práctica.
1.  El requisito de formación práctica a que se refiere el artículo 9.2.b) de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, no se entenderá cumplido hasta haber acreditado la realización 
efectiva de las tareas integrantes de las distintas fases que componen la actividad de 
auditoría de cuentas durante un periodo que sume al menos dos años de tiempo completo 
o su equivalente a tiempo parcial.
La formación práctica se realizará, con carácter general, con posterioridad a la 
terminación del programa de enseñanza teórica regulado en el artículo anterior.
No obstante, la formación práctica realizada antes de la finalización del programa de 
formación teórica podrá computar hasta un 50 por ciento de la formación práctica exigida.
2.  Para las personas que, reuniendo el resto de requisitos establecidos en el 
artículo 9.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, carezcan de titulación universitaria pero 
reúnan los requisitos de acceso a la universidad previstos en la normativa vigente, no se 
entenderá cumplido el requisito de formación práctica a que se refiere el artículo 9.2.b) de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, hasta haber acreditado la realización de trabajos efectivos 
en auditoría de cuentas durante un periodo que sume, al menos, cinco años de tiempo 
completo o su equivalente a tiempo parcial en relación a las tareas integrantes de las 
distintas fases que componen la actividad de auditoría de cuentas. Asimismo, en este 
supuesto al menos el 50 por ciento de la formación práctica deberá ser realizada con 
posterioridad a la terminación del programa de enseñanza teórica regulado en el artículo 
anterior.
3.  Los auditores de cuentas deberán rendir información anual al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la formación práctica que hayan realizado las 
personas a su servicio, con el detalle y distribución, y en el plazo que se determinen 
mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
4.  Las certificaciones que se expidan para acreditar el requisito de la formación 
práctica con persona autorizada para la auditoría de cuentas a efectos de concurrir al 
examen de aptitud profesional regulado en el artículo siguiente, deberán hacer referencia 
al vínculo contractual que haya podido existir, así como al tiempo efectivo trabajado en 
auditoría de cuentas, conforme al detalle y contenido previsto en la resolución a que se 
refiere el apartado anterior, y sin perjuicio de las facultades de comprobación que pudieran 
llevarse a cabo en el proceso de convocatoria a que se refiere el artículo 30.2.
5.  A los efectos de considerar cumplido el requisito relativo a la formación práctica, 
los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el artículo 9.4 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, deberán aportar certificado emitido por el órgano competente del centro, 
organismo o entidad pública que tenga legalmente atribuidas las funciones de auditoría a 
que se refiere dicho apartado, en el que se acredite, con el suficiente detalle, el desempeño  e.
durante tres años efectivos de trabajo correspondiente a la auditoría de cuentas anuales,  w.
cuentas consolidadas o estados financieros análogos de entidades del sector público, de  51ww
eanutdiditaodreess  dfien acnuceinetraass  doe a dsiechgousra ddoocrausm, eon tao sla. supervisión o control directo de auditorías y
dete6r.m  inMaer dloiasn tcer irteersioolsu cai ótne ndeerl  Ienns tcituueton dtae  rCeolanctiaobnialiddaods  yc oAnu dlaitso rtíaar deea sC iunetengtarsa nstee sp odder álan   BOE-A-cable e
actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 29.  Examen de aptitud.
1.  El examen de aptitud profesional irá encaminado a la comprobación rigurosa de la 
capacitación del candidato para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, y 
constará de dos fases:
a)  En la primera fase se comprobará el nivel de conocimientos teóricos alcanzados 
respecto de las materias a que se refiere el artículo 9.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
b)  En la segunda fase, a la que solo podrán acceder quienes hubieran superado la 
primera fase del examen, se determinará la capacidad de aplicar los conocimientos 
teóricos a la práctica de la actividad de auditoría de cuentas.
2.  Quienes posean un título universitario oficial y con validez en todo el territorio 
nacional, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, quedarán dispensados de los programas de enseñanza 
teórica y de la primera fase del examen, en aquellas materias que hayan superado en los 
estudios requeridos para la obtención de dichos títulos
Mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicada en 
su boletín, oído el Comité de Auditoría de Cuentas, se establecerán las condiciones de la 
dispensa en aquellos casos en que los programas que impartan las Universidades no 
contemplen con la extensión requerida en dicha resolución la totalidad de las materias a 
que se refiere el artículo 9.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
3.  El requisito relativo a la superación del examen de aptitud profesional por parte de 
los funcionarios o empleados públicos incluidos en el ámbito del artículo 9.4 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se entenderá cumplido con la acreditación a que se refiere el 
artículo 27.3.
Artículo 30.  Convocatoria y tribunal.
1.  La orden ministerial por la que se publique la convocatoria correspondiente al 
examen de aptitud profesional, a que se refiere el artículo 9.3 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, determinará las bases de su desarrollo o realización, el contenido del programa de 
materias y el importe de los derechos de examen.
La gestión y el desarrollo de cada convocatoria corresponderán de forma conjunta a 
las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas y, en su 
caso y subsidiariamente, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Los criterios 
de coordinación y actuación se establecerán en cada orden de convocatoria.
2.  La convocatoria tendrá una periodicidad, al menos, bienal y solo podrán tener 
acceso a las pruebas las personas que cumplan y acrediten los requisitos establecidos en 
el artículo 9.2.a) y b) de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
A este respecto el tribunal nombrado al efecto podrá requerir cuanta documentación 
precise para verificar el cumplimiento de los citados requisitos, así como de los establecidos 
en la convocatoria.
3.  El tribunal será nombrado en cada orden de convocatoria y, con arreglo a esta, le 
corresponderá el diseño, el desarrollo y la calificación de los exámenes de aptitud.
Estará constituido por un presidente, que será un representante del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas designado entre los titulares de las unidades con nivel 
orgánico de subdirección general o equivalente de dicho organismo, un número par de 
vocales y un secretario. s
Entre dichos vocales deberán figurar un representante de cada corporación de derecho  oe.
público representativa de auditores de cuentas a su propuesta y de entre sus miembros,  w.
dos representantes del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas designados de  51ww
eánretraes  ldoes  cfuonncoicoinmaireionsto d ree ladciciohnoa odragsa ncoisnm aol,g uunna c daete ldarsá tmicaot edreia su ninivcelursididaasd e enx eple prrtoo geranm laas, 
dlae Asidgmnaindiost ara pcrióonp udeesl tEa sdtea ddoic, hdoe sInigsntiatudtoo ,a y  purno preupersetsae dneta dnitceh dae I nlate Irnvteenrvceiónnc.ión General de  BOE-A-cable e
El secretario, que actuará con voz y sin voto, será designado a propuesta de las 
corporaciones. En el caso de que no hubiese acuerdo unánime de las corporaciones en la 
propuesta sobre el secretario, esta se hará por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.
4.  En toda orden de convocatoria deberá designarse un tribunal suplente.
5.  En lo no previsto tanto en este artículo como en las correspondientes órdenes 
referidas en el apartado 1 se estará, en lo que al régimen de funcionamiento del tribunal 
se refiere, a lo dispuesto para los órganos colegiados de las Administraciones Públicas en 
los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
6.  Las actuaciones del tribunal, y en particular la tramitación de los recursos que, en 
su caso, puedan interponerse, se realizarán de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
Artículo 31.  Autorización de auditores de cuentas de otros Estados miembros de la Unión 
Europea.
1.  A efectos de la prueba de aptitud a que se refiere el artículo 10.1 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, se nombrará por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital una Comisión de Evaluación, a la que corresponderá la comprobación de la 
condición de auditor de cuentas en el Estado miembro de origen, el diseño de la prueba de 
aptitud, en base a la normativa española relacionada con las materias a que se refiere el 
artículo 9.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y su calificación, así como la propuesta al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de autorización para la inscripción en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En la resolución de nombramiento de dicha 
comisión se establecerán las tasas de pago por los derechos de examen a satisfacer para 
concurrir al examen de aptitud, así como las normas de gestión y convocatoria que sean 
precisas.
2.  La Comisión de Evaluación presentará la misma composición que la prevista para 
el Tribunal al que se refiere el artículo anterior.
3.  En lo no previsto en este artículo se estará, en lo que al régimen de funcionamiento 
de la Comisión de Evaluación se refiere, a lo dispuesto para los órganos colegiados de las 
Administraciones Públicas en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las actuaciones de la Comisión de Evaluación y, en particular, la tramitación de los 
recursos que, en su caso, puedan interponerse, se realizarán de acuerdo con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  La prueba de aptitud se realizará con una periodicidad, al menos, bienal y en 
función del número de solicitudes presentadas. En todo caso, no podrán transcurrir más 
de seis meses desde la presentación de la solicitud de la práctica de la prueba de aptitud 
por quien acredite su condición de auditor de cuentas autorizado en un Estado miembro 
de la Unión Europea hasta la resolución de dicha solicitud mediante la admisión o 
denegación para la realización de la prueba de aptitud.
Artículo 32.  Autorización de auditores de cuentas de terceros países.
1.  El auditor de un tercer país que pretenda obtener la autorización del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deberá acreditar la condición de reciprocidad a que 
se refiere el artículo 10.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio y el cumplimiento del resto de 
requisitos establecidos en dicho artículo. e.e
2.  A efectos de la prueba de aptitud a que se refiere el artículo 10.2 de la  b
Ley 22/2015, de 20 de julio, se nombrará por el Ministerio de Asuntos Económicos y  51ww
Tesratanbslefocridmoasc eiónn  loDsi gaiptaalr taudnoas  C1,o 2m iys i3ó nd edl ea rtEícvuallou aacnitóenri oqr,u ae  lare quuneir áco rloress proenqdueisráit olas 
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de Auditores de Cuentas.
3.  La prueba de aptitud se realizará dependiendo de la existencia de solicitudes, sin 
que puedan transcurrir más de seis meses desde la presentación de la solicitud de la 
práctica de la prueba de aptitud por quién acredite su condición de auditor de cuentas 
autorizado en un tercer país hasta la resolución de dicha solicitud mediante la admisión o 
denegación para la realización de la prueba de aptitud.
TÍTULO II
Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas
CAPÍTULO I
Formación continuada
Artículo 33.  Formación continuada.
1.  A los efectos de lo previsto en el artículo 8.7 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, los 
auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en situación 
de ejercientes, y los auditores de cuentas no ejercientes que se encuentren colaborando 
activamente con un auditor de cuentas en tareas directamente ligadas a la actividad de 
auditoría de cuentas, cualquiera que sea la vinculación contractual, deberán realizar 
actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte 
horas en un período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales.
Las horas de formación realizadas por el auditor de cuentas que excedan de las 
mínimas exigidas correspondientes a un periodo trienal, podrán computarse como 
formación en el primer periodo anual siguiente. El máximo de horas que a este respecto 
podrá computarse será de quince horas, sin perjuicio de que el auditor deba realizar, 
igualmente, las horas de carácter mínimo exigidas para dicho periodo anual.
2.  Los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
en situación de no ejercientes no tendrán que cumplir con esta obligación, mientras se 
mantengan como tales, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior respecto a 
los auditores de cuentas en situación de no ejerciente que se encuentren colaborando 
activamente con un auditor de cuentas en tareas directamente ligadas a la actividad de 
auditoría de cuentas.
Cuando un auditor de cuentas no ejerciente solicite cambiar a la situación de ejerciente, 
deberá acreditar la realización de ciento veinte horas de formación continuada en el 
período de los tres años anteriores a la fecha de su petición, de las que al menos cincuenta 
horas deben justificarse como realizadas en los doce meses anteriores a la referida fecha. 
En el caso de que la solicitud sea realizada por un auditor de cuentas en situación de no 
ejerciente que se encuentre colaborando activamente con un auditor de cuentas en tareas 
directamente ligadas a la actividad de auditoría de cuentas, deberá acreditar la realización 
de ciento veinte horas de formación continuada en el período de los tres años anteriores a 
la fecha de su petición, con un mínimo de treinta horas cada año.
Adicionalmente, los auditores a los que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir 
en el período comprendido entre su inscripción como ejerciente y el final del correspondiente 
período de cómputo anual un mínimo de horas igual a la prorrata que tal intervalo 
represente sobre las obligatorias mínimas en un año. Igualmente, estos auditores deberán 
cumplir entre la fecha de su inscripción como ejerciente y el final del correspondiente 
período de cómputo trienal un mínimo de horas igual a la prorrata que tal intervalo  e.e
represente sobre las obligatorias mínimas en tres años. w.b
Aqurteíc 1su. elo  iS3ne4s c. driibsDepienspn pesoanrrs áap srdi mey  eplarra óo rvbroeliggza aescn.ió enl  mRíengimisatr od eO ffoicrimala dceió An ucdointotirneusa ddea  Ca uloesn taausd pitoorr eesl   OE-A-2021-13able en https://
período, inferior al año, comprendido entre la fecha de publicación de la lista de aspirantes
que hayan superado el examen de aptitud a que se refiere el artículo 29 y la fecha de 
finalización del primer período de cómputo anual que finalice tras dicha publicación.
Se exigirá a los auditores referidos en este apartado, para su inscripción en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas en situación de ejercientes, un número de horas 
proporcional al régimen general de acceso a dicho Registro, según lo previsto en el 
apartado 1 del artículo anterior, a contar desde que finalizó el plazo de dispensa.
La formación que estos auditores hayan podido realizar desde la fecha de realización 
del último examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y hasta el final 
del periodo de dispensa, podrá computar como formación continuada en el primer periodo 
anual en que haya de realizarse dicha formación, siempre que cumpla con los requisitos 
reglamentariamente establecidos para ello.
2.  En caso de que por causas de fuerza mayor el auditor no pueda cumplir con la 
obligación a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior por un periodo superior a dos 
meses continuados, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, autorizará que el 
cumplimiento de dicha obligación pueda realizarse una vez desaparecida la causa de 
fuerza mayor.
La prórroga se solicitará por el auditor para cada período de cómputo anual en que 
concurra la causa de fuerza mayor según modelo aprobado por resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
A tal efecto, por causa de fuerza mayor debe entenderse aquella situación que no 
pueda preverse o evitarse y que impida al auditor llevar a cabo cualquier trabajo 
relacionado con la actividad de auditoría de cuentas u otra actividad económica o 
profesional. Estas circunstancias deberán comunicarse al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas y justificarse válida y suficientemente por el auditor.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberá resolver y notificar la 
solicitud recibida en el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de dicha 
solicitud, siempre y cuando se acompañe de la debida documentación justificativa.
La prórroga concedida podrá ser revocada en caso de incumplimiento de las 
circunstancias que motivaron su concesión. En todo caso, no se concederá prórroga o se 
revocará la concedida si durante el periodo para el cual se solicita o se ha concedido, el 
auditor hubiera firmado algún informe de auditoría de cuentas, intervenido en un trabajo de 
auditoría o llevado a cabo alguna actividad económica o profesional.
Artículo 35.  Actividades de formación continuada.
1.  La obligación de formación continuada deberá cumplirse considerando su 
aplicación práctica y el marco normativo en que se desenvuelve la actividad, aspectos del 
negocio y sector de las entidades auditadas, en la medida que se consideren necesarias 
para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, mediante la realización de las 
siguientes actividades:
a)  Participación en cursos, seminarios, conferencias, congresos, jornadas o 
encuentros, como ponentes o asistentes.
b)  Realización de cursos de autoestudio, bien sea a través de medios electrónicos o 
de otro tipo, siempre que el organizador del curso haya establecido el adecuado control 
que garantice su realización, aprovechamiento y superación.
c)  Realización de actividades docentes en Universidades a que se refiere la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en cursos de formación de  es
auditores reconocidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. o
d)  Realización de estudios de especialización que lleven a la obtención de un título  51ww
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contables y de auditoría de cuentas.
f)  Publicación de libros, artículos u otros documentos sobre temas relativos a las 
materias básicas que constituyen el núcleo de conocimientos del auditor.
g)  Participación en tribunales de examen o en pruebas de aptitud que se deban 
superar para acceder a la condición de auditor de cuentas.
2.  Al menos veinte horas de formación continuada en un año y ochenta y cinco horas 
en el periodo de tres años deben realizarse en materias relativas a contabilidad y auditoría 
de cuentas.
3.  Las actividades incluidas en las letras a), b) y c) del apartado 1 serán organizadas, 
y en su caso impartidas, por las corporaciones de derecho público representativas de 
auditores de cuentas o por Universidades.
Asimismo, podrán ser organizadas por:
a)  Centros de educación superior acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación u organismo equivalente del ámbito autonómico.
b)  Sociedades de auditoría, agrupaciones de sociedades de auditoría, grupos de 
auditores individuales ejercientes o centros de formación que organicen cursos y 
actividades formativas sobre las materias a las que se refiere el artículo 9.2 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, reconocidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. Estas entidades, a efectos de solicitar el reconocimiento del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deberán mantener en todo momento un número 
suficiente y adecuado de auditores en situación de ejercientes.
A estos efectos, se entiende por agrupaciones de sociedades de auditoría y grupos de 
auditores la unión mediante un acuerdo formal entre sociedades de auditoría o auditores 
de cuentas respectivamente con la finalidad de organizar e impartir las actividades de 
formación continuada reguladas en este artículo.
Con carácter subsidiario corresponderá al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas la organización y realización de estas actividades.
4.  Las actividades incluidas en el apartado 1 deberán ser justificadas ante la 
corporación de derecho público representativa de auditores de cuentas a la que pertenezca 
el auditor, salvo que hayan sido realizadas en esa misma corporación.
En el caso de no pertenecer a ninguna de las corporaciones de derecho público 
representativas de auditores de cuentas, deberán ser justificadas ante el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Las actividades incluidas en las letras a), b), e) y g) deberán estar certificadas por la 
persona competente de la entidad organizadora o del tribunal.
Las actividades incluidas en los párrafos c) y d) deberán ser certificadas por la persona 
que tenga la facultad reconocida para ello en la Universidad, o, en el caso de las 
actividades a que se refiere la letra c), por la persona con la facultad reconocida en la 
corporación de derecho público representativa de auditores de cuentas o en el centro 
autorizado en los que se haya impartido el curso reconocido.
Las actividades incluidas en el párrafo f) deberán acreditarse mediante la presentación 
de la citada publicación.
5.  Mediante resolución, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá, 
oído el Comité de Auditoría de Cuentas, establecer las normas para el cómputo de las 
actividades señaladas en el apartado 1 de este artículo, modificar la lista de estas 
actividades y establecer las condiciones que deben reunir los organizadores de  s
las actividades de formación continuada a que se refiere este capítulo, incluidos los que  oe.
sean necesarios para garantizar la calidad e idoneidad de la formación a impartir por razón  w.
dqtrueae bla as jeom  icamotepnratieartm ey p llalaa  fddooirsmsp aeocnni ióbenill ,ia dipnaacdlr utdaidedo orse 1 cla.uesr) s.roesfe qreunet esse aan lo psr ocopmorictéiosn, acdoomsi saio lnoess s ou jgertuops oas  ldoes   2021-1351n https://ww
6.  La participación como asistente en las actividades de formación continuada que
cuenten con evaluación de los conocimientos obtenidos tendrán, a efectos de cómputo, un  Bc
valor igual al 150 por ciento del tiempo de presencia computable, siempre que se supere.
Este extremo se hará constar en la convocatoria incluyendo en la certificación 
correspondiente la calificación obtenida en la evaluación o prueba de aprovechamiento, 
que será la de apto o no apto. Quedan excluidas de esta ponderación las actividades 
previstas en el apartado 1.b).
La participación como ponentes en las actividades docentes computará por el doble 
del tiempo que estas hayan supuesto y por la primera vez que se imparte.
Artículo 36.  Rendición de la información.
1.  Las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas, las 
Universidades, los centros de educación superior acreditados por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación u organismo equivalente del ámbito autonómico, 
las sociedades de auditoría, las agrupaciones de sociedades de auditoría, los grupos de 
auditores individuales ejercientes y los centros de formación que realicen las actividades 
de formación continuada, conforme a lo previsto en el artículo anterior, remitirán, al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el mes de noviembre de cada año, una 
declaración anual de las actividades finalizadas en los doce meses anteriores al 30 de 
septiembre de cada año.
Asimismo, las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas, en el plazo previsto en el párrafo anterior, remitirán al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas la relación de actividades comunicadas por los auditores 
pertenecientes a las mismas.
Los auditores de cuentas no pertenecientes a una corporación deberán remitir al 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, durante los primeros quince días del mes 
de diciembre, una declaración anual de las actividades finalizadas en los doce meses 
anteriores al 30 de septiembre de cada año.
Los auditores pertenecientes a una corporación, durante los primeros quince días de 
diciembre, podrán subsanar ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la 
información facilitada a dicho Instituto en el mes de noviembre por la corporación a la que 
pertenezcan.
2.  Mediante la resolución a que se refiere el artículo anterior, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas establecerá, la forma y los modelos de las 
declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
3.  Los auditores deberán conservar la justificación documental de las actividades de 
formación continuada realizadas en los últimos cinco periodos anuales de formación.
4.  El  Instituto  de  Contabilidad  y Auditoría  de  Cuentas  podrá  realizar  las 
comprobaciones oportunas, requiriendo cualquier información necesaria con objeto de 
verificar las justificaciones documentales de las actividades de formación continuada. 
Estas actuaciones podrán incluir la presencia física de personal del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas durante el desarrollo de las actividades.
Si de las comprobaciones de una determinada actividad se derivara el incumplimiento 
de las condiciones y requisitos exigidos en este reglamento, el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas podrá no reconocer a dicha actividad los efectos de cumplimiento de 
la obligación de formación continuada regulada en esta sección.
CAPÍTULO II
De independencia e.e
Sección 1.ª  Principio general de independencia 51ww
Artículo 37.  Principio general de independencia.
1.  Se entiende, en todo caso, por independencia la ausencia de intereses o
influencias que puedan comprometer la objetividad del auditor en la realización de su  Bc
trabajo de auditoría.
Los auditores de cuentas deberán abstenerse de realizar una auditoría de cuentas si 
existe alguna relación financiera, económica, laboral, familiar, o de otra índole, incluidos 
servicios distintos del de auditoría proporcionados a la entidad auditada, entre el auditor de 
cuentas y la entidad auditada de modo que se pudiera concluir que compromete su 
independencia. En todo caso, se entenderá que la independencia resulta comprometida 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Las causas de incompatibilidad y las circunstancias establecidas en los artículos 14 
y 16 a 20 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
b)  Las situaciones contempladas en los artículos 23, 24.1 y 25 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.
c)  La existencia de intereses financieros, comerciales o de otro tipo en la entidad 
auditada, o influencias o relaciones que puedan comprometer o que comprometan la 
objetividad del auditor.
d)  Cuando concurriendo situaciones que suponen amenazas a la independencia, la 
importancia de los factores de los que proceden en relación con las medidas de 
salvaguarda aplicadas o que puedan aplicarse es tal que no reduce a un nivel 
aceptablemente bajo la amenaza producida por dichos factores, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 41.
2.  A los efectos de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entenderá que el auditor de cuentas ha participado de cualquier manera en la gestión o 
toma de decisiones de la entidad auditada cuando la presentación de propuestas, informes 
o recomendaciones influya en el ejercicio de las funciones, de facto o en apariencia, 
temporales o permanentes, que son propias del órgano de administración, de los cargos 
directivos, incluido el responsable del área económica financiera, o de quien desempeñe 
funciones de supervisión o control interno en la entidad auditada. Asimismo, se considerará 
que el auditor de cuentas participa en la gestión o toma de decisiones de la entidad 
auditada cuando preste servicios que afecten a la resolución de situaciones que pudieran 
afectar a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, la 
determinación de su estructura societaria o que impliquen la gestión del capital circulante, 
el suministro de información financiera, la optimización de procesos empresariales, la 
gestión de tesorería, la fijación de precios de transferencia, la creación de eficiencia en la 
cadena de suministro y otros similares.
