BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Lunes 28 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81687
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11327 Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de San Vicenç dels Horts n.º 1 a inscribir una 
escritura de herencia internacional.
En el recurso interpuesto por don José Antonio García Vila, notario de Barcelona, 
contra la negativa de la registradora de la propiedad de San Vicenç dels Horts, n.º 1, 
doña María Belén Gómez Valle a inscribir una escritura de herencia internacional.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Barcelona don José Antonio García 
Vila, doña E.G.B. liquida la comunidad de adquisiciones sometida a Derecho francés por 
la que se rigió su matrimonio y manifiesta y adjudica la herencia de su esposo de 
nacionalidad francesa, residente en Cataluña.
II
Presentado el citado título en el Registro de la Propiedad de San Vicenç dels Horts 
número 1, fue objeto de la siguiente calificación negativa:
Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) n.º 98 siguientes del Reglamento Hipotecario: El Registrador de la Propiedad 
que  suscribe,  previo  examen  calificación  del  documento  presentado  por  Boldu  Pla 
Associats, el día once de Febrero del año dos mil veinte, bajo el asiento número 971 del 
tomo  130  del  Libro  Diario  de  Operaciones  de  este  Registro  y  número  de 
entrada 781/2020, que corresponde al documento otorgado en Barcelona. el veintidós de 
enero de dos mil veinte, ante el Notario José Antonio García Vila, número 126/2020 de 
su protocolo, he resuelto no practicar el asiento solicitado por calificar la documentación 
como defectuosa en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos:
Primero.  Que en el citado documento doña E G B procede a disolver y aceptar la 
herencia de don J.L.R.M.H., que declara consistir, como únicos bienes correspondientes 
a la demarcación de este Registro, en la finca registral número 6.835 bis de Corbera que 
se adjudica en su calidad de heredera.
Segundo.  Que en la propia escritura se hace constar que «el citado don J.L.R.M. 
H., falleció con nacionalidad francesa y residencia habitual en España, por lo que su 
sucesión, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 21.1 y 23.2 h) y concordantes del 
Reglamento (UE) n.° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012, su sucesión se rige por la legislación española, y dentro de ésta, por la ley  e.
catalana.» w.b
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pudiendo haber cambiado tal disposición con posterioridad, y no habiéndolo hecho,
deberá acreditarse el derecho sucesorio francés y comparecer el hijo del causante en su 
herencia (a sensu contrario RDGRN 2.1 de julio 2019, RDGRN 14-04-2017, 15-06-2016).
Fundamentos de Derecho:
I.  El  artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria,  en  su  número  I  y  el  artículo  98  del 
Reglamento  Hipotecario  señalan  que  los  Registradores  calificarán,  bajo  su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, la capacidad 
de los otorgantes, la validez de los actos dispositivos y la representación circunstancias 
que debe contener la inscripción.
Y  en  el  caso  de  documentos  administrativos  y  judiciales  el  artículo  100  del 
Reglamento Hipotecario nos señala que dicha calificación se limitará a la competencia, a 
la congruencia del mandato, a las formalidades y a los obstáculos registrales.
II.  El  artículo  36  del  Reglamento  Hipotecario  señala  que  ...«Los  documentos 
otorgados en territorio extranjero podrán ser inscritos si reúnen los requisitos exigidos 
por las normas de Derecho Internacional Privado, siempre que contengan la legalización 
y demás requisitos necesarios para su autenticidad en España.
La observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad 
legal  necesarias  para  el  acto  podrán  acreditarse,  entre  otros  medios,  mediante 
aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático. Cónsul o 
funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable. Por los mismos 
medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio 
español documentos
El  Registrador  podrá,  bajo  su  responsabilidad,  prescindir  de  dichos  medios  si 
conociere  suficientemente  la  legislación  extranjera  de  que  se  trate,  haciéndolo  así 
constar en el asiento correspondiente.
III.  El artículo 83 del Reglamento de la Unión Europea, en su punto 2, señala:
...«Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley 
aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas 
en el capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de 
Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el 
Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados 
cuya nacionalidad poseía.»
Resolución:  En  consecuencia,  se  suspende  la  inscripción  a  que  se  refiere  la 
documentación  presentada  por  el/los  defecto/s  observado/s,  que  califico  de 
subsanable/s:
Debe acreditarse el derecho sucesorio francés y comparecer el hijo del causante en 
su herencia.
III
Don  José  Antonio  García  Vila,  notario  autorizante,  interpuso  recurso  contra  la 
referida  calificación,  en  el  que  alega  resumidamente  los  siguientes  fundamentos 
jurídicos:
El objeto del presente recurso es que no ha habido una verdadera elección (siquiera 
sea tácita) por el causante en el acto o negocio de disposición mortis causa.
Son de aplicación al presente supuesto los artículos 21, 22 y 83 del Reglamento (UE) 
n.° 650/2012, así como el considerando 39. e.
La facultad jurídica (para otros derechos potestativos o de configuración jurídica) que  w.b
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del Derecho privado internacional. A los efectos del presente recurso interesa retener su
consideración por la totalidad de la doctrina que se ha ocupado de esta figura como una 
declaración de voluntad negocial de carácter unilateral.
