BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Martes 15 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 31333
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
4131 Resolución de 3 de marzo de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio entre el Centro de Referencia 
Estatal  de  Atención  a  Personas  con  Enfermedad  de  Alzheimer  y  otras 
Demencias en Salamanca y el Centro Integrado de Formación Profesional 
Rodríguez Fabrés en Salamanca, para el desarrollo del módulo profesional 
de formación y de prácticas formativas en centros de trabajo.
Con fecha 28 de febrero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, a través del Centro de Referencia Estatal de Atención a 
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca y el Centro 
Integrado de formación profesional Rodríguez Fabrés en Salamanca para el desarrollo 
del módulo profesional de formación y de prácticas formativas en centros de trabajo.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y,  de  conformidad,  con  las 
competencias conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, resuelvo:
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que 
se incorpora como anexo a esta Resolución.
Madrid, 3 de marzo de 2022.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a través del Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias en Salamanca y el Centro Integrado de Formación Profesional 
Rodríguez Fabrés en Salamanca para el desarrollo del módulo profesional de 
formación y de prácticas formativas en centros de trabajo
De una parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de 
Mayores  y  Servicios  Sociales  (Imserso),  como  entidad  gestora  de  la  Seguridad 
Social  adscrita  al  Ministerio  Derechos  Sociales  y  Agenda  2030  a  través  de  la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, cargo para el que fue nombrado en 
virtud del Real Decreto 207/2020, de 29 de enero (BOE n.º 26, de 30 de enero), y 
facultado para su representación conforme a las atribuciones establecidas en el 
artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE n.º 246 de 14 de 
octubre de 2005), y a los efectos del presente Convenio también en representación 
del  Centro  de  Referencia  Estatal  de  Atención  a  Personas  con  Enfermedad  de 
Alzheimer y otras Demencias en Salamanca, creado bajo la dependencia orgánica y 
funcional del Imserso por Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre.
De otra parte, doña Ana María García Fernández, Directora del centro educativo 
CIFP Rodríguez Fabrés, con CIF Q3768088A y domicilio en, Paseo del Tormes, 31-77,  es
37008 de Salamanca, en su nombre y representación, en calidad de Directora, según  bo
acuerdo de 6/09/2021, por el que le nombra el centro. 31ww
Ambas  partes  se  reconocen  capacidad  legal  suficiente  y  en  el  ejercicio  de  las 
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las entidades que 
representan:
EXPONEN
Que el Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se adscribe a 
dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad 
gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica 
y  funciones  del  Imserso,  le  atribuye  competencias  en  materia  de  los  servicios 
complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social para personas 
mayores,  con  discapacidad  y  en  situación  de  dependencia,  como  también  el 
establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que 
se les atribuyan objetivos especiales de investigación y ámbito de actuación estatal.
Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, configura, 
dentro de la red de centros para la autonomía y atención a la dependencia a los centros 
de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y 
cuidado de situaciones de dependencia.
Que la Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, crea y regula el Centro de 
Referencia  Estatal  de  Atención  a  Personas  con  Enfermedad  de  Alzheimer  y  otras 
Demencias, adscrito al Imserso y ubicado en Salamanca, configurándolo como un centro 
sociosanitario  especializado  y  avanzado  en  investigación,  análisis,  conocimiento, 
evaluación  y  formación  sobre  el  alzheimer  y  otras  demencias  y  en  atención  e 
intervención con los afectados y sus familias y estableciendo sus fines.
Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 2, 
entre sus fines, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
A su vez, el artículo 42.2 determina que el currículo de las enseñanzas de formación 
profesional incluirá una fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que 
podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda 
con los estudios profesionales cursados. Que el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, regula los módulos profesionales.
