BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 90 Jueves 15 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 43039
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
5951 Corrección de errores de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera  y  de  organización  de  la 
Generalitat 2021.
Advertido  error  en  el  artículo  97  de  la  Ley  3/2020,  de  30  de  diciembre,  de  la 
Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 
de la Generalitat 2021, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 34, de 9 de 
febrero de 2021, se procede a su corrección:
Se sustituye el texto de artículo 97 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 
de la Generalitat 2021, por el siguiente:
«Artículo 97.
Se modifica la rúbrica de la sección II del libro II, título I, capítulo I; se añade un 
nuevo apartado 6, en el artículo 6; se modifica el artículo 11 apartado 3 letra a y se 
añade un apartado 4 al artículo 11; se modifican los apartados 2, letra b, 4 y 5 del 
artículo 36 y se añaden nuevos apartados 6 y 7; se modifica el artículo 51 apartado 1; 
se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 70; se modifica el apartado 8 del 
artículo 72; se modifica el artículo 101; se modifica el artículo 151 apartado 3; se 
modifica el artículo 187 quater, apartado 2; se modifica el artículo 202, apartado 4, 
letra b, último párrafo; se modifica el apartado 3 del artículo 203; se modifica el 
artículo 211; se modifican los apartados 3 y 4 y se añade un nuevo apartado 5 
al artículo 211 bis; se modifica el artículo 212, apartado 1; se modifica el artículo 214, 
apartado 1, letra a; se modifican la disposición adicional primera, la disposición 
adicional  octava,  apartado  1,  la  disposición  adicional  decimotercera,  la 
disposición transitoria undécima y la disposición final segunda y se añade una 
disposición transitoria nueva de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que quedan con la redacción siguiente:
Sección II. Actuaciones de transformación urbanística y de edificación y 
rehabilitación en suelo urbano
''Artículo 6.  El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
[...]
6.  Los estudios de paisaje podrán tramitarse de forma independiente y se 
aprobarán  por  resolución  de  la  dirección  general  competente  en  materia  de 
paisaje''.
''Artículo 11.  Criterios para la ordenación del medio rural valenciano.
[...] e.
3.  La planificación e implantación de usos y actividades en el medio rural se  w.
ajustará a las siguientes directrices paisajísticas, con el fin de garantizar una  51ww
adecuada integración en su entorno:
seráan)  lasL apsr opcaiarsa cdtee rlíassti czaosn avso rluurmaéletsri.cas  o  compositivas  de  las  construcciones
b)  Con carácter general, se evitarán las construcciones en lugares próximos 
a carreteras, cauces o vías pecuarias.
c)  Se evitará la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles y vallas 
publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o indicativo y los que 
cuenten con expresa autorización demanial y no generen un impacto paisajístico.
4.  Se  favorecerá  la  reversibilidad  de  las  instalaciones  y  construcciones 
sujetas a temporalidad empleando materiales, técnicas y recursos adecuados que 
puedan biodegradarse, desmontarse o ser reutilizados posteriormente''.
''Artículo 36.  Red secundaria de dotaciones y estándares de calidad urbana.
[...]
2.  La ordenación pormenorizada en sectores de planeamiento parcial debe 
cumplir los estándares dotacionales de calidad urbana que se establecen en el 
anexo IV y, como mínimo, los siguientes:
[...]
b)  En suelo industrial o terciario, se destinará a zonas verdes públicas al 
menos el 10 % de la superficie del sector y a equipamientos públicos al menos 
un 5 % de la superficie del sector. En los municipios pertenecientes al sistema 
rural de la Comunitat Valenciana se podrá eximir el 5 % de superficie destinada a 
dotaciones públicas.
[...]
4.  En suelo urbano, cuando la edificabilidad residencial media preexistente 
en la subzona de ordenación pormenorizada o en el área homogénea por usos y 
tipologías ya supere el metro cuadrado edificable por metro cuadrado de suelo, el 
nuevo planeamiento no podrá aumentar la edificabilidad residencial aplicable a 
cada parcela con respecto a las previsiones del planeamiento anterior.
