BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 196 Martes 17 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 100917
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
13980 Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea Covid de 
ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo  a  la  solvencia  empresarial  en  respuesta  a  la  pandemia  de  la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 
del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias,  la  concesión  de  la  «Línea  Covid  de  ayudas  directas  a 
personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, 
ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.
A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de 
sucesivas  disposiciones  normativas,  fundamentalmente  dirigidos  a  paliar  las 
consecuencias y efectos negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la 
pandemia y las medidas adoptadas para contenerla.
En el transcurso de este año, ha resultado evidente que las medidas de contención 
adoptadas  han  tenido  un  impacto  económico  y  social  muy  relevante,  ya  que  han 
supuesto reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la 
movilidad  y  paralizando  la  actividad  en  numerosos  ámbitos,  con  las  consiguientes 
pérdidas de rentas para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y 
sectores de la economía española.
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de 
Canarias ha venido acordando el establecimiento y actualización de medidas urgentes 
de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dirigidas a controlar la dispersión 
del virus en un momento crucial para preservar, tanto la salud de las personas, como la 
actividad  económica  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  aras  de  evitar  medidas  más 
drásticas como un confinamiento total de la población.
La pandemia de la COVID-19 ha provocado una reducción significativa de los ingresos  e.
de muchas empresas no financieras (en adelante, empresas) y personas autónomas. Con  w.b
el fin de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, la  980ww
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minimizar el impacto y lograr, lo antes posible, una recuperación de la actividad.
El  Decreto  ley  4/2020,  de  2  de  abril,  de  medidas  extraordinarias  de  carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 
COVID-19 (derogado por la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias 
de  carácter  económico,  financieras,  fiscal  y  administrativas  para  afrontar  la  crisis 
provocada por el COVID-19) contempló una primera medida de apoyo a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, residentes en Canarias, que hubieran 
cesado  obligatoriamente  en  su  actividad  por  motivo  de  la  declaración  de  alarma 
sanitaria, dotada inicialmente con 11.000.000 de euros. La modificación de la citada 
norma, operada por el Decreto ley 10/2020, de 11 de junio, ya previó la puesta en 
marcha de dos programas de subvenciones en el ámbito del empleo, el primero dirigido 
a  incentivar  a  las  personas  físicas  y/o  jurídicas,  que  mejoren  las  condiciones 
contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), declarado como consecuencia de la crisis sanitaria, y un 
segundo programa destinado a incentivar la contratación de personas desempleadas, 
por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar, con una 
dotación global inicial para ambas líneas de seiscientos mil euros.
El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias –también conocido como 
Plan Reactiva Canarias–, marco de referencia de las medidas, fue aprobado por el 
Parlamento de Canarias el 22 de octubre de 2020. La Prioridad Estratégica 5 del Plan, 
relativa al impulso de la actividad económica, recoge una serie de actuaciones que se 
articulan en dos grandes líneas o ejes: uno, en el que se incluyen actuaciones de 
naturaleza  general,  orientadas  al  conjunto  de  la  economía;  y  otro,  con  medidas 
debidamente sectorizadas, entre las que cabe destacar las destinadas al impulso de 
líneas de financiación de tesorería y circulante para las pymes; así como las consistentes 
en ayudas a fondo perdido, es decir, a modo de subvenciones, para compensar a las 
empresas y personas trabajadoras autónomas los gastos que hayan tenido que seguir 
atendiendo pese a la nula o reducida actividad de sus empresas y comercios, de manera 
que, asimismo, se fomente el impulso de nuevos proyectos que contribuyan a reactivar la 
economía del archipiélago.
Así, en un primer momento, mediante Orden de 27 de noviembre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos de 
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de Canarias obligadas a la 
suspensión o cierre total de la actividad derivados de las medidas acordadas por el 
Gobierno  de  Canarias  como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  generada  por  la 
propagación de la COVID-19 y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020. Fue 
destinatario de esta actuación el sector del ocio nocturno, uno de los más afectados por 
las medidas de contención frente a la COVID-19.
La duración de la crisis económica y empresarial generada en Canarias por la pandemia 
de la COVID-19 está siendo mayor de lo inicialmente previsto. El impacto derivado de la 
reducción del nivel de ingresos y facturación de empresas y personas autónomas y la falta 
de liquidez puede conducirlas a una situación de riesgo de solvencia a corto y medio plazo y 
poner en peligro los puestos de trabajo. Por ello se diseñan y se ponen en marcha nuevas 
medidas de ayuda directa tanto para las personas trabajadoras autónomas como para las 
pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
Estas  nuevas  medidas  se  materializan  mediante  la  aprobación  por  parte  del 
Gobierno del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  dirigidas  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas  s
trabajadoras  autónomas  y  pequeñas  y  medianas  empresas,  de  los  sectores  más  oe.
afectados  por  la  crisis  derivada  de  la  COVID-19.  Se  establecieron  dos  líneas  de  w.
subvenciones:  la  primera,  destinada  al  mantenimiento  de  la  actividad  de  personas  980ww
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fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-EU).
Por su parte, doce días después, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
II
El objetivo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, es múltiple: proteger el 
tejido productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar 
la confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; 
evitar  un  impacto  negativo  estructural  que  lastre  la  recuperación  de  la  economía 
española; proteger el empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar 
de forma preventiva para evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas 
y los balances del sistema financiero. En línea con la actuación del Estado desde el inicio 
de la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de 
actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el coste 
público y privado de una acción reactiva.
El Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, crea una nueva «Línea 
Covid de ayudas directas a autónomos y empresas», para reducir el endeudamiento 
suscrito a partir de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea se canalizarán ayudas 
directas a las empresas no financieras y personas autónomas cuya actividad se ha visto 
más negativamente afectada por la pandemia por importe total de 7.000 millones de 
euros. Estas ayudas directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer la 
deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, 
así  como  los  costes  fijos  incurridos  por  las  personas  autónomas  y  empresas 
considerados elegibles, por ejemplo, relativos al suministro de energía y al coste de 
cambio de potencia, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, 
siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y 
procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Este Real Decreto-ley encomienda a las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla la realización de las correspondientes convocatorias para la concesión de 
las  ayudas  directas  a  los  destinatarios  ubicados  en  sus  territorios,  así  como  la 
tramitación,  gestión  y  resolución  de  las  solicitudes,  el  abono  de  las  ayudas  y  los 
controles previos y posteriores al pago.
Además, determina que tanto Canarias como Baleares, gozarán de un mayor nivel 
de autonomía en la determinación de los máximos de las cuantías de la subvención.
A modo de ejemplo, frente a los porcentajes máximos de ayuda establecidos en el 
artículo 3.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, del 40 % de la caída del 
volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019, en caso de empresarios 
y profesionales en régimen de estimación directa y demás entidades que tengan un 
máximo de diez empleados, y del 20 % para entidades y empresarios o profesionales 
que tengan más de diez empleados-, se establecen, en el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma, los porcentajes del 100 % para empresas con hasta 10 personas empleadas, 
del 90 % para empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y el 80 % 
para las empresas con 50 o más personas empleadas, modificaciones al alza de los 
porcentajes que tiene su fundamento en el artículo 3.2.d) del Real Decreto-ley 5/2021,  s
de 12 de marzo. e.
También se modifican las cuantías máximas en caso de empresas, profesionales y  w.
demás entidades que tributan en régimen de estimación directa, que será de 500.000  980ww
eduer o1s.8 0p0a.r0a0 0b eenuerofisc,i asrii acsu eqnutea n ccuoenn tmená sc doen  1u0n  ym máexnimoos  ddee  5100 p epresrosnoansa se mepmlepaledaadsa; sy; 
de 5.000.000 de euros para las empresas con 50 o más personas empleadas.
En virtud de la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los 
aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia  de  la  COVID-19,  se  determina  que  Canarias  contará  con  una  dotación 
de 1.144 millones de euros, la mayor dotación de todas las Comunidades Autónomas. 
Esta dotación responde a la mayor afectación de la crisis en nuestra región, tal y como 
se pone de manifiesto en la estimación de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) 
durante el 2020 realizada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de la 
Contabilidad Trimestral del cuarto trimestre de 2020. Según esta primera estimación, el 
PIB se redujo en Canarias en 2020 un –20,1 %, frente al –11,0 % de la media nacional, 
debido a una mayor repercusión de la crisis del COVID-19 sobre la actividad productiva, 
y en concreto la actividad turística, principal motor de la economía del Archipiélago. Este 
diferencial  se  mantiene  en  el  PIB  generado  por  la  economía  canaria  en  el  primer 
trimestre de 2021, donde se vuelve a registrar una caída interanual del 14,1 %, 9,8 
puntos porcentuales peor que el registrado por la economía nacional.
En  la  comparativa  regional,  Canarias  es  la  Comunidad  Autónoma,  junto  con 
Baleares, que muestra el mayor impacto del coronavirus en el mercado de trabajo. De 
hecho, con datos de febrero de 2021, Canarias es la Comunidad con mayor peso de las 
personas trabajadoras que no se encuentran trabajando, bien porque están en paro o 
bien porque están en ERTE.
Asimismo,  se  aprueba  la  Orden  HAC/348/2021,  de  12  de  abril,  por  la  que  se 
concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en 
aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, cuya finalidad es concretar las cuestiones necesarias en relación con 
los requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.
Posteriormente, se aprueba el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19, que modifica el citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, en su disposición final primera.
En concreto, en la citada disposición final primera del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de 
abril, se da nueva redacción al artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en el 
sentido de habilitar a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para que, 
dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan añadir al listado de 
sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID establecido en el anexo I 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, otros sectores adicionales que se hayan visto 
particularmente afectados en el ámbito de su territorio.
Igualmente, de manera excepcional las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un 
resultado negativo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, o haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o 
del  Impuesto  de  la  Renta  de  no  Residentes  como  consecuencia  de  circunstancias 
excepcionales.
Canarias, en uso de esas habilitaciones, amplía el destino de las ayudas a todos los 
sectores económicos que operan en nuestras islas (excepto las empresas financieras), 
dada la ultra-dependencia del tejido productivo canario del sector turístico y su práctica  s
paralización durante todo este período de pandemia. El sector turístico en Canarias es el  oe.
motor  de  nuestra  actividad  económica,  siendo  la  actividad  productiva  con  mayor  w.
participación en el producto interior bruto (PIB) regional (el 35 %) y la que más puestos  980ww
addee tmraábsa juon d iimrepcatocsto  gmeunye rfau e(ertle 4 e0n  %el  drees tloo sd ee msepcletoorse sto ota lseusb sdeecl tAorrecsh ipeicéolangóom),ic toesn,i etanldeos 
como el resto del sector servicios, el comercio, la construcción, etc.
La caída interanual del PIB del 20,2 % registrada en Canarias en el último trimestre 
de 2020 tiene reflejo en todos los sectores económicos, salvo en el sector primario, 
destacando  el  sector  servicios  con  una  reducción  del  –23,8  %,  siguiéndole  la 
construcción (–12,6 %) y la industria (–7,6 %), mientras que el sector primario crece 
un 3,8 % (datos del ISTAC a partir de la Contabilidad Trimestral). Nuevamente en el 
primer trimestre de 2021 se vuelve a producir una caída interanual del PIB cifrada en 
un 14,1 %, afectando especialmente al sector servicios con una reducción del 17,6 %, 
seguido de la construcción (–12,6 %) y la industria (–8,9 %), mientras que el sector 
primario crece un 2,5 %.
El  sector  primario,  como  sector  esencial  para  garantizar  la  disponibilidad  de 
alimentos, no ha visto interrumpida su actividad, pero ha sido profundamente afectado en 
sus ingresos por la pandemia, a causa de las alteraciones que se han producido en el 
mercado. El cierre de la actividad turística en los peores momentos de esta crisis y su 
posterior limitación han reducido muy considerablemente la demanda del mercado local. 
El subsector más afectado en términos relativos ha sido, sin duda, el de flor y planta 
ornamental, que con el cierre de floristerías, hoteles y las fuertes limitaciones a las 
celebraciones ha visto prácticamente interrumpida la comercialización de sus productos 
durante los peores momentos de la pandemia. Otro ejemplo es el subsector vitivinícola, 
que ha visto radicalmente disminuido su volumen de ventas, o el ganadero con una 
disminución en el volumen de sacrificio y en precios. En consecuencia, a pesar de que la 
población canaria ha continuado consumiendo alimentos, un número significativo de 
agricultores, ganaderos y pescadores dependientes del consumo en la hostelería y el 
turismo han experimentado también importantes pérdidas, a las que se añaden las 
distorsiones producidas en los mercados por la caída de la capacidad adquisitiva de los 
consumidores y el desvío del consumo hacia productos menos perecederos.
Las  tablas  Input-Output  muestran  una  descripción  del  proceso  productivo  y  del 
equilibrio  recursos-empleos  de  la  economía  por  productos  y  ramas  de  actividad, 
midiendo la producción, consumos intermedios, valor añadido bruto, etc. En el caso de 
Canarias muestran una importantísima dependencia de nuestra economía del sector 
turístico desde el punto de vista de la oferta y la demanda, tanto directa como indirecta. 
El  ISTAC  ha  facilitado  datos  sobre  la  importancia  del  sector  hostelero  para  otras 
actividades económicas mediante la compra de productos o servicios intermedios: por 
ejemplo, el sector hostelero absorbe el 62 % de la producción canaria de productos de la 
pesca, el 38 % de la producción interior de bebidas, el 22 % de servicios recreativos, 
culturales y deportivos, el 20 % de los productos agroalimentarios, el 14 % de servicios 
de trabajo temporal, etc.
No debe perderse la perspectiva de que no estamos ante una crisis económica 
convencional, ya que nos enfrentamos a una drástica y cambiante caída de la demanda, 
como consecuencia de la crisis sanitaria y sus implicaciones en el ámbito normativo y de 
salud pública, por lo que ha de seguirse ahondando en el desarrollo de medidas que 
coadyuven a paliar los devastadores efectos de la crisis, especialmente en un territorio, 
como el nuestro, con una economía altamente dependiente del sector turístico.
La especialización productiva de Canarias en el sector más afectado por la crisis, 
como es el turismo, con un descenso en la entrada de turistas en el conjunto del 
año 2020 cercano al –70 % (10,5 millones de turistas menos), con sus importantes 
sinergias sobre el resto de la economía, está provocando que nuestro Archipiélago sea 
una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis sanitaria. Ello se refleja 
en el hecho de que Canarias muestre, en general, los resultados más negativos de los  s
principales indicadores económicos del conjunto nacional. oe.
Así, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más desciende a final del año 2020 la  w.
afiliación y más se incrementa el paro registrado y la que cuenta con un mayor porcentaje  980ww
Cdeo mpeurnsiodnaads d toranbdaej amdoársa ds eesnc iEenRdTeE e sl ocbornes eulm toot aal  dteen olar  adfeilli accoiómnp. oArstaí mmiiesnmtoo ,d Cela cnoamriaesr ceios  alal 
pdoers cmieenndoer e ly n úlam emroa tdriecu elamcpiórens adse  intuscrirsitmaso se.n  Alad eSmegáusr,i deand  Snouceisatlr.as islas es donde más  BOE-A-cable e
De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
el  número  de  expedientes  de  regulación  temporal  de  empleo  (ERTE)  ascendió  en 
Canarias a fecha de 30 de abril de 2021 a 12.484 y el número de personas trabajadoras 
afectadas a 84.531.
Según el Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), los 
ERTE acumulados desde inicio de la pandemia hasta final de 2020 alcanza las 31.364 
solicitudes  que  han  afectado  a  226.506  personas  trabajadoras  en  Canarias.  Estos 
ERTES pertenecen a empresas que abarcan todos los sectores de actividad productiva 
del archipiélago.
No puede obviarse, en el momento actual, la condición de Canarias como Región 
Ultraperiférica (RUP). Desde que España se integró en la UE, en 1986, el Archipiélago 
canario  ha  tenido  un  tratamiento  diferenciado  que  ha  ido  evolucionado  hasta  la 
actualidad, permitiendo afianzar las garantías jurídicas que reconocen las singularidades 
canarias en el contexto de la Unión Europea. La incorporación del artículo 299.2 en el 
Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999, supone, por primera vez, el 
reconocimiento de la ultraperificidad por el Derecho Primario y se consolida en favor de 
las RUP una base jurídica sólida y estable para el establecimiento de un tratamiento 
diferenciado en su favor. El Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (Tratado de 
Lisboa, 2007) sigue reconociendo a las RUP como regiones plenamente europeas, 
consolidando la base jurídica del artículo 299.2 del TCE en tres preceptos que están 
recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE: artículos 107, 35, 349, y 355.
Canarias  se  enfrenta  a  dificultades  persistentes  y  combinadas  que  lastran  su 
desarrollo  socioeconómico:  gran  lejanía,  insularidad,  reducida  superficie,  compleja 
orografía  y  dependencia  económica  de  un  reducido  número  de  productos.  Lo  que 
singulariza a las RUP frente a otras regiones europeas con dificultades específicas, es 
que en las RUP todos estos factores coinciden al mismo tiempo en un solo territorio y 
afecta a todos los agentes económicos por igual.
Por tanto, en Canarias la afectación de esta crisis económica y sanitaria agrava sus 
dificultades estructurales como RUP, por lo que requiere un tratamiento diferenciado que 
permita compensar los desequilibrios frente al resto del territorio nacional.
El criterio principal de elegibilidad de las empresas beneficiarias del sistema de 
ayudas del presente Decreto ley previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, es que su volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019. La aplicación de dicho 
criterio opera como filtro se selección de aquellas empresas más dañadas por el efecto 
de la pandemia, independientemente de su sector de actividad.
Por tanto, las razones expuestas justifican la ampliación de estas ayudas directas a 
todos los sectores productivos que operan en Canarias.
Asimismo Canarias, en virtud de la nueva redacción dada al artículo 3 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, por el Real Decreto-ley 6/2021, de 6 de abril, en su 
disposición final primera, permite el acceso a estas ayudas a aquellas empresas con 
resultados netos negativos en sus declaraciones de impuestos de 2019, siempre y 
cuando el solicitante acredite circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 que 
hayan  provocado  dichos  resultados  negativos.  Dichas  circunstancias  podrá  ser 
justificadas  por  impedimentos  o  limitaciones  de  la  actividad  normal  por  causas 
extraordinarias, tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o  s
instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad habitual de la  oe.
empresa y quiebra de turoperadores de las cuales se tenga constancia oficial en la  w.
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 980ww
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medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19. En el mismo se articula la necesaria colaboración entre las Administraciones 
públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones 
Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes a la financiación por el Gobierno 
de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias 
realizadas y los resultados de las mismas. La inscripción del Convenio con fecha 12 de 
mayo de 2021, abre el plazo de 10 días para que el Ministerio de Hacienda transfiera 
los 1.144.262.080,00 euros a la Comunidad autónoma.
Mediante la aprobación del presente Decreto ley se cumple el mandato otorgado a 
las comunidades autónomas por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 y se pone en marcha este sistema de ayudas directas, con una dotación 
de 1.144 millones de euros financiados por el Gobierno de España, con carácter urgente 
y extraordinario, que beneficie a las personas autónomas y empresas de Canarias, y 
ponderando el nivel de intensidad de la ayuda en función del tamaño de las empresas y 
de la caída del volumen de operaciones sufrida.
Nunca se había puesto en funcionamiento un línea de ayudas al tejido empresarial 
canario por una cuantía como la actual, y se espera que gracias a ella las empresas 
canarias puedan resolver sus problemas de solvencia generados por la crisis pandémica 
y pueda reactivar su actividad, tan importante para la generación de empleo en las islas.
III
El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  dispone  que,  en  caso  de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de decretos-leyes.
Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que  legitiman  el  empleo  de  esta  medida  legislativa  aprobada  por  el  Gobierno:  la 
extraordinaria y urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que 
ha determinado la declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el 
artículo 116 de la Constitución.
La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las 
medidas de ayuda establecidas en el presente Decreto ley viene constituida por la 
situación que atraviesan las personas trabajadoras autónomas y empresas a las que se 
destinan dichas medidas; situación que, en bastantes casos es grave, debido a la 
prolongación de los efectos de la pandemia y que se manifiesta en pérdida importante de 
ingresos, así como graves problemas de liquidez.
El Decreto ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como  un  instrumento  estatutariamente  válido  y  lícito,  siempre  que,  tal  como 
reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, 
F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 189/2005, de 7 julio, 
F. 3; 68/2007, de 28 de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los 
objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime  s
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. e.
Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se  w.
incluyen este Decreto ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde  980ww
aesl tGa odbeiecrinsoió n(S, SsTinC  d6u1d/2a0, 1s8u, pdoen e7  udnea j uonriod,e nFaJc 4ió; n1 4d2e/ 2p0r1io4r, iddaed 1e1s  dpeo lsíteicpatsie mdeb rea,c FtuJa c3i)ó ny 
(aSteTnCu a1r4 /l2o0s2 0e,f edceto 2s8  ddee  elan ecrrois),is y  yq uhea sboilnita mr emdeiddaios sd ep anraat uarafrloenzata erlcoosn dóem ilcaa  mqueejo pr emrsaignueerna   BOE-A-cable e
posible, de manera que no existe un uso abusivo o arbitrario de este instrumento normativo 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).
El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios la 
obligación  de  garantizar  las  medidas  necesarias  para,  entre  otros  objetivos,  hacer 
efectivo el desarrollo económico (artículo 11.1), exigiendo a las administraciones públicas 
canarias la promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Igualmente el crecimiento 
estable y la búsqueda del pleno empleo constituyen principios rectores de la actuación 
política  contenido  en  la  norma  institucional  básica  de  Canarias.  Por  otra  parte,  la 
Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias en materia de régimen jurídico 
y procedimiento de las administraciones públicas canarias (artículo 106.1), así como en 
materia de promoción de la actividad económica. Concretamente el artículo 114.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que la Comunidad Autónoma de Canarias 
tiene competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad 
económica en Canarias, lo que habilita para establecer y regular líneas de ayudas 
económicas  públicas  para  las  personas  trabajadoras  autónomas  como  para  las 
empresas  de  nuestra  comunidad  autónoma,  ejercitando  con  ello  una  competencia 
normativa dentro de la actividad de fomento de la Comunidad Autónoma, a que se refiere 
el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de Autonomía.
Los contenidos incorporados al Decreto ley no afectan a materias que la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía de Canarias impiden que sean objeto de la legislación de 
urgencia. En efecto, la regulación de las subvenciones referidas en la presente norma no 
afecta a los aspectos esenciales de los derechos y deberes de la ciudadanía, no se 
refiere a las instituciones autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin 
que sobrepasen, por lo tanto, los limites materiales vedados al Decreto ley.
IV
El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión 
Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal 
Europeo y sus posteriores modificaciones; en sus modalidades de concesión de ayudas 
en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de 
pago, garantías, préstamos y capital, y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no 
cubiertos.
De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán 
conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se 
enfrentan a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote 
de COVID-19, y, en general, a cualquier empresa o persona trabajadora autónoma cuyos 
resultados económicos se vean afectados como consecuencia del estado de alarma 
decretado a raíz de la COVID-19.
Conforme a lo dispuesto al referido Marco Nacional Temporal, las ayudas podrán 
otorgarse  en  forma  de  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables  o  ventajas 
fiscales, en forma de garantías de préstamos o en forma de bonificación de los tipos de 
interés de préstamos y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos, antes 
del 31 de diciembre de 2021 o en fecha posterior que se establezca por la eventual 
modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y por la eventual modificación  s
del Marco Temporal Nacional. e.
En cuanto al procedimiento de tramitación de este programa de subvenciones, se ha  w.
optado por el régimen de concesión directa, dado que las subvenciones se otorgan por la  980ww
mesetarab lceocnidcousr reennc ieal  eanrt ilcausl aedmop rpeasraas  oyb pteenrseor nlaas c toranbdaicjaiódno rdaes  abuetnóenfoicmiaarisa sd,e  hloass trae qquuiesi tsoes 
amgeoctaenni slmoso  rqeuceu rpsoesrm  ditees tqinuaed olass  as oelisctiteu dfeins.  pLuae dcaonn csuerrr eantceian dnidoa sc opmorp estuit ivoar deesn  duen   BOE-A-cable e
entrada,  desde  el  momento  de  su  presentación,  sin  que  se  comparen  con  otras 
solicitudes, arbitrando, de esta forma un procedimiento ágil, que permita la tramitación de 
un elevado número de solicitudes con la mayor rapidez posible, lo que resulta coherente 
con las urgentes necesidades que las subvenciones están llamadas a paliar.
El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en 
régimen de concesión directa requiere de una norma de rango legal, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones [y en similares términos el artículo 21.1.c) del Decreto 36/2009, de 31 de 
marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Canarias], conforme al cual podrán concederse subvenciones directas 
«...cuyo otorgamiento venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, 
que seguirá el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con 
su propia normativa»].
La presentación de solicitudes, sean las solicitantes personas físicas o jurídicas, 
deberá realizarse exclusivamente por medios electrónicos al amparo del artículo 14.3 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, dado que las ayudas están destinadas al ámbito empresarial, al que se le 
presupone el acceso a los medios electrónicos precisos, tal y como se determina en 
distintos  ámbitos  por  la  legislación  sectorial,  con  normas  tales  como  la  Orden 
ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de 
marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de 
la Seguridad Social, y por la cual se obliga a las personas trabajadoras autónomas a 
gestionar  por  vía  electrónica  todos  los  trámites  relacionados  con  la  afiliación,  la 
cotización y la recaudación de cuotas, incluyendo la recepción de las notificaciones y 
comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
V
El presente Decreto ley se estructura en tres capítulos, con veintisiete artículos, tres 
disposiciones adicionales, una disposición final y un anexo.
El Capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del 
Decreto ley, el régimen jurídico, las personas y empresas beneficiarias, así como sus 
obligaciones, los costes subvencionables el destino y cuantía de las subvenciones, 
además de las entidades colaboradoras.
El Capítulo II establece las disposiciones relativas al procedimiento de gestión, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las subvenciones previstas en el 
Título  I  del  Real  Decreto-ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  estableciendo  las  normas 
fundamentales relativas al procedimiento de concesión; mientras que el Capítulo III 
regula  las  condiciones  para  la  justificación  y,  en  su  caso,  el  reintegro  de  las 
subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas  con  motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones,  la  compatibilidad  e 
incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la 
prescripción y a las infracciones y sanciones, la protección de datos y las obligaciones 
relativas a la información y publicidad.
En las disposiciones adicionales se recogen la financiación de las subvenciones 
reguladas  por  el  presente  Decreto  ley,  así  como  las  facultades  de  desarrollo;  e  s
igualmente, singularidades en cuanto a generaciones de crédito asociadas a fondos  e.
REACT-EU. w.
Al respecto, los recursos del REACT-UE y las ayudas a la recuperación para la  980ww
gcoehsteiósnió ne yf icloiesn tteer.r itoProior s edlelo ,E ueros pae ld emmoamndeannto,  pdoer  suh apcreorp iae ln aetusrfuaelerzzao  y pfrineacliisdoa dp, aurnaa, 
sfianlavnacgiuearord easntdaob lelcoisd o pproorc elad imUnieiónnto sE ulreogpaelam epnatrea  deiscthaobsle fcoidnodso s,y  adeol ptmara rccoon  cjuarríádcicteor-  BOE-A-cable e
inmediato  las  medidas  necesarias  para  habilitar  estos  recursos  en  nuestros 
presupuestos.
Si  bien  el  Decreto  ley  4/2021,  de  31  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la 
agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes 
del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas 
tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19, 
engloba las medidas precisas para poner adecuadamente a disposición de los gestores 
los recursos europeos, se afronta ahora la necesidad de habilitar previamente en nuestro 
propio Presupuesto estos recursos si los mismos no son transferidos de inmediato, a fin 
de que todo el procedimiento de habilitación, disposición y ejecución de los créditos que 
le subsiga pueda acometerse del modo más rápido y eficaz posible.
Es por ello que se estima imprescindible permitir que, durante el presente ejercicio, 
se generen los créditos correspondientes a los recursos del REACT-UE y las ayudas a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa de un modo prioritario sin 
necesidad de esperar a la materialización de su ingreso efectivo.
Por último, en la disposición final única se establece la entrada en vigor del presente 
Decreto ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos y de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, previa 
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de junio de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  El  presente  Decreto  ley  tiene  por  objeto  establecer,  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias, las disposiciones relativas al régimen de concesión 
directa de las subvenciones previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19.
2.  Se  establecen  dos  líneas  de  subvenciones  financiadas  por  el  Gobierno  de 
España:
a)  Línea 1: Personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF).
b)  Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos 
de  empresas  cuyo  volumen  de  operaciones  anual  declarado  o  comprobado  por  la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30 % con 
respecto a 2019. A su vez, esta línea se subdivide en:
– Línea 2.1: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo  s
de 10 personas empleadas. o
pmeerns––oo  nsLL adíínnse eee 5aam0  22p p..l23ee::ar  PsdPoeaenrsrsas.oson neaamss p aalueutaótódnnaoosm.maass, ,e emmppreressaass y  yg rgurpuopso sd ed ee mepmrepsreassa cso cno mn á5s0 d oe  1m0á ys   2021-13980n https://www.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, las ayudas directas recibidas por las personas autónomas y empresas 
consideradas elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de 
la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así 
como  los  costes  fijos  incurridos  no  cubiertos,  siempre  y  cuando  estos  se  hayan 
devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de 
contratos anteriores a la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley.
Artículo 2.  Régimen jurídico.
Las subvenciones previstas en el presente Decreto ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:
1.  En el ámbito de la normativa comunitaria:
– Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión 
de la Comisión Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco 
Temporal  Europeo  y  sus  posteriores  modificaciones  (en  adelante  Marco  Nacional 
Temporal).
– Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante Reglamento General de 
Exención por Categorías).
– Reglamento (UE) N.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a  las  ayudas  de  mínimis  concedidas  a  empresas  que  prestan  servicios  de  interés 
económico general.
– Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis.
– Reglamento (UE) N.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.
– Reglamento (UE) N.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (en 
adelante Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión).
2.  En el ámbito de la legislación estatal:
– Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo).
– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre).
– Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos 
básicos (en adelante Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre).
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  e.e
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre). b
– Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante Ley General  980ww
Tribu–t aRrieaa).l Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Dacetcuraectoió n2 0y3 f/u2n0c2i1o,n daem 3ie0n dtoe  dmeal rszeoc)t.or público por medios electrónicos (en adelante Real
– Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos 
necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19.
– Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para 
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en 
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en 
adelante Orden HAC/348/2021, de 12 de abril).
3.  En el ámbito de la normativa autonómica:
– Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre).
– Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
– Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo).
– Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de 
Información  de  Actuaciones  Administrativas  de  la  Administración  Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
– Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y 
autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
– Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación 
electrónica  mediante  comparecencia  en  sedes  electrónicas  en  el  ámbito  de  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  sus  organismos 
dependientes.
Artículo 3.  Requisitos para ser personas o empresas beneficiarias de las subvenciones.
1.  Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no 
financieras y personas autónomas, profesionales o empresarias, que, cumpliendo el 
resto  de  los  requisitos  establecidos,  cumplan  todas  y  cada  una  de  las  siguientes 
condiciones:
a)  Tener domicilio fiscal en Canarias. Las excepciones aplicables a este requisito 
son las previstas en el artículo 3, apartado 4, del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo. En cualquier caso, cuando se trate de entidades no residentes, los solicitantes 
deberán operar en Canarias a través de un establecimiento permanente.
b)  Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas CNAE09, excepto:
– Sección K: Actividades financieras y de seguros.
– Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores y 
productores de bienes y servicios para uso propio): «Actividades de los hogares como  e.e
empleadores de personal doméstico». b
– Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 980ww
momEesnteto a ldtae  dleab ep redsee hnatabceiórsne  dmea nlate nsiodloic ietund .lo sN oe jeorbcsictiaonst e2,0 1ta9m, b2i0é2n0  sye  2a0d2m1,i thiraásnt al oesl 
sigu–ie nPteerss sounpause setmosp:resarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas
creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
– Empresas  que  hayan  realizado  una  modificación  estructural  de  la  sociedad 
mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles.
– En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
empresas creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, serán beneficiarias si 
han sufrido pérdidas a lo largo del ejercicio 2020 o son contribuyentes del IRPF que 
tributen por estimación objetiva.
– Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad con 
anterioridad al 1 de enero de 2019, hayan estado de alta durante un periodo inferior al 
año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.
c)  Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 3 del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
d)  Cumplir,  las  solicitantes,  las  condiciones  fijadas  en  el  apartado  1  de  la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
e)  Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril.
2.  A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias 
de estas subvenciones las sociedades civiles particulares, las comunidades de bienes o 
cualquier  otro  tipo  de  unidad  económica  o  de  entidad  que,  aun  careciendo  de 
personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan ánimo de lucro.
3.  No  podrán  obtener  la  condición  de  beneficiarias  las  personas  autónomas  y 
empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Tratarse de una sociedad mercantil pública u otra participada en su capital o en 
sus órganos de gobierno mayoritariamente por Administraciones Públicas o entidades 
dependientes de éstas.
b)  Haber declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 
o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación 
de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas, excepto 
que el destinatario se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias y pueda 
acreditarlo de modo fehaciente:
b.1)  Que, en el ejercicio 2018, haya declarado un resultado neto positivo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
para su determinación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente a dicho ejercicio o, en su caso, haya resultado positiva en dicho 
ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de 
no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de 
bases imponibles negativas, siempre y cuando la base imponible o el resultado neto 
negativo de 2019 obedezca a impedimentos o limitaciones de la actividad normal por 
causas extraordinarias, tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, 
ganado o instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad 
habitual de la empresa y quiebra de turoperadores de las cuales se tenga constancia 
oficial en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. e.
b.2)  Que hayan sido dadas de alta o creadas entre el 1 de enero y el 31 de  w.
diciembre de 2019. 980ww
c)  Estuvieran en crisis a 31 de diciembre de 2019 a tenor de lo dispuesto en el
maritcícrouelom 2p,r aepsaasrt aod op e1q8u edñeal sR eegmlapmreesnatso  (Geenn eelr asle dnetid Eox ednecl iaónne pxoor  IC daetle gciotarídaos ,R eexgcleapmtoe nlatos 
General de Exención por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre
de 2019, siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni 
hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
Artículo 4.  Régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones.
