BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32889
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4509 Pleno. Sentencia 34/2021, de 17 de febrero de 2021. Recurso de amparo 
1640-2020.  Promovido  por  doña  Meritxell  Borràs  i  Solé  respecto  de  la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la condenó por un 
delito de desobediencia. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela 
judicial  efectiva  (resolución  fundada  en  Derecho),  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley y a la doble instancia penal: competencia objetiva 
de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la  investigación  y 
enjuiciamiento de la causa que tiene incuestionable base legal explícita; 
limitación fundada del derecho a la doble instancia cuando la resolución ha 
sido dictada por el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
ECLI:ES:TC:2021:34
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1640-2020, promovido por doña Meritxell Borràs i 
Solé, representada por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y 
asistida por la letrada doña Judit Gené Creus, contra la sentencia núm. 459-2019, de 14 
de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 
núm. 20907-2017, que le condenó como autora de un delito de desobediencia, y contra 
el auto de 29 de enero de 2020 que desestimó los incidentes de nulidad de actuaciones 
interpuestos frente a aquella. Han sido parte el abogado del Estado, en la representación 
que legalmente ostenta; el partido político Vox, representado por la procuradora doña 
María del Pilar Hidalgo López y asistido por la letrada doña Marta Asunción Castro 
Fuentes; y don Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el procurador don 
Carlos Estévez Sanz y asistido por el letrado don Gonzalo Boye Tuset. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Por escrito recibido en el registro general de este tribunal el día 12 de marzo 
de 2020, el procurador don Carlos Estévez Sanz, actuando en nombre y representación  s
de  doña  Meritxell  Borràs  i  Solé,  interpuso  recurso  de  amparo  impugnando  las  oe.
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento, mediante las que la Sala de  w.
cldoae uPsdoeabnleaedls id epenúlc bTialri ci[boausrnt .(a a4l r1St0. u 4dp3er2el  mCCoóP da)i gcyoo  ropdreógn ayan lir za(aCticfPiicó)ó]n,   sacubri smcooilnnvaidéle n(ndaaort l.ca o5 dm7e0o  l oCasuP td)o,e rd ame d aleolv sue nrqs udaeec ilóhitona  bddíeae    2021-4509n https://ww
sido también acusada en la causa especial núm. 20907-2017.
2.  Son relevantes para el examen de las pretensiones deducidas en el presente 
recurso de amparo los siguientes antecedentes procesales:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia ante esta en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y 
daños en bienes públicos registrados los anteriores días 20 y 21 de septiembre en la 
zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con ocasión 
de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la Secretaría 
General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, así 
como en otros puntos de la ciudad. La denuncia describía conductas protagonizadas por 
voluntarios de la entidad Asamblea Nacional Catalana, entre otros, que se valoraban 
como  obstruccionistas  de  la  actividad  policial.  Las  únicas  personas  que  fueron 
nominalmente citadas en dicha denuncia fueron don Jordi Sánchez i Picanyol, presidente 
de la Asamblea Nacional Catalana, y don Jordi Cuixart Navarro, presidente de la entidad 
Òmnium Cultural. La denuncia calificó los hechos como constitutivos de un delito de 
sedición,  previsto  en  los  arts.  544  y  ss.  CP.  Fue  repartida  al  Juzgado  Central  de 
Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional que, mediante auto de 27 de septiembre 
de 2017, incoó las diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de las cuales se 
practicaron diversas diligencias de investigación y se adoptaron medidas cautelares 
personales respecto de los citados denunciados.
b)  Ocho días después, el 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado 
presentó  dos  querellas  por  unos  mismos  hechos  que  consideraba  podían  ser 
constitutivos  de  los  delitos  de  rebelión  (art.  472  CP),  sedición  (art.  544  CP)  y 
malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las antes citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la Diputación Permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
(i)  declarar  la  competencia  de  la  Sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa 
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno,  e
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan  bo
referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los  09ww
quer(eii)ll addoess;i gynar instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala
Ecaxscom oe.n  sqeuñeo r edl omn aPgaisbtrloa dLol airnesntrau cCtoorn daes,í  hloa ccieonndsiod eerxet eonpsoivratu nsou,  croemsppeectteon cdiea  «apqaureall aesl 
otras  causas  penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos 
inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».
d)  En aplicación de lo establecido en el art. 21 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), el magistrado instructor dictó providencia de fecha 14 de noviembre de 2017 
por la que reclamó del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
informe  sobre  los  antecedentes  fácticos,  procesales  e  investigativos  de  dos 
procedimientos que, según señaló la Fiscalía General del Estado en la querella, se 
tramitaban en dicho juzgado en relación con los hechos también denunciados en la 
causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmniun  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
Juzgado Central de Instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala Penal del Tribunal 
Supremo, venía justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la 
tramitación  y  en  resolver  los  problemas  derivados  de  la  inescindibilidad  del 
enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el 
objeto  del  proceso  se  configura  por  una  unidad  delictiva,  con  una  pluralidad  de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 LECrim».
Señaló  que,  conforme  a  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos (STEDH de 22 de junio de 2000, Coëme y otros c. Bélgica,), debe regir un 
principio restrictivo al decidir la ampliación de la competencia objetiva de investigación 
por razón del aforamiento hacia encausados que no están sujetos rationae personae al 
Tribunal Supremo, pero que tal extensión era posible y obligada en este caso debido a 
que existe previsión legal al respecto y «concurren además razones procesales y de 
fondo que lo justifican, menos aún si las defensas de los encausados no han opuesto 
ninguna objeción a proceder de ese modo».
Concluyó argumentando que «aunque es evidente que la intervención de los distintos 
actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la necesidad del 
enjuiciamiento conjunto, es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento sobre el objeto 
del proceso, si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas por aquellos y 
el  cuadro  de  intenciones  que  les  inspiraba.  Una  agrupación  procesal  que  afecta  e.
necesariamente  a  la  competencia  y  que  viene  expresamente  prevista  en  nuestro  w.b
ordenamiento jurídico en el artículo 272 LECrim». 09ww
invees)t igaPcoiór na uptuod dieer a2n2  hdaeb deircsieem  dbersea drreo l2la0d1o7 , btarajos  alap rdeicrieacrc qióune  y« locso ohredcinhaocsi óonb jedteo  duen 
cgorunpjuonst o pdaer lapmeresnotnaariso,s e nintrdee lpoesn qdueen tsiset aesn cdoenlt radriísaune llotos  pPreasrliadmenetnetso  y dpeo rtCavaotacleusñ ad»e,  loesl 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
f)  Por auto de 21 de marzo de 2018, ratificado en reforma y apelación mediante 
autos de 9 de mayo y 26 de junio del mismo año, se acordó el procesamiento de la 
demandante –junto con otros– como presunta autora de los delitos de desobediencia 
(art. 410 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP).
g)  Una vez ratificado el procesamiento, el magistrado instructor declaró concluso el 
sumario (auto de 9 de julio del 2018) y remitió las actuaciones y las piezas de convicción 
a la sala de enjuiciamiento. El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación 
popular personada instaron la confirmación del auto de conclusión y la apertura del juicio 
oral contra los procesados. La sala de enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario 
(auto de 25 de octubre de 2018) y mediante otro auto de la misma fecha declaró abierto 
el juicio oral, entre otros, contra la recurrente en amparo por los mismos delitos por los 
que había sido procesada: desobediencia (art. 410 CP) y malversación de caudales 
públicos (art. 432 CP).
En sus conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal calificó los hechos atribuidos a 
la  demandante  conforme  a  lo  expresado  en  el  auto  de  procesamiento  (delitos  de 
desobediencia y malversación de caudales públicos). Y solicitó que se le impusieran las 
siguientes penas: por el delito de malversación de caudales públicos las penas de siete 
años  de  prisión  y  de  dieciséis  años  de  inhabilitación  absoluta;  por  el  delito  de 
desobediencia grave, las penas de diez meses de multa (con una cuota diaria de 100 €) 
y de un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público (en 
concreto, para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno y/o 
administración, sean de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o supranacional). 
De la misma forma, el abogado del Estado y la acusación popular solicitaron su condena 
por estos mismos delitos y, en el último caso, también por un delito de organización 
criminal. En relación con el delito de desobediencia, la acusación popular solicitó la 
imposición de las penas de multa (doce meses, con una cuota mensual de 9000 €) e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público (durante dos años).
h)  Al amparo de lo previsto en los arts. 666.1 y ss. LECrim, tanto la demandante 
como otras personas acusadas presentaron, como artículo de previo pronunciamiento, 
una solicitud de declinatoria de jurisdicción en favor del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.  Para  justificar  su  pretensión,  la  demandante  invocó  expresamente  la 
vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley. Tomando en consideración 
dicha perspectiva, la pretensión fue desestimada mediante auto de 27 de diciembre 
de 2018, por el que la sala mantuvo su competencia objetiva para conocer y juzgar los 
delitos por los que los procesados habían sido provisionalmente acusados.
i)  En relación con la demandante de amparo, en las conclusiones definitivas se 
mantuvieron las pretensiones acusatorias provisionalmente formuladas por delitos de 
desobediencia, malversación de caudales públicos y organización criminal.
j)  El 14 de octubre de 2019 la Sala dictó sentencia en la referida causa especial. La 
demandante fue condenada tras ser considerada autora de un delito de desobediencia 
(art. 410 CP), mientras que fue absuelta de la acusación por los delitos de organización  s
criminal y malversación de caudales públicos. oe.
En la sentencia condenatoria, al desestimar las alegadas vulneraciones de derechos  w.
fundamentales planteadas como cuestión previa por algunas de las personas acusadas,  09ww
lvau lnsearlaa caiónna lidzeól  djuee zn uperveod,e teenrm lionsa dmo ispmoor s lat élremyi ncoosm, ola sc oqnuseejacus enqcuiea  ddeen ulan ciianbdaenb idlaa 
atribución de la competencia de enjuiciamiento [fundamento jurídico A) 4].
El relato histórico de la sentencia se recoge en sus págs. 24 a 60. Sintéticamente 
expuesto, en relación con la demandante, se declara probado que, en su condición de 
Consejera  de  Gobernación,  Administraciones  Públicas  y  Vivienda  del  Govern  de  la 
Generalitat, desatendió los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional para que 
se abstuviera de ejecutar actos de apoyo o materialización de resoluciones y acuerdos 
parlamentarios que previamente hubieran sido suspendidos en su eficacia por el propio 
Tribunal Constitucional pese a que, en tal sentido, había sido expresa y personalmente 
apercibida en varias ocasiones.
De otra parte, el juicio de autoría de la demandante por el delito de desobediencia, 
de forma conjunta con el de otros dos consejeros acusados, se expresó con el siguiente 
razonamiento  [apartado  C)  3,  de  los  fundamentos  de  derecho  de  la  sentencia 
condenatoria]:
«3.2  […] La principal fuente de prueba para acreditar la contumaz desatención por 
todos ellos a los mandatos del Tribunal Constitucional, está constituida por fuentes de 
acceso público, principalmente el diario del Parlament y los boletines oficiales del Estado 
y la Generalitat. La Sala ha valorado también el testimonio de aquellos otros imputados y 
testigos que fueron objeto de idénticos requerimientos y, además, las explicaciones 
ofrecidas en sus respectivas declaraciones por don Santiago Vila i Vicente, doña Meritxel 
Borràs y don Carles Mundó i Blanch.
Todos ellos fueron destinatarios, en su calidad de miembros del Govern, de los 
requerimientos  emanados  del  Tribunal  Constitucional  para  declarar  la 
inconstitucionalidad y privar de efectos a las iniciativas legislativas y reglamentarias que 
se fueron adoptando durante el desarrollo de los hechos. Como hemos reflejado en el 
factum, tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del 
Pleno, que incluyeron el debate y votación de las leyes 19 y 20/2017, del referéndum y 
de transitoriedad, suprimiendo los trámites esenciales del procedimiento legislativo, se 
declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal  Constitucional  –núms.  123/2017 
y 124/2017, 19 de septiembre–. La ley 19/2017, publicada el 8 de septiembre 2017, fue 
finalmente declarada nula por STC 114/2017, de 17 octubre, e igualmente se declaró la 
nulidad de la ley 20/2017 por la STC 124/2017, de 8 noviembre. Todas las resoluciones 
del Tribunal Constitucional volvían a contener las correspondientes advertencias sobre la 
ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales. 
Las  providencias  de  suspensión  fueron  notificadas  personalmente  con  dichas 
advertencias a los miembros del Govern, y en calidad de tales, pues ninguno de ellos 
ocupaba escaño en esas fechas en Parlament.
