BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7496
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1115 Sala Segunda. Sentencia 171/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo  5706-2018.  Promovido  por  don  Jerome  Badibalowa  Kisumbel 
respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en proceso 
por  responsabilidad  de  la  administración  de  justicia.  Vulneración  de  los 
derechos a la igualdad y a la presunción de inocencia; derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (acceso  al  recurso):  STC  125/2019  (denegación  de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la 
STC 85/2019, de 19 de junio); inadmisión parcial.
ECLI:ES:TC:2019:171
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5706-2018, promovido por don Jerome Badibalowa 
Kisumbel, representado por el procurador de los tribunales don Luis Fernando Pozas 
Osset, y asistido por el letrado don Cesar Pinto Cañón, contra la resolución de la 
secretaria  de  Estado  de  Justicia  de  fecha  de  7  de  marzo  de  2016,  dictada  en  el 
expediente núm. 282-2015, denegatoria de la indemnización solicitada por haber sufrido 
prisión provisional y ser absuelto posteriormente; la sentencia de 21 de julio de 2017 de 
la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
dictada en el procedimiento ordinario núm. 374-2016 que confirma la resolución anterior 
y la providencia de 21 de septiembre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación 
núm. 5437-2017. Ha comparecido el abogado del Estado en la representación que 
ostenta.  Ha  intervenido  el  ministerio  fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 5 de noviembre 
de 2018, don Luis Fernando Pozas Osset, procurador de los tribunales, en nombre y 
representación  de  don  Jerome  Badibalowa  Kisumbel,  interpuso  recurso  de  amparo 
contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento. e
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son,  ww.
sucian)t amEel nateh oerxap udeesmtoasn, dloasn tseig udiee natemsp:aro presentó el 18 de mayo de 2015 ante el  2020-1115n https://w
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en el que solicitaba una indemnización por importe de 175.400 euros al haber sufrido 
privación de libertad desde el ingreso en prisión, el 27 de abril de 2012, hasta la puesta 
en  libertad,  el  29  de  abril  de  2014,  como  consecuencia  de  su  inculpación  en  las 
diligencias previas núm. 1836-2011, seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de 
Las Palmas, por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros  (trata  de  seres  humanos);  procedimiento  en  el  que  inicialmente  fue 
condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, mediante 
sentencia de 18 de julio de 2013, y finalmente absuelto tras estimarse el recurso de 
casación por sentencia de 13 de  mayo  de  2014 de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en el recurso de casación núm. 10918-2013.
b)  Dicha reclamación fue desestimada, de acuerdo con el criterio del Consejo de 
Estado, mediante resolución de la secretaria de Estado de Justicia, por delegación del 
Ministro de Justicia, de 7 de marzo de 2015 (expediente núm. 282-2015). La resolución 
administrativa señalaba, en síntesis, que el motivo de la absolución no ha sido la 
constatación de la inexistencia del hecho delictivo de que fue acusado el reclamante, por 
lo que de conformidad con lo señalado por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 
de  noviembre  de  2010,  no  concurre  el  supuesto  de  indemnización  previsto  en  el 
art. 294.1 LOPJ. Añade, con reproducción de lo señalado en las referidas sentencias, 
que «ello no supone dejar desprotegidas las situaciones de prisión preventiva seguida de 
sentencia absolutoria o sobreseimiento libre, que venían siendo indemnizadas como 
inexistencia subjetiva al amparo de dicho precepto, sino que con la modificación del 
criterio jurisprudencial tales reclamaciones han de remitirse a la vía general prevista en el 
art. 293 de la LOPJ».
c)  Contra la resolución dictada, el ahora demandante de amparo interpuso recurso 
contencioso-administrativo  que  fue  tramitado  como  procedimiento  ordinario  núm. 
374-2016 ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional. Invoca en la demanda los arts. 24.2 CE y 6.2 del Convenio europeo 
de derechos humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos dictada en relación con la presunción de inocencia y el 
principio de igualdad [ATS de 3 de mayo de 2016 (recurso núm. 20292-2016) y STEDH 
de 16 de febrero de 2016, asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. 
España], así como la vulneración del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE). 