Con carácter general, no se entenderá que el auditor de cuentas ha participado en la 
toma de decisiones de la entidad auditada cuando realice algún trabajo o emita algún 
informe o recomendación relacionada con cualquier servicio ajeno a la auditoría en la 
medida que concurran las siguientes circunstancias:
a)  Permita a la entidad auditada decidir entre alternativas razonables que lleven a la 
toma de decisiones diferentes.
b)  Estén basados en datos observables o en estándares o prácticas habituales.
c)  La entidad auditada, mediante personas cualificadas y con experiencia, evalúe los 
trabajos o recomendaciones objeto del servicio y ponga dicha evaluación a disposición de 
las personas con competencia en la gestión o toma de decisiones en la entidad auditada.
En el caso de que no existieran alternativas posibles de acuerdo con la normativa 
aplicable o cuando de hecho no sea posible más que una solución deberá quedar 
adecuadamente documentada la justificación de esta situación en el archivo de auditoría. s
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las personas con condiciones de  oe.
influir directa o indirectamente en el resultado de la auditoría definidas en el artículo 56.1. w.
perfeecv3tioo.  ,a e Lllao  asau cadeuiptdotiart ocdiróeenbs e ddreáel   tdcriausbepanojtnoae scr o dyme tboe ednnue rrea vinmatelpu lsaeurm  sdeuen stiaandrdraeoslpl oela nysd  hemansectdiaai d stauas nf itnooar glciazonanci zicóaantirv.á Aacs tte ayrl    2021-1351n https://ww
administrativas a que se refiere el artículo 28.2.a) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, así
como mantener en todo momento una actitud de escepticismo profesional, en cuya virtud  Bc
deba estar siempre alerta ante situaciones que puedan suponer una amenaza a la
independencia y plantearse continuamente su independencia en relación con la entidad 
auditada.
4.  Las menciones contenidas en este capítulo a las entidades auditadas y auditores 
de cuentas se entenderán realizadas a las personas y entidades a que se refieren los 
artículos 17 a 20 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en los casos y términos allí previstos y 
con las particularidades contempladas en este capítulo.
A efectos de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderán vinculadas a la entidad auditada mediante una relación de control las entidades 
contempladas en el artículo 8.5, que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión 
Europea. No obstante, se entenderán vinculadas a la entidad auditada las controladas por 
esta domiciliadas fuera de la Unión Europea únicamente respecto de la participación de 
cualquier manera en la gestión o toma de decisiones a que se refiere el 14.2 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, y a la causa de incompatibilidad derivada de los servicios a 
que se refiere el artículo 16.1.b), apartados 1.º y 5.º, de dicha ley.
5.  A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, y en el supuesto en que se 
produzcan cambios en las condiciones o situación de inscripción en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, en particular en el caso de situaciones que supongan modificación 
o extinción de sociedades de auditoría, se estará a lo dispuesto en las normas de 
transmisión y sucesión contenidas en el artículo 83 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
respecto de aquellos sujetos a quienes se transmitiría.
Artículo 38.  Conflicto de intereses.
1.  A los efectos de lo establecido en los artículos 14.4 y 15.2 de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, se entiende que el auditor de cuentas incurre en conflicto de intereses cuando la 
decisión, juicio o criterio que se vaya a adoptar, pueda afectar a sus intereses de naturaleza 
personal, económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos.
El conflicto de intereses puede estar originado por la existencia de un interés financiero, 
comercial o de otro tipo, o por la existencia de relaciones o intereses comunes o 
contrapuestos entre el auditor, o la persona afectada de acuerdo con el apartado 2 
siguiente, y la entidad auditada.
Entre dichas circunstancias se encuentran también incluidos los supuestos en los que:
a)  El auditor de cuentas preste un servicio relacionado con una cuestión a dos o más 
entidades, incluida la entidad auditada, cuyos intereses con respecto a dicha cuestión no 
son coincidentes o son opuestos.
b)  Los intereses del auditor de cuentas con respecto a una cuestión y los intereses 
de la entidad auditada relacionados con dicha cuestión son opuestos.
2.  A los efectos de lo dispuesto en este artículo, los conflictos de interés pueden venir 
derivados de la confluencia o existencia de:
a)  Intereses propios del auditor.
b)  Intereses de los familiares a los que se refiere el artículo 3.12 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.
c)  Intereses de las personas y entidades a que se refieren los artículos 19 y 20 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio.
d)  Intereses de personas jurídicas o entidades a las que el auditor de cuentas haya 
estado vinculado por tener derechos de voto, o por pertenecer a su órgano de  s
administración, o por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años  oe.
anteriores al nombramiento de auditor. w.
julio3, .l osD ceo cnoflnicftoorsm didea din cteorne sloe se sdteabbelercáind oa enna liezla arsrteíc ucolom 1o5 .a2m deen laaz Lae ay  2la2 /i2n0d1e5p,e dned e2n0c diae, 
sinatlrvaon qscueen lodse nbteense. fiAc ioess too sp eerjfueicctiooss  dseer ivcaodnossid deera driácnh oi ncsoingfnliicfitcoa rnetseuslt eon  iinntsraigsncifeicnadnetnetse os 
cuando resulten de escasa importancia cuantitativa en el curso normal de los negocios y
en condiciones de mercado y no tengan capacidad de influir en la decisión, juicio o criterio 
del auditor.
Artículo 39.  Amenazas a la independencia.
1.  La independencia de los auditores de cuentas puede verse afectada por, entre 
otros, los siguientes tipos de amenazas:
a)  Interés propio: por la existencia de un interés financiero, comercial o de otro tipo, 
incluido el motivado por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes o 
contrapuestos.
b)  Autorrevisión: por la necesidad de llevar a cabo en la realización del trabajo de 
auditoría procedimientos que supongan revisiones o evaluaciones de resultados, juicios o 
criterios emitidos anteriormente por el auditor en relación con datos o información que la 
entidad auditada consideró al tomar decisiones con efecto en la información financiera 
contenida en las cuentas, documentos o estados auditados.
c)  Abogacía: por el mantenimiento de una posición a favor o en contra de la entidad 
auditada, incluso cuando dicha posición pudiera mantenerse en relación con terceros.
d)  Familiaridad o confianza: por la influencia y proximidad excesiva derivada de las 
características, condiciones y circunstancias de la relación que pudiera mantenerse con 
los accionistas, administradores o directivos de la entidad auditada.
e)  Intimidación: por la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presión o 
influencia indebida, incluidas las que pudieran tener que ver con el mantenimiento del 
trabajo de auditoría de cuentas o de otros servicios a prestar.
2.  Las amenazas a la independencia pueden provenir tanto de situaciones, relaciones 
o servicios que originan la incompatibilidad del auditor de cuentas, como de otras distintas 
a estas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 a 25 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, y que pudieran comprometer la independencia del auditor.
Artículo 40.  Identificación y evaluación de amenazas.
1.  Al objeto de que la independencia de los auditores de cuentas no resulte 
comprometida, estos deben aplicar los procedimientos necesarios, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28.2.a) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, para detectar aquellas 
situaciones, servicios, relaciones que puedan suponer amenazas a su independencia, que 
concurran en relación con la entidad auditada o sus vinculadas y con las personas o 
entidades a que se refieren los artículos 18 a 20 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Dichas 
situaciones y servicios incluirán, en todo caso, las circunstancias contempladas en los 
artículos 14, 15.2, 16, 23, 24.1 y 25 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
2.  Para la identificación de la existencia de los distintos tipos de amenazas a la 
independencia, los auditores de cuentas deberán analizar y valorar las situaciones, 
servicios y relaciones considerando que cada una de ellas puede originar más de una 
amenaza.
3.  Una vez identificadas las amenazas de independencia, los auditores de cuentas 
deberán evaluar su importancia para determinar, considerándolas tanto individualmente 
como en su conjunto con el resto de amenazas identificadas, el grado de riesgo en que 
pueda verse comprometida su independencia.
La importancia de las amenazas depende de factores, cuantificables o no, tales como:  s
la condición, grado de responsabilidad o cargo, así como la proximidad o influencia de las  e.
personas implicadas; la naturaleza de la situación, servicio o relación que origina la  w.
amenaza; la confluencia de intereses y su significatividad y vinculación, así como el efecto  51ww
epnu elad ainnf osrumrgaicri óont rfainsa anmcieernaa aza asu, dliotasr ;s lear vciocniocsu ryre rnecliaac dioen eostr ams acnirtceunnidstoasn ccioans  dlae  elanst idqaude 
audiUtandaa ;a ym eel ncaoznate xsteo  ecno nqsuied esrea rreáa slizigan liafi caautdivitao rísai, d dee c uaecnutearsd.o con los factores que  BOE-A-cable e
concurran, tanto individualmente considerada como en su conjunto con el resto de
amenazas identificadas, se incrementa el nivel de riesgo hasta el punto de que se vea 
comprometida su independencia.
4.  En el caso de que se detecten amenazas a la independencia procedentes de las 
entidades vinculadas a la entidad auditada, en los términos a que se refiere el artículo 3.15 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, a efectos de evaluar el grado de riesgo en el que resulta 
comprometida la independencia del auditor, los auditores de cuentas tomarán en 
consideración, tanto individualmente como en su conjunto, el tipo de la amenaza, la 
importancia de las situaciones, servicios, relaciones o conflictos de intereses para el 
auditor de cuentas y, en su caso, la significatividad de la entidad vinculada en la entidad 
auditada. A estos efectos, se considerarán significativas las siguientes entidades 
vinculadas a la entidad auditada:
a)  La entidad dominante.
b)  Las entidades controladas por la entidad auditada.
c)  Las entidades vinculadas mediante la existencia de una misma unidad de decisión, 
en los términos indicados en el artículo 8.4.b), siempre que tanto dichas entidades como 
la entidad auditada sean significativas, en términos de importancia relativa, para la entidad 
dominante.
d)  Las entidades vinculadas respecto de las cuales la entidad auditada ejerce 
influencia significativa y sean significativas, en términos de importancia relativa, para dicha 
entidad.
e)  Las entidades vinculadas que ejercen influencia significativa en la entidad 
auditada, siempre que la entidad auditada sea significativa, en términos de importancia 
relativa, para dichas entidades.
Artículo 41.  Aplicación de medidas de salvaguarda.
1.  En el supuesto en que los auditores de cuentas, una vez realizada la evaluación a 
que se refiere el artículo anterior, lleguen a la conclusión de que la amenaza identificada 
no resulta significativa para su independencia, no será necesario que apliquen las medidas 
de salvaguarda a que se refiere este artículo.
2.  En el supuesto de que de acuerdo con el artículo anterior, los auditores de cuentas 
hayan identificado amenazas que consideren como significativas para su independencia, 
deberán establecer y aplicar las medidas de salvaguarda necesarias para eliminar o, en su 
caso, para reducir a un nivel aceptablemente bajo las citadas amenazas.
A estos efectos, se tendrán en consideración las medidas a que se refiere el 
artículo 28.2.a) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, tanto a nivel de organización interna 
como de trabajo de auditoría, así como las medidas de salvaguarda que puedan venir 
proporcionadas por la estructura de gestión y control de la entidad auditada.
En todo caso, las medidas de salvaguarda que se apliquen deberán guardar relación, 
adecuación y proporción con la naturaleza del factor, interés, relación o circunstancia que 
origina la amenaza y el nivel de importancia asociados a la amenaza identificada.
Las medidas de salvaguarda podrán consistir en prohibiciones, restricciones o 
limitaciones y otras políticas y procedimientos, o una combinación de ellas.
3.  En el caso de que las medidas de salvaguarda aplicadas no eliminen las amenazas 
a la independencia detectadas o no reduzcan a un nivel aceptablemente bajo el riesgo de 
falta de independencia, los auditores de cuentas deberán abstenerse de realizar la 
auditoría y actuar de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.3.
A estos efectos, se entiende que se reduce a un nivel aceptablemente bajo el riesgo  e.e
de falta de independencia en aquellos supuestos en los que, de acuerdo con las  b
circunstancias y factores que concurran en relación con la entidad auditada y el trabajo  51ww
dejee racuedr iutonr íjau iceino  ocbojnectirveoto e,  ismep paurcdiaiel rsao cboren clalusi rc uqeuset ioenl easu dtriatotar ddaes  cduueranntates  leas r ecaalpizaazc idóen 
daeuld titroarb.ajo de auditoría y que, por tanto, no resulta comprometida su independencia del
Artículo 42.  Documentación.
1.  Para cada trabajo de auditoría de cuentas, antes de la emisión del informe de 
auditoría, deberán documentarse e incorporarse a los papeles de trabajo correspondientes 
a dicho trabajo el análisis y las conclusiones alcanzadas sobre la importancia de las 
amenazas a la independencia detectadas y el detalle de las medidas de salvaguarda 
aplicadas y el análisis y las conclusiones alcanzadas sobre cómo se ha eliminado o, en su 
caso, reducido a un grado aceptablemente bajo el riesgo de independencia.
2.  Dichas obligaciones también existirán en el supuesto del artículo 41.1, en el que 
los auditores de cuentas deberán documentar en sus papeles de trabajo los procedimientos 
aplicados y evaluaciones efectuadas que soporten la conclusión alcanzada a este 
respecto.
En ningún caso, la mera referencia al juicio profesional o a la conclusión alcanzada se 
entenderá como justificativa de la aplicación de los procedimientos y medidas exigidas en 
este capítulo.
Sección 2.ª  Incompatibilidades
Subsección 1.ª  Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales
Artículo 43.  Desempeño de cargos.
A los efectos de lo previsto en el artículo 16.1.a).1.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio:
a)  La condición de miembro del órgano de administración de la entidad auditada 
incluye también la del órgano equivalente que tenga atribuida la gestión o representación 
de la entidad auditada, de conformidad con las normas aplicables según su naturaleza 
jurídica. Asimismo incluye a quién es secretario de dicho órgano de administración.
b)  La condición de directivo concurre en quién, cualquiera que sea el vínculo 
contractual con la entidad, ejerce funciones de dirección, al ostentar autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, en 
dependencia jerárquica y funcional directa del órgano de administración de la entidad 
auditada, de su comisión ejecutiva o de su consejero delegado o posición u órgano 
equivalente.
c)  El puesto de empleo concurre en quién preste sus servicios retribuidos por cuenta 
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
según la legislación laboral.
d)  La condición de responsable del área económica financiera concurre en quien, 
cualquiera que sea su vinculación contractual o cargo en la entidad, ejerza la 
responsabilidad en relación con la gestión, dirección o supervisión de dicha área.
e)  La función de supervisión o control interno la ejerce quien tenga atribuidas 
facultades para orientar, determinar el alcance y diseño de los procedimientos, recomendar 
y revisar o controlar la política y procedimientos de la entidad auditada, cualquiera que sea 
el vínculo contractual que tenga con dicha entidad.
Artículo 44.  Interés significativo directo.
A los efectos de lo previsto en el artículo 16.1.a).2.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entiende por interés significativo directo el interés financiero, comercial o económico en  es
la entidad auditada, derivado de la suscripción de un contrato, de la propiedad de un bien  bo
o de la titularidad de un derecho, por el auditor de cuentas. 51ww
siguEienn tteosd coi rccausnost,a snec iaesn:tenderá por interés significativo directo el que resulte de las
vincau)la dLaa a p eossteas icóuna dned oin, setnru emseten túolsti mfinoa cnacsieor,o sse daen  lasi gennitfiidcaadti vaousd pitaadraa  cou daelq uuineara e dnetid laads   BOE-A-cable e
partes, en los términos previstos en el artículo 45.2.
b)  La concesión, mantenimiento o garantía de préstamos a la entidad auditada, así 
como la aceptación o mantenimiento de préstamos o garantías de la entidad auditada, 
siempre que se refiera a un importe que resulte significativo.
No se considerará causa de incompatibilidad, la realización de estas operaciones de 
volumen significativo sobre aceptación, mantenimiento de préstamos o garantías de la entidad 
auditada, cuando se realicen con entidades financieras, en condiciones normales de mercado 
e independencia mutua y siguiendo los procedimientos habituales para su concesión.
A los efectos de lo establecido en este apartado se considerará significativo cuando 
concurra la circunstancia prevista en el artículo 45.2.a) sobre instrumentos financieros 
significativos.
En todo caso, el auditor de cuentas deberá valorar la incidencia de su endeudamiento 
y si representa un volumen excesivo en relación con su patrimonio, a los efectos de 
determinar la existencia de amenazas que comprometan su independencia.
c)  El mantenimiento de relaciones empresariales o comerciales con la entidad 
auditada, distintas de la prestación de servicios de auditoría de cuentas o distintos a estos, 
siempre que tenga un valor significativo para cualquiera de las partes, salvo que se refiera 
a la adquisición de bienes o servicios de la entidad auditada, en el curso normal de sus 
negocios y realizada en condiciones de mercado e independencia mutua.
Se entenderá incluida en las relaciones a que se refiere el párrafo anterior, la 
participación en un negocio común con la entidad auditada, o con sus propietarios, 
administradores o directivos.
A los efectos de lo establecido en este apartado, se entiende que tiene un valor 
significativo cuando en los honorarios de la relación comercial concurran las circunstancias 
contempladas en el artículo 52, así como cuando suponga más del 10 por ciento del 
patrimonio del auditor de cuentas.
Cuando se trata de una relación empresarial por actividades profesionales, se 
entenderá que tiene un valor significativo cuando los honorarios generados por la misma 
representen más del 3 por ciento del importe neto de la cifra de negocios de cualquiera de 
las partes, en el caso de sociedades de auditoría o de los ingresos anuales en el caso de 
auditores personas físicas.
d)  La cesión o intercambio de personal clave, que desempeñe funciones con efecto 
significativo en la información económico-financiera de cualquiera de las dos entidades, en 
los términos establecidos en el artículo 52.
Artículo 45.  Instrumentos financieros.
1.  A los efectos de lo establecido en el artículo 16.1.a).2.º y 16.1.a).3.º, de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se entiende por instrumentos financieros:
a)  La participación o el compromiso de tenencia de participación o instrumentos de 
patrimonio en la entidad auditada o de una vinculada a esta.
b)  La tenencia o el compromiso de tenencia de valores representativos de deuda 
emitidos por la entidad auditada o de una vinculada a esta.
c)  La aceptación de derechos de participación en los beneficios o resultados de la 
entidad auditada o de una vinculada a esta.
d)  La titularidad de instrumentos financieros derivados e intereses económicos de 
cualquier naturaleza, relacionados con las participaciones, valores y beneficios 
mencionados.
e)  Los derechos de voto que pueden controlarse o ejercerse. es
2.  En todo caso, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 16.1.a).2.º de la  w.
Lcueay n2d2o/ 2c0o1n5c,u drrea  2c0u adlqeu jiuelrioa,  dsee  lacos nssigidueieranrtáe sq cuierc euln isntsatnrucmiase:nto financiero es significativo  2021-1351n https://ww
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social, de los derechos de voto o del patrimonio de la entidad auditada.
A los efectos de su cómputo, se aplicarán los criterios contenidos en el artículo 3 de las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
c)  Aunque no se alcance el porcentaje previsto en la letra b), cuando, como 
consecuencia de dicho instrumento, y mediante las entidades vinculadas a la entidad 
auditada o al auditor de cuentas, se está en situación de poder influir en la gestión de la 
entidad auditada o en el resultado de la auditoría.
Artículo 46.  Obsequios o favores.
A los efectos de lo establecido en el artículo 16.1.a).4.º de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, se entiende que los obsequios o favores tienen un valor insignificante cuando, 
evaluando los hechos y circunstancias concurrentes en cada caso, pudiera concluirse que, 
atendiendo a su naturaleza y valor resulten de escasa importancia cuantitativa, se 
produzcan en el curso normal de la auditoría y no influyan ni tengan intención de influir en 
la objetividad y decisiones del auditor.
Los auditores de cuentas deberán establecer en el código de conducta al que se 
refiere el artículo 67.2.b), la política de obsequios y favores que permita cumplir con lo 
establecido en el artículo 16.1.a).4.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, así como los procedimientos para su divulgación.
Subsección 2.ª  Causas de incompatibilidad derivadas de servicios prestados
Artículo 47.  Servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o de 
estados financieros.
En los servicios a que se refiere el artículo 16.1.b).1.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entienden incluidos, en todo caso, cualquier servicio o actividad relativa a la elaboración 
de los citados registros, estados o documentos contables, así como la cooperación o 
participación en su elaboración o preparación o en la de los datos o información que 
sirvieron de base para elaborar aquellos estados o documentos, e independientemente de 
que se asuma o no por la entidad auditada la responsabilidad en su realización o 
preparación.
Lo establecido en este apartado no impedirá las necesarias comunicaciones que, en 
su caso, el auditor de cuentas debe realizar a los responsables de la entidad auditada en 
el desarrollo de un trabajo de auditoría, en relación con las incorrecciones detectadas y la 
adecuada aplicación de la normativa contable, de conformidad con lo requerido por las 
normas de auditoría de cuentas.
Artículo 48.  Servicios de valoración.
A los efectos de lo previsto en el artículo 16.1.b.2.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio:
a)  Los servicios de valoración consisten en la fijación o asignación de un valor 
económico a un activo o pasivo, un conjunto de activos o pasivos, un compromiso, un 
negocio o a una actividad empresarial en su conjunto, mediante la asunción de hipótesis o 
supuestos y la aplicación de métodos o técnicas, o la combinación de ambas, con respecto 
a acontecimientos futuros.
Se entenderán incluidos aquellos servicios en los que los elementos utilizados en la  s
valoración están predeterminados por disposiciones normativas, aun cuando estas no  oe.
permitan la opción de distintas alternativas, hipótesis o metodologías que puedan conducir  w.
ae srteabsdu)o ltsa Sfdineoa sen sncutieesrtnaodnse cariáau ldmqitueaend toelos d sci fuseaernervdniotce isno.os  hdaey avan loserarvciidóon  dneo  btaiesnee pna reaf eecl troe gdiisrtercot oc oennta lboles   2021-1351n https://ww
o el soporte de valoración atribuido a un activo, pasivo o un conjunto cualquiera de estos
en las cuentas anuales, estados financieros u otros documentos contables de la entidad  Bc
auditada.
c)  Se entenderá que los servicios de valoración tienen un efecto de poca importancia 
relativa, por separado o en su conjunto de forma agregada a otros servicios, en los estados 
financieros auditados, cuando en el valor asignado o atribuido no concurran las 
circunstancias contempladas en el artículo 52.
d)  A efectos del cumplimiento del requisito de documentación del artículo 16.1.b 2.º ii) 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se deberá incluir, al menos, el valor fijado o asignado 
como resultado del servicio de valoración, los criterios, hipótesis y datos utilizados para 
alcanzar dicho valor y la estimación del efecto en los estados financieros en términos de 
importancia relativa.
Artículo 49.  Servicios de auditoría interna.
A los efectos de la excepción prevista en el artículo 16.1.b).3.º de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, el auditor de cuentas deberá dejar constancia en el contrato suscrito a tal 
efecto de que la entidad auditada asume la responsabilidad del establecimiento y del 
mantenimiento del sistema global de control interno, de la determinación del alcance, 
riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría interna, de la consideración, 
decisión y ejecución de los resultados y recomendaciones proporcionados por la auditoría 
interna, así como de que el auditor de cuentas no participa en la toma de decisiones sobre 
la gestión y control de la prestación de los servicios de auditoría interna.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la revisión por parte del 
auditor de cuentas de los resultados proporcionados por la auditoría interna de la entidad 
a los efectos del trabajo de auditoría de cuentas, de acuerdo con lo previsto en las normas 
de auditoría.
Artículo 50.  Servicios de abogacía.
A los efectos de lo previsto en el artículo 16.1.b).4.º de la Ley 22/2015, de 20 de julio:
a)  Se entenderá que dos Consejos de Administración no son diferentes cuando 
existe coincidencia en la mayoría de sus miembros. En el caso de que los dos Consejos 
de Administración estén formados por un número par de miembros no se considerarán 
diferentes cuando, al menos, la mitad de los miembros de uno de ellos constituya la mitad 
del otro Consejo.
b)  Se entiende que los servicios versan sobre cuestiones que pueden tener una 
incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados 
financieros correspondientes al ejercicio auditado, cuando concurran las circunstancias 
contempladas en el artículo 52.
Artículo 51.  Servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno 
o de gestión de riesgos, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos.
