BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27458
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4124 Pleno. Sentencia 39/2020, de 25 de febrero de 2020. Recurso de amparo 
5342-2018. Promovido por don Jaume Cabré i Fabré y otras treinta y tres 
personas  en  relación  con  los  autos  del  magistrado  instructor  de  causa 
especial  y  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  comunicando  la 
suspensión  automática  de  cargos  públicos.  Alegada  vulneración  de  los 
derechos a la participación y representación políticas: inadmisión del recurso 
de amparo promovido por quienes carecen de legitimación procesal.
ECLI:ES:TC:2020:39
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el Magistrado don Juan José 
González  Rivas,  Presidente;  la  Magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
Magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5342-2018, promovido por don Jaume Cabré i Fabré, 
don Josep M. Antràs Badia, doña Magda Oranich Casagran, don Borja de Riquer i 
Permanyer,  don  Benet  Nomdedéu  Tobella,  doña  María  Favà  Compta,  doña  Pilar 
Rebaque Mas, doña Anna Sallés i Bonastre, don Abel Valentí Pié Lacueva, don Carles 
Duarte i Montserrat, don Carles Sales Pastor, doña Carme Sansa i Albert, don Antoni 
Llimona  Botey,  don  Josep  Riera  Porta,  don  Oriol  Bohigas  i  Guardiola,  doña  Ada 
Parellada i Garrell, don Joandomènec Ros i Aragonès, don Miquel Samper Rodríguez, 
don Roderic Guigó i Serra, don Antoni Pau Strubell Trueta, don Carlos Adolfo McCragh 
Prujà, doña Elisenda Paluzie i Hernández, don Josep Cruanyes i Tor, don Enric Majó i 
Miró, doña Patricia Sarrias Javier, don Josep María Vilajosana Rubio, don Joan Torres 
Binefa, don Jordi Roset Chaler, doña Isabel Brugué Aliu, doña Elisabet Comin Oliveres, 
don David Agustí Fernández Aguilera, don José Luis Rodríguez Vázquez, don Ricard 
Ibáñez Julvé y doña Patricia Sierra Llaberia, representados por el procurador de los 
tribunales don Federico Ortiz-Cañavete Levenfeld, y asistidos por las letradas doña Judit 
Rosell Timoneda y doña Olga Amargant Cancio, contra el auto de la sala de apelación de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018 y el auto del magistrado 
instructor de 9 de julio de 2018, resoluciones ambas dictadas en la causa especial núm. 
20907-2017. Han sido parte el partido político VOX, representado por la procuradora de 
los tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, doña Carme Forcadell i Lluis y doña 
Anna Simó i Castelló, representadas por el procurador de los tribunales don Emilio  e.e
Martínez Benítez, don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda, representados  b
por la procuradora de los tribunales doña Celia López Ariza, don Carles Puigdemont i  24ww
eCla asbaomgaajdóo,  rdeeplr eEssetandtaod. oH ap oinr teelr vperonciduor aedl omr idneis tleorsio t rfiibsucnaal. leHsa  dsoidno C paornloesn tEes etél vmeazg Sisatrnazd oy 
don Alfredo Montoya Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 15 de 
octubre de 2018, don Federico Ortiz-Cañavete Levenfeld, procurador de los tribunales, 
en nombre y representación de don Jaume Cabré Fabre y otros, interpuso recurso de 
amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento.
2.  Los  hechos  relevantes  para  el  examen  de  la  pretensión  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  El ministerio fiscal formuló denuncia por el delito de sedición por los hechos 
ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017, contra don Jordi Sánchez i Picanyol y 
otras personas, que fue turnada al Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que, por auto 
de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias previas 82-2017, por delito de 
sedición.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó, en el registro 
general  del  Tribunal  Supremo,  querella,  por  los  delitos  de  rebelión,  sedición  y 
malversación  contra  determinadas  personas  en  su  condición  de  miembros  de  la 
diputación permanente del Parlamento de Cataluña, excepto una de ellas, dando lugar, 
tras su admisión, a la causa especial núm. 20907-2017.
c)  Por auto del instructor de 24 de noviembre de 2017, se acordó en la causa 
especial 20907-2017, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y reclamar al 
Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las  actuaciones 
obrantes en sus diligencias previas 82-2017.
d)  Mediante auto del magistrado instructor de 21 de marzo de 2018, don Oriol 
Junqueras i Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Sánchez i Picanyol, fueron procesados todos ellos por delitos de 
rebelión del art. 472 y concordantes del Código penal (CP) en la causa especial núm. 
20907-2017, seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
e)  Por  auto  del  magistrado  instructor  recaído  el  9  de  mayo  de  2018  fueron 
desestimados los recursos de reforma interpuestos contra el anterior auto de 21 de 
marzo de 2018 y mediante auto de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo de 26 de 
junio de 2018 fueron desestimados los recursos de apelación interpuestos contra las 
anteriores resoluciones.
f)  Mediante auto del magistrado instructor de 9 de julio de 2018, se suspendió a don 
Oriol Junqueras i Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Josep 
Rull i Andreu y don Jordi Sánchez i Picanyol en el ejercicio de sus funciones públicas 
como diputados del Parlamento de Cataluña mientras dure su situación personal de 
prisión provisional con fundamento en el art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(en adelante, LECrim). La adopción de esta decisión fue justificada en el fundamento de 
derecho segundo de dicho auto.
g)  Contra este auto de 9 de julio de 2018 los diputados indicados interpusieron 
recurso de reforma y apelación, alegando vulneración de los arts. 23 y 24 CE, 5.1 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 384 bis LECrim, que finalmente fue tramitado 
como de apelación directa al haberse declarado concluso el sumario. El recurso de 
apelación fue desestimado en su integridad mediante auto de la sala de apelaciones del 
Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018.
3.  La demanda de amparo alega vulneración del art. 23.1 CE pues las suspensión 
de los diputados que resultaron elegidos en las elecciones al Parlamento de Cataluña  e.
vacía de contenido y hace ineficaz dicho derecho. Los recurrentes consideran que la  w.
privación del ejercicio de la condición plena de miembros del Parlamento de Cataluña de  24ww
lTousr udlilp iu Ntaedgorse ,d doonn C Raarlüels R Poumigedveam i oRnut ei dCaa, sdaomn aJjóo,s edpo nR Oulrl ioi lA Jnudnrqeuue yr adso in V Jioersd, i dSoánn Jcohredzi 
Picanyol afecta a su derecho a la participación política.
Afirman que la pretensión del auto de 9 de julio de 2018, confirmado por el auto 
de 30 de julio de 2018 en relación con los diputados mencionados, de suspenderlos 
fuera de los supuestos previstos en la leyes, supone per se no solo la vulneración del 
derecho de los propios diputados a acceder en condiciones de igualdad a los cargos 
públicos, en su vertiente del derecho a ejercer dichos cargos públicos representativos sin 
perturbaciones ilegítimas (art. 23.2 CE), sino también la vulneración del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
A  continuación  alegan  que  la  consideración  de  los  diputados  afectados  como 
«individuos rebeldes» es contraria a la jurisprudencia constitucional aplicable.
Señalan que el Tribunal Constitucional tiene desde hace meses decenas de recursos 
de amparo pendientes de resolver, planteados por las defensas de los citados diputados, 
así como por las de otras personas procesadas en esta causa especial del Tribunal 
Supremo. Consideran que la estimación de cualquiera de dichos recursos de amparo en 
relación con la validez de la imputación de rebelión o sobre la pertinencia de la prisión 
provisional de cualquiera de los diputados afectados habrá de conllevar, igualmente, la 
estimación del presente recurso de amparo por cuanto tanto la imputación de rebelión 
como  la  situación  de  prisión  provisional  son  condiciones  necesarias,  aunque  no 
suficientes, para la aplicación del art. 384 bis LECrim.
Para los recurrentes, de la lectura de la STC 199/1987 se desprende con claridad 
que el art. 384 bis LECrim no se puede aplicar a cualesquiera procesados por el delito de 
rebelión,  sino  únicamente  a  aquellos  que  integren  el  concepto  de  banda  armada, 
situación que es evidente que no concurre en ninguno de los diputados afectados por los 
autos de 9 y 30 de julio de 2018.
Sostienen que la pretendida suspensión de los diputados no responde a ninguna 
finalidad legítima y que la vulneración de su derecho fundamental a la participación 
política trae causa de la vulneración de los derechos de los diputados a la libertad 
ideológica, a la libertad de expresión, al derecho de asociación y a la presunción de 
inocencia.
Por último, consideran que la pretendida suspensión como diputados es una decisión 
desproporcionada. La situación de prisión provisional se ha querido justificar en los 
supuestos  riesgos  de  reiteración  delictiva  y  de  fuga  apreciados  por  el  magistrado 
instructor pero, a su juicio, ninguno de ellos concurre en los diputados afectados por las 
resoluciones judiciales recurridas.
Afirman  que  la  desproporción  de  la  suspensión  automática  del  ejercicio  de  su 
condición de diputados la pone de manifiesto el hecho de que, desde el punto de vista de 
la finalidad de las medidas cautelares en relación al proceso penal, tal suspensión nada 
añade a la anterior situación. A su juicio, la única finalidad constitucionalmente admisible 
de la suspensión ya ha sido garantizada con otras medidas menos gravosas, incluso 
antes de que fuera procesalmente aplicable el art. 384 bis LECrim. En cambio, reiteran, 
desde  el  punto  de  vista  de  la  actividad  parlamentaria,  tal  situación  introduce  una 
distorsión absolutamente desproporcionada que amenaza con alterar la composición del 
Parlamento de Cataluña.
En  justificación  de  su  legitimación,  los  recurrentes  en  amparo  sostienen  que, 
conforme al art. 23.1 CE y la doctrina constitucional, ostentan un interés legítimo en 
relación con los autos de 9 y 30 de julio de 2018 aquí impugnados, y ello porque son 
personas de distintos ámbitos sociales y profesionales, ciudadanos de Cataluña que en 
ejercicio del derecho fundamental que les reconocen los arts. 23.1 CE y 29.1 del Estatuto  s
de Autonomía de Cataluña (EAC), participaron en las elecciones al Parlamento de  oe.
Cataluña de 21 de diciembre de 2017 en las que fueron elegidos como diputados, entre  w.
otros, don Carles Puigdemont i Casamajó, don Oriol Junqueras i Vies, don Jordi Turull y  24ww
NPiecgarney, old, oan  qRuiaeünle sR osem ehvaa a pi liRcaudeod ain, ddeobnid aJmoseenpte  Reul lal rit . A3n8d4r ebuis  yL EdCornim J. oDrdicih oS áinntcehreézs 
alepgaítritmadoo sse 1 d ye s2p dreenl adretr. ía2 3d Ce Ela,  pcuoensetxaió dne e rxeilsietevnet ed eesndtere l alo Ss TdCe r1e0c/h1o9s8 3re, cdoen 2o1ci ddoes f eebnr eloros   BOE-A-cable e
(FJ 2), de la que se deriva que la privación del derecho de dichos diputados a ejercer la 
función  representativa  que  le  es  propia  vacía  de  contenido  a  su  vez  el  derecho 
fundamental de los ciudadanos de Cataluña (art. 23.1 CE). Y en apoyo de esta tesis, 
para justificar el presupuesto de la legitimación activa para el ejercicio de su acción por el 
cauce del recurso de amparo del art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC),  los  demandantes  transcriben  algunos  pronunciamientos  del  fundamento 
jurídico 5 de la STC 217/1992 y de los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 298/2006, 
de 23 de octubre.
La  demanda  justifica  la  especial  trascendencia  constitucional  en  un  apartado 
específico, y solicita por otrosí la medida cautelar consistente en la suspensión de la 
ejecución de los autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 y 30 de julio 
de 2018, pretensión cautelar que fundamenta a continuación.
4.  Mediante providencia de 30 de octubre de 2018, el Pleno de este Tribunal, a 
propuesta del presidente, acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo, 
conforme a lo establecido en el artículo 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal y 
admitirlo a trámite, «por apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) dado que el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]». Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 
LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a 
fin  de  que,  en  plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia 
adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  auto  de  9  de  julio  de  2018  del 
magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y auto de 30 de julio 
de  2018  dictado  por  la  sala  de  apelaciones  del  Tribunal  Supremo  en  la  causa 
especial 20907-2017, debiendo previamente emplazarse para que en el plazo de diez 
días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
En relación con la solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formuladas 
en la demanda de amparo mediante otrosí, se acordó formar la oportuna pieza separada.
5.  Mediante providencia de igual fecha se formó la correspondiente pieza separada 
de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un 
plazo común de tres días al ministerio fiscal y al solicitante de amparo para que pudieran 
alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada.
Por ATC 128/2018, de 11 de diciembre, se denegó la suspensión solicitada.
6.  Una vez emplazadas las partes, por diligencia de ordenación de 26 de noviembre 
de 2018 se tuvo por personado y parte en el procedimiento al abogado del Estado; a la 
procuradora doña María del Pilar Hidalgo López en representación del partido político 
VOX, al procurador don Emilio Martínez Benítez en representación de doña Carme 
Forcadell Lluis y doña Anna Simó Castelló y a la procuradora doña Celia López Ariza en 
representación de don Oriol Junqueras Vies y don Raül Romeva Rueda. Asimismo se les 
concedió a los citados y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que 
presentaran las alegaciones que a su derecho convenga.
7.  Por  escrito  presentado  el  30  de  noviembre  de  2018,  el  procurador  de  los 
Tribunales don Federico Ortiz-Cañavete Levenfeld, en representación de don Jaume 
Cabré Fabré y otros, solicitó copia del testimonio de la actuaciones relativas a la causa 
especial 20907-2017 remitido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. e.
Por diligencia de ordenación de 3 de diciembre de 2018 se acordó unir el anterior  w.
escrito y poner en su conocimiento que las actuaciones recibidas del Tribunal Supremo  24ww
edset áonrd ae nsauc dióisnp odsei c2ió6n d een  nlao vsieecmrebtraer ídae d 2e0 e1s8te,  pTorirb uunn apl,l aczoon fcoormmeú ns ed ea cvoeridnóte e nd ídaisli gseengcúian 
dispone el art. 52 LOTC.
8.  El 17 de diciembre de 2018 presentó su escrito de alegaciones la representación 
procesal del partido político VOX.
Alega en primer término que procede la inadmisión del recurso de amparo por cuanto 
no  se  cumplen  las  previsiones  del  art.  46.2  LOTC,  pues  no  consta  que  todas  las 
personas del encabezado del recurso se hayan personado en la causa previa. A su 
juicio, los recurrentes carecen de legitimación al no haber sido parte en el proceso 
judicial precedente. Señala que debían haber intentado la personación en los autos con 
el fin de adquirir, desde la condición de parte, la legitimación necesaria para recurrir en 
amparo  cualquier  posible  infracción  de  derechos  constitucionales.  Tal  personación 
hubiera sido posible por la vía del art. 53.2 CE y de no haber sido así, afirman que con 
ello  habrían  recibido  al  menos  una  decisión  judicial  en  vía  ordinaria  que  hubiera 
posibilitado la defensa de los derechos que ahora declaran lesionados. Añade que 
también hubieran podido utilizar la vía de la acción popular del art. 125 CE y que la 
misma representación de los recurrentes reconoce literalmente que no cumplen con los 
requisitos para la admisión del recurso de amparo presentado.
También entiende que procede la inadmisión de la demanda de amparo por falta de 
especial trascendencia constitucional pues no realizan el juicio de razonabilidad exigible. 
Afirman que del tenor de la explicación de la parte recurrente en el epígrafe relativo a la 
especial trascendencia constitucional no se dice nada de cómo y en qué forma los 
derechos de los recurrentes quedan afectados por las medidas cautelares impuestas a 
los señores Junquera, Sánchez y el resto que cita.
Por lo que se refiere al fondo del asunto, afirma que no hay vulneración del derecho 
de participación y representación política como sostiene la parte recurrente. Alega que la 
Constitución española no reconoce un derecho fundamental ni de otro tipo del reo a 
poder disfrutar y exigir una salida extraordinaria del centro penitenciario, sea para el 
ejercicio de derechos reconocidos en el art. 23 CE u otros de rango fundamental. Lo que 
ha destruido la posibilidad de dichos derechos del recurrente ha sido la comisión de los 
tipos penales de rebelión, sedición y malversación en el grado que determine a la postre 
la sentencia. Además, señala la representación procesal del partido político VOX que, 
como muestra el ATS de 12 de enero de 2018, y como garantía de los derechos políticos 
del recurrente, el magistrado instructor ha posibilitado que este pueda incluso seguir 
realizando sus objetivos políticos por vía de delegación de voto, de conformidad al 
art. 93.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
Además, considera que la concesión de licencias especiales al preso, sobre la base 
de circunstancias subjetivas y de oportunidad, significaría la concesión de prerrogativas 
al reo no permitidas en el art. 14 CE.
Tras reproducir el contenido de los AATC 82/2018, de 17 de julio; 98/2018, de 18 de 
septiembre, y 128/2018, de 11 de diciembre, afirma que la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo no ha llevado a cabo una interpretación contra legem del art. 384 bis LECrim. A 
su juicio, no se trata de ver si los recurrentes estrictamente «emplearon en su actividad 
instrumentos que pudieran merecer la consideración de armas o explosivos», sino de 
valorar otros extremos y su posición en la cadena de mando. En este sentido, señala que 
hay que tener en cuenta que tanto los recurrentes como toda la estructura subversiva 
que han creado desde hace años no solo persigue la destrucción de los derechos 
fundamentales de los no adeptos al ideal de los recurrentes en Cataluña, sino que 
también tiene intención del uso de la violencia hasta la consecución de los denominados 
«Países Catalanes», buscando violentar la convivencia pacífica entre los ciudadanos de 
otras partes de España. s
Finalmente, en relación con el resto de derechos alegados —libertad ideológica,  oe.
libertad de expresión y derecho a la presunción de inocencia— considera que se utilizan  w.
a modo de refuerzo y a fin de resaltar el supuesto sentido de lesión del derecho de  24ww
dpiacreti cnipaadcaió dne p oclóítmicoa . yD een l aq euxép lfiocramciaó ne sdteo sl ao ptraorste d reerceucrhreons ted ee nlo tso droe ceulr rreenctuerss oc intaod oses 
qSuáendcahne z ayf eecl traedsotos  qpuoer  slea sc itamne.didas  cautelares  impuestas  a  los  señores  Junqueras,  BOE-A-cable e
9.  El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 27 de 
diciembre de 2018.
Tras  exponer  extensamente  los  antecedentes  del  asunto,  el  Ministerio  Fiscal 
entiende que los demandantes carecen de legitimación activa, lo que debiera por sí 
determinar la inadmisión en sentencia del presente recurso de amparo. Señala que no 
basta con un interés genérico en la preservación del derecho fundamental que se estime 
vulnerado, sino que es necesario que los recurrentes se encuentren respecto de ese 
derecho fundamental en una situación jurídico-material identificable con un interés en 
sentido propio, cualificado o específico.
A su juicio, en el presente recurso de amparo la cuestión problemática se sitúa en el 
ámbito del art. 46.1 b) LOTC y la interpretación constitucional del referido precepto de 
cara a la viabilidad de la acción de amparo de acuerdo con la doctrina elaborada por el 
Tribunal Constitucional en torno a la integración y complementariedad de lo dispuesto en 
dicho precepto y lo establecido en el art. 162.1 b) CE.
Indica que diversas circunstancias concurrentes en el presente caso separan la 
situación jurídico-procesal y sustantiva aquí concurrente de las propias de los recursos 
de amparo 110-1990, 6845-2001 y 1401-2000 en los que se emitieron respectivamente 
las SSTC 217/1992, 298/2006 y 174/2002 alegadas por los demandantes. Así, señala 
que  en  lo  que  respecta  a  los  recursos  de  amparo  110-1990,  en  que  se  dictó  la 
STC 217/1992 y 6845-2001, que motivó la STC 298/2006, porque mientras en estos los 
actores, tanto los profesores de Universidad de Sevilla como la entidad Acción Popular 
Burgalesa Independiente, fueron parte en el proceso judicial de naturaleza contencioso-
administrativa  e  índole  civil  respectivamente,  los  aquí  demandantes  de  amparo, 
ciudadanos  residentes  en  Cataluña,  no  lo  han  sido  en  la  causa  judicial  a  quo  de 
naturaleza penal y no lo podrían haber sido, amén de que ni siquiera consta ni sostienen 
que lo hubieran intentado o pretendido ser. Además, añade que mientras en los dos 
anteriores casos existía una disociación entre la legitimación y la titularidad del derecho 
fundamental, en el presente recurso de amparo los recurrentes acuden al Tribunal 
Constitucional alegando principalmente la defensa de un derecho fundamental del que 
son propiamente sus titulares originarios, art. 23.1 CE, circunstancia en la que basan y 
argumentan su propia legitimación por la conexión al derecho del art. 23.2 CE cuya 
titularidad corresponde a los diputados suspendidos, obviando toda referencia específica 
a la legitimación que les asiste en relación con los derechos que les resultan ajenos, 
cuya vinculación con la propia ni se afirma como mediata o indirecta ni se explica más 
allá de efectuar una genérica referencia a que de ellas trae causa la vulneración del 
derecho no propio del art. 23.2 CE al que se conecta la afectación propia.
En lo que se refiere al recurso de amparo núm. 1401-2000, que sirvió de base a la 
STC  174/2002,  señala  que  igualmente,  mientras  en  el  caso  de  esta  sentencia  el 
problema de legitimidad se centraba en tratarse de una demanda interpuesta por quien 
no  era  el  titular  del  derecho  fundamental  presuntamente  lesionado,  en  el  presente 
recurso los demandantes reclaman la vulneración de un derecho fundamental que no les 
es ajeno, sino propio en su condición de ciudadanos del cuerpo electoral de Cataluña 
eventualmente afectados por las decisiones judiciales tomadas en una causa penal.
Para el Ministerio Fiscal, aplicando los parámetros de la doctrina constitucional fijada, 
entre otras, en las SSTC 217/1992, 174/2002 y 154/2006, cabe negar la legitimación 
activa de los recurrentes como ciudadanos residentes en Cataluña puesto que: (i) no 
fueron parte en el proceso judicial de naturaleza penal en que se dictó el acto judicial; (ii) 
tampoco podían serlo porque no debían serlo legalmente, ni tenían derecho propio,  s
específico ni cualificado a ello en virtud de disposición legal alguna; (iii) no pretendieron  oe.
en ningún momento serlo; y (iv) se mostraron absolutamente inactivos ante la jurisdicción  w.
ordinaria, porque ni eran parte ni debían serlo en el proceso penal en el que se adoptó el  24ww
actoA jduedmiciáasl., considera el Ministerio Fiscal que la demanda es prematura al menos en lo
qCuaes asmea jróe,f iedraed oa  qlau eq eune jala  fomrmismulaa dsae  rceosnpcercettoa  dqeule d liopsu taadctoo sd oqnu eC vairolelasn  Plousig ddeermeochnot si   BOE-A-cable e
fundamentales sobre los que reclama son los autos de 9 y 30 de julio de 2018 dictados 
en la causa especial 20907-2017 seguida ante el Tribunal Supremo, sin perjuicio de la 
posibilidad de ampliar el presente recurso contra la resolución que recaiga una vez que 
«los recursos de reforma y posterior de apelación interpuestos por el diputado don 
Carles Puigdemont i Casamajó contra el auto de 9 de julio de 2018 todavía no han sido 
resueltos» (pág. 3 de la demanda).
A todo lo señalado añade que una vez que los demandantes no han invocado 
formalmente su derecho ante la jurisdicción ordinaria ni han agotado por sí la vía judicial 
previa es porque resulta evidente que carecían de legitimación para intervenir en el 
proceso penal a quo.
Por lo que se refiere al fondo de las alegaciones planteadas, el Ministerio Fiscal 
analiza la afección de los derechos políticos y de la presunción de inocencia, si bien 
comienza el análisis constitucional por el derecho de naturaleza procesal eventualmente 
afectado que se coliga a la vulneración de los derechos políticos de los recurrentes.
Señala  que  la  argumentación  desplegada  en  sustento  de  este  motivo  de 
impugnación en amparo revela que en realidad la alusión por los recurrentes a la 
vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  del  art.  24.2  CE  se  efectúa 
respecto de un derecho que les es ajeno, lo cual acentúa la ausencia de legitimación 
activa en este punto, máxime si se tiene en consideración que los propios diputados 
procesados suspendidos en su función pública representativa han alegado este derecho 
en las quejas propias que en amparo han elevado al Tribunal Constitucional en sus 
correspondientes recursos.
En cualquier caso, el fiscal efectúa una serie de observaciones sobre esta alegación. 
Señala el fiscal que de la doctrina europea e internacional en materia de derechos 
humanos se desprende que la presunción de inocencia despliega sus efectos en el 
proceso penal en una triple dimensión: como regla de juicio –probatoria– del proceso, de 
manera que se ha de partir de la verdad interina de la ausencia de atribución del hecho y 
se requiere para destruirla prueba de cargo legítima suministrada por la acusación; como 
garantía del proceso penal, que se erige en un límite al legislador que va destinado a 
impedir el establecimiento de normas que impliquen una presunción de culpabilidad y 
carguen la prueba de la inocencia sobre el inculpado; y como regla de tratamiento del 
imputado durante el proceso penal, lo que conllevaría la reducción al mínimo de las 
medidas restrictivas del encausado durante el proceso.
Pues bien, para el fiscal la queja de los recurrentes concierne sobre todo a esta 
tercera dimensión en la medida en que se reclama en esencia el pleno goce y ejercicio 
de sus derechos políticos. Y si bien la doctrina constitucional afirma desde antiguo esta 
tercera dimensión, lo cierto, afirma el fiscal, que también ha acogido el postulado básico 
de  que  la  presunción  de  inocencia  es  compatible  con  la  aplicación  de  medidas 
cautelares, ello siempre que se adopten por resolución fundada en derecho que se 
basen en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias 
concurrentes.
En el caso concreto, señala el fiscal que no puede olvidarse que los recurrentes se 
hallan en situación de prisión provisional y, por ende, internos en un centro penitenciario, 
de modo que la medida restrictiva está vinculada a una suspensión del derecho a la 
libertad no estableciéndose de modo autónomo a la permanencia en dicha situación; y 
tanto la prisión provisional como la suspensión de sus cargos y funciones públicas tienen 
su fundamento en conductas de extrema gravedad.
Tras sintetizar parte del contenido de la STC 71/1994, de 3 de marzo, FFJJ 6 y 7, el  s
ministerio fiscal hace alusión a la supuesta falta de presupuestos para la aplicación del  oe.
art. 384 bis LECrim. En cuanto a la imposibilidad de entender a los demandantes como  w.
responsables de hechos relacionados con «individuos rebeldes» por no estar integrados  24ww
reanz ounnaab leb ayn dpar oapromrcaiodnaa, droe ceuse rdean teqnudee r loqsu ed elma aanpdlaicnatceisó nv ideenle na rta.  3s8o4s tebnise r LqEuCer imlo, 
acotenncdluidsoiosn essu sd earnivtaedceads ednet elas  SnToCrm 1a9ti9v/o1s9,8 7lo,s ú ndiecbaamteesn tep aersla pmoesnibtaler iroess pleegcitsol adteiv oasq uye llloass   BOE-A-cable e
individuos rebeldes que hubieran utilizado armas de guerra o explosivos, con la finalidad 
de  producir  la  destrucción  o  eversión  del  orden  constitucional,  de  modo  que 
exclusivamente a estos es posible suspenderles del ejercicio del cargo o función púbica. 
Pero frente a esta tesis, el ministerio fiscal entiende que cabe oponer las siguientes 
consideraciones:
– La STC 199/1987 no se refirió en realidad a la norma procesal que estableció la 
suspensión a la que se refiere el demandante, puesto que respecto del art. 22.1 de la 
Ley  Orgánica  9/1984,  de  26  de  diciembre,  el  Tribunal  Constitucional  apreció  la 
desaparición sobrevenida del objeto del recurso de inconstitucionalidad;
– La medida del art. 22.1 de la Ley Orgánica 9/1984 iba exclusivamente referida a 
los delitos comprendidos en dicha ley específicamente relacionados con la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas en su tipificación al tiempo de su vigencia y 
desde la óptica de desarrollo del art. 55.2 CE, precepto que va referido a los arts. 17.2 
y 18.2 y 3 CE;
– El objeto de la STC 1999/1987 era determinar si la inclusión de los rebeldes en el 
ámbito  aplicativo  de  la  ley  podía  responder  al  mismo  fundamento  habilitante  de 
excepción del art.55.2 CE;
– En la actualidad es perfectamente posible la comisión de un delito de rebelión sin 
armas, como se desprende del subtipo agravado que se establece en atención a su 
empleo en el apartado 2 del art. 473 CP, y se castiga con penas de prisión de quince a 
veinticinco años;
– El referente de doctrina constitucional en lo que concierne al art. 384 bis LECrim 
es la STC 71/1994, de 3 de marzo, FFJJ 6 y 7, que ha considerado constitucionalmente 
legítima la medida de suspensión del ejercicio de función o cargo público contemplada 
en dicho precepto.
Señala que el art. 384 bis LECrim no podría ser inaplicado ni cuestionado por los 
órganos jurisdiccionales sin incurrir en un reprobable exceso de jurisdicción, dada su 
proclamada legitimación constitucional y la afección que también provocarían, en un 
sentido contrario al esgrimido en la demanda, de los derechos de los diputados y 
ciudadanos del cuerpo electoral que están sometidos a una serie de condiciones que 
conforman el status legal para el acceso, ejercicio y mantenimiento de sus derechos 
políticos, entre las que se halla, en su dimensión o faceta negativa, no encontrarse en la 
situación  contemplada  en  aquel  precepto  legal,  lo  que  comporta  consecuencias  de 
afectación del ius in officium del resto de los diputados del Parlamento de Cataluña.
Concluye  el  fiscal  afirmando  que  la  aplicación  de  la  medida  de  suspensión 
establecida en el art. 384 bis LECrim se ajusta a la legalidad, no desatiende la doctrina 
constitucional y en absoluto puede calificarse como materialmente desproporcionada.
Por lo que se refiere a la alegada vulneración de los derechos a la libertad ideológica, 
libertad de expresión y derecho de asociación, recuerda que el Ministerio Fiscal ya ha 
considerado que carecen de contenido constitucional alegaciones y quejas similares que 
fueron planteadas por los propios diputados afectados en los recursos de amparo que 
han formulado en relación con las medidas cautelares adoptadas sobre los mismos 
durante el curso de la causa especial 20907-2017.
Señala que frente a las afirmaciones que se hacen en la demanda, no hay elemento 
ninguno en las resoluciones cuestionadas que permita sostener que es la ideología de 
los demandantes la que ha determinado que se adopte la medida restrictiva del art. 384 
bis LECrim sometida a examen. Que se haya decretado la prisión provisional y el  e
procesamiento por delito de rebelión, entre otros, de los diputados no se fundamenta en  bo
su  posicionamiento  ideológico  independentista,  sino  en  la  apreciación  indiciaria  y  24ww
persotrvaisteogriiaa  deco unnjuonst aa ctdoess arerraolilzlaaddao s cpoonr  loesl  mpirsompoóss iteon  ddees plcieogmupee ldeer  uanla  aEcsttiavdidoa d ayl 
rye ecostnaotucitmariieon, tdoe d eu nlaa  ipnadretep ednedle tnecrriait,o rcioon n laac cioonnasli,g quuieen tsee q huaie bllerav addeol  oar dceanb oc ocnosnti teumcipolneaol 
de medios violentos o tumultuarios previstos como delitos de rebelión y la concurrencia
de los requisitos de fondo, forma y fines legítimos que exige la adopción regular de la 
medida cautelar de privación preventiva de libertad.
Para el Ministerio Fiscal el fundamento de la afectación no se encuentra en la 
ideología de los diputados suspendidos en su cargo o función pública representativa. 
Frente a lo alegado por los demandantes concluye que basta significar que en nuestro 
sistema  jurídico  no  existe  ninguna  prohibición  o  limitación  para  sostener  tesis 
independentistas en los distintos territorios del Estado, ni para constituir partidos políticos 
que acojan dicho ideario independentista, ni para su expresión pública.
10.  Por escrito presentado en este Tribunal el 28 de diciembre de 2018 solicita su 
comparecencia en el presente recurso de amparo el procurador de los Tribunales don 
Carlos  Estévez  Sanz,  en  nombre  y  representación  de  don  Carles  Puigdemont  i 
Casamajó.
Por  diligencia  de  ordenación  de  2  de  enero  de  2019  se  acuerda  tenerle  por 
personado y parte en el procedimiento, y a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se 
acuerda dar un plazo de veinte días para que dentro de dicho término pueda presentar 
las alegaciones que a su derecho convenga.
11.  El 28 de diciembre de 2018 presentó su escrito de alegaciones el abogado del 
Estado.
En primer lugar, alega falta de legitimación activa de los demandantes de amparo 
para la interposición del recurso pues, por un lado, no son titulares de un derecho 
fundamental objeto directo de vulneración y, por otro, no son titulares de un interés 
legítimo. En este sentido, afirma que el hecho de que cada uno de los demandantes 
hubiera votado la candidatura que hoy es el grupo parlamentario al que refieren, no es 
algo  acreditado  más  que  por  su  sola  declaración.  Además,  por  otra  parte,  los 
parlamentarios no representan a sus votantes específicos sino a todo el pueblo de una u 
otra posición política, a todo el electorado, sea cual sea el partido al que pertenezca. Por 
lo  tanto,  los  demandantes  de  amparo  no  pueden  defender  un  interés  a  que  «sus 
elegidos», estén donde entienden que habrían de estar en el arco parlamentario como 
representantes,  no  del  conjunto  de  los  ciudadanos,  sino,  como  pretenden  los 
recurrentes, solo como supuestamente representantes políticos de los recurrentes como 
electores.
Además de la falta de legitimación de los demandantes para recurrir en amparo, 
considera el abogado del Estado que incumplen el requisito de haber sido parte en el 
proceso a quo como exige el art. 46 LOTC. Si los recurrentes se consideran legitimados 
para interponer el recurso de amparo debieron personarse al dictarse el auto de 9 de 
julio e impugnarlo aun en vía ordinaria penal ante el Tribunal Supremo. Esa impugnación 
sí se efectuó por otros encausados, personados en la causa, y fue resuelto por la sala 
el 30 de julio de 2018.
Por lo que se refiere al fondo del asunto, sostiene el abogado del Estado que la 
medida  de  suspensión  de  funciones,  que  merece  el  reproche  constitucional  de  los 
demandantes, no constituye una sanción coercitiva, sino una medida cautelar ope legis.
En  relación  con  la  afirmación  de  los  recurrentes  relativa  a  que  el  magistrado 
instructor y la sala han efectuado una interpretación errónea del art. 384 bis LECrim, 
señala el abogado del Estado que la posible aplicación de este artículo cuando se den 
las circunstancias procesales en el descritas y su adecuación constitucional respecto de 
los procesados por rebeldía ha sido abordada y resuelta por la STC 71/1994, de 3 de 
marzo y de esta sentencia parte el auto de 30 de julio de 2018 del Tribunal Supremo,  e
objeto del recurso de amparo, para declarar la compatibilidad del art. 384 bis LECrim con  bo
la Constitución. El abogado del Estado reproduce distintos fundamentos del auto del  24ww
rTercibounnoacli dSosu perne melo a ret.n 2 3lo.2s  CqEu ep resveis tac oennc leuly ea rt.q 3u8e4 .l2a  LEsuCsrpimen, sciuóyna  dceo nslotistu cdioenreaclidhaods 
hdae listoidso d dee rcelbaeralidóan  pcoomr eelt iTdroibs upnoarl  bCaonndsatsit uacrimonaadla, sn.o se refiere solamente a los casos de
12.  El 28 de diciembre de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal 
el escrito de alegaciones presentado por la procuradora de los tribunales, doña Celia 
López Ariza, en nombre de don Raül Romeva Rueda y don Oriol Junqueras Vies.
Mediante  este  escrito  se  adhieren  íntegramente  al  recurso  formulado  por  los 
recurrentes en amparo y se remiten a lo alegado en el recurso de amparo 4855-2018. 
Insisten  en  que  el  Tribunal  Supremo  ha  aplicado  de  forma  totalmente  indebida  la 
suspensión de cargos prevista por el art. 384 bis LECrim lo cual supone una vulneración 
directa de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión, al juez 
ordinario predeterminado por la ley, a la legalidad, a la participación y representación 
políticas, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías.
Señalan que el art. 384 bis LECrim ha sido aplicado de forma totalmente errónea 
porque no se cumplen dos requisitos fundamentales exigidos por la norma referida. En 
primer lugar, en el momento en que el Tribunal Supremo tomó la decisión aquí discutida 
no existía un auto de procesamiento firme, tal como la propia resolución recurrida 
establecía. Y, en segundo lugar, falta también el requisito central para la aplicación del 
precepto citado y es que la causa debe versar sobre hechos constitutivos de delito 
relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.
13.  El 3 de enero de 2019 presentaron escrito de alegaciones los recurrentes.
Señalan, en primer lugar, que el auto del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre 
de 2018 por el que se deniega la suspensión solicitada ha prejuzgado indebidamente el 
fondo del asunto.
Añaden que con posterioridad a la interposición del recurso de amparo, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia, el 20 de noviembre de 2017, en el 
asunto Selahattin Demirtas c. Turquía.  A su juicio, las consideraciones llevadas a cabo 
por el Tribunal Europeo en dicha sentencia avalan en su integridad las consideraciones 
jurídicas de esta parte en el escrito de demanda interpuesto el 15 de octubre de 2017.
Consideran que el objeto del presente recurso de amparo es aún más limitado que el 
del asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, en la medida en que se impugnan únicamente 
las resoluciones judiciales que han pretendido la suspensión de iure de su condición de 
parlamentarios de los diputados don Carles Puigdemont i Casamajó, don Oriol Junquera 
i Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Josep Rull i Andreu y don 
Jordi Sánchez i Picanyol. Por la misma razón, afirman que la afectación a los derechos 
de los electores es todavía más grave en el presente recurso de amparo que en el 
asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no 
solo pretende la suspensión de facto de los diputados en su condición de tal valiéndose 
de una prisión provisional ilegal e injusta, sino que da un paso más y pretende, además, 
su suspensión de iure.
14.  El 5 de febrero de 2019 presentó escrito de alegaciones el procurador de los 
tribunales  don  Carlos  Estévez  Sanz,  en  nombre  y  representación  de  don  Carles 
Puigdemont i Casamajó.
Considera  que  la  suspensión  del  ejercicio  de  funciones  inherente  al  cargo 
representativo de diputado afecta al derecho fundamental previsto en el art. 23 CE en su 
doble vertiente. Este precepto, a su juicio, comprende no solo el acceso a los cargos y 
empleos públicos en condiciones de igualdad y en los términos que señalan las leyes, 
sino también la permanencia en dichos cargos en iguales términos, sin la cual el acceso 
podría devenir un derecho meramente formal. e
Insiste en que existe una directa conexión entre el derecho de participación política  bo
de los cargos representativos (art. 23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar  24ww
erenp rleosse natsautinvato se l pdúebrleiccohso  (daert .e s2t3o.s1  aC lEa) ,p aersteicnipcaiaclimóne nstee  epjoerrqcuee,  eenn  buunean ad emmeodcidraa,c iaa 
travéPso rd eo tlrao  alcatdivoi,d aadfi rdmea a qquuee llsoes , olopso ncea rgaol ss epnútbirl icmoasy.oritario de la comunidad científica
equiparar las actividades de unas personas que nunca en su vida política han recurrido
al uso de la violencia, con las propias de las organizaciones terroristas que tanta muerte 
y dolor han sembrado.
Expone  que  la  equiparación  entre  bandas  armadas  y  elementos  terroristas  y 
rebeldes, que aparece en la Ley Orgánica 9/1984 y la Ley Orgánica 3/1988, de 25 de 
mayo, de reforma del Código penal y que afectaba a un conjunto de preceptos del 
Código  penal,  desaparece  definitivamente  con  el  Código  penal  de  1995  restando 
prácticamente como una reliquia de aquella reforma de los años 80 el art. 384 bis.
Recuerda lo resuelto por el Tribunal de Schleswig-Holstein que en resoluciones de 5 
de abril de 2018, 22 de mayo de 2018 y 12 de julio de 2018, ha reiterado la inexistencia 
del elemento de violencia en los actos a él imputados y que fundamentan la acusación 
de rebelión.
Por último, insiste en que no se cumplen plenamente los requisitos del art. 384 bis 
CP pues no pesa sobre él ningún auto decretando la prisión provisional ni ninguna Orden 
europea o internacional de detención. Siendo así, la interpretación extensiva del art. 384 
bis LECrim, que asimila la prisión provisional decretada según tenor de la propia norma, 
con una situación de previsible prisión provisional a decretar caso de comparecer ante 
los Tribunales españoles, es absolutamente improcedente y atentatoria al derecho a 
permanecer en el ejercicio de cargo público.
