BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 73231
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10023 Pleno.  Sentencia  110/2021,  de  13  de  mayo  de  2021.  Recurso  de 
inconstitucionalidad 1813-2020. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Vox del Congreso respecto de la disposición final 
segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del 
COVID-19. Límites materiales de los decretos leyes: nulidad del precepto que 
modifica la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
de Inteligencia. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:110
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  inconstitucionalidad  núm.  1813-2020,  interpuesto  por  más  de 
cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra 
la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno de la Nación. Ha sido ponente el 
magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 26 de marzo de 2020 se formula 
recurso de inconstitucionalidad por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario 
Vox del Congreso de los Diputados, contra la disposición final segunda del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias frente al impacto 
económico y social de COVID-19. La demanda expone los antecedentes y fundamentos 
de Derecho que a continuación se resumen.
Comienza afirmando que la gravedad de la crisis ocasionada por la propagación del 
COVID-19  legitima  constitucionalmente  al  Gobierno  para  dictar  el  Real  Decreto-
ley 8/2020, ante la extraordinaria y urgente necesidad de «atajar la epidemia» y atender  e
a las graves consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la misma. Sin  b
embargo, la modificación que la disposición final segunda del Real Decreto-ley introduce  023ww
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eqsutee  trinastatr udme ehnatcoe rle fgreisnlateti vlao ,n oarsmí cao dmeo u rdgee ntocdiaa. conexión de sentido con la grave crisis a
Expone que el Gobierno ha utilizado este Real Decreto-ley para blindar la presencia 
del vicepresidente segundo en la comisión que controla los servicios secretos, de donde 
resulta la vulneración del artículo 86.1 CE, pues la modificación que la disposición final 
segunda introduce en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 
Inteligencia, carece de la extraordinaria y urgente necesidad que exige aquel precepto 
constitucional y de toda conexión de sentido con la crisis sanitaria a la que se trata de 
hacer frente. Afirma que a través del artículo 4.2 del Real Decreto 399/2020, de 25 de 
febrero, por el que se establecen las comisiones delegadas del Gobierno, ya se previó la 
integración en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia del 
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Contra este 
Real Decreto los mismos diputados que hoy recurren interpusieron recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Supremo por infringir la Ley 11/2002, solicitando de la 
Sala la medida cautelar de suspensión de su ejecución. Entienden por ello, que la única 
finalidad a que atiende la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020 es la de 
«blindar»  la  posición  del  vicepresidente  segundo  en  la  mentada  comisión  frente  al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 399/2020; lo que, 
manifiestamente, no es una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad en los 
términos previstos en el art. 86 CE.
Aduce  pues  la  demanda  como  fundamento  de  la  impugnación,  la  falta  del 
presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, exigido por el art. 86.1 
CE  para  la  aprobación  de  los  decretos-leyes.  Requisito  que,  como  contempla  la 
STC  14/2020,  de  28  de  enero,  conlleva  el  cumplimiento  de  un  triple  canon:  (i) 
identificación por el Gobierno, de manera explícita y razonada de la concurrencia de esa 
singular situación; (ii) efectiva concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, y 
(iii) verificación de la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación 
entre ese presupuesto habilitante y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de 
modo que estas han de guardar una relación directa o de congruencia con la situación 
que se trata de afrontar.
(i)  Consideran los recurrentes, en primer lugar, que falta una suficiente explicitación 
de  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que,  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia 
constitucional, debe contenerse en la exposición de motivos del decreto-ley, en el debate 
parlamentario de convalidación y, en su caso, en el expediente de elaboración de la 
norma. Observan al respecto que, aparte los simples cambios de denominación de los 
órganos integrantes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, 
la modificación sustantiva que introduce la disposición final segunda del Real Decreto-
ley  8/2020  consiste  en  la  previsión  de  que  en  dicha  comisión  se  integren  los 
vicepresidentes que designe el presidente del Gobierno, lo que, a su juicio, se habría 
usado para «blindar» la entrada en la comisión del actual vicepresidente segundo del 
Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
Se indica que no resulta discutible que la pandemia ha creado una situación de 
extraordinaria  excepcionalidad,  que  justifica  la  adopción  por  el  Gobierno  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y ampara 
también el acudir a la norma de urgencia prevista en el artículo 86.1 CE a fin de adoptar 
las  medidas  necesarias  para  hacer  frente  a  la  crisis  transversal  provocada  por  la 
propagación del virus. Pero la declaración de un estado de excepción no puede suponer 
una suspensión genérica de la Constitución y, en particular, no puede el Gobierno 
aprovechar la situación de urgencia para introducir modificaciones normativas que nada 
tienen que ver con aquella situación, y que aparecen diseñadas para satisfacer las  e.
pretensiones de poder político del líder del partido integrado en el gobierno de coalición. w.b
La exposición de motivos de la norma alude con carácter general a «necesidades  023ww
soergríaanni zeastiavsa sn»e c«easpidreacdiaeds aosr gpaonr izlaa tPivraess,i dnei npcoiar  qdueél  Ghaobbrieíarnn oe»x,i gpiedroo  snuo  aedsoppeccióifnic aa  ctruaávléess 
daeu neqsutea  nfouremraa  edxec epucrigoennacl ias.i n Lhaa besri mppoldei doa paetelancdióenr  a al a etrvaemntituaaclieósn  p«anrelacmeseindtaadrieas, 
organizativas» no permite tener por explicitada la extraordinaria y urgente necesidad, e
imposibilita el control externo que ha de realizar el Tribunal Constitucional para verificar 
si el Gobierno ha hecho un uso abusivo del decreto-ley.
Conforme  a  la  jurisprudencia  constitucional,  la  exteriorización  del  presupuesto 
habilitante tiene por finalidad permitir el control del Congreso de los Diputados (art. 86.2 
CE) y al Tribunal Constitucional, en su caso, realizar aquel control externo, a efectos de 
lo cual no resulta suficiente una referencia general a una «situación de crisis» que 
pudiera justificar con carácter general el decreto-ley. Por el contrario, es necesario 
demostrar  la  urgencia  respecto  de  los  preceptos  concretamente  impugnados, 
correspondiendo al Gobierno la carga de acreditar tal excepcional urgencia en relación 
con cada precepto (STC 27/2015, de 19 de febrero). Por ello, apelar simplemente y de 
forma genérica a «necesidades organizativas» sometidas a la apreciación del presidente 
del Gobierno supone vaciar de total contenido constitucional la extraordinaria y urgente 
necesidad que opera como presupuesto excepcional que permite al Ejecutivo dictar una 
norma de rango legal, invadiendo una potestad que, de ordinario, pertenece en exclusiva 
al poder legislativo, en representación del titular de la soberanía.
Del expediente de elaboración del Real Decreto-ley no resulta justificación alguna de 
la disposición final segunda impugnada, pues en él solo se lee una lacónica referencia a 
que «[l]a disposición final segunda modifica la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia». Tampoco en el debate de convalidación, que tuvo lugar 
el 25 de marzo de 2020, el representante del Gobierno encargado de su defensa hizo 
mención alguna a esta disposición, a pesar de que fue directamente interpelado por el 
portavoz del grupo parlamentario Vox, que señaló que, aunque apoyaría los Reales 
Decretos-leyes 6 y 7/2020, dicho Grupo no haría otro tanto en cuanto al Real Decreto-
ley 8/2020 por las razones que ahora se reiteran.
Esa falta de exteriorización suficiente del presupuesto habilitante en relación con la 
reforma introducida en la disposición final segunda supone su inconstitucionalidad por 
infracción del artículo 86.1 CE.
(ii)  No concurre, en segundo término, el presupuesto habilitante de la extraordinaria 
y urgente necesidad. Afirma la demanda que el Gobierno, al introducir la disposición final 
segunda, ha desbordado los límites de lo manifiestamente razonable, realizando un uso 
abusivo  o  arbitrario  del  decreto-ley  (STC  139/2016).  Considera  así  que  a  las 
«necesidades organizativas» apreciadas por el presidente del Gobierno, se atendió a 
través del artículo 4.2 del Real Decreto 399/2020, que dispuso la incorporación del 
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, de modo que la única finalidad 
perseguida a través de la disposición ahora impugnada es «blindar» la posición del 
vicepresidente segundo frente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por este 
grupo  parlamentario  contra  dicho  real  decreto,  por  vulnerar  el  artículo  6.2  de  la 
Ley 11/2002.
Tras referirse a informaciones de los medios de comunicación sobre la ruptura de 
negociaciones entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español en la 
fracasada investidura de 2016 y al pacto entre ambas formaciones que dio lugar a la 
investidura el 7 de enero de 2020, señala la demanda que la absoluta inexistencia del 
presupuesto habilitante se aprecia si se tiene en cuenta que el Real Decreto 463/2020, 
por el que se declaró el estado de alarma, no incluye entre las «autoridades competentes 
delegadas» para la gestión de la crisis al vicepresidente segundo y ministro de derechos 
sociales y agenda 2030, lo que pone de manifiesto que su área de competencia nada 
tiene que ver con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19 y que, por tanto, el  s
blindaje  de  su  posición  en  la  comisión  delegada  no  tiene  relación  alguna  con  el  oe.
presupuesto habilitante del Real Decreto-ley 8/2020. Obviamente, el simple cumplimiento  w.
del pacto de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español no  023ww
revis(itiei)  la Seex caelepgciao,n eanl  utergrceenrc liuag raerq, ulae raiduas epnocr iae l daert ílacu nloe c8e6s.a1r CiaE c.onexión de sentido entre
lcau msuppleu eos tnao  seitsutaec ieólne mdeen tuor gdeenl cpiare syu plause smtoe dhiadbaisli taandtoep, tdaedbaes.  aPnaarliaz acrsoem psri olbaa mr esdi idsea   BOE-A-cable e
impugnada guarda o no relación con la situación excepcional que se encara y constituye 
una acción normativa inmediata que no podía esperar siquiera a la aprobación de una 
ley  por  el  procedimiento  de  urgencia.  Si  la  incidencia  para  el  logro  del  propósito 
pretendido fuera abiertamente irrelevante o insignificante, cuantitativa o cualitativamente, 
hasta  el  extremo  de  excluirse,  en  un  examen  preliminar,  un  efecto  material  de 
importancia, no cabría apreciar la relación de adecuación en el presupuesto habilitante 
(STC 31/2011).
Señala la demanda que no existe conexión alguna entre la situación que trata de 
afrontar el Real Decreto-ley 8/2020 y el contenido de su disposición final segunda. 
Ninguna conexión de sentido existe entre tratar de abordar la situación económica, 
sanitaria  y  social  producida  por  la  propagación  del  virus  y  colmar  la  ambición  del 
vicepresidente segundo del Gobierno de blindar su posición como miembro de pleno 
derecho de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Se trata de una medida 
que, de tener alguna incidencia en la situación de crisis, la misma sería abiertamente 
irrelevante o insignificante, por lo que, según la jurisprudencia expuesta, nunca cabría 
apreciar la necesaria conexión de sentido con el presupuesto que habilita la norma de 
urgencia.
La situación extraordinariamente grave creada por la rápida propagación del virus no 
permite al Gobierno, en definitiva, actuar al margen de la Constitución, por lo que se 
concluye  con  la  súplica  de  que  se  dicte  sentencia  por  la  que  se  declare  la 
inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la  disposición  final  segunda  del  Real  Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo.
2.  Por providencia de 6 de mayo de 2020 el Pleno del tribunal, a propuesta de la 
Sección tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado 
de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, 
por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al 
objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las 
alegaciones que estimaren convenientes, y ordenar la publicación de la incoación del 
recurso en el «Boletín Oficial del Estado».
3.  En escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 21 de mayo de 2020, la 
presidenta del Senado comunicó el acuerdo de la mesa en orden a que se diera por 
personada a la Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos 
del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
4.  En escrito registrado el 12 de junio de 2020, la presidenta del Congreso de los 
Diputados comunicó el acuerdo de la mesa en orden a que se diera por personada a la 
Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el Tribunal el día 19 de junio de 2020, el 
abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno, y solicitó 
prórroga para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos pendientes 
ante dicha abogacía. Por diligencia de ordenación de 22 de junio se tuvo por personado 
al abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta y se prorrogó en 
ocho días más el plazo concedido por providencia de 6 de mayo de 2020, a contar desde 
el siguiente al de expiración del ordinario.
6.  En fecha 6 de julio de 2020, presentó sus alegaciones la abogacía del Estado.  e.e
Tras una síntesis de lo expuesto en la demanda y una extensa referencia a la doctrina  b
constitucional sobre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad  023ww
cmoendteiamnptela ldao d iesnp oesl icairót.n 8 i6m.1p uCgEna, dsae,  aabsoí rcdoam eol  elax ajumsteifnic daeciló anl cdaen clae  mdies mlaa r.eforma operada
del Earnt íccuulaon t6o. 2a l deen claa jeL edye  1la1 /n2o0r0m2a o cpoenrtardoave prtoidra l,a s ed isopbosseircviaó nq uime plau gúnnaicdaa  mcoondsifiisctaec ióenn 
añadir a la composición de la comisión delegada a los vicepresidentes designados por el
presidente del Gobierno y al director del gabinete de la Presidencia del Gobierno. A 
dichos efectos se trae a colación el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, aprobado 
apenas un mes antes que el Real Decreto-ley 8/2020, y regulador, en general, del 
régimen de las Comisiones Delegadas del Gobierno bajo la cobertura del artículo 6 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que dispone explícitamente en su 
artículo 4.2 la presencia en esta Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia (aparte 
de  otros  ministros  y  altos  cargos)  de  los  siguientes  vicepresidentes  del  Gobierno: 
vicepresidenta  primera  y  ministra  de  la  Presidencia,  quien  preside  la  comisión; 
vicepresidente  segundo  y  ministro  de  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030;  y 
vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este 
Real  Decreto  399/2020  se  halla  impugnado  y  pendiente  de  resolución  en  vía 
contenciosa, habiéndose solicitado por los recurrentes en ese proceso una medida 
cautelar de suspensión del precepto impugnado en cuanto prevé la incorporación a la 
comisión  delegada  del  vicepresidente  segundo  y  ministro  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda  2030,  al  entender  que  dicha  incorporación  vulneraría  el  art.  6.2  de  la 
Ley 11/2002, la cual establece una composición cerrada de aquella, con lo cual se 
alteraría por mero real decreto la composición de la comisión; si bien es cierto que, con 
posterioridad, varias modificaciones y adaptaciones de la composición de la misma 
comisión se han efectuado mediante real decreto, como se verá después.
Señala el abogado del Estado que la argumentación de los recurrentes según la cual 
la norma estaría animada por una razón de orden político, como sería «blindar» el 
nombramiento del vicepresidente segundo como miembro de la comisión, constituye la 
deducción de una intencionalidad política que no se desprende de modo explícito del 
texto literal de la norma impugnada, por lo cual no se considerará en esta contestación al 
recurso, en donde se analizarán solo las objeciones planteadas por el recurso respecto 
del carácter urgente de la norma.
En cuanto al requisito de la extraordinaria y urgente necesidad, se señala en la 
demanda que su justificación, conforme a la jurisprudencia constitucional, no puede ser 
meramente ritual o genérica, como sería, en el caso presente, la situación de pandemia 
que padece España y la necesidad, de acuerdo con el nomen del propio Real Decreto-
ley, de adoptar medidas en el orden económico, cuando nos hallamos ante un precepto 
que, sin otra explicación, dispone una simple alteración en la composición de un órgano 
colegiado.  Según  esa  jurisprudencia,  habría  de  ofrecerse  efectivamente  una  razón 
concreta, haciendo patente la relación directa de la medida adoptada y su estricta 
necesidad como medio imprescindible para resolver con la mayor inmediatez y celeridad 
la situación generada o para coadyuvar decisivamente a ello. Añade el recurso que esta 
relación de instrumentalidad no se formula de manera específica y concreta, y nada 
justificaría la extrema urgencia de que formen parte de la comisión dos vicepresidentes 
que  eventualmente  puedan  designarse  por  el  presidente  del  Gobierno,  cuando  ya, 
conforme al ordenamiento vigente, formaban parte de la comisión tres vicepresidentes 
del Gobierno (Real Decreto 399/2020).
Frente a esta alegación, entiende la abogacía del Estado que la disposición final 
segunda que se impugna, podría entenderse justificada formalmente en la necesidad de 
una norma con rango de ley para llevar a cabo la modificación de la composición de la 
comisión,  en  la  medida  en  que  el  artículo  6.2  de  la  Ley  11/2002  establecía  una 
composición cerrada de esta comisión, siendo esta ley una ley especial en comparación 
con la Ley 50/1997, del Gobierno, cuyo artículo 6.1 dispone que la creación, modificación 
y supresión de las Comisiones Delegadas será acordada por el Consejo de Ministros  s
mediante  real  decreto,  a  propuesta  del  presidente  del  Gobierno,  prevaleciendo  el  oe.
régimen contemplado en la Ley 11/2002 y en concreto la composición de la comisión  w.
según su artículo 6.2. 023ww
neceEsna rtiood doe  claas noo, rym aa l inmtraordguecnid ad,e  lae stetas isp oqsuibel ed ejufisetnifdicea ceiló rne caucresroc ae sd eqlu era enlg por efocermptaol 
ccoanretecem pdlea beax apqlicuaecl iaórnt íceunl oc 6u.a2n tdoe  ala  laL erya z1ó1n/2 0p0o2r  lnao  qsueerv ílaa  scuopmupeosstaicmióenn toer ipgainraar iqau eq ulea   BOE-A-cable e
comisión delegada cumpliera sus funciones propias; y ello con tal gravedad e inmediatez 
que resultara preciso, para su solución, alterar la composición del órgano mediante la 
aprobación de una legislación de urgencia.
El  recurso  también  argumenta  la  falta  de  conexión  de  sentido  entre  la  medida 
concreta y la situación de urgencia o de exigencia de inmediatez en su solución. Señala 
el  abogado  del  Estado  que  las  consecuencias  jurídicas  accesorias,  que  integrasen 
normativamente  de  modo  complementario  el  marco  regulador,  esto  es,  el  régimen 
jurídico derivado de la propia eficacia restauradora del decreto-ley, no se incluirían, por 
eso solo al menos, en la justificación que fundamentara la aprobación del decreto-ley, si 
a la vez no se hallare cumplida y pormenorizadamente justificada la conexión de sentido 
entre la extraordinaria necesidad y cada una de las consecuencias jurídico-normativas 
accesorias o complementarias previstas en el decreto-ley. Así, por ejemplo, se apreció 
por el Tribunal Constitucional la existencia de suficiente conexión de sentido en la 
previsión legal para que se produjese el nombramiento de vocales provisionales de la 
junta general de un organismo público para acometer el bloqueo en el funcionamiento de 
un servicio esencial (STC 103/2017, de 6 de septiembre).
En cuanto a la justificación de la medida, señala el abogado del Estado que el 
análisis de la concurrencia del presupuesto habilitante no puede hacerse de manera 
global, mediante una invocación genérica y abstracta de los efectos beneficiosos de la 
eventual eficacia inmediata de la medida (STC 61/2018, de 7 de junio). Tampoco sobre la 
sola apreciación objetiva de la gravedad, relevancia e imprevisibilidad de la situación 
surgida o mediante descripciones de la perentoriedad de la necesidad acaecida, junto a 
la valoración de su remedio, a través de fórmulas rituales o genéricas, siendo precisa la 
referencia a una situación o situaciones concretas y a su conexión de sentido con el 
remedio  normativo  específico  legalmente  configurado  al  caso  por  el  legislador  de 
urgencia en el plano sustantivo. Tampoco es suficiente la sola referencia a la bondad o 
conveniencia de una retroacción en el tiempo de los efectos de las medidas. Cada una 
de las diferentes medidas incluidas en el correspondiente decreto-ley debe tener su 
justificación propia en función de su específica naturaleza en cuanto al presupuesto 
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, sin que quepa una justificación 
global  de  la  norma  en  su  conjunto.  El  tribunal  debe  analizar  no  solo  la  eventual 
concurrencia de la urgencia en sí misma, sino la íntima conexión de sentido de la 
realidad de las circunstancias ocasionales acaecidas con la adecuación de los medios 
configurados para su solución, así como el que no sea posible abordar dicha situación 
por los medios normativos ordinarios.
Dicho lo anterior, añade, es preciso tener en cuenta el carácter discrecional de la 
valoración por parte del Gobierno de la razón de extraordinaria y urgente necesidad, sin 
que ello pueda suponer una cláusula vacía de contenido. El que realiza el Gobierno es 
siempre un juicio político, pues es solo dicho órgano el que diseña, por la simple razón 
de su perspectiva única o privilegiada, desde su posición institucional, los objetivos 
precisos y convenientes para la gobernación del país.
Señalado lo anterior, y en contestación a los argumentos expuestos en la demanda, 
se afirma lo siguiente:
(i)  Es cierto que la justificación contenida en el preámbulo del Real Decreto-ley no 
menciona expresamente los intereses sanitarios, pero no habría que olvidar que el 
COVID-19 ha afectado de manera muy sensible al ámbito económico y que la actividad 
de cooperación y colaboración de España con organismos internacionales [se cita el 
apartado c) del artículo 4 del Real Decreto-ley], y en concreto con la Organización  e.
Mundial  de  la  Salud,  podría  en  un  momento  dado  exigir  una  reserva  y  un  sigilo  w.b
especiales, valorables discrecionalmente por el Gobierno, como asimismo podrían serlo  023ww
rlaesla creiolancaidoanse sc ocno nla  optaronsd epmaíisae, sy  loa  angeecnetseidsa idn tdeern parcoiotencaclieósn  sdoeb lrae  inefsotram macisiómna,  smi aa teesritaa  ao 
ssue crveetza  soe c olem doi erreas eor vsaed al ec ohnu bairerreag ldoa ad ola l eLgeayl mdeen stee cerel tcoasr áocfitceira ledse,  cploars irfiaczaodnae sc oqmuoe 
solo el Gobierno conocería.
(ii)  Ahora bien, la razón o justificación (al margen de cuáles hubieran sido las 
«intenciones» del legislador) consistiría más bien, vista la sucesión de normas que han 
regulado la composición de la comisión, en devolver la participación en ella al jefe del 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno, alto cargo que siempre formó parte de la 
comisión, con independencia del signo político del Gobierno de turno y que, sin embargo, 
no aparecía en la remodelación operada por el artículo 6.2 de la Ley 11/2002. Cita al 
respecto el abogado del Estado, en primer lugar, el Real Decreto 639/2009, de 17 de 
abril, sobre comisiones delegadas del Gobierno (dictado en aplicación o ejecución del 
artículo 6.1 de la Ley 50/1997, del Gobierno), cuyo artículo 2 establecía la integración en 
la comisión que nos ocupa (denominada entonces Comisión Delegada del Gobierno 
sobre Situaciones de Crisis) del director del gabinete de la Presidencia del Gobierno; en 
segundo lugar, el artículo 2 del Real Decreto 1331/2010, de 22 de octubre, que dispuso 
lo propio para la misma Comisión Delegada para Asuntos de Crisis; en tercer lugar, los 
Reales  Decretos  1025  y  1886,  de  11  de  julio  y  de  30  de  diciembre  de  2011, 
respectivamente,  relativos  ya  a  la  denominada  Comisión  Delegada  de  Asuntos  de 
Inteligencia, en los que se dispuso (artículo 4 de cada uno de estos decretos) que 
formaría  parte  de  la  misma  el  mentado  director  del  gabinete;  y,  en  fin,  el  Real 
Decreto 385/2013, de 31 de mayo, que modificó el Real Decreto 1886/2011 en relación 
con el Centro Nacional de Inteligencia (art. 1.1), que mantuvo la composición de la 
comisión  delegada  en  cuanto  a  la  integración  en  ella  del  jefe  del  Gabinete  de  la 
Presidencia del Gobierno.
Con  independencia,  pues,  del  rango  formal  de  ley  de  la  norma  anterior  a  la 
promulgación de todos estos reales decretos (art. 6.2 de la Ley 11/2002), y de la cuestión 
(ajena a este proceso constitucional) de si era posible o no alterar por decreto la 
composición del órgano colegiado de que se trata sobre la base de lo dispuesto en el 
artículo  6.1  de  la  Ley  50/1997,  del  Gobierno,  las  necesidades  organizativas  de  la 
Presidencia  del  Gobierno  (como  dice  el  preámbulo  del  Real  Decreto-ley  8/2020) 
consistían en introducir al alto cargo referido en la Comisión Delegada para Asuntos de 
Inteligencia, respecto del que existe o existió la idea compartida por todos los gobiernos, 
fueren del signo que fueren, de que debía dicho alto cargo (probablemente por la 
proximidad y primera o inmediata confianza del presidente de turno) formar siempre 
parte de la misma.
En contra de la presunción de los recurrentes, no es el supuesto «blindaje» del 
vicepresidente segundo del Gobierno como componente de la comisión lo que habría 
regido la aprobación de la norma. Lo que sucede es que el artículo 6.2 de la Ley 11/2002 
no incluyó en su redacción originaria al director o jefe del Gabinete del presidente del 
Gobierno y que los decretos posteriores mencionados sí incluían, todos ellos, al alto 
cargo  de  confianza,  cuya  «preterición»  se  quiso  corregir  mediante  la  disposición 
impugnada.  Y  a  fin  de  evitar  problemas  de  índole  jurídica,  de  legalidad  ordinaria, 
relativos  a  la  discusión  o  inseguridad  acerca  del  rango  de  la  norma,  se  arbitró  la 
incorporación a la comisión de dicho alto cargo mediante esta norma con rango de ley. El 
alto cargo que así se incluía en la comisión no era por así decir opcional, sino el que por 
su posición institucional dentro de la estructura de la administración del Estado, y del 
organigrama del Gobierno, supondría ser el cargo de más confianza de su presidente. Y, 
como elemento interpretativo añadido, dentro de las específicas circunstancias en las 
que se encontraba el país al aprobarse el Real Decreto-ley 8/2020, la necesidad de 
introducir en la composición de la comisión al alto cargo que siempre se mantuvo en 
todas las remodelaciones que sobre la base del artículo 6.1 de la Ley 50/1997 tuvieron  e.
lugar respecto de la composición de la misma. De ahí las necesidades organizativas de  w.b
la  Presidencia  del  Gobierno  a  las  que  se  refiere  el  preámbulo  del  Real  Decreto- 023ww
cleayr g8o/,2 0la2 0in tye glara pceiórne ndtoerl ieddiraedc toern  daesl eggaubrainre ates íd, ep olar  rParzeosnideesn dciea  cdoenl fiGanozbaie rinnoh,e rceonmteos  yaal 
era Shaeb citounacl lyu ycóo ncsotna nlate s úepnl ilcaas  dreem qoudee slaec dioenseess tnimoramraa teivl ares caunrtseor idoere isn.constitucionalidad.
7.  Por providencia de 11 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Se resuelve en este proceso el recurso de inconstitucionalidad formulado por 
más  de  cincuenta  diputados  del  grupo  parlamentario  Vox,  en  el  Congreso  de  los 
Diputados, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, que establece lo siguiente:
«Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora 
del Centro Nacional de Inteligencia.
Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora 
del Centro Nacional de Inteligencia, con la siguiente redacción:
“2.  La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su 
Presidente,  e  integrada  por  los  Vicepresidentes  designados  por  el  Presidente  del 
Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de 
Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital,  así  como  por  el  Director  del  Gabinete  de  la  Presidencia  del  Gobierno,  el 
Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro 
Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria”.»
La impugnación se fundamenta en que esta disposición final segunda se habría 
adoptado sin la concurrencia del presupuesto habilitante que al efecto prescribe el 
artículo 86.1 CE, de conformidad con el cual las disposiciones legislativas provisionales 
que pueda dictar el Gobierno quedan condicionadas –en lo que ahora importa– a la 
verificación de un «caso de extraordinaria y urgente necesidad». Consideran asimismo 
los recurrentes que el Gobierno no habría justificado en modo alguno esta circunstancia; 
y añaden que no existiría ninguna conexión de sentido, en términos de la jurisprudencia 
constitucional, entre la disposición impugnada y la razón de ser en general del Real 
Decreto-ley 8/2020.
La  abogacía  del  Estado  ha  rebatido  unas  y  otras  de  estas  tachas  de 
inconstitucionalidad mediante los argumentos que han quedado expuestos con pormenor 
en los antecedentes, y a los que habrá ocasión de referirse de modo singular.
2.  Con  carácter  previo  al  examen  de  fondo,  procede  efectuar  las  siguientes 
precisiones:
a)  El Real Decreto-ley 8/2020 fue convalidado por el pleno del Congreso de los 
Diputados en sesión de 25 de marzo del mismo año, acordándose por la Cámara su 
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con arreglo a lo 
establecido, respectivamente, en los números 2 y 3 del artículo 86 CE.
Esa  tramitación  legislativa,  y  eventualmente  la  aprobación  del  correspondiente 
proyecto de ley, no es obstáculo para que el tribunal enjuicie la constitucionalidad de la 
norma impugnada y se pronuncie sobre las pretensiones deducidas en el actual proceso. 
Los recursos de inconstitucionalidad en los que se controvierte, como en el presente, la 
concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el dictado de un  e
decreto-ley, no pierden su objeto, conforme a jurisprudencia constante, por la ulterior  bo
aprobación de una ley de conversión (art. 86.3 CE), tanto si dicha ley asumiera, con la  023ww
scotoiot rdnanassosi, g,  lSuoSiT eShCnTict Ce1ie  41nr2a9o/ 52vp/a02ac10ri4aó1, n6 cd,, o edlna e1 s 1a 1 rl6ged ugednl easa sen  pdoetevine i emeumlnblab rserpe,,r  ,itnF aFcFmJiJp bJ2ioi  é2y na  3y d4 oo3/rp2)ig.t0 aiAn1da7sarí,s  iadp memu ee1esn d,dt ieaela n  mitameap prrdzuoeogbc,na rFaceiJdtóo an2-sl )e p, y(oce ro(n pmltaoreosr     OE-A-2021-10able en https://
Cortes  Generales  del  proyecto  de  ley  ninguna  incidencia  podría  tener  sobre  la
pervivencia, en sus propios términos, de este proceso constitucional; y nada de cuanto 
en esta sentencia se decida habría de proyectarse sobre la norma que resulte del citado 
procedimiento legislativo, pues lo que aquí se juzga es exclusivamente el respeto por el 
Gobierno, al dictar la norma impugnada, de los límites constitucionales que condicionan 
la apelación a la fuente excepcional que es el decreto-ley.
b)  Es de constatar, en otro orden de cosas, que la disposición final segunda que se 
impugna se encuentra hoy vigente, pese al enunciado de la disposición final décima del 
propio Real Decreto-ley, a cuyo tenor «[c]on carácter general, las medidas previstas en el 
presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después de la vigencia 
de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas 
previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se 
sujetarán al mismo», ello sin perjuicio de que dicha vigencia se pudiera «prorrogar por el 
Gobierno mediante real decreto-ley».
El carácter temporal o a término que así viene a establecer esta disposición final 
décima para todas las «medidas» del real decreto-ley, siempre que no tuvieran un «plazo 
determinado  de  duración»,  en  modo  alguno  puede  predicarse  de  aquellas  normas 
incorporadas a este texto legislativo que cuentan, como la disposición aquí recurrida, con 
una inequívoca vocación de vigencia indefinida, al integrarse de modo estable en el 
ordenamiento mediante la modificación o derogación de otras normas legales (en este 
caso, el artículo 6.2 de la Ley 11/2002). Ello es así en cuanto ha de interpretarse que la 
noción de «medidas» que se emplea en dicha disposición lo es, en su acepción estricta, 
de  «medida  coyuntural,  específicamente  destinada  [a  un]  muy  concreto  fin»,  por 
contraste, pues, con cualquier «cuerpo de normas abstractas, destinadas a regular, con 
vocación de permanencia, un determinado género de relaciones» (STC 179/1985, de 19 
de diciembre, FJ 1; en análogos términos, STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 38).
Esta precisión resulta relevante pues, aunque su hipotético decaimiento no hubiera 
determinado, sin más, la desaparición del objeto del presente proceso constitucional, 
dado que esa mera circunstancia no impide el control de normas de vigencia temporal 
limitada [por todas, STC 100/2017, de 20 de julio, FJ 3 a)], la condición de la disposición 
final segunda como norma de vigencia indefinida no es enteramente irrelevante para 
apreciar, junto a otras consideraciones, si la misma se adoptó o no ante un caso de 
extraordinaria y urgente necesidad.
3.  Antes de examinar el fondo de la cuestión planteada procede, asimismo, acotar 
el  objeto  de  este  recurso  de  inconstitucionalidad,  teniendo  presente  que  los 
demandantes dirigen su impugnación contra la disposición final segunda en su conjunto, 
a  la  que  imputan  la  vulneración  del  art.  86.1  CE.  Es  pues  esta  tacha  de 
inconstitucionalidad  la  única  que  constituye  el  objeto  propio  del  recurso  y,  en 
consecuencia,  sobre  la  que  ha  de  pronunciarse  este  tribunal.  Al  margen  de  dicho 
pronunciamiento deben quedar pues las censuras que la demanda efectúa a lo que 
consideran como una intencionalidad singular o ad personam de la norma recurrida, que 
obedecería  al  propósito  de  «blindar»  la  integración  en  esta  comisión  delegada  del 
entonces  vicepresidente  segundo  del  Gobierno  y  ministro  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030; integración que, por otra parte, se llevó a cabo por el art. 4.2 del Real 
Decreto  399/2020,  objeto  del  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  los 
mismos recurrentes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y hoy suprimida, con 
arreglo a lo establecido en el apartado tres del artículo único del Real Decreto 242/2021, 
de 6 de abril.
Resultan así irrelevantes para el pronunciamiento que corresponde emitir a este  e.
Tribunal  Constitucional  las  apreciaciones  sobre  el  ánimo  que  habría  llevado  a  la  w.b
adopción de la disposición impugnada. Las intenciones o finalidades del autor de la  023ww
neonrjumicai,a msuie netsot rqauteeg icao rpreoslíptiocnad eo  aslu  trpibruonpaóls i[teon  útlatilm soe nntiod oc, oennsttrietu yoetrna sn, uSnScaT Co b4j5e/t2o0 1d9e,l 
6d5e/ 22072 d0e,  dmea 1rz8o d, eF Jju 2n;i o8,7 F/2J0 21 9C, )d, ey  8210/ 2d0e2 ju0n, idoe,  F1J5  8d;e 1 j5u8lio/2, 0F1J9 1, 1d]e. 12 de diciembre, FJ 2;
Es por ello que, en lo que hace a la fijación del ámbito objetivo de la presente 
controversia constitucional, tales juicios de intenciones en modo alguno podrían llevar a 
contraer  el  enjuiciamiento  que  aquí  procede  a  unos  u  otros  incisos  o  previsiones 
singulares de la disposición final segunda, pues lo que los recurrentes sostienen es que 
dicha  disposición,  en  su  conjunto,  se  dictó  al  margen  de  toda  circunstancia  de 
extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE).
Tal ámbito de control constitucional, de otra parte, tampoco ha de venir definido por la 
distinción que efectúan los recurrentes, entre lo que identifican como «modificación 
sustantiva» introducida por la disposición impugnada (la integración en la Comisión 
Delegada  para  Asuntos  de  Inteligencia  de  los  vicepresidentes  que  designare  el 
presidente del Gobierno) y otras consistentes en «simples cambios de denominación» de 
los cargos llamados a integrar dicha comisión; estimaciones estas no muy distintas, de la 
que expresa a su vez el abogado del Estado, al concluir que el principal sentido de la 
norma impugnada residiría en la incorporación a esta comisión delegada del director del 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Apreciaciones de este género no han de ser 
asumidas por este el tribunal, ni pueden dar lugar a un atípico enjuiciamiento selectivo. 
Lo que se pone en cuestión es, pues, únicamente la aptitud del decreto-ley, como fuente 
normativa, para sustituir o derogar, en las circunstancias del caso, una determinada 
ordenación legislativa de las Cortes Generales.
Las  comisiones  delegadas  del  Gobierno  son,  en  general,  creadas  y  ordenadas 
mediante real decreto (art. 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno), pero 
la de Asuntos de Inteligencia ha sido configurada directa y específicamente por el 
legislador (art. 6 de la Ley 11/2002). Lo que aquí está en tela de juicio es si se dan o no 
las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el art. 86.1 CE para 
que esa regulación fuera modificada, en unos términos u otros, mediante un decreto-ley. 
Es en definitiva el concreto acto de legislación excepcional por el que se adoptó la 
disposición impugnada, no las determinaciones singulares de esta última, lo que debe 
ser unitariamente examinado y valorado con arreglo a la Constitución.
Examen y valoración que se realizará a la luz de lo dispuesto en el artículo 86.1 CE, 
sin que concurran motivos para traer a colación otros preceptos de la Constitución: en 
concreto, lo que hace a la interdicción del decreto-ley para «afectar al ordenamiento de 
las  instituciones  básicas  del  Estado»,  según  dispone  el  mismo  artículo  86.1  CE; 
concepto  este  último  en  el  que  se  inscriben  aquellas  organizaciones  públicas 
sancionadas en el propio texto constitucional cuya regulación reclama una ley, lo que no 
es el caso, de las comisiones delegadas del Gobierno.
Es ya posible, a partir de cuanto antecede, entrar en el examen de esta controversia 
constitucional.
4.  El recurso por el Gobierno a la fuente excepcional que es el decreto-ley queda 
condicionado por la Constitución, en lo que ahora importa, a la verificación de un «caso 
de extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1), presupuesto inexcusable sobre el que 
existe, a partir de los primeros pronunciamientos del tribunal (SSTC 29/1982, de 31 de 
mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FFJJ 5 y 6; 29/1986, de 20 de febrero, FJ 2, 
y 60/1986, de 20 de mayo, FJ 3), un muy consolidado acervo jurisprudencial que llega, 
en sus líneas básicas, hasta el presente (de entre las más recientes, SSTC 61/2018, 
recién citada, y 14/2020, de 28 de enero, en cuyos fundamentos jurídicos 5 y 2 a 4, 
respectivamente, se sintetiza y reitera esta doctrina, con cita de resoluciones anteriores). 
Procede aquí, evocar esta jurisprudencia de modo muy sumario y a reserva de ulteriores 
precisiones: e.
a)  El concepto constitucional de «extraordinaria y urgente necesidad» no es una  023ww
aclpáruescuialac ióon  peoxlpítriecsai ódne l vGaocbíaie rdneo  sseig pnuifdiciaedrao  ddeespnlterog adr eli brlae mceunatle  esiln  lóregsictroic cmióanr gaelgnu ndae, 
sinoP, opro re ellol c, oyn strianr ipoe, rujuni clíimo idtee lj upreídsioco q au ela e anc tluaa acpiórne cmiaecdióiann dtee  dteacl rceitrocsu-nlesytaensc.ia haya de
concederse al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del
Estado, es función de este tribunal el aseguramiento de estos límites y la garantía de 
que, en el ejercicio de esta facultad, los poderes públicos actúen dentro del marco de la 
Constitución. Esta jurisdicción puede por tanto, en supuestos de uso abusivo o arbitrario 
de tal potestad legislativa excepcional, rechazar la definición que los órganos políticos 
del Estado hagan de una situación determinada como de «extraordinaria y urgente 
necesidad»; y declarar, en consecuencia, la inconstitucionalidad de un decreto-ley, o de 
unas u otras de sus normas, por inexistencia del necesario presupuesto habilitante. A 
falta del cual, la potestad legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) resultaría 
invadida y menoscabada, al tiempo que la posición de las minorías en el procedimiento 
parlamentario  de  elaboración  de  las  leyes  [en  cuanto  a  este  último  extremo, 
SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 170/2012, de 4 de octubre, FJ 4, y 211/2015, 
de 8 de octubre, FJ 4 a)].
El control que a tal efecto corresponde al Tribunal es de carácter externo, en el 
sentido  de  que  debe  verificar,  no  sustituir,  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que 
corresponde tanto al Gobierno para dictarlo, como al Congreso de los Diputados para, en 
su caso, convalidarlo en votación de totalidad (art. 86.1 y 2 CE).
b)  Este control jurídico-constitucional se proyecta sobre dos extremos íntimamente 
ligados entre sí: de una parte, la necesaria presentación explícita y razonada de los 
motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para dictar el decreto-ley; 
justificación que puede realizarse e identificarse en la exposición de motivos del propio 
texto  normativo,  a  partir  de  lo  argumentado  en  el  debate  de  convalidación  en  el 
Congreso de los Diputados, o, en fin, a la vista del expediente de elaboración del 
decreto-ley.
Solo si se cumple debidamente con esta carga cabrá que el tribunal aprecie en 
Derecho, y mediante una valoración en conjunto de los factores tenidos en cuenta por el 
Gobierno, si el recurso al decreto-ley fue, en cada caso, «razonable» [STC 35/2017, de 1 
de marzo, FJ 4 a)]. En el bien entendido sentido de que la necesidad justificadora de los 
decretos-leyes no puede interpretarse como absoluta, sino como necesidad relativa 
respecto de situaciones concretas que, por razones difíciles de prever, requieran de una 
acción normativa inmediata, no supeditada al superior lapso de tiempo que pudiera 
conllevar la vía ordinaria, o la de urgencia, para la tramitación parlamentaria de las leyes 
(por todas, STC 152/2017, de 21 de diciembre, FJ 3).
Y se ha de considerar asimismo, en segundo lugar, si las medidas en concreto 
adoptadas mediante el decreto-ley guardan conexión de sentido con la situación de 
necesidad  así  definida,  lo  que  puede  llevar  a  censurar  como  inconstitucionales, 
disposiciones que por su contenido, y de manera evidente, no guarden relación alguna, 
directa o indirecta, con lo que se trata de afrontar o que por su estructura misma, no 
modifiquen  de  manera  instantánea  la  situación  existente  [también  por  todas, 
STC 150/2017, FJ 4 e)].
Con arreglo a estas referencias jurisprudenciales, se ha de iniciar el examen y 
resolución de lo planteado en el presente proceso constitucional.
5.  Cuando se discute ante esta jurisdicción, la efectiva verificación de una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad para la adopción no de un decreto-ley en su 
conjunto, sino de singulares disposiciones del mismo, lo que ha de apreciarse es si tal 
circunstancia habilitante concurrió o no a la hora de dictar las reglas así específicamente 
impugnadas  (por  todas,  STC  150/2017,  FJ  5).  Examen  que  sin  embargo  debe  ir 
precedido  de  una  consideración  de  las  causas  generales  que  se  invocaron  por  el 
Gobierno para la aprobación del decreto-ley como acto unitario de legislación (véanse,  e.
entre otras, SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 18/2016, de 4 de febrero, FJ 3,  w.b
y 34/2017, FJ 4). Solo tras ello cabrá enjuiciar si los preceptos en concreto recurridos  023ww
f(uSeTrCon 1 8a3 /s2u0 1v6e, zd ee x3p lídceit an oyv ireamzobnrea,b FleJm 3e)n,t eu njau sotifbicjeatdivoas  cyo ngeuxaiórnd adne,  csueanntiddoo,  mene nlooss 
términos ya dichos, con aquella motivación de conjunto.
a)  Son patentes, en primer lugar, las razones en general aportadas por el Gobierno 
para justificar la adopción de este real decreto-ley, intitulado de «medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19» y dictado 
tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por esa misma 
pandemia;  disposición;  esta  última,  a  la  que  el  Real  Decreto-ley  hace  de  continuo 
referencia. Ni los recurrentes ponen en entredicho tal justificación de conjunto, ni la 
misma ha sido de otro modo controvertida en el presente proceso; ni este tribunal puede 
dejar de reconocer la situación de emergencia (sanitaria, social y económica) que estuvo 
en el origen de este real decreto-ley, sin que constatarlo así suponga, claro es, anticipar 
cosa  alguna,  en  términos  jurídico-constitucionales,  sobre  la  validez  de  las  medidas 
incorporadas a su texto.
El  preámbulo  del  Real  Decreto-ley  se  extiende  sobre  tales  circunstancias  de 
emergencia, y pormenoriza los objetivos a los que en general se orientan las medidas 
que  establece,  objetivos  cifrados  (apartado  I),  en  «reforzar  la  protección  de  los 
trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables», en «apoyar la continuidad en la 
actividad productiva y el mantenimiento del empleo» y en «reforzar la lucha contra la 
enfermedad»;  todo  ello  en  el  contexto  de  la  pandemia  que  se  sufre  y  de  sus 
consecuencias inmediatas. Cabe recordar asimismo que sus medidas no cuentan, de 
principio, con vocación de vigencia indefinida, por más que sí ostente objetivamente esta 
última condición, según ya quedó dicho, la disposición final ahora impugnada.
Es suficiente con lo anterior para dejar constancia de la situación de extraordinaria y 
urgente necesidad que el Gobierno apreció y justificó, con alcance general, al dictar este 
real  decreto-ley;  situación  que  este  tribunal  no  puede  sino  reconocer  y  compartir. 
Cuestión distinta es si en la disposición final segunda aquí impugnada concurre el 
presupuesto habilitante que requiere inexcusablemente el artículo 86.1 CE. Para ello es 
necesario, según se adelantó, reseñar la motivación que por el Gobierno se aportó para 
justificar la adopción de este precepto.
b)  El preámbulo del Real Decreto-ley se refiere de manera unitaria (apartado VI) a 
sus  disposiciones  finales  segunda  y  tercera,  ajena;  esta  última,  a  la  presente 
impugnación, afirmando lo siguiente:
«Las modificaciones de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la 
Ley de la ciencia, la tecnología y  la innovación, que se operan por medio de las 
disposiciones  finales  segunda  y  tercera  de  este  real  decreto-ley  no  pueden  ser 
aprobadas mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues ello 
implicaría  que,  hasta  la  aprobación  de  tales  reformas  legislativas,  la  estructura  de 
órganos colegiados del Gobierno no estaría en condiciones de desarrollar sus funciones 
con arreglo a las necesidades organizativas apreciadas en el momento actual por la 
Presidencia del Gobierno, motivo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la 
situación y la conexión con ella de las medidas adoptadas.»
El debate y votación de totalidad para la convalidación o derogación por el Congreso 
de los Diputados del Real Decreto-ley 8/2020 se celebró en el pleno de la Cámara el 25 
de marzo del mismo año, habiendo versado la deliberación parlamentaria, de manera 
conjunta, también sobre otros dos reales decretos-leyes (6 y 7/2020, de 10 y 12 de 
marzo, respectivamente). No hay referencia alguna, a nuestros efectos, a la disposición 
final objeto del presente recurso en la presentación que realizó la vicepresidenta tercera 
del  Gobierno  y  ministra  de  asuntos  económicos  y  transformación  digital  («Cortes  e
Generales.  Diario  de  sesiones  del  Congreso  de  los  Diputados.  Pleno  y  diputación  bo
permanente», XIV legislatura, año 2020, núm. 16, pp. 38-44). Sí constan, en cambio,  023ww
cinutaetrrvoe ndcipiountaedso csr;í tuicnaos  drees eplelocsto i nat elag roapdoor teunn iedla gdr uy psoe nmtiidxoto  dye  eens tcea plidreacde pdteo  pao rctaarvgooc edse, 
Dloesc dreetmo-álesy,  d8e/2 s0u2s0  refusep efcintivaolms egnrtuep ocso npvaarlliadmadeon,t araiocos rd(pápn.d o4s6e,  5s1u,  6tr3a my it6a5c)ió. nE l cRomeaol 
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE).
Finalmente, en la «Memoria abreviada del análisis de impacto normativo» de lo que 
sería  Real  Decreto-ley  8/2020  consta  tan  solo  que  «[l]a  disposición  final  segunda 
modifica la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia».
El pasaje transcrito del preámbulo es, pues, la única referencia expresa con la que el 
tribunal cuenta ahora para valorar a partir de ella si su disposición final segunda se dictó 
ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
6.  La expresa y razonada justificación por el Gobierno de las circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad que impusieron el dictado de una norma en forma de 
decreto-ley no es el único condicionamiento constitucional que pesa sobre el Ejecutivo a 
este respecto, pero sí el primero de ellos. Y esta carga argumental no se satisface con la 
mera  apelación  a  fórmulas  genéricas,  estereotipadas  o  rituales  [en  tal  sentido, 
SSTC 156/2015, de 9 de julio, FJ 5; 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 5; 242/2015, 
de 30 de noviembre, FJ 3, y, entre otras, 34/2017, FJ 4 a)], sin perjuicio de que, 
adicionalmente, dicha motivación deba aparecer –siempre en el respeto al margen de 
apreciación  política  del  Gobierno–  como  razonable  (al  respecto,  y  por  todas, 
SSTC 170/2012, FJ 4 y 136/2015, de 11 de junio, FJ 3), ya por lo que se refiere al 
conjunto del decreto-ley, ya en lo relativo a la conexión de sentido entre tal razón de 
alcance general y unas u otras de sus normas singularmente impugnadas.
En  estos  términos,  y  para  enjuiciar  la  constitucionalidad  de  la  disposición  final 
segunda del Real Decreto-ley 8/2020, este tribunal ha de partir exclusivamente de la 
justificación que se contiene en el pasaje del preámbulo antes transcrito. Del tenor de 
dicha motivación no se desprende, con la claridad necesaria, si lo que el Gobierno ha 
querido acreditar es la justificación de dicha disposición final a la luz de la razón de ser 
general del real decreto-ley en su conjunto, o si lo que se pretende es, más bien, 
aseverar que la disposición impugnada contaría con un propio y específico presupuesto 
habilitante, distinto del que daría común soporte a la norma excepcional (intelección a la 
que podría conducir la referencia, en términos de una premura inconciliable con el 
«procedimiento parlamentario ordinario», a las «necesidades organizativas apreciadas 
en  el  momento  actual  por  la  Presidencia  del  Gobierno»  para  que  los  «órganos 
colegiados» del Ejecutivo contaran con la «estructura» adecuada para «desarrollar sus 
funciones»).  Así  las  cosas,  dada  la  notoria  ambigüedad  de  esta  redacción,  resulta 
insoslayable  apurar  todos  los  entendimientos  posibles  de  esta  motivación 
gubernamental,  para  apreciar  si  es  reconocible  el  presupuesto  habilitante  que  la 
Constitución impone para la válida legislación mediante decreto-ley. A ello se dedican los 
dos fundamentos jurídicos que siguen.
7.  Ya quedó dicho que la justificación común o general del Real Decreto-ley 8/2020 
reside  en  la  necesidad  de  subvenir  de  inmediato  a  las  consecuencias  sociales  y 
económicas de la crisis sanitaria deparada por el COVID-19; emergencia que está 
también  en  el  origen  de  una  previa  declaración  de  estado  de  alarma  (Real 
Decreto 463/2020). Estas circunstancias extraordinarias se recogen en el preámbulo de 
la norma y fueron asimismo expuestas en la defensa del Real Decreto-ley que, en 
nombre del Gobierno, se llevó a cabo en su trámite de convalidación parlamentaria. Se 
compadece con todo ello, según también se advirtió, el carácter pro tempore que el 
Gobierno otorgó expresamente, sin excepción aparente alguna, a todas las medidas 
entonces adoptadas mediante este decreto-ley en la disposición final décima y demás 
reglas con ella concordantes.
Así planteados los términos del presente análisis, este tribunal no puede compartir  e
que la disposición final segunda que se impugna muestre conexión de sentido alguna  bo
con la causa de extraordinaria y urgente necesidad que llevó a la adopción del Real  023ww
hDaebcirleitaton-tlee yd e8 /2la0 n2o0r. mNao  ye xeissttae  sniinngguúlna rv ríengclual,o c daere andtee cduea ccoiónng erunetrnec ieal  ccoonm lúan s pitrueascuiópnu eqsuteo 
se trNaota  rdees ualftrao nptaors, ibcolen  dlae tqeurem ninoa rg uqauréd ar raezloanciaóbnl ed isccoenrenxibiólen,  ndie d isreecnttaid noi  ipnuddirieecrata .existir
entre, de una parte, las circunstancias y necesidades de emergencia desencadenadas a
raíz de la pandemia y, de otra, la parcial reordenación de la composición de la Comisión 
Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos  de  Inteligencia;  cuyas  funciones  propias 
(apartados 1 y 4 del artículo 6 de la Ley 11/2002) no guardan relación alguna con los 
motivos y finalidades que llevaron al dictado del Real Decreto-ley 8/2020, ni resultan 
afectadas por la disposición impugnada. La evidencia inicial de que un mero cambio en 
el modo de integración de este órgano resulta ajeno, de principio, a la situación general 
afrontada hubiera requerido –para acreditar lo contrario– una justificación específica que 
no se aportó por el Gobierno; sin que tal omisión quede paliada por las vagas referencias 
que el abogado del Estado hace en sus alegaciones a propósito de las hipotéticas 
exigencias de «sigilo», «reserva» o «secreto» que podrían llegar a imponerse en la 
cooperación de las autoridades españolas con las de otros países, o con organismos 
internacionales,  para  hacer  frente  a  la  pandemia.  Este  concreto  alegato  no  resulta 
admisible, pues no se trata solo de que nada se haya apuntado al respecto por el propio 
autor de la norma, siendo así que en las alegaciones en defensa de un decreto-ley 
«nunca podrían ser ofrecidas razones distintas o que alterasen los motivos puestos de 
manifiesto en su momento» por el Gobierno (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4, 
y 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 6). Además, las supuestas exigencias de «sigilo», 
«reserva»  o  «secreto»  podrían  acaso  conducir  a  la  intervención  ocasional  de  esta 
comisión delegada en la gestión de algún extremo relacionado con la pandemia, algo 
que nada tendría que ver con la necesaria modificación mediante decreto-ley de la 
composición legal de este órgano.
Se refuerza la apreciación anterior, si se tiene presente que la disposición final 
segunda  introduce  en  el  ordenamiento  una  modificación  legislativa  de  vigencia 
indefinida, en manifiesta divergencia con la temporalidad tasada que el propio Real 
Decreto-ley predica, en general, de todas y cada una de sus determinaciones, en plena 
correspondencia  con  los  apremios  circunstanciales  en  los  que  se  fundamentó  esta 
legislación  excepcional.  Este  tribunal  tiene  declarado  que  «ningún  dato  positivo 
constitucional permite afirmar […] que el carácter provisional del decreto-ley se refiera 
necesariamente al alcance temporal de la norma que con esa forma jurídica se apruebe» 
(STC 189/2005, de 7 de julio, FJ 6), pero también lo es, según se puntualizó en el mismo 
pasaje de la resolución que se cita, que ello debía entenderse «sin perjuicio de que dicho 
alcance pueda ser considerado de algún modo para valorar […] la concurrencia de la 
extraordinaria y urgente necesidad de la medida legislativa». Valoración que, en el caso 
actual, no puede ser sino negativa. El Real Decreto-ley 8/2020 establece con carácter 
general, de manera explícita, reglas de carácter temporal y para la inserción en el mismo 
de  una  disposición,  como  la  enjuiciada,  con  vocación  de  vigencia  indefinida  (y  sin 
relación aparente alguna, con el objeto o los fines de tal ordenación de conjunto) mal 
podría invocarse, en términos de la repetida conexión de sentido, la misma causa de 
extraordinaria y urgente necesidad que se predica, en general, de este texto normativo.
Finalmente, debe ponerse de relieve que la oportunidad de reordenar parcialmente la 
composición de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia se apreció ya por el 
Gobierno al dictar el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, antes citado, en cuyo 
artículo 4 (números 1 a 5) se determinó una nueva integración de dicha comisión. Este 
primer  paso  normativo  en  la  materia,  por  vía  reglamentaria,  guarda  una  relación 
innegable, por su identidad de objeto, con la disposición impugnada en el presente 
proceso  constitucional  y  se  dio  por  el  Ejecutivo  con  la  suficiente  antelación  a  la 
declaración del estado de alarma como para poner en duda que la modificación en la 
composición de la comisión culminada después mediante la disposición final segunda  s
tenga algo que ver con las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que  oe.
condujeron al dictado de un real decreto-ley, que parte, explícita y reiteradamente, de la  w.
emergencia  declarada  por  el  real  decreto  que  proclamó  el  estado  de  alarma.  Más  023ww
pqauree clea,  pdoer  ceol ncotinnutraarr ioo,  qcuoen slao lriadzaór nl ad ea sdearp dtaec ieósnt a ddeis plao scicoiómnp foinsaicli ósne gduen dala  noco emsi soitóran 
Mdeinleisgtarodsa,  p–ocro dne cmirolod iafiqcuaíc icoonne sla sa mdiicsimonaasl epsa–la bar alsa  dneu laesv aq uees streu cstiurvrae , rdeesl peCcoton sdeejo e sdtea   BOE-A-cable e
y de otras comisiones delegadas, el preámbulo del Real Decreto 399/2020, antecedente 
inmediato en este punto de la regla impugnada.
Cuanto antecede lleva a desechar que la disposición impugnada pudiera encontrar 
una justificación objetiva de extraordinaria y urgente necesidad por su eventual conexión 
de sentido con las circunstancias que motivaron, en general, la adopción del Real 
Decreto-ley en el que aparece integrada.
Resta  por  examinar  ahora  si  esta  disposición  pudiera  contar  con  una  causa 
habilitante específica y distinta, a la que se apreció por el Gobierno para la aprobación, 
como acto normativo unitario, de este real decreto-ley.
8.  Se ha de comenzar por advertir que la posibilidad constitucional de que en el 
cuerpo normativo de un mismo decreto-ley se integren reglas, o bloques de preceptos, 
para cada uno de los cuales se postule una distinta y específica causa de extraordinaria 
y urgente necesidad, ha sido reconocida por la doctrina de este tribunal en el caso de los 
denominados  decretos-leyes  «transversales»;  esto  es,  dictados  ante  coyunturas 
económicas problemáticas, y en cuyo seno se puedan recoger, sin otro nexo común que 
la genérica o global circunstancia de crisis o emergencia, ordenaciones que disciplinen 
unos u otros sectores de la economía (especialmente, STC 199/2015, ya citada, FFJJ 3 
y 5; y asimismo, por lo que se refiere a la protección social y al mercado de trabajo, 
STC 61/2018, FFJJ 6 y 7). Regulaciones singulares no reconducibles a un definido y 
compartido  presupuesto  habilitante,  y  para  cada  una  de  las  cuales  cabría  llegar  a 
justificar una propia y singular causa de extraordinaria y urgente necesidad.
La integración en un mismo decreto-ley de preceptos que se vinculen a diferentes 
causas de extraordinaria y urgente necesidad solo es admisible, de principio, en los así 
llamados decretos-leyes transversales, dictados ante coyunturas de crisis económica o 
en los que se contenga, de otro modo, una política social o económica de urgencia, pues 
en tales supuestos la posible interdependencia de unas u otras medidas de emergencia 
sobre los varios sectores objeto de regulación puede requerir, o justificar cuando menos, 
una  deliberación  de  conjunto  por  la  Cámara  y,  sobre  todo,  su  pronunciamiento  al 
respecto en unidad de acto.
La situación que ahora se enjuicia no es reconducible a esa hipótesis. No solo en 
atención al contenido –meramente organizativo– del precepto impugnado, sino en virtud 
del común sentido que aporta razón de ser al cuerpo normativo en el que tal precepto se 
ha inscrito. El Real Decreto-ley 8/2020 no pretende motivarse en la yuxtaposición o 
agregación  de  una  diversidad  de  causas  de  extraordinaria  y  urgente  necesidad 
heterogéneas que hubiera deparado una coyuntura genérica de crisis. Se ha dictado, por 
el contrario, sobre la base de un presupuesto habilitante muy definido y común (la 
necesidad de hacer frente a las consecuencias socio-económicas de la pandemia) que 
trasciende a unas u otras de las ordenaciones allí establecidas, y solo a la luz del cual 
podrían estimarse justificadas, en términos de conexión de sentido, cada una de estas 
disciplinas específicas. No existe razón jurídico-constitucional alguna para que en el 
cuerpo unitario de este real decreto-ley se injerte una u otra regla que responda a una 
supuesta circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad diferente de la que anima y 
da sentido a este texto normativo en su conjunto. Basta con apreciarlo así para negar 
que el enjuiciamiento de la disposición final segunda pudiera requerir la consideración de 
si concurrió o no un hipotético y privativo presupuesto habilitante que aquí, por lo dicho, 
no cabría en ningún caso esgrimir.
9.  Además de lo señalado, no existe ninguna otra causa de extraordinaria y urgente  e
necesidad –singular o ad casum– que pueda justificar la adopción mediante este real  bo
decreto-ley de la disposición impugnada: 023ww
norma)a  sAes íl,im piotar  lao  dqeujea rh caocnes ata nlac iam odteiv aqcuióen l aa pmoirstamdaa  neon  peol dprríeaá mhabbuelor , seidl oa uatporro dbea dlaa 
«mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues ello implicaría
que,  hasta  la  aprobación  de  tales  reformas  legislativas,  la  estructura  de  órganos
colegiados del Gobierno no estaría en condiciones de desarrollar sus funciones con 
arreglo  a  las  necesidades  organizativas  apreciadas  en  el  momento  actual  por  la 
Presidencia del Gobierno».
Se trata de una argumentación tautológica, mediante la que viene a decirse que la 
reforma legal operada no hubiera sido posible a partir de la tramitación de un proyecto de 
ley,  pues  tal  procedimiento  ordinario  para  legislar  hubiera  demorado  en  exceso  la 
adopción  de  la  norma,  vista  la  oportunidad  de  cambio  legislativo  apreciada  por  el 
Gobierno. En relación con ello, cabe recordar que «el mero deseo o interés del Gobierno 
en la inmediata entrada en vigor de la norma no constituye una justificación de su 
extraordinaria y urgente necesidad» (STC 68/2007, de 26 de abril, FJ 9).
La opción por el empleo de una concreta técnica normativa, existiendo otras que no 
obstaculicen el cumplimiento de los objetivos de la medida, no permite sacrificar la 
posición  institucional  del  legislativo,  sacrificio  que  el  art.  86.1  CE  condiciona  a  la 
satisfacción de una necesidad extraordinaria y urgente, pero no al designio de «abreviar 
el proceso» o de «utilizar la vía más rápida» o «el mecanismo más directo», que no es el 
fundamento de la potestad legislativa extraordinaria del Gobierno (STC 125/2016, de 7 
de julio, FJ 4).
El recurso al decreto-ley se justifica solo ante un caso objetivo de extraordinaria y 
urgente necesidad; esto es, ante una coyuntura en la que se haga presente la exigencia 
impostergable  de  una  intervención  normativa  inmediata  solo  atendible  eficazmente 
mediante estas disposiciones legislativas provisionales; algo muy distinto, en suma, a la 
simple conveniencia de contar, cuanto antes, con la norma que, en un momento u otro, 
se  estime  por  el  Gobierno  oportuna.  Estas  últimas  apreciaciones  pueden  ser  muy 
respetables, pero su mero enunciado no justifica el desplazamiento de la potestad 
legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) y, con ella, de la intervención de las 
minorías en el procedimiento parlamentario. Así pues, la sola invocación de un objetivo 
de política legislativa no puede aportar fundamento bastante para la adopción mediante 
decreto-ley de una determinada disposición.
b)  A idéntica conclusión lleva la constatación de que la oportunidad, legítimamente 
apreciada por el Gobierno, de que se procediera a la reordenación de la composición de 
la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, no puede ser vista como fruto de 
circunstancias  hasta  entonces  imprevisibles  o  súbitas  que  impusieran  el  inmediato 
dictado de la norma impugnada. Tal conveniencia, por el contrario, hubo ya de resultar 
notoria a partir tanto de los Reales Decretos 2/2020 y 3/2020, ambos de 12 de enero, por 
los  que,  respectivamente,  se  reestructuraron  los  departamentos  ministeriales  y  se 
determinaron las vicepresidencias del Gobierno, como del Real Decreto 136/2020, de 27 
de  enero,  por  el  que  se  reestructuró  la  Presidencia  del  Gobierno,  según  queda 
corroborado a la vista del antes citado Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, cuyo 
artículo 4 incidió ya, en un primer momento, sobre aquella composición de la comisión.
La imprevisibilidad o, cuando menos, la difícil previsión de la situación de necesidad 
que pudiera dar lugar a la adopción de un decreto-ley es exigencia en general apreciada 
por la doctrina de este tribunal en preservación de la potestad legislativa ordinaria que 
corresponde a las Cortes Generales [entre otras muchas, SSTC 61/2018, FJ 9 b), 
y 14/2020, FJ 3 a)]; y aunque tal pauta pueda llegar a flexibilizarse en ocasiones (así se 
advirtió, por ejemplo, en la STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), resulta evidente que las 
circunstancias del caso actual no consentirían relativizar esa exigencia. Ello es así por 
cuanto la ordenación que hoy se discute no fue dictada por el Gobierno para hacer frente 
a contingencias externas y sobrevenidas, sino para disciplinar un aspecto de su propia  s
articulación  orgánica  en  consideración  a  causas  o  razones  que  incluso  fueron  oe.
inicialmente atendidas mediante norma de rango reglamentario. w.
c)  Finalmente, no existe necesidad, en el sentido del artículo 86.1 CE, que pudiera  023ww
jiunstetirfeicsaers l a pmúobdlicifoicsa ceiónn  dcea dnao rmcaasso c oleng ríatinmgaom deen lteey  ppoerr seesgtau idvíoas  expcuedpiecrioonna l hcaubaenrd os ildoos 
atendidos –si bien de manera ocasional– a través de una regulación legal que ya estaba,
en  unos  términos  u  otros,  a  disposición  del  Gobierno  (con  carácter  general, 
SSTC 136/2015, FJ 6, y 70/2016, de 14 de abril, FJ 7).
La presencia en la comisión, siquiera de modo circunstancial, de otros altos cargos 
distintos a los previstos en el artículo 6.2 de la Ley 11/2002, podría haberse propiciado, 
en tanto las Cortes Generales no llegaran a reformar este texto legal, al amparo de lo 
previsto en el no modificado número 3 de este mismo artículo, de conformidad con el 
cual, y en términos coincidentes con los establecidos, en general, en la Ley 50/1997, del 
Gobierno (art. 6.3), «[n]o obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser 
convocados a las reuniones de la comisión los titulares de aquellos otros órganos 
superiores  y  directivos  de  la  Administración  General  del  Estado  que  se  estime 
conveniente» (previsión legal esta que ha de ponerse hoy en relación con lo establecido 
en el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público).
Nada de cuanto queda fundamentado podría ser matizado a la vista de lo que al 
respecto alega la abogacía del Estado, representación que ha argumentado acerca de la 
conveniencia o necesidad, discrecionalmente valorada por el Ejecutivo, en orden a la 
incorporación del director del gabinete de la Presidencia del Gobierno a esta comisión 
delegada,  aunque  sin  aportar  razonamiento  alguno  en  orden  a  la  impostergable 
exigencia de modificar para ello, mediante decreto-ley, una disposición legal adoptada 
por las Cortes Generales. No ha sido obviamente la apreciación y enjuiciamiento de 
aquella oportunidad o conveniencia, o de cualesquiera otras, el objeto del presente 
proceso, sino el examen de si la norma impugnada se dictó –lo que no fue el caso– ante 
una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de mayo de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón respecto 
de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1813-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de mis compañeros, 
formulo  el  presente  voto  particular  a  la  sentencia  recaída  en  el  recurso  de 
inconstitucionalidad núm. 1813-2020. Las razones de mi discrepancia son las que tuve  s
ocasión de sostener en el Pleno en el que se deliberó el presente asunto. oe.
ssqeeungetu Mehnnaid c addia eis sdpceoeamnlr afbo Rosrcmeoaasiddtl eoan dDee enr tc illeraaen  tfeeoas -lttlqaeimu yd aeec 8 ivóc/2eon0rn  d2cec0ulo,r  rrnee dcneluca ri as1f oud7 nie ndlt daepemrrp eeusmneutaspatrucozei oófsr,n eto nd qtdeeue  ea  hm leasece ddh iiodsrep ahaosal sibzicuailirió tganeen nnfti etne alasyl     2021-10023n https://www.
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19.  La
argumentación de mi discrepancia es parcialmente coincidente con la recogida en el voto  Bc
particular formulado asimismo en el día de hoy frente a la sentencia que resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 2295-2020.
1.  Debo recordar, en primer lugar, cuál es el canon de control que a mi juicio 
debería aplicar este tribunal, pues como ya hemos tenido ocasión de señalar, «en 
relación con la concurrencia del presupuesto habilitante, que se conforma como un límite 
jurídico de la actuación normativa mediante decreto-ley, el tribunal debe controlar su 
aplicación al caso concreto, pero sin que esa fiscalización, que debe limitarse a un 
examen externo, pueda sustituir el juicio político sobre la concurrencia del presupuesto 
que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de 
urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto 
como proyecto de ley). Dicho en otros términos, el tribunal debe controlar que el juicio 
político realizado por el Gobierno, que elabora el decreto-ley, y por la mayoría del 
Congreso  de  los  Diputados,  que  lo  convalida,  no  desborda  los  límites  de  lo 
manifiestamente razonable, pero «el control jurídico de este requisito no debe suplantar 
a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los 
reales decretos-leyes» (STC 199/2015, de 24 de septiembre, FJ 4, en la que fue ponente 
el ponente de la presente sentencia).
Por tanto, el control que correspondería hacer al tribunal es externo, jurídico y no de 
oportunidad política ni de excelencia técnica, y ha de ser flexible, en coherencia con el 
reconocimiento constitucional del decreto-ley, para no invalidar de forma innecesaria, ni 
sustituir el juicio político sobre la concurrencia del presupuesto que corresponde efectuar 
al Gobierno –máxime, y como desarrollaré en el presente voto, cuando el contenido de la 
norma se refiere a la concreción de una potestad de organización del propio Gobierno–, 
y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función de control parlamentario 
(art. 86.2 CE).
2.  Una vez recordado lo anterior, debo subrayar –como hice en la deliberación, 
pues  considero  que  ello  determina  necesariamente  el  alcance  que  debemos  dar  a 
nuestro control–, que en el presente recurso se abordaba la impugnación de una norma 
que supone unos cambios de naturaleza organizativa dentro del propio Gobierno, no 
teniendo ningún efecto ad extra, ningún efecto sobre la esfera de derechos y deberes de 
los ciudadanos.
En efecto, la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 procede a reordenar parcialmente la composición de la Comisión Delegada 
para Asuntos de Inteligencia con arreglo, tal y como afirma en su preámbulo, «a las 
necesidades organizativas apreciadas  en el  momento  actual por la Presidencia del 
Gobierno».
Así, como bien recuerda la sentencia de la que discrepamos, el preámbulo del Real 
Decreto-ley impugnado afirma que las modificaciones de la Ley reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia no puede ser aprobada mediante el procedimiento ordinario de 
tramitación parlamentaria, pues ello implicaría que, hasta la aprobación de tal reforma 
legislativa, la estructura de órganos colegiados del Gobierno no estaría en condiciones 
de desarrollar sus funciones con arreglo a las necesidades organizativas apreciadas en 
el momento actual por la Presidencia del Gobierno, motivo que justifica la extraordinaria 
y urgente necesidad de la situación y la conexión con ella de las medidas adoptadas.
Es por tanto la oportunidad de reordenar parcialmente la composición de la Comisión 
Delegada para Asuntos de Inteligencia con arreglo a las necesidades organizativas  e
apreciadas la que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la aprobación del real  bo
decreto-ley  impugnado,  pues  si  bien  es  cierto  que  las  comisiones  delegadas  del  023ww
MGoinbisietrronso,  sao np,r oepnu egsetnae rdael,l  cPrreeasdidaesn tye  odrdeel nGaodbaise rnmoe, dpiaonrt ea sríe adli sdpeocnreertloo  deel  aCrot.n s6e djoe  dlae 
eLxecye 5p0c/io1n9a9l7m, ednet e2 c7o dnefi gnuoravdieam dbirree,c tdae yl  Gesopbeiecrífnicoa; mlae ndtee  apsour netlo lse gdiesl aindtoerl igeenn ecli aa rhtíac usloid o6 
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
Ello no ha sido óbice, sin embargo, para que la composición de la referida Comisión 
Delegada de Asuntos de Inteligencia haya sido configurada en el pasado a través de 
meros reales decretos por parte de Gobiernos anteriores. Así lo hizo, por ejemplo, el 
Real  Decreto  1025/2011,  de  15  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  comisiones 
delegadas  del  Gobierno  que,  bajo  la  Presidencia  del  señor  Rodríguez  Zapatero, 
renombró a los miembros de la comisión en función de la estructura ministerial del 
momento e incluyó en dicha comisión a nuevos miembros no previstos en la referida Ley 
de 2002 como era el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, exactamente 
igual que hace el real decreto-ley ahora impugnado. Igualmente sucedió con el Real 
Decreto  1886/2011,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  Comisiones 
Delegadas del Gobierno, ya bajo la Presidencia del señor Rajoy, que hizo exactamente lo 
mismo.
Ciertamente, cabría dudar de la constitucionalidad de una ley, la Ley 11/2002, que ha 
desconocido lo que la norma que regula y desarrolla la posición constitucional del 
Gobierno, la Ley 50/1997, ha dispuesto en relación con quién es el competente para 
determinar la composición de las comisiones delegadas, pues tal como recuerda el 
preámbulo de la referida Ley 50/1997, «el Gobierno no puede ser privado de sus 
características propias de origen constitucional si no es a través de una reforma de la 
Constitución (garantía institucional)». Así, continua el preámbulo, «la potestad legislativa 
puede y debe operar autónomamente [en el ámbito del Gobierno] siempre y cuando no 
lleguen a infringirse principios o normas constitucionales».
Sin necesidad de tener que llegar tan lejos es indudable que el hecho de que el Real 
Decreto-ley 8/2020 se refiera a un ámbito que se encuadra en las funciones y potestades 
más  directamente  reconocidas  al  poder  ejecutivo,  como  son  las  que  se  refieren  a 
aspectos  orgánicos,  procedimentales  o  funcionales,  me  llevó  a  exponer  en  la 
deliberación la necesidad de que este tribunal abordase una reflexión en relación con el 
tipo de escrutinio que debemos realizar para determinar el cumplimiento del presupuesto 
de hecho habilitante exigido en el art. 86.1 CE cuando se trata de reales decretos-ley 
que  regulan  ámbitos  directamente  vinculados  con  las  potestades,  funciones  y 
competencias específicas del Gobierno y de su presidente.
Así, en efecto, tales potestades, funciones y competencias son, por un lado, el reflejo 
de  reconocimiento  constitucional  de  la  posición  constitucional  del  Gobierno  que  se 
realiza en el art. 97 CE, cuando se refiere a la dirección de la política interior y exterior, la 
administración civil y militar y la defensa del Estado y al ejercicio de la función ejecutiva y 
la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes y son, por otro, la 
manifestación de lo dispuesto en el art. 99 CE cuando establece que el Congreso de los 
Diputados dará su confianza al candidato que expone el programa político del Gobierno 
que pretenda formar.
Es la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, –que desarrolla aquellos 
principios y criterios básicos recogidos en los arts. 97 y ss. de la Constitución de 1978, y 
que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno– la que ha dispuesto en su art. 6 que 
«la creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será 
acordada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del presidente 
del Gobierno».
Son por tanto aspectos fundamentales del funcionamiento del Gobierno los que, en 
principio se ha querido que sean decididos por el propio Gobierno, bajo la dirección de 
su presidente. Y entre los aspectos del funcionamiento del Gobierno se encuentran las 
referidas comisiones delegadas que de acuerdo con el art. 1 de la Ley 50/1997, del  s
Gobierno, son órganos del Gobierno en cuanto dispone que «los miembros del Gobierno  oe.
se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno». w.
Todo  ello  no  es  sino  el  reflejo  del  principio  mismo  de  separación  de  poderes  023ww
edset alab lCecoindsot iteunc inóune dsitrriag eC loan psotiltíuticciaó nin yte qriuoer  yll eevxate ari oqru, ela,  said emsi neisl tGraocbióienr ncoiv eil ly q mueil iteanr,  vdiretbued 
ser, en principio, el Gobierno el que tome las decisiones sobre su organización, no
pudiéndole ser tales decisiones totalmente sustraídas sin poner en cuestión la propia 
separación de poderes y la atribución constitucional de potestades y funciones.
Así se ha venido entendiendo por parte de los diversos gobiernos anteriores que han 
procedido  a  determinar  la  composición  de  la  Comisión  Delegada  para  Asuntos  de 
Inteligencia  a  través  de  meros  reales  decretos  –así  lo  hicieron,  reitero,  los  Reales 
Decretos 1025/2011, de 15 de julio, o 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno en aquel momento–, lo que no 
supone sino la confirmación de la interpretación que se sostiene en el presente voto 
particular.
Ciertamente,  la  disposición  final  segunda  del  Real  Decreto-ley  8/2020  aquí 
impugnada procede a modificar la composición de tal órgano colegiado del Gobierno, la 
Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, mediante una norma con rango de ley 
por haber sido recurrido el real decreto inicial del actual Gobierno que le lleva a realizar 
tal modificación mediante la reforma de una norma parlamentaria en la que se dispone 
dicha composición, la Ley 11/2002.
De aceptarse la constitucionalidad de la referida ley –cuestión que como ya hemos 
señalado podría llegar a ser controvertida, pues no es descartable considerar que la 
misma  priva  al  Gobierno  de  aquellas  características  propias  que  se  derivan  del 
reconocimiento  constitucional  de  sus  funciones  con  violación  de  la  separación  de 
poderes– no cabría poner en cuestión el rango de la norma necesaria para acometer la 
modificación de la composición de tal comisión –no podría ser un mero real decreto tal 
como dispone el art 6 de la Ley del Gobierno, sino que habría de ser una norma con 
rango de ley, un real decreto-ley –, pero si cabría justificar que la extraordinaria y urgente 
necesidad del referido Real Decreto-ley 8/2020, consiste en la apreciación de que debe 
corresponder a un Gobierno que inicia su andadura decidir cuál deba ser la estructura y 
composición de las Comisiones delegadas del nuevo Gobierno, precisamente con la 
finalidad de que las mismas estén en condiciones de desarrollar sus funciones con 
arreglo a las necesidades organizativas apreciadas por aquel que tiene reconocida la 
potestad de dirección del mismo, el presidente del Gobierno. Máxime, además, reitero 
cuando se acaban de producir unas elecciones generales y la consiguiente investidura 
de un presidente del Gobierno que ha procedido a una profunda reestructuración de la 
estructura del Consejo de Ministros desencadenada por ser la primera vez en nuestro 
país que se constituye un Gobierno de coalición.
Así, en ocasiones, la restructuración del Gobierno puede requerir modificaciones 
puntuales de normas legales –como es el presente supuesto que precisamente por ello 
ha sido abordada mediante un real decreto-ley–; pero en tales supuestos, por tratarse de 
modificaciones que se refieren al ámbito natural de potestad del propio Gobierno, y que 
no tienen efectos ad extra, nuestro escrutinio del presupuesto de hecho habilitante 
debería adaptarse a tal circunstancia.
El decreto-ley es ciertamente una disposición legislativa provisional extraordinaria (no 
ordinaria) que puede dictar el Gobierno en los casos y con los límites establecidos en el 
art. 86.1 CE. Se trata de una excepción (prevista en la Constitución) a la atribución a las 
Cortes Generales de la potestad legislativa del Estado (art. 66.2 CE). Sin embargo, el 
rigor en el control a realizar por este tribunal puede verse modulado precisamente 
cuando nos encontremos ante la regulación de determinados contenidos que se vinculan 
con las potestades y funciones del propio Gobierno y de su presidente.
3.  Sin perjuicio de la consideración anterior, expresé una segunda discrepancia en 
relación con la apreciación de si se daba un supuesto, tal como se desprende de nuestra  e.
doctrina, que requiriese una acción normativa inmediata o que exigiese una rápida  w.b
respuesta  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el  023ww
pcoromcoe dyima ieenxtop udsee  uerng elnac iad eplibaerara lcaió tnra, mqiutaec ióenst ep atrrliabmuneanlt ahriuab ideera  ladse bleidyoe s,r epauliezsa r cruenoa, 
rheaf leaxfeiócnta deon  are llaa caicócni óanc enrocram daeti vcaó dmeo l alas  cCráismisa prarosv.ocada por la pandemia del COVID-19
En efecto, es indudable que de nuestra norma fundamental se deriva la exigencia de 
que durante los estados de crisis recogidos en el artículo 116 CE el funcionamiento de 
las Cámaras, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no pueda 
verse interrumpido (apartado 5 del referido art. 116 CE). Es, precisamente, la posibilidad 
de que se produzca una afección de los derechos fundamentales durante la vigencia de 
tales estados excepcionales lo que justifica que sean precisamente aquellos órganos 
donde toman asiento los representantes de los ciudadanos los que no puedan ver 
interrumpida  sus  funciones,  tanto  legislativas  como  de  control,  y  fundamentalmente 
aquellas vinculadas con la situación de excepción.
Sin embargo, esta exigencia constitucional de que no se produzca la interrupción en 
el funcionamiento de las Cámaras durante los estados de excepción no supone que tal 
funcionamiento,  y  sobre  todo  aquel  vinculado  con  aspectos  ordinarios  no 
necesariamente relacionados con la situación de pandemia y sus efectos, no pueda 
verse de alguna manera afectado, que no interrumpido, por la referida situación. Así se 
corroboró con la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios que afectaban a 
las iniciativas que se encontraban en tramitación en el Congreso que se produjo por 
Acuerdo de la Mesa de 19 de marzo de 2020.
Por tanto, en el presente supuesto cabría plantearse si las circunstancias existentes en el 
momento de dictarse la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020 –el 17 de marzo 
de 2020, por tanto, en pleno estado de alarma declarado apenas tres días antes por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo– justificaban la utilización de la norma excepcional para 
adecuar de modo inmediato la acción gubernamental mediante la reforma de la composición de 
la referida comisión delegada, ante la ralentización de la actividad legislativa ordinaria como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la crisis provocada por 
la pandemia del COVID-19, crisis que manifiestamente era una circunstancia difícil o imposible 
de prever.
Es indudable que la situación de pandemia no interrumpe, pues no podría, las 
funciones de las Cámaras, pero es indudable también que sí puede ralentizar aquellos 
procedimientos legislativos que no se encuentran más directamente vinculadas con la 
propia situación excepcional y sus consecuencias.
Considerar que es posible, e incluso conveniente, que las Cámaras sigan actuando 
con normalidad, mediante el procedimiento ordinario o incluso mediante el procedimiento 
de urgencia, en la tramitación de leyes que no se vinculan con la situación excepcional e 
incluso que no tienen efectos inmediatos sobre los ciudadanos –como es el caso del 
presente real decreto-ley que se refiere a una materia de organización interna del 
Gobierno–, supone interpretar, desconociendo la realidad de la situación creada por la 
pandemia, que la situación excepcional no podría, bajo ninguna circunstancia, ralentizar 
ese  normal  funcionamiento  de  las  instituciones  parlamentarias.  Ralentización  que 
considero, sin embargo, que si bien en ningún caso sería posible que afectase a las 
funciones de la Cámara relacionadas con la situación excepcional, sí podría ser posible, 
e incluso conveniente, en relación con aquellos supuestos no vinculados con aquella.
Sobre este tipo de supuestos si cabría considerar posible una ralentización de la 
actividad  ordinaria  de  las  Cámaras  derivada  de  la  pandemia  del  COVID-19,  que 
requiriese, sin embargo, una acción normativa rápida mediante un real decreto-ley que 
efectivamente  no  pretende  otra  cosa  que  conformar  un  órgano  del  Gobierno,  una 
comisión delegada, una vez se ha producido el nombramiento de un nuevo Gobierno 
surgido de las elecciones generales.
4.  Finalmente, y tal y como expuse en la deliberación, no puedo dejar de manifestar  e.
mi sorpresa al examinar el contraste entre la flexibilidad en el control del presupuesto de  w.b
hecho habilitante que este mismo tribunal ha aplicado sobre aquellos reales decretos- 023ww
lreigyiedse zr eqsutreic tsiveo osb dsee rdvear eachhoorsa  qeune  esle c doincttraorlo dne bl apjore usnuap useitsutaoc dióen  hdeec chrois hisa ebciloitannótme icdae  yl olas 
rseitaulaecsi ódne dcere ptoasn-dleeymesia .dictados en materia de autoorganización del Gobierno bajo una
El aumento de la competitividad y el fomento del funcionamiento eficiente de los 
mercados justificaron para este tribunal la adopción en su día de todo tipo de medidas 
restrictivas de derechos sociales mediante la normativa gubernamental de urgencia. 
Prácticamente  cualquier  medida  que  se  afirmase  que  favorecía  la  recuperación 
económica se consideraba por este tribunal que cumplía con el requisito de la urgencia. 
Así,  y  a  mero  título  de  ejemplo,  este  tribunal  ha  considerado  que  concurría  el 
presupuesto de hecho habilitante en: la STC 199/2015, en la que se procedió al control 
de un Real Decreto-ley ómnibus, el 8/2014, que contenía nada menos que más de un 
centenar de artículos sobre las más diversas materias económicas; las SSTC 156/2015 
y 119/2016, donde se trataba de controlar el Real Decreto-ley 20/2012, que recogía 
medidas restrictivas de determinados derechos de los funcionarios, así como medidas de 
liberalización en materia de horarios comerciales; las SSTC 26/2016, 67/2016 y 84/2016 
en las que este tribunal examinó el cumplimiento del presupuesto de hecho habilitante 
por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, que recortaba el gasto educativo 
afectando a la calidad de la enseñanza; o finalmente las SSTC 139/2016, 183/2016, 
33/2017, 63/2017 y 64/2017, en las que se impugnaba el Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, que cambió nuestro sistema de salud de un sistema universal a un 
sistema de aseguramiento, además de proceder al recorte de prestaciones y derechos.
En todas estas sentencias se planteó ante este tribunal la necesidad de controlar 
unas normas con rango de ley de gran calado dictadas por el Gobierno con evidentes 
efectos sobre la vida de los ciudadanos y concluimos que, sin necesidad de efectuar un 
juicio político que este tribunal tiene vedado, se había cumplido el presupuesto de hecho 
habilitante con fundamento en la concreta coyuntura económica y en la necesidad de 
propiciar el crecimiento de la productividad y la competencia.
Ahora se nos plantea el control de diversas normas en las que un Gobierno recién 
investido  pretende  acomodar  su  propia  organización  interna  en  plena  situación  de 
pandemia y el tribunal no tiene en cuenta, sin embargo, tales circunstancias a la hora de 
valorar la concurrencia del presupuesto de hecho habilitante.
5.  Recapitulando, en primer lugar, la sentencia de la mayoría no ha tenido en 
cuenta la necesidad de respetar aquellas potestades que nuestro ordenamiento ha 
atribuido  ordinariamente  al  Gobierno  y  al  presidente  del  Gobierno  en  materia  de 
organización  de  su  gabinete.  Las  modificaciones  abordadas  por  las  disposiciones 
impugnadas  se  enmarcan  en  un  proceso  de  reestructuración  del  Gobierno  que 
corresponde impulsar a su presidente. Si de tal reestructuración se deriva la necesidad 
de  realizar  determinadas  modificaciones  legales,  el  instrumento  del  que  dispone  el 
Gobierno para llevarla a cabo es el real decreto-ley, y nuestro escrutinio del presupuesto 
de hecho habilitante debería haber tenido en cuenta la referida posición constitucional 
del Gobierno.
En segundo lugar, la sentencia de la mayoría admite la necesidad de la reforma 
abordada por la disposición del real decreto-ley impugnada, pero rechaza su urgencia, 
para lo cual no entra a valorar el argumento de que la posibilidad de modificar con cierta 
celeridad la composición de la comisión delegada a través del procedimiento legislativo 
se había visto radicalmente alterada por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en 
la que se habrían centrado los esfuerzos de la acción del Gobierno desde entonces. Sin 
embargo,  considero  que  era  razonable  sostener  que,  una  vez  desencadenada  la 
pandemia, esos cambios normativos en materia de organización del nuevo Gobierno, 
que la sentencia de la mayoría no niega que sean necesarios, tendrían una mayor 
dificultad  para  ser  aprobados  en  un  plazo  razonable  mediante  los  procedimientos  e.
parlamentarios. w.b
En definitiva, considero manifiestamente desproporcionado que este tribunal exija  023ww
qreuleev sain etel  pdree ssiud epnrotep idoe Gl Goboibeirenron op oers etilm jeaf en deece Gsaarbioin eetset adre r elap rPerseesnidtaednoc iae ne nu nluag acro mdeis pióonr 
psuro cseedcireertoanri oa  gaednoeprtaalr,  p–ocro mmoe roa sríe alol  deesctirmetaor olan  ceonm eplo spicaisóand od eo tersoas  mpriesmsidae Cntoems isqióune 
Delegada para Asuntos de Inteligencia– deba obligatoriamente promover una reforma
legislativa,  máxime  en  un  momento  de  crisis  sanitaria  muy  grave,  en  el  que  el 
Parlamento tiene otras cuestiones perentorias que atender. Y lo mismo puede decirse si 
lo que la necesidad política exige es la incorporación a una determinada comisión 
delegada relevante de un vicepresidente del Gobierno que permita estar representada en 
la comisión, desde la constitución del Gobierno, a la fuerza política que complementa el 
Gobierno de coalición legítimamente investido por el Parlamento de la Nación.
Madrid, a trece de mayo de dos mil veintiuno.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
Firmado y rubricado.