BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211  Miércoles 5 de agosto de 2020  Sec. I.   Pág. 63716
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
9131 Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
I
Desde que fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, se ha venido adoptando por el Gobierno un conjunto de medidas, por un lado, de 
carácter sanitario y de protección de la seguridad de las personas, y, por otro, de índole 
económico, en las que, a partir de las actuaciones y compromisos de las instituciones 
europeas se está definiendo un marco de ayudas estatales y de reactivación de la actividad 
económica y social.
La situación financiera del subsector de las entidades locales se puede calificar de 
saneada, con capacidad de generación de ahorro y con superávit sucesivos y continuados 
desde el año 2012, situándose en 2019 en el 0,31 por ciento del PIB nacional, y en una 
cuantía de 3.839 millones de euros. Por esta circunstancia, y por la necesidad de apoyar 
a colectivos vulnerables, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
se posibilitó que las corporaciones locales destinaran una cuantía global de 300 millones 
de euros de aquel superávit para financiar gastos de inversión incluidos en servicios 
sociales y en promoción social, y, con carácter excepcional, prestaciones de atención 
primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios 
Sociales. Aquel importe era equivalente al del Fondo Social Extraordinario constituido para 
atender necesidades de las comunidades autónomas.
El gasto de las en aquellas actuaciones se considera ejecutado en inversiones 
financieramente sostenibles, por lo que no computa en la regla de gasto, en aplicación de 
la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de la disposición adicional decimosexta del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Aquella cuantía global se individualizó para cada entidad 
en el 20 por ciento de su propio superávit de 2019, mediante el Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19.
Asimismo, y en el mismo marco regulador antes citado tanto de estabilidad 
presupuestaria como de haciendas locales, por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica, se ha permitido, como medida de impulso de la actividad 
económica y del empleo, que las entidades locales destinen en 2020, como máximo, el 7 
por ciento de su respectivo superávit para financiar gastos de inversión en vehículos 
eléctricos o con etiqueta ambiental CERO, o, en última instancia, con etiqueta ECO, y en 
infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que se destinen a la  e.
prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos,  w.
seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y de  31ww
tranEspno drteef idneit ivvaia,j ehraosst.a el momento se han adoptado medidas que han ido dirigidas a la
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que el gasto financiado con aquel recurso compute en la regla de gasto, dentro del marco 
de la normativa de estabilidad presupuestaria y reguladora de haciendas locales.
No obstante, para cerrar la aplicación de las reglas del destino del superávit de 2019, 
se considera necesario y urgente que se permita, en aquel mismo marco, la plena 
utilización de dicho recurso en 2020. Incluso, en relación con la ejecución de proyectos de 
inversiones financieramente sostenibles financiados con el superávit de 2018, cabe 
posibilitar que, aunque inicialmente debería concluir en 2020, se amplíe a 2021, debido a 
la suspensión de la actividad económica durante el período de vigencia de la declaración 
del estado de alarma, y a la incidencia que está teniendo la crisis derivada de la situación 
de emergencia sanitaria en la ejecución de los contratos que, con la legislación que los 
regula, fueron suscritos con anterioridad por las entidades locales.
Asimismo, se considera preciso ampliar el margen de maniobra financiero, 
fundamentalmente, de los ayuntamientos que se encuentran con problemas o situaciones 
de riesgo financiero, adoptando medidas en el marco de los mecanismos extraordinarios 
de financiación, y, concretamente, del Fondo de Financiación a Entidades Locales. Son 
medidas que se consideran urgentes, en tanto podría permitir a ayuntamientos que no 
presentan una situación financiera saneada atender, en sus respectivas demarcaciones, 
necesidades de carácter social o de apoyo a determinados colectivos que han surgido de 
manera extraordinaria como consecuencia de la pandemia.
Por último, este real decreto-ley contiene, en su articulado, medidas que se refieren a 
la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Por un lado, a la 
habilitación de crédito para poder ejecutar la totalidad de los pagos de las entregas a 
cuenta correspondientes a este año 2020, para lo que se requiere un suplemento de 
crédito que debe aprobarse, por la naturaleza de esta modificación presupuestaria, una 
norma con rango de ley, y que, por la urgencia con la que se debe instrumentar, debe serlo 
mediante un real decreto-ley. Y, por otro lado, a la inclusión de determinadas normas 
necesarias para poder proceder a las transferencias a favor de las entidades locales por 
los  importes  que  resulten  de  la  liquidación  definitiva  de  aquella  participación 
correspondiente a 2018, y, en otro caso, para poder aplicar los reintegros a cargo de 
aquellas otras entidades para las que resulten liquidaciones de signo negativo.
II
El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, regula la regla de gasto aplicable a la Administración Central, 
a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Esta regulación tiene su 
origen en el Reglamento (UE) n.º 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las 
políticas económicas.
Las entidades locales son, desde el año 2012, el primer nivel de Administración pública 
que, gracias al esfuerzo de consolidación presupuestaria y a la positiva evolución del ciclo 
económico, logra presentar superávit en sus cuentas. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, establece, en su artículo 32, que el superávit alcanzado por Estado, comunidades 
autónomas y corporaciones locales, debe ir destinado a la reducción del nivel de 
endeudamiento neto. En aplicación de esta norma, un gran número de Corporaciones 
Locales han conseguido una reducción considerable de su nivel de deuda pública, y el 
saneamiento financiero. s
Teniendo en cuenta el esfuerzo de consolidación realizado, la sólida situación financiera,  oe.
así como la naturaleza de los servicios que prestan las Corporaciones Locales, que por su  w.
rddeierlela csctuiaópmne erádnvetei t  perernoc loxaig mmidieodj aoedrna   cedole na s rutlío cbsui elocn ie3us2dt aaddre, a slnaeo  eLsse tytai ebOnleregcnáió n uiucnnaaa 2  ra/e2lgt0al1a 2 ce,a sdppeea cc2ii7ad la dpdea  rapaba errilal .d  Aeinssfítl,iu nlioar    2020-9131n https://ww
disposición adicional sexta de esta última, introducida mediante la Ley Orgánica 9/2013,
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público permite, desde  Bc
el año 2014, a las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de
tesorería para gastos generales positivo, así como un nivel de deuda pública inferior al 
límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de 
pago a proveedores que no supera el plazo máximo de pago establecido en la normativa 
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, destinar su 
superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de 
la vida útil de la inversión, no computando el gasto en estas inversiones a efectos de la 
aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
La disposición adicional decimosexta, del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
desarrolla y define el concepto de sostenibilidad financiera que debe concurrir en aquellas 
inversiones, así como el procedimiento y el ámbito objetivo de aplicación. Esta medida de 
flexibilidad en el destino del superávit se aplicó por vez primera en 2014 y se ha venido 
prorrogando desde entonces anualmente hasta 2019, bien a través de las leyes de 
presupuestos generales del Estado, bien mediante reales decretos-ley.
Circunstancias excepcionales han motivado que no se haya podido tramitar la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, no habiendo sido posible la adopción 
de la prórroga prevista en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril. Los trámites necesarios relacionados con la iniciación y desarrollo del procedimiento 
de ejecución del gasto requieren de unos plazos que hacen que, para que la medida pueda 
surtir efectos y las corporaciones locales puedan llevar a cabo la ejecución de las 
inversiones en el presente ejercicio presupuestario, sea necesario aprobar de forma 
inmediata la prórroga de la medida prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, para poder destinar esos recursos de forma urgente la 
situación económica y social generada con ocasión de la pandemia..
Por lo tanto, por razones de urgencia y de carácter extraordinario, resulta necesario 
incluir la prórroga en un real decreto-ley, como ya se hizo en los dos años anteriores, en el 
Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, y en el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de 
marzo.
Teniendo en cuenta, además, que la prórroga de la regla especial del destino del 
superávit podría carecer de operatividad si se exigiese en todo caso que en 2020 se 
realizasen las fases del procedimiento de ejecución del gasto de autorización y disposición 
o compromiso, se considera necesario no requerir el desarrollo de esta última en el mismo 
ejercicio, lo que no contradice el carácter urgente de la presente norma, ya que un buen 
número de proyectos de inversión requieren el desarrollo de un procedimiento de 
contratación que, por su naturaleza y cuantía, debe iniciarse cuanto antes al objeto de que 
la fase de autorización del gasto pueda concluirse en el presente ejercicio.
En cuanto al superávit de 2018 se aprobó la aplicación de la regla especial antes citada, 
posibilitando su utilización para dar cobertura a inversiones financieramente sostenibles, 
por el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, antes citado, de modo que se requería 
que en 2019, como mínimo, se desarrollase la primera fase del procedimiento de ejecución 
del gasto, su autorización, y el resto de las fases, compromiso o disposición, reconocimiento 
de la obligación y ordenación del pago, se completasen en 2020. En un buen número de 
proyectos de inversión, sobre todo de mayor envergadura y relevancia financiera, se ha 
debido suspender su ejecución como consecuencia de la declaración del estado de alarma, 
lo que dificulta, cuando no imposibilita, completar aquellas fases en 2020, siendo necesario 
que, con carácter extraordinario, se permita concluirlas en 2021, si bien al menos la de 
compromiso o disposición se debería desarrollar en 2020, teniendo en cuenta el principio  es
de proporcionalidad de la medida así como en aras de una mayor seguridad jurídica para  o
los contratistas. 31www.
III
En el marco de los mecanismos adicionales de financiación de las entidades locales
regulados en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de  Bc
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se constituyó el Fondo de
Financiación a Entidades Locales, regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico, configurado en tres compartimentos, los 
Fondos de Ordenación, de Impulso Económico y para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, este último en liquidación.
En ese contexto, el presente real decreto-ley introduce medidas que afectan al ámbito 
objetivo del Fondo de Ordenación, a las operaciones de endeudamiento concertadas con 
el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores y a las 
operaciones de crédito a corto plazo que, con carácter general y al margen de aquellos 
Fondos, tengan formalizadas las entidades locales.
Con la ampliación del ámbito objetivo del Fondo de Ordenación se posibilita la 
financiación de las deudas con acreedores públicos que se estén compensando mediante 
retenciones de la participación en tributos del Estado o que se estén cancelando mediante 
acuerdos de fraccionamiento y aplazamiento suscritos con dichos acreedores, 
fundamentalmente, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Esta medida va dirigida a aquellos municipios que se encuentran 
en alguna de las situaciones de riesgo financiero descritas en el artículo 39.1 del Real 
Decreto-ley 17/2014, es decir, que presenten una situación financiera negativa o que no 
puedan refinanciarse en condiciones de prudencia financiera.
Con esa ampliación, los municipios que se encuentren en esas situaciones y con 
deudas con aquellos acreedores podrán cancelarlas y sustituirlas por préstamos con el 
Fondo de Financiación a Entidades Locales, y ponerse al corriente del pago de las deudas 
tributarias y con la Seguridad Social, lo que es requisito de cumplimiento forzoso para que 
puedan optar a subvenciones y ayudas de otras administraciones públicas, que, en la 
situación de crisis actual, pueden desempeñar un papel fundamental para no agravar los 
problemas financieros que puedan presentar aquellos municipios, potencialmente 
beneficiarios de la medida.
Asimismo, para las entidades locales que hayan presentado en cualquiera de los dos 
últimos ejercicios problemas de liquidez o de solvencia se posibilita la consolidación de 
deuda a corto en deuda a largo plazo. Con esta medida, se reducirán las tensiones de 
tesorería que experimentan, sobre todo, ayuntamientos con problemas estructurales, que 
se manifiestan en unos ingresos corrientes insuficientes para financiar sus gastos 
corrientes y la amortización de sus operaciones de préstamo o que presentan remanentes 
de tesorería para gastos generales negativos.
Por último, en cuanto a las medidas de apoyo financiero, en el marco del 
endeudamiento de las entidades locales, se permite la cancelación de préstamos que 
tengan formalizados con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores mediante su sustitución con préstamos que puedan formalizar con entidades 
de crédito, pudiendo quedar excluidas de la condicionalidad derivada de los planes de 
ajuste las entidades locales que estén saneadas financieramente y que, en consecuencia, 
estén dando cumplimiento a las reglas fiscales en varios ejercicios consecutivos y, por lo 
tanto, se pueda considerar consolidada la senda de corrección de los desequilibrios que 
presentaron cuando se aprobaron aquellos planes.
Todas estas medidas son de carácter extraordinario y urgente, en tanto que permiten a 
las entidades locales con una situación financiera que presenta debilidades o desequilibrios 
no corregidos poder atender de forma inmediata y urgente las necesidades económicas y 
sociales que de forma extraordinaria se ha generado con ocasión de la pandemia
IV bo
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artículo 134.4 de la Constitución Española se activó la situación de prórroga automática de
los presupuestos generales del Estado a partir de 1 de enero de cada uno de aquellos años,  Bc
y continúa actualmente, habiendo transcurrido ya gran parte del ejercicio corriente 2020.
En aquella situación de prórroga presupuestaria, el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de 
octubre, reguló la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 tanto de 
las comunidades autónomas de régimen común como de las entidades locales, lo que 
permitió adoptar un ajuste técnico de carácter extraordinario para la defensa del interés 
general y evitar los graves perjuicios que la ausencia de medidas aprobadas por el cauce 
ordinario de la ley de presupuestos generales del Estado habría provocado en las 
administraciones territoriales y permitió trasladar a las entidades locales el incremento de 
los recursos derivados de la diferencia de previsiones, entre la elaborada para el año 2018 
y la elaborada para 2019, eliminando los efectos de las medidas tributarias recogidas en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, y 
considerando exclusivamente el incremento de recaudación previa a la cesión de 
impuestos estatales, que son determinantes de la financiación local.
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020 se 
mantienen en 2020 las cuantías de las entregas a cuenta de 2019 correspondientes a 
todas y cada una de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de 
los modelos de participación en los tributos del Estado, pero los créditos destinados a dar 
cobertura financiera a las transferencias en las que se materializan aquellas entregas y 
que se están gestionando son los recogidos en los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 prorrogados, que son inferiores a las necesidades presupuestarias, por 
lo que, al igual que ocurrió en 2019, se requiere la aprobación de suplementos de crédito 
para adaptar los créditos de gasto que instrumentan las entregas a cuenta a través de la 
sección 36 de los presupuestos generales del Estado para poder atender el pago de las 
mismas.
Asimismo, en 2020 es preciso calcular la liquidación definitiva de la participación de las 
entidades locales en los tributos del Estado correspondiente a 2018. Dicha participación 
se regula en los artículos 111 a 126, por lo que se refiere a los municipios, y 135 a 146, por 
lo que se refiere a las provincias y entidades análogas, del Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. Dichos preceptos se desarrollan anualmente en las respectivas leyes de 
presupuestos generales del Estado. Como quiera que no se ha aprobado la correspondiente 
a 2020, deben recogerse determinadas reglas para el cálculo de aquella liquidación y que 
no encuentran cobertura en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. Este es el objeto del presente real decreto-ley, que no altera el régimen 
financiero actual de las entidades locales, en tanto aquellas reglas son de aplicación 
reiterada en cada ejercicio.
V
En un escenario en el que las entidades locales están soportando tipos de interés 
negativos por los saldos disponibles en cuentas y depósitos bancarios de su titularidad, se 
posibilita que los ayuntamientos, diputaciones provinciales y consejos insulares se 
comprometan voluntariamente a poner a disposición de la Administración General del Estado 
recursos financieros por importe equivalente a los remanentes de tesorería para gastos 
generales en los términos definidos en este real decreto-ley a 31 de diciembre de 2019.
La puesta a disposición de la totalidad de dicho importe se materializará en la remisión 
al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 de un compromiso firme, 
vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos a la Administración General del 
Estado. Compromisos que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021, requiriendo  s
en ese período la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a las entidades locales  oe.
que le presten los recursos comprometidos. w.