A los efectos de la excepción prevista en el artículo 16.1.b).5.º de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, el auditor de cuentas deberá dejar constancia en el contrato suscrito a tal 
efecto de que la entidad auditada asume la responsabilidad del establecimiento y 
mantenimiento del sistema global de control interno, o de que el servicio se prestará 
siguiendo las especificaciones establecidas por dicha entidad, constando igualmente que 
esta asume la responsabilidad del proceso de diseño, ejecución y evaluación, incluida 
cualquier decisión al respecto, y del funcionamiento de dicho sistema. s
De igual modo deberá dejarse constancia documental de las instrucciones y  e.
especificaciones establecidas por la entidad auditada en el caso de prestarse los servicios  w.
a que se refiere este apartado. 51ww
los Lporo dciespduimesieton teons  edsetel  caopnatrrtaodl oin steer ennot ieon ddee  sgine spteiórnju icdieo  driee slag oesv arleulaaccióionn oa dreovsi scióonn  dlea 
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sistemas informáticos de la información financiera de la entidad auditada realizado con
motivo del trabajo de auditoría, de la que pudiera resultar la propuesta de recomendaciones 
a la dirección de la entidad auditada de acuerdo con lo previsto en las normas de auditoría.
Subsección 3.ª  Normas comunes
Artículo 52.  Importancia relativa e incidencia significativa.
A los efectos de lo establecido en la sección 2.ª del capítulo III y de la sección 3.ª del 
capítulo IV del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y de este capítulo, se entiende que 
una situación o servicio tiene incidencia significativa o no tiene un efecto de poca 
importancia relativa, por separado o en su conjunto de forma agregada a otras situaciones 
o servicios, cuando concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)  Los  intereses,  valores  asignados,  cantidades  afectadas,  separada  o 
conjuntamente, superen los niveles o cifras de importancia relativa que ha de fijar el auditor 
de cuentas en la realización del trabajo de auditoría de las referidas cuentas anuales u 
otros estados financieros para los estados financieros en su conjunto, de acuerdo con lo 
previsto en las normas de auditoría.
b)  Los  intereses,  valores  asignados  o  cantidades  afectadas,  separada  o 
conjuntamente, superen de forma directa o indirecta, el parámetro, entre los que se indican 
a continuación, que sea más representativo en función de las circunstancias que concurran 
en la entidad auditada, que figuren en las cuentas anuales o estados financieros 
correspondientes al ejercicio comprendido en el periodo de vigencia de incompatibilidades 
contemplado en el artículo 21 de la Ley 22/2015, de 20 de julio:
1.º  El 3 por ciento del activo total.
2.º  El 5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios.
Sección 3.ª  Particularidades de las normas de extensiones
Artículo 53.  Elaboración de información significativa.
A los efectos de lo establecido en los artículos 18.2.a).2.º y 20.2.a).1.º de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se entiende que un puesto de empleo o cargo de directivo, 
afecta a la elaboración de información significativa, medida en términos de importancia 
relativa, contenida en las cuentas anuales, estados financieros u otros documentos 
contables auditados, cuando las cifras o datos correspondientes a los saldos, partidas o 
áreas a que se refiere dicha información superen los niveles o cifras de importancia relativa 
fijadas por el auditor de cuentas en la realización del trabajo de auditoría de los referidos 
estados o documentos para los estados financieros en su conjunto, de acuerdo con lo 
previsto en las normas de auditoría, y en todo caso, cuando supere el 3% del activo total 
o el 5% del importe neto de la cifra de negocios que figuren en las cuentas anuales o 
estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido en el periodo de vigencia 
de incompatibilidades contemplado en el artículo 21 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Artículo 54.  Incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros.
1.  En aquellos casos en que la posesión de instrumentos financieros no suponga 
causa de incompatibilidad, la realización de operaciones con dichos instrumentos  s
financieros de la entidad auditada o sus vinculadas no generará situación de  e.
incompatibilidad. A estos efectos, las operaciones realizadas en cada ejercicio durante el  w.
periodo de vigencia al que se refiere el artículo 21 de la Ley 22/2015, de 20 de julio,  51ww
debe2r. ánA t elonse ersfeec etons c duee nlota e dstea bfolermciad oa ecunm lousl aadrtaíc puolor sv o1l8u ma e2n0  ddee  tlara Lnesya c2c2io/2n0e1s5., de 20 de
jouplieor, ascei ocnoenss idreearalirzáa qduoe  sloosb rien setrsutmose nitnosst rfuinmanecniteorso se sso ns igsinginfiicfiacatitvivoo sc uoa enld voo lcuomnecnu rdrae   BOE-A-cable e
cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 45.2.
A los efectos de lo establecido en el artículo 18.2.b) y 18.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, se considerará que los instrumentos financieros son muy significativos o el 
volumen de operaciones realizado sobre estos instrumentos es muy significativo cuando 
concurriendo cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 45.2, estas 
superen el doble del porcentaje que allí se establece.
Artículo 55.  Carácter significativo de una entidad vinculada por relación de control o 
influencia significativa en términos de importancia relativa.
A los efectos de lo establecido en el artículo 18.2.a).3.º, en el artículo 18.2.b).2.º, en el 
artículo 18.2.c).1.º, en el artículo 18.2.d), en el artículo 19.2.a), en el artículo 19.2.b).1.º, en 
el artículo 19.2.c).1.º, en el artículo 19.2.e), y en el artículo 20.1, párrafo tercero de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, y de este capítulo, se entiende que una entidad vinculada por 
una relación de control o influencia significativa a la entidad auditada es significativa para 
esta, en términos de importancia relativa, cuando las cifras o información que 
correspondiera a la participación, control o poder de intervención que tiene la entidad 
auditada en aquella entidad superan las cifras o niveles de importancia relativa que ha de 
fijar el auditor de cuentas en la realización del trabajo de auditoría de la entidad auditada 
para los estados financieros en su conjunto, de acuerdo con lo previsto en las normas de 
auditoría.
Artículo 56.  Personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas.
1.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, se presume que participan o tienen capacidad para influir en el resultado final del 
trabajo de auditoría o responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo 
pudiendo influir directamente en su valoración y resultado final, las siguientes personas:
a)  Las que participan directamente y de forma relevante en la aceptación y realización 
del trabajo de auditoría determinado, y, en todo caso, las que tengan asignadas las 
competencias de supervisión y revisión del trabajo de auditoría.
b)  Quienes sean profesionales de otras disciplinas y participan en el trabajo de 
auditoría como expertos, aunque no formen parte de la organización del auditor de 
cuentas.
c)  Las personas con responsabilidad en la revisión del control de calidad del trabajo 
de auditoría, formen o no parte de la organización del auditor de cuentas.
d)  En sociedades de auditoría, adicionalmente, quienes tengan capacidad para influir 
directamente en la valoración y en las conclusiones alcanzadas en el trabajo.
2.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 19.1.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entenderá en todo caso que están vinculados los socios pertenecientes a la misma 
sociedad de auditoría en cuyo nombre se ha emitido el informe de auditoría, así como los 
auditores de cuentas que estuvieran designados en la sociedad para emitir informes de 
auditoría en su nombre.
Asimismo, se considerará que otras sociedades de auditoría se encuentran vinculadas 
directa o indirectamente al auditor de cuentas cuando concurran las relaciones y 
situaciones a que se refiere el artículo 8.4, así como cuando tengan socios comunes, 
aunque no exista participación directa entre ellas.
3.  Las personas a que se refiere el artículo 19.1.d) de la Ley 22/2015, de 20 de julio,  s
son aquellas que estén asignadas a un concreto trabajo de auditoría para su realización o  e.
que intervengan o ejerzan funciones en el seguimiento del sistema de control de calidad. w.
Artícrauzloó n5 7d.e  laR eelsatcruiocntuersa c yo nd impoesnibsilóens  deefe lcat osso coi eindfalude dnec iaa uednit oerlí are os usluta rdeod .del trabajo por
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 19.2.a).2.º, en el artículo 19.2.e).2.º, en el
artículo 20.2.a).2.º, en el artículo 20.2.b) y en el artículo 20.2.d) de la Ley 22/2015, de 20
de julio, se entenderá que existe incompatibilidad cuando, por razón de la estructura y 
dimensión de la sociedad de auditoría o de la red a que pertenece, se pudiera concluir que 
el trabajo de auditoría o su resultado podría haber sido distinto del alcanzado de no haber 
existido relaciones o lazos próximos entre el auditor de cuentas firmante o sociedad de 
auditoría y aquellas personas a que se refieren el artículo 19.1, letras c) y d), y el 
artículo 20.1 de la citada Ley en los que concurren dichas relaciones.
En todo caso, se entiende que concurren esas relaciones o lazos próximos cuando se 
den alguna de las siguientes circunstancias entre las citadas personas:
a)  Cuando, no perteneciendo a la misma sociedad de auditoría, están vinculados 
directa o indirectamente mediante cualquier tipo de pacto o acuerdo de carácter 
profesional o relación de prestación de servicios entre sí o para terceros, de forma no 
aislada.
b)  Cuando pertenezcan o estén vinculados a una misma sociedad de auditoría que 
tenga menos de cuatro socios o auditores designados para firmar informes de auditoría en 
su nombre.
c)  Cuando, perteneciendo o estando vinculados a una misma sociedad de auditoría, 
presten servicios, de forma permanente, en la misma oficina, o en el mismo sector de 
actividad.
d)  Cuando pertenezcan a una misma red en la que el número de socios y auditores 
de cuentas designados en conjunto sea inferior a cuatro.
Artículo 58.  Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras 
personas o entidades pertenecientes a la red del auditor de cuentas.
A efectos de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, las personas 
y entidades de la red del auditor de cuentas, distintas a las comprendidas en el artículo 
19.1 de dicha ley, que podrán originar a estos una situación de incompatibilidad, se 
limitarán a las siguientes:
a)  Las entidades de la red.
b)  Quienes tengan la condición de socio, administrador, secretario del órgano de 
administración o apoderado con mandato general en una entidad de las referidas en la 
letra anterior.
c)  Quienes, distintos de los anteriores, tuvieran una posición en relación con la 
propiedad, toma de decisiones, gestión, representación o asunción de responsabilidades 
en las entidades referidas en la letra a), similar o muy cercana a la ostentada por las 
personas descritas en la letra b) anterior.
Artículo 59.  Condiciones de eliminación del instrumento financiero.
1.  No existirá una situación de incompatibilidad derivada de la posesión o realización 
de operaciones de instrumentos financieros si se deshacen, liquidan o se efectúan con 
anterioridad a la aceptación del nombramiento como auditor de cuentas.
2.  A efectos de lo establecido en el artículo 21.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá por circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad o control del auditor de 
cuentas la adquisición de instrumentos financieros con ocasión de transmisiones mortis 
causa, o las derivadas de nuevas situaciones familiares, de reasignación de trabajos o de 
nuevas funciones. s
3.  Las actuaciones del auditor de cuentas relativas a la resolución de las causas de  e.
incompatibilidad derivadas de la posesión o realización de operaciones de instrumentos  w.
financieros, en los supuestos a que se refiere el artículo 21 de la Ley 22/2015, de 20 de  51ww
julioE, dne ebsetorásn s quupeudeastro dso dceubmeeránnta addaos petna rlsoes  mpaepdeidleass  dees ptreacbífaicjoa sd edle a suadlvitaogr.uarda sobre las
arecftiuearec ieosntees a rpeaarltizaaddoa.s por las personas afectadas por los intereses financieros a que se  BOE-A-cable e
Sección 4.ª  Contratación y prórroga
Artículo 60.  Prórroga y rescisión.
1.  A los efectos de hacer constar que el contrato de auditoría queda tácitamente 
prorrogado por un plazo de tres años, quien tenga competencia legal o estatutaria en la 
entidad auditada deberá comunicar tal hecho en el Registro Mercantil correspondiente a 
su domicilio social, mediante la presentación del acuerdo o certificado suscrito a este 
respecto, en un plazo que no podrá ir más allá de la fecha en que se presenten para su 
depósito las cuentas anuales auditadas correspondientes al último ejercicio del periodo 
contratado.
2.  La rescisión del contrato de auditoría o revocación del nombramiento de auditor 
por los órganos competentes deberán estar originados por la existencia de justa causa, sin 
perjuicio de las circunstancias que pudieran motivar la no emisión del informe de auditoría 
o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría por el auditor. En todo caso, se 
entenderá por justa causa la extinción de la obligación de auditar las cuentas anuales de 
la entidad.
3.  En los supuestos de rescisión del contrato de auditoría o de revocación del 
nombramiento de auditor, la comunicación de tal circunstancia al Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas y al Registro Mercantil correspondiente se hará en un plazo de diez 
días hábiles desde que se haya producido. En dicha comunicación deberán figurar de 
forma expresa las causas que han motivado la rescisión del contrato o revocación del 
nombramiento.
En  el  caso  de  auditorías  no  obligatorias  no  será  necesario  realizar  tales 
comunicaciones, salvo que el nombramiento de auditor se encuentre inscrito en el Registro 
Mercantil correspondiente al domicilio social de la entidad, en cuyo caso deberá remitirse 
la comunicación únicamente a dicho Registro.
Artículo 61.  Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y durante 
su realización.
1.  Se entenderá por interés financiero significativo directo o indirecto en la entidad 
auditada que se prohíbe en el artículo 23.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, la posesión 
de instrumentos financieros a que se refiere el artículo 45.
A estos efectos, el interés financiero indirecto hace referencia a las situaciones en que 
el auditor de cuentas o las personas afectadas tienen cualesquiera de los intereses 
financieros a que se refiere el párrafo anterior en entidades, distintas de la auditada, que 
tengan, a su vez, uno de aquellos intereses financieros en la entidad auditada o en 
entidades en las que la entidad auditada tenga dichos intereses.
2.  A los efectos de lo previsto en el artículo 23.2.a) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entenderá que tienen responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del 
trabajo de auditoría y pueden influir directamente en su valoración y resultado final las 
personas a que se refiere el artículo 56.1.a).
3.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 23.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entenderá que existen influencias recíprocas entre, de un lado, los socios de la sociedad 
de auditoría o auditores designados que han dejado de tener vinculación o interés con la 
sociedad de auditoría antes de incurrir en las prohibiciones a que se refiere el citado 
artículo y, de otro lado, el auditor de cuentas firmante o la sociedad de auditoría en cuyo  es
nombre se firmó el informe, que merman la objetividad de estos, cuando concurran o  o
hubiesen concurrido cualquiera de las circunstancias contempladas en el artículo 57. 51www.
cflainu aaapll4iqzl.iu aciadeLcoroi aóe  ndld  itdserape blula areséjso gtp oidme eere snano u enddlae iat soirn trpícícaroue,m lvsopie s2a td3atieb sdsi leviedi nnala cd suLeuleses yn p  ar2dep2eva/li2 rsat0tauo1dd 5eoit,no sd  rlo e1ds  e2 ya 0 cr 2tudí,ce eunc ljutouaaslsino ,1 d,y 6os  sye, i rnsná io pga euphrielajiucnbiactieebiosnle  ddd oeae     OE-A-2021-13able en https://
dicha ley.
Sección 5.ª  Honorarios
Artículo 62.  Honorarios.
1.  Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría deberán fijarse en 
función del esfuerzo de auditoría estimado para la realización de cada trabajo, debiendo 
figurar en el contrato de auditoría los criterios de determinación del precio en función de 
dicho esfuerzo.
2.  A tal efecto, el esfuerzo de auditoría estará determinado en cada trabajo de 
auditoría por el tiempo, los medios, recursos y cualificación y especialización suficientes y 
necesarios para su realización, por el tamaño y complejidad de la actividad u operaciones 
de la entidad auditada y por el riesgo de auditoría esperado.
3.  Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría de cuentas ya sean 
referidos al mismo ejercicio o a ejercicios sucesivos, por el mismo auditor de cuentas, 
únicamente podrán modificarse si se alteran las condiciones que sirvieron de base para su 
fijación inicial. En el caso de que se modificaran los honorarios inicialmente estimados, 
deberá documentarse en el archivo de auditoría las razones que justifican la nueva 
estimación de honorarios, así como las condiciones de la realización de auditoría que en 
ningún caso comprometan la aplicación de lo exigido en el artículo 29.1 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.
Artículo 63.  Dependencia financiera y económica.
1.  El auditor de cuentas no podrá percibir honorarios por la prestación de servicios, 
tanto de auditoría como distintos a estos, por una cuantía que en su conjunto pueda dar 
lugar a crear, en los términos establecidos en el artículo 64, una dependencia financiera 
con la entidad auditada.
2.  A los efectos de lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
los honorarios a percibir por servicios de auditoría no podrán incluir la prestación de 
servicios adicionales distintos de los de auditoría de cuentas tanto por los auditores de 
cuentas como por las personas o entidades a que se refieren los artículos 19 y 20 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, a la entidad auditada o a las entidades vinculadas con estas 
por relación de control.
Lo anteriormente señalado será igualmente de aplicación a los procesos de licitación 
o selección de auditores.
Artículo 64.  Causas de abstención por honorarios percibidos.
1.  A efectos de determinar el porcentaje de concentración de honorarios a que se 
refiere el artículo 25.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, que define la dependencia 
financiera, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a)  En relación con cada ejercicio económico se obtendrá el porcentaje que 
representan los honorarios anuales devengados por la prestación del servicio de auditoría 
y distintos del de auditoría a la entidad auditada sobre los ingresos anuales totales 
obtenidos por el auditor de cuentas. A tal efecto, deberán figurar:
1.º  En el numerador, el importe de los honorarios anuales por los servicios de 
auditoría y distintos a estos procedentes de la entidad auditada, de conformidad con el  es
principio de devengo contenido en el marco normativo de información financiera  bo
aplicable. 51ww
eesoncoc ein2el ó.dcºm aadsicEoea nsds  ee dyl e  add uaeedunmidotáoimtsroei nrrsíeaa ndd, deoci rmoc, uneiee le nnimltt oaipmsso ,ppr ctoreoor tndce ee londl steeo tnitonat egld srdee ed sl eaionl s gct rríiafnerbtsaeao gdjsore oa  osnn  udedaegel oresicvseia,or vqdsiuo cqeisou  sdsee,e   yd cl,ae oesbrnr aae  ecsfiltpg icvouaindrsadaored  redeánes,     OE-A-2021-13able en https://
sus cuentas anuales.
b)  Cuando el porcentaje así obtenido supere el 30 por ciento durante cada uno de los 
tres últimos ejercicios consecutivos, el auditor de cuentas deberá abstenerse de realizar la 
auditoría correspondiente al ejercicio siguiente al tercero consecutivo en que esta 
circunstancia se produzca.
2.  En relación con la determinación del porcentaje de concentración a que se refiere 
el artículo 25.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se seguirán las mismas reglas que las 
establecidas en el apartado 1, pero referidas:
a)  En el numerador, a los honorarios devengados por la prestación de servicios de 
auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada y a sus entidades vinculadas por 
parte del auditor de cuentas y de quienes formen parte de su red.
b)  En el denominador, a los ingresos anuales totales obtenidos por el auditor de 
cuentas y quienes formen parte de su red.
3.  No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el porcentaje de 
concentración en ambos casos será del 40 por ciento durante tres años consecutivos en 
el supuesto de que dicho porcentaje para una entidad auditada, que no sea de interés 
público, se hubiera visto incrementado por encima del 30 por ciento como consecuencia 
de que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a)  El auditor de cuentas hubiera tenido que abstenerse de realizar la auditoría de 
cuentas de una o varias entidades por incurrir en el porcentaje a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
b)  La finalización o aceptación de un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad 
relevante. A estos efectos, se entiende que un trabajo es relevante cuando los honorarios 
de auditoría correspondientes a dicho trabajo representen al menos el 30 por ciento de la 
cifra del importe total anual de los honorarios por servicios de auditoría del auditor.
4.  Los tres primeros años naturales o ejercicios sociales anuales, según se trate de 
auditores de cuentas o sociedades de auditoría, a partir del inicio del ejercicio de la 
actividad mediante su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en la 
situación de ejerciente en el caso de auditor de cuentas persona física, no computarán a 
efectos de lo previsto en este artículo.
5.  En el caso de auditores de cuentas y sociedades de auditoría pequeñas a que se 
refiere el artículo 25.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, los porcentajes de concentración 
establecidos en los apartados 1 y 2 serán del 35 por ciento.
A estos efectos, se entenderá por sociedades de auditoría pequeñas, aquellas que 
cumplan las condiciones de entidades pequeñas según los parámetros del artículo 3.9 de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio.
CAPÍTULO III
Garantía financiera
Artículo 65.  Garantía financiera.
1.  A efectos de la garantía financiera a que se refiere el artículo 27 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, en el caso de constituirse mediante aval, este tendrá que ser prestado por 
entidades financieras inscritas en los registros especiales del Ministerio de Asuntos  es
Económicos y Transformación Digital y del Banco de España. bo
La garantía financiera constituida deberá ser suficiente y, en su caso, actualizarse para  51ww
rsreeigssuppTiooeennnnsdtdeaersbár, i  lyeqid undae edc b.gaeadrraáa  nmmtiazonamtre,e nhneatorss,t aea  del ulm rlíaemnnittoees  e,q lu ppeola rr zeeosl u ellíntme e idtl eeq  uleaex  aipgpuidleicoda aec ienój nelo rdcsei ta alropssae ra tlaap daaorctsac dió2on sy  d 2e3,    OE-A-2021-13able en https://
3 y 4 siguientes, el resarcimiento de la responsabilidad personal y directa derivada de los
daños y perjuicios económicos que los auditores de cuentas pudieran causar, como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el ejercicio de la 
actividad de auditoría de cuentas, por las reclamaciones que se planteen antes de que se 
extinga la acción de responsabilidad por prescripción.
En el caso de cese de la actividad de auditoría de cuentas, los auditores de cuentas 
deberán mantener la garantía financiera constituida hasta que se extinga la acción por 
prescripción de responsabilidad, pudiendo solicitarse la cancelación de esta una vez 
transcurrido dicho plazo.
2.  La garantía financiera para el primer año de la actividad, que tendrá carácter de 
mínima en los sucesivos, en el supuesto de las personas físicas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España será de 500.000 euros.
Dicha cuantía, en el caso de las sociedades de auditoría españolas, se multiplicará por 
cada uno de los socios de esta, sean o no auditores de cuentas, y de los auditores de 
cuentas designados para firmar informes de auditoría en nombre de la sociedad, distintos 
de los socios, teniendo, asimismo, el carácter de mínima en los años sucesivos.
En el caso de sociedades de auditoría autorizadas en otros Estados miembros de la 
Unión Europea, la cuantía mínima referida en el párrafo anterior se calculará tomando 
como referencia exclusivamente el número de auditores de cuentas principales 
responsables inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como ejercientes.
En el caso de auditores de cuentas o sociedades y demás entidades de auditoría de 
terceros países que emitan informes de auditoría a que se refieren los artículos 10.3 y 11.5 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, deberán constituir la garantía financiera que permita el 
resarcimiento de la responsabilidad personal y directa derivada de los daños y perjuicios 
económicos que los auditores de cuentas y las sociedades y demás entidades de auditoría 
pudieran causar. Esta garantía financiera deberá establecerse por la cuantía que, en cada 
caso, permita el resarcimiento de los daños que pudieran causar a terceros como 
consecuencia del informe emitido. La cuantía de esta garantía será, para cada uno de los 
informes de auditoría emitidos respecto a las cuentas de las entidades a que se refiere el 
artículo 10.3 y 11.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, la mitad de la inicial que corresponda 
a un auditor de cuentas autorizado para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en 
España, cantidad que se mantendrá por cada ejercicio respecto al cual se emite el 
correspondiente informe con validez en España.
3.  Una vez transcurrido el primer año de la actividad, la garantía financiera mínima a 
que se refieren los tres primeros párrafos del apartado anterior se incrementará en el 30 
por ciento de la facturación que exceda de la cuantía equivalente a la de dicha garantía 
financiera mínima y que corresponda a la actividad de auditoría de cuentas del ejercicio 
anterior, desarrollada en España.
4.  En el caso de que la garantía financiera se constituya mediante una póliza de 
seguro de responsabilidad civil o de caución, individual o colectiva, en cuyo caso se 
aportará el correspondiente certificado individual de seguro, esta deberá cubrir 
específicamente la responsabilidad civil tal y como se define en el artículo 26 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, y en los términos y condiciones establecidos en este artículo.