Fueron también destinatarios de los demás requerimientos a los que se alude en el 
relato de hechos probados y que eran consecuencia de la respuesta del Gobierno de la 
Nación frente a la intensa y precipitada actividad legislativa, encaminada a la creación de 
un marco jurídico que pudiera ser invocado para dar aparente cobertura a la celebración 
del referéndum ilegal.
Una afectación más directa, en la medida en que el requerimiento aludía a un ámbito 
funcional  bien  próximo  y  que  entraba  de  lleno  en  la  prohibición  contenida  en  los 
requerimientos precedentes, se produjo con ocasión de la firma del Decreto 139/2017, 
de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  correspondientes 
advertencias personales sobre las posibles responsabilidades penales y en orden a 
impedir los incumplimientos y la sentencia núm. 122/2017, de 31 de octubre de 2017, 
declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la citada norma. Los tres acusados, en su  e.
calidad de miembros del ejecutivo autonómico, aprobaron ese decreto. w.b
El  mismo  6  de  septiembre  de  2017,  a  propuesta  del  departamento  de  la  09ww
VCiacrelepsre Msiduenndcói ai  By ladnec hE cyo nSoamntíiaa gyo  HVailcai ei nVdiac ednete l ay  Glae sneeñraolriata tM deer itCxealt aBluoñrraà,s l,o asp sroebñaorroens 
neonr msua sc acliodmadp ledme ecnotnasrieajse ropsa rdae lla G roevaelirzna,c eiól nD deecrl erteof e1r4é0n/d2u0m17 ,d ed ea u6t oddee tseerpmtiienmacbióren,  ddee 
Cataluña. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
3.3  Las notificaciones que sirvieron de vehículo a los requerimientos personales 
dirigidos a los tres acusados por el Tribunal Constitucional –incorporadas como prueba 
documental a la causa– contenían una fórmula que se repetía en todos los casos. Les 
advertía de su deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a la resolución impugnada y se les recordaba “[...] su deber de impedir o 
paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga 
ignorar  la  nulidad  de  las  resoluciones  o  actos  normativos  impugnados,  [...] 
apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que 
pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal”.
La señora Meritxel Borràs reconoció haber firmado el decreto de convocatoria del 
referéndum  y  ello  pese  a  haber  sido  advertida  de  su  deber  en  contrario.  En  su 
declaración en el juicio oral quiso “[...] poner en valor la disyuntiva que tenía”. Por un 
lado, el mandato de una mayoría absoluta que mandataba al Govern escogido por la 
Cámara,  con  mayoría  absoluta,  insiste,  para  hacer  un  referéndum.  A  esa  voluntad 
política se sumaron los municipios y la ciudadanía a través de las manifestaciones 
organizadas. Podía imaginar que el referéndum sería suspendido. No buscaba –alegó– 
menospreciar al Tribunal Constitucional, pero se trataba del mandato democrático del 
Parlament, frente a un órgano judicial que, en los últimos años había estado sometido a 
una intensa politización. La firma del Decreto 139/2017, sin pretender quitarle valor era 
una firma no necesaria para la validez de un decreto. Bastan para ello las rúbricas del 
presidente de la Generalitat y del titular de la consejería afectada. Acepta, pues, que lo 
firmó, pero su firma no era necesaria: “[...] la firma de todos era un gesto para responder 
a esa voluntad frente al mandato del parlamento”. […]
3.4  El rechazo basado en la convicción de la falta legitimidad política del tribunal 
ordenante –como ya hemos razonado supra de forma exhaustiva– nunca puede operar 
como  causa  de  justificación.  Los  tres  acusados  eran  perfectos  conocedores  de  la 
existencia de un requerimiento formalmente emanado de quien reúne facultades legales 
para  ello,  sabían  de  su  deber  de  acatamiento  y,  sin  embargo,  omitieron  de  forma 
contumaz lo que les había sido ordenado. La firma de los Decretos 139 y 140/2017, más 
allá de la estratégica degradación del valor de la firma de todos los consejeros, era bien 
expresiva de una inequívoca voluntad de rechazo al mandato constitucional que habían 
recibido con anterioridad. La estrategia de defensa –cuya legitimidad está fuera de toda 
duda– olvida que, con independencia de la firma del presidente y el consejero del 
departamento afectado por la norma, todo decreto es una norma reglamentaria aprobada 
por  el  órgano  de  gobierno,  una  decisión  colegiada  que,  como  tal,  es  fruto  de  la 
concertada voluntad de los integrantes del ejecutivo.»
k)  Por estos hechos, y con la descrita calificación jurídico-penal como delito de 
desobediencia, se impusieron a la demandante las siguientes penas: multa de diez 
meses, con una cuota diaria de 200 €, con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día por cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de 
cargos públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para 
el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo 
de un año y ocho meses. Le fue también impuesta la condena al pago de 1/24 de las 
costas procesales. e.
Al  justificar  la  cuantía  de  la  cuota  diaria  impuesta  [apartado  D)  3  de  la  w.b
fundamentación jurídica], la sala expresó lo siguiente: 09ww
«El art. 410 del Código Penal castiga a “las autoridades y funcionarios públicos que
dsee cinseiognaerse nu  óarbdieernteasm deen tela  aau tdoarird aedl  sduepbeirdioor , cduicmtapdliamsi edneton troa  dreels áomlubciioton edse  rjeusdpiceiaclteivsa, 
competencia y revestidos de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de
tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
seis  meses  a  dos  años”.  La  Sala  considera  que,  en  atención  a  los  parámetros 
cuantitativos a que se refiere el art. 50.5 del Código Penal, deducidos de la situación 
económica  de  los  tres  acusados,  su  titulación  profesional  y  de  sus  circunstancias 
personales, procede imponer a cada uno de ellos […] la pena de multa de diez meses, 
con una cuota diaria de 200 €, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por 
cada dos cuotas no satisfechas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos 
públicos electivos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el 
ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito estatal, autonómico o local, por tiempo 
de un año y ocho meses. La duración del tiempo de inhabilitación ha sido fijada tomando 
como referencia en el juicio ponderativo precedentes ya sentenciados por esta Sala, en 
los que la gravedad de los hechos no fue tan intensa y la contumacia de los acusados en 
desatender los requerimientos del Tribunal Constitucional no adquirió el significado y la 
relevancia que ahora expresan los hechos declarados probados.»
l)  Frente a la sentencia condenatoria, la demandante interpuso incidente de nulidad 
de  actuaciones  [ex  art.  241  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ)].  Fue 
desestimado por auto de 29 de enero de 2020. Además de adherirse a las peticiones de 
nulidad planteadas por otros condenados que cuestionaron la competencia objetiva del 
tribunal enjuiciador, en su impugnación planteó específicamente la supuesta vulneración 
de su derecho a recibir una respuesta fundada en Derecho sobre la cuantía de la cuota 
diaria de la multa impuesta (art. 24.1 CE). La sala desestimó la solicitud de nulidad tras 
afirmar que «la sentencia dictada sí motiva este último importe y hace referencia para 
ello a la situación económica de los tres acusados, su titulación profesional y a las 
circunstancias personales que constan en autos. Los dos primeros parámetros están por 
otro lado íntimamente relacionados con el hecho notorio de que fueron consejeros del 
Gobierno de una comunidad autónoma».
3.  En su demanda de amparo afirma la recurrente que las resoluciones judiciales 
impugnadas han vulnerado sus derechos fundamentales al juez predeterminado por la 
ley y, por conexión, a la doble instancia penal (art. 24.2 CE), por haberse establecido 
indebidamente la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de la causa en la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo. En relación con la determinación del importe de la 
cuota diaria de la pena multa impuesta, aduce también la vulneración de su derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en cuanto le reconoce el derecho a obtener una 
motivación razonada y fundada en Derecho.
En un apartado específico inicial justifica la especial transcendencia constitucional 
del recurso [arts. 49.1 y 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], 
la cual establece por referencia a los siguientes casos enumerados por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 155/2009, de 25 de junio [FJ 2, letras a), d) y g)]; esto es: 
(i) cuando un recurso plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental 
susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, dado 
que ese es el caso en relación con la preterición del aforamiento territorial ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando se exige responsabilidad penal a 
quienes ejercen funciones de gobierno autonómicas (art. 57.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña); (ii) cuando la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una 
reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere 
lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme 
a la Constitución; dado que, según se afirma, es habitual que los tribunales no justifiquen  e
individualizadamente la cuantía diaria de las multas que imponen, pese a que esta ha de  bo
tomar en consideración la capacidad económica real de los penados; (iii) cuando el  09ww
adseul nctoa ssou scciotandcore, tosi np eosrqtaure i ncplluaindtoe ee nu nnian gucnuoe sdtieó nlo sju sríudpicuae stdoes  arnetleevriaonretes , tyr asgceineenrdaal 
repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales.
De forma destacada, el recurso alega la relevante actualidad y repercusión política y 
social que subyace a los temas jurídicos de fondo. Y, en cuanto al fondo de los motivos 
de amparo:
a)  Afirma  la  recurrente  que  la  asunción  de  la  competencia  objetiva  para  el 
conocimiento de la causa por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo se debe a una 
errónea interpretación de la trascendencia competencial de la ubicación geográfica de 
los hechos enjuiciados, y que tal indebido criterio se arrastra desde la admisión a trámite 
de la querella, y se ha mantenido tras el procesamiento y al desestimar la declinatoria de 
jurisdicción planteada. Señala que, si bien es verdad que varios de los investigados son 
aforados por su condición parlamentaria o por integrar el Consejo de Gobierno de la 
Generalitat, debieran haber sido enjuiciados ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Niega que los hechos investigados y los que, después, fueron enjuiciados 
hubieran tenido lugar, ni siquiera en parte, fuera del territorio de la comunidad autónoma 
catalana.  Afirma  que  la  interpretación  del  art.  57.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de 
Cataluña  efectuada  es  exorbitada,  insuficiente,  excesivamente  amplia  y  formalista, 
porque lo es entender que cualquier actuación realizada fuera del territorio nacional que 
se dirigiera al objetivo pretendido de declarar la independencia del territorio de Cataluña, 
permite afirmar la competencia del Tribunal Supremo. Finaliza señalando que, aunque 
únicamente una parte de los gastos imputados como malversación se podrían haber 
producido fuera de España, se trata de una infracción accesoria del delito más grave y 
principal a que se refiere el procedimiento y de actuaciones con una ínfima relevancia 
económica cuyo perjuicio habría ocurrido siempre en Cataluña, por lo que no pueden 
justificar por sí mismas la cuestionada asunción de competencia.
En conexión con lo expresado, concluye la demanda señalando que, además de 
alejar el enjuiciamiento del lugar de comisión de los hechos, con las dificultades de 
defensa  que  ello  supone,  el  efecto  más  relevante  de  la  indebida  atribución  de 
competencia al Tribunal Supremo es que se cerró la posibilidad de recurrir la sentencia 
condenatoria en una nueva instancia, pues, de haber sido enjuiciada la causa ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hubiera podido impugnar en casación una 
eventual decisión de condena.
b)  En el segundo motivo de amparo se queja la recurrente de la falta de motivación 
individualizada de la cuota diaria de multa que se le ha impuesto, pues considera 
genérica, insuficiente y estereotipada la referencia que en la decisión de condena se 
hace a sus anteriores ingresos como Consejera de la Generalitat. En su opinión, la 
fijación de una cuota diaria de 200 € (6000 € mensuales) se ha hecho a tanto alzado, sin 
evaluar su capacidad económica individual y sin realizar investigación alguna sobre su 
situación patrimonial real o sus circunstancias personales o familiares, por lo que –en 
este aspecto– la decisión de condena no puede ser considerada una resolución fundada 
en Derecho, conforme a la propia jurisprudencia constitucional (SSTC 108/2001, de 23 
de abril; 170/2004, de 18 de octubre, y 108/2005, de 9 de mayo).
Concluye  la  recurrente  interesando  que  se  le  otorgue  el  amparo  solicitado,  se 
declaren vulnerados los derechos fundamentales alegados y, en caso de admitirse el 
primer motivo de amparo (derecho al juez predeterminado por la ley), se declare la 
nulidad de las resoluciones judiciales impugnadas. En relación con la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva, solicita que la nulidad se limite a la fijación de la 
cuantía de la cuota diaria de la multa impuesta, a fin de que se dicte nueva resolución 
suficientemente motivada sobre tal aspecto.
