BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50 Lunes 28 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 23753
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES
3187 Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre intercambio 
recíproco de información.
Con fecha 14 de febrero de 2022 se ha suscrito el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Región de Murcia, sobre intercambio recíproco de información y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado 
Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.
Madrid, 21 de febrero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Iría Álvarez Besteiro.
ANEXO
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre intercambio recíproco 
de información
REUNIDOS
De una parte, la Tesorería General de la Seguridad Social, representada por su 
titular,  don  Andrés  Harto  Martínez,  Director  General  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, nombrado mediante Real Decreto 132/2020, de 21 de enero, (BOE 
de  22  de  enero),  actuando  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  48.2  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 1 y 3 
del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Y, de otra parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada por 
su Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, don Luis Alberto Marín 
González, nombrado por Decreto del Presidente número 64/2021, de 19 de julio (BORM 
número 165, de 20 de julio de 2021), facultado para este acto por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno del 27 de enero de 2022.
Las  partes  se  reconocen  con  capacidad  suficiente  para  suscribir  el  presente 
Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. s
1. La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  es  un  Servicio  Común  de  la  w.b
Seguridad Social con personalidad jurídica  propia en  el que, por aplicación de los  87ww
fpinrianncicpieiorso s,d tea nstoo lpidoarr iodpaedr afcinioannecsie prare syu pucaejsat arúiansic cao, msoe  exutnraifipcraens uptoudeossta rlioass , treenciuernsdoos 
lao ss us ecravrigcioo sla d ceu rsetocdaiuad daeci ólons  dfeo nddeorse,c vhaolso rye sp ayg corsé ddieto lsa sy  olabsli gaatecniocnioense dse gl esniseteramleas  dye  dlae 
Seguridad Social.
El Real Decreto 1314/84, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 
competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), 
atribuye en su artículo 1.a) las competencias en materia de inscripción de empresas y la 
afiliación, altas y bajas de los trabajadores, materia regulada posteriormente por el 
artículo 3 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y 
bajas de los trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero. A tales efectos, en virtud de lo establecido en el artículo 52 del citado 
Reglamento, corresponde a la TGSS el mantenimiento de un registro de trabajadores 
con la correspondiente identificación por cada Régimen del Sistema de la Seguridad 
Social, así como los beneficiarios y demás personas sujetas a la obligación de cotizar. 
Asimismo el citado Real Decreto 1314/1984 en su artículo 1.b) atribuye a la TGSS las 
competencias en materia de gestión y control de la cotización y de la recaudación de las 
cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social. Materias 
reguladas posteriormente en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1415/2004,  de  11  de  junio  y  en  el  Real 
Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.
2. El marco competencial de las Instituciones que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene establecido en su Estatuto de 
Autonomía,  aprobado  por  la  Ley  Orgánica  4/1982,  de  9  de  junio,  de  Estatuto  de 
Autonomía para la Región de Murcia.
La  Administración  de  la  Comunidad  de  la  Región  de  Murcia,  a  través  de  sus 
Consejerías  y  Organismos  Autónomos  dependientes,  tiene  atribuidas  competencias 
relacionadas con las materias objeto de este Convenio y, entre ellas las siguientes:
– La ejecución de la legislación laboral, la política de seguridad y salud laboral y las 
competencias en materia de economía social.
– El fomento de la inserción profesional, la orientación laboral e intermediación en el 
mercado  de  trabajo,  la  gestión  de  las  políticas  activas  de  empleo,  la  formación 
profesional ocupacional y continua y el fomento del empleo.
– El fomento empresarial y el apoyo a la creación de empresas.
– La gestión de las prestaciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión y reguladas por el Real 
Decreto 383/1984, de 1 de febrero; y las pensiones asistenciales, a través del Fondo de 
Asistencia Social (FAS), reguladas por el Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, y las 
prestaciones  no  contributivas  de  la  Seguridad  Social,  reguladas  por  el  Real 
Decreto  357/1991,  de  15  de  marzo  y  pensiones  asistenciales  reguladas  por  la 
Ley 45/1960, de 21 de julio.
– El  reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y  de  la  gestión  de  las 
prestaciones y servicios que se establecen en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en  situación  de 
dependencia;
– El reconocimiento y gestión de la renta básica de inserción y la gestión de otras 
prestaciones, pensiones y ayudas públicas contempladas en la vigente legislación de 
servicios sociales.
– La contratación, concesión de subvenciones y de ayudas en el ámbito de sus 
competencias. s
– La declaración de jubilación forzosa o voluntaria del personal al servicio de la  e.
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. w.
– El reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como la renovación,  87ww
mleyo d4i0fic/2a0c0ió3n,  doe p 1é8rd didea n doevli etmítublore d, ed efa Pmroilitae cncuiómne aro lsaas,  Fdaem ailciause rNduom ceorno lsoa sd.ispuesto por la
a la–s  Lfaam trialiamsi taccoinó n hdijeo sa ynuadcaids oins ddiveid upaalretso  am fúalmtipilliea s yn uam learso sfaasm dileia sc amteognoorípaa eresnpteacleiasl,,   BOE-A-cable e
conforme al Decreto 89/2020, de 10 de septiembre.
– Valoración de la situación de riesgo o desamparo de menores, así como en su 
caso, la declaración de tutela o guarde de estos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
– Comprobación de los requisitos, prohibiciones para concertar y cumplimiento de 
obligaciones de las entidades concertadas conforme al Decreto 10/2018, de 14 de 
febrero, y Decreto 62/2019, de 3 de mayo, reguladores de los conciertos sociales en la 
Región de Murcia.
Segundo.
En  el  marco  de  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
Administraciones Públicas, los representantes de ambas partes consideran que sería 
muy beneficioso para el cumplimiento de sus fines el disponer de mecanismos estables 
de intercambio de información y de colaboración que incluso permitieran a los usuarios 
de cada lado, acceder de forma transparente, sencilla e inmediata a la información 
afectada por el presente convenio, que esté alojada en el sistema de información de 
cada una de las partes.
Se trata de una cesión de información y de una colaboración cuyo amparo se 
encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que establece en su artículo 3.1k) que los principios que deben presidir las relaciones 
entre las Administraciones Públicas son los de cooperación, colaboración y coordinación. 
No  debe  obviarse  además  que,  conforme  al  artículo  3  de  la  citada  Ley,  las 
Administraciones  Públicas  sirven  con  objetividad  los  intereses  generales  y  deberán 
respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo, simplicidad, 
claridad  y  proximidad  a  los  ciudadanos  y  de  racionalización  y  agilidad  en  los 
procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión. Además las 
Administraciones Públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos que 
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por 
cada  una  de  ellas,  garantizarán  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  y 
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Asimismo,  y  de  acuerdo  con  la  letra  c)  del  número  1  del  artículo  141  de  la 
Ley 40/2015, en aplicación del deber de colaboración de las Administraciones Públicas 
se desprende la obligación de «facilitar a las otras Administraciones la información que 
precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias».
No obstante, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de 
este Convenio deberá respetar el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos que prescribe el artículo 18 de la Constitución Española, en los términos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía  de  los  derechos  digitales  que  adapta  el  ordenamiento  jurídico  español  al 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo,  de  27  de  abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Por otra parte, el artículo 40.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
establece  que  los  funcionarios  públicos,  incluidos  los  profesionales  oficiales,  están 
obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda 
clase de información de que dispongan, siempre que sea necesaria para el cumplimiento 
de las funciones de la Administración de la Seguridad Social, especialmente respecto de 
la liquidación, control de la cotización y la recaudación de recursos de la Seguridad  e.
Social y demás conceptos de recaudación conjunta. w.
A  este  respecto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.1  del  87ww
Amdemncinioisntaradcoió nTe dxeto  laR Sefeugnudriiddoa,d  lSoso cdiaal toesn,  einl feojremrceicsi oo d ea nsteucse fduennctieosn eosb ttieenniedno sc aproárc telar 
greessetorvraads,o  sye rsvoicloio pso cdorámnu unteilsiz ayr sóerg paanroas l oqsu efin ienste egnracno mlae nAddamdionsis atr alacsió dni sdtien tlaas  Seengtiudraiddaeds   BOE-A-cable e
Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión o 
comunicación tenga por objeto, entre otros:
«d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de 
fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social 
y,  en  general,  para  el  ejercicio  de  las  funciones  encomendadas  legal  o 
reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración 
de la Seguridad Social resulten relevantes.»
Respecto al consentimiento en la cesión de datos el artículo 40.6 señala: «La cesión 
de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la 
Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en general, en cumplimiento 
del deber de colaborar con la Administración de la Seguridad Social para el desempeño 
de cualquiera de sus funciones, especialmente respecto de la efectiva liquidación, control 
de la cotización, recaudación de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos 
de  recaudación  conjunta  con  las  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  no  requerirá  el 
consentimiento del afectado.»
Tercero.
Razones  de  eficacia  en  la  gestión  de  las  competencias  atribuidas  a  los  entes 
signatarios justifican el establecimiento de un sistema de intercambio de información que 
permita una agilización en la disposición de la información y una disminución de los 
costes.
Dicho sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el intercambio se 
producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los 
mismos y habrá de verificarse de una forma periódica y, en algunos casos, incluso 
continuada en el tiempo, siendo preciso establecer en determinados supuestos que el 
acceso a la información se produzca a través de las conexiones directas a las bases de 
datos correspondientes. Con este objetivo, se aprovechan, en la medida en que lo 
permite  la  normativa  vigente  y  de  acuerdo  con  los  requisitos  establecidos  por  el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 
de enero, las posibilidades que en este campo ofrecen las más modernas tecnologías.
Conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y encargados, 
teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
(UE)  2016/679,  determinarán  las  medidas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  que 
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado 
reglamento, con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación 
sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de 
impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del 
Capítulo IV del citado reglamento. Para la adopción de las medidas a que se refiere el 
apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en 
particular, los mayores riesgos que puedan producirse en los supuestos que relaciona el 
apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley Orgánica.
A este respecto, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, vigente en tanto no contradiga, se oponga,  es
o resulte incompatible con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la actual  o
Ley Orgánica, contiene las normas básicas de seguridad que han de cumplir todos los  87ww
Dcfloioceshnc efrciedriouteosdn  acq3diua/2aeli0nd 1oca0sod,,n   dtdyeee n  elga8la   niEdn esfdoq areumtneoaemscr aoidó ,e nN d,c aepacterrieáormscnetaienrlvr a ad pneleod rsosS  opeenrglia nudlcr,e iidpareai ocdfish n o( yEd  aeNrle  Sghq)aou, rnisaroientrogt isyuz  alaadrd  elloa a l  aipin nopttiremo glíeidrtilic adaRda  dedd aeeyl     OE-A-2022-31able en https://
seguridad en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección de
la información. Además, se determinan las dimensiones de seguridad y sus niveles, la 
categoría de los sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica 
de la seguridad.
La Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático 
de la Seguridad Social, junto con las Circulares núm. 2-030, de 12 de junio de 1996, 
y 2-027 de 27 de septiembre de 1999 regulan el control y seguimiento de accesos a los 
ficheros automatizados de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En  consecuencia,  siendo  jurídicamente  procedente  la  regulación  de  un  sistema 
estable de intercambio de información que, en su caso, incluso permita el acceso directo 
a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas 
y, persuadidas de la importancia de una correcta utilización de dicha información que 
garantice en todo caso su secreto y el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ambas 
partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en cuanto a las condiciones y procedimientos por los 
que se debe regir el intercambio recíproco de información y el recíproco acceso a las 
bases de datos, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiere 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.
La TGSS facilitará a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el acceso a los 
datos provenientes del Fichero General de Afiliación (que forman parte de más de un 
tratamiento que está debidamente registrado y publicado en la web de Seguridad Social) 
conforme lo estipulado en la cláusula siguiente.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia facilitará a la 
TGSS información en aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias ésta 
precise y en particular la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas 
y la inclusión de trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad 
Social, para el ejercicio de sus competencias en el proceso recaudatorio gestionado por 
la TGSS y en materia de lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social.
Segunda. Información objeto de intercambio.
2.1 Acceso a los datos de la TGSS.
La cesión de la información contenida en los ficheros y bases de datos en materia de 
inscripción de empresas, afiliación, cotización y recaudación competencia de la TGSS 
tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las concretas funciones atribuidas por el 
ordenamiento jurídico a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que justifican 
su cesión sobre las competencias señaladas en el último párrafo del exponen primero.
La  TGSS  dará  acceso  a  las  transacciones,  servicios  web  o  ficheros  de  datos 
necesarios para el ejercicio de las competencias enumeradas en el párrafo anterior.  s
Dichas transacciones, servicios web o ficheros de datos se concretarán por la Comisión  oe.
de Control y Seguimiento a la que se refiere la cláusula decimotercera, siendo ésta la  w.
fcuonmcEpionen taelomn tieeq nupteao r ayre  adssepimgencátasar  ,c amo noldadi icfificooanrmre osa   sdyue p acricamcraeircs ctoeo raní s lptoiocssa Ftsei cridhoeeri rdolaasd  m acueutnaoclrqiiozuaniecaridaóo nds,e ,  aseeslli agdsne.abceiróánn,   2022-3187n https://ww
ajustar a lo que se establece en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por
el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y en la Orden Ministerial de 17 de enero de 1996 
(BOE de 25 de enero de 1996).
2.2 Acceso a los datos de la Comunidad Autónoma.
La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará a la TGSS información en 
aquellas materias que para el ejercicio de sus competencias esta precise y en particular 
la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas, la inclusión de 
trabajadores en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, el proceso 
recaudatorio  gestionado  por  la  TGSS  y  en  materia  de  lucha  contra  el  fraude  a  la 
Seguridad Social. La información que facilite la Comunidad Autónoma a la TGSS se 
acordará en el seno de la Comisión de Control y Seguimiento tal y como se recoge en la 
cláusula  decimotercera,  siendo  ésta  la  competente  para  proponer  la  asignación, 
modificación o supresión con posterioridad de cualquier información.
Tercera. Servicios de intercambio.
La información objeto de este Convenio se facilitará mediante una doble fórmula: 
acceso directo a las bases de datos o intercambio recíproco de información.
3.1 Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios 
de información para el cumplimiento de las finalidades indicadas en este convenio, se 
permitirá -con sujeción a las reglas que se detallan en el mismo- el acceso recíproco 
tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de 
la Administración de la Comunidad Autónoma. En ningún caso podrá autorizarse el 
acceso a la información afectada para finalidades distintas de las citadas.
La cesión de información procedente de las bases de datos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene como finalidad exclusiva el 
desarrollo de las concretas funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico a la TGSS, 
que justifican su cesión.
En el supuesto de que una ley especial exigiese expresamente el consentimiento del 
interesado para acceder a los datos personales obrantes en los ficheros de la TGSS, la 
Comunidad Autónoma deberá recabar dicha autorización haciendo uso de los anexos II 
y/o III del convenio.
3.2 Intercambio de archivos, cuya estructura y formato se determinará entre las 
partes implicadas, en los que aparezca el NIF de las personas o empresas de las que se 
solicita información que la Comunidad Autónoma deberá remitir cumplimentados con los 
datos solicitados, en el plazo de diez días desde la recepción del fichero.
3.3 Creación de un acceso directo a las bases de datos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma por el que los funcionarios de la TGSS que se determinen, podrán 
tener acceso telemático para la consulta on line de los expedientes que se considere 
necesario.
3.4 Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan 
tener acceso con la finalidad indicada en el presente Convenio y a no utilizarlos para 
fines distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos ni cederlos a terceros, 
en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de  s
protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de  oe.
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en su normativa de desarrollo así  w.
como  en  la  normativa  específica  aplicable  a  los  datos,  informes  o  antecedentes  87ww
oLbetgeisnliadtoivso  p8o/2r 0Ia1 5A, ddme i3n0is tdraec oiócntu bdree ,l ap oSre eglu qriudea ds eS aopcriaule, b(aa retílc tueloxt o4 0re fduenl dRideoa dl eD elac rLeetoy 
General de la Seguridad Social).
Con carácter previo a la interconexión informática es imprescindible la adopción de 
las siguientes medidas:
1) Los  responsables  técnicos  de  ambas  administraciones  habilitarán  los 
mecanismos  telemáticos  necesarios  para  que  los  accesos  y  autorizaciones 
correspondientes a los usuarios de ambas administraciones se adecúen integrándose en 
los sistemas de administración y confidencialidad de cada una de ellas.
2) Los  órganos  competentes  de  ambas  administraciones  autorizarán  la 
interconexión informática.
3) Autorizada  la  conexión  se  procederá  por  los  órganos  técnicos  al  enlace 
telemático de los sistemas informáticos que, en el caso de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se realizará a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y, en 
el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma, se realizará por la Dirección 
General de Informática y Transformación Digital.
4) El responsable de la información o responsable del tratamiento, en su caso, de 
cada  Organismo,  asumirán  directamente,  respecto  de  sus  usuarios,  el  alta,  la 
autorización de accesos y su permanente actualización y adecuación, con independencia 
de la supervisión que pueda efectuarse por el organismo responsable del fichero objeto 
de cesión.
La Administración cesionaria será responsable de la utilización que sus usuarios 
realicen de los ficheros, en especial, de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de 
los datos a los que accedan.
El intercambio de datos se realizará con mecanismos que garanticen la seguridad de 
las  transmisiones,  en  particular  cuidado  de  la  confidencialidad  e  integridad  de  la 
información y evitando cualquier riesgo para el resto de sistemas de información de cada 
organización.  Estos  mecanismos  serán  técnicamente  definidos  y  acordados  por  los 
órganos directivos u organismos con competencias en materia informática de cada 
Organismo y serán ratificadas por ambas partes en el seno de la Comisión de Control y 
Seguimiento.
Cuarta. Control de accesos.
4.1 Control por parte de la TGSS.
Para el acceso a las bases de datos de la TGSS, esta y la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán ajustarse a lo estipulado en los 
siguientes puntos:
1.º La TGSS realizará la autorización inicial de acceso a las transacciones del 
Fichero General de Afiliación y demás información a que se refiere el presente Convenio.
2.º Además  del  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  del  Anexo  II  del 
Esquema  Nacional  de  Seguridad,  la  configuración  del  acceso  objeto  del  presente 
convenio habrá de cumplir los siguientes principios establecidos en el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva. e
– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y  bo
con los límites de la autorización, pueden crear, utilizar, modificar o suprimir información. 87ww
ginefostr––imó  nDTa rcieasiónpzncaoo bnmeiilbnidei lanidladda ,ad fddo, aerm. dfoear  myfoa r cmquuaae n dlqaous e al oc ltoruesa qcuuioisenureaasnr i roepsaa lriaazua tdlooarssi z eapxdocor lsulo ssitv euonssgu aacnroi omsae catciudetososor i zdaaed  ollaas    OE-A-2022-31able en https://
pueden ser imputadas exclusivamente a la entidad a la que están adscritos.
– Autenticidad, garantizando que los usuarios autorizados son quienes dice ser, al 
tiempo que se garantiza la fuente de la que proceden los datos.
3.º La  Administración  del  sistema  se  basará  en  la  asignación  de  perfiles  de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, la TGSS asignará un perfil de usuario autorizador con nivel 4 
en cada una de las consejerías y organismos que la integran, a las que se ceden 
transacciones, y este a su vez dará de alta tantos códigos de usuario como sean 
necesarios para la realización de las funciones de gestión encomendadas.
Una vez que el presente Convenio sea eficaz la Administración de la Comunidad 
comunicará a la TGSS el nombre completo, DNI, dirección de correo electrónico y 
teléfono de las personas que asuman el perfil de usuario autorizador. Igual obligación 
existirá cuando se produzca un cambio en dichas personas.
A los efectos del presente punto se denomina «usuario» a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático pero sin facultad para dar de alta en SILCON a otros 
usuarios ni transferir autorización alguna. Estos serán identificados con el nivel U.
El usuario autorizador dado de alta realizará la asignación de perfiles, entendiéndose 
como tal la anotación en SILCON de las transacciones a las que puede acceder un 
determinado autorizado (usuario) por razón de su puesto de trabajo.
4.º El usuario administrador/autorizador y, subsidiariamente, la Administración de la 
Comunidad Autónoma es responsable de la asignación de perfiles de autorización a los 
usuarios,  que  deben  corresponderse  con  las  necesidades  de  gestión  y  vigilará  la 
correcta utilización de las autorizaciones concedidas.
5.º Todos  los  usuarios  autorizados  a  acceder  al  sistema  deberán  quedar 
identificados  y  autentificados,  de  forma  que  en  todo  momento  pueda  conocerse  el 
usuario y los motivos por los que se accedió a la correspondiente información contenida 
en el sistema. Para ello, en el momento de autorizar a un usuario, se cumplimentarán 
todos  los  campos  exigidos  tales  como,  características  del  puesto  de  trabajo  e 
información complementaria, número de teléfono, etc.
6.º Cada usuario tendrá un único código de acceso y será responsable de los 
accesos que se realicen con su código y contraseña personal.
7.º Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión o cause baja en el trabajo de 
forma voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del 
código de usuario. Por otra parte se establecerán controles en cuanto al tiempo de 
inactividad  de  los  usuarios  que  pasarán  a  la  situación  de  cancelados  una  vez 
transcurridos  seis  meses  sin  acceder  al  Fichero  General  de  Afiliación.  También  se 
dispondrá de la posibilidad de establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por 
parte de usuarios y limitaciones en el horario de conexión.
4.2 Control por parte de la Comunidad Autónoma.
El acceso a las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma se 
realizará en similares términos a los establecidos anteriormente, de acuerdo con el 
protocolo que se determine de común acuerdo por las partes.
Quinta. Responsabilidad por accesos.
Todos los usuarios identificados, así como sus responsables en la Administración de  s
la Comunidad Autónoma y en la TGSS, deben tener el conocimiento de que la copia de  oe.
programas y/o uso de datos de carácter personal en tareas impropias son operaciones  w.
ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en concreto, las  87ww
Pesetrasbolneacliedsa s ye ng alraa nLteíay  dOer gálonsi cad e3re/2c0h1o8s,  ddieg it5a ledse,  daiscíie mcobmreo,  dae  rePsroptoencscaióbnil iddaed eDsa tdoes 
csuea tlqeunigear no tirnad nicaiotusr adleez ala,  inuctilluizsaoc ipóenn adlee sd, aratozsó,n  apnotre clae dceunatl ecsu,a rnedgois, tproosr  cou ailnqfuoiremr emse dcoion,   BOE-A-cable e
finalidad  distinta  a  la  propia  gestión  asignada  al  usuario,  o  su  difusión  indebida, 
infringiendo  así  el  deber  de  secreto  profesional,  se  pondrán  dichos  hechos  en 
conocimiento del interlocutor de la TGSS o de la Comunidad Autónoma definidos a estos 
efectos, al objeto de procurar la adopción de las medidas pertinentes entre ambas 
partes.
En el caso de los accesos al Registro General de Afiliación, y a fin de dar a conocer 
estas  responsabilidades,  en  todas  las  altas  de  usuarios  realizadas  se  deberá 
cumplimentar un documento donde se especificarán los compromisos adoptados por el 
usuario, en los términos que se indican en esta cláusula y en el anexo I que se adjunta a 
este Convenio. Dicho documento quedará en poder del autorizador de nivel 4, si bien 
podrá ser remitido a la TGSS.
Se procederá en similares términos a los establecidos anteriormente, en el caso de 
los accesos a las bases de datos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
La  documentación  en  poder  de  cada  administración  relativa  a  los  controles  de 
acceso al sistema informático de la otra, deberán conservarse por un periodo de tiempo 
no inferior a cuatro años. El ente solicitante conservará a disposición del cedente las 
autorizaciones expresas emitidas por los propietarios de los datos personales cedidos 
con el fin de que se pueda en todo momento demostrar que se consintió la cesión.
Sexta. Protección de datos.
El control y seguridad de los datos de carácter personal suministrados se regirá por 
lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (Reglamento 
UE 2016/679), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa o indirecta 
con  la  prestación  de  los  servicios  previstos  en  este  Convenio,  guardarán  secreto 
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan 
acceso o de los que tengan conocimiento durante la misma. Estarán obligados a no 
hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan, incluso después de finalizar el plazo 
de vigencia de este Convenio.
Asimismo, las autoridades, funcionarios y todo el personal que tenga relación directa 
o indirecta con la prestación de los servicios previstos en este Convenio, previamente a 
la  autorización  de  acceso,  deberán  manifestar  por  escrito  que  conocen  y  se 
comprometen a cumplir sus obligaciones con la confidencialidad de los datos personales 
a los que tuvieran acceso con motivo de la aplicación de este Convenio.
La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio 
de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.
La Administración de la Comunidad Autónoma y la TGSS deberán garantizar:
– Que tiene implantados los procedimientos que permitan gestionar el ciclo de vida 
de sus usuarios o componentes autorizados a acceder a los servicios de cesiones de 
datos del órgano cedente (altas, bajas o modificaciones de autorizaciones).
– Que  podrá  facilitar  una  lista  actualizada  de  las  personas  o  componentes 
autorizados para realizar peticiones de datos en caso de ser solicitada por el órgano 
cedente.
– Que comunicará cualquier variación relacionada con las personas autorizadas. e.e
Las partes deben garantizar que informarán adecuadamente a todas las personas  87ww
para1 )la s Lqause r seoslpicointas alab ialiudtaodriezsa cqiuóen  adseu amcecne.so al menos de:
2) La finalidad concreta de la autorización.
3) Que  el  órgano  cedente  almacena  rastros  de  cada  una  de  las  peticiones 
realizadas.
4) Que en cualquier momento se podrá solicitar la justificación de peticiones de 
datos realizadas, de acuerdo a los requisitos legales y a la finalidad para la que se 
autorizó la cesión de datos.
5) Las  medidas  de  seguridad  que  deberá  tener  en  cuenta  para  garantizar  la 
seguridad de la información.
Dichos empleados, previamente a la autorización de acceso, deberán manifestar por 
escrito  que  conocen  y  se  comprometen  a  cumplir  sus  obligaciones  con  la 
confidencialidad de los datos personales a los que tuvieran acceso con motivo de la 
aplicación de este Convenio.
Séptima. Límites de la cesión.
La información cedida por ambas partes en aplicación de lo prevenido en el presente 
Convenio solo podrá tener por destinatarios a los órganos de la Tesorería General de la 
Seguridad  Social  y  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  que  tengan 
atribuidas las funciones que justifican la cesión, recogidas, por aplicación de la normativa 
vigente,  en  el  propio  Convenio,  sin  que  en  ningún  caso  puedan  ser  destinatarios 
organismos, órganos o entes que realicen funciones distintas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la TGSS 
aceptan y asumen por el presente documento que la cesión de datos se produce a los 
fines exclusivos que se especifican en este Convenio, por lo que cualquier otro uso que 
se  haga  de  dichos  datos  constituirá  un  incumplimiento  del  presente  Convenio  que 
facultará a cualquiera de las partes para exigir las responsabilidades oportunas.
El  organismo  cesionario  será  responsable  frente  al  cedente  con  motivo  de  las 
reclamaciones que éste reciba del propietario de los datos personales. El Organismo 
cedente podrá repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que 
deba satisfacer derivada de dicho incumplimiento.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos 
que los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En 
consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquélla. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.
Octava. Auditorías.
8.1 Por parte de la TGSS.
A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría que facilite la TGSS, 
como órgano cedente, la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá realizar las 
actividades de control que garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los 
datos recibidos y cualquier otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y 
justificación del acceso a los ficheros o bases en que aquéllos figuren incluidos.
Para llevar a efecto lo señalado en el párrafo anterior, la TGSS se compromete a  s
proporcionar la asistencia necesaria (tanto teórica como técnica) a los responsables que  e.
se designen por el órgano cesionario. w.
La Administración de la Comunidad Autónoma se compromete a que cada acceso  87ww
quede justificado con la causa o expediente que lo hubiera motivado.
Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:
1) Auditor Delegado de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Sus funciones y competencias son:
– Será el interlocutor único con la TGSS en el ámbito de sus competencias en temas 
relacionados con auditorias y resolución de incidencias.
– Podrá  efectuar  la  auditoría  trimestral  a  los  usuarios  autorizados  de  cualquier 
consejería dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma, únicamente en 
el caso de ausencia o enfermedad del auditor de la Consejería correspondiente. Por ello 
tendrá acceso mediante consultas a las transacciones de los Ficheros de la TGSS 
recogidas en el presente Convenio.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en los informes de auditoría 
elaborados en cada Consejería por sus auditores para el posterior envío del Resumen 
Trimestral Unificado del total de usuarios auditados.
– Tendrá como mínimo un nivel 26  de  complemento  de destino, salvo petición 
justificada de la Administración de la Comunidad Autónoma que solicitará la excepción 
de nivel y que deberá ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o 
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor delegado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma deberán ser comunicados a la mayor 
brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  Provincial  de  la  TGSS  quien  lo  pondrá  en 
conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías.
La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del Organismo externo, podrá 
autorizar al auditor delegado de la Comunidad Autónoma como auditor suplente en 
alguna de las Consejerías en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del 
auditor.
– El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a pesar 
de que ambos usuarios tengan en SILCON un nivel 4. Ello es debido a que la tarea de 
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de Administrador 
SILCON y Auditor Delegado.
2) Auditores.
Habrá uno por cada una de las Consejerías u organismos que tengan autorizadas 
consultas a los Ficheros de la TGSS.
Sus funciones y competencias son:
– Efectuar la auditoria trimestral a los usuarios autorizados en su Organismo.
– Elaborar el informe de auditoría correspondiente a su Consejería sobre la auditoría 
practicada para el posterior envío al Auditor Delegado de la Comunidad Autónoma.
– Tendrán como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada de la Comunidad Autónoma que solicitará la excepción de nivel y que deberá 
ser aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.
– Se les asignará en SILCON un perfil de usuario auditor, dándoseles de alta a estos 
efectos  por  la  TGSS  en  el  Departamento  correspondiente.  Las  altas,  bajas  o  es
sustituciones que se produzcan en las personas designadas como Auditor deberán ser  o
comunicados  a  la  mayor  brevedad  posible  al  Auditor  Delegado  de  la  Comunidad  w.
dAeu tqó–un eoE mla pame qbrufoilis ed nue sl ouu sapuroiaonrsdio rt áea neugnda itcnoo ren nnoo cS icmIoLimeCnOptooNr d taue nle  Aln ucivaderitglo o4r  .Dd Eeel llueosg euasad rodio eP barioddvmoin ianc iisaqtlur adede lo alar ,t  aTarG epSae sSda.er   2022-3187n https://ww
auditoría no es informática sino de justificación documental de los accesos.
En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de Administrador 
SILCON y Auditor Delegado.
3) Auditor Delegado Provincial de la TGSS.
Tendrá las siguientes funciones:
– Realizar  las  auditorias  de  los  accesos  del  Auditor  Delegado  del  Organismo 
externo.
– Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe trimestral de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del Organismo externo.
– Asignación/desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del Organismo 
externo.
– Información  y  resolución  de  dudas  e  incidencias  al  Auditor  Delegado  del 
Organismo externo.
– Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías.
4) Unidad Nacional de Auditorías:
Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditorías las siguientes:
– Velar por la adecuada transmisión de instrucciones, y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorias se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.
– Formular  propuestas  y  recomendaciones  en  materias  relacionadas  con  la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
la TGSS, en particular de:
• Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos  pudiera  concurrir  alguna  situación  de  riesgo  en  la  protección  de  datos 
personales.
• Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión o retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.
– Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin la 
Unidad Nacional de Auditorias elaborará las solicitudes y propuestas necesarias a la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
– Realizar  auditorías  específicas  de  accesos  indebidos  al  Sistema  de 
Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos a los que 
se  ha  accedido,  cualquiera  que  sea  su  lugar  de  presentación  y  tramitar  de  forma 
centralizada todas las denuncias y comunicaciones que tengan entrada sobre cualquier 
forma de vulneración de protección de datos o accesos indebidos a los ficheros a cargo 
de la TGSS.
– Coordinar y preparar la información que requiera la Dirección General para su 
relación institucional centralizada con la Agencia Española de Protección de Datos. A 
este fin, deberá ser remitido a la Unidad Nacional de Auditorias cualquier escrito o 
solicitud que se reciba de dicha Agencia. s
El procedimiento concreto de auditoría se pondrá en conocimiento del Organismo  e.
externo por parte de la Dirección Provincial de la TGSS antes del inicio de la auditoría  w.
trimestral que proceda, la cual explicará dicho proceso y solicitará los datos personales  87ww
del a–u dAistoigr ndaecleiógna/Ddoe.sasignación  de  un  Departamento  al  Auditor  Delegado  del
Organismo externo.
Una vez que el presente convenio sea eficaz las partes se comunicarán los datos de 
las personas que realizarán las funciones de auditoría. Igual obligación existirá cuando 
se produzca un cambio en dichas personas.
8.2 Por parte de la Comunidad Autónoma.
En términos recíprocos, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá realizar 
auditorías de los accesos a sus bases de datos, a través de los sistemas y medios 
informáticos que determine y apruebe la Comisión de Control y Seguimiento.
Novena. Facultades de las partes.
9.1 Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes, se reservan, con respecto a los datos 
de su competencia, la facultad de:
a) Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los datos 
recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto cualesquiera otros controles accesorios o 
complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y análoga de la 
Comunidad Autónoma.
b) Solicitar,  en  cualquier  momento,  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que se estime precisa o conveniente por una de las partes sobre la 
corrección de los accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.
c) Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que 
no  quede  acreditada  su  correspondencia  con  los  fines  para  los  que  hubieran  sido 
utilizados.
9.2 Ambas  partes  aceptan  someterse  a  todas  las  actuaciones  de  control  y 
supervisión que puedan acordarse por la Unidad Nacional de Auditorías de la TGSS y 
análoga de la Comunidad Autónoma, al objeto de verificar la adecuada obtención y 
utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales 
que resultan de aplicación.
Si como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
9.3 Ambas  partes  designarán  una  persona  como  interlocutor  único  en  las 
relaciones y comunicaciones.
Décima. Facultad de revisión de accesos.
Ambas partes se reservan la facultad de revisar en cualquier momento posterior a 
que el presente convenio sea eficaz, las formas de acceso a los datos protegidos ya sea 
a través de acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, 
y la limitación de las mismas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de 
los ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las 
transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones 
pactadas en este Convenio. es
Undécima. Incumplimientos. 87ww
de loEsn  dloa troesf eproednrtáe  aacl osrudmairn lias tsrou sdpee innsfoiórnm uanciilóante rreagl uol alad oli menita ecsióten  cdoen lvoesn aioc,c eels eonst ecu taitnudlaor 
faudnvcieiorntaa riionsc uom rpelsimtoi ednet opse rdsoen alal  doebl leignateci ócne sidoen arsiiog,i loa nopmora lípaasr toe  irdreeg ulalasr idaaudteosri deand eloss,   BOE-A-cable e
accesos o en el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que 
deben presidir el suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este convenio.
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  anteriormente,  cualquier  violación  de  seguridad 
relacionado con los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas titulares de los mismos, deberá ser notificada a la 
autoridad de control competente en materia de protección de datos en el plazo de 72 
horas desde que se tuvo constancia de la misma.
El organismo cesionario será responsable frente al cedente de cualquier tratamiento 
indebido o no autorizado que haga su personal con los datos cedidos. El organismo 
cedente podrá repetir contra el organismo cesionario cualquier indemnización que deba 
satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento.
Duodécima. Régimen jurídico.
El presente convenio tiene carácter interadministrativo, y se rige por lo dispuesto en 
los artículos 47 a 53 del Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimotercera. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión de Control y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados 
por la Administración de la Comunidad Autónoma y otros tres nombrados por el Director 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sus acuerdos requerirán el voto 
favorable de todos los representantes.
Será  competencia  de  la  Comisión  de  Control  y  Seguimiento  establecer  los 
procedimientos  más  eficaces  que  posibiliten  el  intercambio  de  información  y  la 
colaboración entre las partes prevista en este Convenio. A tal fin, promoverá la supresión 
de los impedimentos técnicos que impidan su inmediato intercambio y colaboración.
Las partes acordarán en el seno de la Comisión de Control y Seguimiento algunos 
detalles  relativos  a  la  ejecución  del  contenido  del  convenio  (como  pueden  ser  la 
asignación, modificación o supresión de las transacciones o servicios web objeto de 
cesión) y, en ese caso, no se requerirá una modificación del convenio sino el simple 
acuerdo  entre  partes,  siempre  que  no  afecte  al  contenido  mínimo  y  esencial  del 
convenio, el cual no puede ser objeto de modificación en la Comisión de Control y 
Seguimiento.
Además a la Comisión de Control y Seguimiento se le encomiendan las siguientes 
funciones:
a) Dejar reflejadas sus decisiones en el correspondiente documento que ha de 
mantener perfectamente actualizado.
b) Coordinar las actuaciones necesarias para la correcta ejecución del presente 
Convenio, estableciendo, en particular, los procedimientos de cesión de información más 
eficaces así como las medidas que garanticen la protección de los datos suministrados.
c) Adoptar las medidas de control pertinentes para asegurar la debida custodia y 
correcta utilización de la información recibida.
d) Resolver las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
ejecución del presente Convenio. es
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios que se  w.
considere necesario, con derecho a voz. 87ww
resuLltaa dCoosm ei siniócnid esen criaesu ndierá l aa  cionlsatbaonrcaiaci ódne  recuaalizlqaudiae.ra de las partes, para examinar los
resoLluacsi ócno nyt reofveecrtsoisa sq uqeu ep upeudeadna nd esruivragrirs es odberle p lrae sinetnetrep rCeotancvióenn,io m soed rifeicsaoclvióenrá, ne jeenctureci ólans,   BOE-A-cable e
partes de la manera amistosa en el seno de esta Comisión. Subsidiariamente, ambas
partes para las cuestiones derivadas del cumplimiento o interpretación del presente 
Convenio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Comisión de Control y Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y 
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por 
lo dispuesto en la Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta. Duración, modificación, suspensión y resolución.
14.1 De conformidad con lo establecido en el apartado 1.º del artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente Convenio tendrá una vigencia de 4 años, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación.  Asimismo  será  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.8  de  la  misma  norma  legal.  Con 
anterioridad  a  la  finalización  del  plazo  de  duración  previsto  se  podrá  prorrogar  el 
convenio, por acuerdo unánime de las partes, por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales.
14.2 El contenido del presente Convenio podrá ser actualizado o modificado de 
mutuo  acuerdo  en  cualquier  momento,  a  cuyo  efecto  las  partes  suscribirán  la 
correspondiente Adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
14.3 No obstante, por lo que se refiere al suministro de información regulado en 
este Convenio, el ente titular del fichero podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación  de  los  accesos  cuando  advierta  incumplimientos  de  la  obligación  de 
confidencialidad por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente 
cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control o 
incumplimientos  de  los  principios  y  reglas  que  deben  presidir  el  suministro  de 
información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio.
14.4 El  convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Este convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos:
– Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
– Por acuerdo unánime de todos los firmantes.
– Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
– Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de este 
convenio por una de las partes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a 
la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de quince días con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la Comisión de Control y Seguimiento del convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las demás partes firmantes la concurrencia de la causa de 
la resolución y se entenderá resuelto el convenio. La TGSS podrá exigir a la Comunidad 
Autónoma  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que  legalmente  le  corresponda, 
atendiendo, a estos efectos, a las consecuencias que dichos incumplimientos hayan  e.e
causado  fijándose  como  criterio  para  determinar  la  posible  indemnización  el  daño  b
económico causado una vez esté debidamente cuantificado. Asimismo la Administración  87ww
dpee rjluai cCioosm eunn ildoasd m Aisumtóonso tméram tianmosb.ién podrá exigir a la TGSS indemnización por daños y
por –e sPcroitro l,a e dxepnreusnacniad od ela sc ucaalquusaiesr aq udee  llao sm foirtmivaannt eys n. oEtsifticaa drseen uan lcaia o tdreab pearárt er ecaolinz aurnsea 
antelación mínima de tres meses, de tal forma que puedan finalizarse adecuadamente
las actuaciones en curso en el momento de la citada notificación, y en los términos 
establecidos en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
La Comunidad Autónoma será responsable frente la TGSS de cualquier reclamación 
derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los datos cedidos. La TGSS 
podrá repetir contra la Comunidad Autónoma por cualquier indemnización que deba 
satisfacer derivado de dicho incumplimiento. Asimismo, la TGSS será responsable frente 
a la Comunidad Autónoma en los mismos términos.
Decimoquinta. Régimen económico.
La firma del presente Convenio no conlleva contraprestación económica por ninguna 
de las partes.
En prueba de conformidad, las partes implicadas firman el presente convenio en la 
fecha indicada en el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente 
documento la fecha del último firmante.–En Madrid, 14 de febrero de 2022.–Por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, el Director General de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.–Por la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, el Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto 
Marín González.
ANEXO I
Compromiso usuario SILCON
D./D.ª  ....................................................................................................................  con 
DNI ....................................................................... adscrito/a .................................... por el 
presente documento.
COMUNICA
Que, de conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de la Orden de 17 
de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático de la Seguridad 
social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los trabajos que realice conlleven 
su alta como usuario del sistema informático, adquiere el compromiso de utilizar las 
transacciones con los fines exclusivos de gestión para los que sea autorizado y está 
obligado a guardar el secreto profesional sobre los datos de que tenga conocimiento, 
siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los ficheros informáticos 
mediante su contraseña personal y el código de acceso facilitado.
Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  así  como  a  responsabilidades  de  e
cualquier otra naturaleza incluso penales. b
En ............................, a ...... de ..................... de ........ 2022-3187n https://ww
ANEXO II
Consentimiento cesión de datos (persona física)
D.  .........................................................................................  con  DNI/NIE/pasaporte 
número .............................
Autoriza a la Comunidad Autónoma de Región de Murcia para que, en mi nombre, 
acceda a los datos e información referida a mi persona y contenida en los ficheros de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud del Convenio y en relación con la 
finalidad que en el mismo está prevista.
El tratamiento de esta información, en tanto que contempla datos personales está 
sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En ......................, a ……. de ……….............. de ….....
ANEXO III
Consentimiento cesión de datos (persona jurídica)
D. ..................................................................................
Con DNI/NIE/pasaporte número ..........................., en representación de …………
…..................…............, con copia de poder o documento …..........….....………....…
Autoriza a la Comunidad Autónoma de Región de Murcia para que, en mi nombre, 
acceda a los datos e información contenida en los ficheros de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, en virtud del Convenio suscrito al efecto.
El tratamiento de esta información, en  tanto que  contempla datos de personas 
jurídicas, está sujeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.
En ......................, a ……. de ………............... de …......