BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22031
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2916 Sala  Primera.  Sentencia  1/2022,  de  24  de  enero  de  2022.  Recurso  de 
amparo 2576-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir en relación con la Orden 22/2016, de 10 de junio, de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas salario ligadas 
a la renta para la realización de estudios universitarios en las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, así como las resoluciones dictadas por 
las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la impugnación de 
aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la 
resolución  administrativa  que  limitan  el  disfrute  de  becas  a  los  alumnos 
matriculados en universidades públicas integrantes del sistema universitario 
valenciano). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2022:1.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 2576-2019 promovido a instancias de la Universidad 
Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Ana Lázaro Gogorza y asistida por el abogado don Gonzalo Fernández 
de  Arévalo,  ha  sido  interpuesto  contra  la  Orden  22/2016,  de  10  de  junio,  de  la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  becas  salario  ligadas  a  la  renta  para  la 
realización de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana; contra la sentencia 179/2018, de 21 de febrero, de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, desestimatoria de la impugnación de la Orden 22/2016; contra providencia 
de  31  de  enero  de  2019,  de  la  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, que inadmitió a trámite del recurso de casación; y 
contra la providencia de 20 de marzo de 2019, de la misma Sección y Sala del Tribunal 
Supremo,  que  inadmitió  el  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  sucesivo.  Ha 
comparecido y formulado alegaciones la Generalitat Valenciana, representada por el  e.
abogado  de  la  Generalitat.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  w.b
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón. 16ww
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 23 de abril de 2019, la procuradora
de  los  tribunales  doña  Ana  Lázaro  Gogorza,  en  nombre  y  representación  de  la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, interpuso recurso de amparo contra 
la  disposición  administrativa  y  las  resoluciones  judiciales  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes:
a) La demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 
456-2016 contra la Orden 22/2016, de 10 de junio, de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte («Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» núm. 7805, 
de 14 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios en las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
El art. 1.1 de la Orden 22/2016 dice: «El objeto de esta orden es establecer las bases 
por las que han de regirse las convocatorias de becas salario ligadas a la renta para la 
realización de estudios universitarios en las universidades públicas, y centros públicos 
adscritos a las mismas, que integran el sistema universitario valenciano, a las que hace 
referencia el art. 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema 
universitario valenciano». Y el art. 2.1 establece que «podrá solicitar las becas salario 
ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios el alumnado que inicie, en 
régimen presencial y de matrícula completa en alguna de las universidades indicadas en 
el art. anterior y en el curso académico establecido en cada convocatoria, el primer curso 
de  enseñanzas  universitarias  adaptadas  al  espacio  europeo  de  educación  superior 
conducentes a títulos oficiales de grado. Además, para poder optar a esta beca, los 
solicitantes no podrán haber estado matriculados anteriormente en ningún otro estudio».
La impugnación se fundaba en la vulneración de los derechos fundamentales a la 
igualdad ante la ley (art. 14 CE), la educación (art. 27 CE) y la libertad religiosa (art. 16 
CE). Según la recurrente, la orden establece un trato desigual entre universidades 
públicas y privadas, introduciendo una diferencia arbitraria al excluir a estas últimas del 
régimen de concesión de becas; pese a unas condiciones idénticas de renta de los 
estudiantes, se les trata de manera diferente en función del tipo de centro en que cursan 
sus estudios. Además, como en el sistema universitario valenciano las dos universidades 
privadas existentes son de inspiración católica, discriminar en el régimen de becas a las 
universidades privadas es hacerlo a las universidades de ideario católico.
b) El recurso se tramitó por el procedimiento especial para la protección de los 
derechos fundamentales y fue desestimado por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad 
Valenciana, mediante la sentencia 179/2018, de 21 de febrero, que se remite a su vez a 
la  sentencia  561/2017,  de  31  de  mayo,  dictada  en  el  procedimiento  derechos 
fundamentales 455-2016. Tras restringir los motivos de impugnación a una eventual 
infracción del principio de igualdad, por incurrir la orden en un trato discriminatorio, 
afirma el Tribunal Superior de Justicia que la recurrente no es titular de un derecho 
legítimo afectado por la regulación, ya que las personas afectadas, en su caso, en su 
derecho de igualdad de trato son los estudiantes de la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, y no la institución universitaria.
c) Preparado por la universidad recurso de casación núm. 4225-2018 contra la 
sentencia, fue inadmitido a trámite mediante la providencia de 31 de enero de 2019, de 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
por  incumplimiento  de  las  exigencias  que  el  art.  89.2  de  la  Ley  reguladora  de  la 
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) impone para el escrito de preparación; en  e.e
particular,  por  falta  de  fundamentación  suficiente  de  la  concurrencia,  con  singular  w.b
referencia  al  caso,  de  alguno  o  algunos  de  los  supuestos  que,  con  arreglo  a  los  16ww
acopnavrteandioesn ci2a  dye  3u nd eplr oanrutn. c8ia8m, iepnetrom diteen l a aSparelac icaor nefol rminete arél sa rtc.a 9s0a.c4i obn)a el no rbejelaticvioó n yc olan 
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y 1984-2018.
d) La  universidad  promovió  incidente  extraordinario  de  nulidad  de  actuaciones 
contra la anterior providencia. En su escrito alegó incongruencia, pues se encontraban 
dos preparaciones de recursos de casación absolutamente análogas, relativas a dos 
sentencias  también  análogas  y,  sin  embargo,  las  providencias  de  no  admisión 
respondían a distinta motivación. Además, la motivación de la providencia impugnada 
suponía una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), con indefensión y 
sin que el Tribunal Supremo entrara a conocer en su integridad las alegadas lesiones a 
los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14, 16 y 27 CE. La Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, inadmitió a trámite el 
incidente mediante la providencia de 20 de marzo de 2019. En la resolución se señala 
que la providencia que inadmitió el recurso de casación se fundaba en una causa 
legalmente prevista y aplicada razonadamente, y frente a la afirmación de que ante 
recursos similares se había resuelto de manera dispar, la providencia responde que el 
escrito de preparación de la casación puede adolecer de varios defectos formales y la 
resolución de inadmisión constatar solo alguno de ellos, de modo que la providencia 
impugnada no supuso merma del derecho a la tutela judicial efectiva.
