BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60100
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8353 Sala Segunda. Sentencia 87/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo 1004-2020. Promovido por Aluminios Torralba, S.A., respecto de las 
actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera instancia de Murcia 
en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión:  emplazamiento  mediante edictos llevado a 
cabo sin apurar previamente las posibilidades de averiguación del domicilio 
efectivo (STC 122/2013).
ECLI:ES:TC:2021:87
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo 1004-2020, interpuesto por Aluminios Torralba, S.A., contra 
el auto de 15 de enero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de 
Murcia, que desestimó el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones promovido 
por  aquella  entidad,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  1646-2013 
instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 17 de 
febrero de 2020, el procurador de los tribunales don José Ramón Rego Rodríguez, 
actuando en nombre y representación de Aluminios Torralba, S.A., bajo la defensa del 
letrado don Román Arias Pintado, ha interpuesto recurso de amparo contra la resolución 
arriba mencionada.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  En fecha 5 de noviembre de 2013, la entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso 
demanda ejecutiva contra la ahora recurrente, Aluminios Torralba, S.A., en reclamación 
de un determinado importe por impago de un préstamo garantizado con hipoteca sobre 
varios inmuebles. s
En la demanda, la entidad ejecutante fijó como domicilio de Aluminios Torralba S.A.,  e.
el de la calle Jara, 31, 3.º A, de Cartagena. Este era el domicilio que figuraba, a efectos  w.
de notificaciones, en la escritura de constitución de la garantía hipotecaria, autorizada el  53ww
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preraqcuteiqriumei epnotro  edl ep ropcaugroa d[o…r ]d, ea lsaí  accotmoroa »l.a notificación del señalamiento de subasta, se  BOE-A-cable e
b)  La demanda correspondió por turno al Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de 
Murcia. En fecha 19 de febrero de 2014, en el marco del procedimiento registrado como 
ejecución hipotecaria núm. 1646-2013, se dictó auto por el que se acordó despachar 
ejecución contra la ahora demandante de amparo, así como requerirle al pago de las 
cantidades  reclamadas.  En  su  parte  dispositiva  se  indicaba  que  la  notificación  se 
realizaría en los términos del art. 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Mediante 
decreto  de  la  misma  fecha,  el  letrado  de  la  administración  de  justicia  dispuso  la 
notificación «en el domicilio que resulte vigente en el registro conforme lo previsto en el 
artículo  686.2  LEC»,  señalando  a  continuación  que  «teniendo  su  domicilio  los 
demandados en Cartagena, se librará correo certificado con acuse de recibo».
c)  La notificación y requerimiento de pago se intentó efectuar el día 3 de marzo 
de 2014, dando resultado negativo, con devolución al juzgado por resultar desconocido 
el destinatario en la dirección ubicada en la calle Jara 31, de Cartagena. Así se constató 
por diligencia de ordenación de fecha 8 de abril de 2014, por la que se dio traslado a la 
parte ejecutante «a fin de que inste lo que a su derecho convenga».
d)  Mediante escrito de 11 de abril de 2014, la parte ejecutante interesó que la 
notificación y requerimiento de pago se efectuaran en el domicilio de la representante legal 
de la ejecutada, doña Rosa María Salcedo Hernández, sito en la calle Gran Vía, 4, 1 de 
Murcia; solicitando de nuevo su práctica por el procurador de la parte actora. Así se acordó 
por diligencia de 25 de abril de 2014, que dispuso la «entrega de la documentación […] 
conforme a lo solicitado y dispuesto en el art. 152.1.2 LEC».
e)  Por diligencia de entrega de 9 de mayo de 2014, el procurador de la parte 
ejecutante puso de manifiesto que, a las 13:55 horas de ese mismo día, se había 
constituido en el domicilio sito en la calle Gran Vía, 4, indicando en la diligencia que «el 
piso se encuentra cerrado y no se encuentra a nadie en su interior», estando las 
«persianas bajadas». La diligencia estaba firmada por el procurador y dos testigos.
