BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Lunes 4 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 31128
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
4794 Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas 
urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del 
coronavirus (COVID-19).
Mediante  el  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  modificado  por  Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por  el  COVID-19.  El  estado  de  alarma  ha  sido  prorrogado  mediante  Real 
Decreto 487/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.
El  citado  Real  Decreto  463/2020  establece  en  su  artículo  4  que  la  autoridad 
competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas 
de responsabilidad, serán autoridades competentes delegadas, las personas titulares de 
los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
No  obstante,  de  conformidad  con  el  artículo  6  del  citado  Real  Decreto  cada 
Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la 
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el 
marco de las órdenes directas de la autoridad competente.
Así, la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 
ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por 
motivos de salud pública. Por ello, mediante los Decretos-leyes Forales 1/2020, de 18 de 
marzo, y 2/2020, de 25 de marzo, se aprobaron medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria. El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión 
celebrada el 27 de marzo de 2020, acordó convalidar ambos decretos-leyes forales y 
tramitarlos como proyectos de ley foral por el procedimiento de urgencia. Fruto de esta 
tramitación se aprobaron la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban 
medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del 
coronavirus (COVID-19) y la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban 
medidas  urgentes  para  responder  al  impacto  generado  por  la  crisis  sanitaria  del 
coronavirus (COVID-19).
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad obligan a implementar un 
tercer paquete de medidas, que se contienen en este Decreto-ley Foral.
La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. 
La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad 
inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de 
los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por diversos canales, atendiendo a 
la evolución temporal y geográfica del brote de COVID-19.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y 
dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez 
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad.
La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la 
economía  navarra  cuya  cuantificación  está  aún  sometida  a  un  elevado  nivel  de 
incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto  s
social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria  oe.
mejore. w.
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de  autónomos  de  nuestra  Comunidad  Foral  compuesto  por  más  47.000  personas,
muchas de ellas encuadradas en actividades no permitidas durante el Estado de Alarma  Bc
vigente,  tales  como  la  cultura,  actividades  artísticas,  deportivas,  la  hostelería,  el 
comercio, peluquerías y educación entre otros. Los autónomos encuadrados en estas 
actividades  no  permitidas  en  este  momento,  o  afectadas  por  la  hibernación  de  la 
economía, son el colectivo al que se dirige el paquete de medidas recogido en el título I 
de este Decreto-ley Foral, que persigue el fin de que su recuperación económica se 
produzca una vez que la emergencia sanitaria mejore.
En el título II de este Decreto-ley Foral se adoptan medidas extraordinarias para la 
gestión eficiente de las Administraciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra y 
del sector público institucional foral.
En el ámbito de la contratación pública es necesario dotar a los gestores de las 
herramientas necesarias para agilizar los procedimientos de adquisición de los bienes 
necesarios  para  combatir  la  enfermedad,  en  un  mercado  cambiante  y  con  alta 
competitividad.  Por  ello,  se  autoriza  el  abono  del  precio  de  los  contratos,  total  o 
parcialmente, con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista, siempre 
que fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado.
En lo referido a la gestión de las donaciones, ante el interés de ciudadanos y 
empresas en la donación de cantidades en efectivo para combatir el COVID-19, es 
necesario establecer un sistema más ágil, alternativo al procedimiento habitual, que evite 
que,  para  hacer  el  ingreso,  sea  precisa  la  tramitación  previa  de  la  resolución  de 
aceptación de la donación y posterior envío de carta de pago al donante, para su abono. 
Con este objetivo, se establece un sistema más ágil para este tipo de donaciones.
Por otro lado, el artículo 20 del Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de 
Programas y Financiación de los Servicios Sociales de Base, prevé el abono de la 
financiación  a  las  entidades  locales  titulares  de  esos  servicios  con  cargo  a  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en cuatro plazos, estando pendiente el 
segundo y siendo preciso, para garantizar la liquidez para esas entidades que demanda 
la situación por la crisis sanitaria, y para que con dicha liquidez puedan atender con la 
inmediatez que se requiere a los sectores vulnerables de población a que atienden con 
dicha financiación, dispensar del requisito vigente de haber tenido que validar la unidad 
gestora las memorias del ejercicio anterior.
Igualmente en el ámbito de los servicios sociales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, atribuye como 
competencia propia de todos los Municipios la «evaluación e información de situaciones 
de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de 
exclusión social». La epidemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirla 
han generado unas necesidades sociales en la población más vulnerable de urgente 
resolución  por  lo  que  al  amparo  de  esa  normativa  las  entidades  locales  deben 
implementar medidas para garantizar la cobertura de las mismas de forma inmediata. El 
Gobierno de Navarra, por su parte, debe colaborar en esta actuación mediante el apoyo 
financiero  a  las  entidades  locales  titulares  de  servicios  sociales,  para  garantizar  la 
posibilidad de respuesta a estas situaciones concretas a toda la ciudadanía que precise 
de un apoyo en estos momentos de emergencia sanitaria y social. Precisamente la 
necesidad de ofrecer esta garantía hace indispensable contemplar una financiación 
extraordinaria aportada por el Gobierno de Navarra para que se destine a esta finalidad, 
y que posteriormente sea justificada en el marco de la financiación de ordinaria de los 
servicios sociales de base. s
Por último, en este título II, en el ámbito de la prestación de la asistencia sanitaria, a  oe.
la vista de la evolución de la pandemia, la situación sanitaria en la red de residencias de  w.
mayores de la Comunidad Foral y la posibilidad de extender las pruebas diagnósticas de  94ww
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de las y los profesionales de los Equipos de Atención Primaria como de los efectivos de 
personal asistencial.
A tal efecto, se habilita a la Consejera de Salud para la designación de la o el 
Responsable de la Coordinación Asistencial Ejecutiva en las Residencias de la Tercera 
Edad.
En el título III se recogen medidas en el ámbito del fomento de la investigación 
científica y técnica.
En lo referido a la investigación científica y técnica, el 19 de marzo de 2020, el 
Instituto  de  Salud  Carlos  III  convocó  ayudas  para  la  financiación  de  proyectos  de 
investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 con cargo al FONDO – 
COVID-19, en el marco del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
El FONDO – COVID-19 está dotado con 24 millones de euros y las ayudas se irán 
concediendo en tanto exista consignación presupuestaria para ello.
El Gobierno de Navarra es consciente de la importancia capital de la ciencia y la 
innovación para combatir la epidemia, así como de la necesidad de que las diferentes 
instituciones  involucradas  actúen  de  forma  coordinada.  Por  esta  razón,  resulta 
conveniente en la situación actual autorizar a la Dirección General de Innovación del 
Departamento  de  Universidad,  Innovación  y  Transformación  Digital  a  financiar  o  a 
cofinanciar, en su caso, las propuestas que habiendo recibido una valoración favorable 
por  parte  del  Comité-Científico  responsable  de  la  evaluación  de  propuestas  de 
investigación en COVID-19 y SARS-CoV-2, no hayan recibido financiación o la hayan 
recibido de forma parcial.
En el ámbito laboral, mediante Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, se reguló 
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19. El disfrute de dicho permiso recuperable, de 
carácter obligatorio, se fijó entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
Finalizado el plazo fijado, la reincorporación a la actividad laboral se va a iniciar en 
los  sectores  de  construcción  (divisiones  CNAE  41  a  43)  y  de  industria  (divisiones 
CNAE 05 a 33) que agrupan en Navarra a 1.612 y 2.209 empresas, respectivamente, 
según  datos  de  la  Subdirección  General  de  Estadística  y  Análisis  Sociolaboral  del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social actualizados a 31 de diciembre 
de 2019.
La supervisión de este número de empresas dispersas por toda Navarra requiere la 
actuación de todos los recursos preventivos tanto propios como ajenos que prestan su 
servicio a las empresas de Navarra.
Por ello, considerando las competencias del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra  (ISPLN),  en  el  título  IV  se  encarga  el  establecimiento  y  control  de  las 
condiciones preventivas mínimas frente al virus COVID-19 en la vuelta al trabajo y el 
control de su aplicación en las empresas al Servicio de Salud Laboral de dicho Instituto. 
La excepcional situación de pandemia y la normalización de la actividad laboral exigen la 
intervención centralizada de los servicios de prevención y del personal técnico preventivo 
de las mutuas colaboradoras de la seguridad social en las empresas para garantizar una 
vuelta al trabajo segura.
A estos efectos, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece 
en su artículo 54.1 que, sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, 
de  14  de  abril,  de  Medidas  Especiales  en  Materia  de  Salud  Pública,  con  carácter  s
excepcional, y cuando así se precise por motivos de extraordinaria gravedad o urgencia,  oe.
la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas, en el ámbito  w.
de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias  94ww
paraE ans leag duirsapro esli cciuómn paldimiciieonntaol  dperi mlae lreay .se modifica el apartado 5 del artículo 15 de la Ley
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financiero permanente, al amparo de lo establecido con carácter general en la Ley 
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
También en el ámbito de la contratación pública, en la disposición adicional segunda 
se modifica el artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, incluyendo los encargos a 
entes  instrumentales  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las  medidas  en  materia  de 
contratación, pudiendo ser objeto de indemnización aquellos que fueran suspendidos, si 
se cumplen todos los requisitos previstos por la norma.
Estas mismas medidas deben ser adoptadas en relación con aquellas empresas que 
siguen prestando sus servicios tras la finalización de los contratos que se les adjudicaron 
y que no han sido objeto de nueva licitación, pese a seguir persistiendo las necesidades 
de interés público a cubrir con dichas contrataciones. En estos casos los principios de 
buena fe y confianza legítima obligan a aplicar a estas empresas el mismo régimen de 
indemnizaciones establecido para los contratistas de la Administración.
Del mismo modo, para evitar la inseguridad jurídica y favorecer el mantenimiento del 
empleo,  se  aclara  que  los  gastos  salariales  objeto  de  indemnización  incluyen  las 
cotizaciones a la seguridad social que pagan los empresarios y, además, se acota de 
forma más clara qué extremos ha de incluir la acreditación de los daños y perjuicios 
objeto de indemnización, como son la realidad, efectividad y cuantía de los gastos que 
se soliciten, y se establece como condición que, durante el periodo de tiempo al que 
afecta la solicitud, se haya mantenido el empleo adscrito a la ejecución del contrato.
Finalmente, se establece que en caso de que entre el personal citado en la solicitud 
de  indemnización  se  encuentren  personas  afectadas  por  el  permiso  retribuido 
recuperable, previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono de los 
gastos salariales de dichas personas no tendrá carácter de indemnización sino de abono 
a cuenta que se tendrá en consideración para la liquidación final del contrato.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, ha extendido el ámbito de aplicación de la moratoria hipotecaria establecida 
por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a inmuebles afectos a la actividad 
económica desarrollada por empresarios y profesionales y a viviendas distintas a la 
habitual en situación de alquiler. No obstante, el beneficio fiscal introducido en el Texto 
Refundido  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados  por  la  disposición  adicional  segunda  del  Decreto-ley  Foral  2/2020 
(posteriormente convertido en Ley Foral 7/2020, de 6 de abril) se mantiene únicamente 
para  la  moratoria  hipotecaria  para  adquisición  de  vivienda  habitual,  por  lo  que  es 
necesario  modificar  la  mencionada  disposición  adicional  segunda  para  acotar  el 
beneficio fiscal en ese sentido, cuestión que se aborda en la disposición adicional tercera 
de este Decreto-ley Foral.
En la disposición adicional cuarta de este Decreto-ley Foral se recogen dos medidas 
en materia de subvenciones.
En primer lugar, dado que la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, establece la suspensión de todos los procedimientos que tramiten 
entidades del sector público, puede entenderse suspendido el plazo para la realización 
de las acciones subvencionadas cuando se vea afectada por la duración del estado de 
alarma, reanudándose cuando finalice el estado de alarma y ampliarse el plazo total al 
menos en ese periodo para garantizar que es suficiente para ejecutar el proyecto o 
actividad subvencionada.
En esta época de crisis es necesario establecer los mecanismos precisos para no  s
abandonar las actuaciones y servicios realizadas por el tercer sector, entendido como  oe.
aquéllas  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  las  asociaciones  o  confederaciones  de  las  w.
mismas que operen en el ámbito social, de la cultura, el deporte y la salud de Navarra.  94ww
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caso,  de  justificación  y  comprobación  de  dicha  ejecución,  aunque  no  se  hubiera 
contemplado en las correspondientes bases reguladoras.
Del  mismo  modo,  se  considera  conveniente  que  las  subvenciones  nominativas 
todavía no concedidas tengan un tratamiento igual a las subvenciones del tercer sector 
ya concedidas.
Las razones expuestas justifican la aprobación de este Decreto-ley Foral, en virtud 
de la urgente necesidad de la adopción inmediata de las medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 
bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra 
en sesión celebrada el día quince de abril de dos mil veinte, decreto:
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Es  objeto  del  presente  Decreto-ley  Foral  el  adoptar  en  Navarra  medidas 
extraordinarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19).
