BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72888
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10014 Sala Segunda. Sentencia 101/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 63-2020. Promovido por don Juan Carlos Molinos Molinos respecto 
del  auto  dictado  por  un  juzgado  de  primera  instancia  de  Jaén  en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las 
cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión 
Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:101
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 63-2020, promovido por don Juan Carlos Molinos 
Molinos, representado por el procurador de los tribunales don Miguel Bueno Malo de 
Molina, bajo la asistencia del letrado don Ramón Porras González, contra el auto de 7 de 
noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Jaén, en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1210-2014. Han intervenido el Ministerio 
Fiscal y el ejecutante. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 3 de enero de 2020, don Juan Carlos 
Molinos Molinos, representado por el procurador de los tribunales don Miguel Bueno 
Malo de Molina y con la asistencia del letrado don Ramón Porras González, interpuso 
recurso  de  amparo  contra  la  resolución.a  la  que  se  hace  referencia  en  el 
encabezamiento, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Jaén, en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1210-2014, alegando la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una 
resolución motivada y fundada en derecho.
2.  Los hechos relevantes, que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes:
a)  La entidad financiera Banco Santander, S.A., presentó, el día 20 de noviembre  s
de 2014, demanda de ejecución hipotecaria contra don Juan Carlos Molinos Molinos,  e.
como deudor, por el impago de sus obligaciones derivadas del contrato de crédito con  w.
garantía hipotecaria y otorgado con fecha 26 de septiembre de 2003, en virtud del cual  014ww
(sJea égnra).vaba la vivienda sita en la calle Geránios, núm. 50, del municipio de La Guardia
de Jba)é nC doicnt ófe acuhtao  ddee s2p7a dchea nnodvoie emjebcruec dióen 2, 0s1ig4u,i eenl dJou zsgua dcuor dsoe  ePlr ipmroecrae dInimstieanntcoia h naúsmta.  la5   BOE-A-cable e
celebración de la subasta el día 13 de mayo de 2015, sin que compareciera ningún 
postor. Por decreto de 4 de noviembre de 2015, la vivienda fue adjudicada al ejecutante.
Por  auto  de  8  de  febrero  de  2016  se  desestimó  la  solicitud  formulada  por  la 
ejecutante  de  cancelación  de  la  inscripción  del  arrendamiento  en  el  registro  de  la 
propiedad a favor de don Abel Miranda Aranda.
c)  Interesado por la ejecutante el lanzamiento de los ocupantes de la finca, el citado 
don Abel Miranda Aranda y doña Mercedes Soriano Martínez, exesposa del ejecutado, 
por diligencia de ordenación, de 8 de marzo de 2016, el ejecutante, el ejecutado y los 
arrendatarios fueron convocados a la celebración de la vista regulada en el art. 661.2 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC). El juzgado desestimó la oposición formulada por los 
arrendatarios por auto dictado el 6 de junio de 2016 (aclarado el 13 de junio de 2016).
d)  Formulada demanda en juicio ordinario por el ocupante don Abel Miranda Aranda, 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jaén, por sentencia de 28 de junio de 2017, 
declaró  subsistente  el  contrato  de  arrendamiento  suscrito  en  su  momento  entre  el 
ejecutado y don Abel Miranda, contrato en que se considera subrogada como arrendadora 
la entidad Banco de Santander, S.A., debiéndose practicar su inscripción registral.
e)  Por escrito de 11 de octubre de 2019, el deudor hipotecario solicitó la revisión de 
la cláusula sexta bis, relativa al vencimiento anticipado del crédito, alegando su posible 
carácter abusivo, con fundamento en la Directiva 93/13/CEE y la doctrina jurisprudencial 
emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Jaén declaró que no había lugar a 
tramitar la solicitud por extemporaneidad, por providencia de 16 de octubre de 2019.
f)  Mediante escrito registrado el 24 de octubre de 2019, el recurrente interpuso 
recurso de reposición denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la justicia y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad 
(art. 9.1 y 3 CE), el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), el principio de primacía del 
derecho comunitario (arts. 10.2 y 96.l CE) y la especial protección de los consumidores y 
usuarios (art. 51.1 CE, en relación con la Directiva Europea 93/13/CE); toda vez que, a 
su entender, «[n]o cabe hablar de extemporaneidad de la solicitud de que se declare 
abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, y por consiguiente nula».
Tras haber manifestado la entidad bancaria su oposición, el recurso fue desestimado 
por auto de 7 de noviembre de 2019, por cuanto «siendo cierto que la providencia es 
parca en argumentos no menos cierto resulta, que ofrece de forma indubitada el motivo 
por el que no cabe una revisión de oficio de cláusulas nulas, en la medida que ya se ha 
realizado el control y filtro del tribunal en su admisión a trámite, y por otro lado ha 
precluido el plazo de oposición en forma, una solución distinta implicaría, una revisión de 
actuaciones procesales al albur de cambios jurisprudenciales posteriores que choca con 
el principio de seguridad jurídica».
3.  El  recurrente  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), en relación con el deber de motivación de las resoluciones judiciales, en 
que  habría  incurrido  el  juez  al  desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto, 
apartándose de la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez 
García) y, especialmente, la de este tribunal (STC 31/2019, de 28 de febrero), según la 
cual resulta preceptiva la revisión, de oficio o a instancia de parte, de las cláusulas 
cuestionadas por su carácter abusivo, en cualquier momento del procedimiento, en tanto 
no finalice, es lo que ocurría en las presentes actuaciones. e.
Termina solicitando que se declare la nulidad del auto impugnado, retrotrayendo las  w.b
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esa resolución, para que  014ww
ye ld óercglaanreo  ljau dniucliiadla rde sduee llav ac lcáouns upllae ndois creustipdeat.o de los derechos fundamentales vulnerados,
4.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, la Sección Tercera de este tribunal
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2, f)]; así como, constando ya testimonio de las actuaciones 
correspondientes  al  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  1210-2014,  dirigir 
atenta  comunicación  al  órgano  judicial  interviniente  al  objeto  de  que  procediera  a 
emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso, para que pudieran comparecer en estas actuaciones, si así lo desean, excepto a 
la parte recurrente en amparo.
5.  Mediante  escrito  registrado  el  3  de  noviembre  de  2020  se  personó  en  las 
actuaciones la entidad Banco Santander, S.A., representada por la procuradora doña 
María del Valle Herrera Torrero y asistida por el letrado don Ramón García Valdecasas.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  la  Sala  Segunda  de  este 
tribunal, de 9 de diciembre de 2020, se acordó tener por personado y parte en el 
procedimiento a Banco de Santander, S.A., así como dar vista de las actuaciones 
recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que pudieran presentar las 
alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7.  Por escrito de 18 de enero de 2021, la mercantil ejecutante formuló oposición al 
recurso de amparo, negando la aplicación de la doctrina europea y constitucional a las 
presentes  actuaciones  con  base  en  dos  argumentos:  en  primer  lugar,  que  el 
procedimiento  de  ejecución  ya  había  finalizado  con  la  adjudicación  de  la  finca  al 
ejecutante,  no  siendo  posible  la  entrega  de  la  posesión,  ni  el  lanzamiento  de  los 
ocupantes, por estar vigente un contrato de arrendamiento preexistente, tal y como 
confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jaén, de 28 de junio 
de 2017, siendo pues la petición extemporánea; y, en segundo término, al no ostentar el 
ejecutado la condición de consumidor, habiéndose hecho constar en la escritura de 
constitución de la hipoteca que el préstamo no se suscribe para la compra de la finca 
hipotecada,  sino  para  «refinanciar  diversas  deudas  del  prestatario  resultado  de  su 
actividad empresarial», no constituyendo, por lo demás, el domicilio habitual de la familia, 
con  lo  que  no  debe  serle  aplicada  la  jurisprudencia  relativa  a  la  protección  de 
consumidores y usuarios.
8.  El Ministerio Fiscal presentó alegaciones por escrito, de 4 de febrero de 2021, en 
sentido favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión de la demandante, señala que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el juez ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los recurrentes (art. 24.1 CE), incurriendo en una errónea 
motivación, al desconocer lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE y la doctrina del 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  revisión  de  las  cláusulas 
abusivas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, contenida en la STJUE 
de 26 de enero de 2017, así como la doctrina constitucional aplicable, expuesta en la 
STC 31/2019, de 28 de febrero.
En concreto, destaca el fiscal que lo que se viene a cuestionar en este recurso de 
amparo es si «desde la premisa de la existencia en el contrato de préstamo de una 
cláusula abusiva, la que recoge el vencimiento anticipado de la deuda, esta cláusula 
debió ser anulada de oficio conforme a la doctrina dimanante de la jurisprudencia del  e.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consagrada en nuestro país por el Tribunal  w.
Supremo  y  el  propio  Tribunal  Constitucional.  No  es  por  tanto  determinante  si  los  014ww
reexcaumrreenn teesx  soofilcicioit adroenl  coo nntoe neisdao  nduelli dcaodn tyraa toq upea eral  óerxgpaunlosa jru daiqcuiael llvaise nceo nodbilcigioandeos  aq uune 
iennc uersraten  ceans oa beuss ivoibdvaido,  qsueeg úsne  lopsro pdaurjáom taelt rpoes tijcuiróisnp»r;u cdoemncoia tlammepnotec ofi jaedso cso, nncolu oybesnttaen teel   BOE-A-cable e
momento en que se planteó la revisión «ya que la doctrina legal del tribunal europeo y de 
los  altos  tribunales  españoles,  ha  señalado  la  posibilidad  de  revisión  mientras  el 
procedimiento siga vivo, hasta su definitivo archivo, lo que no ha ocurrido en este caso 
por el hecho de que no se ha llevado a cabo el lanzamiento de los ocupantes de la 
vivienda, en cuya posesión siguen».
Partiendo de lo anterior, el fiscal niega que la revisión de oficio se realizara en la 
admisión  a  trámite  de  la  demanda  ejecutiva,  pues  nada  se  dice  en  el  auto 
correspondiente, y si «nada dice sobre ese examen y control, y si no lo específica, debe 
asimilarse a que no se haya producido, no podemos presumir que se ha realizado». 
Igualmente,  entiende  que  tampoco  se  acomoda  a  la  doctrina  aplicable  el  que  se 
mantenga que ha precluido el plazo para oponerse a la ejecución, pues la posibilidad de 
denunciar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales no se agota en ese trámite 
procesal.
9.  Por providencia de 6 de mayo de 2021 se señaló para votación y fallo del 
presente recurso el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso tiene por objeto el auto de 7 de noviembre de 2019, dictado por 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Jaén en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 1210-2014.
El demandante de amparo atribuye a la resolución impugnada la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, por falta del preceptivo control de abusividad 
de la cláusula de vencimiento anticipado del contrato de préstamo suscrito entre la 
ejecutante y el ejecutado, al que venía obligado el órgano jurisdiccional y que le fue 
solicitado por ese último, apartándose de la doctrina europea y constitucional aplicable.
La entidad ejecutante niega la obligatoriedad de llevar a cabo tal control, dado que la 
solicitud por el ejecutado fue extemporánea, además de carecer de la condición de 
consumidor.
El fiscal confirma la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y solicita la 
estimación del recurso de amparo, remitiéndose a la doctrina mencionada, al haberse 
omitido la revisión de oficio de la cláusula de vencimiento anticipado y al no poder 
acotarse las posibilidades de alegación de la abusividad de una cláusula contractual, 
meramente, al trámite de oposición a la ejecución.
2.  Delimitación del contenido y alcance de nuestro enjuiciamiento.
Una vez expuestas las posiciones  de  los intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta, que, en 
ningún caso, pretende dirimir si la cláusula contractual identificada por los recurrentes, 
relativa al vencimiento anticipado del préstamo, tiene o no carácter abusivo, pues esa 
cuestión se incardina con claridad dentro de los límites de la legalidad infra constitucional 
y,  en  consecuencia,  su  conocimiento  corresponde  a  la  jurisdicción  ordinaria 
(STC 140/2020, de 6 de octubre, FJ 2). Nuestro cometido será determinar si la negativa 
del órgano judicial a pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula aludida, so 
pretexto de la extemporaneidad de la petición y de que el control de abusividad de las  e.
cláusulas del contrato de préstamo se había efectuado de oficio, vulnera o no el derecho  w.b
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por su eventual contradicción  014ww
con Alal  dsoecr treinsate d ee le pstlaen ttreibaumniaeln.to, el primer paso obligado debe ser recordar nuestra
dlao catrdineac ueanc iróenla cdióen  clao n rleas cpuueessttiaó n juddeibcaiatild aa;  plaorsa , pao csotunltainduoasc iófinja, dporso ceedne r eas tean jusiecdiaer 
constitucional.
3.  Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de primacía del 
Derecho de la Unión Europea.
Este tribunal ya se ha pronunciado sobre una cuestión sustancialmente similar en el 
supuesto enjuiciado por el Pleno en la STC 31/2019, de 28 de febrero, en el que, al igual 
que ahora, el órgano judicial decidió, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, 
inadmitir el incidente de nulidad formulado por la demandante de amparo, en el que se 
alegaba la existencia de una cláusula abusiva en su contrato de préstamo, precisamente 
la de vencimiento anticipado del crédito, con fundamento en una supuesta preclusión de 
su obligación de control.
En el citada resolución, recordamos la STC 232/2015, de 5 de noviembre, cuando 
sobre la función a desempeñar por nuestro tribunal declaraba que: «(i) a este tribunal le 
corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión 
cuando "exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea"" [fundamento jurídico 5 c)], (ii) el desconocimiento y preterición de 
una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de 
Justicia, "puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al 
proceso", lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6) [fundamento jurídico 5 c)], y (iii) 
prescindir  por  "propia,  autónoma  y  exclusiva  decisión"  del  órgano  judicial,  de  la 
interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano 
competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea 
[fundamento jurídico 6 b)]» (STC 31/2019, FJ 4).
A continuación, se exponía la doctrina contenida en la STJUE, de 26 de enero 
de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García, sentencia en la que el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  confirmó  la  compatibilidad  de  la 
Directiva 93/13/CEE con normas nacionales, tales como el art. 207 LEC, que impide un 
nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existiera 
sobre esta cuestión un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada, al declarar que: «en 
caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo 
no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido 
concluido  con  la  adopción  de  una  resolución  con  fuerza  de  cosa  juzgada,  la 
Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual 
el  consumidor  ha  formulado,  cumpliendo  lo  exigido  por  la  norma,  un  incidente  de 
oposición,  está  obligado  a  apreciar,  a  instancia  de  las  partes  o  de  oficio,  cuando 
disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello, el eventual 
carácter abusivo de esas cláusulas» (FJ 5).
Y  es  que,  como  también  destacamos  en  la  STC  31/2019,  rememorando  el 
apartado 42 de la STEDH de 26 de enero de 2017, no se nos puede escapar que la falta 
de vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas ex art. 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13/CEE, constituye «una disposición imperativa que pretende reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las 
partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas», y que «debe 
considerarse  una  norma  equivalente  a  las  disposiciones  nacionales  que,  en  el 
ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público» (FJ 6).
En síntesis, el juez nacional estará obligado a apreciar el eventual carácter abusivo 
de una cláusula en cuanto disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios 
para ello, con la condición de que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada con  e.
anterioridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «por supuesto, permite que el  w.b
consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la  014ww
normCala, rloo  qeusetá n, o teaxl imobel idgea claió onb lidgea ccióonn tdreo l codnet rolal sd ec oláfiucsiou lpaosr  ealb óursgiavnaos  jusdei cieanl»c o(FntJr a6r)á.
csoenndteicnicoinaa sdea  repmori tela a p lean pdreonpciaia S dTeJlU pEr odcee s2o6,  daes peencetroo  deen  2re0l1a7c,i ócnu acnodno  eslo sctuieanl en quueest real 
procedimiento de ejecución hipotecaria no concluye y continúa hasta que el inmueble se 
ponga en posesión del adquirente (FJ 7).
Más  allá  de  las  cuestiones  eminentemente  procesales,  en  la  STC  31/2019 
abordamos el cumplimiento del requisito sustantivo previsto en la STJUE de 26 de enero 
de 2017 para que resulte admisible un control posterior de una cláusula abusiva, pese a 
haberse dictado una resolución firme, o, en otras palabras, «si se efectuó un control 
judicial  previo  al  requerimiento  instado  por  la  parte,  como  excepción  a  su  control 
posterior, sobre la cláusula de vencimiento anticipado» (FJ 8).
Acerca  de  este  punto,  con  carácter  ejemplificativo  para  la  presente  causa, 
declaramos también que no basta para acreditar la existencia de ese control judicial 
previo con que la resolución por la que se despacha la ejecución afirme, en sentido 
genérico y literalmente que «[l]a demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos 
en  el  artículo  685  LEC,  y  el  título  que  se  acompaña  es  susceptible  de  ejecución, 
conforme al artículo 517.1.4 de la misma ley, por lo que procede, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 681 y siguientes en concordancia con el artículo 551 LEC, 
dictar la presente orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de la 
ejecutante frente al deudor, al haber acreditado aquel su condición de acreedor en el 
título ejecutivo presentado» (FJ 8).
Aunque,  como  en  aquel  asunto,  siguiendo  las  indicaciones  del  fiscal,  «podría 
entenderse que el silencio sobre cada una de las cláusulas se producía precisamente 
como consecuencia del carácter adecuado de las mismas, […] no lo es menos que la 
motivación  esgrimida  por  el  órgano  judicial  en  el  auto  despachando  ejecución  es 
insuficiente a los efectos de considerar que, sin género de dudas, se realizó dicho 
control, máxime cuando de dicha argumentación se va hacer depender el acceso a un 
pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la 
Unión, debe proceder de oficio de haber razones para ello» (FJ 8).
Presente la relevancia constitucional de una adecuada y suficiente motivación de las 
resoluciones judiciales para el control de la actividad jurisdiccional y para mejorar las 
posibilidades de defensa de los ciudadanos (SSTC 209/1993, de 28 de junio, FJ 1, 
o 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3), y su vinculación con los principios nucleares de un 
Estado de Derecho (STC 329/2006, de 20 de noviembre, FJ 7), la STC 31/2019 trajo a 
colación  también  la  doctrina,  según  la  cual  «hemos  declarado  que  "el  canon 
constitucional  de  la  motivación  suficiente  no  se  ve  satisfecho  mediante  la  simple 
exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o 
inferencia" (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 4). Aún más, en este caso, cuando el 
artículo 51 CE impone a los poderes públicos en general la obligación de garantizar la 
defensa de los consumidores y usuarios» (FJ 8).
Todo  lo  anterior  nos  llevó  a  concluir  que  el  juzgado  había  vulnerado,  «con  su 
inmotivada contestación acerca de la existencia de un control de la cláusula previo a la 
denuncia» (FJ 8), el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la 
demandante de amparo, «pues "[m]al se puede realizar un control –ni siquiera externo– 
de lo que carece de un razonamiento expreso" (STC 135/2017, de 27 de noviembre, 
FJ 4)» (FJ 8). La recurrente, pues, «se vio privada de un pronunciamiento de fondo sobre 
la eventual abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en su contrato 
de préstamo hipotecario, al que el órgano judicial se encontraba obligado de acuerdo con 
la STJUE de 26 de enero de 2017» (FJ 8).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Una vez reflejado el parámetro al que debemos sujetarnos para dirimir la presente  bo
litis, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial. 014ww
ampClíoam eol  rqauzeodnaa meixepnutoe,s teox terne mloasd aamnteencteed ebnretevse , dsee geusitdao r eesno lluac piórno,v iedle anucitao  pimrepcuegdneandteo 
ppraérsat admeon,e dgoanr dlea  erle juvizsgióand od see  llaim ictalábuas ual ain ddicea rv qeuneci mnoie hnatob íaa nlutigcaipra ad otr admeilt acr olan tsroaltioc itdued 
por «extemporánea». En esta segunda resolución se brindan dos clases de razones, que
resumidamente son: la primera, «que ya se ha realizado el control y filtro del tribunal en 
su admisión a trámite»; y, la segunda, que «ha precluido el plazo de oposición en forma».
Ambas justificaciones encuentran respuesta en la STC 31/2019, cuyos fundamentos 
se han reproducido en el apartado precedente.
Así, en lo que se refiere al primero de los motivos esgrimidos para rechazar el control 
de abusividad solicitado, proclamando que ya se había realizado «en su admisión a 
trámite», hemos de situar esa actuación en las comprobaciones previas a la admisión de 
la demanda y al despacho de ejecución. Sin embargo, examinado el concreto auto de 
despacho, de 27 de noviembre de 2014, se constata que ninguna declaración se recoge 
en el mismo acerca de este extremo. Esto es, en esa resolución, el juzgado reconoce 
expresamente  haber  comprobado  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  capacidad, 
representación  y  postulación  procesal,  así  como  su  jurisdicción  y  competencia, 
verificando, finalmente, que, «como requiere el artículo 685.2 LEC, el título que se 
presenta, se encuentra revestido de los requisitos que en dicha ley se exige para el 
despacho de la ejecución, por hallarse comprendido en el artículo 517.1.4 de la misma, 
cumpliendo  la  demanda  las  exigencias  del  artículo  549,  acompañándose  de  los 
documentos a que se refiere el artículo 550, cumpliéndose los demás requisitos y 
presupuestos  procesales  previstos  en  el  art.  551».  Sin  embargo,  no  se  contiene 
pronunciamiento alguno, tan siquiera genérico, relativo a las cláusulas del contrato de 
préstamo suscrito entre las partes.
Pues bien, sostiene la STC 31/2019, semejante tipo de declaración no es suficiente 
para considerar «sin género de dudas» que se haya realizado tal revisión, por lo que no 
se puede entender cumplido dicho examen, «máxime cuando de dicha argumentación se 
va a hacer depender el acceso a un pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, 
de acuerdo con el Derecho de la Unión, debe proceder de oficio de haber razones para 
ello» (FJ 8). En tal sentido, la decisión judicial de excluir la necesidad de un examen de 
las  cláusulas  contractuales  al  que  venía  obligado  el  juzgado  carece  de  suficiente 
motivación, vulnerando, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
recurrentes.
En cuanto a la segunda de las justificaciones, basada en la preclusión del plazo de 
oposición, resulta evidente su contravención del principio asentado por la doctrina de 
este tribunal (STC 31/2019) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, según la cual carece de relevancia el momento o el cauce procesal que se 
utilice para solicitar el control de las cláusulas contractuales que potencialmente pudieran 
resultar abusivas, siempre que el procedimiento aún se encuentre pendiente, incluso si la 
petición se produce tras haberse dictado una resolución con fuerza de cosa juzgada, con 
la única salvedad de que la cláusula denunciada hubiera sido ya examinada.
En el caso sometido a la valoración de este tribunal, la cláusula de vencimiento 
anticipado no había sido controlada judicialmente y puesto que el procedimiento aún 
estaba  en  tramitación,  dado  que  no  se  había  consumado  el  lanzamiento  de  los 
ocupantes del inmueble, ni efectuado su definitivo archivo ex art. 570 LEC, no podemos 
aceptar  que  el  plazo  para  denunciar  la  existencia  de  cláusulas  abusivas  estuviera 
precluido, solo porque la parte ejecutada no formulase oposición a la ejecución. Por ello, 
hemos de entender que la resolución impugnada vulneró el derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE).
La ejecutante, además de la extemporaneidad de la solicitud de revisión formulada 
por el ejecutado, a la que ya hemos dado respuesta, expone un segundo motivo de la 
inaplicabilidad  de  esta  doctrina  al  caso,  al  no  ostentar  ese  último  la  condición  de  s
consumidor. Sin embargo, tal circunstancia ni sirve de fundamento a la decisión del  oe.
órgano  jurisdiccional,  ni  resulta  acreditada  debidamente  por  esta  parte,  con  lo  que  w.
procede su desestimación. 014ww
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decisión de no atender la revisión interesada por la recurrente por extemporaneidad 
infringieron el principio de primacía del Derecho de la Unión. Dicho de otro modo, 
parafraseando, una vez más, la STC 31/2019: «al prescindir por su propia, autónoma y 
exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente 
para hacerlo con carácter vinculante», incurrió «en una interpretación irrazonable y 
arbitraria de una norma aplicada al proceso» y «consiguientemente, vulneró, de este 
modo, el derecho la tutela judicial efectiva de la recurrente» (FJ 9).
Por lo expuesto, procede estimar el presente recurso de amparo, con la consecuente 
declaración de nulidad del auto de 7 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de 
Primera  Instancia  núm.  5  de  Jaén,  y  acordar  la  retroacción  de  las  actuaciones  al 
momento  previo  al  dictado  de  esa  decisión,  a  fin  de  que,  en  congruencia  con  lo 
interesado en el recurso de reposición, el órgano judicial resuelva de manera respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Carlos Molinos Molinos y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
2.º  Restablecerlo en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
de 7 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Jaén 
en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 1210-2014.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de dicho auto, para que el órgano judicial dicte una nueva resolución 
que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 63-2020
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  63-2020,  el  cual  a  mi  juicio  debió  ser 
desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto  es
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda  o
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito. 014www.
YM aednr itda,l  sae dniteidzo d eem mitoa ymoi  dveo tod opsa rmticilu vlaeri.ntiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y
rubricado.