BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Martes 25 de enero de 2022 Sec. III.   Pág. 9570
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
1180 Resolución de 17 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social 
y la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre cesión de información.
Con fecha 14 de enero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre la Tesorería General 
de la Seguridad Social y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, mediante el Departamento de Trabajo y Empleo, sobre cesión de información y, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Madrid, 17 de enero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Iría Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante el Departamento de 
Trabajo y Empleo, sobre cesión de información
REUNIDOS
De una parte, don Andrés Harto Martínez, Director General de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero 
(BOE de 22 de enero), actuando en virtud de lo establecido en el artículo 48.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Y de otra parte, doña Idoia Mendia Cueva, Vicelehendakari Segunda y Consejera del 
Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, en uso de las atribuciones que 
le confiere el Decreto de 21/2020, de 7 de septiembre (BOPV número 177, de 8 de 
septiembre),  por  el  que  aprueba  su  nombramiento,  en  representación  de  la 
Administración General de la CAPV, en virtud de las competencias que le atribuye la 
Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno.
EXPONEN
1.  La Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) es un Servicio 
Común adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dotado de personalidad jurídica propia, al que 
le compete la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del sistema, 
en aplicación de los principios de solidaridad financiera y de caja única.
2.  El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regulan la estructura y  e.
competencias de la TGSS, le atribuye, en su artículo 1.1.a), las competencias en materia de  w.
iarnerstcícucrurisplooc si1ó .n1d .bed) e l afin egamenspctriiaóecnsia óysn  c oydn etlralo  l sdaiefsil tileaamc cióaon ti,z daeac litóalnas   y ySd eebg laauj raridesac addu ed Salococisói anlt ,rd aebm alaajaste dcrouiaroests a;s re yyg  dueelanmd aáessl    2022-1180n https://w
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de 26 de enero, por el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y por el 
Reglamento  general  de  recaudación  de  la  Seguridad  Social  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de julio.
3.  Conforme el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales «El tratamiento de 
datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación 
legal  exigible  al  responsable,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  6.1.c)  del 
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales 
del  tratamiento  y  los  tipos  de  datos  objeto  del  mismo  así  como  las  cesiones  que 
procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma 
podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción 
de  medidas  adicionales  de  seguridad  u  otras  establecidas  en  el  capítulo  IV  del 
Reglamento (UE) 2016/679».
Además, el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público regula expresamente la transmisión de datos entre administraciones 
públicas en desarrollo del artículo 3.1.k) de la propia Ley 40/2015.
4.  El artículo 141.1.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, 
prestando, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran 
solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Las obligaciones que se derivan 
del deber de colaboración se harán efectivas a través de alguna de las técnicas previstas 
en el artículo 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5.  El artículo 16.3 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  dispone  que  las  entidades  gestoras  y 
colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, facilitándole, cuando le sean solicitadas, 
las informaciones, antecedentes y datos con relevancia en el ejercicio de la función 
inspectora, incluso los de carácter personal objeto de tratamiento automatizado, sin 
necesidad de consentimiento del afectado.
6.  El artículo 77.1.d) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que 
«Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad 
Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán utilizarse 
para los fines encomendados a las distintas Entidades Gestoras, Servicios comunes y 
órganos que integran la Administración de la Seguridad Social, sin que puedan ser 
cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto 
la colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha contra el 
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos,  incluidos  los  de  la  Unión  Europea,  para  la  obtención  o  percepción  de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración 
de la Seguridad Social resulten relevantes».
7.  Las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad 
Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en orden 
a la vigilancia que esta tiene atribuida respecto al cumplimiento de las obligaciones de  s
empresarios y trabajadores establecidas en la presente ley, según dispone el artículo 134  oe.
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. w.
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funcionarios y medios materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las
normas del orden social en las materias competencias de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, en los términos del artículo 12.2 de su Estatuto de Autonomía.