3. La demanda de amparo denuncia la vulneración de los derechos proclamados en 
los arts. 14, 16 y 27 CE por parte de la Orden 22/2016, de 10 de junio, de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de becas salario ligadas a la renta para la realización de 
estudios  universitarios  en  las  universidades  públicas  de  la  Comunitat  Valenciana. 
Además,  a  las  resoluciones  judiciales  les  atribuye  la  infracción  del  art.  24.1.  La 
recurrente argumenta en términos análogos a los contenidos en la demanda del recurso 
de amparo núm. 5099-2018, estimado por la STC 191/2020, de 17 de diciembre.
a) Sobre  la  vulneración  del  derecho  de  igualdad  (art.  14  CE)  alega  que  la 
Orden  22/2016  establece  un  trato  desigual  de  la  recurrente  con  las  universidades 
públicas, introduciendo una diferencia arbitraria al excluir a las universidades privadas 
del régimen de concesión de becas. Pese a unas condiciones idénticas de renta de los 
estudiantes, se les trata de manera diferente en función del tipo de centro en el que 
cursan  sus  estudios.  No  hay  razón  que  justifique  objetiva  y  razonadamente  esa 
discriminación de las universidades de iniciativa social o de sus alumnos, por lo que la 
orden «distingue de forma claramente restrictiva derechos de las universidades y de sus 
alumnos  donde  la  ley  aplicable  no  lo  hace»  [art.  45.4  de  la  Ley  Orgánica  de 
universidades  (LOU)].  Según  la  recurrente,  la  administración  autonómica  no  invoca 
ninguna finalidad constitucionalmente legítima, ni existe proporcionalidad en la medida, y 
no se ha justificado el cambio repentino de criterio. Además, la orden cuestiona el 
cumplimiento de un tratado internacional, como es el Acuerdo del Estado español con la 
Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979. Concluye 
afirmando que «las Administraciones Públicas pueden hacer depender la obtención de la 
beca de criterios objetivos, como el rendimiento académico o la renta personal o familiar, 
pero no de criterios arbitrarios, como el tipo de centro en el que se estudie y su ideario, 
frente a los que la administración debe mantenerse neutral».
b) Sobre la vulneración del derecho a la educación alega que las becas son un 
elemento  nuclear  del  sistema  educativo,  que  incide  en  el  derecho  fundamental.  El 
régimen de las becas es desarrollo del art. 27 CE. En este caso se ha privado de la 
posibilidad de beca a quienes, reuniendo las condiciones objetivas para obtenerlas, 
cursan  estudios  en  universidades  privadas.  La  orden  impide  a  los  alumnos  elegir  e.e
libremente la universidad en que quieren realizar sus estudios universitarios, de tal  w.b
manera que quienes por razones puramente pedagógicas, religiosas o morales deseen  16ww
uenstau dbiaerc ean,  laau Unqnuivee rsreidúanda nC attoódlicaas  dlea sV acloenndciiaci,o nnoe sp uoebdjeenti veales gipr aersat ao sbi tqeunieerrlean;  osbet evneenr 
seictuoancóimónic asme eangtera fvoar zpaodroqsu ea  hnaoy  etsittuuldaicairo noe sa  qeusetu dsioalro  esne  uinmap aurntievne rseind audn ipvúebrsliicdaa.d Leas 
privadas de la Comunidad Valenciana. Recuerda la demandante de amparo que el
legislador orgánico no excluye a las universidades privadas del sistema de becas. Por 
último, argumenta que la orden lesiona además el principio de confianza legítima, por el 
cambio repentino que se introdujo sin ninguna medida transitoria para paliar su impacto y 
sin modificación previa de la legislación para darle cobertura.
c) Sobre la vulneración de la libertad religiosa (art. 16 CE), se alega que en el 
sistema  universitario  valenciano  las  dos  universidades  privadas  existentes  son  de 
inspiración  católica  [Cardenal  Herrera-CEU  y  San  Vicente  Mártir  (promovida  por  la 
Archidiócesis  de  Valencia)],  por  lo  que  discriminar  en  el  régimen  de  becas  a  las 
universidades privadas es hacerlo a las universidades de ideario católico. Alega también 
que se lesiona la libertad religiosa de quienes quieren estudiar en esa universidad y 
necesitan una beca para hacerlo, así como de quienes ya estudian en ella y la necesitan 
para  continuar.  De  nuevo  se  aduce  que  la  actuación  administrativa  contraviene  el 
art. 10.3 del Acuerdo del Estado español con la Santa Sede.
d) En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 
CE la demandante alega, en relación con la sentencia de instancia, que el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha lesionado el derecho fundamental, 
por no haber entrado en el fondo del asunto; igualmente la providencia de inadmisión de 
la casación del Tribunal Supremo. Argumenta la recurrente que en este caso existe una 
orden  manifiestamente  ilegal,  que  en  instancia  no  se  entra  en  el  fondo  por  una 
pretendida falta de afectación y en casación tampoco, por no haberse admitido a trámite 
ese recurso. Las resoluciones judiciales han ocasionado a la demandante una nueva 
lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, con que se le ha privado del derecho a 
que se examine su recurso, se le ha impedido obtener una sentencia sobre el fondo y el 
acceso efectivo a una doble instancia judicial, con la consiguiente indefensión; al cabo, 
se ha llegado a la imposibilidad de que se administre justicia. Se invoca la STC 40/2002, 
sobre la indefensión generada por la incorrecta actuación de los órganos judiciales, que 
dificultaron  gravemente  las  posibilidades  de  la  recurrente  de  alegar  en  su  propio 
derecho.
e) La demanda justifica expresamente la especial trascendencia constitucional del 
recurso.
4. Por  providencia  de  15  de  marzo  de  2021,  la  Sala  Primera  del  Tribunal 
Constitucional admite a trámite el recurso de amparo; se aprecia como causa de especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)] que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera 
provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)].
Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordenó dirigir atenta 
comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Supremo  para  que  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 4225-2018. E igualmente 
dirigir  análoga  comunicación  a  la  Sección  Quinta  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre las 
actuaciones  correspondientes  al  procedimiento  de  derechos  fundamentales  núm. 
456-2016; debía previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer si lo deseaban, en el recurso de amparo, quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento.
5. Mediante escrito registrado en este tribunal el 7 de abril de 2021, comparece y se 
persona en el presente procedimiento la Generalitat Valenciana, representada por la  e.e
abogada de la Generalitat. w.b
Vadceat lue6oan.rcc diioeaEnnnleaa 1sc, 8 iaór  dneqe mu pijieutoindnr  oisoslea  d  pteuqo v2uro 0e l2,op 1sod  rle tapr  iebsureunscno ranellaeatadsdro aí,ay  y  dt eupelv a ojerut sescpt;i rocyitri oa d  redde eeoc  itlbraloai dS,  oacasobl ano lfgoPoasrrid mmateee  srdaatei m l doloi acdn tióisGo pdseu inleidegseretao nl icletaaianst     OE-A-2022-29able en https://
el art. 52 LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo,
por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, a la recurrente en amparo y a la 
parte  personada,  para  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  a  su  derecho 
conviniera.
7. Con entrada en el registro de este tribunal el 29 de junio de 2021, el abogado de 
la Generalitat Valenciana presenta escrito de alegaciones, en que pide la desestimación 
del recurso. Tras una exposición de los antecedentes alega, en síntesis, lo siguiente:
a) Respecto de la invocación del derecho a la doble instancia y al examen del 
recurso de casación, el abogado de la Generalitat solicita la desestimación del recurso, 
porque entiende que la providencia de inadmisión de la casación satisface las exigencias 
del art. 24.1 CE, con ajuste a la doctrina constitucional, mediante un pronunciamiento de 
no  admisión  por  una  causa  legal,  expresado  en  una  resolución  no  arbitraria,  no 
manifiestamente  irrazonable,  ni  fruto  de  error  patente,  sin  interpretación  rigorista, 
formalista o desproporcionada (con cita de la STC 112/2019, de 3 de octubre).
b) Sobre las restantes alegaciones, el abogado de la Generalitat es conocedor de la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre, dictada en el recurso de amparo núm. 5099-2018; en 
ella  se  fija  doctrina  que  se  ha  visto  ratificada  en  pronunciamientos  posteriores 
SSTC  2/2021  y  6/2021,  ambas  de  25  de  enero,  recaídas  respectivamente  en  los 
recursos de amparo 6379-2018 y 2578-2019. No obstante, considera que los votos 
particulares emitidos, con cita textual de algunos pasajes, avalan la postura sostenida 
por la administración educativa de la Comunidad Valenciana.
En ello funda la procedencia de desestimar el amparo, primero en lo referido a la 
supuesta  lesión  del  art.  14  CE,  al  existir  razones  objetivas  que  justifican  el  trato 
diferenciado dispensado a los alumnos solicitantes de las becas, según provengan de 
universidades públicas o privadas:
(i) Las becas ofertadas por la Comunitat Valenciana son complementarias de las 
que integran el sistema general de becas previsto en la normativa básica estatal; es 
«una actuación de fomento propia del Consell, prevista y regulada en su normativa, 
concretamente en el Decreto 40/2002 del Consell». La actuación no se sustenta en los 
reales decretos 1721/2007, 595/2015 y 293/2016; tales disposiciones estatales y tales 
becas estatales «son exigencia del artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades […] en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril».
(ii) Los alumnos y sus familias, en cada caso, «son los que optan por acudir a la 
universidad privada»; estos lo hacen, bien porque pudiendo acceder a la pública, optan 
libremente por otro modelo; bien porque no han alcanzado la nota de corte necesaria; 
bien por otros motivos personales; en todo caso, porque están en disposición de costear 
los gastos que ello supone. Existen pues «razones objetivas que justifican que, al 
alumno que ha superado la nota de corte establecida y ha accedido a la universidad 
pública, se le pueda dar un trato diferenciado, respecto a aquel que no ha alcanzado 
esta nota». Los principios de igualdad, mérito y capacidad justifican el trato diferenciado. 
La universidad pública «es la única que garantiza el acceso a todo tipo de alumnado, 
independientemente de sus condiciones económicas»; el abogado de la Generalitat cita 
textualmente el art. 45.4 LOU, en relación con el art. 81, para señalar que son las 
comunidades autónomas las que fijan los precios públicos de los estudios oficiales 
impartidos por las universidades públicas, frente a las privadas, «en las que el coste […]  s
lo establece libremente cada una de ellas, acorde con sus necesidades financieras y la  oe.
oferta-demanda del mercado». Ello determina que, en las universidades privadas, al ser  w.
ealosrstt. u pd4ri5ae.nc4it oeLssO  lnUibo;r  esyse ,ea snlat ose  qabu eisvcuaa lsev neetzes tscé onyn , ddpueocsrev t inaacn utqolua, eda anlsot esd  letaél  rlmoimbinjietoatsoc  iódyne   feilnaxa isclitdoeamndtpe af irdjaaecd ioóresnc  ueernns toreesl    2022-2916n https://ww
públicos la medida adoptada queda justificada, objetiva y razonablemente.
(iii)  El  alumnado  de  la  Universidad  Católica  de  Valencia  tiene  también  a  su 
disposición un sistema de becas complementarias, que se suman al sistema básico de 
becas del Estado. El alumnado esta universidad tiene a su alcance becas y ayudas, que 
regula y concede la propia Universidad Católica de Valencia; en 2016, según datos de la 
web de la propia universidad, estaban dotadas con 5,4 millones de euros; estas becas y 
ayudas complementan las del Estado y, obviamente, no están abiertas a los alumnos de 
la universidad pública.
(iv) El acceso a la universidad pública supone el abono de unas tasas que fija el 
Gobierno autonómico, el acceso a la privada supone un coste mucho mayor. Es evidente 
que quien opta por acudir a la universidad privada, por el motivo que sea, dispone de 
recursos económicos para ello; también es evidente que una beca no tiene la misma 
incidencia para el alumno de la pública que para el de la privada, pues para el primero 
puede  ser  determinante  y  decisivo,  puede  incluso  condicionar  el  acceso  o  la 
permanencia en la universidad; por el contrario, para el alumno de la privada no parece 
que el importe de la ayuda pueda condicionar la decisión del estudiante o de su familia. 
La decisión de la administración docente autonómica se ajusta a las exigencias del 
principio de igualdad al no afectar al sistema básico de becas que gestiona el Estado y 
ser respetuosa con la doctrina constitucional (SSTC 63/2011, de 16 de mayo; 117/2011, 
de 4 de julio; 79/2011, de 6 de junio, y 61/2013, de 14 de marzo).
c) Sobre la queja por vulneración del derecho a la educación (art. 27 CE), el 
abogado de la Generalitat considera que los votos particulares a la STC 191/2020, de 17 
de diciembre, también avalan la desestimación del amparo. El derecho a obtener una 
beca no es un elemento nuclear del derecho fundamental; cita en apoyo de su tesis las 
SSTC 188/2001, de 20 de septiembre, y 95/2016, de 12 de mayo, según las cuales el 
derecho a la beca es de configuración legal, y su materialización, además, requiere la 
aprobación de normas reglamentarias. Menciona también las SSTC 86/1985, de 10 de 
julio; 214/1994, de 14 de julio; y reitera la cita de la STC 188/2001. El sistema de becas 
es un elemento nuclear del sistema educativo, dirigido a dotar de la máxima efectividad a 
este derecho constitucional, pero eso no significa que forme parte del contenido esencial 
del derecho a la educación (SSTC 212/2005, de 21 de julio; 25/2015, de 19 de febrero, 
y 95/2016, con cita textual de las dos últimas). En fin, el art. 27 CE no reconoce como 
derecho fundamental el derecho a la beca, como pretende la Universidad Católica de 
Valencia. Consecuentemente, no puede fundarse en la Constitución la pretensión de 
obtener una beca, ya que el derecho a la educación no implica ninguna obligación estatal 
de  subvencionar  a  las  familias  para  hacerlo  efectivo,  menos  si  quien  plantea  la 
pretensión es una universidad y no el alumno o su familia. Por todo ello no cabe apreciar 
la infracción del art. 27 CE.
d) Sobre la denunciada vulneración del derecho a la libertad ideológica y religiosa 
(art. 16 CE), el abogado de la Generalitat entiende que poco detenimiento requiere, al 
ser evidente que las becas a que se refiere el recurso de ningún modo inciden o afectan 
a esa libertad.
Teniendo  en  cuenta  todo  lo  expuesto,  y  los  votos  particulares  citados,  existen 
razones para oponerse al recurso de amparo y para que el Tribunal Constitucional revise 
y  se  replantee  la  fundamentación  y  los  pronunciamientos  plasmados  en  la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre.
8. Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  21  de  julio  de  2021,  la 
representación de la demandante de amparo formula alegaciones reafirmándose en su  e.e
escrito  de  demanda.  Han  sido  dictadas  ya  sentencias  estimatorias  de  recursos  de  w.b
amparo interpuestos por la universidad en asuntos análogos al presente, señaladamente  16ww
elanse rSoS; T1C9 /2109211/2, 0d2e0 , 1d5e  d1e7  fedber edrioc,ie ym b4r2e/;2 022/210, 2d1e,  d3e  d2e5  mdaer zeon.e rEon; c6o/n2t0rá2n1d, odneo s2 5a ndtee 
eresctiumrsaodso  acnoánlo gfousn deanm ecnutaon toe n al lao bjjuertois,p reuld epnrecisae ndteic taamdap arcoo nd epboes teseriro riidgauda lmae ntlea 
interposición.
9. El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 30 de julio de 2021, y 
concluye pidiendo que se dicte sentencia estimatoria del recurso de amparo. Comienza 
reseñando los antecedentes y a continuación alega lo siguiente:
a) Realiza cuatro consideraciones previas al análisis del fondo. La primera acerca 
de que las vulneraciones que la actora imputa a los arts. 1.1 y 2 de la Orden 22/2016 se 
refieren todas a una misma lesión, la desigualdad de trato entre las universidades 
públicas y las privadas, si bien «de dos maneras distintas»: (i) como mera desigualdad 
«sobre la base de que la legislación básica del Estado no ampara una diferencia de trato 
entre unas y otras universidades», y (ii) «con un discurso de discriminación por razones 
religiosas, al amparo de los arts. 16.1 CE y 27.1 CE, sobre la base de que la universidad 
recurrente ha sido discriminada, aún más que por su carácter de universidad privada, por 
su naturaleza de universidad privada de ideario católico». A estas vulneraciones añade 
la demanda de amparo otras predicadas de las resoluciones jurisdiccionales, bien al 
amparo del art. 24.1 CE en tanto habrían privado a la recurrente de su derecho a una 
sentencia sobre el fondo, bien del art. 24.2 CE (derecho a un proceso con todas las 
garantías) porque además le habrían impedido el acceso efectivo a una doble instancia 
judicial.
La segunda cuestión previa se refiere al orden de análisis de las quejas, en un 
amparo  que  identifica  como  recurso  mixto,  apuntando  que  debe  comenzarse  por 
examinar la infracción del art. 14 CE, que es además la que supone la apreciación de la 
especial trascendencia constitucional de este recurso, para luego en su caso continuar 
con las denunciadas vulneraciones de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa; 
y solo en último término, si fueran desestimadas, ocuparse de la vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva.
La  tercera  consideración  previa  versa  sobre  la  legitimación  ad  causam  de  la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. El fiscal concluye que, aunque el 
recurso de amparo está dirigido fundamentalmente a la defensa de un interés propio y no 
de un derecho ajeno, «eso no implica que carezca de legitimación quien posee un 
interés legítimo [art. 162.1 b) CE], concepto este último que no puede ser confundido con 
la posesión de la titularidad del derecho». En consecuencia, la demandante tiene un 
interés legítimo propio, conectado con los derechos fundamentales que invoca, pues 
además de la imposibilidad de que los alumnos de las universidades privadas puedan 
acceder  al  sistema  de  las  becas  y  el  perjuicio  que  la  actuación  administrativa  les 
suponga,  «puede  constituir  un  elemento  disuasorio  para  la  matriculación  de 
determinados estudiantes […], con el consiguiente perjuicio en el ámbito económico y la 
correlativa incertidumbre sobre su supervivencia futura, a cuya afectación habría que 
sumar, por no ser en absoluto desdeñable, la correlativa limitación de su libertad de 
enseñanza». Añade el fiscal que una universidad privada puede actuar por sus alumnos 
porque estos, más allá de ser meros receptores de la educación, se integran en los 
organismos universitarios (arts. 15.2 y 16.3 LOU). Por lo tanto, la legitimación ad causam 
de la universidad recurrente ha de ser aquí afirmada.
