BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Lunes 18 de octubre de 2021 Sec. III.   Pág. 126816
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
16903 Resolución de 9 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Generalitat Valenciana y la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.
Con fecha 24 de septiembre de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Generalitat Valenciana y la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir para la realización de prácticas 
externas en Juzgados y Tribunales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Generalitat Valenciana y la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
En Madrid, se firma electrónicamente.
REUNIDOS
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
Sr. don Carlos Lesmes Serrano, nombrado según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 mediante Real Decreto 979/2013, 
de 10 de diciembre, en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Ministra de Justicia, doña María Pilar Llop Cuenca, nombrada mediante el Real 
Decreto 526/2021, de 10 de julio, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Honorable Sra. doña 
Gabriela Bravo Sanestanislao, actuando en nombre y representación de la Comunitat 
Valenciana, en virtud de los dispuesto en el Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president 
de la Generalitat, y facultada por acuerdo del Consell, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y autorizada para la 
firma del presente Convenio por Acuerdo del Consell de fecha 16 de abril de 2021.
El Rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Dr. don José 
Manuel Pagán Agulló en nombre y representación de ésta, en virtud de nombramiento  es
efectuado por el Gran Canciller de la Universidad en fecha 30 de mayo de 2018, en  o
ejercicio  de  las  facultades  que  le  atribuye  el  artículo  22.3  de  los  Estatutos  de  la  903ww
UnivLearss idapda.rtes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la
representación legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.
Segundo.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tercero.
El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que 
la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y 
apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección 
de los servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia, funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 
carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio 
de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la 
dirección de la Oficina Judicial.
Cuarto.
El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración  del  Estado  a  la  Comunidad  Valenciana,  en  materia  de  provisión  de 
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
establece en su anexo, apartado B.1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio 
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad 
Valenciana, corresponde a la citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo 
del citado Real Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, 
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad 
Valenciana.
Quinto.
A  su  vez  el  Reglamento  1/2000,  de  los  Órganos  de  Gobierno  de  Tribunales, 
aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en 
edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la 
Sala de Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble 
y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
Sexto.
El  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunitat  Valenciana,  aprobado  por  Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio y modificado por Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril, 
establece  en  el  artículo  36.1.º  que,  en  relación  a  la  Administración  de  Justicia,  s
exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat ejercer en la Comunitat Valenciana  e.
todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce o atribuye al  w.
Gobierno del Estado. Asimismo, el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del presidente de la  903ww
Gsuesn eartraiblituact,io pnoers ,e le sqtuaeb lseec ed eetne reml ianratí ceul lon ú6m qeuroe  ys ela a dsiegnnoamn inaa lcai óCno dnes elallesr icao ndsee Jlluesritaicsi ay, 
Interior y Administración Pública, entre otras, las competencias en materia de justicia.
Séptimo.
Uno de los fines de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir es el de la 
preparación  académica  y  profesional  de  los  distintos  ámbitos  y  disciplinas  de  sus 
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de 
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
Octavo.
Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de  interés  común,  siendo  uno  de  ellos  el  de  la  formación  integral  de  alumnado 
universitario, a través de una formación que combine la teoría y la práctica.
Noveno.
El  Real  Decreto  592/2014,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como 
los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías  y  contenidos  de  los  convenios  de  cooperación  educativa.  Además,  dicha 
regulación ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de 
las administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando  su  capacidad  de  emprendimiento,  creatividad  e  innovación  y  dando 
respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento.
Décimo.
El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Undécimo.
Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.
Dicha  colaboración  se  concreta  en  que  el  alumnado  que  cursa  estudios  en  la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir pueda realizar prácticas externas en 
juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana de conformidad con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
Constituye  el  objeto  del  presente  Convenio  la  realización  de  prácticas  externas 
curriculares  y  extracurriculares  (en  adelante,  prácticas  externas)  por  el  alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y siempre de  s
titulaciones  relacionadas  con  profesiones  de  la  Administración  de  Justicia,  en  los  e.
juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana. w.
Por  un  lado,  la  Conselleria  de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública  se  903ww
Ccoomnvperonmioe, taes ía  copmerom iati rf alcai lirtaera leizla acciócne sdoe d elal sa lpurmácntaicdaos  ae lxatse rnseads eso bdjeet olo sd ejul zpgraedsoesn tey 
tribunales.
Por otro lado, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir se compromete 
a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial 
pueda disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir que sea de aplicación:
a)  Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo 
expedido por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir que certifique su 
actividad como tutor/a de estudiantes en prácticas.
b)  Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así 
como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c)  Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios 
en el cumplimiento de los fines propios de su función.
d)  Disfrutar  del  acceso  a  bibliotecas,  instalaciones  deportivas  o  actividades 
culturales, entre otras.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública estará siempre 
supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen 
las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su 
caso, el Convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su 
caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a 
reclamación alguna por parte de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir o 
concesión de indemnización o compensación a su favor.
Asimismo, la Universidad se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar 
su  colaboración  al  Ministerio  de  Justicia  y  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial 
mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes 
a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de 
la Administración de Justicia y de acceso a las Carreras judicial y fiscal.
Las  partes  determinarán,  de  común  acuerdo,  el  número  de  estudiantes  que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales de las prácticas.
1.  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se 
adjunta como Anexo I al presente Convenio.
2.  Se  establecen  dos  modalidades  de  prácticas  externas  que  pueden  ser 
concurrentes:
a)  Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.
b)  Prácticas  extracurriculares:  son  aquellas  que  los  estudiantes  realizan  con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior 
en el Suplemento Europeo al Título.
3.  El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las 
prácticas externas de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. e.e
4.  Las  prácticas  externas  del  alumnado  se  ajustarán  a  las  necesidades  b
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se  903ww
fruenaclicioenne sla.s mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus
lo pEerl macitcae lsao  sditeula acliuómn ndaedl op aro lcaesd aimctieunatcoio, nseus  djuedcilcairaalceisó,n s eo  pnroo dduec irsáe cerne tloa  ym eqduieddaa nqduoe 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de 
las personas implicadas o partes.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, realizándose en horario de mañana en los juzgados o 
tribunales, en ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos en 
función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En  los  supuestos  de  faltas  reiteradas  de  puntualidad,  asistencia,  incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública o los 
juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas 
prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas 
que considere oportunas.
5.  El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Conselleria 
de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública  quedan  exentos  de  cualquier 
responsabilidad  respecto  al  alumnado  del  curso,  cuyas  prácticas  externas  son  de 
carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes se 
establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo 
cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de 
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el 
desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, 
todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, 
el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública no están obligados a realizar contraprestación 
económica alguna.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Tercera.  Cobertura de riesgos.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, en aquellos 
casos no cubiertos por el seguro escolar.
La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas 
externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los 
casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.
Cuarta.  Condiciones específicas de las prácticas externas.
1.  El alumnado estará obligado a:
a)  Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde 
se realicen las prácticas externas.
b)  Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as. s
c)  Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la  oe.
persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en  w.
que des))e   eCMsutaamnbtpleelnizrec lraa .se ln doermbears d dee s percerveeton cyi ócno ndfeid reienscgiaolisd aladb oerna lmesa.teria de medios, procesos  2021-16903n https://ww
o  de  aquellas  actuaciones  judiciales  o  administrativas  de  las  que  pudieran  tener
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el  Bc
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual 
deberá suscribir el Anexo del presente Convenio.
f)  En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a 
la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las 
prácticas externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas 
externas extracurriculares.
2.  Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las 
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.
3.  El alumnado tiene derecho a:
a)  Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b)  Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado.
c)  Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.
4.  El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:
a)  Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b)  Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c)  Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.
Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
5.  El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un 
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.
La  Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Mártir  emitirá  un  documento 
acreditativo a la persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la 
colaboración prestada en el programa de prácticas externas.
Quinta.  Protección de datos.
Todos  los  afectados  por  el  presente  Convenio  vendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  establecidas  por  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.
Sexta.  Financiación.
El  presente  Convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación  e.
económica para ninguna de las partes. w.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta  903ww
dpeeln sRioenael sD peúcbrleictoa-sle yy  o2tr8a/s2 0m1e8d, iddaes  2u8r gdeen tedsic eienm mbarete, rpiaa rsao cliaa l,r elavbaolorarilz ay cdióen e mdep lelaos, 
adpadlicoa cqiuóen , toladsa pvíaar tenso  ssee  choam pprroomduecteidno  ae fl irdmeasra rurnoall oa dreegnldaam eenn tlaar iqou pea srea  csoun teefmecptlievan   BOE-A-cable e
las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo 
del citado real decreto-ley.
Séptima.  Difusión.
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir se compromete a destacar en su 
Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de 
este Convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y los 
tribunales y juzgados afectados.
Octava.  Comisión de seguimiento y control.
1.  Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y 
un/a representante de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que forma 
parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se 
reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo Plan Bolonia, siempre que no afecte 
al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente se 
incluyan como anexos del Convenio.
2.  La  comisión  se  regirá,  en  cuanto  a  su  funcionamiento,  periodicidad  de  las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.
Novena.  Efectos y modificación del Convenio.
1.  El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años naturales y producirá 
efectos, una vez inscrito en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de 
cooperación  del  sector  público  estatal  en  los  términos  del  artículo  48.8  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y asimismo será 
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.
2.  Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.
Décima.  Causas de extinción.
1.  Los  convenios  se  extinguen  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la  bo
prórroga del mismo. 903ww
alguEbcn))no    deEEesll  t leaoin csccu ufaeirmsrmdopo,al  inmcutuneieaásnln.qtiuomi eedr ead  eld ateos d looabss  lilgpoaas crftiieormsn eapsno tdeyrs á.c onmoptifriocmari sao sl aa spuamrteid oinsc upmorp lpidaorrtea  udne   OE-A-2021-16able en https://
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
3.  Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad  de  extinción,  en  los  términos  de  la  presente  cláusula,  la  colaboración  se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el cuarto párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de la manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones  que  representan,  suscriben  electrónicamente  el  presente  Convenio.–El 
Presidente  del  Tribunal  Supremo  y  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Carlos 
Lesmes Serrano.–La Ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca.–La Consellera de Justicia, 
Interior  y  Administración  Pública,  Gabriela  Bravo  Sanestanislao.–El  Rector  de  la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, José Manuel Pagán Agulló.
ANEXO I
En .............................., a ......... de ............................... de ............. 
DATOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 
Nombre y Apellidos:  DNI: 
Titulación que cursa:  Centro: 
Domicilio:  Municipio:  Provincia:  Cód. Postal: 
Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  e-mail:
DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 
Denominación: 
Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará la práctica: 
Municipio:  Provincia: 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Ref. Convocatoria:  Modalidad de la práctica:  Centro gestor: 
Fecha inicio:  Fecha final:  Total horas:  Total meses: 
Horario:      
(Los  horarios,  en  todo  caso,  serán  compatibles  con  la  actividad  académica,  formativa  y  de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del Juzgado o Tribunal :  Email:  Teléfono: 
Tutor de la Universidad:  Email:  Teléfono: 
   Proyecto formativo (tareas a desarrollar): 
DECLARA: 
El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el 
convenio  y  da  su  conformidad  para  realizar  las  citadas  prácticas  externas    asumiendo  el 
compromiso  del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos 
y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y 
una  vez  finalizado  el  periodo  de  prácticas  externas;  así  como  conocer  que  en  caso  de 
incumplimiento incurriría en las  responsabilidades a que hubiere lugar. 
Por parte del Juzgado o Tribunal  Por parte del estudiante,  Por parte de la Universidad, 
donde se realiza la práctica, 
Fdo.  Fdo.  Fdo.  e.