No  obstante,  en  actuaciones  de  dotación,  rehabilitación,  renovación  o 
regeneración  urbana,  por  razones  justificadas  en  la  memoria  de  viabilidad 
económica y siempre que sea compatible con la racionalidad, la calidad y el 
paisaje  de  la  ordenación  urbana  del  ámbito  en  el  que  se  planteen,  podrá 
incrementarse la edificabilidad respecto al planeamiento anterior, en los siguientes 
términos:
a)  En unidades de ejecución, el índice de edificabilidad bruta residencial de la 
unidad  de  ejecución  no  podrá  superar  en  más  de  un  50  %  el  índice  de 
edificabilidad bruta residencial de la subzona de ordenación o del área homogénea 
correspondiente, sin que en ningún caso pueda superar el máximo de dos metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo residencial.
b)  En parcelas urbanas o solares, el índice de edificabilidad neta residencial 
de la parcela no podrá superar en más de un 50 % el índice de edificabilidad neta 
residencial medio de las parcelas urbanas o solares ubicados en la subzona de 
ordenación o del área homogénea correspondiente.
c)  En los supuestos previstos en las dos letras anteriores, la densidad de 
viviendas  resultantes  no  podrá  superar  en  más  de  un  50  %  la  densidad  de 
viviendas media del ámbito de referencia utilizado, con el límite del duplo de la 
establecida en el apartado 3 de este artículo. e.e
d)  El incremento de suelo dotacional público que exija un incremento de  b
edificabilidad, se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.3  51ww
gdleo beaslt,a y  lecyo ny  ceanr áscute ar ngeexnoe rIaVl,  seen  rloe arliezlaartáiv oe na l fucánlcciuólno  ddee l laess tánnedcaers iddaodtaecsio dneall 
peanrtoar antoe ncdoenr  zlaosn anse cveesriddeasd eos  deeq ulaip naumeievan toorsd epnúabcliicóons. en la proporción adecuada
5.  En  suelo  urbano,  para  los  usos  terciario  o  industrial  sometidos  a 
actuaciones de dotación, rehabilitación, renovación o regeneración urbana, por 
razones justificadas en la memoria de viabilidad económica y siempre que sea 
compatible con la racionalidad, la calidad y el paisaje de la ordenación urbana del 
ámbito en el que se planteen, podrá incrementarse la edificabilidad atribuida al 
planeamiento  anterior  al  suelo  objeto  de  modificación  en  los  términos  que 
reglamentariamente se establezcan, sin que en ningún caso se pueda superar el 
duplo del índice medio de edificabilidad neta de estos usos en parcelas urbanas o 
solares  ubicados  en  la  subzona  de  ordenación  o  del  área  homogénea 
correspondiente, o de dos metros cuadrados de techo por metro cuadrado de 
suelo de índice de edificabilidad bruta de estos usos en unidades de ejecución.
El  incremento  de  suelo  dotacional  público  que  exija  el  incremento  de 
edificabilidad se determinará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.3 
de esta ley y en su anexo IV, en lo relativo al cálculo del estándar dotacional 
global, y con carácter general se realizará en función de las necesidades del 
entorno con zonas verdes o equipamientos públicos en la proporción adecuada 
para atender las necesidades de la nueva ordenación.
6.  No obstante, en los ámbitos de referencia utilizados tanto para el uso 
residencial como el terciario o el industrial, cuando el estándar dotacional global en 
su  situación  de  origen  ya  fuera  superior  a  15  metros  cuadrados  de  suelo 
dotacional público por cada 100 metros cuadrados de techo, no será necesario el 
incremento de suelo dotacional público, siempre que se mantenga como mínimo el 
indicado estándar dotacional global.
7.  En los supuestos de los apartados anteriores, cuando sea imposible la 
cesión en terrenos en el propio ámbito de la actuación, las dotaciones públicas 
podrán  materializarse  mediante  la  cesión  en  superficie  edificada  de  valor 
equivalente, que se integrará en complejos inmobiliarios definidos en la legislación 
estatal  de  suelo,  o  bien  se  compensarán  económicamente.  En  este  caso,  el 
importe de la compensación tendrá como única finalidad la adquisición de suelo 
dotacional o la mejora de calidad urbana de los suelos dotacionales públicos 
existentes''.
''Artículo 51.  Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración 
del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.
1.  El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el 
borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las 
administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado b, 
de esta ley y personas interesadas, durante un plazo mínimo de treinta días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de informe para los planes que afecten 
exclusivamente a la ordenación pormenorizada o al suelo urbano que cuente con 
los servicios urbanísticos implantados sin modificación del uso dominante de la 
zona de ordenación estructural correspondiente y durante un plazo mínimo de 
sesenta días hábiles para los planes que afecten a las demás determinaciones 
comprendidas en la ordenación estructural.
[…]''
''Artículo  70.  Actuaciones  de  transformación  urbanística  y  de  edificación  y 
rehabilitación en suelo urbano. e.e
1.  En  los  términos  establecidos  por  la  legislación  estatal  de  suelo,  se  51ww
entiean) deLna ps oarc atucatucaiocnioense dse d uer btraanniszfaocrmióna cqióune  uinrcblaunyíesnti:ca las siguientes:
1.º)  Las  actuaciones  de  reforma  y  regeneración  urbana  cuyas
determinaciones tienen por objeto la mejora del medio urbano, la renovación y
mejora  de  los  equipamientos  y  demás  dotaciones  urbanísticas,  incluida  la 
rehabilitación o sustitución del patrimonio edificado, cuando existan situaciones de 
obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas delimitadas con esa finalidad.
Se considerarán actuaciones de regeneración urbana aquellas que incorporen 
medidas  sociales  y  económicas  enmarcadas  en  una  estrategia  administrativa 
globalizada.
La  ordenación  de  estas  actuaciones  se  llevará  a  cabo  mediante  la 
formulación de planes de reforma interior en los términos establecidos en el 
artículo 72 de esta ley y su gestión se desarrollará tomando en consideración 
el régimen aplicable a las actuaciones aisladas o integradas, tal como se 
regula en el citado artículo de la ley.
2.º)  Las actuaciones de renovación urbana tendrán por objeto la demolición y 
sustitución de la totalidad o de parte de las edificaciones preexistentes, cuando 
concurran circunstancias singulares de deterioro físico y ambiental que lo hagan 
necesario, sin perjuicio de satisfacer cualesquiera actuaciones de rehabilitación de 
edificios o la mejora del medio urbano contempladas en este artículo.
La ordenación de estas actuaciones se llevará a cabo mediante la formulación 
de planes de reforma interior en los términos establecidos en el artículo 72 de esta 
ley, y la gestión se desarrollará mediante la delimitación de unidades de ejecución 
en régimen de actuaciones integradas, en virtud de lo establecido en esta ley.
b)  Las actuaciones de dotación cuyas determinaciones tienen por objeto 
prever los suelos dotacionales y el porcentaje público de plusvalías que se deriven 
de la atribución de un incremento de aprovechamiento consistente en un aumento 
de edificabilidad, de densidad o de un cambio de uso de diferente rentabilidad 
económica asignado sobre el otorgado por el planeamiento anterior, atribuido a 
parcelas concretas localizadas en una zona o subzona de suelo urbano, sin que la 
actuación requiera la reforma o renovación de la urbanización preexistente. El 
desarrollo  de  estas  actuaciones  se  llevará  a  cabo  mediante  el  régimen  de 
actuaciones aisladas, salvo en el supuesto que afectara a varios propietarios y se 
requiriera la ejecución de nuevas obras de urbanización, en cuyo caso se podrán 
gestionar en régimen de actuaciones integradas.
2.  Se entienden como actuaciones de edificación o de rehabilitación aquellas 
que tienen por objeto la edificación o la rehabilitación de edificios, incluidas sus 
instalaciones, sus espacios privativos vinculados y, en su caso, el suelo dotacional 
público necesario para otorgarles la condición de solar. El desarrollo de estas 
actuaciones se llevará a cabo en régimen de actuaciones aisladas.
