BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 43 Viernes 19 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 19754
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
2627 Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la  que  se  publica  el  Convenio  con  el  Gobierno  de  Canarias,  para  la 
incorporación del personal usuario adscrito a la unidad de valoración forense 
integral de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y de las 
oficinas de asistencia a las víctimas del delito al Sistema de Seguimiento 
Integral en los Casos de Violencia de Género.
Habiéndose suscrito el 1 de diciembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior y el Gobierno de Canarias para la incorporación del personal usuario adscrito a la 
unidad de valoración forense integral de los institutos de medicina legal y ciencias 
forenses y de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito de la Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias al Sistema de 
Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (sistema VioGén), procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo 
a esta Resolución.
Madrid,  12  de  febrero  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias para la 
incorporación del personal usuario adscrito a la unidad de valoración forense 
integral de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y de las oficinas 
de asistencia a las víctimas del delito de la Consejería de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad, del Gobierno de Canarias al Sistema de 
Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)
Madrid, 1 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Rafael  Pérez  Ruiz,  Secretario  de  Estado  de  Seguridad  del 
Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 84/2020, de 17 de enero, al amparo 
de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la 
Calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
De otra parte, el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, del 
Gobierno de Canarias, don Julio M. Pérez Hernández, nombrado por Decreto 121/2019, 
de 17 de julio (BOC n.º 137 de 18 de julio de 2019) de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 29.1.k) de La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  de  Canarias,  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el 
Decreto 119/2019, de 16 de julio (BOC n.º 136, de 17 de julio de 2019) por el que se  es
determinan el número, la denominación y competencias de las consejerías. o
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del 
Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al 
Ministerio del Interior.
Segundo.
Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real Decreto 734/2020, de 4 
de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica le corresponde la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la 
promoción  de  las  condiciones  para  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales,  en 
particular,  la  libertad  y  seguridad  personales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
Constitución  Española  y  en  las  leyes  que  los  desarrollen;  el  mando  superior  y  la 
dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tercero.
La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias, en su artículo 85, atribuye al Gobierno de Canarias, en relación con la 
Administración de Justicia, las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye 
al Gobierno del Estado, facultades concretadas por el Real Decreto 2463/1996 de 2 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En base a tal traspaso de funciones la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de 
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial facultó a la 
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  determinar  las  normas  generales  de 
organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y de actuación de los 
médicos forenses que presten asistencia técnica en los órganos jurisdiccionales, fiscales 
y oficinas del Registro Civil.
A dicha finalidad organizativa dio respuesta el Reglamento estatal de los Institutos de 
Medicina Legal, aprobado por Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo. Asimismo, el 
artículo 479.4 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 2 del Reglamento 
estatal de los Institutos de Medicina Legal, que determinan la existencia de los Institutos 
de Medicina Legal en las capitales de provincia en las que tenga su sede el Tribunal 
Superior de Justicia.
Por Decreto 198/2002, de 20 de diciembre, del Gobierno de Canarias, se creó el 
Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, con sede en la capital de dicha 
provincia y que depende orgánicamente de la Dirección General de relaciones con la  s
Administración de Justicia. Igualmente, por Decreto 83/2007, de 23 de abril, del Gobierno  o
de Canarias, se creó el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, con sede en Las  w.
RPaellmaPcaoiosr n seduse   cpGoanrrat elna   lAaCd aLmneianyr iisa4t,r/ 2aq0cui1óe5n   dddeeep  J2eu7ns dtidece ia o,a rdgbeárilnl ,Gi cdoaebmli eeErnnstoeta  dtdueet oC  ladane a Drlaiiar esVc.cíciótinm aG edneel rDale lditoe   2021-2627n https://ww
atribuye a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia las
referidas a la organización y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, 
tanto en lo que respecta a recursos materiales como en materia de personal.
Dicha regulación se contiene en el Decreto 89/2019, de 22 de mayo, por el que se 
determina la creación y organización de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 
Delito  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  disponiendo,  en  su 
artículo 2, la creación de dos oficinas de ámbito provincial, con sede en las capitales de 
provincia de donde tomarán su denominación: La Oficina de Asistencia a las Víctimas del 
delito de Las Palmas y La Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito de Santa Cruz 
de Tenerife.
