BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80614
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11271 Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad interino de Murcia n.º 7 a inscribir una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia de nacional británico.
En el recurso interpuesto por don Miguel Ángel Robles Perea, notario de Torrevieja, 
contra la negativa del registrador de la Propiedad interino de Murcia número 7, don José 
Luis Alfonso Salar, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia de 
nacional británico.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Torrevieja, don Miguel Ángel Robles 
Perea, se aceptaba y adjudicaba una herencia de nacional británico.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Murcia número 7, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Calificado el precedente documento, se suspende la inscripción del mismo por los 
siguientes defectos: Falta la ratificación del ejecutor testamentario designado como tal en 
el Grant Of Probate.
Hechos: Se pretende la inscripción de la adjudicación de herencia al fallecimiento de 
Don R. D. A, titular de una mitad indivisa de la finca 19.138 de la Sección 6.ª de este 
Registro,  único  bien  inmueble  inventariado.  Se  presenta  escritura  de  herencia  al 
fallecimiento  de  dicho  señor,  de  nacionalidad  británica  y  con  residencia  en  (…) 
Wombourne, West Midlands, Reino Unido, otorgada por su viuda doña K. M. A., en la 
que se incorpora Certificado de Defunción del Registro de Defunciones de Dudley, de 
fecha  uno  de  agosto  de  dos  mil  dieciocho,  debidamente  traducido  y  apostillado, 
Certificado del Registro de Actos de Última voluntad, veinticinco de septiembre de dos 
mil diecinueve, de donde resulta que dicho causante no otorgó testamento en España, 
habiendo  otorgado  testamento  en  su  país  de  residencia,  ante  dos  testigos,  el  día 
veinticinco  de  octubre  de  mil  novecientos  ochenta  y  nueve,  el  cual  se  incorpora 
debidamente  traducido  y  apostillado  así  como  Certificado  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia, Registro de Validaciones Testamentarias de Gales, –Grand Probate–, de fecha 
dos de octubre de dos mil dieciocho, debidamente traducido y apostillado, en el que se le 
concede la administración de la totalidad del caudal hereditario a favor de su albacea –
executor–, "Simplify Channel Limited".
Fundamentos de Derecho: Art. 12.6 y 9.8 del Código Civil, artículos 21.1, 23.2 y 29 
del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio  es
de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de  o
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia  1w
Rpdleeu grsiLlluaeacmg efieseslnicaohttnoiave  osd,(  eUmlalE o f)arr etlilsmen cciúsiammióui.nse a nd 6tyeo5   a0lda /le2 alt0e ec1yrr2m ed.a ienc aDilóa anl adr  deoaes pi dulqiecnuna eccce iiaórt enihfl i acdabeRdi teluoaia nsslo  und coeeUrls mcnoaairdiusoo s  eeasunetrtasoe bp cleeuoocnni. dteasnsiis detaen m eeanl    OE-A-2021-1127able en https://w
el artículo 22 debe combinarse con la regla especial del artículo 36.2.º a), de forma que
resulta de aplicación la ley inglesa como ley de la unidad territorial del Reino Unido 
donde el causante tiene su residencia. Aspectos esenciales del contenido de la ley 
sucesoria, como se deduce del propio apartado 2 del artículo 23, son tanto la validez 
sustancial del testamento como la forma de transmisión de la posesión o propiedad a los 
herederos y la partición de la herencia, así como las facultades en su caso de los 
ejecutores o administradores sucesorios. Todas estas cuestiones, quedan, pues, regidas 
por el Derecho inglés. Sobre la base de estimar aplicable el Derecho inglés a la sucesión 
del causante, procede aplicar el régimen previsto en las Non Contentious Probate Rules 
de 1987 y la Administration States Act de 1925. De las mismas resulta la necesidad de 
que los legados sean entregados por un ejecutor testamentario (executor) designado 
como tal en un Grant of Probate. Conforme al Derecho inglés, los bienes sucesorios no 
se transmiten directamente al heredero. La titularidad fiduciaria de los bienes pasa al 
executor,  en  caso  de  sucesión  testamentaria,  o  al  administrador  o  personal 
representative en caso de sucesión abintestato, que son designados mediante un Grant 
