BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Jueves 13 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 69103
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
9643 Orden TED/787/2020, de 28 de julio, por la que se inhabilita para ejercer la 
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos 
a Buran Operadora, SL.
I
El artículo 42.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
establece que podrán actuar como operadores al por mayor de productos petrolíferos 
exclusivamente aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la 
realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se 
incluirá la suficiente capacidad técnica del solicitante y encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debiendo acreditar el cumplimiento de 
dichas condiciones en caso de que les sea requerido por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico o por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante CNMC). Asimismo, añade dicho artículo que, cualquier hecho 
que suponga modificación de alguno de los datos incluidos en la declaración originaria 
deberá ser comunicado por el interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del 
momento en que se produzca.
Asimismo, dicho artículo dispone que la CNMC publicará en su página web un listado 
de operadores al por mayor de productos petrolíferos que incluirá a aquellas sociedades 
que  hayan  comunicado  al  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  (actualmente 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) el ejercicio de esta 
actividad.
La empresa Buran Operadora, S.L. figura en el listado de operadores al por mayor de 
productos petrolíferos publicado en la página web de la CNMC.
Por Orden de fecha 20 de octubre de 2017, se resuelve el expediente sancionador 
incoado  a  la  empresa  Anaxi  Spain,  S.L.  (actual  Buran  Operadora,  S.L.)  por 
incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad, considerando a 
dicho operador responsable de una infracción grave de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 110, en relación con el 109.1 m) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos e imponiéndole una sanción de noventa y seis mil doscientos sesenta y 
cinco euros (96.265€).
Posteriormente, mediante Orden de fecha 13 de diciembre de 2019, se resuelve el 
expediente  sancionador  incoado  a  la  empresa  Anaxi  SpaIn,  S.L.  (actual  Buran 
Operadora, S.L.) por  incumplimiento  de la normativa  sobre existencias mínimas de 
seguridad, considerando a dicho operador responsable de una infracción muy grave de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, en relación con el 109.1 m) de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos e imponiéndole una sanción 
de noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco euros (96.265€) en relación con el logro 
de los objetivos anuales de contenido mínimo de biocarburantes, declarando a dicha 
empresa responsable de una infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en  e.
el artículo 109.1.aa), de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,  w.b
como consecuencia de su incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el logro  43ww
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anticipado de setecientos sesenta y un mil cien euros (761.100€), lo que supone una
reducción del 40% del importe de la sanción impuesta en aplicación del artículo 85 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
La  empresa  Buran  Operadora,  S.L.  incumplió  las  obligaciones  establecidas  en 
relación con el logro de los objetivos anuales de contenido mínimo de biocarburantes. El 
incumplimiento se concreta en no haber llegado al umbral del 50% de cumplimiento 
mínimo  de  las  obligaciones  de  venta  o  consumo  de  biocarburantes  mediante  la 
titularidad de certificados de biocarburantes, tal y como establece el artículo 11.3 de la 
Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre. Concretamente, la CNMC acordó expedir a favor 
de ésta cero certificados definitivos, en tanto que no se había aportado ningún certificado 
real por parte de la empresa.
La importancia del incremento del uso de los biocarburantes en el transporte radica, 
no sólo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero imputable a la 
sustitución  de  carburantes  fósiles  por  biocarburantes,  sino  también  en  su  carácter 
renovable, su contribución a la diversificación del consumo de energía primaria y a una 
menor dependencia energética de dichos carburantes fósiles, y en los efectos arrastre 
positivos que podrían derivarse sobre las explotaciones agrarias y el medio rural.
Por Orden de fecha 20 de febrero de 2020, se resuelve el expediente sancionador 
incoado a la empresa Buran Operadora, S.L. por incumplimiento de la normativa sobre 
existencias mínimas de seguridad, considerando a dicho operador responsable de una 
infracción grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.1.m), en relación con 
el 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos e imponiéndole 
una  sanción  de  treinta  y  cuatro  mil  quinientos  euros  (34.500  €).  Se  produjo  el 
reconocimiento expreso de su responsabilidad administrativa y con fecha 25 de octubre 
de 2019 procedió al pago anticipado de veinte mil setecientos euros (20.700 €), lo que 
supone una reducción del 40% del importe de la sanción impuesta en aplicación del 
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
El desarrollo de la actividad de distribución al por mayor sin cumplir los requisitos 
exigidos, ha demostrado suponer un gran perjuicio económico para el sector, como así 
se  ha  puesto  de  manifiesto  a  través  de  los  numerosos  procesos  de  inhabilitación 
llevados a cabo en los últimos años, así como en la desarticulación por parte de la 
Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de distintas tramas de fraude en el IVA de 
empresas que operan en este sector, razón por la cual en los últimos años y en virtud del 
artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos se han 
llevado a cabo multitud de controles del cumplimiento de los requisitos de los operadores 
al por mayor.
El  incumplimiento  de  los  objetivos  mínimos  de  biocarburantes  por  parte  de  los 
sujetos obligados no es un caso aparte, implicando también un gran perjuicio económico 
al sector así como al medioambiente, razón por la cual con el objeto de evitar el fraude 
en este ámbito del sector se fijan controles e inspecciones por parte de la CNMC según 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se 
establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles 
renovables  con  fines  de  transporte.  En  caso  de  incumplimiento  se  procede  a  la 
aplicación  de  las  sanciones  que  procedan  una  vez  incoado  el  correspondiente 
expediente sancionador tal y como ha sucedido con la sociedad Buran Operadora, S.L.
II es
El artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en su apartado 3 establece que:  w.
«En caso de que un operador al por mayor de productos petrolíferos incumpla alguno de  43ww
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la tramitación de un procedimiento en el que se garantice la audiencia del interesado,
declarar la extinción de la habilitación para actuar como operador al por mayor de 
productos petrolíferos.»
El artículo 14 bis del Estatuto regulador de las actividades de distribución al por 
mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas 
de carburantes y combustibles petrolíferos, aprobado por el Real Decreto 2487/1994, 
de 23 de diciembre, establece que procede la inhabilitación para ejercer la actividad de 
operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos, previa instrucción de 
expediente, con audiencia del interesado, en los siguientes casos:
a)  «Apertura de la fase de liquidación o extinción de la personalidad jurídica del 
operador.
b)  El incumplimiento probado de las condiciones exigidas para realizar la actividad 
de operador al por mayor.
c)  La  inexistencia  de  la  autorización  o  certificaciones  de  idoneidad  de  las 
instalaciones necesarias para la actividad o su obtención mediante simulación, fraude o 
engaño, así como la variación, una vez otorgada aquélla, de las condiciones o requisitos 
esenciales que dieron lugar a su otorgamiento.
d)  En su caso, la sanción por comisión de infracción grave o muy grave».
Por todo ello, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó en fecha 26 
de febrero de 2020 la incoación de procedimiento de inhabilitación a la empresa Buran 
Operadora, S.L. concediéndose un plazo de 10 días al interesado para la presentación 
de alegaciones al mismo.
En  el  acuerdo  de  inhabilitación  se  indicó  que  el  procedimiento  se  iniciaba,  en 
concreto, por haber sido la sociedad sancionada en tres ocasiones; una por infracción 
muy  grave  y  dos  por  infracciones  graves,  por  las  razones  eximidas  anteriormente, 
concurren las causas previstas en el artículo 14 bis del Real Decreto 2487/1994, de 23 
de diciembre, en su apartado d) «sanción por comisión de infracción grave o muy 
grave».
Tras la notificación llevada a cabo, mediante medios electrónicos en fecha 27 de 
febrero  de  2020  está  fue  aceptada  en  misma  fecha  tal  y  como  se  muestra  en  el 
certificado de aceptación del registro electrónico.
Con fecha 6 de marzo de 2020, y en plazo de presentación de alegaciones al 
Acuerdo de inicio de inhabilitación Don José Santos Valverde en representación de 
Buran Operadora, S.L., solicita vista del expediente correspondiente al procedimiento 
iniciado de inhabilitación sobre la sociedad Buran Operadora,S.L, de tal manera que en 
virtud  del  artículo  53.1  a)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas por el cual los interesados «…
tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los 
citados procedimientos», se procedió en misma fecha 6 de marzo de 2013, a facilitar 
copias de las ordenes sancionadoras objeto del inicio del procedimiento de inhabilitación.
Con fecha 12 de marzo de 2020 tienen entrada en el Registro Electrónico de este 
Ministerio alegaciones de la empresa Buran Operadora, S.L. al Acuerdo de inicio de 
inhabilitación como operador al por mayor de productos petrolíferos de su empresa.
En dicho escrito indican que las infracciones a las que hace referencia el inicio de 
inhabilitación fueron anteriores al 19 de julio de 2018 fecha en la que la sociedad sufrió 
una profunda transformación con renovación y reestructuración, fruto de un cambio de 
titularidad y de gestión, debiéndose a su entender, distinguir dos períodos totalmente 
independientes entre sí en cuanto a titularidad y gestión, siendo según indican, patente  e
en la actualidad el cumplimiento estricto de todos los requisitos, indicando todas las  bo
actuaciones llevadas a cabo por la empresa en la que consideran nueva etapa. 43ww
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la peCrosnosniadleidraad l aju irnídteicreas daed ala  qsuoec,i elad aindh.abilitación debe ser para los casos más graves y
peligrosos del sector y que esta inhabilitación se debe a la concurrencia de sanciones
por lo que todos los operadores que cometen una infracción deberían ser inhabilitados 
cosa que no se hace, debiendo revestirse la proporcionalidad en la decisión adoptada en 
relación con los actos o hechos a los que pretende dar respuesta.
Por una parte, debe basarse en las previsiones recogidas por el ordenamiento 
jurídico sectorial, de tal manera que la ley de hidrocarburos recoge expresamente la 
aplicabilidad del criterio de proporcionalidad en el sector a la hora de imponer sanciones 
por parte de la Administración.
Considera  que,  en  este  caso,  debe  valorarse  si  la  sanción  propuesta,  la 
inhabilitación, puede entenderse proporcionada o no. A este respecto, entiende que 
inhabilitar  una  empresa  que  se  dedica  a  operar  en  el  sector  de  los  hidrocarburos 
equivale al cierre de esta.
Por ello la finalidad de la sanción, si es proteger al sector, no se daría en este caso, 
puesto que trata de reprender a la sociedad por hechos directamente imputables a un 
modelo de gestión actualmente inexistente y a unos responsables que ya no están 
vinculados con la empresa.
Además, consideran que el incumplimiento no ha sido reiterado ni continuado en el 
tiempo al producirse a lo largo de 3 años.
A este respecto cabe decir que tal y como dicen en sus alegaciones el cambio de 
nombre, titularidad y de gestión en una sociedad no alteran la personalidad jurídica de la 
misma. De la misma manera con la compra venta y cambio de gestión de una sociedad 
se mantienen vigentes las licencias o concesiones que tuviera la sociedad objeto de 
compraventa. Esto implica que el cambio de gestión al que fue sometido la sociedad 
Buran Operadora, S.L. le implicó la posibilidad de seguir ejerciendo como operador al por 
mayor de productos petrolíferos evitando los trámites previos necesarios para iniciar la 
actividad de distribución al por mayor de productos petrolíferos. Este tipo de acciones, 
muy habitual en el sector de operadores al por mayor de productos petrolíferos, en el 
cual las empresas que actúan en él están continuamente realizando cambios de gestión, 
administración, compras-ventas de las sociedades con el fin de poder entrar en el sector 
directamente y operar de manera automática.
El  hecho  de  que  las  infracciones  que  han  dado  lugar  al  procedimiento  de 
inhabilitación  de  la  empresa  Buran  Operadora,  S.L.  fueran  realizadas  estando  otro 
equipo de gestión nada tiene que ver con el procedimiento que nos ocupa. La empresa 
es sancionada de manera grave y muy grave por unos hechos cometidos por ella 
independientemente del equipo de gestión que existiera en cada momento.
Asimismo, el artículo 14 del Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre, en su 
apartado d) es claro al respecto «sanción por comisión de infracción grave o muy grave» 
no debiendo desviar la atención de este hecho. Efectivamente hay otras empresas en el 
sector sancionadas y que no han sido inhabilitadas, pero en este caso se trata de tres 
infracciones, dos graves y una de ellas muy grave que afecta a un grave fraude en el 
cumplimiento de los objetivos mínimos de biocarburantes tal y como se ha explicado 
anteriormente, implicando un gran perjuicio económico al sector. Por tanto, decir que 
dichas infracciones no son importantes y que no es un caso grave es obviar la realidad.
En  este  escenario  y  en  aras  a  actuar,  la  única  medida  eficaz  y,  a  la  par, 
proporcionada es la inhabilitación en aplicación del artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de evitar perjuicios en el sector.
La inhabilitación para ejercer la actividad de distribución al por mayor de productos 
petrolíferos de la sociedad Buran Operadora, S.L. está totalmente justificada y tiene el 
objetivo de evitar el ejercicio de la actividad a una empresa que, en caso de continuar  s
con la actividad, puede causar perjuicios económicos graves al sector. oe.
Por el bien del sector y en aras de conseguir igualdad de condiciones para todos los  w.
miembros que lo componen esta medida de inhabilitación se considera necesaria y  43ww
ppraorpticourclaior.nada,  debiendo  prevalecer  siempre  el  interés  de  terceros  frente  al  interés
el aHrteíccuhloo  e8l2 t rádme itlea  aLuedyi e3n9c/ia2 0c1o5n,  fdeec h1a  2d4e  doec tmubarrez,o  ddeel  2P0r2o0c,e sdeimgúienn tloo  eAsdtambilneicsitdraot ievon   BOE-A-cable e
Común de las Administraciones Públicas, concediéndose al interesado un plazo de 10 
días para la presentación de alegaciones al mismo.
Tras la notificación llevada a cabo mediante medios electrónicos, esta fue aceptada 
por la sociedad en fecha 25 de marzo de 2020 según consta en el certificado de 
aceptación relativo a la notificación del acto.
Con fecha 14 de marzo de 2020, se aprueba el Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Considerando las medidas aprobadas en el citado real decreto y en 
concreto, de acuerdo a la disposición adicional tercera, se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Esto implicó la suspensión del trámite de audiencia de la propuesta de resolución de 
la orden de inhabilitación de la sociedad Buran Operadora, S.L. desde el día 14 de 
marzo de 2020 hasta la finalización del estado de alarma, momento en el cual se 
reanuda dicho procedimiento, salvo que el interesado manifestara su conformidad de no 
suspensión del plazo para la tramitación del procedimiento lo cual se le comunicó al 
interesado con fecha 27 de abril de 2020, sin recibir la citada manifestación.
Con fecha 23 de mayo de 2020, se publica en el BOE el Real Decreto 537/2020, 
de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, citado anteriormente. No obstante, el artículo 9 de 
dicho Real Decreto establece que «Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo 
de  los  plazos  administrativos  que  hubieran  sido  suspendidos  se  reanudará,  o  se 
reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la 
vigencia del estado de alarma y sus prórrogas».
Por  tanto,  con  fecha  1  de  junio  de  2020,  se  reanuda  el  procedimiento  de 
inhabilitación de la sociedad Buran Operadora, S.L. suspendido el día 14 de marzo 
de 2020 lo cual se informa al interesado con fecha 3 de junio de 2020 reiniciándose de 
nuevo  el  trámite  de  audiencia  para  la  presentación  de  alegaciones  a  dicho 
procedimiento.
Con fecha 11 de junio de 2020, tiene entrada en la Dirección General de Política 
Energética y Minas, escrito de alegaciones de la empresa Buran Operadora, S.L. a dicho 
trámite de audiencia. En cuanto al fondo de la inhabilitación siguen manteniendo los 
mismos  argumentos  que  en  las  alegaciones  presentadas  al  Acuerdo  de  inicio  de 
inhabilitación,  no  aportando  ni  documentación  ni  pruebas  adicionales  a  las  ya 
presentadas a lo largo del procedimiento de inhabilitación. Parte de las alegaciones han 
sido tenidas en cuenta en la elaboración de esta Orden.
Ha emitido informe favorable la Abogacía del Estado con fecha 22 de julio 2020 con 
N/Exp: 453/2020, cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración de 
esta Orden.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en uso de la potestad que el artículo 42.3 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, confiere a la titular del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, resuelvo:
Primero.
Declarar la inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de 
carburantes y combustibles petrolíferos de la empresa Buran Operadora, S.L.
Segundo. b
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Tercero.
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el 
artículo  45.1  a)  y  46  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presente orden pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la  misma  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación 
de la presente orden, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  También  podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante la titular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente orden, significándose que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. El plazo concluirá el mismo día 
en que se produjo la notificación/publicación o silencio administrativo en el mes de 
vencimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha Ley.
Asimismo, se le comunica que al ser el interesado un sujeto obligado a relacionarse 
a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, según lo dispuesto 
en el artículo 14.2 y 3 de la citada ley, deberá presentar, en su caso, el recurso de 
reposición a través de medios electrónicos.
Madrid, 28 de julio de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.