Considera, en síntesis, que no cabe hacer ningún tipo de distinción entre personas que 
han sido absueltas por inexistencia del hecho imputado y las que lo han sido por otras 
razones, a efectos de determinar las vías de acceso procedimentales a una posible 
indemnización por prisión provisional (arts. 293 y 294 LOPJ), porque se deja la duda de 
su posible culpabilidad.
d)  Por sentencia de 21 de julio de 2017, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desestimó el recurso. La Sala 
argumenta:
«La indemnización que impetra la parte demandante se cobija en el título regulado 
en el artículo 294 de la LOPJ, que a tal efecto exige una sentencia absolutoria o un auto 
de sobreseimiento libre por inexistencia objetiva del hecho imputado.
La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2014 
que absuelve al ahora demandante del delito contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros  concluye  –tras  analizar  las  declaraciones  de  dos  coacusados  y  las 
circunstancias en que se prestaron– en que no existe prueba de cargo válida y suficiente 
para emitir un pronunciamiento condenatorio conforme a las exigencias del orden penal.  e.
Ahora bien, la lectura de la meritada sentencia del Tribunal Supremo no permite aseverar  w.b
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sentencia del Tribunal Supremo. La conclusión que se extrae de todo ello es que la
absolución  del  ahora  recurrente  y  entonces  acusado  no  estuvo  motivada  por  la 
convicción del tribunal acerca de la inexistencia objetiva de los hechos imputados sino 
por la falta de validez de la prueba de cargo, y siendo ello así deviene inexorable la 
desestimación del presente recurso al fallar el presupuesto a que el artículo 294 de la 
LOPJ subordina la indemnización pretendida, cuyo título indemnizatorio declina por mor 
de cuanto antecede.»
e)  Mediante escrito de 12 de octubre de 2017, el demandante de amparo preparó 
recurso de casación contra la sentencia de 21 de julio de 2017, alegando, en síntesis, la 
infracción de los arts. 14, 17 y 24.2 CE, arts. 293 y 294 LOPJ y de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 25 de abril de 2006, asunto Puig 
Panella c. España; de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, y de 16 de febrero 
de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España) y del Tribunal 
Constitucional (SSTC 8/2017, de 19 de enero y 10/2017, de 30 de enero).
f)  Dicho recurso de casación fue inadmitido por providencia de la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de septiembre 
de  2018,  en  aplicación  del  art.  90.4  d)  de  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa,  «por  carencia  de  interés  casacional  objetivo  para  la 
formación de jurisprudencia, en los términos en que ha sido articulado el escrito de 
preparación, al haber obviado que ya existe una reciente STS –núm. 1230/2017, de 12 
de julio– que resuelve la incidencia de la STEDH de 16 de febrero de 2016, así como de 
la STC 8/2017, de 19 de enero (a la que se remite la STC 10/2017, de 30 de enero), en 
la regulación y reciente interpretación jurisprudencial del art. 294 LOPJ».
3.  El  demandante  de  amparo  denuncia  que  las  resoluciones  impugnadas  han 
incurrido en las siguientes vulneraciones. En primer lugar, en la conculcación del derecho 
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por cuanto la resolución administrativa de 
denegación de la indemnización arroja sospechas sobre la inocencia del recurrente al 
fundamentarse en el hecho de que la sentencia penal no declara la inexistencia de los 
hechos sino la invalidez de la prueba de cargo. A continuación se alega la vulneración 
del  derecho  a  la  igualdad  (art.  14  CE),  en  la  medida  en  que  se  ofrece  un  trato 
diferenciado a los distintos ciudadanos respecto a la concesión de la indemnización por 
responsabilidad patrimonial en función de los motivos por los que no se acuerda la 
condena  en  el  proceso  penal,  provocando  una  desigualdad  contraria  al  precepto 
constitucional. Por último, se denuncia la infracción del art. 17 CE, en cuanto que la 
causa de la reclamación por responsabilidad patrimonial es precisamente la vulneración 
del derecho a no ser privado de libertad injustamente.