La cobertura debe realizarse de forma individualizada para cada auditor de cuentas y 
para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, sin que sean admisibles cláusulas 
que determinen una cobertura inferior al límite que resulte de aplicación de los apartados 2 
y 3 anteriores para cada siniestro con independencia de que de forma conjunta se cubra 
dicho límite.
5.  Todos los auditores de cuentas que puedan ejercer la actividad de auditoría de  es
cuentas o que emitan informes que tengan validez en España deberán justificar anualmente  o
lacfcaioonr tvmnaícisngputceieltoinute ecc8rnaii9aót .e n nyE  o ddss eeutaal f gliE ccjauasierstnaantzindfciatcioíasaa  me cdf iieiónleo nalmas ns  bcgleíriam eoprr aiooatned  datsríeád al mi  rcfteieienoarnanclicnazeiaclro. irpne maraaídes cod dosiaen nd soteteritbi ugceieedrnráat.i   fesEicnena r ed eclol  op cemlaamszpiootlie  ddatoae q d pquaoue re m sl aleea  ad rgueiaatfoinreartriende ta íleadal     OE-A-2021-1351able en https://www.
Asimismo, deberán comunicar cualquier circunstancia que produzca la extinción, 
pérdida o la reducción de la eficacia de la garantía financiera, así como cualquier 
modificación introducida en los términos inicialmente pactados, en el plazo de quince días 
hábiles a contar desde que acaeciera dicha circunstancia.
A los efectos de verificar la vigencia o suficiencia de la garantía financiera, el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá realizar las comprobaciones oportunas.
6.  La insuficiencia de la garantía financiera, cualquiera que sea la forma en que esté 
constituida, o su falta de vigencia, en su caso, será causa que automáticamente impedirá 
el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y conllevará la adscripción a la situación 
de no ejerciente para las personas físicas y la baja en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas para las sociedades, una vez transcurridos los tres meses desde que se produjo 
tal circunstancia o el plazo para efectuar la subsanación requerida por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a que se refiere el artículo 12.2 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, y sin perjuicio de la infracción que, en su caso, pudiera cometerse conforme 
a lo previsto en el artículo 72.j) de dicha ley.
7.  La cuantía y forma de la fianza a que se refiere el presente artículo podrá ser 
modificada mediante Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.
CAPÍTULO IV
Organización interna
Artículo 66.  Organización interna de los auditores de cuentas.
1.  Los auditores de cuentas deberán disponer de una organización interna adecuada 
para asegurar razonablemente el cumplimiento de la normativa aplicable que será 
formalizada por escrito. En el caso de las sociedades será aprobada por su órgano 
competente. Esta organización presentará una clara asignación de responsabilidades, 
funciones y tareas en todos los niveles necesarios para el cumplimiento de la normativa 
aplicable y permitirá la coordinación de su personal y de las personas y entidades que 
intervengan o puedan intervenir en la realización de los trabajos de auditoría de cuentas, 
a las que se refieren los artículos 19.1 y 20.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, debiendo 
disponer de mecanismos para la difusión de los procedimientos aplicables internamente.
Esta organización interna incluirá procedimientos administrativos contables y 
procedimientos de identificación, valoración y respuesta a los riesgos significativos que 
afecten a la actividad de auditoría de cuentas, así como el sistema de control de calidad 
interno.
La organización interna será proporcionada a la dimensión del auditor de cuentas, la 
naturaleza y la complejidad de los trabajos de auditoría que realice.
2.  Mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, oído el 
Comité de Auditoría de este Instituto, se podrán desarrollar los criterios, políticas y 
procedimientos a los que debe ajustarse la organización interna a que se refiere el 
artículo 28.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
3.  Los procedimientos administrativos contables deben asegurar razonablemente el 
cumplimiento apropiado de lo establecido en el marco normativo de información financiera 
aplicable al auditor de cuentas y deben permitir la obtención de información, agregada y 
detallada, para la identificación tanto de las personas, físicas o jurídicas, o de las entidades, 
con las que realicen operaciones o transacciones, como de la naturaleza y los honorarios  e.
relativos a las mismas, de forma separada, por una parte, para la actividad de auditoría de  w.b
cuentas y, por otra, para el resto de servicios o actividades. Estos procedimientos  51ww
adedtmalilnaidsatr ayt iavgorse gpaodsiab icliotanr álons  llaib croosn cyi lriaecgiióstnr oasp orobpligiaadtoar iyo so ppoarrtau neam pdree sdaicrihoas  iinnfdoivrmidaucailóens 
ya l pInrosfteitsuitoon daele Cs odnet aabciuliedraddo  yc Aonu dlait onroíarm daet iCvau emnetarsc adnet ilc yo nfifsocraml,i daasdí  ccoomn oe l caorntí clau ldoe 8c9la.rada
4.  Los procedimientos administrativos relativos a la identificación, valoración y 
respuesta a los riesgos que puedan afectar a la actividad de la auditoría de cuentas 
incluirán los relativos al control y la protección de los sistemas informáticos, al tratamiento 
de datos personales, así como, en el caso de los auditores de entidades de interés público, 
aquellos que permitan asegurar la continuidad y regularidad de la actividad de auditoría de 
cuentas, que incluirán la realización de evaluaciones cualitativas y cuantitativas sobre los 
posibles impactos, tanto de factores internos como externos, en dicha continuidad. 
Asimismo, se diseñarán e implementarán planes de contingencias y de continuidad, que 
formarán parte del marco de gestión de riesgos de los auditores de cuentas y que serán 
objeto de revisión periódica al menos anualmente.
Artículo 67.  Sistema de control de calidad interno.
1.  El sistema de control de calidad interno al que se refiere el artículo 66 tiene por 
objeto asegurar razonablemente el cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas y la emisión de informes de auditoría de cuentas, conforme a lo 
establecido en este reglamento y en las normas de control de calidad interno de los 
auditores de cuentas.
Dicho sistema deberá comprender políticas y procedimientos documentados y 
comunicados a todo el personal del auditor de cuentas y, en su caso, al personal de las 
entidades a que se refieren los artículos 19.1 y 20.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, que 
intervengan o puedan intervenir en la realización de los trabajos de auditoría, y 
contemplará, como mínimo, los elementos previstos en las normas de control de calidad 
interno.
2.  Las normas de control de calidad interno regularán, al menos, el siguiente 
contenido:
a)  Gobernanza y responsabilidades del liderazgo de la calidad de auditoría.
En todo caso, el responsable último del sistema de control de calidad será un auditor 
de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como auditor 
ejerciente, con la autoridad e independencia suficiente para el ejercicio de las 
responsabilidades.
El responsable del seguimiento interno del sistema de control de calidad ejercerá sus 
funciones con independencia funcional y ausencia de conflicto de interés.
Dichas responsabilidades deberán asegurar la promoción y atención prioritaria de una 
cultura interna de calidad en la realización de los trabajos de auditoría de conformidad con 
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
b)  Ética e independencia.
Los objetivos y requerimientos que se establezcan, incluidos en un código de 
conducta basado en los principios de ética definidos en el artículo 3, deberán ir dirigidos 
a la implementación eficaz de políticas y procedimientos que proporcionen una 
seguridad razonable de que se cumplen los requerimientos de ética e independencia 
aplicables.
c)  Revisiones de control de calidad.
El revisor de control de calidad del encargo será un auditor en situación de ejerciente  s
que no haya participado en la realización del trabajo de auditoría de cuentas objeto de  oe.
revisión. w.
d)  Políticas retributivas.
polítAic eafse cretotrsib duet ivloa sd isdpeubeesráton e onf reelc aerrt ícsuulfoic i2e8n.t2e.sb )i n2c.ºe dnetiv lao sL eayl  r2e2n/d2i0m1i5e,n dtoe  p2a0r dae a jsueliog,u lraasr 
que la calidad de la auditoría de cuentas sea el objetivo primordial.
La evaluación del rendimiento y las remuneraciones deberán documentarse de forma 
individual y con el detalle necesario para evidenciar los criterios utilizados y la correlación 
entre dicha evaluación y la remuneración.
e)   Actividades externalizadas.
Las políticas y procedimientos para asegurar la responsabilidad plena de las 
actividades externalizadas a que se refiere el artículo 28.2.b).4.º de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, y su sujeción al sistema de control de calidad interno.
Las políticas deberán incluir los procedimientos de comunicación y los requerimientos 
de documentación en los papeles de trabajo de las instrucciones emitidas por los 
responsables del equipo de auditoría en las que se incluya el detalle de los procedimientos 
a externalizar.
Los acuerdos de externalización no podrán impedir las facultades de supervisión 
referidas en el artículo 49 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
f)  Seguimiento.
Los objetivos y requerimientos que se establezcan irán dirigidos a revisar la eficacia 
del sistema de control de calidad interno.
Dichos objetivos y requerimientos asegurarán que el responsable de seguimiento 
tenga la experiencia y competencias necesarias; que se realice, al menos, una evaluación 
anual del sistema de control de calidad interno, de forma objetiva y libre de conflictos de 
intereses, de acuerdo con criterios de riesgo e imprevisibilidad y que se establezcan 
políticas y procedimientos relacionados con la evaluación continuada, la frecuencia mínima 
de las evaluaciones a realizar, los criterios de selección de las muestras y el tratamiento 
de las deficiencias en su caso detectadas, mediante el establecimiento de medidas 
correctoras y la revisión de su efectiva implementación.
g)  Archivo.
Las políticas y procedimientos que aseguren, para cada trabajo de auditoría de 
cuentas, la elaboración y mantenimiento de un archivo electrónico de auditoría que cumpla 
con lo previsto en el artículo 69.
Artículo 68.  Proporcionalidad y requisitos simplificados.
1.  Las normas a que se refieren los artículos 66 y 67 establecerán que la organización 
interna y su documentación justificativa sean proporcionados a la dimensión y estructura 
organizativa de los auditores de cuentas y acorde con las características, complejidad y 
volumen de los trabajos de auditoría.
2.  Adicionalmente, las políticas y los procedimientos de documentación y de 
comunicación en los auditores de cuentas que realicen exclusivamente auditorías de 
entidades pequeñas podrán ser menos formales y exhaustivos o más simplificados que en 
las sociedades de auditoría de mayor dimensión.
3.  No obstante todo lo anterior, los auditores de cuentas deberán asegurar 
razonablemente la consecución de los fines previstos en este capítulo, incluso cuando 
externalicen los procedimientos de control de calidad que, en su caso, prevean las normas 
de control de calidad. La menor formalidad permitida no eximirá de la obligación de dejar 
constancia de las evaluaciones realizadas y de los resultados obtenidos. s
Artículo 69.  Archivo de auditoría y documentación del trabajo. w.
sigu1ie. nteE dl oacruchmiveon tadceió anu:ditoría deberá comprender para cada trabajo, al menos, la
a)  La correspondiente a la aplicación de las políticas y procedimientos del sistema de
control de calidad aplicables al trabajo.
b)   La documentación completa soporte de cada trabajo, incluidos los papeles de 
trabajo del auditor que contengan un registro del trabajo realizado por el auditor, la 
información utilizada y las decisiones tomadas que han servido de base para la emisión del 
informe de auditoría, así como evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En 
particular, los papeles de trabajo deberán incluir y reflejar:
1.º  Los criterios y consideraciones empleados para la identificación y valoración de 
los riesgos de incorrección.
2.º  La naturaleza, el momento de realización y la extensión de las pruebas tanto 
diseñadas como realizadas por el auditor para responder a los citados riesgos identificados.
3.º  Cuando en la realización del trabajo se utilicen técnicas de muestreo, el objetivo 
del procedimiento, la descripción de las poblaciones analizadas, criterios y métodos 
tenidos en cuenta para seleccionar las muestras, los hechos o hipótesis relevantes para 
las cuestiones a verificar y los resultados de la realización de dichas pruebas y, en su caso, 
la investigación de las desviaciones e incorrecciones identificadas y su resultado, la 
extrapolación de las incorrecciones, los procedimientos adicionales realizados y la 
evaluación del efecto de las desviaciones e incorrecciones en la auditoría.
4.º  Las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría, 
las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales significativos aplicados 
para alcanzar dichas conclusiones, así como la evidencia suficiente y adecuada de su 
aplicación.
5.º  La evidencia de la revisión del trabajo realizada por los miembros con más 
experiencia del equipo del encargo y los principales auditores responsables del trabajo de 
auditoría, incluyendo al auditor firmante del informe de auditoría.
En cualquier caso, los papeles de trabajo a los que se refiere esta letra b) deberán ser 
lo suficientemente detallados para que, una vez obtenida la documentación base utilizada 
en los procedimientos de auditoría, los mismos pudieran, en su caso, ser re-ejecutados.
Toda la documentación referida en este apartado deberá compilarse en formato archivo 
electrónico, con las debidas medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.
No podrá considerarse que constituya evidencia del trabajo de auditoría realizado la 
documentación o información no incluida en el citado archivo.
2.  En ningún caso podrá modificarse el archivo como consecuencia de la revisión 
interna o externa del trabajo de auditoría realizada con posterioridad a la fecha del informe 
de auditoría.
3.  Una vez compilado el archivo, en el caso de hechos posteriores a la fecha del 
informe de auditoría o de hechos anteriores a dicha fecha que hubieran llegado a 
conocimiento del auditor con posterioridad a la referida fecha que requieran la aplicación 
de procedimientos de auditoría o en aquellas situaciones en las que con motivo de un plan 
de subsanación sea necesario incluir documentación adicional, el auditor deberá disponer 
de políticas y procedimientos que permitan generar a partir del archivo compilado, un 
archivo complementario en el que deberá quedar documentado quien autoriza el cambio 
en el archivo complementario respecto al compilado, los motivos y fecha del cambio y la 
documentación modificada con el objeto de que cualquier tercero pueda realizar un 
adecuado seguimiento de las modificaciones.
Artículo 70.  Registro de infracciones.
En el registro de infracciones al que se refiere el artículo 29.3 a) de la Ley 22/2015, de 20  oe.
de julio, se incluirán, al menos, las infracciones graves o muy graves declaradas mediante  w.
rAerstíocluulcoió 7n1 f.i rmRee egnis vtríao  addem einntiisdtaradteivsa  apuodr ietal dInasst.ituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 2021-1351n https://ww
En relación con el registro de entidades auditadas al que se refiere el artículo 29.3 c)
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en aquellos casos en los que se audite a un grupo y a
entidades que pertenecen al mismo, la información deberá indicar expresamente las 
entidades auditadas que forman parte del grupo.
CAPÍTULO V
Deberes de custodia y secreto
Artículo 72.  Deber de conservación y custodia.
1.  Respecto a la obligación de conservación y custodia a que se refiere el artículo 30 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en caso de existir reclamación, juicio o litigio en relación 
con el informe de auditoría o en el que la documentación correspondiente a que se refiere 
este apartado pudiera constituir elemento de prueba, siempre que el auditor de cuentas 
tenga conocimiento de tal circunstancia, el plazo de cinco años se extenderá hasta la 
resolución o sentencia firme, o finalización del procedimiento, o hasta que hayan 
transcurrido cinco años desde la última comunicación o intervención del auditor de cuentas 
en relación con el conflicto en cuestión.
2.  Durante los plazos de conservación y custodia los auditores de cuentas serán 
responsables de adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda y conservación de la 
documentación, información, archivos y registros. Para ello, los auditores de cuentas 
deberán disponer de sistemas informáticos que cuenten con controles, que aseguren la 
custodia, integridad y recuperación de la información, que permitan emplear la diligencia 
debida que sea necesaria para reducir el riesgo de deterioro o pérdida, garantizar la 
accesibilidad y autorización restringida para su acceso, debiendo permitir una identificación 
única del archivo generado compilado y de la fecha de la compilación. Estos controles 
serán implementados eficazmente para que no sea posible la modificación de los archivos 
de cada trabajo de auditoría una vez transcurrido el plazo máximo de compilación, para 
que quede constancia de las acciones realizadas sobre dichos archivos y se reduzca el 
riesgo de deterioro o pérdida.
A estos efectos, deberán realizarse de forma rutinaria copias de seguridad en formato 
informático en el momento de su creación, cuando se produzcan modificaciones y, en caso 
de no haberlas, al menos, una vez al año.
3.  La obligación a que se refiere este artículo también será de aplicación a los 
auditores de cuentas que, conforme a lo previsto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, y en 
este reglamento, causen baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
4.  La pérdida o deterioro de la documentación a la que se refiere el artículo 30 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, así como sus razones, deberán ser comunicadas al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en un plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el momento en que se produjo o se tuvo conocimiento del hecho.
Artículo 73.  Deber de secreto.
El deber de secreto previsto en el artículo 31 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, será de 
aplicación a todas las personas que hayan participado o colaborado en el desarrollo de la 
actividad de auditoría del auditor de cuentas, formen parte o no de su organización interna, 
o que hayan tenido conocimiento de la información relativa a dicha actividad.
Esta obligación de secreto se mantendrá incluso una vez que se hayan dado de baja 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas el auditor de cuentas o la sociedad de 
auditoría, así como los socios de esta, o haya cesado la vinculación con los auditores  e
de cuentas por parte de las personas que intervinieron en la realización de la actividad de  bo
auditoría. 51ww
Artículo 74.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por los auditores de
cuentas como consecuencia del ejercicio de su actividad, incluido el de los datos  Bc
contenidos en los documentos o papeles de trabajo utilizados para tal fin, se encuentra
sometido a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales y sus disposiciones de desarrollo. A estos efectos, el 
tratamiento de los datos debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo 
esencial el derecho a la protección de datos para lo cual deben establecerse medidas 
adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del 
interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos.
En el supuesto en que los auditores de cuentas externalizasen las actividades de 
auditoría, los procedimientos de control de calidad o los servicios de conservación y 
custodia de la documentación, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 
garantía de los derechos digitales.
CAPÍTULO VI
De la auditoría de entidades de interés público
Sección 1.ª  Del ámbito de aplicación
Artículo 75.  Ámbito de aplicación.
A los auditores de cuentas que realicen trabajos de auditoría de las cuentas anuales o 
de estados financieros o documentos contables correspondientes a entidades de interés 
público les será de aplicación lo establecido en este reglamento de acuerdo con las 
particularidades establecidas en este capítulo.
Sección 2.ª  De los informes
Artículo 76.  Informe adicional a la Comisión de Auditoría.
1.  La obligación recogida en el artículo 36 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de emitir 
un informe adicional al de auditoría de cuentas para su remisión a la Comisión de Auditoría, 
será aplicable únicamente a las auditorías de las cuentas anuales.
2.  A efectos de lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, el 
plazo para la remisión del informe adicional para la Comisión de Auditoría por los auditores 
de cuentas a las autoridades nacionales supervisoras de las entidades de interés público 
auditadas será de un máximo de tres días hábiles desde la recepción de la solicitud 
efectuada por aquellas.
Artículo 77.  Informe de transparencia.
1.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.1.a) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
incluirá en el volumen total de ingresos de servicios de auditoría, los correspondientes a 
las auditorías de cuentas anuales, consolidadas y de otros estados financieros,  e
especificando los que correspondan de forma agregada a entidades de interés público. bo
A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.1.b) de la Ley 22/2015,  51ww
dscaeo edpn i2asc0ohra laidddseaa e ,d jnulaotlsisido,  a,ion dtsgreeorses  ds pseooetsrar  vecllilaoc airroárues,d s dieptoenor  na rddeueidlea icntcoutióereínsan   tpyaco ossr.ne  srcveaircvdiioacs ioe dsni stditdeina tadou sdd aeit o loirnísat ed dreée sa  cupudúeitbnoltiracíaso   padrneeu saftoalerdmso asy    OE-A-2021-13able en https://
2.  Las comunicaciones a las que se refiere el artículo 37, apartados 2 y 3, de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se harán por escrito y en el plazo de diez días hábiles, a contar 
desde la publicación o actualización del informe de transparencia.
Artículo 78.  Informe a las autoridades nacionales supervisoras.
A efectos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, el plazo 
para la remisión por los auditores de cuentas a las autoridades nacionales supervisoras de 
las entidades de interés público auditadas de la información prevista en el artículo 12.1 del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, será de un máximo de tres días hábiles 
desde que tuviera conocimiento de las circunstancias que pudieran dar lugar a las 
situaciones previstas en dicho artículo y, en el caso de estar incluida en el ámbito de 
supervisión de más de una autoridad nacional supervisora de conformidad con su 
normativa de aplicación, deberá comunicarse a todas ellas.
Sección 3.ª  Independencia
Artículo 79.  Régimen aplicable.
A efectos de lo dispuesto en el régimen de independencia regulado en la sección 3.ª 
del capítulo IV del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, será de aplicación lo establecido 
en el capítulo II del título II de este reglamento y en esta sección, con las siguientes 
particularidades:
a)   Las causas de incompatibilidad y situaciones que comprometen la independencia 
del auditor en todo caso, a que se refiere el artículo 37.1, letras a) y b), incluyen también 
las previstas en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
b)   El porcentaje del capital social, de los derechos de voto o del patrimonio de la 
entidad auditada para considerar que un instrumento financiero es significativo, a que se 
refiere el artículo 45.2.b), será del 0,5 por ciento.
c)   Los porcentajes fijados en el artículo 52, letra b), a efectos de determinar si una 
situación o servicio tiene un efecto de poca importancia relativa o incidencia significativa, 
se reducirán a la mitad.
d)   Los porcentajes fijados en el artículo 53, a efectos de determinar la elaboración 
de información significativa medida en términos de importancia relativa, se reducirán a la 
mitad.
Artículo 80.  Obligaciones respecto a la Comisión de Auditoría de las entidades de interés 
público.
1.  Los auditores de cuentas de las entidades de interés público auditadas deberán:
a)  Satisfacer los requerimientos de información que la Comisión de Auditoría solicite.
b)  Examinar con la Comisión de Auditoría las amenazas a su independencia y las 
salvaguardas aplicadas en cada trabajo.
c)  Recabar la autorización para prestar servicios no prohibidos que en su caso 
procedan o la autorización excepcional prevista en el artículo 41.2 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.
d)  Remitir la declaración anual sobre su independencia, así como la información 
detallada e individualizada de los servicios adicionales a los de auditoría de cualquier clase  e.
prestados y sus honorarios, de conformidad con lo exigido en el artículo 529 quaterdecies,  w.b
apartado 4, letra e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por  51ww
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
comLuon iecsatcaibólne cciodnot eenni deassta e sne lcacsi ónno rsmearás  ddee  aapuldicitaocriíóan. sin perjuicio de las obligaciones de
2.  En el caso de que las entidades de interés público no cuenten con Comisión de 
Auditoría, los procedimientos y actuaciones a que se refiere este artículo deberán ser 
realizados por el auditor de cuentas con el órgano que tenga atribuidas y desempeñe 
funciones equivalentes a las asignadas a la Comisión de Auditoría.
Artículo 81.  Actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría de las entidades de 
interés público.
A los efectos de lo establecido en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
las normas de auditoría, los auditores de cuentas deberán realizar las siguientes 
actuaciones en relación con la obligación de independencia.
Los auditores deberán comunicar a la Comisión de Auditoría aquellas situaciones o 
relaciones que puedan suponer amenaza a la independencia, para su examen por aquella. 
Asimismo, comunicarán a la Comisión de Auditoría la prestación de servicios distintos de 
auditoría a efectos de que esta pueda autorizar su prestación. Estas comunicaciones se 
efectuarán a los efectos de que la Comisión de Auditoría pueda emitir el informe a que se 
refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. En dichas comunicaciones se deberá incluir información detallada, al menos, 
sobre:
a)  La naturaleza y contexto en que se produce.
b)  La condición, cargo o influencia en quién se produce.
c)  Los intereses económicos derivados o retribución correspondiente.
d)  La evaluación de la importancia que la amenaza genera respecto a la 
independencia.
e)  La existencia de medidas que eliminan o reducen dichas amenazas a un nivel que 
no comprometa su independencia.
f)  Cualquier otra información que sea requerida, en relación con el cumplimiento de 
la obligación de independencia, por la Comisión de Auditoría, incluida la referida:
1.º  Al sistema de control de calidad interno que tienen establecido de conformidad 
con el artículo 28 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en materia de independencia.