Gune naLecartoa o l úpdneeirlca Eoc,si ótcanud atoen npddoorr ás e ecl  airmreácpciobteratren d  tleoo tspa rlf éocsnittdaaodmsoo  pe doner e  llala a sAp edanmrttaiidndaiosdt raeansc tlieoórcnioa Grle yes ns aee  rlmaa lAa dtdeemrl iaEinlsiizstaatrrdaáoc,  ieóennn    2020-9131n https://ww
la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, sin que se requiera formalizar  Bc
los préstamos, que tendrán la consideración de Deuda del Estado conforme a la 
Ley 47/2006, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
El préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo 
máximo de quince años, a partir de 2022. Las condiciones financieras de esta operación 
se fijarán previa consulta a la asociación de ámbito estatal con mayor implantación 
representativa de las entidades locales, que se realizará en un plazo que finalizará el 7 de 
agosto de 2020 y aprobándose, en cualquier caso, por resolución de la Dirección General 
de Tesoro y Política Financiera, que se publicará no más tarde de 20 de agosto de 2020. 
A partir de entonces las entidades locales podrán decidir adherirse mediante la remisión 
de los compromisos de disposición de recursos financieros a favor de la Administración 
General del Estado.
El tipo de interés anual que se determine para dichos préstamos no podrá superar el 
coste equivalente de financiación de la Deuda del Estado, incluyendo en el cálculo los 
costes financieros y de otra naturaleza asociados a las operaciones en los que incurra la 
Administración General del Estado.
Por otra parte, la Administración General del Estado dotará un crédito extraordinario 
para la recuperación económica y social que se dotará por un importe equivalente como 
mínimo al 35 por ciento de los recursos comprometidos por las entidades locales, sin que 
pueda exceder de un importe máximo total de 5.000 millones de euros. Con cargo a dicho 
crédito, en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de los compromisos de las 
entidades locales se realizarán transferencias corrientes a aquellas entidades locales, en 
proporción a los recursos comprometidos. Las transferencias se destinarán a que las 
entidades locales, financien actuaciones en las áreas de agenda urbana y movilidad 
sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Dichas transferencias se materializarán por 
la Administración General del Estado en 2020 por el 40 por ciento de las aportaciones 
comprometidas por las entidades locales, hasta un máximo de 2.000 millones de euros, y 
en 2021 por el 60 por ciento restante, hasta un máximo de 3.000 millones de euros.
También se habilita un crédito extraordinario en los presupuestos generales del Estado 
con objeto de dotar de mayor financiación a las entidades locales para hacer frente al 
déficit extraordinario motivado por el COVID-19 en los servicios de transporte público de 
su titularidad, por un importe inicial de 275 millones de euros, que podría ascender a 400 
millones de euros en el caso de que sea necesario y de que exista una plena justificación 
a partir de los certificados que emitan los titulares de los órganos de intervención de las 
entidades locales. El déficit extraordinario al que se hace referencia es el que se deriva del 
estado de alarma y hasta el final de 2020 y la financiación se establece en una cuantía 
equivalente al 33 por ciento de los ingresos anuales por tarifa de los servicios de transporte 
en un año de referencia.
Cierra el paquete de medidas de aplicación a las entidades locales la posibilidad, 
excepcional, que se les habilita de utilizar su superávit de 2019 o el remanente de tesorería 
para gastos generales si es superior a financiar gasto de 2020, siempre que mantengan el 
equilibrio presupuestario al cierre de este ejercicio.
En apoyo a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo 
financiero se establece la necesaria colaboración de las Diputaciones Provinciales y 
entidades equivalentes, en el marco de sus competencias propias reguladas en el 
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y, concretamente, en materia de asistencia económica a los municipios de su ámbito 
territorial, y, especialmente, a los de población inferior a 20.000 habitantes, articulándose 
dos instrumentos: la posibilidad de formalizar préstamos o concertar operaciones de  es
crédito con los ayuntamientos que presenten ahorro neto o remanente de tesorería  o
nscsuioetapsgtdeaPeortanáisvriv,boa ilt c e ecodsnone tmysi d 2inpda0olede1 rect9áaso,nr  m dtareolap sscnueeiste a fmreenrxredaec orndec ceepoinlc a ed isorjee enc graoacllarpmicr oidieeoyenn o dttg eeeaa s e s,2a tn0doq 1e.2u9 0ec,2l ala0orsá scíc  oactemoyrum ofn ionitn aalvamlei sdiretseani ,ot ronaese al,slo iz ssfae inar ,aye cnusocntaniteab rcmlaeamicregeeno ntu otanesl     OE-A-2020-9131able en https://www.
mandato para que se realice, antes del cierre de 2020, un estudio para la posible revisión
de las condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de Financiación 
a Entidades Locales, pudiendo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos acordar la modificación de aquellas operaciones y la condicionalidad fiscal, al 
objeto de paliar los efectos derivados de la pandemia y de posibilitar el saneamiento 
financiero de aquellas entidades locales.
VI
El real decreto-ley permite a las Diputaciones Forales del País Vasco y a los Cabildos 
Insulares de Canarias aplicar en 2020 el superávit presupuestario, en términos de 
contabilidad nacional a cierre del ejercicio 2019, para compensar la reducción de ingresos 
correspondientes a impuestos estatales concertados con arreglo al Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco y a impuestos que conforman el Bloque de 
Financiación Canario, de acuerdo con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
(Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre la Producción e Importación en las 
Islas Canarias), derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19 sin que aquellas 
administraciones públicas puedan incrementar su endeudamiento neto al cierre de 2020.
La reforma del artículo 135 de la Constitución, de 27 de septiembre de 2011, recogió 
taxativamente el principio de equilibrio presupuestario en su aplicación a las entidades 
locales, que fue recogido a su vez en el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril. Asimismo, aquel precepto constitucional recoge menciones a los límites de deuda 
de las administraciones públicas, que también han sido objeto de desarrollo en aquella 
ley orgánica. Asimismo, en relación con ambas reglas fiscales, estabilidad presupuestaria 
y deuda pública, el artículo 135.5 de la Constitución disponía que una ley orgánica 
regularía en todo caso la forma y plazo de corrección de las desviaciones que, respecto 
de aquellas reglas, pudieran producirse. Una medida de corrección vino conformada por 
los planes económico-financieros definidos y regulados en el artículo 21 de la citada Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Sin embargo, la regla de gasto se introdujo directamente por esta última norma, que, 
en su Exposición de Motivos, la relacionó con la normativa europea, en virtud de la cual el 
gasto de las administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de 
crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. Y ha sido dicha Ley Orgánica la que 
incluyó la medida correctiva de los planes económico-financieros en los casos de 
incumplimiento de la regla de gasto. Asimismo, la Comisión Europea remitió el 20 de 
marzo de 2020 una comunicación al Consejo de la UE expresando que, ante la esperada 
recesión económica a resultas del brote de COVID-19, se dan circunstancias para la 
activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En esta comunicación la Comisión solicitó al Consejo que respaldara esta conclusión, 
refrendo que se produjo el 23 de marzo de 2020.
En definitiva, de las tres reglas fiscales, las de estabilidad presupuestaria y de deuda 
(y su medida de corrección concretada en los planes económico-financieros) tienen su 
origen en un precepto constitucional y la regla de gasto (y su medida de corrección 
concretada en los mismos planes) en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que, a su 
vez, conecta con la normativa europea, que, en la actualidad, permite la activación de 
aquella cláusula.
Por otra parte, el subsector de Corporaciones Locales, dentro del conjunto de las 
administraciones públicas, está presentando superávit continuos desde el año 2012, con 
fuertes amortizaciones de deuda pública que han derivado, a su vez, al cumplimiento  s
reiterado de los límites de deuda aplicables a aquel subsector. Como consecuencia de esa  oe.
situación, han generado crecientes remanentes de tesorería que constituyen una fuente  w.
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la situación actual de pandemia es altamente probable que las entidades locales saneadas
se vean obligadas a utilizar aquellos remanentes de tesorería para paliar los efectos  Bc
negativos que aquella provoca.
Considerando cuanto antecede, resulta necesario eximir de la presentación del plan 
económico-financiero a las entidades locales que cumplan con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con los límites de endeudamiento según el régimen de autorización de 
estas operaciones contenido en la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
Por otra parte, el anuncio efectuado por la UEFA de que la candidatura formada por las 
ciudades de Bilbao y San Sebastián ha resultado elegida para albergar en ellas la final de 
la «UEFA Women’s Champions League 2020» requiere la regulación de un régimen fiscal 
específico.
La incorporación de tal régimen al Derecho positivo mediante este real decreto-ley se 
justifica por la proximidad de las fechas en que tal evento se celebrará, cuyo anuncio se ha 
conocido con poca anticipación, y la necesidad de que con una antelación suficiente se 
disponga del marco tributario que resultará de aplicación, en aras del principio de seguridad 
jurídica, de suerte que concurre la extraordinaria y urgente necesidad que, como 
presupuesto habilitante de la figura del real decreto-ley, establece la Constitución Española.
Por otra parte, se mantiene hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación de un tipo del 
cero por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos 
destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, que, 
hasta el 31 de julio de 2020, estuvo regulada en el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo. De esta forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar la respuesta del 
sistema sanitario en la segunda fase de control de la pandemia una vez ya iniciado el 
periodo de nueva normalidad.
También se actualiza, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-
ley 15/2020, la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida.
A estos efectos, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa 
del Impuesto, la rectificación del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido o satisfecho 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
La situación de pandemia internacional y la posterior declaración del estado de alarma, 
antes descritas, han derivado en una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria 
amplitud y gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de 
ciudadanos afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por 
el elevado coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención 
y distanciamiento adoptadas por los distintos Estados.
Así, la evolución de la esta situación ha exigido la adopción de sucesivas medidas 
adicionales para hacer frente a la pandemia y en este contexto, el Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del 
COVID-19, estableció en su artículo 9 la consideración como contingencia profesional 
derivada de accidente de trabajo, de las enfermedades padecidas por el personal que 
presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del 
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 9, se estableció que esta 
medida tendría lugar con respecto a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta 
el mes posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante 
el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del 
mismo periodo de referencia, siendo por tanto la fecha de finalización del reconocimiento 
de esta contingencia, el mes de julio de 2020. es
En este contexto, ante la finalización de la vigencia de algunas de las medidas  o
aelceaonmd nrfoeeesprrsitmgdpaeeuednredaacsascita daidó e sundsar e napcl iaontSadmteiresio atcee ,icld m coaeoanssn  ttNpitaneoadgnrcoe eei onrdl  nclpeaaiae  lap r dsplraooerropn mSfaaeaagls lq,aui oucadnie  óeaf npinnl  r d detdeoese tdral iaovg  s aaeeedrnlr aavfpen iacdrtímiiezso ,a e earsdnc ealc a cdih de eayenfc ntiprcetora eepsz s rd seegeacre vnitssairtotarai  óbrypinao rg ojsodar ,orer oa  dsgndeoati cicrzlh iaaolaasr-     OE-A-2020-9131able en https://www.
sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, hasta que las
autoridades sanitarias decreten el levantamiento de todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria.
Asimismo, se incluyen reglas especiales aplicables al reparto de dividendos y transmisión 
de participaciones de las sociedades adheridas al Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas, medida que se debe instrumentar de forma urgente debido a los 
plazos comprometidos con la Comisión Europea para la puesta en marcha de dicho fondo, 
creado para hacer frente a la delicada situación económica por la que atraviesan algunas 
empresas estratégicas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.
Por otra parte, las competencias que en materia de juego tenía atribuidas el Ministerio 
de Hacienda, han sido atribuidas al Ministerio de Consumo, en virtud de los artículos 2 y 4 
del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
salvo el análisis y definición de la política global en materia tributaria, la propuesta, 
elaboración e interpretación del régimen tributario y la gestión y liquidación de las tasas 
derivadas de la gestión administrativa del juego según dispone el artículo 2.1.f) del Real 
Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Por ello es 
necesario modificar la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego, y las disposiciones adicionales segunda y décima de la Ley 3/2013, 
de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
para indicar que las competencias relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas 
derivadas de la gestión administrativa del juego serán ejercidas por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria.
En el ámbito de la identificación de solicitantes de certificados electrónicos 
cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 
1999/93/CE, contempla en su artículo 24.1 d) la posibilidad de que tal verificación se 
realice utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que 
aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física.
Como consecuencia, resulta precisa una regulación específica en nuestro Derecho 
nacional de los exigentes requisitos organizativos y de seguridad aplicables a tales 
métodos.
A tal fin, procede atribuir al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
departamento competente para la regulación de los servicios electrónicos de confianza, la 
habilitación para la determinación de tales condiciones y requisitos.
En su disposición adicional sexta y la disposición final quinta, este real decreto-ley 
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los cambios legislativos introducidos por la 
Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado 
interior de gas natural, con el objeto de reducir los obstáculos a la plena realización del 
mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del 
mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no 
pertenecientes a la Unión Europea. El presupuesto habilitante de extraordinaria y 
urgente necesidad para la utilización del instrumento normativo del real decreto-ley se 
justifica por cuanto que la transposición de dicha Directiva (UE) 2019/692 vencía el 24  es
de febrero de 2020 y para minimizar, de este modo, posibles consecuencias que se  o
plpsaieut ureDtaedLidnaaroee nd cc eidtisenievpn aroEtie vss2aispc 0raia ó0dñ nl9eaa /l a  7sUidnu3incc /ipCiuóormnEnim a,pE ell uairsmr  eoplixopuetsenna att ooeg  t xaeddcsreeemo lp cdiantouúnanactdeet ootxdeissóimc  nahdp noceot oe rpanstlrla  madlzaneeo slrn .ep2tedo3,  r ddteeeen    umcvnoiar ntEyu odso t dardiedeg ole2  an0mr 1tiíe9ecn muy l obpq rau4oíe9,s   petbioesisrn   neduonen     OE-A-2020-9131able en https://www.
periodo de doce meses, del cumplimiento de las condiciones relativas a la separación de
propiedad de las actividades de transporte y comercialización, así como del acceso regulado 
a las instalaciones exigidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
El plazo para la comunicación de las exenciones a la Comisión Europea, previa aprobación 
de las mismas, finalizó el pasado 24 de mayo, lo que obliga a establecer un procedimiento 
con carácter urgente en el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, se articula el 
mecanismo para la evaluación y aprobación de una eventual exención de mayor duración.
La disposición adicional décima está motivada por los efectos de la crisis del COVID-19 
sobre la demanda y los precios de la electricidad han provocado una reducción de los 
ingresos regulados del sistema eléctrico, tanto los provenientes de los peajes de acceso 
(directamente proporcionales a la potencia contratada y energía consumida) como los 
vinculados a la recaudación de los tributos creados por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que dependen directamente de la 
cantidad de electricidad consumida y generada y del valor de dicha energía en el mercado.
Aunque aún existen importantes incertidumbres sobre el efecto final en términos 
anuales, las estimaciones actuales de ingresos y costes regulados aconsejan adoptar 
medidas tendentes a minimizar las desviaciones transitorias dentro del ejercicio, que 
afectan a la liquidez de los sujetos de liquidación, así como los eventuales desajustes 
temporales en el cierre del ejercicio, que provocarían una subida automática de los peajes 
y cargos, de acuerdo con el artículo 19 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.
Todas estas circunstancias justifican la necesidad de incrementar el límite máximo de 
las transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 90 por ciento de 
la recaudación total y hasta un máximo de 1.000 millones de euros.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida se justifica por los indeseables 
efectos que su no adopción acarrearía sobre la liquidez de los sujetos de liquidación del 
sistema eléctrico y sobre los consumidores de electricidad.
