BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Miércoles 22 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 55148
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
8303 Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo 
de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, haciendo uso de la habilitación otorgada el artículo 116 de la Constitución 
Española,  que  prevé  la  declaración  del  estado  de  alarma  bajo  determinadas 
circunstancias reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio. Esta norma incluía además de medidas limitativas de la 
libertad de circulación, que como dispone la ley quedaba condicionada al cumplimiento 
de ciertos requisitos, una variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde 
el ámbito educativo y de la formación, al de la actividad comercial, equipamientos 
culturales,  establecimientos  y  actividades  recreativas,  actividades  de  hostelería  y 
restauración, o los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas.
A esta medida, le han seguido una cascada de iniciativas adoptadas por las distintas 
Administraciones Públicas. Así, en Extremadura se han adoptado multitud de actos y 
disposiciones normativas, fundamentalmente dirigidas a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que está suponiendo la pandemia y las medidas de contención adoptadas para 
contenerla. En este sentido, y tratándose de una situación excepcional, se han aprobado y 
publicado en el Diario Oficial de Extremadura hasta el momento once decretos-leyes, en 
los ámbitos comercial, sanitario, tributario, educativo, de los servicios sociales, de la 
función  pública,  en  materia  de  subvenciones,  de  apoyo  a  las  empresas  y  para  el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
Ante la rápida y devastadora evolución de la pandemia, a fin de garantizar la eficaz 
gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y 
preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de la 
nación ha solicitado del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar hasta en 
seis  ocasiones  el  estado  de  alarma,  así  como  la  vigencia  de  las  medidas  en  él 
contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados acordó conceder las mencionadas 
autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta las 00:00 
horas del 21 de junio de 2020.
Por otra parte, tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común europea 
para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el 
pasado 15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del  s
Consejo Europeo, los distintos Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a  e.
planificar  las  distintas  fases  que  permitan  reanudar  las  actividades  económicas  y  w.
sociales, de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas  03ww
yO rngoa nsizea csióonb rMecuanrdgiuael nd el olas  Ssaislutedm. as sanitarios, atendiendo a las orientaciones de la
PlanA psaí,r am elad Tiarnatnes Aiccióune rhdaoc idae ul nCao nNsueejov ad Ne oMrminaislitdroasd ,d qeu 2e8 c doen caibberi le dl ele 2va0n2t0a,m siee natpor odbeó l aesl   BOE-A-cable e
medidas de contención de modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades 
autónomas y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución 
de  los  datos  epidemiológicos  y  del  impacto  de  las  medidas  adoptadas.  El  objetivo 
fundamental es conseguir que, manteniéndose como referencia fundamental la protección 
de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, 
minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando 
que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.
En aplicación de dicho Plan, se habilitó al Ministro de Sanidad, para poder acordar, 
en  el  ámbito  de  su  competencia  y  a  propuesta,  en  su  caso,  de  las  comunidades 
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla la progresión de las medidas aplicables 
en  un  determinado  ámbito  territorial,  a  la  vista  de  la  evolución  de  los  indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad establecidos en el Plan. 
En su virtud, y en aplicación de la normativa dictada al respecto por el Ministro de 
Sanidad, los distintos territorios han venido progresando de fase, de manera asimétrica y 
gradual,  con  el  consiguiente  levantamiento  y  modulación  de  las  distintas  medidas 
inicialmente  establecidas  en  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  hasta  el 
momento actual.
Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, 
en su artículo 5, que «la superación de todas las fases previstas en el Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril 
de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del 
estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales».
En el momento actual, el vigente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispone que la autoridad competente delegada 
para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la 
fase III del Plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente 
quien  ostente  la  Presidencia  de  la  comunidad  autónoma,  salvo  para  las  medidas 
vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial 
determinada  para  cada  comunidad  autónoma.  Además,  se  prevé  que  serán  las 
comunidades autónomas las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y 
epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades 
territoriales de su comunidad y que, en consecuencia, queden sin efecto las medidas 
derivadas de la declaración del estado de alarma en sus respectivos territorios.
A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las 
capacidades estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención 
de las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance favorable en la contención 
de la pandemia y de las cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una 
vez expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso 
de desescalada, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado 
de alarma en todo el territorio nacional.
Finalmente,  por  Real  Decreto-ley  21/2020,  de  9  de  junio,  se  adoptan  medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
II o
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se han adoptado a través de la figura  03ww
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competentes al no exigirse rango legal. No obstante, se hace necesario acudir de nuevo 
a  esta  figura  permitida  estatutariamente  para  realizar  una  serie  de  medidas  que 
conduzcan a la Comunidad Autónoma de Extremadura hacia la «nueva normalidad» de 
una forma más efectiva.
Así,  en  primer  lugar  cabe  poner  de  manifiesto  que  las  necesarias  medidas  de 
contención adoptadas han tenido un impacto económico y social muy relevante, ya que 
han supuesto reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la 
movilidad  y  paralizando  la  actividad  en  numerosos  ámbitos;  con  las  consiguientes 
pérdidas de rentas para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y 
sectores de la economía española, lo que supondrá inevitablemente un impacto negativo 
en nuestra economía. Por ello, resulta esencial procurar minimizar en lo posible el 
impacto social y facilitar una rápida reactivación económica. El objetivo es que estos 
efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un 
impacto más permanente o estructural.
El impacto económico de la crisis sanitaria en Extremadura obliga a la adopción de 
medidas urgentes que impulsen la actividad económica y, con ello, la generación de 
empleo. Y tales medidas se dictan al amparo de las competencias determinadas por el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que, en su artículo 9.1.7 establece la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de fomento del desarrollo 
económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política 
económica nacional.
En el ámbito económico se introducen dos tipos de medidas en este decreto-ley, 
dentro del marco competencial referido.
Por una parte, en el Capítulo I se recogen medidas de impulso para facilitar la 
actividad  empresarial.  A  lo  largo  de  sus  6  artículos  se  regulan  los  Proyectos 
Empresariales  de  Interés  Autonómico  (PREMIA),  llamados  a  desempeñar  un  papel 
capital en este momento en el que se pretende la reactivación económica de nuestra 
comunidad autónoma, ya que suponen la realización de proyectos de inversión para la 
implantación o ampliación de instalaciones empresariales en Extremadura generando un 
impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo.
En el artículo 1 se lleva a cabo la definición de tales proyectos, estableciéndose las 
características que ha de reunir para obtener la calificación como PREMIA por parte del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Tal calificación conllevará los efectos 
establecidos en los artículos 2 y siguientes: se consideran prioritarios y urgentes para 
toda la administración autonómica, conlleva la declaración de utilidad pública e interés 
social  a  efectos  de  expropiaciones;  da  lugar  a  la  concesión  de  forma  directa  de 
subvenciones a efectos de empleo, etc.
De la gran relevancia que están llamados a representar los PREMIA da cuenta la 
creación de la unidad de proyectos empresariales de interés autonómico y del comité de 
seguimiento de inversiones, con fines de captación, seguimiento técnico, impulso de la 
tramitación administrativa y del cumplimiento de los plazos y efectos que conlleva la 
calificación de un proyecto como PREMIA.
Por lo tanto, resulta necesario incluir la regulación de los Proyectos Empresariales de 
Interés  Autonómico  en  un  decreto-ley,  a  fin  de  que  pueda  aplicarse  con  la  mayor 
prontitud posible y contribuya así a la reactivación económica y a la generación de 
empleo en un momento de tanta trascendencia. La tramitación de un proceso legislativo 
conllevaría un considerable retraso en la puesta en funcionamiento de tales proyectos y  s
su  impacto  quedaría  muy  relativizado.  Es  en  este  momento  cuando  resulta  más  oe.
necesario impulsar la actividad empresarial e incentivar el empleo. w.
También dentro del marco competencial establecido en el artículo 7.1.16 del Estatuto  03ww
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acortmícuunloid. aEdl  laar tpícousliob ili7d aodto dreg ap ear mloasn eecsetar balebcieimrtoiesn atol sp úcbolimcoe rdcuiaralenst er alodsic daídaoss n eon h ánbuielesstr aa   BOE-A-cable e
efectos comerciales. Se trata de una medida transitoria, cuya duración está prevista en 3 
meses a partir de la publicación del decreto-ley.
El fin perseguido con esta flexibilización de días de apertura es evitar, en la medida 
de lo posible, que se produzcan aglomeraciones, dado que con la finalización del estado 
de  alarma  dejan  de  estar  vigentes  las  restricciones  de  aforo  establecidas 
normativamente en este período, sin perjuicio de que se procure respetar la distancia de 
seguridad  interpersonal  y  se  generalice  el  uso  de  mascarilla.  Por  ello,  resulta 
conveniente  posibilitar  que  el  consumidor  tenga  un  amplio  margen  para  elegir  el 
momento  en  el  que  acudir  con  comodidad  a  adquirir  los  productos  que  considere 
oportuno. Así, por un lado, se contribuye al cuidado de la salud de consumidores y 
trabajadores y, por otro, se pretende evitar en cierta medida el efecto disuasorio que se 
produce en ocasiones cuando el consumidor se ve en la necesidad de guardar largos 
ratos de espera para abastecerse de un producto, lo que le invita, en cierta medida a 
acudir al comercio electrónico, con perjuicio del comercio de proximidad.
Por ello resulta urgente la introducción de esta modificación normativa, a fin de que 
se halle vigente en el momento de finalización del estado de alarma, que es cuando 
tendría sentido tal medida, ya que lo lógico es que en tal momento se produzca un 
incremento de la actividad comercial y de la presencia de consumidores en comercios y 
áreas comerciales, tras el largo período de confinamiento y restricciones al tránsito y 
movilidad que ha supuesto la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
crisis sanitaria.
III
El  artículo  33  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura, reformado por de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero faculta a la Junta 
de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley.
El presente decreto-ley, por una parte, no afecta a las materias vedadas a este 
instrumento  normativo  y,  por  otra,  responde  al  presupuesto  habilitante  de  la 
extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilización de este tipo de norma
En relación al primer aspecto, ha de recordarse que el artículo 33.2 del Estatuto de 
Autonomía establece que no pueden ser objeto de Decreto-ley la reforma del Estatuto, 
las leyes de presupuestos o las materias objeto de leyes para las que se requiera una 
mayoría cualificada. Por lo tanto, en este decreto-ley se respetan tales límites.
Por lo que respecta al segundo aspecto, es decir, a la concurrencia del presupuesto 
de extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ 4), exige, por 
un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en 
cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la 
situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Así,  por  una  parte,  como  señala  el  Tribunal  Constitucional,  el  real  decreto-ley 
constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado 
para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones 
difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que 
el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de  s
enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo,  e.
FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello  w.
concurre en el presente caso. 03ww
extraAoterdnidniaerniad on eac elas ideasdp edcei arle csuitrurairc aió lna  eand olpac iqóune d en oms eednidcaosn tdraem toodso,  tnipaod iqeu deu vdean gdaen  laa 
paanltiea rl alo fsin paelizrjaucicióions  deeclo ensótmadicoo sd ep raoladrumciad.o Es ne ne sttoad ossit ulaocsi óónrd, eandeesm yá sa, deasp tnaer cleassa nrioar munaas   BOE-A-cable e
rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que 
permite una actuación de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto 
las circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente 
vienen  a  justificar  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  que  las  medidas  aquí 
previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una 
tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado 
gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas.
El presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la 
utilización de este tipo de norma viene determinado en cuanto al capítulo I en cuanto 
resulta imprescindible establecer medidas de impulso a la actividad empresarial ante las 
consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria, y más aún si contribuyen a la 
implantación y ampliación de proyectos industriales que generan empleo. Resulta, pues, 
urgente y necesario implantar tales medidas a fin de contribuir de forma decisiva a la 
reactivación económica.
En cuanto al Capítulo II, la extraordinaria y urgente necesidad queda justificada por la 
conveniencia de flexibilizar los días de apertura comercial, a fin de evitar aglomeraciones 
una  vez  eliminadas  las  restricciones  de  aforo,  contribuyendo  con  ello  a  seguir 
preservando la salud de consumidores y trabajadores y también a conseguir una mayor 
comodidad  de  los  consumidores,  que  les  facilite  efectuar  sus  compras  cuando 
consideren oportuno sin la obligación de guardar un importante tiempo de espera. Ello 
también redunda en interés de los comerciantes, al evitarse, en cierta medida, que los 
consumidores opten por el comercio electrónico ante la perspectiva de realizar una 
compra física en condiciones de incomodidad.
En el Capítulo III se adoptan medidas en materia de denominaciones de origen, 
agraria y de espectáculos públicos.
La crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la labor esencial 
para  la  sociedad  que  supone  tanto  la  producción  agraria  como  la  industria 
agroalimentaria. Las estructuras organizativas del sector productivo, entre otras, las 
cooperativas,  organizaciones  de  productores,  denominaciones  de  origen,  han  sido 
fundamentales para poder garantizar el suministro de alimentos.
Esta situación, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar para el futuro 
inmediato sus estructuras, ante la eventualidad de que se produzcan nuevas situaciones 
similares a la acontecida, a fin de garantizar la eficiencia de sus estructuras dado que 
ello  redundará  en  mayores  garantías  para  el  óptimo  funcionamiento  de  la  cadena 
alimentaria.
Por otra parte, dicha crisis ha puesto en evidencia los problemas de adaptación a los 
mercados  y  a  una  nueva  realidad  del  e-commerce  dirigida  directamente  a  los 
consumidores. Para adaptarse a esta nueva realidad, es imprescindible facilitar de forma 
urgente la posibilidad de cambios en las direcciones de los consejos reguladores con 
mayor agilidad, de modo que puedan aprobar, en base a sus estatutos, las elecciones de 
dichos  órganos  para  procurar  su  adaptabilitad  con  garantías  de  éxito,  a  la  nueva 
normalidad que ahora se inicia.
Los procesos electorales de los consejos reguladores de las figuras de calidad 
diferenciada de Extremadura se regulan, en la actualidad, en la Ley 4/2010, de 28 de 
abril,  de  consejos  reguladores  de  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones 
geográficas  protegidas  de  calidad  agroalimentaria  de  Extremadura,  así  como  en  la 
Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
Asimismo, la ubicación ordinaria de los regímenes electorales de las corporaciones  s
profesionales de derecho público en sus estatutos, y la mayor simplificación en cuanto a  oe.
modificaciones futuras para adaptarse a las necesidades de los operadores que traería  w.
consigo  una  regulación  estatutaria  del  régimen  electoral,  aconseja  introducir  03ww
mdeo dloifsic caocniosneejoss  erne gaumlabdaosre nso drme alass  ddee nraonmginoa lceigoanle ps adrea  opreigrmenit ier  qinudeic ealc iroéngeims egne oeglerácftiocraasl 
faigguroraasli mdeen ctaalriidaasd  edxitfreermenecñiaadsa p cuoemdoa  psoerr  sruesg uelsatdaotu ttoasn.t oP opro or trloos l ardeog,l aemsteonst ocas mdbei odsi,c qhuaes   BOE-A-cable e
en condiciones normales hubieran sido deseables y necesarios, en la actual situación de 
emergencia  de  salud  pública  ocasionada  por  la  COVID-19  se  han  convertido  en 
imprescindibles  y  urgentes.  En  efecto,  la  pandemia  internacional  y  la  consiguiente 
declaración del estado de alarma, con las consiguientes medidas de contención en el 
ámbito de la actividad comercial, establecimientos y actividades recreativas, actividades 
de hostelería y restauración, así como las limitaciones de la libertad de circulación de las 
personas, están perjudicando al sector alimentario en general, pero muy especialmente 
al vinculado a la elaboración de productos de alta calidad, como es el caso de las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. De hecho, la situación 
en este ámbito resulta sumamente preocupante, puesto que el mercado apenas ha 
demandado productos de calidad diferenciada durante la vigencia del estado de alarma. 
Urgen  por  parte  de  sus  consejos  reguladores  la  adopción  de  medidas  decisivas, 
reformadoras e innovadoras que reviertan esta situación durante la nueva normalidad, 
para lo cual es indispensable que se proceda primero a la renovación de sus órganos de 
gobierno, mediante la inmediata convocatoria de los correspondientes procedimientos 
electorales. Un proceso muchas veces demorado y que en la actualidad no puede 
retrasarse más.
Para ello, es preciso, por una parte, incrementar la autonomía de los Consejos 
Reguladores  de  Denominaciones  de  Origen  e  Indicaciones  Geográficas  de  Calidad 
Agroalimentaria, posibilitando que determinados aspectos de su régimen jurídico se 
establezcan por vía estatutaria y, por otro lado, se hace imprescindible la introducción de 
la posibilidad de que sus órganos de gestión organicen los procesos de elección de sus 
órganos de gobierno de conformidad con lo establecido en el reglamento o en sus 
estatutos.
Extremadura  cuenta  con  más  de  2,7  millones  de  hectáreas  forestales  o 
agroforestales  de  las  cuales  casi  1,5  millones  son  arbolados,  siendo  una  de  las 
Comunidades Autónomas con mayor superficie forestal de España. En los últimos años 
(entre  los  inventarios  forestales  3  y  4),  la  superficie  forestal  arbolada  se  ha  visto 
incrementada en casi un 20%, debido sobre todo al abandono de la actividad agrícola y 
forestal en las comarcas más montañosas.
Este abandono ha tenido dos consecuencias directas muy importantes; la primera es 
el incremento del número y tamaño de los incendios forestales en las zonas de alto 
riesgo de incendios forestales, y en segundo lugar propicia el despoblamiento y dificulta 
el reinicio de la actividad agrícola productiva en zonas deprimidas.
Por  todo  ello,  es  prioritario  para  la  Comunidad  Autónoma  reactivar  la  actividad 
agrícola y forestal en nuestro territorio con dos fines principales:
Propiciar discontinuidades en las masas forestales de manera que se facilite la lucha 
contra los incendios forestales de manera compatible con la actividad productiva y 
siempre dentro del necesario respeto al medio ambiente, su conservación y defensa de 
las especies protegidas, las aguas y los suelos.
Favorecer la actividad productiva en terrenos hoy abandonados, que coadyuven a 
contrarrestar la despoblación de los municipios extremeños.
A tal fin, resuelta conveniente atribuir a estos terrenos la consideración de Interés 
General y, en consecuencia, en ellos, el cambio de uso del suelo de forestal a agrícola 
no revestirá el carácter excepcional, por lo que no será necesario el informe vinculante 
del órgano forestal autonómico. No obstante, y en aras a evitar la afección al medio 
ambiente  y  a  los  espacios  y  especies  protegidos,  si  se  mantendrán,  cuando  sean 
preceptivas, el resto de autorizaciones y los informes de afección a Red Natura, así  e.
como los informes auxiliares, pertinentes, en materia forestal. w.b
Partiendo del contexto de la situación de crisis sanitaria generada por el COVID-19,  03ww
tpeanliiaern dsuos c eofmecot oosb jeenti veol  spercintocirp eacl oenl óDmeiccroe tyo  dLee ey mlap laedoo, pyc sióienn ddeo  eml esdeicdtaosr  aegnrcaarmioi npaadlaansc aa 
qeuseen dceianl trpoa rdae  ldoigcrhaor  usencat orer cpuripmeararicoi,ó ne l erecognaódmíoi cean  eEnx tlrae mreagdióunra,  deesb pei latern aenrsgeu laern  dceu eensttae 
medio;  con  un  protagonismo  creciente  dada  su  competitividad  y  eficiencia  en  la 
generación de las producciones agrarias.
Por otra parte, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) es el fondo 
de la Unión Europea a través del que ésta contribuye a la financiación de los programas 
de desarrollo rural ejecutados según establece el derecho comunitario relativo a la ayuda 
de desarrollo rural. En este marco, la Junta de Extremadura gestiona medidas entre las 
que se encuentra el apoyo a las inversiones en infraestructuras de regadíos.
Estas numerosas actuaciones de mejora, modernización y consolidación de regadíos 
que las Comunidades de Regantes y de usuarios han realizado, han permitido una 
sustancial mejora tanto en el estado de las redes de distribución por gravedad o bajo 
presión, como en la dotación de sistemas de control volumétrico de los consumos de 
agua  y  de  mejora  en  las  estaciones  de  elevación,  que  han  generado  ahorros 
significativos de agua y energía.
Sin  embargo,  estas  actuaciones  requieren  potenciar  su  eficiencia  dado  que  es 
preciso, en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, adoptar medidas 
que impidan la paralización y ralentización de proyectos que suponen una vía de acceso 
al empleo y a la potenciación de vías económicas alternativas; situaciones que, en el 
marco  de  la  normativa  europea,  pueden  suponer  consecuencias  negativas  para  la 
hacienda de la Comunidad Autónoma.
En  consecuencia,  esta  medida  permitirá  una  rápida  reactivación  económica  en 
muchas zonas de Extremadura, al habilitar la consecución de importantes inversiones, 
puesto que además de contribuir a mejorar los niveles de renta de los agricultores, 
aumentando  y  asegurando  la  producción,  contribuirá  notablemente  al  desarrollo 
económico de las comarcas afectadas, y en concreto, de la industria agroalimentaria, de 
las  empresas  de  servicios  y  accesorias  a  la  actividad  agraria,  y  del  sector  de  la 
construcción por la elevada mano de obra necesaria para la ejecución de las obras que 
se precisan.
La  paralización  de  la  actividad  social  como  consecuencia  de  la  pandemia  por 
COVID-19 ha castigado de manera especial a los sectores que mantienen una relación 
directa con el ocio y tiempo libre, viendo cercenadas sus posibilidades laborales en un 
futuro bastante incierto. Los empresarios de atracciones feriales, han visto como su 
actividad se ha visto anulada al suspenderse todas las fiestas de los municipios en el 
país. Y a su vez, esta situación, ha generado innumerables gastos en un colectivo que 
se enfrenta a un escenario de incertidumbre, el de la nueva normalidad y la necesidad de 
aplicar medidas y planes que permitan el inicio de su actividad con todas las garantías 
de seguridad para la población.
El artículo 29 de la Ley 7/2019, de 5 de abril de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con las atracciones 
de feria, establece una serie de exigencias previas al otorgamiento de la autorización de 
instalación.
Así, se dispone la necesidad de contar con la documentación acreditativa de la 
suscripción y vigencia del seguro de responsabilidad civil y de la documentación técnica 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad, así como el certificado de 
revisión de la atracción y el certificado de seguridad y solidez. Además de lo anterior, 
exige que deben reunir los requisitos y condiciones de seguridad, higiene y salubridad.
Finalmente, una vez montada la atracción, y antes de comenzar a funcionar, exige la 
inspección por técnico titulado y competente de los servicios municipales, que deberá 
extender un certificado de funcionamiento. s
Esta última fase del procedimiento, inspección directa y expedición del certificado de  oe.
funcionamiento,  añade  retrasos  al  inicio  de  la  actividad  que  no  redundan  en  un  w.
incremento de la seguridad, higiene y salubridad de las atracciones de feria, llegando a  03ww
cimapreocseibni lidtaer  télac ninicsot atliatucliaódno  dye  caotmrapcectieonntees  dfee rlioasle ss eervni citoosd oms uanqicuipeallloess . mPuonr iceiplloio, se nq ueel 
caodnotpecxitóon  ddeeri vdaedcois dioen leas  cqriuseis  ismapnuitlasreian  deel l sCeOctVoIrD e-c1o9n, ósmituicaoc ióyn e ql ueem rpelqeuoi eyr ed daed ola q ruáep idnao   BOE-A-cable e
supone una renuncia a las debidas garantías que deben acompañar siempre a este tipo 
de actividades, resulta aconsejable proceder a su supresión a fin de impulsar la actividad 
empresarial y la instalación inminente de atracciones en los municipios.
 El estatuto de autonomía otorga competencias exclusivas a la comunidad autónoma 
en  materia  de  espectáculos  públicos  y  la  ley  7/2019  con  su  clara  vocación 
descentralizadora hacia los ayuntamientos, pretende plasmar las amplias potestades que 
le confiere tanto en la intervención administrativa previa como en las facultades de 
inspección, control y de carácter sancionador.
En el Capítulo IV se recogen medidas en materia de transporte.
En  el  momento  actual,  asistimos  al  inicio  de  una  etapa  caracterizada  por  el 
despliegue de los efectos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
COVID-19,  situación  que,  unida  a  las  medidas  adoptadas  por  las  Administraciones 
Públicas para combatirla, han incidido directamente, no sólo en la reducción de la oferta 
de servicios como consecuencia de la limitaciones de la libertad de circulación de los 
ciudadanos, impuestas por la declaración del estado de alarma, sino también en la 
adaptación de la explotación del servicio a dicha situación a través del recurso a la 
aplicación de condiciones específicas de prestación, entre las que se encuentra la 
gestión de los servicios en régimen de transporte a la demanda.
Así pues, con la perspectiva orientada al horizonte de la previsible recuperación de la 
demanda de las personas usuarias, y, con ello, del sector del transporte de viajeros por 
carretera, es necesario dotar la gestión del servicio público del instrumento normativo 
que  permita  flexibilizar  las  condiciones  contractuales  de  prestación  del  servicio  en 
aquellas  zonas  geográficas  que  comprendan  localidades  donde  la  actual  situación 
provoca una incertidumbre acerca del retorno de los desplazamientos ciudadanos a su 
pulso anterior.
De  esta  manera,  el  régimen  de  transporte  a  la  demanda  se  erige  en  fórmula 
adecuada para conciliar la garantía de una oferta digna de transporte público, sometida a 
obligaciones de servicio público, con el proceso de recuperación de la actividad de 
circulación y desplazamiento de la ciudadanía, acorde con el ritmo de las medidas que 
puedan adoptarse en el contexto de la superación definitiva de la crisis sanitaria a corto y 
medio plazo.
A través de esta medida de flexibilización se trata de precaver, además, cualquier 
riesgo de interrupción de los servicios que pudiera tener su origen en la aplicación 
inmediata de las condiciones de prestación impuestas por acto jurídicamente vinculante.
En el marco del modo de transporte terrestre, uno de los medios tradicionales, y más 
populares, de desplazamiento, lo ha constituido el transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en automóviles de turismo (taxi), tanto el desarrollado en el interior 
de las ciudades y pueblos (taxi urbano) como el utilizado como forma de movilidad entre 
poblaciones (taxi interurbano).
Las  ventajas  inherentes  a  este  medio  de  transporte  público  de  naturaleza 
discrecional lo han convertido, en los últimos años, en una pieza relevante para la 
atención de servicios de diferente carácter.
Así ha sucedido en el ámbito de los transportes regulares de uso especial de 
escolares, en el que el vehículo taxi ha desempeñado una función provechosa cuando la 
oferta de capacidad del taxi ha resultado idónea para la demanda concreta de usuarios, 
así como en el ámbito de los servicios regulares de uso general de viajeros por carretera, 
en el que su adaptabilidad y agilidad de respuesta a las necesidades de desplazamiento 
en zonas de baja rentabilidad no atendidas por empresas titulares de aquellos servicios,  s
han favorecido el desarrollo de su actividad en el medio rural. oe.
Procede, igualmente, en el momento actual, impulsar la versatilidad de este medio de  w.
transporte,  con  el  fin  de  atender  aquellas  demandas  de  personas  usuarias  que,  03ww
osastluedn taun dhoo lsap citoanladriicoisó n dsea ncitaamriail ldae,  paascisietenntecsia,  nsoa pnriteacriisaa no  paartean scuió tnra sdlaed ou rag ecenncitaro sq udee 
requieran el uso de un vehículo ambulancia.
En  este  sentido,  puede  considerarse  que  el  estado  de  salud  del  paciente,  no 
necesitado de asistencia alguna de carácter sanitario para efectuar su desplazamiento, 
justifica la posibilidad de utilización de un vehículo de turismo con la condición de taxi 
para atender el problema de movilidad.
Dicha actividad podrá realizarse en el ámbito de aquellos municipios comprendidos 
dentro de la zona de salud a la que pertenezca la localidad en que se encuentre 
residenciada la autorización de transporte VT, pudiendo utilizarse la capacidad máxima 
del vehículo.
En el Capítulo V se incluyen medidas en materia de oficinas de atención ciudadana y 
registro.
La situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19 ha reforzado la necesidad 
de priorizar las vías de contacto a distancia y persistiendo riesgos de salud pública sobre 
la evolución de la pandemia, que podrían motivar de forma sobrevenida la suspensión de 
la actividad administrativa presencial o cierre de los establecimientos abiertos al público, 
es preciso adoptar medidas extraordinarias dirigidas a garantizar que la ciudadanía este 
asistida en todo momento fomentando el empleo de medios electrónicos y reduciendo la 
brecha digital.
Por ello, siguiendo la filosofía de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios de información y 
registro  de  documentos  por  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura y organismos públicos, con motivo del COVID-19, mediante la presente 
norma extraordinaria se pretende dar continuidad al sistema común de asistencia e 
información a la ciudadanía, por diferentes canales, puesto en marcha en este contexto 
extraordinario. Se ha de preservar la atención de los extremeños y extremeñas, en todo 
momento,  respecto  de  cualquier  ámbito  de  actividad  y  con  independencia  de  las 
estructuras  orgánicas  o  situación  epidemiológica,  contribuyendo  así  a  garantizar 
eficazmente el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones, el disfrute de 
servicios por la ciudadanía y la optimización de los recursos para poder ofrecer otras 
vías de contacto.
De acuerdo con lo anterior, en desarrollo de la competencia exclusiva que ostenta la 
Comunidad Autónoma sobre autoorganización conforme al artículo 9.1 del Estatuto de 
Autonomía,  se  propone  una  modificación  de  la  Ley  1/2002,  de  28  de  febrero,  de 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En este sentido, y aun cuando sería adecuado realizar una profunda revisión de la 
sección tercera «de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación administrativa 
dentro  del  Capítulo  VI»  de  dicha  Ley,  se  propone  una  modificación  sucinta  y 
proporcionada para responder al contexto. Se altera la denominación del artículo 84, 
actualizando su contenido al contexto actual y se establece un nuevo régimen para las 
oficinas por las que se prestan presencialmente servicios de información sobre los 
servicios  y  procedimientos  administrativos  y/o  se  realizan  funciones  incluidas  en  el 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro 
Único  y  se  regulan  las  funciones  administrativas  del  mismo  en  el  ámbito  de  la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  Pasan  a  denominarse 
Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía para adecuarlas al nuevo modelo de atención 
ciudadana por el que se ofrecerá atención uniforme y permanentemente actualizada a la 
población,  por  diferentes  canales,  estableciéndose  una  clasificación  por  el  tipo  de 
servicios que ofrecen. s
Para  lograr  esta  transformación,  es  preciso  llevar  a  cabo,  un  proceso  de  oe.
reordenación de recursos y funciones considerando, por un lado, la necesidad de aunar  w.
los nuevos canales de relación a distancia con el presencial y, por otro, la de garantizar  03ww
edle n oivcetul bdree ,s reersvpiceiocsto i ma ptoudeassto l adse  ofoficrminaa se xq uleeg aes, upmore nla  faupnlcicioanceiósn d dee r elag iLsetryo ,3 a9c/2tu0a1l5m, ednet e1. 
Ddee  laasc uoefircdion acso yn  peolldoe, rs gea erasntatibzlaerc lea  uante npceiróiond coi utdraandsaitnoar,io e np acruaa lrqeuaileizra ers lcae tnraarniosf.ormación  BOE-A-cable e
En el Capítulo VI se contempla la realidad de la gestión de los contratos menores, 
que  exige  ampliar  los  supuestos  de  no  exigencia  de  tres  presupuestos  a  otras 
circunstancias diferentes a la existencia de un único empresario. De esta forma, y por las 
mismas motivaciones por las que la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión 
de la Contratación (OIRESCON) introduce esta posibilidad a dicha exigencia establecida 
en su Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se añade como posible 
justificación  la  circunstancia  de  que  dicho  trámite  «dificulte,  impida  o  suponga  un 
obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el 
contrato menor», circunstancia que deberá ser justificada en el expediente. Por otra 
parte, teniendo por finalidad dicho artículo salvaguardar la libre competencia, uno de los 
principios básicos que recoge el artículo 1 de la LCSP 9/17, siguiendo igualmente el 
razonamiento de la OIRESCON, se introduce también la excepción a la petición de tres 
presupuestos en aquellos casos en los que se haya dado publicidad de la licitación, si 
así  lo  decide  el  Órgano  de  Contratación,  pues,  en  tales  supuestos  ya  quedaría 
garantizada la competencia. Con todo ello, además, se proporcionan respuestas más 
ágiles y rápidas en la actuación de la Administración Pública para este ámbito.
El motivo que justifica la perentoriedad de la medida propuesta son las innumerables 
actuaciones que, de manera urgente e inmediata, corresponde ejecutar a los diferentes 
órganos que componen la Junta de Extremadura y su sector público instrumentadas en 
muchos de los casos a través de la contratación pública. Esas actuaciones, provocadas 
por la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y las 
diferentes medidas que los poderes públicos se están viendo obligados a adoptar, y que 
impiden, en estos momentos, cumplir con uno de los principios informadores de la 
actividad contractual pública como es el de la debida planificación y previsibilidad en el 
actuar de los poderes públicos, pudieran ser abordadas a través de contratos menores, 
siempre que se cumplan los requisitos que para dicha figura establece la normativa en 
materia contractual, tanto estatal como autonómica.
En  cuanto  al  ámbito  competencial  que  ampara  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura  para  abordar  la  normativa  con  rango  legal  que  dé  cobertura  a  las 
cuestiones que regula este artículo, la Constitución Española, en su artículo 149.1.18.ª, 
atribuye al Estado competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre 
contratación administrativa, de aplicación general a todas las Administraciones públicas, 
correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia exclusiva 
en  materia  de  creación,  organización,  régimen  jurídico  y  funcionamiento  de  sus 
instituciones,  la  organización  de  su  propia  Administración  y  la  de  los  entes 
instrumentales que de ella dependan, así como, en el marco de la legislación básica del 
Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen 
jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  contratación  del  sector  público  y 
universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Asimismo, se incorporan tres disposiciones adicionales relativas al ámbito de la salud 
pública con un triple objetivo. En primer lugar, adecuar el régimen competencial previsto 
en materia de intervención administrativa en la legislación de salud pública autonómica a 
la nueva normalidad instaurada tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como, en general, a todo el 
período  durante  el  cual  perdure  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  s
COVID-19.  En  segundo  lugar,  y  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  adoptar  cuantas  oe.
medidas especiales extraordinarias en materia de salud fueren necesarias, tal como se  w.
prevé el artículo 51 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura,  03ww
rveuglnuelarar bcleo na  claa rqáuctee re setásp deecísfticinoa duan, as em eendtiidean deq unee, cpeosar riloa  cpoonbclraectaiórn  poers praezcoianlmese ndtee 
ssee geusrtidaabdle cjuer íudnicaa  ptrraesv islaió enx epne rimenacteiari ao bstaenncidioan daudroarnat ep aerla e dsotatadro  ddee  saelagrumridaa. dF injuarlímdiecan tee,l   BOE-A-cable e
régimen de incumplimientos de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades 
competentes durante la presente crisis sanitaria.
El título habilitante para la adopción de las disposiciones adicionales señaladas reside 
en los artículos 9.1.24 y 10.1.9 relativos a las materias de sanidad y salud pública de la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
general de salud pública, en la Ley Orgánica 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad y 
en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud 
pública. Asimismo, la medida prevista en la disposición adicional segunda encuentra su 
refrendo específico en relación con la actual crisis sanitaria en los artículos 2.3 y 10 del 
Real Decreto-ley 21/2020, de 20 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por todo lo anterior, este decreto-ley se adecúa a los principios de buena regulación 
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la 
iniciativa  legislativa  como  son  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-
ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible 
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta 
al principio de seguridad jurídica, al ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, 
y  específicamente,  como  se  ha  señalado  anteriormente,  con  el  marco  legal  y 
competencial que permite la utilización del instrumento del real decreto-ley. Por último, 
con respecto al principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia naturaleza de las 
medidas adoptadas este decreto-ley no impone carga administrativa alguna adicional a 
las existentes con anterioridad.
Por todo ello, en el ejercicio de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica  Autónoma  de  Extremadura,  a  propuesta  de  la  Vicepresidenta  Primera  y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 19 de junio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de impulso para facilitar la actividad empresarial
Artículo 1.  Proyectos empresariales de interés autonómico.
1.   Podrán ser calificados como proyectos empresariales de interés autonómico 
aquellos proyectos de inversión, para la implantación o ampliación de una o varias 
instalaciones empresariales en Extremadura, que tengan un impacto significativo en el 
empleo y en el tejido productivo.
Estos proyectos se podrán encuadrar en cualquier sector económico, exceptuando el 
sector inmobiliario, financiero, energético y del juego. Además, tales proyectos deben 
contar con una estrategia de responsabilidad social corporativa y establecer planes  e.
específicos de igualdad. w.b
2.   Para la consideración del carácter de interés autonómico de un proyecto de inversión  03ww
Eemxtpreremsaadriuarla, ,c suea nredqou eseri rátr aetle c udme pplirmoyieencttoo sd ed ea lgaumnpol idaec iólons  dsieg ueiemnpteress raesq uyias iteosst:ablecidas en
a)  Que, manteniendo el nivel de empleo existente en el momento de solicitar la
calificación como «proyecto empresarial de interés autonómico», se prevea llevar a cabo
la creación de, al menos, 20 UTA durante el año siguiente al de la ampliación de la 
empresa, de tal forma que el nivel de empleo total al año siguiente al de la ampliación de 
la empresa supere las 50 UTA.
b)  Que el volumen de inversión inicial en el proyecto de ampliación sea de un 
mínimo de 10 millones de euros.
c)  Que su volumen de facturación anual sea superior a 10 millones de euros, y que 
su balance general anual sea superior a 20 millones de euros.
3.   Para la consideración de carácter de interés autonómico de un proyecto de 
inversión empresarial, cuando se trate de proyectos de creación de nuevas empresas, se 
requerirá el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:
a)  Un nivel de creación de empleo superior a 50 UTA durante el primer año de inicio 
de la actividad.
b)  Un volumen de inversión inicial de un mínimo de 10 millones de euros, con un 
mínimo de creación de empleo de 20 UTA durante el primer año de inicio de la actividad.
4.   Se define UTA como número de unidades de trabajo por año, es decir, número 
de asalariados a jornada completa empleados durante un año.
5.   La calificación como proyecto empresarial de interés autonómico corresponde al 
Consejo  de  Gobierno,  mediante  Decreto,  a  propuesta  de  la  persona  titular  de  la 
Consejería competente por razón de la materia según el objeto del proyecto y previa 
solicitud del interesado. En todo caso, en el procedimiento para el otorgamiento de la 
calificación  como  proyecto  empresarial  de  interés  autonómico  se  dará  audiencia  al 
ayuntamiento o ayuntamientos interesados.
6.    La  calificación  como  proyecto  empresarial  de  interés  autonómico  podrá 
solicitarse en cualquier momento de la tramitación del proyecto, surtiendo efecto en la 
fecha del otorgamiento por el Consejo de Gobierno.
Artículo 2.  Efectos de la calificación como proyecto empresarial de interés autonómico.
La calificación de un proyecto como proyecto empresarial de interés autonómico 
tendrá los siguientes efectos:
a)  Tendrán carácter prioritario y urgente para toda la administración autonómica. La 
calificación de un proyecto como de interés autonómico conllevará la aplicación de la 
tramitación de urgencia a los procedimientos administrativos previstos en la normativa 
autonómica, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reduciéndose a 
la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos a la presentación de 
solicitudes y recursos.
b)  La licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales, 
será sustituida por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa 
urbanística.
c)  Conlleva su declaración de utilidad pública o interés social, así como la de 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados, a los efectos previstos en la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Tanto la declaración de utilidad 
pública e interés social, como la de urgencia de la ocupación, habrán de hacerse constar, 
en cada caso concreto, en el decreto de calificación del Consejo de Gobierno.
d)  En  los  casos  que  sea  necesario,  el  establecimiento  o  ampliación  de  las  e.e
servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía  b
y  canalizaciones  de  líquidos  o  gases,  detallados  previamente  en  la  propuesta,  de  03ww
confeo)r mPideardm citoirná  llaa  ncoornmcaetsivióan a dpeli cfoarbmlea. directa de subvenciones a efectos de empleo, en
los términos previstos en el artículo 6 de este decreto-ley.
Artículo  3.  Revocación  de  la  calificación  de  proyecto  empresarial  de  interés 
autonómico.
La calificación de proyecto empresarial de interés autonómico será revocada cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1)  Incumplimiento de las condiciones establecidas en la declaración de calificación.
2)  Incumplimiento reiterado por el interesado de su deber de información a la 
unidad  de  proyectos  empresariales  de  interés  autonómico  sobre  el  desarrollo  del 
proyecto.
3)  Inactividad del interesado por más de tres meses en cuanto a la realización de 
trámites necesarios para la ejecución del proyecto.
4)  Otras  causas  sobrevenidas  que,  a  juicio  del  Comité  de  Seguimiento  de 
Inversiones, revelen la inviabilidad en el desarrollo del proyecto.
Artículo 4.  Unidad de proyectos empresariales de interés autonómico.
1.   Mediante decreto se creará y regulará la unidad de proyectos empresariales de 
interés autonómico.
2.   Corresponderá a la unidad de proyectos empresariales de interés autonómico la 
identificación, captación, información, acompañamiento y seguimiento técnico de los 
citados proyectos y de su tramitación administrativa, en los términos previstos por la 
normativa que le sea de aplicación y de acuerdo con las indicaciones del comité de 
seguimiento de inversiones.
Artículo 5.  Comité de seguimiento de inversiones.
1.    Se  crea  el  comité  de  seguimiento  de  inversiones  para  la  evaluación  y 
seguimiento  de  los  proyectos  empresariales  de  interés  autonómico,  adscrito  a  la 
Consejería competente en materia de empresa. Este comité velará por el cumplimiento 
de los plazos y efectos que conlleva esta calificación.
2.   En el Decreto de calificación como proyecto empresarial de interés autonómico 
se determinará la composición del comité de seguimiento de inversiones.
Artículo  6.  Subvenciones  a  efectos  de  empleo  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura a proyectos empresariales de interés autonómico.
Se podrán otorgar subvenciones de concesión directa a los proyectos empresariales 
calificados como proyectos empresariales de interés autonómico, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1, para la contratación de personal y para la realización de 
acciones formativas de los trabajadores vinculados al proyecto empresarial.
El otorgamiento de las subvenciones se realizará mediante la formalización de un 
convenio entre la entidad concedente y los beneficiarios o mediante resolución, previa 
solicitud  de  estos  acompañada  del  correspondiente  Plan  de  Actuaciones, 
estableciéndose en el convenio o resolución las condiciones y compromisos aplicables, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto-ley, en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la restante 
normativa en materia de subvenciones que pudiera resultar de aplicación.
CAPÍTULO II e.e
Liberalización transitoria de apertura de establecimientos comerciales 03ww
Artículo 7.  Flexibilización de apertura de establecimientos comerciales.
mino1r.i sta C oinnc lcuaidráocst eern t raenl sáitmorbioit,o l odse e satpalbiclaecciiómnie dneto sla y  Lseuyp e3rf/i2c0ie0s2 c, odmee 9rc iadlee sm daey ove, ndtea   BOE-A-cable e
Comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán permanecer abiertos al 
público durante los días no hábiles a efectos comerciales.
2.   La medida establecida en este artículo será de aplicación durante 3 meses a 
contar desde la entrada en vigor del presente decreto-ley.
CAPÍTULO III
Medias en materia de denominaciones de origen, agraria y de espectáculos 
públicos
Artículo 8.  Modificación de la de Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos Reguladores 
de  Denominaciones  de  Origen  e  Indicaciones  Geográficas  de  Calidad 
Agroalimentaria de Extremadura.
El apartado 4 del artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«Corresponderá a los órganos de gestión la organización de los procesos de 
elección de sus órganos de gobierno de conformidad con lo establecido en el 
reglamento  o  en  los  estatutos  de  la  denominación  de  origen  o  indicación 
geográfica, sin perjuicio de la supervisión por la Consejería competente.»
Artículo 9.  Modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
1.   La letra b) del apartado 2 del artículo 50 queda redactada del siguiente modo:
«b)  La constitución, composición, funciones y normas de funcionamiento de 
sus  órganos  de  gobierno  y  de  administración,  procedimientos  de  provisión, 
renovación, revocación y cese de sus miembros, salvo que el Reglamento opte 
por  remitir  total  o  parcialmente  su  regulación  a  los  estatutos,  y  causas  de 
inelegibilidad o incompatibilidad.»
2.   El apartado 1 del artículo 266 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 266.  Cambio del uso forestal.
1.  El cambio del uso forestal de un monte, entendido como toda actuación 
material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter o condición de 
tal, cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de la 
normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe 
favorable  de  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  montes  y 
aprovechamientos forestales y, en su caso consentimiento del titular del monte.
A efectos de las autorizaciones de cambio de uso forestal a agrícola, se 
consideran de interés general, por razones de retos demográficos y territoriales, y, 
por tanto, no tendrán carácter excepcional ni será vinculante el informe del órgano 
forestal, los cambios de uso forestal, que, no siendo necesaria la evaluación de 
impacto ambiental para realizar la actividad, reúna los siguientes requisitos:
Estar situados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios o estar situados en 
términos municipales que padezcan desventajas demográficas.
Entendiendo como estos últimos aquellos que en virtud de lo previsto en el 
artículo 10.4 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible  e.
del medio rural, se clasifiquen como zonas “a revitalizar” o cumplan los mismos  w.b
criterios.» 03ww
3.  Se añade una nueva Disposición adicional a la Ley 6/2015, de 24 de marzo, 
Agraria de Extremadura, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimonovena.  Declaración de interés general de obras 
de mejora, modernización y consolidación de infraestructuras de regadíos a 
realizar por las Comunidades de Regantes y las comunidades de usuarios.
1.  Mediante decreto, aprobado a propuesta de la Consejería competente en 
materia de regadíos, y en los términos que establezca la normativa reguladora de 
las actuaciones de mejora, modernización y consolidación de infraestructuras de 
regadíos a realizar por las Comunidades de Regantes y las Comunidades de 
Usuarios, la Junta de Extremadura podrá declarar de interés general las obras a 
ejecutar.
2.  La  declaración  de  interés  general,  unida  a  la  previa  aprobación  del 
proyecto  de  obras  correspondiente,  llevará  implícita  la  declaración  de  interés 
social  e  implicará,  asimismo,  la  necesidad  de  ocupación  de  los  bienes  y  la 
adquisición de los derechos necesarios para la efectiva ejecución de las obras de 
mejora y modernización de infraestructuras de regadío, todo ello para los fines de 
expropiación  forzosa  y/o  ocupación  temporal,  según  las  circunstancias  o 
actuaciones a desarrollar.
Los efectos previstos en el párrafo anterior se extenderán igualmente a los 
bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las posibles 
modificaciones que posteriormente puedan introducirse en éste.
3.  Las  Comunidades  de  Regantes  y  las  Comunidades  de  Usuarios  que 
hayan promovido las actuaciones declaradas de interés general mediante Decreto 
de la Junta de Extremadura tendrán la consideración de beneficiarios en los 
procedimientos de expropiación forzosa.
4.  En el supuesto de que pretenda seguirse el procedimiento previsto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la propuesta de declaración de 
interés general, a la que se refiere el apartado 1 anterior, deberá contener además 
la de declaración de urgencia de la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por los proyectos de obras que vayan a ejecutarse. En este 
supuesto, el decreto que, en su caso, declare el interés general de las obras a 
ejecutar, deberá contener igualmente el pronunciamiento sobre la declaración de 
urgencia.»
Artículo 10.  Modificación de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se suprime el apartado 3 del artículo 29.
CAPÍTULO IV
Medidas en materia de transporte
Artículo 11.  Servicios de transporte de viajeros por carretera a la demanda.
1.   Desde la fecha de entrada en vigor de la presente norma, podrá autorizarse la 
prestación de servicios regulares de uso general de viajeros por carretera, sometidos a 
obligaciones de servicio público, en régimen de transporte a la demanda, determinado  e.
exclusivamente  por  la  solicitud  de  los  viajeros  en  función  de  sus  necesidades  de  w.
desplazamiento. 03ww
La petición de la empresa operadora deberá incluir los siguientes extremos:
medaia) nteL oess tese srivsitceiomsa .y las localidades que, formando parte de éstos, se atenderán
b)  El calendario y, en su caso, las franjas horarias dentro de las cuales puede 
actuar la demanda de las personas usuarias.
c)  El número mínimo de vehículos y de plazas puestos a disposición del transporte, 
indicando, en caso de que la ocupación del servicio lo permita, la pretensión de utilizar 
vehículos de menor capacidad a los adscritos a la explotación, en cuyo caso deberá 
detallarse el número y plazas de los mismos.
2.   El cálculo de la compensación que, en su caso, proceda, por el cumplimiento de 
las  obligaciones  de  servicio  público  en  régimen  de  transporte  a  la  demanda,  de 
conformidad con el apartado anterior, se ajustará a las condiciones establecidas en la 
respectiva autorización y tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
a)  Los servicios efectivamente realizados devengarán una compensación sujeta al 
número de kilómetros efectuados, de acuerdo con la totalidad de costes e ingresos que 
concurran en la ejecución del servicio.
b)  Los  servicios  no  realizados  que  comporten  disponibilidad  de  medios, 
computarán, a efectos de la compensación, exclusivamente en relación con los costes 
fijos exigidos para la citada disponibilidad.
3.   Se entenderá por servicios efectivamente realizados los desplazamientos que 
supongan el traslado de, al menos, una persona usuaria demandante del viaje, desde el 
lugar de origen del servicio hasta el de destino, incluyendo el viaje de retorno, siempre 
que este se ejecute en vacío sin conllevar otras demandas concurrentes.
4.   Se consideran costes fijos, a los efectos de lo dispuesto en la letra b) del 
apartado 2, los gastos que soporta la empresa operadora relativos a la disponibilidad, 
tanto del personal de conducción como de los vehículos, ofrecida para los servicios no 
realizados. Los costes fijos de los vehículos serán los correspondientes a las partidas de 
amortización, financiación, seguros y costes fiscales.
5.   El título habilitante establecerá el procedimiento propio de este régimen de 
transporte, que deberá incluir, en todo caso, la garantía de la recepción de la demanda 
por la empresa prestadora del servicio.
Artículo 12.  Modificación del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de 
transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas 
obligaciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en 
autobús.
1.  Se añade una letra d) al apartado 1 del artículo 15, que queda redactada del 
siguiente modo:
«d)  Servicios de transporte complementario al transporte sanitario.»
2.   El apartado 2 del artículo 15, queda redactado del siguiente modo:
«Para la realización de los servicios descritos en las letras a) (servicios de 
transporte público regular de uso general), b) (servicios de transporte público 
regular de uso especial), y d) (servicios de transporte complementario al transporte 
sanitario) el transportista podrá utilizar, si las condiciones técnicas de su vehículo 
lo permiten, una capacidad de hasta nueve plazas, incluida la del conductor.» s
3.   Se añade un apartado 4 al artículo 18, del siguiente tenor literal. w.b
emsonubteidr«sea4t rd.ta reassS n bseuipo  eolóxorgtcregiec apainntsúti,esa mrs ndioeaesmc  ilopopnr eúda bils qlipducueoee s sme tldo ete rrecal ansns laeecdlíc aotaos p rna pores taaelidgnsortitéo a s2rsai oues jl e ppctoaoo rrnaa tcr l aaAetrolcr e ucttereearrldneaosb  p(rAeaoudDrtroeRo  pc),oed noey     OE-A-2020-83able en https://
aquél se efectúe en un envase/embalaje diseñado para evitar cualquier fuga, en el
que  figure  la  indicación  “Muestra  humana  exenta”,  debiendo  dicho  recipiente 
cumplir las condiciones previstas en el mencionado Acuerdo.»
4.  Se añade un nuevo artículo 18 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 18 bis.  Servicios de transporte complementario al transporte sanitario.
1.  Se considera servicio de transporte complementario al transporte sanitario 
aquel que, siendo prestado por una empresa titular de autorización de transporte 
documentada en tarjeta de la clase VT, en virtud de un contrato con entidades u 
organismos públicos o privados, o con entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social, tiene como finalidad el desplazamiento de personas que, ostentando la 
condición  sanitaria  de  pacientes,  no  precisan,  para  su  traslado,  de  camilla, 
asistencia sanitaria o atención de urgencia que requieran el uso de un vehículo 
ambulancia, a criterio facultativo.
2.  Para la ejecución del transporte, la facultad de la empresa transportista 
para recoger, en su domicilio, a los pacientes objeto del contrato, se extenderá 
exclusivamente a aquellos municipios comprendidos dentro de la zona de salud a 
la que pertenezca la localidad en que se encuentre residenciada la autorización de 
transporte  VT,  de  acuerdo  con  la  distribución  geográfica  prevista  por  el 
Decreto 166/2005, de 5 de julio, por el que se aprueba el Mapa Sanitario de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o norma que lo sustituya.»
CAPÍTULO VI
Medidas en materia de oficinas de atención ciudadana y registro
Artículo  13.  Modificación  de  la  Ley  1/2002,  de  28  de  febrero,  de  Gobierno  y 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1.   El artículo 84 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 84.  De la relación con la ciudadanía.
1.  La  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  deberá  organizar  un 
sistema de información horizontal que permita a la ciudadanía el conocimiento 
efectivo de sus competencias, funciones y organización, servicios, prestaciones y 
procedimientos administrativos y ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones.  El  sistema  será  coordinado  por  la  Consejería  que  ejerza  las 
funciones de atención ciudadana y soportado tecnológicamente por la que ejerza 
las competencias en este ámbito.
2.  El  sistema  de  información  soportará  una  relación  cercana  con  los 
extremeños y extremeñas para generar una experiencia ágil, simple y uniforme en 
el acceso a los servicios mediante las oficinas de asistencia a la ciudadanía que 
se habiliten, el sitio web corporativo y los sectoriales que se establezcan, las redes 
sociales y el teléfono centralizado conforme a la Cartera de Servicios que se 
determine para cada canal, con pleno respeto a la normativa sobre protección de 
datos y seguridad de la información.»
2.  Se añade el artículo 84 bis que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 84 bis.  Oficinas de asistencia a la ciudadanía. b
lidane fo elran1m t.r aaadcdSmiaóoi nnne i nsao t frvilacaigci noicóarinu sd  ddaeaeu de taoasnnstaiíósa mtL eseincoycab i raryee /aa oll  iolzeasan  nctsii duepadrrvdeaiescdeisao nnsdcí eaiyal   alsmpqereuocnéctotellerad  spifmu úqnbiueclienico tooen,sne o  sea  ddld emem  roianemtigeseintsrnctartitóooivn  ddo eees     OE-A-2020-83able en https://
documentos conforme al Decreto 207/2009.
2.  Las oficinas de asistencia a la ciudadanía se clasifican, por el alcance de 
sus servicios, en:
a)  Oficinas de asistencia general
b)  Oficinas de asistencia especializada.
3.  Son oficinas de asistencia general aquéllas que prestan a la ciudadanía 
servicios  de  información  sobre  cualquier  servicio,  prestación  o  procedimiento 
administrativo  de  las  diferentes  Consejerías  o  entidades  del  sector  público  y 
dependen  orgánica  y  funcionalmente  de  la  Consejería  con  competencias  en 
materia de atención ciudadana.
4.  Son  oficinas  de  asistencia  especializada  aquéllas  que  prestan  a  la 
ciudadanía los servicios de información sobre un ámbito de actividad concreto 
relacionado con las funciones administrativas de la Consejería o entidad del sector 
público de la que dependen orgánicamente.
En este supuesto, cada Consejería destinará el personal necesario para llevar 
a  cabo  todas  las  funciones,  sin  perjuicio  de  su  dependencia  funcional  de  la 
Consejería  con  competencias  en  atención  ciudadana  para  garantizar  una 
experiencia uniforme del ciudadano en su acceso a los servicios públicos.
5.  La  persona  titular  de  la  Consejería  con  competencias  sobre  atención 
ciudadana  podrá  crear,  modificar  o  suprimir  las  oficinas  de  asistencia  a  la 
ciudadanía  de  las  Consejerías  y  entidades  vinculadas  o  dependientes  para 
garantizar el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones y disfrute de 
servicios, por diferentes canales, a los extremeños y extremeñas.
Cuando en una misma sede física, edificio o complejo administrativo coincidan 
varias oficinas de asistencia a la ciudadanía se procederá a su agrupación, para 
su transformación en una oficina de asistencia general que pasará a depender 
orgánica y funcionalmente de la Consejería con competencias sobre atención 
ciudadana con los recursos existentes salvo incompatibilidad legal por el régimen 
aplicable al personal, otras circunstancias o necesidad de garantizar los niveles de 
servicio por los diferentes canales.
6.  El sitio web corporativo o punto de acceso general de los servicios y 
trámites de la administración autonómica ofrecerá información actualizada sobre la 
localización de las oficinas de asistencia a la ciudadanía y su nivel de servicios.
En dicho espacio, podrán incluirse oficinas de otras entidades públicas que 
ofrezcan  servicios  de  información  de  su  ámbito  de  competencia  y  de  la 
administración autonómica mediante la formalización del oportuno convenio por la 
consejería con competencias en atención ciudadana
7.  Las oficinas de asistencia a la ciudadanía prestarán los servicios que se 
determinen reglamentariamente facilitando, en todo caso, a los interesados el 
ejercicio de los derechos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento de 
Administrativo Común relacionados con la asistencia en materia de registros y, en 
particular, los siguientes:
a)  Presentación, recepción y registro de solicitudes, escritos, comunicaciones 
emitiendo el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
b)  Asesoramiento y provisión de los medios de identificación y firma digital 
para las personas que así lo soliciten.
c)  La  comunicación  a  las  personas  interesadas  de  la  información  de  s
identificación del órgano, centro, unidad administrativa o entidad a la que se dirige  oe.
la solicitud, escrito, comunicación o documentos. w.
easdtmadsin)  iosftOircaitntoivargosa. pr oarp oqdueierna moisetnetnot e« alap ucdo nadcticai»ó nm deed iainntteer ecsoamdpoa erenc eunnc ipar opceersdoimnaiel netno   2020-8303n https://ww
e)  Expedir  copias  auténticas  electrónicas  de  documentos  en  soporte
electrónico o en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a
un  expediente  administrativo  conforme  a  las  políticas  de  gestión  documental, 
privacidad y seguridad de la información de la Junta de Extremadura.
f)  La identificación o firma electrónica del interesado en el procedimiento 
administrativo,  mediante  el  uso  de  sistema  de  firma  del  que  esté  dotado  el 
funcionario habilitado para ello, siempre que el interesado carezca de los medios 
electrónicos necesarios, y preste su consentimiento expreso para esta actuación, 
de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
g)  Realizar notificaciones por comparecencia en la oficina del interesado o su 
representante cuando así lo solicite la comunicación
h)  Facilitar a los interesados los modelos normalizados de propósito general 
para inicio de su relación. 
i)  Identificar a los interesados en el procedimiento.
j)  Informar  sobre  el  procedimiento  a  seguir  para  formular  quejas  o 
sugerencias
k)  Cualesquiera  otros  que  se  establezcan  por  una  norma  básica  o 
reglamentaria respecto al nivel de servicios que se ofrece en cada categoría de 
oficina».
Artículo 14.  Transformación de las oficinas que prestan presencialmente servicios de 
información sobre procedimientos y servicios administrativos y de las oficinas de 
registro en oficinas de asistencia a la ciudadanía.
1.   La administración autonómica y entidades del sector público transformarán las 
oficinas por las que se prestan presencialmente servicios de información sobre los 
servicios  y  procedimientos  administrativos  y/o  se  realizan  funciones  incluidas  en  el 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro 
Único  y  se  regulan  las  funciones  administrativas  del  mismo  en  el  ámbito  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en oficinas de asistencia a 
la ciudadanía conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta norma, bajo la dirección y 
coordinación de la persona titular de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda 
y  Administración  Pública  de  la  Junta  de  Extremadura  realizando  para  ello  las 
modificaciones reglamentariamente procedentes de forma urgente y, en todo caso, antes 
de 2 de octubre de 2020 a fin de garantizar a la ciudadanía los derechos de los 
interesados  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
procedimiento  administrativo  común  y  la  Ley  8/2019,  de  5  de  abril,  para  una 
Administración más ágil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
2.    En  relación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  de  modificación  de  la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en lo que se refiere a la dependencia orgánica de las oficinas de 
asistencia general, la plena efectividad de la misma quedará supeditada a la previa 
modificación de la relación de puestos de trabajos que se vean afectadas.
CAPÍTULO VII
Medidas en materia de contratación
Artículo 15.  Modificación de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de Contratación 
Pública Socialmente Responsable de Extremadura.
El apartado 1 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo: o
«1.  En los contratos menores de obras de valor estimado igual o superior  03ww
asu 1p5e.r0io0r0 a  e3u.r0o0s0,  ey uerons ,l oqsu ed ec esleerbvriec iolas  Jyu nstuam dien isEtrxotrse mdea dvuarlao ry  eesl tismeacdtoor  ipgúuballi coo 
autonómico que tenga la consideración de poder adjudicador, será preceptiva la
consulta previa a un mínimo de tres empresas que puedan ejecutar el contrato, 
utilizando para ello medios telemáticos.
No procederá la consulta cuando la prestación objeto del contrato solo pueda 
ser prestada por un único empresario, o cuando la tramitación de la consulta 
dificulte, impida o suponga un obstáculo para satisfacer de forma inmediata las 
necesidades que en cada situación motiven el contrato menor. En estos casos se 
justificará dicho extremo en informe motivado que se incorporará el expediente. En 
cualquier circunstancia, la solicitud de tres ofertas se entenderá cumplida, sin 
necesidad de informe motivado, si se diera publicidad previa a la licitación».
Disposición adicional primera.  Órganos competentes para la adopción de medidas en 
materia de salud pública en la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.
1.   En la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 corresponde al 
Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Extremadura  adoptar,  mediante  acuerdo,  las 
medidas especiales previstas en el artículo 51 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de 
Salud Pública de Extremadura, así como de aquellas de análoga naturaleza establecidas 
en la legislación estatal cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a)  Que  se  trate  de  medidas  generales  que,  afectando  a  diversos  ámbitos 
materiales,  se  adopten  en  relación  con  la  ciudadanía  tras  la  superación  por  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura de la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril 
de  2020,  y  mientras  dure  la  situación  de  emergencia  sanitaria  generada  por  la 
COVID-19.
b)  Aquellas  medidas  de  intervención  administrativa  de  carácter  específico  que 
hubieren de adoptarse cuando afectaren a núcleos de población y resulten necesarias 
para garantizar la protección de salud pública o evitar la propagación del virus entre la 
población o sector afectado.
c)  Las demás medidas que, por su especial repercusión, le sean elevadas para su 
adopción por el titular de la Consejería con competencias en materia de salud pública.
2.   En el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 corresponde al 
titular  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  salud  pública  adoptar,  mediante 
resolución, las medidas especiales previstas en el artículo 51 de la Ley 7/2011, de 23 de 
marzo, de Salud Pública de Extremadura, así como de aquellas de análoga naturaleza 
establecidas  en  la  legislación  estatal  cuando  concurra  alguno  de  los  siguientes 
supuestos:
a)  Que se trate de medidas de desarrollo o ejecución de las medidas generales 
adoptadas por el Consejo de Gobierno al amparo de la letra a) del número anterior, así 
como aquellas otras que, con carácter adicional o complementario a las de naturaleza 
general  acordadas  por  el  Consejo  de  Gobierno,  deban  adoptarse  por  razones  de 
urgencia.
b)  Que se trate de medidas especiales específicas de intervención administrativa 
no atribuidas al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la letra b) del 
número anterior, y que sea necesario adoptar para garantizar la protección de salud 
pública o evitar la propagación del virus entre la población general.
Las medidas adoptadas al amparo de esta letra b) podrán ser propuestas al Consejo  b
de Gobierno para su adopción por el titular de la Consejería competente en materia de  03ww
salud pública cuando tuvieran una especial repercusión.
Disposición adicional segunda.  Medida especial de intervención sanitaria en centros 
residenciales para personas mayores.
1.   Durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 podrá 
adoptarse la medida especial de intervención sanitaria en dispositivos residenciales 
públicos y privados en el ámbito de los servicios sociales especializados para personas 
mayores cuando, atendiendo a la situación epidemiológica y asistencial del centro y de 
conformidad con el principio de proporcionalidad, se entendiera necesario.
La intervención, con el objetivo de garantizar los máximos niveles de protección para 
residentes y trabajadores, podrá suponer, entre otras, la adopción de las siguientes 
medidas:
a)  El asesoramiento, la supervisión o el control de la asistencia sanitaria del centro, 
según los casos.
b)  La reubicación y el aislamiento de pacientes y, cuando fuera necesario, su 
traslado fuera del centro.
c)  La supervisión, asesoramiento o control del personal no sanitario, cuando fuere 
preciso.
d)  La disposición de los recursos materiales y humanos del centro cuando resultare 
necesario para garantizar la viabilidad de la intervención.
e)  Con carácter extraordinario, la asunción de la dirección del centro.
2.   Esta medida será adoptada por el titular de la Consejería competente en materia 
de sanidad.
Disposición adicional tercera.  Régimen sancionador por incumplimiento de las medidas 
preventivas  adoptadas  en  relación  con  la  crisis  sanitaria  ocasionada  con  el 
COVID-19.
El incumplimiento de las medidas preventivas u obligaciones en materia de salud e 
higiene  relacionadas  con  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  que  se 
establecieren al amparo de los acuerdos o resoluciones adoptados por las autoridades 
competentes,  serán  sancionados  de  acuerdo  con  la  legislación  que  resultare  de 
aplicación, conforme a la tipificación establecida en la misma y de acuerdo con sus 
normas competenciales.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan 
al presente decreto-ley.
Disposición final primera.  Habilitaciones.
Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.
Disposición final segunda.  No congelación de rango.
La modificación del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte 
público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones  e.
relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús, que se  w.b
realiza  en  el  artículo  12  de  este  decreto  ley,  tiene  carácter  reglamentario  y,  en  03ww
pcounesdeacnu reenacliizaa, rl aas  pmarotidr ifdicea lcai oennetsra od ad eenro vgiagcoiro ndees e sdtee  ldoesc preretoc-elepyto pso od rdái srepaolsizicairo nae tsra qvuées 
de la norma reglamentaria correspondiente.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario 
Oficial de Extremadura».
Mérida, 19 de junio de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, Pilar Blanco-Morales Limones.
(Publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» extraordinario número 4, de 20 de junio de 2020. Convalidado 
por Acuerdo de la Asamblea de Extremadura publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 135, 
de 14 de julio de 2020)