Además  de  las  anteriores  vulneraciones  en  las  que  incurre  la  providencia  de 
inadmisión del recurso de casación al ratificar, mediante su decisión, el razonamiento del 
Ministerio de Justicia y de la Audiencia Nacional, la demanda atribuye específicamente a 
la citada providencia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en su vertiente del derecho de acceso al recurso. Considera que la decisión es arbitraria, 
irrazonable e incurre en errores patentes, y ello, en resumen, porque: (i) la providencia 
de inadmisión no afirma que el recurso de casación carezca de interés casacional sino 
que reprocha al recurrente los términos en los que ha sido articulado el escrito de 
preparación, cuando este se basó en la vulneración de derechos fundamentales y de la 
doctrina constitucional; (ii) la STS núm. 1230/2017, de 12 de julio, que se cita en ella, se 
dictó  en  un  recurso  de  casación  con  una  tramitación  anterior  a  la  modificación 
introducida por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley  e
Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y se desconoce cuándo se hizo pública;  bo
(iii) no se ha tenido en consideración que el ATC 79/2018, de 17 de julio, por el que se  w
dpela n1te2a  dlae  cjuuleios tióan  lain tqeurnea  sdee  rinecmointes,t iteuncicoonnatlriádnaddo, sfeu e edni cteasdeo  mtraosm lean tcoit apdean Sdieenntteen cdiea   2020-1115n https://w
drees o2l0u1ci6ó ny;  (dive)  ltaasm pSoScToC r e8s/u2e0l1v7e  ayc e1r0c/a2 0d1e7 ,l ae inn cliad ernecgiual adcei ólan  SyT rEeDciHen dtee  1in6te drper efetabcreióron 
jurisprudencial del art. 294 LOPJ, sino que, por el contrario, rechaza y contradice su
aplicación, sin examinar la vulneración de los arts. 14 y 17 CE sobre los que no se 
pronunció el Tribunal Constitucional, y (v) la cita de una única sentencia en la providencia 
parece poner de manifiesto un cierto interés casacional que no se toma en consideración 
por el órgano judicial.
En la demanda se esgrimen varios motivos por los que el recurrente considera que el 
recurso cuenta con especial trascendencia constitucional [supuestos de las letras a), b), 
c), e) y d) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009 de 25 de junio]. Entiende que se 
está ante un recurso que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental 
susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional en 
relación con la inadmisión del recurso de casación, tras la reforma operada por la Ley 
Orgánica 7/2015, de 21 de julio; ello da la ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar 
su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como así se pone de 
manifiesto en el ATC 79/2018, de 17 de julio, por el que se plantea la cuestión interna de 
inconstitucionalidad. Además la vulneración del derecho fundamental que se denuncia 
proviene de la ley y de una reiterada interpretación jurisprudencial del art. 249.1 LOPJ.
4.  Por providencia de 9 de abril de 2019, la Sección Tercera de la Sala Segunda de 
este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que 
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque 
el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como 
consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]». Por ello, 
acordó, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia, a fin de 
que, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 5437-2017, al procedimiento 
ordinario núm. 374-2016 y al expediente administrativo de responsabilidad patrimonial 
del Estado núm. 282-2015, debiéndose emplazar previamente por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para que en el plazo 
de diez días pudiera comparecer en este proceso constitucional, a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo.
5.  El abogado del Estado se personó en el procedimiento por medio de escrito 
registrado el 29 de abril de 2019.
6.  Por diligencia de 4 de junio de 2019, se tuvo por personado al abogado del Estado, 
en nombre y representación del Ministerio de Justicia, acordándose entender con él las 
sucesivas actuaciones, y se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y 
al ministerio fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las 
alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7.  Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 1 de julio de 2019, el 
fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó la inadmisión del recurso de amparo y, 
subsidiariamente, su estimación por vulneración de los derechos del demandante de la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14).
Tras hacer referencia a los antecedentes de hecho, al objeto del recurso y a las 
vulneraciones alegadas, comienza sus alegaciones haciendo alusión a las dudas que le 
suscita la debida satisfacción de los requisitos necesarios para la admisión del recurso de 
amparo. En primer lugar, respecto a la queja que se imputa a la providencia de inadmisión del  e.
recurso de casación por vulneración del derecho al acceso al recurso legalmente establecido  w.
(peasrrogtm.r imo2vi4did.a1os  »Ca dyE  )qh, uoecc o sunens i adirnetcircaidu elaqn uteeex   dneeos v nouu nelidana  ldav  ucdlonenemfroaarcnmidóean   sa«iln p aahrltam. ba2er4risa1em  LienOnvPtoeJc ,a adpuoot órp nrlooe mvqiaaum e desene te l hanasi    2020-1115n https://w
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previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial, con 
incumplimiento, por tanto, de lo preceptuado en el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), 
ambos de la LOTC», vulnerando el carácter subsidiario del recurso de amparo. No comparte, 
al respecto, los argumentos jurídicos y económicos que aduce el recurrente para justificar la 
ausencia de su falta de promoción, pues, a su juicio, una cosa es que corresponda a la Sala 
del  Tribunal  Supremo  un  margen  de  apreciación  de  la  concurrencia  o  no  de  interés 
casacional objetivo y otra bien distinta que contra la fundamentación de su apreciación no 
pueda invocarse la existencia de una eventual lesión de un derecho fundamental de índole 
procesal provocada en la misma a través del incidente de nulidad de actuaciones, dando 
ocasión para que se reparen las vulneraciones aducidas. A lo dicho añade que la providencia 
de inadmisión no entra en el análisis de fondo de la pretensión de reclamación, pues va 
referida a la apreciación de interés casacional objetivo, por lo que no puede considerarse que 
ratifica o convalida la fundamentación jurídica de fondo de la resolución administrativa que 
causa la lesión. Advierte, no obstante, que, de no compartirse lo anterior, es doctrina 
constitucional reiterada que «el agotamiento defectuoso de la vía judicial equivale a su falta 
de agotamiento».
En relación a la denuncia de las vulneraciones, referidas a los derechos a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la libertad (art. 17 CE) aprecia su 
extemporaneidad dada la auténtica naturaleza del recurso de amparo en los términos en los 
que ha planteado el recurrente su demanda, la fecha de interposición efectiva de esta y lo 
dispuesto en el art. 43 LOTC. A su juicio, las vulneraciones habrían tenido origen, causa y 
producción efectiva en la resolución administrativa de 7 de marzo de 2016 y, en relación con 
tales derechos, no hay en las resoluciones judiciales vulneración autónoma alguna, sino una 
convalidación judicial y consecuente la confirmación de la resolución administrativa recurrida, 
por lo que no puede considerarse como un recurso amparo mixto, sino un recurso de amparo 
para cuya interposición rige el plazo establecido en el art. 43.2 LOTC, esto es, veinte días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. Sobre 
el art. 17 CE advierte, no obstante, que se esgrime por vez primera en el escrito de 
preparación del recurso de casación, lo que implica una deficiente invocación temporánea o 
una quiebra del principio de subsidiariedad, aunque podría considerarse que dicha lesión 
estaba implícita en las vulneraciones adicionalmente propugnadas aplicando un «criterio 
flexible y generoso al respecto».
De no estimarse los motivos de inadmisión alegados, aprecia que, si bien la queja relativa 
a la vulneración del derecho de acceso al recurso carece de todo contenido constitucional, 
procede otorgar el amparo parcialmente una vez que el origen de las lesiones a los derechos 
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) e igualdad (art 14 CE) denunciadas en amparo se 
hallaría en la norma legal, y, más en concreto, las vulneraciones de dichos derechos 
provendrían de los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa», 
que fijan el ámbito indemnizable por vía del artículo 294 LOPJ, declarados inconstitucionales 
por el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 20 de junio de 2019, con los efectos 
indicados en su fundamento jurídico 13.
Por lo expuesto, el fiscal interesa que se dicte sentencia por la que se acuerde la 
inadmisión del presente recurso de amparo, y, subsidiariamente, se declaren vulnerados 
los derechos fundamentales del demandante de amparo a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE) y a la igualdad (art. 14 CE), y se anulen la sentencia de 21 de julio de 2017 
y la resolución de la secretaria de Estado de Justicia de fecha 21 de julio de 2015, 
retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial en términos  s
respetuosos con los derechos fundamentales del demandante de amparo. oe.
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inconstitucionales y nulos los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta
misma causa» del art. 294.1 LOPJ; sentencia que considera aplicable al recurso de 
amparo. Y aduce en relación a la alegada vulneración autónoma del derecho de acceso 
al recurso (art. 24.1 CE), en la que habría incurrido la providencia de 21 de septiembre 
de 2018 que inadmite el recurso de casación, y a la circunstancia de no haber planteado 
el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  contra  la  misma  que,  tras  el  dictado  de  la 
sentencia del Tribunal Constitucional referida, la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
mantuvo una jurisprudencia contraria a las SSTC 8/2017, de 19 de enero, y 10/2017, 
de 30 de enero, y, por tanto, el planteamiento del citado incidente carecía de objeto dada 
la reiterada y continua jurisprudencia contraria a sus planteamientos.
9.  Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 8 de julio de 2019, el 
abogado del Estado presentó sus alegaciones.
Tras hacer referencia los antecedentes de hecho, el abogado de Estado comienza 
sus alegaciones haciendo mención de la sentencia de 19 de junio de 2019, dictada en la 
cuestión  interna  de  constitucionalidad  núm.  4314-2018,  en  la  que  se  declaran 
inconstitucionales los incisos «por inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma 
causa» del art. 294 LOPJ, por vulneración de los arts. 14 y 24 CE. En consecuencia y 
«sobre la base de tal pronunciamiento constitucional habido y teniendo en cuenta el título 
jurídico en el que ahora se apoya el demandante en el presente proceso», solicita «la 
emisión de una sentencia conforme a Derecho». No obstante, hace dos precisiones o 
matizaciones acerca del montante de la indemnización que a título de resarcimiento ha 
solicitado el demandante de amparo para el caso de que se dictara una sentencia 
estimatoria del amparo. Si bien aduce que no le corresponde al Tribunal Constitucional 
por su propia naturaleza y la función que le otorga la Constitución, la determinación y 
valoración de la suficiencia de la prueba y la liquidación de los eventuales daños; 
máxime cuando no se han acreditado debidamente.
En primer lugar, alude a la necesidad de acreditar los eventuales perjuicios en la vía 
jurisdiccional ordinaria como consecuencia de esa situación de prisión en cada caso 
concreto, dado que la sentencia no se limita a declarar la inconstitucionalidad de los 
incisos referidos, sino que «vincula, en el propio fallo, su propio alcance y eficacia, según 
‘con los efectos indicados en el fundamento jurídico 13’» y mantiene en vigor el inciso 
final del citado precepto: «siempre que se le hayan irrogado perjuicios». Añade, además, 
que la sentencia constitucional resolutoria de la cuestión interna no estima que la norma 
incida en la vulneración del art. 17 CE, por lo que la sola privación de libertad no es 
todavía título suficiente, por sí solo, para ser resarcido. Y señala que, en este caso, el 
recurrente en amparo en modo alguno acredita la cantidad indemnizatoria solicitada, 
tratándose de una mera cuenta basada en datos que no contrasta. En segundo lugar, 
hace referencia al periodo de tiempo transcurrido en prisión en Marruecos desde que es 
detenido con objeto de adoptar las medidas oportunas para atender la solicitud de 
extradición cursada por la autoridad española, que defiende no es computable a efectos 
del resarcimiento.
Tras lo expuesto, el abogado del Estado termina solicitando que se emita una 
sentencia conforme a Derecho y que, de resultar la eventual sentencia estimatoria del 
amparo formulado, se ordene la retroacción del expediente a la instancia oportuna a fin 
de que se acrediten los daños y perjuicios que en su caso se hubieran llegado a producir.
10.  Por  providencia  de  12  de  diciembre  de  2019  se  acordó  señalar  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos b
1E.l  reOcbujrestoo  ddeel  aremcpuarsroo .tiene por objeto la resolución de la secretaria de Estado de  2020-1115n https://w
Justicia de fecha de 7 de marzo de 2016 dictada en el expediente núm. 282-2015
denegatoria de la indemnización solicitada por haber sufrido prisión provisional y ser  Bc
absuelto posteriormente; la sentencia de 21 de julio de 2017 de la Sección Tercera de 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  dictada  en  el 
procedimiento  ordinario  núm.  374-2016,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto contra dicha resolución, y la providencia de 21 de septiembre 
de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo que inadmitió el recurso de casación núm. 5437-2017.
2.  Óbices procesales.
Previamente a la resolución de fondo, se ha de hacer referencia, en primer lugar, a 
los óbices planteados por el ministerio fiscal. Así, el óbice procesal de falta de invocación 
en la vía judicial [art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –LOTC–], y, 
por ende, de falta de agotamiento [art. 44.1 a) LOTC], aducido respecto a la alegada 
lesión del derecho de acceso al recurso, debe ser acogido pues era una lesión imputable 
de forma autónoma a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo que debió ser denunciada, ex art. 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), ante el citado órgano judicial, dándole la oportunidad a su reparación y 
respetando con ello la subsidiariedad del amparo.
Advertido lo anterior, se ha de señalar que el óbice procesal de falta de agotamiento 
«afecta  singularmente»,  como  este  Tribunal  razonó  en  la  STC  101/2018,  de  1  de 
octubre, FJ 2, a la violación estrictamente imputable a la última resolución judicial, y no al 
«resto de lesiones acaecidas con anterioridad si fueron pertinentemente denunciadas y 
agotada la vía judicial respecto de las mismas». Dijimos entonces que la inadmisión 
general de todos los motivos de amparo por falta del agotamiento debido de la vía 
judicial constituiría un resultado «formalista», «desproporcionado a la falta de diligencia 
del recurrente» y de «dudosa utilidad práctica», pues «[n]o puede ignorarse, en este 
punto, que el orden de tratamiento de las quejas formuladas en amparo, conforme al 
criterio  de  mayor  retroacción  que  tantas  veces  hemos  establecido  (por  todas, 
recientemente, STC 83/2018, de 16 de julio, FJ 2), obliga a comenzar por la lesión 
precedente,  esto  es,  a  conceder  prioridad  al  examen  de  aquellas  causas  que,  de 
prosperar, determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, lo que haría 
innecesario  un  pronunciamiento  sobre  las  restantes,  circunstancia  esta  que  resta 
trascendencia  a  la  existencia  de  una  lesión  (normalmente  procesal)  posterior 
acumulada». Así ocurre especialmente en los amparos «mixtos» en los que el Tribunal 
sigue  el  criterio  de  comenzar  el  examen  por  la  vulneración  cometida  por  la 
administración. Una conclusión que, hemos dicho, «se entendería menos aun cuando se 
trata, como en el presente caso, de la no interposición de un incidente de nulidad de 
actuaciones, en el que no se persigue ‘agotar la vía judicial’, entendida como sistema de 
recursos generalmente previsto ante los órganos del Poder Judicial, sino de utilizar un 
remedio  extraordinario  que  solo  se  dirige  frente  a  lesiones  que  no  hayan  podido 
denunciarse en el seno de esa vía judicial ordinaria».
Así pues, por todo ello, debemos apreciar el óbice de falta de formulación del 
incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial solo para la queja de vulneración del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 
CE), autónomamente imputada a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, y rechazarlo en lo que atañe al resto de las quejas 
atribuidas  a  la  resolución  administrativa  impugnada,  pues  fueron  pertinentemente 
denunciadas  y  agotada  la  vía  judicial  al  ser  invocadas  en  el  recurso  contencioso-
administrativo y, posteriormente, en casación. Así también se entiende respecto de la  e
denuncia de la lesión del art. 17 CE en aplicación de los criterios de interpretación  bo
flexible y finalista seguidos por este Tribunal en relación al requisito de la invocación  w
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[art. 90.4 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa], y no por 
razones procesales.
Tampoco puede considerarse extemporánea la interposición del presente recurso de 
amparo, pues al tratarse de un recurso «mixto», correspondiente tanto a la previsión del 
art. 44 como a la del art. 43, ambos LOTC, se hizo dentro del plazo de treinta días 
establecido por asimilación en el art. 44.2 LOTC. En efecto, aparte de las lesiones 
sustantivas que se imputan a la resolución administrativa y a las resoluciones judiciales 
que  la  confirman,  se  denuncia  una  lesión  del  art.  24.1  CE  que  se  reprocha 
exclusivamente a la providencia de inadmisión del recurso de casación, lo que dota al 
presente recurso de dicha consideración.
3.  Aplicación de las SSTC 125/2019 y 85/2019.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos 
debemos remitirnos.
En el fundamento jurídico 4 de la STC 125/2019 se determinaron los efectos sobre el 
recurso  de  amparo  de  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  incisos  «por 
inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» del art. 294.1 LOPJ por la 
STC 85/2019, de 19 de julio, para concluir que procede otorgar el amparo en tanto «las 
resoluciones ahora impugnadas de aplicación de dicha normativa –a la que atendieron 
los  órganos  administrativos  y  judiciales  por  estar  entonces  vigente–  materializan  la 
misma vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la presunción de inocencia 
(arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art. 14 CE y del art. 24.2 CE señaladas en las SSTC 85/2019 y 125/2019. Por ello, la 
retroacción debe remontarse al momento anterior a dictarse la resolución del secretario 
de Estado de Justicia de 3 de septiembre de 2014, que denegó la indemnización y que 
origina la lesión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de 
inocencia, para que la administración resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme 
a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 CE en los términos indicados en las STC 85/2019, 
FJ 13 y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Jerome Badibalowa Kisumbel y, en 
consecuencia:
1.º  Inadmitir  la  queja  de  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a los recursos. s
2.º  Estimar parcialmente el recurso de amparo y, en consecuencia: w.b
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de la Audiencia Nacional dictada en el procedimiento ordinario núm. 374-2016 y la
providencia de 21 de septiembre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación 
núm. 5437-2017 y de la resolución de la secretaría de Estado de Justicia de fecha de 7 
de marzo de 2016 dictada en el expediente núm. 282-2015.
c)  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
2020-1115n https://w