BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32983
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4512 Pleno. Sentencia 37/2021, de 18 de febrero de 2021. Conflicto positivo de 
competencia 4709-2019. Planteado por el Gobierno vasco en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 
regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas. Potestad de autoorganización y 
autonomía  parlamentaria,  derechos  históricos  de  los  territorios  forales  y 
régimen de cooficialidad lingüística: nulidad del precepto reglamentario que 
prevé la incorporación de los datos suministrados por los órganos legislativos 
a la base nacional de subvenciones.
ECLI:ES:TC:2021:37
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido 
Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer  Callejón,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto positivo de competencia núm. 4709-2019, interpuesto por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el art. 5; art. 3.1 
in fine y por conexión el art. 10.1, art. 6.3 y art. 6.7 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de 
las subvenciones y demás ayudas públicas. Ha comparecido y formulado alegaciones el 
abogado del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el día 24 de 
julio de 2019, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
promueve conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Tras dar cuenta de los términos en los que se dio cumplimiento al trámite previo del 
requerimiento  de  incompetencia,  exponer  el  contenido  de  la  norma  impugnada  y  e
examinar la jurisprudencia constitucional en esta materia, la demanda, con carácter  b
previo al examen de los motivos de inconstitucionalidad que sirven de fundamento al  12ww
rceognuflliacctoió pnl aqnuteea deofe, cftoúram uella  Rdeoasl  reDpercorcehtoe ss duep ocnaerá cutne ru glteran evrairle: sp orre ugnla mlaednot,a arfioir;m pao qr uoet rlao 
creucahleasz,a  lala sm aisfimrmaa cpiorenteesn dceo natemnpidaarasr seen  eenl  plare áomblbigualoc iódne  dlae  naotremnad,e re nla vsi rteuxdig deen cliaass 
derivadas de una serie de normas de derecho europeo que expresamente se citan. Y
ello  porque,  a  juicio  de  los  recurrentes,  no  amparan  la  totalidad  de  la  regulación 
contenida en el Real Decreto, ni pueden servir, conforme a la doctrina constitucional, 
para otorgar cobertura a una normativa que resulta contraria al reparto de competencias.
A continuación, la demanda analiza los concretos preceptos impugnados, en relación 
con los cuales, y siguiendo el orden en que se desarrollan en la misma, se señala 
sintéticamente lo siguiente:
a)  El art. 5 impone, por Real Decreto, un estricto régimen de comunicación de la 
información financiera desde la Comunidad Autónoma al Estado, que vulnera lo previsto 
en la disposición adicional primera de la Constitución, en el desarrollo dado por el 
apartado 4 del art. 4 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 
concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como lo dispuesto 
en las normas básicas contempladas en el apartado segundo de la disposición final 
tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, en relación a su art. 2 y lo señalado en la disposición adicional 
vigésimo segunda de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (en 
adelante LGSub).
Considera  la  demanda  que  el  Real  Decreto  establece  de  forma  prácticamente 
acabada el régimen a través del cual las comunidades autónomas y demás entidades del 
sector público e institucional deberán suministrar la información sobre las subvenciones y 
demás ayudas públicas que concedan. Del conjunto de la norma, y particularmente de su 
art. 5.1, se constata que el Real Decreto impone los términos del contenido y del flujo de 
información a suministrar, y confiere a la Intervención General de la Administración del 
Estado la facultad de desarrollo del procedimiento previsto para el suministro de dicha 
información. En la práctica, solo deja espacio a la colaboración autonómica para los 
aspectos  informáticos  –«las  especificaciones  y  formato»–  y  para  las  cuestiones 
meramente  operativas  del  suministro  de  información  entre  el  Estado  y  el  ente 
perteneciente al sector público obligado, ya que el régimen legal se fija unilateralmente 
por el Estado.
Este sistema socava el amparo y respeto constitucional de los derechos históricos 
plasmados en la disposición adicional primera de la Constitución y su actualización a 
través de la Ley 12/2002, por la que se aprueba el concierto económico con el País 
Vasco. El art. 4 de esta ley regula el suministro de información de carácter financiero por 
la Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado que, en la práctica, se ha venido 
desplegando a través de acuerdos bilaterales específicos adoptados en el seno de la 
comisión mixta del concierto, garantizando así la adecuada coordinación entre ambas 
entidades. En el apartado 4 de este art. 4 se contempla asimismo el suministro de 
información a instancias europeas, que es el principal argumento del Real Decreto para 
regular estas nuevas funciones de la base de datos nacional de subvenciones (en 
adelante, BDNS).
Se argumenta que el apartado segundo de la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera prevé que, en 
virtud de su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo 
dispuesto en la misma, se entenderá sin perjuicio de lo señalado en la Ley del concierto 
económico. Y es en esta ley orgánica donde se establecen los principios rectores que 
vinculan  a  todos  los  poderes  públicos  y  a  los  que  deberá  adecuarse  la  política 
presupuestaria del sector público.
El Real Decreto 130/2019, dictado en desarrollo del art. 20 LGSub, no tiene tampoco 
en debida consideración la disposición adicional vigésima segunda de la LGSub que  e.
atiende al régimen foral del País Vasco, para lo que afirma que «en virtud de su régimen  w.b
foral, la aplicación de esta ley a la Comunidad Autónoma del País Vasco se realizará con  12ww
sreesgpuentdoa  ad elo la  eLsetay b7le/1c9id8o5 , edne  2s ud ee astbartiul, troe gduela daourtoan doem laías  by aesens  ldae ld risépgoimsiecnió lno caadl»ic; ieosntaal 
psurebvviesinócnio nhaal  dqeu ep ropdruocdiur zecfae cteol s Eesnt atdood,a  yl a pnoorr mtaantitvoa  hreag ladme enstearr iat esnoidbore  arqéugíim  eenn 
consideración.
Frente a ello, el apartado 1 del art. 5 viene a afirmar que será la Intervención General 
de la Administración del Estado quién en última instancia determinará el sistema para el 
suministro de información, siendo así que, en el caso del País Vasco, estos acuerdos de 
traslado de información se toman de forma concertada por los representantes de ambas 
instituciones. Además, el apartado 2 del precepto impone unos breves plazos temporales 
para el suministro de información, que prácticamente cierran la vía a cualquier posible 
negociación al respecto.
La naturaleza pactada de la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, ratificada en la reciente STC 9/2019, de 7 de enero, y la garantía legal de 
salvaguarda de la disposición adicional primera de la Constitución, así como del propio 
concierto económico, debe reflejarse mediante la inserción de una cláusula similar a la 
prevista en la disposición final tercera de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera.  De  otra  forma  se  deja  a  la  voluntad  del  Estado  dar 
cumplimiento a estas obligaciones de respeto foral, que conforme a una abundante 
doctrina constitucional, forman parte del contenido mínimo de la garantía institucional de 
la foralidad, reconocida en la propia Constitución.
La previsión en la norma reglamentaria de una cláusula de salvaguarda del régimen 
foral, como la aquí demandada, fue rechazada por la STC 119/2016, de 23 de junio FJ 3 
b, si bien se trataba de un caso no asimilable al que aquí nos ocupa, pues hacía 
referencia a una cuestión de sueldo de funcionarios, que atendía a una coyuntura 
económica comprometida, con medidas que solo encontraban sentido si eran adoptadas 
simultáneamente por todas las administraciones públicas. Aquí sin embargo, se está 
ante la remisión de toda la información ateniente a las ayudas públicas, porcentaje 
importante del gasto de cualquier administración en cuanto resultado de la actividad 
financiera desarrollada en el marco del concierto económico, por lo que se encuentra 
ínsito en el mismo centro de la foralidad; y no se trata de una medida coyuntural sino 
permanente en el tiempo. Además, en aquel supuesto se estableció que no era de 
aplicación la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que 
en este caso sí ha de tenerse en cuenta, puesto que su art. 9 prevé que se aplicará para 
las obligaciones de suministro de información y transparencia, en el marco de esta y de 
otras disposiciones nacionales y comunitarias, siendo aplicable también su disposición 
final tercera.
Recuerda la demanda que este régimen concertado de suministro de información a 
la Intervención General de la Administración del Estado desde las instituciones vascas 
se ha respetado y asumido por el Estado. Y cita, en concreto, el Acuerdo de la comisión 
bilateral  de  cooperación  administración  del  Estado-administración  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 5/2014, de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa («BOE» de 9 de julio de 2015), en la 
cual y respecto a la modificación del art. 20 LGSub, se vino a afirmar que «la comisión 
mixta de concierto articulará los acuerdos necesarios para su ejecución junto con los que 
se adopten en materia de remisión de información […] de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  en  relación  con  lo  dispuesto  en  la 
Ley 12/2002, de 23 de mayo, del concierto económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco».
b)  Se  impugna  el  art.  3.1  in  fine  y,  por  conexión,  el  art.  10.1  del  Real 
Decreto 130/2019, con fundamento en la ampliación subjetiva de los entes públicos 
obligados a suministrar información a la BDNS; en concreto, la inclusión mediante esta  s
norma reglamentaria de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas como  oe.
sujetos  sometidos  a  la  obligación  de  informar.  Se  alega  la  falta  de  capacidad  del  w.
ejecutivo estatal para imponer obligaciones a las asambleas parlamentarias autonómicas  12ww
psianr ale ye l hPaabíislit aVnatsec, olo ( EquAeP Vd)e tye rlma invau lnlae riancfriaócnc idóenl  dperiln acript.i o1 5d ed eal uEtosntaotmutíoa  dpea rAlaumtoennotamríiaa 
(art. 71.2 CE), así como la infracción del art. 20.4 LGSub y de la disposición adicional
octava de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, ambas de naturaleza básica.