La cuarta y última cuestión previa está en si una disposición normativa como la 
impugnada  es  susceptible  de  recurso  de  amparo,  pues  el  control  de  legalidad 
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106 CE). Con apoyo en el 
art. 43 LOTC entiende el fiscal que los reglamentos son «disposiciones» del poder 
público y, por tanto, impugnables en amparo si son considerados origen de la vulneración 
de los derechos fundamentales (con cita de las SSTC 141/1985, de 22 de octubre, FJ 2;  s
189/1987, de 24 de noviembre, FJ 3; 192/1991, de 14 de octubre, FJ 2, y 57/2004, de 19  e.
de abril, FJ 2). w.
b) Sobre el fondo el fiscal destaca que este tribunal ya se ha pronunciado en los  16ww
prerocumrosovisd odse t oadmosp aproor  lnaú Umneivroesrs id5a0d9 9C, a6tó3l4ic8a  dye  6V3a7le9n-2c0ia1 8S,a n1 5V7ic5e, n2te5 7M8á ryti r,6 c9o1n5c-l2u0id1o9s, 
r6e/2sp0e2c1t,i vdaem e2n5te  dpeo re SneSrToC;  1199/12/022012,0 ,d ed e1 157  ddee  fdeibcrieermob; re4;2 /22/022012,1 ,d ed e 3215  ddee  menaerzroo,;   BOE-A-cable e
y 138/2021, de 29 de junio. Debiendo darse por reproducida la doctrina establecida en
los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 191/2020, ha de concluirse que los arts. 1.1 
y 2 de la Orden 22/2016 han introducido una diferencia entre las universidades del 
sistema universitario valenciano que carece de la justificación objetiva y razonable que 
toda diferenciación normativa, por imperativo del art. 14 CE, debe poseer para ser 
considerada legítima.
La exclusión además se proyecta sobre el art. 27 CE, ya que afecta tanto al derecho 
a crear instituciones educativas (art. 27.6 CE) como al derecho de los estudiantes a la 
educación (art. 27.1 CE). Con iguales precedentes, los derechos fundamentales de la 
recurrente  han  de  quedar  restablecidos  declarando  la  nulidad  de  los  términos  que 
restringen el acceso a las becas a los alumnos matriculados en universidades privadas, 
términos que se contienen en los arts. 1.1 y 2 de la Orden 22/2016. Con ello se hace 
innecesario examinar la denunciada lesión de los derechos a la libertad ideológica, a la 
tutela judicial efectiva y al derecho a un proceso con todas las garantías.
10. Por providencia de 20 de enero de 2022, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo y posición de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra el apartado primero del art. 1 y el 
apartado primero del art. 2 de la Orden 22/2016, de 10 de junio, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte («Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
núm. 7805, de 14 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión  de  becas  salario,  ligadas  a  la  renta,  para  la  realización  de  estudios 
universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
También se impugnan las siguientes resoluciones judiciales: (i) sentencia 179/2018, 
de 21 de febrero, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana,  que  en  procedimiento 
especial de derechos fundamentales núm. 456-2016 desestimó la impugnación por la 
universidad de los indicados preceptos de la disposición administrativa; (ii) providencia 
de 31 de enero de 2019, por la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación preparado 
por la universidad contra la sentencia y (iii) providencia de 20 de marzo de 2019, de la 
misma Sección y Sala del Tribunal Supremo, que inadmitió el incidente de nulidad 
planteado por la universidad contra la providencia anterior.
La  impugnación  de  la  orden,  no  se  refiere  al  texto  completo  de  los  preceptos 
formalmente  impugnados,  sino  solo  a  los  incisos  que  determinan  la  vulneración 
denunciada  por  la  universidad  demandante,  a  saber:  en  el  art.  1.1  el  inciso 
«universidades públicas, y centros públicos adscritos a las mismas» y en el art. 2.1 el 
inciso «en alguna de las universidades indicadas en el artículo anterior», por cuanto son 
ambos  incisos  los  que  conducen  a  excluir  a  los  alumnos  matriculados  en  las 
universidades privadas de la posibilidad de solicitar las ayudas consistentes en becas 
salario ligadas a la renta.
Según la demandante de amparo, en los términos que se han expuesto en los 
antecedentes, ambos preceptos de la orden habrían vulnerado los arts. 14, 16 y 27 CE, 
por excluir a las universidades privadas de la Comunitat Valenciana del sistema de becas 
previsto en la disposición administrativa. Las resoluciones judiciales subsiguientes no  e.e
habrían subsanado estas vulneraciones y, además, habrían incurrido en la infracción del  b
derecho  de  la  universidad  recurrente  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE).  El  16ww
daebsoegsatdimo adceió nla,  mGieennterarasl iqtaute  Veal lMeninciisatneari os Fei socpaol ninet earel srae clau ressot imdaec iaómn pdaer ola  yd esmoalicnidtaa  dseu 
CamE)p.a Aro s aul  eenntteennddeerr,  qeulleo  ssee  hparo vyuelnctear asdoob reel  deel raerct.h 2o7 d Ce Ela  proercquurree anfteec ata l aa ilg duearledcahdo ( adret.  l1a4s 
universidades privadas a crear instituciones educativas (art. 27.6) y al derecho de los 
estudiantes a la educación (art. 27.1).
