BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 87 Lunes 12 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 40539
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
5728 Resolución de 7 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona, 
para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 25 de marzo de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  para  la  realización  de  prácticas  externas  en 
Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de abril de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel. 
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y la Universitat Autònoma de Barcelona para la 
realización de prácticas externas en juzgados y Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, de 9 de diciembre de 2013, mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61, letra k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
La  Consejera  de  Justicia  y  Presidenta  del  Centro  de  Estudios  Jurídicos 
Especializados de la Administración de la Generalidad de Cataluña, Honorable Señora 
Ester Capella i Farré, actuando en nombre y representación de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña, en virtud de los dispuesto en el Decreto 3/2018, de 29 de 
mayo, por el que se la designa para tal cargo y en el ejercicio de las facultades que le 
atribuye  el  artículo  12  de  la  Ley  13/1989,  de  14  de  diciembre,  de  organización, 
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
habiendo sido autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Gobierno  es
de la Generalidad de Cataluña de fecha 1 de diciembre de 2020. o
El Rector Magnífico de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), don Francisco  28ww
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los Estatutos.
Las partes se reconocen plena capacidad de actuar en la representación legal que 
ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El  Real  Decreto  966/1990,  de  20  de  julio,  sobre  traspaso  de  funciones  de  la 
Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de provisión de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
establece, en el apartado B) de su anexo, que la adquisición y gestión de patrimonio 
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del 
mismo  anexo  recoge  que  se  traspasan  a  esta  Comunidad  los  bienes,  derechos  y 
obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de 
Cataluña.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto.
El artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Cataluña establece que, en relación  oe.
con la Administración de Justicia, corresponde a la comunidad autónoma ejercer las  w.
eefajsectcauutltatailv.d aeAsss  liqemu aiest rmilbaou ,Ly eesye e gOl útrnígt uáelonl  icIaIaIr  tdídceeul ll EoP sot4ad6teu.2rt o Jd udedel i cADiauelt colrene otrome cí2oa7n p8oa/c2rea0  1yC6 ac, tuadaleun ñta2as   ydc eloa m alegpgoeistsetloan,cc iiódanes    2021-5728n https://ww
reestructuración del Departamento de Justicia, entre dichas competencias se encuentran
las  relativas  a  la  dirección,  impulso  y  coordinación  de  la  provisión  de  los  medios  Bc
necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia en Cataluña, y la coordinación y planificación general de las competencias 
atribuidas a la comunidad autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universitat Autònoma de Barcelona es el de la preparación 
académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para 
dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas 
que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  Convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Practicum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universitat Autònoma de Barcelona pueda realizar prácticas externas en juzgados y 
tribunales de la Comunidad Autónoma de Cataluña de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  la  realización  de  prácticas  externas  s
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado  oe.
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o  w.
trmreibálausctnieoarn leaqsdu daees   imlac opCnao rtmep ruolnafie dsUaiodnn ivAeeusrt sóidntaeot m lAaau  dtAòend Commaintaais lutdrñaeac .iBóanr cdeelo nJau syti csiaie, mepnr e lodse  jtuitzuglaacdioosn esy   2021-5728n https://ww
Por un lado, la Consejería de Justicia se compromete a permitir la realización de las 
prácticas externas objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del 
alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales.
La organización de las prácticas universitarias se llevará a cabo a través del Centro 
de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, adscrito al Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataluña.
Por otro lado, la Universitat Autònoma de Barcelona se compromete a que la persona 
o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda disfrutar de 
los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universitat Autònoma de Barcelona que certifique su actividad como 
tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar, entre otras, del acceso a bibliotecas o de las actividades culturales.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  estará  siempre  supeditada  a  las 
necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas 
externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el 
Convenio  quedará  suspendido,  en  tanto  persistan  estas  situaciones  o,  en  su  caso 
extinguido  sin  que  sea  preciso  denuncia  previa  en  este  sentido  y  sin  derecho  a 
reclamación alguna por parte de la Universitat Autònoma de Barcelona o concesión de 
indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su colaboración al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña, mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas 
correspondientes  a  los  procesos  selectivos  para  el  ingreso  o  acceso  de  personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como anexo I al presente Convenio
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: Son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  Son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos  e.
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior  w.b
en el Suplemento Europeo al Título. Esta segunda modalidad sólo será de aplicación en  28ww
mel ocdaasliod ayd en la medida en que queden plazas disponibles una vez aplicada la primera
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las
prácticas externas de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se 
realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus 
funciones.
El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que 
lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán una duración de 50 horas, realizándose en horario de 
mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona 
responsable  de  los  mismos  en  función  del  mejor  funcionamiento  del  órgano 
jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña o los juzgados y tribunales 
afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo 
en  conocimiento  de  la  Universidad,  para  que  adopte  las  medidas  que  considere 
oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad 
Autónoma  de  Cataluña  quedan  exentos  de  cualquier  responsabilidad  respecto  al 
alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. 
En  ningún  caso,  se  entenderá  que  entre  las  partes  se  establecen  relaciones 
contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la 
sustitución  de  la  prestación  laboral  propia  de  puestos  de  trabajo  cubriendo  así 
necesidades  ordinarias  de  la  Administración  de  Justicia  en  detrimento  de  personal 
público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño 
de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no 
concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de  Justicia  y  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cataluña no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente,  por  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  en  aquellos  casos  no 
cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a: oe.
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde  28ww
se reba) licAedno lapsta pr ruáncati caacst iteuxdte arcntaivsa. en las tareas que se le encomienden, inherentes a las
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la 
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en 
que se establezca.
d)  Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e)  Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos 
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener 
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el 
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente Convenio.
f)  Entregar la memoria final en el plazo previsto a la persona que desempeñe la 
tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las prácticas externas curriculares y la 
correspondiente mención favorable en las prácticas externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona  o  personas  que  ejercerán  la  tutoría  de  las  mismas,  que  podrá  recaer  en 
Magistrado/a, Juez/a y Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumno/a mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el Centro de Estudios Jurídicos Especializados, donde consten 
las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado 
según la persona o personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  emitirá  un  documento  acreditativo  a  la 
persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada 
en el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general  es
de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de  o
Dsoabtores  lPa emrsaotenraiale.s y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones vigentes  2021-5728n https://www.
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía no se ha 
producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se comprometen 
a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían para dar 
cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universitat Autònoma de Barcelona se compromete a destacar en su Memoria anual y en 
cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este Convenio, la 
colaboración  prestada  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  el  Ministerio  de 
Justicia, la Comunidad Autónoma de Cataluña y los tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de Seguimiento y Control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido  en  el  presente  Convenio,  se  crea  una  Comisión  de  Seguimiento  paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a 
representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña que 
forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión 
se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, siempre que no 
afecte  al  contenido  mínimo  y  esencial  del  Convenio,  sin  necesidad  de  que 
posteriormente se incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito 
en el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector 
público  estatal,  será  prorrogable  a  su  término  mediante  acuerdo  expreso  por  igual 
periodo, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción. w.b
cons1t.i tuyEel np sreus oebnjteet oC oo npvoer ninioc usreri r eexnti ncgauuesa p doer  reels coulumcipólnim.iento de las actuaciones que
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Carlos 
Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–La Consejera de 
Justicia y Presidenta del CEJFE, Ester Capella i Farré.–El Rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Francisco Javier Lafuente Sancho.
  CUARTILLAS PARA EL BOLETÍN OFICIAL. – PAG. 1 
MINISTERIO  
 
DE JUSTICIA   
 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 
 
Núm. 87 Lunes 12 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 40547
ANEXO
       
En ………………    a,     de        de 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:            DNI:            
Titulación que cursa:             Centro:       
Domicilio:             Municipio:            Provincia:           Cód. Postal:    
Teléfono móvil:             Teléfono fijo:             e-mail:            
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación:       
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica:       
Municipio:        Provincia:       
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:            Modalidad de la práctica:   Centro gestor:            
Fecha inicio:       Fecha final:       Total horas:       Total meses:    
Horario:            
(Los  horarios,  en  todo  caso,  serán  compatibles  con  la  actividad  académica,  formativa  y  de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :             email:             Teléfono:            
Tutor de la Universidad:             email:             Teléfono:            
proyecto formativo (tareas a desarrollar):  
DECLARA: 
 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el 
convenio y da su conformidad para realizar las citadas prácticas externas  asumiendo el compromiso 
del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones 
judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo  el secreto durante y una vez 
finalizado el periodo de prácticas externas; así como conocer que en caso de incumplimiento 
incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Por parte del Juzgado o Tribunal donde  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
se realiza la práctica, 
Fdo.            Fdo.            Fdo.           
   
   
   
 
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