15.  Por providencia de 25 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia este mismo día, en el que ha tenido lugar.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Planteamientos de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra las siguientes resoluciones judiciales:
a)  El auto de 9 de julio de 2018, dictado por el magistrado instructor de la causa 
especial 20907-2017, seguida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En dicha 
resolución se acordó «comunicar a la mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, que 
los procesados y miembros de ese Parlamento: don Carles Puigdemont i Casamajó, don 
Oriol Junqueras i Vies, don Jordi Turull i Negre, don Raül Romeva i Rueda, don Josep Rull i 
Andreu y don Jordi Sánchez Picanyol, han quedado suspendidos —automáticamente y por 
imperio del artículo 384 bis de la LECrim— en las funciones y cargos públicos que estaban 
desempeñando, debiendo de proceder la mesa del Parlamento a adoptar las medidas 
precisas para dar plena efectividad a la previsión legal».
b)  El auto de 30 de julio de 2018, dictado por la sala de recursos de la Sala de lo 
Penal  del  Tribunal  Supremo,  por  el  que  se  desestimaron  los  diversos  recursos  de 
apelación presentados contra el citado auto de 9 de julio.
Los recurrentes, que no tuvieron ninguna intervención en el proceso judicial en el que 
se dictaron las resoluciones que ahora impugnan, alegan que los autos de 9 y 30 de julio 
de 2018, al suspender en el ejercicio de sus funciones a seis diputados del Parlamento 
de  Cataluña,  vacían  de  contenido  su  derecho  a  participar  en  los  asuntos  públicos 
(art. 23.1 CE). Estiman, más precisamente, que las referidas resoluciones judiciales 
vulneraron  el  derecho  de  esos  seis  diputados  a  ejercer  sus  cargos  públicos 
representativos  sin  perturbaciones  ilegítimas  (art.  23.2  CE),  circunstancia  esta  que 
proporciona a los actores, según se argumenta en la demanda, un interés legítimo para 
recurrir en amparo en defensa de los derechos fundamentales de sus representantes.  s
Afirman, para justificar esta tesis, que, de acuerdo con la doctrina constitucional, existe  oe.
una especial conexión entre el art. 23.1 CE, del que los actores son titulares, como  w.
ecpunaa rteliqcl uiepijeaerrr oconitc riooc  ocdnieu ld scauad ragvnooot,o , s yo« leoel n sa orltna.  s2t it3ue.ll2ae rcCecsEio ,ln odeses lr  eqapulr eeP,s aeernnlat asmnuet ednsitmo e eledncest ioóCsn.a  dtAaeñl uamñdaaen ntd eqenu ime2 1iee lnldotoes    2020-4124n https://ww
diciembre de 2017» en las que los diputados después suspendidos resultaron elegidos.
En  cuanto  al  fondo  del  asunto,  los  recurrentes  estiman,  en  esencia,  que  la 
interpretación contenida en las resoluciones judiciales impugnadas de la expresión legal 
«individuos  rebeldes»  vulnera  la  doctrina  establecida  por  el  propio  Tribunal 
Constitucional en su STC 199/1987, de 16 de diciembre, resolución que, en su opinión, 
contrae la aplicación del art. 384 bis LECrim a los supuestos de actuación de «banda 
armada». Se habría producido, así, una restricción ilegítima del derecho reconocido en el 
art. 23.2 CE, ya que la hipótesis legal de suspensión es llevada por los órganos judiciales 
más allá de los márgenes estrictos de su presupuesto legal habilitante. La suspensión 
resulta,  asimismo,  una  consecuencia  jurídica  desproporcionada.  De  la  ilegítima 
restricción del derecho al ejercicio del cargo público parlamentario se derivaría, a su vez, 
según afirman los demandantes, la vulneración de los derechos de los diputados a la 
libertad ideológica, a la libertad de expresión, al derecho de asociación y a la presunción 
de inocencia.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional, el abogado del Estado y el partido político 
Vox se oponen a la admisión del recurso al entender que los recurrentes carecen de 
legitimación activa tanto desde el punto de vista del art. 162.1 b) CE, que exige, para 
todo recurso de amparo, la invocación de un derecho o interés legítimo, como desde la 
óptica del art. 46.1 b) LOTC, que restringe la vía del amparo judicial (art. 44 LOTC) a los 
que hayan sido parte en el correspondiente proceso. El partido político Vox entiende, 
además,  que  el  recurso  planteado  carece  de  especial  trascendencia  constitucional. 
También han comparecido en el presente proceso de amparo don Carles Puigdemont i 
Casamajó, don Raül Romeva Rueda y don Oriol Junqueras Vies, que se han adherido en 
sus alegaciones a las tesis de los actores y solicitan la estimación del recurso interpuesto 
por estos.
2.  Cuestión previa: legitimación de los recurrentes. Delimitación.
Como  ha  quedado  reseñado  en  el  fundamento  precedente,  la  posibilidad  de 
examinar  el  fondo  del  presente  recurso  de  amparo  depende  de  la  decisión  que 
previamente se adopte sobre la legitimación de los demandantes, cuestión esta sobre la 
que debemos hacer las siguientes consideraciones generales:
a)  Puede observarse, en primer lugar, que en ciertos pasajes de la demanda se 
estima,  de  forma  equívoca,  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneran 
directamente el derecho de los recurrentes a participar, como electores, en los asuntos 
públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE). Lo cierto es, sin embargo, que el 
derecho fundamental que resulta controvertido por la aplicación del art. 384 bis de la Ley 
de enjuiciamiento criminal es, según la doctrina de este Tribunal, el de acceso a cargos 
públicos  (art.  23.2)  y,  más  específicamente,  su  concreta  vertiente  relativa  a  la 
permanencia y al ejercicio de los mismos, derecho este que, en caso de tratarse de 
cargos públicos representativos, como ocurre en el presente supuesto, tiene como titular 
exclusivo  «al  grupo  minoritario  de  ciudadanos  a  los  que  el  resto  de  los  mismos 
encomienda periódicamente el ejercicio de las diversas y plurales manifestaciones de la 
soberanía popular» (SSTC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6).
Es, por tanto, claro que los recurrentes no actúan en el presente proceso de amparo 
en  defensa  de  un  derecho  fundamental  propio,  pues  la  titularidad  del  derecho  del 
art.  23.2  CE,  en  su  dimensión  de  mantenimiento  en  el  ejercicio  del  cargo  público 
representativo, en este caso en el de diputado autonómico, solo corresponde a los 
miembros que integran la correspondiente asamblea legislativa (AATC 192 y 193/2010,  s
de 1 de diciembre, FJ 3). Son, en definitiva, los seis diputados del Parlamento de  oe.
