BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 166882
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21788 Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo.
I
Hablar de reforma laboral en España es evocar un larguísimo proceso de cambios 
normativos que no han logrado, sin embargo, acabar con los graves problemas de 
nuestro mercado de trabajo: el desempleo y la temporalidad. La combinación de ambos 
ha dado lugar a que el trabajo en nuestro país esté especialmente afectado por la 
precariedad, como inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, 
priva  a  nuestro  sistema  productivo  de  desplegar  toda  su  capacidad  y  dificulta  una 
ciudadanía plena en el trabajo.
No  es  la  norma  laboral  el  único  lugar  desde  el  que  afrontar  y  resolver  estos 
problemas, pero es imprescindible que las reglas que regulan el trabajo por cuenta ajena 
brinden el marco oportuno para unas relaciones laborales sanas, no basadas en la 
precariedad y que garanticen el trabajo con derechos como expresión concreta del 
mandato que expresa el artículo 9.2 de la Constitución Española.
Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, apenas estrenada 
nuestra  Democracia,  el  trabajo  en  España  ha  evolucionado  arrastrando  siempre  el 
pesado  lastre  de  la  temporalidad  que  ha  impedido  a  una  parte  importante  de  las 
personas trabajadoras ejercer de forma plena sus derechos y ha creado una inercia, de 
dimensión cultural, que ha mermado el crecimiento de las empresas y su productividad.
Visto  desde  la  Unión  Europea,  que  viene  recordándonos  insistentemente  la 
necesidad de afrontar esta carencia, el mercado de trabajo español constituye un planeta 
lejano,  una  anomalía  que  se  expresa  especialmente  en  una  tasa  de  temporalidad 
inasumible y con efectos mucho más allá de la duración efímera de los contratos de 
trabajo. Jóvenes y mujeres son los que más han sufrido esta lacra, aunque la trampa de 
la temporalidad lo abarca todo en nuestro país y tiene fuerte repercusión en el conjunto 
de nuestro modelo económico.
Uno de sus efectos más evidentes es la enorme volatilidad del mercado de trabajo 
español que reacciona de forma excesiva en las crisis económicas, provocando enormes 
pérdidas de puestos de trabajo y dando pocas oportunidades a medidas alternativas a 
las extintivas y basadas en la flexibilidad interna y la formación. Solo la traumática 
experiencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha permitido, gracias al 
decidido empeño del diálogo social, abandonar parcialmente esta dinámica.
La reforma que contiene este real decreto-ley pretende corregir de forma decidida 
esta temporalidad excesiva, evitando esa rutina tan perniciosa que provoca que en cada 
crisis se destruya sistemáticamente el empleo. Constituye además una oportunidad para 
revertir aquellos instrumentos que han dificultado que la negociación colectiva contribuya 
a la mejora de las condiciones de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar lugar a un marco 
normativo novedoso, descargado de lo que la práctica ha demostrado que no funciona,  s
sobre el que sustentar un modelo de relaciones laborales más justo y eficaz. e.
Estamos por todas estas razones y contenidos ante una reforma laboral que camina  w.
en dirección contraria a la que ha sido habitual en los últimos tiempos. La recuperación  788ww
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transformar nuestro mercado de trabajo para que pueda dejar definitivamente atrás sus
anomalías,  asegurando  la  calidad  del  empleo  y  el  dinamismo  de  nuestro  tejido 
productivo.
Hay  en  esta  ambiciosa  reforma  además  otro  elemento  diferenciador  con  las 
anteriores,  que  permite  concebir  una  mayor  esperanza  en  su  estabilidad  y  en  la 
consecución de los efectos pretendidos. Los cambios están avalados por el diálogo 
social. Las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, tras 
un largo proceso negociador, acordaron junto con el Gobierno de la Nación las medidas 
contenidas en este real decreto-ley, dando así lugar a la primera reforma laboral de gran 
calado de la Democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social.
Son todos ellos elementos decisivos para dar lugar a la gran transformación del 
mercado de trabajo español respondiendo a la vez a las exigencias comprometidas con 
la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Completar de una vez por todas la transición de nuestras relaciones laborales hacia 
un modelo más justo y garantista es el gran objetivo de esta reforma. Un cambio de 
paradigma que ayude a desterrar el desasosiego que la precariedad ha provocado en 
varias generaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
II
Estos importantes desequilibrios, que el mercado laboral español arrastra desde 
hace décadas, agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, 
aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género. El 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado formalmente por 
las instituciones europeas (a través del Consejo ECOFIN) el 13 de julio de 2021, tras ser 
adoptado por el Consejo de Ministros el 27 de abril, presentado a la Comisión Europea 
el 30 de abril y valorado positivamente por dicha institución el 16 de junio, incorpora en 
su Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, 
resiliente e inclusivo» un paquete equilibrado y coherente de reformas estructurales en el 
marco del diálogo social para promover el crecimiento sostenible e inclusivo.
Las primeras reformas de este paquete han sido ya adoptadas a través del Real 
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, el Real Decreto-
ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las 
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el Real Decreto 902/2020, 
de  13  de  octubre,  de  igualdad  retributiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  Real 
Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 
registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el Real Decreto-ley 9/2021, 
de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para 
garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 
plataformas digitales.
El  siguiente  y  fundamental  paso  en  la  consecución  de  dichas  reformas  es  la 
modernización del Estatuto de los Trabajadores que plasme las bases de un nuevo 
contrato  social  que  permita  hacer  compatible  la  estabilidad  en  el  empleo  con  las 
necesidades  de  una  economía  en  plena  evolución  marcada  por  las  transiciones 
ecológica y digital. Así, el presente real decreto-ley introduce en la legislación española 
medidas  para  hacer  efectivas  cuatro  de  las  reformas  identificadas  en  el  citado  s
Componente 23, relativas a la simplificación de contratos (reforma 4), la modernización  e.
de  la  negociación  colectiva  (reforma  8),  la  modernización  de  la  contratación  y  w.
subcontratación de actividades empresariales (reforma 9) y el establecimiento de un  788ww
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por encima de la media europea. El recurso a la contratación temporal injustificada es 
una práctica muy arraigada en nuestras relaciones laborales y generalizada por sectores, 
que genera ineficiencia e inestabilidad económica, además de una precariedad social 
inaceptable.
En cuanto al diagnóstico y las principales debilidades estructurales que deben ser 
adecuadamente corregidas para conseguir un mercado de trabajo justo, sostenible y 
resiliente,  con  capacidad  para  abordar  las  transformaciones  y  retos  de  futuro,  se 
encuentran las que se exponen a continuación.
En primer lugar, el mercado de trabajo español arrastra desde hace décadas un 
profundo desequilibrio en términos comparados con los países de la Unión Europea. Ello 
se debe a que España tiene una tasa de temporalidad y de paro que prácticamente 
duplica la media europea.
No  existe  ninguna  razón  objetiva  en  la  economía  española  que  justifique  este 
elevado diferencial negativo que tiene profundas y negativas consecuencias sobre la 
vida  y  el  bienestar  de  las  personas  trabajadoras,  pero  también  sobre  el  modelo 
empresarial y la estructura productiva de nuestro país.
Una de estas consecuencias negativas es la menor productividad de la economía 
española, porque un modelo laboral basado en la temporalidad desincentiva la inversión 
en formación, tanto en recursos como en tiempo dedicado, por parte de las empresas y 
las personas trabajadoras, pero también porque el elevado nivel de rotación laboral de 
una  parte  considerable  de  las  plantillas  impide  la  cualificación  permanente  y  la 
vinculación profesional de las personas.
Para enfrentarnos a esta anomalía de paro y temporalidad excesivos es necesaria 
una transformación integral de nuestro mercado de trabajo, cambiando las normas que 
favorecen  está  temporalidad  por  otras  que  impulsen  la  estabilidad  en  el  empleo, 
generando así un cambio en las prácticas y en la propia cultura de las relaciones 
laborales.
El objetivo de este cambio en las normas, pero también en las prácticas y la propia 
cultura de las relaciones laborales, es el de actuar contra los problemas de los que 
adolece nuestro mercado de trabajo desde hace décadas:
a)  Un modelo de relaciones laborales especialmente frágil, débil e inestable, que es 
el responsable, en buena medida, de que las caídas en la actividad económica se 
trasladen con enorme intensidad a la destrucción del empleo, salvo en la última crisis 
gracias a la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
b)  El elevado nivel de temporalidad ejerce una fuerte presión sobre los salarios y el 
resto  de  las  condiciones  de  trabajo,  convirtiéndose  en  un  instrumento  para  la 
devaluación salarial que, por un lado, deteriora el nivel de vida de las personas y, por 
otro, debilita la demanda interna y, por lo tanto, la capacidad de crecimiento económico 
de nuestro país.
Además, la combinación de aumento del empleo temporal en las fases expansivas y 
la destrucción intensa en las fases recesivas de ciclo económico impide la necesaria 
estabilidad para mejorar la productividad de la economía y de las empresas españolas, 
provocando las condiciones de un modelo no deseado, que busca la competitividad en la 
reducción de los salarios y no en lograr una mayor productividad; esto es, competir con 
más  calidad  y  más  innovación,  tanto  en  los  productos  como  en  los  procesos  de 
producción.
c)  Una reducción en los niveles de competitividad y productividad de las empresas 
por una menor inversión en formación y menor capacidad de adaptación a los cambios y  e.
mejoras tecnológicas (sin estabilidad en el empleo no hay inversión real en formación).  w.b
Esto  debe  ponerse  en  relación  con  la  distribución  del  tejido  empresarial  español  788ww
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distribuye de forma desequilibrada según la edad o el género, de tal forma que son las
mujeres y, sobre todo, las personas más jóvenes, las que sufren los mayores niveles de 
precariedad, tanto en términos de contrato como de salarios, y en general, son los 
colectivos que tienen más dificultades para incorporarse plenamente el mercado de 
trabajo, lo que se refleja en brechas de diferente tipo, aún por corregir.
e)  Un nivel de rotación laboral muy elevado, con muchas personas, especialmente 
jóvenes, que están en un flujo continuo entre el desempleo y el trabajo temporal, lo cual 
resulta ineficiente para las personas trabajadoras, pero también para las empresas, que 
tienen que pagar indemnizaciones por fin de contrato; y para el sector público, que 
financia con prestaciones por desempleo este proceso de rotación continua.
Por último, no se puede obviar la particular fuente de precariedad y de ineficiencias 
que supone la contratación temporal de muy corta duración y que supone un porcentaje 
elevadísimo del total de contratos firmados anualmente. Esta forma de contratar, que 
produce una rotación excesiva, impone grandes perjuicios sobre las personas afectadas 
y sobre la sociedad en su conjunto. La evidencia de que las medidas existentes hasta la 
fecha no han servido para corregir esta distorsión justifica la modificación del artículo 151 
de la Ley General de Seguridad Social, que pretende interiorizar esta externalidad.
En definitiva, promover la estabilidad en el empleo y la limitación de un uso abusivo, 
injustificado y desproporcionado de la contratación temporal constituye un elemento 
positivo por sí mismo, ya que supone un crecimiento del empleo sostenible en el tiempo, 
mejora las condiciones de trabajo, refuerza los sistemas públicos de protección social, 
genera inversiones en las empresas en capital tecnológico y humano y fomenta una 
auténtica  capacidad  de  adaptación  de  las  mismas,  haciéndolas  menos  volátiles  y 
sensibles a los desajustes coyunturales de cada momento. La reducción de la tasa de 
temporalidad es un objetivo evidente e ineludible de esta reforma y su consecución será 
medida del éxito de la misma. De ahí que la presente norma contenga una previsión de 
seguimiento específico de los efectos de la reforma sobre este parámetro.
En segundo lugar, la negociación colectiva adolece de las siguientes debilidades y 
distorsiones:
a)  Una incorrecta distinción entre convenios colectivos y mecanismos de flexibilidad 
interna. Así, las empresas, en lugar de utilizar los mecanismos de flexibilidad interna 
concebidos  para  afrontar  situaciones  coyunturales  cambiantes,  han  utilizado  los 
convenios  colectivos,  instrumentos  negociados  con  una  determinada  vocación  de 
permanencia, como convenios empresariales de descuelgue que más que crear una 
unidad de negociación nueva se han comportado como un sucedáneo de la citada 
inaplicación o descuelgue.
b)  Falta  de  certeza  sobre  los  instrumentos  convencionales  aplicables,  que  se 
traduce  en  un  incremento  de  la  inseguridad  jurídica  para  empresas  y  personas 
trabajadoras por sus efectos sobre la transparencia competitiva, el normal desarrollo de 
las relaciones contractuales entre las empresas, incluida la descentralización, y los 
derechos de información sobre condiciones esenciales de trabajo.
c)  Unas reglas de aplicación preferente del convenio colectivo de empresa que 
deben  ser  matizadas  a  efectos  de  reforzar  el  convenio  sectorial.  El  sistema  de 
concurrencia  de  convenios  colectivos  debe  equilibrar  la  fuerza  vinculante  de  los 
convenios de sector con la necesaria flexibilidad de los convenios colectivos en ámbitos 
inferiores,  previendo  los  necesarios  contrapesos  y  cautelas  que  no  distorsionen  la 
capacidad competitiva de las empresas ni reduzcan las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras. Por tanto, los convenios de empresa deben comportarse como  e
instrumentos de regulación de aquellos aspectos organizativos que no admiten otro nivel  bo
de  negociación  por  su  propia  naturaleza,  como  los  horarios  o  la  adaptación  de  la  788ww
cslaalsairfiiaclaecsi,ó rne tprriboufecsioionneasl ,y c joorrrneasdpao.ndiendo la negociación colectiva sectorial los aspectos
Por último, junto con las deficiencias relativas al abuso de la contratación temporal y
el  funcionamiento  inadecuado  de  la  negociación  colectiva,  también  existen,  en  el
mercado  laboral  español,  distorsiones  relativas  a  un  posible  debilitamiento  de  las 
condiciones laborales de las personas trabajadoras a través de la externalización y una 
insuficiente  utilización  de  los  mecanismos  de  flexibilidad  interna  como  medidas  de 
adaptación, alternativas más eficientes y de menor coste social que las reducciones de 
plantilla o el recurso a la contratación temporal.
Por tanto, se trata de que las empresas compitan sobre la base de factores como la 
productividad, la eficiencia y el nivel de formación y de capacitación de la mano de obra, 
así como de la calidad de sus bienes y servicios y su grado de innovación. Dicha 
posición es la sostenida por la Comisión Europea, en la «Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión 
Europea», en la que se prevé instar a la promoción del papel de la negociación colectiva 
que debe preservar su capacidad de convergencia y adecuación de los salarios con el 
mantenimiento de la productividad de las empresas, y evitar distorsiones competitivas, 
en una relación de equilibrio necesaria y constante.
III
Partiendo del diagnóstico anterior, estas reformas son particularmente importantes 
para superar los desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos 
de  productividad  y  profundizan  en  las  brechas  sociales,  territoriales  y  de  género, 
perpetuando la desigualdad.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país que 
responde a las aspiraciones y expectativas de las españolas y españoles que incluye 
reformas transversales, como son: la recuperación de los niveles previos de actividad 
anteriores  a  la  pandemia,  generando  empleos  de  calidad  en  un  marco  normativo 
moderno  que  permita  conseguir  un  crecimiento  sostenible,  así  como  la  necesaria 
transformación  digital;  el  impulso  de  la  participación  paritaria  de  las  mujeres, 
proporcionando nuevas oportunidades profesionales y vitales a las generaciones más 
jóvenes; avanzar hacia una España próspera y resiliente ante el cambio climático que 
transite mediante un crecimiento justo y sostenible a sistemas energéticos limpios; y, por 
último, la reducción de la desigualdad y las brechas sociales y territoriales con una 
apuesta decidida por las personas más vulnerables.
Por todo ello y de conformidad con las medidas y objetivos establecidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 23, relativo a las 
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», 
se incluyen diferentes reformas para modernizar y mejorar la eficiencia abordando un 
conjunto de deficiencias estructurales y aportando soluciones a las mismas, todo ello en 
el marco del dialogo social. En concreto, se trata de las Reformas 4 («Simplificación de 
los  contratos:  generalización  del  contrato  indefinido,  causalidad  de  la  contratación 
temporal y adecuada regulación del contrato de formación»), 6 («Establecimiento de un 
mecanismo  permanente  de  flexibilidad  interna  y  recualificación  de  trabajadores  en 
transición»), 8 («Modernización de la negociación colectiva») y 9 («Modernización de la 
contratación y subcontratación de actividades empresariales»), en las que se contempla 
lo siguiente:
a)  Simplificación de los contratos y reducción de la tasa de temporalidad.
Tal y como se pone de manifiesto en el apartado anterior, España encabeza el 
ranking europeo de la temporalidad, con una diferencia de casi 12 puntos porcentuales  es
sobre la media de la Unión Europea. bo
El reforzamiento del contrato indefinido y la configuración de un sistema eficiente de  788ww
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fin de impulsar la contratación indefinida.
Para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, 
generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se 
corresponde con la duración limitada. En paralelo, con el fin de impulsar la creación de 
empleo, es preciso proporcionar a las empresas mecanismos internos para ajustarse 
ante situaciones de crisis, cambios cíclicos de la demanda o transformaciones de modelo 
productivo  a  nivel  sectorial,  alternativos  a  la  alta  temporalidad  y  a  las  fuertes 
fluctuaciones del empleo. La experiencia del uso de los expedientes de regulación 
temporal de empleo, en el último año, proporciona un punto de partida para la creación 
de  un  mecanismo  permanente,  centrado  en  la  formación  y  recualificación  de  las 
personas trabajadoras.
Esta  reforma  permitirá  mejorar  no  solo  la  protección  del  empleo,  sino  que 
incrementará la productividad y reforzará la seguridad jurídica, lo que favorecerá la 
atracción de inversión extranjera y la creación de empresas de mayor valor añadido, así 
como la necesaria inversión en formación de las personas trabajadoras (upskilling).
La reforma en este ámbito aborda, en primer lugar, la simplificación y reordenación 
de las modalidades de contratación laboral. El objetivo es diseñar adecuadamente estos 
nuevos tipos de contratos para que el contrato indefinido sea la regla general y el 
contrato  temporal  tenga  un  origen  exclusivamente  causal,  evitando  una  utilización 
abusiva de esta figura y una excesiva rotación de personas trabajadoras.
En segundo lugar, se pretende establecer una regulación eficaz de los contratos 
formativos, que proporcione un marco idóneo para la incorporación de las personas 
jóvenes al mercado laboral, ya se trate de contratos en alternancia con los estudios o 
bien de contratos para la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios.
En tercer lugar, la reforma debe garantizar que las empresas puedan adaptarse con 
rapidez a los cambios en el contexto económico y a las transiciones productivas, con 
mecanismos alternativos a la alta temporalidad y al encadenamiento de los contratos de 
muy corta duración.
b)  Modernización de la negociación colectiva.
Los convenios colectivos son piezas clave en los sistemas democráticos y, también, 
son elementos fundamentales en la configuración de las dinámicas empresariales y 
productivas eficientes. Ello es así porque permiten la adaptación de las condiciones de 
trabajo a las características del sector o de la empresa, porque aportan seguridad, 
porque disminuyen la conflictividad y también porque posibilitan una competencia entre 
las empresas que gravita fundamentalmente en torno a la calidad del empleo y no en la 
reducción  de  los  costes  laborales.  La  eficiencia  de  la  negociación  colectiva  en  el 
cumplimiento de sus fines requiere que su configuración respete el equilibrio necesario y 
que se articule de modo proporcionado.
Las sucesivas reformas anteriores han determinado una elevación desconocida de la 
inseguridad jurídica, derivando, además, en una arquitectura de negociación colectiva 
que no responde a las necesidades actuales, con importantes distorsiones desde el 
punto  de  vista  de  la  adaptación  a  los  requerimientos  de  los  diferentes  sectores  y 
empresas. Por consiguiente, es imprescindible realizar la vertebración de un sistema de 
relaciones laborales equilibrado, en un contexto de intenso cambio, como consecuencia 
de la transición ecológica y la digitalización.
Por ello, la modernización de la arquitectura de negociación colectiva constituye una 
pieza clave del paquete de reformas, que aborde aspectos tales como la ultraactividad  e
de convenios y la correcta relación entre convenios sectoriales y de empresa. bo
Además, la modernización de la negociación colectiva deberá incorporar cambios en  788ww
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aplicación y en sus efectos.
c)  Modernización de la contratación y subcontratación de las empresas.
Es necesario abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de 
servicios,  a  través  de  la  subcontratación,  como  mecanismo  de  reducción  de  los 
estándares laborales de las personas que trabajan para las empresas subcontratistas.
El  incremento  en  el  uso  de  la  externalización  productiva  como  mecanismo  de 
reducción  de  costes  afecta  negativamente  a  la  competencia  cualitativa  entre  las 
empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral. Por ello, procede 
una modernización de su regulación que asegure un uso adecuado en los supuestos que 
mejoran la actividad productiva, al tiempo que lo desincentive en aquellos en que es un 
mero instrumento de reducción de costes, así como avanzar hacia la equiparación de 
condiciones de las personas trabajadoras subcontratadas y reforzar la responsabilidad 
de las empresas contratistas o subcontratistas.
El objetivo es una regulación precisa que garantice el equilibrio entre agilidad y 
flexibilidad (en trabajos especializados, asociados a un proyecto determinado, etc.) y un 
nivel  adecuado  de  protección  a  las  personas  trabajadoras  de  las  subcontratas,  en 
relación con los trabajos que desarrollan.
d)  Establecimiento  de  un  mecanismo  de  flexibilidad  interna,  estabilidad  en  el 
empleo y apoyo a la transición.
La experiencia de los últimos meses, a raíz de la crisis sanitaria y económica 
derivada de la COVID-19, ha mostrado la importancia y la eficacia del recurso a los 
expedientes de regulación temporal de empleo, como mecanismo de flexibilidad interna 
de las empresas para el ajuste temporal de su actividad, de cara a evitar la destrucción 
de empleo característica de crisis anteriores. El resultado ha sido muy positivo en 
términos de desacoplamiento de la evolución del PIB con la del empleo, así como de los 
saldos fiscales (gracias a la amortiguación de los estabilizadores automáticos), en la 
estabilidad de las relaciones laborales, en el mantenimiento del tejido productivo y del 
capital humano, así como en las inferiores tasas de desempleo, sin parangón con crisis 
anteriores.
La exitosa experiencia con dicho instrumento, hasta ahora muy poco utilizado en 
España, proporciona una base para avanzar hacia un mecanismo permanente, que 
garantice un marco de flexibilidad ante fluctuaciones de la demanda, alternativo a la alta 
temporalidad y a la elevada oscilación del empleo y que contribuya a la estabilidad 
laboral y económica, con un fuerte apoyo a la formación y recualificación de las personas 
trabajadoras, invirtiendo, así, en el capital humano del país, sobre la base de beneficios 
en la cotización a la Seguridad Social.
Adicionalmente,  el  intenso  proceso  de  digitalización  y  cambio  tecnológico  exige 
disponer de instrumentos que acompañen la transición y recualificación de las personas 
trabajadoras en los sectores más afectados, con el fin de que puedan disponer de las 
capacidades necesarias para ocupar los puestos de trabajo de calidad que se crearán en 
el futuro, en sus empresas actuales o en otras empresas o ámbitos de actividad.
Sobre la base de esta experiencia, se integrará en el conjunto del sistema de 
relaciones laborales un nuevo mecanismo de estabilización económica y de flexibilidad 
interna de las empresas, alternativo a la destrucción de empleo y a la alta temporalidad, 
que permita lograr un doble objetivo: (i) proteger el empleo ante las crisis económicas y 
las dificultades del mercado y (ii) acompañar los procesos de cambio estructural para 
evitar  un  impacto  macroeconómico  negativo  del  que  resulte  la  pérdida  del  capital  s
humano,  del  crecimiento  potencial  y  del  bienestar  del  conjunto  de  la  sociedad.  La  oe.
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Todas las medidas relacionadas y con el alcance descrito, así como las vinculadas
de manera necesaria con las anteriores, han sido objeto de negociación en la Mesa de
Diálogo Social, de manera que ha sido el debate y el consenso la fórmula adoptada para 
hacer  efectivo  el  necesario  paquete  de  reformas,  con  vocación  de  permanencia  y 
asentada en una clara voluntad colectiva.
IV
Con respecto a su contenido, que da una respuesta concertada y equilibrada a los 
objetivos y necesidades descritas, este ha sido objeto de acuerdo, el día 23 de diciembre 
de  2021,  con  los  agentes  sociales  CEOE,  CEPYME,  CCOO  y  UGT.  Incluye  cinco 
artículos de modificación de otras tantas leyes, siete disposiciones adicionales, nueve 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
El artículo primero dispone la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
Dicho  artículo  incluye  distintas  modificaciones  y  adiciones  al  Estatuto  de  los 
Trabajadores, que pueden agruparse como sigue:
a)  Modificaciones relativas a la modernización y simplificación de las modalidades 
de contratación que permitan superar la segmentación injustificada del mercado de 
trabajo, así como las tasas de temporalidad, en especial las asociadas con personas 
jóvenes,  respondiendo  de  manera  plena  y  efectiva  a  las  exigencias  de  la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de 
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, mejorando la 
calidad del trabajo de duración determinada, garantizando la aplicación del principio de 
no discriminación, y estableciendo un marco para impedir los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. Incluyen, a su 
vez:
1.º  Una modificación del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, que supone 
en sí un cambio de modelo, estableciéndose un contrato formativo con dos modalidades. 
En  primer  lugar,  el  contrato  de  formación  en  alternancia,  que  tendrá  por  objeto 
compatibilizar  la  actividad  laboral  retribuida  con  los  correspondientes  procesos 
formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o el 
Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
En segundo lugar, el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional 
adecuada al correspondiente nivel de estudios.
2.º  Una modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se 
precisan las causas que justifican el recurso a la contratación de duración determinada y 
nuevas reglas sobre concatenación de contratos, también referidas a la cobertura de un 
puesto de trabajo.
En primer lugar, desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio 
determinado,  modalidad  contractual  fuertemente  cuestionada  por  las  jurisprudencias 
interna y comunitaria (STS1137/2020, de 29 de diciembre de 2020 y STJUE de 24 de 
junio de 2021 –C 550/19–).
Así,  solo  podrá  celebrarse  el  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora. Para que se 
entienda  que  concurre  causa  justificada  de  temporalidad  será  necesario  que  se 
especifiquen  con  precisión,  en  el  contrato,  la  causa  habilitante  de  la  contratación 
temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración 
prevista. es
Por  circunstancias  de  la  producción  se  entiende  el  incremento  ocasional  e  bo
imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de actividad normal de la empresa,  788ww
grApeersdonimudecuirsiacdmcnai oó uy,nn    dspdeeae lrisampa raijetuatvesdétnae d. l etaeEr  mnsp ipotnuosianribacgiliúl oiednnna etcdrsa e so deocel a  pesfoomiodrnpmráalea leoliidsz ee,a nsrp ttraiefcibcovlaiensr tisrdbaeilset opscso o ynm piqbooul ree c  acyteui rensclaug q nadusneet aul  nsncceaoi  anrdestur qarudatoiece  iródelnea.     OE-A-2021-21able en https://
circunstancias de la producción la realización de los trabajos en el marco de contratas,
subcontratas  o  concesiones  administrativas  que  constituyan  la  actividad  habitual  u 
ordinaria de la empresa.
Asimismo, podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución 
de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se 
especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 
Igualmente,  podrá  celebrarse  un  contrato  por  sustitución  para  completar  la  jornada 
reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas 
legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo, medida que promueve y 
es coherente con el derecho de las personas trabajadoras a la conciliación de su vida 
personal y laboral. Por último, el contrato de sustitución podrá concertarse para la 
cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción 
para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este 
caso superior a tres meses.
3.º  Una modificación del artículo 16 sobre el contrato fijo discontinuo.
Desparece por fin la artificial distinción de régimen jurídico entre contratos fijos 
periódicos y fijos discontinuos, respondiendo de hecho a lo que ya existe a efectos de 
protección social, al existir una identidad en el ámbito objetivo de cobertura y evitando 
con ello diferencias de trato injustificadas.
De esta manera, la presente normativa afina su definición de forma que lo decisivo 
es  el  objeto  o  la  naturaleza  de  los  trabajos  realizados,  de  carácter  estacional  o 
vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que 
no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos 
de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Podrán,  además,  desarrollarse  a  través  de  la  contratación  fija-discontinua,  las 
actividades realizadas al amparo de contratas mercantiles o administrativas.
En definitiva, no resulta justificado distinguir ni a efectos legales ni conceptuales el 
fijo discontinuo del fijo periódico, incluyéndolos en una categoría y régimen común que 
subraya el carácter indefinido de la relación laboral y recoge un catálogo de derechos de 
las personas trabajadoras que, sin perjuicio de las especialidades asociadas a esta 
modalidad contractual, garantiza el principio de no discriminación e igualdad de trato.
Esta  nueva  regulación  asegura,  además,  la  estabilidad,  la  transparencia  y  la 
previsibilidad del contrato a través de una mejora de la información sobre la jornada y los 
períodos de actividad en el contrato de trabajo, otorgando un papel fundamental a la 
negociación  colectiva,  entre  otros,  en  relación  con  régimen  de  llamamiento  o  la 
formación y mejora de empleabilidad de las personas fijas discontinuas durante los 
periodos de inactividad.
4.º  Las modificaciones en los artículos 12 y 49 del Estatuto de los Trabajadores, 
como resultado de los cambios en la ordenación y régimen jurídico de los contratos 
temporales.
b)  Modificaciones relativas a la modernización de la contratación y subcontratación 
de obras o servicios, reguladas en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
Con el precedente legal de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de  2014,  o  de  la  Ley  45/1999,  de  29  de  noviembre,  sobre  el  desplazamiento  de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, recientemente 
modificada para incorporar las previsiones de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento  e
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre  bo
el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios,  788ww
terla boabjajedtiovroa sd dee  llaa  cmonotdraifitcaa oc iósunb ceosn tprarotac,u eravrit alnad on eucneas caorima ppertoetneccicai óenm par elsaasr iapl ebrassoandaas 
de mDaicnheora d eex coltursoi vma oedno p, elao reesx tceornnadliicziaocnieósn  ladbeobrea ljeuss.tificarse en razones empresariales
ajenas a la reducción de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las
empresas contratistas. Lo anterior no es solo un objetivo plausible y legítimo, sino que, 
además, existe una razón de fondo vinculada con el principio de no discriminación tal y 
como ocurre en el caso de puestos, profesiones o sectores con alta ocupación femenina 
(v. gr. colectivo de camareras de piso), y donde resulta difícilmente defendible que dos 
personas que realizan trabajos de igual valor tengan condiciones laborales diferentes, o 
incluso carezcan de marco sectorial de referencia, por razón exclusivamente del objeto 
social o forma jurídica de la empresa contratista o subcontratista a la que se vinculan. 
Así, el principio de no discriminación e igualdad de trato se asegura mediante la garantía 
de un convenio colectivo sectorial aplicable sin perjuicio de los derechos de libertad de 
empresa y negociación colectiva.
c)  Medidas para la modernización de las medidas de flexibilidad interna.
Se  incorporan  medidas  para  facilitar  el  uso  de  los  expedientes  temporales  de 
empleo, como fórmula alternativa y prioritaria a las extinciones –artículo 47 del Estatuto 
de los Trabajadores–, y un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo 
–artículo 47 bis, que se incorpora a dicho texto legal– para atender las necesidades 
excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de 
medidas de ajuste y protección temporal, así como inversiones de carácter público, 
previa declaración de tal circunstancia mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
Asimismo,  se  desarrolla  la  reducción  temporal  de  jornada  o  la  suspensión  de 
contratos, por causa de fuerza mayor temporal debida a impedimentos o limitaciones en 
la actividad normalizada, a consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad 
competente, incorporando como mecanismo disponible, con un carácter permanente, el 
régimen de los expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, 
que  han  demostrado  su  eficacia  para  preservar  empleo  y  tejido  empresarial  ante 
contingencias y escenarios de crisis.
Sin perjuicio de lo anterior, la modificación del artículo 47.6 del Estatuto de los 
Trabajadores no resultará de aplicación hasta el 1 de marzo de 2022 a los expedientes 
de  regulación  temporal  de  empleo  por  impedimentos  o  limitaciones  a  la  actividad 
normalizada derivados de las restricciones vinculadas a la COVID-19, que seguirán 
rigiéndose por lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de 
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora 
del mercado de trabajo.
A este respecto, debemos tener en cuenta que, durante la pandemia, las personas 
trabajadoras  que  se  encontraban  en  una  situación  de  suspensión  de  contrato  o 
reducción de jornada en el marco de expedientes de regulación temporal de empleo han 
computado como ocupadas a efectos estadísticos por tener garantizada su vuelta al 
trabajo por los reales decretos-leyes que las amparaban.
Dado que la nueva redacción del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de  los  Trabajadores,  sobre  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo,  y  la 
regulación del nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, en el 
artículo 47 bis del mismo texto legal, refuerzan el vínculo con la empresa de las personas 
trabajadoras cubiertas, la disposición adicional sexta de este real decreto-ley señala que 
estas personas seguirán computando como ocupadas a efectos estadísticos. En efecto, 
se  prevé  una  fecha  cierta  o  la  garantía  de  vuelta  a  su  jornada  completa  o  de 
restablecimiento de su contrato conforme a lo establecido en los dos artículos citados y 
en el apartado 10 de la nueva disposición adicional trigésima novena del texto refundido 
de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  e
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. bo
dS)e  eMsetadbidleacse pna lraas l an mecoedsearrniaizsa cmióond idfiec alac inoengeos ceianc iólan  acroqleucitteivcatu.ra de la negociación  2021-21788n https://ww
ccoonlevcetinviao,s  esne catosrpiaelcetso sy  tdaele se mcpormeosa ,la a sueltgrauaracntivdiod alads  dcea uctoenlavse nyi ogsa rya nlatí arse lpaacrióan q ueen trlae   BOE-A-cable e
descentralización de los convenios colectivos no provoque un efecto devaluador de 
costes retributivos o desventajas injustificadas entre las empresas, y aporte flexibilidad 
en la medida adecuada. Asimismo, recupera el papel central y se fortalece el ámbito 
legítimo de actuación de los sujetos negociadores de los convenios colectivos.
e)  Por último, se modifican o introducen nuevas disposiciones adicionales relativas 
a los contratos formativos celebrados con personas con discapacidad; al compromiso de 
reducción de la tasa de temporalidad; a las acciones formativas en los expedientes de 
regulación temporal de empleo previstos en el artículo 47 y 47 bis del Estatuto de los 
Trabajadores; al acceso a los datos de los expedientes de regulación temporal de 
empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y, finalmente, al convenio colectivo 
aplicable a las contratas o subcontratas suscritas con centros especiales de empleo.
El  artículo  segundo,  por  su  parte,  introduce  una  modificación  de  la  disposición 
adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción, relativa a la extinción del contrato indefinido por motivos 
inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.