El establecimiento mediante real decreto de regulaciones sobre la actividad en sede 
parlamentaria vulnera la autonomía de las asambleas legislativas autonómicas, ya que 
impide a las cámaras aprobar, modificar o derogar sus propias normas de organización, 
funcionamiento  y  desarrollo,  sin  injerencia  de  otros  órganos  o  poderes  del  Estado 
(STC  243/2000,  FJ  12).  Y  esa  autonomía  funcional  de  las  asambleas  legislativas 
determina  que  una  previsión  como  la  contemplada  haya  de  tener  rango  legal 
(STC 179/1989).
Esta previsión es asimismo contraria a lo dispuesto en el art. 20.4 LGSub, de cuya 
redacción cabe interpretar que las entidades que han de suministrar información a la 
BDNS han de venir contempladas en la propia ley o en otras leyes, lo que implica la 
fijación  de  un  principio  de  reserva  de  ley,  y  únicamente  permite  que  sean  los 
«organismos» los obligados por vía reglamentaria, a aportar datos. Debe entenderse que 
estos organismos son aquellos a los que hace referencia la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  régimen  jurídico  del  sector  público,  estando  excluidas  las  cámaras 
parlamentarias. La remisión que el art. 20.4 LGSub hace a lo dispuesto en ella o en otras 
leyes para el suministro de información, ha de entenderse efectuada a lo señalado en la 
disposición adicional octava de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, donde se determina que las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas regularán en sus respectivos reglamentos la 
aplicación concreta de las disposiciones de la misma, por lo que una regulación como la 
contemplada en el precepto impugnado ha de efectuarse por los reglamentos de las 
cámaras legislativas.
Por su parte, el art. 10.1 contempla que en cada comunidad autónoma deberá 
designarse un «único administrador institucional». Ello conduce a que deberá ser el 
Parlamento quien comunique la información a la Administración General del País Vasco, 
mediador designado en este art. 10.1, para que esta, a su vez, la remita a la BDNS. Este 
segundo  aspecto  atenta  también  contra  el  principio  constitucional  de  autonomía 
parlamentaria y contra el de independencia entre los poderes públicos, por lo que se 
invoca lo dispuesto en el art. 33.3 EAPV, según el cual el Parlamento Vasco determinará 
la forma de materializar las relaciones del Gobierno con el Parlamento, aspecto en el que 
no puede inmiscuirse el ejecutivo estatal por vía reglamentaria.
En consecuencia, afirma la demanda que someter a obligación de suministro de 
información al Parlamento Vasco y exigir que el intermediario obligatorio del Parlamento 
con el Estado sea la Administración General del País Vasco, supone una vulneración del 
principio de autonomía parlamentaria (art. 71.2 CE), de las funciones propias del órgano 
legislativo vasco (art. 15 EAPV) y de su autoorganización (art. 10.6 EAPV).
c)  El art. 6, en sus apartados 2 y 3 viene a retomar una previsión que fue declarada 
inconstitucional  en  la  STC  33/2018,  de  12  de  abril,  FJ  11.  Si  bien  conforme  a  la 
disposición final segunda, el art. 6.2 no tiene carácter básico, con lo que no es exigible a 
las comunidades autónomas, el art. 6.3 sí es básico, y en su inciso final («y con 
antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro 
del plazo establecido») resulta inconstitucional, por incidir en el mismo vicio que su 
antecedente  anulado.  Lo  que  viene  derivado  del  efecto  que  se  sigue  dando  a  la 
comunicación de la información a incluir en la BDNS, así como a la brevedad del plazo 
previsto para ello.
En concreto, lo que se impugna es que la comunicación/publicación en la base sirva  s
para que los interesados puedan presentar sus solicitudes, así como el exiguo plazo  oe.
para la remisión de la información. Con ello, se continua dotando a la BDNS de un papel  w.
determinante para los solicitantes de ayuda, lo que se califica como una intromisión  12ww
cinotmoleurnaidbaled  daeul tóEnsotamdao,  ecno nu nu nparosc ecdoinmsieecnutoe nacdiamsi ndiset rarteivtroa sqou ee ne sl ac opmupbelitceidnacdia  ddee  llaa 
caocntuvaocciaótno rqiau ey h uan dae s ruebaolirzdainr aecl iEónst ayd doe.pendencia de la administración convocante a una  BOE-A-cable e
La función de la BDNS es la de mera publicidad, por lo que el plazo de inicio de la 
presentación de solicitudes y la forma de su notificación, se establecerán en las bases 
que publiquen las comunidades autónomas. Pretender como ya hizo el art. 20.8 LGSub, 
que la publicación en la base sirva para que «los interesados puedan presentar sus 
solicitudes»  supone  una  intermediación  necesaria  del  Estado  que  perturba  el 
funcionamiento  de  la  administración  convocante,  en  términos  ya  rechazados  en  la 
STC 33/2018, FJ 11. No se cuestiona el control del suministro de información que el 
Estado  ha  fijado  en  el  marco  de  sus  competencias,  tal  y  como  han  avalado  las 
SSTC 99/2012 o 130/2013, sino que lo que se impugna es que se pretenda dar efectos 
jurídicos ante los interesados en las subvenciones, al cumplimiento de ese control en tan 
breve plazo. En efecto el plazo que se fija en el Real Decreto es muy breve: los datos se 
suministrarán  a  la  BDNS  (incluso  puede  entenderse  también  que  habrán  de  estar 
publicados) en el período temporal comprendido entre la aprobación de las bases de la 
convocatoria  por  el  órgano  competente  y  el  inicio  del  plazo  de  presentación  de 
solicitudes; y en la práctica ese plazo es en muchas ocasiones de dos días.
Por  ello,  la  brevedad  del  plazo  no  tiene  otro  objeto  que  hacer  posible  que  la 
publicación en la base tenga incidencia en el plazo legal de presentación de solicitudes y, 
con ello, sirva para algo más que una función de mera publicidad, condicionando la 
validez misma de la convocatoria pública al suministro y, seguramente, a la publicación 
en la BDNS de la información en el plazo ahí previsto. Con ello, el Estado pretende 
volver a hacer valer dicha publicación, como el sistema de publicación necesario de las 
subvenciones de cualquier institución del sector público.
Considera  así  la  representación  autonómica  que  el  precepto  excede  de  las 
competencias  estatales  que  amparan  un  procedimiento  subvencional  común 
(STC  130/2013)  y  menoscaba  las  competencias  autonómicas;  además  se  crea  un 
trámite de comunicación en procedimientos administrativos que es contrario a la reserva 
de ley exigida por el art. 2.2 de la Ley del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPACAP) y con efectos determinantes en la validez del acto 
administrativo de convocatoria.
d)  El art. 6.7 del Real Decreto no respeta la competencia atribuida a la comunidad 
autónoma por el art. 6 EAPV y no garantiza el deber de disponibilidad lingüística en las 
lenguas cooficiales, de la actividad pública administrativa vasca.
Este precepto no se ajusta a lo dispuesto en el art. 15.2 LPACAP y no garantiza que 
las resoluciones dictadas por los poderes públicos vascos sobre subvenciones y ayudas 
que  sean  objeto  de  publicación  en  la  BDNS  estén  disponibles  en  bilingüe  en  su 
publicación por el sistema nacional de publicidad de las subvenciones. Ello vulnera la 
competencia contemplada en el art. 6 EAPV en orden a hacer efectivo el uso de las dos 
lenguas oficiales en Euskadi y los derechos lingüísticos de los ciudadanos del territorio 
vasco a consultar en cualquiera de las dos lenguas oficiales esta información emanada 
de los poderes públicos vascos, que oficialmente es objeto de publicación en una base 
de datos centralizada por el Estado, así como el deber de disponibilidad lingüística en 
ambas lenguas oficiales del resultado de la actividad administrativa pública vasca, en los 
términos dispuestos en el estatuto de autonomía.
La doctrina constitucional (STC 88/2017) ha reconocido el derecho de los ciudadanos 
a usar ambas lenguas en sus relaciones con las instituciones públicas y, junto a este se 
encuentra el correlativo deber de los poderes públicos de hacer efectivo el derecho de 
los  ciudadanos  a  acceder  al  resultado  de  sus  procedimientos  en  las  dos  lenguas 
cooficiales; es lo que se denomina el deber de «disponibilidad lingüística» (STC 31/2010,  s
FJ 22). En este contexto, la STC 147/1996 reconoció que los datos obligatorios en el  oe.
etiquetado deberían publicarse también en lengua cooficial. Por tanto, los ciudadanos  w.
vascos así como los de aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial tienen  12ww
dteerrreitochrioo,  ae nla  caucmtivpidlimadie andtom dineisl traartti.v a6  gEeAnPeVra, daa  apcocr esduesr  peond elaress l epnúgbuliacos so, faicl iamleasrg eenn  dseu 
qfuunec iosneeas  duen ae sitnafdoírsmticaac ióy np uebmlicaidnaadd.a  de  la  administración  central  y  con  exclusivas  BOE-A-cable e
Se  solicita  pues  la  declaración  de  inconstitucionalidad  del  art.  6.7  del  Real 
Decreto 130/2019, en cuanto la BDNS no garantiza la publicación en lengua cooficial de 
la actividad administrativa de los poderes públicos vascos.
