BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 120 Jueves 20 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 61908
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO FISCAL
8435 Circular 2/2021, de 30 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre el 
tratamiento de la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil.
1.  Introducción y delimitación metodológica. 2. Intervención del Ministerio Fiscal en 
las cuestiones de competencia. 3. Reglas generales sobre competencia territorial. 3.1 
Determinación  del  fuero  aplicable.  3.2  Carácter  dispositivo  de  las  normas  sobre 
competencia territorial. 3.3 Fuero general de las personas físicas. 3.4 Fuero general de 
las personas jurídicas. 3.5 Acumulación de acciones. 3.6 Acumulación de demandados. 
4. Reglas específicas sobre competencia territorial. 4.1 Procesos en los que el/la fiscal 
tiene la cualidad de parte o de interviniente. 4.1.1 Procesos sobre la capacidad de las 
personas. 4.1.1.1 Competencia para conocer de las demandas sobre capacidad. 4.1.1.2 
Competencia para los procedimientos sobre cuestiones relativas a la tutela, la curatela y 
la  guarda  de  hecho.  4.1.1.2.1  Competencia  para  el  procedimiento  de  ejecución  de 
medida cautelar. 4.1.1.2.2 Competencia para el procedimiento para nombramiento de 
tutor.  4.1.1.2.3  Competencia  para  el  procedimiento  para  cambio  de  tutor.  4.1.1.2.4 
Competencia para disponer de bienes. 4.1.1.2.5 Competencia para adoptar medida de 
control en protección de la persona con discapacidad. 4.1.1.3 Competencia para el 
internamiento  involuntario.  4.1.2  Procesos  para  la  protección  de  derechos 
fundamentales. 4.1.3 Procesos matrimoniales. 4.1.3.1 Marco general. 4.1.3.2 Demanda 
de medidas provisionales previas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos menores. 
4.1.3.3  Procedimientos  de  nulidad,  separación  y  divorcio  contenciosos.  4.1.3.4 
Procedimiento para la modificación de medidas definitivas. 4.1.3.5 Procedimiento para 
adopción de medidas urgentes previas a la demanda de modificación de medidas. 
4.1.3.6 Medidas paterno filiales, sobre guarda y custodia y alimentos de un menor. 
4.1.3.7 Solicitud de eficacia civil de sentencia canónica de nulidad matrimonial. 4.1.4 
Procedimientos  sobre  menores.  4.1.4.1  Procedimientos  de  oposición  a  medidas  de 
protección  de  menores.  4.1.4.2  Procedimientos  sobre  sustracción  internacional  de 
menores.  4.1.4.3  Procedimiento  para  autorizar  la  entrada  en  domicilios  y  restantes 
lugares para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores. 4.1.4.4 
Procedimientos sobre adopción. 4.1.4.5 Procedimiento para adoptar medidas urgentes 
sobre hijo menor. 4.1.4.6 Procedimiento para autorizar el ingreso en centros de menores 
con problemas de conducta. 4.1.4.7 Procedimiento ordinario para la privación de la patria 
potestad. 4.1.5 Concurso de acreedores. 4.1.6 Procesos de filiación. 4.1.7 Juicio de 
alimentos. 4.1.8 Disposiciones generales sobre jurisdicción voluntaria. 4.2 Procesos en 
los que el/la fiscal no tiene la cualidad de parte o de interviniente. 4.2.1 Juicio verbal. 
4.2.2 Proceso cambiario. 4.2.3 Procedimiento para adoptar diligencias preliminares. 4.2.4 
Proceso  monitorio.  4.2.5  Procedimiento  para  la  liquidación  del  régimen  económico 
matrimonial. 4.2.6 Procedimientos de ejecución. 4.2.6.1 Disposiciones generales. 4.2.6.2 
Ejecución de títulos no judiciales. 4.2.6.3 Ejecución de autos de cuantía máxima. 4.2.6.4 
Ejecución  de  título  judicial  extranjero.  4.2.6.5  Ejecución  de  laudo  arbitral.  4.2.6.6 
Ejecución de bienes pignorados o hipotecados. 4.2.7 Procedimiento para el ejercicio del 
derecho de rectificación. 5. Normas especiales. 5.1 Demandas frente a resoluciones de 
la DGRN (actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública). 5.2 Demandas  e.
dirigidas contra el Estado. 5.3 Competencia para conocer de medidas cautelares en  w.b
general.  6.  Fueros  especiales  por  razón  de  la  acción  ejercitada.  6.1  Fuero  de  las  35ww
ya cacpiornoebsa creióanle ds es olabsre  cbuieennteass  indme uaedbmleisn.i s6t.r2a dFoureerso  ddee  lbaise ndeesm aajnednaoss .s o6b.3re  Fpureesroe ndtaec ilóans 
dpeamraa ncduaess tsioonberes  obhleigreadciitoanreiass .d e6 g.4a.r1a ntDíais op ocsoimciópnle mgeennteor adle.  o6tr.a4s.2 a nNteormiobrerasm. 6ie.4n tFou edreo 
administrador  a  herencia  yacente.  6.4.3  División  de  herencia.  6.4.4  Acción  para 
otorgamiento y firma de escritura pública de cuaderno particional. 6.4.5 Sucesión en 
títulos  nobiliarios.  6.4.6  Autorización  para  aceptar  y  renunciar  la  herencia.  6.4.7 
Autorización para la partición de la herencia. 6.5 Fuero para acciones derivadas de 
arrendamientos de inmuebles y de desahucio. 6.6 Fuero de las acciones relativas a 
propiedad  horizontal.  6.7  Fuero  de  las  acciones  de  indemnización  de  los  daños  y 
perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor. 6.7.1 Régimen general. 
6.7.2 Reclamación por daños a vehículo arrendado. 6.7.3 Acción directa de perjudicado 
contra la aseguradora del causante del accidente. 6.7.4 Acción de repetición entre 
aseguradoras. 6.7.5 Acción de repetición contra el asegurado. 6.7.6 Acción directa del 
asegurado contra su compañía. 6.7.7 Acción de aseguradora y asegurado contra el 
propietario del otro vehículo causante del accidente y su aseguradora. 6.7.8 Acciones de 
repetición de asegurador contra concesionario de autopista. 6.7.9 Acción de repetición 
del Consorcio de Compensación de Seguros. 6.7.10 Acción del prestador de asistencia 
sanitaria contra el seguro del causante del accidente. 6.7.11 Acción directa de los 
perjudicados frente a la aseguradora en siniestro de circulación producido en otro país 
de la UE. 6.7.12 Acción subrogatoria contra el causante del accidente y su aseguradora. 
6.8 Fuero de las acciones de impugnación de acuerdos sociales. 6.9 Fuero de las 
demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual. 6.10 Fuero en materia de 
competencia desleal. 6.11 Fuero en materia de patentes y marcas. 6.12 Fuero de las 
acciones sobre cláusulas de condiciones generales de la contratación. 6.13 Fuero de las 
tercerías de dominio o de mejor derecho. 6.14 Fuero de las acciones derivadas del 
contrato de agencia. 6.15 Fuero de las acciones en materia de seguros. 6.16 Fuero de 
las acciones en materia de ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos 
destinados a su financiación. 6.17 Fuero de las acciones en materia de contratos de 
prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido 
precedida  de  oferta  pública.  6.18  Fuero  residual  de  las  acciones  individuales  de 
consumidores  o  usuarios.  6.18.1  Ideas  generales.  6.18.2  Cesiones  de  crédito  de 
consumidores a empresas mercantiles. 6.18.3 Transporte aéreo. 6.18.4 Demandas de 
clientes contra establecimientos hoteleros. 6.19 Jura de cuentas. 6.20 Justicia gratuita. 
6.21 Exequatur. 7. Cuestiones de procedimiento. 7.1 Momento procesal para plantear de 
oficio la competencia. 7.2 Especialidades cuando concurren varios fueros. 7.3 Cambio de 
domicilio: perpetuatio iurisdictionis.  7.4 Audiencia de partes. 7.5 La declinatoria. 7.6 
Órgano competente para resolver los conflictos negativos de competencia. 7.7 Recursos 
en materia de competencia territorial. 8. Cuestiones organizativas internas. 9. Cláusula 
de vigencia. 10. Conclusiones.
1. Introducción y delimitación metodológica
Ha  sido  tradicional  atribuir  al  Ministerio  Fiscal  la  función  de  vigilancia  del 
cumplimiento de las normas que delimitan la competencia en los distintos órdenes 
jurisdiccionales. Esta asignación funcional tiene remotos antecedentes, contemplándose 
ya en la el art. 838.3 de la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870.
El art. 3.8 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal (en adelante EOMF), dispone que «corresponde al Ministerio Fiscal […] mantener 
la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los 
conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten 
procedentes, e intervenir en las promovidas por otros». s
En una aproximación general puede decirse que en la necesidad de respetar las  e.
normas de competencia subyacen intereses públicos y sociales entroncados con el  w.
derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley. 35ww
II, SLeac crieógnu IlIa, cairótns.  d5e0  laa  6co0m dpee late LnEciCa  tdeerr 2ito0r0ia0l. se contiene en el Libro I, Título II, Capítulo
terriEtonri apl rtiniecnipeino ,n saetugrúanle zsae  ddisepsopsreitnivdae.  Ldae lL aErCt.  r5e4c oLnEoCce, ,l assig unioernmdaos s suosb prere cceodmepnetetesn, cuian   BOE-A-cable e
ámbito de operatividad a la autonomía de la voluntad mediante la atribución de efectos a 
la sumisión de las partes (expresa o tácita) al configurarla como criterio preferente en la 
determinación de la competencia territorial.
Este reconocimiento hunde sus raíces en la concepción de que siempre que se 
respeten  las  normas  de  competencia  objetiva  y  funcional,  el  interés  público  queda 
salvaguardado, siendo indiferente que conozca uno u otro órgano del mismo orden y 
rango, por lo que debe partirse de una norma general que la considera prorrogable.
Sin embargo, en el ámbito de la competencia territorial, el campo aparentemente 
amplio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  se  ve  limitado  al  incorporar  la  Ley  fueros 
imperativos  en  numerosas  materias  que  pueden  sintetizarse  en  los  siguientes:  en 
procesos  relativos  a  acciones  reales  sobre  bienes  inmuebles;  en  procesos  sobre 
cuestiones  hereditarias;  en  procesos  de  protección  de  derechos  fundamentales;  en 
procedimientos sobre arrendamientos de inmuebles; sobre propiedad horizontal; sobre 
daños ocasionados por la circulación de vehículos de motor; en procedimientos sobre 
impugnación  de  acuerdos  sociales;  en  propiedad  industrial;  competencia  desleal; 
patentes y marcas; en procedimientos sobre condiciones generales de contratación; en 
tercerías de dominio o mejor derecho; en seguros; en venta a plazos de bienes muebles, 
contratos destinados a su financiación y los contratos sobre prestación de servicios o 
bienes muebles cuando la celebración de los mismos haya sido precedida de oferta 
pública y en procedimientos relativos a consumidores y usuarios y asimilados.
Además, se excluye la prorrogatio fori con carácter general para el juicio verbal –uno 
de los dos procesos declarativos ordinarios instaurados por la LEC– así como para los 
procedimientos especiales, en los términos que se expondrán en la presente Circular.
El art. 54.1 LEC introduce igualmente una cláusula genérica en la que se remite a las 
demás previsiones que las Leyes pudieran introducir estableciendo otros supuestos de 
imperatividad de la competencia territorial. Dentro de esta cláusula se comprendería el 
fuero privilegiado del Estado y asimilados, el fuero para el ejercicio del derecho de 
rectificación y el fuero previsto para el concurso de acreedores.
En realidad, la imperatividad del fuero en los procesos de familia, verbales, monitorio, 
ejecución ordinaria y cambiaria, hacen que desde un punto de vista cuantitativo, la gran 
mayoría de los procedimientos se sometan a lo que en teoría es la excepción. Puede 
decirse que en la práctica la competencia territorial en el proceso civil es mucho más 
imperativa que dispositiva.
Esta publificación de los fueros territoriales obedece a distintas justificaciones: la 
naturaleza  pública  de  los  intereses  en  conflicto,  la  conveniencia  de  promover  la 
distribución  equitativa  de  asuntos  entre  los  juzgados,  la  necesidad  de  promover  la 
economía  procesal  y  procurar  evitar  las  dilaciones  indebidas,  la  necesidad  de 
especialización, la seguridad del tráfico mercantil o la finalidad de facilitar la inmediación 
judicial o la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte más débil de la 
relación  jurídica  debatida.  Común  denominador  a  todas  las  justificaciones  es  que 
subyace un interés público que exige preservar en estos casos el respeto a las normas 
de competencia territorial.
La  Circular  1/2001,  de  5  de  abril,  relativa  a  la  incidencia  de  la  nueva  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil en la intervención del fiscal en los procesos civiles abordó de forma 
periférica  la  competencia  territorial,  de  forma  meritoria,  teniendo  en  cuenta  que  se 
carecía de experiencia práctica. Transcurridos más de 20 años de la publicación de la 
LEC, se hace necesario revisar sus postulados y completarlos, pues se han mostrado 
insuficientes  para  solventar  las  dudas  interpretativas  que  la  práctica  ha  puesto  de  s
manifiesto. oe.
La finalidad del presente documento es servir de ayuda a las/os Sras./es. Fiscales a  w.
la hora de dictaminar sobre competencia, teniendo en cuenta que deben intervenir en  35ww
tcoridteorsio los sy p lrao cceadsiumísietinctao sh aecne l oms uqyu ec oeml jpuleezja p llaan ltaebeo dr ed eo fiecnioc olan tcruaer slatió sno. lLuaci ódnis pceorrsreiócnta d ea 
cada conflicto.
Si el/la fiscal, ante las dudas del juzgado sobre su competencia, emite un dictamen 
fundado y riguroso, las posibilidades de que llegue a plantearse indebidamente una 
cuestión de competencia disminuirán exponencialmente, y con ello, las dilaciones que 
necesariamente generan estos incidentes.
Como refiere el ATS de 29 de noviembre de 2016 (rec. 1001/2016), los conflictos de 
competencia «dilatan la resolución de la solicitud formulada, con grave perjuicio para los 
interesados».
Las cifras de conflictos de competencia territorial que anualmente se alcanzan, de 
acuerdo  con  las  estadísticas  del  CGPJ  y  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  son 
extraordinariamente altas, habiéndose calculado el promedio de duración añadida del 
proceso en estos casos en diez meses y medio, cuando deben ser resueltos por el TS.
Un elevado número de conflictos que se plantean en la práctica son perfectamente 
evitables, pues la cuestión que se debate ha sido ya resuelta por el tribunal Supremo, 
que ha ido generando una amplísima doctrina sobre los fueros territoriales.
No se pretende con la presente Circular estudiar todos los supuestos –pues ello 
llevaría a una extensión desmesurada– sino exponer los ámbitos que generan mayores 
problemas  y  las  soluciones  claramente  asentadas,  dando  respuesta  a  supuestos 
dudosos, sistematizando las materias, ordenando los criterios y facilitando un índice 
detallado, de forma que la consulta para los Fiscales que deban dictaminar sea lo más 
sencilla posible.
2. Intervención del Ministerio Fiscal en las cuestiones de competencia
La intervención del Ministerio Fiscal solo está prevista cuando el juzgado, una vez 
presentada la demanda, advierta la posible falta de competencia territorial, siempre que 
esta venga determinada conforme a normas de carácter imperativo (art. 58 LEC).
En cuanto a la intervención del fiscal en las cuestiones de competencia planteadas a 
instancia de parte, la Circular 1/2001 disponía que «conviene tener presente que la LEC 
no prevé esa intervención, pero tampoco la excluye expresamente. Carecería de sentido 
práctico transmitir a los Sres. Fiscales una idea de necesariedad de la intervención del 
Fiscal a toda costa, en cuantas declinatorias pudieran promoverse en el futuro por los 
litigantes, pues el conocimiento por el Ministerio Fiscal de la existencia misma de la 
declinatoria estará siempre condicionado por el hecho de que el propio juez o tribunal le 
dé traslado de la solicitud. Es previsible que en este punto, como en tantos otros, surjan 
interpretaciones  dispersas  que  se  traduzcan  en  una  petición  de  informe  o  en  la 
inexigencia de éste, en función del criterio que se suscriba acerca del papel del Fiscal en 
esta  materia.  Los  Sres.  Fiscales,  en  cualquier  caso,  emitirán  el  dictamen  sobre 
competencia  siempre  que  les  fuera  requerido,  buscando  para  ello  la  necesaria 
uniformidad, tanto en su contenido, como en su procedencia, haciendo valer, si preciso 
fuera, los recursos autorizados por la ley para disipar dudas que afecten de un modo tan 
directo a un espacio funcional histórico».
Pues bien, tras la experiencia aplicativa de la LEC, puede mantenerse que es 
mayoritaria la exégesis de las disposiciones sobre competencia conforme a la cual solo 
se da intervención al Ministerio Fiscal cuando la cuestión de competencia se plantea de 
oficio (sea o no parte en el proceso principal) y cuando se plantea a instancia de parte 
(solamente si es parte en el procedimiento).
En este nuevo contexto las/os Sras./es. Fiscales habrán de partir de que no deberán 
dictaminar  las  cuestiones  de  competencia  planteadas  a  instancia  de  parte  en  s
procedimientos en los que no debe intervenir, salvo que por medio de la declinatoria se  e.
alegue la infracción de un fuero imperativo. w.
En efecto, aunque del tenor literal del art. 59 LEC pudiera parecer que la declinatoria  35ww
spoolro l apse rpmairtete rse, apcacriao neavri taanr tela  lossu msuispióune sttáocsi tean,  lqou cei elart oc oems pqeuteen ccuiaa ntedrori tcoorinacl uersr ed iuspno fnuiebrloe 
imperativo y no se produce el control de oficio por el órgano jurisdiccional, nada impide
que  el  demandado  denuncie  a  través  de  la  declinatoria  la  falta  de  competencia 
(argumento a minore ad maius).
Pues bien, deberá partirse de que en los supuestos en los que a través de la 
declinatoria (art. 59 LEC) se denuncie la infracción de un fuero imperativo, concurre 
idéntica justificación para la intervención del fiscal que la que existe cuando se le solicita 
dictamen en el curso del control de oficio del juzgado (art. 58 LEC). Por tanto, en estos 
supuestos, aunque se trate de procesos en los que el Ministerio Público no interviene, si 
el juzgado, pese a la inexistencia de una expresa previsión da traslado al fiscal, este 
deberá emitir dictamen sobre competencia territorial.
Dictaminará por consiguiente el/la fiscal tanto cuando se le dé traslado en el curso 
del control de oficio (en todos los procedimientos civiles) como cuando se le dé traslado 
en virtud de declinatoria planteada por parte legítima, siempre que sea parte en el 
procedimiento y aunque no lo sea, si el fuero que se invoca como infringido es de 
naturaleza imperativa.
El/la fiscal podrá –y deberá– promover declinatoria en los procesos en los que sea 
parte legítima, si concurriendo un fuero imperativo el juzgado no ha activado el control de 
oficio.
Las/os Sras./es. Fiscales, a la hora de dictaminar ante supuestos dudosos, habrán 
de tener siempre presente el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, optando por 
la alternativa más respetuosa para con el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva. 
El  TS  utiliza  con  frecuencia  esta  pauta  exegética  (vid.  ATS  de  18  de  septiembre 
de 2018, rec. 128/2018).
3. Reglas generales sobre competencia territorial
3.1  Determinación del fuero aplicable.
Para  determinar  la  concreta  norma  de  competencia  debe  acudirse  a  las 
disposiciones de los arts. 50 y ss LEC.
Los arts. 50 (fuero de las personas físicas) y 51 (fuero de las personas jurídicas) 
establecen  las  normas  generales  en  función  de  la  cualidad  personal,  y  el  art.  52 
establece los fueros especiales en función de la acción ejercitada o del procedimiento 
incoado.  Para  determinar  el  fuero  aplicable  debe  acudirse  en  primer  lugar  a  las 
previsiones del art. 52 LEC como lex specialis.  Si no resulta aplicable al caso concreto, 
habrá de determinarse la competencia conforme a la lex generalis representada por los 
fueros personales de los arts. 50 y 51.
Debe tenerse en cuenta que existen fueros especiales imperativos no comprendidos 
en el art. 52, como advierte el propio art. 54.1 LEC. Algunos de estos los contempla la 
LEC y otros las leyes especiales. Todos ellos serán analizados en la presente Circular.
A la hora de dictaminar sobre la competencia, el prius lógico será determinar qué tipo 
de procedimiento se ha incoado y cuál es la naturaleza de la acción ejercitada. Con esta 
calificación podrá determinarse cuál es el fuero aplicable y si el mismo es imperativo o 
facultativo.
Cuando  por  no  concurrir  fuero  especial  –ni  por  la  acción  ejercitada  ni  por  el 
procedimiento seguido– deba acudirse a la aplicación directa de los fueros personales 
(arts. 50 y 51) se estará ante un supuesto de determinación de la competencia conforme 
a fueros dispositivos.
3.2  Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial. es
Como se ha expuesto, la regla general es la de que las normas sobre competencia  w.
d«teesro ruiltono arsi aedl  eastpeolrnimc adinrisáapndo aes nict iivrdcaeusfne, scectsorti podc eei óssn,u »mc.oismióon e esxtapbrelescae o e tlá acpitaar tdaed ola sp rpimaretreos  dae llo asr tt.r ib5u4n LaEleCs   2021-8435n https://ww
La competencia territorial en la jurisdicción civil solo es imperativa en los casos
expresamente previstos en la Ley. Bc
Ello determina que lo primero que deben examinar las/os Sras.es. Fiscales cuando 
un juzgado civil dé traslado para dictamen sobre competencia es si debe aplicarse 
alguna norma que establezca un fuero territorial imperativo.
Si no hay norma de competencia imperativa, será improcedente el planteamiento de 
cuestión por parte del órgano jurisdiccional, por lo que el dictamen de Fiscalía habrá de 
ser el de que no procede cuestionarse de oficio su competencia.
El  juzgado  solamente  puede  plantearse  de  oficio  su  competencia  cuando  sean 
aplicables las reglas establecidas en los números 1.º y 4.º a 15.º del apartado 1 y en los 
apartados 2 y 3 del art. 52 LEC o cuando una norma atribuya expresamente carácter 
imperativo al correspondiente fuero.
En este sentido, ad exemplum, AATS de 21 de enero de 2020 (rec. 258/201911); de 
septiembre de 2018 (rec. 142/2018) y de 9 de octubre de 2018 (rec. 170/2018).
Cuando no se está ante un supuesto en el que la competencia territorial venga fijada 
por la ley en virtud de reglas imperativas «solo podría apreciarse la falta de competencia 
territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el demandado o por 
parte legítima» (ad exemplum AATS de 17 de noviembre de 2020, rec. 147/2020; de 3 de 
marzo de 2020, rec. 317/2019; de 25 de junio de 2019, rec. 137/2019).
A tales efectos es indiferente que el contrato del que deriva la reclamación contenga 
una cláusula de sumisión expresa (vid.  en este sentido AATS de 26 de febrero de 2019, 
rec. 26/2019, y de 6 de junio de 2018, rec. 91/2018). Es decir, el juzgado no puede 
cuestionar su competencia de oficio por el hecho de que las partes hayan pactado la 
sumisión a unos concretos tribunales, pues en estos casos, la sumisión tácita sigue 
siendo posible (vid. ATS de 18 de enero de 2017, rec. 1032/2016).
Si el procedimiento se tramita como juicio verbal, el juzgado siempre debe controlar 
de oficio su competencia. Si se tramita como juicio ordinario, solamente podrá hacerlo si 
deviene aplicable un específico fuero imperativo.
Así, por ejemplo, no es de apreciar fuero imperativo en una demanda de juicio 
ordinario en la que se insta con carácter principal el vencimiento anticipado de un 
préstamo hipotecario por impago de cuotas con reclamación de cantidad dineraria (AATS 
de 21 de mayo de 2019, rec 85/2019; ATS 11 de septiembre de 2018, rec. 142/2018). 
Tampoco concurre fuero imperativo en una demanda de juicio ordinario de reclamación 
de las cantidades entregadas a cuenta con motivo de la compra de una vivienda, dirigida 
frente las entidades depositarias (ATS de 9 de octubre de 2018, rec. 170/2018), ni en 
demanda de juicio ordinario de anulabilidad por vicio del consentimiento prestado y 
subsidiaria  de  resolución  contractual  con  reclamación  de  daños  y  perjuicios  de  un 
contrato (ATS de 11 de diciembre de 2018, rec. 217/2018). No está sometida a fuero 
imperativo  una  demanda  de  juicio  ordinario  en  la  que  se  ejercita  una  acción  de 
reclamación de cantidad por deficiente prestación sanitaria en hospitales (ATS de 18 de 
diciembre de 2018, rec. 223/2018). Tampoco lo está una acción de responsabilidad civil 
extracontractual  a  tramitar  por  los  cauces  del  juicio  ordinario  (ATS  de  7  de  enero 
de 2014, rec. 179/2013), ni una demanda de juicio ordinario para la resolución de un 
contrato de compraventa con indemnización de daños y perjuicios (ATS de 3 de marzo 
de 2020, rec. 317/2019). No está sometido a fuero imperativo una demanda de juicio 
ordinario en reclamación de una cantidad dineraria por daños y perjuicios (ATS de 18 de 
febrero de 2020, rec. 276/2019), ni una demanda de juicio ordinario en la que se 
ejercitaba acción de nulidad de un procedimiento de ejecución hipotecaria (ATS de 18 de 
febrero de 2020, rec. 297/2019), ni una acción de cumplimiento de un contrato de 
préstamo de financiación entablada por la entidad de crédito (ATS de 17 de diciembre  s
de 2019, rec. 175/2019). Tampoco lo será la acción ejercitada por una empresa a través  oe.
del  juicio  ordinario  ejercitando  una  acción  de  condena  pecuniaria  derivada  de  la  w.
prestación de unos servicios de transporte (ATS de 10 de diciembre de 2019, rec.  35ww
d2e6 91/290 d1e9 ),n noiv iuenmab arec cdióen  2d0e1 r9e, trraecct.o 2 d1e9 /c2r0é1d9it)o.  lNitiog iolos oe satlá a umnp ajurioc idoe ol radritn. a1r5io3 5e nC Cba (sAeT Sa 
paaccrtiiócnu ladree s co(AnTdSen ad ed i2n9e radreia  opcotur birnec udme p2lim01ie9n, tore cd.e  1u8n6 /2c0o1n9tr)a. toN od es ep raépstraemciao   feunetrroe   BOE-A-cable e
imperativo en una demanda de juicio ordinario contra un banco en la que ejercitaba 
acción de cancelación de datos existentes en la Central de Información de Riesgos del 
Banco de España (ATS de 4 de junio de 2019, rec. 57/2019).
Como se ha expuesto supra, en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal 
no es válida la sumisión expresa ni la tácita, por lo que si no deviene aplicable ninguno 
de los fueros del art. 52, la competencia deberá fijarse atendiendo a los fueros generales 
de  las  personas  físicas  (art.  50  LEC)  o  de  las  personas  jurídicas  (art.  51  LEC), 
dependiendo de la cualidad del demandado. Cualquiera que sea la pretensión ejercitada 
en  esta  clase  de  juicio,  la  competencia  territorial  se  determina  siempre  de  forma 
imperativa (vid.  ad exemplum AATS de 10 de marzo de 2020, rec. 233/2019; de 2 de 
julio de 2019, rec. 79/2019). Los procedimientos que deben tramitarse por los cauces del 
juicio verbal están enumerados en el art. 250 LEC.
Son también fueros imperativos los previstos para el proceso monitorio (art. 813.2 
LEC); el juicio cambiario (art. 820.3 LEC) y el proceso de ejecución (art. 545.3 LEC).
Igualmente  son  fueros  imperativos  los  establecidos  para  los  procesos  sobre  la 
capacidad  de  las  personas  (art.  756  LEC);  procesos  matrimoniales  y  de  menores 
(art. 769.4 LEC); oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de  menores  y  procedimiento  para  determinar  la  necesidad  de  asentimiento  en  la 
adopción (art. 779 LEC) y los establecidos en cada caso para los expedientes de 
jurisdicción voluntaria, conforme al art. 2.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria (en adelante LJV).
Cuando  la  competencia  territorial  esté  establecida  por  alguno  de  los  fueros 
imperativos, el letrado de la Administración de Justicia debe examinar la competencia 
territorial inmediatamente después de presentada la demanda y, previa audiencia del 
Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el tribunal carece de 
competencia territorial para conocer del asunto, dará cuenta al juez para que resuelva lo 
que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al tribunal que 
considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos, se estará 
a lo que manifieste el demandante tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos 
(vid.  art. 58 LEC).
Sucede  que  en  ocasiones  los  juzgados  se  plantean  su  falta  de  competencia 
indebidamente, pese a no ser de aplicación ningún fuero imperativo. En estos casos el 
dictamen de Fiscalía debe poner de manifiesto este improcedente planteamiento de la 
cuestión, pues en estos casos «la falta de competencia territorial solamente podrá ser 
apreciada  cuando  el  demandado  o  quienes  puedan  ser  parte  legítima  en  el  juicio 
propusieren en tiempo y forma la declinatoria» (vid.  art. 59 LEC).
3.3  Fuero general de las personas físicas.
Aparece regulado en el art. 50 LEC. La regla general se recoge en el apartado 
primero, conforme al que salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial 
corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio 
nacional, será juez competente el de su residencia en dicho territorio.
Los apartados segundo y tercero establecen especialidades para quienes no tuvieren 
domicilio ni residencia en España y para empresarios y profesionales.
En principio, esta norma no incorpora un fuero imperativo, por lo que el juzgado no 
puede promover competencia por el mero hecho de considerar que el demandado no 
tiene su domicilio en su partido judicial. e.
Solo cuando, por razón del procedimiento –v.gr. el juicio verbal– no quepa sumisión  w.
expresa ni tácita procederá el planteamiento de oficio de la cuestión y la inhibición si la  35ww
ddeemmaannddaa dsoe.  Lpar ecsueensttaió ne nd eu nlo sju czagmadboio se nd ec udyoom ipcailrioti ddoe lj uddeimciaaln dnaod oe sstáe  adnoamliizcailriaád ion freal 
(epígrafe 7.3).
Con carácter general ha de atenderse al lugar donde se reside con habitualidad, que 
equivale a domicilio real, ya que materializa la voluntad de permanencia en determinado 
lugar (AATS de 14 de septiembre de 2016, rec. 923/2016; y de 27 de mayo de 2014, rec. 
53/2014). Una cosa es la vecindad administrativa determinada, por ejemplo, a través del 
padrón municipal o de los datos de la Agencia Tributaria, y otra diferente es el lugar 
donde la persona reside con un cierto carácter de habitualidad (AATS de 10 de mayo 
de 2017, rec. 43/2017; y de 29 de noviembre de 2016, rec. 1001/2016).
Debe, en relación con el fuero del domicilio, partirse de tres ideas básicas:
1)  La prevalencia de la residencia habitual frente a la temporal o esporádica, a 
efectos de determinar la competencia territorial, ha sido reiterada por el TS (AATS de 11 
de junio de 2019, rec. 17/2019; de 30 de noviembre de 2016, rec. 1057/2016; y de 9 de 
febrero de 2010, rec. 328/2009). Así, ad exemplum, la estancia accidental en un Hospital 
no supone alteración del domicilio (ATS de 11 de septiembre de 2018, rec. 141/2018).
2)  De resultar desconocido el domicilio del demandado, habrá que estar, a efectos 
de determinar la competencia territorial, al último que se conozca (AATS de 3 de marzo 
de 2020, rec. 16/2020; de 24 de septiembre de 2013, rec. 148/2013; de 1 de octubre 
de 2008, rec. 126/2008).
3)  La inhibición en favor de otro juzgado que se entienda competente, por constar 
en su partido judicial el domicilio del demandado, no puede acordarse sobre simples 
manifestaciones, sino que precisa de justificación documental (AATS de 3 de marzo 
de 2020, rec. 16/2020; de 11 de enero de 2017, rec. 1091/2017; de 8 de enero de 2016, 
rec. 1058/2016; y de 16 de noviembre de 2016, rec.1037/2016).
El domicilio laboral o profesional no sirve para fundamentar la competencia. En este 
sentido el ATS de 29 de septiembre de 2020 (rec. 9/2020) declara que «examinadas las 
actuaciones, no consta un domicilio del demandado en el partido judicial de Tarazona 
donde se inhibió el juzgado de Tudela, pues, como indica este último tribunal, el lugar en 
que desarrolla la actividad profesional del demandado es un criterio que el artículo 155 
LEC reserva para la práctica de actos de comunicación y no para fijar la competencia 
territorial. Además, dada la condición de trabajador temporal del demando, tampoco se 
podría afirmar que en la localidad de Borja realice una actividad laboral que no sea de 
carácter ocasional».
El hecho de encontrarse el demandado viviendo fuera de España determina la 
aplicación del artículo 50.2 LEC, que establece que «[...] quienes no tuvieren domicilio ni 
residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro 
del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera 
determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor [...]». El ATS de 5 de 
febrero de 2019 (rec. 225/2018) aplica esta previsión.
En supuestos dudosos el TS se ha decantado por el domicilio más acreditado. En el 
ATS de 13 de enero de 2016 (rec. 176/2015) opta por el partido judicial que es el único 
lugar donde la demandada «ha sido localizada en una ocasión [...] y además, ella misma 
ha señalado como su actual domicilio».
En ocasiones el TS da por acreditado como domicilio el que aparece en el contrato 
que motiva el litigio: «aun cuando en la investigación domiciliaria aparece un cambio de 
residencia al municipio de Agoncillo, la citación realizada en dicho domicilio ha resultado 
negativa, por lo que no estaría comprobado que el demandado tenga o tuviera al tiempo 
de  presentar  la  demanda  un  domicilio  diferente  al  que  aparece  en  el  contrato  de 
préstamo […] que coincide con el señalado en la demanda, por lo que habrá de estarse  e
a  efectos  de  competencia  territorial  al  domicilio  del  contrato  que  coincide  con  el  bo
consignado en la demanda (ATS de 12 de febrero de 2019, rec. 239/2018). 35ww
caráLcatesr  etsrtaannsciitaosri oe nd ece ndtircohsa  pleonciateliznacciaiórino,s  snion os irqvueen  phaar ad efij aar telan dceormsep etael ncdioam dicaidlioo  eol 
residencia habitual (ATS de 14 de febrero de 2012, rec. 249/2011).
3.4  Fuero general de las personas jurídicas.
La regla general la establece el art. 51 LEC: salvo que la Ley disponga otra cosa, las 
personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser 
demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio 
haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento 
abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.
El apartado segundo establece especialidades para los entes sin personalidad.
De nuevo, esta norma por sí sola no supone un fuero imperativo que excepcione lo 
prevenido con carácter general por el art. 54 LEC, que regula el carácter dispositivo de 
las normas de competencia territorial, en el sentido que "las reglas atributivas de la 
competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las 
partes  a  los  tribunales  de  una  determinada  circunscripción".  El  juzgado  no  puede 
promover competencia por el mero hecho de considerar que el demandado no tiene su 
domicilio en su partido judicial.
Cuando, por razón del procedimiento –v.gr. el juicio verbal– no quepa sumisión 
expresa ni tácita, si la demanda se presenta en un juzgado en cuyo partido judicial no 
está  domiciliado  el  demandado,  procederá  la  inhibición.  Igualmente  procederá  la 
inhibición  en  el  mismo  supuesto  cuando  un  fuero  imperativo  reenvíe  al  fuero  del 
domicilio.
En principio, el domicilio de la persona jurídica será el que como tal conste en el 
correspondiente Registro. En el caso de dirigirse contra entidades mercantiles regulares, 
el domicilio de estas será el que consta en el Registro Mercantil (AATS de 2 de abril 
de 2019, rec. 274/2018; de 11 de octubre de 2006, rec. 130/2006; de 6 de junio de 2002, 
rec. 5/2002; de 28 de febrero de 2005, rec. 110/2004).
No cabe determinar la competencia de acuerdo con el domicilio del administrador de 
la sociedad demandada, sin que se pueda confundir a tales efectos el domicilio de la 
entidad realmente demandada y el de su representante legal, sin perjuicio de que a este 
pueda hacerse, a través de auxilio judicial, el traslado de la demanda y el requerimiento 
de pago (AATS de 11 de febrero de 2020, rec. 4/2020; de 17 de junio de 2015, rec. 
81/2015 y de 16 de marzo de 2005, rec. 8/2005).
Lo determinante, por tanto, es el domicilio social inscrito de la demandada tal como 
aparece en la certificación del Registro Mercantil (ATS de 11 de febrero de 2020, rec. 
331/2019). No obstante, en ocasiones el TS, cuando el domicilio registral no coincide con 
el centro de operaciones de la persona jurídica, ha admitido a ambos como domicilio a 
efectos de fijar la competencia (vid.  ATS de 5 de abril de 2017, rec. 40/2017).
Así, en el ATS de 14 de junio de 2017 (rec. 53/2017) se declara que siendo el fuero 
aplicable el previsto en el art. 51 LEC «el juzgado de Móstoles entiende que debe 
estarse al lugar donde radica el domicilio social de la entidad demandada, que es 
Santander, ahora bien, el designado por la entidad bancaria en la documental obrante en 
las actuaciones es el sito en Boadilla del Monte que pertenece al partido judicial de 
Móstoles, lugar en el que se interpuso la demanda, donde la entidad bancaria tiene 
centro real y efectivo de operaciones, y que es domicilio apto para que pueda ser 
demandada la entidad bancaria, de acuerdo con los artículos los artículos 9 y 10 de la 
Ley de Sociedad de Capitales y en consonancia con la doctrina de esta sala recogida en 
relación con otra entidad bancaria en auto de Pleno de fecha 16 de marzo de 2016, 
conflicto n.º 40/2016, que ha de entenderse aplicable, en el presente supuesto, al Banco 
Santander, S.A».
En relación con Bankia, vid.  ATS de 16 de marzo de 2016 (rec. 40/2016) que  e.
admite como domicilios Madrid y Valencia. w.b
Tampoco es dable confundir el domicilio de las sociedades y empresas mercantiles  35ww
ecomnp lealz addea s (uAsA TsuSc duers a2l edse,  fseibnr epreor jdueic i2o0 0d4e,  qreuce.  4e4s/t2e0 p0u3e; ddee  2se8r vdier  fae bloresr oe fdeec t2o0s 0d5e,  rseecr. 
110/P2a0r0a4 ).que  pueda  demandarse  en  el  partido  judicial  donde  la  entidad  tiene
establecimiento abierto al público es necesario que conste que la relación jurídica ha
nacido o debe surtir efectos en tal partido (ATS de 4 de febrero de 2020, rec. 266/2019; 
y 4 de febrero de 2020, rec. 309/2019).
En ocasiones el TS utiliza el criterio de la notoriedad (notoria non egent probationem) 
para dar por acreditado que el demandado dispone de establecimiento abierto al público 
fuera de su domicilio (vid.  ATS de 25 de febrero de 2020, rec. 320/2019, en relación 
con el BBVA en Alicante).
En  relación  con  el  fuero  alternativo  del  establecimiento  abierto  al  público,  es 
especialmente interesante el ATS de 10 de diciembre de 2019 (rec. 228/2019), en el que 
se declara en relación con una acción de responsabilidad extracontractual por daños 
ocasionados en el vehículo del demandante por la rotura de una tubería propiedad de la 
demandada que «resulta competente para conocer del litigio, en aplicación del art. 51.1 
LEC, fuero electivo para el demandante, el tribunal del partido judicial en el que se 
produjo el siniestro y en el que nació, en consecuencia, la relación jurídica entre las 
partes, y en el que la entidad demandada, además de tener establecimiento abierto al 
público  en  dicha  ciudad,  desarrolla  toda  su  actividad  en  la  misma.  Esta  solución 
encuentra  además  apoyo  en  una  interpretación  de  las  normas  sobre  competencia 
ajustada al principio constitucional de tutela judicial efectiva, en cuanto evita que el 
demandante tenga que desplazarse a un lugar distinto y lejano de donde se produjeron 
los hechos alegados como base de la responsabilidad que exige».
El  cambio  de  domicilio  de  la  sociedad  demandada  tras  la  presentación  de  la 
demanda no afecta a la competencia (AATS de 23 de febrero de 2004, rec. 39/2003; y 
de 28 de septiembre de 2004, rec. 44/2004).
Si antes de admitirse la demanda a trámite el demandante desiste respecto de uno 
de los entes demandados, no se producen efectos de litispendencia en relación con la 
fijación de la competencia territorial en función del domicilio (ATS de 18 de febrero 
de 2020, rec. 240/2019). Por el contrario, el desistimiento respecto de uno de los entes 
demandados después de admitida la demanda no altera la competencia territorial pues 
se han producido ya los efectos de litispendencia (ATS de 18 de febrero de 2020, rec. 
351/2019; y de 26 de febrero de 2019, rec. 262/2018).
3.5  Acumulación de acciones.
Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas 
será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de 
las demás (criterio cualitativo); en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número 
de las acciones acumuladas (criterio numérico) y, en último término, el del lugar que 
corresponda a la acción más importante cuantitativamente (criterio cuantitativo). Estos 
criterios, establecidos en el art. 53 LEC, se aplican subsidiariamente, de modo que el de 
preferente aplicación es el cualitativo, debiendo entenderse por acción fundamentadora 
de las demás aquella que tiende a conseguir el fin esencial de la litis, siendo antecedente 
o base de las demás que, para su éxito o complemento, se le agreguen.
No pueden tomarse en consideración otros criterios, como serían concretamente los 
de  prosperabilidad  de  las  distintas  acciones,  pues  ello  impediría  utilizar  reglas 
objetivables y precisas para fijar la competencia territorial. Tampoco puede utilizarse el 
criterio de la mayor o menor extensión con que en la demanda se justifique el ejercicio 
de  cada  una  de  las  acciones  acumuladas  (ATS  de  25  de  octubre  de  2017,  rec. 
106/2017).
A la hora de determinar qué acción es fundamento de las demás se ha considerado 
por ejemplo que la acción de responsabilidad civil extracontractual contra el autor de los  e
daños  es  fundamento  de  la  acción  que  acumuladamente  se  entabla  contra  la  bo
aseguradora del responsable civil (ATS de 12 de marzo de 2019, rec. 272/2018). La  35ww
acoccnisóind erdae  pnruinlicdipaadl  dreesl pceocntotr adtoe  udnea  taarcjectióan,  caocnu mfuunladdaam ednet on uelind alda  dLee yl aA czlcááursautela,  dsee 
dinete 2ré0s2 0r,e rmecu.n 1e8ra8t/o2r0io2 0p)o.r falta de información y transparencia (ATS de 24 de noviembre
3.6  Acumulación de demandados.
El  apartado  segundo  del  art.  53  LEC  dispone  que  cuando  hubiere  varios 
demandados y conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, 
pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la 
demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.
Por tanto, en estos casos deberá analizarse previamente si puede determinarse la 
competencia conforme a los criterios del apartado primero del art. 53. Si no solo estamos 
ante una acumulación subjetiva sino ante una acumulación objetivo-subjetiva, es de 
aplicación preferente el apartado primero del art. 53 LEC. Así, por ejemplo, si la acción 
dirigida contra uno de los demandados es fundamento de la acción dirigida contra el otro, 
será competente el que debiera serlo para conocer de la acción principal.
En este sentido puede citarse el ATS de 25 de septiembre de 2003 (rec. 19/2003) 
que declara que «no se trata del ejercicio de una acción única contra varios demandados 
(acumulación subjetiva), la cual estaría regulada por el apartado 2 del artículo 53, sino 
que  nos  hallamos  ante  una  acumulación  objetivo-subjetiva,  por  cuanto  se  han 
interpuesto varias acciones (de resolución contractual y de indemnización de perjuicios) 
contra varios sujetos […], a la cual ha de ser aplicado el primero de los criterios de 
competencia que enumera el apartado 1 del precepto mencionado, al ser evidente que 
existe una acción fundamental, que es la de resolución contractual y otra subordinada, la 
indemnizatoria  de  los  perjuicios  que  de  dicha  resolución  dimanan.  Ya  centrado  el 
precepto aplicable, ha de acudirse al artículo 51, que señala como fuero de las personas 
jurídicas el lugar de su domicilio».
Esta disposición se aplicará tanto para el caso de que los demandados sean varias 
personas físicas o varias jurídicas, como si son personas físicas y jurídicas. En todos 
estos casos –cuando no pueda determinarse la competencia conforme a las reglas del 
art.  53.1–  el  actor  podrá  presentar  la  demanda  ante  cualquiera  de  los  jueces 
territorialmente competentes para cada uno de los demandados.
4. Reglas específicas sobre competencia territorial
4.1  Procesos en los que el/la fiscal tiene la cualidad de parte o de interviniente.
4.1.1  Procesos sobre la capacidad de las personas.
4.1.1.1  Competencia para conocer de las demandas sobre capacidad.
El art. 756 LEC atribuye la competencia territorial al juzgado del lugar de residencia 
en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.
La filosofía subyacente a este fuero se mantiene en el Proyecto de Ley por la que se 
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en 
el ejercicio de su capacidad jurídica de 2020, actualmente en tramitación. Estos procesos 
cambian profundamente y pasan a denominarse procesos sobre la adopción de medidas 
judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. El proyectado apartado tercero del 
art. 756 LEC dispone que será competente para conocer de las demandas sobre la 
adopción de medidas de apoyo a personas con discapacidad y sobre declaración de 
prodigalidad el juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se 
refiera la solicitud y, en su caso, el que conoció del previo expediente de jurisdicción 
voluntaria.  Este mismo fuero de residencia de la persona afectada se prevé para otros 
expedientes de jurisdicción voluntaria como el expediente de revisión de medidas (en el  e.
proyectado art. 42 bis c) LJV) y el expediente para obtención de autorizaciones judiciales  w.b
(en el proyectado art. 62 LJV). 35ww
deteErms indao cltar incoam dpeel teTnSc iqau tee rreitlo lruiagla, re nd eb alase r eas liod edniscpiau edseto  lae np eelr saortn. a7 5c6o nL EdCis,c faupearoc idqaude 
tdaemclbairéand ae s juadpilciciaalbmlee nat elo sm soudpifuiceasdtoas  sdue  rceappraecsiednatda c(ió5n2 .y5 .ºa sLisEteCn)c, iap rdeec elopsto q uees tyea  qsuideo, 
conforme a doctrina reiterada, excluiría la aplicación a los procedimientos sobre tutela y
relativos a la capacidad de las personas, del principio de la perpetuatio iurisdictionis 
consagrado en el art. 411 LEC (AATS de 22 de octubre de 2019, rec. 180/2019; de 11 de 
junio de 2019, rec. 17/2019; de 17 de julio de 2018, rec. 116/2018; de 13 de julio 
de 2016, rec. 938/2016; de 22 de marzo de 2017, rec. 22/2017, entre otros muchos).
La exclusión de la aplicación del principio de la perpetuatio iurisdictionis supone que 
el cambio de residencia tras la presentación de la demanda afectará a la determinación 
de la competencia territorial.
La estancia transitoria de la persona con discapacidad en un centro hospitalario o 
sanitario  no  determina,  sin  más,  que  su  residencia  esté  en  la  localidad  donde  se 
encuentra ese centro. La competencia no puede quedar sujeta a circunstancias de 
carácter temporal, lo que podría provocar una peregrinación del asunto de juzgado en 
juzgado,  incompatible  con  el  derecho  a  un  proceso  sin  dilaciones.  Solo 
excepcionalmente, cuando el ingreso vaya a ser muy prolongado, estaría justificado que 
la competencia correspondiese al juzgado del lugar en donde se encuentre ingresada 
(ATS de 11 de junio de 2019, rec. 17/2019). En el caso analizado en este auto se declara 
la competencia del juzgado correspondiente al establecimiento hospitalario al que se 
trasladó la persona con discapacidad, pues se preveía que se iba a prolongar de manera 
indefinida. En esta misma línea debe destacarse el ATS de 30 de noviembre de 2016 
(rec. 1057/2016).
Como se recuerda en el ATS de 13 de julio de 2016 (rec. 938/2016), la Sala «en 
ocasiones ha resuelto conforme a las circunstancias del caso declarando la competencia 
de un lugar distinto al de la residencia. Esta decisión ha sido adoptada por razones de 
eficacia y economía procesal, cuando el procedimiento estaba en estado muy avanzado, 
y en atención fundamentalmente al principio de protección del incapaz».
Conforme a esta doctrina, podrá producirse perpetuatio iurisdictionis si ya se han 
practicado  las  diligencias  principales.  No  obstante,  debe  analizarse  cada  caso  en 
concreto y valorar lo que sea más conveniente para la protección de la persona cuya 
capacidad se enjuicia. Así, por ejemplo, en el ATS de 19 de febrero de 2019 (rec. 
267/2018) se declara la competencia del juzgado del partido al que se había trasladado 
la demandada sin atenderse a la alegación de que el juzgado del domicilio anterior había 
practicado la exploración y el informe forense. La misma solución se adopta en el ATS 
de 11 de junio de 2019 (rec. 17/2019) pese a que el juzgado del domicilio anterior había 
practicado la exploración y el informe forense y además había nombrado defensor 
judicial.
En este punto es interesante hacer alusión a la previsión del Proyecto de Ley 
de 2020: el proyectado apartado cuarto del art. 756 LEC dispone que si antes de la 
celebración de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a 
que se refiera el proceso, se remitirán las actuaciones al juzgado correspondiente en el 
estado en que se hallen. Es destacable que la norma sobre competencia territorial para 
estos procedimientos se perfila más, pues se precisa que los cambios de residencia de 
la persona con discapacidad determinarán el correspondiente cambio de competencia 
con el límite de la celebración de la vista, por lo que en aquel momento se produce la 
perpetuatio iurisdictionis.
4.1.1.2  Competencia para los procedimientos sobre cuestiones relativas a la tutela, 
la curatela y la guarda de hecho.
El art. 43 LJV regula la competencia para el conocimiento de las cuestiones relativas 
a la tutela, la curatela y la guarda de hecho: 1.  Será competente para el conocimiento  e
de este expediente el juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la  bo
residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. 2. El órgano  35ww
jsuedriác icaol mqupee theanytea  pcaornao ccoidnoo cdeer  udne  teoxdpaesd ileans tein csiodbernec itauste, ltará, mcuitreast eyl aa doo gpucaiórnd ad ed em heedcidhaos, 
rpeossidtear ioerne sla,  smieismmpar ec iqrcuuen secl rimpceinóonr.  Eo np cearssoon cao ncotrna ricoa, ppaacriad acdo nmoocdeirf icdaed aal gjuundaic idaelm eesnates 
incidencias, será preciso que se pida testimonio completo del expediente al juzgado que
anteriormente conoció del mismo, el cual lo remitirá en los diez días siguientes a la 
solicitud.
La competencia corresponde al juez del lugar donde resida el/la tutelado/a, de nuevo 
con exclusión del principio de la perpetuatio iurisdictionis consagrado en el art. 411 LEC. 
Esta doctrina está en línea con los fueros aplicados en la Ley 15/2015 de jurisdicción 
voluntaria en relación con las personas con capacidad modificada judicialmente, que en 
todo lo relativo a las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho 
establece en su artículo 43 la competencia para el conocimiento del expediente del 
Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente. Es decir, prima el interés de la persona 
con capacidad modificada o a modificar, acercando el procedimiento a su lugar de 
residencia o domicilio (AATS de 22 de octubre de 2019, rec. 180/2019; 13 de diciembre 
de 2017, rec. 196/2017, de 10 de abril de 2012, rec. 27/2012; Acuerdo de 16 de 
diciembre de 2008).
El ejercicio de la tutela será más efectivo bajo el control del juzgado de la residencia 
de la persona con discapacidad y, además, posibilita el acceso efectivo de la misma a la 
justicia, de conformidad con el art. 13 de la Convención sobre los derechos de las 
personas  con  discapacidad  (AATS  de  4  de  febrero  de  2020,  rec.  350/201911;  de 
septiembre de 2012, rec. 80/2012; de 11 de septiembre de 2012, rec. 80/2012).
Este criterio se aplica también a la aprobación de las cuentas anuales de tutelado 
(ATS de 22 de octubre de 2019, rec. 185/2019).
4.1.1.2.1  Competencia para el procedimiento de ejecución de medida cautelar.
La ejecución y control de la medida cautelar acordada en un procedimiento sobre la 
provisión de apoyos a las personas con discapacidad corresponderá al juzgado de la 
residencia de dicha persona, criterio más acorde con el principio de protección de la 
persona con discapacidad y de aplicación por la nueva regulación de la jurisdicción 
voluntaria (AATS de 3 de noviembre de 2016, rec. 941/2016; de 13 de julio de 2016, rec. 
938/2016).
4.1.1.2.2  Competencia para el procedimiento para nombramiento de tutor.
El lugar de la residencia del tutelado determina la competencia territorial para el 
nombramiento de tutor/a por lo dispuesto en el art. 43.1 LJV, coincidente con lo que 
establecía el art. 63.1 LEC 1881 hasta su derogación por esta ley (ATS de 4 de octubre 
de 2017, rec. 140/2017).
4.1.1.2.3  Competencia para el procedimiento para cambio de tutor.
El  criterio  atributivo  de  competencia  que  predomina  en  la  LJV  en  aquellos 
expedientes  en  los  que  estén  en  juego  los  derechos  de  menores  y  personas  con 
capacidad modificada judicialmente es el de su domicilio o, en su defecto, el de su 
residencia. Es competente el juzgado donde el tutelado/a tiene su residencia habitual, 
aunque sea distinto del que declaró modificada la capacidad del sometido a tutela (ATS 
de 4 de abril de 2018, rec. 213/2017).
El ATS de 27 de octubre de 2020 (rec. 156/2020) declara que «en el presente caso, 
parece no existir controversia entre los juzgados en conflicto en cuanto a que la persona 
cuya capacidad se modificó por el juzgado de Zaragoza, reside en la actualidad en el  s
partido de Alcalá de Henares. Lo que plantea este juzgado es que la modificación de la  oe.
persona del tutor no puede realizarse en el expediente de modificación de la capacidad,  w.
sino que se tendría que haber repartido en Zaragoza un expediente de jurisdicción  35ww
vdoel uvnistatari ap ryo ceens éall , ehxuabmieinraa r sliad oc ommápse taednecciau addeo A elcl aplála n[…te]a mEsie cniteor tdoe ql ujuez, gdaedsod ed eu nA plcuanláto, 
tpeenrdor íhaany q uune  hheacbheor  rienmcoitnidtroo vae Artildcaol áy  dees  Hqeunea lraess . aPcotur aecsiotan eras,z ódne,  uy ntoe nuie nodtroo  emno cduoe, nstea   BOE-A-cable e
los intereses que se ventilan en el presente asunto -un cambio en la persona del tutor, 
que requiere de cierta urgencia-, resulta más acorde con el espíritu de la norma y de la 
doctrina de esta sala, expuesta en el fundamento segundo, declarar la competencia del 
juzgado de Alcalá de Henares, sin perjuicio de que este órgano arbitre los mecanismos 
procesales que estime más adecuados para la tramitación del cambio de la persona del 
tutor».
4.1.1.2.4  Competencia para disponer de bienes de la persona con discapacidad.
El art. 62 LJV, dentro del capítulo dedicado a la autorización para la realización de 
actos de disposición de bienes de personas con capacidad modificada judicialmente, 
otorga la competencia para conocer del expediente al Juzgado de Primera Instancia del 
domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con la capacidad modificada.
4.1.1.2.5  Competencia para adoptar medida de control en protección de la persona 
con discapacidad
En relación con una solicitud de autorización judicial para el establecimiento de una 
medida de localización y control de una persona con capacidad modificada judicialmente 
a  fin  de  evitar  riesgos  para  su  integridad  física  y  mental  se  acuerda  atribuir  la 
competencia territorial al Juzgado de Primera Instancia de la localidad donde tiene su 
domicilio la persona respecto de la que se pretende la medida de protección (ATS de 30 
de noviembre de 2016, rec. 1057/2016).
4.1.1.3  Competencia para el internamiento involuntario
La atribución de competencia para autorizar el internamiento no puede resolverse 
mediante la aplicación de las reglas contenidas en los arts. 61, 410 y 411 LEC, que son 
ajenas a lo que constituye el objeto específico de la concreta decisión a adoptar, sino 
conforme a la regla general de competencia territorial establecida en el art. 763.1 LEC, 
que atribuye la competencia territorial para autorizar el internamiento involuntario a favor 
del juez donde resida la persona afectada y, para ratificar la medida –en el caso de 
internamiento urgente–, al juzgado del lugar en el que radique el centro donde este se ha 
producido (AATS de 25 de febrero de 2020, rec. 348/2019; de 7 de abril de 2016, rec. 
253/2016; y de 2 de diciembre de 2015, rec. 200/2015).
Ya la Circular 9/2015, de 22 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal 
en  la  nueva  Ley  de  la  Jurisdicción  Voluntaria,  recordaba  «la  doctrina  del  tribunal 
Supremo sobre la competencia territorial para el seguimiento y control del internamiento 
en los casos de cambio de centro, que se otorga al juzgado del lugar donde se ha 
trasladado el afectado, y no al que dictó la resolución autorizando el internamiento (así, 
Autos de 27 de marzo de 2012, rec. 41/2012; de 11 de mayo de 2010 rec. 359/2009; y 
de 11 de diciembre de 2008, rec. 204/2008)».
4.1.2  Procesos para la protección de derechos fundamentales.
El art. 52.1.6 LEC dispone que en materia de derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de 
derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y 
cuando  no  lo  tuviere  en  territorio  español,  el  tribunal  del  lugar  donde  se  hubiera 
producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
La norma acoge el fuero del domicilio del demandante (vid.  ATS de 17 de julio  e.
de 2018, rec. 151/2018). El fuero se inspira en la protección de la persona que sufre la  w.b
ofensa, en particular para evitar desequilibrios cuando la demandada es una empresa de  35ww
comNuonsic aecniócno.ntramos  ante  una  norma  procesal  sobre  atribución  de  competencia
dteernriutonrciaial  dceu yhae cfihnoasli ddaed t ael sr eclelavraanmciean qteu ep arofetecctatonr aa  ldoesl  dpeererjcuhdoicsa fduon dpaomr etnratatalersse,  lad ec ualal 
viene a excluir la normal aplicación del fuero propio del domicilio de la parte demandada 
(STS n.º 26/2014, de 31 de enero).
La STS n.º 26/2014, de 31 de enero, aborda un supuesto en el que eran varios los 
demandantes y uno de ellos tenía domicilio en Sevilla, por lo que considera que «la 
competencia  territorial  de  los  juzgados  de  Sevilla  para  conocer  de  la  demanda  es 
incuestionable, pues la competencia territorial puede corresponder al juez del domicilio 
de cualquiera de ellos, no existiendo razón por la que el órgano competente hubiese de 
ser el de la ciudad donde reside el otro demandante, ni habiendo motivo alguno por el 
que los actores no puedan optar, en caso de ser varios, por los tribunales del domicilio 
de uno de ellos».
Al interpretar este fuero imperativo el ATS de 10 de mayo de 2017 (rec. 50/2017) 
concluye declarando la competencia de Madrid pues «el demandante tenía su domicilio 
en Madrid en el momento de interponer la demanda, lugar donde trabajaba y tenía su 
residencia habitual, con independencia de que constase aún empadronado en otra 
localidad, y hubiera demorado empadronarse en Madrid».
En el ATS de 19 de octubre de 2010 (rec. 337/2010), dictado en un conflicto de 
competencia en un procedimiento de protección del derecho al honor se parte para 
determinar el domicilio (y, por tanto, la competencia) del que figura en el poder que se 
acompaña junto con la demanda.
No puede identificarse como domicilio, a efectos de determinar la competencia en 
estos procedimientos, el domicilio del despacho en el que el demandante presta sus 
servicios (ATS de 28 de enero de 2020, rec. 305/2019).
En  relación  con  la  solicitud  por  parte  de  una  empresa  con  domicilio  social  en 
Barcelona de unas diligencias preliminares dirigidas frente a Google Spain S.L. y Google 
Ireland Limited, al objeto de que faciliten la dirección IP de un sitio web y de distintos 
usuarios para interponer una demanda de protección del derecho al honor, el ATS de 24 
de septiembre de 2019 (rec. 146/2019) declara que el órgano competente para conocer 
de las diligencias preliminares solicitadas es el Juzgado de Primera Instancia de la 
ciudad en la que tiene su domicilio la entidad que pretende demandar la protección del 
derecho al honor.
En esta línea, el ATS de 2 de abril de 2019 (rec. 8/2019) resolvió un conflicto de 
competencia  en  el  que  se  había  interesado  unas  diligencias  preliminares  para  la 
exhibición de unos documentos con el objeto de presentar una demanda de protección 
del derecho al honor, por la indebida inclusión de determinados datos del solicitante en 
un fichero de morosos. Para el TS «solicitada la práctica de diligencias preliminares, el 
art. 257.1 LEC establece que la competencia viene determinada por el domicilio de la 
persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las 
actuaciones que se acordaran para preparar el juicio. Añade que en los casos de los 
números 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del apartado 1 del artículo anterior, será competente el tribunal 
ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Pues bien, pretendiéndose en 
el presente caso por el solicitante la exhibición de documentación para presentar una 
demanda de protección al honor por su inclusión indebida en fichero de morosos -que, 
conforme al art. 52.1.6.º LEC, habría de presentarse en el domicilio del demandante-, tal 
supuesto se encuadraría dentro del ordinal 9.º del apartado 1 del art. 256 LEC, siendo 
por  tanto  competente  el  tribunal  ante  el  que  haya  de  presentarse  la  demanda 
determinada».
4.1.3  Procesos matrimoniales.
4.1.3.1  Marco general. bo
ptrriboucLenodasilm  efuixeeanrmotosi n sgaeeraán  ecdroean leotesfin caciopio assroue  coceo ndm erp emegtuueltnaucdoioa as y ce ulnae  rednlou a.li rdEta. l d7a 6pd9ae r LtlaoEdsC o a dcciuusteainrrdtgoou sdie idsnpedo olna sese  qgpuúaenrt  eeesll    2021-8435n https://ww
que se opongan a lo dispuesto en este artículo.
4.1.3.2  Demanda  de  medidas  provisionales  previas  sobre  guarda,  custodia  y 
alimentos de hijos menores
El art. 771.1 LEC incorpora una regla competencial específica: «el cónyuge que se 
proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar 
los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el 
tribunal de su domicilio».
El ATS de 29 de noviembre de 2016 (rec. 1001/2016) explica la ratio de este fuero: 
«en la tramitación parlamentaria de la LEC se introdujo una enmienda que pretendía fijar 
el fuero competencial territorial para las medidas provisionales en el juzgado competente 
para el procedimiento principal (de modo similar a como determina la propia LEC en el 
art. 723 para las medidas cautelares). Sin embargo, la enmienda no fue aceptada y el 
art. 771.1 fijó un fuero territorial diferente a los previstos con carácter general en el 
art. 769 LEC, tomando en consideración la inmediatez y la facilidad que supondría para 
el solicitante acudir al juzgado de su propio domicilio […] cuando el art. 771.1 LEC 
atribuye la competencia territorial para conocer de las medidas provisionales previas a la 
demanda de nulidad, separación o divorcio al tribunal del domicilio del cónyuge que 
formule la solicitud, establece un fuero específico que se aparta de los fueros generales 
que para los procesos matrimoniales y de menores establece el art. 769 […]. El juzgado 
competente no es el del domicilio familiar, ni el del domicilio del demandado o de los 
menores, sino el del cónyuge que solicite la adopción de estas medidas. […] El legislador 
ya tuvo en cuenta la posibilidad de que las medidas provisionales se acordasen por un 
juzgado diferente al competente para conocer del proceso principal […] Por otro lado, no 
faltan  opiniones  doctrinales  que  abogan  por  esta  interpretación  del  art.  771.1  LEC 
basada en la idea de otorgar facilidades al que se vea en la necesidad de pedir las 
medidas, para cuya solicitud no se le exige siquiera la intervención de procurador y 
abogado. Dicho fuero competencial en nada influye en el proceso principal que, ya sí, se 
sustanciará en alguno de los lugares previstos en el art. 769 LEC […] No debe olvidarse 
el carácter de estas medidas provisionales previas a la demanda, que no pretenden 
regular de un modo estable las relaciones entre los cónyuges y de estos con los hijos 
menores, sino que se limitan a las previstas en los arts. 102 y 103 del Código Civil y que 
además quedarán sin efecto si dentro de los treinta días siguientes a contar desde que 
fueron inicialmente adoptadas, no se presenta la demanda ante el juez que, conforme al 
art. 769 LEC, sea competente […] Lo expuesto lleva a considerar que el fuero especial 
del art. 771.1 LEC ha de interpretarse de un modo acorde con las especiales facilidades 
que han de concederse a quien plantea la demanda ante una perentoria necesidad de 
regular provisionalmente una situación familiar generada tras la separación de hecho. 
Las posibles dificultades derivadas del alejamiento del juzgado competente respecto del 
último domicilio familiar en que haya podido quedar residiendo el otro cónyuge y los hijos 
menores pueden solventarse […] bien porque no presente especiales dificultades el 
desplazamiento al juzgado del cónyuge demandado y los hijos, por la cercanía del 
juzgado  con  el  domicilio  en  que  residan,  bien  porque  se  utilice  el  sistema  de 
videoconferencia para la práctica de las pruebas personales, previsto en el art. 229 LOPJ 
para las «declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, 
ratificación de los periciales y vistas».
El fuero del art. 771.1 LEC también se considera aplicable a la solicitud de medidas 
provisionales previas a la demanda sobre guarda custodia y alimentos de hijo menor 
cuando no haya vínculo matrimonial (ATS de 26 de febrero de 2019, rec. 34/2019, y 
Pleno de 6 de febrero de 2017, rec. 1070/2016). e.
En todos los supuestos de medidas provisionales previas (haya o no matrimonio)  w.b
debe tenerse presente que «aunque el juzgado ante el que se solicite la adopción de  35ww
aedstmasit irsmee ddeidcalisn aptoureiad efu nedxaadmai neanr  fadleta  doefic cioo mspue tceonmciap etteernrictoiari atle [r…rit]o crioanl fo[…rm] e neos tapbuleedcee 
esol laicpitaurdta ddoe  smeegduinddaos  dperel vaiarts.  7s2e5  cLoEnCsi,d earuen qteurer iteolr iajulmzgeandteo  ainnctoem epl eqteunet es, e dfeobrmeruál,a  nloa 
obstante,  cuando  las  circunstancias  del  caso  lo  aconsejen,  ordenar  en  prevención
aquellas medidas cautelares que resulten más urgentes, como pueden ser las previstas 
en el art. 158 del Código Civil, remitiendo posteriormente los autos al tribunal que resulte 
competente» (ATS Pleno de 29 de noviembre de 2016, rec. 1001/2016).
El TS da criterios específicos para interpretar el concepto de domicilio en este 
procedimiento: «es relativamente frecuente que, en las crisis matrimoniales, uno de los 
cónyuges abandone el domicilio conyugal y pase a residir en otro domicilio diferente, 
generalmente un lugar al que le una algún vínculo (segunda residencia, domicilio de 
algún familiar, etc.). Por tanto, en estos casos de crisis matrimonial, el carácter de 
"habitualidad" a la hora de determinar el domicilio de una persona ha de ser interpretado 
de una forma más amplia y menos rigurosa que en otros supuestos, y no debe ser 
exigida una prueba exhaustiva sobre dicho carácter habitual […] Una interpretación 
diferente vulneraría la lógica y la finalidad del art. 771.1 LEC, consistente en facilitar que 
el cónyuge que ha salido del domicilio familiar pueda solicitar esas medidas provisionales 
previas a la demanda, de carácter urgente. Esto es incompatible con la exigencia de que 
se lleve residiendo un largo tiempo en ese lugar o que el cambio de residencia conste en 
registros oficiales […] Por eso, la apreciación de situaciones de fraude de ley por 
alteraciones  caprichosas  del  domicilio  del  cónyuge  solicitante,  que  lo  haya  alejado 
artificialmente del lugar en que sigue residiendo el otro cónyuge y los hijos menores, 
debe ser excepcional y tener bases sólidas» (ATS de 29 de noviembre de 2016, rec. 
1001/2016).
4.1.3.3  Procedimientos de nulidad, separación y divorcio contenciosos.
El  art.  769.1  LEC  establece  fueros  sucesivos  para  determinar  la  competencia 
territorial en los procesos matrimoniales. En el párrafo primero de dicho precepto se 
dispone que salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente 
para conocer de los procedimientos a que se refiere este capítulo el juzgado de Primera 
Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos 
partidos judiciales, será tribunal competente, a elección del demandante, el del último 
domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
El TS ha ido dando pautas para la exégesis de este fuero:
Es doctrina reiterada que si los cónyuges residen en partidos distintos, los fueros 
alternativos del art. 769.1 LEC son enteramente electivos (AATS de 24 de septiembre 
de 2019, rec. 170/2019; y de 20 de diciembre de 2017, rec. 194/2017).
El art. 769.1 LEC establece diversos fueros sucesivos para fijar la competencia 
territorial en los procesos matrimoniales. Habiendo quedado acreditado conforme al 
permiso de residencia en España que el último domicilio conyugal se encontraba en la 
localidad de Getafe, domicilio por el que el demandante ha optado al interponer allí la 
demanda, procede declarar la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia 
de  Getafe  para  conocer  de  presente  procedimiento  (ATS  4  de  julio  de  2018,  rec. 
131/2018). En la misma línea por estar suficientemente acreditado el último domicilio del 
matrimonio por la documental aportada por la parte actora (AATS de 29 de octubre 
de 2013, rec. 144/2013; y 5 de junio de 2012, rec. 100/2012).
El ATS de 24 de septiembre de 2019 (rec.170/2019) considera acreditado que los 
cónyuges residen en partidos judiciales diferentes, que no consta el lugar de domicilio de 
la demandada y sí consta que el último domicilio común del matrimonio «tal y como 
afirma el demandante en la demanda, y así consta en la inscripción del matrimonio del 
Registro Civil», y por tales razones se atribuye la competencia territorial al Juzgado de  s
Primera Instancia de ese último domicilio. oe.
Más allá de la constancia real del domicilio conyugal, que según la parte demandante  w.
csdoeor merenicsciploiaonrntirada eb padr eaeccnlat iPcraaardr llaaa,,   cloos mec ipeeertntoec nuecesi anq ttureaer  reittalo mdrioabml iéainc fi alioveo ndr  edle edsl eajum zlagonacdadaloidd daoed,  .tP rarPismo lear r aae vsIentarsi tgaurnaaczciaóió nne,    2021-8435n https://ww
Instrucción de Parla (ATS de 5 de noviembre de 2019, rec. 201/2019).
Resulta acreditado que el domicilio que se hizo constar en la declaración conjunta del 
IRPF por la pareja fue en la ciudad de Santander, sin que el domicilio de las empresas 
del  actor,  puedan  resultar  determinante  porque  estas  no  fijan  el  domicilio  de  las 
personas, como tampoco la certificación de empadronamiento aportada por la esposa, 
dada su antigüedad y referirse únicamente a la demandada (ATS de 2 de julio de 2019, 
rec. 135/2019).
Para el ATS de 16 de febrero de 2021 (rec. 290/2020) «en el presente caso consta 
que ambos cónyuges residen en domicilios distintos, con lo que el demandante puede 
optar para fijar el ámbito competencial, por el lugar del último domicilio del matrimonio o 
el de residencia de la demandada. Sin embargo, la demanda fue dirigida al juzgado de 
Primera Instancia n.º 28 de Madrid fundamentando la competencia de dicho juzgado en 
el hecho de que había conocido previamente de la demanda de separación de los 
cónyuges.  No  obstante,  del  examen  de  las  actuaciones  no  resulta  dato  alguno 
acreditativo de que el último domicilio conyugal radicase en Madrid puesto que cuando 
se dictó la sentencia de separación -alegada por el demandante como fundamento de la 
competencia territorial de los juzgados de esta capital- los cónyuges ya residían en 
distintos  domicilios.  Por  tanto,  al  no  quedar  suficientemente  probado  que  el  último 
domicilio  conyugal  estuviera  ubicado  en  la  ciudad  de  Madrid  procede  atribuir  la 
competencia al tribunal del domicilio de la demandada».
Como fuero residual se establece en el art. 769.1 párrafo 2.º in fine: «los que no 
tuvieren domicilio ni residencia fijos podrán ser demandados, en el lugar en que se hallen 
o en el de su última residencia, a elección del demandante, y si tampoco pudiera 
determinarse así la competencia, corresponderá esta al domicilio del actor". Se aplica 
este  fuero  en  el  ATS  de  19  de  febrero  de  2019  (rec.  227/2018):  «al  no  quedar 
suficientemente  probado  que  el  último  domicilio  conyugal  estuviera  ubicado  en  la 
localidad de […] y encontrarse la demandada fuera de España, residiendo en Estados 
Unidos, resulta de aplicación el art. 769.1, párrafo 2.º LEC in fine, por lo que el fuero 
competencial corresponde al juzgado del domicilio de la parte actora».
4.1.3.4  Procedimiento para la modificación de medidas definitivas.
Conforme al apartado primero del art. 775 LEC, «el Ministerio Fiscal, habiendo hijos 
menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que 
acordó  las  medidas  definitivas,  la  modificación  de  las  medidas  convenidas  por  los 
cónyuges  o  de  las  adoptadas  en  defecto  de  acuerdo,  siempre  que  hayan  variado 
sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas».
Este fuero es interpretado por el ATS Pleno de 27 de junio de 2016 (rec. 815/2016): 
«no puede desconocerse que, frente a la virtualidad indudable del fuero de proximidad, 
mantener la competencia del juzgado que adoptó las medidas cuya modificación se 
pretende  aporta  también  ventajas  y  que  los  inconvenientes  que  provoca  no  son 
insalvables. En primer lugar, este fuero de competencia aporta un factor de calidad en la 
decisión de cambio de las medidas, ya que es el juzgado que las adoptó el que se 
encuentra en mejor posición para valorar si las circunstancias tenidas en cuenta en la 
resolución inicial han sufrido una modificación relevante. En segundo lugar, la atribución 
unívoca y exclusiva de la competencia a ese juzgado es una norma clara y precisa que 
garantiza la seguridad jurídica y evita conflictos de competencia como los que han sido 
tan frecuentes en la aplicación del art. 769 LEC, al tiempo que evita posibles fraudes de 
ley por alteraciones caprichosas del domicilio del progenitor custodio".
En  el  mismo  sentido  se  pronuncian  los  AATS  de  21  de  enero  de  2020  (rec.  e
306/2019); y de 20 de julio de 2016 (rec. 71/2013). bo
El ATS de 17 de septiembre de 2019 (rec. 125/2019) añade a estos razonamientos  35ww
qquuee , «uenl ale vgeiszla cdoonr vyear tihdaa  peonn ddeerraedcoh ol apso vseitnivtoa,j anso y  pluoes dien csoenrv eonbiveinatdeas  pdoer  ulnoas  sóorgluacnióons 
judicCiaulaensd qou ee l apprloiccaens ola d neo rmmoad,i fpicoar ceióxnig ednec miaesd bidáassic aqsu ed esle p prirnocmipuioe vdee  alefegcatlaid asdo»lo. a hijos
mayores  el  TS  ha  declarado  que  «claramente,  resulta  aplicable,  en  cuanto  a  la
competencia territorial se refiere, el n.º 1 del art. 769 LEC» (ATS de 10 de septiembre 
de 2013, rec. 71/2013).
En un supuesto en el que las medidas que se pretendían modificar se dictaron en un 
país extranjero, tras declarar la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales 
españoles, a la vista de la imposibilidad de aplicar el art. 775 LEC al haber sido dictada 
la  sentencia  de  divorcio  por  un  órgano  jurisdiccional  de  Rumanía,  se  atribuye  la 
competencia  para  el  conocimiento  del  asunto  al  juzgado  de  Primera  instancia  del 
domicilio de la menor, en aplicación del art. 769.3 LEC (ATS de 17 de septiembre 
de 2019, rec. 125/2019).
Cuando se promueven diligencias preliminares para preparar una futura demanda de 
modificación de medidas de un previo procedimiento de separación, divorcio o medidas 
sobre hijos menores de edad, «no es aplicable el art. 775.1 LEC, ya que no estamos 
ante una demanda de modificación de medidas, sino ante un solicitud de diligencias 
preliminares formulada al amparo del art. 256.1.2.º LEC, y de cuyo resultado dependerá 
la interposición o no de la demanda de modificación de mediadas. Por esta razón, la 
competencia corresponde a los juzgados del domicilio de la persona que tenga que 
exhibir los documentos» (ATS de 3 de noviembre de 2016, rec. 1046/2016).
4.1.3.5  Procedimiento para adopción de medidas urgentes previas a la demanda de 
modificación de medidas.
Será competente el juzgado que lo sea para conocer de la demanda principal (ATS 
de 27 de mayo de 2015, rec. 68/2015).
4.1.3.6  Medidas paterno filiales, sobre guarda y custodia y alimentos de un menor.
El apartado tercero del art. 769 LEC dispone para estos casos que será competente 
el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores. 
En  el  caso  de  residir  los  progenitores  en  distintos  partidos  judiciales,  será  tribunal 
competente, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la 
residencia del menor.
Este régimen especial de competencia encuentra su fundamento en la circunstancia 
de que la tutela de los intereses de los menores –como la de los incapacitados– se 
obtendrá más fácilmente ante los juzgados de sus propios domicilios, evitándoles los 
dispendios y trastornos que generalmente suele comportar el sostener el litigio en puntos 
alejados del mismo (ATS de 19 de noviembre de 2013, rec. 176/2013).
La competencia territorial para conocer de las medidas paterno filiales, sobre guarda 
y custodia y alimentos de un menor, conforme al art. 769.3 LEC, viene determinada, 
dado que los progenitores residen en distintos partidos judiciales, a los juzgados del 
domicilio de la parte demandada o de la residencia de dicho menor a elección del 
demandante (AATS de 3 de marzo de 2020, rec. 16/2020; de 19 de noviembre de 2019, 
rec. 213/2019; y de 27 de noviembre de 2018, rec. 211/2018).
Si bien, ciertamente, el artículo 771 LEC resulta ser el específico precepto a cuyo 
amparo se interpone la demanda, lo cierto es que, como dice el fiscal, no es aplicable, ya 
que no se presenta prueba alguna que acredite el matrimonio entre el demandante y la 
demandada, ni se justifica una convivencia entre ambos, debiendo estar a lo dispuesto 
en el art. 769.3 LEC (ATS de 3 de diciembre de 2013, rec. 186/2013).
Plantean problemas los supuestos de itinerancia del menor. El ATS de 7 de mayo 
de  2019  (rec.  54/2019)  ofrece  una  solución:  acreditado  el  carácter  itinerante  de  la 
residencia del menor, que es trasladado a distintas poblaciones procede declarar la  e.
competencia  del  Juzgado  de  Primera  instancia  respecto  de  cuya  competencia  se  w.
aquietaron las partes pues ante ese órgano fue donde se interpuso la demanda, se  35ww
cmoennteosr tyó  lala  comnisvmenaie, nsceia p ora ncoti cdóe  plarsu embead ipdearsic iinatl epressicaodsaosc,i ayl  ladse  plaar treesa clidoamdp afaremciileiaror nd aell 
acto del juicio.
4.1.3.7  Solicitud de eficacia civil de sentencia canónica de nulidad matrimonial.
Se aplica el fuero del art. 769.1 LEC (Juzgado de Primera Instancia del lugar del 
domicilio conyugal y, en caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, el 
del  último  domicilio  del  matrimonio  o  el  de  residencia  del  demandado).  La  opción 
corresponde al demandante (ATS de 12 de febrero de 2019, rec. 7/2019).
4.1.4  Procedimientos sobre menores.
4.1.4.1  Procedimientos de oposición a medidas de protección de menores.
Conforme al art. 779 LEC, será competente para conocer de los mismos el juzgado 
de Primera Instancia del domicilio de la Entidad Pública.
La Disposición Final 22.ª  de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 
del menor, aclara que las entidades públicas protectoras son las designadas por las 
Comunidades  Autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  de  acuerdo  con  sus 
respectivas normas de organización.
Será, pues, fuero aplicable el del domicilio del órgano que, en virtud de las normas 
autonómicas de atribución de competencias, haya dictado la resolución recurrida, que 
puede  ser  una  Consejería  del  Gobierno  autonómico,  una  Dirección  General  o  una 
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  competente.  En  estos  supuestos  no  puede 
aplicarse el fuero supletorio que el art. 779 LEC introduce con la expresión «y, en su 
defecto», pues si se está impugnando una resolución administrativa, siempre habrá una 
entidad pública que la haya dictado.
En base a estas disposiciones, el ATS de 25 de junio de 2019 (rec. 88/2019) declara 
que «en atención al fuero competencial aplicable, domicilio de la Entidad Pública, tanto 
en Santa Cruz como en Las Palmas, existe Delegación de la Consejería del gobierno 
autonómico que tiene atribuidas las competencias en materia de asuntos sociales, pero 
como la resolución de desamparo a la que en este procedimiento se opone la madre de 
los menores ha sido dictada por la Dirección General de protección a la infancia y el 
menor  del  Gobierno  de  Canarias  con  sede  en  las  Palmas  de  Gran  Canaria,  la 
competencia territorial debe ser asumida por el Juzgado de Primera Instancia […] de 
esta localidad, ante el que la madre formulo la oposición y al ser precisamente la entidad 
con sede en dicha ciudad la que se ha ocupado de la protección de los menores».
4.1.4.2  Procedimientos sobre sustracción internacional de menores.
Conforme al apartado segundo del art. 778 quáter LEC, «en estos procesos, será 
competente el juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o 
Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya circunscripción se 
halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos, si lo hubiere y, en 
su defecto, al que por turno de reparto corresponda. El tribunal examinará de oficio su 
competencia».
La  interpretación  de  este  fuero  es  analizada  en  el  epígrafe  8.4.2  de  la 
Circular  6/2015,  de  17  de  noviembre,  sobre  aspectos  civiles  de  la  sustracción 
internacional de menores, cuyo contenido debe ahora darse por reproducido.
4.1.4.3  Procedimiento para autorizar la entrada en domicilios y restantes lugares 
para la ejecución forzosa de las medidas de protección de menores.
Conforme al art. 778 ter apartado primero LEC, «la Entidad Pública deberá solicitar al  e.
juzgado de Primera Instancia con competencia en el lugar donde radique su domicilio,  w.b
autorización para la entrada en domicilios y restantes edificios y lugares cuyo acceso  35ww
reejeqcuuiecriaó ne lf ocrozonssae ndtiem ileanst om deed idsaus t iatudloapr tua doacsu ppaonr tee,ll ac upaanrdao l ae lplor osteecac nióenc edsea ruion  pmaeran olar. 
Csoulaicnitduod  ssee  dtriraigteir ád ea l lóar geajencou qcuióen  lad eh uubnie raac tdoi cctaodnofi»rm. ado por una resolución judicial, la
4.1.4.4  Procedimientos sobre adopción.
Los  pronunciamientos  de  la  Circular  1/2001  sobre  la  competencia  territorial  en 
materia de adopción deben considerarse superados tras la publicación de la LJV que 
dispone en su art. 33 que en los expedientes sobre adopción, será competente el 
juzgado de Primera Instancia correspondiente a la sede de la Entidad Pública que tenga 
encomendada  la  protección  del  adoptando  y,  en  su  defecto,  el  del  domicilio  del 
adoptante.
Conforme al art. 779 LEC, en los supuestos de los arts. 179 CC (procesos para 
excluir al adoptante de los derechos y deberes derivados de la adopción, de manera 
análoga y por las mismas causas previstas para la privación de la patria potestad) y 180 
CC (proceso de extinción de la adopción a petición del progenitor que sin culpa suya no 
hubiese  intervenido  en  el  expediente  de  adopción)  será  competente  el  tribunal  del 
domicilio del adoptante.
En  relación  con  una  demanda  de  expediente  de  jurisdicción  voluntaria  de  una 
persona adoptada para obtener acceso a documentos de un hospital que pudiera facilitar 
información de su parto y de la identidad de sus padres biológicos, conforme a la 
previsión del art. 180. 3 CC, el ATS de 2 de marzo de 2016 (rec. 189/2015) declara 
competente al juzgado del domicilio de la demandante, que estaba en localidad distinta a 
la del hospital. El TS considera que «no estamos ante un supuesto de protección de 
derechos fundamentales al que sería aplicable lo dispuesto en el art. 52 regla 6.º LEC, 
sino simplemente ante la petición de consulta de libros y archivos del hospital en el que 
nació a fin de conocer la identidad de sus padres biológicos, para cuya consulta el 
Hospital exige autorización judicial, sin que se prevea para tal supuesto que el juzgado 
competente sea el del lugar donde se haya de producir la exhibición».
4.1.4.5  Procedimiento para adoptar medidas urgentes sobre hijo menor.
Conforme a la LJV, y ya sea, la tramitación de la solicitud por la vía de la Sección 
relativa a «De la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la 
patria potestad», ya sea la Sección de «De las medidas de protección relativas al 
ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente», en ambos casos, conforme 
al art. 86, en el primer supuesto, y conforme al art. 87 de la LJV, en el segundo, «será 
competente  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  del  domicilio  o,  en  su  defecto,  de  la 
residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente» (ATS de 9 de 
marzo de 2016, rec. 34/2016).
4.1.4.6  Procedimiento  para  autorizar  el  ingreso  en  centros  de  menores  con 
problemas de conducta
La cuestión es abordada en el epígrafe 4.2 de la Circular 2/2016, de 24 de junio, 
sobre el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección 
específicos, cuyo contenido debe ahora darse por reproducido.
4.1.4.7  Procedimiento ordinario para la privación de la patria potestad.
El criterio a aplicar es el fuero competencial previsto en el art. 769.3 LEC, conforme 
ha sostenido la Sala Primera reiteradamente, entre otros, en AATS de 26 de febrero 
de 2019 (rec. 81/2018); de 2 de marzo de 2016 (rec. 244/2015); de 7 de octubre de 2014  s
(rec. 124/2014); de 14 de mayo de 2013 (rec. 200/2012); de 13 de noviembre de 2012  oe.
(rec. 200/2012); de 2 de octubre de 2012 (rec. 146/2012). w.
En un supuesto de ignorado domicilio del demandado, el ATS de 9 de mayo de 2018  35ww
a(rtericb.u 7ir6 l/a2 0c1o8m) pdeetecnlacrióa  qpuaera  «ceol naorctíecru dloe  7lo6s9  pdreo cleas oLse ya  dqeu eE nseju irceiafiemriee netlo C Caipvíitlu, lao  IfVin  ddeel 
tTeíntugloa nP  rpimore roob jdeetol  Lsiibturoa cCiounaersto ,d ee stcarbisliesc em daitfreimreonnteiasl  cor itveerirosse,n  seegxúclnu sqivuaem leonst em issombores   BOE-A-cable e
guarda y custodia o alimentos relativos a hijos menores; en estos últimos, y, para el caso 
de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, el apartado 3.º del citado 
precepto, concede al demandante la alternativa de optar entre el tribunal del domicilio del 
demandado o el de la residencia del menor. De conformidad con lo expuesto, en el 
supuesto examinado al residir los progenitores en distintos partidos judiciales y la menor 
junto a su madre en la localidad de Zaragoza, y habiendo optado la demandante por el 
domicilio de residencia del menor con la presentación de la demanda procede, de 
acuerdo con el Ministerio Fiscal, declarar competente para el conocimiento de la causa 
de referencia, al juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Zaragoza».
4.1.5  Concurso de acreedores.
El art. 10.1 de la Ley 22/2003, de 9 julio, concursal (en adelante LC), dispone en su 
inciso primero que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al 
juez  de  lo  mercantil  en  cuyo  territorio  tenga  el  deudor  el  centro  de  sus  intereses 
principales.
El propio art. 10.1 párrafo segundo LC, tomándolo del preámbulo del Reglamento 
CE 1346/2000, da un concepto legal de lo que debe entenderse por centro de los 
intereses principales del deudor: «por centro de los intereses principales se entenderá el 
lugar  donde  el  deudor  ejerce  de  modo  habitual  y  reconocible  por  terceros  la 
administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que 
el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será 
ineﬁcaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a 
la solicitud del concurso.»
A efectos del cómputo del plazo de seis meses debe tenerse presente el ATS de 11 
de marzo de 2009 (rec. 195/2008): «el inciso último del párrafo segundo del art. 10.1 de 
la Ley Concursal, tendente a evitar que la competencia territorial pueda ser determinada 
por la voluntad del propio deudor, debe ser interpretado en el sentido de que el término 
inicial para computar el plazo de seis meses es la fecha de publicación del cambio de 
domicilio social en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, no la fecha del acuerdo social 
correspondiente,  dada  la  evidente  transcendencia  para  terceros  que  por  su  propia 
naturaleza tiene la declaración de concurso».
El apartado cuarto del art. 10 LC aclara que se trata de un fuero imperativo.
La ratio del fuero es clara: se trata de facilitar el objeto del proceso, ubicándolo en el 
lugar donde el concursado ha ejercido su actividad e impidiendo que el concurso se 
tramite de espaldas a los acreedores y que un cambio de domicilio del deudor pudiera 
entorpecer las reclamaciones de estos.
La Instrucción 1/2013, de 23 de julio, sobre la intervención del Fiscal en el proceso 
concursal, aunque no aborda cuestiones relativas a la competencia territorial señala que 
«deberán igualmente conocer las Secciones de lo Civil de las cuestiones de competencia 
que pudieran plantearse».
Interpretan este fuero especial los AATS de 18 de enero de 2017 (rec. 1019/2016); 
de 21 de mayo de 2013 (rec. 56/2013) y de 25 de mayo de 2010 (rec. 200/2010).
El centro de los intereses principales del deudor determinante de la competencia 
puede no coincidir con el estatutario de la sociedad deudora, siendo aquel preferente. En 
este sentido se pronuncia el ATS de 6 de abril de 2010 (rec. 404/2009) que declara que 
«en el presente caso será juzgado competente el del lugar donde el deudor solicitante y 
persona jurídica tenga el centro de sus intereses principales; y de la documentación 
obrante en las actuaciones se desprende que el centro principal de administración de  e
sus intereses no coincide con el estatutario sino que, al menos en la actualidad, radica  bo
en Ávila, donde la parte solicitante del concurso aparece que realizaba de modo habitual  35ww
tye rrceecroonso, cliobsle c opnotrr atetarcneteross y l aa haodrma iancisrteraecdioórne sd,e n duincchao slo isn taedremsiensis,t rdaedboierensd od ec olan ssiodceireadrasde 
snoúlmic.it a1n tdee  dleal  cciotandcau rslooc aploidra ldo.  qLuoe  qeul eju pzgoar dootr oc olmadpoe tfeanvtoer esceerárá e lla d pee prsriomnearcaió Inn sdtaen lcoias 
acreedores y favorecerá la actuación de la Administración Concursal, al encontrarse la
práctica totalidad de los bienes de la solicitante en la ciudad de Ávila». En el mismo 
sentido, el ATS de 16 de febrero de 2021 rec. 282/2020, que declara que «la presunción 
de que el centro de intereses principales de una persona jurídica es su domicilio social 
debe entenderse iuris tantum, por lo que cabe prueba en contrario».
Conforme al ATS de 21 de mayo de 2013 (rec. 56/2013), «el presente conflicto de 
competencia territorial debe resolverse en favor del juzgado de lo Mercantil num. 11 de 
Zaragoza  […]  partiendo  de  la  documental  aportada,  resulta  que  el  centro  de  sus 
intereses  principales  se  halla  en  Zaragoza  ya  que  es  en  esta  localidad  donde  se 
encontraban los locales abiertos al público, aquí prestaban su trabajo los empleados de 
la sociedad, además de que el mayor número de acreedores se encuentran en la misma, 
mientras que en Logroño solo se encuentra el domicilio del administrador único y se han 
celebrado juntas de accionistas».
Lo que determina la atribución de competencia no es el desarrollo de la actividad 
fijada como objeto social, sino cuál sea el centro administrativo de la entidad (ATS de 16 
de febrero de 2021, rec. 282/2020).
El inciso segundo del art. 10.1 LC dispone que «si el deudor tuviese además en 
España su domicilio y el lugar de este no coincidiese con el centro de sus intereses 
principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo 
mercantil en cuyo territorio radique aquél». Cumpliéndose ambas premisas, el fuero, 
manteniendo su carácter imperativo, faculta al acreedor para elegir entre dos opciones.
El ATS de 25 mayo 2010 (rec. 1213/2009) declara que la norma sobre el domicilio del 
deudor como fuero electivo no es aplicable analógicamente al concurso voluntario: «el 
espíritu y finalidad de la norma competencial es el de facilitar a acreedores, en general a 
terceros, el conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial de concurso del 
deudor, de manera que dicha facilidad será garantizada si el concurso se tramita en el 
partido judicial correspondiente al lugar en el que radique el centro de los intereses 
principales del deudor […] ya que en otro caso, y admitiendo la aplicación analógica de 
la norma competencial al supuesto del concurso voluntario, de manera que éste pudiera 
optar por el lugar de su domicilio cuando éste fuera diferente al del centro de sus 
intereses principales, supondría que el procedimiento concursal se tramitara en lugar que 
pudiera ser no conocido por acreedores, en la medida en que en dicho lugar no se han 
centrado las operaciones mercantiles, comerciales u de otro orden entre el deudor y 
terceros, cuando lo que se pretende a través del conjunto de la legislación concursal es 
facilitar el conocimiento y acceso de acreedores al procedimiento judicial, a los efectos 
de garantizar la efectividad de sus créditos frente a la masa concursal».
Conforme al ATS de 21 de julio de 2020 (rec. 108/2020), «la competencia territorial 
para la declaración de concurso la establece el artículo art. 10.1 de la Ley Concursal. 
Este precepto, entre otros extremos, establece que la competencia para declarar y 
tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor 
el centro de sus intereses principales, y por centro de los intereses principales se 
entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la 
administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que 
el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. […] En el 
presente conflicto, dado que se trata de un concurso voluntario no cabe aplicar el 
domicilio del deudor como fuero electivo al del centro de intereses, ni el hecho de 
alcanzarse un acuerdo extrajudicial de pago en el actual domicilio del solicitante del 
concurso puede condicionar la competencia».
Debe  tenerse  presente  que  el  art.  8.1  LC  atribuye  al  juez  del  concurso  la  s
competencia  exclusiva  y  excluyente  para  conocer  de  «las  acciones  civiles  con  oe.
trascendencia  patrimonial  que  se  dirijan  contra  el  patrimonio  del  concursado  con  w.
excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio  35ww
cyo mnceunrosroe s«»p, ayr ae l toadrta.  8e.3je cLuCc iópnre vdée  lab iceonmesp eyte ndceirae cehxocslu sdivea  cyo netxecnliudyoe nptea trdimelo jnuieazl  ddeell 
aconntec uqrusiaednoe»s  ys eq uien tecorpnofonrgmae d aelm aartn. d5a0 .d1e L Cla  «qluoes  jdueebcae sc doenlo ocredre enl  cjuiveilz y  ddeel l coorndceunr ssoo cdiael   BOE-A-cable e
conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer, previniendo a las 
partes que usen de su derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las 
demandas,  se  ordenará  el  archivo  de  todo  lo  actuado,  careciendo  de  validez  las 
actuaciones que se hayan practicado».
Conforme a estas disposiciones, el ATS de 16 de julio de 2019 (rec. 157/2019) al 
resultar acreditado que el concurso fue declarado en fecha anterior a la admisión a 
trámite del juicio cambiario declara que «el juzgado no debió haber admitido a trámite la 
demanda,  ya  que  carecía  de  competencia  objetiva,  sino  que  por  el  contrario,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 50.1 LC, debía de abstenerse de conocer, 
acordando el archivo de lo actuado y advertir a la parte actora de que debía presentar la 
demanda ante el juzgado de lo Mercantil que conocía del concurso. Al no hacerlo así, las 
actuaciones llevadas a cabo son nulas y por tanto no podía declararse incompetente 
territorialmente quien carecía de competencia objetiva ab initio». Por ello el TS ante el 
conflicto de competencia territorial declara competente al juzgado que admitió a trámite 
el juicio cambiario «sin perjuicio de que este actúe de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 50.1 LC».
Por el contrario, los juicios declarativos en que el deudor sea parte y se encuentren 
en tramitación al momento de la declaración de concurso, continuarán hasta la firmeza 
de la sentencia por aplicación del art. 51.1 LC (AATS de 22 de noviembre de 2011, rec. 
196/2011, y de 12 de febrero de 2009, rec. 212/2008).
Esta regla tiene a su vez una excepción, establecida en el párrafo segundo del 
art. 51.1 LC: «se acumularán de oﬁcio al concurso, siempre que se encuentren en 
primera instancia y no haya ﬁnalizado el acto de juicio o la vista, todos los juicios por 
reclamación  de  daños  y  perjuicios  a  la  persona  jurídica  concursada  contra  sus 
administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, y contra los auditores».
Cuando la demanda dirigida contra el patrimonio del concursado es posterior a la 
aprobación del convenio, no opera la atribución de competencia exclusiva y excluyente 
prevista en el art. 8 de la Ley 22/2003 a favor del juez del concurso. Todo ello sin 
perjuicio  de  que  el  crédito  que  pudiera  reconocerse  en  una  hipotética  sentencia 
estimatoria, de ser anterior a la declaración de concurso, quedará afectado por este y, en 
concreto, por la extensión de los efectos del convenio prevista en el art. 143.1 (ATS 
de 14 de mayo de 2012, rec. 178/2011).
En relación con la comunicación notarial de apertura de las negociaciones remitida al 
juzgado no cabe plantear conflictos de competencia. El art. 242 bis LC dispone que "el 
notario, una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada y la procedencia 
de la negociación del acuerdo extrajudicial de pagos deberá, de oficio, comunicar la 
apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso". 
El TS considera que se trata de una mera comunicación notarial que no predetermina en 
absoluto la competencia para la tramitación de un eventual concurso posterior y que no 
exige por parte del juzgado la tramitación de proceso alguno. Las reglas de competencia 
territorial  del  concurso,  previstas  en  el  artículo  10  LC  con  carácter  imperativo,  se 
aplicarán si y solo si el concurso es declarado con posterioridad, por lo que al juzgado 
receptor de la comunicación notarial no le corresponde hacer un análisis prospectivo de 
la futura competencia en caso de concurso, bastando el mero registro y el cumplimiento 
de lo dispuesto –de estar en el caso– por el art. 5 bis de la LC (ATS de 29 de marzo 
de 2017, rec. 9/2017).
El ATS de 18 de enero de 2017 (rec. 1019/2016) declara que «cabe integrar los arts. 
242.1 y 232.3 LC, en relación con el art. 10.1 LC, y entender que la competencia  s
territorial  para  conocer  del  concurso  consecutivo  de  un  deudor  persona  natural  no  oe.
comerciante que se solicite «por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de  w.
pagos o por su incumplimiento», corresponde al juzgado del domicilio del deudor, salvo  35ww
lqau ec osme paectreendcitiae  qcuoerr ensop coonidnecridáe a cl ojnu eezl  cdeonntdroe  dsee  seunsc iunetenrteres eusb picraindcoip easletes,  ceenn ctruoy od ec alosos 
intereses principales del deudor».
Cuando concurran pluralidad de deudores tendrá preferencia el domicilio del deudor 
con mayor pasivo (ATS de 14 de enero de 2014, rec. 199/2013).
El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal, entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2020.
La materia analizada no sufre modificaciones de entidad, salvo en la numeración de 
los artículos. La competencia objetiva para los jueces de lo mercantil se asigna en el 
art. 44.1, con la excepción de la competencia para los jueces de primera instancia para 
declarar y tramitar el concurso de acreedores de una persona natural que no sea 
empresario, prevista en el art. 44.2.
La competencia territorial pasa a regularse en el art. 45, manteniéndose el fuero del 
juez  en  cuyo  territorio  tenga  el  deudor  el  centro  de  sus  intereses  principales,  la 
presunción de que el deudor persona jurídica tiene el centro de sus intereses en el lugar 
del domicilio social, la ineficacia del cambio de domicilio en los seis meses anteriores y la 
posibilidad de demandar ante el juez del domicilio del deudor, si tanto este como el 
centro de sus intereses principales radica en territorio español.
El examen de oficio de la competencia territorial pasa a regularse en el art. 50.
El art. 52.2 considera la jurisdicción del juez del concurso exclusiva y excluyente para 
las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y 
derechos del concursado integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que 
sea  el  tribunal  o  la  autoridad  administrativa  que  la  hubiera  ordenado,  sin  más 
excepciones que las previstas en esta ley.
El art. 142 regula la prohibición de inicio de ejecuciones y apremios.
Conforme al art. 136.1.1.ª, desde la declaración de concurso y hasta la fecha de 
eficacia del convenio o, si no se hubiera aprobado convenio o el aprobado se hubiera 
incumplido, hasta la conclusión del procedimiento […] los jueces del orden civil y del 
orden social no admitirán a trámite las demandas que se presenten en las que se 
ejerciten acciones que sean competencia del juez del concurso, previniendo a las partes 
que usen de su derecho ante este último.
El art. 137 regula la continuación de juicios declarativos en tramitación y el 138 la 
acumulación de los juicios declarativos en tramitación en los que se hubieran ejercitado 
acciones de responsabilidad contra los administradores y asimilados.
El art. 583 regula la comunicación de la apertura de negociaciones.
4.1.6  Procesos de filiación.
Los procesos de filiación (art. 748.2.º LEC) carecen de previsión legal específica en 
cuanto a la competencia territorial. Al tratarse de asuntos que debe decidirse por el juicio 
verbal, que es el proceso al que se remite el art. 753.1 LEC, debe concluirse con que no 
será válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el 
art. 54.1 LEC. En defecto de fuero especial, habrá de aplicarse el fuero general relativo 
al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC).
Por tanto, en estos procesos la demanda imperativamente se rige por el fuero del 
domicilio del demandado (AATS de 8 de junio de 2019, rec. 128/2019; de 15 de enero 
de 2019, rec. 220/2018; de 27 de mayo de 2014, rec. 53/2014; de 24 de septiembre 
de 2013, rec. 148/2013).
4.1.7  Juicio de alimentos.
La conclusión de la Consulta 3/2005, de 2 de diciembre, sobre la intervención del 
Ministerio Fiscal en el juicio de alimentos del art. 250.1.8.º de la Ley de Enjuiciamiento  e.
Civil cuando se insta a favor de menores de edad, fue la de que «el Ministerio Fiscal ha  w.
de intervenir en los procedimientos de reclamación de alimentos que sigan los trámites  35ww
mdeel njuoirceiso  dvee rebdaal dd eol  ianrcta. p2a5c0e.1s.,8 e°n L aEtCen, csiióenm aplr ein tqeurées l ap úpbrelicteon asfióenct asdeo e cjeurycait es aalv faagvuoar rddea 
tiene encomendada».
El art. 250.1.8° LEC dispone que «se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea 
su  cuantía,  las  demandas  siguientes:  […]  las  que  soliciten  alimentos  debidos  por 
disposición legal o por otro título».
En estos procedimientos, a falta de un fuero especial, se aplicará el fuero del 
domicilio del demandado con carácter imperativo (vid.  en este sentido ATS de 4 de 
febrero de 2020, rec. 247/2019).
El ATS de 5 de febrero de 2019 (rec. 253/2018) resuelve un conflicto surgido a raíz de 
una  demanda  de  juicio  verbal  de  reclamación  de  alimentos  formulada  por  el  padre 
demandante a favor del hijo común de los litigantes, mayor de edad, frente a la madre. El 
TS considera que se trata de una reclamación autónoma de alimentos frente a un progenitor 
a favor de un hijo mayor de edad, nacido de una unión de hecho, y la acción de petición de 
alimentos a favor de hijos mayores no está comprendida en los «procesos matrimoniales» 
que regula el Libro IV LEC, que, por decisión expresa del legislador, en relación con las 
parejas no casadas solo contempla las cuestiones que afecten a los hijos menores (arts. 
748.4.º,  769.3  y  770.6.ª  LEC).  No  estamos  ante  una  medida  complementaria  a  la 
tramitación de un procedimiento dirigido a poner fin a una relación de pareja sobre guarda y 
custodia de otros hijos menores que, por razones de economía procesal, justifique la 
tramitación conjunta de dicha petición. Ni en un posterior procedimiento de modificación de 
medidas en relación con ese hijo. Por consiguiente, la reclamación de alimentos, de 
acuerdo con el art. 250.1.8.º LEC, se decidirá por el juicio verbal, cualquiera que sea su 
cuantía. Y conforme a lo dispuesto en el art. 54.1 LEC, resulta aplicable el fuero general 
relativo al domicilio o residencia del demandado (art. 50 LEC).
En cuanto a las demandas interpuestas por el Abogado del Estado en aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la 
competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento  y  ejecución  de  las  resoluciones  y 
cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el fuero aplicable será el del 
domicilio del demandado (vid.  ATS de 10 de junio de 2015, rec. 79/2015), sin perjuicio 
de que sea también simultáneamente aplicable el fuero del Estado (el domicilio del 
demandado determinaría la capital de provincia en la que debe presentarse la demanda).
4.1.8  Disposiciones generales sobre jurisdicción voluntaria.
Se aborda la competencia territorial en estos expedientes en la Circular 9/2015, 
de 22 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en la nueva Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, cuyo contenido debe darse ahora por reproducido (epígrafe 2.6). 
Sin  perjuicio  de  ello,  se  hará  referencia  a  algunos  de  estos  expedientes  en  otros 
epígrafes  de  la  presente  Circular,  por  la  conexión  que  guardan  con  materias  que 
recomiendan un tratamiento específico unificado.
Debe destacarse que estos expedientes se rigen siempre por fueros imperativos y 
que en caso de que el juzgado no se considere competente, debe remitirlo al que 
considere que lo sea (art. 16.3 LJV), salvo que se tratara de un acto de conciliación, 
expediente que se rige por lo dispuesto en el art. 140 LJV, conforme al que si tras la 
realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, estas 
fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en otro partido judicial, 
procede dar por terminado el expediente y reservar al solicitante de la conciliación el 
derecho a promover de nuevo el expediente ante el juzgado competente (vid.  ATS 
de 30 de noviembre de 2016, rec. 1036/2016).
Es de interés hacer referencia al expediente de consignación judicial, sometido a un 
fuero especial contenido en el art. 98.2 LJV, que dispone que «será competente el  e
juzgado  de  Primera  Instancia  correspondiente  al  lugar  donde  deba  cumplirse  la  bo
obligación y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elección del  35ww
Esol licAiTtaSn ted.e E n2 4s ud dee feencetor,o  sedreá  c2o0m18p e(terencte.  e2l0 q2u/2e0 c1o7r)r edsepcolnadraa  aqlu deo m«aicniltieo  dtaell  dfeaultad ord»e. 
dees tearcmuidniar caiól nf udeerlo c osunbcrseidtoia lruiog aqru een  pqrueev éd eebl ea rste. r9 c8u.2m pLlJidVa  (lad oombilcigilaioc iódne,l  lod epurdoocre)d eqnutee, 
además, coincide con la regla general sobre el lugar del pago contenida en el art. 1171
CC».  El  ATS  de  29  de  septiembre  de  2020  (rec.  136/2020),  en  relación  con  una 
consignación  por  parte  de  una  aseguradora  en  concepto  de  indemnización  por 
accidente, declara que «el lugar donde acontece el siniestro carece de relevancia a los 
efectos  de  determinar  la  competencia  territorial  en  este  expediente  de  jurisdicción 
voluntaria. Ante tal falta de determinación del concreto lugar en que debe ser cumplida la 
obligación, lo procedente es acudir al fuero subsidiario que prevé el art. 98.2 LJV 
(domicilio del deudor) que, además, coincide con la regla general sobre el lugar del pago 
contenida en el art. 1171 CC». También en relación con un expediente de consignación 
judicial, el ATS de 15 de diciembre de 2020 (rec. 240/2020) declara que «en el presente 
caso las partes acordaron que el cumplimiento de la obligación se haría en la cuenta 
abierta por el arrendador en una sucursal de Bancaja sita en Elche, por lo que concurre 
el fuero principal indicado en las normas citadas. Estas no hacen referencia al lugar 
donde se encuentra sita la finca arrendada».
4.2  Procesos en los que el/la fiscal no tiene la cualidad de parte o de interviniente.
4.2.1  Juicio verbal
Como ya se ha expuesto, en el juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni 
tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el art. 54.1 LEC. La competencia 
territorial se determina –cualquiera que sea la pretensión ejercitada en el juicio verbal– 
siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada 
caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del 
art. 52 LEC; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del 
demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y 
entes sin personalidad) –ad exemplum AATS de 16 de julio de 2019 (rec. 151/2019); 
de 25 de junio de 2019 (rec. 123/2019)–.
4.2.2  Proceso cambiario.
Conforme al art. 820 LEC, será competente para el juicio cambiario el juzgado de 
Primera Instancia del domicilio del demandado.
El art. 820 LEC establece para el juicio cambiario una regla de competencia territorial 
de  carácter  imperativo,  en  la  que  se  determina  que  será  competente  para  su 
conocimiento el Juez de Primera Instancia del domicilio del demandado, fuero imperativo 
que debe ser apreciado de oficio y que excluye, por consiguiente, la sumisión expresa y 
tácita (AATS de 10 de noviembre de 2020, rec. 144/2020; de 10 de septiembre de 2019, 
rec. 171/2019; de 9 de julio de 2019, rec. 114/2019; y de 9 de octubre de 2018, rec. 
113/2018).
Cuando se trata de un juicio cambiario contra varios demandados con domicilios 
distintos, es aplicable el art. 820 LEC, que establece que será competente el domicilio de 
cualquiera de ellos y el art. 53 LEC que atribuye esta elección al demandante, por 
consiguiente la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos a elección del 
demandante (ATS de 29 de octubre de 2013, rec. 161/2013).
El domicilio trascendente a efectos de determinar la competencia es el que tenía el 
demandado al tiempo de presentarse la demanda (vid.  AATS de 22 de noviembre 
de 2011, rec. 180/2011; y de 28 de septiembre de 2010, rec. 386/2010).
El  fuero  se  determina  por  el  domicilio  social  del  demandado.  Carece  de 
trascendencia, a los presentes efectos, que el requerimiento de pago se haga a persona 
que tiene domicilio en lugar distinto y que las acciones de la sociedad anónima sean de  e.e
titularidad  de  persona  con  otro  domicilio  (ATS  de  12  de  noviembre  de  2004,  rec.  b
74/2004). 35ww
(ATSD odme i1c8ili od ed em alayso  sdoec i2e0d1a6d,e rse cm. e1r5c3a/n2t0il1e6s;  eys d eel  1q7u ed ec eonnestreo  deen  2e0l 1R4e, greisct.r o2 0M5e/2rc0a1n3t)i.l 
Ydo mtainc ilisoo lfois, casil  peasr aim fipjaors liab lec ocmopneotceenrc ieal  (AdoTmS icdielio 2 5s odceia ml, apyood rdáe  t2e0n1e0rs, er eec.n  1c7u1e/2n0ta1 0e).l 
Esto se aplica tanto para el juicio cambiario como para el proceso monitorio contra las
sociedades  mercantiles,  sin  perjuicio  que  se  tenga  en  cuenta  el  domicilio  fiscal 
averiguado para el emplazamiento y citación de la entidad demandada (ATS de 1 de 
octubre de 2019, rec. 129/2019).
En relación con el expediente por extravío de pagaré, «de conformidad con los arts. 
84 a 87 de la Ley 19/1985, Cambiaria y Del Cheque, y en concreto del art. 85, que por 
remisión del art. 96 de la misma Ley, es aplicable al pagaré, y siendo que el citado 
art. 85, en su párrafo primero, en la redacción dada por el artículo séptimo de la 
Ley 13/2009 […] establece que será tribunal competente el de la localidad fijada en la 
letra para su pago» (ATS de 14 de mayo de 2013, rec. 10/2013).
4.2.3  Procedimiento para adoptar diligencias preliminares.
Conforme al art. 257 LEC, será competente para resolver sobre las peticiones y 
solicitudes a que se refiere el artículo anterior el juez de Primera Instancia o de lo 
Mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de 
declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para 
preparar el juicio. En los casos de los números 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del apartado 1 del 
artículo anterior, será competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda 
determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas diligencias, a raíz del resultado 
de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal o bien del que, a 
raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para 
conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente 
acumularse.
El  apartado  segundo  del  art.  257  LEC  establece  una  regla  de  procedimiento 
competencial singular: no se admitirá declinatoria en las diligencias preliminares, pero el 
juez al que se soliciten revisará de oficio su competencia y si entendiese que no le 
corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de conocer indicando al solicitante el 
juzgado de Primera Instancia al que debe acudir. Si éste se inhibiere en su competencia, 
decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en el 
artículo 60 de la presente Ley.
La interpretación de este fuero imperativo ha generado una rica casuística que puede 
consultarse en los AATS de 26 de marzo de 2019 (rec. 15/2019); de 16 de octubre 
de 2018 (rec. 155/2018); de 2 de junio de 2009 (rec. 109/2009); de 10 de diciembre 
de 2013 (rec. 184/2013); de 29 de marzo de 2016 (rec. 243/2015) y de 25 de mayo 
de 2010 (rec. 129/2010).
A  efectos  de  ilustrar  cómo  funciona  este  fuero  en  su  regla  general  y  en  sus 
excepciones es de resaltar el ATS de 26 de marzo de 2019 (rec. 15/2019) que declara 
que «en el presente caso, nos encontramos ante la solicitud de diligencias preliminares 
consistentes en la exhibición de documentación, supuesto, a efectos de competencia 
territorial,  regulado  en  el  art.  257.1  de  la  LEC,  que  estima  órgano  competente 
territorialmente al juez de Primera Instancia del domicilio de la persona que en su caso 
hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las diligencias que se acordaren 
para preparar el juicio; desde este punto de vista sería competente el juzgado de Madrid 
pues en dicha localidad tiene su domicilio la entidad de quien se solicita la exhibición de 
documentación.  Sin  embargo,  esta  regla  tiene  varios  supuestos  excepcionales, 
recogidos en el citado precepto legal, para los que se atribuye la competencia al juzgado 
del lugar donde haya de presentarse la demanda, entre las cuales figuran las peticiones 
de diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, 
prevean las correspondientes leyes especiales [número 9.º del apartado 1 del art. 256  e
LEC]. Y en el presente caso se contempla éste último supuesto pues la relación que  bo
vincula  a  las  partes  es  la  propia  de  un  contrato  de  agencia  por  lo  que  desde  la  35ww
pperersspeenctatirvsae  dlae  dlae mcoamnpdeat,e pnacriaa  tceuryriato rdiaelt esremráin caocmiónp ehteanbtreá  edle ju azcguaddiors aen ate l ae l Lqeuye  1h2a/1ya9 9d2e, 
dimep 2o7rt adnet em naoyorm rae gduela dcoarraá cdteerl  cporonctreastoa l d(eD iasgpeonsciciaió ny  cAudyiaciso ndaisl)p oesnic liao nqeuse c osnet ieesnteanb luencea 
que: La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de
agencia corresponderá al juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en 
contrario."
En un supuesto en el que el demandante solicite la exhibición de documentación 
derivada de contrato de seguro, en su calidad de consumidor, se considera que tal 
supuesto se encuadra dentro del ordinal 9.º del apartado 1 del art. 256 LEC, siendo por 
tanto competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Y 
siendo  la  acción  a  ejercitar  por  el  futuro  demandante  una  acción  individual  de 
consumidor derivada de un contrato de seguro resulta de aplicación lo dispuesto en el 
art. 52.2 LEC y el art. 90.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios, que determina que la competencia del tribunal del domicilio 
del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la 
oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los arts. 50 
y 51, a elección del demandante (ATS de 11 de septiembre de 2018, rec. 124/2018).
De  especial  interés  es  el  ATS  de  1  de  marzo  de  2017  (rec.  16/2017): 
«pretendiéndose en el presente caso por la solicitante la exhibición de documentación 
con el fin de interponer una demanda en ejercicio de acción derivada un contrato de 
prestación de servicios de telefonía móvil, en su calidad de consumidor, tal supuesto se 
encuadra dentro del ordinal 9.º del apartado 1 del artículo 256 de la LEC, siendo por 
tanto competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Y 
siendo  la  acción  a  ejercitar  por  el  futuro  demandante  una  acción  individual  de 
consumidor derivada de un contrato de prestación de servicios de telefonía móvil resulta 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LEC y el artículo 90.2 del Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, los cuales se 
refieren, a estos efectos, a la preferencia del domicilio del consumidor o usuario».
En  supuestos  de  solicitud  de  práctica  de  diligencia  preliminar  de  exhibición  de 
documentos para preparación de demanda contra entidad bancaria, cuando la sucursal 
ha desaparecido, es de resaltar el ATS Pleno de 29 de marzo de 2016 (rec. 243/2015): 
«habida cuenta que la localidad en que la relación jurídica ha de surtir efectos es Huelva, 
lugar donde Bankia tiene la sucursal más próxima al domicilio del demandante y en la 
que se encuentra la documentación a exhibir tras el cierre de la oficina de Lepe, no cabe 
sino concluir que la competencia corresponde a los juzgados de dicha localidad».
Cuando se pretende la exhibición o entrega del documento en relación con una 
persona jurídica no es imperativo presentar la solicitud en el partido judicial del domicilio 
del  demandado  sino  que  también  puede  presentarse  en  el  partido  donde  tiene 
establecimiento abierto al público cuando las relaciones del demandante con la entidad 
se han llevado a cabo en dicha sucursal. Para el TS «cualquier otra solución vulneraría 
irremediablemente el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante, que para 
poder  lograr  la  mera  exhibición  de  un  documento  se  vería  obligado,  tras  haber 
presentado su solicitud en Alicante, por ser la única sucursal abierta de la demandada 
próxima a su domicilio a tener que dirigirse a un juzgado de Madrid, que es domicilio 
social de la demandada, situación que los tribunales deben evitar» (vid. AATS de 26 de 
febrero de 2019, rec. 12/2019; de 22 de febrero de 2017, rec. 3/2017 y 13 de enero 
de 2016, rec. 174/2015).
En general, cuando la demanda de diligencias preliminares se dirige contra una 
persona jurídica, el art. 51 LEC permite que pueda ser demandada «en el lugar donde la 
relación jurídica haya de surtir efectos, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento 
abierto al público» (AATS 29 de septiembre de 2020, rec. 115/2020; de 19 de febrero 
de 2019, rec. 268/2018 y 20 de abril de 2016, rec. 33/2016). s
En un supuesto en el que el demandado tenía su domicilio en el extranjero, el ATS  oe.
de 20 de septiembre de 2004 (rec. 38/2004) resuelve lo siguiente: «siendo extranjero el  w.
supuesto responsable de los hechos, prevalece –frente a la normativa sancionada en los  35ww
Carotsn.s e5j0o  yd es s2. 2L-E12C-–2 0l0a0 p, rcouyyeoc caiórnt.  p5r-e3f,e rpernetsec rdibeel  Rqueeg laamneten teov deen tulaa leCsE Ere c4l4a/m20a0ci1o ndeesl 
csoen tprrao dciuujdearodna nlooss  dhee ochtroos p, apísre, vpaoldernácnia s, epr udeesm, adnedla dfuaesr oa nltoec uesl  juczogmadisos in afacciotinsa lq duoen dsee   BOE-A-cable e
sobrepone  al  del  domicilio  del  actor,  lo  que,  por  otro  lado,  se  cohonesta  con  el 
fundamento sociológico de que, por la condición de extranjero del destinatario de la 
acción, su tutela se dispensará en mejor modo ante la jurisdicción del lugar de los 
hechos, que ante la del domicilio del actor, por completo desvinculada o ajena a esa 
extranjería territorial del afectado».
En los casos en los que las diligencias preliminares se soliciten contra más de una 
persona, el solicitante podrá elegir el juzgado del domicilio de cualquiera de ellas (AATS 
de 19 de febrero de 2019, rec. 268/2018; y de 18 de mayo de 2016, rec. 189/2016).
4.2.4  Proceso monitorio.
En relación con la competencia territorial en el proceso monitorio, esta se fija de 
manera  imperativa  por  el  art.  813  LEC.  Dicho  precepto  establece  que  será 
exclusivamente competente para el proceso monitorio el juzgado de Primera Instancia 
del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el 
deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el tribunal, salvo que 
se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del 
artículo 812, en cuyo caso será también competente el juzgado del lugar en donde se 
halle la finca, a elección del solicitante.
En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita 
contenidas en la sección II del capítulo II del Título II del Libro I.
Si,  tras  la  realización  de  las  correspondientes  averiguaciones  por  el  Secretario 
Judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado 
en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo 
constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el 
proceso ante el juzgado competente.
El fundamento de este fuero imperativo es el de reforzar el derecho a la tutela judicial 
efectiva y de defensa del deudor, facilitándole el acceso al órgano jurisdiccional, teniendo 
en cuenta la naturaleza y fines de este proceso especial, tendente a lograr una tutela 
rápida de ciertos derechos de crédito.
De  la  aplicación  del  precedente  criterio  legal  se  colige  que  el  legislador  ha 
establecido  un  régimen  especial  de  reglas  para  la  apreciación  de  oficio  de  la 
incompetencia territorial en el proceso monitorio, diferenciado del general comprendido 
en el Libro I LEC, por virtud del cual, en supuestos de incompetencia territorial, el juez 
dictará auto dando por terminado el proceso y reservando al acreedor el derecho a instar 
de nuevo el proceso ante el juzgado competente, sin necesidad de activar el trámite del 
art. 58 LEC ni de resolver la inhibición en favor del juzgado competente. Cierto es que la 
redacción del último párrafo del art. 813 LEC solo contempla tal previsión para supuestos 
de  incompetencia  territorial  sobrevenida  y  no  inicial,  pero  no  existen  razones  que 
justifiquen un diferente tratamiento cuando de la mera lectura de la petición inicial ya se 
constata, sin necesidad de ninguna averiguación, que el deudor está localizado en otro 
partido judicial (AATS de 18 de febrero de 2020, rec. 26/2020; y 9 de diciembre de 2015, 
rec.171/2015).
Cuando el juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se 
declara competente territorialmente –por aplicación de lo dispuesto en el art. 813 LEC– 
no  está  fijando  indebidamente  su  competencia,  aun  cuando  se  haya  determinado 
erróneamente  el  lugar  donde  se  encuentra  el  deudor,  sino  que  tal  declaración  de 
competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la petición, que 
resultan  esenciales  para  la  apertura  del  procedimiento.  En  tal  caso  de  falta  de  e
localización del deudor en el domicilio señalado, cabe incluso admitir que se intente una  bo
primera averiguación de domicilio de modo que si aparece otro distinto al suministrado,  35ww
rpeesruol tdae enfteroct idveol  op reol pdioo mpiacriltiiod oa vjuedriigcuiaal,d ose p einrtteennteec ee l ar edqisuteinrtimo ipeanrttoid; op jeurdoi csiai lt,a nmop hoacbor áe sdtee 
pcoomneprestee necnia  mtearrrcithoari ael l qmuee cyaan issem od epcrlaervóis ctoo rerenc tealm aernt.t e5 8co LnEfoCrm pea raa  lan elegya,r  sainhoo rqau eu nloa 
procedente  será  el  archivo  de  las  actuaciones  con  devolución  al  acreedor  de  la
documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo 
en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo; solución 
aplicable con carácter general al proceso monitorio, salvo el caso distinto de las deudas 
derivadas del régimen de propiedad horizontal que, conforme a lo dispuesto en el 
art. 815.2 LEC, tiene un régimen especial en cuanto a la localización del deudor (ATS 
Pleno  de  5  de  enero  de  2010,  rec.  178/2009;  de  19  de  noviembre  de  2019,  rec. 
270/2019).
En el caso de que haya varios demandados podrá promoverse el monitorio ante el 
juzgado del domicilio de cualquiera de ellos a elección del demandante (AATS de 26 de 
enero de 2010, rec. 371/2009; y de 8 de septiembre de 2009, rec. 210/2009).
Ante un supuesto en el que el demandado es una persona sin domicilio ni residencia 
estable, dado que por su trabajo itinerante varía constantemente de paradero, el TS 
concluye  que  procede  declarar  territorialmente  competente  para  conocer  del  juicio 
monitorio al juzgado en cuya localidad tiene su domicilio la empresa en que trabaja el 
demandado y puede ser perfectamente practicada la diligencia procesal exigida en el 
proceso de que se trata (ATS de 1 de abril de 2005, rec. 17/2005).
En el ATS de 12 de septiembre de 2005 (rec. 78/2005) se plantea si debe prevalecer 
el domicilio del deudor fijado en el contrato que da lugar a la petición de proceso 
monitorio y en el que se ha practicado con eficacia el requerimiento, o el que resulta de 
su estancia en un centro penitenciario en situación de prisión preventiva iniciada con 
anterioridad  a  la  presentación  de  aquella  pero  conocida  en  este  proceso  con 
posterioridad. El TS considera que «la residencia en dicho establecimiento tiene un 
carácter accidental que no puede prevalecer, a efectos de determinar la habitualidad, 
frente  a  las  características  del  que  aparece  como  su  domicilio  en  el  contrato  de 
financiación y en el que ha tenido lugar la práctica del requerimiento».
Un supuesto especial de monitorio es el que se sigue por deudas de comunidad de 
propietarios; en este caso se prevé como fuero electivo el lugar donde radique la finca. 
En este sentido, «además del juez del domicilio o residencia del deudor o del lugar 
donde éste pudiera ser hallado, será también competente el del lugar donde se halle la 
finca, a elección del solicitante. En consecuencia, presentada por el actor su petición en 
Madrid, ha de entenderse que en cualquier caso optó por el lugar de la finca, en ejercicio 
de la facultad de elección otorgada por la norma (AATS de 27 de marzo de 2012, rec. 
11/2012; y de 23 de febrero de 2010, rec. 438/2009).
Si la suma reclamada no excede de los límites del juicio verbal, en caso de oposición 
la  competencia  territorial  corresponderá  al  juzgado  que  conoció  del  monitorio  (vid. 
AATS de 12 de febrero de 2019, rec. 248/2018; y de 29 de junio de 2016, rec. 749/2016). 
Esta regla es también de aplicación cuando el procedimiento se sigue en reclamación de 
deudas de comunidad de propietarios: si el monitorio se planteó ante los juzgados del 
domicilio del deudor, el proceso verbal ulterior debe seguir vinculado competencialmente 
a tal juzgado, no pudiendo este inhibirse en favor del juzgado del lugar donde se halle la 
finca (ATS de 16 de diciembre de 2015, rec. 158/2015).
Si la suma reclamada excede de los límites del juicio verbal, en caso de oposición 
dejará de aplicarse la vinculación competencial con el juzgado que tramitó el monitorio 
inicial (ATS de 1 de junio de 2016, rec. 453/2016), pasando a regirse este segundo 
proceso por sus propias reglas (vid. ATS de 3 de noviembre de 2016, rec. 979/2016).
La determinación de la competencia territorial que, de manera imperativa, se efectúa 
en el art. 813 LEC a favor del juzgado del domicilio del demandado, sin distinguir la 
posición jurídica o condición que ostenten cada una de las partes en la relación base de  s
la reclamación, hace inaplicable al caso las previsiones contenidas en el art. 52.2 LEC – oe.
fuero del consumidor– (ATS de 11 de febrero de 2016, rec. 182/2015). w.
Cuando un juzgado se inhibe indebidamente por no tener el deudor su domicilio en el  35ww
cpoamrtipdeot ejnucdiaic idael, l Jlau zgsaodluoc idóen  Parli mceoran flIincstota ndceia  cqoume pneote dnecbiaió  cinohnisbiisrstee , esnin  pdeercjulaicraior  dlea 
que adopte la resolución procedente –archivo reservando al acreedor el derecho a instar
de nuevo el proceso ante el juzgado competente– (ATS de 16 de julio de 2019, rec. 
136/2019).
4.2.5  Procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.
Conforme al art. 807 LEC, será competente para conocer del procedimiento de 
liquidación el juzgado de Primera Instancia que esté conociendo o haya conocido del 
proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se hayan 
seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial por alguna 
de las causas previstas en la legislación civil.
El ATS de 17 de abril de 2012 (rec. 47/2012) interpreta la norma: ha de atenderse al 
criterio establecido en el art. 769.1 LEC que establece diversos fueros sucesivos para 
fijar la competencia territorial en los procesos matrimoniales determinando en el párrafo 
primero que "en el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será 
tribunal  competente,  a  elección  del  demandante  [...],  el  del  último  domicilio  del 
matrimonio  o  el  de  la  residencia  del  demandado".  Al  haber  seleccionado  la  parte 
demandante el último domicilio de los consortes, que acredita que fue en Valladolid 
deben estimarse aplicables los fueros de competencia del art. 769.1 LEC, por lo que 
debe concluirse que la competencia corresponde al juzgado de Valladolid (ATS de 17 de 
abril de 2012, rec. 47/2012). En el mismo sentido, ATS de 8 de enero de 2013 (rec. 
228/2012).
4.2.6  Procedimientos de ejecución.
4.2.6.1  Disposiciones generales.
El art. 545 LEC, en su apartado primero, establece un fuero imperativo: si el título 
ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por Secretarios 
Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo o transacciones y 
acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente para dictar el auto 
que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el tribunal que 
conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción 
o acuerdo.
En los siguientes apartados, el art. 545 LEC desglosa una serie de especialidades en 
la determinación del fuero de ejecución.
Existe consenso en encontrar el fundamento de la improrrogabilidad de este fuero en 
la conveniencia de facilitar una distribución equitativa de asuntos entre los distintos 
órganos jurisdiccionales.
La doctrina general se contiene en el Acuerdo de 16 de diciembre de 2008 conforme 
al que la competencia territorial en procesos de ejecución viene determinada por normas 
imperativas. En consecuencia, es examinable de oficio (art. 546 LEC) y también a 
instancia de parte mediante declinatoria (art. 547 LEC).
En relación a esta materia, los conflictos de competencia se resuelven conforme a lo 
preceptuado en el art. 546.2.ª LEC, que establece un límite temporal rígido: una vez 
despachada ejecución, el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia territorial.
Este límite temporal es destacado por el TS (AATS de 10 de diciembre de 2019, rec. 
232/2019; de 9 de julio de 2013, rec. 26/2012; y de 4 de diciembre de 2012, rec. 
205/2012). En esta línea, el ATS de 26 de noviembre de 2013 (rec. 24/2013) declara que 
«el Auto por el que se declaraba territorialmente incompetente fue dictado después de 
haber despachado ejecución, y en este caso –una vez despachada ejecución– la falta de  e.e
competencia territorial solamente podría ser apreciada cuando el ejecutado propusiere  b
en tiempo y forma la declinatoria». 35ww
espeLcai arleevsi:s ióconn dfoer mlae  caolm  aprett.e n5c4i6a. 1e nL EesCt o«s acnatesso s dteie ndee supnaacsh anro remjeacsu cpiróonc,e deilm  ternibtuanleasl 
edxoacmumineanráto sd eq uoefic sioe  sauc ocommppaeñteenn caia  late rdreitmoraianl dya ,s ie, nctoennfdoiremrae  qaul etí tunloo  eesje cteurtirvitoo ryia ldmeemnátes 
competente,  dictará  auto  absteniéndose  de  despachar  ejecución  e  indicando  al
demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda. Esta resolución será 
recurrible conforme a lo dispuesto en el artículo 552». El art. 552.2 LEC establece que 
«el  auto  que  deniegue  el  despacho  de  la  ejecución  será  directamente  apelable, 
sustanciándose la apelación solo con el acreedor. También podrá el acreedor, a su 
elección, intentar recurso de reposición previo al de apelación».
Ello determina que en estos casos, el juzgado al que le es repartida la demanda de 
ejecución  no  puede  dictar  auto  de  inhibición.  Si  no  se  considera  territorialmente 
competente,  debe  dictar  auto  absteniéndose  de  despachar  ejecución  e  indicar  al 
demandante el tribunal ante el que debía presentar la demanda de ejecución. Si no lo 
hace así, y se inhibe «ha provocado un conflicto improcedente y ha modificado el 
régimen de recursos establecido en el artículo 546.1 LEC, del que se ha privado al 
ejecutante», por lo que en estos casos procede devolver las actuaciones al juzgado que 
se inhibe (vid.  ATS de 19 de marzo de 2019, rec. 254/2018).
4.2.6.2  Ejecución de títulos no judiciales.
Para las demandas de ejecución de título no judicial rige un fuero imperativo, según 
se deduce de lo dispuesto en el art. 546 LEC, si bien tal fuero es de carácter electivo 
para el demandante en la ejecución, de modo que puede optar por solicitarla al Juzgado 
de Primera Instancia del domicilio del demandado, al del lugar de cumplimiento de la 
obligación, según el título, o al de cualquier otro en que se encuentren bienes del 
ejecutado que puedan ser embargados, como establece el art. 545 apartado 3.º LEC, a 
lo que añade a este respecto el mismo apartado 3.º, que si hubiese varios ejecutados, 
será competente el tribunal que, con arreglo al párrafo anterior, lo sea respecto de 
cualquier ejecutado, a elección del ejecutante.
El ATS de 21 de enero de 2020 (rec. 289/2019) analiza un supuesto en el que la 
acción ejercitada no es de ejecución hipotecaria, sino de ejecución ordinaria en virtud de 
título no judicial de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca, enumerado en el 
art. 517.2.4.º LEC. El TS considera que tratándose de la ejecución de título no judicial 
rige un fuero imperativo, según se deduce de lo dispuesto en el art. 546 LEC.
No puede cuestionar la competencia del juzgado elegido por el ejecutante de entre 
las  opciones  legales:  «la  parte  ejecutante  interpuso  la  demanda  ejecutiva  ante  los 
juzgados de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el art. 545.3.º LEC e informó de que 
elegía dicho fuero en atención a que la demandada tiene bienes embargables en dicha 
ciudad;  en  consecuencia,  al  ser  una  elección  legal  la  realizada,  corresponde  la 
competencia territorial para el conocimiento del asunto al juzgado de Primera Instancia 
de Madrid» (AATS de 9 de octubre de 2018, rec. 144/2018; y de 1 de junio de 2016, rec. 
654/2016).
Los juzgados sí pueden controlar si el domicilio que el demandante identifica como 
del demandado está mínimamente acreditado: el ATS de 18 de noviembre de 2014 (rec. 
137/2014) basa su resolución en que «no se aporta ninguna prueba que justifique dónde 
se  encuentra  en  realidad  el  domicilio  de  la  sociedad  ejecutada,  el  indicado  en  la 
demanda no corresponde con el indicado en la póliza».
También  en  estos  casos  es  aplicable  el  art.  546.2  LEC,  por  lo  que  una  vez 
despachada ejecución el tribunal no podrá de oficio revisar su competencia territorial 
(ATS de 2 de abril de 2013, rec. 28/2013; y de 10 de enero de 2012, rec. 207/2011).
El ATS de 17 de noviembre de 2020 (rec. 176/2020) declara a estos efectos que «la 
competencia para conocer de la ejecución de título no judicial se rige por el fuero 
imperativo que establece el artículo 545.3 LEC, con carácter electivo para el demandante  e
de ejecución, que podrá optar por solicitarla ante el juzgado de Primera Instancia del  bo
domicilio del demandado, el del lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o  35ww
eelm  dbea rgcaudaolqsu [ie…r ] lEugl aerx aemn enq udee  slae  ceonmcupeentetrnecnia  bteiernrietosr iadle, lc oenjefocrumtaed oa l qtíutuel op eujeedcaunti vos eyr 
dtreibmuánsa l daonctuems ednet odse sqpuaec hsaer  aecjeocmupcaióñne,n d ae telar mdienmanadnod ae,l  saert ídceubloe  5r4e6a.li2z aLrE dCe  qoufiec iuon pao vr eezl 
despachada ejecución el tribunal no podrá de oficio revisar su competencia territorial».
El TS califica a efectos de competencia como acción ejecutiva basada en títulos no 
judiciales ni arbitrales a una demanda que se apoya y fundamenta en la póliza de 
contrato  mercantil  intervenida  notarialmente  cuyo  carácter  de  título  ejecutivo  se 
encuentra reconocido en el art. 517.2.5.º LEC, «sin que el hecho de que a dicha 
demanda se acompañe laudo arbitral que determina, tras la correspondiente liquidación, 
el importe de la referida póliza que es objeto de reclamación, pueda estimarse razón 
suficiente para excluirla de su ámbito de aplicación». Por ello «resulta aplicable el 
art. 545.3 LEC, siendo en el presente caso el lugar de cumplimiento de la obligación, 
según consta en la póliza de contrato mercantil cuya ejecución se interesa, Barcelona, 
circunstancia ésta en virtud de la cual la parte ejecutante, haciendo uso de la elección 
que le autoriza el referido art. 545.3, ha presentado su demanda ante el juzgado de 
Barcelona» (ATS de 6 de marzo de 2012, rec. 240/2011).
4.2.6.3  Ejecución de autos de cuantía máxima.
La Junta General de Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de 
marzo de 2004, acordó que «el juez territorialmente competente para la ejecución del 
Auto  de  cuantía  máxima,  previsto  en  los  artículos  10  y  15  de  la  Ley  sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, debe ser el del 
lugar en que se causaron los daños, en atención a lo establecido en el artículo 52.1, 9.º 
de la LEC 1/2000, de 7 de enero, por constituir dicho Auto de cuantía máxima un título 
judicial, recogido en el artículo 517.2, 8.º LEC 2000, lo que excluye la aplicación del 
art. 545.3 LEC 2000, y su remisión a los arts. 50 y 51 de dicho cuerpo legal».
Este criterio ha sido seguido, entre otros, por AATS de 11 de junio de 2013 (rec. 
42/2013); 17 de septiembre de 2004 (rec. 39/2004); y 2 de marzo de 2006 (rec. 4/2006).
4.2.6.4  Ejecución de título judicial extranjero.
La competencia corresponde, atendido el trámite procesal en que se encuentran las 
actuaciones,  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  que  dictó  la  resolución  judicial  de 
reconocimiento de ejecutividad de un título extranjero, como trámite previo a la orden de 
general de ejecución, pendiente de notificación y recurrible ante la Audiencia Provincial 
(ATS de 12 de febrero de 2013, rec. 189/2012).
4.2.6.5  Ejecución de laudo arbitral.
Conforme al Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, el fuero competente es el del 
lugar en que se dictó el laudo arbitral, por aplicación de lo dispuesto en el art. 545.2 LEC, 
en relación con el art. 8.4 de la Ley 60/2003, de Arbitraje.
Este criterio ha sido seguido, entre otros, en el ATS de 24 de julio de 2008 (rec. 
54/2008): «la cuestión de competencia negativa suscitada debe ser resuelta en favor del 
juzgado de 1.ª Instancia núm. 47 de Madrid que es el lugar en que se dictó el laudo, de 
conformidad con los arts. 545.2 LEC y 8.4 de la Ley de Arbitraje 60/2003, y sin que sean 
de aplicación las normas citadas en el auto de dicho juzgado porque las mismas no rigen 
para el proceso de ejecución, cuya regulación excluye la prevista para el proceso de 
declaración salvo cuando hay laguna en aquél o exista norma de remisión».
4.2.6.6  Ejecución de bienes pignorados o hipotecados.
El art. 684 LEC establece para estos supuestos un fuero imperativo que depende de 
si el bien es un inmueble, un buque, un mueble o se trata de un bien pignorado. e.
La ejecución hipotecaria ya estaba sometida a fuero imperativo en el art. 131 de la  w.b
Ley Hipotecaria, en su redacción dada por Ley 10/1992, de 30 abril. La LEC derogó esta  35ww
reguElal caiórtn. .684.1.1.º LEC, para bienes hipotecados inmuebles, fija la competencia en el
Jduez ugna dpoa rdtied oP rjuimdiecriaa l,I nlos tamniscmia od eqlu leu gsai rfu eenr eqnu eva rraiadsiq yu era ldai cfianrcean  ye nsi  déisfetare rnatdeisc apraer teidno ms, áesl 
juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que
sean aplicables en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en 
la presente Ley.
Interpretan este fuero los AATS de 21 de febrero de 2018 (rec. 220/2017); 27 de abril 
de 2010 (rec. 88/2010) y 13 de julio de 2007 (rec. 94/2007). En esta última resolución se 
plantea «cuestión de competencia territorial entre el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de 
Torrijos y el n.º 3 de Valdemoro. Se trata de proceso de ejecución hipotecaria […] En el 
presente proceso, en que había fincas que radicaban en el partido judicial de Valdemoro, 
y en el de Torrijos, el acreedor hipotecario eligió el partido Judicial de Valdemoro, y el que 
después se lograse una satisfacción extraprocesal entre ejecutante y ejecutado, respecto 
de la finca registral inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdemoro, otorgándose al 
efecto escritura de cancelación de la hipoteca que pesaba sobre dicha finca, pero 
subsistiendo la ejecución respecto de la finca registrada en el Registro de la Propiedad 
de Torrijos, no altera la competencia del proceso ya iniciado pues el artículo 411 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 dice que las alteraciones que una vez iniciado el 
proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa 
litigiosa y el objeto del juicio no modificaran la Jurisdicción y la competencia, que se 
determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia".
En el ATS 11 de diciembre de 2018 (rec. 213/2018) se analiza un supuesto de 
continuación de la ejecución hipotecaria para reclamar el crédito no satisfecho: «estamos 
ante  la  continuación  del  proceso  de  ejecución  hipotecaria  en  el  que  quedarían 
cantidades pendientes para satisfacer el crédito reclamado, que deberá tramitarse con 
arreglo a las normas ordinarias de la ejecución dineraria, por lo que la competencia 
corresponderá al juzgado que conoció de la ejecución hipotecaria».
La LEC unifica en un solo procedimiento la ejecución de las hipotecas inmobiliaria, 
mobiliaria, naval y de bienes pignorados. No obstante, solo excluye la sumisión expresa 
para la hipoteca inmobiliaria, aunque como disposición común (art. 684.2 LEC) dispone 
que «el tribunal examinará de oficio su propia competencia territorial».
4.2.7  Procedimiento para el ejercicio del derecho de rectificación.
El art. 4 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de 
Rectificación, dispone que podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro 
de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o 
ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.
Las pretensiones sobre derecho de rectificación se tramitan como procedimiento 
específico por razón de la materia (juicio verbal con las especialidades previstas en el 
art.  6  LO  2/1984).  No  se  tramitan  como  procedimiento  de  protección  de  derechos 
fundamentales (vid.  ATS de 15 de marzo de 2017, rec. 2595/2016; y de 23 de junio 
de 2009, rec. 1629/2007).
El Ministerio Fiscal no interviene en estos procedimientos. En este mismo sentido se 
pronunció la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2001, de 5 de abril, sobre la 
incidencia de la nueva LEC en la intervención del Fiscal en los procesos civiles, y la 
Circular 1/2020, de 3 de enero, sobre los recursos de casación y extraordinario por 
infracción procesal en el orden jurisdiccional civil, que expresamente declara en relación 
con el derecho de rectificación que su «tutela se recabará, sin la intervención del Fiscal, 
a través del juicio verbal conforme a los arts. 250.1.9.º LEC y 6 LO 2/1984».
La imperatividad del fuero deriva, tanto del hecho de que el procedimiento a seguir 
es el cauce del juicio verbal, como de la previsión contenida en el párrafo segundo del 
art. 5 de la Ley, que dispone que el juez, de oficio y sin audiencia del demandado, dictará  e
auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente.  Pese a que no  bo
se  prevé  expresamente  la  audiencia  del  Fiscal,  por  aplicación  de  la  cláusula  de  35ww
scuaprálecttoerri epdreavdi od peal raa rlat.  e4m iLsEióCn,  dehla cborárr edsep oenndtieenndtee rdsicet aqmueen .debe  dársele  traslado  con
5. Normas especiales
5.1  Demandas frente a resoluciones de la DGRN (actual Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública).
5.1.1  En materia de Registro Civil.
La  Ley  20/2011,  de  21  de  julio,  del  Registro  Civil  (LRC),  introduce  un  nuevo 
número 17.º en el apartado 1 del art. 52 LEC, por el que se dispone que en los procesos 
contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección General de los Registros y del 
Notariado en materia de Registro Civil, a excepción de las solicitudes de nacionalidad 
por  residencia,  será  competente  el  juzgado  de  Primera  Instancia  de  la  capital  de 
provincia del domicilio del recurrente".
Conforme  al  apartado  primero  del  art.  87  LRC,  las  resoluciones  y  actos  de  la 
Dirección General de los Registros y del Notariado podrán ser impugnados ante el 
Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 781 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil.
De acuerdo con la disposición final décima de la LRC, su entrada en vigor tendrá 
lugar el 30 de junio de 2020. Debe en este punto tenerse presente que la Disposición 
final segunda del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia, ha vuelto a retrasar la entrada en vigor de la LRC hasta el 30 de abril de 2021.
El ATS de 10 de septiembre de 2019 (rec. 145/2019) resuelve una cuestión de 
competencia respecto de una demanda de juicio ordinario frente a la resolución de la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  que  deniega  la  inscripción  de 
nacimiento fuera de plazo y la declaración de nacionalidad española de origen con valor 
de simple presunción del promotor. La demanda se dirige contra la Dirección General de 
los Registros y del Notariado. Para el TS, tras constatar que el art. 87 LRC, el art. 781 bis 
LEC, y el párrafo 17.º del apartado 1 del art. 52 LEC no habían entrado en vigor, declara 
que «en el presente caso, la demanda es de juicio ordinario y, en atención a la acción 
ejercitada, no estamos ante un supuesto en que la competencia territorial venga fijada 
por la ley en virtud de reglas imperativas. Es por ello que el juzgado de Madrid se inhibió 
indebidamente, ya que, a falta de fuero imperativo, solo podría apreciar su falta de 
competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por parte 
legítima, lo cual no ha acaecido. En consecuencia, y de acuerdo con el informe del 
Ministerio Fiscal, la competencia territorial para conocer de la demanda corresponde al 
juzgado de Primera Instancia n.º 64 de Madrid, al que se ha sometido tácitamente el 
demandante con la presentación de la demanda».
El ATS de 13 de octubre de 2020 (rec. 137/2020) analiza un conflicto negativo de 
competencia territorial entre un juzgado de Bilbao y otro de San Bartolomé de Tirajana, 
respecto de una demanda de juicio verbal frente a la resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado que deniega la inscripción de nacimiento fuera de plazo 
y la declaración de nacionalidad española de origen con valor de simple presunción del 
promotor  del  promotor.  La  demanda  se  dirige  contra  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado. De nuevo se constata que el art. 87 LRC, el art. 781 bis LEC, 
y el párrafo 17.º del apartado 1 del art. 52 LEC no habían entrado en vigor y declara que 
«según el art. 59 LEC, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada 
por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente  s
podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el  oe.
juicio proponga en tiempo y forma la declinatoria. […] En el juicio verbal no es válida ni la  w.
ecsuul amjluqiszuigóieanrd  eocax pscoroe,m spapa ernetie clneat  eqt áucseiet aaa,m  sebelo gsdú ejnul  zrgedasoudmlotiasc  iledione   cldooe ndl filsidcpetuome sasento dm aeunnet ese,tl r aaynr t .ec no5 n4f.eo1sr tmLeE eCsc a.c s[o…on,  ]q dEueenl    2021-8435n https://ww
certificado de empadronamiento resulta acreditado que se dio de alta en el municipio de
Durango el 8 de abril de 2019, y si bien es cierto que en el poder notarial y en el permiso
de residencia figura expedido en Santa Lucía de Tirajana, ambos son de fecha anterior. 
Es por ello que se considera competente el juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Bilbao 
ya que no está acreditado que al tiempo de la demanda tuviera su domicilio en Santa 
Lucía de Tirajana».
5.1.2  En materia del Registro de la Propiedad.
Debe  partirse  del  art.  328  RH  que  en  su  párrafo  primero  dispone  que  las 
calificaciones  negativas  del  registrador  y  en  su  caso,  las  resoluciones  expresas  y 
presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del 
recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del 
orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
En el párrafo segundo establece que la demanda deberá interponerse dentro del 
plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación o, en su caso, de la 
resolución dictada por la Dirección General, o, tratándose de recursos desestimados por 
silencio  administrativo,  en  el  plazo  de  cinco  meses  y  un  día  desde  la  fecha  de 
interposición  del  recurso,  ante  los  juzgados  de  la  capital  de  la  provincia  a  la  que 
pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble y, en su caso, los de Ceuta o Melilla.
El ATS de 21 de septiembre de 2016 (rec. 929/2016) resuelve un conflicto negativo 
de competencia territorial respecto de una demanda de juicio verbal que tiene por objeto 
la acción de impugnación de la resolución dictada por la Dirección General de Registros 
y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores de la 
propiedad. El TS concluye que la competencia territorial para conocer de la demanda 
corresponde a los juzgados de Madrid, al ser la capital de la provincia a la que pertenece 
el lugar en que está situado el inmueble.
5.2  Demandas dirigidas contra el Estado.
Es tradicional en nuestro ordenamiento el reconocimiento de un fuero privilegiado al 
Estado. Ya el art. 57 de la Ley Adicional a la LOPJ de 14 de octubre de 1882 declaró 
para estos supuestos la competencia de los juzgados donde existiere Audiencia.
El art. 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas, establece que para el conocimiento y resolución de los procesos 
civiles  en  que  sean  parte  el  Estado,  los  organismos  públicos  o  los  órganos 
constitucionales, serán en todo caso competentes los juzgados y tribunales que tengan 
su sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta norma se aplicará con 
preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pudiere concurrir en 
el procedimiento.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los juicios universales ni a los 
interdictos  de  obra  ruinosa  (vid.  al  respecto,  ATS  de  25  de  enero  de  2006,  rec. 
141/2005).
Pese a las críticas que este privilegio del Estado ha suscitado en la doctrina, el ATC 
n.º  324/1993,  de  26  de  octubre,  desestimó  una  cuestión  de  inconstitucionalidad 
formulada contra el art. 71 de la anterior LEC, que establecía una norma similar. El TC 
consideró que «no es una medida exenta de razonabilidad» que los órganos públicos 
«litiguen donde previsiblemente tengan la residencia sus servicios jurídicos, en la capital 
[…] por el interés público en su mejor operatividad y eficacia que así se preserva».
Este  privilegio  procesal  es  también  aplicable  a  las  Comunidades  Autónomas. 
Algunas leyes autonómicas lo incorporan expresamente (vid.  art. 47 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía). En todo caso, la  e.
disposición adicional cuarta, apartado tercero, de la de la Ley 52/1997 dispone que «en  w.
cuanto  a  lo  dispuesto  en  el  art.  15,  cuando  sean  parte  en  el  procedimiento  las  35ww
sCeormánu ntaidmabdieésn  Acoumtópneotmenatse sy  leonst ijduazgdaeds odse y D treibreucnhaole psú qbuliec ote dnegpaenn sduie snetedse  deen  llaa sc ampiistaml adse, 
la Comunidad Autónoma en el caso de que la misma no sea capital de provincia».
Este fuero es aplicable al Consorcio de Compensación de Seguros, que es una 
entidad de derecho público, no siendo óbice la circunstancia de que el Consorcio deba 
ajustar  su  actividad  al  ordenamiento  jurídico  privado  (vid.  AATS  de  2  de  octubre 
de 2016, rec. 1043/2016; y de 29 de enero de 2013, rec. 250/2012).
5.3  Competencia para conocer de las solicitudes de medidas cautelares en general.
Regula la materia el art. 723 LEC que, en su apartado primero, dispone que será 
tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el que 
esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, 
el que sea competente para conocer de la demanda principal.
El apartado segundo de este precepto establece una regla para conocer de las 
solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la 
segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación: 
será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos.
El art. 725 LEC establece especialidades en relación con la posible apreciación de 
oficio de la competencia.
La imperatividad o no de este fuero cuando no se ha iniciado el proceso principal 
dependerá si este está o no sujeto a un fuero de esa naturaleza (accesorium sequitur 
principale). Así, el ATS de 28 de enero de 2015 (rec. 159/2014) declara que «interpuesta 
solicitud de medidas cautelares y siendo competente para conocer de tales solicitudes el 
tribunal que vaya a conocer de la demanda principal al no haberse iniciado aun el 
proceso, resulta que la futura demanda de juicio ordinario pretenderá que se declare la 
existencia y vigencia del contrato de franquicia suscrito entre las partes y la indebida e 
injustificada resolución anticipada decidida unilateralmente por la demandada. De ahí 
que la acción ejercitada no sea susceptible de ser incluida en ninguno de los fueros 
imperativos  del  artículo  52  LEC,  y  por  tanto,  tampoco  en  los  específicamente 
contemplados en el número 2 de dicho precepto. En consecuencia, a falta de normas 
imperativas, rige el fuero general de las personas jurídicas del artículo 51 LEC, y, puesto 
que este no constituye fuero imperativo alguno que excepcione el carácter dispositivo de 
las normas de competencia territorial previsto en el artículo 54 LEC, ha de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 56.1.º LEC, en relación con el citado artículo 54.1.º LEC, según 
los cuales, las reglas de competencia territorial de carácter disponible (todas salvo las 
que establecen fueros imperativos) solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o 
tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. En este caso 
debe considerarse que ha habido sumisión tácita de la parte demandante, que presentó 
la solicitud de medidas cautelares en el fuero del domicilio de una de las entidades 
demandadas de tal modo que, por aplicación del artículo 59 LEC, a falta de reglas 
imperativas,  la  falta  de  competencia  territorial  solo  podía  apreciarse  en  virtud  de 
declinatoria propuesta en tiempo y forma por parte la demandada».
6. Fueros especiales por razón de la acción ejercitada
6.1  Fuero de las acciones reales sobre bienes inmuebles.
La LEC asume el forum rei sitae.  Será tribunal competente el del lugar en que esté 
sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o 
sobre  una  sola  que  esté  situada  en  diferentes  circunscripciones,  será  tribunal 
competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante (art. 52.1.1.º LEC). s
El fuero solo opera en relación con las acciones reales, excluyendo las personales y  oe.
las mixtas. w.
facilSAitau ce iffóuennc dtdoaesml  udelente tordi oerrlai mpdriicotaacr e eslanos  dl aea  cmecjeaiocynuoecrs ióf anrce.ialildeasd  dpeal rare slato p rdáec tiaccac idoen elsa  epsru edbea  eys peenc ialal   2021-8435n https://ww
interés la STS n.º 540/2016, de 14 de septiembre, que declara que «lo característico de
la acción real es que proporciona al titular de un derecho de tal clase la facultad de  Bc
dirigirse judicialmente, y de manera directa, al bien o la cosa que es objeto de su 
derecho. La acción real facilita la reipersecutoriedad al conferir a su titular el poder de 
activar la maquinaria judicial para restituirle en su derecho. La acción personal responde 
a una relación jurídica entre personas de modo que únicamente puede dirigirse la acción 
contra el obligado o, en su caso, contra quienes traigan causa de él».
Tiene naturaleza real la acción por la que quien es titular de un derecho real de 
propiedad pretende su tutela mediante la declaración de extinción y cancelación de la 
inscripción de un derecho de otro (hipoteca) de la misma naturaleza real, al no haber 
sido dichas extinción y cancelación producto de la voluntad unilateral del acreedor, no 
obstante  haber  visto  éste  satisfecho  en  la  realidad  civil  su  derecho  de  crédito 
garantizado. Por ello debe aplicarse la regla primera del art. 52.1 LEC (ATS de 27 de 
septiembre de 2011, rec. 47/2011).
También se aplica este fuero a la acción de división de bien inmueble (ATS de 11 de 
enero de 2011, rec. 578/2010).
Se  aplica  este  fuero  a  una  acción  de  cancelación  de  anotación  preventiva  de 
embargo: la anotación de embargo es una medida cautelar protectora del crédito que la 
ha originado, y por tanto no convierte en real o hipotecaria la acción que anteriormente 
no tenía ese carácter. Pero si esto es así, lo es en relación con el acreedor que ha 
obtenido la anotación en su favor. Frente a los terceros, está dotada de la publicidad 
registral por lo que no pueden ignorarla y, por lo tanto, quedan sometidos al ejercicio de 
su derecho por el anotante (art. 71 LH), además de la preferencia que adquiere para ser 
pagado con el precio del inmueble trabado sobre los demás acreedores del deudor que 
lo sean con posterioridad a la anotación (art. 1923.4.º CC). En suma, la anotación 
registral de embargo produce unos efectos erga omnes similares a la hipoteca. Por todo 
ello, es razonable incluir dentro del término acciones reales a la ejercitada en esta 
demanda (ATS de 17 de octubre de 2005, rec. 98/2005)
La  acción  de  nulidad  de  escritura  de  constitución  de  una  hipoteca  inmobiliaria 
unilateral  respecto  de  un  inmueble  tiene  naturaleza  personal,  siendo  por  tanto  de 
aplicación los arts. 50 y 51 LEC, preceptos que no tienen naturaleza imperativa por lo 
que el juzgado no podía apreciar de oficio su propia competencia sino en virtud de 
declinatoria interpuesta en tiempo y forma (AATS de 3 de diciembre de 2019, rec. 
287/2019; de 5 de octubre de 2010, rec. 206/2010; y de 13 de abril de 2016, rec. 
203/2015).
La acción ex art. 1454 CC es de naturaleza personal: «no puede entenderse que la 
acción que ejercitó la actora en su demanda sea de carácter real, por cuanto la misma 
tiende, exclusivamente, a exigir el cumplimiento por el demandado de obligaciones 
nacidas de un contrato y por tanto de indudable naturaleza personal, pues a la Sra. G L 
no se le ha transmitido el dominio ni derecho real alguno sobre el piso a que se refiere el 
«documento de arras» de 2002, ya que dado el alcance de éste, ni se le ha hecho 
entrega de dicho inmueble, ni se ha otorgado escritura pública de venta, habiéndose 
limitado  las  partes  a  reservarse  mutuamente  las  facultades  que  establece  el 
artículo 1454 del Código Civil, a cuya efectividad precisamente tiende la pretensión 
deducida por la demandante» (ATS de 18 de julio de 2003, rec. 11/2003).
No se aplica este fuero a la acción de cumplimiento de contrato de compraventa 
ejercitada en el juicio ordinario. La demanda se fundamenta en los arts. 1098, 1445, 
1278, 1279 y 1280 CC. La acción de cumplimiento de contrato de compraventa es 
personal y no real (ATS de 2 de julio de 2019, rec. 148/2019).
En algún pronunciamiento el TS ha aplicado este fuero por analogía: «si bien es  s
cierto que la acción ejercitada en la demanda no es en rigor una acción real ni mediante  oe.
la misma se pide la nulidad del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, no lo es  w.
menos  que  su  causa  de  pedir  se  identifica  por  una  íntima  conexión  con  dicho  35ww
phripoocteedciam imenátso ,c aanl tideandteensd eqrusee  lapsa gcaodmapsu tapdoar sr aazl óenfe cdteo , ldae  osbuleigratec ióqnu e glaar asnotluizcaiódna  mcoáns 
raarzt.o 5n2a.b1l eL EleCg»a (lmATeSn tdee  e2s7  daep liacbarri l ldae  r2e0g0la5 , dreecl . o1r0d5in/2a0l 034.)º., en relación con el 1.º, del  BOE-A-cable e
6.2  Fuero de las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas de 
administradores de bienes ajenos.
Será tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no 
estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o 
el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor. (art. 52.1.2.º 
LEC).
Se trata de un fuero dispositivo. El ATS de 30 de abril de 2013 (rec. 36/2013) declara 
aplicando este fuero que «no constando determinado el lugar donde deban presentarse 
las cuentas, y constituyendo el domicilio de la actora la localidad de Cambrils, partido 
judicial de Reus, como resulta del poder para pleitos aportado a las actuaciones […] así 
como del justificante de empadronamiento en la mentada localidad […], fuero por el que 
expresamente  ha  optado  la  parte  actora  en  su  demanda,  debe  concluirse  que  la 
competencia corresponde al juzgado de primera Instancia num. 5 de Reus».
6.3  Fuero de las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras 
anteriores.
Será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la 
obligación principal sobre que recayeren. (art. 52.1.3.º LEC).
Este fuero, en tanto subordinado al de la obligación principal, aunque en principio es 
dispositivo, puede devenir en imperativo si la obligación principal está sometida a un 
fuero que tenga tal carácter.
6.4  Fuero para cuestiones hereditarias.
6.4.1  Disposición general.
Será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo 
hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde 
estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante (art. 52.1.4.º LEC).
La alternativa «donde estuviere la mayor parte de sus bienes» es aplicable tanto a 
los supuestos de que el finado hubiere tenido su última residencia en España como en 
país extranjero. La regla imperativa del citado art. 52.1.4.º LEC es compatible con un 
margen de elección de la parte demandante entre las dos posibilidades que la ley 
contempla (AATS de 4 de febrero de 2020, rec. 304/2019; de 26 de marzo de 2019, rec. 
31/2019; y de 16 de noviembre de 2010, rec. 514/2010).
Se trata igualmente de un fuero imperativo (ATS de 17 de septiembre de 2013, rec. 
122/2013).
En casos en que la documentación incorporada a las actuaciones suscita dudas 
sobre el domicilio, se sigue el criterio de que solo puede tenerse por tal el efectivo o real 
del finado en el momento de su fallecimiento (AATS de 13 de junio de 2018, rec. 
110/2018; 20 de diciembre de 2017, rec. 185/2017; 14 de septiembre de 2016, rec. 
923/2016; y de 20 de mayo de 2015, rec. 54/2015).
A la hora de determinar el último domicilio es interesante el ATS de 5 de noviembre 
de 2019 (rec. 231/2019): la competencia se declara a favor del juzgado en el que 
encuentra el último domicilio de la causante, pues consta empadronada en Madrid y, «si 
bien es cierto que en el certificado de defunción consta como último domicilio el de 
Hondarribia, ello obedece a que en dicha localidad pasaba sus vacaciones, habiendo 
acaecido  el  fallecimiento  en  la  época  de  verano,  de  manera  que  la  residencia  en  es
Hondarribia se considera accidental y su verdadero domicilio se halla en Madrid, donde  o
residía todo el año, salvo los periodos vacacionales. A esto hay que añadir que los  35ww
ddúoeltimmmIianocnti eldidorapo enrmenteti caMsin,li adohdo ard inede s» ot.lepa t pafrdaeolcle,e cdpidetoan, t reyol   AadTmeSlb  madsae r pg1ae4rn td eeqs u,e end eeprmeor amdneidt ea2 n0et1le 4sa  r(try.e  c5d.2e 1.m19.a44n/.2ºd 0aL1dE3oC)s ,d  tepieconlra erenal    OE-A-2021-84able en https://
que «la competencia para conocer del presente procedimiento debe declararse a favor
del juzgado de Primera Instancia n.º 36 de Madrid, lugar en el que encuentra el último 
domicilio  del  causante  don  T.,  y  en  cuanto  a  la  causante  doña  G.,  aunque  en  el 
certificado  de  defunción  consta  como  último  domicilio  el  de  Cerezo  de  Arriba,  la 
presunción de exactitud de los asientos del Registro Civil, admite prueba en contrario, y 
en este caso, en la copia de la escritura pública de testamento, consta su domicilio en 
Madrid, y en la propia certificación de fallecimiento, consta que aconteció en el Hospital 
de Guadarrama (Madrid). A esto hay que añadir que los demandantes, han optado, 
dentro del margen que permite el art. 52.1.4.º LEC, por el último domicilio de los finados, 
y  los  propios  actores,  todos  ellos,  tienen  domicilio  en  Madrid,  como  también  los 
demandados». En el mismo sentido pueden consultarse los AATS 7 de junio de 2011 
(rec. 44/2011) y 8 de junio de 2010 (rec. 254/2010).
En el ATS de 14 de septiembre de 2016 (rec. 923/2016) se interpreta igualmente el 
concepto del último domicilio: los causantes «fallecieron en El Prat de Llobregat, donde 
estuvieron viviendo los últimos meses de su vida, procedentes de Otero de Naraguantes, 
León, donde residieron hasta unos meses antes de morir, donde tienen la mayor parte de 
sus bienes hereditarios y donde se les enterró. Del certificado de empadronamiento de 
D. M. resulta el cambio de residencia el 13 de abril de 2005, falleciendo el 25 de junio 
de 2005, esto es dos meses después, y en el de D.ª C., fallecida el 10 de agosto 
de 2003, ni siquiera consta cambio de residencia o baja por traslado; en el certificado de 
defunción de D. M. consta como domicilio el de Otero de Naraguantes, León y en el de 
D.ª C., el Prat de Llobregat, si bien en su certificado de empadronamiento, como se 
expuso, ningún cambio o modificación se produjo.[…] se estima que el último domicilio 
de los finados lo fue en la provincia de León, siendo por tanto competente para conocer 
del presente procedimiento los juzgados de Ponferrada. Y ello al estimar acreditado que 
el traslado operado a El Prat de Llobregat lo fue puntual, y con el ánimo de constituir allí 
su residencia habitual».
En la misma línea puede citarse el ATS de 20 de mayo de 2015 (rec. 54/2015): «de 
la documentación obrante efectivamente resulta acreditado que el causante tenía su 
domicilio en […] ya que este es el que figura en su testamento […] cuya nulidad se 
promueve, el cual fue otorgado […] pocos días antes de que falleciese […], siendo 
también ese mismo domicilio el que figura en la documentación médica […] del centro 
médico […] sito en Madrid, en el que fue tratado y en el que permaneció ingresado, y 
también el domicilio que figura en la escritura de aceptación de herencia de su hijo Pedro 
Jesús, el cual lo compartía con el finado. Además, las posibles dudas sobre el domicilio 
fiscal en Durango han sido resueltas por la propia administración tributaria al rectificar 
dicho domicilio a favor del real sito en Madrid».
A efectos de acreditar el último domicilio es especialmente relevante la mención del 
certificado  de  defunción  expedido  por  el  Registro  Civil,  aunque  admite  prueba  en 
contrario (ATS de 13 de junio de 2018, rec. 110/2018). El ATS de 2 de septiembre 
de 2014 (rec. 87/2014) declara al respecto que «en el certificado de defunción expedido 
por el Registro Civil de Requena consta como su último domicilio el sito en dicha 
localidad valenciana […] y si bien es cierto que la presunción de exactitud de los asientos 
del Registro Civil admite prueba en contrario, consultado el padrón de habitantes del 
municipio de Vilassar de Dalt se constata que en el mismo no figura inscrita la difunta 
desde el año 1940, por lo que no se ha desvirtuado la presunción registral de que en el 
momento de fallecer […] se encontraba domiciliada en Requena».
También  se  aplica  el  fuero  a  los  litigios  sobre  los  frutos  de  la  herencia:  «la 
competencia  para  conocer  del  presente  procedimiento  debe  declararse  a  favor  del  s
juzgado de Primera Instancia número Uno de Montoro, por ejercitarse acción en la que  oe.
se suscita cuestión hereditaria y, como tal, sujeta al fuero imperativo contenido en el  w.
artículo 52.1.4.º […] En la demanda se pretende que se declare que los frutos de los  35ww
bhieerneedse rohse rpeodri taterriocse,r asm eie nigtruaasl esp epramrtaense, zyc as e incdoinvdisean el aa l hdeermenacnidaa, dpoe art ereniencteegnr aar  al olas 
ccéunetnimtao cso, mmúáns  lloas c ianntetirdeasde sd ele gdaolcees . mLail  rneocvlaemntaac iyó nc udaet rroe ienuterogsro  cdoen  cnaonvteidnatda,  yti ecnuea tsruo   BOE-A-cable e
fundamento en una comunidad de bienes hereditarios y en la declaración de pertenencia 
de sus frutos, suscitándose el conflicto con motivo del haber hereditario y de la condición 
de coherederos» (ATS de 17 de septiembre de 2013, rec. 122/2013).
Este fuero debe entenderse aplicable a la acción declarativa de indignidad para 
suceder,  a  la  impugnación  de  la  desheredación  y  a  las  acciones  sucesorias  por 
preterición.
También habrá de considerarse aplicable este fuero a las materias que la anterior 
LEC de 1881 desglosaba en los apartados 5 y 6 del art. 63: juicios de testamentaría o ab 
intestato y juicios de testamentaría que tengan por objeto la distribución de los bienes 
entre los pobres, parientes u otras personas llamadas por el testador, sin designarlas por 
sus nombres.
6.4.2  Nombramiento de administrador a herencia yacente.
En el ATS de 8 de julio de 2014 (rec. 91/2014) se analiza la competencia para 
conocer  de  una  demanda  de  jurisdicción  voluntaria  para  el  nombramiento  de 
administrador judicial a favor de una herencia yacente, el cual trae causa, a su vez, de 
un juicio ordinario precedente cuya finalidad es la elevación a escritura pública de un 
contrato de compraventa en su día celebrado con el fallecido y cuyo objeto es una 
vivienda situada en Madrid, juicio ordinario del que conocen los juzgados de Madrid. El 
TS declara que el art. 52.1.4.º LEC establece que «en los juicios sobre cuestiones 
hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último 
domicilio y si lo hubiera tenido en un país extranjero el lugar de su último domicilio en 
España, o donde estuviera la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante En 
el presente caso, elegida por la parte actora la localidad de Madrid para interponer la 
demanda de jurisdicción voluntaria, lugar donde se encuentra el bien respecto del cual 
trae causa el presente expediente de jurisdicción voluntaria, corresponde a los juzgados 
de Madrid la competencia para su conocimiento».
6.4.3  División de herencia.
Se aplica el fuero del art. 52.1.4.º LEC a la acción en solicitud de división judicial de 
la herencia (ATS de 13 de junio de 2018, rec. 110/2018) y, por tanto, la competencia 
corresponde al juzgado del lugar en que el finado tuvo su último domicilio (AATS de 14 
de enero de 2014, rec. 194/2013; de 7 de mayo de 2013, rec. 38/2013; y de 13 de marzo 
de 2012, rec. 21/2012)
También se aplica el fuero especial a la demanda de juicio ordinario de nulidad o, 
alternativamente, de rescisión de las operaciones particionales de la herencia de la 
causante (ATS de 26 de marzo de 2019, rec. 31/2019).
El ATS de 14 de septiembre de 2016 (rec. 923/2016) resuelve sobre un conflicto de 
competencia territorial en relación con una demanda de liquidación de sociedad de 
gananciales y de división judicial de herencia aplicando el fuero del art. 52.1.4 LEC, es 
decir, el relativo a las cuestiones hereditarias. Aunque no razona sobre este punto, debe 
entenderse que el reseñado auto parte de que la acción de división de la herencia es la 
principal  y  que  la  de  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales  sería  accesoria  o 
instrumental a esta.
Expresamente el reciente ATS de 26 de enero de 2021 (rec. 206/2020) en un 
supuesto de demanda de liquidación de sociedad de gananciales y de división judicial de 
herencia considera que «de las dos acciones acumuladas, la principal versa sobre 
cuestiones  hereditarias»  y  aplica  consiguientemente  el  fuero  de  las  cuestiones  e.
hereditarias del art. 52.1.4.º LEC. w.
(AATE6S.s4t .ad4 e a 1cA3cci ócdnieó  nmta pamarbzraoié  ondt eoe r2gs0taá1m 2sie,u nrjeetocta .y2  1afi/lr2 mf0ua1e 2dr;oe  8 ei mdscepr eijturuanrtaiiov p odú ebc ol2icn0at1e d0ne,i d rcoeu cae. dn2e 5re4nl/ o2a 0pr1ta.0 rt;5i c2yio .15n. a4dl.e.º   OE-A-2021-84able en https://
julio de 2011, rec. 81/2011).
6.4.5  Sucesión en títulos nobiliarios.
Los derechos honoríficos no pertenecen al patrimonio hereditario de una persona 
(STS Pleno n.º 251/2008, de 3 de abril).
Descartado que se trate de un procedimiento de materia hereditaria, resulta que el 
art. 52 LEC no contiene ningún fuero especial para los pleitos sobre derechos honoríficos 
de la persona, lo que lleva a la aplicación de las normas generales sobre atribución de 
competencia  y,  conforme  a  las  mismas,  solo  sería  posible  apreciar  la  falta  de 
competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el 
demandado o por parte legítima (ATS de 11 de junio de 2019, rec. 74/2019).
6.4.6  Autorización para aceptar y renunciar herencia.
El criterio que venía aplicando el TS era considerar como norma aplicable el art. 62 
LJV  atribuyendo  la  competencia  al  juzgado  del  domicilio  o,  en  su  defecto,  de  la 
residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (AATS de 25 de 
junio  de  2019,  rec.  78/2019;  de  4  de  julio  de  2018,  rec.102/2018).  También  para 
renunciar a la herencia se consideraba aplicable el art. 62 LJV (AATS de 25 de junio 
de 2019, rec. 78/2019; de 11 de junio de 2019, rec. 130/2019; de 4 de julio de 2018, rec. 
102/2018).
Sin embargo, recientemente se ha modificado este criterio y, así, en el ATS de 14 de 
enero  de  2020  (rec.  293/2019)  se  declara  que  «estamos  ante  una  solicitud  de 
autorización  judicial  para  renunciar  a  los  derechos  hereditarios  que  pudieran 
corresponder a un menor, por lo que será competente el juzgado de Primera Instancia 
del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante».
En el mismo sentido se ha declarado que «si la petición tiene por objeto solicitar la 
autorización judicial necesaria para repudiar la herencia o legado a favor de un menor o 
de una persona con capacidad modificada judicialmente, o cuando únicamente tiene por 
objeto  la  autorización  para  aceptar  sin  beneficio  de  inventario,  será  competente  el 
juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia 
del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio 
en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante» 
(AATS Pleno de 10 de diciembre de 2019, rec. 187/201;9 y de 10 de diciembre de 2019, 
rec. 203/2019).
6.4.7  Autorización para la partición de la herencia.
Estos supuestos, como los de autorización para aceptar o repudiar, vienen fijados 
con carácter imperativo por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa 
modificarla por sumisión expresa o tácita (según se desprende de los arts. 2.2 y 16 LJV).
La norma aplicable será la del art. 62 LJV, y no el art. 94, por cuanto aquel dispone 
que  para  la  obtención  de  autorización  o  aprobación  judicial  para  realizar  actos  de 
disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes o derechos de menores o 
personas  con  capacidad  modificada  judicialmente,  la  competencia  corresponde  al 
juzgado del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente. Por todo lo cual, la competencia corresponde al 
juzgado del domicilio/residencia de la persona tutelada. Tal criterio competencial resulta 
además conforme con el principio de protección del tutelado, ya que el ejercicio de la 
tutela ha de ser más efectivo bajo el control del juzgado de residencia del tutelado. Lo 
que, además, posibilita el acceso efectivo de aquel a la justicia, de conformidad con el  e.e
art. 13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (AATS  b
de 4 de febrero de 2020, rec. 350/2019; de 4 julio de 2018, rec 102/2018; 17 de mayo  35ww
de 2E0s1 7fr,e rceuce. n6t7e/ 2q0u1e7 ;e yn  3lo0s d eex npoevdiieemntberse  pdreo m20o1v6id, orse cp. o1r0 l5o7s/ 2tu0t1o6re).s se acumulen varias
ppoerti coiobnjeetos,  llao  aqpureo cboamciópnlic jau deilc tiraal tadme iuennato  pdaer tliac ióconm dpee hteenrceinac tiear, reitonr ilaal .q Suie l as pee ftoicrimóna ltiziean ey 
comprende, además de la partición y la aceptación de las adjudicaciones particionales, la
aceptación  de  la  herencia  (incluida  también  la  aceptación  pura  y  simple),  será 
competente para el conocimiento de estos expedientes el Juzgado de Primera Instancia 
del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad 
modificada  judicialmente  (art.  62  LJV).  Este  criterio  se  considera  más  acorde,  por 
razones de inmediación y eficacia, al ser necesaria, como regla general, la audiencia del 
tutelado para la aprobación de la partición de la herencia, y facilitarse así el acceso 
efectivo de aquel a la justicia, de conformidad con el art. 13 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (AATS Pleno de 10 de diciembre de 2019, 
rec. 187/2019; y de 10 de diciembre de 2019, rec. 203/2019).
6.5  Fuero  para  acciones  derivadas  de  arrendamientos  de  inmuebles  y  de 
desahucio.
6.5.1  Doctrina general.
La LEC asume el forum rei sitiae.  Será competente el tribunal del lugar en que esté 
sita la finca (art. 52.1.7.º LEC). Es uno de los fueros especiales de carácter imperativo 
(AATS de 9 de julio de 2013, rec. 107/2013; y de 3 de diciembre de 2013, rec. 180/2013).
El fuero se inspira en la conveniencia de acercar el objeto del proceso al órgano 
jurisdiccional, facilitando la práctica de la prueba y agilizando los trámites de la eventual 
ejecución.
Cuando el foco de la discusión se centra en determinar si la acción ejercitada deriva 
de un contrato de arrendamiento (lo que exigiría la aplicación del fuero imperativo del 
art. 52.1.7.º LEC) o si, por el contrario, estamos ante una acción de condena pecuniaria 
desligada del contrato (lo que determinaría la aplicación del fuero general contemplados 
en los arts. 50 y 51 LEC), las posibles dudas acerca de la propia acción ejercitada, si es 
independiente o no del contrato de arrendamiento, deben resolverse a favor de la 
aplicación de la norma imperativa, tanto más ante la posibilidad de tener que interpretar 
o estudiar el contrato de arrendamiento para poder decidir acerca de la procedencia de 
la reclamación (AATS de 19 de enero de 2021, rec. 232/2020; de 5 de noviembre 
de 2019, rec. 239/2019; de 16 de julio de 2019, rec. 151/2019; de 9 de abril de 2019, rec. 
59/2019; y de 30 de mayo de 2018, rec. 17/2018).
Este fuero se aplica también a arrendamientos de locales (ATS de 8 de octubre 
de 2019, rec. 168/2019) y debe entenderse también aplicable a los arrendamientos 
rústicos, y de hecho así se establecía expresamente en el art. 123 de la Ley 83/1980, 
de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos (LAR) hasta su derogación por la 
Disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 enero.
Si  la  finca  se  extiende  a  diferentes  partidos  judiciales,  caben  dos  soluciones: 
utilizando una exégesis histórica puede seguirse el criterio que establecía el apartado 
segundo del art. 123 LAR: si por razón del lugar fueren competentes distintos juzgados, 
la competencia se atribuirá al que corresponda al lugar en que se encuentra la parte 
principal  de  la  finca,  considerando  como  tal  el  de  situación  de  la  casa  labor  del 
arrendatario o aparcero y, en su defecto, la parte de mayor cabida.
La otra solución, que se entiende preferible y que deberán seguir las/os Sras./es. 
Fiscales en tanto no cristalice criterio jurisprudencial opuesto, es aplicar analógicamente 
las reglas establecidas para las acciones reales sobre inmuebles en el art. 52.1 LEC y 
para la ejecución de hipotecas inmobiliarias en el art. 684.1.1.º LEC: cuando la acción se 
ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes 
circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del  s
demandante.  Esta  solución  tiene  la  ventaja  de  la  simplicidad,  evitando  complejos  oe.
problemas probatorios. w.
6.5.2  Reclamaciones de renta.
arreSndea mapielicnato  e(AstAeT Sfu edreo  1a9  dlaes  erneecrlaom daec 2io0n2e1s,  rdeec . c2a3n2ti/d2a0d2 0d; edreiv 4a ddaes  fedberl ecroo ndtera 2to0 2d0e, 
rec. 312/2019; y de 22 de abril de 2014, rec. 28/2014).
Se  aplica  a  la  acción  de  reclamación  de  cantidades  derivadas  del  contrato  de 
arrendamiento urbano, no solamente al abono de rentas sino también a cantidades 
asimiladas impagadas (ATS de 10 de septiembre de 2013, rec. 95/2013).
Se aplica a una demanda de juicio ordinario en la que se ejercita una acción de 
reclamación de cantidad por impago de rentas de un contrato de arrendamiento de 
cubierta de edificio de uso industrial de una instalación fotovoltaica (ATS de 14 de 
diciembre de 2016, rec. 1060/2016).
6.5.3  Reclamaciones de suministros.
Se aplica este fuero especial en relación con una demanda de juicio verbal, en la que 
se ejercita una acción de reclamación del suministro de agua, derivado de un contrato de 
arrendamiento que reclama la que fue arrendadora frente a la anterior arrendataria 
(AATS de 25 de junio de 2019, rec. 123/2019; y de 30 de mayo de 2018, rec. 17/2018). 
Ello también es aplicable a acción de reclamación de suministros de gas, luz y teléfono 
(ATS de 12 de marzo de 2019, rec. 20/2019).
6.5.4  Devoluciones de fianza.
Ejercitada acción de devolución de fianza derivada de un contrato de arrendamiento 
de vivienda, es de aplicación el fuero imperativo del art. 52.1.7.ª LEC (AATS de 5 de 
noviembre de 2019, rec. 239/2019; de 9 de mayo de 2018, rec. 22/2018; de 2 de julio 
de 2013, rec. 88/2013; de 19 de febrero de 2013, rec. 264/2012).
Aplicando esta doctrina, se entiende que opera este fuero en relación con una acción 
de reclamación del importe de la fianza entregada y retenida por el arrendador con base 
en  el  desistimiento  del  arrendatario,  derivada  de  un  contrato  de  arrendamiento  de 
vivienda (ATS de 9 de abril de 2019, rec. 59/2019).
No se aplica este fuero, y sí el de los consumidores, en un supuesto de demanda 
para la devolución de la fianza prestada en un alquiler vacacional (ATS de 7 de mayo 
de 2019, rec. 1/2019).
6.5.5  Reclamaciones por daños causados por el arrendatario
Se aplica este fuero imperativo a una acción de reclamación de cantidad por los 
desperfectos causados en la vivienda arrendada (AATS de 16 de julio de 2019, rec. 
151/2019; y de 10 de septiembre de 2013, rec. 95/2013).
6.6  Fuero de las acciones relativas a propiedad horizontal.
Será competente el tribunal del lugar en que radique la finca (art. 52.1.8.º LEC). Se 
trata de un fuero imperativo (AATS de 14 de enero de 2020, rec. 315/2019; y 7 de enero 
de 2014, rec. 191/2013).
Ya la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en su redacción dada 
por la Ley 8/1999, de 6 de abril, estableció este fuero imperativo en su art. 21.3.
Este fuero es de aplicación a las reclamaciones de cuotas comunitarias impagadas 
(AATS de 1 de febrero de 2017, rec. 1112/2016; y de 5 de octubre de 2016, rec. 
1011/2016).
Se aplica a la acción de reclamación de cantidad, al amparo del art. 10.1 LPH por 
incumplimiento de la comunidad de propietarios de las obligaciones de conservación y 
mantenimiento del inmueble, con reclamación de los daños causados por atasco en 
tubería comunitaria en el inmueble del actor, al amparo del art. 1902 CC (ATS de 8 de 
noviembre de 2017, rec. 105/2017). es
Ante una demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad y condena de hacer  o
con fundamento en los arts. 1902 y 1903 del Código Civil, y 9 de la Ley de Propiedad  35ww
dfHLueEon Crdliaz,a  omLfneuetyean rltd,oa ep   noiPmor r pfosielpotrrilaaeoctd ieivaonodn   eeHqls uoa derrite z.  oe1anx9gpt0uar2ale,   sClsoaeC m qa,ue psenliin tceiona  t teaeagtsmrrtibaebu  ieféyulne es  reuolnap e  uencel  osacmturotap . pne9rtt,eoe av nlpiacsa itaoart  capctdeoióorrr nsiet  oble ra)jie,ar rtclc. ) i,5pt ad2ad).r1 aay.  8 sge.eº)l     OE-A-2021-84able en https://
conocimiento de los juicios en materia de propiedad horizontal al tribunal del lugar en el 
que radique la finca (ATS de 30 de mayo de 2018, rec. 57/2018).
El fuero debe entenderse igualmente aplicable a los procesos en relación con la 
adopción de acuerdos de la comunidad.
6.7  Fuero de las acciones de indemnización de los daños y perjuicios derivados de 
la circulación de vehículos de motor.
6.7.1  Régimen general.
La LEC asume el fuero denominado locus comissi factis, partiendo de que el objeto 
del debate versará sobre la comisión de un ilícito civil. El art. 52.1.9.º LEC establece, 
como  norma  imperativa,  que  el  fuero  territorial  en  los  juicios  en  que  se  pida 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de 
motor, es el del órgano jurisdiccional del lugar en que se causaron los daños, sin que 
sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita. Será apreciada de oficio por 
el órgano jurisdiccional, conforme dispone el art. 58 LEC (ATS de 17 de septiembre 
de 2013, rec. 146/2013).
La razón de ser de este fuero radica en que de aplicar el fuero general del domicilio a 
supuestos  de  accidentes  de  tráfico,  con  pluralidad  de  perjudicados,  con  posible 
actuación de entidades aseguradoras y pluralidad de responsables civiles, se daría lugar 
a la situación inaceptable de que pudieran ser competentes de modo excluyente entre 
ellos varios juzgados (ATS de 4 de noviembre de 2014, rec. 121/2014). Además, esta 
solución competencial facilitará la práctica de la prueba.
La jurisprudencia interpreta con flexibilidad el concepto «hecho de la circulación» y 
así  la  STS  n.º  556/2015,  de  19  de  octubre,  incluye  «la  parada  o  estacionamiento 
relacionados con los períodos de descanso del conductor», en relación con un supuesto 
de daños causados por el vehículo que se encontraba estacionado y origina el incendio. 
También es un «hecho de la circulación» y se aplica este fuero especial cuando el 
accidente es ocasionado por un animal (vid.  ATS de 22 de septiembre de 2009, rec. 
206/2009). En este sentido, el ATS de 18 de septiembre de 2012 (rec. 158/2012) declara 
que «habiéndose causado el daño mientras el vehículo dañado circulaba por una vía, en 
la que irrumpió el animal causante de los daños, resulta aplicable la regla imperativa del 
artículo 52.1.9.º […] que atribuye la competencia al tribunal donde ocurrieron los hechos 
(esto aunque el citado daño se haya causado, no por otro vehículo sino por algo 
externo)».
6.7.2  Reclamación por daños a vehículo arrendado.
No  tiene  cabida  en  el  previsto  en  el  art.  52.1.9.º  LEC  puesto  que  no  se  está 
ejercitando una acción de responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios 
derivados de accidente de circulación sino que se promueve demanda por parte de la 
entidad arrendadora propietaria del vehículo en reclamación de los daños causados al 
mismo por la entidad arrendataria a través de quien lo conducía, tratándose por tanto de 
una acción de naturaleza contractual, que dimana del contrato de arrendamiento que 
ligaba  a  ambas  mercantiles  […]  independientemente  de  que  los  daños  se  hayan 
ocasionado conduciendo un vehículo, no se trata en puridad de un supuesto de daños en 
accidente por faltar el elemento de la alteridad ya que los daños fueron ocasionados en 
el propio vehículo arrendado, al parecer, por un despiste de su conductor. […] estamos 
ante una reclamación de cantidad ligada a un incumplimiento contractual que por eso  e.e
mismo  no  presenta  especialidad  alguna,  ni  resulta  incardinable  en  la  regla  9.ª  del  b
art. 52.1 LEC, lo que determina que resulte de aplicación las reglas generales de  35ww
cdoem fepberteernoc diae  t2e0rr1it7o,r iraelc c. o1n1t1e1n/2id0a1s6 e; ny  dloes  4a drtes .n 5o0v iye m5b1r ed edl em 2is0m14o,  treexct.o 1 l2e1g/a2l0 (1A4A).TS de 1
6.7.3  Acción  directa  de  perjudicado  contra  la  aseguradora  del  causante  del 
accidente.
Es competente el juzgado del lugar donde se produjo el accidente de tráfico (ATS 
de 28 de junio de 2017, rec. 100/2017).
«La acción directa […] no se trata de una acción del asegurado contra el asegurador, 
sino del perjudicado contra el seguro, que se plantea por los cauces de responsabilidad 
extracontractual; en consecuencia, no se aplican a esta acción las normas de la Ley del 
contrato de seguro […] la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguros 
no queda sometida a la regla de competencia del artículo 24 de la misma ley, sino a la 
regla  del  artículo  52.1.  9.º  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  y  por  tanto,  el  juez 
competente es el del lugar donde se produjo el daño» (ATS de 30 de octubre de 2003, 
rec. 30/2003)
6.7.4  Acción de repetición entre aseguradoras.
La acción subrogatoria entre compañías del art. 43 LCS (acción de repetición de una 
aseguradora por las cantidades abonadas a consecuencia de accidente tráfico sufrido 
por su asegurado) se somete a la regla general del art. 51.1 LEC. La acción del art. 43 
LCS es la de repetición por las cantidades abonadas y no la acción de responsabilidad 
por los daños y perjuicios derivados del siniestro, lo que excluye la aplicación de la 
regla 9.ª del art. 52.1 LEC y determina, al no presentar especialidad alguna, que resulte 
de aplicación la regla general de competencia territorial contenida en el art. 51 del mismo 
texto legal, que atribuye el conocimiento del litigio al órgano judicial en el que tenga su 
domicilio la persona jurídica demandada (AATS de 17 de noviembre de 2020, rec. 
102/2020; de 3 de marzo de 2020, rec. 20/2020; de 4 de julio de 2018, rec. 103/2018; 
de 14 de marzo de 2018, rec. 20/2018; y de 19 de abril de 2017, rec. 20/2017).
Esto no se ve alterado por el hecho de que la demanda se dirija tanto contra el 
propietario del vehículo como frente a su aseguradora, pues la acción ejercitada es la 
misma respecto de ambas, la de subrogación del art. 43 LCS, que no se limita a la 
reclamación entre aseguradoras (AATS de 3 de marzo de 2020, rec. 20/2020; de 4 de 
abril de 2018, rec. 44/2018; de 13 de junio de 2018, rec. 75/2018; y de 7 de febrero 
de 2018, rec. 221/2017).
Este criterio no solo rige para las acciones de repetición fundadas en el art. 43 LCS, 
sino también para las fundadas en el art. 11 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de vehículos a Motor –en adelante LRCSCVM– (AATS de 22 de 
abril de 2014, rec. 16/2014; y 24 de octubre de 2016, rec. 1043/2016) y en el art. 10 
LRCSCVM (ATS de 15 de octubre de 2019, rec. 169/2019).
Similar al tratamiento dado a la acción de subrogación es el que se da a los 
supuestos en los que el perjudicado por el accidente cede su acción a una entidad a los 
efectos  de  que  ejercite  las  acciones  legales  procedentes  a  fin  de  reclamar  la 
indemnización correspondiente (ATS de 29 de octubre de 2019, rec. 190/2019).
6.7.5  Acción de repetición contra el asegurado.
En la cuestión de competencia territorial suscitada en un juicio ordinario en el que 
una compañía de seguros ejercitó la acción de repetición del art. 7.a) LRCSCVM para 
reclamar el importe de las indemnizaciones pagadas a los perjudicados por un accidente 
de tráfico en el que el demandado, responsable del mismo, estaba asegurado en la 
compañía  demandante,  el  TS  entendió  que  resultaba  aplicable  la  regla  imperativa  e.e
establecida  art.  52.2  LEC  (fuero  de  los  seguros),  y  que  la  competencia  para  el  b
conocimiento de asunto correspondía al domicilio del asegurado demandado (ATS de 14  35ww
edse  elan earcoc idóen  2d0e1 4re, srepco.n 1s6a9b/il2id0a1d3 ),p opru eloss l ad aañccoisó ny  qpueer juseic ieojse rdcietari veand oesl  pdreo caecdcimidieenntteo  dneo 
cpiercrjuuldaicciaódno, s sipnoor   laac caidcecnióten  ddee  trráefpiceoti ceiónn  edl eq ulaes  eli ndreesmpnoinzsaacbiolen edse l pamgisamdaos  eas talboas 
asegurado en la compañía demandante (ATS de 6 de marzo de 2012, rec. 254/2011).
Con  idéntico  resultado  pero  con  distinto  fundamento,  ante  una  reclamación  de 
cantidad en virtud de la acción de repetición prevista en el art. 10 LRCSCVM, al haberse 
acreditado que el conductor del vehículo asegurado conducía bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, por lo que los daños ocasionados y abonados por la aseguradora 
no estarían cubiertos por la póliza, el TS considera que la acción ejercitada (art. 10 
LRCSCVM) no presenta especialidad alguna, ni por tanto tiene encaje en el fuero 
territorial especial imperativo del art. 52.1.9.º LEC, al constituir doctrina reiterada que 
este fuero, referente «al tribunal del lugar en que se causaron los daños» se encuentra 
únicamente  previsto  para  dirimir  las  acciones  de  responsabilidad  civil  contra  el 
responsable del siniestro, en reclamación de los daños y perjuicios causados por el 
mismo, pero no es aplicable para las acciones de repetición. En consecuencia, a falta de 
fuero especial, son aplicables las reglas generales de competencia territorial contenidas 
en los arts. 50 y 51 del mismo texto legal que, con respecto a las personas físicas, 
señalan que deben ser demandadas en el lugar donde tengan su domicilio (AATS de 14 
de marzo de 2018, rec. 31/2018; y de 22 de noviembre de 2017, rec. 179/2017).
6.7.6  Acción directa del asegurado contra su compañía.
No se aplica la regla 9.ª del art. 52.1 LEC sino el fuero del domicilio del asegurado.
En estos casos la acción ejercitada no es una acción de responsabilidad por los 
daños y perjuicios derivados de accidente de circulación contra el responsable de dichos 
daños, sino una acción del asegurado contra su compañía aseguradora en virtud de la 
póliza de seguro existente entre ambos, no resultando por ello aplicable el art. 52.1.9.º 
LEC sino lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, el cual 
establece como fuero imperativo el domicilio del asegurado (AATS de 10 de mayo 
de 2017, rec. 47/2017; de 20 de noviembre de 2012, rec. 201/2012; y 29 de mayo 
de 2012, rec. 89/2012).
Este criterio es aplicable aunque la acción del asegurado contra su aseguradora 
derive de los daños causados en el accidente de tráfico (ATS de 19 de febrero de 2019, 
rec. 222/2018).
Este criterio se aplica también cuando el asegurado reclama contra su aseguradora 
cantidades por honorarios del letrado designado libremente en virtud de acción directa 
derivada de contrato de seguro con cobertura de defensa jurídica. Esta doctrina tiene su 
fundamento en lo dispuesto en los arts. 52.2 LEC y 24 LCS (AATS de 26 de enero 
de 2021, rec. 244/2020; 21 de febrero de 2018, rec. 14/2018; de 23 de septiembre 
de 2014, rec. 100/2014).
Sin embargo, si el asegurado cede su crédito por razón de la cobertura jurídica al 
despacho que le asistió, la acción de estos contra la aseguradora no resulta aplicable el 
fuero especial del art. 52.2 LEC (ATS de 23 de febrero de 2021, rec. 309/2020).
6.7.7  Acción de aseguradora y asegurado contra el propietario del otro vehículo 
causante del accidente y su aseguradora.
Es aplicable el fuero especial y es competente, por tanto, el juzgado del lugar donde 
se produjo el accidente de tráfico (ATS de 4 de abril de 2018, rec. 5/2018).
6.7.8  Acciones de repetición de asegurador contra concesionario de autopista.
Se  plantea  si  es  aplicable  el  fuero  del  art.  52.1.9.º  LEC  a  la  demanda  de  la 
aseguradora contra la sociedad concesionaria de la autopista en reclamación de la  es
indemnización  satisfecha  a  su  asegurado  a  resultas  de  un  siniestro  ocurrido  en  el  o
vehículo por el atropello de tres perros que habían invadido la calzada. El TS considera  35ww
eqqeluun feecuu  eleaern soatt rectaec  rifúóruinnteoi rcreoiaaj,em l rreceeisntfapetedere acpni ra(teael vr imti«s. tap4ole3  pr taLraitCbrivauSo nd)  adinrlei omld  paierrr letl a.s ls5ue 2gna.atc1arc.  9ieoe.snºn pe LesqEc uCdiaee,l  i adrselae scd po caonalnsgustusiatnaubaririol  innddi oa tlcdioet srcni nievda ilea  rcnñeocoitnasetj»reraa  ed seneal     OE-A-2021-84able en https://
responsable del siniestro, en reclamación de los daños y perjuicios causados por el
mismo, pero no es aplicable para las acciones de repetición fundadas en el art. 43 LCS. 
En consecuencia, a falta de fuero especial, son aplicables las reglas generales de 
competencia territorial contenidas en los arts. 50 y 51 del mismo texto legal –que, en los 
juicios  verbales,  por  no  ser  posible  la  sumisión,  tienen  la  consideración  de  fuero 
imperativo– (ATS de 23 de mayo de 2018, rec. 63/2018; de 14 de febrero de 2018, rec. 
203/2017; y 14 de marzo de 2018, rec. 20/2018).
6.7.9  Acción de repetición del Consorcio de Compensación de Seguros.
Esta acción no presenta especialidad alguna ni, por tanto, tiene encaje en el fuero 
territorial especial imperativo del art. 52.1.9.º LEC, al constituir doctrina reiterada que el 
fuero del lugar en que se causaron los daños se encuentra únicamente previsto para 
dirimir  las  acciones  de  responsabilidad  civil  contra  el  responsable  del  siniestro,  en 
reclamación de los daños y perjuicios causados por el mismo, pero no es aplicable para 
las acciones de repetición, ya se trate de las fundadas en el art. 43 LCS, en el art. 11 
LRCSCVM o en el actual art. 10 LRCSCVM, anterior art. 7 a) del texto precedente, que 
es lo que acontece en este caso. En consecuencia, a falta de fuero especial, son 
aplicables las reglas generales de competencia territorial contenidas en los arts. 50 y 51 
LEC. (AATS de 16 de julio de 2019, rec. 108/2019; de 26 de octubre de 2016, rec. 
1043/2016; y de 29 de enero de 2013, rec. 250/2012).
También  en  relación  con  una  demanda  de  reclamación  por  el  Consorcio  de 
Compensación de Seguros en concepto de repetición por las cantidades abonadas al 
perjudicado, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.3 LRCSCVM, tras ser atropellado por 
un vehículo, cuyo propietario y conductor carecía de aseguramiento, la acción ejercitada 
no presenta especialidad alguna, ni por tanto tiene encaje en el fuero territorial especial 
imperativo  del  art.  52.1.9.º  LEC,  por  lo  que  se  declara  competente  al  juzgado  del 
domicilio del demandado (ATS de 2 de julio de 2019, rec. 142/2019).
Debe recordarse, como se expuso supra, que cuando acciona el Consorcio «debe 
operar también la regla del art. 15 de la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas» (ATS de 22 de abril de 2014, rec. 16/2014).
6.7.10  Acción del prestador de asistencia sanitaria contra el seguro del causante 
del accidente.
La reclamaciones que traen causa en el servicio de asistencia sanitaria prestado a 
los lesionados en un accidente de tráfico, en la que los perjudicados han cedido a la 
entidad que prestó la asistencia el derecho a reclamar su importe a la compañía de 
seguros del causante del siniestro constituyen una acción directa, en aplicación de los 
arts. 1902 CC y 76 LCS, frente a la aseguradora del vehículo causante del daño, por lo 
que, de acuerdo con la regla del art. 52.1 9.º LEC, la competencia correspondería al 
juzgado del lugar donde se produjo el siniestro (AATS de 10 de septiembre de 2019, rec. 
149/2019; de 19 de febrero de 2019, rec. 5/2019; de 14 de diciembre de 2018, rec. 
214/2018; y de 14 de diciembre de 2018, rec. 214/2018).
6.7.11  Acción directa de los perjudicados frente a la aseguradora en siniestro de 
circulación producido en otro país de la UE.
El TS ha tenido ocasión de pronunciarse en dos ocasiones sobre conflictos negativos 
de  competencia  territorial  respecto  de  demandas  en  las  que  se  ejercitan  por  los 
perjudicados una acción directa frente a una aseguradora, por la responsabilidad civil  es
derivada de un accidente de circulación que se produjo en Portugal. o
En principio, sería de aplicación como fuero territorial imperativo el fijado en el  35ww
eqalur tseíci Enusineleo  su ct5anro1uo .s –1day.e9r,o  .plºno o Lslro  EtcsaCa nds,t aooqñs,u o le–os ss.a e Adt rhatirboñaurotayase b–b a ilte audn vec,i e oedrmsoetnpme e lafutuengendarcaori   afdru eeeas rluj auól tidrcagie oianl  ntaoeoprrd lrijiicuntoarairbsrioildoe i–n ca calai cocli noanansoloa  t,ld.e penule elrus getoan rcq auejene    OE-A-2021-84able en https://
la acción en ninguna de las materias a las que se reserva un fuero territorial imperativo
en los números 1.º, 4.º a 15.º, del apartado 1, y en los apartados 2 y 3, del art. 52 LEC, el 
TS  consideró  que  solo  era  posible  apreciar  la  falta  de  competencia  territorial  para 
conocer del juicio ordinario en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el 
demandado o por parte legítima (ATS de 28 de mayo de 2019, rec. 63/2019). En el otro 
caso, como quiera que se trataba de un juicio verbal, el TS consideró que la demanda 
debía ser conocida por el juzgado del domicilio del demandado (ATS de 3 de diciembre 
de 2019, rec. 271/2019).
6.7.12  Acción subrogatoria contra el causante del accidente y su aseguradora.
En estos casos nos encontramos ante una acumulación de acciones frente a varios 
demandados y debe entenderse que la acción que ejercita la aseguradora frente a la otra 
aseguradora tiene su fundamento en la acción que se dirige frente al causante del 
accidente, por lo que debe fijarse la competencia en base al domicilio del causante del 
accidente (vid. ATS de 12 de marzo de 2019, rec. 272/2018).
6.8  Fuero de las acciones de impugnación de acuerdos sociales.
La Ley de Sociedades Anónimas (en el texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre) introdujo para estos procesos un fuero 
imperativo en su art. 118 conforme al que «será juez competente para conocer del 
asunto, con exclusión de cualquier otro, el juez de Primera Instancia del lugar del 
domicilio social. El juez examinará de oficio su propia competencia».
La LEC derogó este precepto pero ha mantenido un fuero similar en el art. 52.1.10.º: 
en materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar 
del domicilio social.
Es un fuero imperativo y se considera acreditado el domicilio por la correspondiente 
certificación registral (ATS de 22 de abril de 2014, rec. 25/2014).
En este mismo sentido, el ATS de 17 de junio de 2014 (rec. 74/2014) declara que 
«interpuesta demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de impugnación de 
acuerdos sociales, la competencia territorial en tales casos viene determinada por lo 
dispuesto en el art. 52.1.10.º LEC, precepto que establece como fuero de naturaleza 
imperativa el domicilio social del demandado, constando acreditado por la certificación 
del Registro Mercantil […] que la demandada tiene su domicilio social en esa localidad, 
donde  por  otra  parte  presentó  la  demanda  la  parte  actora,  que  es  socio  de  la 
demandada, siendo así que aunque el centro de efectiva administración y dirección, 
pudiera estar situado en otro Partido Judicial diferente, -lo que no se ha acreditado-, lo 
cierto  es  que  la  acción  ejercitada  lo  ha  sido  ante  el  órgano  judicial  competente 
territorialmente según el fuero imperativo previsto en el artículo 52.1.10.º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil».
Conforme  al  ATS  de  18  de  diciembre  de  2001  (rec.  1084/2001),  «desde  las 
perspectivas de las interpretaciones literal y lógica, es evidente que el domicilio a que se 
refiere el artículo 52.1.10.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que se concierne a las 
sociedades de responsabilidad limitada, es tanto el que figure publicado en el Registro 
Mercantil (que no es otro que el que resulta fijado en los estatutos de la sociedad 
conforme el artículo 13, d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), como 
el efectivo o real a elección del tercero registral, o, exclusivamente el primero cuando la 
condición de tercero no concurra en quien ejercita la acción […] La norma primaria 
contenida en el artículo 7 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada obliga a 
los constituyentes de una sociedad de esta clase a lograr una efectiva coincidencia entre  e.
el domicilio publicado y el de la efectiva administración y gestión de la sociedad, pero la  w.
sanción que prevé para el caso de su incumplimiento no es otra que la de facultar a los  35ww
dteormceicroiliso s(e. v[i…de]n Lteam neonrtme are gsiesctruanledsa)r iaa  o(pot asra ennc ioenl aedjeorrcaic) ior edceo gsiudsa  deenre echl oasr tíecnutlroe  a7m.2b does 
edli cdhoam Liecyil ion or etiaeln ael  ctoemrcoe rdoe rsetigniasttararilo.  [i…nm] eEdnia etol  osu dpirueecsttoo  aq luae a untoosr idoacdu pjuad (iceijaelr,c nici iiom dpeo nlea   BOE-A-cable e
acción de impugnación de los acuerdos sociales de una sociedad de responsabilidad 
limitada familiar en la que sus tres socios son hermanos y participan cada uno de ellos 
de un tercio del capital), podría discutirse si la demandante es o no tercero registral, pero 
lo que es incuestionable es que, cualquiera que fuera su condición, ya porque haya 
ejercitado la opción que le atribuye el artículo 7, ya por cumplimiento formal de lo 
publicado  en  el  Registro,  la  acción  ejercitada  lo  ha  sido  ante  el  órgano  judicial 
competente territorialmente según el fuero imperativo previsto en el artículo 52.1.10.º de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil».
6.9  Fuero de las demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual.
La  LEC  acoge  el  forum  delicti  commissi  otorgando  un  fuero  alternativo  al 
demandante. Será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido 
o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección 
del demandante (art. 52.1.11.º LEC).
La la Ley de Propiedad Intelectual, en su redacción dada por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 abril de 1996, introdujo en su art. 137 un fuero imperativo de 
similar tenor, que fue derogado tras la publicación de la LEC.
El  TS  lo  califica  de  «fuero  especial  de  aplicación  imperativa»  (ATS  de  11  de 
noviembre de 2004, rec. 65/2004).
Las facultades de elección del demandante son subrayadas por el TS. Así, en el ATS 
de 25 de septiembre de 2002 (rec. 17/2002) se declara que «la competencia para 
conocer del presente asunto sobre infracción de la propiedad intelectual corresponde, 
conforme al art. 52.1-11.º LEC, al juzgado de Primera Instancia n.º 20 de Barcelona, ya 
que  al  alegarse  en  la  demanda  que  en  la  ciudad  de  Barcelona  había  ejemplares 
presuntamente ilícitos, presentarse la demanda en dicha ciudad, insistir el demandante 
en la competencia de los juzgados de Barcelona al ser oído sobre el particular y, 
finalmente,  manifestar  que  solo  para  el  caso  de  considerarse  dicho  juzgado 
incompetente  optaba  por  el  fuero  de  Valencia,  aunque  no  sin  reiterar  que  la  obra 
presuntamente ilícita se había distribuido en toda España y por ello podían encontrarse 
ejemplares en Barcelona, es claro que el demandante eligió el fuero de Barcelona dentro 
de las facultades que dicho precepto le reconoce».
6.10  Fuero en materia de competencia desleal.
Será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento 
y, a falta de este, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio 
español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o 
donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante (art. 52.1.12.º LEC).
El  art.  23  de  la  Ley  3/1991,  de  10  de  enero,  de  Competencia  Desleal,  en  su 
redacción original, ya introdujo un fuero de similar factura, que generó debate en cuanto 
a su imperatividad por no contener una especificación clara al respecto. Con la nueva 
configuración de este fuero en la LEC, es clara su naturaleza improrrogable.
En relación con el fuero aplicable a acciones de condena dineraria en concepto de 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  actuaciones  contrarias  al  derecho  de  la 
competencia y específicamente en cuanto al denominado «cartel de los camiones» 
existe ya una doctrina consolidada (vid.  AATS de 22 de octubre de 2019, rec. 212/2019; 
18 de junio de 2019, rec. 56/2019; de 7 de mayo de 2019, rec. 16/2019; de 26 de febrero 
de 2019, rec. 262/2018; de 9 de julio de 2019, rec. 100/2019; de 25 de junio de 2019, 
rec. 94/2019; de 7 de mayo de 2019, rec. 24/2019; 2 de abril de 2019, rec. 11/2019; y  e.
de 9 de abril de 2019, rec. 250/2018). w.
En estas resoluciones el TS declara que el fuero más próximo a la regulación de las  35ww
aecnc ieoln aerst ícduel od e5r2e.c1h.1o2 p.ºr ivLaEdCo.  dEes ltae  cfuoemrpoe atetrnibciuay ee sl ae l cdoem cpoemtepnectiae nacli at rdibeusnleaal l,d perl elvuigsator 
ddeo nrdees ideel ndceima.a Cnodmadoo ú tliteimneo  sfuue eros tsaubblescidimiaireion,t oc,u ya,n ad ofa eltla d deem aenstdea, daol  cdaerl edzocma idceili od oom luicgilaior   BOE-A-cable e
o lugar de residencia en España, se prevé un fuero electivo para el demandante: el lugar 
donde  se  haya  realizado  el  acto  o  donde  se  produzcan  sus  efectos.  El  lugar  de 
realización del acto dañoso, que es el acuerdo cartelizado, puede inducir a confusión, 
pero no ocurre lo mismo con el lugar de producción de efectos, que es donde el 
demandante ve repercutido el sobreprecio, y que puede identificarse sin problemas 
adicionales con el lugar de adquisición del vehículo.
Para  el  TS  en  estos  casos  «el  concesionario  no  puede  ser  considerado 
establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de 
la entidad, a los efectos del art. 51.1 LEC, porque en los contratos de concesión o 
distribución intervienen dos empresarios independientes […] De esta forma, la fórmula 
habitual  de  adquisición  de  estos  vehículos  en  concesionarios  o  establecimientos 
multimarca hace completamente inoperante el fuero alternativo del lugar de celebración 
del contrato, sin perjuicio de que, donde se encuentra el concesionario, pueda ser el 
lugar donde se hayan producido los efectos de la conducta infractora».
El TS considera que en estos supuestos de acciones derivadas del denominado 
«cártel de los camiones» cuando se demanda a una entidad con domicilio fuera de 
España debe aplicarse el fuero del art. 52.1.12.º LEC, acudiendo al «lugar de producción 
de efectos, que es donde el demandante ve repercutido el sobreprecio, y que puede 
identificarse sin problemas adicionales con el lugar de adquisición del vehículo».
Si se adquirieron varios camiones se está al lugar en el que se adquirieron la 
mayoría de los camiones.
No  obstante,  el  ATS  de  15  de  septiembre  de  2020  (rec.  104/2020)  considera 
competente  como  lugar  de  producción  del  daño  al  partido  judicial  en  el  que  el 
demandante tiene su domicilio y en el que tuvo lugar una de las adquisiciones, con 
preferencia al partido judicial donde se produjeron la mayoría de las adquisiciones. El 
Ministerio Fiscal sostuvo que dos de los tres vehículos fueron adquiridos en Valencia por 
lo que debía considerarse que la competencia territorial corresponde a los juzgados de 
Valencia. En el mismo sentido, ATS de 12 de enero de 2021 (rec. 166/2020).
Cuando se demanda a una entidad con domicilio en España, la competencia se fija 
por el lugar de ese domicilio. En este sentido puede citarse los AATS de 7 de mayo 
de 2019 (rec. 24/2019); de 25 de junio de 2019 (rec. 94/2019); de 9 de julio de 2019 (rec. 
100/201); de 18 de junio de 2019 (rec. 56/2019); y de 7 de mayo de 2019 (rec. 16/2019). 
No será aplicable, pues, conforme a la doctrina del TS, el fuero correspondiente al «lugar 
de  producción  de  efectos»  cuando  la  entidad  demandada  o  una  de  las  entidades 
demandadas tiene domicilio en España (vid.  en este sentido AATS de 10 de marzo 
de 2020, rec. 318/2019; de 3 de marzo de 2020, rec. 344/2019).
El ATS de 19 de marzo de 2019 (rec. 23/2019) estudia los efectos del desistimiento 
de uno de los demandados y la ampliación de la demanda respecto de otros: «el 
demandante actuó correctamente al formular la reclamación inicial en el domicilio de uno 
de  los  demandados,  Renault  España  SA,  sito  en  Valladolid.  Luego  desistió  de  la 
reclamación frente a dicha mercantil, manteniendo la demanda contra Renault Trucks 
SAS, con domicilio en Francia, y ampliando la demanda frente a Volvo Group España 
SA, con domicilio en Madrid, más tal ampliación se produjo con posterioridad a la 
admisión de la demanda, generando por tanto los efectos de la perpetuatio legitimationis 
contemplada en el artículo 412 LEC. En consecuencia, atendido lo establecido en el auto 
de fecha 26 de febrero de 2019, conflicto n.º 262/2018, la competencia territorial vendrá 
determinada por el lugar de producción de efectos, el cual se identifica con el de lugar de 
compra  del  vehículo,  toda  vez  que  en  el  mismo  tiene  lugar  la  repercusión  del  s
sobreprecio. En el presente caso no consta con claridad el lugar de compra no siendo  oe.
admisible que Valladolid se inhiba a Palma de Mallorca identificando el lugar en el que se  w.
materializó el perjuicio que da origen al litigio con el domicilio del demandante, que no es  35ww
reel sfoulevreor  aepl lipcarebslee.n tEen  ccoonnflsicetcou ednec icao nmop eetsetnacnidao  teprrroitboaridaol  eenl  lufagvaor r ddee cl ojmuzpgraad op rodcee dloe 
Mercantil de Valladolid, sin perjuicio de que dicho órgano judicial realice las actuaciones
necesarias para comprobar su propia competencia, incluyendo, si fuera el caso, el 
requerir al actor la acreditación del lugar de adquisición».
6.11  Fuero en materia de patentes y marcas.
Será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. 
(art.  52.1.13.º  LEC).  El  art.  54  LEC  otorga  a  este  fuero  un  carácter  imperativo, 
excluyendo la posibilidad de sumisión expresa o tácita.
La complejidad de la materia llevó al legislador de 2000 a renunciar a su afán 
codificador, remitiendo la regulación del fuero a la legislación especial. En este punto 
debe tenerse presente el art. 118 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y en su 
desarrollo, el Acuerdo del CGPJ de 18 de octubre de 2018 por el que se atribuye en 
exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a 
diversos juzgados de lo Mercantil (BOE de 14 de noviembre de 2018).
En esta materia y, en particular, en la de obtención de protección de obtenciones 
vegetales puede consultarse el ATS de 22 de enero de 2019 (rec. 196/2018).
La razón de ser de la indisponibilidad de este fuero radica en la complejidad de la 
materia, que se ha considerado requiere una hiperespecialización más allá de la que se 
predica de los juzgados de lo Mercantil.
6.12  Fuero  de  las  acciones  sobre  cláusulas  de  condiciones  generales  de  la 
contratación.
En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación 
al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, 
será competente el tribunal del domicilio del demandante. (art. 52.1.14.º, inciso primero, 
LEC).
La LEC deroga y sustituye los fueros contenidos en el art. 15 de la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación.
Este fuero se inspira en la protección del consumidor, como parte más débil en la 
relación contractual, fundamento que debe inspirar su exégesis.
Es un fuero imperativo (ATS de 21 de febrero de 2018, rec. 224/2017).
El  ATS  de  22  de  enero  de  2019  (rec.  232/2018)  declara  en  relación  con  una 
demanda de juicio ordinario en la que se ejercita la acción individual de nulidad de 
condiciones generales de contratación frente a una entidad bancaria que «en aplicación 
de la regla 14.ª del art. 52.1 LEC, y de conformidad con el Acuerdo de 25 de mayo 
de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que 
atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de 
los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa 
a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales 
inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, procede declarar la competencia 
territorial del juzgado de Primera Instancia n.º 2 bis de Santander, ya que en la demanda 
el demandante indicó que su domicilio se encontraba en la localidad de Castro Urdiales».
Se  aplica  a  una  acción  individual  de  nulidad  de  condiciones  generales  de 
contratación (cláusula de vencimiento anticipado), frente a una entidad bancaria (ATS 
de 21 de febrero de 2018, rec. 224/2017).
En relación con un juicio verbal sobre reclamación de cantidad, consistente en la 
devolución de gastos hipotecarios, el TS declara que tanto si se considera aplicable el  e.
fuero competencial del art. 52.1.14.ª LEC, como si se considera que nos encontramos  w.
ante  una  acción  ejercitada  por  consumidores,  son  de  aplicación  los  fueros  35ww
ccoomnspuemteidnocria lpeuse dqeu ed eemstaanbdleacre  aenlt ea retílc ujuloz g5a2d.o3  dLeE Cs,u  qduoem  picrieliové  (AqTuSe  edle  d1e7m adned ajunltioe 
de 2018, rec. 125/2018).
Aplicando este fuero, el ATS de 27 de mayo de 2015 (rec. 14/2015) declara que 
siendo única demandante una asociación de consumidores con domicilio en la provincia 
de Barcelona, ciudad donde se presentó la demanda, ejercitada la acción de nulidad de 
cláusulas  de  condiciones  generales  de  contratación,  no  cabe  sino  declarar  la 
competencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona, pero a la misma conclusión 
se llega si entendemos que la acción es de cesación, porque la parte demandada es una 
entidad  de  crédito  con  establecimiento  abierto  en  Barcelona,  conforme  el  citado 
art. 52.14.º LEC.
El ATS de 29 de octubre de 2008 (rec. 125/2008) declara que «el artículo 52.1.14.º 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene una norma sobre atribución de competencia 
territorial, que es de carácter imperativo». Esta resolución concluye con que no es 
aplicable este fuero pues «no cabe entender que se trate de demanda formulada con tal 
finalidad  pues  no  consta  que  la  cláusula  cuya  nulidad  se  pretende  constituya  una 
estipulación integrada en las llamadas condiciones generales de la contratación».
Para el ATS de 1 de abril de 2004 (rec. 8/2004) «no es aplicable la regla especial del 
n.º 14.º del art. 52.1, ya que en la demanda no se ejercita acción para la declaración de 
la no incorporación al contrato o nulidad de las condiciones generales de la contratación 
[…] sino una acción de nulidad de todo el contrato por dolo, error y falta de información 
precontractual».
En un supuesto en el que se ejercita la declaración de nulidad de determinadas 
condiciones generales por considerarlas abusivas tratándose de acciones individuales 
ejercitadas por unos consumidores, se considera aplicable la regla competencial del 
art. 52.3 –fuero del consumidor– (ATS de 25 de octubre de 2017, rec. 106/2017).
Conforme al art. 52.1.14.º, inciso segundo, LEC sobre esa misma materia, cuando se 
ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el 
tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de este, el de 
su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar 
en que se hubiera realizado la adhesión.
6.13  Fuero de las tercerías de dominio o de mejor derecho.
Cuando se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, 
será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio 
de  las  especialidades  previstas  para  las  administraciones  públicas  en  materia  de 
competencia territorial (art. 52.1.15.º LEC).
El fuero se funda en la peculiaridad derivada de la intervención de un órgano público 
en el embargo y debe cohonestarse con las previsiones del art. 15 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (vid. 
supra epígrafe 5.2).
Interpreta esta disposición el ATS de 27 de abril de 2004 (rec. 13/2004) que declara 
que «en el presente caso se ha ejercitado acción de tercería de dominio respecto a un 
procedimiento de apremio instado por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. [...] 
En  consecuencia,  no  se  trata  de  acción  real  sobre  bien  inmueble,  cuyo  fuero 
competencial prevé el artículo 52.1.1; sino acción para levantamiento de un embargo, 
cuyo fuero es el indicado en la norma transcrita (art. 52.1.15.º)».
6.14  Fuero de las acciones derivadas del contrato de agencia.
La disposición adicional de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de 
Agencia (en adelante, LCA), determina que «la competencia para el conocimiento de las  e.
acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al juez del domicilio del  w.
agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario»; y el art. 3.1 LCA establece que: «en  35ww
cdoenfetrcatoto  ddee  alegye ncqiuae,  clueasl qsueiear ae qxupere sseaam seun tdee naopmlicinaabcleió, n,la sse  rdeisgtiirnátna sp omr olod dailsidpaudeessto  deenl 
dlais pproensgean teex pLreeys,a cmueynotse  portreac ecpotsoas» .tienen carácter imperativo a no ser que en ellos se  BOE-A-cable e
Se aplica este fuero como imperativo (ATS de 14 de febrero de 2018, rec. 215/2017).
Opera este fuero respecto a una reclamación de cantidad por razón del contrato de 
agencia (ATS de 4 de febrero de 2020, rec. 319/2019) y respecto a una reclamación de 
indemnización por clientela derivada de contrato de agencia (ATS de 13 de septiembre 
de 2017, rec. 109/2017).
También se aplicará este fuero de la LCA en relación con la solicitud de diligencias 
preliminares formulada al amparo del art. 256.1.2.º LEC, en la que se interesa que la 
demandada aporte una serie de documentos debido a la extinción del contrato de 
agencia que vinculaba a las partes, en relación con la remisión que el número 9.º del 
apartado 1 del art. 256 LEC realiza a las leyes especiales (AATS de 26 de marzo 
de 2019, rec. 15/2019; de 10 de diciembre de 2019, rec. 299/2019; y 17 de junio 
de 2015, rec. 88/2015).
6.15  Fuero de las acciones en materia de seguros.
Será  competente  el  tribunal  del  domicilio  del  asegurado  o  el  que  corresponda 
conforme a las normas de los arts. 50 y 51, a elección del demandante (art. 52.2 LEC).
El art. 24 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, no derogado 
expresamente por la LEC, dispone que será juez competente para el conocimiento de las 
acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo 
cualquier pacto en contrario.
El fundamento del fuero radica en la protección del asegurado como parte más débil 
de la relación contractual.
En las acciones del asegurado contra la aseguradora rige el fuero del domicilio de 
este por aplicación de lo dispuesto en el art. 24 LCS y «por aplicación del artículo 52.2 
LEC referido a los litigios en materia de seguros que establece el mismo fuero» (ATS 
de 9 de octubre de 2018, rec. 182/2018).
El  fuero  se  aplica  en  los  supuestos  en  que  la  demanda  la  formula  el  propio 
asegurado contra su compañía de seguros o esta reclama contra él, es decir, litigios 
donde  el  conflicto  se  basa  en  la  relación  directa  e  inmediata  entre  asegurado  y 
asegurador (vid. ATS de 18 de junio de 2019, rec. 140/2019).
Por  ello,  no  se  aplica  por  ejemplo  a  la  acción  directa  del  art.  76  LEC  de  un 
perjudicado  contra  una  compañía  de  seguros,  para  exigirle  el  cumplimiento  de  la 
obligación de indemnizar por el daño causado por su asegurada por mala praxis médica 
(ATS de 1 de febrero de 2017, rec. 1099/2016).
Se aplica este fuero especial en relación con una demanda de juicio ordinario en la 
que se ejercita una pretensión de condena dineraria con fundamento en la suscripción de 
una póliza de seguro de vida colectivo (ATS de 3 de marzo de 2020, rec. 324/2019).
En una demanda de juicio ordinario que tiene por objeto una acción de reclamación 
de cantidad del tomador y asegurado contra su compañía de seguros, con base en la 
póliza de seguros suscrita entre las partes, el TS considera que nos encontramos ente el 
ejercicio de una acción derivada del contrato de seguro, por lo que resulta aplicable el 
fuero imperativo previsto en el indicado art. 52.2 LEC, y procede declarar la competencia 
territorial del juzgado correspondiente al fuero del domicilio del demandante asegurado al 
ser el fuero elegido por dicha parte al presentar la demanda (ATS de 25 de febrero 
de 2020, rec. 329/2019).
Cuando  a  través  de  un  juicio  verbal  se  ejercita  la  acción  de  repetición  entre 
compañías aseguradoras quedará sujeta al fuero general de las personas jurídicas, el 
cual rige con carácter imperativo en el ámbito del juicio verbal. El demandante podía  e
optar  por  presentar  la  demanda  en  el  juzgado  del  lugar  del  domicilio  social  de  la  bo
demandada o en el juzgado del lugar en el que se produjo el siniestro y nació, en  35ww
ctuovnieserac ueesntacbiale, claim rieenlatcoi óanb iejurrtíod iacla p eúnbtlirceo  la(AsA pTaSr tdees,  1s7ie dmep mrea rqzuoe d lea  2e0n2ti0d,a rde cd. e3m2a1n/2d0a1d9a; 
y deS 2o8n  defr eecnueernot edse  2la0s2 0a, creccio. n3e4s6 /2d0e1 9a)s.eguradoras  contra  compañías  eléctricas  por
subrogación de las cantidades abonadas al asegurado por daños causados por fallos en
el suministro eléctrico: la solución es la de considerar aplicable el fuero general del 
domicilio de las personas jurídicas (AATS de 6 de octubre de 2020, rec. 140/2020; de 14 
de enero de 2020, rec. 280/2019). En estos casos el demandante puede optar por 
demandar en el partido judicial en el que se produce el fallo en el suministro y los daños 
si  la  compañía  eléctrica  tiene  allí  sucursal  (ATS  de  27  de  octubre  de  2020,  rec. 
183/2020). En este sentido, el ATS de 18 de diciembre de 2019 (rec. 286/2019) declara 
que «a la vista de la acción ejercitada -acción de repetición, ex art. 43 LCS, dirigida 
frente a la entidad presuntamente responsable de unos daños previamente abonados al 
asegurado-, el juzgado competente será el de Primera Instancia n.º 13 de Madrid, al 
tratarse del fuero elegido por el actor y estar previsto en el art. 51 LEC, dado que la 
relación jurídica a la que se refiere el litigio ha surgido en esta localidad y el demandado, 
según se indica en la demanda, tiene establecimiento abierto al público».
Cuando quien ejercita la acción es el beneficiario designado en la póliza y no el 
asegurado no es aplicable el fuero especial, debiendo estarse a lo dispuesto en los arts. 
51, 55 y 56 LEC (ATS de 25 de marzo de 2004, rec. 12/2004).
Ante una demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad por los daños 
causados  en  la  ejecución  de  una  obra  dirigida  contra  el  ingeniero  responsable,  la 
empresa constructora y sus respectivas compañías aseguradoras no procede aplicar 
este fuero especial pues la acción directa que concede el art. 76 LCS al perjudicado 
frente al asegurador en materia de responsabilidad civil no se deriva del contrato de 
seguro (ATS de 17 de junio de 2003, rec. 2/2003).
Se aplica a una acción de reclamación de cantidad de un asegurado contra su 
aseguradora al no hacerse esta cargo de la reparación de un siniestro acaecido en el 
vehículo del demandante y asegurado por la compañía (ATS de 12 de marzo de 2019, 
rec. 36/2019).
El asegurado puede optar por presentar la demanda en el juzgado correspondiente al 
partido donde la aseguradora tiene establecimiento abierto al público y en el que nació la 
relación jurídica. Se considera como tal el lugar en que se gestionó tanto el alta como la 
baja de la póliza de seguro (ATS de 7 de mayo de 2019, rec. 84/2019).
6.16  Fuero de las acciones en materia de ventas a plazos de bienes muebles 
corporales y contratos destinados a su financiación.
Será  competente  el  tribunal  del  domicilio  del  comprador  o  prestatario  o  el  que 
corresponda conforme a las normas de los arts. 50 y 51 LEC, a elección del demandante 
(art. 52.2 LEC).
Este fuero, que sustituye los establecidos por la Ley 28/1998, de 13 de julio de Venta 
a Plazos de Bienes Muebles, trata nuevamente de dar protección a la parte más débil de 
esta relación contractual.
Aplica este fuero imperativo a un contrato de financiación de venta a plazo de bien 
mueble el ATS de 24 de septiembre de 2013 (rec. 108/2013).
Interpuesta demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de reclamación de 
principal e intereses derivados de un contrato de préstamo de financiación a comprador 
de bienes muebles, la competencia territorial viene determinada por lo dispuesto en el 
art. 52.2 LEC, precepto que establece como fuero de naturaleza imperativa el domicilio 
del prestatario (AATS de 11 de febrero de 2020, rec. 343/2019; de 14 de septiembre 
de 2010, rec. 304/2010; y 15 de junio de 2010, rec. 160/210).
6.17  Fuero de las acciones en materia de contratos de prestación de servicios o  s
relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública. oe.
Será  competente  el  tribunal  del  domicilio  de  quien  hubiere  aceptado  la  oferta,  35ww
rae espleeccctiióvna mdeeln dtee,m oa enld qaunete c (oarrrte. s5p2o.2n dLaE Cco).n Efosr mune  fau elaros  inmoprmeraasti vdoe. los arts. 50 y 51 LEC,
fuerTor caosm lap eretefonrcmiaal  yoap enroa edsa  úenni ceol  ya rrte. f5e2ri.d2o L eExCcl upsoivr alam Leenyte 4 a2l /2d0o1m5ic, idlioe  d5e dl eco omcpturbardeo,r  eol   BOE-A-cable e
suscriptor  de  acciones,  sino  también,  a  su  elección,  al  domicilio  de  la  entidad 
demandada, dada la remisión que en la nueva redacción de este artículo se hace a los 
arts. 50 y 51 LEC, reguladores de los fueros generales de competencia territorial.
La finalidad del fuero contenido en el art. 52.2 LEC –y este criterio teleológico debe 
utilizarse para resolver dudas hermenéuticas– es la de impedir privilegios procesales 
para las empresas dedicadas a la contratación en masa o por vías o medios que la 
sitúan en una posición inicialmente más ventajosa que la del aceptante de sus ofertas.
Además, la realidad social muestra una práctica generalizada de servicios por vía 
telefónica  o  telemática  en  que  el  consumidor  suele  estar  perfectamente  localizado, 
mientras  que  la  exacta  localización  de  la  compañía  con  la  que  contrata,  o  de  los 
empleados que lo hacen en su nombre, resulta extremadamente difícil. En este contexto, 
seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor 
demandante (ATS de 21 de mayo de 2013, rec. 63/2013).
El art. 52.2 LEC no distingue entre particulares o no. No indica expresamente cuál es 
el ámbito subjetivo de aplicación, esto es, consumidor o empresario, ni excluye a los 
aceptantes no consumidores (AATS de 9 de julio de 2019, rec. 71/2019; y de 24 de 
septiembre de 2019, rec. 182/2019).
Este fuero es aplicable también a los contratos de compraventa entre particulares 
precedidos de oferta pública a través de internet. En este sentido, el ATS Pleno de 17 de 
septiembre de 2018 (rec. 48/2018) declara que la compra de la máquina de fotos fue 
precedida de oferta pública hecha en Internet y la acción ejercitada está sujeta al fuero 
territorial imperativo del artículo 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento de Civil, que atribuye la 
competencia territorial a los juzgados correspondientes del domicilio de quién aceptó la 
oferta. Igualmente, el ATS de 3 de diciembre de 2019 (rec. 55/2019) en un supuesto 
derivado de la compra de un reloj a través de Ebay, considera que en tanto fue precedida 
de oferta pública hecha en internet está sujeta al fuero territorial imperativo del art. 52.2 
LEC, que atribuye la competencia territorial a los juzgados correspondientes del domicilio 
de quien aceptó la oferta. En la misma línea, el ATS de 24 de noviembre de 2020 (rec. 
109/2020) en una venta entre particulares a través del portal Wallapop.
El ATS de 24 de septiembre de 2019 (rec. 182/2019) aplica este fuero en una acción 
de resolución de contrato de compraventa celebrado por Internet entre particulares por el 
que se vendía un visor que presentaba defectos y al que le faltaba alguna pieza, por lo 
que el comprador reclamaba la devolución del precio pagado. La compra del producto 
fue precedida de oferta pública hecha en Internet (en concreto a través de Facebook) y 
la acción ejercitada está sujeta al fuero territorial imperativo del art. 52.2 LEC, que 
atribuye la competencia territorial a los juzgados correspondientes del domicilio de quien 
aceptó la oferta.
El ATS de 24 de septiembre de 2019 (rec. 144/2019) analiza un conflicto negativo de 
competencia territorial respecto de una demanda de juicio verbal que tiene por objeto 
una  acción  de  indemnización  de  daños  y  perjuicios,  como  consecuencia  del 
incumplimiento de un contrato de prestación de servicios –viaje combinado–, concertado 
con una empresa a través de internet. Como el viaje combinado se concertó previa oferta 
recibida a través de internet, es de aplicación de la regla de competencia prevista en el 
art. 52.2 LEC, localidad donde tienen su domicilio los demandantes y por el que optaron 
al presentar la demanda. El TS declara que a la misma conclusión se llegaría por 
aplicación del denominado fuero del consumidor previsto en el art. 52.3 LEC.
En relación con un juicio ordinario en el que se ejercita una acción relativa a la 
suscripción  de  acciones  de  un  banco,  resulta  de  aplicación  el  fuero  competencial  s
imperativo previsto en el art. 52.2 LEC referido a los contratos relativos a bienes muebles  oe.
cuya celebración hubiere sido precedida de una oferta pública. Por ello, por aplicación  w.
del abanico de fueros competenciales previsto en el actual art. 52.2 LEC, en relación con  35ww
etrli baurntíacluelso  d1e0  LsSu Cd, olmosic isliuos, crbipietonr easn tpeu elodse nt rdibeumnaanledsa rd ae l dliucghaar  ednotinddaed  bseie nr eaanlitzeó  lolas 
suscripción pública de acciones, si la adquisición se produjo en un partido diferente al de
su domicilio, bien en el domicilio de la entidad bancaria (ATS de 16 de julio de 2019, rec. 
112/2019).
6.18  Fuero residual de las acciones individuales de consumidores o usuarios.
6.18.1  Ideas generales.
Será competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el 
tribunal correspondiente conforme a los arts. 50 y 51 LEC (art. 52.3).
Debe también tenerse presente el art. 54.2 LEC, que dispone que «no será válida la 
sumisión expresa contenida en contratos de adhesión o que contengan condiciones 
generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores 
o usuarios»
La pauta interpretativa general que ha mantenido el TS es la de que en los supuestos 
de  acciones  promovidas  por  consumidores  o  usuarios  debe  prevalecer  el  fuero 
imperativo  del  juzgado  del  domicilio  del  consumidor,  por  considerar  que  esta 
interpretación es la más favorecedora para el mismo, conforme a la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993 (vid.  ATS de 22 de enero de 2019, rec. 221/2018).
La Circular 2/2018, sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los 
derechos de los consumidores y usuarios, dedica su epígrafe 3.1 al estudio del fuero 
especial del consumidor, a cuyo contenido es preciso ahora remitirse.
No obstante, es necesario incorporar las pautas más recientes. Así, se ha aplicado el 
fuero del consumidor del art. 52.3, a la nulidad de contratos de consumidores (ATS de 4 
de febrero de 2020, rec. 199/2019); a la reclamación por la venta de un móvil defectuoso 
(ATS de 3 de marzo de 2020, rec. 21/2020); a la reclamación del prestatario (persona 
física) contra el prestamista –entidad mercantil– (ATS de 10 de diciembre de 2019, rec. 
257/2019); a la reclamación del comprador de un vehículo de segunda mano a una 
empresa (ATS de 25 de junio de 2019, rec. 106/2019); a la acción de condena dineraria 
en reclamación de la fianza depositada con motivo de un contrato de arrendamiento de 
un vehículo (ATS de 2 de abril de 2019, rec. 242/2018); a una demanda de juicio verbal 
sobre una acción de condena dineraria con base en un contrato de un tratamiento 
odontológico,  ejercitada  por  un  consumidor  (ATS  de  3  de  diciembre  de  2019,  rec. 
195/2019). Se ha aplicado igualmente a una demanda de juicio ordinario en que se 
ejercita  una  acción  de  nulidad  y  subsidiaria  resolución  de  un  contrato  de 
aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles entre un particular y una empresa (ATS 
de 28 de enero de 2020, rec. 294/2019; y de 5 de febrero de 2019, rec. 216/2018). Se ha 
aplicado a una acción de reclamación de cantidad por existencia de vicios ocultos tras la 
reparación de un automóvil (ATS de 3 de diciembre de 2019, rec. 103/2019) y a una 
demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de reclamación de cantidad con origen 
en un contrato de compraventa de una embarcación (ATS de 7 de mayo de 2019, rec. 
64/2019).
También se aplica el fuero de los consumidores a reclamaciones sobre un contrato 
de prestación de servicios de telefonía móvil, aun cuando pueda ser dudoso el factor de 
la  oferta  pública  precedente  al  contrato  (ATS  de  17  de  septiembre  de  2013,  rec. 
124/2013) y a una acción reclamación de cantidad con ocasión del incumplimiento de un 
contrato de prestación de servicios de enseñanza (ATS de 8 de octubre de 2019, rec. 
111/2019).
Del mismo modo, se aplica a un juicio verbal que tiene por objeto la reclamación 
como consecuencia del incumplimiento por la demandada de las condiciones pactadas  s
en el viaje contratado con ella vía internet (ATS de 17 de diciembre de 2019, rec.  oe.
279/2019),  a  una  demanda  de  juicio  verbal  por  las  deficiencias  de  un  reportaje  w.
fccoootnnottgrraará tafliacd ooa  (pgAoeTrn Scci aadu esd ae7   ddveeia  fjmueesar yzyoa   ldmae ac y2oo0mr1 p(9Aa, TñrSeíac  d.a e2s 11e/1g2 u0dr1ea9 dju)o nyrai oa   adule n ha2a 0db1ee9mr,s raeen ccd.a a1n 2dc6ee/ l2aju0di1coi9 oe) .lv evribaajel   2021-8435n https://ww
En esta última resolución se pone de manifiesto la exégesis que el TS realiza de este
fuero, necesariamente orientada a la protección del consumidor: la demanda se presenta
en Madrid, juzgado que carecía de competencia pues el demandante tenía domicilio en 
Fuenlabrada. Madrid se inhibió a Palma, por tener allí su domicilio el demandado. El TS 
considera que Madrid «se inhibió indebidamente a favor de los juzgados de Palma ya 
que […] nunca fue voluntad del consumidor optar por el domicilio del demandado a tenor 
de los previsto en el art. 52.3, en relación con el art. 51.1 ambos LEC, sino optar por el 
domicilio más próximo a su domicilio. En consecuencia, lo procedente es devolver las 
actuaciones al juzgado de Madrid para que, en su caso, se inhiba correctamente a favor 
de los juzgados de Fuenlabrada».
Se aplica el fuero del domicilio de la asociación de consumidores que acciona en 
favor de uno de sus asociados (ATS de 8 de noviembre de 2017, rec. 117/2017).
El ATS de 15 de septiembre de 2020 (rec. 126/2020) aplica el fuero del domicilio del 
consumidor a un supuesto en el que se sustancia una demanda de juicio verbal contra 
una empresa de apuestas en reclamación de 1400 euros, cantidad que deriva del 
impago de una apuesta de la que es responsable la demandada, la cual presta un 
servicio al consumidor que juega en el acierto de resultados de fútbol, realizado todo por 
vía electrónica.
Sin embargo, no se aplica el fuero de los consumidores a una demanda de juicio 
ordinario  en  la  que  se  ejercita  una  acción  de  reclamación  de  cantidad  por 
responsabilidad civil en reclamación por las lesiones causadas en la demandante tras 
una caída en un supermercado de la demandada (ATS de 28 de mayo de 2019, rec. 
101/2019).
Un  supuesto  singular  es  el  que  se  produce  cuando  se  entabla  una  acción  de 
condena pecuniaria derivada del pago efectuado por error a una compañía telefónica 
demandada, cuando que esta se niega a devolver. Se pretendía pagar a una compañía y 
se hace el pago por error a otra. El ATS de 12 de marzo de 2019 (rec. 269/2018) opta 
por  no  aplicar  el  fuero  del  consumidor:  para  el  TS  en  esta  resolución  «no  nos 
encontramos  ante  una  reclamación  de  un  consumidor  o  usuario,  ya  que  la  propia 
demandante afirma no ser cliente de […] ni deberle cantidad alguna, sino simplemente 
haber realizado un ingreso a su favor de forma errónea, como podría haberlo hecho a 
favor de un particular; en consecuencia, rige el fuero establecido en el art. 51 LEC para 
las personas jurídicas». El ATS de 12 de febrero de 2019 (rec. 261/2018) opta por la 
solución contraria: aplica el fuero del consumidor y considera competente al juzgado del 
domicilio  del  demandante.  En  tanto  no  se  consolide  otra  solución,  las/os  Sras./es. 
Fiscales seguirán esta última interpretación: se realiza el pago en atención a un contrato 
de suministro de servicios de telefonía, contrato que sin duda integra una relación de 
consumo; se realiza dicho pago, no a otro particular –en cuyo caso sería claro que no 
podrían aplicarse los fueros especiales previstos para los consumidores–, sino a otra 
compañía prestadora de servicios de telefonía. La reclamación es cuantitativamente 
mínima y la sede de la demandada se sitúa en un punto geográfico muy distante del 
domicilio de la demandante. Ello supone que de aplicarse imperativamente la norma 
general de demandar en el domicilio del demandado, prácticamente se imposibilitaría 
una  reclamación  que  en  esencia  se  dirige  por  un  particular  contra  una  compañía 
prestadora de servicios de telefonía por unos pagos relacionados con un contrato de 
consumo; no preexiste una relación contractual entre demandante y demandado, pero 
tras el pago efectuado por error surge un cuasi contrato de cobro de lo indebido que, 
conforme al art. 1895 CC genera la obligación de restitución y que en cuanto vincula a 
quien  pretendía  satisfacer  una  deuda  procedente  de  un  contrato  de  prestación  de 
servicios de telefonía y a una empresa prestataria de tales servicios, debe regirse en  s
cuanto a competencia, analógicamente por las reglas tuitivas del art. 52.3 LEC. oe.
En definitiva, si no se aplican las normas tuitivas del consumidor, en este caso se  w.
vulneraría irremediablemente el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante por  35ww
lroa tqiou dee, caiudne nndoi  qtruaetá jnudsotifsicea erína  plau raidpalicda dceió nu naan arelólagcicióan d deel  acrot.n 5s2u.m3 oL,E cConcurre esa eadem
6.18.2  Cesiones de crédito de consumidores a empresas mercantiles.
En relación con las cesiones de un crédito de un consumidor a una compañía 
mercantil, el TS ha declarado que «en este caso no concurre el presupuesto esencial 
para la aplicación del art. 52.2 LEC, puesto que la entidad demandante, en cuanto que 
compañía mercantil con ánimo de lucro, carece de la cualidad legal de consumidora, 
conforme al art. 3 del TRLGCU. Sin que la condición de consumidor sea transmisible, 
como si fuera un anejo del derecho de crédito, pues se es consumidor si se reúnen los 
requisitos legales para ello y no se es si no se cumplen. Y una sociedad mercantil que 
opera en su ámbito de negocio, con independencia de cómo haya adquirido su título de 
crédito, no puede ser consumidora» (AATS de 5 de febrero de 2019, rec. 264/2018; y 
de 10 de julio de 2018, rec. 130/2018).
6.18.3  Transporte aéreo.
Es  aplicable  el  fuero  de  los  consumidores  a  las  demandas  derivadas  de  la 
defectuosa prestación del contrato de transporte aéreo. El consumidor puede optar por 
demandar  ante  los  tribunales  de  su  domicilio,  ante  los  tribunales  del  domicilio  del 
demandado o ante los tribunales del lugar de salida como el de llegada del avión, si en 
estos tiene el demandado oficina o dependencia estable y accesible a los clientes.
Tanto el lugar de salida como el de llegada del avión deben ser considerados lugares 
de prestación principal de los servicios que son objeto de un contrato de transporte aéreo 
(ATS de 18 de febrero de 2020, rec. 274/2019).
En esta misma línea el ATS de 25 de septiembre de 2018 (rec. 105/2018) declara 
que  «en  las  demandas  solicitando  compensación  basada  en  el  incumplimiento  del 
contrato de transporte aéreo y en el Reglamento CE 261/2004, de 11 de febrero, se 
reconoce al demandante la posibilidad de elegir entre el fuero del lugar de partida o del 
lugar de llegada del avión pues tales fueros electivos han de ser considerados lugares de 
prestación principal de los servicios que son objeto de un contrato de transporte aéreo». 
En el mismo sentido AATS de 19 de marzo de 2019 (rec. 43/2019); de 11 de diciembre 
de 2018 (rec. 208/2018); de 12 de julio de 2017 (rec. 104/2017); y de 8 de noviembre 
de 2017 (rec. 162/2017).
En cuanto al problema de si las dependencias  de  una compañía aérea en un 
aeropuerto pueden considerarse establecimiento abierto al público a los efectos del 
art.  51.1  LEC,  el  TS  declara  que  «aunque  la  LEC  no  define  qué  entiende  por 
establecimiento abierto al público, debemos considerar como tal el lugar donde se 
manifiesta externamente el ejercicio de una empresa o actividad mercantil (arts. 3 y 85 
CCom) […] una oficina o dependencia estable y accesible a los clientes, en donde se 
puedan  desenvolver  las  relaciones  básicas  del  contrato  de  transporte  aéreo 
(compraventa  de  pasajes,  anulación  o  cambio  de  los  mismos,  formulación  de 
reclamaciones) constituye establecimiento abierto al público, a los indicados efectos del 
art. 51.1 LEC». (AATS de 22 de octubre de 2019, rec. 127/2019; y de 25 de septiembre 
de 2018, rec. 105/2018).
Debe tenerse presente que no se aplica el fuero de los consumidores si el usuario 
del  transporte  cede  sus  acciones  a  entidades  que  se  dedican  a  este  tipo  de 
reclamaciones.
En este sentido, puede citarse el ATS de 4 de marzo de 2015 (rec. 2/2015) en el que 
se declara que «no concurren los presupuestos necesarios para la aplicación del fuero 
especial determinado en el art. 52.2 LEC, que desplaza el fuero común del domicilio del  s
demandado para las personas jurídicas del art. 51 LEC, por cuanto la demanda es  oe.
promovida por una entidad mercantil y no por un consumidor individual, aunque aquella  w.
orecsuupEltene   lalaac  rpmeodissiitmcaidaóa nl  ílnape raoadc, qeeuslai sAli cTqiSóun ed  telee l e3cm0o árdrteeics amp odaneydlo be irdlílaee  te2a»0 l.1a8 p (ererjcu.d i4c7a/d2a0 1y8 )s idne qcluaera c oqnuset e« loa   2021-8435n https://ww
entidad demandante, en cuanto que compañía mercantil con ánimo de lucro, carece de
la cualidad legal de consumidora, conforme al art. 3 del TRLGCU. Sin que la condición
de consumidor sea transmisible, como si fuera un anejo del derecho de crédito, pues se 
es consumidor si se reúnen los requisitos legales para ello y no se es si no se cumplen. 
Y una sociedad mercantil que opera en su ámbito de negocio, con independencia de 
cómo haya adquirido su título de crédito, no puede ser consumidora».
6.18.4  Demandas de clientes contra establecimientos hoteleros.
El TS aplica el fuero del consumidor a la acción del cliente derivada del contrato de 
hospedaje (ATS de 15 de octubre de 2019, rec. 198/2019).
Se aplica igualmente a una acción de responsabilidad contractual por los perjuicios 
derivados de una intoxicación alimenticia en un establecimiento hotelero, donde se 
encontraba alojado el demandante y su familia (ATS de 24 de septiembre de 2019, rec. 
150/2019).
Se  aplica  también  a  una  demanda  de  juicio  verbal,  en  ejercicio  de  acción  de 
responsabilidad extracontractual por los perjuicios derivados de una caída ocurrida en la 
piscina de un establecimiento hotelero aunque la acción se funde en los arts. 1902 
y 1903 (ATS de 15 de octubre de 2019, rec. 198/2019).
6.19  Jura de cuentas.
El  art.  34.1  LEC  establece  que  cuando  un  procurador  tenga  que  exigir  de  su 
poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por los derechos y gastos que 
hubiere suplido para el asunto, podrá presentar ante el secretario judicial del lugar en 
que éste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no 
satisfechas  las  cantidades  que  de  ella  resulten  y  reclame.  Igual  derecho  que  los 
procuradores tendrán sus herederos respecto a los créditos de esta naturaleza que 
aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
El conocimiento de la jura de cuenta de procurador corresponde, por imperativo del 
art. 34.1 LEC, que es en realidad una norma de competencia funcional, al órgano judicial 
que conociera del asunto principal en el que se originasen los derechos del procurador 
reclamante (ATS de 11 de octubre de 2017, rec. 147/2017; y 29 de noviembre de 2017, 
rec. 171/2017).
La  misma  solución  competencial  habrá  de  darse  a  los  honorarios  del  abogado 
(art. 35 LEC).
La jura de cuenta es un procedimiento especial pero no por razones de interés 
público –como lo son los procesos especiales del libro IV de la LEC–, sino porque va 
dirigido exclusivamente a hacer efectivos de forma inmediata los créditos derivados de la 
actuación profesional desarrollada, de manera que aunque es posible una fase sumaria 
de alegaciones lo que se pretende es conseguir de forma rápida el pago o el despacho 
de ejecución, según se deriva del art. 34 LEC, sin prejuzgar la decisión definitiva de la 
controversia que pueda suscitarse entre el procurador y su poderdante sobre la relación 
contractual existente entre ambos. En la solicitud que abre el procedimiento de jura de 
cuenta, en puridad, no se ejercita una acción declarativa o de condena, ni una acción 
cautelar,  ni  ejecutiva  –aunque,  después,  el  procedimiento  pueda  concluir  con  una 
resolución que fije la cantidad debida y con un despacho de ejecución–, sino una petición 
de  pago  de  los  gastos  de  representación  del  cliente  devengados  en  un  proceso 
precedente, que –al someterse al filtro del órgano judicial– produce una consecuencia 
que no tendría el requerimiento de pago efectuado de forma privada por el procurador, 
como es la obtención de un título de ejecución. Consecuencia de esta configuración de 
la jura de cuenta, semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en  e.
relación con un proceso precedente, es que la LEC otorga la competencia al órgano  w.
judicial en el que –según establece el art. 34 LEC– radique el proceso en el que se ha  35ww
ódregsaanrroo ljluaddioc ialal  aecl tquuaec ióenst ád eel np rmoceujorar ddoisr pqouseic dióan l udgea rr eas olalv jeurr ala dse i nlac icdueennctiaa,s  pquuees  peuse edseten 
suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial las que se susciten en la fase de
oposición según contempla el art. 34.2.II LEC. (ATS de 14 de marzo de 2018, rec. 
13/2018).
La competencia territorial no corresponde al juzgado o tribunal del domicilio del 
poderdante (ATS de 7 de marzo de 2005, rec. 13/2005).
En caso de que el poderdante hubiera sido declarado en concurso, la competencia 
para el procedimiento de jura de cuenta sigue siendo del órgano judicial en el que 
radique el proceso en el que se ha desarrollado la actuación del procurador que da lugar 
a la jura de la cuenta, pues es este órgano judicial el que está en mejor disposición de 
resolver las incidencias que pueden suscitarse sobre la cuenta reclamada, en especial 
las que se susciten en la fase de oposición según contempla el art. 34.2.II. Cuestión 
distinta es que, fijada la cantidad que debe pagarse el proceso de ejecución que sigue a 
continuación se vea afectado por la situación de concurso del poderdante, dado que el 
art.  8.3  de  la  Ley  Concursal  confiere  al  juez  del  concurso  jurisdicción  exclusiva  y 
excluyente para toda ejecución frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que lo haya ordenado (ATS de 1 de julio 
de 2014, rec. 43/2014).
6.20  Justicia gratuita.
El art. 20.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, dispone 
que quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las 
resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita […] habrá de realizarse por escrito […] ante el secretario de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto 
con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, 
al juzgado o tribunal competente o al juez Decano para su reparto, si el procedimiento no 
se hubiera iniciado.  Debe entenderse que se trata de un fuero imperativo.
Cuando no se ha iniciado aún el procedimiento debe determinarse en primer lugar a 
quién correspondería conocer del mismo, atendiendo a la naturaleza de la acción que se 
pretende  ejercitar  (vid.  en  este  sentido  ATS  de  13  de  noviembre  de  2018,  rec. 
198/2018).
Cuando se ha iniciado el procedimiento la competencia corresponde al juzgado ante 
el que se siga. En este sentido el ATS de 1 de diciembre de 2020 (rec. 190/2020) declara 
que «en la medida que en el presente caso se pretendía obtener el beneficio de justicia 
gratuita para las Diligencias Previas n.º […] la competencia corresponde al juzgado de 
Violencia sobre la mujer n.º 1 de Algeciras que conoció de ese procedimiento».
6.21 Exequatur.
Conforme al art. 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica 
Internacional  en  Materia  Civil,  «la  competencia  para  conocer  de  las  solicitudes  de 
exequatur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte 
frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se 
refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia 
territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución 
deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el juzgado de Primera 
Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur».
El apartado 4 dispone que el órgano jurisdiccional español controlará de oficio la 
competencia objetiva para conocer de estos procesos.
La norma contempla un fuero principal y dos fueros subsidiarios (AATS de 25 de  e.
junio de 2019, rec. 51/2019; y de 17 de julio de 2018, rec. 121/2018). w.
En relación con una sentencia de divorcio, el TS declara que «esta Sala, bajo la  35ww
cvoigmenpceitae ndceial  peaxrpar eesl aredcoo naortcícimulioe nt9o5 d5e  LlaEsC s e1n8t8e1n ciyaas  dsee  dhivaobrícai o perxotnraunnjceiaradso  […so b] reen  elal 
pseenrstiodnoa  dae  lam qaunete snee rr elafie creonm lpoest eenfecciato dse dl eju szogliacditou dd deel  dreocmoinciolicoi mdiee nlato  ddeem laa nsdeannteten cciao mdeo   BOE-A-cable e
su divorcio […] El fuero de competencia territorial del artículo 955 de la LEC es electivo 
para el actor, pudiendo plantear por tanto la solicitud de reconocimiento de la sentencia 
de divorcio ante el juzgado del domicilio del otro cónyuge, frente al que solicita el 
reconocimiento, o del domicilio de la persona a la que se refieren los efectos de dicha 
solicitud. Pretendiéndose el reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal 
argentino en la que se acordaba el divorcio de la actora, los efectos de esta resolución 
judicial han de recaer sobre cualquiera de las dos partes unidas con anterioridad por un 
vínculo matrimonial, por lo que al haberse interpuesto la demanda ante los juzgados del 
domicilio de la actora, en uso del fuero electivo permitido por el artículo citado, debe 
conocer de la solicitud de reconocimiento el juzgado ante el que correctamente se 
planteó la demanda de exequatur […] Criterio, que no ha de verse alterado por la nueva 
regulación contenida en el artículo 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, que en 
términos similares fija como fuero principal electivo el domicilio de la persona a quien se 
refieren los efectos de la resolución judicial extranjera de forma que tratándose de una 
sentencia de divorcio que produce efectos en cualquiera de las dos partes unidas con 
anterioridad por un vínculo matrimonial, resulta competente el juzgado correspondiente 
al domicilio en España de la demandante para conocer de la solicitud de reconocimiento 
de la sentencia que declara su divorcio «la doctrina de esta sala mantiene que la 
sentencia de divorcio produce efectos para ambos ex cónyuges, por lo que es posible la 
presentación de la demanda de exequatur en el lugar donde el solicitante tenga su 
domicilio o residencia en España al tiempo de interposición de la demanda». No resulta 
necesario  entrar  en  los  fueros  subsidiarios  que  recoge  el  citado  art.  52.1  de  la 
Ley 29/2015, que en último caso fija además la competencia del Juzgado de Primera 
Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur (AATS de 17 de julio 
de 2018, rec. 121/2018; y de 1 de marzo de 2017, rec. 12/2017).
Por tanto, en estos casos la solicitud de exequatur de sentencia de divorcio puede 
presentarse  tanto  en  el  lugar  de  domicilio  del  propio  demandante  como  en  el  del 
demandado (vid.  ATS de 25 de mayo de 2016, rec. 408/2016).
En un supuesto en el que ni demandante ni demandado tienen domicilio en España y 
se pretende el reconocimiento de una sentencia de divorcio se opta por considerar 
competentes a los juzgados de Madrid, por constituir en definitiva la pretensión la de 
lograr su inscripción en el Registro Civil Central (AATS de 21 de enero de 2020, rec. 
255/2019; de 2 de abril de 2019, rec. 35/2019; y de 17 de julio de 2018, rec. 121/2018).
7. Cuestiones de procedimiento
7.1  Momento procesal para plantear de oficio la competencia.
En  principio,  solo  puede  examinarse  la  competencia  territorial  inmediatamente 
después de presentada la demanda (ATS de 20 de marzo de 2018, rec. 198/2017).
Debe establecerse una matización: el control de oficio de la competencia territorial 
durante  la  fase  declarativa  de  los  juicios  ordinario  y  verbal  tiene  su  límite, 
respectivamente, en el acto de la audiencia previa y en el acto de la vista (AATS de 17 
de enero de 2018, rec. 201/2017; de 24 de enero de 2018, rec. 190/2017; y de 7 de 
febrero de 2018, rec. 207/2017).
Esta doctrina ha sido matizada en relación con el juicio verbal: «en atención a la 
posibilidad que legalmente se reconoce de no celebrar vista tras la Ley 42/2015, procede 
matizar esta doctrina en el sentido de que en el juicio verbal, y en el supuesto de que 
finalmente las partes no interesen la celebración de vista, el límite temporal para el  e.e
examen de oficio de la competencia territorial será el momento en que las actuaciones  b
pasen al juez para que, de acuerdo con la redacción actual del art. 438 LEC, resuelva si  35ww
tperrorciteodriea lmlae cnetele bcroamcipóent ednet ev idsteac iod ad ipcotarr  asuetnot,e pnrceiav,ia d ea ufdoiremnac iaq udee  slia cso pnasridteesr,a  sqouber en oe setas 
falta de competencia territorial» (ATS Pleno de 20 de marzo de 2018, rec. 198/2017).
Para el planteamiento de una cuestión de competencia territorial negativa debe 
dictarse una resolución judicial en forma de auto y no una providencia (ATS de 22 de 
octubre de 2019, rec. 183/2019).
7.2  Especialidades cuando concurren varios fueros.
Son numerosos los supuestos en los que la LEC establece un fuero imperativo pero 
de  carácter  alternativo,  otorgando  al  demandante  la  facultad  de  elegir  entre  varias 
posibilidades.
El art. 58 LEC, en sede apreciación de oficio de la competencia territorial, declara 
que si fuesen de aplicación fueros electivos se estará a lo que manifieste el demandante, 
tras el requerimiento que se les dirigirá a tales efectos.
Cuando el juzgado ante el que se ha presentado la demanda no es competente pero 
concurren varios fueros alternativos, la tramitación procesalmente correcta es la de –
antes de acordar la inhibición en favor de uno o de otro– requerir al demandante para 
que manifieste cuál de los fueros alternativos es de su preferencia. Si se omite este 
trámite, se priva al demandante de una facultad que expresamente le reconoce nuestro 
ordenamiento procesal.
En este sentido se pronuncian los AATS de 16 de febrero de 2021 (rec. 185/2020); 
de 21 de enero de 2020 (rec. 194/2019); de 14 de mayo de 2019 (rec. 77/2019); y de 9 
de julio de 2014 (rec. 80/2014).
En estos casos pues, cuando se les dé traslado para informar, las/os Sras./es. 
Fiscales  interesarán  que  el  juzgado,  antes  de  acordar  la  inhibición,  requiera  al 
demandante para que manifieste cuál de los fueros electivos es de su preferencia, 
adoptando tras dicho requerimiento la correspondiente resolución.
7.3  Cambio de domicilio: perpetuatio iurisdictionis.
Son  muy  frecuentes  las  cuestiones  de  competencia  que  se  plantean  como 
consecuencia de que siendo el fuero imperativo aplicable el del domicilio del demandado 
(por ejemplo, en los juicios verbales) en el momento del emplazamiento se viene en 
conocimiento de un nuevo domicilio del mismo en un partido judicial distinto.
El principio general que rige la materia es el siguiente: el art. 410 LEC declara que la 
litispendencia, con todos los efectos procesales, se produce desde el momento en que la 
demanda es admitida. Las alteraciones que surjan una vez iniciado el proceso en cuanto 
al domicilio de las partes, no actúan modificando la jurisdicción ni la competencia, que se 
determinarán  según  lo  que  se  acredite  en  el  momento  inicial  de  la  litispendencia, 
conforme al art. 411 LEC (vid.  AATS de 13 de enero de 2016, rec. 168/2015; y de 11 de 
noviembre de 2003, rec. 32/2003).
La necesidad de dotar de sentido a la perpetuación de la jurisdicción como regla 
general (art. 411 LEC) supone que, independientemente de que pueda controlarse de 
oficio la competencia territorial fijada por normas imperativas, la mera localización del 
demandado en un lugar distinto del domicilio indicado en la demanda no justifica, sin 
más, que el órgano que inicialmente declaró su competencia se inhiba a favor de los 
órganos  de  esa  otra  demarcación,  pues  para  que  resulte  competente  un  juzgado 
diferente  de  aquel  que  conoció  de  la  petición  inicial  es  necesario  acreditar  que  el 
domicilio  actual  conocido  por  hechos  sobrevenidos  ya  era  el  real  o  efectivo  en  el 
momento  en  que  se  presentó  la  demanda,  de  forma  que  si  no  se  acredita  tal 
circunstancia o si resulta probado que la alteración se produjo con posterioridad, el 
juzgado que conoció inicialmente perpetuaría su jurisdicción por aplicación del citado  e.
art. 411 LEC, aunque el emplazamiento o la citación deban practicarse en el nuevo  w.
domicilio acudiendo al auxilio judicial (vid.  AATS de 25 de junio de 2019, rec. 99/2019;  35ww
de 2S6i ndtee tfiezabnredroo  daeú n2 0m1á9s,  rpeuce. d2e5 5d/2e0c1ir8s;e y q duee  2p daera j uqliuoe d ere 2s0u1lt9e,  creocm. p6e2t/e2n0t1e9 )u.n juzgado
ddiofemreicniltioe  ac oanqouceidl oe ny ae l eqruae  esl er eparel seenn teól  lma odmemenatnod ae ne sq unee csees aprrioe saecnrteód iltaa rm qiusem ae l (nAuAeTvSo   BOE-A-cable e
de 10 de marzo de 2020, rec. 233/2019; y de 22 de febrero de 2017, rec. 10/2017). La 
duda se resuelve en favor de la competencia del juzgado que conoció en primer lugar.
La acreditación del nuevo domicilio requiere constancia documental (ATS de 16 de 
noviembre de 2016, rec.1037/2016). A efectos de dar por probado el cambio de domicilio 
con anterioridad a la presentación de la demanda, se considera prueba suficiente la 
información aportada por el Punto Neutro Judicial, acreditativa del domicilio actualizada 
con fecha anterior a la presentación de la demanda (ATS de 18 de febrero de 2020, rec. 
284/2019).
En el ATS de 14 de enero de 2020 (rec. 310/2019) se razona del siguiente modo: «en 
el presente caso se designó en la demanda un domicilio de Barcelona y en la consulta 
de las bases del Punto Neutro Judicial efectuada por los dos juzgados en conflicto 
aparecieron, además del designado, otros dos domicilios en Barcelona y uno en Ronda, 
sin embargo, respecto de este último, no figura la fecha de alta en el mismo; sí figura, 
por el contrario, que en uno de los domicilios de Barcelona se produjo el alta de la 
demandada por cambio de residencia el día 11 de agosto de 2016 […] resulta que en el 
presente caso no ha quedado acreditado que el domicilio de Ronda fuese el real y 
efectivo de la demandada al tiempo de interponer la demanda, de forma que procede 
resolver el conflicto en el sentido de declarar la competencia del juzgado de Primera 
Instancia núm. 37 de Barcelona».
En esta misma línea, el ATS de 18 de febrero de 2020 (rec. 284/2019) razona así: «el 
presente conflicto negativo de competencia territorial debe resolverse declarando la 
competencia del juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Fuengirola. Para llegar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que conforme la averiguación domiciliaria practicada, a 
instancia del juzgado de San Sebastián, consta que la demandada estaba domiciliada en 
Fuengirola  antes  de  presentarse  la  demanda,  pues  la  información  aportada  por  la 
Agencia Tributaria, acreditativa del domicilio, consta actualizada en el mes de diciembre 
de 2018 y la demanda fue presentada en el mes de febrero de 2019. Además, este dato 
coincide con la diligencia negativa de emplazamiento extendida por el funcionario del 
cuerpo de auxilio de Oiarzum, en la que se afirma que la demandada no ha estado 
empadronada en esa localidad».
La diligencia telefónica del letrado de la Administración de Justicia no acredita que el 
domicilio facilitado por el demandado lo tuviera al interponerse la demanda (ATS de 5 de 
febrero de 2019, rec. 181/2018).
Distinta a la cuestión de si se ha acreditado el cambio de domicilio antes de la 
presentación de la demanda es el supuesto analizado en el ATS de 22 de octubre 
de 2019 (rec. 183/2019): «no estamos ante un cambio de domicilio, sino ante el hecho 
de que no hay ningún dato que permita considerar que el domicilio del demandado al 
tiempo de interponerse la demanda fuera el indicado en la demanda [...] Por ello, 
entendemos  que  el  domicilio  averiguado  posteriormente  es  el  real  o  efectivo  del 
demandado al tiempo de interponerse la demanda».
Del mismo modo, cuando sea de aplicación el fuero del domicilio del demandante el 
TS considera que debe estarse al domicilio al tiempo de presentar la demanda, sin que 
quepa  tener  en  cuenta  el  cambio  de  domicilio  del  demandante  acaecido  con 
posterioridad a tal momento (AATS de 21 de enero de 2020, rec. 251/2019; y de 21 de 
enero de 2020, rec. 252/2019).
En todo caso, si no concurre fuero imperativo, el juzgado no puede plantearse de 
oficio la competencia por cambio de domicilio, aunque este se haya producido con 
anterioridad a la presentación de la demanda. s
7.4  Audiencia de partes. w.b
de cCoomnpfoertmenec iaal  taeprraitrotaridaol  nsoe gsuen hduob dieesl ea rat.d o6p0t aLdEoC c, osni  laau ddeiecnisciióan d dee t oindhaisb iclaiósn p paortre sfa, lteal 
tcroibmupneatl enac iqau tieernri tosreia lr ecmuaitniedroa ne sltaas d eabcatu daectieornmesin aprosder eán  dveirctuladr adre  dreeg loafsic iimo pseura tfiavlatas .de
A contrario, si la decisión de inhibición se adoptó tras oír al Ministerio Fiscal y a todas 
las partes o tras la resolución de la declinatoria, el tribunal que recibe las actuaciones no 
podrá declarar de oficio su falta de competencia (vid.  AATS de 13 de octubre de 2020, 
rec. 61/2020; de 4 de febrero de 2020, rec. 325/2019; de 4 de febrero de 2020, rec. 
316/2019; y de 20 de abril de 2016, rec. 10/2016) y esta regla limitativa de la posibilidad 
de revisar la competencia se aplica incluso en aquellos casos en los que son aplicables 
fueros imperativos (AATS de 25 de febrero de 2020, rec. 19/2020; y de 3 de noviembre 
de 2016, rec. 979/2016), aunque se haya estimado la declinatoria en base a un criterio 
equivocado (ATS de 21 de septiembre de 2016, rec. 912/2016) o se trate de un proceso 
de familia con hijos menores afectados (ATS de 10 de febrero de 2016, rec. 187/2015).
En este sentido, el ATS de 14 de enero de 2020 (rec. 291/2019) declara que «no 
puede  entenderse  correctamente  suscitado  un  conflicto  negativo  de  competencia 
territorial, ya que la decisión de inhibición por falta de competencia territorial se ha 
adoptado por el juzgado de Valencia dentro del límite temporal y con audiencia de todas 
las  partes,  de  tal  forma  que,  de  conformidad  con  los  dispuesto  en  el  mencionado 
art. 60.1 LEC, el juzgado de Majadahonda, al que se remitieron las actuaciones, deberá 
estar  a  lo  decidido,  sin  que  pueda  entenderse  suscitado  un  conflicto  negativo  de 
competencia territorial, de imposible planteamiento en este caso». En el mismo sentido, 
AATS de 9 de febrero de 2021 (rec. 237/2020) y de 3 de marzo de 2020 (rec. 2/2020).
7.5  La declinatoria.
Como se expuso supra, si no es aplicable ningún fuero imperativo, el juzgado no 
puede controlar de oficio su competencia territorial, por quedar esta a la disposición de 
las partes.
En estos casos el demandante, por el solo hecho de presentar su demanda ante un 
juzgado, queda sometido tácitamente al mismo.
En  estos  supuestos  el  demandado  puede  promover  la  cuestión  mediante  la 
declinatoria por entender que el juzgado ante el que se ha presentado la demanda no es 
el competente, bien por mediar una sumisión expresa a otros tribunales, bien porque no 
existiendo sumisión expresa, los fueros legales atribuyen competencia preferentemente 
a otros juzgados.
Como se expuso en el epígrafe 2.º del presente documento, el Ministerio Fiscal no 
intervendrá en este incidente salvo que sea parte en el procedimiento. No obstante, 
dictaminará si se le da traslado cuando, pese a no ser parte, se invoque la concurrencia 
de un fuero imperativo.
En el juicio ordinario, la declinatoria debe proponerse dentro de los diez primeros 
días del plazo para contestar a la demanda. En el juicio verbal en los cinco primeros días 
posteriores a la citación para la vista. La declinatoria suspende el plazo para contestar o 
el cómputo para el día de la vista hasta que se resuelva.
7.6  Órgano competente para resolver los conflictos negativos de competencia.
Conforme al apartado tercero del art. 60 LEC, corresponderá al tribunal inmediato 
superior común. Por ello, si el conflicto se plantea entre órganos de la misma provincia, 
habrá de ser resuelto por la correspondiente Audiencia Provincial (AATS de 4 de febrero 
de 2020, rec. 308/2019; de 16 de julio de 2019, rec. 160/2019; y de 25 de junio de 2019, 
rec. 147/2019).
Si se plantea entre juzgados de distinta provincia pero de la misma Comunidad 
Autónoma, deberá conocer el Tribunal Superior de Justicia (AATS de 2 de noviembre  e.
de 2019, rec. 223/2019; y de 25 de junio de 2019, rec. 139/2019). w.
Si se plantea entre juzgados de distinta Comunidad Autónoma, deberá conocer la  35ww
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
7.7  Recursos en materia de competencia territorial.
Conforme al apartado primero del art. 67 LEC, contra los autos que resuelvan sobre 
la competencia territorial no se dará recurso alguno.
Los límites a la recurribilidad afectan al auto dictado conforme al art. 58 LEC, cuando 
el  Juez  de  Primera  Instancia  decide,  tras  oír  al  Ministerio  Fiscal  y  a  las  partes 
personadas, si es competente territorialmente, en el caso de que sean de aplicación 
fueros imperativos.
El apartado segundo del art. 67 LEC permite alegaciones de falta de competencia 
territorial cuando fueren de aplicación normas imperativas en el recurso de apelación 
contra las sentencias.
También  podrá  fundarse  el  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  en  la 
infracción de las normas sobre competencia territorial que tengan carácter imperativo 
(Acuerdo de 2017, vid.  STS n.º 216/2009, de 2 de abril) invocando como motivo el 
previsto en el art. 469.1.1.º LEC.
No puede alegarse este motivo por la parte que no agotó los recursos ordinarios por 
las infracciones de las normas sobre competencia invocadas (STS n.º 570/2010, de 17 
de septiembre).
El  TS  rechaza  la  recurribilidad  en  casación  y  por  infracción  procesal  de  las 
resoluciones dictadas en el procedimiento de la declinatoria (ATS de 30 de marzo 
de 2004, rec. 152/2004, con cita de múltiples precedentes).
8. Cuestiones organizativas internas
Los  dictámenes  del  Ministerio  Fiscal  sobre  competencia  deben  cumplir  unos 
requisitos  mínimos.  En  primer  lugar,  deben  estar  motivados  conforme  a  las 
estipulaciones contenidas en la Instrucción 1/2005, de 27 de enero, sobre la forma de los 
actos del Ministerio Fiscal.  Debe quedar debidamente identificado el/la fiscal que emite 
el  informe,  como  exige  la  Instrucción  1/1987,  de  30  de  enero,  sobre  normas  de 
funcionamiento interno del Ministerio Fiscal, y reiteró la reseñada Instrucción 1/2005.
En segundo lugar, los dictámenes deben especificar si concurre o no un fuero 
imperativo. Despejar esta primera incógnita es esencial para alcanzar una solución 
correcta.  Como  ya  se  expuso,  si  no  es  aplicable  ningún  fuero  imperativo  deberá 
dictaminarse que es improcedente la inhibición.
En tercer lugar, en caso de que concurra fuero imperativo, debe especificarse cuál 
sea este.
Por último, en caso de que se considere que el juzgado que da traslado no es 
competente, debe determinarse qué juzgados lo son. Si se considera que el juzgado que 
conoce  no  es  competente  pero  concurren  fueros  imperativos  alternativos,  deberá 
dictaminarse –conforme a lo expuesto en el epígrafe 7.2– que antes de acordar la 
inhibición se requiera al demandante para que manifieste cuál de los fueros electivos es 
de su preferencia, adoptando tras dicho requerimiento la correspondiente resolución.
Si en la causa hay ya un dictamen de un/a fiscal y el juzgado que recibe la inhibición 
da traslado a la fiscalía de su territorio para informar contra el primer dictamen del fiscal, 
será necesario dar cuenta al superior jerárquico común, mediante la remisión de un 
informe justificativo, a fin de preservar el principio de unidad de actuación, sin perjuicio 
de presentar el dictamen ante el juzgado. A tales efectos, el superior jerárquico común 
será el/la Fiscal Jefe de Área, si ambos fiscales tienen destino en la misma Fiscalía de 
Área; el/la Fiscal Jefe Provincial, si son de la misma Fiscalía Provincial; y el/la Fiscal  e.e
Superior, si se ubican en distintas provincias de una misma Comunidad Autónoma.  b
Cuando las fiscalías que dictaminan se ubiquen en distintas Comunidades Autónomas,  35ww
debeLraá  rdeamrsisei ócnu ednetal  cinofno rrmeme isjuiósntif idcea tiinvfoo rdmeel  adli cFtiasmcaeln d ec oSnatlraa dDicetloergioa dcoo dne  elol  Cdeiv illa. otra
fiscalía territorial actuante se realizará a través del Fiscal Jefe de Área o Provincial.
9. Cláusula de vigencia
Existen documentos anteriores de la Fiscalía General del Estado en los que se 
abordan puntos relativos a la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil, por lo 
que es necesario clarificar su vigencia.
La Circular 2/1981, de 24 de septiembre, en torno a la competencia de los juzgados 
de Familia para conocer determinados procesos matrimoniales ya iniciados al tiempo de 
su creación, se dictó para determinar ante qué órgano deben continuar tramitándose los 
procedimientos en curso a la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, y el Real 
Decreto  1.322/1981,  de  3  de  julio,  al  carecer  los  mismos  de  normas  de  derecho 
transitorio. Debe considerarse que ha perdido vigencia.
Los  criterios  en  cuanto  a  la  competencia  territorial  establecidos  por  la 
Circular  2/1984,  de  8  de  junio,  sobre  el  internamiento  de  presuntos  incapaces 
(artículo 211 del Código Civil) –domicilio de la persona afectada salvo en internamientos 
urgentes en el que sería competente el juez del lugar donde este se haya producido– 
son los que se siguen por la jurisprudencia en la actualidad y los que se han asumido en 
la presente Circular. No obstante, la Circular 2/1984 debe estimarse carente de vigencia, 
partiendo de que el art. 211 ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, y su regulación sustituida por la contenida en el art. 763 LEC.
La Consulta 6/1997, de 15 de julio, sobre el criterio determinante de la competencia 
territorial en los procesos civiles de incapacitación seguidos contra quienes se hallan 
internos en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario en cumplimiento de una medida 
de seguridad dictada en un proceso penal, llegó a la siguiente conclusión: «la demanda 
de incapacitación a promover por el Ministerio Fiscal respecto de aquellos condenados 
que se hallen internos en un establecimiento psiquiátrico-penitenciario en cumplimiento 
de una medida de seguridad, lo será, siempre que las circunstancias del caso permitan 
un elemental pronóstico de relativa permanencia, ante el juez de Primera Instancia en el 
que se halle radicado el citado centro». Debe entenderse tal criterio como plenamente 
vigente, pese a que la terminología empleada para denominar al proceso de modificación 
de la capacidad o de provisión de apoyos haya quedado obsoleta.
La  Circular  1/2001,  de  5  de  abril,  relativa  a  la  incidencia  de  la  nueva  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil en la intervención del fiscal en los procesos civiles, ha sido el 
documento de la Fiscalía General del Estado que con mayor amplitud ha tratado la 
competencia  territorial.  Sus  pronunciamientos  en  esta  materia  deben  considerarse 
sustituidos por los de la presente Circular.
La Instrucción 4/2008, de 30 de julio, sobre el control y vigilancia por el Ministerio 
Fiscal de las tutelas de personas discapaces, establecía como conclusión quinta la de 
que «cuando se planteen cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales por 
razón del cambio residencia de una persona sometida a tutela, los Sres. Fiscales, de 
acuerdo  con  la  más  reciente  doctrina  jurisprudencial,  y  atendiendo  a  razones  de 
inmediación, eficacia y efectividad, informarán a favor de atribuir la competencia al 
juzgado del lugar de residencia actual de la persona con discapacidad». Tal conclusión 
debe entenderse plenamente vigente.
La Instrucción 1/2013, de 23 de julio, sobre la intervención del Fiscal en el proceso 
concursal, señala que «deberán igualmente conocer las Secciones de lo Civil de las 
cuestiones  de  competencia  que  pudieran  plantearse»,  pronunciamiento  que  debe 
igualmente entenderse vigente.
La Circular 9/2015, de 22 de diciembre, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en 
la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria, se pronuncia tanto sobre las disposiciones  e.
generales  en  materia  de  competencia  territorial  en  los  expedientes  de  jurisdicción  w.b
voluntaria,  como  respecto  de  algunos  expedientes  (internamientos,  tutelas,  35ww
epmroannucnicpiaacmióienn, tosa dodpec iólan  Cdirec ulamr edeind arse laecnió n prcootne cclaió nc omdep etemnecniao retes)r.r itoTrioadl ods ebleons 
eCsirtcimulaarrs 9e/ 2p0le1n5a.mente vigentes. La presente Circular realiza una remisión expresa a la
La Instrucción 2/2015, de 16 de octubre, sobre directrices iniciales tras la entrada en 
vigor de la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria, se refiere –en pronunciamiento que 
debe entenderse plenamente vigente– a la posibilidad de informar por escrito cuando se 
plantee de oficio la falta de competencia territorial.
La Circular 6/2015, de 17 de noviembre, sobre aspectos civiles de la sustracción 
internacional  de  menores,  también  se  pronuncia  sobre  competencia  territorial  y  su 
contenido, plenamente vigente, debe ahora darse por reproducido.
Deben  considerarse  plenamente  en  vigor  las  disposiciones  sobre  competencia 
territorial contenidas en la Circular 2/2018, de 1 de junio, sobre nuevas directrices en 
materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios, así como 
las contenidas en el epígrafe 4.2 de la Circular 2/2016, de 24 de junio, sobre el ingreso 
de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos, cuyo 
contenido debe darse por reproducido, como se ha aclarado en los correspondientes 
epígrafes de la presente Circular.
10. Conclusiones
1.ª  Las/os Sras./es. Fiscales intervendrán dictaminado cuando el juzgado, una vez 
presentada la demanda, advierta de oficio la posible falta de competencia territorial. Esta 
intervención tendrá lugar en todos los procedimientos, sea o no parte el Ministerio Fiscal.
No deberán dictaminar las cuestiones de competencia planteadas a instancia de 
parte en procedimientos en los que no intervenga el Ministerio Fiscal, salvo que por 
medio de la declinatoria se alegue la infracción de un fuero imperativo.
2.ª  Las/os Sras./es. Fiscales podrán –y deberán– promover declinatoria en los 
procesos en los que sean parte, si concurriendo un fuero imperativo el juzgado no ha 
activado el control de oficio.
3.ª  Son frecuentes en la práctica los supuestos en los que los juzgados se plantean 
su  falta  de  competencia  indebidamente,  pese  a  no  ser  de  aplicación  ningún  fuero 
imperativo.
Por ello, cuando un juzgado civil dé traslado para dictamen sobre competencia lo 
primero que deben examinar las/os Sras./es. Fiscales es si es aplicable una norma que 
establezca la competencia con carácter imperativo.
4.ª  Cuando un juzgado cuestione de oficio su falta de competencia, pese a no ser 
de aplicación ningún fuero imperativo, el dictamen del Ministerio Fiscal debe poner de 
manifiesto este improcedente planteamiento de la cuestión, pues en estos casos la falta 
de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el/la demandado/a o 
quienes  puedan  ser  parte  legítima  en  el  juicio  propusieren  en  tiempo  y  forma  la 
declinatoria (vid.  art. 59 LEC).
5.ª  El juzgado no puede cuestionar su competencia de oficio por el hecho de que 
las partes hayan pactado la sumisión a unos concretos tribunales, pues en estos casos 
la sumisión tácita sigue siendo posible.
6.ª  En los procedimientos tramitados por los cauces del juicio verbal no es válida la 
sumisión expresa ni la tácita, por lo que en estos supuestos el juzgado siempre puede 
plantearse de oficio su competencia, cualquiera que sea la pretensión ejercitada. Para 
determinar el fuero aplicable deberá comprobarse si concurre alguno de los fueros 
especiales que correspondan conforme a las previsiones del art. 52 LEC; y, en su 
defecto, se aplicarán con carácter imperativo los fueros generales relativos al domicilio o 
residencia del demandado (art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 LEC para las  s
personas jurídicas y entes sin personalidad). e.
7.ª  Si el procedimiento se tramita como juicio ordinario, el juzgado solamente podrá  w.
plantearse de oficio su competencia si deviene aplicable un específico fuero imperativo. 35ww
(art.8 8.ª1 3.S2o LnE Cta);m ebl iéjunic iofu cearomsb iaimriop e(raartti.v 8o2s0 .l3o sL EpCr)e;v eisl tporso cpeasroa  ene le jeprrcoicceios od elm doenrietocrhioo 
dsoen r efcuteifricoasc iiómnp (earratt.i v4o LsO lo 2s/ 1e9s8t4a)b lye ceild porso cpeasroa  dleo se jpercoucceiósno s( asrto. b5r4e5 .la3  LcEapCa).c iIdgauda lmdee nltaes,   BOE-A-cable e
personas (art. 756 LEC); protección de derechos fundamentales, procesos matrimoniales 
y de menores (art. 769.4 LEC); oposición a las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento 
en la adopción (art. 779 LEC); procedimiento concursal (art. 10.1 LC) y los establecidos 
en cada caso para los expedientes de jurisdicción voluntaria.
9.ª  Son igualmente imperativos los fueros especiales previstos en el art. 52 LEC por 
razón del objeto, con excepción de los previstos para demandas sobre presentación y 
aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, y para 
demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores.
10.ª  Los fueros generales de las personas físicas (art. 50 LEC) y de las personas 
jurídicas (art. 51 LEC) no son imperativos. Solo cuando, por razón del procedimiento –
v.gr. el juicio verbal– o por razón de remisión de un fuero imperativo del art. 52 LEC, no 
quepa sumisión expresa ni tácita procederá el planteamiento de oficio de la cuestión y la 
inhibición  si  la  demanda  se  presenta  en  un  juzgado  en  cuyo  partido  judicial  el 
demandado no está domiciliado.
11.ª  El control de oficio de la competencia territorial durante la fase declarativa del 
juicio ordinario tiene su límite temporal en el acto de la audiencia previa.
El control de oficio de la competencia territorial durante la fase declarativa del juicio 
verbal tiene su límite temporal en el acto de la vista. En el supuesto de que finalmente 
las partes no interesen la celebración de vista, el límite temporal para el examen de oficio 
de la competencia territorial será el momento en que las actuaciones pasen al órgano 
jurisdiccional para que, de acuerdo con la redacción actual del art. 438 LEC, resuelva si 
procede la celebración de vista o dictar sentencia.
Si se pretendiera el control de oficio transcurridos esos límites temporales, las/os 
Sras./es. Fiscales informarán en el sentido de la improcedencia de la inhibición.
12.ª  Cuando  el  juzgado  ante  el  que  se  ha  presentado  la  demanda  no  sea 
competente,  si  concurren  varios  fueros  alternativos,  la  tramitación  procesalmente 
correcta –antes de acordar la inhibición en favor de uno o de otro– es la de requerir al 
demandante para que manifieste cuál de los fueros alternativos es de su preferencia. Si 
se omite este trámite, se priva al demandante de una facultad que expresamente le 
reconoce nuestro ordenamiento procesal.
En estos casos, si no se ha hecho aún, las/os Sras./es. Fiscales informarán en el 
sentido de que, en cumplimiento de los arts. 53.2 y 58 LEC, antes de acordar la 
inhibición se requiera al demandante para que manifieste cuál de los fueros electivos es 
de su preferencia, adoptando tras dicho requerimiento la correspondiente resolución.
13.ª  Son muy frecuentes las cuestiones de competencia que se plantean como 
consecuencia de que siendo el fuero imperativo aplicable el del domicilio del demandado 
(por ejemplo, en los juicios verbales) en el momento del emplazamiento se viene en 
conocimiento de un nuevo domicilio en un partido judicial distinto.
En estos casos, para que resulte competente un juzgado diferente de aquel que 
conoció de la petición inicial, es necesario que haya quedado acreditado que el domicilio 
actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real o efectivo en el momento en que 
se presentó la demanda, de forma que si resulta probado que la alteración se produjo 
con posterioridad o si simplemente no se acredita tal circunstancia, el juzgado que 
conoció inicialmente perpetuaría su jurisdicción.
Del mismo modo, cuando sea de aplicación el fuero del domicilio del demandante 
debe estarse al domicilio al tiempo de presentar la demanda, sin que quepa tener en 
cuenta  el  cambio  de  domicilio  del  demandante  acaecido  con  posterioridad  a  tal  s
momento. oe.
En todo caso, si no concurre fuero imperativo, el juzgado no puede plantearse de  w.
oficio la competencia por cambio de domicilio, aunque este se haya producido con  35ww
ante1r4io.rªi daSdi  ala l ad epcreissióenn tadcei óinnh dibei claió dne smea anddoap.tó tras oír al Ministerio Fiscal y a todas las
partes o tras la resolución de la declinatoria, el tribunal que reciba las actuaciones no
podrá declarar de oficio su falta de competencia, y ello incluso en aquellos casos en los 
sean aplicables fueros imperativos.
15.ª  Los dictámenes del Ministerio Fiscal sobre competencia deben cumplir unos 
requisitos mínimos. En primer lugar, deben estar motivados y el/la Sr./Sra. Fiscal que 
emite el informe debe quedar debidamente identificado, conforme a las previsiones 
contenidas en la Instrucción 1/2005, de 27 de enero, sobre la forma de los actos del 
Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, deben especificar si concurre o no un fuero imperativo. Despejar 
esta primera incógnita es esencial para alcanzar una solución correcta.
En tercer lugar, en caso de que concurra fuero imperativo, debe especificarse cuál 
sea este.
Por último, en caso de que se considere que el juzgado que da traslado no es 
competente, debe determinarse qué juzgados lo son.
16.ª  Es necesario preservar, en la medida de lo posible, el principio de unidad de 
actuación que puede quedar menoscabado cuando en un procedimiento se emiten 
dictámenes sobre competencia contradictorios por las dos fiscalías intervinientes.
Si en la causa hay ya un dictamen de un/a Sr./Sra. Fiscal y el juzgado que recibe la 
inhibición da traslado a la fiscalía de su territorio, la emisión de dictamen en sentido 
contrario al presentado por el/la Sr./Sra. Fiscal adscrito al juzgado que se inhibe exigirá, 
sin perjuicio de su presentación, dar cuenta al superior jerárquico común mediante la 
remisión de un informe justificativo. A tales efectos, cuando las fiscalías que dictaminan 
se ubiquen en distintas Comunidades Autónomas, deberá darse cuenta con remisión de 
informe al Fiscal de Sala Delegado de lo Civil.
La remisión del informe justificativo del dictamen contradictorio se realizará a través 
del Fiscal Jefe de Área o Provincial.
17.ª  Las/os  Sras/es.  Fiscales  fundamentarán  en  cada  caso  sus  dictámenes 
conforme a los criterios y pautas jurisprudenciales contenidas en el presente documento, 
en tanto no se consoliden otros criterios distintos.
18.ª  Las/os Sras./es. Fiscales, a la hora de seleccionar la solución a supuestos 
dudosos, habrán de tener siempre presente el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, optando por la alternativa más respetuosa para con el respeto al derecho a la 
tutela judicial efectiva.
En razón de todo lo expuesto, con el propósito de adoptar un criterio uniforme en la 
aplicación de las disposiciones sobre competencia en el orden civil, las/os Sras./es. 
Fiscales se atendrán en lo sucesivo a las prescripciones de la presente Circular.
Madrid, 30 de abril de 2021.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García.