BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 339  Martes 29 de diciembre de 2020  Sec. III.   Pág. 122557
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17242 Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder 
Judicial, la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, para 
la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Con fecha 18 de noviembre de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid para la realización de prácticas externas en juzgados y 
tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 27 de noviembre de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid para la realización de 
prácticas externas en juzgados y tribunales
En Madrid, a 18 de noviembre de 2020.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Sr. don Enrique 
López López, nombrado por Decreto 55/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, actuando por delegación de firma de la Presidenta (Decreto 20/2020, 
de 19 de junio), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de 
junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad, por el que se regula la actividad 
convencional de la Comunidad de Madrid.
El Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid, don Rafael Garesse 
Alarcón, en nombre y representación de la misma, en virtud de nombramiento realizado  es
por el Decreto 62/2017, de 20 de junio (BOCM n.º 147, de 22 de junio de 2017), y  bo
haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas por lo dispuesto en el artículo 20  242ww
dpeo rl aL eLye Oy rOgrágnáicnaic 4a/ 260/20070, 1d,e d 1e2 2 d1e d aeb rdili.ciembre, de Universidades (LOU), modificada
Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 
legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece 
en su anexo apartado B).1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, 
corresponde a la citada Comunidad. Además el apartado C).1 del citado anexo establece 
que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio 
de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.
Quinto.
A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto.
El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que,  es
en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma  bo
ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al  242ww
GAdGeuoo tbbolaiinee orrCnnmooomí ,ad cu.e oAn lraisrde iNamsdpais ocdminóedon e,M  y ca aoc dlnuar a iadCnr toryaen sgas lcelo oj Deamrelí pcaDer edetecetonr eJ c2utioa7s st15i c/l2e2i/a 02a,10 tIr9n1ib,t9 eu,dr ydieoee r 2 e y12l  9T V dídítecuet li oomac gIatVous sb dltareoe  ,dd,  diirdceeeh clloa c Ci EóPosnrnte,a sgsteuiedjtsoeot n idódtenea     OE-A-2020-17able en https://
e inspección en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM) es el de la 
preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus 
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de 
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la UAM 
pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid de 
conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye el objeto del presente Convenio la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado  s
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o  oe.
máster que imparte la UAM y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la  w.
AredamliPzinoaircs iutórnan c ldaióedn ol ad, sela  p JCruáoscntticiscieaaj,se  ereínax  tldeoersn  Jjauuszs gotiacbdijaeo,ts oI n ydt eetrrli ibopurr neyas Velenísct etdim eC aolasn  Cvseeon mcioou,mn aipdsraío dcm odemete oM  aaa  pdfaericrdmil.itiatirr  elal   2020-17242n https://ww
acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
Por otro lado, la UAM se compromete a que la persona o personas que ejerza/n la 
tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, en 
el marco de la normativa propia de la UAM que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la UAM que certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como 
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales, 
entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Comunidad de Madrid estará siempre supeditada a las necesidades y 
disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que 
surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el Convenio quedará 
suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin que sea 
preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de 
la UAM o concesión de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su 
colaboración al Ministerio de Justicia mediante la cesión de aulas, con ocasión de la 
celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o 
acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como anexo I al presente Convenio.
2.  Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter 
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están 
incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento 
Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la UAM.
4.  Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo  e.
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando  w.b
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las  242ww
persLoansa sp riámcptilcicaasd aesx toe rpnaarste tse.ndrán la duración que determine la UAM, realizándose en
hpoerrasorinoa d ree smpaoñnasnaab lee nd leo slo jsu zmgiasdmooss o e tnri bfuunncailóens , deenl  mamejboor sf ucnacsioosn aam eiesntatob ledceel ró prgoar nloa 
jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid o los juzgados y tribunales afectados, 
podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo en 
conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad de 
Madrid quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, 
cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se 
entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, 
civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral 
propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de 
Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería ocupar las plazas que 
tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada 
formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como 
consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la 
Comunidad de Madrid no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la UAM en aquellos casos no cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas estas, para lo cual 
deberá suscribir el anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a la  es
persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las prácticas  o
externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas externas  242www.
extra2c. urLriocsu/llaarse se.studiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las
fau nlocsio Cnueesr paotrsib Guiednaesr eanle slo as l asretírcvuicloios  d4e7 6la,  4A7d7m yin 4is7t8ra dceió nla  dLee yJ uOsrtigcáian.ica del Poder Judicial  BOE-A-cable e
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La UAM emitirá un documento acreditativo a la persona o personas que ejerza/n la 
tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos los afectados por el presente Convenio vendrán obligados por las disposiciones 
y exigencias establecidas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El presente Convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
Si como consecuencia del desarrollo reglamentario de lo previsto en la disposición 
adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, 
o por cualquier otra causa sobrevenida, se produjeran obligaciones de contenido 
económico para alguna de las partes, estas darán por extinguido el Convenio, debiendo 
proceder, en su caso, a la negociación y firma de un nuevo Convenio.
La Comunidad de Madrid no será responsable de ningún tipo de obligación en materia 
de Seguridad Social por la realización de las prácticas académicas, dándose por extinguido 
el Convenio en otro caso.
Séptima.  Difusión. bo
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de  242ww
pseu bcliocmidapdro ym teraten sap adreesntcaicaa er ne rne lsauc ióMne cmoonr ilaa  saunsucarli pyc ieónn  dceula pnrteasse anctec iConoensv erneiaol,i clae  UpAarMa 
dCiofunssieójno  Gdee nlearsa la dcetilv Pidoaddeer sJ uodbicjeiatol,  edle M einsitsete Crioo ndvee Jnuios,ti claia ,c loal aCboomraucniiódna dp drees Mtaaddar idp oyr l oesl   BOE-A-cable e
tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a 
representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid que forma parte 
de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se reunirá 
al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del Convenio.
2.  La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en 
el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal; será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa  s
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. e.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. w.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 242ww
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la
vmoalunntetnaddr ád,e e ne xtotidnoc icóans, oe, ny  cloosn ttinéurmariánno sh adseta  lasu p frineasleiznatcei ócnlá lauss ualcat,i vliad acdoelsa bdoer apcráiócntic saes 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, PDF (Decreto 20/2020, de 19 de 
junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), Enrique López López.–El Rector de la 
Universidad, Rafael Garesse Alarcón.
ANEXO
En ……................................…………., a ........... de ....................... de       
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:            DNI:            
Titulación que cursa:             Centro:       
Domicilio:             Municipio:            Provincia:           Cód. Postal:    
Teléfono móvil:             Teléfono fijo:             e-mail:            
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:          Modalidad de la práctica:   Centro gestor:            
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:    
Horario:            
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :             email:             Teléfono:            
Tutor de la Universidad:             email:             Teléfono:            
proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en 
el convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el 
compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el 
secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que 
en caso de incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.            Fdo.            Fdo.            e.e
  w.b
  242ww