BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 337 Sábado 26 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 120734
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
17017 Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el 
ámbito de los contratos de concesión de servicios de transporte público 
regular de personas por carretera de uso general.
I
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y tras las 
sucesivas prórrogas su vigencia se extendió hasta las 00.00 horas del día 21 de junio 
de  2020.  Para  la  contención  de  la  enfermedad,  esta  norma  estableció  importantes 
limitaciones a la libertad de circulación de las personas y otras medidas temporales de 
carácter extraordinario.
En materia de transporte público de personas, el artículo 14.2 del Real Decreto 
mencionado  habilitó  las  autoridades  autonómicas  para  establecer  porcentajes  de 
reducción  de  los  servicios  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  de  garantizar  que  la 
ciudadanía pudiera acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, en caso 
necesario.
Así,  las  correspondientes  autoridades,  mediante  varias  resoluciones,  adoptaron 
medidas preventivas de salud pública en la comunidad autónoma de las Illes Balears 
como consecuencia de la evolución de la COVID-19, estableciendo los criterios para 
reducir la oferta de los servicios públicos de transporte regular de personas por carretera 
de uso general, en función de la demanda de servicios.
Las órdenes TMA/273/2020, de 23 de marzo, y TMA/306/2020, de 30 de marzo, 
regularon la obligatoriedad de una ocupación máxima de un tercio en los vehículos de 
transporte de personas por carretera; y, posteriormente, la Orden TMA/384/2020, de 3 de 
mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 
distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura 
de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, estableció la 
ampliación de la capacidad de los vehículos de transporte colectivo.
Una  vez  finalizado  el  estado  de  alarma,  mediante  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno  de  19  de  junio  de  2020  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la 
Transición  hacia  una  Nueva  Normalidad,  se  han  aprobado  medidas  relativas  al 
transporte público terrestre, como son la limitación a un 50% de la capacidad de los 
vehículos de las personas de pie y la obligación de llevar mascarilla.
Como consecuencia de todas las limitaciones establecidas a la circulación de las 
personas durante el estado de alarma, los servicios de transporte público regular de 
personas por carretera de uso general se han prestado con grandes caídas de la 
demanda, llegando en algunos servicios hasta el 95%. La reducción de usuarios no solo 
se ha limitado al periodo de duración del estado de alarma, sino que durante los meses  s
posteriores, en los que se concentra la mayor parte de la actividad turística en las Illes  e.
Balears, la demanda de los servicios de transporte regular en autobús se ha visto  w.
afectada por la disminución de la población turística, experimentando una reducción de  017ww
pgerarsno dneams adned eannttree. un 60% y un 85% en los servicios en que la población turística es una
los Lmase sceosn dipcoiosnteersi odree sp rehsatanc iósnu fdried olo si mseprovritcaionste dsu ramnoted ifeicl aecsitoandeos d, e caolamrpmoar tya ndduor anuten   BOE-A-cable e
extraordinario incremento del déficit de explotación de los servicios de transporte que 
justifica el reequilibrio económico mediante una compensación económica extraordinaria 
de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas de 
uso general que no tengan formalizados contratos-programa a partir de los que la 
Administración ya compense su déficit de explotación. Esta compensación económica se 
establece  como  consecuencia  de  la  reducción  extraordinaria  de  ingresos  por  la 
disminución  de  la  demanda  ante  las  limitaciones  establecidas  a  la  movilidad  y  las 
restricciones impuestas respecto a la ocupación de los vehículos para procurar una 
adecuada separación entre personas usuarias.
El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  establece  en  su 
artículo 34.4 que en los contratos públicos de concesión de servicios vigentes a la 
entrada en vigor de esta norma, subscritos por las entidades del sector público, la 
situación de hecho creada por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el Estado, 
las comunidades autónomas o la Administración local para combatirla dará derecho al 
concesionario  al  restablecimiento  del  equilibrio  económico  del  contrato  mediante  la 
ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación 
de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Este reequilibrio compensará a las entidades concesionarias, en todo caso, por la 
pérdida  de  ingresos  y  el  incremento  de  los  costes  soportados,  entre  los  que  se 
considerarán  los  posibles  gastos  adicionales  salariales  que  efectivamente  hayan 
abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria de la concesión durante el 
periodo de duración de la situación de hecho creada por la COVID-19. Solo se procederá 
a la compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e 
importe de los mencionados gastos.