El Reglamento europeo de referencia parte del principio de universalidad de la ley 
aplicable a la sucesión,
Pero a continuación el Reglamento atribuye al futuro causante la posibilidad de 
planificar (a «organizar» se refiere el considerando 38 del Reglamento) su sucesión 
mediante el ejercicio de la professio iuris, si bien limitada a la posibilidad de elegir la ley 
correspondiente al Estado de su nacionalidad (bien en el momento de realizar la elección 
bien al tiempo del fallecimiento) cuando se trata de elecciones realizadas después de la 
entrada en vigor del Reglamento, ya que para las elecciones anteriores el artículo 83 
tiene  una  consideración  más  amplia  (si  cumple  las  condiciones  establecidas  en  el 
capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de 
Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el 
Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados 
cuya nacionalidad poseía).
De lo dicho anteriormente creo que vale la pena destacar que la professio iuris 
cumple así una función de «desplazamiento» de la normativa que, como regla general, 
ha de regir una sucesión que haya de sustanciarse ante ciertas autoridades y órganos de 
los Estados de la Unión Europea. Esta función de desplazamiento obliga a realizar una 
precisión que ha de tenerse en cuenta en materia de interpretación de declaraciones de 
voluntad, y es la necesidad de que de la disposición mortis causa resulte una voluntad 
clara de excluir el juego de la norma general ordenando o estableciendo de modo 
indubitado que la ley que haya de regir la sucesión sea una de las elegibles.
Al mismo tiempo, parece conveniente resaltar que si la ley del Estado con un vínculo 
más intenso puede desplazar la del Estado de la residencia habitual en el supuesto 
general, no se contempla este desplazamiento en el caso de la elección de ley; pero esto 
no debe ser obstáculo para tener en cuenta otro criterio en materia de interpretación de 
la professio iuris, y es, nuevamente, la de que sea indubitada la elección o designación 
voluntaria para excluir la ley de la residencia habitual cuando ésta es, además, la del 
Estado con la que el causante tenía un vínculo más estrecho al tiempo de fallecer. Y hay 
que señalar que, por la propia configuración institucional de las funciones públicas 
atribuidas a dos funcionarios distintos, la apreciación de vínculos, en cuanto supone el 
examen de una realidad extradocumental, le corresponde al notario y no al registrador, 
mucho más limitado en su importante calificación. De ahí que la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de julio de 2016 pudiera decir 
que la compleja regulación de las sucesiones, la necesidad, en muchos casos, de 
precisar  cuestiones  como  la  residencia  habitual  del  causante,  las  eventuales 
excepciones a la misma, la determinación de la ley aplicable y su aceptación fuera de 
España,  exige  que  los  notarios  autorizantes  realicen  los  correspondientes  juicios 
instrumentales  acerca  de  tales  extremos  y  aconseja  un  razonable  reflejo  en  el 
documento público de los extremos relevantes a la sucesión.
Y una consideración final antes de entrar en puridad en el examen del supuesto de 
hecho: las dos interpretaciones que se sustentan sobre el sentido de la manifestación 
contenida en el testamento del causante causan perjuicio a alguien; bien la viuda bien el 
hijo han de resultar perjudicados, pues el incremento legitimario (además, la propia 
naturaleza de la legítima francesa respecto de la catalana) que para el hijo supone 
acoger la tesis que se recurre supone disminuir el patrimonio que habrá de recibir la 
viuda. No es pues, un «juego» en que se discuta sobre, la protección del legitimario, sino  s
también sobre la posición de la heredera (juego de suma cero). En defecto de acuerdo,  oe.
ambos han de acudir a los Tribunales de Justicia para defender su posición. No existe,  w.
pipnrutoeetrsep,c rceuitónan c piódlunes  d loeds eu  lnep gproirtoitmebcalecrimióonas   cuaon m locosri  teeller pigori teiqmsueaenr tihoaasd,yo a oa  d fmein á sdsee g efuaxivarsocertae omc eeqrnu dteeic ,ph uane opd rado eteobcreice inóstnea.rr   Lllaaa    2020-1132n https://w
protección de los legitimarios deriva de la legislación aplicable.
Uno  de  los  primeros  problemas  que  nos  encontramos  es  con  el  relativo  a  la 
admisibilidad de la professio iuris realizada antes de que se dictara el Reglamento.
La tesis negativa o limitativa (es decir, aceptar solamente las profesiones realizadas 
después de dictado el Reglamento y antes de la entrada en vigor del mismo, ya que es 
de suyo que las posteriores son una de las especialidades de la norma) se apoyó por 
prestigiosos autores basándose en la diferenciación entre la admisibilidad de la professio 
iuris  en  un  momento  en  que  el  ordenamiento  aplicable  con  arreglo  al  Derecho 
internacional privado a la disposición de última voluntad no admitía esta profesión, y el 
problema, diferente, de la existencia y validez del consentimiento emitido por quien elige 
el  Derecho  competente.  Esta  posición  puede  tener  apoyo  en  la  dicción  del  propio 
Reglamento que, al regular la facultad electiva, se remite sólo en punto a la validez 
material del acto a la ley elegida (artículo 22.3) y la regulación de los pactos sucesorios, 
en los que se diferencia sistemáticamente, artículo 24.1 y 2, entre admisibilidad y validez 
material, así como en el artículo 83.3 en que, también, se diferencia entre admisibilidad y 
validez de la disposición mortis causa en cuanto al fondo y a la forma. La consecuencia 
derivada de esta tesis restrictiva es que sólo habrían de ser consideradas admisibles las 
profesiones realizadas antes de que se dictara el Reglamento por los nacionales de los 
países que, aunque fuera limitadamente, venían admitiendo la professio iuris, ya como 
firmantes del Convenio de La Haya de 1989, ya por establecerlo su Derecho nacional, 
rechazando las elecciones realizadas en un momento en que, si el disponente hubiera 
fallecido en el momento del otorgamiento de la disposición mortis causa (principio que el 
artículo 24.1 aplica al pacto sucesorio), no hubieran sido entendidas como admisibles.
No obstante, hay hoy una posición casi unánime que defiende la admisibilidad de las 
professiones realizadas antes de 2012. La Resolución de 17 de julio de 2016 citada 
realiza un examen de la professio iuris, desconecta totalmente la eficacia de la misma de 
que fuera o no admitida por la ley precisamente elegida (en el caso, la inglesa, que la 
rechaza), citando expresamente el considerando 40 del Reglamento que el artículo 83.2 
inciso final intenta dar validez a professiones efectuadas conforme a las reglas de 
conflicto del Estado de la nacionalidad o de la residencia habitual del causante en el 
momento de la elección; es decir, se trata (como ha señalado alguna autora) de dar 
validez retroactiva a disposiciones o professiones inválidas en el momento en que fueron 
realizadas. Y vale la pena recordar que según el artículo 26 del Reglamento, la ley 
aplicable para determinar la validez material de la disposición mortis causa se aplica en 
materia de interpretación testamentaria.
Siendo esto así, es decir, que las disposiciones transitorias suponen dar validez a un 
negocio electivo o a una disposición electiva inválida en el momento del otorgamiento y 
que no habría surtido efecto (como tal elección, se entiende, si la elección hubiera sido 
de una ley que no hubiera sido aplicable) si el causante falleciera al otorgarla, creo que 
es forzoso reconocer que la professio iuris habrá de estar rodeada de una certidumbre 
casi  incontestada,  lo  que  se  traduce  en  un  principio  de  interpretación  contra 
professionem cuando de profesiones tácitas anteriores a que se dictara el Reglamento 
se trata.
Uno de los autores que con más detenimiento ha estudiado la figura de la professio 
iuris señaló que, formalmente, la voluntad del causante puede exteriorizarse de cuatro 
formas: expresamente, como un acto mortis causa separado; expresís verbis (como 
cláusula separada independiente) en una disposición de última voluntad de alcance 
general; tácitamente inferida de una declaración aislada e inequívocamente colegida de 
una atribución patrimonial por causa de muerte. s
La doctrina más reciente diferencia entre la professio iuris expresa y la tácita. oe.
La professio iuris es expresa cuando el causante, en un acto especial mortis causa, o  w.
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Ahora bien, los términos del Reglamento no son uniformes, ya que si bien el artículo 
citado exige que la elección resulte de los términos de una disposición mortis causa, el 
considerando 39 amplía la dicción legal al señalar que «puede considerarse que la 
elección de la ley resulta de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, 
el causante haya hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas de 
la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo 
esa ley».
Si se acepta que los considerandos de los Reglamentos comunitarios tienen una 
función interpretativa auténtica del texto legal, y si basta exclusivamente con que el 
causante haya «mencionado explícitamente de otro modo» la ley del Estado de la 
nacionalidad  del  causante,  la  calificación  registral  que  se  combate  es  ajustada  a 
Derecho.
No creo, sin embargo, que esa interpretación sea la correcta, es decir, no creo que 
baste con la simple mención explícita de otra legislación.
Toda la doctrina entiende que la professio iuris o elección de ley aplicable es un 
negocio jurídico o una declaración de voluntad negocial, esto es, destinada a producir 
ciertos efectos; pero si esto es así, habrá de acudirse a la doctrina sobre el negocio 
jurídico; y es básico para que una declaración sea negocial que el disponente conozca y 
quiera. Conocimiento y voluntad son pues los dos elementos decisivos para que una 
declaración pueda tenerse por negocial. Por ello, la resolución de 2016 citada insiste en 
que para que se entienda que hay una professio iuris tácita es preciso «que pueda 
inferirse del acto que la persona comprendió lo que está haciendo y consintió en ello». 
Es  preciso,  pues,  diferenciar  entre  declaraciones  recognoscitivas  y  declaraciones 
dispositivas (la distinción es semejante a la clásica de declaración de ciencia y de 
voluntad).  En  las  primeras  el  autor  afirma  la  existencia  de  una  regulación;  en  las 
segundas quiere una regulación. Esta distinción es semejante, pero no es exactamente 
igual,  a  las  remisiones  contractuales  a  una  ley  como  expresión  de  la  voluntad  de 
incorporarla al negocio y la remisión a un Derecho concreto para que sea él el que regule 
el negocio y todas sus incidencias.
Sólo  las  verdaderas  disposiciones  son  elecciones  reales  (sean  expresas  sean 
tácitas), que se oponen a las elecciones presuntas o hipotéticas, en las que lo que 
hacemos es preguntarnos qué hubiera elegido el causante si hubiera sabido que podía 
elegir. Y dentro del terreno de lo hipotético la doctrina señala cómo el causante tenderá a 
elegir la legislación que le atribuya mayor libertad para regular su sucesión.
Por lo tanto, no podemos preguntarnos qué hubiera elegido el causante si hubiera 
sabido que su elección surtiría efectos. Hay que preguntarnos qué quiso. Y lo primero 
que hemos de preguntarnos es cómo puede elegir en realidad quien no sabe que puede 
elegir, y mucho menos quien sabe que no puede elegir. Si mantenemos la idea de 
elección  como  declaración  de  voluntad  negocial  hemos  de  concluir  que  en  la 
interpretación de una professio iuris tácita ha de exigirse que derive inequívocamente de 
lo expresado por el testador, que resulte clara e indubitada; y por eso el Reglamento nos 
dice que es así, que hay professio tácita cuando el testamento está redactado siguiendo 
los criterios de la normativa propia de la regulación de la ley elegida. Si un inglés hace el 
testamento  exactamente  como  lo  hacen  los  ingleses  cuando  quieren  someter  su 
sucesión a la legislación inglesa o cuando está sometida a esta legislación, hay algo más 
que un indicio de que ese causante concreto quiso algo, no exactamente porque eligiera 
la legislación designándola, sino porque reguló materialmente su sucesión conforme a 
una determinada legislación. s
Y esta exigencia de que la elección sea clara, inequívoca e indubitada es la que, a mi  oe.
juicio, se deriva de los criterios interpretativos antes señalados, y la que mejor cohonesta  w.
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(Roma II), en su artículo 14.1 párrafo final, comienza el causante diciendo que tiene en el 
momento de otorgar el testamento nacionalidad francesa, y continúa diciendo que «por 
ello» está sujeto al Derecho civil francés. Ese «por ello», muestra que se trata de una 
consecuencia de su nacionalidad, sin rastro de voluntad negocial de ningún tipo. A 
continuación, el testador dice que es por ese Derecho «por el cual se ha de regir su 
sucesión». En la calificación que se recurre, a la señora registradora se le escapa una 
curiosa sustitución al indicar que el testamento dice que la expresión es «por el cual 
habría de regirse su sucesión». El castellano es suficientemente sutil; «se ha de regir» 
es una manifestación de un hecho, la consecuencia legal de una normativa concreta; 
«habría de regirse» tiene un doble elemento, de constatación (habría de regirse si el 
testador falleciera hoy, porque es así por ley) y volitivo, al hacer referencia a un futuro, y 
en cierto modo imperativo, pero derivado de la voluntad.
Corresponde al notario redactar el testamento traduciendo al lenguaje jurídico más 
preciso la verdadera voluntad del testador. Es un elemento interpretativo a tener en 
cuenta que ni la legislación francesa ni la española permitían la professio iuris, pero con 
la interpretación que sustenta la señora registradora parece que queremos deducir de lo 
que no es sino una constatación de un hecho una verdadera voluntad negocial dirigida a 
elegir la ley reguladora de la sucesión. Como he dicho antes, en el terreno de lo 
hipotético ¿Elige un testador la ley que le da menor libertad testamentaria?
Y  es  que  esta  interpretación  de  la  manifestación  (de  hecho,  está  incluida 
precisamente en el apartado de las manifestaciones o declaraciones, no de las cláusulas 
testamentaria, como el propio testamento se encarga de indicar) no se ve apoyada por el 
contenido dispositivo testamentario, sino que éste se muestra completamente neutro.
En realidad, si se examina el contenido dispositivo del testamento, éste se muestra 
totalmente  extraño  a  una  consideración  «francesa»  del  mismo,  ya  que  la  legítima 
francesa se suele denominar «reserva hereditaria», mientras que precisamente es en los 
distintos Derechos españoles donde las legítimas se suelen configurar como atribuciones 
legales  o  forzosas.  La  pretendida  elección,  pues,  no  se  infiere  (como  indica  el 
Reglamento) de las disposiciones testamentarias.
Creo que puede concluirse que en el presente testamento no hay nunca una propia 
elección  porque  sea  la  legislación  francesa  la  que  rija  su  sucesión,  ni  siquiera 
consentimiento a que sea ésta la legislación aplicable, sino una constatación de su 
sumisión al Derecho francés.
Pero esto está en las antípodas de lo que es una professio iuris, que no es sino una 
voluntad bien de sujetarse a una legislación bien de que sea una ley la que rija, nunca la 
constatación de que, en el momento en que se otorga un testamento, la ley aplicable 
impone unas consecuencias que después no se asumen.
No hay elección clara, indubitada e inequívoca y esta elección no se deriva del 
contenido testamentario (más bien neutro), y creo que la solución contraria significa, y 
sea dicho con el máximo respeto, la consagración de la eficacia de la sumisión jurídica, 
contra lo que la professio iuris es.
IV
Mediante escrito de 30 de marzo de 2020, la registradora de la propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Fundamentos de Derecho s
Vistos los artículos 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 2, 3.1 d)  w.b
2dR1ee, g 22l0a21m, 2e2, n3rt,eo l2 a6(tUi,v Eo5 9) a,6n l0.aº,   c67o51m0, /p72e20t,1e 72n3 cd,i ae8,l 2 la Py a le8rly3a ,ma cpeolninctosai bdEleeur,a reonlpd reoeosc  o2yn 3od, ce3ilm7 C,i e3on8nt os3e 9yjo ,4l,a 0 d,e e8je 04c u ydc e8ió 3nj u ddleieol    2020-1132n https://w
dlaes  sreuscoelsuicoinoense sm, oar tlais  accaeupstaa cyió na  yla l ac reejeaccuiócnió nd ed eu nlo sc edrotifcicuamdeon tsousc epsúobrliicoo es uerno pmeoa;t elroias 
artículos 69 del Reglamento (UE) 2016/1103; 9.2, 9.8 y 12.2 del Código Civil; 14 y 18 de 
la Ley Hipotecaria; 36, 76, 80 y 92 del Reglamento Hipotecario, 17 de la Ley del 
Notariado, 168 del Reglamento Notarial; las sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C- 218/16 (Kubicka) y de 16 de julio 
de 2020, C- 80/19 (Lituania); Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 
de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017; las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 13 de octubre de 2015, 15 de junio y 4 y 17 de julio 
de 2016, 2 de febrero y 10 y 24 de abril de 2017, 2 de marzo de 2018 y 4 de enero, 14 
de febrero, 1 de marzo, 24 de mayo y 21 y 24 de julio 2019, y la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica de 28 de julio de 2020.
1.  Es objeto del presente expediente una herencia con elemento internacional, en la 
que el causante es de nacionalidad francesa y residencia habitual en España. Aunque no 
resulta de la escritura calificada la expresión de un juicio ponderado del que resulte una 
evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años 
precedentes a su fallecimiento (Considerando 23 del Reglamento (UE) n.º 650/2012) es 
indicio que el causante, casado con una española, testa y fallece en Cataluña con 13 
años de diferencia, siendo titular junto a su esposa del inmueble sobre cuya inscripción 
versa el presente recurso.
Dado que su fallecimiento tiene lugar en 2019, es de aplicación el citado Reglamento 
(UE) n.º 650/2012.
2.  El causante había otorgado testamento en el año 2006, por tanto, varios años 
antes de la aprobación del Reglamento, en Corbera de Llobregat.
En él manifestaba ser vecino de dicha localidad, estar casado con hoy su hoy viuda 
en régimen de comunidad francés y tener un único hijo de un matrimonio anterior.
En la manifestación tercera de dicho testamento afirmó: «Que tiene en la actualidad 
la nacionalidad francesa. Por ello se halla sujeto al Derecho civil francés, por el cual se 
ha de regir su sucesión».
Por la disposición primera: «lega a su hijo lo que por legitima (atribución legal 
forzosa) le corresponda»
Por la segunda «nombra heredera universal a su nombrada esposa doña E.G.B 
sustituida vulgarmente por su hijo don B.L.F.M.H., sustituido a su vez vulgarmente por 
sus descendientes».
Y por la tercera revoca cualquier otra disposición de última voluntad que hubiera 
podido otorgar con anterioridad.
3.  La  viuda  comparece  ante  el  notario  recurrente  y  por  si  misma  liquida  la 
comunidad conyugal preexistente, regida, sin que sea discutido, por el Derecho francés y 
se adjudica hereditariamente la totalidad de los bienes asumiendo asimismo el pasivo 
derivado de la previa liquidación conyugal. Y en dicha escritura se expresa que el citado 
causante «falleció con nacionalidad francesa y residencia habitual en España, por lo que 
su sucesión, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 21.1 y 23.2 h) y concordantes del 
Reglamento (UE) n.° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012, su sucesión se rige por la legislación española, y dentro de ésta, por la ley 
catalana…».
4.  La registradora suspende la inscripción en cuanto, a la vista del testamento, 
considera  debe  acreditarse  el  Derecho  sucesorio  francés  y  comparecer  el  hijo  del 
causante en su herencia.
Considera el notario que no ha operado professio iuris. Muy resumidamente, primero, 
porque ésta cumple una función de desplazamiento que obliga a realizar una precisión  s
que ha de tenerse en cuenta en materia de interpretación de declaraciones de voluntad,  oe.
y es la necesidad de que de la disposición mortis causa resulte una voluntad clara de  w.
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dictara el Reglamento se trata. Y tercero ¿Elige un testador la ley que le da menor 
libertad testamentaria?
5.  Por lo tanto, la cuestión se centra en determinar si puede considerarse a la luz 
de la interpretación del Reglamento europeo, que en el testamento del causante ha 
existido o no elección de ley, aun siendo anterior a la aplicación del mismo. Por tanto, si 
la manifestación realizada por el causante, puede o no bastar para considerar aplicable 
la ley de su nacionalidad, entonces y en el momento de la apertura de la sucesión.
Es un tema ya abordado por este Centro Directivo, que se ha referido en varias 
ocasiones a la professio iuris, incluida la tácita transitoria en relación a la validez material 
de una disposición mortis causa previa a la aplicación del Reglamento. Sin embargo, 
dada la singularidad del supuesto planteado, la resolución del recurso exige realizar 
algunas consideraciones previas sobre la professio iuris en el preciso contexto del R 
(UE) n.º 650/2012.
6.  La expresión medieval professio iuris fue adoptada por el Derecho suizo de la 
época codificadora, a finales del siglo XIX, para aludir a la elección de un testador de la 
ley que habría de regir su sucesión, aun limitadamente.
Posteriormente el Convenio de La Haya de 1 de agosto de 1989 (Sucesiones) y 
ahora el Reglamento europeo consagran el término, con ciertas diferencias entre ambos, 
en relación a la elección de ley sucesoria
Antes de la aprobación del Reglamento, no era muy conocida en los Derechos 
nacionales europeos. Si lo era en el Derecho italiano, de los Países Bajos; en Estonia, 
Bulgaria y Bélgica permitiendo una limitada elección entre el domicilio y la lex rei sitae; o 
nacionalidad y lex fori, en el caso de Alemania.
España, como Francia (o Reino Unido) no conocen la institución en su Derecho 
nacional.
Una de las novedades que del Reglamento (EU) n.º 650/2012, fue, por tanto, la 
consagración de la professio iuris en todos los Estados miembros participantes (a día de 
hoy todos, menos Irlanda y Dinamarca) y la aceptación de la proveniente de un tercer 
Estado, con independencia de que fuera conocida en las tradiciones nacionales.
Así el artículo 22.1 establece que «cualquier persona» (utilizando la misma expresión 
que el artículo 5 del Convenio Sucesiones) podrá designar la ley del Estado cuya 
nacionalidad  posea  en  el  momento  de  realizar  la  elección  o  en  el  momento  del 
fallecimiento. Estableciendo en el párrafo segundo una regla para el caso de doble o 
múltiple nacionalidad.
Su antecedente, con la debida distancia, puede ser analizado en el Informe Waters, 
Informe explicativo del Convenio, pp. 23 y 40 que señala la introducción de una professio 
iuris limitada como característica principal del Convenio.
7.  La professio iuris tiene como fundamento evitar la imprevisibilidad de la ley 
sucesoria que resultare aplicable conforme a la posterior y última residencia habitual del 
causante  y  con  ello  garantizar  la  seguridad  jurídica  (Considerandos  37  y  38  del 
Reglamento). No obstante, se parte de una limitada elección de ley, más aún que el 
Convenio, que presenta una cierta inclinación a respetar la lex rei sitae, a fin de aglutinar 
los sistemas del Common Law.
En  este  contexto,  la  professio  iuris  o  manifestación  de  elección  de  ley  en  las 
disposiciones mortis causa unipersonales (Vid artículo 3.1 d del Reglamento) presenta 
unos perfiles singulares, que deben ser valorados conforme al concreto Reglamento n.º 
650/2012 exclusión hecha de otras elecciones de ley previstas en otros Reglamentos 
sobre ley aplicable, como en relación a las relaciones contractuales, –Reglamento (CE)  s
n.º 593/2008, Roma I–, en cuanto cada instrumento europeo presenta sus concretos  oe.
conceptos autónomos, aunque existan características comunes. w.
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Elección que, tanto para las disposiciones de última voluntad otorgadas tras la 
aplicación del Reglamento como para las previas, transitorias, puede ser expresa o 
tácita, con ciertas matizaciones para estas últimas en el artículo 83.
9.  Prescindiendo de la valoración que pudiera merecer la solución adoptada, la 
elección de ley requiere un vehículo formal expreso, (disposición mortis causa, válida 
material y formalmente, arts. 26 y 27 del Reglamento, como el artículo 5.2 del Convenio 
Sucesiones).
La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o 
habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo. Una elección de ley 
contextual referida al momento del otorgamiento del acto de última voluntad, supondrá 
que la efectiva elección de ley habrá de valorarse en relación a aquel momento y 
conforme a la ley putativa.
10.  La elección de ley prevista en el artículo 22, expresa o tácita, presenta matices 
respecto de la prevista en el artículo 83.2, en sus distintos contextos.
El artículo 83.2 se refiere a la professio iuris realizada por el causante antes del 17 
de agosto de 2015, (incluso antes de la entrada en vigor a los veinte días de su 
publicación en DOCE, es decir, el 17 de agosto de 2012), ampliando los criterios tanto de 
validez de la elección como de la validez material de la disposición mortis causa, para la 
primera: «Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley 
aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas 
en el capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de 
Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el 
Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados 
cuya nacionalidad poseía».
Para la segunda, establece el artículo 83.3: «Una disposición mortis causa hecha 
antes del 17 de agosto de 2015 será admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si 
cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de 
admisibilidad y validez en cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas de 
Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el 
Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados 
cuya nacionalidad poseía o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la 
sucesión».
11.  A  la  vista  de  este  marco  normativo,  uno  de  los  problemas  prácticos  más 
relevantes en la aplicación del Reglamento es la interpretación que haya de hacerse de 
las cláusulas de elección presuntiva en cuanto en el momento que se realizaron no podía 
conocerse  ni  la  futura  existencia  de  un  Reglamento  que  versara  sobre  la  materia 
sucesoria ni el sentido del mismo.
12.  El considerando 39 que completa el artículo 22.2 del Reglamento aclara que 
resultará de la disposición mortis causa «en caso de que, por ejemplo, el causante haya 
hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado 
de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo esa ley». Por su 
parte, el considerando 40 hace hincapié en que corresponde a la determinación de la 
validez material de la disposición «si cabe considerar que la persona que llevó a cabo la 
elección comprendió lo que estaba haciendo y consintió en ello».
13.  Por otra parte, como señalare la sentencia del TJUE de 12 de octubre de 2017 
(Kubicka)  debe  destacarse  la  importancia  y  autonomía  que  para  el  Reglamento 
presentan las disposiciones mortis causa, regidas por las normas reguladoras de su 
validez material y formal, conforme a la ley putativa (es decir, la que regiría si el causante  s
falleciera el día de su otorgamiento). oe.
Todo ello sin perjuicio de la adecuación a la ley sucesoria de las disposiciones del  w.
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14.  Un tema singular, es el aspecto instrumental de la disposición mortis causa.
En  relación  a  los  actos  auténticos,  el  Reglamento  distingue  con  nitidez  entre 
instrumentum y negotium –sin a su vez hacer distinción entre las disposiciones de última 
voluntad y los actos notariales en ejecución de la herencia– (arts. 59 y considerandos 62 
y 63) aunque solo estos últimos tendrán, sobre esta clasificación, determinadas las 
reglas de competencia jurisdiccional.
Otorgado ante un notario español, con independencia de la elección expresa o tácita 
de la ley de una nacionalidad extranjera, el contenido del testamento podrá –deberá– 
acomodarse a esa ley –aplicación extraterritorial– pero la forma instrumental se regirá 
por la lex auctor –regit actum–, es decir las solemnidades del instrumentum se rigen por 
la  ley  notarial  del  lugar  del  otorgamiento  mientras  que  su  contenido  sucesorio,  se 
acomodará a la ley elegida que será además la lex putativa o de buena fe a los efectos 
del artículo 26 del Reglamento.
Así resulta subsidiariamente del artículo 11.1 del Código Civil en relación al Convenio 
de la Haya de 5 de octubre de 1961, sobre ley aplicable a la forma de las disposiciones 
testamentarias  que,  aunque  superado  entre  Estados  miembros  por  el  Reglamento, 
artículo 75.1, estaba en vigor entre Francia y España al tiempo del otorgamiento de la 
disposición mortis causa ahora discutida.
15.  Finalmente, como sabemos, el Reglamento habilita la elección, sin perjuicio de 
las normas reguladoras de la validez material establecidas en el artículo 26, aunque la 
ley elegida no prevea la elección de la ley en materia de sucesiones.
Del considerando 40, para la professio iuris regida por el artículo 22. 1, resulta que: 
«La elección de la ley realizada en virtud del presente Reglamento debe ser válida aun 
cuando la ley elegida no prevea la elección de la ley en materia de sucesiones. Debe 
corresponder, no obstante, a la ley elegida determinar la validez material del acto de la 
elección, es decir, si cabe considerar que la persona que llevó a cabo la elección 
comprendió lo que estaba haciendo y consintió en ello. Esto mismo debe aplicarse al 
acto de modificar o revocar la elección de la ley».
16.  La fuerza de la conexión basada en la nacionalidad en las tradiciones jurídicas 
hizo valorar, especialmente en relación al artículo 83, que puede considerarse que la 
elección de la ley resulta de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, 
el causante haya hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas de 
la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo 
esa ley. La remisión del articulo 83 a las disposiciones sobre la validez material de la 
disposición mortis causa supone la aplicación de la ley putativa o de buena fe: Cuando 
en el presente Reglamento se hace referencia a la ley que habría sido aplicable a la 
sucesión del causante que realizó la disposición mortis causa si hubiera fallecido en la 
fecha  en  que,  según  fuera  el  caso,  realizó,  modificó  o  revocó  tal  disposición,  esa 
referencia se ha de entender como una referencia a la ley del Estado de residencia 
habitual del causante en esa fecha, o, en caso de haber hecho una elección de ley en 
virtud del presente Reglamento, a la ley del Estado de su nacionalidad en dicha fecha.
17.  Coherente con la lex auctor española en 2006, la sucesión se rige por la ley 
nacional del causante, es decir, la ley francesa de igual fecha. Esta ley entonces y hasta 
la aplicación del Reglamento era secesionista para las herencias internacionales, es 
decir, se regía la sucesión en los bienes inmuebles por la ley del Estado en que se 
encontraban (Vid Resolución de 13 de octubre de 2015).
Siendo la disposición mortis causa de 2006 la que rige la sucesión del causante, las 
bases sobre las que testó el causante fueron alteradas por el Reglamento, que a salvo  s
una limitada aplicación del reenvío, artículo 34 (que no rige en caso de professio iuris,  oe.
aun la tacita retroactiva) no contempla la posibilidad de remitir al Derecho español,  w.
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de 2015 que, en el supuesto de existir solo bienes en España, se aplicará la ley 
española, aunque fuera otra la nacionalidad, en cuanto no rompe la unidad de sucesión.
Aquí, siendo aplicable el Reglamento son de aplicación sus normas, sin reenvío 
posible y en todo caso, la redacción del testamento debe ser compatible con la ley 
francesa de 2006 (validez material).
19.  El notario debe realizar al aceptar o rechazar la professio tacita retroactiva, un 
análisis de su compatibilidad o no con la ley nacional del testador, referida al momento 
del otorgamiento de la disposición mortis causa (considerando 51 y artículo 26, sobre la 
validez material).
En el presente caso, a salvo las disposiciones instrumentales, la concordancia es 
posible  tanto  en  cuanto  al  legado  de  atribución  forzosa  -parte  reservada-  como  la 
institución de heredero a favor de la esposa. Sobre una correspondencia razonable con 
el Derecho francés en la parte dispositiva del testamento. Vid. arts. 967 y siguientes del 
Código Civil, versión consolidada a 1 de agosto de 2020. (https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 &dateTexte=20200803)
20.  Por  último,  debe  analizarse  el  rol  del  notario  autorizante  como  autoridad 
sucesoria en este caso en que pese a existir un elemento internacional la eficacia del 
acto autentico es meramente interna.
Dado que, tanto la autorización notarial, la situación del único inmueble y por tanto la 
actividad registral tienen lugar en España, es de plena aplicación el artículo 18 de la ley 
Hipotecaria (artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 650/2012).
Cuestión distinta será la aceptación del documento notarial en otro Estado miembro 
(artículos 59 y 60 y considerandos 59 a 61) o la expedición del certificado sucesorio 
europeo en base al documento notarial (disposición final 26.ª de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero de Enjuiciamiento Civil, en redacción de la disposición final 2.ª de la ley 29/2015, 
de Cooperación jurídica internacional); ahí el notario, como autoridad internacional –
siempre que realice los correspondientes juicios y bajo su responsabilidad–, determina la 
ley  aplicable  solo  sujeto  a  las  eventuales  acciones  judiciales  sobre  sus  elementos 
instrumentales o su contenido dispositivo, como lo es la selección de la ley.
21.  Conforme  a  la  citada  disposición  final  26.ª  punto  16.º,  párrafo  3.º, 
implementando los citados preceptos, su juicio, en relación a un certificado sucesorio 
europeo solo puede someterse a la acción judicial:
«El recurso, en única instancia, contra las decisiones a las que se refieren las 
reglas 1.ª y 2.ª de este apartado será interpuesto directamente ante el juez de Primera 
Instancia del lugar de residencia oficial del notario, y se sustanciará por los trámites del 
juicio verbal».
Mientras que en el ámbito nacional en que se desenvuelve el presente supuesto, así 
será en última instancia, ya sea directamente mediante interposición de juicio verbal 
contra la calificación registral o contra la resolución recaída en este Centro Directivo 
(arts. 325 y 328 de la Ley Hipotecaria).
Por tanto, conforme a la hermenéutica del Reglamento, procede confirmar la nota de 
la registradora. La prueba de ley de la legislación francesa, referida al momento en que 
se otorgó ante notario español la disposición mortis causa relevante, de la que cabe 
establecer una elección de ley tácita, en el contexto del artículo 83 del Reglamento, y de 
la que se deducirá la intervención del hijo legitimario del causante, es en todo caso, 
imprescindible.
22.  Finalmente, aunque tanto la escritura como la calificación omiten referencia  e
alguna, no debe olvidarse que la compareciente, además, liquida una sociedad conyugal  bo
que afirma –y el testador manifiesta en su testamento– que se somete a la ley francesa.  7w
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aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes
económicos matrimoniales– es de aplicación el artículo 69 del mismo, en cuanto tanto 
Francia como España participan en la cooperación reforzada que el mismo establece.
Conforme a este precepto: «las disposiciones del capítulo III solo serán aplicables a 
los cónyuges que hayan celebrado su matrimonio o que hayan especificado la ley 
aplicable al régimen económico matrimonial después del 29 de enero de 2019».
Por lo tanto, por lo que interesa a las autoridades extrajudiciales españolas será 
aplicable el artículo 9.2 del Código Civil norma desplazada para el contexto internacional 
por el Reglamento (UE) 2016/1104.
23.  En la escritura calificada, no se hace referencia a la determinación de la ley 
aplicable  al  régimen  económico  matrimonial  que  se  liquida,  no  pudiendo  ser  la 
manifestación testamentaria lugar para ello, daba su autonomía con la ley sucesoria. 
Según el título de adquisición, según consta en la escritura calificada, se sujeta al 
régimen supletorio francés, que es el régimen de comunidad de adquisiciones (arts. 1400 
a 1491 del Código civil francés, en versión consolidada a 1 de agosto de 2020). Aunque 
ahora no puede impedir la inscripción en cuanto no fue observado defecto al respecto, el 
titulo no presenta un juicio de ley notarial en relación a la posibilidad de su liquidación 
unilateral,  en  la  que  resulta  inventariada,  entre  otras  deudas,  un  crédito  del  hijo 
legitimario, contra la comunidad, que asume íntegramente la viuda.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
calificación impugnada en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de 
Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 28 de agosto de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1132n https://w