BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Miércoles 9 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 17249
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
2097 Orden INT/76/2022, de 31 de enero, por la que se declaran de utilidad pública 
diversas asociaciones.
La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
reconoce  la  importancia  del  fenómeno  asociativo  como  instrumento  de  integración, 
participación y representación de los legítimos intereses de los ciudadanos, y a tal objeto 
contempla una serie de medidas para facilitar el desarrollo de las asociaciones. Entre 
estas medidas de fomento se recoge la posibilidad de que las entidades asociativas sin 
fin de lucro puedan ser declaradas de utilidad pública.
En concreto, el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, señala que, a 
iniciativa de las correspondientes asociaciones, tal declaración exige la concurrencia de 
determinados  requisitos,  que  en  esencia  consisten  en  que  sus  fines  estatutarios 
promuevan el interés general, la actividad no beneficie exclusivamente a los asociados, 
los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan 
con cargo a fondos públicos, cuenten con medios adecuados y organización idónea para 
el cumplimiento de los fines y se encuentren constituidas, inscritas y en funcionamiento 
durante los dos años anteriores a la solicitud.
En aplicación de esta normativa, y previa solicitud de las entidades interesadas, se 
han  instruido  los  respectivos  expedientes  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones 
de utilidad pública.
En dichos expedientes constan las memorias, justificaciones y demás documentos 
de  obligatoria  aportación  por  los  interesados,  así  como  los  informes  de  los 
departamentos y organismos competentes, incluido el preceptivo informe del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.
Examinada, por tanto, la normativa aplicable y la documentación que obra en los 
procedimientos, se pone de manifiesto que las entidades solicitantes reúnen todos los 
requisitos necesarios para obtener la condición de utilidad pública.
En su virtud, y al amparo de las facultades previstas en el artículo 3.7 del Real 
Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, dispongo:
Primero.
Declarar  de  utilidad  pública  las  siguientes  asociaciones  inscritas  en  el  Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior:
Denominación N.º Reg.Nal
Asociación por qué No Ayudar. 616265
Team4ghana. 612508
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP. 162841
SAF España-Asociación Española de Afectados de Síndrome Antifosfolipídico. 605702 e.
Segundo.
Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas en los Registros de 
las Comunidades Autónomas:
Denominación CCAA N.º Reg. CCAA
Asociación Juvenil las Arribes del Duero. Castilla y León. 563/3.ª
Asociación A.F.A.N.A.S. de San Fernando pro Personas con Discapacidad Intelectual. Andalucía. 697
Asociación para la Promoción y Participación de las Personas con Discapacidad APROPADIS 2.0. Andalucía. 10980
Asociación Tsehay. Andalucía. 18497
Tercero.
Declarar de utilidad pública las siguientes Federaciones de Asociaciones inscritas en 
los  Registros  de  las  Comunidades  Autónomas,  a  las  que  se  refiere  el  expediente 
instruido, por lo que las entidades que integran dichas Federaciones sólo podrán obtener 
la declaración previa solicitud instada al efecto e instrucción del oportuno expediente:
Denominación CCAA N.º Reg. CCAA
Federación Síndrome de Down en Castilla y León (Down Castilla y León). Castilla y León. 83
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar, en ambos casos, a partir del día 
siguiente a su notificación, según establecen la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Madrid, 31 de enero de 2022.–El Ministro del Interior, P.D. (Orden INT/985/2005, de 7 
de abril), el Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez.