BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145121
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19502 Sala Primera. Sentencia 173/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 227-2019. Promovido por doña Felicidad Teresa González del Valle 
en  relación  con  la  sentencia  de  la  Sección  Séptima  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  que  desestimó  su 
solicitud de revisión de la pensión ordinaria de jubilación forzosa por edad. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (intangibilidad): resolución 
judicial que desatiende el efecto positivo de la cosa juzgada material al 
ignorar un pronunciamiento firme anterior con incidencia en la determinación 
de los haberes reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo 
de la pensión de jubilación de la recurrente.
ECLI:ES:TC:2021:173
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa 
Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 227-2019, promovido por doña Felicidad Teresa 
González  del  Valle,  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Isabel 
Covadonga Juliá Corujo y asistida por el abogado don Raúl Bocanegra Sierra, frente a la 
sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia  Nacional  de  11  de  diciembre  de  2017,  que  desestimó  el  recurso 
(procedimiento ordinario núm. 858-2016) interpuesto contra la desestimación presunta 
por  el  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  de  la  reclamación  económico-
administrativa  promovida  contra  resolución  de  la  Dirección  General  de  Costes  y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2 de 
enero de 2015, desestimatoria de la solicitud de revisión de la pensión ordinaria de 
jubilación forzosa por edad que le había sido reconocida. Ha sido parte el abogado del 
Estado, en la representación que ostenta, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en este tribunal el día 11 de enero de 2019, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Isabel  Covadonga  Juliá  Corujo,  en  nombre  y 
representación  de  doña  Felicidad  Teresa  González  del  Valle,  interpuso  recurso  de  e
amparo contra la resolución mencionada en el encabezamiento. b
reso2lu. cióLno,s s hoenc, heons s eínnt elosiss ,q luoes  stiiegnueie snute so:rigen el presente recurso y relevantes para su  2021-19502n https://ww
admain) istLraat ivaoc tcoornat,r a julan tod esceosnt imoatcroiósn  cporemspuanñtae rodse,l  reinctuerrspou sdoe  rreecpuorssioc iónc opnrteonmcoiovsidoo-  BOE-A-cable e
frente a la resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de 
Educación y Ciencia, denegatoria de la solicitud de reconocimiento del derecho de 
clasificación en el grupo A de la función pública docente, adscritos a los servicios de 
apoyo  psicopedagógico  y  orientación  educativa.  Este  recurso  fue  tramitado  con  el 
número 683-1994 y resuelto por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995, en cuya parte 
dispositiva se declaró: «El derecho de los recurrentes a ser integrados en el grupo A, con 
todos los efectos derivados de tal asignación que tendrá eficacia desde la fecha de sus 
nombramientos definitivos para sus respectivos puestos de trabajo».
b)  Habiendo ganado firmeza la sentencia, la Dirección Provincial en Cantabria del 
Ministerio de Educación y Cultura dictó resolución el día 22 de septiembre de 1997, por 
la que se daba traslado, entre otros, a la demandante de amparo, del acuerdo de la 
Dirección General de Personal y Servicios de dicho ministerio en el que se indicaba que, 
en relación a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
a  la  vista  de  que  los  profesores  incluidos  en  dicha  sentencia  se  encontraban 
desempeñando sus puestos en comisión de servicios, sin haber sido nombrados con 
carácter  definitivo  para  ocupar  los  mismos,  dejarían  de  acreditar  las  retribuciones 
básicas correspondientes al grupo A, razón por la que se les comunicaba que dejaban 
de percibir en sus retribuciones básicas las correspondientes al cuerpo A, pasando a 
percibir las del cuerpo al que pertenecen, esto es, al de maestros (B).
c)  Ante  esta  resolución  promovieron  incidente  de  ejecución  de  la  sentencia, 
declarando la Sala sentenciadora no haber lugar al mismo, al considerar el referido 
acuerdo como un acto nuevo y distinto del que fue objeto de recurso, cuya anulación no 
podía llevarse a cabo en ejecución de sentencia. Por tal razón, interpusieron recurso en 
vía administrativa, que les fue inadmitido, remitiéndoles al correspondiente incidente de 
ejecución de sentencia. Por ello, interpusieron nuevo recurso contencioso-administrativo, 
que fue seguido con el núm. 1652-1998 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La Sala desestimó el recurso en sentencia 
de 27 de abril de 1999, que se replanteó lo resuelto en su sentencia previa a la luz de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, que estimó el recurso de 
casación en interés de ley promovido por el abogado del Estado contra una sentencia 
anterior de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, que efectuaba idéntico pronunciamiento respecto de maestros 
pertenecientes a los servicios de orientación escolar y vocacional. En aplicación de esa 
doctrina general, y teniendo en cuenta que los recurrentes no accedieron al puesto de 
trabajo que ocupaban en virtud de un concurso de méritos sino a través de las listas de 
interinos del Ministerio de Educación y Ciencia (aunque en el mismo se hubiera dado 
valor preponderante a la titulación correspondiente a los cuerpos del grupo superior), no 
se podía reconocer la existencia dentro del cuerpo de profesores de la Enseñanza 
General Básica (EGB) de una clase específica e individualizada para la que se exige el 
título superior, que da derecho a la clasificación en el grupo A, sino que debían continuar 
perteneciendo  al  cuerpo  de  maestros.  Por  tal  razón,  se  rechazaba  la  pretensión 
retributiva,  en  tanto  que  dirigida  al  reconocimiento  de  una  situación  jurídica 
individualizada que no era posible atender si el acto del que derivaba la misma no era 
declarado disconforme con el ordenamiento jurídico, cuál era el recurrido por los titulares 
en propiedad de la plaza que en sucesivos recursos ante la misma Sala solicitaron la 
inclusión en el grupo A, y a los cuales les fueron denegadas sus pretensiones de abono 
de diferencias retributivas. s
d)  Frente a tal pronunciamiento interpusieron recurso de amparo, seguido ante el  oe.
Tribunal Constitucional con el núm. 2912-1999, y que fue estimado por la STC 204/2003,  w.
de 1 de diciembre, en la que se apreció la vulneración del derecho de los recurrentes a la  502ww
jtuudteiclaia jlueds icfiiraml eesfe. cLtaiv as eennte snuc ivae artpierencteió d qeul ed elare scehnot ean claia i ndtealn Tgribibiluidnaadl  Sduep learsio rre dseo luJcuisotniceias 
dsietu Cacainótna bjuriraíd dicea  1c6o ndseo lfiedbardear,o u dne d 1e9re9c5h hoa ab ísae dr einctleagraraddoo as  feanv oerl  dgeru ploos  Are, ccuornre tnotdeoss u lnoas   BOE-A-cable e
efectos derivados de tal asignación, declaración que vincularía al órgano judicial en 
virtud de las exigencias del art. 24.1 CE, y que fue desatendida por este, que emitió un 
pronunciamiento  en  sentido  frontalmente  contrario,  ignorando  el  efecto  prejudicial  o 
positivo de la cosa juzgada material de las resoluciones firmes.
e)  Llegada la edad de jubilación forzosa de la actora, por resolución de la Dirección 
General de Costes y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas,  de  13  de  julio  de  2013,  se  procedió  a  reconocerle  pensión  ordinaria  de 
jubilación forzosa por edad, como funcionaria del cuerpo de maestros. El 30 de octubre 
de 2014 solicitó la actora revisión de la indicada resolución, interesando que se calculara 
de  nuevo  la  pensión,  computando  como  prestados  en  el  grupo  A  los  servicios 
desempeñados desde su toma de posesión en el servicio de apoyo psicopedagógico y 
orientación educativa, con abono de las cantidades dejadas de percibir desde la fecha de 
jubilación y los intereses que procedieran. La petición fue desestimada por resolución de 
la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas de 2 de enero de 2015.
f)  Frente a dicha resolución interpuso reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Central en febrero de 2015. Al no recibir respuesta a 
su reclamación, el 16 de noviembre de 2016 promovió contra la desestimación presunta 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Séptima de dicha Sala 
(procedimiento ordinario núm. 858-2016). El recurso fue desestimado en sentencia de 11 
de diciembre de 2017. Tras la cita de los antecedentes del caso, incluidas la sentencia 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  de  16  de  febrero  de  1995  y  la 
STC 204/2003, la Sala afirma que, para determinar el alcance de la primera de esas 
sentencias, es preciso atender a las consideraciones efectuadas en sus sentencias 
previas de 18 de julio de 2011 y 22 de octubre de 2012, y en las que en ellas se citan, 
referidas a funcionarios docentes jubilados que pretendían el cómputo dentro del grupo A 
de los servicios prestados en el cuerpo de maestros pero en plazas de los servicios de 
orientación escolar y vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia, a los que no se 
reconoció el derecho a la integración en determinado cuerpo docente, ni mucho menos 
en un determinado cuerpo docente del mismo grupo y nivel de complemento de destino 
de aquel al que se optaba, sino que tan solo se les reconoció el derecho a ser integrados 
a título personal en el grupo A pero sin reconocerles el derecho a la integración en 
determinado cuerpo docente del mismo grupo y nivel de complemento de destino, puesto 
que su cuerpo de pertenencia y del que no pidieron la excedencia era el de maestros. 
Ese pronunciamiento solo se refiere a la vida activa de quien recurre, y no es aplicable a 
la  situación  de  clases  pasivas,  apoyándose,  además,  en  la  sentencia  del  Tribunal 
Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en recurso de casación en interés de ley que 
estableció  como  doctrina  legal  que  los  funcionarios  públicos  pertenecientes  a  los 
servicios de orientación escolar y vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia no 
tienen derecho a pertenecer a título personal al grupo A ni a los derechos que derivan de 
esa situación. La aplicación al caso de lo resuelto en esas resoluciones previas conduce 
a  la  Sala  a  determinar  «la  improcedencia  de  la  revisión  de  la  situación  jurídica 
prestacional pretendida en la demanda. Porque como se indicara en la información 
anexa a la propia resolución de reconocimiento y alta en nómina de pensión de jubilación 
de la demandante, "A efectos del cálculo de la pensión, el período de servicios prestados 
desde 01-09-1992 hasta 30-06-2013 se computa al grupo B de clasificación de los 
funcionarios  correspondiente  al  cuerpo  de  maestros  al  que  pertenece,  al  no  haber 
superado la interesada proceso selectivo alguno que suponga su ingreso en el Cuerpo  s
de Profesores de Enseñanza Secundaria, perteneciente al grupo A, requisito que resulta  oe.
imprescindible en virtud de lo establecido en la disposición adicional undécima de la  w.
LOGSE"  Y  porque,  en  función  de  las  consideraciones  realizadas  en  la  sentencia  502ww
iannvootcaaddaa,  lean s lean dteenmciaan ddae,l  TnoS Jtu dveo  Cinacnidtaebnrciiaa  deen  1lo6s  deel efmebernetroos  dceo n1f9ig9u5r a[Rdoerce.s 6 d8e3l/ 1h9a9b4e]r, 
dreeg uCllaadsoers d Pea lsai vpaesn sdieóln E dseta judboi,l ayc ieónn ,l ae sctoarbrleescpidoonsd ieenn tleo sL aeryt sd. e3 0P.r1e syu 3p1u edsetlo TsR G deen elar aLleeys   BOE-A-cable e
del Estado. Tampoco tuvo incidencia en tales elementos la posterior sentencia del TSJ 
de Cantabria de 13 de febrero de 2004 [Rec. 1652/1998], dictada en virtud de lo resuelto 
por  el  Tribunal  Constitucional  núm.  203/2004  (sic),  dado  que  aquella  se  limitó  al 
"reconocimiento del derecho de los actores a seguir percibiendo las retribuciones básicas 
correspondientes  al  grupo  A  desde  la  fecha  en  que  fueron  nombrados  para  sus 
respectivos puestos"».
g)  Contra la anterior sentencia promovió la actora recurso de casación, que fue 
inadmitido por providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de junio 
de 2018. Acto seguido, planteó incidente de nulidad de actuaciones frente a la sentencia 
de la Audiencia Nacional, en el que, en síntesis, se denunciaba la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva en las siguientes vertientes: (i) intangibilidad de las 
resoluciones  judiciales  firmes,  incluida  la  STC  204/2003,  de  1  de  diciembre  (con 
exposición de la doctrina constitucional en la materia); (ii) desconocimiento del derecho 
subjetivo a la pensión de jubilación de clases pasivas por los servicios prestados en el 
grupo A, reconocido por la sentencia citada del Tribunal Constitucional; (iii) infracción por 
la  Sala  de  la  doctrina  vinculante  del  Tribunal  Constitucional  establecida  en  aquella 
sentencia, que ignoró y contradijo con apoyo en doctrina de la propia Sala, y iv) la notoria 
falta de motivación suficiente y razonable en la sentencia para justificar la aplicación de 
su propia doctrina frente a la del Tribunal Constitucional.
h)  El incidente de nulidad fue desestimado por auto de 31 de octubre de 2018 
(notificado el 22 de noviembre de 2018), en el que la Sala reitera los argumentos de la 
sentencia  y  añade  que  no  nos  encontramos  en  el  supuesto  planteado  en  la 
STC 216/2009, en el que se precisó en ejecución de sentencia que el reconocimiento de 
la clasificación en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos 
pasivos de los funcionarios litigantes, que, además, empezaron a cotizar dentro del 
grupo A. En cambio, en este caso, no se ha reconocido que la clasificación en el grupo A 
sea a efectos de derechos pasivos, ni consta que la demandante cotizara en momento 
alguno dentro de este grupo, ni se acordó extender los efectos del pronunciamiento 
judicial a cuestiones distintas a las remuneraciones, por lo que la desestimación de la 
pretensión  de  la  actora  no  desconoce  los  derechos  reconocidos  en  anteriores 
pronunciamientos judiciales, que limitaron sus efectos a las demandas de reclamación 
de diferencias salariales, sin extenderse a los derechos pasivos.
3.  La demanda de amparo denuncia que se ha vulnerado el derecho a la tutela 
judicial efectiva de la recurrente desde tres perspectivas:
a)  En  primer  lugar,  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  ha  desconocido  la 
intangibilidad de las situaciones jurídicas declaradas en resoluciones judiciales firmes, 
incluida  la  propia  STC  204/2003,  que  reconocieron  el  derecho  de  la  recurrente  a 
integrarse  en  el  grupo  A  de  clasificación  «a  todos  los  efectos  derivados  de  tal 
asignación», incluidos los derivados de esa clasificación a efectos de clases pasivas. Y 
lo hace al margen de la vía de recurso que procediera, apoyándose en gran medida en la 
sentencia del Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional determinó que no podía 
alterar  el  primitivo  fallo  de  reconocimiento  del  derecho,  contraviniendo  con  ello  la 
intangibilidad de la misma sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró vulnerado el 
derecho fundamental de la actora a la intangibilidad de las resoluciones firmes por una 
sentencia  que  reproduce  en  gran  parte  la  Audiencia  Nacional  en  la  resolución 
impugnada,  reabriendo  procesos  fenecidos  y  modificando  situaciones  jurídicas 
consolidadas, con directa afección del núcleo mismo de la doctrina constitucional sobre  e
la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Afirma la actora que, en lugar de  bo
respetar el efecto vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Audiencia  502ww
mNaacniiofineaslt ola p hoar  macetnivoas pyr epcoira dpoa syi vhaa  epnr eeslc ipnldeiidtoo» d, ea netlelap,o «npieensdeo a s hua bperorlpei as iddooc ptruineas ta« pdoer 
lreayz»o,n oebsv diaen duon ildoa ddi sdpeu edsotcot reinna e yl  adret.  5se.1g udreid laa dL ejuyr íOdircgaá nei ciag udaeldl Pado deenr  Jlau daipcliiacla.ción de la
b)  En  segundo  lugar,  se  queja  de  que  la  sentencia  recurrida  incurre  en 
incongruencia omisiva, al no resolver la pretensión sostenida en la demanda de que la 
ilegalidad cometida por la administración y por el Tribunal Económico-Administrativo 
Central  lo  fue  con  infracción  de  la  doctrina  constitucional  y  del  propio  fallo  de  la 
STC 204/2003, ignorándola, contradiciéndola y enfrentándose a ella.
c)  Por último, denuncia la notoria falta de motivación suficiente y razonable capaz 
de  exteriorizar  las  reflexiones  que  condujeron  al  fallo,  pues  no  explica  por  qué  la 
integración en el grupo A no lo es «a todos los efectos», a pesar de haberlo dicho así las 
tres sentencias firmes que lo declararon. Y lo hace por razones de unidad de doctrina, de 
seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley por toda justificación, lo que no 
supera los estándares de motivación establecidos por el Tribunal Constitucional. Entre 
otras cosas, no explica por qué esas razones son más poderosas que la garantía de 
seguridad jurídica que proporciona el reconocimiento mediante sentencia judicial firme 
de todos los efectos inherentes a la integración de la demandante en el grupo A, algo 
expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional. La sentencia impugnada ni 
siquiera se toma la molestia de discutir expresamente el contenido del fallo de las 
sentencias de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o del Tribunal 
Constitucional, que reconocieron su integración en el grupo A «con todos los efectos 
derivados de tal asignación», incluidos, naturalmente, los derivados de la aplicación del 
régimen  de  clases  pasivas.  Pero  para  la  Sala  solo  lo  es  a  efectos  de  la  relación 
funcionarial, y no para clases pasivas, que es lo que tendría que demostrar.
4.  Por providencia de 21 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 
LOTC, se ordenó dirigir atenta comunicación a la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, para que, en plazo que no exceda 
de  diez  días,  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes  al  procedimiento  ordinario  núm.  858-2016;  debiendo  previamente 
emplazarse  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  dicho  procedimiento,  excepto  a  la 
recurrente en amparo, a fin de que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo 
desearan, en el presente proceso constitucional.
5.  El abogado del Estado, en la representación que ostenta, se personó en el 
recurso de amparo mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 2020.
6.  Por diligencia de ordenación de 18 de noviembre de 2020 se tuvo por personado 
al  abogado  del  Estado  en  la  representación  que  ostenta,  teniéndose  también  por 
recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 
LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal por el plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones 
que estimaran pertinentes.
7.  El 28 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito 
de alegaciones del abogado del Estado, en el que solicitó la desestimación del recurso 
de amparo. Después de resumir los antecedentes que consideró relevantes, puso de  e.
relieve que nos encontramos ante un debate jurídico de legalidad ordinaria que la  w.
recurrente transmuta en hipotética pretensión de orden constitucional. El criterio que  502ww
spuabsyivaacse,  ceonn flairsm aredsaosl upcoior nleas  saednmteinncisiatr adtieva lsa  dAeundeigeantcoiari aNs adceio nlaa l pdreet e1n1s iódne  ddeic icelmasberes 
dfuen c2io0n1a7r,i osp adretel  gdruep ola A   doif eBr,e yn,c piaocri óontr oj ularíddoic,a q ueen, trpee rtlean epceiretenndeon ac iuan  ac uuenrp oc uinetrepgor addoe   BOE-A-cable e
en el grupo B, se otorgara al funcionario o funcionarios, por la ejecución de funciones 
propias de un cuerpo del grupo A, el reconocimiento de derechos retributivos atribuidos 
legalmente  a  dicho  cuerpo,  a  título  personal,  en  virtud  del  ejercicio  ocasional  de 
funciones por razón o título legal que fuese, y por un periodo más o menos largo. Ese fue 
el criterio legal que sentó el Tribunal Supremo en la sentencia de 19 de abril de 1996, 
que estimó el recurso de casación en interés de ley interpuesto por el Estado, aunque, 
como establecía la normativa procesal, esa sentencia no afectaba a las situaciones 
jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas. En este caso, sin embargo, 
el  problema  no  subyace  en  la  afectación  o  no  de  las  situaciones  jurídicas 
individualizadas, sino en cuál fue el alcance objetivo material de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995; es decir, en si abarcaba no 
solo  a  las  retribuciones  propiamente  dichas,  como  refiere  textualmente  la  propia 
sentencia mencionada, sino si también se extendía a los eventuales derechos pasivos.
Defiende el abogado del Estado que no cabe equiparar, sin una declaración explícita 
al efecto, la asignación de derechos retributivos (activos) con los derechos pasivos. La 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 
declaró el derecho de los recurrentes a ser integrados en el grupo A con todos los 
efectos derivados de tal asignación. El quid de la cuestión reside en determinar cuál es el 
alcance de efectos de ese derecho a la integración en el grupo A. La sentencia de la 
Audiencia Nacional impugnada en amparo aclara que el pronunciamiento previo no 
reconoció a la parte recurrente el derecho a la integración en determinado cuerpo 
docente, sino que se limitó a reconocerle el derecho a ser integrado a título personal en 
el grupo A, puesto que su cuerpo de pertenencia, y del que nunca pidió la excedencia, 
era el de maestros. A continuación, tras exponer la doctrina legal del Tribunal Supremo, 
fijada en interés de ley en la sentencia de 19 de abril de 1996, deduce el abogado del 
Estado que la anterior sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que 
viene a referirse a la vida activa o a la situación activa de quien recurre, no es aplicable a 
la situación actual de clases pasivas. El texto refundido de la Ley de clases pasivas 
establece en su art. 30 que los haberes reguladores se establecerán en la Ley de 
presupuestos generales del Estado, y se asignan en función del grupo de clasificación en 
que  se  encuadren  los  cuerpos,  escalas,  plazas,  empleos  o  categorías  en  que  se 
prestaran servicios, de acuerdo con la titulación académica exigida para el acceso a los 
mismos y conforme a las reglas del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
En definitiva, el problema que se suscitaba, en el plano de la legalidad ordinaria, era 
la distinción entre derechos retributivos (activos) y derechos pasivos, condicionada, a su 
vez, sobre la base de distinguir entre la pertenencia a un cuerpo del grupo A y el derecho 
al  reconocimiento  a  percibir  emolumentos  de  ese  grupo  por  el  hecho  de  haber 
desempeñado funciones propias de algún cuerpo perteneciente al mismo. Materia que la 
sentencia  del  Tribunal  Supremo,  dictada  en  su  día  en  casación  en  interés  de  ley, 
consideró como una cuestión de fondo sobre la que no cabe ahora argüir el principio de 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, en tanto que los procesos ordinarios 
decididos en su día respecto a la recurrente en amparo no se referían al aspecto de los 
derechos pasivos, sino al derecho de los funcionarios a percibir la retribuciones propias 
del grupo A, y ello no supone una vulneración de la norma de no afectación del criterio 
sentado en interés de ley sobre las situaciones particulares, sino que se trata de apreciar 
si,  en  el  caso  concreto,  se  hallaban  abarcados  por  el  alcance  de  la  sentencia 
confrontada, realmente, los derechos pasivos o no, como situación particular de quienes 
obtuvieron el reconocimiento de pertenencia al grupo, que no al cuerpo, en el que se  s
hallaban en activo. Como entendió la sentencia impugnada, no basta con alegar la  oe.
existencia de una equiparación reflejada en sentencia «a todos los efectos» con respecto  w.
del grupo A. 502ww
PersYo neasl  qyu eP,e enns ieofneecsto P, lúab dliceanse,g eanci ósnu  erfeescotuluacdióan p odre  la2  Ddiere cecnieórno  Gdeen e2r0a1l 5d,e c Conofsirtmesa ddae 
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Justicia  de  Cantabria  de  16  de  febrero  de  1995–,  ya  que  esta  resolvió  sobre  el 
reconocimiento a favor de la recurrente de unos derechos retributivos correspondientes a 
las  funciones  desempeñadas  del  grupo  A.  En  cambio,  lo  que  después  resuelve  la 
administración es un aspecto relativo solo al pretendido reconocimiento de derechos 
pasivos, aspecto no referido en dicha sentencia, y que, de estimarse, vulneraría o 
acarrearía la quiebra, como dijo la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril 
de 1996, del sistema o régimen de acceso a los cuerpos de funcionarios civiles y el 
régimen derivado de tal acceso.
Sostiene el representante del Estado que no hay quiebra de la intangibilidad de lo 
decidido  en  sentencias,  ni  vulneración  del  art.  24  CE,  pues  no  cabe  invocar  la 
STC 204/2003, de 1 de diciembre, que se basa en que, al no haber tenido en cuenta la 
sentencia de 27 de abril de 1999 lo que había establecido previamente la anterior 
sentencia de 16 de febrero de 1995 respecto de unos derechos que esta le había 
reconocido, se le vulneró el derecho fundamental garantizado por el art. 24 CE en la 
modalidad referida de respeto a la intangibilidad de las sentencias firmes. Pero no cabe 
invocar ahora esta STC 204/2003, pues de la misma se deriva claramente que la 
contradicción entre ambas sentencias de la jurisdicción ordinaria que se confronta lo es 
solo  en  tanto  que  referidas  al  problema  retributivo,  exclusivamente,  de  devengo  y 
percepción de derechos activos, no de derechos pasivos, sin que de su tenor se infiera 
en modo alguno que las sentencias que se ponen en controversia se refieran a algo más 
que  a  derechos  económicos  de  carácter  activo,  tal  y  como  se  desprende  de  su 
fundamento jurídico 5. No hay, por tanto, violación del principio de intangibilidad de las 
sentencias, como modalidad del derecho la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
Por último, afirma que tampoco existe infracción del derecho la tutela judicial efectiva 
en sus modalidades de falta de motivación o de motivación arbitraria o manifiestamente 
errónea, ni de incongruencia omisiva, pues, partiendo del criterio defendido en el escrito 
de alegaciones, la sentencia de la Audiencia Nacional, objeto de impugnación en el 
recurso  de  amparo,  contiene  motivación  suficiente  y  razonada  en  relación  con  el 
problema suscitado, sin que a la recurrente se le hayan hurtado facultades procesales de 
defensa de su posición.
8.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 13 de enero 
de 2021, formuló sus alegaciones, solicitando la estimación del recurso de amparo. Tras 
exponer los antecedentes del caso, el objeto del recurso y el contenido de la demanda 
de  amparo,  señala,  ante  todo,  que,  aunque  el  recurso  de  amparo  se  dirija 
exclusivamente  contra  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  11  de  septiembre 
de 2017, lo cierto es que la principal lesión deriva de la resolución de la Dirección 
General de Costes y Pensiones Públicas de 2 de enero de 2015, que desestimó la 
solicitud de revisión de la resolución de 13 de julio de 2013, de la misma dirección 
general. Por ello, se trae a colación la doctrina sentada en la STC 216/2009, conforme a 
la cual, en la estrecha e inmediata conexión y vinculación que presentan la resolución 
administrativa y la jurisdiccional se asienta la vulneración denunciada, lo que determina 
su valoración conjunta. En cuanto al orden de examen de las quejas, siguiendo la 
doctrina constitucional en la materia, que otorga prioridad a aquellas de las que pudiera 
derivarse la retroacción de actuaciones, y, dentro de estas, a las que determinan la 
retroacción a momentos anteriores, considera el fiscal que debe comenzarse el examen 
con la que se refiere al principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Descarta el fiscal que se impute alguna vulneración autónoma al auto que desestimó 
el incidente de nulidad de actuaciones, que, en todo caso, quedaría integrado en la  e.
atribuida a la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que comienza por el examen de  w.b
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la  502ww
iPnrteavnigai beilxidpaods icdióen l adse  rleas odloucctiroinnae sc ojundsitcitiuacleiosn fairl mseosb,r eq uees es ed eirmecphuota,  cai tad icehl afi ssceanl,t ecnocmiao. 
rfuenfedraidmae enstopse cjuífriícdaicmoesn 4te y  a5  eesxttera scutap ueens ltoo ,f ulan dSaTmCe n2t0a4l, /p2a0r0a3 ,a pdoey a1r sdee  ad iccoienmtinburea,c icóuny eons 
la STC 216/2009, de 14 de diciembre, que, a su juicio, guarda una marcada analogía con
el supuesto ahora contemplado. Y, a partir de lo expuesto, afirma que tanto la sentencia 
de la Audiencia Nacional impugnada como la resolución de la Dirección de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas fundamentan su decisión en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en recurso en interés de ley, desplazando la 
eficacia de cosa juzgada de lo resuelto en la previa sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995. La sentencia de la Audiencia Nacional 
se remite a su propia doctrina y descarta la aplicación de la establecida en la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2 de marzo de 2003, que no considera 
aplicable a la situación de clases pasivas, ajustándose, en definitiva, a la doctrina legal 
sentada por la ya mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, a 
partir de la cual estima que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
de 16 de febrero de 1995 no tuvo incidencia en los elementos configuradores del haber 
regulador de la pensión de jubilación, como tampoco lo tuvo la posterior sentencia de 13 
de febrero de 2004, limitada al reconocimiento de retribuciones básicas.
Sin embargo, entiende el fiscal que, a la vista de la doctrina constitucional citada, la 
conclusión de la Audiencia Nacional no puede considerarse concorde con lo resuelto en 
la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 16 de febrero 
de 1995, desde la perspectiva que ofrecen las SSTC 204/2003 y 216/2009. La primera 
de ellas establece (fundamento jurídico 5) que la sentencia de 16 de febrero de 1995 
había declarado a favor de los allí recurrentes una situación jurídica consolidada, un 
derecho  «a  ser  integrados  en  el  grupo  A,  con  todos  los  efectos  derivados  de  tal 
asignación», pronunciamiento que guardaba con la resolución revisada en aquel caso la 
relación de estricta dependencia que de por sí vincularía al órgano judicial en virtud del 
art. 24.1 CE. Y la STC 216/2009 resolvió un supuesto similar al presente, concluyendo 
que el alcance del fallo de la sentencia incluía los derechos pasivos, con independencia 
de que los recurrentes siguiesen formando parte del cuerpo de maestros, pues lo que se 
les había reconocido era la integración en el grupo A, a título personal. Esto fue también 
lo que reconoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de 
febrero de 1995, por lo que entiende el fiscal que, dada la analogía existente con el 
supuesto de la STC 216/2009 (cuyas particularidades son objeto de detenido examen 
por parte del ministerio público para reforzar la conclusión alcanzada), ello implicaba 
también el reconocimiento de los derechos pasivos que se derivaban del derecho a la 
integración que les había sido reconocido.
Las anteriores consideraciones conducen al fiscal a concluir que la sentencia de la 
Audiencia Nacional impugnada se excedió en su competencia al limitar el sentido del 
fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que no tenía ningún 
condicionante,  excluyendo  la  inclusión  de  los  derechos  pasivos  e  ignorando  la 
vinculación a la fuerza de cosa juzgada de dicha sentencia, declarativa de la situación 
jurídica individual. La sentencia impugnada incurrió en una confusión entre el alcance de 
la sentencia de 16 de febrero de 1995 y el acceso y la pertenencia a un cuerpo superior, 
que estaba expresamente descartado en aquella resolución judicial. Y todo ello se hacía 
fuera de las vías legales, en aplicación retroactiva del criterio establecido por la doctrina 
emanada de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, posterior a la que 
era objeto de aplicación y al efecto prejudicial de la cosa juzgada, lo que, en suma, 
comporta  una  interpretación  que  se  aparta  de  la  doctrina  establecida  por  las 
SSTC 204/2003 y 216/2009. En definitiva, procede el otorgamiento del amparo solicitado 
por la recurrente, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente 
de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. s
Por lo que se refiere a la queja que denuncia que la sentencia de la Audiencia  oe.
Nacional ha incurrido en incongruencia omisiva, advierte el fiscal que esta vulneración no  w.
aparece planteada ni en el escrito de preparación del recurso de casación ni en el  502ww
cinocnidsetitnutcei odnea l nquuleid adde sdtaec aa cetlu caacrioáncetesr.  sPuobrs idcioanrisoig dueie nlat ej,u reisnd icacpilóicna ccioónns tdituec iloan adlo, cdtraindao 
qinuveo ceasctaió nv udlnee rlaac ivóunl nseer aincvióonc ad eelx  dneorveoc,h ion cfuurnridríaam eenn tlaal ,c aeuxsigai ddoe  pinoar deml isairót.n  5d0e. 1fa lata)  deen   BOE-A-cable e
relación con el art. 44.1 c) LOTC. En todo caso, y teniendo en cuenta la jurisprudencia 
constitucional sobre dicho vicio, entiende el fiscal que no resulta posible apreciar la 
vulneración alegada, porque la sentencia de la Audiencia Nacional ha dado respuesta a 
las  alegaciones  del  recurrente,  aunque  sea  de  forma  tácita  en  el  caso  de  la 
constitucionalidad de las resoluciones administrativas, por cuanto su criterio ha sido 
coincidente  con  el  de  estas,  lo  que  implica  descartar  la  infracción  de  la  doctrina 
constitucional.
Finalmente, en cuanto a la queja de falta de motivación, cree el fiscal que se 
encuentra subsumida en la primera, sin que pueda añadirse una vulneración autónoma 
por insuficiente motivación, cuya ponderación queda incluida dentro del examen de la 
vulneración del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales.
En definitiva, y de acuerdo con lo expuesto, solicita el fiscal el otorgamiento del 
amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de 
intangibilidad  de  las  resoluciones  judiciales  firmes,  y  restablecer  a  la  actora  en  su 
derecho con declaración de nulidad de la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2017, así 
como del auto de 31 de octubre de 2018, que desestimó el incidente de nulidad de 
actuaciones, y retroacción de las mismas al momento anterior al dictado de la indicada 
sentencia, para que por el órgano judicial se dicte una nueva resolución que resulte 
respetuosa con el derecho fundamental de la actora reconocido.
9.  La  representación  de  la  demandante  de  amparo  no  ha  presentado  escrito 
formulando alegaciones.
10.  Por providencia de 21 de octubre de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demandante de amparo dirige su impugnación contra la sentencia de la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 17 de 
diciembre  de  2017,  que  desestimó  el  recurso  contencioso-administrativo  promovido 
contra  la  resolución  de  la  Dirección  General  de  Costes  y  Pensiones  Públicas  del 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  de  2  de  enero  de  2015, 
desestimatoria de la solicitud de revisión de la pensión ordinaria de jubilación forzosa por 
edad que le había sido reconocida por resolución del mismo centro directivo de 13 de 
julio  de  2013,  y  contra  la  desestimación  presunta  por  el  Tribunal  Económico-
Administrativo Central de la reclamación económico-administrativa promovida contra la 
resolución denegatoria de la revisión.
Se queja la actora de que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en 
una triple vertiente: (i) El desconocimiento de la intangibilidad de situaciones declaradas 
en  resoluciones  judiciales  firmes,  en  concreto,  en  la  sentencia  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de 
febrero de 1995, y en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, que reconocieron el derecho 
de la recurrente a integrarse en el grupo A de clasificación «a todos los efectos derivados 
de tal asignación», y, por tanto, también los derivados de esa clasificación a efectos de 
clases pasivas. (ii) La sentencia impugnada incurre en incongruencia omisiva, al no  s
resolver  la  pretensión  relativa  a  la  infracción  de  la  doctrina  constitucional  por  las  oe.
resoluciones de la administración y del Tribunal Económico-Administrativo Central. (iii)  w.
qFuaelta Ec lo dnead bumojgeoartoidvnoa  caildó fenal l lsoEu.sfitcaiednot eh ay  rsaozloicnitaabdloe  elan  ldae sseesnttiemnacciaió ne n dceul arnetocu ars ola sd ere falemxipoanreos,   2021-19502n https://ww
afirmando que no se han vulnerado los derechos alegados. No hay quiebra de la
intangibilidad de lo resuelto en sentencias firmes, porque la sentencia primigenia solo  Bc
reconoció a la recurrente unos derechos retributivos correspondientes a las funciones del 
grupo A que desempeñaba, pero no unos derechos pasivos. Y, en cuanto a las otras 
quejas, alega que la sentencia impugnada resuelve con motivación suficiente y razonada 
la cuestión que le fue planteada.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha interesado la estimación del recurso de amparo, 
por entender que se ha vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial 
efectiva en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales 
firmes.  Las  otras  dos  quejas  deberían  desestimarse,  si  bien  aduce,  además,  la 
inadmisión de la relativa a la existencia de incongruencia omisiva en la sentencia de la 
Audiencia Nacional, por no haber sido planteada previamente en la vía judicial ordinaria.
2.  Delimitación del objeto del proceso.
Ante todo, y a la vista de contenido de la demanda, es preciso determinar contra qué 
actuaciones del poder público se dirige la imputación de las vulneraciones alegadas, 
para establecer qué perspectiva de análisis debe adoptar este tribunal a la hora de dar 
respuesta a las cuestiones formuladas en la demanda y, en caso de apreciarse alguna 
de las lesiones invocadas, para restablecer a la recurrente en su derecho.
Como primer punto a considerar es necesario destacar que, según reiterada doctrina 
de  este  tribunal,  cuando  se  impugna  una  resolución  judicial  confirmatoria  de  otras 
resoluciones  anteriores,  sean  administrativas  o  judiciales,  que  han  sido  lógica  y 
cronológicamente presupuesto de aquella, han de considerarse también recurridas las 
precedentes decisiones confirmadas, aunque no lo hayan sido expresamente en el 
recurso (por todas, SSTC 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 2; 20/2001, de 29 de enero, 
FJ 7, y 119/2012, de 4 de junio, FJ 1). De acuerdo con este criterio, habría que entender 
dirigido el presente recurso no solo contra las resoluciones judiciales desestimatorias de 
las pretensiones de la recurrente, sino, también, contra las resoluciones administrativas 
que aquellas venían a confirmar, en particular la resolución de la Dirección General de 
Costes y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
de 2 de enero de 2015, que denegó la solicitud de la actora de revisión de la pensión, 
formulada con fundamento en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
de 16 de febrero de 1995 y en la STC 204/2003, de 1 de diciembre.
No obstante, hay que poner de relieve que la demandante de amparo solo impugna 
la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de 17 de diciembre de 2017, que desestimó el recurso contencioso-
administrativo promovido contra la actuación administrativa, interesando la anulación de 
la  misma  para  que  el  tribunal  que  la  dictó  la  sustituya  por  otra  que  reconozca  la 
pertenencia de la recurrente al grupo A de clasificación, «a todos los efectos derivados 
de tal asignación» incluidos los efectos pasivos, por venir así establecido en anteriores 
sentencias firmes. Este petitum lo fundamenta la demanda, entre otros razonamientos, 
en que es únicamente la sentencia judicial impugnada la resolución que puede infringir el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su vertiente de 
intangibilidad de las situaciones jurídicas protegidas por sentencias judiciales firmes, y 
que el incumplimiento de estas por la administración no pasaría de ser una infracción de 
la legalidad pero no la vulneración del derecho fundamental. Aunque esta argumentación 
no es correcta, en la medida en que una decisión administrativa también podría incurrir 
en la vulneración del derecho invocado, lo cierto es que, tal y como ha articulado su 
pretensión la demandante de amparo, este tribunal no puede proyectar el examen que 
se le solicita sobre la resolución de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas  e
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2 de enero de 2015, pues,  bo
dado que «no le corresponde reconstruir de oficio las demandas» (STC 21/2021, de 15  502ww
rdees pfeetbardeoro e, l FdJe re3c),h od efubned alimmeitnatrasle i nav ocvaedriofic ya,r  ensi  claas or edseo laupcrióenci ajru dinicfriaacl ciimónp udgenl amdias mhoa, 
Sreetrcoctiróane rS léapst iamcatu adcei olan eSsa alal  mdeo mloe nCtoon atenntecriioosro a-A adqmueinl isetnra qtiuveo  sdee  dlaic tAóu ldai esnecnitae nNcaiac idoen alal, 
de  17  de  diciembre  de  2017,  para  que  emita  un  nuevo  pronunciamiento  que  sea 
respetuoso con el derecho fundamental reconocido.
3.  Análisis del óbice procesal alegado por el Ministerio Fiscal: estimación.
Con carácter previo al examen de fondo de las quejas formuladas, debemos ahora 
comprobar si, como plantea el Ministerio Fiscal, procede la inadmisión de la queja que 
denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia impugnada por no haber respondido a 
determinada pretensión de la actora. Señala el fiscal que dicha vulneración no aparece 
planteada ni en el escrito de preparación del recurso de casación ni en el incidente de 
nulidad de actuaciones, sino que su invocación se produce ex novo en el presente 
recurso de amparo, por lo cual incurriría en la causa de inadmisión de falta de invocación 
de la vulneración del derecho fundamental, exigido por el art. 50.1 a) en relación con el 
art. 44.1 c) LOTC.
Para dar respuesta a este óbice, es preciso acudir a nuestra doctrina, que ha 
otorgado especial relevancia al requisito de la denuncia formal en el proceso previo del 
derecho constitucional lesionado. Esta exigencia tiene como finalidad, por una parte, 
permitir que los órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre su 
eventual vulneración y restablecer, en su caso, el derecho fundamental, y, por otra, 
preservar con ello el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que 
resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a 
través de las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los 
órganos de la jurisdicción correspondiente [por todas, SSTC 77/2015, de 27 de abril, 
FJ 1; 123/2018, de 12 de noviembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 a)]. No 
obstante, ha señalado también este tribunal que tal requisito ha de ser interpretado de 
manera flexible y con un criterio finalista, atendiendo, más que al puro formalismo de la 
expresada  invocación  del  precepto  constitucional  que  se  estime  infringido,  a  la 
exposición de un marco de alegaciones que permita al órgano judicial cumplir con su 
función de tutelar los derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de 
amparo constitucional (por todas, STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 3), y, en su caso, 
remediar la vulneración causada por él mismo o por el órgano inferior, al objeto de 
preservar  el  carácter  subsidiario  que  ostenta  el  recurso  de  amparo  constitucional, 
bastando  para  considerar  cumplido  el  requisito  con  que,  de  las  alegaciones  del 
recurrente, pueda inferirse la lesión del derecho fundamental en juego que luego se 
intente invocar en el recurso de amparo, siempre que la queja haya quedado acotada en 
términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre la misma (entre otras, 
SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; 62/1999, de 26 de abril, FJ 3; 88/2005, de 18 
de abril, FJ 3, y 161/2005, de 20 de junio, FJ 2).
Pues  bien,  en  este  caso,  como  bien  advierte  el  fiscal,  ninguna  referencia  a  la 
existencia de incongruencia omisiva en la sentencia de la Audiencia Nacional se atisba ni 
en el escrito de preparación del recurso de casación, que fue inadmitido por providencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ni en el incidente de nulidad de actuaciones 
que, con posterioridad, promovió la actora ante la propia Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Las únicas cuestiones que se 
plantearon  en  el  escrito  de  preparación  del  recurso  de  casación  se  referían  a  la 
infracción del art. 24.1 CE en la vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales 
firmes, la infracción de la STC 204/2003, de 1 de diciembre, y la infracción del art. 14 CE, 
en relación con el art. 23.2 CE. Y en el incidente de nulidad de actuaciones se insistió en 
la vulneración del art. 24.1 CE, en la vertiente de la intangibilidad de las resoluciones  e
judiciales firmes, añadiendo, asimismo, la falta de motivación suficiente y razonable que  bo
exteriorizara las reflexiones que condujeron al fallo, aunque en esta última vuelve a  502ww
dcoen etrsatpeo Tnreibr ulonsa lp Croonnusntcitiuacmioiennatl ofsre fnirtme eas  ldae al rTgruibmuennatl aScuiópne rdioer  ldae  SJaulsat.i cNiao d see C eannctuaebnritara y, 
pquuees , seen  ndiennguunncoia d ee anm  beostse  esrcercituorss or efdeere nacmiap aalrgou, nan ia l evsic iop odseib ilnec oindgernuteifniccaiar  oemn isilvoas 
razonamientos desarrollados en ellos alguna alegación que permita inferir ese vicio 
lesivo del derecho fundamental invocado.
En consecuencia, habiéndose planteado dicha queja por primera vez en sede de 
este recurso de amparo, no se ha satisfecho por la actora la exigencia del art. 44.1 c) 
LOTC, por lo que su pretensión incurre en causa de inadmisión del recurso en este 
punto, conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC.
4.  Orden de examen de las quejas.
Descartada la anterior queja, debemos determinar el orden para proceder al examen 
de las otras dos. En las SSTC 37/2018, de 23 de abril, FJ 2, y 78/2019, de 3 de junio, 
FJ 2, entre otras muchas, hemos declarado que corresponde a este tribunal, en función 
de  las  circunstancias  concurrentes  en  cada  supuesto  concreto  sometido  a  su 
consideración, determinar no solo el orden del examen de las quejas, sino también si 
resulta necesario o conveniente pronunciarse en la sentencia sobre todas las lesiones de 
derechos constitucionales denunciadas, en el caso de que ya se haya apreciado la 
concurrencia de alguna de ellas. En este caso no nos sirve para determinar el orden de 
examen de las quejas articuladas por la actora el criterio de la «mayor retroacción» 
(SSTC 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 3, y 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 2), que 
implica  conceder  prioridad  al  examen  de  aquellas  causas  que,  de  prosperar, 
determinarían la retroacción a un momento procesal anterior, lo que haría innecesario un 
pronunciamiento  sobre  las  restantes  (SSTC  90/2010,  de  15  de  noviembre,  FJ  2, 
y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2), puesto que la eventual estimación de cualquiera de 
ambas quejas daría lugar a la retroacción al mismo momento procesal para que se 
dictara una nueva sentencia que resultara acorde con el derecho fundamental vulnerado.
No obstante, existe una diferencia de matiz entre ellas que impele a dar prioridad al 
examen de una sobre otra. Mientras que la estimación de la segunda queja tan solo 
obligaría al órgano judicial a completar la motivación de su sentencia, en la hipótesis de 
que  se  apreciara  la  primera  quedaría  descalificada  la  argumentación  misma  de  la 
sentencia impugnada por no haber respetado el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
actora, que le obligaba a la observancia de los pronunciamientos obtenidos por aquella 
en previas resoluciones firmes, en cuyo caso, la nueva sentencia a dictar debería incluir 
una fundamentación nueva y distinta, que fuera respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido. Por consiguiente, la lógica impone comenzar nuestro estudio por esta, dada 
su  mayor  incidencia  sobre  la  sentencia  impugnada.  En  todo  caso,  y  a  mayor 
abundamiento,  la  denuncia  de  falta  de  motivación  se  encuentra  estrechamente 
conectada con la primera queja, tal y como señala acertadamente el Ministerio Fiscal, 
puesto que lo que se arguye es que la sentencia de la Audiencia Nacional no explica por 
qué se aparta de lo fallado en las previas resoluciones firmes, especialmente de la 
doctrina establecida en la STC 204/2003, de modo que esta queja quedaría en gran 
medida  absorbida  por  la  otra,  cuya  fundamento  es  que  ese  apartamiento  de  los 
anteriores  pronunciamientos  firmes  no  respeta  el  derecho  de  la  demandante  a  la 
intangibilidad de los mismos, reconocido por el art. 24.1 CE, de acuerdo con la doctrina 
de este tribunal.
5.  Doctrina constitucional sobre la intangibilidad de las sentencias firmes.
Como ha quedado expuesto, la primera de las quejas de la recurrente denuncia la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Es doctrina reiterada de este tribunal  e.
que «una de las perspectivas del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el  w.
art. 24.1 CE es la que se manifiesta en el derecho a que las resoluciones judiciales  502ww
aejlecacuntceenn  elan  esfuicsa cpirao ppieorss etégrumidinao pso cr oeml oor deel nreasmpieetnot oa,  lloa sq usietu saucpioonnees t ajunrtíod icqause  daeqculealrlaads asse, 
spionr  pmerejudiicoi o ddee  cqieuret osse  chaauycae se setaxbtrleacoirddoin alergioaslm» e(nptoer  stuo deavse,n tSuTalC m  1o9d3if/ic2a0c0i9ó,n  doe  re2v8is idóne   BOE-A-cable e
septiembre, FJ 2). Existe, en efecto, «una innegable conexión entre la inmodificabilidad de 
las resoluciones judiciales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 
CE, pues si este comprende la ejecución de los fallos judiciales, su presupuesto lógico ha 
de ser el principio de la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales firmes, que así 
entra a formar parte de las garantías que el art. 24.1 CE consagra […] De esta manera el 
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE actúa como límite que 
impide a los jueces y tribunales variar o revisar las resoluciones judiciales definitivas y 
firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos por la ley, incluso en la 
hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión judicial no se ajusta a la 
legalidad» (entre otras, SSTC 285/2006, de 9 de octubre, FJ 2 a); 234/2007, de 5 de 
noviembre; 67/2008, de 23 de junio, FJ 2; 185/2008, de 22 de diciembre, FJ 2, y 22/2009, 
de 26 de enero, FJ 2).
Así pues, si un órgano judicial modificase una resolución judicial anterior al margen 
de los mecanismos establecidos al efecto por el legislador, «"quedaría vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la protección judicial carecería de eficacia 
si se permitiese reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme". Queda de esta forma 
protegida y garantizada por el art. 24.1 CE "la eficacia de la cosa juzgada material, en su 
aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los tribunales, en un proceso seguido entre 
los  mismos  sujetos,  puedan  desconocer  o  contradecir  las  situaciones  jurídicas 
declaradas o reconocidas en una sentencia que haya adquirido firmeza, efecto que se 
produce cuando se desconoce lo resuelto en sentencia firme, en el marco de procesos 
que examinan cuestiones que guardan con aquellas un relación de estricta dependencia. 
No se trata solo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos 
jurisdiccionales,  sino  de  salvaguardar  la  eficacia  de  una  resolución  judicial  firme 
(STC 163/2003, de 29 de septiembre, FJ 4)"» (STC 216/2009, de 14 de diciembre, FJ 3). 
De esta manera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE 
actúa como límite que impide a los jueces y tribunales variar o revisar las resoluciones 
judiciales definitivas y firmes al margen de los supuestos y casos taxativamente previstos 
por la ley, incluso en la hipótesis de que con posterioridad entendiesen que la decisión 
judicial no se ajusta a la legalidad (por todas, STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 3). Por lo 
demás, debe tenerse muy presente que la determinación del alcance que quepa atribuir 
a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de 
los órganos judiciales, por lo que sus decisiones en esta materia solo son revisables en 
sede constitucional cuando han incurrido en incongruencia, arbitrariedad, carecen de 
razonabilidad o evidencian la dejación por parte del órgano judicial de su obligación de 
hacer ejecutar lo juzgado. Nuestra jurisdicción está habilitada únicamente para un control 
externo que se ciñe al examen de la razonabilidad de la interpretación que los titulares 
de la potestad de ejecución realicen del fallo en el marco de la legalidad ordinaria. Se 
trata, por consiguiente, de garantizar que, en aras precisamente al derecho a la tutela 
judicial efectiva, los jueces y tribunales no lleven a cabo interpretaciones de los fallos 
que,  por  alterarlos  o  apartarse  de  ellos,  incurran  en  arbitrariedad,  incongruencia, 
irrazonabilidad o error (entre otras, SSTC 140/2003, de 14 de julio, FJ 6; 223/2004, de 29 
de noviembre, FJ 6; 96/2005, de 28 de abril, FJ 5, y 35/2018, de 23 de abril, FJ 3).
6.  Análisis de la queja: antecedentes de necesaria consideración.
Según se desprende de la demanda y de las actuaciones judiciales, la actora y otros 
compañeros, adscritos a los servicios de apoyo psicopedagógico y orientación educativa 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, interpusieron recurso contencioso- e
administrativo solicitando el reconocimiento del derecho a la inclusión en el grupo A, por  bo
haber sido adscritos en comisión de servicio a puestos de ese grupo, para los que  502ww
preroulnoínagna dlao  dtietu mlaacinóenr a pirnedceisfian id(ali clean ccoiamdiossió ne nd e psseicrvoilcoigoísa.  Syu  pperedtaegnosgióína ),f uey  ehsatimbeardsae 
Jpuosr tisceian tdeen cCiaa ndtaeb rlaia , Sdaela 1 6d ed elo f eCbroenrtoe ndceio 1s9o9-A5d (mreincuisrtsraot invúom d. e6l 8T3r-i1b9u9n4a)l , Squupee drieocr ladreó 
«el derecho de los recurrentes a ser integrados en el grupo A, con todos los efectos
derivados de tal asignación, que tendrá eficacia desde la fecha de sus nombramientos 
definitivos para sus respectivos puestos de trabajo».
Tras este pronunciamiento, que quedó firme, la administración determinó que dejaran 
de percibir las retribuciones básicas correspondientes al grupo A, lo que originó un nuevo 
recurso contencioso-administrativo, en el que la misma Sala del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, cambió de criterio y entendió que sus consideraciones previas 
sobre la cuestión debían ser replanteadas a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de abril de 1996, que resolvió definitivamente la cuestión, en sentido contrario a 
las  sentencias  de  aquella  Sala  recaídas  en  procedimientos  análogos,  al  estimar  el 
recurso  de  casación  en  interés  de  ley  promovido  por  el  abogado  del  Estado.  En 
consecuencia, desestimó el recurso porque no se podía emitir un pronunciamiento sobre 
la pretensión retributiva, en tanto que dirigida al reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada que la Sala no consideraba posible atender, ya que se había desestimado 
en recursos análogos la pretensión inicial, de inclusión en el grupo A, lo cual resultaba 
directamente aplicable a los recurrentes.
Este pronunciamiento motivó la interposición del recurso de amparo núm. 2912-1999, 
en el que se dictó la STC 204/2003, con un pronunciamiento favorable a los allí actores 
(entre los que se encontraba la demandante de amparo), pues entendió este tribunal que 
los demandantes vieron lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en su vertiente del derecho a la inmodificabilidad e intangibilidad de las situaciones 
jurídicas declaradas en resoluciones judiciales firmes, ya que la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 había declarado a favor de 
los recurrentes una situación jurídica consolidada, un derecho «a ser integrados en el 
grupo A, con todos los efectos derivados de tal asignación».
Ahora acude la recurrente ante este tribunal impugnando la sentencia de la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de 
diciembre de 2017, que desestimó el recurso promovido contra la resolución de la 
Dirección  General  de  Costes  de  Personal  y  Pensiones  Públicas  del  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de 2 de enero de 2015, que rechazó, a su vez, la 
solicitud de revisión de la pensión de jubilación, en la que había interesado que se 
computaran como servicios prestados en el grupo A los desempeñados desde su toma 
de  posesión  en  el  servicios  de  apoyo  psicopedagógico  y  orientación  educativa,  en 
atención al derecho reconocido en virtud de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de febrero de 1995.
En la sentencia impugnada, la Sala ha negado que el pronunciamiento de dicha 
sentencia de 16 de febrero de 1995 alcance al régimen de clases pasivas, basándose en 
doctrina previa de la propia Sala, según la cual la sentencia que se aporta del Tribunal 
Superior de Justicia «no reconoció a la parte recurrente el derecho a la integración en 
determinado  cuerpo  docente,  ni  mucho  menos  en  determinado  cuerpo  docente  del 
mismo grupo y nivel de complemento de destino de aquel al que opta, sino que se limitó 
a reconocerle el derecho a ser integrado a título personal en el grupo A de los previstos 
en el art. 25 de la Ley 30/84 […] puesto que su cuerpo de pertenencia y del que nunca 
pidió la excedencia era el de maestros». Y añade a continuación que «la anterior 
sentencia que viene a referirse a la vida activa o a la situación activa de quien hoy 
recurre, no es aplicable a la situación actual de clases pasivas», afirmación que se 
sustenta en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en recurso 
de casación en interés de ley, que fijó como doctrina legal «que los funcionarios públicos 
pertenecientes a los servicios de orientación escolar y vocacional del Ministerio de  s
Educación y Ciencia, no tienen derecho a pertenecer a título personal al grupo A […] ni a  oe.
los derechos que derivan de esa situación». w.
La aplicación de esa doctrina al supuesto de la actora conduce a la Sala a considerar  502ww
ipmuperso, cseedgeúnnte s lea  irnedviicsaióran  deen  laan seixtuoa cai ólan  rjuersíodliucaci ópnre dseta creiocnoanl opcriemteienndtiod ad ee nla l ap ednesmióann ddae, 
djuebsildaec ió0n1,- 09a- 1e9f9e2c tohsa stdae l3 0c-0á6lc-u2l0o1 3d es e ecsotamsp, ut«ae la l pgerruíopdoo  B ddee  scelarvsiicfiicoasc iópnre sdtea dlooss   BOE-A-cable e
funcionarios  correspondiente  al  cuerpo  de  maestros  al  que  pertenece,  al  no  haber 
superado la interesada proceso selectivo alguno que suponga su ingreso en el cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria, perteneciente al grupo A, requisito que resulte 
imprescindible en virtud de lo establecido en la disposición adicional undécima de la 
LOGSE». Y porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de 
febrero de 1995 «no tuvo incidencia en los elementos configuradores del haber regulador 
de la pensión de jubilación, establecidos en los arts. 30.1 y 31 del texto refundido de la 
Ley  de  clases  pasivas  del  Estado,  y  en  la  correspondiente  Ley  de  presupuestos 
generales del Estado. Tampoco tuvo incidencia en tales elementos la posterior sentencia 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  de  13  de  febrero  de  2004  [Rec. 
1652/1998], dictada en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional núm. 203/2004 
[sic], dado que aquella se limitó al "[…] reconocimiento del derecho de los actores a 
seguir percibiendo las retribuciones básicas correspondientes al grupo A desde la fecha 
en que fueron nombrados para sus respectivos puestos […]"».
7.  Aplicación de la doctrina constitucional al supuesto examinado: otorgamiento del 
amparo.
Como se puede comprobar a partir de la exposición realizada en el fundamento 
anterior, la sentencia de la Audiencia Nacional no solo priva de valor a los efectos de 
derechos pasivos al fallo de la sentencia de 16 de febrero de 1995, sino que, además, 
omite toda consideración acerca de la STC 204/2003, de 1 de diciembre. Es cierto que 
ese recurso de amparo fue motivado por una cuestión retributiva, pero ello no autorizaba 
a entender ni que el alcance de nuestra sentencia no fuera otro que ese, ni que el 
pronunciamiento firme contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria de 16 de febrero de 1995 quedara reducido a ese extremo. Antes al contrario, 
este tribunal ya precisó que, si bien la cuestión principal suscitada en el último proceso 
judicial se refería al derecho de los recurrentes a percibir las retribuciones básicas 
correspondientes a los funcionarios integrados en cuerpos o escalas del grupo A del 
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal pretensión «fue decidida por el órgano 
judicial  en  conexión  con  la  solución  que  habría  que  otorgar  a  otra  antecedente, 
consistente en si tenían el derecho a su inclusión en el grupo A». Y, a continuación, nos 
referimos, sin restricción alguna, a esa integración en el grupo A «con todos los efectos 
derivados de tal asignación», no solo los económicos (FJ 4).
Así, en el fundamento jurídico 5 se indicó que la sentencia allí recurrida en amparo 
negó  a  los  recurrentes  la  denominada  pretensión  retributiva  –los  llamados  efectos 
retributivos–,  «haciéndose  eco  para  ello  de  determinada  doctrina  legal  del  Tribunal 
Supremo pronunciada en interés de ley que desautoriza el criterio que sobre la cuestión 
había  inspirado  anteriores  sentencias  estimatorias  firmes  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Cantabria». Y en relación con tal postura afirmamos de manera precisa que 
«contra  lo  dicho  por  la  Sala  sentenciadora,  hay  que  recordar  de  nuevo  que  sus 
sentencias de 16 de febrero de 1995 y de 17 de enero de 1996 habían declarado a favor 
de  los  hoy  recurrentes  –como  apunta  el  Ministerio  Fiscal–  una  situación  jurídica 
consolidada, un derecho "a ser integrados en el grupo A, con todos los efectos derivados 
de tal asignación, que tendrá eficacia desde la fecha de sus nombramientos definitivos 
para sus respectivos puestos de trabajo" (sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de 16 de febrero de 1995) o un "derecho de los recurrentes a ser integrados en el grupo 
A, con todos los efectos derivados de tal asignación, que tendrá eficacia desde la fecha 
de sus nombramientos, en comisión de servicios, para sus respectivos puestos de  e
trabajo" (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 17 de enero de 1996). Son  bo
declaraciones que guardan con la revisada en la sentencia impugnada en amparo la  502ww
lraesla ecxióigne dnec iaess tdrieclt aa rdt.e 2p4e.n1d CenEc i(aS SquTeC  d1e8 2p/o1r9 9s4í ,v dinec u2l0a rdíae  ajul nóiorg, aFnJo 3 j;u od ic1i9a0l /e1n9 9v9ir,t udde  2d5e 
ddee teorcmtuinbarer , eFl Ja l4c)a, nccoen  qluoe q ucaeb eel  aótrrgibaunior  aju dsiucsia al, netexrcieodreiésn pdroosneu ndcei asmu iecnotmosp edteecnlcairaa tpivaoras 
firmes, los desatendió, emitiendo otro en sentido frontalmente contrario y que ignora el
efecto prejudicial o positivo de la cosa juzgada material de las resoluciones firmes que, 
recordemos, ha de prevalecer aún en la hipótesis de que el juzgador entendiese que su 
decisión anterior no se ajusta a la legalidad (STC 187/2002, de 14 de octubre, FJ 6)».
Aún  más,  señalamos  que  esa  alteración  de  lo  fallado  en  firme,  que  se  había 
realizado al margen de cualquiera de los cauces previstos en el ordenamiento procesal, 
ni  siquiera  podía  tener  lugar  por  la  vía  de  otorgar  efecto  retroactivo  a  la  doctrina 
pronunciada en interés de ley por el Tribunal Supremo, desconociendo la fuerza de la 
cosa  juzgada  (STC  80/1999,  de  26  de  abril,  FJ  3),  declaración  concerniente  a  la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en recurso interpuesto 
en interés de ley, en cuya doctrina se ha apoyado el pronunciamiento de la Audiencia 
Nacional que aquí se impugna, y que, asimismo, ha invocado nuevamente el abogado 
del Estado en sus alegaciones –al igual que hizo en aquel caso– como obstáculo a la 
pretensión de la actora.
Este  tribunal  resolvió  un  supuesto  muy  similar  al  que  ahora  nos  ocupa  en  la 
STC 216/2009, de 14 de diciembre, que traía causa de una sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se había reconocido el derecho de los 
allí recurrentes «a ser integrados en el grupo A de los previstos en el art. 25 de la 
Ley 30/84 desde las fechas de sus nombramientos definitivos para servir puestos en los 
servicios de orientación escolar y vocacional, con todos los efectos derivados de tal 
asignación; incluido el complemento de destino». Aunque el asunto presentaba algunas 
particularidades  por  los  diversos  pronunciamientos  producidos  en  ejecución  de 
sentencia,  en  lo  sustancial,  la  situación  era  igual  a  la  que  nos  ocupa.  Así,  en  el 
fundamento jurídico 4 concluyó este tribunal que se había producido la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, razonando que «la cuestión que aquí se suscita es si 
la administración, primero, y la Audiencia Nacional, después, han desconocido el efecto 
prejudicial o positivo de la cosa juzgada material derivada de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de 3 de octubre de 1995 que reconoció a la recurrente (entre otros) 
el derecho a ser integrada a título personal en el grupo A. La determinación de qué 
haberes reguladores (grupo A o grupo B) deben tenerse en cuenta para calcular la 
pensión  de  jubilación  de  la  demandante  de  amparo  –cuestión  que  resuelven  las 
resoluciones  aquí  impugnadas–  es  un  asunto  que  guarda  una  relación  de  estricta 
dependencia con el derecho reconocido en aquella primera sentencia; es decir, con lo 
que deba entenderse incluido en "la integración en el grupo A con todos sus efectos 
económicos y administrativos", por lo que tanto la administración como la Audiencia 
Nacional se encontraban vinculadas por lo decidido en aquel momento».
Además, señalamos que «de la lectura de la fundamentación jurídica y del fallo de 
aquella primera sentencia, así como del contexto del proceso y de los posteriores (y 
numerosos) incidentes de ejecución que se suscitaron […] se deduce, sin ningún tipo de 
duda, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que la integración a título 
personal en el grupo A incluía los llamados derechos pasivos. Así lo dijo de forma 
explícita en el auto de 11 de diciembre de 2002, si bien a petición de otra de las 
favorecidas por la sentencia de 3 de octubre, subrayando que los efectos inherentes a tal 
integración  "obviamente  incluyen  los  correspondientes  para  su  jubilación,  y  para  el 
cálculo de su pensión deberá tener en cuenta la modificación correspondiente y los 
derechos económicos derivados de aquella situación". Y, nuevamente, en el auto de 7 
junio de 2005 en el que disponía que «el alcance de la ejecución debe ser estrictamente 
el que se ha realizado, es decir, el efectivo reconocimiento de su pertenencia al grupo A, 
a efectos administrativos, económicos y derechos pasivos a excepción de la pertenencia  s
a un cuerpo o escala distinto del de su procedencia, entre ellos la asignación de número  oe.
de registro». En definitiva, lo que se reconoció en la sentencia de 3 de octubre de 1995,  w.
tal como se recuerda en el auto de 7 de junio ya mencionado, fue la integración de la  502ww
rpeecruor rneon tlea  p(eenrtteren eontrcoias )a e unn e cl ugerruppoo  oA e dseca lloas q puree vniost ofuse eran  eel l daer tm. 2a5e sdtreo sla,  cLirecyu n3s0t/a1n9c8i4a 
aedstma inqiusetr anci iósniq, u«iecroan fsuidee crao netrno veelr tmidao meenn atoq udeel  pcraolcceuslaor» .la A spíe nlassió cno sdaes  j–uabñilaacdiiómno sd–e,  llaa   BOE-A-cable e
demandante, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le había reconocido unos 
derechos económicos que le afectaban mientras la recurrente se encontraba en servicio 
activo, "pero que no pueden trasladarse directamente a su situación como jubilada ya 
que  el  importe  de  la  pensión  debe  calcularse  no  en  función  de  las  retribuciones 
percibidas sino de acuerdo al haber regulador asignado al Cuerpo de pertenencia". La 
negación del cálculo de la pensión se fundamenta, entonces, en su falta de pertenencia 
al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria; criterio este que confirmó en primer 
lugar el Tribunal Económico-Administrativo Central y luego la Audiencia Nacional». Y 
concluimos que, al obrar así «las resoluciones impugnadas no tienen en cuenta que el 
alcance del fallo de aquella sentencia incluía los derechos pasivos, con independencia 
de que los entonces recurrentes siguiesen formando parte del cuerpo de maestros, pues 
lo que se les había reconocido era la integración en el grupo A, a título personal. Y, al 
desestimar la pretensión de la recurrente por considerar que solo correspondería si 
perteneciese  al  cuerpo  de  profesores  de  secundaria,  las  resoluciones  impugnadas 
modificaron  la  situación  jurídica  creada  por  una  sentencia  firme  al  margen  de  los 
procedimientos legalmente establecidos a tal efecto y sin ninguna razón que justifique 
dicha alteración, vulnerando el derecho a la tutela judicial de la recurrente».
Pues bien, la situación en este caso ha sido prácticamente idéntica, pues tanto la 
Dirección de Costes y Pensiones Públicas como la Audiencia Nacional, en la sentencia 
impugnada, han rechazado que el reconocimiento por la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 del derecho de la recurrente a ser 
integrada en el grupo A «con todos los efectos derivados de tal asignación» incluyera los 
derechos pasivos, a pesar de que esa declaración es idéntica a la efectuada por la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 1995, cuyo 
desconocimiento  constituyó  el  objeto  del  recurso  de  amparo  resuelto  por  la 
STC 216/2009. Y lo hacen, además, apoyándose en la doctrina establecida por la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en casación en interés 
de  ley,  a  pesar  de  que  este  Tribunal  Constitucional  ya  dijo  expresamente  en  su 
STC 204/2003, FJ 5, que esa doctrina no podía aplicarse retroactivamente para alterar lo 
fallado con carácter firme por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Para rechazar que se hayan desconocido los derechos de la actora reconocidos en 
anteriores pronunciamientos judiciales, arguye el auto de la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2018, 
resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora contra la 
sentencia de 11 de diciembre de 2017, que el reconocimiento de la integración de la 
demandante lo fue a título personal y a los efectos de la reclamación de diferencias 
salariales deducidas en el correspondiente proceso, pero que ello no determinó su 
inclusión en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, sino que continuó en el 
cuerpo de maestros. Añade que no estamos en presencia del supuesto contemplado en 
la STC 216/2009, en el cual se precisó en ejecución de sentencia que el reconocimiento 
de la clasificación en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos 
pasivos de los funcionarios litigantes, que empezaron a cotizar dentro de dicho grupo, 
mientras que en este caso ni se ha reconocido en la sentencia que el reconocimiento de 
la clasificación en el grupo A lo sea a los efectos de derechos pasivos ni consta que la 
demandante cotizara en momento alguno dentro de ese grupo, ni en ejecución de 
sentencia se acordó extender los efectos  del  pronunciamiento judicial a cuestiones 
distintas de las relativas a las remuneraciones.
En cuanto a tales argumentos, hay que objetar, en primer lugar, que lo que se  s
ventilaba en el procedimiento seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  oe.
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  no  era  simplemente  una  pretensión  de  w.
alcance retributivo como se afirma en el auto. Lo que los recurrentes en aquel proceso  502ww
prerecotennodcíiamni eenrtao,  dceolm doe reqcuheod aa  rleac iongcilduos ióenn  elan  seel ngtreunpcoia A d dee  1l6o sd ree cfuerbrreenrtoe sd,e a d1s9c9r5it,o s« eal 
Mlosin issteerrvioic iodse  Eded ucaapcoiyóon  yp sCicioepnecdiaa»g,ó yg icloo  qyu eo rliae nStaacliaó na ceodrduóca ftuivea,  cdoempeon dyiae nhteas  siddeol   BOE-A-cable e
relatado reiteradamente, el derecho a la integración en el grupo A, «con todos los efectos 
derivados de tal asignación» –volvemos a recalcarlo–, y, además, como otro derecho 
inherente a su situación, no agotador de los efectos que debía producir la integración, «el 
derecho al abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de su 
nombramiento» (FJ 3, último párrafo).
Por otra parte, el reconocimiento de ese derecho de integración en el grupo A se 
acuerda «con independencia de la falta de creación formal de un cuerpo funcionarial de 
apoyo  psicopedagógico  y  orientación  vocacional,  pues  no  puede  desconocerse  la 
realidad fáctica del desempeño de tales funciones, a las que han sido adscritos los 
recurrentes a través de una irregular e indefinida comisión de servicios». No se niega 
que  el  reconocimiento  del  derecho  no  ha  implicado  la  inclusión  en  el  cuerpo  de 
profesores  de  enseñanza  secundaria,  ni  en  ningún  otro,  por  la  irregular  actuación 
administrativa puesta de relieve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria. Pero, como advierte acertadamente el Ministerio Fiscal, ello no puede ser un 
obstáculo para entender que en ella quedaban incluidos los derechos pasivos, pues así 
lo dispuso la STC 216/2009, al afirmar en su FJ 4 que el fallo que allí se invocaba los 
incluía «con independencia de que los entonces recurrentes siguiesen formando parte 
del cuerpo de maestros, pues lo que se les había reconocido era la integración en el 
grupo A, a título personal. Y, al desestimar la pretensión de la recurrente por considerar 
que solo correspondería si perteneciese al cuerpo de profesores de secundaria, las 
resoluciones impugnadas modificaron la situación jurídica creada por una sentencia firme 
al margen de los procedimientos legalmente establecidos a tal efecto y sin ninguna razón 
que justifique dicha alteración».
No  puede  aceptarse  tampoco  como  argumento  para  excluir  la  aplicación  de  la 
doctrina establecida en la STC 216/2009 el dato de que en el supuesto al que esta se 
refiere se precisara en ejecución de sentencia que el reconocimiento de la clasificación 
en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos pasivos de los 
funcionarios, y que estos empezaran a cotizar dentro de dicho grupo. En cuanto al primer 
extremo, porque los pronunciamientos emitidos en ejecución de sentencia se limitan a 
precisar  el  alcance  de  esta,  pero  no  pueden  alterar  lo  fallado,  ampliándolo  o 
reduciéndolo. En efecto, es doctrina reiterada de este tribunal que «el derecho a la 
ejecución de las sentencias en sus propios términos impide que en fase de ejecución los 
órganos judiciales lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o 
apartarse de ellos, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error. Y ello 
incluso aunque la variación o revisión de la resolución que debe ser ejecutada se 
produzca en supuestos en los que los órganos judiciales ejecutantes entendieren con 
posterioridad que la decisión adoptada no se ajusta a la legalidad, pues constituye una 
manifestación tanto del principio de seguridad jurídica como del derecho a la tutela 
judicial efectiva que las resoluciones judiciales firmes no pueden ser modificadas al 
margen de los supuestos y cauces taxativamente establecidos en la ley. Esta regla 
general  encuentra,  no  obstante,  una  excepción,  pues  ni  la  seguridad  jurídica  ni  la 
efectividad de la tutela judicial alcanzan a integrar un supuesto derecho a beneficiarse de 
simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o trascripción de la 
sentencia  que  puedan  deducirse,  con  toda  certeza,  del  propio  texto  de  la  misma» 
(STC 211/2013, de 16 de diciembre, FJ 3, y las que en ella se citan). Por consiguiente, 
hay que partir del pronunciamiento primigenio de la sentencia de cuya ejecución se trata, 
que es idéntico en este supuesto y en el resuelto por la STC 216/2009.
Finalmente, en lo tocante a la cuestión de la cotización, hay que dar la razón al fiscal  s
cuando afirma que se trataría de una irregularidad achacable a la propia Administración y  oe.
no a la funcionaria recurrente, circunstancia que ya se percibe en otros aspectos en la  w.
propia sentencia de 16 de febrero de 1995, cuando se refiere a la falta de creación  502ww
dfoertmeraml idnea duans  cfuuenrcpioon feusn caio tnraavriéasl,  dae l au naad sicrrreipgcuiólanr  dee i nlodse ffiunnidcaio cnoamrioissi óanl  ddees esemrpviecñioos ,d ey 
«sin reconocimiento de los derechos inherentes a la misma».
En  conclusión,  la  sentencia  impugnada  desatendió  el  pronunciamiento  firme 
contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero 
de  1995,  emitiendo  otro  en  sentido  frontalmente  contrario  y  que  ignora  el  efecto 
prejudicial o positivo de la cosa juzgada material de las resoluciones firmes, en relación 
con el derecho de la demandante de amparo a ser integrada en el grupo A, «con todos 
los efectos derivados de tal asignación»; derecho reconocido que vinculaba al órgano 
judicial en virtud de las exigencias del art. 24.1 CE, y con el que guarda una relación de 
estricta dependencia la cuestión relativa a la determinación de qué haberes reguladores 
(grupo A o grupo B) deben tenerse en cuenta para calcular la pensión de jubilación de la 
demandante  de  amparo.  Y  todo  ello,  al  margen  de  una  vía  legal,  y  mediante  la 
improcedente  aplicación  retroactiva  del  criterio  establecido  con  posterioridad  en  la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996 en interés de ley, en contra de lo 
resuelto sobre el particular en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, FJ 5, e ignorando la 
doctrina establecida en esta última sentencia y en la STC 216/2009, de 14 de diciembre. 
Por todo ello, hemos de concluir que la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de diciembre de 2017, ha 
vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, 
en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
La estimación de este motivo exime a este tribunal de entrar a examinar la otra queja 
planteada, aunque ya se indicó en el fundamento jurídico 4 que quedaba en gran medida 
absorbida por la que ha sido objeto de nuestra detallada consideración.
8.  Alcance del amparo otorgado.
El otorgamiento del amparo solicitado determina la declaración de nulidad de la 
sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2017, así como, por consecuencia, del auto de 
la misma Sala de 31 de octubre de 2018, que desestimó el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido contra aquella, con retroacción de las actuaciones al momento 
anterior al dictado de la primera de dichas resoluciones, para que por el órgano judicial 
se dicte una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido. No 
resulta afectada, en cambio, la providencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
de 13 de junio de 2018, que inadmitió el recurso de casación promovido por la actora, 
que no ha sido impugnada y que, en todo caso, carece de incidencia alguna sobre el 
derecho fundamental cuya vulneración aquí se ha suscitado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por doña Felicidad Teresa 
González del Valle, y, en consecuencia:
1.º  Inadmitir la queja de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva.
2.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de  e.e
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en la vertiente de  w.b
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. 502ww
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en el procedimiento ordinario núm. 858-2016.
4.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse 
la primera de dichas resoluciones, para que el órgano judicial pronuncie una nueva que 
sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.