4.  Mediante providencia de 6 de mayo de 2020, a propuesta de su presidente  bo
[art. 10.1 n) de la LOTC], el Pleno acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de  09ww
tarmaspcaernod eyn caidam ciotinrlsot itau citoránmali t(ea rtp. o5r0 .a1p rLeOcTiaCr ),q duaed oco qnuceu rprela netne a eul nm pirsombole muan ao  easfepcetcai aal 
u[SnTaC f a1c5e5ta/2 0d0e9 u, nF Jd e2r eac)h],o  yf upnodraqmuee netal l assoubnrteo  eslu sqcuieta dnoo  thraasyc dieoncdtrein dae dl ec aessot ec otrnibcurentaol 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)].
A  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.  51  LOTC,  acordó  también  dirigir  atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en plazo que no 
excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de la sentencia 
condenatoria de 14 de octubre de 2019 y del auto de 29 de enero de 2020, de la propia 
sala, que desestimó las solicitudes de nulidad de la decisión de condena; interesando al 
mismo tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción 
de la demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si 
lo desean, en este proceso constitucional.
5.  Por diligencia de ordenación de 10 de junio de 2020 se tuvo por recibido el 
testimonio de las actuaciones solicitadas, reclamándose las copias de las notificaciones 
y emplazamientos que no habían sido remitidos.
Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020 se tuvo por personados y 
parte en este proceso constitucional a la procuradora doña María del Pilar Hidalgo 
López, en representación del partido político Vox, al abogado del Estado y al procurador 
don  Carlos  Ricardo  Estévez  Sanz,  en  representación  de  don  Carles  Puigdemont  i 
Casamajó. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica de este 
tribunal, se dio vista en la secretaría del Pleno de todas las actuaciones del presente 
recurso de amparo, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por un plazo común de 
veinte días, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a 
su derecho convengan.
6.  En sus alegaciones, presentadas el 27 de octubre de 2020, el abogado del 
Estado, solicita la desestimación de las pretensiones de amparo:
a)  En relación con la alegada vulneración del derecho al juez predeterminado por la 
ley, con referencia a las SSTC 69/1984, de 11 de junio, 115/2006, de 24 de abril, 
159/2014, de 6 de octubre, y la STEDH de 5 de octubre de 2010, asunto DMD Group, 
A.S. v. Eslovaquia, considera que, a la vista de los fundados razonamientos con los que 
el Tribunal Supremo ha mantenido su competencia de enjuiciamiento, no estamos en 
este caso en un supuesto que suponga una manipulación manifiesta de las reglas 
legales  sobre  atribución  de  competencia,  «sino  ante  una  apreciación  del  órgano 
jurisdiccional conforme a la cual y en el plano estrictamente jurídico, considera su 
competencia sin atisbo de error evidente o manifiesto ni arbitrariedad alguna, sea o no 
discutido su razonamiento desde otros puntos de vista, entre ellos el del demandante de 
amparo».  Afirma  que,  al  remitirse  al  contenido  de  los  escritos  de  acusación  para 
determinarla, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha utilizado en este caso un 
criterio ad hoc para afirmar su competencia. Por último, se refiere a las alegaciones del 
demandante destacando algunos episodios fácticos de los hechos enjuiciados que, en su 
opinión, ponen de relieve que se produjeron fuera del territorio nacional; lo que justifica la 
competencia cuestionada.
b)  En consecuencia, cuestiona también que se haya privado injustificadamente a la 
demandante de su derecho a la doble instancia penal. Con referencia a la jurisprudencia 
constitucional previa sobre esta cuestión (SSTC 51/1985, de 10 de abril; 30/1986, de 20 
de febrero, 64/2001, de 17 de marzo; 65 y 66/2001, de 17 de marzo), recuerda que dicha 
limitación deriva de la prerrogativa de aforamiento que ha conducido a haber sido 
juzgada la demandante por el Tribunal Supremo que, conforme al art. 123 CE, «es el 
órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de 
garantías constitucionales»; lo que es concorde con una de las excepciones que, al  s
reconocimiento  del  derecho  alegado,  se  establece  en  el  artículo  2.2  del  Protocolo  oe.
séptimo del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades  w.
cfuonmdcoa) m ineSsnuotfabiclreeies nl a(tCe m,E otDrtaiHvsa) .ecixópno dnee rl ala c duooctatr idniaa rciao ndset iltau cpieonnaa l dseo bmruel tlaa  iombpliugeasctiaó,n d deen umnocitaivdaar   2021-4509n https://ww
las decisiones judiciales, se refiere a la jurisprudencia de la propia Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo sobre dicha exigencia para concluir que el deber constitucional de
motivación no supone que las resoluciones judiciales hayan de ofrecer en todo caso una 
exhaustiva descripción del proceso intelectual que las justifica, sino que «basta con que 
se ponga de manifiesto la decisión judicial adoptada y que esta corresponde a una 
concreta  interpretación  y  aplicación  del  Derecho  ajena  a  la  arbitrariedad».  Tales 
exigencias habrían sido satisfechas en la sentencia condenatoria y en el auto que 
desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones, por cuanto el Tribunal Supremo «al 
llevar a cabo la individualización de la cuota de la multa diaria la realiza a través de un 
proceso de deducción de la solvencia del condenado en base a las circunstancias 
concurrentes, siendo la motivación llevada a cabo de carácter suficiente y bastante, por 
realizarse en base a indicios o criterios relacionados con la capacidad económica del 
condenado, que es lo que se exige para determinar la imposición de la cuota diaria en la 
imposición de la multa».
7.  Mediante escrito registrado el 30 de octubre de 2020, la representación procesal 
del partido político Vox ha solicitado también la desestimación íntegra del recurso de 
amparo con las alegaciones que, en lo sustancial, se extractan a continuación:
Arguye, inicialmente, que el presente recurso no presenta el interés constitucional al 
que se refiere la recurrente en su demanda, en la que, por lo demás, no hace el 
necesario  esfuerzo  argumental  para  fundamentar  su  especial  trascendencia 
constitucional, lo que permite apreciar como insuficiente la justificación expresada.
En relación con la aducida vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado 
por la ley y a la doble instancia penal, considera que la asunción por el Tribunal Supremo 
de la competencia objetiva para la investigación y enjuiciamiento de los hechos objeto de 
querella se apoya en una interpretación de la ley que no es manifiestamente errónea ni 
arbitraria o irrazonable (STC 183/1999, de 11 de octubre) sino simple aplicación de la 
que denomina teoría doctrinal de la ubicuidad, conforme a la cual los delitos se cometen 
en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo.
Por último, entiende que la pena de multa impuesta, en lo que se refiere a la 
determinación de la cuantía de su cuota diaria, lo ha sido con suficiente y precisa 
motivación. De esta forma, el tribunal enjuiciador ha ejercido el poder discrecional que la 
ley le atribuye, respetando de esta forma las exigencias jurisprudenciales que considera 
aplicables al caso (STC 25/2011, de 14 de marzo).
8.  El  Ministerio  Fiscal  evacuó  el  trámite  de  alegaciones  que  le  fue  conferido 
mediante escrito registrado el 12 de noviembre de 2020. Tras delimitar el objeto del 
recurso de amparo y resumir las razones de las pretensiones que en él se formulan, 
solicita en él su inadmisión parcial y, subsidiariamente su desestimación. La propuesta se 
apoya, en lo sustancial, en las siguientes consideraciones:
a)  La propuesta de inadmisión se justifica en relación con el motivo que aduce la 
vulneración del derecho al juez legal y a la doble instancia penal. Sostiene que la 
recurrente  pretende  acceder  per  saltum  a  la  jurisdicción  constitucional  pues  no  ha 
agotado  debidamente  la  vía  judicial  previa  [art.  50.1.a)  LOTC  en  relación  con  el 
art. 44.1.a)] dado que era procesalmente viable interponer recurso de súplica contra el 
auto de 27 de diciembre de 2018 por el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
desestimó  la  declinatoria  de  jurisdicción  planteada  como  artículo  de  previo 
pronunciamiento (art. 666.1 LECrim.). En el mismo sentido, entiende que la supuesta 
vulneración ahora denunciada debió ser planteada como cuestión previa en el momento 
inicial del juicio oral. Para el fiscal, al no promover las iniciativas procesales señaladas, la  e.
recurrente aceptó y asumió la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  w.
que ahora cuestiona en amparo. Destaca que tampoco invocó los derechos alegados  09ww
ccoomndoe nparitmoreiar ; momotiisvioó nd ees taam qpuaer on oa lp usoeldicei teanr tlean dneurlsidea dsu dpelid aac ptuoar chioanbeesrs ed ea dlah esriednot ean claias 
esonl ipceitursdpeesc tdivea nsu dliidsatindt apsla an tleaasd qause p soer  ofotrromsu claonn deenn easdteo sr,e ycau rqsuoe d ela sa mmpisamroa.s se apoyaron  BOE-A-cable e
b)  En relación con la denunciada como insuficiente motivación de la cuota diaria de 
la pena de multa que le fue impuesta, tras reiterar la doctrina constitucional sobre el 
contenido del derecho alegado –art. 24.1 CE, en cuanto garantiza la motivación de las 
decisiones judiciales– y recoger la regulación legal de la pena de multa en el art. 50 del 
Código penal, concluye que no cabe entender que la resolución judicial analizada haya 
vulnerado el derecho alegado.
Considera que la sentencia cuestionada ha sido motivada suficientemente, pues 
contiene los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que, conforme al código penal, han fundamentado la decisión, por lo 
que  no  cabe  considerar  que  sea  consecuencia  de  una  aplicación  arbitraria  de  la 
legalidad,  ni  que  resulte  manifiestamente  irrazonable  ni  consecuencia  de  un  error 
patente. Un análisis integral de la decisión condenatoria permitiría apreciar que, junto a 
los criterios específicos expresados para justificar la cuantía de la cuota diaria de la 
multa  (la  situación  económica  de  la  acusada,  su  titulación  profesional  y  sus 
circunstancias personales), la sala atendió a su condición de ex consejera del Gobierno 
de la Generalitat, al número de requerimientos no atendidos y al carácter contumaz de 
su desatención a los mandatos de este tribunal. Añade el representante del Ministerio 
Fiscal que «ha de afirmarse que el tribunal sentenciador ha tomado en consideración de 
modo  principal»  la  retribución  anual  que  le  correspondía  como  ex  consejera  de  la 
Generalitat;  retribución  que  aparece  reflejadas  en  la  ley  de  presupuestos  de  la 
Generalitat de Cataluña y que, por superar la suma de 110 000 € anuales, es expresiva 
de una relevante capacidad económica.
9.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 18 de enero 
de  2021,  la  representación  procesal  de  la  demandante  ha  aportado  traducida  al 
castellano (sin que conste si se trata de una traducción oficial o privada) la sentencia del 
Tribunal de Apelación de Bruselas núm. 2021/79, de 7 de enero, «a los efectos de que 
sea tenida en cuenta a la hora de resolver el presente recurso de amparo». Dicha 
resolución judicial desestima el recurso de apelación presentado por la Fiscalía belga 
contra el auto de 7 de agosto de 2020, del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, de 
lengua neerlandesa, por el que se acordó no ejecutar la orden de detención europea 
emitida  el  4  de  noviembre  de  2019  por  el  magistrado  instructor  de  la  causa 
especial 20907/2017, en relación con don Lluis Puig i Gordi, cuya rebeldía procesal fue y 
se mantiene declarada, tras ser procesado por delitos de desobediencia y malversación 
de caudales públicos.
10.  Por providencia de 16 de febrero de 2021, se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 17 del mismo mes y año.
11.  Con fecha 16 de febrero de 2021, el Excmo. señor magistrado don Antonio 
Narváez Rodríguez formuló su abstención en relación con la presente causa, abstención 
que fue considerada justificada por unanimidad por el Pleno de este tribunal, con la 
misma fecha.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posición de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone contra la sentencia de 14 de octubre  e
de 2019, dictada en única instancia por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en  bo
la causa especial núm. 20907-2017, condenó a la demandante como autora de un delito  09ww
mdee sdeess,o cboend iceunoctiaa,  dpiarerivais dtoe  e2n0 0e l€ a. rLt.a  4d1e0c idseiól nC dóed igcoon Pdeennaal ,f uae  lara ptifeicnaad dae p moru altuat od ed ed i2e9z 
dpeo r elan edreom daen d2a0n2t0e,  yq uoetr odse csoenstdimenóa ldooss .incidentes de nulidad de actuaciones promovidos
La recurrente imputa a las citadas resoluciones judiciales la vulneración de sus 
derechos al juez predeterminado por la ley y a la doble instancia penal, así como del 
derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto garantiza obtener una resolución fundada 
en Derecho sobre su pretensión de defensa (art. 24.1 y 2 CE). Sostiene que la Sala de lo 
Penal  del  Tribunal  Supremo,  tras  valorar  que  tuvieron  lugar  fuera  del  territorio  de 
Cataluña parte de los hechos atribuidos como delictivos en la querella inicial y sostenidos 
por  las  acusaciones  en  el  juicio  oral,  ha  asumido  una  competencia  objetiva  de 
investigación y enjuiciamiento de la causa que no le corresponde. Considera que una 
adecuada interpretación de los tipos penales aplicados y del art. 57.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña conduce a determinar la competencia cuestionada en favor del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  dicha  comunidad  autónoma.  En  tal  medida,  el 
enjuiciamiento en única instancia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le ha 
supuesto la pérdida de la oportunidad de ver sometido el fallo condenatorio a la revisión 
de un tribunal superior; garantía de doble instancia penal de la que injustificadamente se 
ha visto privada. En relación con la decisión de condena, la recurrente se queja también 
de que la sentencia no ha motivado de forma suficiente e individualizada la cuantía de la 
cuota diaria de la pena de multa que se le ha impuesto.
