BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Viernes 6 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 97270
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
13781 Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación/Asociación R-Inicia-T, para el desarrollo de los 
programas Pria-Ma, Encuentro, Diversidad y Regenerar de intervención en el 
medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas.
Habiéndose suscrito el 14 de octubre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación/
Asociación R-Inicia-T para el desarrollo de los programas Pria-Ma, Encuentro, Diversidad 
y Regenerar, de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas 
alternativas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio 
que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid,  27  de  octubre  de  2020.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Fundación/Asociación R-Inicia-T para el 
desarrollo de los programas Pria-Ma, Encuentro, Diversidad y Regenerar, de 
intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas
Madrid, a 14 de octubre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 
dejunio, actuando por delegación de competencias del/la Secretario/a de Estado de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban  las  delegaciones  efectuadas  por  otras  autoridades,  en  relación  con  el 
artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 
28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Gustavo Tapioles Martínez, en nombre y representación de la de 
la Asociación R-Inicia-T, (en adelante la Asociación) como Presidente, elegido por la 
Asamblea de fecha 1 de febrero de 2017 y facultado para este acto en virtud de las 
atribuciones que tiene conferidas como Presidente según los Estatutos de la Asociación 
en su artículo 11. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia con n.º 
13.301/1.ª Con domicilio a los efectos del presente convenio calle Alfonso X El Sabio, n.º 
13, 1.º B. 30205, de Cartagena, Murcia. es
Ambas  partes,  que  actúan  en  razón  de  sus  respectivos  cargos,  declaran  que  w.
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el  781ww
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la 
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, 
estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad -
que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado- le obligan a prestar su 
cooperación  no  retribuida  en  determinadas  actividades  de  utilidad  pública.  Estas 
circunstancias de ejecución se mantuvieron por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, y por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código 
Penal,  introduce  una  nueva  regulación  en  materia  de  suspensiones  de  condena. 
Desaparece la dualidad suspensión/sustitución de condena y, como señala el nuevo 
texto en su exposición de motivos: «(…) el tradicional régimen de sustitución de la pena 
pasa  a  ser  regulado  como  una  modalidad  de  suspensión  (…)»,  desapareciendo  el 
artículo 88. Igualmente se modifica el contenido del artículo 83 relativo a los deberes y 
prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena. En concreto, el 
artículo 83.1 6.º establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, 
culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de 
los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean 
cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia. Por su 
parte, en su apartado 7.º se establece la posibilidad de participar en programas de 
deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de 
tratamiento de otros comportamientos adictivos.
Cuarto.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el  e.e
Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. w.b
Quinto.
Que la Asociación R-Inicia-T tiene entre sus fines:
a)  Atender a las necesidades sociales y familiares de cuantos integran la zona de 
influencia en lo referente a la salud, urbanismo, promoción de la enseñanza, cultura, 
deporte, servicios sociales.
b)  Trabajar  sobre  los  factores  que  determinan  la  exclusión  social  de  jóvenes, 
mujeres, niños y ancianos, sean estas las que sean
c)  Promover, en su caso, dentro de las normas señaladas en la legislación y 
disposición vigentes o que en el futuro puedan dictarse, las acciones eficaces necesarias 
para garantizar los intereses de los asociados en orden a una promoción integral de las 
personas a través de la solución de los problemas colectivos e individuales.
d)  Conseguir la unidad, solidaridad y apoyo mutuo de sus asociados.
e)  La defensa de los intereses de los más desfavorecidos, utilizando para ello los 
cauces establecidos en la legalidad vigente y con respecto a las pautas de salud, 
educativas, sociales y laborales necesarias para la perfecta integración de la persona en 
la sociedad.
f)  Fomento de la educación de los colectivos abordados y seguridad en que serán 
capaces de desarrollar su capacidad optativa y decisoria.
g)  Promoción educativa de la integración social y prevención de la agresividad y 
violencia de género y en el ambiente familiar.
h)  Tratamiento psicológico de la agresividad en niños, jóvenes y adultos.
i)  Tratamiento y prevención de la violencia de género.
j)  Realizar estudios sobre todas las cuestiones relacionadas con los diferentes 
temas relacionados y la potenciación de la calidad de vida de los ciudadanos, para 
buscar  las  más  favorables  soluciones  mediante  la  colaboración  con  las  entidades 
públicas y privadas relacionadas con estos temas.
k)  Fomentar la participación de los asociados en los temas y campos de interés 
general.
l)  Integración de Inmigrantes.
m)  La defensa de los intereses de los Mayores, utilizando para ello los cauces 
establecidos en la legalidad vigente.
n)  Impulsar actividades destinadas a la Mujer.
o)  Impulsar actividades destinadas a los Jóvenes.
p)  Justicia restaurativa.
q)  Cuales quiera otras que acuerden a la Asamblea General o su Junta Gestora y 
que redunden en beneficio de las condiciones materiales del ámbito territorial de la 
Asociación.
Sexto.
Que  según  el  artículo  49  del  Código  Penal,  los  trabajos  en  beneficio  de  la 
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a 
prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, 
en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así  como  en  la  participación  del  penado  en  talleres  o  programas  formativos  o  de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. s
Séptimo. w.