Por otro lado, la agenda de la transición ecológica socialmente justa requiere de 
anticipación para reducir la vulnerabilidad a los impactos y riesgos y reducir emisiones. En 
el proyecto de ley de cambio climático y transición energética nos hemos comprometido a 
alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050. Todos los sectores experimentarán 
grandes transformaciones acompañadas de grandes oportunidades de modernización. 
Además, nuestro país en uno de los «puntos calientes» globales en materia de cambio 
climático, lo que nos lleva a la necesidad de invertir en un país más seguro y menos 
vulnerable, incentivando medidas de adaptación que refuercen nuestra capacidad de 
respuesta.
En este contexto, y en línea con el Pacto verde europeo, será necesario priorizar 
aquellas acciones que ayudan a reducir los riegos al tiempo que disminuyen las emisiones 
de gases de efecto invernadero, esto es medidas integrales en que tiene cobeneficios en 
las dos vertientes de la lucha contra el cambio climático. Además, es necesario apoyar a 
proyectos emblemáticos de demostración de tecnologías innovadoras con un potencial 
significativo para la descarbonización del sector de generación eléctrica o de la industria, 
que conduzcan a una transformación real y de profundidad.
Lo que justifica incrementar el límite máximo de las transferencias a actuaciones de 
lucha contra el cambio climático provenientes de los ingresos de las subastas de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 10 por ciento de la 
recaudación total y hasta un máximo de 100 millones de euros.
Justifica la disposición adicional undécima la necesidad de proceder a la formalización  es
de convenios del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las Consejerías de Salud o  o
Stddtereeaan rmniildviadiotasaa d ucdpani ór d edniems e tapl aaniacnstcii coctcaoinopp emmaasducu aienyd  ciddasoeiadgn d nólteoeimfssimc  iacampautoiivstsróo manm leoo, ánsmas  slal aaírs  e r cnaloeooc vmc ioaaoonpnn alt ideeclieszal la cI dNcigóeiGaónls nE,s t oSpdis aeAtqrel, au smc eeeoa glmg  udceoimaen s ieinSeorsn aetetr,go uxur cmyerli uqedcsunaoiitvdneoot rsrS eo dq ol epucd aeieear  salhu,t  anollanaas      OE-A-2020-9131able en https://www.
convenios, de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 47 de la Ley General
Presupuestaria, en lo que se refiere a la necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el 
propio ejercicio en el que se adquiere el compromiso del gasto.
En cuanto a la disposición final sexta, cabe significar que la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, suponen un cambio 
fundamental para las administraciones públicas en España desde el punto de vista del 
marco normativo, por cuanto establecen que la relación electrónica es la vía principal de 
tramitación de los procedimientos administrativos, encaminada a lograr un modelo de 
administración transparente, más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas y 
más eficiente en su gestión.
La exigencia de una adaptación paulatina por parte de todas las administraciones 
públicas de nuestro país a este nuevo paradigma administrativo ya fue prevista por el 
legislador en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al fijar una fecha 
de entrada en vigor posterior a la general de la ley, en concreto el 2 de octubre de 2018, para 
los preceptos reguladores de determinadas materias que por su trascendencia, efectos 
prácticos y potencial afectación al núcleo esencial del ejercicio de los derechos de los 
interesados en su relación con las administraciones públicas aconsejaban una vacatio legis 
más amplia. Se trata de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la administración y archivo único electrónico.
Esta disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya fue modificada 
por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en 
materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales 
de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo artículo 6 
prolongó hasta el 2 de octubre de 2020 la fecha de entrada en vigor de las previsiones 
sobre las cinco materias señaladas inicialmente prevista para el 2 de octubre de 2018.
La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado durante estos 
últimos meses a las diferentes administraciones públicas a priorizar la asignación de 
recursos humanos y tecnológicos al robustecimiento de las infraestructuras y medios 
tecnológicos existentes para garantizar su funcionamiento, la prestación de los servicios 
públicos por sus empleados de forma no presencial y el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y empresas. Esta necesaria priorización ha dificultado en muchos casos 
continuar al ritmo previsto los trabajos de adaptación de los procedimientos administrativos 
y el diseño de procesos de gestión óptimos necesarios para el cumplimiento en la fecha 
prevista en la Disposición final séptima de todas las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, objetivo que ha de cumplirse en todo el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, 
cercano a once mil ochocientos sujetos diferentes, pues comprende la Administración 
General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades 
que integran la administración local y sus respectivos sectores públicos institucionales en 
los términos que delimitan ambas leyes.
En definitiva, el riesgo manifiesto desde el punto de vista técnico-organizativo de no 
concluir a 2 de octubre de 2020 los procesos de adaptación, imposibilidad que puede afectar 
no solo al ejercicio de los derechos de los interesados sino a la interoperabilidad del 
funcionamiento de todas las administraciones públicas, aconseja ampliar de nuevo el plazo 
de entrada en vigor de todas las materias cuya entrada en vigor estaba prevista para el 2 de 
octubre de 2020, por un periodo adicional de seis meses, hasta el 2 de abril de 2021, que  es
permita absorber el impacto y el retraso que hayan sufrido las diferentes administraciones  o
pmiponrpúseinebtnrcrluciaicpmidoaioonesrsan e edtdsoan esj  u  reeberífláad icsscicaiiacgoclonsieasa n y cadd iedóaecmnrl oi ofidnun eónids mcteprioa ircientooivjarseiamd ce auyined c ngeliaótaso nr t ayr da ndremteeí acl iat uladsarc essaioó  dltsonam s yrd ei dnefaiei nslsorate rslaqci zcphuairoeoros  nca leeedssdseí   i lpmalcoú oisiebmm nlcipctpioualeasdstn a eatcdandoac mnnidófioeonnsrbi sm diytdere aod  et aeisva  toll ooolsasss,      OE-A-2020-9131able en https://www.
que precisamente son los principios que persigue la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La disposición final octava modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en la 
parte que regula el programa de ayudas a la adquisición de vehículos para la renovación 
del parque circulante, con criterios de sostenibilidad y sociales, el Programa RENOVE. 
Estas modificaciones aclaran el procedimiento de pago, modifican la partida presupuestaria, 
y habilitan a la entidad colaboradora que gestione el programa a distribuir los fondos a los 
beneficiarios, mejorando así la eficiencia del programa y ahorrando cargas administrativas. 
Adicionalmente se precisan cuestiones relacionadas con las obligaciones de los 
beneficiarios en relación al mantenimiento de la titularidad del vehículo en los supuestos 
de operaciones renting.
Mediante la disposición final novena se declara el carácter ampliable de los créditos 
presupuestarios consignados en el presupuesto de la Seguridad Social para atender las 
obligaciones del sistema de protección por cese de actividad reguladas en el artículo 329 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como las reguladas en el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 
de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo 
y de competitividad del sector industrial, para dar adecuada cobertura presupuestaria a los 
correspondientes gastos, ya que no será el crédito presupuestario asignado el que va a 
determinar el montante de las obligaciones que se contraigan, sino que las prestaciones 
que amparan estos gastos serán las que determinarán el montante del crédito final.
VII
Este real decreto-ley consta de dieciséis artículos distribuidos en tres títulos, once 
disposiciones adicionales una disposición derogatoria única y catorce disposiciones 
finales.
El primer título consta de nueve artículos y se refiere a la aplicación de la regla especial 
del destino del superávit de las entidades locales para financiar inversiones financieramente 
sostenibles, a actuaciones relativas al remanente de tesorería para financiar determinados 
gastos en sectores de especial relevancia social, derivados de la crisis sanitaria, a la 
autorización de crédito extraordinarios para la recuperación económica y social y para 
hacer frente al déficit extraordinario del transporte público de transporte que prestan las 
entidades locales, a determinadas medidas de apoyo a ayuntamientos que se encuentran 
en situación de riesgo financiero o con problemas de liquidez y a otras normas de gestión 
presupuestaria de carácter extraordinario y urgente.
En el artículo 1 se establece la prórroga para 2020 del destino del superávit de 2019 a 
aquella finalidad.
El artículo 2 permite, excepcionalmente, prorrogar el procedimiento de ejecución de 
inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se 
estén financiando son superávit de 2018.
El artículo 3 recoge la posibilidad de que los ayuntamientos, las diputaciones 
provinciales y de los consejos insulares se comprometan a poner a disposición de la 
Administración General del Estado sus excedentes de tesorería que se reflejan en el 
remanente de tesorería para gastos generales, ajustado por los saldos de las cuentas de 
acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de 
ingresos indebidos, requiriéndose por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
la materialización de las transferencias, teniendo carácter de préstamo la totalidad de las 
mismas. s
El artículo 4 establece la autorización de un crédito extraordinario para la recuperación  oe.
económica y social por importe equivalente, como mínimo, al 35 por ciento de las  w.
acprpuitoeerdrtieaonc di oaent edenissd tceriorb mcuocpniróo nlmo sde emti ddisaicmsh,o ocs oc, rnqé udueint o sm oeánnx torimeb jolea tstoo  etdanelt  idddeea td5ae.l0lse0  leo0nc ma eliell lsom nyise lmsa,so e  fpsinrtaaeblcideleapcdtioée.nsd qousee  seel   2020-9131n https://ww
Por el artículo 5 se habilita un crédito extraordinario en los presupuestos generales del
Estado para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de titularidad  Bc
de las entidades locales por importe inicial de 275 millones de euros.
El artículo 6 permite que, excepcionalmente, las entidades locales que hayan 
registrado superávit presupuestario en 2019, apliquen la parte del superávit no utilizado, 
o, de ser superior, el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre 
de 2019, para financiar gastos en 2020, siempre que cumplan con el equilibrio 
presupuestario al cierre de este ejercicio.
Con el artículo 7 se establecen medidas de colaboración de las Diputaciones 
Provinciales y entidades equivalentes para apoyar financieramente a municipios con 
problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero.
Completa ese cuadro de medidas de apoyo el mandato recogido en el artículo 8 para 
que el Ministerio de Hacienda estudie la revisión de las condiciones financieras de los 
préstamos formalizados por aquellos municipios con el Fondo de Financiación a las 
Entidades Locales. Condiciones que se modificarían por acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos.
Mediante el artículo 9 se instrumenta la tramitación de modificaciones de crédito que 
tengan por objeto la cobertura de gastos extraordinarios y urgentes directamente 
relacionados con la situación de crisis económica y sanitaria.
El Título II contiene normas de carácter extraordinario y urgente en materia de 
endeudamiento y de aplicación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, que en 
tres artículos regula determinadas medidas de apoyo financiero a dichas entidades.
El artículo 10 modifica el ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento del 
Fondo de Financiación a entidades locales, posibilitando la cobertura de deudas con 
acreedores públicos que se esté compensando mediante retenciones de la participación 
en tributos del Estado o que se esté cancelando mediante acuerdos de fraccionamiento o 
aplazamiento, en los términos ya explicitados en esta exposición de motivos.
El artículo 11 recoge las reglas para la cancelación de los préstamos que se 
formalizaron con el ahora en liquidación Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, mediante su sustitución con préstamos con entidades de crédito, y la 
aplicabilidad de los planes de ajuste hasta ahora vigentes en el caso de que las entidades 
locales opten por acogerse a esta medida.
La posible consolidación de deuda a corto en deuda a largo plazo es objeto de 
regulación por el artículo 12 de este real decreto-ley, estableciendo mecanismos de 
corrección y la interrelación de los diferentes planes que puedan estar afectados, planes 
de saneamiento, de reducción de deuda y de ajuste.
Por último, el Título III contiene cuatro artículos que afectan a la participación de las 
entidades locales en los tributos del Estado. Los dos primeros (artículos 13 y 14) se 
refieren a la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente al año 2018.
En el artículo 15 se fija la fecha límite para el suministro por las entidades locales de 
las certificaciones del esfuerzo fiscal del año 2018, que se tendrán en cuenta para el 
cálculo de la liquidación definitiva de aquella participación correspondiente al año 2020.
Por último, el artículo 16 se refiere a la instrumentación de los suplementos de crédito 
necesarios, y que antes se han mencionado, identificando los importes necesarios para 
atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del 
Estado.
La disposición adicional primera permite en 2020 aplicar el superávit de 2019 en el 
caso de las diputaciones forales del País Vasco y de los cabildos insulares de Canarias, 
atendiendo a sus regímenes especiales para compensar la reducción de ingresos de 
impuestos de regulación estatal afectados por aquellos.
La disposición adicional segunda establece que, excepcionalmente, no se requerirá la  es
aplicación de la regla de gasto en el ejercicio presupuestario de 2020. o
feaindnaq leLLu dlaai se  Iidd mcliaiissop pp«nuooUeesssEsiicc tFoiiiónóA nnt srW  aoaacboddomriicecmiei oounennn’lasa i ltVl Ca catrheuliaoaracmsrre t aAprda,iñ eo ea rnsebdstgia ieLdubneollaeea  csagee u l n dereeée l2 cgtt0eeiipm2rsom0ae »riinmni.o afpsidso capsasaitl i rveaqou n cetdro eesmlg e0bar áasp ,tod irrie m lc oaipespon lrietctofaae cacciipotóolnnics ea asdb  ellaeyl     OE-A-2020-9131able en https://www.
COVID-19, hasta 31 de octubre de 2020.
La disposición adicional quinta recoge determinadas bonificaciones del pago de 
aranceles notariales y del Registro de la Propiedad.
La disposición adicional sexta establece determinadas exenciones temporales relativas 
a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la 
Unión Europea.
La disposición adicional séptima amplía el plazo hasta 31 de agosto de 2020 para que 
los pensionistas de Clases Pasivas residentes en el extranjero puedan cumplir 
adecuadamente con el trámite necesario de presentación del documento de certificación 
de vivencia.
Mediante la disposición adicional octava se prórroga el artículo 9 del Real Decreto-
ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia 
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los 
efectos del COVID-19.
En la disposición adicional novena se regula el funcionamiento del fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas estratégicas creado por Real Decreto Ley 25/2020.
La disposición adicional décima establece y regula la generación de crédito derivada 
de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero para el ejercicio 2020.
En la disposición adicional undécima se establecen normas relativas a los convenios 
de colaboración entre las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, las comunidades 
autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la 
incapacidad temporal.
La disposición final primera modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, recogiendo como vía de reclamación la contencioso-
administrativa en lugar de la económico-administrativa en los casos de expedientes de 
modificaciones de crédito tramitados por el mecanismo de urgencia que aquel precepto 
establecía.
La disposición final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
La disposición final tercera modifica la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, estableciendo el órgano que ejercerá las 
competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego.
La disposición final cuarta modifica el artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica, definiendo el órgano que regulará las condiciones para la verificación 
de la identidad en los servicios electrónicos.
Las disposiciones finales quinta y sexta modifican, respectivamente, la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La disposición final séptima modifica la Ley de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia para que las referencias contenidas en cualquier norma del 
ordenamiento jurídico a la Comisión Nacional del Juego se entiendan realizadas a la 
Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y 
asume sus competencias.
La disposición final octava modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en la 
parte que regula el programa de ayudas a la adquisición de vehículos para la renovación 
del parque circulante, con criterios de sostenibilidad y sociales, el Programa RENOVE con  es
el fin de aclarar el procedimiento de pago, modificar la partida presupuestaria, y habilitar a  o
ldDuaere ge clenaLrnte aiLtdtseoea sd-yd l eie s4cnypo7  oel/6a2sl/ b0iá2co0m0iro3a2bn,d0 iedto,os er  da ef2ie ncq6 oau1 nldee0óe s gm d enneisoco tvovimoi eeynanm epraz ba eoyrrlea  ,pd ,  prléaGooc gepirmr nraeoeamltr  emaaqcl u coaPeid ódr inefisis csedtaur einpab ,uluda erio ress plsatotapalsure nidfaco  ,tdpn ivyedúa tobeemsllir c emaaanr i.lttnoíecsa,u  dbeloael  sna5 er mtdfíiceceuilda lRoirdi eo5aas4s.l    OE-A-2020-9131able en https://www.
