BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Miércoles 23 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 80195
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11094 Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Sagunto n.º 2, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.
En  el  recurso  interpuesto  por  doña  Cristina  Marqués  Mosquera,  notaria  de 
Fuenlabrada, contra la calificación del registrador de la Propiedad de Sagunto número 2, 
don Fernando Ortega Gironés, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria.
Hechos
I
Mediante escritura otorgada el día 8 de julio de 2019 ante la notaria de Fuenlabrada, 
doña Cristina Marqués Mosquera, con el número 1.135 de protocolo, se formalizó un 
préstamo para financiar la adquisición por los prestatarios de una vivienda; y en garantía 
del mismo se constituyó hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura la notaria autorizante expresaba lo siguiente:
«Depósito  de  las  condiciones  generales  de  la  contatacion  [sic].–Yo  Notario,  de 
conformidad con la Instrucción de la DGRN de 13 de junio de 2019, advierto que: a) el 
presente  contrato  contiene  condiciones  generales  de  contratación,  b)  que  he 
comprobado que están depositadas e inscritas en el Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación; c) y que las contenidas en la presente escritura coinciden con las 
depositadas por la Entidad prestamista.»
«Tercero.–Acta previa de información precontractual.–Yo el Notario hago constar:
a)  Que el día uno de Julio de dos mil diecinueve autoricé el Acta previa del 
artículo 15 de la LCCI, con el número 1076 de protocolo, en la que comparecieron la 
parte prestataria, de la que resulta que se entregó toda la documentación legalmente 
exigida y que los comparecientes recibieron el asesoramiento e información previstos en 
ese artículo. Reitera la parte prestataria que soy el Notario de su elección.
b)  Que, según resulta del Acta, ha transcurrido el plazo de diez días naturales 
exigido en el artículo 14.1 de la Ley, para poder otorgar la presente escritura de préstamo 
hipotecario.»
II
Presentada copia autorizada de la citada escritura en el Registro de la Propiedad de 
Sagunto número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«1.  No  es  posible  comprobar  el  Depósito  Previo  del  modelo  o  formulario  del  e
préstamo  al  no  incorporarse  a  la  escritura  el  Código  Identificador  correspondiente  bo
acreditativo de su depósito en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación,  4w
nadini stpeeEorxilsoi siractiidirrót aíncdo uf tiarlnoo a lsal1   41cd..oªa2m t dodeeser  cl aiqla aLul iCezLa IC,cp lGioeósrCnm  ,md iteqoalud npee r lécohsosatm ad mspeir docoo.ob naotrr bajlteaot so e ddfeee cp timrvéiosddtaaidfmi coad ceyi  ócnsré ued xidtpoer pheóispsaoi ttope ocarc roiloan    OE-A-2020-1109able en https://w
en  que  se  contengan  condiciones  generales  establece  expresamente  “el  depósito
obligatorio de sus formularios para el prestamista en el Registro antes de empezar su 
comercialización”.
Por su parte, el artículo 7 de la LCI que ratifica esa obligatoriedad del depósito de los 
modelos de condiciones generales, lo configura expresamente en su título como “una 
obligación  de  transparencia  de  los  contratos”,  por  lo  que,  de  conformidad  con  el 
artículo 83 de la LGDCU (modificado por la disposición final 8.ª de la LCI), que ahora 
dice:  “las  condiciones  incorporadas  de  modo  no  transparente  en  los  contratos  en 
perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”, no es posible la inscripción 
de un préstamo o crédito hipotecario sin el previo depósito en el RCGC del modelo 
contractual que le sirve de soporte.
La necesidad de comprobación del depósito previo resulta también de la Instrucción 
de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
el depósito de condiciones generales de la contratación, la cual, en su párrafo último 
resume que “en el contrato de préstamo debe hacerse constar que las condiciones 
generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que 
dicho depósito se ha practicado”.
2.  El documento relacionado es incompleto, habida cuenta que, de acuerdo con el 
escenario creado por la Ley 5/2019 de 15 de marzo reguladora de los Contratos de 
Créditos Inmobiliarios, falta la aseveración por el Notario de la coincidencia entre las 
estipulaciones de la escritura y las condiciones de la Oferta Vinculante, ni se acompaña 
la FEIN -Ficha Europea de Información Normalizada-, al objeto de poder realizar dicha 
comprobación. Lo que resulta de los siguientes preceptos: El artículo 29 de la Orden 
EHA 2899/11: “las cláusulas de los documentos contractuales no podrán, en perjuicio del 
cliente, desvirtuar el contenido de la FEIN”; añadiendo su artículo 30.3.a que “el notario 
debe comprobar y advertir antes de autorizar la escritura si existen discrepancias entre 
las condiciones de la oferta vinculante y el documento contractual finalmente suscrito”, 
por lo que la falta de dicha constancia debería implicar la suspensión del despacho ya 
que conforme al artículo 83 de la LGDCU son nulas las cláusulas incorporadas de modo 
no transparente en perjuicio de los consumidores. El hecho que el artículo 15.7 de la LCI, 
al hablar del contenido del acta notarial de transparencia, no exija que se indique esa 
concordancia,  no  es  óbice  para  que  se  haga  constar  en  la  escritura  de  préstamo 
hipotecario porque los antes citados artículos se refieren a la escritura de formalización 
del crédito no a la reseña del acta, en la cual tal comprobación no ha podido hacerse al 
ser previa.