El abogado del Estado solicita la desestimación de las pretensiones de amparo por 
entender que la interpretación normativa que ha llevado al Tribunal Supremo a asumir la 
competencia de investigación y enjuiciamiento no supone manipulación alguna de las 
reglas legales sobre atribución de competencia. De esta manera, la imposibilidad de 
acceder a una nueva instancia judicial revisora es consecuencia necesaria de haber sido 
juzgado  en  única  instancia  por  el  Tribunal  Supremo,  dado  el  aforamiento  que 
corresponde a otras personas acusadas en la misma causa. Considera, por último, que 
la cuantía de la cuota diaria de la multa impuesta ha sido suficientemente motivada por 
referencia a criterios relacionados con la capacidad económica de la demandante, tal y 
como exige el Código penal.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación íntegra del recurso de amparo. Cuestiona que la demandante haya hecho 
el necesario esfuerzo argumental para justificar la especial trascendencia constitucional 
del recurso, discrepando de las razones de fondo con las que se pretende ponerla de 
manifiesto.  En  cuanto  a  los  motivos  de  amparo,  entiende  que  la  asunción  de  la 
competencia objetiva por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se apoya en una 
interpretación de la ley que no es manifiestamente errónea, ni arbitraria o irrazonable, 
dado que alguno de los elementos de los tipos penales por los que se formuló acusación 
y se ha acordado la condena se desarrollaron fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. También considera suficiente la motivación de la determinación 
judicial de la cuantía de la cuota diaria de la multa impuesta, pues lo ha sido atendiendo 
a reiterados criterios jurisprudenciales anteriores sobre dicha exigencia.
El Ministerio Fiscal, como óbice procesal a la admisión de la demanda, considera que 
el primero de sus motivos no satisface el requisito de agotamiento de la vía judicial 
previa [art. 44.1 a) LOTC], ya que la recurrente no interpuso recurso de súplica contra el 
auto por el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó la declinatoria de 
jurisdicción  planteada  como  artículo  de  previo  pronunciamiento.  En  igual  sentido, 
entiende que la supuesta vulneración del derecho al juez legal y a la doble instancia 
penal debió ser planteada como cuestión previa en el momento inicial del juicio oral; y 
añade que, al solicitar la nulidad de la condena, la demandante tampoco denunció esta 
supuesta vulneración. En lo demás, tras considerar que la pena de multa impuesta ha  s
sido adecuada y suficientemente fundada en Derecho con referencia a los parámetros  oe.
legales exigidos, interesa la desestimación de la demanda. w.
agot2a.m  iRenetqou diseit olas  víad jeu dicaiadlm pirseivbiialid.ad:  especial  transcendencia  constitucional  y
Con  carácter  previo  al  examen  de  las  pretensiones  deducidas  en  la  demanda,
debemos  pronunciarnos  sobre  la  concurrencia  de  los  requisitos  que  para  su
admisibilidad  se  establecen  en  la  Ley  Orgánica  de  este  tribunal  (LOTC),  pues  el 
incumplimiento de alguno de ellos ha sido denunciado por el Ministerio Fiscal y la 
representación procesal  del partido político  Vox.  De conformidad con una reiterada 
doctrina constitucional, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el 
recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a 
trámite, de forma que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad 
de la acción se pueden volver a abordar o reconsiderar en sentencia, de oficio o a 
instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por falta de tales 
presupuestos,  sin  que  para  ello  constituya  obstáculo  el  carácter  tasado  de  los 
pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, STC 130/2018, de 12 de 
diciembre, FJ 2, y doctrina constitucional allí citada).
Como expresión del carácter subsidiario del recurso de amparo, entre los requisitos 
de admisibilidad de toda demanda se exige que, previamente a acudir ante este tribunal 
solicitando la protección de los derechos fundamentales pretendidamente vulnerados, se 
hayan agotado las posibilidades que el ordenamiento proporciona para lograrla ante los 
órganos de la jurisdicción ordinaria [art. 44.1 a) LOTC]. Es también requisito exigible que 
el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo como consecuencia de su 
especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC] y así haya sido suficientemente 
argumentado en la demanda de amparo.
a)  Sobre la especial trascendencia constitucional del recurso y su justificación.
La  representación  procesal  del  partido  político  Vox  no  comparte  y  considera 
insuficientes los alegatos que en el recurso se desarrollan para justificar su especial 
trascendencia constitucional. Singularmente, por tratarse de cuestiones ajenas a los 
pronunciamientos recurridos, se opone a apreciar que esta pueda venir apoyada en 
consideraciones relacionadas con el carácter público y representativo de los cargos que 
ostentaban algunos de los condenados en la causa judicial previa y con la repercusión 
política y social que subyace a los temas jurídicos de fondo. El óbice analizado no puede 
ser compartido, dado que la justificación expuesta no está desconectada de las causas 
de especial trascendencia apreciadas por este tribunal al resolver sobre la admisión a 
trámite del presente recurso. Baste destacar que en la STC 155/2009 de 25 de junio, 
FJ 2 g), se especificó como supuesto que permite apreciarla que el asunto suscitado 
trascienda  del  caso  concreto  porque  pudiera  tener  unas  consecuencias  políticas 
generales.  Hemos  apreciado  que  estas  características  concurren  en  el  presente 
supuesto, precisamente por la naturaleza de los hechos enjuiciados y el carácter público 
y representativo que, en el momento de protagonizar los hechos que han dado lugar a la 
causa, ejercían la demandante y otros acusados. En cualquier caso, no resulta ocioso 
recordar, como hemos reiterado, que «es a este tribunal a quien corresponde apreciar si 
el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial 
trascendencia constitucional, que encuentra su momento procesal idóneo en el trámite 
de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC» (STC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 2, 
y 3/2020, de 15 de enero, FJ 4).
b)  Sobre el debido agotamiento de los medios de impugnación previstos en la vía 
judicial previa.
Sostiene el Ministerio Fiscal que la demandante no agotó ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria las posibilidades que el ordenamiento procesal proporciona para 
lograr la protección de sus derechos fundamentales al juez legal y a la doble instancia  e.
penal.  Entiende  que  el  debido  agotamiento  de  la  vía  judicial  hubiera  exigido,  w.
sucesivamente,  recurrir  en  súplica  el  auto  que  resolvió  el  artículo  de  previo  09ww
pinriocniaul ndceia mlasie nsteos, iopnlaenst edaerl  ljau icviuol noerraalc, ióy nr eaitleegraard dai cchoam qou ceujae sstoiólinc itparnedvoia  lae nn uelli dmaodm deen tlao 
sentencia condenatoria, ex art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La  alegación  no  puede  ser  compartida  en  tanto  no  toma  en  consideración 
adecuadamente las especificidades que, en este aspecto, caracterizan el procedimiento 
especial contra aforados cuando, en única instancia, se sigue ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo.
Dijimos en la STC 130/2018, de 12 de diciembre, FJ 7, al justificar el carácter 
prematuro de la pretensión de amparo que con este mismo objeto fue planteada en la 
fase de instrucción por otras personas investigadas, que al tratarse de una causa penal 
que se sigue en única instancia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no era 
posible  impugnar  su  competencia  a  través  del  cauce  ordinario  de  la  cuestión  de 
competencia, «no solo porque no exist[e] superior jerárquico común, sino porque el 
artículo  21  LECrim  impide  a  cualquier  juez,  tribunal  o  parte  promover  cuestión  de 
competencia contra el Tribunal Supremo». Añadimos entonces que, en estos casos 
«para cuestionar la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha de 
acudirse, como cauce procesal idóneo, a la declinatoria de jurisdicción, que ha de 
plantearse  ante  el  tribunal  de  enjuiciamiento,  como  artículo  de  previo  y  especial 
pronunciamiento [art. 666.1 a) LECrim]». Recordemos que, como quedó expuesto en los 
antecedentes, la demandante satisfizo dicha exigencia planteando en tiempo y forma la 
declinatoria de jurisdicción una vez que se le dio traslado de los escritos de acusación; al 
hacerlo, sometió a debate ante el tribunal de enjuiciamiento el análisis de su propia 
competencia  objetiva,  alegando  la  supuesta  vulneración  del  derecho  al  juez 
predeterminado  por  la  ley,  lo  que  permite  dar  por  satisfechas  las  exigencias  de 
subsidiariedad del recurso de amparo.
Por el contrario, no eran cauce viable e incuestionable las alternativas procesales 
cuya omisión denuncia el Ministerio Fiscal para justificar el óbice de admisibilidad que 
propugna.  Basta  detenerse  en  la  regulación  específica  de  los  artículos  de  previo 
pronunciamiento en la LECrim, concretamente en el contenido de los arts. 676 y 678, 
para constatar que, conforme a la dicción literal del primer precepto, contra el auto 
desestimatorio de la declinatoria de jurisdicción no cabe recurso alguno (salvo el que 
proceda contra la sentencia). Ocurre lo mismo con el cauce de cuestiones previas: el 
artículo 678 LECrim exceptúa expresamente la declinatoria de jurisdicción de aquellas 
que las partes personadas pueden reproducir como medios de defensa en el juicio oral. 
De esta forma, atendidos los preceptos legales reseñados, ninguno de los medios de 
impugnación que el Ministerio Fiscal postula como necesarios eran inexcusablemente 
exigibles para garantizar la subsidiariedad del recurso de amparo, por lo que cabe 
entender suficientemente agotada en este caso la vía judicial previa con el uso de «las 
posibilidades que el ordenamiento proporciona» para lograr ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria la protección de sus derechos fundamentales [art. 44.1 a) LOTC]. A 
dicha  consideración  no  obsta  que,  en  una  interpretación  procesal  favorecedora  del 
derecho de defensa, la propia sala enjuiciadora aceptara volver a pronunciarse sobre 
esta misma alegación en la sentencia condenatoria, respondiendo a las cuestiones 
previas  planteadas  por  algunos  otros  acusados.  Cabe  constatar,  en  fin,  que  la 
contestación se hizo por remisión expresa y con los mismos argumentos expuestos al 
resolver la declinatoria de jurisdicción.
Tampoco era necesario acudir a la solicitud de nulidad de la sentencia condenatoria 
(art. 241.1 LOPJ), precisamente porque la denuncia de la supuesta vulneración se había 
hecho  ya  ante  el  tribunal  enjuiciador  a  través  de  la  declinatoria  de  jurisdicción. 
Reiteradamente hemos señalado que el incidente de nulidad de actuaciones constituye 
un  instrumento  procesal  que,  en  la  vía  jurisdiccional  ordinaria,  sirve  para  remediar  s
aquellas lesiones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que «no hayan podido  oe.
denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha  w.
resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» (art. 241.1 LOPJ).  09ww
cCaosmoo d seel ñraelammeodsio e nle glaa lSmTeCn t3e8 /p2o0s2ib0l,e d ey,  2p5o dr et afenbtore, roe,x iFgJib 3le,  «ala  lodse teerfmecintoasc iódne le nd ecbaiddao 
raegcoutrarmenieten tod edneu nlcai e veían  jaumdicpiaarlo  pyre vai aq udée preensdoelurcái ódne  altari bcuoynac rseut ac avuuslnaecrióanci»ó.n  Aq uees toesl   BOE-A-cable e
efectos debe recordarse que corresponde estrictamente a la demanda la fijación del 
objeto procesal del recurso de amparo, tanto en cuanto a la individualización del acto o la 
disposición cuya nulidad se pretenda, como respecto de la razón para pedirla o causa 
petendi (SSTC 235/1994, de 20 de julio, FJ 1; 26/1995, de 6 de febrero, FJ 3; 124/1999, 
de 28 de junio, FJ 1; 205/1999, de 8 de noviembre, FJ 4, y 224/2007, de 22 de octubre, 
FJ 2).
