BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 60070
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8348 Sala Segunda. Sentencia 82/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de 
amparo  4513-2019.  Promovido  por  LG  Inversa  Recycle  Pallets,  S.L.U., 
respecto de las actuaciones llevadas a cabo por un juzgado de primera 
instancia  de  Jerez  de  la  Frontera  (Cádiz)  en  juicio  verbal  de  desahucio 
arrendaticio.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  sin  indefensión: 
emplazamiento  mediante  edictos  de  la  demandada,  sin  agotar  las 
posibilidades de notificación personal (STC 30/2014).
ECLI:ES:TC:2021:82
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4513-2019, promovido por la entidad LG Inversa 
Recycle Pallets, S.L.U., contra el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Jerez 
de la Frontera, de 4 de junio de 2019, que acordó no haber lugar a la nulidad de 
actuaciones instada por la recurrente en juicio verbal de desahucio arrendaticio. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez 
Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 17 de julio 
de 2019, el procurador de los tribunales don Javier Domínguez López, actuando en 
nombre y representación de la entidad LG Inversa Recycle Pallets, S.L.U., bajo la 
defensa de la letrada doña Carmen Zaragoza Sabaté, interpuso demanda de amparo 
contra las resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
a)  La mercantil Imagen y Explotación, S.A., formalizó contra la aquí recurrente en 
amparo, demanda de reclamación de rentas y desahucio por resolución de contrato de 
arrendamiento  de  la  nave  industrial  situada  en  el  polígono  industrial  Ciudad  del 
Transporte, calle Lira, parcela 12.4, de Jerez de la Frontera, por falta de pago de las  s
rentas debidas, dado lugar a la apertura del procedimiento de «juicio verbal de desahucio  e.
y reclamación rentas 153-19» del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Jerez de la  w.
Frontera. 48ww
demAaln ndoa dhaa beenr  seild od opmoisciibliloe  speoñr adlaods ov eac eesf eeclt oin tdeen ton odtiefi ceamcipolnaezas meine netol  pcoenrstroantaol,  dcea lllae 
jEurdmicitiaal  ddeel  4R doec ímo,a nrzúom d. e7 2, 0d1e9 ,l ae l mleitsrmadao  cdiued laad a, dsmeignúisnt radciliiógne ndceia j unsetigcaiat ivdae l djuezl gaaudxoil iao   BOE-A-cable e
quo proveyó en su respuesta dictando diligencia de ordenación el 5 de marzo de 2019 
por la que acordó unir dicha diligencia a los autos, dar traslado a la parte actora y 
«practicar averiguación domiciliaria y constando la misma dirección C/ Lira núm. 12 en 
Guadalcacín, procédase a requerir a la parte para que alegue a lo que a su derecho 
convenga». Se indica por error en esta diligencia que el intento de notificación se había 
realizado en la dirección del inmueble arrendado y no en la designada en el contrato, la 
de la calle Ermita del Rocío, núm. 7.
No obstante, sin haberse efectuado lo acordado el propio letrado de la administración 
de justicia del juzgado a quo dictó nueva diligencia de ordenación el 6 de marzo de 2019, 
por la que resolvió que: «Habiendo resultado negativas las gestiones realizadas para 
conocer el domicilio o residencia actual de la parte demandada, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 156.4, 164 y 157.1 LEC, acuerdo: 1.–Citar-emplazar-notificar 
a la parte demandada por medio de edicto, que se fijará en el tablón de anuncios de este 
juzgado».
Efectuada así la notificación por edictos, y tras haberse superado el plazo concedido 
sin constar su oposición a la demanda, el letrado de la administración de justicia del 
mencionado juzgado dictó un decreto el 20 de marzo de 2019 por el que, con base en lo 
dispuesto en el art. 440.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), acordó dar por 
finalizado el procedimiento y dar traslado a la parte actora para que pudiera instar la 
ejecución forzosa mediante solicitud, fijando de una vez la fecha del lanzamiento de la 
finca para el 23 de abril de 2019. Fecha en la que tuvo lugar la medida, conforme indica 
la copia del acta que se acompaña con la demanda de amparo.
b)  El representante procesal de la aquí recurrente en amparo presentó escrito de 
incidente de nulidad de actuaciones en el mismo procedimiento, alegando indefensión 
(art. 24.1 CE) al haber tenido conocimiento del juicio de desahucio seguido en su contra 
apenas en el acto de lanzamiento del inmueble, resultando de la consulta posterior de 
las  actuaciones  en  el  juzgado,  que  había  sido  emplazada  por  edictos  sin  haberse 
intentado su notificación en la propia finca arrendada donde realizaba, dice, su actividad.
c)  El juzgado a quo, tras la tramitación del incidente, dictó auto el 4 de junio 
de 2019, en sentido desestimatorio, razonando en el fundamento de Derecho primero:
«Revisadas  las  actuaciones,  y  como  la  propia  parte  demandada  admite,  el 
emplazamiento, –con traslado de la demanda y requerimiento legal, conforme al art. 440 
LEC–, fue intentado hasta en dos ocasiones en el domicilio sito en c/. Ermita del Rocío, 
7, que, si se observa el contrato de arrendamiento suscito entre las partes, en el que la 
hoy  demandada  (arrendataria)  designó  expresamente  para  que  en  el  mismo  se 
practicaran las oportunas notificaciones. Solo tras ello, se acudió a la citación edictal, 
declarándose en rebeldía procesal a dicha parte y siguiendo su curso el procedimiento.
Es irrelevante que no se haya realizado en la nave arrendada, no solo porque, como 
argumenta  la  actora,  la  propia  demandada  anunció  que  la  desalojaría  en  febrero 
de  2019,  sino  porque  de  forma  voluntaria  la  propia  demanda  que  ahora  alega 
indefensión, designó para los actos de comunicación expresamente en el contrato otro 
domicilio distinto, en el que el juzgado ha intentado sin éxito el emplazamiento.
No existe por ello vulneración de norma procesal, (arts. 440, 156, 157 y 164 LEC), ni 
se ha causado indefensión a la demanda, que fue quien indicó ese concreto domicilio 
para notificaciones.
A  la  vista  de  lo  expuesto,  no  procede  apreciar  defecto  procesal  causante  de 
indefensión respecto de la ejecutante, y no procede acordar la nulidad de actuaciones 
instada.» e.
d)  El procedimiento continuó con la apertura de la fase ejecutiva para el cobro de  48ww
lraesp rceasnetnidtaandtees d ree clala mmaedrcaasn. tiAl sdíe, meafencdtaunatdea  ella  1c1o drree sapbornil ddieen 2te0 1s9o,l iclait utidtu lpaor rd eesl cjuriztog addeol 
tdíticutlóo sa ujutod idceiaslepsa c4h7a7n-d2o0 1e9je)c, uyc ióenn  ella 6 m dies mmaa yfoe cdhea  2e0m19it i(óp ruonce ddeimcrieentoto  edl el eetjreacduoc iódne  dlea 
administración de justicia concretando las medidas ejecutivas, en la que se incluyó el 
embargo de bienes, previa su averiguación y localización.
En el auto de referencia, se acuerda además conceder trámite de oposición a la 
ejecución por plazo de diez días siguientes a partir de la fecha de notificación de dicha 
resolución.  Dentro  de  plazo  la  aquí  recurrente  formalizó  escrito  de  oposición  a  la 
ejecución, donde además de denunciar la infracción de preceptos legales adujo haber 
sufrido indefensión.
El incidente de oposición a la ejecución fue resuelto por auto desestimatorio del 
juzgado a quo, de 15 de julio de 2019.
3.  La demanda de amparo, que solamente impugna el auto del juzgado competente 
de 4 de junio de 2019, alega que la entidad recurrente ha sido privada de su derecho a 
comparecer  en  el  juicio  verbal  núm.  153-2019  del  juzgado  a  quo,  de  desahucio  y 
reclamación de cantidad instado en su contra, y por tanto privada también de su derecho 
a  ser  oída  y  defenderse  en  el  procedimiento,  con  quiebra  de  los  principios  de 
bilateralidad,  contradicción  e  igualdad,  comportando  todo  ello  la  vulneración  de  su 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
En tal sentido, en línea con lo expuesto en el escrito previo de nulidad, señala que se 
ha  utilizado  de  manera  indebida  la  vía  de  la  notificación  por  edictos,  al  no  haber 
intentado el juzgado su notificación personal en el local objeto de desahucio (calle Lira, 
12), limitándose a hacerlo dos veces en el domicilio de la entidad (calle Ermita del Rocío, 
7), siendo que al día siguiente de resultar infructuoso el segundo intento, el 6 de marzo 
de 2019 se acordó la citación por edictos. Añade que la ubicación del local resultaba 
conocida por el juzgado y por la parte arrendadora, según evidencia el contenido de las 
actuaciones (donde aparecen entre otros documentos el contrato de arrendamiento, un 
burofax dirigido por la actora a la demandada a la dirección de la nave industrial, y una 
diligencia de ordenación de 5 de marzo de 2019), reiterando que la recurrente solo tuvo 
conocimiento de la existencia de ese proceso en la fecha en que se llevó a cabo su 
lanzamiento  del  inmueble  –23  de  abril  de  2019–.  Se  invoca  como  doctrina  las 
SSTC  38/2006,  de  13  de  febrero,  y  61/2010,  de  18  de  octubre,  mostrando  su 
discrepancia con los argumentos esgrimidos por el juzgado en el auto que impugna, 
alegando que concurre indefensión.
En el suplico de la demanda se solicita de este tribunal el dictado de sentencia 
estimatoria  del  amparo  y,  como  consecuencia,  según  el  punto  1  del  suplico,  que 
declaremos la nulidad del juicio verbal de desahucio ya referido desde la diligencia de 
ordenación de 6 de marzo de 2019, la cual ordenó el emplazamiento por edictos de la 
recurrente, con retroacción de las actuaciones al momento inmediato anterior a aquella 
resolución, para que se proceda a su emplazamiento en términos respetuosos con el 
derecho fundamental invocado.
Como apartado 2 del suplico, la demanda pidió que «en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 56.2 LOTC, acuerde la suspensión de los efectos del procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales 477-2019 (dimanante del juicio verbal 153-2019), seguido ante el 
Juzgado número 4 de Jerez de la Frontera, pues al negar mi representada deber la 
cantidad reclamada de contrario, los embargos trabados en el citado procedimiento de 
ejecución le causan un grave perjuicio, haciendo perder –de efectuarse los mismos– la 
finalidad de la presente demanda de amparo».
4.  La secretaría de justicia de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal 
Constitucional, dictó diligencia de ordenación el 26 de julio de 2019 requiriendo al  e
representante procesal de la recurrente para que aportara el poder acreditativo de su  bo
representación o bien otorgara esta por comparecencia apud acta, con advertencia de  48ww
archEivl o rdeeq ulae rdimemieanntod as sei  ncou lmo pelfiemcetunatób ap eonr  eel spclariztoo  ddee dl iepzr odcíausra.dor  de  la  recurrente,
presentado el 13 de septiembre de 2019, con el poder notarial correspondiente.
5.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 29 de junio de 2020 del 
siguiente tenor:
«La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a 
trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional 
(art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en 
una  negativa  manifiesta  del  deber  de  acatamiento  de  la  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 f)].
Por  ello,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  diríjase  atenta 
comunicación a Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Jerez de la 
Frontera a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o 
fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  juicio  verbal  153-2019; 
debiendo  previamente  emplazarse,  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  puedan 
comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el 
procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Fórmese pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión.»
6.  Mediante providencia de 17 de noviembre de 2020 la secretaría de justicia de la 
Sección Cuarta de este tribunal acordó conceder a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal un plazo común de veinte días, a fin de que pudieran formular alegaciones, 
conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones 
el 17 de diciembre de 2020, por el que interesó de este tribunal se dictase sentencia 
otorgando el amparo solicitado, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión, con «nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda de 
desahucio  en  el  juicio  verbal  de  desahucio  153-2019»,  y  la  retroacción  de  las 
actuaciones «al momento inmediatamente anterior a dicha actuación para que se le dé a 
la recurrente posibilidad de contestar a la demanda».
A tal efecto, luego de resumir los hechos más relevantes del proceso a quo, afirma 
que el presente recurso se inscribe en «una serie de antecedentes» sobre los que este 
Tribunal Constitucional ha levantado una doctrina reiterada a propósito de la proyección 
del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito de los actos de comunicación 
procesal, lo que trae consigo, en lo que aquí importa, la preferencia del sistema de 
emplazamiento  personal  del  demandado  y  solo  de  manera  subsidiaria  a  través  de 
edictos, citando las SSTC 89/2015, FJ 3, y 78/2008, de 7 de julio, FJ 2. Trasladada esa 
doctrina al caso aquí planteado, recuerda el fiscal que el intento de notificación personal 
a la entidad aquí recurrente se realizó en el domicilio designado en el contrato y al 
resultar esta gestión fallida, pese a que en principio se iban a hacer gestiones de 
averiguación  de  un  domicilio  alternativo,  resultó  que  al  día  siguiente  se  acordó  la 
notificación  por  edictos.  Reflexiona  el  fiscal  sobre  la  rapidez  del  procedimiento 
evidenciada y que, con este proceder, el juzgado «no desplegó ni la más mínima 
actividad  para  hacer  de  forma  efectiva  y  eficaz  la  notificación  de  la  demanda  al 
demandado  para  que  este  pudiera  ejercer  su  derecho  de  defensa  […]  cuando  le 
constaba  otro  posible  lugar  donde  realizar  esa  comunicación,  pues  en  la  misma 
diligencia hace constar el domicilio de la calle Lira núm. 12»; además de que «podría 
haber acudido a organismos públicos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social 
para que informaran si esa persona tenía algún otro domicilio en España, e incluso 
podría haberse auxiliado de las fuerzas y cuerpos de seguridad». s
Añade que no pretende con lo expuesto «que la doctrina constitucional deba llevar a  oe.
exigir  el  agotamiento  en  las  posibilidades  de  averiguación  de  un  auténtico  y  real  w.
dqluouemeg oiec filelaioc ,tt oivctaaumla fneadnltotae   desele   qaiuncectiuv ismdeap dloió fdr eecocl inóó r lgopa onrreo q eeul ned reiedsmota ad ndedi raleoncstc eói órrnge asdnueolbtsóe   pfllrúeubvslaitcrraondsoo,s , e anp  ceeorsont sedi decesardsaeor    2021-8348n https://ww
del juzgado, para dar satisfacción a la tutela judicial efectiva en concordancia con la
doctrina que menciona el recurrente y cuya aplicabilidad al caso compartimos». Y señala
que no consta en absoluto que la parte hubiera tenido conocimiento extraprocesal de las 
actuaciones en fecha previa a la del lanzamiento, por lo que no concurre el supuesto que 
excluiría en su caso la indefensión constitucional (material) conforme a la misma doctrina 
del tribunal, de nuevo con cita de la STC 78/2008, FJ 3. Como colofón, advierte que el 
juzgado  a  quo,  «una  vez  denunciada  ante  el  mismo  la  posible  vulneración  de  los 
derechos, rechazó declarar la nulidad de lo actuado. Con su actuación el órgano judicial 
ha impedido a la ejecutada acceder al proceso y ejercer en el mismo las actuaciones que 
le correspondían, viendo cómo se hizo efectiva su expulsión del local arrendado, y por 
ende articular las posibles causas de oposición en su defensa».
Alega el fiscal que no es aceptable el razonamiento del auto recurrido en el sentido 
de que se actuó conforme a lo previsto en la ley, pues las reformas legales que han 
habido en esta materia tendentes a mejorar la operatividad del procedimiento, no pueden 
oponerse  a  la  doctrina  reiterada  de  este  Tribunal  Constitucional  que  exige  el 
emplazamiento personal, tanto en procesos ejecutivos hipotecarios como en los de 
desahucio  arrendaticio,  citando  sobre  este  segundo  la  STC  181/2015,  de  7  de 
septiembre, FJ 5, donde se hace cita de la anterior STC 30/2014. En consecuencia, 
remacha el fiscal que si se otorga el amparo «sus efectos deben ser, en coherencia con 
lo acordado por el tribunal en otros casos precedentes (STC 122/2013, FJ 6), la de 
acordar la nulidad de lo actuado en el procedimiento de desahucio, y la retroacción de 
las actuaciones al momento anterior al requerimiento para contestar a la demanda, con 
el fin de que se le comunique, a la recurrente, lo allí acordado en legal forma y darle la 
posibilidad de ejercer su derecho».
8.  La secretaría de justicia de la Sección Cuarta de este tribunal dictó diligencia 
haciendo constar la recepción del escrito de alegaciones del fiscal, y la preclusión del 
plazo otorgado a la entidad recurrente sin que esta presentara alegaciones, quedando 
concluso el trámite.
9.  Respecto de la solicitud de la demanda de amparo para que se acordara la 
suspensión del proceso ejecutivo 477-2019, de acuerdo con lo resuelto en la providencia 
de admisión a trámite del recurso se dictó por la Secretaría de Justicia de la Sala 
Segunda  otra  providencia  en  la  misma  fecha,  29  de  junio  de  2020,  ordenando  la 
formación  de  la  respectiva  pieza  incidental,  en  la  que  presentaron  alegaciones  la 
recurrente,  reafirmando  lo  solicitado  en  la  demanda,  y  el  fiscal,  quien  interesó  se 
accediera a lo pedido.
Por ATC 105/2020, de 21 de septiembre, se acordó denegar la suspensión cautelar 
solicitada.
10.  Mediante providencia de fecha 15 de abril de 2021, se señaló para deliberación 
y votación de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso.
Se interpone demanda de amparo contra el auto del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 4 de Jerez de la Frontera, de 4 de junio de 2019, que desestimó el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  promovido  por  la  entidad  demandada  en  juicio  verbal  de 
reclamación de rentas y disolución de contrato de arrendamiento con desahucio de la 
finca  arrendada  instado  contra  ella  (procedimiento  153-19),  alegando  indefensión  e.
(art. 24.1 CE) al haber sido emplazada por medio de edictos tras el intento fallido de  w.b
notificación en el domicilio señalado en el contrato de arrendamiento, sin realizar el  48ww
fjuinzcgaa daorr ennindgaudnaa,  coutryaa  ddiilrigeecncicóian  dcoen lsotcaablaiz aecnió lna,s  eanc tcuoancciorenteos .l aC noomtiofi csaec ihóan  eexnp luae sptroo peina 
ldoes  daensteacheudceion tecus,a lnad roe ceusrtree nytae  ahlaebgíaa  qfiunea lsizoalod oh,a e tle ndiídao 2 c3o ndoec iambireiln tdoe d 2e0l 1p9ro ceend iqmuiee nsteo 
procedió al desalojo de la nave industrial arrendada. La pretensión de la demanda es
apoyada por el fiscal ante este tribunal en su escrito de alegaciones, solicitando el 
otorgamiento del amparo al incumplir el órgano judicial con el deber de agotar las 
gestiones para el emplazamiento personal de la demandada aquí recurrente, lo que en 
este caso resultaba posible.
Así planteado el debate, debe advertirse que en este proceso no se ha impugnado el 
auto dictado por el propio juzgado a quo el 15 de julio de 2019, en desestimación del 
incidente  de  oposición  a  la  ejecución  tramitado  en  el  procedimiento  de  ejecución 
judicial 477-2019, abierto a su vez a instancia de la mercantil actora contra la aquí 
recurrente para el cobro de las rentas impagadas, por lo que no cabe que realicemos 
ningún enjuiciamiento acerca de la constitucionalidad de dicha resolución.
En todo caso, dada la directa conexión causal entre ese procedimiento ejecutivo y el 
declarativo verbal que le precede, en cuyo seno se dictó precisamente el título de 
ejecución (decreto del letrado de la administración de justicia de 20 de marzo de 2019, 
con el contenido previsto en el art. 440.3 de la Ley de enjuiciamiento civil –LEC–), de 
apreciarse la lesión del derecho fundamental denunciada contra el auto de 4 de junio 
de 2019 que sí se ha impugnado, los efectos de la estimación de la demanda de amparo 
alcanzarían al proceso ejecutivo posterior, sin necesidad de haber tenido que formalizar 
una pretensión de nulidad independiente contra lo actuado en él [SSTC 181/2015, de 7 
de septiembre, antecedente 2 d), FJ 5 y fallo apartados 2 y 3, y 37/2017, de 27 de 
noviembre, antecedente 2 d), FJ 6 y fallo apartados 2 y 3].
2.  Aplicación de la doctrina de la STC 30/2014, de 24 de febrero.
a)  Tanto la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para  la  implantación  de  la  nueva  oficina  judicial,  que  modificó  el  art.  686  LEC 
introduciendo un párrafo tercero, como la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, 
que modificó el art. 164 LEC introduciendo un párrafo cuarto, previeron como medidas 
para la agilización de los procesos ejecutivos hipotecarios y declarativos de desahucio 
de arrendamiento, respectivamente, que bastaría el intento fallido de emplazamiento del 
ejecutado  o  demandado  en  el  domicilio  fijado  a  tales  efectos  en  el  contrato 
correspondiente o en su caso el informado de manera fehaciente con posterioridad por 
aquel, para dar por agotado este trámite y pasar a la vía de los edictos, sin tener que 
realizar las gestiones que para su efectiva localización ordena el art. 155.3 LEC en 
diversos registros públicos.
Contra la aplicación literal de estos preceptos y sus consecuencias en orden a 
causar indefensión, se pronunció este Tribunal Constitucional tanto en la STC 122/2013, 
de  20  de  mayo,  respecto  del  art.  686.3  LEC,  como  poco  tiempo  después  en  la 
STC 30/2014, de 24 de febrero, respecto del art. 164 LEC; proclamando en ambos casos 
el deber judicial de realizar una interpretación secundum constitutionem de tales normas, 
lo que comporta que ante el resultado infructuoso del intento de emplazamiento en el 
domicilio señalado en el contrato, el órgano judicial ha de agotar las gestiones previstas 
en el art. 155.3 LEC para localizar al ejecutado o demandado, antes de acudir a los 
edictos, instrumento este que tiene siempre un carácter subsidiario. Cabe añadir que el 
art. 686.3 LEC fue modificado por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma 
administrativa  en  el  ámbito  de  la  administración  de  justicia  y  del  registro  civil, 
disponiendo expresamente desde entonces que ante el intento fallido de emplazamiento 
personal,  la  oficina  judicial  ha  de  realizar  «las  averiguaciones  pertinentes  para 
determinar el domicilio del deudor» antes de ordenar la publicación de edictos. Por el  e
contrario,  y  sin  que  se  alcancen  a  entender  las  razones  de  ello,  el  legislador  ha  bo
mantenido la misma dicción del art. 164 párrafo cuarto LEC hasta hoy, según la cual: 48ww
o ca«nEtind alodse sp rdoecbeisdoass  doe p doer seaxhpuircaioci ódne  lfeingcaal  ou rcboanntara oc truúasl tidceal  ppolarz foa lyta e dne l opsa gporo dcee sroesn tdaes 
reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni
efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo
segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con 
posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que este no se hubiese 
opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación o requerimiento en 
el tablón de anuncios de la oficina judicial».
El art. 155.3 párrafo segundo se refiere al domicilio que las partes hayan acordado 
en el contrato de arrendamiento a efecto de notificaciones, y solo a falta de tal indicación 
expresa,  añade,  tal  domicilio  «será,  a  todos  los  efectos,  el  de  la  vivienda  o  local 
arrendado.»
b)  En lo que aquí importa destacar, la STC 30/2014 explica en su fundamento 
jurídico 3 lo siguiente:
«[E]ste  tribunal  se  ha  pronunciado  en  reiteradas  ocasiones,  señalando  la  gran 
relevancia  que  posee  la  correcta  constitución  de  la  relación  jurídica  procesal  para 
garantizar el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la posibilidad 
de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses 
legítimos. De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano 
judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha 
de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación 
es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e 
intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que 
se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de 
indefensión que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de 
incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado 
voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros 
medios  distintos  de  su  existencia,  si  bien  es  necesario  recordar  que  la  posible 
negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal 
de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de 
la  queja,  ‘no  puede  fundarse  sin  más  en  una  presunción  cimentada  en  simples 
conjeturas,  sino  que  debe  acreditarse  fehacientemente  para  que  surta  su  efecto 
invalidante  de  la  tacha  de  indefensión,  pues  lo  presumido,  es  justamente,  el 
desconocimiento del proceso si así se alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 
y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ (STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4).
Por las razones expuestas, y como también hemos razonado, recae sobre el órgano 
judicial no solo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación 
procesal, sino también el de asegurarse que dichos actos sirven a su propósito de 
garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia 
del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del 
empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio 
de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos 
declarado que cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las 
partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma 
personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta 
forma  de  notificación  antes  de  acudir  a  la  notificación  por  edictos  (por  todas, 
SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, 
de 24 de julio, FJ 2).»
Y más adelante en el fundamento jurídico 5:
«A la conclusión alcanzada no cabe oponer, como sostiene el órgano judicial en el  e.
auto de 18 de octubre de 2011, que desestima la solicitud de nulidad interpuesto por el  w.
recurrente, que la Ley de enjuiciamiento civil no exige realizar mayores averiguaciones  48ww
ytraa s alad vreerftoimrmoas  lleenv adlaa  aS TcCab o1 2m2e/2d0ia1n3t,e  dpeo r 2la0  Ldeey  1m9/a2y0o0, 9,e nd e r2e3la cdieó nn ocvoienm  blorse . jCuiocmioos 
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materia  de  emplazamientos  es  una  doctrina  muy  consolidada  que  no  puede  verse 
interferida por la reforma operada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas 
de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 
Cierto es que la Ley 19/2009 reforma el art. 164 LEC relativo a la comunicación edictal 
como forma de comunicación procesal y añade a dicho precepto un segundo párrafo 
relativo a los desahucios en un arrendamiento por falta de pago de las rentas, que 
dispone: ‘En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de 
rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los 
procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere 
hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el 
segundo  párrafo  del  número  3  del  artículo  155,  ni  hubiese  comunicado  de  forma 
fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que este no 
se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el 
tablón de anuncios de la oficina judicial.’ Pero, como pusimos de manifiesto en la 
STC  122/2013,  de  dicho  precepto  ha  de  realizarse  una  interpretación  secundum 
constitutionem integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este tribunal en 
cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el 
derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal 
en todo procedimiento de desahucio solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los 
medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado.
Por lo demás, se trata, en todo caso, de una operación sencilla que no requiere 
mayor esfuerzo intelectual, pues el nuevo párrafo del art. 164 LEC tiene una remisión 
legislativa al art. 155.3 LEC y este precepto no limita el domicilio a uno, sino a varios. Así 
se deduce de la lectura de su contenido, a tenor del cual [regla general, párrafo primero]: 
‘A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca 
en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que 
aparezca en registro oficial o en publicaciones de colegios profesionales, cuando se 
tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan 
profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse 
como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional 
o laboral no ocasional […]’.
En consecuencia, ha de concluirse que en el presente caso se ha vulnerado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante, por la falta de 
diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios de averiguación del 
domicilio real para obtener una notificación personal y efectiva, cuando además constaba 
identificado  otro  domicilio  del  recurrente  a  los  efectos  de  notificaciones  en  los 
documentos aportados con la demanda.»
Esta doctrina sobre el correcto modo de efectuar el emplazamiento del demandado 
en  los  procesos  de  desahucio  arrendaticio,  se  ha  reiterado  en  las  posteriores 
SSTC 181/2015, FJ 4; 137/2017, FJ 4; 39/2018, de 25 de abril, FJ 3; 123/2019, de 28 de 
octubre, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2, y 20/2021, de 15 de febrero, FJ 2.
c)  La aplicación de la doctrina de referencia conduce a la estimación de la presente 
demanda de amparo. Como se ha indicado en los antecedentes y resultaba por lo demás 
evidente, una vez que resultó infructuoso el intento de emplazamiento a la entidad 
demandada en el domicilio señalado en el contrato de arrendamiento (calle Ermita del 
Rocío, núm. 7, de Jerez de la Frontera), existía incluso la posibilidad, antes de iniciar 
cualquier otra gestión dirigida a su localización en archivos o registros públicos ex 
art. 156 LEC en relación con el 155.3 párrafo primero LEC, de intentar la notificación en  e.
la dirección de la propia finca arrendada (sita en la calle Lira, parcela 12.4 de la entidad  w.b
local autónoma de Guadalcacín, mismo municipio de Jerez de la Frontera), en la que  48ww
saecgtivúind alad .recurrente hasta la fecha de su lanzamiento se encontraba desarrollando su
del Mjuazgs andoo  seoxlapmreesnatdea  npoo rs ee lh liezotr aedsoto d sei nloa  qaudem, ineins trsaocloió nv edinet icjuusattircoia h voararisó,  tloat aplomseicnióten, 
pasando de comunicar a la parte actora el intento fallido de emplazamiento para que
pudiera suministrar otra dirección y en su caso realizarse las pertinentes gestiones de 
localización (diligencia de ordenación de 5 de marzo de 2019), a obviar lo anterior y 
ordenar el emplazamiento por edictos (diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2019), 
sin ninguna explicación para este cambio de criterio.
Puesta de manifiesto esta circunstancia en el escrito de nulidad de actuaciones, el 
auto  de  4  de  junio  de  2019  se  limitó  a  negar  la  lesión  del  derecho  fundamental 
razonando que era suficiente el intento de emplazamiento en la dirección designada en 
el contrato, y que la demandada había anunciado que desalojaría la finca en febrero de 
ese año (2019), extremo este último que ni se verificó previamente ni se corresponde 
con los hechos, pues se encontraba personal de esta en su interior cuando se llevó a 
cabo  el  desalojo,  el  23  de  abril  de  2019.  Tampoco  el  auto  expresa  que  estuviera 
acreditado el conocimiento extraprocesal de la causa por la entidad demandada, lo que 
de concurrir resultaría impeditivo de indefensión de acuerdo con aquella misma doctrina.
Con su actuación, en definitiva, el juzgado causó indefensión a la demandada aquí 
recurrente, siguiéndose a sus espaldas el procedimiento y dictándose el decreto de 
lanzamiento y apertura de la vía ejecutiva, que luego no se ha reparado en el incidente 
de nulidad. Procede por tanto que se acuerde el amparo que se solicita, con nulidad 
tanto del auto de 4 de junio de 2019 como de la diligencia de ordenación de 6 de marzo 
de 2019, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a recaer esa misma 
diligencia incluyendo el proceso de ejecución judicial 477-2019, con retroacción del 
procedimiento al momento inmediatamente anterior al de su dictado, a fin de que en su 
lugar se pronuncie otra resolución que resulte respetuosa del derecho fundamental 
vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:
1.º  Estimar la demanda presentada por LG Inversa Recycle Pallets, S.L.U., por 
vulneración  de  su  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  padecer 
indefensión; con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad: (i) del auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de 
Jerez de la Frontera, de 4 de junio de 2019, dictado en el juicio verbal de desahucio y 
reclamación de rentas núm. 153-2019; (ii) de la diligencia de ordenación de 6 marzo 
de 2019 dictada en el mismo procedimiento; y (iii) de todas las actuaciones realizadas 
desde el dictado de dicha diligencia de ordenación, incluyendo las del proceso de 
ejecución judicial núm. 477-2019.
3.º  Retrotraer el procedimiento a la fecha inmediatamente anterior a la de dictarse 
la diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2019 que acordó la notificación por edictos, 
a fin de que en su lugar se dicte otra resolución que resulte respetuosa del derecho 
fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca  e.e
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  w.b
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. 48ww