f)  Por diligencia de ordenación de 31 de julio de 2014, previa solicitud en tal sentido 
de la parte ejecutante, se acordó realizar la notificación y requerimiento de pago «por 
medio  de  edicto»,  conforme  a  lo  «establecido  en  los  artículos  156.4  y  164  LEC», 
quedando expuesto en el tablón de anuncios del juzgado desde esa fecha hasta el 27 de 
noviembre de 2014.
g)  En fecha 10 de diciembre de 2014, a instancia de la entidad ejecutante, se 
acordó la celebración de la subasta de los bienes hipotecados, que fue fijada para el 
día 29 de mayo de 2015. No obstante, en fecha 5 de mayo de 2015, se dictó la diligencia 
de ordenación en la que se indicaba lo siguiente: «Visto el estado de las presentes 
actuaciones  se  acuerda  consultar  el  PNJ  [punto  neutro  judicial]  a  fin  de  averiguar 
nuevo  domicilio  de  la  mercantil  ejecutada.  Visto  el  resultado  de  la  consulta  y  no 
constando domicilio diferente del que obra en las actuaciones en el que poder practicar 
la diligencia de notificación de la subasta […] la publicación de edicto en el tablón de 
anuncios de la oficina judicial y en el portal de subastas judiciales del Ministerio de 
Justicia servirá de notificación en forma».
En  las  actuaciones  remitidas  por  el  órgano  judicial  no  consta  que  se  hubiera 
realizado la consulta al punto neutro judicial ni, por lo tanto, el resultado de la misma.
h)  El procedimiento judicial continuó su tramitación, mediante la celebración de 
subasta, el decreto de adjudicación fechado el 15 de febrero de 2018 y declarado firme 
por diligencia de 9 de marzo de 2018, así como el señalamiento para la entrada en la 
posesión de los inmuebles, notificado también por edicto en fecha 7 de mayo de 2018.
La diligencia de entrega fue intentada en fechas 30 de mayo y 6 y 14 de junio  s
de 2018, siendo suspendida ante la presencia de inquilinos en los inmuebles, que  oe.
aportaron el correspondiente contrato de arrendamiento de establecimiento de negocio,  w.
suscrito el 16 de enero de 2017. 53ww
proci)e diEmnie nfteoc hjuad ic2i0a l, dael  hjuanbieor  tdeen id2o0 1c8o,n olcai meienntitdoa dd e rescuu rerxeinsttee ncsiea  ap etrrsaovnéós  deen  loesl 
ainrcreidnednattea rdioes n udleid laods  dinem aucetubalecsio nheipso.tecados, y en fecha 4 de julio de 2018 interpuso un  BOE-A-cable e
En su escrito alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), interesando la reposición de las actuaciones al momento de dictarse el auto y 
decreto de notificación y requerimiento de pago. Tras reseñar los antecedentes que 
consideró de interés, hizo una expresa invocación de la doctrina de este tribunal (con cita 
de las SSTC 245/2006, de 24 de julio; 104/2008, de 15 de septiembre; 28/2010, de 27 de 
abril; 122/2013, de 20 de mayo, y 137/2014, de 8 de septiembre), sobre la necesidad de 
agotar los medios de comunicación ordinarios, antes de acudir a la notificación edictal. 
Más en concreto, consideraba que el juzgado y la parte actora no habían realizado las 
gestiones  necesarias  para  determinar  el  domicilio  real  de  la  entidad  ejecutada.  Si 
hubieran recabado la información del registro mercantil, hubieran comprobado que el 
mandato de doña Rosa María Salcedo Hernández estaba caducado. Tampoco consta 
practicada la averiguación del domicilio a través del punto neutro judicial.
j)  El incidente fue desestimado por medio de auto de 15 de enero de 2020, en cuyo 
fundamento jurídico segundo se argumenta que el domicilio en el que se intentó la 
notificación (calle Jara 31, 3.º A, de Cartagena) es el que figura en la escritura de 
constitución del préstamo hipotecario de 14 de marzo de 2006, así como en la posterior 
escritura de novación de 30 de diciembre de 2009, por no contener modificación alguna 
al respecto. Igualmente, no consta que la prestataria comunicara la modificación de 
domicilio en los términos y con los efectos del art. 683 LEC. Finaliza señalando que 
también se intentó la notificación en el domicilio de la representante legal de la sociedad 
que aparece en las escrituras, lo que también resultó infructuoso. Por todo ello, el auto 
concluye que no concurre causa alguna de nulidad.
3.  En la demanda de amparo se alega la vulneración del art. 24.1 CE, en su 
vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, ya que «no ha tenido 
conocimiento de la tramitación del proceso, y, por lo tanto, no pudo hacer valer en él los 
medios de oposición que la ley le confiere, dado que el órgano judicial le notificó la 
demanda de ejecución y le requirió de pago por edictos, en lugar de haber agotado los 
medios de averiguación domiciliaria que hubiesen permitido efectuar su emplazamiento 
de forma personal».
La entidad demandante reitera las quejas formuladas en su escrito de planteamiento 
del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  y,  tras  reseñar  los  principales  hitos  del 
procedimiento judicial de origen, insiste en que «no consta en ningún momento que se 
hubiera practicado la consulta acordada a punto neutro judicial, ni que la mercantil actora 
«Banco  de  Sabadell,  S.A.»,  haya  mostrado  la  necesaria  diligencia  en  instar  esa 
averiguación  acordada  ni  tampoco  la  necesaria  consulta  el  Registro  Mercantil  de 
Murcia», incumpliendo lo dispuesto en el art. 155.3 LEC.
La recurrente considera que el asunto tiene especial trascendencia constitucional, 
porque el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de 
acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)]», ya que ni siquiera 
entró a valorar la jurisprudencia que le fue invocada.
Con expresa reseña de la doctrina contenida en las SSTC 150/2008, de 17 de 
noviembre; 78/2008, de 7 de julio; 122/2013, de 20 de mayo, y 6/2017, de 16 de enero, 
la entidad recurrente interesa la estimación de la demanda, con la declaración de la 
vulneración del derecho fundamental alegado, su restablecimiento mediante la nulidad 
del auto de 15 de enero de 2020, así como la nulidad y consiguiente retroacción de las 
actuaciones al momento del dictado del auto de 19 de febrero de 2014, a fin de poder 
formular la correspondiente oposición a la demanda.
Como primer otrosí digo la entidad demandante solicitó, al amparo del art. 56 de la  e.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la medida cautelar de «suspensión del  w.b
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria»,  interesando  su  tramitación  inaudita  parte  53ww
h(aicrtie. r5a6n. 6in eLfiOcaTzC l)a,  ecvoenn tulaa l fsineanlitdeandc iad ees teimviatator ripae drjeu ilcai odse mdaen dima.posible  reparación  que
4.  La  Sala  Segunda,  Sección  Cuarta,  de  este  Tribunal  Constitucional  dictó 
providencia el día 4 de noviembre de 2020, del siguiente tenor:
«La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a 
trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por  ello,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  diríjase  atenta 
comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Murcia, a fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o copia adverada de las actuaciones 
correspondientes al Procedimiento de Ejecución Hipotecaria núm. 1646-2013; debiendo 
previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo 
desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, 
excepto la parte recurrente en amparo.
Fórmese  la  oportuna  pieza  separada  para  la  sustanciación  de  la  suspensión 
solicitada».
5.  Por nueva providencia de la misma fecha, dictada por la Sección Cuarta de este 
tribunal, se dispuso «formar con la precedente fotocopia, la oportuna pieza para la 
tramitación del incidente sobre suspensión y conforme determina el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de este tribunal, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y 
al Ministerio Fiscal para que aleguen lo que estimen pertinente sobre dicha suspensión». 
En  fecha  16  de  noviembre  de  2020,  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones, ratificando la petición formulada en la demanda, complementada por el 
hecho de que en el procedimiento judicial de origen se había personado la entidad 
Promontoria  Coliseum  Industrial  Assets,  en  su  condición  de  nuevo  titular  de  los 
inmuebles hipotecados. Por su parte, el Ministerio Fiscal, mediante escrito de 23 de 
noviembre  de  2020,  interesó  que  se  adoptara  únicamente  la  medida  de  anotación 
preventiva de la demanda de amparo.
Así se acordó por medio de ATC 157/2020, de 30 de noviembre, dictado por la Sala 
Segunda de este tribunal, en el que se denegó la suspensión solicitada y se ordenó la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad, con 
remisión al referido juzgado para la expedición del mandamiento oportuno.
6.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  fecha  18  de  diciembre  de  2020,  la 
secretaria de Justicia de la Sala Segunda de este tribunal acordó tener por personado y 
parte  en  el  procedimiento  a  la  procuradora  doña  María  Dolores  Alcocer  Antón,  en 
nombre  y  representación  de  Promontoria  Coliseum  Industrial  Assets,  que  había 
solicitado su personación en fecha 11 de diciembre. No obstante, esta personación 
quedada condicionada expresamente a la acreditación de la representación que decía 
ostentar, mediante la correspondiente escritura de poder.
Igualmente, en esta resolución se acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el 
art. 52.1 LOTC.
7.  La entidad recurrente presentó su escrito de alegaciones en fecha 26 de enero 
de 2021, ratificándose íntegramente en el contenido de la demanda.
8.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el  b
día 5 de febrero de 2021. 53ww
objeTtora dse e lxap doenmera lnodsa a cnoteincceiddeen cteosn  feálc qtiuceo sf uqeu eo bcjoentos iddee rróe smoálusc iróenle evann ltaess ,S sSeTñCa la3 0q/2u0e1 e4l 
yre c1u8e1r/d2a0 1la5 ,d poactrrain cae enxtrpauresest ae ne ne lla p SreTcCe d1e2n2t/e2 0r1e3co, gdied o2 0e dne l am aSyToC. 187/2020, FJ 3, que
A  juicio  del  Ministerio  Fiscal,  no  consta  que  se  hubiera  practicado  la  consulta 
acordada al punto neutro judicial, y tampoco se llevó a efecto ninguna otra diligencia a 
través de los organismos públicos a los que se remite el art. 155.3 LEC, ni por los 
medios  que  se  recogen  en  el  art.  156  LEC,  a  fin  de  conocer  el  domicilio  de  la 
demandada. De esta forma, el órgano judicial no tuvo en cuenta el deber de velar por la 
correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, y tampoco se aseguró de que 
dichos actos han de servir a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el 
proceso, lo que comporta la exigencia del emplazamiento personal, y el agotamiento de 
los medios de averiguación domiciliaria antes de proceder a la notificación por edictos.
La fiscal finaliza interesando que se estime el presente recurso de amparo y que, en 
consecuencia, se reconozca que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE), y que se le restablezca en su derecho, «acordándose la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación edictal por la cual se emplazó a la 
demandada en el procedimiento judicial de origen», con retroacción de las actuaciones 
«al momento inmediatamente anterior a dicha notificación para que se le dé al recurrente 
posibilidad de comparecer en el proceso y actuar en defensa de sus intereses».
9.  Por medio de providencia de fecha 9 de febrero de 2021, la Sección Cuarta de 
este tribunal acordó tener por decaída en su derecho a la entidad Promontoria Coliseum 
Industrial Assets, al no haber subsanado el defecto que se le puso de manifiesto en la 
diligencia de ordenación de 18 de diciembre de 2020.
10.  La Secretaría de Justicia ha dictado diligencia el día 11 de marzo de 2021, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de la representación procesal de la entidad recurrente, «quedando el presente 
recurso de amparo pendiente para deliberación cuando por turno corresponda».
11.  Mediante providencia de fecha 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 15 de enero de 2020, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Murcia, que desestimó el incidente de nulidad 
de actuaciones promovido por la actora en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 1646-2013, instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A.
La demandante de amparo denuncia que la resolución impugnada ha vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE). El órgano 
judicial ha iniciado, tramitado y resuelto un procedimiento de ejecución hipotecaria sin 
haberle  dado  conocimiento  del  mismo,  y  sin  que  se  hayan  agotado  todos  los 
mecanismos previstos en el art. 686.3 LEC antes de proceder a la notificación por 
edictos. El auto impugnado no la ha restablecido en su derecho, al haberle denegado 
toda posibilidad de rectificación de las irregularidades invocadas.
El Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado 
derecho  fundamental  ha  sido  vulnerado  por  las  razones  ya  expuestas  en  los 
antecedentes de esta sentencia.
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación. e
Este tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el problema aquí  w.
pccaolasnnost teada ed eoqn ua ecl aes recaea s ncdereigt ualartai vc ao dmleaul  nnopictriaéficscitaóacnmi ódone  lyo  p erloe rcnee qdeuimle riiermengiteoisn ttdrooe   deedj eepc aulgaco ió pner noh peipile oddteoacmda irciyail,i  oe mnq uáeesl    2021-8353n https://ww
concretamente, sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de
averiguación del domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos.
Así, con carácter general, ha declarado que «cuando del examen de los autos o de la 
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga 
factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, 
debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por 
todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, 
y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)» (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3).
Para el tribunal, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una 
interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de 
forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de 
ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la 
comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del 
art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del 
domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5). Esta doctrina ha sido reiterada en 
pronunciamientos posteriores (SSTC 83/2018, de 16 de julio, FJ 4; 29/2020, de 24 de 
febrero, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2, y 86/2020, de 20 de julio, FJ 2).
En la misma línea, también ha señalado este Tribunal que no puede estimarse la 
consulta  al  punto  neutro  judicial  «como  único  medio  posible  de  investigación  del 
paradero del demandado» para entender agotadas las posibilidades de localización, si 
cabe  realizar  «otras  pesquisas,  que  por  el  contenido  de  las  actuaciones»,  puedan 
encontrarse «razonablemente a su alcance» (STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 5).
3.  Enjuiciamiento del caso.
La resolución de la queja planteada debe partir necesariamente de una aproximación 
detallada a los datos fácticos obrantes en la causa para, seguidamente, verificar si se dio 
cumplimiento a la doctrina de este tribunal sobre la cuestión controvertida.
a)  La demanda de la entidad Banco de Sabadell, S.A., iniciadora del proceso de 
ejecución, fijaba como domicilio de la parte ejecutada, a efectos de notificaciones, el de 
la calle Jara, 31, 3 A, de Cartagena. Se trataba del domicilio establecido a tal efecto en la 
escritura de constitución de la garantía hipotecaria (cláusula décima). Sin embargo, el 
intento de notificación llevado a cabo el día 3 de marzo de 2014 en ese domicilio fue 
negativo, por resultar desconocido el destinatario. Otro tanto ocurrió con el nuevo intento 
realizado en fecha 9 de mayo de 2014 en la calle Gran Vía, 4, 1 de Murcia, identificado 
como domicilio de la persona que figuraba como representante de la ejecutada en la 
escritura de constitución de la hipoteca. La diligencia dejó constancia de que el piso 
estaba cerrado, sin personas en su interior y con las persianas bajadas.
Tras esos intentos frustrados, el órgano judicial procedió a la notificación edictal en 
fecha 31 de julio de 2014, continuando la tramitación del procedimiento al margen de la 
entidad ejecutada.
De hecho, solo cuando se acordó la fecha concreta del señalamiento de la subasta 
de los inmuebles hipotecados, en el mes de mayo de 2015, el juzgado acordó la 
averiguación  del  domicilio  de  la  recurrente  a  través  del  punto  neutro  judicial.  Sin 
embargo, no consta que esta diligencia se practicara. El testimonio de las actuaciones 
obrante en autos no recoge la solicitud ni el resultado de una hipotética petición en tal 
sentido.
El juzgado no realizó, ni de oficio, ni tampoco a instancia de la ejecutante, ninguna 
otra actuación indagatoria sobre el domicilio de la ejecutada. s
b)  Este tribunal constata que el órgano judicial de instancia no ha observado la  oe.
diligencia debida y ha incumplido la doctrina constitucional anteriormente expuesta en las  w.
odabectlsiugcaarictcaiioó,n nec sod ner e dareoliazsla izdinaatrse  nlahtosa ssa tavin elfarriu gtceutraumcoiisononasec siód nep  ednretoiln tipefirncotacecesiós opn a drpaee  redsjeoetnceaurlmc, ióiennla . rjA ueznlgt ead dolaom  sitcietiulnioaía c dióelnal    2021-8353n https://ww
deudor antes de acudir a la comunicación edictal, tal y como dispone la interpretación
conjunta de los arts. 686.3 y 164 LEC. El órgano judicial tenía ante sí un abanico de 
posibilidades, todas ellas razonablemente a su alcance, que no fueron llevadas a cabo.
Así,  debería  haber  intentado  la  notificación  en  la  dirección  de  la  propia  finca 
hipotecada, al tratarse de naves para usos industriales, según se recoge en la escritura y 
se constata con el hecho de que se celebrara un ulterior contrato de arrendamiento de 
negocio, aportado en la causa con anterioridad a la resolución del incidente de nulidad 
de actuaciones.
Por otro lado, el juzgado podría haber requerido a la parte ejecutante para que 
ampliara la información sobre la parte demandada, en cumplimiento de la obligación 
recogida con carácter general en el art. 155.2 LEC. Este precepto es aplicable a este 
supuesto porque regula los actos de comunicación con las partes aún no personadas, y 
establece la obligación para el demandante de «indicar cuantos datos conozca del 
demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de este, como números de 
teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares». Se trata de un deber de la 
parte demandante (en este caso, ejecutante) que, a su vez, debe ser susceptible de 
control por parte del órgano judicial en su labor de actuar en garantía de los derechos de 
las partes en el proceso (art. 117.4 CE, en relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva del art. 24.1 CE). Esto tiene particular relevancia en un caso como el presente, 
en el que el juzgado habilitó al representante procesal de la parte ejecutante para que 
realizara las notificaciones. Esta posibilidad, prevista en el art. 152.1.2 LEC, ha de exigir 
una  posterior  labor  de  verificación  judicial,  a  fin  de  evitar  cualquier  situación  de 
desigualdad entre las partes o de indefensión para alguna de ellas.
Del mismo modo, el juzgado podría haber interesado la información obrante en el 
registro mercantil de Murcia, teniendo en cuenta que la ejecutada era una persona 
jurídica constituida como sociedad. De hecho, si el órgano judicial hubiera realizado esa 
consulta tras el primer intento fallido de notificación, habría advertido que la persona que 
figuraba en la escritura de hipoteca como representante de la entidad ejecutada tenía su 
mandato caducado y, por lo tanto, hubiera sido previsible el resultado del segundo 
intento frustrado de notificación.
Y, desde luego, el juzgado podría haber acudido a la consulta del punto neutro 
judicial, tal y como acordó –aunque no ejecutó– en una fase ulterior del procedimiento, 
ya en el año 2015.
Todo ello conduce a considerar que el órgano judicial no extremó su diligencia en la 
averiguación del domicilio del deudor ejecutado. Por el contrario, sin haber agotado las 
posibilidades de notificación personal acudió al sistema de edictos, generándole a la 
demandante de amparo una real y efectiva indefensión, ya que el proceso se tramitó 
enteramente  a  sus  espaldas.  Posteriormente,  cuando  la  parte  ejecutada  puso  de 
manifiesto  esta  situación  a  través  del  instrumento  procesal  adecuado,  como  es  el 
incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y con expresa invocación de la doctrina de este tribunal, el juzgado mantuvo la 
situación de indefensión sin reparar la lesión alegada.
En consecuencia, procede la estimación de la demanda.
4.  Alcance de la estimación del amparo.
La estimación del recurso de amparo debe acarrear la nulidad del auto de 15 de 
enero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Murcia, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la mercantil recurrente 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1646-2013. Asimismo, como medida  e
de restablecimiento del derecho, hemos de acordar la retroacción de las actuaciones  bo
hasta el momento inmediatamente anterior al del requerimiento de pago, a fin de que se  53ww
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tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Aluminios Torralba, S.A., y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 15 de 
enero de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Murcia, en el 
proceso  de  ejecución  hipotecaria  núm.  1646-2013,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del auto de 19 de febrero de 2014 por el que se acordó el 
despacho de la ejecución y el requerimiento de pago a la entidad deudora.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
requerimiento  de  pago  a  Aluminios  Torralba,  S.A.,  debiendo  llevarse  a  cabo  su 
notificación  a  la  parte  ejecutada  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.