BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 98 Sábado 24 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 47927
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
6631 Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela,  para  la  realización  de  prácticas  externas  en  Juzgados  y 
Tribunales.
Con fecha 13 de abril de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia y la 
Universidad de Santiago de Compostela para la realización de prácticas externas en 
Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 20 de abril de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela para 
la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
En Madrid, firmado electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 apartado k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
El Vicepresidente Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo de la 
Xunta  de  Galicia,  Sr.  don  Alfonso  Rueda  Valenzuela,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  la  Xunta  de  Galicia,  en  virtud  del  Decreto  112/2020,  de  6  de 
septiembre, por el que se nombra a los titulares de las vicepresidencias y consellerías de 
la Xunta de Galicia, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.
El Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela, don Antonio  s
López Díaz, que actúa en nombre y representación de ella en virtud del Decreto 57/2018,  e.
de 31 de mayo, publicado en el «Diario Oficial de Galicia» n.º 106, del 5 de junio  w.
de  2018,  de  su  nombramiento,  y  por  las  facultades  conferidas  por  la  Ley  31ww
eOnrgeáron,i cap o6r/ 2e0l0 1q,u dee  s2e1  daep rduiecibeamnb rleo,s  deE sUtantiuvetorss iddaed elsa  y Uenl iDveercsriedtaod 1 4d/e2 01S4a,n dtiea g3o0  ddee 
Compostela.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de justicia (funciones asumidas a través del Decreto 394/1994, de 29 de 
diciembre); el Real Decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de justicia 
(funciones asumidas a través del Decreto 438/1996, de 20 de diciembre); y el Real 
Decreto 233/1998, de 16 de febrero, sobre traspaso de las competencias equivalentes 
relativas a las fiscalías de Galicia y a los institutos de medicina legal (funciones asumidas 
a través del Decreto 82/1998, de 5 de marzo), que completan el proceso de transferencia 
de medios en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto. e
El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de  w.
coaorbgrrráile,n seipcsaotsan bddleee cla e p eloand  eCsru o jmuadrutiíncciiudalalo d y 2 A0d.ue1tl ó qnCuooemn esane  jeorej elGarcceeinór entr oacdlo ands el al l aAPsdo mdfaeicnru islJttauraddceicisóia nlq  dureeec  Joluanssot cicleeiany  eloes    2021-6631n https://ww
atribuyen al Gobierno del Estado. En esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del
traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones que desempeñaba la  Bc
Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, a la Vicepresidencia 
Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se 
establece su estructura orgánica, actualmente vigente de conformidad con lo previsto en 
la disposición transitoria segunda del Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, por el que 
se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de 
Galicia, le corresponde, entre otras, las competencias en materia de medios personales 
y materiales para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Galicia.
Séptimo.
Uno  de  los  fines  de  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  es  el  de  la 
preparación  académica  y  profesional  de  los  distintos  ámbitos  y  disciplinas  de  sus 
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de 
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad de Santiago de Compostela pueda realizar prácticas externas en juzgados y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Galicia de conformidad con las siguientes, es
CLÁUSULAS 31ww
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  la  realización  de  prácticas  externas
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado  Bc
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad de Santiago de Compostela y siempre de titulaciones 
relacionadas  con  profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  juzgados  y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Por un lado, la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y 
Turismo de la Xunta de Galicia se compromete a permitir la realización de las prácticas 
externas objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las 
sedes de los juzgados y tribunales.
Por otro lado, la Universidad de Santiago de Compostela se compromete a que la 
persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda 
disfrutar  de  los  siguientes  derechos,  en  el  marco  de  la  normativa  propia  de  la 
Universidad de Santiago de Compostela que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad de Santiago de Compostela que certifique su actividad como 
tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  estará  siempre  supeditada  a  las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
Convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación alguna por parte de la Universidad de Santiago de Compostela o concesión 
de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su colaboración al Ministerio de Justicia mediante la cesión de aulas, con ocasión de la 
celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o 
acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como Anexo I al presente Convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida. e.
b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con  w.b
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos  31ww
feinne esl,  Snuop elesmtáenn tinoc Eluuidroapse eon a ll oTsí tpullaon.es de estudios sin perjuicio de su mención posterior
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las
prácticas externas de la Universidad de Santiago de Compostela.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Santiago 
de Compostela, realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en 
ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos en función del 
mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia o los juzgados y tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que  adopte  las  medidas  que  considere 
oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma de Galicia quedan exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado 
del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún 
caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase 
mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación 
laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así  necesidades  ordinarias  de  la 
Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería 
ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de 
recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que 
exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Galicia no están obligados a realizar 
contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad de Santiago de Compostela, en aquellos casos no 
cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a: es
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde  w.
lsínee raebsa)  ldiceAe dnfoo lrapmstaa prc riuáóncnat ip caaacrsta ite ulxadtse  arqcnutaievs a.h aenn  slaidso t asereleacsc qiounea sdeo sle/a es.ncomienden, inherentes a las  2021-6631n https://ww
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La Universidad de Santiago de Compostela emitirá un documento acreditativo a la 
persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada 
en el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de Datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las  s
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre  e.
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento  w.
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección  31ww
dsoeb Drea tloas m Paetersroian.ales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las 
partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones 
que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-
ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad de Santiago de Compostela se compromete a destacar en su Memoria anual 
y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este Convenio, 
la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia y los tribunales y juzgados afectados.
Este  Convenio  será  objeto  de  publicación,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de la Administración 
pública gallega. Así mismo, se incluirá en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y 
Convenios, de conformidad con el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se 
regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 
año 2006, y con el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia 
que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La 
comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años naturales y producirá 
efectos, una vez inscrito en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de  e.
cooperación  del  sector  público  estatal  en  los  términos  del  artículo  48.8  de  la  w.b
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y asimismo será  31ww
objeStoe rdáe  ppruobrlriocgaacibólne  ean  seul  «tBéormleitníno  Omfiecidaila dnetel  Easctuaedrod»o. expreso por igual periodo, que
debeArsáim foisrmmaol,i zcaurasleq ucioenra u nd em leass  dpea ratenste fliarmcióann tae sla p eoxdpráir apcrioócne ddeelr  Cao snuv edneion.uncia expresa
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Carlos 
Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Vicepresidente  e
Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, Alfonso Rueda Valenzuela.–El  bo
Rector de la Universidad, Antonio López Díaz. 31ww
 
   
ANEXO
 
En ………………, a……………………………..de 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:  DNI:  
Titulación que cursa:   Centro:  
Domicilio:   Municipio:  Provincia:   Cód. Postal:  
Teléfono móvil:   Teléfono fijo:   e-mail:  
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:  
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:  
Municipio:   Provincia:  
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:  Modalidad de la práctica:  Centro gestor:  
Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:   Total meses:  
Horario:  
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :   email:   Teléfono:  
Tutor de la Universidad:   email:   Teléfono:  
oyecto formativo (tareas a desarrollar): 
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su conformidad 
para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia 
de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto 
durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que en caso de incumplimiento incurriría 
en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal donde sePor parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
realiza la práctica, 
Fdo.  Fdo.  Fdo.