La Administración General del Estado y la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, con objeto de garantizar la necesaria cooperación y coordinación 
institucional del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito 
territorial del País Vasco, el ejercicio eficaz de la función inspectora y su actuación en todas 
las materias del orden social, dentro de la concepción única e integral de dicho sistema, 
suscribieron un Convenio en materia de organización y funcionamiento de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad en el País Vasco, el 14 de diciembre de 2011, y cuyo objeto era la 
prestación coordinada del servicio público de inspección para garantizar su eficaz ejercicio 
en el marco de una oficina unificada con una gestión, servicios administrativos y de atención 
a la ciudadanía comunes y con recursos compartidos.
Respecto a la organización, cada una de las administraciones dispone de estructura 
orgánica y directiva propia a nivel autonómico.
9.  Para llevar a cabo la gestión encomendada en la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social al personal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social transferido al Departamento de Trabajo y 
Empleo del Gobierno Vasco le es necesario poder acceder, a modo de consulta, a la 
información contenida en los ficheros generales de bases de datos de la TGSS, lo que 
deberá garantizarse a través de los órganos e instrumentos previstos en esta ley y en los 
acuerdos  o  convenios  suscritos  entre  las  Administraciones  competentes,  lo  que  se 
instrumentará  mediante  convenios  de  colaboración  según  lo  establecido  en  el 
artículo 25.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio.
10.  La disposición adicional octava de la Ley 23/2015, de 21 de julio, establece que 
en la coordinación de las actuaciones entre los servicios de inspección traspasados a las 
Comunidades Autónomas y los de la Administración General del Estado los acuerdos 
bilaterales que se establezcan deben tener especialmente en cuenta la singularidad de la 
adscripción  orgánica  de  los  servicios  de  inspección  a  diferentes  administraciones 
Públicas, sobre la base de la concepción única e integral del Sistema, del principio de 
unidad de función y actuación inspectora de los funcionarios del Sistema y del principio 
de eficacia en la ejecución de la función inspectora.
11.  Con carácter general, el acceso de la ITSS a las bases de datos de la TGSS 
vino a concretarse en los puntos primero.1.º, quinto y octavo de la Resolución de 28 de 
julio  de  2004,  «conjunta  del  secretario  de  Estado  de  la  Seguridad  Social  y  de  la 
subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se fija el marco de relaciones 
para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social». La resolución mencionada, en función de su entrada en 
vigor, está referida al ámbito de la Administración general del Estado, lo que no debe 
impedir, por razones de uniformidad y coherencia, que su contenido sea aplicable al 
presente convenio y a los que en el futuro puedan firmarse con otras administraciones 
autonómicas.
12.  En cuanto a la posibilidad de la TGSS de solicitar y obtener del Gobierno Vasco 
información de la contenida en las bases de datos de ésta, que pudiera resultar útil para 
el ejercicio de las funciones de aquella, se encuentra contemplada con carácter general 
en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Particularmente, la colaboración de la ITSS con la TGSS, independientemente 
de la dependencia orgánica y/o funcional de la primera, encuentra su amparo en el  s
artículo 17.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de  oe.
Trabajo y Seguridad Social. w.
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convenio que estuvo vigente hasta el 2 de octubre de 2019, tenía por objeto fijar las 
condiciones y los términos de la colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, para facilitar 
el acceso de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
adscritos orgánicamente al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales al sistema de 
información  de  la  Seguridad  Social  en  relación  con  las  transacciones  informáticas 
establecidas en el anexo III del Convenio sobre cesión de información, que eran las que 
en el momento de la firma del convenio tenían acceso los funcionarios de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la Administración General del Estado.
14.  Posteriormente, los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la Administración General del Estado han tenido acceso a nuevas transacciones 
informáticas de la Tesorería General de la Seguridad Social, a las que no han tenido 
acceso  los  funcionarios  del  sistema  de  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social 
adscritos orgánicamente al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ya 
que no constaban en el anexo III del Convenio mencionado porque las transacciones en 
cuestión no existían en el momento de su firma.
15.  En fecha 19 de julio de 2018 la Tesorería General de la Seguridad Social y el 
Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social suscribieron un 
convenio por el que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la 
colaboración recíproca. En la cláusula octava de este Convenio entre la Tesorería General 
de  la  Seguridad  Social  y  el  Organismo  Autónomo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social, se acuerda que la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará el 
acceso de la Inspección de Trabajo y seguridad Social a sus bases de datos en modo de 
consulta, proporcionando las oportunas transacciones para los funcionarios del Organismo 
Estatal  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  Por  lo  tanto,  proporcionando  las 
oportunas transacciones, sin especificar concretamente estas, lo que permite cumplir con 
el principio de eficacia del artículo 2.a) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, al disponer 
automáticamente de las transacciones que sean oportunas, sin necesidad de modificar el 
convenio para añadir otras transacciones cuando sean necesarias.
16.  Con la finalidad de garantizar la eficacia en la ejecución de la función inspectora 
de  todos  los  funcionarios  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  con 
independencia de la Administración Pública a la que están adscritos, resulta necesario 
suscribir  un  Convenio  entre  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  la 
Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  mediante  el 
Departamento de Trabajo y Empleo, sobre cesión de información.
En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en 
la representación en la que actúan para suscribir este convenio de acuerdo con las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El Convenio tiene por objeto fijar las condiciones y términos de la colaboración entre 
la TGSS y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, para facilitar el 
acceso de los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social al 
sistema de información de la Seguridad Social en relación con las transacciones y  e.e
sistemas  de  gestión  informáticos  habilitados  por  la  TGSS  (en  el  Grupo  T0ITSS00:  b
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implicadas  se  deberán  ajustar  a  las  reglas  y  principios  contemplados  en  el  Real
Decreto  4/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema  Nacional  de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Segunda.  Finalidad.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la TGSS tiene como 
finalidad exclusiva facilitar el desarrollo de las funciones atribuidas por el ordenamiento 
jurídico a los funcionarios del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
adscritos orgánica y funcionalmente al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno 
Vasco en los términos establecidos en el artículo 16.3 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, y 
en el artículo 134 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Por el presente convenio la TGSS autoriza al Departamento de Trabajo y Empleo del 
Gobierno Vasco la utilización de las transacciones que dan acceso a la información 
contenida en las bases de datos de sus ficheros, en el Grupo T0ITSS00: Consultas 
Generales.
Tercera.  Principios y autorización.
La TGSS y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco deberán 
ajustarse a lo estipulado en los siguientes puntos:
1.º  La TGSS realizará la autorización inicial de utilización de las transacciones a 
que se refiere el presente Convenio, del Grupo T0ITSS00: Consultas Generales.
2.º  La configuración del acceso objeto del presente convenio habrá de cumplir los 
siguientes principios, establecidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica, sobre control de acceso al sistema informático 
de la Seguridad Social:
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva.
– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y 
con los límites de la autorización, pueden crear, utilizar, modificar o suprimir información.
• Disponibilidad,  de  forma  que  los  usuarios  autorizados  tengan  acceso  a  la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.
• Trazabilidad, de forma que las actuaciones realizadas por los usuarios autorizados 
del Gobierno Vasco pueden ser imputadas exclusivamente al Gobierno Vasco.
• Autenticidad, garantizando que los usuarios autorizados por el Gobierno Vasco son 
quienes dice ser, al tiempo que se garantiza la fuente de la que proceden los datos.