Cataluña afectados por la aplicación del art. 384 bis LECrim los únicos titulares del  w.
daertr.e b2c)3h .o1L  fCousEn d eraenmc uuernnr etsanel tncetosidn ottar odmvisbetiriéntindto o.i  neAvnloe ecgala snnu,,  pesuinne  cseotomn cqbruaeertgo ao, h,q ousreau   entjoietusr lcaoiercirudopanad . ddee flo rdmerae echfeoc tdiveal   2020-4124n https://ww
su derecho de sufragio activo en las elecciones de 21 de diciembre de 2017, en las que
fueron elegidos los seis diputados después suspendidos en aplicación del art. 384 bis
LECrim. Consideran que esta circunstancia basta para sustentar un interés legítimo para 
interponer el recurso de amparo en defensa del derecho de sus representantes. De 
opinión contraria son, como ya se ha visto, el ministerio fiscal, el abogado del Estado y el 
partido político Vox.
Es este segundo aspecto el que debe ser examinado por este Tribunal.
3.  Examen de la legitimación. Inadmisibilidad de la demanda.
Una vez acotada la controversia sobre la legitimación en los términos fijados en el 
fundamento jurídico precedente, hay que tener presente que son dos los preceptos que 
regulan esta cuestión. De una parte, el art. 162.1 b) CE dispone, con carácter general, 
que están legitimados para interponer el recurso de amparo, entre otros, «toda persona 
natural  o  jurídica  que  invoque  un  interés  legítimo».  En  relación  específica  con  las 
modalidades de amparo judicial y administrativo, el art. 46.1 b) LOTC añade que están 
legitimados  para  interponerlos  «quienes  hayan  sido  parte  en  el  proceso  judicial 
correspondiente».
Este  Tribunal  ha  venido  realizando  una  «interpretación  integradora»  de  los  dos 
preceptos citados, «en el sentido de entender que la fórmula del art. 46.1 b) de la Ley 
Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  complementa  a  la  del  art.  162.1  b)  del  texto 
constitucional,  sin  que  se  deba  considerar  limitativa  o  restrictiva  de  ella» 
(SSTC 106/1984, de 16 de noviembre, FJ 1; 237/1997, de 19 de diciembre, FJ 2; 
158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2, y 131/2017, de 13 de noviembre, FJ 2). La 
integración de ambas normas exige, de un lado, la comprobación de la concurrencia de 
una de las situaciones jurídicas activas contempladas en el precepto constitucional 
[art. 162.1 b) CE], y como requisito adicional y complementario, la constatación de que 
se han cumplido las exigencias procesales del art. 46.1 b) LOTC tal y como han sido 
interpretadas en nuestra doctrina.
Desde el punto de vista del art. 162.1 b) CE, debemos recordar que este Tribunal ha 
considerado que la atribución constitucional de legitimación para recurrir en amparo a 
«toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo» abarca a «toda persona 
cuyo círculo jurídico pueda resultar afectado por la violación de un derecho fundamental» 
(por  todas,  STC  131/2017,  de  13  de  noviembre,  FJ  2).  Se  asume,  así,  una 
«interpretación muy amplia y flexible de la noción de interés legítimo» (STC 221/2002, 
de 25 de noviembre, FJ 2), que tiene, sin embargo, un límite infranqueable en la 
exigencia de una afectación singular de la esfera de intereses de quien lo invoca. Por 
ello, lo que diferencia el interés legítimo del puro interés en la correcta aplicación de la 
legalidad  vigente  que  puede  corresponder  a  cualquier  ciudadano  –y  que  puede 
fundamentar  la  previsión  legal  de  concretas  acciones  públicas  o  populares–  es  la 
repercusión efectiva y singular que el resultado del proceso puede tener en la esfera 
jurídica del litigante.
En efecto, este Tribunal ha puntualizado, en específica referencia a la previsión del 
art. 162.1 b) CE, que «no basta con un interés genérico en la preservación del derecho 
fundamental que se estime vulnerado, sino que es necesario que el recurrente se 
encuentre  respecto  a  ese  derecho  fundamental  en  una  situación  jurídico-material 
identificable con un interés en sentido propio, cualificado o específico» (SSTC 13/2001, 
de 29 de enero, FJ 4, y 240/2001, de 18 de diciembre, FJ 4; AATC 139/1985, de 27 de 
febrero; 58/2000, de 28 de febrero; 206/2006, de 3 de julio, 192/2010 y 193/2010, ambos 
de  1  de  diciembre).  Esa  relación  propia,  cualificada  y  específica  con  el  derecho 
fundamental que se considera violado ha de ser, por ello, distinta de la disconformidad o  e
el descontento que pueda sentir cualquier ciudadano ante lo que él percibe como una  bo
infracción objetiva de un derecho de rango fundamental. Donde acaba, en definitiva, el  24ww
jiunstetarémse pnrtoep, iloa  yfr ocnotmeriae neznat ree l laq uaec cgieónne qraulem seen tee jeprecrete enne cveir tau dc udael quuniear  scitiuuadcaidóann jou reídsitcáa, 
aapctliicvaac idóen  dinetle orérdse nle jguírtíimdicoo  yy  elan  laac dceiópnu rqaucieó ns dee  eujenrac ea ctpuaarcai ócno qlaubeo vraiorl ae anl gluan oc odrere scutas 
preceptos. Este Tribunal ha señalado, en este sentido, que el interés legítimo ha de
concretarse en una ventaja o utilidad jurídica propia, que no puede confundirse con la 
general que puede obtener cualquier ciudadano actuando como defensor del orden 
jurídico, esto es, uti cives.  Para que exista, en definitiva, legitimación fundada en 
interés legítimo, la resolución impugnada «debe repercutir de manera clara y suficiente 
en la esfera jurídica de quien acude al proceso» (por todas, SSTC 73/2006, de 13 de 
marzo, FJ 3, 121/2019, de 28 de octubre, FJ 3).
De todo ello se infiere que los ahora demandantes no cumplen con la legitimación 
exigible desde el punto de vista del art. 162.1 b) CE, ya que no se encuentran, en 
relación con el derecho fundamental que invocan, en una posición subjetiva distinta de la 
que puede corresponder a cualquier ciudadano interesado en que el art. 23.2 CE sea 
respetado,  relación  puramente  genérica  con  el  derecho  fundamental  que,  de  ser 
reconocida como suficiente para habilitar el acceso al recurso de amparo, supondría 
arbitrar, al margen de lo regulado en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del 
Tribunal  Constitucional,  una  acción  popular  o  pública  en  defensa  de  los  derechos 
fundamentales. Haber participado a través del voto en las elecciones de 21 de diciembre 
de  2017  no  cualifica  la  posición  jurídica  de  los  recurrentes  frente  a  cualquier  otro 
ciudadano catalán que sea titular del derecho de sufragio activo y que estuviera llamado 
a  participar  en  dicho  proceso  electoral,  siendo,  además,  la  representación  política 
asumida por los que resultaron entonces elegidos la de toda la ciudadanía de Cataluña y 
no solamente la de aquellos que afirman haberles confiado su voto. Es claro, pues, que 
estamos ante un intento de articular una acción quivis ex populo no prevista ni en la 
Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, procede inadmitir la demanda de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Inadmitir el presente recurso de amparo.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago  Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.