El artículo tercero modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los 
siguientes aspectos:
El artículo 151 es objeto de modificación con la finalidad de establecer un incremento 
en la cotización respecto a los contratos de duración determinada inferior a 30 días, 
precisando asimismo los supuestos en que no procederá dicho incremento de cotización.
Se incorpora al texto un nuevo artículo 153 bis con el fin de regular de manera 
uniforme la cotización empresarial en los distintos supuestos de reducción temporal de 
jornada o suspensión temporal del contrato de trabajo ya sea por decisión de la empresa 
al amparo de lo establecido en los artículos 47 o 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal. Se establece, para el caso de que la persona trabajadora 
cause derecho a la prestación por desempleo, que la entidad gestora de la prestación 
deberá ingresar la aportación del trabajador en los términos del artículo 273.2.
Se modifica el artículo 267.1 para incluir, junto con el despido, un nuevo supuesto de 
situación legal de desempleo relativo a la extinción del contrato por motivos inherentes a 
la persona trabajadora regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Asimismo, se modifican las referencias a los contratos fijos periódicos, derivadas de las 
modificaciones del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente se modifica el artículo 273.2 a fin de determinar que la entidad gestora 
ingresará únicamente la aportación del trabajador en los supuestos de reducción de 
jornada o suspensión del contrato.
En la nueva disposición adicional trigésima novena se establecen los beneficios en la 
cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de 
empleo regulados en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, así como los aplicables con relación a los nuevos Mecanismos RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo a que se refiere el artículo 47 bis del mismo texto 
refundido. Se regula tanto la cuantía de las exenciones aplicables en los diferentes 
supuestos como los diferentes requisitos y condiciones para su aplicación, y se faculta al 
Consejo de Ministros para que en atención a las circunstancias que concurran en la  e
coyuntura  económica  pueda  impulsar  las  modificaciones  de  los  porcentajes  de  las  bo
exenciones en la cotización 788ww
precAissaimr islamso ,a csteu aicnicoonrepso raq uuen ac onrrueesvpao nddiesp oesfeicciótuna ra dai ciloan aIln scpueacdcriaógné sdime aT raa bfainjo  dey 
Scuemguprliimdaiedn Stoo dciea ll,o se nre eqlu eisjietorcsi cyi od ed ela ss uosb lcigoamcipoenteesn ceiastsa, bcleocni draesla pcaiórna  sae rla b evnigeilfaicniaciraia  ddeel 
las exenciones en las cotizaciones de la Seguridad Social.
Por otra parte, mediante la nueva disposición adicional cuadragésima primera se 
establece una nueva prestación de sostenibilidad de empleo a la que se podrán acoger 
las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED regulado en el 
artículo 47  bis  del  texto refundido de la  Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se 
establece en la disposición el régimen jurídico de dicha nueva prestación, que será 
incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo.
Además, se incorpora una nueva disposición cuadragésima segunda en la que se 
determina  un  procedimiento  único  para  que  las  empresas  comuniquen  al  Servicio 
Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social el inicio y 
finalización  de  los  periodos  de  suspensión  temporal  de  los  contratos  de  trabajo  y 
reducción temporal de la jornada de trabajo obteniendo así la simplificación de las 
actuaciones administrativas con ambas entidades.
Por último, se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima tercera sobre 
la cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia a que se 
refiere el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El artículo cuarto de modificación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que 
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
introduce  un  nuevo  apartado  7  en  el  artículo  9  relativo  al  incremento  del  crédito 
disponible para las empresas para la financiación de acciones en el ámbito de la acción 
programada.
El  artículo  quinto  modifica  puntualmente  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre 
Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con el objetivo de adaptar la norma sancionadora a 
las nuevas previsiones de la norma material, tanto en lo que se refiere a la normativa de 
contratación –con la imprescindible individualización de la infracción y el incremento de 
la cuantía de la sanción–, como a las medidas de flexibilidad interna, sus limitaciones y 
prohibiciones.
Se prevén siete disposiciones adicionales: las dos primeras referidas a las medidas 
de  transición  profesional  en  el  ámbito  del  Mecanismo  RED  de  Flexibilidad  y 
Estabilización del Empleo; y a las acciones formativas dentro del ámbito del Estatuto de 
becario.
Se incluye una disposición adicional tercera, aclaratoria de la aplicación del artículo 2 
del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, respecto de los expedientes de 
regulación  temporal  de  empleo  por  impedimentos  o  limitaciones  a  la  actividad 
normalizada vinculadas a la COVID-19.
Además, en las disposiciones adicionales cuarta y quinta, se recoge el régimen 
aplicable al personal laboral del sector público, en materia de contratación laboral, y el 
aplicable  en  dicha  materia  cuando  esté  asociada  al  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y a los Fondos de la Unión Europea.
La disposición adicional sexta se refiere al cómputo estadístico, como ocupadas, de 
las personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación temporal de 
empleo  o  a  las  que  les  es  de  aplicación  el  Mecanismo  RED  de  Flexibilidad  y 
Estabilización del Empleo, en coherencia con el reforzamiento de su vinculación con la 
empresa y de las garantías e incentivos para su reincorporación.
Por otra parte, en la disposición adicional séptima se prevé la prórroga de la vigencia 
del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2021.
En cuanto a las disposiciones transitorias, un total de nueve, aclaran el régimen  s
jurídico aplicable a diferentes situaciones contractuales o convencionales vigentes a la  oe.
entrada en vigor del presente real decreto-ley, estableciendo el necesario marco de  w.
certezas en coherencia con las disposiciones derogatoria y finales. 788ww
dispLoas icidoinsepso sqiucieó nc ondtrearvoigeanteonri ala  reúfnoicrma a epslatanbteleacdea . la  derogación  expresa  de  las
una Lmaso ddifisicpaocsióicnio pnuenst ufianla elens  esle a ortcícuuploa n1 0d.e3  lodse  alas pLeecyt o1s4 /s1ig9u9i4e,n dtees 1:  lad ep rjuimnieor,a p ionrt rload quucee   BOE-A-cable e
se regulan las empresas de trabajo temporal; la segunda modifica el texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, a 
efectos de incorporar una nueva disposición adicional novena, referida a los contratos 
vinculados a programas comunes de activación para el empleo; la tercera incluye una 
cláusula de adaptación de las referencias normativas al artículo 47 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contenidas en el propio texto legal, que deberán 
extenderse, a los mismos efectos, al nuevo artículo 47 bis de la referida norma.
Por parte, en la disposición final cuarta se determinan los títulos competenciales, a 
cuyo amparo se dicta este real decreto-ley.
En las disposiciones finales quinta y sexta, se dirige al Gobierno el mandato de 
aprobar un reglamento para la protección de las personas trabajadoras menores, en 
materia de seguridad y salud, en desarrollo del artículo 27.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales; así como para mejorarla regulación de 
la  protección  por  desempleo  de  las  personas  trabajadoras  fijas  discontinuas, 
respectivamente. En la disposición final séptima, se incluye una habilitación genérica de 
desarrollo normativo.
Por último, la disposición final octava fija la entrada en vigor de la norma de forma 
escalonada, esto es, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a excepción de determinados preceptos, para los que se prevé una 
vacatio  legis  –tres  meses–,  lo  que  resulta  necesario  para  posibilitar,  junto  con  el 
conocimiento  material  de  la  norma,  la  adopción  de  las  medidas  de  gestión 
imprescindibles  para  su  aplicación,  además  de  constituir  una  exigencia  básica  del 
principio de seguridad jurídica.
V
Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el 
análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su 
aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la 
existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida 
concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, 
de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es 
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de 
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo 
igualmente  de  una  pluralidad  de  elementos.  El  examen  de  la  concurrencia  del 
presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de 
llevar  a  cabo  mediante  la  valoración  conjunta  de  todos  aquellos  factores  que 
determinaron  al  Gobierno  a  dictar  la  disposición  legal  excepcional  y  que  son, 
básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo 
largo  del  debate  parlamentario  de  convalidación,  y  en  el  propio  expediente  de 
elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de 
octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de 
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y  s
las  medidas  que  en  el  real  decreto-ley  se  adoptan,  generalmente,  se  ha  venido  e.
admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas  w.
económicas  problemáticas»,  para  cuyo  tratamiento  representa  un  instrumento  788ww
qcounes tjiutusctiifoicnaa lmla elnetgei slílcaictoió, ne nd eta nutrog eqnucei ap,e rqtiunee nnteo  ye asd eoctruoa dqou ep asruab lave cnoirn sae c«usciitóuna cdioenl efins 
uconnac raectcaisó nd en loorsm oabtjievativ oinsm geudbiaetran aemne nutna lepsla qzuoe  mpáosr  rabzreovnee sq duiefí ceilel sr edqeu perreidvoe rp roerq ulaie rvaían   BOE-A-cable e
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, 
y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Finalmente,  ha  de  advertirse  que  el  hecho  de  que  se  considere  una  reforma 
estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues, y esto 
es  particularmente  pertinente  en  el  supuesto  que  se  analiza,  el  posible  carácter 
estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda 
convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, 
que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo 
a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en 
SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19, el día 11 de marzo de 2020, y la rápida 
propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional, los 
Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de 
emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance.
La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de 
Recuperación  se  estructuró  a  través  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.  Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  permiten  la  realización  de 
reformas  estructurales,  mediante  cambios  normativos  e  inversiones  y,  por  lo  tanto, 
permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la 
pandemia causada por la COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura 
más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles 
crisis o desafíos en el futuro.
En  este  sentido,  el  Reglamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, dispone en su artículo 24.2, en cuanto a los pagos ligados a 
dicho mecanismo, que el Estado miembro deberá presentar una solicitud «[u]na vez 
alcanzados los correspondientes hitos y objetivos convenidos que figuran en el plan de 
recuperación y resiliencia». En los mismos términos se pronuncia el artículo 2.4 de la 
Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio 
de 2021.
En el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 
Componente  23  «Nuevas  políticas  públicas  para  un  mercado  de  trabajo  dinámico, 
resiliente e inclusivo», tiene como reto y objetivo impulsar, en el marco del diálogo social, 
la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades 
actuales, de manera que permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad 
de reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el 
capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las 
políticas públicas de empleo, dando, además, un impulso a las políticas activas de 
empleo, que se orientarán a la capacitación de los trabajadores en las áreas que 
demandan las transformaciones que requiere nuestra economía.
Tal  y  como  aparece  reflejado  en  las  Disposiciones  Operativas  del  Plan  de  s
Recuperación, acordadas por el Gobierno de España y la Comisión Europea, en virtud  oe.
del Reglamento (UE) 2021/241, aprobadas por la Decisión de la Comisión de 29 de  w.
octubre de 2021, las Reformas 4, 6, 8 y 9 del Componente 23, correspondientes a las  788ww
tmrimodeifsictraec dioen 2e0s 2o1b.jeto del presente real decreto-ley, deben completarse durante el cuarto
medPiaonr tee lleol,  neel cceosmarpioro dmiaisloog aod sqouciriiadlo y  dseu  rienaclliuzsaicóinó nc odme od ihcihtoa se srepfeocrímficaos  eens treul cptuerraíoledso,   BOE-A-cable e
de 2021, implica su necesario cumplimiento, de cara a la presentación de la solicitud de 
pago  de  las  contribuciones  financieras  correspondientes,  de  conformidad  con  el 
artículo 24.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, y constituye el presupuesto habilitante de la extraordinaria y 
urgente necesidad para dictar este real decreto-ley.
Por  extensión,  la  misma  extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  justifica  la 
aprobación de las medidas laborales contenidas en el artículo se aprecia en el conjunto 
de previsiones recogidas en el artículo 3 que modifican diversos preceptos de la Ley 
General de Seguridad Social con el fin de garantizar la aplicabilidad inmediata de las 
citadas medidas laborales. Así sucede con los apartados 2, 4, 5, 6, 7 y 8, en relación la 
suspensión y reducción de jornada de los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los 
Trabajadores; con el apartado 3, en cuanto al acceso a la prestación por desempleo de 
los trabajadores con un contrato fijo discontinuo; con el apartado 9, respecto de la 
cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos en alternancia; y, no menos 
importante, con el apartado 1 vinculado a la reconfiguración del artículo 151 de la Ley 
General de Seguridad Social como pieza clave para acompañar al resto de medidas para 
reducir la temporalidad injustificada.
En otro orden de cosas, este real decreto-ley incluye una disposición adicional 
séptima mediante la cual se prorroga la vigencia del Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021, durante el 
período necesario para garantizar la búsqueda a través del diálogo social, un año más, 
de un incremento pactado del salario mínimo interprofesional.
En este sentido, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los 
Trabajadores,  acerca  de  la  previa  consulta  con  las  organizaciones  sindicales  y 
asociaciones  empresariales  más  representativas,  se  entiende  preciso  garantizar  la 
efectiva  participación  de  los  agentes  sociales  en  la  fijación  del  salario  mínimo 
interprofesional, dando así continuidad a la senda de crecimiento de esta variable en 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito europeo e internacional.
Dado que el citado Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, dejará de producir 
efectos el próximo 31 de diciembre, concurren razones de extraordinaria y urgente 
necesidad, que hacen ineludible mantener transitoriamente su vigencia a partir del 1 de 
enero. Se garantiza de este modo la seguridad jurídica y se da continuidad a la función 
del salario mínimo interprofesional de servir de suelo o garantía salarial mínima para las 
personas trabajadoras
VI
Este  real  decreto-ley  cumple  con  los  principios  de  buena  regulación  exigibles 
conforme  al  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Tal  y  como  se  pone  de 
manifiesto en la motivación y los objetivos, la norma está llamada a proporcionar una 
regulación adecuada y suficiente de los diferentes aspectos y objetivos comprometidos e 
incluidos de manera expresa en las diferentes reformas que integran el Componente 23 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar 
el cumplimiento de dicho objetivo.
Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su 
propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido en las diferentes fases  s
de  su  tramitación,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  26.11  de  la  e.
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, el contenido ha sido objeto  w.
de negociación con los agentes sociales, constituyendo un paquete de reformas que han  788ww
sidoF einleavlmadeanste y,  deiss ccuotihdearse ennte l ac omne seal  rdees tdoiá dloegl oo srdoecniaal.miento jurídico nacional y con el
onrod einmapmoineen toc acrogmaus niatadrmioi nyi scturamtipvlaes  coinnn eelc persinacriiapsio  od e aecficceiesnocriiaas,  dasidnoo  quúen icsaum aepnlictea cilóans   BOE-A-cable e
estrictamente necesarias para garantizar la adecuada implementación de la reforma y el 
objetivo de acompañamiento y sostenibilidad del nuevo mecanismo.
Este  real  decreto-ley  y  las  medidas  descritas  no  afectan  a  objetivos 
medioambientales,  por  lo  que  respetan  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo», en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088. Por tanto, en virtud del principio de «no causar un perjuicio significativo» no 
se requiere una evaluación sustantiva, de conformidad con los artículos 2.6) y 5.2 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021, y de acuerdo con lo previsto en la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01).
Este real decreto-ley es dictado al amparo de los títulos competenciales recogidos en 
el artículo 149.1.7.ª, 13.ª y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia  exclusiva  en  las  materias  de  legislación  laboral,  sin  perjuicio  de  su 
ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; de bases y coordinación de la 
planificación  general  de  la  actividad  económica,  así  como  de  legislación  básica  y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios 
por las comunidades autónomas, respectivamente.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo  primero.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11.  Contrato formativo.
1.  El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el 
trabajo retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o 
el  desempeño  de  una  actividad  laboral  destinada  a  adquirir  una  práctica 
profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios, en los términos 
establecidos en el apartado 3.
2.  El  contrato  de  formación  en  alternancia,  que  tendrá  por  objeto 
compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos 
formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o 
del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, se 
realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
a)  Se  podrá  celebrar  con  personas  que  carezcan  de  la  cualificación  s
profesional reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar  e.
un contrato formativo para la obtención de práctica profesional regulada en el  w.
apartado 3. 788ww
de fSorinm paecirójuni cpioro dfees lioo naanl teor iuonr,i vseer spitoadriraá nc orena plizearsr ocnoanstr aqtuoes  pvoinsceualand ootsr aa  teitustlaucdiióons 
msieismmpor en iqveule f onrom ahtaivyoa  yte dneidl om iostmroo  csoencttroart op rofodrumcatitvivoo. previo en una formación del  BOE-A-cable e
b)  En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados 
de profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en 
alternancia  de  empleo–formación,  que  formen  parte  del  Catálogo  de 
especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá 
ser concertado con personas de hasta treinta años.
c)  La  actividad  desempeñada  por  la  persona  trabajadora  en  la  empresa 
deberá  estar  directamente  relacionada  con  las  actividades  formativas  que 
justifican la contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de 
formación  común,  elaborado  en  el  marco  de  los  acuerdos  y  convenios  de 
cooperación suscritos por las autoridades laborales o educativas de formación 
profesional o Universidades con empresas y entidades colaboradoras.
d)  La persona contratada contará con una persona tutora designada por el 
centro o entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que 
deberá contar con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá 
como función dar seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo 
previsto  en  el  acuerdo  de  cooperación  concertado  con  el  centro  o  entidad 
formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez, garantizar la coordinación con 
la persona tutora en la empresa.
e)  Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas 
o inscritas y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de 
cooperación, elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos 
individuales donde se especifique el contenido de la formación, el calendario y las 
actividades y los requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.
f)  Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada 
por  el  centro  o  entidad  de  formación  o  la  propia  empresa,  cuando  así  se 
establezca,  como  la  correspondiente  formación  práctica  dispensada  por  la 
empresa  y  el  centro.  Reglamentariamente  se  desarrollarán  el  sistema  de 
impartición  y  las  características  de  la  formación,  así  como  los  aspectos 
relacionados con la financiación de la actividad formativa.
g)  La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o 
programa formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y 
podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo 
largo de diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto 
en el plan o programa formativo. En caso de que el contrato se hubiera concertado 
por una duración inferior a la máxima legal establecida y no se hubiera obtenido el 
título, certificado, acreditación o diploma asociado al contrato formativo, podrá 
prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de dicho título, 
certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la duración máxima de dos 
años.
h)  Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada 
ciclo formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de 
profesionalidad  o  itinerario  de  especialidades  formativas  del  Catálogo  de 
Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.