TÍTULO I
Ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos
Artículo 2.  Ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos.
1.  Las trabajadores y trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida, 
por  el  órgano  competente  en  la  materia,  la  prestación  extraordinaria  por  cese  de 
actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros siempre 
que cumplan los siguientes requisitos para causar derecho a la misma:
a)  Tener su residencia habitual en territorio navarro y estar en alta en el Impuesto 
sobre  Actividades  Económicas  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  en  la  fecha  de 
declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
b)  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
c)  No haber solicitado ayudas por promoción de empleo autónomo en el año 2020.
d)  No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el 
Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.
e)  Que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los 
del propio trabajador autónomo) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, 
mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:
I)  Con carácter general, el límite de cuatro veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). e.e
II)  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la  b
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por  94ww
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discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite  previsto  será  de  cinco  veces  el  IPREM,  sin  perjuicio  de  los  incrementos 
acumulados por hijo a cargo.
f)  Permanecer  en  alta  como  autónomo  en  el  régimen  correspondiente  de  la 
Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral 
de Navarra durante 12 meses a partir de la finalización de la referida prestación prevista 
en el señalado artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020. Si se incumple dicha obligación 
de permanencia en alta, el perceptor deberá reintegrar la parte proporcional de la ayuda 
correspondiente al período de tiempo incumplido.
2.  Los  trabajadores  autónomos  que  no  se  hubieran  acogido  a  la  prestación 
extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 700 
euros siempre que, además de cumplir los establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del 
apartado 1 anterior, cumplan los siguientes requisitos:
a)  Permanecer  en  alta  en  todo  momento  como  autónomo  en  el  régimen 
correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social y en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra.
b)  No haber cesado en su actividad, pero acreditar que su facturación en el mes 
natural anterior al que se solicita la ayuda se haya visto reducida en al menos un 30 por 
ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.
3.  La ayuda directa recogida en el apartado 2 anterior será por un importe de 800 
euros siempre que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar 
(incluidos  los  del  propio  solicitante  de  la  ayuda)  a  la  que  pertenezca  la  persona 
autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:
I)  Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
II)  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la 
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por 
cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
III)  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor 
de 65 años miembro de la unidad familiar.
IV)  En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite  previsto  será  de  cuatro  veces  el  IPREM,  sin  perjuicio  de  los  incrementos 
acumulados por hijo a cargo.
4.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 
optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen 
especial  que  corresponda  tendrán  derecho  igualmente  a  la  ayuda  recogida  en  el 
apartado primero, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la 
misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los 
autónomos  societarios,  trabajadores  en  sociedades  mercantiles  o  en  entidades  sin 
personalidad jurídica es
5.  La gestión de las ayudas directas extraordinarias previstas en los apartados  o
anteriores corresponderá al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. 94ww
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finalización del estado de alarma. Dicha solicitud deberá presentarse telemáticamente. El
Departamento  de  Desarrollo  Económico  y  Empresarial,  de  acuerdo  con  la  solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 
sea procedente, estimando o desestimando el derecho, en el plazo de 3 meses a contar 
desde  la  solicitud.  Con  posterioridad,  se  procederá  a  revisar  las  resoluciones 
provisionales adoptadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos. En el supuesto de 
que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la totalidad o parte de la ayuda, 
se tramitará la correspondiente reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
7.  La acreditación de la reducción de la facturación a que se refiere la letra b) del 
apartado 2 anterior, se realizará mediante la aportación de la información contable que lo 
justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas 
y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o 
del libro de compras y gastos.
Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 30 % 
exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
La acreditación del cumplimiento del resto de requisitos exigidos en los apartados 
anteriores deberá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho
Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga 
constar  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  exigidos  para  causar  derecho  a  esta 
prestación.
8.  Las ayudas directas extraordinarias previstas en los apartados anteriores serán 
compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras 
Administraciones  o  entes,  públicos  o  privados,  regionales,  nacionales,  de  la  Unión 
Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no 
supere el límite de intensidad fijado en el artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones o en último término la facturación mensual media del 
solicitante en el año 2019.
TÍTULO II
Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de las Administraciones públicas 
de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral
Artículo  3.  Abono  del  precio  en  los  procedimientos  de  contratación  relativos  a 
suministros  de  aprovisionamiento  y  compra  de  equipamiento  derivados  del 
COVID-19.