2.  Por providencia del Pleno de 17 de septiembre de 2019, a propuesta de la 
Sección  Tercera,  se  acordó  admitir  a  trámite  el  presente  conflicto  positivo  de 
competencia; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la 
Nación, por conducto de su presidente, al objeto de que en el plazo de veinte días y, por 
medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere 
convenientes;  comunicar  la  incoación  del  conflicto  a  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se 
impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso 
hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC; y publicar la incoación 
del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco».
3.  Por escrito registrado en este tribunal el día 30 de septiembre de 2019, el 
abogado del Estado se personó en las actuaciones y solicitó una prórroga hasta el 
máximo legal, del plazo concedido para formular alegaciones.
El Pleno, mediante diligencia de 1 de octubre siguiente, acordó incorporar a las 
actuaciones el escrito del abogado del Estado, a quien se le tiene por personado y se le 
prorroga en diez días el plazo concedido por la anterior providencia, a contar desde el 
siguiente al de expiración del ordinario.
4.  En fecha 5 de noviembre de 2019 tuvo entrada en este tribunal escrito de 
alegaciones del abogado del Estado, en el que solicita se tenga por evacuado el trámite 
y,  en  su  día,  se  dicte  sentencia  en  la  que  se  desestime  íntegramente  el  conflicto 
planteado.
a)  Comienza señalando el representante estatal que, como resulta del certificado 
del  acuerdo  adoptado  por  el  Gobierno  vasco,  entre  los  preceptos  incluidos  en  el 
requerimiento  de  incompetencia  formulado,  no  se  encuentra  el  art.  10.1  del  Real 
Decreto 130/2019, que sin embargo sí es objeto de impugnación en la demanda que 
formaliza  el  conflicto  positivo  de  competencia.  Siendo  así,  la  falta  de  voluntad 
impugnatoria del art. 10.1, debidamente expresada por el órgano colegiado ejecutivo 
superior de la comunidad autónoma (art. 60 LOTC), implica que este precepto debe 
quedar fuera del objeto del proceso (STC 68/2018, FJ 2). Y si bien, de conformidad con 
la  doctrina  constitucional,  cabe  extender  los  pronunciamientos  de  nulidad  e 
inconstitucionalidad a preceptos no impugnados (art. 39.1 LOTC), ello es prerrogativa del 
tribunal, sin que pueda ser objeto de pretensión de parte. Por todo ello, el art. 10.1 
quedaría al margen del objeto del presente conflicto constitucional.
b)  Se refiere a continuación al encuadramiento competencial del conflicto planteado 
recordando que, a tenor de la disposición final segunda, el Real Decreto se aprueba al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  los  arts.  149.1.13,  149.1.14  y  149.1.18  CE.  El  título 
competencial prevalente, de conformidad con la doctrina constitucional, es el previsto en 
el art. 149.1.18 CE, que es el que permite al Estado establecer un régimen jurídico 
común  sobre  la  relación  subvencional.  Se  cita  en  apoyo  lo  señalado  en  las 
SSTC 130/2013, FFJJ 6 y 8 y 33/2018, FJ 7.
c)  Con carácter previo al examen de fondo se realizan dos consideraciones de 
carácter general. En primer lugar, considera el abogado del Estado que, por no referirse  e.
a un controversia competencial, debe quedar fuera del ámbito del conflicto el presunto  w.
ultra vires en que según la demanda podría incurrir el Real Decreto 130/2019, por  12ww
reexgcleasmoe ennta reial sd eessa rrcoollmo pdeetle nacrti.a  20p roLpGiaS udbe,  pluoess  óerlg caonnotsro lj uddeic lieagleasli ddaed  dlae  ljausri sndoicrmcióans 
toérrdmininaori,a  y(S tTraCs  9h/1a9c9e5r , rFefJe r2e, nyc iaar t.a 5 l ad ed olac tLreinya  Ocrognásntiictuac dioenl aPl ordeelart iJvuad iac ialal) . nEantu sraelgeuznad oy   BOE-A-cable e
objeto del conflicto positivo de competencia (SSTC 143/1985, FJ 6, y 88/1989, FJ 2), 
considera que carece de contenido constitucional la alegación relativa a la indebida 
extensión de los sujetos, objeto y funciones de la BDNS, sobre la base de la que se 
afirma inexistente obligación de atender a las exigencias europeas contenidas en una 
serie de normas de derecho derivado. Lo alegado en este punto carece de conexión con 
los preceptos impugnados en el conflicto y con la propia argumentación contenida en la 
demanda para sustentar la controversia suscitada.
d)  En  relación  al  art.  5  señala  el  abogado  del  Estado  que  la  demanda  solo 
argumenta la impugnación del apartado 1 de este precepto, que prevé el suministro de 
información a la BDNS a través del sistema que determine la Intervención General de la 
Administración  del  Estado.  Adicionalmente,  el  apartado  2  a)  del  art.  5  puede 
considerarse conexo con el art. 6.3 del Real Decreto, y en tal sentido, admitirse su 
impugnación. Sin embargo, respecto del art. 5.2 b); 5.3 y 5.4 la demanda no cumple con 
su carga de alegar, por lo que ha de estarse a la reiterada doctrina de este tribunal, 
conforme a la cual, no cabe reconstruir de oficio la demanda ni suplir las razones de los 
recurrentes, cuando estas no se aportan en su recurso (STC 85/2016, FJ 2). Lo que lleva 
a  la  conclusión  de  que  únicamente  en  el  apartado  1  del  art.  5  concurre  la  carga 
argumental  mínima  exigible,  en  relación  con  la  vulneración  de  las  competencias 
autonómicas.
Respecto  de  dicho  apartado,  se  reclama  al  tribunal  por  la  vía  del  conflicto,  la 
inclusión de una cláusula de salvaguarda expresa de la garantía de la foralidad y del 
régimen del concierto económico, al amparo de la disposición adicional primera de la 
Constitución; cláusula que sería similar a la contenida en la disposición final tercera de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Al efecto, recuerda el abogado del Estado que la demanda aporta como 
documento, una carta dirigida a la Intervención de la administración vasca por la que el 
interventor general de la administración del Estado llama a una reunión de la comisión 
mixta, a fin de acordar los términos del suministro de datos por la administración vasca a 
la BDNS. En estos términos, y ante la inexistencia, puesta de manifiesto por el propio 
escrito  de  demanda,  de  una  actuación  del  Estado  que  implique  un  menoscabo 
competencial, efectivo y real, el conflicto trabado sobre este precepto tiene un carácter 
meramente preventivo y cautelar, por lo que resulta procedente su desestimación, de 
conformidad con la doctrina contenida en la STC 120/2012, FJ 8. Subsidiariamente, 
apela a la jurisprudencia constitucional que ha recordado que la ausencia de una reserva 
expresa de las competencias del Estado o de las comunidades autónomas no determina 
la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, toda vez que la incorporación 
expresa de cláusulas de salvaguarda de las competencias no es exigible en términos 
constitucionales (STC 228/2016, FJ 4).
Desde otro punto de vista, el establecimiento de un sistema nacional de publicidad 
de subvenciones y el subsiguiente deber de las administraciones y entes públicos vascos 
de comunicar la información que contempla el Real Decreto 130/2019 a la BDNS, no 
afecta al régimen foral entendido como «garantía institucional», tal y como argumenta el 
escrito de demanda. A estos efectos, la limitación del régimen foral a lo tributario, y no a 
toda  la  actividad  financiera  pública,  ya  se  proclamó  en  las  SSTC  11/1984,  FJ  5, 
y 203/2016, FJ 4. Considera el representante estatal, que, detrás del conflicto que 
esgrime  el  Gobierno  vasco,  se  puede  observar  la  pretensión  de  expandir 
interpretativamente el ámbito específico de la relación Estado-Comunidad Autónoma del 
País Vasco, derivado de los órganos del concierto económico, a un ámbito material que  s
excede, en realidad, del alcance establecido en la regulación actualmente vigente de  oe.
dicho concierto económico y el garantizado por la disposición adicional primera de la  w.
Constitución. 12ww
apoyAofi rpmaara  aessí taqbulee ceenr  ulan  rpérgoipmiae nr eegsupleaccíifóicno  dye lp rcoopnioc iepratora  eecl oPnaóíms iVcaos cnoo  esne  meantceureian tdrae 
pbraestee ndseió nd adteo sla  ncaocmiounnaidl adde.  Eslu ablvceannccieo nmeast,e rdiaelb diéen ldooss aes preecchtoasz afirn, aennc iecroonss deeclu ceonncciaie, rtlao   BOE-A-cable e
no puede considerarse abierto a un marco genérico de relaciones financieras, sino que 
queda acotado al concreto contenido material regulado en el art. 62 de la propia Ley del 
concierto que, a su vez, debe mantener la debida conexión con la disposición adicional 
primera de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional.
e)  Se  analiza  a  continuación  la  impugnación  dirigida  contra  el  art.  3.1,  último 
párrafo, recordando primariamente que los órganos constitucionales del Estado y las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas están obligados a proporcionar 
información a la BDNS en virtud del art. 20.4 LGSub. Por su parte, según la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas están vinculadas a la misma 
respecto de su actividad sujeta a derecho administrativo. En este sentido, resultan de 
aplicación a dichas asambleas aquellos aspectos de los arts. 6, 7 y 8, que abordan las 
obligaciones de publicidad activa, y que puedan insertarse en la noción de «actividad 
sujeta a Derecho administrativo». Asimismo, el art. 8.1 c) de la Ley de transparencia 
prevé  que  los  sujetos  incluidos  en  su  ámbito  de  aplicación,  en  el  que  pueden 
considerarse incluidas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, están 
obligados a publicar «las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de 
su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios». Esta obligación legal ha de completarse 
con lo fijado en la disposición adicional octava de la propia Ley de transparencia, según 
la cual, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas regularán en sus 
respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta ley.
En definitiva, a juicio del abogado del Estado, existiendo una disposición con rango 
de ley que obliga a las asambleas legislativas a la publicidad activa, suministrando 
información sobre las subvenciones que convoquen, el precepto impugnado se limita a 
recoger esta obligación, sin perjudicar la autonomía organizativa y reglamentaria de la 
Cámara a la hora de cumplir con el suministro de información.
f)  A continuación, y en relación con el art. 6.3, considera el representante estatal 
que dicho apartado pretende cumplir la STC 33/2018, respecto del papel de la BDNS 
como intermediaria en el procedimiento de convocatoria de las subvenciones. Este 
precepto reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad de optar por dirigirse 
directamente a su diario oficial sin que intermedie la BDNS; ahora bien, tal y como se 
prevé en el art. 20.8 LGSub, la información sobre las convocatorias se recoge en la base 
para  garantizar  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  conocer  todas  las  subvenciones 
convocadas en cada momento; es decir, el ciudadano debe conocer las convocatorias a 
tiempo para poder optar a solicitar la subvención, si es que le resulta de interés.
La exigencia contenida en el art. 6.3, de registrar la información a incluir en la BDNS 
acompañada del texto de la convocatoria, una vez que esta haya sido aprobada, y con 
antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro 
del  plazo  establecido,  es  una  exigencia  de  mínimos  para  que  la  base  sirva  de 
instrumento de publicidad ex ante y, por lo tanto, para que los interesados puedan 
presentar su solicitudes en plazo. En estos términos, la disposición persigue el objetivo 
de asegurar el interés público, fortaleciendo la transparencia de la administración y 
facilitando el conocimiento de la gestión de los fondos públicos, dando así a conocer 
actuaciones  administrativas  concretas  que  interesan  a  un  grupo  determinado,  los 
posibles beneficiarios de la subvención. Desde este punto de vista de protección mínima 
de los intereses de terceros y de asegurar la publicidad general, ninguna tacha cabe 
imputar al precepto, respecto de su adecuación al art. 149.1.18 CE.
Aún más, el precepto cumple expresamente con la doctrina constitucional, al haber  s
señalado  la  STC  33/2018  que  la  competencia  para  establecer  las  normas  de  oe.
procedimiento administrativo común del art. 149.1.18 CE comprende la de señalar los  w.
requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Comunicada la convocatoria,  12ww
udnea l evaelzta adp croobnasdtiatu cyi ocnoanl ,a netse lyaac iórens spuofnicsiaebnitleid paadr ad eslu  Erestsaodluoc iyó nd,e c olam boa esxei gdee e dl aptroinsc, ipeino 
aplicación del mismo principio, asegurar su publicidad general.
g)  Finalmente, y en relación al art. 6.7 del Real Decreto, afirma el abogado del 
Estado que este precepto es concreción en su ámbito material del art. 15.3 de la 
Ley 39/2015, conforme al cual, la administración pública instructora deberá traducir al 
castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos 
fuera  del  territorio  de  la  comunidad  autónoma  y  los  documentos  dirigidos  a  los 
interesados  que  así  lo  soliciten  expresamente.  Si  debieran  surtir  efectos  fuera  del 
territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del 
castellano, no será precisa su traducción.
Considera que la BDNS muestra un absoluto respeto por las lenguas oficiales en las 
respectivas comunidades autónomas y prueba de ello es que el portal del sistema 
nacional de publicidad de subvenciones y ayudas públicas además de poder consultarse 
en  lengua  española,  puede  visualizarse  también  en  catalán,  gallego  y  euskera. 
Asimismo, la publicidad de las convocatorias que promueven las administraciones del 
País Vasco garantiza los derechos lingüísticos de los ciudadanos de esa comunidad 
autónoma, en cuanto pone a su disposición el texto íntegro de la convocatoria tanto en 
lengua española como en euskera, tal y como resulta del artículo impugnado y como se 
puede comprobar si se accede a la web indicada.
De  conformidad  con  el  art.  15.3  de  la  Ley  30/2015,  para  que  la  convocatoria 
aprobada por cualquier administración pública sea publicada en el sistema nacional de 
publicidad en español y en la lengua cooficial en el territorio autonómico correspondiente, 
la administración pública convocante debe registrar en la BDNS el texto íntegro de la 
convocatoria tanto en español como en la lengua cooficial; una vez registrada, el sistema 
proporciona de forma automática la información suministrada. Por tanto, el responsable 
de garantizar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos es la administración 
convocante.
En  otros  términos,  conforme  al  principio  de  territorialidad,  la  información  debe 
registrarse en castellano, y el sistema de la BDNS ofrece la posibilidad de que los textos 
íntegros  de  las  convocatorias  puedan  mostrarse  en  ambas  lenguas,  pero  es  la 
administración  convocante  la  que  decide  si  ejerce  o  no  esa  opción  y  registra  la 
información según su propia decisión. Además, para fortalecer el derecho de acceso a la 
información plurilingüe, el art. 6.7 ofrece a las administraciones públicas remitentes la 
posibilidad de registrar también el título de la convocatoria en español y en la lengua 
cooficial. Si la administración pública remitente opta por cumplimentar el campo de 
descripción de la convocatoria en una lengua cooficial, el sistema nacional de publicidad 
publicará  esta  información  en  ambas  lenguas  para  facilitar  las  búsquedas  a  los 
ciudadanos en ambas lenguas. Procede, en consecuencia, la desestimación del conflicto 
también en este punto.
5.  Por providencia de 16 de febrero de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El presente conflicto positivo de competencia se interpone por el Consejo de 
Gobierno del País Vasco en relación con: el art. 3.1 in fine en conexión con el art. 10.1; 
art. 5, y art. 6, apartados 3 y 7 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 
regula la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y 
demás ayudas públicas.
Como  de  forma  más  detallada  se  expone  en  los  antecedentes,  la  demanda  e.e
argumenta que: (i) el art. 3.1 en la mención que efectúa a los «órganos legislativos  b
autonómicos», en conexión con el art. 10.1, supone una vulneración del principio de  12ww
óarugtoannoom leíag isplaartilvaom evanstacroia ( acrot.n s1a5g EraAdPoV e) ny  edl ea srtu.  7a1u.t2o oCrgEa,n dizea claiósn  fu(anrct.i o1n0e.s6  pErAoPpiVa)s,  daesíl 
Lcoemy o1 9u/n2a0 1i3n;f ra(ici)c ieóln  adrte. l 5a,r te. n2 0c.u4a nLtGoS oumb itye  duen ala  pdreisvpisoisóinc ióenx paredsicaio nqaule  ogcatarvaan tidcee  leal 
carácter  paccionado  de  la  forma  en  que  desde  el  País  Vasco  ha  de  remitirse  la
información financiera a la BDNS, vulnera los derechos históricos de los territorios forales 
contemplados en la disposición adicional primera de la Constitución, en el desarrollo 
dado por el apartado 4 del art. 4 de la Ley 12/2002, por la que se aprueba el concierto 
económico con la comunidad autónoma del País Vasco, así como la disposición final 
tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, y la disposición final vigésimo segunda de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones; (iii) el art. 6.3 incide en el mismo vicio de 
inconstitucionalidad  anulado  por  la  STC  33/2018;  y  iv)  el  art.  6.7  no  respeta  la 
competencia autonómica en materia de cooficialidad lingüística contemplada en el art. 6 
EAPV.
El  abogado  del  Estado  rechaza  las  vulneraciones  denunciadas  y  solicita  la 
desestimación íntegra del conflicto planteado, en los términos que se recogen en los 
antecedentes.
2.  Con  carácter  previo  al  examen  de  fondo  es  preciso  efectuar  una  serie  de 
consideraciones,  a  fin  de  delimitar  con  precisión  el  objeto  y  alcance  del  presente 
conflicto:
a)  La demanda se inicia con dos reproches de carácter genérico, que preceden al 
concreto  análisis  de  las  tachas  de  naturaleza  competencial  que  se  alegan  para 
fundamentar  el  conflicto.  Ambos  reproches  deben  ser  rechazados  por  carecer  de 
contenido competencial y por no figurar en el suplico de la demanda, que es donde se 
expresa la voluntad impugnatoria de los recurrentes.
