BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Jueves 17 de febrero de 2022 Sec. I.   Pág. 20025
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
2543 Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los 
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2021, 
de  21  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  impulso  de  los  sectores  primario, 
energético, turístico y territorial de Canarias.
ÍNDICE
Capítulo I. Medidas sobre intervención administrativa en materia de costas.
Artículo 1. Declaración responsable para la ejecución de obras en construcciones e 
instalaciones anteriores a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Capítulo II. Medidas en materia de sector eléctrico.
Artículo  2. Reducción  de  plazos  en  los  procedimientos  de  autorización  de 
instalaciones eléctricas.
Artículo 3. Conformidad de las solicitudes de autorización con el planeamiento 
vigente.
Artículo 4. Presentación de la documentación técnica en formato digital.
Artículo 5. Modificaciones sustanciales no relevantes de instalaciones autorizadas 
de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que se encuentren en ejecución.
Capítulo III. Acciones de renovación y modernización turística.
Artículo 6. Tramitación simplificada de actuaciones de renovación y modernización 
turística.
Artículo  7. Incentivos  y  medidas  de  seguridad  sanitaria  en  las  actuaciones  de 
renovación y modernización de establecimientos turísticos.
Capítulo IV. Medidas en materia de actividades clasificadas.
Artículo 8. Instalación y ampliación de la superficie de ocupación de terrazas sin 
incremento del aforo.
Disposición  adicional  primera. Relación  de  las  actuaciones  de  renovación  y 
modernización turística derivadas de la aplicación de esta ley.
Disposición adicional segunda. Definiciones en materia turística.
Disposición  adicional  tercera. Actividades  no  incluidas  en  los  grandes 
establecimientos comerciales
Disposición  adicional  cuarta. Regularización  administrativa  de  instalaciones 
eléctricas de baja tensión en explotación en el ámbito del reglamento por el que se  e.
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio  w.
de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de  43ww
noviDemispbores.ición adicional quinta. Creación de la Agencia canaria de la energía.
Disposición transitoria primera. Procedimientos de autorización ya iniciados con
arreglo a la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Disposición  transitoria  segunda. Régimen  transitorio  de  los  procedimientos  en 
materia de sector eléctrico.
Disposición  transitoria  tercera. Régimen  transitorio  de  las  actuaciones  de 
renovación y modernización turística.
Disposición  transitoria  cuarta. Infracciones  urbanísticas  en  materia  de 
comunicaciones previas.
Disposición  transitoria  quinta. Régimen  transitorio  de  la  legalización  de 
explotaciones ganaderas.
Disposición  transitoria  sexta. Régimen  transitorio  de  las  delegaciones  para  la 
evaluación ambiental estratégica o la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de las licencias de actividades 
clasificadas.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de las declaraciones de impacto 
ambiental y de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Modificación del artículo 62 de la Ley 12/1990, de 26 de 
julio, de Aguas.
Disposición final segunda. Modificación del artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de 
mayo, de carreteras de Canarias.
Disposición final tercera. Modificación del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de 
diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas, espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.
1. Modificación del párrafo primero del artículo 9.1.
2. Modificación del artículo 9.2.
3. Modificación del artículo 35.2.a).
Disposición final quinta. Modificación del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que 
se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que 
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa.
1. Modificación del epígrafe 10.1 del apartado 1 del anexo.
2. Modificación del apartado 2 del anexo.
Disposición  final  sexta. Modificación  de  la  Ley  2/2013,  de  29  de  mayo,  de 
renovación y modernización turística de Canarias.
1. Modificación del artículo 4.1.
2. Modificación del artículo 4.3
3. Adición del apartado 4 al artículo 10.
4. Modificación de los párrafos primero y último del artículo 11.5.a).
5. Modificación del artículo 20.1.
6. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 21.
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
1. Adición de la letra l) al artículo 2.4. e.e
2. Adición de un apartado 4 al artículo 13. b
3. Adición de un apartado 3 al artículo 18. 43ww
45..  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  5589..22..
67..  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  6611..12..
8. Modificación del artículo 64.2.
9. Modificación del artículo 72.
9.bis. Modificación del artículo 80.1.
10. Modificación del artículo 86.6.c).
11. Modificación del artículo 122.
12. Modificación de la letra c) de la letra B) del artículo 137.1.
13. Modificación del artículo 154.3.
14. Modificación del artículo 160.1.a).
15. Modificación del artículo 168.4
16. Modificación del artículo 267.4.
17. Modificación del artículo 275.3.
18. Modificación de las letras g), q) y t) del artículo 330.1, y adición al mismo de una 
letra u).
19. Modificación del párrafo inicial del artículo 331.1 y adición al mismo de las letras 
h), i) y j).
20. Modificación del artículo 331.4.
21. Modificación de las letras e), l) y m) del artículo 332.1, y adición al mismo de las 
letras n), ñ), o), p), q), r), s) y t).
22. Modificación del artículo 333.1.b).
23. Modificación del artículo 342.1.
24. Modificación de la letra b) del artículo 344.1.
25. Modificación de la letra b) del artículo 349.3.
26. Adición de un último párrafo al apartado 3 del artículo 349.
27. Modificación del artículo 349.5.
28. Modificación del artículo 350.2.
29. Modificación de la letra h) y adición de una letra i) al artículo 372.3.
30. Adición de un párrafo segundo al artículo 395.2.
31. Modificación del apartado 4 de la disposición adicional primera.
32. Modificación del apartado 6 de la disposición adicional séptima.
33. Modificación del título de la disposición adicional decimonovena.
34. Adición de la disposición adicional vigesimosegunda.
35. Adición de la disposición adicional vigesimotercera.
36. Adición de la disposición adicional vigesimocuarta.
37. Modificación del apartado 1 de la disposición transitoria sexta.
38. Modificación  de  los  apartados  3  y  4,  adición  de  un  nuevo  apartado  5  y 
reenumeración del antiguo apartado 4 al 6 de la disposición transitoria séptima.
Disposición  final  octava. Modificación  de  la  Ley  14/2019,  de  25  de  abril,  de 
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La 
Palma.
Disposición final novena. Modificación del Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, 
de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición  final  décima. Mandato  de  adaptación  y  modificación  parcial  del 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
Disposición  final  undécima. Mantenimiento  del  rango  reglamentario  de 
determinados preceptos. s
Disposición  final  duodécima. Desarrollo  reglamentario  de  la  actividad  de  e.
intervención administrativa sobre el uso y actividad de creación de obras audiovisuales. w.
Disposición  final  decimotercera. Desarrollo  reglamentario  de  la  intervención  43ww
admDinisisptorastiicviaó ns ofibnrael  ldaesc eimxpolcoutaacritoan. esE dneti deandeergs íac oglaebootérramdoicraa.s de la Administración para
la emisión del visado de conformidad y calidad en materia urbanística.
Disposición final decimoquinta. Entidades colaboradoras de la Administración para 
la emisión del visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental 
de explotaciones ganaderas.
Disposición  final  decimosexta. Desarrollo  reglamentario  de  los  requisitos 
documentales de las declaraciones responsables en materia de costas.
Disposición  final  decimoséptima. Habilitación  para  la  modificación  o  para  la 
prórroga de la vigencia temporal de determinados preceptos.
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
La expansión a escala mundial del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2) y de la enfermedad ocasionada por el mismo (COVID-19), ha 
conducido a la adopción de medidas drásticas para reducir la pérdida de vidas humanas, 
llevando a la mayoría de las economías a una paralización de parcelas importantes de la 
actividad y, por tanto, a una caída profunda y repentina del PIB. De este modo, la crisis 
sanitaria global ha dado paso a una crisis económica global de graves consecuencias 
sociales. Ante la magnitud del problema, las autoridades económicas han reaccionado 
poniendo en marcha medidas en ámbitos muy diversos, al objeto de paliar los severos 
efectos de salud pública, sociales y económicos de la crisis.
En España, el 14 de marzo de 2020 se dictó el Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. Este estado de alarma, con sus sucesivas prórrogas, duró más de tres 
meses  (incluyendo  el  inicial  confinamiento  y  la  progresiva  desescalada  posterior  y 
asimétrica de las medidas), durante los cuales la economía sufrió un duro revés del que 
no  logró  remontarse  con  posterioridad,  debido  a  la  problemática  evolución  de  la 
pandemia en los meses posteriores, y en particular durante el mes de agosto de ese 
año. Así, se aprobó poco más tarde el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que  se  declara  el  estado  de  alarma  para  contener  la  propagación  de  infecciones 
causadas  por  el  SARS-CoV-2,  que  estuvo  vigente  hasta  el  9  de  mayo  de  2021. 
Posteriormente,  bajo  la  coordinación  del  Consejo  Interterritorial  de  Salud,  las 
Comunidades Autónomas han venido aprobando normativa para la contención de la 
enfermedad y realizando un ingente esfuerzo para la vacunación de la población.
En el contexto de los últimos meses de 2020, el Gobierno de Canarias aprobó con 
carácter urgente el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de 
impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, que fue 
convalidado por el Pleno del Parlamento el 7 de octubre de 2020, acordándose asimismo 
su tramitación como proyecto de ley, por el trámite de urgencia.
La  presente  ley  es  fruto  de  aquel  proyecto  dado  que,  aunque  los  indicadores 
sanitarios y de salud pública han mejorado sustancialmente gracias a la vacunación, las 
consecuencias sociales y económicas de la pandemia se siguen manifestando de forma 
intensa.
Las restricciones son aún considerables, por lo que no solamente debe hacerse 
frente al gravísimo impacto y secuelas de la paralización casi total de actividades de los 
primeros meses de la pandemia, sino que, además, la actividad económica aún sigue 
lastrada  por  las  inexcusables  medidas  preventivas  derivadas  de  la  aún  sensible 
presencia del coronavirus y las consecuencias que, a nivel mundial, la pandemia ha  e.
producido en los procesos de producción. w.
II
simpPliofirc atacinótno , ys igaugeil izsaiecinódno  andemceinsisatrriaot iveassta bcloenc erla  unfinaa lsidearide  ddee  mreeadcitdivaasr  ularg eanctteivsid adde 
económica  en  determinados  sectores  estratégicos  que  se  han  visto  especialmente
afectados  por  la  paralización  de  actividades  derivada  de  la  pandemia  (turismo  y 
hostelería, construcción), y en otros sectores que, aun habiendo resistido el choque 
inicial,  se  consideran  también  fundamentales  para  impulsar  la  recuperación  (sector 
primario y sector energético, con especial atención a las energías renovables). Todo ello 
sin olvidar que las medidas de reactivación a adoptar deben atender a criterios de 
sostenibilidad ambiental y de utilización racional de los recursos naturales.
Por tanto, el objetivo final de esta ley es el de contribuir, de una forma sostenible, a la 
reconstrucción socioeconómica de Canarias, y de paliar las secuelas que la pandemia ha 
dejado  y  sigue  dejando  en  el  archipiélago  (que,  por  sus  condiciones  estructurales, 
resultará particularmente afectado por la crisis).
En este sentido, la norma se enmarca dentro de los objetivos del Pacto para la 
Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado el 30 de mayo de 2020, entre 
cuyas prioridades estratégicas figuran la atención y apoyo a las personas vulnerables; el 
mantenimiento y recuperación del empleo, el impulso de la actividad económica (con 
especial énfasis en el sector turístico y de la construcción y el sector primario, y una 
particular atención a empresas y personas autónomas); y la agilización, simplificación, 
cooperación y coordinación administrativas.
Es evidente que la economía canaria se sustenta fundamentalmente en el sector 
terciario. Y como ya se ha señalado, los más de nueve meses de duración de las dos 
declaraciones de estado de alarma y demás normativa de contención de la pandemia en 
España y en el resto del mundo, han generado la paralización de gran parte de la 
actividad económica, en especial del sector turístico, con los efectos que tal situación 
conlleva.  Existen  muchos  establecimientos  y  zonas  turísticas  que  aún  tardarán  en 
poderse activar a niveles de 2019 y que requerirán más tiempo para alcanzar su normal 
ejercicio, pero ello no impide que se pueda actuar en tales suelos y edificaciones para 
permitir su mejora y modernización; lo cual, además de permitir el impulso de otras 
actividades, singularmente el sector de la construcción, facilitará el objetivo de dotar al 
archipiélago  de  urbanizaciones  y  establecimientos  turísticos  más  modernos,  más 
eficientes desde el punto de vista energético, de mayor calidad ambiental y con medidas 
adecuadas  y  suficientes  para  garantizar  la  seguridad  sanitaria  de  sus  usuarios  y 
trabajadores.
Desde esa perspectiva, la ralentización y progresiva reactivación de la actividad 
turística tras la paralización total inicial puede ser una oportunidad para afrontar esos 
retos  de  necesaria  renovación,  lo  que  exige  facilitar  la  adopción  de  medidas  de 
simplificación de los procedimientos de autorización administrativa y el otorgamiento de 
títulos  administrativos  habilitantes  de  determinadas  actuaciones.  Resulta  necesario 
aprovechar esa ralentización en el reinicio del funcionamiento de nuestro sector motor 
para lograr ese objetivo de renovación, pero para garantizar resultados eficaces y no 
dilatar  innecesariamente  la  puesta  en  funcionamiento  de  esas  urbanizaciones  y 
establecimientos desde la apertura de fronteras y la reactivación del flujo seguro de 
turistas a Canarias, las medidas deben ser de una inmediatez absoluta, por lo que se 
regulan,  ampliando  el  elenco  actual,  nuevos  supuestos  de  actuaciones  sujetas  a 
comunicación previa urbanística o a declaración responsable turística.
La  sustitución  de  títulos  habilitantes  urbanísticos  (licencias  que  pasan  a  ser 
comunicaciones  previas  o  que  incluso  se  suprimen)  se  extiende  también  a  otras 
materias, donde cobran protagonismo determinadas actuaciones sobre el medio agrario 
(que,  tras  su  evaluación,  se  han  considerado  de  menor  relevancia  territorial, 
flexibilizándose  por  tanto  la  intervención  administrativa)  y  a  distintos  tipos  de  es
instalaciones  energéticas  que,  o  bien  tienen  un  impacto  territorial  menor,  o  bien  o
epfdanrovottorafPoerrenssoizecro ca nlanodan  elc  q eoqulnum ee eea j elsyd rneoece rsi ccraeieporfrsr ioeodalrterlaeai og lna ao i mllano cipssst uemicvlcsoiotdool ea rdcyd et p iav rmlgioamrassía cy edrooineolra e ,e  rpygss eíeegas  asosinn  eracecedotnnoero prrv aonya,ru  baqpelnuoes enstmr.,ioe et nrdaddisode  asleaasn  rp ruvoaralnbllooda ren emlíasc tioaiacn,ca ótdsimve ibdqiceauonde,     OE-A-2022-2543able en https://www.
facilitando los objetivos de seguridad alimentaria y kilómetro cero.
Evidentemente, las medidas propuestas se enmarcan en el ejercicio competencial 
que corresponde a la comunidad autónoma, sin que pueda omitirse la exigencia de 
licencia  urbanística  en  determinados  supuestos  derivados  del  marco  estatal  básico 
(artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre), ni la exigencia de evaluación de impacto 
ambiental que deriva de los anexos contenidos en la Ley estatal 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, que pasan a ser los únicos aplicables al derogarse 
el anexo contenido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias.
Al hilo de lo anterior, el respeto que la presente ley guarda al artículo 11 del citado 
texto refundido estatal y a la legislación ambiental básica, entronca con el inexcusable 
cumplimiento del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, positivado en el 
artículo 3 de la citada norma estatal, y que implica que las políticas públicas relativas a la 
regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo «deben propiciar el 
uso racional de los recursos naturales, armonizando los requerimientos de la economía, 
el  empleo,  la  cohesión  social,  la  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades,  la  salud  y 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente». Pero al mismo tiempo, 
es precisamente dicho principio multifactorial el que, en un contexto de grave crisis 
sanitaria  y  socioeconómica,  obliga  a  reequilibrar  entre  sí  los  distintos  elementos 
inherentes al principio de desarrollo sostenible (sociedad-economía-medio ambiente), 
pues  es  obvio  que  varios  de  ellos  se  encuentran  gravemente  desajustados  como 
consecuencia del impacto de la pandemia.
La presente iniciativa, por tanto, profundiza en ese principio de desarrollo sostenible, 
propiciando una reactivación socioeconómica que es necesaria y vital en este momento, 
pero al mismo tiempo garantizando que esta se realice de forma sostenible y con respeto 
al medio ambiente (lo cual queda asegurado al no traspasarse los límites marcados por 
la legislación estatal ambiental y en materia de suelo, manteniéndose incólume el núcleo 
esencial regulatorio de la protección de los recursos naturales). En definitiva, se atiende 
al triple factor económico, social y ambiental sobre el que incide el Pacto para la 
Reactivación Social y Económica de Canarias.
En íntima relación con los sectores materiales antes referidos, y considerando que la 
transición energética va a resultar clave en la recuperación económica del archipiélago, 
se introducen medidas en relación al impulso e implantación de energías renovables, del 
autoconsumo  de  energía  eléctrica  y  de  mejora  energética  de  las  instalaciones  y 
edificaciones  existentes.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  también  en  materia  de  sector 
eléctrico se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector 
Eléctrico Canario, al objeto de hacer más ágil y eficaz la implantación de instalaciones 
eléctricas de interés general y de gran relevancia estratégica.
La citada apuesta por la eficiencia energética y por las energías renovables entronca, 
además, con el citado principio de desarrollo territorial y urbano sostenible (artículo 3.3, 
letras a), h) e i), del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana); y debe 
ponerse  en  relación,  además,  con  el  Pacto  Verde  Europeo  y  sus  objetivos  de 
potenciación de las energías renovables y de descarbonización del sector energético, así 
como con la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, aprobada por Acuerdo 
del Gobierno de Canarias de 30 de agosto de 2019 (que insta a la adopción de normas 
legales y reglamentarias de simplificación administrativa para facilitar, entre otros, el 
cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, de avance hacia el autoconsumo 
eléctrico, de abandono de los combustibles fósiles y de aumento de instalaciones de  es
producción a partir de fuentes renovables). o
asueprbgliacuEPnarlaií cdsrtieaaotixldcneta eolasas m s  fyelreaa  nscsu toudemmsu,  lesperedelne istdatapaadso soc ne pos ptniaalre obndgpl eeamutsleeeo,r ssdmct iadfoiinscem,aa  dodcii niacomchsnl aueemsycs oea mddnneeidifsldio cmmi daolaaca irs ocp.anoace rntasuo  adrrmleeiza aapctcricveiióoocn neq apudrteo e fs dr elaarnenstg  eeli ansamftra aebpcniolctisdaioiarbnidolee syss,     OE-A-2022-2543able en https://www.
dirigidas a facilitar la inmediatez de las medidas, pero sin que tales modificaciones
supongan la «congelación legal» del rango, salvando su naturaleza reglamentaria y 
manteniendo  en  vigor  en  el  Decreto  ley  15/2020,  de  10  de  septiembre,  las  no 
modificadas por la presente ley.
Se contienen, para finalizar, normas transitorias para dotar de seguridad jurídica a los 
procedimientos en tramitación que puedan resultar afectados por las modificaciones 
introducidas en este nuevo texto legal.
Por último, debe insistirse una vez más en que las medidas que se contienen en la 
presente  ley  no  comprometen  la  protección  del  medio  ambiente  (al  contrario,  la 
perspectiva ambiental ha estado en todo momento presente durante su redacción). 
Efectivamente, dichas medidas se proyectan fundamentalmente sobre suelos urbanos, 
sobre edificaciones preexistentes o sobre suelos rústicos no protegidos por razones 
ambientales. En este sentido, son numerosas las excepciones que se introducen en la 
ley para salvaguardar los suelos rústicos protegidos por razones ambientales o incluso 
los incluidos en zonas Red Natura 2000.
Así, por citar algunos ejemplos de lo expuesto, las medidas de simplificación en 
materia de costas se proyectan solo sobre suelos urbanos anteriores a la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas; se prevé que los informes municipales e insulares no emitidos 
en plazo sobre instalaciones eléctricas no se entenderán favorables si afectan a suelo 
rústico  de  protección  ambiental;  se  exige  que  las  solicitudes  de  autorización  de 
instalaciones eléctricas incorporen un análisis de compatibilidad con el planeamiento, 
incluido el planeamiento insular y el de los espacios naturales protegidos; las medidas en 
materia turística se proyectan solo sobre la renovación de establecimientos ya existentes 
y, por tanto, ubicados en zonas donde el planeamiento ya ha implantado el uso turístico 
(fundamentalmente en suelo urbano consolidado); y finalmente, se establece que los 
informes no emitidos en plazo en el procedimiento de legalización territorial y ambiental 
de explotaciones ganaderas no se entenderán favorables si afectan a suelo rústico de 
protección ambiental o zonas Red Natura 2000, entre otros ejemplos.
Además, ya se ha señalado que la norma se ajusta a los niveles de protección 
ambiental  establecidos  en  la  legislación  básica  estatal,  fundamentalmente  en  las 
materias de suelo y de evaluación ambiental.
III
El contenido de las medidas incorporadas en el texto articulado es el que se expone 
a continuación:
1. Medidas de intervención administrativa en materia de costas.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de julio, de Costas, establece el 
régimen  jurídico  aplicable  a  las  obras  e  instalaciones  que,  en  su  día,  fueron 
legítimamente construidas en virtud de licencias o autorizaciones de costas concedidas 
antes de la entrada en vigor de dicha ley (así como a las construcciones que, habiendo 
sido ejecutadas sin esos títulos habilitantes, hayan sido legalizadas con posterioridad por 
razones de interés público, con arreglo al procedimiento especial establecido en la 
disposición transitoria decimotercera del Reglamento General de Costas).