3.º  La  administración  del  sistema  se  basará  en  la  asignación  de  perfiles  de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de usuario central y tres perfiles de 
usuario territorial, uno por cada provincia, autorizadores con nivel 4, y éstos, a su vez, 
darán de alta tantos códigos de usuario como sean necesarios para la realización de las 
funciones de gestión encomendadas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas  s
para acceder al sistema informático, pero sin facultad para dar de alta en SILCON a  o
otros usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U. w.
cdoemteEorml  utianslau dlaaor i oaa nuaotuottaroiczriiaózdanod  eo(nur  sdSuaaIdLroiCo dO) epN oa rld traea  zrleóaansl  idztraear násus la apc uacesioisgntnoea sdc eiaó  tnrlaa dbsea  qjpoue.erf ilpeuse, deen teanccdeiédnedro usne   2022-1180n https://w
4.º  El usuario administrador/autorizador, y subsidiariamente el Departamento de
Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, es responsable de la asignación de perfiles de
autorización a los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades de gestión, y 
vigilará la correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
5.º  Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar 
identificados  y  autentificados,  de  forma  que  en  todo  momento  pueda  conocerse  al 
usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida 
en el sistema. Para ello, en el momento de autorizar un usuario, se cumplimentarán 
todos  los  campos  exigidos,  tales  como  características  del  puesto  de  trabajo  e 
información complementaria, núm. de teléfono, correo electrónico, etc.
6.º  Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los 
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
7.º  Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario. Por otra parte, se establecerán controles en cuanto al tiempo de 
inactividad  de  los  usuarios,  que  pasarán  a  la  situación  de  cancelados  una  vez 
transcurridos tres meses sin acceder a los ficheros de bases de datos. También se 
dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por 
parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
Cuarta.  Declaración de responsabilidad.
Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en el Departamento de 
Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, deben tener el conocimiento de que la copia de 
programas y/o el uso de datos de carácter personal en tareas impropias son operaciones 
ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en concreto, las 
establecidas en el título IX de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a responsabilidades 
de cualquier otra naturaleza, incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier 
medio, se tengan indicios de la utilización de datos, antecedentes, registros o informes 
con finalidad distinta a la propia gestión asignada al usuario, o su difusión indebida, 
infringiendo  así  el  deber  de  secreto  profesional,  se  pondrán  dichos  hechos  en 
conocimiento del interlocutor de la TGSS definido a estos efectos, al objeto de procurar 
la adopción de las medidas pertinentes entre ambas partes.
A fin de dar a conocer estas responsabilidades, en todas las altas de usuarios 
realizadas  se  deberá  cumplimentar  un  documento  donde  se  especificarán  los 
compromisos adoptados por el usuario, en los términos que se indican en esta cláusula y 
en el anexo I que se adjunta a este Convenio. Dicho documento quedará en poder del 
autorizador de nivel 4, estando a disposición de la TGSS cuando lo solicite.
Quinta.  Control y seguridad de los datos cedidos. Sistema de auditorías.
Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, en el Reglamento de desarrollo de la ley orgánica, y en los 
documentos de seguridad aprobados por la TGSS. es
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría incluidos en el anexo II  bo
que facilite la TGSS, el órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que  w
fogictarhraaeE narlot ciscóti ervogni dab anlaados   edecsene bcesiandiom aqn iuanceraui odsa taqos udeaei  aglcl oaoysrm a afpnidgrteiuozcrmaeurena lt daeina  cc aulou trqiirdleiuzoceast ca.ci óafondr amd eaa  clyoc seju sdsoat iftqiocusae crdieóecn ij budisdetoli fsiac cayc decosu oac loqanu l ioelasr    OE-A-2022-1180able en https://w
causa o expediente que lo hubiera motivado.
Sin perjuicio de lo anterior, la TGSS se reserva la facultad de:
a)  Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los datos 
recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto cualesquiera otros controles accesorios o 
complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS.
b)  Solicitar,  en  cualquier  momento,  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que se estime precisa o conveniente por la TGSS sobre la corrección de 
los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.
c)  Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que no 
quede acreditada su correspondencia con los fines para los que hubieran sido utilizados.
El  órgano  cesionario  acepta  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y 
supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS, al 
objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las 
condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
Sexta.  Limitaciones.