El presente recurso de amparo viene a sumarse a otros que este tribunal ha resuelto 
sobre  asuntos  análogos,  relativos  a  disposiciones  de  la  Generalitat  Valenciana 
impugnadas por la misma universidad, al quedar excluidos del sistema de becas los 
alumnos de las universidades privadas de la Comunitat Valenciana. Estos recursos han 
sido resueltos principalmente, en lo que ahora interesa, por las SSTC 191/2020, de 17 
de diciembre; 2/2021, de 25 de enero; 6/2021, de 25 de enero; 19/2021, de 15 de 
febrero, y 138/2021, de 29 de junio). Dado que son muy similares tanto los términos 
empleados en la orden administrativa recurrida, las alegaciones en que se basó la 
impugnación y los fundamentos aducidos por los órganos judiciales para no acogerla; 
como los términos de la demanda de amparo, de la contestación por la Generalitat y de 
lo alegado por el Ministerio Fiscal, es consecuencia obligada tomar en consideración lo 
que hemos argumentado ya en esas sentencias para resolver el presente recurso, de 
forma señalada en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, a la cual hemos de remitirnos 
en términos generales.
2. Orden de las quejas y óbices de procedibilidad.
a) El que ahora nos ocupa es un recurso de amparo «mixto», que imputa a la 
administración  vulneraciones  de  derechos  fundamentales  de  carácter  sustantivo  y 
atribuye al mismo tiempo lesiones procesales a los tribunales que intervinieron después 
(entre otras, STC 56/2019, de 6 de mayo, FJ 2). Procede, pues, examinar en primer 
lugar  las  quejas  relativas  a  los  arts.  14,  16  y  27  CE  y,  solo  después,  si  fueran 
desestimadas,  la  denunciada  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE). Basta ahora remitirse a lo sentado en el fundamento jurídico 3 de la 
STC 191/2020, donde es tratada esta cuestión pormenorizadamente.
b) Sobre la legitimación ad causam de la Universidad Católica de Valencia, es 
directamente  aplicable  aquí  lo  sentado  en  el  fundamento  jurídico  2  a)  de  la 
STC 191/2020, de 17 de diciembre. Conforme a los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC, 
respectivamente, se reconoce legitimación para interponer el recurso de amparo a toda 
persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, y se establece que están 
legitimados  para  interponer  recurso  de  amparo  contra  resoluciones  de  los  órganos 
judiciales quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente. De acuerdo 
con estos preceptos la legitimación activa no se otorga exclusivamente a la víctima o al 
titular del derecho infringido, sino también a quien ostente un interés legítimo, categoría 
más amplia que la de derecho subjetivo e incluso interés directo (SSTC 60/1982, de 11 
de octubre; 97/1991, de 9 de mayo, y 214/1991, de 11 de noviembre). En este caso, tal y 
como se ha reconocido en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, la recurrente en 
amparo  ostenta  el  interés  legítimo  preciso  para  que  se  aprecie  su  legitimación  ad 
causam.
c) La última cuestión previa versa acerca de si es susceptible de recurso de amparo 
una resolución como la aquí impugnada (los indicados incisos de la Orden 22/2016, 
de 10 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas salario ligadas a la 
renta para la realización de estudios universitarios en las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana.
También esta cuestión fue examinada y decidida en la STC 191/2020, de 17 de 
diciembre, FJ 2 b). Afirma el Ministerio Fiscal que los reglamentos son «disposiciones»  e.e
del poder público y, por tanto, impugnables en amparo si son considerados origen de la  w.b
vulneración de los derechos fundamentales. Este tribunal ha admitido la impugnación  16ww
edjieremcptalo ( yean e lna sla  SSSTTCC 9 1/12918/169, 9d7e,  2d1e d 1e  ednee jruol,i oF, JF 1J;  5cr, itye r5io7 r/2e0ite0r4a, ddoe p 1o9st edreio ramberinl, teF,J p 2o)r 
ceuna lnadso n loar mleasisó»n.  dEen  uenl  dpereresechnote  fucnadsaom lae netxacl lpuusieódna  gteenneerr asl ud oer ilgae pno «sdibirielidcatod  ed ein mobetdeinaetor 
una  beca  por  los  estudiantes  de  universidades  privadas  deriva  directamente  de  la
resolución  dispositiva  impugnada,  su  eficacia  puede  considerase  inmediata  sin 
necesidad de un acto posterior aplicativo y, por ello, debe considerarse que no hay 
impedimento para que este tribunal se pronuncie sobre la impugnación.
3. Aplicación al caso de la jurisprudencia establecida en la STC 191/2020, de 17 de 
diciembre.
En  la  STC  191/2020,  de  17  de  diciembre,  se  concluye  que  una  orden  de  la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecían las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las  becas  para  la  realización  de  estudios 
universitarios en las universidades de la Comunitat Valenciana, había vulnerado el art. 14 
CE en relación con el art. 27 CE.
A la vista de la doctrina constitucional sobre sobre el derecho a la igualdad en 
relación con el derecho a la educación, se afirmaba la existencia de un término de 
comparación válido al referirse a las universidades públicas. De un lado porque el 
legislador orgánico al establecer el régimen jurídico de las universidades no distingue 
entre universidades públicas y privadas cuando dispone que la universidad realiza el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio y determina las funciones de la universidad al servicio de la sociedad (art. 1.1 
LOU), pues unas y otras están sujetas a los mismos requisitos para su creación o 
reconocimiento  y  someten  sus  titulaciones  al  mismo  procedimiento  de  aprobación 
[STC 191/2020, de 17 de diciembre, FJ 5 b)]; y de otro lado porque el art. 2 de la 
Ley  4/2007,  de  9  de  febrero,  de  coordinación  del  sistema  universitario  valenciano, 
determina  que  está  formado  por  las  universidades  de  titularidad  pública  y  las  de 
titularidad privada, entre las que se encuentra la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir [art. 2.1 b) de la ley], ahora recurrente en amparo (SSTC 176/2015, de 22 
de julio, FJ 2, y 74/2019, de 22 de mayo, FJ 4).
También afirma la STC 191/2020, que al configurar las becas y ayudas al estudio 
(art. 45 LOU) la legislación orgánica no ha establecido distinción entre los alumnos 
matriculados  en  las  universidades  públicas  y  privadas,  entre  las  enseñanzas  que 
imparten, ni respecto de los criterios de fomento del estudio mediante becas. Tampoco la 
regulación  del  sistema  de  becas  en  la  Comunitat  Valenciana  distingue  entre 
universidades públicas y privadas (así se desprende del preámbulo del Decreto 88/2006, 
de 16 de junio, por el que se modifica el Decreto 40/2002, de medidas de apoyo a los 
estudiantes universitarios en la Comunitat Valenciana), todo lo cual resulta plenamente 
aplicable en el presente amparo.