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coordinarse para contribuir a su erradicación.
Octavo.
Que la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento tiene como 
finalidad incidir en el comportamiento del penado, tratando de evitar la repetición de 
iguales o parecidas conductas en un futuro y detener una posible espiral de agresiones y 
violencia. En definitiva, es una cuestión de suma importancia social en la que ha de 
implicarse toda la sociedad y, especialmente, las Administraciones Públicas.
Noveno.
Que a su vez, para el contexto de internos condenados a privación de libertad, tanto 
en segundo grado de tratamiento, como terceros grados o régimen de semilibertad, el 
artículo 59 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, determina que: «1.  El 
tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a 
la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. 2. El tratamiento 
pretende  hacer  del  interno  una  persona  con  la  intención  y  la  capacidad  de  vivir 
respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, 
en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general».
En consonancia con lo anterior, el artículo 65.2 del mismo texto normativo establece 
que: «La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores 
o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva; se 
manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la 
confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades, cada vez más 
importantes, que implicarán una mayor libertad».
Por todo ello, es fundamental desarrollar programas de intervención específicos con 
los penados cuya situación penal y penitenciaria así lo requiera.
Por lo expuesto, se acuerda suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto la efectiva puesta en marcha de los Programas 
de Intervención Pria-Ma, Encuentro, Diversidad y Regenerar (en adelante, Programas), 
que podrá estar dirigido tanto a condenados a privación de libertad en régimen de tercer 
grado, como a aquellos condenados a penas y medidas alternativas.
Segunda.  Compromisos  que  asume  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Subdirección 
General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, se compromete a:
1.  Posibilitar el desarrollo de los programas de intervención, mediante la derivación 
de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta, por condenas a 
medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de libertad que  es
así lo requieran. o
2.  Colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada  781ww
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programas.
5.  Coordinar  e  integrar  todas  las  actuaciones  realizadas,  a  fin  de  dar  fiel 
cumplimiento del taller o programa a los destinatarios del mismo.
6.  Adoptar las medidas de seguridad oportunas cuando el programa o taller se 
desarrolle en un Centro de Inserción Social.
Tercera.  Compromisos que asume la Asociación.
La Asociación R-Inicia-T se compromete a:
1.  Desarrollar los Programas conforme al modelo y programa marco establecido por 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
2.  Aportar a los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo de los 
Programas objeto del presente convenio.
3.  Justicia Restaurativa.
Cuarta.  Obligaciones económicas o contractuales.
Del presente convenio no se generarán obligaciones de carácter económico para 
ninguna de las partes.
Asimismo, en ningún caso se derivarán relaciones de naturaleza laboral, contractual, 
funcionarial o estatuaria entre los profesionales que realicen los talleres o programas y la 
Administración Penitenciaria.
Quinta.  Recursos humanos.
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre 
las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del 
mismo.
Sexta.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  La Asociación R-Inicia-T se compromete a mantener en secreto todos los datos e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que 
sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será 
considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, debiendo 
la Asociación R-Inicia-T mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla 
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 
parte del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 
2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por  parte  de  las  autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación, 
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, 
y  a  la  libre  circulación  de  dichos  datos  y  por  la  que  se  deroga  la  Decisión 
Marco 2008/977/JAI del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal  respectivamente  recabados  en  el  ámbito  del  trabajo  en  beneficio  de  la 
comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la  es
otra  parte,  se  realizará  con  la  condición  de  encargado  de  tratamiento,  única  y  bo
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del  781ww
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del  presente  convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias y la Asociación R-Inicia-T. Los datos objeto de 
tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI 
y copia de los hechos probados del testimonio de sentencia.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  las  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido
Séptima.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Octava.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida 
por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes  de  la  Asociación  R-Inicia-T  que  serán  nombrados  por  el  Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La  Comisión  de  Seguimiento  resolverá  los  problemas  de  interpretación  y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Novena.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Asociación R-Inicia-T.
Los  acuerdos  de  modificación,  prórroga  y  resolución  del  convenio  deberán  ser 
tramitados de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e inscritos en 
el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector 
Público Estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
Décima.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las  dudas  o  controversias  que  surjan  entre  las  partes  sobre  los  efectos,  e.e
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por  w.b
conciliación  en  la  Comisión  de  Seguimiento  serán  sometidas  a  los  tribunales  781ww
lcao Lmepye 2te9n/1te9s9 8d,e d lea  1ju3r idsdei cjucliióon,  Rceognutelandcoiorsao d-aed lma iJnuisritsradticivcaió, nd eC oancuteenrcdioo scoo-nA dlom pinreisvtirsattoiv ean.
Undécima.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  el  presente  convenio  resultará  eficaz  una  vez  sea  inscrito  en  el  Registro 
Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
y tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y  la 
Asociación R-Inicia-T podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta 
otros cuatro años adicionales.
Duodécima.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que  se  encuentren  en  ejecución  en  el  momento  de  la  resolución  del  convenio 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  arriba  indicados.–El 
Secretario  General  de  Instituciones  Penitenciarias,  Ángel  Luis  Ortiz  González.–El 
Presidente de la Asociación R-Inicia-T, Gustavo Tapioles Martínez.