Conforme a lo establecido en la normativa vigente emitida por la Dirección General 
de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Comunidad 
Autónoma  de  Castilla  y  León,  ambas  partes,  considerando  que  tienen  objetivos 
complementarios para sus fines institucionales, formalizan el presente Convenio para el 
desarrollo de un programa de formación en centros de trabajo, dirigido al alumnado que 
cursan formación profesional reglada, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto y finalidad. o
El objeto del Convenio es el desarrollo de los módulos profesionales de formación de  31ww
SEestravticailo d ed eA t«eRnecsiótanu ara cPieórns»o nya s« Ccoonc inEan fye rmGeadsatrdo ndoem Aíal»zh eeinm eerl  yC eontrtaros  Ddee mReenfceiraesn ceina 
Sfoarmlaamtaivnacsa , d(ee no taradse laenntes,e ñcaennztraos ,d ea  trloasb ajaol)u mden olso sd ceilc loCsIF fPo rmRaotdivroígsu eyz  laFsa bprréásc,t iceans   BOE-A-cable e
Salamanca (en adelante, centro educativo).
Segunda. Compromisos que asumen el centro de trabajo y el centro educativo.
El  centro  de  trabajo  se  compromete  al  cumplimiento  de  la  programación  de 
actividades formativas que previamente hayan sido acordadas con el centro educativo, a 
realizar su seguimiento, a la valoración del progreso del alumnado y a la revisión de la 
programación junto con el profesor-tutor del centro educativo, si una vez iniciado el 
periodo de prácticas, y a la vista de los resultados, ésta fuera necesaria.
El centro educativo se compromete a:
a) Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas 
entre estudiantes matriculados en dicho Centro al que se vinculan las competencias 
básicas, genéricas y/o específicas a adquirir por el estudiante en la realización de la 
práctica. El centro de trabajo determinará el número de estudiantes que puedan realizar 
las prácticas en función de las necesidades de dicho Centro de trabajo.
b) Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que será un profesor 
de la Escuela, que coordine junto con el tutor del Centro, el desarrollo de las mismas.
c) Emitir el informe de evaluación de las practicas desarrolladas y un documento 
acreditativo de las mismas al finalizar el período de ejecución, que contendrá, al menos, 
referencia al Centro del Imserso que actúa como entidad colaboradora, descripción de la 
práctica especificando su duración y fechas de realización y actividades realizadas.
d) Acreditar  al  tutor  designado  por  el  Centro  de  trabajo  el  reconocimiento  de 
profesor colaborador con el Centro educativo y al personal del Centro partícipe en las 
prácticas la consideración de colaborador con dicha entidad, o cualquier otra figura que 
considere, teniendo en cuenta la implicación del tutor y del personal en la formación de 
los alumnado derivados por la misma.
Tercera. Hoja semanal del alumnado y ficha de seguimiento.
El  alumnado  dispondrá  de  un  documento  de  seguimiento  de  las  actividades 
realizadas u «hoja semanal del alumno», que será supervisado por el tutor del centro de 
trabajo en colaboración con el profesor-tutor del centro educativo. En dicho documento 
figurarán las actividades formativas más significativas realizadas cada semana, con 
registro de la fecha, los resultados obtenidos, las orientaciones recibidas, el tiempo 
dedicado y las dificultades encontradas en su realización. Los resultados de aprendizaje 
se reflejarán en la «ficha de seguimiento y evaluación», que cumplimentará el tutor del 
centro de trabajo.
Cuarta. Coordinador de actividades.
El centro de trabajo nombrará una persona responsable para la coordinación de las 
actividades formativas a realizar, que garantizará la orientación y consulta del alumnado, 
facilitará las relaciones con el profesor-tutor del centro educativo y aportará los informes 
valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fin, facilitará al profesor-tutor del centro 
educativo el acceso al centro de trabajo y las actuaciones de valoración y supervisión del 
proceso.
Quinta. Ausencia de relación laboral.
El centro de trabajo no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto 
de trabajo con el alumnado que realice actividades formativas en la misma, salvo que se  e.e
establezca al efecto una relación laboral de contraprestación económica por servicios  b
contratados.  En  este  caso,  se  considerara  que  el  alumno  abandona  el  programa  31ww
tfroarbmaajotiv aol  deinre ectl ocr ednetrl oc ednet rotr aebdaujoca, tdiveob, iéqnudieons elo  ccoommuunnicicaarr áe sat ela h Deicrheocc pióonr  Perl ocveinnctiraol  ddee 
Educación.
Sexta. Retribuciones.
El  alumnado  no  percibirá  cantidad  alguna  por  la  realización  de  las  actividades 
formativas en el centro de trabajo.
Séptima. Seguridad social de las personas que desarrollan programas de formación y 
prácticas no laborales y académicas.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medias urgente en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, ambas partes 
se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que 
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley. 
En la adenda se determinará la aportación económica de las partes para cubrir las 
cotizaciones de la Seguridad Social de los estudiantes, comprendiendo como mínimo un 
intervalo de aportaciones mínimas y máximas que se prevean hacer por cada firmante.
Octava. Seguro escolar.
Cualquier accidente que pudiera producirse será contemplado a tenor del Seguro 
Escolar, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, de 13 
de agosto (BOE de 13 de septiembre). El centro educativo dispondrá de una póliza de 
seguro  de  responsabilidad  civil  que  cubra  los  daños  materiales,  personales  y  sus 
perjuicios  derivados  causados  a  terceros  por  el  estudiante  en  el  ejercicio  de  las 
prácticas.
Novena. Identificación del alumnado.
El alumnado irá provisto del DNI y de la tarjeta de identificación del centro educativo.
Décima. Protección de datos.
El estudiante en prácticas que por razón de sus prácticas tenga acceso a datos de 
carácter personal vendrá obligado a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. La 
citada obligación subsistirá aun después de terminado el proyecto. Asimismo vendrán 
obligados al cumplimiento de lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica.
Undécima. Propiedad intelectual.
En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de 
propiedad intelectual, los derechos relativos corresponderán al Imserso, sin perjuicio de 
los derechos que reconoce la legislación vigente al resto de las partes. es
Duodécima. Dirección Provincial de Educación. w.
paraE ls uc ennotrtoifi ceadcuiócant iav ola s eIn csopmecpcrioómn edtee  Tar aebnavjioa,r  uan laa  cDoirpeiac cdióenl  pPrreosveinncteia ld doecu Emdeunctaoc, ióans,í 
cporámcoti calas  froerlmacaiótivna sd eeln  alalu emmnpardeos aq.ue,  en  cada  período  de  tiempo,  estén  realizando  BOE-A-cable e
Decimotercera. Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas.
Durante  la  realización  de  las  prácticas  académicas,  los  estudiantes  tendrán  los 
siguientes derechos:
a) A la tutela, durante el periodo de duración de la correspondiente práctica, por un 
profesor del centro educativo y por un profesional que preste servicios en el centro de 
trabajo del Imserso.
b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por el centro educativo.
c) A la obtención de un informe por parte del centro de trabajo, con mención 
expresa a la actividad desarrollada, su duración, y en su caso, su rendimiento.
d) A  la  propiedad  intelectual  e  industrial  en  los  términos  establecidos  en  la 
legislación reguladora de la materia.
e) A  recibir,  por  parte  del  centro  de  trabajo,  información  de  la  normativa  de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.
f) A  cumplir  con  su  actividad  académica,  formativa  y  de  representación  y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente al centro de trabajo.
g) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes con 
discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las 
prácticas en igualdad de condiciones.
h) A conciliar, en el caso de estudiantes con discapacidad, la realización de las 
prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con 
la situación de discapacidad.
i) Aquellos  otros  derechos  previstos  en  la  normativa  vigente  y/o  en  los 
correspondientes convenios suscritos por el centro de trabajo y, en su caso, la entidad 
gestora de prácticas vinculada a la misma, con el centro de trabajo.
Durante la realización de las prácticas académicas externas los estudiantes deberán 
atender al cumplimiento de los siguientes deberes:
a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecidas por el 
centro educativo.
b) Conocer y cumplir con el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las 
indicaciones del tutor asignado por el centro de trabajo bajo la supervisión del tutor 
académico del centro educativo.
c) Mantener  contacto  con  el  tutor  académico  del  centro  educativo  durante  el 
desarrollo de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el 
mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio 
y la memoria final que le sean requeridos.
d) Incorporarse al centro de trabajo en la fecha acordada, cumplir el horario previsto 
en  el  proyecto  educativo  y  respetar  las  normas  de  funcionamiento,  seguridad  y 
prevención de riesgos laborales de la misma.
e) Desarrollar  el  proyecto  educativo  y  cumplir  con  diligencia  las  actividades 
acordadas con el centro de trabajo, conforme a las líneas establecidas en el mismo.
f) Elaboración de la memoria final de las prácticas.
g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna del centro de 
trabajo y guardar secreto sobre sus actividades, durante su estancia y a la finalización de 
esta.
h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del centro de  s
trabajo, salvaguardando el buen nombre del centro educativo al que pertenece. oe.
i) Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los correspondientes  w.
vcionncvuelandioas a s ulas cmriitsoms ap,o cro enl  ecle cnetrnot reod duec atrtaivboa yjo, .en su caso, la entidad gestora de prácticas  2022-4131n https://ww
Decimocuarta. Comisión mixta.
Se constituye una comisión mixta integrada por un representante nombrado por cada 
una de las partes, a la que corresponde concretar las actuaciones de cooperación que se 
vayan a llevar a cabo entre las previstas en este Convenio, así como velar por el cabal 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por ambas partes.
Las actuaciones de cooperación son las de conocer el funcionamiento del centro de 
trabajo, sus métodos de trabajo y organización, como complemento práctico a sus 
estudios, en relación al programación de actividades formativas.
El representante de cada una de las partes será el coordinador nombrado por el 
centro del Imserso y el profesor-tutor nombrado por el centro educativo.
La comisión mixta constituirá el cauce estable de comunicación entre el Imserso y el 
centro educativo.
La propia comisión, una vez constituida, decidirá su régimen de reuniones y de 
adopción válida de acuerdos.
Decimoquinta. Vigencia.
El presente Convenio tiene vigencia de cuatro años pudiendo prorrogarse, en cualquier 
momento antes de su finalización, por el mismo periodo por acuerdo expreso de las partes.
Conforme a lo indicado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, este Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en 
el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma».
Decimosexta. Modificación.
La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, según el artículo 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
Decimoséptima. Causas de extinción y resolución.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Cese de actividades del centro educativo o del centro de trabajo.
f) Incumplimiento  de  las  cláusulas  establecidas  en  el  Convenio,  inadecuación 
pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en relación con  e.e
la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes. b
g) Se  podrá  rescindir  para  un  determinado  alumno  o  grupo  de  alumnos,  por  31ww
ucunailalqteuriearl ad ed uen ala ds ep laasrt epsa rtfeirsm, aon cteosn,j uyn tas edre  eaxmcbluoids,o e nd elo ss us igpuaiertnicteipsa ccaiósno sp:or  decisión
– Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas.
– Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesado.
h) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la 
otra parte interviniente por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que se 
desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga.
Si cuando concurra cualquiera de las causa de resolución del Convenio, hubiese 
algún  estudiante  realizando  prácticas  en  el  centro,  las  partes  podrán  acordar  su 
continuación hasta la finalización del plazo acordado para su ejecución, conforme a lo 
establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
Decimoctava. Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos cualquiera 
de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en 
el plazo de un mes. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta quién, 
además,  determinará,  en  su  caso,  la  posible  indemnización  a  satisfacer  por  dicho 
incumplimiento.
Decimonovena. Información sobre el Convenio.
El centro educativo informará a la Dirección Provincial de Educación de la extinción o 
rescisión del Convenio, y ésta lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.
La representación de los trabajadores de los centros de trabajo será informada del 
contenido específico del programa formativo que desarrollará el alumnado sujeto a este 
Convenio con anterioridad a su firma, actividades, calendario y horario de las mismas y, 
localización del centro de trabajo donde se realizarán.
Vigésima. Régimen jurídico y resolución de conflictos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está 
regulado en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
La  jurisdicción  Contenciosa  Administrativa  será  la  competente  para  resolver  las 
cuestiones  litigiosas  que  pudieran  surgir  entre  las  partes,  en  la  ejecución  de  este 
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el Imserso, El 
Director  General,  Luis  Alberto  Barriga  Martín.–Por  el  CIFP  Rodríguez  Fabrés,  La 
Directora, Ana María García Fernández.