Ni en el que resolvía la STC 191/2020, ni tampoco en el presente caso es posible 
encontrar en el tenor de la disposición objeto del recurso, ni en su exposición de motivos, 
una finalidad que justifique establecer el trato diferente entre universidades públicas y 
privadas; las alegaciones de la comunidad autónoma no permiten justificar, desde el 
art. 14 CE, la diferencia de trato denunciada. Aunque se pudiera considerar, como alega 
el abogado de la Generalitat, que a las comunidades autónomas les cabe establecer 
otras modalidades de ayudas con cargo a su presupuesto, sin embargo no pueden 
hacerlo distinguiendo sin justificación y al margen de la legislación vigente, pues esta 
legislación no diferencia entre universidades públicas y privadas (STC 191/2020, de 17 
de diciembre, FJ 5). Recuérdese en fin que el poder de gastar no es un título atributivo 
de competencias (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 5), por lo tanto el sistema de ayudas 
que  establezca  la  comunidad  autónoma  no  puede  desconocer  lo  dispuesto  por  el 
legislador estatal, ni en concreto el mandato de igualdad en las ayudas (STC 188/2001,  e.e
20 de septiembre). w.b
En  el  presente  caso,  la  Orden  22/2016,  de  10  de  junio,  de  la  Consellería  de  16ww
Ealduumcnaocsió nm, aIntrviceusltaigdaocsi óenn,  Clauslt uuran ivye Drseidpaodrtees  dper ilvaa Gdaesn edrael itlaats  Vcaolennvcoicaantao,r ieaxsc lduey eb ae cloass 
ssael adreios tliingaand asso lao  laa  qreunietan epsa reas tluad riaena li«zeanci ólans  duen eivsetrusdidioasd eusn ivpeúrbsliitcaarsio, sy,  pcueenstr olass p aúybulidcaoss 
adscritos a las mismas, que integran el sistema universitario valenciano» (art. 1.1).
Cuando la orden se refiere a los beneficiarios y estudios comprendidos hace la 
misma exclusión, pues señala que podrá solicitar las becas salario ligadas a la renta el 
alumnado que inicie «en alguna de las universidades indicadas en el artículo anterior» el 
primer curso de enseñanzas universitarias adaptadas al espacio europeo de educación 
superior conducentes a títulos oficiales de grado (art. 2.1); esto significa que quedan 
excluidos de la posibilidad de solicitar estas ayudas (becas salario ligadas a la renta) los 
alumnos matriculados en las universidades privadas. Así, como en los recursos de 
amparo análogos ya resueltos, la orden introduce mediante tales incisos una diferencia 
entre las universidades públicas y privadas del sistema universitario valenciano, que 
carece de la justificación objetiva y razonable que debe poseer para ser considerada 
legítima toda diferenciación normativa, por imperativo del art. 14 CE. La exclusión, 
además,  se  proyecta  sobre  el  art.  27  CE  porque  afecta  tanto  al  derecho  de  las 
universidades privadas a crear instituciones educativas (art. 27.6 CE) como al derecho 
de los estudiantes a la educación (art. 27.1 CE).
Así  pues,  una  vez  más  hemos  de  remitirnos  a  los  criterios  jurisprudenciales 
contenidos en la STC 191/2020, de 17 de diciembre, cuya aplicación a este supuesto 
resulta indudable.
4. Conclusión.
Los  razonamientos  expuestos  conducen  a  estimar  el  recurso  de  amparo  y  la 
consiguiente  anulación  de  los  incisos  «universidades  públicas,  y  centros  públicos 
adscritos  a  las  mismas»  del  apartado  primero  del  art.  1;  y  «en  alguna  de  las 
universidades indicadas en el art. anterior» del apartado primero del art. 2, ambos de la 
orden impugnada. Estos son los términos textuales que conducen a la exclusión de los 
alumnos matriculados en las universidades privadas de la posibilidad de solicitar las 
ayudas consistentes en becas salario ligadas a la renta. Tales son los extremos que 
entendemos incursos en la vulneración del derecho de la recurrente del art. 14 CE en 
relación con el derecho del art. 27 CE, al establecer una diferencia de trato entre las 
universidades públicas y privadas en relación con la posibilidad de solicitar las becas 
reguladas en la orden para cursar estudios universitarios.
Por último, al apreciarse la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el 
art. 14 en relación con el art. 27 CE, no procede examinar la lesión denunciada del 
derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) ni la referida al derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la igualdad (art. 14 
CE),  en  relación  con  su  derecho  fundamental  a  la  creación  de  centros  docentes 
(apartado 6 del art. 27 CE). s
2.º Restablecerla en sus derechos y, en consecuencia, declarar la nulidad de los  oe.
incisos «universidades públicas, y centros públicos adscritos a las mismas» del apartado  w.
dapeprim aEretadrodu ocda pecrlii ómanre,t .r oIn1 dv; eeysl  ta«igretan. c 2ia,ó langm,u nCbaou sldt uedr eal a lasy   OuDnrdeivepenor rs2tied2,a/ 2dp0eo1sr6  ,ilna dd eqic u1ae0d  adssee   ejuenns iteoal, b adleretc .l eaan nC tloeanrsiso ebr»lal esdreíeasl    2022-2916n https://ww
reguladoras para la concesión de becas salario ligadas a la renta para la realización de
estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Bc
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la 
sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2576-2019
En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional manifiesto mi discrepancia con la argumentación y el fallo de la 
sentencia aprobada por la Sala. La argumentación de la resolución a la que se opone 
este voto es plenamente coincidente con la de la STC 191/2020, de 17 de diciembre, y 
habiendo manifestado mi discrepancia respecto de aquella, en el voto particular conjunto 
firmado con el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, me remito ahora, en su totalidad, 
a dicho voto particular.
Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–María Luisa Balaguer Callejón.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas respecto 
de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo núm. 2576-2019
Con el máximo respeto a mis compañeros de Sala, en ejercicio de la facultad que me 
confiere  el  art.  90.2  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional,  manifiesto  mi 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
considero que debería haber sido desestimatorio. A mi juicio, ni el recurso de amparo 
reúne  los  requisitos  procesales  para  poder  ser  admitido  a  trámite,  ni  concurre  la 
vulneración del derecho a la igualdad aducida.
Una parte importante de mi discrepancia coincide con la ya manifestada por el 
magistrado  don  Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón y el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón en sus votos particulares a 
la STC 191/2020, de 17 de diciembre. A los argumentos presentados en aquellos votos 
me adhiero, por remisión a ellos, sin que eso me impida profundizar en algún aspecto, 
con el contenido que se expone a continuación.
Sobre el fondo: no existe vulneración del art. 14 CE.
Se alega que la medida incorpora una diferencia de trato en la norma entre las 
universidades públicas y la universidad recurrente por ser privada. Estaríamos, pues, 
ante una vulneración del derecho a la igualdad recogido en el primer inciso del art. 14 
que, de acuerdo con nuestra doctrina, recoge «un derecho subjetivo de los ciudadanos a 
obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige 
que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias 
jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente 
justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, 
de  acuerdo  con  criterios  y  juicios  de  valor  generalmente  aceptados,  y  cuyas 
consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas» (STC 200/2001, FJ 4). De 
acuerdo con doctrina consolidada de este tribunal, debe examinarse si concurre la 
igualdad de situaciones exigida para que pueda, en su caso, considerarse aplicable el 
art. 14 CE. A este respecto, la recurrente alega que a igual nivel de renta, a los  e
estudiantes de la privada se les niega el derecho de acceso a una beca que sí se  bo
reconoce a los estudiantes de la pública. Se observa como la falta de interés legítimo  16ww
snqiuutueeas Ectynriaoo   tnosseidesso t,e  hpmcaoa arsqp oduu,ee e l,soe tc doocu miecdaroetc  osim óeen ash n saiquf idupeieesc throlioao ,srd . n iSufoinci neuiv xleetiasmr stebaid a darleadg  eoprs,ae  srcptoiuúdnrbar ell.aicnsat esu  njyuiv spetrrifisviciadadara dlsea s c ipogúeubxaillsidctaaedsn   ledanes    OE-A-2022-29able en https://
que están pensadas para recibir y formar a todas aquellas personas que superen unos
requisitos académicos y que sufraguen unos precios públicos, muchas veces por debajo 
del coste real. Precisamente para garantizar que la universidad pública sea lo más 
universal posible, las administraciones crean programas de becas y ayudas para que las 
personas con dificultades económicas puedan acceder en igualdad de condiciones que 
el resto de alumnado a los centros públicos. Se trata, pues, de medidas que persiguen 
dar cumplimiento al art. 9.2 CE cuando establece que los poderes públicos removerán 
los obstáculos para que la igualdad sea efectiva, como instrumento privilegiado de 
actuación en un estado de derecho democrático que se define, también, como social. La 
universidad privada persigue otras finalidades, legítimas, pero diferentes, dependiendo 
de  la  voluntad  de  los  titulares  de  dichos  centros.  En  esta  línea,  las  universidades 
privadas son libres para fijar sus precios que podrán amoldar al coste real de los 
estudios y, como suele ocurrir en toda actividad con ánimo de lucro, a la producción de 
beneficios. Públicas y privadas prestan, así lo establece el art. 1 de la LOU, un servicio 
público. Sin embargo, las universidades privadas, más allá de ofrecer los currículos 
oficiales, prestan un servicio complementario, que las diferencia de las universidades 
públicas. Además de lo señalado, el magistrado Xiol Ríos y la magistrada Balaguer 
Callejón  han  puesto  de  manifiesto  en  sus  votos  algunas  de  las  diferencias  más 
destacables en el régimen jurídico de las universidades públicas y las universidades 
privadas.
Llegados a este punto, si se niega la igualdad de situaciones no cabe hablar de trato 
diferente y, por tanto, no debería entrarse en el segundo de los elementos del test de 
igualdad: su justificación objetiva y razonable en el diferente trato. En todo caso, ya se ha 
dicho que la finalidad perseguida por las becas pensadas por las Generalitat Valenciana 
para el estudiantado de las universidades públicas es la tender hacia la igualdad de 
acceso a los estudios universitarios de todas aquellas personas que cuenten con los 
requisitos académicos requeridos. Si, como se ha dicho, son las universidades públicas 
los centros llamados, en todo caso, a ofrecer un acceso a los estudios superiores 
tendente a lo universal, pagando unas tasas, inferiores por lo general al coste real y, en 
todo caso, muy inferiores a los costes de las universidades privadas, la consecuencia 
lógica es pensar que las personas con menores ingresos y que, por tanto, pueden 
necesitar aquellas becas o ayudas públicas serán personas que optarán por el acceso a 
la universidad pública, que son los entes llamados favorecer, siempre y en todo caso, el 
ejercicio de la educación superior en su vertiente prestacional. En las universidades 
públicas los costes de matrícula, tasas públicas, son fijados sin tener en cuenta un 
criterio empresarial o lucrativo, sino el de cubrir un mínimo del coste total de los estudios 
que se sufraga, de forma solidaria, a través de los presupuestos generales del estado o 
de las comunidades autónomas. Las universidades públicas en España son centros de 
excelencia y calidad de docencia e investigación, según todos los indicadores, por lo 
que, además, acudir a un centro público no tiene ningún estigma negativo, como podría 
tener en otras latitudes, sino, más bien, lo contrario.
Desde una perspectiva europea cabría añadir, incluso que las diferencias en el 
régimen jurídico económico entre las universidades públicas y las privadas, permiten 
catalogar a las primeras como prestadoras de una actividad no económica, que persigue 
una función educativa de interés general. La primera parte de esta afirmación no sería 
aplicable, en cambio, respecto de las universidades privadas.
En definitiva, la opción normativa elegida de destinar las becas y ayudas solo a los 
estudiantes  de  las  universidades  públicas  resulta  una  medida  constitucionalmente 
legítima, objetiva y razonable. es
Madrid,  a  veinticuatro  de  enero  de  dos  mil  veintidós.–Inmaculada  Montalbán  w.
Huertas.–Firmado y rubricado. 16ww