No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con 
varias empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario 
de especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a 
distintas actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que 
la duración máxima de todos los contratos pueda exceder el límite previsto en el  s
apartado anterior. oe.
i)  El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo  w.
dedicado a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser  788ww
ssuepgeurniodro ,a dl e6 5la  pjoorrn acdiean tmo,á xdiumraa nptere veils tpar iemne er l acñoon,v oe naiol  c8o5l epcotirv oc ideen toa,p ldicuarcainótne  eenl 
la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal.
j)  No  se  podrán  celebrar  contratos  formativos  en  alternancia  cuando  la 
actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado 
con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier 
modalidad por tiempo superior a seis meses.
k)  Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no 
podrán  realizar  horas  complementarias  ni  horas  extraordinarias,  salvo  en  el 
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos 
ni trabajo a turnos.
Excepcionalmente,  podrán  realizarse  actividades  laborales  en  los  citados 
periodos cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes 
previstos en el plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a 
la naturaleza de la actividad.
l)  No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.
m)  La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio 
colectivo de aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no 
podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por 
ciento el segundo, respecto de la fijada en convenio para el grupo profesional y 
nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al 
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
3.  El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada 
al nivel de estudios se regirá por las siguientes reglas:
a)  Podrá  concertarse  con  quienes  estuviesen  en  posesión  de  un  título 
universitario  o  de  un  título  de  grado  medio  o  superior,  especialista,  máster 
profesional o certificado del sistema de formación profesional, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, así como con quienes posean un título equivalente de 
enseñanzas  artísticas  o  deportivas  del  sistema  educativo,  que  habiliten  o 
capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.
b)  El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá 
concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una 
persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes 
estudios. No podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional 
o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un 
tiempo superior a tres meses, sin que se computen a estos efectos los periodos de 
formación o prácticas que formen parte del currículo exigido para la obtención de 
la titulación o certificado que habilita esta contratación.
c)  La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder 
de un año. Dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial 
estatal o autonómico, o en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de 
ámbito inferior podrán determinar su duración, atendiendo a las características del 
sector y de las prácticas profesionales a realizar.
d)  Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por 
tiempo superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la 
misma titulación o certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en 
formación en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo 
superior a los máximos previstos en el apartado anterior, aunque se trate de  e
distinta titulación o distinto certificado. bo
A  los  efectos  de  este  artículo,  los  títulos  de  grado,  máster  y  doctorado  788ww
tcitourlraecsipóonn, dsiaelnvote qs uea  allo sse re csotundtriaotsa duon pivoer rpsritiamreiorsa  vneoz  msee dciaonntsei duenr acroánntr altao  pmairsam laa 
rdeeal ltizítaucloió snu dpee rpiorrá cdteic qau per osfee striaotnea.l la persona trabajadora estuviera ya en posesión
e)  Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá 
exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.
f)  El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional 
adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa 
elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la 
práctica profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o 
experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del 
objeto del contrato.
g)  A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la 
certificación del contenido de la práctica realizada.
h)  Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de 
práctica profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto 
previsto en el artículo 35.3.
i)  La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio 
colectivo aplicable en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo 
profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En 
ningún caso la retribución podrá ser inferior a la retribución mínima establecida 
para  el  contrato  para  la  formación  en  alternancia  ni  al  salario  mínimo 
interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
j)  Reglamentariamente  se  desarrollará  el  alcance  de  la  formación 
correspondiente  al  contrato  de  formación  para  la  obtención  de  prácticas 
profesionales,  particularmente,  en  el  caso  de  acciones  formativas  específicas 
dirigidas  a  la  digitalización,  la  innovación  o  la  sostenibilidad,  incluyendo  la 
posibilidad de microacreditaciones de los sistemas de formación profesional o 
universitaria.
4.  Son normas comunes del contrato formativo las siguientes:
a)  La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban 
un  contrato  formativo  comprenderá  todas  las  contingencias  protegibles  y 
prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
b)  Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia  y  violencia  de  género  interrumpirán  el  cómputo  de  la  duración  del 
contrato.
c)  El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8, incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo 
individual al que se refieren los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k) y 3.e) y f), en 
el  que  se  especifiquen  el  contenido  de  las  prácticas  o  la  formación  y  las 
actividades  de  tutoría  para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos.  Igualmente, 
incorporará  el  texto  de  los  acuerdos  y  convenios  a  los  que  se  refiere  el 
apartado 2.e).
d)  Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no 
serán de aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los 
colectivos  en  situación  de  exclusión  social  previstos  en  el  artículo  2  de  la 
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción, en los casos en que sean contratados por parte de empresas de 
inserción  que  estén  cualificadas  y  activas  en  el  registro  administrativo 
correspondiente.  Reglamentariamente  se  establecerán  dichos  límites  para  e
adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad  bo
y características de estas personas. 788ww
su dee)f ecMtoe,d eiann tleo sc ocnovnevneinoi ocso lceoclteivcoti vdoes  ásmebctitoor iasleecst odriea lá emsbtaittoa l,i nafuetroionró, mseic op ood, ráenn 
pdoedterrámni ndaers eloms ppeuñeasrtsoes  pdoer  tmraebdaiojo d, ea cctoivnidtraadtoe sfo, rnmivaetlievso .o grupos profesionales que
f)  Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad 
interna  reguladas  en  los  artículos  47  y  47  bis  podrán  concertar  contratos 
formativos  siempre  que  las  personas  contratadas  bajo  esta  modalidad  no 
sustituyan funciones o tareas realizadas habitualmente por las personas afectadas 
por las medidas de suspensión o reducción de jornada.
g)  Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá 
concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato 
formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
h)  Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto 
de los cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán 
concertados como contratos indefinidos de carácter ordinario.
i)  Reglamentariamente  se  establecerán,  previa  consulta  con  las 
administraciones competentes en la formación objeto de realización mediante 
contratos formativos, los requisitos que deben cumplirse para la celebración de los 
mismos, tales como el número de contratos por tamaño de centro de trabajo, las 
personas en formación por tutor o tutora, o las exigencias en relación con la 
estabilidad de la plantilla.
5.  La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las 
personas trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que 
contemplen  la  contratación  formativa,  incluyendo  la  información  relativa  a  los 
planes  o  programas  formativos  individuales,  así  como  a  los  requisitos  y  las 
condiciones en las que se desarrollará la actividad de tutorización.
Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, 
certificado o itinerario en los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa 
deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras toda la 
información de la que disponga al respecto de dichas contrataciones.
6.  En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes 
a conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la 
empresa  mediante  contratos  formativos.  Asimismo,  podrán  establecerse 
compromisos de conversión de los contratos formativos en contratos por tiempo 
indefinido.
7.  Las  empresas  que  pretendan  suscribir  contratos  formativos,  podrán 
solicitar por escrito al servicio público de empleo competente, información relativa 
a  si  las  personas  a  las  que  pretenden  contratar  han  estado  previamente 
contratadas bajo dicha modalidad y la duración de estas contrataciones. Dicha 
información  deberá  ser  trasladada  a  la  representación  legal  de  las  personas 
trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de no exceder la duración máxima 
de este contrato.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por 
duración  determinada  en  los  supuestos  en  los  que  legalmente  se  permita  la 
utilización de esta modalidad de contratación.»
Tres.  Se modifica el artículo 15, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.  Duración del contrato de trabajo. e.
1.  El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. 788ww
circuEnl sctaonnctriaasto d ed ela  tprarobdaujoc cdióen  dou proarc isóuns tdituecteiórmn idnea dpae rssoonloa  tproadbraája dcoerleab.rarse por
necePsaarraio q quuee  ssee  eensptieencidfiaq uqeune c oconn pcruercreis iócna uesna  ejlu csotifnictraadtoa  lad ec ateumsap hoarabliilditaadn tese dreá 
la  contratación  temporal,  las  circunstancias  concretas  que  la  justifican  y  su 
conexión con la duración prevista.
2.  A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias 
de la producción el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun 
tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal 
entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda 
a los supuestos incluidos en el artículo 16.1.
Entre  las  oscilaciones  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  se  entenderán 
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.
Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias 
de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses. Por convenio 
colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato 
hasta un año. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración 
inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, 
mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del 
contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la 
producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una 
duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo. Las 
empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año 
natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias 
para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán 
estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser 
utilizados de manera continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada 
año, deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras una 
previsión anual de uso de estos contratos.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los 
trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que 
constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su 
celebración cuando concurran las circunstancias de la producción en los términos 
anteriores.
3.  Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución 
de una persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre 
que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de 
la sustitución. En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de 
que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo 
de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado 
del puesto y, como máximo, durante quince días.
Asimismo,  el  contrato  de  sustitución  podrá  concertarse  para  completar  la 
jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare 
en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se 
especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución.
El  contrato  de  sustitución  podrá  ser  también  celebrado  para  la  cobertura 
temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción 
para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser 
en este caso superior a tres meses, o el plazo inferior recogido en convenio 
colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez  s
superada dicha duración máxima. oe.
4.  Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo  w.
adquirirán la condición de fijas. 788ww
que Tnaom hbuiébnie raadnq usiidriorá dna ldaa cso dned iacilótan  edne l afi jSase glausri dpaedrs Sooncaisa lt ruanbaa jvaedzo trraasn stecmurpriodroa luens 
plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.
5.  Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de 
veinticuatro  meses  hubieran  estado  contratadas  durante  un  plazo  superior  a 
dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente 
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o 
más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de 
su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición 
de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando 
se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo 
dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de 
trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más 
de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por 
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición 
realizados con empresas de trabajo temporal.
6.  Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán 
los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin 
perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades 
contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente 
previstas en la ley en relación con los contratos formativos. Cuando corresponda 
en  atención  a  su  naturaleza,  tales  derechos  serán  reconocidos  en  las 
disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera 
proporcional, en función del tiempo trabajado.
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las 
disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de 
una previa antigüedad de la persona trabajadora, esta deberá computarse según 
los mismos criterios para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su 
modalidad de contratación.
7.  La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración 
determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia 
de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades 
de acceder a puestos permanentes que las demás personas trabajadoras. Esta 
información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado 
de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la 
negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.
Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las 
personas trabajadoras.
Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las 
personas trabajadoras los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de 
contratación por tiempo determinado previstas en este artículo, cuando no exista 
obligación legal de entregar copia básica de los mismos.
8.  Los convenios colectivos podrán establecer planes de reducción de la 
temporalidad, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación 
entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la plantilla total de la 
empresa,  criterios  objetivos  de  conversión  de  los  contratos  de  duración 
determinada o temporales en indefinidos, así como fijar porcentajes máximos de 
temporalidad y las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos.
Asimismo, los convenios colectivos podrán establecer criterios de preferencia 
entre las personas con contratos de duración determinada o temporales, incluidas  s
las personas puestas a disposición. oe.
Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo  w.
de  estas  personas  trabajadoras  a  las  acciones  incluidas  en  el  sistema  de  788ww
fsour mpraocgiórens piórno fye smioonvailli dpaadr ap reol feesmiopnleaole, sa. fin de mejorar su cualificación y favorecer
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cumplimiento de los plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva 
condición  de  persona  trabajadora  fija  de  la  empresa,  debiendo  informar  a  la 
representación legal de los trabajadores sobre dicha circunstancia.
En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, por escrito al servicio 
público de empleo correspondiente un certificado de los contratos de duración 
determinada  o  temporales  celebrados,  a  los  efectos  de  poder  acreditar  su 
condición de persona trabajadora fija en la empresa.
El  Servicio  Público  de  Empleo  emitirá  dicho  documento  y  lo  pondrá  en 
conocimiento de la empresa en la que la persona trabajadora preste sus servicios 
y  de  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  si  advirtiera  que  se  han 
sobrepasado los límites máximos temporales establecidos.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 16.  Contrato fijo-discontinuo.
1.  El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la 
realización  de  trabajos  de  naturaleza  estacional  o  vinculados  a  actividades 
productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha 
naturaleza  pero  que,  siendo  de  prestación  intermitente,  tengan  periodos  de 
ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos 
consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas 
mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad 
ordinaria de la empresa.
Asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de 
trabajo  temporal  y  una  persona  contratada  para  ser  cedida,  en  los  términos 
previstos en el artículo 10.3 la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal.
2.  El  contrato  de  trabajo  fijo-discontinuo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo 8.2, se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los 
elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo 
de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán 
figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del 
llamamiento.
3.  Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se 
establecerán  los  criterios  objetivos  y  formales  por  los  que  debe  regirse  el 
llamamiento  de  las  personas  fijas-discontinuas.  En  todo  caso,  el  llamamiento 
deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la 
debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las 
condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación 
legal de las personas trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada 
año natural, un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su 
caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas 
discontinuas una vez se produzcan.
Las personas fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que procedan en 
caso de incumplimientos relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo 
para ello desde el momento de la falta de este o desde el momento en que la  e
conociesen. bo
4.  Cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de  788ww
tcpéolarnmztEorinansot  adesses ,d t eoesss uep sbseutcrepao u nadetrerstaí tcroteauscsl,oo  ,llo oolso c sacc coopinnóe vnrie moendnoioottrissve  od cs eou dlebinecca toiccvntooitvrnsai dctseaaescdcii ootsonnoreeilaossl  .epsao ddpmroádinnr iápsntrro addteiuvtceairsrms eien ncao r mluoons    OE-A-2021-21able en https://
plazo máximo de inactividad entre subcontratas, que, en defecto de previsión
convencional, será de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa 
adoptará las medidas coyunturales o definitivas que procedan, en los términos 
previstos en esta norma.
5.  Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán establecer una bolsa 
sectorial de empleo en la que se podrán integrar las personas fijas-discontinuas 
durante los periodos de inactividad, con el objetivo de favorecer su contratación y 
su formación continua durante estos, todo ello sin perjuicio de las obligaciones en 
materia de contratación y llamamiento efectivo de cada una de las empresas en 
los términos previstos en este artículo.
Estos mismos convenios podrán acordar, cuando las peculiaridades de la 
actividad  del  sector  así  lo  justifiquen,  la  celebración  a  tiempo  parcial  de  los 
contratos fijos-discontinuos, y la obligación de las empresas de elaborar un censo 
anual del personal fijo-discontinuo.
Asimismo, podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y una 
cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a las personas 
trabajadoras, cuando este coincida con la terminación de la actividad y no se 
produzca, sin solución de continuidad, un nuevo llamamiento.
6.  Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por 
el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de 
puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en 
la ley o los convenios colectivos.
Las  personas  trabajadoras  fijas-discontinuas  tienen  derecho  a  que  su 
antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y 
no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas 
condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que 
responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.
7.  La  empresa  deberá  informar  a  las  personas  fijas-discontinuas  y  a  la 
representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos 
de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan 
formular  solicitudes  de  conversión  voluntaria,  de  conformidad  con  los 
procedimientos que establezca el convenio colectivo sectorial o, en su defecto, el 
acuerdo de empresa.
8.  Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de 
colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de 
inactividad.»
Cinco.  Se modifica el artículo 42, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 42.  Subcontratación de obras y servicios.
1.  Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas deberán 
comprobar que dichas contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la 
Seguridad  Social.  Al  efecto,  recabarán  por  escrito,  con  identificación  de  la 
empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en 
el  término  de  treinta  días  improrrogables  y  en  los  términos  que 
reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerada  e
de responsabilidad la empresa solicitante. bo
2.  La  empresa  principal,  salvo  el  transcurso  del  plazo  antes  señalado  788ww
rSpdeeeesr gpiosueudrci odto ead ndaec   avlSairg ogSecoeni,a gclriu aerc siddopeano dtlnra adS ícedooracánsi at rlsa,p otyoal ir.dd aulorriasan mtceeo nlnottesr a ttdriesest a lasa ñsoy  so sbsuliigbgucaioceninottnreaestsi sa t arleasf  etedrirudmraaisnn ateac  ióleanl    OE-A-2021-21able en https://
De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por las contratistas y 
subcontratistas  con  las  personas  trabajadoras  a  su  servicio  responderá 
solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo.
No habrá responsabilidad por los actos de la contratista cuando la actividad 
contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda 
contratar una persona respecto de su vivienda, así como cuando el propietario o 
propietaria de la obra o industria no contrate su realización por razón de una 
actividad empresarial.
3.  Las personas trabajadoras de la contratista o subcontratista deberán ser 
informadas por escrito por su empresa de la identidad de la empresa principal para 
la cual estén prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá 
facilitarse antes del inicio de la respectiva prestación de servicios e incluirá el 
nombre o razón social de la empresa principal, su domicilio social y su número de 
identificación fiscal. Asimismo, la contratista o subcontratista deberán informar de 
la identidad de la empresa principal a la Tesorería General de la Seguridad Social 
en los términos que reglamentariamente se determinen.