Las disposiciones finales undécima y duodécima autorizan al Gobierno y a la Ministra 
de Hacienda a dictar las normas de desarrollo reglamentario que se consideren necesarias 
y determinan que los títulos competenciales prevalentes para la elaboración de este real 
decreto-ley por el Gobierno son los artículos 149.1.13.ª y 14.ª que disponen la competencia 
exclusiva del Estado en materia de Hacienda general y Deuda del Estado y sobre las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Con la disposición final décima tercera se recoge la plena incorporación al 
ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria para el mercado interior de gas 
natural.
La disposición final décima cuarta establece la fecha de entrada en vigor que sería la 
misma de la publicación de la presente norma.
VIII
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes 
«en caso de urgente y extraordinaria necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
Por lo que respecta al primer aspecto, el empleo de este instrumento normativo con 
rango de ley está condicionado a la existencia de circunstancias concretas que «por 
razones difíciles de prever, [se] requiere de una acción normativa inmediata en un plazo 
más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de leyes» (STC 6/1983, de 4 de febrero).
El Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente 
necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). 
Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el 
empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación 
directa o de congruencia». Por tanto, la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria 
y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio, (FJ 4), exige, por un lado, «la 
presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el 
Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de 
urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en 
el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad  s
jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse  oe.
demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de  w.
uFfesJbo 4r ea; r1bo0u, 0sFi/Jv2 o05 1)o.2  Aa, rdl bceiot 8rna tdrriaeor  midoea,  yteoosd,t aeFs Ji n l8as;st r 2ru3am7zo/e2nn0et1os2  ce, oxdnpesu 1teit3su tdcaieso  ndjuaicsli te(ifSmicSbaTrneC a,  Fm6J1p /4l2ia;0  31y98 r/,a2 dz0oe1n 37a,  dddaeem  1jue4nn ditoee,    2020-9131n https://ww
la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de
diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3). Bc
Por otra parte, la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de manera que 
incorpore a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2019/692, de 17 de abril de 2019, 
tiene como objeto cumplir con el compromiso de transposición de la misma, así como 
adecuarse a la fecha límite establecida por la Comisión Europea para la comunicación de 
las solicitudes de exención cuyo procedimiento se establece en este real decreto-ley, que 
estaba fijada a más tardar el pasado 24 de mayo de 2020.
El presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad para la utilización del 
instrumento normativo del real decreto-ley se justifica en este supuesto por cuanto que la 
transposición de dicha Directiva (UE) 2019/692 vencía el 24 de febrero de 2020 y para 
evitar, de este modo, posibles consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento 
del antedicho plazo.
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la 
consolidada doctrina constitucional l, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6), 
«1º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que 
supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular 
con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en 
el título I de la Constitución»; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que 
no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe 
constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y 
libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales 
derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) 
El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de 
reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido 
‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo 
que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad 
afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la 
naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 13.ª y 14.ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado y sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, y este real decreto-ley 
se adecua, igualmente, a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado 
sobradamente justificado anteriormente.
La disposición adicional sexta y la disposición final quinta se dictan al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica y de bases del régimen minero y energético, respectivamente.
La disposición final quinta identifica las normas del Derecho de la Unión Europea que 
se incorporan al ordenamiento jurídico nacional siendo, en particular, la Directiva 2019/692 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019.
En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia,  es
debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual,  o
prcuceoornaennolc s sldioes ef aciacnu nryecet sietóco slnca- lle.era axAyrp o,s eusdims eatysdei sto doma e,es otelpe ,sr eractmacnot ignonnot,oai e rdmlmenoegeasad   leliya aes  nertxáetsieg g j iueublaslll ae tiimnc fyiiscóe tlaanrjodu  uraimm r agpepleontrenret ortrsne acam znitnoiáevdnscaie be asplsed iodd espeacia dbuinr laaeyteda , aro lréta eesp fna eagdprreieardnor a egbl.araa aD rcnlae,ió enp ancteic ezrdussaeeiirdg  ruuadsuendo      OE-A-2020-9131able en https://www.
que se pretende cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y, en 
particular, con la regulación de los sistemas de financiación territorial.
En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su 
tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia 
e información públicas. No obstante, se garantiza mediante su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y posterior remisión a las Cortes Generales para su convalidación en 
debate público. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, esta norma no impone 
cargas administrativas.
En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su 
naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige 
el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la 
aprobación de un real decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 4 de agosto de 2020,
DISPONGO:
TÍTULO I
Destino del superávit de las entidades locales para financiar inversiones 
financieramente sostenibles, medidas de apoyo a las entidades locales y otras 
normas de gestión presupuestaria de carácter extraordinario y urgente
Artículo 1.  Prórroga del destino del superávit de 2019 a inversiones financieramente 
sostenibles.
En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales 
correspondiente al año 2019 se prorroga para 2020 la aplicación de las reglas 
contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener 
en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. El saldo al que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, deberá reducirse en el importe que se utilice en aplicación del 
artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y del 
artículo 20.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
y del artículo 6 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
A los efectos de la regla anterior, se tendrá en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 6 de este real decreto-ley.
En el supuesto de que un proyecto de inversión iniciado en aplicación de este artículo 
no pueda ejecutarse íntegramente en 2020, la parte restante del gasto autorizado en 2020 
se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2021, financiándose con cargo al 
remanente de tesorería de 2020 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante 
y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2021. s
Artículo 2.  Prórroga del procedimiento de ejecución de las inversiones financieramente  w.
sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018. 31ww
Los proyectos de gasto de inversiones financieramente sostenibles iniciados en el
eejjeerccuictaior  e2n0 1e9l  ecjoenrc cicaiorg o2 0a2l1 s, uspieemrápvrite  dqeu e2,0 1a8l  mpeondorásn, ,l ae xtocetaplicdioanda dlmele gnates,t ote hrmubiniearras es iddoe 
autorizado en el ejercicio 2019 y que en el ejercicio 2020 aquel gasto quede comprometido.
La financiación del gasto se hará con cargo al saldo del remanente de tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación presupuestaria de 2020 de forma que dicho 
saldo quedará, por el importe de la inversión financieramente sostenible pendiente de 
ejecutar, vinculado presupuestariamente a ese gasto y siempre que la Corporación Local 
no incurra en la liquidación del presupuesto de 2021 en déficit según criterios de 
contabilidad nacional.
Artículo 3.  Colocación por las entidades locales en cuentas del Tesoro Público de saldos 
del remanente de tesorería para gastos generales de 2019.
1.  Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los consejos insulares podrán 
comprometerse a poner a disposición de la Administración General del Estado, recursos 
financieros por la totalidad del remanente de tesorería para gastos generales minorado por 
los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos, a 31 de diciembre de 2019, y una 
vez descontados el que puedan aplicar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de este 
real decreto-ley, así como los importes destinados a financiar modificaciones de crédito 
aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley. Las anteriores 
magnitudes se entenderán referidas a la administración general y entidades dependientes 
sujetas a presupuesto limitativo.
Las entidades locales remitirán al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre 
de 2020 un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir la totalidad de los 
recursos comprometidos a la Administración General del Estado. Los compromisos habrán 
de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante ese periodo, la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera requerirá a las entidades locales que le presten 
los recursos comprometidos.
Las transferencias se realizarán por el total del remanente de tesorería para gastos 
generales en los términos antes citados. Estas transferencias tendrán carácter de préstamo 
de las entidades locales a la Administración General de Estado, y se materializarán, en un 
acto único, en el momento de la recepción de los fondos por parte de la Administración 
General del Estado en la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, sin que se requiera formalizar los préstamos. La remisión del compromiso 
firme por parte de las entidades locales implicará la aceptación de las condiciones de los 
préstamos fijados mediante la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera a la que se refiere el apartado siguiente. El contrato se entenderá perfeccionado 
con la publicación de la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
por la que se requiere el desembolso de los préstamos a las entidades locales. Los 
préstamos tendrán la consideración de Deuda del Estado conforme a lo establecido en el 
artículo 92 de la Ley 47/2006, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Las entidades 
locales no podrán ceder los préstamos a terceros sin el consentimiento previo de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
El Presidente de la corporación local respectiva acordará, mediante decreto o 
resolución, el compromiso de poner a disposición de la Administración General del Estado 
los recursos financieros, previo informe de los titulares de los órganos de intervención y de 
tesorería de la entidad local en el que se concrete el importe de la aportación que se 
compromete realizar, determinado con arreglo a las normas antes citadas.
El Presidente de la corporación local informará de tales decretos o resoluciones en el 
primer Pleno posterior que se celebre.
2.  El importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración  e.
General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022. w.
Las condiciones financieras de los préstamos serán fijadas previa consulta, que se  31ww
rimeaplliaznatraác hióans trae perle 7se dneta atigvao sdtoe  ldaes  2e0n2ti0d,a dceosn  lloac aasleosc iya csieó na pdreo báamrábnit op oers rtaetsaoll uccoinó nm daey olar 
Dinitreercécsi óann uGael qnueera sl ed deel tTeermsoinroe  py aPrao llíotisc ap rFésintaamncoise rfao,r mteanliizeanddoos  enno  cpuoednráta s uqpueer aerl  etil pcoo sdtee   BOE-A-cable e
equivalente de financiación de la Deuda del Estado, incluyendo en el cálculo los costes
financieros y de otra naturaleza asociados a las operaciones en los que incurra la 
Administración General del Estado. En todo caso, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera publicará no más tarde del 20 de agosto de 2020, mediante resolución, 
las condiciones financieras de los préstamos a las que las entidades locales podrán decidir 
adherirse mediante la remisión de los compromisos de disposición de recursos financieros 
a favor de la Administración del Estado.
3.  La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá encomendar a un 
agente financiero la gestión de los préstamos, pudiéndole autorizar a operar en su nombre 
en las cuentas que se abran para gestionar la operativa de los préstamos.
El banco agente llevará la gestión de los préstamos de manera individualizada, pero 
estos podrán ser agrupados y tratados como una o varias operaciones de financiación en 
los sistemas de registro y contabilidad pública de la Deuda del Estado por parte de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Las amortizaciones, los gastos por 
intereses y el resto de comisiones y gastos de estos préstamos se aplicarán a la sección 
06 «Deuda Pública» de los presupuestos generales del Estado.
4.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 53.2 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, las transferencias de los saldos a los que se refieren 
los apartados anteriores dará lugar a las correspondientes generaciones de crédito para 
gastos incluidos en la Sección 32 de los presupuestos generales del Estado.
Las generaciones de crédito realizadas al amparo de este artículo se llevarán a cabo 
con arreglo a lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en su normativa de 
desarrollo.
5.  Se autoriza a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio 
de Asuntos Económicos y de Transformación Digital a aprobar las resoluciones e 
instrucciones necesarias para el desarrollo de los preceptos recogidos en el Título I de 
este real decreto-ley.
Artículo 4.  Autorización de crédito extraordinario para la recuperación económica y social 
de las entidades locales.
1.  La Administración General del Estado destinará a las entidades locales para la 
recuperación económica y social un importe equivalente como mínimo al 35 por ciento de 
los recursos comprometidos por estas, sin que pueda exceder de un importe máximo total 
de 5.000 millones de euros. En el plazo de un mes desde la finalización del plazo de 
remisión de los compromisos de las entidades locales a los que se refiere el artículo 
anterior se realizarán transferencias corrientes a aquellas entidades locales, en proporción 
a los recursos comprometidos. Las transferencias se destinarán a que las entidades 
locales, en el ámbito de su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, 
financien actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de los planes o 
estrategias de acción locales de la Agenda Urbana Española, y de movilidad sostenible, 
cuidados de proximidad y cultura que se especifican en los apartados 3, 4 y 5 de este 
artículo. Dichas transferencias se materializarán por la Administración General del Estado 
en 2020 por el 40 por ciento de las aportaciones comprometidas por las entidades locales, 
hasta un máximo de 2.000 millones de euros, y en 2021 por el 60 por ciento restante, 
hasta un máximo de 3.000 millones de euros, para financiar gastos que realicen las 
entidades locales en 2020 y 2021, respectivamente.
A los efectos indicados en este apartado, se concede un crédito extraordinario al 
presupuesto en vigor en la sección 32 «Otras relaciones financieras con Entes Territoriales», 
servicio 02 «Secretaría General de financiación autonómica y local. Entidades Locales»,  e.
programa 942N «Otras aportaciones a Entidades Locales» y capítulo 4, artículo 46 y  w.
concepto 467 «Reconstrucción económica y social de las Entidades Locales», por importe  31ww
ddee  5c.o0n0f0o rmmilildoande sc. oEnl  cerél dairtotí ceuxltora 4o6rd idnea rliao  qLueey  s6e/ 2c0o1n8ce, ddee  e3n  deset eju alipoa, rdtaed oP srees fuinpaunecsiatorás 
Gsieenndeora dlees  adpelli cEasctiaódno a p asrua  f2in0a1n8c.i aAcsiiómni slom oe,s staeb llee coitdoor gean e el lc aarrtáíccutelor  d5e9 c dréed liato L ienyc o4r7p/o2r0a0b3le,   BOE-A-cable e
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En el caso de que las entidades locales no den cumplimiento a los compromisos 
adquiridos y citados en el apartado 1 del artículo anterior, se les compensarán por las 
transferencias indebidamente percibidas en virtud de lo dispuesto en este artículo mediante 
retenciones de las entregas a cuenta y de las liquidaciones definitivas de la participación 
en tributos del Estado hasta la compensación total de dichos importes, pudiendo alcanzar 
la totalidad de aquellas y teniendo carácter preferente frente a cualquier otra deuda con 
acreedores públicos.
2.  El gasto que realicen las entidades locales en aplicación de las citadas 
transferencias se considerará gasto financiado con fondos finalistas, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3.  En materia de agenda urbana y movilidad sostenible y transición energética se 
consideran incluidos, entre otros, los gastos de inversión relacionados con la elaboración 
y puesta en marcha de las Estrategias de implementación de Agendas Urbanas Locales, 
los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, los proyectos de peatonalización y 
semipeatonalización, los gastos de fomento del transporte público, los desplazamientos a 
pie y en bicicleta, de la movilidad sostenible eléctrica y compartida y de transformación de 
la movilidad, de renovación de abastecimientos de agua, saneamiento, cableados 
subterráneos, de prevención y de recogida separada y tratamiento mediante preparación 
para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como las acciones en 
zonas de protección medioambiental, la adaptación del mobiliario y de los equipamientos 
públicos de uso colectivo a las necesidades de seguridad sanitaria y la rehabilitación de 
espacios públicos y la mejora de la eficiencia energética de edificios e instalaciones 
públicas e incorporación en los mismos de instalaciones de generación renovable.
4.  En materia de cuidados de proximidad se incluirían, entre otros, las actuaciones 
de refuerzo de los servicios sociales, aumentando su conectividad y mejorando la 
asistencia socio sanitaria, actuaciones para el cuidado de personas mayores, dependientes 
y con discapacidad, de reorganización de sistemas de ayuda a domicilio, de detección 
temprana de víctimas de violencia de género y apoyo a las mismas, solventar situaciones 
de exclusión social, absentismo escolar, escuelas infantiles de 0-3 años, vulnerabilidad, 
instrumentación de programas de apoyo para el cuidado infantil para facilitar la conciliación 
laboral y familiar.
5.  En materia de cultura, se incluirán, entre otros, los gastos para la realización de 
políticas de apoyo a la promoción cultural, para la creación de infraestructuras culturales, 
para la recuperación del Patrimonio Histórico, para la actualización digital de todas las 
instituciones culturales e infraestructuras deportivas.
6.  El ejercicio de las actuaciones citadas en este artículo no requerirá, en ningún 
caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 5.  Autorización de un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de 
transporte público de titularidad de entidades locales.
