BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Martes 6 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80159
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11212 Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito 
de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación).
La  Estrategia  Europa  2020  («Europa  2020-Una  estrategia  para  un  crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador» [COM (2010) (2020)], reafirma la política industrial 
como una de las prioridades estratégicas de Europa para la década: si Europa quiere 
seguir ejerciendo un papel destacado en la economía mundial, su industria debe situarse 
en primer plano.
La Comisión Europea en su Comunicación COM (2017) 479 «Invertir en una industria 
inteligente,  innovadora  y  sostenible.  Estrategia  renovada  de  política  industrial», 
continuando  con  su  línea  argumental  sobre  la  industria  expresada  en  anteriores 
comunicaciones,  reafirma  el  papel  de  la  industria  como  motor  esencial  de  la 
productividad y la innovación y como una de las piedras angulares de la prosperidad 
económica en Europa. Y señala que, aunque la Unión Europea (en adelante, UE) cuente 
con una base industrial fuerte, los Estados miembros, las instituciones de la UE y, la 
propia industria han de hacer todo lo posible para mantener y reforzar el liderazgo 
industrial de Europa en la era de la globalización, marcada por los retos que plantea la 
sostenibilidad y la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos.
De  forma  más  incisiva,  la  Comunicación  COM(2020)102,  Una  nueva  estrategia 
industrial para Europa, del 10 de marzo, considera que los próximos cinco años son 
decisivos para habilitar las condiciones necesarias para el profundo cambio que la 
industria  europea,  y  la  española,  necesitan:  ir  hacia  una  industria  competitiva, 
digitalizada y climáticamente neutral, arraigada en el modelo social europeo, que cree 
empleos de calidad y contribuya a la soberanía económica de la UE, poniendo el foco en 
los ecosistemas industriales.
Está demostrado que las naciones más ricas del mundo son aquéllas que poseen los 
sectores industriales más potentes, y que hay una clara correlación entre los países de 
nuestro entorno con mayor peso industrial y los que han soportado y están soportando 
mejor las fases adversas de los ciclos económicos.
El sector de la industria manufacturera contribuye significativamente a la economía, 
sobre todo en lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad. Nos 
encontramos en un momento en que se reconoce el importante papel que desempeñan 
la capacidad de producción nacional en la creación de innovación y la capacidad de 
aumentar  rápidamente  la  fabricación  de  nuevos  productos  mediante  el  uso  de 
tecnologías avanzadas. La innovación, la automatización y los procesos productivos 
sofisticados son la base de las estrategias industriales de éxito y han demostrado ser 
fundamentales en el mantenimiento de una posición de liderazgo.
Por otra parte, el crecimiento de la actividad industrial tiene evidentes externalidades 
positivas que no sólo benefician a las empresas del sector, sino en el conjunto de la 
economía basado en su efecto multiplicador como son el aumento de la productividad y 
del índice de complejidad de la economía, el aumento de la actividad innovadora, la  s
contribución a la mejora de la calidad del empleo y su cualificación, y su positivo impacto  oe.
sobre el equilibrio en la balanza por cuenta corriente de nuestro país, consecuencia de  w.
seuc odnEoolm mciínraae ync itmgee iaenpneotroar tdaoycr i ódlnae   acm olahesejo seriaóx pno dsreota ccilaaiol  nyce tosem.r rEpiteos,tr iitapivlo.idr atadn toin,d uuns tsrieacl tosro vne rdteobsr advoarr iadbel elas   2021-1121n https://w
fundamentales  para  alcanzar  el  desarrollo  industrial  que  genere  los  beneficios
anteriormente descritos. Y la digitalización contribuye significativamente a la mejora de  Bc
dichas variables. De hecho, el sector industrial, en el que convergen tecnología digital y 
producción  física  de  bienes,  puede  considerarse  protagonista  de  la  transformación 
digital, al favorecer la modernización de los procesos industriales, los productos y los 
modelos de negocio, afectando positivamente a la productividad, y ejerciendo un efecto 
tractor  sobre  la  tecnificación  del  resto  de  actividades  productivas.  Europa  es  líder 
mundial en muchos sectores de fabricación y son muchas las empresas europeas que se 
sitúan en la vanguardia de la digitalización y la automatización en sectores clave de la 
industria.
Pero la digitalización de la industria abarca mucho más que la tecnología, y su 
asimilación por parte de las pymes es lenta. En estos procesos, las empresas deben 
asumir las inversiones iniciales que les permitan aprovechar las posibilidades que se 
abren en este campo. Superar los esfuerzos que conllevarán la adquisición de nuevas 
capacidades digitales, permitirá a las empresas interiorizar nuevos modelos y nuevos 
procesos empresariales, lo que les permitirá estar preparadas y crecer en un entorno de 
cambios disruptivos que afectarán, entre otros, a los procesos y ritmos de fabricación, a 
la previsibilidad de la producción, la fragmentación y reorientación de las cadenas de 
valor, a las relaciones entre la industria y los proveedores de conocimiento o al papel del 
cliente en el proceso productivo.
La  ciberseguridad,  la  economía  del  dato,  la  inteligencia  artificial,  la  robótica 
avanzada, el blockchain, la conectividad y otras tecnologías digitales habilitadoras son 
vectores estratégicos para impulsar la segunda oleada de digitalización en España.
Esta adaptación a lo largo y ancho de las cadenas de valor será clave para fomentar 
el crecimiento y la competitividad de las empresas y, globalmente, de toda la industria 
europea.
Es, por lo tanto, preciso modernizar la industria de cara a la actual era digital, puesto 
que la transformación digital está en el núcleo de la revolución industrial en curso.
Las Directrices de la Nueva Política Industrial 2030 determinan la necesidad de una 
política industrial activa dirigida a contribuir a transformar nuestro modelo productivo y 
considera como eje estratégico la digitalización de la industria, instando a orientar las 
políticas públicas hacia la mayor penetración de la digitalización en el tejido industrial 
nacional, especialmente las pymes; y que existan mecanismos para asegurar el óptimo 
aprovechamiento del potencial de estas nuevas tecnologías.
Por su parte, la Agenda España Digital 2025, establece como séptimo eje acelerar 
los procesos de digitalización del tejido productivo, fomentando la adopción intensiva de 
tecnologías y servicios digitales y el empleo masivo de datos, especialmente en la pyme, 
contribuyendo a mejorar su crecimiento e internacionalización, así como el impulso de 
sus capacidades de innovación y de toma de decisiones basadas en datos.
Por todo lo explicado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa orienta su acción a 
la  mejora  de  la  competitividad  a  largo  plazo  del  sector,  es  decir,  a  su  función  de 
producción y, por tanto, de su productividad. Y para conseguir este objetivo, un eje 
fundamental consiste en garantizar que existe un adecuado flujo de financiación a largo 
plazo, estratégica y para el crecimiento de la empresa industrial.
Resulta  por  tanto  necesario  aprobar  unas  bases  reguladoras,  que  impulsen 
inversiones en digitalización que permitan potenciar el sector industrial en el contexto de 
salida de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, alineados con los objetivos de 
reactivación de la economía general y el sector industrial en particular, y de la resiliencia 
del sector productivo nacional. s
Además, el impulso deberá ser coherente con el marco de la UE, apuntando a una  oe.
recuperación en clave ecológica, alineada con el Pacto Verde Europeo, sobre la base de  w.
rtlaée rinmndeinuuostrtsar ilaiddlieaz dam ccioólidnme yár ntdicizeaa  gcyei ónlnae  redacecoi ónlnao  mdeeíca oe nmcoirpmclueíaloa, r d aeyt  rcsaaoclsicdtieóanndi .bdlee,  iqnuvee rasibornee os,p odretu nuindaa dneuse evna   2021-1121n https://w
estaY t rpaanrsaf oerlmloa, creiósnu,l tcao fmunpdleammeenntatanl deol  aapsoí yloos  geusbfueernrzaomse enmtapl rae sparoriyaelecsto esn q euset ep ráommbuiteov daen   BOE-A-cable e
manera  que  las  empresas  puedan  asumir  los  riesgos  inherentes  a  las  actividades 
destinadas a conseguir su evolución a la economía digital.
Adicionalmente, este programa podría ser cofinanciado con fondos europeos del 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  remitido  por  el  Gobierno  a  la 
Comisión Europea el pasado 30 de abril.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno traza la hoja de 
ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento 
económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. 
Este Plan recibirá la financiación de los fondos Next Generation EU, provenientes del 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y de la Ayuda a la Recuperación para 
la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU). Específicamente, la cofinanciación 
de estas ayudas se incardinaría en el marco del componente 12, inversión 2, del PRTR 
finalmente aprobado.
La ayuda que regula esta orden se estructura en una línea específica para pymes y 
otra para grandes implementaciones (a la que pueden acceder también las pymes que 
presenten proyectos de mayor cuantía), cuyos apoyos pueden ser concedidos en forma 
de préstamos, de subvenciones o de una combinación de ambas. Los préstamos con 
varios años de carencia, revisten particular relevancia en el caso de los proyectos 
innovadores que se desarrollarán bajo el paraguas de este programa, ya que darán sus 
resultados productivos a tiempo de atender las correspondientes amortizaciones.
Las  ayudas  concedidas  en  la  línea  de  actuación  Activa-Pymes  respetarán  lo 
establecido Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis.
Las ayudas concedidas en la línea de actuación Activa-Grandes implementaciones 
respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
La orden se estructura en treinta y cuatro artículos, distribuidos a lo largo de dos 
capítulos,  dos  disposiciones  adicionales,  una  disposición  derogatoria  única,  tres 
disposiciones finales y cuatro anexos. En el primer capítulo figuran las disposiciones de 
carácter general, que se refieren a aspectos como los objetivos generales, los tipos de 
actuaciones financiables, los beneficiarios, las características de la ayuda y sus límites; 
el segundo regula el procedimiento de gestión: órganos convocantes, forma de realizar la 
solicitud, proceso de evaluación, tramitación y pago, justificación y comprobación de la 
realización de las actuaciones, criterios de graduación de los posibles incumplimientos y 
la refinanciación de los préstamos. En los anexos se especifican las actividades incluidas 
en el ámbito de esta orden, las definiciones a efectos de aplicación de esta orden, los 
criterios de evaluación de las solicitudes y la metodología para la calificación financiera 
de la empresa.
Las  bases  de  las  ayudas  reguladas  en  esta  orden  se  dictan  al  amparo  del 
artículo 149.1.15.ª de la Constitución.
La gestión de estas ayudas se realizará por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  dado  que  cuenta  con  competencias  exclusivas  del  Estado  en  materia  de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, siguiendo la 
doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al alcance 
material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución  s
reserva al Estado. oe.
Así, ha declarado el Tribunal Constitucional que «resulta conforme a la Constitución  w.
iqonutvoeer gseatilgm aEiecsintóatnod  oyd  edr eesgsuuablrevro,e lnlaocl  idoaenm einpsna eoronv a ddceeiolf innceiittsiav dtaéo cc noaircrrtaíecscu telaonm  1ee4ln 9stee.1 c.ot1or5dr  etCenxaEtd,il a lysa  sda elc  lofaon mcdoiecnniofteonc ecdsieó  dnlea»    2021-1121n https://w
(sSeTpCtie m19b0r/e2,0 F00J , 8d)e.  S13e gdúen  jusleio ,r eFcJo 1rd2ó;  eenn  plaa reScTidCo s9 0té/1rm99in2o, sF, JS T2C A 1)7, 5«/2la0 0c3o,m dpee t3e0n cdiae   BOE-A-cable e
estatal en la materia de investigación científica y técnica no queda ceñida o limitada a la 
coordinación  general  de  la  actividad  resultante  del  ejercicio  de  las  competencias 
autonómicas  en  la  referida  materia,  sino  que  alcanza,  asimismo,  al  fomento  de  la 
investigación científica y técnica». Un pronunciamiento similar puede encontrarse en el 
fundamento jurídico 13 F) de la STC 13/1992, de 6 de febrero.
