BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Miércoles 17 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 141608
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18815 Real Decreto 987/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de 
conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La  Agenda  España  Digital  2025  recoge  un  conjunto  de  medidas,  reformas  e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados con las políticas digitales 
marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo. Las acciones de la Agenda 
están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las 
sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, 
marcándose  como  uno  de  sus  objetivos  el  de  garantizar  una  conectividad  digital 
adecuada para el 100 por ciento de la población, promoviendo la desaparición de la 
brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 100 por ciento de la población 
con cobertura 100 Mbps).
Como  parte  del  esfuerzo  de  la  Agenda  España  Digital  2025,  el  Plan  para  la 
Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios 
(en adelante, Plan para la Conectividad), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
el día 1 de diciembre de 2020, contiene como medida 2 el refuerzo de la conectividad en 
centros de referencia y servicios esenciales.
La conectividad entendida en un sentido amplio es aquella que permite acceder a 
servicios esenciales educativos, socio sanitarios y de comercio de bienes y servicios 
desde cualquier zona y en particular desde las zonas rurales por medios telemáticos, lo 
que exige la puesta en marcha de medidas que potencien la conectividad en centros 
públicos que prestan servicios, asistenciales y sociales tales como hospitales, centros de 
salud, centros educativos y de formación y otros centros de referencia públicos en las 
diversas provincias, contribuyendo al mismo tiempo a hacer frente al reto demográfico.
La  magnitud  de  la  crisis  económica,  social  y  sanitaria  provocada  por  la 
pandemia COVID-19 ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha 
materializado  con  la  puesta  en  marcha  del  nuevo  Fondo  de  Recuperación  «Next 
Generation EU», cuyo objeto es contribuir al proceso de recuperación de las economías 
de la Unión a partir de 2021. Dentro de este Fondo, el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia  (MRR),  establecido  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, permitirá a España movilizar un 
volumen de inversión sin precedentes.
Con el fin de canalizar estas inversiones, contribuyendo a una recuperación sólida y 
sostenible  de  la  economía  española,  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia (PRTR), informado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio 
de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021, traza la 
agenda para la modernización de la economía española haciendo uso de los recursos  s
económicos que provendrán de este Fondo. e.
El PRTR es un proyecto de país que requiere de la implicación de todos los agentes  w.
económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos  815ww
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aplicación  de  estos  fondos  guiará  una  transformación  de  la  estructura  económica, 
convirtiéndola  en  más  resiliente  e  inclusiva,  de  especial  relevancia,  para  el  interés 
público, social y económico.
Con el objeto facilitar el diseño y la ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos  europeos,  así  como  la  implementación  del  Plan,  mediante  Real  Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación Transformación y Resiliencia.
Dentro de las diez políticas palanca que contempla el PRTR, una de las treinta líneas 
de acción que se identifican es la componente 15 (Conectividad digital, impulso a la 
ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la 
trasformación digital, apostando porque el 100 por ciento de la población disponga de 
una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre 
zonas rurales y urbanas.
En línea con el citado Plan para la Conectividad, dentro de esta componente 15 
del PRTR se contempla la inversión C15.I2 «Acciones de refuerzo de conectividad en 
centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización 
sectorial», que incluye acciones de refuerzo de la conectividad en centros de referencia, 
mediante la puesta en marcha de medidas para potenciar la conectividad y equipamiento 
de centros públicos que permiten acceder a servicios públicos esenciales, asistenciales y 
sociales tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y 
otros centros de referencia y servicios públicos en las diversas provincias.
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  PRTR,  dicha  inversión  -que  incluye  que  al 
menos 9.000 centros de referencia y servicios públicos (como centros de salud, centros 
de educación y formación y centros de I + D públicos) alcancen una velocidad de 
conectividad  de  1-Gigabit-,  deberá  haberse  implementado  a  más  tardar  el  31  de 
diciembre de 2023.
Estas actuaciones enlazan con las contempladas en el Plan para el despliegue de 
infraestructuras digitales previsto en la Agenda del Cambio para la promoción del avance 
científico y tecnológico, que incluye el despliegue de redes de banda ancha de velocidad 
ultra rápida para facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad, 
avanzando así en la consecución de los objetivos establecidos por la Comisión Europea 
en el documento «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una 
sociedad europea del Gigabit», que persigue una cobertura universal de la banda ancha 
a velocidades de más 100 megabits por segundo (Mbps).
De acuerdo con lo anterior, este real decreto tiene por objeto la concesión directa de 
una subvención a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para 
la puesta en marcha de medidas para potenciar la conectividad y equipamiento de 
centros públicos que permiten acceder a servicios públicos esenciales, asistenciales y 
sociales tales como hospitales, centros de salud, centros educativos y de formación y 
otros centros de referencia y servicios públicos.
A tal efecto, a través de esta norma se regula la concesión directa, con carácter 
extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de conformidad con 
los  artículos  22.2  c)  y  28  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de 
ayudas destinadas al refuerzo de la conectividad a velocidades de 1 Gbps, en centros  s
públicos de referencia y para el refuerzo de las redes de comunicaciones electrónicas de  oe.
los propios centros públicos de referencia. w.
Las redes que se desplieguen para llevar a cabo este objetivo serán de titularidad  815ww
appúlbicliaccai óyn n loa  ensotármn adteivsat ineaudroapse aa  seenr  emxaptleortiaad daes  caoymudearcsi adlem eEnsttea,d poo. rD leol  qmuies mnoo  rmesoudlota,  dneo 
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igualdad y no discriminación contenidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.
Entre  las  razones  que  justificarían  acudir  a  la  concesión  directa  (y  no  a  otro 
mecanismo para la distribución de los fondos), estriba en que al Estado le corresponde, 
en exclusiva, la competencia sobre las telecomunicaciones (artículo 149.1. 21.ª CE), por 
lo que el mejor sistema para garantizar la coexistencia de dicha exclusividad y una 
gestión  eficaz  de  los  fondos  europeos  contemplados  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, es el de acudir a la concesión directa de las ayudas a las 
comunidades autónomas, para que éstas, a su vez, concedan dichas ayudas a los 
destinatarios últimos y ello siempre bajo las disposiciones establecidas por el Estado, al 
tener atribuida, en exclusiva, la competencia sobre las telecomunicaciones.
En definitiva, se estima que el sistema de concesión directa, bajo las prescripciones 
del Estado, establecido en el real decreto, es el mecanismo más acorde para cohesionar 
la exclusividad competencial del Estado, respecto a las telecomunicaciones, con la 
necesidad de agilizar la puesta en marcha de las ayudas, contando para ello con la 
colaboración de las comunidades autónomas.
Las razones de interés público, económico y social quedan acreditadas tanto por el 
aumento de la productividad que supone la digitalización de estos centros, como por el 
hecho de que la digitalización de la Administración pública permitirá acercar los servicios 
públicos al conjunto de la población en todo el territorio nacional y garantizar la eficiencia 
del  servicio  público,  favoreciendo  la  fijación  de  la  población  y  proporcionando 
oportunidades laborales y vitales a los jóvenes para poder desarrollar sus proyectos en 
zonas rurales o pequeñas ciudades, contribuyendo a la desaparición de la brecha digital 
entre zonas rurales y urbanas, y a hacer frente al reto demográfico.
En este sentido, las actuaciones a realizar tendrán en cuenta criterios de creación 
neta de empleo en España, de participación de PYMES, micropymes, autónomos y 
startups, y de cohesión territorial, así como la dimensión de género y consideraciones 
medioambientales,  debiendo  en  todo  caso  respetarse  el  principio  de  no  causar  un 
perjuicio  significativo  (principio  DNSH  por  sus  siglas  en  inglés,  «Do  No  Significant 
Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento 
(UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo,  de  18  de  junio  de  2020,  relativo  al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrán en cuenta la mejora del 
impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las 
Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones 
financiables  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia, 
publicada por el Ministerio de Igualdad.
Asimismo, las subvenciones reguladas por este real decreto tienen carácter singular 
derivado de la urgencia de reactivar la economía y aprovechar la oportunidad que supone la 
financiación de las actuaciones subvencionables, incluidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), así como de la necesidad de impulsar la transformación digital como uno de los 
principales  motores  de  crecimiento  y  transformación  de  la  economía  española  en  los 
próximos años. Dentro de la transformación digital, la conectividad constituye un factor clave 
para el desarrollo de la actividad económica, el aumento de la productividad, el impulso a la 
innovación y la vertebración territorial y social. En particular, la conectividad de los centros  s
públicos es esencial para garantizar el acceso a los servicios públicos al conjunto de la  oe.
población y garantizar la eficiencia en su prestación. w.
Este real decreto regula también la distribución y entrega de las ayudas a las  815ww
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dCeo n2f0e2re1n.cia  Sectorial  para  la  Transformación  Digital  celebrada  el  día  6  de  octubre  BOE-A-cable e
Con esta regulación, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
quedarán sujetas a las obligaciones que se establezcan en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en relación a esta inversión y a los mecanismos de gestión 
y control establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la UE, así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento 
y  control  del  mismo.  En  particular,  será  de  aplicación  lo  previsto  en  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a 
cada inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye 
condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro 
país. Por ello, a través de sus programas, las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla deberán contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos asignados por 
la Componente 15 del PRTR, según se especifica en el anexo I con la identificación del 
número mínimo de actuaciones a realizar para el conjunto de las líneas de actuación 
subvencionable, en la parte proporcional a los fondos que le hayan sido asignados 
inicialmente, así como las posibles ampliaciones del mismo que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a lo establecido en este real decreto. Las comunidades autónomas y las 
ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  deberán  asegurar  el  cumplimiento  del  número  de 
actuaciones que para cada una de ellas consta especificado en el anexo I, en particular, 
mediante la puesta en marcha de un mayor número de actuaciones a fin de garantizar 
dicho cumplimiento mínimo.
Para el cumplimiento del número mínimo de actuaciones a realizar que corresponda 
a cada comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y Melilla podrán computarse 
aquellas actuaciones realizadas en el marco de programas adoptados con posterioridad 
al  1  de  febrero  de  2020,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  17.2  del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, que dispone que las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 podrán 
optar a financiación siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el citado 
Reglamento.
Asimismo, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en la 
gestión económica de los fondos recibidos con cargo a este real decreto, deberán 
garantizar el correcto seguimiento presupuestario de los compromisos y las obligaciones 
reconocidas, estableciendo sistemas de gestión contable independientes que permitan la 
total trazabilidad de los créditos en todo momento.
La coordinación y el seguimiento de este programa será realizada por la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se ha sometido a consulta de 
las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Cumple por tanto con los principios de necesidad y eficacia, en el sentido enunciado 
en los párrafos anteriores, donde se explican la necesidad y fines perseguidos con su  s
aprobación, que son la necesidad de reforzar la conectividad en centros públicos de  oe.
referencia y reactivar la actividad económica del país, en el marco de los objetivos  w.
perseguidos por el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el  815ww
aPdlaenc upaadroa  plaa rCa ognaeractnivtiizdaard l.a  Eclo dniscetacduoci ódne  dees etas tnoosr ombaje etivso, sp.or tanto, el instrumento más
Es conforme también con el principio de proporcionalidad dado que no contiene 
restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir.
Se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que la 
norma contribuye a reforzar dicho principio pues es coherente con los planes y normativa 
vigente en materia de agenda digital y establece estímulos económicos que facilitarán su 
mejor cumplimiento, ajustándose a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17, de noviembre, 
General de subvenciones y su reglamento de desarrollo.
La  norma  cumple  con  el  principio  de  transparencia  habiéndose  acordado  la 
distribución y entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla conforme a los criterios consensuados en la Conferencia Sectorial para la 
Transformación Digital celebrada el día 6 de octubre de 2021, en ejecución de los cuales 
se dicta este real decreto. Además, define claramente sus objetivos, reflejados en esta 
exposición de motivos y en la memoria que acompaña a la norma.
También,  se  encuentra  acreditado  el  principio  de  eficiencia  porque  la  iniciativa 
normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Por último, en la elaboración y tramitación de este real decreto se ha tenido en 
cuenta  que  deberá  asegurarse  el  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  daño 
significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de forma que las beneficiarias 
garantizarán el pleno cumplimiento de dicho principio, de acuerdo con lo previsto en 
el PTRR, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera 
individual para cada actuación.
También  garantizarán  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  etiquetado 
climático  y  digital,  con  un  porcentaje  del  0  por  ciento  y  del  100  por  ciento 
respectivamente,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación  y  Resiliencia  y  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia, 
establecido  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021. Por tanto, no cabe esperar ninguna contribución 
específica a la transición verde y sí una contribución íntegra a la transición digital.
Asimismo, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-
privada entre las administraciones públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de este real decreto, adoptado para la ejecución del Plan 
de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  se  ha  aplicado  lo  previsto  por  los 
artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose 
emitido informe de la Abogacía del Estado, siéndole además de aplicación lo establecido 
en los artículos 60 y siguientes de dicho real decreto-ley, relativos a las medidas de 
agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal prevista por el 
artículo  149.1.  13.ª  y  21.ª  de  la  Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la  s
actividad económica y las telecomunicaciones, respectivamente. oe.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos  Económicos  y  Trasformación  Digital,  y  previa  deliberación  del  Consejo  de 
Ministros en su reunión del día 16 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter 
extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de una subvención a 
las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, para la ejecución de 
diversas  actuaciones  de  refuerzo  de  la  conectividad,  consistentes  en  proporcionar 
conectividad de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar 
servicios a velocidades de 1 Gbps, a centros públicos de referencia. De igual modo, 
contempla ayudas para refuerzo de las redes de comunicaciones electrónicas de los 
propios centros públicos de referencia. 
Son  centros  públicos  de  referencia  aquellos  que  permiten  acceder  a  servicios 
esenciales, asistenciales y sociales, tales como hospitales, centros de salud, centros 
educativos y de formación, incluyendo bibliotecas, y otros centros en los que se presten 
servicios públicos de tipo asistencial, social o de igualdad, así como los centros de I+D 
públicos.
2.  Asimismo, este real decreto tiene por objeto la regulación de la distribución y 
entrega de las ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 
en las cuantías y términos que figuran en el anexo I.
3.  Este real decreto tiene por finalidad la ejecución parcial de la inversión C15.I2 
«Acciones  de  refuerzo  de  conectividad  en  centros  de  referencia,  motores 
socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial» de la componente 15 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  que  incluye  acciones  de 
refuerzo  de  la  conectividad  en  centros  de  referencia  (Programa  UNICO–Servicios 
públicos).
Por  ello,  con  estas  ayudas  se  pretende  contribuir  parcialmente  al  objetivo  total 
cuantitativo del CID #238 de la inversión C15.I2, que incluye que al menos 9.000 centros 
de referencia y servicios públicos (como centros de salud, centros de educación y 
formación y centros de I + D públicos) alcancen una velocidad de conectividad de 1-
Gigabit.
De acuerdo con el PRTR, el plazo máximo para la ejecución de las actuaciones 
objeto de ayuda es el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 2.  Ámbito territorial de aplicación.
Lo establecido por este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional, 
de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital celebrada el 
día 6 de octubre de 2021.
Artículo 3.  Régimen jurídico aplicable.
1.  El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones, 
serán los establecidos en este real decreto, así como lo dispuesto en la Ley 38/2003,  s
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento, aprobado por Real  o
DPECrseoetcmasrbueúiptnloiud  dea8esd8 t la7aPr/si2ar e0A; s0deu6mnp,  uindlaeies s tLtra2ear1ycia  iod 3ne9ye  /2sjSu0 lPo1iosú5;tb ,e elndicnieba  isll1ai;d   eadLndee   ylaoF  c4iLnt7uea/byn2r c0eOi0e, r3rgda,á e; ndl ieePcn ar2 o 26lca/ e2 dd0Lei1me 2ynie, o nd9vte/ioe2  m02A17bd7 rdm,e e,i dn aGeisb etrr8nial, et iddrvaoeel     2021-18815n https://www.
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las 
subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley, y demás legislación 
que resulte de aplicación. También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en relación a la vinculación legal con 
la  finalidad  de  los  fondos  recibidos  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Asimismo, son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de 
intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 20217, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los 
intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF), y en el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 
(Reglamento  Financiero  de  la  UE),  transpuestas  al  derecho  interno  en  la  Ley 
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea 
en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
2.  Estas ayudas estarán asimismo sometidas al Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a la normativa 
interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan 
de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  cuya  aplicación  será  de  obligado 
cumplimiento. En particular, es de aplicación lo previsto en sus artículos 37 y 46 en 
relación, respectivamente, con la afectación legal de los ingresos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, y las obligaciones de información 
para el seguimiento de los proyectos financiados a través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otras disposiciones 
tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de 
aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y 
gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
establecido  por  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  así  como  lo  previsto  en  la  Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato  de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público 
Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y 
objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los 
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.  Esta normativa será de aplicación a las licitaciones y encargos a medios propios 
que efectúen las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo 
a  lo  establecido  por  este  real  decreto.  En  particular,  serán  de  aplicación  las 
especialidades en materia de contratación previstas en los artículos 49 y siguientes del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. s
Asimismo, en el caso de que se otorgue una subvención a otras administraciones  oe.
territoriales serán de aplicación las medidas de agilización de los convenios financiables  w.
con  fondos  europeos  previstas  en  los  artículos  59  y  siguientes  del  Real  Decreto- 815ww
ley 36/2020, de 30 de diciembre.
Artículo 4.  Vigencia del programa.
1.  El  programa  que  instrumenta  este  real  decreto,  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, estará en vigor desde el día siguiente de la 
publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre 
de 2023.
2.  No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de  2021,  las  medidas  iniciadas  a  partir  del  1  de  febrero  de  2020  podrán  optar  a 
financiación  siempre  y  cuando  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  citado 
Reglamento.
Artículo 5.  Beneficiarias directas.
1.  Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas  previstas  en  este  real  decreto  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán destinar el 
importe  de  las  mismas  al  cumplimiento,  ejecución  y  consecución  de  los  objetivos, 
acciones y condiciones establecidas en este real decreto.
2.  Las beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de las 
líneas de actuación previstas en el artículo 12 mediante los procedimientos de licitación 
correspondientes, así como proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos 
a medios propios u otorgar una subvención, por el importe total o parcial de los créditos, 
para su ejecución por otras administraciones territoriales.
3.  En ningún caso podrá concertarse la ejecución de las actividades a entidades 
incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Artículo 6.  Observancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros 
criterios.
1.  Las ayudas están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización del objetivo y 
los  hitos  fijados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia  para  la 
inversión  C15.I2  «Acciones  de  refuerzo  de  conectividad  en  centros  de  referencia, 
motores  socioeconómicos  y  proyectos  tractores  de  digitalización  sectorial»  de  la 
componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye 
acciones de refuerzo de la conectividad en centros de referencia.
2.  Las  beneficiarias  se  comprometen  a  ejecutar  las  actuaciones,  cuyo  número 
mínimo se especifica para cada una de ellas en el anexo I, en plazo y adecuándose a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021.
Asimismo, estarán obligadas a cumplir con las condiciones específicas que para la 
ejecución de la inversión C15.I2 se contemplan en el anexo II.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir estas 
obligaciones en las licitaciones o encargos a medios propios que realicen, así como en 
los convenios u otros instrumentos que se otorguen para la ejecución de este programa 
por otras administraciones territoriales. Deberán, asimismo, incluir, en los instrumentos 
jurídicos que a tal efecto se otorguen, medidas para prevenir, detectar, comunicar y 
corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses y la doble financiación.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y  s
Melilla se asegurarán que los beneficiarios últimos de los fondos procedentes del PRTR,  oe.
los contratistas y subcontratistas así como medios propios, en su caso, cumplan con la  w.
onebotiqlrimguaeacttaiivodano e csel uimqrouápetie casoe  y y dd eingraiivtacailon, n pdarieln lc qiRpuieeog  dllaeem sn eonr ectosa uudlsteeal r  MadpaRlñiRcoa ,s bielgesn,p ifeiycc aiaetilvnmo e,p neatverit tiacerun lc aomr,n aflctiecotrnoia s  lddaees    2021-18815n https://ww
intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble financiación, cumplimiento de la
normativa  en  materia  de  ayudas  de  Estado,  comunicación,  publicación  obligatoria,  Bc
cuando corresponda, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones («BDNS») y/o en 
la Plataforma de Contratos del Sector Público («PLACSP») y transferencia de datos, 
entre otros.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
Incluir en los procedimientos de licitación y encargos a medios propios, con la finalidad 
de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, las siguientes obligaciones en relación con la 
identificación de los contratistas y subcontratistas:
a)  NIF del contratista o subcontratistas.
b)  Nombre o razón social.
c)  Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.
d)  Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
e)  Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de gestión.
f)  Los  contratistas  acreditarán  la  inscripción  en  el  Censo  de  empresarios, 
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el 
Censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad 
efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán incluir en 
las licitaciones o encargos a medios propios que realicen para la ejecución de los 
trabajos, así como en los instrumentos jurídicos que se otorguen para su ejecución por 
otras administraciones territoriales, criterios de creación neta de empleo en España, 
subcontratación  a  empresas  que  generen  empleo  en  nuestro  país  o  en  la  Unión 
Europea, cohesión territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en 
ciudades pequeñas o pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales y de Igualdad 
de género, debiendo tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y 
start-ups para la realización de los trabajos. Asimismo, deberán incluir criterios para 
mejorar el impacto de género y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las 
mesas de adjudicación.
En particular, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 
incluir en las licitaciones o encargos a medios propios que realicen para la ejecución de 
los proyectos, así como en los instrumentos jurídicos que se otorguen para su ejecución 
por otras administraciones territoriales, la obligación de crear en España todo el empleo 
necesario para la prestación de la actividad, que se realizará con personal contratado y 
afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.
Además, deberán incluir la obligación de contribuir a los objetivos de autonomía 
estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea. e
4.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán el  bo
pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo» (principio do no  815ww
spiagrnai fliaca innvt ehrasrimón-D CN1S5H.I2),  ianscílu cidoamso e lna se cl oanndeixcoio InI,e dse e aspcueecírfdicoa cso vnin locu plaredvaiss tao  eesnt ee lp Prilnacni pdieo 
PRaerclaumpeernatcoió En,u rTorpaenos fyo rdmeal cCióonn sye jRo,e sdieli e1n2c iad ey  fepborre reol  dRee g2l0a2m1e, neton  t(oUdEa)s  2la0s2 1fa/2s4e1s  ddeell 
diseño y ejecución de los proyectos.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
5.  Además, y en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el 
artículo  129  del  Reglamento  Financiero  (Reglamento  (UE,  Euratom)  2018/1046  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, las comunidades autónomas 
y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla  condicionarán  el  pago  de  las  obligaciones  al 
compromiso por escrito de los contratistas y medios propios de conceder los derechos y 
los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas 
Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus 
competencias.
6.  En caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial 
de  los  hitos  fijados  para  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  y  de  la 
contribución  comprometida  para  la  inversión  C15.I2  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público consecuencia de 
eventuales incumplimientos de conformidad con lo establecido para el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia en el artículo 7 séptima de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021,  y  el 
artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. El procedimiento de 
reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de 
Hacienda.
Artículo  7.  Procedimiento  para  la  concesión  de  la  subvención  directa  a  las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.
1.  Las  ayudas  serán  objeto  de  publicidad  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  La aprobación y el compromiso del gasto se efectuará en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Para su tramitación, les serán de aplicación las medidas de 
agilización previstas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, deberán solicitar y aceptar de forma expresa e 
inequívoca las ayudas mediante escrito dirigido a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ajustadas en su integridad a 
lo dispuesto en este real decreto.
4.  Con la solicitud deberá aportarse certificación acreditativa de las circunstancias 
previstas  en  los  artículos  18  y  19  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento. A efectos de la 
acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, los 
beneficiarios de las subvenciones podrán autorizar al órgano gestor para consultar dicha 
información con la Agencia Tributaria. En caso de que no se autorice dicha consulta,  e.
deberán presentar el correspondiente certificado acreditativo de que se encuentran al  w.b
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 815ww
Además, el solicitante deberá adjuntar a su solicitud las siguientes declaraciones, de 
acuerdo con los modelos establecidos en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia:
a)  Ausencia de conflicto de interés.
b)  Cesión y tratamiento de datos.
c)  Compromiso de cumplimiento de principios transversales.
Por último, la solicitud deberá incluir la aceptación expresa del cumplimiento de los 
hitos y objetivos que figuran en el anexo I.
5.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras  Digitales  dictará  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas 
correspondientes a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, y 
ordenará el pago de las mismas conforme a lo previsto en este real decreto en las 
cuantías del anexo I, a las cuentas corrientes y titulares que aquéllas determinen.
6.  El abono de la subvención se efectuará mediante pago anticipado de una sola 
vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por 
requerirse la entrega de fondos como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a subvención.
7.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla quedan exoneradas 
de la constitución de garantías por su condición de administración pública.
Artículo 8.  Obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla.
1.  Las  cantidades  que  se  transfieran  por  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales  deberán  ser  destinadas  por  las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, exclusivamente a financiar 
las líneas de actuación subvencionable que se enumeran en el artículo 12 y con sujeción 
estricta a lo establecido en este real decreto.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán cumplir, 
para la ejecución de su respectivo programa, con lo establecido en este real decreto.
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de los 
procedimientos  que  tramiten  para  la  ejecución  del  programa,  deberán  asegurar  y 
garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas, así como 
medios propios, no sólo de los requisitos previstos en este real decreto, sino también de 
las obligaciones derivadas de la normativa en materia de contratación, así como en la 
normativa nacional o europea que pudiera resultar de aplicación para la ejecución y 
gestión,  tanto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  como  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  El presupuesto transferido a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla deberá mantenerse diferenciado a todos los efectos de gestión, ejecución 
presupuestaria, contabilidad y justificación. Las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberán establecer  s
sistemas de seguimiento contable diferenciado para cada una de las líneas de actuación  oe.
dsTseeuirglbeeuvccetiomrnimciceeuionsnn toiyca  abppclreeieo rsinopuedrpesiuc veiidsesatt aadsr I nidofee rdna re ee sepltolro sura ctfertotu íncqraduusoleo s  ,p D1du2ieeg.  ditaaaDcl eiudcsehe ratde aori m ncfifooninnra m rl aadlasce  i ódSniger eacscrreaetrtngiacturiezíirsaaá  rd d ilecoe tsalE  dscactraositd retroarei nocdttsooe,     2021-18815n https://www.
por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión
Europea en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bc
5.  Será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades  del  Sector  Público  Estatal,  Autonómico  y  Local  para  el  seguimiento  del 
cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y  contable  de  las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6.  El saldo no ejecutado ni comprometido a la fecha de finalización del plazo de 
vigencia del programa previsto en el artículo 4 deberá reintegrarse al Tesoro Público.
El presupuesto se considerará que queda comprometido mediante la adjudicación de 
los  correspondientes  contratos,  la  formalización  del  encargo  al  medio  propio  o  la 
formalización  del  instrumento  jurídico  que  se  otorgue  para  el  otorgamiento  de  una 
subvención a otras administraciones territoriales.
El presupuesto se entenderá ejecutado mediante la aprobación de las certificaciones 
de obra o documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 
adjudicado, el encargo al medio propio formalizado o el instrumento jurídico formalizado 
con otras administraciones territoriales.
7.  A efectos de efectuar un seguimiento adecuado del programa objeto de este real 
decreto, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir 
anualmente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales 
una memoria acerca del estado de ejecución de las actuaciones financiadas, cuyo 
número mínimo se especifica para cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y 
Melilla en el anexo I, suscrita por el órgano responsable de la ejecución del proyecto. En 
dichos informes de avance intermedio se deberá incluir información acerca del grado de 
cumplimento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención y, en 
especial, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos  (número  mínimo  de  actuaciones  a  realizar).  Lo  anterior,  sin  perjuicio  del 
informe  final  definitivo  que  emitan  los  órganos  de  intervención  y  control  sobre  el 
presupuesto total ejecutado, a fin de liquidar todas las obligaciones que se deriven del 
programa regulado en este real decreto.
8.  Para acordar una eventual ampliación del presupuesto inicialmente asignado a 
cada comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla beneficiarias, según distribución 
del anexo I, será condición indispensable cumplir con las obligaciones de información y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 9.  Otras obligaciones de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla.
1.  Con  objeto  de  que  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, como órgano encargado de la gestión de los fondos de los 
programas aprobados por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda 
certificar  o  acreditar  la  debida  ejecución  de  los  mismos  ante  las  autoridades 
competentes,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
beneficiarias  deberán,  además  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y 
seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
remitir cuanta información y documentos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones  e.
e Infraestructuras Digitales pudiera requerirles, así como cumplir puntualmente con lo  w.b
que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable. 815ww
qued2a. ráAns imciosmmpor,o mlaes tidcaosm uneixdpardeessa maeuntóten,o mcaosn  y lala s acciuedpatadceiós n ded eCl euptar esyu pMueelsiltlao 
Tcoerlerecsopmounndiiceanctieo,n eas  ceu mInpflirra elasstr uicntsutrrausc cDioingeitsa leqsu ec otmanot o culaa lqSueiecrre tóarrgíaa ndoe  oE  satuatdoori ddaed 
competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional,
que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualesquiera otras que 
pudieran considerarse necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y finalidad 
de este real decreto.
En  particular,  las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
quedarán comprometidas a cumplir con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, así como con lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  formato  de  la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local  para  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución 
presupuestaria  y  contable  de  las  medidas  de  los  componentes  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este contexto, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
el artículo 8, los órganos responsables de la gestión del programa en cada comunidad 
autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla deberán:
a)  Comprobar que se han ejecutado las actuaciones.
b)  Comprobar que no se da el caso de doble financiación del gasto con otros 
regímenes de financiación, comunitarios o nacionales. A tal efecto, y sin perjuicio de 
otras  formas  de  comprobación,  requerirán  una  declaración  responsable  sobre  otras 
fuentes de financiación.
c)  Aplicar medidas para asegurar la regularidad del gasto subyacente y para evitar 
el fraude y la corrupción, los conflictos de intereses o la doble financiación, eficaces y 
proporcionadas en función de los riesgos detectados y en todo caso, aquellas que 
resulten necesarias en aplicación de las instrucciones, directrices y normas que las 
autoridades nacionales competentes o de la Unión Europea pudieran dictar en relación al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En particular, en el supuesto de que cualquiera de sus empleados públicos considere 
que en su labor de gestión de fondos «Next Generation EU» se pueda plantear un 
conflicto de interés, aquél deberá abstenerse de continuar con su labor, de conformidad 
con el artículo 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
d)  Establecer  los  procedimientos  para  garantizar  que  se  dispone  de  la 
documentación sobre el gasto y las auditorías necesarias para contar con una pista de 
auditoría apropiada y conservar la documentación soporte conforme a lo estipulado en el 
artículo  132  del  Reglamento  Financiero,  el  cual  establece  la  obligación  de  los 
perceptores de conservar los documentos justificativos, en formato electrónico, durante 
un período de 5 años a partir de la operación. Este período será de 3 años si la 
financiación no supera los 60.000 euros.
e)  Realizar  las  oportunas  verificaciones  administrativas  de  la  totalidad  de  las 
operaciones que se vayan a incluir en solicitudes de pago, que garanticen la regularidad 
del gasto, la realidad de los pagos y su adecuación a las condiciones de las ayudas.
f)  Realizar las oportunas verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas 
seleccionadas a través de un método de muestreo que garantice su representatividad.
g)  Asumir el riesgo de las irregularidades que se puedan detectar. e.
h)  Realizar un seguimiento detallado y particularizado del presupuesto recibido  w.b
aplicando cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable para la gestión y  815ww
Rejeeccuupceiórna,c iótann, tTor aanls foMrmecaacnióisnm yo R  edsei lieRnecciau.peración  y  Resiliencia,  como  al  Plan  de
líneai)s  dEes atacbtuleacceiór nu snu sbivsetenmciao ndaeb lsee dgiufeimreinecnitaod od.e los presupuestos de cada una de las
j)  Comprobar que se hace mención al origen de esta financiación y velarán por darle 
visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de 
financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», 
en  particular  cuando  promuevan  las  acciones  y  sus  resultados,  facilitando  información 
coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y el público.
k)  Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar daño significativo», 
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las 
fases  del  diseño  y  ejecución  de  los  proyectos  y  de  manera  individual  para  cada 
actuación, teniendo en cuenta la «Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) 
sobre la aplicación de este principio», así como la «Guía para el diseño y desarrollo de 
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio 
ambiente»,  publicada  por  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico.
Para ello, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla preverán 
mecanismos de verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras 
para asegurar su implementación.
