BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96180
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
13441 Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del 
registrador de la propiedad de Ciudad Rodrigo, por la que se suspende la 
inscripción de una segregación en un título judicial.
En el recurso interpuesto por doña M. S. P. C., procuradora de los tribunales, en 
nombre y representación de doña A. V. A., doña M. M. y don J. O. U. A., contra la 
calificación del registrador de la Propiedad de Ciudad Rodrigo, don Mauricio Prieto 
Rodrigo, por la que se suspende la inscripción de una segregación en un título judicial.
Hechos
I
Mediante mandamiento expedido por doña M. L. S. B., letrada de Administración de 
Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo, a 
fin  de  que  se  procediera  a  la  inscripción  de  la  división  y  segregación  de  un  bien 
inmueble, como consecuencia de la disolución del proindiviso sobre el citado bien, 
dictado por la sentencia firme, de fecha 21 de enero de 2020 del citado Juzgado, en el 
procedimiento ordinario número 150/2018. En el citado procedimiento, se realizaba e 
incorporaba un informe pericial para proceder a la división de la finca por lotes, del que 
resultaban las descripciones de una propuesta de tres lotes que serían adjudicados entre 
los  condueños  en  proporción  a  sus  cuotas,  pero  no  resultaba  quiénes  eran  los 
adjudicatarios de cada uno de los lotes, ni constaba esto tampoco en la parte dispositiva 
de  la  resolución  judicial.  En  el  fallo  y  estimación  de  la  demanda,  se  declaraba  la 
disolución del proindiviso; se procedía a la división material de la finca formando lotes 
proporcionales a las participaciones de cada una de las partes procesales en la forma 
determinada por el informe pericial, y se establecía lo siguiente: «Las partes deberán 
estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo en consecuencia suscribir los 
documentos  necesarios  para  protocolizar  la  división  acordada,  así  como  para  su 
inscripción catastral y registral».
II
Presentado el día 13 de abril de 2021 el referido mandamiento en el Registro de la 
Propiedad de Ciudad Rodrigo, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Datos del documento:
Asiento: 1.208 Diario: 107
Número de entrada: 1.057/2.021
Fecha de presentación: 13 de abril de 2.021 Hora: 11:55 horas
Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  s
Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo oe.
Fecha del documento: 21 de enero del año dos mil veinte Procedimiento Ordinario  w.
número 150/2.018 441ww
PInrteesreesnatadnotse::  DDooññaa  BM. . OS..  UP..  CA.., don J. A. O. U. A., doña M. O. U. A., don J. O. U. A. y
doña A. V. O. U. A.
Calificado el precedente documento, tras examinar los antecedentes del Registro, el 
Registrador que suscribe, suspende la inscripción solicitada del mismo por adolecer de 
los siguientes defectos subsanables:
1.º  No ha sido justificada el pago del Impuesto que gravaría esta operación, la 
exención o la no sujeción como exigen los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria.
2.º  Es necesario el otorgamiento de la correspondiente escritura pública notarial en 
la  cual  deberán  comparecer,  presentes  o  debidamente  representados,  los  cinco 
comuneros por exigencias del principio hipotecario de “Tracto Sucesivo” (artículo 20 de la 
Ley  Hipotecaria),  y  por  exigirlo  así  los  artículos  392  y  siguientes  del  Código  Civil, 
especialmente el artículo 397. Esta exigencia de escritura pública viene ordenada por el 
propio Juez que dicta la Sentencia que consta el [sic] los autos de Procedimiento 
ordinario 150/2.018, es decir, el precedente documento, en su parte dispositiva o “fallo” 
cuando  señala:  “La  partes  deberán  estar  o  pasar  por  las  anteriores  declaraciones, 
debiendo en consecuencia suscribir los documentos necesarios para protocolizar la 
división acordada, así como para su inscripción catastral y registral”, además también 
viene exigido por el artículo 50 del Reglamento Hipotecario y por el artículo 3 de la Ley 
Hipotecaria; en el mismo sentido tenemos abundante jurisprudencia de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que señala claramente que no queda a la 
voluntad del interesado el elegir el tipo de documento público para acceder al Registro 
de la Propiedad, sino que cada acto inscribible debe constar en su propio documento 
público, y el que motiva esta nota de suspensión debe constar en escritura pública.
3.º  No  consta  con  claridad  a  qué  comunero  de  le  adjudica  cada  lote  o  finca 
segregada, ni tampoco, en el caso del lote mayor o finca segregada mayor, la parte que 
cada uno de los tres condueños tiene en la citada finca segregada o lote, todo ello según 
lo  exige  el  artículo  54  del  Reglamento  Hipotecario  y  el  principio  hipotecario  de 
“Especialidad o determinación”.
4.º  No  se  acompaña  al  precedente  documento  las  certificaciones  catastrales 
descriptivas y gráficas de las fincas resultantes de la división o segregación conforme al 
artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, todos ellos en 
redacción dada por la Ley 13/2.015, de 24 de junio.
No se practica anotación preventiva de suspensión por no haber sido solicitada.
Contra la anterior calificación (…)
Ciudad-Rodrigo, a veintiuno de abril del año dos mil veintiuno.–El registrador (firma 
ilegible). Fdo. Mauricio Prieto Rodrigo.»
III
El día 10 de mayo de 2021 se solicitó calificación sustitutoria, que correspondió a la 
registradora  de  la  Propiedad  de  Peñaranda  de  Bracamonte,  doña  Rebeca  Alonso 
Segura, quien, con fecha 19 de mayo de 2021, confirmó la calificación del registrador de 
la Propiedad de Ciudad Rodrigo.
IV
Contra  la  nota  de  calificación  sustituida,  doña  M.  S.  P.  C.,  procuradora  de  los 
tribunales, en nombre y representación de doña A. V. A., doña M. M. y don J. O. U. A.,  e.e
interpuso recurso el día 31 de mayo de 2021 en el que, en síntesis, alegaba lo siguiente: w.b
«PMrimoteivroo.s : (…)
Cuarto.  (…)
A tenor de lo dispuesto en los arts. 2 y 3 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el 
que  se  aprueba  la  nueva  redacción  oficial  de  la  Ley  Hipotecaria,  las  resoluciones 
judiciales son títulos perfectamente inscribibles en el Registro de la Propiedad (en lo 
sucesivo Ley Hipotecaria).
En el mismo sentido se expresa el arts.4 y 7 del Decreto de 14 de febrero de 1947 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Hipotecario  (en  lo  sucesivo  Reglamento 
Hipotecario).
El mandamiento judicial es un título formal hábil para practicar en el Registro de la 
Propiedad los asientos que acuerde una Sentencia (vgr. arts. 149.5.º y 521.2 de la Ley 1/ 
2000, de 7 de enero. de Enjuiciamiento Civil –en lo sucesivo Ley de Enjuiciamiento Civil), 
siempre que en el mismo se recojan los extremos de aquella que lo permitan.
Al amparo de lo dispuesto en los arts. 1216 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 
por el que se publica el Código Civil (en lo sucesivo Código Civil) y 317.1.º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el–tribunal o ante él, así dispone el art. 28 1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en lo sucesivo Ley Orgánica 
del Poder Judicial) y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y conforme al artículo 319.1 
de  dicha  ley  procesal  tales  testimonios  harán  prueba  plena  del  hecho  o  acto  que 
documentan  y  de  la  fecha  en  que  se  produce  esa  documentación  (vgr.,  también, 
art. 1218 del Código Civil).
En cuanto a la naturaleza de la segregación, nos recuerda la doctrina que son actos 
de “riguroso dominio”, en palabras del profesor J. M. L. G. (…)
Todas  las  operaciones  de  agrupación,  división,  agregación  y  segregación  se 
practicarán en el Registro en virtud de escritura pública en que se describan las fincas a 
que  afecten,  así  como  las  resultantes  de  cualquiera  de  dichas  operaciones  y  las 
porciones restantes, cuando fuere posible, o, por lo menos, las modificaciones en la 
extensión y los linderos por donde se haya efectuado la segregación.
El  Reglamento  Hipotecario  regula  los  supuestos  de  modificación  de  entidades 
hipotecarias en sus arts. 45 a 50. De este régimen pueden extraerse unas reglas 
comunes  a  todos  los  supuestos  (incluida  la  segregación,  que  es  la  que  aquí  nos 
interesa), y unas reglas especiales para cada una de las operaciones.
Pues bien, dentro de las reglas, está la regla de escritura pública contenida en el 
art. 50 del Reglamento Hipotecario. Dispone el art. 50 del Reglamento Hipotecario:
“Todas  las  operaciones  de  agrupación.  división,  agregación  y  segregación  se 
practicarán en el Registro en virtud de escritura pública en que se describan las fincas a 
que  afecten,  así  como  las  resultantes  de  cualquiera  de  dichas  operaciones  y  las 
porciones restantes, cuando fuere posible, o, por lo menos, las modificaciones en la 
extensión y los linderos por donde se haya efectuado la segregación. Si no constare en 
el Registro la cabida total de las fincas, deberá expresarse en las notas marginales en 
que se indique la operación realizada”.
Sin embargo, esta exigencia de escritura pública no impide que puedan hacerse 
constar tales operaciones en cualquiera de los documentos inscribibles a que se refiere 
el art. 3 de la ley hipotecaria.
Asimismo,  hay  que  tener  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  art.  206.5  de  la  Ley 
Hipotecaria, introducido por la Ley 13/19 96, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,  e
Administrativas y del Orden Social, según el cual: bo
dPiúsbp“loiAcndagesa m,y á psdo edd rleáa ns e elplonra,t icdmtaicdeaedrsisa end,t eee  Dnc eelrroetiscfi hcbaoic eipnóúenbs l iacddoem  aint itiqsuutlraear tidriveaafdi e drede el e lal acastpo a Aretdanmd oiqn uis1et r daaecsi oíe nsestees    2021-13441n https://ww
artículo,  operaciones  registrales  de  agrupación,  división,  agregación,  segregación,
declaración de obra nueva, división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios,
rectificación descriptiva o cancelación, siempre que tales actos no afecten a terceros que 
no hubieran sido citad os en el expediente, se cumplan los requisitos establecidos por la 
legislación  sectorial  y  se  aporte  la  representación  gráfica  catastral  de  la  finca  o 
representación alternativa, en los términos previstos en el artículo 10”.
Precepto que enlaza con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, art. 37.2, a saber:
“Las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas y 
demás previstas en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 se 
practicarán  mediante  traslado  de  la  disposición  administrativa  en  cuya  virtud  se 
verifiquen, o mediante la certificación prevista en dicho artículo, siempre que no afecten 
a terceros”.
Si  es  posible  que  una  segregación  se  inscriba  mediante  una  certificación 
administrativa, ¿cómo no va a ser inscribible una Sentencia judicial firme? Es obvio que, 
desde  el  punto  de  vista  jurídico  procesal,  un  procedimiento  judicial  (procedimiento 
ordinario)  garantiza  los  derechos  de  los  intervinientes,  en  mayor  grado  que  un 
procedimiento administrativo. Por lo tanto, si la Ley Hipotecaria otorga la posibilidad de 
inscribir la segregación de una finca tan so lo con una certificación administrativa, debe 
entenderse que una Sentencia judicial firme, es título jerárquicamente superior y con 
más garantías.
Esta idea entronca con que, lo dispuesto en el art. 50 del Reglamento Hipotecario, 
con relación al título “escritura pública”, no es un “numerus clausus”, pues la propia Ley 
Hipotecaria permite la inscripción de certificación administrativa (ex art. 206.5 de citada 
Ley).
Quinto.  Del motivo 3.º de la calificación: No consta con claridad a qué comunero de 
le adjudica cada lote o finca segregada, ni tampoco, en el caso del lote mayor o finca 
segregada mayor, la parte que Cada uno de los tres condueños tiene en la citada finca 
segregada o lote, todo ello según lo exige el artículo 54 del Reglamento Hipotecario y el 
principio hipotecario de “Especialidad o determinación”.
Con respecto a esta calificación, mostramos nuestra disconformidad.
Con respecto a este punto, no entendemos dónde se encuentra la confusión o el 
problema. Pues en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Rodrigo 
n.º 1, al tratar la división, se remite directamente al informe pericial del Sr. C. G., a 
saber:
“(Disposición 2.ª de la Sentencia).  Se procede a la división material de dicha finca 
formando lotes proporcionales a la participación de cada una de las partes procesales, 
equivalentes en valor, que se adjudicarán a cada una de ellas en proporción a su 
participación; división y adjudicación de los lotes que tendrá lugar en la forma que ha 
sido determinada en el informe pericial elaborado por el perito Sr. Ingeniero Agrónomo 
don J. C. G., unido a este procedimiento.”
El informe pericial del Sr. C. G., del cual se remitió también testimonio judicial junto 
con  el  mandamiento,  otorga  descripción  hipotecaria  de  cada  uno  de  los  predios 
resultantes  tras  la  división,  describe  las  lindes  de  cada  uno,  incluso  incorpora  las 
coordenadas GML, descripción cartográfica y medición de la superficie de cada predio 
resultante, entendemos pues que el Informe pericial cumple con los requisitos del art. 47 
del Reglamente Hipotecario, a saber: e.e
“Siempre que se segregue parte de una finca inscrita para formar una nueva, se  441ww
emipnxosatrcercgrniióebsnniiró  árnd e leasy  tl paaoln inirtnecdsi,eó crcnroiu p saceonigó drnloien  gddeaeesd rtpoaors  ocf upopeineor dren a údpdmoo denserdibo el lea d  siffoeein, r ecphanoa tryem a,l ao et exrmifpzer,ec enatsuosáasín d,c dooloa msslae o m  eslaose tdgadirf eieccsigarccacruciiponiócnsnieóta.sn n  Ecedninea    lallaaal     OE-A-2021-13able en https://
inscripción de la nueva finca se expresará la procedencia de ésta y los gravámenes 
vigentes de la finca matriz.
No será obstáculo para la inscripción de cualquier segregación, el que no hayan 
tenido acceso al Registro otras previamente realizadas. En estos, casos, en la nota al 
margen de la finca matriz se expresará la superficie del resto según el Registro.
Los actos o contratos que afecten al resto de una finca, cuando no hayan accedido al 
Registro todas las segregaciones escrituradas, se practicarán en el folio de la finca 
matriz, haciéndose constar en la inscripción la superficie sobre que aquellos recaigan. Al 
margen de  la  inscripción de propiedad  precedente se pondrá nota indicativa de la 
inscripción del resto, así como de la superficie pendiente de segregación.”
Y en relación al art. 54 del Reglamente Hipotecario, a saber:
Entiende esta parte que, con la mención efectuada en el informe pericial, los planos 
que  constan  en  dicho  informe  (parte  final  del  informe  “Planos”)  así  como  con  las 
georeferencias [sic] de cada una de las fincas resultantes (vgr. apartado 11 del informe 
“coordenadas georeferenciadas [sic] de los lotes y descripción de los mismos), se ha 
dado cumplimiento a los requisitos del art. 9.b de la Ley Hipotecaria, así como al art. 51, 
apartados 2 a 4 del Reglamento Hipotecario, no siendo legalmente exigible aportar las 
referencias catastrales de las fincas resultantes. Tal y como dispone el apartado 3 del 
art. 51 del Reglamento Hipotecario:
“Tercera.  La situación de las fincas urbanas se determinará expresando el término 
municipal y pueblo en que se hallaren; el nombre de la calle o sitio; el número si lo 
tuvieren, y los que hayan tenido antes; el nombre del edificio si fuere conocido por 
alguno propio; sus linderos por la izquierda (entrando), derecha y fondo; la referencia 
catastral en los supuestos legalmente exigibles; y cualquier otra circunstancia que sirva 
para distinguir de otra la finca descrita. Lo dispuesto en este número no se opone a que 
las fincas urbanas cuyos linderos no pudieran determinarse en la forma expresada se 
designen por los cuatro puntos cardinales”.
Al respecto, el art. 9 apartado b (parf. 1 al 7) de la Ley Hipotecaria, expresan:
“b)  Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, 
reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, 
expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, la 
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 
expresándose,  si  constaren  debidamente  acreditadas,  las  coordenadas 
georreferenciadas de sus vértices.
Asimismo,  dicha  representación  podrá  incorporarse  con  carácter  potestativo  al 
tiempo de formalizarse cualquier acto inscribible, o como operación registral específica. 
En ambos casos se aplicarán los requisitos establecidos en el artículo 199.
Para la incorporación de la representación gráfica de la finca al folio real, deberá 
aportarse junto con el título inscribible la certificación catastral descriptiva y gráfica de la 
finca,  salvo  que  se  trate  de  uno  de  los  supuestos  en  los  que  la  ley  admita  otra 
representación gráfica georreferenciada alternativa.
En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar la delimitación 
de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la 
cartografía catastral. Si la representación gráfica alternativa afectara a parte de parcelas 
catastrales, deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el  e.e
conjunto de ellas habrá de respetar la delimitación que conste en la cartografía catastral.  b
Dicha representación gráfica deberá cumplir con los requisitos técnicos que permitan su  441ww
incoLrpao rreapciróens eanl tCacaitóans trgor áufnicaa  vaepzo prrtaadctaic asedraá l ao bojpeetora cdieó nin rceogripstorraal.ción al folio real de la
feinnctrae,  dsiicehmap rreep qreusee nntoa csieó na lyb elar gfuinecna  dinusdcarsit ap, ovra elol rRanedgois tlara fdaoltra s doeb rceo ilnac cidoerrnecsiap,o snidqeuniecriaa 
parcial, con otra representación gráfica previamente incorporada, así como la posible 
invasión del dominio público.
Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y 
la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la 
misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan del 
diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca 
inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes.
Una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida 
será  la  resultante  de  dicha  representación,  rectificándose,  si  fuera  preciso,  la  que 
previamente constare en la descripción literaria. El Registrador notificará el hecho de 
haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que del 
título presentado o de los trámites del artículo 199 ya constare su notificación”
Así pues, el art. 9 apartado b obliga a los requisitos previstos en el art. 199 del mismo 
cuerpo legal, y como se puede leer en el apartado 2.º del art. 199 de la Ley Hipotecaria, 
este supuesto permite otra representación gráfica georreferenciada alternativa, distinta a 
la certificación catastral, a saber:
“2.  Cuando el titular manifieste expresamente que la descripción catastral no se 
corresponde con la realidad física de su finca, deberá aportar, además de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica, una representación gráfica georreferenciada alternativa.
El Registrador, una vez tramitado el procedimiento de acuerdo con el apartado 
anterior, en el que además se deberá notificar a los titulares catastrales colindantes 
afectados, incorporará la representación gráfica alternativa al folio real, y lo comunicará 
al Catastro a fin de que incorpore la rectificación que corresponda de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004. de 5 de marzo.
Practicada la alteración, el Catastro lo comunicará al Registrador, a efectos de que 
este haga constar la circunstancia de la coordinación e incorpore al folio real la nueva 
representación gráfica catastral de la finca.
La representación gráfica alternativa solo podrá ser objeto de publicidad registral 
hasta el momento en que el Catastro notifique la práctica de la alteración catastral, y el 
Registrador haga constar que la finca ha quedado coordinada gráficamente con el 
Catastro.”
En el informe pericial del Sr. C. G., ya se expresa las diferencias existentes entre 
Catastro  y  la  realidad  física,  expresa  que  ha  efectuado  sus  propias  mediciones  y 
realizado la georreferencia de los vértices de las fincas. Por lo tanto, podemos afirmar 
que es un supuesto de exoneración de la obligación de aportar certificación catastral, 
máxime  cuando,  como  se  dirá,  a  la  fecha  no  se  ha  procedido  a  la  división  o 
renumeración catastral, siendo pase previo necesario la inscripción en el registro de la 
propiedad.
Sin perjuicio de lo anterior, se puede leer en el Portal de la Dirección General del 
Catastro:
“Obligados a aportar la referencia catastral.
Los obligados a aportar la referencia catastral son los siguientes:
– Ante la autoridad judicial o administrativa competente para instruir o resolver un 
procedimiento que afecte a los bienes inmuebles, los titulares de derechos reales o con  e.e
trascendencia real sobre los citados bienes inmuebles. b
– Ante  los  Notarios,  cualquiera  de  los  requirentes  u  otorgantes  del  documento  441ww
neojetmarpialol ,e enn  elal sq ucoem cpornas-tvee netla hs eecshtáon,  aocbtloig aod noes gtaoncitoo  ecol vnesntitdueiddoo r scoobmreo  uenl  cionmmpureabdloer.. Por
regis–t raAln rteel aetilv oR ae gbiisetnroe sd ien mlau ePblreosp.iedad, quienes soliciten la práctica de un asiento
Ante las compañías prestadoras de servicio de energía eléctrica, quienes contraten 
dichos suministros.
En los documentos privados, las partes contratantes.
En el caso de que fueran varios los obligados a aportar la referencia catastral. 
bastará con que lo haga cualquiera de ellos, quedando los demás eximidos de dicha 
obligación.
Si  la  Autoridad  judicial  o  Administrativa  o  el  Notario  o  Registrador  obtienen 
directamente la Certificación Catastral Electrónica, el interesado no está obligado a 
presentarla.
Plazo de aportación:
La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá aportarse ante la autoridad 
judicial o administrativa en el plazo de 10 días a contar desde aquel en que se practique 
el correspondiente requerimiento: ante el notario. con anterioridad a la autorización del 
documento y ante el registrador de la propiedad, durante el plazo de despacho de aquél. 
En los demás supuestos, la referencia catastral deberá aportarse en el momento de la 
expedición del documento o de la firma del contrato.
Cuando los inmuebles carezcan de referencia catastral en el momento en el que 
debe ser aportada, según lo previsto en el párrafo anterior, los obligados a que se refiere 
el artículo 40 de la Ley del Catastro Inmobiliario, deberán comunicarla a la autoridad 
judicial o administrativa de que se trate, o a la correspondiente compañía prestadora del 
servicio de suministro de energía eléctrica, en el plazo de un mes desde que les sea 
notificada.
¿Qué ocurre si no se aporta la referencia catastral?
El incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral se califica como 
infracción  tributaria  simple  y  podrá  ser  sancionada,  previa  tramitación  del 
correspondiente  expediente  sancionador,  con  sanción  que  puede  oscilar  entre  60 
y 6.000 €.
1.  Las  inscripciones  de  partes  indivisas  de  una  finca  o  derecho  precisarán  la 
porción  ideal  de  cada  condueño  con  datos  matemáticos  que  permitan  conocerla 
indudablemente.
2.  Esta regla se aplicará cuando las partes de un mismo bien, aun perteneciendo a 
un solo titular, tengan distinto carácter o distinto-régimen.
3.  No  se  considerará  cumplido  este  requisito  si  la  determinación  se  hiciere 
solamente con referencia a unidades de moneda, de medida superficial u otra forma 
análoga”.
En primer lugar, advertir que el coeficiente de participación de mis tres representados 
en la nueva finca (lote n.º 1 del informe pericial), viene descrito por el principio de tracto 
sucesivo del art. 49 del Reglamento Hipotecario y el coeficiente de participación que ya 
tenían sobre la finca matriz, esto es: D. J. 16,67 %, D.ª A. V. 16, 67 € y D.ª M. 25,00 %. 
Aplicando  una  simple  regla  de  tres,  podremos  obtener  sin  problema  los  nuevos 
coeficientes de propiedad sobre la nueva finca, esto es:
Titular Sobre finca Matriz Sobre Nueva finca. J. 16,67% 28,5738%. A. V. 16,67% 
28,5738%. M. 25,00% 42,8522%. 58,34% 100,00%. s
Sin perjuicio de ello, entendemos que el coeficiente de participación se encuentra  oe.
definido en el informe pericial en los puntos 1 (Condicionantes) y 9 (Confección de lotes). w.
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Con respecto a esta calificación, mostramos nuestra disconformidad.
Como puede verse en el informe pericial del Sr. C. G., sí constan las referencias 
catastrales, tal y como se puede leer en el apartado “2.2.  Identificaciones Catastrales:” 
las referencias catastrales son: (…)
No obstante, en el caso de que se acredite que no es posible aportar la referencia 
catastral por estar pendiente de comunicación por el Catastro, los interesados quedan 
liberados de esta responsabilidad.
La falta de aportación de la referencia catastral:
– No suspenderá la tramitación del procedimiento ni impedirá su resolución.
– No impedirá que los notarios autoricen el documento ni afectará a su eficacia o a la 
del hecho, acto o negocio que contenga.
– No impedirá la práctica de los asientos correspondientes en el Registro de la 
Propiedad.
– Todo ello sin perjuicio de lo especialmente regulado para supuestos concretos en 
los que se exija la aportación de determinada documentación catastral como requisito 
para continuar el procedimiento o de lo legalmente establecido para el caso de que la 
resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad” (…).
Apunta pues la calificación a que lo se solicita por el registrador es el certificado de 
las fincas que resulten de la división, pero hemos de advertir que tal, a la fecha, no 
existe, pues es necesariamente previo la inscripción de la división de la finca en el 
registro de la propiedad para después proceder a la división catastral, a tales efectos, 
valga lo dispuesto en el art. 9.4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dicho sea sin 
perjuicio de cuanto se ha dicho hasta ahora».
V
Mediante escrito, de fecha 18 de junio de 2021, el registrador de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada la interposición del 
recurso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo, no 
se ha producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 392 y siguientes del Código Civil, especialmente el artículo 397; 
3,  9.b)  y  20  de  la  Ley  Hipotecaria;  50,  51  y  54  del  Reglamento  Hipotecario;  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de diciembre 
de 2010, 2 y 6 de septiembre y 18 de diciembre de 2013, 7 de julio y 30 de noviembre 
de 2016, 21 de marzo, 19 de julio y 2 de noviembre de 2018 y 29 de abril y 14 de 
noviembre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública de 11 de junio y 23 de diciembre de 2020.
1.  Se debate en este expediente la inscripción de un mandamiento del Juzgado, a 
fin de que se proceda a la inscripción de la división y segregación de un bien inmueble, 
como consecuencia de la disolución del proindiviso sobre el citado bien, dictado por la 
sentencia firme en el procedimiento ordinario; en el procedimiento, se realiza e incorpora 
un informe pericial para proceder a la división de la finca por lotes, del que resultan las 
descripciones  de  una  propuesta  de  tres  lotes  que  serían  adjudicados  entre  los  s
condueños en proporción a sus cuotas, pero no resulta quienes son los adjudicatarios de  e.
cada uno de los lotes, ni consta esto tampoco en la parte dispositiva de la resolución  w.
judicial. En el fallo y estimación de la demanda, se declara la disolución del proindiviso;  441ww
spea rtpicriopcaecdioen eas  ldae  dciavdisaió nu nam adtee rliaasl  dpea rtleas  fpinrcoac esfoarlmesa nedno  lalo ftoersm ap rodpeotercrmioinnaaldeas  pao rl aesl 
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necesarios para protocolizar la división acordada, así como para su inscripción catastral 
y registral».
El registrador señala como defectos los siguientes: a) no ha sido justificado el pago 
del Impuesto que gravaría esta operación, la exención o la no sujeción; b) es necesario 
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública notarial en la cual deberán 
comparecer, presentes o debidamente representados, los cinco comuneros; c) no consta 
con claridad a qué comunero de le adjudica cada lote o finca segregada, ni tampoco, en 
el caso del lote mayor o finca segregada mayor, la parte que cada uno de los tres 
condueños  tiene  en  la  citada  finca  segregada  o  lote,  y  d)  no  se  acompañan  las 
certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de las fincas resultantes de la división o 
segregación.
La recurrente acepta el primero de los defectos señalados y recurre los otros tres y 
alega lo siguiente: que el mandamiento judicial es un título formal hábil para practicar en 
el Registro de la Propiedad; que en este supuesto se permite otra representación gráfica 
georreferenciada alternativa, distinta a la certificación catastral; que el informe del técnico 
expresa las diferencias existentes entre Catastro y la realidad física, ya que ha efectuado 
sus propias mediciones y realizado la georreferencia de los vértices de las fincas; que es 
un supuesto de exoneración de la obligación de aportar certificación catastral; que es 
necesariamente previa la inscripción de la división de la finca en el registro de la 
propiedad para después proceder a la división catastral.
2.  El  segundo  de  los  defectos  de  la  calificación  señala  que  es  necesario  el 
otorgamiento  de  la  correspondiente  escritura  pública  notarial  en  la  cual  deberán 
comparecer,  presentes  o  debidamente  representados,  los  cinco  comuneros  por 
exigencias  del  principio  hipotecario  de  «tracto  sucesivo»  (artículo  20  de  la  Ley 
Hipotecaria),  y  por  exigirlo  así  los  artículos  392  y  siguientes  del  Código  Civil, 
especialmente el artículo 397.
Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 25 de octubre 
de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los principios básicos de 
nuestro  sistema  registral  es  el  llamado  principio  de  legalidad  que,  por  la  especial 
trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga 
omnes»  de  la  presunción  de  exactitud  y  validez  y  se  hallan  bajo  la  salvaguardia 
jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el 
artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  establece,  entre  otros  requisitos,  la  exigencia  de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su 
Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido.
Ciertamente,  según  los  artículos  1216  del  Código  Civil  y  317.1.º  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia (a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el tribunal o ante él –artículos 281 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 145 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–); y conforme al 
artículo 319.1 de dicha ley procesal tales testimonios harán prueba plena del hecho o 
acto que documentan y de la fecha en que se produce esa documentación (cfr., también, 
artículo 1218 del Código Civil).
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, que al 
exigir el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir en el Registro los títulos relativos a  s
bienes  inmuebles  o  derechos  reales  que  estén  consignados  en  escritura  pública,  oe.
ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir que puedan constar en cualquiera  w.
de estas clases de documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean  441ww
lporse cperpotpoiso s hdipeol teaccatori oos  cnoon trraetpou tqaune  ihnadyifae rednet ei nslac ribeisrpsee;c ied e dme oddooc uqmuee nlato  daoucttréinnatic oy 
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de julio de 1880, 14 de junio de 1897, 12 de febrero de 1916, 31 de julio de 1917 y 1 de 
julio de 1943, entre otras muchas citadas en los «Vistos»).
El artículo 257 de la Ley Hipotecaria dispone que para que en virtud de resolución 
judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el juez, tribunal o 
secretario judicial, por duplicado, el mandamiento correspondiente, excepto cuando se 
trate de ejecutorias, de lo que parece deducirse que el artículo no exige mandamiento 
cuando se trate de ejecutorias –vid. Resolución de 24 de marzo de 2004–, entendiendo 
por ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme –
artículo 245 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial–.
La figura del mandamiento, que se convierte en elemento formal indispensable para 
ciertas actuaciones registrales –vid. artículos 133 de la Ley Hipotecaria y 674 de la Ley 
de  Enjuiciamiento  Civil–,  está  prevista  como  acto  procesal  de  comunicación  en  el 
artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para cualquier 
actuación cuya ejecución corresponda a los registradores de la Propiedad.
El  mandamiento  es  el  acto  de  comunicación  judicial  por  el  que  se  ordena  el 
libramiento  de  certificaciones  o  la  práctica  de  cualquier  actuación  cuya  ejecución 
corresponda, entre otros, a los registradores de la Propiedad.
Ahora bien, el mandamiento no es título formal en el sentido recogido por el artículo 3 
de la Ley Hipotecaria, y así lo confirma el párrafo primero del artículo 257 de la misma 
ley,  pues  no  contiene  por  sí  mismo  el  título  material  del  artículo  2  susceptible  de 
modificar el contenido del Registro. Y ni siquiera lo es cuando lo que se pretende es que 
se lleve a cabo un asiento provisional en el Registro, pues el mandamiento no es más 
que un vehículo para recoger el título material, tal y como establece el artículo 165 del 
Reglamento Hipotecario, al ordenar que se inserte la respectiva resolución (providencia, 
auto o decreto).
3.  En primer lugar, esta exigencia de escritura pública viene ordenada por el propio 
juez  que  dicta  la  sentencia  que  consta  en  los  autos  del  procedimiento  ordinario 
número 150/2018, es decir, el precedente documento, en su parte dispositiva o «fallo» 
señala lo siguiente: «Las partes deberán estar y pasar por las anteriores declaraciones, 
debiendo en consecuencia suscribir los documentos necesarios para protocolizar la 
división acordada, así como para su inscripción catastral y registral».
Pero es que, además, como se ha expuesto anteriormente, resulta del artículo 50 del 
Reglamento  Hipotecario,  lo  que  es  una  plasmación  del  principio  fundamental  del 
artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
En este sentido, es doctrina reiterada de esta Dirección General que no queda a la 
voluntad del interesado el elegir el tipo de documento público para acceder al Registro 
de la Propiedad, sino que cada acto inscribible debe constar en su propio documento 
público, y el que motiva esta nota de suspensión debe constar en escritura pública. 
Habiendo aludido este Centro Directivo en numerosas ocasiones a la necesidad de 
escritura pública para la inscripción de determinados documentos en el Registro de la 
Propiedad, como es el de este supuesto, división o segregación que se pretende inscribir 
con  un  título  judicial,  se  aparta  del  tenor  literal  del  artículo  50  del  Reglamento 
Hipotecario, como bien ha señalado el registrador; por otra parte, el citado artículo 3 de 
la Ley Hipotecaria exige para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos relativos 
a bienes inmuebles o derechos reales, que estén consignados en escritura pública, 
ejecutoria o documento auténtico, si bien, no quiere ello decir, que puedan constar en 
cualquiera  de  estas  clases  de  documentos  indistintamente,  sino  en  aquellos  que 
legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la  s
doctrina  y  preceptos  hipotecarios  no  reputan  indiferente  la  especie  de  documento  oe.
auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto  w.
inscribible; en consecuencia y relacionando ambos artículos mencionados, el 3 de la Ley  441ww
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suscribir los documentos necesarios para protocolizar la división acordada, así como 
para su inscripción catastral y registral. En consecuencia, debe ser confirmado este 
defecto señalado en la nota de calificación.
4.  En cuanto al tercero de los defectos señalados, entiende el registrador que uno de 
los principios de nuestro Derecho registral es el de especialidad o determinación, que 
exige como requisito para que los títulos puedan acceder al Registro y ser por tanto objeto 
de inscripción, la fijación y extensión del dominio, quedando de tal modo delimitados todos 
sus contornos que cualquiera que adquiera confiando en los pronunciamientos tabulares 
conozca la extensión, alcance y contenido del derecho inscrito.
Como afirmó la Resolución de 8 de abril de 2010 «la necesidad de claridad suficiente 
de los documentos inscribibles y la exigencia de contener todas las circunstancias que la 
Ley  y  el  Reglamento  prescriben  para  los  asientos,  hace  imprescindible  que  el 
pronunciamiento judicial esté suficientemente determinado». Y lo que se afirma respecto 
de  los  títulos  judiciales  es  igualmente  predicable  de  los  documentos  notariales  y 
administrativos.
Esta Dirección General ha resuelto en numerosas ocasiones sobre el principio de 
especialidad.  Por  exigencia  derivada  del  principio  hipotecario  de  «especialidad»,  la 
descripción de la finca ha de ser clara e inequívoca. Es necesario que los documentos 
relativos a contratos o actos que deban inscribirse expresen, por lo menos, todas las 
circunstancias que necesariamente deba contener la inscripción y sean relativas a las 
personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos. En este supuesto, el 
principio de especialidad se debe plasmar en cuanto a qué comunero se le adjudica cada 
lote o finca segregada, lo que no resulta de la propuesta de división del técnico, que en 
otros aspectos está bien elaborada, ni resulta tampoco de la parte dispositiva de la 
sentencia, que remite al otorgamiento de los documentos necesarios para protocolizar la 
división acordada, así como para su inscripción catastral y registral.
En consecuencia, debe confirmarse este defecto señalado.
5.  En cuarto de los defectos de la nota de calificación, señala que no se acompañan 
al precedente documento las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de las 
fincas resultantes de la división o segregación. Es doctrina reiterada de este Centro 
Directivo que el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la 
Ley 13/2015, configura la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de 
las fincas con carácter preceptivo, al establecer que la inscripción contendrá siempre tal 
incorporación con carácter preceptivo siempre que se «inmatricule una finca, o se realicen 
operaciones que determinen una reordenación de los terrenos, como segregación, división 
(...)» –que es lo que se produce en este supuesto–. Es consolidada la doctrina de esta 
Dirección General acerca de que tal precepto debe ser interpretado en el sentido de incluir 
en su ámbito de aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que 
conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, afectando tanto a la finca de resultado 
como al posible resto resultante de tal modificación; así es reiterada y consolidada la 
doctrina, en el sentido de que la exigencia de representación gráfica contemplada en el 
mencionado artículo 9.b) se extiende tanto a la finca segregada como al posible resto 
resultante de tal segregación. Por tanto, debe confirmarse este defecto señalado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  e
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  bo
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  441ww
la LeMya Hdripido,t e2c3a ridae. julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.