1.  Se autoriza un crédito extraordinario para el apoyo a los servicios de transporte 
público de titularidad de entidades locales, que tendrá por objeto dotarlas de mayor 
financiación para compensar el déficit extraordinario de aquellas, como consecuencia de 
la crisis del COVID-19, producido durante el período de vigencia del estado de alarma y 
hasta el final del año 2020, que se distribuirá en función de los ingresos por tarifa 
correspondientes a esos servicios para el año 2018, conforme a las reglas contenidas en  e.
este artículo y al certificado que emita al efecto la persona titular del órgano de intervención  w.
de cada entidad local. 31ww
ayunQtaumedieanrátons ,i ndcilpuuidtaocsi oenne se lp áromvbinitcoia olebsje, tiinvcol udidea ps elracse pdtipouretasc dioen elass f otrraanlessfe, rceonncsiaesjo slo sy 
cabi2ld. osE inl csruéladriteos  eqxutrea porredsintaanri oe lt esnedrvráic iuon dae d toratancsipóonr itnei cpiúabl dliceo 2.75 millones de euros, con  BOE-A-cable e
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
A los efectos indicados en este apartado, se concede un crédito extraordinario al 
presupuesto en vigor en la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana», servicio 39 «Dirección General de Transporte Terrestre», programa 441 M 
«Subvenciones y apoyo al transporte terrestre» capítulo 4, artículo 46 y concepto 461 
«Apoyo a los Servicios de Transporte Público de titularidad de Entidades Locales». El 
crédito extraordinario que se concede en este apartado se financiará de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018. Este crédito se podrá ampliar hasta 400 millones de euros, siempre que, de 
las certificaciones que expidan los órganos competentes a efectos de justificar las 
correspondientes transferencias en los términos previstos en el apartado siguiente, se 
deduzca que el importe inicialmente asignado resulte insuficiente para el conjunto de 
todas ellas.
Su gestión se atribuye al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 
través de la Dirección General de Transporte Terrestre de la Secretaría General de 
Transportes y Movilidad. A tales efectos, la competencia para resolver la asignación y 
ejecución de las transferencias con cargo a aquel crédito extraordinario, conforme a los 
criterios expresados en este artículo, así como para aprobar los gastos, autorizar los 
compromisos y liquidaciones que procedan en relación a las citadas transferencias, 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Transporte Terrestre.
3.  La asignación de la financiación que corresponda a cada una de las entidades 
locales que prestan servicios de transporte público se hará sobre la base de criterios 
objetivos relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la demanda de 
transporte, por ser la causa principal del déficit extraordinario. Estos criterios objetivos se 
establecerán en proporción a los ingresos obtenidos por aplicación de las tarifas o precios 
públicos en un año de referencia, procediéndose del siguiente modo:
a)  La asignación de financiación a cada Ayuntamiento o Diputación que preste 
servicios de transporte público, se determinará en función de los ingresos por tarifa 
correspondientes a esos servicios para el año 2018, y su valor será equivalente al 33 por 
ciento de dichos ingresos. A estos efectos, los titulares de los órganos de intervención de 
los Ayuntamientos o de las Diputaciones, emitirán un certificado en el que se determinen 
ambas cantidades. Quedan excluidos de este apartado los ayuntamientos cuyos servicios 
de transporte público estén integrados en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
y en la Autoridad del transporte Metropolitano de Barcelona.
b)  La asignación de financiación correspondiente a los servicios de transporte público 
de ayuntamientos que estén integrados en el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid y de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, se determinará en 
función de los ingresos por tarifa correspondientes al año 2018. A estos efectos, el 
presidente de cada uno de estos consorcios emitirá un certificado en el que se expresarán 
los ingresos por tarifa correspondientes al año 2018. Sobre esta cantidad se determinará 
la proporción que corresponde a las entidades locales, según su grado de participación en 
dichas entidades o mediante las subvenciones o transferencias por las que participaron en 
su financiación en el año 2018. El importe de asignación de financiación se fijará en el 33% 
de la cantidad resultante que se expresará igualmente en el certificado emitido por el 
Consorcio.
c)  La asignación de financiación a consejos y cabildos insulares para servicios de 
transporte público de su titularidad se determinará en función de los ingresos por tarifa 
correspondientes a esos servicios para el año 2018. De esa cifra se deducirá la  s
proporción que corresponda a las aportaciones de subvenciones o transferencias desde  e.
otras administraciones públicas en el conjunto de la financiación de dichos servicios en  w.
el año 2018. El importe de la asignación de financiación se fijará en el 33 por ciento de la  31ww
ceanntitdidaadd e fminiatirl áo butne nciedrati.f iAca edsot oesn e qfeucet osse,  eexl ptirteuslaer  edle i mlopso ortreg atontiaslm does i ndger einstoesrv peonrc tióanri fdae d leal 
ay ñeol  v2a0l1o8r ,d eelt epromrcineandtaoje a dpelic fainnadnoc iealc 3ió3n p doer  coiteransto a.dministraciones en los servicios de 2018  BOE-A-cable e
Las certificaciones a las que se hace referencia en este apartado serán suficientes 
para el libramiento de fondos mediante la transferencia corriente a favor de la entidad local 
perceptora o del Consorcio Regional de Transportes de Madrid o de la Autoridad 
Metropolitana de Barcelona, según corresponda, sin requerir otra justificación que la citada 
certificación. No obstante, la Intervención General de la Administración del Estado podrá 
auditar la adecuación de los importes certificados por las entidades locales a lo establecido 
en este apartado, estando obligadas las corporaciones locales y sus entidades 
dependientes a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el 
ejercicio de las funciones de control con esta finalidad.
Los certificados se cumplimentarán conforme a los modelos que se pondrán a disposición 
en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
4.  En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, las 
entidades a las que se refiere el apartado anterior que quieran solicitar financiación para 
apoyo de los servicios de transporte público enviarán solicitud motivada a la Dirección 
General de Transporte Terrestre adjuntando el certificado correspondiente.
El procedimiento completo se efectuará a través de la sede electrónica del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la siguiente dirección https://sede.fomento.
gob.es/FONDO_COVID_ENTIDADES_LOCALES.
5.  Los importes que perciban las entidades locales con cargo al crédito extraordinario 
que se autoriza deberán destinarse exclusivamente a financiar la prestación del servicio de 
transporte público urbano. La financiación del déficit extraordinario del transporte público 
se regirá por lo dispuesto en este artículo, sin que les resulte de aplicación la Ley General 
de Subvenciones.
Artículo 6.  Aplicación del remanente de tesorería para gastos generales de 2019.
Las entidades locales que hayan registrado superávit presupuestario en términos de 
contabilidad nacional en 2019, podrán aplicar, con carácter excepcional, la parte del 
superávit no utilizado, o, de ser superior, el remanente de tesorería para gastos generales 
a 31 de diciembre de 2019, para financiar gastos en 2020, siempre que cumplan con el 
equilibrio presupuestario al cierre de este ejercicio.
Artículo 7.  Medidas de apoyo de las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes 
a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero.
1.  Las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes, dentro del ámbito de sus 
competencias propias a las que se refiere el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, quedan obligadas a prestar apoyo financiero 
a los ayuntamientos de los municipios de su ámbito territorial, y, especialmente, a los de 
población inferior a 20.000 habitantes, que se encuentren en riesgo financiero, con arreglo 
al artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, o que al cierre del 
ejercicio 2019 hayan presentado signo negativo en su ahorro neto o en el remanente de 
tesorería para gastos generales minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos.
2.  Con carácter extraordinario, se excepciona en 2020 la aplicación del artículo 49.4 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permitiéndose a las Diputaciones Provinciales 
y entidades equivalentes formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los 
ayuntamientos a los que se refiere el apartado anterior, al objeto de financiar el remanente  e.e
de tesorería negativo que presenten al cierre del ejercicio de 2019. Dichas operaciones  b
deberán respetar, en todo caso, el principio de prudencia financiera, de acuerdo con el  31ww
aernt íecul alop a4r8t abdiso  d2e dl ecli taardtíoc utelox t1o1 r deefu ensdtied or,e ya l adjuesctraertsoe-l,e ey.n su caso, a las reglas contenidas
adic3io. naEl xdceepcicmioonsaelmxtean dtee, l stee xctoon sreidfuenradnid ion cdluei dloas  Leeny  erle agpualartdaodroa  3d ed el alas  dHisapcoiesnicdióans 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a efectos de la
aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en referencia al destino del 
superávit de 2019 de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares, los 
gastos de transferencias corrientes que estas realicen a favor de los ayuntamientos 
citados en el apartado 1 de este artículo, siempre que tengan carácter finalista, y que 
estos últimos tengan aprobado, en su caso, un plan económico-financiero en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 8.  Revisión de las condiciones de los préstamos formalizados con el Fondo de 
Financiación a las Entidades Locales por los ayuntamientos de municipios con 
problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero.
Antes de la finalización del año 2020, se estudiará por el Ministerio de Hacienda la 
conveniencia de revisar las condiciones financieras de los préstamos formalizados con el 
Fondo de Financiación a Entidades Locales por los ayuntamientos que se encuentren en 
situación de riesgo financiero, o con elevado nivel de deuda financiera, o que hayan 
presentado remanente de tesorería negativo ajustado por los saldos de acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos 
indebidos. Como consecuencia de ese estudio, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos podrá acordar la modificación de aquellas operaciones financieras y 
la condicionalidad fiscal aplicable, al objeto de paliar los efectos derivados de la crisis y de 
posibilitar el saneamiento financiero de aquellas entidades locales.
Artículo 9.  Tramitación de modificaciones de créditos que tengan por objeto atender 
gastos extraordinarios y urgentes directamente relacionados con la situación de crisis 
económica y sanitaria.
Con carácter excepcional en 2020, y por motivos de urgencia debidamente justificados, 
las modificaciones presupuestarias de crédito extraordinario para habilitar crédito o de 
suplemento de crédito que deban aprobarse, se podrán tramitar por decreto o resolución 
del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre 
reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dichos decretos o resoluciones serán inmediatamente ejecutivos y se someterían a 
convalidación por el Pleno en la primera sesión posterior que se celebre, exigiéndose para 
ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial 
correspondiente.
La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del 
decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía contencioso-
administrativa, para lo cual el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de 
publicación del acuerdo plenario.
TÍTULO II
Normas de carácter extraordinario y urgente en materia de endeudamiento 
y de aplicación del Fondo de Financiación a Entidades Locales
Artículo 10.  Modificación del ámbito objetivo del Fondo de Ordenación, compartimento  bo
del Fondo de Financiación a Entidades Locales. 31ww
Rea1l .D ePcraertao -elel ye 1je7r/c2ic0i1o4 d, ed e2 2062 0d,e e dni ceiel mámbrbei,t od eo bmjeetdividoa rse dgeu lsaodsot eennib eilli daardtí cfiunlaon 4c0ie.r1a  ddeel 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, se podrá
incluir por los municipios a los que se refiere el artículo 39.1 de la misma norma, las  Bc
cuantías que estén pendientes de amortizar y que correspondan a operaciones que se
formalizaron en el marco de la línea de crédito para la cancelación de deudas de las 
entidades locales con empresas y autónomos, regulada en la Sección segunda, del 
Capítulo II, del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, y por las que se estén 
aplicando retenciones en la participación de aquellas entidades locales en los tributos del 
Estado.
2.  Los ayuntamientos que se hayan adherido o se adhieran en 2020 al compartimento 
Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, podrán solicitar, 
con carácter excepcional, antes del 31 de octubre de 2020, la formalización de préstamos 
con cargo a aquel compartimento, para la cancelación de la deuda pendiente con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, y que esté siendo objeto de cancelación mediante acuerdos de fraccionamiento o 
de aplazamiento, suscritos con aquellos acreedores antes de la fecha de publicación del 
presente real decreto-ley, o que se estén compensando mediante la aplicación de 
retenciones de la participación en tributos del Estado, todo ello de conformidad con la 
condicionalidad establecida en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
atendiendo a la situación específica de los ayuntamientos solicitantes de las contempladas 
en el artículo 39.1 de dicha norma.
Artículo 11.  Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
1.  Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
durante el año 2020 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de 
endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo en 
liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre que se cumplan 
todos los requisitos siguientes:
a)  La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo 
período de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de 
crédito que la Entidad Local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de 
ajuste aprobados y que posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan 
mantendrán su vigencia hasta la total amortización de la nueva operación de 
endeudamiento, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 de este artículo.
b)  Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga 
financiera que suponga un ahorro financiero.
c)  Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la 
participación en tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que 
concierten estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores.
d)  Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total 
o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos 
suscritos por las entidades locales con el citado Fondo.
2.  Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será  es
preciso solicitar autorización del Ministerio de Hacienda. o
A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 31ww
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del Régimen Local.
b)  El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro 
financiero anual que se producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva 
operación de endeudamiento.
3.  Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de 
acuerdo con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones 
públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 
de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, supera el plazo máximo establecido en la 
normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la 
suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a 
reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el período medio de pago a proveedores, 
siendo esta una de las medidas que, en su caso, tendrá que incluir en el plan de tesorería 
al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.
4.  Si la entidad local hubiese cumplido al cierre del ejercicio 2019 con el límite de 
deuda establecido en los artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago 
a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, no excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, 
podrá formalizar la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos 
formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores quedará sin 
vigencia el plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran 
totalmente dichos préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento 
de seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.
5.  Si la entidad local no hubiese cumplido al cierre del ejercicio 2019 alguno de los 
límites o reglas citadas en el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de 
endeudamiento, pero el plan de ajuste aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se 
cancelen totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores.
6.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local 
hubiese presentado al cierre del ejercicio 2019 ahorro neto negativo o endeudamiento 
superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato 
anterior, en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la 
entidad local, mediante acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento 
financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el 
signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se 
refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho 
volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, 
el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al 
porcentaje fijado en el último precepto citado.
Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda, junto con la 
solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 del presente artículo. s
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de  e.
estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y  w.
deberá, además, remitirlo al Ministerio de Hacienda. 31ww
locaEl nn oe lp coadsroá  dceo nqcueer taser  opproedrauczicoan eusn  dinec uemndpelimudieanmtoie dneto  loas  lacritgaod opsla pzloa npeasr,a l af ineannticdiaadr 
cpuroaplqounieerr  mmoeddaidliadsa de xdtera ionrvdeirnsaiórina.s A qdueem dáesb, peorár np aardteo pdtealr  Mlainsi setnetriidoa ddee sH aloccieanledsa  asfee cptoaddraásn.   BOE-A-cable e
En el caso de que por estas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar las medidas
coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7.  La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo previsto 
en los apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su 
formalización, se comunicará al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 55 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 17 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
8.  Aquellas entidades locales que formalizaron las operaciones de refinanciación 
que fueron autorizadas en aplicación del artículo 3 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
con planes de ajuste vigentes por aplicación del apartado 5 de aquel precepto, podrán 
declarar el fin de su vigencia siempre que hubieren cumplido con las reglas fiscales 
citadas en el apartado 4 anterior en todos y cada uno de los años comprendidos en el 
período 2016-2019. Dicho fin de vigencia se comunicará al Ministerio de Hacienda en el 
seguimiento del plan de ajuste correspondiente al trimestre inmediato posterior a la fecha 
de publicación del presente real decreto-ley.
9.  La remisión de la información a que se refiere el presente artículos se efectuará 
por transmisión electrónica en los modelos habilitados a tal fin, incorporando la firma 
electrónica de la Intervención general o unidad equivalente que tenga competencias en 
materia de contabilidad.
Se habilita a la titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local a 
adoptar las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación y ejecución de lo 
dispuesto en este apartado, incluyendo la fijación del plazo de presentación de las 
solicitudes, el detalle de la información que se deberá aportar, así como el procedimiento 
telemático de remisión y el mecanismo electrónico de otorgamiento de la autorización.
Artículo 12.  Consolidación de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo por parte de 
las entidades locales.
1.  Como excepción a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
autoriza exclusivamente en 2020 la formalización de operaciones de conversión de deuda 
a corto plazo que estén vigentes en operaciones de crédito a largo plazo por parte de 
aquellas entidades locales que en 2018 o en 2019 presenten remanente de tesorería para 
gastos generales negativo una vez atendido el saldo de la cuenta 4131 «Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» o, en el caso de que no exista esta 
divisionaria, la parte del saldo de la cuenta 413 «Acreedores por operaciones devengadas» 
que equivale a aquella, o saldos de cuentas equivalentes en los términos establecidos en 
la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, o que, en alguno de 
aquellos ejercicios, presenten ahorro neto negativo.
2.  Para la formalización de las operaciones de refinanciación citadas será precisa la 
adopción de un acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos 
de quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
Además, en el caso de que las entidades locales presenten remanente de tesorería 
negativo para gastos generales en los términos antes citados, o ahorro neto negativo o  e.
endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el  w.
ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima  31ww
pparirmae erla a dñeo  2la0 1L3e,y l a1s7 /c2o0r1p2o,r adceio 2n7e sd leo cdaicleiesm, mbreed,i adnet eP arecsuueprduoe sdteo ss uGse rneesrpaelecsti vdoesl  PElestnaodso, 
deenb uenrá pnl aapzoro bmaár xuimn pol adne d cei nscaon eaañmoise,n etol  fsinigannoc iedreol  ore dmea rneedunctec iódne  dtee sdoeruedríaa  ppaarara c ograrestgoirs,   BOE-A-cable e
generales  antes  definido  o  del  ahorro  neto  o  el  volumen  de  endeudamiento,
respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes 
citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje 
y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes 
supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el 
nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado.
Los citados planes deberán comunicarse, para su aprobación, por las entidades 
locales al órgano competente del Ministerio de Hacienda, salvo que la Comunidad 
Autónoma correspondiente tenga atribuida en el Estatuto de Autonomía la tutela financiera 
de dichas entidades, en cuyo caso se comunicará a esta.
La aprobación anterior implicará, a cualquier efecto, que la entidad local está 
cumpliendo con los límites que fija la legislación reguladora de las haciendas locales en 
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
En el caso de que las entidades mencionadas estén sujetas a un plan de ajuste por la 
aplicación de medidas de apoyo financiero fundamentadas en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, deberán modificarlo incluyendo la operación a la que se refiere 
este artículo en el momento en el que informen acerca del seguimiento de dicho plan de 
ajuste, entendiéndose cumplido, en estos casos, el requerimiento del plan de saneamiento 
antes citado.
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento del 
plan de saneamiento, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, 
y el correspondiente al último año de aquellos planes deberá, además, remitirlo al órgano 
competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las 
entidades locales.
En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad 
local no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar 
cualquier modalidad de inversión. Además, por parte del órgano competente de la 
Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales se 
podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades locales 
afectadas. En el caso de que por estas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar 
las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.
3.  Fuera del marco regulado en el apartado 1 anterior se debe considerar prohibida 
la formalización de las operaciones de renovaciones sucesivas de deuda a corto plazo.
TÍTULO III
Normas de carácter extraordinario y urgente en materia de participación 
de las entidades locales en tributos del Estado
Artículo 13.  Regulación del régimen jurídico y los saldos deudores de la liquidación 
definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado 
correspondiente al año 2018.
1.  Una vez conocida la variación de los ingresos tributarios del Estado del año 2018 
respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación 
definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2018, en  e.
los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley Reguladora  w.b
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  31ww
t1e0n8ie an d1o1 1a,d 1e1m3á sy  e1n1 5c udeen tlaa  lLaesy n 6o/r2m0a1s8 ,r edceo g3i ddaes  jeunli olo, sd ea rtPícreuslousp 1u0e0s toas 1 0G3e,n 1e0r5a ley s1 0d6e,l 
Esta2d. o pLaorsa  seal ladñoos  d2e0u1d8o.res que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere
el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades 
locales afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en 
concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 4ª y en la 
Subsección 1ª de la Sección 6ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la 
mencionada liquidación, en un periodo máximo de tres años, mediante retenciones 
trimestrales equivalentes al 25 por ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando 
este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la 
cuantía de las retenciones correspondientes al objeto de que no se produzca esta 
situación.
3.  Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere 
el apartado 1 anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de 
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las entidades 
locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que 
se deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación 
en los tributos del Estado definida en la Sección 4ª y en la Subsección 1ª de la Sección 6ª 
de este Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación 
anteriormente  citada,  serán  reembolsados  por  las  entidades  locales  mediante 
compensación en las entregas a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella 
cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado 
anterior.
4.  Si el importe de las liquidaciones definitivas a que se refiere el apartado 2 de este 
artículo fuera a favor del Estado, se reflejará como derecho en el capítulo IV del 
Presupuesto de Ingresos del Estado.
5.  Cuando las retenciones citadas en este artículo concurran con las reguladas en 
el 125 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo 
de los porcentajes establecidos en el apartado Dos del citado artículo.
Artículo 14.  Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del 
Estado aplicables en la liquidación definitiva de la participación en los tributos del 
Estado correspondiente al año 2018.
A los efectos de la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en 
los tributos del Estado correspondiente al año 2018 y de la aplicación del artículo 121 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice de evolución de los ingresos tributarios 
del Estado entre el año 2004 y el año 2018, se determinará con los criterios establecidos 
en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que consisten en:
1.  Los ingresos tributarios del Estado del año 2018 están constituidos por la 
recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las 
comunidades autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos 
en el artículo 20 de la Ley 22/2009.
2.  Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 
o 2006, se utilizarán los criterios establecidos en la letra e) de la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 22/2009, considerando como año base el año 2004 o 2006, según  e.e
proceda. b
AesrtfíucAeu rleozf oe1 c5ft.io ssc Sadlu eme lsiant aisinbtrflooer cdmidea aicn ifeóonnrm  aea l scauiórmntí icdnueisllo ter as1rf2 up4eo rzrd oela  fsilsa cc aoLlr epmyou r6na/icc2ii0opn1ae8l ds,  edl o2ec0 a31le 8ds. er ejlualtioiv,a  dael   OE-A-2020-91able en https://
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las certificaciones correspondientes
se deberán referir al año 2018 y se deberán suministrar a los órganos competentes del 
Ministerio de Hacienda antes del 31 de octubre del año 2020, en la forma en la que éstos 
determinen.
Artículo 16.  Suplementos de crédito para atender las entregas a cuenta de la participación 
de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2020.
Para financiar las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los 
tributos del Estado se conceden suplementos de crédito en los siguientes conceptos del 
Programa 942M «Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del 
Estado» del Servicio 21 «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. 
Entidades Locales» de la Sección 36 «Sistemas de Financiación de Entes Territoriales» 
por los importes que se indican:
(Miles de euros)
Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los 
46001 conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión  187.833,61
a las Comunidades Autónomas
Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I 
46002 y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas.Fondo  260.495,76
Complementario de Financiación
Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos 
46101 219.857,32
I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas
Disposición adicional primera.  Compensación por la reducción de ingresos en impuestos 
estatales por las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias.
1.  Excepcionalmente en 2020 con motivo del impacto financiero derivado de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos 
del País Vasco, que hayan registrado superávit presupuestario en términos de contabilidad 
nacional en 2019, podrán aplicar la parte del superávit no utilizado, o, de ser superior, el 
remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019, y siempre que 
no aumenten su endeudamiento neto al cierre de 2020, a compensar la reducción de los 
ingresos que obtengan y que correspondan exclusivamente a tributos estatales 
concertados, de acuerdo con el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, una vez descontadas las aportaciones que, por dichos tributos, realicen 
aquellos órganos forales a esa comunidad autónoma y a las entidades locales de sus 
respectivos territorios.
En caso de que la citada reducción de ingresos sea superior a aquel remanente o 
superávit, se compensará a las Diputaciones Forales, en la forma en que se acuerde en la 
Comisión Mixta del Concierto Económico.
2.  La norma recogida en el apartado anterior se podrá aplicar por los Cabildos 
Insulares de Canarias, en relación con la reducción de los ingresos tributarios que 
obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación 
estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, producida durante el ejercicio 2020. 
La compensación a la que se refiere el segundo párrafo del apartado anterior se aplicará  s
en la forma en que, en su caso, se acuerde con cada Cabildo Insular. e.
Disposición adicional segunda.  Supuesto excepcional de aplicación de la regla de gasto  31ww
a las entidades locales.
exigDiráe beild cou ma plalim gieranvtoe  dseit ulaa rceiógnla  pdreo gvoasctaod aal  spuobr sleac ptoarn ddee Cmoiarp, oerxacceiopnceios nLaolcmaelenst ed unroa nstee 
el ejercicio 2020.
Disposición adicional tercera.  Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020».
Uno.  Régimen fiscal de la entidad organizadora de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y de los equipos participantes:
Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la 
final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» por la entidad organizadora o por 
los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas 
obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora 
de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos participantes 
constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su 
celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.
Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad 
organizadora de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» o los equipos 
participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women’s 
Champions League 2020» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su 
participación en aquella.
Dos.  Régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad 
organizadora o a los equipos participantes:
1.  No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas 
físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad 
organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la 
final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y en la medida en que estén 
directamente relacionadas con su participación en aquella.
2.  Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a 
territorio español con motivo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» 
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos 
y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Tres.  Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen 
para afectarlas al desarrollo y celebración de la final de la «UEFA Women’s Champions 
League 2020»:
1.  Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se 
importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020» será el que resulte de las disposiciones contenidas 
en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, y demás 
legislación aduanera de aplicación.
2.  Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 251 del Código Aduanero de la 
Unión y al artículo 7 del Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en Estambul  e
el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el número 1 de este apartado que  bo
se vinculen al régimen aduanero de importación temporal podrán permanecer al amparo  31ww
deen  dtoicdhoo  créagsiom, eenx ppoirra urán,  pala mzoá ms átaxrimdaor ,d ee l2 341 m dees edsi cdieesmdber es ud veiln cauñloa csióignu aiel nmteis maol ,d qeu ela, 
finalización de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».
3.  Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en este apartado tres.
Cuatro.  Impuesto sobre el Valor Añadido:
1.  Por excepción a lo dispuesto en el número 2.º del artículo 119 bis de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se exigirá el requisito 
de reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad que soporten o satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la 
realización de operaciones relacionadas con la celebración de la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020».
2.  Por excepción de lo establecido en el número 7.º del apartado uno del artículo 164 
de la Ley 37/1992, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la 
Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de 
asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que 
nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en 
dicha Ley.
3.  Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto que tengan la condición de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas 
como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la final de la «UEFA 
Women’s Champions League 2020» tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al 
término de cada periodo de liquidación.
Para dichos empresarios o profesionales, el período de liquidación coincidirá con el 
mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros 
días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación. Sin embargo, las declaraciones-
liquidaciones correspondientes al último período del año deberán presentarse durante los 
treinta primeros días naturales del mes de enero.
Lo establecido en el párrafo anterior no determinará la obligación para dichos 
empresarios o profesionales de la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de 
la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a que se refiere el 
artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Lo dispuesto en este número será igualmente aplicable a la entidad organizadora del 
acontecimiento, a los equipos participantes y a las personas jurídicas a que se refiere el 
número 1 anterior.
No obstante, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en los 
que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, la 
devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al procedimiento establecido 
en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992.
4.  Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de 
importación temporal con exención total de derechos, a que se alude en el apartado tres 
anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto.
5.  El plazo a que se refiere el párrafo g) del apartado 3 del artículo 9 de la Ley del 
Impuesto será, en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración 
y desarrollo de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», el previsto en el 
número 2 del apartado tres anterior.
6.  La regla establecida en el apartado dos del artículo 70 de la Ley del Impuesto no  e.e
resultará aplicable a los servicios del número 1 de este apartado cuando sean prestados  w.b
por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo del acontecimiento  31ww
ppoorr  llao se netqiduaipdo so rpgaarntiicziapdaonrtae sd ey  leas ftiénna le dne  rleal a«cUióEnF cAo Wn olam oerng’asn Cizhaacmiópni,o lnas  pLreoamgouceió 2n0 o2 0e»l 
apoyo de dicho acontecimiento.
Disposición adicional cuarta.  Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y vigencia hasta 
el 31 de octubre de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades 
de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter 
social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en 
factura como operaciones exentas.
Disposición adicional quinta.  Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro 
de la Propiedad.
1.  Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e 
inscripción de la novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria señalada 
en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán 
satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento en los 
siguientes términos:
a)  Por el otorgamiento de la escritura se devengará el mismo arancel que, para las 
escrituras de novación hipotecaria, se establece en la letra f) del apartado 1 del número 1 
del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
arancel de los Notarios, reducidos al 50 por ciento, sin que se devengue cantidad alguna 
a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple. El arancel 
mínimo previsto será de 30 euros y el máximo de 75.
b)  Por la práctica de la inscripción se aplicará el arancel previsto para las novaciones 
modificativas en artículo 2.1.g) del Anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de 
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores. Al resultado se le 
aplicará una bonificación del 50 por ciento. El arancel mínimo previsto será de 24 euros y 
el máximo de 50 euros.
2.  Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en 
que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales 
derivadas de todo préstamo, leasing y renting a los que se refieren los artículos 18 al 23 
del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020, serán los establecidos en el Decreto 
de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 % con un límite mínimo de 25 euros 
y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados.
Los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, en 
su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refieren los 
artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020 se minutarán de 
conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio 
de 1999, por la cantidad fija de 6 euros.
Disposición adicional sexta.  Exenciones temporales relativas a los gasoductos de 
transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea. s
1.  El gasoducto de transporte de gas natural denominado Medgaz que transcurre por  w.b
las aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en Almería, queda  31ww
eLxecye 3p4tu/1a9d9o8 te, mdep o7r adlme eonctteu bdree l,o d eeslt asbelcetcoird od ee nh liodsro acratírcbuuloross 6, 3d.3u,r a6n3t eb isu,n 6 3p eteriro yd o7 0d dee 1 l2a 
mes2e.s . El gasoducto de transporte de gas natural denominado Magreb-Europa que
transcurre por las aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en
Tarifa (Cádiz), queda exceptuado temporalmente de lo establecido en los artículos 63.3, 63 
bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, durante un 
periodo de 12 meses.
3.  Las exenciones temporales otorgadas en los apartados precedentes podrán verse 
extendidas por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, previa solicitud motivada del titular o titulares, que deberá ser presentada 
ante el citado órgano con al menos 8 meses de antelación a la finalización del periodo de 
la exención temporal otorgada.
Estas extensiones, en su caso, deberán ajustarse, en cuanto al plazo y al procedimiento 
para su aprobación, a lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos. A estos efectos, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico podrá requerir a los titulares toda aquella documentación 
que considerase necesaria para evaluar convenientemente la solicitud.
Disposición adicional séptima.  Plazo para acreditación de vivencia de pensionistas de 
clases pasivas residentes en el extranjero.
Con aplicación exclusiva para el año 2020, el plazo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y complementos de 
pensiones para el año 2015, para la acreditación de la vivencia por los pensionistas de 
Clases Pasivas residentes en el extranjero, finalizará el 31 de agosto de 2020
Disposición adicional octava.  Prórroga del artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 
del COVID-19.
La consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de 
las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o 
socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicará, a los 
contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las 
autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante 
el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del 
mismo periodo de referencia.
Disposición adicional novena.  Funcionamiento del fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas creado por Real Decreto Ley 25/2020.
1.  Sin perjudico de lo previsto en la normativa mercantil que resulte de aplicación, 
y de conformidad con lo previsto en el apartado cinco del anexo II del Acuerdo adoptado 
por el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2020 relativo al funcionamiento del fondo de 
apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, el Consejo Gestor podrá libremente 
acordar la cesión a un tercero de los títulos y derechos en que se materialicen las 
operaciones financiadas con cargo al Fondo, a través de un procedimiento abierto a 
compradores potenciales, asegurando la igualdad de trato, o mediante la venta en un 
mercado organizado. Podrá ofrecer, en su caso, preferencia en la adquisición a los 
socios o accionistas de la empresa. Si el Estado vende su participación a un precio 
inferior al establecido en el punto 5.2. del anexo II del mencionado Acuerdo adoptado por  es
el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2020, las reglas previstas en el apartado 6 del  o
cpaidataortdp2irot. a d daeDon l eaepx  occoroo  enInIlc f doCeersomi nódisndice adhjodeo  l dc Aaeocp nMuo eyilnorodi s peotrrs oestasve it esaatll op.2 l1iec nad reáe jnlu  aldiopu adrraetna 2tde0o 2 e0sl e, phislaa zsdotea l  deael n r4ee xeaomñ bIoIos dl sceool  ndAteacfudineoitrsidv ooa    2020-9131n https://www.
del apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo para reforzar su solvencia, el
beneficiario estará sujeto a las siguientes restricciones, con las adaptaciones que pudiera
introducir ulteriormente el Marco Temporal, debiendo adoptar los acuerdos sociales o, en 
su caso, las modificaciones estatutarias que aseguren debidamente su puntual 
cumplimiento:
a)  Mientras no se haya amortizado al menos el 75  % de las medidas de 
recapitalización en el contexto de la COVID-19, se impedirá a la empresa beneficiaria 
adquirir participaciones superiores a 10 % de empresas activas en el mismo sector o en 
mercados ascendentes o descendentes, salvo que el beneficiario no ostente la condición 
de gran empresa, según el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión 
Europea, o cuente con la preceptiva autorización de la Comisión Europea a solicitud del 
Consejo Gestor del Fondo.
b)  Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 
participaciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo.
c)  Hasta el reembolso del 75 % del apoyo público temporal con cargo al Fondo, la 
remuneración de los miembros del Consejo de Administración, de los Administradores, o 
de quienes ostenten la máxima responsabilidad social en la empresa, no podrá exceder de 
la parte fija de su remuneración vigente al cierre del ejercicio 2019. Las personas que 
adquieran las condiciones reseñadas en el momento de la recapitalización o con 
posterioridad a la misma, serán remuneradas en términos equiparables a los que ostentan 
similar nivel de responsabilidad. Bajo ningún concepto se abonarán primas u otros 
elementos de remuneración variable o equivalentes.
Disposición adicional décima.  Ingresos procedentes de las subastas de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero para el ejercicio 2020.
1.  Con vigencia exclusiva para el presupuesto del año 2020, cuando el 90 por ciento de 
la recaudación efectiva por los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, a que se refiere el apartado 1.b) de la disposición adicional quinta de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
supere la cantidad prevista en el crédito inicial de la aplicación 23.03.000X.737 «A la CNMC 
para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición 
adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética», se podrá generar crédito hasta un límite en el crédito final de 1.000 
millones de euros.
2.  La autorización de las generaciones de crédito a las que se refiere el apartado 
anterior y de los correspondientes suplementos de crédito en el Presupuesto de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se realizará por Acuerdo del titular 
del Ministerio de Hacienda.
3.  Con vigencia exclusiva para los presupuestos generales del Estado de aplicación 
en el ejercicio de 2020, el empleo de los ingresos procedentes de las subastas de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, contemplado en la Disposición 
adicional quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, se destinará con los límites del 10 por ciento de la recaudación 
total y hasta un máximo de 100.000,00 miles de euros para otras actuaciones de lucha 
contra el cambio climático.
Disposición adicional undécima.  Convenios de colaboración entre las entidades gestoras 
de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal. e.e
En los convenios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de la  31www.
SSafinneaatgnicnuiticrpaiidoraia caddi óep nS ah ordaaces ia etallal   csclao oa nncc tultaruaosanl  cctyíioa oms nteoeugtsnau ildai mad ddeieeel nssimta oarp rudooteólrlta nelroa  pm pironearcvs ai lsaypt soac  coceinodn ma eedlu l I nntreiesdmstaiptdpueeotcosrta  iNval oaup ctocóiodonnrnoáavm el padnrseieo  vy Gep eprassoreatri   óeelnall     OE-A-2020-91able en https://
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se 
refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta 
finalidad, el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo 
informe del Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.
No será de aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se refiere a la 
necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el 
compromiso del gasto.
Disposición derogatoria.  Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se modifica apartado 2 del artículo 20 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19 que queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos 
regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de 
suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución 
del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas 
sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno 
posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría 
simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
La falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos 
del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía contencioso-
administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de 
publicación del acuerdo plenario.»
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se modifica el número 30 del artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado del siguiente modo:
«30.  Las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos 
hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía 
hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el 
sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3  e.e
de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, y  b
de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de  31ww
vdiea j7e rdoes  jeunlio a, udteo bmúesd, irdeagsu dlaed are eanc tliovas caiórtníc eucloosn ó1m8 iacla 2 p3a drae lh Raecaelr  Dfreecnrteet aol- liemyp 2a6c/t2o0 d2e0l 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.»
Disposición final tercera.  Modificación de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego.
Se modifica el primer párrafo de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda redactado del siguiente modo:
«Las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serán 
ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de 
Consumo, salvo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que 
se refiere el artículo 49 de esta Ley que serán ejercidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica.
Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, 
de firma electrónica, con el siguiente tenor:
«6.  Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se determinarán las condiciones y requisitos técnicos 
aplicables a la verificación de la identidad y, si procede, otros atributos específicos 
de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de 
identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos.
La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, queda modificada como 
sigue:
Uno.  Se añade el siguiente párrafo al final del artículo 58, epígrafe a):
«Los gestores de red de transporte podrán mantener y celebrar acuerdos 
técnicos sobre cuestiones relativas a la gestión de gasoductos de transporte entre 
España y países no pertenecientes a la Unión Europea, siempre que dichos 
acuerdos sean compatibles con la normativa del mercado interior de gas natural y 
con las circulares y resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Dichos acuerdos deberán ser notificados a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 63 quater queda modificado como sigue:
«1.  Las empresas propietarias de instalaciones de la red troncal de gasoductos 
que no cumplan los requisitos de separación de actividades establecidos en el 
artículo 63.3, y que con anterioridad al 3 de septiembre de 2009 fuesen propietarios 
de dichas instalaciones, así como las que con anterioridad al 23 de mayo de 2019 
fuesen propietarias de instalaciones de interconexión con países no miembros de la 
Unión Europea, podrán optar por ceder la gestión de los mismos a un gestor de red 
independiente.
A estos efectos propondrán un gestor de red independiente entre las empresas  e
que hayan obtenido la certificación de cumplimiento de los requisitos de separación  b
de actividades de transporte y solicitarán al titular del Ministerio para la Transición  31ww
Esucpoelódgitaicdaa  ya  leal  aRpreotboa cDióenm doeg rlaá fCicoom sisuió na pEruorboapceiaó ny.  pDodicrháa s edre dseignengaacdióan e ne sctaasroá 
deset aqbuleec iedol sg eens tloar  pdrees erendte  iLnedye yp esnud nieornmtea tnivoa  dceu mdepslaa rraollglou.n»o de los requisitos
Tres.  El artículo 71 queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Podrá solicitarse la exención de la obligación de acceso de terceros a la 
que se refiere el apartado 6 del artículo 70, siempre que las mismas cumplan las 
siguientes condiciones:
a)  La inversión debe reforzar la competencia en el suministro de gas y 
potenciar la seguridad de suministro.
b)  El nivel de riesgo inherente a la inversión es tal que ésta no se llevaría a 
cabo de no concederse la exención.
c)  La infraestructura será propiedad de una entidad distinta, al menos en la 
personalidad jurídica, de los transportistas en cuyas redes vaya a construirse la 
infraestructura.
d)  Se cobrarán cánones a los usuarios de la infraestructura
e)  La exención no debe ser perjudicial para la competencia en los mercados 
pertinentes que probablemente se verán afectados por la inversión, ni para el 
funcionamiento efectivo del mercado interior del gas natural de la Unión, ni tampoco 
para el funcionamiento eficiente de las redes reguladas afectadas o para la 
seguridad de suministro de gas natural dentro de la Unión.
La exención del acceso de terceros podrá referirse a la totalidad o parte de la 
capacidad de la nueva infraestructura o de la infraestructura existente cuya 
capacidad se aumenta.
2.  A estos efectos el titular de la instalación solicitará la exención al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que requerirá un informe previo 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá a la Comisión 
Europea copia de las solicitudes de exención recibidas y analizará cada caso en 
particular, tomando en consideración, entre otros aspectos, la capacidad adicional 
que vaya a construirse o la modificación de la capacidad existente, el plazo previsto 
del proyecto y las circunstancias del sector gasista. En su informe, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia propondrá condiciones en relación con 
la duración de la exención y el acceso no discriminatorio a la infraestructura.
Asimismo, en su informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia propondrá las normas y mecanismos de gestión y asignación de la 
capacidad. En todo caso, se realizará una consulta previa a todos los posibles 
usuarios en relación a su interés por contratar la nueva capacidad antes de efectuar 
la asignación de la misma, incluyendo la capacidad para uso propio. Los resultados 
de dicha consulta previa serán tenidos en cuenta por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en la evaluación del cumplimiento de los criterios 
establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
La capacidad no utilizada deberá ser ofrecida en el mercado de forma 
transparente, objetiva y no discriminatoria, y los usuarios de la infraestructura 
tendrán derecho a vender la capacidad contratada en el mercado secundario.
3.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, antes de la 
adopción de su informe final sobre la exención, consultará:
a)  a las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros cuyos 
mercados probablemente se verán afectados por la nueva infraestructura, y s
b)  las autoridades competentes de terceros países, cuando la infraestructura  oe.
en cuestión esté conectada con la red de la Unión Europa bajo la jurisdicción de un  w.
EUsntiaódno E murieompebar.o, y tenga su origen o fin en uno o más países no pertenecientes a la  2020-9131n https://ww
en eCl upalanzdoo d lea sd oasu tmoreidsaedse, sla c Conosmuilstaiódna Ns adceilo tnearcl edre p loasís M neor creasdpoosn yd alan  Cao lma pceotnesnucltiaa 
podrá continuar con la tramitación de la exención.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elevará el informe 
junto con toda la documentación que conste en el expediente al titular del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que resolverá mediante orden 
que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, se publicará dicha 
orden junto con el informe adoptado por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en el sitio de internet de dicho organismo
4.  La orden de exención será notificada a la Comisión Europea junto con toda 
la información pertinente relacionada con la misma, a los efectos del artículo 36.9 de 
la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio y, en 
su caso, se adaptará, o se revocará, según sea la decisión que adopte la Comisión 
en virtud del citado artículo.
5.  La decisión de exención aprobada por la Comisión Europea dejará de tener 
efectos a los dos años de su aprobación si, para entonces, no se hubiese iniciado la 
construcción de la infraestructura, y a los cinco años de su aprobación si, para 
entonces, la infraestructura no estuviera operativa, a menos que la Comisión 
Europea decida que los retrasos están motivados.
6.  En aquellos casos en que la infraestructura para la que se ha solicitado la 
exención se encuentre ubicada en el territorio de más de un Estado miembro de la 
Unión Europea, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Directiva 2009/73/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio.»
Cuatro.  Se incluye un nuevo artículo 71.bis con la siguiente redacción:
«Artículo 71 bis.  Exenciones relativas a los gasoductos de transporte con destino 
u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea.
1.  Los gasoductos de transporte con destino u origen en países no 
pertenecientes a la Unión Europea cuya construcción hubiera finalizado con 
anterioridad al 23 de mayo de 2019 podrán quedar exceptuados de lo establecido 
en los artículos 63.3, 63 bis, 63 ter y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, durante un periodo máximo de 20 años prorrogables en 
casos debidamente justificados, conforme a lo previsto en el apartado 3.
2.  Los titulares de los gasoductos de transporte con destino u origen en países 
no pertenecientes a la Unión Europea podrán solicitar la exención referida en el 
apartado primero al titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, siempre y cuando se justifique por razones objetivas como permitir la 
recuperación de la inversión realizada, por motivos de seguridad del suministro, el 
funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión Europea y cuando 
la exención no sea perjudicial para la competencia.
3.  El titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
resolverá, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
en relación al eventual impacto sobre la competencia o el funcionamiento efectivo 
del mercado interior del gas en la Unión Europea, otorgando o denegando la 
exención en función de la verificación del cumplimiento de las razones objetivas 
mencionadas en el párrafo anterior. La resolución de la prórroga de exención podrá 
establecer limitaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos citados.
4.  La exención establecida en los apartados precedentes no implica la 
inclusión de las instalaciones en el régimen retributivo del sector de gas natural.
La capacidad no utilizada deberá ser ofrecida en el mercado de forma  es
transparente, objetiva y no discriminatoria, y los usuarios de las infraestructuras  bo
tendrán derecho a vender la capacidad contratada en el mercado secundario. 31ww
rpdeeam rlaa5it  i.lura  ta iTlLi zlroaaas ncC sitóoiitcnmui óldaisneri eó Elsanc   cdoNaelaóp cglaaiioccsina dian aylsd  dte adel leaR l ocgeisaoto snM oeDedseru cmecaxtodocgo edrspáu tyfruia cadnodet,e a ul asen  lCe  iannoñf moeors pmnteaaet ted uanirsnacpuli aoian,sl m yicc eoaiódnl niM ae dtilan edmibseetetearnráltiloene     OE-A-2020-91able en https://
anterior, las empresas que han accedido a las instalaciones con las cantidades
transportadas por cada una de ellas, precios de acceso así como cualquier otra 
información que los citados organismos soliciten. Dicho informe deberá remitirse 
antes de la finalización del primer trimestre de cada año.
Transcurridos dos años del otorgamiento de la exención, los titulares de las 
instalaciones exceptuadas en esta disposición deberán remitir al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico un calendario de actuaciones para 
garantizar el pleno cumplimiento de lo establecido en los artículos 63.3, 63 bis, 63 ter 
y 70 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, antes de que finalice el periodo de la exención.
6.  Los titulares de las instalaciones deberán llevar cuentas separadas de las 
actividades de transporte y comercialización e incluirán las cuentas en el informe 
anual al que hace referencia el apartado anterior.»
Cinco.  Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional trigésima séptima.  Acuerdos con países no pertenecientes 
a la Unión Europea en relación a los gasoductos de transporte.
En las negociaciones entre España y países no pertenecientes a la Unión 
Europea, relativos a la modificación, ampliación, o celebración de acuerdos relativos 
a la gestión de gasoductos de transporte sobre asuntos que recaigan en al ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio, se actuará acorde con lo dispuesto en el artículo 49 ter de la citada Directiva.»
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición final séptima.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el "Boletín Oficial 
del Estado".
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, 
registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán 
efectos a partir del día 2 de abril de 2021.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, queda modificada como sigue:
Uno.  El apartado 3 de la disposición adicional segunda, queda redactado del 
siguiente modo:
«3.  Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico a 
la Comisión Nacional del Juego se entenderán realizadas a la Dirección General de  e
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y asume sus  b
competencias, en los términos previstos en la disposición adicional décima.» 31ww
Dos.  La disposición adicional décima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional décima.  Funciones que asumen la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en materia de juego.
La Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo asumirá 
el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego, salvo las relacionadas con 
la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de dicha ley, que 
serán ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.»
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de 
medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 44, que queda redactado como sigue:
«1.  Para la gestión de las subvenciones podrán intervenir una o varias 
entidades colaboradoras que deberán cumplir los requisitos y las obligaciones y 
desempeñar las funciones establecidos en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y será seleccionada con observancia a lo dispuesto en el 
artículo 16 de dicha Ley. En caso de seleccionar entidad colaboradora, podrán 
actuar como tal únicamente las entidades públicas empresariales y las sociedades 
mercantiles estatales. La entidad colaboradora entregará y distribuirá los fondos 
presupuestarios de los pagos a los beneficiarios.»
Dos.  Se modifica el apartado 4 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«4.  Con posterioridad al dictado de la resolución de concesión, se procederá 
al pago de la ayuda al beneficiario por una cuantía que deberá coincidir con el 
indicado en la solicitud. Los pagos se realizarán mediante transferencia a una 
cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el cuestionario de solicitud.»
Tres.  Se modifica la letra d) del artículo 47, que queda redactado como sigue:
«d)  El beneficiario de la ayuda deberá mantener la titularidad del vehículo y su 
matriculación en España al menos durante dos años desde el momento de la 
concesión de la subvención, excepto para operaciones de renting, para las que el 
contrato de arrendamiento deberá establecer una duración mínima de dos años 
desde la fecha de su entrada en vigor y su formalización tendrá fecha igual o 
posterior al 15 de junio de 2020.»
Cuatro.  Se modifica el primer párrafo de la Disposición adicional primera, que queda 
redactado como sigue:
«Se aprueba la concesión de un crédito extraordinario por importe total de 250 
millones de euros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aplicación 
presupuestaria 20.09.422B.741 ''Plan Renove, dentro del Plan de impulso de la 
cadena de valor de la Industria de la Automoción''.» e.
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General  31ww
de 2PS6re ed saeuñ npaoudveeise tumanrb ianre.u,e Gvoe npeárrarla Pfore, seul phu),e satla aripaa, rctoand ola 2 s idgeuli eanrtteíc ruelod a5c4c iódne: la Ley 47/2003,  OE-A-2020-91able en https://
«h)  Los destinados al sistema de protección por cese de actividad.»
Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la 
protección de la salud pública.
El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo quinto.  Consideración excepcional como situación asimilada a accidente 
de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas 
del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas 
trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.
1.  Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la 
enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación 
de restricción de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente 
parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores que se vean 
obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no 
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir 
la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan 
su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el 
trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma 
expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan 
realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para 
la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir 
ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde el trabajador 
tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegación de la posibilidad 
de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento 
del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción 
ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la 
imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante 
una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.
En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en 
distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo 
anterior, se requerirá acreditar:
a)  El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de  s
empadronamiento. oe.
b)  Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio  w.
acoferrcceta)s dpooQ npudoeire  lnlaat  eere mcseptrrritecifcsiciaóa nnc,ioó m nh eadd epia rloanc teeem dlaipd croeo asrrale c.sieprorned dieenl tcee ncetrroti fdicea tcriaóbna djoe,  lma eedmiapnretes ala.  2020-9131n https://ww
2.  La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte
de baja y la correspondiente alta.
Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a 
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas 
o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de 
trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha 
de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.
De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando la restricción 
adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo 
su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidiéndoles 
totalmente la realización de su actividad, el derecho a la prestación comenzará con 
el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y durará hasta la fecha de 
finalización de la misma, no pudiendo, en ningún caso, durar más allá de la fecha de 
finalización del estado de alarma.
Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se 
hubieren percibido así como con el derecho a cualquier otra prestación económica 
de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes 
o profesionales. En estos supuestos se percibirá la prestación de la Seguridad social 
distinta al subsidio previsto en el presente artículo.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el trabajador deberá presentar 
ante el correspondiente órgano del servicio público de salud, certificación de la 
empresa acreditativa de la no percepción de salarios.
3.  Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 
propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4.  La fecha hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, 
restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se 
expida con posterioridad a esa fecha».
Disposición final undécima.  Habilitación normativa.
Se autoriza al Gobierno y a la Ministra de Hacienda, y, en su caso, al órgano 
competente por razón de la materia del Ministerio de Hacienda, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias 
para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo previsto en este real decreto-ley.
Disposición final duodécima.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta, con carácter general, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia 
exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
y Hacienda general y Deuda del Estado.
Además de lo señalado en el párrafo anterior:
La disposición adicional quinta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8  es
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre ordenación de  o
los registros e instrumentos públicos. 31www.
deixscplLLuuaases isvd tadois i ssepponoob sesriclei cai óibrontaín csaeuedslso iac  d1idoe4incl9 iaro.é1ln g.s2aiem5lex.esªta n ds  eyém  plliaatni m eCdroaiosn, p ysoo tceisttnuaicecviióraógn nyé , ft uiiqncnuoade,l  é rqaceutisrmiipnbaetua,cy  atesisv eaía  lcmd Eoicesmtntaaotned l .oaa slla  ad cmisoppmoapsreoict iedonenc eliaos    OE-A-2020-91able en https://
finales novena y décima se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las comunidades autónomas.
La disposición adicional novena se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
mercantil.
La disposición adicional décima se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación 
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas de establecer normas adicionales de protección, y, además, los apartados 1 y 2 se 
dictan también al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución, de bases 
del régimen minero y energético.
La disposición final sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de la especialidades derivadas de la 
organización propia de las comunidades autónomas.
La disposición final octava se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas de establecer normas adicionales de protección.
Disposición final décima tercera.  Incorporación de normas del Derecho de la Unión 
Europea.
Mediante este real decreto-ley se completa la incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril 
de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el 
mercado interior de gas natural.
Disposición final décima cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», sin perjuicio de lo establecido en su disposición adicional cuarta.
Dado en Madrid, el 4 de agosto de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Relación de bienes a los que se refiere la disposición adicional cuarta
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos. ex 9019 20 00
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial) ex 9019 20 00
Divisores de flujo. ex 9019 20
1 Dispositivos médicos.
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de 
ex 9019 20 00
oxígeno.
Oxigenación por membrana extracorpórea. ex 9019 20 00
ex 8528 52 91
ex 8528 52 99
2 Monitores. Monitores multiparámetro, incluyendo versiones portátiles.
ex 8528 59 00
ex 8528 52 10
ex 9018 90 50
– Bombas peristálticas para nutrición externa
– Bombas infusión medicamentos ex 9018 90 84
3 Bombas. – Bombas de succión.
ex 8413 81 00
Sondas de aspiración. ex 9018 90 50
ex 9018 90 60
Tubos endotraqueales;.
ex 9019 20 00
4 Tubos.
ex 3917 21 10
Tubos estériles. a ex 3917 39
00
5 Cascos. Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV;. ex 9019 20 00
Mascarillas para ventilación no invasiva  Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilación 
6 ex 9019 20 00
(NIV). no invasiva.
Sistemas de succión. ex 9019 20 00
7 Sistemas/máquinas de succión.
ex 9019 20 00
Máquinas de succión eléctrica.
ex 8543 70 90
ex 8415
8 Humidificadores. Humidificadores. ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9 Laringoscopios. Laringoscopios. ex 9018 90 20
– Kits de intubación
ex 9018 90
– Tijeras laparoscópicas.
Jeringas, con o sin aguja. ex 9018 31 s
10 Suministros médicos fungibles. Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas. ex 9018 32 boe.
Agujas, catéteres, cánulas. ex 9018 39 31ww
Kits de acceso vascular. ex 9018 90 84
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Estaciones centrales de monitorización para cuidados intensivos ex 9018 90
Estaciones de monitorización Aparatos de  Oxímetros de pulso. ex 9018 19
11 monitorización de pacientes – Aparatos de 
electrodiagnóstico. – Dispositivos de monitorización de pacientes ex 9018 19 10
– Aparatos de electrodiagnóstico. ex 9018 19 90
12 Escáner de ultrasonido portátil. Escáner de ultrasonido portátil. ex 9018 12 00
13 Electrocardiógrafos. Electrocardiógrafos. ex 9018 11 00
Sistemas de tomografía computerizada/ ex 9022 12,
14 Sistemas de tomografía computerizada.
escáneres. ex 9022 14 00
– Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas 
mecánicas, incluidas las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas  ex 6307 90 10
faciales desechables fabricadas con material textil no tejido. ex 6307 90 98
– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.
ex 4818 90 10
15 Mascarillas.
Mascarillas quirúrgicas de papel.
ex 4818 90 90
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazables 
para la protección contra agentes biológicos. También incluye  ex 9020 00 00
máscaras que incorporen protección ocular o escudos faciales.
Guantes de plástico. ex 3926 20 00
Guantes de goma quirúrgicos. 4015 11 00
Otros guantes de goma. ex 4015 19 00
16 Guantes.
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de plástico o 
ex 6116 10
goma.
Guantes textiles distintos a los de calcetería. ex 6216 00
– Protectores faciales desechables y reutilizables
ex 3926 20 00
17 Protecciones faciales. – Protectores faciales de plástico (que cubran una superficie 
ex 3926 90 97
mayor que la ocular).
ex 9004 90 10
18 Gafas. Gafas de protección grandes y pequeñas (googles).
ex 9004 90 90
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de 
ex 4015 90 00
goma vulcanizada.
Prendas de vestir. ex 3926 20 00
Ropa y accesorios. ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las  ex 6113 00 10
Monos.
partidas 5903, 5906 o 5907. ex 6113 00 90
Batas impermeables – diversos tipos – 
diferentes tamaños. Otras prendas con tejido de calcetería. 6114
Prendas de protección para uso 
19
quirúrgico/médico de fieltro o tela sin tejer,  Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/médico 
incluso impregnadas, recubiertas,  hechas con fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, 
ex 6210 10
revestidas o laminadas (tejidos de las  revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). 
partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos («spun-bonded»).
ex 6210 20
Otras prendas de vestir de protección hechas con tejidos  ex 6210 30
cauchutados o impregnados, recubiertos, revestidos o laminados 
(tejidos de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07)-. ex 6210 40
ex 6210 50
ex 3926 90 97
20 Cobertores de calzado/calzas. Cobertores de calzado/calzas. ex 4818 90
ex 6307 90 98
Gorras de picos. ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de 
ex 6505 00 90
21 Gorros. cualquier material.
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/
ex 6506
ajustados o no.
Termómetros de líquido para lectura directa ex 9025 11 20
Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio en 
vidrio». ex 9025 11 80
22 Termómetros.
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para medición 
ex 9025 19 00
sobre la frente.
ex 3401 11 00
Jabón y productos orgánicos tensioactivos y preparados para el 
lavado de manos (jabón de tocador).
ex 3401 19 00
ex 3401 20 10
Jabón y productos orgánicos tensioactivos
Jabón en otras formas.
ex 3401 20 90
23 Jabón para el lavado de manos.
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) – 
ex 3402 12
Catiónicos.
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos para el 
lavado de la piel, en forma de líquido o crema y preparados para  ex 3401 30 00 es
la venta al por menor, que contengan jabón o no. oe.
24 Dmiasnpoesn sinasdtoarleasb ldees  edne spinafreecdt.ante para  Dpaisrpeedn.sadores de desinfectante para manos instalables en  ex 8479 89 97 2020-9131n https://ww
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 80% o 
ex 2207 10 00
más.
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración. ex 2207 20 00
25 Solución hidroalcohólica en litros.
ex 2208 90 91
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol 
etílico.
ex 2208 90 99
Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea.
Peróxido de hidrógeno al 3% en litros. ex 2847 00 00
Peróxido de hidrógeno a granel.
Peróxido de hidrógeno incorporado a 
26
preparados desinfectantes para la 
Desinfectante para manos.
limpieza de superficies. ex 3808 94
Otros preparados desinfectantes.
Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas). ex 8713
27 Transportines de emergencia.
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los 
ex 9402 90 00
hospitales o clínicas.
28 Extractores ARN. Extractores ARN. 9027 80
ex 3002 13 00
– Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus
ex 3002 14 00
– Reactivos de diagnóstico basados en reacciones 
ex 3002 15 00
inmunológicas
ex 3002 90 90
– Equipo de hisopos y medio de transporte viral.
ex 3821 00
Kits de pruebas para el COVID-19 / 
Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en cadena de 
29 Instrumental y aparatos utilizados en las  ex 3822 00 00
la polimerasa (PCR) prueba del ácido nucleico.
pruebas diagnósticas.
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para el 
ex 9027 80 80
diagnóstico in vitro.
ex 9018 90
Kits para muestras.
ex 9027 80
ex 3005 90 10
Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y artículos 
30 Hisopos.
similares.
ex 3005 90 99
Camas hospitalarias. ex 9402 90 00
Material para la instalación de hospitales  ex 6306 22 00,
31 Carpas/tiendas de campaña.
de campaña. ex 6306 29 00
Carpas/tiendas de campaña de plástico. ex 3926 90 97
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 2924 29 70
ex 2933 49 90
– Peróxido de hidrógeno con presentación de medicamento
ex 3003 60 00
Paracetamol
ex 3004 60 00
– Hidroxicloroquina/cloroquina
32 Medicinas. ex 2933 59 95
– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir
ex 2934 10 00 es
– Tocilizumab e.
ex 2934 99 90 o
– Ruxolitinib. b
ex 3002 13 00 w.
ex 3002 14 00 31ww
eexx  32090323  1559  0905
33 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de  Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio. ex 8419 20 00
laboratorio. ex 8419 90 15
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
1- propanol (alcohol propílico) y 2 –  1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol 
34 ex 2905 12 00
propanol (alcohol isopropílico). isopropílico).
Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, 
éteres-alcohol-fenoles, peróxidos de  Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-alcohol-fenoles, 
35 ex 2909
alcohol, otros peróxidos, peróxidos de  peróxidos de alcohol, otros peróxidos, peróxidos de cetona.
cetona.
ex 2915 11 00
36 Ácido fórmico. Ácido fórmico (y sales derivadas).
ex 2915 12 00
37 Ácido salicílico. Ácido salicílico y sales derivadas. ex 2918 21 00
Paños de un solo uso hechos de tejidos 
Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del 
38 de la partida 5603, del tipo utilizado  6307 90 92
tipo utilizado durante los procedimientos quirúrgicos.
durante los procedimientos quirúrgicos.
ex 5603 11 10
Telas no tejidas, estén o no impregnadas,  Telas no tejidas, estén o no impregnadas, recubiertas, revestidas  a
39
recubiertas, revestidas o laminadas. o laminadas.
ex 5603 94 90
Artículos de uso quirúrgico, médico o 
40 higiénico, no destinados a la venta al por  Cobertores de cama de papel. ex 4818 90
menor.
ex 7017 10 00
Cristalería de laboratorio, higiénica o  Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, tanto si están 
41 ex 7017 20 00
farmacéutica. calibrados o graduados o no.
ex 7017 90 00
El flujómetro de tubo Thorpe está compuesto de puertos de 
entrada y salida, un regulador, una válvula y un tubo de medición 
cónico transparente. Sirve para conectarlo con varias fuentes de  ex 9026 80 20
Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe  gases médicos, como un sistema centralizado, cilindros  ex 9026 80 80
42
para suministrar oxígeno 0-15 L/min. (bombonas), concentradores o compresores. Versiones de  ex 9026 10 21
fluxímetro (flujómetro) ordinario (absoluto, no compensado) y de  ex 9026 10 81
presión compensada, adecuadas para rangos de flujo 
específicos.
Detector de CO2 colorimétrico de  Tamaño compatible con el tubo endotraqueal de niños y adulto. 
43 ex 9027 80
espiración. De un solo uso.
Plana sensibilizada y sin impresionar. ex 3701 10 00
44 Película o placas de rayos X.
En rollos
ex 3702 10 00
Sensibilizada y sin impresionar.