En los procedimientos de contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y 
compra  de  equipamiento  derivados  del  COVID-19,  cuando  fuera  imprescindible  de 
acuerdo con la situación del mercado, podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos 
con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista, debiendo dejarse 
constancia en el expediente de la decisión adoptada y una sucinta motivación de la 
misma.
Artículo 4.  Donaciones para apoyo frente al COVID-19.
1.  Las donaciones de dinero que se efectúen para contribuir a la financiación de los 
gastos ocasionados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se harán efectivas, 
sin necesidad de aceptación expresa, mediante la utilización de uno de los cuatro  es
modelos de carta de pago disponibles para cualquier interesado en la dirección de  o
ipnrteesr–nu epDtu ee«psnataorvt adamerr aeIn.negtsore» ds. eoL saS dsa eldu 2od0n: 2a50c4i,0o s0ne0eg0sú  5ns2e e0 la0 tp0ipl i4oc8a d0reá0 n c0 aa0r 0tua0n 0da0e   dCpeaO glaVosI De sl-ei1gg9ui diDeano:tneasc pioanretisd.as del  2020-4794n https://www.
Don–a cDioenpeasr.tamento  de  Derechos  Sociales:  920000  93000  4800  000002  COVID-19  BOE-A-cable e
– Departamento  de  Universidad,  Innovación  y  Transformación  Digital:  G20000/
G2000/4800/000000 COVID-19 Donaciones.
– Departamento  de  Cultura  y  Deporte:  A20000  A2000  4800  000000  COVID-19 
Donaciones.
2.  Las cantidades obtenidas mediante los tres primeros modelos de carta de pago 
quedarán afectadas a la financiación exclusiva de los gastos derivados de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 y podrán destinarse a atender gastos tales como 
equipamientos e infraestructuras sanitarias y sociales, material, suministros, contratación 
de  personal,  investigación  y  cualquier  otro  que  pueda  contribuir  a  reforzar  las 
capacidades de respuesta a la crisis derivada del COVID-19. Las cantidades obtenidas 
mediante la carta de pago asociada a la partida del Departamento de Cultura y Deporte 
quedarán afectadas a la financiación de acciones extraordinarias de apoyo al sector 
cultural en Navarra para paliar los efectos del COVID-19.
3.  Las donaciones de equipamiento y suministros destinados a la lucha contra el 
COVID-19 que tengan la consideración de bienes muebles se entenderán aceptadas por 
su mera recepción por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o por el órgano u 
organismo que este designe como destinatario.
Artículo 5.  Régimen para el segundo abono a las entidades locales de Navarra previsto 
en el Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo  de  la  Ley  Foral  de  Servicios  Sociales  en  materia  de  Programas  y 
Financiación de los Servicios Sociales de Base.
El abono de la financiación con cargo a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra previsto en el apartado b) del artículo 20 del Decreto Foral 32/2013, de 22 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios 
Sociales en materia de Programas y Financiación de los Servicios Sociales de Base, se 
podrá realizar aunque no se hayan validado por parte de la unidad gestora las memorias 
del ejercicio anterior, debiéndose en ese caso aportar antes del fin de este ejercicio por 
las entidades que no las hubieran presentado.
Artículo 6.  Abono de las Ayudas de Emergencia de las Entidades Locales titulares de 
servicios sociales de base destinado exclusivamente a las consecuencias sociales 
del COVID-19.
1.  El abono a las entidades locales de Navarra titulares de servicios sociales de 
base de la cuantía de 500.000 euros prevista en la Ley Foral 8/2020, de 8 de abril, por la 
que se concede un suplemento de crédito para cubrir las necesidades derivadas de la 
adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública 
motivadas por el COVID-19, para transferirla a dichas entidades locales para financiar 
ayudas de emergencia que tengan por objeto hacer frente a situaciones extraordinarias 
derivadas del COVID-19, se realizará en un único pago desde la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto-ley Foral.
2.  La distribución entre las entidades locales será proporcional y ponderada al 
número de unidades perceptoras de renta garantizada (25%), personas desempleadas 
(25%), personas por debajo del umbral de pobreza (20%), menores de 18 años (10%), 
mayores de 64 años (10%) y personas contagiadas por COVID-19 (10%) existentes en 
las zonas básicas de servicios sociales, según los últimos datos oficiales disponibles en  s
cada una de estas variables. oe.
3.  Esta aportación extraordinaria se formalizará mediante un anexo específico a los  w.
econntidveandieoss  lovicgaelenste tsit uelnatrrees  edl eD seepravrictaiomse snotcoi adlee sD deer ebcahsoes. Sociales y las correspondientes  2020-4794n https://ww
Artículo 7.  Medidas organizativas para la asistencia sanitaria en centros residenciales 
de la Tercera Edad.
Se habilita a la Consejera de Salud para la designación de la o el Responsable de la 
Coordinación Asistencial Ejecutiva en las Residencias de la Tercera Edad y para la 
encomienda de funciones de apoyo a dicha Coordinación a las y los profesionales que 
se estimen adecuados.
TÍTULO III
Medidas en el ámbito del fomento de la investigación científica y técnica
Artículo 8.  Medidas en el ámbito del fomento de la investigación científica y técnica 
derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.
1.  Se autoriza a la Directora General de Innovación la concesión de subvenciones 
de evaluación individualizada a aquellas universidades, centros tecnológicos, centros de 
investigación e Instituto de Investigación Sanitaria en Navarra que hayan recibido una 
valoración  favorable  por  parte  del  Instituto  de  Salud  Carlos  III  en  el  marco  de  la 
convocatoria para la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19 y no hayan recibido financiación por haberse 
agotado los fondos de dicha convocatoria o hayan recibido financiación parcial que no 
alcance el total del presupuesto presentado.
Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, que 
permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional de 
Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.
2.  A estas disposiciones dinerarias sin contraprestación directa de los beneficiarios 
puede  no  ser  de  aplicación  alguna  disposición  de  la  Ley  Foral  11/2005,  de  9  de 
noviembre, de Subvenciones, habida cuenta del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si así se justifica 
en el expediente.
3.  Los pagos tendrán el carácter de anticipos, con carácter previo a la realización y 
justificación de la actividad para la que se concede la ayuda.
4.  Los  gastos  deberán  justificarse  en  el  plazo  máximo  de  un  año  desde  la 
concesión y en la forma indicada en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.
5.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por los beneficiarios en los 
supuestos previstos en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.
6.  Las entidades beneficiarias podrán subcontratar total o parcialmente la actividad 
que  constituya  el  objeto  de  la  correspondiente  disposición  dineraria,  a  efectos  de 
alcanzar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la misma, con un máximo 
del 60% del presupuesto total del proyecto y previa autorización de la Directora General 
de Innovación.
7.  El  Servicio  de  I+D+i  de  la  Dirección  General  de  Innovación  podrá  efectuar 
cuantas labores de comprobación y control financiero resulten precisas para garantizar el 
adecuado cumplimiento de lo previsto en este artículo, sin perjuicio del control que puede 
realizar la Intervención General. es
TÍTULO IV
Coordinación ejecutiva de todos los Servicios de Prevención de Navarra
Artículo 9.  Coordinación ejecutiva de todos los Servicios de Prevención de Navarra por 
parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
1.  El Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
ejercerá la coordinación ejecutiva de todos los servicios de Prevención, propios y ajenos, 
de Navarra, en relación con el COVID-19.
2.  Las empresas y personas que desarrollan Trabajo Autónomo que no dispongan 
de  Servicio  de  Prevención  contarán  con  el  asesoramiento  del  personal  técnico  del 
Servicio de Salud Laboral (ISPLN) y de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad 
Social.
Disposición adicional primera.  Modificación del apartado 5 del artículo 15 de la Ley 
Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
El apartado 5 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril pasa a tener la 
siguiente redacción:
«5.  Los  expedientes  de  contratación  relativos  a  suministros  de 
aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del COVID-19 que deban 
tramitarse por el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 140 de la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, estarán exentos de 
intervención previa, incluyéndose las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la letra b) del número 1 del citado precepto que deberá cumplirse y 
del  control  financiero  permanente  al  que,  con  carácter  general,  se  hallan 
sometidos los actos a los que no se haya extendido la función interventora, 
conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  104  y  siguientes  de  la  Ley 
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
Idéntico  régimen  se  aplicará  a  cualquier  otro  expediente  de  contratación 
motivado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, conexo o no con los 
contemplados en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el procedimiento de 
emergencia.»
Disposición adicional segunda.  Modificación del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 
de  abril,  por  la  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  responder  al  impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
El artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de 
prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados 
por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la 
Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, 
cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la 
situación  creada  por  el  COVID-19  o  de  las  medidas  adoptadas  por  las 
Administraciones  Públicas  para  combatirlo,  quedarán  automáticamente  s
suspendidos,  en  la  parte  cuya  ejecución  devenga  imposible,  desde  que  se  oe.
produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta  w.
mqpureeeds itddaaiccsihó anq  upperue esldtaae c viórinenia enprauunde adraims erp eidacinueuandndadoro,s ,e e.hl  aAób riegesantndooos   edcfeees cactodoson, t rlsaaetsa  cecinóirtnec unnndosettriaáfin ccqaiuraaes   aloal    2020-4794n https://ww
contratista el fin de la suspensión.
Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se 
halle  suspendido  o  no,  cuando  al  vencimiento  del  mismo  no  se  hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como 
consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de 
lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no 
pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el 
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo 
caso  por  un  periodo  máximo  de  nueve  meses,  sin  modificar  las  restantes 
condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la 
licitación de dicho nuevo expediente.
2.  En los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros 
distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de 
esta  ley  foral,  celebrados  por  las  entidades  sometidas  a  la  normativa  de 
contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de 
la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su 
finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el 
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el 
contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de 
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano 
de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la 
unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa 
imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia de la crisis 
del COVID-19.
3.  En los contratos públicos que tengan por objeto obras, vigentes a la 
entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas 
a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra 
en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no 
hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el 
COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando 
esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el 
mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de 
derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 
A  estos  efectos,  se  entenderá  que  la  prestación  puede  reanudarse  cuando, 
habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el 
órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
4.  En los supuestos recogidos en los apartados 1 a 3 de este artículo no 
procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. 
Además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo 
de este punto, serán indemnizables los siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A 
estos  efectos,  debe  entenderse  que  los  gastos  salariales  incluyen  todas  las 
cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan. e.
En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el apartado 2 de  w.b
este artículo, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que  94ww
deefel cCtivOaVmIDen-1te9 ,h nuob ieexrac eindceurárr iddeol  clíommitoe  cmoánxsiemcou ednecli a1 0d eplo trie 1m0p0o d peel rpdriedcoi oc oinni cmiaol tdiveol 
contErant ol,o IsV Ac oinnctrluaitdoos. de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI
convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado
el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos 
de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del 
convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad 
del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del 
artículo  47.2.b  y  la  retribución  de  vacaciones,  o  sus  conceptos  equivalentes 
respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.
En  todo  caso,  los  gastos  deberán  corresponder  al  personal  indicado  que 
estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y 
continúe adscrito cuando se reanude.
2.º  Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al 
período de suspensión del contrato.
3.º  Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no 
pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de 
alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego  y  vinculadas  al  objeto  del  contrato  que  hayan  sido  suscritas  por  el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de 
daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar 
cuando  el  contratista  principal  acredite  fehacientemente  que  se  cumplen  las 
siguientes condiciones:
– Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera 
contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 
pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el 
artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a 
fecha 14 de marzo de 2020.
La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano 
de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el 
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los 
términos inicialmente pactados, como consecuencia de la situación descrita en los 
apartados 1 a 3 de este artículo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su 
solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución 
del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, 
la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato 
en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de 
dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato 
durante todo el periodo objeto de la solicitud. En caso de que entre el personal 
citado en la solicitud se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido 
recuperable,  de  carácter  obligatorio,  previsto  en  el  Real  Decreto-ley  10/2020, 
de 29 de marzo, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá 
carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a 
las horas que sean objeto de recuperación conforme a lo previsto en el artículo  e
tres del mismo, que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato. bo
Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser  94ww
roebsjeotluoc dióen p eoxsptererisoar  aclo cmopnrtorabtaisctiaó,n e. sTtara dnesbcuerrráid eon teel npdlaezrsoe  inddeisceasdtoim sainto rniao.tificarse la
vige5n.t esE an l alo esn tcroandtara etons v ipgúobr ldiceo se sdtae  lecoy nfocreasli,ó cne ldeeb raodborass p yo rd laes c eonntcideasdióens  sdoem seetrivdiacsio as 
la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el
momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho 
creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas 
para  combatirlo  darán  derecho  al  concesionario  al  restablecimiento  del  equilibrio 
económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su 
duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las 
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Dicho  reequilibrio  en  todo  caso  compensará  a  los  concesionarios  por  la 
pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se 
considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que  efectivamente 
hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato 
de  concesión  de  obras  o  de  servicios  durante  el  período  de  duración  de  la 
situación  de  hecho  creada  por  el  COVID-19.  Solo  se  procederá  a  dicha 
compensación  previa  solicitud  y  acreditación  fehaciente  por  parte  del 
concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el 
órgano  de  contratación,  a  instancia  del  concesionario,  hubiera  apreciado  la 
imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita 
en su primer párrafo.
6.  Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en 
ningún caso a los siguientes contratos:
a)  De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  De mantenimiento de sistemas informáticos.
c)  De servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas 
que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como 
autoridad  delegada  competente  designada  en  el  artículo  4  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 
garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de 
los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
7.  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para 
atender  las  necesidades  derivadas  de  la  protección  de  las  personas  y  otras 
medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al 
amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, 
de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) los precios de las 
nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características 
difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán 
obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de 
modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
En estos mismos supuestos, cuando la modificación suponga la reducción del 
número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. e
8.  Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación  bo
también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales, a  94ww
lfoinsa liezandcaorsg, oesn  alo se nqtuees , ienns trluam feenchtaale sd e yd eac lalorasc iócna sdoes l deest acdoon tdraet oasl arpmúab liyc oas 
creoqnutienruimariae nptroe sdtea nlad oA ldoms sineisrvtricaicoisó no,  spuomr irnaisztornoes so bdjee toin tdeerél cso pnútrbalticoo y, ae fli ncaolniztaradtois, toa 
los prestara por renuncia del contratista inicial.»
Disposición adicional tercera.  Modificación de la disposición adicional segunda de la 
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, la 
disposición  adicional  segunda  de  la  mencionada  Ley  Foral  queda  redactada  de  la 
siguiente forma:
«Disposición adicional segunda.  Modificación del Texto Refundido del Impuesto 
sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
Se añade un párrafo al número 26 del artículo 35.I.B) del Texto Refundido del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
que tendrá la siguiente redacción:
"Asimismo, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales 
de  la  modalidad  de  actos  jurídicos  documentados,  las  escrituras  públicas  de 
formalización  de  las  novaciones  contractuales  de  préstamos  y  créditos 
hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto 
económico y social del COVID-19, siempre que tengan su fundamento en los 
supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes 
a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual."»
Disposición adicional cuarta.  Medidas en materia de subvenciones.
1.  Las convocatorias y concesiones de subvenciones anteriores al momento de la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán ser modificadas 
para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de 
justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en 
las correspondientes bases reguladoras.
A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad 
de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así 
como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la 
actividad subvencionada o su justificación o comprobación.
En el supuesto de subvención con anticipo de pago realizados efectivamente sobre 
la subvención concedida, cuando estén expresamente previstos en las correspondientes 
bases reguladoras, y que por motivos relacionados con el COVID-19 no se puedan 
realizar por imposibilidad sobrevenida, en el procedimiento de reintegro no se exigirá los 
costes por demora.
La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la 
mencionada disposición adicional.
2.  Se añade un apartado 5 al artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19), que tendrá la siguiente redacción:
«5.  Cuando las subvenciones con cargo a partidas nominativas previstas en  e
los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2020 no hayan sido  bo
concedidas  en  la  fecha  de  la  declaración  del  estado  de  alarma,  y  como  94ww
econn tsoedcou oe necnia p daertle m disem imo plao saibclteiv icduamd pqliumei esnet op, rseev ecíoan steumbvpelanrcáio enna rl ah acyoan cdeesvióenn iddeo 
laap asrutabdvoe nc3i ódne  lae sptoes iabritliídcaudlo ,d esi esmubpvree nqcuioen asre  lojus sctiofiqnuceepnt oesn  reella ceixopneaddioesn tee n loesl 
extremos señalados en el apartado 4.»
Disposición derogatoria única.  Normas que se derogan.
Se deroga el apartado 3 del artículo 19 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Disposición final primera.  Remisión al Parlamento de Navarra.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su 
convalidación,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  21  bis.2  de  la  Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra.
Disposición final segunda.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  en  el  ámbito  de  sus 
competencias,  a  dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y 
ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor y vigencia.
1.  Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine 
que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.
2.  Las medidas recogidas en el artículo 3 de este Decreto-ley Foral surtirán efectos 
desde el día 15 de marzo de 2020. Asimismo, aquellas medidas previstas en este 
Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
Pamplona, 15 de abril de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María 
Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
Javier Remírez Apesteguía.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 80, de 17 de abril de 2020. Convalidado por Acuerdo del 
Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 87, de 27 de abril de 2020)