En todo caso, esta jurisprudencia señala que su ámbito es particularmente amplio, 
extendiéndose  al  organizativo,  y  al  mero  apoyo  o  estímulo,  sin  necesidad  de 
circunscribirse al apoyo de las actividades directamente conducentes a descubrimientos 
científicos o avances técnicos.
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su 
efectividad y operatividad, resulta conveniente la concentración de los fondos que los 
financian, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial 
del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo 
financiero que es desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta 
orden presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus 
dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de las tecnologías con las que operan, 
que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a 
la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas. Así, estas circunstancias 
impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas y 
exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar una cierta 
igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.
Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma, la armonización de los 
criterios que deben guiar la concesión de apoyos públicos al fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica en el sector industrial, dentro del ámbito 
de la digitalización. Para la efectiva aplicación de dichos criterios es necesario garantizar 
la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  los  recursos  públicos  destinados  a 
incentivar las citadas inversiones en cualquier punto del territorio nacional. Por todo ello, 
resulta imprescindible una acción centralizada como la que se establece en la presente 
orden ministerial.
Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014, o el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios regulados en esta orden son 
personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, la tramitación electrónica de los citados apoyos será obligatoria en todas las 
fases del procedimiento.
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que, en el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los 
organismos públicos y restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia  vinculadas  o  dependientes  de  aquélla,  los  ministros  correspondientes 
establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que, en el ejercicio de 
la  iniciativa  legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas 
actuarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
El  ajuste  de  la  norma  propuesta  al  principio  de  necesidad  viene  dado  por  la  s
importancia que tiene para un país el poseer un sector industrial potente, ya que las  oe.
naciones que lo tienen son capaces de afrontar las crisis en mejores condiciones, con  w.
eemvaplEulenao csicó umna ándstoe e  saltaal sbp lersiosn lciyci pimtiuoed jeodsree  sqtr usaean lsasproiaonrse .nocbijae,t iveossta,  pnúobrmlicao se syt acbolencoec iduonso sp rcervitiearmioesn dtee,   2021-1121n https://w
lma uecvhaolusa dceió lno sa lc curaitleersio s doenl  deev acláulacduolor .automático, de forma que se deje el menor peso de  BOE-A-cable e
El principio de eficiencia se cumple al realizar convocatorias a nivel nacional, de 
modo que el esfuerzo de las administraciones se reduce, pudiendo efectuar economías 
de escala y asegurando que los criterios utilizados son los mismos, independientemente 
del origen de la solicitud.
Esta norma no supone una vulneración del principio de seguridad jurídica y para 
asegurarlo se dispone de todos los informes necesarios de los Servicios Jurídicos del 
Estado.
Esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la Abogacía 
del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado en el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.  Objeto.
Constituye  el  objeto  de  la  presente  orden,  el  establecimiento  de  las  bases 
reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para 
proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos que contribuyan a la transformación digital de las empresas 
industriales y a la mejora de su sostenibilidad ambiental como consecuencia de su 
digitalización.
Artículo 2.  Financiación por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.  Las  ayudas  objeto  de  esta  orden  que,  conforme  a  su  correspondiente 
convocatoria, se financien en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (en adelante, PRTR), se enmarcan en la inversión 2 del componente 12, 
contribuyendo al cumplimiento de los hitos y objetivos que se asocien a la misma en el 
PRTR que se apruebe definitivamente.
2.  A dichas convocatorias les será aplicable lo dispuesto en la normativa europea y 
nacional sobre el PRTR, y en especial el Reglamento (UE) n.º 2020/2094 del Consejo, 
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de 
la  Unión  Europea  para  apoyar  la  recuperación  tras  la  crisis  de  la  COVID;  el 
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 3.  Ámbito.
1.  El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del 
territorio nacional.
2.  El ámbito temático de esta orden será el desarrollo e implementación de los 
habilitadores digitales en empresas industriales manufactureras que se adapten a las  e.
prioridades temáticas establecidas en esta orden. w.
Artículo 4.  Beneficiarios. 2021-1121n https://w
pers1o.n aPlidoaddrá jnu ríadcicoag eprrsoep iaa , lalesg aalymuednatse  ecsotnasbtlietuciiddaass  eenn  Eessptaa ñoar dye dne lbaisd asmoceinetdea idnessc rcitoans 
en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que desarrollen una
actividad  industrial  y  que  no  formen  parte  del  sector  público.  A  estos  efectos  se 
considerará sector público, las entidades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellas sociedades 
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, del sector público 
sea superior al 50 por 100, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se 
encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 
del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial si las actividades 
para las que solicita ayuda financiera se encuadran en las actividades incluidas en el 
anexo I de esta Orden, y ha desarrollado dichas actividades al menos durante un periodo 
de  tres  años  contados  hasta  la  fecha  de  fin  de  plazo  de  solicitud.  Si  la  empresa 
solicitante fuese resultado de la escisión de otra empresa, se computará también el 
tiempo de desarrollo de dichas actividades dentro de la empresa matriz, siempre que la 
empresa solicitante continúe con el desarrollo de dichas actividades.
2.  En el caso de solicitudes presentadas a la línea Activa-Pymes, solo podrán 
acogerse sociedades mercantiles que cumplan la definición de pyme establecida en el 
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, o normativa que lo sustituya.
3.  En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de 
las  obligaciones  de  reembolso  de  cualesquiera  otros  préstamos  o  anticipos 
anteriormente  concedidos  con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  ni 
aquellas empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al 
beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior. Asimismo, tampoco podrán 
obtener la condición de beneficiario aquellas empresas que se encuentren en crisis, a 
tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, o sus posibles modificaciones.
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones del beneficiario:
a)  Realizar  las  actuaciones  y  adoptar  el  comportamiento  que  fundamenta  la 
concesión de la ayuda.
b)  Acreditar, en los plazos estipulados, la realización de las actuaciones, así como 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión.
c)  Colaborar  con  las  actuaciones  de  comprobación  y  control,  aportando  en 
cualquier momento que se solicite, cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores.
d)  Comunicar a la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa 
(en adelante, DGIPYME) la obtención de cualquier otra financiación pública concurrente 
parcial o totalmente con los gastos subvencionables al amparo de esta orden.
e)  Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
f)  Acreditar en cualquier momento que se solicite, el cumplimiento de obligaciones 
de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil. e
g)  Para aquellos proyectos desarrollados en instalaciones reguladas en el momento  bo
de  la  concesión  por  el  comercio  de  derechos  de  emisiones,  será  obligación  del  2w
eibnnev ne2ehr0nf)2i ac1idaP eprairaoorr a aa  paclaoqr erua desdilitlgeaonbrs,aa  pcpjoriaoó rynade  egce rtalol otsaus ñid toaep .sa2ar0árr2mo6lel,a trdqoousse   eddneic  ihnraset faeinlraesctnaioclainace isó( bnree genumchlaitmdea agsrk ae)s nee ses lt damebo lemecfeeidncottoos    OE-A-2021-1121able en https://w
de  la  concesión  por  el  comercio  de  derechos  de  emisiones,  será  obligación  del
beneficiario aportar en cualquier momento que se solicite, los Informes de Emisiones 
Verificados de la instalación.
i)  Las  obligaciones  recogidas  en  el  artículo  14  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre,  además  de  cualesquiera  otras  obligaciones  que  se  establezcan  en  las 
convocatorias y en las resoluciones de concesión de las ayudas.
Artículo 6.  Líneas de actuación.
Las solicitudes se presentarán a una de las siguientes líneas de actuación:
1.  Activa-Pymes: Proyectos realizados por pequeñas y medianas empresas, según 
la  definición  establecida  en  el  artículo  4  anterior,  enmarcados  en  las  prioridades 
temáticas establecidas en el artículo 7, y en alguno de los tipos de proyectos detallados 
en el artículo 8.
2.  Activa-Grandes implementaciones: Proyectos realizados por cualquier tipo de 
sociedades  que  puedan  ser  beneficiarias  según  lo  establecido  en  el  artículo  4, 
enmarcados en las prioridades temáticas del artículo 7, y en alguno de los tipos de 
proyectos correspondientes a las letras a), b), c) o d) detallados en el artículo 8.
Artículo 7.  Prioridades temáticas.
Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera y 
habrán de adaptarse al menos a alguna de las prioridades temáticas siguientes:
1.  Plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa.
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de innovación en 
materia de organización y procesos, y se deberán orientar al desarrollo de soluciones de 
conexión  interempresa  utilizando  sistemas  o  elementos  virtuales  o  ciberfísicos,  que 
permitan la interacción entre la empresa solicitante con un ecosistema determinado ya 
establecido (empresas, clientes, proveedores y centros de investigación).
El  resultado  esperado  de  este  tipo  de  proyectos  será  la  implementación  de  la 
plataforma mediante software, que deberá estar claramente identificado y detallado en la 
memoria de solicitud.
2.  Soluciones para el tratamiento avanzado de datos.
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de innovación en 
materia de organización y procesos, y se deberán orientar a uso de masivo de datos (Big 
Data) para la obtención de soluciones de analítica avanzada y business inteligence.
El  resultado  esperado  de  este  tipo  de  proyectos  será  la  implementación  de  la 
solución mediante software, que deberá estar claramente identificado y detallado en la 
memoria de solicitud.
3.  Soluciones de inteligencia artificial.
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de innovación en 
materia de organización y procesos, y se deberán orientar a la generación de soluciones 
de inteligencia artificial que permitan tomar decisiones predictivas sobre los procesos, 
productos,  comerciales,  etc.,  basados  en  uso  de  machine  learning,  deep  learning, 
reinforcement learning, deep reinforcement learning, etc. es
El  resultado  esperado  de  este  tipo  de  proyectos  será  la  implementación  de  la  o
solución mediante software, que deberá estar claramente identificado y detallado en la  2w
mem4o. riaP droey seocltiocsit udde. simulación industrial. 2021-1121n https://w
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de innovación en
materia de organización y procesos, y se deberán orientar a la generación de soluciones
que  permitan  simulaciones  de  piezas  y  materiales  dentro  de  sistemas  complejos, 
procesos de producción e incluso fábricas completas (gemelos digitales), con el objeto 
de optimizar productos, procesos de fabricación y otros procesos.
El  resultado  esperado  de  este  tipo  de  proyectos  será  la  implementación  de  la 
simulación mediante software, que deberá estar claramente identificado y detallado en la 
memoria de solicitud.
5.  Diseño y fabricación aditiva.
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de investigación y 
desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y 
responderán a alguno de los siguientes tipos de soluciones:
a)  Nuevo software de modelado o simulación 3D, orientados a lograr objetivos tales 
como: determinar si un elemento es imprimible o no, obtener un ahorro sustantivo de 
material en el proceso de impresión, realizar comparativas de calidad, o cualquier otro 
software relacionado con la fabricación aditiva antes, durante y después de la impresión.
b)  Investigación, desarrollo o implementación de nuevos procesos de impresión 3D 
que  respondan  a  nuevos  retos,  tales  como:  utilizar  multimateriales;  trabajar  en 
microescala; incrementar la velocidad de impresión; combinar tecnologías tales como 
métodos  substractivos  trabajando  junto  a  métodos  aditivos  de  forma  inteligente; 
aplicaciones que puedan abarcar múltiples casos de uso, etc.
c)  Investigación, desarrollo o implementación de nuevos materiales y tintas.
d)  Desarrollo  o  implementación  de  metodologías  para  la  caracterización  y/o 
certificación de la trazabilidad de los procesos de fabricación aditiva, que permitan la 
homologación equivalente a procesos de fabricación convencionales.
El resultado esperado de este tipo de proyectos deberá estar claramente identificado 
y detallado en la memoria de solicitud.
6.  Proyectos de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial.
Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de investigación y 
desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, 
orientados  hacia  componentes,  subconjuntos  y  sistemas  eléctricos  y  electrónicos 
incluyendo  el  desarrollo  del  software  y  firmware  necesario  para  garantizar  su 
funcionalidad para la implementación de proyectos de realidad aumentada y realidad 
virtual aplicados a la industria manufacturera.
El resultado esperado de este tipo de proyectos deberá estar claramente identificado 
y detallado en la memoria de solicitud.
7.  Robótica colaborativa y cognitiva.
Los proyectos esperados en este área temática serán proyectos de investigación y 
desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y 
se deberán enfocar hacia soluciones avanzadas de robótica para el sector industrial, 
entre  otras,  aumentar  capacidad  cognitiva,  robótica  colaborativa  persona-máquina, 
percepción, configurabilidad, monitorización, capacidad de manipulación, navegación u 
otras similares de los robots, así como en sus aplicaciones concretas a los procesos 
productivos de la empresa.
En el caso de proyectos de innovación, el resultado esperado deberá incluir al menos  s
un robot físico. En cualquier tipo de proyecto, los resultados deberán estar claramente  oe.
identificados y detallados en la memoria de solicitud. w.
desa8Lr.or so lSlpore,o naysesóícr ticocoasm .pore psreonyteacdtooss  edne  einsntao váareciaó nte emná tmicaat esreiará dne p roorygeacntiozsa cdióen i nyv epsrotigceascoiósn,  yy   OE-A-2021-1121able en https://w
se  deberán  orientar  hacia  componentes,  subconjuntos  y  sistemas  eléctricos  y
electrónicos incluyendo el desarrollo del software y firmware necesario para garantizar su 
funcionalidad y conectividad.
El resultado esperado de este tipo de proyectos deberá estar claramente identificado 
y detallado en la memoria de solicitud.
Artículo 8.  Tipos de proyectos.
1.  Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de investigación industrial, desarrollo 
experimental, los proyectos de innovación en materia de organización y procesos, según 
se definen a continuación:
a)  Investigación  industrial:  la  investigación  planificada  o  los  estudios  críticos 
encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para 
desarrollar  nuevos  productos,  procesos  o  servicios,  o  permitan  mejorar 
considerablemente  los  ya  existentes;  comprende  la  creación  de  componentes  de 
sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de 
laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así 
como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, 
para la validación de tecnología genérica.
b)  Proyectos  de  desarrollo  experimental:  La  adquisición,  combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, 
tecnológica,  empresarial  o  de  otro  tipo,  con  vistas  a  la  elaboración  de  planes  y 
estructuras  o  diseños  de  productos,  procesos  o  servicios  nuevos,  modificados  o 
mejorados.  Podrá  incluir,  por  ejemplo,  otras  actividades  de  definición  conceptual, 
planificación y documentación de nuevos productos, procesos y servicios. Entre las 
actividades podrá figurar la elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de 
documentación siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales.
El  desarrollo  experimental  podrá  comprender  la  creación  de  prototipos,  la 
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones 
reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras 
técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados.
El  desarrollo  de  prototipos  y  proyectos  piloto  que  puedan  destinarse  a  usos 
comerciales  también  estará  incluido  si  el  prototipo  es  necesariamente  el  producto 
comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo solamente a efectos 
de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas 
efectuadas  en  productos,  líneas  de  producción,  procesos  de  fabricación,  servicios 
existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan 
representar mejoras de los mismos.
c)  Proyectos de innovación en materia de organización: La aplicación de un nuevo 
método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o 
las relaciones exteriores.
No se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la 
empresa,  los  cambios  en  la  estrategia  de  gestión,  las  fusiones  y  adquisiciones,  el 
abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente  derivados  de  variaciones  del  precio  de  los  factores,  la  producción 
personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter 
estacional  u  otros  cambios  cíclicos  y  el  comercio  de  productos  nuevos  o  e
significativamente mejorados. bo
d)  Proyectos de innovación en materia de procesos. La aplicación de un método de  2w
scpiargopndaNiufcioccid acsaitóiedvn eoi nss c oel udnyes ce uunmpa rinlnootidsos u tacrcoa ct méiócnbnnui oiecsova  oso ,s  eemoqr evuijsicopiirgooan ssi f moidc epaedrt ioiivmaganrpmatoemer tnaaltasne  c iniiamnfo termromjoedárnuatocidccro,oi ó slon)(.s in dcaeluu midseoinsstt eomsc aadmse b ildoaess    OE-A-2021-1121able en https://w
fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la
mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de 
variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los 
usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el 
comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.
e)  Proyectos de validación preliminar: Se incluyen en esta tipología proyectos de 
innovación encuadrados en la línea Activa-PYME y destinados a la validación preliminar 
y el desarrollo de pruebas de concepto y desarrollos iniciales.
2.  Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados 
por  grandes  empresas  únicamente  serán  objeto  de  ayuda  si  colaboran  de  manera 
efectiva con pymes (definidas según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014) en la actividad objeto de ayuda y si las pymes 
con  las  que  colaboran  corren  con  un  mínimo  del  30  %  del  total  de  los  costes 
subvencionables,  según  establece  dicho  Reglamento,  y  sin  perjuicio  de  lo  que 
establezcan las posibles modificaciones del mismo. A todos los efectos, la responsable 
de la actuación frente a la Administración será únicamente la solicitante.
Artículo 9.  Conceptos de gasto financiable.
1.  Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido 
el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuadren en alguna de las 
categorías detalladas en los siguientes apartados.
2.  Para los proyectos de la Línea Activa-Pymes se incluirán las siguientes partidas 
de gastos:
a)  Aparatos  y  equipos  de  producción:  adquisición  de  activos  fijos  materiales 
directamente vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto, así como la 
adquisición de software específico de soluciones de hibridación o conectividad digital de 
los procesos de producción. Quedan excluidos los elementos de transporte exterior.
b)  Infraestructura hardware: adquisición de equipos que no están directamente 
vinculados con la producción, pero que resultan indubitablemente necesarios para el 
proyecto planteado.
c)  Gastos de colaboraciones externas exclusivamente derivadas del proyecto, así 
como  otros  gastos  ocasionados  por  la  prestación  de  servicios  TIC  avanzados, 
consultoría para el diseño o rediseño de procesos, y la adquisición de patentes que 
contribuyan a la ejecución del proyecto. Queda expresamente excluida cualquier forma 
de consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada.
d)  Para los proyectos incluidos en el artículo 8.1.e), gastos de amortización del 
instrumental y los equipos indispensables para el desarrollo del proyecto, calculados de 
acuerdo  con  los  principios  contables  generalmente  aceptados,  durante  el  periodo 
estrictamente necesario para el desarrollo del proyecto presentado y dentro de los límites 
marcados por la resolución de concesión.
e)  Para  los  proyectos  incluidos  en  el  artículo  8.1.e),  gastos  de  alquiler  del 
equipamiento que sea indispensable para la realización de pruebas de concepto y 
desarrollos iniciales. En los casos de renting y/o leasing, no serán financiables los gastos 
financieros asociados.
Para ser financiables los costes de infraestructura hardware deberán ir asociados a 
un proyecto que tenga otras partidas de las anteriormente indicadas.
3.  Para los proyectos de la Línea Activa-Grandes Implementaciones se incluirán las  e.
siguientes partidas de gastos: w.b
demaá)s  pCeorssotensa ld ea upxeilriasro, neanl.  lLao sm ecodsidteas e rne lqaucieo neasdtéons  dcoend icloasd oinsv easl tpigroaydeocretos , ot éaccntiicvoidsa dy   2021-1121n https://w
ppeerrtsinoennatl e.a Putoódnroámn oim  psuotcaiors ed gea slato se aml pprreosyae ctyo  tpaenrtsoo dnea l pearustoónnaolm coo n eccoonntóramtoic alamboernatel, 
dependiente, según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo.
La  convocatoria  podrá  establecer  el  coste  máximo  imputable  por  categoría 
profesional.
b)  Costes de instrumental y material inventariable. Solo se admitirán los gastos de 
amortización de ese instrumental o material inventariable, calculados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados, durante el periodo estrictamente necesario 
para el desarrollo del proyecto presentado, y dentro de los límites marcados por la 
resolución de concesión.
c)  Costes  de  investigación  contractual,  conocimientos  técnicos  y  patentes 
adquiridas  u  obtenidas  por  licencia  de  fuentes  externas  en  condiciones  de  plena 
competencia.  Se  imputarán  a  este  concepto  los  gastos  de  colaboración  externa 
exclusivamente  derivados  del  proyecto,  así  como  otros  gastos  ocasionados  por  la 
prestación  de  servicios  TIC,  consultoría  para  el  diseño  o  rediseño  de  productos  o 
servicios derivados del proyecto por parte de terceros, y la adquisición de patentes que 
contribuyan a la ejecución del proyecto. Queda expresamente excluida cualquier forma 
de consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada.
Para ser financiables, los costes de instrumental y material inventariable deberán ir 
asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de 
las anteriormente indicadas.
Los  costes  de  instrumental  y  material  inventariable  no  superarán  el  60  %  del 
presupuesto financiable.
4.  Quedan excluidos de la consideración de gastos financiables:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior), 
excepto para calefacción/energía a base de gas natural que cumplan con las condiciones 
establecidas en el anexo III de la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) de la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia 
Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01).
b)  Las inversiones en instalaciones para la disposición de residuos en vertedero, en 
plantas  de  tratamiento  biológico  mecánico  e  incineradoras  para  el  tratamiento  de 
residuos.  Esta  exclusión  no  se  aplica  a  inversiones  en:  plantas  dedicadas 
exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables; plantas existentes, 
donde la inversión tiene el propósito de aumentar la eficiencia energética, capturar gases 
de  escape  para  almacenamiento  o  uso  o  recuperar  materiales  de  las  cenizas  de 
incineración, siempre que tales inversiones no den lugar a un aumento de la capacidad 
de procesamiento de residuos de las plantas o en una extensión de la vida útil de la 
planta.
c)  Inversiones ligadas a actividades en las que la eliminación a largo plazo de 
desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos 
nucleares).
5.  Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente  tanto  en  la  memoria  siguiendo  el  modelo  que  se  establezca  en  la 
correspondiente convocatoria, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán 
imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud.
Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada  s
respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios,  oe.
con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud. 2ww.
sigu6ie. nteSso:n  reglas  comunes  aplicables  a  los  conceptos  de  gasto  financiable,  las  2021-1121n https://w
corrae)s poEnld eieqnutiep ammairecnatdoo f íCsiEco o a dseoccliaardaoc ióanl  pdree scuopnufoersmtoid fainda yn cniaúbmlee rdoe dbee rsáe ririe p.rovisto del  BOE-A-cable e
b)  Los  costes  de  adquisición  de  activos  fijos  de  segunda  mano  no  serán 
financiables.
c)  Para los gastos de colaboraciones externas, consultoría o ingeniería, no se 
podrán fraccionar las tareas que realice un mismo proveedor
d)  En  el  caso  de  que  puedan  existir  operaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas al beneficiario, entendiéndose estas conforme a lo dispuesto en el artículo 68 
del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  aprobado  por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sólo serán admisibles aquellas inversiones que 
cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo 
con las condiciones normales de mercado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e)  La adquisición de empresas no es financiable.
f)  En  ningún  caso  se  consideran  gastos  financiables  los  impuestos  indirectos 
cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  o  compensación,  según  establece  el 
artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g)  Cuando el importe del gasto supere las cuantías que se establezcan en cada 
momento en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que los realicen, presten o suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.
h)  En ningún caso serán financiables los gastos financieros derivados del pago 
aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, locales y obra 
civil, gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios, gastos de 
promoción y gastos de difusión del proyecto.
i)  Las inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero en las que no se 
realice la compra del bien en los plazos del proyecto, sólo serán financiables en los 
proyectos encuadrados en la tipología descrita en el artículo 7.1.e) de esta orden.
j)  Respecto  a  las  subcontrataciones  entendidas  en  los  términos  que  define  el 
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá seguirse lo establecido en 
la citada Ley.
Artículo 10.  Plazo de realización de las actuaciones.
Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados 
desde la fecha de resolución de la concesión.
Artículo  11.  Efecto  incentivador  para  solicitudes  de  la  línea  Activa-Grandes 
Implementaciones.
De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de 
junio, las ayudas reguladas en la línea Activa-Grandes Implementaciones de esta orden, 
solo serán aplicables si tienen efecto incentivador sobre la actividad de la empresa 
objeto de la ayuda. es
Se considerará que la ayuda tiene efecto incentivador si la solicitud de ayuda se  bo
presenta antes del inicio de los trabajos del proyecto o actividad. 2w
dReeqe ugciSlpoaeonm ssee turnnu ttocoetc nrinoód. neºc  ro6eám5n 1 ppl/aor2o r0 imn1invi4sei cordi soeqi ó uldneae,   hC oal oogbmsaie i sntlari aó eibnnl a vpdjeoreirsm s,1i eó7crn  od cimeror moeju vpnesreiroos m,i bdoilese ofb,i n iseeeinn  e  efseinrtla m i nefeeilc  cpiaohar artdía cee ue sll loo aps n e2ttedr.2aridi3boo ar ;djdo eleasl     OE-A-2021-1121able en https://w
compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la
realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos; en 
el caso de los traspasos, «inicio de los trabajos» es el momento en que se adquieren los 
activos vinculados directamente al establecimiento adquirido.
Artículo 12.  Presupuesto mínimo y máximo de conceptos financiables.
Las  correspondientes  convocatorias  determinarán  el  presupuesto  máximo  de 
conceptos financiables para la línea Activa-PYME y el presupuesto mínimo de conceptos 
financiables para la línea Activa-Grandes Implementaciones, y en todo caso respetará 
los límites previstos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio o 
en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis, según la línea de actuación en la que se 
enmarque el proyecto.
Artículo 13.  Régimen de concesión y características de la ayuda.
1.  El  régimen  de  concesión  será  el  de  concurrencia  competitiva,  conforme  al 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos 
o de una combinación de préstamos y subvenciones.
3.  Las correspondientes convocatorias establecerán la forma específica de la ayuda 
y el importe máximo en euros de subvención a conceder en función de la disponibilidad 
presupuestaria, que podrá estar ligado al tamaño de la empresa, la tipología de proyecto, 
la línea de actuación o el tipo de gasto financiable, respetando, en todo caso, los 
umbrales máximos previstos en el artículo 15 de esta orden, y de conformidad con el 
Reglamento  (UE)  n.º  651/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  junio  o  con  el 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, según la línea de 
actuación en la que se enmarque el proyecto.
Artículo 14.  Características de los préstamos.
1.  Cuando las ayudas tengan la forma de préstamos sus características serán las 
siguientes:
a)  Importe del préstamo: el que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites 
establecidos en los artículos 13 y 15 de esta orden.
b)  Plazo de amortización: el plazo de amortización de la parte de ayuda concedida 
en forma de préstamo será el siguiente:
i.  en los proyectos englobados en la línea Activa-PYME, cinco años, de los cuales 
dos serán de carencia;
ii.  en los proyectos englobados en la línea Activa-Grandes Implementaciones, diez 
años, de los cuales tres serán carencia.
c)  Tipo  de  interés  de  aplicación:  se  establecerá  en  las  correspondientes 
convocatorias.
d)  El  método  de  amortización  seguirá  el  siguiente  sistema:  las  cuotas  de 
amortización de principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una 
vez finalizado el plazo de carencia. La liquidación de los intereses será anual desde la  s
fecha de entrega del principal, satisfaciéndose anualmente junto, en su caso, con la  oe.
cuota de amortización correspondiente al final de cada período. Los intereses de cada  w.
Ppfeeúcrbhiolaicd ood  erse eae lncizatralec gluaal at rrdaáennls  sfpeorrbienrnceic peiaal  l,dc aeepln iitmteanpl doviirévteon  dcaool snienc ieccdiooid mdooe a l ltm ablie,s nmlaeo fif ceyica shreiao  .deenv elan gqauráen e dl eTsedseo rloa   2021-1121n https://w
2.  En el caso de que las ayudas se realicen a través de una combinación de 
préstamo y subvención, los prestamos tendrán las mismas características que en el 
apartado 1 de este artículo, pero su importe estará asimismo limitado por los límites 
establecidos en los artículos 13 y 15 de esta orden, teniendo en consideración, a efectos 
del cálculo de la intensidad de ayuda, la subvención que se otorga.
3.  Aquellos beneficiarios que deseen realizar un pago a cuenta o una devolución 
anticipada  del  préstamo  deberán  iniciar  el  correspondiente  procedimiento  mediante 
presentación de solicitud en la sede electrónica del Ministerio, accediendo a través del 
registro electrónico.
Artículo 15.  Límites e intensidades máximas de ayuda.
1.  La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como 
máximo  del  80  por  ciento  sobre  el  presupuesto  financiable,  con  las  condiciones 
establecidas en el artículo 13 de esta orden y las limitaciones establecidas en este 
artículo 15.
2.  El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo:
a)  Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas.
b)  Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas.
c)  Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas.
3.  El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado de acuerdo con los 
siguientes límites:
a)  El Riesgo Vivo Acumulado de la empresa con la DGIPYME no podrá superar 
en 5 veces los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado;
b)  El importe del préstamo a conceder no podrá superar la cifra de negocios media 
en los dos últimos ejercicios cerrados;
En el anexo II de esta orden se especifican las definiciones de fondos propios, riesgo 
vivo acumulado con la DGIPYME y cifra media de negocios.
4.  Se aplican los siguientes límites máximos a la cuantía de las ayudas concedidas:
a)  Línea de actuación Activa-Grandes implementaciones:
i.  Para los proyectos predominantemente de investigación industrial, 20.000.000 de 
euros por empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto 
ejecutado por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del 
artículo  187  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  este  límite  será 
de 40.000.000 de euros por empresa y proyecto.
ii.  Para los proyectos predominantemente de desarrollo experimental, 15.000.000 
de euros por empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto 
ejecutado por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del 
artículo  187  del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  este  límite  será 
de 30.000.000 de euros por empresa y proyecto.
iii.  Para  los  proyectos  de  innovación  en  materia  de  organización  y 
procesos, 7.500.000 euros por empresa y proyecto.
b)  Línea de actuación Activa-Pymes: 200 000 euros por empresa durante el período 
de tres ejercicios fiscales. e.e
5.  La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá  2w
dcaeáecxltpbcureuae llsoieza mardscpeeilóle  nieam nrysp  eteoé lrr atmtei p einodfeo edcs etl ao drssee   fatesayurnue tdneoacq isdua ei veal anpcl eláiscnlícat eubm lloeeis snmd  eesonlu,   bcedvole eembnfieocc iimóesnnee trne bt roreud sdteape .ea  lcEcatt liu vctaaoiplmniozcea edncseitóieó n,in n ,etc elto artméli pscoo o q mddueeoel     OE-A-2021-1121able en https://w
se establece en la Comunicación de la Comisión (2008/C 14/02) relativa a la revisión del
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. La metodología de 
cálculo a seguir para la obtención del importe de la ayuda, en la que entran como 
factores los tipos de interés anteriores, será la indicada en la Comunicación de la 
Comisión o en la normativa que pudiera sucederle y de conformidad con el anexo I de 
las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06), y utilizando 
los criterios de calificación financiera establecidos en el anexo III de esta orden.
6.  Las ayudas concedidas en la línea Activa-Pymes, tendrán la consideración de 
ayudas de minimis y la intensidad bruta máxima será del 50 % del coste subvencionable 
del proyecto.
7.  Las ayudas concedidas en la línea Activa-Grandes Implementaciones, y según 
los tipos de proyectos, respetarán las intensidades brutas máximas siguientes:
Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención bruta equivalente a los beneficiarios
Tipos de proyectos
Empresas no Pyme Medianas empresas Pequeñas empresas y microempresas
Proyectos de  Hasta el 50 % del coste  Hasta el 60 % del coste  Hasta el 70 % del coste 
investigación industrial. subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto.
Proyectos de desarrollo  Hasta el 25 % del coste  Hasta el 35 % del coste  Hasta el 45 % del coste 
experimental. subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto.
Proyectos de innovación 
Hasta el 15 % del coste  Hasta el 50 % del coste  Hasta el 50 % del coste 
en materia de 
subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto. subvencionable del proyecto.
organización y procesos.
La intensidad de la ayuda para los proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental podrá aumentarse en 15 puntos porcentuales, hasta un máximo de 80 %, si 
se  cumplen  algunas  de  las  condiciones  definidas  en  el  artículo  25.6.b)  del 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Artículo 16.  Compatibilidad con otras ayudas.
1.  La financiación pública total del proyecto, computada como suma de los recursos 
públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder 
del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable.
2.  Las ayudas reguladas en esta orden podrán acumularse con cualquier otra 
ayuda pública, siempre que se refiera a costes financiables identificables diferentes, así 
como con cualquier otra ayuda pública correspondiente –parcial o totalmente– a los 
mismos costes financiables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de 
ayuda máxima (o el importe de ayuda más elevado) aplicable a dicha ayuda en virtud del 
Reglamento  (UE)  n.º  651/2014  de  la  Comisión,  de  17  de  junio,  o  del 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, según la línea de 
actuación en la que se enmarque el proyecto.
Artículo 17.  Régimen de garantías.
1.  Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en la Caja 
General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales,  encuadradas  en  las  Delegaciones  de 
Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se 
determinen  en  las  convocatorias  de  los  establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Caja  es
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, y por el  o
importe que establece el apartado 2 de este artículo. 2ww.
rlpaer sesosSuleubencv tiaeeórnxnlaic gd ióidernáe   csplodarne oc pplearues enisósoenttna iftd,ia cecea inclóai nó sa nudy  duecedl a arsse,uo se .g rseuLtaqaabur dlefeaorcil mtiaédi needd necoto osc,ne ots auntinnstut toipct uilpóacanzióro and  d eeey l   gp1aar5cér rasdentídataíimtasa  ocha iáócnbnotei mlesao snd  tppeeaa  rrelaaal     OE-A-2021-1121able en https://w
órgano competente de las garantías tendrá como efecto la consideración del solicitante 
como desistido de la solicitud.
2.  El importe de las garantías será de un porcentaje del préstamo propuesto y de 
un  porcentaje  de  la  subvención  propuesta,  ambos  fijados  en  las  correspondientes 
convocatorias.
3.  Las garantías serán liberadas, con carácter general, una vez que tenga lugar la 
acreditación de que se haya realizado la actividad objeto de la ayuda, según establece el 
artículo 30.4 de esta orden, y se haya realizado el ingreso del reintegro que proceda en 
su caso. Adicionalmente, las diferentes convocatorias podrán exigir a las empresas con 
una calificación financiera satisfactoria, calculada según la metodología establecida en el 
anexo IV de esta orden, el mantenimiento de las garantías hasta la devolución total del 
préstamo. El régimen de cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la 
normativa de la Caja General de Depósitos.
4.  Las garantías se incautarán cuando se produzca el impago del reintegro que 
proceda por incumplimiento de cualquier condición impuesta al beneficiario en esta 
orden de bases, y en especial de lo dispuesto en los artículos 31 y 32, en la convocatoria 
o en la propia resolución de concesión.
CAPÍTULO II
Procedimiento de gestión
Artículo 18.  Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y resolver 
los procedimientos de concesión de los mismos, la persona titular del Ministerio de 
Industria,  Comercio  y  Turismo,  sin  perjuicio  de  las  delegaciones  vigentes  sobre  la 
materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es 
la DGIPYME.
3.  La DGIPYME y, dentro de ella, la Subdirección General de Gestión y Ejecución 
de  Programas,  será  el  órgano  responsable  del  seguimiento  de  las  actuaciones 
financiadas.
Artículo 19.  Convocatorias e inicio del procedimiento.
1.  Las ayudas reguladas en esta orden se articularán a través de las convocatorias 
que podrán responder a alguna de las siguientes modalidades:
a)  Convocatorias  anuales,  con  plazo  de  presentación  de  solicitudes  definido  y 
determinado, y con un procedimiento único de evaluación y resolución.
b)  Convocatoria  abierta,  de  carácter  anual,  con  un  calendario  que  especifique 
varios  plazos  de  presentación  de  solicitudes  a  los  que  se  corresponderán  varios 
procedimientos de evaluación y selección.
Las disposiciones de convocatoria detallarán al menos el contenido mínimo previsto 
en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En el caso de convocatoria abierta, cuando no se haya agotado el importe máximo a 
otorgar en un periodo, se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores  e.e
resoluciones que recaigan en los siguientes periodos. w.b
pmuebdl2iica. anrtsEee l l aep nrpo ulcabe lBidcaiamsceiieó Nnnta odc eiop nalaar alc  dolerar  eScsuopbnovcneednsiecióinontne e dcseo ( nBdvDiocNchaSatso)  ryiaa uy ncuu deyaxost r atescextot o i dnceico ilmaar páml eisdtome  daoe efbince iroeá,l    2021-11212n https://ww
«Boletín Oficial del Estado».
Artículo 20.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. 
Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El resto 
de  comunicaciones  y  demás  documentación  exigible  relativa  a  los  proyectos  que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a 
través del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del ministerio referido.
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
La práctica de notificaciones electrónicas se ajustará a lo previsto en el artículo 43 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se realizará mediante comparecencia en la sede 
electrónica.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema 
complementario de avisos por medio de correo electrónico, siendo éstos meramente 
informativos, sin que produzcan en ningún caso los efectos de una notificación. En la 
sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo los interesados, tras 
identificarse  electrónicamente  de  forma  segura,  podrán  consultar  los  actos  del 
procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación 
adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3.  La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás 
actos del procedimiento, tendrán lugar en el portal de ayudas y en la sede electrónica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y surtirá todos los efectos de la notificación 
practicada según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos y 
trámites electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán 
disponibles en el Portal de Ayudas y en la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través del registro electrónico, y deberán ser obligatoriamente 
utilizados.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan 
transcurrido  más  de  cinco  años  desde  la  finalización  del  procedimiento  al  que 
correspondan. En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en  e.
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  w.b
yMD aipntooisrst e)e,r li osq,e ud ees  osloleisc  idtdaearrátoo gsea il n lcacl ouDnidisroeesnc tteiivmna ie e9ln 5ctou/4 e6es/txCiopEnre a(srRoioe  gpploaarrm aee l nebtloe  ntGreafeitcanimaerriiaeoln.  tdEoe n  pPloorsro  tsepucapcruitóeen s dtdoeesl    2021-1121n https://w
dnee gimatpivoas ipbailirdaa dla m caotenrsiuallt ad ed oeb tseunse rd ealt odso cduem ecnatroá cot ecru apnedrsoo enla iln, teerl eósragdaon mo acnoimfepsteatreán tlae 
requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios 
de los requisitos a que se refiere el documento.
8.  En  la  correspondiente  convocatoria  se  determinarán,  en  su  caso,  el  Portal, 
registro electrónico y sede electrónica a que se hacen referencia en esta orden.
Artículo 21.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo 
financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los 
términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El firmante de la solicitud de ayudas deberá acreditar que en el momento de la 
presentación  de  la  solicitud  tiene  representación  suficiente  para  el  acto.  El 
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por 
desistido  de  la  solicitud,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  68  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 22.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación 
será el que establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no 
siendo éste superior a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación 
del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 23.  Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes se dirigirán a la DGIPYME, órgano competente para instruir el 
procedimiento, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde se dispondrán los 
medios electrónicos de ayuda necesarios.
2.  La solicitud de ayudas deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de ayuda y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el portal de ayudas y la sede electrónica, que incluirá una declaración de 
otras ayudas concurrentes con la actuación presentada.
b)  Memoria descriptiva de la actuación, según la estructura y contenido establecido 
en la convocatoria, y firmada electrónicamente. Esta memoria podrá integrarse parcial o 
totalmente en el cuestionario electrónico definido en el apartado a) anterior, siempre que 
lo prevea la correspondiente convocatoria.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d)  Informe CIRBE agregado de la deuda financiera de la entidad solicitante en el 
momento de la solicitud o con una antigüedad máxima de tres meses, contados desde la 
emisión de la CIRBE hasta la fecha de solicitud.
e)  Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, sólo en el caso en el que el solicitante no autorice que el órgano concedente 
obtenga  de  forma  directa  dicha  acreditación  a  través  de  certificados  electrónicos,  e.
conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de  w.b
ndoevpiofe)s mitbaCrdueae,s na tpearnso  bAeanld uoRa eplegosirs  dRtreoel a eMl jDeererccciacreniottoi lq  8uju8en7 t/so2e 0 c0ino6dn, i qdeuele  2 ju1es ndt ieflai cj uaclnoiotne.v odcea tdoeripaó, sciotor,r eyc tasmi eenstteá   2021-1121n https://w
obligga) doA ac reeldloit,a locisó np edreti nlae ndteecsl ainrfaocrimóne sy  dlieq uaiuddaictoiórnía d.el Impuesto sobre Sociedades en la
forma que se especifique en la convocatoria.
h)  Si se dispone, certificado expedido por la Fundación EOI que acredite haber 
participado en la actividad de asesoramiento realizada en el marco del Programa Activa 
Industria 4.0.
i)  Para  proyectos  de  Investigación  industrial  y  Desarrollo  experimental,  será 
necesario aportar un informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por 
una entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
El  informe  determinará  la  naturaleza  tecnológica  de  las  actividades  del  proyecto, 
conforme a lo establecido en esta orden.
j)  Plan  Específico  de  Eficiencia  y  Transición  Energética,  con  la  estructura  y 
contenido y en los términos que se indiquen en las correspondientes convocatorias.
k)  Memoria de evaluación sustantiva de las actividades del proyecto, que determine 
el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo». La evaluación 
sustantiva  se  realizará  siguiendo  las  directrices  y  modelos  establecidos  por  la 
Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), relativa a la Guía técnica sobre la 
aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en la forma que se especifique 
en las correspondientes convocatorias. Adicionalmente, se podrá solicitar antes de la 
resolución de concesión la acreditación de dicho cumplimiento, mediante la presentación 
de un informe emitido por una entidad de certificación acreditada, y en los términos que 
se indiquen en las correspondientes convocatorias.
l)  Para las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de 
emisión  de  gases  de  efecto  invernadero,  Informe  de  Emisiones  del  último  período 
disponible verificado por entidad acreditada.
m)  Las siguientes declaraciones responsables de:
i.  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
interior.
ii.  Estar al corriente de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros 
préstamos  o  anticipos  concedidos  anteriormente  con  cargo  a  los  Presupuestos 
Generales del Estado.
iii.  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
iv.  Que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular en materia de competencia, contratación y adjudicación de 
obras y suministros y medio ambiente), y que se compromete a presentar en el momento 
de disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el 
proyecto.
v.  Que entre los gastos para los que se solicita ayuda, no existen operaciones con 
personas o entidades vinculadas al solicitante, o en caso contrario, declaración de la 
citada vinculación y de que la operación cumple lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este caso, sólo serán admisibles 
aquellas inversiones que cuenten con autorización expresa por parte del órgano gestor y 
se realicen de acuerdo con las condiciones normales de mercado
vi.  Que el solicitante pertenece o no a un grupo empresarial y en su caso, que 
ninguna de las entidades pertenecientes al grupo empresarial es deudora por reintegro 
de subvenciones. e.
vii.  En el caso de grandes empresas que realicen un proyecto de innovación en  w.b
cpmoyalmateberosia ra ccodineó  nlo adrsge aq nmuieza ancceoirólaan b eoofre acpntri vocaco ercrseoonns  , cpodynme ceula ner anmc iílóann im acdote ivd ieqdlua ed3  0oe b%l je ptdrooe yld eteoc ttaoay l usddeea   rloye saq licuzoeas  tleaenss    2021-1121n https://w
dsueb 1v7e ndceio junnaibol edse  s2e0g1ú4n,  ye ssitna bpleercjeu iceiol  Rdee glola qmueen etos ta(UblEe)z cna.nº  l6a5s1 p/2o0s1ib4le sd em olad ifCicoamciiosinóens, 
del mismo.
3.  Los interesados presentarán la solicitud de ayuda con firma electrónica de la 
persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de 
la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los 
documentos aportados junto a dicha solicitud, según lo dispuesto en el artículo 20.
En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia 
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes 
mancomunados.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación del requerimiento en la sede electrónica, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido  de  su  solicitud,  previa  resolución,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A esos efectos, se tendrá por 
subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, 
antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no 
así en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento, 
aunque tiendan a adverar el cumplimiento de dicho requisito.
5.  De  conformidad  con  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos,  el 
solicitante deberá indicar en la solicitud, su consentimiento expreso para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. En caso de 
no concederlo, deberá aportar dicha certificación junto con la solicitud.
6.  El solicitante deberá declarar, en el cuestionario de solicitud, cualquier tipo de 
fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las 
que  solicita  ayuda.  Además,  deberá  actualizar  inmediatamente  esta  declaración  en 
cualquier  momento  ulterior  de  la  instrucción  si  se  produce  una  modificación  de  lo 
inicialmente declarado.
En el supuesto de que hayan obtenido ayudas de minimis durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, este extremo deberá hacerse 
constar expresamente en la declaración.
Asimismo, en el citado cuestionario de solicitud, el solicitante aportará información 
relativa  al  importe  y  condiciones  de  los  préstamos  vivos  que  hubiera  obtenido  de 
cualquier Administración y/o ente público, así como una breve descripción del objeto 
financiado.
7.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para 
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la 
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente 
practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure 
en el expediente.
Artículo 24.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de 
concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán 
las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir 
aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de  e.
esta. w.b
ay rt1íc02u0.l  op.L uLana teo vspa.u lnuEtanuc ailócoinsó  nsc eat osroetasal  liedznae r álloa bs  eaqvsuaáelnu dasocesi óeen se tnea sbltolaesrz ácc ranitneo rruimomsa blqizruaaelde ass  eed enes  ppeeul cnraitfuincagaconió  eennn,  tsreees rtáe0    2021-11212n https://ww
naeyucedsaa raio  aaqlucaenllazsa rlionsv eprasrioan peosd ceur yoap tpaur nat ulaa caióynu,d ae.n E lno sn icnogrúrne scpaosnod iseen tpeos dcrári tceorinocse, dneor 
alcance los referidos umbrales.
3.  En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia la 
solicitud que se haya presentado antes.
4.  Serán de aplicación los criterios del anexo III, con la ponderación que se indica 
sobre la puntuación total.
5.  En la aplicación de estos criterios se tomará en consideración los siguientes 
puntos:
a)  Calidad de la entidad y del equipo de trabajo: se valorará la definición de las 
tareas específicas a desarrollar por cada miembro del equipo de trabajo, así como la 
experiencia  previa  acreditada  del  personal  interno  y  las  entidades  participantes  en 
labores y tareas similares a las que se llevarán a cabo en las actividades en las que 
están involucradas el ámbito de aplicación del proyecto, con objeto de determinar que 
disponen de la capacitación necesaria para su ejecución.
b)  Calidad del plan de trabajo: se valorará la adecuada descomposición del plan de 
trabajo en paquetes y actividades, así como la coherencia con los objetivos finales y los 
hitos intermedios.
Se valorará la adecuada descripción e interrelación de cada paquete de trabajo, y de 
cada  actividad,  así  como  la  definición  de  requisitos  y  entregables  asociados  a  los 
anteriores. Asimismo, se considerará la adecuación del presupuesto a la estructura de 
proyecto anterior.
c)  Adecuada programación temporal del proyecto: se evaluará la adecuación de la 
programación temporal propuesta para cada paquete de trabajo y actividad teniendo en 
cuenta su definición, así como el presupuesto consignado en cada fase o hito, y la 
coherencia de los costes imputados en cada actividad.
d)  Impacto directo en la industria manufacturera: priorizará las actuaciones realizadas 
por los beneficiarios clasificados en los apartados a) y b) del anexo I de esta orden.
e)  Impacto directo del proyecto en la cadena de valor de proveedores y clientes: se 
valorará el impacto que el proyecto tenga, de manera directa y efectiva, sobre la cadena 
de valor asociada al solicitante,  concretamente,  sobre las empresas proveedoras y 
clientes. Se tendrá en cuenta, en la valoración, la adecuada justificación cuantitativa y 
cualitativa de dicho impacto.
f)  Contribución del proyecto a la transición ecológica: se valorará la contribución 
efectiva del proyecto a la mejora de la sostenibilidad de los procesos y/o los productos, 
mediante el incremento del empleo de energías renovables en los procesos de producción, 
la introducción de tecnologías de ahorro de energía final, la incorporación de tecnologías 
que reduzcan emisiones contaminantes a la atmósfera y emisiones de gases de efecto 
invernadero, la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, la 
prevención de la contaminación o introducción de la economía circular. Se tendrá en cuenta, 
para la valoración, la adecuada justificación cuantitativa y cualitativa de dicho impacto.
g)  Coeficiente de valoración de riesgo económico-financiero: factor entre cero y uno 
que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el largo plazo teniendo 
en cuenta la situación económico-financiera, el riesgo vivo acumulado con la DGIPYME y 
la  proyección  de  la  empresa  y  empresas  relacionadas,  el  proyecto,  y  el  mercado 
(incluyendo proveedores y clientes).
6.  Serán criterios excluyentes para ser objeto de ayuda, los que se indican a 
continuación:
a)  Solicitudes  cuyas  características  no  se  adecuen  a  alguno  de  los  requisitos  s
siguientes: oe.
iiii.ii. .   LLLaao csso  tpinprsiooisdr eiddreaa dcpieróosny  tedecemt obáset isncueasfsicc eeiapsrttiiaobbsle less ecdgiedú aansy  luoed nea se etla sabtarltebíccleiudcloiod  oe7sn d  eeenl   laearl t oaícrrudtílceoun 4l.o  d8e d ees ltaa  oorrddeenn.. 2021-1121n https://w
iv.  Cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo».
b)  Solo para solicitudes de la línea Activa-Grandes Implementaciones, que las 
posibles ayudas no tengan efecto incentivador, tal y como se especifica en el artículo 11 
de la presente Orden, que deberá ser justificado en la forma que establezcan las 
correspondientes convocatorias
Artículo 25.  Comisión de evaluación.
1.  Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución 
se encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el 
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La comisión de evaluación se integrará administrativamente en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y estará presidida por la persona titular de la Dirección 
General  de  Industria  y  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  órgano  instructor  del 
procedimiento.
3.  Serán  vocales,  la  persona  titular  de  la  Subdirección  General  de  Políticas 
Sectoriales  Industriales,  la  de  la  Subdirección  General  de  Gestión  y  Ejecución  de 
Programas, la de la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales y la de la 
Subdirección de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos, así como una 
persona  representante  con  nivel  al  menos  de  vocal  asesor,  por  cada  uno  de  los 
siguientes órganos: Gabinete de la Subsecretaría del Departamento y Gabinete de la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Actuará como 
Secretario un funcionario de la DGIPYME, que no tendrá la consideración de miembro de 
la descrita comisión, y que, por tanto, tendrá voz pero no voto conforme a lo establecido 
en el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
El nombramiento de los miembros del comité de evaluación se realizará de acuerdo 
con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por razones 
fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.
4.  El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección 
tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  La comisión de evaluación podrá contar con la necesaria asistencia técnica para 
emitir el informe e invitar a asistir a representantes de otros Organismos cuando así lo 
estime oportuno.
Artículo 26.  Instrucción del procedimiento y resolución.
1.  El  órgano  competente  para  la  instrucción  realizará,  de  oficio,  cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del expediente y 
del  informe  del  órgano  colegiado,  formulará  la  propuesta  de  resolución  provisional, 
debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de diez días 
hábiles, formulen las alegaciones que estimen convenientes.
Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un  es
plazo de diez días hábiles, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios  bo
actualicen, en su caso, la información aportada en el momento de la solicitud de las  2w
siguaie) nteCsu cmopnldimiciieonnteos  ddee  oobblliiggaadcioo nceusm ptrliibmuiteanrtiaos p ayr afr epnotdee ra s elar  bSeengeufricidiaardio :Social, en el  2021-1121n https://w
caso de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el
órgano obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos 
previstos en el artículo 22.2.e) de esta orden.
b)  No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
interior.
c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.
d)  No  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  a  las  que  se  refiere  el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de la citada Ley.
Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración 
responsable del solicitante.
3.  Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a 
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 
diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la ayuda propuesta y acrediten 
el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso de 
que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano 
obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos 
en el artículo 22.2.e) de esta orden.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se 
entenderá que el solicitante renuncia a la ayuda.
Además de la aceptación, para poder ser beneficiario, será necesario presentar, en 
un plazo máximo de quince días hábiles desde la Propuesta de Resolución Provisional, 
el justificante de aportación de garantías a las que se refiere el artículo 17 de esta orden, 
así como, en caso de ser requerido, un Informe emitido por una entidad de certificación 
acreditada en el que se acredite que el proyecto cumple con el principio de «no causar 
un perjuicio significativo».
4.  En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al 
órgano  instructor,  en  su  caso  y  tan  pronto  como  tengan  conocimiento  de  ello,  la 
obtención de otra ayuda pública para la ejecución de las actividades para las que se 
solicita ayuda.
5.  En cualquier momento del procedimiento, si el Órgano Instructor detectara que 
ha  variado  el  cumplimiento  las  condiciones  necesarias  para  ser  beneficiario,  podrá 
requerir a los solicitantes la acreditación de las mismas para que en el plazo máximo de 
diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del requerimiento en la sede 
electrónica, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o información 
requerida, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23.4. En caso de no 
responder al requerimiento, no aportar la información requerida o hacerlo fuera de plazo, 
se le tendrá por desistido de su solicitud.
6.  Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver, éste dictará la correspondiente resolución en el plazo máximo de quince días 
hábiles, que será motivada y pone fin a la vía administrativa, según lo establecido en el 
artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La  resolución  de  concesión,  además  de  contener  los  solicitantes  a  los  que  se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir  e.
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones  w.b
cacordénmddiinticoiis óftinrjaa ddtievoa  ebsne  nylae  fcitcéoicannrviiooc,ca asnt oo erhisaat,ay cabonlen cs iiidndadosi ce asectniimó nal addsae s lb apa opsrue nrset ubraaecsgiaóurnlsa edo otloarra gcsau dapana taríaa c  maadádaxq iuuminraiar   ddeleal    2021-1121n https://w
eplrleavsi seton  efunn ceiló na rtdíceu lloo s6 c3r.i3te rdioesl  Rdeeg vlaamloeranctoió nd ep rlae vLisetoy s3 e8n/2 0la0 3m, idsme a1,7 a d eef encotovise mdeb relo, 
General de Subvenciones.
7.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el Portal de ayudas y la sede 
electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo.  Adicionalmente,  cada 
beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los 
datos consignados en el formulario de solicitud.
8.  El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su publicación es de seis 
meses contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto 
de la respectiva convocatoria. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese publicado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada la solicitud.
9.  La  ayuda  concedida  se  publicará  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
publicado la resolución de concesión.
11.  A la vista del informe que se indica en el artículo 22.2.i) y del resultado de la 
propia evaluación, la resolución de concesión informará de manera expresa sobre la 
naturaleza fiscal de las actividades del proyecto como Investigación y Desarrollo o 
innovación  tecnológica  para  su  posible  utilización  por  el  beneficiario  ante  la 
Administración Tributaria.
12.  En el caso de Activa-PYME, la resolución de concesión indicará expresamente 
que la ayuda otorgada es una ayuda de minimis.
Artículo 27.  Pago.
1.  El pago de la ayuda quedará condicionada a que exista constancia por parte del 
órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en esta orden, 
así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre 
ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, realizar sus correspondientes obligaciones de presentación de cuentas 
ante el Registro Mercantil y la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, no ser deudor 
por  resolución  de  procedencia  de  reintegro  y  estar  al  corriente  de  reembolso  de 
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
Presupuestos  Generales  del  Estado,  así  como  no  estar  sujeto  a  una  orden  de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
2.  En  el  caso  de  que  no  conste  la  situación  del  beneficiario  respecto  a  las 
obligaciones reseñadas en el apartado anterior, se le requerirá para que, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del requerimiento en 
la sede electrónica, aporte los oportunos certificados, declaraciones responsables o 
información requerida, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23.4 de esta 
orden. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida 
del derecho al cobro de la ayuda, conforme a lo dispuesto en el título I, capítulo V de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 89 de su Reglamento.
3.  La ayuda regulada en esta orden se realizará en un solo pago anticipado, salvo 
que la convocatoria especifique otra cosa.
Artículo 28.  Modificación de la resolución de concesión. e.e
1.  Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se  2w
mrcreeooccndoocijgrfaieicndta aacssei, ón edn ne la dbl eaidr  ealraesm soceoluintluactecidó iaónju n rs edtdisefeio c lacucdocoaninósccn,ee  sqsdiuióeóen n c. a odlNnteeco rele asno i óablanysus,t a dscnaiote,en m,ed pli ccrbueioea nnqneeudsfeoi c  téidasciurcnihroijcaa ap nmso  dcoorid áreci fucisconoanslcitócaióimtnancir ci naalaoss     OE-A-2021-1121able en https://w
afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros, ni afecte al cumplimiento 
del principio de «no causar un perjuicio significativo». Asimismo, el órgano concedente 
podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones financiadas con 
carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo dos meses antes de que finalice el 
plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto y deberá ser aceptado de forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. 
El plazo para la resolución será de seis meses desde la presentación de la solicitud. Si 
transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha 
resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
2.  Se  podrá  alegar  como  circunstancias  que  justifican  la  necesidad  de  una 
modificación de resolución las siguientes:
a)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en 
la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
b)  Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos 
que la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo 
con el estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la concesión de la 
ayuda.
c)  Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en 
los términos inicialmente definidos.
3.  En el caso de modificaciones significativas, o en el caso de que el centro gestor 
lo  considere  necesario,  podrá  solicitarse,  antes  de  la  concesión  de  la  modificación 
solicitada, un informe emitido por una entidad de certificación acreditada, que certifique 
que  la  modificación  propuesta  cumple  con  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo».
4.  No podrán autorizarse modificaciones que conlleven:
a)  Prórrogas del plazo de justificación de los proyectos que no respeten los límites 
establecidos en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o 
que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables 
las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre 
y cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto y reintegro del 
préstamo equivalente.
c)  Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual 
o superior al establecido en el artículo 32.3 para entender el incumplimiento total de los 
fines para los que se concedió la ayuda.
d)  Dar autorización de nuevas condiciones a expedientes cuyos préstamos no 
estén al corriente de los pagos con el Ministerio o no cumplan sus obligaciones de 
presentación de cuentas en el Registro Mercantil.
e)  Cambios en los proyectos que supongan el incumplimiento del principio de «no 
causar un perjuicio significativo».
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad equivalente dentro de las siguientes categorías no requerirá la solicitud de 
modificación de la resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que  e.
se especifican: w.
iniciaa)lm  eEnnte  perl evciasstoo  podre o tcroo,l asbieomrapcrieo nye csu aenxdteor lnaass a, ctpivoiddraád essu esnti tluaisrs qeu ee cl oclaoblaobreo rsaedaonr   2021-1121n https://w
las obr)i ginEanle esl,  cya eslo n duee vloo sc oglaasbtoorsa ddoer  pteenrsgoan caal,p paocdidráand  tséucsntiitcuair ys ele pgearls doen aasc opmore toetrrlaass con
igual categoría profesional y funciones dentro de la empresa.
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
7.  Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión resultara un 
exceso de capital percibido en la concesión inicial, se procederá de manera inmediata a 
iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora 
desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe 
del citado exceso.
Artículo 29.  Recursos.
Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de 
un  mes  contado  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  o  ser  impugnado 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente a la fecha de publicación, conforme lo previsto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La interposición de recursos de reposición deberá realizarse a través de la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Artículo 30.  Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.
1.  El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades 
financiadas en el marco de esta orden en los tres meses siguientes a la finalización de la 
actuación, según establezca la resolución de concesión y las sucesivas de modificación 
que pudieran existir.
Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  documentación 
justificativa ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta 
de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  La  justificación  se  realizará  según  la  modalidad  de  cuenta  justificativa,  con 
aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se deberán seguir las 
instrucciones y formularios indicados en la Guía de Justificación que se encontrará 
disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En esta Guía de Justificación se definirán unos criterios relativos a la presentación 
adicional por muestreo de algunos documentos justificativos de inversión y pago.
Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar vía registro electrónico accesible desde la sede electrónica 
del ministerio referido y con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de  los  justificantes  de  gasto  y  pago,  informes  de  auditoría,  etc.,  por  si  les  fueran 
requeridos posteriormente o en el momento de presentar la cuenta justificativa según lo  es
establecido en el punto 2 de este artículo por el órgano gestor y responsable del  bo
seguimiento  o,  al  realizar  las  actividades  de  control  legalmente  previstas,  por  la  2w
eeInnnteteidrr3gva.e ídan  Lcqiainuó teneD  gGGdreaeIPsdniYaegsrMna eEle ,d ,n ve pe lolarairsf  iA csaDdí rmemáli einsegimlsa tcacraui ocmoni ópeanls i m tdrdaeieevl nléE tsosG  tdaodedbe oile l apronsr  oeoáyl  reToecr aitbdosue  nf ouacbnulj ecdaitoeloqn  uCdaiueelee rs lna otd ataersoy . uinóddraug saytn riqoau  eoy    OE-A-2021-1121able en https://w
ésta se ha aplicado a la concreta finalidad para la que fue concedida.
4.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del grado de cumplimiento de los 
fines que justificaron la concesión de la ayuda. Dicha certificación determinará, en su 
caso,  el  acuerdo  de  la  procedencia  de  reintegro  a  los  efectos  establecidos  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Una vez emitida la certificación acreditativa definida en el apartado anterior, y en 
su caso, realizado el reintegro de la cantidad no justificada, se permitirá la subrogación 
de una entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del 
beneficiario.
6.  El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, así como 
al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al 
control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.
Artículo 31.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la ayuda o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación  de  devolver  los  importes  percibidos  más  los  intereses  de  demora 
correspondientes, e intereses financieros si proceden, en el momento de detectarse el 
incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el título III de su Reglamento.
En concreto se considerará incumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
orden, y generará el correspondiente reintegro y el derecho a incautar garantías ante 
impago  del  beneficiario  en  caso  de  que  estas  estén  efectivas,  cualquiera  de  los 
siguientes casos:
a)  La no satisfacción de dos cuotas consecutivas de amortización del principal o de 
los intereses debidos en dos periodos consecutivos supondrá el vencimiento anticipado 
del préstamo.
b)  La  resistencia,  excusa,  obstrucción  o  negativa  a  las  actuaciones  de 
comprobación que pueda realizar el centro gestor desde el momento del pago de la 
ayuda  hasta  que  se  produzca  el  cierre  administrativo  del  expediente,  así  como  el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  contables,  registrales  o  de  conservación  de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  objetivo,  la  realidad  y  regularidad  de  las 
actividades financiadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
c)  Las descapitalizaciones o las disminuciones de aportaciones de socios de la 
empresa  beneficiaria,  durante  los  ejercicios  correspondientes  al  año  del  pago  del 
préstamo y los dos siguientes, que hagan que el préstamo concedido incumpla los 
límites establecidos en el artículo 15 de esta orden, exigiéndose el reintegro del exceso 
de préstamo concedido para cumplir con los citados límites de financiación.
d)  La obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
e)  el  incumplimiento  total  del  objetivo,  de  la  actividad  o  del  proyecto  que  e
fundamentan la concesión de la ayuda. bo
f)  el incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente, en  2w
dlroeesgl  utogélab)r mdjeaitEnisvlo  oes in nde ceseu tlaam mcbprloeelimcmdiidteieaonnrs,tt o ope ,adn re aep  lal aear lar cta íocñanuoqcl oue2 es03il20ólo6 nds,,  e qp peuorserot  ayede liO ccchtroodamse  inne.dsrcetaisolaa drcreioó lndla ederomesci theoe gsn a dsieen sse tmadleais ceioiofnenecetsos,    OE-A-2021-1121able en https://w
invernadero  por  debajo  de  los  parámetros  de  referencia  (benchmark)  establecidos 
en 2021 para la asignación gratuita.
2.  Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  y  en  el  título  IV  de  su  Reglamento,  si  concurriesen  los  supuestos  de 
infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo 
con los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad 
sancionadora  por  incumplimiento  se  ejercerá  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 
artículo 66 de la misma Ley.
El plazo máximo para la resolución del procedimiento sancionador y su notificación 
será de seis meses contados de la fecha en que se firme el acuerdo de iniciación del 
procedimiento sancionador.
3.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda 
afectado.
Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 
quince días hábiles.
Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo 
ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, 
las  obligaciones  incumplidas,  la  causa  del  procedimiento  entre  las  previstas  en  el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los 
intereses de demora.
4.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando 
dicha devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora y financieros 
se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del 
beneficiario.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a 
utilizar por la Administración General del Estado.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 32.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización  de  los  gastos  financiables,  de  la  obligación  de  justificación,  o,  en  las 
instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio de derechos de 
emisiones, del objetivo de acreditar, para el año 2026, que dicha instalación emite gases 
de  efecto  invernadero  por  debajo  de  los  parámetros  de  referencia  (benchmark) 
establecidos  en  2021  para  la  asignación  gratuita,  dará  lugar  al  reintegro  del  pago 
anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en 
que se acuerde el reintegro. e
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al  bo
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la  2w
tseantidsrfáa cecnió cnu ednet as uesl  sciogmuipernotem cisroitse ryio :de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se  2021-1121n https://w
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la
realización del proyecto financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al  Bc
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
3.  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
del presupuesto financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
4.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión o para la determinación de 
condiciones específicas de la resolución de concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
d)  En las instalaciones reguladas en el momento de la concesión por el comercio 
de derechos de emisiones, el incumplimiento del objetivo de acreditar, para el año 2026, 
que dicha instalación emite gases de efecto invernadero por debajo de los parámetros de 
referencia (benchmark) establecidos en 2021 para la asignación gratuita.
5.  Adicionalmente,  en  el  caso  de  proyectos  de  innovación  en  la  línea  Activa-
Grandes Implementaciones, se considerará que existe incumplimiento total si, tomando 
como base el importe de los gastos validados como financiables, el porcentaje del coste 
de colaboración con empresas consideradas como pymes es inferior al 30 %.
Artículo 33.  Refinanciación de los préstamos concedidos.
1.  Los beneficiarios de concesiones de préstamos otorgados con base en esta 
norma, podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización, cuando concurran 
causas  económicas  sobrevenidas  que  no  pudieron  preverse  en  el  momento  de  la 
solicitud,  y  que  no  fuesen  previsibles  con  anterioridad,  aplicando  toda  la  diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional.
La solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la 
resolución de concesión. El plazo para la resolución será de seis meses desde la 
presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para 
resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para 
entender desestimada la solicitud.
2.  La  solicitud  deberá  presentarse  al  menos  dos  meses  antes  del  primer 
vencimiento del préstamo que se quiere modificar, y deberá incorporar:
a)  Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de 
atender al calendario de pagos vigente. Esta justificación deberá incluir una explicación 
cualitativa y cuantitativa de las causas que han generado la situación a que se refiere el 
apartado 1, una valoración económica y financiera, las cuentas anuales del ejercicio 
anterior  a  la  solicitud,  así  como  un  balance  y  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias 
provisionales justo antes de que se produjese la situación que motivan la solicitud, y un 
plan de actuación para paliar esos efectos.
b)  En  el  caso  de  que  el  plazo  de  realización  de  las  inversiones  no  hubiera 
finalizado,  deberá  incluirse  una  memoria  técnica  y  económica  justificativa  de  las  e.e
inversiones realizadas con cargo al préstamo hasta ese momento y desglosado por  b
dp(feaabrcttiidduaaramss.e  Snyte e p aiancgcrloeusdir)iá,t a dauosn.ía  ctaobmlao  cdoen  llooss  dcoamtops rodme islaoss  indvee rgsaiosntoe s rey aglizaasdtooss ,e jteocduot adeollos   2021-11212n https://ww
obligca) cioUnneas  tdriebcultaarraiacsió ny  croens plao nsseagbuleri dadde  sqouceia l,l ad ee qmuper ensoa  tieensetá  deaul dcaosr rpieonr tere indtee gsrouss 
de  ayudas  o  préstamos  con  la  Administración,  y  de  que  ha  cumplido  con  sus 
obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.
d)  El detalle de la modificación del cuadro solicitada.
3.  No podrán autorizarse modificaciones del calendario en los siguientes casos:
a)  Que  no  exista  una  afectación  suficientemente  acreditada  que  justifique  esa 
modificación.
b)  Que la empresa no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
c)  Que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o deudas por reembolso 
de préstamos con la Administración.
d)  Que  la  empresa  no  tenga  cumplidas  sus  obligaciones  de  presentación  de 
cuentas ante el Registro Mercantil.
e)  Que  el  vencimiento  de  deuda  sea  consecuencia  de  un  reintegro  por 
incumplimiento o renuncia.
f)  Que en el caso de proyectos que se encuentren dentro del plazo de justificación 
de  inversiones,  no  exista  un  grado  de  avance  suficiente  y  que  no  garantice  el 
cumplimiento de los objetivos comprometidos en la resolución de concesión.
4.  Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:
a)  Aumento del plazo máximo de amortización.
b)  Aumento  del  plazo  máximo  de  carencia,  si  aún  no  se  hubiera  producido 
vencimiento de alguna cuota de principal.
c)  Otras modificaciones que cumplan con lo establecido en el punto 5 de este 
artículo.
5.  Las modificaciones que se concedan se realizarán de forma que se respeten los 
mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que en el 
momento de la concesión. La ayuda equivalente se calculará en el momento de la 
concesión de la modificación del cuadro de amortización. Para ello podrán realizarse 
modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los préstamos.
6.  Una vez estudiada la solicitud, se notificará una propuesta de modificación del 
calendario de reembolso para que, en el plazo de diez días hábiles, el solicitante acepte 
la propuesta o presente las alegaciones que estime oportunas. En el caso de que se 
presenten alegaciones, se notificará una segunda y definitiva propuesta de modificación 
de calendario de reembolsos, la cual solo podrá ser aceptada o rechazada por el 
beneficiario,  sin  perjuicio  de  que  éste  pueda  presentar  una  nueva  solicitud  de 
refinanciación.
7.  La presentación de una solicitud de refinanciación no supone la suspensión de 
los vencimientos de los préstamos. Si se produjera el vencimiento de alguna cuota antes 
de dictarse la resolución de modificación del calendario de reembolsos, ésta seguirá el 
procedimiento recaudatorio habitual establecido.
Artículo 34.  Publicidad.
1.  Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas a partir 
de  las  convocatorias  que  se  deriven  de  esta  orden  deberán  incluir  que  han  sido 
financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el  es
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. o
2.  El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo  2ww.
mcounlt ae lf iajar teícnu lloos 5 t6é.rcm) indoes l ap rLeeviys t3o8s/ 2e0n0 e3l ,a drteíc 1u7lo  d5e9  dneo vlaie mmbisrme,a y L esey. sancionará con una  2021-1121n https://w
Disposición adicional primera.  No incremento del gasto público en el funcionamiento de 
la Comisión de Evaluación.
El funcionamiento de la Comisión  de  Evaluación será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Secretaría General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa.
Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto de personal.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, 
ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la 
industria conectada 4.0.
Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final primera.  Título competencial.
