BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Jueves 27 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 10755
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
1274 Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos 
exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la 
obtención  de  certificados  de  profesionalidad,  así  como  de  la  oferta  de 
formación  profesional  en  centros  del  sistema  educativo  y  de  formación 
profesional para el empleo.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional  establece  que  los  títulos  de  formación  profesional  y  los  certificados  de 
profesionalidad constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo de 
Cualificaciones Profesionales, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional  y  serán  expedidos  por  las  administraciones  competentes,  acreditando  las 
correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, y en su 
caso,  surten  los  correspondientes  efectos  académicos  y  profesionales  según  la 
legislación aplicable. La coordinación de las referidas ofertas formativas de formación 
profesional debe garantizarse por las administraciones públicas con la clara finalidad de 
dar respuesta a las necesidades de cualificación, optimizando el uso de los recursos 
públicos.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla entre sus objetivos la 
flexibilización de las enseñanzas de formación profesional. Así, en el marco de lo 
establecido en los aspectos básicos del currículo de cada título y de la organización 
modular  de  los  ciclos  formativos  y  cursos  de  especialización  de  formación 
profesional,  las  administraciones  educativas  promoverán  la  flexibilidad  y  la 
especialización de su oferta formativa con el objetivo de promover la innovación y la 
empleabilidad.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 42, 
apartado primero, determina que el Gobierno promoverá que los centros autorizados 
para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos 
necesarios, puedan impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo 
recogido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.
Asimismo, la citada ley determina que las administraciones públicas, en el ámbito de 
sus competencias, consolidarán una red estable de centros de formación profesional que 
permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma. Para ello se establece, 
entre  otros  asuntos,  que  las  administraciones  competentes  establecerán  el 
procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional del 
sistema  educativo,  que  reúnan  los  requisitos  necesarios,  puedan  impartir  también 
formación profesional para el empleo.
El  Real  Decreto  2/2020,  de  12  de  enero,  por  el  que  se  reestructuran  los 
departamentos ministeriales, establece que corresponde al Ministerio de Educación y 
Formación Profesional la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
educativa y de formación profesional del sistema educativo y para el empleo. Por ello, la  s
competencia en la ordenación de ofertas formativas de formación profesional vinculadas  oe.
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se ha unificado en un único  w.
dfoerpmaarctaiómne pnrtoof,e lsoio qnuael. permitirá avanzar hacia una auténtica concepción integral de la  2022-1274n https://ww
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  determina  los  requisitos 
mínimos de los centros donde se impartan las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. Asimismo, los reales decretos por los que se establecen los títulos de 
formación  profesional  disponen  los  espacios  mínimos  y  determinan  que  las 
administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los 
adecuados  en  cantidad  y  características  para  el  desarrollo  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos 
correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas. De esta manera, cada 
administración  competente  desarrolla  en  su  normativa  por  la  que  se  establece  el 
currículo de cada título de formación profesional los requisitos mínimos que considera 
necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza.
Por su parte, el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad establece unos requisitos generales de los centros 
que  impartan  la  formación  conducente  a  la  obtención  de  un  certificado  de 
profesionalidad y los reales decretos por el que se establecen los certificados de 
profesionalidad  determinan  los  requisitos  mínimos  de  espacios,  instalaciones  y 
equipamientos.
Asimismo, los reales decretos por los que se establecen cada uno de los títulos de 
formación profesional y los reales decretos por los que se establecen los certificados de 
profesionalidad determinan, respectivamente, los requisitos o prescripciones que deben 
reunir docentes y formadores para impartir docencia en ofertas formativas que, en 
determinados  casos,  están  asociadas  y  acreditan  las  mismas  cualificaciones 
profesionales.
Considerando  que  estas  ofertas  de  formación  profesional  están  vinculadas  al 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales se evidencia que, para impartir la 
formación  conducente  a  la  adquisición  de  las  mismas  cualificaciones,  se  exigen 
requisitos diferentes en función del tipo de oferta de formación, circunstancia que dificulta 
una oferta integral que dé una adecuada respuesta a las necesidades de formación de la 
ciudadanía y del mercado de trabajo en cada territorio.
Por su parte, las administraciones públicas competentes han de promover, en sus 
respectivos ámbitos, la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, 
su eficiencia y eficacia, así como el impacto de dicha formación en la empleabilidad de 
los trabajadores y la competitividad de las empresas.
De este modo resulta necesario flexibilizar los requisitos de los centros para impartir 
formación profesional vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
generalizar una oferta formativa integrada en los centros educativos.
Asimismo,  el  Plan  de  modernización  de  la  formación  profesional  pretende 
garantizar una formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y la 
permanencia  de  la  población  en  el  mercado  laboral,  dando  así  cobertura  a  las 
necesidades del sector productivo, lo que requiere establecer nuevas posibilidades de 
ofertas de formación profesional del sistema educativo que se adapten a estas nuevas 
exigencias. Este plan no puede desarrollarse con los objetivos y líneas de actuación 
que  en  él  se  incluyen  si  no  se  consiguen  los  elementos  de  flexibilidad  que  se 
proponen en el presente real decreto.
Este real decreto no modifica lo ya establecido en los citados Real Decreto 34/2008, 
de 18 de enero, y Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, sino que complementa y 
amplía los supuestos previstos en ambos como requisitos para la oferta de enseñanzas  s
de Formación Profesional. oe.
El presente real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en  w.
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  74ww
pArdompoinricsitorancailoidnaeds,  sePgúubrliidcaads , jureídnitcrae,  trealnlossp, arelonsc ia pyr inecfiicpieionsc iad, ee n tnaencteos qiduaed ,p eresfiigcuaec iae,l 
pinateraré lsa  mgeenjoerr aald aelc ufaacciliiótanr  dlea  luat iolifzearctaió dne d feo rlmosa crieócnu prsroofse ssioosntaeln, iadvoasn czoanr  efno nlad oinst epgúrbalcicióons   BOE-A-cable e
de la misma y reforzar la cooperación entre las administraciones, así como con los 
agentes sociales y las empresas. No existiendo ninguna alternativa regulatoria menos 
restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una 
gestión más eficiente de los recursos públicos.
En lo que afecta al contenido básico de esta norma reglamentaria, su justificación se 
encuentra, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en la propia naturaleza de 
la materia regulada, ya que resulta un complemento indispensable para asegurar el 
mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas.
En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  y  en  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, habiendo sido 
consultadas las comunidades autónomas. Asimismo, han emitido dictamen el Consejo 
Escolar del Estado y han informado el Consejo General de la Formación Profesional y el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Del mismo modo, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha 
permitido la participación activa de los interesados a través del trámite de audiencia e 
información pública y quedan justificados los objetivos que persigue la norma.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 25 de enero de 2022,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este real decreto tiene por objeto flexibilizar los requisitos para impartir ofertas de 
formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, 
certificados de profesionalidad y otras ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional 
de  Cualificaciones  Profesionales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Asimismo, tiene por objeto avanzar en la ampliación y flexibilización de la oferta de 
formación profesional.
2.  Esta norma será de aplicación a los centros, de naturaleza pública o privada, 
debidamente autorizados, que ofertan títulos de formación profesional, certificados de 
profesionalidad,  y  otras  ofertas  formativas  vinculadas  al  Catálogo  Nacional  de 
cualificaciones Profesionales.
Artículo 2.  Flexibilización de requisitos de los centros para impartir certificados de 
profesionalidad  y  otras  acciones  formativas  vinculadas  al  Catálogo  Nacional  de 
Cualificaciones Profesionales.
1.  Además  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  12  bis  del  Real 
Decreto  34/2008,  de  18  de  enero,  por  el  que  se  regulan  los  certificados  de 
profesionalidad, también se considerarán suficientes, de forma alternativa, los requisitos 
sobre espacios formativos establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional  es
del sistema educativo, para la impartición de los certificados de profesionalidad y otras  o
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consideración de centros propios los demás centros de la administración pública que
estén autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo o que estén 
acreditados para impartir ofertas de formación profesional para el empleo.
3.  Los centros de formación profesional del sistema educativo no tendrán que 
justificar la implantación de sistemas de gestión de la calidad de la formación para 
impartir  certificados  de  profesionalidad  y  otras  acciones  formativas  vinculadas  al 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales.  El  requisito  de  certificación  del 
sistema de gestión de calidad para obtener la acreditación del resto de centros podrá 
diferirse hasta la fecha de inicio de la impartición de las acciones formativas.
4.  Las  administraciones  competentes  establecerán  los  cauces  necesarios  de 
coordinación para promover la eficacia y eficiencia en la planificación y desarrollo de la 
oferta de formación profesional, mediante la utilización de los centros del sistema de 
formación profesional previstos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que 
se regulan los certificados de profesionalidad, junto a los centros de la administración 
pública  que  imparten  enseñanzas  de  formación  profesional  y,  en  su  caso,  centros 
privados autorizados, debidamente acreditados en el ámbito de la Formación Profesional 
para el Empleo.
Artículo 3.  Flexibilización de requisitos de los espacios, instalaciones y equipamientos 
requeridos para la impartición de certificados de profesionalidad.
Los  espacios  y  equipamientos  especificados  por  la  administración  educativa 
competente en el establecimiento del currículo de los títulos de formación profesional y 
cursos  de  especialización  como  requisitos  para  la  impartición,  se  considerarán 
adecuados y suficientes para la impartición de los certificados de profesionalidad, y otras 
acciones formativas de formación profesional para el empleo en las que se acrediten, 
total o parcialmente, las mismas cualificaciones profesionales incluidas en dichos títulos 
o cursos de especialización.
Artículo  4.  Flexibilización  de  requisitos  de  los  formadores  de  certificados  de 
profesionalidad.
Podrán  impartir  módulos  formativos  de  certificados  de  profesionalidad  y  otras 
acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
además de los previstos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan  los  certificados  de  profesionalidad,  el  profesorado  del  sistema  educativo, 
teniendo en cuenta la correspondencia de las unidades de competencia asociadas a los 
módulos profesionales, y recogidas expresamente en las normas reguladoras de cada 
título  de  formación  profesional,  o  certificado  de  profesionalidad,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  artículo  8  y  en  la  disposición  adicional  primera  de  la  Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su convalidación, 
así como la atribución docente de dichos módulos profesionales.
Artículo 5.  Flexibilización de la oferta formativa de títulos de formación profesional.
1.  Atendiendo a lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, y con el fin dinamizar y flexibilizar la oferta de formación profesional, las 
administraciones educativas podrán diseñar o autorizar ofertas modulares parciales 
de menor duración que los títulos y cursos de especialización, bajo la denominación 
de certificados de formación profesional, certificados de competencia o certificados  s
parciales de competencia, según se correspondan con varios módulos profesionales  oe.
de los títulos de formación profesional en el primer caso, o con un único módulo  w.
profesional en el segundo caso, o con varios resultados de aprendizaje en el tercer  74ww
caso2..  En  todo  caso,  y  además  de  los  certificados  de  formación  profesional  y
Pcerortfiefisciaodnoasl,  dqeu ec toemndpreátenn ccaiará cdteefrin bidáossic op oyr  peold Mráinn isseterr ioof edrtea dEodsu dciarecicótna mye nFtoer mpoarc ilóans   BOE-A-cable e
administraciones  educativas,  estas  podrán  definir  otros  certificados  de  formación 
profesional,  certificados  de  competencia  y  certificados  parciales  de  competencia 
incluyendo  los  datos  de  identificación,  resultados  de  aprendizaje,  criterios  de 
evaluación y contenidos, de acuerdo con lo establecido en los reales decretos que 
fijan los aspectos básicos del currículo del título, títulos o cursos de especialización a 
que estén asociados.
3.  El  certificado  de  formación  profesional  podrá  estar  integrado  por  módulos 
profesionales del mismo o de distintos títulos de formación profesional.
4.  La  estructura  y  duración  de  cada  certificado  de  formación  profesional  y 
certificado de competencia se establecerá teniendo en cuenta la carga horaria de los 
módulos  profesionales  o  módulo  profesional  respectivamente,  según  el  currículo 
aprobado por la administración educativa competente.
5.  El certificado parcial de competencia podrá estar asociado a uno o varios de los 
resultados de aprendizaje contenidos en los módulos profesionales de cada título de 
formación  profesional.  La  estructura  y  duración  de  cada  formación  se  establecerá 
teniendo en cuenta la carga horaria del módulo profesional al que pertenece, según el 
currículo aprobado por la administración educativa competente.
6.  Los  procedimientos  de  evaluación  deberán  garantizar  la  adquisición  de  los 
resultados de aprendizaje en las condiciones de calidad establecidas para la obtención 
de los títulos de formación profesional.
7.  Los  certificados  de  formación  profesional  y  certificados  de  competencia 
tendrán  validez  en  todo  el  territorio  nacional.  Las  administraciones  competentes 
comunicarán, a efectos registrales y mediante los procedimientos que se determinen, 
la estructura y contenidos de estos certificados, así como los datos de las personas 
que  obtengan  dichas  certificaciones.  En  el  caso  de  las  ofertas  de  certificados 
parciales de competencia, serán certificables y tendrán validez en el ámbito de la 
correspondiente administración educativa. La superación de todos los certificados 
parciales de competencia que constituyen un módulo profesional dará derecho a la 
certificación del mismo y a la obtención de un certificado de competencia, y tendrá 
valor en todo el territorio nacional.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta con carácter general en virtud de las competencias que se 
atribuyen al Estado en el artículo 149.1.7.ª y 30.ª, primer inciso, de la Constitución 
Española,  que  atribuyen  al  Estado  las  competencias  sobre  «legislación  laboral,  sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas» y «regulación 
de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales»,  respectivamente,  salvo  el  artículo  5  que  se  dicta  al  amparo  del 
artículo 149.1.30.ª y tiene carácter básico.
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Se autoriza a la titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en el Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico, el 25 de 
enero de 2022.
FELIPE R.
La Ministra de Educación y Formación Profesional,
MARÍA DEL PILAR ALEGRÍA CONTINENTE