BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103102
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14646 Pleno.  Sentencia  149/2020,  de  22  de  octubre  de  2020.  Cuestión  de 
inconstitucionalidad 7012-2019. Planteada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y  León,  en  relación  con  el  artículo  único,  la  disposición  transitoria  y  la 
disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de 
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y  León.  Principio  de  exclusividad  de  la  potestad  jurisdiccional  y  leyes 
singulares autoaplicativas: constitucionalidad de los preceptos legales que 
establecen una ordenación general de la actividad cinegética y no constituyen 
respuesta a una medida cautelar suspensiva, adoptada en el seno de un 
proceso judicial, de la eficacia de la norma reglamentaria que regulaba la 
práctica de la caza (STC 148/2020).
ECLI:ES:TC:2020:149
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7012-2019, planteada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en relación con el artículo único, la disposición transitoria y la disposición 
derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 
de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Han comparecido y 
formulado alegaciones la Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, la fiscal 
general del Estado, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y la Fundación Artemisan. 
Ha sido ponente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el 3 de diciembre de 2019, la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León remitió el auto de 11 de noviembre de 2019, por el que se acordó plantear  e
cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  el  artículo  único,  la  disposición  b
transitoria y la disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación  646ww
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7p5ro5c-e2d0i1m8i,e yn toco.pia íntegra de la pieza separada de suspensión que dimana del referido
2.  Los hechos que pueden ser relevantes en este proceso constitucional son los 
siguientes:
a)  El  Partido  Animalista  contra  el  Maltrato  Animal  (PACMA)  interpuso  recurso 
contencioso-administrativo contra el Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se 
modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de 
especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control 
poblacional de la fauna silvestre. El recurso fue admitido a trámite.
b)  En el escrito de demanda se interesó la suspensión del decreto impugnado. Por 
auto de 21 de febrero de 2019 la Sala acordó adoptar la medida cautelar solicitada y, en 
consecuencia, suspendió la eficacia del reglamento recurrido. La Comunidad Autónoma 
de Castilla y León interpuso recurso de reposición contra este auto.
c)  Estando pendiente de resolución el recurso de reposición contra el citado auto, 
las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de caza, de 
modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Esta ley entró en vigor el día siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial de Castilla y León”, que fue el 29 de marzo. La publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado” se realizó el 16 de abril de 2019.
d)  La Sala, por providencia de 7 de mayo de 2019, acordó oír a las partes y al 
Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de 
julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.
e)  El Ministerio Fiscal, por escrito de 15 de mayo de 2019, manifestó que no se 
oponía al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La parte recurrente, el 
PACMA, por escrito de 20 de mayo de 2019, interesó el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad.  La  Fundación  Artemisan  formuló  alegaciones  el  27  de  mayo 
de 2019, solicitando a la Sala que no planteara la presente cuestión. El Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes, en su escrito de 27 de mayo de 2019, se opuso también a su 
planteamiento.
f)  La  representación  procesal  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León, 
presentó un escrito el 23 de mayo de 2019 por el que desistía del recurso de reposición 
presentado el 5 de mayo de 2019 contra el auto de 21 de febrero de 2019. El 27 de 
mayo de 2019 presentó otro escrito por el que solicitaba que, en el supuesto de que la 
Sala estimara su solicitud de desistimiento, revocara la medida cautelar acordada por 
auto de 21 de febrero de 2019. En el supuesto de que el desistimiento formulado fuera 
rechazado, que revocara la citada medida cautelar. Subsidiariamente solicitó que no se 
planteara la cuestión de inconstitucionalidad.
g)  La Sala, por auto de 3 de julio de 2019, no admitió el desistimiento del recurso 
de reposición. Por escrito de 15 de julio de 2019, se interpuso recurso de reposición 
contra esta resolución. Este recurso fue desestimado por auto de 23 de septiembre 
de 2019.
h)  Por auto de 11 de noviembre de 2019 la Sala acordó el planteamiento de esta 
cuestión de inconstitucionalidad.
3.  En el auto de planteamiento, tras hacer referencia a los hechos de los que trae 
causa la presente cuestión de inconstitucionalidad, se considera conveniente aludir a los 
siguientes antecedentes:
a)  La Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula la caza en Castilla y León,  s
antes de la modificación de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, que es la ley que se  oe.
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b)  En desarrollo de estas previsiones legales se dictó el Decreto 32/2015, de 30 de
abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León,
su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. Este decreto 
fue anulado parcialmente por la Sala que ahora plantea la cuestión (procedimiento 
ordinario 615-2015) al considerar, entre otras cosas, que no había estudios científicos 
objetivos que permitieran considerar como cinegéticas las especies recogidas en el 
art. 13 del referido Decreto.
c)  Como consecuencia de la anulación parcial del citado Decreto 32/2015 se dictó 
el  Decreto  10/2018,  de  26  de  abril,  que  es  el  objeto  del  recurso  contencioso-
administrativo del que trae causa la presente cuestión de inconstitucionalidad. El Partido 
Animalista recurrió este reglamento por considerar, que esta disposición, al igual que 
otras anteriores dictadas por la administración sobre esta misma materia que fueron 
anuladas por esa misma Sala, autorizaba la caza sin que la administración contase con 
estudios científicos objetivos y actuales que analizaran los niveles poblacionales, la 
distribución geográfica e índice de reproductividad de las distintas especies que podían 
ser cazadas, lo que podía ocasionar daños irreparables al medio ambiente.
d)  El 28 de marzo de 2019 las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 9/2019, 
de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de caza en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, que es la ley cuestionada en este proceso constitucional. El anexo I 
de esta ley, al que se remite el apartado 5 de su artículo único, establece qué especies 
son cinegéticas y el anexo II, al que se remite el apartado 3 del referido artículo, 
determina los periodos y días hábiles para la caza.
Una vez  efectuadas estas precisiones iniciales  la  Sala pone de manifiesto que 
concurren los requisitos procesales para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. 
Sostiene que es posible plantear la cuestión en un incidente de medidas cautelares. 
Considera que esta posibilidad se deduce claramente de lo dispuesto en el art. 35.2 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en el que se establece que «el órgano 
judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del 
plazo para dictar sentencia o la resolución jurisdiccional que procediese». A juicio del 
órgano judicial que formula la cuestión, este último inciso permite plantear una cuestión 
de inconstitucionalidad durante la sustanciación de un incidente. Aduce, además, que 
esta  posibilidad  se  encuentra  admitida  por  la  jurisprudencia  constitucional.  Cita  la 
STC 54/1983, de 21 de junio, FJ 2, en la que, invocando la doctrina establecida en la 
STC 76/1982, de 14 de diciembre, se afirma que «la cuestión de inconstitucionalidad 
puede plantearse no solo respecto a las resoluciones judiciales que revistan la forma de 
sentencia, sino también respecto a las que se dicten en forma de autos, de forma que el 
vocablo "fallo en el art. 163 de la Constitución significa el pronunciamiento decisivo e 
imperativo  de  una  resolución  judicial,  se  trate  de  materia  de  fondo  o  de  materia 
procesal"».
También considera el órgano judicial que promueve la cuestión que para resolver el 
recurso de reposición interpuesto contra la medida cautelar adoptada –la suspensión del 
decreto impugnado– es preciso tomar en consideración la regulación contenida en la ley 
que se cuestiona. Según sostiene la Sala, tras la aprobación de la Ley 9/2019, de 28 de 
marzo, no hay ya ninguna norma reglamentaria que pueda producir daños de difícil o 
imposible reparación, por lo que la aplicación de la ley determinaría que tuviera que dejar 
sin efecto la medida cautelar y estimar el recurso de reposición.
Asimismo, se pone de manifiesto que este es el momento en el que se debe plantear 
la  cuestión  de  inconstitucionalidad,  pues  la  resolución  del  recurso  de  reposición 
interpuesto contra el auto por el que se acuerda la medida de suspender cautelarmente 
la eficacia del decreto impugnado exige aplicar la ley que se cuestiona y, según la  s
jurisprudencia constitucional (STC 269/2015, 17 de diciembre, FJ 2), no cabe plantear la  oe.
cuestión una vez que la norma de cuya constitucionalidad se duda ha sido ya aplicada. w.
Aduce también el órgano judicial que la providencia por la que se otorgó trámite de  646ww
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rechaza  la  alegación  formulada  por  la  administración  por  la  que  se  aduce  que  la 
providencia por la que se otorga el trámite de audiencia no se encuentra debidamente 
motivada al no haber mencionado los artículos concretos que se consideran que podrían 
ser  inconstitucionales,  pues,  según  se  afirma  en  este  auto,  las  dudas  sobre  la 
inconstitucionalidad de la ley se proyectaron sobre su artículo único, sobre la disposición 
transitoria  y  sobre  la  disposición  derogatoria.  El  órgano  judicial  considera  que  «la 
providencia es explicita al indicar que es la totalidad de la ley (a salvo la disposición 
adicional y final) la que a juicio de la Sala puede resultar contraria a la Constitución por 
incorporar en esos seis apartados [del artículo único] la regulación contenida en el 
Decreto  10/2018  y  por  establecer  que  la  caza  se  practicará  con  arreglo  a  las 
disposiciones de la ley (disposición transitoria)».
Una vez expuestas las razones por las que la Sala estima que la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada cumple los requisitos procesales, expone las razones por 
las  que  duda  de  su  constitucionalidad.  Considera,  en  primer  lugar,  que  vulnera  la 
doctrina constitucional establecida en relación con las leyes singulares. Entiende que la 
ley cuestionada es una ley singular de las denominadas autoaplicativas porque incorpora 
a su articulado la regulación de la actividad cinegética que antes se encomendaba a la 
administración. Aduce que la «Ley 9/2019, de 28 de marzo, no solo establece qué 
especies son cinegéticas y cazables, así como los periodos y días hábiles elevando a 
rango de ley lo que antes tenía rango reglamentario, sino que, además, desciende a la 
regulación de la práctica de la actividad cinegética» por lo que no se requiere ya 
actividad administrativa que regule esta materia. Afirma, además, que la ley ha sido 
dictada en atención a un supuesto de hecho concreto y singular: la decisión por la que la 
Sala acordó suspender cautelarmente el decreto impugnado en el proceso del que trae 
causa esta cuestión. Esta medida cautelar imposibilitaba la práctica de la caza y, según 
entiende el órgano judicial, la ley cuestionada se dicta con la finalidad de evitar este 
efecto.
Este efecto puede conllevar, a juicio de la Sala, que la ley cuestionada sea contraria 
a los arts. 117.3 y 24.1 CE, pues, al regular de manera autosuficiente el ejercicio de la 
actividad cinegética y sustraer esta materia del control de los tribunales –control que 
podían  ejercer  cuando  esta  materia  estaba  regulada  por  normas  de  carácter 
reglamentario–, está impidiendo a los órganos judiciales el ejercicio de su potestad de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por este motivo considera que la ley cuestionada 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el auto de planteamiento se sostiene también que la Ley 9/2019 predetermina la 
resolución del recurso de reposición y el sentido del fallo. El órgano judicial considera 
que como la práctica totalidad de la regulación contenida en el Decreto 10/2018 –norma 
impugnada en el proceso a quo– se recoge en la Ley 9/2019, la resolución del recurso 
de reposición contra la medida cautelar que acordó la suspensión del referido decreto 
solo puede declarar la pérdida de objeto de la medida cautelar adoptada, pues, al haber 
sido derogada la norma impugnada no cabe ya acordar cautelarmente la suspensión de 
su eficacia. Por ello, considera que la ley cuestionada constituye una injerencia en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional y lesiona el principio de división de poderes.
Se alega, además, que la Ley 9/2019, al regular la actividad cinegética en Castilla y 
León, vulnera los arts. 24.2 y 118 CE, ya que la aprobación de esta ley impide la 
ejecución y el cumplimiento del auto de 21 de febrero de 2019. La Sala entiende que 
como este auto suspendió la eficacia de la regulación contenida en el Decreto 10/2018, y 
esta regulación es la que ahora contiene la Ley 9/2019, la aprobación de esta ley  s
determina que la suspensión de la eficacia del Decreto 10/2018 no pueda ejecutarse,  oe.
pues ahora la regulación contenida en esta norma reglamentaria está recogida en una  w.
norma con rango de ley. 646ww
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que sea estable y al mismo tiempo flexible con el fin de poder adaptarse al estado de 
conservación de las especies. Se sostiene también que las leyes que regulan esta 
materia remiten a la administración la determinación de estos aspectos y, en apoyo de 
este argumento, cita la Ley 42/2007, de 13 diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. Por todo ello concluye que, aunque es cierto que no hay ninguna reserva 
de ley en favor de la actuación reglamentaria de la administración y que el legislador es 
libre para regular cualquier materia, no resulta razonable ni proporcionado que esta 
regulación se efectúe por una norma de rango de ley, dado, además, que no existe 
ninguna razón que en este caso justifique la elevación del rango normativo.
Entiende también el Sala que la ley cuestionada vulnera el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos que consagra el art. 9.3 CE, pues, según se 
aduce, no concurre ninguna situación excepcional que justifique dictar la ley que se 
cuestiona.
En virtud de estas consideraciones la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  y  León  acordó  plantear 
cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  el  artículo  único,  la  disposición 
transitoria  y  la  disposición  derogatoria  de  la  Ley  9/2019,  de  modificación  de  la 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta 
decisión cuenta con un voto particular al entender el magistrado discrepante que es 
dudoso que pueda plantearse la cuestión de inconstitucionalidad en este momento 
procesal.
4.  El Pleno de este tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, acordó, mediante 
providencia  de  11  de  febrero  de  2020,  admitir  a  trámite  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad planteada y, con arreglo al art. 10.1 c) LOTC, reservar para sí su 
conocimiento. Conforme establece el art. 37.3 LOTC, dio traslado de las actuaciones 
recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, al 
Gobierno, por conducto de la ministra de Justicia y a la fiscal general del Estado, así 
como a las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León, por conducto de sus 
presidentes,  al  objeto  de  que,  en  el  improrrogable  plazo  de  quince  días,  pudieran 
personarse  en  el  proceso  y  formular  las  alegaciones  que  estimaran  convenientes. 
Asimismo, acordó comunicar la providencia a la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede 
en  Valladolid  a  fin  de  que,  de  conformidad  con  el  art.  35.3  LOTC,  el  proceso 
permaneciera suspendido hasta que este tribunal resolviera definitivamente la presente 
cuestión. Por último, se acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla y León» (lo que tuvo lugar en el «BOE» 
núm. 42 de 18 de febrero de 2020 y en el «BOCYL» núm. 42, de 2 de marzo de 2020).
5.  Por escrito, registrado el 21 de febrero de 2020, la presidenta del Congreso de 
los Diputados puso en conocimiento de este tribunal la personación de dicha cámara y 
su ofrecimiento de colaboración, a los efectos del art. 88.1 LOTC, con remisión a la 
dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la secretaría 
general.
6.  Por escrito presentado el 26 de febrero 2020 en el registro general de este 
tribunal el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, parte codemandada en el proceso 
contencioso del que trae causa la presente cuestión de inconstitucionalidad, solicitó que 
se le tuviera por personado en el presente proceso constitucional. El 27 de febrero 2020  s
solicitó su personación, la Fundación Artemisa, codemandada también el proceso a quo. oe.
7.  Mediante escrito registrado el 27 de febrero de 2020, la presidenta del Senado  646ww
ccoomlabuonricaóc iólna,  ap elorsso enfaeccitóons  ddeel  alrat . 8C8á.m1 aLrOaT Cen.  el  procedimiento  y  su  ofrecimiento  de
8.  El día 28 de febrero de 2020 tuvo entrada en el registro general de este tribunal
el escrito del abogado del Estado, por el que se persona en el procedimiento, a los
efectos de que, en su día, le sean notificadas las resoluciones que en aquel se dicten, 
anunciando que no va a formular alegaciones.
9.  Por escrito registrado el 19 de marzo de 2003 la Junta de Castilla y León 
presentó escrito de alegaciones. Tras exponer los antecedentes de los que trae causa 
esta cuestión, se aduce que la cuestión planteada no cumple los requisitos procesales. 
El  representante  del  Gobierno  autonómico  considera  que,  en  contra  de  lo  que  se 
sostiene en el auto de planteamiento, en el presente caso no procede plantear la 
cuestión en la pieza de medidas cautelares. Según se afirma, para la resolución del 
recurso de reposición formulado frente al auto que acuerda la medida cautelar la única 
ley  que  hay  que  aplicar  es  la  Ley  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa. Por ello, entiende que, como no resulta aplicable la ley cuestionada para 
resolver este incidente, no concurren las circunstancias que, de acuerdo con la doctrina 
constitucional invocada en el auto de planteamiento, permite plantear cuestión en este 
tipo de incidentes. Se alega, además, que en este caso nada impedía plantar la cuestión 
de inconstitucionalidad en relación con la pretensión principal.
También se aduce que la norma cuestionada ni es aplicable al caso ni la validez del 
proceso depende de la constitucionalidad y, en todo caso, ni en la providencia de 7 de 
mayo de 2019, por la que se da trámite de audiencia a las partes sobre la pertinencia de 
plantear cuestión de inconstitucionalidad, ni en el auto de 11 de noviembre de 2019 
(aunque por error se refiere al año 2011) se ha efectuado el juicio de aplicabilidad y 
relevancia que exige el art. 35.1 LOTC. El ejecutivo autonómico sostiene que estas 
resoluciones no argumentan que la resolución del recurso de reposición dependa de la 
validez de la Ley 9/2019. Se afirma que esta ley resulta ajena a la pieza separada de 
medidas cautelares, pues de su aplicación no se derivan los daños de difícil o imposible 
reparación que hayan de valorarse en la pieza. Por todo ello, considera que la cuestión 
debería inadmitirse al no cumplirse los requisitos que exige el art. 35.1 y 2 LOTC
Subsidiariamente, para el caso de que no se inadmitiera la cuestión planteada, el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León solicita su desestimación, al 
considerar que la ley cuestionada es conforme con la Constitución. Se alega, en primer 
lugar,  que  esta  norma  no  es  una  ley  singular  ni  es  arbitraria,  irrazonable  ni 
desproporcionada.  Entiende  la  Junta  de  Castilla  y  León  que  la  Ley  9/2019  tiene 
naturaleza  normativa  y  no  contiene  actividad  administrativa,  pues  ninguna  de  sus 
previsiones se puede llevar a efecto sin realizar actividades administrativas concretas. 
Por ello considera que, en contra de lo que se sostiene en el auto de planteamiento, la 
ley cuestionada no es autoaplicativa, las determinaciones que en ella se contiene no 
constituyen, en sí mismas, actividad administrativa, ni autoriza de forma directa ninguna 
actividad. También se sostiene que esta ley no habilita a que se pueda cazar de modo 
directo desde su entrada en vigor, sino que requiere de todo un entramado de actividad 
administrativa de control e intervención garantista de la conservación de las especies, sin 
la cual no se puede ejercer la actividad prevista en la ley.
Se alega, por otra parte, que el hecho de que una parte de la regulación ahora 
contenida en la ley –la determinación de las especies cinegéticas y cazables en Castilla 
y  León  y  los  periodos  y  días  hábiles  de  caza–  la  estableciera  antes  una  norma 
reglamentaria no determina la inconstitucionalidad de la ley. El Gobierno autonómico 
considera que esta es una opción constitucionalmente legítima del legislador, tal y como 
ha han apreciado también otros parlamentos autonómicos [se cita la Ley 13/2004, de 27 
de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana (arts. 14 y 15); la Ley 12/2006, de 17 
de julio, de caza de Cantabria; la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de caza y pesca  e.
fluvial de la Región de Murcia, y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna  w.b
silvestres de Andalucía]. 646ww
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seguridad de las especies y para la economía de la región. Se cita la exposición de
motivos de la ley en la que se afirma que esta norma pretender dotar de un marco 
jurídico estable a las especies definidas como cinegéticas y garantizar que el ejercicio de 
la caza no comprometa su estado de conservación en sus áreas de distribución. Estas 
circunstancias objetivas justifican, según sostiene la Junta de Castilla y León, que el 
legislador dictara la ley ahora cuestionada, por lo que la ley no puede ser tildada de 
arbitraria ni de irrazonable.
Se alega, además, que las medidas previstas en la ley no solo están justificada sino 
que,  además,  son  proporcionadas  al  derivarse  de  su  aplicación  más  beneficios  o 
ventajas  para  el  interés  general  que  perjuicios  sobre  otros  bienes  o  intereses  en 
conflicto.
Junto a ello se alega que la suspensión de la actividad cinegética acordada por el 
tribunal impedía a los poderes públicos cumplir con el mandato comunitario y estatal (se 
cita el art. 65 de la Ley 42/2007) de garantizar la conservación de las especies, al 
habérsele privado de los mecanismos regulatorios para ello. La exposición de motivos de 
la  ley  alude  expresamente  a  los  problemas  derivados  de  la  superpoblación  de  las 
especies  silvestres  en  materia  de  seguridad  vial  –accidentes  de  tráfico–  salud  –
enfermedades transmisibles a los seres humanos– seguridad alimentaria, daños en 
cultivos, importancia económica de la actividad cinegética en zonas rurales, efectos en 
materia de despoblación o la incidencia negativa que causa la sobreabundancia de 
poblaciones de ungulados silvestres en los hábitats de especies catalogadas y se hace 
referencia también a un informe «para la toma en consideración por las Cortes de la 
proposición de ley de modificación de la 4/1996» y al debate parlamentario.
Por  todo  ello  se  considera  que  la  finalidad  perseguida  por  la  ley  es 
constitucionalmente legítima al ser expresión de una opción política adoptada al amparo 
de las competencias autonómicas y que esta norma no puede ser calificada como ley 
singular ni resulta arbitraria ni desproporcionada.
La Junta de Castilla y León rechaza también que la ley cuestionada vulnere el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues entiende que esta ley no impide a 
los tribunales que puedan ejercer su potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
Según se aduce, la ley cuestionada no da cobertura jurídica a actuaciones ya realizadas 
declaradas  nulas,  sino  que  simplemente  modifica  el  marco  jurídico  existente  para 
subvenir  a  una  situación  extraordinaria.  Se  invoca  la  doctrina  establecida  en  la 
STC 38/2016, de 3 de marzo.
Asimismo, se sostiene que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales no 
es un derecho absoluto (se citan las SSTC 153/1992, de 19 de octubre; 41/1993, de 8 de 
febrero, y 73/2000, de 14 de marzo). Se afirma, además, que, de acuerdo con la doctrina 
establecida en la STC 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4, el efecto obstativo de la ley 
sobre la ejecución de la sentencia encontraría una razón perfectamente atendible dados 
los valores e interese constitucionalmente protegidos.
En consecuencia, se afirma que el legislador ha actuado dentro del ejercicio de sus 
facultades y competencias, ya que esta ley no se ha dictado con el propósito de dejar sin 
efecto o contravenir una resolución judicial.
Por último, se alega que no puede apreciarse la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva porque el legislador no tuvo en cuenta los informes que la Sala consideró 
insuficientes,  pues  los  requisitos  y  exigencias  para  la  aprobación  de  las  normas 
reglamentarias no pueden trasladarse al ámbito legislativo.
En virtud de las anteriores consideraciones, el Gobierno de Castilla y León concluye 
su  escrito  de  alegaciones  interesando  la  inadmisión  de  la  cuestión  planteada  o,  s
subsidiariamente, su desestimación. oe.
10.  Por escrito registrado en este tribunal el 12 de marzo de 2003 las Cortes de  646ww
Ccaausstiall a lya  Lepórens feonrtme ulacruoens taióleng asceio neasd.u cTera, s eenx popnreimr elor s laungtaerc, edqeunete sl ad e cluoes sqtiuóen  trdaee 
einsc onnostotirtiuacmioennatelid iandfu nndoa cduam. ple con los requisitos establecidos en el art. 35 LOTC y que
Se alega que en la providencia por la que se dio audiencia a las partes en el proceso 
a quo y al Ministerio Fiscal no se especificó los preceptos concretos de la Ley 9/2019, 
de 28 de marzo, de cuya inconstitucionalidad se duda. A juicio de esta parte procesal, 
esta deficiente formulación del trámite de audiencia, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional, invalida el planteamiento de la cuestión y debe ser inadmitida por este 
motivo (se invoca, entre otras, la STC 139/2008, de 28 de octubre).
Se sostiene también que la ley cuestionada no es relevante para la resolución del 
recurso de reposición interpuesto contra el auto de 21 de febrero de 2019. Este auto 
acordó la suspensión de la aplicación del Decreto 10/2018 y como este Decreto ha sido 
derogado por la ley cuestionada ya no es susceptible de causar daños de imposible o 
difícil reparación. Por ello, entienden que el incidente de suspensión en el que se plantea 
la presente cuestión ha perdido sobrevenidamente su objeto.
Se aduce, por otra parte, que, en contra de lo que se sostiene en el auto de 
planteamiento, no era preciso resolver el recurso de reposición, pues la administración 
desistió de este recurso. Si el órgano judicial hubiera aceptado el desistimiento no 
hubiera tenido que resolver el recurso y, por tanto, no hubiera sido necesario plantear la 
presente  cuestión.  Entiende  esta  parte  procesal  que  la  Sala,  al  no  aceptar  el 
desistimiento por considerar que si lo aceptase le impediría plantear la presente cuestión 
de inconstitucionalidad, está efectuando una inversión radical de la configuración del 
juicio de relevancia que efectúa el art. 35.2 LOTC. Las Cortes de Castilla y León 
sostienen  que  esta  forma  de  proceder  desvirtúa  la  función  de  control  concreto  o 
incidental de la constitucionalidad de las leyes que es propia de las cuestiones de 
inconstitucionalidad  y  por  esta  razón  considera  que  la  presente  cuestión  debe  ser 
inadmitida.
Se afirma, además, que el auto de planteamiento no argumenta debidamente la duda 
de constitucionalidad que plantea. En concreto, se alega que lo primero que hubiera 
debido examinar la Sala era si la disposición derogatoria de la norma cuestionada –que 
deroga expresamente el decreto impugnado en el proceso a quo– es contraria a la 
Constitución, pues si se llegara a la conclusión de que la referida disposición derogatoria 
es conforme con la Constitución, la inconstitucionalidad o constitucionalidad del resto de 
los preceptos de dicha ley dejan de ser relevantes para la resolución tanto del incidente 
cautelar como del proceso principal. En tal supuesto, la eventual declaración de nulidad 
del artículo único y de la disposición transitoria de la Ley 9/2019 no tendría por efecto la 
reviviscencia de los preceptos reglamentarios derogados por esa ley y, sin está el 
proceso contencioso-administrativo en cuyo seno se ha planteado la cuestión habría 
perdido objeto. Asimismo, en el auto de planteamiento tampoco se exponen los motivos 
por los que se consideran contrarios a la Constitución los restantes preceptos de la ley. 
Se considera que esta falta de argumentación perjudica gravemente el derecho de 
cuantos intervienen en este proceso constitucional al no poder combatir las razones 
esgrimidas  por  el  órgano  judicial  para  dudar  de  la  constitucionalidad  de  la  ley.  El 
incumplimiento de este deber de argumentar, según las Cortes de Castilla y León, 
debería conducir a la inadmisión de la cuestión.
También  se  considera  que  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  formulada  es 
notoriamente infundada. A juicio de las Cortes de Castilla y León, el órgano judicial que 
promueve la presente cuestión parte de la premisa errónea de que el auto de 21 de 
febrero de 2019, adoptado en la pieza de medidas cautelares, había suspendido la 
práctica de la caza en todo el territorio de Castilla y León cuando, en realidad, lo único 
que había suspendido era la eficacia del Decreto 10/2018 impugnado en ese proceso. La  s
referida premisa, según sostiene esta parte procesal, no es correcta y conduce a la Sala  oe.
a la equivocación de creer que la suspensión adoptada en el incidente cautelar impide  w.
que las Cortes de Castilla y León puedan aprobar leyes que tengan por objeto la  646ww
Lreegóunla. cSióeng údne  slea  acadzuac ey,  qsuoeb rpeo essibteil iteernro lra  sper áccotnicsat rdueye l at oadcoti veidl aradz ocinnaemgéietinctao  eenn  Ceal sqtuilela  lay 
Sala fundamenta la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, lo que determina que
la cuestión planteada, dada la evidencia y gravedad del error en el que se sustenta, deba 
calificarse como notoriamente infundada y acordarse la inadmisión por este motivo.
En segundo lugar, se alega que la Ley 9/2019 no es una ley singular, que esta ley no 
se aprobó con el propósito de eludir pronunciamientos judiciales y que no vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE. Entiende esta parte 
procesal  que  la  ley  cuestionada  no  es  una  ley  de  «caso  concreto»,  ni  tiene  un 
destinatario único ni agota sus efectos con un solo acto de aplicación. Por el contrario, a 
su juicio, la ley cuestionada es una norma que establece una regulación abstracta y 
general, con vocación de permanencia y cuyo supuesto de hecho –la caza de animales 
pertenecientes  a  las  especies  en  ella  señaladas–  puede  repetirse  un  número 
indeterminado de veces. Por ello considera que esta norma no puede ser calificada 
como «ley singular».
Se alega también que es legítimo que las Cortes de Castilla y León decidan dotar de 
rango legal normas reglamentarias dictadas en ejecución de sus propias leyes (se citan, 
entre otras, las SSTC 61/2016, de 17 de marzo y 87/2018, de 19 de julio). Se afirma que, 
al no existir en nuestro ordenamiento jurídico la reserva de reglamento, el legislador es 
libre en todo momento de regular por ley lo que antes estaba regulado por reglamento y 
esta decisión no requiere justificación alguna. Es, según entiende esta parte procesal, un 
juicio de mera oportunidad política efectuado por el Parlamento en el ejercicio de la 
potestad legislativa que la Constitución o, en su caso, el Estatuto de Autonomía le ha 
atribuido.
Se considera, además, que la ley cuestionada ni es contraria al derecho a la tutela 
judicial efectiva ni es arbitraria. Entiende la Cámara autonómica, que ante la situación de 
vacío normativo derivada de la suspensión de la eficacia del decreto impugnado en el 
proceso a quo es perfectamente legítimo que las Cortes de Castilla y León decidan 
superar esa situación asumiendo por sí mismas la regulación de la materia. Se alega que 
esta decisión no ignora ni entra en contradicción con ninguna resolución judicial. Se pone 
de manifiesto que lo que los autos de 21 y de 26 de febrero de 2019 del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León imputaban indiciariamente a los Decretos 10/2018 
y  a  la  Orden  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Medio  Ambiente  728/2018  eran 
irregularidades  formales  producidas  en  un  procedimiento  anterior  a  la  adopción  de 
acuerdos  para  su  aprobación  –la  administración  autonómica  no  contó  con  la 
documentación científica que se consideró necesaria para su elaboración–, por lo que 
las normas que las Cortes de Castilla y León decidieron dotar de rango legal no habían 
sido declaradas contrarias a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León. Por ello, la ley cuestionada no tiene como propósito eludir el cumplimiento de los 
referidos autos, sino colmar un vacío normativo en la reglamentación de la caza y 
devolver  la  normalidad  a  la  práctica  cinegética,  salvaguardando  de  este  modo  los 
intereses de la comunidad autónoma.
Se señala, asimismo, que la decisión de las Cortes de Castilla y León de que sea la 
propia Ley de caza la que determine las especies animales que tienen la condición de 
cinegéticas en esta comunidad autónoma no es ni insólita ni original, pues existen otras 
comunidades autónomas que establecen por ley estas especies.
También se rechaza que los preceptos de la Ley 9/2019 cuestionados vulneren el 
art. 117.3 CE en relación con el art. 24.1 CE y que sean contrarios al principio de 
separación de poderes. Esta parte procesal sostiene que en el auto de planteamiento no 
se exponen con claridad las razones por las que se considera que la ley cuestionada es 
contraria al art. 117.3 CE. Ante esta falta de claridad se limita a reiterar que la ley  s
cuestionada ni es una ley singular ni tampoco es una ley autoaplicativa. Se alega, por  oe.
otra parte, que la independencia de los jueces y tribunales tiene el límite que el art. 117.1  w.
CE establece: el sometimiento de los órganos judiciales al imperio de la ley. Por todo ello  646ww
lseey  cuonnas idreegrau laqcuieó nla q dueec iasniótens d ees ltaasb aC oerstetasb dleec iCdaa setinlla u yn aL enóonr mdae  edlee vraarn gao l ar ecgaltaemgoerníata drieo 
aerst sf.r u7t0o. 1d.1e7l  lye g7í0ti.m2 od eelj eErsctiactiou tod ed ela Asu ctoonmopmeítae ndcei aCsa qstuilela  ayt rLibeuóyne.n a Castilla y León los  BOE-A-cable e
De igual modo se sostiene que la ley cuestionada no vulnera el derecho a la 
ejecución y cumplimiento de las resoluciones judiciales que garantizan los arts. 24.1 
y 118 CE, pues en el presente caso no existe ninguna resolución firme que haya podido 
ser incumplida por esta ley.
Por  último,  se  afirma  que  las  Cortes  de  Castilla  y  León  no  han  incurrido  en 
arbitrariedad al aprobar la Ley 9/2019, por lo que debe rechazarse también la alegación 
en las que se sostiene que la ley cuestionada es contraria al art. 9.3 CE. En este punto, 
además de remitirse a las consideraciones ya expuestas, se pone de manifiesto que, de 
acuerdo con la doctrina constitucional, la calificación de una ley como arbitraria «exige 
una cierta prudencia» y que para que pueda apreciarse que una ley incurre en esta 
infracción constitucional, quien formula esta censura ha de razonar en detalle y ofrecer 
una justificación convincente que destruya la presunción de constitucionalidad de la ley. 
En todo caso, esta parte procesal considera que para poder apreciar esta infracción 
constitucional es preciso comprobar si la ley carece de toda explicación racional y si la 
finalidad que persigue es legítima y en el presente caso la regulación que establece la 
norma cuestionada está justificada y persigue una finalidad legítima, como se pone de 
manifiesto en la exposición de motivos de esta ley y en los debates parlamentarios.
Por todo ello, las Cortes de Castilla y León solicitan que se inadmita la presente 
cuestión de inconstitucionalidad o, subsidiariamente, se desestime.
11.  El 13 de marzo de 2020 la fiscal general del Estado presentó en el registro de 
este tribunal su escrito de alegaciones. Una vez expuestos los antecedentes de hecho 
de los que trae causa esta cuestión de inconstitucionalidad y resumido el auto de 
planteamiento se analiza si la cuestión planteada cumple los requisitos procesales que 
exige el art. 35.2 LOTC.
En relación con el trámite de audiencia la fiscal general del Estado considera que, 
aunque  en  la  providencia  que  se  otorgó  este  trámite  no  se  especificaron  las 
disposiciones  de  la  ley  de  cuya  inconstitucionalidad  se  dudaba  y  la  posible 
inconstitucionalidad  se  fundamentó  sucintamente,  se  cumplen  las  exigencias  que 
establece el citado art. 35.2 LOTC. A su juicio, era fácil para las partes y el Ministerio 
Fiscal deducir que la duda de inconstitucionalidad se refería a la totalidad de la ley –es 
una ley de artículo único–. Por otra parte, considera que la providencia identificó con 
claridad los preceptos constitucionales que podrían vulnerar la ley, como exige el citado 
art. 35.2 LOTC.
Sostiene, asimismo, que la Sala ha efectuado correctamente el juicio de aplicabilidad 
y relevancia de la norma cuestionada, al explicar que la aplicación de esta norma priva al 
auto  de  medidas  cautelares  de  su  efecto  útil  y  hace  ilusoria  su  revisión.  Además 
considera que la cuestión se ha presentado en el momento procesal debido, pues una 
vez inadmitida la solicitud de desistimiento del recurso reposición, la resolución de este 
recurso exigía aplicar la ley cuestionada, lo que conllevaría la pérdida sobrevenida del 
objeto tanto del incidente cautelar como de la pieza principal, pues la norma cuestionada 
deroga el decreto impugnado.
La fiscal general del Estado interesa la estimación de la cuestión planteada al 
apreciar que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, vulnera los arts. 9.3, 24.1, 117 y 118 CE. En 
su opinión, esta norma, al determinar las especies cinegéticas, las especies cazables, 
los periodos y días hábiles para la caza y otros aspectos concretos de la actividad 
cinegética  y  no  precisar  actos  de  aplicación  es  una  ley  singular  de  carácter 
autoaplicativo. Alega, además, que como esta norma regula una materia que antes 
estaba regulada por reglamento impide la ejecución del auto de 21 de febrero de 2019,  e.
por el que se suspendían los efectos del Decreto 10/2018. Por esta razón considera que  w.b
la ley cuestionada, al dejar sin utilidad y efectividad los efectos suspensivos del auto de  646ww
ym Leedóidna s– ecfaeuctteol ainrehse,r eenvtieta a l ala s suussppeennssióiónn p droevl irseiofenraidl od ed elac raectoti vaidcoardd addea l ap ocar zeal  ceitna dCoa satuiltloa 
jdued ic2i1a ledse. febrero–, por lo que afecta al derecho a la ejecución de las resoluciones
Se alega, además, que la ley cuestionada deja sin efecto la resolución judicial lo que 
conlleva  dejar  sin  protección  los  intereses  generales  que  esta  resolución  pretendía 
salvaguardar. Se considera que, dada la falta de estudios científicos sobre los efectos 
que puede producir la caza en la fauna silvestre, la norma cuestionada puede conllevar 
un  sacrificio  desproporcionado  de  los  intereses  expresados  en  el  pronunciamiento 
judicial que, a juicio de la fiscal general, desatiende la ley, lo que podría ocasionar daños 
de imposible o difícil reparación en la fauna silvestre cuya conservación es un bien 
constitucionalmente protegido.
Por otra parte, se aduce que la aprobación de la ley cuestionada no responde a una 
situación  excepcional  que  no  pudiera  ser  abordada  a  través  de  los  instrumentos 
ordinarios que dispone la administración. Asimismo, se afirma que el legislador no ha 
dado ninguna explicación de por qué era preciso elevar de rango normativo la regulación 
que  contenía  el  Decreto  10/2018.  Por  todo  ello  considera  que  la  ley  carece  de 
razonabilidad y por este motivo es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad 
que consagra el art. 9.3 CE.
En virtud de las anteriores consideraciones, la fiscal general del Estado interesa que 
se declare la inconstitucionalidad y nulidad del artículo único, de la disposición transitoria 
y de la disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, por vulnerar los arts. 
9.3, 24.1, 117.3 y 118 CE.
12.  Por escrito registrado en este tribunal el 1 de julio de 2020 el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes presentó alegaciones.
En primer lugar, solicita la acumulación de la presente de inconstitucionalidad al 
recurso de inconstitucionalidad núm. 3993-2019 interpuesto por el Defensor del Pueblo 
contra la misma ley que se cuestiona en este proceso constitucional y en el que se 
aducen  unos  motivos  de  inconstitucionalidad  parcialmente  coincidentes  con  los 
invocados en el auto de planteamiento.
En segundo lugar, sostiene que la Ley 9/2019 no es una ley singular. Según se 
aduce esta ley no es una ley de destinatario único, pues se proyecta sobre todos los 
sujetos que pretenden realizar la actividad cinegética. Tampoco se considera que esta 
norma sea autoaplicativa, pues, al determinar qué especies son cinegéticas y cuáles son 
cazables, así como los días hábiles para cazar, está estableciendo el régimen jurídico de 
esta actividad con vocación de generalidad y permanencia. Y descarta también que sea 
una ley de supuesto de hecho concreto porque no aísla un determinado supuesto de 
hecho (zona geográfica, un tipo de actividad cinegética, etc.) para disciplinarla de modo 
especial. Según se aduce, esta norma, dado su contenido y estructura, es una ley 
general. A juicio de esta parte procesal, como la norma cuestionada no es una ley 
singular, no le resulta de aplicación el canon de control de las exigencias derivadas del 
derecho a la tutela judicial que resulta aplicable a este tipo de leyes.
También se alega que la merma del control jurisdiccional sobre la actividad cinegética 
que se deriva de que esta actividad esté regulada en una norma con rango de ley no 
solo no es inconstitucional, sino que es consecuencia de nuestro sistema constitucional. 
Se pone de manifiesto, asimismo, que, aunque esta opción pueda limitar de algún modo 
la intensidad del control jurídico, no consagra espacios exentos de sujeción al Derecho, 
pues nuestro ordenamiento jurídico establece vías para poder impugnar la actividad que 
se realice a su amparo.
Por otra parte, se afirma que uno de los rasgos de nuestro sistema normativo es que 
las disposiciones con rango de ley se presumen constitucionales y esta presunción solo 
puede ser destruida por la sentencia de este tribunal que declare su inconstitucionalidad.  e.
Por  ello,  considera  que  deriva  de  la  configuración  intrínseca  de  nuestro  sistema  w.b
constitucional que la eficacia de este tipo de normas no pueda ser objeto de suspensión. 646ww
planSteea msioesnttieon, ela,  laedye cmuáess,t ioqnuaed,a  enno  ctioennter ac odmeo  lofin aqluidea ds eim  pseodstirie enle  cuemn pleiml iaeunttoo  ddeel 
easuttao  pdaer t2e1  pdreo cfeesbarel, rola  dlee y2 0cu1e9s, tqiounea daac odrdeóro lgaó  seuls pDeencsrieótno  d1e0l/ 2D0e1c8r eyt,o  p1o0r/ 2e0s1te8 . mSoetgivúon, 
incide de modo «reflejo» en el citado auto. Considera que el auto de planteamiento, al
apreciar que el auto de 21 de febrero de 2019 impedía la actividad cinegética en Castilla 
y León y, por el contrario, que la ley cuestionada la permite, adopta un enfoque práctico. 
Sin embargo, según sostiene la representación procesal del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Montes, este enfoque «obvia los elementos jurídicos relevantes», pues el efecto de 
permitir la actividad cinegética «deriva no de la derogación del Decreto 10/2018 sino de 
la regulación de la materia que incorpora la ley». Alega también que la ejecutividad de 
los pronunciamientos judiciales se despliega mientras las circunstancias que rigen la 
disputa no cambian. Se cita la STC 231/2015 en la que se declara que «la ejecución de 
un pronunciamiento firme puede quedar afectada o impedida, sin merecer reproche 
constitucional,  por  la  modificación  sobrevenida  de  la  normativa  aplicable  o,  más 
ampliamente, por una alteración de los términos en los que fue planteada y resuelta la 
disputa procesal». Se considera que, en este caso, la Ley 9/2019 cambia hacia el futuro 
las circunstancias de la disputa y por ello se sostiene que, incluso si se aceptara la idea 
de que la Ley 9/2019 incidió en los efectos del auto de 21 de febrero de 2019, habría que 
concluir que esa incidencia no desvirtuaría el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Por último, esta parte procesal también rechaza que la ley cuestionada sea arbitraria 
por haber regulado una materia que podía ser regulada por reglamento. A su juicio, esta 
circunstancia no la priva de racionalidad pues existen muchas razones que justifican esta 
actividad sea regulada por una norma de rango de ley (por ejemplo, el querer que sea el 
parlamento el que halle los equilibrios entre los distintos intereses implicados). Se afirma 
también que esta idea de que sea el legislador el que regule la actividad cinegética no es 
extravagante  ni  contraria  a  la  materia  regulada,  como  lo  evidencia  que  otras 
comunidades autónomas hayan regulado esta materia a través de leyes.
Las anteriores consideraciones llevan al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes a 
solicitar que, una vez acordada la acumulación con el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto contra la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, 
de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se dicte sentencia 
desestimando tanto esta cuestión de inconstitucionalidad como el referido recurso de 
inconstitucionalidad.
13.  La  Fundación  Artemisan  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  1  de  julio 
de  2020.  Tras  aludir  a  los  antecedentes  de  los  que  trae  causa  esta  cuestión  de 
inconstitucionalidad expone las razones por las que considera que la presente cuestión 
hubiera debido inadmitirse. Aduce, en primer lugar, que si la Sala hubiera aceptado los 
desistimientos de los recursos de reposición interpuestos por la Junta de Castilla y León 
contra los autos de 21 y 26 de febrero de 2019 que, respectivamente, acordaron la 
suspensión del Decreto 10/2018 y la de la orden anual de caza la presente cuestión no 
hubiera  podido  plantearse.  A  juicio  de  esta  parte  procesal,  no  cabe  rechazar  los 
desistimientos formulados con el único fin de plantear esta cuestión, pues tal forma de 
proceder  la  considera  una  práctica  abusiva.  Según  alega  esta  parte  procesal,  el 
momento para plantear la cuestión no era cuando se formuló, sino que hubiera debido 
ser cuando la Sala, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2019, hubiera 
apreciado  la  pérdida  de  objeto  tanto  del  incidente  de  suspensión  como  el  del 
procedimiento principal.
En  todo  caso,  esta  parte  procesal  considera  también  que  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad es notoriamente infundada. A su juicio, la Sala parte de una idea 
equivocada al considerar que la Ley 9/2019 es una ley singular y que es obligatorio su 
desarrollo reglamentario. Según sostiene la representación procesal de la Fundación 
Artemisan, el preámbulo de la Ley 9/2019 así como su art. 41 evidencian que esta ley no  e.
puede calificarse ni como singular ni como autoaplicativa. También se aduce que esta ley  w.b
no puede ser tachada de arbitraria por haber regulado una materia que podía haber sido  646ww
«remgaunladdaam iepnotro  arleggulnaom eqnuteo , obpliugeuse  ae ne jerncueer sutrnoa  poordteesntaamd ierengtola mjeunrítdairciao» . nSoe  aefxirimstea 
aedl edmesáasr rqoulleo  lrae glelaym peunetdaeri od eessc eunndae rf aaclu gltraadd on od eu ndae taolbleli gqauceió ens. tiNmoe  ocbosntvaennteie, nstee  psoerñqaulea 
también que la Ley 9/2019 prevé expresamente su desarrollo reglamentario a través de
la aprobación de un plan general, por lo que los ciudadanos podrán recurrir esta norma 
reglamentaria y de este modo ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.
Tampoco se aprecia que la ley cuestionada vulnere el art. 117.3 CE en relación con 
el art. 24.1 CE, pues se considera que a través del reglamento que desarrolle esta ley se 
va a poder ejercer el control judicial sobre la actividad cinegética.
Se alega, asimismo, que la Ley 9/2019 no vulnera el art. 118 CE, pues esta norma se 
limita a derogar la normativa anterior. Se rechaza también que vulnere el art. 9.3 CE, 
pues entiende que no puede ser arbitrario que la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León dicte una norma sobre caza cuando tiene competencias sobre esta materia.
Por último se hace referencia a la STS 427/2020, por la que se estimó el recurso de 
casación  interpuesto  contra  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Valladolid), en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto 32/2015, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de 
Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna 
silvestre del que, según se afirma, trae causa el Decreto 10/2018 impugnado en el 
proceso a quo.  Según sostiene esta parte procesal, la referida sentencia puede tener 
relevancia en el presente caso.
Por todo ello, solicita que se dice sentencia por la que se inadmita la cuestión 
planteada  y  subsidiariamente  que  la  sentencia  declare  la  constitucionalidad  de  la 
Ley 9/2019.
14.  Por providencia de 20 de octubre de 2020 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 22 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y dudas de constitucionalidad planteadas.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León (en adelante, la Sala), por auto de 11 de noviembre 
de 2019, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 
único, la disposición transitoria y la disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de 
marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
El  artículo  único  de  esta  ley  tiene  como  objeto,  como  su  nombre  indica,  la 
modificación de la Ley 4/1996, 12 de julio, de caza de Castilla y León. Su apartado 1 
modifica el art. 7 («Especies cinegéticas y cazables»); el apartado 2 el capítulo II del 
título VI («Del Plan General de Caza de Castilla y León»); el apartado 3 da nueva 
redacción al art. 42 («Limitación de los periodos hábiles de caza»); el apartado 4 añade 
el art. 42 bis («Otras medidas de protección de especies cazables»); el apartado 5 
establece el anexo I, que determina las especies cinegéticas, y el 6 incorpora el anexo II, 
en el que se regulan los periodos y días hábiles para la caza. La disposición transitoria 
establece que «en tanto se apruebe el plan general de caza de Castilla y León, la caza 
se practicará conforme a las disposiciones de esta ley». Se impugna también, como se 
ha indicado, la disposición derogatoria.
La Sala considera que los referidos preceptos, al regular de modo autosuficiente el 
ejercicio de la actividad cinegética, impiden a los tribunales el ejercicio de su potestad de 
juzgar y ejecutar. Entiende que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, es una ley singular  es
autoaplicativa que no respeta la jurisprudencia constitucional establecida en relación con  bo
las leyes singulares. También sostiene que esta ley ha sido dictada como consecuencia  646ww
ldcdaaee z  eaqafibu cereainl c, l iaCap  oapdrsre toeill pllDa iaq ey uc SeLra eesltóaoen   a1r e(d0ego/l2u pa0ltauó1 t 8loua,  n ddcaeeo   nm22s16ee  ddrdviedea a cfae iócbbnarrie ul,drt oeqe lu adleare  s qm2 ue0oes1d p9iifem,ic cppaieoo sers  lie cbDlii nlqieteaucgberéea tat ioccl aao3 sr2pd /rdó2áe 0cs 1tuCi5csaa,p s detdienlel da 3e l0ayr     OE-A-2020-14able en https://
León). Según se expone en el auto de planteamiento, la ley cuestionada se dicta con la
finalidad de permitir la práctica de la actividad cinegética y, de este modo, privar de 
efecto a la medida cautelar adoptada. Por ello, considera que esta norma infringe el 
principio de separación de poderes al vulnerar el art. 117.3 CE en relación con el 
art. 24.1 CE; el derecho a la ejecución y al cumplimiento de las resoluciones judiciales 
(arts. 118 y 24.2 CE) y el principio de interdicción de la arbitrariedad que consagra el 
art. 9.3 CE. Estas consideraciones se efectúan, en general, respecto de todos los 
preceptos cuestionados considerados conjuntamente.
La Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León, y la Fundación Artemisan 
aducen que la cuestión planteada no cumple los requisitos procesales y por este motivo 
solicitan su inadmisión. Subsidiariamente solicitan su desestimación. El Colegio Oficial 
de Ingenieros de Montes también solicita la desestimación de la presente cuestión. Por 
el contrario, la fiscal general del Estado interesa su estimación y, por tanto, que el 
tribunal  declare  la  nulidad  e  inconstitucionalidad  del  artículo  único,  la  disposición 
transitoria y la disposición derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, al considerar 
que estos preceptos vulneran los arts. 9.3, 24.1, 117.3 y 118 CE.
2.  Cuestiones procesales: Examen de las causas de inadmisibilidad alegadas y de 
la solicitud de acumulación formulada.
a)  Como se ha expuesto en los antecedentes, la Junta de Castilla y León considera 
que no procede plantear la cuestión en la pieza de medidas de cautelares porque, en 
este caso, para la resolución de este incidente la única ley que hay que aplicar es la Ley 
reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.  Alega  también  que  nada 
impedía  el  planteamiento  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  en  relación  con  la 
pretensión  del  procedimiento  principal.  Por  todo  ello,  considera  que  la  cuestión  no 
cumple los requisitos procesales exigidos en el art. 35 LOTC, pues no se ha formalizado 
en el momento procesal oportuno y, además, no es aplicable para resolver el recurso de 
reposición. Las Cortes de Castilla y León sostienen también que la ley cuestionada no es 
relevante para resolver el referido recurso.
De acuerdo con la doctrina de este Tribunal, el término «fallo» que utiliza el art. 163 
CE equivale a la decisión, cualquiera que sea la forma que adopte, que ponga fin a un 
proceso o resuelva un incidente de forma definitiva (SSTC 76/1982, de 14 de diciembre, 
FJ 1; 181/2000, de 29 de junio, FJ 3; 81/2003 de 30 de abril, FJ 2 y AATC 47/1994, de 8 
de febrero, FJ 1; 59/2006, de 15 de febrero, FJ 4, entre otras muchas resoluciones). En 
consonancia con esta jurisprudencia, el art. 35.2 LOTC, tras su modificación por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, establece que «[e]l órgano judicial solo podrá plantear 
la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o 
la resolución jurisdiccional que procediese».
Por otra parte, el Tribunal ha insistido en la necesidad de plantear la cuestión «antes 
de aplicar el órgano promotor los preceptos cuya constitucionalidad cuestiona», pues 
«cuando no se respeta esta exigencia pierde sentido este singular proceso constitucional 
dirigido a verificar la compatibilidad de normas legales con la Constitución con carácter 
prejudicial,  esto  es,  antes  de  proceder  a  su  aplicación  en  un  caso  concreto» 
(AATC 198/2016, de 29 de noviembre, FJ 3, y 39/2019, de 21 de mayo; en este sentido, 
entre otras muchas, STC 269/2015, de 17 de diciembre, FJ 2).
Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal, corresponde al 
órgano judicial efectuar el juicio de aplicabilidad y de relevancia de la norma al caso, y el 
Tribunal solo puede entrar a revisar este juicio en aquellos supuestos en los que de 
manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de los  e
principios jurídicos básicos se desprenda que no existe la necesaria interdependencia  bo
entre la pretensión procesal y la validez de la norma cuestionada (en este sentido, entre  646ww
doetr a1s2  mdeu cfehbarse rroe,s FoJlu 2c)io.nes, STC 114/2010, de 24 de noviembre, FJ 3 y ATC 9/2019,
incoLnas titaupcliiocancailóidna dd eh aeyast ad ed coocntrsinidae raalr sper efosremnutela dcaa seon  deel tmeromminean toq upero clae scaul eosptoiórntu ndoe. 
Como  se  ha  indicado,  el  órgano  judicial  ha  planteado  la  cuestión  en  el  momento
inmediatamente anterior a la resolución del recurso de reposición interpuesto contra el 
auto por el que se acordó la medida cautelar de suspensión del decreto impugnado. En 
el auto de planteamiento se sostiene que este es el momento en el que ha de formularse 
la cuestión de inconstitucionalidad dado que la resolución del referido recurso exige 
aplicar la ley que se considera inconstitucional. De las consideraciones expuestas por la 
Sala en esta resolución se deduce que, a juicio de este órgano judicial, la Ley 9/2019, 
de 28 de marzo deroga el decreto cuya eficacia se encontraba suspendida por el auto 
de 21 de febrero de 2019. Por esta razón entiende que, al no existir ya esta norma, su 
aplicación no puede producir daños de imposible o difícil reparación y por ello considera 
que la medida cautelar tendría que ser dejada sin efecto y el recurso de reposición 
debería ser estimado.
Estas consideraciones ponen de manifiesto la interdependencia que existe entre la 
validez de la ley cuestionada y la resolución del recurso de reposición, por lo que, como 
los argumentos en los que se fundamenta este razonamiento no son de manera notoria 
inconsistentes  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia  del  Tribunal,  ha  de  considerase 
debidamente efectuado el juicio de aplicabilidad y relevancia que exige el art. 35.1 
LOTC. Esta conclusión conlleva, a su vez, estimar que la cuestión se ha presentado en 
el  momento  procesal  debido,  al  haberse  interpuesto  en  momento  inmediatamente 
anterior a dictar la decisión que ha de resolver el referido recurso reposición (en este 
sentido, entre otros, ATC 39/2019, de 21 de mayo, FJ 3).
En  contra  de  lo  que  sostienen  las  Cortes  de  Castilla  y  León  y  la  Fundación 
Artemisan, no corresponde a este Tribunal entrar a examinar si el órgano judicial debió o 
no aceptar el desistimiento formulado por la Junta de Castilla y León del recurso de 
reposición interpuesto contra el auto de 21 de febrero de 2019, por el que se acordó la 
suspensión del decreto impugnado en el proceso a quo. Esta es una cuestión de 
legalidad ordinaria, que, como tal, solo la Sala puede resolver, por lo que, aunque guarde 
relación  con  el  planteamiento  de  la  presente  cuestión,  no  puede  ser  tomada  en 
consideración a efectos de apreciar si la norma es o no relevante para la resolución del 
referido recurso.
b)  Las Cortes de Castilla y León consideran que la Sala, al no haber especificado 
en la providencia por la que se otorgó audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal los 
preceptos concretos de la Ley 9/2019 de cuya inconstitucionalidad duda, no evacuó 
debidamente el trámite de audiencia (art. 35.2 LOTC). Por este motivo solicita que se 
inadmita la presente cuestión de inconstitucionalidad.
La jurisprudencia del Tribunal ha establecido que, aunque la identificación de los 
preceptos legales que se cuestionan es, con carácter general, un requisito inexcusable 
para poder considerar debidamente evacuado el trámite de audiencia, deben admitirse 
excepciones a esta doctrina en los casos en los que «el defecto en que incurre la 
providencia de apertura del trámite de audiencia no alcanza a producir confusión en los 
destinatarios, de modo que estos pueden superar ese defecto y entender correctamente 
cuál era la duda que se les plantea, pues en estos casos no se habrá impedido a las 
partes el efectivo ejercicio de su derecho de audiencia en el trámite previsto por el 
art. 35.2 LOTC» (ATC 183/2015, de 3 noviembre, FJ 3).
En el presente caso la Sala, en la providencia de 7 de mayo de 2019, otorgó trámite 
de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal «sobre la pertinencia de plantear cuestión 
de inconstitucionalidad en relación a la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de 
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León […] en los términos que a 
continuación se indican» y más adelante, al llevar a cabo el juicio de relevancia, se  s
refiere tanto a su artículo único como a su disposición transitoria y derogatoria. oe.
Ciertamente, como se acaba de señalar, en la providencia se acuerda oír a las partes  w.
y al Ministerio Fiscal «en relación con la Ley 9/2019, de 28 de marzo», sin precisar si sus  646ww
mduodtiavsa csióen  rdeefi eersetna  rae sotoludcai ólna  slee yd eod uacleg uqnuoes e sdtea ss duusd apsre scee pptroosy.e cStainn  seombbrea rtgood,a  dleey  lya, 
edseproegcaíftiocarima eqnutee  ssoonb relo ss up raercteícputolos  úqnuieco f,i nsaulm  deinstpeo ssieci óhna ntr acnuseitsotiroian ayd os u(l ad ilsepyo stiiecnióen,   BOE-A-cable e
además, una disposición adicional –esta disposición establece que las referencias que la 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León, hace a la orden anual de caza, 
han  de  entenderse  realizadas  al  plan  general  de  caza  de  Castilla  y  León–  y  una 
disposición final en la que se regula su entrada en vigor). En todo caso, a la vista de las 
alegaciones efectuadas por las partes en el trámite de audiencia, no puede apreciarse 
que el modo en el que la Sala ha llevado a cabo este trámite les haya creado confusión 
sobre el alcance de las dudas de constitucionalidad planteadas por el órgano judicial, por 
lo que ha de considerase debidamente evacuado.
En consecuencia, han de rechazarse las causas de inadmisibilidad aducidas.
c)  El  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  de  Montes,  que  es  parte  en  este  proceso 
constitucional, solicita la acumulación de la presente cuestión de inconstitucionalidad al 
recurso de inconstitucionalidad núm. 3993-2019 interpuesto por el Defensor del Pueblo 
que tiene también por objeto determinados preceptos de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, 
de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.
El art. 83 LOTC faculta al tribunal, en cualquier momento de la tramitación procesal, 
a instancia de parte o de oficio, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso 
constitucional, a disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que 
justifiquen la unidad de tramitación y decisión.
En el presente caso no procede acceder a la acumulación solicitada. El objeto del 
recurso de inconstitucionalidad 3993-2019 es solo parcialmente coincidente con el de 
presente cuestión de constitucionalidad, pues aunque en ambos procesos se enjuicia la 
constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de 
modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en el referido recurso de inconstitucionalidad se impugnan únicamente 
los apartados 1, 3, 5 y 6 del artículo único y la disposición transitoria y en el presente 
proceso se cuestionan el artículo único, en su integridad, la disposición transitoria y la 
disposición  derogatoria.  Además,  los  motivos  en  los  que  se  fundamentan  estas 
impugnaciones tampoco son totalmente coincidentes. Estas diferencias justifican que, en 
este  caso,  no  se  considere  pertinente  acumular  estos  procesos  (en  este  sentido, 
ATC 149/2014, de 22 de mayo).
La acumulación de procesos es una facultad que el art. 83 LOTC atribuye al Tribunal 
con el fin de garantizar la economía procesal y evitar que una tramitación separada 
pueda dividir la continencia de la causa (ATC 728/1984, de 22 de noviembre). La 
salvaguarda de tales principios no exige en este supuesto la tramitación conjunta de 
estos procesos constitucionales.
3.  Sobre el pretendido carácter de ley singular de la Ley 9/2019, de 28 de marzo.
La Sala considera que la Ley 9/2019, de 28 de marzo es una ley singular. En concreto, 
sostiene que es una ley singular de las denominadas autoaplicativas porque incorpora a su 
articulado  la  regulación  de  la  actividad  cinegética  que  antes  estaba  regulada 
reglamentariamente. También atribuye este carácter a la ley cuestionada porque considerada 
que se ha dictado en atención a un supuesto de hecho concreto y singular. Según se 
sostiene en el auto de planteamiento, la Ley 9/2019, de 28 de marzo, se dicta como 
consecuencia de que la Sala, por auto de 21 de febrero de 2019, acordó suspender 
cautelarmente el Decreto 10/2018. Considera que esta medida, al suspender la eficacia del 
referido decreto y regular este reglamento aspectos esenciales para la práctica de la caza en 
Castilla y León, tuvo como efecto impedir en Castilla y León el ejercicio de esta actividad.  e
Estos efectos son los que, según la Sala, la Ley 9/2019, de 28 de marzo, pretende evitar  bo
estableciendo  una  regulación  que  permita  la  actividad  cinegética  en  esa  comunidad  646ww
autóLnao mpao.sible inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 9/2019, de 28 de
3m9a9r3zo-2, 0p1o9r,  itnratetarprsuee sdtoe  cuonnatr ale eys tsain mguislmara  sleey h pao rp elal nDteeafednos otar mdebli éPnu eebnl oe (le rne ccounrscore ntoú mse. 
impugnan los apartados 1, 3, 5 y 6 de su artículo único y su disposición transitoria). Este
recurso ha sido resuelto por la STC 148/2020, de este mismo día. Por ello, el análisis de 
este motivo de inconstitucionalidad se va a realizar de acuerdo con lo declarado en la 
citada sentencia en su fundamento jurídico 5.
La  doctrina  constitucional  en  relación  con  las  denominadas  leyes  singulares  se 
encuentra sistematizada, entre otras, en la STC 134/2019, de 13 de noviembre, FJ 5, por 
lo que el análisis de esta alegación se va a realizar siguiendo lo establecido en la referida 
sentencia.
Conforme a la doctrina del tribunal, las leyes singulares no son, por el mero hecho de 
serlo,  inconstitucionales,  si  bien  al  no  constituir  un  ejercicio  normal  de  la  potestad 
legislativa,  están  sujetas  a  una  serie  de  límites  contenidos  en  la  Constitución 
(STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 4). En consecuencia, cuando la ley o disposición de 
rango legal objeto del proceso es calificada como «ley singular» por alguna de las partes, 
antes  que  nada  debe  examinarse  su  naturaleza,  pues  una  vez  determinada  esta, 
estaremos en condiciones de pronunciarnos sobre las vulneraciones que se le reprochan 
(STC 50/2015, de 5 de marzo, FJ 3).
Para efectuar dicho examen, ha de atenderse a los distintos tipos de leyes singulares 
identificados por la jurisprudencia constitucional. La STC 203/2013, de 5 de diciembre, 
FJ 3, distingue tres clases de leyes singulares: i) un primer tipo de ley singular es la ley 
autoaplicativa.  A  él  pertenecen  las  leyes  que  contienen  una  actividad  típicamente 
ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto, como es el supuesto analizado en 
la STC 129/2013, de 4 de junio; ii) en segundo lugar, una ley también puede calificarse 
como de estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida, caso de 
la  norma  examinada  en  la  STC  166/1986,  de  19  de  diciembre;  y  iii)  finalmente, 
pertenecen asimismo a este género aquellas dictadas en atención a un supuesto de 
hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución 
de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley 
singular y no comunicable a ningún otro, categoría en la que se encuadra, por ejemplo el 
supuesto resuelto en la STC 203/2013, de 5 de diciembre.
Solo en el caso de que el artículo único, la disposición transitoria y la disposición 
derogatoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo tengan encaje en alguno de los supuestos 
de  ley  singular  sistematizados  en  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  deberá 
aplicárseles el parámetro de constitucionalidad correspondiente.
En el presente caso es claro que no concurren estas circunstancias. Como el tribunal 
ha declarado en la STC 148/2020, FJ 5, que, como se acaba de indicar, resuelve el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra algunos 
preceptos de esta misma ley, «para que una ley pueda ser calificada como ley singular 
por ser autoaplicativa no es suficiente con que esta norma pueda aplicarse directamente 
sin precisar desarrollo reglamentario ni actos intermedios de aplicación; es preciso, 
además, que a través de la ley se realice una actividad "materialmente administrativa" 
(STC 129/2013, FJ 4) o "típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso 
concreto" (SSTC 50/2015, FJ 3; 231/2015, FJ 3, y 134/2019, FJ 5). Circunstancias que 
no se cumplen en este supuesto». Las determinaciones establecidas en el artículo único 
de la ley cuestionada tienen naturaleza normativa, pues regulan con carácter general y 
abstracto la actividad cinegética en Castilla y León, sin que su eficacia se agote con su 
aplicación a un caso concreto. La disposición transitoria es también un precepto de 
carácter abstracto y general (prevé que hasta que se apruebe el plan general de caza de 
Castilla y León la caza se practicará conforme a las disposiciones de esta ley) y la 
disposición derogatoria tiene el alcance propio de este tipo de normas. s
Tampoco  puede  considerarse  una  ley  de  estructura  singular  en  atención  a  los  oe.
destinatarios  a  los  que  va  dirigida,  pues,  como  se  ha  afirmado  en  la  citada  w.
STC 148/2020, FJ 5 «sus previsiones van dirigidas a una pluralidad indeterminada de  646ww
sau ljaesto asd, mquineis itnrcalcuiyoenne st acnotmo pae ltoesn tqeuse q puree theannd adne  lldeevsaar raro cllaabr ola lsa  aaccttuivaicdiaodn erse gyu aladdoap,t acor mlaos 
rperseocleupctioosn ecso nnterocveesratridiaoss .p aSrea  dgiarirgaen, tipzoarr  tealn atod,e acu uandao  vcaurmiepdlaimd iednet os udjee tolos ,s etoñdaolasd aoq eune lllooss   BOE-A-cable e
que confluyen en el legítimo ejercicio de la actividad cinegética, cuya identidad específica 
no ha sido el factor determinante en la configuración de la norma ni constituye en sí un 
dato obvio o que se aprecie en su simple lectura (STC 42/2018, de 25 de abril, FJ 6)».
Y también ha de rechazarse que puede encuadrarse dentro de la tercera categoría, 
al no haber sido dictada en atención a un supuesto de hecho que agote su contenido en 
la adopción de la medida establecida por el legislador. El hecho de que su aprobación 
conlleve  que  pueda  perder  objeto  la  medida  cautelar  adoptada  por  la  Sala  –la 
suspensión de la eficacia del Decreto 10/2018 acordada por el auto de 21 de febrero 
de 2019– no convierte a esta norma en una ley singular, ya que este efecto no agota el 
contenido de la norma cuestionada, pues, como se acaba de indicar, esta norma tiene 
efectos generales, al ser la que regula la caza en la citada comunidad autónoma.
Resulta, por tanto, que ni el artículo único de la Ley 9/2019 ni sus disposiciones 
transitoria y derogatoria pueden ser calificados como leyes singulares, por lo que, al 
descartarse  que  tengan  esta  naturaleza,  no  procede  examinar  si  estos  preceptos 
cumplen las exigencias que, de acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, deben 
respetar este tipo de leyes para ser conformes con la Constitución.
4.  Sobre la pretendida vulneración de los art. 117.3 y art. 24.1 CE y del principio de 
separación de poderes.
En el auto de planteamiento se sostiene que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, al 
regular de manera autosuficiente el ejercicio de la actividad cinegética, impide a los 
tribunales el ejercicio de su potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
(art. 117.3 CE), vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) e infringe el 
principio de separación de poderes. Se señala, en particular, que la referida norma, al 
otorgar rango de ley a una materia que antes estaba regulada por reglamento, impide 
que el Poder Judicial pueda controlar la determinación de las especies cinegéticas y 
cazables; la de los periodos y días hábiles para cazar y el resto de la regulación de la 
actividad cinegética. La Sala considera, además, que la Ley 9/2019 predetermina la 
resolución del recurso de reposición y, por este motivo, entiende que constituye una 
injerencia en el ejercicio de su potestad jurisdiccional que es lesiva del principio de 
separación de poderes. Según se sostiene, como la regulación que antes se encontraba 
en el Decreto 10/2018 la establece ahora la Ley 9/2019, la resolución del recurso de 
reposición contra la decisión de la Sala por la que se acordó la suspensión cautelar de la 
eficacia del referido decreto solo admite un posible contenido: declarar la pérdida de 
objeto del recurso al no existir ya el decreto sobre el que recayó la medida cautelar cuya 
revisión se solicita. Por ello, la Sala mantiene que es el legislador, a través de la ley 
cuestionada, quien resuelve el recurso de reposición dejando sin efecto útil el auto de 21 
de febrero de 2019 por el que se acordó la suspensión del decreto citado.
No puede estimarse que los preceptos cuestionados de la Ley 9/2019, de 28 de marzo 
(su artículo único y sus disposiciones transitoria y derogatoria) vulneren los arts. 117. 3 y 24.1 
CE ni el principio de separación de poderes por regular una materia que antes estaba 
regulada en un reglamento. Como ha señalado, entre otras, la STC 148/2020, FJ 5, «[e]n 
nuestro ordenamiento no existe la reserva reglamentaria (SSTC 120/2014, de 17 de julio, 
FJ 8; 12/2015, de 2 de marzo, FJ 5, y 38/2016, de 3 de marzo, FJ 7, entre otras muchas), por 
lo que la ley puede regular cualquier materia, y esta posibilidad no puede verse restringida 
porque el reglamento que regulaba dicha materia se encuentre impugnado en vía judicial, 
pues  como  ya  ha  establecido  este  tribunal,  del  principio  de  exclusividad  de  jueces  y 
magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede inferirse la existencia de una  e
correlativa  prohibición  impuesta  al  legislador,  por  la  que  se  condicione  su  libertad  de  bo
configuración para elegir el nivel de densidad normativa con que pretende regular una  646ww
deteErml tinriabduan aml atatemriap o(ScoT Cp u1e3d9e/2 0a0c5e,p FtaJr  3e)»l .argumento de que los preceptos cuestionados
ddiev ilsaió Lne yd e9 /p2o0d1e9r, edse,  2fu8n ddaen mdoa rzeon,  qvuueln elara nre lgousl aacritósn.  1q1u7e.3  eyn  2e4l.l1o sC sEe  nci oenl tpierninec ippiuoe ddee 
afectar a la resolución del recurso de reposición que la Sala tiene pendiente de resolver.
Ni el principio de exclusividad de jueces y magistrados en el ejercicio de la actividad 
jurisdiccional (art. 117.3) ni el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ni 
tampoco el principio de separación de poderes impide que el legislador pueda dictar una 
regulación general que pueda tener incidencia en los procesos en curso. Como ha 
declarado el tribunal, no puede compartirse una interpretación del alcance de dicho 
principio  que  llegue  al  extremo  de  consagrar  una  auténtica  cristalización  del 
ordenamiento  resultante  de  la  labor  interpretativa  llevada  a  cabo  por  los  jueces  y 
magistrados en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales (SSTC 139/2005, de 26 
de mayo, FJ 3, y 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 9). Por ello, una vez descartado que 
la ley cuestionada sea una ley singular, ha de descartarse igualmente que los preceptos 
que se cuestionan de la referida ley sean contrarios al art. 24.1 CE, al art. 117.3 CE o al 
principio de separación de poderes porque puedan afectar a procesos que se encuentran 
en tramitación en el momento de su entrada en vigor.
5.  Sobre la pretendida vulneración del derecho a la ejecución y cumplimiento de las 
resoluciones judiciales (arts. 118 y 24.2 CE)
En el auto de planteamiento se sostiene que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, vulnera los 
arts. 118 y 24.2 CE porque impide la ejecución y cumplimiento del auto de 21 de febrero 
de 2019, por el que la Sala acordó la suspensión cautelar del Decreto 10/2018, de 26 de abril, 
impugnado en el proceso a quo.  Según se afirma, los preceptos cuestionados de la 
Ley 9/2019, al regular el ejercicio de la actividad cinegética en Castilla y León, permiten el 
ejercicio de la caza en la referida comunidad, lo que determina que no pueda cumplirse la 
suspensión acordada por el citado auto, pues esta resolución, al suspender la eficacia del 
Decreto 10/2018, que regulaba aspectos esenciales para el ejercicio de la caza, impedía que 
esta actividad pudiera ejercerse en Castilla y León.
El tribunal tampoco comparte esta argumentación, pues la circunstancia de que, 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2019, pueda practicarse la caza 
en Castilla y León no conlleva el incumplimiento del auto que acordó la suspensión 
cautelar de la eficacia del Decreto 10/2018, de 26 de abril. La adopción de esta medida 
cautelar determinó que, al suspenderse la norma que en aquel momento regulaba 
aspectos esenciales para la práctica de la caza, esta actividad no pudiera realizarse. 
Ahora bien, esta resolución judicial no impide que el legislador pueda dictar una ley que 
regule la actividad cinegética y permita su ejercicio. Como se ha indicado, el hecho de 
que esta nueva regulación pueda determinar la pérdida de objeto del incidente de 
medidas  cautelares  que  ha  dado  lugar  al  planteamiento  de  esta  cuestión  de 
inconstitucionalidad no convierte esta norma en una ley singular que tenga como objeto 
evitar el cumplimiento de una resolución judicial. La Ley 9/2019, de 28 de marzo, regula 
de forma abstracta y general determinados aspectos de la actividad cinegética en la 
citada comunidad autónoma, sin que afecte a este carácter que las determinaciones que 
en ella se establecen puedan tener incidencia en procesos en curso.
6.  Sobre la pretendida vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
La Sala alega también que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, es una ley arbitraria por 
haber sido dictada sin existir ninguna razón que la justifique.
Como se declara, entre otras muchas, en la STC 98/2018, de 19 de septiembre, 
FJ 5, en «relación con el reproche de arbitrariedad en sentido estricto (art. 9.3 CE), la 
jurisprudencia del Tribunal parte de la premisa (ATC 20/2015, de 3 de febrero, FJ 5) de  e.
que “la calificación de ‘arbitraria’ dada a una ley exige una cierta prudencia, toda vez que  w.
es la ‘expresión de la voluntad popular’, por lo que su control de constitucionalidad debe  646ww
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supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las 
motivaciones  posibles  de  la  norma  y  de  todas  sus  eventuales  consecuencias’ 
(STC 45/2007, de 1 de marzo, FJ 4, y ATC 123/2009, de 30 de abril, FJ 8)”. De manera 
que, conforme declara la STC 100/2015, de 28 de mayo, FJ 5, “no corresponde a este 
tribunal  interferirse  en  el  margen  de  apreciación  que  corresponde  al  legislador 
democrático ni examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más 
adecuada o la mejor de las posibles, sino únicamente examinar si la decisión adoptada 
es plenamente irrazonable o carente de toda justificación (STC 156/2014, FJ 6)”».
En el presente caso el tribunal no aprecia que la regulación que establece la ley 
cuestionada  carezca  de  toda  explicación  racional,  por  lo  que,  de  acuerdo  con  la 
jurisprudencia constitucional que se acaba de exponer, ha de rechazarse la alegación por la 
que se aduce que la ley cuestionada es arbitraria y por este motivo vulnera el art. 9.3 CE. La 
actividad cinegética incide en muchos ámbitos (en el medio ambiente, en la salud pública, en 
la agricultura…) y tiene importantes consecuencias socioeconómicas que justifican que el 
legislador regule su ejercicio. En este supuesto, además, el propio legislador, en la exposición 
de motivos, da cuenta de las razones por las que ha considerado pertinente su aprobación. 
Así, según se expone en el preámbulo de la ley cuestionada, «la actividad cinegética 
constituye el medio más eficaz para reducir los daños ocasionados por la fauna silvestre 
sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar posibles epizootias y 
zoonosis». También se sostiene que «la caza es determinante para la conservación del 
patrimonio natural y el equilibrio de los ecosistemas y de la fauna» y por ello declara que «la 
gestión de las poblaciones cinegéticas se impone como una medida fundamental para la 
conservación de las especies más amenazadas». Junto a estos argumentos se señala, 
además, que la actividad económica derivada de la caza constituye una fuente de riqueza 
importante para las comarcas rurales de Castilla y León, especialmente para las menos 
industrializadas y pobladas, por lo que esta actividad contribuye a evitar la despoblación del 
medio rural. Estas razones, según se afirma en la parte expositiva de la Ley 9/2019, de 28 de 
marzo, han determinado que el legislador considerase necesario dotar de un marco jurídico 
estable a esta actividad estableciendo las especies definidas como cinegéticas, fijando los 
periodos  y  días  hábiles  para  el  ejercicio  de  la  caza  y  estableciendo  «un  régimen 
complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no 
comprometa el estado de conservación de estas en su área de distribución».
Resulta, por tanto, que como declara la citada STC 148/2020, FJ 5, en este caso, «el 
legislador ha establecido la regulación que ahora se impugna atendiendo a unos fines y 
objetivos que forman parte de una orientación de política general, cuya determinación 
corresponde  al  órgano  legislativo  y  que  no  constituyen  la  respuesta  ad  casum  de 
determinadas resoluciones judiciales», lo que conlleva, en definitiva, que la Ley 9/2019 
no pueda considerarse contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad que 
consagra el art. 9.3 CE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». b
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Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.