2.º  A las prácticas internas de rotación del socio de auditoría y de su personal.
3.º  A las relaciones entre la entidad auditada y sus entidades vinculadas y el auditor 
de cuentas y su red, que conlleven la prestación de servicios distintos de auditoría o 
cualquier otro tipo de situación o relación.
Dichas comunicaciones se realizarán en tiempo y forma, de tal modo que permitan a 
la Comisión de Auditoría cumplir con sus funciones.
Artículo 82.  Proceso de selección de nombramiento de auditor.
Los auditores de cuentas que realicen trabajos de auditoría de cuentas de entidades 
de interés público, antes de la presentación de las ofertas a las que se refiere el 
artículo 40.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, deberán asegurarse, al menos, de lo 
siguiente:
a)  Que disponen o puedan disponer de los recursos suficientes y apropiados, en 
términos de tiempo y personal disponible, para realizar el trabajo para el que presentan la 
oferta. La suficiencia de los recursos deberá abarcar la disposición de sistemas, recursos  es
técnicos y especializados, incluida la disponibilidad de personal con capacidad y  bo
competencia necesaria en el tratamiento de cuestiones complejas en concordancia con la  51ww
dqpieumreme Eonintpsi deieóorlan sc. , y aTl asoc oodp morde peesll telaqojcui dsieóae nd ed  dlde eaeb u eeladrsá ittao odusrod  sdciteeuor mrvcíaiuec eniaont sarte arn assol ui zvpfaiioncrdi,iee rdnráeat es  lpae yr r ee atnsedttnaiedincdaudadao  ead ns aa emcuruvdeeiinctnaitoteras .y  e ddnee l lan s oee vcaatuoludr aietconiró íeanl    OE-A-2021-13able en https://
del proceso de selección.
b)  A la fecha de la presentación de la oferta deberá haber analizado todas las 
posibles amenazas a la independencia y, en su caso, las medidas de salvaguarda 
necesarias que aseguren la independencia del auditor de cuentas para el primer ejercicio 
de auditoría, en el caso de ser elegido auditor de cuentas.
Artículo 83.  Prórroga.
1.  En el caso de que haya finalizado el período total de contratación máximo de diez 
años de un auditor de cuentas, la contratación conjunta de dicho auditor de cuentas con 
otro auditor de cuentas en el período adicional a que se refiere el artículo 40.1 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, podrá ir de uno hasta cuatro años, con las prórrogas 
correspondientes hasta completar en su caso dicho período adicional, sin que resulte de 
aplicación al nuevo auditor nombrado el plazo mínimo de tres años previsto en el 
artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, con carácter general para la contratación 
inicial de los auditores de cuentas.
2.  Una vez finalizado el período adicional de contratación conjunta, el nuevo auditor 
de cuentas con el que se contrató de forma simultánea para actuar conjuntamente podrá 
ser contratado individualmente hasta completar el periodo de contratación máximo de diez 
años, incluidas prórrogas. Expirado el período máximo de contratación de diez años, dicho 
auditor de cuentas podrá ser contratado conjuntamente con otro auditor de cuentas por el 
periodo adicional de hasta cuatro años a que se refiere el apartado anterior.
Artículo 84.  Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor.
Los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar las rescisiones de 
contrato o revocación de nombramientos a la autoridad nacional supervisora de la entidad 
de interés público en el plazo de quince días hábiles desde que se hubiesen producido, 
indicando las razones que la fundamentan.
Artículo 85.  Rotación interna.
A efectos de lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, será 
obligatoria la rotación del auditor principal responsable o auditores principales 
responsables, a que se refiere el artículo 3.6.a) y b) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, del 
informe de auditoría de las cuentas anuales consolidadas cuando transcurran cinco años 
desde el primer año o ejercicio en que fueron auditadas dichas cuentas.
En tal caso, si este auditor fuera el auditor principal responsable de la auditoría de las 
cuentas de la entidad dominante que formula las citadas cuentas anuales consolidadas, 
será igualmente obligatoria la rotación en relación con esta entidad dominante.
Artículo 86.  Honorarios y transparencia.
1.  En el caso de sociedades de auditoría pequeñas o medianas, la autorización 
excepcional prevista en el artículo 41.2, último párrafo, de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
deberá producirse antes de iniciar el trabajo de auditoría de cuentas del ejercicio afectado, 
y en todo caso antes de que finalice el ejercicio económico de la entidad auditada. A los 
efectos de esta autorización excepcional, la sociedad de auditoría deberá documentar todo 
el proceso seguido de evaluación de amenazas y adopción de medidas de salvaguarda, 
así como del examen y comunicaciones practicados con la Comisión de Auditoría u órgano 
equivalente, incluidas la motivación y justificación de dicha autorización. e.
2.  La sociedad de auditoría comunicará dicha autorización, junto con su motivación,  w.
al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el plazo de cinco días hábiles desde  51ww
la re3c.e pAci óenf edcet olas  adueto lroiz aecsitóanb.lecido en este artículo se considerarán sociedades de
alousd pitaorráíam meterodsia dneals a artqícuuellola 3s .1q0u ed ec ulam Lpelayn 2 l2a/s2 0co1n5d, idceio 2n0e sd ed eju elion.tidades medianas según  BOE-A-cable e
Sección 4.ª  Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades 
de interés público
Artículo 87.  Estructura organizativa.
1.  A efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, el 
auditor de cuentas que realice trabajos de auditoría de cuentas de entidades de interés 
público, deberá disponer de una estructura organizativa y una dimensión adecuadas a la 
cantidad y complejidad de los trabajos de auditoría que realice de este tipo de entidades, 
atendiendo a la magnitud y naturaleza de las entidades auditadas.
2.  En relación con cada trabajo de auditoría de las cuentas anuales de una entidad 
de interés público, adicionalmente a lo establecido en el artículo 42 de dicha ley, el auditor 
de cuentas deberá contar con mecanismos internos de control que garanticen que dispone, 
o tiene a su disposición, al menos, lo siguiente:
a)  Auditores principales responsables con experiencia en auditoría de entidades de 
interés público por haber participado como miembros del equipo de auditoría con 
capacidad para influir en el resultado final del trabajo de auditoría de cuentas, teniendo en 
cuenta la complejidad del trabajo de auditoría, la magnitud y naturaleza de la entidad y un 
amplio conocimiento de la actividad en la que opera la entidad.
b)  Especialistas o departamentos técnicos que puedan prestar asesoramiento en 
materia de contabilidad y auditoría de cuentas, con capacidad, oportunidad y eficacia, para 
la realización de dicho trabajo.
c)  Especialistas en distintos campos que sean relevantes para la información 
económica-financiera de las entidades objeto de dicho trabajo, de acuerdo con la actividad 
de la entidad auditada, integrados dentro del equipo de auditoría, para dar respuesta 
apropiada y oportuna a las cuestiones que surjan como consecuencia de la revisión o 
supervisión de dicho trabajo.
d)  Revisor o revisores de control de calidad con, al menos, el mismo nivel de 
conocimientos y experiencia que fueran necesarios para actuar como un auditor 
principal responsable designado para firmar el informe de auditoría a que se refiere el 
apartado a).
3.  En el caso de actuación conjunta de auditoría, se exigirá antes de la aceptación 
del trabajo el cumplimento de estos requisitos, al menos, a uno de los auditores designados 
conjuntamente.
4.  Cualquier modificación que afecte a las condiciones establecidas en este artículo 
para ser auditor de entidades de interés público deberá ser comunicada al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el plazo de quince días hábiles desde que se haya 
producido.
TÍTULO III
Supervisión pública
CAPÍTULO I
Función supervisora
Sección 1.ª  Órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o
ArtícCuolnos u8l8ti.v o Cdeo mCoitnét adbeil idAaudd.itoría de Cuentas, Consejo de Contabilidad y Comité  2021-1351n https://ww
de C1o. ntaEbl iClidoamdi tyé  Adued Aituodríiato dríea  Cdeu eCnutaesn,t aqsu ieesnt aterán dprráe sviodtiod od ep ocra elild Padre, syi dceonmtep udeesl tIon,s tjuitunttoo   BOE-A-cable e
con él, por trece vocales designados por el Ministro de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, con la siguiente distribución:
a)  A propuesta del Tribunal de Cuentas, un representante de dicho órgano.
b)  A propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, un 
representante de la Intervención General de la Administración del Estado.
c)  A propuesta del Ministerio de Justicia, un miembro de la carrera judicial o fiscal o 
registrador mercantil.
d)  A propuesta del Banco de España, un representante de dicha institución.
e)  A propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un representante de 
dicho organismo.
f)  A propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, un 
representante de dicha Dirección General.
g)  A propuesta de las corporaciones de derecho público representativas de auditores 
de cuentas, cuatro representantes de estas.
h)  A propuesta de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, un abogado del Estado, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital.
i)  A propuesta del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, un 
catedrático de universidad y un experto de reconocido prestigio en materia contable y de 
auditoría de cuentas.
Actuará como secretario del Comité de Auditoría de Cuentas, con voz y sin voto, el 
Secretario General del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El Presidente 
podrá invitar a las reuniones del Comité de Auditoría de Cuentas a expertos en la materia, 
cuando así lo considere oportuno.
2.  El Consejo de Contabilidad estará presidido por el Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que tendrá voto de calidad, y estará compuesto, junto 
con él, por los siguientes vocales designados por el Ministro Asuntos Económicos y 
Transformación Digital de la siguiente forma:
a)  A propuesta del Banco de España, un representante de dicha institución.
b)  A propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un representante de 
dicha institución.
c)  A propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, un 
representante de dicha Dirección General.
Además, un representante del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención 
General de la administración del Estado designado por el titular de dicho departamento, 
que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.
Actuará como secretario del Consejo de Contabilidad, con voz y sin voto, el Subdirector 
General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.
3.  El Comité Consultivo de Contabilidad estará presidido por el Presidente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que tendrá voto de calidad, y estará 
compuesto, junto con él, por un máximo de veinte vocales designados por él, con la 
siguiente distribución:
a)  A propuesta del Ministerio de Justicia, un representante de dicho departamento.
b)  A propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, un  s
representante de la Intervención General de la Administración del Estado. oe.
c)  A propuesta de la Dirección General de Tributos, un representante de dicha  w.
Diredec))c  ióAAn   ppGrreoonppeuureeasslt.taa  ddee ll aB aCnocmoi sdieó nE Nspaacñioan,a ul nd erel pMreersceandtaon dtee  Vdael odricehsa,  uinns rteitpurceiósne.ntante de  2021-1351n https://ww
dicha Comisión, dos representantes de los usuarios de información contable y un
representante de las asociaciones u organizaciones representativas de los emisores de  Bc
información económica de las empresas.
f)  A propuesta del Instituto Nacional de Estadística, un representante de dicho 
Instituto.
g)  A propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, un 
representante de dicha Dirección General.
h)  A propuesta del Consejo General de Economistas de España, dos representantes 
de dicho Consejo, que deberán ser expertos de reconocido prestigio en materia contable 
o de auditoría de cuentas.
i)  A propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, un 
representante de dicho Instituto, que deberá ser un experto de reconocido prestigio en 
materia de auditoría de cuentas.
El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas designará además a 
un representante de dicho Instituto, un representante de la universidad, un representante 
de las asociaciones emisoras de principios y criterios contables y un máximo de cinco 
personas de reconocido prestigio en materia contable.
Actuará como secretario del Comité Consultivo de Contabilidad un funcionario del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, designado por su Presidente.
4.  Los órganos colegiados recogidos en este artículo se regirán por lo dispuesto en 
la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así 
como por lo dispuesto en los reglamentos de Régimen Interno que puedan aprobarse por 
dichos órganos colegiados.
Sección 2.ª  Facultades de supervisión
Artículo 89.  Rendición de información.
1.  Los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
en situación de ejercientes remitirán al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en 
el mes de octubre de cada año, y en relación con los doce meses anteriores, además de 
los datos a que se refiere el artículo 8.3, letras a), b) y c), de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
la siguiente información:
a)  Número de identificación fiscal, domicilio profesional, dirección de las oficinas que 
mantengan abiertas desde las que efectivamente se ejerza la actividad de auditoría de 
cuentas y las direcciones electrónicas habilitadas únicas y de correo electrónico.
b)  En su caso, el nombre y apellidos o razón social de las personas o entidades que 
pertenezcan a la misma red contempladas en el artículo 8.3 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio. No obstante lo anterior, no será necesaria la declaración de aquellas entidades que 
forman parte de la red del auditor de cuentas, cuyo objeto social o actividad no esté 
relacionado con la información económica financiera, asesoramiento jurídico y consultoría 
de gestión empresarial, o cualquier otro que sea análogo o complementario a estos, ni 
presten este tipo de servicios.
c)  Nombre y apellidos de los auditores de cuentas que, estando a su servicio, figuren 
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con indicación de su número de 
inscripción, si están inscritos en situación de ejerciente o de no ejerciente, la corporación 
a la que, en su caso, pertenezcan y la naturaleza y modalidad del correspondiente vínculo 
contractual. Asimismo, se indicará el número de horas que dichos auditores han dedicado 
efectivamente a la actividad de auditoría de cuentas.
d)  Nombre y apellidos de las personas que no estando inscritas en el Registro Oficial  e
de auditores de cuentas han prestado sus servicios en el ámbito de la actividad de  bo
auditoría de cuentas, con indicación del periodo o periodos en los que han prestado dichos  51ww
sceurevnictaioss y,  aas ío tcroams ota rdeea sla sre hlaocriaosn aedfeacst icvoanm ednicthea d aecdtiicvaiddaads,  ae slap eacciftiicvaidnaddo  dlae  naautduirtaolreíaz ad ey 
modea)l idaVdo ldueml ecno rdrees npeognodcieion teen v íhnocrualso  yc oenutrroasc tufaacl.turados procedentes de la actividad de
auditoría de cuentas, así como los ingresos totales del auditor.
f)  Relación de las entidades auditadas, indicando su código de Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE), su consideración o no como entidad de interés 
público, el plazo de contratación, la fecha de emisión del informe, el tipo de opinión, las 
horas y honorarios facturados por los servicios de auditoría, los honorarios facturados por 
servicios distintos de auditoría, distinguiendo para estos últimos, los correspondientes a 
los prestados por el propio auditor y los prestados por las personas y entidades 
pertenecientes a la red del auditor, a la entidad auditada y a sus entidades vinculadas, con 
el desglose que se determine en la resolución que a tal efecto se dicte por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Asimismo, se indicará el revisor del control de calidad 
que, en su caso, se haya designado en cada trabajo de auditoría.
g)  Corporación de derecho público a la que, en su caso, pertenezcan. Cuando los 
auditores de cuentas pertenezcan simultáneamente a más de una corporación de derecho 
público representativa de auditores de cuentas, deberán optar por una de ellas a los 
efectos de lo dispuesto en este reglamento.
h)  Los servicios que han sido prestados al auditor por otros auditores de cuentas, 
distinguiendo los relativos a la participación en la realización de trabajos de auditoría de 
cuentas y los referentes a tareas relacionadas con el sistema de control de calidad interno, 
con indicación del número de horas, en su conjunto; así como indicación de si ha prestado 
estos mismos servicios a otros auditores.
2.  Las sociedades de auditoría remitirán en el mes de octubre de cada año, y en 
relación con los doce meses anteriores, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
además de los datos a que se refiere el artículo 8.4.a), b), c), d), e) y f) de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, la siguiente información:
a)  La información a la que se refiere el apartado 1 anterior, con las adaptaciones 
necesarias, incluyendo la identificación del auditor principal responsable designado en 
cada trabajo de auditoría.
b)  En su caso, su consideración como sociedad de auditoría pequeña o mediana.
Asimismo, se indicará:
1.º  Si exclusivamente han realizado auditorías de entidades pequeñas.
2.º  En el caso de haber realizado auditorías de entidades de interés público, si estas 
han sido realizadas exclusivamente a entidades pequeñas o medianas.
3.º  Y en el caso de haber realizado auditorías de entidades que no tengan la 
consideración de interés público, si dichas auditorías han sido exclusivamente voluntarias 
o a entidades pequeñas.
c)   Capital social, con indicación de su distribución entre los socios y, en su caso, de 
aquella parte del capital representado por acciones sin derecho a voto, a la fecha de cierre 
del periodo de rendición.
d)  Modificaciones estatutarias que se hayan producido.
3.  Cualquier variación que se produzca durante el ejercicio, en relación con la 
información señalada en el artículo 8.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, apartados a) a c), 
en el apartado 1 de este artículo, letras a) y c), tanto para auditores individuales como para 
sociedades de auditoría, y en el apartado 2.b) de este artículo para las sociedades, en el 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el momento en que se hubiera producido 
aquella o, en su caso, desde que surta efectos legales. Esta comunicación deberá 
realizarse en todo caso cuando la variación sea causa de baja en el Registro Oficial de  e.
Auditores de Cuentas. w.b
4.  Mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se exigirá,  51ww
aa  lloas a acutidviitdoareds  ddee  aeundtiidtoardíae sd dee c iunetenrtéass  paú bqluiceo ,s lea  rineffoierrmea ecli óanp saortbardeo h o1n.eo)r,a arisoís  croemfeori dlooss 
hdoen foerbarreioros  dpeo rc asdearv aicñioos,  rdeefe ariuddai taolr íaañ por ensattaudraols i nam eendtiidaatod easn tdeeri oinr.terés público, en el mes
Asimismo, mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se 
determinará la información que los auditores de cuentas de entidades de interés público 
deban remitir a los efectos de la preparación de los informes sobre la evolución del 
mercado a que se refieren las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio.
5.  Sin perjuicio de lo que disponga la normativa comunitaria, los auditores de cuentas 
y sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países, a que se refieren los 
artículos 10.3 y 11.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, remitirán la misma información y con 
igual periodicidad a que se refieren los apartados anteriores, con excepción de aquellos 
que procedan de terceros países cuyos sistemas de supervisión hayan sido declarados 
equivalentes por la Unión Europea, que remitirán la información con el contenido y 
periodicidad que se establezca mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.
6.  Mediante resolución se aprobarán los modelos a cumplimentar en relación con la 
información señalada anteriormente y los plazos de remisión de dicha información que 
serán cumplimentados por los auditores de cuentas y remitidos al Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas por medios electrónicos.
Sección 3.ª  Disposiciones comunes de las actuaciones de control
Artículo 90.  Actuaciones de control.
1.  Las actuaciones de control comprenderán las inspecciones, investigaciones y 
otras actuaciones de comprobación que se estimen necesarias a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
2.   Adicionalmente a las actuaciones de investigación e inspección, las actuaciones 
de comprobación comprenderán las actuaciones necesarias para que el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas determine los hechos o circunstancias de los que 
haya tenido conocimiento por cualquier medio y que pudieran ser causa de un acuerdo de 
inicio de una, inspección o una investigación, o, en su caso, del acuerdo de iniciación de 
un expediente sancionador.
3.   Cuando se obtengan indicios de infracción en el curso de una actuación de control 
se podrá iniciar el procedimiento sancionador con anterioridad a la finalización de la 
actuación de control y la emisión del correspondiente informe, sin perjuicio, en su caso, de 
continuar la actuación de control en relación con hechos distintos de los que dieron lugar 
al acuerdo de inicio.
Artículo 91.  Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas.
1.  El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, considerando los medios 
técnicos y humanos disponibles, elaborará y publicará anualmente un plan de control de la 
actividad de auditoría de cuentas, que comprenderá los planes de investigaciones y de 
inspecciones.
2.  El plan de control de la actividad será aprobado por el Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, una vez sometido a la consideración del Comité de 
Auditoría de Cuentas, publicándose dentro de los primeros cuatro meses del ejercicio al 
que se refiera. En el caso en que no pudiera adoptarse o emitirse el citado plan, quedará 
prorrogado el correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, siempre y cuando 
dicha prórroga no contravenga la periodicidad mínima de inspecciones prevista. e.
3.  El plan de investigaciones considerará las siguientes fuentes de información: w.b
Conabcta)))   bilDRDidaeaatstdoou sysl t o aAobdubtoedjsenit touidivr ooíoastsr  daa e q itn urCafeovu réemrsena stdacuesiló  tdpeneon qnr  uudloenes c r ielaaasus ud ionlitt efodo redre mecs u aldaacesliq  ócaunuci eetusrn uaotacmtrisooi.nn tieispstor ad ddee ai ni nasfpol erImnccsaitcóitinuó.nto q duee   OE-A-2021-13able en https://
pueda conocer el Instituto.
4.  El plan de inspecciones programará la realización de las inspecciones a los 
auditores de cuentas considerando la frecuencia de estas actuaciones establecida en el 
artículo 54 de la Ley 22/2015, de 20 de julio y en el artículo 101.
5.  Tanto el plan de investigaciones como de inspecciones podrán ser revisados 
cuando así lo aconseje la existencia de hechos que supongan modificaciones relevantes 
en la información disponible para la configuración del plan, o hechos que deriven de 
actuaciones de inspecciones o investigaciones en curso, o de modificaciones en la 
legislación de auditoría de cuentas, o hechos que provoquen o generen desconfianza en 
la información económico financiera que deben suministrar las empresas o entidades o en 
la actuación de auditores de cuentas y de aquellos derivados de posibles riesgos existentes 
no contemplados en el momento de la elaboración de los mismos.
6.  En la memoria de actividades se publicarán los resultados de la ejecución de los 
planes de investigaciones y de inspecciones.
Artículo 92.  Facultades para el ejercicio de las actuaciones de control.
Las personas que participen en la actividad de control, conforme a lo previsto en el 
artículo 55 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y 26 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 
de abril, dispondrán, en el ejercicio de las labores a las que se refiere dicho artículo, de 
facultades de acceso y examen de la documentación, actuando bajo la dirección y 
supervisión a que se refiere el artículo 55.6 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Artículo 93.  Iniciación de las actuaciones de control.
1.  Los controles de la actividad de auditoría de cuentas se iniciarán de oficio por 
acuerdo del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el marco 
del plan de control.
2.  El acuerdo de inicio indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones de control 
y, en particular, si la actuación de control se refiere a una investigación o a una inspección. 
Asimismo, deberá designar la persona o personas responsables de dirigir las actuaciones 
de control.
Este acuerdo podrá adoptarse de forma individualizada, para un auditor de cuentas, o 
de forma conjunta, para varios auditores o sociedades de auditoría. En el caso de que el 
acuerdo de inicio sea conjunto, su notificación se efectuará de manera individualizada y 
con garantía de la protección de los datos personales del resto de auditores incluidos en 
dicho acuerdo. La comunicación de la fecha de inicio al auditor de cuentas se efectuará 
por  el  personal  designado  para  la  dirección  de  la  investigación  o  inspección 
correspondiente.
Artículo 94.  Desarrollo de las actuaciones de control.
1.  El auditor de cuentas deberá poner a disposición o remitir al personal del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas designado a tal efecto, en el plazo que se 
establezca en cada caso, la totalidad de los papeles de trabajo y, en su caso, los libros, 
registros, la documentación o información que, atendiendo a la finalidad perseguida, se le 
requiera, en el formato que estime adecuado. Cuando la información se hallara en soportes 
informáticos, se deberán poner a disposición del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas los medios adecuados que posibiliten el examen y verificación de dicha 
información. es
En las actuaciones de control de la actividad de auditoría de cuentas, se entenderá  o
qscoeuu dgeeoún ncntauo rsm ee. exqAinus ttetaaerlci  mmieófiánees cne ttdnooot  rsdceeeug lmp aInrdeosanct tieoatud crteieoórm nád  ieotmi  dCienaodf.oniartmanbtaeicl iddióialnidg q eyun Aecu ialad  aiato pirdoíearnt adtidefia cC aour  ellaon stpa upsea, spptoearl ea es dl  daiseup dotristaoibcr aidójoen    2021-1351n https://www.
2.  En el desarrollo de las actuaciones de control, se podrá requerir al auditor de
cuentas sometido a actuaciones de control que realice las aclaraciones o explicaciones
sobre los papeles de trabajo o el resto de documentos aportados que se estimen 
oportunas.
Artículo 95.  Lugar y horario de las actuaciones de control.
Cuando las actuaciones de control de la actividad se efectúen en el domicilio social, 
sucursales, delegaciones, oficinas, locales, o en cualquier otro lugar donde se desarrolle 
la actividad del auditor de cuentas sometido a actuaciones de control o se encuentre la 
documentación requerida, o en su caso de las personas o entidades a las que se refiere el 
artículo 48.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, estas pondrán a disposición del personal 
designado para ejecutarlas el espacio físico y los medios auxiliares necesarios para 
facilitar la realización de las citadas actuaciones.
Artículo 96.  Documentación de las actuaciones de control.
1.  Las actuaciones de control de la actividad de auditoría de cuentas se 
documentarán, principalmente, en comunicaciones, diligencias e informes.
2.  Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales se notifica el inicio 
de las actuaciones u otros hechos o circunstancias relativas al desarrollo de estas o se 
efectúan requerimientos de información u otras solicitudes a los auditores de cuentas.
3.  Las diligencias son documentos que se extienden para hacer constar hechos, 
requerimientos o manifestaciones de las personas con las que se realizan las actuaciones. 
Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan.
De las diligencias que se extiendan se entregará un ejemplar a la persona con quien 
se entiendan las actuaciones. Si esta se negare a recibirla, se le remitirá por cualquiera de 
los medios admitidos en Derecho, y si se negare a firmar la diligencia, o no pudiera, se 
hará constar en la misma esta circunstancia, sin perjuicio de la entrega a dicha persona del 
duplicado correspondiente.
4.  Los informes de control contendrán los resultados de las actuaciones de 
investigación o inspecciones llevadas a cabo.
Sección 4.ª  Actuaciones de investigación
Artículo 97.  Objeto de las actuaciones de investigación.
Las investigaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
podrán referirse a determinados aspectos de la actividad de auditoría de cuentas o a 
trabajos concretos de auditoría, considerados en su totalidad o referidos a partes 
específicas del mismo.
Artículo 98.  Alcance de las actuaciones de investigación.
De acuerdo con la finalidad prevista en el artículo 53 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
en las actuaciones de investigación podrán utilizarse las técnicas y procedimientos que se 
consideren más apropiadas a las circunstancias y con el alcance necesario en cada caso 
para determinar la existencia o no de hechos o circunstancias que puedan suponer un 
incumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 99.  Finalización de las actuaciones de investigación. s
1.  Las investigaciones se someterán al principio de celeridad y se documentarán con  w.b
la emisión de un informe de investigación, que se remitirá al auditor de cuentas para que,  51ww
ehánb silue sc.aso, realice las alegaciones que considere oportunas en un plazo de diez días
contDeincdhroá ,i nafol rmmeen, ocso,n lsai ddeerascnrdipoc eiól na lcdaen lcaes  yv elar ifeicxatecniosnióens  dye  rleavsi saiocntueasc iroenaelisz aredaalsiz, ayd alass, 
conclusiones alcanzadas, resaltando, en su caso, los posibles incumplimientos detectados 
de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
2.  Trascurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior y una vez analizadas, en 
su caso, las alegaciones presentadas, el Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas adoptará un acuerdo, que contendrá alguna de las decisiones 
siguientes:
a)  El archivo de las actuaciones de investigación.
b)  La iniciación del procedimiento sancionador correspondiente, cuando de las 
actuaciones realizadas se deduzcan indicios de la comisión de alguna de las infracciones 
tipificadas en la Ley 22/2015, de 20 de julio.
c)  La realización de actuaciones complementarias.
3.  La decisión del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a 
que se refiere el apartado anterior, se notificará al auditor de cuentas.
4.  El resultado de estas actuaciones podrá tenerse en cuenta en el informe definitivo 
de inspección, en el caso de que se hubiera iniciado una actuación de inspección sobre el 
mismo auditor de cuentas, referida al mismo ejercicio auditado objeto de investigación o 
en el que se hubiera realizado la actuación objeto de investigación.
Sección 5.ª  Actuaciones de inspección
Artículo 100.  Objeto de las actuaciones de inspección.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, las 
inspecciones consisten en la revisión periódica de los sistemas de control de calidad 
interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría y su objetivo es mejorar la 
calidad de los trabajos de auditoría, mediante el requerimiento de que los auditores o 
sociedades de auditoría revisados implementen las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias puestas de manifiesto en la inspección.
El Presidente podrá, en cualquier momento de una actuación de inspección, acordar 
el inicio de una investigación o la incoación de un expediente sancionador, sobre cualquier 
aspecto incluido en el alcance de dicha inspección, en aquellos casos en los que durante 
el desarrollo o como resultado de aquella actuación se detectara la existencia de posibles 
incumplimientos o indicios de infracción.
Artículo 101.  Criterios de las actuaciones de inspección.
1.  Todos los auditores de cuentas individuales en la situación de ejercientes y las 
sociedades de auditoría serán sometidos a inspecciones de forma periódica.
2.  La selección de auditores de cuentas, así como la selección tanto de los elementos 
del sistema de control de calidad como de los archivos de los trabajos de auditoría de 
cuentas a revisar, se llevará a cabo teniendo en cuenta criterios de riesgo de los auditores 
de cuentas y criterios de riesgo de las entidades que auditen.
3.  Los auditores de cuentas que auditen únicamente entidades distintas de las de 
interés público se someterán a inspección, al menos, cada seis años, salvo que solo 
realicen auditorías voluntarias o auditen entidades pequeñas según la definición recogida 
en el artículo 3.9 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en cuyo caso la inspección no estará 
sujeta a dicha periodicidad mínima. s
4.  Las inspecciones podrán realizarse con una periodicidad inferior a la establecida  oe.
en el artículo 54 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y el apartado anterior cuando, a juicio  w.
dmdeeel  dlaInio asstc itdtuivetio dq adudee   ddCeios apnuotadnbigtiolaidr,í aalad  u dy io mAtrueadnsis tcoióirrníca ud ndese lt aaC naucceitanivstai,d saa sydí   ddloee  lr aeacquuudeiietrodraro nd c.eo ncu lean intafos rom ealc vióonlu ym leons   2021-1351n https://ww
Artículo 102.  Alcance de las actuaciones de inspección.
1.  Las inspecciones comprenderán, al menos, la verificación del sistema de control 
de calidad interno de los auditores de cuentas, la revisión de los procedimientos 
documentados en los archivos de auditoría, con la finalidad de comprobar la adecuada 
implementación de dicho sistema de control, así como, en su caso, el seguimiento de las 
medidas de mejora implementadas para corregir las deficiencias puestas de manifiesto en 
la inspección inmediata anterior.
2.  Las inspecciones podrán realizarse con un alcance general o parcial. Asimismo, 
en las inspecciones de auditores de interés público se podrá verificar si los auditores de 
cuentas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 87 relacionados con la 
estructura organizativa.
Artículo 103.  Finalización de las actuaciones de inspección.
1.  Las inspecciones se someterán al principio de celeridad y se documentarán 
mediante la emisión de un informe de inspección de carácter provisional, que se remitirá 
al auditor de cuentas para que, en su caso, realice las alegaciones que considere 
oportunas en un plazo no inferior a diez días hábiles.
Dicho informe, considerando el alcance y la extensión de las actuaciones realizadas, 
contendrá, al menos, la descripción de las verificaciones y revisiones realizadas, las 
conclusiones generales alcanzadas, resaltando, en su caso, las deficiencias detectadas. 
El informe, en función del alcance de la inspección, incluirá lo siguiente:
a)  Seguimiento de las medidas de mejora implementadas para corregir las 
deficiencias puestas de manifiesto en la inspección inmediata anterior. Como resultado de 
dicho seguimiento se verificará y concluirá si se ha dado o no cumplimiento al requerimiento 
efectuado por el Presidente, según lo indicado en la letra b) del apartado 3 siguiente.
b)  Descripción del análisis y evaluación de las políticas y procedimientos de control 
de calidad, así como de los archivos de auditoría que se hayan seleccionado.
2.  Trascurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior y una vez analizadas, en 
su caso, las alegaciones presentadas, se emitirá un informe de inspección de carácter 
definitivo que contendrá los aspectos a que se refiere el apartado anterior que procedan 
en cada circunstancia, añadiendo en su caso los requerimientos de mejora que fueran 
necesarios para resolver las deficiencias detectadas.
3.  El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tomando en 
consideración el informe de inspección de carácter definitivo, adoptará un acuerdo que 
contendrá alguna de las decisiones siguientes:
a)  El archivo de las actuaciones de inspección, sin más trámite.
b)  El requerimiento de que el auditor inspeccionado implemente medidas de mejora 
para subsanar las deficiencias detectadas y reflejadas en el informe en los plazos que se 
establezcan al efecto, cuyo seguimiento se realizará en la inspección siguiente. En el 
acuerdo de requerimiento se indicará el plazo para la presentación, en su caso, del plan 
de acción, que en ningún caso será inferior a un mes.
El plan de acción detallará las actuaciones que llevarán a cabo los auditores para 
subsanar las deficiencias detectadas y reflejadas en el informe de inspección definitivo.
En el caso de auditores de cuentas que auditen entidades de interés público la 
presentación del plan de acción tendrá carácter obligatorio, siendo potestativo para los  e.
auditores de cuentas que no auditen entidades de interés público. w.b
Los requerimientos de mejora efectuados a las sociedades de auditoría en aquellos  51ww
claa sLoesy  e2n2 /q2u0e1 5s,e d per 2o0d udzec aju lliao ,d siseorláunc ieóxni gyi bcloens sati tluac nióune vaa q suoec iseed aredf.iere el artículo 83.3 de
sancci)o nSadino pr ecrujuaicnidoo d ea  lloa d visisptuae dsteol  erens lau llteatdrao  bd)e al nsteergiouri,m laie innticoi arceiaólniz daed ou,n  cporoncfoerdmimei ean tloo 
indicado en el apartado 1.a), se deduzcan indicios de la comisión de la infracción grave 
recogida en el artículo 73.i) de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
4.  La decisión del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a 
que se refiere el apartado 3 anterior, se notificará al auditor de cuentas.
5.  Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, cuando se trate de 
actuaciones de inspección de carácter parcial, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas podrá, en la comunicación de inicio de actuaciones, poner de manifiesto los 
hechos en su poder que permitan formular el informe provisional, y conceder un plazo de 
diez días hábiles para realizar las alegaciones correspondientes. Como resultado de 
dichas actuaciones se emitirá el informe de inspección de carácter definitivo a que se 
refiere el apartado 2 anterior.
6.  Asimismo, cuando se trate de actuaciones de inspección realizadas sobre 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría que no realicen auditorías de las entidades 
consideradas de interés público, se podrá emitir un único informe con el contenido a que 
se refiere el apartado 2 y una vez contrastadas las conclusiones antes de la emisión del 
mismo con los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. A dicho informe se podrán 
realizar alegaciones en el plazo no inferior de quince días hábiles. Una vez visto el informe 
y, en su caso, las alegaciones o una vez transcurrido el plazo de presentación de las 
mismas sin que estas se hubiesen realizado, el Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas adoptará el acuerdo a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
7.  Si como resultado de la inspección realizada por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas se detectasen deficiencias relacionadas con alguna de las cuestiones 
indicadas en el artículo 87, dicho Instituto concederá un plazo para su subsanación. 
Asimismo, lo comunicará a la Comisión de Auditoría u órgano con funciones equivalentes 
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, a fin de que 
adopten las medidas que estimen convenientes en el ejercicio de sus funciones de 
supervisión, así como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Artículo 104.  Publicación de informes de inspección.
El informe de inspección de carácter definitivo al que se refiere el artículo anterior será 
objeto de publicación cuando se refiera a auditores de cuentas que auditaran, en el 
ejercicio incluido en el alcance del periodo de inspección, entidades de interés público.
No obstante, solamente serán objeto de publicación las partes del informe de inspección 
referentes al alcance de la revisión realizada, los datos principales del auditor de cuentas 
inspeccionado referidos a su dimensión, así como, un resumen de las deficiencias puestas 
de manifiesto como resultado de la inspección. El mencionado resumen diferenciará entre 
las deficiencias referidas a las políticas y procedimientos de control de calidad y las 
deficiencias referidas a la realización de trabajos de auditoría de cuentas.
En ningún caso, serán objeto de publicación los datos identificativos de las entidades 
auditadas, si bien, se publicará el número de trabajos y entidades seleccionados para la 
revisión de archivos con indicación tanto del sector en que opera como del tipo de entidad 
de interés público, así como el número de trabajos y entidades y el sector en el que operan 
a los que se refieren las deficiencias.
Sección 6.ª  Comunicaciones y medios del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas
Artículo 105.  Comunicaciones entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y  o
los auditores. 51www.
InstiAtu teof edceto Cso dneta lboi liddiasdp uye Asutod ietonr íeas dtee  rCeugelanmtaesn yto lo ys  eanu dlait oLreesy  d2e2 /c2u0e1n5t,a ds es e2 0re dlaec ijounliaor,á enl 
p39o/r2 m01e5d,i odse  e1l edcet roócntuicborse,.  Ad eta cl oenfefocrtom, iddiacdh acso cno lmo uensitcaabclieocniedso  seen r eeal laizratírcáunlo a  1tr4a vdées  ldae L leasy   BOE-A-cable e
respectivas direcciones electrónicas habilitadas únicas.
Artículo 106.  Personal al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
A los efectos de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá por labores instrumentales la asistencia en la revisión de documentación 
relacionada con la actividad de auditoría y en la elaboración de una propuesta de 
evaluación resultado de dicha asistencia, teniendo en cuenta la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas, así como, en su caso, la normativa y práctica en el 
campo de especialización propio de los expertos.
CAPÍTULO II
Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás 
entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea 
y en terceros países
Sección 1.ª  Actuaciones de control y dispensas
Artículo 107.  Actuaciones de control de auditores en casos de prestación transfronteriza 
de servicios.
Los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas 
originariamente en un Estado miembro de la Unión Europea e inscritos en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas, en relación con los trabajos de auditoría realizados 
respecto a las cuentas de entidades con domicilio social en España, quedarán sujetos a 
las inspecciones del Estado miembro de origen y a las investigaciones del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Los auditores de cuentas autorizados originariamente por el Instituto de Contabilidad y 
Auditorías de Cuentas para realizar la actividad de auditoría de cuentas e inscritos en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas y autorizados en otro Estado miembro en relación 
con los trabajos de auditoría realizados respecto a las cuentas de entidades con domicilio 
social en dicho Estado miembro, quedarán sujetos a las inspecciones del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y a las investigaciones en el Estado miembro de destino.
Las actuaciones previstas en los apartados anteriores se llevarán a cabo sin perjuicio 
de lo que establezcan los acuerdos reguladores que se pudieran celebrar con los Estados 
miembros de la Unión Europea.
Artículo 108.  Dispensas.
Los auditores de cuentas de terceros países a los que se refiere el artículo 10.3 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, así como las sociedades y demás entidades de auditoría de 
terceros países a las que se refiere el artículo 11.5 de la mencionada ley, podrán quedar 
eximidos de las inspecciones atribuidas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
cuando estén sujetos a sistemas de supervisión pública, control de calidad e investigación 
y sanciones que hayan sido declarados equivalentes por la Comisión Europea, en los 
términos establecidos en los correspondientes acuerdos de cooperación, de acuerdo con 
el principio de reciprocidad.
Sección 2.ª  Coordinación con las autoridades competentes de Estados miembros 
de la Unión Europea y con las autoridades europeas de supervisión e
Artículo 109.  Deber de colaboración en el intercambio de información. 51ww
entrAe  oetfreac, tloas s digeul ieanrttíec uinlofo 6rm3.a1c dióen :la Ley 22/2015, de 20 de julio, se podrá intercambiar,
a)  Datos del auditor de cuentas requeridos para la inscripción en el Registro Oficial  BOE-A-cable e
de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
b)  Fecha de inscripción en el registro y otra información relevante.
c)  Fecha de baja del registro, motivos de la baja y otra información relevante.
d)  Informe y documentación relacionada con las inspecciones de los sistemas de 
control de calidad que se estén llevando a cabo o que hayan finalizado.
e)  Informe y documentación relacionada con las investigaciones que se estén 
llevando a cabo o que hayan finalizado.
f)  Información acerca de procedimientos sancionadores que se estén llevando a cabo 
o que hayan finalizado.
g)  Cualquier información que pueda resultar de utilidad para el ejercicio de las 
funciones de supervisión atribuidas a las respectivas autoridades.
Artículo 110.  Solicitud de información.
1.  La solicitud de información debe incluir una explicación de las razones que 
justifican tal solicitud y de la finalidad para la que se va a utilizar la información 
intercambiada y debe referirse a información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones y que no pueda obtenerse por otros medios.
2.  La información a intercambiar se remitirá en la forma y el plazo máximo que se 
establezca entre las autoridades competentes de los Estados miembros o entre estas y las 
autoridades europeas de supervisión.
Para evitar retrasos innecesarios se puede remitir una parte de la información según 
lo permita su disponibilidad y si su envío resulta adecuado.
3.  En el caso en que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas reciba una 
solicitud de información, dicha información a intercambiar se remitirá en la lengua que 
conste en el documento original a remitir.
Artículo 111.  Utilización de la información intercambiada.
1.  Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones de rango legal, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas solo podrá utilizar la información recibida para el 
ejercicio de sus competencias y de acuerdo con los fines señalados por la autoridad que 
remite la información.
Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimiento del deber 
de colaboración establecido en la normativa aplicable, deba remitir información recibida de 
una autoridad competente de otro Estado miembro o de una autoridad europea de 
supervisión a otra autoridad competente en el territorio español, será necesaria la 
comunicación previa a la autoridad de la que se ha recibido la información.
2.  Cuando la información recibida sea solicitada por otra autoridad competente de 
otro Estado miembro o por una autoridad europea de supervisión, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá remitir dicha información únicamente con el 
consentimiento previo de la autoridad de la que ha recibido la información a transmitir.
3.  El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas no podrá remitir la 
información recibida de una autoridad competente de otro Estado miembro o de una 
autoridad europea de supervisión a una autoridad competente de un tercer país. En 
este caso se dará traslado de la solicitud a la autoridad de la que proceda la información 
solicitada.
Artículo 112.  Colaboración en la realización de actuaciones de control.
1.  Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas acuerde, a solicitud de  o
lcpIanoa snrattitiutrcuotitoplo rad idrde eae  lndCa   uocannocatmtai vabpicidelitadtuedaan dcdt ieyóe  n Ada udeude doi itctotorororínía atE r dooselt   dapCedeu orlema nm iattaacies tima,v  dibdpicraeohdr,sa  do laaenc  aartleuu daadceliitiz oódarniícc adihó ejaun  cn adotuoent t ocruoorinnld as aee dal   dpcceetousrmsaaocrprnieoóatlnella  ndrdáteee,l     2021-1351n https://www.
con carácter general, bajo la dirección o coordinación del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas cuando se lleve a cabo en territorio español.
2.  En todo caso, se comunicará a dicha autoridad competente el resultado de las 
actuaciones que se desarrollen.
Artículo 113.  Negativa a la remisión de información o a la realización de una actuación de 
control.
En los supuestos contemplados en el artículo 63.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
en que el Instituto no facilite la información solicitada por las autoridades competentes de 
otros Estados miembros o por las autoridades europeas de supervisión, o no realice una 
actuación de control de la actividad de auditoría o no permita al personal de la autoridad 
competente de otro Estado miembro participar en una actuación de control de la actividad 
de auditoría junto con el personal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, este 
deberá comunicar las causas de tal circunstancia a la autoridad solicitante en el plazo 
máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud.
Artículo 114.  Deberes de comunicación.
1.  Cuando se acuerde la baja de un auditor de cuentas del Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, este comunicará 
la correspondiente baja y las razones de esta a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en los que el auditor de cuentas esté autorizado para ejercer la 
actividad de auditoría de cuentas.
Dicha comunicación se realizará en el plazo de quince días hábiles, a contar desde la 
baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
2.  Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas concluya que se 
pueden estar llevando a cabo o que pueden haberse llevado a cabo en otro Estado 
miembro actividades contrarias a las disposiciones nacionales de transposición de la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, lo 
comunicará a la autoridad competente de dicho Estado miembro en el plazo máximo de 
quince días hábiles a contar desde que concluya que tales actuaciones pudieran ser 
contrarias a las disposiciones aplicables, y sin perjuicio de las competencias que pueda 
ejercer el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
3.  Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas reciba una comunicación 
de la autoridad competente de otro Estado miembro acerca de la existencia de indicios de 
actuaciones en España que pudieran considerarse contrarias a la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, al presente reglamento y su normativa de desarrollo, deberá realizar las actuaciones 
oportunas, sin perjuicio de tener que comunicar a dicha autoridad competente el resultado 
de sus actuaciones.
Sección 3.ª  Coordinación con autoridades competentes de terceros países
Artículo 115.  Intercambio de información.
1.  El intercambio de información a que se refiere el artículo 67.1 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, así como la colaboración para la realización de actuaciones de control se 
realizará con el contenido, plazos y formas establecidos en el correspondiente acuerdo de 
cooperación. En el acuerdo de cooperación se podrá adoptar la realización de una 
actuación de control o permitir, cuando así lo prevea la correspondiente Decisión de la 
Unión Europea y en los términos contenidos en la misma, al personal de la autoridad 
competente de un tercer país participar en una actuación de control junto con el personal  es
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. o
eqnu es 23ue.. x  pisáECtgalai nnIdn aaas  wctsiuteouebltiroc du iotdnusead   d Crdeeoel ani nictntaieófbornicrl imaddmeaa dcbla iióyos n  Ada rueued tciointirbofiodirdíraamad  daedecse i  Cócuonunm easno patbeaurtsteeo n prlatiude bbasl adidcs eace ro tádem erecp nreee rtscoeuisnp  btrpeooa cldeíisedteí anusd n oc. fotiecnira clole syr    2021-1351n https://www.
país se evaluará para determinar si se puede atender la solicitud de remisión de
información indicando en caso contrario la información que puede aportarse.
4.  Para evitar retrasos innecesarios se puede remitir una parte de la información 
según lo permita su disponibilidad y si su envío resulta adecuado.
5.  En caso de no poder atender una solicitud de información se informará de ello a la 
autoridad competente solicitante, indicando las causas de la imposibilidad.
6.  Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas acuerde con la 
autoridad competente de un tercer país la realización de una actuación de control o 
permita a personal de dicha autoridad competente participar en una actuación de control 
junto con el personal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dicha actuación 
de control se desarrollará, con carácter general, bajo la dirección o coordinación del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cuando se lleve a cabo en territorio 
español.
TÍTULO IV
Régimen de infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Del procedimiento sancionador
Artículo 116.  Denuncia.
1.  Cualquier persona podrá poner por escrito en conocimiento del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos 
de una infracción tipificada en la Ley 22/2015, de 20 de julio, aportando cuanta información 
y datos obren en su poder y haciendo referencia expresa a las normas reguladoras de la 
actividad de auditoría que hayan podido resultar incumplidas en la actuación del auditor de 
cuentas.
2.  Se acordará el archivo de las denuncias cuando se consideren infundadas, o 
cuando los hechos denunciados no posean suficiente entidad o trascendencia o sean de 
imposible investigación o cuando se refieran a los mismos auditores y trabajos sucesivos 
a aquellos que se hubieran denunciado e investigado con anterioridad.
3.  Se podrá solicitar al denunciante que aporte otros datos o medios de prueba que 
obren en su poder.
El denunciante no tendrá la condición de interesado en la actuación administrativa que 
se inicie a raíz de la denuncia ni será informado del resultado de las actuaciones realizadas 
en relación con los hechos denunciados, que podrán dar lugar al archivo de las actuaciones 
o a la incoación de expediente sancionador. Se establecerán los procedimientos necesarios 
para garantizar la protección de los datos del denunciante.
4.  Sin perjuicio de los instrumentos y procedimientos de colaboración entre 
Administraciones Públicas, los órganos e instituciones públicas en general cooperarán con 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para facilitarle el ejercicio de sus 
competencias de control y disciplinaria de los auditores de cuentas y sociedades de 
auditoría de cuentas.
Artículo 117.  Plazo de resolución, de caducidad del procedimiento y ampliación de 
plazos.
1.  El plazo total para resolver y notificar el procedimiento sancionador será de un año  s
a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de  oe.
Cuentas del acuerdo de incoación, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.4  w.
dapremo plcaeli adLciemiyói ne2 n2dt/eo2 ,0 ds1iec5hg, oúd nep l loa2 z0eo sd tteao btjaulell icyoi d,d ose ine l nop sleo prsjau ariccrtiioíac luedlseo  spla r2 es2vu,i ss2tp3oe syn  p3sai2ór nda e dl oleasl   Lpdeliasytz i3no9t oy/2s d 0te1rá 5lam,  dipteeo ss1 i dbdeleel    2021-1351n https://ww
octubre.
2.  Deberá comunicarse a los interesados la iniciación y finalización del efecto 
suspensivo de las actuaciones previstas en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
3.  La competencia para acordar la ampliación del plazo total para resolver y notificar 
corresponderá al Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
4.  La competencia para acordar la ampliación de los distintos plazos parciales en la 
tramitación del procedimiento, incluido el de audiencia tras la formulación de la propuesta 
de resolución, corresponderá al instructor.
5.  En los casos de prescripción de la infracción y en los de caducidad del 
procedimiento por el transcurso del plazo total de un año, más las ampliaciones previstas 
en los artículos 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por el transcurso del plazo 
de seis meses previsto en el artículo 85.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando dicha 
caducidad hubiera determinado asimismo la prescripción de la infracción, se deberá dictar 
resolución expresa acordando el archivo. La resolución se notificará al auditor de cuentas 
sujeto al procedimiento.
Artículo 118.  Actuaciones previas.
1.  Con anterioridad a la incoación del procedimiento sancionador se podrá ordenar 
por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la realización de las 
actuaciones previas de las contempladas en el artículo 90, que resulten necesarias con 
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal 
incoación.
2.  De conformidad con el artículo 90.3, cuando se obtengan indicios de infracción en 
el curso de una actuación de control, se podrá iniciar el procedimiento sancionador con 
anterioridad a la finalización de la actuación de control y la emisión del correspondiente 
informe.
Cuando de las actuaciones previas de control se concluya que ha prescrito la 
infracción, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas acordará el 
archivo de actuaciones.
Artículo 119.  Acuerdo de incoación.
1.  La competencia para dictar el acuerdo de incoación corresponderá al Presidente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El acuerdo de incoación tendrá el 
contenido previsto en el artículo 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las siguientes 
especialidades:
a)  El nombramiento de instructor deberá recaer en un funcionario destinado en el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Podrá ser nombrado instructor el 
funcionario que hubiera realizado las actuaciones previas de control.
b)  Si la complejidad del procedimiento lo aconsejase, el Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al dictar el acuerdo de incoación o en cualquier 
momento de la instrucción del procedimiento, podrá nombrar uno o varios instructores 
adjuntos. Los instructores adjuntos actuarán bajo la dirección del instructor principal.
2.  El acuerdo de incoación se comunicará al instructor o instructores nombrados y se 
notificará únicamente a los interesados, con indicación expresa del régimen de recusación 
establecido. e.e
3.  Cuando el presunto responsable sea un auditor de cuentas autorizado  w.b
originariamente en un Estado miembro de la Unión Europea, se comunicará a la autoridad  51ww
cporomcpedeitmenieten tod es adnicchioon aEdsotar.do de procedencia que se ha acordado la incoación de un
exis4ta. n eElxecmeepnctioons aslmufeicnieten,t ecsu apnadrao  lean c eall ifmicoamcióenn tion idceia ld diceta lro se lh aeccuheorsd oq udee  loin cmooatcivióann ,n loa 
determinación de la citada calificación y de las sanciones que pudieran corresponder se
realizará mediante un Pliego de cargos que dictará el Presidente en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha del acuerdo de incoación. El Pliego de cargos se notificará a los 
interesados.
5.  Una vez notificado el acuerdo de incoación o, en el caso de que se haya emitido 
Pliego de cargos, una vez notificado este, los interesados dispondrán de un plazo de 
quince días hábiles para formular alegaciones y aportar los documentos o informaciones 
que estimen convenientes, así como, en su caso, proponer prueba concretando los medios 
de que pretendan valerse.
Artículo 120.  Facultades del instructor.
El instructor podrá solicitar que se emitan cuantos informes de carácter técnico o 
jurídico sean necesarios, en función de la complejidad del procedimiento, para llevar a 
buen fin la instrucción de este.
Artículo 121.  Propuesta de resolución.
1.  Una vez instruido el expediente, el instructor formulará la propuesta de resolución, 
en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se declaran probados, su calificación 
jurídica, así como la infracción que, en su caso, pudieran constituir, la declaración de las 
personas o entidades que sean responsables, y la sanción que se proponga; o bien, se 
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. En ambos casos, 
la propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, a la que 
se acompañará una relación de los documentos obrantes en el expediente a fin de que los 
interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, y el plazo para 
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen convenientes.
Cuando de la instrucción se concluya que ha prescrito la infracción, el instructor 
propondrá el archivo de las actuaciones.
2.  En caso de que se hayan nombrado instructores adjuntos, la propuesta de 
resolución se formulará por el instructor principal.
3.  La propuesta de resolución se notificará a los interesados, acordándose el trámite 
de audiencia. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días hábiles, desde la 
notificación de la propuesta de resolución, para formular alegaciones y aportar los 
documentos e informaciones que estimen convenientes.
4.  Concluido el trámite de audiencia, el instructor elevará la correspondiente 
propuesta de resolución, junto con todas las actuaciones, al Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 122.  Resolución.
1.  La competencia para dictar la resolución corresponderá al Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
2.  Con anterioridad a dictar resolución, el Presidente del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas podrá ordenar la realización de actuaciones complementarias, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido desde la fecha del 
acuerdo de realización de las actuaciones complementarias hasta la finalización de las 
actuaciones a que se refiere el párrafo anterior.
3.  No se considerarán en la resolución otros hechos distintos de los determinados en  es
la propuesta de resolución, salvo los que resulten de las actuaciones complementarias  o
pdprerao lcpa4tu i.cd eaissdEttaiann sd ta,te o e vdrneao sls ocoural aucsccaoiiósó, onnc, .u judarení ddaicocau e eqlr udPeor  epcsouidnde ielonr tape r redeveaills iztIona srestinetu  eetoln  a drpeeal arCtcaoidónont a acbnoiltnied rlaaiod re ,y fye  Acstuiunda ipdtoearr íjeuani cd lieao    2021-1351n https://www.
Cuentas considere que la infracción o la sanción reviste mayor gravedad que la
determinada en la propuesta de resolución, se notificará a los interesados para que
aporten cuantas alegaciones estimen pertinentes en el plazo de quince días hábiles. Se 
considerará que concurre dicha circunstancia:
a)  Cuando se consideren sancionables conductas que en la instrucción o en la 
propuesta  de  resolución  se  hubiesen  considerado  como  no  sancionables,  con 
independencia de que la instrucción haya resuelto la finalización del procedimiento.
b)  Cuando se cambie la calificación de una infracción de leve a grave o muy grave, o 
de grave a muy grave.
c)  Cuando se considere que la sanción a imponer sea de distinta naturaleza y más 
gravosa.
Artículo 123.  Acumulación de expedientes y agrupación de sujetos infractores.
1.  Se incoarán tantos procedimientos sancionadores como trabajos de auditoría 
existan respecto a los que se hayan apreciado indicios de infracción. No obstante, cuando 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concurra 
identidad sustancial o íntima conexión entre los procedimientos sancionadores, podrá 
acordarse la acumulación para su tramitación y resolución conjunta, en particular podrá 
acumularse cuando concurran identidad o conexión en los motivos o circunstancias que 
determinen la apreciación de varias infracciones.
2.  Se podrán imponer en una misma resolución, resultado de un solo procedimiento, 
las sanciones impuestas a las sociedades de auditoría y al auditor de cuentas firmante del 
informe en su nombre que sea corresponsable, cuando aquellas deriven de una misma 
infracción, de acuerdo con los artículos 70.1.b) y 76 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Se procederá de igual forma para imponer sanciones a varios auditores de cuentas o 
sociedades de auditoría que hayan actuado conjuntamente, cuando las sanciones deriven 
de una misma infracción.
CAPÍTULO II
Procedimiento abreviado
Artículo 124.  Procedimiento abreviado.
1.  En caso de concurrir las circunstancias previstas en el artículo 69.5 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se podrá acordar la tramitación del procedimiento sancionador 
de forma abreviada cuando se trate de las infracciones contempladas en el artículo 72.b), 
en lo relativo al incumplimiento de la duración máxima de contratación exigida en los 
artículos 40.1, 72.f), 72.j), 72.k), 73.c), en lo relativo al incumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 40.2, 73.d), 73.i), primer tipo, 73.j), primer y segundo tipos, 73.ll) y 74 de la 
citada ley.
2.  En tales supuestos, la tramitación deberá cumplir los siguientes trámites:
a)  En el acuerdo de incoación se hará constar expresamente que el procedimiento es 
abreviado y el plazo para resolver y notificar la resolución. Además de las indicaciones 
establecidas en el artículo 119, el órgano competente para dictar el acuerdo incorporará en 
este la propuesta de resolución, con el contenido previsto en el artículo 121, incluida la 
indicación a los interesados de la puesta de manifiesto del expediente, a cuyo efecto se 
acompañará una relación de los documentos obrantes en el mismo, a fin de que puedan  e.e
obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoles un plazo de quince  b
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación de dicho acuerdo de  51ww
iensctoimaceinó np,e prtainrae nftoersm. uSlaer  aadlevgeartciriáo neexsp rye psaremseennttea ra l olos sd ionctuemreesnatdooss  eq uinef,o remna ccaiosnoe dse q nuoe 
froersmoululacrió anle eganc lioons etsé rnmi ainpoosrt acro nnuteevnoidso dso ceunm laen ptoros pou eelsetma edneto sre dseo lpurcuieóbna ,i npcoodrrpáo draicdtaar sael 
acuerdo de iniciación.
b)  Transcurrido el plazo de alegaciones sin que estas se hayan formulado por los 
interesados, el instructor, haciendo constar motivadamente tal circunstancia, elevará el 
expediente al Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que podrá 
dictar resolución de acuerdo con la propuesta incorporada al acuerdo de iniciación. A 
efectos de lo previsto en el párrafo anterior, no se considerarán formuladas alegaciones 
cuando los interesados se limiten a reconocer su responsabilidad o manifiesten su 
conformidad con los hechos expuestos en el acuerdo de incoación, o en su caso, con la 
propuesta de sanción.
c)  En caso de que sean formuladas alegaciones por los interesados, en las que se 
manifieste su disconformidad con la propuesta de resolución incorporada en el acuerdo de 
incoación, el instructor deberá formular nueva propuesta de resolución, reiterando o no la 
inicialmente notificada según lo dispuesto en la letra a) de este apartado, debiendo 
verificarse en todo caso el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 121. La propuesta 
de resolución que en su caso se formule se notificará a los interesados, acordándose el 
trámite de audiencia, y concediendo un plazo de quince días hábiles para formular 
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes. Concluido el trámite de 
audiencia, el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución, junto con todas 
las actuaciones, al Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que 
dictará resolución.
d)  En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el 
curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Cuando el 
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas considere que la infracción 
o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, 
se notificará dicha circunstancia al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime 
convenientes en el plazo de quince días hábiles, continuando la tramitación del 
procedimiento sancionador de forma ordinaria.
3.  La competencia para dictar el acuerdo de incoación al que se incorpore la 
propuesta de resolución corresponderá a las unidades que hayan desarrollado actividades 
de comprobación o detectado los hechos que motivan la incoación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 302/1989, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Estatuto y la Estructura Orgánica del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
4.  El plazo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores 
tramitados conforme a lo previsto en esta sección será de seis meses.
5.  En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano 
competente para resolver podrá acordar continuar la tramitación del procedimiento 
sancionador de forma ordinaria, siendo entonces el plazo para resolver y notificar de un 
año, a contar desde el acuerdo de incoación del procedimiento.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Artículo 125.  Negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina y falta de 
remisión de la documentación o información.
Para la calificación de las infracciones tipificadas en los artículos 72.c) y 73.k) de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, se aplicarán los siguientes criterios:
1.  Se considerarán negativa o resistencia al ejercicio de las competencias de control  o
oeare lc dsteipisvjoecidnirpcasliadicnb iaodle,  esda ,es aí q ulcuadoesim t otcioero ínfamad lpatdaene t d eaecn  udcreeiilamnasttiaa sarsi,ót ,r neibt nodutdeoid arlpaases  dc laodescre u  oamc coiemcnnitpotraeoncdle iiósyr n  idny oi ds oeicnmbifpoidilsriamniomaan ecednióestn le d  ereeejel q reluocjeeiscrr iicdosiau cdi jopee at dorlaeas     2021-1351n https://www.
estas.
2.  En todo caso se considerarán negativa o resistencia al ejercicio de las 
competencias de control o disciplina las siguientes actuaciones de los sujetos 
responsables:
a)  La incomparecencia de la persona requerida por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas o por el personal designado para la realización de las actuaciones de 
control, de acuerdo con lo establecido en el capítulo I, título III, en el lugar, día y hora que 
se le hubiesen señalado en tiempo y forma para la iniciación, desarrollo o terminación de 
las actuaciones, salvo que medie causa suficiente que sea debidamente justificada.
b)  Negar o dificultar indebidamente el acceso o la permanencia del personal 
designado para la realización de las actuaciones de control en el domicilio social, locales 
u oficinas donde se desarrolle actividad de la persona o entidad sometida a control o se 
encuentre la documentación requerida, así como obstaculizar la localización de dichos 
lugares.
c)  Aquellas que supongan amenazas o coacciones al personal designado para la 
realización de las actuaciones de control.
d)  Aquellas que, por acción u omisión, se dirijan a obstaculizar de forma recurrente la 
efectividad de las notificaciones realizadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en el ejercicio de sus competencias de control o sancionadora.
3.  En todo caso se considerará falta de remisión de la documentación o información 
requerida en el ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, la negativa a exhibir o poner a disposición de este Instituto cualquier 
clase de libros, registros, documentos o cualquier información que les sean exigidos; la 
omisión de la remisión de los documentos o información solicitada o la alteración o 
modificación de los aportados.
Artículo 126.  Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en 
determinados supuestos.
No se considerarán cometidas las infracciones tipificadas en los artículos 72.h) y 73.a) 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 5.2 de dicha ley y se realicen por el auditor las actuaciones previstas en el 
artículo 10.
Artículo 127.  No emisión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión de 
Auditoría o emisión con contenido sustancialmente incorrecto o incompleto.
A los efectos de lo establecido en los artículos 72.i) y 73.ñ) de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, se entenderá que en todo caso el informe adicional para la Comisión de Auditoría 
tiene un contenido sustancialmente incorrecto o incompleto cuando no recoja el resultado 
de las verificaciones y conclusiones reflejadas en los papeles de trabajo, o cuando la 
información contenida sea incorrecta o incompleta de modo que no pudiera comprenderse, 
o afectase al adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas a la Comisión de 
Auditoría.
Artículo 128.  Realización de trabajos de auditoría sin estar inscrito como ejerciente en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
1.  La infracción muy grave tipificada en el artículo 72.j) de la Ley 22/2015, de 20 de  e.e
julio, se entenderá asimismo cometida desde el momento en que se acepte el  b
nombramiento de auditoría sin estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de  51ww
Aud2it.o reSsi  deel  Cinufreancttaosr .accede a la condición de ejerciente con anterioridad a la firma del
idnefobremráe  tdeen earu ednito críoan syi dae rlaa cnióonti,fi caa ceifóenc tdoes  ldae  inlaic igarcaiódnu adceió unn dae a lcat usaacniócnió nd ea  caopnltircoalr,,  slea 
circunstancia atenuante de haber procedido a realizar por iniciativa propia actuaciones
dirigidas a subsanar la infracción o aminorar sus efectos, establecida en el artículo 80.1.g) 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Artículo 129.  Incumplimientos de normas de auditoría en relación con un informe de 
auditoría.
Constituye una única infracción de las contempladas en el artículo 73.b) de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, el incumplimiento o el conjunto de incumplimientos de normas 
de auditoría que se declaren probados en relación con un trabajo de auditoría, siempre 
que sean susceptibles de tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, 
por consiguiente, en su informe.
Asimismo, se entenderá cometida esta infracción cuando se haya incumplido lo 
dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, por no haber dispuesto de 
los recursos necesarios y adecuados para aceptar y realizar el trabajo de auditoría 
atendiendo a la dimensión y complejidad de la auditoría a realizar, de modo que pudiera 
afectar de forma significativa al resultado del trabajo y, por consiguiente, al informe emitido.
Artículo 130.  Incumplimiento de la obligación de remisión de información al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas o remisión de información sustancialmente 
incorrecta o incompleta.
A efectos del artículo 73.d) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se entenderá que la 
información remitida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas presenta un 
contenido sustancialmente incorrecto o incompleto, teniendo en cuenta la información 
pública y disponible cuando la información incorrecta u omitida pudiera alterar la 
comprensión de los datos y situación del auditor que impidiera o dificultara el adecuado 
ejercicio de las funciones supervisoras.
En particular, se entenderá que tal circunstancia se produce cuando afecte en los 
términos previstos en el párrafo anterior al menos a algunos de los siguientes aspectos:
a)  Al importe de los honorarios y horas facturadas derivados de servicios de auditoría 
y el importe de honorarios de servicios distintos de auditoría, a que se refieren los 
artículos 24, 25, y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, con el desglose que contemple la 
resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas referida en el artículo 89.
b)  La identificación de cada uno de los servicios prestados.
c)  La existencia de red a declarar y la identificación de las entidades que forman 
parte de ella.
d)  La actualización del domicilio a efectos de notificaciones o de la dirección 
electrónica habilitada única.
e)  El importe de los ingresos totales del auditor de cuentas, así como los ingresos 
totales de la red a la que pertenezcan.
Artículo 131.  Comunicaciones a las autoridades supervisoras.
1.  La infracción tipificada en el artículo 73.f) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá siempre cometida cuando hayan transcurrido tres días hábiles desde que el 
auditor de cuentas haya tenido conocimiento de las circunstancias de obligada información 
a las que se refieren el artículo 38 y la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, sin haber efectuado la comunicación a los correspondientes órganos  s
supervisores y, en su caso, a los auditores de cuentas de la entidad dominante. En todo  e.
caso, se entenderá cometida si no se ha realizado tal comunicación a la fecha de emitirse  w.
el informe de auditoría. 51ww
inco2r.r ecStoe  oe nintecnodmeprláe tqou ceu laan dcoo maufencictea caiól na dperecuseandtoa  cuunm cpolinmtieennitdoo  dseu slatasn cfuianlcmioennetes 
atrib3u.i daAss aim lais mreos,p eenc ttiovdao a cuatosroid saed c sounpseidrveirsaorráa f.alta de remisión de la copia del informe de  BOE-A-cable e
auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras competentes cuando
hayan transcurrido tres días hábiles desde la finalización del plazo al que se refiere la 
disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Artículo 132.  Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos.
Se considerará cometida la infracción tipificada en el artículo 73.g) de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, cuando el informe emitido no corresponda a un trabajo de los comprendidos 
en las modalidades de auditoría de cuentas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, siempre y cuando su realización no haya sido atribuida a un auditor de 
cuentas por la normativa vigente.
No se considerará constitutiva de la infracción a que se refiere el párrafo anterior la 
simple mención de la condición de auditor de cuentas en cualquier tipo de informe que no 
corresponda a un trabajo de los comprendidos en las modalidades de auditoría de cuentas 
a que se refiere el citado artículo 4, siempre y cuando su redacción o presentación no 
puedan dar lugar a confusión sobre la naturaleza del trabajo.
En todo caso, se entenderá que no genera confusión sobre la naturaleza del trabajo o 
informe cuando la mención en él a la condición de auditor de cuentas se exponga a efectos 
meramente informativos y se indique expresamente que no se ha realizado un trabajo de 
auditoría de cuentas de los comprendidos en las modalidades de auditoría de cuentas a 
que se refiere el citado artículo.
Se entenderá que se puede generar confusión sobre la naturaleza del trabajo o 
informe cuando, por razón de su contenido, redacción o presentación, se pudiera entender 
que se está emitiendo un informe de auditoría de cuentas de los regulados en los 
artículos 9 y 13.
Artículo 133.  Incumplimiento de los requerimientos de mejora.
A los efectos de lo establecido en el artículo 73.i) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá que no se han cumplido sustancialmente los requerimientos de mejora en plazo 
a que se refiere el artículo 54.4 de la misma ley cuando, entre otros, las medidas para su 
cumplimiento no se hayan mantenido una vez implementadas.
Artículo 134.  Información sustancialmente incorrecta o incompleta en el Informe de 
transparencia.
A los efectos de lo establecido en el artículo 73.j) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá que el informe anual de transparencia presenta un contenido sustancialmente 
incorrecto o incompleto cuando la información incorrecta u omitida pudiera alterar o impedir 
la adecuada comprensión o percepción de los datos y situación efectiva del auditor de 
cuentas contenida en dicho informe.
En particular, se entenderá que tal circunstancia se produce cuando afecte en los 
términos previstos en el párrafo anterior al menos a la descripción de la red, del sistema 
de control de calidad interno, la lista de las entidades de interés público auditadas, la 
declaración sobre las prácticas en materia de independencia y el detalle y desglose de los 
honorarios por servicios de auditoría y distintos de auditoría.
Artículo 135.  Criterios de graduación de las sanciones.
1.  Las sanciones previstas en los artículos 75 y 76 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
que resulten aplicables a cada sujeto infractor se considerarán divididas en tres grados, de  e.
mayor a menor, denominados, respectivamente, superior, medio e inferior, de acuerdo con  w.
los siguientes criterios: 51ww
a)  Cuando la sanción prevista para corregir una determinada infracción pueda
cdoen Csiusetinr teans ,l ae nre ltair asduas pdeen lsai óanu tdoeri zlaa caiuótno ryi zbaacjaió nd eyf inbiatijvaa t eemn peol Rrael geins tdroic Ohofi cRiael gdiest Arou od iteonr elas 
imposición de una multa, dichos tres tipos de medidas sancionadoras constituirán, en 
principio, los grados superior, medio e inferior, respectivamente, de la sanción aplicable.
b)  Cuando la sanción prevista para corregir una determinada infracción pueda 
consistir en la retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas o en la imposición de una multa, el primer tipo de medida sancionadora 
constituirá, con carácter general, el grado superior de la sanción aplicable y se considerará 
fraccionada la de naturaleza pecuniaria en dos tramos iguales, que constituirán, en 
principio y de acuerdo con sus cuantías, los grados medio e inferior, respectivamente, de 
la sanción aplicable.
c)  Cuando la sanción prevista para corregir una determinada infracción pueda 
consistir en la suspensión de la autorización y baja temporal en el Registro Oficial de 
Auditores o en la imposición de una multa, el primer tipo de medida sancionadora 
constituirá, con carácter general, el grado superior de la sanción aplicable y se considerará 
fraccionada la de naturaleza pecuniaria en dos tramos iguales, que constituirán, en 
principio y de acuerdo con sus cuantías, los grados medio e inferior, respectivamente, de 
la sanción aplicable.
d)  Cuando la sanción prevista para corregir una determinada infracción sea 
exclusivamente de naturaleza pecuniaria, se considerará esta fraccionada en tres tramos 
iguales, que constituirán, de acuerdo con sus cuantías, los grados superior, medio e 
inferior, respectivamente, de la sanción aplicable.
