BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62343
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8957 Sala  Primera.  Sentencia  76/2020,  de  29  de  junio  de  2020.  Recurso  de 
amparo 3094-2019. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:76
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente, y los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3094-2019,  promovido  por  la  sociedad  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  representada  por  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, 
contra el auto de 17 de septiembre de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia 
e  Instrucción  núm.  6  de  Lorca  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm. 
60-2018, y contra el auto del mismo juzgado, de 4 de abril de 2019, que desestimó el 
recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha sido parte la entidad 
Pera Assets Designated Activity Company, representada por la procuradora doña Blanca 
María Grande Pesquero y defendida por el letrado don Alejandro Ingram Solís. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-
Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de mayo de 2019, la entidad 
Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca 
Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, 
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones reseñadas en el encabezamiento,  e
dictadas  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  6  de  Lorca,  que  bo
acordaron por extemporánea la inadmisión de la oposición a la ejecución hipotecaria  57ww
ddeecsipsaiócnh addea i,n ayd mla isdióens.estimación del recurso de reposición interpuesto frente a dicha
2.  Sucintamente expuestos, son antecedentes fácticos y procesales relevantes para
la resolución del recurso de amparo, los siguientes:
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca se sigue 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 60-2018 promovido por la entidad Banco de 
Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en 
calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado (finca de Lorca, 
Murcia, sección 1, núm. 43319, calle Eras de San José, escalera 3, planta 3).
b)  Por auto de 29 de mayo de 2018 se acordó despachar ejecución frente las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue, 
acordando las medidas de ejecución y el requerimiento de pago al ejecutado, fueron 
comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el día 30 de 
mayo de 2018; fecha en la que recibió en su dirección electrónica habilitada un mensaje 
del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
avisándole de que hasta el 15 de julio de 2018 tendría disponible una notificación del 
juzgado de Lorca relacionada con el procedimiento EHJ 060-2018, a la que, para que 
constase  como  leída,  debía  acceder  a  través  de  un  enlace  adjunto  (http://
notificaciones.060.es). La ejecutada accedió a dicho enlace el 15 de julio de 2018.
c)  La entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó el 24 de julio de 2018 escrito de 
oposición a la ejecución despachada. Por auto de 17 de septiembre de 2018, el órgano 
judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender extemporánea su 
presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 30 de mayo de 2018. Al pie de 
dicho auto figuraba la indicación de que podía impugnarse en el plazo de cinco días por 
medio de recurso de reposición.
d)  La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto 
de inadmisión. En síntesis, alegó que las actuaciones de notificación y requerimiento no 
habían de entenderse realizadas el día 30 de mayo de 2018, sino el 15 de julio siguiente, 
y  que  la  comunicación  remitida  a  través  de  la  dirección  electrónica  habilitada  no 
constituye sino un aviso de puesta a disposición para descarga de su contenido durante 
un plazo determinado (en este caso desde el 30 de mayo hasta el 15 de julio de 2018). 
Adujo que, entenderlo de otro modo, además de infringir los arts. 135, 152, 160 y 162 de 
la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), vulneraría el art. 24 CE.
e)  Tras su tramitación, el recurso fue desestimado por auto de 4 de abril de 2019. 
Según esta resolución, las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica 
y, por tanto, están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en 
los  arts.  14.2  a)  de  la  Ley  39/2015  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas y 273.3 LEC. Según el auto, la dicción del art. 162.2 LEC 
impone que ha de entenderse que la comunicación electrónica surte efecto trascurridos 
tres  días  desde  que  fue  efectuada  sin  que  el  destinatario  acceda  a  su  contenido. 
Concluye que «en el presente caso, consta que la notificación se puso a disposición de 
las recurrentes en fecha 30 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 15 
de  julio  de  2018  (fuera  de  los  tres  días  que  establece  la  normativa  procesal), 
presentando los escritos de oposición a la ejecución en fecha 24 de julio de 2018, 
claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (más allá de los 
diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que, 
conforme al art. 136 LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización 
de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de 
realizar el acto de que se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas  s
siendo la consecuencia legal la inadmisión». oe.
3.  La recurrente afirma en su demanda de amparo que las resoluciones judiciales  57ww
i(marpt.u g2n4a.1d aCs Eh),a nim  pvuidlniéenrdaodloe  sdue  fdoerrmeach ion dae bliad at uatceclae djeurd iecina l tieemfepctoiv ay  ospino ninedrseefe ennsi óenl 
pserogcueirs ola d elit eerjaelciduacdió nd eh iplaoste cinasrtirau csceigouniedso  ceonn steun cidoanst rae.n A e tla cl ofirnr,e oa deulceec tqróunei csoe  rleimciibtóid oa 
procedente del servicio de notificaciones electrónicas, y accedió al contenido de la
notificación  judicial  dentro  del  plazo  establecido  en  el  mismo.  El  citado  mensaje 
electrónico tiene el siguiente contenido:
«Ha recibido una Notificación del órgano emisor Juzgados y Tribunales (SGAJ) en la 
Dirección Electrónica Habilitada del titular Penrei Inversiones S.L. […]
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde 
el 30-05-2018 hasta el 15-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a http://notificaciones060.es. Asunto: 
JDO. 1 INST. E INSTR. N 6 DE LORCA EHJ/00000060/2018.»