La habilitación expresa que contiene el artículo 14 del Real Decreto 463/2020, 
respecto de los servicios de transporte público de personas por carretera sometidos a 
contrato público u obligaciones de servicio público, a favor de las respectivas autoridades 
competentes en materia de transporte, establece la potestad, además de la reducción de 
la oferta, de fijar otras condiciones específicas de prestación; condiciones que podrían 
fijarse para garantizar la continuidad del servicio. En este sentido, las autoridades de 
transporte terrestre y dado el riesgo de renuncia de las concesiones de transporte por la 
situación de crisis en el actual contexto, acordaron el pago de unos abonos a cuenta del 
reequilibrio económico a diferentes concesiones de servicio de transporte público regular 
de personas por carretera que así lo solicitaron.
El derecho específico de reequilibrio económico que prevé el artículo 34.4 del Real 
Decreto Ley 8/2020 requiere que el órgano de contratación aprecie la imposibilidad en la 
ejecución del contrato. Respecto de este requisito la Abogacía del Estado ha emitido dos 
informes: el del 1 de abril de 2020 y el del 2 de abril de 2020. En el punto V de este 
último informe indica que la situación de imposibilidad de ejecución del contrato del 
artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 supone la inviabilidad absoluta de ejecutar el 
contrato  y,  en  cuanto  a  las  concesiones  de  autopistas,  afirma  que  no  existe  tal 
imposibilidad y, en consecuencia, la disminución del tráfico y de los ingresos no dará 
derecho al reequilibrio económico de la concesión.
El Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, 
establece en su artículo 24 el procedimiento para el reequilibrio económico de los 
contratos de gestión de servicios públicos de transporte de personas por carreteras de  s
uso general para paliar los efectos de las consecuencias de la COVID-19, e indica que  oe.
de acuerdo con el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 los contratos de gestión de  w.
servicios públicos de transporte regular de personas por carretera de uso general de  017ww
teitcuolanróidmaidca mdeen te lúan icaA dy meixncislutrsaivcaiómne ntGe eenne lroasl  térdmeli nosE setsatdaob lecpidood reánn  estree eaqrtuíciluiblora. rEsen 
ningún caso se podrá fundamentar este derecho en las normas generales sobre daños
por fuerza mayor o sobre restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, 
puedan aplicarse al contrato.
El Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 
Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, 
autoriza  un  crédito  extraordinario  a  las  comunidades  autónomas  por  los  servicios 
regulares permanentes de uso general interurbanos por carretera.
En definitiva, la situación del sector, con un gran número de pérdidas acumuladas 
junto con los problemas de liquidez y tesorería de las empresas concesionarias, supone 
un riesgo en la continuación de la prestación de este servicio básico, que es el transporte 
regular de personas por carretera.
Dado que el ámbito de aplicación del artículo 24 del Real Decreto Ley 26/2020 se 
reduce a los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de personas 
por carretera de uso general de titularidad de la Administración General del Estado, es 
necesario que en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears se regule la 
metodología y se establezca el procedimiento para reequilibrar económicamente estos 
contratos.
El artículo 30.5 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley 
Orgánica  1/2007,  de  28  de  febrero,  otorga  a  nuestra  comunidad  autónoma  la 
competencia exclusiva en materia de transportes terrestres, en concordancia con el 
artículo 148.1.5.ª de la Constitución Española, que establece que serán competencia de 
las comunidades autónomas: «Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y, en los mismos términos, el 
transporte desarrollado por estos medios o por cable». Y el artículo 70.10 del Estatuto 
clasifica los transportes terrestres como competencia propia de los consejos insulares.
En consecuencia, se considera urgente y necesario implementar unas medidas con 
el fin de financiar y dotar de liquidez las concesiones de servicios de transporte regular 
de personas por carretera de uso general como garantía del mantenimiento del servicio, 
acordando un avance del crédito extraordinario del Fondo COVID-19.
II
Por otro lado, el artículo 2 de la Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y 
simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, modificado por el artículo 10 de la Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se 
modifican diversas normas del ordenamiento jurídico de las Illes Balears en materia de 
turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de ordenación 
farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, autoriza al Gobierno de las 
Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos.
El anexo 1 de la citada Ley 5/2015, modificado por el artículo 11 de Ley 6/2018, 
establece las normas legales que se deben refundir. En el punto 5 del citado anexo 1 
encontramos el Decreto Legislativo 112/2001, de 7 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Consejos Escolares de las Illes Balears, el cual ha sido 
modificado, en último término, por la Ley 15/2019, de 29 de marzo (BOIB núm. 43, de 4 
de abril de 2019).
Diversas circunstancias, entre las que se encuentra esta última modificación y la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, han impedido que el Gobierno haga uso de 
la  autorización  parlamentaria  para  refundir  el  citado  Decreto  Legislativo,  y  hace 
necesario dotar de la correspondiente habilitación legal para llevar a cabo el texto  s
refundido. e.
Este Decreto Ley tiene por objeto, por loII Itanto, establecer determinadas medidas de  2020-17017n https://ww
rdaisnpgoos ilceiógna l aednic iomnaatle yri au ndae d itsrapnosspicoiórtne  fitnearrl.estre y se estructura en tres artículos, una
El artículo primero describe el ámbito de aplicación de la norma; el segundo incluye 
las  fórmulas  de  cálculo  de  la  compensación  económica  extraordinaria  para  cada 
concesión y, finalmente, el artículo tercero regula el procedimiento para la tramitación de 
la compensación económica.
La disposición adicional permite que el Gobierno de las Illes Balears apruebe el texto 
refundido de las disposiciones vigentes de la Ley de consejos escolares de las Illes 
Baleares.
IV
La lucha contra los efectos de la COVID-19 está poniendo de relieve una intensa 
actividad de los poderes públicos para contener y mitigar los efectos de la pandemia, 
especialmente a partir de la declaración del estado de alarma.
Ante  una  crisis  sanitaria,  económica  y  social  sin  precedentes,  hace  falta  una 
actuación rápida y eficaz de los poderes públicos por medio de los instrumentos que el 
ordenamiento jurídico pone a su alcance.
Respecto de las decisiones que requieren medidas de carácter legislativo, la figura 
del decreto ley, regulada en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, 
constituye una herramienta idónea para afrontar situaciones de extraordinaria y urgente 
necesidad como la que se ha descrito, aunque con el límite de no poder afectar a 
determinadas materias. En el contexto de crisis sanitaria que están afrontando todas las 
comunidades  autónomas,  el  Gobierno  de  las  Illes  Balears  considera  plenamente 
adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que se han 
descrito.
El  contenido  del  Decreto  Ley  se  adecúa  a  los  criterios  establecidos  en  la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dado que responde a la exigencia de que 
exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y 
las medidas que se pretenden adoptar, que tienen que ser idóneas, concretas y de 
inmediata eficacia.
Este Decreto Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales establecidos en 
los puntos 3, 14, 15 y 44 del artículo 30 y en los puntos 3, 4 y 5 del artículo 31 del 
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Por todo ello, a propuesta del consejero de Movilidad y Vivienda y del consejero de 
Educación,  Universidad  e  Investigación,  y  habiéndolo  considerado  el  Consejo  de 
Gobierno en la sesión del día 23 de noviembre, se aprueba el siguiente Decreto Ley:
Artículo 1.  Objeto.
1.  Es  objeto  de  este  Decreto  Ley  adoptar  en  las  Illes  Balears  medidas 
extraordinarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) en el ámbito de los contratos de concesión de servicios de transporte 
público regular de personas por carretera de uso general.
2.  A los efectos de la aplicación del artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, las concesiones de servicios de transporte público 
regular de personas interurbano de uso general de titularidad de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de los consejos insulares de Menorca, de 
Eivissa y de Formentera, podrán reequilibrarse económicamente por la situación de  es
hecho creada por la COVID-19 y las medidas adoptadas por la Administración para  o
combatirla, única y exclusivamente en los términos establecidos en este Decreto Ley. En  017ww
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Artículo 2.  Compensación económica extraordinaria en las concesiones de servicios de 
transporte público regular de personas interurbano por carretera.
