BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Miércoles 10 de junio de 2020 Sec. TC.   Pág. 39093
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
5968 Sala Segunda. Sentencia 43/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de 
amparo 5379-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción 
de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019).
ECLI:ES:TC:2020:43
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la Magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, Presidenta; los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 5379-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, de 26 
de junio de 2018, que inadmitió la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 111-2018 instado 
por la entidad Banco de Sabadell; y contra el auto del mismo Juzgado, de 29 de agosto 
de  2018,  que  desestimó  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha formulado alegaciones la entidad Pera 
Assets  Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  del  banco 
ejecutante. Ha sido ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 16 de 
octubre  de  2018,  la  Procuradora  de  los  Tribunales  doña  Blanca  Berriatua  Horta, 
actuando en nombre y representación de Penrei Inversiones Inmobiliarias, S.L., bajo la 
defensa  del  letrado  don  Anju  Nirmala  Benavent  Rodríguez,  interpuso  demanda  de 
amparo contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La entidad Banco de Sabadell, S.A., interpuso demanda de ejecución sobre  s
bienes hipotecados contra las mercantiles Euro Inversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L.,  e.
y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  en  relación  con  una  finca  (trastero)  sita  en  el  término  w.
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y la  68ww
seguEnl daJ utiztuglaadr od ed uen  dPerrimecehroa  dIen sutsaon cyi ad isefr utIen sstorubcrcei ódnic hnoú imnmeruoe b3le .de  Lorca,  al  que
caocrorredsóp onedli ó edle scpoancohcoim iedneto  deej elcau ccaióuns a, (dpircotcóe aduimtoie enlt o2 0 ddee  aberjiel cduec i2ó0n1 8 hpipoor teelc aqruiae   BOE-A-cable e
número  111-2018),  requiriendo  de  pago  a  las  ejecutadas  y  alternativo  derecho  a 
oponerse a le ejecución en el plazo de diez días.
b)  Con fecha 23 de abril de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole de que tenía 
una notificación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca relativa al proceso 
«EJH/0000111/2018»; notificación a la que podía acceder entre los días 23 de abril a 8 
de junio de 2018, a través de un enlace electrónico que también indicaba.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje,  con  fecha  7  de  junio  de  2018  el  Servicio  de  notificaciones  electrónica 
mencionado remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la 
recurrente en amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 8 de junio de 2018.
d)  El día 8 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
Juzgado de Primera Instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario 
número 111-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 25 de junio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el Juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución, 
alegando la excepción de falta de legitimación pasiva, al entender que dicha entidad 
carecía del carácter o representación con el que se le demandaba.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca dictó auto el 26 
de junio de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  representada  por  el  procurador  don  Antonio  Serrano  Caro  por 
presentación fuera de plazo, contra Banco Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados».
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.  Se establece en el artículo 134 de la LEC, la improrrogabilidad de los 
plazos establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión  y  se  perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y 
previniéndose en el artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá 
ser presentado dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto 
por el que se despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución, y constando 
en el presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto pasado que ha sido el 
plazo que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, 
de conformidad con lo establecido en los preceptos citados».
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días 
ante este tribunal sin efectos suspensivos». e.e
g)  Por el representante procesal de la demandante de amparo, y el de la entidad  b
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., se interpusieron recursos de reposición  68ww
cdoen ptraag oe l taunvote rluiogra ar uctuoa. nLdao  parcimceedraió  dael  ceollanste ndiedfoe nddeió l aq uneo tilfaic naocitóifnic aecleiócntr óyn riceaq ureermimitiidean toy 
anrot ícaunlote s5,5 6s iedned loa  dLeesyd dee  eEnntojunicceiasm  iqeuneto  cCaibvíial  (LcEomC)p.u Ctaor n eiln vpolaczaoc iódne  tadmiebzi énd íadse  dloesl 
artículos 135, 152.1.2.3, 152.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional
sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos de comunicación 
procesal, afirmó que de no tener el Juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 29 de agosto de 2018 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria cuarta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC) están 
obligadas  a  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medios  electrónicos 
[artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015 LPAAP y artículo 273.3.a) LEC].
