BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Lunes 19 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 86417
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
12040 Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional relativa al IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales 
en el sector de la estiba.
Visto el fallo de la Sentencia núm. 127/2021, de fecha 31 de mayo de 2021, dictada 
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el procedimiento n.º 73/2020 sobre 
impugnación de Convenios, seguido por la demanda de la organización empresarial 
Asociación  Estatal  de  Empresas  Operadoras  Portuarias  (ASOPORT)  contra  la 
organización  empresarial  Asociación  Nacional  de  Empresas  Estibadoras  y 
Consignatarias  de  Buques  (ANESCO)  y  los  sindicatos  Coordinadora  Estatal  de 
Trabajadores del Mar, FESMC-UGT, FSC-CC.OO., ELA, LAB y CIG, siendo parte el 
Ministerio Fiscal,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
En el «Boletín Oficial del Estado», de 30 de enero de 2014, se publicó la resolución 
de la entonces Dirección General de Empleo, de 17 de enero de 2014, en la que se 
ordena inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo y 
publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el IV Acuerdo para la regulación de las 
relaciones  laborales  en  el  sector  de  la  estiba  (Código  de  Convenio  n.º: 
99012545011993).
Segundo.
En el «Boletín Oficial del Estado», de 18 de julio de 2017, se publicó la resolución de 
la entonces Dirección General de Empleo, de 7 de julio de 2017, en la que se ordena 
inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 
con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo y publicar en 
el «Boletín Oficial del Estado», el acuerdo, de 6 de julio de 2017, de modificación del IV 
Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, 
mediante la incorporación de una nueva disposición adicional, identificada como séptima.
Tercero.
En el «Boletín Oficial del Estado», de 13 de marzo de 2018, se publicó la resolución 
de la entonces Dirección General de Empleo, de 7 de marzo de 2018, en la que se 
ordena inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo y  es
publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el acuerdo parcial, de 20 de diciembre  o
de 2017, de modificación del artículo 19 del IV Acuerdo estatal para la regulación de las  040www.
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.
Cuarto.
En el «Boletín Oficial del Estado», de 13 de marzo de 2018, se publicó la resolución 
de la entonces Dirección General de Empleo, de 7 de marzo de 2018, en la que se 
ordena inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo y 
publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el acuerdo parcial, de 30 de enero de 2018, 
de modificación de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo para la regulación de 
las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.
Quinto.
El 1 de junio de 2021 tuvo entrada en el registro general del Departamento la 
sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se 
acuerda declarar la nulidad de pleno derecho de las siguientes disposiciones del IV 
Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria: 
Artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13; artículo 7; artículo 8; artículo 9; 
artículo 10, apartados 1, 4, 5 y 6; artículo 11, en sus referencias a la relación laboral 
especial; artículo 12, apartado 2; artículo 18, apartado 1; artículo 19, apartado 1.e), del IV 
Acuerdo –modificado por acta de 20 de diciembre de 2017 (BOE de 13 de marzo de 
2018)– y de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo que fue introducida por 
acuerdo suscrito por los codemandados y cuya publicación se ordena por Resolución 
de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, y, posteriormente, modificada 
parcialmente por nuevo acuerdo suscrito por las mismas partes publicado por Resolución 
de 7 de marzo de 2018.
Fundamentos de Derecho
Primero y único.
De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo 
o en parte, del Convenio colectivo impugnado y este hubiera sido publicado, también se 
publicará en el boletín oficial en que aquel se hubiere insertado.
En consecuencia, esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de dicha Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 31 de 
mayo  de  2021,  recaída  en  el  procedimiento  n.º  73/2020  sobre  impugnación  de 
Convenios y relativa al IV para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la 
estiba portuaria, en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de julio de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez  s
Barbero. e.
AUDIENCIA NACIONAL
Sala de lo Social
Letrada de la Administración de Justicia doña Marta Jaureguizar Serrano
Sentencia n.º: 127/2021
Fecha de juicio: 18 de febrero de 2021.
Fecha Sentencia: 31 de mayo de 2021.
Fecha Auto Aclaración:
Tipo y núm. Procedimiento: IMPUGNACIÓN DE CONVENIOS 0000073 /2020.
Proc. Acumulados:
Materia: IMPUG. CONVENIOS.
Ponente: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA.
Demandante/s:  ASOCIACIÓN  ESTATAL  DE  EMPRESAS  OPERADORAS 
PORTUARIAS (ASOPORT)
Demandado/s:  ASOCIACIÓN  NACIONAL  DE  EMPRESAS  ESTIBADORAS  Y 
CONSIGNATARIAS DE BUQUES, COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES 
DEL  MAR,  EUSKO  LANGILEEN  ALKARTASUNA,  LANGILE  ABERTZALEEN 
BATZORDEAK,  CONFEDERACION  INTERSINDICAL  GALEGA,  FESMC-UGT, 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-
CCOO), MINISTERIO FISCAL.
Resolución de la Sentencia: ESTIMATORIA.
Breve Resumen de la Sentencia: Impugnación de Convenio colectivo. La AN declara 
la nulidad de pleno derecho de las siguientes disposiciones del IV Acuerdo para la 
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria: artículo 6, 
apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13; -artículo 7; -artículo 8; -artículo 9; -artículo 10, 
apartados 1, 4, 5 y 6; - artículo 11, en sus referencias a la relación laboral especial; -
artículo 12, apartado 2; -artículo 18, apartado 1; -artículo 19, apartado 1.e), y de la -
disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco (que fue introducida por acuerdo 
suscrito por los codemandados y cuya publicación se ordena por Resolución de 7 de julio 
de 2017, de la Dirección General de Empleo, y, posteriormente, modificada parcialmente 
por nuevo acuerdo suscrito por las mismas partes publicado por Resolución de 7 de 
marzo de 2018), por contravenir el RD-ley 9/2019, el RD ley 8/2017, el artículo 49 del 
TFUE y las Sentencias del TJUE de 11 de diciembre de 2014 y 11 de febrero de 2021.
AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL.
GOYA 14 (MADRID).
Tfno: 914007258 Correo electrónico:
Equipo/usuario: CEA.
NIG: 28079 24 4 2020 0000074.
Modelo: ANS105 SENTENCIA.
IMC IMPUGNACION DE CONVENIOS 0000073 /2020.
Procedimiento de origen: /
Sobre: IMPUG. CONVENIOS.
Ponente Ilmo/a. Sr/a: EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
Sentencia 127/2021
ILMO/A. SR./SRA.PRESIDENTE: D.ª EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA. bo
ILMOS/AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS: 040ww
D. RAMÓN GALLO LLANOS.
D.ª RAQUEL VICENTE ANDRES.
En MADRID, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.
La  Sala  de  lo  Social  de  la  Audiencia  Nacional  compuesta  por  los  Sres./as. 
Magistrados/as citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento IMPUGNACION DE CONVENIOS 0000073 /2020 seguido por 
demanda de ASOCIACION ESTATAL DE EMPRESAS OPERADORAS PORTUARIAS 
(ASOPORT)  (letrado  D.  Jordi  Puigbo  Oromi)  contra  ASOCIACION  NACIONAL  DE 
EMPRESAS ESTIBADORAS Y CONSIGNATARIAS DE BUQUES, COORDINADORA 
ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR (letrado D. Víctor Manuel Diaz), EUSKO 
LANGILEEN ALKARTASUNA (no comparece), LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK 
(no comparece), CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA(letrado D. Carlos Arroyo 
Pecharroman), FESMCUGT (letrado D. Desiderio Martín Jordedo), FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANIA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-CCOO) (letrada D.ª 
Rosa  González  Rozas),  MINISTERIO  FISCAL  sobre  IMPUG.CONVENIOS.  Ha  sido 
Ponente el Ilmo./a. Sr./a. D./ña. EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA.
Antecedentes de hecho
Primero.
Según consta en autos, el 28 de febrero de 2020 se presentó demanda por la 
ASOCIACIÓN ESTATAL DE EMPRESAS OPERADORAS PORTUARIAS (ASOPORT), 
representada  por  Joaquim  Coello  Brufau,  en  su  condición  de  Presidente,  contra, 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS ESTIBADORAS Y CONSIGNATARIAS DE 
BUQUES (ANESCO), COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR, 
FESMC-UGT,  CONFEDERACIÓN  INTERSINDICAL  GALEGA  (  CIG),LANGILE 
ABERTZALEEN  BATZORDEAK  (LAB),  EUSKO  LANGILEEN  ALKARTASUNA  (ELA), 
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS (FSC-
CCOO), CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO), siendo 
parte, el MINISTERIO FISCAL, sobre, IMPUGNACION DE CONVENIO COLECTIVO.
Segundo.
La Sala designó ponente señalándose el día 27 de mayo de 2020 para los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio.
Por Diligencia de Ordenación de 11 de mayo de 2020, se acordó, Dada cuenta, el 
anterior escrito presentado por el letrado D. VICTOR M. DIAZ DOMINGUEZ, actuando 
en nombre y representación de COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL 
MAR en el que solicita la suspensión de los actos señalados para el 27 de mayo 
de 2020. Se acuerda la suspensión solicitada y nuevo señalamiento el día 20 de octubre 
de 2020. e.
El  20  de  octubre  de  2020,  se  acordó  la  suspensión  en  los  actos  señalados  w.b
señalándose nueva fecha de juicio el día 26 de noviembre de 2020. 040ww
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situación de baja por IT. Se acuerda la suspensión solicitada y nuevo señalamiento el 
día 8 de junio de 2021.
Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2020, se acordó, por presentado 
el anterior escrito en el día de la fecha por el letrado D. JORDI PUIGBÓ OROMÍ en 
nombre y representación de ASOCIACION ESTATAL DE EMPRESAS OPERADORAS 
PORTUARIAS (ASOPORT) solicitando la suspensión de los actos señalados el día 8 de 
junio de 2021 por los motivos contenidos en el mismo, únase a los autos de su razón, y 
Se acuerda la suspensión solicitada y nuevo señalamiento el día 18 DE FEBRERO 
de 2021.
Tercero.
Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el que la parte 
demandante, se afirmó y ratificó en su demanda en la que solicita que se admita la 
demanda y, en virtud de su contenido, previo recibimiento del pleito a prueba, la estime 
íntegramente, en el sentido de:
(i)  declarar  la  nulidad  de  pleno  derecho  en  los  términos  que  resultan  de  la 
fundamentación jurídica precedente, por contravenir el RD-ley 9/2019, el RD ley 8/2017, 
el artículo 49 del TFUE y la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, de las 
siguientes disposiciones del IV Acuerdo Marco:
– artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13, del IV Acuerdo Marco; -
artículo 7 del IV Acuerdo Marco; -artículo 8 del IV Acuerdo Marco;
– artículo 9 del IV Acuerdo Marco;
– artículo 10, apartados 1, 4, 5 y 6, del IV Acuerdo Marco;
– artículo 11 del IV Acuerdo Marco, en sus referencias a la relación laboral especial;
– artículo 12, apartado 2, del IV Acuerdo Marco;
– artículo 18, apartado 1, del IV Acuerdo Marco; -artículo 19, apartado 1.e), del IV 
Acuerdo Marco; -disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco.
ii)  declarar la nulidad de pleno derecho de la disposición adicional séptima del IV 
Acuerdo Marco por vulnerar el principio de igualdad ex artículo 14 de la CE.
No  comparecen  estando  citados  en  legal  forma  EUSKO  LANGILEEN 
ALKARTASUNA, LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK.
La parte demandada Coordinadora estatal de trabajadores del mar (CETM), alega 
falta de legitimación activa. Alega falta de acción. La demanda carece de objeto y, en 
cuanto al fondo, se opone a la demanda, todo ello en los términos que resultan del acta 
de juicio y de la grabación de la vista oral.
UGT, se opone a la demanda. Alega falta de 'legitimación activa, falta de acción y 
defecto legal en modo de proponer la demanda. Se adhiere a lo manifestado por CETM.
CCOO, se opone a la demanda. Se adhiere a lo manifestado por los codemandados.
CIG, se opone a la demanda. Se adhiere a lo manifestado por los codemandados.
ANESCO, alega falta de legitimación activa, falta de acción y, en cuanto al fondo, se 
adhiere a lo manifestado por los codemandados, todo ello en los términos que resultan 
del acta de juicio y de la grabación de la vista oral.
Cuarto.
Recibido el pleito aprueba, se practicaron las pruebas propuestas por las partes y  o
declaradas pertinentes, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto. 040www.
Quinto.
En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales, 
a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad de las cuestiones 
planteadas en el presente procedimiento.
Resultado y así se declaran, los siguientes
Hechos probados
Primero.
El 14 de mayo de 2017 entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por 
el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 
(procedimiento de infracción 2009/4052).
En la exposición de motivos se recoge: «La modificación legislativa supone suprimir, 
en su mayor parte, el actual régimen de gestión de los trabajadores para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías que se recoge en el texto refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. De este modo, se derogan 
expresamente una serie de artículos del citado texto refundido, y se modifican algunos 
otros cuya proyección normativa debe permanecer, pero adaptada a la nueva situación.
Ahora bien, aunque se consagra el principio de libertad de contratación en el ámbito 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, es preciso el establecimiento de 
un proceso transitorio de tres años que permita un tránsito ordenado, facilitando que los 
trabajadores de las SAGEP conserven sus derechos laborales preexistentes en el nuevo 
escenario de libertad competitiva. A tal fin, se asegura el pleno respaldo financiero de la 
Administración portuaria a las operaciones precisas para la nueva configuración del 
sector.
Durante el periodo transitorio, podrán subsistir las SAGEP y a fin de que puedan 
financiarse en la medida necesaria en cada caso y momento, se establece asimismo la 
obligación para las empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías de requerir el concurso de los trabajadores procedentes de 
aquellas en un porcentaje decreciente con el transcurso del tiempo, que comienza con 
un setenta y cinco por ciento, para las actividades que hasta el momento se venían 
realizando con dicho personal.
Concluido  el  periodo  transitorio,  las  SAGEP  podrán  continuar  desarrollando  su 
actividad,  en  régimen  de  libre  competencia,  siempre  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos con carácter general para las empresas de trabajo temporal introdujo dos 
libertades básicas en el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías: la libertad de contratación de personal y la 
libertad de pertenencia a la SAGEP.»
La disposición adicional primera del RD-ley 8/2017, establece:
«1.  En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-
ley las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en el mismo y 
en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Transcurrido  dicho  plazo,  las  disposiciones  de  los  convenios  colectivos  que  s
incumplan lo previsto en el párrafo precedente, restrinjan la libertad de contratación en el  oe.
ámbito  del  servicio  portuario  de  manipulación  de  mercancías  o  de  los  servicios  w.
comerciales, o limiten la competencia, serán nulas de pleno derecho.» 040ww
Segundo.
Habiendo transcurrido el plazo de un año antes señalado sin que se adoptasen los
ajustes necesarios en los convenios colectivos de aplicación, la disposición adicional
primera del RD-ley 8/2017 fue modificada por la disposición final cuadragésima tercera 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
en los siguientes términos: «1.  En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en 
vigor del real decreto al que se refiere la disposición final tercera, apartado segundo, del 
presente Real Decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo 
dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea».
Tercero.
La disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el 
que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 
adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías (en adelante, RD-ley 9/2019) derogó la disposición final 
cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, y la disposición adicional primera del RD-ley 8/2017; y a través 
de la disposición adicional segunda reguló lo siguiente sobre la normativa convencional 
del sector de la estiba portuaria:
«Disposición adicional segunda.  Normativa convencional.
1.  En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto en el 
mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el artículo 49 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
2.  Transcurrido  dicho  plazo,  las  disposiciones  de  los  convenios  colectivos  que 
incumplan lo previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho.»
El RD-ley 9/2019 se publicó en el BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2019, y en virtud 
de lo dispuesto en la Disposición final cuarta entró en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es, el 31 de marzo de 2019, de tal 
manera que el plazo de nueve meses señalado en su disposición adicional segunda 
expiró el pasado 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.
En  la  fecha  de  interposición  de  la  presente  demanda,  el  IV  Acuerdo  para  la 
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (en adelante, IV 
Acuerdo Marco) sigue vigente sin que haya sido adaptado al RD-ley 9/2019, al RD-
ley 8/2017 ni al artículo 49 del TFUE. (descriptor 8)
Quinto.
La disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco -que fue introducida por 
acuerdo suscrito por los codemandados y cuya publicación se ordena por Resolución 
de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, y, posteriormente, modificada 
parcialmente por nuevo acuerdo suscrito por las mismas partes publicado por Resolución 
de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo- introdujo la siguiente 
previsión convencional: s
«Disposición adicional séptima. w.
virtu1d.  dAe qluoe ldlaissp eumesptroe seans  qlau ed iospptoesni cpióonr  dtreacnidsiirt osruia  sperpimarearcaió nd edl eR lae aSl ADGeEcPre teon-
leenyt r8a/d2a0 1e7n,  vsigeo rs udberlo cgitaardáon  Reel aple Drseocnreatl od-lee yl ain etesgtirbaab ap olar tupalarniati,l laq udee  ala  fSecAhGaE dPe,  elan 
proporción  a  su  participación  accionarial  en  la  correspondiente  sociedad.  En
consecuencia, el citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en 
dichas empresas estibadora en las mismas condiciones laborales individuales y 
colectivas que posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo 
previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de 
empresas y seguirán rigiéndose por el IV Acuerdo para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de 
enero de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por 
los convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de 
esta disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución 
por el V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad 
de empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, 
por  tanto,  se  proceda  a  su  liquidación,  igualmente,  los  trabajadores  tendrán 
derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de 
participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a 
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el 
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el 
ámbito  estatal.  Asimismo,  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal  asume  la 
competencia de interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición 
adicional.
2.  El sistema de asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se 
ofrecerá, de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la 
empresa estibadora que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los 
siguientes principios:
(i)  El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP se 
debe producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación 
anterior a la separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las 
empresas que ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación.
(ii)  El número de trabajadores a subrogar se determinará mediante la estricta 
aplicación  de  la  regla  de  proporcionalidad  en  función  del  porcentaje  de 
participación de la empresa estibadora en el capital social de la SAGEP.
(iii)  Una  vez  determinado  el  número  total  de  trabajadores  objeto  de 
subrogación, se concretará su distribución por categorías y especialidades en 
función de las empleadas por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación, con objeto de que 
la  combinación  de  trabajadores  que  se  le  asignen  tras  la  separación  resulte 
adecuada a las necesidades operativas de la empresa conforme al dato objetivo 
acreditado durante el indicado periodo.
La  información  sobre  la  distribución  por  categorías  y  especialidades  de 
trabajadores empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación se considerará 
estrictamente confidencial para el resto de empresas y solo será conocida por los 
gestores  de  la  SAGEP,  que  asumirán  un  compromiso  de  reserva  sobre  la 
información facilitada.
(iv)  Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se  e.
separen  y,  en  su  caso,  las  que  permanezcan,  y  las  condiciones  de  trabajo  w.b
individual y colectivas indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya  040ww
ddeecbiedriádno  steun seer peanra ccioónns, ildae SraAcGióEnP e yl  lnai vReel pdree seoncutapcaiócnió nL edgeall  dpee rlsoosn Tarl aobbajjeatdoo rdees 
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empresas en el periodo de doce meses indicado en el apartado anterior.
(v)  Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su 
caso,  especialidades,  la  SAGEP  hará  pública  la  oferta  de  subrogación  de  la 
empresa saliente. La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores 
y, en el caso de que el número de voluntarios sea superior al de puestos a cubrir 
por cada categoría y especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de 
mayor y menor antigüedad en la SAGEP.
(vi)  Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y 
cuando la empresa que haya decidido su separación, la correspondiente SAGEP y 
la Representación de los Trabajadores no acuerden otros criterios diferentes o 
complementarios,  que  habrán  de  ser,  necesariamente,  respetuosos  con  lo 
establecido en el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse 
al  informe  previo  de  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal,  conforme  a  lo 
establecido en el apartado 1 anterior.
3.  La  presente  disposición  adicional  tendrá  eficacia  desde  la  fecha  de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017.»
Sexto.
El contenido de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco motivó la 
incoación de expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), con referencia S/DC/0619/17 por una presunta infracción del 
artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.
Séptimo.
En fecha 12 de junio de 2019, la CNMC acordó elevar cuestión prejudicial al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) y, simultáneamente, la suspensión 
del procedimiento sancionador hasta obtener respuesta de dicho órgano.
El TJUE ha dictado S 16-9-2020, n.º C-462/19 declarando: procede declarar la 
inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada por la CNMC.
Octavo.  Ilegalidad del acuerdo marco de 2008 por ser contrario a la normativa de 
competencia.
1.  El  10  de  septiembre  de  2008,  ANESCO,  ostentando  la  representación 
empresarial, de un lado, y COORDINADORA, LAB y CIG, ostentando la representación 
social,  de  otro,  suscribieron  el  IV  Acuerdo  para  la  Regulación  de  las  Relaciones 
Laborales en el Sector de la Estiba Portuaria (en adelante, el Acuerdo Marco de 2008).
2.  El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dictó resolución 
de 24 de septiembre de 2009 por la que se declaraba acreditada la existencia de una 
infracción del artículo 1 de la entonces Ley 16/1989, de 16 de julio, de Defensa de la 
Competencia,  así  como  del  artículo  81  del  entonces  Tratado  Constitutivo  de  la 
Comunidad Europea, llevada a cabo en el sector de la estiba por la patronal ANESCO y 
las  entidades  sindicales  COORDINADORA,  CIG  y  LAB.  Imponer  a  la  Asociación 
ANESCO  una  multa  sancionadora  de  901.518,16  €  (novecientos  un  mil  quinientos 
dieciocho euros con dieciséis céntimos) por la infracción cometida; Se acordó imponer al 
sindicato CETM una multa sancionadora de 168.000 € (ciento sesenta y ocho mil euros) 
al sindicato CIG una multa de 3.900 € (tres mil novecientos euros) y al sindicato LAB una  e.
multa  sancionadora  de  3.000  €  (Tres  mil  euros)  por  la  misma  conducta.  Instar  a  w.b
ANESCO, CETM, CIG y LAB a que en lo sucesivo se abstenga de cometer prácticas  040ww
ocotrmaso  laesm psarenscaiosn addea s luo so trases rveiqcuioivsa lecnotmesp lqeumee nptuaeridoasn  oebns talocsu lizpaur elart opsr esetsapcaióñno lpeosr. 
(Descriptor 5, cuyo contenido, se da íntegramente por reproducido)
3.  Después de presentarse un nuevo IV Acuerdo Marco, mediante escrito de 20 de 
enero de 2014 la Dirección de Competencia declaraba:
La nueva redacción del Acuerdo salva las observaciones efectuadas en el ámbito 
personal y funcional en materia defensa de la competencia a las versiones anteriores del 
mismo.  Sin  embargo,  persisten  las  dudas  respecto  al  procedimiento  de  ingreso  y 
selección de personal, y a su adscripción a las tareas portuarias.
La Dirección de Competencia estimó que el sistema de ingreso y promoción previsto 
podría resultar restrictivo de la competencia en tanto que los argumentos esgrimidos por 
ANESCO resultaban insuficientes para mantener las restricciones, lo que conduciría a un 
encarecimiento de los costes de la estiba, deteriorándose de esta forma la competitividad 
del sector.
Noveno.  Ilegalidad del acuerdo marco de 2008 por ser contrario a la normativa laboral y 
pérdida de su condición de convenio colectivo estatutario.
1.  En octubre de 2008, la Abogacía del Estado, en nombre y representación de la 
Dirección General de Trabajo, del Ente Público Puertos del Estado y de la Autoridad 
Portuaria de Gijón, interpuso demanda de impugnación de convenio colectivo frente a la 
Audiencia Nacional al entender que el Acuerdo Marco de 2008 conculcaba, en sus 
artículos 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 3.2.3; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.10 y 6, lo dispuesto en los 
artículos 37 y 38 de la Constitución Española (en adelante, CE), en relación con el 
artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 73, 74, 75 y 85, así como la 
disposición adicional séptima, de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general.
CC.OO.  y  UGT  se  adhirieron  a  las  alegaciones  del  Abogado  del  Estado  y 
adicionalmente solicitaron la anulación de los artículos 5; 6.3.1; 6.9.3; 14; 18.4, a), e), f) y 
g); 19 y 20.2 del Acuerdo Marco de 2008.
2.  El 1 de junio de 2009 se dictó sentencia por esta Sala en los procedimientos 
177/2008,  211/2008,  223/08  y  1/09  acumulados  seguidos  por  demanda  de  la 
DIRECCION  GENERAL  DE  TRABAJO,  FEDERACION  DE  COMUNICACION  Y 
TRANSPORTE  DE  CC.OO.,  FEDERACION  ESTATAL  DE  TRANSPORTES 
COMUNICACIONES  Y  MAR  DE  U.G.T.  y  SESTICAR,  S.A.  contra  ASOCIACION 
NACIONAL  DE  EMPRESAS  ESTIBADORAS  Y  CONSIGNATARIAS  DE  BUQUES 
ANESCO,  COORDINADORA  ESTATAL  DE  TRABAJADORES  DEL  MAR, 
CONFEDERACION  INTERSINDICAL  GALEGA  CIG  y  SINDICATO  LAB  sobre 
Impugnación de convenio colectivo, cuyo Fallo es el siguiente:
Que estimando la excepción de falta de legitimación activa de SESTICAR, SA, 
alegada por ANESCO, COORDINADORA y CIGA, declaramos que dicha mercantil no 
está  legitimada  para  impugnar  el  IV  Acuerdo  para  la  regulación  de  las  relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria.
Que desestimamos la excepción de falta de legitimación activa del ENTE PÚBLICO 
PUERTOS DEL ESTADO y la AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN, declarando su 
plena legitimación para impugnar el acuerdo antes dicho en su calidad de denunciantes 
del mismo ante la Autoridad laboral.
Que estimando la demanda de oficio, defendida por el ABOGADO DEL ESTADO, en 
nombre  y  representación  de  la  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TRABAJO,  del  ENTE 
PÚBLICO  PUERTOS  DEL  ESTADO  y  la  AUTORIDAD  PORTUARIA  DEGIJÓN,  se  s
declara la nulidad de los artículos 2.1.1; 2.1.2; 2.2; 3.2.3;3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.10 y 6 del  oe.
eqpIVxuo certAl uuscaseuir vieaaard,dm hoeieq nprutaaee r  lianb apreltiauem rradreeleneg tzueal daa edc l eioó  npea ascdtcoetero d  alemadxsoot rd,ar oseea,lsa ltvcaositouu ne taenrs nli ooals taeu bpnroarterrleeac zelseapus ts o esefni srq mtaueatelu n thstaeaersncia t yo,s  irda moqd ueade nelltlcaoel asne rieoasntdtridboooass     2021-12040n https://www.
ilegales por vulnerar la legalidad vigente (artículos 3.2.3; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.10 y 6 del
IV Acuerdo). Bc
Que, estimando parcialmente la demanda de impugnación de convenios colectivos, 
interpuesta por CCOO y UGT, se declara la nulidad de los artículos concordes con la 
demanda, interpuesta por el Abogado del Estado, así como los artículos 5; 6.3.1 y 6.9.3. 
- Se declara, así mismo, la nulidad de los artículos 18.4.a) y f); 19 y 20.2 del IV Acuerdo 
en  su  dimensión  estatutaria,  sin  perjuicio  de  su  vigencia  como  pacto  o  convenio 
extraestatutario,  cuya  fuerza  de  obligar  se  limita,  por  consiguiente,  a  firmantes  y 
adheridos voluntariamente al acuerdo, absolviéndoles de los restantes pedimentos de las 
demandas. (Descriptor 6)
Décimo.  La aprobación del IV acuerdo marco.
1.  Por Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales 
en el sector de la estiba portuaria. (código de convenio n.º 99012545011993), que fue 
suscrito, con fecha 29 de julio de 2013, de una parte, por la organización empresarial 
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), 
en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO. y CIG, en representación 
del colectivo laboral afectado. (BOE jueves 30 de enero de 2014) (Descriptor 8). Este es 
el Acuerdo que es objeto de impugnación parcial en la presente demanda.
2.  El 2 de octubre de 2017, ANESCO denunció el IV Acuerdo Marco, que vencía 
el 31 de diciembre de 2017, y desde entonces su contenido íntegro se encuentra vigente, 
de conformidad con lo previsto en su artículo 4, hasta que se alcance acuerdo para su 
sustitución o hasta que se dicte Laudo en el procedimiento arbitral ad hoc previsto en el 
artículo 20 de la misma norma convencional.
Decimoprimero.  La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014.
1.  El 14 de noviembre de 2013, la Comisión Europea interpuso recurso frente al 
TJUE  solicitando  que  se  declarase  que  el  Reino  de  España  había  incumplido  las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del TFUE.
La reclamación de la Comisión Europea tenía su origen en la normativa española, 
que desde el año 1986 obligaba con carácter general a las empresas estibadoras que 
operaban en los puertos españoles de interés general a formar parte de una Sociedad 
Anónima  de  Gestión  de  Estibadores  Portuarios  (en  adelante,  SAGEP)  también 
denominada en el IV Acuerdo Marco como Organización de Empresas de Estiba (en 
adelante, OEE)-. Dicha normativa también les impedía recurrir libremente al mercado 
laboral para contratar personal propio, salvo en los supuestos en los que los trabajadores 
propuestos  por  la  SAGEP  no  fuesen  idóneos  o  suficientes.  Las  obligaciones  cuyo 
contenido  eran  objeto  de  recurso  estaban  reguladas  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 5 de septiembre de 2011 (en 
adelante, la Ley de Puertos).
2.  El  11-12-2014  el  TJUE  dictó  sentencia  ECLI:EU:C:2014:2430  en  la  que 
DECLARA QUE EL REINO DE ESPAÑA HA INCUMPLIDO LAS OBLIGACIONES QUE 
LE INCUMBEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 49 TFUE.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede considerar que la restricción a 
la  libertad  de  establecimiento  que  resulta  del  régimen  portuario  español  objeto  del  es
recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión constituye una restricción que va  bo
más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por  040ww
ocobnligsPEaigoncur i oicleonon enttasesn ,eq tncouuo,e e d enleescbt iáiean  ,jcc uuopsmntriosfbicicedeanedd reaea .nrsd evei crftuluandrda adr deqol u aeerlt  írceeulc luoRr s4eo9in  poTo FrdU ienE c,E uamsl ppimaliñmpaoi enhneatro  a.in lcausm epmlipdroe slaass   OE-A-2021-12able en https://
de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de
mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse 
en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de 
participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter 
prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un 
mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.
Es decir, El TJE consideró que el Reino de España había incumplido el artículo 49 
del TFUE al imponer las siguientes obligaciones a las empresas de otros Estados 
miembros que deseasen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los 
puertos españoles de interés general:
(i)  inscribirse en una SAGEP obligatoriamente para poder operar en el sector y 
participar en el capital de ésta; y
(ii)  contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por la 
SAGEP, y a un mínimo de tales trabajadores con carácter permanente (Descriptor 9)
3.  A propósito de la obligación de participación en el capital de las SAGEP, el 
artículo 143 de la Ley de Puertos, en su apartado primero, establecía que «todas las 
empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías y 
obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como partícipes en 
el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios.».
4.  En relación con la participación, el apartado segundo del mismo artículo 143 
determinaba qué porcentaje de participación le correspondía a cada titular de licencia de 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en la SAGEP en los 
siguientes términos:
«El capital social inicial de la SAGEP se fijará en los Estatutos de la Sociedad que se 
aprueben  en  el  momento  de  su  constitución,  distribuyéndose  entre  los  titulares  de 
licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en vigor en 
ese momento en el puerto, que no estén exentos de participación en la citada sociedad 
mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, de acuerdo con 
los siguientes criterios:
1.º El 50 por ciento del capital se distribuirá proporcionalmente entre el número de 
titulares de licencias de prestación del servicio de manipulación de mercancías. 2.º El 
restante 50 por ciento se distribuirá entre dichos titulares en función del grado de 
utilización temporal de la plantilla, medido en volumen de facturación.»
5.  En el marco del control de la ejecución de la Sentencia del TJUE, la Comisión 
Europea requirió al Reino de España para que le informase acerca de las medidas 
adoptadas para ejecutar dicha sentencia y que, con anterioridad al 20 de septiembre 
de 2015, adoptase las medidas necesarias para cumplir con el fallo de la Sentencia del 
TJUE.
6.  Tras  recibir  las  alegaciones  del  Reino  de  España  y  no  observándose  el 
cumplimiento de la Sentencia del TJUE, la Comisión Europea interpuso recurso ante el 
Tribunal solicitando la imposición de sanciones pecuniarias al Reino de España por 
incumplimiento de la antedicha sentencia.
7.  El TJUE, en respuesta al recurso interpuesto por la Comisión Europea, dictó 
sentencia  de  13  de  julio  de  2017  (asunto  C-388/16)  en  la  que,  declarando  el 
incumplimiento de España de las medidas necesarias para la ejecución de la Sentencia 
del TJUE de 11 de diciembre de 2014, condenó al Reino de España a pagar una  e.e
cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros. (Descripción 10). b
Decsimenotseengcuian ddoe.l  TJEUl Ep:r Eiml eRre ainl tDeenctore tdoe-l eya d4a/2p0ta1c7ió.n  de  la  normativa  española  a  la
1.  La Sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2014 tuvo su primera respuesta
legislativa, con el Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modificaba el
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías (en adelante, el RD-ley 4/2017), publicado en el BOE de 25 de febrero 
de 2017.
2.  El RD-ley 4/2017, que tenía por objeto dar cumplimiento a la Sentencia del TJUE 
de 11 de diciembre de 2014, establecía la libertad de contratación de trabajadores 
portuarios para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, 
previo cumplimiento de una serie de requisitos formativos. Página 18 de 64
3.  El  nuevo  texto  normativo  también  introducía  una  nueva  figura:  el  Centro 
Portuario de Empleo (en adelante, CPE), una suerte de empresa de trabajo temporal 
específica para el servicio portuario de manipulación de mercancías.
4.  El RD-ley 4/2017 concedía un año de plazo a patronal y sindicatos para adaptar 
la normativa convencional al nuevo marco normativo y al artículo 49 del TFUE, bajo la 
amenaza de nulidad de todas aquellas disposiciones contrarias a éstos.
5.  Asimismo, se concedía a las SAGEP un periodo transitorio de tres años, periodo 
a partir del cual aquéllas debían optar por extinguirse o continuar su actividad como 
empresas de trabajo temporal o como CPE.
6.  Durante este periodo transitorio de tres años, las empresas titulares de licencias 
del servicio portuario de manipulación de mercancías –excepto aquellas con autorización 
para la auto prestación–, debían cubrir con trabajadores de la SAGEP, como mínimo, 
el  75%  de  las  actividades  integradas  en  el  servicio  portuario  de  manipulación  de 
mercancías y las actividades comerciales sin la consideración de servicio portuario de 
manipulación de mercancías durante el primer año; siendo dicho porcentaje del 50% 
durante el segundo año y del 25% durante el tercer año.
El  RD-ley  4/2017  no  fue  convalidado  por  las  Cortes,  y  su  vigencia  apenas  se 
mantuvo hasta el 24 de marzo de 2017, fecha en la que el BOE publicó la Resolución 
de 16 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordenaba la 
publicación del Acuerdo de derogación del RD-ley 4/2017, en tanto que dicho texto 
normativo no había sido convalidado por el Congreso de los Diputados.
Decimotercero.  El principio de acuerdo en el sector de la estiba de 29 de marzo 
de 2017.
El 29 de marzo de 2017, ANESCO, por un lado, y los integrantes de la Comisión 
negociadora de COORDINADORA, UGT y CC.OO., por el otro, alcanzaron un principio 
de acuerdo en el seno de las negociaciones llevadas a cabo a raíz de la Sentencia del 
TJUE de 11 de diciembre de 2014 (en adelante, el Principio de Acuerdo de 29 de marzo 
de 2017) (Descripción 11)
Decimocuarto.  La  adaptación  normativa  definitiva  a  la  sentencia  del  TJUE:  El 
RDL 8/2017.
El 13 de mayo de 2017 se publicó en el BOE el RD-ley 8/2017, de 12 de mayo. 52. El 
RD-ley 8/2017, destacando, a los efectos de la presente litis: la regulación expresa de la 
libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías y la no obligatoriedad para las sociedades titulares de 
licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías de participar 
en empresas para la puesta a disposición de trabajadores portuarios (artículo 2);
La creación de los CPE para el empleo de trabajadores portuarios y su cesión 
temporal  a  empresas  titulares  de  licencia  de  prestación  del  servicio  portuario  de  es
manipulación de mercancías (artículo 4); bo
La concesión de un plazo máximo de un año para que la normativa convencional se  040ww
eatitxdutailnapEgrtlee aes nas  ldt oane bu mlleeauvc oltiimec mneie naancr tcioaCo   PddneEeo l r umosn ea ErptviTevicTroiiso o( dd (poidso ipstrroptausonaiscsriiiicoótoi nórd niaoe d  tdrmicaeina otsnnrieiatposlu r pilaaarñi cmopiósreni mrp adae)e;rraa m )q yeu rec( iai()in ) lcalíasas s s SocAucGiberEdaaPnd  sesues    OE-A-2021-12able en https://
actividad con un porcentaje mínimo determinado de personal de las SAGEP, 75% el
primer año, 50% el segundo y 25% el tercero (disposición transitoria segunda); y la 
derogación expresa del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, 
TRLET), que consideraba relación laboral de carácter especial la de los estibadores 
portuarios (disposición derogatoria única), derogando la relación laboral especial de la 
estiba. A partir de entonces sólo existirá relación laboral ordinaria en la estiba.
Decimoquinto.  La  actividad  sindical  posterior  a  la  publicación  del  Real  Decreto-
ley 8/2017.
1.  La alteración del marco normativo en el sector de la estiba, y el plazo concedido 
a patronal y sindicatos para ajustarse a las nuevas disposiciones, a raíz de la aprobación 
del RD-ley 8/2017, dio inicio a un periodo de negociaciones entre sindicatos y patronal.
2.  Coincidiendo con la publicación del RD-ley 8/2017, las organizaciones sindicales 
COORDINADORA, FESMC-UGT, CCOO, CIG y CGT formularon preaviso de huelga, con 
afectación a la totalidad de las empresas estibadoras, a las SAGEP. (Descriptor 12)
3.  La huelga, iniciada el 5 de junio de 2017 y con sucesivos paros intermitentes, 
estuvo  acompañada  de  diversas  reuniones  de  negociación  entre  los  Sindicatos  y 
ANESCO.
4.  El 13 de junio, los Sindicatos elaboraron un documento titulado «Bases para la 
Negociación», en el que se proponía, entre otras cuestiones, la garantía en el empleo 
al 100% de los trabajadores actuales de las SAGEP. (Descriptor 13)
5.  Los Sindicatos presentaron con posterioridad un documento de adhesión, cuyo 
contenido incluía la mayoría de las propuestas iniciales de los Sindicatos, en realidad se 
trataba de un documento que los Sindicatos elaboraron y entregaron a las empresas 
estibadoras para su firma a condición de evitar la huelga. La propuesta incluía una 
cláusula de cierre que supeditaba el resultado final de las negociaciones al estricto 
cumplimiento de la legalidad vigente (Descriptor 14)
6.  Por Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, se 
registra y publica el Acta de modificación del IV Acuerdo del sector de la estiba portuaria 
para  la  regulación  de  las  relaciones  laborales  en  el  sector  de  la  estiba  portuaria, 
mediante la incorporación de una nueva disposición adicional, identificada como séptima, 
Acta que fue suscrita con fecha 6 de julio de 2017, de una parte por la organización 
empresarial Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques 
(ANESCO)  en  representación  de  las  empresas  del  sector,  y  de  otra  por  las 
organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC. OO. 
y CIG en representación de los trabajadores. La Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.  Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.  Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE de 18 de 
julio de 2017) (Descriptor 15).
Decimosexto.  La modificación del IV Acuerdo marco con la incorporación de una nueva 
disposición adicional séptima que impone la subrogación de los trabajadores de la 
SAGEP a aquellas empresas que se separen de la SAGEP.
1.  El 6 de julio de 2017, ANESCO, en representación de las empresas del sector, y  s
COORDINADORA,  UGT,  CC.OO.,  ELA,  LAB,  y  CIG,  en  representación  de  los  oe.
trabajadores, acordaron modificar el IV Acuerdo Marco en el sentido de incorporar una  w.
pnuubelvEical a addciasu peporosdrioc  mióanelc daainodz icdaieod noRa sle ess éopplluaticsmimóanó  a del ente  x7At codt aec  odjnuevl ieo6n  ddceeio  nj2ua0lil1o.7 d, ed e2 0l1a7 D, qirueecc fiuóen  rGegeinsetrraadl ad ey   2021-12040n https://ww
Empleo, publicada en el BOE de fecha 18 de julio de 2017.
2.  Por acuerdo unánime de la representación empresarial y por mayoría (96,601%) 
de la representación sindical, se acuerda incorporar una nueva disposición adicional al 
IV-ASE, identificada como séptima, con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional séptima.
Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en virtud 
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, 
se subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la entrada en 
vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en proporción 
a su participación accionarial en la correspondiente sociedad. En consecuencia, el 
citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en dichas empresas 
estibadora  en  las  mismas  condiciones  laborales  individuales  y  colectivas  que 
posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo previsto en el 
artículo 44 del estatuto de los trabajadores para la sucesión de empresas y 
seguirán  rigiéndose  por  el  IV  Acuerdo  para  la  regulación  de  las  relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de enero 
de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por los 
convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de esta 
disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución por el 
V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad de 
empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, 
por  tanto,  se  proceda  a  su  liquidación,  igualmente,  los  trabajadores  tendrán 
derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de 
participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a 
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el 
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el 
ámbito  estatal.  Asimismo,  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal  asume  la 
competencia de interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición 
adicional. La presente Disposición adicional tendrá eficacia desde la fecha de 
entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-ley  8/2017»    (BOE  18  de  julio  de  2017, 
descripción 15).
De esta manera se incorporaba al IV Acuerdo Marco la petición sindical: la garantía 
de la totalidad de empleo a través de la subrogación del personal.
3.  Por Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, se 
registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la 
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. (código de 
convenio n.º 99012545011993), acuerdo parcial que ha sido suscrito, de una parte, por la 
asociación empresarial ANESCO, en representación de las empresas del sector, y, de 
otra, por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar 
(CETM), UGT, CC.OO. y CIG, en representación de los trabajadores afectados (BOE 
de 13 de marzo de 2018)
Como  consecuencia  de  las  modificaciones  acordadas,  la  disposición  adicional 
séptima del IV Acuerdo tendrá la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. bo
vleiryt u18d./  2d0Ae1 q7u,lo es lelda isss pueubmerospgtroea sráeanns   eqlalu  epd eoirspspoteonnsa iclp idoóern   dltaer aceindssitriit bosarui a ps oeprprtuiamaraericraaió,  nqd udeeel   aRla e feSaclA hGDaEe dcPer e etloan    2021-12040n https://ww
entrada en vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en
proporción  a  su  participación  accionarial  en  la  correspondiente  sociedad.  En  Bc
consecuencia, el citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en 
dichas empresas estibadora en las mismas condiciones laborales individuales y 
colectivas que posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo 
previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de 
empresas y seguirán rigiéndose por el IV Acuerdo para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de 
enero de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por 
los convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de 
esta disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución 
por el V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad 
de empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, 
por  tanto,  se  proceda  a  su  liquidación,  igualmente,  los  trabajadores  tendrán 
derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de 
participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a 
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el 
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el 
ámbito  estatal.  Asimismo,  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal  asume  la 
competencia de interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición 
adicional.
2.  El sistema de asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se 
ofrecerá, de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la 
empresa estibadora que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los 
siguientes principios:
(i)  El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP se 
debe producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación 
anterior a la separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las 
empresas que ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación.
(ii)  El número de trabajadores a subrogar se determinará mediante la estricta 
aplicación  de  la  regla  de  proporcionalidad  en  función  del  porcentaje  de 
participación de la empresa estibadora en el capital social de la SAGEP.
(iii)  Una  vez  determinado  el  número  total  de  trabajadores  objeto  de 
subrogación, se concretará su distribución por categorías y especialidades en 
función de las empleadas por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación, con objeto de que 
la  combinación  de  trabajadores  que  se  le  asignen  tras  la  separación  resulte 
adecuada a las necesidades operativas de la empresa conforme al dato objetivo 
acreditado durante el indicado periodo.
La  información  sobre  la  distribución  por  categorías  y  especialidades  de 
trabajadores empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación se considerará 
estrictamente confidencial para el resto de empresas y solo será conocida por los 
gestores  de  la  SAGEP,  que  asumirán  un  compromiso  de  reserva  sobre  la 
información facilitada.
(iv)  Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se  e.
separen  y,  en  su  caso,  las  que  permanezcan,  y  las  condiciones  de  trabajo  w.b
individual y colectivas indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya  040ww
ddeecbiedriádno  steun seer peanra ccioónns, ildae SraAcGióEnP e yl  lnai vReel pdree seoncutapcaiócnió nL edgeall  dpee rlsoosn Tarl aobbajjeatdoo rdees 
tsieumbrpoog apcaiórnci ayl,  ean ttarel  elafesc tmo,i spmoadsrá, ne na cporrodpaor rclaió snu barl ongiavceiló nd ed eo cluops atcraióbna jeandtorree sla as 
empresas en el periodo de doce meses indicado en el apartado anterior.
(v)  Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su 
caso,  especialidades,  la  SAGEP  hará  pública  la  oferta  de  subrogación  de  la 
empresa saliente. La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores 
y, en el caso de que el número de voluntarios sea superior al de puestos a cubrir 
por cada categoría y especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de 
mayor y menor antigüedad en la SAGEP.
(vi)  Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y 
cuando la empresa que haya decidido su separación, la correspondiente SAGEP y 
la Representación de los Trabajadores no acuerden otros criterios diferentes o 
complementarios,  que  habrán  de  ser,  necesariamente,  respetuosos  con  lo 
establecido en el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse 
al  informe  previo  de  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal,  conforme  a  lo 
establecido en el apartado 1 anterior.
3.  La  presente  disposición  adicional  tendrá  eficacia  desde  la  fecha  de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017.» (Descriptor 16)
4.  Con motivo de la subrogación convencional de la disposición adicional séptima, 
las partes firmantes acordaron también modificar el artículo 19 del IV Acuerdo Marco, 
que  regula  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal,  al  objeto  de  atribuirle  funciones 
propias específicas relacionadas con la subrogación de personal.
Dicho acuerdo, de 20 de diciembre de 2017, también fue registrado y publicado por 
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, y publicado en el 
BOE de 13 de marzo de 2018. (descriptor 17) (Resolución de 7 de marzo de 2018 de la 
Dirección General de Empleo publicada en el BOE, por la que se modifica el artículo 19 
del IV Acuerdo Marco.)
Decimoséptimo.  La respuesta de la CNMC a la subrogación convencional introducida 
en la disposición adicional séptima del IV acuerdo marco.
1.  El 3 de noviembre de 2017, la Dirección de Competencia de la CNMC tras la 
investigación  realizada,  observó  indicios  racionales  de  la  existencia  de  conductas 
prohibidas por la LDC, por lo que, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 49 de la LDC acordó la incoación de expediente sancionador, con referencia 
núm. S7DC/0619/17, contra ANESCO, COORDINADORA, UGT, CC.OO., CIG, LAB y 
ELA por la adopción, en fecha 6 de julio de 2017, del Acuerdo de modificación del IV 
Acuerdo, que supondría la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC y del 
artículo 101 del TFUE consistente en una restricción de la libertad de contratación de 
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y 
de la libertad de las empresas titulares de la licencia para la prestación de dicho servicio 
de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los 
citados trabajadores.
2.  El 12 de junio de 2018, la Dirección de Competencia de la CNMC formuló Pliego 
de Concreción de Hechos con las siguientes conclusiones: A la vista de todo lo actuado 
y de conformidad con el artículo 33.1 del RDC, se considera que la conducta consistente 
en la adopción, en el seno de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo, de los acuerdos 
de modificación del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector 
de la estiba portuaria, en particular aquellos de fecha 6 de julio de 2017 y 30 de enero 
de 2018, por los que se impone la obligación de subrogar el personal estibador a las  s
empresas que opten por separarse de la SAGEP, constituye una restricción injustificada  oe.
alpma u alpeanrs ielptiabsu telaaarc tcdaiióidósn npd  dodeese i c cdmoiiócnenhtrr ocad atesan eclcoriíóvsain cst ir odya e bdd aeterj a apladba oarlitrjbaiecedsipro,t aarperdr soo  dh pneibao lir adaesa n l ae ps mooprcrp eeiresel dtsaaaarcdtsiíeóc tsnuit  luocdlu ae1yrl  eodss eeo d rblveajiec  lLtiaooD   lsCipcoo,ec rnaitaucslaií a src ieopoa amd rloeaa     2021-12040n https://www.
en  el  artículo  101  del  TFUE.  Son  responsables  de  dicha  infracción  la  Asociación
Nacional  de  Empresas  Estibadoras  y  Consignatarias  de  Buques  (ANESCO),  la  Bc
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Unión General de Trabajadores 
(UGT),  Comisiones  Obreras  (C.C.O.O.),  Confederación  Intersindical  Galega  (CIG), 
Langile  Abertzaleen  Batzordeak  (LAB)  y  Eusko  Langileen  Alkartasuna  (ELA) 
(Descriptor 18)
3.  El 15 de marzo de 2019, la Sala de Competencia del Consejo de la CNCM 
acordó remitir a la Comisión Europea determinada información sobre la aplicación de las 
normas  sobre  competencia  previstas  en  los  artículos  101  y  102  del  TFUE  y, 
simultáneamente, acordó la suspensión del plazo máximo para resolver el expediente. 
(copia de la comunicación de la CNMC, Descriptor 19)
4.  El 12 de junio de 2019, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC acordó 
remitir al TJUE una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 101 del 
TFUE determinante para la decisión que debe adoptarse en el expediente sancionador, y 
acordó  simultáneamente  la  suspensión  del  procedimiento  sancionador.  De  manera 
particular,  la  Sala  de  Competencia  del  Consejo  de  la  CNMC  plantea  al  TJUE  la 
interpretación del artículo 101 del TFUE para determinar si la subrogación Página 28 
de 64 convencional de la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco puede 
considerarse subsumible en la prohibición del párrafo primero del artículo 101 del TFUE. 
(Descriptor 20).
El TJUE ha dictado S. 16-9-2020, n.º C-462/19 declarando: procede declarar la 
inadmisibilidad  de  la  petición  de  decisión  prejudicial  planteada  por  la  CNMC. 
(Descriptor 126).
5.  Resolución de la CNMC en el expediente relativo al IV Acuerdo Marco.
Tras conocer la Sentencia del TJUE, la CNMC acordó levantar la suspensión del 
procedimiento sancionador referenciado y, en fecha 18 de septiembre de 2020, resolvió 
el  citado  expediente  declarando  expresamente  que  la  subrogación  obligatoria  en 
supuestos de separación de las SAGEP tiene como efecto impedir una competencia 
efectiva en el mercado por diversos motivos:
Suponen, por un lado, una limitación injustificada de la libertad de organización de la 
empresa al establecer condiciones de subrogación que no cumplen las exigencias de 
transparencia, objetividad y equidad; la intervención de la Comisión Paritaria, por sí 
misma, teniendo en cuenta su composición -en la que se hallan representadas los 
competidores de la empresa que debe asumir la subrogación- es contraria a dichos 
principios; además, según se desprende de los hechos acreditados, la asignación de los 
trabajadores subrogados en el único caso en que se aplicó dicho procedimiento, el de la 
empresa IST, se hizo en tales condiciones que generó una desventaja competitiva en la 
empresa saliente, con el consiguiente desincentivo para todas las demás (ver punto 9 de 
los hechos probados).(Descriptor 127)
La misma Resolución afirma que las exigencias y condicionantes establecidos en el 
régimen de subrogación previstos en la disposición adicional séptima del IV Acuerdo 
Marco constituyen una discriminación de los operadores que pretenden separarse de las 
SAGEP y que esta conducta excede del ámbito propio de la negociación colectiva, que 
supone un acuerdo entre operadores con clara incidencia en la competencia.
Lo anterior sirve a la CNMC para declarar que se deduce que la modificación del IV 
Acuerdo Marco «persigue obstaculizar la finalidad liberalizadora prevista en el propio 
Real Decreto-ley 8/2017 y, en última instancia, en la Sentencia del TJUE de 11 de 
diciembre de 2014.»
La Resolución de la CNMC además reconoce expresamente como hecho acreditado  e
la  actuación  generalizada  de  la  parte  social  contra  el  grupo  de  empresas  al  que  bo
pertenece la mercantil IST, desde que ésta comunicase su decisión de separación de la  040ww
mSAeGdiEanPt,e  al lao bjeretod udcec ióimn peddeilr  srue nsdeimpaieranctoió nd ye  gleonse ratrraleb aujandao rdeess vecnetdaijdao sc omppoer titliavas 
clao rdriesstoprosniódnie dnetel sm SerAcGanEtPil  qyu, ee ne lc ToJnUseEc ueexingcíaia ,e lmimainntaern (eprá egl.  s4t5a tdue q 5u9o) .anterior y perpetuar
A resultas de lo anterior, la CNMC Declara acreditada una infracción muy grave del 
artículo 1 de la Ley 15/2007 y del artículo 101 del TFUE en los términos establecidos en 
el FD 3.º
Declara  responsables  de  dichas  infracciones  a  las  siguientes  entidades:  a) 
Asociación nacional de empresas estibadoras y consignatarias de buques (ANESCO). b) 
Comisiones Obreras (CCOO). c) Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM). 
d) Confederación Intersindical Galega (CIG). e) Eusko Langileen Alkartasuna (ELA). f) 
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). g) Unión General de Trabajadores (UGT).
Imponer a las entidades declaradas responsables las multas que en la resolución se 
contienen. Instar a las entidades infractoras para que en el futuro se abstengan de 
realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en dicha Resolución.
Decimoctavo.  La modificación de la disposición adicional primera del RD-ley 8/2017 por 
la  disposición  final  cuadragésima  tercera  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
1.  A  su  entrada  en  vigor,  la  disposición  adicional  primera  del  RD-ley  8/2017 
concedía un plazo máximo de un año para que las normas convencionales se adaptasen 
al propio RD ley 8/2017 y al artículo 49 del TFUE, declarándose expresamente nulas de 
pleno derecho todas aquellas disposiciones convencionales que incumplieran lo anterior.
2.  El segundo apartado de la disposición adicional primera del RD-ley 8/2017, 
además, reconocía el derecho de los trabajadores a rescindir su contrato de trabajo 
cuando  la  modificación  de  las  normas  convencionales  les  causara  un  perjuicio 
sustancial.  La  rescisión  debía  ir  acompañada  de  la  indemnización  prevista  en  el 
artículo 41 del TRLET.
3.  La disposición final cuadragésima tercera de la ley 6/2018, de 3 de julio, de 
presupuestos generales del estado para el año 2018 modificó la disposición adicional 
primera del RD ley 8/2017, cuyo redactado quedó de la siguiente manera:
«Disposición adicional primera.  Normativa convencional.
1.  En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del real 
decreto  al  que  se  refiere  la  disposición  final  tercera,  apartado  segundo,  del 
presente Real Decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse 
a lo dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.
Transcurrido dicho plazo, las disposiciones de los convenios colectivos que 
incumplan  lo  previsto  en  el  párrafo  precedente,  restrinjan  la  libertad  de 
contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías o 
de los servicios comerciales, o limiten la competencia, serán nulas de pleno 
derecho.»
Decimonoveno.  La modificación del RD-Ley 8/2017 operada por el RD-Ley 9/2019. 
El 31 de marzo de 2019 entró en vigor el RD-ley 9/2019.
1.  El 31 de marzo de 2019 entró en vigor el RD-ley 9/2019, que manifiesta tener por 
objeto consolidar el marco de liberalización del régimen de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
Para ello, ha introducido una serie de modificaciones en la Ley 14/1994, de 1 de  s
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (en adelante, LETT), al  oe.
incorporar en dicha norma un nuevo Capítulo V dedicado íntegramente a los CPE  w.
(artículo 2); y ha reconocido expresamente las facultades de organización y dirección de  040ww
leans  seum cporensdaicsió tnitu dlaer eesm dpele laad loicreans,c ipar edvei esnedrvoi cdioe  pmoartnuearraio p daert imcualanrip lual afaccióunlt adde  dmee drceasnigcníaasr 
al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias (artículo 3).
2.  Especial mención merece el impacto que el RD-ley 9/2019 ha causado en el 
RDley 8/2017, en tanto que ha modificado su artículo 3.1, y ha derogado de manera 
expresa  el  apartado  2  de  la  disposición  final  tercera  y  el  anexo  I  del  citado  RD-
ley 8/2017.
3.  Y  en  línea  con  lo  anterior,  el  RD-ley  9/2019  derogó  la  disposición  final 
cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 -que, como ya se ha puesto de manifiesto, había modificado el 
plazo de adaptación de la norma convencional- e introdujo un nuevo plazo de adaptación 
de la norma convencional en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.  Normativa convencional.
1.  En  el  plazo  máximo  de  nueve  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del 
presente real decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse 
a lo dispuesto en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el 
artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 2. Transcurrido 
dicho  plazo,  las  disposiciones  de  los  convenios  colectivos  que  incumplan  lo 
previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho.»
El plazo de nueve meses concedido por la disposición adicional segunda del RD-
ley 9/2019 finalizó el pasado 31 de diciembre de 2019.
Vigésimo.  Borrador de un nuevo acuerdo marco en el sector de la estiba.
1.  En  noviembre  de  2019,  ANESCO,  en  representación  de  las  empresas 
estibadoras y CPE, y COORDINADORA, UGT, CC.OO. y CIG, en representación del 
personal del sector de la estiba, llegaron a un principio de acuerdo en el contenido de un 
nuevo convenio colectivo del sector (el V Acuerdo Marco). (descriptor 21 y 101, cuyo 
contenido, se da íntegramente por reproducido).
D. José Luis Romero Castaño y D. Manuel Cabellos Sánchez presentaron escrito a 
la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social solicitando 
el registro depósito y publicación del V Acuerdo después del control de legalidad laboral, 
lo remita a la CNMC a través del procedimiento previsto en el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Trabajo y la Comisión nacional de la competencia ante 25 de enero 
de 2010. (Descriptor 99), sin que conste su publicación.
2.  En el marco del proceso de control de legalidad de dicho convenio colectivo, en 
fecha 20 de diciembre de 2019, la CNMC realizó una serie de observaciones acerca de 
la adecuación del contenido del V Acuerdo Marco a las normas de competencia, en 
virtud del Convenio de colaboración suscrito el 25 de enero de 2010 entre el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración y la entonces vigente Comisión Nacional de Competencia (hoy, 
CNMC).
3.  De entre las observaciones de la CNMC destaca la relativa a la obligación de 
contratación por parte de las empresas estibadoras de determinado personal de los CPE 
en casos de disolución total del CPE o separación de una empresa estibadora de dicho 
CPE.
A criterio de la CNMC, dicha obligación «constituye una restricción de la libertad de 
contratación y dificulta la salida de una entidad de puesta a disposición de trabajadores».
La  CNMC  también  considera  que  con  la  imposición  de  cargas  de  salida  a  las 
empresas  estibadoras  se  restringe  la  libertad  de  contratación  y  pone  en  riesgo  la  s
competencia en igualdad de condiciones entre los CPE y las empresas de trabajo  oe.
temporal,  lo  que  además  «puede  situar  en  desventaja  competitiva  a  las  empresas  w.
ísenostmteibgeartademorsreean st eain  pteolagr srra enplitrmeosdit audcceiiod noue)ns  CPseEñ afrleandtaes »a. (Demespcrreipsatosr  te2r2c,e racsu yqou ec opnuteedneidno ,o pstaer  sdina   2021-12040n https://ww
4.  Dichas observaciones de ilegalidad puestas de manifiesto por la CNMC y el
Ministerio de Trabajo no han sido subsanadas u sustituidas por nuevo acuerdo entre las  Bc
partes, por lo que, por el momento, la negociación del V Acuerdo Marco se encuentra 
bloqueada y en ultraactividad el IV Acuerdo Marco.
5.  El pasado 10 de noviembre de 2020, la CNMC volvió a pronunciarse por tercera 
vez acerca del contenido del V Acuerdo Marco y emitió «INFORME RELATIVO A LA 
SOLICITUD DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL BORRADOR DE 
V ACUERDO MARCO PARA LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 
EN  EL  SECTOR  DE  LA  ESTIBA  PORTUARIA»,  de  10  de  noviembre  de  2020. 
(Descriptor 172, cuyo contenido, se da por reproducido).
6.  El Informe de la CNMC, de 10 de noviembre de 2020, ha sido dictado al amparo 
del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, atendiendo a la su facultad de participar en el proceso 
de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en los sectores 
sometidos a su supervisión, a la normativa de defensa de la competencia y a su régimen 
jurídico.
7.  El Informe ha sido emitido después de que, con fecha 29 de septiembre de 2020, 
se presentase ante el Registro de convenios y acuerdos colectivos (REGCON) del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social una nueva versión (la tercera) del V Acuerdo 
Marco, toda vez que las dos versiones anteriores, también sometidas al criterio de la 
CNMC, presentaban serias y reiteradas infracciones legales en materia de defensa de la 
competencia. (Descriptor 173)
8.  Las partes firmantes incorporaron una condición suspensiva en virtud de la cual 
«no se considerará adoptado por las partes, no producirá ninguna clase de efectos y no 
entrará en vigor hasta que la CNMC no emita su análisis» y siempre que dicho análisis 
no exprese «reservas sobre la compatibilidad con la normativa aplicable en materia de 
defensa de la competencia de alguna disposición del V Acuerdo la CNMC».
Las principales conclusiones del informe de la CNMC en relación con este nuevo 
texto son las siguientes:
(i)  Artículo 6: Dado que el V Acuerdo Marco obliga a las empresas estibadoras y 
CPE a compartir información comercial y operativa sensible, la CNMC considera que la 
mera referencia al deber de sigilo no basta para asegurar su efectivo complimiento, sino 
que debe acompañarse de una «medida de verificación y garantía de cumplimiento para 
prevenir cualquier utilización anticompetitiva de dicha información».
(ii)  Artículo  12:  En  relación  con  las  limitaciones  a  la  contratación  temporal  de 
trabajadores, la CNMC se remite a lo manifestado en sus anteriores Informes.
(iii)  Artículo 13: En los informes de 8 de mayo y 28 de julio de 2020, la CNMC ha 
advertido sobre el establecimiento de un sistema de distribución del trabajo, obligatorio 
para las empresas estibadoras del CPE, que otorgue preferencia al personal del CPE 
frente a otros modelos de prestación del servicio. Las modificaciones introducidas en la 
última versión del VAME no resuelven dicha situación. Por tanto, nos remitimos a lo ya 
señalado a este respecto en el informe de 28 de julio.
(iv)  Artículo 18: El Informe de 10 de noviembre de 2020 sostiene Debe advertirse 
de que si la obligación de puesta a disposición de información, medios y sistemas de 
trabajo  se realizara tan solo a favor  de los  CPE se produciría un riesgo sobre la 
competencia efectiva en la medida en que la preferencia de los CPE implique una 
expulsión (actual o potencial) de competidores reales o potenciales no amparada por la 
Ley.
Por otro lado, la puesta a disposición de información implica también un riesgo de 
difusión de información comercialmente sensible. e.
(v)  Artículos 34 a 37 y disposición transitoria única en el nuevo redactado, el V  w.b
Acuerdo  Marco.  La  CNMC  informa:  Los  artículos  34  a  36  no  han  sido  objeto  de  040ww
modificación en el borrador ahora analizado.
que Slaí  seem ipnrcelusaye ens tmiboaddioficraa csioanlieenst ee ny  elal  adritríeccucloió n3 7d, eel nC PcuEy ore paálizrraarfáon p lraim aeurtoo esvea lrueaccoiógne 
de las eficiencias de la recolocación de personal y que, tanto la elaboración como el
acceso a la autoevaluación, preservarán la necesaria confidencialidad de los datos 
individuales de las empresas estibadoras y, en particular, los relativos al volumen de 
actividad económica estimada en el futuro.
Asimismo, prevé que, en caso de discrepancia entre la empresa saliente y el CPE 
afectado, se encargará a un tercero independiente la realización de un informe sobre las 
eficiencias de la recolocación y subrogación de personal. De esta forma, en los casos en 
los  que  la  autoevaluación  o  el  informe  del  tercero  independiente  no  acrediten  las 
eficiencias de la recolocación o subrogación convencional de todo o parte del personal, 
la empresa saliente no estará obligada a la recolocación del personal afectado.
La CNMC ha venido afirmando en sus informes previos que el sistema descrito 
puede solo considerarse conforme a derecho en la medida en que se acrediten y 
justifiquen caso por caso sus eficiencias y la asunción voluntaria de las obligaciones que 
del mismo se derivan, bajo la óptica de los artículos 1.3 LDC y 101.3 TFUE y la 
jurisprudencia que los interpreta.
El hecho de que la versión del VAME objeto del presente informe haya introducido en 
el artículo 37 referencias a la «autoevaluación de eficiencias» en el momento de la salida 
de  una  empresa  del  CPE  no  garantiza  el  cumplimiento  de  las  exigencias  de 
autoevaluación a que se había hecho referencia en los informes anteriores de la CNMC 
ya que las mismas son preceptivas respecto de todo el sistema y no solo respecto del 
mecanismo de salida.
Los  potenciales  efectos  negativos  de  un  acuerdo  sobre  la  competencia  deben 
verificarse desde la entrada en vigor del mismo para evitar la generación de efectos 
restrictivos  de  la  competencia  no  compensables  por  las  eventuales  eficiencias 
generadas.
En segundo lugar, en el art. 37, el análisis de eficiencias previsto se plantea respecto 
«de la recolocación de personal para las partes». Sin embargo, como indica la Comisión 
Europea en sus Directrices sobre la aplicación del artículo 81.3 del Tratado (actual 
artículo 101.3 TFUE):
«49.  Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente pueden tenerse 
en cuenta los beneficios objetivos. Esto significa que las eficiencias no se evalúan desde 
el punto de vista subjetivo de las partes […]»
En tercer lugar, como recuerda la Comisión Europea, «para que el apartado 3 del 
artículo  81  [actual  artículo  101  TFUE]  sea  aplicable,  los  efectos  procompetitivos 
derivados del acuerdo deben superar a los anticompetitivos, debe verificarse cuál es el 
vínculo entre el acuerdo y las eficiencias y alegadas y cuál es el valor de las mismas».
La sistemática que recomienda la Comisión Europea para el análisis de eficiencias 
consiste en que «… todas las mejoras de eficiencia alegadas deberán justificarse, de 
modo que puedan verificarse los puntos siguientes: a) la naturaleza de las eficiencias; b) 
el vínculo entre el acuerdo y las eficiencias; c) la probabilidad e importancia de cada 
eficiencia alegada y d) cómo y cuándo se obtendrá cada supuesta eficiencia».
En cuarto lugar, debe recordarse que la identificación de eficiencias es solamente 
una de las cuatro condiciones que deben verificarse de modo cumulativo para que un 
acuerdo restrictivo de la competencia sea admisible. Las otras tres condiciones son que 
debe reservarse a usuarios de los servicios una participación equitativa en el beneficio 
resultante; que las restricciones deben ser indispensables para alcanzar los objetivos, y 
que el acuerdo no debe ofrecer a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. e
El análisis de tales condiciones requiere una ponderación, como se ha señalado, de  bo
los posibles efectos negativos y positivos en cada caso concreto, como se advertía en el  040ww
einffeocrtmose  drees t2ri8c tidvoes j udlieol  paocru eersdtao  Cy NdMeC  l,a l oi nqduisep eimnspalibciali duand  aonbájelistiivsa  ddee l olsa sp octoennccrieatlaess 
tcelámupsourlaals  ddee lt raabcaujearddoor epsa rean  acsaedgau rcaars ola sc oenfcicreieton,c iaassí  qcuoem os ed ea clare rdeitseenr vean d ela  upnrao vpisairótne 
equitativa de los beneficios a los consumidores y usuarios de los servicios y la no
eliminación de la competencia, todo ello en relación a la concreta situación competitiva y 
su afectación por el acuerdo en cada mercado.
En otro orden de cuestiones, la nueva redacción de la disposición transitoria ha 
añadido al régimen previsto anteriormente que, a solicitud de la empresa estibadora 
saliente -comunicada en el plazo inicial de 30 días- y siempre que se motiven con 
claridad las circunstancias objetivas concurrentes, un tercero independiente nombrado 
de común acuerdo por las partes afectadas, podrá ampliar el plazo de materialización de 
la salida hasta un máximo de 6 meses.
Esta modificación no altera el plazo para comunicar la intención de salir, que se 
mantiene en 30 días, por lo que se reitera la valoración realizada por la CNMC en el 
informe de 28 de julio.
Por otra parte, no cabe evaluar favorablemente un procedimiento de elección del 
tercero independiente como el determinado que no concreta ni acota temporalmente su 
designación ni establece un cauce para llevarla a cabo, ni un sistema de determinación 
de la persona indicada, puesto que la ausencia de designación corre solamente en 
contra de los intereses de la empresa saliente, de modo que puede existir un conflicto de 
interés por el CPE en la designación.
Asimismo,  deberían  establecerse  cautelas  para  asegurar  la  independencia  del 
tercero respecto de los intereses de las partes y la introducción de consideraciones de 
competencia en la resolución del posible conflicto, así como la posibilidad de que dicho 
tercero independiente prorrogue el plazo de materialización de la salida efectiva de la 
empresa.
(vi)  Artículos 53 a 55: En cuanto a la formación y prácticas no laborales, la CNMC 
sostiene que debe recalcarse de nuevo, como ya hicieron los informes anteriores de la 
CNMC,  que  cualquier  modo  de  ejercer  tales  funciones  que  supongan,  directa  o 
indirectamente, un tratamiento desigual entre empresas, la atribución de exclusividades, 
o la creación de dificultades para el acceso a la actividad, o favorezca el alineamiento de 
comportamientos  comerciales  entre  empresas  o  cualquier  otra  restricción  de  la 
competencia, puede ser objeto de investigación y, en su caso, sanción por infracción de 
la normativa de competencia.
Por ello, el texto del AM debería recoger expresamente que el ejercicio de estas 
funciones debe respetar la normativa de competencia e introducir sistemas para evitar la 
aparición  de  tales  riesgos.  Asimismo,  cualquier  función  que  suponga  el  apoyo  a 
empresas o el otorgamiento de fondos debe asegurar la igualdad de trato a cualquier 
empresa  legalmente  capacitada  para  realizar  las  actividades  de  que  se  trate  en 
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.
En cuanto a la designación de tutores para las prácticas (artículo 55), la CNMC 
considera  que,  debe  valorarse  positivamente  que  se  haya  previsto  el  compromiso 
colectivo de nombramiento de tutores. Sin  embargo, tal compromiso puede quedar 
fácilmente vacío de trascendencia práctica, por lo que debe preverse un procedimiento 
concreto y acotado temporalmente para la designación de tutores, de modo que se 
asegure que, en la práctica, no se producirán situaciones de falta de designación. 
(Descriptor 172).
Vigésimo primero.
Por Resolución de la Dirección General de Empleo se anuncia la constitución de la 
asociación  empresarial  denominada  «Asociación  Estatal  de  Empresas  Operadoras 
Portuarias «(ASOPORT) (BOE 30 de septiembre de 2017) (Descriptor 24 y 217).su  e.
presidente  es  D.  JOAQUIN  COELLO  BRUFAU.  Los  estatutos  aparecen  unidos  al  w.b
descriptor 5, cuyo contenido, se da por reproducido. 040ww
manLipousl amciieómn bdreo sm deerc aAnScOíaPsO, cRoTm sporne n4d7id laicse ennci a1s5  dgeru speorsv iecmio pproerstauraiariloe sd,e r eepsrteibsae nptaar ad olas 
en laE nJ uenl tas isDtieremcati vpao rdteu alari oA seoscpiaañcoiól nh.ay 142 licencias de estiba (en 2017), y ASOPORT
representa más del 30% del sector.
ASOPORT, a través de sus asociados, está presente en 22 de las 28 Autoridades 
Portuarias del sistema portuario español.
Las 47 licencias de la Asociación han realizado en 2017 un total de 19189 jornales 
en el sistema portuario español.
ASOPORT, a través de sus asociados, representa por tanto en cada puerto:
A Coruña: 100%, Almería: 64%, Avilés: 69%, Bilbao: 13%, Cádiz: 17%, Castellón: 
55%, Ferrol: 100%, Gijón: 60%, Huelva: 44%, Málaga: 75%, Marín: 77%, Melilla: 10%, 
Motril: 33%, Pasajes: 49%, Sagunto: 57%, Santander: 40%, Sevilla: 19%, Tarragona: 
60%, Valencia: 1%, Vigo: 1%, Vilagarcía: 29% (Descriptor 23).
En la reunión del Comité ejecutivo de ASOPORT de 16 de enero de 2020, se aprobó 
la conveniencia de interponer la presente demanda ante la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional para determinar de forma expresa las cláusulas contrarias a derecho 
del IV Acuerdo Marco. (Descriptor 223).
Vigésimo  segundo.  Del  informe  de  Puertos  del  Estado  (observatorio  de  puertos 
españoles) sobre la evolución del sector de la estiba portuaria.
Los datos obtenidos por dicho informe son del 56% de las SAGEP/CPE (página 16). 
De las 36 SAGEP existentes, se han disuelto o estaban en proceso de disolución 5 de 
ellas en Galicia (que contrataban apenas unas decenas de estibadores) y el resto, en 
cumplimiento del mandato legal, se han transformado en CPE.
Evolución del número de empresas que participan del capital en los CPE frente a las 
antiguas SAGEP: en cuanto a su transformación en CPE, en general (salvo en los casos 
de  Valencia,  Alicante  y  Lanzarote),  no  ha  habido  cambios  en  las  empresas  que 
constituían el capitán de las antiguas SAGEPs y que ahora forman parte de los CPE en 
los que se han transformado, ni tampoco en cuanto a su porcentaje de participación.
No hay constancia de ningún CPE de nueva creación que no deriven de una SAGEP. 
Se sigue el esquema de un CPE por puerto. Es decir, la misma situación que antes de la 
STJUE de diciembre de 2014. La mayor parte de los estibadores siguen empleados en 
las SAGEP (ahora CPE), en términos similares en los que se ha venido prestando el 
servicio de la estiba en España en los últimos decenios; es decir, hay un único proveedor 
de mano de obra por puerto (antes denominados SAGEP y ahora CPE) a quien las 
empresas titulares de licencia de manipulación de mercancía solicitan los estibadores 
necesarios. Efectivamente, según resulta de los datos reflejados en la página 22 del 
documento analizado, a 31 de diciembre de 2019, los CPE tenían empleados a 6.103 
estibadores (más 153 trabajadores de estructura), y existían otros 279 estibadores en las 
SAGEP que todavía no se habían transformado (más 21 de estructura). Es decir, un total 
de 6.556 empleados (estibadores y de estructura) en las SAGEP/CPE. Las ETT que 
operan en los puertos españoles (recordemos que las ETT ya operaban incluso con 
anterioridad a la STJUE) tienen 293 trabajadores. La relación es de 1 trabajador de ETT 
por  cada  23  de  las  SAGEP/CPE.  Los  trabajadores  contratados  directamente  por 
empresas estibadoras son 614 en todos los puertos estatales y este número incluye no 
sólo empresas estibadoras sino otras empresas. La relación es de 1 a diez: 1 trabajador 
propio de las empresas estibadoras (incluyendo estas otras empresas sin licencia) por 
cada 10 de las SAGEP/CPE. (página 27 del citado documento) (Descripción 217).
Vigésimo tercero.
Se dan por reproducidos los acuerdos para la transformación de la SAGEP en centro  oe.
portuario  de  empleo  de  las  empresas  estiba  doradas  del  puerto  de  Bilbao  y  de  w.
VBiiglbéoseimstoiv ac uSaArtGo.EP (doc.1 aportado en el acto del juicio) 2021-12040n https://ww
En relación con la aplicación de la disposición adicional séptima al IV Acuerdo con
motivo de la solicitud de separación de IST de la SAGEP del Puerto de Sagunto.
El  Real  Decreto-ley8/2017,  en  su  disposición  transitoria  primera,  permite  a  las 
empresas accionistas de las SAGEP ejercer su derecho a separarse de la misma, en un 
plazo de seis meses, de manera individual y voluntaria, sin más condicionamientos que 
la venta de sus acciones al resto de accionistas que decidan continuar en ella. Sin 
embargo, en el IV Acuerdo se introdujeron una serie de obligaciones adicionales como la 
imposición a las empresas de la subrogación del personal estibador de la SAGEP tal 
como se ha indicado.
Transcurridos los seis meses previstos por el Real Decreto-ley, la única empresa que 
consta  que  solicitó  su  separación  de  la  SAGEP  fue  IST,  perteneciente  al  GRUPO 
ALONSO, activa en el Puerto de Sagunto y titular de una licencia para la prestación del 
servicio de manipulación de mercancías, concretamente en el ámbito de entrega y 
recepción de contenedores.
Según informa Puertos del Estado, en el Puerto de Vilagarcía de Arosa, la empresa 
GARCÍA REBOREDO HERMANOS, S.L. habría comunicado su interés de separarse de 
la SAGEP, pero sin que se tenga información de su efectiva tramitación52. Igualmente, y 
también  de  acuerdo  a  la  información  proporcionada  por  Puertos  del  Estado,  las 
empresas socias de las SAGEP de Ferrol, Coruña y Marín, han anunciado su intención 
de disolverlas, si bien no se ha adoptado aún ningún acuerdo al efecto.
El 13 de noviembre de 2017 IST comunicó su voluntad de separarse de la SAGEP de 
Sagunto  (en  adelante,  SESASA)  mediante  un  escrito  dirigido  al  Consejo  de 
Administración de dicha entidad.
Los  motivos  alegados  por  IST  fueron  la  insuficiencia  del  servicio  prestado  por 
SESASA; la incompatibilidad entre las especialidades de los estibadores requeridas por 
IST para su operativa y la organización de asignación de especialidades de la SESASA; 
el incumplimiento de los pactos alcanzados en 2011 con el Comité de Empresa 55, y la 
inseguridad jurídica y laboral de cara al futuro, dada las diferencias de los plazos 
concesionales con otros socios de la SAGEP.
Según informa la empresa, a partir del momento en el que comunicó su intención de 
separarse de SESASA, tanto ella misma como otras empresas pertenecientes al GRUPO 
ALONSO, fueron objeto de una serie de actos que han perjudicado notablemente su 
negocio y competitividad.
Concretamente, IST informa de que el 4 de diciembre de 2017 comunicó a la 
Autoridad Portuaria de Valencia (APV) el descenso del rendimiento en los servicios 
prestados  por  los  trabajadores  de  SESASA  para  la  actividad  de  manipulación  de 
mercancías.
A  resultas  de  las  citadas  denuncias,  SESASA  incoó  una  serie  de  expedientes 
disciplinarios al amparo de lo previsto en el IV Acuerdo vigente.
IST ha acreditado otro tipo de perjuicios sufridos como la pérdida de clientes, a causa 
de la imposibilidad de ofrecer un servicio competitivo como consecuencia del acreditado 
descenso del rendimiento de los trabajadores cedidos por SESASA. La entidad aporta un 
informe del rendimiento en los trabajos realizados por SESASA durante el año 2017 y en 
particular durante el mes de diciembre y acta notarial de la valoración de los daños 
económicos sufridos por IST comunicados a SESASA el 1 de enero de 2018.
La naviera NISA MARÍTIMA, perteneciente al GRUPO ALONSO, también denunció 
ante Puertos del Estado un boicot sufrido en diversos puertos en los que opera.
El propio organismo Puertos del Estado informó a la Dirección de Competencia de la 
situación sufrida por NISA MARÍTIMA.
En el citado escrito, Puertos del Estado informa de que el 8 de enero de 2018 recibió  s
una denuncia de NISA MARÍTIMA en la que manifiesta haber sufrido desde el 18 de  oe.
noviembre de 2017 un descenso de rendimiento del servicio prestado por el personal  w.
cedido por las SAGEP en los puertos de Sagunto, Las Palmas, Arrecife, Santa Cruz de  040ww
dTeenteerrioifera yd oB saurc ceolomnpae, tqituiveid laed h.a obligado a alterar algunas de sus rutas y, en general, ha
requAe rriemsiuelntatos  ddee  diincfhoar mdaecniuónnc, iaa, l eal m9 pdaer oe ndeerol  daert í2cu0l1o8 , 1P2u5e.1rt odse dl eTl RELstPaEdMo Mdi,r igaió  luans   BOE-A-cable e
Autoridades  Portuarias  de  los  Puertos  afectados  por  los  hechos  denunciados.  En 
respuesta a dichos requerimientos, las Autoridades Portuarias de Valencia y Las Palmas 
confirmaron  el  descenso  del  rendimiento  en  aquellas  operaciones  en  que  estaban 
implicadas empresas del GRUPO ALONSO, coincidiendo con la comunicación de la 
decisión de IST de su abandono de la SAGEP del Puerto de Sagunto. La Autoridad 
Portuaria de Las Palmas informó también de la apertura de expedientes disciplinarios a 
los trabajadores responsables. La Autoridad Portuaria de Tenerife contestó que no tenía 
nada que manifestar al respecto. La Autoridad Portuaria de Barcelona manifestó que los 
bajos  rendimientos  denunciados  estaban  justificados  por  la  necesaria  aplicación  de 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo.
Tras la solicitud de separación de IST se inició el correspondiente procedimiento en 
aplicación de la mencionada disposición del IV Acuerdo.
El 21 de noviembre de 2017 remitió su solicitud de separación de SESASA a la 
CPSE.
El 4 de diciembre de 2017 la CPSE organizó una reunión «para establecer los 
criterios para la asignación de trabajadores que habrían de ser subrogados».
IST alegó que en la citada reunión se vulneró su derecho de audiencia ya que su 
participación se limitó a la exposición de su propuesta y no se le dio la oportunidad de 
estar presente durante la exposición del resto de partes interesadas (SESASA y la 
representación  unitaria  de  los  trabajadores),  quienes  sí  lo  estuvieron  durante  la 
intervención de IST.
La CPSE se reunió de nuevo el 11 de enero de 2018 con el fin de tratar los criterios 
de asignación de los trabajadores subrogados a IST.
IST  ha  denunciado  que,  a  petición  del  sindicato  CETM,  se  mantuvieron  varias 
reuniones informales en las que solicitó que IST retirara su decisión de separarse de la 
SAGEP.
Además, durante el mes de marzo de 2018, al tiempo que se estaba negociando la 
asignación de trabajadores a IST, los trabajadores estibadores de SESASA coaccionaron 
la entrada y salida del personal de IST y les fue necesario solicitar protección policial.
El  4  abril  de  2018  la  CPSE  (entidad  en  que,  como  se  ha  acreditado,  están 
representadas las empresas competidoras de la solicitante por 7 de las participantes en 
este mercado) informó favorablemente el mecanismo de asignación determinado.
Según indica el certificado de la CPSE emitido con posterioridad a dicha reunión, «en 
dichas reuniones se consensuó que el número de trabajadores a subrogar es de 19, con 
las siguientes categorías y especialidades: 2 capataces, 3 clasificadores, 3 operadores 
de grúas portainer, 5 mafistas, 4 carretilleros y 2 estibadores. Como quiera que el 
número de voluntarios era superior al de trabajadores a subrogar, se acordó efectuar la 
asignación de personal conforme al criterio previsto en el apartado (v) de la citada 
disposición adicional, de donde resultó un listado nominal de estibadores, en relación 
con el que concurría la conformidad de todas las partes»
El número concreto de trabajadores asignados a IST corresponde al 19,02% de su 
participación en el accionariado de la SAGEP y según IST, la concreta identificación de 
las categorías y especialidades de estos 19 trabajadores ha sido realizada por SESASA, 
en función de las personas que esta empresa ha empleado en los últimos doce meses 
anteriores  a  la  fecha  de  comunicación  de  IST  de  separarse  de  la  SAGEP.  Tras 
comunicarse  por  la  SAGEP  esta  propuesta,  todos  los  trabajadores  han  aceptado 
subrogarse voluntariamente.
IST ha manifestado que la efectiva incorporación de 19 trabajadores más a su  s
plantilla, en condiciones de jornada laboral completa todo el año y sin flexibilidad, no  oe.
responde a sus necesidades operativas y supone un sobredimensionamiento de su  w.
plantilla. La separación se llegó a hacer efectiva. (Descriptor 127) 040ww
Se han cumplido las previsiones legales.
Fundamentos de Derecho
Primero.
En cuanto a los hechos declarados probados, se obtienen de los documentos que en 
ellos se indica, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la 
LRJS.
Segundo.
Se solicita que se dicte sentencia por la que,
(i)  se declare la nulidad de pleno derecho en los términos que resultan de la 
fundamentación jurídica precedente, por contravenir el RD-ley 9/2019, el RD ley 8/2017, 
el artículo 49 del TFUE y la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, de las 
siguientes disposiciones del IV Acuerdo Marco:
Artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13, del IV Acuerdo Marco; artículo 7 
del IV Acuerdo Marco; artículo 8 del IV Acuerdo Marco; artículo 9 del IV Acuerdo Marco; 
artículo 10, apartados 1, 4, 5 y 6, del IV Acuerdo Marco; artículo 11 del IV Acuerdo 
Marco, en sus referencias a la relación laboral especial; artículo 12, apartado 2, del IV 
Acuerdo Marco; artículo 18, apartado 1, del IV Acuerdo Marco; artículo 19, apartado 1.e), 
del IV Acuerdo Marco; disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco.
(ii)  declarar la nulidad de pleno derecho de la disposición adicional séptima del IV 
Acuerdo Marco por vulnerar el principio de igualdad ex artículo 14 de la CE.
Frente a tal pretensión no comparecen estando citados en legal forma EUSKO 
LANGILEEN ALKARTASUNA y LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK.
COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DEL MAR, alegó las excepciones 
de falta de legitimación activa y falta de acción y, en cuanto al fondo se opone a la 
demanda. En noviembre de 2019, los sujetos legitimados para la negociación, ANESCO 
(por la parte empresarial )y CETM, UGT, CC.OO y CIG ( por la parte sindical) alcanzaron 
un principio de acuerdo del V Acuerdo Marco para la regulación de las relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria.las partes legitimadas para la negociación 
tienen negociado el texto del V Acuerdo con derogación expresa del convenio colectivo 
en  vigor  objeto  del  presente  procedimiento,  para  su  adaptación  definitiva  a  las 
modificaciones  legales.  En  relación  a  la  supuesta  nulidad  de  los  artículos 
específicamente impugnados del IV Acuerdo Marco, procede declararnos conforme a 
derecho, solicitando, en definitiva, la desestimación integra de la demanda.
UGT, se adhiere a la excepción de falta de legitimación activa alegada por CETM y a 
sus manifestaciones,alega la excepción de falta de legitimación activa en relación a la 
acción de tutela de derechos fundamentales y de falta de acción y en cuanto al fondo, se 
opone a la demanda la disposición adicional séptima y el artículo 19.1.e) han perdido 
vigor y en cuanto a la legalidad del resto de los preceptos impugnados en cuestión 
jurídica, si bien entiende que los preceptos deben integrarse en el ámbito jurídico para 
evitar vacíos normativos.
CC.OO,  se  adhiere  a  lo  manifestado  por  los  codemandados  y,  se  opone  a  la 
demanda.
CIG, se adhiere a lo manifestado por los codemandados y se opone a la demanda.
ANESCO, alega la excepción de falta de legitimación activa para el ejercicio de la  e
acción de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas y la excepción de falta  bo
de acción en relación con las normas impugnadas relativas a la relación laboral especial  040ww
ndoerl mpaesrs oqnuael  ensoti beasdtoárn  y vliagse nrteelsa.t iveans  are llaacsi óSnA GcoEnP , lap ordqisupeo ssiec iópnid ea dlaic inounlaidl ad7 .ªd ey  laesl 
adretmícualnod a1 9p.o2r  dseelr  IpVle AnaSmEe, natele gvaá lifdaoltsa  yd ee fiacacccieósn .l oEs np rceucaenpttoo sa li mfopnudgon,a dsoes ,o psionn eq uae  llaa 
DA 7.ª del IV ASE, vulnere el principio de igualdad. Finalmente manifiesta en relación a 
la resolución de 18 de septiembre de 2020 de la CNMC que no es firme.
El Ministerio Fiscal en su informe solicitó la estimación de la demanda y la nulidad de 
los apartados especificados en la demanda por ser contrarios al artículo 3 del Real 
Decreto ley 9/2019 a la STJUE de 11 de diciembre de 2014 y a las resoluciones de la 
CNMC.
Tercero.
Es regla general de nuestro ordenamiento jurídico procesal laboral la de que todas 
las cuestiones e incidentes que se propongan se plantearán en el acto de juicio y se 
resolverán en la sentencia definitiva, decidiendo en primer lugar, las que puedan obstar 
al pronunciamiento de fondo sobre la cuestión principal y habiéndose alegado por CETM, 
UGT, CCOO y ANESCO las excepciones de falta de legitimación activa y falta de acción, 
procede su previo análisis, señalando al efecto que la STS de 4-3-2019, rec. 187/2017, 
se ha pronunciado en relación a esta excepción en procedimiento de impugnación de 
convenio en los siguientes términos:
«(…) En lo que ahora nos ocupa, la legitimación para impugnar por ilegalidad o 
lesividad un convenio colectivo se ha restringido legalmente ( artículo 165 LRJS ) a unos 
concretos  sujetos  y,  constitucionalmente,  se  ha  considerado  que  tal  limitación  es 
conforme con el art. 24 CE "en la medida en que existen sujetos colectivos que encarnan 
el interés común y que representan legalmente a los incluidos en el ámbito del convenio" 
[ STC 89/2001, de 2 de abril ] y, además, es "proporcionada a los límites que el derecho 
a la negociación colectiva y el carácter vinculante de los Convenios justifica que se 
impongan" [ STC 88/2001, de 2 de abril ]. Y ello porque los intereses particulares de 
quienes se encuentran en el ámbito del Convenio tienen vías procesales en las que 
combatir los concretos actos en los que se aplica [ STC 56/2000 de 28 de febrero ] 
pudiendo incluso interesar que el órgano jurisdiccional entre a valorar la posible nulidad 
de  las  cláusulas  cuya  ilegalidad  se  propugna  [  STC  56/2000,  de  28  de  febrero  ]. 
Igualmente, esta Sala recuerda que "la limitación de la legitimación activa para instar el 
control abstracto de los convenios colectivos no supone el establecimiento de obstáculos 
innecesarios o excesivos de acceso a la jurisdicción y es una medida razonable y 
proporcionada  porque  responde  a  la  finalidad  de  "promoción  de  la  estabilidad  del 
convenio" ( STS 10 febrero 1992, rec. 1048/91, que a su vea invoca STC 47/1988 
(EDJ  1988/363),  cuyo  fund.  jur.  4.º  establece  esa  doctrina;  también,  STS  15 
febrero 1993, rec. 715/1991, citada antes)." [ STS 14/04/2000, R. 982/1999 ].
d)  Como recordaba la STS de 28 de octubre de 2004, RCUD 1943/2003, en los 
niveles de relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, cabe diferenciar tres 
niveles,
"a)  Uno primero consistente en un interés genérico y abstracto en preservar la 
aplicación del derecho en un determinado sentido, pero sin que ello influya en la esfera 
de intereses propios de quien lo ejercita, que queda fuera del ámbito de la legitimación 
pues nadie, ni tampoco un Sindicato, puede comparecer en un proceso "como un 
guardián abstracto de la legalidad".
b)  Un segundo nivel calificado por el interés en defender un derecho que sí atañe 
de forma directa al ámbito de actuación de la persona física o jurídica que actúa, puesto 
que la solución que se dé al pleito afecta a la esfera de derechos que le son propios, en  s
cuyo caso estamos ante la defensa de un interés legítimo y por ello legitimador. oe.
ehsa lleacDl  )dqi ciuhseUca un mst ietadennortic efeienenrcs  enitaali v  paqelnuel,aii etqloinzu" a.es  elea as l tereigbl iutpimyroeap lciaoió  cdnoe nd delai c ulienóg nSi tdiinmed aticictauiótlanor ,  edenen l s tdauen srteoec nohtisodt oes nuttrbaajned tilciavio odn qeaufle eqn usseae    2021-12040n https://www.
de los intereses económicos y sociales que le son propios y que la LOLS y el art. 17 LPL
le reconocía y que entendemos trasladable al caso en tanto que dichas organizaciones,  Bc
al igual que la empresariales, tiene en aquel precepto procesal el mismo tratamiento. 
Pues bien, partiendo de la doctrina constitucional y en atención al principio de tutela 
judicial efectiva, sostiene aquella sentencia que de esos tres niveles de actuación dichas 
organizaciones "se hallan legitimados para actuar y defenderse en juicio los Sindicatos 
que se hallan en relación con el objeto del proceso en cualesquiera de los dos niveles 
últimos citados, quedando excluido el primero por cuanto la defensa del derecho en 
general  constituye  un  objeto  demasiado  vago  y  abstracto  como  para  obtener  su 
actuación por medio del proceso judicial".
Sigue  razonando  que  "La  legitimación  del  segundo  nivel  citado  deviene  de  la 
existencia de un "vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión 
ejercitada" - Sic 210/1994, de 11 de julio - traducido en la existencia de un interés en 
sentido propio derivado de aquella conexión, "interés que ha de entenderse referido en 
todo caso a un interés en sentido propio, cualificado o específico, y que doctrinal y 
jurisprudencialmente viene identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición 
de  un  perjuicio  en  el  supuesto  de  que  prospere  la  acción  intentada  y  que  no 
necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esto es, tiene que existir un 
vínculo especial y concreto entre el sindicato (sus fines y actividad, etc.) y el objeto del 
debate en el pleito de que se trate" (Sic 89/2003, de 19 de mayo)". Estaríamos, según 
dice la propia sentencia, en la existencia de un "interés legítimo".
e)  En términos constitucionales, se ha dicho respecto de la legitimación activa, en 
relación con el interés legítimo que "se caracteriza como una relación material unívoca 
entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma 
que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo o negativo actual o futuro 
pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, 
cualificado y específico, actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o 
de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien 
ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta (por todas, STC 52/2007, 
de 12 de marzo, FJ 3) " [ STC 139/2010, de 21 de diciembre ]. Esto es, la legitimación se 
focaliza, como sigue diciendo el TC, en relación con las organizaciones sindicales, en la 
existencia de un interés legítimo, identificado con " la noción de interés profesional o 
económico; concepto este que ha de entenderse referido en todo caso a un interés en 
sentido propio, cualificado o específico, y que doctrinal y jurisprudencialmente viene 
identificado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el 
supuesto de que prospere la acción intentada, y que no necesariamente ha de revestir 
un contenido patrimonial. Esto es, tiene que existir un vínculo especial y concreto entre el 
sindicato (sus fines, su actividad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate 
( SSTC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5; y 24/2001, de 29 de enero, FJ 5 )" [ STC 148/2014, 
de 22 de septiembre ].
f)  Por último, en orden a la carga de la prueba sobre la legitimación, se ha dicho 
que la misma corresponde a la parte demandante que está interesada, a tenor del 
art. 217.2 de la LEC [ STS 106/2018, de 7 de febrero ].»
3.  En la aplicación de estos preceptos y bajo los criterios constitucionales, así como 
los jurisprudenciales, antes referidos, se debe concluir en que los demandantes deben 
ser alguno de los sujetos que, identificados por el artículo 165 LRJS el artículo 165 
LRJS, representen los intereses de un colectivo, debiendo mediar, además, un interés de 
los mismos en la concreta pretensión, como señala la STS de 23 de marzo de 1994, R. 
2256/1992, al decir que "el calificativo "interesados" cobra una indiscutible importancia a 
los efectos de determinar cuáles son las entidades o representaciones sobre los que se  e.
asienta la legitimación que comentamos: sólo puede reconocerse ésta a las que ostenten  w.b
esa condición". 040ww
reprEesseton teasn,  seinsoe  qinutee rdéesb neo e xsiosltoir  suen  vcíonncfuiglou reas pceocmiaol  yu nc oinntcerreétos  ecnotlerec tdivicoh od es uqjueiteon qeuse s ael 
pseleri tpoe drseo qnuae j usreíd itcraat es,e " vvíinnccuullaor íoa  nae sxuos q fuinee hs,a barcáti vdidea pdo, nedtce.r–ayrs eel  eonb jectaod ad ecl adseob ay teq ueen  seel 
plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o
beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso 
entablado  (  SSTC  7/2001,  de  15  de  enero...y  24/2001,  de  29  de  enero... 
( SSTC 164/2003 y 112/2004 )" [ STS 16/12/2016, R. 124/2007 ].
Más específicamente y en relación con las Asociaciones empresariales se ha dicho 
que, a tenor del precepto legal antes citado, no todas las asociaciones empresariales 
están legitimadas activamente, sino solo aquellas en las que concurra la cualificación de 
"interesadas". Y Así se ha reconocido interés "en sentencia de 15 de febrero de 1993 
(recurso 715/91 ), que ha indicado que "está desde luego interesada en la impugnación 
por quedar sus representados incluidos en el campo de aplicación del Convenio y por 
afectar  el  mismo  a  las  posibilidades  de  negociación  estatutaria  de  la  propia 
demandante". En esta línea. la sentencia de 15 de octubre de 1996 (recurso 1883/95 ), 
reconoce legitimación activa "a aquellas Asociaciones de empresas interesadas en la 
impugnación  por  estar  sus  representados  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  del 
Convenio" [ STS 14/04/2000, R. 982/1999 y 15/03/2004, R. 60/2003].
Igualmente  se  ha  apreciado  que  existe  interés  "por  quedar  sus  representados 
incluidos  en  el  campo  de  aplicación  del  Convenio  y  por  afectar  el  mismo  a  las 
posibilidades  de  negociación  estatutaria  de  la  propia  demandante",  con  cita  de  las 
SSTS 15/02/1993 -rco 715/1991 -; 15/03/2004 -rco 60/2003 -; y 22/03/17 -rco 127/2016 
[ STS 106/2018, de 7 de febrero].
Todo  ello,  dentro  del  marco  legal  en  el  que  se  configuran  las  asociaciones 
empresariales, como derecho fundamental que se reconoce en el art. 7 de la CE, como 
organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que le son propios. Esto es, la asociación se constituye en la rama de actividad 
que  estima  conveniente  para  la  defensa  de  sus  intereses  respectivos,  tal  y  como 
reconoce  el  art.  1.1  de  la  Ley  19/1977,  de  1  de  abril,  reguladora  del  derecho  de 
Asociación Sindical, y el art. 1 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre 
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.»
En el caso que nos ocupa, la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias 
(Asoport) impugna el IV acuerdo marco para la regulación de las relaciones laborales en 
el sector de la estiba portuaria. (código de convenio n.º 99012545011993), que fue 
suscrito con fecha 29 de julio de 2013, de una parte, por la organización empresarial 
Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO), 
en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO. y CIG, en representación 
del colectivo laboral afectado, y publicado en el BOE de 30 de enero de 2014.
La Asociación demandante, ASOPORT está afectada por el referido Acuerdo Marco, 
pero  no  fue  firmante  del  mismo,  puesto  que  se  constituyó  con  posterioridad  a  la 
suscripción del acuerdo, (BOE 30 de septiembre de 2017). Su pretensión se centra en la 
impugnación de los artículos artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13, 
artículos 7, 8, 9,10, apartados 1, 4, 5 y 6, artículo 11, en sus referencias a la relación 
laboral  especial;  artículo  12,  apartado  2,  artículo  18,  apartado  1,  artículo  19, 
apartado 1.e), del IV Acuerdo Marco; y disposición adicional séptima del IV Acuerdo 
Marco.
Debiendo ser desestimada la excepción de falta de legitimación activa porque ha 
quedado acreditado que:
Los miembros de ASOPORT son 47 licencias de servicio portuario de estiba para la 
manipulación de mercancías, comprendidas en 15 grupos empresariales, representa dos  e
en la Junta Directiva de la Asociación. bo
En el sistema portuario español hay 142 licencias de estiba (en 2017), y ASOPORT  040ww
reenp 2re2s deen tlaa sm 2á8s  Aduetl o3r0id%ad deesl  Pseocrttuoar,r iAaSs OdePlO sRisTte, ma atr apvoértsu adreio s eussp aasñoocl.iados, está presente
en eLl assis 4te7m liac epnocrtiausa rdioe  elasp Aasñoocl.iación han realizado en 2017 un total de 191819 jornales
ASOPORT, a través de sus asociados, representa por tanto en cada puerto:
A Coruña: 100%, Almería: 64%, Avilés: 69%, Bilbao: 13%, Cádiz: 17%, Castellón: 
55%, Ferrol: 100%, Gijón: 60%, Huelva: 44%, Málaga: 75%, Marín: 77%, Melilla: 10%, 
Motril: 33%, Pasajes: 49%, Sagunto: 57%, Santander: 40%, Sevilla: 19%, Tarragona: 
60%, Valencia: 1%, Vigo: 1%, Vilagarcía: 29% (Descriptor 23).
En la reunión del Comité ejecutivo de ASOPORT de 16 de enero de 2020, se aprobó 
la conveniencia de interponer la presente demanda ante la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional para determinar de forma expresa.
Las  empresas  de  ASOPORT  realizan  diferentes  actividades  que  se  encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo Marco (artículos 1 y 2). Concurre, por tanto, 
el interés legalmente exigido pues, como se avanzó, la acreditación del interés legítimo y, 
por consiguiente, la condición de asociación empresarial interesada se obtiene, como es 
el caso, cuando los representados por el sujeto demandante están incluidos en los 
ámbitos funcional y personal del convenio colectivo impugnado,estando legitimada para 
plantear  la  acción  de  impugnación  de  convenio  en  la  que  se  alega  nulidad  de 
determinados preceptos por vulneración de derechos fundamentales, sin que se está 
ejercitando un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, sino de impugnación 
de convenio colectivo regulado en los artículos 163 a 165 LJS.
Cuarto.
La excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda alegada por UGT 
no puede tener favorable acogida y ello porque bajo la vigencia de la LPL, desde antiguo 
la jurisprudencia ( STS 6/3/1984, RJ 1984/1521) subrayó que la misma carece de 
cualquier virtualidad y resulta inaceptable en el proceso laboral toda vez que los arts. 80 
y 81 de la ley adjetiva, excluyen su aceptación, en cuanto establecen y obligan al juez de 
instancia a que advierta previamente si la demanda cumple las exigencias formales 
previstas en el Art. 80 LPL.
En  idéntico  sentido,  la  Sala  Cuarta  del  TS  en  Sentencia  de  14  febrero  2007 
(RCUD 93/2006 ) con cita de la del TC 25/91 de 11 de febrero (RTC 1991\25) señala que 
la aplicación del apartado primero del artículo 80 de la Ley de Procedimiento Laboral 
(EDL 1995/13689) no permite el juego de la excepción de defecto legal en el modo de 
presentar la demanda, sino que en su caso sería causa de nulidad de las actuaciones 
que debería llevar a retrotraerlas al momento de la presentación de la demanda, cuestión 
que por ser de orden público ha de ser apreciada incluso de oficio por los Tribunales.
El indicado criterio jurisprudencial continúa siendo aplicable tras la entrada en vigor 
de la LRJS que, en cuanto a este aspecto procesal, conserva el diseño de la norma 
anterior, y, en el nuevo art. 81, como consecuencia de las nuevas funciones de los LAJ 
en la nueva oficina judicial, les atribuye la de comprobar que la demanda satisfaga los 
requisitos procesales legalmente exigidos, con necesaria advertencia a las partes para 
que subsanen los defectos apreciados y dación de cuenta al Juez o Tribunal a cuya 
decisión corresponde la inadmisión preliminar, manteniendo y reforzando, tal y como se 
indica en su Exposición de Motivos, el principio tradicional rector del proceso laboral de 
garantizar  la  subsanación  de  los  presupuestos  formales  que  pudieran  impedir  un 
pronunciamiento sobre el fondo ya respondan a omisiones, imprecisiones o defectos en 
la demanda, falta de capacidad o representación, inadecuación de procedimiento con 
transformación de oficio del procedimiento seguido según el proceso que deba seguirse,  s
litisconsorcio pasivo necesario o cualquier otra causa obstativa de orden procesal. oe.
cfaouqreumseUatlinl ooacnsl e avqsreau zp e yl pa rrnecetsoseunealctndertaenast da iam(   lAoplasrr te .d hs8ece0micn.h1ado nicbsd l eLassR,o ,lJ bosSr eeq)g, u lúleoan s l l aelqa ypu  lpaeerr gotveisce lerqassuceaeió l  lnllaaa  b spfuoorsreramttael unpnltrsaiovi ósahnc,a  r piabdaceerta  ulea arn depuasom osyleiv bretaiolrird d ldaoaedss     2021-12040n https://www.
de  que  en  el  juicio  oral  el  demandante  pueda  variar  esencialmente  los  elementos
configuradores de la acción ejercitada, introduciendo alteraciones sustanciales en los  Bc
hechos y los fundamentos que la sustentan o en el contenido de la pretensión deducida, 
que debieron quedar establecidos en el suplico de la demanda (Art. 80.1.d), disponiendo 
a tal efecto, en el Art. 85.1, que en el momento de ratificación o ampliación de la 
demanda no podrá el actor hacer en ella variación sustancial y en el Art. 87.4, referente a 
la  fase  de  conclusiones,  que  las  mismas  se  formularán  sin  alterar  los  puntos 
fundamentales y los motivos de pedir indicados en la demanda.
Las  normas  mencionadas  tienen  la  finalidad  de  evitar  la  indefensión  de  los 
demandados, cuyos medios de defensa podrían quedar cercenados, quebrantando el 
principio de igualdad de armas en el proceso, si se permitiese al demandante cambiar 
radicalmente en el acto del plenario su pretensión, habiendo señalado la Jurisprudencia 
que se introduce una modificación de tal naturaleza e intensidad cuando la misma afecte 
de forma decisiva a la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se fundamenta, 
aportando un elemento de innovación esencial en la delimitación del objeto del proceso, 
susceptible  a  su  vez  de  generar  para  la  demandada  una  situación  de  indefensión 
( SSTS 15/11/12, RJ 2311; 10/04/14, Rec. 154/13; 30/04/14, Rec. 213/13 )
En la demanda origen del procedimiento a la que la presente sentencia se refiere, se 
especifican los hechos, las causas y los motivos de dichas pretensiones, sin que la 
demanda haya producido indefensión porque los demandados han podido conocer cabal 
y adecuadamente cual iba a ser la posición del demandante pudiendo preparar con 
igualdad  de  armas  su  defensa  en  el  plano  alegatorio  y  el  probatorio  como  así  lo 
corrobora  la  intervención  de  los  letrados  en  el  acto  del  juicio  que  desplegaron  su 
actividad  probatoria  como  tuvieron  por  conveniente.  Debiendo  decaer  la  excepción 
propuesta de defecto legal en el modo de proponer la demanda.
Quinto.
Igual suerte desestimatoria ha de correr la excepción de falta de acción alegada por 
los letrados de CETM, ANESCO y UGT, a la que se adhirieron CC.OO y CIG en la que 
se argumenta que, las normas impugnadas del IV Acuerdo Marco de la estiba portuaria 
no  están  en  vigor,  al  haberse  dictado  la  sentencia  del  TJUE  de  11/12/2014,  cuya 
ejecución  se  materializó  mediante  los  Reales  Decretos  leyes  8/2017  y  9/2019  que 
establecieron un nuevo régimen jurídico por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 
adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías, habiendo alcanzado las partes un principio de acuerdo 
(V ASE), a lo que se opone la parte actora por considerar que existe acción para 
reclamar lo solicitado en demanda. Lo que se defiende en la demanda es la nulidad de 
determinados preceptos del IV Acuerdo Marco, no bastando una mera interpretación de 
sus  preceptos.  Así  lo  ha  entendido  legislador  que  hasta  en  cuatro  ocasiones 
(RDL 4/2017, RDL 8/2017, Ley de Presupuestos Generales de 2018 y RDL 9/2019) fijó 
un plazo para que la normativa convencional se adaptara al nuevo marco normativo, 
transcurrido el cual los preceptos contrarios a dichas normas se declaran nulos de pleno 
derecho. Y así lo sostiene también la CNMC que en su Resolución de 18 de septiembre 
de  2020  declaró  expresamente  la  ilegalidad  de  la  disposición  adicional  séptima, 
solicitando a la Sala la declaración de nulidad de los preceptos citados en demanda. Por 
tanto, esta pretensión forma parte del fondo del asunto, y en tal sentido deberá ser 
analizada sin que proceda descartarla en fase de excepción procesal.
Sexto. e.e
En los últimos años se han sucedido una serie de hitos legislativos, normativos y  040ww
jurisprudenciales en el sector de la estiba en España que han modificado el régimen de
la estiba portuario y que han venido a incidir en la norma convencional estatal del sector 
de la estiba portuaria.
1.  El 14 de noviembre de 2013, la Comisión Europea interpuso recurso frente al 
TJUE  solicitando  que  se  declarase  que  el  Reino  de  España  había  incumplido  las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 del TFUE.
La reclamación de la Comisión Europea tenía su origen en la normativa española, 
que desde el año 1986 obligaba con carácter general a las empresas estibadoras que 
operaban en los puertos españoles de interés general a formar parte de una Sociedad 
Anónima  de  Gestión  de  Estibadores  Portuarios  (en  adelante,  SAGEP)  también 
denominada en el IV Acuerdo Marco como Organización de Empresas de Estiba (en 
adelante, OEE)-. Dicha normativa también les impedía recurrir libremente al mercado 
laboral para contratar personal propio, salvo en los supuestos en los que los trabajadores 
propuestos  por  la  SAGEP  no  fuesen  idóneos  o  suficientes.  Las  obligaciones  cuyo 
contenido  eran  objeto  de  recurso  estaban  reguladas  en  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 5 de septiembre de 2011 (en 
adelante, la Ley de Puertos).
2.  El  11-12-2014  el  TJUE  dictó  sentencia  ECLI:EU:C:2014:2430  en  la  que 
DECLARA QUE EL REINO DE ESPAÑA HA INCUMPLIDO LAS OBLIGACIONES QUE 
LE INCUMBEN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 49 TFUE.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede considerar que la restricción a 
la  libertad  de  establecimiento  que  resulta  del  régimen  portuario  español  objeto  del 
recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión constituye una restricción que va 
más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por 
consiguiente, no está justificada.
Por lo tanto, debe considerarse fundado el recurso por incumplimiento.
En  consecuencia,  procede  declarar  que  el  Reino  de  España  ha  incumplido  las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas 
de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de 
mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse 
en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de 
participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter 
prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un 
mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.
Es decir, El TJE consideró que el Reino de España había incumplido el artículo 49 
del TFUE al imponer las siguientes obligaciones a las empresas de otros Estados 
miembros que deseasen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los 
puertos españoles de interés general:
(i)  inscribirse en una SAGEP obligatoriamente para poder operar en el sector y 
participar en el capital de ésta; y
(ii)  contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por la 
SAGEP, y a un mínimo de tales trabajadores con carácter permanente (Descriptor 9).
3.  A propósito de la obligación de participación en el capital de las SAGEP, el 
artículo 143 de la Ley de Puertos, en su apartado primero, establecía que «todas las 
empresas que deseen prestar el servicio portuario de manipulación de mercancías y 
obtengan la correspondiente licencia deberán, en su caso, integrarse como partícipes en  s
el capital de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios». oe.
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«El capital social inicial de la SAGEP se fijará en los Estatutos de la Sociedad que se 
aprueben  en  el  momento  de  su  constitución,  distribuyéndose  entre  los  titulares  de 
licencias de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías en vigor en 
ese momento en el puerto, que no estén exentos de participación en la citada sociedad 
mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, de acuerdo con 
los siguientes criterios:
1.º  El 50 por ciento del capital se distribuirá proporcionalmente entre el número de 
titulares de licencias de prestación del servicio de manipulación de mercancías. 2.º El 
restante 50 por ciento se distribuirá entre dichos titulares en función del grado de 
utilización temporal de la plantilla, medido en volumen de facturación.»
5.  En el marco del control de la ejecución de la Sentencia del TJUE, la Comisión 
Europea requirió al Reino de España para que le informase acerca de las medidas 
adoptadas para ejecutar dicha sentencia y que, con anterioridad al 20 de septiembre 
de 2015, adoptase las medidas necesarias para cumplir con el fallo de la Sentencia del 
TJUE.
6.  Tras  recibir  las  alegaciones  del  Reino  de  España  y  no  observándose  el 
cumplimiento de la Sentencia del TJUE, la Comisión Europea interpuso recurso ante el 
Tribunal solicitando la imposición de sanciones pecuniarias al Reino de España por 
incumplimiento de la antedicha sentencia.
7.  El TJUE, en respuesta al recurso interpuesto por la Comisión Europea, dictó 
sentencia  de  13  de  julio  de  2017  (asunto  C-388/16)  en  la  que,  declarando  el 
incumplimiento de España de las medidas necesarias para la ejecución de la Sentencia 
del TJUE de 11 de diciembre de 2014, condenó al Reino de España a pagar una 
cantidad a tanto alzado de 3 millones de euros.
8.  El 14 de mayo de 2017 entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de 
mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
Asunto C-576/13.
El 18 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto 
ley 8/2017.
9.  La modificación del RD-ley 8/2017 operada por el RD-ley 9/2019 80. El 31 de 
marzo de 2019 entró en vigor el RD-ley 9/2019.
El 31 de marzo de 2019 entró en vigor el RD-ley 9/2019, que manifiesta tener por 
objeto consolidar el marco de liberalización del régimen de los trabajadores para la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
El 10 de abril de 2019.–Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real 
Decreto ley 9/2019
Para ello, ha introducido una serie de modificaciones en la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (en adelante, LETT), al 
incorporar en dicha norma un nuevo Capítulo V dedicado íntegramente a los CPE 
(artículo 2); y ha reconocido expresamente las facultades de organización y dirección de 
las empresas titulares de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías 
en su condición de empleadoras, previendo de manera particular la facultad de designar 
al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias (artículo 3).
2.  Especial mención merece el impacto que el RD-ley 9/2019 ha causado en el RD- oe.
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Estado para el año 2018 -que, como ya se ha puesto de manifiesto, había modificado el
plazo de adaptación de la norma convencional- e introdujo un nuevo plazo de adaptación 
de la norma convencional en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda.  Normativa convencional.
1.  En  el  plazo  máximo  de  nueve  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del 
presente real decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse 
a lo dispuesto en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el 
artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 2. Transcurrido 
dicho  plazo,  las  disposiciones  de  los  convenios  colectivos  que  incumplan  lo 
previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho»
4.  La disposición adicional primera determina la necesidad de que el Ministerio de 
Fomento  (actual  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana)  remita 
anualmente a la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos un informe 
que recoja la evolución de la liberalización del sector de la estiba. En particular, dicho 
informe deberá reflejar la evolución del empleo y los flujos de entrada y salida de 
trabajadores a la estiba, la contratación dentro y fuera de los centros portuarios de 
empleo, las condiciones laborales, las magnitudes básicas del sector de formación de 
estibadores y el impacto de todo ello sobre la competitividad portuaria española.
10.  La modificación del IV Acuerdo marco con la incorporación de una nueva 
disposición adicional séptima que impone la subrogación de los trabajadores de la 
SAGEP a aquellas empresas que se separen de la SAGEP.
1.  El 6 de julio de 2017, ANESCO, en representación de las empresas del sector, y 
COORDINADORA,  UGT,  CC.OO.,  ELA,  LAB,  y  CIG,  en  representación  de  los 
trabajadores, acordaron modificar el IV Acuerdo Marco en el sentido de incorporar una 
nueva disposición adicional séptima al texto convencional.
El acuerdo alcanzado se plasmó en Acta de 6 de julio de 2017, que fue registrada y 
publicada por medio de Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, publicada en el BOE de fecha 18 de julio de 2017.
2.  Por acuerdo unánime de la representación empresarial y por mayoría (96,601%) 
de la representación sindical, se acuerda incorporar una nueva disposición adicional al 
IV-ASE, identificada como séptima, con el siguiente tenor literal: 
«Disposición adicional séptima.
Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en virtud 
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, 
se subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la entrada en 
vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en proporción 
a su participación accionarial en la correspondiente sociedad. En consecuencia, el 
citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en dichas empresas 
estibadora  en  las  mismas  condiciones  laborales  individuales  y  colectivas  que 
posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo previsto en el 
artículo 44 del estatuto de los trabajadores para la sucesión de empresas y 
seguirán  rigiéndose  por  el  IV  Acuerdo  para  la  regulación  de  las  relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de enero 
de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por los  e
convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de esta  bo
disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución por el  040ww
Vem Apcrueesardso u  oo tproosr  qlouse  nreuseuvlotesn c aopnlviceanbioless .colectivos sectoriales y de pluralidad de
por Etann etol ,c asseo  pdreo cqeudea t oad assu l asliq eumidparceiósans,  digeucaidlmane nlate ,s elpoas ratrcaióbna jdaed olare sS AtGenEdPrá yn, 
derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de 
participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a 
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el 
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el 
ámbito  estatal.  Asimismo,  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal  asume  la 
competencia de interpretación y resolución de conflictos de la presente disposición 
adicional. La presente Disposición adicional tendrá eficacia desde la fecha de 
entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-ley  8/2017.»  (BOE  18  de  julio  de  2017, 
descripción 15).
De esta manera se incorporaba al IV Acuerdo Marco la petición sindical: la garantía 
de la totalidad de empleo a través de la subrogación del personal.
3.  Por Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, se 
registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la 
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. (código de 
convenio n.º 99012545011993), acuerdo parcial que ha sido suscrito, de una parte, por la 
asociación empresarial ANESCO, en representación de las empresas del sector, y, de 
otra, por las organizaciones sindicales Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar 
(CETM), UGT, CC.OO. y CIG, en representación de los trabajadores afectados (BOE 
de 13 de marzo de 2018).
Como  consecuencia  de  las  modificaciones  acordadas,  la  disposición  adicional 
séptima del IV Acuerdo tendrá la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima.
1.  Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en 
virtud  de  lo  dispuesto  en  la  disposición  transitoria  primera  del  Real  Decreto 
ley 8/2017, se subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la 
entrada en vigor del citado Real Decreto-ley integraba la plantilla de la SAGEP, en 
proporción  a  su  participación  accionarial  en  la  correspondiente  sociedad.  En 
consecuencia, el citado personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en 
dichas empresas estibadora en las mismas condiciones laborales individuales y 
colectivas que posee actualmente. Este supuesto se regirá, por analogía, por lo 
previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para la sucesión de 
empresas y seguirán rigiéndose por el IV Acuerdo para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria (BOE número 26, de 30 de 
enero de 2014), incluida la presente modificación y otras que se acuerden, y por 
los convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la firma de 
esta disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución 
por el V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad 
de empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, 
por  tanto,  se  proceda  a  su  liquidación,  igualmente,  los  trabajadores  tendrán 
derecho a la subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de 
participación en el capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a  e
sus competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el  bo
sistema de asignación de trabajadores a cada empresa que se pactará en el  040ww
cáaomdmicb2ipiot.eo nt aeElen.lsc tsiaaist adtele.m  inAat sedirmep risaemstaigocn,i óanlca iy ó nrCe odsmoel iuslociósión nt r adPbeaa rcjiatoadnrofialriec tsoS sde ecdt eola rli aaS lp ArEGessEetaPnt taeal   dloaisssp uqomuseiec  ióslena    OE-A-2021-12able en https://
ofrecerá, de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la
empresa estibadora que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la 
disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los 
siguientes principios:
(i)  El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP se 
debe producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación 
anterior a la separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las 
empresas que ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación.
(ii)  El número de trabajadores a subrogar se determinará mediante la estricta 
aplicación  de  la  regla  de  proporcionalidad  en  función  del  porcentaje  de 
participación de la empresa estibadora en el capital social de la SAGEP.
(iii)  Una  vez  determinado  el  número  total  de  trabajadores  objeto  de 
subrogación, se concretará su distribución por categorías y especialidades en 
función de las empleadas por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación, con objeto de que 
la  combinación  de  trabajadores  que  se  le  asignen  tras  la  separación  resulte 
adecuada a las necesidades operativas de la empresa conforme al dato objetivo 
acreditado durante el indicado periodo.
La  información  sobre  la  distribución  por  categorías  y  especialidades  de 
trabajadores empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la comunicación de separación se considerará 
estrictamente confidencial para el resto de empresas y solo será conocida por los 
gestores  de  la  SAGEP,  que  asumirán  un  compromiso  de  reserva  sobre  la 
información facilitada.
(iv) Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se 
separen  y,  en  su  caso,  las  que  permanezcan,  y  las  condiciones  de  trabajo 
individual y colectivas indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya 
decidido su separación, la SAGEP y la Representación Legal de los Trabajadores 
deberán tener en consideración el nivel de ocupación del personal objeto de 
subrogación y, a tal efecto, podrán acordar la subrogación de los trabajadores a 
tiempo parcial entre las mismas, en proporción al nivel de ocupación entre las 
empresas en el periodo de doce meses indicado en el apartado anterior.
(v)  Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su 
caso,  especialidades,  la  SAGEP  hará  pública  la  oferta  de  subrogación  de  la 
empresa saliente. La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores 
y, en el caso de que el número de voluntarios sea superior al de puestos a cubrir 
por cada categoría y especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de 
mayor y menor antigüedad en la SAGEP.
(vi)  Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y 
cuando la empresa que haya decidido su separación, la correspondiente SAGEP y 
la Representación de los Trabajadores no acuerden otros criterios diferentes o 
complementarios,  que  habrán  de  ser,  necesariamente,  respetuosos  con  lo 
establecido en el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse 
al  informe  previo  de  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal,  conforme  a  lo 
establecido en el apartado 1 anterior.
3.  La  presente  disposición  adicional  tendrá  eficacia  desde  la  fecha  de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017.» (Descriptor 16)
4. Con motivo de la subrogación convencional de la disposición adicional séptima, las  oe.
epresagprtueDelcasicí  fhfilciaroam  Csaa corneumtleeairsscd iióooann,c  oadPrdedaa ar2sirt0 oac nrodi anet  a ldSami ecsbciueitébomnrro biamgrle ao Ecddsiióeftian c2t aad0rle1 , e 7pal, e la traorstmboícjnbeuaitléool.n  d 1fe9u  eda etrreli bgIuVisi rtrAleac dufoue nrydc ipoou nMbelasicr acpdoroo, p qpiuaoesr    2021-12040n https://www.
Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, y publicado en el
BOE de 13 de marzo de 2018. (descriptor 17) (Resolución de 7 de marzo de 2018 de la
Dirección General de Empleo publicada en el BOE, por la que se modifica el artículo 19 
del IV Acuerdo Marco.)
11.  En la fecha de interposición de la demanda, el IV Acuerdo para la regulación de 
las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria sigue vigente, si bien, algunos 
de  sus  preceptos,  han  decaído,  al  resultar  de  aplicación  el  principio  de  jerarquía 
normativa en aplicación del cual, tal como se ha interpretado de forma pacífica por la 
Sala IV del Tribunal Supremo, la posición del Convenio Colectivo en el sistema de 
fuentes es el de subordinación jerárquica a la Ley y, por tanto, aquél debe someterse a 
las leyes y normas de mayor rango jerárquico y no al revés, incluso aunque la norma 
legal sea posterior o sobrevenida.
La STS de 18.01.2000, rec. 4982/1999, argumenta: "La Sentencia de esta Sala de 2 
de octubre de 1995 (RJ 1995, 7087), afirmaba que "tradicionalmente se ha sostenido que 
del carácter normativo del convenio colectivo deriva su sometimiento a las normas de 
rango superior, dentro del cuadro de las fuentes del Derecho ( Sentencia del Tribunal 
Constitucional 177/1988, de 10 octubre [ RTC 1988, 177]. Que la norma paccionada ha 
de sujetarse al derecho necesario establecido por la ley, de rango superior en la jerarquía 
normativa (Sentencia del mismo Tribunal 58/1985, de 30 abril [ RTC 1985, 58]. La 
primacía de Ley sobre el convenio deriva de la sumisión de éste a lo dispuesto con 
carácter necesario por aquélla (Sentencia del mismo Tribunal 210/1990, de 20 diciembre 
[ RTC 1990, 210]).
El artículo 37.1 de la Constitución no se vulnera por la entrada en vigor de una Ley 
que repercuta sobre los convenios colectivos que estén entonces vigentes. Aunque la 
negociación colectiva descanse y se fundamente en la Constitución (artículo 37.1 ), de 
esta misma se deriva la mayor jerarquía de la Ley sobre el convenio, como se desprende 
de su artículo 7, que sujeta a los destinatarios del mismo, sindicatos de trabajadores y 
organizaciones  empresariales,  a  lo  dispuesto  en  la  ley.  Como  dijo  la  citada 
Sentencia 58/1985 ( RTC 1985, 58), "la integración de los convenios colectivos en el 
sistema  formal  de  fuentes  del  Derecho,  resultado  del  principio  de  unidad  del 
ordenamiento jurídico, supone... el respeto por la norma pactada del derecho necesario 
establecido por la Ley, que, en razón de la superior posición que ocupa en la jerarquía 
normativa, puede desplegar una virtualidad limitadora de la negociación colectiva y 
puede, igualmente, de forma excepcional reservarse para sí determinadas materias que 
quedan excluidas, por tanto, de la contratación colectiva".»
Séptimo.
Como ya hemos anticipado, la disposición adicional segunda del RD-ley 9/2019, 
establece:
«1.  En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo dispuesto 
en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el artículo 49 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2.  Transcurrido  dicho  plazo,  las  disposiciones  de  los  convenios  colectivos  que 
incumplan lo previsto en el párrafo precedente serán nulas de pleno derecho.»
Y la Disposición derogatoria única del RD-ley 9/2019:
«Quedan derogados: e.e
lrlpeaery ces as8e1ít/nda.2ºtac 0ei ó1neEn7cnl ,i  a deda el edpAl  ea1sslr e2utTar nvddrtiioeobc   uiCmo2n - aap5dylo7 eodr6t ,eu/ l1pa aJ3o ru idro( spie stdrlip coeqoica usem eiddc aiiesmóne nilip ae mu fniUlontaodnac iildifó óiectnne a  irnE dcefeeurl a rrrmaocé,pcge eiiyórmac na ee d2nln e0c a dí0a1ne91se / ,lx4o dod0se a5  Itn2d rad)di.cboeiae l cjmaRudbmeoraeprle l idmsDe epi eca2nrr0teao1t  o4laa-,    OE-A-2021-12040able en https://www.
2.º  La disposición final cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.»
No exige de pronunciamiento judicial alguno acerca de la nulidad de las normas 
convencionales contrarias a aquél, al RD-ley 8/2017 y al artículo 49 del TFUE, en tanto 
que reconoce expresamente su nulidad de pleno derecho.
Ahora bien, en aras de la seguridad jurídica, interesa un pronunciamiento expreso de 
esta Sala a fin de evitar dudas acerca del alcance y de la aplicación de determinadas 
disposiciones del IV Acuerdo Marco. Se interesa que esta Sala se pronuncie sobre 
aquellas disposiciones del IV Acuerdo Marco que contravengan el RD-ley 9/2019, en el 
RD-ley 8/2017, el artículo 49 del TFUE y la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre 
de 2014, y las declare nulas de pleno derecho, expulsándolas expresa y definitivamente 
del  ordenamiento  jurídico,  debiendo  pronunciarse  la  Sala  sobre  los  preceptos 
impugnados, máxime teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin que conste que la 
nueva versión el V AME se hayan adaptado a las instrucciones precisas de la CNMC en 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de 
junio, de creación de la CNMC, para adecuar la norma convencional a la regulación en 
materia de defensa de la competencia.
Solicita  la  parte  demandante  la  declaración  de  nulidad  de  pleno  derecho,  por 
contravenir el RD-ley 9/2019, el RD-ley 8/2017, el artículo 49 del TFUE y la Sentencia del 
TJUE de 11 de diciembre de 2014, de las siguientes disposiciones del IV Acuerdo Marco: 
artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13, artículo 7, 8, 9, artículo 10, 
apartados 1, 4, 5 y 6, artículo 11 del IV Acuerdo Marco, en sus referencias a la relación 
laboral  especial;  artículo  12,  apartado  2,  artículo  18,  apartado  1,  artículo  19, 
apartado 1.e) y disposición adicional séptima del IV.
Conviene recordar que en el presente procedimiento no debe ni puede entrarse en el 
examen de las circunstancias concretas de la evolución de la liberalización del sector de 
la estiba y la transformación del régimen de la estiba, sino que el conocimiento de la Sala 
se ve circunscrito únicamente a examinar en abstracto si el contenido de los preceptos 
concretos del IV Acuerdo Marco denunciados como ilegales se ajustan a los cánones de 
legalidad, por ello las afirmaciones que se contienen en el escrito de demanda que no 
sean de orden abstracto,no pueden influir en el proceso de impugnación del convenio, 
pues se estaría descendiendo a casos concretos ajenos a la generalidad del precepto y 
más propios de la reclamación por vía ordinaria y ante el orden jurisdiccional que fuera 
competente. No es objeto del procedimiento de impugnación de convenio el análisis de 
la evolución del empleo y los flujos entrada y salida de trabajadores a la estiba, la 
contratación  dentro  y  fuera  de  los  centros  portuarios  de  empleo,  las  condiciones 
laborales, las magnitudes básicas del sector de la formación de estibadores y el impacto 
de todo ello sobre la competitividad portuaria española.
Por tanto, hay que tener en cuenta que en el presente caso no nos encontramos ante 
una demanda de conflicto colectivo, sino ante una demanda de impugnación de convenio 
colectivo,  demanda  que  no  tiene  por  objeto  cuestionar  ante  el  órgano  judicial  la 
interpretación o aplicación que deba hacerse del Convenio Colectivo y de los preceptos 
legales aprobados con posterioridad convenio, sino solicitar que se deje sin efecto un 
determinado precepto del mismo por ser contrario a la legalidad vigente.
Límites a la normativa convencional: Artículo 49 del TFUE, RD-ley 8/2017, RD-
ley 9/2019 y concordantes 109.
La disposición adicional segunda del RD-ley 9/2019 establece que serán nulas de  oe.
dplailse SpnAeuon e etsdestetnoarc eseica nnh  doeoerl  mlRt oTaDdJs-aU ldesEe yl b a9des/e 2 a 01dñ11ias9 pdd,o ieress ndiec i ecicoiloe nRmmeDsob - rlldeeíme yd  i8etleo/ 2 2sp0 0a1c1r7o4a n, y lvar eee nnncoa ioerísdml  aaacr tteoiívcnleau ce lcotli o va4nos9vsu e dnqnetoucl i eToC Fn5ianU7lcE,6 ue./m1l 3fpa,l alelonn   dllaoe    2021-12040n https://www.
medida en que tanto el RD-ley 8/2017 como el RD-ley 9/2019 tienen por objeto dar
cumplimiento a aquella Sentencia.
El artículo 49 del TFUE, prohíbe expresamente las restricciones a la libertad de 
establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado 
miembro,  y  reconoce  de  manera  expresa  que  la  libertad  de  establecimiento 
comprenderá, entre otras facultades, la constitución y gestión de empresas.
La  Sentencia  del  TJUE  de  11  de  diciembre  de  2014  consideró  que  el  marco 
normativo español del sector de la estiba contravenía el artículo 49 del TFUE al imponer 
a las empresas que desearan desarrollar la actividad portuaria de manipulación de 
mercancías las siguientes obligaciones: a) participar en el capital de una SAGEP; y b) 
contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha SAGEP, 
y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.
El RD-ley 8/2017, por su parte, consagra de manera expresa la libre contratación de 
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías 
(artículo 2.1), y la no obligación de participar en empresa alguna para prestar el servicio 
de manipulación de mercancías (artículo 2.2).
El  RD-ley  9/2019  reconoce  al  titular  de  la  licencia  de  servicio  portuario  de 
manipulación de mercancías el libre ejercicio de las facultades de dirección, organización 
y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios en los términos previstos 
en el artículo 20 del TRLET, tanto en su condición de empleador, como en aquellos 
casos en que la contratación de los trabajadores portuarios se haya realizado por medio 
de CPE o ETT (artículo 3.1.).
El RD-ley además regula de manera expresa que entre las facultades de dirección y 
organización se encuentra la de designar al personal necesario para realizar cada una 
de las actividades portuarias (artículo 3.2), lo que supone interdicción de limitaciones a 
facultad organizativa de la empresa.
Octavo.  Disposiciones del IV Acuerdo Marco contrarias al artículo 49 del TFUE, a la 
sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, a las disposiciones del TFUE, al 
RD-ley 8/2017 y al RD-ley 9/2019.
Con carácter general, deben declararse contrarias a la normativa de referencia todas 
aquellas disposiciones del IV Acuerdo Marco en las que se contienen referencias y un 
trato diferenciado entre la relación laboral común y la relación laboral especial, toda vez 
que la relación laboral especial del personal estibador, prevista originariamente en el 
artículo 2.1.h) del TRLET, fue derogada expresamente por el RD ley 8/2017, de forma 
que decae la necesidad de realizar cualquier regulación diferenciada.
Asimismo, merecen la declaración de nulidad todas aquellas disposiciones del IV 
Acuerdo Marco que conceden una posición preeminente a las SAGEP (denominadas en 
el IV Acuerdo Marco, OEE) sobre las empresas estibadoras. El IV Acuerdo Marco fue 
negociado y acordado sobre la premisa de un único OEE (SAGEP) por puerto y también 
sobre la premisa que obligaba a las empresas estibadoras a participar en el capital de 
las  OEE  y  a  utilizar  exclusivamente  el  personal  estibador  de  la  OEE  del  puerto 
correspondiente.  Con  la  entrada  en  vigor  del  RD-ley  8/2017,  primero,  y  del  RD 
ley 9/2019, después, y la consecuente liberalización del sector de cesión temporal de 
personal estibador y la creación de los Centros Portuarios de Empleo (en adelante CPE), 
algunas de las disposiciones más significativas del IV Acuerdo Marco debieron ser 
revisadas para adaptarlas al nuevo marco normativo.
Habiendo finalizado el plazo concedido por la disposición adicional segunda del 
RDley 9/2019 (En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley, las normas convencionales vigentes deberán adaptarse a lo  e.
dispuesto en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y en el artículo 49  w.b
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 2. Transcurrido dicho plazo, las  040ww
dpirsepcoesdiecinotnee sse rdáen  nlousla sc odnev epnleionso  dceorleeccthivoo) sp aqruae a dinacputmarp llaasn  nloor mparesv cisotnov eennc ioenl apleásrr asfino 
dqeuree ctahlo  apdoar pctoanctióranr iahsa yaa l at ennoidrmo altuivgaa rd, el arse femreisnmciaas  edne vbiertnu dd deec lalar adrissep onsuiclaiósn  daed icpiloennaol 
segunda del RD-ley 9/2019.
Debemos precisar por tanto que, las normas impugnadas relativas a la relación 
laboral especial del personal estibador y las relativas a las SAGEP, no están vigentes al 
haber sido derogadas por la disposición derogatoria única del RDL 8/2017.
Noveno.
Pasando a analizar los concretos preceptos impugnados del IV Acuerdo Marco,
1.  Se solicita la declaración de nulidad de pleno derecho del artículo 6, apartados 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, y 13.
«Artículo 6.  Niveles de ocupación e ingresos en plantillas.
6.1  Nivel óptimo de empleo y nivel de ocupación.
Los ingresos de nuevos trabajadores en las plantillas de las OEE y la contratación de 
estos por las empresas indicadas en el ámbito personal, para realizar las actividades del 
ámbito funcional del presente convenio, se producirá en función de la aplicación de los 
siguientes criterios:
a)  Se entenderá por nivel óptimo de empleo de los estibadores sujetos a Relación 
Laboral Especial, el 100 % de la jornada mínima mensual obligatoria pactada, computada 
a nivel de cada Puerto, anualmente, y a rendimiento habitual.
b)  Al objeto de determinar el nivel de ocupación, en orden a la consecución del 
objetivo de nivel óptimo de empleo se computarán los turnos realizados por cualquier 
trabajador en la actividad a rendimiento habitual, con aplicación de la polivalencia y 
movilidad pactadas en este Acuerdo. Asimismo, se tendrá en cuenta –si no hubieran sido 
cubiertas por personal con posterioridad– las peticiones realizadas a la OEE que no 
hayan sido atendidas por falta de personal. De no concurrir en el Puerto las indicadas 
condiciones de polivalencia y movilidad, se computará –en las operaciones portuarias 
efectuadas– el tiempo de trabajo a rendimiento habitual dentro del turno, cualquiera que 
sea la denominación o cómputo que la normativa específica del Puerto otorgue al tiempo 
contratado.
El cómputo será realizado anualmente en cada Puerto, y, en atención al trabajo de 
los estibadores portuarios con Relación Laboral Especial en activo. Se deducirán los 
períodos de bajas o jornadas no realizadas por las causas de suspensión del contrato de 
trabajo, sin superar, a estos efectos, el 4 % anual.
c)  El nivel de ocupación de los trabajadores de nuevo ingreso en cualquiera de los 
grupos profesionales se computará a los efectos previstos en los apartados anteriores.
6.2  Procedimiento de Ingresos de personal.
6.2.1  Condiciones Generales: Los ingresos de nuevos trabajadores se producirán 
conforme a las disposiciones legales de aplicación.
6.2.2  Propuesta de ingreso: La propuesta de ingreso se podrá efectuar:
1.  Por la OEE.
2.  Por la representación legal de los trabajadores.
La propuesta deberá ir acompañada de un informe que contendrá, además de los 
datos referenciados en el artículo 6.1 y 6.3.1 del presente acuerdo, aquellos otros de  s
especial relevancia. oe.
Ambas partes están obligadas a reunirse en cada puerto, a aportar los datos que  w.
arseocpubrereersd eloan.  tmaLcaaitó enOri aEle Eog bavrl eednne de rálno  sso ubtr lapigboaaddjeaard  yoa r aefa sn ceyili gtaao rc liaalosrs  d eedm abptoureses naqasu  feea  foeebcntr aeladn a cseo nne snse ucc uapcdoiaód nep rdu eea r utolan.    2021-12040n https://ww
Asimismo, la Comisión Paritaria Sectorial Estatal podrá requerir los referidos datos a la
OEE y, en su caso, a las empresas, que estarán obligados a facilitarlos en el plazo 
máximo de un mes.
6.2.3  Categorías  profesionales  de  ingreso:  El  ingreso  de  nuevo  personal  se 
producirá por el Grupo 0 (Auxiliar), o a través de trabajadores de nuevo ingreso en los 
restantes grupos profesionales regulados en el artículo 12 del presente Acuerdo siempre 
que se hayan agotado las posibilidades de promoción profesional y, en consecuencia, 
resulte total y absolutamente imposible la formación profesional de trabajadores de la 
plantilla del puerto de categorías inferiores que deseen optar al ascenso. En tal caso, la 
propuesta de ingreso deberá acreditar la concurrencia de las indicadas circunstancias.
6.2.4  Nuevos ingresos y derecho a la promoción profesional: El régimen de ingreso 
regulado, no condicionará el derecho de promoción preferente de los trabajadores de los 
Grupos  I,  II,  III  y  IV,  con  base  en  las  especialidades  profesionales  y  formación 
acreditadas. A tal efecto, las empresas, por medio de la OEE están obligadas a facilitar 
los medios necesarios para posibilitar la formación profesional que garantice el derecho 
de promoción profesional.
6.2.5  Nuevos ingresos por motivos excepcionales: La Comisión Paritaria Sectorial 
Estatal  podrá  informar  sobre  el  ingreso  de  trabajadores,  previa  audiencia  de  las 
representaciones empresarial y de los trabajadores del puerto afectado, aun cuando el 
nivel de ocupación del Puerto no exceda del establecido en el art. 6.1 anterior, cuando 
concurran circunstancias que afecten a las condiciones de trabajo, formación profesional 
de la plantilla, medidas de adecuación de la plantilla en previsión de jubilaciones o bajas, 
introducción  de  nuevas  tecnologías,  tráfico  del  Puerto  u  otra  circunstancia  que  la 
justifique.
6.3  Condiciones de los nuevos ingresos.
6.3.1  Modalidades  de  contratación:  La  incorporación  de  nuevos  trabajadores 
portuarios a la plantilla del puerto, tanto en el Grupo 0 (Auxiliar), como de nuevo ingreso 
en los grupos profesionales I, II y III, se producirá por medio de la OEE mediante la 
contratación de trabajadores de relación laboral especial por tiempo indefinido, bajo las 
modalidades a tiempo completo o parcial. Los trabajadores deberán reunir los requisitos 
de habilitación profesional y superar las pruebas mínimas de ingreso establecidas en el 
presente Acuerdo y, en su caso, las convenidas entre las empresas y la representación 
de los trabajadores en cada puerto.
La modalidad de contratación a tiempo parcial deberá realizarse por un mínimo 
del 20 % de la jornada ordinaria equivalente en el mismo período de referencia. Los 
trabajadores contratados a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez 
horas  semanales  en  cómputo  anual,  podrán  realizar  un  número  de  horas 
complementarias que no podrá exceder del 60 % de las horas ordinarias contratadas.
Las horas complementarias requeridas en cada jornada no podrán ser inferiores al 
número de horas correspondientes al turno ordinario de trabajo en el puerto (6, 8 o 12 
horas). En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las complementarias no podrá 
exceder el límite legal del trabajo a tiempo parcial dispuesto en la legislación vigente.
El personal contratado a tiempo parcial se incorporará a la OEE como personal 
habilitado en el grupo profesional correspondiente a la contratación e intervendrá como 
auxiliar suplente de los trabajadores a tiempo completo. Así, la asignación de trabajo y, 
en su caso, la realización de horas complementarias se realizará conforme se disponga 
en el sistema de nombramiento establecido al efecto en el puerto, en atención a la 
condición de suplencia del personal a tiempo completo disponible. e
Los trabajadores a tiempo parcial tendrán preferencia para cubrir las necesidades del  bo
servicio a tiempo completo de acuerdo a la actividad del puerto. 040ww
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6.3.3  Período de Prueba: Por ser necesaria una precisa, eficaz y supervisada 
formación profesional, el contrato estará sometido a un período de prueba consistente en 
la  realización  efectiva  de  132  turnos.  Las  empresas  y  la  representación  de  los 
trabajadores y, en su caso, la comisión de formación del puerto, podrán enviar a la OEE 
informes sobre la formación y el trabajo de cada uno de los trabajadores sometidos a 
prueba, así como sobre cualquier otro aspecto que a juicio de los informantes sea 
pertinente exponer para una valoración y juicio más objetivo. La Incapacidad Temporal, 
las licencias y la maternidad o adopción, interrumpirán el cómputo del período de prueba.
6.4  Reclamación de ingreso: La eventual demanda de los trabajadores o de las 
empresas, o de los representantes legales de ambos, ante los órganos jurisdiccionales 
competentes  en  reclamación  de  la  condición  de  trabajador  de  la  plantilla  y,  en 
consecuencia, del reconocimiento individual o colectivo de nuevo ingreso, requerirá la 
reclamación previa ante la Comisión Paritaria Sectorial Estatal que resolverá en la sesión 
del mes siguiente a su presentación. La ausencia de resolución expresa en el plazo de 
un mes supondrá la desestimación de la solicitud y dejará expedita la vía jurisdiccional.
6.5  Resoluciones de ingresos:
6.5.1  Los ingresos de trabajadores deberán responder de manera sustancial a la 
necesidad de cobertura de vacantes que se produzcan en los Grupos 0 Auxiliar y en los 
correspondientes a los Grupos I, II, III y IV establecidos en el presente Acuerdo.
Tanto  el  Grupo  0  Auxiliar,  como  las  tareas  a  desempeñar  por  el  mismo,  se 
establecerán a través de la negociación colectiva de cada Puerto.
En todo caso deberá de ser tenido en cuenta para abrir el proceso de nuevo ingreso 
en los grupos profesionales I, II, III y IV, el grado de consecución de la saturación en el 
empleo de los grupos superiores en relación a los inferiores, debiéndose estar también a 
este respecto a los criterios pactados de movilidad y polivalencia dentro de y entre los 
grupos, así como al nivel óptimo de empleo.
6.5.2  Los trabajadores del Grupo 0 Auxiliar existentes en el Puerto, si en el mismo 
su actividad se encontrase en el ámbito de aplicación del respectivo Convenio Colectivo 
por haber establecido éste las condiciones y la regulación de sus tareas, tendrán la 
opción  de  cubrir  las  vacantes  existentes  en  el  grupo  superior,  siempre  y  cuando 
poseyeran la formación y aptitud profesional necesaria para acceder a tal desempeño.
6.5.3  La Comisión Paritaria Sectorial Estatal será el órgano competente para emitir 
los informes sobre los antes citados ingresos, entendiendo por tales los correspondientes 
al Grupo 0 Auxiliar, cuando se efectúen las actividades correspondientes a este grupo en 
el Puerto de que se trate y existan en el mismo las demandas de empleo referidas a los 
grupos I, II, III y IV establecidos en el presente Acuerdo.
La  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal  fundará  su  decisión  atendiendo  a  las 
necesidades  de  empleo  y  tendrá  en  cuenta  las  exigencias  de  formación  y  aptitud 
requeridas para cada puesto de trabajo a los que opten los nuevos ingresados.
6.5.4  Las  partes  acuerdan  que  deberá  ser  resuelta  cualquier  denuncia  de 
intrusismo que afecte a la composición de tareas y por lo tanto a la situación del empleo 
en  el  Puerto  y  a  la  saturación  de  actividad  en  el  mismo,  de  manera  previa  a  la 
incorporación de nuevos trabajadores.
6.6  Movilidad  Funcional  de  los  Trabajadores  del  Grupo  0  (Auxiliar):  Los 
trabajadores  integrados  en  este  grupo  realizarán  sus  actividades  en  régimen  de 
movilidad funcional en el seno del propio grupo para realizar actividades descritas en el  s
artículo 3. oe.
prlaer oafofliEezrsmxaiccoaeinócpainócl enidos eny  ha jcoalmurcnaieealnindftidcaeoa , d cueicós un1oa 2 dnn edeh ocolae ra snmsao roo iav edislxie,d i asartuedane  yqn pugpeeaor nlsisvcoeahn leeea,snl  etcédli a ipes eynp r oaspngorioonbctalaeel d sdaodes eld  l Gaels rouf osppr oomso 0aitbr coiqliiósud nea,g d ppreuoospsd deoráeas     2021-12040n https://www.
ser nombrado en régimen de polivalencia funcional para la realización de tareas de los
grupos superiores I y II. Asimismo, el personal Auxiliar podrá realizar las tareas del grupo
profesional III que –por su simplicidad y previa la adecuada formación– se identifiquen y 
convengan detalladamente mediante acuerdo colectivo en cada puerto. Los criterios y 
sistemas  de  nombramientos  deberán  ser  acordados  en  cada  puerto  entre  la 
representación legal de los trabajadores y la OEE.
6.7  Categorías profesionales de ingreso (período de formación):
6.7.1  Con independencia de la modalidad contractual indefinida a tiempo completo 
o parcial, los trabajadores ingresarán, con carácter general, por el Grupo profesional 0 
(Auxiliar). Cualquiera que sea el grupo de ingreso, los trabajadores deberán realizar las 
acciones formativas teórico-prácticas que se indiquen y concreten para el referido grupo 
en el plan de formación de la OEE y cuya duración se determina por las partes firmantes 
del presente acuerdo en la realización efectiva de 726 turnos de trabajo en un período 
máximo de 3 años. Al término del proceso de formación el trabajador será sometido a las 
pruebas objetivas que se establezcan en la OEE de cada puerto.
El  plan  de  formación  y  el  contenido  de  las  pruebas  objetivas  se  aprobará  y 
determinará mediante acuerdo entre la representación legal de los trabajadores y las 
empresas.
Mientras el trabajador permanezca en el proceso de formación, y hasta tanto no lo 
culmine paulatinamente con la ejecución ininterrumpida de la tarea en los términos aquí 
expuestos como único sistema de que pueda desarrollar el trabajo en condiciones 
normales de rendimiento y productividad mediante la adquisición de manera progresiva 
de las habilidades necesarias, la retribución será, el 60 % durante los primeros 242, el 70 
% durante los segundos 242 y el 80 % durante los terceros 242 de la correspondiente a 
la retribución íntegra del grupo profesional, tarea o función que se haya realizado. 
Finalizado  el  período  de  formación  la  retribución  por  la  realización  de  las  tareas 
asignadas a cada grupo profesional será el 100 % de la establecida en el convenio 
colectivo.
6.7.2  En el supuesto regulado en el apartado anterior, será causa de extinción del 
contrato la negativa del trabajador a someterse a las pruebas objetivas que acrediten el 
resultado de la formación y, en consecuencia, su capacitación profesional y, en su caso, 
la no superación de las mismas con aprovechamiento.
La OEE comunicará al trabajador el resultado negativo de las pruebas e invocará, al 
tiempo, tal motivo como causa de extinción de contrato de trabajo.
6.7.3  Mediante  la  negociación  colectiva  en  cada  puerto  se  podrá  reordenar  o 
distribuir la carga salarial y las condiciones de ajuste salarial pactadas en el artículo 6.7.1 
ajustándola a las características de cada puerto, siempre y cuando ello no desvirtúe los 
objetivos previstos. A tal efecto, las partes remitirán los acuerdos alcanzados a la CPSE 
que verificará su cumplimiento.
6.7.4  A los exclusivos efectos salariales previstos en el apartado 6.7.1 se equiparan 
como turnos realizados los acreditados por los trabajadores de nuevo ingreso prestados 
en  las  actividades  del  ámbito  funcional  del  presente  acuerdo  como  eventuales  de 
contratación diaria por falta de disponibilidad de plantilla o como trabajadores cedidos 
mediante ETT.
6.7.5  El ascenso de Grupo o especialidad profesional como promoción interna no 
se considerará categoría de nuevo ingreso por lo que no estará sujeto a la retribución 
específica pactada en el artículo 6.7.1 cuando haya transcurrido el tiempo, turnos o 
condiciones estipuladas.
6.8  Condiciones específicas para el personal de nuevo ingreso: e
pCoolniv66va..e88len..12nio  c iCaLN oa–oless  cioetrbimvesotptr airdbeneu t ecqci uaoledno ae f sauP neutrdeeaerr iltpo orr Ge,d crocuinsupodao en p dso0oer    di(anAe esucxaxoisrinlritoaselrenl)ecc nuias ele ancrscáo inymau  insdlamteus ar alsadl.  edmteeo rmtvraiilnibdaaadjdaa dsoo  reednse   deleal    2021-12040n https://www.
los  grupos  superiores  y  estuvieran  integrados  en  el  correspondiente  proceso  de
formación programado– el personal del Grupo 0 (Auxiliar) desempeñara alguna de las
restantes tareas comprendidas en el ámbito funcional del presente convenio y para 
aquellas otras que puedan establecerse en el ámbito del Puerto, se les abonará la 
retribución  total  correspondiente  a  las  actividades  realmente  realizadas  como  si  se 
tratase de trabajadores de nuevo ingreso en los grupos I, II, III y IV por el importe que se 
determine en el Convenio Colectivo sectorial de aplicación en el Puerto, con la aplicación 
de los porcentajes a que se refiere el párrafo final del punto 6.7.1.
6.9  Suspensión de los contratos: Los trabajadores del Grupo 0 (Auxiliar) y de nuevo 
ingreso en los grupos I, II, III y IV, como consecuencia de su condición formativa teórico–
práctica, no podrán suspender sus contratos de relación laboral especial para pasar a 
relación laboral común hasta finalizar la misma y superar las pruebas previstas en el 
artículo 6.7. A tal fin, las partes se comprometen a respetar íntegramente el proceso de 
formación.
6.10  Otras condiciones de trabajo: El resto de las condiciones de trabajo para el 
personal del Grupo 0 Auxiliar y de nuevo ingreso en los restantes grupos profesionales 
previstos  en  el  artículo  12  del  presente  Acuerdo,  serán  las  establecidas  en  los 
respectivos Convenios Colectivos sectoriales de ámbito inferior, sin que en ningún caso 
éstos puedan contradecir ninguna de las condiciones de trabajo pactadas expresamente 
para este grupo en el presente Acuerdo.
6.11  Criterios y medidas para la adecuación de la plantilla: Las partes convienen 
que es causa para que se analicen y adopten los acuerdos que estimen pertinentes para 
la adecuación de la plantilla a las necesidades del Puerto (cumplimiento empresarial del 
compromiso de empleo en las actividades del ámbito funcional del Acuerdo Sectorial y 
del convenio colectivo, adecuación del tiempo de trabajo a las necesidades operativas 
del puerto, amortización de puestos de trabajo, despido colectivo, suspensión temporal 
de los contratos, disminución de retribución, etc.), un descenso de la actividad durante el 
último año por debajo del 75 % del nivel óptimo de empleo previsto en el artículo 6.1 de 
este Acuerdo.
La constatación de la actividad del puerto y del nivel de empleo se producirá en la 
Comisión Paritaria Sectorial Estatal.
En su caso, las medidas de adecuación de la plantilla a las demandas afectarán, 
prioritariamente, a los trabajadores a tiempo parcial, mediante la reducción del tiempo de 
trabajo si fuera preciso, a niveles inferiores al 50 % y los integrantes del Grupo 0 
(Auxiliar); y, a los trabajadores de nuevo ingreso en los grupos profesionales I, II, III y IV 
en  período  de  formación,  salvo  que  se  pacte  por  las  representaciones  de  los 
trabajadores y las empresas otras medidas. Si, finalmente, fuera precisa la extinción de 
la relación laboral, el personal afectado mantendrá un derecho preferente de reingreso 
en la plantilla sin realización de las pruebas selectivas formativas, debiendo realizar, no 
obstante, las pruebas selectivas médicas requeridas.
6.12  Traslados de personal entre OEE y empresas.
Se podrán producir ingresos en las entidades y empresas afectadas por el presente 
Acuerdo mediante el traslado de personal estibador portuario procedente de otro puerto 
siempre que sea autorizado por la Comisión Paritaria Sectorial Estatal por iniciativa de la 
representación legal de las empresas o de los trabajadores del puerto de procedencia.
El traslado podrá ser provisional o definitivo. En caso de traslado provisional se fijará 
el período inicialmente previsto que, en todo caso, podrá ser prorrogado. La finalización 
del período de traslado provisional obligará a la entidad del puerto de procedencia a 
reincorporar al trabajador trasladado a su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que tenía antes del traslado. e.
6.13  Criterios y medidas para la adecuación temporal de la plantilla a la carga de  w.b
trabajo. 040ww
que Cpuuaenddao g peonre rlaar  OuEn En ivseel  pdree veemap uleno  dpeosrc deenbsaoj od dee lla 8 a5c %tiv dideal dn ipvaerl aó petli mañoo p qreuveis stoe  etrna teel 
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medidas  de  suspensión  temporal  de  los  contratos,  aplicando  preferentemente  esos
tiempos  a  la  realización  de  los  pertinentes  cursos  y  labores  de  formación  de  los 
estibadores afectados por las mismas. Salvo causa excepcional apreciada de mutuo 
acuerdo por la representación sindical de los trabajadores y del OEE, las medidas de 
suspensión afectarán por igual y de manera rotatoria a todos los estibadores de la 
plantilla de las OEE cualquiera que sea el modo de adscripción a las empresas (RLC y 
RLE).  A  estos  efectos  se  considerará  causa  suficiente  para  la  suspensión  de  los 
contratos la previsión de caída de actividad con base en los datos y proyecciones del 
puerto que se trate.
Con carácter previo a la adopción de estas medidas deberán agotarse todas las 
posibilidades de flexibilidad interna, tanto en materia de movilidad funcional como de 
flexibilidad  de  jornada  que  incrementen  la  ocupación  y  sean  acordadas  entre  la 
representación legal de los trabajadores y del OEE.»
Los apartados señalados del artículo 6 del IV Acuerdo resultan contrarios al RD-
ley 9/2019, al RD-ley 8/2017, al artículo 49 del TFUE y a la Sentencia del TJUE de 11 de 
diciembre de 2014 en tanto que limitan la facultad de contratación de personal de una 
empresa estibadora o de un CPE al imponer condiciones o requisitos ajenos a la entidad 
que ejerce el papel de empleador, así como las facultades de nombramiento del personal 
o la posibilidad de traslado de un puerto.
El apartado tercero únicamente regula como incorporación posible la efectuada a 
través  de  la  OEE,  de  manera  que  quedaría  impedida  la  contratación  de  personal 
estibador de manera libre y directa por parte de las empresas titulares de la licencia de 
actividad de servicios portuarios de manipulación de mercancías. Y limita asimismo la 
contratación a través de cualquier ETT.
Estos preceptos contravienen de manera particular el artículo 3 del RD-ley 9/2019 y 
el artículo 2 del RD-ley 8/2017, que reconocen la libertad de contratación y las facultades 
de organización y dirección de las empresas titulares de la licencia de servicio portuario 
de manipulación de mercancías. Significando que no se trata de una referencia general a 
que la facultad de organización y dirección corresponde al empresario, sino una expresa 
imposición para derogar aquellas limitaciones de la facultad de dirección contenidas en 
la  normativa  convencional,  en  cuanto  las  mismas  conducen  a  restricciones  en  la 
contratación e imponen limitaciones de establecimiento, dificultando el acceso de nuevas 
empresas en el sector, como advirtió la sentencia del TJUE, ya citada de 11-12-2014.
Estos preceptos también resultan contrarios al artículo 49 del TFUE, pues imponen 
restricciones a las empresas de otros Estados miembros dedicadas al servicio portuario 
de manipulación de mercancías que deseen operar en territorio español, que verían 
imposible acceder a la contratación directa de personal
Resultan también contrarios a los preceptos de referencia los apartados séptimo y 
noveno  del  artículo  6,  en  tanto  que  añaden  al  personal  estibador  requisitos  de 
capacitación adicionales a los recogidos en el artículo 3 del RD-ley 8/2017. Recordemos 
que el artículo 3 del RD-ley 8/2017 exige como único requisito para la prestación del 
servicio  portuario  de  manipulación  de  mercancías  la  obtención  del  certificado  de 
profesionalidad establecido en el Anexo VIII del Real Decreto 988/2013. Establecen por 
tanto  restricciones  al  acceso  al  empleo  no  derivadas  de  requerimientos  legales 
profesionales.
Es de aplicación la S. TJUE del 11 de febrero de 2021.
Sentencia: 62019CJ0407 Recurso: C-407/19 y 471/2019, respecto de la validez de 
determinadas disposiciones de Derecho belga relativas a la organización del trabajo 
portuario y, en particular, de su conformidad con el Derecho de la Unión. En ella, se  e.
cuestionaba a la Sala «si los artículos 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse  w.b
en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual: - el  040ww
raedcmoninoisctirmaiteivnat,o  codnes titluoisd a trdaeb ajfaodrmorae s paproitartruiaa riopso r cmorieremsbproonsd ed esai gnuandao s cpoomr isilóans 
doergcaidneiz aigcuioanlmese ndtee ,e menp rfeusnacriióons  yd ep olra  lanse coergsaidnaizda cdieo nmesa ndoe  tdrea boabjardao, rseis ;lo -s e strtaab caojamdiosrióens 
reconocidos deben integrarse o no en un contingente de trabajadores portuarios;» […].
El TJUE ha declarado «una normativa en virtud de la cual ese reconocimiento [el 
reconocimiento  de  los  trabajadores  portuarios]  lo  otorga  un  órgano  administrativo 
constituido  de  forma  paritaria  por  miembros  designados  por  las  organizaciones  de 
empresas y de trabajadores no resulta necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo 
mencionado [garantizar la seguridad en las zonas portuarias y prevenir los accidentes 
laborales]» (párrafo 95), toda vez que no se garantiza que los integrantes de dicho 
órgano dispondrán de los conocimientos necesarios para determinar si un trabajador 
reúne los criterios de reconocimiento (párrafo 96), y cabe dudar de la imparcialidad de 
aquéllos, al haber sido «designados por operadores ya presentes en el mercado, en 
particular  por  una  organización  que  representa  a  los  trabajadores  portuarios  ya 
reconocidos  que  podrían  competir  por  los  puestos  de  trabajo  disponibles  con  los 
trabajadores que soliciten su reconocimiento» (párrafo 97) que declara. En virtud de todo 
lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
«(…)
2)  Los artículos 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el 
sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual:
– el reconocimiento de los trabajadores portuarios corresponde a una comisión 
administrativa constituida de manera paritaria por miembros designados por las 
organizaciones de empresarios y por las organizaciones de trabajadores;
– esta comisión decide igualmente, en función de la necesidad de mano de 
obra, si los trabajadores reconocidos deben integrarse o no en un contingente de 
trabajadores portuarios, en el bien entendido de que, respecto a los trabajadores 
portuarios no integrados en este contingente, la duración de su reconocimiento se 
limita a la duración de su contrato de trabajo, de modo que debe iniciarse un 
nuevo procedimiento de reconocimiento por cada nuevo contrato que celebren, y 
no se prevé ningún plazo en el que deba pronunciarse dicha comisión.»
El supuesto fáctico analizado por el TJUE encuentra un paralelismo en el IV Acuerdo 
para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria y en la 
posición que la comisión paritaria ostenta en la contratación del personal estibador que 
se materializa en, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Constatación de la actividad del puerto y del nivel de empleo por la comisión 
paritaria para decidir sobre contratación y antes de implementar cualquier medida de 
adecuación de plantilla (artículo 6, apartados 11 y 13, del IV Acuerdo Marco).
– Autorización de la comisión paritaria para el traslado de personal estibador de un 
puerto a otro (artículo 6, apartado 12, del IV Acuerdo Marco).
– Interpretación de las condiciones de subrogación (artículo 19, apartado 1, sección 
e) del IV Acuerdo Marco en relación con la disposición adicional Séptima).
– Emisión de informe preceptivo antes de la separación de las empresas estibadoras 
de la SAGEP sobre sus efectos y sobre el sistema de asignación de trabajadores a cada 
empresa (disposición adicional séptima, apartado 1, del IV Acuerdo Marco).
En conclusión, el artículo 6 del IV Acuerdo Marco es la plasmación escrita del acceso 
a un sistema de gestión monopolística de la mano de obra portuaria por la OEE, sistema 
abiertamente anticompetitivo y expresamente declarado ilegal por la sentencia tantas 
veces citada del TJUE.
A la vista de cuanto antecede, el artículo 6 del IV Acuerdo Marco resulta nulo de  e.e
pleno derecho, en particular sus apartados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13. b
2«.A rtSíceu lsoo 7li.c itaP lrao cdeedcilmariaecnitóon d dee s neulelicdcaiódn d deel a prteícrsuolon a7l..
7.1  A fin de cumplir con la obligación establecida en el punto 5 del art. 130 y en el
art. 153 de la Ley de Puertos, y demás normas que lo desarrollan, y en atención a la
especial responsabilidad de la OEE como empresa cedente de mano de obra para la 
realización  del  servicio  público  de  manipulación  de  mercancías,  la  selección  y 
contratación de personal portuario se realizará por la OEE de cada puerto mediante 
convocatoria en los términos establecidos en el presente convenio y en los de ámbito 
inferior.
Los trabajadores del ámbito personal del presente convenio que aspiren a integrarse 
en la OEE deberán superar el examen o pruebas y cumplir los requisitos que determine 
la ley para adquirir la correspondiente habilitación.
La  contratación  de  trabajadores  para  las  labores  portuarias  por  las  empresas 
afectadas por el presente Acuerdo Marco se realizará en el seno de la OEE de cada 
puerto y, en todo caso, estará sometido a lo previsto en las disposiciones por las que se 
regule la habilitación de personal portuario o idoneidad para la realización de las pruebas 
a las que se refiere el presente Acuerdo. Excepcionalmente, cuando la OEE certifique la 
inexistencia de personal disponible, las empresas afectadas podrán realizar contratación 
directa de personal habilitado por un solo turno de trabajo. Obtenida la correspondiente 
habilitación, la OEE realizará las pruebas o exámenes de ingreso adecuando estas a las 
características particulares de cada puerto que serán establecidas de mutuo acuerdo 
entre la representación legal de los trabajadores y las empresas de cada puerto con la 
participación de la OEE. La superación de estas pruebas será imprescindible para la 
selección y contratación del trabajador en la OEE, de manera que la obtención de la 
habilitación profesional correspondiente por la Autoridad competente, no será suficiente 
para el ingreso en la plantilla.
7.2  Convocatoria: La oferta de puestos de trabajo se publicará en los tablones de 
anuncios de la OEE dando un plazo mínimo de 10 días para la presentación de las 
solicitudes.
En dicha oferta deberán constar los requisitos de admisión de candidatos al proceso 
selectivo, el número de plazas a cubrir y el formulario que deberán presentar ante la 
OEE.
7.3  Requisitos  de  admisión  al  proceso  de  selección:  Los  requisitos  mínimos 
imprescindibles para examinar las candidaturas que se presenten, serán:
– Ser mayor de edad.
–  Estar  en  posesión  de  los  títulos  previstos  legalmente  para  el  ingreso  como 
estibador portuario en las actividades del servicio de manipulación de mercancías o 
incurso en las excepciones de titulación previstas en la norma. – Permiso de conducir C1 
para todos los grupos profesionales.
El incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos será causa de exclusión del 
proceso de selección.
Méritos específicos adicionales para el ingreso directo a los Grupos II, III y IV:
Se podrá valorar, en los términos y con la puntuación que, en su caso, se acuerde 
entre  la  representación  de  las  empresas  y  los  trabajadores  de  cada  puerto,  las 
titulaciones  adicionales  a  la  requerida  para  el  ingreso,  o  la  posesión  de  cualquier 
especialidad profesional oficial. También se podrá valorar la experiencia profesional en 
actividades similares o la prestación de servicios en el puerto como personal eventual o 
por medio de empresa de trabajo temporal.
7.4  Pruebas de selección.
Las  pruebas  de  selección  para  la  contratación  de  personal  portuario  serán  e.
eliminatorias. Es decir, el aspirante deberá superar todas las pruebas para que su  w.
candidatura sea considerada apta. 040ww
– Pruebas físicas.
Estas  pruebas  permitirán  la  apreciación  de  las  habilidades  y  destrezas  de  tipo 
motórico  (agilidad,  rapidez,  coordinación)  que  se  consideran  indispensables  para  el 
desempeño de los puestos de trabajo que se deben cubrir.
– Pruebas psicotécnicas.
La realización de estas pruebas permitirá la apreciación de los rasgos de aptitud y de 
carácter considerados básicos para el desempeño de los puestos de trabajo que se 
desea cubrir.
Para la realización de esta prueba se aplicarán test de:
Inteligencia general.
Aptitudes especializadas.
Personalidad.
– Pruebas médicas.
De realización imprescindible, se llevará a cabo un examen médico completo de los 
candidatos que hayan realizado las fases anteriores, de forma que se constate el estado 
de salud de los aspirantes y su adecuación al puesto de trabajo que se desea cubrir.
Estas pruebas consistirán como mínimo en:
Análisis de sangre y orina.
Visual.
Auditivo.
Cardiovascular.
Abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol.
Concluido este proceso, se procederá a la ordenación de la lista de candidatos que 
hayan superado las pruebas y con los méritos valorados, comenzando por el que haya 
obtenido  la  mayor  puntuación  y  sólo  en  el  número  que  corresponda  a  las  plazas 
convocadas.
En  el  supuesto  de  que  las  pruebas  hayan  sido  superadas  por  un  número  de 
candidatos superior al de plazas ofertadas, los aspirantes que hayan obtenido menor 
valoración serán considerados como "no aptos".
El proceso de selección del personal portuario –que corresponde a la OEE en el 
ámbito  de  su  poder  de  organización–,  será  encargado  a  una  Empresa  externa 
especializada  en  selección  de  personal,  que  entregará  los  resultados  del  proceso 
anteriormente descrito a la OEE, a los efectos de proceder a las correspondientes 
contrataciones.
Únicamente, en el supuesto de que se acreditase un error material o de hecho 
determinante de la inclusión o exclusión de un aspirante, los resultados de la selección 
podrán ser reconsiderados para ese concreto supuesto por la OEE.»
El artículo 7 regula el procedimiento de selección de personal. El apartado primero 
prevé que la selección y contratación de personal portuario se realizará únicamente por 
la OEE de cada puerto a fin de cumplir con los artículos 130.5 de la Ley de Puertos - 
preceptos  que  fueron  derogados  expresamente  por  el  RD-ley  8/2017-Parte  de  un 
sistema de gestión de la mano de obra: sólo la OEE gestiona el personal estibador y 
decide acerca de su selección.
La  necesaria  expulsión  de  este  sistema  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  es  e.
consecuencia obligada del rechazo del tribunal europeo de un sistema abiertamente  w.b
contrario a las libertades básicas de contratación, expresamente reconocidas por el RD- 040ww
ley 8C/2o0n1tin7ú ya 9 e/2l 0a1p9a.rtado primero diciendo que las pruebas o exámenes de ingreso serán
eesmtapbrelescaisd odse  dcea dma uptuuoe rtaoc, uye rqduoe  psour  sluap reerparceiósne nstearcáió inm plergeaslc idned ibloles  ptraarbaa ljaa dsoerleesc cyió nla sy 
contratación del trabajador en la OEE, no siendo suficiente para el ingreso la obtención
de la habilitación profesional correspondiente por la autoridad competente. A la vista de 
lo anterior, el artículo 7 del IV Acuerdo Marco merece ser declarado nulo de pleno 
derecho, toda vez que, limita la contratación de personal estibador a la OEE (sin prever 
la contratación a través de las propias empresas estibadoras o a través de CPEs o 
ETTs), lo que contraviene lo previsto el artículo 3 del RD-ley 9/2019 y el artículo 2 del 
RD-ley  8/2017,  que  reconocen  la  libertad  de  contratación,  y  las  facultades  de 
organización y dirección de las empresas titulares de la licencia de servicio portuario de 
manipulación  de  mercancías,  así  como  el  artículo  49  del  TFUE,  pues  supone  una 
restricción a la libertad de establecimiento de empresas estibadoras de otros Estados 
miembros al restringir el acceso de algunas empresas a la contratación imponiendo 
requisitos de acceso exorbitantes, más allá de la habilitación legal requerida por la ley, de 
manera que el acceso a la profesión, con grave restricción de la competencia y del 
acceso  de  terceros  operadores,  se  debe  realizar  con  intervención  de  la  comisión 
paritaria, lo que supone la necesaria aceptación por parte de la representación social, lo 
que claramente cercena la libertad de contratación.
Procede la declaración de nulidad del artículo 7 del IV Acuerdo Marco al exigir al 
personal estibador la superación de unas pruebas de capacitación a nivel de puerto que 
exceden de los requisitos previstos en el artículo 3 del RD-ley 8/2017, que, en la 
práctica,  vienen  a  suponer  un  control  sindical  del  acceso,  pues  sin  el  necesario 
consentimiento de la representación de los trabajadores no es posible el acceso.
3.  El artículo 8 del IV Acuerdo Marco establece:
«Artículo 8.  Sistemas de adscripción a las tareas portuarias. Suspensión de la 
Relación Laboral Especial.
8.1  Los  trabajadores  contratados  por  la  OEE  serán  adscritos  a  las  empresas 
mediante alguno de los siguientes sistemas:
a)  Adscripción por rotación de un turno de trabajo a una empresa según el sistema 
de nombramiento rotativo convenido en cada puerto.
b)  Adscripción a la empresa por un período superior a un turno por los períodos 
pactados en convenio o acuerdo colectivo local.
c)  Adscripción a la empresa por tiempo indefinido.
8.2  La aplicación del régimen previsto en el apartado b) precisará el previo acuerdo 
entre las empresas y la representación de los trabajadores. No será necesario el acuerdo 
previo (dado que se mantiene la relación laboral especial), cuando la adscripción se 
realice  como  consecuencia  de  la  realización  de  más  de  un  turno  diario  mediante 
reenganche o para el turno de 12 horas previsto en el artículo 10.4.4.
En  todo  caso,  el  trabajador  afectado  conservará  los  derechos  económicos  de 
antigüedad en la OEE anteriores a la fecha de suspensión.
En el caso de que se reanudara la Relación Laboral Especial por alguna de las 
causas  previstas  legalmente  el  trabajador  no  percibirá  indemnización  alguna  de  la 
Empresa reintegrándose en la OEE con las condiciones de trabajo y los derechos 
económicos de los trabajadores de éste correspondientes a su mismo Grupo Profesional.
En este sentido, la desvinculación por las modalidades de adscripción b) y c) y el 
retorno al sistema de adscripción indicado en el apartado a) del artículo 8.1 se producirá 
por cualquiera de las causas de extinción del contrato previsto en el artículo 49 del 
Estatuto de los Trabajadores excepto el despido declarado procedente que extinguirá la  e.e
relación laboral. b
8.3  Dada  la  estabilidad  en  la  adscripción  del  trabajador  a  la  empresa  que  040ww
ccoommppuotratarán  ala slo sd ocsi tamdoosd atlridaabdaejasd oprreesv iast alos s eenf elcotso sa dpea rtlaad odse tebr)m  yin acc)i óann tdeerli onreúsm, esroe 
míni8m.4o  dEe lt rtaiebmapjaod odree str aebna rjeol apcrieósnt aladboo braalj.o el régimen de Relación Laboral Común con
suspensión de la especial, se computará a efectos de antigüedad por la OEE.»
Regula la adscripción del personal de la OEE a las empresas estibadoras.
El sistema de adscripción previsto en dicho precepto se separa de lo dispuesto en el 
RD ley 9/2019, que lo equipara a la puesta a disposición de personal propia de las ETT. 
Sólo el régimen previsto en la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal es posible 
tras  el  RD-ley  8/2017  y  9/2019.  Además,  prevé  unos  sistemas  de  adscripción 
determinados que impiden a las empresas estibadora designar al personal necesario, 
como expresamente reconoce el artículo 3.2 del RD-ley 9/2019. Toda limitación a la 
facultad de las empresas estibadoras de decidir sobre el personal estibador que estiman 
necesario para la realización de su actividad debe ser expulsada del ordenamiento 
jurídico. No deben admitirse composiciones forzadas de equipos si no son requeridos 
todos sus miembros por la empresa usuaria. En realidad, el artículo 8, como el 6 y el 7 
parte de un sistema de control monopolístico de la mano de obra entre las empresas que 
operan  en  el  puerto,  con  exclusión  de  terceros,  pero  siempre  con  el  necesario 
consentimiento de la representación de los trabajadores. Sólo desde este punto de 
partida se explica el régimen que impone. Adicionalmente, el apartado segundo del 
artículo 8 exige de acuerdo entre las empresas estibadoras y la representación legal de 
los trabajadores para la adscripción por un periodo superior a un turno También el 
apartado segundo, así como el cuarto, incorporan precisiones para la relación laboral 
especial, que merecen ser suprimidas en consonancia con la derogación de la relación 
laboral especial del personal estibador.
Como consecuencia de lo anterior, el artículo 8 del IV Acuerdo Marco merece ser 
declarado nulo de pleno derecho, al contravenir la puesta a disposición del personal de 
los  CPE  a  las  empresas  estibadoras  regulada  en  el  RD-ley  8/2017,  así  como  por 
mantener un trato diferenciado para el personal con relación laboral especial de personal 
estibador, en tanto que dicha relación fue expulsada del ordenador tras la aprobación del 
RD-ley 8/2017.
4.  Se solicita la declaración de nulidad del artículo 9 en el que se establece:
«Artículo 9.  Procedimiento de incorporación de trabajadores en Relación Laboral 
Común.
Las  Empresas  que  deseen  contratar  como  fijos  de  sus  plantillas  a  estibadores 
portuarios vinculados a la OEE, efectuarán una comunicación a la OEE con indicación de 
las características y condiciones de la oferta. Al objeto de analizar la incidencia que la 
contratación  propuesta  tenga  en  la  plantilla  del  puerto  (nivel  óptimo  de  empleo, 
incidencia  retributiva,  etc.),  será  convocada  la  Comisión  Paritaria  del  puerto,  y  la 
empresa solicitante a fin de adoptar los acuerdos que estime pertinentes. Con el acuerdo 
alcanzado entre las partes o, en su defecto, por decisión empresarial se podrá realizar 
una  oferta  nominativa,  siempre  que  exista  acuerdo  expreso  entre  la  Empresa  y  el 
trabajador, o innominada, con detalle del grupo profesional, especialidad, función a 
desarrollar, modalidad de contratación a tiempo completo o parcial y duración de la 
adscripción.
La OEE comunicará de forma inmediata la oferta a la representación legal de los 
trabajadores y, en su caso, a los trabajadores en quienes concurran las condiciones de la 
propuesta. En caso de que la oferta fuese innominada, lo publicará en el tablón de 
anuncios para general conocimiento y por término de seis días.
Los  trabajadores  que  voluntariamente  opten  al  puesto  de  trabajo  ofertado,  lo 
comunicarán a la OEE y éste, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior, trasladará a la Empresa solicitante las ofertas recibidas, incluyendo los datos  e
profesionales de los trabajadores y el orden de antigüedad de los mismos. A la vista de  bo
los datos indicados, la Empresa decidirá libremente. 040ww
interDees andoa , erxeimstiitri évnodluonleta arilo ms,i slma oO tEieEm lpoo  cloam liustnaic daerá t rdaeb afjoardmoare sin minteedgiaratad oas  lean  Eeml gprruepsoa 
pinrfoofremsaiodnaa l dree qlau eraidnotig, üceodna dl ad ee sepsetcoias lidtraadb apjaedrotinreesn,t ea. síI gcuoamlmoe ndtee,  slua  cEampparceitsaac iósne ráy 
experiencia profesional.
La Empresa, en el plazo de dos días desde que reciba esta documentación, remitirá 
a la OEE oferta nominativa de empleo, que deberá comunicarla inmediatamente al 
trabajador.
El estibador y la OEE podrán fijar, de mutuo acuerdo, un tiempo determinado para la 
suspensión del contrato especial de trabajo que les une. El período de suspensión 
pactado tendrá una duración entre un mes y un año si es a tiempo completo y, podrá 
realizarse en períodos mensuales, si la contratación es a tiempo parcial. En todo caso, 
mediante convenio o acuerdo colectivo local se podrá establecer otros períodos. Los 
acuerdos y efectos de la suspensión, con el respeto de la legislación laboral indisponible 
por las partes, deberán incluirse en el contrato de trabajo que suscriba el trabajador con 
la Empresa. Las condiciones de la contratación y su prórroga se revisarán como mínimo, 
salvo la incorporación automática al contrato de las disposiciones del convenio colectivo, 
cada tres años.
En las ofertas de contrato, las Empresas deberán hacer constar las condiciones 
laborales y económicas que, como mínimo, serán iguales a las de los trabajadores de 
Relación Laboral Especial en condiciones de trabajo homogéneas.
Agotado el procedimiento regulado en los apartados anteriores y en el supuesto de 
que  una  Empresa  no  tenga  contratados  en  régimen  de  relación  laboral  común  o 
Disposición Transitoria II del Real Decreto Legislativo 2/1986, un número de trabajadores 
portuarios suficiente para cubrir el porcentaje mínimo previsto en la legislación vigente, 
completará  este  porcentaje  con  trabajadores  de  relación  laboral  especial  a  tiempo 
parcial, salvo otra modalidad acordada, en el puerto afectado, por las representaciones 
de los trabajadores y empresarios.
Para calificar como reiterado el rechazo de una oferta adecuada será necesario 
rechazar dos ofertas en un período de 12 meses, comenzando a contarse este período a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya rechazado la primera oferta.
De no producirse la respuesta con la inmediatez que requiere el presente artículo, se 
entenderá que el silencio tiene carácter negativo si mediara una semana sin producirse 
respuesta alguna.»
El artículo 9 del IV Acuerdo Marco establece cuál debe ser el procedimiento de 
incorporación del personal estibador para las empresas estibadoras.
Lo previsto en dicho precepto supone incluir una serie de restricciones a la libertad 
de  contratación  consagrada  en  el  artículo  2.1  del  RD-ley  8/2017,  en  tanto  que  el 
artículo  9  del  IV  Acuerdo  Marco  obliga,  entre  otras  cuestiones,  a  que  la  empresa 
estibadora  comunique  la  oferta  a  la  OEE  como  requisito  imprescindible  para  la 
contratación del personal estibador como fijo de su plantilla. Se parte por tanto de un 
sistema de gestión monopolístico por parte de la SAGEP (OEE) claramente contrario al 
bloque normativo y jurisprudencial al que venimos haciendo constante referencia. Y se 
basa además en la superada dicotomía entre relación laboral común y relación laboral 
especial. La preterición de otros operadores en el mercado con clara vulneración del 
artículo  49  del  TFUE  es  la  consecuencia  obligada  del  régimen  previsto  en  dicho 
precepto. Además, a tenor del contenido del IV Acuerdo Marco, ésta resulta la única vía 
posible para que una empresa estibadora pueda contratar a personal estibador.
En definitiva, al resultar incompatible con el RD-ley 8/2017, el artículo 9 del IV 
Acuerdo Marco también merece ser declarado nulo de pleno derecho.
5.  Se solicita la declaración de nulidad del artículo 10, apartados 1, 4,5 y 6 del IV 
Acuerdo Marco. e
«Artículo 10.  Condiciones de trabajo. 040www.
10.1  Llamamientos y nombramientos.
que 1p0r.e1c.1is enL apsa rEam lap reresaalsiz aecsitóibna ddoer alass s aoclictiivtaidraádne dse i nlac luOidEaEs  loesn  teral báamjabditoor efsu npcoiortnuaalr idoes 
este  Acuerdo  y  la  OEE  deberá  proporcionárselos  –o  emitir  certificado  de  no
disponibilidad–,  organizando  diariamente  la  distribución  y  adscripción  de  sus 
trabajadores mediante el sistema de rotación.
10.1.2  Las Empresas formularán la solicitud por escrito o por cualquier sistema 
informático  que  se  implante  con  determinación  del  número  de  trabajadores  y 
especificación del grupo profesional y especialidad interesados y con mención de las 
particularidades  siguientes,  además  de  las  que  fije  el  impreso  o  los  programas 
informáticos existentes al efecto:
– Identificación de la Terminal o del muelle en el que se le indicará al trabajador 
dónde habrá de prestar sus servicios.
– Identificación del buque o buques o línea marítima (atraque, explanada o lugar) 
para los que se realizarán los servicios.
– Naturaleza de los servicios a prestar.
– Tipo de medio de transporte empleado.
– Naturaleza de las mercancías a manipular.
– Tipo y características de la unidad de carga.
– Medios mecánicos a emplear.
– Indicación aproximada del tiempo previsto de ejecución de las tareas.
– Las especificaciones anteriores no obstan para que la Empresa pueda utilizar los 
servicios del trabajador/a durante la totalidad de la jornada, de conformidad con lo 
previsto en el presente Acuerdo y en el desarrollo que de este pudiera preverse en los 
convenios locales de ámbito inferior.
10.1.3  Durante  el  proceso  de  nombramiento  en  la  OEE,  las  empresas  y  la 
representación  unitaria  de  los  trabajadores  tienen  el  derecho  a  designar  un 
representante  que  esté  presente  durante  el  desarrollo  del  mismo  y  supervise  el 
cumplimiento de las normas y usos y costumbres aplicables en el puerto y, en su caso, 
contribuyan a resolver de inmediato las dudas o conflictos interpretativos.
10.1.4  Las Empresas presentarán los pedidos con la antelación que se estipule 
convencionalmente en el ámbito de cada Puerto, y con las formalidades, contenido y 
requisitos siguientes:
a)  Indicaciones contenidas en el apartado 10.1.2.
b)  Trabajadores de Relación Laboral Especial pedidos, con indicación del Grupo 
Profesional y especialidad.
c)  Trabajadores  de  Relación  Laboral  Común,  incluidos  los  de  Disposición 
Transitoria II del Real Decreto Legislativo 2/1986, que se integrarán en el equipo de 
trabajo, con indicación del Grupo Profesional y especialidad que desempeñarán.
10.1.5  La OEE no facilitará el personal cuando la Empresa peticionaria incumpla lo 
dispuesto en el párrafo anterior.
10.1.6  Estos procedimientos quedarán sometidos a los acuerdos que se adopten 
en materia de calidad, y en todo caso, a los que se aprueben con la normativa ISO9002, 
en cada Puerto.
10.1.7  Se conviene que, en todos y cada uno de los puertos, se realice como 
mínimo un llamamiento a la semana con presencia física de todos los trabajadores en las 
dependencias de la OEE, sin perjuicio de que, una vez en la misma, se realicen los 
nombramientos con los medios informáticos usados habitualmente con la exclusión de la 
notificación a distancia (teléfono, mensajes sms, etc.).
10.2  Ordenación de la jornada de trabajo: Jornada anual, días no laborables, horas  b
extraordinarias y cómputo de la jornada: 040ww
tsrearbá1a p0jaa.d2ro.a1r  ecasL dqaau  jteoradrnbaaa edjasadt aombrá lleaxci miindada i cdeaend  ta1ra .e8bn2a 6jeo lh  aaopnraausrat.al  Ldeaon   1ejo0l r.sn2ea.7cdt.ao rm díen imla ae smtiebnas puaarl ao btolidgoasto lroias   OE-A-2021-12able en https://
10.2.2  La  jornada  anual  se  distribuirá  de  manera  irregular  en  las  condiciones 
dispuestas en el presente Acuerdo y conforme se convenga en los convenios colectivos 
de ámbito inferior en función de la duración de los turnos de trabajo y de las necesidades 
del servicio.
10.2.3  En la negociación de los Convenios Colectivos de ámbito inferior se tendrá 
en cuenta que, debido a la naturaleza de los servicios incluidos en el ámbito funcional, 
deberá regularse la realización de labores portuarias todos los días del año, en turnos 
que cubran las veinticuatro horas del día.
10.2.4  Se exceptúa de la regla anterior un máximo de cinco días al año, que serán 
determinados como días inhábiles a efectos laborales en el sector por el convenio 
colectivo de cada puerto.
10.2.5  El exceso sobre la jornada anual pactada en el apartado 10.2.1 que efectúen 
los trabajadores, tanto de relación laboral común como especial, se considerarán horas 
extraordinarias y deberá compensarse mediante el sistema que se determine en los 
convenios colectivos de ámbito inferior.
10.2.6  Los estibadores de Relación Laboral Especial deberán mantener la plena 
disponibilidad para su ocupación conforme al sistema de turnos de trabajo y deberán 
comparecer  físicamente  y  mostrar  su  disponibilidad  en  los  nombramientos  en  los 
términos  que  se  establezcan  en  los  Convenios  Colectivos  de  ámbito  inferior.  La 
presencia física en los nombramientos deberá efectuarse, como mínimo, una vez por 
semana. El mínimo pactado es inmodificable y no sustituible por medios de presencia 
virtual.
10.2.7  El cumplimiento de la jornada anual y, el cómputo de la jornada mínima 
mensual obligatoria, de los trabajadores de relación laboral especial se cumplimentará 
mediante la obligación de disponibilidad para la realización de un número de turnos de 
trabajo equivalentes a los días laborables del mes más dos, respetando los 14 días 
festivos anuales y los de descanso semanal y los de licencias o permisos y demás 
causas de suspensión del contrato de trabajo legal o convencionalmente establecidas. 
Como consecuencia del sistema de cómputo de turnos indicado en el párrafo anterior, la 
jornada mínima mensual obligatoria no será superior de 24 turnos, sin perjuicio de lo 
cual, los trabajadores podrán realizar – voluntariamente o en las condiciones que se 
establezcan en los convenios colectivos de ámbito inferior– un número superior de 
turnos mensuales con el límite de la jornada máxima anual de 1.826 horas pactadas en 
el artículo 10.2.1.
La  citada  obligación  tendrá  vencimiento  trimestral  (enero-marzo;  abril-junio; 
julioseptiembre y octubre-diciembre) de forma que se considerará cumplimentada la 
jornada correspondiente a dicho período y, por tanto, no exigible el tiempo de trabajo en 
el  que  nos  hubiera  producido  ocupación  efectiva  a  pesar  de  la  disponibilidad  del 
trabajador.
En los convenios colectivos de ámbito inferior se podrá detallar, complementar y 
ampliar las licencias o permisos; asimismo se podrá modificar, reducir o ampliar los 
períodos de referencia y regular la obligación de disponibilidad siempre que articule un 
sistema que amplíe, individual o colectivamente, la atención de los servicios portuarios 
demandados con respeto de los límites legales.
10.2.8  A los anteriores efectos, la disponibilidad se acredita mediante la asistencia 
a los nombramientos convenidos en cada puerto por convenio o por costumbre. Sin 
perjuicio de lo indicado anteriormente, y con objeto de alcanzar el máximo nivel de 
ocupación posible, cuando como consecuencia de la irregularidad de la arribada de los  s
buques  a  puertos  o  de  la  discontinuidad  de  la  actividad  en  tierra  (preparación  y  oe.
organización de cargas, entrega y recepción de mercancías, etc.) se prevea que todos o  w.
determinados grupos de trabajadores no alcanzarán en el mes un nivel de empleo de 22  040ww
tmuárnxoims,o l osd etr abcaujaatdroo rerse eanfegcatnacdhoess e sota rájonr noabdliagsa doesn  a loresa litzéarrm einno psr omindeidciaod mose nseuna l luons 
artículos  10.4.2  y  10.4.3.  La  obligación  de  los  citados  reenganches  se  computará
trimestralmente en la forma y con el alcance previsto para la obligación de disponibilidad 
en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.2.7.
10.3  Descansos:
10.3.1  En  la  ordenación  de  la  jornada  se  respetará  la  legislación  vigente  con 
especial atención en la organización del trabajo para garantizar el mínimo de descanso 
de doce horas entre jornadas y el descanso semanal.
10.3.2  Dada la modalidad de adscripción y la diferente manera de organización, 
previsibilidad  de  ocupación  y  atención  al  servicio,  el  descanso  semanal  para  los 
trabajadores vinculados por relación laboral especial será el establecido en los convenios 
colectivos de ámbito inferior y de dos días para los vinculados por relación laboral 
común. La determinación de los días de descanso para los trabajadores de relación 
laboral especial y común será convenida en los Convenios Colectivos de Puerto, en 
atención a compatibilizar la disponibilidad y demanda en la prestación del servicio con el 
derecho a la previa determinación del descanso con una antelación de siete días o, en 
su  caso,  la  pactada  en  convenio  o  acuerdo  colectivo  en  el  puerto.  El  disfrute  del 
descanso semanal podrá realizarse cada dos semanas.
10.3.3  Las  Empresas  procederán  a  señalar  para  los  trabajadores  de  Relación 
Laboral  Común,  con  antelación  suficiente,  el  descanso  de  dos  días  semanales 
consecutivos quedando fijado el número máximo de turnos mensuales en 22 respetando 
el descanso semanal. Cuando la Empresa no lo comunique, se entenderá que los días 
de descanso semanal serán sábado y domingo.
10.3.4  Los  días  festivos  anuales,  excluidos  los  inhábiles  previstos  en  el 
artículo 10.5.4, se disfrutarán en la forma que se convenga en los convenios colectivos o 
acuerdos de empresa de ámbito inferior.
10.4  Tipos de jornadas: Turnos de trabajo, jornadas especiales, inicio y fin de los 
turnos.
10.4.1  La jornada se realizará en cada puerto en régimen de turnos de trabajo de 
seis (6) u ocho (8) horas. La jornada de seis horas será continua. La jornada de ocho 
horas  se  realizará  de  forma  partida  con  una  interrupción  mínima  de  una  hora  no 
retribuida. La distribución y tipos de jornadas y horarios serán los dispuestos en cada 
puerto por convenio, acuerdo o costumbre de ámbito sectorial.
10.4.2  Por  necesidades  del  servicio  y  a  requerimiento  de  la  empresa,  los 
trabajadores podrán realizar una jornada de hasta 12 horas consecutivas o dos turnos de 
seis horas, siempre que se cumpla el descanso obligatorio entre jornadas y que no se 
superen los límites de jornada mínima obligatoria indicados en el apartado 10.2.8.
A este respecto un mismo trabajador no podrá realizar dos turnos en el mismo día 
cuando exista otro a tiempo completo o parcial que, pudiendo efectuar tal actividad, no 
haya  tenido  ocupación  efectiva  en  el  día,  a  no  ser  que  fuera  el  de  descanso 
reglamentario,  sin  realizar,  en  este  último  supuesto,  horas  complementarias.  En  la 
realización de jornadas de 12 horas o reenganches tendrán preferencia los trabajadores 
de relación laboral especial.
10.4.3  Cuando fuera precisa la realización de jornadas de 12 horas o dos jornadas 
en el mismo día en los términos del 10.4.2., los trabajadores afectados tendrán derecho 
a la interrupción mínima de media hora o la dispuesta por convenio o acuerdo colectivo 
local, que se realizará a la mitad de la jornada y será considerada y retribuida como de 
trabajo efectivo. En tal caso, el trabajador deberá ser informado en el momento del  e.
nombramiento o, si no hubiera sido posible por causa imprevista, tan pronto se tenga  w.
conocimiento de ello. 040ww
para1 0a.t4e.n4d erL olass  trdaebmajaanddoaress d aes suemrveinc ioc oelenc tcivaadma epnuteer tuon.  Ac otmalp erofemcitsoo,  edne  ldoiss pcoonnibveilindiaods 
jcoorlneacdtiavos sd dee  1á2m hboitroa sin foe rrioere nsgea rnecghuelsa ráy  esle  seisstetambale cdeer án oeml bimrapmorieten tod ey  laro tmacainóunt ednec ilóans   BOE-A-cable e
correspondiente, sin perjuicio de la retribución de salario base, primas y complementos 
relativos al tiempo trabajado.
10.4.5  La jornada de trabajo correspondiente a la prestación de los servicios de 
estiba y desestiba de buques y actividades comerciales correspondientes al ámbito 
funcional del presente Acuerdo realizadas en las autopistas del mar y en aquellos otros 
tráficos que estratégicamente se consideren oportunos en cada Puerto, se adecuará de 
forma  que  pueda  adaptarse  el  horario  a  la  llegada  del  buque  al  puerto,  pudiendo 
convenirse en cada puerto el fraccionamiento de la jornada y la cuantía de la retribución 
en atención a la operativa de trabajo que desempeñe en el buque. A estos efectos, tanto 
la  posibilidad  de  fraccionar  la  jornada  como  la  retribución  se  determinarán  en  los 
convenios de ámbito inferior.
10.4.6  La Comisión Paritaria de cada puerto y, en caso de discrepancia entre sus 
componentes,  la  Comisión  Paritaria  Sectorial  Estatal,  con  audiencia  de  las 
representaciones empresariales y de los trabajadores del puerto afectado, podrá acordar 
jornadas especiales a fin de poder atender los servicios portuarios correspondientes a 
buques de tráfico regular rodante.
A este respecto, y para evitar posibles controversias en los puertos, se aprobará por 
la Comisión Paritaria Sectorial Estatal una relación nominal de los tráficos mencionados 
y las condiciones mínimas de trabajo en el plazo máximo de un año desde la publicación 
del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
10.4.7  La jornada o turno de trabajo se iniciará desde el momento en que el 
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo y finalizará en el mismo, para lo cual la 
empresa deberá poner los medios de transporte necesarios.
10.4.8  Se considerará cumplida la jornada o turno de trabajo en cualquiera de los 
siguientes supuestos:
a)  Una vez transcurrido el tiempo estipulado en función del tipo de turno.
b)  Cuando el trabajador, una vez nombrado, finalice la operación para la que fue 
contratado, según el turno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4.1. y no sea 
empleado en otras tareas
c)  Cuando, una vez iniciada, finalice la operación u ocupación alternativa por causa 
ajena a la voluntad del trabajador y no sea empleado en otras tareas
d)  Cuando en el transcurso de la jornada para la que fue nombrado no se iniciase el 
trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.
10.5  Organización del Trabajo: Sistema de organización del trabajo, Remate de 
buques.
10.5.1  Las facultades de organización y dirección del trabajo corresponden a las 
empresas.  En  este  sentido,  son  labores  propias  de  la  dirección  de  la  empresa  la 
planificación, organización, coordinación, control y seguimiento de las tareas portuarias. 
En el ejercicio del poder de dirección las empresas encomendarán a los trabajadores las 
tareas indicadas en el artículo 12 del presente Acuerdo. Asimismo, podrán ocupar con 
trabajo efectivo a los trabajadores, tanto de Relación Laboral Común como Especial, 
durante  toda  la  jornada  de  trabajo  en  la  realización  de  actividades  portuarias  que 
integran el ámbito funcional del presente Acuerdo, siempre que el inicio de la nueva 
operativa haya supuesto la finalización de la anterior, al menos, durante la indicada 
jornada. En el caso que la ocupación no afecte a la totalidad del equipo de trabajo, por 
no requerirlo la operación a juicio de la Empresa, la designación de los trabajadores que  s
se queden a realizarla, atenderá a la rotación del empleo, y especialidad requerida, y  oe.
snsuaoclmve1obs0 ri.vap5ada.m2oc  teone Stneee .n e psrcitmoipneuvrlae  nlquioug ea,irn  afe eprnieo tri,ce isósane  rádj oer dnlaeassd igaEn,m apdsreoeg súpanrsi m, sseeur a pmnoúedmnráteenr  oree la dlqiezu aerl  isuhtnaa ,ym aáy  xsimaidsooí    2021-12040n https://www.
de una o dos horas de remate de buques, según se establezca en Convenio Colectivo de
ámbito inferior.
10.5.3  Los trabajadores de Relación Laboral Común tienen la prioridad para el 
trabajo. Para la realización de jornadas de 12 horas o reenganche, tendrán preferencia 
los  trabajadores  de  Relación  Laboral  Especial.  Una  vez  hayan  doblado  todos  los 
trabajadores disponibles de relación laboral especial, podrán hacerlo los de relación 
laboral común.
Para la realización de jornadas de 12 horas o reenganche serán preferentes, salvo lo 
dispuesto en Convenio Colectivo o Acuerdo de ámbito inferior, aquellos trabajadores que 
operen  en  el  buque  que  requiera  el  reenganche,  siempre  que  los  trabajadores  de 
Relación Laboral Especial de igual grupo y especialidad hayan sido llamados en su 
totalidad.
El personal de relación laboral común tiene prioridad para el trabajo diario en el 
grupo profesional y especialidad acreditada ante la empresa en la que tenga trabajo, 
pudiendo  ser  ocupado  en  régimen  de  polivalencia  en  categoría  profesional  distinta 
cuando la OEE no disponga de personal para atender las peticiones de las empresas.
10.5.4  La OEE efectuará el control del número de turnos de trabajo realizado por 
los trabajadores de Relación Laboral Especial, incluyendo los doblajes (jornadas de 12 
horas  o  reenganches).  También  controlará  el  número  de  turnos  efectuados  de  los 
trabajadores de Relación Laboral Común y, en su caso, los de la Disposición Transitoria 
II del Real Decreto Legislativo 2/1986, incluyendo doblajes, para lo cual las Empresas 
cumplimentarán correctamente los pedidos de personal que para cada turno deberán 
presentar  a  la  OEE  o,  en  su  caso,  notificarán  a  la  misma  los  realizados  por  los 
trabajadores de Relación Laboral Común, debiendo indicar el número e identificación de 
los trabajadores de Relación Laboral Común que por grupo profesional, especialidad y 
labor a desempeñar compondrán el equipo de trabajo que vaya a operar.
A  tal  efecto  la  OEE  dispondrá  de  los  medios  de  inspección  necesarios  y  las 
Empresas  autorizarán  al  personal  de  la  OEE  y  a  la  representación  legal  de  los 
trabajadores del mismo el acceso inmediato al lugar de las operaciones portuarias. La 
OEE facilitará a la representación legal de los trabajadores la solicitud de personal, el 
parte de operaciones y la liquidación correspondiente a cada operación.
10.6  Vacaciones anuales.
10.6.1  Los estibadores portuarios, tanto vinculados por Relación Laboral Común 
como por Relación Laboral Especial, disfrutarán un período de vacaciones anuales 
retribuidas de 30 días naturales o el número de días laborables pactados en Convenio 
Colectivo de ámbito inferior, siempre que, en su conjunto con los días no laborales, no 
sea inferior al mínimo indicado.
Las  vacaciones,  salvo  pacto  en  contrario  en  Convenio  Colectivo,  se  abonarán 
conforme al promedio de la retribución media individual, en jornada ordinaria, durante los 
últimos once meses anteriores al mes de inicio del primer turno de vacaciones.
10.6.2  En los Convenios Colectivos de ámbito inferior, mediante acuerdo colectivo 
con la OEE o, en su caso, la Comisión Paritaria del Puerto, se regularán las modalidades 
o  sistemas  para  el  disfrute  de  las  vacaciones,  adecuándose,  en  todo  caso,  a  las 
características de cada Puerto, pudiéndose excluir determinados períodos del año como 
período de vacaciones con base a la actividad previsible.
10.6.3  En  todo  caso,  durante  el  mes  de  diciembre  del  año  anterior,  la  OEE 
confeccionará y publicará antes del día 15 de enero de cada año, un plan de disfrute de 
vacaciones, con los diversos turnos por grupos profesionales, a los que optarán todos los 
trabajadores afectados (Relación Laboral Especial y Relación Laboral Común) por el  e
Convenio del Puerto. bo
10.6.4  Cuando así lo disponga el convenio colectivo o acuerdo de cada puerto, se  040ww
aprotdícruál oa 1c0u.m3.u4l.ar a las vacaciones anuales los días festivos anuales previstos en el
sobr1e0 .la6 .o5r gaLnaisz apcaiórtne sd ec olansv iveanceanc iqounee sla d eO EloEs  trreacbibaijraád olarse sp droep Rueeslatacsió nd eL alabso rEaml Cporemsúans 
y, en virtud de la consideración de colectivo único de los trabajadores al servicio de la
operativa portuaria, establecerá, antes del 15 de enero de cada año, el cuadro anual de 
vacaciones de la totalidad de los estibadores portuarios.
10.6.6  La OEE, a la vista de las peticiones recibidas, resolverá en beneficio del 
servicio portuario.
10.6.7  Salvo pacto en contrario en Convenio Colectivo de ámbito de cada Puerto, el 
disfrute de las vacaciones se realizará preferentemente de una sola vez, o en dos 
períodos, procurándose que se inicien los días 1 y 15 del mes correspondiente.
10.6.8  La distribución vacacional de los trabajadores de RLE y RLC y los de la 
Disposición Transitoria II del Real Decreto Legislativo 2/1986 deberá permitir la atención 
a las necesidades de cada puerto. Mediante convenio o acuerdo colectivo del Puerto se 
determinará el período o períodos vacaciones de tal forma que se mantenga durante 
todo el año la disponibilidad de trabajadores de cada especialidad de la plantilla.
10.6.9  En el supuesto de que se produjera algún conflicto colectivo en la fijación del 
período vacacional, para la resolución del mismo se aplicará lo dispuesto en el art. 19 del 
presente Acuerdo.
(….)»
El artículo 10 del IV Acuerdo prevé una serie de condiciones laborales como los 
llamamientos y nombramientos del personal estibador y el tiempo de trabajo, entre otras 
materias. El apartado primero impone a las empresas estibadoras la obligación de 
solicitar  a  la  OEE  los  trabajadores  portuarios  que  necesiten,  cuya  adscripción  se 
realizará mediante el sistema de rotación. Este precepto debe ser declarado nulo en la 
medida en que limita la posibilidad de contratación de las empresas estibadoras y 
atribuye  a  las  SAGEP  (OEE)  un  carácter  monopolístico  en  la  gestión  de  personal 
estibador.  El  apartado  primero  obliga  a  realizar  un  llamamiento  a  la  semana  con 
presencia física de todos los trabajadores. El apartado cuarto concede preferencia para 
la realización de jornadas de doce horas o reenganches al personal con relación laboral 
especial, mientras que el apartado quinto, punto tercero, establece prioridad para el 
trabajo al personal con relación laboral común. Claramente este precepto no puede 
permanecer en vigor tras la reforma. El apartado quinto establece que la OEE efectuará 
el control del número de turnos de trabajo del personal con relación laboral común y 
especial. El apartado sexto concede a las OEE la facultad de organizar las vacaciones 
del personal estibador con relación laboral común, tras recibir las propuestas de las 
empresas estibadoras. Es evidente que este precepto parte también de un sistema en el 
que el proveedor único de mano de obra en los puertos es una SAGEP (OEE) que 
agrupa forzosamente a las empresas estibadoras, sistema claramente derogado por el 
RD-ley 8/2017 y 9/2019, aparte de claramente contrario a la normativa comunitaria.
Lo dispuesto en el artículo 10 resulta contrario a lo regulado en el RD-ley 9/2019 en 
cuanto a la puesta a disposición del personal estibador al imponer el sistema de rotación 
contrario a la libertad de contratación de las empresas consagrada en el RD-ley 9/2019, 
que, además prevé expresamente que entre las facultades de dirección y organización 
de las empresas estibadoras se encuentra la de designar al personal necesario.
Por otro lado, la obligación de un llamamiento a la semana, así como la facultad de 
las OEE de organizar las vacaciones o controlar los turnos de trabajo restringe la libertad 
de contratación y la facultad de organización y control de los CPE, ETTs y de las 
empresas  estibadoras,  consagradas  en  el  artículo  2  del  RD-ley  8/2017  y  en  el 
artículo  3.1  del  RD  ley  9/2019.  Además,  estas  restricciones  resultan  contrarias  al 
artículo 49 del TFUE, pues restringen la libertad de establecimiento de empresa en favor 
de la gestión centralizada y monopolística de los llamamientos. e.
En consecuencia, los apartados 1,4,5 y 6 del artículo 10 del IV Acuerdo Marco deben  w.b
ser declarados nulos de pleno derecho. 040ww
6.
«Artículo 11.  Movilidad funcional y polivalencia.
11.1  Todos los trabajadores portuarios realizarán las funciones correspondientes a 
su Grupo Profesional y especialidades reconocidas y el nombramiento se efectuará 
según la especialidad requerida. En el supuesto de estar en posesión de diversas 
especialidades, el nombramiento se efectuará según el orden que se establezca en cada 
Puerto.
11.2  En una misma jornada se podrán realizar todas las funciones correspondientes 
a las especialidades del Grupo Profesional del trabajador en régimen de movilidad 
funcional.
11.3  La existencia de especialidades dentro de un Grupo Profesional no limita, en 
modo alguno la movilidad funcional de los trabajadores pertenecientes al mismo y sólo 
está limitada por la acreditación del trabajador, para realizar determinadas tareas.
11.4  Cuando no existan trabajadores disponibles para la realización de funciones 
de una especialidad, el nombramiento se efectuará en régimen de polivalencia funcional 
entre los de otro Grupo Profesional que, no habiendo sido nombrados para realizar 
funciones correspondientes al suyo, tengan acreditada la especialidad requerida o, en su 
caso,  estando  en  proceso  de  formación  reúnan  las  condiciones  básicas  para  su 
realización en condiciones de seguridad laboral.
11.5  La polivalencia funcional entre grupos profesionales se implantará siempre que 
en una jornada se agoten las listas de rotación de cada grupo. Esta polivalencia viene 
limitada solo por la acreditación profesional del trabajador. Así, el nombramiento deberá 
efectuarse para trabajar en otro grupo, cuando se haya agotado la lista del grupo de 
referencia y se tenga la especialidad requerida para desempeñar las tareas específicas 
del otro grupo.
11.6  La empresa que pretenda la polivalencia funcional de los trabajadores de 
relación  laboral  común  a  tareas  de  otro  grupo  profesional  distinto  al  suyo,  deberá 
acreditar la capacitación profesional y la no disponibilidad de trabajadores de Relación 
Laboral Especial del Grupo Profesional requeridos.
11.7  Las OEE organizarán las plantillas de trabajadores de forma que dispongan de 
trabajadores suficientes en los distintos Grupos Profesionales para cubrir la actividad 
habitual de las mismas. Para la promoción, los trabajadores deberán tener acreditada la 
capacitación para la realización de funciones del nuevo grupo profesional o especialidad. 
La  convocatoria,  pruebas,  puntuación  y  prelación,  se  hará  según  normas  objetivas 
pactadas en Convenio o acordadas por la Comisión Paritaria del convenio de ámbito 
inferior.
11.8  La polivalencia y movilidad funcional previstas en el presente artículo solo 
serán  aplicables  en  el  ámbito  de  una  empresa  cuando  la  formación  en  todas  las 
especialidades haya sido ofertada en condiciones de igualdad para el personal de RLE 
de la OEE y RLC y cuando el sistema de asignación de ocupación preferente respete, 
como criterios preferentes, el reparto equitativo del empleo y la garantía de los intereses 
económicos y sociales de la OEE.»
Las referencias del artículo 11 a la relación especial deben eliminarse, del mismo 
modo que el sistema de rotación es incompatible con la libertad de contratación y deben 
también ser eliminadas.
7.  Se pide en la declaración de nulidad del artículo 12, apartado 2 del IV Acuerdo  e.
Marco en el que se establece: w.
(«…12).2  Sistemas de Clasificación y promoción profesional.
12.2.1  La clasificación profesional y los sistemas para la promoción profesional del
personal de relación laboral especial y común corresponderán, exclusivamente, a la
OEE, en este último caso, por delegación de las empresas que se pacta en este Acuerdo 
con carácter general. En tal sentido, los OEE organizarán e impartirán, por si mismos o 
mediante  la  contratación  de  servicios  que  estime  necesarios  o  convenientes,  la 
formación profesional necesaria para mantener un alto nivel de profesionalidad entre los 
estibadores portuarios. Asimismo, asumirá como consecuencia de la delegación indicada 
anteriormente la expedición de certificaciones de formación.
12.2.2  En el supuesto de que un trabajador de Relación Laboral Común acceda a 
un Grupo Profesional superior y no exista puesto de trabajo de ese grupo en la Empresa 
donde viniera prestando sus servicios, éste podrá solicitar y, tendrá derecho a obtener, la 
reincorporación a la OEE en régimen de relación laboral especial o, alternativamente, su 
ingreso en otra Empresa que requiera trabajadores portuarios con tal clasificación.
12.2.3  En caso de discrepancia sobre la materia contenida en el artículo 12, sobre 
el Grupo 0, especialidad asignada a un trabajador, o sobre el sistema de promoción 
establecido  el  personal  afectado,  planteará  el  conflicto,  con  carácter  previo  y 
preceptivamente, ante la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que resolverá de acuerdo 
con los siguientes criterios:
a)  El sistema garantizará en cada Puerto la plena igualdad de oportunidades a los 
estibadores sujetos a Relación Laboral Especial o Común, para acceder a todas las 
promociones y ascensos que se efectúen en el ámbito del mismo.
Las ofertas de promoción serán publicadas en el tablón de anuncios de la OEE y de 
las Empresas y comunicadas a la representación de los trabajadores en las respectivas 
entidades y tendrán acceso, previa la selección correspondiente, todos los trabajadores 
independientemente del Grupo Profesional y especialidades que tengan reconocidas, sin 
perjuicio de los criterios de preferencia que se convengan.
b)  En cada Puerto, el órgano calificador de la profesionalidad exigible para la 
promoción  será  único  y  contará  con  la  participación  de  los  representantes  de  los 
trabajadores y de las Empresas y lo presidirá el representante que nombre la OEE.
c)  La OEE, mediante la realización y superación de los cursos de formación o 
perfeccionamiento,  acreditará  las  especialidades  correspondientes,  con  informe– 
consulta  de  la  representación  de  los  trabajadores.  Los  actos  de  adscripción  o 
denegación de la misma podrán ser objeto de recurso ante la Jurisdicción Social.
12.2.4  Las promociones o reclasificaciones de los trabajadores de Relación Laboral 
Común, habrán de realizarse conforme los criterios y el sistema previsto anteriormente.
12.2.5  Los trabajadores de relación laboral especial y común tienen derecho a la 
promoción profesional con preferencia al ingreso de nuevos trabajadores en la plantilla 
de  la  OEE.  Para  el  pleno  reconocimiento  de  este  derecho,  cuando  se  observe  la 
necesidad de cubrir vacantes o ampliar plantilla del puerto en cualquiera de los grupos 
profesionales la OEE deberá iniciar, con carácter previo a la contratación de nuevos 
trabajadores, un proceso de promoción profesional entre los profesionales portuarios de 
conformidad a los criterios anteriores.»
El apartado segundo del artículo 12 del IV Acuerdo Marco reconoce a la OEE como 
único sujeto competente para la clasificación profesional y para establecer los sistemas 
para la promoción profesional del personal estibador, lo cual atenta contra la facultad de 
organización y dirección de las empresas estibadoras, en tanto que les obliga a delegar 
una serie de cuestiones, como son la clasificación y la promoción profesionales, a la 
OEE. La expropiación a las empresas estibadoras o a otros operadores de trabajo  s
temporal del sistema promoción en favor del monopolio de la OEE resulta contrario al  oe.
Alebibslcoetuiqrbetuaareddd oo n rodaMresm  ayarlca tiosvla. o   eDpamole sp qircuteaieósl  nav mse panreneimseetormiabsi a ndhqeoaunrcetaei,es  n dldaedos e  l raoe ebfjeOleirgrEecanEecc rio isanos eybus rs em  imefaarpqecuuuceéeltsal latsdasees rs  a eatexd pneluat alssdn ai redecmaoc cnpditróreeanls   aIlVasy     2021-12040n https://www.
organización del trabajo sobre el personal estibador bajo su dependencia, contraviniendo
el artículo 3 del RD-ley 9/2019, y la libertad de establecimiento ex artículo 49 del TFUE. 
175.
Por lo tanto, el apartado 2 del artículo 12 del IV Acuerdo Marco merece ser declarado 
nulo de pleno derecho.
8.  Artículo 18. Régimen disciplinario. Se solicita a la declaración de nulidad del 
apartado 1.
«Artículo 18.  Régimen disciplinario.
18.1  Opción a favor de la readmisión:
En el supuesto de que se pretendiera la rescisión de la relación laboral de carácter 
especial por despido declarado improcedente o nulo, la opción para decidir sobre la 
recepción de indemnización o la readmisión en el puesto de trabajo corresponderá al 
trabajador sujeto a Relación Laboral de carácter Especial.
Cuando se extinga el contrato de trabajo de relación laboral común, y el trabajador 
mantenga  suspendida  su  relación  laboral  especial  con  la  OEE  correspondiente,  el 
trabajador/a podrá optar por reingresar en esta última. En este caso, no tendrá derecho a 
percibir la indemnización legal por la extinción del contrato de trabajo producido en la 
empresa.
(...)»
El precepto en cuestión resulta contrario a la normativa vigente en la actualidad, toda 
vez que la relación laboral especial ha dejado de existir, por lo que no cabe la rescisión 
de la relación laboral especial, ni la posibilidad de optar cuando se extinga el contrato de 
trabajo en relación laboral común por reingresar en la relación laboral especial que se 
mantenía suspendida.
9.  Artículo 19, se solicita la declaración de nulidad del artículo 19, apartado 1.e).
Este precepto del IV Acuerdo Marco fue modificado por Acuerdo de modificación de 
artículo 19 del IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de 
la estiba portuaria, con efectos del día 1 de enero de 2018 (BOE 13 de marzo de 2018) 
(Descriptor 17), el cual queda redactado de la siguiente forma, en lo que aquí interesa:
«Artículo 19.  Comisión Paritaria Sectorial Estatal (CPSE).
19.1 Competencias y funciones de la CPSE. Las partes firmantes acuerdan constituir 
una Comisión Paritaria Sectorial Estatal con las siguientes competencias y funciones:
(…)
"e)  Las  de  interpretación  de  las  condiciones  de  subrogación  estipuladas  en  el 
presente convenio colectivo y resolución de discrepancias y, en su caso, mediación, 
surgidos en los procesos de subrogación y determinación de excedentes estructurales, 
así como conocer, con carácter previo a la vía jurisdiccional, de las discrepancias, 
controversias y reclamaciones que puedan suscitarse, individual y colectivamente, como 
consecuencia de la aplicación de los procesos regulados en la disposición adicional 
séptima."»
En tanto que la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco resulta contraria  e.e
al RD-ley 9/2019, al RD-ley 8/2017, al artículo 49 del TFUE y a la Sentencia del TJUE  b
de 11 de diciembre de 2014, al impedir el libre ejercicio del derecho de separación de las  040ww
SmAeGreEceP,  slear  cdoemclpaeratednac inau plar edveis ptale neon  dlae rseecchcoió, nta el )y  dceolm aort íac ucloon 1tin9u.1a cdieóln I Vse A acnuaelrizdao. Marco
10.  Disposición adicional séptima. vulneración del principio de igualdad derivada de 
la modificación del IV Acuerdo Marco con la incorporación de la disposición adicional 
séptima.
La disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco, fue introducida por acuerdo 
suscrito por los codemandados y cuya publicación se ordena por Resolución de 7 de julio 
de 2017, de la Dirección General de Empleo, y, posteriormente modificada parcialmente 
por nuevo acuerdo, por Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, se registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal 
para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. Visto el 
texto del acuerdo parcial, de 30 de enero de 2018, de modificación de la disposición 
adicional séptima del IV Acuerdo estatal para la regulación de las relaciones laborales en 
el sector de la estiba portuaria. (BOE de 13 de marzo de 2018)
«Disposición adicional séptima.
1.  Aquellas empresas que opten por decidir su separación de la SAGEP en virtud 
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, se 
subrogarán el personal de la estiba portuaria, que a fecha de la entrada en vigor del 
citado  Real  Decreto-ley  integraba  la  plantilla  de  la  SAGEP,  en  proporción  a  su 
participación accionarial en la correspondiente sociedad. En consecuencia, el citado 
personal, tendrá derecho a su incorporación voluntaria en dichas empresas estibadora 
en las mismas condiciones laborales individuales y colectivas que posee actualmente. 
Este supuesto se regirá, por analogía, por lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores para la sucesión de empresas y seguirán rigiéndose por el IV Acuerdo para 
la  regulación  de  las  relaciones  laborales  en  el  sector  de  la  estiba  portuaria  (BOE 
número 26, de 30 de enero de 2014), incluida la presente modificación y otras que se 
acuerden, y por los convenios colectivos sectoriales del puerto en vigor a la fecha de la 
firma de esta disposición adicional o sus modificaciones posteriores, hasta su sustitución 
por el V Acuerdo o por los nuevos convenios colectivos sectoriales y de pluralidad de 
empresas u otros que resulten aplicables.
En el caso de que todas las empresas decidan la separación de la SAGEP y, por 
tanto, se proceda a su liquidación, igualmente, los trabajadores tendrán derecho a la 
subrogación en las empresas estibadoras según su porcentaje de participación en el 
capital de la SAGEP.
Antes de que se ejecute por las empresas las decisiones de separación de la 
SAGEP, deberán informar a la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, que incorpora a sus 
competencias la emisión de informe preceptivo sobre sus efectos y sobre el sistema de 
asignación  de  trabajadores  a  cada  empresa  que  se  pactará  en  el  ámbito  estatal. 
Asimismo, la Comisión Paritaria Sectorial Estatal asume la competencia de interpretación 
y resolución de conflictos de la presente disposición adicional.
2.  El sistema de asignación de los trabajadores de la SAGEP a los que se ofrecerá, 
de acuerdo con el apartado anterior, la incorporación voluntaria a la empresa estibadora 
que se separe de aquella en virtud de lo previsto en la disposición transitoria primera del 
Real Decreto-ley 8/2017, se deberá regir por los siguientes principios:
(i)  El ejercicio del derecho de separación de cualquier socio de las SAGEP se debe 
producir dentro de la más estricta neutralidad en relación con la situación anterior a la 
separación y evitando, en particular, que la posición competitiva de las empresas que 
ejerzan dicho derecho se vea perjudicada tras su separación. s
(ii)  El  número  de  trabajadores  a  subrogar  se  determinará  mediante  la  estricta  oe.
ecaompnlipcc(riarieeic)st iaaór nUeá s dnsteaiub  l vaaded irzsoe trdrgaiebl aetu endcr iemóe nlpi nc rapoadopporoi t racecla li ostneonúgcamoilairdelí aardosde   t eyola nte a Sfslu ApdneGecc iEótiarPnali. bddaaejdla epdsoo rrecenes n fotuabnjjece itódone d  pdeae sr tuliacbsirp oeagmcaiópcnilóe nad,de a sleas    2021-12040n https://www.
por la empresa separada de la SAGEP durante los doce meses anteriores a la fecha de
la comunicación de separación, con objeto de que la combinación de trabajadores que
se le asignen tras la separación resulte adecuada a las necesidades operativas de la 
empresa conforme al dato objetivo acreditado durante el indicado periodo.
La información sobre la distribución por categorías y especialidades de trabajadores 
empleada por la empresa separada de la SAGEP durante los doce meses anteriores a la 
fecha de la comunicación de separación se considerará estrictamente confidencial para 
el resto de empresas y solo será conocida por los gestores de la SAGEP, que asumirán 
un compromiso de reserva sobre la información facilitada.
(iv)  Para garantizar la neutralidad de la medida para las empresas que se separen 
y, en su caso, las que permanezcan, y las condiciones de trabajo individual y colectivas 
indicadas en el apartado 1 anterior, la empresa que haya decidido su separación, la 
SAGEP y la Representación Legal de los Trabajadores deberán tener en consideración 
el nivel de ocupación del personal objeto de subrogación y, a tal efecto, podrán acordar 
la subrogación de los trabajadores a tiempo parcial entre las mismas, en proporción al 
nivel de ocupación entre las empresas en el periodo de doce meses indicado en el 
apartado anterior.
(v)  Una vez determinados el número de trabajadores por categorías y, en su caso, 
especialidades, la SAGEP hará pública la oferta de subrogación de la empresa saliente. 
La aceptación de la oferta será voluntaria para los trabajadores y, en el caso de que el 
número  de  voluntarios  sea  superior  al  de  puestos  a  cubrir  por  cada  categoría  y 
especialidad, tendrá preferencia, alternativamente, el de mayor y menor antigüedad en la 
SAGEP.
(vi)  Lo dispuesto en los apartados (ii) a (v) anteriores se aplicará siempre y cuando 
la  empresa  que  haya  decidido  su  separación,  la  correspondiente  SAGEP  y  la 
Representación  de  los  Trabajadores  no  acuerden  otros  criterios  diferentes  o 
complementarios, que habrán de ser, necesariamente, respetuosos con lo establecido en 
el apartado (i) anterior. La decisión así adoptada deberá someterse al informe previo de 
la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, conforme a lo establecido en el apartado 1 
anterior.
3.  La presente disposición adicional tendrá eficacia desde la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 8/2017.»
La disposición adicional séptima establece la obligación de las entidades socias de la 
SAGEP que quieran ejercer el derecho de separación de subrogarse forzosamente de 
trabajadores en una forma determinada. En el procedimiento establecido para realizar tal 
subrogación interviene la Comisión Paritaria Sectorial Estatal. Se determinan los criterios 
de asignación de los trabajadores que deberán subrogarse y consta una solicitud de 
ejecución de tal procedimiento de subrogación.
El Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo en su Exposición de Motivos se pone de 
manifiesto la necesidad de completar la regulación normativa y consolidar el marco de 
liberalización de los trabajadores iniciado por el Real Decreto-ley 8/2017 y garantizar un 
régimen de libre competencia en un marco laboral que asegure tanto la continuidad, 
regularidad y calidad del servicio de manipulación de mercancías como la protección de 
los trabajadores.
La modificación de la Ley 14/1994 por el Real Decreto-ley 9/2019 añade la nueva 
figura de los CPE que pueden crearse al amparo del Real Decreto-ley 8/2017 e introduce 
un nuevo Capítulo V donde los regula con mayor detalle.
El Real Decreto-ley 9/2019 otorga a los agentes sociales la posibilidad de establecer 
la subrogación obligatoria de parte del personal de las SAGEP para casos en los que  e
ciertas empresas deseen separarse de éstas, posibilidad que podrá ejercerse durante el  bo
periodo transitorio establecido en el Real Decreto-ley 8/2017 (el plazo de tres desde la  040ww
entrLaad an eune vvaig onro rdmela R jDus-lteifyic a8 /2e0s1ta7 )m. odificación de la Ley 14/1994 por la necesidad de
garantizar que todos los operadores, CPE y ETT, compitan en igualdad de condiciones
en  la  prestación  de  servicios  de  puesta  a  disposición.  En  particular,  dos  son  los 
elementos que tiene en cuenta:
– La limitación del ámbito funcional o sectorial en el que van a poder operar los CPE, 
que queda reducido a la actividad de la estiba portuaria. A diferencia del carácter 
multisectorial  que  pueden  presentar  las  usuarias  de  las  ETT,  los  trabajadores  que 
ocupen los CPE únicamente podrán ser puestos a disposición de empresas titulares de 
licencia  de  prestación  del  servicio  portuario  de  manipulación  de  mercancías  o  de 
autorización de servicios comerciales portuarios.
– El hecho de que la gran mayoría del personal perteneciente a las SAGEP cuenta 
con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, de modo que el tránsito ordenado de los 
estibadores portuarios desde las anteriores SAGEP a los nuevos CPE implicará la 
incorporación a la plantilla de éstos últimos de un número de trabajadores con contrato 
fijo
A tal fin el artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, dispone:
«Estabilidad y calidad en el empleo.
1.  Con  el  fin  de  garantizar  el  principio  de  estabilidad  en  el  empleo,  las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podrán establecer, mediante un 
acuerdo  o  un  convenio  colectivo,  las  medidas  de  subrogación  necesarias  para  el 
mantenimiento del empleo de los trabajadores que, a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley  8/2017,  de  12  de  mayo,  estuvieran  prestando  servicios  portuarios  de 
manipulación de mercancías y sigan prestándolo a la entrada en vigor del presente, en 
los supuestos previstos en los siguientes apartados.
2.  Cuando las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación 
de mercancías opten por dejar de ser accionistas de la SAGEP, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, 
produciéndose el decrecimiento de la actividad de esta última, procederá la aplicación 
del mecanismo subrogatorio cuando así se acuerde conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1. Igual facultad negociadora dispondrán las citadas organizaciones cuando los 
socios de las SAGEP opten por su disolución. El mecanismo subrogatorio que, en su 
caso, pueda acordarse deberá ser transparente, objetivo y equitativo, de acuerdo con los 
principios y garantías que informan el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
3.  No  obstante  lo  previsto  en  los  apartados  anteriores,  en  los  casos  en  que 
conforme a la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de 
mayo, las SAGEP opten por transformarse en centros portuarios de empleo, el nuevo 
centro portuario se subrogará en la posición de empleador de los trabajadores de las 
SAGEP  una  vez  consumada  la  sucesión  de  la  actividad  relativa  al  empleo  de 
trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a disposición, de forma temporal, entre 
empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios, respetando en todo 
caso lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
4.  Las facultades conferidas por el presente artículo a los agentes sociales, podrán 
ejercerse exclusivamente durante el periodo transitorio establecido en el Real Decreto-
ley 8/2017, de 12 de mayo.»
Por tanto, la habilitación legal a que, a través de la negociación colectiva, se pueda 
acordar una subrogación obligatoria de trabajadores en los casos previstos tiene una  e.e
vigencia  temporal  limitada  que  finaliza  cuando  concluya  el  período  transitorio  de  b
adaptación de tres años que reconoció el Real Decreto-ley 8/2017. 040ww
al eAs tapbalreticr edre  lae ndtoisnpcoessi,c ilóans  StrAaGnsEitPo rqiau epdraimráenr as oqmueet id«aasq uae lllaass  reSgAlaGsE dPe l qliubere  smubesrcisatdaon 
dcoensp uloéss  cdeenl tproesr iopdoor tutraarniossit odrieo  leom hpalreáon  ye nl arsé gdimemená sd ee mlibprree scaosn cduerr etnracbiaa,j oe nt esmu pcoarasol», 
(apartado 1, párrafo cuarto, de la DT 1.ª).
Finalmente, se prevé que en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en 
vigor  del  Real  Decreto-ley  9/2019,  las  normas  convencionales  vigentes  deberán 
adaptarse a lo dispuesto en el mismo, en el Real Decreto-ley 8/2017 y en el artículo 49 
del TFUE.
Al haber trascurrido en exceso el plazo de tres desde la entrada en vigor del RD-
ley 8/2017, establecido en su disposición transitoria primera, este precepto ya no está en 
vigor y, por tanto, la subrogación establecida en el IV Acuerdo Marco carece de soporte 
legal, en aquello que pudiera resultar amparado por el RD-ley ley 9/2019, de 29 de 
marzo.
Tal y como declara el informe de la CNMC de 18 de septiembre de 2020 La conducta 
consistente en la adopción, en el seno de la Comisión Negociadora del IV Acuerdo, de 
los  acuerdos  de  modificación  del  IV  Acuerdo  para  la  regulación  de  las  relaciones 
laborales en el sector de la estiba portuaria, en particular aquellos de fecha 6 de julio 
de 2017 y 30 de enero de 2018, por los que se impone la obligación de subrogar en las 
condiciones acreditadas el personal estibador a las empresas que opten por separarse 
de la SAGEP, constituye una medida injustificada, desproporcionada y discriminatoria 
que afecta a la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías y de la libertad de las empresas titulares de la 
licencia para la prestación de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto 
social sea la puesta a disposición de los trabajadores.
La diferencia entre la subrogación de la disposición adicional séptima y las restantes 
subrogaciones  convencionales  es  que  lo  previsto  para  el  sector  de  la  estiba  no 
constituye una garantía para un supuesto de transmisión de actividad, sino que la 
garantía de empleo se configura como absoluta, incondicionada y totalmente desligada 
de la actividad real de las empresas afectadas.
No  concurre  una  transmisión  de  actividad  entre  operadores  que  ampare  la 
subrogación, sino que el hecho causante de la subrogación es la mera separación de las 
SAGEP, es decir, se trata de una carga adicional arbitraria e injustificada por ejercer el 
derecho a no participar en un SAGEP en la que las empresas estibadoras se vieron 
obligadas a participar.
No existe una contrata sobre la que se apoye la actividad, sino que es el dato de la 
participación de una empresa estibadora en el capital de las SAGEP y el ejercicio de su 
derecho de separación, lo que automáticamente desencadena la subrogación de los 
trabajadores.
No existen unos trabajadores afectos a la actividad y no es la actividad lo realmente 
relevante  para  la  subrogación,  sino  simplemente  la  separación  de  la  SAGEP  y  la 
participación de la empresa estibadora en el capital de aquélla.
El número de trabajadores objeto de subrogación no depende de la actividad de la 
empresa, sino de la participación de ésta en el accionariado de la SAGEP. Por ello, con 
independencia de que la empresa estibadora tenga o no actividad suficiente para asumir 
dichos trabajadores, opera la subrogación.
Cabe recordar que el RD-ley 8/2017 ya impone una cierta limitación en la gestión de 
las empresas estibadoras al imponer a todas las empresas (no solo a las que decidan 
separarse de la SAGEP) un porcentaje mínimo de contratación de la SAGEP durante el 
periodo transitorio de tres años: 75% el primer año; 50%, el segundo; y 25%, el tercero. 
No  obstante,  también  debe  mencionarse  que  dicho  porcentaje,  a  diferencia  de  la 
subrogación convencional prevista en el IV Acuerdo Marco, sí que está vinculado a la 
actividad de la empresa, por lo que el sistema de cómputo es distinto. Y que se trata de  s
un régimen transitorio que debería concluir en fecha próxima a la libertad total de  oe.
contratación. w.
Como ha puesto de manifiesto la Dirección de Competencia de la CNMC en el marco  040ww
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seriamente la liberalización del sector, promulgada en el artículo 2 del RD-ley 8/2017 y 
en el artículo 1 del propio RD-ley 9/2019, en la medida en que:
a)  limita la capacidad de organización de las empresas estibadoras al imponerle un 
número de trabajadores que no necesariamente guarda relación con sus necesidades;
b)  perpetúa el monopolio de la contratación del personal por parte de las SAGEP, y
c)  obstaculiza  el  acceso  de  nuevos  trabajadores  a  dicho  mercado  de  trabajo, 
favoreciendo a aquellos previamente vinculados a las SAGEP.
A resultas de lo anterior, las empresas que opten por no permanecer en las SAGEP 
ven penalizada su decisión al imponérseles la subrogación. Por el contrario, los nuevos 
operadores sólo deben cumplir los porcentajes mínimos de contratación dispuestos en la 
disposición  transitoria  segunda  del  RD-ley  8/2017  únicamente  durante  el  periodo 
transitorio de tres años. El sistema convencional de subrogación ha conseguido su 
propósito: el sistema de prestación de los servicios en la estiba sigue controlado por las 
SAGEP (transformadas en CPE), sin que apenas se hayan producido supuestos de 
separación de empresas estibadoras de dichas sociedades.
En conclusión, la subrogación, en la práctica, viene a suponer un directo atentado a 
las dos libertades básicas que, en cumplimiento de la sentencia del TJUE, consagra el 
RD-ley  8/2017:  (i)  la  libertad  de  contratación  de  trabajadores  portuarios  para  la 
prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y (ii) la libertad de 
participar  o  no  en  empresas  cuyo  objeto  social  sea  la  puesta  a  disposición  de 
trabajadores portuarios.
Además de ilegal por vulnerar el RD-ley 9/2019, el RD-ley 8/2017 y el artículo 49 del 
TFUE, la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco debe ser declarada nula de 
pleno derecho por vulnerar el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la 
CE,  al  introducir  la  subrogación  laboral  obligatoria  únicamente  respecto  de  los 
trabajadores de la SAGEP para aquellas empresas que, en virtud de lo dispuesto en la 
disposición transitoria primera del RD-ley 8/2017, ejerzan su derecho de separación de la 
SAGEP.
Esta obligación de subrogación impuesta por el IV Acuerdo Marco a todas las 
empresas estibadoras que actualmente operan en el mercado genera, por tanto, un 
doble efecto: por un lado, actúa como desincentivo al ejercicio del derecho de aquéllas 
de separarse de la SAGEP -que era, precisamente, la finalidad de la Sentencia del TJUE 
y de la posterior reforma operada por el legislador español a efectos de liberalizar el 
sector de la estiba-, y, por otro, coloca a las empresas incluidas en su ámbito personal y 
funcional en una posición desigual y de desventaja frente a nuevos operadores que no 
asuman una actividad de estiba preexistente en tanto que éstos no están obligados a 
subrogar a los trabajadores de la SAGEP, operando, una vez liberadas de las previsiones 
ilegales  del  IV  Acuerdo  Marco  denunciadas  en  apartados  anteriores,  en  unas 
condiciones de libertad de contratación de imposible acceso a las empresas que sí son 
miembro de las SAGEP.
No existe razón objetiva y razonable que permita justificar la existencia de este trato 
diferencial entre las empresas nuevas y las antiguas, siendo la única razón de ser de la 
diferencia la mera participación en la SAGEP el día de la entrada en vigor del Acuerdo. 
El Tribunal Constitucional ha admitido, en algunas ocasiones, la excepción al principio de 
igualdad cuando así lo justificaba la pertenencia a un subsector específico (por ejemplo, 
el ATC de 23 de julio de 1986, en el caso de las empresas de transformadores de vidrio), 
circunstancia que no concurre en este caso. e
Por todo ello, la disposición adicional séptima del IV Acuerdo Marco que da lugar a la  bo
subrogación convencional obligatoria resulta contraria al principio de igualdad y, por  040ww
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contratos y las condiciones de trabajo– y una clara desventaja competitiva respecto de
nuevos operadores empresariales que no asuman ninguna actividad ni formaban parte 
de la SAGEP.
Décimo.
Por todo ello, debe prosperar la demanda de acuerdo con el informe del Ministerio 
Fiscal, declarando la nulidad de pleno derecho de las disposiciones del IV Acuerdo para 
la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria en los 
términos  declarados  en  el  Fallo  de  la  presente  Resolución  por  contravenir  el  RD-
ley 9/2019, el RD ley 8/2017, el artículo 49 del TFUE y las Sentencias del TJUE de 11 de 
diciembre de 2014 y 11 de febrero de 2021. Debiendo comunicarse la sentencia, a la 
autoridad laboral, en especial a los efectos de constancia en el registro correspondiente 
y a la publicación del fallo en el «Boletín Oficial del Estado» en que el convenio, cuyos 
preceptos se anulan, fueron en su día insertados. (Art. 166.2 y 3 LRJS).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Desestimamos las excepciones de falta de legitimación activa y falta de acción 
alegadas por CETM, UGT, CCOO y ANESCO, de falta de acción alegada por los letrados 
de CETM, ANESCO y UGT, a la que se adhirieron CC. OO y CIG en la que se argumenta 
que, las normas impugnadas del IV Acuerdo Marco de la estiba portuaria no están en 
vigor,  y  de  defecto  legal  en  el  modo  de  proponer  la  demanda  alegada  por  UGT. 
Estimamos  la  demanda  formulada  por  la  ASOCIACIÓN  ESTATAL  DE  EMPRESAS 
OPERADORAS PORTUARIAS (ASOPORT), representada por Joaquim Coello Brufau, 
en  su  condición  de  Presidente,  contra,  ASOCIACIÓN  NACIONAL  DE  EMPRESAS 
ESTIBADORAS  Y  CONSIGNATARIAS  DE  BUQUES  (ANESCO),  COORDINADORA 
ESTATAL  DE  TRABAJADORES  DEL  MAR,  FESMCUGT,  CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL  GALEGA  (  CIG),LANGILE  ABERTZALEEN  BATZORDEAK  (LAB), 
EUSKO  LANGILEEN  ALKARTASUNA  (ELA),  FEDERACIÓN  DE  SERVICIOS  A  LA 
CIUDADANÍA  DE  COMISIONES  OBRERAS  (  FSC-CCOO),  CONFEDERACIÓN 
SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CCOO), siendo parte, el MINISTERIO FISCAL, 
sobre, IMPUGNACION DE CONVENIO COLECTIVO, declaramos la nulidad de pleno 
derecho  de  las  siguientes  disposiciones  del  IV  Acuerdo  para  la  regulación  de  las 
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria: artículo 6, apartados 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 11, 12 y 13; artículo 7; -artículo 8; -artículo 9; -artículo 10, apartados 1, 4, 5 y 6; 
artículo 11, en sus referencias a la relación laboral especial; -artículo 12, apartado 2; -
artículo 18, apartado 1; -artículo 19, apartado 1.e), del IV Acuerdo Marco ( modificado 
por acta de 20-12-2017 (BOE 13-3-2018)) y de la -disposición adicional séptima del IV 
Acuerdo Marco -que fue introducida por acuerdo suscrito por los codemandados y cuya 
publicación se ordena por Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, y, posteriormente, modificada parcialmente por nuevo acuerdo suscrito por las 
mismas partes publicado por Resolución de 7 de marzo de 2018.
Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma 
cabe  Recurso  de  Casación  ante  la  Sala  Cuarta  del  Tribunal  Supremo,  que  podrá 
prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO 
DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte  s
o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del  oe.
plazo arriba señalado. w.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso  040ww
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art, 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta 
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el 
n.º 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el n.º 2419 0000 
00 0073 20; si es en efectivo en la cuenta n.º 2419 0000 00 0073 20 (IBAN ES55), 
pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval 
bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al 
libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.