1.  Las  concesiones  de  servicios  de  transporte  público  regular  de  personas 
interurbano por carretera de uso general de titularidad de las administraciones de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los consejos insulares de Menorca, de 
Eivissa y de Formentera, podrán ser compensadas económicamente por las medidas 
adoptadas por la Administración para combatir la situación creada por la COVID-19.
2.  Esta  compensación  se  establece  como  consecuencia  de  la  reducción 
extraordinaria  de  ingresos  por  la  disminución  de  la  demanda  ante  las  limitaciones 
establecidas a la movilidad de la ciudadanía y de las restricciones impuestas respecto a 
la ocupación de los vehículos para procurar la separación entre personas usuarias. El 
importe  de  la  compensación  se  determinará  de  conformidad  con  los  criterios  y  el 
procedimiento establecido en este Decreto Ley.
3.  Lo dispuesto en este Decreto Ley será de aplicación a las concesiones de 
servicios de transporte público regular de personas interurbano por carretera de uso 
general vigentes en la fecha de declaración del estado de alarma, y que operan en 
régimen de cuenta y riesgo; es decir, que no tienen formalizados contratos programa a 
partir de los que la Administración ya compensa el déficit de explotación por la prestación 
de todos los servicios objeto de la concesión.
4.  Se establecen dos tramos de compensación extraordinaria:
a)  Un primer tramo para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de 
agosto de 2020.
b)  Un segundo tramo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 
de 2020.
5.  Cálculo de la compensación económica extraordinaria para cada concesión.
El  importe  de  la  compensación  económica  correspondiente  al  periodo  i  de  la 
concesión j será el obtenido de la suma de los costes fijos y de los costes variables –que 
son directamente proporcionales a los servicios realmente prestados durante 2020– todo 
aminorado por los ingresos obtenidos. La metodología para el cálculo de la cuantía 
compensatoria del periodo i de la concesión j (C ) será la siguiente:
ij
C  = Ct 2020  - Ir 2020
ij ij ij
Siendo:
Ct 2020 : costes totales del año 2020 del periodo i de la concesión j, resultando su 
ij
importe de la suma de los costes fijos (Cf 2020 ) y de los costes variables (Cv 2020 ) del 
ij ij
año 2020 del periodo i de la concesión j, con la siguiente fórmula:
Ct 2020  = Cf 2020  + Cv 2020
ij ij ij
Cf 2020  = (Cf 2018 / km 2018) x km 2018
ij j j ij
Cv 2020  = (Cv 2018 / km 2018) x km 2020
ij j j ij
Siendo: e.e
Cf 2018j: costes fijos del año 2018 de la concesión j.  Incluyen las partidas A610,  017ww
Ay 6g1a1n, aAn6c1ia2s,  Ad6e1l 5a,ñ Ao6 21061, 8A 6d1e9 ,l aA 6c3o nyc eAs6i9ó,n  ojb ateundiditaads ad,e p lrae sceunetnatdaa a npaolrí tiecla  odpee rpaédrodrid daes 
aimcpulearndtoa  cuonn  mloo deesltoa bdleec cidoon teanb illiad aOdr daenna líPtiRcaE /e9n0 7la/2s0 e1m4,p drees a2s9  cdoen mtraatyisot,a sp oqru lea  pqruees tasne 
los servicios de transporte regular de uso general.
km  2018:  kilómetros  anuales  recorridos  durante  2018  en  la  prestación  de  los 
j
servicios de la concesión j.
km 2018 : kilómetros recorridos en 2018 en el periodo i de la concesión j.
ij
Cv 2018: costes variables del año 2018 de la concesión j.  Incluyen las partidas 
j
A60, A614 y A62, obtenidas de la cuenta analítica de pérdidas y ganancias del año 2018 
de la concesión j auditada, presentada por el operador de acuerdo con lo establecido en 
la  Orden  PRE/907/2014,  de  29  de  mayo,  por  la  que  se  implanta  un  modelo  de 
contabilidad  analítica  en  las  empresas  contratistas  que  prestan  los  servicios  de 
transporte regular de uso general.
km 2020 : kilómetros recorridos durante 2020 en el periodo i de la concesión j.
ij
Ir 2020 : ingresos reales del año 2020 del periodo i de la concesión j, que son los 
ij
percibidos  por  el  operador  en  la  gestión  de  sus  servicios  durante  el  periodo  i  del 
año 2020.
6.  La cuantía económica calculada de acuerdo con este Decreto Ley tendrá la 
consideración de compensación para cada contrato por las medidas adoptadas por la 
Administración para paliar el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 durante el 
periodo  considerado,  no  pudiéndose  percibir  otras  indemnizaciones  o  reequilibrarse 
económicamente los contratos afectados por las mismas circunstancias.
Artículo 3.  Procedimiento para la tramitación de la compensación económica.
1.  El  procedimiento  para  compensar  económicamente  las  concesiones  de 
conformidad  con  este  Decreto  Ley  se  iniciará  mediante  la  solicitud  de  la  empresa 
concesionaria, que deberá presentarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de este Decreto Ley, dirigida al órgano de contratación, para el primer tramo. Las 
empresas deberán formalizar la solicitud con el siguiente contenido:
a)  El nombre o la denominación social y el número de identificación fiscal, los datos 
de la persona que actúa en representación de la empresa solicitante, en su caso, y el 
código y la denominación de la concesión.
b)  La memoria justificativa con los siguientes datos:
– Los kilómetros realizados en la prestación de servicios de la concesión durante el 
año 2018, por meses.
– El total de kilómetros anuales realizados en 2018 por la empresa titular de la 
concesión en todas las actividades de transporte de personas por carretera que presta, y 
desagregados por tipo de transporte (regular, discrecional, escolar, etc.).
– La copia de la comunicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) de la relación de los kilómetros anuales prestados durante 2018 por la empresa 
concesionaria como trámite para la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos 
para el gasóleo profesional.
– Los kilómetros prestados de los servicios de la concesión en el periodo de 2020 del 
tramo  que  corresponda,  en  caso  de  que  la  Administración  no  disponga  de  esta 
información.
c)  La declaración responsable de la veracidad de los datos presentados.
Será  imprescindible  para  reconocer  el  derecho  al  reequilibrio  que  la  empresa  e.e
contratista haya remitido a la administración correspondiente la información contable del  b
año 2018, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo. 017ww
paopro r2et.al  dóoUrsgn aapn oovr e dlzoe sp  crmeosenedtrniaottasad cqaiuó lena   seseno  leiucsnittu impdl,ea npz ooc domrnáávnxe ivnmeieorni fitdceeas r.s trEee ls lo pmsro edcsaeetdosims  diyee nslotdose   sdleao  crfueemscohelavn etdoreás    OE-A-2020-17able en https://
finalización del plazo de presentación o, en su caso, de subsanación de solicitudes,
transcurrido el cual sin haberse dictado la correspondiente resolución, se entenderá 
desestimada la solicitud.
3.  El  segundo  tramo  de  compensación  tendrá  el  mismo  procedimiento  de 
tramitación que el primero, estableciéndose para la presentación de solicitudes un plazo 
de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto Ley.
Disposición adicional.  Autorización al Gobierno.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, en un plazo de un año, 
apruebe el texto refundido de las disposiciones vigentes de la Ley de consejos escolares 
de las Illes Baleares, cuyo texto refundido se aprobó por el Decreto Legislativo 112/2001, 
de 7 de septiembre. Esta autorización incluye la posibilidad de regularizar, aclarar y 
armonizar los textos legales que se tienen que refundir.
Disposición final.  Vigencia.
El presente Decreto Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears».
Palma,  23  de  noviembre  de  2020.–La  Presidenta,  Francesca  Lluch  Armengol  i 
Socias.–El Consejero de Movilidad y Vivienda, Marc Pons i Pons.–El Consejero de 
Educación, Universidad e Investigación, Martí Xavier March i Cerdà.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 199, de 24 de noviembre de 2020. Convalidado 
por Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 207, de 12 de diciembre de 2020)