Por su parte la Ley 16/2003, de 8 de abril, canaria de Prevención y Protección 
Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género creó el Sistema Canario Integral de 
Prevención y Protección de las Mujeres que está constituido por el conjunto integrado de 
actividades, servicios y prestaciones desarrollados por las administraciones públicas 
canarias, por sí mismas o en colaboración con la Administración General del Estado o 
con  las  entidades  públicas  y  privadas  colaboradoras,  tendente  a  la  prevención  de 
situaciones  de  violencia  contra  las  mujeres,  así  como  su  asistencia,  protección  y 
reinserción ante dichas situaciones de violencia para garantizar su dignidad personal y el 
pleno respeto de su entorno familiar y social.
Cuarto.
Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones 
penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de 
género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de protección a las 
víctimas,  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  las  actuaciones  entre  ambas 
Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la información que 
permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y 
de la evolución del riesgo en que se encuentren.
Quinto.
Que  en  consonancia  con  la  necesidad  expuesta  de  mejorar  la  eficacia  en  la 
protección  de  las  víctimas  y  en  desarrollo  de  los  artículos  31  y  32.2  de  la  Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de diciembre de 2006, 
aprobó el «Catálogo de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género».
Entre las medidas aprobadas se incluye la creación de una nueva base de datos 
común  para  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  que  permita  tener  conocimiento 
permanente de las circunstancias de las víctimas para realizar una valoración del riesgo 
objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las medidas de protección adecuadas.
Sexto.
Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha desarrollado una 
aplicación informática que da soporte al «Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de Violencia de Género», y que constituye un instrumento básico para:
a)  Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho fenómeno y 
sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario seguimiento y coordinación de  e.
las actuaciones puestas en marcha para la protección de las víctimas. w.b
b)  Realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para graduar las  27ww
respcu)e sPtarso pyo larcsi omneadr ideastsa p ionlfiociramleasc idóen  par oltoesc cdióivne.rsos operadores que intervienen en la
protección institucional.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
1.  El presente convenio tiene por objeto establecer la coordinación y colaboración 
entre ambas partes para llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias 
para la incorporación del personal usuario adscrito a la unidad de valoración forense 
integral de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de las Oficinas de 
Asistencia a las Víctimas del Delito de la Consejería de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias al Sistema de Seguimiento Integral en los 
casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).
2.  Será la Comisión de Seguimiento la que, mediante acuerdo, establezca cuáles 
serán los órganos, entidades, organismos y unidades de la Comunidad Autónoma que 
deban incorporarse al Sistema VioGén, siempre y cuando los mismos actúen para el 
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Segunda.  Adecuación de los sistemas informáticos.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los de la Comunidad Autónoma 
estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus sistemas 
informáticos y permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada uno en su ámbito 
competencial.
Tercera.  Compromisos que asume la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la 
Administración Central del Sistema VioGén.
1.  Habilitará en el ámbito de la Comunidad Autónoma a usuarios con perfil de 
Administrador/es General/es, de los distintos órganos, organismos, entidades y unidades 
autorizados por la Comisión de Seguimiento.
2.  Asesorará y orientará a los nuevos usuarios en la utilización del Sistema y 
conocimiento oportuno de los Manuales de usuario.
3.  Establecerá los controles de seguridad oportunos en los accesos al Sistema y 
contará con un procedimiento de auditoría para garantizar el correcto uso del Sistema y 
acceso a la información alojada en este por parte de los usuarios habilitados por la 
Comunidad Autónoma.
4.  Podrá dar de baja a usuarios de la Comunidad Autónoma que, habiendo sido 
habilitados para acceder al Sistema, no lo hayan hecho en un plazo superior a un año.
Cuarta.  Compromisos que asume la Comunidad Autónoma.
1.  Nombrar usuarios como Administradores Generales de cada uno de los órganos, 
organismos, entidades o unidades de la Comunidad Autónoma que se incorporen al 
Sistema VioGén. Estos usuarios, dados de alta por la Administración Central del Sistema 
VioGén, deberán impulsar las habilitaciones de sus propios usuarios y gestionar las 
variaciones de las mismas a lo largo del tiempo. Una vez habilitados contarán con un 
plazo de seis meses para comenzar a acreditar al resto de usuarios del Sistema. 
Cualquier incidencia en la habilitación de usuarios deberá ser puesta en conocimiento de  e.
la Administración Central del Sistema VioGén. w.
2.  Facilitar  a  la  Administración  Central  del  Sistema  VioGén  una  relación  27ww
pideernmtiafinceandtoesm ye nateu toraizcatudaolisz apdaar a dceo neucstaurasreio sa l dSeis tedmicah ay  vCeolamr upnoidrqaude,  edsetobsid aumtileicnetne 
cdoerl rSecisttaemmean.te tanto sus claves de acceso como la información a la que accedan a través  BOE-A-cable e
3.  Promocionar y estimular a los usuarios habilitados en el acceso al Sistema, tanto 
en  modo  consulta,  como  mediante  la  introducción  y/o  actualización  de  datos 
significativos para la protección de las víctimas en el contexto de su ámbito territorial y 
competencial, siguiendo las instrucciones de procedimiento recogidas en los Manuales 
de usuario y/o proporcionadas por la Administración Central VioGén.
Quinta.  Protección de datos de carácter personal.
1.  Las  partes  se  comprometen  a  mantener  en  secreto  todos  los  datos  e 
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del 
objeto  del  presente  convenio.  En  particular,  será  considerado  como  información 
confidencial  todo  el  saber  hacer  resultante  de  la  ejecución  del  objeto  del  mismo, 
debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del Sistema de Seguimiento Integral 
en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). El acceso a los datos por parte 
de una de las entidades al tratamiento de la otra parte se realizará con la condición de 
encargado  de  tratamiento,  única  y  exclusivamente  con  la  finalidad  derivada  de  la 
realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de carácter personal no 
serán  cedidos  ni  comunicados  a  terceros,  salvo  cuando  cedan  a  encargados  de 
tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a 
lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría de 
Estado de Seguridad y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 
del Gobierno de Canarias, legitimados sobre la base del cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento y para el cumplimiento de una misión 
realizada  en  interés  público  o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al 
responsable  del  tratamiento,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  6.1.c)  y  e), 
respectivamente, del Reglamento General de Protección de Datos.
4.  Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la eficacia en la 
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género; facilitar el seguimiento de 
las circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su evolución, permitiendo 
que se adopten las medidas de protección adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas 
agresiones. Se clasificarán en las siguientes categorías: datos relativos a la comisión de 
infracciones penales relacionadas con la violencia doméstica y de género; de carácter 
identificativo; de características personales; y de carácter asistencial.
5.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y  e.
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de  w.b
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 27ww
resp6o.n sLaabsili dapda rtqeuse   fsirem apnutedsie rad egl enceornavr enpioor   iqnuceudmapnl imeiexnotnoe rdaed asla s deo blicguaacliqounieesr 
aonbtliegraiocrieosn ees feacstuuamdiad apso, r lac uaelnqtuidiearda  oqturae  ploasrt e.h uEbnie rcaa scoo mdee tiqduoe brreasnptaomndieenráto  ddee  llaass 
infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.  Financiación del Convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben 
ni transferencia de recursos entre las mismas.
Séptima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y dos por parte del 
Gobierno de Canarias, que serán nombrados por la persona titular de la Secretaría de 
Estado  y  de  la  Consejería  de  Administraciones  Públicas,  Justicia  y  Seguridad  del 
Gobierno  de  Canarias,  respectivamente,  debiendo  respetarse  la  representación 
equilibrada de hombres y mujeres en su constitución.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que actuará con voz, pero 
sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  Asimismo,  establecerá  cuáles  serán  los  órganos,  entidades,  organismos  y 
unidades  de  la  Comunidad  Autónoma  que  deban  incorporarse  al  Sistema  VioGén, 
siempre y cuando los mismos actúen para el cumplimiento de sus fines con personalidad 
jurídica única.
6.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Octava.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
Novena.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos, 
interpretación,  modificación  o  resolución  del  mismo  que  no  puedan  resolverse  por 
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento,  serán  sometidas  a  los  tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la  Ley  29  /1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.
Décima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». es
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la  bo
vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Comunidad Autónoma  27ww
apdoidcriáonn aalecso.rdar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años
Undécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de la vigencia del 
convenio, estableciendo un plazo improrrogable por las partes para la ejecución de las 
actuaciones.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, se firma este documento en la 
fecha indicada.–El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.–El Consejero 
de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Manuel Pérez Hernández.