4.  Sin  perjuicio  de  la  información  sobre  previsiones  en  materia  de 
subcontratación a la que se refiere el artículo 64, cuando la empresa concierte un 
contrato  de  prestación  de  obras  o  servicios  con  una  empresa  contratista  o 
subcontratista,  deberá  informar  a  la  representación  legal  de  las  personas 
trabajadoras sobre los siguientes extremos:
a)  Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la 
empresa contratista o subcontratista.
b)  Objeto y duración de la contrata.
c)  Lugar de ejecución de la contrata.
d)  En su caso, número de personas trabajadoras que serán ocupadas por la 
contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal.
e)  Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de 
vista de la prevención de riesgos laborales.
Cuando  las  empresas  principal,  contratista  o  subcontratista  compartan  de 
forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un 
libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las 
empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de la representación legal de 
las personas trabajadoras.
5.  La empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente a la 
representación legal de las personas trabajadoras, antes del inicio de la ejecución 
de la contrata, sobre los mismos extremos a que se refieren el apartado 3 y las 
letras b) a e) del apartado 4.
6.  El  convenio  colectivo  de  aplicación  para  las  empresas  contratistas  y 
subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o 
subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que 
exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III.
No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un 
convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84.
7.  Las personas trabajadoras de las empresas contratistas y subcontratistas, 
cuando  no  tengan  representación  legal,  tendrán  derecho  a  formular  a  la 
representación legal de personas trabajadoras de la empresa principal cuestiones  e
relativas  a  las  condiciones  de  ejecución  de  la  actividad  laboral,  mientras  bo
compartan centro de trabajo y carezcan de representación. 788ww
de laL op edrissopnuae strtoa beanja edlo praá rrreasfpoe acntote drieo rl an eom sperreás dae d ea plali cqauceió dne ap elansd er.eclamaciones
princ8i.p alL ay  dree plraess eenmtapcreiósna sl ecgoanl trdaetis tlaass  yp esursbocnoanstr attriasbtaasja, dcouraansd od ec olma peamrtapnre dsea 
forma continuada centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación
entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral en 
los términos previstos en el artículo 81.
La capacidad de representación y ámbito de actuación de la representación de 
las personas trabajadoras, así como su crédito horario, vendrán determinados por 
la legislación vigente y, en su caso, por los convenios colectivos de aplicación.»
Seis.  Se modifica el artículo 47, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo  47.  Reducción  de  jornada  o  suspensión  del  contrato  por  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor.
1.  La empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo de las 
personas trabajadoras o suspender temporalmente los contratos de trabajo, por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de carácter temporal, 
con arreglo a lo previsto en este artículo y al procedimiento que se determine 
reglamentariamente.
2.  A  efectos  de  lo  previsto  en  este  artículo,  se  entiende  que  concurren 
causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas 
actuales  o  previstas,  o  la  disminución  persistente  de  su  nivel  de  ingresos 
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente 
si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de 
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas  y  métodos  de  trabajo  del  personal  o  en  el  modo  de  organizar  la 
producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado.
3.  El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras de la empresa y el número de personas afectadas por la 
reducción o por la suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad 
laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con la 
representación  legal  de  las  personas  trabajadoras  de  duración  no  superior  a 
quince días.
En el supuesto de empresas de menos de cincuenta personas de plantilla, la 
duración del periodo de consultas no será superior a siete días.
La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de 
existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el 
procedimiento. La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece 
miembros en representación de cada una de las partes.
La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el 
procedimiento  de  consultas  corresponderá  a  los  sujetos  indicados  en  el 
artículo 41.4, en el orden y condiciones señalados en el mismo.
La  comisión  representativa  de  las  personas  trabajadoras  deberá  quedar 
constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de apertura del 
periodo  de  consultas.  A  estos  efectos,  la  dirección  de  la  empresa  deberá  e
comunicar  de  manera  fehaciente  a  las  personas  trabajadoras  o  a  sus  bo
representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la  788ww
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Transcurrido  el  plazo  máximo  para  la  constitución  de  la  comisión 
representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar formalmente a la 
representación de las personas trabajadoras y a la autoridad laboral el inicio del 
periodo de consultas. La falta de constitución de la comisión representativa no 
impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con 
posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de 
su duración.
La autoridad laboral recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo 
del periodo de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable 
plazo de quince días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización 
del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento.
Cuando  el  periodo  de  consultas  finalice  con  acuerdo  se  presumirá  que 
concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser 
impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho en su conclusión.
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de 
la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la 
mayoría de miembros de la comisión representativa de las personas trabajadoras 
siempre  que,  en  ambos  casos,  representen  a  la  mayoría  de  las  personas 
trabajadoras del centro o centros de trabajo afectados.
La empresa y la representación de las personas trabajadoras podrán acordar 
en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento 
de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que 
deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.
Tras  la  finalización  del  periodo  de  consultas,  la  empresa  notificará  a  las 
personas trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión sobre la reducción de 
jornada o la suspensión de contratos, que deberá incluir el periodo dentro del cual 
se va a llevar a cabo la aplicación de estas medidas.
La decisión empresarial surtirá efectos a partir de la fecha de su comunicación 
a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en 
el periodo de consultas, la empresa no hubiera comunicado a los representantes 
de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de 
contratos  o  reducción  temporal  de  jornada,  se  producirá  la  caducidad  del 
procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La  decisión  empresarial  podrá  ser  impugnada  por  la  autoridad  laboral  a 
petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando aquella 
pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de las 
personas trabajadoras, por inexistencia de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar la 
persona trabajadora ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada 
o  injustificada.  En  este  último  caso,  la  sentencia  declarará  la  inmediata 
reanudación del contrato de trabajo y condenará a la empresa al pago de los 
salarios  dejados  de  percibir  por  la  persona  trabajadora  hasta  la  fecha  de  la 
reanudación del contrato o, en su caso, al abono de las diferencias que procedan  s
respecto del importe recibido en concepto de prestaciones por desempleo durante  oe.
el periodo de suspensión, sin perjuicio del reintegro que proceda realizar por el  w.
empresario del importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de  788ww
Slaosc miails. mCausa,n adsoí  lcao mdeoc idseiól nin egmrepsroe sdaer ialal sa dfeifcetree nac iuans  ndúem ceortoiz adceió pne ars loan aSse giguuriadla od 
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colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su 
resolución.
4.  En cualquier momento durante la vigencia de la medida de reducción de 
jornada o suspensión de contratos basada en causas económicas, organizativas, 
técnicas o de producción, la empresa podrá comunicar a la representación de las 
personas trabajadoras con la que hubiera desarrollado el periodo de consultas una 
propuesta de prórroga de la medida. La necesidad de esta prórroga deberá ser 
tratada en un periodo de consultas de duración máxima de cinco días, y la 
decisión empresarial será comunicada a la autoridad laboral en un plazo de siete 
días, surtiendo efectos desde el día siguiente a la finalización del periodo inicial de 
reducción de jornada o suspensión de la relación laboral.
Salvo en los plazos señalados, resultarán de aplicación a este periodo de 
consultas las previsiones recogidas en el apartado 3.
5.  Las empresas podrán aplicar la reducción de la jornada de trabajo o la 
suspensión  de  los  contratos  de  trabajo  por  causa  derivada  de  fuerza  mayor 
temporal,  previo  procedimiento  tramitado  conforme  a  lo  dispuesto  en  este 
apartado, en el artículo 51.7 y en sus disposiciones reglamentarias de aplicación.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la 
autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime 
necesarios, y simultánea comunicación a la representación legal de las personas 
trabajadoras.
La  existencia  de  fuerza  mayor  temporal  como  causa  motivadora  de  la 
suspensión  o  reducción  de  jornada  de  los  contratos  de  trabajo,  deberá  ser 
constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas 
trabajadoras afectadas.
La autoridad laboral solicitará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social antes de dictar resolución. Este informe deberá pronunciarse 
sobre la concurrencia de la fuerza mayor.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e 
informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y deberá 
limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la 
empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la reducción de las jornadas de 
trabajo o suspensión de los contratos de trabajo. La resolución surtirá efectos 
desde  la  fecha  del  hecho  causante  de  la  fuerza  mayor,  y  hasta  la  fecha 
determinada en la misma resolución.
Si  no  se  emite  resolución  expresa  en  el  plazo  indicado,  se  entenderá 
autorizado el expediente de regulación temporal de empleo.
En el supuesto de que se mantenga la fuerza mayor a la finalización del 
período determinado en la resolución del expediente, se deberá solicitar una 
nueva autorización.
6.  La fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o 
limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de 
decisiones  adoptadas  por  la  autoridad  pública  competente,  incluidas  aquellas 
orientadas a la protección de la salud pública.
Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por causa 
de fuerza mayor temporal a que se refiere el apartado anterior, con las siguientes 
particularidades:
a)  La solicitud de informe por parte de la autoridad laboral a la Inspección de  e.
Trabajo y Seguridad Social no será preceptiva. w.b
b)  La empresa deberá justificar, en la documentación remitida junto con la  788ww
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las lcim) itaLcaio anuetso roid imadp eladbimoreanl toa urteofreizriadroás .el expediente si se entienden justificadas
7.  Serán  normas  comunes  aplicables  a  los  expedientes  de  regulación 
temporal  de  empleo  por  causas  económicas,  técnicas,  organizativas  y  de 
producción, y a los que estén basados en una causa de fuerza mayor temporal, 
las siguientes:
a)  La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento 
y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.
En la medida en que ello sea viable, se priorizará la adopción de medidas de 
reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos.
b)  La empresa junto con la notificación, comunicación o solicitud, según 
proceda, a la autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o 
suspender los contratos de trabajo, a que se refieren los apartados 3, 4, 5 y 6, 
comunicará, a través de los procedimientos automatizados que se establezcan:
1.º  El período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de la 
suspensión del contrato o la reducción de jornada.
2.º  La identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente 
de regulación temporal de empleo.
3.º  El  tipo  de  medida  a  aplicar  respecto  de  cada  una  de  las  personas 
trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo 
de días de suspensión de contrato a aplicar.
c)  Durante  el  periodo  de  aplicación  del  expediente,  la  empresa  podrá 
desafectar y afectar a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de 
las circunstancias señaladas como causa justificativa de las medidas, informando 
previamente de ello a la representación legal de las personas trabajadoras y 
previa comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y, conforme 
a  los  plazos  establecidos  reglamentariamente,  a  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social, a través de los procedimientos automatizados que establezcan 
dichas entidades.
d)  Dentro  del  periodo  de  aplicación  del  expediente  no  podrán  realizarse 
horas  extraordinarias,  establecerse  nuevas  externalizaciones  de  actividad  ni 
concertarse nuevas contrataciones laborales. Esta prohibición no resultará de 
aplicación  en  el  supuesto  en  que  las  personas  en  suspensión  contractual  o 
reducción de jornada que presten servicios en el centro de trabajo afectado por 
nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación 
u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a 
aquellas,  previa  información  al  respecto  por  parte  de  la  empresa  a  la 
representación legal de las personas trabajadoras.
Las empresas que desarrollen las acciones formativas a las que se refiere la 
disposición adicional vigesimoquinta, a favor de las personas afectadas por el 
expediente de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento 
de  crédito  para  la  financiación  de  acciones  en  el  ámbito  de  la  formación 
programada, en los términos previstos en el artículo 9.7 de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral.
e)  Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de 
regulación temporal de empleo, de carácter voluntario para la empresa, estarán 
condicionados,  asimismo,  al  mantenimiento  en  el  empleo  de  las  personas  s
trabajadoras afectadas con el contenido y requisitos previstos en el apartado 10 de  oe.
ollaac  tdSuifesb) pgreouL.sraiidc aipódrn e Ssaotdacicciaiióol,nn  aaalp  trropigbeéarcsdiiobm irap  opnroo rev el lanRsae  adplee lDr steeocxnrtaeost o re trfLauebngadijsiadladoto idvraeos  l8 as/ 2Le0e 1yre5 Gg, iedráne e p3rao0lr   ddloee    2021-21788n https://www.
establecido  en  el  artículo  267  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la
Seguridad Social y sus normas de desarrollo.»
Siete.  Se introduce un nuevo artículo 47 bis, con la redacción siguiente:
«Artículo 47 bis.  Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
1.  El Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo es un 
instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el 
Consejo  de  Ministros,  permitirá  a  las  empresas  la  solicitud  de  medidas  de 
reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo.
Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades:
a)  Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que 
aconseje  la  adopción  de  instrumentos  adicionales  de  estabilización,  con  una 
duración máxima de un año.
b)  Sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se 
aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de 
procesos de transición profesional de las personas trabajadoras, con una duración 
máxima inicial de un año y la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada 
una.
2.  La activación del Mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las 
personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos 
Económicos  y  Transformación  Digital,  y  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.
En  el  ámbito  de  la  modalidad  sectorial,  las  organizaciones  sindicales  y 
empresariales más representativas a nivel estatal podrán solicitar a los Ministerios 
referidos  la  convocatoria  de  la  Comisión  tripartita  del  Mecanismo  RED.  Esta 
Comisión deberá reunirse en el plazo de quince días desde dicha solicitud y 
analizará la existencia de los cambios referidos en el apartado 1.b), así como la 
necesidad, en su caso, de elevar una solicitud de activación del Mecanismo RED 
sectorial al Consejo de Ministros.
En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, 
resultará imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas a nivel estatal.
La decisión y las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo 
de  Ministros  no  serán  por  sí  mismas  causas  para  la  adopción  en  el  ámbito 
empresarial de las medidas previstas en esta norma en relación con el empleo o 
las condiciones de trabajo.
3.  Una  vez  activado  el  Mecanismo,  las  empresas  podrán  solicitar 
voluntariamente a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión 
de los contratos de trabajo, mientras esté activado el Mecanismo, en cualquiera de 
sus centros de trabajo y en los términos previstos en este artículo.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud por parte de la empresa dirigida 
a la autoridad laboral competente y comunicación simultánea a la representación 
de las personas trabajadoras, y se tramitará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo  47.5,  previo  desarrollo  de  un  periodo  de  consultas  en  los  términos 
regulados en el 47.3, con las particularidades recogidas en este artículo.
En  el  caso  de  la  modalidad  sectorial,  además,  la  solicitud  deberá  ir 
acompañada de un plan de recualificación de las personas afectadas. s
4.  La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial  oe.
asepo volbaar rc pIeuna asrltdpaeoe  d cceeconi ónl ance  ueld rmierme pTnprrecraoisabrar a oajdog e laay b  lSaloeues tg poulrraeirdziqdaouad idds l ieaSto bossoci reiaactello.  yrdr eríeascspa odbneadsri edinneft oelarsm . neoE ptsifrtieecca ecinpióftoinvr omd deee  i nseiescrtioáa    2021-21788n https://www.
La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días
naturales a partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas. Si  Bc
transcurrido  dicho  plazo  no  hubiera  recaído  pronunciamiento  expreso,  se 
entenderá  autorizada  la  medida,  siempre  dentro  de  los  límites  legal  y 
reglamentariamente establecidos.
Cuando el período de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral 
autorizará  la  aplicación  del  mecanismo,  pudiendo  la  empresa  proceder  a  las 
reducciones de jornada o suspensiones de contrato en las condiciones acordadas.
Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral 
dictará resolución estimando o desestimando la solicitud empresarial. La autoridad 
laboral  estimará  la  solicitud  en  caso  de  entender  que  de  la  documentación 
aportada se deduce que la situación cíclica o sectorial temporal concurre en la 
empresa en los términos previstos en este artículo.
5.  Serán normas comunes aplicables a las dos modalidades del Mecanismo 
RED, las siguientes:
a)  Las previsiones recogidas en el artículo 47.4 y 7.
b)  Las  personas  trabajadoras  cubiertas  por  un  Mecanismo  RED  se 
beneficiarán  de  las  medidas  en  materia  de  protección  social  previstas  en  la 
disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, y tendrán la consideración de colectivo prioritario para el 
acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral.
c)  La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de 
Empleo Estatal colaborarán para el desarrollo de actuaciones efectivas de control 
de  la  aplicación  del  Mecanismo,  mediante  la  programación  de  actuaciones 
periódicas y de ejecución continuada.
Asimismo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá acceso a los 
datos incorporados mediante procedimientos automatizados y aplicaciones que le 
permitan conocer los extremos relativos a la aplicación de los Mecanismos, las 
condiciones especiales en materia de cotización a la Seguridad Social para las 
empresas  y  prestaciones  correspondientes,  con  el  objetivo  de  desarrollar  las 
debidas actuaciones de control.
6.  Se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo,  que  tendrá  como  finalidad  atender  a  las  necesidades  futuras  de 
financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en 
materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones 
a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y 
condiciones previstas en su normativa de desarrollo.
Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las 
prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones 
que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones 
procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al 
cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier 
naturaleza que genere el Fondo.»
Ocho.  Se modifica la letra c) del artículo 49.1, que queda redactada del siguiente 
modo:
«c)  Por  expiración  del  tiempo  convenido.  A  la  finalización  del  contrato,  e.
excepto en los contratos formativos y el contrato de duración determinada por  w.
causa  de  sustitución,  la  persona  trabajadora  tendrá  derecho  a  recibir  una  788ww
rinedseumltanriízaa cdióen  adbeo cnuaar ndtíoac eeq udiívaasle ndtee  as alala rpioa rtpeo pr rocpaodrac ioanñaol  ddee  las ecarvnictiidoa, d oq ulae 
establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo 
de duración, incluidos los contratos formativos, concertados por una duración 
inferior  a  la  máxima  legalmente  establecida,  se  entenderán  prorrogados 
automáticamente hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa 
y el trabajador continúe prestando servicios.
Expirada dicha duración máxima, si no hubiera denuncia y se continuara en la 
prestación laboral, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la 
prestación.
Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la 
parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la 
terminación del mismo con una antelación mínima de quince días.»
Nueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 84, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  La  regulación  de  las  condiciones  establecidas  en  un  convenio  de 
empresa,  que  podrá  negociarse  en  cualquier  momento  de  la  vigencia  de 
convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del 
convenio  sectorial  estatal,  autonómico  o  de  ámbito  inferior  en  las  siguientes 
materias:
a)  El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución 
específica del trabajo a turnos.
b)  El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a 
turnos y la planificación anual de las vacaciones.
c)  La  adaptación  al  ámbito  de  la  empresa  del  sistema  de  clasificación 
profesional de las personas trabajadoras.
d)  La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se 
atribuyen por esta ley a los convenios colectivos
e)  Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la 
vida laboral, familiar y personal.
f)  Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se 
refiere el artículo 83.2.
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos 
para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones 
organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el 
artículo 87.1.
Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán 
disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.»
Diez.  Se modifica el artículo 86, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 86.  Vigencia.
1.  Corresponde  a  las  partes  negociadoras  establecer  la  duración  de  los 
convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para 
cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.
Durante  la  vigencia  del  convenio  colectivo,  los  sujetos  que  reúnan  los  es
requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su  o
redenuv riaas23ñci..óio  ón ns.SL i apan alovvc oimgt aepednadacci,ai taosr ae de  depne r uoncndou unncctcoriiaranár vi eoeex,nn pli oorloes ssc  acoto léednrcemvt eilivannosoi,o s psu aq nrcuatoee lsv es.ecezti  vhdouesbn isueens ecpinar oderosro tayg baclreoácnnicd ldoue ide aan ñ eloal    OE-A-2021-21788able en https://www.
propio convenio.
Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en 
defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales 
por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio 
decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales 
para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin 
de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia 
pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos 
tendrán la vigencia que las partes determinen.
4.  Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se 
haya  acordado  un  nuevo  convenio,  las  partes  deberán  someterse  a  los 
procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83, para solventar de manera 
efectiva las discrepancias existentes.
Asimismo, siempre que exista pacto expreso, previo o coetáneo, las partes se 
someterán  a  los  procedimientos  de  arbitraje  regulados  por  dichos  acuerdos 
interprofesionales, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica 
que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme al procedimiento y en 
base a los motivos establecidos en el artículo 91.
Sin perjuicio del desarrollo y solución final de los citados procedimientos de 
mediación y arbitraje, en defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso 
de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio 
colectivo.
5.  El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este 
último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan.»
Once.  Se  modifica  la  disposición  adicional  vigésima,  que  queda  redactada  del 
siguiente modo:
«Disposición  adicional  vigésima.  Contratos  formativos  celebrados  con 
trabajadores con discapacidad.
1.  Las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con 
discapacidad  tendrán  derecho  a  una  bonificación  de  cuotas  con  cargo  a  los 
presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, durante la vigencia del 
contrato, del cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social 
correspondiente a contingencias comunes, previstas para estos contratos.
2.  Continuarán  siendo  de  aplicación  a  los  contratos  formativos  que  se 
celebren con trabajadores con discapacidad que trabajen en centros especiales de 
empleo las peculiaridades que para dichos contratos se prevén en el artículo 7 del 
Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los Centros 
Especiales de Empleo.
3.  Las  bonificaciones  de  cuotas  a  las  que  se  refiere  el  apartado  1  se 
aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a los datos, 
aplicaciones  y  programas  de  los  que  disponga  para  la  gestión  liquidatoria  y 
recaudatoria de recursos del sistema de la Seguridad Social. La Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social vigilará su procedencia.»
Doce.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  vigesimocuarta,  con  la  s
redacción siguiente: oe.
«Distepmospicoiróanli daaddic.ional vigesimocuarta.  Compromiso de reducción de la tasa de  2021-21788n https://ww
med1id. asE lp Greovbisietarnso  eenfe cetlu aRráe aul naD eecvraeltuoa-lceióy n 3d2e/2 l0o2s 1r,e sduelt a2d8o s doeb tedniciideomsb preo,r  ldaes 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo, mediante el análisis de los 
datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a 
la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por 
sectores.
Dicha evaluación deberá repetirse cada dos años.
2.  En el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que 
no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o 
en la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social 
una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho 
objetivo,  general  o  sectorial,  para  su  discusión  y  eventual  acuerdo  con  los 
interlocutores sociales.»
Trece.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  vigesimoquinta,  con  la 
redacción siguiente:
«Disposición adicional vigesimoquinta.  Acciones formativas en los expedientes 
de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 47 y 47 bis.
Durante las reducciones de jornada de trabajo o suspensiones de contratos de 
trabajo a las que se refieren los artículos 47 y 47 bis, las empresas podrán 
desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas, que 
tendrán  como  objetivo  la  mejora  de  las  competencias  profesionales  y  la 
empleabilidad de las personas trabajadoras.
A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas 
dirigidas  a  atender  las  necesidades  formativas  reales  de  las  empresas  y  los 
trabajadores incluyendo las vinculadas a la adquisición de competencias digitales, 
así como aquellas que permitan recualificar a las personas trabajadoras, aunque 
no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa.
Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de 
formación  previstos  en  la  Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional, de acuerdo 
con los requisitos y procedimientos establecidos en dichas normas, o a través de 
cualquier otro sistema de formación acreditada.
Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la 
reducción de la jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un expediente 
de regulación temporal de empleo, o en tiempo de trabajo. En cualquier caso, 
deberán respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.»
Catorce.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  vigesimosexta,  con  la 
redacción siguiente:
«Disposición adicional vigesimosexta.  Acceso a los datos de los expedientes de 
regulación  temporal  de  empleo  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad 
Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrán acceso, a través de  e.
los  procedimientos  automatizados  que  se  establezcan,  a  todos  los  datos  w.b
necesarios para la identificación y tipo del expediente de regulación temporal de  788ww
eelm tipploe od, ed me elad iedma par easpali cya rd, ee ll apse rpíeordsoo neans e tlr aqbuaej asdeo prause dinec plurioddausc eirn la e rl eedxupcecdióienn tdee, 
mjoránxaimdao  ddee  rteradbuacjcoi óon  dseu sjpoernnasidóan  od ep elroiosd oc omntáraxtimoso  ddee  tsruasbpaejon syió ne l dpeo crcoenntrtaatjeo 
previsto respecto de cada persona trabajadora.»
Quince.  Se  introduce  una  nueva  disposición  adicional  vigesimoséptima,  con  la 
redacción siguiente:
«Disposición adicional vigesimoséptima.  Régimen jurídico aplicable en los casos 
de contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo.
En los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales 
de empleo regulados en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, no será de aplicación el artículo 42.6 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.»
Artículo segundo.  Modificación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción.
Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, que 
queda redactada del siguiente modo:
«Disposición  adicional  tercera.  Extinción  del  contrato  indefinido  por  motivos 
inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en la sección 4.ª del capítulo III del título I del 
Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra 
celebrados en el ámbito de las empresas del sector de la construcción, podrán 
extinguirse  por  motivos  inherentes  a  la  persona  trabajadora  conforme  a  lo 
dispuesto en la presente disposición, que resultará aplicable con independencia 
del número de personas trabajadoras afectadas.
Tendrán la consideración de contratos indefinidos adscritos a obra aquellos 
que  tengan  por  objeto  tareas  o  servicios  cuya  finalidad  y  resultado  estén 
vinculados  a  obras  de  construcción,  teniendo  en  cuenta  las  actividades 
establecidas  en  el  ámbito  funcional  del  Convenio  General  del  Sector  de  la 
Construcción.
La extinción regulada en este artículo no resultará aplicable a las personas 
trabajadoras que formen parte del personal de estructura.
2.  La finalización de la obra en la que presta servicios la persona trabajadora 
determinará  la  obligación  para  la  empresa  de  efectuarle  una  propuesta  de 
recolocación, previo desarrollo, de ser preciso, de un proceso de formación.
Este proceso, que será siempre a cargo de la empresa, podrá realizarse 
directamente  o  a  través  de  una  entidad  especializada,  siendo  preferente  la 
formación que imparta la Fundación Laboral de la Construcción con cargo a las 
cuotas empresariales.
La  negociación  colectiva  de  ámbito  estatal  del  sector  de  la  construcción 
determinará  los  requisitos  de  acceso,  duración  y  modalidades  de  formación 
adecuadas según las cualificaciones requeridas para cada puesto, nivel, función y 
grupo profesional.
El indicado proceso de formación podrá desarrollarse con antelación a la 
finalización de la obra.
3.  A efectos de lo previsto en esta disposición, se entenderá por finalización 
de las obras y servicios la terminación real, verificable y efectiva de los trabajos  s
desarrollados por esta. oe.
Asimismo, tendrán la consideración de finalización de obra la disminución real  w.
del volumen de obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades  788ww
tdeem peojeracul, cidóen  ednetbididaadm  seunfticei eanctere, dditea duan, aa soíb rcao, mpoo r lac apuasara liizmapcrieóvni,s ibdleef inpiativraa  lao 
empresa y ajena a su voluntad.
La  finalización  de  la  obra  deberá  ser  puesta  en  conocimiento  de  la 
representación legal de las personas trabajadoras, en su caso, así como de las 
comisiones  paritarias  de  los  convenios  de  ámbito  correspondiente  o,  en  su 
defecto, de los sindicatos representativos del sector, con cinco días de antelación 
a su efectividad y dará lugar a la propuesta de recolocación prevista en esta 
disposición.
4.  La  propuesta  de  recolocación  prevista  en  esta  disposición  será 
formalizada por escrito mediante una cláusula que se anexará al contrato de 
trabajo.
Esta cláusula, que deberá precisar las condiciones esenciales, ubicación de la 
obra y fecha de incorporación a la misma, así como las acciones formativas 
exigibles para ocupar el nuevo puesto, será sometida a aceptación por parte de la 
persona trabajadora con quince días de antelación a la finalización de su trabajo 
en la obra en la que se encuentre prestando servicios.
5.  Una vez efectuada la propuesta de recolocación, el contrato indefinido 
adscrito a obra podrá extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora 
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)  La persona trabajadora afectada rechaza la recolocación.
b)  La  cualificación  de  la  persona  afectada,  incluso  tras  un  proceso  de 
formación o recualificación, no resulta adecuada a las nuevas obras que tenga la 
empresa en la misma provincia, o no permite su integración en estas, por existir un 
exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar sus mismas 
funciones.
La  negociación  colectiva  de  ámbito  estatal  del  sector  correspondiente 
precisará los criterios de prioridad o permanencia que deben operar en caso de 
concurrir estos motivos en varias personas trabajadoras de forma simultánea en 
relación con la misma obra.
c)  La  inexistencia  en  la  provincia  en  la  que  esté  contratada  la  persona 
trabajadora de obras de la empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, 
función  y  grupo  profesional  una  vez  analizada  su  cualificación  o  posible 
recualificación.
En el supuesto a) anterior, la persona trabajadora deberá notificar por escrito a 
la empresa la aceptación o rechazo de la propuesta en el plazo de siete días 
desde que tenga conocimiento de la comunicación empresarial. Transcurrido dicho 
plazo  sin  contestación  se  entenderá  que  la  persona  trabajadora  rechaza  la 
propuesta de recolocación.
En los supuestos recogidos en los apartados b) y c) precedentes, la empresa 
deberá notificar la extinción del contrato a la persona trabajadora afectada con una 
antelación de quince días a su efectividad.
6.  La extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona 
trabajadora deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las 
personas trabajadoras con una antelación de siete días a su efectividad y dará 
lugar a una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos 
salariales  establecidos  en  las  tablas  del  convenio  colectivo  que  resulte  de 
aplicación y que hayan sido devengados durante toda la vigencia del contrato, o la 
superior establecida por el Convenio General del Sector de la Construcción.»
Artículo tercero.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto  Legislativo  8/2015,  de  30  de  octubre,  queda  modificado  en  los  siguientes 
términos:
Uno.  Se modifica el artículo 151, que queda redactado como sigue:
«Artículo 151.  Cotización adicional en contratos de duración determinada.
1.  Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una 
cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo.
2.  Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota 
resultante  de  aplicar  a  la  base  mínima  diaria  de  cotización  del  grupo  8  del 
Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo 
general  de  cotización  a  cargo  de  la  empresa  para  la  cobertura  de  las 
contingencias comunes.
3.  Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere 
este artículo, cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni 
a los contratos por sustitución.»
Dos.  Se añade un nuevo artículo 153 bis con la siguiente redacción:
«Artículo  153  bis.  Cotización  en  los  supuestos  de  reducción  de  jornada  o 
suspensión de contrato.
En los supuestos de reducción temporal de jornada o suspensión temporal del 
contrato  de  trabajo,  ya  sea  por  decisión  del  empresario  al  amparo  de  lo 
establecido en los artículos 47 o 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento  concursal,  la  empresa  está  obligada  al  ingreso  de  las  cuotas 
correspondientes a la aportación empresarial.
En caso de causarse derecho a la prestación por desempleo o a la prestación 
a la que se refiere la disposición adicional cuadragésima primera, corresponde a la 
entidad gestora de la prestación el ingreso de la aportación del trabajador en los 
términos  previstos  en  el  artículo  273.2  y  en  dicha  disposición  adicional, 
respectivamente.
En estos supuestos, las bases de cotización a la Seguridad Social para el 
cálculo  de  la  aportación  empresarial  por  contingencias  comunes  y  por 
contingencias profesionales, estarán constituidas por el promedio de las bases de 
cotización en la empresa afectada correspondientes a dichas contingencias de los 
seis meses naturales inmediatamente anteriores al inicio de cada situación de 
reducción  de  jornada  o  suspensión  del  contrato.  Para  el  cálculo  de  dicho 
promedio, se tendrá en cuenta el número de días en situación de alta, en la 
empresa de que se trate, durante el período de los seis meses indicados. Las 
bases de cotización calculadas conforme a lo indicado anteriormente se reducirán, 
en los supuestos de reducción temporal de jornada, en función de la jornada de  e
trabajo no realizada. bo
Durante los períodos de suspensión temporal de contrato de trabajo y de  788ww
rreedsuulctaciróánn  tedmep oarpalli cdaec ijóonrn aldaas , rneosrpmeacsto  ddee  lac ojotirznaacdióan d ec torrarbeasjpoo nnod ierenatelisz adaa , lnaos 
msiteunaocri,o yn erise sdgeo  dinucraanptaec eidl aedm bteamrapzoor ayl ,l ad laecstcaanncsiao  npaotur ranla.»cimiento  y  cuidado  de
Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 267, que queda redactado como sigue:
«1.  Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que 
estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
a)  Cuando se extinga su relación laboral:
1.º  En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal.
2.º  Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando 
determinen la extinción del contrato de trabajo.
3.º  Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a la 
persona  trabajadora  regulada  en  la  disposición  adicional  tercera  de  la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, durante la tramitación del recurso 
contra la sentencia que declare la improcedencia del despido el trabajador se 
considerará en situación legal de desempleo involuntario, con derecho a percibir 
las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos 
en el presente título, por la duración que le corresponda conforme a lo previsto en 
los artículos 269 o 277.2 de la presente ley, en función de los períodos de 
ocupación cotizada acreditados.
4.º  Por extinción del contrato por causas objetivas.
5.º  Por  resolución  voluntaria  por  parte  del  trabajador,  en  los  supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.
6.º  Por expiración del tiempo convenido en el contrato de trabajo de duración 
determinada por circunstancias de la producción, formativo o por sustitución de 
persona trabajadora, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia 
del trabajador.
En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
y sin perjuicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se entenderán en la 
situación legal de desempleo establecida en el párrafo anterior por finalización del 
último contrato temporal y la entidad gestora les reconocerá las prestaciones por 
desempleo si reúnen el resto de los requisitos exigidos.
7.º  Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se 
hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado o haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.
b)  Cuando se suspenda el contrato:
1.º  Por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de 
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en ambos 
casos en los términos del artículo 262.2 de esta ley.
2.º  Por  decisión  de  las  trabajadoras  víctimas  de  violencia  de  género  al  e.e
amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del  b
Estatuto de los Trabajadores. 788ww
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judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en ambos casos en 
los términos del artículo 262.3 de esta ley.
d)  Durante los períodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos-
discontinuos.
e)  Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la relación 
laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo 
en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España.
f)  Cuando,  en  los  supuestos  previstos  en  los  párrafos  e)  y  f)  del 
artículo 264.1, se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los 
correspondientes cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con 
carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 273, que queda redactado como 
sigue:
«2.  En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la 
entidad  gestora  ingresará  únicamente  la  aportación  del  trabajador,  una  vez 
efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior.»
Cinco.  Se añade una nueva disposición adicional trigésima novena con la siguiente 
redacción:
«Disposición  adicional  trigésima  novena.  Beneficios  en  la  cotización  a  la 
Seguridad  Social  aplicables  a  los  expedientes  de  regulación  temporal  de 
empleo y al Mecanismo RED.
1.  Durante  la  aplicación  de  los  expedientes  de  regulación  temporal  de 
empleo a los que se refieren los artículos 47 y 47 bis del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, las empresas podrán acogerse voluntariamente, 
siempre  y  cuando  concurran  las  condiciones  y  requisitos  incluidos  en  esta 
disposición adicional, a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social 
sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de 
recaudación  conjunta  a  que  se  refiere  el  artículo  153.bis,  que  se  indican  a 
continuación:
a)  El 20 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a los que se refieren 
los  artículos  47.1  y  47.4  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que 
las  empresas  desarrollen  las  acciones  formativas  a  las  que  se  refiere  la 
disposición adicional vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.
b)  El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por 
causa de fuerza mayor temporal a los que se refiere el artículo 47.5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
c)  El 90 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo por 
causa de fuerza mayor temporal determinada por impedimentos o limitaciones en 
la actividad normalizada de la empresa, a los que se refiere el artículo 47.6 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. e.e
d)  En los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de  b
aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en su  788ww
modalidad cíclica, a los que se refiere al artículo 47 bis. 1. a) del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
1.º  El 60 por ciento, desde la fecha en que se produzca la activación, por 
acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a 
dicha fecha de activación.