Se afirma, en primer término, la concurrencia de un ultra vires del Real Decreto por 
exceso de desarrollo reglamentario de las previsiones del art. 20 LGSub; alegación que 
abarcaría  a  la  totalidad  de  la  norma,  que  no  va  acompañada  de  argumentación 
específica alguna, y que resulta en todo caso ajena a este proceso constitucional, en la 
medida en que lo que pretende es propiamente un control genérico de legalidad de la 
norma, que constituye competencia propia de los órganos de la jurisdicción ordinaria. En 
segundo término, se formulan determinadas críticas al contenido del preámbulo, que se 
concretan en lo que se considera una «incorrecta invocación y justificación en el derecho 
de la Unión» de la norma controvertida. A tal efecto, y como hemos tenido ocasión de 
señalar reiteradamente, las pretensiones de declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
de  párrafos  o  apartados  del  preámbulo  deben  ser  rechazadas  a  limine,  pues  los 
preámbulos o las exposiciones de motivos carecen de valor normativo y no pueden ser 
objeto  propio  de  un  proceso  competencial  (por  todas,  STC  131/2020,  de  22  de 
septiembre, FJ 6).
b)  La  impugnación  dirigida  contra  el  art.  3.1  in  fine,  se  contrae  con  carácter 
exclusivo al inciso referido a «órganos legislativos» autonómicos, habida cuenta de que 
el argumento que la sustenta es únicamente la inclusión de las asambleas o parlamentos 
autonómicos entre las entidades obligadas a suministrar información a la BDNS.
c)  Debe quedar excluida del presente conflicto la impugnación dirigida contra el 
art. 10.1 del Real Decreto, que se efectúa por conexión a lo dispuesto en el art. 3.1. Este 
art. 10.1 no fue incluido en el texto del requerimiento de incompetencia dirigido al 
Gobierno de la Nación por acuerdo del Gobierno Vasco de 28 de mayo de 2019.
De conformidad con una jurisprudencia constante de este tribunal, el art. 63.3 LOTC 
exige que el requerimiento de incompetencia especifique con claridad los preceptos de la 
disposición o los puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia, así 
como las disposiciones legales o constitucionales de las que el vicio resulte. La finalidad  e
de esta exigencia es que el gobierno al que se imputa la extralimitación competencial  bo
pueda conocer la invasión denunciada y, en su caso, corregirla. Por eso, el art. 63.3  12ww
LpOreTcCep otobsli gnao  am eenntceinodneard qouse e enl  eclo rneflqicuteor icmoimenpteot epnrceivailo n [op osre  thoad apsla, nStTeCad 4o5 r/e2s0p1e5c, tod ed e5  ldoes 
mel acroznof,l iFctJo  2e na )r,e ala lcai óqnu eco sne  erle amrtit.e 1 0la. 1S.TC 100/2019, FJ 2]. En consecuencia, se inadmite
d)  Respecto del art. 5, el suplico de la demanda dirige el conflicto contra la totalidad 
del  precepto,  pero  el  texto  de  la  misma  únicamente  argumenta  su  reivindicación 
competencial respecto de su apartado 1, esto es, sobre el procedimiento previsto para el 
suministro de información a la BDNS a través del sistema que determine la Intervención 
General de la Administración General del Estado, sin que se haga mención al contenido 
de los restantes apartados. Se incumple así la carga argumental que resulta exigible a 
quien postula la declaración de inconstitucionalidad de un precepto, lo que determina 
que no proceda pronunciarse sobre los restantes apartados (por todas, STC 63/2018, 
de 7 de junio, FJ 4). Debe tenerse en cuenta, además, que si bien dicho precepto no 
aparece  tampoco  expresamente  mencionado  en  el  texto  del  requerimiento  de 
incompetencia dirigido al Gobierno de la Nación, cabe no obstante entender que es en el 
mismo en el que puede subsumirse la pretensión formulada en el requerimiento de 
incompetencia que, literalmente, solicita la «incorporación de una mención expresa a que 
los términos del suministro de información sobre ayudas desde Euskadi al Estado se 
concretarán en el marco de una comisión mixta del concierto o en la correspondiente 
comisión bilateral».
e)  Finalmente, en relación con el art. 6.3, y en términos análogos a los que acaban 
de señalarse en el apartado c), la voluntad impugnatoria, concretada en el requerimiento 
de  incompetencia  formulado  por  el  Gobierno  Vasco  y  reiterada  en  el  texto  de  la 
demanda, se limita al inciso final del precepto «y con antelación suficiente para que los 
interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido»; y es por 
tanto a este al que deberá contraerse nuestro pronunciamiento.
En consecuencia el presente conflicto ha de entenderse planteado en relación a lo 
dispuesto en el art. 3.1 in fine, en la mención que realiza a los órganos legislativos 
autonómicos; art. 5.1; art. 6.3, inciso final, y art. 6.7 del Real Decreto 130/2019. Los 
preceptos impugnados disponen literalmente lo siguiente:
«Artículo 3.  Ámbito subjetivo de la BDNS.
1.  […]
La BDNS recogerá igualmente la información que suministren, según lo previsto en 
este real decreto, los órganos constitucionales del Estado, los órganos legislativos y de 
control autonómicos y demás órganos y entidades de derecho público.»
«Artículo 5.  Procedimiento para el suministro de información.
1.  El suministro de información se realizará a través del sistema de información que 
determine  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  utilizando  un 
certificado electrónico reconocido de acuerdo con lo previsto en la normativa europea y 
española  en  materia  de  identificación  electrónica  y  servicios  de  confianza  para  las 
transacciones electrónicas, y de acuerdo con las especificaciones y formato que se 
establezcan en cumplimiento de lo previsto en este real decreto, en colaboración, en 
todo caso, con las Administraciones Públicas y entidades afectadas.»
«Artículo 6.  Tramitación de la convocatoria. […]
3.  En aquellos casos en que las comunidades autónomas opten por prescindir de la 
intermediación de la BDNS para la publicación en su diario oficial, únicamente se deberá 
registrar la información a incluir en la BDNS acompañada del texto de la convocatoria,  s
una  vez  que  esta  haya  sido  aprobada  y  con  antelación  suficiente  para  que  los  oe.
interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido. […] w.
7.  A efectos de permitir su tratamiento homogéneo y su consulta por todos los  12ww
ecilu tdítaudloa nyo esl,  tleax itnof odrem laac cióonn vao cinactlouriira e yn  dlae  BsuDsN eSx tsrea cctousm speli mpeondtraárná  reenm citair,s taedlleamnoá,s s di eb ieenn 
castellano, también en otra lengua cooficial.»
3.  Con el fin de situar en su contexto la norma aquí controvertida, conviene recordar 
que el Real Decreto 130/2019 viene a regular la base de datos nacional de subvenciones 
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, en desarrollo de las 
previsiones contenidas en el art. 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y en la normativa europea en materia de ayudas de 
Estado y ayudas de mínimis. El reglamento de la Ley general de subvenciones fue 
inicialmente aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, regulación que ha sido 
parcialmente sustituida por la disposición que ahora se examina.
En  el  preámbulo  de  la  norma  se  afirma  que  el  modelo  de  publicidad  de  las 
subvenciones y ayudas públicas se ha instrumentado a través de la BDNS para dar 
respuesta a una doble finalidad: mostrar a través de un único punto de información la 
totalidad  de  las  subvenciones  y  ayudas  públicas  concedidas  por  todas  las 
administraciones públicas y reforzar la integridad del contenido de la base de datos. Los 
objetivos que se pretenden lograr con el rediseño de la BDNS se citan también en el 
preámbulo  del  Real  Decreto:  1)  Poner  en  común  en  un  único  punto  todas  las 
convocatorias de subvenciones y ayudas públicas cuyo plazo de solicitud esté abierto 
para  cada  momento  determinado,  permitiendo  su  consulta  a  todos  los  posibles 
interesados; 2) Extender su ámbito objetivo a todo tipo de ayudas, avanzando más allá 
del contenido anterior centrado fundamentalmente en las subvenciones; 3) Extender el 
ámbito subjetivo de la base a todas las administraciones públicas y a sus entidades 
vinculadas o dependientes, sea cual sea su naturaleza, pública o privada, siempre que 
concedan subvenciones o ayudas públicas. Además, a partir de la generalización de los 
principios  recogidos  en  las  leyes  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público, se extiende el deber de publicidad de la BDNS a 
todas las subvenciones y ayudas que concedan los órganos constitucionales del Estado, 
los órganos legislativos y de control autonómicos y demás instituciones de derecho 
público; 4) Dar respuesta a los requerimientos de información establecidos por la Unión 
Europea  en  materia  de  ayudas  de  estado;  y  5)  Servir  como  instrumento  para  la 
planificación de las políticas públicas, para la mejora de la gestión y para la lucha contra 
el fraude.
El Real Decreto, en su disposición final segunda, señala que el mismo se dicta al 
amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13, 14 y 18 CE, salvo el apartado 2 del art. 6; el 
apartado 5 del art. 10 y el art.11.
4.  El  examen  de  fondo  del  presente  conflicto  exige  comenzar  con  una 
referencia general al encuadramiento competencial de la materia regulada, a partir 
de la mención que efectúa la ya citada disposición final segunda del propio Real 
Decreto, donde se afirma que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
art. 149.1. 13, 14 y 18 CE. Si bien en el texto de la demanda no entra a examinar 
esa  delimitación  competencial,  sí  lo  hace  el  abogado  del  Estado,  cuyas 
afirmaciones  en  este  punto  pueden  suscribirse,  cuando  señala  que,  de 
conformidad con la doctrina constitucional, el título competencial prevalente que 
ampara la regulación que realiza el Real Decreto controvertido, es el atribuido al 
Estado en el art. 149.1.18 CE.
Así se afirma en la STC 33/2018, de 12 de abril, que tuvo ocasión de pronunciarse 
sobre  las  modificaciones  introducidas  en  la  Ley  general  de  subvenciones  por  la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas  e.
de reforma administrativa, y, en concreto, sobre la regulación que el art. 20 de dicha ley  w.b
efectúa de la BDNS, y que el Real Decreto hoy controvertido viene a desarrollar. Afirma  12ww
lrae lasetivnotesn cai al aqsu es u«bevl egnecnioénriecso  dgeebsteior ndaed caosm puonri claar  cao umnu nóirdgaadn oa udteól nEosmtaad o[… ci]e retnocsu deanttoras 
pseerrvfeiccitoo  aacl omciuoddaod eann oe l idmepbueers gtoesn epraolr  dee l coaortr.d in1a0c3i.ó1n  eCnEtr ey ,a ddmeisndisetr alcai onpeesr syp eecnti veal 
estrictamente competencial, en el título del art. 149.1.18 CE, de acuerdo con lo razonado 
en las SSTC 99/2012, FJ 8, y 103/2013, FJ 6» (FJ 9).
Reitera más adelante el mismo fundamento jurídico 9, que «el establecimiento 
de la obligación de las comunidades autónomas y resto de administraciones u 
organismos sujetos a la Ley general de subvenciones de comunicar al Estado las 
convocatorias  de  subvenciones  y  demás  datos  mencionados  en  el  art.  20, 
apartados segundo y octavo, de la Ley general de subvenciones […] encaja con 
naturalidad y sin esfuerzo en la doctrina general comentada. Se trata solamente, 
como dice el art. 20.8 de la Ley general de subvenciones, de instituir un "sistema 
nacional de publicidad de las subvenciones" […] para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y 
para contribuir a los principios de publicidad y transparencia", algo para lo que el 
Estado tiene competencia al amparo del art. 149.1.18 CE».
El Real Decreto que se examina, en la medida en que constituye una norma de 
desarrollo de lo dispuesto en el citado art. 20 LGSub, participa de idéntica cobertura 
competencial, por lo que la competencia para dictarlo ha de encuadrarse en los títulos 
competenciales  que  ostentan,  respectivamente,  el  Estado  (art.  149.1.18  CE)  y  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (arts. 10, apartados 2, 4 y 6, y 15 EAPV), sobre 
cuyo  alcance  hemos  de  remitirnos,  con  carácter  general,  a  lo  señalado  en  las 
SSTC 132/2018, de 13 de diciembre, FJ 4, y 55/2018, de 24 de mayo, FJ 4.
Delimitados así los términos generales de la controversia competencial, procede 
entrar en el examen de los concretos preceptos sobre los que se ha trabado el conflicto, 
siguiendo para ello el orden lógico de la propia norma controvertida.
5.  El conflicto se dirige en primer lugar contra el art. 3.1, en la medida en que 
dispone que la BDNS «recogerá la información que suministren, según lo previsto en 
este real decreto […] los órganos legislativos […] autonómicos». Se cuestiona por los 
recurrentes la inclusión del Parlamento vasco entre los órganos o entidades obligados a 
suministrar información a la base de datos estatal.
La representación autonómica afirma que dicha previsión vulnera el principio de 
autonomía parlamentaria (art. 71.2 CE), la competencia del País Vasco para, mediante 
ley,  crear  y  organizar  su  propio  parlamento  (art.  15  EAPV)  y  las  competencias 
autonómicas en materia de autoorganización (art. 10.6 EAPV); e infringe lo dispuesto en 
el art. 20.4 LGSub y en la disposición adicional octava de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ambas de 
naturaleza básica. El abogado del Estado considera, por el contrario, que las asambleas 
legislativas  autonómicas  están  obligadas  a  suministrar  información  en  virtud  de  lo 
previsto en el art. 20.4 LGSub y en la Ley 19/2013, por lo que el precepto impugnado se 
limita a recoger esta obligación, sin perjudicar la autonomía organizativa y reglamentaria 
de la Cámara a la hora de cumplir con el suministro de información.
Sobre una cuestión análoga a la presente, planteada también por el Gobierno vasco, 
hemos tenido ocasión de pronunciarnos en la STC 100/2019, FJ 8 b), donde afirmamos, 
en referencia a las asambleas legislativas autonómicas, que «[e]l Estado cuenta con 
competencia ex art. 149.1.18 CE para establecer una regulación básica relativa a sujetos 
que no son administración pública en sentido clásico o formal, como las cámaras de 
comercio (STC 20/1988, de 18 de febrero, FJ 3), los colegios profesionales (por todas, 
STC 3/2013, de 17 de enero, FJ 5), las personificaciones instrumentales de Derecho 
privado vinculadas a un administración territorial [SSTC 54/2017, FJ 6, y 132/2018, 
FJ 10.a)] o los particulares que manejan fondos públicos (STC 130/2013, de 4 de junio,  e.
FFJJ 4 y 5). No obstante, en el caso de la actividad materialmente administrativa de los  w.b
citados órganos constitucionales, legislativos o de control, el Estado está obligado a  12ww
respAe tpaar rstuir  aduet oensoem reíac ocnooncsitmituiecniotnoa gl eon eesratal tudtea rlaia mcoemntpee rteecnocniao ceisdtaa»ta.l para establecer la
sreegnutelanccióian,  bdáossic ac ueens ltaio nmeast erdiaife, reesn cpiraedcaisso:  epxoarm  uinna r,l asdigou, iesni doa  lotr asveéñsa laddeo  eunn ala  ncoitramdaa 
reglamentaria como el real decreto, puede efectuarse una regulación como la enjuiciada;
es decir, someter a las asambleas legislativas autonómicas al deber de comunicación al 
registro estatal de las subvenciones y ayudas públicas que otorguen; y, en segundo 
lugar, si respeta la autonomía estatutariamente garantizada la previsión de que dicha 
comunicación  ha  de  seguir  el  cauce  «previsto  en  este  real  decreto»,  tal  y  como 
contempla el precepto enjuiciado.
De acuerdo con la citada STC 100/2019, FJ 8 b), «ninguna de las excepciones que 
ha llegado a justificar la doctrina constitucional (sistematizadas en las SSTC 45/2015, 
FJ 4, y 14/2018, de 20 de febrero, FJ 8) alcanza a que el Estado pueda regular mediante 
real decreto la actividad administrativa de los parlamentos territoriales, por más que el 
contenido material de la disciplina establecida pueda respetar la autonomía que tienen 
estatutariamente reconocida. De modo que la exigencia general de rango legal derivada 
de la función delimitadora propia de las bases, en conexión con el reconocimiento de la 
autonomía  parlamentaria  (arts.  15,  25  y  27  EAPV),  prohíbe  que  los  reglamentos 
estatales impongan a las cámaras autonómicas regulaciones como la enjuiciada».
En  consecuencia,  procede  declarar  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  del  inciso 
«legislativos y», del art. 3.1 in fine del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
6.  En relación con el art. 5.1 alega la representación autonómica que la imposición 
por real decreto de un estricto régimen de comunicación financiera desde la Comunidad 
Autónoma del País Vasco al Estado, infringe la naturaleza pactada de la forma en que ha 
de suministrarse la información financiera desde el País Vasco al Estado, vulnerando lo 
previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, en el desarrollo dado por 
el art. 4 de la Ley 12/2002, por la que se aprueba el concierto económico con la 
Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco;  así  como  señalado  en  las  normas  básicas 
contempladas  en  el  apartado  segundo  de  la  disposición  final  tercera  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en relación a 
su art. 9; y en la disposición adicional vigésima segunda de la LGSub.
El  abogado  del  Estado  considera  que  no  deriva  del  precepto  un  menoscabo 
competencial  efectivo  y  real,  por  lo  que  el  conflicto  tienen  un  carácter  meramente 
preventivo y cautelar; recuerda que la doctrina constitucional ha rechazado la necesidad 
de inclusión de cláusulas expresas de salvaguarda de las competencias estatales y 
autonómicas, y considera que el precepto no afecta al régimen foral, que únicamente 
prevé ese carácter paccionado en el ámbito tributario, sin que resulte extensivo a toda la 
actividad financiera pública.
Resulta  necesario,  en  primer  término  fijar  con  precisión  la  reivindicación 
competencial aquí planteada, pues si bien en el suplico de la demanda se solicita la 
declaración de inconstitucionalidad del art. 5 del Real Decreto, en el texto de la misma se 
argumenta exclusivamente en relación con lo señalado en el apartado 1 del precepto, a 
lo que cabe añadir que la reivindicación competencial se concreta en la demanda en los 
siguientes términos: «la garantía legal de la salvaguarda de la disposición adicional 
primera  de  la  Constitución  y,  por  ende,  del  concierto  económico,  debe  reflejarse 
mediante la inserción de una cláusula similar a la de la disposición final tercera de la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera»;  y  en  otro  pasaje  se  alude  a  que  «es  precisamente  la  ausencia  en  el 
reglamento de una previsión expresa para garantizar el carácter paccionado de la forma 
en que desde el País Vasco se remitirá la información financiera», lo que se invoca 
«como vulneración a los derechos históricos de los territorios forales consagrado en la 
disposición adicional primera de la Constitución».
La dicción literal de estos pasajes revela con claridad que la pretensión que se  e.
sustancia no es otra que la de inclusión en el texto del precepto de una cláusula expresa  w.b
de reconocimiento de las peculiaridades competenciales derivadas del régimen foral  12ww
Avaustócon,o meax;c eepsctoio neasn, dqou el a« daepclliacarec iólan  indceol nsptrietucceiopntoa liedna d edl et elarr itaoprliioc adceió nl ad eCl oamrt.u n5i ddaedl 
Rsuebavl eDnecciorenteos  eyn  ealy Puadíass V daescboe,r áto dean mveazrc qaursee e le snu munin isrétrgoi mdee nla  cinofnocremratacdióon  erenltareti vaam ab laass 
instituciones». Esta pretensión coincide, como ya se ha señalado, con la formulada en el 
requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno vasco.
Para  dar  respuesta  a  la  concreta  pretensión  planteada,  conviene  comenzar 
recordando que, de acuerdo con el art. 63.1 LOTC, «el órgano ejecutivo superior de una 
comunidad autónoma» podrá promover el conflicto de competencia cuando estime «que 
una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra comunidad o del 
estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los 
estatutos de autonomía o en las leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio 
ámbito». Recuerda la STC 100/2019, FJ 2 b), que «la doctrina constitucional es flexible a 
la hora de interpretar este precepto; admite que hay pretensión de incompetencia, no 
solo cuando el promotor del conflicto reclama para sí la competencia ejercida por otro, 
sino también cuando denuncia que el ejercicio de una competencia lesiona, perturba o 
desconoce el ámbito propio de atribuciones (STC 44/2007, de 1 de marzo, FJ 3). Ahora 
bien, el objeto de este proceso constitucional ha de ser, en todo caso, una pretensión o 
vicio competencial (STC 195/2001, FJ 3)».
No se dan en el presente caso ninguno de los dos presupuestos que configuran la 
naturaleza de este proceso, pues la Comunidad Autónoma del País Vasco no reivindica 
para sí la competencia para determinar la forma en que haya de efectuarse el suministro 
de información a la BDNS; y tampoco afirma con carácter positivo que la regulación que 
efectúa el art. 5.1 suponga un menoscabo efectivo y real de su ámbito competencial 
propio. La infracción constitucional que sustenta deriva únicamente de la omisión en este 
precepto de una cláusula expresa de salvaguarda de las competencias estatutarias 
derivadas del régimen foral vasco, en el desarrollo dado por la Ley que aprueba el 
concierto económico con el País Vasco.
Es por ello que para desestimar esta queja basta con la mención a la doctrina de la 
STC 32/2016, de 18 de febrero, FJ 9, en la que descartamos de plano una tacha similar, 
afirmando que «la queja, centrada en la falta de mención de la eventual normativa 
autonómica en esta materia, no puede ser estimada pues el hecho de que no se recoja 
en  el  precepto  una  cláusula  de  salvaguarda  como  la  reclamada  no  lo  vicia  de 
inconstitucionalidad dada la innecesariedad de la previsión expresa de este tipo de 
cláusulas».  Este  pronunciamiento  no  hace  sino  recoger  una  reiterada  y  constante 
jurisprudencia  constitucional  que  ha  venido  señalando  que  este  tipo  de  tacha  de 
inconstitucionalidad no puede ser estimada, pues resulta innecesaria, dado que «la 
ausencia de una reserva expresa de las competencias del Estado o de las Comunidades 
Autónomas no determina la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados» y que «la 
incorporación expresa de cláusulas de salvaguardia de competencias estatales no es 
exigible en términos constitucionales» (por todas, STC 228/2016, FJ 4).
Sentado lo anterior, no resulta ocioso, sin embargo, efectuar algunas precisiones 
adicionales.
En primer término, la disposición adicional vigésimo segunda de la LGSub afirma 
expresamente  que:  «En  virtud  de  su  régimen  foral,  la  aplicación  de  esta  ley  a  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco se realizará con respeto a lo establecido en su 
estatuto de autonomía y en la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local». Y en esta última norma se contiene 
una expresa garantía de respeto a las peculiaridades forales que, de conformidad con la 
disposición adicional primera de la Constitución y con el estatuto de autonomía, resultan 
de  aplicación  a  los  territorios  históricos  del  País  Vasco.  Esta  específica  previsión, 
contenida en la norma de rango legal que presta cobertura al desarrollo reglamentario  s
que  efectúa  el  Real  Decreto  130/2019,  garantiza  de  manera  expresa  y  de  forma  oe.
suficiente el respeto al régimen foral vasco que deriva de la disposición adicional primera  w.
del texto constitucional, haciendo innecesaria su inclusión reiterativa en el texto de la  12ww
presEenn tteé rnmoirnmoas  rseimglialamreesn,t alari aa.legada disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012,
sdeeñ a2l7a r dqeu ea, b«reil,n  dveir tueds tdaeb ilsidua rdé gpimreesnu pfoureasl,t alari aa pyl icsaocsiótenn aib illaid Cado mfiunnaindcaide rAa ustóen olimmaita d eal   BOE-A-cable e
País Vasco de lo dispuesto en esta ley, se entenderá sin perjuicio de los dispuesto en la 
Ley del concierto económico». Tampoco en este punto, y por las razones ya expuestas, 
puede aceptarse la pretensión autonómica, que se limita a solicitar la inclusión en el Real 
Decreto de una cláusula de salvaguarda, similar a la contenida en dicha ley, afirmando 
literalmente que: «la garantía del régimen foral deba reflejarse mediante la inserción de 
una cláusula similar a la de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
En segundo lugar, se alega la infracción de lo dispuesto en la Ley estatal 12/2002, 
por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. En relación con ello, y como ya señalamos en la STC 119/2016, FJ 3, «no puede 
fundarse la inconstitucionalidad de la norma impugnada, cual pretende el Gobierno 
vasco, en el hecho de que se haya omitido en la norma impugnada “una referencia que 
salvaguarda  las  particularidades  que  derivan  del  Concierto  Económico”,  pues  el 
pretendido vicio de la norma no puede fundarse, en modo alguno, en la existencia o no 
de esa referencia, sino en la obligación o no, en su caso, conforme a las normas que 
integran  el  bloque  de  constitucionalidad  [art.  28  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC)],  de  la  activación  de  los  correspondientes  mecanismos  de 
coordinación o cooperación».
Y esa activación de los mecanismos de cooperación se ha producido en el presente 
caso, y así lo reconoce la propia demanda, que acompaña una carta dirigida al servicio 
de  Intervención  de  la  Administración  vasca,  por  el  Interventor  General  de  la 
Administración del Estado, en la que llama a una reunión de la comisión mixta del 
concierto a fin de acordar los términos del suministro de datos por la Administración 
vasca a la base de datos nacional de subvenciones, y en la que se apela a la celebración 
de un acuerdo en la comisión mixta del concierto para la efectividad del suministro de 
información previsto en el Real Decreto 130/2019; lo que no cabe sino entender como un 
explícito reconocimiento del carácter pactado, en el seno de la citada comisión, del 
suministro de información que aquí se controvierte.
Procede, en consecuencia, rechazar la impugnación dirigida contra este precepto.
7.  El art. 6 regula la tramitación de la convocatoria de las ayudas y subvenciones, y, 
en su apartado 3 dispone que, para el supuesto de que las comunidades autónomas 
opten  por  prescindir  de  la  intermediación  de  la  BDNS  para  la  publicación  de  la 
convocatoria de las ayudas en su diario oficial, «únicamente se deberá registrar la 
información a incluir en la BDNS acompañada del texto de la convocatoria, una vez que 
ésta haya sido aprobada y con antelación suficiente para que los interesados puedan 
presentar sus solicitudes en el plazo establecido».
Afirma la demanda que el inciso final del precepto («y con antelación suficiente para 
que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido») es 
inconstitucional,  en  cuanto  supone  la  injerencia  del  Estado  en  un  procedimiento 
administrativo  de  competencia  de  la  comunidad  autónoma,  que  perturba  el 
funcionamiento  de  la  administración  convocante,  en  términos  ya  rechazados  en  la 
STC  33/2018,  ocasionando  un  retraso  en  la  publicidad  de  la  convocatoria  y  una 
subordinación y dependencia de la administración convocante a una actuación que ha de 
realizar el Estado. Afirma, pues, que el precepto excede de las competencias estatales 
que amparan el procedimiento subvencional común (STC 130/2013) y menoscaba las 
competencias  autonómicas,  creando  un  trámite  de  comunicación  en  procedimientos 
administrativos que es contrario a la reserva de ley exigida por el art. 2.2 LPACAP, con 
efectos determinantes en la validez del acto administrativo de convocatoria. e.