Esta  orden  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.15.ª  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para el fomento y la 
coordinación general de la investigación científica y técnica.
Disposición final segunda.  Normativa aplicable.
1.  En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias será de 
aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en su Reglamento, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y demás disposiciones que resulten de aplicación.
2.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  disposición  adicional  sexta  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los préstamos financieros que se otorguen al amparo 
de  esta  orden  se  regirán  por  su  normativa  específica,  y,  en  su  defecto,  por  las 
prescripciones  de  la  citada  Ley  que  resulten  adecuadas  a  la  naturaleza  de  estas 
operaciones.
3.  Las  ayudas  concedidas  en  la  línea  de  actuación  Activa-Grandes 
implementaciones respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, o las posibles modificaciones que lo sustituyan.
4.  Las ayudas concedidas en la línea de actuación Activa-Pymes respetarán lo 
establecido Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis, o las posibles modificaciones que lo sustituyan.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor. es
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial  w.
del EMsataddriod», .29 de junio de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María  2021-1121n https://w
Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Actividades incluidas en el ámbito de esta Orden
a)  Actividades de producción a escala industrial encuadradas en la sección C-
Divisiones  10  a  32  de  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas 
(CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
b)  Actividades de valorización a escala industrial encuadradas en la sección 38.3x 
de  la  CNAE  2009,  siempre  que  dispongan  en  el  momento  de  la  solicitud  de  la 
correspondiente autorización de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique 
como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión de 
la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11 y R12 (con exclusión del desmontaje, la 
clasificación,  el  secado,  el  acondicionamiento,  el  reenvasado,  la  combinación  o  la 
mezcla), según definiciones establecidas en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados.
c)  Actividades complementarias a la producción industrial. Se entenderá que se 
trata de actividades complementarias a la producción industrial, si se llevan a cabo 
mayoritariamente como servicios de apoyo a empresas manufactureras (incluidas en las 
CNAE 10 a 32) en sus procesos de producción industrial. Se entenderá como tal las 
siguientes:
i.  Actividades de envasado y empaquetado a escala industrial encuadradas en la 
CNAE 82.92, con excepción de las actividades de embalaje de paquetes y la envoltura 
de regalos;
ii.  Actividades de depósito y almacenamiento a escala industrial incluidas en la 
CNAE  52.10,  a  excepción  de  los  servicios  de  digitalización  y  almacenamiento  de 
archivos y documentos;
iii.  Actividades  de  reparación  a  escala  industrial  de  maquinaria  y  equipo 
encuadradas en la división 33 de la sección C de la CNAE, siempre y sólo cuando se 
proporcionen dichos servicios directamente a la industria manufacturera (actividades 
incluidas en las CNAE 10 a 32), a alguna de las actividades encuadradas en la CNAE 35 
(suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado), o a las actividades de 
tratamiento de aguas para uso industrial o de desalinización de agua de mar o aguas 
subterráneas para obtener agua como producto principal, encuadradas en la CNAE 36; a 
excepción de las actividades de reparación y el mantenimiento de armas de fuego y 
munición (incluida la reparación de armas para actividades deportivas y recreativas), 
reparación y el mantenimiento de carros de supermercado, reparación de extintores, 
reparación  y  mantenimiento  de  tractores  agrícolas,  reparación  y  mantenimiento  de 
maquinaria  agropecuaria  y  forestal,  máquinas  expendedoras  automáticas,  cajas 
registradoras, fotocopiadoras, reparación de calculadoras, electrónicas o no, reparación 
de  máquinas  de  escribir,  reparación  de  equipos  de  radiación,  electromédicos  y 
electroterapéuticos, de equipos e instrumentos ópticos, reparación y mantenimiento de 
equipos  de  alumbrado  eléctrico  y  reparación  y  mantenimiento  de  dispositivos  de 
cableado portador o no de corriente para circuitos eléctricos. También quedan excluidas 
las actividades encuadradas en las CNAE 33.19 y 33.20.
En ningún caso se considerarán como actividades complementarias a la producción 
industrial las actividades de intermediación o las que tengan como destino el consumidor 
final.
d)  Actividades de servicios a la industria: e.
prociii.e.  soDesin sisneadñyuoos stinr iyda ulaesnstá ryilai spl:il saa ntcéttacivsni diicnaoddsue sestn rdicaeule aisdn,rg aeednnociesu raeíadn r aylad  daCissN eeAñnEo l a 7ds1e C. 2mN0aA, qcEuo 7inn1 ae.r1xia2c,e; pmcaiótenr idaele (si),   2021-11212n https://ww
dlae  etxupbleortíaacsió pne dtreo lílafebroarsa, to(irvio) sla p coelirctiiafilceasc, ió(ini)  deel  apnráoldisuisc toasrq, uinecolbuoidtoásn icboie, n(eiiis)  ldae i ncsopnescucmióon, 
vehículos motorizados, aeronaves, contenedores presurizados, plantas nucleares, (v) la
inspección  técnica  de  vehículos,  (vi)  las  pruebas  de  composición  y  pureza  de  los 
minerales  o  (vii)  las  pruebas  y  medición  de  los  indicadores  medioambientales: 
contaminación del aire y del agua.
ANEXO II
Definiciones a efectos de aplicación de esta orden
A los efectos de los límites de la financiación establecidos en el artículo 15, de los 
criterios de valoración establecidos en anexo III, así como para la calificación financiera 
establecida en el anexo IV, se aplicarán los siguientes conceptos:
1)  Riesgo  vivo  acumulado  con  la  DGIPYME.  Se  define  como  el  total  de  los 
préstamos concedidos por la DGIPYME al solicitante más el total de los préstamos 
solicitados en las convocatorias de la DGIPYME pendientes de resolver, menos las 
devoluciones de principal realizadas, menos la parte de préstamo cubierta por garantías 
considerados al finalizar el periodo de solicitud.
2)  Riesgo vivo previo con la DGIPYME. Riesgo vivo acumulado sin considerar los 
préstamos solicitados por la empresa en las convocatorias de la DGIPYME pendientes 
de resolver.
3)  Cifra media de negocios: se define como el valor medio de la cifra de negocios 
de la entidad solicitante en los dos últimos ejercicios cerrados.
4)  Fondos propios: compuestos por capital, prima de emisión, reservas, acciones y 
participaciones  en  patrimonio  propias,  resultados  de  ejercicios  anteriores,  otras 
aportaciones de socios, resultado del ejercicio, dividendo a cuenta y otros instrumentos 
de patrimonio neto. En la definición anterior y a los efectos de esta orden, no se tendrán 
en cuenta elementos no dinerarios cuando no exista su correspondiente tasación.
5)  Resultado económico bruto: suma del importe neto de la cifra de negocios, 
variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, trabajos 
realizados  por  la  empresa  para  su  activo,  aprovisionamientos,  otros  ingresos  de 
explotación,  gastos  de  personal,  otros  gastos  de  explotación,  imputación  de 
subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, y otros resultados.
6)  Resultado económico neto: resultado de explotación.
7)  Deuda neta total: suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente menos las 
provisiones,  menos  el  efectivo  y  otros  activos  líquidos  equivalentes  y  menos  las 
inversiones financieras a corto plazo.
8)  Deudores comerciales: deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del activo 
corriente.
9)  Acreedores comerciales: acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del 
pasivo corriente.
10)  Deudas a medio y largo plazo: pasivo no corriente menos provisiones a largo 
plazo, menos pasivos por impuesto diferido, menos periodificaciones a largo plazo.
2021-1121n https://w
ANEXO III
Criterios de evaluación de las solicitudes
Umbral de 
Criterio Puntuación máxima
puntuación
A)  Adecuación a las prioridades temáticas, a los tipos de proyectos susceptibles de ayuda y los 
beneficiarios establecidos en la orden; y cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio  Criterio excluyente.
significativo».
B)  Efecto incentivador de la ayuda. Criterio excluyente.
C)  Viabilidad económica y financiera [La puntuación se obtiene multiplicando la suma de c.1) a c.11) 
30 15
por el coeficiente c.12)].
c.1)  Activo corriente/Pasivo corriente. 1,5  
c.2)  Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios. 3  
c.3)  Activo/Pasivo. 3  
c.4)  Cifra neta de negocios/Total activo. 3  
c.5)  Resultado económico neto/Total activo. 3  
c.6)  Resultado económico bruto/Total deuda neta. 3  
c.7)  Activo corriente/Total activo. 1,5  
c.8)  Fondos propios/Total patrimonio neto y pasivo. 3  
c.9)  Deudas a medio y largo plazo/Total patrimonio neto y pasivo. 3  
c.10)  Inmovilizado material/Activo no corriente. 3  
c.11)  Resultado económico neto/Gastos financieros. 3  
c.12)  Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero. 1  
D)  Viabilidad técnica de la propuesta. 40 20
d.1)  Calidad de la entidad y del equipo de trabajo. 10  
d.2)  Calidad del plan de trabajo. 20  
d.3)  Adecuada programación temporal del proyecto. 10  
E)  Impacto socioeconómico y proyección tecnológica. 30 Sin umbral.
e.1)  Impacto directo en la industria manufacturera. 10  
e.2)  Impacto directo del proyecto en la cadena de valor de proveedores y clientes. 10  
e.3)  Contribución del proyecto a la transición ecológica. 10  
Cálculo del subcriterio «Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero».
El subcriterio c.12) Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero, es un 
factor entre 0 y 1 que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el 
largo plazo.
Se calculará mediante la multiplicación sucesiva de los valores obtenidos en los 
siguientes parámetros, redondeando el cálculo a dos decimales: s
ID Descripción Valor del factor 2ww.
R1 Rcoienscguors poo dr ec uaoctrae evdeonrceidsa o c porne saenntitgeü uend adde tseuripoerori onro ato 3ri9o  me eirsreecsu, poe cruaybole t idtuel asru e ssotélv edneccilaa rsaedgoú enn i nqfuoirembera C, IRBE  0 2021-1121n https://w
R2 Rprieessegnot apdoor .cuota vencida con antigüedad superior a tres meses según informe CIRBE. 0,8 – 1 BOE-A-cable e
ID Descripción Valor del factor
R3 Riesgo por crecimiento no ordenado del activo y sus inmovilizados frente a los pasivos históricos. 0,8 – 1
R4 Riesgo por excesiva exposición del préstamo a la incertidumbre de evolución de la facturación. 0,8 – 1
R5 Riesgo por excesiva exposición de la DGIPYME como acreedor principal. 0,8 – 1
R6 Riesgo por retraso en pagos anteriores en deudas con DGIPYME. 0 – 1
R7 Riesgo por inconsistencia entre Impuesto sobre Sociedades y cuentas presentadas en registro mercantil. 0,8 – 1
R8 Riesgo por evolución de cuentas en el último ejercicio no justificada. 0,8 – 1
ANEXO IV
Metodología para la calificación financiera de la empresa
Para la calificación financiera de la empresa se aplicarán los siguientes criterios, que 
generarán una puntuación total distribuida en el rango entre 0 y 30 puntos:
Criterio Puntuación máxima
c.1)  Activo corriente/Pasivo corriente. 1,5
c.2)  Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios. 3
c.3)  Activo/Pasivo. 3
c.4)  Cifra neta de negocios/Total activo. 3
c.5)  Resultado económico neto/Total activo. 3
c.6)  Resultado económico bruto/Total deuda neta. 3
c.7)  Activo corriente/Total activo. 1,5
c.8)  Fondos propios/Total patrimonio neto y pasivo. 3
c.9)  Deudas a medio y largo plazo/Total patrimonio neto y pasivo. 3
c.10)  Inmovilizado material/Activo no corriente. 3
c.11)  Resultado económico neto/Gastos financieros. 3
       Total. 30
La calificación financiera del beneficiario en función de la anterior puntuación, a 
efectos de cálculo de la Subvención Bruta Equivalente, será:
Puntuación Calificación financiera
Menor o igual a 19. Satisfactoria.
Mayor que 19 y menor o igual que 24. Buena.
Mayor que 24. Excelente.
2021-1121n https://w