Asimismo, garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y 
digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  establecido  por  el  Reglamento  (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Además, garantizarán el respeto a la normativa medioambiental aplicable, incluido el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En todo caso, se respetarán los 
procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la 
legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar 
de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
l)  Aplicar  criterios  de  creación  neta  de  empleo  en  España,  subcontratación  a 
empresas  que  generen  empleo  en  nuestro  país  o  en  la  Unión  Europea,  cohesión 
territorial consistente en que la actividad y el empleo se genere en ciudades pequeñas o 
pueblos, fuera de las ciudades o zonas industriales y de Igualdad de género, debiendo 
tener especialmente en cuenta a pymes, micropymes, autónomos y start-ups.
m)  Garantizar la aplicación de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, 
siguiendo  las  recomendaciones  contenidas  en  la  Guía  para  las  Administraciones 
Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el 
marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  publicada  por  el 
Ministerio de Igualdad.
n)  Recopilar, de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  información 
relativa  a  la  ejecución  del  respectivo  programa  de  ayudas  de  una  manera  clara, 
estructurada y entendible por la ciudadanía, con el objetivo de cumplir con los principios 
de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de acuerdo con los parámetros fijados 
por la Oficina del Dato, dependiente de la Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. s
3.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a las que se haya  w.b
transferido presupuesto deberán remitir cuanta información y documentos les requiera la  815ww
Sdee crEestatardíao  ddee E sTtealedcoo dmeu Tneicleaccoiomneusn icea cIinofnrease setr uIncftruareasst ruDcigtuitraalse sD ipgoitadlreás .r eLqau Sereirc reat alroías 
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adicional para verificar la efectiva adecuación de la actuación ejecutada objeto de ayuda.
La  información  requerida  se  entregará  en  un  plazo  máximo  de  10  días  desde  la 
recepción del requerimiento.
4.  Los  órganos  responsables  de  la  gestión  del  programa  en  cada  comunidad 
autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla deberán someterse a cualesquiera 
actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar la Secretaría de 
Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales,  la  Secretaría  General 
de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal 
de Cuentas, los órganos de control y fiscalización de la Unión Europea, y a cualesquiera 
otras  actuaciones  de  comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los 
órganos o autoridades de control competentes, tanto nacionales, como de la Unión 
Europea, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las 
ayudas financiadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida y cooperando plenamente en la protección de los intereses financieros, tanto 
nacionales,  como  de  la  Unión  Europea,  concediendo  los  derechos  y  el  acceso 
necesarios a tales órganos o autoridades.
Asimismo, estos órganos responsables de la gestión aplicarán procesos de control 
interno  apropiados  en  los  niveles  de  gestión,  diseñados  para  ofrecer  garantías 
razonables de la consecución de los siguientes objetivos: eficacia, eficiencia y economía 
de  las  operaciones;  fiabilidad  de  los  informes;  salvaguardia  de  los  activos  y  de  la 
información; gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las 
operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes 
e irregularidades.
5.  El incumplimiento por parte de las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores podrá dar 
lugar, en caso de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la 
totalidad  de  las  cantidades  percibidas,  y  a  la  exigencia  del  interés  de  demora 
correspondiente  desde el momento del pago  de la subvención, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 10.  Coordinación y seguimiento.
1.  El órgano competente para realizar la coordinación y el seguimiento de este 
programa es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
2.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla remitirán a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales la información 
que ésta le solicite, para realizar el seguimiento del programa. Dicha información será 
puesta  a  disposición  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e 
Infraestructuras Digitales, así como, en su caso, de cualquier otra autoridad competente 
para la evaluación de la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 11.  Financiación y costes indirectos imputables.
1.  Este programa está dotado con una cuantía inicial de ciento cincuenta millones 
de euros para el conjunto de las líneas de actuación previstas en el artículo 12 que será 
objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por 
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2.  El presupuesto disponible con cargo a la aplicación presupuestaria 27.50.460C.754  es
se distribuirá entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla según se  bo
indica en el anexo I. 815ww
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en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
La ampliación del presupuesto para aquellas comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla que expresamente lo soliciten estará condicionada al adecuado 
cumplimiento por parte de las beneficiarias de los correspondientes hitos y objetivos de 
compromiso  y  ejecución,  así  como  las  obligaciones  de  reporte  de  información, 
establecidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.  Conforme a lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como en el artículo 83.3 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  se  prevé  un  máximo  del  4  por  ciento  del 
presupuesto asignado a cada comunidad autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla en el 
anexo I como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán imputar al 
presupuesto del programa aprobado por este real decreto, como costes indirectos, en la 
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad  generalmente  admitidas,  y  siempre  que  se  correspondan  o  estén 
relacionados con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones 
subvencionables, y con el límite establecido en el párrafo anterior, los costes indirectos 
que se detallan en el apartado siguiente.
5.  Tendrán la consideración de costes indirectos los siguientes gastos de gestión, 
incluyendo el coste de las actuaciones preparatorias previas que fueran necesarias para 
la realización de las actividades correspondientes:
a)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  la 
tramitación de los expedientes de contratación o encargos con medios propios con su 
evaluación administrativa y técnica, así como su adjudicación;
b)  El  coste  de  la  prestación  de  servicios  específicos  correspondientes  a  las 
actuaciones de control y verificación e inspección de la ejecución de los proyectos;
c)  El  coste  de  las  actividades  específicas  de  promoción  y  difusión  de  los 
programas, no teniendo esta consideración las campañas de comunicación;
d)  Los costes de contratación de nuevo personal, conforme a la normativa que 
resulte de aplicación, y sin que en ningún caso pueda deducirse la existencia de una 
relación laboral indefinida entre la Administración Pública y el personal adscrito a la 
gestión de los proyectos, bien sea mediante contratos por obra o servicio determinado o 
a través de cualquier otra modalidad legal de incorporación de personal con contratos de 
duración determinada, a la que pudieran acogerse las beneficiarias, tanto técnico como 
administrativo, en el que se incurra para prestar los servicios especificados en los 
apartados a), b) y c) de este apartado, incluyendo la cuota patronal de la Seguridad 
Social y otros costes similares de los contratos, siempre que este personal esté dedicado 
exclusivamente a la gestión temporal de los proyectos, y siempre que pueda imputarse el 
número de horas de trabajo a cada uno de ellos, para su justificación, dentro de los 
costes de gestión previstos en este real decreto, y el órgano fiscalizador correspondiente 
de cada comunidad autónoma pueda certificar dicha imputación de costes.
6.  No tendrán la consideración de costes indirectos imputables al presupuesto del 
programa los gastos de gestión recurrentes ni tampoco los que no se encuentren dentro 
del horizonte temporal de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7.  Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla beneficiarias 
tendrán que aportar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales  una  declaración  de  los  costes  indirectos  imputados  a  las  actuaciones  e
subvencionadas en su ámbito territorial de aplicación, mediante un informe de sus  bo
respectivos órganos de intervención y control, de manera que dicha declaración refleje  815ww
rtoedsuolste lo ast rdibautoibsl eq uae c paedram uitnaan  vdeer iefilclaasr  qdueel  pnoor cseen htaaj es utoptearla ddeol  lpar epsaurtpeu persotop odrcisiopnoanli bqleu ed elel 
pcorongsriadmeraa,d oass,í  ccoommoo  lcao nc aenlt idpaedrí oimdop uetand aq uye  seuf eccotirvraemspeonntdee tnecniag,a nta nqtuoe c orena lliozsa rcsoes tloess 
proyectos, sin perjuicio de las demás obligaciones de justificación establecidas por este
real  decreto  y  por  la  normativa  aplicable.  Asimismo,  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá solicitar cuantas aclaraciones o 
información adicional precise en relación a dichos costes indirectos.
Artículo 12.  Líneas de actuación y conceptos susceptibles de ayuda.
1.  Las  ayudas  se  destinarán  a  financiar  inversiones  y  gastos  que  estén 
directamente relacionados y sean necesarios para la realización las siguientes líneas de 
actuación:
a)  Línea de actuación 1: Proporcionar conectividad de redes de banda ancha de 
muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en los centros 
públicos de referencia a que se refiere el artículo 1.1.
b)  Línea de actuación 2: Instalar una red de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad, capaz de prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en cada centro público 
de referencia según se conceptúa en el artículo 1.1.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.2, en ningún caso serán subvencionables 
las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto.
2.  Se consideran inversiones y gastos subvencionables, en los términos previstos 
en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 83 del 
Reglamento  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  los  siguientes 
conceptos:
a)  Redacción y dirección del proyecto (incluyendo la preceptiva dirección facultativa 
de los proyectos y coordinación de seguridad y salud en las fases de ejecución).
b)  Infraestructuras y obra civil.
c)  Equipamiento y otros materiales.
d)  Gastos de personal dedicado de manera exclusiva a la realización del proyecto.
3.  En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser 
superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las 
cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en  la  fase  de  justificación  de  las  inversiones,  se  realizará  conforme  a  criterios  de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de 
la cuenta justificativa la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa.
4.  Dentro  de  los  gastos  subvencionables,  conforme  el  artículo  31.8  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos 
indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por 
el  beneficiario.  No  obstante  lo  anterior,  se  excluye  expresamente  de  los  gastos 
subvencionables al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto 
general indirecto canario (IGIC).
5.  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de  e.e
noviembre, las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer  b
afectos al fin concreto del proyecto durante un periodo mínimo de cinco años, contados a  815ww
pcianrctior  adñeo lsa. finalización del mismo, o hasta el final de su vida útil si esta fuera menor de
Artículo 13.  Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas otorgadas en el ámbito de este real decreto serán compatibles con 
cualquier  otra  ayuda  de  otros  programas  o  instrumentos  de  cualesquiera 
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, 
particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos 
costes, de acuerdo con el principio de no duplicidad en la financiación previsto en el 
artículo 9 Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero.
Artículo 14.  Justificación.
1.  La justificación se realizará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y, en particular, en la disposición adicional novena de su Reglamento de 
desarrollo, así como en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En la justificación se verificará que los fondos concedidos se han utilizado para los 
fines previstos y se han gestionado de conformidad a todas las normas aplicables y, en 
particular, a las normas relativas a la prevención de conflicto de interés, de fraude, de 
corrupción y de la doble financiación procedente del Mecanismo de Reconstrucción y 
Resiliencia. En particular, se atenderá a lo previsto en el anexo a la Decisión de la 
Comisión que aprueba los Acuerdos Operacionales (OA) entre la Comisión Europea y 
España conforme al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021.
2.  En todo caso, la justificación constará de la siguiente documentación:
a)  Certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención, por el 
que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de su finalidad y de los 
compromisos asumidos.
b)  Informe del órgano competente de la comunidad autónoma o de las ciudades de 
Ceuta  o  Melilla  sobre  la  ejecución  técnica  de  los  trabajos  con  indicación  de  las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
c)  El expediente íntegro de contratación de las obras o servicios o encargo a medio 
propio debidamente foliado y sellado que garantice la integridad del mismo. En caso de 
que el expediente se remita en formato electrónico, deberá ajustarse a lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)  Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que 
contendrá  una  relación  clasificada  de  los  gastos  e  inversiones  del  proyecto  y  las 
certificaciones acreditativas del pago.
e)  Informe  emitido  por  el  órgano  de  intervención  y  control  de  la  comunidad 
autónoma  correspondiente  o  de  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  que  acredite  la 
veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención. Dicha 
declaración además deberá reflejar todos los datos que permitan verificar que no se ha 
superado la cantidad relativa a los gastos indirectos y su correspondencia tanto con los 
costes considerados, con el importe total ejecutado como con el período en que se han 
realizado las actuaciones subvencionables, sin perjuicio de las demás obligaciones de 
justificación establecidas por este real decreto y por la normativa aplicable.
3.  En el caso de subvención a otras administraciones territoriales, la documentación 
prevista  en  las  letras  b),  c),  y  d)  del  apartado  anterior  será  proporcionada  por  la  e.
administración territorial a la que se haya transferido, total o parcialmente, los créditos  w.b
correspondientes. Esta documentación se acompañará al certificado emitido por el titular  815ww
dy eal l óinrgfoarnmoe a purteovnióstmo iceon  qlau lee thraa  ep)e drceibl aidpoa rlata sduob avnetnecriioórn. relativa al traspaso de los fondos
refu4e.r zoT oddea  lala  cdoonceucmtiveindtaadc ióonb jenteoc edsea rieas tpea rrae alla  djeucsrteifitcoa csióenrá  dper elsaesn taadccai opnoers  ldaes 
beneficiarias en el plazo máximo de tres meses contados desde la finalización de la 
actuación, teniendo en cuenta la fecha límite de 31 de diciembre de 2023 a que hace 
referencia el artículo 1.
5.  Adicionalmente a lo previsto en los apartados anteriores, procederá cualquier 
otro  mecanismo  de  justificación  de  los  proyectos  que  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia pudieran ser desarrollados tanto a nivel 
nacional como de la Unión Europea.
Artículo 15.  Inspección y control.
1.  Todas las actuaciones estarán sometidas a lo establecido en el título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en materia de control financiero.
2.  Asimismo, estarán sometidas al seguimiento y control que se establezca para el 
Plan  de  Recuperación,  Trasformación  y  Resiliencia,  así  como  las  obligaciones 
específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento y 
demás obligaciones impuestas por la normativa nacional y de la Unión Europea que para 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
sea de obligado cumplimiento.
3.  La  Secretaría  de  Estado  de  Telecomunicaciones  e  Infraestructuras  Digitales 
podrá  realizar  cuantas  inspecciones  sean  precisas  para  comprobar  y  verificar  el 
cumplimiento de las condiciones, requisitos y objetivos a que están sometidas las ayudas 
reguladas en este real decreto.
4.  A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento 
(UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la 
Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del citado Reglamento 
podrán  acceder  a  la  información  contenida  en  el  Registro  de  Titularidades  Reales 
(disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), o el acceso a otras bases de 
datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares 
reales. También será posible la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema 
de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y 
nacional aplicable.
Artículo 16.  Reintegro y criterios de graduación de incumplimientos.
1.  Tal y como se establece en el artículo 8, el saldo no ejecutado ni comprometido a 
la fecha de finalización del plazo establecido en el artículo 4 deberá reintegrarse al 
Tesoro Público.
2.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca un 
incumplimiento por las administraciones beneficiarias de las obligaciones establecidas en 
este real decreto, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a)  El incumplimiento total y manifiesto del objetivo para el que se concedió la 
ayuda,  o  cualquier  otra  irregularidad  que  presente  carácter  sistémico  o  afecte  a 
elementos esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda.
b)  El incumplimiento parcial del objetivo o que afecte a actividades concretas, o 
cualquier  otra  irregularidad  que  únicamente  afecte  a  elementos  no  esenciales  del  s
proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos. oe.
3.  A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de  815ww
noviembre, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:
actuaa)c ioSnee s prdoec edceormáp raolb arceiiónnte, grqou et otlaols  deo bjleat ivaoysu, dap rosdi ucsteo sc, onssetravticai,o sd uora ngtea stloass 
justificados  no  se  corresponden  con  lo  establecido  en  este  real  decreto,  ya  sean
imputables a la comunidad autónoma beneficiaria o a las entidades contratadas, lo que 
evidenciaría la no aplicación de la ayuda a los fines para los que fue concedida.
b)  La falta de presentación de la documentación justificativa.
4.  A efectos de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, se considerarán también causas de reintegro las siguientes:
a)  El incumplimiento del principio de DNSH.
b)  El incumplimiento de las obligaciones de información y publicidad.
c)  El incumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado digital.
d)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la citada 
Orden.
5.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.
6.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales.
Artículo 17.  Publicidad.
1.  Toda referencia a las ayudas reguladas por este real decreto, en publicaciones, 
material inventariable, actividades de difusión, páginas web y otros resultados, y en 
general, en cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los requisitos que figuren 
en el Manual de Marca del PRTR, de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Comunicación, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática en el que figurarán el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital como entidad financiadora, y el logotipo del presente Programa UNICO - Servicios 
públicos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al 
respecto, en particular lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 31 
de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deberá exhibirse de 
forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaración de financiación 
adecuada que diga «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», junto al logo 
del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
2.  Todas las actuaciones que realicen las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla para la ejecución de su respectivo programa, incluidas todas las 
licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos que se adopten para la ejecución 
del mismo, deberán contener, tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de 
desarrollo, la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
Además, las instalaciones donde se desarrollen las actuaciones objeto de ayudas  e.
deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el Manual a que hace  w.b
referencia este artículo. 815ww
Disposición adicional primera.  Gastos de personal.
Las  medidas  previstas  en  este  real  decreto  no  podrán  suponer  incremento  de
dotaciones, ni de retribuciones, ni otros gastos de personal salvo lo establecido en el
artículo 11 de este real decreto en relación a los costes indirectos reconocidos a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla como beneficiarias de las 
ayudas.
Disposición adicional segunda.  Modificaciones presupuestarias.
Para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  este  real  decreto  se  realizarán  las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final primera.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª y 21.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las 
bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica  y  las 
telecomunicaciones, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO I
Distribución territorial del presupuesto y número mínimo de actuaciones a realizar
El criterio de distribución se basa en la población de cada comunidad autónoma y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla.
Criterio reparto por CC.AA.
  – Dotación presupuestaria Actuaciones a realizar totales Porcentaje total presupuesto
Porcentaje
Andalucía. 17,89 26.835.000 1.762 17,89
Aragón. 2,81 4.215.000 277 2,81
Asturias, Principado de. 2,17 3.255.000 214 2,17
Balears, Illes. 2,44 3.660.000 240 2,44
Canarias. 4,58 6.870.000 451 4,58
Cantabria. 1,24 1.860.000 122 1,24
Castilla y León. 5,10 7.650.000 502 5,10
Castilla-La Mancha. 4,32 6.480.000 425 4,32
Cataluña. 16,32 24.480.000 1.607 16,32
Comunitat Valenciana. 10,64 15.960.000 1.048 10,64
Extremadura. 2,27 3.405.000 224 2,27
Galicia. 5,74 8.610.000 565 5,74
Madrid, Comunidad de. 14,17 21.255.000 1.396 14,17
Murcia, Región de. 3,18 4.770.000 313 3,18
Navarra, Comunidad Foral de. 1,39 2.085.000 137 1,39
País Vasco. 4,69 7.035.000 462 4,69
Rioja, La. 0,67 1.005.000 66 0,67
Ceuta. 0,19 285.000 19 0,19
Melilla. 0,19 285.000 19 0,19
  Total. 100,00 150.000.000 9.849 100,00
ANEXO II
Condiciones específicas para la ejecución de la inversión C15.I2
– Los  equipos  que  se  utilicen  cumplirán  con  los  requisitos  relacionados  con  el 
consumo  energético  establecidos  de  acuerdo  con  la  Directiva  2009/125/EC  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un 
marco  para  el  establecimiento  de  requisitos  de  diseño  ecológico  aplicables  a  los 
productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación  e.
de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta  w.b
europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el documento CEN- 815ww
CPaErNteE 9L9E-C1:  CPrLáCc tiTcaRs5 0re6c0o0m-9e9n-d1a d«aInss ptaalarac iloan geess teió nin fernaeersgtréutcictau»ra.s de centros de datos-
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adaptación adecuadas para cada caso.
– Los riesgos de degradación ambiental relacionados con la conservación de la 
calidad del agua y la prevención del estrés hídrico se identificarán y abordarán con el 
objetivo de lograr un buen estado del agua y un buen potencial ecológico, tal como se 
define en el artículo 2, puntos 22 y 23, del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, y un plan de gestión del uso y la protección del 
agua, desarrollado en virtud de la misma para la masa o masas de agua potencialmente 
afectadas, en consulta con las partes interesadas pertinentes. Se incluirá como requisito 
de implementación de las actuaciones incluidas en esta medida no se van a realizar 
infraestructuras que puedan alterar la hidrología.
– Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 
establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, para servidores y almacenamiento de datos, u 
ordenadores  y  servidores  de  ordenadores  o  pantallas  electrónicas.  Los  equipos  no 
contendrán  las  sustancias  restringidas  enumeradas  en  el  anexo  II  de  la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en 
materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida 
útil,  el  equipo  se  someterá  a  una  preparación  para  operaciones  de  reutilización, 
recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los 
fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Al menos el 70 por ciento (en peso) de los residuos de 
construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la 
categoría  17  05  04  en  la  Lista  europea  de  residuos  establecida  por  la 
Decisión 2000/532/EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será 
preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las 
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con 
la  jerarquía  de  residuos  y  el  Protocolo  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y 
demolición de la UE.