of Probate o un Grant of Administration, respectivamente. El heredero o beneficiario de 
dichos bienes no puede, pues, adjudicarse directamente la propiedad de dichos bienes a 
título hereditario. La transmisión de los bienes debe ser, pues, realizada a través de los 
ejecutores testamentarios, o por los administradores en caso de sucesión abintestato. El 
Grant of Probate expedido por las autoridades en el Reino Unido, además de acreditar la 
regularidad del testamento que se anexa, sirve sobre todo para conferir y probar la 
condición y autoridad de ejecutor testamentario. En el testamento sometido al Derecho 
inglés este documento es necesario para la transmisión sucesoria, pues únicamente el 
ejecutor testamentario, designado en el propio testamento o nombrado en su defecto 
(sección 20 de las Non-Contentious Probate Rules de 1987), puede decidir acerca de la 
asignación  de  los  bienes  a  los  herederos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
testamento. El testamento redactado conforme al Derecho inglés no es, pues, título 
suficiente para la transmisión de derechos sucesorios, pues no atribuye directamente los 
bienes a los designados herederos, sino que confiere la posesión fiduciaria al executor, 
que posteriormente se encarga de adjudicar la propiedad conforme a las disposiciones 
testamentarias. De ahí que un testamento redactado conforme al Derecho inglés no 
pueda servir como título suficiente para una modificación registral del dominio de los 
bienes.  Si  se  trata  de  adjudicar  un  inmueble  situado  en  España  conforme  a  las 
disposiciones  testamentarias,  se  precisa  la  adjudicación  de  dichos  bienes  a  los 
herederos por parte del executor. El executor deberá acreditar tanto el testamento como 
el Grant of Probate ante el notario autorizante, cuya escritura de adjudicación de bienes 
por el executor así legitimado servirá, en consecuencia, como título para la inscripción 
registral. Ante la precedente nota de calificación pueden los interesados: (…)
Murcia, a 26 de febrero de 2021. El registrador interino (firma ilegible) Don José Luis 
Alfonso Salar.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Miguel Ángel Robles Perea, notario de 
Torrevieja, interpuso recurso el día 26 de marzo de 2021 mediante escrito en el que 
alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Que no estando de acuerdo con la calificación desfavorable del señor registrador, 
se interpone recurso gubernativo contra la misma sobre la base de los siguientes es
Hechos: w.
númIe. roQ 1u.e4 0e8l  ddeía m 2i 5p rdoeto csoelpot,i eemnb lrae  qduee  2s0e2 0fo rsmea loiztoarbgaó  laess coriptuerraa caionntee sm pia freti,c ioconna leesl   2021-1127n https://w
ú(linqiucaid ahceiróend eyr aa dtejusdtaicmaceinótna)r iaal,  fsaull evciuimdaie Sntroa .d Ae.l  (c…iud).adano Británico Sr A., por parte de su
II.  Que presentada la escritura indicada en el Registro de la Propiedad de Murcia 
siete fue calificada desfavorablemente por el señor registrador interino (titular de San 
Javier Dos) José Luis Alfonso Salar, con el tenor literal de la nota que se acompaña y 
que es objeto de recurso en su totalidad.
III.  Que según indica la nota de calificación, en resumen, siendo de aplicación la ley 
británica  a  dicha  sucesión  (artículo  21  Rto  UE  650/2012)  y  habiendo  nombrado  el 
causante en su testamento un ejecutor testamentario (executor) la administración de la 
herencia debe entregarse al mismo (reflejado en el Certificado del Tribunal Superior de 
Justicia, Registro y validaciones testamentarias de Gales, Grant Probate que incorpora el 
testamento indicado), no pudiendo la heredera testamentaria adjudicarse los bienes 
hereditarios sitos en España por no haberse transmitido los bienes de forma directa a la 
misma, según el mencionado derecho inglés.
IV.  Que  dicha  calificación  registral  no  es  acorde  a  nuestra  legislación  por  los 
siguientes,
Fundamentos de Derecho.
Primero: Cuestión debatida. Por centrar la cuestión debatida en el presente recurso, 
se plantea la necesidad de intervención de los «personal representatives o executors» 
testamentarios en una herencia de ciudadano británico en donde la ley aplicable es la 
sucesoria del Reino Unido, para la adjudicación de los bienes sitos en España.