Con arreglo a lo expuesto, se exige la calificación registral de la concordancia entre 
el contenido de la escritura y el de la FEIN. De esta forma se ha pronunciado la DGRN 
en diferentes Resoluciones de 28 de abril y 25 de septiembre de 2015, 19 de octubre 
de 2016 y de 19 de mayo de 2017, de las que resulta que el control de transparencia 
material por parte del registrador se ha de hacer de forma mediata a través de las 
manifestaciones que hace el Notario de cumplirse la normativa vigente, adecuarse el 
contenido de la escritura al de la oferta, de coincidencias con el contenido de la FEIN y 
de las advertencias que se han de hacer por tratarse de condiciones generales de los 
contratos. Por tanto, en este caso en el que el Notario no hace manifestación a este 
respecto, debe exigirse o bien complementar la escritura a través de dicha manifestación 
o bien aportar la FEIN, como hasta ahora se venía haciendo con la FIPER, a la escritura 
de préstamo hipotecario.
Siendo los defectos subsanables se suspende la inscripción solicitada.
2.  No se van a consignar en la inscripción las siguientes cláusulas y pactos, por  s
carecer de trascendencia real inmobiliaria y sin prejuzgar su eficacia obligacional entre  oe.
las partes, puesto que en nada afectan al derecho inscribible, conforme a los arts. 2, 12  w.
y 98A L. H,L 9a sy  r5e1fe.6r eRnHci:a a las fórmulas matemáticas del pacto Tercero; Tabla de Pagos del  2020-1109n https://w
PBaisc; toy  cluoasr top aBcitso;s D edpuóosdiétoc imAsoo c“iRadeocl admela Pciaócnt ol iSméitpatdima o ay  Clao mpapreten sdaeci ócna Ppiataclt oo S édpet imloos 
intereses”, decimotercero “Otras Garantías” y decimocuarto “Seguro de Daños de la finca
hipotecada” y del Decimoquinto hasta el final, si bien se ha reseñado el porcentaje de la 
TAE pero no todo aquello relativo a efectos informativos como la Definición v supuestos 
utilizados para su cálculo, Gestes de la operación incluirlos y Normativa aplicable; por 
carecer de trascendencia real inmobiliaria y sin prejuzgar su eficacia obligacional y/o 
personal entre las partes, puesto que en nada afectan al derecho inscribible, conforme a 
los arte, 2, 12 y 98 LH, 9 y 51.6 RH:
Se hace constar expresamente que el plazo de vigencia del asiento de presentación 
relacionado, ha quedado automáticamente prorrogado (…)
Sagunto, a 4 de septiembre de 2019. El Registrador de la Propiedad (firma ilegible) 
Fdo. Fernando Ortega Gironés.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña Cristina Marqués Mosquera, notaria de 
Fuenlabrada, interpuso recurso el día 8 de octubre de 2019 mediante escrito con los 
siguientes fundamentos jurídicos:
«A)  En cuanto al primero de los defectos alegados, relativo a la necesidad de 
incorporar a la escritura el Código Identificador correspondiente acreditativo del depósito 
del modelo o formulario de préstamo en el Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación u otros datos que permitan comprobar la efectividad de su depósito, el 
registrador basa su calificación en:
1.º)  El  art.  11.2  LCGC  que  establece  la  obligatoriedad  del  depósito  de  sus 
formularios  por  el  prestamista  en  el  Registro  de  Condiciones  Generales  de  la 
Contratación antes de su comercialización en relación con el art. 7 LCCI que ratifica 
dicha  obligatoriedad  configurándola  como  “una  obligación  de  transparencia  de  los 
contratos” para concluir con apoyo en el art. 83 LGDCU (a cuyo tenor: “las condiciones 
incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores 
serán nulas de pleno derecho”) que no es posible la inscripción del préstamo sin el 
previo  depósito  en  el  RGCC  del  modelo  contractual  que  sirve  de  soporte;  y  2.º) 
Reproduciendo -de forma parcial- la Instrucción de la DGRN de 13 de junio de 2019 en 
su último párrafo a cuyo tenor: “en el contrato de préstamo debe hacerse constar que las 
condiciones generales han sido objeto de depósito y comprobarse por el notario y el 
registrador que dicho depósito se ha practicado”.
Vista  la  calificación  registral,  la  notaria  que  suscribe  no  está  conforme  con  la 
argumentación  esgrimida  basándome  en  los  siguientes  hechos  y  fundamentos  de 
derecho:
i.  En la escritura objeto de calificación consta la siguiente cláusula que reproduzco 
literalmente: “Depósito de las condiciones generales de la contatacion.–Yo Notario, de 
conformidad con la Instrucción de la DGRN de 13 de junio de 2019, advierto que: a) el 
presente  contrato  contiene  condiciones  generales  de  contratación,  b)  que  he 
comprobado que están depositadas e inscritas en el Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación; c) y que las contenidas en la presente escritura coinciden con las 
depositadas por la Entidad prestamista”, con lo cual se cumple debidamente con la 
obligación impuesta a los notarios en la citada Instrucción de 13 de junio de 2019, que no 
es otra que comprobar el depósito del modelo de contrato de préstamo en el RCGC por 
parte del notario autorizante, pues nada dice la DGRN acerca de que deba constar  s
además el Código Identificador correspondiente ni ningún otro dato adicional, obligación  oe.
que no resulta tampoco ni de la LCGC ni de la LCCI. Se acompaña al presente recurso  w.
ccoopmiiapi.  eatueOt olavr iidzloaasd  earle  dsgeeis ñltaora re dsroecrgreiitssu.tr raaA desoín r r cequsueuesl ttaliaó  ncm.laisrammae onbteli gdaec iólan  pqruoep iac oImnspterutec caió lno sd en o1ta3r idoes   2020-1109n https://w
junio de 2019 que habla de “control notarial y registral”, “el notario deberá controlar -en
referencia a la existencia del depósito- al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y  Bc
el registrador de la propiedad al inscribirla”, de “carga o deber de diligencia del notarlo y 
del registrador” etc. Por tanto, no estamos ante un supuesto en que el registrador deba 
entrar a calificar si el notario ha hecho o no bien su trabajo, sino en el que el registrador 
tiene la misma carga o responsabilidad que el notario autorizante pues debe realizar 
también la comprobación por sí mismo. Y en ambos casos, tanto el notario como el 
registrador deberán hacerlo constar en la escritura -como así se ha hecho- o inscripción, 
respectivamente. Lo que no cabe es que el registrador deniegue la inscripción alegando 
que no puede comprobar el depósito al no existir ni el Código Identificador ni “existir 
otros  datos  que  permitan  comprobar  la  efectividad  de  su  depósito”,  pues  dicha 
comprobación, como ya se ha reiterado, compete al registrador como una obligación 
independiente de la que compete al notario autorizante y tiene los mismos medios que el 
notario para poder efectuarla. De ahí que, si la notaria autorizante que suscribe la 
presente ha podido encontrar y comprobar el depósito de las condiciones generales en 
cuestión, estoy segura de que el registrador que califica la escritura objeto de recurso 
también es capaz de hacerlo.
B)  En  cuanto  al  segundo  de  los  defectos  alegados,  relativo  la  omisión  en  la 
escritura  la  aseveración  por  el  Notario  autorizante  de  la  coincidencia  entre  las 
estipulaciones de la escritura y las condiciones de la Oferta Vinculante o a la falta de 
unión  de  la  FEIN  a  la  escritura  al  objeto  de  poder  realizar  el  registrador  dicha 
comprobación,  el  registrador,  para  fundamentar  su  calificación  cita  la  Orden 
EHA 2899/11, concretamente sus artículos 29 y 30.3 en unión con el ya citado art. 83 
LGDCU. Según el señor registrador, en base a los preceptos anteriores “se exige la 
calificación registral de la concordancia entre el contenido de la escritura y el de la FEIN”, 
citando  para  apoyar  su  postura  las  Resoluciones  DGRN  de  28  de  abril  y  25  de 
septiembre de 2015, 19 de octubre de 2016 y de 19 de mayo de 2017.
Una vez expuestos los argumentos del señor registrador, en contra de la calificación 
registral cabe señalar lo siguiente:
i.  El registrador cita dos preceptos de la Orden EHA 2899/11:
– el art. 29 que, según él, dice: “las cláusulas de los documentos contractuales no 
podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar el contenido de la FEIN”, lo cual no es cierto 
pues  la  referida  norma  se  refiere  expresamente  a  la  “Ficha  de  Información 
Personalizada” y no a la “FEIN” y no se pueden equiparar ambos documentos pues son 
distintos.
– El art. 30.3, del cual el señor registrador solo reproduce una parte: “el notario debe 
comprobar y advertir antes de autorizar la escritura si existen discrepancias entre las 
condiciones de la oferta vinculante y el documento contractual finalmente suscrito” y es 
que el precepto en cuestión en su letra a) lo que dice en su integridad es lo siguiente: 
“Comprobar si el cliente ha recibido adecuadamente y con la suficiente antelación la 
Ficha de Información Personalizada y, en su caso, si existen discrepancias entre las 
condiciones de la oferta vinculante y el documento contractual finalmente suscrito, e 
informar al cliente tanto de la obligación de la entidad de poner a su disposición la Ficha 
de Información Personalizada, como de aceptar finalmente las condiciones ofrecidas al 
cliente en la oferta vinculante dentro del plazo de su vigencia.”
ii.  La calificación registral plantea una cuestión interesante y es cómo conciliar los 
vigentes artículos 29 y 30 de la Orden EHA 2899/11 -que no han sido derogados o 
modificados por la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril que, sin embargo, sí que ha  e.
reformado otros preceptos de la misma con posterioridad a la publicación de la Ley de  w.
YC oenst rqautoes e dl ele Cgirséladditoor ,I nam lao bhioliarari od ep ererofo armntaers l ad ec itsaud ae nOtrraddean  eEnH vAig 2o8r-9 9c/o1n1  lhaa p irnocpuiarr iLdCo CeIn.   2020-1109n https://w
una serie de incoherencias de difícil solución como no sea por la vía de la interpretación 
sistemática. A saber:
– La Orden ECE/482/2019 reforma la propia rúbrica del capítulo II del título III de la 
Orden EHA 2899/11 para declarar su aplicación a los créditos y préstamos inmobiliarios 
regulados por la LCCI, de ahí que, en principio, los art. 29 y 30 de la Orden EHA 2899/11 
serían de aplicación a los contratos de crédito inmobiliario y no a otro tipo de préstamos.
– Sin embargo, el art. 29 Orden EHA 2899/11 no ha sido objeto de reforma y sigue 
hablando  de  Ficha  de  Información  Personalizada  cuando,  como  sabemos,  en  este 
ámbito la misma ha quedado sustituida por la FEIN. Además, desde la entrada en vigor 
de la LCCI este artículo no deja de ser superfluo a la vista de LCCI y de las obligaciones 
que  impone  la  misma  en  materia  de  transparencia.  Y  así,  resulta  evidente  que  el 
contenido de la escritura pública ha de adecuarse a la FEIN pues, tal y como establece 
el art. 14.1.d) LCCI, el proyecto de contrato ha de ajustarse al resto de la documentación 
entregada y obviamente la escritura ha de ajustarse al proyecto de contrato. De lo 
contrario, los deberes de información y asesoramiento tanto a cargo de la entidad 
prestamista  como  del  Notario  al  autorizar  el  acta  previa  establecidos  por  la  LCCI 
quedarían vulnerados, todo ello sin perjuicio, claro está, de las posibles modificaciones 
que en beneficio del deudor pudieran introducirse con ocasión del otorgamiento de la 
escritura. Por lo tanto, el notario habrá de controlar que la escritura se ajuste al proyecto 
de  contrato  y  la  FEIN  pues  así  se  infiere  necesariamente  de  la  LCCI,  resultando 
redundante en este sentido el citado art. 29 Orden EHA 2899/11. Y es que el contenido 
de este art. 29 Orden EHA 2899/11 se ha visto desplazado totalmente por la LCCI que 
establece una [sic] contenido mínimo de la FEIN que va mucho más allá que el de la 
antigua FIPER a que sigue aludiendo este artículo, además de establecer unos controles 
de transparencia mucho mayores, los cuales quedan a cargo del Notario y fuera de la 
calificación registral. Es por ello que la exigencia por parte del señor registrador de que 
en la escritura conste expresamente que la misma coincide con la FEIN no procede. 
Claro que la escritura ha de coincidir con la FEIN, y con el proyecto de contrato, pero 
dicha coincidencia es algo que entra dentro de la responsabilidad del notario pues, de lo 
contrario, no podrá autorizar la escritura. Pero eso no significa que la constancia de 
dicha coincidencia sea requisito sine qua non para la inscripción de la hipoteca. Como 
establece claramente el art. 15.7 LCCI lo único que puede controlar el registrador es la 
existencia en la escritura de la reseña del acta.
– Algo semejante ocurre con el art. 30 Orden EHA 2899/11. En primer lugar, se 
recoge el derecho de examinar el proyecto de escritura con una antelación mínima de 3 
días hábiles, plazo que ha quedado ampliado por la LCCI pues entre la recepción de la 
documentación y la firma de la escritura han de transcurrir al menos 10 días, debiendo 
firmarse el acta notarial previa entre medias, y siendo obligatorio entregar al cliente el 
proyecto de contrato o escritura con dicha antelación, lo cual ha de ser objeto de 
comprobación por el Notario. Por lo tanto, no solo ya nos estamos ante un derecho del 
prestatario sino que se trata de una obligación del Banco y que se ha de cumplir con una 
mayor antelación. Por lo tanto, este inciso del art. 30 Orden EHA 2899/11 también debe 
entenderse superado y desplazado por la LCCI.
¿Y qué decir del resto del art. 30 Orden EHA 2899/11 que estable el deber por parte 
del Notario de advertir al cliente de toda una serie de circunstancias tales como la 
existencia de límites a la variación de tipo interés? Pues que dicho artículo ha quedado 
totalmente desplazado y superado, al igual que el art.29, por la LCCI la cual no solo ha 
ampliado los extremos y circunstancias sobre los que la entidad prestamista ha de  e.
informar  al  cliente,  sino  que,  además,  ha  introducido  el  acta  notarial  previa  a  la  w.b
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Qobuleig aecl iporneessta dtaerriiov ahdaa rse cdieb idlao  tmodisam laa  iyn focormnsaeccióune nnceicaess aernia c caosno  lad ea nintecluamcipólnim siuefnictoie. n3te.º. 
4.º  Que el préstamo que finalmente se firme se adecúe a lo informado al cliente. ¿Y de
qué forma cumple el notario con su cometido? Con la autorización del acta previa y 
posterior autorización del préstamo hipotecario en los términos exigidos por la LCCI. 
Pero, ¿tiene que hacer constar expresamente el notario autorizante en la escritura de 
préstamo hipotecario que ha cumplido con estas obligaciones de verificación? No, los 
términos del art. 15.7 LCCI con claros: basta con que en la escritura de préstamo 
hipotecario se reseñe el acta.
Pues bien, en la escritura que nos ocupa consta la siguiente reseña que reproduzco 
literalmente: “Tercero.–Acta previa de información precontractual.–Yo el Notario hago 
constar:
a)  Que el día uno de Julio de dos mil diecinueve autoricé el Acta previa del 
artículo 15 de la LCCI, con el número 1076 de protocolo, en la que comparecieron la 
parte prestataria, de la que resulta que se entregó toda la documentación legalmente 
exigida y que los comparecientes recibieron el asesoramiento e información previstos en 
ese artículo. Reitera la parte prestataria que soy el Notario de su elección.
b)  Que, según resulta del Acta, ha transcurrido el plazo de diez días naturales 
exigido en el artículo 14.1 de la Ley, para poder otorgar la presente escritura de préstamo 
hipotecario”.
Por lo tanto, la notario que suscribe ha cumplido en los términos que exige la Ley de 
Contratos de Crédito Inmobiliario en cuanto a las circunstancias que necesariamente se 
han de hacer constar en la escritura, únicas que pueden ser objeto de la calificación 
registral, sin que la misma pueda extenderse a otros extremos. Y ello porque, según lo 
expuesto, la comprobación de la coincidencia de la FEIN con la escritura de préstamo es 
algo que compete exclusivamente al notario autorizante sin que sea necesaria dejar 
constancia expresa en la escritura de que se ha cumplido con esta verificación, por lo 
que el registrador de la propiedad no puede denegar la inscripción porque falte en la 
escritura una afirmación en este sentido. No debe por tanto ni figurar una aseveración 
como la que exige el señor registrador ni acompañarse la FEIN.
iii.  A mayor abundamiento, resulta llamativo que de todas las obligaciones que 
imponen los arts. 29 y 30 Orden EHA 2899/11 el señor registrador solo exija que conste 
en la escritura la coincidencia de la escritura con la FEIN cuando el art. 29 ni siquiera 
habla de FEIN. Y es que, si entendemos que este precepto y el art. 30 resultan de 
aplicación, deberían hacerse constar en la escritura todas las advertencias que se 
ponían antes de la entrada de la LCCI y que actualmente no parece que tengan sentido, 
al haberse reforzado enormemente los deberes en materia transparencia material a 
través  de  las  obligaciones  de  información  y  verificación  a  cargo  de  las  entidades 
financieras y de control e información a cargo de los notarios a través del acta previa. En 
cuanto  a  las  Resoluciones  de  la  DGRN  que  el  registrador  cita  en  apoyo  de  su 
calificación, las mismas no valen como argumento pues se refieren a los deberes que 
habían  de  cumplirse  con  ocasión  del  otorgamiento  de  las  escrituras  de  préstamo 
hipotecario antes de la entrada en vigor de la LCCI.
En definitiva, la contradicción evidente entre los arts. 29 y 30 Orden EHA 2899/11 y la 
LCCI debe resolverse necesariamente en favor de esta última por ser norma de rango 
legal  y  por  ser  la  consecuencia  necesaria  de  una  interpretación  sistemática  de  la 
normativa vigente en esta materia.
En conclusión, la exigencia por parte del señor registrador de la constancia en la 
escritura tanto del Código Identificador correspondiente acreditativo del depósito del  s
modelo  o  formulario  de  préstamo  en  el  Registro  de  Condiciones  Generales  de  la  oe.
Contratación u otros datos que permitan comprobar la efectividad de su depósito, como  4ww.
ddFeeE  IllNaa   aaesls ecorvbietjuerrataoc  ióyd nel a pspo orcd oeenlr d Nriceoiaotalnirzeiaosr   addueitc ohlraaiz  Oacnofetmert padr eoV bilnaacc cuióolaninn ceteild  es(oen ñceioalr   heRenectrhgeois  ltadrased  eoasrc)to ipmcuaplraaecñcioean r deleas    2020-1109n https://w
justificación.»
IV
El registrador de la Propiedad de Sagunto número 2, don Fernando Ortega Gironés, 
emitió informe mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2019 y elevó el expediente a 
este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 18 y 21 de la Ley Hipotecaria; 3, 7, 14 y 15 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; 83 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 
complementarias; 1, 17 bis y 24 de la Ley del Notariado; 5, 7, 11, 23 y 24 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación; 28.3 de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles 
de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010; 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril  de  1993,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores; 147 del Reglamento Notarial; 29 y 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de  octubre,  de  transparencia  y  protección  del  cliente  de  servicios  bancarios;  las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. 
C-243/08), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 26 de marzo de 2019 (Ass. C-70/17 y 
C-179/17); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2001, 4 de julio y 12 
de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 9 de mayo, 13 de septiembre y 18 de 
noviembre de 2013 y 26 de mayo, 30 de junio y 8 de septiembre de 2014; la Instrucción 
de 13 de junio de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el 
depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las 
escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la entrada en vigor de la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario; la 
Instrucción de 20 de diciembre de 2019 de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 18 de enero y 8 de junio de 2011, 23 de 
enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 2 de enero, 2 
de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio y 6 y 13 de septiembre de 2013, 5 de febrero, 23 de 
julio y 29 de septiembre de 2014, 22 de enero y 12 de marzo de 2015, 19 de julio 
de 2018 y 13 y 27 de junio, 29 de noviembre y 5, 11, 12 y 20 de diciembre de 2019.
1.  Mediante la escritura que es objeto de la calificación impugnada se formaliza un 
préstamo para financiar la adquisición por los prestatarios de una vivienda; y en garantía 
del mismo se constituye hipoteca sobre dicha finca.
En tal escritura la notaria autorizante expresa lo siguiente:
«Depósito  de  las  condiciones  generales  de  la  contatacion  [sic].–Yo  Notario,  de 
conformidad con la Instrucción de la DGRN de 13 de junio de 2019, advierto que: a) el 
presente  contrato  contiene  condiciones  generales  de  contratación,  b)  que  he 
comprobado que están depositadas e inscritas en el Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación; c) y que las contenidas en la presente escritura coinciden con las  s
depositadas por la Entidad prestamista.» oe.
«aT) erQceureo .–eAl cdtaía p ruenvoia  ddee  iJnufolirom adcei ódno psr emcoiln tdriaecctiunaule.–vYeo  aeul tNooritcaér ioe hl aAgcot ac opnrsetvaira: del  2020-1109n https://w
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exigida y que los comparecientes recibieron el asesoramiento e información previstos en 
ese artículo. Reitera la parte prestataria que soy el Notario de su elección.
b)  Que, según resulta del Acta, ha transcurrido el plazo de diez días naturales 
exigido en el artículo 14.1 de la Ley, para poder otorgar la presente escritura de préstamo 
hipotecario».
2.  Según el primero de los defectos expresados en la calificación impugnada, el 
registrador  suspende  la  inscripción  solicitada  porque,  a  su  juicio,  «no  es  posible 
comprobar el Depósito Previo del modelo o formulario del préstamo al no incorporarse a 
la escritura el Código Identificador correspondiente acreditativo de su depósito en el 
Registro  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación,  ni  existir  otros  datos  que 
permitan comprobar la efectividad de su depósito con anterioridad a la comercialización 
del préstamo».
La notaria recurrente alega que en la escritura objeto de calificación consta que el 
contrato contiene condiciones generales de contratación, que ha comprobado que están 
depositadas e inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación; y 
que  las  contenidas  en  la  escritura  coinciden  con  las  depositadas  por  la  entidad 
prestamista,  con  lo  cual  se  cumple  debidamente  con  la  obligación  impuesta  a  los 
notarios en la Instrucción de esta Dirección General de 13 de junio de 2019, que no es 
otra que comprobar el depósito del modelo de contrato de préstamo en el referido 
Registro por parte del notario autorizante.
3.  En la referida Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 
sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en 
las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad -a la que se remite la 
reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 2019-, se analizan tres 
cuestiones en relación con todo el conjunto normativo examinado: la necesidad, o no, de 
que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su inscripción 
registral, se controle y haga constar que se ha producido el previo depósito de las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma; la forma o contenido 
que debe tener ese depósito; y el tratamiento que debe darse al hecho de que en una 
cláusula contenida en el contrato de préstamo formalizado en escritura pública exista 
alguna diferencia con la cláusula que fue depositada en el Registro de Condiciones 
Generales.
Respecto de la primera cuestión, que es la que interesa en este expediente, dicha 
Instrucción ya estableció con toda claridad que, al imponerse en el artículo 11 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, a todas las 
entidades  la  obligación  concreta  y  terminante  de  depositar  los  formularios  de  los 
préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia 
ley antes de empezar su comercialización, es indudable que «el notario deberá controlar 
al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 
inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido 
previamente  a  practicar  dicho  depósito».  Añade  que:  «Se  trata  de  un  control  de 
cumplimiento  de  la  legalidad  que  el  notario  y  el  registrador  de  la  propiedad  están 
obligados a realizar, como ocurre con otros supuestos de obligaciones legales cuyo 
cumplimiento, con independencia de si afectan o no a la validez y eficacia del negocio, 
debe resultar de la escritura y en su caso hacerse constar al practicar su inscripción: 
ocurre así con la entrega del certificado energético, la declaración del movimiento de 
metálico, la justificación de los medios de pago, la obtención de una licencia urbanística, 
etc.».  Y  termina  insistiendo  en  «la  carga  o  deber  de  diligencia  del  notario  y  del  e.
registrador, quienes, en cuanto autoridades, podrán acceder al citado Registro de forma  w.b
icsnoemngedudiicri iaoetnla e nyso  gtgarerainotue iytraa ,ele yl s r»ree. gaCilsizutraearsd tdoióern  ec usdtaiasnt idfnootra me aen s l aul naca o rmecllpáarutoivsbaua laca i óclnao  ndateecln tupidaraec vióeionn   dqeeulp ecó oshnitaotry adateno   lddaees    2020-1109n https://w
pfureé sdtaempoos fitoardmaa leizna deol  eRne geisstcrroit udrea  pCúobnlidciac ioenxeisst aG aelgnuenraal edsi,f ecrueensctiaió nc oqnu ela,  ccloámusou lsae q uhea 
indicado anteriormente, también es analizada en dicha Instrucción, teniendo en cuenta
que la flexibilidad que requiere el tráfico jurídico debe permitir la adaptación a las 
necesidades que se planteen en cada supuesto concreto (por especialidades en relación 
con la finalidad del préstamo, el objeto, los sujetos, la relación entre los sujetos, los 
pactos  especiales  que  se  hayan  alcanzado,  etc.),  y  la  inclusión  en  el  contrato  de 
cláusulas  especiales  que  se  aparten  de  las  condiciones  generales  que  se  han 
depositado, precisamente porque por su especialidad propia no constituyen condiciones 
generales, sino condiciones particulares o pactos que han sido objeto de negociación 
individual. Por ello concluye que «si bien en el contrato de préstamo debe hacerse 
constar que las condiciones generales han sido objeto de depósito, y comprobarse por el 
notario y el registrador que dicho depósito se ha practicado, ello no impide que en la 
configuración  del  contrato  se  hayan  acordado  modificaciones  respecto  de  esas 
condiciones generales, lo que es una exigencia de la flexibilidad que la contratación y el 
tráfico inmobiliario deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada 
caso particular».
En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen indicar en sus 
modelos o minutas los números de identificación de las cláusulas depositadas en el 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que 
dichos números aparezcan también reseñados en las escrituras de préstamo, para 
facilitar en su día la comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro 
que, en la facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro de 
los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese número identificador, 
con la finalidad de facilitar la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al 
registrador y eventualmente al juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del 
negocio documentado. En consecuencia, en los supuestos en que ese número sea 
indicado por la entidad financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá 
consignarlos en la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 
financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción registral, puesto que 
siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de cláusulas depositadas por 
la  entidad  financiera,  algo  que,  por  lo  demás,  las  modernas  herramientas  digitales 
facilitan sobremanera.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente 
que es requisito ineludible para la autorización de la escritura del préstamo hipotecario 
que  el  notario  haya  comprobado  que  se  ha  producido  el  previo  depósito  de  las 
condiciones generales de la contratación empleadas en la misma, de modo que, como 
establece la mencionada Instrucción, en el supuesto de que se compruebe, por el notario 
o  por  el  registrador,  que  una  condición  general  no  ha  sido  depositada,  deberán 
notificárselo  al  Ministerio  de  Justicia,  en  cumplimiento  de  su  deber  general  de 
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el 
artículo 24 de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación, según el 
cual: «La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro  regulado  en  el  capítulo  III  cuando  sea  obligatoria  o  la  persistencia  en  la 
utilización  o  recomendación  de  condiciones  generales  respecto  de  las  que  ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)».
En el presente caso la notaria expresa en la escritura que el contrato contiene 
condiciones generales de la contratación y que ha comprobado que están depositadas e 
inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por ello, el referido  s
defecto expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido. oe.
4.  Según el segundo de los defectos expresados en la calificación impugnada, el  w.
rllaae  gnoisoftetrarartdaiao  rdv iesnu clsaup lcaeonnitdneec, i dlyae  ninncosia c rseipenc tiraóecn ol asmso pleiacsiñttaiapd uallaa p co«iorFqnEueIesN , d»ae   s-lFaui  cjeuhsiacc iroiEt,u ufraraol tpya e llaaas  a dcseoe nvIdenirfcaoiocrminóeansc p idóoenr    2020-1109n https://w
Normalizada-, al objeto de poder realizar dicha comprobación.
La notaria recurrente sostiene que no es necesaria la aseveración notarial que se 
solicita en la calificación registral, ya que dicha coincidencia es algo que entra dentro de 
la responsabilidad del notario pues, de lo contrario, no podrá autorizar la escritura, y, 
como establece claramente el artículo 15.7 de la 5/2019, lo único que puede controlar el 
registrador es la existencia en la escritura de la reseña del acta.
5.  La cuestión planteada por este extremo de la calificación impugnada ha sido ya 
resuelta por esta Dirección General en Resoluciones de 29 de noviembre de 2019, cuyo 
criterio (también expresado en la reciente Instrucción de este Centro Directivo de 20 de 
diciembre de 2019) debe ahora reiterarse.
La Ley 5/2019 impone a los notarios unos amplios deberes de control de la legalidad 
y la transparencia material del contrato de préstamo, cuyo centro de gravedad se sitúa 
en el acta de información que se debe firmar al menos un día antes del otorgamiento de 
la  escritura  de  préstamo  hipotecario,  pero  que  incluye  también  otros  aspectos 
adicionales: el control del transcurso del plazo de 10 días desde la entrega de la 
documentación  informativa  hasta  la  firma  de  la  escritura,  del  cumplimiento  en  su 
clausulado  de  las  limitaciones  que  con  carácter  imperativo  se  imponen  en  los 
artículos  20  al  25,  del  depósito  de  las  condiciones  generales  del  contrato  en  el 
correspondiente Registro, etc. Como se expresa en el apartado IV del Preámbulo de 
dicha ley, se atribuye al notario «la función de asesorar imparcialmente al prestatario, 
aclarando todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de comprobar que 
tanto los plazos como los demás requisitos que permiten considerar cumplido el citado 
principio de transparencia material, especialmente los relacionados con las cláusulas 
contractuales de mayor complejidad o relevancia en el contrato, concurren al tiempo de 
autorizar en escritura pública el contrato de préstamo o crédito hipotecario».
Tanta importancia tiene la realización de estos controles, y en particular del acta de 
información previa, que el artículo 15.7 de la Ley 5/2019 ordena que en la escritura 
pública del préstamo el notario autorizante de ésta inserte una reseña identificativa del 
acta de transparencia, con expresión de número de protocolo, notario autorizante y su 
fecha de autorización, así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de 
acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el 
asesoramiento previsto en ese artículo. A ello se añade la disposición final sexta, que 
modifica la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, para calificar como infracción muy grave el incumplimiento por el notario de 
sus deberes de controlar el período de información precontractual obligatorio previo a la 
autorización de la escritura y de levantar el acta previa a su formalización en los términos 
previstos en la ley.
Por  su  parte,  la  Orden  EHA/2899/2011,  de  28  de  octubre,  de  transparencia  y 
protección del cliente de servicios bancarios, en sus artículos 29 y 30, que continúan 
vigentes, establece que «las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos 
contendrán,  debidamente  separadas  de  las  restantes,  cláusulas  financieras  cuyo 
contenido mínimo se ajustará a la información personalizada prevista en la Ficha de 
Información Personalizada», e impone a los notarios, en «su condición de funcionarios 
públicos y derivado de su deber genérico de control de legalidad de los actos y negocios 
que autorizan, los notarios denegarán la autorización del préstamo cuando el mismo no 
cumpla lo previsto en esta orden y la legalidad vigente», de comprobar «si el cliente ha 
recibido  adecuadamente  y  con  la  suficiente  antelación  la  Ficha  de  Información 
Personalizada y, en su caso, si existen discrepancias entre las condiciones de la oferta 
vinculante y el documento contractual finalmente suscrito», e informar al cliente, entre  s
otros extremos, de los efectos que el incumplimiento de esas obligaciones informativas  oe.
pueda tener. w.
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del mismo con las comunicadas por la entidad a efectos informativos mediante la Ficha 
Europea de Información Normalizada:
a)  El notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre 
las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de Información Normalizada 
(FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), con referencia expresa a 
cada  una  -artículo  15.2.c)-.  Ese  asesoramiento  sólo  puede  referirse  a  la  FEIN  del 
préstamo, no a otra diferente, como es evidente; es decir, a la FEIN cuyas condiciones 
coinciden precisamente con las del préstamo hipotecario.
b)  De acuerdo con el mismo artículo 15.2, el notario sólo procederá a la autorización del 
acta  previa  a  la  formalización  del  préstamo  hipotecario  cuando  haya  verificado  la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14.1, 
entre los cuáles se encuentra la FEIN del préstamo, junto a otros elementos imprescindibles, 
como la FiAE y demás documentación informativa, el transcurso del plazo (cuyo control se 
realiza al autorizar la escritura, no el acta, que es previa) etc.
c)  Si no se acredita que se han cumplido todas esas obligaciones a las que se 
refiere  el  artículo  14.1,  no  podrá  autorizarse  la  escritura  pública  de  préstamo,  por 
prohibirlo expresamente el artículo 15.5.
d)  Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de forma expresa, como 
se ha indicado, «la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo con el 
acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la documentación y el asesoramiento 
previsto en este artículo». Esa afirmación se contrae, entre otras cosas, al hecho de que 
el prestatario haya recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo puede hacer referencia a la 
FEIN del préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente.
En  otras  palabras,  si  el  notario  hace  constar  que  el  prestatario  ha  recibido  la 
documentación y ha sido informado sobre ella por la entidad y por el propio notario en el acta, 
necesariamente ha debido comprobar que esa documentación es correcta y completa, y por 
consiguiente, entre otros varios aspectos, que la FEIN es la que corresponde al préstamo y a 
sus condiciones. Si no se han cumplido correctamente todas las obligaciones informativas 
que garantizan la transparencia material en la operación crediticia, y también, más en 
concreto, si la FEIN no se correspondiera con el préstamo, por diferir alguna de esas 
condiciones financieras, el notario deberá por tanto denegar la autorización de la escritura. 
Esa  falta  de  correspondencia  debe,  no  obstante,  interpretarse  correctamente:  si  las 
condiciones del préstamo son indiscutiblemente mejores (por ejemplo, si el diferencial del 
préstamo fuera inferior), o si existe una diferencia no en las condiciones propiamente dichas 
sino  en  los  cálculos  subsiguientes  (por  ejemplo,  si  por  firmarse  el  préstamo  en  una 
mensualidad posterior a la inicialmente prevista la TAE resulta diferente, o el cuadro de 
amortización se modifica) ello no implica unas condiciones financieras diferentes, y por tanto 
no impide la autorización de la escritura de préstamo.
Sin duda, la buena técnica notarial exige que se motive expresa y adecuadamente la 
decisión de proceder a la autorización de la escritura de préstamo, reseñando, al menos 
de forma genérica pero clara, los controles sobre la transparencia material que el notario 
ha realizado con carácter previo a dicha autorización. Ahora bien, ello no significa que se 
deba exigir, como si de fórmulas rituales se tratara, la mención expresa del cumplimiento 
de  cada  uno  de  los  detalles  que  en  su  conjunto  configuran  esa  imprescindible 
transparencia,  entre  ellos  la  coincidencia  de  las  condiciones  del  préstamo  con  las 
comunicadas en la FEIN.
Lo  habitual  será  que  las  eventuales  discrepancias  entre  la  FEIN  y  los  datos 
entregados para la preparación de la posterior escritura se hayan advertido por el notario  e.
en la fase de preparación del acta, notificándolo a la entidad para que subsane esos  w.b
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de  los  diez  días,  tras  lo  cual  se  autorizará  una  nueva  acta  o  se  diligenciará  la 
preexistente, al menos un día antes del otorgamiento de la escritura.
Si las discrepancias no son sustanciales, porque simplemente dieran lugar a unas 
condiciones objetivamente más favorables para la parte prestataria, o por su falta de 
entidad no afectaran a las condiciones financieras del préstamo en los términos que 
arriba se han indicado, el notario autorizante habrá informado de ello según proceda en 
cada caso al prestatario o garante, normalmente haciéndolo constar en el lugar donde se 
debe cumplir con la transparencia, tanto formal como material, que es el acta previa, si 
las observó en la fase de su autorización, o bien incluso en la escritura si se observaron 
en ese momento posterior y dicha constancia se estima procedente. Por consiguiente, en 
todos los casos el notario, asumiendo su responsabilidad, podrá autorizar la escritura 
con base en su afirmación, en la reseña del acta, de que el prestatario ha recibido en 
plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15 de la ley.
Por  otra  parte,  de  la  referida  normativa  resulta  inequívocamente  que  no  es  el 
registrador sino el notario a quien corresponde comprobar el cumplimiento del principio 
de transparencia material mediante la verificación de la documentación acreditativa de 
que se han observado los requisitos previstos en el artículo 14.1, lo que hará constar en 
la  referida  acta  notarial  previa  a  la  formalización  de  la  escritura;  y  la  función  del 
registrador  es  calificar  la  existencia  de  la  reseña  de  dicha  acta  (con  el  contenido 
expresamente establecido en la ley -número de protocolo, notario autorizante y su fecha 
de autorización-), así como la afirmación del notario bajo su responsabilidad, de acuerdo 
con  el  acta,  de  que  el  prestatario  ha  recibido  en  plazo  la  documentación  y  el 
asesoramiento previsto en el artículo 15 de la ley.
Este control notarial del cumplimiento del principio de transparencia material no 
puede ser revisado por el registrador, de modo que éste deberá limitarse en su función 
calificadora a comprobar que, por lo que se expresa en el título presentado, el notario 
haya ejercido ese control que la ley le encomienda. Por ello, si el notario afirma que ha 
realizado dicho control (o, lo que es lo mismo, si afirma que el prestatario ha recibido la 
documentación y el asesoramiento en la forma prevista en la ley) es porque han sido 
correctamente cumplidas las obligaciones informativas que garantizan la transparencia 
material en la operación crediticia, y, por ende, no existe entre las estipulaciones del 
préstamo y las condiciones de la oferta vinculante discrepancia alguna que, como se ha 
indicado, obligue al notario a denegar la autorización de la escritura. Y en ningún caso 
podrá el registrador -como se pretende en la calificación impugnada en este expediente- 
exigir que se acompañe la Ficha Europea de Información Normalizada -FEIN- al objeto 
de  poder  realizar  una  comprobación  que  es  responsabilidad  -consecuente  con  la 
competencia- del notario autorizante.
6.  En el presente caso, la notaria autorizante de la escritura calificada manifiesta en la 
misma, bajo su responsabilidad, que del acta por ella autorizada conforme al artículo 15 de la 
Ley 5/2019 el día 1 de julio de 2019, número 1.076 de protocolo, resulta que se entregó a los 
prestatarios toda la documentación legalmente exigida y que recibieron el asesoramiento e 
información previstos en dicho artículo. Por ello, debe entenderse que la escritura es conforme 
con la FEIN y este defecto impugnado tampoco puede ser mantenido.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  bo
la Ley Hipotecaria. 4w
PedMroa Jdorisdé,  G7 adreri deon Cerhoa mdeo r2ro0.20.–El Director General de los Registros y del Notariado,  2020-1109n https://w