BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Martes 28 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 30538
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
4698 Resolución  de  16  de  abril  de  2020,  de  la  Dirección  General  de  la 
Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica el 
Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, en relación con 
la  realización  de  trámites  administrativos  y  gestión  documental  por  vía 
electrónica.
El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública y la Presidenta del 
Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un Convenio con la finalidad de 
hacer posible que la presentación electrónica de documentos en representación de los 
ciudadanos por parte de los abogados se beneficie del régimen especial que establece el 
artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid 16 de abril de 2020.–El Director General de la Administración General del 
Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero.
ANEJO
Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública) y el Consejo General de la Abogacía Española 
en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental 
por vía electrónica
En Madrid, a 15 de abril de 2020.
INTERVIENEN
De una parte, don Francisco Hernández Spínola, Secretario de Estado de Política 
Territorial y Función Pública (Real Decreto 188/2020, de 29 de enero), en nombre y 
representación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, competente en la 
organización territorial del Estado, y en virtud de las facultades para celebrar convenios, 
que se reconocen en el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
De  otra  parte,  doña  Victoria  Ortega  Benito,  en  su  condición  de  Presidenta  del 
Consejo General de la Abogacía Española, con CIF Q-2863006 I y domicilio social en el 
paseo de Recoletos, n.º 13, de Madrid, en uso de las facultades conferidas en la 
escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Norberto González Sobrino, el día 6 de 
septiembre de 2016, con el número 2.664 de su Protocolo.
Dichas partes, en el ejercicio de las funciones que les están legalmente atribuidas, se  oe.
reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio y, en  w.
consecuencia, 98ww
EXPONEN
I.  Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública es el departamento 
competente para dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la 
Administración General del Estado en el territorio, en virtud de lo establecido en el 
artículo 69.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en relación con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 307/2020, de 11 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública.
Que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con dependencia orgánica 
de este Ministerio, tienen atribuida la tramitación de una gran variedad de procedimientos 
y servicios con incidencia directa en los ciudadanos.
II.  Que el Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, 
coordinador y ejecutivo superior de los Ilustres Colegios de Abogados de España y tiene, 
a todos los efectos, la condición de corporación de derecho público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los  Colegios  Oficiales  de  Abogados  de  España  son  corporaciones  de  derecho 
público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y son funciones suyas las 
referidas en el artículo 4 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se 
aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.
III.  Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene la voluntad de 
favorecer  cualquier  medida  que  conlleve  la  modernización,  simplificación  y 
racionalización de los procedimientos y, en particular, aquéllas que hagan más sencillo el 
ejercicio  de  los  derechos  y  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  formales  de  los 
ciudadanos, mediante el impulso de las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos 
como  un  derecho  de  los  ciudadanos  y  como  una  obligación  correlativa  para  tales 
Administraciones.  Estableciendo,  además,  para  quienes  ejerzan  una  actividad 
profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, como es el caso de los 
abogados,  la  obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  las  Administraciones 
Públicas.
IV.  Que  el  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  apuesta  por  la 
cooperación tecnológica para la mejora de la calidad de los servicios prestados, lo cual 
exige  la  progresiva  aplicación  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
telecomunicaciones  a  los  procedimientos  gestionados  por  las  Delegaciones  y 
Subdelegaciones  del  Gobierno.  Todo  ello  enmarcado  en  el  entorno  seguro  que 
garantizan las herramientas, sistemas y aplicaciones actuales, como la firma electrónica 
reconocida, que constituye un instrumento seguro y capaz de permitir una comprobación 
de la procedencia y de la integridad de los mensajes y documentos intercambiados a 
través de las redes de telecomunicación.
Que, igualmente, considera indispensable fomentar la colaboración social con los 
operadores jurídicos, económicos y administrativos que actúan en calidad de grandes 
presentadores de documentación ante los órganos administrativos de su competencia.
V.  Que  es  deseo  del  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  y  del 
Consejo General de la Abogacía Española suscribir el presente Convenio con la finalidad 
de hacer posible que la presentación electrónica de documentos en representación de 
los  ciudadanos  por  parte  de  los  abogados  se  beneficie  del  régimen  especial  que  e.
establece  el  artículo  5.7  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  w.b
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 98ww
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utilización  de  mecanismos  de  comunicación  ágiles,  sencillos  y  eficaces.  El  ámbito
material del Convenio se ciñe a los trámites en materia de extranjería que se tramitan en 
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y ello sin perjuicio de que, en un 
futuro, en función de los desarrollos tecnológicos, se puedan incorporar otros ámbitos de 
actuación.
VI.  Que, en relación con las solicitudes iniciales, ha de tenerse en cuenta, de 
conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
que cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar 
personalmente las solicitudes iniciales relativas a las autorizaciones de residencia y de 
trabajo o a prórrogas de estancia. Asimismo, cuando el sujeto legitimado se encuentre 
en territorio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su recogida también se 
realizarán personalmente. Todo ello sin perjuicio de la realización de dichos trámites 
mediante  representante  debidamente  acreditado  o  mediante  los  sistemas  de  firma 
electrónica debidamente reconocidos.
En este sentido, en relación con las solicitudes iniciales, conforme lo señalado en la 
disposición adicional octava.6 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, aprobado mediante el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, se entenderá 
cumplida la obligación de comparecencia personal cuando la presentación electrónica de 
documentos se realice de acuerdo con lo establecido mediante Convenios de habilitación 
para la representación de terceros. Dichos Convenios establecerán en todo caso la 
obligatoriedad  de  que  los  profesionales  adheridos  a  ellos  se  comuniquen  con  la 
Administración General del Estado utilizando exclusivamente medios electrónicos. Para 
el desarrollo de los Convenios previstos en este apartado, la Administración General del 
Estado  podrá  establecer  que  los  profesionales  adheridos  a  ellos  creen  los 
correspondientes registros electrónicos de apoderamiento o representación.
En  consecuencia,  entendiéndose  útil  para  las  instituciones  firmantes  el 
establecimiento de un sistema estable de cooperación electrónica e intercambio de 
información, ambas partes
ACUERDAN
Primero.  Objeto del Convenio.
El  objeto  del  presente  Convenio  es  habilitar  a  los  abogados  colegiados  en  los 
Colegios de Abogados que figuren inscritos en el Registro de representantes del Consejo 
General de la Abogacía Española, previsto en la cláusula tercera, para la presentación 
electrónica  de  documentos  en  representación  de  terceras  personas,  con  el  fin  de 
favorecer  el  cumplimiento  de  obligaciones  y  el  ejercicio  de  derechos  de  carácter 
administrativo por parte de los ciudadanos ante las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno, de acuerdo con el resto del clausulado del presente Convenio y con las 
previsiones normativas en vigor.
Segundo.  Ámbito material del Convenio.
El presente Convenio afecta a los trámites en materia de extranjería que se realizan 
en  las  Delegaciones  y  Subdelegaciones  del  Gobierno,  a  través  de  las  Oficinas  de 
Extranjería  y,  en  su  caso,  de  las  Áreas  o  Dependencias  funcionales  de  Trabajo  e 
Inmigración (incluidos aquellos en los que se requiera, de acuerdo con la normativa 
vigente, la comparecencia presencial del interesado, conforme a lo establecido en la  e.e
disposición adicional octava del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos  b
y libertades de los extranjeros en España y su integración social), siempre que los  98ww
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Tercero.  Obligaciones del Consejo General de la Abogacía Española.
El Consejo General de la Abogacía Española se compromete a:
a)  Crear, en el plazo de dos meses desde que tenga eficacia el presente Convenio, 
un Registro de representantes, con el correspondiente protocolo de incorporación al 
mismo, en el que figurarán inscritos los colegiados que estén habilitados para actuar en 
nombre de los interesados, conforme a los contenidos y requisitos que se recogen en la 
cláusula séptima.
b)  Mantener actualizado en tiempo real el Registro de representantes.
c)  Permitir el acceso electrónico al registro de representantes, a través de Internet, 
a la unidad que preste los servicios informáticos a la Secretaría de Estado de Política 
Territorial  y  Función  Pública.  Las  especificaciones  sobre  el  modo  de  realizar  el 
intercambio de datos será el indicado por dicha Secretaría de Estado.
Cuarto.  Obligaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública) deberá habilitar, en el plazo de tres meses desde que esté 
operativo el registro de representantes creado por el Consejo General de la Abogacía 
Española, los medios técnicos necesarios que permitan a los colegiados habilitados la 
presentación electrónica de documentos en representación de los interesados, conforme 
a lo que establece el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  Régimen de la representación.
El régimen de representación de terceros a efectos de presentación electrónica de 
documentos en su nombre es el establecido en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
En concreto, la habilitación determina la presunción de validez de la representación, 
salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. No obstante, la Administración 
podrá requerir en cualquier momento a los colegiados habilitados la acreditación de la 
representación que ostenten.
La habilitación para la presentación electrónica de documentos en representación de 
terceros  sólo  confiere  a  la  persona  autorizada  la  condición  de  representante  para 
intervenir en los actos expresamente autorizados. Si el domicilio que se consigna a 
efectos de notificaciones es el del abogado, la notificación se efectuará únicamente por 
medios electrónicos, sin perjuicio de que la misma se notifique en carpeta ciudadana.
La representación habilitada sólo permite la presentación de solicitudes, escritos o 
comunicaciones  en  los  registros  electrónicos  correspondientes  al  ámbito  de  la 
habilitación.
La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera 
presentado la documentación dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que 
fueran procedentes.
Sexto.  Presentación electrónica de documentos.
Para hacer uso del sistema de presentación al que se refiere el presente Convenio y 
de  las  utilidades  vinculadas  a  aquél,  se  deberán  cumplir,  además,  los  siguientes 
requisitos: e
1.  La presentación electrónica de documentación exigirá al presentador disponer de  w.
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de representantes, deberá cumplir los requisitos que, para el tratamiento automatizado
de  datos  de  carácter  personal,  se  exigen  en  la  normativa  vigente  en  materia  de 
protección de datos de carácter personal.
3.  El presentador deberá figurar inscrito y en situación de alta en el Registro de 
representantes  descrito  en  la  cláusula  séptima,  circunstancia  que  la  Secretaría  de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, a través de la unidad que le preste los 
servicios informáticos, comprobará como requisito imprescindible para la aceptación de 
la presentación electrónica. Dicha comprobación se realizará a través de servicios Web.
Séptimo.  Registro de representantes.
El Consejo General de la Abogacía Española creará, en el plazo de dos meses 
desde que tenga eficacia este Convenio, un Registro de representantes en el que 
figurarán inscritos los colegiados que estén habilitados para actuar en nombre de los 
interesados  en  los  trámites  en  materia  de  extranjería  que  se  realizan  en  las 
Delegaciones  y  Subdelegaciones  del  Gobierno,  conforme  a  las  siguientes 
especificaciones:
– La comunicación con el Registro de representantes se realizará a través de un 
servicio web. De esta manera cada vez que un abogado intente realizar algún tipo de 
trámite en el ámbito de Extranjería, desde la plataforma tecnológica de Extranjería se 
llamará a dicho servicio, para comprobar que la persona que se intenta identificar como 
abogado, está incluido en el registro de representantes.
– Desde la plataforma de Extranjería se llamará al Servicio Web proporcionado por 
el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  con  el  DNI  de  la  persona  que  está 
intentando realizar el trámite.
– Con el objetivo de proporcionar seguridad en la comunicación entre la plataforma 
tecnológica de Extranjería y el Consejo General de la Abogacía Española se hará uso 
del protocolo WS-Security.
Asimismo, en el citado plazo, el Consejo General de la Abogacía Española deberá 
aprobar, con el modelo formal que considere, un protocolo interno de incorporación y 
separación al Registro de representantes de los colegiados, inscritos en cada uno de los 
Colegios Oficiales de Abogados, que quieran formar parte del mismo o separarse de él.
En  todo  caso,  el  Consejo  General  de  la  Abogacía  Española  deberá  facilitar  el 
protocolo de incorporación y separación al Registro de representantes, para visto bueno 
de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. Dicho 
protocolo deberá incluir, al menos, las obligaciones de los colegiados de ostentar la 
representación  necesaria  para  cada  actuación,  en  los  términos  establecido  en  el 
artículo  5  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre;  la  obligación  de  presentar  la 
documentación por medios electrónicos y facilitar a los interesados que representen 
cuanta documentación, justificantes o resguardos genera la actuación administrativa 
realizada, el respeto en todo caso de la normativa de protección de datos de carácter 
personal, así como cualquier otra indicada por el Consejo General de la Abogacía 
Española.
El Consejo General de la Abogacía Española se compromete a proporcionar y 
mantener el acceso inmediato para consulta al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, en tiempo real, de las adhesiones por parte de los colegiados al Registro de 
representantes y de las bajas que, en su caso, se produzcan.
Para ello, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública efectuará la referida  s
consulta de manera automatizada y segura, mediante el acceso vía Internet al Registro  oe.
de representantes gestionado por el Consejo General de la Abogacía Española. w.
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representantes.
Octavo.  Comisión de seguimiento.
El  presente  Convenio  obliga  a  las  partes  firmantes  a  prestarse  la  adecuada 
colaboración, en aras al mejor logro de los fines perseguidos. A tal efecto, se constituirá 
una  Comisión  de  seguimiento  integrada  por  dos  representantes  nombrados  por  la 
Dirección  General  de  la  Administración  General  del  Estado  en  el  Territorio,  en 
representación de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, uno 
de los cuales actuará de Presidente, y otros dos representantes, nombrados por la 
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
La Comisión de seguimiento velará por el cumplimiento de las obligaciones de 
ambas partes, adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas y 
resolverá las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpretación y cumplimiento 
del Convenio.
