BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Viernes 20 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 103056
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
14643 Sala Segunda. Sentencia 146/2020, de 19 de octubre de 2020. Recurso de 
amparo 2004-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
SL,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:146
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  2004-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de fecha 17 de septiembre de 2018, que inadmitió la 
demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 50-2018; y contra el auto del mismo juzgado, de fecha 11 
de febrero de 2019, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la anterior 
resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la entidad Pera Assets 
Designated  Activity  Company,  actuando  como  sucesora  procesal  de  la  entidad 
ejecutante, Banco de Sabadell, S.A. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 27 de 
marzo de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y asistida 
por el letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas. e
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Propiedad núm. 3 de Lorca. La cantidad reclamada era de 2553,49 € de principal del 
préstamo  impagado,  más  intereses  legales  y  costas,  resultando  la  primera  de  las 
demandadas la deudora hipotecaria y la segunda titular de un derecho de uso sobre 
dicho inmueble, constituido con posterioridad al de aquella carga real.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento de la causa, dictó auto, el día 29 de mayo de 2018, por el que acordó el 
despacho de ejecución en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 50-2018; 
asimismo, resolvió requerir a las ejecutadas del pago de las cantidades que se reclaman 
y que dicho auto, junto con el decreto que debe dictar el letrado de la Administración de 
Justicia, «serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el 
artículo 553 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), sin citación ni emplazamiento, para 
que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución». Se advirtió además que 
contra dicha resolución no cabía recurso alguno, «sin perjuicio de que la parte ejecutada 
pueda oponerse al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 695 
LEC, y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente 
auto y del decreto que se dicte». El decreto al que se hace referencia fue dictado por el 
letrado de la Administración de Justicia del juzgado a quo en la misma fecha, el cual 
dispuso la expedición de mandamiento de certificación de la finca al registro de la 
propiedad competente y el requerimiento de pago a los ejecutados.
b)  Con fecha 30 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo avisándole que tenía una 
notificación del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, relativa al proceso: 
EJH/000050/2018; notificación a la que podía acceder entre los días 30 de mayo a 15 de 
julio  de  2018,  a  través  de  unos  enlaces  electrónicos  que  también  indicaba.  Como 
información adicional se añadía que «si no procediera a su lectura en el plazo indicado 
se producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable».
c)  El día anterior al del vencimiento del plazo indicado en la anterior comunicación, 
por el mismo servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, se vuelve a remitir otros dos correos electrónicos, en los que se avisa que tiene 
notificaciones y/o comunicaciones sin recoger en la dirección habilitada única de la que 
es titular, recordándole que el plazo de caducidad es el día 15 de julio de 2018, a 
las 23:59 horas.
d)  El día 15 de julio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutante, en relación con el procedimiento hipotecario 
núm. 50-2018. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos) dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en 
esa fecha.
e)  El 26 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca dictó auto, en 
fecha 17 de septiembre de 2018, en cuya virtud inadmitió la oposición planteada. En 
dicha resolución se expone que «[e]n fecha 21-6-18 se notificó y requirió en legal forma a 
través de la sede judicial electrónica a la ejecutada y en fecha 27-8-18 se ha presentado 
por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., oposición a la ejecución hipotecaria», 
para luego fundar la inadmisión, en esencia, en que conforme a la improrrogabilidad de  s
los plazos y la preclusión que establecen los arts. 134 y 136 LEC, en relación con lo  oe.
dispuesto en el art. 695 LEC, la oposición habría de haberse presentado dentro de los  w.
diez días siguientes a la notificación del auto y decreto por el que se despachó la  643ww
eesjetacubcleiócnid.o ,P soer  dteabneto i,n aadl mhiatibr elar soep oospicuióenst op relas eenjteacduat apdoar  epxatesmadpoo ráenl epal.azo  legalmente
antegr)io r Paourt ol,a e nd eeml aqnudea dnetefe nddei óa qmupea lrao  nsoet ifiincatecripóuns yo  rreeqcuuerrsiom iednet or edpeo spiacigóon  tucvoon tlruag aerl   BOE-A-cable e
cuando accedió al contenido de la notificación electrónica remitida y no antes, siendo 
desde  entonces  que  cabía  computar  el  plazo  de  diez  días  del  art.  556  LEC.  Con 
invocación también de los arts. 135, 152.1.2 párrafo tercero, 152.2, 162 y 273 LEC, y la 
doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la 
importancia de los actos de comunicación procesal, afirmó que, de no tener el juzgado 
por formulada su demanda de oposición al despacho de ejecución, se vulneraría su 
derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión.
h)  Por auto de 11 de febrero de 2019, los recursos de reposición interpuestos 
fueron desestimados, con los argumentos que constan en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria  cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC]. 
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Así el artículo 162.2 
LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando 
la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los 
practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de 
Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se 
entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente 
sus efectos. [...]
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 30-5-18 no accediendo al contenido hasta el día 26-7-18 (fuera de 
los tres días que establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición 
a la ejecución en fecha 27-8-2018, claramente fuera del plazo legalmente establecido en 
el art. 556. 1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el 
término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
3.  En la demanda de amparo se alega que las resoluciones judiciales impugnadas 
causaron la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad recurrente, al haberse 
efectuado  su  emplazamiento,  como  ejecutada  en  el  procedimiento  hipotecario  de 
referencia, a través de un correo electrónico remitido por un servicio de notificaciones 
electrónicas y no mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la 
sede  de  su  domicilio  social;  y  ello,  pese  a  que  esa  comunicación  fue  el  primer 
emplazamiento  en  la  causa.  En  todo  caso,  la  recurrente  expone  que  siguió  las 
indicaciones  que  le  facilitó  la  comunicación  electrónica,  de  manera  que  accedió  al 
contenido de la notificación del juzgado el último día fijado; fecha que, sin embargo, el 
órgano judicial ha considerado fuera de plazo, por lo que acordó la inadmisión del escrito 
de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que, si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene obligada a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios 
electrónicos, según dispone el art. 273 LEC, sin embargo, cuando se trata del primer  e
emplazamiento y, por tanto, todavía aquélla «aún no ha tenido ninguna relación con el  bo
juzgado correspondiente en este especial y concreto procedimiento», la notificación ha  643ww
dcoer repsrpaocntidcaiernstee , cmoendfoiarmntee  esctéadbulelac e ecosen  meisnmtroe gaar tíceunlo , ppaupeestl o edne  rellaa ciódno ccuomn elonsta acriótsn. 
p1u3n5t,o 1 p5r2im, 1e6ro2  eys 1ta5b5le LcEeC q.u Ee s«tceu úalntidmoo l apsre pcaerptetos  enso  acacttúeegnó rriceop raels reenstpaedcatso ,p oyra  pqruoecu erand sour 
o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación 
se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
Respecto del auto de 11 de febrero del 2019, que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución, se rechaza por la recurrente que el juzgado haya 
fundamentado su decisión en la Ley del procedimiento administrativo común; norma que 
estima que no es de aplicación en el ámbito procesal civil, puesto que la Ley de 
enjuiciamiento civil no se remite a la normativa administrativa en esta materia. Reitera 
que, pese a lo previsto en el art. 273 LEC, respecto de la obligación de relacionarse por 
medios electrónicos con la Administración de Justicia, ello no supone la obligación de 
tener que recibir la primera notificación o emplazamiento en un proceso judicial por 
medios electrónicos.
4.  Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Tercera 
de este tribunal, de fecha 5 de septiembre de 2019, se acordó oficiar al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, para que remitiera, a la mayor brevedad 
posible, certificación acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra 
alguna de las resoluciones dictadas, en las actuaciones principales o en alguna pieza 
separada, en el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en ese juzgado con el 
número 64-2018; y si hubiera recaído resolución en el sentido apuntado, que se remita a 
esta Sala testimonio de la misma.
5.  Por  certificación  de  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  la  letrada  de  la 
Administración de Justicia hizo constar que en el procedimiento citado no se había 
interpuesto ningún recurso de apelación por las partes personadas.
6.  Mediante providencia de 28 de octubre de 2019, la Sección Tercera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo, «al apreciar que concurre en el 
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), ya que el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no 
hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]; y que el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios 
normativos  relevantes  para  la  configuración  del  contenido  del  derecho  fundamental 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
Al  haberse  recibido  con  anterioridad  copia  autenticada  del  procedimiento  de 
ejecución hipotecaria núm. 64-2018, solamente se resolvió, con arreglo a lo dispuesto en 
el art. 51 de la Ley Orgánica reguladora (LOTC), dirigir atenta comunicación al Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en un plazo que no 
excediera de diez días emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de 
ejecución  referenciado,  excepto  a  la  parte  recurrente  en  amparo,  por  si  quisieran 
comparecer en el presente proceso constitucional, en el plazo de diez días, al efecto de 
formular alegaciones. Finalmente, acordó: «De conformidad con la solicitud de la parte 
actora, fórmese la correspondiente pieza separada de suspensión».
7.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el día 22 de noviembre 
del 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, en 
nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company, 
sucesora procesal del Banco de Sabadell, S.A., y asistida del letrado don Alejandro 
Ingram  Solís,  solicitó  que  se  tuviera  a  la  primera  de  las  entidades  citadas  como 
personada y parte, entendiéndose con dicha procuradora las actuaciones sucesivas de 
este proceso. e.
8.  Por diligencia de ordenación de fecha 22 de junio de 2020, la secretaría de la  643ww
Sene cecl iópnre sTeenrctee rrae cduer seos tae  latr iebnutnidaal dre Pseorlvai óA stesneetsr  Dpoers ipgenrastoenda Adcat icvoitym Co opmaprtaen cyo. mAspiamriescmidoa, 
rFeisscoalvl,ió  pdoar r pvlaisztao  dceo mlaúsn  adcetu avceioinntee s dríeacsi,b iddeanst rao  ladse  ploasrt ecsu apleerss opnoaddraásn  yp rael sMenintaisrt elraios 
alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica 
de este Tribunal.
9.  En fecha 16 de julio de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras 
reflejar los aspectos del procedimiento judicial y de la tramitación seguida ante este 
tribunal que consideró relevantes, recuerda que el presente recurso de amparo forma 
parte de una serie, cuyo denominador común son las idénticas vulneraciones que se 
atribuyen a las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia e instrucción 
de  Lorca,  en  diferentes  procedimientos  de  ejecución  hipotecaria  seguidos  contra 
Euroinversiones Costa Sur, S.L., y Penrei Inversiones, S.L.
Al respecto, el fiscal pone de relieve que algunos de esos recursos ya han sido 
resueltos por el Tribunal Constitucional, en concreto por las SSTC 40/2020, de 27 de 
febrero, dictada por el Pleno, y la 43/2020, de 9 de marzo, de la Sala Segunda. En 
relación con las citadas sentencias, señala que recogen la doctrina establecida por la 
STC 6/2019, de 17 de enero, y la STC 47/2019, de 8 de abril, y añade que, en esta 
última sentencia, el tribunal por primera vez apreció la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por la inobservancia del emplazamiento 
personal de la entidad demandada, pues dicha diligencia se realizó a través de la 
dirección electrónica habilitada de la entonces demandante de amparo, sin tener en 
cuenta que el art. 155 LEC obliga a que el primer emplazamiento del demandando o 
ejecutado se realice de manera personal.
Seguidamente,  el  fiscal  transcribe  parte  de  la  fundamentación  jurídica  de  la 
STC 40/2020 y recuerda que la STC 43/2020 resuelve en el mismo sentido por remisión 
a la anterior; asimismo, reproduce la parte de la argumentación de la STC 19/2020, 
de 10 de febrero, que recoge la doctrina establecida en las SSTC 6 y 47/2019 ya 
indicadas. Finalmente, afirma que la doctrina expuesta resulta íntegramente aplicable, 
por lo que interesa su estimación, por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
10.  En fecha 30 de julio de 2020 presentó sus alegaciones la entidad demandante 
de amparo. Como primera cuestión, y a fin de evitar repeticiones innecesarias, se reiteró 
en lo ya expuesto en su escrito de interposición del recurso de amparo. No obstante, 
destaca la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 40/2020, de 27 de 
febrero,  que  resuelve  el  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018,  promovido  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en un asunto prácticamente igual al del 
presente recurso de amparo, en el que el citado tribunal sostiene que, tratándose del 
primer emplazamiento o citación al demandado, éste ha de efectuarse en el domicilio del 
litigante, como impone el artículo 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE). Por último, tras reproducir parte de la fundamentación jurídica de la 
referida  sentencia,  solicita  que  se  dicte  sentencia  estimatoria,  en  los  términos 
interesados en el escrito de interposición del recurso.
11.  La  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company  no  ha  presentado 
alegaciones.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  15  de  octubre  de  2020,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos oe.
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020. 643ww
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por
dhoipso teencatidriaods esse, guunidao sd ea netell adsi vlear saoqsu jíu zregcaudrorse ndtee , pdriemmearan dinasdtaasn ceian  dper oLcoerscoas,  loesje ccuuatilveoss, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y
de  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre, 
inadmitieron a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, 
al considerarlos extemporáneos. En concreto, en el presente recurso se impugnan los 
autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Lorca, de fechas 17 de septiembre 
de 2018 y 11 de febrero de 2019, recaídos en el proceso de ejecución hipotecaria 
núm. 50-2018.
La demandante de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  el  primer 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil, 
singularmente el art. 155.1. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación del 
amparo  por  el  primer  motivo,  mientras  que  la  entidad  comparecida  se  opone  a  la 
demanda en cuanto al fondo, interesando su desestimación.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la 
oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra 
dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se  impugnan,  y  donde  dio 
respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio 
de la demanda. Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo, en cuanto 
al  fondo  del  asunto,  que  obligue  a  una  fundamentación  o  resultado  diferente  a  lo 
declarado  entonces,  procede  por  tanto  que  hagamos  aplicación  de  la  citada 
sentencia 40/2020.
En su fundamento jurídico 3 se resuelve así la queja de fondo por lesión del art. 24.1 
CE, derivada de la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución. Al respecto se 
afirma que resulta de aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus 
SSTC  6/2019,  de  17  de  enero,  FJ  4  a),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de 
inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en un proceso de amparo, 
«en relación con la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en 
los  procesos  regidos  en  esta  materia  por  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  (directa  o 
supletoriamente), como primera comunicación con el órgano judicial competente, sin que 
pueda ser sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la 
efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se 
exige en el art. 155.1 LEC y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la 
presentación en papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer 
emplazamiento. El incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto 
la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal 
en varios recursos de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que 
se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, en aplicación de la doctrina de 
referencia.
Al igual que se constató en el fundamento jurídico 4 de la STC 40/2020, en el 
presente caso las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la 
tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento personal en el 
proceso a quo, a efectos de requerirla de pago o alternativamente permitirle presentar su 
oposición a la ejecución, optando el juzgado por un emplazamiento electrónico a través 
del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa procesal, y que apenas 
consistía en un aviso remitiendo a un enlace de internet para poder conocer el contenido  s
de la notificación. Además, el órgano judicial fundamentó el computó del plazo para  oe.
presentar el escrito de oposición en normas del procedimiento administrativo común, que  w.
son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con  643ww
evul lnpelarazoci ódne dl ea srtu.  d5e5re6c hLoE Ca .l aT toudteol a loju dcicuiaall  edfeectetirvmai nsain  ilnad eefsetnimsiaócni,ó cno nd erel caomnopcaimroi epnotor 
de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo,  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de los autos de fechas 17 de septiembre de 2018 y 11 de 
febrero de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 50-2018, así como la nulidad de las 
actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a través de la 
dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, a fin de que se practique nuevamente de 
forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.