Para  la  calificación  registral  esta  intervención  es  imprescindible  porque  la  ley 
británica impone necesariamente en el proceso de adquisición de los bienes por el 
heredero una titularidad fiduciaria, la del executor, obligado a realizar las operaciones 
particionales con fines liquidatorios de los mismos sin que los bienes sucesorios se 
transmitan directamente al heredero testamentario y sin que éste pueda adjudicarse los 
mismos.
No consideramos ajustada a derecho esta calificación pasando a argumentarla.
Segundo: Sisitema [sic] latino y anglosajón en la sucesión hereditaria.
La cuestión debatida parte de una base inicial, la de distinguir entre el sistema latino 
continental y el anglosajón basado en la common law.
El primero tiene unos principios fundamentales:
– Continuidad de la personalidad jurídica del causante por parte de sus sucesores.
– Responsabilidad  directa  y  personal  (ilimitada  o  limitada  según  la  forma  de 
aceptación de los derechos hereditarios) del sucesor de las deudas de su causante.
– Adquisición directa, inmediata y retroactiva (a la fecha de fallecimiento) de los 
bienes hereditarios por parte del sucesor universal con su sola aceptación, presumiendo 
su posesión ininterrumpida de los mismos.
El sistema anglosajón tiene los principios contrarios.
– Nombramiento por el Tribunal sucesorio competente de las personas que van a 
ejercer  las  facultades  de  administración  y  liquidación  patrimonial,  personal 
representatives (en la sucesión intestada) o executors (en la testamentaria con el control 
del nombramiento que en su caso hubiera realizado el causante en su testamento).
– Facultades  legales  de  estos  administradores  de  los  bienes  hereditarios 
encargados de tomar posesión de dichos bienes de forma inmediata a su nombramiento, 
que incluyen incluso la venta y conversión en líquido monetario, además del pago de 
deudas y demás responsabilidades pendientes del causante o patrimonio hereditario. e.e
– El  sucesor  hereditario  solo  adquiere  los  bienes  o  el  líquido  obtenido  de  su  b
epanuctadujieeannciadoconi óetnso. mpaor r polosse saiódnm dineis tlroasd obrieesn esc udainredcot amésetonste  haannte st edrme inlaa dfion asliuza cfuiónnc iódne,  snuos   2021-11271n https://ww
resp–o nAs acbaimlidbaiod edse  deelllo ,c aeul ssauncetes oyr/ on op aretrsimpoonndioe  hdeirreecdtaitmareion tleo  eqnu eg erneesraaltl ad ela l aims pdoerutdaansc iay 
del ejercicio de las facultades de los administradores por los mismos.
Resulta muy difícil conciliar tan dispares principios de ambos sistemas cuando la ley 
sucesoria es la británica (o cualquiera del sistema anglosajón) y se trata de organizar la 
sucesión en un país sujeto al sistema latino como es el español, es decir para adjudicar 
los bienes sitos en España cuando la ley aplicable sea la británica y ello cualesquiera 
que  sean  las  circunstancias  concurrentes,  que  a  nuestro  juicio  son  totalmente 
indiferentes: testamento español o inglés, fallecimiento en Reino Unido o en España con 
professio iuris a favor de la ley inglesa, y existencia o no de bienes sitos en Reino Unido.
Esta conciliación podría resolverse a través de las siguientes ideas:
1.º  Distinción de la ley aplicable a la sucesión y ley aplicable a la adquisición de los 
bienes, de forma que los requisitos y circunstancias de la toma de posesión, liquidación y 
adjudicación hereditaria de los bienes hereditarios se regirían por la ley del lugar donde 
se encuentren los mismos y no por la ley sucesoria. Siguiendo esta conclusión para 
adjudicar  los  bienes  sitos  en  España  no  sería  preciso  la  intervención  de  los 
administradores británicos porque ello no es exigible en España, pudiendo adquirirlos 
directamente el sucesor nombrado.
Si esto ocurriera, los posibles acreedores tendrían en nuestro derecho suficientes 
recursos  para  asegurarse  el  cobro  de  sus  créditos,  bien  directamente  o  bien 
indirectamente frente a ese sucesor que hubiera tomado posesión de los bienes sin 
cumplir aquellas acciones liquidatarias (no hay que olvidar que en España también existe 
el principio "antes pagar que heredar" y todos los efectos de responsabilidad intra vires).
Esta solución se basaría en las siguientes normas:
a)  Art  23  Rto  UE  650/2012:  la  ley  aplicable  a  la  sucesión,  reguladora  de  la 
determinación de los herederos, posibles derechos legitimarios o limitación a la facultad 
de testar, etc. En una lectura literal y superficial del artículo 23.2.e del citado Rto UE 
parece desprenderse que a la adquisición de los bienes por los sucesores debe aplicarse 
igualmente la ley sucesoria.
No pensamos que deba ser así, o mejor dicho, aunque lo sea, es decir aunque 
podamos concluir que la lex sucessionis es aplicable no solo a la sucesión y todas sus 
circunstancias sino también a la adquisición de los bienes hereditarios, no consideramos 
que para la adjudicación de los bienes sitos en España, deban intervenir necesariamente 
y en todo caso los personal representatives o executors testamentarios por las siguientes 
consideraciones:
– Esta norma se refiere a la consideración de "título de transmisión hereditaria", su 
perfección y validez, con el alcance de los efectos de los requisitos de determinación del 
beneficiario en la sucesión: su aceptación, alcance y efectos de la misma. No se refiere a 
los requisitos de la "adquisición" de los bienes por los beneficiarios aceptantes, que debe 
regularse por la "lex sitae".
– El hecho de que la ley inglesa (Non contentius Probate Rules de 1987 y la 
Aministration States Act 1925) fije la actuación y facultades de los «executors» y la 
finalidad liquidatoria del patrimonio hereditario y que el artículo 23.2f considere que son 
de aplicación la lex sucessionis a esta materia, no quiere decir, porque así lo impone el 
propio artículo 29.1 del miso Rto UE que será la propia Lex fori la que determine o no la 
necesidad de intervención de dichos ejecutores, sobre todo cuando es el propio heredero 
testamentario universal adquirente el que no desea la finalidad liquidatoria del patrimonio 
(o parte del mismo, el sito en España) y pretende adjudicárselo directamente asumiendo 
la responsabilidad que ello supone frente al pasivo hereditario. s
– En nuestro derecho rige la norma establecida en al artículo 10.1 del Código Civil:  oe.
"1. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como  1ww.
sfour mp–ua b Clidcoeind  aindad,d esqpeue irrneirdg eirdnáicrnei apc todare  l aoc o lenycs oiddnee lr lanureg ceaenrs  diEdosanpdda eñ dsaee ll a h acaludlemqnup."ilsimiciieónnt oh erdeed italorisa  croemquois uitnoas   2021-1127n https://w
contractuales del título y modo (artículo 609 CC) y dada la dicción del artículo 440 CC
(posesión civilísima de los herederos), lo cierto y real es que para el Estado español los
bienes pasan de ser poseídos por el causante a serlo por sus herederos de forma 
inmediata y sin interrupción, y si su condición de herederos y su aceptación (cuestiones 
resueltas por la ley sucessionis) está determinada, no existe obstáculo alguno para 
considerarles propietarios y con facultades suficientes para «formalizar» su adquisición 
en  la  forma  que  establezca  la  lex  rei  sitae  (cuestión  también  excluida  de  la  lex 
sucessionis por el propio artículo 1, letra i del Rto UE).
b)  La  aplicación  en  este  tema  de  la  ley  sucesoria  británica  genera  graves 
distorsiones en el funcionamiento del derecho interno del país en donde radican los 
bienes, totalmente contraria a la finalidad de dar uniformidad a las normas de derecho 
internacional privado en materia de sucesiones establecidas en los considerandos y 
concretamente en los artículos 30 y 31 de la misma norma:
"Artículo  30  Disposiciones  especiales  que  imponen  restricciones  relativas  o 
aplicables a la sucesión de determinados bienes.–Cuando la ley del Estado donde se 
encuentren  situados  determinados  bienes  inmuebles,  empresas  u  otras  categorías 
especiales de bienes contenga disposiciones especiales que, por razones de índole 
económica, familiar o social, afecten o impongan restricciones a la sucesión de dichos 
bienes, se aplicarán a la sucesión tales disposiciones especiales en la medida en que, 
en virtud del Derecho de dicho Estado, sean aplicables con independencia de la ley que 
rija la sucesión."
"Artículo 31 Adaptación de los derechos reales. Cuando una persona invoque un 
derecho real que le corresponda en virtud de la ley aplicable a la sucesión y el Derecho 
del Estado miembro en el que lo invoque no conozca ese derecho real en cuestión, este 
deberá, en caso necesario y en la medida de lo posible, ser adaptado al derecho real 
equivalente más cercano del Derecho de ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y 
los intereses que aquel derecho real persiga y los efectos inherentes al mismo.".
c)  Por último el propio artículo 29 Rto UE, al regular la actuación y nombramiento 
de los administradores testamentarios cuando la ley aplicable a la sucesión lo exija, 
respeta la misma cuando dicha ley sea de un Estado Miembro o participante en el 
Reglamento, lo que no ocurre tratándose del Reino Unido.
2.º  Consideración del sistema anglosajón de administración y liquidación como un 
sistema de naturaleza procesal y por lo tanto con clara vocación procesal. Con esta idea, 
los administradores británicos solo serán necesarios para los bienes sitos en Reino 
Unido, pero no será exigible su actuación para los bienes sitos en otros países.
Y decimos que es procesal.
– Porque el nombramiento de los personal representantives en caso de sucesión 
intestada o de los executors testamentarios siempre han de ser designados por el 
Tribunal sucesorio competente del lugar del último domicilio del causante a través del 
Grant of Probate.
– Porque no es causa de nulidad del testamento en derecho británico el que no se 
nombre en el mismo por el testador executor de sus bienes hereditarios.
– Porque, como hemos dicho, aunque sea aplicable a la ley sucesoria el derecho 
británico, el Alto Tribunal de sucesiones no nombra personal representatives o executors 
testamentarios si el causante no tenía su último domicilio en Reino unido ni bienes sitos 
allí aunque la ley aplicable a la sucesión sea la británica, por lo que parece, se remite a 
la ley territorial de situación de los bienes. e.e
– Porque el ejercicio de las facultades legales por parte de los administradores está  b
ebnxaeijcsoeEt eessnalt e crbi oacien anitnrreáotescl  rtyaev lerrl eínp.ncrdoióiccnei ósdnae ld  eelos c sdu eae dncmtlaairsna id svetor aecdasoecri óternsib  tueennrra itll oosrsui acble ipseoonrre iloso   qqsuiuteoe s lso osel noh  asR eneroiánm oab prUlaicndaiodb.ole,  lsai   OE-A-2021-11271able en https://ww
3.º  Posibilidad  de  discutir  el  ámbito  territorial  de  las  facultades  legales  de  los 
administradores testamentarios nombrados en el Grant Probate, que no tendrían esa 
[sic] facultades fuera de territorio británico.
El Reglamento Europeo n.º 650/2012 de sucesiones se refiere a este ámbito de 
actuación de los administradores testamentarios:
– En el artículo 29, imponiendo el nombramiento cuando lo requiera la ley de un 
Estado Miembro (y Reino Unido no lo es en la actualidad), coordinando las facultades de 
la ley sucesoria con la lex fori si aquella es extranjera, aplicando incluso solo las de la lex 
fori si son incompatibles.
– Considerando 43, cuando indica que el nombramiento de esos administradores 
«no debe impedir a las partes optar por resolver la sucesión de manera extrajudicial en 
otro Estado Miembro. buscando una buena coordinación...» entre ambas leyes
4.º  Posibilidad  de  prescindir  de  actuaciones  innecesarias  por  redundantes  que 
suponen un alto coste material o burocrático.
El  Considerando  7,  cuando  considera  conveniente  facilitar  el  principio  de  libre 
circulación, suprimiendo obstáculos o imponiendo actuaciones de alto coste burocrático 
o material o con una gran desproporción entre la finalidad perseguida y los medios 
utilizados, siendo innecesario por redundante la exigencia de requisitos o actuaciones de 
las que podría prescindirse por:
– La composición del patrimonio hereditario. es simple o muy reducida, limitándose a 
un bien y/o a una cuenta bancaria.
– No existir pasivo o aun existiendo pasivo existe normativa y recursos suficientes de 
protección de los acreedores hereditarios.
– Vinculación del causante con el Estado en donde se sitúan los bienes.
El  alto  coste  burocrático  supone  necesidad  de  otorgar  poderes  y  acreditar 
representaciones  de  organismos  o  sociedades  extranjeras,  con  sus  debidas 
traducciones, apostillas de toda la documentación de las mismas.
Tercero.  De la formalidad exigida para la adquisición de los bienes hereditarios y su 
ley aplicable.
Llegados  a  este  punto,  debemos  preguntarnos  si  la  cuestión  debatida  debe 
resolverse determinando la ley aplicable «a la adquisición de los bienes hereditarios» o a 
la «formalidad para adquirir esos bienes». Es decir, si la intervención de esos ejecutores 
testamentarios es necesaria para formalizar la adquisición ya realizada.
En este punto, lógicamente, no discutimos que es el heredero el adquirente de los 
bienes, sino lo que debe hacer el mismo para formalizar su adquisición.
Para ello la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de octubre de 2017 
(asunto C-118/16- Kubica) deja claro que la propiedad sucesoria emana directamente de 
la transmisión mortis causa sin precisar adaptación y dada la ausencia de obligatoriedad 
de nombramiento de ejecutor testamentario para la validez del testamento y que el 
Tribunal Superior de Justicia, Registro de Validaciones Testamentarias británico nombra 
ejecutor  al  propio  beneficiario  de  la  sucesión  cuando  no  existe  determinación 
testamentaria por el propio causante, realmente podría ser una mera formalidad con 
fines  liquidatarios  por  presunción  de  voluntad  del  causante,  finalidad  fácilmente 
cuestionada por el propio heredero y sucesor universal del mismo.
Así el Tribunal Supremo español en varias sentencias (20/10/1992; 04/02/1994; 
22/02/1997) tiene establecido la posibilidad de que los herederos, siendo mayores de  e.
edad y teniendo la libre disposición de los bienes, puedan prescindir de los albaceas- w.
cdoenctlLaaarda oDdraeir se cpecasiórttanid  oGpreeosns eiobr iadlilde ad ldae s S deeinsg puordisdiifcaeidore nJneutser íspd aicrratei csyioo nlFuaecl ieopsnú edbseli:cl  ap r0o(5Dp/iG1o0 Sc/2JaF0u1Ps8a) ;n ttaem1.9b/i0é7n/ 2t0ie1n8e;   2021-1127n https://w
17/12/2002; 06/02/1995 (en esta considera que la partición realizada por el contador
partidor y por los herederos desnaturaliza la unilateral de aquel y convierte en contractual 
de herederos).
Cuarta.  De la doctrina de la DGDJFP sobre la cuestión debatida.
Son varias las resoluciones existentes. Las más recientes:
1.ª  Resolución de 02 de marzo de 2018.–En esta resolución se planteaba si era 
necesario o no el Grant Probate ingles en las sucesiones de británicos en España 
cuando existía un testamento español con declaración de heredero para los bienes 
españoles y en donde se había hecho una professio iuris tácita a favor de la ley inglesa.
Considera que el Grant of Representation, no siempre es necesario ni siquiera en 
derecho británico.
Si no existe un ejecutor (executor) testamentario será el Probate Service, quien 
extienda Letters of Administration ya sea porque haya un testamento, pero no ejecutor 
designado, haya renunciado éste o no exista testamento.
El ejecutor es pieza clave en el sistema de liquidación sucesoria particular de aquel 
ordenamiento, pero no en el español de adquisición y formalización hereditaria. Este 
sistema que, de alguna forma, intentó contemplarse en el artículo 29 del Reglamento, sin 
que contentara a Reino Unido e Irlanda, no puede ser exigido en España en una 
sucesión sobre bienes situados en España y, en el caso concreto, al que cabe limitarse 
ahora, de sucesión testamentaria.
Concretamente establece que «La lex rei sitae conlleva que los procedimientos 
necesarios para la transmisión de los inmuebles, una vez establecida la sucesión mortis 
causa (artículo 1) se determine por la ley del lugar de situación de los inmuebles con las 
necesarias adaptaciones (artículos 1.2.k y.l, 10, 11 y 27 y Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16 [Kubicka]).
Por lo tanto, es de aplicación el artículo 14 de la ley Hipotecaria, en la redacción 
dada por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil, que dispone: "El título de la sucesión hereditaria, a 
los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad 
para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero 
abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al 
que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012" y de este precepto 
resulta con claridad que no se hace preciso, en este concreto supuesto, conforme al 
ordenamiento español y pese a no existir reenvío al mismo, la designación de un 
ejecutor por el Probate Service británico, institución referida a la liquidación de bienes en 
Reino Unido.»
2.º  Resolución 14 de febrero de 2019.–Supuesto similar de igual solución a la 
establecida en la anterior citada, reiterando la misma doctrina.
3.º  Resolución  de  04  de  septiembre  de  2019.–Esta  resolución  trata  sobre  la 
aplicación del artículo 28 de la Ley Hipotecaria a las herencias de británicos y para 
admitirla, argumenta con la misma consideración:
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017 
en el asunto C-218/16 (Kubicka) puntualiza la exclusión al indicar que los requisitos para 
la adquisición de tales derechos no figuran entre las materias excluidas del ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento en virtud de la citada disposición.
Confirma esta interpretación el principio de unidad de la ley sucesoria, previsto en el 
art. 23 del Reglamento n.º 650/2012 –y especialmente en su apartado 2, letra e)–, que  s
dispone que dicha ley regirá "la transmisión a los herederos y, en su caso, a los  oe.
legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones (...)". Y este pronunciamiento es  1ww.
U"cconohiróernere sneptuoern,o dpceeo ama l odle esg ei9sñ laaddleao  rme nla arrezcgoioi sndtareal  df2ijo0ar1r,  7lca,o sen cn ol ane dls ieacnisoutnenentsoc i adC e-dl3 ep4lr 3oT/p1rii5bo u (snPiasirtl eindmgeea r J)du eqs tusiceei ags uedriñeda alldaa    2021-1127n https://w
jurídica  preventiva"  ello  "constituye  una  medida  adecuada  para  garantizar  el  buen
funcionamiento del registro de la Propiedad y de legalidad y seguridad jurídica de los
actos celebrados entre fe pública y sobre los que el Estado miembros de que se trate 
ejerce un control especial, constituye una medida adecuada para alcanzar los objetivos 
del funcionamiento del sistema del Registro de la propiedad y de legalidad y seguridad 
jurídica de los actos celebrados entre particulares".
4.º  La resolución de 01 de octubre de 2020.–Reitera doctrina de las resoluciones de 
2 de marzo de 2018 y 14 febrero de 2019 a un supuesto similar con la salvedad de que 
la  professio  iuris  del  testador  se  había  hecho  tras  la  aplicación  del  Reglamento 
UE 650/2012.
En virtud de todo lo expuesto,
Solicito, que teniendo por presentado el presente escrito, se sirva a admitirlo junto 
con sus documentos complementarios, teniendo por interpuesto recurso gubernativo 
contra la calificación del Registrador de la Propiedad interino de Murcia 7, José Luis 
Alfonso Salar, procediendo, previos los trámites legalmente previstos, a dictar resolución 
por la que se revoque la nota de calificación ordenando su inscripción.
Otro sí digo que se prorrogue la vigencia del asiento de presentación del documento 
calificado hasta la resolución definitiva del mismo, incluso ante los tribunales de justicia 
por resolución negativa por silencio administrativo.»
IV
Mediante escrito, de fecha 29 de marzo de 2021, el registrador de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 1.2.k) y 
l), 3.d) 20, 21, 22.2, 23, 26, 27, 28, 29, 34 y 83 y los considerandos 7, 18, 23, 24, 43, 44 
y 80 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; 
los artículos 9.8 y 12.2 del Código Civil; 14 de la Ley Hipotecaria; las Sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, C-218/16, Kubicka y 
de 9 de marzo de 2017, C-343/15 Piringer; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 
de enero de 2015 y 21 de noviembre de 2017; las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 15 de junio y 4 de julio de 2016, 2 de marzo de 2018 
y 14 de febrero y 4 de septiembre de 2019, y la Resolución de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica de 1 de octubre de 2020.
1.  La única cuestión que plantea el presente recurso se refiere a si es necesaria la 
intervención del ejecutor, persona jurídica, designada en certificado del Tribunal Superior 
de  Justicia,  Registro  de  Validaciones  Testamentarias  de  Gales  -Grand  Probate-, 
documento que se incorpora a la escritura calificada, traducido y apostillado, o si la única 
sucesora del causante, su viuda, con base en el titulo sucesorio británico, otorgado 
en 1989, ley al que se somete la sucesión (concretamente al Derecho inglés), puede por 
sí misma adjudicarse el patrimonio del causante en España -una vivienda y una cuenta 
bancaria- conforme a dicho título sucesorio (artículo 14 de la Ley Hipotecaria) o si es  s
preciso, además la comparecencia del representante de la entidad designada ejecutor. e.