2.º  El 30 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 1.º anterior.
3.º  El 20 por ciento, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la 
terminación del plazo al que se refiere el párrafo 2.º anterior.
e)  El 40 por ciento a los expedientes de regulación temporal de empleo a los 
que resulte de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo en su modalidad sectorial, a los que se refiere al artículo 47.bis.1.b) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Estas exenciones resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que 
las  empresas  desarrollen  las  acciones  formativas  a  las  que  se  refiere  la 
disposición adicional vigesimoquinta del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores.
Estas  exenciones  se  aplicarán  respecto  de  las  personas  trabajadoras 
afectadas por las suspensiones de contratos o reducciones de jornada, en alta en 
los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados.
El Consejo de Ministros, atendiendo a las circunstancias que concurran en la 
coyuntura macroeconómica general o en la situación en la que se encuentre 
determinado sector o sectores de la actividad, podrá impulsar las modificaciones 
legales  necesarias  para  modificar  los  porcentajes  de  las  exenciones  en  la 
cotización  a  la  Seguridad  Social  reguladas  en  esta  disposición,  así  como 
establecer la aplicación de exenciones a la cotización debida por los trabajadores 
reactivados, tras los períodos de suspensión del contrato o de reducción de la 
jornada, en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que 
se refiere el artículo 47 bis.1.a) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.  Las exenciones en la cotización a que se refiere esta disposición adicional 
no  tendrán  efectos  para  las  personas  trabajadoras,  manteniéndose  la 
consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a 
todos los efectos.
3.  Para  la  aplicación  de  estas  exenciones  no  resultará  de  aplicación  lo 
establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 20.
4.  Las  exenciones  reguladas  en  esta  disposición  adicional,  que  se 
financiarán con aportaciones del Estado, serán a cargo de los presupuestos de la 
Seguridad  Social,  de  las  mutuas  colaboradoras  con  la  Seguridad  Social,  del 
Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a 
las exenciones que correspondan a cada uno de ellos.
5.  Estas exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de 
la  Seguridad  Social  a  instancia  de  la  empresa,  previa  comunicación  de  la 
identificación de las personas trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción 
de jornada y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada 
código de cuenta de cotización, en el que figuren de alta las personas trabajadoras 
adscritas a los centros de trabajo afectados, y mes de devengo. Esta declaración  s
hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de los  oe.
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Para que la exención resulte de aplicación estas declaraciones responsables
se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas
correspondiente al periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos 
dichas declaraciones.
6.  Junto  con  la  comunicación  de  la  identificación  de  las  personas 
trabajadoras y período de suspensión o reducción de jornada se realizará, en los 
supuestos a los que se refieren las letras a) y e) del apartado 1, una declaración 
responsable sobre el compromiso de la empresa de realización de las acciones 
formativas a las que se refiere esta disposición.
Para que la exención resulte de aplicación, esta declaración responsable se 
deberá  presentar  antes  de  solicitarse  el  cálculo  de  la  liquidación  de  cuotas 
correspondiente al periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que 
tengan efectos dichas declaraciones. Si la declaración responsable se efectuase 
en un momento posterior a la última solicitud del cálculo de la liquidación de 
cuotas  dentro  del  período  de  presentación  en  plazo  reglamentario 
correspondiente, estas exenciones únicamente se aplicarán a las liquidaciones 
que se presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya liquidados.
7.  Las comunicaciones y declaraciones responsables a las que se refieren 
los apartados anteriores se deberán realizar, mediante la transmisión de los datos 
que establezca la Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema 
RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.
8.  La  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  comunicará  al  Servicio 
Público de Empleo Estatal la relación de personas trabajadoras por las que las 
empresas se han aplicado las exenciones, conforme a lo establecido en las letras 
a) y e) del apartado 1.
El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización de 
las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a todos 
los requisitos establecidos en la misma y en la presente disposición.
Cuando no se hayan realizado las acciones formativas a las que se refiere 
este artículo, según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social informará de tal circunstancia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ésta inicie los expedientes 
sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan, respecto de cada una 
de las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones.
En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las 
personas trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al reintegro 
de las exenciones a las que se refieren las letras a) y e) del apartado 1, cuando la 
persona trabajadora no las haya realizado.
9.  Las empresas que se hayan beneficiado de las exenciones conforme a lo 
establecido en las letras a) y e) del apartado 1, que incumplan las obligaciones de 
formación a las que se refieren estas letras deberán ingresar el importe de las 
cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas respecto de cada trabajador en 
el que se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora 
correspondientes,  según  lo  establecido  en  las  normas  recaudatorias  de  la 
Seguridad Social, previa determinación por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social del incumplimiento de estas las obligaciones y de los importes a reintegrar.
10.  Las exenciones en la cotización reguladas en la presente disposición 
adicional estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas  s
trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del  oe.
periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo. w.
Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe  788ww
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este compromiso y la determinación de los importes a reintegrar por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.
No se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo 
se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, 
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona 
trabajadora. Tampoco se considera incumplido por el fin del llamamiento de las 
personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino 
una interrupción del mismo.
En particular, en el caso de contratos temporales, no se entenderá incumplido 
este requisito cuando el contrato se haya formalizado de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y se extinga por finalización de 
su causa, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de 
contratación.»
Seis.  Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional cuadragésima.  Actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de 
sus  competencias,  la  vigilancia  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  de  las 
obligaciones establecidas en relación a las exenciones en las cotizaciones de la 
Seguridad Social.
A tales efectos, la Inspección de  Trabajo y Seguridad Social desarrollará 
acciones de control sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de 
las cuotas de la Seguridad Social, pudiendo iniciarse en caso de incumplimiento 
de la normativa los correspondientes expedientes sancionadores y liquidatarios de 
cuotas.
En  particular,  vigilará  la  veracidad,  inexactitud  u  omisión  de  datos  o 
declaraciones responsables proporcionadas por las empresas o por cualquier otra 
información  que  haya  sido  utilizada  para  el  cálculo  de  las  correspondientes 
liquidaciones de cuotas, y sobre la indebida existencia de actividad laboral durante 
los períodos comunicados por la empresa de suspensión de la relación laboral o 
reducción de la jornada de trabajo, en los que se hayan aplicado exenciones en la 
cotización.»
Siete.  Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima primera, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima primera.  Medidas de protección social de 
las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de 
Flexibilidad y Estabilización del Empleo, regulado en el artículo 47 bis del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
1.  Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 47 bis del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por acuerdo del Consejo de Ministros, 
se active el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, y las 
empresas  afectadas  obtengan  autorización  de  la  autoridad  laboral  para  su 
aplicación, podrán reducir la jornada de trabajo o suspender los contratos de  e.
trabajo de las personas trabajadoras, y estas acceder a la prestación regulada en  w.b
esta disposición, en los términos y condiciones establecidos en la misma. 788ww
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periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad Social.
Asimismo, podrán acceder a dicha prestación las personas que tengan la 
condición  de  socias  trabajadoras  de  cooperativas  de  trabajo  asociado  y  de 
sociedades laborales incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en 
algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria 
en  la  empresa  autorizada  a  aplicar  el  Mecanismo  RED  de  Flexibilidad  y 
Estabilización del Empleo sea anterior a la fecha del Acuerdo del Consejo de 
Ministros que declare la activación del mismo.
Esta  prestación  será  incompatible  con  la  percepción  de  prestaciones  o 
subsidios por desempleo, con la prestación por cese de actividad y con la renta 
activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.
Asimismo, es incompatible con la obtención de otras prestaciones económicas 
de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo 
en el que se aplica el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Las  personas  trabajadoras  no  podrán  percibir,  de  forma  simultánea, 
prestaciones  derivadas  de  dos  o  más  Mecanismos  RED  de  Flexibilidad  y 
Estabilización del Empleo.
2.  El procedimiento para la solicitud y el reconocimiento del derecho a esta 
prestación se desarrollará reglamentariamente, mediante orden de la persona 
titular  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  de  conformidad  con  las 
siguientes reglas:
a)  La  empresa  deberá  formular  la  solicitud,  en  representación  de  las 
personas trabajadoras, en el modelo establecido al efecto en la página web o sede 
electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal.
En dicha solicitud constarán los datos de todas las personas trabajadoras que 
pudieran  resultar  afectadas  por  la  aplicación  del  Mecanismo  RED,  que  sean 
necesarios para el reconocimiento del derecho. En todo caso se hará constar la 
naturaleza  de  la  medida  aprobada  por  la  Autoridad  Laboral  y,  en  caso  de 
reducción de jornada, el porcentaje máximo de reducción autorizado.
b)  El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes, a computar 
desde la fecha de la notificación de la resolución de la autoridad laboral, en la que 
se autorice la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo o desde la del certificado del silencio administrativo.
En caso de presentación fuera de plazo, el derecho nacerá el día de la 
solicitud. En este supuesto, la empresa deberá abonar a la persona trabajadora el 
importe que hubiese percibido en concepto de prestación del mecanismo RED 
desde el primer día en que se hubiese aplicado la medida de reducción de jornada 
o suspensión del contrato.
c)  El acceso a la prestación requerirá la inscripción de la persona trabajadora 
ante el servicio público de empleo competente.
3.  La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de 
cotización en la empresa en la que se aplique el mecanismo por contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluidas las retribuciones 
por  horas  extraordinarias,  correspondientes  a  los  180  días  inmediatamente 
anteriores a la fecha de inicio de aplicación de la medida a la persona trabajadora.
En caso de no acreditar 180 días de ocupación cotizada en dicha empresa, la 
base reguladora se calculará en función de las bases correspondientes al periodo  e
inferior acreditado en la misma. bo
4.  La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora,  788ww
cdaulrcaunlated ato ddae  lcao vnifgoermncidiaa dde c olan m eel daipdaar.tado anterior, el porcentaje del 70 por ciento,
por Ncioe notob sdtaenl tien,d ilcaa cduoar nptúíab lmicoá xdime are mnteanss duea l eafe pcetorcsi bmirú slteiprláe sla m eeqnusivuaalle vnitgee natl e2 2e5n 
el momento del nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte.
En caso de que la relación laboral sea a tiempo parcial, la cuantía máxima 
contemplada en el párrafo anterior se determinará teniendo en cuenta el indicador 
público de rentas de efectos múltiples calculado en función del promedio de las 
horas trabajadas durante el período a que se refiere el apartado 3.
5.  Durante  la  aplicación  de  las  medidas  de  suspensión  o  reducción,  la 
empresa ingresará la aportación de la cotización que le corresponda, debiendo la 
entidad gestora ingresar únicamente la aportación de la persona trabajadora, 
previo descuento de su importe de la cuantía de su prestación.
6.  La prestación será incompatible con la realización de trabajo por cuenta 
propia o por cuenta ajena a tiempo completo. Será compatible con la realización 
de otro trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. En este caso, de su cuantía no 
se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado.
7.  La  duración  de  la  prestación  se  extenderá,  como  máximo,  hasta  la 
finalización del período de aplicación del Mecanismo RED en la empresa.
8.  El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones 
previamente efectuadas a ningún efecto.
El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido 
de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo.
El tiempo de percepción de la prestación no tendrá la consideración de periodo 
de ocupación cotizado, a los efectos de lo previsto en el artículo 269.1. No 
obstante, el período de seis años a que se refiere dicho precepto se retrotraerá por 
el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera percibido la citada prestación.
En el caso de reducción de jornada, se entenderá como tiempo de percepción 
de prestación el que resulte de convertir a día a jornada completa el número de 
horas no trabajadas en el periodo temporal de referencia.
9.  La prestación se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por 
una causa distinta de la aplicación del Mecanismo.
10.  La prestación se extinguirá si se causa baja en la empresa por cualquier 
motivo.  Igualmente  se  extinguirá  por  imposición  de  sanción,  en  los  términos 
previstos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.
11.  Corresponde  al  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  gestionar  las 
funciones y servicios derivados de la prestación regulada en esta disposición y 
declarar  el  reconocimiento,  suspensión,  extinción  y  reanudación  de  estas 
prestaciones,  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  reconocidas  a  los  órganos 
competentes de la Administración laboral en materia de sanciones.
Igualmente, corresponde a la entidad gestora competente declarar y exigir la 
devolución  de  las  prestaciones  indebidamente  percibidas  por  las  personas 
trabajadoras y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente 
responsable el empresario.
Cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena incluidos dentro Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, las competencias a 
las que se refiere este apartado corresponderán al Instituto Social de la Marina.
12.  Transcurrido  el  respectivo  plazo  fijado  para  el  reintegro  de  las 
prestaciones  indebidamente  percibidas  o  de  responsabilidad  empresarial  sin 
haberse  efectuado  el  mismo,  corresponderá  a  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad Social proceder a su recaudación en vía ejecutiva de conformidad con 
las  normas  reguladoras  de  la  gestión  recaudatoria  de  la  Seguridad  Social,  s
devengándose el recargo y el interés de demora en los términos y condiciones  oe.
establecidos en esta ley. w.
13.  Frente  a  las  resoluciones  de  la  entidad  gestora  relativas  a  esta  788ww
dpere slotasc itóreni,n ptao ddráía sla  hpáebrsileosn as tigraubieanjatedso raa  floar mnuoltaifric raecciólanm daeci ólan  preresvoilau,c ieónn ,e le pnl alzoos 
rtéergmuilnaodso rap rdeev ilsat ojusr isednic ceiól na srtoíccuialol.  71  de  la  Ley  36/2011,  de  10  de  octubre,  BOE-A-cable e
14.  La prestación regulada en esta disposición se financiará con cargo al 
Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.»
Ocho.  Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima segunda, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima segunda.  Actuaciones del Servicio Público 
de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social para la 
simplificación de actuaciones administrativas.
Al  objeto  de  reducir  las  cargas  administrativas  de  las  empresas, 
reglamentariamente se establecerá por el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Tesorería General de la Seguridad Social, un procedimiento único a través del cual 
las empresas puedan comunicar, a ambas entidades, el inicio y finalización de los 
períodos de suspensión temporal de contratos de trabajo y reducción temporal de 
jornada de trabajo de los trabajadores afectados por un expediente de regulación 
temporal de empleo.
A través de dicho procedimiento las empresas deberán poder comunicar esta 
información  de  tal  forma  que  la  misma  surta  efecto  para  el  desarrollo  de  la 
totalidad de las competencias de ambas entidades.»
Nueve.  Se introduce una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima tercera.  Cotización a la Seguridad Social 
de los contratos formativos en alternancia.
1.  Respecto de los contratos para la formación en alternancia a los que se 
refiere  el  artículo  11.2  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
cuando se celebren a tiempo completo, el empresario estará obligado a cotizar a 
la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias de la Seguridad Social, en 
los siguientes términos:
1.º  Cuando  la  base  de  cotización  mensual  por  contingencias  comunes, 
determinada conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad 
Social que corresponda, no supere la base mínima mensual de cotización de dicho 
Régimen,  el  empresario  ingresará  mensualmente  en  la  Seguridad  Social,  las 
cuotas  únicas  que  determine  para  cada  ejercicio  la  correspondiente  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado, siendo la cuota por contingencias comunes a 
cargo del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a 
cargo  exclusivo  del  empresario.  Igualmente,  ingresará  las  cuotas  únicas 
correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, 
así como las correspondientes a desempleo y por formación profesional, que 
serán a cargo del empresario y del trabajador, en las cuantías igualmente fijadas 
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2.º  Cuando  la  base  de  cotización  mensual  por  contingencias  comunes, 
determinada conforme a las reglas establecidas en el Régimen de la Seguridad 
Social que corresponda, supere la base mínima mensual de cotización de dicho 
Régimen, la cuota a ingresar estará constituida por el resultado de sumar las  e
cuotas únicas a las que se refiere el ordinal anterior y las cuotas resultantes de  bo
aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que exceda la base de  788ww
cotiz2a. cióLna  abnatesreio rdmee nctoet iiznadcicióand aa d ee fleac btoa sdee m pínreimstaa.ciones será la base mínima
mensual de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo que el
importe de la base de cotización a que se refiere el ordinal 2.º del apartado 
anterior sea superior, en cuyo caso se aplicará esta.
3.  A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de 
aplicación  las  normas  de  cotización  indicadas  en  esta  disposición  para  los 
contratos formativos en alternancia a tiempo completo.
4.  A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los 
beneficios en la cotización a la Seguridad Social que, a la entrada en vigor de esta 
disposición,  estén  establecidos  para  los  contratos  para  la  formación  y  el 
aprendizaje.»
Artículo cuarto.  Modificación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en 
el ámbito laboral, con la siguiente redacción:
«7.  Las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo regulados en el artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores o por una de las modalidades del Mecanismo RED a las que hace 
referencia el artículo 47 bis de dicha norma, tendrán derecho a un incremento de 
crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada 
de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño de la empresa:
a)  De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.
b)  De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 euros por persona.
c)  De 50 o más personas trabajadoras: 320 euros por persona.
Este  incremento  de  crédito  será  financiado  a  través  de  una  aportación 
extraordinaria al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Las cuantías establecidas anteriormente podrán, en su caso, ser actualizadas 
reglamentariamente.
Asimismo,  para  el  seguimiento  de  esta  formación,  el  Servicio  Público  de 
Empleo Estatal será reforzado en sus unidades provinciales de gestión.»
Artículo  quinto.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  Infracciones  y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado en 
los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el apartado 5 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
«5.  No informar a los trabajadores a tiempo parcial, a los trabajadores a 
distancia, a los trabajadores con contratos de duración determinada o temporales, 
incluidos los formativos, y a los trabajadores fijos-discontinuos sobre las vacantes 
existentes en la empresa, en los términos previstos en los artículos 12.4, 13.3, 
15.7 y 16.7 del Estatuto de los Trabajadores.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 7, que queda redactado del modo  b
siguiente: 788ww
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de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando
dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva. A estos 
efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras 
afectadas.»
Tres.  Se añade un nuevo apartado 14 al artículo 7, con la siguiente redacción:
«14.  La formalización de nuevas contrataciones laborales incumpliendo la 
prohibición establecida en el artículo 47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Se considerará una infracción por cada persona trabajadora contratada.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 3 del artículo 8, que queda redactado como sigue:
«3.  Proceder  al  despido  colectivo  de  trabajadores  o  a  la  aplicación  de 
medidas  de  suspensión  de  contratos  o  reducción  de  jornada  por  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor 
o  del  Mecanismo  RED  en  cualquiera  de  sus  modalidades,  sin  acudir  a  los 
procedimientos establecidos en los artículos 51, 47 y 47 bis del Estatuto de los 
Trabajadores.»
Cinco.  Se añade un nuevo apartado 20 al artículo 8, con la siguiente redacción:
«20.  Establecer  nuevas  externalizaciones  de  actividad  incumpliendo  la 
prohibición establecida en el artículo 47.7.d) del Estatuto de los Trabajadores.»
Seis.  Se modifica la letra c) del artículo 18.2, que queda redactada como sigue:
«c)  Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de 
los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal.
A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora 
afectada.»
Siete.  Se añade una nueva letra f) al artículo 18.2, con la siguiente redacción:
«f)  Formalizar contratos de puesta a disposición para la cobertura de puestos 
de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva 
evaluación de riesgos.»
Ocho.  Se modifica la letra b) del artículo 19.2, con la siguiente redacción:
«b)  Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de 
los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal.
A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora 
afectada.»
Nueve.  Se añade una nueva letra g) al artículo 19.2, con la siguiente redacción:
«g)  Formalizar  contratos  de  puesta  a  disposición  para  la  cobertura  de 
puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la 
preceptiva evaluación de riesgos.»
Diez.  Se modifica la letra b) del artículo 19 bis.1, que queda redactado como sigue: e.e
«b)  Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de  788ww
alofse cpAtra edevasist.o»toss  eefne cetol as,r tísceu lcoo 6n.s2i ddeer alará L euyn a1 4in/1fr9a9c4c,i ódne  p1o dr ec jaudnaio .persona trabajadora  OE-A-2021-21able en https://
Once.  Se modifica la letra b) del artículo 19 ter.2, que queda redactado como sigue:
«b)  Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de 
los previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.
A estos efectos, se considerará una infracción por cada persona trabajadora 
afectada.»
Doce.  Se añade una nueva letra h) al artículo 19 ter.2, con la siguiente redacción:
«h)  Formalizar  contratos  de  puesta  a  disposición  para  la  cobertura  de 
puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la 
preceptiva evaluación de riesgos.»
Trece.  Se  incorpora  una  nueva  letra  c  bis)  al  artículo  40.1,  con  la  siguiente 
redacción:
«c bis)  Las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2.c), 
19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) y 19 ter.2.e) se sancionarán con la multa 
siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, 
de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.»
Disposición adicional primera.  Medidas de transición profesional en el ámbito del 
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Transcurrido un año desde la primera activación del Mecanismo RED de Flexibilidad 
y Estabilización del Empleo al que se refiere el artículo 47 bis, en su modalidad sectorial, 
el  Gobierno  y  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales  más  representativas, 
estudiadas las circunstancias en que se encuentren el empleo y el tejido productivo de 
los sectores afectados por el Mecanismo RED, analizarán la necesidad de adoptar 
medidas en el ámbito laboral o de la Seguridad Social tendentes a favorecer la transición 
profesional de las personas trabajadoras que se vean afectadas por el Mecanismo RED 
en el futuro.
Disposición adicional segunda.  Estatuto del Becario.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, 
convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para, en 
el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario que tendrá por objeto la 
formación  práctica  tutorizada  en  empresas  u  organismos  equiparados,  así  como  la 
actividad  formativa  desarrollada  en  el  marco  de  las  practicas  curriculares  o 
extracurriculares previstas en los estudios oficiales.
Disposición adicional tercera.  Expedientes de regulación temporal de empleo por 
impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19.
La tramitación y efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo por 
impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada vinculadas a la COVID-19, 
regulados en el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de 
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora 
del mercado de trabajo, seguirán rigiéndose por lo dispuesto en dicho precepto hasta el 
día 28 de febrero de 2022. e.e
Disposición  adicional  cuarta.  Régimen  aplicable  al  personal  laboral  del  sector  788ww
pLúobs liccoon.tratos por tiempo indefinido e indefinido fijo-discontinuo podrán celebrarse
cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones
públicas  y  las  entidades  que  conforman  el  sector  público  institucional  tenga 
encomendados, previa expresa acreditación.
Si  para  la  cobertura  de  estas  plazas  se  precisara  de  una  tasa  de  reposición 
específica, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Igualmente se podrán suscribir contratos de sustitución para cubrir temporalmente un 
puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva, 
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y en los 
términos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Disposición adicional quinta.  Contratación en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y Fondos de la Unión Europea.
Se podrán suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades 
que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia,  siempre  que  dichos  contratos  se  encuentren  asociados  a  la  estricta 
ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo 
necesario para la ejecución de los citados proyectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación para la suscripción de 
contratos  de  duración  determinada  que  resulten  necesarios  para  la  ejecución  de 
programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión 
Europea.
Los citados contratos se realizarán de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad y en los términos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.
Disposición adicional sexta.  Cómputo estadístico de las personas trabajadoras a las 
que se les aplica la regulación prevista en los artículos 47 y 47 bis del Estatuto de los 
Trabajadores.
Las personas trabajadoras que vean reducida temporalmente su jornada ordinaria 
diaria de trabajo o suspendido temporalmente su contrato conforme a lo establecido en 
los artículos 47 y 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
serán computadas como ocupadas a efectos estadísticos.
Disposición adicional séptima.  Prórroga de la vigencia del Real Decreto 817/2021, 
de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
Hasta  tanto  se  apruebe  el  real  decreto  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo 
interprofesional  para  el  año  2022  en  el  marco  del  diálogo  social,  en  los  términos 
establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido 
de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  se  prorroga  la  vigencia  del  Real 
Decreto  817/2021,  de  28  de  septiembre,  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo 
interprofesional para 2021.
Disposición  transitoria  primera.  Régimen  transitorio  aplicable  a  los  contratos  s
formativos vigentes. e.
Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje basados en lo  788ww
apnreteviss tdoe  elna  eenl tarartdícau elon  1v1ig doer ld Eesl taaptuatrota ddeo  ulonso  Tdrealb aarjatídcuolroe sp, rismeegrúon,  rlae srueldtaarcácni óanp lvicigaebnletes 
hasta su duración máxima, en los términos recogidos en el citado precepto.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio en materia de cotización a la 
Seguridad Social aplicable a determinados contratos formativos.
1.  La cotización de los contratos de formación en alternancia que se suscriban a 
partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley se realizará, hasta tanto no entre en 
vigor el régimen de cotización establecido en la disposición adicional cuadragésima 
tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, conforme a lo 
establecido en el apartado doce del artículo 106 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2022 sobre los contratos para la formación y el aprendizaje.
2.  La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se realizará conforme a lo 
establecido en la disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y, hasta tanto no entre en vigor dicho régimen de 
cotización, conforme a lo establecido en el apartado anterior.
Disposición  transitoria  tercera.  Régimen  transitorio  aplicable  a  los  contratos  de 
duración determinada celebrados antes del 31 de diciembre de 2021.
1.  Los contratos para obra y servicio determinado basados en lo previsto en el 
artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción vigente antes de la 
entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, celebrados antes del 31 de 
diciembre  de  2021,  así  como  los  contratos  fijos  de  obra  suscritos  en  virtud  de  lo 
dispuesto en el artículo 24 del VI Convenio Estatal de la Construcción, que estén 
vigentes en la citada fecha, resultarán aplicables hasta su duración máxima, en los 
términos recogidos en los citados preceptos.
Asimismo,  los  contratos  por  obra  o  servicio  determinados  celebrados  por  las 
Administraciones  Públicas  y  sus  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes, 
previstos  en  normas  con  rango  de  ley,  vinculados  a  un  proyecto  específico  de 
investigación o de inversión de duración superior a tres años y que estén vigentes en la 
fecha señalada en el párrafo anterior, mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de 
la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación, con el límite máximo de tres 
años contados a partir de la citada fecha.
2.  Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas 
o  exceso  de  pedidos  y  los  contratos  de  interinidad  basados  en  lo  previsto  en  el 
artículo 15.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente, celebrados según 
la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, 
se regirán hasta su duración máxima por lo establecido en dicha redacción.
3.  Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores cuando se 
extingan, los contratos a los que se refieren los apartados anteriores, por la expiración 
del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, siempre que 
dichas causas no hayan actuado por su denuncia.
Disposición  transitoria  cuarta.  Régimen  transitorio  aplicable  a  los  contratos  de 
duración determinada celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de 
marzo de 2022.
Los  contratos  para  obra  y  servicio  determinado  y  los  contratos  eventuales  por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados 
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la  s
normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su  oe.
duración no podrá ser superior a seis meses. w.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio sobre límites al encadenamiento 
de contratos.
Lo previsto en la redacción dada por el presente Real Decreto-ley al artículo 15.5 del 
Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a 
partir de la entrada en vigor del mismo.
Respecto a los contratos suscritos con anterioridad, a los efectos del cómputo del número 
de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en 
consideración sólo el contrato vigente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Disposición transitoria sexta.  Aplicación transitoria de la modificación del artículo 84 
del Estatuto de los Trabajadores prevista en esta norma.
1.  Sin  perjuicio  de  la  preferencia  aplicativa  dispuesta  en  el  artículo  84.1,  la 
modificación operada en el apartado 2 de dicho precepto por el presente real decreto-ley 
resultará de aplicación a aquellos convenios colectivos suscritos y presentados a registro 
o publicados con anterioridad a su entrada en vigor una vez que estos pierdan su 
vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.
2.  Las modificaciones operadas en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores 
no podrán tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de 
cualesquiera  derechos  o  condiciones  más  beneficiosas  que  vinieran  disfrutando  las 
personas trabajadoras.
3.  Los textos convencionales deberán adaptarse a las modificaciones operadas en 
el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por la presente norma en el plazo de seis 
meses desde que estas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de 
conformidad con lo previsto en el apartado primero de esta disposición.
Disposición  transitoria  séptima.  Régimen  aplicable  a  los  convenios  colectivos 
denunciados a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
Los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley, y en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia en los 
términos establecidos en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción 
dada por el presente real decreto-ley.
Disposición transitoria octava.  Comunicaciones de la empresa al Servicio Público de 
Empleo Estatal para la tramitación y pago de la prestación regulada en la disposición 
adicional  cuadragésima  primera  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad Social.
A los efectos de la tramitación y del pago de la prestación regulada en la disposición 
adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
y hasta que se proceda al desarrollo del procedimiento de comunicación previsto en la 
disposición adicional cuadragésima segunda del mismo texto legal, la empresa vendrá 
obligada a comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal, los periodos de inactividad de las 
personas trabajadoras afectadas por la aplicación de las medidas de suspensión o reducción 
adoptadas al amparo de artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
El procedimiento para esta comunicación se regulará por resolución de la persona 
titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. e.
Disposición transitoria novena.  Irretroactividad en materia sancionadora. 788ww
dréeg iemLsaetsen   indrefera arlce csdipeoocnnreesstao eb-lnieli dye al sdoeer dss evaning sceoinoctneiaa clr áocnno  macneottneidfroaiorsmr idceoa nda   aal nadtsiec rhcioaur aifdenactídha asa.  yla  seen tsraodmae etenr ávnig oarl   OE-A-2021-21able en https://
Disposición derogatoria única.  Alcance de la derogación normativa.
1.  Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
2.  Quedan derogados expresamente el artículo 12.3, los apartados 1 y 2 de la 
disposición adicional decimoquinta, la disposición adicional decimosexta y la disposición 
adicional vigesimoprimera del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3.  Quedan  derogadas  las  disposiciones  referidas  a  los  contratos  temporales 
previstos  en  el  artículo  15.1.a)  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, según la redacción del precepto previa a la entrada en vigor del apartado 
tres del artículo primero, contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico y, en 
particular, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
4.  Queda derogada la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 16/2014, 
de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal.
Se modifica el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que 
se regulan las empresas de trabajo temporal, del siguiente modo:
«3.  La empresa de trabajo temporal podrá celebrar también con el trabajador un 
contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de puesta a disposición 
sucesivos con empresas usuarias diferentes, siempre que tales contratos de puesta a 
disposición estén plenamente determinados en el momento de la firma del contrato de 
trabajo  y  respondan  en  todos  los  casos  a  un  supuesto  de  contratación  de  los 
contemplados  en  el  artículo  15.2  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  debiendo 
formalizarse en el contrato de trabajo cada puesta a disposición con los mismos 
requisitos previstos en el apartado 1 y en sus normas de desarrollo reglamentario.
Igualmente, las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de 
carácter fijo-discontinuo para la cobertura de contratos de puesta a disposición 
vinculados  a  necesidades  temporales  de  diversas  empresas  usuarias,  en  los 
términos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, coincidiendo 
en este caso los periodos de inactividad con el plazo de espera entre dichos 
contratos. En este supuesto, las referencias efectuadas en el artículo 16 del 
Estatuto de los Trabajadores a la negociación colectiva se entenderán efectuadas 
a los convenios colectivos sectoriales o de empresa de las empresas de trabajo 
temporal.  Estos  convenios  colectivos  podrán,  asimismo,  fijar  una  garantía  de 
empleo para las personas contratadas bajo esta modalidad.»
Disposición final segunda.  Modificación del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Se introduce una nueva disposición adicional novena en el texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, con la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional novena.  Contratos vinculados a programas de activación 
para el empleo. e.
1.  Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro  788ww
pdmeoa dlrarc2á o.Ln  ed ryeLe  adaloeslisz  E appmrr eocprgoslernoaotnmr,a acatsous sy d atpre ada bauraacra tjliaacvdia ómocnireó anjnoso  rp apam odrdaaer y áeloa l er eeoxmscc eupdpldeeaeorb   pidli3rede0 adv dios acytoñe slo am s ei ennss qeeeussretc.e ió tpnea xlartotbi corieprafeul nne dnied enol    OE-A-2021-21able en https://
programas públicos de empleo y formación previstos en este texto refundido de la
Ley de Empleo, podrán ser contratadas mediante el contrato formativo previsto en 
el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores.»
Disposición final tercera.  Adaptación de referencias normativas.
Las referencias normativas al artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, contenidas en dicho texto legal, deberán extenderse, a los mismos 
efectos, al artículo 47 bis de la referida disposición.
Disposición final cuarta.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 13.ª 
y 17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas 
en las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas; de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad  económica;  así  como  de  legislación  básica  y  régimen  económico  de  la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades 
autónomas, respectivamente.
Disposición final quinta.  Reglamento para la protección de las personas trabajadoras 
menores, en materia de seguridad y salud.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social presentará a las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas un análisis de la normativa de seguridad y salud 
aplicable a los menores, en base a las conclusiones alcanzadas al respecto en el ámbito 
de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será tenido en cuenta 
en la elaboración de un reglamento sobre las peculiaridades aplicables a la contratación 
de personas jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos 
específicos, que aprobará el Gobierno, en desarrollo del artículo 27.2 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Disposición final sexta.  Protección por desempleo de las personas trabajadoras fijas-
discontinuas.
El Gobierno regulará, en el marco de la reforma del nivel asistencial por desempleo, 
las  modificaciones  necesarias  para  mejorar  la  protección  del  colectivo  de  fijos-
discontinuos, permitiéndoles el acceso a los subsidios por desempleo, en las mismas 
condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras 
por  cuenta  ajena  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  protegidos  por  la 
contingencia de desempleo.
Disposición final séptima.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
1.  Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  s
«Boletín Oficial del Estado», a excepción de los preceptos a los que se refiere el  e.
apartado 2. w.
2.  Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del  788ww
Estado» los siguientes preceptos:
refuan)d idEo ld aep laar Ltaedyo d euln Eo sdtaetlu taor tdíceu lloos p Trrimabearoja,d doere sm.odificación del artículo 11 del texto
b)  El apartado tres del artículo primero, de modificación del artículo 15 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en la 
disposición transitoria tercera.
c)  El apartado cuatro del artículo primero, de modificación del artículo 16 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d)  El  apartado  siete  del  artículo  tercero,  por  el  que  se  introduce,  en  el  texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una nueva disposición adicional 
cuadragésima  primera,  de  medidas  de  protección  de  las  personas  trabajadoras 
afectadas por la aplicación del Mecanismo RED regulado en el artículo 47 bis del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
e)  El apartado nueve del artículo tercero, por el que se introduce, en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, una nueva disposición adicional 
cuadragésima tercera, sobre cotización a la Seguridad Social de los contratos formativos 
en alternancia.
f)  Los apartados 2 y 3 de la disposición derogatoria única.
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN