BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95603
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13462 Pleno.  Sentencia  133/2020,  de  23  de  septiembre  de  2020.  Recurso  de 
amparo 5543-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de 
Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección 
electrónica  habilitada  como  cauce  de  comunicación  del  primer 
emplazamiento  procesal  (SSTC  6/2019  y  47/2019)  e  inadmisión  de  la 
oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas 
jurídicas  de  relacionarse  con  la  administración  de  justicia  por  medio  de 
comunicaciones electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en 
los procesos civiles]. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:133
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 
presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías, los magistrados don Andrés 
Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, 
don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5543-2018, promovido por Penrei Inversiones, S.L., 
representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la 
dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez, contra los autos dictados 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca en el procedimiento 
de ejecución hipotecaria núm. 93-2018 en fechas 3 de julio y 14 de septiembre de 2018 
por los que, respectivamente, se inadmite por extemporánea la oposición a la ejecución 
hipotecaria y se confirma esta última decisión al desestimarse el recurso de reposición 
interpuesto frente a ella. Ha sido parte Banco de Sabadell, S.A., representado por la 
procuradora doña Blanca María Grande Pesquero y defendido por el letrado don Xavier 
Mezquita Cañameras, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el presidente 
don Juan José González Rivas, que asume el parecer mayoritario del Pleno.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 25 octubre de 2018, la entidad 
Penrei Inversiones, S.L., representada por la procuradora de los tribunales doña Blanca  e
Berriatua Horta y bajo la dirección de la letrada doña Anju Nirmala Benavent Rodríguez,  b
interpuso recurso de amparo contra las resoluciones referidas en el encabezamiento. 462ww
2.  Los hechos relevantes para la resolución del presente recurso de amparo son los 
siguientes:
A)  Procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 93-2018 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca. Demanda ejecutiva y oposición:
a)  El 27 de marzo de 2018, la representación procesal del Banco de Sabadell, S.A., 
presentó ante los juzgados de primera instancia de Lorca, demanda para la ejecución de 
bienes  hipotecados,  por  impago  de  préstamo,  contra  la  entidad  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en calidad de prestataria e hipotecante, y contra Penrei 
Inversiones, S.L., en calidad de titular registral de un derecho de uso y disfrute sobre el 
inmueble hipotecado. A tal efecto, la primera escritura de préstamo hipotecario de 17 de 
noviembre  de  2005  se  suscribió  con  los  administradores  mancomunados  de 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., préstamo que se modificó por escritura 
pública de 17 de diciembre de 2008 en varias de sus estipulaciones, constituyéndose 
posteriormente sobre la finca hipotecada un derecho de uso y disfrute en favor de Penrei 
Inversiones, S.L., por escritura pública de 3 de marzo de 2015.
b)  Por auto de 11 de abril de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 3 de Lorca, en el que recayó el conocimiento de la causa, despachó ejecución a 
favor del Banco de Sabadell, S.A., únicamente frente a Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L.
c)  Mediante escrito de 17 de abril de 2018, el Banco de Sabadell, S.A., instó la 
aclaración del auto del día 11 para que se incluyera a la entidad Penrei Inversiones, S.L., 
como  ejecutada,  al  no  constar  esta  última,  por  error  material,  en  el  despacho  de 
ejecución.
La aclaración fue estimada por auto de 2 de mayo de 2018, acordando despachar 
ejecución a favor del Banco de Sabadell, S.A., frente a Euroinversiones Inmobiliarias 
Costa Sur, S.L., y frente a Penrei Inversiones, S.L.
En las actuaciones aparece unido el reporte de la notificación por Lexnet de dichas 
resoluciones el 3 de mayo de 2018, únicamente al procurador de la parte ejecutante.
d)  Con fecha 4 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre remitió al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, un correo con el siguiente texto:
«Ha recibido una notificación del órgano emisor juzgados y tribunales (SGAJ) en la 
dirección electrónica habilitada del titular Penrei Inversiones, S.L., – NIF B73836173
La notificación estará disponible en su dirección electrónica habilitada única desde 
el 04-05-2018 hasta el 19-06-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se 
producirán los efectos correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a
http://notificaciones060.es
A través de su dirección electrónica habilitada podrá también consultar notificaciones 
de otras administraciones.
Asunto: ‘‘Jdo. 1 Inst. e Instr. n 3 de Lorca EHJ/00000093/2018’’
Reciba un cordial saludo
Portal 060
Servicio de notificaciones electrónicas.» es
e)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior  w.
mensaje,  con  fecha  18  de  junio  de  2019  el  servicio  de  notificaciones  electrónicas  462ww
amqeuníc rieocnuardreon rteem einti óa munp anruoe, vroe ccoorrdráenod aol leb uezl óann tdeeri olar  adviriescoc yió lna  eploescitbróilindiacda  dhea bailcitcaeddae rd ea  llaa 
notificación en el enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día 19 de junio de 2018.
f)  El día 19 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
93-2018.
Ese  mismo  día,  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre  emitió  un  certificado 
electrónico que obra en las actuaciones del proceso (al igual que los anteriores correos), 
dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada» en esa fecha.
g)  El 15 de junio de 2018, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., se opuso a 
la ejecución alegando litispendencia por la existencia de un proceso ante el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, a causa de los daños y minusvaloración 
del inmueble por el terremoto sufrido en dicha localidad en el año 2011. Pidió además la 
nulidad del despacho de la ejecución, al no haberse practicado la liquidación de la 
cantidad adeudada conforme a lo pactado por las partes en el contrato, y la nulidad por 
abusivas  de  determinadas  cláusulas  de  este  último  (intereses  de  demora)  o, 
subsidiariamente, la reducción del tipo fijado en ellas.
Por diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia del juzgado 
a quo, de 19 de junio de 2018, se acordó tener por personada a dicha entidad y por 
formulada la oposición, acordando suspender la ejecución y señalar vista para el día 2 
de julio de 2018, a las 11:15 horas, en la sede del juzgado, cuando tuvo lugar lo 
acordado.
h)  Por su parte, la entidad Penrei Inversiones, S.L., presentó escrito de oposición a 
la ejecución con fecha 29 de junio de 2018, alegando su falta de legitimación pasiva por 
no ser titular del dominio sobre la finca hipotecada, sino tan solo de un derecho de uso y 
disfrute de esta por plazo de veinte años desde el 2 de febrero de 2015.
B)  Auto de desestimación del incidente de oposición a la ejecución:
a)  El juzgado a quo resolvió las pretensiones de oposición mediante dos autos 
dictados el mismo día, 3 de julio de 2018, con contenido y efectos divergentes: uno 
desestimando los motivos de oposición de las dos entidades ejecutadas, y después otro 
inadmitiendo el incidente planteado por Penrei Inversiones, S.L.
En concreto, el primer auto, identificado con el núm. 199-2018 y en el que consta la 
firma electrónica del juez a las 8:53 horas, acordó desestimar el incidente de oposición a 
la ejecución. Así, tras relacionar en el razonamiento jurídico primero los motivos de 
oposición  esgrimidos  tanto  por  Penrei  Inversiones,  S.L.,  como  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y la posición de la parte ejecutante, el auto declara en el 
razonamiento jurídico segundo que «siendo la oposición presentada fuera de plazo, solo 
procede la desestimación de la misma», añadiendo en el razonamiento jurídico tercero, 
que «[n]o obstante ser procedente la desestimación por motivos formales, se va a 
proceder a entrar también en las cuestiones de fondo», motivando a continuación su 
rechazo a las causas de oposición a la ejecución invocadas.
Al pie de dicho auto figuraba la indicación de que el mismo podía impugnarse por 
medio de recurso de apelación.
La resolución judicial fue notificada a través de Lexnet a la representación procesal 
de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y por medio de la dirección electrónica 
habilitada a Penrei Inversiones, S.L., (esto último consta en la certificación de 3 de 
agosto  de  2018  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas  y  dirección  electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, obrante en las actuaciones).
b)  Con fecha 3 de septiembre de 2018, Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur,  e
S.L., a través de su representación procesal, interpuso recurso de apelación contra el  bo
auto desestimatorio del incidente de oposición a la ejecución. 462ww
admPinreisvtriaa csióunb sdaen ajcuisótnic idae ld deel fjeucztgoa cdoon sai sqteunot ea ecno rdlaó  faaldtam diteir  dae ptróásmitiote,  lae l lertercaudras od ep olar 
yd ileigmepnlcaizaá dned oolradse pnaarcaió qnu dee p 3re0s deen toacsteunb rees dcreit o2 0d1e8 ,o dpáonsidcoiósne  atrla rselcaudros oa  ola, se dne smuá csa psoa,r tdees 
impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable.
Esta resolución procesal de la letrada, se notificó a la entidad ejecutante Banco de 
Sabadell, S.A., y a la ejecutada Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., el 6 de 
noviembre de 2018, mediante el sistema Lexnet, mientras que a la entidad Penrei 
Inversiones, S.L., se le notificó a través de la dirección electrónica habilitada (como 
consta en la certificación de 7 de noviembre de 2018 del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre, obrante en las actuaciones). Únicamente Banco de Sabadell, S.A., presentó 
alegaciones, formalizando escrito de oposición al recurso.
c)  Elevados los autos al órgano judicial superior, el letrado de la administración de 
justicia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia dictó diligencia de 
ordenación el 2 de enero de 2019, acordando incoar el recurso de apelación y la 
formación del correspondiente rollo (recurso núm. 1477-2018), teniendo por personada y 
parte «a Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., parte apelante», y «a Banco de 
Sabadell, S.A., parte apelada», debiendo entenderse con sus respectivos procuradores 
«las sucesivas actuaciones y diligencias» del procedimiento. No consta la personación 
de ninguna otra parte en el procedimiento con posterioridad.
d)  El  recurso  de  apelación  fue  estimado  parcialmente  por  auto  de  la  Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, de 11 de febrero de 2019. El citado auto 
considera  que  el  escrito  de  oposición  a  la  ejecución  se  presentó  dentro  del  plazo 
legalmente establecido. Para llegar a esta conclusión valora un documento aportado por 
la apelante y razona que «del texto literal no cabe extraer otra interpretación que la de 
que el día último para considerar que empieza a discurrir el plazo para poder oponerse a 
la ejecución es el uno de junio del año 2018, de modo que el escrito de oposición a la 
ejecución se encontraba presentado dentro de plazo, y si bien establece el artículo 162.2 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) que transcurridos tres días sin que el destinatario 
acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente, 
desplegando plenamente sus efectos, ello en ningún caso se recoge en la notificación 
efectuada, de modo que en aplicación del principio de tutela judicial efectiva dicho plazo 
en ningún caso consideramos que pudiera empezar a correr antes del uno de junio del 
año 2018, que es la fecha hasta la cual se dice que la notificación estará disponible en 
su dirección electrónica habilitada».
A continuación, examina las causas de oposición a la ejecución, consistentes en 
litispendencia, defectuosa liquidación de la deuda y carácter abusivo de determinadas 
cláusulas del préstamo hipotecario, y termina estimando parcialmente el recurso de 
apelación,  «debiendo  declarar  como  declaramos  que  el  escrito  de  oposición  a  la 
ejecución se presentó dentro de plazo, desestimando el resto de alegaciones», sin 
condena en las costas procesales de la alzada.
Solicitada por la parte apelante aclaración y complemento del auto anterior respecto 
de las costas de primera instancia, dicha solicitud fue rechazada por auto de la misma 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia de 10 de mayo de 2019.
e)  Notificado  este  último  auto  por  Lexnet  en  fecha  17  de  mayo  de  2019, 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpuso recurso de amparo contra los 
autos de 3 de julio de 2018 y 11 de febrero de 2019 citados, que fue registrado en este 
tribunal  el  día  27  de  junio  de  2019  con  el  núm.  4021-2019;  recurso  de  amparo 
actualmente pendiente de proveerse sobre su admisión a trámite.
f)  Por  acuerdo  del  presidente  de  la  Sala  Primera  de  este  Tribunal,  de  30  de 
septiembre de 2019, se dispuso la conexión objetiva de los recursos de amparo núms. 
4021-2019  y  5543-2018.  Las  actuaciones  del  rollo  de  apelación  núm.  1477-2018  s
remitidas por la audiencia a requerimiento de este tribunal han sido tenidas en cuenta  oe.
también para la resolución del presente recurso de amparo núm. 5543-2018, como se  w.
expondrá en el fundamento jurídico segundo. 462ww
C)  Auto de inadmisión a trámite del incidente de oposición a la ejecución:
a)  El segundo auto dictado por el juzgado a quo el 3 de julio de 2018, éste no
numerado y en el que consta la firma electrónica del juez a las 13:20 horas, acordó la
inadmisión  del  incidente  de  oposición  a  la  ejecución  instado  por  la  entidad  Penrei 
Inversiones, S.L., por haberse presentado de manera extemporánea.
Sin hacer mención alguna al auto dictado previamente que desestimaba la oposición 
a la ejecución planteada por las dos ejecutadas, el juzgado razona su decisión de 
inadmitir la deducida por Penrei Inversiones, S.L., en el fundamento de Derecho único, 
diciendo:
«Único.  Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  y  previniéndose  en  el 
artículo 695 LEC, que el escrito de oposición a la ejecución deberá ser presentado 
dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto y decreto por el que se 
despacha ejecución y/o de la medida concreta de ejecución y constando en el presente 
supuesto  que  la  parte  ejecutada  se  ha  opuesto  pasado  que  ha  sido  el  plazo  que 
legalmente  se  le  otorga,  debe  ser  inadmitida  su  oposición  por  extemporánea,  de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
El fallo y pie de recurso ofrecido por el auto fueron, a su vez, los que siguen:
«Acuerdo:  1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada 
Penrei Inversiones, S.L., representada por el procurador don Antonio Serrano Caro por 
presentación fuera de plazo, contra Banco de Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.
Modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este 
tribunal sin efectos suspensivos.»
Esta resolución se notificó a las representaciones procesales de Penrei Inversiones, 
S.L., Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., por el sistema Lexnet, en fecha 4 de 
julio de 2018.
b)  La  sociedad  mercantil  recurrente  en  este  amparo,  interpuso  recurso  de 
reposición  contra  el  auto  de  inadmisión  citado.  Defendió  que  la  notificación  y 
requerimiento  de  pago  tuvo  lugar  cuando  accedió  al  contenido  de  la  notificación 
electrónica remitida y no antes, siendo desde entonces que cabía computar el plazo de 
diez días del art. 556 LEC. Con invocación también de los arts. 135, 152.1.2 párrafo 
tercero, 152.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal Constitucional sobre el 
derecho  a  no  padecer  indefensión  y  la  importancia  de  los  actos  de  comunicación 
procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda de oposición al 
despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva y sin 
indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
c)  Tras  su  tramitación,  el  recurso  de  reposición  fue  desestimado  por  auto  del 
juzgado  de  14  de  septiembre  de  2018,  con  los  argumentos  que  expuso  en  su 
razonamiento jurídico segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes, las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria  cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 Ley de procedimiento administrativo  e.e
común de las administraciones públicas (LPACAP) y art. 273.3 a) de la LEC]. b
Interpretan las recurrentes de forma errónea la normativa aplicable. Es cierto que la  462ww
naocctieficdaec aió nsu  pcoorn tmeneiddioo.s  Aehloercatr óbnieicno, sh ieerfreacnti v(saimc)e ennte  esl ep larzeoa liezna  ecl uqauned op ueeld ed easctcineadtearr ioa 
dsue scdoen tlean ipduoe ast ae feac tsous  ddies plao spicráiócnti cya  edlelo  lap onro timificpaecraiótniv,o e ld ceu laal  e(ssi cd)e a drti.e z4 3d íadse  nlaa tucritaaldeas 
LPACAP (ley 30/15). Así dice el artículo 43. 2 de la citada ley que ‘‘Las notificaciones por
medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido’’.
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 4.05.2018 no accediendo al contenido hasta el día 19.06.2018 
(fuera de los diez días naturales), presentando los escritos de oposición a la ejecución en 
fecha 29.06.2018 claramente fuera del plazo legalmente establecido en el art. 556. 1 
LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto despachando 
ejecución,) y siendo que conforme al art. 136 LEC transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá  la  oportunidad  de  realizar  el  acto  de  que  se  trate,  es  claro  que  dichas 
oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión.»
Como pie de recurso se indicó que dicha resolución «es firme, y contra la misma no 
cabe recurso alguno».
d)  Esta  resolución  fue  notificada  a  las  representaciones  procesales  de  Penrei 
Inversiones,  S.L.,  y  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  en  fecha  17  de 
septiembre de 2018, presentándose la demanda del presente recurso de amparo por 
Penrei Inversiones, S.L., en fecha 25 de octubre de 2018, contra los autos de 3 de julio 
de 2018 (de inadmisión) y 14 de septiembre de 2018.
D)  Otras actuaciones del proceso de ejecución hipotecaria 93-2018:
Tras  la  resolución  del  incidente  de  oposición  a  la  ejecución,  el  procedimiento 
ejecutivo hipotecario núm. 93-2018 continuó su curso ante el juzgado ejecutor.
Por decreto de la letrada de la administración de justicia del juzgado a quo de 2 de 
octubre  de  2018,  se  acordó  sacar  a  pública  subasta  los  bienes  hipotecados. 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., a través de su representación procesal, 
presentó escrito en fecha 17 de octubre de 2019 interponiendo recurso de revisión. En 
dicho  escrito  alegaba  que  al  ser  inadmitida  la  oposición  a  la  ejecución  y  haberse 
desestimado el recurso de reposición, se había interesado testimonio para interponer 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, estando abierto todavía el plazo de 
treinta días legalmente establecido. Proseguía señalando que, en esa situación, sacar a 
subasta  los  bienes  hipotecados  provocaba  a  la  parte  indefensión  y  perjuicios  de 
imposible o difícil reparación. Terminaba solicitando que se estimase el recurso y se 
acordara  suspender  la  ejecución  hasta  que  recayese  resolución  del  Tribunal 
Constitucional.
Asimismo, la representación procesal de Penrei Inversiones, S.L., también presentó 
escrito en la misma fecha y con idéntico contenido.
Los recursos fueron desestimados por auto del juzgado de 29 de noviembre de 2018, 
en el que se argumenta que el recurso de amparo carece de efectos suspensivos y que, 
en todo caso, la decisión de suspensión corresponde al Tribunal Constitucional.
3.  La parte recurrente aduce en su demanda de amparo, que las resoluciones 
impugnadas vulneran su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 
CE), y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al haberse efectuado su 
emplazamiento como ejecutada en el procedimiento hipotecario de referencia a través de 
un  correo  electrónico  remitido  por  un  servicio  de  notificaciones  electrónicas,  y  no  e.
mediante entrega de la documentación correspondiente en papel en la sede de su  w.
domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento judicial en la causa. En todo  462ww
cealescot,r ónlaic are, caucrcreendtieen deox palilc ac onqtueen idsoig udieó  lala sn oitnifdiciacacicóionn deesl  jquuzeg addaob eal  úlalt imcoom duínai cfaijacdióon, 
fecha  que  luego  este  sin  embargo  ha  considerado  fuera  de  plazo,  resolviendo  la
inadmisión del escrito de oposición presentado dentro de los diez días que prevé el 
art. 556 LEC.
Se reconoce en la demanda que si bien la recurrente, por ser una persona jurídica, 
viene por ello obligada a relacionarse con la administración de justicia a través de 
medios  electrónicos  según  el  art.  273  LEC,  no  obstante,  cuando  es  el  primer 
emplazamiento y por tanto todavía aquella «no ha tenido ninguna relación con el juzgado 
correspondiente  en  este  especial  y  concreto  procedimiento»,  la  notificación  ha  de 
practicarse mediante cédula con entrega en papel de la documentación correspondiente, 
conforme establece ese mismo artículo, puesto en relación con los arts. 135, 152, 162 
y 155 LEC. Este último precepto, precisa la recurrente, «es categórico al respecto ya que 
en su punto primero nos indica que cuando las partes no actúen representadas por 
procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de 
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes».
Añade que incluso la notificación realizada tampoco cumple con las formalidades de 
las comunicaciones electrónicas, pues se trata de un aviso de correo electrónico que no 
permite  conocer  el  contenido  de  la  documentación  que  trae  el  emplazamiento, 
limitándose a decir que se ha recibido una notificación del organismo emisor (órgano 
judicial) y un enlace a una dirección electrónica para su consulta.
Pese a todas estas circunstancias, objeta la demanda de amparo, el auto dictado por 
el juzgado el 3 de julio de 2018 declaró extemporánea la presentación del escrito de 
oposición, computando el plazo de diez días desde la fecha de envío de aquel correo a 
través de la dirección electrónica habilitada.
Sobre el auto del 14 de septiembre siguiente que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución –y del que se resumen sus argumentos–, se 
rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en la 
«Ley de procedimiento administrativo común, que consideramos inaplicable al ámbito 
procesal civil, puesto que además de existir normas concretas al respecto, no se dan en 
uno y otro ámbito las mismas garantías procedimentales». Precisa que en materia de 
notificación  de  actos  procesales  existe  su  propia  normativa  tanto  en  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil según ha expuesto, como en el haz de garantías que se derivan del 
art. 24 CE.
«Abundando  en  ello»,  como  dice  la  propia  demanda,  finaliza  sus  alegaciones 
indicando que se ha producido también una vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y 
del derecho a la asistencia letrada (art. 24.2 CE), los cuales permiten en todos los 
órdenes jurisdiccionales evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, sin 
limitaciones a su defensa que pudieran en caso contrario ocasionar indefensión a alguna 
de  ellas.  Entiende  que  el  auto  de  29  de  agosto  de  2018  «huye  de  este  tipo  de 
consideraciones» al aplicar una normativa administrativa ajena al ámbito procesal, y 
prescindir a la vez de las previsiones del art. 273 LEC sobre la exigencia de presentación 
en papel de la documentación referida al primer emplazamiento en la causa.
La demanda termina suplicando que se dicte sentencia por la que se otorgue el 
amparo  solicitado,  con  reconocimiento  expreso  de  su  derecho  a  una  tutela  judicial 
efectiva sin indefensión y se declare la nulidad de los autos de 3 de julio y 14 de 
septiembre de 2018 dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 
de Lorca (Murcia), en los autos de ejecución hipotecaria núm. 93-2018, instados por 
Banco de Sabadell, S.A., frente a Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., y Penrei 
Inversiones, S.L. s
Por  medio  de  otrosí  se  solicitó  la  suspensión  del  procedimiento  de  ejecución  oe.
hipotecaria, alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración de subasta  w.
y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de amparo su  462ww
finalidad.»
tribu4n.a l Maceodridaón tea dpmriotivr idae tnrcáima itdee e l2 0re cduer smo adyeo  admep a2r0o1 «9a, plrae cSiaencdcoió nq uPe ricmoenrcau rrdee  eens teel 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque el recurso plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2, a)]», y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra 
Ley Orgánica reguladora (LOTC), dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación 
o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución 
hipotecaria núm. 93-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del 
que trae causa el presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de la misma fecha, la Sección Primera acordó formar la oportuna 
pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el 
art. 56 LOTC, concedió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión.
La Sala Primera de este tribunal, mediante ATC 75/2019, de 15 de julio, acordó 
denegar  la  suspensión  cautelar  solicitada  y  ordenar  la  anotación  preventiva  de  la 
demanda de amparo en el registro de la propiedad.
6.  En virtud de diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sección 
Primera de este tribunal de fecha 12 de junio de 2019, se acordó tener por recibidos los 
testimonios  de  las  actuaciones  remitidos  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, y tener por personada y parte a Banco de Sabadell, S.A., 
representado por la procuradora doña Blanca María Grande Pesquero y defendido por el 
letrado don Xavier Mezquita Cañameras. También se resolvió, con arreglo al art. 52 
LOTC, conceder a las partes personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte 
días para que, con vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
7.  Por nueva diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sección 
Primera de este tribunal, de fecha 21 de junio de 2019, se acordó requerir al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca a fin de que remitiera certificación 
acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación, contra alguna de las 
resoluciones dictadas en las actuaciones principales o en alguna pieza separada en el 
procedimiento núm. 93-2018 y, en el caso de haber recaído resolución, se certificara 
sobre su contenido.
En  respuesta  a  este  requerimiento,  el  28  de  junio  de  2019  la  letrada  de  la 
administración de justicia del juzgado a quo emitió la siguiente certificación: «Se hace 
constar que en el presente procedimiento se interpuso por ambos ejecutantes recurso de 
apelación contra el auto de 3 de julio de 2018 que desestima la oposición a la ejecución, 
estando el recurso de apelación pendiente de resolución de la Audiencia Provincial de 
Murcia».
8.  En fecha 10 de julio de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca María 
Grande Pesquero, en nombre y representación de Banco de Sabadell, S.A., presentó 
escrito en el trámite del art. 52 LOTC, oponiéndose al otorgamiento del amparo. Tras 
invocar  los  artículos  43  LPACAP  y  162.2  LEC,  argumenta  que  no  se  ha  causado 
indefensión a la recurrente, pues consta que el auto despachando ejecución se puso a 
disposición de la misma en fecha 4 de mayo de 2018, no accediendo a su contenido 
hasta el 19 de junio de ese mismo año, presentando el escrito de oposición a la 
ejecución en fecha 29 de junio, «claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
artículo 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución)». e.
9.  Por su parte, en fecha 12 de julio de 2019 la entidad recurrente, por medio de su  462ww
rseep rreesmeintióta cai ósnu  pdroecmeasnadl,a p, rheasceinetnód eos carditeom dáes  amleegnacciióonn eas  lean S eTl Cm i4s7m/2o0 t1rá9m, ditee,  8p odre e la qburiel, 
qeuleec trtóransiccari bhea beilnit apdaar tpea, raa  epl rporpimóesirt oe mdpel alzaa mimiepnrotoc eddeel ndceima adnedl aedmo.pleo de la dirección
10.  En  fecha  16  de  julio  de  2019,  el  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de 
alegaciones en el que termina solicitando que se estime el recurso, se declare vulnerado 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (at. 24.1 CE) del demandante, se 
declare la nulidad de todo lo actuado desde la notificación efectuada electrónicamente 
del auto despachando ejecución, y se ordene retrotraer las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad 
de contestar a la demanda».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por la 
parte recurrente, argumenta el fiscal ante el Tribunal Constitucional que las resoluciones 
judiciales impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del 
demandante de amparo y realiza un exhaustivo repaso por la doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre los actos de comunicación procesal con expresa referencia a las 
SSTC 6/2019, de 17 de enero; 32/2019, de 28 de febrero, y 47/2019, de 8 de abril, de las 
que transcribe parte de su contenido. A continuación el fiscal se refiere a los preceptos 
legales aplicables de la Ley de enjuiciamiento civil, tras las reformas operadas por la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y Ley 42/2015, de 5 de octubre; en concreto a los arts. 
553, 135, 152.2, 155 y 273 y finalmente, copia el contenido del fundamento jurídico 4 de 
la citada STC 47/2019 llegando a la conclusión que el juzgado «erró al desconocer la 
aplicabilidad de los arts. 155 y 273 al caso concreto, lo cual sería disculpable si al haber 
optado  por  esa  inaplicación  hubiera  sido  para  elegir  otras  normas  que  hubieren 
garantizado con más vehemencia el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
porque esas normas aseguraran a la parte llamada al procedimiento un mejor y más 
seguro conocimiento de la demanda que contra él se dirigía, es decir, si hubiere optado 
por  el  mecanismo  de  notificación  que  mejor  asegurara  el  resultado,  pero  es  que 
justamente hace lo contrario, puesto que opta por dar validez a la notificación en la 
dirección electrónica habilitada sin tener ninguna constatación de que la misma haya 
llegado a su destinatario, por lo tanto no comprobó una eficaz comunicación con las 
partes ejecutadas y no actuó con la diligencia exigible al órgano judicial».
11.  El secretario de justicia de la Sección Primera de este tribunal dictó diligencia 
de ordenación el 17 de julio de 2019, acordando requerir a la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Murcia a fin de que remitiera testimonio del rollo de apelación 
núm. 1477-2018, lo que fue cumplimentado por la referida audiencia.
12.  Por nueva diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2019 se acordó poner 
las actuaciones remitidas a disposición de las partes, concediéndoles un plazo de cinco 
días para que formulasen alegaciones. La parte recurrente presentó un escrito en el que 
reiteró el contenido de lo ya alegado, añadiendo que las actuaciones remitidas no 
afectan a la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal presentó a su vez escrito en el que manifiesta que lo acordado 
por la Audiencia Provincial de Murcia «en nada modifica los antecedentes relevantes 
para resolver la cuestión».
13.  El Pleno, en la reunión del 17 de diciembre de 2019, a petición del presidente, 
dictó providencia recabando el conocimiento del recurso de amparo.
14.  Por providencia de 22 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 23 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos oe.
1.  Objeto del recurso de amparo y posiciones de las partes. 462ww
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto dictado por el Juzgado de
Phirpimoteercaa rIian sntaúnmc.i a9 3e- 2I0n1s8tr,u eccni ófenc hnaú m3.  d3e  jdueli oL doerc a2 0e1n8 , eqlu ep rioncaeddmimitiióe nltao  odpeo seicjieócnu cai ólna 
ejecución hipotecaria formulada por la entidad ahora recurrente, titular registral de un
derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado, al considerar que había sido 
presentada fuera del plazo legalmente establecido, y contra el auto de 14 de septiembre 
de 2018 que confirma esta última decisión al desestimarse el recurso de reposición 
interpuesto frente a ella.
Como  con  más  detalle  se  ha  indicado  en  el  apartado  de  antecedentes,  la 
demandante sostiene que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se ha vulnerado 
su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) a consecuencia de 
una defectuosa notificación del auto que despachó la ejecución. Sostiene que actuó en el 
proceso judicial de acuerdo con las instrucciones contenidas en un correo electrónico 
que  recibió  procedente  del  servicio  de  notificaciones  electrónicas,  accediendo  al 
contenido de la notificación dentro del plazo establecido en tal correo y presentando el 
escrito de oposición dentro de los diez días siguientes a contar desde la apertura. En el 
trámite de alegaciones del art. 52 LOTC hizo mención de la STC 47/2019, de 8 de abril, 
que trascribe en parte, a propósito del empleo de la dirección electrónica habilitada para 
el primer emplazamiento del demandado.
El  Ministerio  Fiscal,  con  sustento  en  los  argumentos  ya  expuestos,  propone  la 
estimación  del  recurso  de  amparo  al  entender  que  ha  sido  vulnerado  el  derecho 
fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), 
mientras que la entidad Banco de Sabadell, S.A., interesa su rechazo por entender que 
no existió dicha vulneración.
2.  Análisis  del  requisito  de  agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  al  amparo 
[art. 44.1.a) LOTC]:
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquellas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
El Pleno de este tribunal ha dictado recientemente la STC 40/2020, de 27 de febrero, 
en la que ha tenido la oportunidad de resolver el recurso de amparo cabecera de esta 
serie,  promovido  contra  dos  autos  de  coincidente  contenido  con  los  que  ahora  se 
impugnan, y donde dio respuesta a los mismos argumentos que defienden aquí las 
partes, con fallo estimatorio de la demanda. En aplicación de los pronunciamientos 
sentados en esta resolución, se han dictado hasta la fecha las SSTC 43/2020, de 9 de 
marzo; 50/2020 a 61/2020, todas  ellas  de  15 de junio; 69/2020, 70/2020, 73/2020 
y 75/2020 a 77/2020, las seis últimas de 29 de junio.
Descartada aquí la concurrencia de algún elemento distintivo que obligue a una 
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que 
hagamos  aplicación  de  la  citada  sentencia  40/2020,  no  sin  antes  efectuar  algunas 
consideraciones acerca del requisito procesal del agotamiento de la vía judicial previa al 
amparo, llevado a cabo por la actora. Se adelanta el pronunciamiento favorable a su 
cumplimiento, conforme a las siguientes razones:
a)  No resultaba necesario interponer incidente de nulidad de actuaciones contra el 
auto desestimatorio de la reposición: s
Como se señaló en la STC 40/2020, FJ 2, acogiendo las afirmaciones de la fiscal  w.
interviniente, en estos casos la lesión denunciada en la demanda de amparo se han  462ww
porpoodsuicciiódno  ac olna  eelj ecduicctiaódno,  ldimeli tápnrdimoeser  aeul toa,u teol  qquuee  daecsueesrtdima ai neald mpoitsirt eerilo ri nrceidceunrsteo  ddee 
treenpeors iqcuióen  paro nmoo vreepr aurna ri ndciicdhean tlee sdieó nn, upliedraod  ndoe  caacutusaac inoinnegsu ncao netrxa  neosvtao , úlloti mqau er edseosluccairótan   BOE-A-cable e
(arts. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 228 LEC). Pero además y como 
también se indicó en la STC 40/2020, FJ 2, la doctrina del pie de recurso negativo lleva a 
la misma conclusión, en cuanto a dispensar al justiciable de promover recurso contra una 
resolución que ha sido considerada irrecurrible por el propio órgano sentenciador, dada 
la auctoritas de este último. En este caso, como consta en los antecedentes, figura como 
pie de recurso del auto de 14 de septiembre de 2018, que dicha resolución «es firme, y 
contra ella no cabe recurso alguno».
b)  La  aquí  demandante  de  amparo  no  fue  parte  en  el  recurso  de  apelación 
interpuesto  por  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto 
desestimatorio de la oposición a la ejecución, y por tanto aquélla no tenía la carga de 
esperar a su resolución por la audiencia provincial:
Del examen de las actuaciones remitidas por el tribunal de segunda instancia resulta 
que las únicas partes del procedimiento de apelación núm. 1477-2018 incoado contra el 
auto de 3 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de 
Lorca que desestimó las pretensiones de oposición a la ejecución de las ejecutadas, 
fueron  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  como  apelante,  y  Banco  de 
Sabadell, S.A., como apelada. Esta realidad procesal no queda desvirtuada por el tenor 
de la certificación de la letrada de la administración de justicia del juzgado a quo, de 28 
de junio de 2019 y remitida a este tribunal, que incurre en un doble error: material, 
comprobable a través del examen de las actuaciones, pues Penrei Inversiones, S.L., no 
interpuso  recurso  de  apelación;  y  formal,  pues  la  certificación  habla  de  «ambos 
ejecutantes», cuando es obvio que no había varios ejecutantes sino ejecutados.
Así las cosas, no cabe hablar de demanda de amparo prematura por haberse 
interpuesto previamente «un remedio procesal o recurso contra la resolución judicial 
impugnada en amparo», conforme a la doctrina que recuerda la STC 40/2020, FJ 2 [en 
concreto, SSTC 189/2002, de 14 de octubre, FJ 6); 99/2009, de 27 de abril, FJ 2; 
110/2013, de 6 de mayo, FJ 2, y 139/2014, de 8 de septiembre, FJ 3, y las anteriores que 
ahí se citan]. Doctrina que exige de manera necesaria para apreciar la existencia de este 
óbice, la concurrencia de tres circunstancias: (i) que en efecto se haya materializado la 
interposición del recurso o medio de impugnación paralelo a la formalización de la 
demanda de amparo; no simplemente que aquél pudiera haberse interpuesto; (ii) que la 
persona que promueve ambos cauces sea la misma parte, no sujetos distintos del 
proceso a quo (esta exigencia solamente se ha dispensado en la STC 188/2006, de 19 
de junio, FFJJ 3 y 4, con la peculiaridad de que la recurrente era una administración 
pública y el recurso –pendiente– de aclaración instado por los particulares demandados 
contra la sentencia, podía suponer el desplazamiento ex lege del dies a quo para el 
cómputo del plazo para interponer la demanda de amparo, según razonó entonces este 
tribunal); y (iii) el recurso o medio de impugnación abierto en la vía judicial a la fecha de 
interponerse la demanda de amparo, ha de referirse a la misma resolución judicial 
recurrida en amparo, no a otra distinta aunque emane del mismo órgano judicial.
Pues bien, en este caso no se da ninguna de las tres condiciones exigidas por la 
doctrina, ya que: (i) Penrei Inversiones, S.L., no ha interpuesto recurso de apelación 
contra el auto de desestimación del incidente de oposición a la ejecución; (ii) quien sí 
promovió dicha apelación fue otra persona jurídica, Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y (iii) la resolución apelada no es la misma que se ha impugnado en el 
presente recurso de amparo núm. 5543-2018. No hay por tanto prematuridad en el 
sentido indicado. e
apelcEa)lc  ijóuNnzgo ca opdnuoter, ads eee lg raúeunpt rovo edcnheiasmersosesti  miana dtliaoc rairone dcdoue,r  rlraee nostopelo vesióilc  ineóoln  i nahc aliadb eeenrj etiecn utdecerióp onup:eosstoic iuónn  dreicctuarnsdoo  deel   2020-13462n https://www.
munisom doe  deílalo ys  ag ednisetirnatbaas  lhoosr aesfe, cdtooss  aduet ocso csoan j uczognatednai dpore yv iesfteocst oesn  jular ídleicyo; sy  deils tsinetgousn. dCoa ddea   BOE-A-cable e
los  recaídos  (inadmisión)  no  tenía  por  función  aclarar  o  complementar  algún 
pronunciamiento  del  anterior  (desestimación),  ni  tampoco  modular  sus  efectos  o 
revocarlo. Cada auto tenía una fundamentación y parte dispositiva propias, y generaba 
una cadena impugnatoria independiente con arreglo justamente al alcance de lo resuelto.
A partir de esta constatación, Penrei Inversiones, S.L., tenía a priori el derecho a 
recurrir ambos autos, en el bien entendido de que apelar contra el desestimatorio de la 
oposición, incluso de haber prosperado tal recurso, no hubiera deparado la nulidad del 
auto de inadmisión del incidente. Solo existía una posibilidad de lograr esto último y era 
recurriéndolo, cosa que efectivamente hizo la aquí demandante de amparo, tras serle 
notificado por Lexnet a su representante procesal.
Ahora bien, el examen de las actuaciones revela, por lo que atañe al auto de 
desestimación de la oposición, que éste le fue notificado a dicha entidad a través de la 
dirección electrónica habilitada, no de Lexnet; y que lo mismo sucedió posteriormente 
con la diligencia de ordenación del juzgado a quo que admitió a trámite el recurso de 
apelación  de  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  dicho  auto 
desestimatorio, dando trámite de alegaciones a las partes para que pudieran oponerse a 
la apelación o en su caso impugnaran la resolución. Por causa que se desconoce, 
mientras que a las demás partes del proceso les fueron notificadas ambas resoluciones 
por  Lexnet,  a  Penrei  Inversiones,  S.L.,  se  le  notificó  por  la  dirección  electrónica 
habilitada.
Siendo esto así, resulta aplicable lo declarado por la STC 40/2020, FJ 3.b), en cuanto 
a que «en todos aquellos procesos donde resulte legalmente preceptiva la intervención 
de profesionales de la justicia, las comunicaciones electrónicas posteriores al primer 
emplazamiento del demandado o ejecutado no han de hacerse tampoco a través de la 
dirección electrónica habilitada, sino de la plataforma del sistema Lexnet: (i) en aquellos 
tribunales situados en el territorio del Ministerio de Justicia (Real Decreto 1065/2015, 
de  27  de  noviembre),  (ii)  así  como  aquellos  otros  con  sede  en  las  comunidades 
autónomas que hayan suscrito convenios con dicho ministerio para la utilización de 
Lexnet, dado que como además tiene declarado este tribunal, se trata de un sistema 
dotado de las garantías de autenticidad y constancia fehaciente sobre el contenido de las 
comunicaciones [SSTC 6/2019, de 17 de enero, FFJJ 4 d) y 5 c); 55/2019, de 6 de mayo, 
FJ 4 a)]». Los órganos judiciales situados en la Región de Murcia, como es el caso, 
pertenecen al ámbito del territorio del Ministerio de Justicia.
Consecuencia  de  lo  expuesto  es  que  no  puede  considerarse  válida  esa  doble 
notificación y en esa misma medida, no cabe atribuir a la recurrente un incumplimiento 
de la carga procesal de apelar el auto de desestimación de la oposición. Como ha 
precisado la STC 150/2019, de 25 de noviembre, FJ 3, en relación con notificaciones 
judiciales realizadas a través de la dirección electrónica habilitada, las mismas no son 
válidas ni siquiera si se aduce que la entidad accedió al contenido de la notificación 
antes de finalizar el plazo otorgado para efectuar el respectivo acto o trámite procesal. 
Por lo demás, resultaría cuanto menos paradójico que la doctrina de este tribunal sobre 
la  improcedencia  de  la  comunicación  judicial  a  través  de  la  dirección  electrónica 
habilitada, sea aplicable al examen de fondo de la lesión denunciada, y no pueda serlo 
sin embargo a efectos de verificar la inexistencia de un óbice procesal de la demanda. Y 
mal puede exigirse a la aquí recurrente que tuviera por buena la notificación por la 
dirección  electrónica  habilitada  y  tener  que  apelar  el  auto  desestimatorio,  cuando 
justamente ha venido en amparo para quejarse de indefensión por haber sido emplazada 
por esta vía. s
Sentado esto, a mayor abundamiento decir que incluso en la hipótesis de que la  oe.
recurrente  hubiera  dispuesto  en  forma  de  la  oportunidad  de  recurrir  el  auto  de  w.
desestimación de la oposición, la opción de impugnar solo el de inadmisión del incidente  462ww
nnuoe spturae ddeo cctorinnsaid seorabrrsee  eiln apprirnocpipiaiod ad, en mo asyoolro  ryeatr opaocrc ióanp li[ceanctiróen  omtrausta, tSisS mTCu ta8n3d/2is0 1d8e, 
sdien o1 6p doerq juuelio, , dFeJ  2h;a 3b2e/r2 0te2n0i,d doe  é2x4i tdoe  efenb rreerpoo, sFicJi ó3n b, ),h ya b4r1ía/2 0d2is0p, udees t9o  ded em aurnzao , nFuJe 2va],   BOE-A-cable e
oportunidad  para  que  su  alegato  de  falta  de  legitimación  pasiva  como  motivo  de 
oposición le hubiera sido estimada por el juzgado, quedando así fuera del proceso como 
parte ejecutada, que era lo que buscaba.
d)  Los  autos  de  3  de  julio  (inadmisión)  y  14  de  septiembre  de  2018  eran 
impugnables en amparo sin tener que esperar a la finalización del proceso ejecutivo 
hipotecario 93-2018, ni quedar condicionado por lo sucedido en trámites posteriores 
dentro de este:
Por último, indicar que es doctrina de este tribunal, recordada en la STC 40/2020, 
FJ  2,  la  de  «considerar  correctamente  formalizados  aquellos  recursos  de  amparo 
promovidos contra resoluciones dictadas en procesos de ejecución donde, como aquí, se 
había impedido conocer de los motivos de oposición a la ejecución presentados por la 
parte, sin tener para ello que esperar a la terminación de esos procesos (SSTC 39/2015, 
de 2 de marzo, y 49/2016, de 14 de marzo). Consecuencia necesaria de la procedencia 
del amparo por la inadmisión del incidente de oposición es, por tanto, la irrelevancia ex 
art.  44.1  a)  LOTC  de  lo  que  pueda  suceder  en  fases  posteriores  del  mismo 
procedimiento de ejecución, dado que en ellas ya no cabe discutir de nuevo sobre dicha 
inadmisión sino, en todo caso, sobre otras cuestiones de distinto objeto y efectos».
Esta doctrina resulta desde luego aplicable, en particular, a los recursos de revisión 
promovidos  por  ambas  entidades  ejecutadas  contra  el  decreto  de  la  letrada  de  la 
administración de justicia del juzgado a quo de 2 de octubre de 2018 que acordó la 
convocatoria a subasta del bien hipotecado, cuestión ésta que en nada afectaba a lo ya 
resuelto en el incidente de oposición a la ejecución. Sin que quepa tampoco olvidar que 
el ATC 75/2019, de 15 de julio, dictado por la Sala Primera de este tribunal tras la 
admisión del presente recurso de amparo y antes de recaer aquel decreto de subasta, 
acordó no suspender la ejecución del procedimiento hipotecario (que era el argumento 
de aquéllas para solicitar la nulidad del decreto), lo que permitía al juzgado continuar su 
tramitación  y,  con  ello,  la  eventualidad  de  que  alguna  decisión  interlocutoria  suya 
posterior  pudiera  ser  objeto  de  impugnación  en  el  seno  de  esas  actuaciones,  sin 
repercusión lógicamente en la procedencia de la demanda de amparo ya formalizada.
Verificado  en  definitiva  el  correcto  agotamiento  de  la  vía  judicial  previa  a  la 
interposición del presente recurso de amparo, procede centrarnos ya en el examen de la 
lesión de fondo.
3.  Resolución  sobre  el  fondo:  Aplicación  de  la  doctrina  sentada  por  las 
SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020:
En el fundamento jurídico 3 de la mencionada STC 40/2020, se advierte que resulta 
de aplicación al caso, en cuanto al fondo, la doctrina de este tribunal plasmada en sus 
SSTC 6/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), «en relación con la 
garantía  de  emplazamiento  personal  del  demandado  o  ejecutado  en  los  procesos 
regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), 
como  primera  comunicación  con  el  órgano  judicial  competente,  sin  que  pueda  ser 
sustituida por una comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a 
través de la dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el 
art. 155.1 LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en 
papel de las copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El 
incumplimiento de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de 
aquel derecho fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos  e.
de amparo referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el  w.
mismo fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia. 462ww
ahorCao, nqsutea tala sla  dSoTsC r e4s0o/l2u0c2io0n, eesn  jusud icfuianldeas mimepnutog njuardídaicso v 4u,ln ceormaroo nh ae ld dee hreaccheors ae  ltaa mtubtieélna 
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oposición  a  la  ejecución,  optando  en  cambio  el  juzgado  por  un  emplazamiento 
electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica 
habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la normativa 
procesal y que apenas consistía en un aviso que remitía a un enlace de internet para 
poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo para presentar 
el escrito de oposición invocando normas del procedimiento administrativo común, que 
son ajenas al ámbito jurisdiccional en el que nos encontramos, en alegal conjunción con 
el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina la estimación del amparo por lesión del 
art. 24.1 CE, en sus vertientes de acceso al proceso, a no padecer indefensión, y a una 
resolución fundada en Derecho.
Ha de acordarse en consecuencia la nulidad de los autos del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Lorca de 3 de julio y 14 de septiembre de 2018, así 
como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde el momento 
en que se proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, 
con retroacción de las actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento 
en los términos exigidos por la ley (arts. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con 
el derecho fundamental de la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Penrei Inversiones, S.L., y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 3 de 
julio y 14 de septiembre de 2018, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 93-2018, 
así como la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la 
entidad recurrente a través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de efectuarse 
el emplazamiento de la demandada para que se le comunique el despacho de ejecución 
en legal forma.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el presidente don Juan José González Rivas al que se 
adhiere el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón, respecto de la sentencia 
dictada en el recurso de amparo avocado núm. 5543-2018 s
Con pleno respeto a la tesis mayoritaria de este tribunal, formulo el siguiente voto  w.
particular, que fundamento en los criterios siguientes: 462ww
1.  Razón de la discrepancia.
La sentencia de la mayoría resuelve la cuestión de fondo planteada en el presente
recurso  de  amparo.  Y  lo  hace  por  aplicación  de  la  doctrina  dimanante  de  la
STC 47/2019, de 8 de abril, que ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores de 
este tribunal, entre los que se encuentra la STC 40/2020, de 27 de febrero, que aborda la 
resolución de la cabecera de esta serie de recursos de amparo. Nada tengo que oponer 
a la citada doctrina. Mi discrepancia radica en la procedencia misma de su aplicación al 
caso, ya que no debió llegar a resolverse el fondo del recurso de amparo por existir una 
causa que lo impedía, consistente en un defectuoso agotamiento de la vía judicial previa 
[art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC].
2.  Óbices a la admisibilidad.
La  quiebra  del  principio  de  subsidiariedad,  elemento  estructural  del  recurso  de 
amparo según se desprende claramente del art. 53.2 de la Constitución, se produce en 
este caso por dos singularísimas circunstancias: la falta de intervención de la entidad 
demandante en el recurso de apelación frente al auto núm. 119/2018, de 3 de julio, y el 
haberse simultaneado el recurso de amparo con otro en vía judicial sobre el mismo 
thema decidendi.
3.  Sobre la falta de agotamiento de la vía judicial previa en sentido estricto.
La entidad mercantil demandante de amparo no interpuso recurso de apelación 
contra el auto núm. 199-2018, de 3 de julio, en el que se rechazó su oposición a la 
ejecución, a pesar de que al pie del mismo se indicaba la posibilidad de revisar dicha 
resolución por medio de tal recurso. Tampoco se adhirió al interpuesto contra ese mismo 
auto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., cuando tuvo ocasión de hacerlo 
mediante el oportuno traslado. Optó en su lugar por ignorar ese recurso de apelación, 
cuyo objeto era al menos en parte si procedía o no la inadmisión de la oposición a la 
ejecución, aspecto que el órgano de apelación estimó en su auto de 11 de febrero 
de 2019, dejando en consecuencia sin efecto la decisión del juzgado de inadmitir dicha 
oposición a la ejecución y resolviendo la propia audiencia provincial sobre el fondo de la 
misma.  En  fin,  pudiendo  haber  intentado  y  logrado  ante  la  audiencia  provincial  la 
reparación del derecho fundamental, se desentendió de esta posibilidad que le ofrecían 
las normas procesales ordinarias y acudió per saltum en amparo ante este Tribunal 
Constitucional.
Con el debido respeto, discrepo de la argumentación que lleva a la mayoría a 
considerar que no puede reprocharse a la entidad recurrente no haber interpuesto 
recurso  de  apelación  contra  el  auto  desestimatorio  de  la  oposición  a  la  ejecución. 
Comparto que resulta irregular –e inexplicable– que, una vez personada Penrei, las 
notificaciones (las del auto de desestimación de la oposición y las de la diligencia de 
ordenación relativa al recurso de apelación) se efectuaran a través de la dirección 
electrónica habilitada. No comparto la consecuencia que se liga por la mayoría a dicha 
actuación procesal defectuosa, pues la entidad demandante nunca se ha quejado de no 
haber tenido conocimiento de dicho auto ni del recurso de apelación. Es más, en ningún 
momento afirma que no haya llegado a su conocimiento comunicación alguna efectuada 
por dicho medio. Por otra parte, el empleo de la dirección electrónica habilitada solo ha 
sido reprobado por este tribunal –por razón de la inexistencia de habilitación legal y no 
por la ausencia de garantías materiales de recepción–, cuando se trata del primer 
emplazamiento  del  demandado,  lo  que  no  es  el  caso  de  las  notificaciones  ahora 
consideradas. Adveran lo anterior las decenas de recursos de amparo presentados con 
posterioridad que ponen de manifiesto que la entidad aquí recurrente, que comparte 
defensa  con  Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  interpuso  recursos  de  e.
apelación contra autos de similar contenido al aquí considerado y todos estos recursos  w.
de apelación fueron consideraros admisibles y resueltos por la audiencia provincial,  462ww
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obstante, con carácter meramente prejudicial a fin de resolver sobre el óbice expresado 
en el art. 44.1 a) LOTC, debo señalar que no asumo la solución según la cual la 
resolución que cierra el acceso a un pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo 
dispone de mecanismos de revisión atenuados (recurso de reposición) respecto de los 
que se ofrecen frente a la resolución judicial que aborda y resuelve dicha cuestión 
(recurso de apelación). A estas últimas resoluciones, que resuelven sobre fondo de la 
oposición a la ejecución, se refiere el art. 695.4 LEC, quedando fuera de su ámbito de 
aplicación las que, en una estadio anterior, impiden tal pronunciamiento de fondo por 
razón de inadmisibilidad.
De una parte, se constata en el examen de las actuaciones que figuran en el 
antecedente  de  hecho  segundo  de  la  sentencia  que  Penrei  Inversiones,  S.L.,  y 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., interpusieron un recurso de revisión una 
vez desestimado el recurso de reposición, cuando ya se había interpuesto el recurso de 
amparo.
De otra parte, la Audiencia Provincial de Murcia al examinar con carácter previo la 
admisibilidad de la oposición a la ejecución –por razón de su temporaneidad– no puso en 
cuestión  la  procedencia  del  recurso  de  apelación  respecto  de  este  previo 
pronunciamiento.
En  cualquier  caso,  con  independencia  de  cómo  proceda  resolver  la  compleja 
convivencia  entre  los  dos  autos  de  3  de  julio  de  2018  recaídos  en  el  mismo 
procedimiento de ejecución hipotecaria, lo cierto es que se abrió un cauce de apelación 
en el que dirimir ante la audiencia provincial, entre otros extremos, si procedía mantener 
la inadmisión por extemporánea de la oposición a la ejecución por el juzgado. Esta vía 
procesal era hábil para reparar la lesión del derecho fundamental que en este recurso de 
amparo se invoca y la entidad demandante no la promovió ni tampoco intervino en ella, 
recurriendo directamente en amparo ante este tribunal. No agotó, por ello, la vía judicial 
previa al recurso de amparo, como exige el citado art. 44.1 a) LOTC.
4.  Sobre la falta de agotamiento por prematuridad.
La citada STC 40/2020, dictada por el Pleno, al abordar esta posible causa de 
inadmisibilidad en el recurso de amparo núm. 5377- 2018, cabecera de la serie de la que 
forma parte el presente recurso, descartaba la prematuridad señalando que «contra el 
auto resolutorio de la reposición la entidad aquí recurrente no interpuso recurso de 
apelación –ni ningún otro– de manera simultánea a la formalización de su recurso ante 
este tribunal» (fundamento jurídico 2).
Las circunstancias fácticas que presenta este recurso son, como hemos visto, muy 
diferentes.
Al tiempo de presentarse el presente recurso de amparo se hallaba pendiente de 
resolver el recurso de apelación formulado por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., prestataria e hipotecante, contra la decisión del juzgado de instancia que rechazaba 
la oposición a la ejecución hipotecaria formulada por aquella entidad y por la propia 
recurrente en amparo, titular registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble 
hipotecado, según ya ha quedado reseñado.
Este tribunal, en constante doctrina, considera incursos en la causa de inadmisión de 
falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) 
LOTC], los recursos de amparo que se interponen cuando aún pende resolver recursos o 
remedios procesales en la vía judicial previa. Cuando concurre esta circunstancia se ha 
considerado que «el recurso de amparo es prematuro, porque todavía no han sido  e
resueltos los recursos presentados. Resulta por ello inviable [art. 50.1 a) LOTC] porque  bo
la  vulneración  del  derecho  fundamental  invocado  es  todavía  potencial  o  futura,  no  462ww
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real y efectiva en los derechos e intereses legítimos de los actores, y no meramente
potencial o hipotética, que diera contenido a su pretensión de amparo (SSTC 9/1982, 
116/1983, 194/1987 y 145/1990) y «si este tribunal admitiese a trámite un recurso de 
amparo sin la concurrencia de dicho presupuesto procesal, bien podría suceder que el 
recurso (judicial) fuera estimado, en cuyo caso la satisfacción de la pretensión ordinaria 
absorbería a la de amparo, habiendo este tribunal de archivar el recurso de amparo por 
falta manifiesta de objeto» (ATC 58/1993, de 15 de febrero, FJ 3).
Desde la perspectiva del principio de subsidiaridad que inspira el recurso de amparo, 
la  posición  de  este  tribunal  ha  sido  inequívocamente  contraria  a  que  se  pueda 
simultanear el recurso de amparo con recursos aún no resueltos en el procedimiento 
judicial;  y  así  «se  ha  destacado  que  es  opuesto  al  carácter  subsidiario  de  esta 
jurisdicción constitucional simultanear un recurso de amparo con otro recurso seguido en 
la vía judicial ordinaria, como ocurre cuando se inicia el proceso de amparo antes de que 
estén resueltos los recursos interpuestos contra la resolución judicial impugnada en 
aquella otra vía o cuando, una vez presentada la demanda de amparo, se reabre la vía 
judicial durante la pendencia del proceso de amparo, aunque la resolución final de la 
jurisdicción ordinaria sea finalmente desestimatoria (por todas, STC 99/2009, de 27 de 
abril, FJ 2).
5.  Proyección de la doctrina jurisdiccional en el caso examinado:
Cabe reiterar, a partir de la secuencia procesal descrita, que en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 93-2018 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 3 de Lorca, recayeron dos autos en la misma fecha 3 de julio de 2018.
a)  En uno de ellos, que es el aquí recurrido, se inadmite por extemporánea la 
oposición a la ejecución formulada por Penrei Inversiones, S.L., Por auto de 14 de 
septiembre de 2018 se desestima el recurso de reposición.
b)  En  el  otro  (auto  núm.  199-2018),  se  resuelve  la  oposición  a  la  ejecución 
formulada  por  las  dos  entidades  frente  a  las  que  se  dirigía  la  ejecución,  Penrei 
Inversiones, S.L., y Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., después de hacerse 
celebrado una vista el día anterior. El razonamiento jurídico segundo de dicho auto 
también considera extemporánea la oposición a la ejecución. Sin embargo, a renglón 
seguido, decide entrar a examinar las causas de oposición a la ejecución aducidas por 
las dos entidades frente a las que se dirige el procedimiento y termina por desestimarlas 
en el razonamiento tercero.
Los dos autos parecen convivir. Sin embargo, no puede dejar de expresarse en este 
punto que, si no fuera por el hecho de que la resolución que aparece numerada fue 
firmado con anterioridad en la misma mañana del 3 de julio de 2018, su mayor amplitud, 
al abordar las dos oposiciones a la ejecución formuladas por las únicas dos entidades 
contra las que se dirigía el procedimiento y al examinar el fondo de las causas de 
oposición, podría inducir a pensar que tal resolución dejó sin efecto el otro auto, contra el 
que se dirige este recurso de amparo y que bien pudo obedecer a un mero error en el 
trámite. Pero si es ya difícil explicar la existencia de estos dos autos, lo que resulta 
incomprensible  es  su  pervivencia  en  el  tiempo,  situación  propiciada  por  el 
comportamiento procesal de las partes, lo que incluye a la ejecutante, que tampoco puso 
la situación en conocimiento del juzgado para que, por vía de aclaración, corrección de 
errores o nulidad, diera una solución al dislate provocado.
Por lo que nos consta, Penrei Inversiones, S.L., recurrió en reposición el primero de 
tales autos y, una vez desestimado dicho recurso por auto 14 de septiembre de 2018,  e.
interpuso recurso de amparo y de revisión en vía judicial ordinaria. w.
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  interpuso  recurso  de  revisión  y  462ww
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con acogida de cualquiera de las causas de oposición a la ejecución, hubiera surtido 
también  efecto  respecto  de  la  entidad  aquí  recurrente,  contra  la  que  se  dirigía  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria en su exclusiva calidad de titular registral de un 
derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado inscrito en el registro de la 
propiedad con posterioridad al gravamen que se ejecuta.
La subsidiariedad del recurso amparo quedó comprometida.
6.  Téngase, finalmente, en cuenta que Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., es prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., mera titular registral de un 
derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado inscrito con posterioridad. Su 
singular  posición  procesal  aparece  definida  por  el  art.  659  LEC  –por  remisión  del 
art. 689.2 LEC– y se concreta, valorando su interés en la conservación de su derecho 
inscrito (art. 674 LEC), en la toma de conocimiento de la ejecución y la posibilidad de 
subrogarse en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho para el 
caso de que abone antes del remate el importe del crédito con los intereses y las costas, 
dentro del límite de responsabilidad que resulte del registro.
Por tanto, la estimación, con ocasión del recurso de apelación, de cualesquiera de 
los motivos de oposición a la ejecución formulada por la ejecutada prestataria titular 
registral del dominio del inmueble –que invocó litispendencia, defectuosa liquidación de 
la deuda y carácter abusivo de determinadas cláusulas del préstamo hipotecario– habría 
de producir un efecto inmediato en la esfera de la demandante de amparo, bien al 
sobreseerse el procedimiento o bien al minorarse el importe de la cantidad por la que se 
sigue la ejecución principal. Debe insistirse en que su interés, como titular de un derecho 
real  inscrito  con  posterioridad,  radica  en  la  evitación  de  que  el  remate  del  bien 
hipotecado determine la cancelación de su derecho en virtud del principio de purga de 
las cargas posteriores (art. 674 LEC citado). La tutela de tal interés, fruto del cual es la 
especial posición procesal reconocida por la ley, se hallaba en trámite ante la jurisdicción 
ordinaria, pendiente de recurso de apelación, al tiempo de interponerse el recurso de 
amparo. De este modo, la eventual estimación de dicho recurso de apelación interpuesto 
por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., hubiera privado de objeto al recurso 
de amparo al eliminar el gravamen, perjuicio o afectación negativa a su esfera de 
intereses, que legitima a la mercantil recurrente para interponerlo.
En  suma,  no  estaba  definitivamente  resuelta  la  controversia  en  la  vía  judicial 
ordinaria al interponerse el recurso de amparo, lo que debió conducir a su inadmisión.
Madrid, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.