La apertura de la sucesión se produce con posterioridad al 17 de agosto de 2015,  w.
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2.  Desde la entrada en vigor del Reglamento, esta Dirección General ha tenido 
ocasión  de  pronunciarse  sobre  la  más  adecuada  interpretación  del  mismo  a  las 
herencias británicas sobre bienes en España partiendo en sus pronunciamientos, sobre 
distintos temas (vid. Resoluciones de 15 de junio y 4 de julio de 2016, 2 de marzo 
de 2018, 14 de febrero y 4 de septiembre de 2019 y 1 de octubre de 2020) de la 
necesaria coordinación de dos sistemas jurídicos, pese a ser muy distintos entre sí en la 
posición del sucesor.
Muy consciente de esta dificultad y ante la necesidad de facilitar las sucesiones y, 
con ello, las inversiones de los ciudadanos británicos en países que como España, su 
sistema jurídico se sitúa en el sistema continental o latino, al final de la negociación del 
Reglamento (EU) n.º 650/2012, –si bien sin éxito en lograr opt in de Reino Unido e 
Irlanda–, se introduce el actual articulo 29 sobre la base del artículo 21 de la propuesta, 
dirigido a facilitar la administración de la herencia, en aquellos sistemas jurídicos –de 
Estados miembros pese al carácter universal del instrumento, como entonces era Reino 
Unido–, a fin de facilitar una coordinación entre ambos sistemas. Tema que resultó 
imposible.
El artículo 29 es completado en su interpretación por el considerando 43, el cual, 
como señala el notario recurrente, establece expresamente que el sistema de un Estado 
miembro  (lo  que  no  es  Reino  Unido,  a  mayor  abundamiento)  sobre  administración 
obligatoria de la herencia, «(…) no debe impedir que las partes opten por resolver la 
sucesión de manera extrajudicial en otro Estado miembro, en caso de que ello sea 
posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro».
3.  En el supuesto que ahora se resuelve, la viuda, heredera única ejecuta la 
sucesión,  con  base  en  el  titulo  sucesorio,  y  conociendo  que  la  aplicación  de  los 
procedimientos de la «lex rei sitae» pudiera conducir a la asunción de responsabilidad 
personal, se adjudica el patrimonio del causante en España.
Tratándose el procedimiento de probate –como indicaron las Resoluciones citadas 
en el «Vistos»– de un mecanismo procesal, que garantiza el cumplimiento de las cargas 
y obligaciones sucesorias en Reino Unido, con relación al patrimonio allí situado, en 
coherencia con su sistema legal, como señalara la Resolución de este Centro Directivo 
de 2 de marzo de 2018, la ley inglesa no considera el probate título sucesorio, sino que 
lo es el testamento privado ante testigos (artículos 14 de la Ley Hipotecaria, y 3.d) 24, 26 
y 27 y, en el caso de pluralidad de sucesores, 23.j) del Reglamento (UE) n.º 650/2012). 
El probate no determina quién es el heredero designado por el testador, sino quien es el 
ejecutor testamentario y acredita o mejor dicho, viene a confirmar, la designación hecha 
por el testador.
4.  Por ello en el presente caso, la heredera, conforme a la ley española que 
constituye la «lex rei sitae», pero con base en la propiedad sucesoria que adquiere en 
virtud de las reglas del Reglamento (artículo 1.1 y Sentencia Kubicka) podrá por sí sola 
completar  los  procedimientos  exigidos  por  la  ley  española  para  obtener  la  plena 
titularidad de los bienes hereditarios y lograr inscripción en el Registro de la Propiedad 
español, con los efectos de legitimación, inoponibilidad, fe pública registral, presunción 
de veracidad y salvaguardia judicial que dicha inscripción le procura, eficacia que no se 
incluye en el perímetro positivo del Reglamento (artículo 1.2.l).
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar íntegramente la 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda  e
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el  bo
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  1w
lnao Lrmeya sH dipeol tjeucicairoia v.erbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  2021-1127n https://w
Madrid, 15 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago.