BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Jueves 10 de marzo de 2022 Sec. TC.   Pág. 28635
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3798 Sala Segunda. Sentencia 11/2022, de 7 de febrero de 2022. Recurso de 
amparo  4582-2018.  Promovido  por  don  Francisco  Benavente  Romero 
respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo y la Audiencia Provincial de Murcia, que le condenaron por un delito 
de estafa impropia. Alegada vulneración de los derechos a un proceso con 
todas las garantías, a no declarar contra uno mismo y a la presunción de 
inocencia; supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del 
principio acusatorio: inadmisión parcial del recurso de amparo; calificación de 
los  hechos  con  arreglo  a  un  principio  de  especialidad  que  no  causa 
indefensión  a  la  defensa,  no  aplicación  razonada  de  la  atenuante  muy 
cualificada de dilaciones indebidas.
ECLI:ES:TC:2022:11
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4582-2018, promovido por don Francisco Benavente 
Romero, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Murcia, de 17 de mayo de 2017, y contra el auto de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, de 12 de abril de 2018, que confirmó aquella. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha actuado como parte personada don Santiago Ramírez Benavente. Ha sido 
ponente la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 4 de 
septiembre  de  2018,  el  procurador  de  los  tribunales  don  Valentín  Ganuza  Farreo, 
actuando en nombre y representación de don Francisco Benavente Romero, bajo la 
defensa del letrado don Fernando Candela Martínez, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas.
2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
A) Con fecha 18 de octubre de 2012, la representación procesal de don Santiago  oe.
Ramírez Benavente interpuso ante el Decanato de los juzgados de Cieza un escrito de  w.
dtqreua enlrsaem lleaitni dctiood nautdrn a C bdoieounnr  bFinerm,a nSuce.Libs.cl,e o p qoBure enl aad vepecrnelatseruó nR atoanm teceo rnmoo,i tsaeiórnino s  uhd aecl laaulrinds aedd el ilbditreoe   adddeem  ecinasitrsagtfraaas d,a oclr u húaannbidceoor    2022-3798n https://ww
en realidad no lo estaba por haber constituido él mismo una hipoteca sobre el citado
inmueble en fecha anterior. En origen, según se narra en la querella, ambas partes  Bc
habían pactado en 2005 un contrato verbal de permuta por el que, de un lado, el 
querellante entregaba en pleno dominio a la mercantil de la que era administrador el 
querellado una parcela de terreno para edificar varias plantas para vivienda, sita en el 
polígono de ejecución reparcelado PE.4, calle Cid Campeador del término municipal de 
Fortuna, y por otra parte la referida entidad se comprometía a otorgar escritura de 
compraventa  («contrato  que  celebrarían  con  la  apariencia  de  un  contrato  de 
compraventa», dice la querella) de transmisión al querellante de la propiedad de una 
vivienda de planta de calle en la edificación proyectada, libre de cargas, lo que a la 
postre no habría hecho.
B) Por  auto  de  12  de  diciembre  de  2012  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción  núm.  2  de  Cieza  admitió  a  trámite  la  querella  presentada  y  ordenó  la 
incoación de diligencias previas con el núm. 1066-2012.
Terminada la instrucción, el propio juzgado dictó auto el 12 de junio de 2014 en el 
que  acordó  la  continuación  de  la  tramitación  de  las  actuaciones  por  el  cauce  del 
procedimiento abreviado núm. 23-2014, con traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación 
personada para la presentación de escrito con solicitud de apertura a juicio oral, de 
sobreseimiento de la causa o de práctica de diligencias complementarias.
La representación procesal de don Santiago Ramírez Benavente formuló escrito de 
acusación contra el ahora recurrente, calificando los hechos como «constitutivos de un 
delito de estafa del artículo 248 en su modalidad agravada del artículo 250.1.1 y 250.1.7 
del Código penal» (en adelante, CP), e interesando la imposición de una pena de cuatro 
años y seis meses de prisión, multa de nueve meses a razón de doce euros el día multa, 
y las penas accesorias de suspensión de todo cargo e inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación 
para la promoción y construcción de viviendas.
Tanto la fiscal actuante como la defensa del acusado solicitaron el sobreseimiento.
El juzgado instructor, conforme a lo solicitado por la parte acusadora y dado que a su 
entender existían indicios suficientes contra el acusado, dictó auto el 31 de marzo 
de 2015 por el que declaró abierta la causa a juicio oral contra este último en su 
condición de administrador único de la entidad Courbe, S.L., como presunto autor de un 
delito de estafa «del artículo 248 en su modalidad agravada del artículo 250.11 [sic] 
y 250.1.7 del Código penal».
C) Recibidas las actuaciones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Murcia,  abrió  el  procedimiento  abreviado  núm.  44-2015  y  dictó,  con  fecha  3  de 
septiembre de 2015, auto de admisión de las pruebas propuestas por la acusación 
particular y la defensa, con «citación a primera sesión de juicio oral» de las partes «a fin 
de concretar los escritos de calificación, exponer cualquier cuestión de las previstas en el 
número  2  el  artículo  786  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal,  o  plantear  posible 
conformidad en los términos del número el artículo [sic] 787 de la citada ley procesal».
En virtud de diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia de 
la propia Sección Segunda, de 7 de septiembre de 2015, se fijó como fecha «para la 
celebración de juicio oral de posible conformidad para el día 13 de noviembre de 2015 a 
las 10:10 horas, y para el comienzo de las sesiones del juicio oral caso de no haber 
conformidad el próximo día 11/mayo/2017 a las 9:30 horas, que tendrá lugar en la sala 
de audiencia de este órgano judicial».
Con fecha 13 de noviembre de 2015, la misma letrada de la administración de justicia 
suscribió acta haciendo constar que la acusación particular no había acudido al acto 
convocado para intentar alcanzar una conformidad entre las partes, reiterando la defensa  es
allí  presente  su  pretensión  de  sobreseimiento  de  la  causa,  con  lo  que  se  dio  por  o
ttdeeers mtniLgionaova sliede ptomra aebrdalr ae as  cdudte oea . lsa2i s0at1ed5nm,c iinpaio sart  rlalaac  viqóisunte ad  eoa rcjauolsr ddtieócil a ldi bríaera f1er1 ril dodase   ddmiecastóypo ad cdilhiego e2sn0 cp1ia7ar,  ada e ll aao srcd 9ieta:n3ca0ióc hnióo nrda ees l. l1o6s   OE-A-2022-3798able en https://www.
D) En la fecha que acaba de indicarse tuvo lugar el acto de la vista oral. De la 
reproducción efectuada del CD de grabación remitido a este tribunal, procede resaltar los 
siguientes datos:
(i) En el turno de alegaciones previas del art. 786.2 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (en adelante, LECrim) tomó la palabra el abogado de la acusación particular 
para comunicar que «en el día de ayer» había tenido conocimiento de una reunión 
mantenida el 29 de diciembre de 2011 entre su cliente, el acusado y otros familiares 
comunes, conversaciones que fueron grabadas en un dispositivo de audio que no se 
había aportado en todo este tiempo al procedimiento y que quería hacerlo en ese acto, 
proponiendo a la vez que se acordara como diligencia final, y así se entregaría, la 
transcripción escrita de las conversaciones. Interesó además la práctica de la testifical de 
doña  Francisca  Ramírez  Benavente  y  doña  Antonia  Ramírez  Benavente,  ambas 
presentes  en  aquella  reunión,  añadiendo  que  la  grabación  era  una  prueba 
«imprescindible» pues en ella el acusado reconocía los hechos delictivos que se le 
atribuían (aparece registrada la intervención del abogado a partir del minuto 01:40 del 
CD 1 de grabación de la vista).
La fiscal actuante no formuló oposición a la admisión de la grabación, atendiendo a 
que  se  trataba  de  una  prueba  «sobrevenida»  (consta  su  intervención  a  partir  del 
minuto 03:28 del CD 1 de la vista).
El  letrado  del  acusado,  por  su  parte,  manifestó  que  «esta  parte  se  opone  por 
extemporánea y refuta esta prueba, porque no es de recibo que en la mañana de hoy se 
proponga, y además por lo que he oído se trata de dos personas con parentesco de 
consanguinidad con el querellante, dos hermanas creo haber oído, y desde luego, esta 
parte, vamos, salvo mejor criterio de Sus Señorías, esta parte desaprueba y no la 
considera ni procedente ni admisible» (consta su intervención a partir del minuto 03:45 
del CD 1 de la vista).
Tras pedir aclaración el magistrado presidente del tribunal sobre el contenido de la 
grabación al abogado de la acusación, este último insistió en que de haber conocido 
antes de su existencia la habría aportado oportunamente, pero no supo de ella hasta el 
día  anterior,  sin  que  le  diera  tiempo  a  preparar  su  transcripción  escrita.  Que  era 
fundamental su admisión «en aras al principio de igualdad de armas» y a la tutela judicial 
efectiva, con reconocimiento de los hechos por el acusado (consta su intervención a 
partir del minuto 04:29 del CD 1 de la vista).
En  ese  momento  pidió  la  palabra  el  abogado  del  aquí  recurrente  para  decir 
literalmente que «sin entrar en la sustantividad de esa prueba, desde el punto de vista 
formal  ¿no?,  efectivamente  no  cumple  los  requisitos  porque  hasta  está  ya  como 
prejuzgando ¿no? que esa grabación o esa declaración o reconocimiento ¿no? ya lo 
presupone, es que desde el punto de vista formal esta parte lo considera inadmisible 
pero por lo que le acabo de decir, pero es que además en el contexto en que lo está 
exponiendo esa prueba ¿no?, por esta regla de tres Señoría estaríamos que las causas, 
en este caso en esta sala ¿no? pues efectivamente hoy tendría que suspenderse y 
entonces viene y dice, ha tenido oportunidad la parte y además estoy diciendo, mire, si 
fuese una prueba que no ha tenido la oportunidad de tenerla u obtenerla ¿no? porque 
estaba  en  un  protocolo  en  algún  organismo  etcétera,  pero  de  dos  hermanas  del 
querellante, que nos venga en la mañana de hoy a decir ‘es que me acabo de enterar 
ayer’, yo creo, Señoría, con todos respetos, que no la apruebe, gracias» (consta su 
intervención a partir del minuto 05:24 del CD 1 de la vista). s
Sobre la petición formulada, el magistrado presidente del tribunal comunicó a las  e.
partes que la Sala accedía a la audición de la grabación siempre que pudiera ser  w.
reproducida, sin perjuicio de la credibilidad que debía otorgarse a la misma y de la  98ww
valoRraecsiópne cptoro dbea tloarsia t eqsuteif icmaeleresc iinetrear eesl acdoanste, nlaid fois dcael  lnao g rsaeb oapcuiósno. a su admisión mientras
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tratarse de dos personas con parentesco de consanguinidad con el querellante, por lo
que se oponía a su admisión (consta a partir del minuto 11:40 del CD 1 de la vista). La 
Sala acordó admitir las testificales. Preguntadas a continuación las partes por si tenían 
alguna cuestión más que manifestar en ese turno previo, el abogado del aquí recurrente 
dijo que «bueno Señoría, como ya le he dicho que me oponía, y la ha admitido, disculpe, 
recurro» (sic), corrigiéndole el magistrado presidente si en todo caso lo que deseaba 
hacer era «consignar su protesta», respondiendo el letrado que «deseo consignar la 
protesta, respetuosa» (consta a partir del minuto 12:50 del CD 1 de la vista).
(ii) A continuación se practicó el interrogatorio del acusado y las testificales. En lo 
que importa resaltar ahora, ninguna pregunta formuló el abogado de la defensa a su 
cliente, ni al testigo don Santiago Ramírez Benavente, en relación con la grabación 
aportada de la reunión celebrada en su casa de la calle del Cid Campeador el 29 de 
diciembre de 2011. Sí lo hizo a las testigos doña Francisca y doña Antonia Ramírez 
Benavente, hermanas de don Santiago (consta la intervención del letrado a partir del 
minuto 47:47 del CD 1 de la vista, y del minuto 00:05 del CD 2 de la vista).
Una vez practicadas las testificales, el magistrado presidente preguntó sobre la 
prueba documental unida a las actuaciones —que ninguna de las partes impugnó—, y 
asimismo ordenó que la grabación sonora aportada se reprodujera completa, como así 
se hizo. Finalizada la audición, el magistrado presidente preguntó a las partes si tenían 
que formular alguna alegación en cuanto a dicha prueba, a lo que respondió el abogado 
de la defensa que se la reservaba para el trámite de informes (consta su intervención a 
partir del minuto 48:35 del CD 2 de la vista).
Elevadas por las partes las conclusiones provisionales a definitivas, se abrió el 
trámite de informes en el que la fiscal alegó en primer lugar que el contenido de la 
grabación corroboraba su criterio (de petición de absolución), porque probaba que el 
acusado desconocía los hechos que se le atribuían y no tenía el ánimo de engañar 
(consta su intervención a partir del minuto 49:30 del CD 2 de la vista), sin cuestionar la 
validez como prueba de dicho registro sonoro. Tampoco cuestionó dicha prueba el 
abogado de la acusación particular, quien por el contrario sostuvo que la grabación sí 
acreditaba la estafa del acusado (consta su intervención a partir del minuto 53:20 del 
CD 2 de la vista).
Por su lado el abogado del aquí recurrente afirmó, sobre la prueba sonora aportada, 
que «aunque resulte paradójico esta grabación que acabamos de oír, así un poco 
penosamente  en  algunos  pasajes,  lejos  de  perjudicar  a  mi  cliente,  lo  digo  así,  le 
beneficia, mejor dicho no me gusta la palabra beneficia, descarta cualquier atisbo de 
duda de la nobleza de este hombre, de dar la cara este hombre, y por lo tanto elimina 
por completo precisamente el elemento consustancial e inherente al delito de estafa que 
es el engaño» (consta a partir del minuto 1:01:34 del CD 2 de la vista). Y luego de verter 
otras consideraciones sobre la inexistencia del delito que se le achaca a su cliente, 
remató su intervención diciendo: «en la mañana de hoy además hemos opuesto nuestro 
rechazo a esta prueba que había expuesto la contraparte pero sí que queremos dejar 
constancia de que es una prueba que, aun por sorpresiva, ha despejado muchas dudas» 
(a partir del minuto 1:11:32 del CD 2 de la vista). Ninguna alegación más formuló sobre 
dicha  prueba  el  letrado  de  la  defensa,  ni  por  tanto  denunció  respecto  de  ella  la 
vulneración de derecho fundamental alguno de su cliente.
E) Con fecha 17 de mayo de 2017, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Murcia dictó la sentencia núm. 217/2017, en el procedimiento abreviado 44-2015, en 
la que condenó al ahora demandante de amparo como autor criminalmente responsable  s
de  un  delito  de  estafa  impropia  del  artículo  251.2  CP,  sin  la  concurrencia  de  e.
circunstancias modificativas, a las penas de dos años de prisión e inhabilitación especial  w.
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como  98ww
ad eiln daertmícnuilzoa r5 a7 6S adnet ialag oL Reya mdíere ze nBjueincaiavmenieten teon  cliav ils, ucmoan  deex 7p7re 0sa0 0c €o nmdáesn alo se nin tceorestsaess, 
incluLiad asse lnatse ndcei ala d aecculasraóc ipórno bpaadrtoic uqluaer. el acusado, Francisco Benavente Romero, en su  BOE-A-cable e
condición de administrador único de la mercantil Courbe, S.L., pactó de forma verbal un
contrato de permuta de solar a cambio de obra futura con Santiago Ramírez Benavente, 
propietario de la parcela señalada con el número 5.2.2 en el polígono de ejecución núm. 
4 del término municipal de Fortuna, calle Cid Campeador núm. 2, conforme al cual el 
acusado, como promotor inmobiliario, construiría ocho viviendas con sus respectivas 
plazas de garaje y trasteros según proyecto redactado por un arquitecto.
El 30 de septiembre de 2005 el acusado otorgó escritura de declaración de obra 
nueva en construcción y división horizontal, en cuyo exponente I se hace constar que la 
parcela de terreno para edificar pertenece en pleno dominio a la mercantil Courbe, S.L., 
por compra de su representante a Santiago Ramírez Benavente en virtud de escritura, 
otorgada con carácter previo ese mismo día.
En la misma fecha el acusado, actuando en su propio nombre como fiador solidario y 
como prestatario e hipotecante en nombre y representación de la mercantil Courbe, S.L., 
otorgó  con  la  Caja  de  Ahorros  del  Mediterráneo  escritura  de  ocho  préstamos  con 
garantía  hipotecaria  por  un  importe  global  de  624  000  euros,  con  destino  a  la 
construcción de las fincas descritas.
Con fecha 3 de octubre de 2005 se suscribió un contrato privado de compraventa por 
el  que  Courbe,  S.L.,  vendió  a  Santiago  Ramírez  Benavente  y  a  María  Fuensanta 
Ramírez Benavente, un piso, plaza de garaje y trastero por un precio de venta de 60 
702,22 euros, IVA no incluido.
El 5 de octubre de 2010 el acusado, en representación de la citada mercantil, otorgó 
escritura de venta de la vivienda situada en la planta baja de la calle Cid Campeador en 
el término municipal de Fortuna (Murcia), departamento núm. 2, con anejos en la planta 
de sótano y trastero, a favor de Santiago Ramírez Benavente y de Jissela Maribel Ochoa 
Bohórquez,  por  un  precio  de  69  444,45  euros  más  IVA,  cantidad  que  la  parte 
transmitente había recibido íntegramente del adquirente antes de este acto. El acusado, 
en su condición de parte vendedora, declaró que la vivienda objeto de compraventa se 
hallaba  sin  cargas  ni  arrendatarios  y  al  corriente  en  el  pago  de  contribuciones  e 
impuestos, prescindiendo la parte compradora de la información registral por encontrarse 
satisfecha con las manifestaciones de la parte vendedora, haciéndose entrega y tradición 
de la finca descrita a la parte compradora.
Con anterioridad al otorgamiento de la escritura de compraventa la totalidad de la 
finca está gravada con una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo para 
responder por la suma de 87 000 € más intereses, gastos y costas, inscrita en el 
Registro de la Propiedad núm. 2 de Cieza, de fecha 7 de diciembre de 2005, además de 
presentar otras dos cargas: embargo preventivo a favor de Suministros Fenoll, S.L., en 
reclamación de 11 646,34 euros de principal más intereses de demora, gastos y costas, 
anotación  de  fecha  24  de  noviembre  de  2009  en  virtud  del  juicio  cambiario  núm. 
1062-2009 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Cieza; y embargo 
ejecutivo a favor de Hormigones Orxeta, S.L., en reclamación de 18 235,47 euros de 
principal más intereses de demora, gastos y costas, anotación de fecha 21 de diciembre 
de 2009 dimanante del juicio cambiario núm. 387-2009 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 2 de Cieza.
En  cuanto  a  la  fundamentación  jurídica  de  la  sentencia  de  instancia,  procede 
destacar lo que sigue:
(i) Respecto de la prueba de cargo que sostiene la condena, se señala en el 
fundamento jurídico segundo:
«Señala el acusado que al tiempo del otorgamiento de la escritura de venta y cuando  e.e
acudió a la Notaría aseguraba que la finca descrita se encontraba libre de cargas y  w.b
gravámenes al no tener conocimiento de la existencia de las mismas pues eran sus  98ww
caosnevsiocrceiós nq upireondeusc es ee ne necl atrrgibaubnaanl  ad ela t ovdisat al ad ed oqcuuem efuneta écli óqnu, iedne colatorargcóió nla  qeusec rnitiunrgau dnea 
ceosncrsittuiturac ióonto rdgeald ap récostna mfeoc hhai p3o0te sceapritoie mpabrrae  l2a0 0e5je cyu fcuieó né ld qeu ilean  porotomrgoóc ióconn i nfemcohbai li5a rdiae, 
octubre de 2010 la escritura de venta, admitiendo incluso en su declaración en el
plenario que en los años 2008 y 2009 tenía conocimiento de ‘alguna reclamación’ por 
parte de las mercantiles Suministros Fenoll y Hormigones Orxeta S.L., si bien es cierto 
que el querellante afirma que el trato lo hizo con el oficinista del acusado (primo del 
querellante, que no ha sido traído al juicio oral), señala que se reunieron los tres y que le 
dijo que todo lo que hablara con su primo está bien tratado, no es menos cierto, que la 
escritura de compraventa de 5 octubre 2010 concurre en representación de la mercantil 
transmitente  Courbe,  S.L.,  el  acusado  quien  en  indicada  representación  otorga  la 
escritura de venta en la que expresamente declara como parte vendedora, ‘la finca 
objeto de la presente escritura se halla según manifiesta la parte vendedora sin cargas ni 
arrendatarios’ y, a mayor abundamiento, la grabación aportada por la querellante al inicio 
del juicio oral en formato CD sobre la reunión que el querellante junto con sus hermanas 
mantuvo con el acusado con posterioridad a los hechos, grabación de voz a la que se dio 
audición en la sala con pleno sometimiento a los principios de contradicción e igualdad 
entre las partes y, en la que la Sala reconoce sin género de duda alguna la voz del 
acusado y del resto de los intervinientes, permite constatar que en el transcurso de la 
conversación mantenida, si bien en un primer momento y en relación con las cargas y 
gravámenes de la finca dicho acusado afirma ‘yo eso no lo sabía, no vais a tener ningún 
problema’, ‘yo eso lo voy a solucionar’, más adelante, admite, ‘eso lo sé yo mucho 
tiempo’, ‘mi idea es solucionarlo’, ‘sabe perfectamente lo que hizo’ […].
Ilustrativa resulta la información registral expedida por el registrador de la propiedad 
de Cieza núm. 2 conforme a la documental obrante a los folios 56 y siguientes de que la 
finca descrita estaba gravada con una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo para responder de la suma de 87 000 € de principal, más intereses, gastos 
y costas, inscripción segunda de la finca de fecha 7 de diciembre de 2005, escritura 
otorgada ante el notario de Molina de Segura con fecha 30 septiembre 2005 y, a 
mayores, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con una anotación de embargo 
preventivo, anotado con letra A, de fecha 24 noviembre 2009, a favor de la mercantil 
Suministros Fenoll, S.L., en reclamación de 11 646,34 euros, más intereses de demora, 
gastos  y  costas,  así  como  se  encuentra  gravada  con  una  anotación  de  embargo 
ejecutivo a favor de la mercantil Hormigones, S.L., en reclamación de 18 235,47 euros 
de principal más intereses de demora, gastos y costas, anotación letra B de fecha 21 
diciembre  2009.  De  cuanto  antecede,  considera  la  Sala  no  existe  duda  de  la 
concurrencia de los elementos típicos establecidos en el artículo 251.2 del Código penal, 
al resultar probada la conducta típica ocultando la existencia de los gravámenes y cargas 
antes señalados al tiempo del otorgamiento de la escritura pública de venta de fecha 5 
octubre 2010».
(ii) Los  hechos  probados  se  califican  en  el  fundamento  jurídico  primero  de  la 
sentencia como: «[…] legalmente constitutivos de un delito de estafa impropia tipificado 
en el artículo 251.2 del Código penal que sanciona mediante la imposición de una pena 
al que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultado la existencia de cualquier 
carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare 
nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de este o de un 
tercero. En relación con la disposición legal que se califica hemos de señalar que los 
delitos del artículo 251 del Código penal como modalidades típicas de la estafa impropia 
son  tipos  penales  específicos  y  con  un  contenido  autónomo  y  penalidad  diferente 
respecto de la estafa ordinaria de los artículos 248, 249 y 250 del Código penal», con 
cita de las sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 211/2006, de 16 de  s
febrero; 780/2010 de 16 de septiembre; 333/2012, de 26 de abril; 941/2007, de 8 de  e.
noviembre; 69/2011, de 1 de febrero, y otra de 30 de mayo de 2012. w.
Más adelante, en el fundamento jurídico tercero se razona que: 98ww
«Conforme a la doctrina jurisprudencial antes expuesta y en virtud del principio de
ceosnpsetcitiuatliidvoasd  daen tuenri odremlieton ted e seesñtaalfaad iom, pproropciae dtiep ifilcaa dcoa liefinc aecli óanr tícduel ol o2s5 1h.2e cdheols C  ócodmigoo 
penal, sin que resulte de aplicación la calificación por el delito de estafa en su modalidad
agravada  formulada  al  amparo  de  los  artículos  248  y  250.1  y  7  por  la  acusación 
particular,  conclusiones  provisionales  que  elevó  a  definitivas  en  el  juicio  oral. 
Consideramos que la calificación procedente al amparo del artículo 251.2 no supone 
infracción alguna del principio acusatorio, ni del derecho a la tutela judicial efectiva. El 
Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1992 afirma que ‘el órgano judicial no está 
vinculado por la tipificación que en la acusación se verifique’ y, el Tribunal Supremo en 
su sentencia 13 febrero 2003 entiende que la calificación no vincula de manera absoluta 
al tribunal sentenciador señalando, además, ‘es el escrito de conclusiones definitivas el 
que sirve de referencia para evaluar la congruencia del fallo. Tal vinculación encuentra su 
excepción cuando el tribunal viene a condenar por delito distinto del que es objeto de 
acusación definitiva por existir homogeneidad entre ambos y siempre que no implique 
una pena de superior gravedad’».
(iii)  Finalmente  y  en  lo  que  importa  al  presente  recurso  de  amparo,  la 
individualización de las penas que se le imponen al acusado aquí recurrente se motiva 
en el fundamento jurídico quinto de la sentencia en estos términos:
«No  concurren  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal, 
individualizándose la pena dentro del marco punitivo establecido en el artículo 251 del 
Código penal, prisión de uno a cuatro años, tomando en consideración conforme al 
artículo 66.1 regla sexta y 248 del Código punitivo, la inexistencia de antecedentes 
penales, el valor de la defraudación y el quebranto económico causado al perjudicado, 
cuantificado en el precio fijado en la escritura de compraventa de fecha 5 octubre 2010 
por importe total y repercusión del IVA en la suma de 75 000 euros (folio 47), así como 
tomando en consideración las circunstancias personales del querellante [...] que fueron 
apreciadas por el tribunal en el acto de la vista y, atendiendo al hecho de que querellante 
y acusado son vecinos del mismo pueblo, conociéndose desde pequeños, por lo que se 
considera ajustado la imposición de la pena, en su mitad inferior y en la extensión de dos 
años de privación de libertad, así como la accesoria de inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena».
F) Por escrito firmado el 25 de mayo de 2017, la representación procesal del aquí 
recurrente presentó solicitud de aclaración de la sentencia, al no haberse incluido en ella, 
concretamente en el fundamento jurídico segundo, una referencia expresa a la protesta 
formulada por el abogado de la defensa ante la admisión por la Sala de la grabación en 
formato CD aportada al inicio del juicio oral.