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la 
notificación  por  medios  electrónicos  efectivamente  se  realiza  cuando  el  destinatario 
accede a su contenido. Ahora bien, hierran [sic] en el plazo en el que puede acceder a 
su contenido a efectos de la práctica de la notificación, el cual es de diez días naturales 
desde la puesta a su disposición y ello por imperativo de la artículo 43 de la citada 
LPACAP (Ley 39/2015). Así dice el artículo 43.2 de la citada ley que “las notificaciones 
por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.”
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 23 de abril de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 8 de 
junio (fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la 
ejecución en fecha 25 de junio claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución,) y siendo que conforme al artículo 136 LEC transcurrido o 
pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá 
la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
Como pie de recurso, el auto indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma 
no cabe recurso alguno». Tanto este auto, como el anterior de 26 de junio de 2018, se 
los notificó el Juzgado al Procurador de la demandante de amparo a través del sistema 
Lexnet, tal y como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 29 de agosto de 2018, por la indicada mercantil se interpuso 
el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento  s
judicial  en  la  causa,  como  establece  el  artículo  273  LEC,  en  relación  con  los  oe.
artículos 135, 152, 162 y en especial el artículo 155.1 de esta ley, objetando también que  w.
aecosl írJ ruseuzog  eaas dclaor i tdhoiar.eyacc hióenc heole eclt rcóónmicpau htoa bdielitl apdlaaz yo  npoa rdae ol paoccneesrsoe a,  dlae sndoeti fliac afeccióhna,  dineal demnvitíieon ddeol   2020-5968n https://ww
Sobre el auto del 29 de agosto siguiente que desestimó el recurso de reposición
promovido contra la anterior resolución —y del que se resumen sus argumentos—, se
rechaza por la recurrente que el Juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
artículo 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(artículo 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia  letrada  (artículo  24.2  CE),  aunque  sin  concreción  al  caso.  Y  solicita  la 
estimación del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las 
actuaciones al momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el 
Juzgado a quo admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la 
continuación de la ejecución derivadas [sic] de los pronunciamientos judiciales que han 
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a 
terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su finalidad, por lo que solicito la 
suspensión de la continuación del procedimiento de  ejecución hipotecaria 111-2018 
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, hasta 
tanto sea resuelto el presente recurso de amparo, poniéndolo en conocimiento del 
órgano judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó 
providencia el 17 de junio de 2019 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2.a)]; así como que el recurso puede 
dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de 
cambios  normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho 
fundamental [STC 155/2009, FJ 2.b)]»; (ii)  requerir al Juzgado a quo para que en plazo 
no superior a diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones del 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 111-2018; (iii) previamente emplazara a 
quienes hubieran sido parte en este, excepto a la recurrente en amparo, para poder 
comparecer en el presente proceso constitucional en del plazo de diez días, a efecto de 
formular alegaciones; y (iv) formar la correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Mediante providencia de la Sala Segunda, Sección Cuarta, de este Tribunal, 
de 24 de junio de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número  3  de  Lorca,  para  que  remitiera,  a  la  mayor  brevedad  posible,  certificación 
acreditativa «de la interposición o no de recurso de apelación contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  en  ese  Juzgado  con  el 
número 111-2018, y si ha recaído resolución se remita a esta Sala testimonio de la 
misma».
Con fecha 17 de julio de 2019, se recibió en el registro general de este Tribunal la 
correspondiente certificación del Juzgado a quo fechada el 4 de julio de 2019, en la que 
se hizo constar «que en los presentes autos no se han interpuesto ni en el procedimiento 
principal ni en las piezas correspondientes al mismo, recurso de apelación por ninguna  e
de las partes personadas en el procedimiento». bo
adcet u62a.0n 1d9Po, o erl ane  nsPcorrmoitcobu rrepa rdeyo srreaen ptradedeso e lnoetsna  cTeiórl nibr uedngeai slltearso  e gndetoidnñaeadr a BlB ladanenc caoe  sStMea abTraíraidb euGlnl,r aaSln .edAle. , 1 sP2o eldsiceqit uójeu rsloioe,    2020-5968n https://ww
tuviera a esta última como personada como parte recurrida, entendiéndose con dicha
Procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
7.  Con fecha 29 de julio de 2019, la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de 
este Tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personado y parte al Banco de Sabadell a través de la Procuradora mencionada, y de 
otro lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes, conforme con lo previsto en el artículo 52.1 LOTC.
8.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones el 26 de septiembre de 2019, por el que interesó se dictara resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que a su parecer respalda los argumentos que defiende en este recurso, en torno a la 
necesidad de que el primer emplazamiento o citación al demandado se efectúe en su 
domicilio, como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil.
9.  Con fecha 27 de septiembre de 2019, la Procuradora doña Blanca María Grande 
Pesquero, formalizó escrito de alegaciones ante este Tribunal actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, y asistida por el 
letrado don Alejandro Ingram Solís, a fin de «formular oposición al recurso de amparo». 
Se interesó en el mismo la denegación del amparo solicitado por la entidad recurrente, y 
que  «se  tenga  por  subrogada  a  mi  representada  Pera  Assets  Designated  Activity 
Company como parte en este procedimiento, en lugar de la actora y a mí como parte 
legítima  en  dicha  representación».  En  dicho  escrito,  la  mercantil  defendió  la 
interpretación que hace el Juzgado de las normas citadas en los dos autos impugnados, 
por lo que el escrito de oposición a la ejecución se presentó «claramente fuera del plazo 
legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC».
No consta presentado dentro del plazo del artículo 52 LOTC, o con posterioridad, 
ningún escrito de alegaciones de la entidad Banco de Sabadell, S.A.
10.  La Fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 4 
de octubre de 2019, por el que interesó de este Tribunal que dictara sentencia otorgando 
el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado desde la 
notificación efectuada electrónicamente del auto despachando ejecución acordado por el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, en el juicio de ejecución 
hipotecaria 111-2018», y retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a 
aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de formular oposición a 
la ejecución». Basó esta petición en los siguientes argumentos:
a)  Previo a formular las alegaciones de fondo del recurso, la Fiscal expuso sus 
razones para considerar correctamente agotada la vía judicial previa al amparo por parte 
de la recurrente [artículo 44.1.a) LOTC], al no ser necesario interponer incidente de 
nulidad de actuaciones contra el auto desestimatorio de la reposición —el cual no 
producía en origen la lesión—, ni resultar previsiblemente útil de haberse presentado. 
Tampoco la demanda de amparo es prematura por interponerse tras el segundo de esos 
autos, sin esperar a la finalización del proceso ejecutivo, atendida la doctrina de este 
Tribunal para situaciones similares.
b)  En cuanto al fondo, la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 24.1 CE) por haberse inadmitido a trámite, por extemporáneo, el escrito de 
oposición a la ejecución de la recurrente, considera la fiscal sobre todo que procede 
hacer aplicación de la doctrina sentada por la STC 47/2019, de 8 de abril, en un  e.
supuesto  similar,  referido  a  un  proceso  laboral,  pero  donde  resultan  de  aplicación  w.
subsidiaria las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, en especial los artículos 155  68ww
ey m2p7la3z.4a,m pieánrrtaof o sese gruenadlicoe,  ddee  loms aqnueera  sep edresorinvaa l lay  ocboling ateonriteredgaad  deen  qpuaep eell  pdreim  elar 
documentación. El resultado es que ambas resoluciones del Juzgado sumieron a la
recurrente en indefensión prohibida por el artículo 24.1 CE, pero además conculcaron el 
canon exigible de razonabilidad, ante tal errónea selección de las normas.
11.  En  relación  con  el  escrito  presentado  por  la  representante  procesal  de  la 
entidad Pera Assets Designated Activity Company, tras haberse recibido del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Lorca una copia del auto dictado en el proceso a quo 
el 12 de noviembre de 2019, aceptando la sucesión procesal solicitada, y copia del auto 
de 12 de diciembre de 2019, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra 
aquel  por  la  entidad  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  el  17  de  enero 
de 2020, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia acordando «tener por 
personada como parte comparecida en el presente recurso a la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company, en virtud de sucesión procesal».
12.  Por la Secretaría de Justicia se ha dictado diligencia el 4 de febrero de 2020, 
dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del Ministerio 
Fiscal y de los representantes procesales de la recurrente en amparo y de la entidad 
comparecida a título de sucesor procesal, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
13.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este Tribunal 
número  101/2019,  de  16  de  septiembre,  se  acordó:  «1.º  Denegar  la  suspensión 
cautelar solicitada […]; 2.º  Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo 
en el Registro de la Propiedad, a cuyo efecto el referido Juzgado ha de expedir el 
mandamiento  oportuno,  para  que  pueda  practicarse  la  misma  en  relación  con  el 
inmueble a que se refieren las presentes actuaciones».
14.  Mediante providencia de fecha 5 de marzo de 2020, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 9 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos Juzgados de Primera Instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas y 
de Dirección Electrónica Habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna los 
autos del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca, de 26 de junio de 2018, y 29 
de agosto de 2018, recaídos en el proceso hipotecario número 111-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial  efectiva  (artículo  24.1  CE),  en  sus  vertientes  de  derecho  a  no  padecer 
indefensión y a obtener una resolución fundada en Derecho, al no haberse efectuado 
aquel emplazamiento de manera personal y con entrega en papel de la documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil.  e.
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías  w.b
(artículo 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia  68ww
lMetinraisdtae r(iaor tFícisucloa l2, 4p.o2r  CsEu ),p aamrteb,a isn tseinre esma blaa regsot icmaarecinótne sd deel  asmoppoarrtoe  aprogru eml epnrtimal eprr ompoioti.v Eo,l 
imntieenretrsaasn dqou seu  ldae seenstitdimada ccióonm.parecida se opone a la demanda en cuanto al fondo,
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este Tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de  la  demanda.  Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que 
obligue a una fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por 
tanto que hagamos aplicación de la citada sentencia 40/2020.
En tal sentido, luego de despejar en el fundamento jurídico 2 cualquier posible óbice 
procesal por falta de agotamiento de la vía judicial previa al amparo [artículo 44.1.a) 
LOTC], al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo 
el pie de recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin 
esperar  a  la  finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el 
fundamento jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del artículo 24.1 CE 
derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, advirtiéndose que 
resulta de aplicación al caso la doctrina de este Tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, 
de 17 de enero, FJ 4 a), (iii), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, 
y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso de amparo, «en relación con la 
garantía  de  emplazamiento  personal  del  demandado  o  ejecutado  en  los  procesos 
regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), 
como  primera  comunicación  con  el  órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser 
sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a 
través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el 
artículo  155.1  LEC,  y  lo  complementa  la  regla  del  artículo  273.4  LEC  sobre  la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la  conculcación  de  aquel  derecho  fundamental»,  tal  y  como  ya  ha  declarado  este 
Tribunal  en  varios  recursos  de  amparo  referidos  a  procesos  laborales,  civiles  y 
concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, precisamente en 
aplicación de la doctrina de referencia.
Constata entonces la STC 40/2020, FJ 4, como ha de hacerse también ahora, que 
las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el proceso a 
quo a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su oposición 
a la ejecución, optando en cambio el Juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido 
de la notificación. Además, computó el plazo para presentar el escrito de oposición 
invocando normas del procedimiento administrativo común, que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos, en conjunción con el plazo del artículo 556 
LEC. Todo lo cual determina la estimación del amparo por vulneración de su derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (artículo 24.1 CE), con 
reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones  para  que  el  Juzgado  practique  dicho  emplazamiento  en  los  términos  s
exigidos por la ley (artículos 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho  oe.
fundamental de la demandante. w.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Penrei Inversiones, S.L., por vulneración de 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (artículo 24.1 
CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de 26 de junio de 2018 y 29 de agosto de 2018, 
dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca en el 
proceso  de  ejecución  hipotecaria  número  111-2018,  así  como  la  nulidad  de  las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo esta 
última  por  el  Juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a nueve de marzo de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.