Concluye la demanda afirmando que las resoluciones impugnadas no han «dado 
cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de notificación 
procesal, donde los órganos judiciales no han de limitarse al formal cumplimiento de los 
requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho fundamental, la 
interpretación de las normas reguladoras del emplazamiento debe hacerse tratando de 
asegurar que el acto de comunicación cumple su finalidad constitucional, es decir, la 
efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la Constitución Española 
contiene un mandato no sólo dirigido al legislador, sino también al interprete, obligándole 
a promover la defensa mediante la correspondiente contradicción, tal y como reconoce la 
STC 37/1984 del Tribunal Constitucional».
En la demanda –por medio de otrosí– se solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo  su  finalidad».  Tramitada  la  petición  de  suspensión,  fue  resuelta  por 
ATC 130/2019, de 28 de octubre por el que, tras desestimarla, se acordó cautelarmente 
la anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
4.  Por diligencia de ordenación de fecha 3 de julio de 2019 del secretario de justicia 
de la Sección Primera de este tribunal, se acordó requerir al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca a fin de que remitiera certificación acreditativa de 
la interposición o no de recurso de apelación contra el auto de 4 de abril de 2019, por el 
que se resolvió el recurso de reposición presentado para el caso de que, de haber sido 
presentado y haber recaído resolución, se certificara sobre su contenido. El 19 de julio 
de 2019 se recibió certificación del letrado de la administración de justicia indicativa de 
que no fue presentado recurso alguno.
5.  Mediante providencia de 30 de septiembre de 2019 la Sección Primera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque plantea «un problema o afecta a una faceta de 
un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, 
FJ 2, a)]». De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra Ley Orgánica 
reguladora (LOTC), se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución 
hipotecaria núm. 60-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso de amparo.
6.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el 16 de octubre de 2019,  e.e
la procuradora de los tribunales doña Blanca María Grande Pesquero, actuando en  b
nombre  y  representación  de  la  entidad  Pera  Assets  Designated  Activity  Company,  57ww
qmuaen ieferas tótit uslearr  cBeasniocon adreia  Saa btíatudleol l,o nSe.Aro. s(oe ndtree  deelltoesr meiln qaudeo sg rcarvéad iltao sfi nhcipao hteipcoatreiocsa ddae  qluoes 
ePsri mobejreat oIn dsetal npcroiac ees Ion sjutrduiccciaiól np rneúvmio). , 6a dsíe c Loomrcoa h paabrear  csoidmop eamrepclearz aadnate  peosrt ee lT Jruibzugnaadl,o p doer 
lo que solicitó que se le tuviera por personada como parte recurrida, entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 30 de octubre de 2019, la Secretaría de 
Justicia de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la procuradora 
doña  Blanca  María  Grande  Pesquero  en  la  representación  acreditada  y,  asimismo, 
acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por 
plazo común de veinte días, a fin de que, conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, 
pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
7.  El 3 de diciembre de 2019 la representante procesal de la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company presentó escrito oponiéndose al otorgamiento del amparo 
pretendido. Tras invocar los artículos 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 162.2 LEC, argumenta en los citados escritos 
que  no  se  ha  causado  indefensión  a  las  recurrentes,  pues  consta  que  el  auto 
despachando ejecución se puso a disposición de las mismas en fecha 30 de mayo 
de 2018, presentando el escrito de oposición a la ejecución el 24 de julio siguiente, 
«claramente fuera del plazo legalmente establecido en el artículo 556.1 LEC (dentro de 
los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando ejecución)».
La entidad recurrente presentó sus alegaciones el 12 de diciembre de 2019. En ellas 
se  remite  a  lo  expuesto  en  la  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  los 
pronunciamientos de la STC 47/2019, de 8 de abril, que trascribe en parte, a propósito 
del  uso  indebido  de  la  dirección  electrónica  habilitada  para  realizar  el  primer 
emplazamiento del demandado.
8.  El 7 de enero de 2020 presentó sus alegaciones el ministerio fiscal. En ellas 
solicita  la  estimación  del  recurso  de  amparo  y,  en  consecuencia,  que  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que despachó la 
ejecución solicitada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad de contestar a la 
demanda».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas en la 
demanda de amparo, considera que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). 
Realiza un exhaustivo repaso por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos 
de comunicación procesal con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 
32/2019, de 28 de febrero, y 47/2019, de 8 de abril, de las que transcribe parte de su 
contenido. A continuación, se refiere los preceptos legales aplicables de la Ley de 
enjuiciamiento civil, tras las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y 
Ley 42/2015, de 5 de octubre; en concreto a los arts. 553, 135, 152.2, 155 y ss., y 273. 
Finalmente, transcribe el contenido del fundamento jurídico 4 de la citada STC 47/2019 y 
concluye señalando que el juzgado «erró al desconocer la aplicabilidad de los arts. 155 
y 273 al caso concreto, lo cual sería disculpable si al haber optado por esa inaplicación 
hubiera sido para elegir otras normas que hubieren garantizado con más vehemencia el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión porque esas normas aseguraran a la 
parte llamada al procedimiento un mejor y más seguro conocimiento de la demanda que 
contra él se dirigía, es decir, si hubiere optado por el mecanismo de notificación que 
mejor asegurara el resultado, pero es que justamente hace lo contrario, puesto que opta 
por dar validez a la notificación en la dirección electrónica habilitada sin tener ninguna  e
constatación de que la misma haya llegado a su destinatario, por lo tanto no comprobó  bo
una eficaz comunicación con las partes ejecutadas y no actuó con la diligencia exigible al  57ww
órga9n. o jPudoirc piarlo»v.idencia de 25 de junio de 2020 se señaló para deliberación y votación de
la presente sentencia el día 29 del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
En el presente recurso de amparo la entidad Penrei Inversiones, S.L., impugna el 
auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  6  de  Lorca,  de  17  de 
septiembre de 2018, que en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 60-2018 
inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición a la ejecución formulada por 
dicha mercantil, y el posterior auto de 4 de abril de 2019 que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra aquella resolución. Para el órgano judicial, el plazo que la 
demandada  tenía  para  formular  oposición  a  la  ejecución  ya  despachada  ha  de 
computarse desde la fecha (30 de mayo de 2018) en la que recibió en su dirección 
electrónica habilitada una comunicación del servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole de que hasta el 15 de julio de 2018 
tendría disponible una notificación del juzgado de Lorca relacionada con el procedimiento 
EHJ 060-2018 a la que, para que constase como leída, debía acceder a través de un 
enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La mercantil recurrente no accedió al enlace 
adjunto hasta el último día del plazo de disponibilidad que le fue indicado; esto es, el 15 
de julio de 2018, y presentó su escrito de oposición el siguiente día 24 de julio, por lo que 
considera que lo hizo dentro del plazo de diez días hábiles legalmente previsto.
La demandante de amparo alega la vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de no haberse 
efectuado aquel emplazamiento inicial en el proceso de ejecución de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación correspondiente, tal y como establecen las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil. Por su parte, la entidad Pera Assets Designated 
Activity  Company,  personada  en  este  proceso  como  adquirente  del  crédito  cuya 
ejecución se insta en la instancia, solicita la desestimación del recurso alineando sus 
argumentos con los contenidos en las resoluciones impugnadas. Por último, el Ministerio 
Fiscal, con sustento en las razones que se han expuesto en los antecedentes, solicita la 
estimación del recurso de amparo, al considerar que se ha producido la vulneración 
denunciada en la demanda.
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante el descrito cómputo del plazo de oposición que 
ha sido realizado con arreglo a normas del procedimiento administrativo común. El RA 
núm. 5377-2018 promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., constituye 
la  cabecera  de  la  serie,  y  ha  sido  resuelto  en  sentido  estimatorio  por  la  reciente 
STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, a cuyas consideraciones nos remitiremos en 
lo que sigue.
2.  Aplicación de la doctrina establecida por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
En la STC 40/2020, de 27 de febrero (FJ 3), hemos abordado ya el examen de la 
misma queja de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la 
vulneración del art. 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del 
escrito de oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de  s
aplicación la doctrina de este Tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero,  oe.
FJ  4  a),  (iii),  dictada  al  resolver  una  cuestión  de  inconstitucionalidad  planteada  en  w.
rirneeilccaaicaíidló adn e elc nod nep mreoalc neúdsltaoimd dooe  o in aecmjiespcoau rdtoae,d l eoan er tnríce ulloalosc  ióp1nr5o 2cc.eo2sn o LlsaE  Crge agyri ad4no7tsí/ a2e 0nd1 ee9 s,e tmad epm l8aa ztedaremia ia epbnortirol ,  lapF eJLr es4yo  nada)e,l    2020-8957n https://ww
enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente). En ellas hemos concluido que no procede
efectuar por medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no
personado en el procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su 
domicilio, sin que dicha forma de comunicación pueda ser sustituida por otra electrónica, 
como puede ser el caso de la efectuada a través de la dirección electrónica habilitada. 
Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 LEC, exigencia de la que es 
complemento por la regla establecida en el art. 273.4 LEC sobre la presentación en 
papel  de  las  copias  de  los  escritos  y  documentos  que  sustenten  la  acción.  El 
incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de 
aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este Tribunal en varios recursos 
de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el 
mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo  expuesto  permite  concluir  ahora,  al  igual  que  hemos  establecido  en  la 
STC  40/2020,  FJ  4,  que  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneraron  el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su 
emplazamiento  personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o, 
alternativamente, permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el 
órgano judicial por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre.  Además,  el  plazo  para  presentar  el  escrito  de  oposición  fue  computado 
invocando normas del procedimiento administrativo común que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos.
3.  Conclusión.
El presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la doctrina fijada 
en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 
CE). De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad 
de los autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca, así como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde 
que se proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con 
retroacción de las actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a 
efectuar dicho emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de la 
demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 17 de 
septiembre de 2018 y 4 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 60-2018, así  e.e
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a  w.b
través de la dirección electrónica habilitada. 57ww
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Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.