1.  El régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones previstas en este 
Decreto ley es el previsto en el Marco Nacional Temporal, en sus modalidades de 
concesión  de  ayudas  en  forma  de  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables, 
ventajas fiscales o de pago, garantías, préstamos y capital, y de ayudas en forma de 
apoyo por costes fijos no cubiertos.
a)  Modalidad de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales 
o de pago, garantías, préstamos y capital: hasta un importe bruto máximo, antes de 
impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o o persona autónoma 
(270.000 euros por empresa o persona autónoma activa en los sectores de la pesca y la 
acuicultura y 225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la producción 
primaria  de  productos  agrícolas),  de  la  totalidad  de  las  ayudas  recibidas  por  una 
empresa o persona autónoma, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad 
del Marco Temporal, con los siguientes requisitos:
– Subvenciones destinadas a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y 
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no 
cubiertos.
– Las ayudas concedidas a las empresas y personas autónomas que operan en la 
transformación y comercialización de productos agrícolas estarán supeditadas a:
• Que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y
• Que no se fijen en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los 
productores  primarios  o  comercializados  por  las  empresas  y  personas  autónomas 
interesadas.
– Las ayudas a las empresas y personas autónomas dedicadas a la producción 
primaria  de  productos  agrícolas  no  deben  establecerse  en  función  del  precio  o  la 
cantidad de los productos comercializados.
– Las ayudas a las empresas y personas autónomas que operan en los sectores de 
la pesca y la acuicultura no afectarán a ninguna de las categorías de ayuda a las que 
hace referencia el artículo 1.1, letras a) a k), del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la 
Comisión (Ayudas «de mínimis» en el sector de la pesca y de la acuicultura) (sectores 
excluidos de mínimis pesca).
– Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los que se 
aplican distintos importes máximos, se garantizará mediante medidas adecuadas, tales 
como la separación de la contabilidad, que a cada una de las actividades se aplique el 
límite máximo correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado 
posible.
b)  Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos: por encima de un importe 
bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa 
o persona autónoma (270.000 euros por empresa o persona autónoma activa en los 
sectores de la pesca y la acuicultura y 225.000 euros por empresa o persona autónoma 
activa en la producción primaria de productos agrícolas), con los siguientes requisitos:
– La ayuda cubrirá los costes fijos no cubiertos por la contribución a los beneficios  o
ty(nel oomqs cu p–iueno b gLrainraeelo  rscit noouetssbes, int eméssrnaietda lnvascood ups  be odilenore r se tle olac lms  oac sayaptruseocdosro a   vodt eantermroa ial spasb osulfr eupamseel) niro cast reraooásype ,uoe mdcrnptao arnsmdei nosdogase  ús sdo neuty grr caualaasrns ostfo eusp , ee eenollq  tt7epur0asee .srñ%í oam dsd oeee d smilduopabsr svec esodnasecst ie oa(sney afnuibj doleeasl     OE-A-2021-13980able en https://www.
sentido del anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías), para las que la
intensidad de la ayuda no superará el 90 % de los costes fijos no cubiertos. A estos 
efectos se entiende por:
• Microempresa, ocupa a menos de 10 personas empleadas y presenta un volumen 
de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 2 millones de euros.
• Pequeña empresa, ocupa a menos de 50 personas empleadas y presenta un 
volumen de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 10 millones de 
euros.
– Las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y ganancias, durante el 
período subvencionable, se considerarán costes fijos no cubiertos (las pérdidas por 
deterioro del valor puntuales no se incluyen en el cálculo de las pérdidas con arreglo a 
esta disposición).
– La ayuda otorgada en virtud de esta medida podrá concederse sobre la base de 
las pérdidas previstas, mientras que el importe final de la ayuda se determinará tras la 
realización de las pérdidas sobre la base de las cuentas auditadas o, en el caso de 
empresas que no requieran auditoría, en función de la contabilidad fiscal. Se recuperarán 
todos los pagos que superen el importe final de la ayuda.
– El importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones no será, en 
ningún caso, superior a los 10.000.000 de euros por empresa, de la totalidad de las 
ayudas recibidas por una empresa, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta 
modalidad del Marco Temporal.
2.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 7.2 de este Decreto ley, se 
establece la siguiente equivalencia de las líneas de subvenciones con las modalidades 
de ayuda previstas en el Marco Temporal Nacional:
– Con carácter general para todos los sectores:
• Las ayudas de las líneas 1, 2.1 y 2.2 estarán sometidas y tendrán que cumplir los 
requisitos previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.
• Las ayudas de la línea 2.3 estarán sujetas:
○ Hasta un tope máximo de 1.800.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas 
al pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, 
sin que la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.
○ A  partir  de  1.800.001  euros  a  la  modalidad  b)  de  ayudas  previstas  en  el 
apartado 1, sólo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el 
apartado anterior, a los que se aplicará la tasa de intensidad del 70 %.
– Para el sector de la pesca y la acuicultura:
• Las  ayudas  de  la  línea  1  estarán  sometidas  y  tendrán  que  cumplir  con  los 
requisitos previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.
• Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:
○ Hasta un tope máximo de 270.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas 
al pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, 
sin que la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.
○ A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, 
solo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a 
los que se aplicará la tasa de intensidad del 70 %, excepto en el caso de microempresas  e.
y pequeñas empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90 %. w.b
–•  LPaasr aa yeul dseacst odre d lea  lalí nperoad 1u cecsiótanr ápnri msaormiae dtidea psr oyd utecntodsrá ang rqícuoel acsu:mplir los requisitos
previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.
• Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:
○ Hasta un tope máximo de 225.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas 
al pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, 
sin que la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.
○ A partir de 225.001 euros a la modalidad b) de ayudas previstas en el apartado 1 
sólo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a 
los que se aplicará la tasa de intensidad del 70 %, excepto en el caso de microempresas 
y pequeñas empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90 %.
3.  Reglas de acumulación aplicables:
– Con carácter general, todas las ayudas previstas podrán acumularse entre sí, 
siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad 
máxima establecidos para cada tipo de ayuda.
– Como excepción a este criterio general, las ayudas concedidas en el marco de la 
modalidad  de  Ayuda  en  forma  de  apoyo  por  costes  fijos  no  cubiertos  no  podrán 
acumularse con otras ayudas por los mismos costes subvencionables.
– Las medidas de ayuda temporal previstas en este Decreto ley podrán acumularse 
con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de mínimis, 
siempre que se respeten las reglas de acumulación previstas en dichos Reglamentos de 
minimis.
– Las medidas de ayuda temporal previstas podrán acumularse con las ayudas 
exentas en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las 
reglas de acumulación previstas en el mismo sean respetadas.
4.  Se establecerá, en la correspondiente resolución de concesión de subvención a 
las  empresas  y  personas  trabajadoras  autónomas  beneficiarias,  el  sometimiento  al 
Marco Nacional Temporal.
Artículo 5.  Obligaciones y compromisos de las personas y empresas beneficiarias.
1.  Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias:
a)  Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de 
la subvención.
b)  Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condiciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención.
c)  Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación,  a  efectuar  por  el  órgano 
concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal 
de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios 
aportando  cuanta  información  le  sea  requerida  en  el  ejercicio  de  las  actuaciones 
anteriores.
d)  Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la 
obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que  financien  las 
actividades subvencionadas procedentes de entidades públicas o privadas. es
Especialmente,  antes  de  la  concesión  de  una  ayuda,  la  empresa  o  persona  o
qrcaeuuucaetióbl eneidsonqom ua daipeu lrsircaaoa nloiccttieiórt aanesn l  dte«eeja e hyeracusi dtcdeaieo sm   fdtiaseercmccaloapl ,roe aornra   elcpeunosr r»sa  eoprs.elicclaraittciovió aansn  tade e llol asm  amauritcsoomr idtoeasmd g pqaousretao l scc oosnumcbeuvdneeinta clraiioo an, yahubadlyeaas,    OE-A-2021-13980able en https://www.
e)  Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con 
la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, en el momento de 
presentación de la solicitud.
f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable,  a  la  persona  o  empresa  beneficiaria  en  cada  caso,  con  la  finalidad  de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. El plazo de conservación de la documentación justificativa será 
de diez (10) años, conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal.
h)  En concreto, la persona o empresa beneficiaria debe tener en cuenta que, de 
acuerdo con el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos 
financieros que se generen por los fondos librados al beneficiario, incrementarán el 
importe  de  la  subvención  concedida  y  se  aplicarán  igualmente  a  la  actividad 
subvencionada.
i)  Destinar la subvención a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y 
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no 
cubiertos en los términos fijados en el artículo 6 del presente Decreto ley.
j)  Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del 
artículo 21 de este Decreto ley.
2.  El resto de las obligaciones y compromisos que deben cumplir las empresas y 
personas  trabajadoras  autónomas  son  las  establecidas  en  la  disposición  adicional 
cuarta, apartado 2, del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Artículo 6.  Costes subvencionables y periodo de referencia.
1.  Estas ayudas directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer la 
deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, 
así como los costes fijos incurridos no cubiertos por las personas autónomas y empresas 
o grupos empresariales.
2.  Se entenderán como pagos pendientes a proveedores y acreedores aquellos que 
aún no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren 
dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por 
haber superado dicho plazo.
3.  Se  entenderán  como  deudas  aquellas  que  aún  no  hayan  sido  satisfechas, 
independientemente  de  que  las  mismas  se  encuentren  dentro  del  plazo  de  pago 
acordado entre las partes o que se consideren impagadas por haber superado dicho 
plazo.
4.  El concepto de costes fijos incurridos no cubiertos a efectos de esta subvención 
está descrito en el artículo 4, apartado 1.b).
5.  No se podrá imputar el mismo pago a justificar con cargo a esta subvención en 
las distintas categorías de costes subvencionables: proveedores, deudas y costes fijos 
incurridos no cubiertos.
6.  Por tanto los costes subvencionables será el siguiente sumatorio:
CS=PRO + DEU + CF.
siendo: e.
CS: Costes subvencionables. 980ww
DPREUO::  SPaatgisofsa cpceiónnd iednet elass  ad epurodvaese.dores y acreedores.
CF: Costes fijos incurridos no cubiertos.
En todo caso se ha de atender lo regulado en el artículo 4.3 del presente Decreto ley.
7.  El periodo de referencia de los costes subvencionables se corresponderá con los 
compromisos contractuales contraídos antes del 13 de marzo de 2021, devengados 
entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021. En el caso de los pagos pendientes a 
proveedores y las deudas financieras y no financieras, estos deberán estar pendientes 
de  pago  en  el  momento  del  inicio  del  plazo  de  presentación  de  la  solicitud  de  la 
subvención.
8.  En ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación.
Artículo 7.  Cuantía de la subvención.
1.  La cuantía de la subvención será el importe de los costes subvencionables 
previstos en el artículo 6, salvo que aplique alguno de los importes máximos o mínimos 
fijados a continuación.
2.  En virtud de lo establecido en la letra d) del artículo 3.2 del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, a continuación se establecen los límites máximos de la 
ayuda:
a)  Línea 1. Personas autónomas (empresarias o profesionales) que apliquen el 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF): máximo de 3.000 euros.
b)  Línea 2. Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupo 
de  empresas  cuyo  volumen  de  operaciones  anual  declarado  o  comprobado  por  la 
Administración en el IGIC y, en su caso, en el IVA en 2020 haya caído más de un 30 % 
con respecto a 2019. A su vez, esta línea subdivide en:
b.1)  Línea  2.1.  Personas  autónomas,  empresas  y  grupo  de  empresas  con  un 
máximo 10 personas empleadas: el 100 % de la caída del volumen de operaciones en el 
año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.
La ayuda máxima calculada de acuerdo con el párrafo anterior no podrá ser superior 
a 500.000 euros.
b.2)  Línea 2.2. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con más 
de 10 y menos de 50 personas empleadas: el 90 % del importe de la caída del volumen 
de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.
La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no 
podrá ser superior a 1.800.000 euros.
b.3)  Línea 2.3. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con 50 o más 
personas empleadas: el 80 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el 
año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.
La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no 
podrá ser superior a 5.000.000 de euros.
Sin perjuicio de lo establecido en los apartados b.1), b.2) y b.3), en ningún caso la 
ayuda podrá ser inferior a 4.000 euros.
3.  En  todo  caso  se  habrán  de  respetar  las  intensidades  máximas  de  ayuda 
previstas en el artículo 4.1.b).
Artículo 8.  Cómputo del volumen anual de operaciones y especificidades de la línea 2.
1.  Con carácter general, el volumen de operaciones anual será el declarado o  o
creogmu23pla..r  odboLCa aeudsnao  n eepdln ooatri pd leaaalrd  Ateasdsdom oliec iunnitni asorntér.ta3gec i dmióreeen lan ael  incdOe eer  dla eeItGxnrci IbHCluuA scyCii,vó e/an3nm 4 ds8eeu/n2  tcr0eea2 ns1oto,ap ,dse e ernae 1 cne2i ol  ednIVl eeAI sRa  ebPqnrFui l,2.e 0a 1tne9on  yd oe2br0áli2gn0a .an  loa   2021-13980n https://www.
presentar autoliquidación periódica en el IGIC o en el IVA (por realizar exclusivamente
operaciones no sujetas o exentas en dichos impuestos o sujetas a tipo cero en el IGIC) y
no aplique el régimen de estimación objetiva del IRPF en 2019 y 2020, se atenderá a lo 
regulado en el apartado uno.7 de la citada Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.
4.  En caso de que la entidad solicitante sea un grupo empresarial en régimen de 
consolidación  fiscal  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  se  atenderá  a  lo  regulado  en 
artículo 3.1.b) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y en el apartado uno.2 de la 
citada Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.
5.  En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, donde no es posible la 
comparación con el volumen de operaciones anual de todo el año 2019, el cálculo del 
volumen de operaciones en la anualidad 2019 se ajustará elevándolo en la proporción 
del número de días en los que la empresa estuvo de alta en 2019. Esto es:
VO2019 ajustado= VO2019*365/n.º días alta 2019.
6.  En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 operará como límite en la cuantía 
de la subvención, el mismo porcentaje de cobertura de las pérdidas del volumen de 
operaciones anual entre 2020 y 2019, según la línea de subvención descrita en el 
artículo 7.2.b), pero aplicado al resultado neto negativo por las actividades económicas 
declaradas en el IRPF en el régimen de estimación directa, o a la base imponible 
negativa antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases 
imponibles negativas declaradas en el Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto 
de la Renta de no Residentes (IRNR) de 2020 o, alternativamente, las cuentas anuales 
de 2020, que supere el 30 % inicial de las pérdidas del ejercicio.
7.  En el caso de modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de 
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, se atenderá a los siguientes casos:
– En los casos de transformación y fusión, se procederá a comparar el volumen de 
operaciones de 2019 y 2020, con independencia de la situación jurídico mercantil en el 
que se encuentren las sociedades transformadas o fusionadas en cada uno de dichos 
ejercicios.
– En la escisión y cesión en bloque del activo y del pasivo, los solicitantes de la 
ayuda  deberán  acreditar  qué  parte  proporcional  del  volumen  de  operaciones  les 
corresponde  en  relación  con  el  generado  con  carácter  previo  a  la  modificación 
estructural.
8.  En el caso de personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su 
actividad con anterioridad al 1 de enero de 2019 y hayan estado de alta durante un 
periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la comparación de 
volumen de operaciones se realizará elevando al año aquel ejercicio en el que haya 
estado dado de alta de forma interrumpida.
9.  El número de personas empleadas se calculará teniendo en cuenta el número 
medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las 
declaraciones  mensuales  o  trimestrales,  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta.  No 
obstante,  la  solicitante  podrá  optar  por  acreditar  el  número  de  empleados  medios 
mediante la aportación del informe de plantilla media del ejercicio 2020 emitido por la 
Seguridad Social.
10.  El porcentaje de caída del volumen de operaciones anual, así como el número 
medio de personas empleadas en 2020 se considerará a nivel de dos decimales.
Artículo 9.  Entidades colaboradoras. w.b
Nav1e.g acSióen  ddees iCgannaanr iaas  lcaosm  oC áemntaidraasd esO fcicoilaalbeosr addeo raCso dmee rlac ioC,o nInsdeujesrtíraia d, eS Eecrvoincoioms íay, 
sCuobnvoecnimciioennetos  dye  lEams plínleeoa sy 2  dye 1l , Sreesrvpieccioti vCamaneanrtieo,  adseí  cEommpol,e eon  psaur aca slao , geens ltaió enn tdreeg ala ys 
distribución de los fondos públicos a las personas y empresas beneficiarias, para cuya 
efectividad se suscribirán los oportunos convenios de colaboración.
A tales efectos queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto 
en el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de 
Empleo.
2.  Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de 
solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta 
Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  de 
solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.  Las  entidades  colaboradoras,  en  los  términos  que  se  determinen  en  los 
convenios, podrán tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo 
del 50 por ciento de la cantidad total a percibir.
4.  La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá revocar libremente, 
en cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 10.  Procedimiento de concesión.
1.  El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa.
2.  Se  iniciará  mediante  la  presentación  de  una  solicitud  acompañada  de  la 
documentación que se establece en el artículo 12.
3.  Cada persona o empresa interesada podrá presentar sólo una solicitud. En caso 
de que se presenten dos o más solicitudes solo se tendrá en cuenta la primera.
4.  El abono de la subvención se efectuará en la modalidad de abono anticipado 
del  100  %  de  la  cuantía,  sin  exigencia  de  constitución  de  garantías,  y  requerirá 
justificación posterior, a excepción de lo dispuesto en el artículo 15.3.b) del presente 
Decreto ley.
5.  No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona o empresa 
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad 
profesional;  o  sea  deudora  por  resolución  firme  de  procedencia  de  reintegro.  La 
valoración de estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la 
condición de beneficiaria o entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y 
considerando que la beneficiaria o la entidad colaboradora se encuentra al corriente en 
el pago de obligaciones por reintegro de ayudas o subvenciones cuando las deudas 
estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la 
impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
6.  Los expedientes de gastos correspondientes a las subvenciones directas a que 
se refiere el apartado 1 del presente artículo quedan exceptuados de la autorización 
previa del Gobierno que en atención a su cuantía se establezca en las leyes anuales de 
presupuesto. e.e
De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente. b
7.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en  980ww
lean t rlaam siteadceió ne ldeec tsróonlicicitau ddees  slae  Agudamrdinaisrátr aecl ioórnd ePnú ebslictraic tdoe d ela p rCeosmenutnaicdióand  dAeu ltaósn ommisam daes 
Cdealn parreiasse,n stein D peecrrjueitcoi ole dy.el orden de resolución de las mismas previsto en el artículo 13.4
Artículo 11.  Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1.  El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio 
de 2021, ambos inclusive.
2.  La  presentación  de  las  solicitudes  de  subvención  se  realizará  de  forma 
electrónica conforme a los modelos normalizados de solicitud publicados en la Sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://
sede.gobcan.es/sede/tramites/6894  –para  la  línea  1–;  https://sede.gobcan.es/sede/
tramites/6890 –para la línea 2–) y acompañadas, en su caso, de la documentación 
requerida.
No serán tenidas en cuenta las solicitudes presentadas por otras vías.
En  supuestos  de  interrupción  no  planificada  en  el  funcionamiento  de  sede 
electrónica, y siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario 
resulte  informado  de  esta  circunstancia.  En  tales  supuestos,  si  se  produjera  la 
interrupción del servicio, se podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de 
inminente vencimiento para la presentación de solicitudes por las personas o empresas 
interesadas,  cumplimentación  de  trámites  o  subsanación  de  requerimientos, 
exclusivamente  a  los  efectos  del  cómputo  plazos,  reanudándose  dicho  cómputo  el 
siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular de la sede electrónica, que será 
objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se comunicará dicha circunstancia a todas las 
personas registradas en las aplicaciones gestoras de los procedimientos afectados.
3.  La  presentación  de  solicitudes  presumirá  la  aceptación  expresa,  formal  e 
incondicional de lo dispuesto en el presente Decreto ley, sin perjuicio del derecho a 
desistir de su petición, que pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a 
renunciar a la ya concedida.
4.  Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán 
declarar bajo su responsabilidad:
a)  El importe de cada uno de los tres tipos de coste subvencionables por los cuales 
solicita la ayuda y que cumplen los requisitos que prevé el Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y en el artículo 6 del presente Decreto ley.
b)  Que  cumplen  las  condiciones  de  elegibilidad  y  asumen  los  compromisos 
establecidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo.
c)  Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para la 
misma finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado.
d)  Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a 
la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta, apartado 1.d) del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
e)  Que los costes fijos subvencionables no están cubiertos con las ayudas recibidas 
cualquiera que sea su naturaleza para los mismos costes y período y que la ayuda que 
solicita no excede al 100 % de los mencionados costes subvencionables.
f)  Que se compromete a aportar los documentos probatorios o los datos adicionales 
que le sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata a la Administración 
cualquier variación que afecte a la documentación aportada.
g)  Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiaria,  e
establecidas en el presente Decreto ley. bo
h)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un  980ww
gdreu pdoic hqou eg raupplioq ueen  u2n0 2ré0g iym esin  adlgeu cnoan seonltiiddaacdi ódne fl ismcaisl mdoe  ttreibrruittoar ioe nf oeraxlc, lulas ivcao mapnotes icuiónna 
Hacienda Foral a efectos del IVA.
i)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo 
que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del 
mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.
j)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado a título individual en 
la Comunidad Foral de Navarra.
k)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado (a título individual o 
de grupo) en la Comunidad Autónoma de País Vasco. En caso afirmativo, indicar la 
provincia correspondiente.
l)  Si realizan exclusivamente operaciones no sujetas o exentas de IVA o si realiza 
exclusivamente operaciones no sujetas, exentas o a tipo cero de IGIC, que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica por estos impuestos y determina el pago fraccionado 
de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
m)  Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que en 
aplicación del Marco Nacional Temporal, haya recibido durante el ejercicio fiscal en 
curso.
n)  Que han procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas 
con  anterioridad  por  los  órganos  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma en los términos establecidos en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
o)  Que han solicitado o van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio 
fiscal.
p)  Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el 
momento de la presentación de la solicitud.
q)  Si han realizado una modificación estructural de la entidad entre 1 de enero 
de 2019 y 31 de diciembre de 2020.
r)  Que cumplen los requisitos para ser considerada como entidad que no está en 
situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 2, 
apartado  18  del  Reglamento  General  de  Exención  por  Categorías,  excepto  las 
microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del citado Reglamento 
General de Exención por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre 
de 2019, siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni 
hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
s)  No haber declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas 
en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la 
declaración del IRPF correspondiente a 2019 o, en su caso, no haya resultado negativa 
en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la 
reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas, excepto que el 
destinatario se encuentre en alguna de las circunstancias recogidas en las letras b.1) 
y b.2) del artículo 3.3 y pueda acreditarlo de modo fehaciente.
t)  Que  no  es  deudora  por  resolución  firme  de  procedencia  de  reintegro  de 
subvenciones.
5.  De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y el artículo 95 de la Ley General Tributaria que otorga, con carácter 
general, naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la 
Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos 
o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, 
«la colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, 
previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados»  e.
(artículo 95.1. letra k), se ha suscrito un Convenio para permitir articular la necesaria  w.b
colaboración entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de estas  980ww
ayudLaas .presentación de la solicitud de la ayuda conlleva la autorización para que la
Ccoormreusnpiodnaddi enAteustó lnao imnfao rmdaec ióCna pnraerviaisst a oebnt elan gpar esdeen tel aDse cAredtmo ilneiys,t rdaec icoonnefso rmtriidbaudta rcioans 
lo previsto en los artículos 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 22.4 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 4 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.
6.  Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas 
solicitantes deberán manifestar si se oponen expresamente o no a la consulta de los 
antecedentes obrantes en las Administraciones Públicas a efectos de determinar su 
situación al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales y 
autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional. La 
oposición expresa a dicha consulta supondrá la obligación de aportar la documentación a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 12.
Artículo 12.  Documentación a acompañar a la solicitud.
1.  Además de la solicitud-declaración responsable a que se refiere el artículo 11, 
las personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente documentación:
a)  Documentación que acredite, por cualquier medio válido en Derecho, de manera 
fidedigna, la representación, en los casos en los que la solicitud sea presentada por 
medio de representante. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación 
realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de 
marzo.
b)  Las personas o empresas solicitantes que no estén dadas de alta en la Base de 
Datos  de  Terceros  del  Sistema  Económico-Financiero  y  Logístico  de  Canarias 
(SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los órganos y organismos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, deberán solicitar la misma a 
través del siguiente procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la 
solicitud de subvención:
– Personas físicas: https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538.
– Personas jurídicas: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4909.
La cuenta corriente en la que se solicite el abono de la ayuda deberá coincidir, en 
todo caso, con la consignada en el alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema 
Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC).
c)  Las personas o empresas solicitantes que cumplan las excepciones recogidas en 
el artículo 3.3, letra b.1) del presente Decreto ley deberán aportar:
– Certificado resumen de la declaración anual del IRPF, IS o, en su caso, IRNR 
correspondiente al ejercicio 2018 expedido por la AEAT.
– Declaración responsable que confirme que el resultado neto negativo de 2019 ha 
obedecido  a  impedimentos  o  limitaciones  de  la  actividad  normal  por  causas 
extraordinarias, tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o 
instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad habitual de la 
empresa, quiebra de turoperadores, detallando su causa específica en el sentido descrito 
en el artículo 3.3.b.1) de este Decreto ley.
d)  En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas creadas o 
dadas de alta entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 que tributen en estimación 
objetiva en el IRPF deberán aportar la declaración del impuesto o el alta en dicho 
régimen.  El  resto  de  las  solicitantes  deberán  aportar,  bien  las  correspondientes 
declaraciones del IRPF en el régimen de estimación directa, el IS o del IRNR de 2020 o,  es
alternativamente, las cuentas anuales donde se refleje la pérdida del ejercicio 2020. o
aeeacsfdettmiacvebtiino)dl eisasc dtErieddansoet i  vl deaeelIsl R   ayacPr arFrftesií,sc oncu ddalaoeldem bes5e i,e 0rscán.ouu tolnaiac ondpi.tde2aoo 3nr ti)tnale amrs dsa ueece  ptbielvdalrieo sdscoaL undeema yxss eee 4nna/tft2 aíasr0cseici 1aóea2lnins,z    aedadqlec auI r eGee2 dIn5Cirt  ea fodadtirelevimc a ec ajuon dnnn eiofoeol  ,xr emcvmdlouiedplsu ariemvmdas eeacmndorei inadn lda tleeaos      OE-A-2021-13980able en https://www.
operaciones en el IGIC y, en su caso, en el IVA en los ejercicios 2019 y 2020.
f)  En caso de que la persona o empresa solicitante, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se oponga a la 
consulta de los datos tributarios exigidos en este Decreto ley, deberá aportar, en cada 
caso, la siguiente documentación:
f.1)  Línea 1:
f.1.1)  Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria  -AEAT-  que  acredite  el  domicilio  fiscal,  los  epígrafes  del  Impuesto  de 
Actividades Económicas (IAE) en los que se clasifican las actividades desempeñadas 
por la persona solicitante en 2019, 2020 y 2021, así como las fechas de alta de las 
correspondientes actividades.
f.1.2)  Certificado resumen de la declaración anual del IRPF expedido por la AEAT o 
Declaración anual del IRPF (modelo 100) de los ejercicios 2019 y 2020 para acreditar la 
aplicación del régimen de estimación objetiva («Módulos») en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en 2019 o 2020.
f.2)  Línea 2:
f.2.1)  Certificado de situación censal de la AEAT que acredite el domicilio fiscal o, 
para el caso de solicitantes no residentes en España la acreditación de operar mediante 
un  establecimiento  permanente  en  Canarias;  los  epígrafes  del  IAE  en  los  que  se 
clasifican las actividades desempeñadas por la persona o empresa solicitante en 2019, 
2020 y 2021; así como las fechas de alta de las correspondientes actividades.
f.2.2)  Acreditación del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por 
la Administración, en el IGIC, y en su caso, en el IVA en 2019 y 2020 (Modelos 425, 417, 
418, 390 y 303 o, en su caso, las correspondientes liquidaciones administrativas).
f.2.3)  Cuando la persona o empresa solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal 
en las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice exclusivamente operaciones que no obligan 
a presentar autoliquidación periódica en IGIC/IVA (siempre que no aplique el régimen de 
estimación  objetiva  en  el  IRPF  en  2019  o  2020)  deberá  aportar  la  siguiente 
documentación, según corresponda:
– Para los contribuyentes del IRPF, certificado resumen de la declaración anual del 
IRPF correspondiente al ejercicio 2019 expedido por la AEAT, así como autoliquidaciones 
de pagos fraccionados correspondientes a 2020 (modelo 130).
– Para contribuyentes del IS o del IRNR con establecimiento permanente, último 
pago fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que 
dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202).
f.2.4)  Acreditación  del  número  de  personas  empleadas  en  el  ejercicio  2020 
(Declaraciones  mensuales  o  trimestrales  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta  del 
ejercicio 2020 –modelo 111– o Declaración resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta correspondiente al ejercicio 2020 –modelo 190– o Certificado de declaración del 
modelo  190  de  la  AEAT)  o,  alternativamente,  el  informe  de  plantilla  media  del 
ejercicio 2020 emitido por la Seguridad Social.
f.2.5)  Acreditación  de  no  haber  declarado  un  resultado  neto  negativo  en  la 
declaración del IRPF correspondiente a 2019, por las actividades económicas en las que 
hubieran aplicado el método de estimación directa para su determinación o de no haber  es
resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la  o
aplicación  de  la  reserva  de  capitalización  y  compensación  de  normas  imponibles  980ww
renemetgepafnr.t2eeiv.sd6aao)srr ie o(sCAs  ec(oCrret eifdpircirttioaafifdcceoaisó dindoo en d daleael e  ldasse  itf(cueClacaehcrraiatóci fndiióc ecan ed adnolets alad  IeleR nd P seeFi tll/u aICSa Ace/IinERósAnNo TR t)dr  iedob e,u e telmaanr p iAasrE euds AceaTa r)isl.oaos ,, A epTnrCo e)fe,l  sCyio epnnaasrloea s d eeyl    OE-A-2021-13able en https://
supuesto de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre 
las fechas de alta y de baja en dichos Censos, y causa de la baja.
f.2.7)  En  caso  de  que  se  haya  solicitado  la  ayuda  en  distintas  Comunidades 
Autónomas, deberá aportar la Declaración informativa resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta (modelo 190) del ejercicio 2020.
La documentación se anexará a la solicitud, en el momento de su presentación.
2.  En el caso de solicitudes de ayudas de empresas que pertenezcan a un mismo 
grupo,  la  solicitud  deberá  ser  presentada  por  la  representante  del  mismo  y  la 
documentación a presentar deberá hacer referencia a todas las empresas del grupo.
3.  Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas 
solicitantes que hayan manifestado de forma expresa su oposición a que el Servicio 
Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1) y la Dirección General de Promoción 
Económica (en el supuesto de la línea 2) recabe electrónicamente o consulte a los 
organismos competentes los certificados y datos de las mismas obrantes en dichas 
Administraciones que deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar, junto a 
la solicitud, los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la 
Mutualidad profesional.
Artículo 13.  Instrucción y resolución del procedimiento.
1.  El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas mediante el presente Decreto ley será la Dirección General de 
Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de 
la Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1), los 
cuales, a la vista del expediente, formularán propuesta de resolución y la elevarán al 
órgano  concedente,  quien  mediante  resolución  motivada  resolverá  la  concesión  o 
denegación de la subvención.
2.  Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la 
entidad colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la 
misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y 
empresas interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, subsanen, y/o completen 
los documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo 
hicieran se les tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 68.1, todos ellos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser objeto de ampliación, por un 
máximo de cinco (5) días hábiles, a petición del interesado o a iniciativa del órgano 
instructor, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales.
Los requerimientos  que se dirijan a  las personas  o  entidades interesadas para 
subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes se publicarán en el 
«Boletín Oficial de Canarias». Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de 
publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3.  La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la 
aprobación  del  gasto,  corresponde  a  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de 
Promoción Económica (en el supuesto de la línea 2) y a la persona titular de la Dirección  e
del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1). bo
4.  El orden de resolución de las solicitudes será el siguiente: 980ww
(estiam) acEiónn  poribmjeetri vlau gdaer,l  sIeR PreFs)o lyv e2rá.1n  l(apse rssoolnicaitsu daeust ócnoormreassp,o nedmiepnrteessa sa  yla sg rlíunpeoa sd 1e 
empresas con un máximo de 10 personas empleadas). La concesión de la subvención
de ambas líneas se realizará, hasta el agotamiento del crédito disponible, atendiendo a  Bc
la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que estén completas, o, si no 
estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la documentación necesaria, una 
vez subsanadas, en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran 
apreciado por el órgano instructor.
Si de estas líneas, una vez resueltas la totalidad de solicitudes completas, quedara 
remanente, este se añadirá al crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (personas 
autónomas, empresas y grupo de empresas con más de 10 personas empleadas) que se 
resolverá con posterioridad. La distribución de ese remanente entre las líneas 2.2 y 2.3 se 
realizará respetando la proporcionalidad del número de solicitudes completas de cada línea.
De no existir crédito adecuado y suficiente para atender todas las solicitudes de las 
líneas 1 y 2.1, respectivamente, se formará una lista de reserva en los términos y a los 
efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. Las solicitudes se ordenarán por la fecha en que estén completas.
Las solicitudes de subvención que integran la lista de reserva a la que se refiere el 
párrafo anterior podrán ser atendidas no solo en caso de renuncia, sino de aplicación de 
remanentes procedentes de las líneas 2.2 y 2.3, respectivamente. El remanente de las 
líneas 2.2 y 2.3 se produciría en el caso de que se atendieran la totalidad de las 
solicitudes completas de líneas 2.2 y 2.3 con los límites establecidos en el artículo 7.2. 
La distribución de ese remanente entre las líneas 1 y 2.1 se realizará respetando la 
proporcionalidad del número de solicitudes en la lista de reserva de cada línea.
b)  En el caso de que el total del crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (crédito 
inicial más el posible remanente de las líneas 1 y 2.1), permitiera resolver la totalidad de 
las solicitudes completas de todas las líneas (solicitudes completas de las líneas 2.2 
y 2.3 y posible lista de reserva de las líneas 1 y 2.1), con los límites de cobertura de 
caída del volumen anual de operación y límite máximo de la ayuda preestablecidos 
previsto en el artículo 7.2 y, aún quedara remanente, el límite de cobertura de caída del 
volumen anual de operación de las líneas 2.2 y 2.3 podrá incrementarse hasta agotar la 
totalidad del crédito disponible.
c)  Las solicitudes estimadas de las líneas 2.2 y 2.3 se acumularán en una única 
resolución donde se incluirá la totalidad de ellas y con las siguientes opciones según el 
momento de agotamiento del crédito:
c.1)  Si el crédito disponible, con los límites de la cuantía de la subvención previstos 
inicialmente en el artículo 7.2, no alcanzara a cubrir la totalidad de las solicitudes 
completas,  se  resolverá  estimando  las  solicitudes  completas  por  estricto  orden 
cronológico hasta agotar la totalidad del crédito.
c.2)  Si  el  crédito  disponible,  permitiera  cubrir  la  totalidad  de  las  solicitudes 
completas, con los límites previstos en el artículo 7.2, o incluso ampliándose según lo 
descrito en al apartado b) anterior, se resolverá estimando la totalidad de las solicitudes 
completas.
d)  Una vez resueltas todas las solicitudes de subvención conforme a lo establecido 
en el presente apartado, la nueva distribución resultante entre líneas y sublíneas deberá 
comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
5.  Las resoluciones de concesión de las subvenciones de la línea 2 por el importe 
mínimo de 4.000 euros declararán la justificación total de las mismas.
6.  Una vez agotado el crédito establecido para atender las subvenciones, serán  s
denegadas  todas  las  solicitudes  que  no  hayan  podido  ser  atendidas  por  falta  de  oe.
sbepuenrepn sdueuoefpicscuutiaoemr,si ealtaons ,t r oeds iseúno n llpiuacrcsooi c,ós encud ubdeyverae n anen clgoaiaot ifctniocoeramsiac,p  iódyrone b a esauescnt iaqpósurna e scd otesilcielc ac itrhuuáamd yeepanslni  mls aepi e rfnpoetorsomde rndaáte a q rdleuooaes l  iesrzeenaq  re upcsilsoatianztobjousl.en  pctEaeanm r aeee nnss etteeerl     2021-13980n https://www.
apartado siguiente.
7.  Las resoluciones de concesión deberán ser dictadas y notificadas antes del 31 
de  diciembre  de  2021,  o  en  fecha  posterior  que  se  establezca  por  la  eventual 
modificación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y por la eventual modificación 
del Marco Temporal Nacional. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se 
entenderá desestimada la solicitud de subvención.
Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el «Boletín Oficial de 
Canarias». Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
8.  Las resoluciones de concesión no pondrán fin a la vía administrativa y contra 
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de 
Economía e Internacionalización (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la 
Presidencia  del  Servicio  Canario  de  Empleo  (en  el  supuesto  de  la  línea  1  de 
subvenciones), en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, 
según lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9.  Las  subvenciones  concedidas  serán  objeto  de  publicidad  a  través  de  su 
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de Canarias.
10.  Las solicitudes desestimadas y las desistidas se acumularán en una única 
resolución, indicando la causa de desestimación o desistimiento, respectivamente.
Artículo 14.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el 
artículo 25 del presente Decreto ley, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.
2.  La resolución de modificación de concesión de la subvención deberá dictarse por 
el órgano concedente en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de presentación de 
la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 
resolución  expresa,  legitima  a  las  personas  y  empresas  interesadas  para  entender 
desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
CAPÍTULO III
Justificación y control de las subvenciones
Artículo 15.  Justificación de la subvención.
1.  La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
2.  Las personas autónomas y empresas beneficiarias deberán justificar de manera 
diferenciada la aplicación de la subvención concedida exclusivamente en los siguientes 
destinos y con el siguiente orden de prioridad:
1.º  Pagos pendientes a proveedores y acreedores, por orden de antigüedad.
2.º  Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria,  s
primando la deuda con aval público. e.
3.º  Costes fijos incurridos no cubiertos. w.
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plazo de presentación de la solicitud de la subvención.
3.  El modo de justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe 
concedido:
a)  Las subvenciones de la línea 1 se justificarán mediante declaración responsable, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
b)  Las subvenciones de la línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros 
no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los 
artículos 3 y 7 del presente Decreto ley.
c)  Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y 
hasta  100.000  euros,  se  justificarán  mediante  la  modalidad  de  cuenta  justificativa 
simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
d)  Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros, 
se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe 
auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
4.  El plazo de justificación será del 1 de enero al 28 de febrero de 2022.
Artículo 16.  Justificación mediante declaración responsable.
1.  Para la justificación de las subvenciones de la línea 1 habrá de presentarse una 
declaración responsable de la persona beneficiaria conforme al modelo normalizado 
aprobado por resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, que estará 
disponible  en  el  procedimiento  correspondiente  en  la  sede  electrónica  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, carta de 
pago de reintegro en el supuesto de fondos percibidos no aplicados, así como de los 
intereses derivados de estos.
2.  El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se 
acuerden en el presente Decreto ley, los justificantes que estime oportunos y que 
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a 
cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto 
seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, 
que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De 
no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de 
salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado 
y con fecha.
Artículo 17.  Justificación mediante cuenta justificativa simplificada.
1.  La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:
a)  Una declaración responsable de la relación clasificada de los pagos realizados 
para satisfacer los pagos pendientes a proveedores y acreedores, las deudas y los 
costes fijos incurridos no cubiertos, con identificación del acreedor y del documento, su 
importe, fecha de emisión y fecha de pago, conforme al modelo normalizado aprobado 
por resolución de la Dirección General de Promoción Económica, que estará disponible 
en el procedimiento correspondiente en la sede electrónica de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, la beneficiaria está obligada a 
conservar dicha documentación y aportarla si es requerida para ello en la fase de 
verificación de la ayuda o en cualquier control financiero posterior.
b)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. e.
c)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no  w.b
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. 980ww
2.  El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se
oabcuteenrdeer ne veind eenl cpiare sraeznoten aDbelec restoob rleey ,l alo as djuesctuifaicdaan taepsl iqcaucei óens tidmee  lao psourtbuvneonsc iyó nq,u ea  pceurymoi tafinn 
podrá requerir a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así
como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla 
general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera 
justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse 
el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.
Artículo 18.  Justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor.
La cuenta justificativa con informe auditor contendrá:
a)  Una  relación  clasificada  de  los  pagos  realizados  para  satisfacer  los  pagos  a 
proveedores y de la deuda financiera y no financiera. Así mismo, contendrá la cuantía de los 
gastos fijos no cubiertos, equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, de 
acuerdo al modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente Decreto ley.
b)  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
c)  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
d)  El  auditor  comprobará  los  justificantes  mediante  técnicas  de  muestreo  que 
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a 
cuyo  fin  podrá  requerir  a  la  beneficiaria  la  remisión  de  los  justificantes  de  gasto 
seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que 
incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos.
La  auditoría  limitada  original  relativa  al  empleo  de  los  fondos  recibidos  en  las 
actividades subvencionadas deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas, inscritas 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. El Auditor de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador 
establecido en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil ante la beneficiaria de la subvención en el ámbito de su relación 
contractual privada, ni de la responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades 
documentales o delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal 
como  socio,  administrador  o  apoderado)  o  laboral  con  empresas  proveedoras  a  la 
beneficiaria de bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable.
Las personas que tengan una relación laboral por cuenta ajena con la beneficiaria no 
podrán actuar como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de subvención, ya sea 
como  personas  empresarias  individuales  o  como  personas  socia  o  partícipe, 
administradora o apoderada de una persona jurídica.
La auditoría recogerá, de forma literal, el alcance siguiente:
1)  Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la 
cuenta justificativa realizados corresponden a los fines para los que se concedió la 
subvención, de acuerdo con la resolución de concesión y en presente Decreto ley.
2)  Comprobación  de  que  los  justificantes  acreditativos  de  los  elementos  de  la 
cuenta justificativa se ajustan a los requisitos recogidos en el presente Decreto ley y 
corresponden al período establecido en el mismo.
3)  Verificación en los registros contables de la solicitante de la subvención, así 
como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido  s
en el presente Decreto ley. En su caso, verificación documental de que la beneficiaria no  oe.
eeasfrettíácc4 tuou)l oba ldiCgo1aos7dm .a1pq .aruao e)lb a a dlscleeeiólv  nap rnedrzeleaas c edqioneunt eeca o nlna Dtsaee bcnfira leicdtetaould  ra.lmesy o,yd  ecdluoom cupnmloerenmn atolloiszs a jduroset qifuiaci asitqtiovuose s  ddseee   elorxespf ieegdraeics itóoensl    2021-13980n https://www.
establecidos en la normativa vigente de aplicación.
5)  Verificación del importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos no cubiertos se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de 
contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
6)  El auditor deberá indicar si la beneficiaria está o no obligada a presentar las 
cuentas anuales e indicar, en su caso, el auditor.
7)  El  auditor  deberá  identificar  el  lugar  de  emplazamiento  de  los  documentos 
acreditativos correspondientes a la operación cofinanciada.
8)  El auditor deberá conservar toda la documentación e información relativa a las 
operaciones cofinanciadas durante el mismo plazo establecido para la beneficiaria.
9)  En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar 
costes  fijos  incurridos  no  cubiertos,  el  auditor  deberá  relacionar  los  costes 
subvencionados de forma individualizada.
En aquellos casos en que la beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales 
por un auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstancia que ha de estar 
recogida en el informe de auditoría, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo 
por el mismo auditor.
Si como consecuencia de la actividad de comprobación realizada por la Intervención 
General se derivase la exigencia de un reintegro a una beneficiaria, se podrá poner en 
conocimiento de las corporaciones profesionales de los auditores dicha circunstancia.
Artículo  19.  Acreditación  del  cumplimiento  del  requisito  de  mantenimiento  de  la 
actividad y de los compromisos establecidos en el apartado 2 de la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
1.  A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del 
Real  Decreto-ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  las  personas  autónomas  y  empresas 
beneficiarias están obligadas a aportar, por el mismo medio que la presentación de 
solicitudes, en un plazo que expira el 31 de diciembre de 2022, el formulario incluido 
como anexo del presente Decreto ley, junto con la documentación siguiente, salvo que 
hubieran otorgado autorización a la Administración para su consulta:
Además de la cuenta justificativa indicada anteriormente en aquellos supuestos en 
los que se hubiera autorizado el cruce telemático de datos con la AEAT, se comprobará 
durante el primer trimestre de 2023, que la beneficiaria no ha repartido dividendos 
durante 2021 o 2022, así como el mantenimiento de la actividad económica hasta el 30 
de junio de 2022. En caso de no haber autorizado el cruce de datos, deberá aportarse en 
el mismo período y deberá aportarse telemáticamente:
– Declaraciones trimestrales del modelo 123 de los ejercicios 2021 y 2022 o, en su 
caso, el modelo 193 resumen anual de dichas declaraciones.
– Certificado de situación censal de la AEAT.
Asimismo, en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la 
concesión de la ayuda, deberá aportar certificado acreditativo de no haber aprobado 
incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años 
desde la concesión de la ayuda, también telemáticamente.
2.  En caso de incumplimiento de los compromisos a que se refiere el apartado 2 de 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, procederá el 
reintegro de la subvención concedida. e.
Artículo 20.  Comprobación y control de las subvenciones. 980ww
1.  El órgano concedente correspondiente someterá a comprobación posterior el
bcoennteefniciidaori adse  lhaa jnu sctiufimcapcliidóon  ecsotna bllae ccidoan deunc ltoas  saurtbícvuelnocsi o1n6a,d 1a7  yy  1la8 ,a yu tveenrtiifcicidaarád  qduee  llaoss 
aspectos declarados en su solicitud. Para ello, se hará una muestra del 10 % de la
población subvencionada en las líneas 1, 2.1 y 2.2 y del 20 % en la línea 2.3; y se podrá 
contratar a auditores de cuentas especialistas en control de subvenciones públicas. El 
porcentaje de la muestra podrá incrementarse en función de los resultados obtenidos.
2.  La persona y empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones 
que garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, 
estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, 
así como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea. 
A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones 
que entienda pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad beneficiaria de la subvención 
cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas.
3.  El  incumplimiento  de  lo  requerido  por  la  Administración  podrá  considerarse 
causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.
Artículo 21.  Reintegro de las subvenciones.
1.  Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en 
el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y en el presente Decreto ley, darán lugar a la 
obligación de reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del 
interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, será de aplicación el resto del Capítulo I 
del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el artículo 152 de la Ley 11/2006, 
de 11 de diciembre.
2.  El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los Títulos II 
y III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las disposiciones básicas del Título III del 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; y los artículos 40 y 41 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación con lo dispuesto en los artículos 58 y 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta 
de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad.
Artículo 22.  Criterios de graduación de los incumplimientos.
1.  Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir la persona o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los 
incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en el Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, en el presente Decreto ley y demás normas aplicables 
responderán al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las 
actuaciones acreditadas.
2.  En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará 
lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento 
de la subvención concedida.
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:
i)  Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal 
efecto: s
i.1)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u  w.b
ocultando aquellas que lo hubieren impedido. 980ww
y coi.n2t)r ol Rfiensaisntceienrcoia ,p erexvciusstaas,  oebns trlousc caiórntí cou lnoesg a1t4iv ay  a1 l5a sd aec tluaa Lcieoyn e3s8 d/2e0 c0o3m, pdreo b1a7c idóen 
ncoonviseemrvbarcei,ó na sdí ec odmoocu eml einnctousm cpulimaniednot od ed ee lllaos  soeb ldigearicvieo nleas  imcopnotsaibblielidsa, dre dgeis tvraelreifsic aor  deel 
empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las acciones subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes 
públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad 
de la cantidad percibida.
i.3)  A  tal  efecto,  tendrán  esa  consideración  el  falseamiento  de  los  datos 
suministrados  por  la  misma,  que  impidan  la  total  certificación  del  buen  fin  de  la 
subvención concedida.
i.4)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas y empresas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
o plazo en que se ha de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.
i.5)  Incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  Administración  a  las 
personas y empresas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos 
con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello 
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos. En este 
caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
ii)  Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto 
tendrán esa consideración:
ii.1)  El  incumplimiento  de  los  requerimientos  de  aportar  la  información  y 
documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas 
participantes de la actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la 
reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, 
sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida.
iii)  En  caso  de  incumplimientos  de  obligaciones  formales  que  no  pudieran 
calcularse en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas y 
empresas beneficiarias del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento  total  y  se  acredite  por  la  entidad  beneficiaria  una  actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro 
de un 3 % del importe de la subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que 
en su caso corresponda.
Artículo 23.  Infracciones y sanciones.
Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el Título IV de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en  lo  relativo  a  infracciones  y  sanciones 
administrativas en materia de subvenciones.
Artículo 24.  Prescripción.
Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, que disponen que prescribirá a 
los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, 
establecen el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el artículo 16.2 de la 
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, establece que la prescripción de los derechos de la 
Hacienda Pública se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y 
se aplicará de oficio. e.
Artículo 25.  Compatibilidad de las subvenciones. 980ww
prerecus1er.sn otseL  aDpse acrsarue btolva e lnemcyi oissnmeerasá  nc ouc oydami sptcianottinabv leofscin acatoolirdniaa  do,ty ra pscr oosncucebedvseeinóntnce isos need se,r  eagcyuuulaadlnea ssq,m uieinedgriarae nstooets r aeosl    OE-A-2021-13able en https://
administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de
organismos  internacionales,  siempre  que  no  se  rebase  el  coste  de  la  actuación 
subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa 
reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
2.  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas,  o  de  otros  entes  públicos  o  privados,  supere  el  coste  de  la  actividad 
subvencionada.
3.  Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general 
todas las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, 
siempre y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad 
máxima establecidos para cada tipo de ayuda.
Las  medidas  de  ayuda  temporal  previstas  en  dicho  marco  consolidado  pueden 
acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de 
mínimis  (Reglamentos  (UE)  n.º  360/2012,  1407/2013,  1408/2013  y  717/2014  de  la 
Comisión), siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de 
mínimis sean respetadas.
Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también 
pueden  acumularse  con  las  ayudas  exentas  en  virtud  del  Reglamento  General  de 
Exención por Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo 
sean respetadas.
Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no 
financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de 
los costes cubiertos.
4.  El órgano concedente de estas ayudas deberá comprobar con carácter previo a 
la concesión que se cumplen las reglas de acumulación previstas y que el importe total o 
intensidad máxima de las ayudas que las personas autónomas y empresas han recibido 
no supera los importes totales o intensidades máximas previstas.
Artículo 26.  Protección de datos.
Las  entidades  colaboradoras  serán  encargadas  del  tratamiento  de  los  datos 
personales que se incorporen a las solicitudes de estas subvenciones, quedando sujetas 
al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el vigente 
Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Los  responsables  del  tratamiento  de  datos  personales  y  encargados  de  su 
tratamiento son, en el caso de los datos personales de las solicitudes de la línea 1, el 
Servicio  Canario  de  Empleo;  y  en  el  caso  de  la  línea  2,  la  Dirección  General  de 
Promoción Económica. Dichos organismo y centro directivo tienen el deber de cumplir 
con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los 
datos personales.
Artículo 27.  Información y publicidad.
Las  personas  y  empresas  beneficiarias  deberán  cumplir  con  las  obligaciones 
establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad,  es
derivadas de la subvención concedida. bo
Disp1o. sicEiól nim apdoicritoen aml ápxriimmoe rad.e l cFriéndaintoc iadceióstnin.ado a la financiación de las subvenciones
rdeogsucliaednatoss p soer seeln ptare ys ednotes  mDeil corecthoe nletya  aesucroiesn d(1e. 1a4 4m.2il 6c2ie.0n8to0 ,0cu0a ereunrotas )y d ceul aptrreos mupiluloensetos   BOE-A-cable e
de gastos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario 
de  Empleo  para  la  anualidad  2021,  según  las  líneas  de  subvenciones  directas 
contempladas  en  el  correspondiente  plan  estratégico  de  subvenciones  en  vigor, 
distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Líneas de  Aplicación  Tipología de 
Objeto Importe €
subvención presupuestaria beneficiarios
50.01.241K.470.02.
Estimación 
Línea 1. Fondo 4700200. 70.000.000,00
objetiva del IRPF.
L.A. n.º 504G1138.
15.14.433C.470.02. 10 o menos 
Línea 2.1. Fondo 4015016. personas  650.000.000,00
L.A. n.º 154G1139. empleadas.
Apoyo a la solvencia 
y endeudamiento. Más de 10 y 
15.14.433C.470.02.
menos de 50 
Línea 2.2. Fondo 4015016. 212.131.040,00
personas 
L.A. n.º 154G1140.
empleadas.
15.14.433C.470.02. 50 o más 
Línea 2.3. Fondo 4015016. personas  212.131.040,00
L.A. n.º 154G1141. empleadas.
  Total. 1.144.262.080,00
2.  Los créditos que se generen en el presupuesto de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para dar cobertura a las líneas 
de  subvención  reguladas  en  el  presente  Decreto  ley  serán  vinculantes  a  nivel  de 
Sección, Capítulo y Fondo.
Disposición adicional segunda.  Facultades de desarrollo.
1.  Se  faculta  a  las  personas  titulares  de  la  Dirección  General  de  Promoción 
Económica (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:
a)  Dictar  cuantos  actos,  resoluciones  e  instrucciones  sean  necesarias  para  el 
desarrollo, interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.
b)  Actualizar y modificar el anexo del presente Decreto ley.
2.  Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo para ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1 
del presente Decreto ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido 
inicialmente.
3.  Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y al persona titular de la 
Presidencia  del  Servicio  Canario  de  Empleo  (en  el  supuesto  de  la  línea  1  de 
subvenciones) para realizar nuevas convocatorias para la concesión de subvenciones 
conforme a las disposiciones establecidas en el presente Decreto ley, en caso de que se 
hubiera liberado crédito una vez concedidas las subvenciones conforme a lo establecido 
en el artículo 13 del presente Decreto ley. e.e
Las nuevas convocatorias establecerán el plazo de presentación de solicitudes y el  b
crédito presupuestario a que se imputa. 980ww
Asu4n.t osS  eE ufarocpueltoas  a plaar ap errseoanlizaa rti tulalasr  dmeo dlaif icCaocniosneejesr íap rdees uHpauceisetnadriaa,s  Pdreirsiguipduaess tao s lay 
rceudainstdroib uucnióan a ddee cluoasd ac régdeistotisó na sdieg nlaads oasy uednatrse  plaresv idsitsatsin teans  esle cpcrieosneenst ep rDeescurpeutoe slteayri alos 
requiera.
Disposición adicional tercera.  Generaciones de crédito asociadas a fondos REACT-EU.
Durante  2021  se  podrá  generar  crédito  para  actuaciones  susceptibles  de  ser 
financiadas con cargo a los fondos que le correspondan a la Comunidad Autónoma de 
Canarias procedentes de los recursos adicionales REACT-EU, ayuda a la recuperación 
para la cohesión y los territorios de Europa, en el marco de los fondos estructurales, 
mediante el oportuno expediente de modificación presupuestaria, sin que le sea de 
aplicación los requisitos previstos en los artículos 55 de la Ley 11/2006, de 11 de 
diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y 11 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Dado en Canarias, 4 de junio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor 
Torres Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, Román Rodríguez Rodríguez.–La Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo, Elena Máñez Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 115, de 5 de junio de 2021. Convalidado por Resolución 
del Parlamento de Canarias, publicada en el «Boletín Oficial de Canarias» número 140, de 9 de julio de 2021)
ANEXO
Acreditación del mantenimiento de la actividad de las personas autónomas 
y empresas beneficiarias de las ayudas directas de la «Línea Covid» prevista 
en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo
D./Dña.  .........................................................................,  por  sí  o  en  representación 
legal de la entidad ......................................................., beneficiaria de la ayuda directa 
prevista  en  el  Título  I  del  Real  Decreto-ley  5/2021,  mediante  Resolución 
n.º ..........................., de fecha ..........................., dictada por .........................................,
EXPONE
Primero.
Que el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
impone, a las personas autónomas y empresas beneficiarias, la obligación de justificar, 
ante el órgano concedente, el mantenimiento de la actividad que da derecho a las 
ayudas a 30 de junio de 2022 y que, en caso contrario, procederá el reintegro de las 
ayudas percibidas al amparo de este Título.
Segundo.
Que ha asumido el compromiso de mantenimiento de la actividad a que se refiere el 
apartado 2, letra a), de la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley.
Tercero. e
ayudCQaeu rpetei,f ircaca ibedifode acd,te oa ssp iotduretaa c aliaóc nrse icdgeiutnaiesrn aetle ld  demo laacnu AtmeEneAinmTt.aiecnióton :de la actividad correspondiente a la  2021-13980n https://www.
Por lo expuesto,
SOLICITA
Se dé por acreditado el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad 
establecido  en  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  cuarta  del  Real  Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea COVID de ayudas directas 
a personas autónomas y empresas» prevista en el Título I del citado Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo.
En ................................, a ......... de ............................... de 20XX.