El abogado del Estado entiende, por el  contrario,  que el precepto viene a dar  w.b
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20.8 LGSub y a lo señalado en la parte expositiva  12ww
odbejle ptoro dpeio  qRueea ll aD eBcDreNtSo,  smirevad iadnete i nlast rpurmeveinstióon d dee  puunbalic iedxaigde necxi aa ndtee  my ínpiemrmosit,a  coan l oesl 
einl teinrteesraédso psú pbrleicsoe, nftaavro sruesc esro llaic ittruadnessp aerne necl ipal ayz ofa ecislittaabr leecl icdoon, ohcaimcieienndtoo  pdoes liab leg eassteiógnu rdaer 
los fondos públicos; y, finalmente, que el precepto se acomoda a lo señalado en la 
STC 33/2018.
Como ya se ha señalado, el fundamento jurídico 9 de la STC 33/2018 vino a 
confirmar la constitucionalidad de la obligación a las comunidades autónomas y resto de 
administraciones u organismos sujetos a la Ley general de subvenciones, de comunicar 
al Estado las convocatorias de subvenciones y demás datos mencionados en el art. 20, 
apartados segundo y octavo de la Ley general de subvenciones. El apartado 8 del art. 20 
de esta ley determina que la BDNS opera como un «sistema nacional de publicidad de 
las subvenciones», para «garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las 
subvenciones  convocadas  en  cada  momento  y  para  contribuir  a  los  principios  de 
publicidad  y  transparencia»,  a  cuyo  efecto,  y  según  dispone  su  apartado  a),  «las 
administraciones  concedentes  comunicarán  a  la  base  de  datos  nacional  de 
subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la base de 
datos».
El objeto de esta comunicación es garantizar la publicidad y transparencia de las 
ayudas que se concedan por todos los organismos públicos obligados, con la finalidad 
de facilitar el conocimiento y acceso a las mismas, en condiciones de igualdad, de 
cualesquiera interesados en todo el territorio nacional, permitiéndoles presentar sus 
solicitudes dentro del plazo establecido. Así se señala también en el preámbulo del Real 
Decreto  130/2019,  al  afirmar  unos  de  los  objetivos  que  se  pretende  lograr  con  el 
rediseño de la BDNS es: «1. Poner en común en un único punto todas las convocatorias 
cuyo plazo de solicitud esté abierto para cada momento determinado, permitiendo su 
consulta a todos los posibles interesados».
En el presente caso, el adecuado cumplimiento del objetivo previsto en la norma, 
esto es, la garantía del conocimiento generalizado de la convocatoria, justifica que su 
publicación en la base estatal se produzca con un margen temporal suficiente para 
permitir a todos los interesados el acceso y conocimiento de la misma. Es esta una 
previsión de mínimos que, en los términos señalados en la STC 33/2018, FJ 11, no 
«condiciona en exceso» ni llega a «paralizar» el ejercicio de la acción administrativa 
autonómica para la regulación en detalle de este procedimiento especial.
La propia STC 33/2018 viene a reconocer expresamente la constitucionalidad de la 
regulación  contenida  en  el  inciso  impugnado,  afirmando  que  «la  competencia  para 
establecer  las  normas  de  procedimiento  administrativo  común  del  art.  149.1.18  CE 
comprende la de “señalar los requisitos de validez y eficacia” de los actos administrativos 
(STC 227/1988, FJ 32, de constante referencia y otras muchas posteriores en el mismo 
sentido antes citadas). Comunicada la convocatoria, una vez aprobada y con antelación 
suficiente para su resolución, como exige el principio de lealtad constitucional al que 
constantemente  alude  este  tribunal  como  “soporte  esencial  del  funcionamiento  del 
Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada” [así, entre otras, STC 215/2014, 
de 18 de diciembre, FJ 4 A) y las allí citadas], es ya responsabilidad del Estado y de la 
base de datos nacional de subvenciones, en aplicación del mismo principio, asegurar su 
publicidad general».
En virtud de lo expuesto, se rechaza la inconstitucionalidad del art. 6.3 del Real 
Decreto, en el inciso objeto de la presente impugnación.
8.  La última de las impugnaciones formuladas se dirige contra el art. 6.7, en el que 
se contempla que la información a incluir en la BDNS «se cumplimentará en castellano, 
si bien el título y el texto de la convocatoria y sus extractos se podrán remitir, además de 
en castellano, también en otra lengua cooficial». e.
Considera la demanda que el precepto vulnera lo dispuesto en el art. 6 EAPV e  w.b
infringe lo señalado en el art. 15.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), en  12ww
rceusaunlttaod noo  dgea rlaan atizcativ eidl adde baedrm dien isdtirsaptoivnaib vilaidsacda .l inRgeücíuseticrdaa e qnu aem lbaa dso lcetnrignuaa sc oonfisctiiatulecsio dneall 
(uSsSarT Cam 8b8a/2s0 1le7n yg u3a1s/ 2e0n1 0s, uFsJ  r2e2la) chioan veesn icdoon a  laresc oinnsotictuecr ieoln deesr epcúhboli cdaes ,lo ys  ceilu dcaodrraenlaotsiv ao 
deber de los poderes públicos de hacer efectivo ese derecho; y, en el presente caso, ello
se traduce en el derecho de los ciudadanos situados en el territorio vasco a acceder en 
las lenguas que son oficiales en su territorio, a la actividad administrativa generada por 
los poderes públicos autonómicos, aun cuando dicha actividad se concrete en una 
información emanada de un órgano estatal, y con exclusivas funciones de estadística y 
publicidad.
El abogado del Estado sostiene, de contrario, que el precepto contempla un sistema 
que garantiza los derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos, en la medida en que 
pone a su disposición el texto íntegro de la convocatoria en ambas lenguas oficiales, y 
así  se  puede  comprobar  en  el  portal  del  sistema  nacional  de  publicidad  de  las 
subvenciones  y  ayudas  públicas  (www.infosubvenciones.gob.es).  Añade  que,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  15.3  de  la  Ley  39/2015,  la  administración 
convocante debe registrar en la base el texto íntegro de la convocatoria en ambas 
lenguas, en cuyo caso, el sistema proporciona automáticamente la información en dichas 
lenguas, siendo pues la propia administración convocante la responsable de garantizar el 
derecho de opción lingüística. Y si la administración convocante, conforme a lo señalado 
en el art. 6.7 opta por registrar el título de la convocatoria en español y en la lengua 
cooficial, el sistema publica esta información en ambas lenguas para facilitar la búsqueda 
a los ciudadanos en ambas lenguas.
El art. 6.7 del Real Decreto contempla expresamente que tanto el título como el texto 
de la convocatoria puedan remitirse a la base estatal, además de en castellano, en la 
otra lengua que sea oficial en la comunidad autónoma respectiva, previsión que se 
acomoda a lo dispuesto con carácter general en el art. 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas («La 
administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos o partes 
de los mismos que deba surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma»).
Cumplido lo anterior, la garantía del derecho de disponibilidad lingüística ha de 
permitir el acceso de los ciudadanos a esa información tanto en castellano como en la 
lengua que sea oficial en su respectivo territorio, posibilidad esta que el precepto no 
recoge expresamente pero tampoco excluye.
De  acuerdo  con  la  doctrina  de  este  tribunal,  «es  necesario  apurar  todas  las 
posibilidades de interpretar los preceptos de conformidad con la Constitución y declarar 
tan  solo  la  inconstitucionalidad  de  aquellos  cuya  incompatibilidad  con  ella  resulte 
indudable por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación» [SSTC 14/2015, de 5 de 
febrero, FJ 5; 17/2016, de 4 de febrero, FJ 4; 118/2016, de 23 de junio, FJ 3 d); 26/2017, 
de 16 de febrero, FJ 6; 62/2017, de 25 de mayo, FJ 4, y 116/2017, de 19 de octubre, 
FJ 3]. En el presente supuesto, cabe sin duda una interpretación conforme del art. 6.7, 
que  permite  entender  que  la  previsión  contenida  en  el  mismo  tiene  por  objeto, 
precisamente, hacer posible el acceso a la información en la lengua que, junto con el 
castellano, sea oficial en el respectivo territorio.
Esa interpretación resulta deducible «de forma natural y no forzada, de la disposición 
impugnada» (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 7), si se toma en consideración que, 
en la práctica, ha venido a hacerse efectiva a través del sistema digital de consulta a que 
hace referencia explícita el abogado del Estado, pues el portal del sistema nacional de 
publicidad de las subvenciones y ayudas públicas, permite a todos los ciudadanos el 
acceso y consulta de las convocatorias en cualquiera de las lenguas que son oficiales en 
los respectivos territorios. El derecho de opción lingüística ha quedado así efectivamente 
garantizado,  sin  que  se  produzca  la  alegada  vulneración  de  las  competencias 
autonómicas previstas en el art. 6 EAPV. s
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Consejo 
de  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  contra  el  Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la base de datos nacional de 
subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y, en 
consecuencia, declarar que:
1.º  El inciso «legislativos y», del art. 3.1 in fine, es inconstitucional y nulo.
2.   Desestimar el conflicto en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido 
Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.