BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 329 Viernes 18 de diciembre de 2020 Sec. I.   Pág. 116080
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
16418 Orden HAC/1198/2020, de 17 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 11 de 
diciembre de 2020, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 20 de 
noviembre  de  2015,  sobre  medidas  para  garantizar  en  la  Comunidad 
Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del 
interés general.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del 
día 11 de diciembre de 2020, ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Hacienda, un 
Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015 sobre 
medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los 
servicios públicos en defensa del interés general.
En su virtud, en aplicación de lo previsto en el artículo 24.1.e) de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, se dispone la publicación de dicho Acuerdo en el «Boletín 
Oficial del Estado», en los términos que figuran en el anexo de la presente orden.
Madrid, 17 de diciembre de 2020.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero 
Cuadrado.
ANEXO
Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, 
sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la 
prestación de los servicios públicos en defensa del interés general
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerda dejar sin 
efecto el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.
EXPOSICIÓN
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión del día 20 
de noviembre de 2015, aprobó, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de Economía y Competitividad, un Acuerdo sobre medidas para garantizar en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del 
interés general. Este Acuerdo fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 21 de 
noviembre de 2015, mediante Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre.
Dicho  Acuerdo  establecía  que  la  vigencia  de  las  medidas  que  las  mismas  se 
mantendrían hasta que desapareciera la situación de riesgo para el interés general en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña o fuera necesario para garantizar la prestación de los 
servicios  públicos  en  la  Comunidad  Autónoma,  en  los  términos  descritos  en  dicho 
Acuerdo,  debiendo  ser  apreciada  esta  circunstancia  por  la  Comisión  Delegada  del  es
Gobierno para Asuntos Económicos. o
En este Acuerdo, y tal como señala su exposición de motivos y en atención a la  418ww
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Comunidad  Autónoma  a  los  recursos  del  Fondo  de  Financiación  a  Comunidades
Autónomas, comenzando con el envío por parte del interventor general de la Comunidad 
Autónoma de un certificado que permita tener constancia de la situación económico-
financiera real de la Comunidad Autónoma.
En  particular,  dichas  medidas  versaban  sobre  especialidades  en  el  régimen  de 
autorizaciones de endeudamiento, así como cuestiones relativas al amparo a autoridades y 
empleados públicos o a la rendición de información en materia económico y financiera.
Entre las circunstancias que sirvieron de fundamento a tal decisión se incluye, en 
primer lugar, el notable empeoramiento de la calificación crediticia de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña por parte de las agencias privadas de calificación crediticia. 
Como señala el expositivo de dicho acuerdo, la motivación de dicha calificación por parte 
de dos de dichas agencias era el impacto que los acontecimientos inmediatamente 
previos a dicho Acuerdo tenían sobre la capacidad de coordinación de la Comunidad 
Autónoma  con  la  Administración  General  del  Estado.  Señalaba  asimismo  que  este 
deterioro en la calificación crediticia encarecía y suponían una restricción al acceso a los 
mercados de esta Comunidad Autónoma y en particular, también para la financiación de 
su deuda a corto plazo, para la que no existe cobertura del Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas.
Por lo anterior y para garantizar que la liquidez proporcionada por el Estado a través 
de  mecanismos  se  destinaba  a  la  financiación  de  los  servicios  públicos,  y  que  la 
Comunidad Autónoma priorizaba todos sus recursos disponibles a su financiación, en 
defensa del interés general, se establecieron condiciones específicas a la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, amparadas en la normativa de estos mecanismos. Conforme a 
lo señalado en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, estas condiciones tenían como 
fin último garantizar que los ciudadanos tengan igual acceso a los servicios públicos, 
independientemente de su territorio de residencia.
La Comunidad Autónoma de Cataluña en el período septiembre 2015 a junio de 2020 
ha robustecido su situación financiera. De acuerdo con los datos del Banco de España, 
la deuda a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en este período 
ha permitido que aun cuando su deuda financiera PDE total se ha incrementado en 
un 17 %, la deuda en manos de inversores y entidades financieras se ha reducido 
un 37 %, lo que reduce el riesgo de mercado de esta Comunidad Autónoma. Por otra 
parte, a pesar de este incremento en el endeudamiento y gracias a las medidas de 
reducción de tipos aplicados al FFCCAA desde su creación, el gasto por intereses de 
deuda en términos de contabilidad nacional ha pasado de 2.094 millones de euros 
en 2014 a 1.190 millones de euros en 2019. Asimismo, la calificación crediticia de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña se ha mantenido estable en los últimos cuatro años.
