BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47566
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6609 Sala Segunda. Sentencia 63/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo 729-2020, promovido por don Carlos José Mir Canales respecto de la 
resolución  sancionadora  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social 
confirmada, en suplicación, por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (acceso  a  la  jurisdicción):  resoluciones  que,  desatendiendo  el 
Derecho transitorio y aplicando al caso el régimen de notificaciones a través 
de la sede electrónica, declararon la extemporaneidad del recurso de alzada 
en vía administrativa.
ECLI:ES:TC:2021:63
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 729-2020, promovido por doña Beatriz María Díaz 
Rodríguez, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don Carlos 
José Mir Canales, bajo la dirección letrada de don Venancio Soto Montoliu, contra la 
resolución de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Huesca, de 4 de junio de 2018; así como contra la sentencia núm. 588/2019, de 6 de 
noviembre de 2019, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en autos del recurso de suplicación núm. 516-2019, y contra el auto del mismo 
tribunal, de fecha 30 de diciembre de 2019, por el que se desestima el incidente de 
nulidad  de  actuaciones.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal  y  el  letrado  de  la 
administración de la Seguridad Social. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación 
Roca Trías.
I. Antecedentes.
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de febrero de 2020, doña Beatriz 
María Díaz Rodríguez, procuradora de los tribunales y de don Carlos José Mir Canales 
interpuso recurso de amparo contra la resolución administrativa de la dirección provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Huesca, así como contra la 
sentencia y auto dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, a los que se hace referencia en el encabezamiento, alegando la vulneración de  e
su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de  b
acceso a la jurisdicción, y del derecho a una resolución motivada y fundada en derecho,  09ww
en lo que se refiere, exclusivamente, a las resoluciones judiciales.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la 
resolución del caso son, en síntesis, los siguientes:
a)  Con fecha 3 de noviembre de 2017, por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Huesca se emitió acta número I222017000034759, en la que se imputa al 
ahora  recurrente  la  comisión  de  una  infracción  en  el  orden  social  en  materia  de 
seguridad social, proponiendo la imposición de una sanción de 32 823 €.
El acta de infracción fue notificada personalmente al recurrente en su domicilio de la 
calle Edificio del Pilar, núm. 2, piso 5 B, de Fraga (Huesca).
b)  El  recurrente  presentó  escrito  de  alegaciones,  facilitando  la  dirección  del 
despacho  profesional,  así  como  de  correo  electrónico  del  letrado  que  actúa  en  su 
nombre  y  representación.  La  fase  de  instrucción  del  expediente  concluyó  con  una 
propuesta de resolución del jefe de la unidad especializada de Seguridad Social de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, fechada el día 15 de diciembre 
de 2017, en el sentido de confirmar la propuesta formulada en el acta precedente.
c)  Con fecha de 5 de febrero de 2018, la Unidad de Impugnaciones de la dirección 
provincial de la TGSS dictó resolución de Huesca, imponiendo al recurrente la sanción 
propuesta de 32 823 €.
Dicha resolución fue notificada al interesado a través de la sede electrónica de la 
Seguridad Social, poniéndola a disposición del interesado el 9 de febrero de 2018, con lo 
que,  de  conformidad  con  el  art.  43.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  (en  adelante, 
LPACAP), la administración tuvo por efectuada la notificación con efectos desde el 21 de 
febrero de 2018, al haber transcurrido diez días naturales sin que el interesado hubiera 
accedido al contenido de la notificación.
d)  El día 16 de abril de 2018, el recurrente interpuso recurso de alzada, que fue 
inadmitido por extemporáneo mediante resolución de 4 de junio de 2018 de la dirección 
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca. En esta resolución 
se razonaba:
(i)  La notificación de la resolución impugnada estuvo convenientemente practicada, 
habiéndose realizado el 21 de febrero de 2018, al haber transcurrido el plazo de diez 
días naturales desde su puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la 
Seguridad Social, con arreglo a la normativa aplicable (arts. 14.1, 41.1 y 43 LPACAP, el 
art. 2.2 de la orden ES/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social; los arts. 3, 4 y 9 de la 
orden  ESS/485/2013,  de  26  de  marzo,  por  la  que  se  regulan  las  notificaciones  y 
comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social; y la 
resolución de 3 de enero de 2018 de la secretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se fija la fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones 
sobre la elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad 
Social, así como de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción 
levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resoluciones sobre 
imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social competencia 
de la Tesorería General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones 
administrativas formuladas frente a los actos dictados por la TGSS en las materias de su 
competencia, salvo en materia de recursos humanos).
(ii)  El plazo para resolver los expedientes sancionadores por infracción del orden 
social  es  de  seis  meses,  de  conformidad  con  el  apartado  3  del  art.  20  del  Real  e
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre  bo
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para  09ww
lsousg eerxípae edli erencteusrr eliqnuteid eanto aritoesn cdióen c aulo atapsa rdtaed loa  pSreimgeurroid adde  eSsoec imali;s ym on op rdeec edpietoz. días, como
habí(aiii )e xpEirna dlao f eecl hpala zeon  dqeu eu ns em inetse,r ap ucsoon teal rr edceusrdseo  edle d aíalz saidgau,ie enl te1 6a  dlae  naobtriifli cdaec 2ió0n1 8d,e  ylaa 
resolución, que, a efectos de la formulación de recurso, se prevé en el art. 23 del Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
e)  Con fecha de 6 de septiembre de 2018, don Carlos José Mir Canales presentó 
demanda de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad 
social contra la resolución precedente, que dio lugar a los autos núm. 563/2018 del 
Juzgado de lo Social de Huesca.
El juzgado dictó la sentencia núm. 209/2019, de 24 de junio de 2019, estimando la 
demanda  y  dejando  sin  efecto  la  resolución  impugnada,  en  lo  que  se  refiere  a  la 
declaración de extemporaneidad. El órgano jurisdiccional fundamenta su decisión en el 
argumento  según  el  cual,  habiéndose  iniciado  el  procedimiento  administrativo 
sancionador  con  arreglo  a  una  determinada  normativa,  el  administrado,  «por  una 
cuestión de seguridad jurídica», debe confiar en que el procedimiento, en cuanto a su 
tramitación, continuará de acuerdo con esa normativa.
En la sentencia se presta atención a los siguientes aspectos: en primer lugar, a que 
el procedimiento ya había comenzado cuando entró en vigor la obligación de utilizar la 
sede electrónica para las notificaciones, el día 18 de enero de 2018, según se dispuso 
por resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 3 de enero de 2018, 
que desarrolló la previsión contenida en la orden ESS/485/2013, de 26 de marzo; en 
segundo, que esa circunstancia debería haber determinado la aplicación del derecho 
transitorio, y que, ante la ausencia de normativa específica, debía haberse acudido a la 
regulación general contenida en la disposición transitoria tercera LPACAP; en tercero, 
que en este caso, la primera notificación fue personal, efectuándose con arreglo a la 
normativa anterior, y que en el escrito de alegaciones del demandante, se fijó como 
domicilio de notificaciones el de su letrado y su correo electrónico; en cuarto, que el que 
entonces estuviera dado de alta en la sede electrónica de la Seguridad Social no es lo 
relevante, dado que hasta la fecha indicada no resultaba obligatoria la notificación por 
este medio; y, por último, que tampoco se envió aviso por la administración demandada a 
la dirección electrónica facilitada por el interesado, como previene el art. 41.6 LPACAP, 
cuando constaba el correo electrónico del letrado actuante, con lo que, sin perjuicio de la 
validez de la notificación, de haberse llevado a cabo, habría salvado la irregularidad que 
ha existido en la notificación realizada por sede electrónica.
En definitiva, se concluye que «el demandante no fue correctamente notificado, 
debiendo  entenderse  que  los  plazos  no  deben  comenzar  a  contar  sino  desde  el 
momento en que el interesado manifiesta conocer la resolución, aunque sea de forma 
accidental, esto es, según la demanda, el 2 de abril de 2018, cuestión que no ha sido 
objeto de controversia».
f)  Interpuesto recurso de suplicación por la dirección provincial de la TGSS, se 
tramitó ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con el núm. 
516-2019, dictándose el 6 de noviembre de 2019, la sentencia ahora impugnada, que 
estima el recurso, revoca la sentencia recurrida y desestima la demanda, por entender 
que  la  resolución  administrativa  de  fecha  4  de  junio  de  2018,  que  consideró 
extemporáneo el recurso de alzada, era ajustada a derecho.
Para alcanzar este fallo, el órgano judicial razona, en primer lugar, que la resolución 
de 3 de enero de 2018, es un acto administrativo de carácter general, pero no una norma 
jurídica en sentido propio, con lo que no exige normas de derecho transitorio, limitándose 
a fijar la fecha en que las notificaciones de los actos administrativos de los expedientes 
de Seguridad Social a que se dirige, se harán por el «sistema RED» (en la sede 
electrónica)  a  los  sujetos  o  empresas  incluidos  o  autorizados  en  ese  sistema;  en  e.
segundo lugar, que la administración actuó conforme a derecho, notificando la actuación  w.b
o acuerdo adoptado en la forma que resultaba obligatoria en esa fecha al sujeto o  09ww
deemsptirneastaarriioo  eelenc tcróuneisctoió, nq;u ey ,e sptaobr aú altuimtoori,z aqduoe  enh aebl i«ésnidsotesme a pRraEcDti»ca pdaor a lare pnroetsifeicnatacrió anl 
pdueebsid aeml heencteh,o  ndoe  pnuoe dhea bceorn csoidneorcairdsoe  av utilenmerpaod ola  ecl itdaecrióench roe ma itliad at uate llaa  sjueddiec iaell eecfterócntivicaa, 
el 9 de febrero de 2018, que se da por notificada el 21 de febrero siguiente, se produce 
por negligencia del demandante.
g)  Promovido por el recurrente incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
alegando  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24  CE),  fue 
desestimado por auto de 30 de diciembre de 2019, por considerar, en síntesis, que las 
cuestiones planteadas se habían resuelto en la sentencia, no siendo el incidente el 
cauce  apropiado  para  reiterar  argumentos  y  mostrar  las  discrepancias  con  los 
razonamientos del tribunal. Añade que el recurrente meramente pretende establecer 
unilateralmente una nueva y distinta valoración de la realizada por la Sala, «lo que no 
tiene  encaje  en  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  que  nuestra 
Constitución en su art. 24.1 proclama y garantiza».
3.  El demandante de amparo atribuye a la resolución de la dirección provincial de la 
TGSS de 4 de junio de 2018, por la que se inadmite el recurso de alzada interpuesto 
contra la resolución de 5 de febrero de 2018, en la que se impone al recurrente una 
sanción por la comisión de una infracción en materia de seguridad social, por razón de 
su extemporaneidad, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), 
en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Entiende que de este modo se ha visto 
privado de la posibilidad de someter a la consideración de un órgano jurisdiccional sus 
derechos e intereses legítimos y el control de legalidad de la actuación administrativa 
que le pudiera afectar.
Esta infracción se proyecta también sobre la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, de 6 de noviembre de 2019, y sobre el auto del mismo tribunal, de 30 
de diciembre de 2019, «al no subsanar la violación de ese derecho que se consuma en 
la precitada resolución administrativa».
El recurrente hace hincapié en varias circunstancias para concluir que «ninguna 
interpretación de las normas procesales favorable al principio pro actione se efectúa ni 
por la administración ni por el órgano judicial», entre otras razones, por las siguientes: en 
primer lugar, porque no se da respuesta a la objeción relativa a haberse omitido una 
resolución de inclusión obligatoria en el sistema de notificación electrónica, como exige 
la orden ESS/485/2013, de 26 de marzo; en segundo, por cuanto tampoco se valoró su 
alegación relativa a que la notificación no se puso a disposición del recurrente, en su 
condición de «obligado», como exigiría el art. 4.1 de la orden citada; en tercero, porque 
«resulta  lógico  y  razonable»  que  el  recurrente  «confiara  legítimamente  en  que  las 
notificaciones en el procedimiento sancionador se efectuarían de la misma forma y por el 
mismo sistema que se venían produciendo», con lo que no existió la negligencia que se 
apreció en la sentencia impugnada; en cuarto y quinto lugar, por cuanto la administración 
omitió el aviso previsto en el art. 41.6 LPACAP; y porque la resolución sancionadora se 
dictó fuera del plazo establecido reglamentariamente, según se dispone en el art. 20.1 
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, lo que resultó determinante para que fuera 
aplicable al procedimiento la resolución de 3 de enero de 2018; actuaciones irregulares 
de  la  administración  que  perjudican,  no  a  la  administración  incumplidora,  sino  al 
administrado.
Asimismo, estas últimas resoluciones habrían vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente (art. 24.1 CE), en cuanto al derecho a obtener resoluciones 
motivadas  y  fundadas  en  derecho,  porque  «incurren  en  su  motivación  en  falta  de 
razonabilidad, en una aplicación arbitraria de las normas y en errores patentes a la hora 
de abordar los hechos litigiosos», como la confusión entre el sistema RED con lo que es 
la notificación por comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Seguridad  e.
Social, amén de cuestiones ya abordadas en el anterior punto. w.b
prov4id. enLcaia  Sdeec c1ió7n  dTee rsceeprtaie mdeb rela  dSe a2la0 2S0e, gluan addam  disei óens tae  trtárimbuitnea ld ea cloar ddóe, mmaneddaia ndtee 
[aamrtp. a5r0o.,1 a Lperey cOiarngdáon iqcuae d ceol nTcriubruren ael nC loan mstiistumcaio unnaal  (eesnp aedceialal tnrtaes cLeOnTdCen)]c, itao dcao nvsetiztu qcuioen aell 
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de derecho fundamental sobre el que
no  hay  doctrina  de  este  tribunal  [STC  155/2009,  FJ  2  a)].  En  cumplimiento  de  lo 
preceptuado por el art. 51 LOTC, se dirigió atenta comunicación al Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, Sala de lo Social, así como al Juzgado de lo Social de Huesca, a fin 
de  que  remitieran  las  certificaciones  o  copias  adveradas  de  las  actuaciones 
correspondientes al recurso de suplicación núm. 516-2019 y al procedimiento núm. 
563-2018, respectivamente; debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, con excepción de la parte demandante, al objeto de que 
comparecieran, si así lo deseaban, en el presente recurso de amparo.
5.  Con fecha de 29 de octubre de 2020 se personó en las actuaciones el letrado de 
la administración de la Seguridad Social en nombre y representación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
6.  Por  diligencia  de  ordenación,  de  27  de  noviembre  de  2020,  se  tuvo  por 
personado al letrado de la administración de la seguridad social, y se acordó dar vista de 
todas las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 
LOTC.
7.  El recurrente presentó escrito fechado el 13 de enero de 2021 en que se ratificó 
íntegramente en el contenido del escrito de interposición del recurso.
8.  El fiscal formuló alegaciones por escrito de 21 de enero de 2021, manifestándose 
favorable al amparo solicitado.
Tras exponer los antecedentes de las resoluciones objeto del presente recurso de 
amparo, el fiscal delimita los derechos fundamentales cuya vulneración se denuncia, el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la 
jurisdicción y en relación con el derecho a una resolución motivada, en los términos ya 
relatados, y los fundamentos aducidos por el demandante de amparo, considerando que 
el recurso interpuesto se centra en determinar «la constitucionalidad de la interpretación 
de las normas procedimentales realizada en las resoluciones impugnadas, pues en 
ambos motivos se alega en esencia una incorrecta interpretación de la normativa sobre 
notificaciones, y además a determinar si existe un error fáctico en la motivación que dé 
lugar a que la sentencia no pueda estimarse fundada en Derecho».
A continuación, se expone la doctrina constitucional aplicable, distinguiendo entre 
ambas facetas del derecho a la tutela judicial efectiva, como acceso a la jurisdicción y en 
cuanto al derecho a una resolución motivada.
En relación con la primera vertiente, se destaca la aplicación de los criterios que 
proporciona el principio pro actione como canon de constitucionalidad, según los cuales 
se han de excluir interpretaciones excesivamente formalistas o rigoristas (STC 80/2020, 
de 15 de julio, FJ 3), que en relación con la actividad de la administración, «se concreta 
en el derecho de los administrados a que el juez enjuicie los actos administrativos que 
les afectan» (STC 179/2003, de 13 de octubre, FFJJ 2 y 3). Asimismo, se hace hincapié 
en la doctrina de este tribunal relativa a los actos de comunicación y, en particular, a que 
«para adecuar su actuación al derecho a la tutela judicial efectiva, no solo se deben 
ejecutar correctamente los actos de comunicación procesal, sino que también procede 
comprobar que los mismos sirven a su propósito de garantizar que la parte pueda 
intervenir en el proceso» (STC 3/2000, de 17 de marzo, FJ 2). Siendo aplicables al 
procedimiento administrativo sancionador las garantías contenidas en el art. 24 CE, «no 
es constitucionalmente correcta (no es razonable), una interpretación de las normas  e.
procedimentales que coloquen a la administración, en mejor situación procesal cuando  w.
no cumple con su deber, beneficiándola de su propia irregularidad» (STC 220/2003,  09ww
de 1E5n d ceu daincdieom abl rdee, rFeJc h5o). a la tutela judicial efectiva, en su proyección relacionada con el
dreesboelur cdioen ems ojutirvisadciicócni,o nsaele sh ahcaeb ráenc od ed ees tnaur efusntrdaa ddaosc terinn aD, eerenc hvoir, tuedxc ldueye nlad oc quuael  llaass   BOE-A-cable e
decisiones se basen en una aplicación arbitraria de la legalidad, o resulten irracionales o 
incursas en un error patente, ya que, en ese supuesto, la aplicación de la legalidad sería 
tan solo mera apariencia (STC 38/2018, de 23 de abril, FJ 4).
A juicio del fiscal, toda vez que al inadmitir el recurso de alzada por extemporaneidad 
se imposibilita que los órganos jurisdiccionales enjuicien el acto administrativo recurrido, 
con base en esa doctrina, debe entrar en juego el canon de constitucionalidad aplicable 
al derecho de acceso a la jurisdicción, el principio pro actione, no siendo acorde con esta 
interpretación ni la resolución administrativa impugnada, ni las decisiones del Tribunal 
Superior de Justicia, por los siguientes motivos. En primer lugar, al no dar respuesta a la 
alegación del recurrente de que la administración había incumplido con el plazo de diez 
días,  previsto  en  el  art.  20.1  del  reglamento  general  sobre  procedimientos  para  la 
imposición  de  sanciones  por  infracciones  de  orden  social  y  para  los  expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, y que ese retraso fue lo que dio lugar a 
que se le notificase electrónicamente. Considera el fiscal que «la negligencia previa de la 
administración,  compensaría  la  (en  caso  de  haberla)  negligencia  posterior  del 
administrado, pues esta no se podría haber producido sin la anterior».
En segundo término, porque tampoco se justifica el incumplimiento de la previsión 
contenida en la disposición adicional única de la orden ESS/485/2013, que prevé la 
notificación al interesado de la resolución sobre su inclusión en el sistema de notificación 
electrónica en la sede electrónica de la Seguridad Social, de donde desprende que no 
quedó  acreditado  que  el  recurrente  tuviera  la  obligación  de  acudir  a  dicha  sede 
electrónica  para  ver  si  tenía  notificaciones  y,  por  consiguiente,  que  actuara 
negligentemente, y si no está obligado, el plazo para recurrir solo puede comenzar desde 
que se acredite que tuvo conocimiento de la resolución.
Por otro lado, porque como se recogía en la sentencia de primera instancia, la norma 
de derecho transitorio contenida en la disposición transitoria tercera LPACAP sí era 
aplicable a la resolución de 3 de enero de 2018, toda vez que marca el inicio de la 
entrada en vigor de un modo de notificación que excluye los anteriores.
En último lugar, porque el desconocimiento de la notificación no se produce por la 
negligencia del demandante, como concluye el Tribunal Superior de Justicia, pues el 
recurrente tenía la expectativa de seguir recibiendo las notificaciones de acuerdo a como 
se había venido haciendo, no habiendo satisfecho la administración con la obligación 
contenida en el art. 41.1 LPACAP, de enviar un aviso al dispositivo electrónico o dirección 
de correo electrónico del interesado, que habría dado lugar a que se le imputase con 
fundamento la negligencia que se le asigna.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), en su faceta de derecho a obtener una resolución fundada en derecho, el fiscal 
reconoce el error conceptual en que se incurre por el Tribunal Superior de Justicia al 
confundir la notificación a través del sistema Red, y el hecho de que no se hubiera 
abierto el correo electrónico, y la puesta a disposición del mensaje en la sede electrónica 
de la Seguridad Social, pero lo considera irrelevante, toda vez que la decisión adoptada 
no se basa en la utilización de uno u otro sistema, sino en una interpretación de la 
normativa aplicada que le lleva a concluir que la notificación fue realizada correctamente 
y el recurrente no accedió a ella por negligencia en el plazo conferido por la norma.
Como efectos de la estimación del recurso, el fiscal aboga por declarar la nulidad de 
la sentencia y el auto dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quedando 
firme la sentencia del Juzgado de lo Social, que dejó sin efecto la resolución de la 
Dirección General de la TGSS de 4 de junio de 2018. s
9.  Por  el  letrado  de  la  administración  de  la  Seguridad  Social  se  presentan  w.b
alegaciones,  con  fecha  4  de  febrero  de  2021,  solicitando  la  inadmisión  y,  09ww
subsCidoinasriiadmerean, teen,  lpar idmeesre slutigmaar,c qióune  dlae l dreemcuarnsod ain itnecruprurees eton. un óbice procesal consistente
Tenri bluan faall tSa udpee raiogro dtaem Jieunsttoic iad ed ela  Avríaag jóund,i cdiael  6o rddien anroiav,i eyma bqreu ed efr e2n0te1 9a,  claa bsíean itnetnecrpiao ndeerl 
recurso de casación para la unificación de doctrina, ex art. 218 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Por lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su 
vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, se afirma que lo actuado en vía 
administrativa por la dirección provincial de la TGSS, en su resolución de 4 de junio 
de 2018, resultaba plenamente ajustado a derecho, sin que se desprenda ninguna 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se limitó a aplicar lo 
dispuesto en la orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, y la determinación de la fecha a 
partir de la cual se habrían de notificar electrónicamente determinadas actuaciones, 
incluida la practicada en la presente causa, en virtud de la resolución de 3 de enero 
de 2018. Asimismo se niega relevancia a otras alegaciones del recurrente, como la de 
que la aplicación de lo previsto en esa resolución al presente caso fuera consecuencia 
del incumplimiento del plazo de diez días establecido reglamentariamente, «lo que no es 
más que un reconocimiento implícito y en contra de todo lo alegado en la demanda de 
amparo, de la obligatoriedad y eficacia de tal resolución»; o que esa circunstancia 
supusiera una infracción del derecho de acceso a la jurisdicción, pues ningún obstáculo 
supuso para la sustanciación del procedimiento ante el Juzgado de lo Social de Huesca. 
Concluye  el  letrado  que  «se  acude  al  recurso  de  amparo  para  reproducir  las 
pretensiones ejercitadas, y oportunamente resueltas —aunque no satisfechas— en la vía 
ordinaria, como si de una tercera instancia se tratara, bajo la apariencia de vulneración 
del citado derecho fundamental que en modo alguno se produce en este caso».
En cuanto a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a 
obtener una resolución fundada en derecho, el letrado sostiene que no concurre ninguno 
de los motivos de falta de razonabilidad en la aplicación de la ley, en consonancia con lo 
expuesto en el auto de 30 de diciembre de 2019, en cuanto a que, «en ningún caso», el 
derecho invocado comprende «un hipotético derecho a obtener una resolución que 
resuelva  en  un  determinado  sentido  la  cuestión  de  fondo  planteada,  resultando 
perfectamente compatible con aquel el que, mediante resolución debidamente motivada 
y  conforme  a  los  presupuestos  jurídicos  procesales  de  aplicación,  se  acuerde  la 
desestimación de la pretensión ejercitada».
10.  Por providencia de 11 de marzo de 2021 se señaló para la deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El  presente  recurso  de  amparo  tiene  por  objeto  la  resolución  de  la  dirección 
provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca, de 4 de junio 
de 2018; así como la sentencia, de 6 de noviembre del 2019, dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estimatoria del recurso de suplicación 
interpuesto por la administración, y contra el auto del mismo tribunal, de fecha 30 de 
diciembre de 2019, por el que se desestima el incidente excepcional de nulidad de 
actuaciones planteado. A ambas resoluciones les atribuye la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, y en 
relación con las resoluciones jurisdiccionales, también en cuanto a su faceta como el 
derecho a una resolución motivada y fundada en Derecho (razonable).
Las circunstancias determinantes de la resolución desestimatoria de las pretensiones  es
del ahora recurrente por razón de su extemporaneidad consistieron en el transcurso del  bo
plazo legalmente previsto, de diez días naturales (art. 43.2 de la Ley 39/2015), de puesta  09ww
dDmae PedmTdisaiGopn SoddSsaei ncd itóeenn  oH dtdiuefiee clsa accimnaiót peenarn er ocsla,oa  rdsdroeea cdddteaoe   e lyllaea  c avtrrejióugsnseoitncalucadci aoidó  enda  le ad  deSlea er laegp curhureiondv,iaid sdaiaó dlSn   odqcceuioa enli ,mt eelopns uitqdaguabne aa  eccniooo bnnllseaigts iat uOddíoared   ueelnnal     OE-A-2021-66able en https://
ESS/485/2013,  de  26  de  marzo,  por  la  que  se  regulan  las  notificaciones  y
comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social, tras la 
resolución de la secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 3 de enero de 2018.
Para el recurrente, tanto la administración como el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, infringieron el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), pues obviaron 
los criterios que se desprenden del principio pro actione en la interpretación de las 
normas aplicables, impidiendo el control judicial de la actividad de la administración; 
además de que por el órgano jurisdiccional se habría incurrido en falta de razonabilidad, 
en una aplicación arbitraria de las normas y en errores patentes (art. 24.1 CE).
El  Ministerio  Fiscal  comparte  buena  parte  de  los  argumentos  expuestos  por  el 
demandante de amparo, manifestándose favorable a la estimación del recurso. Pone de 
relieve diversas irregularidades administrativas obviadas por la propia administración y el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  que  cuestionan  que  el  recurrente  hubiera  actuado 
negligentemente en el planteamiento de su recurso, invocando en favor de la tesis 
estimatoria la doctrina de este tribunal, según la cual no es constitucionalmente correcta 
una interpretación de las normas procedimentales que permitan a la administración 
beneficiarse procesalmente cuando no cumple con su deber.
Para el letrado de la administración de la Seguridad Social resulta procedente la 
inadmisión  del  recurso,  por  falta  de  agotamiento  de  la  vía  judicial  ordinaria,  y, 
subsidiariamente, la desestimación del recurso interpuesto, pues la resolución de la 
DPTGAA impugnada es ajustada a derecho.
A tenor de todo lo anterior, para este tribunal la cuestión central del presente recurso 
consiste en determinar si las resoluciones impugnadas efectuaron una interpretación de 
las normas aplicables a las notificaciones acorde con los postulados constitucionales, en 
particular, en orden a garantizar el pleno respecto del derecho a la tutela judicial efectiva 
del recurrente ex art. 24.1 CE.
2.  Requisitos de admisibilidad: falta de agotamiento de la vía judicial ordinaria.
Por su carácter obstativo del examen de la cuestión de fondo, este tribunal debe 
abordar con carácter previo la concurrencia del óbice procesal aducido por el letrado de 
la administración de la seguridad social, consistente en la falta de agotamiento de la vía 
judicial ordinaria [art. 50.1 a), en relación con los arts. 43.1 y 44.1 a) LOTC], que tiene 
por finalidad la salvaguarda del carácter subsidiario del recurso de amparo, impidiendo 
que el acceso a esta jurisdicción constitucional se produzca per saltum, es decir, sin 
brindar a los órganos judiciales la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la 
lesión después invocada ante este tribunal (por todas, SSTC 59/2007, de 26 de marzo, 
FJ 2, y 228/2007, de 5 de noviembre).
No impide este análisis que la demanda de amparo haya sido previamente admitida 
a trámite, ya que, como se ha reiterado por este tribunal, cabe examinar, incluso de 
oficio, la concurrencia de los presupuestos de viabilidad del amparo en fase de sentencia 
y, en caso de comprobar su incumplimiento, dictar un pronunciamiento de inadmisión del 
recurso o del motivo del recurso afectado por tal inobservancia (por todas, STC 41/2009, 
de 9 de febrero, FJ 2).
La causa de inadmisión de la demanda de amparo por falta de agotamiento de la vía 
judicial ordinaria se basa en que, según el letrado de la administración de la Seguridad 
Social, frente a la sentencia de 6 de noviembre de 2019, dictada por la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cabía la interposición de un recurso de 
casación para la unificación de doctrina, de acuerdo con lo prescrito en el art. 218 de la 
Ley reguladora de la jurisdicción social. e
En verdad, este tribunal no cuestiona esa posibilidad legal, pues formalmente las  bo
sentencias dictadas en suplicación por las Sala de lo Social de los Tribunales Superiores  09ww
Sdeo cJiauls tdiceial  Tsorinb urneaclu rSriubplerse meno . cCasuaecsitóiónn p adrifae rlae nuten ifeicsa csiói ne sdae  dvíoac tirminpau agnntaet ilvaa  Sraelsau dltea bloa 
viabElen e ens ltaes p cuirnctuon, sctoannvciieanse p arertcicourdlaarre sla d deol cctarisnoa. de este tribunal relativa, precisamente,
al recurso de casación para la unificación de doctrina, según la cual, tal medio de
impugnación «debe considerarse no sólo extraordinario sino excepcional, ‘y esa especial 
naturaleza  determina  que  no  sea  preceptiva  siempre  su  interposición  para  dar  por 
agotada la vía judicial ordinaria, sino sólo en aquellos supuestos en los que, por existir 
doctrina jurisprudencial contradictoria, a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo deba 
darse la posibilidad [determinante en general de esta exigencia del art. 44.1 a) LOTC] de 
reparar la lesión del derecho fundamental que se entiende vulnerado, salvando así la 
subsidiariedad del amparo. Pero no será exigible de modo general, dado el concreto 
alcance de aquel recurso de casación, que consiste en la unificación jurisprudencial a 
través de la armonización de contradicciones preexistentes en sentencias dictadas en 
suplicación’ (STC 332/1994, fundamento jurídico 2; en el mismo sentido, entre otras, 
SSTC 94/1998, fundamento jurídico 2 y 183/1998, fundamento jurídico 2)» (STC 5/1999, 
de 8 de febrero, FJ 1). Además de que «[c]omo se ha reiteradamente afirmado, 'no basta 
con alegar la abstracta procedencia del recurso de casación para la unificación de 
doctrina', sino que 'corresponde a la parte que pretende hacer valer su no interposición, 
como motivo de la inadmisiblidad de la demanda, acreditar la posibilidad de recurrir en 
esta  extraordinaria  vía,  absteniéndose  de  efectuar  vagas  invocaciones  sobre  la 
procedencia del recurso', 'pues es claro que la diligencia de la parte para la tutela de su 
derecho ante los tribunales ordinarios no alcanza a exigirle, a priori, la interposición de 
recursos de dudosa viabilidad' (STC 210/1994, fundamento jurídico 2; en el mismo 
sentido STC 183/1998, fundamento jurídico 2)» (ibidem, también la STC 107/2000, de 5 
de mayo, FJ 2).
En las presentes actuaciones, la duda acerca de la viabilidad de ese recurso que 
plantea  el  recurrente  no  es  despejada  por  el  letrado  en  sus  alegaciones,  donde, 
meramente, se trae a colación un pronunciamiento de este tribunal (el ATC 65/2018, 
de 18 de junio), en que para considerar agotada la vía judicial ordinaria en el orden 
contencioso-administrativo, se exigió la interposición del recurso de casación, sin que se 
acredite el paralelismo entre la situación existente en esas actuaciones y la presente.
Se rechaza, pues, la causa de inadmisión de la demanda alegada.
3.  Doctrina  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  las 
notificaciones.
En lo que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción y la aplicación del principio pro actione, 
el tribunal mantiene, «que, dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las 
decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de 
verificarse de forma especialmente intensa, a través de los criterios que proporciona el 
principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más 
favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan, sino 
como la interdicción de aquellas decisiones impeditivas de un pronunciamiento sobre el 
fondo que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón 
revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los 
intereses que sacrifican. Esto implica la exigencia de que los órganos judiciales, al 
interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la 
norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de 
ella  impidan  un  enjuiciamiento  de  fondo  del  asunto,  vulnerando  las  exigencias  del 
principio de proporcionalidad (así, SSTC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4; 80/2020, de 15 
de julio, FJ 3, y 89/2020, de 20 de julio, FJ 3)» (STC 141/2020, de 19 de octubre, FJ 3).
Así como, en cuanto a la proyección de este derecho sobre el control de los actos de  e
la administración, se ha declarado que «[t]al y como ha resaltado nuestra jurisprudencia,  bo
cuando el derecho a la tutela judicial efectiva es instado en defensa de los derechos e  09ww
ienstepreecsífeicsa lmegeíntitme ose l de"d leorse cchiuod addea nlooss  farednmtein ais ltorasd aocst oas  dqeu ela  aedl mJuineiszt reancijóunic,i ein tleogsr aa mctoáss 
aaddmmiinniissttrraattiivvao s( aqrut.e  1le0s6 .a1f eCcEta)n,  e(asrtto.  2e4s.,1 s Cu Es)o, mcoentitmroielanntod op llae nloe gaa lildaa dle yd ey  laa la Dcteuraeccihóon 
(art. 103.1 CE)"; lo cual "constituye la culminación del sistema de derechos y garantías
característico del Estado de Derecho" (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3; 
76/1996, de 30 de abril, FJ 7; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 312/2006, de 8 de 
noviembre, FJ 4). Como ha afirmado la sentencia 103/1996, de 11 de junio, FJ 7, la 
prescripción constitucional de que los "tribunales controlan la potestad reglamentaria y la 
legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que 
la justifican" (art. 106.1 CE) es la ‘auténtica cláusula regia del Estado de Derecho’. Todo 
lo cual es de especial relevancia cuando se trata de un proceso judicial donde se 
controla  el  ejercicio  por  una  administración  de  la  potestad  sancionatoria  sobre  un 
ciudadano (SSTC 77/1983, de 3 de octubre, FJ 3, y 2/2003, de 16 de enero, FJ 8)» 
[STC 52/2014, de 10 de abril, FJ 2].
En relación con esto último, conviene recordar nuestra posición, en virtud de la cual, 
las  garantías  contenidas  en  el  art.  24  CE  son  de  aplicación  al  procedimiento 
administrativo sancionador (por todas, véase las SSTC 9/2018, de 5 de febrero, FJ 2, o 
la 54/2015, de 16 de marzo, FJ 7). Es más, existe una consolidada doctrina sobre el 
deber de notificar correctamente a los ciudadanos sometidos al ejercicio del ius puniendi 
del  Estado,  los  actos  esenciales  de  desarrollo  de  un  procedimiento  administrativo 
sancionador, que se vincula con el derecho a un proceso con todas las garantías 
(art.  24.2  CE).  De  este  modo,  puede  afirmarse  que  cuando  en  procedimientos 
administrativos sancionadores se producen emplazamientos defectuosos que impiden la 
participación del interesado, nuestra doctrina es clara a la hora de considerar vulnerado 
el derecho a conocer la acusación y la defensa (SSTC 93/2018, de 17 de septiembre 
y 82/2019, de 17 de junio, entre otras). Por su parte, cuando el defecto de notificación se 
produce, por ejemplo, por omisión de dar traslado de la propuesta de resolución, también 
se ha considerado vulnerado el derecho de defensa (art. 24.2 CE) (así, por ejemplo, 
SSTC 145/2011, de 26 de septiembre, o 169/2012, de 1 de octubre).
Por otro lado, con respecto a la vinculación entre los actos de comunicación, si bien 
procesal, y el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a 
la jurisdicción también se dispone de una consolidad doctrina constitucional, según la 
cual «el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el 
proceso  de  los  derechos  e  intereses  cuestionados;  de  tal  manera  que  su  falta  o 
deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al 
interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho de defensa (entre 
otras muchas, SSTC 115/1988, de 10 de junio, FJ 1; 195/1990, de 29 de noviembre, 
FJ 3; 326/1993, de 8 de noviembre, FJ 3; 77/1997, de 21 de abril, FJ 2; 219/1999, de 29 
de noviembre, FJ 2; 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5; 61/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 
30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, y 169/2014, de 22 de octubre )» (STC 32/2019, de 28 
de febrero, FJ 4). Y que «recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la 
correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse 
que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso» 
(STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3).
Respecto al rechazo de los beneficios que la administración pudiera obtener de su 
comportamiento irregular, también constituye doctrina asentada de este tribunal que «no 
puede calificarse de razonable una interpretación que prime los defectos en la actuación 
de la administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de 
notificar con todos los requisitos legales (SSTC 204/1987, de 21 de diciembre, FJ 4, 
y  193/1992,  de  16  de  noviembre,  FJ  4)  y  perjudicando  paralelamente  al  particular 
afectado por el acto administrativo» [STC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4 b)].
Para finalizar, no se puede soslayar nuestra postura respecto del derecho a la tutela  s
judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la motivación de las resoluciones, que, si bien  oe.
«no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y  w.
aplicación de las disposiciones legales, pero sí comprende, entre otras dimensiones, el  09ww
cdoenresctihtuoc ioan aolb, tperneesre nutnaa v arerisaosl umcaiónnif ejsutdaicciioanl ems.o Stivuapdoan eq, ueen,  par imsue r vluegza, r,s eqguúen l al are sdoolcutcriinóan 
hqau ed pee ermstaitar ns ucfoicnieoncteerm ceunátlees m hoatniv asiddao,  leoss  dcreitceirr,i ocso jnutreídniecro lso sq ueele fmunednatomse yn traanz olan edse cdisei ójuni;c iyo,   BOE-A-cable e
en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que 
conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de 
la legalidad, ni resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, incursa en un error patente 
o en una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre éstos y el fallo, ya 
que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia. Esto es, 
que no puede considerarse cumplida esta exigencia de fundamentación jurídica con la mera 
emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que la decisión adoptada 
debe  ser  consecuencia  de  una  exégesis  racional  del  ordenamiento  y  no  fruto  de  la 
arbitrariedad. No basta, pues, con una apariencia de motivación; además es preciso que la 
misma tenga contenido jurídico y no resulte arbitraria, de tal modo que una resolución 
judicial podrá tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una 
argumentación, la misma no sea expresión de la administración de justicia, sino simple 
apariencia de la misma, por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o de un proceso 
deductivo irracional o absurdo (entre otras, recogiendo reiterada doctrina, SSTC 64/2010, 
de 18 de octubre, FJ 3; 263/2015, de 14 de diciembre, FJ 3; 16/2016, de 1 de febrero, FJ 5, 
y 198/2016, de 28 de noviembre, FJ 5)» (STC 38/2018, de 23 de abril, FJ 4). A ello debe 
añadirse que «el artículo 24 CE no solo comporta para el justiciable la garantía de obtener 
una resolución fundada en Derecho, sino que, correlativamente, impone a los jueces, en el 
ejercicio de su potestad jurisdiccional, el sometimiento al imperio de la ley (SSTC 173/2002, 
de 9 de octubre, FJ 8, y 66/2011, de 16 de mayo, FJ 5), al ser esta última la expresión de la 
voluntad  popular  y  un  principio  básico  de  todo  sistema  democrático  (por  todas, 
SSTC 120/2000, de 10 de mayo, FJ 3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 9, y 1/2017, de 16 de 
enero, FJ 3). En efecto, siendo la primacía de la ley (art. 117.1 CE) un factor determinante 
del legítimo ejercicio de la función jurisdiccional (STC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2), una 
de las garantías consustanciales a todo proceso judicial es, precisamente, que la ley 
aplicable al caso no pueda ser, en ningún supuesto, inaplicada o preterida, sin el previo 
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad mediante una resolución motivada 
ante este tribunal (art. 163 CE) y con la audiencia previa que prescribe el artículo 35 LOTC 
(SSTC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 16, y 66/2011, FJ 6, entre tantas otras)» (ibidem).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al presente caso.
La aplicación de la doctrina constitucional sobre la necesidad de proceder a una 
correcta comunicación de los actos administrativos y procesales como garantía de una 
efectiva tutela, conduce a la estimación de la demanda de amparo.
Así, si atendiéramos exclusivamente a las normas legales vigentes el día 21 de febrero 
de 2018 (práctica de la notificación de la resolución de 5 de febrero de 2018), al haber 
transcurrido los diez días naturales desde la puesta a disposición del interesado en la sede 
electrónica de la Seguridad Social (día 9 de febrero de 2018), la inadmisión del recurso de 
alzada por extemporáneo debería considerarse ajustada a derecho, dado que se presentó 
el 16 de abril de 2018. Sin embargo, no podemos obviar otros factores concurrentes.
El principal, que planeará sobre la valoración de los demás, es que la resolución de 4 
de junio de 2018 de la dirección provincial de la TGSS de Huesca, que inadmitió el 
recurso de alzada, cerraba las puertas a la revisión judicial de las razones de fondo 
contenidas en la decisión administrativa impugnada, lo que incide no solo en el derecho 
a la tutela judicial efectiva del demandante (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de 
acceso a la jurisdicción, pues limita el alcance de la revisión judicial de la actividad 
administrativa, sino también en el derecho de defensa (art. 24.2 CE), en tanto que esa 
segunda instancia administrativa revisora que supone la alzada se configura como un  e
elemento  más  defensivo  frente  al  ejercicio  del  ius  puniendi  del  Estado,  porque  la  bo
singularidad  que  presenta  el  presente  recurso  de  amparo  es  que  el  defecto  de  09ww
nfiromtifeic eanc ióvína  saed mhain pisrtordautivcaid op oern c areblearc icóonn ctroan l ala m reissmoalu creiócnu rssaon dceio anlazdaodraa., pero que no era
exijaN uon q purieorneu ndceicaimrsiee nctoon e ne llcou qauneto  eanl  ftoonddoo c daeslo a eslu ndteor,e cphuoe sa b laas ttuat ecloan  juudniac iarel seofelucctiióvan 
motivada,  fundada  en  derecho  y  congruente  con  las  pretensiones  oportunamente
deducidas por las partes, pudiendo ser de inadmisión si concurre causa legal para ello y 
así se aprecia razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, 
y 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas).
A tenor de estas consideraciones y de conformidad con la doctrina expuesta en el 
fundamento  jurídico  precedente,  la  cuestión  que  debemos  valorar  es  si  el  órgano 
administrativo, primero, inadmitiendo el recurso de alzada, y el jurisdiccional, después, 
interpretando aquella normativa, vulneraron el derecho a la jurisdicción y a la defensa del 
demandante de amparo (art. 24.1 y 2 CE), evitando, por lo demás, incurrir en «meros 
formalismos o entendimientos no razonables» que «impidan un enjuiciamiento de fondo 
del asunto». Y, respecto a ello, como acertadamente sostiene el Ministerio fiscal, se debe 
concluir que tal interpretación no fue acorde con el derecho de acceso a la jurisdicción, 
como tampoco lo fue con el derecho a la defensa. Las razones son claras:
a)  En primer lugar, porque ni en la resolución de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, ni en la sentencia y el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, se dio respuesta a la objeción del recurrente, relativa a que la 
resolución impugnada en vía administrativa no había sido dictada en el plazo previsto 
normativamente. De este modo, acuerdo con la doctrina expuesta [STC 112/2019, de 3 
de octubre, FJ 4 b)], la irregularidad de haber superado el plazo de diez días conferido 
por el apartado 1 del art. 20 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo para dictar 
resolución no puede operar favorablemente para la administración a quien, según la 
nueva  reglamentación,  bastaría  con  poner  a  disposición  del  interesado  en  la  sede 
electrónica la resolución correspondiente y que transcurrieran diez días naturales sin que 
se  accediera  a  su  contenido,  para  que  se  entendiera  notificada  válidamente, 
perjudicando al propio tiempo al administrado.
b)  En segundo lugar, tampoco se justifica por la autoridad administrativa o la judicial 
el cumplimiento del requisito previsto en la disposición adicional única de la orden 
ESS/485/2013, relativo a la notificación de la resolución de inclusión en el sistema de 
notificación  electrónica.  En  ella  se  establece  que  «los  sujetos  responsables 
comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo previsto en dicho apartado que, en la 
fecha de entrada en vigor de la orden, ya estén obligados a incorporarse o se hayan 
incorporado  voluntariamente  al  sistema  RED,  quedarán  inicialmente  obligados  a 
comparecer en la sede electrónica de la Seguridad Social, a efectos de recibir las 
notificaciones y comunicaciones que les dirija la administración de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique la 
resolución sobre su inclusión en el sistema de notificación electrónica».
En el presente caso, nos encontramos ante una nueva irregularidad administrativa, al 
que se le ha de aplicar el mismo criterio expuesto en el inciso precedente, en cuanto a 
que  no  cabe  que  la  administración  se  vea  favorecida  por  defectos  en  su  propia 
actuación, es decir, que le sitúe en una mejor posición procedimental. Omitida cualquier 
reflexión  al  respecto  en  las  resoluciones  impugnadas,  no  cabe  que  consideremos 
acreditada  la  existencia  de  la  obligación  de  comparecer  el  recurrente  en  la  sede 
electrónica de la Seguridad Social.
c)  Finalmente, la sentencia impugnada niega que sean de aplicación a la resolución 
de 3 de enero de 2018 las disposiciones de derecho transitorio, al no tratarse de una 
norma jurídica en sentido propio, que sí lo eran para el Juzgado de lo Social de Huesca, 
cuya sentencia fue recurrida en suplicación.
Este tribunal considera que la citada resolución, al fijar la fecha de entrada en vigor de un 
nuevo sistema de notificaciones, incidió notablemente en el procedimiento aplicable a los  e.
expedientes en curso, como es el presente, que se encontraba ya iniciado cuando esa  w.b
previsión entró en vigor. En tales circunstancias, y ante el silencio de la resolución, no cabía  09ww
csoinnot,e nciodmaso  ebnie nla  adpirsepcoiós iceiló nju ztgraandsoit,o aricau dteirr cae rlaa sL PnoArCmAaPs , ddee  Dlae reqcuheo  stera ndseistoprrieon gdeen eqruaele lsa, 
notifAic alaci óvnis dtae bdieó  hlaasc eirrrseeg cuolanr iadraredgelso  eal  isnisctuemmpal ivmigieennttoes a lc coonmstiaetnazdoo dse yl  pdreo clead aimplieicnatcoi.ón de
las  reglas  de  Derecho  transitorio,  este  tribunal  no  puede  suscribir  la  conclusión
alcanzada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que 
atribuye el perjuicio irrogado al recurrente a su propia negligencia. Antes al contrario, 
entendemos que el recurrente tenía una fundada expectativa de que el procedimiento, 
iniciado de acuerdo con unas determinadas normas, se desarrollara según las mismas, 
también en lo que respecta a la notificación de las resoluciones. En esta tesitura, el 
cómputo del plazo de un mes para la formulación del recurso de alzada debería haberse 
iniciado en la fecha en que el demandante tuvo efectivo conocimiento de la resolución, 
es decir, desde el 2 de abril de 2018, por lo que, habiendo presentado el recurso 
presentado el día 16 de abril de ese mismo año, no podría considerarse extemporáneo.
En definitiva, la interpretación de las normas realizada en las resoluciones impugnadas, 
así como en las administrativas, ha subvertido el derecho a la tutela judicial efectiva del 
recurrente (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, al haber 
impedido el control de la actividad administrativa por los órganos jurisdiccionales, «lo cual 
constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de 
Derecho», pero también, no cabe olvidarlo su derecho de defensa (art. 24.2 CE), en tanto 
que la segunda instancia administrativa revisora que supone la alzada se configura como un 
elemento más defensivo frente al ejercicio del ius puniendi y, por ello, este tribunal entiende 
procedente la estimación del presente recurso de amparo.
De acuerdo con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad de la 
resolución de la dirección provincial de la TGSS de Huesca, de 4 de junio de 2018; así 
como de la sentencia, de 6 de noviembre de 2019, y el auto, de 30 de diciembre 
de 2019, dictados ambos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón,  retrotrayendo  las  actuaciones  al  momento  anterior  a  haberse  dictado  la 
resolución  de  inadmisión  del  recurso  de  alzada,  para  que  se  dicte  una  resolución 
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Carlos José Mir Canales y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
resolución de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Huesca, de 4 de junio de 2018; así como de la sentencia, de 6 de noviembre, y del auto, 
de 30 de diciembre de 2019, ambas resoluciones dictadas por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la citada resolución dirección provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Huesca, de 4 de junio de 2018, para que el órgano administrativo 
dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado y resuelva la cuestión 
de fondo que se planteó en el recurso de alzada.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». o
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.– 09ww
RJuoadnrí gAunetzo.n–iRoi cXariodlo  REínorsíq.–uPeez dSroa ncJhoosé.– FGiromnazdáole yz -rTurbervicijaadnoo.  Sánchez.–Antonio  Narváez