BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19841
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2517 Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Pontevedra n.º 2 a inscribir una escritura de 
pacto sucesorio de mejora en el contexto del Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio.
En el recurso interpuesto por don D. A. R. C. contra la negativa de la registradora de 
la Propiedad de Pontevedra número 2, doña Paula Martín Martínez, a inscribir una 
escritura de pacto sucesorio de mejora en el contexto del Reglamento (UE) n.º 650/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  el  día  2  de  agosto  de  2021  por  el  notario  de 
Pontevedra, don José Pedro Riol López, se otorgaba por un ciudadano francés un pacto 
sucesorio de mejora de los comprendidos en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho 
civil de Galicia.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Pontevedra número 2, 
fue objeto de la siguiente nota de calificación negativa:
«De conformidad con los artículos 18, 19, 19 Bis y 322 de la Ley Hipotecaria, y con 
referencia al documento que se dirá:
Presentada a las diez horas y veintitrés minutos del día trece de agosto del dos mil 
veintiuno,  bajo  el  asiento  897  del  diario  141  copia  de  la  escritura  otorgada  en 
Pontevedra, ante el Notario José Pedro Riol López, con fecha dos de agosto del año dos 
mil veintiuno, bajo su número de protocolo 2053 por la que don M. A. R. M. y doña D. C. 
C., adjudican, en concepto de pacto sucesorio de mejora, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 214 y siguientes de la Ley de Derecho civil de Galicia, a su hijo don D. A. 
R.  C.  la  finca  número  13015  de  Poio  –con  CRU:  36014000884695–,  la  finca 
número 12981 de Poio –con CRU: 36014000884381–, y la finca número 12996 de Poio –
con CRU: 36014000884503–.
Se  han  apreciado  los  siguientes  defectos  que  impiden  acceder  a  practicar  las 
operaciones registrales solicitadas:
I. Hechos: Don M. A. R. M. carece de nacionalidad española, al resultar de la 
escritura su Número de Identidad de Extranjero, y, por tanto, no es posible considerar 
que posea vecindad civil gallega como se hace constar, por cuanto es una cualidad  s
reservada a españoles, como ha establecido la Dirección General de Seguridad Jurídica  e.
y fe Pública. w.
dereLcah ole cyi vdiel  dDee Greaclihcoia C siev ild deete rGmailnicairaá  epsotar blale vceec einnd asdu  cairvtíilc, ucloon 4 a qrrueeg l«o1 a.  loL dai sspuujeecsitóon e anl 
el deArseíc, hsoie cnidvoil  cpoomr útann.»to necesario ostentar vecindad civil gallega para que el otorgante
se sujete a la ley gallega, y siendo la vecindad civil una cualidad reservada a españoles,
siendo extranjero el otorgante, no procede el otorgamiento de pacto sucesorio de mejora 
conforme a la ley gallega.
Ninguna referencia se hace a si el disponente extranjero ha otorgado «professio 
iuris», pero como estableció la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la 
«professio iuris» se limita en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, a la elección entre cualquiera de las leyes nacionales del causante en el 
momento de la elección o en el momento del fallecimiento, y en su caso, esta elección 
conduciría a la ley española, nunca a una concreta ley foral, de suerte que obtenida la 
nacionalidad en un momento posterior por el disponente, las legítimas se ajustarían a la 
legislación sucesoria interna que correspondiera aplicar, ya sea la gallega, si fuera al 
obtener la nacionalidad su elección, ya otra, aplicable en tal momento, a cuyo sistema 
legitimario  debería  adaptarse  en  tal  caso  (de  ser  válida  su  celebración)  el  pacto 
sucesorio realizado. Por ello no es posible elección en disposición «mortis causa» sino 
es condicionada en los términos expresados.
Conforme a la ley española –a la que conducen las restantes conexiones–, no existe 
una norma interna de conflicto aplicable al supuesto –artículo 36.3 del Reglamento–, en 
cuanto la norma del artículo 9, párrafo 8, apartado 2, del Código Civil, regirá solo en el 
ámbito de los conflictos internos, entre distintas unidades territoriales y sin elemento 
internacional.
En este ámbito internacional, en el caso de que la ley designada por el Reglamento 
de Sucesiones fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales, serán 
preferidas las normas internas sobre conflictos de leyes de dicho Estado. Tratándose de 
un causante no español, a cuya sucesión se aplique la ley española se estará a la 
normativa  que  resulte  aplicable  en  la  ley  de  la  unidad  territorial  en  que  tenga  su 
residencia habitual, o en su defecto la de vínculos más estrechos. Será de aplicación el 
artículo 36.3 del Reglamento, que, a falta de norma de conflicto, toma como referencia a 
la unidad territorial con la que el testador las personas cuya sucesión sea objeto de un 
pacto  sucesorio  hubieran  tenido  un  vínculo  más  estrecho.  Vínculo  que  referido  al 
momento del otorgamiento del pacto queda reflejado en la residencia habitual en la 
unidad territorial, y a esa unidad debe venir referida la validez formal de dicho pacto.
La ley gallega, como se ha visto, determina que la sujeción al derecho civil foral se 
determina por la vecindad civil.
Asimismo, la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión del dominio 
queda fuera del ámbito del Reglamento, por lo que la calificación del título presentado es 
conforme  a  la  ley  española.  Y  conforme  a  los  artículos  53  y  27.3  del 
Reglamento  650/2012,  la  cuestión  de  la  exigencia  de  vecindad  civil  gallega  del 
disponente impuesta por la ley gallega –lo que lleva consigo la necesidad de ostentar 
nacionalidad  española–,  es  una  cuestión  de  validez  formal  que  conduce  a  la 
circunstancia personal del disponente.
Por todo ello, siendo por tanto necesario ostentar vecindad civil gallega para que el 
otorgante se sujete a la ley gallega, y siendo la vecindad civil una cualidad reservada a 
españoles,  siendo  extranjero  el  otorgante,  no  procede  el  otorgamiento  de  pacto 
sucesorio de mejora conforme a la ley gallega.
Fundamentos de derecho: de conformidad con los artículos 18, 66, 328 de la Ley 
Hipotecaria; artículos 9, 14, 15, 16 Código Civil; artículos 159 y 160 del Reglamento 
Notarial; Resolución de la Dirección general de Seguridad Jurídica y fe Pública de 24 de 
mayo de 2019; artículos 4 y 274 y siguientes ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil 
de Galicia; Reglamento (UE) 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo. es
Calificación:  Se  deniega  la  inscripción  solicitada  por  el  defecto  insubsanable  o
exprPEeosstnaatd enovo.etdar dae,  caa ltifriecsa cdióen  psoedprtiáe m(…br)e  de  dos  mil  veintiuno.–La  Registradora  (firma  2022-2517n https://www.
ilegible), Fdo.–Paula Martín Martínez.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don D. A. R. C. interpuso recurso el día 22 de 
octubre de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Hechos:
Primero.–En la resolución aquí recurrida no se cuestiona que quienes figuran como 
transmitentes en el documento calificado, residen desde hace más de 15 años en 
Galicia. Pero:
a) Se objeta, exclusivamente, que al tener el otorgante M. A. R. M. nacionalidad 
francesa, no es posible que tenga vecindad civil gallega, por ser esa una cualidad que se 
reserva exclusivamente a los españoles.
b) Se considera imprescindible que el otorgante tenga vecindad civil gallega para 
otorgar un pacto sucesorio de mejora en favor de su hijo, con arreglo a la ley gallega.
c) Por ello, se concluye en que a dicho otorgante le estaba vedada la posibilidad de 
formalizar pacto de mejora conforme a la legislación gallega, y de ahí que no se acceda 
a la inscripción pretendida.
Segundo.–Esta parte considera que la interpretación que se hace de las normas 
citadas en la resolución es contraria a derecho, y que cabe otra conforme, de la que 
resulta la inexistencia de defectos que obsten a la inscripción pretendida. Así debe 
declararse y por extensión, admitirse la inscripción solicitada.
En cuanto a razones, se está a las que se expresan en el siguiente apartado de este 
recurso.
Fundamentos de Derecho:
I. El pacto sucesorio de mejora celebrado en España por persona de nacionalidad 
extranjera,  comporta  que  la  situación  jurídica  privada  generada  sea  internacional  o 
transfronteriza.
II. Ello determina la aplicación al Reglamento (UE) n.º 650/2012. del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012. relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 
certificado sucesorio europeo.
III. La primacía del Derecho de la UE sobre el Derecho interno de los Estados 
miembros comporta que, en relación con la Ley aplicable a la sucesión mortis causa, las 
autoridades españolas, judiciales y extrajudiciales, deban aplicar las normas de conflicto 
contenidas en el Reglamento 650/2012 (y no el art. 9.8 CC).
IV. No es cuestionable que al pacto sucesorio que se analiza se le debe aplicar la 
ley nacional española, por resultar así de lo previsto en los artículos 25.1 y 21.1 del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012.
A partir de esta premisa, y siempre en el marco del citado Reglamento, resulta 
necesario en el supuesto acudir a su art. 36. cuyo enunciado es: "Estados con más de un 
sistema jurídico–conflictos territoriales de leyes".
V. El apartado 1 del referido precepto establece que en el caso de que la ley 
designada por el propio Reglamento fuera  la de  un  Estado que comprenda varias 
unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones (caso  es
de España), "las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán  o
la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión". w.
cvievcili,Vn ndI.oa  dpC ocideivrriítlao.   Paqcouore ge elelrosl  eay  r(tde. inc1 hp6or  inedcxeitlpr aiCon,ój edcriaogr)oe  acCli edinveidlr oee csuhtnoa  beclixevtcirlea g nacjelolermog ooe .np uEnstpoa ñdae  dceo nveexciiónnd alda   2022-2517n https://ww
Pero sin negar que el art. 16.1 CC. contiene efectivamente una norma de conflicto
interno que determina que la ley personal será la correspondiente a la vecindad civil (a
través del art. 14 CC); lo cierto es que tal norma de conflicto no resuelve cuál de los 
distintos  ordenamientos  civiles  debe  considerarse  cuando,  siendo  de  aplicación  la 
legislación española (ex art. 21 del Reglamento), uno de los otorgantes sea, como en el 
caso que se plantea, de nacionalidad extranjera; ya que en estos casos carecerá de 
vecindad civil: tanto de vecindad civil común, como de cualquier vecindad civil foral o 
especial.
De ello se sigue que nuestra norma interna –art. 16.1 CC–, emplea una categoría o 
punto de conexión –vecindad civil– que no puede aplicarse al ciudadano extranjero –
salvo que adquiera la nacionalidad española–.
Por dicho motivo no puede acudirse a dicha norma por la vía del art. 36.1 del 
Reglamento para resolver la cuestión aquí planteada.
VIII. Esa imposibilidad nos conduce al número 2 del propio art. 36. cuyo enunciado 
comienza precisamente con la dicción: "A falta de tales normas internas sobre conflicto 
de leyes..."; debe entenderse que el Reglamento equipara las situaciones en las que no 
hay Derecho interregional interno, con aquellas en que las que sí existen tales normas, 
pero el causante no sea nacional.
IX. El art. 14.1 del CC dispone que la sujeción al derecho foral se determina por la 
vecindad civil, y el art. 15 establece que los extranjeros sólo pueden acceder a la 
vecindad civil al adquirir la nacionalidad.
Ello no debe impedir la aplicación del art. 36.2 del Reglamento con el argumento de 
que de la condición de no nacional y la consiguiente falta de vecindad civil no se sigue 
que no existan normas de conflicto internas en el derecho español aplicables. Porque lo 
cierto es que no existen para estos supuestos.
Para ellos, el artículo 36.2, concretamente en su apartado a), en el marco de estados 
plurilegislativos, establece lo siguiente:
"(a falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes) toda referencia a la ley del 
Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley 
aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del causante, 
como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su 
residencia habitual en el momento del fallecimiento;"
Ley (esa "ley de la unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia 
habitual en el momento del fallecimiento") que, en el caso que se analiza, es la Ley de 
Derecho Civil de Galicia, dado que no se cuestiona que M. A. R. M., al tiempo de otorgar 
el pacto sucesorio, tenía y tiene hoy su residencia habitual en Galicia.
X. En conclusión:
1. Nos encontramos ante una situación jurídico privada internacional.
2. La interpretación de la exigencia del cumplimiento de requisitos en materia de 
vecindad civil para que un otorgante extranjero pueda sujetarse a la ley gallega, debe ser 
conforme con el Reglamento (UE) n.º 650/2012, considerando los principios de primacía, 
el efecto directo del derecho europeo, y la finalidad de la norma.
3. Tal interpretación debe conducir en el caso a la aplicación de la ley de la 
residencia habitual del otorgante extranjero –que en el supuesto es Galicia–, sin que 
pueda  después  exigírsele,  en  tanto  que  ciudadano  de  nacionalidad  extranjera,  el 
requisito de la vecindad civil.
4. Esa  interpretación  de  la  norma  resulta  conforme  con  los  objetivos  del  s
Reglamento 650/2012 (de los que se hacen eco sus considerandos 23 y 37, sentando  oe.
que el nexo general será el de la residencia habitual del causante con la finalidad de que  w.
mmla iersarmusc aqedusoieós n lap so" srq eeu le rhi jeasec hp cooo rnd uteien qnaue elne  lyea n np oreerl mvpisraoitbipvleiao"   iRnpteaegrranla ame dseetnelt )oE; ,s loptasud eocs u seaeslae  lsam  nláeosy   epnsuatercediocenhnaa l  qelaun e qsduuaesr    2022-2517n https://ww
ha de interpretarse bajo el prisma del Reglamento, y no al revés.
5. En este mismo sentido, cabe citar la STTJUE (Sala Segunda) de 15.07.10, 
resolviendo una petición de decisión prejudicial de Bundesgerichtshof-Alemania, y en 
cuya  fundamentación  jurídica  se  hace  el  siguiente  llamamiento  a  los  tribunales 
nacionales:
"99. Corresponde  a  los  tribunales  nacionales,  en  principio,  aplicar  su  Derecho 
nacional al mismo tiempo que velan por garantizar la plena eficacia del Derecho de la 
Unión, lo que puede llevarles a no aplicar, en su caso, una norma nacional que lo 
obstaculice, o a interpretar una norma nacional que haya sido elaborada teniendo en 
cuenta únicamente una situación puramente interna con el fin de aplicarla a la situación 
transfronteriza de que se trate..."
En definitiva, las normas internas de los Estados no pueden "...frustrar mediante 
requisitos adicionales los objetivos y fines pretendidos por las normas europeas..." (en tal 
sentido, SS TJU 119/1984, 388/1992 y 185/2007).
6. La posición de esta parte tiene apoyo en la jurisprudencia menor española, 
siendo reflejo de ello la sentencia n.º 529/2020, de 30 de diciembre de 2020, de la 
Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, dictada en el recurso de 
apelación n.º 450/2020.»
IV
Mediante escrito, de fecha 9 de noviembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe confirmando la calificación recurrida y elevó el expediente a esta Dirección 
General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 14 y 149.1.8.ª de la Constitución Española; 20 y 21.1 de la Carta 
de  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea;  81  y  267  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la Unión Europea; 1.2.k) y.l), 3.1.b), 20, 21, 22.2, 23, 25, 27, 30, 36, 
38 y 83 y los considerandos 7, 23, 24, 40, 47, 48 a 53 y 80 del Reglamento (UE) n.º 
650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; los artículos 9.8, 14.1. 15.1 
y 16 del Código Civil; 68 de la Ley 20/2011, de 21 de Julio, de Registro Civil; 160 y 161 
del Reglamento Notarial; 4, 214 a 218, 243 y siguientes de la Ley 2/2006, de 14 de junio, 
de derecho civil de Galicia; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
Asunto C-218/16 (Kubicka), de 12 de octubre de 2017, y Asunto C-277/20, (VM v HW, 
administrador de la sucesión de ZL), de 9 de septiembre de 2021; las Resoluciones de la 
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña de 24 
de enero y 30 de julio de 2018; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 15 de junio y 4 de julio de 2016, 2 de febrero y 10 de abril 
de 2017, 2 de marzo de 2018 y 4 de enero, 14 de febrero y 24 de mayo de 2019 
(revocada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Islas  Baleares 
número 1/2021 de 14 de mayo –corrección de errores por Auto número 1/2021, de 1 de 
junio–), y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 
de agosto de 2020. e
1. El presente recurso incide nuevamente en la relación entre el Derecho foral o  w.
lEaauu trroeonlpaóecmoió icyno  dd eceillv  CiDl oyen rlseoecsjh oRo,  edggeal al4lem gdeoen  tjcouoslino e  eduler o R2pe0eg1ol2sa  mrseoelbanrttieov  ol(a Ea Ul ela)y   nca.opºm li6cp5ae0bt/le2en0. c1Cia2o,,n  ldcaer elle tPay maareplanlimcteae,b neleton,    2022-2517n https://ww
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los
documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un 
certificado sucesorio europeo.
2. Es sabido que la interrelación entre los derechos forales o autonómicos civiles y 
los reglamentos europeos aprobados en el contexto de la justicia civil en el ámbito de la 
ley aplicable presenta notables disfunciones.
Ello es debido a la vocación de uniformidad en sus soluciones que presenta el 
Derecho  europeo,  máxime  tratándose  de  reglamentos,  auténticas  leyes  europeas 
obligatorias en todos sus extremos. Esta es la forma que revisten la totalidad de los 
instrumentos relativos a la ley aplicable en el dominio de la justicia civil.
3. La singularidad de nuestro sistema de Derecho civil y la inmovilidad del Derecho 
interregional  –hubiera  sido  deseable  una  evolución  normativa  tras  la  entrada  en 
aplicación  de  los  reglamentos  o  ante  la  incorporación  del  Derecho  internacional 
convencional, (por ejemplo el artículo 12 de la Convención de Nueva York de 13 de 
diciembre de 2006 en la Ley 8/2021)– crea problemas de aplicación y de hermenéutica, 
de los que es claro ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares número 1/2021, de 14 de mayo (corrección de errores por Auto número 1/2021, 
de 1 de junio), en casación foral.
La  sentencia  dictada  en  instancia  autonómica  –al  destacarse  el  Derecho  civil 
autonómico sobre la aplicación del Reglamento (UE) 650/2012– revoca la Resolución de 
este Centro Directivo de 24 de mayo de 2019 (confirmada posteriormente por la de 10 de 
agosto  del  2020)  aun  en  base  a  una  interpretación  directa  de  la  norma  europea 
(artículos 22, 27 y 36.2 del Reglamento (UE) 650/2012) y no de la civil autonómica.
4. El expediente que ahora se resuelve se refiere a un pacto de mejora con entrega 
de bienes de presente sujeto al Derecho gallego, que habida cuenta de la concurrencia 
de un disponente extranjero determina nuevamente el análisis del Reglamento (UE) n.º 
650/2012.
5. Este Reglamento concede una gran importancia a la previsibilidad de la sucesión 
y por tanto al tratamiento de las disposiciones «mortis causa» (artículos 3.1.b), 25 a 27 
y 83.2 y.3 y considerando 80); como muy pronto confirmó el Tribunal de Justicia de la 
Unión europea en la Sentencia de 12 de octubre de 2017, ECLI:EU:C:2017:755 Kubicka 
(Asunto C 218/16).
Concretamente,  entre  otras  definiciones,  el  artículo  3.1.b)  del  Reglamento  (UE) 
650/2012  define  el  pacto  sucesorio  como  «todo  acuerdo,  incluido  el  resultante  de 
testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin 
contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más 
personas que sean partes en dicho acuerdo».
6. Ahora  bien,  las  normas  europeas  presentan  entre  sus  características,  la 
autonomía  de  los  conceptos  de  las  materias  que  abordan,  autonomía  conceptual 
sancionada por la interpretación al efecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En  sede  de  pactos  sucesorios,  la  interpretación  del  Tribunal  es  especialmente 
relevante, habida cuenta de la inexistencia de antecedentes convencionales ya que, 
recordemos, el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre conflictos de leyes 
en materia de forma de disposiciones testamentarias excluye la sucesión pactada de las 
disposiciones sucesorias cuyas normas conflictuales aborda.
7. Constituye,  por  tanto,  un  hito  de  especial  relevancia  en  este  contexto,  la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021 ECLI:EU:C:2021:708 UM 
v. HW en tanto administrador de la sucesión de ZL (Asunto C-277/20).
Señala su fundamento de Derecho 29: Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de  es
Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como  o
tdUdineeentnetli oeórpprrnr mri ndeqicnetuaia peclri ai onós  onudd   eicssa oepuignnotuóttseiandincloodigóm ayanda  ,su   sunyse  aian u dlocrnee aisfmtnoapcrimrsmeeibó nenind éo qenreum  xqespau urledme  esceebaoln e nttae etelbn  dxDuotesreo bcdr aeeeyrc   sshuleeoonr s a td oe odebnbi jiselejopetnosotdi  vsEeooinc ssei tót anonpd d eocdarsue s lealem nD gUiteuaenmi rdienóobconsrh o  dsospoe  dopl ouera  n rellaaaal      OE-A-2022-2517able en https://www.
normativa de la que forme parte (sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf, C‑558/16, 
EU:C:2018:138, apartado 32 y jurisprudencia citada).
8. El Tribunal partiendo del carácter autónomo de los conceptos de las normas 
europeas, define a los efectos del Reglamento el pacto sucesorio de manera general, 
como un acuerdo que confiera derechos relativos a «la sucesión o las sucesiones» 
futuras y que por «sucesión» debe entenderse «cualquier forma de transmisión mortis 
causa de bienes (…), ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis 
causa o de una sucesión abintestato».
Concluye que la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento de los bienes 
transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo, mediante liberalidades, debe 
interpretarse de manera estricta.
Los fundamentos de Derecho 35 y 36 señalan: De ello se deduce que, cuando una 
estipulación contenida en un acuerdo relativo a una sucesión consiste, a semejanza de 
una liberalidad, en el sentido del referido artículo 1, apartado 2, letra g), en una donación, 
pero no surte efectos hasta el fallecimiento del de cuius, está comprendida en el ámbito 
de aplicación de dicho Reglamento.
Responde a la primera cuestión prejudicial planteada señalando que el artículo 3, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 650/2012, debe interpretarse en el sentido de 
que un contrato en virtud del cual una persona dispone que, a su muerte, la propiedad de 
un bien inmueble que le pertenece se transmita a otras partes contratantes constituye un 
pacto sucesorio a los efectos de ese precepto.
9. En el caso que se aborda ahora, la transmisión del bien concreto es de presente, 
con el efecto de mejora al hijo si se dan los requisitos que establecen los artículos 214 
a 218 de la ley 2/2006, de derecho civil de Galicia tras la apertura de la sucesión de los 
disponentes y ello, aunque el concepto mejora como tal ya no esté recogido tras la 
reforma de las legítimas por la misma Ley 2/2006, que cambia la naturaleza de éstas y 
su  cuantificación.  Por  ello  señala  el  título  que  tendrá  la  condición  de  legado  no 
respondiendo el mejorado por las deudas de la sucesión.
Es decir, pese al «nomem ius» de la mejora con entrega de bienes en Derecho 
gallego, al referirse a una entrega de presente, cuyo régimen se ha de regular por este 
propio Derecho según la reciente interpretación del Tribunal de Justicia citada, cabe 
dudar seriamente que pueda dar lugar a pacto de los incluidos en el Reglamento, 
pudiendo discutirse, además, dado que se refiere a un bien concreto, si la previsión 
sobre el efecto sucesorio de la mejora supone o no «professio iuris», si bien no expresa 
o tácita (artículo 22 del Reglamento).
10. La «professio iuris» se limita en el Reglamento a la elección entre cualquiera de 
las leyes nacionales del causante en el momento de la elección o en el momento del 
fallecimiento (artículo 22.1 segundo inciso).
Conforme al artículo 22.2 del Reglamento la elección deberá hacerse expresamente 
en forma de disposición mortis causa o habrá de resultar de los términos de una 
disposición de este tipo.
Podría haberse entendido que, al realizar el pacto, la parte disponente francesa hizo 
una «professio iuris» no expresa o tácita a favor de la ley española –no a su ley nacional 
actualmente–, para el caso de ésta fuera adquirida por ella en el futuro en cualquier 
momento antes de su muerte (artículo 22.2).
Mas esta elección conduciría a la ley española, nunca a una concreta ley foral, de 
suerte  que  obtenida  la  nacionalidad  en  un  momento  posterior  por  la  donante  o 
disponente,  las  legítimas  se  ajustarían  a  la  legislación  sucesoria  interna  que  es
correspondiera aplicar, como la gallega, si fuera al obtener la nacionalidad su elección,  o
crnyeaaosu roums1tlatr1aea».t  ,i av aa–pPpssliolc iincras aoubeb cllelleeoe ss, v e oednrcnai oadtdansrolá d  m qiqncuouieoemecn  eecansondoanta rot eiea, semma n ppec oulnalsoyt eisobe   lelse tsié Dsturatemenbrmaeilne caoech sifldoee a cgee tipixtsvipmoparra ae elñrsalioaeo lldc e,d coyeli asóbe– nesu,  prneíadaindñe  aao dddliuasa n ppcaaout a lsyardiasc ea eiól p.enelga ri«stsu mlarsaoci eirdóttienes     OE-A-2022-2517able en https://www.
la sucesión.
De la misma manera, las disposiciones patrimoniales realizadas en una disposición 
mortis causa, válida, material y formalmente, se adaptarán en su contenido a la ley que 
finalmente regula la sucesión (considerando 50).
12. En el mismo sentido el tribunal, en la segunda cuestión prejudicial, que aborda 
en la sentencia citada, se refiere a la imposibilidad de realizar «professio iuris» en la 
disposición  de  un  bien  concreto  (como  ocurrió  en  el  supuesto  analizado  por  la 
Resolución de este Centro directivo de 24 de mayo de 2019) pues conduciría a una 
fragmentación de la sucesión indeseada y contraria a los principios y objetivos del 
Reglamento (artículos 21 y 22 y, a contrario, considerando 80).
Señala el Tribunal, en relación a los artículos 21 y 22 del Reglamento que regulan la 
validez de la elección de la ley aplicable a la totalidad de la sucesión que, no es posible 
la elección de ley para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del artículo 3, 
apartado 1, letra b), de este Reglamento, referido a un bien concreto del «de cuius», y no 
a la totalidad de su sucesión.
El Tribunal decidió sobre el caso concreto, referido al Derecho transitorio, rechazar la 
«professio iuris» pero admitir conceptualmente el pacto (donación «mortis causa», muy 
discutida  en  la  negociación,  que  no  encuentra  reflejo  a  favor  ni  en  contra  en  el 
Reglamento) en cuanto se transmitiría el bien a la apertura de la sucesión y no de 
presente.
13. En el caso que nos ocupa, el bien se transmite de presente y se realiza una 
«professio iuris» no expresa sobre el bien concreto (se dice en el título que será un 
legado, en concepto de mejora «ad hoc» y en cuanto tal no responderá el beneficiario de 
las deudas hereditarias).
14. Si  fuera  considerado,  como  hipótesis,  un  pacto  de  los  incluidos  en  el 
Reglamento debe abordarse –calificación impugnada– si es posible que el disponente no 
español disponga de la forma que lo ha hecho sin poseer vecindad civil, cualidad 
reservada exclusivamente a los nacionales españoles.
15. Establece el artículo 4 de la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia:
«1. La sujeción al derecho civil de Galicia se determinará por la vecindad civil, con 
arreglo a lo dispuesto en el derecho civil común.
2. Los  gallegos  que  residan  fuera  de  Galicia  tendrán  derecho  a  mantener  la 
vecindad  civil  gallega  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  derecho  civil  común  y,  en 
consecuencia, podrán seguir sujetos al Derecho civil de Galicia.»
Con ello coincide –como no podría ser de otra manera– con la norma de conflicto 
interregional: artículos 14 a 16 del Código Civil que establecen como punto de conexión 
para los conflictos que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles 
en el territorio nacional la vecindad civil.
Norma que no solo se aplica en los conflictos internos, como afirma el recurrente sino 
también en los internacionales mixtos, en los que es necesario determinar una unidad 
territorial relevante, lo que se hará conforme a tal criterio.
La ley civil gallega exige la cualidad subjetiva de gallego, pero también presenta, un 
elemento de extraterritoriedad, por el contrario a lo señalado por el recurrente, pues el 
gallego mantendrá su vecindad civil fuera de Galicia, de acuerdo con el Derecho estatal.
16. Aunque hubiera sido deseable por parte del notario autorizante una mayor 
claridad en el título (que no se refiere a la nacionalidad de los otorgantes, sino a su lugar 
de  nacimiento),  cabe  deducir  que  el  esposo  disponente,  nacido  en  Francia,  no  es 
español. Sobre la esposa disponente, se señala que nació en Venezuela, sin citar su  e.e
nacionalidad, pero transcribe un documento nacional de identidad, manifestando que su  w.b
régimen económico-matrimonial es el de gananciales. 17ww
quinCtao,n  rmesauyltoar  cqluaeri dalods,  ddeisl phoisnteonritaels r esgoisnt radle d en alacsio nfinaclidaas,d  cofrnacnrceetasam eyn tees lpaa iñnoslcar ipyc iósnu 
régimen económico matrimonial es de comunidad previsto en la legislación venezolana.
17. Adicionalmente la escritura indica la vecindad civil de ambos disponentes y lo 
hace con base en un criterio no ajustado al ordenamiento jurídico español para los 
extranjeros: la residencia habitual.
18. Además de lo previsto en el Código Civil (artículos 14 a 16) y en la legislación 
notarial (artículos 161 y 162 del Reglamento Notarial), la Ley 20/2011, de 21 de julio de 
Registro Civil (artículo 68), en la última redacción dada por Ley 6/2021, de 28 de abril, 
establece que «(…) las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán 
en el registro individual. Estas inscripciones tendrán carácter constitutivo».
Cualquier cambio en la vecindad civil requerirá, previa nacionalidad española, una 
declaración de voluntad, que podrá realizarse ante el encargado del Registro Civil, 
notario, o funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil para su validad 
inscripción que como se ha señalado es constitutiva (artículo 68.2 y.3 de la Ley del 
Registro Civil).
19. Es evidente, por tanto, que no es posible realizar la manifestación que se hace 
en el título calificado por persona extranjera y respecto de la española no es relevante, 
en cuanto, no solo es necesario ser nacional español para ser titular de una concreta 
vecindad civil, sino que además el transcurso de un plazo de más de diez años sugiere, 
por su redacción, un cambio de vecindad sobre una previa –por residir en el territorio 
relevante cuya mutación– no se alude a su adquisición originaria- no se justifica por su 
inscripción en el Registro Civil.
20. Por otra parte, desde la perspectiva del artículo 36 del Reglamento alegado por 
el recurrente, en rasgos generales, el presente expediente reproduce el mismo debate 
de las Resoluciones de este Centro Directivo de 24 de mayo de 2019 y 10 de agosto 
de 2020, la primera de ellas revocada, como se ha señalado, por Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de las Islas Baleares número 1/2021 de 14 de mayo (corrección de 
errores por Auto número 1/2021, de 1 de junio) aún con distintos matices.
En el supuesto que dio lugar a la Resolución de 24 de mayo de 2019 se realizaba 
«professio iuris» por parte de un ciudadano francés a una legislación foral concreta, que 
como  afirmo  este  Centro  Directivo,  requeriría,  previamente  la  obtención  de  la 
nacionalidad española, en algún momento de su vida, al ser la vecindad civil una 
cualidad reservada a los ciudadanos españoles.
Aquí, se basa la condición subjetiva de disponente en la residencia habitual en 
Galicia manifestando que poseen vecindad civil gallega por haber residido más de 
quince  años  en  dicha  Comunidad,  razón  que,  consideran,  justifica  la  aplicación  la 
Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia.
21. Resulta, por tanto, pacífico ex artículos 25.1 y 21.1 del Reglamento que el 
Derecho aplicable es el español por ser el del Estado de la residencia habitual don M. A. 
R. M. Lo que no lo resulta tanto es qué normas de nuestro ordenamiento, si el Código 
Civil o la Ley de derecho civil de Galicia. Las claves para resolver esta cuestión se hallan 
en el artículo 36 del Reglamento.
El artículo 36 del Reglamento relativo a los Estados con más de un sistema jurídico –
conflictos territoriales de leyes–, en su apartado primero establece que en el caso de que 
la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado que comprenda 
varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, 
las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad 
territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la sucesión.
Señalando  el  párrafo  segundo  criterios  a  falta  de  tales  normas  internas  sobre 
conflicto de leyes. es
22. Existe, en efecto, un delicado equilibrio entre las competencias de la Unión  o
eppEdsareuetr rapacodir psoaoaeplscmao a reynmcn zidiotaeeenrm,  a slbeoliudrnssoa t rsedoa s,br t( pjaseaodit eirodv nsicord uismmoy  (aiivree  évmcsaiutrbseteure sod tuss ioe nuqnl   uceReoeseln e gsqsmeluiade emrene reatfaolntena tjdoñafuo e sen ne8nd  0a alil, mmo lyaseiat  anp cc troaaiitnm la lcodpipp oeeai)tose;r astnyr  ic dcnuiteaoan   msaeeu xesbc innulsuttnieedso riinvap edarriece edet daeesacla ldoilóro sinoys,      OE-A-2022-2517able en https://www.
teleológica de este instrumento). Máxime habida cuenta que el Reino de España no se
ha acogido a lo establecido en su artículo 38, que ofrece a los estados miembros esta 
posibilidad.
De esta manera sí se hubiera obviado la exigencia de vecindad civil gallega del 
donante para aplicarle directamente la Ley de derecho civil de Galicia. Pero nuestro 
Reino no lo ha hecho para este ni para ningún otro Reglamento de la Unión Europea en 
la materia por diversas razones: el respeto a la tradición histórica de nuestros derechos 
civiles (véase el considerando 6 «in fine» del Reglamento), sus instituciones (así, el 
pacto sucesorio de mejora con entrega de bienes de presente de la Ley gallega), sus 
respectivos  ámbitos  de  aplicación  y  el  mecanismo  de  solución  de  sus  conflictos 
territoriales (artículos 13 siguientes del Código Civil).
Situado el expediente en la interpretación de los párrafos primero y segundo del 
artículo  36  del  Reglamento,  nuevamente  debe  abordarse  la  interpretación  de  los 
artículos 25 a 27 del Reglamento, validez formal y material de la disposición «mortis 
causa».
23. La interpretación que realiza el recurrente, conduce a entender que la falta de 
aplicabilidad del primer inciso del artículo 36 del Reglamento (referido a las sucesiones 
ya causadas, pero cuya extensión a las disposiciones «mortis causa» no es excluida) 
supone –contra su propia argumentación, que parte de destacar su supuesta vecindad 
civil– la aplicación de la normativa de la residencia habitual.
24. En este expediente como en los analizados en las Resoluciones de 24 de mayo 
de  2019  (revocada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Islas 
Baleares número 1/2021 de 14 de mayo (corrección de errores por Auto número 1/2021, 
de 1 de junio) y 10 de agosto de 2020 nada hace dudar sobre este aserto.
Se  aplica  la  normativa  de  la  Comunidad  Autónoma  con  legislación  foral, 
directamente.  Sin  intermediación  del  Derecho  interregional  que  no  puede  ser  de 
aplicación  en  cuanto  no  ha  lugar  –en  esta  materia–  la  vecindad  civil  respecto  del 
disponente extranjero y no discutiéndose que la única unidad territorial relevante es 
Galicia.
25. Por lo tanto, se aplica (si fuere un pacto a los efectos del Reglamento) la 
normativa de la unidad territorial.
Si bien esta normativa es de aplicación directa en caso de sucesiones abiertas cuyo 
causante es un residente extranjero, para el caso de las disposiciones «mortis causa», 
será necesario que estas cumplan los requisitos de validez material y formal conforme a 
la ley de la residencia habitual del disponente.
26. Los problemas de aplicación de esa normativa no nacen del Derecho europeo 
que  se  aplica  correctamente.  Nacen  de  los  propios  requisitos  exigidos  por  la  ley 
autonómica aplicable.
En efecto, conforme al Derecho Civil de Galicia, artículo 4 de su compilación, se 
exige la cualidad de gallego para realizar ese pacto.
Por lo tanto –de ser un pacto contemplado en el Reglamento–, habría que analizar el 
artículo 25 que determina que la existencia y validez de la disposición «mortis causa» se 
referirá al ordenamiento aplicable, que por mor de la interpretación (aun extendida) del 
artículo 36 conduce a la normativa gallega que no permite tal pacto por faltar el requisito 
subjetivo de su condición de gallego.
27. No puede pretenderse como hace el recurrente, que la residencia habitual 
modifica el Derecho interregional  español,  específicamente tenido en cuenta por el 
legislador europeo en este Reglamento (como en todos los de ley aplicable posteriores.)
El legislador civil autonómico, deberá adaptar su normativa a la nueva realidad de los  es
Reglamentos europeos, como ha hecho ya el legislador balear en relación a las parejas  o
RrcmeoeigengimdsElatunbrmca ríodeeasafn ea stpco .oqt osu(,eUe yl Eaae )lrl míe 2 sivs0oem1loc6ai n/p 1dui1nad0adi4ed  brea(acp luseaaearcerr .ijróaensg  issreetr gapidslaatr nautdenaaasb )pa,a  rpeeunjae  lsan sol a cI sallesaays d Bvai agcleuenaatnreed soe  rnue nsloap sed cetI ossl uaassl    OE-A-2022-2517able en https://www.
Este tema dio lugar a un procedimiento escrito por parte la Comisión Europea.
Como solución, la Ley 18/2001 de Parejas Estables de Baleares que impedía a las 
parejas, incluso las españolas cumplir el requisito del Registro de Parejas necesario para 
la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1104, fue modificado por la Ley 9/2019, de 19 de 
febrero, por la que se permiten dos modalidades de inscripción, evitando con ello la 
infracción del Derecho europeo.
28. Debe  observarse  que  la  falta  de  validez  material  no  produce  –solo–  una 
discriminación para el ciudadano europeo –o de cualquier otro Estado, por la aplicación 
universal del Reglamento frente al local, gallego en este caso–, sino también para 
cualquier ciudadano español.
La concepción estatutaria del Derecho foral sí tiene presente la singularidad objetiva 
de  bienes,  aunque  esta  entrañe  a  su  vez  una  específica  cualidad  subjetiva 
(interpretación del artículo. 30 del Reglamento (UE) 650/2012, en relación al principio 
territorial de instituciones forales como la troncalidad).
29. Por tanto, se hace necesaria una reflexión sobre el criterio de la vecindad civil y 
su ajuste con los reglamentos europeos.
La intersección del Derecho europeo con la normativa estatal de la vecindad civil, 
debe ser uniformemente entendida, como corresponde a la correcta aplicación de los 
instrumentos  europeos,  sin  ser  posible  su  análisis  desde  la  exclusiva  perspectiva 
autonómica, al resultar aplicables además, la normativa estatal (artículo 149.1.8.ª de la 
Constitución y Título Preliminar del Código Civil) así como la normativa europea de 
aplicación general y uniforme bajo el criterio jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
30. Como ya dijera la Resolución 24 de mayo de 2019 (revocada por la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares número 1/2021, de 14 de mayo 
(corrección de errores por Auto número 1/2021, de 1 de junio); y la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de agosto de 2020 no 
corresponde a este Centro Directivo valorar y no se prejuzga, si la exigencia de la 
condición en este caso, de gallego (vecindad civil), en cuanto cualidad subjetiva basada 
en la propia ley civil gallega, ha de considerarse o no desigualdad en el trato que reciben 
los ciudadanos europeos –como de cualquier otro Estado, dada el carácter universal del 
reglamento, en materia de ley aplicable– residentes en España, teniendo presente que 
es, además, la misma situación para un ciudadano español, distinto del gallego.
Como en dichas Resoluciones se afirmaba, no se trata de un problema de aplicación 
del Derecho europeo sino de limitación material de las normas forales que (si fueran 
susceptibles de ser consideradas un pacto de los contemplados por el Reglamento (UE) 
650/2012, conforme a la reciente jurisprudencia) deberían ser modificadas en adaptación 
a  los  nuevos  instrumentos  europeos,  al  no  ser  de  aplicación  la  regla  primera  del 
artículo  36,  cuyo  contenido  es  de  preferente  aplicación,  como  demuestra  su 
interpretación lógica y sistemática.
31. A modo de resumen cabe considerar:
a) que un pacto con entrega de presente de los mismos, difícilmente puede ser 
considerado un pacto sucesorio a los efectos de los artículos 3.1.b) y 25 a 27 del 
Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia 
de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
b) Adicionalmente, un pacto con transmisión de presente, que es una liberalidad  s
sobre bienes determinados, pudiera fraccionar la sucesión, en cuanto las deudas y las  e.
partes reservadas se determinarán por la ley aplicable correspondiente a la ley sucesoria  w.
(artículo 23 del Reglamento (UE) 650/2012) y podría ser considerada, por tanto, una  17ww
deelel cTcriióbnu ndael  ldeey  Jpuasrtciciaial,  dceo n9  cdlaer ase vputilenmerbarceió dne d 2e0 l2a1 u)nidad de la ley sucesoria (Sentencia
aplicca) bleQ utaen tloa  ain ltaesrp rseutcaecsióionn edse ly aa rtaícbuielort a3s 6c.2o mdoe l a Rlaesg ladmisepnotsoic i(oUnEes)  m65o0r/t2is0 1c2a,u seas,   BOE-A-cable e
aunque habida cuenta de que para éstas surtan efecto será necesario el cumplimiento
de los requisitos de validez material y formal (artículos 25 a 27 del Reglamento), es 
relevante que en los derechos forales españoles existan pactos en los que se limita, 
históricamente, de forma subjetiva, la posibilidad de su concertación.
d) La existencia de una norma estatal que no permite la aplicación de un Derecho 
foral a un extranjero por carecer de vecindad civil de la Comunidad Autónoma en 
cuestión no necesariamente debe equipararse al supuesto de hecho del artículo 36.2, 
esto es, la ausencia de normas internas sobre conflictos de leyes.
e) España no lo ha hecho para este ni para ningún otro Reglamento de la Unión 
Europea que contienen la denominada cláusula española de lo previsto en el artículo 38 
del Reglamento (UE) 650/2012, que parte de la inaplicación del Reglamento a los 
conflictos internos de leyes.
Ello se debe al obligado respeto a la tradición histórica de nuestros Derechos civiles 
(véase el considerando 6 «in fine» del Reglamento); sus instituciones (así, el pacto 
sucesorio  de  mejora  con  entrega  de  bienes  de  presente  de  la  ley  gallega);  sus 
respectivos ámbitos de aplicación y el mecanismo interno de solución de sus conflictos 
territoriales (artículos 13 y siguientes del Código Civil)
Por lo tanto, el extranjero o el español que no posea la vecindad civil no podrá 
concertar determinados pactos forales por no ser válidos material y formalmente en la 
unidad territorial cuyo ordenamiento es directamente aplicable (artículo 36. 2).
32. Siendo la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión del 
dominio  de  presente,  una  materia  que  queda  fuera  del  ámbito  del  Reglamento,  la 
calificación  del  título  presentado  debe  ser  realizada  por  el  registrador  conforme  al 
artículo 27.3 del Reglamento, que conduce a que la cuestión de la exigencia de vecindad 
civil gallega del disponente impuesta por la ley de Derecho Civil de Galicia, lleva consigo 
la necesidad de ostentar nacionalidad española, siendo una cuestión de validez formal 
que conduce a la circunstancia personal del disponente.
Por todo ello, se considera, como la registradora calificante, que al ser necesario 
ostentar  vecindad  civil  gallega  para  que  el  otorgante  se  sujete  a  la  ley  gallega,  y 
resultando la vecindad civil una cualidad reservada a españoles, siendo extranjero el 
otorgante, no procede, en este caso, el otorgamiento de pacto sucesorio de mejora con 
entrega de bienes de presente, el cual muy posiblemente, además, no se encuentre en 
el concepto de pacto sucesorio previsto en el Reglamento, en cuanto se transmite la 
propiedad de presente y su consecuencia sucesoria supone una «professio iuris» no 
expresa, sino tácita, pero parcial, que puede suponer la fragmentación de la sucesión, 
conforme a la reciente jurisprudencia europea.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 20 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.