Durante  décadas,  todas  estas  obras  han  estado  sometidas  a  autorización 
administrativa, cuya concesión es competencia de las comunidades autónomas cuando 
las  construcciones  se  ubican  en  zona  de  servidumbre  de  protección  (o  en  esta  y 
simultáneamente en la servidumbre de tránsito). Concretamente, en Canarias, dicha  e.e
autorización se ha venido concediendo por la consejería competente en materia de  b
ordenación  del  territorio  con  arreglo  al  procedimiento  establecido  en  el  43ww
tDraemcrietatoc ió1n7 1d/2e0 0a6u,t odreiz a2c1io dnee sn oevni elma bzreo,n ap odr ee l sqeurvei dsuem rbergeu ldae e lp rportoeccecdióimn iednetlo  dpoamrain liao 
públNicoo  ombasrtíatinmteo,- tlear Lreesyt r2e/.2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ha introducido un cambio
en  este  esquema  de  intervención  administrativa,  habilitando  que  se  sustituya  la 
autorización por declaración responsable para estas construcciones. En uso de esa 
habilitación, la presente norma permite que dichas obras se legitimen por declaración 
responsable, pero esta se configura como opcional, pudiendo aún solicitarse autorización 
para la respectiva actuación si así lo considera conveniente la persona promotora.
A tal efecto, se establece un listado de documentos mínimos que debe aportar la 
persona declarante, pero se remite a orden departamental el desarrollo y precisión de 
esos  requisitos  documentales.  Asimismo,  se  regula  el  régimen  de  declaración  de 
ineficacia  de  las  declaraciones  responsables  como  consecuencia  de  posibles 
incumplimientos de las personas promotoras.
2. Medidas en materia de sector eléctrico.
a) La presente ley incorpora un primer bloque de medidas variadas, relativas a 
procedimientos, autorizaciones y proyectos de instalaciones eléctricas:
– Se declara la urgencia de los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas, al objeto de agilizar su tramitación.
– Se exige a las personas promotoras incorporar a las solicitudes de autorización un 
análisis de la compatibilidad de la instalación eléctrica con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística, al objeto de fomentar el autocontrol por parte de 
quienes pretendan poner en marcha iniciativas en esta materia, así como de garantizar 
la integración de la perspectiva territorial y urbanística en los proyectos.
– Se  establece  la  exención  de  licencia  urbanística  para  aquellos  proyectos  de 
instalaciones  de  producción  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  en  cuyo 
procedimiento de autorización sustantiva energética se haya consultado al ayuntamiento 
afectado, a través de informe preceptivo y vinculante.
– Se simplifica la documentación técnica exigible a las solicitudes, suprimiéndose –
entre otras medidas– el visado colegial.
– Se introduce un procedimiento simplificado para autorizar ciertas modificaciones 
sustanciales no relevantes de instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables,  consistentes  en  cambios  de  tecnología  introducidos  durante  la  fase  de 
ejecución del proyecto inicialmente autorizado.
– Se establece la forma en la que se debe evacuar el trámite de información pública 
para la declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones energéticas, toda 
vez que la aplicación supletoria del artículo 144 (no básico) del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de 
energía eléctrica, implica la exigencia innecesaria de múltiples publicaciones en diversos 
medios, con las cargas y costes que ello conlleva.
– Se mantiene en la disposición derogatoria la vigencia de la disposición final tercera 
del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 
sectores  primario,  energético,  turístico  y  territorial  de  Canarias  y  con  ello  las 
modificaciones de los artículos 20.3 y 53.4 del Reglamento aprobado por el Decreto 
141/2009, de 10 de noviembre.
– Se modifica, a su vez, en la disposición final décima, dicho Reglamento y se 
introduce el mandato al Gobierno de adaptarlo a las disposiciones contenidas en la 
presente ley y a la normativa estatal básica en materia de sector eléctrico.
b) Se  introduce  un  régimen  transitorio  para  la  regularización  administrativa  de  oe.
determinadas instalaciones eléctricas de baja tensión en explotación que carecen de la  w.
edcomersprterruespcscaoisnó dnoi e ndpteoe r  daoortccrhauismv oecsna, tuaspcaoiósr n  jcutaésuctinsfiaicc aabd loee  sa;fd umceirrizncauis ntrsmatataivnyaco,ira ,b si etrqnau spepo airms ospusi  daednnet i gdaüecettedivramods,in  paeorn rt srluea    2022-2543n https://ww
antigüedad y qué reglamentación era aplicable en la fecha de su puesta en servicio.
Así, se establece un mecanismo específico, voluntario, transitorio y excepcional de 
regularización de las instalaciones eléctricas de baja tensión más antiguas, para habilitar 
la aplicación de la reglamentación técnica vigente en la fecha de su puesta en servicio.
c) Se modifica el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación 
del  Sector  Eléctrico  Canario  (que  establece  un  procedimiento  excepcional  para  la 
autorización  de  obras  declaradas  de  interés  general  para  el  suministro  de  energía 
eléctrica, en las que concurren razones de urgencia o de excepcional interés), al objeto 
de  corregir  las  disfunciones  detectadas  en  su  aplicación  e  incidir  en  la  agilización 
procedimental  (por  ejemplo,  previendo  que  el  trámite  de  consulta  al  cabildo  y  al 
ayuntamiento  de  este  procedimiento  se  realice  simultáneamente  con  el  trámite  de 
consultas del procedimiento de autorización sustantiva; clarificando que el objeto de 
dichos informes se limita a analizar la compatibilidad del proyecto con el planeamiento 
territorial o urbanístico; o estableciendo la presunción del carácter favorable de dichos 
informes en caso de su no emisión, salvo excepciones contempladas en el propio 
precepto).
3. Acciones de renovación y modernización turística
En los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de renovación del espacio 
turístico  de  Canarias,  que  aun  siendo  insuficiente,  ha  supuesto  un  comienzo  para 
conseguir  la  recualificación  de  los  espacios  turísticos  maduros  del  archipiélago.  El 
objetivo ha sido, y sigue siendo, contribuir a que la ciudad turística se convierta en un 
producto altamente competitivo: establecer un modelo de ciudad activa y de calidad, que 
satisfaga  a  turistas  y  residentes.  En  definitiva,  recuperar  una  ciudad  turística  con 
identidad.
El marco normativo de referencia para este objetivo de renovación y modernización 
requiere de una revisión constante que permita detectar los problemas generados con su 
aplicación práctica, así como adaptarse al contexto socioeconómico de cada momento. Y 
esta tarea adquiere una importancia crítica en la coyuntura actual de grave contracción 
económica, después de más de varios meses de paralización total del sector turístico y 
existiendo aún muchos establecimientos cuya reapertura será lenta y progresiva (con el 
impacto que todo ello está generando sobre la economía en su conjunto y sobre el 
empleo).  Existe,  además,  la  evidencia  de  que  en  muchos  establecimientos  seguirá 
siendo necesario realizar adaptaciones como consecuencia de las medidas sanitarias y 
de distanciamiento social.
En este sentido, en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias 
de 30 de mayo de 2020, se enfatiza que la recuperación de la actividad turística pasa por 
utilizar la seguridad sanitaria como un argumento competitivo más dentro de la estrategia 
de promoción turística de Canarias y como elemento diferenciador de nuestra comunidad 
en el plano internacional. En dicho documento se prevé, asimismo, la necesidad de 
articular medidas vinculadas a la promoción de los productos turísticos canarios, la 
rehabilitación de los espacios hoteleros y comerciales y la adaptación de los espacios 
turísticos  a  la  sostenibilidad  ambiental,  para  reactivar  cuanto  antes  la  afluencia  de 
turistas al archipiélago, haciendo especial hincapié en la condición de Canarias como 
destino seguro, pero también sostenible.
En ese marco, mediante la presente ley se adoptan, por un lado, medidas temporales 
que pretenden fomentar que los establecimientos ofrezcan seguridad a los usuarios 
turísticos en esta nueva situación; y, por otro, una serie de medidas de agilización 
dirigidas  a  facilitar  la  ejecución  de  obras  de  renovación  y  modernización  que  no  e.e
conlleven incremento de plazas alojativas en los establecimientos renovados. w.b
Estas medidas se pueden agrupar en tres ámbitos diferenciados e interrelacionados:
1. Agilización  de  trámites  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  de  renovación  y 
modernización turística:
1. Se suprime la autorización turística previa para todas aquellas actuaciones de 
renovación y modernización turística (incluyendo las ampliaciones, o las que aumenten 
categoría o cambien de modalidad o tipología turística) que no materialicen nuevas 
plazas  de  alojamiento  en  el  mismo  establecimiento  objeto  de  renovación.  Dichas 
actuaciones quedan, por tanto, sujetas a declaración responsable del cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos en materia turística.
En coherencia con lo anterior se realizan las correlativas modificaciones a lo largo del 
articulado de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y del Reglamento de la Ley de renovación y 
modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.
2. Se  sustituye  la  licencia  urbanística  (por  comunicación  previa)  para  las 
actuaciones  de  renovación  y  modernización  turística  que  no  conlleven  obras  de 
edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, ni supongan 
ampliación de volumen o edificabilidad.
3. Se  aplica  a  dichas  actuaciones  la  tramitación  abreviada  regulada  en  el 
artículo 26 de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias.
2. Obras por razones de seguridad sanitaria y distanciamiento social:
En el momento actual de emergencia sanitaria mundial, se hace necesario adoptar 
medidas  urgentes  y  temporales  que  incentiven  y  faciliten  la  adaptación  de  los 
establecimientos turísticos a las exigencias de espacios más amplios y seguros, y que 
permitan que los turistas los perciban como tales.
Debemos recordar aquí que el Gobierno de Canarias ha establecido restricciones de 
corte  sanitario  para  las  actividades  turísticas  alojativas  en  el  aún  vigente  Decreto 
ley 17/2020, de 29 de octubre.
Así, en la presente ley se habilitan temporalmente (hasta que el Gobierno del Estado 
declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) una 
serie de actuaciones en los establecimientos turísticos alojativos, con la finalidad de 
ampliar servicios complementarios por razones de seguridad sanitaria o distanciamiento 
social. Y concretamente:
1. Se prevé la posibilidad de que los establecimientos de alojamiento turístico 
incrementen la ocupación edificatoria un 20% de la establecida en el planeamiento 
vigente o la permitida en el título habilitante otorgado conforme a planeamiento. Como 
aclaración, debe remarcarse que se trata de un porcentaje de incremento que se aplica 
sobre el porcentaje de ocupación edificatoria permitida, y no de sumar un 20% adicional 
a la superficie de ocupación inicialmente permitida.
Este  incremento  estará  exceptuado  del  cumplimiento  de  los  estándares  de 
equipamiento establecidos en el artículo 7 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el 
que se regulan los estándares turísticos; y no estará sujeto al cumplimiento de los 
parámetros edificatorios aplicables (salvo el de la altura máxima permitida).
2. Con el mismo objetivo de fomentar el distanciamiento se habilita directamente la 
posibilidad de uso de las cubiertas de las edificaciones, permitiendo el incremento de los 
volúmenes previstos en esa planta por las ordenanzas municipales y el planeamiento  e
con destino a servicios complementarios. bo
3. Se permitirá instalar núcleos de comunicación que den acceso a las cubiertas de  43ww
lnoos  ecsotmabpluetcaimráine ntcoosm doe  ianlcorjeammeiennttoo  tduerí satipcoro, vuetcilihzaamndieon tzoo noa s ccuoamlquunieers  doetrlo m  pisamráom, eqturoe 
urbanístico.
Las obras ejecutadas al amparo de estas medidas, siempre que cuenten con los 
correspondientes  títulos  habilitantes,  se  entenderán  legal  y  automáticamente 
incorporadas al planeamiento correspondiente y al patrimonio de su titular.
3. Regulación  de  nuevos  usos  complementarios  o  auxiliares  en  los 
establecimientos de alojamiento:
Los primeros meses de la pandemia han puesto de relieve la necesidad de regular 
un uso sanitario que dé mayor seguridad al destino turístico, así como potenciar el 
turismo de salud, para lo que se regula el uso sanitario como servicio complementario o 
auxiliar que puede ofrecer el establecimiento al turista (sin estar sujeta esta previsión a la 
limitación temporal de dos años).
Asimismo, en la disposición adicional segunda de esta ley se incorpora un grupo de 
definiciones que, actualmente, o no se encuentran contempladas en la normativa vigente 
(por ejemplo, la definición del ya citado «uso sanitario»), o bien están dispersas en la 
normativa turística (por ejemplo, la de «establecimiento turístico de alojamiento»), o 
pueden  resultar  útiles  para  homogeneizar  conceptos  de  cara  a  la  planificación 
urbanística (como es el caso de la «ocupación edificatoria» o los «usos pormenorizados 
principales», «complementarios», «auxiliares» o «alternativos»).
No obstante, se habilita al Gobierno a modificar estas definiciones mediante decreto, 
para evitar así la congelación del rango normativo.
Por último, con el objeto de permitir el seguimiento de las actuaciones habilitadas por 
la presente norma, se regula una base de datos de las actuaciones de renovación y 
modernización turística previstas en esta ley, cuya gestión corresponderá a la consejería 
competente en materia de turismo.
4. Medidas en materia de actividades clasificadas.
En relación con la normativa de actividades clasificadas, el distanciamiento social 
necesario  en  la  situación  coyuntural  que  vivimos  demanda  que  las  actividades  de 
servicios  que  se  desarrollan  al  aire  libre  en  una  determinada  superficie  puedan 
incrementar  la  misma  para  no  reducir  el  aforo  autorizado  en  ese  espacio,  si  bien 
previendo determinados límites y respetando la competencia de los ayuntamientos sobre 
dicha habilitación. En este sentido, en la presente ley se habilita una medida temporal 
cuya vigencia está restringida a dos años, al objeto de permitir dichos incrementos de la 
superficie de ocupación.
En otro orden de cosas, la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas, 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, y su reglamento 
de desarrollo, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto, establecen el carácter 
preceptivo de la consulta previa sobre compatibilidad urbanística en las comunicaciones 
previas, desvirtuando, de esta forma, la agilidad propia del régimen de autocontrol 
inherente a dicha figura de intervención administrativa. Esta exigencia, además, se 
solapa a la obligación que ya tiene la persona promotora de justificar en el proyecto la 
adecuación a la ordenación urbanística, por lo que dicha normativa debe ser modificada.
Asimismo, el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de 
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el 
régimen de autorización administrativa previa, califica como actividades clasificadas a 
determinadas  explotaciones  ganaderas  que,  según  la  normativa  básica  estatal,  se 
consideran  de  autoconsumo  o  de  pequeña  capacidad.  Por  tanto,  las  explotaciones 
ganaderas que no superen los valores previstos en dicha normativa básica estatal o los  es
equivalentes según la especie ganadera, deberían considerarse inocuas y deben ser  bo
excluidas del anexo. Además, el término «intensiva» debe suprimirse, con el fin de que  43ww
eainscdttoievRspid eeasndpdlí emidecenittboetee smar í aela nsisret e ar aendcl aetic vliaaiod pnfaolaidrcdmeaosba  cl eddoseen    «rlaeca srz ítaoa»nuc.arua aeclniqó unlai,e  qre ul eint ispsetor  udmesdeaenr troo leldaxe pl aloc motanicstirmóonla  ,p aregtevaninoda iddeeen rdaloa,    OE-A-2022-25able en https://
al uso característico y a las áreas acústicas previstas en el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica  y  objetivos  de  calidad  y  emisiones 
acústicas. Por tanto, se introducen especificaciones en el apartado 2 del anexo del 
Decreto 52/2012, de 7 de junio, al objeto de reflejar de forma más adecuada la distinción 
entre áreas y títulos habilitantes.
Por último, en materia acústica, y por aplicación del citado Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, debe concretarse que las áreas con uso predominante turístico (el cual 
no se menciona en la normativa estatal) se consideran áreas acústicas de actividades 
terciarias distintas a las de uso recreativo y de espectáculos, al objeto de diferenciarlas 
de las áreas en que predomina el uso residencial.
5. Modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias.
Con relación a la modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, son numerosos los cambios que pretenden 
la agilización de la actividad urbanística ante los obstáculos detectados en la aplicación 
práctica de dicha ley, entre los que deben destacarse los siguientes:
– La intervención de los Cabildos en relación a los instrumentos de ordenación se 
realizará a través de un informe único sobre todas las materias de su competencia.
– La aplicación del artículo 18.2 de dicha ley ha puesto de manifiesto la ausencia de 
habilitación legal para que los ayuntamientos y cabildos insulares puedan delegar en 
otras administraciones públicas el ejercicio de competencias en materia de ordenación, 
ejecución e intervención territorial y urbanística (delegación intersubjetiva), previsión 
necesaria ante la no poco frecuente falta de recursos humanos especializados en el 
ejercicio de dichas funciones (lo cual genera retrasos y bloqueos en los procedimientos).
Por tanto, se incorpora al citado artículo una habilitación legal (apartado 3) para este 
tipo  de  delegaciones  intersubjetivas  en  materia  territorial  y  urbanística,  que  podrán 
realizarse tanto en sentido descendente (de una administración de ámbito territorial 
superior  a  una  de  ámbito  territorial  inferior)  como  en  sentido  ascendente  (de  una 
administración de ámbito territorial inferior a una de ámbito territorial superior).
Y es que, aunque el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, parece referirse exclusivamente a la delegación en sentido 
descendente (del Estado o de las comunidades autónomas en los municipios), se ha 
admitido también la delegación en sentido ascendente (de un ayuntamiento al cabildo 
insular o a la Administración autonómica) por la doctrina y los tribunales.
De igual manera, el artículo 86.6.c) y la disposición adicional primera, apartado 4, no 
prevén  un  método  ágil  para  la  delegación  por  los  cabildos  o  ayuntamientos  de  la 
competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el respectivo 
órgano ambiental insular o en el órgano ambiental autonómico, cuando la mayoría de 
tales ayuntamientos carecen de los recursos humanos especializados necesarios para el 
ejercicio de dichas funciones; razón por la cual se habilita la posibilidad de delegación 
directa de las mismas sin necesidad de convenio (reservándose la figura del convenio 
para articular encomiendas de gestión).
– El artículo 58.2 se modifica para, por un lado, clarificar que sus determinaciones se 
aplican también a las «instalaciones» en suelo rústico (y no solamente a construcciones 
y edificaciones); y, por otro lado, para eximir del cumplimiento del retranqueo a linderos a 
los cerramientos de explotaciones agrarias, al objeto de evitar la pérdida de suelo  es
productivo que esa exigencia supone. bo
– El  artículo  59.2,  apartado  a),  especifica  mejor  lo  que  ha  de  considerarse  43ww
cpcoirnoneds–gut récuEtciclci cóoaino,r ,tnp ítceisrusacl níoccs oof6mola1rp m.y2le a dmcqeiueó pennadt asyart  iocorreosedm.oa.ecrtcaidaoliz aaccilóanra dned ol olso  uqsuoes  saognrí cloolsa ,u gsaonsa, daecrtoiv, idfoardeessta ly,   OE-A-2022-25able en https://
– El artículo 64.2 se modifica para establecer que los usos complementarios podrán 
ser  implantados  en  cualquier  categoría  de  suelo  rústico  en  la  que  se  desarrolle 
efectivamente un uso agrario y aclarar la vinculación positiva (necesidad de previsión 
expresa en el planeamiento) de los usos y actividades que pueden realizarse en suelo 
rústico de protección natural, cultural y paisajística, precisándose como autorizables para 
esta última subcategoría los actos de ejecución asociados a usos agrarios preexistentes.
– Debe eliminarse la confusión derivada de los artículos 62 y 72 de la ley, pues 
según  determinadas  interpretaciones  excesivamente  laxas  de  dicho  artículo  72,  las 
instalaciones de energía renovable serían admisibles como usos de interés público o 
social, en cualquier subcategoría de suelo rústico de protección económica y en todo 
caso; interpretaciones que resultan incongruentes con el artículo 62, que prohíbe con 
carácter general los usos de interés público o social en suelo rústico de protección 
agraria. Al mismo tiempo, se han detectado interpretaciones excesivamente rigoristas 
que inhabilitan toda operatividad de esta figura en la citada subcategoría de suelo 
rústico.
Por tanto, se modifica el artículo 72 optando por una interpretación intermedia y 
equilibrada, a caballo entre la más restrictiva (vetar de forma absoluta esta figura en 
suelo rústico de protección agraria) y la más aperturista o desarrollista (permitirla en todo 
caso, y en cualquier subcategoría de suelo rústico de protección económica). Así:
– Al  mismo  tiempo,  se  precisa  que  cuando  el  planeamiento  ya  ha  tomado 
previamente la decisión de implantar el uso energético en suelo rústico de protección 
agraria, la figura del uso de interés público o social sí resulta admisible si el instrumento 
de  ordenación  no  contiene  la  ordenación  detallada  suficiente  como  para  legitimar 
directamente  la  ejecución  de  la  instalación  energética;  supuesto  en  el  cual  podrá 
emplearse  el  procedimiento  al  que  aluden  los  artículos  77  y  79  (que  exigen  la 
declaración de interés público o social por parte del cabildo).
Asimismo, se actúa también sobre el último inciso del artículo 72, pues cuando el 
suelo rústico (de cualquier categoría) ya se encuentra previamente transformado y en él 
existen instalaciones, construcciones o edificaciones en cuya cubierta se pretendan 
implantar instalaciones de energía fotovoltaica como uso complementario, no deben 
operar los límites previstos en el artículo 61.5 LSENPC; pues dicha implantación sobre 
las cubiertas de tales volúmenes no genera la pérdida de valores agrarios que sí se 
puede producir cuando las instalaciones se desarrollan directamente sobre el suelo.
– La modificación del artículo 160.1.a) se justifica por el hecho de que hay muchas 
obras  de  reforma,  redistribución  e  incluso  de  mera  conservación  que  se  están 
denegando en los ayuntamientos porque no se justifica en la memoria del proyecto que 
son necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble (cuando esa finalidad ya 
es inherente a los tipos de obras permitidas en el citado artículo, por lo que no debería 
ser necesario justificarla de forma expresa). Por tanto, la anomalía detectada debe ser 
corregida  modificando  la  redacción  del  precepto,  evitándose  así  interpretaciones 
divergentes  que  puedan  bloquear  o  ralentizar  iniciativas  en  este  sector  de  la 
construcción.
Paralelamente, se está produciendo entre los operadores de las administraciones 
públicas una tendencia a una interpretación literal estricta del precepto, que puede llegar 
a ser incongruente, pues se permiten las obras de conservación y mantenimiento en las 
construcciones en situación de fuera de ordenación (artículo 362.2 de la ley), pero no se 
permiten en las edificaciones en situación de consolidación (al no estar mencionadas  e.e
expresamente). Esta interpretación, además, no se ajusta a la interpretación amplia que  w.b
ha hecho el Consejo Consultivo de Canarias en su Dictamen n.º 671/2011, de 12 de  43ww
diciePmobr rtea.nto, es necesario modificar este artículo para salvar la incongruencia práctica
qcounes oslied aecisótná  lagse ndeer a«nmdoa,n teyn iamñieandtiro »a,  «lcaosn soebrvraasc iópne»r,m «itriedfaosrm  ean» , s«imtuoadceiórnn izlaecgióanl »d oe 
«demolición parcial».
La  modificación  de  este  artículo,  que  responde  a  las  comentadas  divergencias 
interpretativas, cuenta en todo caso con una especial trascendencia en la coyuntura 
actual,  pues  no  solo  corregirá  las  citadas  divergencias,  sino  que  favorecerá  el 
desbloqueo de iniciativas en el sector de la construcción, cuya importancia a corto plazo 
no  puede  ser  obviada  de  cara  a  aliviar  las  consecuencias  inmediatas  de  la  crisis 
económica.
– Resulta necesario modificar el artículo 275.3 para eximir de la aplicación del 
régimen de la unidad mínima de cultivo y del informe de la consejería competente en 
materia de agricultura la segregación o división que tenga por objeto separar parcelas 
que  estén  clasificadas  como  suelo  urbano  o  urbanizable  o  categorizadas  como 
asentamiento rural por el planeamiento aplicable, aunque la superficie del resto de 
parcela en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural sea inferior a la unidad 
mínima de cultivo. Asimismo, en todo caso resulta necesario especificar que el citado 
informe sectorial no es exigible cuando el terreno se localiza íntegramente en el interior 
de un asentamiento rural; todo ello a efectos de evitar interpretaciones literales del 
precepto que están llevando actualmente a que dicho informe sea solicitado en estos 
casos, con la consiguiente ralentización de los procedimientos de concesión de licencias 
de segregación o división.
– Se  modifican  determinadas  letras  del  artículo  330.1  (actuaciones  sujetas  a 
licencia) para su concordancia con las modificaciones realizadas en el artículo 332, que 
regula la sujeción a comunicación previa de algunas actuaciones urbanísticas.
– Deben  exceptuarse  de  cualquier  título  de  intervención  sobre  la  legalidad 
urbanística determinadas actuaciones que hayan sido objeto de control en cumplimiento 
de la normativa sectorial, habiendo intervenido o podido intervenir el ayuntamiento en 
dicho  procedimiento  a  través  de  la  emisión  de  informe  o  autorización  sobre  la 
adecuación a dicha legalidad, al objeto de evitar la duplicidad de controles que proscribe 
la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior (también conocida como Directiva 
«de  Servicios»  o  Directiva  «Bolkenstein»).  Concretamente,  se  añade  al  listado  de 
actuaciones exceptuadas de título habilitante urbanístico (licencia y comunicación previa) 
a las instalaciones legitimadas en virtud del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de 
diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, y a las instalaciones de producción 
de energías renovables, sujetas a autorización sectorial energética.
– La agilización de la intervención administrativa sobre las actuaciones urbanísticas 
requiere la potenciación de la comunicación previa (artículo 332) en aquellos supuestos 
en los que el régimen de autorización previa no es estrictamente necesario y así se ha 
puesto de manifiesto durante la vigencia de la Ley 4/2017, de 13 de julio, especialmente 
con  relación  a  actuaciones  relacionadas  con  la  actividad  agraria  así  como  a  las 
instalaciones destinadas a la reducción de la demanda energética para la calefacción o 
refrigeración de los edificios, que se recogen en la normativa básica estatal y no suponen 
nuevos volúmenes ni la modificación general de las fachadas en que se implantan.
– Se concretan determinados supuestos relacionados con la práctica ordinaria de 
labores agrícolas (como la instalación de cabezales de riego, entre otras actuaciones 
carentes de entidad y complejidad técnica) respecto de los que vienen generándose 
dudas  en  cuanto  a  su  exención  o  sujeción  a  algún  título  habilitante;  debiendo 
especificarse definitivamente que están exentas (artículo 333.1.b).
– Se precisan, en la letra b) del apartado 1 del artículo 344, supuestos del silencio 
negativo contemplados de forma básica por la normativa estatal. es
– Se añade un nuevo párrafo al artículo 349.3 para clarificar que, aun cuando no  o
deepcoisxrcetimhsavtoubiaa nl e,a iccpmeaiadvocroitidtóasáen dnel oodnp  o qrdsenuievcoe ihra mqpo uue aaedslpi  izepaalralradet a onacd aouomaas. epreStnrnaeoctre b ieae al olid mpdcoeaei nrm aapmp,to ivoaora  sdd íeo,se lriot  doa sedcennac oa icóprnumnozm saadipl beizlle meal a dcui noonfti ngeics urilpiprorarvase al ,dt  raeedcl qaielóau  n ispcf iirrogteeomustsertu arxmin ctoitícdin vaeiaamc   idóollenaas      OE-A-2022-2543able en https://www.
Administración para no admitir dichas comunicaciones previas.
– En  la  línea  de  mejorar  la  definición  de  la  figura  de  la  comunicación  previa 
urbanística, se modifica el artículo 349.5 de la ley para aclarar que el requerimiento de 
subsanación de deficiencias que no sean esenciales (y que, por tanto, son subsanables), 
no produce la ineficacia de la comunicación presentada, sin perjuicio de la adopción de 
medidas  provisionales  en  aquellos  casos  en  que  la  Administración  lo  considere 
procedente.
Asimismo (artículo 350.2) se precisa el concepto de inexactitud, omisión o falsedad 
«de carácter esencial», que está dando lugar a desigualdades en la forma de ejercer la 
potestad de control de las comunicaciones previas por parte de los ayuntamientos, en la 
mayoría de los casos haciendo inoperativa la figura.
– En el artículo 372.3 se tipifica como infracción grave la inexactitud, omisión o 
falsedad de carácter esencial que se cometa en la comunicación previa propiamente 
dicha;  distinguiéndola  de  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión  que  pueda  contener  la 
documentación técnica que se acompaña a dicha comunicación previa, que ya está 
tipificada en el texto vigente de la ley. A su vez (artículo 395), se concreta a quién 
corresponde la responsabilidad en cada uno de los tipos infractores, estableciendo una 
responsabilidad solidaria en caso de que se cometan las dos infracciones de forma 
simultánea.
– Dada la necesidad de que las explotaciones ganaderas cumplan con determinados 
aspectos clave de la normativa sectorial (en materia de bienestar animal y de salud 
pública) y de que, a la mayor brevedad, se doten de las instalaciones en ella exigidas, se 
ha considerado oportuno habilitar en la ley un nuevo tipo de «orden de ejecución» de 
ámbito sectorial (ganadero), que se sumará a las órdenes de ejecución que dicha ley ya 
contempla (artículos 160.1.e), 268.4, 269.5 o 272).
Se habilita, así, a la dirección general competente en materia de ganadería para 
dictar órdenes de ejecución a las explotaciones ganaderas para el cumplimiento de la 
citada normativa, y ello al margen de que la ordenación territorial o urbanística haya 
previsto  su  implantación  o  no,  o  de  que  en  las  explotaciones  se  haya  agotado  la 
ocupación o edificabilidad máximas permitidas. Además, en la medida en que estas 
órdenes de ejecución van a ser emitidas de oficio por la propia Administración, se evita 
trasladar a las personas titulares de las explotaciones la carga administrativa y el coste 
de  impulsar  la  obtención  del  correspondiente  título  habilitante  para  legitimar  unas 
instalaciones que la normativa sectorial ya exige de forma imperativa.
– El artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, tras once 
años de aplicación, no ha alcanzado su objetivo. Por tanto, procede derogar el citado 
precepto,  estableciendo  uno  nuevo  que  introduzca  mayor  seguridad  jurídica  y  más 
claridad  procedimental,  y  que  finalizará  con  una  resolución  de  la  dirección  general 
competente en materia de ganadería, condicionada a su aprobación superior por el 
Gobierno de Canarias.
– Respecto al régimen transitorio de la evaluación ambiental estratégica, se modifica 
la disposición transitoria séptima de la ley para responder a las numerosas dudas 
generadas en su aplicación, y ofrecer por tanto seguridad jurídica al proceso planificador 
de cara a evitar su ralentización o paralización.
En este sentido, tomando como referencia la relevancia que la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre,  de  evaluación  ambiental,  otorga  a  los  plazos  de  vigencia  de  los 
pronunciamientos  ambientales,  se  da  homogeneidad  a  la  vigencia  de  los 
pronunciamientos ambientales emitidos de conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de  es
abril, de la misma forma en que lo ha hecho la ley de 2013 en cuanto a las declaraciones  o
cAedpimersno íci,dit moiud scpaaeiañsd c ooccts oooc  dnnaae dmmasicrbdbriioeeioeng slnaal ots  a euaeln s lat ltraanam ntdcecaiartiniaa oetdlereneans s vi Lm eigeanioey  s rlno9 utds/o 2e e e0 nldla0eter 6mLa ,ed eldayane   t4 eov2/nsi28g  0 eevd1nsige7eco ,in aardc b e(iradd i1llie es(3 spd  ldouaqesrsuai  cejnuim ótlseinoei r )umv,tn rieaoa r prnqoilasaunistze o do rnae iamom b  áspbaexriseii memhn atepoayra laader)neas.      OE-A-2022-2543able en https://www.
realizar la evaluación ambiental del instrumento de ordenación.
– Se  deroga  el  párrafo  segundo  del  artículo  343.1  de  la  ley  para  que,  en  los 
procedimientos de licencia de segregación, parcelación y división, el nuevo régimen de 
silencio positivo (derivado de la inconstitucionalidad parcial del artículo 11.4 del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) se concilie con el plazo para 
resolver y notificar. Por tanto, dicho plazo pasa de un mes a ser el general de tres meses 
del primer párrafo.
– Se derogan los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera y el anexo de 
«Evaluación ambiental de proyectos» de la ley, pues la aplicación práctica de dicha 
evaluación ambiental de proyectos ha demostrado la inoperatividad del citado anexo en 
la protección ambiental, dado que el mismo se aparta de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, en aspectos muy puntuales y no relevantes para esa 
protección. Por consiguiente, pasará a ser de aplicación la normativa básica ambiental, 
como establece el apartado 1 de la citada disposición adicional.
6. Otras disposiciones y medidas.
En el marco de las políticas de fomento del ahorro y la conservación de la energía, 
así como de la utilización de energías renovables, se considera necesario impulsar el 
aprovechamiento de la energía geotérmica en Canarias con el desarrollo de un programa 
de aprovechamiento de dicha energía, de manera que puedan materializarse proyectos 
para la explotación de dicho recurso. Este impulso requiere la adopción de medidas 
urgentes, puesto que el aprovechamiento geotérmico y, en particular, el de muy baja 
entalpía, es un recurso aprovechable con carácter inmediato y sin necesidad de realizar 
inversiones muy costosas, que puede generar una importante actividad económica. Por 
tanto, se añade un párrafo segundo al artículo 62.1 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de 
Aguas, con el objetivo de que las explotaciones de energía geotérmica de muy baja 
entalpía estén sujetas a comunicación previa y no a autorización administrativa; previsión 
que  no  entrará  en  vigor  hasta  la  aprobación  del  reglamento  de  intervención 
administrativa sobre las explotaciones de energía geotérmica en Canarias al que se 
alude en la disposición final decimotercera de esta ley.
En materia de puertos, se establecen exenciones o bonificaciones en los cánones 
durante 2021 para las embarcaciones comerciales que realizan excursiones turísticas 
que se encuentren en los puertos de gestión directa del ente Puertos Canarios.
En materia de carreteras, se modifica el art. 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, para 
precisar cuál es la zona de dominio público en los terrenos ocupados por las propias 
carreteras, sus elementos funcionales y la franja de terreno a cada lado de la vía y los 
casos especiales de túneles, puentes, viaductos y otras estructuras, cimentaciones, 
anclajes, estabilizaciones de taludes, elementos de drenaje u obras similares.
Y  en  materia  de  cultura,  y  ante  la  laguna  legal  existente  sobre  el  régimen  de 
intervención administrativa aplicable a los rodajes de películas cinematográficas y obras 
audiovisuales, cuya trascendencia económica es innegable (tal y como se expresa en el 
Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias), se habilita la formulación 
de una norma reglamentaria que prevea la multiplicidad de situaciones jurídicas que 
pueden concurrir, la documentación que debe acompañar a la comunicación previa, los 
plazos para la eficacia de su presentación, los plazos de verificación y comprobación del 
uso y actividad comunicados, entre otros extremos.
IV
Procede, finalmente, hacer varias consideraciones sobre la vigencia de las medidas  b
establecidas en la presente norma, así como sobre la modificación directa de preceptos  43ww
oreriggleanm ean lata priroess erenateliz laedy.a mediante el Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, que dio
refeEridno  etfieecnteon,  aclagruáncatesr  dteem lpaos raml,e bdiiedna sp oinrt rsoud uvcinidcausla ecinó ne smtaá sl eiyn mye deina tae l cDoenc rlae toc rilseiys 
sanitaria  y  con  las  necesidades  de  distanciamiento  social,  o  bien  por  decisión  de
oportunidad adoptada en atención a la mayor intensidad de la medida. Por tanto, en tales 
supuestos, la vigencia de los preceptos afectados queda restringida inicialmente a dos 
años (artículos 2 y disposición adicional cuarta de la presente norma) o hasta que el 
Gobierno del Estado declare la finalización de la situación de crisis sanitaria originada 
por la COVID-19 (artículos 7.1 y 8).
No obstante, en la disposición final decimoséptima de la ley, apartado 2, se establece 
que, en función de la evolución de las circunstancias sanitarias y socioeconómicas, este 
plazo inicial puede ser prorrogado por decreto del Gobierno adoptado a propuesta de las 
consejerías competentes por razón de la materia.
El resto de medidas de esta ley tienen vocación de permanencia y, por tanto, 
vigencia indefinida. Es cierto que muchas son medidas coyunturales, esto es, medidas 
cuya necesidad se ha detectado en el presente contexto de pandemia internacional y 
que inicialmente se han valorado como imprescindibles y urgentes para paliar los efectos 
de la crisis sanitaria y socioeconómica. Pero no es menos cierto que, al mismo tiempo, 
muchas otras constituyen mejoras en el ordenamiento jurídico que carecería de sentido 
eliminar una vez desaparezca el contexto de crisis, razón por la cual se estima necesario 
mantenerlas más allá de la duración (incierta) de dicha crisis.
Así, en la presente ley la temporalidad o vigencia indefinida de las distintas medidas 
se ha evaluado caso por caso, siendo el resultado de dicho análisis que solo una minoría 
de dichas medidas justifican su temporalidad.
Por lo que se refiere al hecho de que el Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, 
que  dio  origen  a  la  presente  ley,  incidiera  directa  o  indirectamente  sobre  normas 
reglamentarias y estas se mantengan en vigor, ello no es sino una consecuencia de la 
urgencia con la que la Administración canaria se vio obligada a actuar, en la actual 
coyuntura  de  grave  crisis.  Para  evitar  la  congelación  del  rango  de  los  preceptos 
afectados, se incorpora una disposición final undécima que garantiza el mantenimiento 
del rango reglamentario de dichos preceptos, al objeto de que, en circunstancias más 
favorables, el Gobierno pueda revisar y modificar esa regulación mediante decreto, si la 
evolución del contexto socioeconómico y sanitario así lo demanda y permite.
La reforma legal, en definitiva, atiende al propósito de completar y dar continuidad en 
el tiempo a las medidas de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias, realizada inicialmente por el Decreto ley 15/2020, de 10 de 
septiembre.
CAPÍTULO I
Medidas sobre intervención administrativa en materia de costas
Artículo 1. Declaración responsable para la ejecución de obras en construcciones e 
instalaciones anteriores a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, las personas que pretendan realizar alguna de las obras permitidas en los 
apartados  2.b)  y  2.c)  de  dicho  precepto,  aun  cuando  sean  disconformes  con  el 
artículo 25.1 de la citada ley, podrán optar por presentar una declaración responsable 
ante la consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de costas, que 
sustituirá a la autorización, cuando se cumplan todos y cada uno de los siguientes 
requisitos:
a) Que la construcción o instalación se sitúe en zona de servidumbre de protección  bo
del dominio público marítimo-terrestre, o bien en esta y simultáneamente en servidumbre  43ww
de trbá)n sQitou.e la construcción o instalación hubiera sido ejecutada al amparo de licencia
dmeu ncoicsiptaasl ,y c, oennc seud icdaasso c, oanu taonrtizearicoiróidna dde a l ala A ednmtriandisatr eanci óvnig oGre dnee rlaal  Ldeeyl  E22s/t1a9d8o8 e, nd em 2a8te driea 
julio, de Costas; o bien que haya sido legalizada por razones de interés público con
arreglo a la disposición transitoria decimotercera del Reglamento General de Costas, 
aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
A tal efecto, se entenderá asimilada a la licencia la acreditación de la prescripción de 
la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística, siempre que se trate de 
construcciones e instalaciones ejecutadas antes de la entrada en vigor de dicha ley.
c) Que se trate de construcciones e instalaciones ubicadas en suelos urbanos 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
La  presentación  de  dicha  declaración  responsable  no  habilita,  por  sí  sola,  la 
ejecución de las obras declaradas, debiendo obtenerse los demás títulos habilitantes que 
resulten exigibles con arreglo a la normativa sectorial y, en particular, el correspondiente 
título habilitante urbanístico.
2. La declaración responsable, para tener eficacia como título habilitante, deberá 
cumplir además con los siguientes extremos:
a) Presentarse con un mínimo de quince días de antelación al inicio de las obras, 
indicando a tal efecto la fecha de comienzo de las mismas.
b) Acompañar la siguiente documentación, salvo que se trate de documentos que 
ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier otra administración y se encuentren en poder de la misma:
i. La documentación acreditativa de la titularidad de derechos subjetivos suficientes 
sobre el suelo y la edificación objeto de las obras.
ii. Proyecto básico suscrito por técnico competente. Cuando se trate de obras 
menores, podrá sustituirse el proyecto básico por la documentación establecida en el 
artículo 3.2.B), párrafo primero, del Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se 
regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre 
de protección del dominio público marítimo-terrestre, y que deberá ir suscrita por técnico 
competente.
En todo caso, la documentación gráfica deberá representar las líneas vigentes de 
deslinde y de las servidumbres del dominio público marítimo-terrestre.
iii. Documentación acreditativa de la posesión de la licencia y, en su caso, de la 
autorización a las que se refiere el apartado 1.b) del presente artículo; o, en su caso, 
certificación  o  informe  municipal  acreditativo  de  la  prescripción  de  la  acción  de 
restablecimiento de la legalidad urbanística.
iv. Certificación  de  eficiencia  energética,  en  el  supuesto  establecido  en  el 
apartado 3.a) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
c) Manifestar de forma expresa y clara lo siguiente:
i. Que  las  obras  proyectadas  son  de  reparación,  mejora,  consolidación  o 
modernización.
ii. Que  no  supondrán  un  aumento  de  volumen,  altura  ni  superficie  de  las 
construcciones existentes.
iii. Que  cumplen  con  los  requisitos  de  eficiencia  energética  y  ahorro  de  agua 
establecidos en el apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas, y en la disposición transitoria decimoquinta del Reglamento 
General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, cuando les 
sean de aplicación.
d) Los demás extremos exigibles a las declaraciones responsables con arreglo a la  bo
normativa básica sobre procedimiento administrativo común. 43ww
actu3a.c ióEnn  peúl bclaicsao  duerb qauneís tliacsa  obsera sa speli cparreát enedl anré geijmeceunt arj uerníd iscuoe loe satafebcletacdidoo  poern u neal 
artículo 160.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
4. Cuando  el  órgano  competente  constate  que  la  declaración  responsable  no 
cumple alguno de los requisitos documentales y de contenido previstos en el apartado 2, 
o bien que resulta inexacta, podrá requerir a la persona interesada para que subsane 
dicha declaración en un plazo de diez días.
5. Determinarán la ineficacia de la declaración y, por tanto, la imposibilidad de 
continuar con el ejercicio del derecho, uso o actividad:
a) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
información que se incorpore a la declaración responsable o a su subsanación, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
A tal efecto, se consideran de carácter esencial las deficiencias que impliquen un 
incumplimiento no subsanable, tales como:
i. La sujeción a otro título habilitante de la actuación comunicada.
ii. La falta de alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
iii. La posible afección a la seguridad, al patrimonio cultural o al medio ambiente 
que suponga un grave riesgo.
b) La falta de subsanación de la declaración responsable en el supuesto previsto en 
el apartado 4.
c) La no presentación ante el órgano competente de la documentación que pueda 
ser requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado.
d) La  no  presentación  de  solicitud  de  licencia  o  comunicación  previa  ante  el 
ayuntamiento  en  el  plazo  de  tres  meses  contados  desde  la  presentación  de  la 
declaración responsable.
La  ineficacia  deberá  ser  declarada  mediante  resolución  expresa  del  órgano 
responsable de la declaración responsable, previa audiencia de la persona interesada. 
Dicha ineficacia producirá efectos desde su notificación, sin perjuicio de las medidas 
provisionales que pudiera adoptar con anterioridad el órgano competente.
6. La  persona  declarante  deberá  consignar  el  número  de  expediente 
correspondiente  a  la  declaración  responsable  en  el  cartel  de  obras  exigido  en  el 
artículo 337 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias.
7. El órgano administrativo competente para la comprobación, control e inspección 
de la declaración responsable realizará inspecciones periódicas, a fin de comprobar la 
correcta ejecución de las obras o los usos declarados.
8. La declaración responsable deberá ajustarse al modelo normalizado que estará 
disponible en la sede electrónica de la consejería competente en materia de costas.
9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano competente 
vendrá obligado a la tramitación y resolución de las solicitudes de autorización que se 
formulen por los interesados aun en el supuesto de que la actuación para la que se 
solicite pueda acogerse al régimen de declaración responsable a que se refiere este 
artículo. En el primer trámite subsiguiente a la presentación de la solicitud, dicho órgano 
deberá informar a la persona interesada sobre su derecho a acogerse al régimen de 
declaración responsable y de desistir, en cualquier momento, del procedimiento iniciado.
CAPÍTULO II
Medidas en materia de sector eléctrico e.
Artículo 2. Reducción de plazos en los procedimientos de autorización de instalaciones  43ww
eléctricas.
pres1e.n teD ulerayn, tes eu nd epcelariroad ol ad eu rgdeons ciaañ odse  colan tatrdaomsi tadceisódne  dlae  elonstr apdrao ceend imviigeonrt odse  dlae 
otorgamiento  de  las  autorizaciones  de  competencia  de  la  comunidad  autónoma,
previstas en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, 
aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el Reglamento que regula la 
instalación  y  explotación  de  los  parques  eólicos  en  Canarias,  aprobado  por 
Decreto 6/2015, de 30 de enero, quedando en consecuencia reducidos a la mitad los 
plazos de dichos procedimientos.
2. La declaración de urgencia prevista en el apartado anterior se extiende a los 
procedimientos autonómicos incidentales de evaluación de impacto ambiental de las 
instalaciones eléctricas.
Asimismo, la reducción de plazos se extenderá al plazo de consultas establecido en 
el apartado 3 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del 
Sector Eléctrico Canario.
3. En los citados procedimientos, el órgano responsable del procedimiento no podrá 
acordar una segunda reducción de plazos por motivo de urgencia en aplicación de la 
legislación básica sobre procedimiento administrativo común.
4. No obstante, el órgano competente para resolver, mediante resolución motivada, 
podrá dejar sin efecto la reducción de plazos prevista en el presente artículo, cuando 
concurran razones excepcionales de interés público que desaconsejen la tramitación 
urgente del procedimiento.
Artículo 3. Conformidad de las solicitudes de autorización con el planeamiento vigente.
1. Las solicitudes de autorización que se deban presentar con arreglo al artículo 7 
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y al artículo 12 del Reglamento que regula la 
instalación  y  explotación  de  los  parques  eólicos  en  Canarias,  aprobado  por 
Decreto 6/2015, de 30 de enero, incluyendo los supuestos de modificación sustancial, 
deberán incorporar una justificación de la conformidad o disconformidad del proyecto con 
el planeamiento insular, territorial, urbanístico y de los espacios naturales protegidos.
2. En relación con las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables, en los trámites de consulta que se evacúen con arreglo al artículo 9 
del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y el artículo 14 
del Reglamento aprobado por el Decreto 6/2015, de 30 de enero, sin perjuicio de las 
demás  consultas  que  deban  realizarse,  deberá  solicitarse  expresamente  informe  al 
ayuntamiento correspondiente para que se pronuncie sobre si el proyecto tiene cobertura 
expresa en el planeamiento urbanístico vigente, con el grado de precisión suficiente para 
permitir su ejecución.
El pronunciamiento expreso favorable del ayuntamiento sobre la compatibilidad del 
proyecto con el planeamiento de su competencia, siempre que dicho planeamiento 
cuente con el grado de precisión suficiente, permitirá entenderlo eximido de licencia 
urbanística, en los términos del artículo 331.1.j) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Canarias. En  tal  supuesto,  la 
autorización  sustantiva  energética  equivaldrá  a  la  licencia  urbanística  a  los  efectos 
previstos en el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con relación al 
devengo y a la liquidación municipal de oficio o a la autoliquidación del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras y del canon por aprovechamiento urbanístico en 
suelo rústico, respectivamente. e.
Cuando el informe municipal determine que el proyecto carece de cobertura en el  w.
planeamiento  o  este  no  cuente  con  el  suficiente  nivel  de  detalle  para  permitir  su  43ww
edjeelc Suuceiólon ,y s dee a lpolsic Earsáp aloc iporse vNisattou reanle lso sP raortteícguidlooss 7 d7e y C 7a9n adreia lsa. Ley 4/2017, de 13 de julio,
Artículo 4. Presentación de la documentación técnica en formato digital.
La documentación técnica presentada por las personas interesadas conforme a los 
decretos citados en el artículo 3.1 deberá ser en formato digital, sin necesidad de aportar 
copias de la misma.
Artículo 5. Modificaciones sustanciales no relevantes de instalaciones autorizadas de 
generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que se encuentren en ejecución.
1. A  los  efectos  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  los  procedimientos 
administrativos  relativos  a  la  ejecución  y  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones 
eléctricas  en  Canarias,  aprobado  por  Decreto  141/2009,  de  10  de  noviembre,  se 
consideran modificaciones sustanciales no relevantes de las instalaciones de generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables que disponen de autorización administrativa 
previa, los cambios de tecnología introducidos durante la fase de ejecución del proyecto 
en los elementos que integran las unidades de producción eléctrica y la incorporación de 
sistemas  de  almacenamiento  eléctrico,  siempre  que  las  actuaciones  no  supongan 
ampliación de la superficie afectada y/o modificación de las infraestructuras eléctricas de 
media o alta tensión inicialmente autorizadas.
En ningún caso las modificaciones sustanciales no relevantes de las instalaciones de 
generación  eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  podrán  suponer,  respecto  a  la 
instalación  original,  un  cambio  de  la  categoría,  grupo  o  subgrupo  en  los  términos 
definidos en la normativa básica reguladora de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
2. En  la  tramitación  administrativa  de  las  citadas  modificaciones  el  órgano 
competente en materia de energía recabará, en los casos previstos en la normativa 
básica estatal, informe del órgano ambiental sobre el alcance de las mismas y su 
compatibilidad con la evaluación que, en su caso, haya sido realizada para la instalación 
original.
3. En caso de que las modificaciones fueran incompatibles con la declaración o 
informe inicial de impacto ambiental, las mismas deberán tramitarse por el procedimiento 
ordinario de autorización de la modificación.
4. En el supuesto de que las modificaciones fueran compatibles con la declaración 
o informe inicial de impacto ambiental o que estas no fueran necesarias, el centro 
directivo competente en materia de energía podrá dictar la correspondiente resolución de 
autorización administrativa de las modificaciones sin necesidad de evacuar el trámite de 
información pública ni, en su caso, el de la declaración o informe de impacto ambiental.
CAPÍTULO III
Acciones de renovación y modernización turística
Artículo  6. Tramitación  simplificada  de  actuaciones  de  renovación  y  modernización 
turística.
1. Las actuaciones de renovación y modernización turística contempladas en el 
artículo  2  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Renovación  y  Modernización  Turística  de 
Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, incluyendo las que supongan 
incremento de volumen y aquellas que aumenten categoría o cambien de modalidad o  s
tipología turística, que no tengan por objeto la materialización de nuevas plazas de  oe.
alojamiento  en  el  establecimiento  objeto  de  renovación,  no  estarán  sujetas  al  w.
onvitorotrurmgdaa dtmiveiae d nteutocrí lsadtreiac acaiu,ó tano  rprizreeasscpeioónnntsa aar dbamlneti end iesetll r ccaoutirmvraep splipmroeinveidnait eoen ndte em  calaotbsei rlrdiaeo q tiuunrissísuittoliacsra .,e sletagbitilmecáidnodso seen  elna   2022-2543n https://ww
Estas actuaciones no estarán sujetas a intervención administrativa previa en materia
de actividades clasificadas. Bc
2. Las actuaciones de renovación y modernización turística que no conlleven obras 
de  edificación,  construcción  e  implantación  de  instalaciones  de  nueva  planta,  ni 
supongan ampliación de volumen o edificabilidad, quedan sujetas a comunicación previa 
ante el correspondiente ayuntamiento, con arreglo al artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, salvo en los 
supuestos previstos en el artículo 330 de la citada ley.
Tendrán tal consideración en todo caso las obras de conservación, restauración, 
reforma, rehabilitación o reestructuración de espacios comunes e instalaciones de uso 
general en los establecimientos de alojamiento turístico, que no supongan obra nueva y 
tengan por objeto implantar medidas de distanciamiento social entre usuarios requeridas 
por la protección sanitaria o, en su caso, la implantación de espacios y servicios de 
atención sanitaria propia y complementaria del establecimiento turístico.
3. Las  personas  promotoras  de  actuaciones  de  renovación  y  modernización 
turística  que  conlleven  incremento  de  aprovechamiento  derivado  de  aumento  de 
edificabilidad o densidad o de cambio de uso, podrán optar por la monetización de las 
cesiones obligatorias al ayuntamiento correspondiente. En ese caso, deberán aportar la 
valoración del aprovechamiento, que deberá ser ratificada por técnico municipal o, en su 
defecto,  por  una  sociedad  de  tasación  debidamente  inscrita  en  el  Registro  de 
Sociedades de Tasación del Banco de España o empresa legalmente habilitada, con 
sujeción a lo establecido en la legislación de contratos, en el plazo máximo de dos 
meses  desde  la  presentación  de  la  valoración  debidamente  suscrita  por  técnico 
competente.
4. Las actuaciones de renovación y modernización turística a que se refiere este 
artículo podrán acogerse a los procedimientos abreviados de tramitación previstos en el 
artículo 26 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística 
de Canarias, y los artículos 37 y 38 del Reglamento aprobado por el Decreto 85/2015, 
de 14 de mayo.
5. La  Administración  podrá  requerir  de  la  persona  interesada  la  corrección  de 
aquellas omisiones o incorrecciones no esenciales y subsanables de las que adolezca la 
declaración responsable a que se refiere el apartado 1, sin que dicho requerimiento, por 
sí solo, produzca la ineficacia de la declaración presentada, sin perjuicio de la adopción 
de medidas provisionales que garanticen la eficacia del procedimiento de verificación.
La  declaración  de  la  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  esencial,  de 
cualquier  dato  o  información  que  se  incorpore  a  una  declaración  responsable 
determinará la imposibilidad de iniciar y/o de continuar la actuación declarada, y se 
formalizará, previa audiencia de la persona interesada, mediante resolución expresa del 
órgano competente, surtiendo efectos a partir de su notificación.
A tal efecto, se consideran de carácter esencial las deficiencias que impliquen un 
incumplimiento no subsanable, tales como:
a) La sujeción a otro título habilitante de la actuación declarada.
b) La falta de subsanación de la declaración responsable en el supuesto previsto en 
el primer párrafo de este apartado 5.
c) La posible afección a la seguridad, al patrimonio cultural o al medio ambiente que 
suponga un grave riesgo.
6. La ejecución de las actuaciones de renovación a que se refiere este artículo, 
careciendo de declaración responsable o incurriendo en falsedad, inexactitud u omisión 
de carácter esencial en dicha declaración, tendrá la consideración de infracción muy  e.e
grave, aplicándose el régimen sancionador previsto en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de  w.b
Ordenación del Turismo de Canarias. 43ww
Artículo  7. Incentivos  y  medidas  de  seguridad  sanitaria  en  las  actuaciones  de 
renovación y modernización de establecimientos turísticos.
1. Hasta que el Gobierno del Estado declare la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se permitirán las siguientes actuaciones con 
destino  a  ampliar  los  servicios  complementarios  de  los  establecimientos  turísticos 
alojativos por razones de seguridad sanitaria o distanciamiento social, resueltas con 
elementos provisionales y desmontables:
a) Los establecimientos de alojamiento turístico podrán incrementar su ocupación 
edificatoria un 20% respecto a la establecida en el planeamiento vigente o sobre la 
permitida en el título habilitante otorgado conforme a planeamiento, sin necesidad de 
previsión  en  dicho  planeamiento.  Dichos  incrementos  quedan  exceptuados  del 
cumplimiento de los estándares de equipamiento de los establecimientos turísticos de 
alojamiento establecidos en el artículo 7 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que 
se regulan los estándares turísticos.
Quedan excluidos de esta posibilidad los establecimientos turísticos ubicados en 
ámbitos de suelo urbano turístico o sectores de suelo urbanizable turístico cuya densidad 
bruta territorial supere las 120 plazas alojativas turísticas por hectárea, tomando como 
unidad de referencia, a los efectos de cálculo, el ámbito o sector en el que se sitúa el 
bien inmueble.
Dicha ampliación de los servicios complementarios podrá conllevar una modificación 
de los parámetros edificatorios, pero en ningún caso se podrá superar la altura máxima 
permitida.
El incremento de ocupación podrá materializarse en uno o varios volúmenes de una 
planta de altura, según lo dispuesto en las ordenanzas de edificación o el planeamiento 
municipal.
b) En estos establecimientos se podrán utilizar las cubiertas de los volúmenes 
edificados  para  servicios  complementarios,  admitiéndose  un  aumento  del  20%  del 
volumen previsto en esa planta por el planeamiento vigente u ordenanza de edificación, 
o sobre el permitido en el título habilitante otorgado conforme a planeamiento, sin 
necesidad de previsión en dicho planeamiento u ordenanza, ni sujeción a los parámetros 
establecidos en los mismos, salvo el de altura.
Todos  los  elementos  deberán  disponerse  agrupados,  teniendo  el  conjunto  un 
tratamiento arquitectónico adecuado que los integre en el volumen del edificio, sin que 
pueda superarse la altura máxima prevista en el planeamiento.
Este aumento de volumen solo podrá ser utilizado en las cubiertas existentes.
c) Para el acceso a las cubiertas de los volúmenes edificatorios se podrán instalar 
núcleos de comunicación en las zonas comunes. Estas instalaciones no computarán 
como incremento de aprovechamiento o de cualquier otro parámetro urbanístico.
Igualmente,  serán  admisibles  las  medidas  indispensables  de  ampliación  de 
ascensores  u  otros  elementos  que  garanticen  la  accesibilidad  universal  en 
establecimientos privados de uso público, siempre que se realicen dentro de la propia 
edificación o, en su caso, ocupen espacios libres privados de la propia parcela o unidad 
apta para la edificación en la que se sitúe la edificación, cuando tengan por objeto evitar 
la aglomeración de personas usuarias de la edificación en los accesos al mismo o dotar 
de circuitos diferenciados de entrada y salida al edificio.
2. Los  incrementos  de  ocupación  edificatoria  y  las  ampliaciones  de  servicios  es
complementarios que se produzcan por aplicación del apartado precedente no podrán  bo
ocupar parcela independiente de la ocupada por el establecimiento turístico objeto de  43ww
alqpamursoe ppz lsooiaerncc amiioósann cna oytde moensund n raeáel lns r q eeyus,n eu eu ltnsan edied ospa prddee esdc teiaaa nple,  lxidlcopeaslo r l tosalaescs ricvó moincm.ieo Idesgid,ud odaarelsem ls deq ednu etedel  i,sne ltoosa tsnap caboiulademmrcáieimnen nisteoteonsg t osrde oetgcu oairaícrslsu teaipc la oync , úciósmoennre  ádreneol     OE-A-2022-25able en https://
de plazas máximas autorizadas, lo que deberá justificarse de forma expresa. No serán 
admisibles aumentos de ocupación desproporcionados o carentes de justificación.
3. Cuando esos incrementos de ocupación no conlleven obra nueva ni cerramiento 
o  cubrición  de  edificaciones,  la  actuación  estará  sujeta  a  comunicación  previa,  de 
acuerdo con el artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias, debiendo garantizarse, en todo caso, la funcionalidad 
de los espacios libres, áreas comunes e instalaciones del propio establecimiento.
4. Las obras e instalaciones que se legitimen con arreglo al apartado 1 en virtud de 
los correspondientes títulos habilitantes estarán autorizadas exclusivamente hasta que el 
Gobierno del Estado declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, teniendo que restituirse la realidad urbanística alterada finalizado dicho 
periodo.
5. A efectos urbanísticos, dentro de los establecimientos turísticos de alojamiento 
se permitirá el uso sanitario con carácter complementario o auxiliar al uso turístico 
principal, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sectorial en materia de sanidad.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de actividades clasificadas
Artículo  8. Instalación  y  ampliación  de  la  superficie  de  ocupación  de  terrazas  sin 
incremento del aforo.
1. Hasta que el Gobierno del Estado declare la finalización de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, los establecimientos turísticos de restauración 
que dispongan de terraza podrán ampliar la superficie de ocupación de la misma, sin 
aumento del aforo autorizado en la terraza, en los términos fijados por el respectivo 
ayuntamiento, siempre que la Administración municipal pueda acreditar que se cumplan 
los siguientes requisitos:
a) Que sea posible por razones de seguridad.
b) Que no se impida el tránsito en la vía pública.
A tal efecto, los ayuntamientos podrán habilitar la ocupación del dominio público 
destinado  a  aparcamientos  o  vías  peatonales,  para  la  instalación  y  ampliación  de 
terrazas.
2. No se permitirá la instalación y ampliación de terrazas cuando el establecimiento 
y el espacio de uso público que pretende ocuparse se encuentren separados por una vía 
de  circulación  rodada,  a  menos  que  se  justifiquen  y  el  ayuntamiento  tenga  por 
acreditadas las siguientes circunstancias:
a) Escasa y lenta circulación de vehículos.
b) Amplia visibilidad.
c) Seguridad para las personas usuarias y personal del establecimiento.
Disposición  adicional  primera. Relación  de  las  actuaciones  de  renovación  y 
modernización turística derivadas de la aplicación de esta ley.
1. El departamento competente en materia de turismo elaborará una relación de las 
actuaciones de renovación y modernización turística que se lleven a cabo conforme a lo  e.e
establecido  en  la  presente  ley,  con  el  fin  de  obtener  indicadores  de  las  medidas  b
aplicadas, al objeto de su evaluación. 43ww
D2.i chLao rse laacyióunn tsaem aiecntutoasli zayr á ccaabdiald dooss  mreemseitisr.án  mensualmente,  en  su  caso,  la
información necesaria para formular y actualizar dicha relación.
Disposición adicional segunda. Definiciones en materia turística.
A  los  efectos  de  la  presente  ley,  y  de  su  utilización  por  el  planeamiento,  se 
establecen las siguientes definiciones:
a) Establecimiento turístico de alojamiento: es el inmueble, conjunto de inmuebles o 
la parte de los mismos que, junto a sus bienes muebles, constituye una unidad funcional 
y de comercialización autónoma, cuya explotación corresponde a una única empresa 
que oferta servicios de alojamiento con fines turísticos, acompañados o no de otros 
servicios complementarios.
En  cualquier  caso  las  tipologías  y  servicios  que  prestan  los  establecimientos 
alojativos serán los que indiquen la normativa específica.
b) Servicios complementarios: son los servicios ofrecidos de forma accesoria al 
servicio turístico de alojamiento y, en su caso, de alimentación.
c) Uso  pormenorizado:  admisibilidad  potencial  de  dicho  uso  en  un  inmueble 
edificado, unidad apta para la edificación o parcela urbanística concreta, determinando si 
un uso puede y/o debe ejercerse o no en dicho inmueble o suelo. Se distinguen los 
siguientes tipos:
1.º) Principal: aquel que se prevé como básico o predominante en cada parcela o 
unidad apta para la edificación, respecto al cual se ha definido fundamentalmente la 
ordenación. Se entiende que el uso principal es obligatorio cuando no pueda sustituirse 
en su totalidad por un uso alternativo.
Cuando la parcela o unidad apta para la edificación esté edificada, se entenderá que 
un uso es principal cuando la unidad espacial del mismo represente más del 50% de la 
superficie edificada del inmueble.
2.º) Alternativo: aquel uso de implantación no obligatoria que, en determinadas 
condiciones, puede llegar a sustituir al principal sin más limitaciones que las derivadas 
de la aplicación de los parámetros de edificación y uso que corresponden a la parcela o 
unidad apta para la edificación. Una vez producida la sustitución del uso, el alternativo 
pasará a ser el principal a efectos de la aplicación del régimen específico de usos.
3.º) Complementario: aquel uso, de implantación no obligatoria, que puede coexistir 
con el principal sin llegar en ningún caso a sustituirlo y que no resulta necesario para la 
operatividad o plena funcionalidad del uso principal.
4.º) Auxiliar: aquel uso que resulte necesario para la correcta operatividad del uso 
principal o complementario, bien sea por venir impuesto por la legislación sectorial o 
porque la naturaleza del uso principal lo justifique plenamente, debiendo en todo caso 
cumplir  con  las  condiciones  particulares  establecidas  para  el  concreto  uso  y  las 
determinaciones aplicables al mismo.
El uso auxiliar estará siempre vinculado al uso principal formando parte del mismo 
sin que pueda segregarse o separarse.
El cese del uso principal conlleva el cese de la actividad auxiliar.
5.º) Prohibido: es todo uso cuya implantación se considera o resulta incompatible 
con el uso principal.
d) Uso sanitario: es aquel que se desarrolla en terrenos y edificaciones y, en su 
caso, instalaciones o espacios dentro de una edificación, y cuyo objeto es la prestación 
de servicios y el desarrollo de actividades dirigidas a la promoción y protección de la 
salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en todos los casos de  s
pérdida de salud, tanto mediante la medicina convencional como con terapias naturales  oe.
que tengan repercusión directa sobre la salud. w.
lsao bprereo)  yuenOc ccpiuólapnna voce iórhtnoic reaizdl oidfniecta allto.o srD iapic:l ahsnauo psoe crdufiecp iaefac ccióhonam dspaer e omn dpeiaddraier ádd eeesnn t mrope oddreciael nnpetearrajíems  eddteero  ls afuo permedriaffiicdcaioec  pidóoenr    2022-2543n https://ww
edificación o construcción sobre superficie de parcela edificable o unidad apta para la
edificación. Bc
Disposición adicional tercera. Actividades no incluidas en los grandes establecimientos 
comerciales.
Quedan excluidos del artículo 41 del Decreto legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el 
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Leyes  de  Ordenación  de  la  Actividad 
Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, los establecimientos de 
exposición y venta de vehículos.
Disposición adicional cuarta. Regularización administrativa de instalaciones eléctricas 
de baja tensión en explotación en el ámbito del Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de 
noviembre.
1. Las instalaciones eléctricas de competencia autonómica incluidas en el ámbito 
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la 
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, que a la entrada en vigor de esta ley estuvieran 
en explotación y que, por su antigüedad, destrucción de archivos por causas de fuerza 
mayor, traspasos de activos entre empresas o por otras causas no dispusieren del acta 
de puesta en servicio o boletín eléctrico debidamente diligenciado por la Administración 
competente,  podrán  ser  regularizadas  administrativamente  siempre  que  su  titular 
presente comunicación previa en el plazo de dos años contados desde la entrada en 
vigor de la presente ley, de acuerdo con el régimen indicado en los apartados siguientes.
2. La comunicación previa de regularización administrativa deberá ser presentada 
por el titular de las instalaciones ante el centro directivo competente en materia de 
energía.
3. En el supuesto de instalaciones que por su importancia, finalidad o potencia 
requieran proyecto según lo establecido en el anexo VII del Reglamento aprobado por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, la comunicación previa deberá ir acompañada 
de la siguiente documentación:
a) La acreditación de la titularidad de la instalación en cuestión y, en su caso, la 
acreditación de la representación que ostenta la persona que presente la comunicación 
previa.
b) Un  certificado  de  organismo  de  control  que  acredite  el  estado  inicial  de  la 
instalación eléctrica en cuestión, según los criterios establecidos en el anexo VII del 
Reglamento aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
c) Un certificado firmado por técnico titulado competente donde se haga constar:
– Los datos referentes a las principales características técnicas de la instalación.
– La referencia a un proyecto eléctrico actualizado y con el preceptivo visado de 
conformidad y calidad, realizado y suscrito por un técnico titulado competente.
– Las mediciones y ensayos realizados en la instalación establecidos en el anexo VII 
del Reglamento aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
– La referencia a un certificado de instalación (CI o CAI) suscrito por el instalador 
eléctrico que ha realizado las actuaciones en la instalación.
– La  referencia  a  un  acta  de  inspección  favorable  en  vigor  realizada  por  un 
organismo  de  control  habilitado,  una  vez  realizadas  las  mejoras  o  reformas  en  la  s
instalación. oe.
– Vida útil asignada a la instalación. w.
– Otras  medidas  urbanísticas,  medioambientales  y  de  eficiencia  energética  43ww
incorporadas al inmueble.
instadl)a ciUónn,  cpuryooy eaclctoa nceelé cyt reicxote ncsoiónn  slae rád eesl cqruipec iróens ulyte  cdaer alacste rreísfotircmasa s tyé candicaapsta cdioen elas 
necesarias en función de las condiciones iniciales de la instalación y del grado de riesgo
eléctrico apreciado en la inspección inicial (anterior apartado b) del organismo de control, 
así  como  de  las  mejoras  y  ampliaciones  proyectadas.  Dicho  proyecto  requerirá  el 
preceptivo visado de conformidad y calidad.
e) El certificado de instalación (CI o CAI según proceda) suscrito por el instalador 
eléctrico que haya intervenido en las actuaciones realizadas. Al mismo se anexará un 
manual de información al usuario en los términos establecidos en el anexo VII del 
reglamento aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
f) Acta  de  inspección  favorable  del  organismo  de  control  que  intervino  en  la 
certificación  del  estado  inicial  de  la  instalación,  una  vez  realizadas  las  mejoras  o 
reformas  en  dicha  instalación,  que  acredite  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de 
seguridad reglamentarias y su concordancia con el proyecto eléctrico.
4. En el supuesto de instalaciones más pequeñas o individuales para las que no es 
preceptivo un proyecto, según lo establecido en el citado anexo VII, la comunicación 
previa deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) La acreditación de la titularidad de la instalación en cuestión y, en su caso, la 
acreditación de la representación que ostenta la persona que presente la comunicación 
previa.
b) Un certificado emitido por un instalador o técnico que acredite el estado inicial de 
la instalación eléctrica en cuestión, según los criterios establecidos en el anexo VII del 
citado reglamento, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
c) Una Memoria Técnica de Diseño (MTD) con la descripción y las características 
de la instalación, incluidas las mejoras o adaptaciones realizadas en la misma y los 
cálculos preceptivos. Dicha MTD debe ser suscrita por el mismo instalador que ejecutó 
las obras y las mediciones.
d) Un Certificado de Instalación (CI o CAI según proceda) suscrito por el instalador 
eléctrico que haya intervenido en las actuaciones y medidas realizadas. Al mismo se 
anexará un manual de información al usuario en los términos establecidos en el citado 
anexo VII.
5. La presentación de la comunicación con arreglo a los requisitos establecidos en 
la presente disposición, otorgará a la instalación afectada la condición de instalación 
preexistente a la entrada en vigor del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, a los efectos previstos en su 
artículo 2.2.c).
Ello sin perjuicio de que la Administración pueda declarar la ineficacia de dicha 
comunicación en los casos en que se detecte inexactitud, falsedad u omisión de datos de 
carácter esencial. Tal declaración deberá realizarse mediante resolución expresa del 
centro directivo competente en materia de energía, previa audiencia de la persona 
interesada.
Disposición adicional quinta. Creación de la Agencia canaria de la energía.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el 
Gobierno de Canarias deberá aprobar el proyecto de ley de creación de la Agencia 
canaria de la energía, con remisión a Parlamento de Canarias para su aprobación.
Entre  los  objetivos  de  la  agencia  deberá  figurar  la  optimización  económica  y 
medioambiental y la distribución justa de la riqueza energética en las islas. s
Disposición transitoria primera. Procedimientos de autorización ya iniciados con arreglo  w.
a la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 43ww
1. En  los  procedimientos  de  autorización  ya  iniciados  con  arreglo  a  los
adpea rCtaodsotass 2, .bla) sy  2p.ecr)s doen alas  diinspteorseiscaiódna str apnosidtorárina  coupatartra  dpeo rl ad Leesyis 2ti2r /1d9e8 8s,u d es o2l8ic diteu dju ldioe, 
autorización y presentar la declaración responsable a que se refiere el artículo 1 de esta 
ley.
2. La anterior opción  no será aplicable a  las solicitudes con requerimiento de 
subsanación pendiente de cumplimentar, mientras dicha subsanación no se complete. 
Asimismo, no será aplicable a los procedimientos que, a la entrada en vigor de esta ley, 
contaran con informe o propuesta de resolución desfavorable a la concesión de la 
autorización.
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los procedimientos en materia 
de sector eléctrico.
Los procedimientos en materia de sector eléctrico de competencia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias se sujetarán al siguiente régimen transitorio:
a) La reducción de plazos prevista en el artículo 2 será de aplicación inmediata a 
todos los procedimientos, incluidos los que se encuentren ya iniciados a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley.
No obstante, no serán objeto de reducción los plazos de trámites concretos que ya 
estén  en  curso  en  la  citada  fecha,  siempre  que  impliquen  a  terceros  destinatarios 
distintos del órgano instructor. En tal caso, la reducción se aplicará a partir del siguiente 
trámite que se evacúe en el procedimiento.
En todo caso, se entenderán reducidos de forma inmediata los plazos de resolución y 
notificación de los procedimientos en curso.
b) El análisis de compatibilidad con el planeamiento a que se refiere el artículo 3.1 
será de aplicación a las solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de 
esta ley.
c) El  régimen  de  las  modificaciones  sustanciales  no  relevantes  previsto  en  el 
artículo 5 se aplicará a las solicitudes de modificación que se presenten tras la entrada 
en vigor de la presente ley, así como a las ya presentadas, cuando así lo solicite la 
persona promotora.
d) Los procedimientos que, a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se 
encuentren en tramitación por aplicación del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de 
diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, se regirán por las prescripciones 
de la disposición final segunda de esta ley en todos aquellos trámites que no hayan sido 
iniciados.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las actuaciones de renovación y 
modernización turística.
1. Las actuaciones de renovación y modernización turística a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 6 respecto de las que se hubiera iniciado el procedimiento 
para su legitimación con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley continuarán su 
tramitación conforme a la normativa vigente en el momento de presentación de la 
solicitud.
2. No obstante, la persona interesada podrá desistir de dicha solicitud y legitimar la 
actuación a través de la declaración responsable y la comunicación previa previstas en 
los apartados 1 y 2 del artículo 6 de esta ley, pudiendo hacer referencia en las mismas a 
la documentación ya presentada.
Disposición transitoria cuarta. Infracciones urbanísticas en materia de comunicaciones  o
previas. w.
SueLloa sy  mdoed ilfoicsa cEiosnpeasc iodse  lNoas tuarratílceusl oPs ro3t7e2g iyd o3s9 5d ed eC laan Laeriya s4,/ 2a0 1la7s,  dqeu e1 3s dee  rejufliieor,e d leal 
idnifsrpaocsciicoinóens  ficnoaml esétidpatims aa,n taepsa drtea dlao se nvteriandtian ueenv ev igyo trr edien tlaa,  pnroe sseenrtáen  ledye  eanp lliac amcieódni daa  leans   BOE-A-cable e
que sean desfavorables o más restrictivas para las personas responsables.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de la legalización de explotaciones 
ganaderas.
1. Las  solicitudes  de  legalización  de  explotaciones  ganaderas  presentadas 
conforme al artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que 
se encuentren en trámite, se resolverán conforme a dicho precepto.
2. No obstante, la persona interesada podrá desistir de dicha solicitud e iniciar el 
procedimiento  previsto  en  la  nueva  disposición  adicional  vigesimotercera  de  la 
Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Canarias, conservándose de oficio los actos y trámites que se hayan realizado en el 
procedimiento originario.
Disposición  transitoria  sexta. Régimen  transitorio  de  las  delegaciones  para  la 
evaluación ambiental estratégica o la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
1. Los acuerdos de delegación adoptados por el Pleno de las entidades locales al 
amparo del artículo 86.6.c) o del apartado 4 de la disposición adicional primera de la 
Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Canarias,  en  la  redacción  dada  por  esta  ley,  podrán  incluir  la  modificación  de  las 
encomiendas efectuadas al órgano ambiental autonómico u órgano ambiental insular de 
la  isla  a  la  que  pertenezca  el  municipio  correspondiente,  para  su  conversión  en 
delegaciones con el mismo objeto.
2. La modificación que la presente ley introduce en el citado artículo 86.6.c) no 
afectará a los convenios que se hayan suscrito al amparo del mismo con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición  transitoria  séptima. Régimen  transitorio  de  las  licencias  de  actividades 
clasificadas.
1. Las solicitudes de licencia de actividad clasificada presentadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta ley se resolverán conforme a la normativa vigente en la 
fecha de presentación de la solicitud.
2. No obstante, la persona interesada podrá desistir de dicha solicitud y presentar 
comunicación previa en aquellos supuestos en que la nueva normativa prevea dicho 
instrumento de control previo.
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de las declaraciones de impacto 
ambiental y de los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos.
1. La vigencia de las declaraciones de impacto ambiental emitidas en aplicación del 
anexo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias, se regirá por lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.
2. Las  solicitudes  de  evaluación  ambiental  de  proyecto  presentadas  con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se resolverán conforme a la normativa 
vigente en la fecha de presentación de la solicitud.
3. No obstante, la persona interesada podrá desistir de dicha solicitud, en cuyo 
caso resultarán de aplicación a la evaluación ambiental del correspondiente proyecto o  s
actividad los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. e.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 43ww
1. Quedan derogadas las siguientes normas:
a) El artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
b) El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 343, los apartados 2 y 3 de la 
disposición adicional primera y el Anexo «Evaluación ambiental de proyectos» de la 
Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  los  Espacios  Naturales  Protegidos  de 
Canarias.
2. Quedan  derogadas  las  normas  de  las  ordenanzas  locales  que  limiten  la 
implantación de medidas de mejora energética de los edificios, en los términos previstos 
en la presente ley o en las normas que modifica, salvo en el ámbito de los conjuntos 
históricos.
3. Quedan  derogadas  cualesquiera  normas  de  igual  o  inferior  rango  que 
contradigan o se opongan a lo establecido en la presente ley y en particular, el Decreto 
ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 
primario, energético, turístico y territorial de Canarias, salvo sus disposiciones finales 
tercera, sexta, octava y décima.
Disposición final primera. Modificación del artículo 62 de la Ley 12/1990, de 26 de julio, 
de Aguas.
Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 62 de la Ley 12/1990, de 26 
de julio, de Aguas, que queda redactado en los siguientes términos:
«No obstante, las explotaciones de energía geotérmica de muy baja entalpía 
estarán sujetas a comunicación previa».
Disposición final segunda. Modificación del artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, 
de carreteras de Canarias.
Se modifica el artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, 
que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 25.
Uno. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las 
propias carreteras, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado 
de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en 
carreteras  convencionales,  carreteras  multicarril  y  vías  de  servicio,  medidos 
horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a 
dicha arista.
Dos. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del 
talud del desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de 
sostenimiento, con el terreno natural.
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o 
muros, o en terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el 
borde de la cuneta más alejado de la carretera.
En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de 
bordillos separando la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, 
la arista exterior de la explanación coincidirá con la arista del bordillo más cercana 
a la vía más exterior de la carretera.
Tres. En  los  casos  especiales  de  túneles,  puentes,  viaductos  y  otras 
estructuras, cimentaciones, anclajes, estabilizaciones de taludes, elementos de  s
drenaje  u  obras  similares,  se  podrá  establecer  otra  delimitación  de  la  arista  e.
exterior de la explanación de forma justificada. En cuyo caso esta se ha de incluir  w.
expresamente en el estudio de carreteras que habrá de ser objeto de información  43ww
ppúrobylieccac; ióenn  vseurt icdaelf edcetlo b, odrdiceh ad ea lrais otab rae xstoebriroer  edle t elrare enxop nlaantuarcaiól.n será la línea de
puenSteersá  ye nv itaodduoc ctoass oy  dlea  dtootmaliindiaod p údbel icsou se l ctiemrreenntoa coiocnuepsa,d oy  paodre lmosá sa ploay forsa ndjea  ldoes   BOE-A-cable e
terreno que sea preciso excavar a su alrededor para su construcción con una 
anchura de 1 metro como mínimo, salvo excepciones debidamente justificadas.
Cuatro. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente 
afectada a la conservación de la misma o a la explotación de servicios públicos 
viarios, tales como los destinados a descanso, estacionamiento, auxilio y atención 
médica  de  urgencia,  pesaje,  parada  de  guaguas  y  otros  fines  auxiliares  o 
complementarios.
Cinco. No podrán realizarse obras en la zona de dominio público de las 
carreteras sin previa autorización del titular de la misma, el cual, sin perjuicio de 
otras competencias concurrentes, solo podrá concederlo cuando así lo exija la 
prestación de un servicio público de interés general.
Seis. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando con el 
objeto de reunificar la explotación de fincas o restablecer accesos a las mismas 
que  hubieran  quedado  dificultados  con  motivo  de  la  existencia  o  nueva 
construcción de una carretera, se podrá autorizar la permanencia de los accesos 
ya existentes o la constitución de otros nuevos en la zona de dominio público o de 
servidumbre de protección, de circulación restringida o de libre acceso, según se 
disponga motivadamente por el titular de la vía, en función de sus características 
funcionales y nivel de servicio o alcance y condiciones de los bienes y derechos 
expropiados».
Disposición final tercera. Modificación del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de 
diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
Se modifica el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del 
Sector Eléctrico Canario, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 6 bis. Procedimiento excepcional para obras de interés general para el 
suministro de energía eléctrica.
1. Cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés aconsejen 
la modernización o el establecimiento de instalaciones de generación, transporte o 
distribución  eléctrica,  la  consejería  competente  en  materia  de  energía  podrá 
declarar el interés general de las obras necesarias para la ejecución de dichas 
instalaciones.
2. Los  proyectos  de  construcción,  modificación  y  ampliación  de  las 
instalaciones a que se refiere el apartado anterior, se someterán a un régimen 
especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística o a cualquier 
otro acto de control preventivo municipal o insular.
3. Una  vez  declarado  el  interés  general  de  las  obras,  el  proyecto  será 
remitido  al  ayuntamiento  y  al  cabildo  insular  correspondiente  por  el  órgano 
competente para su autorización, para que, en el plazo de un mes, informen sobre 
la conformidad o disconformidad de dicho proyecto con el planeamiento territorial 
o urbanístico en vigor.
Dicha consulta se evacuará conjunta y simultáneamente con el trámite de 
consultas propio del procedimiento de autorización sustantiva de la instalación.
4. Transcurrido el plazo conferido sin que la corporación local haya emitido 
informe, o bien cuando esta se inhiba de emitirlo, se entenderá que dicho informe 
es favorable en cuanto a la conformidad del proyecto con el planeamiento de su  e.e
competencia,  salvo  que  dicho  proyecto  afecte  a  suelo  rústico  de  protección  b
ambiental o categoría equivalente según la disposición transitoria tercera de la  43ww
CLeayn a4r/i2a0s1, 7o,  bdiee n1 3s ed ec ojnutliroa,v ednegl aSnu edleo  yfo rdmea l oms aEnsifpieasctiao sp aNraátmureatlreoss  Pbráostiecgoisd odse  dlae 
ordenación territorial, de los recursos naturales o urbanística.
No obstante, si la corporación local emite informe antes de la emisión de la 
autorización sustantiva del proyecto, aun siendo extemporáneo, será tenido en 
cuenta por el órgano instructor.
Cuando los informes de las corporaciones locales afectadas se pronuncien 
favorablemente sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento de su 
competencia, o bien dichos informes se entiendan favorables por no haber sido 
emitidos en plazo o por haberse inhibido la entidad local, la autorización especial a 
que se refiere este artículo quedará subsumida en la autorización sustantiva del 
proyecto.
5. En caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia 
de este o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, la consejería 
competente en materia de energía valorará sobre la idoneidad de la ejecución del 
proyecto.
En particular, y sin carácter exhaustivo, se entenderá que tiene relevancia 
territorial toda aquella modificación que implique incremento de volumen, altura, 
edificabilidad u ocupación de suelo, cambio de uso, cambio de ubicación o trazado 
de las instalaciones, o afección a nuevos suelos o su correspondiente vuelo o 
subsuelo.
6. En caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia 
de éste, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho 
proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, 
en  el  primer  caso,  precisará  los  términos  de  la  ejecución  y  ordenará  la 
Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con 
ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.
En  el  supuesto  de  que  la  consejería  competente  en  materia  de  energía 
valorase  desfavorablemente  sobre  la  ejecución  del  proyecto,  se  resolverá 
motivadamente con la no autorización del proyecto.
En el supuesto de valorarse favorablemente sobre la ejecución del proyecto, 
se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o 
no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y 
ordenará  la  Administración  competente  la  adaptación  del  planeamiento 
correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.
7. La autorización sustantiva, en caso de conformidad expresa o presunta de 
las  administraciones  públicas  consultadas  en  cuanto  a  la  compatibilidad  del 
proyecto con el planeamiento o, en su defecto, el acuerdo favorable del Gobierno 
de Canarias al que se refiere el apartado anterior, legitimarán por sí mismos la 
ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los 
correspondientes  proyectos  de  instalaciones  de  generación,  transporte  y 
distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o 
urbanística y tendrán el carácter de autorización especial equivalente a la licencia 
urbanística municipal, a los efectos de lo previsto en el artículo 100.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o norma que lo sustituya, con relación 
al devengo y a la liquidación municipal de oficio o a la autoliquidación del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras».
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas, espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. s
Se modifica la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas, espectáculos  w.
públicos y otras medidas administrativas complementarias, en los términos siguientes: 43ww
Uno. Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 9 en los siguientes
términos: «Antes de la presentación de la solicitud de licencia de autorización o de la
comunicación previa reguladas en esta ley el titular de una instalación o promotor
podrá solicitar del órgano municipal o insular competente, en los términos que se 
prevean  reglamentariamente,  información  relativa  a  todos  o  alguno  de  los 
siguientes extremos:
[...]».
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 9 conforme al siguiente tenor:
«2. El plazo máximo para la emisión y notificación de la contestación será 
de 15 días, en el supuesto previsto en el apartado 1.a) precedente, y de un mes, 
en los demás casos».
Tres. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 35 de acuerdo con la 
siguiente literalidad:
«a) En los supuestos de comunicación previa a la instalación:
– La documentación técnica, firmada por técnico competente, que, en cada 
caso, resulte preceptiva con descripción de las instalaciones, debiendo justificarse 
expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial así como la urbanística 
sobre usos aplicable.
– Documento acreditativo de seguridad estructural, cuando proceda.
– Licencia de obra, cuando fuere preceptiva para acometer las instalaciones».
Disposición final quinta. Modificación del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se 
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que 
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa.
Se modifica el anexo del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la 
relación  de  actividades  clasificadas  y  se  determinan  aquellas  a  las  que  resulta  de 
aplicación el régimen de autorización administrativa previa, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el epígrafe 10.1 del apartado 1 de dicho anexo, que queda 
redactado conforme al siguiente tenor literal:
«10.1 Instalaciones para la cría en las siguientes modalidades:
10.1.a) Explotaciones ganaderas de aves de corral de producción de carne y 
huevos (incluidas las de cría para repoblación cinegética) con una capacidad 
superior a 30 aves.
10.1.b) Explotaciones ganaderas de porcino con una capacidad superior a 25 
cabezas de cebo o a 5 cabezas reproductoras.
10.1.c) Explotaciones ganaderas de vacuno de engorde con una capacidad 
superior a 10 reses.
10.1.d) Explotaciones ganaderas de vacuno de leche con una capacidad 
superior a 5 reses.
10.1.e) Explotaciones ganaderas de équidos con una capacidad superior a 5 
équidos.
10.1.f) Explotaciones ganaderas de ovino y de caprino con una capacidad 
superior a 34 cabezas.
10.1.g) Explotaciones ganaderas cunícolas con una capacidad superior a 5  es
hembras reproductoras. o
10.1.h)  Plazas para cualquier otra u otras especies animales, equivalentes  43www.
cavoa lc5mu 1enu0non.1a idd.siea)»  d.leeEcsxh pegl ao(n1taa UcdiGoenrMaes s=   (1Ug apGnlaMaz)da e odr aems v áaascp,u íntcooom ldaaesn  ldeqocu hece o).mcoom bparesned adne  rmefáesr endcei a 1e5l   OE-A-2022-25able en https://
Dos. Se modifica el apartado 2 del citado anexo, que queda redactado con el 
siguiente tenor:
«2. Actividades  clasificadas  sujetas  al  régimen  de  autorización  administrativa 
previa.
Por concurrir en ellas las circunstancias previstas en el artículo 5.1 de la Ley 7/2011, 
de  5  de  abril,  de  actividades  clasificadas  y  espectáculos  públicos  y  otras  medidas 
administrativas complementarias, se requerirá la obtención de licencia previa para la 
instalación, traslado y modificación sustancial de los establecimientos que sirven de base 
al ejercicio de las actividades clasificadas que seguidamente se relacionan:
– 12.1. Actividades musicales: siempre que su aforo sea superior a 150 personas.
– 12.2. Actividades de restauración, en los siguientes casos:
Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, 
con una capacidad superior a 20 personas, en áreas acústicas en las que el uso 
predominante sea sanitario, docente y cultural.
Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire libre, 
con una capacidad superior a 48 personas, en áreas acústicas en las que el uso 
predominante sea residencial. Los municipios podrán reducir este número hasta 20 
personas para determinadas zonas residenciales, mediante ordenanza, con fundamento 
en el correspondiente mapa estratégico de ruido o mapa de ruido no estratégico para las 
áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica.
En el resto de los casos, siempre que su aforo (interior y al aire libre) sea superior 
a 300 personas.
– 12.4. Espectáculos públicos: siempre que su aforo sea superior a 300 personas, 
salvo  los  establecimientos  abiertos  al  público  destinados  a  espectáculos 
cinematográficos».
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y 
Modernización Turística de Canarias.
Se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística 
de Canarias, en los términos que se indican a continuación:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 en el siguiente sentido:
«1. Por razones de la fragilidad territorial y ecológica de las diferentes islas 
del archipiélago, en el marco de sostenibilidad del modelo establecido para cada 
una de ellas por los respectivos instrumentos de planificación territorial, y de 
conformidad con lo establecido en las Directrices de Ordenación del Turismo 
números 24, 25 y 26 y la normativa autonómica que las desarrollan, con las 
excepciones establecidas en esta ley, con carácter general la implantación de 
nueva  oferta  alojativa  turística  en  el  caso  de  traslado  de  la  capacidad  de 
alojamiento en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, 
queda expresamente sometida a autorización previa habilitante de los respectivos 
cabildos insulares. Asimismo, la autorización previa será exigible en las mismas 
islas para las renovaciones y ampliaciones que conlleven incremento de plazas del  s
propio establecimiento turístico alojativo, cuando así lo exija expresamente la  oe.
normativa territorial a nivel insular». w.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 en los siguientes términos:
«3. Asimismo, en esas islas estarán sujetas a autorización previa, si así lo 
establece la normativa territorial insular:
– La materialización de plazas alojativas turísticas procedentes de derechos 
otorgados  por  la  ejecución  de  proyectos  de  renovación  edificatoria  de 
establecimientos cualquiera que sea su tipología.
– Las  plazas  de  alojamiento  turístico  otorgadas  como  incentivo  o 
compensación por la ejecución de equipamientos públicos o, siempre que hayan 
sido  declarados  por  el  Gobierno,  como  incentivo  por  la  implantación  de 
equipamientos privados, en los términos regulados en el artículo 18 de esta ley».
Tres. Se añade un apartado 4 al artículo 10, con el siguiente tenor literal:
«4. Las actuaciones de renovación y modernización turística que se acojan a 
los incentivos regulados en esta ley no estarán sujetas a autorización turística 
previa, salvo que pretendan materializar plazas adicionales en el establecimiento 
objeto de renovación».
Cuatro. Se modifican los párrafos primero y último de la letra a) del apartado 5 del 
artículo 11 conforme al siguiente tenor:
«a) Las actuaciones de renovación y modernización turística son actuaciones 
sobre el medio urbano, pudiendo ser delimitadas y ordenadas por programas de 
actuación sobre el medio urbano.
[…]
Dicha cesión, cuya valoración será practicada en un plazo máximo de dos 
meses, por los servicios municipales o los entes que estén encargados de la 
gestión y ejecución en materia de renovación turística, podrá cumplirse mediante 
el pago de su equivalente en metálico, que en ningún caso será inferior al valor de 
mercado, junto con el abono de las tasas por la licencia urbanística, el impuesto 
sobre edificaciones, instalaciones y obras que fuere exigible, y, en todo caso, 
antes del momento de comunicar el inicio de las obras, y se aplicará, dentro del 
patrimonio público de suelo, a incrementar o mejorar las dotaciones públicas e 
infraestructuras del área de la actuación, prevista en el plan de modernización, 
mejora e incremento de la competitividad, en otro planeamiento, o en cualquier 
otro procedimiento urbanístico habilitante».
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que pasa a tener la siguiente 
redacción:
«1. Cada  uno  de  los  cabildos  insulares  creará  un  registro  especial 
denominado «Registro turístico de plazas de alojamiento», en el que se inscribirán 
obligatoriamente los derechos al otorgamiento de autorizaciones previas a nuevas 
plazas  alojativas,  hoteleras  o  extrahoteleras,  derivados  de  la  ejecución  de 
proyectos de renovación edificatoria que se efectúen en su respectivo territorio».
Seis. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 21 en los siguientes términos:
«1. La  autorización  previa  que  ampare  una  iniciativa  de  renovación  es
edificatoria  con  incorporación  de  nuevas  plazas  al  establecimiento  objeto  de  bo
renovación,  deberá  pronunciarse  expresamente  sobre  el  número  de  plazas  43ww
ratueurntíoos2trvi.icaz aacsEicó ilón anc,d a,i cbydi iiollfdaenosrae ,la entdrscai icasqion ucndeoao nl essesltaa  nsttaoi er nm qleuaa e tdee erjeisraceeluic zchaiionód cnaao s rd pemeonl ar eaptelnr orm iyaiealsiczlm taoorp  .roco oylmae coct oei snicóseonnm tdieveto id soua e llaao    OE-A-2022-25able en https://
efectuada conforme a lo legalmente establecido, declarará el derecho del titular a
obtener  autorización  previa  para  el  número  de  plazas  adicionales  que  le 
correspondan por no haber sido materializadas en la parcela de origen».
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Se modifica la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias, en el siguiente sentido:
Uno. Se añade una letra l) al apartado 4 del artículo 2, con la siguiente redacción:
«l) Estructura portante: conjunto de elementos estructurales que, además de 
sostenerse a sí mismos, constituyen el soporte y apoyo de otros sistemas más 
complejos».
Dos. Se añade un apartado 4 al artículo 13:
«4. El cabildo emitirá un informe único en la tramitación de los instrumentos 
de  ordenación  que  incluirá  un  pronunciamiento  de  todas  las  materias  de  su 
competencia.
Este  informe  único  operará  del  mismo  modo  en  los  actos  autorizatorios 
regulados en la presente ley en los que intervenga por motivos sectoriales».
Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 18, del siguiente tenor:
«3. Las administraciones públicas podrán delegar sus competencias propias 
en materia de ordenación, ejecución e intervención territorial y urbanística en otras 
administraciones o en organismos o entidades dependientes de las mismas. Los 
acuerdos de delegación y de aceptación de la competencia deberán adoptarse por 
el Gobierno de Canarias o el Pleno de la entidad local».
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 58, que queda redactado conforme al 
siguiente tenor:
«2. En  defecto  de  determinaciones  expresas  del  planeamiento,  las 
instalaciones,  construcciones  y  edificaciones  deberán  observar  las  siguientes 
reglas:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a las que se vinculen y guardar 
estricta proporción con las necesidades de los mismos.
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco 
metros al eje de caminos.
d) No  exceder  de  una  planta  con  carácter  general  ni  de  dos  en  los 
asentamientos rurales existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.
Las  reglas  de  las  letras  c)  y  d)  no  serán  de  aplicación  en  el  caso  de 
invernaderos y otras instalaciones temporales y fácilmente desmontables propias 
de  la  actividad  agraria.  El  retranqueo  de  tres  metros  a  linderos  no  será  de 
aplicación a los cerramientos de explotaciones agrarias».
Cinco. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 59 en los siguientes  e.
términos: w.
prod«uac)c ioLnae s, proadsuí cccióonm, o lal ast ranascftoivrimdaadceiósn,   cyo nlsat rucccoimoneercsi aliez aciinósnt aladcei onleass 
gaugarordinadru sptrroiaploersc iónne cceosna risaus  epxateran silóans  ye xcpalorataccteiornísetisc adse,  qtuael dcaanrdáoc tevrin, cduelabdieansd oa 
dichas explotaciones. En particular, además de las actividades tradicionales, estos
usos incluyen la acuicultura, los  cultivos  agroenergéticos, los cultivos de alta 
tecnología  relacionados  con  las  industrias  alimentaria  y  farmacéutica  y  otros 
equivalentes,  en  particular  cuantos  se  vinculen  con  el  desarrollo  científico 
agropecuario.
A  efectos  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  se  entiende  por 
«transformación» cualquier acción que altere sustancialmente el producto agrario 
obtenido en la propia explotación y cuyo producto final, esté destinado o no a la 
alimentación humana, esté comprendido en el anexo I del artículo 38 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea o norma que lo sustituya.
Asimismo,  se  entiende  por  «comercialización»  la  venta  mediante 
intermediarios donde el número de estos es mayor o igual a uno».
Seis. Se modifica el punto 1 del artículo 61, que queda redactado en los términos 
siguientes:
«Artículo 61. Usos, actividades y construcciones complementarios.
1. Se consideran usos complementarios aquellos que tengan por objeto la 
transformación y venta de productos agrarios, plantas ornamentales o frutales, 
derivados  o  vinculados  con  la  actividad  agropecuaria,  siempre  que  sean 
producidos en la propia explotación, ya sean transformados o sin transformar, que 
redunden directamente en el desarrollo del sector primario de Canarias; así como 
las  cinegéticas,  la  producción  de  energías  renovables,  las  turísticas,  las 
artesanales, la de restauración cuando su principal referencia gastronómica esté 
centrada en productos obtenidos en la explotación, las culturales, las educativas y 
cualquier  uso  o  actividad  análogos  que  complete,  generando  renta 
complementaria, la actividad ordinaria realizada en las explotaciones.
A  efectos  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  se  entiende  por 
«transformación» cualquier acción que altere sustancialmente el producto agrario 
obtenido en la propia explotación y cuyo producto final, esté destinado o no a la 
alimentación humana, no esté comprendido en el anexo I del artículo 38 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o norma que lo sustituya.
Asimismo, se entiende por «venta» la venta directa al consumidor final, sin 
intermediarios.
Cuando  el  uso  complementario  pretenda  desarrollarse  en  edificaciones, 
construcciones o instalaciones deberá realizarse sobre las ya existentes en la 
finca o parcela, en situación legal de consolidación o de fuera de ordenación, salvo 
justificación fehaciente de la imposibilidad o inviabilidad de utilización para tal fin.
En  todo  caso,  si  el  uso  pretendiera  acometerse  en  edificaciones, 
construcciones o instalaciones de nueva implantación se computará, igualmente, 
como superficie ya ocupada por usos complementarios la correspondiente a las 
edificaciones, construcciones o instalaciones ya existentes sobre la respectiva 
finca o parcela al tiempo de la solicitud de licencia o comunicación previa, no 
destinadas a usos ordinarios agrarios».
Siete. Se procede a la modificación del apartado 2 del artículo 61, que queda 
redactado en los siguientes términos:
«2. Estos  usos  complementarios  podrán  ser  implantados  en  cualquier  s
categoría de suelo rústico en que se desarrolle efectivamente un uso agrario. No  oe.
obstante, en las subcategorías de suelo rústico de protección natural, paisajística y  w.
cultural,  estarán  sujetos  a  las  determinaciones  establecidas  en  los  43ww
corrSesoploo npdoiednrátens  isnesrt rudmeseanrtroosll addeo osr dpeonra caigórnic.ultores y ganaderos profesionales,
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agraria en la explotación de la que sean titulares y que, en caso de que sean 
anónimas, sus acciones deberán ser nominativas, siempre que más del 50% del 
capital  social,  de  existir  este,  pertenezca  a  socios  que  sean  agricultores  y/o 
ganaderos profesionales. Estas sociedades tendrán por objeto principal el ejercicio 
de la actividad agraria en la explotación de la que sean titulares. Todo ello según la 
definición contenida en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 
explotaciones agrarias o norma que la sustituya».
Ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 64 conforme al siguiente tenor:
«2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y 
cultural incluido en espacios naturales protegidos, solo serán posibles los usos y 
las actividades que estén expresamente previstos en los correspondientes planes 
y normas de dichos espacios o, en su defecto, en el respectivo plan insular de 
ordenación,  salvo  los  usos  provisionales  que  podrán  autorizarse,  aunque  no 
estuvieran  expresamente  previstos  y  siempre  que  no  estén  expresamente 
prohibidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la presente ley.
En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural no incluido en 
espacios naturales protegidos, solo serán posibles los usos y las actividades que 
estén expresamente previstos en los planes de protección y gestión de lugares de 
la Red Natura 2000, en su defecto el correspondiente plan insular de ordenación y, 
en defecto de este último, el respectivo plan general municipal, o, en ausencia de 
ordenación, los que sean compatibles con la finalidad de protección o necesarios 
para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores, salvo los 
usos provisionales que podrán autorizarse, aunque no estuviesen previstos y 
siempre que no estén expresamente prohibidos, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 32 de la presente ley.
No obstante, en los suelos rústicos de protección paisajística, en los que 
existan usos agrícolas y/o ganaderos, serán autorizables los actos de ejecución 
asociados a los mismos, incluyendo su ampliación, justificándose su necesidad, 
proporcionalidad  y  vinculación  a  la  actividad  agraria  y,  en  todo  caso,  la 
compatibilidad con los valores paisajísticos que motivaron su protección».
Nueve. Se modifica el artículo 72 en los siguientes términos:
«Artículo 72. Instalaciones de energías renovables.
En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de 
protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de 
interés  público  y  social,  la  instalación  de  plantas  de  generación  de  energía 
fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables 
no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el 
plan  insular  de  ordenación  o  en  el  planeamiento  de  los  espacios  naturales 
protegidos que resulten aplicables.
En  suelo  rústico  de  protección  agraria,  siempre  que  la  instalación  tenga 
cobertura en el planeamiento insular pero este carezca del suficiente grado de 
detalle, se aplicará lo previsto en los artículos 77 y 79 de la presente ley.
Asimismo,  en  la  cubierta  de  instalaciones,  construcciones  y  edificaciones 
existentes en cualquier categoría de suelo rústico se podrán autorizar, como uso  s
complementario,  las  instalaciones  de  generación  de  energía  fotovoltaica,  sin  oe.
sujeción a los límites previstos en el artículo 61.5 de esta ley. En el caso de las  w.
subcategorías de suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, se  43ww
edset aorrád ean alacsió nd»e.terminaciones establecidas en los correspondientes instrumentos
Nueve bis. Se modifica el apartado 1 del artículo 80 conforme al siguiente tenor:
«Artículo 80. Autorización insular de eventos deportivos y red oficial de rutas en 
el medio natural.
1. La celebración de eventos deportivos que discurran campo a través, por 
pistas o caminos forestales, cortafuegos, vías forestales de extracción de madera, 
senderos, caminos de cabaña o por el cauce de barrancos podrá realizarse en 
todas  las  categorías  de  suelo  rústico.  Cuando  se  desarrollen  en  más  de  un 
municipio o afecten a un espacio natural protegido, podrán realizarse aunque no 
estuvieran  expresamente  previstos  y  siempre  que  no  estén  expresamente 
prohibidos y requerirán previa autorización del cabildo insular. La autorización 
deberá imponer las medidas de protección y correctoras, previas y posteriores, 
que se estimen necesarias para minimizar el impacto sobre el medio natural.»
Diez. Se modifica la letra c) del apartado 6 del artículo 86, en los siguientes 
términos:
«c) Órgano ambiental: en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el 
órgano  que  designe  el  Gobierno  de  Canarias;  en  cuanto  a  los  instrumentos 
insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o, previa delegación, el órgano 
ambiental autonómico; y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el que 
pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes, pudiendo 
delegar  esta  competencia  en  el  órgano  ambiental  autonómico  o  el  órgano 
ambiental insular de la isla a la que pertenezca, o bien constituir un órgano 
ambiental en mancomunidad con otros municipios.
Asimismo,  podrá  encomendarse  el  ejercicio  de  los  aspectos  materiales  o 
técnicos  de  la  competencia  de  los  órganos  ambientales,  en  caso  de  estar 
constituidos, mediante convenio de encomienda de gestión en los términos de la 
legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.
El acuerdo de delegación o encomienda o de aceptación de las mismas o de 
aprobación del convenio de encomienda deberá adoptarse por el pleno de la 
entidad o por el Gobierno de Canarias, según proceda.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la 
evaluación  ambiental  de  la  ordenación  urbanística  estructural  de  los  planes 
generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los 
mismos,  corresponderá  al  órgano  ambiental  autonómico.  A  estos  efectos,  se 
entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de 
esta ley, y por modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de 
esta ley.
Asimismo,  podrá  encomendarse  el  ejercicio  de  los  aspectos  materiales  o 
técnicos  de  la  competencia  de  los  órganos  ambientales,  en  caso  de  estar 
constituidos, mediante convenio de encomienda de gestión en los términos de la 
legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.
El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y 
el acuerdo de aceptación de la delegación o de aprobación del convenio de 
encomienda, por el Pleno del respectivo cabildo insular o por el Gobierno de 
Canarias, según proceda.
No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la  es
evaluación  ambiental  de  la  ordenación  urbanística  estructural  de  los  planes  o
generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los  43ww
eemessnistttaaime  lnloeedsyye,,»   y.pc oporor rroe rmsdpoeodnniafdicceiaórcáni  óuanrl b saóunrsgítsaatnniccoai a eal smlotrsbu icsetunuptrauale l slaatuo dtsoe npliómremivtiaicsdotoa. s pA eo nre  eesllt  oaasrrt tíícceuufellooc  t11o36s63,   ddseee    OE-A-2022-25able en https://
Once. Se modifica el artículo 122, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 122. Iniciativa y procedimiento de aprobación.
1. La competencia para formular, elaborar y aprobar los planes territoriales, 
parciales y especiales, corresponde a los cabildos insulares.
2. El Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente por razón 
de la materia, podrá formular planes territoriales especiales.
3. La iniciativa, elaboración y aprobación de los planes territoriales, parciales 
y especiales, se regirá por lo previsto para los planes insulares de ordenación, a 
excepción de la aprobación de las fases previas a la aprobación definitiva, que 
corresponderá al Consejo de Gobierno insular.
4. La tramitación de los planes territoriales, parciales y especiales, se regirán 
por los siguientes plazos:
a) Plazo de consulta pública previa: un mes.
b) Plazo de información pública y de consulta del avance y del documento 
aprobado inicialmente: mínimo de cuarenta y cinco días hábiles y máximo de dos 
meses.
c) Plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica: dos 
meses.
d) Cuando la formulación no corresponda al cabildo insular, la declaración 
ambiental estratégica también se publicará en la sede electrónica del órgano 
ambiental».
Doce. Se modifica la letra c) de la letra B) del apartado 1 del artículo 137, que 
queda redactado con el siguiente texto:
«c) La determinación del aprovechamiento urbanístico medio de los ámbitos 
de suelo urbano no consolidado y los sectores de suelo urbanizable, que no 
podrán diferir en más del 15% para cada área territorial de similares características 
delimitada por el plan general».
Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 154, que queda redactado en los 
siguientes términos:
«3. Las  ordenanzas  insulares  y  municipales  que  se  aprueben  tendrán 
vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, 
debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que 
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que 
pueda establecer el futuro planeamiento, sin perjuicio de la obligación de las 
administraciones competentes de proceder a la adaptación de los instrumentos de 
ordenación  correspondientes  en  la  primera  modificación  sustancial  plena  o 
puntual, de que sea objeto».
Catorce. Se  modifica  la  letra  a)  del  apartado  1  del  artículo  160,  que  queda 
redactada en los siguientes términos:
«a) Con carácter general se admitirán obras de mantenimiento, conservación, 
reforma,  modernización,  demolición  parcial,  consolidación,  rehabilitación  o 
remodelación, incluso las que tengan como efecto mantener y alargar la vida útil  e.
del inmueble, sin que sea admisible el incremento de volumen o edificabilidad en  w.
contra del nuevo planeamiento». 43ww
Quince. Se modifica el apartado 4 del artículo 168 en los siguientes términos:
«4. En  el  supuesto  de  que,  atendiendo  a  su  contenido,  las  normas
sustantivas transitorias merezcan la calificación de plan o programa a efectos de
evaluación ambiental, su elaboración se someterá al procedimiento de evaluación 
ambiental simplificada, dado su carácter provisional y limitado, sin perjuicio de que 
el órgano ambiental pueda considerar que deben tramitarse por el procedimiento 
ordinario por tener efectos significativos sobre el medio ambiente».
Dieciséis. Se modifica el apartado 4 del artículo 267, en los siguientes términos:
«4. Podrán  ser  objeto  de  recepción  parcial  aquellas  partes  de  obra 
susceptibles de ser ejecutadas por fases o servicios completos, que puedan ser 
entregados al uso o servicio públicos por ser funcionalmente independientes del 
resto de la urbanización y directamente utilizables desde su recepción».
Diecisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 275 en los siguientes términos:
«3. La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior 
de asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de 
unidades mínimas de cultivo, salvo las excepciones contempladas en la normativa 
sectorial agraria y en la letra b) de este apartado.
Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informe 
favorable de la consejería competente en materia de agricultura, a menos que:
a) Las parcelas resultantes de la segregación o división fuesen superiores a 
la unidad mínima de cultivo.
b) Las parcelas se encuentren en el interior de asentamientos rurales.
c) La segregación o división se refiera a parcelas resultantes que estén 
clasificadas como suelo urbano o urbanizable o categorizadas como asentamiento 
rural por el planeamiento aplicable, aunque la superficie del resto de parcela en 
suelo rústico no categorizado como asentamiento rural sea inferior a la unidad 
mínima de cultivo».
Dieciocho. Se modifican las letras g), q) y t) del apartado 1 del artículo 330, y el 
contenido original de esta última letra se traslada a una nueva letra u), en los siguientes 
términos:
«g) La demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones, salvo 
que vengan amparados en una orden de ejecución o de restablecimiento de la 
legalidad urbanística.
[...]
q) Los usos y obras provisionales previstos en el artículo 32 de la presente 
ley, salvo en los supuestos previstos en las letras i) y l) del artículo 332.1 de la 
misma.
[...]
t) Cerramientos  y  vallados  perimetrales  y  de  protección  que  requieran 
cimentación de profundad superior a cincuenta centímetros.
u) La  realización  de  cualquier  otra  actuación  que  en  la  presente  ley  se 
someta al régimen de licencia urbanística».
Diecinueve. Se modifica el párrafo inicial del apartado 1 del artículo 331 y se 
añaden al mismo las letras h), i) y j), de acuerdo con la siguiente redacción:
«1. Estará  exceptuada  de  licencia  urbanística  y  comunicación  previa  la  e.e
ejecución de proyectos y actuaciones que seguidamente se relacionan, siempre  b
que se cumplan los requisitos del apartado 2: 43ww
[h..). ] Las actuaciones realizadas en explotaciones ganaderas en aplicación de
la diis) poLsaicsi óonb raadsic dioen ianlt evrigéess gimenoeterarcl epraar ad ee le ssutam lienyis.tro de energía eléctrica sujetas
a autorización excepcional por la legislación en materia de sector eléctrico.
j) La construcción, ampliación, traslado,  desmantelamiento y modificación 
sustancial de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables, cuando dichas actuaciones hayan obtenido autorización sectorial en 
materia de energía, y siempre que el informe a que se refiere la letra a) del 
apartado 2 sea favorable en cuanto a la adecuación del proyecto a la legalidad 
urbanística, o bien se entienda favorable por no haber sido emitido en plazo y no 
ubicarse  el  proyecto  en  suelo  rústico  de  protección  ambiental  o  categoría 
equivalente, ni infringirse de forma manifiesta parámetros básicos de la ordenación 
territorial, de los recursos naturales o urbanística».
Veinte. Se modifica el apartado 4 del artículo 331 en los siguientes términos:
«4. En  todo  caso,  la  ejecución  de  proyectos  y  actuaciones  que  vengan 
amparados en una orden de ejecución o de restablecimiento de la legalidad 
urbanística estará exceptuada de cualquier otro acto de control urbanístico».
Veintiuno. Se modifican las letras e), l) y m) del apartado 1 del artículo 332, se 
añaden las letras n), ñ), o), p), q), r) y s) a dicho apartado, y el contenido original de la 
letra m) se traslada a una nueva letra t), y se añade un apartado 5 en los siguientes 
términos:
«e)  Vallado  de  obras,  fincas  y  solares  que  no  requieran  cimentación  de 
profundidad superior a cincuenta centímetros y su reparación o mantenimiento.
[...]
l) Ocupación provisional para aparcamientos en solares, parcelas o terrenos 
vacantes en suelo urbano, urbanizable o rústico común.
m) Actuaciones relativas a las actividades agrarias:
1.º) Bancales y taludes de hasta 4 metros de altura, a partir de bancales 
preexistentes; o bancales de nueva ejecución de hasta 1,5 metros de altura a 
partir de suelo con pendiente natural no modificada, siempre que los terrenos 
tengan una pendiente natural inferior al 20%.
2.º) Sorribas que requieren de nivelación mediante desmonte y terraplén, y 
aporte de, como máximo, 80 centímetros de tierra vegetal. El muro de contención 
de la sorriba, en su caso, no podrá superar 1,5 metros de altura.
3.º) Instalaciones  de  conducción  de  energía  eléctrica  en  el  interior  de 
explotaciones  agrarias  siempre  que  no  conlleven  la  ejecución  de  nueva 
construcción.
4.º) Instalaciones  prefabricadas  de  depósito  de  agua  o  balsas  de  tierra 
impermeabilizada con láminas destinadas al almacenamiento de agua, siempre 
que no superen los 1000 m³ de capacidad, hasta 5 metros de altura total, no 
pudiendo sobrepasar los 3 metros de altura sobre la rasante que resulte de la 
nivelación del terreno. Se admitirá un máximo de una instalación por cada finca o 
unidad orgánica sobre la que exista una explotación agraria, justificando en la 
memoria la necesidad, proporcionalidad y vinculación a la superficie cultivable o 
unidades ganaderas. Los cerramientos solo podrán ser realizados con materiales 
no opacos o transparentes y sin superar los dos metros de altura.
5.º) Instalaciones complementarias destinadas a la generación de energía 
eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  aisladas  de  la  red  de  transporte  y 
distribución eléctrica, en los términos del artículo 3.d) del Real Decreto 244/2019,  e.
de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y  w.b
económicas del autoconsumo de energía eléctrica, vinculadas a las explotaciones  43ww
agra6r.iºa)s  oI ngvaenrandaedrearso,s s ideem pmrea lqlau eo n op lcáosntilcleov eflne xciobnles,t rusciecmiopnrees  dqeu en uneov ac polnalnletave.n
estru7c.ºt)u raC poorrtatavnieten tnois s udpee mrfiacilela  poa vpimláesntictaod afl eexnib sleu  idnetesrtiionra.dos a la protección de
cultivos.
n) La  implantación,  en  suelo  urbano  y  urbanizable,  de  instalaciones  de 
producción eléctrica a partir de fuentes renovables de potencia no superior a 100 
Kw, asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo.
ñ) Instalación de aislamiento térmico de las edificaciones existentes.
o) Instalación  de  dispositivos  bioclimáticos  adosados  a  las  fachadas  o 
cubiertas de las edificaciones existentes.
p) Centralización  o  dotación  de  instalaciones  energéticas  comunes  y  de 
captadores  solares  u  otras  fuentes  de  energías  renovables,  en  fachadas  o 
cubiertas  de  las  edificaciones  existentes,  que  no  supongan  una  modificación 
general de la fachada.
q) Realización de obras en zonas comunes de edificaciones que tengan por 
objeto lograr un uso más eficiente de energía eléctrica y suministro de agua.
r) Instalación de placas solares térmicas sobre la cubierta de edificios, así 
como  instalación,  sobre  tales  cubiertas,  de  placas  fotovoltaicas  asociadas  a 
modalidades de autoconsumo, hasta el 100 % de la superficie de la cubierta.
s) Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural 
o gas licuado de petróleo (GLP).
t) Cualquier otra actuación urbanística de uso o transformación del suelo, 
vuelo o subsuelo que no esté sujeta a licencia ni a otro título de intervención de los 
previstos en el artículo 331 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, ni esté exonerada de 
intervención administrativa previa.
5. Las actuaciones contempladas en las letras m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del 
apartado 1 de este artículo y las obras necesarias para su implantación efectiva se 
legitimarán  en  virtud  de  la  comunicación  previa  regulada  en  este  precepto, 
prevaleciendo esta norma sobre cualquier determinación urbanística vigente que 
suponga una prohibición o limitación a dichas actuaciones».
Veintidós. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 333, en los siguientes 
términos:
«b) La preparación y roturación de terrenos, la instalación de riego (incluidos 
los  cabezales),  las  reparaciones  y  trabajos  de  mantenimiento  de  las 
infraestructuras y construcciones vinculadas a la agricultura, incluida la reparación 
de muros, la cubrición de depósitos de agua mediante mallas de sombreo, la 
colocación de enarenado (pumita o picón), las sorribas sin nivelación con aporte 
de un máximo de 80 centímetros de tierra vegetal y los depósitos flexibles de 
polietileno con capacidad de hasta 500 m3 para el almacenamiento de líquidos y 
efluentes, en el marco de la práctica ordinaria de labores agrícolas, que no sea 
subsumible  en  ninguna  de  las  actuaciones  sujetas  a  acto  autorizatorio  o  a 
comunicación previa».
Veintitrés. Se modifica el apartado 1 del artículo 342, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante 
solicitud  de  la  persona  promotora  de  la  obra,  instalación  o  uso  del  suelo, 
acompañada de los documentos que se establezcan por la legislación específica y 
ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere exigible, de proyecto básico o 
proyecto  de  ejecución,  ajustado  a  los  requisitos  técnicos  establecidos  por  la  e.
normativa aplicable; de los títulos o declaración responsable acreditativos de la  w.b
titularidad  del  dominio  o  derecho  suficiente  para  ejercer  las  actuaciones  43ww
dparotoyes cgtaedoagsrá fsicoobsre q ueel  spueermloi,t asnu blas ugeelool ooc avliuzealcoi óanf edcet alad oasc tupaocr iólan ,a dcetu aaccuióenrd; oy  cloons 
lCaas neasripaesc (ifSicitaccaino)n»e.s técnicas aplicables del Sistema de Información Territorial de
Veinticuatro. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 344, en los siguientes 
términos:
«b) En los supuestos de silencio negativo que se contemplen, con carácter 
de normativa básica, en la legislación estatal sobre suelo que resulte aplicable, y 
en concreto:
i. Movimiento de tierras y explanaciones.
ii. Las obras de edificación.
iii. Las  obras  de  construcción  e  implantación  de  instalaciones  de  nueva 
planta en suelo rústico, salvo que esté categorizado como asentamiento rural y 
reúna los servicios a que se refiere el artículo 46.1 a) de esta ley.
iv. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 
provisionales o permanentes, en suelo rústico, salvo que esté categorizado como 
asentamiento rural y reúna los servicios a que se refiere el artículo 46.1.a) de esta 
ley.
v. La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que se derive de la 
legislación de protección del dominio público».
Veinticinco. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 349, que queda 
redactado de la siguiente manera:
«b) La descripción gráfica y escrita de la actuación y los datos geográficos 
que permitan su geolocalización, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aplicables del Sistema de Información Territorial de Canarias (Sitcan)».
Veintiséis. Se añade un último párrafo al apartado 3 del artículo 349, del siguiente 
tenor literal:
«En defecto de impreso normalizado establecido por ordenanza municipal, la 
comunicación  previa  se  podrá  formular  mediante  documento  escrito  con  el 
contenido mínimo establecido en este apartado».
Veintisiete. Se modifica el apartado 5 del artículo 349 en los siguientes términos:
«5. La Administración podrá requerir de la persona interesada la corrección 
de aquellas omisiones o incorrecciones no esenciales y subsanables de las que 
adolezca la comunicación, sin que dicho requerimiento, por sí solo, produzca la 
ineficacia de la comunicación presentada, sin perjuicio de la adopción de medidas 
provisionales que garanticen la eficacia del procedimiento de verificación».
Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 350 conforme a la siguiente 
literalidad:
«2. La declaración de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, 
de cualquier dato o información que se incorpore a una comunicación previa 
determinará la imposibilidad de iniciar y/o de continuar la actuación urbanística.
A tal efecto, se consideran de carácter esencial las siguientes deficiencias que 
implican un incumplimiento no subsanable:
a) La sujeción a otro título habilitante de la actuación comunicada. s
b) La  carencia  de  los  títulos  habilitantes  previos  establecidos  en  el  oe.
artículo 335 de esta ley. w.
c) La incompatibilidad de la actuación comunicada con el uso previsto en el  43ww
plande)a mLiean tpoo os iebnle  eastfae cleciyó.n  a  la  seguridad,  al  patrimonio  cultural  o  al  medio
ambiente que suponga un grave riesgo».
Veintinueve. Se modifica la letra h) y se añade una letra i) al apartado 3 del 
artículo 372, con la siguiente redacción:
«h) La expedición de certificaciones, visados, proyectos, documentos técnicos 
e informes justificativos con objeto de acompañarlos a una comunicación previa, 
cuando en ellos se omitan, falseen o alteren aspectos esenciales de su contenido, 
o bien contravengan la legalidad urbanística.
i) La formulación de comunicaciones previas y declaraciones responsables 
incurriendo en omisión, falsedad o alteración de datos esenciales que afecten a la 
legalidad urbanística de la actuación, cuando la conducta no sea subsumible en la 
letra h) anterior».
Treinta. Se  añade  un  segundo  párrafo  al  apartado  2  del  artículo  395,  con  el 
siguiente tenor literal:
«En  particular,  en  la  infracción  contemplada  en  el  artículo  372.3.h)  de  la 
presente ley, serán responsables las personas que hayan emitido los documentos 
que incurran en omisión, falsedad o alteración de datos, y en la contemplada en el 
artículo  372.3.i),  responderá  la  persona  que  haya  formulado  la  comunicación 
previa o declaración responsable. En caso de darse simultáneamente las dos 
infracciones, los autores de ambas responderán de forma solidaria».
Treinta y uno. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional primera, que 
queda redactado conforme a la siguiente literalidad:
«4. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe 
la  Administración  competente  para  autorizar  o  aprobar  el  proyecto,  debiendo 
garantizarse  la  debida  separación  funcional  y  orgánica  respecto  del  órgano 
sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.
Sin perjuicio de la previsión del párrafo anterior, los entes locales podrán 
delegar la competencia para la evaluación ambiental de proyectos en el órgano 
ambiental autonómico o en el órgano ambiental insular, o bien encomendarles 
mediante convenio el ejercicio de los aspectos materiales de dicha competencia. 
El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el 
acuerdo  de  aceptación  de  la  delegación  o  de  aprobación  del  convenio  de 
encomienda, por el Pleno del respectivo cabildo insular o por el Gobierno de 
Canarias, según proceda».
Treinta y dos. Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional séptima, que 
queda redactado de la siguiente manera:
«Se declaran de interés público las actividades de producción, mantenimiento, 
gestión, difusión y reutilización de la información geográfica realizada en el marco 
del Sitcan, correspondiendo a las administraciones públicas canarias fomentar y 
financiar tales actividades y su difusión, bien por medios propios o bien a través de 
empresas públicas instrumentales especializadas en la materia».
Treinta y tres. Se modifica el título de la disposición adicional decimonovena, en los 
siguientes términos:
«Disposición  adicional  decimonovena. Directrices  de  ordenación  general  del 
suelo agrario».
Treinta  y  cuatro. Se  añade  una  disposición  adicional  vigesimosegunda,  con  el 
siguiente tenor literal:
«Disposición adicional vigesimosegunda. Órdenes de ejecución en materia de 
ganadería.
1. Desde el 12 de septiembre de 2020 la dirección general competente en 
materia de ganadería dictará órdenes de ejecución para la realización, en un plazo 
no superior a seis meses a partir de su notificación, de las siguientes actuaciones 
en las explotaciones ganaderas existentes donde así se considere necesario:
a) Biodigestores sobre balsas de purines en explotaciones ganaderas.
b) Instalaciones de almacenamiento de residuos ganaderos.
c) Cubiertas para sombreo en corrales de explotaciones ganaderas.
d) Vados sanitarios en explotaciones ganaderas.
2. Dichas  órdenes  de  ejecución  habilitarán  las  actuaciones  objeto  de 
mandato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331.4 de esta ley».
Treinta  y  cinco. Se  modifica  la  disposición  adicional  vigesimotercera,  en  los 
términos siguientes:
«Disposición adicional vigesimotercera. Legalización territorial de explotaciones 
ganaderas.
1. El  Gobierno  de  Canarias  acordará  la  legalización  territorial  de  las 
edificaciones e instalaciones ganaderas actualmente en explotación que hubiesen 
sido ejecutadas sin los correspondientes títulos administrativos con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo, incluyendo la legalización de sus ampliaciones posteriores, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos:
A) Que  supongan  una  mejora  zootécnica  o  sean  consecuencia  de  la 
adaptación a la normativa sectorial de aplicación.
B) Que  la  superficie  ocupada  sea  destinada  a  los  usos  ordinarios  y 
complementarios propios de la actividad ganadera, según la presente ley.
C) Que  por  su  dimensión  no  estén  sujetas  a  evaluación  de  impacto 
ambiental.
D) Que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Se haya erigido sobre suelo rústico de protección económica.
b) Se haya erigido sobre suelo rústico de asentamiento agrícola.
c) Se haya ejecutado sobre suelo rústico de asentamiento rural, siempre que 
se acredite la preexistencia de las instalaciones ganaderas a la clasificación y 
categorización del asentamiento rural.
d) Se haya ejecutado sobre suelo rústico común o suelo rústico al que el 
planeamiento no asigne una categoría concreta. e.
e) Se haya ejecutado sobre suelo rústico de protección ambiental, siempre  w.b
que las normas o planes de los espacios naturales protegidos o los instrumentos  43ww
doerd eonradceiónna,c ipóenr muitrabna nsíus tcicoam poa, tibeinlid asdu.  defecto,  el  respectivo  plan  insular  de
explEonta ceiól nc assieom dpere  lqouse p saur qPulaens  Rruercatloers d, es eU spoo yd rGá eastcióonrd naor  plar olheígbaal idziacchioó nu sdoe. la
2. El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada, dirigida al 
departamento del Gobierno competente en materia de ganadería a través de la 
sede electrónica, y en la que se acreditará la inscripción de la explotación en el 
Registro  de  Explotaciones  Ganaderas  de  Canarias.  Asimismo,  la  solicitud  irá 
acompañada  de  proyecto  técnico  suscrito  por  técnico  competente,  que 
comprenderá todos los aspectos necesarios para su legalización.
A  los  efectos  de  la  tramitación  de  este  procedimiento,  la  comunicación 
electrónica será el medio preferente a efectos de notificaciones.
En caso de que la solicitud no reúna algunos de los requisitos previstos, se 
requerirá a la persona interesada para subsanar dicho requisito conforme a la 
normativa de procedimiento administrativo común, con advertencia de que se la 
tendrá por desistida, si no cumplimenta dicho trámite, mediante resolución expresa 
de la dirección general competente en materia de ganadería.
Dicho órgano dictará resolución de inadmisión de las solicitudes relativas a 
explotaciones que no se localicen en alguna de las categorías de suelo rústico 
previstas en el apartado 1.D) de esta disposición, y de las solicitudes relativas a 
explotaciones que estén sujetas a evaluación de impacto ambiental, previo trámite 
de audiencia de la persona interesada por plazo de diez días.
3. Se instruirá el procedimiento conforme a los siguientes trámites:
a) Información pública por plazo de un mes a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.
b) Se solicitarán los siguientes informes, adjuntando el proyecto técnico de 
legalización, a emitir en un plazo de dos meses.
1) Del cabildo insular correspondiente.
2) Del ayuntamiento del municipio donde se localice la explotación, respecto 
a la conformidad de la misma con el planeamiento municipal.
3) Del Consejo Insular de Aguas, en caso de que la explotación se sitúe total 
o parcialmente en suelo rústico de protección hidrológica.
4) Del departamento competente en materia de ordenación territorial. En 
caso que la explotación ganadera se sitúe dentro de un espacio natural protegido, 
dicho informe deberá ser emitido por el órgano gestor del espacio. El informe 
deberá pronunciarse sobre los siguientes extremos:
– Categoría y subcategoría de suelo rústico en que se localiza la explotación 
ganadera.
– Adecuación de la explotación ganadera a la legalidad ambiental, territorial y 
urbanística.
– En  caso  de  localizarse  en  suelo  rústico  de  protección  ambiental, 
compatibilidad  de  la  explotación  con  las  determinaciones  del  plan,  norma  o 
instrumento  urbanístico  de  aplicación.  En  su  defecto,  la  compatibilidad  se 
determinará conforme al correspondiente plan insular de ordenación.
– En caso de localizarse en suelo rústico de asentamiento rural, existencia 
previa  de  la  explotación  ganadera  a  la  clasificación  y  categorización  del 
asentamiento rural.
– En caso de localizarse en un espacio natural protegido, compatibilidad de la 
actividad ganadera con las determinaciones del plan o norma correspondiente o, 
en su defecto, del plan insular de ordenación. es
Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse recibido los informes a que se  bo
refieren los apartados 1) a 4) anteriores de esta letra b), se entenderán emitidos  43ww
speeurnmo  ritsteeiedcgnoeidtspiod ce oióon n f ase sveneon  rtupaidnrbooalde  du,z ecosesnaf alaav vnodot eerqa sulb aedl e eRl. a deN icedotx a Nporlsaboetstua tlaracani ó cte2no,0 r rs0dee0es ,pbl ooeecnrnaád lnciice uesnye toeer   nrtcee ausnsnoido luo escssei póe anenc.n icoteu nnedanettuarrá asnli    OE-A-2022-25able en https://
c) La  unidad  administrativa  competente  en  materia  de  ganadería  emitirá 
informe en alguno de los siguientes sentidos:
1.º) Favorable, en caso de que la solicitud de legalización y el proyecto de 
legalización  se  ajusten  a  los  presupuestos  y  requisitos  establecidos  en  esta 
disposición.
2.º) Favorable condicionado, en caso de que en los informes emitidos se 
hayan incluido condiciones sanitarias, ambientales, funcionales, estéticas y de 
bienestar animal para la legalización de la explotación, incluidas las obras de 
mejora,  actualización,  remodelación  o  ampliación  necesarias,  que  deban  ser 
incorporadas al proyecto presentado.
3.º) Desfavorable, en caso de que la solicitud de legalización y/o el proyecto 
de legalización no se ajusten a los presupuestos y requisitos establecidos en esta 
disposición y las deficiencias observadas no puedan subsanarse.
d) En caso de que el informe sea favorable condicionado, se requerirá a la 
persona interesada para la adecuación del proyecto a las condiciones del informe, 
y para la aportación del proyecto con visado de conformidad y calidad, en el plazo 
de seis meses contado a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento, 
ampliable por el mismo plazo en función de la complejidad de la adecuación del 
proyecto, a solicitud del interesado; advirtiendo que, en su defecto, se declarará la 
caducidad  del  procedimiento  conforme  a  la  normativa  de  procedimiento 
administrativo común. Dicho requerimiento, así como la ampliación del plazo para 
cumplimentarlo,  producirán  la  suspensión  automática  del  plazo  máximo  de 
resolución del procedimiento.
4. La  dirección  general  competente  en  materia  de  ganadería  dictará 
resolución en alguno de los siguientes sentidos:
a) Desestimatoria de la solicitud de legalización de la explotación, en el 
supuesto previsto en el apartado 3.c).3.º) de esta disposición.
b) Estimatoria de la legalización de la explotación, cuya eficacia quedará 
condicionada,  con  las  excepciones  previstas  en  el  apartado  siguiente,  a  la 
aprobación superior de la misma por el Gobierno de Canarias.
El plazo máximo para dictar esta resolución será de seis meses a partir de la 
presentación de la solicitud en el registro de la dirección general competente en 
materia de ganadería. Transcurrido dicho plazo sin dictarse y notificarse la misma, 
la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo.
5. La resolución estimatoria de la dirección general competente en materia 
de  ganadería  habilitará  de  forma  directa  las  obras  de  mejora,  actualización, 
remodelación  y  ampliación  contenidas  en  la  misma,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 331.1.h) de esta ley, que deberán ejecutarse en el plazo 
establecido en dicha resolución, como máximo de veinticuatro meses, a partir de 
su notificación.
Dicha resolución constituirá, durante su período de eficacia, título suficiente 
para poder solicitar líneas de ayudas establecidas para la modernización y mejora 
de las explotaciones.
Una  vez  ejecutadas  las  obras,  la  persona  interesada  deberá  presentar 
comunicación  previa  de  finalización  de  las  mismas  ante  la  dirección  general  e.
competente en materia de ganadería, acompañada de certificado de finalización  w.b
emitido por técnico competente. Dicha comunicación será objeto de verificación y  43ww
ecommitipérnodboasceió enl  cpoorrr elsap odnirdeieccnitóen i ngfoernmeera.l  competente  en  materia  de  ganadería,
surti6rá.  pLlean roess oelfueccitóons  dae p laar tdirir edcec liaó na pgreonbearcailó cno smuppeetreionrt ep eonr  amcauteerrdiao  ddee lg Ganoabdieerrníoa 
de Canarias, a propuesta de la persona titular del departamento competente en
materia de ganadería, una vez emitido informe de verificación y comprobación en 
sentido favorable por la dirección general competente en materia de ganadería.
El  acuerdo  del  Gobierno  de  Canarias  tendrá  el  carácter  de  autorización 
especial equivalente a la licencia urbanística municipal, a efectos de lo previsto en 
el artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o norma 
que lo sustituya, con relación al devengo y a la liquidación municipal de oficio o a 
la autoliquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
7. La acreditación de la solicitud de legalización territorial de explotaciones 
ganaderas, siempre que la explotación cumpla con los requisitos establecidos en 
el  apartado  1  de  esta  disposición,  producirá  la  suspensión  de  cualquier 
procedimiento de restablecimiento de la legalidad o sancionador que, incoado por 
falta de título habilitante para el ejercicio de la actividad o para la implantación de 
las edificaciones o instalaciones de la explotación, se encuentre en curso de 
instrucción, así como de la ejecución de las correspondientes resoluciones de 
restablecimiento y sanciones por resoluciones firmes en vía administrativa, hasta 
que se dicte el acuerdo del Gobierno de Canarias o se produzca el silencio 
desestimatorio.  Dicha  solicitud  producirá  asimismo  la  suspensión  de  los 
correspondientes plazos de caducidad y la interrupción de los correspondientes 
plazos  de  prescripción  en  materia  sancionadora  y  de  restablecimiento  de  la 
legalidad.
Dictado el acuerdo de ratificación del Gobierno de Canarias, se archivará el 
procedimiento de restablecimiento de la legalidad o de ejecución de la orden de 
restablecimiento  y  se  modificará  la  sanción  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 400 de esta ley.
Si  se  inadmite  o  desestima  la  solicitud  de  legalización  o  se  declara  la 
caducidad del procedimiento por la dirección general competente en materia de 
ganadería, se reanudarán los procedimientos de restablecimiento de la legalidad y 
sancionador  suspendidos  o  de  ejecución  de  la  orden  de  restablecimiento  o 
sanción impuesta».
Treinta y seis. Se añade una nueva disposición adicional, del siguiente tenor:
«Disposición  adicional  vigesimocuarta. Recuperación  del  uso  agrícola  en 
parcelas que hubieran sido cultivadas.
1. Las parcelas situadas en cualquier categoría de suelo rústico en las que 
se pueda demostrar, mediante las herramientas oficiales disponibles, que fueron 
cultivadas a partir del año 1957, se podrán volver a destinar al uso agrícola, 
incluyendo las instalaciones propias de tal uso ordinario, siempre que se acredite, 
por la Administración pública competente, que:
a) no existen especies amenazadas según la normativa vigente;
b) no han sido recolonizadas por vegetación arbustiva y/o arbórea autóctona 
en más de un 50 %; y
c) la puesta en cultivo de dicho suelo no afectará al nivel de protección propio 
de la categoría de suelo rústico.
2. En los suelos incluidos en espacios naturales protegidos o en zonas de la  s
Red Natura 2000 se podrá desarrollar el uso agrícola en los mismos términos  oe.
establecidos en el apartado anterior, siempre que no esté expresamente prohibido  w.
en sus planes y normas de ordenación o en sus planes de protección y gestión, a  43ww
cuyo efecto se interesará informe del órgano de gestión».
Treinta y siete. Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria sexta en los 
siguientes términos:
«1. Los  instrumentos  de  ordenación  en  elaboración  podrán  continuar  su 
tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente 
ley o, previo acuerdo del órgano al que competa su aprobación definitiva de 
acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los 
actos y trámites ya realizados, considerando, en todo caso, lo dispuesto en la 
disposición transitoria séptima».
Treinta y ocho. Se modifican los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria 
séptima, se añade un apartado 5, y el contenido del antiguo apartado 4 de la citada 
disposición se traslada a un nuevo apartado 6, quedando su redacción conforme al 
siguiente tenor:
«3. Los  instrumentos  de  ordenación  en  elaboración  cuya  evaluación 
ambiental se venga realizando conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, 
de  28  de  abril,  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 
programas en el medio ambiente, y el Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado 
por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, podrán continuar su tramitación siempre y 
cuando cuenten con una memoria ambiental aprobada, con o sin condiciones. Los 
instrumentos  de  ordenación  que  se  pretendan  aprobar  conforme  a  dichas 
memorias ambientales, en el caso que las mismas hubieran sido aprobada con 
condicionantes, deberán justificar técnicamente que no se han producido cambios 
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar su 
evaluación  ambiental  estratégica,  incluyendo  los  cambios  que  deriven  del 
cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  memoria  ambiental.  Esta 
justificación técnica deberá presentarse ante el órgano ambiental correspondiente, 
que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses.
En cualquier caso, estos instrumentos de ordenación, así como los que se 
acojan a lo dispuesto en el apartado 4, tendrán que ser aprobados en el plazo 
máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la memoria ambiental 
estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el párrafo anterior. La 
solicitud formulada por el promotor suspenderá el plazo de dos años del párrafo 
anterior.
A la vista de tal solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la 
vigencia de la memoria ambiental en caso de que no se hayan producido cambios 
sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la 
evaluación ambiental estratégica, ampliando su vigencia por dos años adicionales. 
Transcurrido este plazo sin que se hubiera procedido a la aprobación del plan o 
programa, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental  estratégica  conforme  a  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental.
El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de 
seis meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud.
Transcurrido  el  plazo  de  seis  meses  sin  que  el  órgano  ambiental  haya 
notificado  la  prórroga  de  la  vigencia  de  la  memoria  ambiental  se  entenderá  es
estimada la solicitud de prórroga. bo
La misma regla será de aplicación a aquellos supuestos en los que, contando  43ww
odcoredn se 4omn.s aetcemSinóoiinnbr  iiaqlpid ueaaermjd us biaecimei opn brtdeiaeetlen  antloapd lra.donibs apadupaero,s bstoae r e hcnao yneafl  oparrmpoaecre taad diddoioc  ahana tfseo rrmimoeru,m laloorrs iu anisn  snaturmuebmvioee nninttaofolser msd eey    OE-A-2022-25able en https://
en los que se hayan producido o se vayan a introducir cambios sustanciales en los
elementos esenciales que sirvieron de base para realizar su evaluación ambiental 
estratégica,  deberán  continuar  su  evaluación  ambiental  conforme  a  las 
prescripciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a 
partir de la elaboración del preceptivo estudio ambiental estratégico. El plazo 
máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico y para la realización 
de la información pública y las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 
de la Ley 21/2013, será de quince meses desde la entrada en vigor del Decreto 
ley  15/2020,  de  10  de  septiembre,  de  medidas  urgentes  de  impulso  de  los 
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.
5. Los instrumentos de ordenación en elaboración cuya evaluación ambiental 
se venga realizando conforme a las determinaciones de la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio  ambiente, y el Reglamento  de  Procedimientos de los Instrumentos de 
Ordenación  del  Sistema  de  Planeamiento  de  Canarias,  aprobado  por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo, y que no cuenten con una memoria ambiental 
aprobada, no podrán continuar su tramitación, debiendo iniciar su procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica conforme la Ley 4/2017, de 13 de julio, del 
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
6. En todo caso, el régimen de vigencia de las declaraciones ambientales 
estratégicas publicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley estatal 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, será el establecido en la 
misma».
Disposición final octava. Modificación de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Se añade un artículo 13 bis en la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación 
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, que 
queda redactado con el siguiente texto:
«Artículo  13  bis. Ejecución  de  los  equipamientos  estructurantes  de  interés 
supramunicipal.
En  los  supuestos  en  que  los  terrenos  sobre  los  que  se  prevean  los 
equipamientos  estructurantes  de  interés  supramunicipal  previstos  en  los 
artículos 9 y 10 de esta ley sean de propiedad privada, su ejecución se llevará a 
cabo a través de los sistemas establecidos en el capítulo III del título V de la 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias».
Disposición final novena. Modificación del Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de 
medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos 
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se modifica el artículo 19 del Decreto-ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas 
extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo un apartado 2) al citado artículo en 
los términos siguientes:
«Artículo 19. Exenciones aplicables a cánones concesionales en instalaciones  oe.
portuarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. w.
cont1in) uaEcnió ne l paañroa  2la0s2 e0m sbea ercsatacbiolenceesn d lea sr eecxreenoc eionnceusa dtermadpaosr aelens l aq uLeis tsae 6 in ddeicfiannid aa 
emna terli caurltaíccuiólon  4d ed eblu Rqueeasl  Dye rcergeitsotr o1 0m2a7r/1ít9im8o9., de 28 de julio, sobre abanderamiento,  BOE-A-cable e
a) El 100 % del canon concesional devengado desde el día 14 de marzo, 
fecha en la que se decretó el inicio del estado de alarma a través del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el día 20 de junio de 2020, en que se dio 
por finalizado.
b) El 50 % del canon concesional desde el día 21 de junio hasta el día 31 de 
diciembre de 2020.
2) En el año 2021 se establecen las exenciones temporales que se indican a 
continuación  para  las  embarcaciones  comerciales  que  realizan  excursiones 
turísticas que se encuentren en los puertos de gestión directa del ente Puertos 
Canarios, sujetas al abono de cánones o tasas de derecho público:
a) El 50% del canon concesional para las embarcaciones comerciales que 
realizan excursiones turísticas
b) El 50% de las tasas (T1, T2, T3) previstas en el art. 115 bis del Decreto 
Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  tasas  y  precios  públicos  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para embarcaciones comerciales que realicen 
excursiones turísticas en los términos fijados en el apartado 4.º d) o 8.º b) de dicha 
norma».
Disposición final décima. Mandato de adaptación y modificación parcial del Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 
puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  eléctricas  en  Canarias,  aprobado  por 
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
1. El Gobierno de Canarias deberá proceder a la adaptación del Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, 
de 10 de noviembre, debiendo ajustarlo a las disposiciones contenidas en la presente ley 
y a la normativa estatal básica en materia de sector eléctrico.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, se modifica del Reglamento 
por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta 
en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, 
de 10 de noviembre, en los términos siguientes:
2.1 Se  modifica  la  letra  a)  del  artículo  7,  que  resulta  redactada  conforme  al 
siguiente tenor literal:
«a) Un Documento Técnico de Diseño de la instalación, tal y como se prevé 
en los artículos del 41 al 44 del presente Reglamento, en el que se incluirá la 
información necesaria para poder aplicar los criterios establecidos en el artículo 8, 
apartados 1 y 2, del presente Reglamento».
2.2 Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 15.2, que queda redactada en 
los siguientes términos:
«a) Dos  ejemplares,  como  mínimo,  del  Documento  Técnico  de  Diseño 
correspondiente (Proyecto o Memoria Técnica de Diseño), en función del tipo de 
instalación, que será elaborado y firmado por el técnico competente o por el 
profesional cualificado de la empresa instaladora autorizada». e
2.3 Se modifica el apartado 3 del artículo 41, en los siguientes términos: w.
com«p3e.t enEtel . PArnotyeesc dtoe  csoemráe nezlaarb loar aedjeoc uyc iófnir mdaed eos tapso ri nsutna lactéiocnneicso  elf apcruolmtaotitvoor 
fdaecsuigltantaivráa  dae  ulna  otébcrnai ceolé ctittruiclaad oq uceo, munpae tevnetze  ficnoamlizoa drae syp ovnesriafibclaed ad ela  lain sdtairleacccióiónn,   BOE-A-cable e
emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y Finalización de Obra».
2.4 Se modifica el apartado 4 del artículo 41, conforme al siguiente tenor:
«4. La Memoria Técnica de Diseño será realizada, firmada y sellada por el 
instalador autorizado, según la categoría y especialidad correspondiente, o por, 
técnico titulado competente».
2.5 Se  modifica  el  apartado  2  del  artículo  55,  que  queda  redactado  en  los 
siguientes términos:
«Los  certificados  deberán  ser  firmados  por  los  autores  de  la  inspección. 
Cuando se trate de un técnico adscrito a un Organismo de Control autorizado 
(OCA), este estampará su sello oficial».
2.6 Después del artículo 60, se añade una disposición derogatoria única en el 
Reglamento de referencia, en los siguientes términos:
«Disposición derogatoria única.
Quedan derogados:
1. El apartado 2 del artículo 10.
2. El artículo 24 y el Capítulo II (Control de la calidad de los documentos 
técnicos) del Título VI del Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas  en  Canarias,  comprensivo  de  los  artículos  47  al  50,  así  como  las 
referencias a los visados contenidas en los Anexos de dicho Reglamento».
2.7 Se reenumera el Capítulo III («Certificación de las instalaciones») del Título VI, 
que pasa a ser el Capítulo II del Título VI.
Disposición final undécima. Mantenimiento del rango reglamentario de determinados 
preceptos.
Los preceptos reglamentarios que sean modificados de forma expresa o tácita por la 
presente ley mantendrán su rango normativo original.
Disposición final duodécima. Desarrollo reglamentario de la actividad de intervención 
administrativa sobre el uso y actividad de creación de obras audiovisuales.
1. El Gobierno de Canarias aprobará el reglamento de intervención administrativa 
sobre el uso y actividad de creación de obras audiovisuales en Canarias, a redactar por 
la consejería competente en materia de cultura.
2. En dicha norma se establecerá la calificación y el régimen de intervención sobre 
el uso y actividad de creación de obras audiovisuales, considerando, entre otros, los 
siguientes extremos:
a) Medios humanos y materiales a utilizar en la creación de la obra audiovisual.
b) Duración de la creación de la obra audiovisual.
c) Localización de la creación de la obra audiovisual.
d) Incidencia sobre el territorio y los recursos naturales.
Disposición  final  decimotercera. Desarrollo  reglamentario  de  la  intervención  oe.
administrativa sobre las explotaciones de energía geotérmica. w.
las Eelx Gploobtaiecrionnoe dse  dCea neanreiarsg íaap rgoeboatréár meli crae gelanm eCnatnoa driea sin, tear vreendcaiócnta ar dpmoirn islatr actoivnas seojebrríea 
competente en materia de industria.
Disposición final decimocuarta. Entidades colaboradoras de la Administración para la 
emisión del visado de conformidad y calidad en materia urbanística.
El Gobierno de Canarias aprobará el reglamento de visado de conformidad y calidad 
en materia urbanística y de habilitación, funcionamiento y registro de las entidades 
colaboradoras para su emisión en Canarias, a redactar por la consejería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, con sujeción a los siguientes extremos:
1. Los ayuntamientos de Canarias, en el ejercicio de sus funciones de verificación y 
control de las actuaciones sujetas a comunicación previa en materia urbanística, podrán 
recabar la actuación de entidades colaboradoras de la Administración para la emisión del 
visado de conformidad y calidad. Dichas entidades podrán ser:
a) Entidades integradas en el sector público institucional conforme a la normativa 
sobre régimen jurídico del sector público, siempre que en su norma de constitución se le 
atribuyan funciones en la materia.
b) Cualquiera de los colegios oficiales de profesionales con competencia en la 
materia.
c) Otras entidades o sociedades cuyo objeto social esté relacionado con la materia 
urbanística, en los términos previstos en el reglamento al que se refiere esta disposición.
2. El visado de conformidad y calidad tendrá por objeto:
a) Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los 
proyectos y la documentación correspondientes a la comunicación previa, exigidos por la 
normativa aplicable.
b) Acreditar que los proyectos y la documentación técnica cumplen las previsiones 
y la normativa aplicable.
c) Una vez ejecutadas las obras, verificar su conformidad con el proyecto, a efectos 
de la comunicación previa de primera ocupación de edificaciones, construcciones o 
instalaciones.
3. Las entidades colaboradoras de la Administración o los colegios profesionales 
correspondientes podrán, además, emitir informes sobre la adecuación de las obras a la 
comunicación previa durante el proceso de ejecución de estas.
Disposición final decimoquinta. Entidades colaboradoras de la Administración para la 
emisión  del  visado  de  conformidad  y  calidad  para  la  legalización  territorial  y 
ambiental de explotaciones ganaderas.
El Gobierno de Canarias aprobará el reglamento de visado de conformidad y calidad 
para la legalización territorial y ambiental de explotaciones ganaderas y de habilitación, 
funcionamiento y registro de las entidades colaboradoras para su emisión en Canarias, a 
redactar por la consejería competente en materia de ganadería.
Disposición final decimosexta. Desarrollo reglamentario de los requisitos documentales 
de las declaraciones responsables en materia de costas.
Mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de 
costas  podrá  precisarse,  desarrollarse  y  completarse  la  documentación  que  debe 
acompañarse a las declaraciones responsables en materia de costas con arreglo al  e.
artículo 1.2.b) de la presente ley. w.b
Displao sviicgióenn cfiian atel mdepcoimraol sdéep dtiemtear.m iHnaadboilsit apcrieócne ppatoras. la modificación o para la prórroga de
1. Se habilita al Gobierno de Canarias a modificar, mediante decreto, la disposición
adicional segunda de la presente ley.
2. El  Gobierno  de  Canarias,  mediante  decreto  adoptado  a  propuesta  de  las 
consejerías competentes por razón de la materia afectada, podrá prorrogar la vigencia 
temporal de los artículos 2, 7.1 y 8 y de la disposición transitoria segunda de la presente 
ley.
Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».
2. La adición del segundo párrafo al apartado 1 del artículo 62 de la Ley 12/1990, 
de 26 de julio, de Aguas, entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor del reglamento 
de  intervención  administrativa  sobre  las  explotaciones  de  energía  geotérmica  en 
Canarias.
3. El visado de conformidad y calidad para la legalización territorial y ambiental de 
explotaciones  ganaderas  se  aplicará  a  partir  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del 
reglamento a que se refiere la disposición final decimoquinta de la presente ley.
Por tanto, ordeno a la ciudadanía y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir.
Canarias, 21 de diciembre de 2021.–El Presidente, Ángel Víctor Torres Pérez.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 265, de 27 de diciembre de 2021)