[…]''
''Artículo  72.  Planes  de  reforma  interior  de  las  actuaciones  de  renovación  y 
regeneración urbana.
[…]
8.  La obtención del suelo correspondiente a actuaciones aisladas en suelo 
urbano  destinados  al  uso  dotacional  público,  así  como  la  financiación  de  la 
ejecución de las reservas dotacionales destinadas a equipamientos públicos o de 
los costes derivados de las obras de urbanización aisladas, sin perjuicio de las 
ayudas públicas aplicables, se podrán ejecutar con cargo a los incrementos de  s
aprovechamiento  adicional  que  pudieran  atribuirse  con  ese  fin,  bien  en  oe.
determinadas parcelas aisladas edificables o bien en los ámbitos correspondientes  w.
uatér rbamaqinunieozlasla besle su tanobi dleaac diaedqsou sde eelln oe sej el ccpoulamcnióp dnlee juo rrseb faoinnrmmizaaod binoilitraearr iilooosrc  aoql ieuznea  deaal sspí l easnne  g suedeneleloimr auilt,re bjnua,sn toeif inco a ledonas    2021-5951n https://ww
en el resultado de la preceptiva memoria de viabilidad económica. En todo caso,
este aprovechamiento adicional le corresponde a la administración con carácter 
fiduciario para satisfacer las finalidades señaladas.
[…]''
''Artículo 101.  Constitución de complejos inmobiliarios.
1.  El  planeamiento  podrá  prever  en  única  parcela  superficies  edificadas 
superpuestas tanto en la rasante como en el subsuelo o en el vuelo, destinadas a 
usos lucrativos privados y a usos de dominio público constituidos en complejo 
inmobiliario de carácter urbanístico, pudiendo establecerse tanto en edificaciones 
ya realizadas como en suelos no edificados, en los términos establecidos en la 
legislación estatal de suelo y cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 3 
del anexo XIII de esta ley.
2.  En todo caso, la edificabilidad destinada a uso lucrativo privado computará 
a  efectos  de  la  determinación  de  los  estándares  de  la  red  secundaria  de 
dotaciones y de la calidad urbana en virtud de lo establecido en el artículo 36 de 
esta ley. En el supuesto contemplado en el apartado 5 de dicho artículo, se podrá 
sustituir la cesión de suelo dotacional por la entrega de superficie edificada en los 
términos establecidos en el apartado 3 del anexo XIII de esta ley''.
''Artículo 151.  Garantía de promoción del programa de actuación integrada.
[...]
3.  La administración actuante, los organismos, entidades o empresas de 
capital íntegramente público, para asumir mediante gestión directa el desarrollo de 
un programa de actuación, bastará con que comprometan crédito con cargo a su 
presupuesto por el importe equivalente a un 5 % del coste total de las cargas del 
programa. En el supuesto sociedades urbanísticas o entes sometidos al derecho 
privado podrán garantizar la actuación mediante el compromiso de dicha cantidad 
establecida en sus propias previsiones de ingresos o gastos o documento similar, 
en  los  de  presupuestos  de  sus  administraciones  titulares  o  mediante  el 
otorgamiento de las garantías exigidas a un urbanizador privado''.
''Artículo 187 quater.  Iniciación de las actuaciones para la edificación forzosa y 
subrogación de la Generalitat.
[...]
2.  Si  el  ayuntamiento  no  incoa  el  expediente  de  declaración  de 
incumplimiento del deber de edificar o rehabilitar, o paraliza su tramitación por un 
plazo superior a dos meses, el tercero instante, para las actuaciones de uso 
residencial, podrá solicitar a la Conselleria competente en materia de vivienda la 
subrogación de la Generalitat al amparo del artículo 60 Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local o entablar los procesos judiciales que 
le asistan''.
''Artículo 202.   Actividades que requieren declaración de interés comunitario.
[...]
4.  b)  Último párrafo.
Las instalaciones, partes de ellas o los bienes de equipo para la producción  e.e
deberán estar integrados en la construcción, y se deberá acreditar una adecuada  w.b
gestión de los residuos sólidos, de las aguas residuales y de los subproductos  51ww
gene[.r..a]dos por la actividad.
Artículo 203.  Régimen general de la declaración de interés comunitario.
[…]
3.  La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable 
mediante su declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de un 
instrumento de paisaje, cuyo contenido se adaptará al tipo de actuación propuesta 
y al paisaje donde se ubica. Si, de acuerdo con la legislación ambiental, fuera 
necesaria la evaluación de impacto ambiental del proyecto, esta se realizará en la 
tramitación de la licencia sustantiva del proyecto que corresponda, de acuerdo con 
lo que establezca en su legislación sectorial. Además, en aquellos supuestos en 
que la actuación conlleve una mayor concentración de población, de vehículos 
pesados, con remolque, autocaravanas o similares, deberán efectuar un análisis 
de los efectos que generan y proponer soluciones que las mitiguen, mejorando la 
movilidad sostenible de la actuación con el entorno.
[…]''
Se modifica el artículo 211, con la redacción siguiente:
''Artículo  211.  Ordenación  de  las  actuaciones  de  minimización  del  impacto 
territorial.
1.  La ordenación estructural de estas áreas se realizará por instrumentos de 
planeamiento con capacidad de establecer la ordenación estructural o por plan 
especial. La ordenación pormenorizada de estas áreas se realizará por medio de 
un plan especial.
La ordenación estructural incluirá la delimitación del ámbito de la actuación 
integrada,  sin  perjuicio  de  que  el  perímetro  exacto  de  la  actuación  pueda 
concretarse  en  la  ordenación  pormenorizada.  La  ordenación  pormenorizada 
incluirá el perímetro exacto de la actuación, la red de servicios y, en su caso, las 
dotaciones públicas que fueran necesarias, las edificaciones existentes, así como 
las diferentes fases de ejecución de las obras de urbanización. Corresponde a la 
conselleria competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo la 
aprobación  definitiva  del  plan  especial,  conforme  al  libro  I  de  esta  ley,  y  al 
ayuntamiento, la selección del programa de minimización y la designación de la 
empresa adjudicataria del programa de minimización, según este libro II.
2.  El  plan  especial  debe  incluir,  por  lo  menos,  los  documentos  técnicos 
siguientes:
a)  Memoria descriptiva de la situación actual y justificativa de la propuesta, 
en la que se describan las circunstancias de implantación de cada núcleo de 
viviendas, se identifiquen las parcelas catastrales que lo integran, se detallen las 
construcciones y usos existentes y las características de los servicios de que están 
dotadas. Se debe añadir un anexo con la relación de los propietarios afectados.
b)  Planos del estado actual de parcelación, infraestructuras existentes, grado 
de edificación, relación con los núcleos urbanos, actividades calificadas y con la 
red primaria de infraestructuras y servicios existentes.
c)  Plan  de  ordenación  que  efectúe  una  delimitación  geométricamente 
racional  del  perímetro  del  núcleo  de  viviendas  consolidado  que  se  debe 
regularizar,  incluidos  los  terrenos  estrictamente  necesarios  para  implantar  los 
servicios públicos que se consideren adecuados para el bienestar de la población  e.
y la protección de la calidad del medio ambiente, y también los estrictamente  w.b
necesarios  destinados  a  usos  públicos  o  comunes.  La  ordenación  que  se  51ww
rpersouplotenng an edceebsea rrieossp peatarar  clau mpaprlicre lolasc icóonn deixciisotneanntete, ss iens tpaebrljeucicidioo sd ee nlo ess taej uasrtteícsu lqou.e
d)  Estudio  de  integración  paisajística  con  el  contenido  establecido  en  el 
anexo II de esta ley, con especial incidencia en las medidas que se deben adoptar 
en las edificaciones preexistentes.
e)  Estudio de viabilidad económica de la inversión, incluidos otros costes de 
regularización establecidos y el plazo de ejecución de las obras e informe de 
sostenibilidad económica.
f)  Estudios y documentación requerida por la normativa ambiental aplicable.
3.  El programa de minimización debe incluir, por lo menos, los siguientes 
documentos:
a)  Proyecto de obras públicas ordinarias a formular, que incluya las obras de 
minimización  estrictamente  imprescindibles  para  atender  las  necesidades 
residenciales  existentes  y  para  la  minimización  de  impactos  que  motiva  el 
planeamiento, adaptadas al carácter de la actuación y al parcelario, la orografía, la 
hidrología  superficial  y  subterránea,  los  caminos  y  las  otras  infraestructuras 
existentes. En particular, debe incluir, preceptivamente, un sistema de depuración 
de vertidos de todo tipo, que se puede agrupar por viviendas, unos espacios 
destinados a la recogida regular de residuos sólidos, un sistema viario que permita 
un acceso rodado seguro a las edificaciones y la adecuada conexión del núcleo de 
viviendas con la red viaria. Asimismo, si resulta posible desde el punto de vista 
económico, técnico y ambiental, la disposición de un sistema de suministro de 
agua potable y de energía eléctrica.
b)  Anexo en el que se describirán las obras a ejecutar en el interior de las 
parcelas  particulares  para  conseguir  la  adaptación  paisajística,  conectar  los 
servicios de la vivienda a la red de alcantarillado y suministros implantadas, en su 
caso y cuando proceda, y la adaptación de vallados u otras a las que obligue el 
plan.
c)  Estudio de los costes de la implantación de servicios que resulten de 
utilidad a todos los afectados, que se sufragarán en un 80 % en proporción a los 
metros cuadrados de techo de cada una de las viviendas y el 20 % restante en 
proporción a la superficie de la parcela vinculada. Los porches y las instalaciones 
deportivas y de piscinas computan cada metro cuadrado de ocupación de suelo 
como equivalente a 0,5 m² de techo.
d)  Estudios de los costes de las obras a ejecutar en el interior de cada una 
de las parcelas o edificaciones particulares, al ser útiles únicamente al propietario, 
que se sufragarán a su costa.
e)  Convenio  urbanístico  de  gestión  que  regule  las  relaciones  entre  los 
propietarios y la administración actuante y el procedimiento de ejecución de la 
minimización que contemplará, como mínimo, las siguientes determinaciones:
1.º  Regulación  de  los  costes  derivados  de  la  minimización  del  impacto 
territorial que habrán de ser asumidos por los propietarios afectados, mediante 
pago de las correspondientes cuotas de minimización, cuya cuantía deberá ser 
fijada en el convenio urbanístico, quedando las fincas o parcelas correspondientes 
afectas, con carácter real, al pago de las cuotas a que se refiere el apartado c 
anterior. Se entenderá que las cuotas de minimización reguladas en este artículo 
comparten análoga naturaleza jurídica que las cuotas de urbanización reguladas 
en  la  presente  ley  pero  a  los  efectos  de  minimizar  los  impactos  territoriales  s
provocados por la existencia de construcciones irregulares. oe.
2.º  Regulación del deber de cesión a la administración del suelo preciso para  w.
dlsaees   cdluaomsta pccliioomnnedenisct aioprnúáeb pslirc eaefses rtaea nbintleeccmoidrepanostre a erm nae  dleaila  gncetoesn tsivóuen n cideoes  iuólarn b raaenlg íuaslytaiucrnoizt aascmuióisencn.r tiEoto s,e teno  d veibrbtiueednr    2021-5951n https://ww
mediante la cesión obligatoria y gratuita, o en virtud, en su caso, de expropiación
en beneficio de la actuación.
3.º  Regulación de los plazos para hacer efectiva la cesión a la administración 
de los suelos señalados en el número anterior, en función, en su caso, de las 
fases de minimización que se cumplan según el apartado 6 siguiente.
4.  En el caso de que existan actividades que puedan resultar incompatibles con 
el uso residencial a una distancia del núcleo de viviendas inferior a la prevista por la 
normativa específica que les sea de aplicación, se requerirá informe de las consellerias 
competentes por razón de la actividad de que se trate y ordenación del territorio.
5.  Salvo  convenio  acordado  entre  los  propietarios  que  representen  la 
mayoría de las parcelas edificables privativas resultantes y el ayuntamiento, en 
cuyo caso se determinará la modalidad de ejecución por la propiedad conforme a 
esta ley, el desarrollo y ejecución de la actuación se llevará a cabo por iniciativa 
pública, bien mediante gestión directa, bien mediante gestión indirecta a través de 
la selección de una empresa adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en esta ley 
y en la legislación estatal de contratos del sector público.
6.  En el caso de gestión directa, la ejecución del programa de minimización 
de  impacto  podrá  desarrollarse  mediante  la  aplicación  del  régimen  de 
contribuciones especiales u otras formas de financiación que se establezcan por la 
administración urbanística actuante.
7.  Se permitirá, mediante resolución debidamente justificada, la ejecución por 
fases de las obras de minimización, siempre que el plazo total de las mismas no 
supere los cinco años, pudiendo ampliarse hasta un máximo del doble en aquellos 
casos justificados por el elevado coste de las obras de minimización por metro 
cuadrado o por las dificultades técnicas de su ejecución.
8.  La  propiedad  deberá  participar  necesariamente  en  la  ejecución  del 
programa,  de  forma  voluntaria  o  forzosa,  debiendo  abonar,  en  todo  caso,  la 
retribución a la administración o a la empresa adjudicataria en metálico.
Artículo 211 bis.
[...]
3.  El  otorgamiento  de  la  licencia  quedará  sometido  al  régimen  general 
establecido en el artículo 201 de la presente ley.
4.  Precisará informe previo y vinculante de las administraciones con competencias 
afectadas, el otorgamiento de licencia a edificaciones, respecto de las cuales quepan 
acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística, que se encuentren:
a)  Situadas  en  suelo  que  goce  de  cualquier  tipo  de  protección  por  sus 
especiales valores ambientales.
b)  Afectadas por limitaciones de uso específicas derivadas de la aplicación de la 
normativa sectorial de minas, costas, aguas, riesgo de inundación o infraestructuras, o 
por la existencia de actividades implantadas legalmente o en proceso de legalización.
5.  El  acto  de  otorgamiento  de  estas  licencias  contendrá  el  conjunto  de 
condicionantes establecidos, que deberán verificarse por parte del ayuntamiento. 
Asimismo, el ayuntamiento comunicará a la Agencia Valenciana de Protección del 
Territorio  tanto  el  acto  de  otorgamiento  de  dichas  licencias  como  las 
correspondientes licencias de ocupación''.
Se modifica el apartado 1 del artículo 212, con la redacción siguiente: e.e
''Efectos de la actuación de minimización del impacto territorial. 51www.
parc1e.l asT raesx islate natperso bsaecrióánn  dinedl ipvliasinb leessp, escaialvl oo  peal rpar olgar aamgar edgea cmióinn imdiez aclaió np,a lrates 
segregada a otra colindante, si ambas cumplen la parcela mínima establecida''.
''Artículo 214.  Actuaciones sujetas a declaración responsable.
1.  Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 
de esta ley:
a)  La  instalación  de  tendidos  eléctricos,  telefónicos  u  otros  similares,  la 
puesta en servicio de centros de transformación de energía eléctrica de media 
tensión, siempre que hubieran sido autorizados con anterioridad y la colocación de 
antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de 
conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a 
dominio público, a edificios protegidos o a entornos protegidos de inmuebles 
declarados como bien de interés cultural o bien de relevancia local, ni a otras 
áreas de vigilancia arqueológica.
[…]''
''Disposición adicional primera.  Cartografía.
En su elaboración, todos los planes y proyectos adoptarán una cartografía 
común en soporte digital, homogénea y estandarizada, en un formato editable y 
compatible con el software de sistemas de información geográfica, cuyas bases y 
contenidos deberán ser facilitados por el organismo del Consell competente en 
materia de urbanismo y ordenación del territorio. Para proceder a la emisión de 
informes  sectoriales  en  todas  las  fases  de  consultas  a  las  administraciones 
afectadas será necesaria la entrega de la cartografía elaborada''.
''Disposición adicional octava en la LOTUP.  Entidades urbanísticas de capital 
público.
1.  La Generalitat, las diputaciones provinciales y los municipios, así como 
entes  instrumentales  dependientes  podrán  crear  y  servirse  de  entidades 
urbanísticas de capital público para gestionar las competencias urbanísticas y 
especialmente para los fines de redacción, gestión y ejecución del planeamiento, 
consultoría  y  asistencia  técnica,  prestación,  implantación,  ampliación, 
conservación  o  mantenimiento  de  servicios  y  actividades  urbanizadoras,  de 
ejecución de equipamientos, así como la gestión y explotación de las obras y 
servicios resultantes.
Estas sociedades tendrán la consideración de entes instrumentales para la 
gestión  directa  de  los  servicios  públicos  y  actividades  para  los  que  ha  sido 
constituida y, en su caso de medio propio de la administración, para la ejecución 
de  actuaciones  específicas  que  se  le  encarguen  o  encomienden  siendo  su 
régimen el establecido al efecto en la legislación de contratos del sector público y 
en la legislación de régimen jurídico del sector público.»
Se modifica la disposición adicional decimotercera, con la redacción siguiente:
''Disposición adicional decimotercera.  De la Agencia Valenciana de Protección 
del Territorio.
[…]
Quinta.  Sede. s
La Agencia de Protección del Territorio tendrá su sede principal en cualquier  w.
localidad de la Comunitat Valenciana que establezca el consejo de dirección a  51ww
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Valenciana''.
Se modifica la disposición transitoria undécima, con la redacción siguiente:
''Quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2023 los plazos para 
solicitar  y  tramitar  la  expropiación  rogada  prevista  en  el  artículo  104  de  la 
Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  ordenación  del  territorio, 
urbanismo  y  paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana,  de  aquellas  parcelas 
dotacionales que la administración no haya obtenido o que, habiéndolas obtenido 
y ocupado, lo hubiera hecho mediante cualquier tipo de contraprestación o reserva 
del aprovechamiento por la propiedad''.
Se modifica la disposición final segunda, redactada como sigue:
''Autorización al Consell para aprobar un texto refundido de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
de la Comunitat Valenciana.
Se autoriza al Consell para aprobar, hasta el 30 de junio de 2021, un texto 
refundido que consolide e integre en un texto único, debidamente regularizado, 
aclarado, armonizado y de acuerdo con las normas de lenguaje inclusivo, las 
modificaciones incorporadas desde su entrada en vigor en la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la 
Comunitat  Valenciana.  La  facultad  de  delegación  legislativa  alcanza  a  la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, y a las disposiciones con rango de ley modificativas de 
dicha ley hasta el momento de la aprobación del texto refundido por el Consell''.
Se crea una nueva disposición transitoria sobre Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje:
''1.  Durante  la  emergencia  sanitaria  derivada  de  la  pandemia  de  la 
COVID-19, las instalaciones de gestión de residuos domésticos e industriales han 
sido  declaradas  servicio  esencial  para  aquellas  personas  que  se  promuevan 
durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, o bien que dispongan de financiación 
europea para la reconstrucción por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que se 
asigne financiación europea para la mejora de los servicios de valorización de 
residuos  domésticos  o  residuos  asimilables.  Para  ello,  las  administraciones 
públicas vendrán facultadas a la ejecución directa de las obras de mejora y 
ampliación en las infraestructuras de servicio público básico esencial o servicio 
esencial, existentes o en proceso de construcción, del conjunto de instalaciones 
de la Comunitat Valenciana.
2.  La ejecución de las obras e instalación de ampliación y mejora dentro de la 
superficie  ya  autorizada  del  complejo  de  valorización,  una  vez  aprobado  el 
proyecto  de  ejecución  de  obras,  podrá  tramitarse  mediante  una  declaración 
responsable, conforme a lo establecido en el artículo 214 de esta ley, debiendo 
autoliquidar en el ayuntamiento el correspondiente impuesto de construcción y 
obras antes de iniciar las obras.
3.  La  ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  de  nueva  construcción  se 
tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 224 de esta ley''».
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9.002, de 21 de enero de 2021)