2.  La sanción que se imponga a cada sujeto infractor deberá quedar enmarcada en 
uno de los tres grados indicados en el apartado anterior, teniendo en cuenta para ello la 
naturaleza e importancia de la infracción cometida y aplicando, el resto de criterios de 
graduación previstos en el artículo 80.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, que resulten 
procedentes.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este reglamento, para la 
determinación individualizada de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios:
a)  La circunstancia prevista en el artículo 80.1.g) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
únicamente se aplicará con carácter de atenuante. Esta circunstancia se aplicará, en 
particular, cuando el auditor de cuentas, no habiendo identificado una amenaza en un 
trabajo de auditoría, la identifique posteriormente y haya realizado procedimientos de 
evaluación de la significatividad y adoptado, en su caso, medidas de salvaguarda 
adecuadas y suficientes para eliminar o reducir dicha amenaza a un nivel aceptablemente 
bajo, y siempre que consten documentados los procedimientos, las medidas y las 
conclusiones.
b)  Las circunstancias previstas en el artículo 80.1, letras a) y f) de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, podrán aplicarse como circunstancias atenuantes o agravantes atendiendo 
al caso concreto en que deban ser aplicadas.
Se apreciará la circunstancia prevista en el artículo 80.1.f) de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, como atenuante cuando no existan sanciones impuestas al sujeto infractor que estén 
inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o que hayan sido canceladas por 
el transcurso de los plazos previstos en el artículo 138.
Se apreciará la circunstancia prevista en el artículo 80.1.f) de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, como agravante, cuando existan sanciones impuestas al sujeto infractor, por 
distinto tipo de infracción, que estén inscritas en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas y que no hayan sido canceladas por el transcurso de los plazos previstos en el  e.e
artículo 138. w.b
c)  La concurrencia exclusiva de atenuantes deberá dar lugar a la imposición de una  51ww
scairncc4ui.ón ns tLeaonns ce cila rgistre arqdioous ei n cmocnoetndeicmautporrl aiandnfeo rsei oner n al ale issnt ieci niaaflrrmtaícecuncltioeo  nsaeep slaic paclbioclmea.reátnid taesn ieyn deon e nlo csu esnutjae tloass   OE-A-2021-13able en https://
responsables.
Artículo 136.  Sanción adicional a una sanción muy grave o grave consecuencia de un 
trabajo de auditoría de cuentas a una determinada entidad.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se 
entenderá que la prohibición al auditor principal responsable del trabajo alcanza a la 
actividad de auditoría de las cuentas anuales, así como a la de otros estados financieros 
o documentos contables, incluidos los estados financieros consolidados formulados por la 
entidad auditada.
Artículo 137.  Normas especiales.
1.  Al responsable de dos o más infracciones se le impondrán todas las sanciones que 
correspondan a dichas infracciones para su cumplimiento simultáneo cuando proceda por 
razón de su naturaleza.
En el caso de que no sea posible el cumplimiento simultáneo de las sanciones 
impuestas, por razón de su naturaleza y efectos, estas se cumplirán de forma sucesiva, 
comenzando por la de mayor gravedad, y dentro del plazo de prescripción de sanciones a 
que se refiere el artículo 86 de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
En todo caso, se consideran de cumplimiento simultáneo las sanciones previstas en 
los artículos 75 a 77 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y las sanciones adicionales a las 
que se refiere el artículo 78 del mismo texto legal.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionarán como infracción 
continuada los incumplimientos del deber de independencia y los incumplimientos de lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, en relación con la misma 
entidad auditada, tipificados, respectivamente, como infracción muy grave o grave en los 
artículos 72.b) y 73.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y como infracción grave en el 
artículo 73.h) del mismo texto legal, cuando se refiera a la emisión de dos o más informes 
de auditoría de cuentas anuales, estados financieros o documentos contables formulados 
por dicha entidad y por entidades vinculadas a dicha entidad, correspondientes a otros 
tantos ejercicios sucesivos, siempre y cuando resulten dichas infracciones de una misma 
y única ocasión, situación o servicio o de un plan preconcebido. En tal caso, la sanción 
aplicable se deberá imponer en su mitad superior.
3.  En el supuesto de que un solo hecho constituya dos o más infracciones o cuando 
una infracción sea medio necesario para cometer otra, se aplicará en su mitad superior la 
sanción prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder la sanción resultante 
de la suma de las que correspondería aplicar si se sancionaran separadamente las 
distintas infracciones. Cuando la sanción así computada exceda de este límite, la sanción 
será la suma de las que correspondería imponer a las infracciones por separado.
4.  A los efectos de apreciar la existencia de un solo hecho, se requerirá que sean 
idénticos los actos de ejecución que sean constitutivos de los incumplimientos de normas 
de auditoría correspondientes a las infracciones cometidas.
5.  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
se entenderá que, en todo caso, concurre una discrepancia jurídica o técnica 
razonablemente justificada cuando el auditor de cuentas haya ajustado su actuación a los 
criterios manifestados o publicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en las resoluciones y contestaciones a consultas que se refieran a circunstancias iguales 
o similares a las contempladas en las normas técnicas de auditoría respecto a las cuales 
se plantea aquella discrepancia.
Artículo 138.  Publicidad de la sanción y vigencia. b
Asdaeul dv71oi,t .o 6 lar,e  Ldysea  5d  r epea uvñCbooulcsieca, nicdstieaóagsnd ú  dadne e l sa lae lqa  atusrua eitt noessr eidcz erraie cpsficióaeinnore cny ie eobsln a aejdarset  ídi cmeluafplsionu  ies8tiasv2tan ad cesei on pl naeoe lr L smlea eiy sc nm2o 2meo/l,2i  stR0eió1nen5dg ,rid sádet eru oi nn2 afO0r ad fdciucecrii aaojucln ildóeiones,     OE-A-2021-13able en https://
muy graves, graves o leves, respectivamente, computándose dichos plazos desde el 
momento en que se haya producido la publicación.
Se procederá igualmente respecto de las inscripciones en el Registro Mercantil de las 
sanciones adicionales previstas en el artículo 78 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, a las 
que se refiere el artículo 82.3 de la citada ley.
2.  Una vez transcurridos los plazos a los que se refiere el apartado anterior, la 
inscripción de las sanciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y su publicidad, 
incluida la realizada en el Registro Mercantil, a la que se refiere el artículo 82.3 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, será cancelada de oficio, sin perjuicio del derecho del auditor 
de cuentas a solicitar su cancelación.
TÍTULO V
De las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas
Artículo 139.  Corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
Se consideran corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas las entidades de ámbito estatal de las que formen parte los auditores de cuentas 
que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a)  Que en sus estatutos figure como única o una de las actividades de sus miembros 
la de auditoría de cuentas.
b)  Que al menos un 10 por ciento de los auditores de cuentas inscritos en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas pertenezcan a la corporación.
c)  Que al menos un 15 por ciento de los auditores de cuentas inscritos en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas, en la situación establecida en el artículo 21.a), sean 
miembros de la corporación.
Artículo 140.  Funciones.
Corresponde a las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas desarrollar las siguientes funciones:
a)  Elaborar, adaptar y revisar las normas técnicas de auditoría, de ética y de control 
de calidad interno, por propia iniciativa o a instancia del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.
b)  Proponer y realizar de forma conjunta los exámenes de aptitud profesional a que 
se refiere el artículo 29, y conforme a lo previsto en el artículo 30.
c)  Organizar y, en su caso, impartir programas de enseñanza teórica, una vez que 
sean homologados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
d)  Organizar y, en su caso, impartir actividades de formación continuada, que deben 
realizar los auditores de cuentas, así como realizar las verificaciones y comunicaciones 
referidas a dichas actividades.
e)  Impulsar la colaboración de sus miembros en la formación práctica requerida para 
el examen de aptitud, vigilando su adecuado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 28, debiendo dar el visto bueno en los certificados que expidan sus miembros, 
cuando así se prevea en las disposiciones normativas.
f)  Elaborar las normas deontológicas y códigos de conducta que deben seguir sus 
miembros. e.
g)  Verificar la observancia de las prácticas y procedimientos internos de actuación de  w.
sus miembros en el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, si su inobservancia  51ww
llevah )a pa rPerjoapdoan mere daild aInss dtiitsuctoip ldinea rCiaosn etanb siluidsa rde syp Aecutdivitoosr íEa sdtaet uCtouse.ntas la incoación del
pderoteccetdaidmoise netno  esl aenjecricoinciaod doer,  seuns  fsuun ccioanseos,  qcouem upuneicdaarn  asquupeolnlaesr  eclu iensctuiomnpelism ioe natos udnet olas   BOE-A-cable e
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
i)  Colaborar con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la actividad de auditoría de cuentas. En particular, podrán 
ejecutar, en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, bajo 
la supervisión y dirección del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la inspección 
de los auditores de cuentas que no auditen entidades de interés público cuando así lo 
acuerde dicho Instituto, siempre y cuando las personas encargadas directamente de una 
inspección sobre un auditor de cuentas, además de lo establecido en el artículo 55.2 de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, no hayan colaborado en la implementación y diseño del 
sistema de control de calidad interno de los mismos auditores de cuentas durante los tres 
años inmediatamente anteriores a la ejecución de la inspección.
j)  Cualesquiera otras previstas en sus Estatutos que tengan por objeto el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, y en este reglamento.
Artículo 141.  Del acceso a la documentación y las actuaciones de verificación por parte 
de las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
A los efectos de lo dispuesto en las letras g) e i) del artículo anterior, las corporaciones 
de derecho público representativas de auditores de cuentas serán las responsables de 
establecer los procedimientos y medidas necesarias para asegurar que únicamente podrán 
participar y acceder a la documentación de los trabajos de auditoría de cuentas objeto de 
dichas actuaciones las personas físicas o jurídicas que no se encuentren inscritas en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas en situación de ejercientes y que cumplan los 
requisitos exigidos en el artículo 55.2, letra b), de la Ley 22/2015, de 20 de julio, respecto 
del auditor de cuentas. Quienes accedan a dicha información estarán sujetos al deber de 
secreto regulado en el artículo 31 de dicha ley, así como a lo dispuesto en la normativa de 
protección de datos personales, no pudiéndose utilizar dicha información para ninguna 
otra finalidad incluso aun cuando se modifique la situación en el citado Registro o haya 
cesado su vinculación con las citadas corporaciones. Las corporaciones velarán en todo 
caso y momento por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
Disposición adicional primera.  Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por 
razón de su tamaño.
En desarrollo de la disposición adicional primera, apartado 1.f) de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y siempre que 
deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información financiera 
que le sea aplicable, estarán obligadas a someter a auditoría, las cuentas anuales de los 
ejercicios sociales en los que no concurran las condiciones previstas en el artículo 263.2 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio.
Disposición adicional segunda.  Auditoría de cuentas anuales de las entidades 
perceptoras de subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea.
1.  En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e), de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y 
siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información 
financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido  es
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o  o
aeeco jsefrtorarcneriádscponioos  o nydbd ealiie g llnaaot dseUa sens jai eóa rnla c sisEco iucmoristoea ptedeenara s q,a  sup uaeobu rsv dueeitn nor cerimíiaoalpn icloeaersstn e o c l tauaoseyt anuoltd paaaescsr ua.amcniuuoalnaleedsso   osc uoeprjreeecrsiuoptreo nan  d6laie0sn0 ti.ne0vs0e 0ar s ediuoircnohesos,    2021-1351n https://www.
2.  Se considerarán recibidas las subvenciones o ayudas, a los efectos de esta
disposición, en el momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de
la empresa o entidad, conforme a lo establecido a este respecto en la normativa contable 
que le resulte de aplicación.
3.  Se entenderán por subvenciones o ayudas, a los efectos de esta disposición, las 
consideradas como tales en el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Disposición adicional tercera.  Auditoría de cuentas anuales de las entidades que 
contraten con el sector público.
1.  En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 1.e), de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y 
siempre que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información 
financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio económico hubiesen celebrado 
con el Sector Público los contratos contemplados en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por un importe total acumulado superior 
a 600.000 euros, y este represente más del 50 % del importe neto de su cifra anual de 
negocios, estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a 
dicho ejercicio social y las del siguiente a este.
2.  Se considerarán realizadas las actuaciones referidas en el apartado anterior, a los 
efectos de esta disposición, en el momento en que deba ser registrado el derecho de 
cobro correspondiente en los libros de contabilidad de la entidad, de acuerdo con lo 
dispuesto a este respecto en el marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación.
Disposición adicional cuarta.  Nombramiento de auditores en las entidades sujetas a la 
obligación de auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de este reglamento.
El nombramiento de auditores en las entidades sujetas a la obligación de auditar sus 
cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las disposiciones adicionales primera, 
segunda y tercera de este reglamento, se hará, en todo caso, antes de que finalice el 
ejercicio social por auditar.
Disposición adicional quinta.  Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones 
públicas con competencias de control o inspección.
1.  En desarrollo de lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, se 
establece como uno de los sistemas o procedimientos de coordinación entre los Órganos 
o Instituciones Públicas que tengan atribuidas legalmente competencias de control y 
supervisión sobre empresas y entidades que sometan sus cuentas anuales a auditoría 
de cuentas y los auditores de cuentas de dichas empresas y entidades la facultad de 
exigir a las citadas empresas y entidades que, previa solicitud a sus auditores de 
cuentas, circunstancia que habrá de figurar en el contrato de auditoría de cuentas 
anuales, se le remita un informe complementario al de auditoría de cuentas anuales que 
contribuya al mejor desempeño de las citadas funciones de supervisión y control. A estos 
efectos, los auditores de cuentas deberán elaborar dicho informe complementario al de  es
auditoría de las cuentas anuales, que se desarrollará dentro del ámbito de dicha auditoría  o
yap uúcdbui2ltiyco.a or í aeLs.laoa mbooberltiaigdcaaicósin óa nls  derée sg luiomjsee taanur dádi eteo nsreu scp aeddreva ic scuióaensno tad sae   dclaeo  mceonurtnirdeicasadpreo srná ddpiiisedtnaintmeta esnn odtreem  plaao srt  édecesn ciincritateo r déaesl    2021-1351n https://www.
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los órganos autonómicos con competencias
de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, según proceda, cualquier 
hecho o decisión relevante sobre la entidad o institución auditada, a que se refiere el 
segundo párrafo de la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
deberá cumplirse en el plazo máximo de tres días hábiles desde que hayan tenido 
conocimiento de las respectivas circunstancias que puedan dar lugar a las situaciones 
previstas en el citado artículo, y con independencia de que posteriormente se produzcan o 
no efectivamente las situaciones que llevarán a reflejar o no en el informe de auditoría las 
citadas circunstancias.
3.  Asimismo, la obligación de los auditores de cuentas, a que se refiere el párrafo 
tercero de la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de enviar 
copia del informe de auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras 
mencionadas en el apartado anterior, en el caso de haber transcurrido el plazo de una 
semana desde la fecha de entrega de dicho informe de auditoría a la entidad auditada por 
parte del auditor, sin que esta haya hecho la correspondiente remisión a las citadas 
autoridades, deberá cumplirse en el plazo máximo de tres días hábiles.
4.  Los datos, informes, antecedentes y demás información obtenida por los Órganos 
e Instituciones Públicas en virtud de lo dispuesto en esta disposición adicional, solo podrán 
utilizarse para los fines de control y supervisión encomendados a dichas Instituciones. Las 
informaciones que los Órganos e Instituciones Públicas, para el cumplimiento de sus 
funciones, tengan que facilitar a los auditores de cuentas de las empresas y entidades 
sujetas a su supervisión y control quedarán exceptuadas del deber de secreto al que, en 
su caso, dichos Órganos e Instituciones se encuentren sujetos, conforme a su respectiva 
normativa legal.
Disposición adicional sexta.  Formulación de consultas.
1.  Las personas con competencias para la formulación de cuentas anuales o su 
verificación podrán efectuar consultas debidamente documentadas al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, respecto de la aplicación de las normas contenidas 
en el marco normativo de información financiera aplicable y de la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, dentro del ámbito de competencias de dicho 
Instituto.
2.  La consulta habrá de comprender todos los antecedentes y circunstancias 
necesarios para que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda formarse el 
debido juicio. En caso contrario, dicho Organismo podrá rechazar las consultas que se 
formulen.
3.  La contestación tendrá carácter de mera información, no pudiendo los interesados 
entablar recurso alguno contra la misma.
4.  La competencia para resolver las consultas será del Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, quien, por la relevancia e interés de las cuestiones 
suscitadas en una determinada consulta, podrá someterlas a consideración del Comité de 
Auditoría de Cuentas o del Consejo de Contabilidad, en el marco de sus respectivas 
competencias.
5.  Las consultas podrán ser publicadas en el Boletín Oficial del Instituto o en su 
página web, siempre que se considere que tienen interés general.
La publicación de dichas consultas estará en todo caso sujeta a la normativa de 
protección de datos personales y, además, no contendrá, en ningún caso, los datos 
referentes a los sujetos afectados por la consulta.
Disposición adicional séptima.  Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de  w.
Cuentas. 51ww
1.  Corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la edición,
ptéucbnliiccaasc,i óenc oyn ódmisitcraibsu yc iaódnm dineils btroalteivtaíns  ao feicsiatel  rdeeslp oercgtoa.nismo, ostentando las funciones
2.  Dicho boletín contendrá:
a)  Todos los datos cuya publicación en el mismo venga exigida por la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, este reglamento o cualquier otra disposición.
b)  Información relativa al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
c)  Cuanta información se considere de interés por el Instituto, por su relación con la 
contabilidad y la actividad de auditoría de cuentas, entre las que se incluirán las 
disposiciones relativas a tales materias.
3.  La publicación del boletín tendrá, como mínimo, periodicidad trimestral, y se hará 
al menos electrónicamente mediante los soportes que faciliten el mayor acceso a su 
contenido y, en todo caso, con las previsiones y garantías en materia de transparencia, 
reutilización de la información y seguridad exigidas en la normativa aplicable en materia de 
información del sector público.
Disposición adicional octava.  Comisión de Auditoría de entidades de interés público.
De conformidad con el apartado 3.c) de la disposición adicional tercera de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, las instituciones de inversión colectiva y los fondos de 
pensiones mencionados en el artículo 8.1.b) y c) de este reglamento no estarán obligados 
a tener Comisión de Auditoría.
Disposición adicional novena.  Cláusulas limitativas en la selección del auditor de 
cuentas.
Cuando concurran los hechos a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, y el artículo 16.6 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas informará a la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la 
disposición adicional cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio.
Disposición adicional décima.  Colaboración con la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, establecerán los procedimientos y mecanismos de 
colaboración a efectos de la aplicación efectiva de lo dispuesto en la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas y en la normativa mercantil aplicable al 
nombramiento del auditor de cuentas y fijación de sus honorarios.
A estos efectos, en relación con lo establecido en el apartado 2 de la disposición 
adicional novena de la Ley 22/2015, de 20 de julio, se establecerán los mecanismos 
necesarios para el acceso e intercambio de información apropiados que permitan verificar 
al registrador mercantil que, previamente a la inscripción del nombramiento del auditor de 
cuentas, este se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas en 
situación de ejerciente y no se ve afectado por alguna circunstancia que le impida la 
realización del trabajo de auditoría de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora 
de esta actividad, así como aquel intercambio de información correspondiente a los 
Registros Mercantiles, de la Propiedad u otra información, que pueda ser necesario para 
el ejercicio de la función supervisora ejercida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de  e.e
Cuentas. b
A los efectos de acreditar el titular real de las entidades sujetas a auditoría, u otras  51ww
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Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España y a la Base de Datos de 
Titularidades Reales del Consejo General del Notariado.
Podrá encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes 
sancionadores por incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores 
mercantiles competentes por razón del domicilio del obligado. Los aranceles a percibir 
como premio de liquidación en razón de la encomienda de gestión para la sanción por falta 
de depósito de cuentas serán los que se establezcan en la encomienda concertada entre 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública previa memoria económica elaborada por el Colegio Oficial de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y de Bienes Muebles de España.
Disposición adicional undécima.  Régimen sancionador del incumplimiento de la 
obligación de depósito de cuentas.
1.  El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador 
regulado en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, será de seis meses a contar 
desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible 
ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del 
procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
2.  Los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los 
límites establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán los 
siguientes:
a)  La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más 
el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada 
ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del 
procedimiento.
b)  En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción 
se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro 
Mercantil.
c)  En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los 
mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que 
el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 
por ciento.
Disposición transitoria primera.  Programas de enseñanza teórica.
A los efectos de considerar cumplido el requisito relativo al seguimiento de los 
programas de enseñanza teórica a que se refiere el artículo 27, se admitirán los programas 
de enseñanza teórica homologados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
de acuerdo con las normativas anteriores, sin perjuicio de la obligación de las personas 
que los hubieren realizado de actualizar los conocimientos adquiridos.
Cuando se produzcan cambios sustantivos en las materias de formación, el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá establecer mediante resolución la obligación 
de cursar formación adicional sobre dichas materias, estableciendo las condiciones de  es
homologación de los programas que impartan dicha formación. o
DispLoas ifcoiórmn atrcainósni toprriáac stiecgau naddaq.u iriFdoar manacteiósn d perlá c1t icdae. enero de 2015 podrá acreditarse  2021-1351n https://ww
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de julio.
La formación práctica adquirida entre el 1 de enero de 2015 y la entrada en vigor del 
real decreto por el que se aprueba este reglamento podrá acreditarse conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Disposición transitoria tercera.  Remisión de información al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.
Lo dispuesto en el artículo 20, en cuanto a los modelos de solicitud y baja en las 
diferentes secciones y situaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, y los 
nuevos requerimientos de información exigidos en el artículo 89 serán exigibles cuando se 
dicten las resoluciones que establezcan los modelos a los que se refieren los artículos 20 
y 89 y en los plazos en ellas determinados. Hasta ese momento seguirán aplicándose las 
normas sobre solicitudes de inscripción y baja en las diferentes secciones del citado 
Registro y las normas sobre presentación de los modelos de remisión de información 
periódica al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas vigentes a la fecha de entrada 
en vigor del real decreto por el que se aprueba este reglamento.
Disposición transitoria cuarta.  Procedimientos sancionadores.
Los procedimientos sancionadores administrativos regulados en este reglamento 
iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del real decreto por el que se 
aprueba este reglamento continuarán rigiéndose por las normas contenidas en el régimen 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 de Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria quinta.  Administradores concursales.
Hasta que entre en vigor el desarrollo reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remitirá al 
Decanato de los Juzgados las relaciones de las personas físicas, en situación de 
ejercientes, y jurídicas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que hayan 
manifestado su disponibilidad para ser nombrados administradores concursales.
Disposición transitoria sexta.  Modalidades de auditoría de cuentas, independencia y 
auditoría de las entidades de interés público.
Lo establecido en el capítulo I del título I y en los capítulos II y VI del título II de este 
reglamento, que modifique el régimen anterior a la aprobación de este reglamento, será 
aplicable para los trabajos de auditoría de cuentas anuales y otros estados financieros o 
documentos contables correspondientes a ejercicios económicos que se cierren con 
posterioridad a la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este reglamento.
Disposición final primera.  Nombramiento de auditor por el registrador mercantil.
Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, en el caso de 
nombramiento de auditor de cuentas por el Registrador Mercantil en los supuestos 
previstos legalmente, el auditor de cuentas tendrá un plazo de diez días hábiles a contar 
desde la fecha de la notificación del nombramiento para comparecer ante el Registrador y 
aceptar o rechazar el nombramiento. e
Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior sin haber comparecido el  b
auditor designado, o si este hubiese rechazado el nombramiento o su notificación, el  51ww
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impedirá la producción de los efectos legalmente previstos para el supuesto de auditoría 
obligatoria.
Disposición final segunda.  Modificación de las normas de control de calidad interno.
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento, se 
adaptarán las normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas a lo 
establecido en los artículos 28 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y 67 de este reglamento, 
a iniciativa de las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas. Dichas normas tendrán como objetivo promover la máxima calidad y para ello 
podrán establecer requisitos específicos para el cumplimiento de los objetivos y principios 
del sistema de control de calidad establecidos por los mencionados artículos, de acuerdo 
con los principios y práctica comúnmente admitida en la Unión Europea.
Disposición final tercera.  Corporaciones de derecho público representativas de auditores 
de cuentas.
En tanto en cuanto cumplan los requisitos establecidos en el artículo 139, tendrán la 
consideración de representativas a efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora de 
la auditoría de cuentas, al menos:
a)  Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores.
b)  Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.