En su respuesta, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia dictó auto 
el 16 de noviembre de 2017, desestimatorio de lo solicitado en los siguientes términos:
«No procede la aclaración solicitada pues contra el acuerdo de admisión de la 
prueba testifical respecto de los dos testigos que se hallaban a las puertas de la sala y 
respecto de la grabación aportada en formado CD, pruebas propuestas por la acusación 
particular, formuló el señor letrado de la defensa respetuosa protesta a los efectos de 
ulterior recurso tal como refleja el acta de grabación de la vista oral e el trámite de 
cuestiones previas a que se refiere el artículo 786.2 de la LECrim».
G) Contra la indicada sentencia de instancia el aquí recurrente interpuso recurso de 
casación. A los efectos que importan al presente proceso de amparo, ha de destacarse 
que en el escrito de formalización de dicho recurso se alegaron entre otros: (i) el motivo 
primero, por vulneración conjunta de los derechos a no declarar contra sí mismo ni a  e.
confesarse culpable (art. 24.2 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y  w.b
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por haber sido admitida como prueba de  98ww
pcarurgeob ala  ogbratebnaicdiaó n ddee  lma aconnevrae rscaocnióstnit urecaiolinzaaldmae enlt e2 9 ildícei tdai,c ieym  nbore  hdaeb 2e0r 11s,i dsoie nsdoom deictihdaa 
traemprpoodcuoc caió nl aesn  gjuaicraion,t ísaisn  vdeer ificcoanctiróand idcec iósnu  aeu teignutaicliddaadd  yd ec opnatrrotel;s ( iie) ne l smuo taivdom tiesriócenr oy, 
por infracción del principio acusatorio del art. 24.2 CE, al haber solicitado la acusación
una condena por el delito de estafa genérica del art. 250 CP, y haber declarado la 
sentencia la comisión de un delito de estafa impropia del art. 251.2 CP, siendo que no 
existe homogeneidad material entre ambos tipos penales; calificación de la acusación 
que condicionó la actividad de alegación y prueba de las partes en esa instancia, 
produciendo así la calificación de la sentencia la indefensión del recurrente, y (iii) el 
motivo quinto, por vulneración del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas 
(art. 24.2 CE), al no haber apreciado la sentencia la atenuante de dilaciones indebidas 
como muy cualificada que a su parecer concurría.
H) Con fecha 12 de abril de 2018 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó el 
auto núm. 632/2018, con la siguiente parte dispositiva: «La Sala acuerda: no haber lugar 
a la admisión del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia 
dictada  por  la  Audiencia  Provincial  de  origen  en  la  causa  referenciada  en  el 
encabezamiento de esta resolución».
a) La Sala analiza en el fundamento de derecho primero del auto el primer motivo 
del recurso de casación, que es inadmitido sobre la base de los siguientes argumentos:
(i) Ante todo, descarta que se haya vulnerado el derecho a no declarar contra sí 
mismo ni a confesarse culpable (art. 24.2 CE), por dos razones principales:
– De un lado, porque la jurisprudencia de la Sala limita el ámbito de aplicación de 
este derecho a las grabaciones realizadas por autoridades o sus agentes:
«Recordábamos en STS 652/2016, de 15 de julio la doctrina de esta Sala respecto a 
la licitud de la grabación de las conversaciones entre particulares. Así, se recoge: «En 
primer lugar, parece existir consenso en que la utilización en el proceso penal de 
grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores, no 
vulnera en ningún caso el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.
En  segundo  lugar,  también  existe  consenso  en  que  no  vulneran  el  derecho 
constitucional  a  la  intimidad,  salvo  casos  excepcionales  en  que  el  contenido  de  la 
conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los 
interlocutores.
En  tercer  lugar,  existe  una  mayor  polémica  en  lo  que  se  refiere  a  la  posible 
vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable, que recoge el principio nemo tenetur. El planteamiento restrictivo de la STS 
citada en el caso actual por la parte recurrente, STS 178/1996, de 1 de marzo, que 
considera que la utilización de estas grabaciones vulnera el citado derecho fundamental, 
no ha sido seguido de modo generalizado por la doctrina jurisprudencial, que matiza 
diversos supuestos. La doctrina criticó esta resolución aduciendo que los derechos a 
guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable son garantías 
constitucionales  que  despliegan  sus  efectos  en  relación  con  las  declaraciones  del 
imputado  ante  la  autoridad  o  sus  agentes  (STC  197/1995,  de  21  de  diciembre,  o 
STC 313/1997, de 2 de octubre), por lo que no deben aplicarse a manifestaciones 
realizadas entre particulares y fuera del procedimiento.
La propia STS número 421/2014, de 16 de mayo, ya citada, que sigue el criterio de la 
STS  178/1996,  destaca  la  diferencia  que  concurre  en  el  caso  entonces  enjuiciado 
precisamente porque ‘se dan en el caso unas circunstancias especiales o singulares, 
habida cuenta que no se está ante un supuesto en el que sean las autoridades o agentes 
estatales los que obtienen al [sic] declaración, excluyéndose así la relación Estado/ s
ciudadano que es el ámbito natural donde operan los derechos fundamentales’, lo que  oe.
permite entender que los casos de invalidez deben reservarse, en realidad, para los  w.
eesunjep mluape qlsout oees nl ad lsae   gSgrrTaabSba adcceioio n9ne edsse  s rnueobavrleiizepamtdicbairases  p dsoeer   2rlae0 a0al1iuz,t aotraroimdnab ddiéi rnoe  ccstiuatasmd eaang eteenn  tpleaos ra,  dncotoesmr iaoogr  seruencsteeosdlu edc eipó onlar,    2022-3798n https://ww
Guardia Civil.
La STS, que también citamos, núm. 298/2013, de 13 de marzo, señala expresamente 
que ‘Muy diferente sería el supuesto si lo que se hubiese buscado es desde una posición 
de  superioridad  institucional  (agentes  de  la  autoridad)  una  confesión  extraprocesal 
arrancada mediante engaño’. De lo que podemos concluir que conforme a la doctrina 
jurisprudencial  sí  estarían  afectadas  de  nulidad  las  grabaciones  realizadas 
engañosamente por agentes de la autoridad a modo de confesión extrajudicial, por 
vulnerar el derecho constitucional a no confesarse culpable, pero no en las relaciones 
privadas’».
– Y de otro lado, porque las manifestaciones efectuadas en una conversación entre 
particulares no pueden calificarse como «confesión» a los efectos de aquel derecho 
fundamental; además y en todo caso permite la práctica de otras pruebas vinculadas a 
su contenido, como las testificales de los participantes en la conversación. En este punto 
el auto hace cita de la STS 652/16, de 15 de julio:
«El análisis de la doctrina del TEDH permite constatar que al examinar el derecho a 
no autoincriminarse deben tomarse en consideración diversos factores. La naturaleza y 
grado de la compulsión utilizada para obtener la prueba, el peso del interés público en la 
investigación y castigo del delito en cuestión (proporcionalidad), la existencia de otras 
garantías en el procedimiento y el uso que se ha dado al material obtenido.
En relación con este último punto, es de destacar que la mayoría de la doctrina 
jurisprudencial  relativa  a  esta  materia,  prescinde  de  calificar  las  manifestaciones 
realizadas  por  el  inculpado  en  estas  grabaciones  como  confesión.  Generalmente, 
incluido en los supuestos en que no se consideran válidas las grabaciones, se parte de 
la  base  de  que  son  válidas  las  declaraciones  de  los  demás  intervinientes  en  la 
conversación, que tienen el valor de testimonio de referencia sobre las manifestaciones 
del  inculpado.  Declaraciones  que  se  confirman  o  ratifican  con  el  contenido  de  las 
grabaciones, tomando el tribunal siempre en consideración la buena fe (carencia de 
ardides) y el grado de coerción concurrentes.
Por ejemplo, en la sentencia 45/2014, de 7 de febrero, esta Sala argumentó que 
aunque se admitiera la tesis del recurrente, relacionada con la infracción del derecho a 
no confesarse culpable, lo cierto es que las mismas personas que se hallaban presentes 
durante el desarrollo de la conversación que fue objeto de grabación testimoniaron en el 
plenario y fueron preguntadas por las partes acerca de todo aquello que fue considerado 
de  relevancia  para  las  respectivas  pretensiones,  ofreciendo  al  tribunal  a  quo  los 
elementos  necesarios  para  respaldar  el  juicio  de  autoría  más  allá  de  toda  duda 
razonable. No se ha vulnerado, pues, el derecho del acusado a no confesarse culpable y 
el motivo ha de ser desestimado (art. 885.1 y 2 LECrim)».
(ii) Tampoco aprecia la Sala de casación en el mismo fundamento de Derecho, que 
existan razones para entender vulneradas las garantías procesales por la admisión y 
reproducción de la prueba de grabación en la vista:
«Tal  y  como  hemos  señalado  anteriormente,  no  se  vulneró  ningún  derecho 
fundamental con la admisión de la prueba de la grabación de la conversación. Respecto 
a la falta de control y acreditación de la autenticidad de la grabación, se trata de un tema 
de fiabilidad de la grabación y no de su ilicitud, tal y como esta Sala ha manifestado en 
STS 517/2016, de 14 de junio: ‘que una grabación pueda ser objeto de manipulación no 
empece a que pueda ser aportada como prueba y pueda ser valorada. Corresponde al  s
tribunal determinar si esa posibilidad debe descartarse in casu y le merece fiabilidad, o  oe.
no’. w.
acoundviLceaiór snSa acelinaó  nlad e eSn ai nfloasrt,a mcnaoctnioa  s CoinDmd iecatali m inqieiucneiot o l daae  all ocasuc stpoar cindiócenilp  jiuopisac ridotiec ou crlaaorln;  tagrapradobirctaócci óilóann   ega ri aglbaua aqclduióaend  s deeen d trlieao    2022-3798n https://ww
las partes; asimismo, la Sala reconoció sin ningún género de duda la voz del acusado y
del resto de los intervinientes. Pese a las objeciones efectuadas por el recurrente, la  Bc
aportación de la grabación en soporte CD al inicio del juicio es conforme con lo dispuesto 
en el artículo 786.2 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Y respecto a la falta de 
autenticidad, no hay el más mínimo indicio de que se haya tergiversado la grabación, o 
se hayan efectuado supresiones que modifiquen el sentido de la conversación mediante 
su descontextualización o amputación de fragmentos que cambiarían su entendimiento, 
ni el recurrente ha señalado indicio alguno en tal sentido. Por lo demás, varias de las 
personas que intervinieron en la conversación, el querellante y dos de sus hermanas, 
declararon en el acto del juicio, reconociendo el contenido de la conversación.
En definitiva, de todo lo expuesto, cabe concluir la validez y licitud de la grabación de 
la conversación y la correcta valoración que la Sala ha efectuado de la misma. En todo 
caso, cabe significar que, al margen de la grabación, el cuadro probatorio analizado por 
la Sala de instancia permite prescindir de la misma.
De conformidad con lo expuesto, no es dable la infracción denunciada ya que el 
tribunal a quo fundó el fallo condenatorio en la prueba de cargo expuesta, que fue 
lícitamente obtenida, válidamente aportada al proceso, racionalmente valorada conforme 
a las reglas de la lógica, la razón y las máximas de experiencia, y considerada como 
bastante a fin de fundar el fallo condenatorio, por lo que las conclusiones expuestas por 
el tribunal de instancia no pueden ser tachadas de arbitrarias o absurdas y, por tanto, 
tampoco pueden ser objeto de censura casacional.
Procede la inadmisión del motivo ex artículo 885.1 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal».
b) El tercer motivo del recurso de casación, relativo a la vulneración del principio 
acusatorio (art. 24.2 CE), se resuelve con su inadmisión en el fundamento de Derecho 
tercero del auto impugnado. Así, a partir de los requisitos que identifica la jurisprudencia 
de la propia Sala como exigibles para el respeto de este derecho fundamental, se afirma 
que la vulneración denunciada no se ha producido tanto porque todos los elementos del 
tipo penal aplicado fueron debatidos en el proceso, como porque el delito de estafa 
genérica  del  art.  250  CP  y  el  de  estafa  impropia  del  art.  251.2  CP,  son  delitos 
homogéneos:
«En efecto sin variar los hechos que han sido objeto de acusación es posible —
respetando  el  principio  acusatorio—  condenar  por  delito  distinto,  siempre  que  sea 
homogéneo  con  el  imputado,  es  decir  de  la  misma  naturaleza  y  especie,  aunque 
suponga una modalidad distinta dentro de la tipicidad penal y sea de igual o menor 
gravedad que la expresamente imputada. A esto es a lo que se refieren los conceptos de 
identidad fáctica y de homogeneidad en la calificación jurídica: a la existencia de una 
analogía tal que entre los elementos esenciales de los tipos delictivos que la acusación 
por un determinado delito, posibilita también per se la defensa en relación con los 
homogéneos  respecto  a  él.  En  palabras  del  ATC  244/1995  son  delitos  o  faltas 
‘generalmente homogéneos’ los que ‘constituyan modalidades distintas pero cercanas 
dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que estando contenidos todos los elementos 
del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no haya en la condena 
ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse’.
[…] La aplicación de la anterior doctrina lleva a la inadmisión del motivo.
La Sala de instancia considera que los hechos son constitutivos de un delito de 
estafa impropia del artículo 251.2 del Código penal y no de un delito de estafa agravada 
formulado por la acusación particular; dado que el engaño se ha concretado en la 
ocultación de las cargas y gravámenes que pesaban sobre el inmueble. e.e
En el presente supuesto ha de descartarse la inexistencia de un quebranto del  w.b
principio acusatorio, considerando para ello que todos los elementos fácticos que sirven  98ww
ddeel  sinompoureteb lae  loac cualtlaifnicdaoc ilóan e axcisutseantcoiraia d qeu ger afuveá mfineanlemse, natseí  accoomgoid eal  pcoorn eolc tirmibieunntaol  (dlae  vdeicnhtao 
aecxutrseamcoió),n  spea retinccuolanrt rya bfuaenr oyna  orepfolertjuandaoms eennt ee lc oensoccriitdoo sd ep ocra lliafi cdaecfieónns ap.r oPvoisri olon adl edmeá lsa, 
estamos  ante  delitos  homogéneos,  tal  y  como  se  ha  pronunciado  esta  Sala  en 
STS 1305/2009, de 22 de diciembre.
Como señalábamos en ATS de fecha 21 de mayo de 2015: ‘la existencia de la 
hipótesis contenida en el art. 251.2 CP se superpone ampliamente con la del delito de 
estafa  y,  consecuentemente,  no  cabe  admitir,  que  haya  sido  vulnerado  el  principio 
acusatorio’.
Procede la inadmisión del motivo ex artículo 885.1 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal».
c) Finalmente, el motivo quinto del recurso de casación del aquí demandante de 
amparo se examina en el fundamento de Derecho quinto del auto de 12 de abril de 2018. 
La Sala lo inadmite al no apreciar que los retrasos del procedimiento, que pone de 
manifiesto el recurso, hayan sido de tal extensión como para poder ser calificados como 
«extraordinarios» en el sentido que viene dando la Sala a la atenuante muy cualificada 
por dilaciones indebidas del art. 21.6 CP; y que resultaría a su vez irrelevante aplicar 
dicha atenuante como simple, dada la pena impuesta en la sentencia de instancia:
«Para ponderar la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en la modalidad 
de muy cualificada tiene establecido esta Sala que ha de partirse de la premisa de que 
no es suficiente con que las circunstancias particulares del caso permitan hablar de una 
dilación  del  proceso  extraordinaria,  sino  que  ha  de  tratarse  de  una  dilación 
especialmente extraordinaria o superextraordinaria, a tenor de la redacción que le ha 
dado el legislador en el nuevo art. 21.6 del C. Penal. Pues si para apreciar la atenuante 
genérica o simple se requiere una dilación indebida y extraordinaria en su extensión 
temporal,  para  la  muy  cualificada  siempre  se  requerirá  un  tiempo  superior  al 
extraordinario,  esto  es,  supuestos  excepcionales  de  dilaciones  verdaderamente 
clamorosas  y  que  se  sitúan  muy  fuera  de  lo  corriente  o  de  lo  más  frecuente 
(STS 554/2014, de 16-6).
[...]  Aplicando  la  doctrina  expuesta  al  presente  supuesto,  el  motivo  no  puede 
prosperar. No hay presupuesto fáctico bastante para la apreciación de la atenuante. El 
propio artículo 21.6 del Código penal exige que la dilación sea extraordinaria.
En el presente caso, si bien a la vista de los periodos señalados puede considerarse 
que  existe  una  cierta  ralentización  en  los  trámites,  no  se  aprecia  una  paralización 
extraordinaria, que justifique la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones 
indebidas, incluso en su grado simple.
En todo caso, la apreciación de la atenuante simple carecería de trascendencia 
material por cuanto la sentencia impone al recurrente la pena en su mitad inferior.
Procede la inadmisión del motivo ex artículo 885.1 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal».
I) Una vez notificado el auto de 12 de abril de 2018, se interpuso recurso de 
amparo contra las dos resoluciones judiciales mencionadas.
3. La demanda de amparo, en línea con lo previamente alegado en el recurso de 
casación,  formula  los  siguientes  motivos  contra  las  dos  resoluciones  judiciales 
impugnadas.
A) Primer motivo: «Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución. Violación del 
derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia […]. La 
grabación reproducida en el acto del juicio oral no constituye una prueba legalmente  e.
practicada y constitucionalmente obtenida, no siendo, por tanto, prueba de cargo válida,  w.b
eficaz y suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia». Bajo este  98ww
enunciado, la demanda articula diversas quejas constitucionales:
culpaa)b leV: uelln reercaucriórenn tdee sl odsetierenceh oq uae  lnao g rdaebcalcairóanr  acpoonrttraad as íp omr islam aoc uys aac iónno  pcaornticfeuslaarr sael 
inicio de la vista oral es una prueba ilícita, carente por tanto de validez, porque en su 
obtención se infringió este derecho fundamental del art. 24.2 CE.
Como consecuencia de la vulneración de aquel derecho fundamental, señala en este 
punto la demanda que también se han conculcado los derechos del recurrente «a un 
proceso público con todas las garantías y a la presunción de inocencia», y que la 
grabación  aportada  debe  declararse  nula  «por  no  haber  sido  constitucionalmente 
obtenida».
b) Alega en segundo lugar la demanda respecto a la grabación ya referida que su 
admisión como prueba estaba condicionada a que la acusación particular la hubiese 
propuesto con las formalidades y garantías exigibles, sin causar indefensión al acusado, 
requisitos que aquí sin embargo no se cumplieron.
Con la ocultación de la grabación no se respetó tampoco el principio de igualdad de 
armas. El acusado no pudo conferenciar con su abogado tras la reproducción de la 
grabación, que carecía de la «deseable calidad acústica, sin pericia técnica que avalara 
su autenticidad y no manipulación etc. y sin poder hacer pausas o paradas para poder 
verificar y comprender el contenido de lo manifestado, su alcance, su sentido, el contexto 
y  su  valoración  objetiva;  y  sin  poder  igualmente  reconocer  o  identificar  a  quienes 
participaron en dicha reunión e individualizar sus declaraciones».
Tampoco se considera satisfecho el principio de contradicción, porque don Francisco 
Bernal, «testigo clave al haber servido de nexo entre el acusado y el querellado» (sic), y 
«autor probable de la grabación, ni compareció, ni fue interrogado». En todo caso, el 
recurrente niega que tuviera intención de engañar y sostiene que la responsabilidad de lo 
sucedido la tuvo en realidad el notario autorizante de la escritura pública.
B) Segundo motivo: «Vulneración del artículo 24.2 de la Constitución. Violación del 
derecho a un proceso con todas las garantías. […]. Violación del principio acusatorio, al 
calificar las acusaciones los hechos como un delito de estafa del art. 250 CP, siendo mi 
patrocinado finalmente condenado por el art. 251.2 CP, no apreciando homogeneidad 
material entre ambos preceptos».
Fundamenta esta queja en que durante todo el procedimiento la acusación particular 
le ha acusado de un delito de estafa genérico del art. 250 CP y, sin embargo, fue 
condenado por la comisión de un delito de estafa impropia del art. 251.2 CP. Discrepa en 
tal sentido de la afirmación hecha en la sentencia de instancia en cuanto al respeto al 
principio acusatorio, al apreciar que ambos tipos penales son homogéneos, tal y como 
exige la doctrina constitucional, con cita de la STC 11/1992. La sentencia condenó por un 
delito  de  estafa  impropia  del  art.  251.2  CP,  tipo  penal  donde  el  engaño  aparece 
concretado en la propia tipicidad de la conducta, reiterando que no es necesario que se 
acredite que tal engaño fue «bastante», como sí sucede en la estafa básica. Esa 
diferencia es lo que impide que pueda hablarse de una homogeneidad material entre 
ambos delitos. Si durante el procedimiento se le hubiera acusado de estafa impropia, 
«los esfuerzos probatorios de todas las partes no se hubieran centrado en lo que creían 
que  era  el  elemento  del  injusto  más  relevante  o  con  mayores  posibilidades  de 
acreditación».
C) Tercer motivo: «Vulneración del art. 24.2 CE que garantiza un proceso público 
sin dilaciones indebidas. […] Por no haber procedido a la aplicación del atenuante por 
dilaciones indebidas como muy cualificadas en conexión con lo dispuesto en los arts. 66 
y 21.6 del Código penal».
Luego de hacer una relación de diversas fechas situadas al inicio y desarrollo del  s
proceso a quo (desde el 5 de octubre de 2010 —interposición de la querella—, al 17 de  e.
mayo de 2017 —fecha de la sentencia de instancia—), afirma el demandante la lesión de  w.
este  derecho  fundamental  por  la  excesiva  duración  de  las  fases  de  instrucción  e  98ww
ilnotse rcmuaetdroia  a(ñeoscsr. itEons  dtaele csa clifaicsaocsi óens) ,p hoassibtale e lla s aepñlaiclaamcióienn tdoe d uen laa  cviirsctuan osrtaaln, cloia  qautee nsuuapnetreó, 
ydae sstaecaa  siamlgpulen oos  meujeym cpuloasli fidcaed ala,  djuer isdpilraucdioennecsia  inddee blaid aSsa; laa  tdael  elofe cPtoe,n aell  ddeeml aTnridbaunntael   BOE-A-cable e
Supremo  en  los  que,  conforme  a  la  extensión  de  los  retrasos  y  su  causa,  se  ha 
apreciado una u otra clase de atenuante.
Deduce entonces la demanda que se daban los requisitos exigibles para que se 
aplicara al recurrente en sentencia la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, 
con  rechazo  de  la  inadmisión  del  motivo  de  casación  planteado  en  este  punto, 
reprochando al auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo su «escueta, parca e 
insuficiente motivación».
El suplico de la demanda interesa que se otorgue el amparo, que este tribunal 
declare que las resoluciones impugnadas han vulnerado los derechos fundamentales 
invocados,  con  nulidad  de  aquellas,  revocación  de  la  condena  y  absolución  del 
recurrente; o bien, «subsidiariamente, en su caso, se reduzcan las penas impuestas del 
modo que resulte procedente a la estimación del amparo solicitado» o, al menos, que se 
retrotraigan las actuaciones «al momento procesal en el que se produjo la vulneración de 
los derechos fundamentales invocados».
4. Con carácter previo a proveer sobre la admisión a trámite de la demanda, por 
diligencia de ordenación de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Justicia de la 
Sección Cuarta de este tribunal, se requirió al procurador del recurrente para que en el 
plazo de diez días acreditase su representación mediante escritura de poder original o 
acta de comparecencia apud acta. En su cumplimiento, el procurador presentó escrito 
el 21 de septiembre de 2018, al que acompañó apoderamiento apud acta a su favor del 
día anterior otorgado en el Juzgado Decano de Cieza.
También con carácter previo a la admisión, la misma Secretaría de Justicia dictó 
diligencia de ordenación el 1 de octubre de 2018, por la que acordó solicitar a la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo la remisión de la «certificación acreditativa de la fecha de 
notificación a la representación procesal del recurrente de auto de fecha 12 de abril 
de 2018 dictado en el recurso de casación 2993-2017», dándose cumplimiento a lo 
requerido.
5. La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 2 de julio de 2019, en la 
que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar 
o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo para que en un plazo no superior a diez días remitiera certificación 
o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del  recurso  de  casación,  e  idéntico 
requerimiento a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia respecto a las 
actuaciones del rollo de procedimiento abreviado, con previo emplazamiento por plazo 
de diez días a quienes hubieran sido parte en la causa penal, excepto a la parte 
recurrente  en  amparo,  a  efectos  de  poder  comparecer  en  el  presente  proceso 
constitucional.
6. Con  fecha  16  de  septiembre  de  2019  la  procuradora  doña  Blasa  Lucas 
Guardiola, actuando en nombre de don Santiago Ramírez Benavente, según poder apud 
acta que dijo otorgado a su favor, y bajo la defensa del letrado don Óscar Andrada 
Baños, presentó escrito en el que solicitó comparecer y personarse en este proceso, y 
que se entendieran con ella las sucesivas actuaciones. es
7. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal dictó diligencia de  w.
opdreedr esdonienazac iddóoína  sye  lpla a 3pr0tre o dcaue dr asodenop rStaiea mynatbi arigneod  idcReaa dm2a0 íra1ep9zo  rpBtoaerrn aal avp eoqnduteeer, ,  pcdaoerna d uipcnlie oilntaoadsdo oo,  radig eiqncuaidel i óae cntre eendle itpra lnapdzooor    2022-3798n https://ww
su representación o bien le fuese esta otorgada mediante comparecencia apud acta en
el  mismo  plazo;  y  de  otro  lado,  acordó  dar  vista  de  las  actuaciones  a  las  partes  Bc
personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de veinte días, a fin de que 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes conforme con lo previsto 
en el art. 52.1 LOTC.
El requerimiento formulado a la procuradora se tuvo por cumplimentado mediante 
escrito presentado el 17 de octubre de 2019, al que se acompañó poder acreditativo de 
su representación procesal.
8. Con fecha 5 de noviembre de 2019 la representación procesal de don Santiago 
Ramírez  Benavente  presentó  su  escrito  de  alegaciones,  en  el  que  interesó  la 
desestimación del recurso de amparo interpuesto.
Respecto al motivo de la demanda atinente a la vulneración del derecho a un 
proceso con todas las garantías, por la indebida admisión por el tribunal a quo de una 
grabación de la conversación mantenida entre el acusador particular, el acusado y 
familiares de ambos, «en la que el acusado reconoce los hechos», la parte comparecida 
se opuso porque dicha prueba resultó «fundamental» para dilucidar los hechos objeto de 
enjuiciamiento,  permitiendo  el  art.  726  LECrim  que  el  tribunal  examine  los  libros, 
documentos,  papeles  y  demás  piezas  de  convicción  que  puedan  contribuir  al 
esclarecimiento de los hechos. Su aportación, dice, resultó válida y lícita «al haber sido 
mantenida  la  conversación  por  las  partes  del  proceso,  no  debiendo  considerarse 
contrario al derecho fundamental a la intimidad de la[s] personas, ni tampoco contrario al 
derecho a la tutela judicial efectiva, pudiendo practicarse de forma sorpresiva en el acto 
de juicio (sentencia TS, de fecha 20/11/14)».
Tampoco se consideró vulnerado por la sentencia recurrida el principio acusatorio, 
pues tanto el delito de estafa del artículo 250 CP, como el delito de estafa impropia del 
art. 251.2 CP, vienen recogidos en el mismo capítulo VI «De las defraudaciones» de 
dicho  Código,  y  el  acusado  «pudo  ejercer  de  forma  plena  su  defensa».  Y  cita  la 
STC  225/1997,  de  15  de  diciembre,  sobre  los  conceptos  de  identidad  fáctica  y 
homogeneidad en la calificación jurídica como límites para el juez, en orden a no 
vulnerar el principio acusatorio.
Finalmente, sobre la no aplicación por la sentencia impugnada de la atenuante de 
dilaciones  indebidas,  se  hace  cita  de  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  sobre  los 
requisitos para la aplicación de dicha atenuante, en cuanto a la necesidad de acreditar 
los periodos de inactividad procesal y los perjuicios causados al acusado por ese retraso.
A modo de conclusión general señala que de la lectura de la demanda «no se 
entiende que se haya vulnerado alguno de los derechos susceptibles de amparo».
9. La fiscalía ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones 
el 29 de octubre de 2019, por el que interesó que dictara sentencia «con el siguiente 
pronunciamiento: Denegar el amparo»:
a) Tras una mención a los antecedentes relativos al proceso a quo, el escrito 
aborda el examen de las quejas de fondo de la demanda. Respecto a la primera de ellas 
la fiscalía cita y reproduce parte de la fundamentación del auto impugnado de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2018, acerca de la incidencia que 
presenta la aportación como prueba de cargo en un proceso penal de grabaciones sobre 
conversaciones sostenidas entre particulares, con cita de resoluciones anteriores de 
dicha  Sala  que  sostienen  que  esta  clase  de  grabaciones  (sin  consentimiento  del 
interlocutor ahora acusado) no vulneran el derecho fundamental a no declarar contra sí 
mismo ni a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), pues esta garantía únicamente opera  es
frente a las autoridades o sus agentes. Ello, sin perjuicio de que el tribunal competente  bo
verifique la buena fe en la realización de la grabación, si ha habido coerción, si las  98ww
dppeelemrnsAaaofrnniirodam,as a yn  qteelaul   epqf oiusssceeiab  llaíehac a culqoldaunibóetar  onlcalo   enprne r euluasnn eia ónuanttse eeosns btoiejcernit do ea lmadd  epdc leeog anrlaadv beogar rscasaibuócaynicóo in«,ó  fnuqd.eue ecc loafunraevro ocenal  dqdaue espp ouer éfeescl  taeuhnóo  rleaal    OE-A-2022-37able en https://
grabación y a ella asistieron la víctima y dos hermanas de la misma», sin que «del objeto
de la reunión, de su convocatoria y de los intervinientes quepa deducir que existiera 
coacción alguna sobre el ahora denunciante [sic] que fue el que convocó la reunión y 
acudió a la misma con el asesoramiento que tuvo por conveniente».
Enlaza esta consideración con la cita de la STC 97/2019, FFJJ 2 y 3, sobre los 
aspectos que han de integrar el control judicial de la prueba ilícitamente obtenida, en 
orden a la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías —juicio justo— 
del art. 24.2 CE. A su parecer, «nada permite sostener ni que la conversación mantenida 
por el ahora demandante con los restantes interlocutores no discurriera entre cauces 
normales  de  toda  conversación,  sin  añagazas,  ni  coacción  de  ninguna  índole  y  la 
incorporación de la grabación al proceso se realizó con pleno acomodo a la normativa 
procesal de aplicación». Además, dicha grabación «no constituye vulneración de ningún 
derecho fundamental», pues quienes han participado en ella pueden conservar recuerdo 
de  la  misma  «mediante  transcripciones  o  notas  redactadas  a  posteriori  o  incluso 
grabándolo», si bien su utilización como prueba incriminatoria en un proceso penal ha de 
cumplirse  con  determinadas  garantías  constitucionales  y  legales,  «entre  otras,  de 
respetar al acusado el derecho a no declarar en su contra o a no confesarse culpable». 
En la instrucción no es prueba suficiente que dispense al instructor de practicar otras 
diligencias (art. 406 LECrim), y «el problema radica en determinar el valor probatorio de 
dichas declaraciones y ello se produce con independencia de cómo las mismas se hayan 
conservado o cómo se aporten al plenario, cuestión distinta es que su grabación les dote 
de mayor certeza».
Tras recordar las pruebas documentales y personales (declaración del acusado y 
testificales) que tuvo en cuenta la sentencia de instancia, confirmada por el auto de 
casación, para declarar la culpabilidad del acusado, prosigue la fiscalía que la grabación 
«no tuvo ninguna incidencia, esto es no puede apreciarse nexo causal entre la misma y 
el  resto  de  las  pruebas  sobre  las  que  se  sustentó  la  acreditación  de  los  hechos 
probados», como tampoco se ha acreditado que dicha grabación se obtuviera «con 
coacción o engaño, ni que su incorporación a la causa no se sujetara a la normativa 
procesal. Nada hay, ni se aduce siquiera, que permita constatar, que la misma haya sido 
manipulada». En el juicio, advierte, declararon testigos que estuvieron presentes en 
aquella  conversación  y  al  menos  valdrían  como  «testimonio  de  referencia»,  el 
querellante también fue «testigo directo de los hechos», y la otra persona presente en la 
conversación no fue propuesta como testigo. Por tanto, «la conversación grabada […] no 
tuvo  ningún  valor  de  exclusividad  para  tener  por  acreditado  el  dolo  del  ahora 
demandante y que por lo mismo tuvo un valor residual y, en todo caso, nada permite 
dudar de su regularidad constitucional y procesal». Termina este punto recordando que 
la defensa en el juicio no se opuso a la aportación de la grabación ni cuestionó su valor 
probatorio,  aunque  luego  pidiese  la  aclaración  de  la  sentencia  para  que  quedara 
constancia de la protesta efectuada por el abogado de la defensa «a los meros efectos 
de ulterior recurso».
b) Con relación al segundo motivo de la demanda relativo a la vulneración del 
principio acusatorio, la fiscalía reproduce los pasajes dedicados a esta cuestión en el 
auto de casación impugnado y, a continuación, la doctrina de este tribunal acerca del 
contenido de esta garantía del art. 24.2 CE, con cita al efecto de la STC 155/2009, de 25 
de junio, FJ 4. En su aplicación al caso planteado, advierte que el recurrente no ha 
cuestionado que los hechos acreditados en la sentencia fueran los mismos relatados por 
la acusación particular, que la pena impuesta fue «notoriamente inferior» a la solicitada 
por la acusación y que tanto el delito por el que fue acusado como el declarado en la  es
sentencia  de  condena  son  homogéneos,  aunque  el  recurrente  matice  que  no  son  o
ehbehloanoemstmmrteaooe nggnhteéteoonn m yee diooedesgnal e  delnea neen  enligodstar atmeñad ofa lao,tf  seoimq rrtuimiappelrao  oplsc po oyidran qe smunliiceosat .tit eeveR noree isalcna leh»  xea;q iszsuetateaen  fl  aa«ol  e afbnil sá ocese aesincltxíaaaaijs fe ahtene asa,yit mans q tipnetuer  eoqsa piuspcie,atr ú o pqabotua areamqrp  uqbaseui aé heebna ni eec lcren eoerda nnadlcgisidsua atrñdirdnoee g  « oeellaassl      OE-A-2022-3798able en https://www.
existencia  del  gravamen,  haciendo  caso  omiso  de  él,  silenciando  u  ocultando  al
adquirente la existencia y vigencia del referido gravamen. De eso se le acusaba, de eso 
ha podido defenderse y por eso ha sido condenado».
Añade el Ministerio Fiscal que de haberse condenado al recurrente por el delito de 
estafa  propia,  el  engaño  (elemento  subjetivo  del  tipo)  habría  quedado  igualmente 
acreditado, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes: que «la víctima del delito 
tenía sus capacidades cognitivas limitadas», la amistad entre ambos y que el acusado 
tenía un asesor o empleado que es «primo de la víctima en el que esta tenía plena 
confianza», como así se hace constar en los fundamentos de Derecho quinto y segundo, 
respectivamente, de la sentencia de instancia. No hay tampoco por ello indefensión.
c) Respecto al tercer motivo de la demanda de amparo, «la vulneración del derecho 
a un proceso sin dilaciones indebidas, art. 24.2 CE», luego de resumir lo expuesto por el 
recurrente, de reproducir la respuesta dada a este motivo del recurso de casación por el 
auto del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2018 impugnado, y de citar lo declarado en 
la STC 28/2006, de 30 de enero, FJ 7, en relación con la carga de denunciar las 
dilaciones  indebidas  antes  de  que  finalice  el  proceso  respectivo,  así  como  en  la 
STC 63/2016, de 11 de abril, FJ 4, sobre el contenido del derecho fundamental a un 
proceso sin dilaciones indebidas, la fiscalía sostiene que esta queja incurre en causa de 
inadmisión, «tanto por falta de invocación, como por falta de agotamiento, de la vía 
judicial previa», pues el proceso ya ha finalizado y el recurrente se abstuvo además de 
reaccionar  frente  a  los  retrasos  que  esgrime.  Prosigue  diciendo:  «En  el  fondo  el 
demandante cuestiona la inaplicación de la atenuante prevista en el art. 21.6 del Código 
penal,  circunstancia  que  tampoco  adujo  en  el  plenario».  En  todo  caso,  añade,  su 
apreciación fue extensamente razonada en el fundamento jurídico quinto del auto de 
casación impugnado.
Finaliza la fiscalía sus consideraciones señalando que esas discrepancias por la no 
apreciación de dicha atenuante «deberían sustentarse en la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)», y que también debe descartarse la vulneración al 
acomodarse la respuesta judicial a los «parámetros constitucionales sobre la motivación 
de las resoluciones judiciales. Incluso podría sostenerse que, en todo caso, dicha queja 
incurriría también en causa de inadmisión por falta de agotamiento de la vía judicial 
previa, por no haber interpuesto el pertinente incidente de nulidad de actuaciones».
10. La Secretaría de Justicia dictó diligencia el 7 de noviembre de 2019, dejando 
constancia de haber recibido los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y de la 
representación procesal de la parte comparecida.
11. Con fecha 20 de mayo de 2020, se registró escrito de doña Blasa Lucas 
Guardiola por el que solicitaba que se tuviera como letrado compareciente en defensa de 
su mandante a don Gustavo Herreros Andreu, en sustitución del letrado hasta entonces 
actuante, lo que fue proveído por diligencia de ordenación de 19 de junio de 2020, que 
acordó unir el escrito a las actuaciones y la dación de cuenta.
12. El  letrado  de  la  administración  de  justicia  de  la  Sección  Segunda  de  la 
Audiencia Provincial de Murcia remitió mediante oficio de 8 de septiembre de 2021, con 
entrada en este tribunal el 5 de octubre de 2021, un «CD conteniendo los dos videos de 
la vista del juicio celebrado en el procedimiento abreviado núm. 44-2015», así como un 
tercer archivo correspondiente al contenido de un CD unido a la causa con la leyenda 
«29/12/2011»;  material  que  no  se  había  enviado  junto  con  las  actuaciones  del 
procedimiento de instancia, tras el requerimiento de este tribunal formulado ex art. 51  es
LOTC. bo
El 5 de octubre de 2021 se dictó diligencia de ordenación con el siguiente tenor: «Por  98ww
aúrreornccllaohibn ividsdoeeo    Scaeolal  nlppa rr leeansc úelemendy.te ee4nn 4trde-ea2 ce 0u2s1r9cs5r/o 1idt o2ey /  2ylsa0 eC 1S 1Dae,c  ccuccooeiónrrrdn ela asS sped ogganurra dnvbideiasantc taiedo sedn  eelaa s  l laAadsu e edlg jiaeeraccnbtucoati aocd riPieoalnr  oejnuvsúiic nmricoe.i  cao5ilb r1dai-del2 a y0Ms 1 du8aer  c dluiaaens,l     OE-A-2022-37able en https://
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por término de cinco días, para que formulen 
alegaciones».
Con fecha 19 de octubre de 2021, el representante procesal del recurrente presentó 
sus alegaciones interesando que este tribunal dictase sentencia otorgando el amparo 
solicitado, junto con los demás pronunciamientos pedidos en el escrito de demanda.
A su vez, la fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones 
el 26 de octubre de 2021. Sobre el contenido de la grabación se limitó a dar por 
reproducida la argumentación de su anterior escrito de alegaciones emitido al amparo 
del art. 52 LOTC.
Añade que, desde el punto de vista formal, «examinadas las grabaciones ahora 
aportadas, pudiera concurrir en ese primer motivo del recurso de amparo la causa de 
inadmisión del artículo 50.1 a) LOTC en relación con el artículo 44.1 c) LOTC, por no 
haberse denunciado formalmente en el proceso la vulneración del derecho constitucional 
tan  pronto  como,  una  vez  conocida,  hubiera  lugar  para  ello»,  con  cita  de  la 
STC 153/2021, de 13 de septiembre, FJ 2 a), en cuanto a la exigencia de este requisito 
procesal.
Basa la fiscalía la alegación de este óbice a la admisibilidad del recurso, en el hecho 
de que aquel archivo de audio:
«[F]ue aportado al inicio del juicio oral por el abogado de la acusación particular con 
la pretensión de que dicha prueba fuera admitida y practicada en dicho acto. Ante tal 
pretensión, el letrado del ahora demandante de amparo se limitó a oponerse a su 
admisión, sin efectuar alegación adicional alguna, por lo que tampoco alegó ningún vicio 
de constitucionalidad que pudiera afectar a dicho archivo de audio. No obstante, a pesar 
de su oposición, dicha prueba fue admitida por la Sala. Llegado en el acto del juicio oral 
el turno de la práctica de la prueba documental, se procedió a la audición del referido 
archivo, tras lo cual el presidente de la Sala abrió un trámite de alegaciones para que las 
partes pudieran alegar lo que tuvieran por conveniente, trámite en el que ninguna de las 
partes efectuó consideración alguna. Y, en el trámite de informe, la defensa del ahora 
demandante de amparo no solo no opuso ninguna tacha a la referida grabación, sino que 
se valió de ella para poder afirmar que el contenido de esa grabación, lejos de perjudicar 
a su cliente, permitía descartar cualquier clase de intencionalidad delictiva en el mismo. 
Por lo tanto, la defensa del recurrente tuvo tres oportunidades en el acto del juicio oral de 
haber puesto de relieve las dudas de constitucionalidad que pudiera tener respecto del 
archivo de audio que se aportó en ese acto (cuando se opuso a su admisión; cuando el 
presidente de la Sala abrió un trámite de alegaciones para que las partes, tras haberse 
procedido a la audición del archivo, pudieran manifestar lo que tuvieran por conveniente 
sobre dicha prueba; y cuando hizo uso de la palabra para el trámite de informe en 
defensa del acusado) y, sin embargo, no lo hizo. No era preciso que su argumentación 
fuera tan completa como la que se desarrollaría después en el primer motivo de la 
demanda de amparo, pero al menos debió anticiparse someramente su contenido. Al no 
haber obrado así, se impidió que la Sala pudiera pronunciarse en su sentencia sobre tal 
cuestión cumpliendo con su función de tutelar los derechos fundamentales susceptibles 
de amparo constitucional. Por todo lo cual ha de entenderse concurrente en ese primer 
motivo del recurso de amparo la causa de inadmisión del artículo 50.1 a) LOTC en 
relación con el artículo 44.1 c) LOTC».
De este modo, el fiscal interesa en su escrito que respecto del primer motivo de 
amparo que «la sentencia que se dicte en el presente recurso disponga la inadmisión de  s
dicho motivo, por concurrir la causa de inadmisión del artículo 50.1 a) LOTC en relación  e.
con el artículo 44.1 c) LOTC, procediéndose en otro caso a la desestimación del motivo  w.
por las razones esgrimidas por el Ministerio Fiscal en su anterior dictamen de fecha 28  98ww
pdreo coecdtuebráre a sdiem i2s0m1o9 .s uY ,d eesne sctuimanatcoió na  ploosr  ladse mraázso nmeos teivsogsr imdeid alas  pdoerm eal nMdian isdtee riaom Fpisacroa,l 
en su dictamen de fecha 28 de octubre de 2019».
13. En diligencia del 27 de octubre de 2021 se hizo constar la presentación de los 
escritos de alegaciones por el fiscal y la parte recurrente, no así por la representación 
procesal de don Santiago Ramírez Benavente, y se declaró concluso el procedimiento.
14. Además de su pretensión principal, mediante un segundo otrosí digo de su 
escrito  de  demanda,  el  recurrente  formuló  la  siguiente  petición:  «dado  que,  por  la 
naturaleza de la condena, privativa de libertad, su ejecución haría perder al amparo su 
finalidad y, según lo establecido por el art. 56 LOTC, al Tribunal suplico que se suspenda 
la ejecución de la sentencia impugnada, notificándolo al órgano judicial que la dictó».
En provisión de lo solicitado, la Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 2 
de julio de 2019 –en la misma fecha en la que decidió la admisión a trámite del recurso– 
en la que acordó formar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, 
con apertura de un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal 
para formular alegaciones conforme al art. 56 LOTC.
Únicamente hizo uso de este trámite la fiscalía ante este tribunal, que interesó por 
escrito presentado el 17 de julio de 2019 la suspensión de la ejecución de la pena 
privativa de libertad y de la pena accesoria de inhabilitación impuesta al recurrente, con 
denegación de suspensión de los demás «pronunciamientos condenatorios».
Por ATC 95/2019, de 23 de julio, la Sección Cuarta del Tribunal resolvió en la pieza 
separada acordando: «Suspender la ejecución de la sentencia de la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de Murcia recurrida, única y exclusivamente en cuanto a la 
imposición de la pena de prisión de dos años y de la pena accesoria de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
de prisión».
15. Mediante  providencia  de  fecha  3  de  febrero  de  2022,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 7 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso.
Se interpone el presente recurso de amparo contra la sentencia de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, de 17 de mayo de 2017, que condenó al 
recurrente por un delito de estafa impropia del art. 251.2 CP, a la pena de dos años de 
prisión y la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; así como contra el auto de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2018, que inadmitió el recurso de 
casación interpuesto contra aquella sentencia.
La demanda plantea tres motivos: (i) el primero, la vulneración conjunta de los 
derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE) y a 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), todos ellos por la admisión y valoración en 
sentencia de una grabación extrajudicial aportada por la acusación; (ii) el segundo, la 
vulneración del principio acusatorio (art. 24.2 CE), al haber sido condenado por el delito 
de estafa impropia y (iii) el tercero, la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas (art. 24.2 CE), que en realidad supone la del derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE —como se explicará en el próximo fundamento jurídico—, por 
no haberse aplicado la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas  es
del art. 21.6 CP. o
El Ministerio Fiscal ha interesado la inadmisión parcial del recurso, en concreto  98www.
rmseoiselipcneittracatdoso  q aqu uede ol ass e p daderet sese pusesti rmsmoeon etailvd roaes,c  auy r,ls aoe s nda ezt oóadnmo ap cacuarossa.od, oqrau ep asretic ualcaure ernd ee l spur odceesseos ati mquaoc,i óhna,   OE-A-2022-37able en https://
2. Óbices a la admisibilidad del recurso.
Antes de entrar en el examen de las lesiones de fondo deducidas por el recurrente, 
debe darse respuesta preferente a los óbices a la admisibilidad del recurso que ha 
opuesto el Ministerio Fiscal en dos trámites distintos de este proceso y que afectan, 
siguiendo el orden cronológico de su invocación durante este proceso constitucional, a 
los motivos tercero y primero del escrito de demanda, dado que la concurrencia de los 
óbices impediría un pronunciamiento sobre los respectivos motivos de amparo.
Conforme a doctrina reiterada de este tribunal, recordada recientemente en nuestra 
STC 107/2021, de 13 de mayo, FJ 2 a), «como hemos declarado en otras ocasiones 
(STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2) los defectos insubsanables de que pudiera 
estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente 
admitido a trámite (por todas, también, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, 
de 16 de septiembre, FJ 2), de forma que la comprobación de los presupuestos procesales 
para la viabilidad de la acción pueden volverse a abordar o reconsiderar en la sentencia, de 
oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de 
tales  presupuestos,  sin  que  para  ello  constituya  obstáculo  el  carácter  tasado  de  los 
pronunciamientos previstos en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(por todas, STC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; o SSTC 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, 
y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2)». En el mismo sentido, entre otras, SSTC 129/2018, 
130/2018 y 131/2018, las tres de 12 de diciembre, FJ 2; 36/2020, de 25 de febrero, FJ 2, 
y 78/2021, de 18 de abril, FJ 2.
A) Por lo que respecta al tercer motivo de amparo por vulneración del derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas, la fiscalía ante este Tribunal Constitucional en su 
escrito de alegaciones del art. 52 LOTC, afirmó que el motivo tercero de la demanda de 
amparo incurría en dos causas de inadmisión: de un lado, la falta de invocación de la 
lesión, y, de otro, la falta de agotamiento de la vía judicial previa exigible, pues si se trata 
de denunciar en amparo la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 
estas tenían que haber sido puestas de manifiesto al tribunal a quo antes de que 
finalizara el procedimiento, lo que no se hizo; y si lo que se cuestiona es la inaplicación 
de la atenuante por dilaciones indebidas ex art. 21.6 CP, dicha inaplicación tampoco la 
adujo en el plenario.
Expuesto en estos términos, el óbice ha de ser rechazado. Aunque es cierto que 
tanto en su escrito de formalización del recurso de casación, como luego en la demanda 
de amparo, el recurrente expone que durante la tramitación de la causa en instrucción y 
en la fase intermedia —hasta la celebración de juicio oral— se habían producido a su 
parecer dilaciones indebidas proscritas por el art. 24.2 CE, no lo es menos que tal 
argumento se emplea para fundamentar la verdadera vulneración constitucional que 
plantea: la no apreciación por la sentencia de instancia —y por el auto de casación— de 
una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, que hubiera traído consigo una 
reducción de la pena de prisión impuesta, como también refiere la fiscalía en su escrito 
de alegaciones.
Lo que en realidad entraña esta queja es un vicio de la sentencia de condena a la 
hora de individualizar la pena, de modo que si se acredita que la atenuante ha sido 
inaplicada de manera arbitraria, irrazonable o incursa en error patente, ello comportaría 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), no la de aquel 
derecho fundamental a no sufrir dilaciones del art. 24.2 CE, como ya hemos tenido 
ocasión de precisar, entre otras, en las SSTC 142/2012, de 2 de julio, FJ 7, y 78/2013,  e.e
de 8 de abril, FJ 3, recordando en esta última explícitamente que «este tribunal ha  w.b
descartado en su doctrina que forme parte del contenido del derecho a un proceso sin  98ww
pdoilar claio cnoems isiniódne bdiedla dse llait oe oxbojneetora dceiól np roo caetseon ueanc eiól nq udee l ala d irleascpióonn ssea bhilaid pardo dpuecnidaol »p.revista
casoP rroecseudltea  rreecsopredtauro lsaa d coocntr ineal  pdrein ecsipteio t rdibisupnoasl itaivcoe rqcau ed eri gneu eeslt rpar o«cfaecsuol tdaed  qaumep eanro t,o ddoe 
poder ‘ajustar el encuadramiento constitucional de la pretensión formulada acogiendo el
criterio de flexibilidad en la tutela de los derechos fundamentales reiterado en nuestra 
doctrina (SSTC 17/1989, de 30 de enero, FJ 3; 184/1992, de 16 de noviembre, FJ 2; 
99/2000, de 10 de abril, FJ 6; 19/2001, de 29 de enero, FJ 3; 35/2006, de 13 de febrero, 
FJ 2, y 63/2009, de 9 de marzo, FJ 4)’ (STC 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 6)» 
[STC 35/2021, de 18 de febrero, FJ 1 b) (iii)]. En este caso hay que precisar que lo 
verdaderamente denunciado es una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en su 
vertiente de derecho a una resolución judicial fundada en Derecho.
Siendo ello así, la denuncia de esta lesión del art. 24.1 CE se realizó por la parte de 
manera temporánea con agotamiento de la vía judicial procedente, al incluirla como uno 
de los motivos de su recurso de casación, cuyo rechazo por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo ha supuesto su nueva invocación en la demanda de amparo.
B) El segundo óbice a la admisibilidad parcial del recurso lo planteó el Ministerio 
Fiscal en el trámite de alegaciones abierto por la diligencia de ordenación de 5 de 
octubre de 2021, para que las partes se pronunciaran acerca del CD de grabación 
audiovisual del acto de la vista y del CD con la grabación sonora que se identifica como 
«29/12/2011», remitidos por la Sección juzgadora a quo. Sostuvo la fiscalía que, una 
vez  «examinadas  las  grabaciones  aportadas»,  la  primera  queja  de  la  demanda  de 
amparo  incurre  en  el  defecto  de  no  haberse  denunciado  formalmente  las  lesiones 
constitucionales tan pronto como, una vez conocidas, hubiera lugar a ello, requisito del 
art. 44.1 c) LOTC que conecta con lo sucedido en el juicio oral. Explica, en resumen, que 
el abogado del acusado interviniente en la vista, aparte de manifestar en el trámite de 
alegaciones previas del art. 786.2 LECrim su sola protesta a efectos de recurso, no 
efectuó alegación adicional alguna en este punto, ni formuló ninguna otra iniciativa de 
impugnación de dicha prueba fuera de dicho trámite, en concreto en el de alegaciones 
que se abrió por la Sala tras la reproducción de aquella pista de grabación, ni tampoco 
en el turno final de informes, optando por el contrario el abogado de la defensa por 
valerse de ella para afirmar que lo escuchado favorecía a su cliente. Así expuesto el 
óbice, proceden las siguientes consideraciones:
a) Acerca del alcance del requisito procesal del art. 44.1 c) LOTC, cuya finalidad es 
salvaguardar  la  subsidiariedad  del  amparo  y  de  esta  jurisdicción  constitucional, 
señalamos en la STC 132/2006, de 27 de abril, con cita de resoluciones anteriores, que 
aquel «incluye una doble exigencia: la invocación formal del derecho constitucional 
vulnerado; la exigencia temporal de que esa invocación se produzca ‘tan pronto como, 
una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello’. Esta doble exigencia, de forma y 
tiempo, implica que la inobservancia del requisito puede producirse bien de manera 
radical, cuando no se ha invocado el derecho constitucional ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria; bien de forma menos extrema cuando, aun invocada la violación, 
esa  invocación  hubiera  sido  tardía  por  no  realizada  ‘tan  pronto  como  hubiera  sido 
conocida’ y hubiere lugar a ello (STC 153/1999, de 14 de septiembre, FJ 2).
Como sostuvimos en la STC 188/1998, de 28 de septiembre (FJ 2), ‘[l]a pronta y 
formal  invocación  en  el  proceso  ordinario  del  derecho  fundamental  que  se  estima 
vulnerado hace posible su inmediata e idónea reparación, por el órgano judicial a quien 
se reprocha la infracción; evita la reprobación constitucional de una actuación judicial 
sobre cuya irregularidad no había sido advertido su agente; estratifica racionalmente la 
jurisdicción  de  amparo  y,  con  ello,  posibilita  la  plena  subsidiariedad  y  ‘la  propia 
funcionalidad de la jurisdicción constitucional’ (STC 168/1995); y, en fin, preserva el 
itinerario procesal posible de la cuestión que tiene por centro un derecho fundamental y,  s
por ello, su completo debate y análisis por las partes implicadas en el proceso, por el  e.
órgano judicial directamente afectado, y por los demás órganos judiciales con jurisdicción  w.
en el mismo’. 98ww
c)  LEOnT cCo nessotnea ntcriibau cnoanl  lhaa i ndcleucsliaórna ddoe  lian ceuxmigpelnidcoia  dteicmhpoo rraelq eunis eitol r edqeubisiditoo  dae l laa rtt.a 4rd4í.a1 
idnev o1c4a dceió nse epnti eeml bprreo,c ye seon  ejul dAicTiCal  1e3n8 /l2a0s0 S2,S dTeC 2 137 d1e/1 j9u9lio2»,  d[SeT 2C6 1 d3e2 /2o0c0tu6b, rFeJ,  135 b3)/]1.999,  BOE-A-cable e
Y continúa declarando esta STC 132/2006, FJ 5, que «‘el cumplimiento del requisito 
de invocación formal para la admisión del amparo exige que los tribunales ordinarios en 
todas sus instancias y desde que fue conocida la supuesta vulneración hayan tenido 
ocasión de pronunciarse al respecto. Una invocación tardía posibilita que la instancia 
ante la que se plantea se pronuncie sobre el particular, pero no puede subsanar el hecho 
de  que  instancias  inferiores  vean  sustraída  la  posibilidad  de  emitir  su  propio 
pronunciamiento sobre la cuestión’ (ATC 138/2002, de 23 de julio, FJ 1)».
Aunque en dicha STC 132/2006 se indicaba (FJ 4) que el único trámite idóneo en la 
vista del proceso penal abreviado para denunciar la lesión de derechos fundamentales 
era, conforme a lo expresamente previsto en la ley, el de alegaciones previas del actual 
art. 786.2 LECrim, cabe aplicar a este proceso la solución de posteriores sentencias de 
este  tribunal  que  extienden  la  posibilidad  de  dicha  denuncia  en  el  trámite  final  de 
alegaciones en la vista oral, al igual que en el proceso para el enjuiciamiento de delitos 
graves [SSTC 91/2021, de 22 de abril, FJ 5.7.3 b) (iv), y 121/2021, de 2 de junio, 
FJ 6.7.3) b) (iv)]. En todo caso, la denuncia de la lesión del derecho ha de formularse en 
la misma instancia, antes de recaer sentencia y no como motivo de impugnación de esta 
última en un recurso devolutivo.
Expresivos también de la doctrina de la inadmisibilidad del motivo de amparo por su 
invocación tardía, con incumplimiento del art. 44.1 c) LOTC, son las SSTC 171/1992, 
de 26 de octubre, FJ 4; 190/2006, de 19 de junio, FJ 2, y 95/2018, de 17 de septiembre, 
FJ 2 c), y el ATC 83/2018, de 25 de julio, FJ 2.
b) Luego de revisar lo actuado por la defensa del recurrente en el acto de la vista 
oral, de lo que se ha dado detallada y literal cuenta en el antecedente 2 D) de la presente 
sentencia, este tribunal coincide con el fiscal en relación con la concurrencia del óbice 
que invoca.
El relato del fiscal coincide con lo sucedido en el acto de la vista, con el solo añadido 
de que en el turno de alegaciones previas, antes de formular la protesta —sin más 
concreción— por la posible admisión de la grabación, el abogado del acusado dijo que 
se oponía a dicha admisión por extemporánea, al haberse propuesto esa misma mañana 
por el abogado de la acusación particular, y, al tiempo, que se oponía a la testifical de las 
dos hermanas de la víctima, cuya declaración igualmente solicitaba la acusación, por el 
parentesco de consanguinidad entre ellos. Sin entrar aquí en el análisis de fondo de 
estas objeciones, es lo cierto que la mera alegación de extemporaneidad de una prueba 
propuesta al inicio de la vista, o la posible desconfianza de la imparcialidad de un testigo, 
no anudadas argumentalmente al padecimiento de indefensión alguna, entrañaban en sí 
misma una cuestión de mera legalidad procesal vinculada a las facultades de la sala de 
enjuiciamiento, de resolver sobre la admisión de las pruebas que se propongan por las 
partes al inicio de la vista (art. 786.2 LECrim).
El letrado del acusado no formuló ninguna impugnación de la prueba de grabación 
porque se hubiera vulnerado con su obtención el derecho fundamental a no declarar 
contra sí mismo o a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), como tampoco que su 
admisión o reproducción en la sala de vistas trajera consigo la vulneración de garantías 
propias del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), tales como la 
contradicción o la igualdad, al dar como hecho cierto que una de las voces que aparecía 
en  la  grabación  así  reproducida  era  la  del  acusado  (extremo  que  ahora  niega  la 
demanda de amparo); o que merced a su valoración como prueba de cargo en la 
sentencia, se hubiera producido la quiebra del derecho fundamental a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE). Ningún derecho fundamental se invocó como lesionado por la  es
defensa del acusado durante el juicio oral. o
drpaeuiudcrtiueaóTrnn osqttdoiecua  iedlsda a es dlve a i csdsra teeaos a,laba liecjz eginaócr rniaatoo b nduyaeo ncssi e ói nnqns fu uoaleasrpm   otsdrereáte a mpmsdeieaatreñi,nc sadsi:ale aaln   nspid  ialseeere nna a c aaeimalcel rprgoeeaónsdr  coitqtar,aui mtroes tb  oahdibélu erneeb  x ifpeotlroarrearm m  lfaasaoil ldid.tz aoeTa  facemdmióneansp na ocid pcodeounel lt alsr poadoolcal isuc dtniseteóia r  disoleeoarl      OE-A-2022-3798able en https://www.
defensor la interrupción del acto para poder hablar con el acusado a fin de conocer sus
impresiones sobre la grabación y, en su caso, solicitar alguna prueba de descargo; las 
preguntas que realizó a las testigos doña Francisca y doña Antonia Ramírez Benavente, 
tendentes a averiguar la autoría de la grabación de 29 de diciembre de 2011 y quién la 
tuvo  bajo  custodia  durante  ese  tiempo,  no  cristalizaron  sin  embargo  en  ninguna 
impugnación concreta, no cuestionando siquiera el hecho de que ambas hermanas 
estuvieran presentes en aquella reunión familiar. Tampoco formuló ninguna pregunta 
sobre dicha grabación al acusador particular don Santiago Ramírez Benavente, también 
presente en la reunión de 2011 y que declaró en el juicio. Tuvo además la oportunidad la 
defensa del acusado, en fin, de intentar proponer la testifical de don Francisco Bernal 
Benavente, de cuya ausencia se queja el escrito de casación y la demanda de amparo al 
calificarle de «testigo clave»; sin embargo no consta efectuada petición en tal sentido.
Por último, es cierto, como señala el fiscal, que el abogado del ahora demandante 
consideró como más adecuado para la defensa, ya en el turno final de emisión de 
informes ex art. 788.4 LECrim, ofrecer una interpretación del contenido de la grabación 
que no era de oposición a ella, sino por el contrario favorable al interés del acusado si 
dicha prueba se valoraba en sentencia, afirmando que pese a la reticencia inicial a su 
admisión, la revelación de lo hablado por cada uno de los asistentes a la reunión de 29 
de diciembre de 2011 permitía descartar en el acusado «el elemento consustancial e 
inherente al delito de estafa que es el engaño».
Así las cosas, por mucho que la parte recurrente en amparo haya articulado sus 
argumentos de defensa en casación y luego en su demanda ante nosotros, como si lo 
sucedido  durante  la  vista  oral  le  resultase  ajeno,  es  lo  cierto  que  no  puede 
desentenderse de la actividad desplegada por el abogado que actuó en su defensa, de 
modo que al desaprovechar la oportunidad procesal que se le brindaba en el juicio oral 
de denunciar la eventual vulneración de derechos fundamentales, privó con esa omisión 
al tribunal de instancia de la posibilidad, en su caso, de reparación, lo que ahora 
determina forzosamente la inadmisión de este primer motivo del recurso de amparo.
3. Examen del motivo de vulneración del principio acusatorio.
La demanda plantea como segundo motivo la lesión del principio acusatorio, que 
encuadra en el art. 24.2 CE, y del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), al haber sido condenado el recurrente como autor de un delito de estafa 
impropia del art. 251.2 CP (el cual preceptúa que: «Será castigado con la pena de prisión 
de uno a cuatro años: […]. 2. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble 
ocultando  la  existencia  de  cualquier  carga  sobre  la  misma,  o  el  que,  habiéndola 
enajenado  como  libre,  la  gravare  o  enajenare  nuevamente  antes  de  la  definitiva 
transmisión al adquirente, en perjuicio de este, o de un tercero»), delito que es distinto de 
aquel otro por el que fue acusado, el de estafa genérica del art. 248 CP («1. Cometen 
estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en 
otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno») si bien la 
demanda cita el art. 250 CP, precepto que regula una penalidad agravada para diversos 
supuestos.
En  resumen,  argumenta  la  demanda  que  ambos  tipos  penales  (el  objeto  de 
acusación y el subsumido en sentencia) guardan entre sí una homogeneidad formal, 
pero no material, pues mientras en la estafa genérica la acusación tiene que probar la 
suficiencia del engaño que habría inducido a error a la víctima —y bajo esta premisa 
cada  una  de  las  partes  desde  su  propia  posición  e  interés  enfocó  sus  esfuerzos 
probatorios en ese punto, tanto en sus escritos como durante la vista oral—, en la estafa  e.e
impropia el dolo o elemento subjetivo del injusto queda incorporado a la propia tipicidad  w.b
de la conducta, sin requerir la acreditación del carácter suficiente del engaño. Dicho  98ww
creacmubrrieon dtee. calificación jurídica tuvo como resultado, añade, la patente indefensión del
El motivo ha de ser desestimado con arreglo a las razones siguientes:
a) Este tribunal ha tenido ocasión de señalar, entre otras en la STC 170/2002, 
de 30 de septiembre, FJ 3 —con cita de otras anteriores—, que el principio acusatorio es 
un derecho del art. 24.2 CE dotado de un «contenido normativo complejo», el cual se 
desenvuelve en dos principales perspectivas: una primera, que «consiste en la exigencia 
constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada 
contra él en términos suficientemente determinados, para poder defenderse de ella de 
manera contradictoria», esto es, «en sus aspectos fácticos y jurídicos»; y una segunda, 
que «hace referencia a la necesaria correlación que ha de existir entre la acusación y el 
fallo,  impuesta  por  el  deber  de  congruencia»,  y  que  es  justamente  la  faceta  aquí 
concernida.
Sobre esta segunda perspectiva del principio acusatorio y en lo que importa al 
presente recurso de amparo, la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 4, ha precisado que 
«el  juzgador  está  sometido  constitucionalmente  en  su  pronunciamiento  a  un  doble 
condicionamiento, fáctico y jurídico. El condicionamiento fáctico queda constituido por los 
hechos que han sido objeto de acusación, de modo que ningún hecho o acontecimiento 
que  no  haya  sido  delimitado  por  la  acusación  como  objeto  para  el  ejercicio  de  la 
pretensión punitiva podrá ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo 
de la responsabilidad penal. El órgano judicial, en última instancia, no podrá incluir en el 
relato de hechos probados elementos fácticos que sustancialmente varíen la acusación, 
ni realizar, consecuentemente, la subsunción con ellos. El condicionamiento jurídico 
queda constituido, a su vez, por la calificación que de esos hechos realiza la acusación. 
Ahora bien, atendiendo a las propias facultades de pronunciamiento de oficio que tiene el 
juzgador penal, por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius 
puniendi, el juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación 
siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad, de 
manera que la sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para 
impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el 
ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio 
(SSTC 4/2002, de 14 de enero, FJ 3; 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 5; 75/2003, de 23 
de abril, FJ 5; 123/2005, de 12 de mayo, FJ 5; 247/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 
73/2007, de 16 de abril, FJ 3)». Y respecto de la vinculación de la sentencia de condena 
a la pena solicitada por las acusaciones, aclaramos nuestra doctrina previa en el FJ 6 de 
la misma STC 155/2009, al declarar que «solicitada por las acusaciones la imposición de 
una pena dentro del marco legalmente previsto para el delito formalmente imputado, el 
órgano judicial, por exigencia de los referidos derechos y garantía constitucionales, en 
los que encuentra fundamento, entre otros, el deber de congruencia entre acusación y 
fallo como manifestación del principio acusatorio, no puede imponer pena que exceda, 
por su gravedad, naturaleza o cuantía, de la pedida por las acusaciones, cualquiera que 
sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa, aunque la pena en 
cuestión no transgreda los márgenes de la legalmente prevista para el tipo penal que 
resulte de la calificación de los hechos formulada en la acusación y debatida en el 
proceso».
En aplicación de esta doctrina se han dictado, entre otras, las SSTC 126/2010, de 29 
de noviembre, FJ 3; 91/2021, de 22 de abril, FJ 10.4; 106/2021, de 11 de mayo, FJ 5.2.3 
c), y 121/2021, de 2 de junio, FJ 6.2.3 c).
Por lo que respecta más en concreto al requisito de la homogeneidad entre delitos  s
(aquel por el que se acusa y aquel otro por el que finalmente se condena). Este tribunal  e.
ha puntualizado que si la homogeneidad se entiende como un concepto formal, no es  w.
esto sin embargo lo determinante para saber cuándo hay vulneración o no del derecho,  98ww
nsion o hlaa ycairnc unpsotdaindcoi a sdeer  quoeb jeutnoo  od ev ardioesb aetlee meenn toesl  dejul icdieol.i toA csaí:li fic«aPdaor ae n cloan ssetanttaern cliaa 
choormreosgpeonnedidieandte f oinrmfraacl ceiónntr ed eolb jaertto.  2d4e. 2l aC aEc unsoa ceiósn  loy  foinbajelmtoe ndtee  ldae cciosnivdoe nlaa , faslitnao  dlae   BOE-A-cable e
efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de
hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos» (STC 225/1997, de 15 
de diciembre, FJ 4). En el mismo sentido, las SSTC 278/2000, de 27 de noviembre, 
FJ 17; 4/2002, de 14 de enero, FJ 3; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 3; 189/2003, 
de 27 de octubre, FJ 2; 145/2005, de 6 de junio, FJ 3; 262/2006, de 11 de septiembre, 
FJ 3, y 73/2007, de 16 de abril, FJ 3.
b) La sentencia de instancia impugnada, al calificar jurídicamente los hechos en el 
fundamento  de  Derecho  tercero,  no  solamente  rechaza  la  posibilidad  de  aplicar  la 
modalidad agravada del art. 250.1 y 7 CP, que solicitaba la acusación, sino que advirtió 
que al condenar por el delito de estafa impropia del art. 251.2 del mismo Código, en 
virtud de un criterio de especialidad, no se producía quiebra del principio acusatorio al no 
estar vinculado el órgano judicial a la tipificación formulada por la acusación (con cita de 
la STC 11/1992) y se cumplían los requisitos fijados por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo tanto de homogeneidad entre ambos delitos, como de no llevar aparejada el 
delito por el que se condena una pena de mayor gravedad.
Por su lado, el auto de la Sala de lo Penal del alto tribunal inadmite este motivo del 
recurso de casación del demandante de amparo al rechazar que se haya conculcado el 
principio  acusatorio,  porque  exigiéndose  identidad  fáctica  y  homogeneidad  en  la 
calificación jurídica —sin diferenciar entre homogeneidad formal o material— en este 
caso los elementos fácticos acogidos por la sentencia «se encontraban ya reflejados en 
el escrito de calificación provisional de la acusación particular y fueron oportunamente 
conocidos por la defensa», a saber: «la venta del inmueble ocultando la existencia de 
gravámenes, así como el conocimiento de dicho extremo».
La decisión del tribunal de instancia de calificar los hechos como constitutivos de una 
estafa impropia, no vulnera el principio acusatorio que se invoca. De un lado, los hechos 
sobre los que se asienta el escrito de acusación, como son los pactos realizados entre el 
acusado, en representación de la entidad Curbe, S.L., y el querellante (el verbal de 
permuta de solar a cambio de obra futura, después firmado por escrito como contrato de 
compraventa de una de las viviendas, plaza de garaje y trastero); la existencia de 
diversas  cargas  sobre  dicho  bien  inmueble  —hipoteca  y  anotaciones  de  embargos 
preventivo y ejecutivo— constituidas por el recurrente en fecha previa al otorgamiento 
notarial de la escritura de venta de la vivienda, y el contenido de esta última escritura en 
el que se garantizaba que el inmueble se hallaba libre de cargas, con conocimiento del 
acusado de que esto no era cierto, son los mismos hechos sobre los que se pronunció el 
escrito de defensa del recurrente, con proposición por las partes de los medios de 
prueba que tuvieron por conveniente para su práctica en la vista oral, donde presentaron 
sus respectivas calificaciones definitivas. De otro lado, como reconoce la demanda de 
amparo, el elemento subjetivo del injusto también está presente en el delito de estafa 
impropia, solo que no exige una prueba de la suficiencia del engaño en los términos 
abstractos de su enunciado por el art. 248 CP y que remite a las circunstancias de cada 
caso, sino que el dolo se describe ya en el propio tipo, la transmisión del bien con pleno 
conocimiento de su verdadera situación registral, que se oculta al comprador.
Que además de esos hechos la acusación haya intentado acreditar otros, y a la par 
la defensa desvirtuarlos, como las supuestas limitaciones cognitivas de la víctima y la 
facilidad que brindaba al acusado el parentesco entre ambos, podrá suponer todo lo más 
un esfuerzo de las partes destinado a probar determinadas circunstancias no relevantes 
para condenar o absolver, pero no desplaza en absoluto los hechos objeto de debate por 
la acusación y la defensa que el tribunal de instancia dio por probados, con fundamento 
en el resultado de diversas pruebas, entre las que destaca la documental obrante en las  es
actuaciones, sin prescindir del reconocimiento de los hechos por el acusado en la vista,  o
ecldpaoseuspm e teddeocais cid atiseiefloiimdccrlaapbaldrrreeea,s n   clddaaoeel mlsír   eop2an r0 atdl1eace1n tl.dicic teioaaLf d aenda núesscml aa ya,l. i  flrn1iatc.i1   ag6p2cr2o5iaó/r1b2 n.ta0 2ac0d ni9Cóeto,n P  d l,cos eoson l n1ooho5c eiar nadcrtl ehrado o eedes nun laec c rseocoi tno und naieanvc ergi2rórúe0snng1a  l0dcoei e ól(e asnimni  cmdue),enna fd tneoeptn e rsltinaníipói cdSinicap,ao  iolep a qlu  2dude9eees      OE-A-2022-3798able en https://www.
lo Penal del Tribunal Supremo, dictada en un caso similar de estafa en la modalidad de
doble venta, «[e]s evidente que la venta de un inmueble a un tercero ocultándole la 
primera venta se subsume bajo el tipo penal de la estafa del art. 248.1 CP, aunque 
también sea subsumible bajo el tipo del art. 251.2 CP. En realidad la existencia de la 
hipótesis contenida en la primera alternativa típica del art. 251.2 CP se superpone 
ampliamente con la del delito de estafa y, consecuentemente, no cabe admitir [...] que 
haya sido vulnerado el principio acusatorio, pues al acusado se le imputaba un hecho 
que se subsumía bajo dos tipos penales estructuralmente idénticos y le fue aplicado el 
de pena menor, dado que las acusaciones solicitaban también la aplicación del art. 250.1 
CP». Se desestima pues este motivo.
4. Examen del motivo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la 
no aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Igual suerte desestimatoria ha de correr la última de las quejas de la demanda, 
relativa a la quiebra del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a una resolución judicial 
fundada en Derecho, por no haber aplicado el tribunal de instancia la atenuante muy 
cualificada de dilaciones indebidas.
Procede recordar al respecto que conforme a nuestra doctrina, sistematizada en la 
STC 78/2013, de 8 de abril, «la apreciación o no de la concurrencia de circunstancias 
eximentes o atenuantes de la responsabilidad es una cuestión de estricta legalidad penal 
cuya resolución corresponde a los órganos judiciales competentes, y cuyo control en 
esta sede se limita a comprobar que la respuesta de estos sea suficientemente motivada 
y  no  arbitraria,  irrazonable  o  patentemente  errónea»  (FJ  3);  que  «estamos  en  un 
supuesto en el que el derecho a la tutela judicial efectiva no actúa en relación con el 
contenido de ningún otro derecho fundamental sustantivo o procesal» (FJ 4), y que 
nuestra  labor  en  amparo  no  consiste  en  «valorar  si  ha  existido  o  no  una  dilación 
indebida, ni tampoco compete a la jurisdicción de amparo establecer cuál es la correcta 
interpretación que haya de darse al art. 21.6 del Código penal, ni a la regla de aplicación 
de la pena establecida en su art. 66.2, conforme a la cual la concurrencia de una o varias 
atenuantes muy cualificadas conllevará la aplicación de la pena inferior en uno o dos 
grados a la establecida por la Ley: las expuestas son cuestiones que forman parte del 
proceso  aplicativo  de  la  norma  penal.  Dado  que  este  tribunal  no  tiene  atribuidas 
funciones de casación penal no es posible —como se pretende— controlar a través de 
un recurso de amparo los preceptos penales desde la perspectiva de su oportunidad o 
conveniencia» (FJ 4).
Centrados  ya  en  las  resoluciones  que  se  impugnan,  no  hay  constancia  en  las 
resoluciones impugnadas de que la representación del acusado solicitara la aplicación 
de la citada atenuante, lo que explica que la sentencia de instancia, en el fundamento de 
Derecho quinto dedicado a motivar los criterios para la individualización de la pena, se 
refiera  a  otros  aspectos,  como  el  daño  económico  causado  por  el  delito  y  ciertas 
circunstancias personales del acusado y de la víctima. Por otra parte, el hipotético déficit 
de motivación que podría atribuirse a dicha sentencia habría quedado reparado con la 
respuesta obtenida de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su auto de 12 de abril 
de 2018, fundamento de Derecho quinto. En concreto, la atenuante muy cualificada de 
dilaciones indebidas se rechaza en este caso porque, a juicio del Alto Tribunal, la 
extensión de los retrasos que se aducen, dándolos por ciertos, no alcanzan sin embargo 
tal magnitud como la que sería necesaria para su apreciación ex arts. 21.6 («[l]a dilación 
extraordinaria  e  indebida  en  la  tramitación  del  procedimiento,  siempre  que  no  sea 
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la  e.e
causa»)  y  66.1.2  (imposición  de  la  pena  inferior  en  uno  o  dos  grados  «[c]uando  w.b
concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no  98ww
acotenncuuarrnat easg»r)a, vaamnbteo sa ldgeuln Ca ó[.d..i]g oa tpeenndaidl.os el número y la entidad de dichas circunstancias
a «sRuapzuoensato esl  eaxuctoe pqcuioen laal easp ldicea cdióilanc dioen eesst av eartdeanduearnatme ecnotme oc lmamuyo rcousaalsif icya qduae s es er essietúravan 
muy fuera de lo corriente o de lo más frecuente», con cita de la STS 554/2014, de 16 de
junio,  para  concluir  que  aquí  «no  se  aprecia  una  paralización  extraordinaria»  que 
justifique su imposición.
Aunque la solución adoptada por la misma Sala en casos anteriores pueda servir de 
pauta orientadora, no cabe convertirla, como parece pretender el recurrente en la presente 
demanda de amparo, en una especie de norma vinculante con arreglo a la cual deba 
concederse por fuerza dicha atenuante si la dilación temporal es igual a la de otro asunto 
donde se hubiera aplicado, sin consideración a otras circunstancias concurrentes. Pero 
además, de todos los precedentes que se señalan en la demanda reconocidos por el 
Tribunal Supremo, solamente en uno la dilación de todo el procedimiento es de cuatro años, 
como aquí (los demás tienen una extensión temporal mayor): la «STS 301/2011, 31-3-2011; 
delitos de homicidio imprudente y lesiones», según el tenor de la demanda. La lectura de 
esta  sentencia,  sin  embargo,  revela  una  realidad  distinta:  los  hechos  delictivos 
sucedieron el 31 de agosto de 2001, siendo el acusado detenido el 2 de junio de 2002 en 
Argentina y puesto a disposición «de las autoridades judiciales españolas el día 14 de 
septiembre  de  2002».  En  atención  a  esas  circunstancias,  la  sentencia  de  primera 
instancia dictada el 23 de noviembre de 2009 aplicó la atenuante, confirmada en este 
punto en apelación, y sobre la que no hubo debate en el recurso de casación interpuesto 
por el acusado, limitándose la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al estimar el 
recurso por otro motivo, a constatar la disminución de la pena «en otro grado por la 
atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas».
No cabe apreciar así la identidad de situaciones que afirma la demanda y, en 
definitiva, dentro del casuismo que se presenta a la hora de la aplicación por los 
tribunales penales de dicha atenuante y de su efecto en la extensión de la pena; 
consecuentemente, su denegación en este caso al recurrente no se revela como una 
decisión arbitraria, irrazonable o fundada en un error patente, por lo que se desestima 
este último motivo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
En el recurso de amparo interpuesto por don Francisco Benavente Romero:
1.º Inadmitir la queja de vulneración de los derechos fundamentales a no declarar 
contra sí mismo ni a confesarse culpable (art. 24.2 CE), a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a siete de febrero de dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.