En consecuencia, impugnándose en el presente recurso de amparo la competencia 
de investigación y enjuiciamiento asumida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
habiéndose cuestionado tal competencia objetiva ante la propia sala enjuiciadora en la 
vía judicial previa en el momento procesal oportuno (art. 666 LECrim) y tratándose de un 
proceso en única instancia en el que no cabe recurso ordinario o extraordinario frente a 
la resolución que le pone fin, no era ya necesario que la recurrente reiterara la queja a 
través de un incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración ya denunciada con 
anterioridad en el procedimiento, devendría manifiestamente improcedente a tenor del 
propio art. 241 LOPJ (ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2).
En  definitiva,  el  cauce  procesal  de  denuncia  utilizado  por  la  demandante  era 
adecuado, viable y también suficiente para respetar la subsidiariedad del recurso de 
amparo, pues dio plena oportunidad a la sala de enjuiciamiento para pronunciarse, a la 
vista de los escritos de acusación, sobre el cuestionamiento de su propia competencia 
objetiva que, en este proceso de amparo, integra la queja que denuncia la supuesta 
vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y, conectada a él, del 
derecho a la doble instancia penal.
3.  Doctrina general sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
La primera cuestión de fondo controvertida por la demandante estriba en determinar 
si han vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por las que asumió y mantuvo la competencia 
para  la  averiguación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  considerados  delictivos  en  la 
querella presentada por el fiscal general del Estado. Cabe ya anticipar que su inicial 
ámbito  subjetivo  de  investigación  fue  sucesivamente  ampliado  por  el  magistrado 
instructor en posteriores resoluciones adoptadas en la fase de investigación.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial,  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar el 
fundamento y contenido del derecho alegado.
A  tenor  de  dicha  doctrina,  hemos  reiterado  que  su  contenido  exige,  en  primer 
término, que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado 
previamente  por  la  norma  jurídica,  que  esta  le  haya  investido  de  jurisdicción  y 
competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que 
su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. 
La  generalidad  y  la  abstracción  de  los  criterios  legales  de  atribución  competencial 
garantiza la inexistencia de jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a 
enjuiciar garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de 
la aplicación de las reglas competenciales establecidas en las leyes, no podrá ser 
desposeído  de  su  conocimiento  en  virtud  de  decisiones  tomadas  por  órganos  s
gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre,  oe.
FJ 8). w.
tqaumeb Eeinén n s cqeaugdeua nl adc oac osluomg pacoor,sn ieccrinóe ntro ed laesecl i óósrngig acano one  lj uspdurisoc icaienl dtveiemgnriaegnnatt eods e,lte eegrlma ldmineaeredncateh p oeo sra tllaeabg llaeedyc oidy ,o ga apdraearmnatá izslaa,    2021-4509n https://ww
designación  de  los  miembros  que  han  de  constituir  el  órgano  correspondiente
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de 
adoptarse.
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función 
judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, 
lo que constituye el interés directo protegido por el derecho al juez ordinario legalmente 
predeterminado, proclamado también expresamente, aunque con distinta dicción, en el 
art. 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 CEDH, 
como analizaremos más adelante.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona 
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la 
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos a la demandante y a otras 
personas, resulta oportuno recordar que aunque la determinación del órgano judicial 
competente para conocer de un asunto exige siempre una operación de subsunción en 
la norma general previa que atribuye la competencia, la jurisprudencia de este tribunal ha 
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el 
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de 
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8). No le 
corresponde a este tribunal decidir en amparo simples cuestiones de competencia entre 
órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la manera en que se 
apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre ellos no es materia 
que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por el art. 24.2 de la 
Constitución (SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes citada).
En tal medida, hemos reiterado que «no cabe confundir el contenido del derecho al 
juez  ordinario  predeterminado  por  la  ley  con  el  derecho  a  que  las  normas  sobre 
distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un 
determinado sentido». La atribución que el art. 117.3 de la Constitución lleva a cabo en 
favor de juzgados y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, 
supone  que  «la  interpretación  de  las  normas  que  regulan  la  competencia,  y,  por 
consiguiente, la determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que 
corresponde  en  exclusiva  a  los  propios  tribunales  de  la  jurisdicción  ordinaria  y  los 
criterios  de  aplicación  de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos 
jurisdiccionales no constituyen por sí solos materia que sea objeto del derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de 
otras anteriores).
En este aspecto, única vertiente del derecho alegado que se plantea como motivo de 
amparo, sí hemos reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley puede 
quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente al que 
la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución 
de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar tan indeseado efecto, 
aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto o desacierto del 
órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, si le 
compete  revisar  que  la  interpretación  y  aplicación  de  las  normas  de  competencia 
realizada por el órgano jurisdiccional ordinario sea fundada en Derecho, esto es, no 
resulte arbitraria, manifiestamente irrazonable o consecuencia de un error patente de 
hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, o STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues  s
si así fuera, el efecto de tan improcedente aplicación de la norma desconocería el  oe.
monopolio legislativo en la determinación previa del órgano judicial que ha de conocer  w.
del caso. 09ww
la dobc) trinDaa ddoe  qeusete  fotrribmuanna lp saortber ed ela  unneac ecsuildtuarda  deeu rporpeedae tceormmiúnna,c lioósn  clergitearl iodse  qlouse  ódrgeafinneons 
jduedsicdiea lessu, sd ep rqimueiernaess  rleosso liuncteiognraens , ys dee  dseussp rceonmdepne tednec ialas , jsuorins psreumdeenjacniat esd eal  lTorsib quunea,l   BOE-A-cable e
Europeo de Derechos Humanos. La semejanza no se extiende solo a la definición del 
contenido del derecho y a su fundamento, sino también al canon de análisis utilizado 
para abordar las quejas que en esta materia le han sido planteadas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 6.1 CEDH, «[t]oda persona tiene derecho a 
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
tribunal independiente e imparcial, establecido por ley […]». El tribunal europeo ha 
señalado que esta última expresión es reflejo del principio del Estado de Derecho, dado 
que un órgano judicial no establecido conforme a la voluntad del legislador carecería 
necesariamente de la legitimidad requerida en una sociedad democrática para oír la 
causa de un particular. La exigencia de previsión legal se extiende tanto al órgano mismo 
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las 
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los 
magistrados (asuntos Bulut c.  Austria de 22 febrero 1996, § 29; Coëme y otros c. 
Bélgica, de 22 de junio de 2000 y Lavents c. Letonia, de 28 de noviembre de 2002).
En otros pronunciamientos (asunto DMD Group, A.S. c. Eslovaquia, de 5 de octubre 
de 2010), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que la expresión 
«establecido por la ley» tiene por objeto asegurar «que la organización judicial en una 
sociedad democrática no dependa de la discrecionalidad del poder ejecutivo, sino que 
esté regulada por la ley emanada del Parlamento» (asunto Zand c. Austria, informe de la 
Comisión de 12 de octubre de 1978). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, 
la organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las 
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad 
para interpretar la legislación nacional relevante (asunto Coëme y otros, antes citado, § 
98, y Savino y otros c. Italia, de 28 de abril de 2009). Aunque corresponde en primer 
lugar  a  los  tribunales  nacionales  la  interpretación  de  las  normas  reguladoras,  su 
incumplimiento conlleva, en principio, la violación del artículo 6.1 CEDH cuando se 
constate una violación flagrante de dichas previsiones, no con razón de una mera 
discrepancia de interpretación de las normas sobre competencia (asunto Lavents c. 
Letonia, de 28 de noviembre de 2002).
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declaren competentes para conocer del asunto (asunto Jorgic 
c. Alemania, de 12 de julio de 2007, § 64 a 72; referida al enjuiciamiento por actos de 
genocidio cometidos fuera de Alemania).
4.  Razones  que  justifican  la  asunción  de  la  competencia  para  investigación  y 
enjuiciamiento de la causa por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En aplicación de lo establecido en el art. 57.1.2 LOPJ, la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia objetiva para la averiguación y el 
enjuiciamiento de los hechos atribuidos a la demandante tomando en consideración lo 
establecido en el art. 57, apartado segundo, EAC (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Las normas aplicadas establecen lo 
siguiente:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 2.º De la instrucción y 
enjuiciamiento  […]  de  las  causas  que,  en  su  caso,  determinen  los  Estatutos  de  s
Autonomía» (art. 57.1 2 LOPJ). oe.
«En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia  w.
dmeis Cmaotsa ltuéñrma.i nFouse raan tdee lla t eSrariltao rdioe  dloe P Ceantaall udñeal  Tlari bruenspaol Snsuapbreilimdaod»  p(aernt.a 5l 7e.s2  eExAigCib).le en los  2021-4509n https://ww
SupDereio rl ad em iJsumsati cfiao rmdea , Ceal taalurtñ. a7 0d.e2c iEdiAr Cs oebsreta blale cinec uqlpuaec i«ó[nc,] oerrl epsrpoocnedsea maile nTtroib uyn aell   BOE-A-cable e
enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitat y de los consejeros. Fuera 
del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» (art. 70.2 EAC).
Tres han sido los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i)  la prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: durante todo el desarrollo 
de la causa, una o varias de las personas a las que se refería la querella, después 
sometidas a investigación, procesadas o finalmente acusadas, mantenían la condición 
de  diputados  del  Parlamento  de  Cataluña,  bien  por  formar  parte  de  su  Diputación 
Permanente –una vez disuelta la asamblea legislativa autonómica–, bien por haber sido 
elegidas  para  integrar  el  parlamento  constituido  tras  las  elecciones  autonómicas 
celebradas el pasado 21 de diciembre de 2017. Es más, iniciado ya el juicio oral, algunas 
de ellas pasaron a integrarse como diputados o senador en las Cortes Generales y, poco 
después, en el Parlamento europeo.
(ii)  la  ubicación  geográfica  de  los  hechos  imputados:  el  relato  fáctico  que  dio 
sustento a la querella inicial, y también a los escritos de acusación formulados, afirmaba 
en cada caso la realización de algunos hechos típicos fuera del territorio de la comunidad 
autónoma catalana.
(iii)  la  apreciación  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos  investigados  en  las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos investigados en las actuaciones penales dirigidas contra varios acusados no 
aforados,  eran  plenamente  coincidentes  con  los  de  aquellas  otras  causas  que  se 
seguían contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa parlamentaria de aforamiento 
ante la Sala Penal del Tribunal Supremo (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim), de manera que 
los delitos a que se referían eran procesalmente conexos.
Así se describe en las diversas resoluciones que, sobre la propia competencia, han 
sido dictadas en el desarrollo de la causa. Son paradigmáticos en este sentido el auto 
de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica) por el que la querella fue admitida a 
trámite,  y  el  auto  de  27  de  diciembre  de  2018  que  desestimó  las  peticiones  de 
declinatoria  de  jurisdicción  planteadas  por  los  acusados  como  artículo  de  previo 
pronunciamiento (art. 666.1 LECrim).
a)  La decisión inicial de admisión a trámite de la querella formulada por los delitos 
de  rebelión,  sedición  y  malversación  de  caudales  públicos  justifica  la  asunción  de 
competencia para la averiguación de los hechos imputados identificando en primer lugar 
la ya citada norma delimitadora del aforamiento (art. 57.2 EAC) y aquella otra que 
permite afirmar que todos los querellados, menos uno, mantenían en ese momento su 
condición parlamentaria por formar parte de la diputación permanente de la entonces 
disuelta asamblea legislativa catalana [art. 24 d) del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña].
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a 
la  condición  parlamentaria  de  los  investigados  (condición  que  nunca  ha  sido 
cuestionada), sino que, para determinar el juez competente la norma obliga a tomar 
también en consideración un elemento geográfico –el lugar de comisión del hecho 
presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los 
hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él. s
Para determinar esta última circunstancia, sin afirmar su realidad o la existencia de  oe.
indicios que lo avale, la sala atiende al relato de hechos supuestamente delictivos que se  w.
alaapf iramdretaacndla or ea2nc9 i ódlnae   ldoqesu  ehirneedcllehapo. es,nE qdnue ens cudia e secdxreaib meCe banat,a joluc ñeoaln e»snt,a utenalc  iMaqduinoei  s«teAelr siopM eicFntiiossscte airnli otes ritFnúaiascc iaofuln,e arleaen s  ddeeell    2021-4509n https://ww
territorio  de  la  comunidad  autónoma  catalana  la  ejecución  de  parte  de  los  hechos
imputados.
Así, afirma el fiscal que, en su fase preparatoria, el Gobierno de la Generalitat, 
decidido a promover y celebrar unilateralmente una consulta a modo de referéndum, 
desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida a justificar la necesidad de 
intercesión de la comunidad internacional en su propósito secesionista. Con este fin, en 
enero  de  2016,  constituyó  un  «Departamento  de  asuntos  exteriores,  relaciones 
internacionales  y  transparencia»,  atribuyendo  en  él  un  papel  relevante  a  las 
delegaciones  en  el  exterior,  cuya  partida  presupuestaria  fue  incrementada  en  más 
del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la República catalana. 
Centra también su imputación en el «Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña» 
(Diplocat) a quien correspondía la labor de «lobby» internacional realizando actividades 
de difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, información en 
internet, formación de activistas como observadores en procesos electorales, diversos 
contratos con organizaciones de los países donde radican las sedes en el exterior para 
promover y favorecer la pretensión de independencia). Entre los hechos realizados en el 
exterior, se incluyen en la querella las páginas web internacionales creadas desde el 
Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la participación en la consulta ilegal 
promovida;  sitios  web  que,  tras  ser  clausurados  judicialmente  otros  radicados  en 
España, se localizaron en terceros países para eludir el control de las autoridades 
españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en la querella un papel 
trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia que se intentó 
celebrar  el  1  de  octubre  de  2017:  facilitaron  el  voto  de  los  ciudadanos  catalanes 
residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y custodiaban 
las  papeletas  de  los  ciudadanos  que  decidían  participar  y,  realizaron  también  su 
escrutinio. Se refiere también a la participación de diversos voluntarios observadores en 
el desarrollo de la consulta del 1 de octubre, asistencia que considera fruto de la 
actuación del «Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña» (Diplocat). A los expuestos 
se  añaden  en  el  relato  de  la  querella  otros  aspectos  denominados  como  «efectos 
internacionales» de la actuación imputada, aunque la Sala de admisión, al asumir la 
competencia, ya determinó como premisa que «no cabe confundir el resultado del delito 
con los efectos del delito, por más que estos puedan implicar, por su propia naturaleza, 
la destrucción del Estado de Derecho».
En la querella, el Ministerio Fiscal considera que la celebración de una consulta, a 
modo de referéndum, constituía el elemento central del delito de rebelión imputado a las 
personas querelladas. A partir de esta constatación, la sala aclara que, conforme a 
criterios establecidos antes por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
cuando los hechos imputados se ejecutan en diversos lugares, el delito se entiende 
cometido en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo 
(acuerdo de 3 de febrero de 2005 del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal), por 
lo que la competencia objetiva se atribuye al juez de cualquiera de las jurisdicciones 
territoriales  que  primero  haya  iniciado  las  actuaciones  procesales  dirigidas  a  la 
instrucción de la causa.
Concluye la resolución señalando que «el relato que sirve de soporte fáctico a la 
querella  entablada  por  el  Ministerio  Fiscal  […]  parte  de  la  base  de  una  estrategia 
concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a 
autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de  movimientos  sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de 
España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite  s
tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la  oe.
referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia  w.
la  competencia  de  esta  Sala.  El  carácter  plurisubjetivo  del  delito  de  rebelión  hace  09ww
appeorfretactcaiomneenst ei nedxipvildicuaabllees, , au lna  hreopraa rdtoe  dvael ocroamr leat ivdeorsd aedne real  eqnutied alda  dceo icnacdidae nucniaa  deen  lalas 
finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
La decisión de asumir la competencia para investigación indica, finalmente, que 
«será la instrucción la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de 
reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio Fiscal, el conocimiento de aquellos 
hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, pero que presenten 
una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su 
caso, enjuiciados».
b)  Siguiendo este último criterio, mediante auto de 24 de noviembre de 2017, el 
magistrado instructor acordó la extensión subjetiva del ámbito de investigación a otras 
personas, entonces no aforadas (concretamente, a los presidentes de las asociaciones 
Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana y a quienes habían sido miembros del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura) y, por medio de auto 
de 22 de diciembre de 2017, a los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios 
favorables a la independencia del disuelto Parlamento de Cataluña.
Dada su conexidad procesal, la extensión de la competencia a nuevos investigados 
no aforados se justificó en apreciar que existía plena coincidencia entre los hechos 
denunciados en las diversas actuaciones, además de la eventual existencia de «una 
estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio».
Como con más detalle ha quedado ya expuesto en los antecedentes, el instructor 
apreció que los hechos atribuidos a las personas no aforadas mantenían una conexión 
material inescindible con la conducta imputada a las personas aforadas por su estatus 
parlamentario. Añadió que la unificación de las actuaciones ante la Sala Penal del 
Tribunal  Supremo,  en  una  sola  causa,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional 
«concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de 
la  inescindibilidad  del  enjuiciamiento,  lo  que  se  manifiesta  singularmente  en  todos 
aquellos casos en los que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, 
con una pluralidad de partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los 
números 1 y 2 del artículo 17 LECrim».
Concluyó  argumentando  que:  «aunque  es  evidente  que  la  intervención  de  los 
distintos  actuantes  ha  tenido  una  sustantividad  material  propia,  lo  que  marca  la 
necesidad del enjuiciamiento conjunto, es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento 
sobre el objeto del proceso si no se analizan integralmente las actuaciones desarrolladas 
por aquellos y el cuadro de intenciones que les inspiraba. Una agrupación procesal que 
afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 272 LECrim».
Las normas procesales que sirven de sustento a la decisión, establecen lo siguiente:
Artículo 17 LECrim:
«1.  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No obstante, los 
delitos  conexos  serán  investigados  y  enjuiciados  en  la  misma  causa  cuando  la 
investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su 
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que 
suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la  e
competencia se consideran delitos conexos: bo
prec12e..dºº  idoLL oocsso  ncccooimmereetottii ddpooassr  app ooerrll  odd.ooss  oo  mmááss  ppeerrssoonnaass  reenu ndiidsatins.tos lugares o tiempos si hubiera  2021-4509n https://ww
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.»
Artículo 272, párrafos 2 y 3 LECrim: «Si el querellado estuviese sometido, por 
disposición  especial  de  la  ley,  a  determinado  tribunal,  ante  este  se  interpondrá  la 
querella. Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o 
por dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un 
tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito.»
c)  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018, al desestimar las diversas 
peticiones de declinatoria de jurisdicción planteadas por las defensas, una vez ratificada 
la conclusión del sumario, declarada la apertura del juicio oral y formulados los escritos 
de acusación, la sala de enjuiciamiento se remitió a los criterios expuestos en los 
anteriores pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora a los 
hechos imputados en los escritos de calificación. En ellos, al admitir a trámite la querella 
inicial, al pronunciarse sobre la decisión de procesamiento o al denegar peticiones de 
reenvío por conexión o inhibición en favor de otros juzgados o tribunales planteadas por 
las partes, había sido ya justificada, determinada y mantenida la competencia objetiva de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para la investigación de la causa.
De nuevo, como presupuesto metodológico, se destacó que aquellas decisiones se 
adoptaron a partir de los elementos fácticos que sirvieron de soporte al Ministerio Fiscal 
para justificar el ejercicio de la acción penal. La sala entiende que en nuestro sistema 
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de 
una forma incipiente con la denuncia o querella y se va perfilando conforme avanzan las 
investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor 
proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de 
apoyarse la competencia del tribunal». Para la sala, «ese objeto queda provisionalmente 
fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio 
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, en su resolución, la Sala constata que tanto la acusación por delito de 
rebelión del Ministerio Fiscal y de la acción popular, como el relato fáctico sobre el que 
se construye la acusación por el delito de malversación de caudales públicos (que se 
imputa a la demandante), incorpora hechos que desbordan el límite territorial de la 
comunidad autónoma catalana (FJ 3, apartado 3.1), sin que sea relevante que el auto de 
procesamiento no se refiriera provisionalmente a hechos realizados fuera de España, 
pues el relato fáctico del auto de procesamiento no cierra la posibilidad de acusación por 
hechos que, sin ser extravagantes a él, se encuentren en estrecha conexión con dicho 
relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recogen en los escritos de acusación, dichos 
hechos son los siguientes: las concretas iniciativas de búsqueda de la legitimación 
internacional mediante la creación de estructuras de Estado, incluidas las de acción 
exterior, dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, con  e.
financiación de actuaciones realizadas fuera de España, incluido un contrato dirigido a  w.b
«internacionalizar» la consulta, para la inserción publicitaria de una conferencia sobre la  09ww
ecostnasbualtna  aeln s deirvveicrsioo sd em lead iporse tienntesrinóanc iinodneapleesn ddeen ptirsetan;s as ee shcarcitea ; dteo dnause evost aresf earcetunacicaio an elas 
dcreeleagciaócnio dneels d eexptaerrtiaomreesn teon  dpea aísseusn teousr oepxeteorsio, reens  dlae  Ulan Gióenn Eeruarloitpaet,a a yl  inecnr eEmEeUnUto,  dy ea l alas 
realización de una campaña internacional de imagen, protagonizada por «Diplocat»,
consorcio público-privado que actuaría en completa vinculación con el Gobierno catalán, 
a modo de cuerpo diplomático, que firmó contratos fuera de España con mediadores y 
consultores que facilitarían encuentros que se consideraban útiles para promover la 
aceptación  de  la  realización  del  referéndum;  en  tales  actividades  también  habría 
coadyuvado  Ómnium  Cultural;  se  incluye  también  la  referencia  a  la  creación  y 
mantenimiento de webs internacionales dirigidas a la internacionalización del proceso 
independentista; en el conjunto de actividades dirigidas a ese mismo fin se incluyen por 
las  acusaciones  la  contratación  y  financiación  de  expertos  y  observadores 
internacionales para dar una apariencia de normalidad a la pretendida votación. Las 
conductas descritas, según las acusaciones, además de cooperar en el ilegal designio 
independentista unilateral (que calificaron como delito de rebelión), serían constitutivas 
de otro de malversación de caudales públicos.
Tras repasar el presupuesto de la pretensión acusatoria formulada por el Ministerio 
Fiscal, destacando de ella aquellos aspectos que describen actuaciones realizadas fuera 
del  territorio  de  la  comunidad  autónoma,  concluye  la  sala  señalando  que:  «la 
competencia de esta Sala para el enjuiciamiento de los hechos que son objeto de 
acusación fluye del propio relato que ofrecen el fiscal, la Abogacía del Estado y la acción 
popular para justificar la imputación de sendos delitos de rebelión y malversación de 
caudales públicos. Los arts. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y 73.3 a) LOPJ 
no admiten otro desenlace cuando los hechos se sitúan por las acusaciones fuera del 
ámbito de la comunidad autónoma catalana».
La conclusión toma en consideración la denominada «doctrina de la ubicuidad», 
según la cual el delito se comete en cualquiera de los territorios donde se realizan 
algunos de los elementos del tipo objetivo y subjetivo del delito, por lo que «la atribución 
por  el  fiscal  a  algunos  de  los  procesados  de  actos  ejecutivos,  no  necesariamente 
violentos  pero  vinculados  al  elemento  tendencial  del  delito  por  el  que  se  formula 
acusación  (cfr.  art.  472.5  CP),  justifica  la  aplicación  del  art.  57.2  del  Estatuto  de 
Autonomía que señala a esta sala como el órgano competente para la investigación y 
enjuiciamiento de hechos ejecutados fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para la sala, no obsta a lo expuesto que otras comunidades autónomas, al igual que 
la  catalana,  cuenten  con  delegaciones  en  el  exterior  pues,  lo  relevante  no  es  su 
existencia, sino la acusación de que fueron puestas al servicio de fines secesionistas. 
Rechaza  también  que  se  pueda  cuestionar  que  el  resultado  de  los  delitos  de 
malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio  de  las  administraciones  públicas.  Y  al  analizar  específicamente  la 
jurisprudencia previa que le fue alegada como término de comparación, concluye que, 
debido a los delitos entonces investigados, se trata de supuestos objetivamente distintos, 
por lo que la asunción de competencia cuestionada no contradice los precedentes a que 
se refieren las defensas de los acusados (autos de la Sala de lo Penal de 12 de 
noviembre de 2014 y 26 de abril de 2006). Tampoco considera término de comparación 
suficiente el contenido de los pronunciamientos de otros tribunales –singularmente el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– pues su criterio razonado de decisión no está 
vinculado a los que hayan utilizado otros órganos judiciales al abordar las causas que a 
ellos se les han planteado.