La TGSS se reserva la facultad de revisar en cualquier momento posterior a la firma 
del presente convenio las formas de acceso a los datos protegidos, ya sea a través de 
acceso  directo  a  ficheros,  soporte  físico  o  conexión  telemática  o  electrónica,  y  la 
limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de los 
ficheros  a  raíz  de  mejoras  introducidas  en  los  mismos,  por  falta  de  uso  de  las 
transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones 
pactadas en este Convenio.
Séptima.  Responsabilidades.
El órgano cesionario acepta y asume por el presente documento que la cesión de 
datos se produce a los fines exclusivos que se especifican en este convenio, por lo que 
cualquier  otro  uso  que  se  haga  de  dichos  datos  constituirá  un  incumplimiento  del 
presente  Convenio  que  facultará  a  la  Tesorería  para  exigir  las  responsabilidades 
oportunas.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
El organismo cesionario será responsable frente a la Tesorería y frente a terceros de 
cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los 
datos cedidos, eximiendo a la TGSS de cualquier responsabilidad a este respecto. La 
Tesorería podrá repetir contra el organismo cesionario por cualquier indemnización que 
deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
Octava.  Comisión de control y seguimiento.
Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirán comisiones de 
seguimiento en cada provincia. e
La comisión provincial estará formada por el Director Provincial de la Tesorería  bo
General de la Seguridad Social o persona que designe el Director Provincial y un  w
ISifnnuucsnsopc reiaopccnocuariaeórirrnosd  eodd,se e c r oTenlrqaa u dbeemarrjioiersá cmdnhe aoel   la GDv vooirotbeozice ,cf raicnóvuonoa  rVlaqPaburslioeecv rodi n oeyct  ritaouol nd,p  oefasurs snlíoo cnsico aornlem aaprolri oe s sepderoevnr i tclaaliaon   tmedSsiesu. m lbAada sAi irmSeducmistbomindriioasre, t rcpdacoecid óiórnlnáa.     OE-A-2022-1180able en https://w
Pública que se considere necesario.
Será  competencia  de  la  comisión  de  control  y  seguimiento  establecer  los 
procedimientos  más  eficaces  que  posibiliten  el  intercambio  de  información  y  la 
colaboración  prevista  en  este  Convenio.  A  tal  fin,  promoverá  la  supresión  de  los 
impedimentos técnicos que impidan su inmediato intercambio y colaboración.
En concreto, a la comisión de control y seguimiento se le encomiendan las siguientes 
funciones:
a)  Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de cesión de información más 
eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados.
b)  Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
c)  Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente Convenio.
d)  Establecer  los  criterios  adecuados  para  la  regulación  de  los  aspectos  no 
desarrollados en este convenio.
e)  Mantener actualizado un documento con el total de las transacciones y sistemas 
de gestión informáticos incluidos en el Grupo T0ITSS00: Consultas Generales, a que se 
refiere la cláusula primera.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de esta comisión.
Estas comisiones se reunirán, rigiéndose por lo dispuesto en la sección 3.ª del 
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Novena.  Vigencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, el presente 
Convenio tendrá una vigencia de cuatro años. Según lo dispuesto en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se perfeccionará por el consentimiento de las partes y 
resultará  eficaz  una  vez  inscrito  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado». En cualquier momento, antes de la finalización del plazo 
previsto, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales.
Décima.  Modificación y causas de extinción.
Las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente  convenio  en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. El presente convenio se entenderá 
resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes. e
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de  bo
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convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar las indemnizaciones o sanciones que pudieran dar lugar al uso 
indebido de datos cedidos por la TGSS.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, las partes a propuesta de la Comisión de control y seguimiento del 
convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, de 
conformidad con el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Orden jurisdiccional competente.
El  presente  convenio  tiene  carácter  interadministrativo  de  conformidad  con  el 
artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, siéndole de aplicación la restante normativa de dicho texto legal y en particular 
lo dispuesto en el capítulo VI, del título preliminar, y en concreto, los artículos 47 a 53.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Duodécima.  Financiación.
Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán costes ni darán 
lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
En prueba de conformidad, las partes implicadas firman el presente documento por 
vía electrónica, tomándose como fecha de formalización del presente documento la 
fecha del último firmante, en Madrid, el 14 de enero de 2022.–El Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.–La Consejera de 
Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia Cueva.
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ANEXO I
El señor/la señora .................................................... con DNI número ........................ 
y adscrito/a ..........................., por el presente documento comunica:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y en el artículo 6 de la Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos 
al sistema informático de la Seguridad Social, en el caso de que las funciones que 
desarrolle  o  los  trabajos  que  realice  conlleven  su  alta  como  usuario  del  sistema 
informático, adquiere el compromiso de utilizar las transacciones con los fines exclusivos 
de gestión para los que sea autorizado, y está obligado a guardar el secreto profesional 
sobre los datos de que tenga conocimiento, siendo responsable de todos los accesos 
que se realicen a los ficheros informáticos mediante su contraseña personal y el código 
de acceso facilitado.
Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en el título IX de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de responsabilidades 
de cualquier otra naturaleza, incluso penales.
..........................., a ........ de ................... de 20....
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ANEXO II
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
1.  Auditor delegado en el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. 
Sus funciones y competencias son:
1.  Será el interlocutor con la TGSS en el ámbito de su competencia, y su función 
principal será efectuar la auditoría mensual a los usuarios autorizados en su organismo.
2.  Tendrá como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada del órgano cesionario que solicitará la excepción de nivel y que deberá ser 
aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
3.  Se le asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, y se le dará de alta a esos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en la persona designada como auditor delegado deberán 
ser comunicadas en la mayor brevedad posible al auditor delegado de la TGSS, quien lo 
pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías.
4.  La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del organismo externo, podrá 
autorizar  la  figura  de  auditor  delegado  suplente  (que  deberá  cumplir  los  mismos 
requisitos de nivel que el auditor delegado y se le asignará también en SILCON un 
nivel 4) en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del auditor delegado.
5.  El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a 
pesar de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la 
tarea de auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
6.  En  ningún  caso  podrán  coincidir  en  la  misma  persona  los  cargos  de 
administrador SILCON y auditor delegado.
2.  Auditor delegado de la TGSS en Álava. En la Dirección Provincial de la TGSS de 
Álava, el auditor delegado provincial tendrá las siguientes funciones:
1.  Realizar  las  auditorías  de  los  accesos  del  auditor  delegado  del  organismo 
externo.
2.  Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe mensual de 
auditoría elaborado por el auditor delegado del organismo externo.
3.  Asignación/desasignación de un departamento al auditor delegado del organismo 
externo.
4.  Información  y  resolución  de  dudas  e  incidencias  al  auditor  delegado  del 
organismo externo.
5.  Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías.
3.  Unidad  Nacional  de  Auditorías.  Serán  funciones  de  la  Unidad  Nacional  de 
Auditoría las siguientes:
1.  Velar por la adecuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorías se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
2.  Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de: s
Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los  w.b
smuissmpCeoonsns tpiróoundl  ioee rsraep tecirocaínfdcicauo rd riedr feain lgiltauivsna a a csuuittauonaridczoiaó cnsi eod neae drsive iesdgretoa   leounsn   lauu sspour oaintreaiocdsce,ió cnpu uadddeio ed ndadetoo ls a cpso emmrsipsomonraatlaesr.s .su  2022-1180n https://w
3.  Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores,
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorías elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
4.  Realizar auditorías específicas de accesos indebidos al sistema de confidencialidad 
cuando se produzcan denuncias por parte de los titulares de los datos accedidos, cualquiera 
que sea su lugar de presentación, y tramitar de forma centralizada todas las denuncias y 
comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier forma de vulneración de protección de 
datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo de la TGSS.
5.  Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General de la 
TGSS para su relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección 
de Datos. A este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorías cualquier 
escrito o solicitud que se reciba de dicha agencia.
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del organismo 
externo por parte de la Dirección Provincial de la TGSS antes del inicio de la auditoría 
mensual que proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales 
del auditor delegado.
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