Cuando se considere necesario y, en calidad de asesores, con derecho sólo a voz, 
podrán incorporarse otros funcionarios públicos o representantes de la Administración u 
otros miembros representantes del Consejo General de la Abogacía Española.
La Comisión de Seguimiento se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de 
verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas, examinar los resultados 
e incidencias que surjan de la colaboración realizada y establecer las directrices e 
instrucciones que considere oportunas.
Celebrará  asimismo  cuantas  sesiones  extraordinarias  sean  necesarias  para  el 
cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia 
iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros.
Su funcionamiento, en lo no previsto en este Convenio, se regirá por lo dispuesto 
sobre órganos colegiados en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.
Noveno.  Financiación.
El presente Convenio no genera obligaciones económicas entre las partes firmantes. 
No obstante, los gastos e inversiones que origine su cumplimiento serán por cuenta del 
Consejo General de la Abogacía Española.
Décimo  Naturaleza jurídica.
Este  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  su  régimen  jurídico  es  el 
expresamente establecido para los convenios en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Undécimo.  Modificación.
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes firmantes 
del mismo, cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto, conforme a 
lo establecido en el artículo 49.g) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Duodécimo.  Duración y efectos.
La duración del Convenio será de cuatro años con posibilidad de una prórroga 
expresa, antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más. La duración total del 
Convenio, incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años. es
Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  bo
este Convenio no resultará eficaz hasta su inscripción en el Registro Electrónico estatal  98ww
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Española debe crear en el plazo de dos meses desde la fecha de eficacia del Convenio
el Registro de representantes y facilitar el protocolo de incorporación al mismo para visto 
bueno de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, 
conforme a lo previsto en la cláusula séptima del presente Convenio.
De igual forma, en el plazo de tres meses desde que el Consejo General de la 
Abogacía Española comunique a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 
Pública que dicho registro está operativo y se haya obtenido el correspondiente visto 
bueno  reseñado  en  el  párrafo  anterior,  desde  la  Secretaría  de  Estado  de  Política 
Territorial y Función Pública se realizarán los trabajos técnicos necesarios que permitan 
la presentación electrónica de la documentación objeto de este Convenio y por tanto la 
plena eficacia del mismo. Esta eficacia operativa en nada afecta a la eficacia de cuatro 
años reseñada en los párrafos primero y segundo de esta cláusula.
Decimotercero.  Suspensión de la habilitación en el Registro de representantes.
Cuando la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública detecte 
indicios de que se ha producido un acceso o uso indebido de información protegida por 
parte  de  un  colegiado  incluido  en  el  Registro  de  representantes,  o  cualquier  otro 
incumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril; en la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, 
de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  demás 
normativa que resulte de aplicación, procederá, como medida cautelar, a acordar la 
suspensión de su habilitación e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones 
tendentes a constatar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que 
se trate. A la vista del resultado de las comprobaciones e investigaciones realizadas, con 
audiencia de la parte afectada y del Consejo General de la Abogacía Española, la 
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública decidirá de forma motivada 
sobre su expulsión del Registro de representantes.
Decimocuarto.  Causas de extinción.
El Convenio se extingue por el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias o 
causas de resolución que se contemplan en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
En el caso de que se produjese la causa de resolución contemplada en el apartado c) 
del  punto  segundo  del  citado  artículo  51  («incumplimiento  de  las  obligaciones  y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes»), la parte afectada por el 
incumplimiento deberá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla, 
en un plazo no inferior a quince días, con la obligación o compromiso que considere 
incumplido, dando traslado de una copia del mismo al Presidente de la Comisión de 
seguimiento. Si trascurrido el plazo concedido no se hubiese subsanado el incumplimiento o 
la Comisión de seguimiento no se hubiese pronunciado sobre el mismo, se entenderá 
resuelto el Convenio desde la fecha de vencimiento del plazo otorgado.
Decimoquinto.  Resolución de controversias.
La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente Convenio no resuelto en el seno 
de la Comisión de seguimiento, se resolverá por los órganos del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en su legislación reguladora. s
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las  w.b
partes  firman  el  presente  Convenio  electrónicamente,  tomándose  como  fecha  de  98ww
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FEusnpcaiñóonl aP, úlab lPicrae,s Fidreanntcai,s cVoic Htoeriran áOnrdteegza S Bpeínnoitola..–Por el Consejo General de la Abogacía