BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Viernes 28 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 21036
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
2885 Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 
materia de prestación de servicios de medicina del trabajo.
El  Subsecretario  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria 
Democrática y la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han 
suscrito un Convenio en materia de prestación de servicios de Medicina del Trabajo.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Convenio como anexo a la 
presente Resolución.
Madrid, 25 de febrero de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
en materia de prestación de servicios de Medicina del Trabajo
En Madrid, a 10 de febrero de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Antonio  J.  Hidalgo  López,  Subsecretario  de  la  Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, nombrado para dicho cargo por el 
Real Decreto 96/2020, de 17 de enero, que actúa en virtud de las competencias que le 
han sido delegadas por la Orden PRA/456/2018, de 3 de mayo, sobre delegación de 
competencias y sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos 
para gastos, y por la Orden PCI/662/2018, de 18 de junio, por la que se mantiene la 
vigencia de las delegaciones de competencias de los órganos superiores y directivos de 
los extintos Ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el ámbito de competencias del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y que por virtud de la disposición 
adicional única del Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean las 
Subsecretarías en los Departamentos ministeriales, continúan vigentes hasta que sean 
expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
Y de otra, doña Yolanda Gómez Sánchez, Directora del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales (en adelante, CEPC), nombrada por Real Decreto 931/2018, de 20 de 
julio,  y  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el  artículo  5  del  Real  s
Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento  oe.
del CEPC. w.
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EXPONEN
Primero.
Que existe en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática,  desde  el  año  1977,  un  Gabinete  Médico  que  ofrece  prestaciones 
asistenciales y de Medicina del Trabajo al personal funcionario y laboral del Complejo de 
la Moncloa, perteneciente tanto al propio Ministerio como a la Presidencia del Gobierno.
Segundo.
Que  dispone  para  ello  de  unas  instalaciones  sanitarias  con  el  equipamiento 
necesario, según marca la legislación vigente, para la cobertura de la especialidad de 
Medicina del Trabajo en el Complejo de la Moncloa, así como de un Gabinete Médico 
cuya plantilla está constituida por cuatro Médicos, incluyendo a su Director (tres de ellos 
Médicos del Trabajo), cuatro Diplomados/as en Enfermería (dos de ellos Enfermeros/as 
del Trabajo), un Administrativo y un Ordenanza.
Tercero.
Que el CEPC es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con personalidad jurídica pública 
diferenciada, capacidad de obrar y que ostenta potestades administrativas propias, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del  Sector  Público,  y  por  su  propio  Estatuto,  aprobado  mediante  Real 
Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del CEPC.
Cuarto.
Que en el CEPC no existe personal sanitario que realice funciones de Medicina del 
Trabajo.
Quinto.
Que, de acuerdo con las finalidades reconocidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  es  de  común  interés  tanto  por  parte  del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática como por 
parte del CEPC aunar sus esfuerzos con el objeto de mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, para lo que formalizan el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre el Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y el CEPC en  s
relación a la prestación de la especialidad de Medicina del Trabajo y, por tanto, la  oe.
vigilancia de la salud a todos los empleados y personal del organismo por parte del  w.
DGeambioncertáet iMcaé.dico del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria  2020-2885n https://ww
Segunda.  Obligaciones de las partes.
Para  el  cumplimiento  del  objeto  del  presente  Convenio,  el  Ministerio  de  la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática aportará los medios 
humanos y materiales necesarios para atender las actuaciones detalladas en la cláusula 
quinta de este Convenio, prestando el CEPC toda la colaboración posible en cuanto le 
fuere requerido.
Tercera.  No incremento del gasto público.
Las actuaciones previstas en el presente Convenio no darán lugar a contraprestación 
económica  entre  las  partes  y  serán  financiadas  con  cargo  a  sus  respectivos 
presupuestos. En ningún caso supondrán un aumento del gasto público.
Cuarta.  Composición del sistema de prestación de servicios de Medicina del Trabajo.
El sistema de prestación de servicios de Medicina del Trabajo estará integrado por 
Médicos del Trabajo y Enfermeros del Trabajo del Gabinete Médico del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El Director del Gabinete 
Médico  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria 
Democrática ostentará la jefatura, en relación con el objeto de este Convenio, ante el 
Organismo Público competente en la materia sanitaria.
En función de las necesidades que se presenten, puede recabarse la colaboración 
de otros especialistas seleccionados en calidad de consultores.
Quinta.  Actuaciones comprendidas.
La cobertura de la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo, incluyendo las 
actividades periódicas de vigilancia de la salud, comprende las siguientes actuaciones:
1.  Reconocimientos médicos/evaluaciones de la salud:
– Periódicos.
– A empleados de nueva incorporación.
– A quienes reanuden su actividad laboral tras una ausencia prolongada por motivos 
de salud.
– En situación de embarazo, lactancia, discapacidad u otra situación de especial 
sensibilidad.
– Ginecológicos/urológicos.
2.  Campañas periódicas de información sanitaria.
3.  Campañas de vacunación.
4.  Información sanitaria de salud laboral.
5.  Medicina  asistencial:  Consulta,  control  de  enfermos  crónicos,  urgencia  y 
asesoría.
Sexta.  Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente Convenio se 
constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada 
una de las partes, designados por las autoridades firmantes del Convenio. e
Serán funciones de esta Comisión la vigilancia y control de la ejecución del Convenio  bo
y de los compromisos adquiridos por las partes, la adaptación de los elementos no  85ww
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Séptima.  Modificación del Convenio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del presente Convenio requerirá 
acuerdo unánime expreso de los firmantes, que se tramitará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la citada ley.
Octava.  Extinción y efectos de la resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
a)  El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
las leyes aplicables al mismo.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución existieran actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  actuaciones  en  curso  que  consideren 
oportunas,  estableciendo  un  plazo  improrrogable  que  no  sobrepasará  el  término 
inicialmente previsto en el Convenio.
Novena.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» y tendrá una duración de cuatro años.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en la cláusula 
anterior, las partes podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta otros cuatro años 
adicionales.
Décima.  Confidencialidad y protección de datos.
Sobre los datos de carácter personal que sean objeto de tratamiento en el desarrollo 
de la relación establecida entre ambas partes recaerá el deber de confidencialidad 
impuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Las medidas de vigilancia de la salud se llevarán a cabo respetando la intimidad y la  s
dignidad de la persona, según se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  oe.
Prevención de Riesgos Laborales, y con arreglo a Ley 41/2002, de 14 de noviembre,  w.
mbáastiecraia  rdeeg uinlafodromraa cdióen  lay  daouctounmoemnítaa cdióenl  cplaínciicean.te y de los derechos y obligaciones en  2020-2885n https://ww
Undécima.  Naturaleza jurídica.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima.  Resolución de controversias.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en su cláusula sexta.
Las cuestiones litigiosas que no hayan podido resolverse en el seno de la Comisión 
de Seguimiento serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, las partes firman el 
presente  Convenio,  por  triplicado  ejemplar,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.–El  Subsecretario  de  la  Presidencia,  Relaciones  con  las  Cortes  y 
Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.–La Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez Sánchez.