Por último, atendiendo objetivamente a la naturaleza y estructura de algunos de los 
delitos imputados, la sala argumenta en favor de la inescindibilidad de los hechos 
sometidos  a  valoración  judicial,  circunstancia  que  aconseja  y  justifica  que  sean  s
enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros que no disponen de dicha  oe.
prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «la estructura de los tipos por  w.
los  que  se  formula  acusación  es  incompatible  con  un  enjuiciamiento  separado  por  09ww
póorgr aenlo fsis cjuarli–s dsicucgiioenrea leesv itdaifre lrae natretisfi.c Liaal  finraegsmcienndtibaicliidóand d deel lo hbejecthoo d –etla pl ryo ccoemsoo,  sdeif idcuelstacrnibdeo 
sobremanera el enjuiciamiento de los hechos que se califican como constitutivos de
delitos de rebelión y malversación que, en su configuración legal, se presentan como un 
único tipo agravado (cfr. arts. 472 y 473.2 CP)».
d)  Estos  mismos  criterios  fueron  expuestos  en  la  sentencia  condenatoria 
[fundamento  jurídico  A)  4]  al  justificar  la  desestimación  de  las  cuestiones  previas 
planteadas por algunos acusados en las que, alegando de nuevo la vulneración del 
derecho al juez predeterminado por la ley, discutieron la competencia de la sala de 
enjuiciamiento. Con remisión a los autos ya reseñados, la sala complementó la decisión 
de mantenimiento de su competencia de enjuiciamiento argumentando de forma más 
extensa  sobre  la  vigencia  y  fundamento  de  la  doctrina  de  la  ubicuidad;  sobre  la 
naturaleza colectiva de los delitos de rebelión y sedición como elemento diferenciador de 
la  acusación  formulada  en  esta  causa  frente  a  los  precedentes  alegados  por  las 
defensas como término de comparación; acerca de la inescindibilidad de la causa en 
relación con la acusación por delito de rebelión y de malversación de caudales públicos, 
dada la conexión material o instrumental de los hechos y delitos imputados; y en relación 
con el carácter no vinculante que la jurisprudencia de un Tribunal Superior de Justicia 
tiene para el Tribunal Supremo.
Por último, con referencia expresa a las SSTC 51/1985, de 10 de abril, y 64/2001, 
de 17 de marzo, se argumentó sobre la inexistente afectación del derecho al doble grado 
de jurisdicción en materia penal, dado que, en relación con los delitos de rebelión, 
sedición y malversación de caudales públicos, fue apreciada una conexión material 
inescindible de los acusados no aforados con quienes sí mantenían reconocida dicha 
prerrogativa. A lo que se añadió que los acusados habían sido enjuiciados por el Tribunal 
Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (art. 123 CE), lo que 
constituye una excepción específica y justificada del derecho a la doble instancia penal 
que ha sido admitida por la jurisprudencia constitucional citada y también, expresamente, 
por el artículo 2.2 del Protocolo séptimo del CEDH.
5.  Aplicación al caso de la doctrina constitucional expuesta sobre el derecho al juez 
ordinario predeterminado por la ley.
La demandante entiende que debió ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña. Considera errónea la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo 
sobre la norma estatutaria que determina la competencia penal para enjuiciar a quienes, 
como consecuencia de su condición de diputados autonómicos, son titulares de la 
prerrogativa parlamentaria de aforamiento (art. 57.2 EAC). Dicho error lo asocia a la 
excesiva trascendencia competencial que se ha dado a la ubicación geográfica de parte 
de los hechos imputados de forma vaga y genérica en la querella inicial y en los escritos 
de acusación. Afirma que los hechos relevantes atribuidos en la causa no tuvieron lugar 
fuera del territorio de Cataluña, y que es irrelevante que el delito imputado sea de 
naturaleza colectiva y plurisubjetiva, pues tales características constituyen una base 
insuficiente para asumir la competencia objetiva cuestionada. Aduce, por último, que lo 
que ha llevado a la sala a justificar su propia competencia es una interpretación amplia y 
extensiva de los elementos del tipo de rebelión.
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado por la demandante 
y la doctrina jurisprudencial sobre su contenido que ha sido expuesta en el fundamento 
jurídico tercero de esta resolución, la cuestión que tenemos que resolver consiste en 
determinar si las resoluciones judiciales por las que la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo asumió la competencia para la investigación de los hechos atribuidos en la 
querella,  la  extendió  a  los  no  aforados  por  razones  de  conexidad  procesal  e  e
inescindibilidad de la causa, y después, la mantuvo para el enjuiciamiento de los hechos  bo
que dieron sustento a la pretensión acusatoria, se apoyan en razonamientos arbitrarios,  09ww
siroraloz oenna belesste o  cbaassoa dporess eenn taurná  errerolire vfáec tcicoon sptaitutecnioten aql ulea  ddeisricvrae pdaen lcaisa  aecxtpuraecsioandeas ,p opru elas 
idnetemrparnedtaancitóen,  jmudáicsi aal dlláe  lad ele ye pxrteorcieosriazla ar pulicnaab led.iferencia  razonada  de  criterio  con  la
a)  Dada la delimitación progresiva de su objeto, debemos hacer una consideración 
previa sobre las peculiaridades que, en torno a la determinación de la competencia, 
presenta el desarrollo del proceso penal. En nuestro ordenamiento, la exigencia de 
responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en una inicial 
atribución  fáctica  y  delictiva  que  se  expresa  por  referencia  a  dos  criterios:  hechos 
supuestamente cometidos y su calificación jurídica provisional como delito. Sobre este 
presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y en su caso, 
declarados probados. Por otra parte, la calificación jurídica es provisional durante la fase 
de investigación e intermedia (STC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, de 15 
de noviembre, FJ 4). Solo después de practicar contradictoriamente la prueba en un 
juicio público, si se mantiene la acusación, pueden los hechos imputados ser afirmados 
como delictivos por el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en el tipo penal que 
corresponda.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, resulta indiscutible que 
la  evaluación  inicial  de  la  competencia  objetiva  para  la  investigación  de  la  causa, 
determinada en este caso por la condición de aforados de cinco de los parlamentarios 
querellados y por el lugar de comisión de parte de los hechos imputados (art. 57.2 EAC), 
solo podía tener como referencia los hechos atribuidos en la querella o su calificación 
jurídica provisional. En aquel momento procesal (auto de admisión a trámite de la 
querella de 31 de octubre de 2017), salvo que hubiese considerado que los hechos en 
que se fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 
y 313 LECrim), la sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la 
relación que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el 
querellante (delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos).
A partir de estas consideraciones, no podemos compartir con la demandante que la 
asunción  inicial  de  la  competencia  de  investigación,  a  partir  de  los  parámetros 
expuestos,  se  haya  apoyado  en  valoraciones  o  razonamientos  que  puedan  ser 
calificados como arbitrarios, manifiestamente irrazonables o que sean fruto de un error 
patente que derive de las actuaciones.
Los criterios jurídicos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –
extensamente descritos en el fundamento jurídico anterior–, dan cuenta de la toma en 
consideración de los elementos nucleares de la regla de atribución de competencia: 
aforamiento especial parlamentario y lugar atribuido de la comisión del delito. Por una 
parte, la sala tuvo en cuenta los pasajes fácticos de la querella que describen los que 
denomina «aspectos internacionales de la declaración de independencia», donde se 
relatan como típicos hechos acaecidos fuera del territorio de Cataluña. Respecto a ellos, 
se destaca en la resolución el carácter complejo del hecho atribuido –plurisubjetivo y 
colectivo–, expuesto por el Ministerio Fiscal como fruto de una estrategia concertada que 
presenta un elemento tendencial claro: declarar la independencia de una parte del 
territorio  español.  Es  precisamente  la  afirmación  de  que  una  pluralidad  de  sujetos 
intervino concertadamente en el hecho atribuido lo que justificó también la decisión de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del 
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de 
un reparto de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción denunciada. Se 
trataba de hechos diversos que no podían ser escindidos para su averiguación en 
diversos  procesos  sin  desvirtuar  la  perspectiva  global  desde  la  que  habían  de  ser 
contemplados.
Se trata, por tanto, de razonamientos que tienen que ver con los hechos atribuidos,  s
con el lugar donde supuestamente se produjeron, con la calificación jurídica provisional  oe.
expresada y con la condición de aforados de varios querellados. No parten de premisas  w.
inexistentes o patentemente erróneas. Y su desarrollo argumental no incurre en quiebras  09ww
olóbgjeictaivsa  nid see  laolse jaa ldeegla tdeonso r pdoer  lala  nodremmaa nadpalicnated,a , ssei noa pqouyea,n d eesnc arotatrnodso  plare icdeednetindtaeds 
jSuarilsap drued leon Pcieanleasl ,d ceol nT reibxupnreasl aS urepfreermenoc qiau ea,  uyan  eanc u2e0r0d5o,  naoc ojugrióis dlaic dceionnoaml dineal dPal e«ndoo cdteri nlaa   BOE-A-cable e
de la ubicuidad», antes descrita, aplicable a los casos en que un mismo delito se hubiere 
cometido en diversas jurisdicciones territoriales. En conclusión, en cuanto a la asunción 
de  la  competencia  para  la  averiguación  del  delito,  la  conclusión  alcanzada  es 
consecuencia lógica de las razones jurídicas expuestas y no supone una manipulación 
arbitraria de la regla de distribución de competencias, por lo que la vulneración alegada 
ha de ser desestimada.
b)  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia a la 
demandante, y a otras personas no aforadas sometidas a investigación, fue acordada 
por auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017. Aunque la demandante 
carecía en aquel momento de la condición de miembro del Gobierno catalán o de 
diputada  autonómica,  o  de  cualquier  otra  que  le  reconociera  la  prerrogativa  de 
aforamiento, la investigación y enjuiciamiento de la recurrente por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo estaba explícita y específicamente prevista por las normas de la 
LECrim que establecen el enjuiciamiento conjunto en un solo proceso de los delitos 
conexos cuya inescindibilidad fuera apreciada (art. 17.1 y 2, y art. 272 LECrim). Al igual 
que en el supuesto analizado en la STC 64/2001, de 17 de marzo, el aforamiento 
especial de varias personas encausadas ha tenido como consecuencia, en aplicación de 
dichas normas legales antes transcritas, que la demandante viera modificado el órgano 
judicial competente con carácter general cuya competencia reclama –el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña– y se restringiera, en consecuencia, su derecho a someter la 
declaración de culpabilidad y la pena impuesta ante un tribunal superior –queja esta que 
ha sido formulada como motivo de amparo– la cual abordaremos más adelante.
c)  Igual suerte desestimatoria ha de correr la vulneración que se asocia al auto 
de 28 de diciembre de 2018 que desestimó las diversas declinatorias de jurisdicción 
planteadas por los acusados. Sus razonamientos son semejantes y abundan en los que 
ya han sido expuestos. El único elemento diferencial de su examen radica ahora en que 
la competencia de enjuiciamiento se determina en atención al relato fáctico que sustenta 
las pretensiones acusatorias ya formuladas. De forma razonada, la sala mantuvo su 
criterio anterior al constatar que tanto la acusación por delito de rebelión, como el relato 
fáctico sobre el que se construye la acusación por malversación de caudales públicos, 
incorporaban  hechos  que  desbordan  el  límite  territorial  de  la  comunidad  autónoma 
catalana. El mantenimiento de la competencia vino apoyado en todo momento en los 
elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, definen la regla estatutaria de 
atribución competencial. La consideración de que a las personas investigadas, y luego 
acusadas, se atribuían hechos cometidos dentro y fuera del territorio de Cataluña se 
apoyó en datos objetivos confirmados por la instrucción; de manera que esta valoración, 
que constituye el elemento nuclear del disentimiento expresado en el recurso de amparo, 
no vino apoyada en un razonamiento arbitrario, ajeno al sentido de la norma, irrazonable 
por su incoherencia lógica, o apoyado en un error patente pues, en este último sentido, 
no se evaluaron hechos cometidos, sino hechos atribuidos.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento pudiera dejar de 
tomar  en  consideración  los  hechos  atribuidos  por  la  acusación  para  determinar  su 
competencia objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de 
justificación o sea inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser 
establecida la competencia.
En definitiva, la determinación de la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo en relación con la demandante, y el resto de personas acusadas, tiene  s
una incuestionable base legal explícita que cabe sintetizar en las siguientes normas, que  oe.
han sido razonada y razonablemente aplicadas: (i) el art. 57.1 LOPJ predetermina la  w.
competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento  09ww
eAnu toanqoumelílao sd ec Casaotasl uqñuae,  edne steursm airnte. n5 7.lo2s y  e7s0t.a2t,u dtoesc ladrea  laa uctoomnopmetíean; c(iaii) d ee ll aE csittaadtuat oS adlae 
yd es ulos  Pceonnasle ejenr olas,s  ccuaaunsdaos  ceol nhterac hdoip euntajudiocisa daou tosen óhmai cdoess, aerlr oplrlaedsoid efunetera d dee lla  teGrerintoerriaol idtaet   BOE-A-cable e
Cataluña; (iii) el art. 17.1 LECrim establece que «los delitos conexos serán investigados 
y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los 
hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las 
responsabilidades  procedentes»,  con  la  excepción  de  que  la  acumulación  suponga 
excesiva complejidad o dilación para el proceso; (iv) el art. 17.2 LECrim. que, a efectos 
de atribución de jurisdicción y competencia, declara que son conexos tanto los delitos 
cometidos  por  dos  o  más  personas  reunidas,  como  los  cometidos  por  dos  o  más 
personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello, así 
como los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución, y (v) el 
art. 272 LECrim, que reafirma dicha competencia al establecer que, cuando el querellado 
estuviere sometido por disposición especial de la ley a determinado tribunal, ante este se 
interpondrá la querella, al igual que cuando fueren varios los querellados por un mismo 
delito  o  por  dos  o  más  conexos  y  alguno  de  aquellos  estuviere  sometido 
excepcionalmente a un tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del 
delito.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito a 
los diputados autonómicos, cuando los hechos atribuidos tienen lugar fuera del territorio 
catalán –según establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña–, no es irrazonable que 
lo sea respecto a las acciones penales que contra ellos se dirijan en esos casos, por lo 
que las resoluciones impugnadas en amparo no vulneraron el derecho de la recurrente al 
juez ordinario predeterminado por la ley.
A lo expuesto no obsta de ninguna forma la fundamentación de la sentencia del 
Tribunal de Apelación de Bruselas núm. 2021-79, de 7 de enero que, fuera del periodo 
de alegaciones, ha aportado a este tribunal la representación procesal de la demandante 
«a los efectos de que sea tenida en cuenta a la hora de resolver el presente recurso de 
amparo». Según la resolución aportada, la ampliación de la jurisdicción del Tribunal 
Supremo a los coacusados no aforados, debido a la estrecha conexión que mantenían 
los delitos que se les imputaban con los atribuidos a los aforados, «parece basarse» en 
un  criterio  jurisprudencial  no  respaldado  por  ninguna  disposición  jurídica  nacional 
explícita; esto es, sin que exista base legal explícita para ampliar dicha competencia.
No  se  trata  únicamente  de  que,  en  un  plano  formal,  sus  razonamientos  y 
pronunciamientos en modo alguno vinculen a este tribunal en su función de delimitar el 
contenido de los derechos fundamentales y resolver en amparo los casos en los que se 
denuncie su supuesta vulneración. De forma sustantiva, por considerar que no son 
trasladables a nuestro enjuiciamiento los argumentos que la resolución aportada expone 
para justificar la denegación de la orden europea de detención y entrega emitida en 
relación con un procesado en esta causa, declarado rebelde, a quien se imputan delitos 
de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Como hemos razonado antes, tomando en consideración las características del caso 
y los criterios restrictivos expuestos en la citada STEDH de 22 de junio de 2000 (caso 
Coëme y otros c. Bélgica), concurren en este supuesto elementos diferenciales que 
justifican  la  conclusión  desestimatoria  de  la  pretensión  de  amparo  que  ya  ha  sido 
expuesta. No se trata aquí, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos apreció al 
resolver el caso Coëme, de que no exista en el ordenamiento jurídico español ley 
expresa que establezca la jurisdicción y competencia de la Sala Penal del Tribunal 
Supremo  en  relación  con  los  aforados,  o  de  que  no  exista  ley  que  establezca  el 
procedimiento para su enjuiciamiento, o de que no haya previsión legislativa expresa que  s
permita extender la competencia de la Sala de lo Penal a los no aforados; ni, en fin,  oe.
tampoco ocurre que tal extensión a la demandante haya sido consecuencia de un  w.
pronunciamiento jurisprudencial no respaldado por ninguna disposición jurídica. Muy al  09ww
cfuonndtraamrioe,n toh elmaso sr azteonniedso  poopro rltausn idqaude   dlaes   erexsporeluscaior neesx teimnspaumgennatdea s ene n easmtep amrois mnoo 
vauplonyearadraosn  eenl  ddeisrepcohsoic idoen elas  rleecguisrrlaetnivtea sa l qjuueez  aosríd ilnoa priroe vpereíadne teerxmprineasdaom epnotre l aa lnetye sa l dvee nlair   BOE-A-cable e
comisión de los hechos enjuiciados; razones que se sobreponen y permiten refutar las 
que, para ser tomadas en consideración, la demandante nos aporta en su último escrito.
6.  El derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal.
La desestimación del precedente motivo de amparo lleva consigo la del que, por 
conexión, denuncia la indebida limitación del derecho al doble grado jurisdiccional en 
materia penal. La demandante, en  su condición  de  consejera de la Generalitat de 
Cataluña, era aforada en el momento de protagonizar los hechos por los que ha sido 
condenada (art. 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). Pese a que no formaba 
parte del Gobierno de la Generalitat cuando, el 30 de octubre de 2017, el fiscal general 
del Estado presentó ante la Audiencia Nacional la querella que dio inicio a la causa 
contra ella y otros ex consejeros, ha visto como el enjuiciamiento de las imputaciones 
que sobre ella pesaban se trasladó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
debido a que algunas otras personas acusadas en la misma causa tenían la condición 
necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC, y a que se 
apreció  conexidad  procesal  entre  los  hechos  atribuidos  a  los  aforados  y  a  la 
demandante.
Tal  y  como  expresa  la  sentencia  impugnada,  este  tribunal  ya  ha  abordado  en 
anteriores pronunciamientos dicha cuestión (por todas, SSTC 51/1985, de 10 de abril, 
FJ 3, y 64/2001, de 17 de marzo, FJ 5). En ellas hemos señalado que el derecho a 
someter el fallo condenatorio y la pena ante un tribunal superior integra el derecho al 
proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo 
expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante el Tribunal Supremo, incluso 
cuando, en atención a las reglas procesales de conexión, el enjuiciamiento en única 
instancia se extiende a personas no aforadas, la restricción de su derecho a someter la 
declaración de la pena y la culpabilidad ante un tribunal superior encuentra justificación 
suficiente.
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales. Y en segundo lugar, se apoya en la inescindibilidad de la causa: 
se atiende así a las exigencias de una buena administración de justicia en materia penal, 
entre las que se encuentra la necesidad de coordinar la apreciación de los hechos y de 
las responsabilidades de los intervinientes cuando la realización del delito se atribuye al 
concurso de una pluralidad de personas.
Como este tribunal observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que 
la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un tribunal superior puede 
ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo. 
En la citada resolución se estimó que «no había vulneración del derecho a la revisión de 
la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». El 
propio art. 6 CEDH no enuncia expresamente el derecho fundamental aquí considerado, 
aunque si viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de noviembre 
de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de ratificación 
de 28 de agosto de 2009, fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de  e
octubre  siguiente).  Dicha  adición  recoge  el  contenido  del  derecho  plasmado  en  el  bo
art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, cuyo influjo ha  09ww
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circunstancia es la que aquí concurre, dado que la demandante ha sido juzgada en
primera instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes (art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario alguno. Tal 
circunstancia  justifica  en  este  caso  que  no  se  pueda  apreciar  como  indebida  la 
denunciada limitación del derecho a la doble instancia penal.
7.  La motivación de la cuantía de la cuota diaria de la pena de multa impuesta.
En el último motivo de amparo la recurrente se queja de la falta de motivación 
individualizada de la cuota diaria de la pena de multa que le ha sido impuesta. La 
considera genérica, insuficiente y estereotipada, pues se vincula exclusivamente a la 
retribución que venía percibiendo como consejera de la Generalitat. En su opinión, la 
fijación en 200 € de la cuota diaria de la multa impuesta (6000 € mensuales) se ha hecho 
sin  evaluar  su  capacidad  económica  individual  y  sin  realizar  investigación  alguna 
adicional sobre su situación económica real o sus circunstancias personales o familiares, 
por lo que, conforme a la jurisprudencia constitucional que cita (SSTC 108/2001, de 23 
de  abril;  170/2004,  de  18  de  octubre,  y  108/2005,  de  9  de  mayo),  no  puede  ser 
considerada una resolución fundada en Derecho.
El Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y el acusador popular consideran, por el 
contrario, que la motivación expresada en la sentencia condenatoria es suficiente por 
venir referida, implícitamente, a los ingresos públicos asociados al cargo de libre elección 
que venía ejerciendo como consejera del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
La cuestión planteada no es novedosa en la jurisprudencia constitucional. Como 
recuerda la STC 91/2009, de 20 de abril, FJ 7, este tribunal ha declarado reiteradamente 
que el deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 CE se 
integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, por lo que 
las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se 
basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación de la legalidad no arbitraria, 
manifiestamente  irrazonable  o  incursa  en  un  error  patente.  Esta  exigencia  resulta 
reforzada en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el 
derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, 
directa o indirectamente, en muchas ocasiones, con el derecho a la libertad personal. En 
esa medida, el deber de motivación incluye no solo la obligación de fundamentar los 
hechos y la calificación jurídica, sino también la pena en concreto finalmente impuesta, 
por cuanto el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el juez penal en la 
determinación de la pena a imponer no constituye por sí mismo justificación suficiente de 
la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad 
viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, 
pues solo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad.
La  aplicación  al  caso  de  los  criterios  de  control  expuestos  permite  anticipar  la 
desestimación de este motivo de amparo. Al igual que en los casos analizados en las 
SSTC 108/2001, 108/2005, 196/2007, o en la ya citada STC 91/2009, la sentencia 
condenatoria  aplicó  el  sistema  legal  de  «días-multa»  previsto  en  la  ley  penal  para 
cuantificar su concreta intensidad. Lo que la demandante cuestiona no es la extensión 
temporal de la pena impuesta (diez meses, sobre un máximo de doce meses previsto 
para el delito por el que fue condenada), sino la motivación del importe de la cuota diaria 
que la demandante ha de satisfacer (200 €/día, para una horquilla legal establecida en el 
art. 50.4 CP entre 2 y 400 € diarios).
Conforme a la previsión legal (art. 50.5 CP) la cuota diaria se ha de determinar 
teniendo en cuenta para ello, exclusivamente, la situación económica de la persona  e
condenada, «deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y  bo
demás  circunstancias  personales».  En  la  sentencia  condenatoria  se  establece,  09ww
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desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones planteada, que denunció este mismo
motivo de amparo, señalando que «la sentencia dictada sí motiva este último importe y 
hace referencia para ello a la situación económica de los tres acusados, su titulación 
profesional y a las circunstancias personales que constan en autos. Los dos primeros 
parámetros están por otro lado íntimamente relacionados con el hecho notorio de que 
fueron consejeros del gobierno de una comunidad autónoma».
En el caso presente, como ha destacado el abogado del Estado, la individualización 
de la cuota de la multa diaria ha sido realizada con base en criterios indicativos de la 
capacidad económica de la penada a partir del relevante nivel de ingresos salariales que 
ha venido obteniendo durante el ejercicio del cargo de consejera del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña. Tales ingresos, como alega el Ministerio Fiscal y se recoge en la 
ley autonómica de presupuestos, superan la suma de 110 000 € anuales. Tal referencia 
expresa  permite  diferenciar  el  presente  supuesto  de  los  casos  analizados  en  las 
SSTC  108/2001,  108/2005,  o  91/2009,  en  los  que  la  estimación  del  amparo  vino 
justificada en constatar que la determinación del importe de la cuota diaria de multa que, 
en cada caso, debían satisfacer los demandantes, carecía de cualquier motivación o se 
apoyaba en criterios totalmente ajenos a las pautas establecidas en el precepto legal 
aplicado, esto es, prescindía de toda consideración de la situación económica de los 
recurrentes.  Tomando  en  consideración  los  criterios  legales  reseñados  y  la 
fundamentación  exteriorizada  para  justificar  el  ejercicio  del  margen  penológico 
establecido por el apartado 4 del propio art. 50 CP, debemos concluir que la motivación 
expresada  no  puede  ser  calificada  como  inexistente,  ni  tampoco  como  arbitraria, 
manifiestamente  irrazonable  o  apoyada  en  un  error  patente  que  derive  de  las 
actuaciones; lo que conduce a la desestimación del motivo de amparo analizado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Meritxell Borràs i Solé.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Alfredo 
Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.