Adicionalmente, en aplicación del Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 26 de julio de 2018, conforme a lo tratado en la Comisión Mixta 
de  Asuntos  Económicos  y  Fiscales  Estado-Generalitat  de  Cataluña  de  25  de 
septiembre 2018 y previo Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2018, la 
Comunidad Autónoma refinanció deuda a corto plazo de carácter estructural a través de 
deuda a largo plazo con entidades financieras, de forma que la deuda a corto plazo ha 
pasado de suponer un 7,6 % de la deuda total en septiembre de 2015 a un 2,5 % en 
junio de 2020, lo que ha reducido considerablemente el riesgo de refinanciación de esta 
deuda que no se atiende a través de los mecanismos de apoyo a la liquidez. En 
concreto, el nivel de disposición media de deuda a corto plazo ha pasado de un entorno 
de  4.500  millones  de  euros  hasta  2017  a  1.500  millones  en  2019.  Con  ello,  el 
endeudamiento a corto plazo de esta Comunidad Autónoma se ajusta a la finalidad  s
prevista en el artículo 14 de la LOFCA. oe.
Por  otra  parte,  desde  el  ejercicio  2015  la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  ha  w.
registrado una evolución muy favorable en relación al cumplimiento de los objetivos de  418ww
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su PIB para dicho año, a una necesidad de financiación a efectos de medición del objetivo
de estabilidad en los años 2016 a 2019 del -0,9 %, -0,6 %, -0,4 % y -0,4 % de su PIB 
respectivamente, cumpliendo los objetivos de estabilidad de los años 2017 y 2018.
Dicha  circunstancia  permitió  que  la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña  pasara 
desde 2019 del compartimento Fondo de Liquidez Autonómico al compartimento de 
Facilidad  Financiera,  resultando,  por  tanto,  inaplicables,  parte  de  las  condiciones 
establecidas en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, manteniéndose hasta la fecha 
el cumplimiento por parte de la comunidad del resto de condiciones cuya vigencia se 
conservaba. La adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas conlleva 
que sea la Administración General del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, 
quien gestione el pago de los vencimientos de deuda de las Comunidades Autónomas 
adheridas, incluida Cataluña.
Así mismo, la mejora progresiva de los saldos presupuestarios por parte de la 
comunidad ha minorado los riesgos apreciados en relación a garantizar la prestación de 
los  servicios  públicos,  sin  que  en  dicho  periodo  se  haya  producido,  así  mismo, 
desviaciones significativas en los periodos medios de pago a proveedores que haya 
requerido de la adopción por parte del Ministerio de Hacienda de las medidas previstas 
en la normativa de estabilidad presupuestaria. En este período, tampoco han aflorado 
más  gastos  one-off  que  pudieran  tener  un  impacto  significativo  en  el  déficit  de  la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Las  circunstancias  acontecidas  en  el  ejercicio  2020,  en  el  que  todas  las 
Administraciones Públicas han tenido que desplegar un gran esfuerzo para hacer frente 
a los impactos derivados de la crisis sanitaria originada por la pandemia producida por la 
COVID-19 y que han llevado a la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, 
han  evidenciado,  así  mismo,  la  falta  de  necesidad  de  adoptar  medidas  o  cautelas 
adicionales  por  parte  de  la  Administración  General  del  Estado  en  la  Comunidad 
Autónoma de Cataluña para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, 
habiéndose transferido por parte de la Administración General del Estado en favor de la 
comunidad un importe de 3.165,55 millones de euros relativo al Fondo COVID-19, que 
han facilitado la atención de las mayores necesidades financieras del sistema sanitario y 
educativo, entre otros ámbitos.
De igual manera, y en consonancia con la normalidad que debe imperar entre las 
relaciones  entre  ambas  Administraciones,  circunstancia  que  se  evidencia  en  la 
celebración en los últimos ejercicios de las correspondientes comisiones bilaterales o de 
la participación de la comunidad en los diversos órganos de representación territorial, la 
Comunidad Autónoma de Cataluña ha cumplido sus obligaciones relativas al suministro 
de la información económico – financiera prevista en las disposiciones vigentes y ha 
facilitado  toda  la  información  accesoria  solicitada,  prestando  toda  la  colaboración 
requerida, sin que se hayan producido circunstancias que permitan cuestionar en modo 
alguno la idoneidad de la información remitida.
Por lo tanto, se considera que actualmente no hay razones objetivas que justifiquen 
un tratamiento diferencial para la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto al resto de 
Comunidades Autónomas de régimen común, que están sometidas a los requisitos de 
información y control previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información, y el Real 
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
En atención a la situación descrita, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos  s
Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda, en su reunión del día 11 de  oe.
diciembre de 2020, acuerda: w.
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