BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Jueves 27 de enero de 2022 Sec. I.   Pág. 10767
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
1276 Ley 8/2021, de 17 de noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase  que  el  Parlamento  de  Cantabria  ha  aprobado  y  yo,  en  nombre  de 
Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de 
Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 8/2021, de 17 de 
noviembre, de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
ÍNDICE
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
Artículo 2.  Principios generales.
Artículo 3.  Medidas.
Artículo 4.  Definiciones.
Título I.  Sobre las víctimas.
Capítulo I.  De las víctimas y su censo.
Artículo 5.  Identificación de las víctimas.
Artículo 6.  Censo de víctimas.
Capítulo II.  Del proceso de exhumación.
Artículo 7.  Mapas de localización de restos.
Artículo  8.  Procedimiento  para  el  desarrollo  de  actividades  de  localización, 
exhumación e identificación de restos.
Artículo 9.  Acceso a los terrenos.
Artículo 10.  Hallazgo casual de restos humanos.
Artículo 11.  Traslado de los restos y pruebas genéticas.
Artículo 12.  Denuncia y personación ante los órganos jurisdiccionales.
Título II.  Reparación a las víctimas.
Capítulo I.  Reparación y reconocimiento.
Artículo 13.  Reparación y reconocimiento de las víctimas.
Artículo 14.  Día de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Artículo 15.  Fosas comunes en cementerios.
Artículo 16.  Reparación por trabajos forzados.
Artículo 17.  Investigación científica y divulgación. es
Capítulo II.  Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática. w.
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CanAtarbtírciual.o 20.  Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática de
Artículo 21.  Procedimiento de inscripción.
Artículo 22.  Modificación y cancelación de la inscripción.
Artículo 23.  Efectos de la inscripción y anotación preventiva.
Artículo 24.  Obligaciones de las personas titulares.
Artículo 25.  Régimen de protección y conservación.
Artículo 26.  Protección en relación con instrumentos de ordenación del territorio, 
urbanismo y medio ambiente.
Artículo 27.  Difusión e interpretación.
Artículo 28.  Medidas de fomento en relación con los lugares inscritos.
Capítulo III.  De las garantías de no repetición.
Artículo  29.  Del  reconocimiento  a  las  víctimas  y  a  la  memoria  histórica  y 
democrática.
Artículo 30.  Retirada de simbología contraria a la memoria histórica y democrática.
Artículo 31.  Procedimiento para ordenar la retirada de la simbología contraria a la 
memoria histórica y democrática.
Título III.  Documentos de la memoria histórica y democrática de cantabria.
Artículo 32.  Documentos de la memoria histórica y democrática de Cantabria y su 
protección.
Artículo 33.  Preservación y adquisición de memoria histórica y democrática de 
Cantabria.
Artículo 34.  Derecho de acceso a los documentos.
Título IV.  Reconocimiento del movimiento asociativo.
Artículo 35.  Reconocimiento de la labor y relevancia del movimiento asociativo.
Artículo  36.  Registro  de  Entidades  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria.
Artículo 37.  Fomento de la actividad asociativa.
Título V.  Actuación y organización administrativa.
Capítulo I.  Consejo de la Memoria Histórica y Democrática.
Artículo 38.  Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Artículo 39.  La Comisión de la Memoria.
Capítulo II.  Planificación y seguimiento.
Artículo 40.  Plan de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Capítulo III.  Colaboración y cooperación administrativa.
Artículo 41.  Colaboración en investigación y divulgación de la memoria histórica y 
democrática.
Artículo 42.  Medidas en materia de educación.
Artículo 43.  Colaboración interadministrativa.
Título VI.  Régimen sancionador.
Capítulo I.  Disposiciones generales. e.e
Artículo 44.  Acción pública y obligación de comunicación. 76ww
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Artículo 49.  Concurrencia de infracciones.
Artículo 50.  Prescripción de las infracciones.
Artículo 51.  Prescripción de las sanciones.
Capítulo  II.  Infracciones  y  sanciones  en  materia  de  memoria  histórica  y 
democrática.
Artículo 52.  Concepto y tipos de infracciones.
Artículo 53.  Infracciones leves.
Artículo 54.  Infracciones graves.
Artículo 55.  Infracciones muy graves.
Artículo 56.  Sanciones pecuniarias.
Artículo 57.  Sanciones accesorias.
Disposición adicional primera.  Consejo de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria.
Disposición  adicional  segunda.  Retirada  de  simbología  contraria  a  la  memoria 
histórica y democrática.
Disposición adicional tercera.  Reparación personal a quienes padecieron condenas 
y sanciones.
Disposición  adicional  cuarta.  Inscripción  de  defunción  de  las  víctimas 
desaparecidas.
Disposición adicional quinta.  Silencio administrativo en el caso de procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado.
Disposición  adicional  sexta.  Naturaleza  jurídica  de  los  restos  humanos 
recuperados.
Disposición  transitoria  primera.  Procedimientos  iniciados  con  anterioridad  a  la 
entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria segunda.  Competencias del Consejo de la Memoria Histórica 
y Democrática de Cantabria.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
El  reconocimiento,  reparación  y  dignificación  de  las  víctimas  de  la  guerra  civil 
española y el franquismo representan un inexcusable deber de la memoria en la vida 
política  y  democrática.  Su  memoria  y  el  conocimiento  de  nuestro  pasado  reciente 
contribuyen a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de 
repetir errores del pasado. La consolidación de nuestra democracia nos permite hoy 
mirar y afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado.
Desde 1978 distintas normas estatales y autonómicas han tratado de reparar la 
situación de las víctimas del franquismo. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se  reconocen  y  amplían  derechos  y  se  establecen  medidas  en  favor  de  quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil española y la dictadura, puso 
las bases de la recuperación de la dignidad de las víctimas con el conocimiento de la 
verdad  y  un  renovado  impulso  a  los  procesos  de  exhumaciones  de  víctimas  que 
permanecen aún en fosas comunes de la guerra civil española. e.
En este contexto se sitúa la presente Ley de Memoria Histórica y Democrática de  w.b
Cantabria que nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar a los miles de  76ww
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memorialistas y el conjunto de la sociedad de Cantabria.
La memoria es patrimonio de todos y ha de ser concebida como la base de la 
convivencia  democrática  presente  y  futura,  impulsando  valores  éticos  frente  a  los 
discursos de la intolerancia.
II
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria se asienta en los principios 
del derecho internacional de los derechos humanos y viene a dotar de contenido a las 
obligaciones que de aquella disciplina se derivan en el marco de actuación propio de la 
Comunidad Autónoma.
La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) 
del documento de la Comisión de Derechos Humanos «Principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad», señala que 
«[...]  El  conocimiento  por  un  pueblo  de  la  historia  de  su  opresión  pertenece  a  su 
patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del 
deber a la memoria que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad 
de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo 
de tesis revisionistas y negacionistas […]».
Tras  finalizar  la  guerra  civil  se  impusieron  por  el  régimen  franquista  políticas 
destinadas a mantener a las personas represaliadas en un olvido absoluto. Y ello, pese a 
la aprobación y puesta en vigor de varias disposiciones en sentido contrario. Desde el 
«Acuerdo  de  Londres»  firmado  el  8  de  agosto  de  1945,  que  fijó  el  concepto  de 
«Crímenes contra la Humanidad» [Artículo 6, Apartado C)], hasta la Resolución 96 (I) 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946, que 
definía el «crimen de genocidio», la Resolución 39 (I) de las mismas Naciones Unidas 
(12, diciembre, 1946) donde se condenaba al franquismo por juzgársele no solo un 
sistema político ilegal e ilegítimo, con su origen en una rebelión militar y una guerra civil, 
sino también como un régimen de naturaleza y orientación inequívocamente fascistas.
Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y de los 
Pactos  Internacionales  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  el  punto  de  referencia 
imprescindible  en  esta  materia  se  cifra  en  la  Resolución  60/147  aprobada  por  la 
Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, relativa a los principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución en la que se 
empieza a articular el trípode del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como 
el  programa  normativo  de  mínimos  que  debería  ayudar  a  germinar  en  un  suelo 
democrático  y  de  derecho  a  cualquier  sociedad  que  haya  sido  devastada  por  los 
crímenes  más  graves  del  derecho  penal  internacional  y  del  derecho  internacional 
humanitario.
Los principios señalados apuntan a una doble dimensión, individual y colectiva, de 
los derechos que asisten a las víctimas. Se trata de reparar lo reparable y de conocer 
qué pasó para evitar su repetición. La verdad, la justicia y la reparación quedan así 
definitivamente ligadas a las medidas de no repetición como vector de orientación de los 
esfuerzos hacia una memoria democrática pro futuro.
En el mismo sentido se encuadran, el informe de 22 de julio de 2014 de Pablo de 
Greif, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que señala el avance que ha  s
supuesto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y los déficits existentes. Reitera que la  e.
guerra civil española y los cuarenta años de dictadura posteriores, dejaron un saldo  w.
colosal de personas víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del  76ww
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En  2016  el  citado  grupo  emitió  un  nuevo  informe  de  seguimiento  de  las  medidas 
adoptadas  para  aplicar  las  recomendaciones  que  fueron  formuladas  en  su  informe 
de 2014 en el que reconoce que «especialmente preocupante resulta el constatar que la 
mayoría de las recomendaciones fundamentales para que los familiares de personas 
desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura puedan investigar la suerte y el 
paradero de sus seres queridos, tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones 
no  han  sido  plenamente  implementadas,  y  que  hasta  la  fecha  los  familiares  están 
librados a su propia suerte».
III
Este  marco  normativo  como  estándar  internacional  emergente  se  traslada  al 
ordenamiento jurídico español por la vía del artículo 10 de la Constitución Española, que 
establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de la paz social, y que las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, y es por ello 
que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, entronca directamente con los estándares internacionales y 
los introduce en el ordenamiento jurídico interno.
Por su parte, la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Cantabria, en su artículo 5.2, establece que corresponde a las instituciones de la 
Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran 
sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  la  vida  política, 
económica, cultural y social.
En lo que se refiere a la concreta competencia de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para legislar en la materia, hay que señalar que ni la Constitución Española 
atribuye al Estado un título competencial específico en materia de «memoria histórica o 
democrática» ni el Estatuto de Autonomía para Cantabria hace lo propio respecto de la 
Comunidad Autónoma.
En forma similar a como lo hacen otras leyes autonómicas, la presente ley se dicta al 
amparo del artículo 24.17 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, que otorga a la 
Comunidad  Autónoma  la  competencia  exclusiva  en  patrimonio  histórico  artístico, 
monumental, arquitectónico y arqueológico de interés para la Comunidad Autónoma, 
constituyendo éste, el título competencial en que se incardina la regulación.
Por último, la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la presente ley, da 
cumplimiento  al  principio  de  colaboración  interadministrativa  que  establece  la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, para la consecución de los fines que la citada ley 
persigue.
IV
Las violaciones de los derechos humanos en Cantabria durante la guerra civil y el 
franquismo  han  quedado  suficientemente  constatadas  en  diversas  y  rigurosas  e.
publicaciones en las que se da cuenta de las múltiples represiones, vejaciones a las  w.b
mujeres,  torturas,  la  existencia  de  campos  de  concentración  y  de  prisiones,  que  76ww
constituyen auténticos lugares de Memoria.
La provincia de Santander se convirtió en un territorio de reclusión en campos de 
concentración y prisiones olvidadas. Los principales campos de concentración ubicados 
en Santander fueron los siguientes:
– La Magdalena, ubicado en las antiguas caballerizas del Palacio Real, más un cine 
anejo y un pabellón.
– Plaza de toros de Santander.
– Seminario Monte Corbán.
– Campos de Sport de «El Sardinero».
– Hipódromo de Bella Vista.
A su vez, las principales prisiones de la Provincia de Santander fueron las siguientes:
– La Prisión Provincial de Santander en la calle Alta.
– La de La Tabacalera, en la calle Ruiz Zorrilla, en Santander, que fue prisión central 
del franquismo, en esta se produjo el mayor número de fallecimientos por enfermedad, 
avitaminosis, tuberculosis y tifus.
– La de Alcázar, en la travesía de Numancia, en Santander. En ella eran retenidos 
los  presos  hasta  la  celebración  de  los  consejos  de  guerra  sumarísimos,  y  los 
condenados a muerte se trasladaban a la prisión provincial para su posterior ejecución.
– La del grupo de Escuelas Públicas «Ramón Pelayo» en la calle Alta, en Santander. 
Era una prisión para mujeres.
– La del convento y colegio de «Los Salesianos» en la calle General Dávila de 
Santander. Fue prisión mixta.
– La del convento de las Oblatas, en la calle del Monte, en Santander.
– La del convento de Las Salesas, en la calle Camilo Alonso Vega, en Santander.
– El Penal de El Dueso, en Santoña.
– La Importadora, en Torrelavega.
La labor investigadora llevada a cabo constituye una buena base para que, desde la 
presente Ley de Memoria Histórica y Democrática, se impulsen nuevas investigaciones 
que  profundicen  en  el  conocimiento  de  la  verdad,  se  proceda  a  la  localización, 
identificación y exhumación de los cadáveres de las víctimas que permanecen aún en 
fosas comunes de Cantabria, se realice un censo de víctimas, se cree un banco de ADN, 
se  retiren  los  símbolos  de  exaltación  franquista,  se  declaren  lugares  y  sendas  de 
memoria y se lleven a cabo acciones de reparación y reconocimiento de los cántabros y 
cántabras que fueron víctimas de la represión durante la guerra civil y la dictadura 
franquista.
Con  esta  ley  se  quiere  honrar  y  recuperar  la  memoria  de  quienes  padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil española y la dictadura franquista.
V
La  presente  ley  se  estructura  en  seis  títulos,  además  de  un  Título  Preliminar, 
dedicado a las Disposiciones Generales, que fijan los objetivos y principios básicos de la 
norma, así como las definiciones de conceptos.
El título I define quienes son víctimas, incluyendo a los familiares o personas que 
tengan  relación  directa  con  la  persona  que  sufre  directamente  el  proceso  de 
victimización primario, así como a las organizaciones políticas, sindicatos y colectivos, 
que sufrieron represión, dentro o fuera de Cantabria. Se ordena la elaboración de un  e.
censo de víctimas que será público, pero que en todo caso respetará la normativa de  w.b
protección de datos de carácter personal y de cualquier otro dato protegible. 76ww
locaSlizea icnicólnu,y ee xlah uomblaigcaiócnió en  didee netlaifibcoarcaiór ne l dmea lpaas  dveíc tfiomsaass,,  ecól pmroo cseed irmeaielinztaor áa  esel gauccire esno  laa 
los tEelr retíntuolos  yI Ie le txrpaotanme ielansto  mqueed iddeabse q sueeg usires eh aconn d loes  aredsotpotsa.r para la reparación a las
víctimas, establece las garantías de no repetición y crea los Lugares y Sendas de
Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, estableciéndose las medidas para crear 
un Inventario de las mismas, se fija también el procedimiento de inscripción, así como 
sus efectos legales. Se define el régimen para su protección y conservación, y para su 
difusión e interpretación. Finalmente, el capítulo tercero tiene por objeto las garantías de 
no repetición. Contempla la prohibición de símbolos y elementos contrarios a la memoria 
histórica y democrática de Cantabria, y de los actos de exaltación al franquismo, siempre 
en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y con respeto 
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
El título III aborda el tratamiento que debe darse a los documentos de la memoria 
histórica y democrática de Cantabria y su protección, encomendándose a los poderes 
públicos, la adopción de medidas para su identificación, protección y acceso.
El  título  IV  reconoce  la  labor  y  la  relevancia  del  movimiento  asociativo  en  la 
recuperación de la memoria histórica y en la defensa de las víctimas y prevé el registro 
de las entidades memorialistas.
El título V aborda la actuación y organización administrativa. Consta de tres capítulos. 
Se aborda la creación del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática, como órgano 
colegiado,  consultivo  y  de  participación  del  movimiento  asociativo  memorialista  de 
Cantabria. Se crea, asimismo, la Comisión de la Memoria, con la finalidad de conocer la 
verdad aún desconocida de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones de 
derechos humanos y las graves infracciones cometidas y a evitar la impunidad del olvido, 
como forma de favorecer la convivencia democrática y por último establece medidas para 
fomentar el asociacionismo. En el capítulo segundo, de planificación y seguimiento, prevé 
la aprobación del Plan de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, en el que se 
abordarán  las  actuaciones  del  Gobierno  de  Cantabria  en  Memoria  Histórica  y 
Democrática, estableciendo su seguimiento y evaluación. El Capítulo Tercero sienta las 
bases de la colaboración y cooperación administrativa, reflejando la importancia que el 
conocimiento  de  los  hechos  históricos  aún  desconocidos  tiene  para  lograr  los  fines 
previstos en la presente ley y para fortalecer los valores democráticos. Por ello, se toman 
medidas en materia de educación, introduciendo la memoria histórica y democrática de 
Cantabria  en  todas  las  etapas  educativas.  Se  implementa  también  la  colaboración 
interadministrativa con las entidades locales.
El título VI, define y establece el régimen sancionador aplicable a las acciones 
contrarias a lo previsto en el articulado de la presente ley.
Por último, contempla seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales. La disposición adicional primera versa 
sobre el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática. La disposición adicional segunda, 
tiene por objeto obligar a la retirada de simbología contraria a la memoria histórica y 
democrática. La disposición adicional tercera versa sobre medidas para la reparación 
personal a quienes padecieron condenas y sanciones. La disposición adicional cuarta 
establece  la  inscripción  de  defunción  de  las  víctimas  desaparecidas.  La  disposición 
adicional quinta justifica las razones por las que el sentido del silencio en los procedimientos 
iniciados  a  solicitud  del  interesado  al  amparo  del  artículo  9  de  la  ley  tiene  efectos 
desestimatorios, de conformidad con lo señalado en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. La disposición adicional sexta regula la 
naturaleza jurídica de los restos humanos recuperados. La disposición transitoria primera 
sobre los procedimientos que hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la  ley.  La  disposición  transitoria  segunda,  dispone  las  competencias  del  Consejo  de 
Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. La disposición derogatoria única se refiere a  s
la derogación de preceptos que se opongan al contenido de la presente ley. La disposición  oe.
final primera determina el desarrollo normativo. Y, por último, la disposición final segunda  w.
establece la entrada en vigor de la ley. 76ww
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
El  objeto  de  la  presente  ley  es  la  regulación  de  las  políticas  públicas  para  la 
recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, de quienes fueron 
víctimas de la represión o de la violencia política o como consecuencia de ellas, durante 
el período que abarca desde el inicio de la guerra civil hasta la entrada en vigor de la 
Constitución Española de 1978.
Se entiende que son hechos concernientes a la Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria los acaecidos en el territorio de la Comunidad Autónoma o sobre personas 
originarias del mismo.
Artículo 2.  Principios generales.
Esta ley se fundamenta:
a)  En los principios de verdad, justicia, reparación y de no repetición, establecidos 
por el Derecho Internacional.
b)  En el respeto de los derechos humanos y de las libertades públicas, el pluralismo 
político y la cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.
c)  En la voluntad de mantener la memoria de quienes sufrieron la muerte, el exilio, 
la cárcel, trabajos forzados, la persecución y la represión política durante el periodo al 
que se refiere el artículo 1 de la presente ley.
Artículo 3.  Medidas.
El Gobierno de Cantabria adoptará las políticas y las medidas de acción positiva que 
resulten  necesarias  para,  con  estricto  respeto  a  las  garantías  establecidas  en  el 
ordenamiento jurídico, hacer efectivo:
a)  El derecho a conocer, a la luz del principio de verdad, los hechos que son parte 
de la historia de Cantabria.
b)  El  derecho  de  las  víctimas  y  de  sus  familiares  a  la  búsqueda  de  sus 
ascendientes y personas cercanas desaparecidas.
c)  El derecho a la reparación, que supone la aplicación de medidas individuales y 
colectivas,  para  la  reparación  moral,  así  como  las  de  restitución,  indemnización, 
rehabilitación y satisfacción.
Artículo 4.  Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a)  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Cantabria:  La  recuperación  del 
conocimiento y difusión de los hechos históricos sucedidos durante el periodo descrito en 
el artículo 1.º de la presente ley.
b)  Víctima: Será considerada víctima toda persona que haya padecido las acciones 
u omisiones a las que hace referencia el artículo 1 de la presente ley. Este concepto 
incluye a las víctimas indirectas, entendiendo por tales a los familiares y personas  e
dependientes de ellas. bo
En todo caso serán consideradas víctimas: 76ww
inter1n.aº miLeansto sp eerns ocnaams poqsu ed e sucofrniecreonnt rapciróisnió ny,  codleopnoiartsa cpióenn,i tentrcaibaarijaoss  mfoilirtzaoriszoasd aso, 
dentro o fuera de la Comunidad Autónoma, por razón de la represión o la violencia
política o amparándose en ellas.
2.º  Las personas que hubieron de exiliarse por causa del golpe militar y de la 
dictadura franquista.
3.º  Las niñas y niños sustraídos a sus familias y los adoptados sin consentimiento 
de los progenitores.
4.º  Las personas que murieron o sufrieron privación de libertad por su apoyo a la 
guerrilla antifranquista.
5.º  Las  personas  que  sufrieron  represión  por  su  orientación  sexual,  identidad 
sexual, identidad de género o expresión de género.
6.º  Las  personas  que  sufrieron  represión  por  pertenecer  a  un  grupo  social  o 
colectivo profesional.
7.º  Las personas que sufrieron represión por su pertenencia a partidos políticos, 
sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas o por su ideología feminista.
8.º  Las  personas  que  ejercieron  cargos  y  empleos  o  trabajos  públicos  en  la 
Segunda República y fueron represaliados.
9.º  Las  personas  que  fueron  represaliadas  por  su  defensa  del  régimen 
constitucional de la Segunda República o por su resistencia al régimen franquista.
10.º  Las mujeres que fueron objeto de ultraje y humillación ejemplarizante.
11.º  Los familiares de todas aquellas personas a los que se refiere el presente 
artículo.
c)  Trabajo forzado: De acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo, de 28 de junio de 1930, relativo al trabajo forzoso, se define como tal todo 
trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera, y para 
el cual no se ofrece voluntariamente.
d)  Entidades memorialistas: Aquellas entidades y organizaciones de carácter social 
sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la recuperación de la memoria histórica y 
democrática de Cantabria o la defensa de los derechos de las víctimas.
TÍTULO I
Sobre las víctimas
CAPÍTULO I
De las víctimas y su censo
Artículo 5.  Identificación de las víctimas.
1.  El Gobierno de Cantabria adoptará las medidas necesarias para la localización, 
exhumación e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia de la 
represión política.
2.  Igualmente, se adoptarán medidas para la reparación de la memoria de las 
víctimas a las que se refiere el artículo 4.b).
Artículo 6.  Censo de víctimas.
1.  El Gobierno de Cantabria confeccionará un censo de víctimas cuyos datos serán 
públicos, sin perjuicio del derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos 
personales de las víctimas, cuando ellas o sus familiares hasta el tercer grado se 
opongan a la publicidad de los mismos. e.
2.  En el censo se anotarán, de conocerse, las circunstancias en las que se produjo  w.
la represión, la muerte o la desaparición, lugar y fecha, así como toda la información  76ww
peexirsstoennatel., sin perjuicio del respeto a la normativa de protección de datos de carácter
3.  La  información  se  incorporará  al  censo  de  oficio  por  el  órgano  directivo 
competente en memoria histórica y democrática o a instancia de las víctimas, de los 
familiares de estas o de las entidades memorialistas.
4.  Reglamentariamente se regularán el censo y el procedimiento para la inscripción.
CAPÍTULO II
Del proceso de exhumación
Artículo 7.  Mapas de localización de restos.
1.  El Gobierno de Cantabria elaborará mapas de las zonas del territorio cántabro en 
las cuales se localicen o, de acuerdo con los datos disponibles, se sospeche que puedan 
localizarse restos de víctimas desaparecidas. Los mapas se actualizarán en función de 
nuevos hallazgos que se produzcan.
2.  La información contenida en los mapas será remitida para su inclusión en el 
mapa integrado de todo el territorio español de conformidad con los procedimientos 
previstos en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
3.  La documentación cartográfica y geográfica, actualizada periódicamente con las 
localizaciones a las que se refiere el apartado 1, así como la información complementaria 
serán públicas y accesibles a través de Internet, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información 
geográfica en España.
4.  Las zonas incluidas en los mapas de localización de restos serán objeto de una 
preservación especial en la forma que reglamentariamente se determine, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y de acuerdo con la 
normativa sobre el planeamiento y la ordenación del territorio y protección del patrimonio 
cultural.
Artículo 8.  Procedimiento para el desarrollo de actividades de localización, exhumación 
e identificación de restos.
1.  El procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación 
se iniciará de oficio por la Consejería competente en materia de memoria histórica y 
democrática, bien por propia iniciativa, bien a petición razonada de las entidades locales, 
en el ejercicio de las competencias que les son propias y de aquellas que se les 
atribuyen en la presente ley, o a solicitud de las siguientes personas o entidades:
a)  El cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, 
sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el tercer grado.
b)  Las entidades memorialistas.
c)  Las personas investigadoras y miembros de la comunidad académica y científica 
para las actividades de localización.
d)  Cualesquiera otros sujetos que ostenten la condición de interesados, de acuerdo 
con  las  normas  que  regulan  el  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
2.  La solicitud razonada de inicio del procedimiento deberá acompañarse de las  e.e
pruebas documentales o de la relación de indicios que la justifiquen. w.b
3.  La  Consejería  competente  en  materia  de  memoria  histórica  y  democrática  76ww
pcuoynod eerfaercát ol ad aerxáis atednecciuaa ddea  poupbolsicicidióand  pao lra  csuoalilcqiutuiedr ap rdees elnotsa ddae syc reensdoielvnetreás  edl irineicctioos d, eal 
sporolicceitaddimoi enlato , inccoona cnioótnif icdaeciló np, roecne dsium iceanstoo , ya  laas  lpoesr sofanmasil iaor eesn tiddea delass  qupee rhsoanyaans 
desaparecidas. Las personas y entidades a las que se refiere el apartado 1, podrán
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo transcurridos doce 
meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado resolución expresa.
4.  En el caso de identificación de los restos exhumados, cuando por deseo de los 
familiares se vaya a proceder a la inhumación de los mismos, el Gobierno de Cantabria 
asumirá, si procediere, el pago de los correspondientes gastos por servicios fúnebres.
5.  La construcción o remoción de terrenos donde se localicen o se presuma la 
existencia de restos humanos de víctimas objeto de protección en la presente ley deberá 
contar con la autorización del Gobierno de Cantabria.
Artículo 9.  Acceso a los terrenos.
1.  Las  actividades  de  indagación,  localización,  delimitación,  exhumación, 
identificación o traslado de los restos de víctimas se declaran de utilidad pública e interés 
social, al efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos.
2.  Previamente se deberá solicitar el consentimiento de las personas titulares de 
derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere 
dicho  consentimiento,  se  podrá  autorizar  la  ocupación  temporal,  previo  el 
correspondiente procedimiento con audiencia de las personas titulares de los derechos 
afectados,  con  consideración  de  sus  alegaciones  y  fijando  la  correspondiente 
indemnización.
3.  El procedimiento para la ocupación temporal de los terrenos deberá ajustarse a 
la legislación de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido en la legislación 
sectorial aplicable.
4.  Previa  información  pública  y  motivadamente,  se  acordará  la  necesidad  de 
ocupación, a efectos de la ocupación temporal de los terrenos concretos, públicos o 
privados, necesarios para realizar las actividades que la motivan.
5.  En el acta de ocupación se establecerá la forma en que se recuperará el uso de 
los terrenos una vez transcurrido el plazo de la ocupación temporal.
Artículo 10.  Hallazgo casual de restos humanos.
1.  En el caso de que, de forma casual, una persona descubra restos humanos en 
los terrenos delimitados en los mapas de localización a que se refiere el artículo 7, 
deberá comunicarlo de forma inmediata a la Consejería con competencia en materia de 
memoria histórica y democrática, o bien al Ayuntamiento correspondiente o a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado con competencia en el territorio, quienes deberán 
informar del descubrimiento a la Consejería con competencia en materia de memoria 
histórica y democrática a la mayor brevedad.
2.  En el marco de la colaboración en materia de memoria histórica y democrática 
entre la Comunidad Autónoma y los entes locales, los ayuntamientos, en el ámbito de 
sus competencias, preservarán, delimitarán y vigilarán la zona donde hayan aparecido 
los restos.
Artículo 11.  Traslado de los restos y pruebas genéticas.
1.  El traslado de restos humanos como consecuencia de los procedimientos de 
localización o por hallazgo casual deberá guardar la cadena de custodia y requerirá 
autorización del Gobierno de Cantabria.
2.  Reglamentariamente  se  determinarán  las  condiciones  y  procedimientos  para  s
garantizar que las personas y entidades afectadas puedan recuperar los restos para su  oe.
identificación y traslado. A este fin, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería  w.
competente en materia de memoria histórica y democrática, preservará la información a  76ww
trreacvlaéms addeo su, nuan ab avseez  daeg odtaatdooss.   Llooss  trráemstiotess  qyu ep lhaazyoasn  dsei dloo ctarlaizsalacdióand odse  yf anmoi liasreeasn, 
dsee beenrcáonn strearr oinnh.umados en el cementerio correspondiente al término municipal en el que  BOE-A-cable e
3.  La Comunidad Autónoma podrá colaborar con otras instituciones, para facilitar la 
realización de pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos 
exhumados.
Artículo 12.  Denuncia y personación ante los órganos jurisdiccionales.
De  conformidad  con  lo  establecido  la  legislación  aplicable  en  materia  de 
Enjuiciamiento Criminal y en materia de representación y defensa del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Consejería competente en 
materia de memoria histórica y democrática, impulsará la solicitud de investigación y la 
denuncia ante los órganos jurisdiccionales de la existencia de indicios que pudieran 
revelar la posible comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, 
identificaciones o en relación con los hallazgos a que se refiere esta ley. Del mismo 
modo y en los mismos supuestos, la Consejería competente en materia de memoria 
histórica y democrática podrá instar, cuando proceda, la personación de los Servicios 
Jurídicos en la representación de los procedimientos que se inicien, haya sido o no parte 
denunciante.
TÍTULO II
Reparación a las víctimas
CAPÍTULO I
Reparación y reconocimiento
Artículo 13.  Reparación y reconocimiento de las víctimas.
1.  El Gobierno de Cantabria adoptará cuantas medidas sean necesarias para el 
reconocimiento y reparación de las víctimas y de las instituciones y organizaciones 
sociales que defendieron la democracia, la paz y la conciliación, incluyendo, entre otras, 
aquellas que defendieron la democracia durante el periodo al que se refiere el artículo 1 
de la presente ley.
2.  A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Gobierno de Cantabria apoyará a 
las entidades locales, a la Universidad de Cantabria y a entidades memorialistas para la 
realización de estudios o publicaciones.
3.  Igualmente, y en el marco de las disponibilidades presupuestarias, establecerá 
una política de ayudas destinadas a fomentar proyectos de reparación y reconocimiento, 
con una periodicidad anual.
Artículo 14.  Día de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
1.  El Gobierno de Cantabria, a propuesta del Parlamento de Cantabria, fijará una 
fecha simbólica que sirva cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas 
objeto de reconocimiento y protección en la presente ley.
2.  Las  instituciones  públicas  cántabras  impulsarán  en  esa  fecha  actos  de 
reconocimiento y homenaje, con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los 
valores democráticos, los derechos humanos y las libertades públicas.
Artículo 15.  Fosas comunes en cementerios. e.
El  Gobierno  de  Cantabria,  de  acuerdo  con  las  entidades  locales,  impulsará  un  76ww
pcorontsoecrovlaoc dióen  apcatruaa csieórn e pxhauram daidgansif iecna rl olass c efomsaesn tecorimosu mneusn idceip alales sv.íctimas y asegurar su
Artículo 16.  Reparación por trabajos forzados.
El Gobierno de Cantabria impulsará las medidas de reconocimiento y reparación a 
las víctimas por parte de las organizaciones, instituciones públicas y empresas privadas 
que utilizaron trabajos forzados.
Artículo 17.  Investigación científica y divulgación.
El Gobierno de Cantabria promoverá la investigación científica y la difusión del 
conocimiento  en  materia  de  memoria  histórica  y  democrática  como  forma  de 
reconocimiento y reparación a las víctimas.
A tales efectos, se atenderá de forma singular la promoción de investigaciones 
orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres durante la guerra 
civil española y la dictadura franquista, contemplando la violencia física, sicológica y 
política ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia 
por ellas desplegadas.
CAPÍTULO II
Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática
Artículo 18.  Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Lugar  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Cantabria  será  aquel  espacio, 
inmueble o paraje en el que hayan sucedido hechos de singular relevancia histórica o 
especialmente simbólicos por su repercusión en la memoria colectiva durante el periodo 
objeto de la presente ley, sin perjuicio de su protección como elemento del Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma. Para adquirir tal condición deberá ser inscrito en el 
Inventario de Lugares y sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Artículo 19.  Senda de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
1.  El conjunto formado por dos o más Lugares de Memoria Histórica y Democrática 
con  elementos  comunes  de  carácter  histórico,  paisajístico  o  simbólico,  o  valores 
relevantes de tipo ambiental, etnográfico o antropológico, tendrá la consideración de 
Senda de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
2.  El Gobierno de Cantabria, en colaboración con las administraciones públicas 
implicadas, podrá impulsar la creación de Sendas de Memoria Histórica y Democrática 
para  su  inscripción  en  el  Inventario  de  Lugares  y  Sendas  de  Memoria  Histórica  y 
Democrática  de  Cantabria.  Las  Sendas  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria tendrán el mismo régimen jurídico que los Lugares de Memoria Histórica y 
Democrática.
Artículo 20.  Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria.
1.  Se crea el Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Historia y Democrática 
de Cantabria al objeto de incluir en él aquellos espacios, inmuebles o parajes que reúnan 
las características definidas en los artículos 18 y 19.
2.  La formación, conservación y divulgación del Inventario de Lugares y Sendas de  es
Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, que será público, corresponde a la  o
Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, sin perjuicio de  76www.
su coordinación con el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Artículo 21.  Procedimiento de inscripción.
1.  El  procedimiento  para  la  inscripción  se  incoará  de  oficio  por  la  Consejería 
competente en materia de memoria histórica y democrática. Cualquier persona física o 
jurídica,  mediante  escrito  razonado  dirigido  a  esta  Consejería,  podrá  poner  en  su 
conocimiento circunstancias, conductas o hechos que pudieran justificar dicha incoación.
En ningún caso, la comunicación de dicha información se entenderá como solicitud 
de incoación del procedimiento, ni conferirá, por sí sola, la condición de interesado en el 
mismo a quien la presente.
2.  La incoación del procedimiento se realizará mediante acuerdo motivado, que 
incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:
a)  Identificación del bien.
b)  Descripción y determinación de las partes del bien que son objeto de inscripción.
c)  Delimitación  cartográfica  del  mismo  con  sus  correspondientes  coordenadas 
geográficas.
d)  Medidas cautelares, en su caso, que fuesen necesarias para la protección y 
conservación del bien.
3.  La incoación se anotará de forma preventiva en el Inventario de Lugares y 
Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y determinará, respecto al 
bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto en 
la presente ley para los bienes ya declarados.
4.  El acuerdo de incoación del procedimiento de inscripción en el Inventario de 
Lugares y Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, se publicará en el 
«Boletín Oficial de Cantabria».
5.  En el procedimiento para la inscripción será preceptivo el trámite de información 
pública,  de  audiencia  a  los  particulares  directamente  afectados  y  de  audiencia  al 
Ayuntamiento donde radique el lugar.
6.  La resolución del procedimiento de inscripción en el Inventario corresponderá al 
Gobierno de Cantabria, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de memoria histórica y democrática. El acuerdo será notificado a los interesados 
y publicado en el «Boletín Oficial de Cantabria», e inscrito en el Inventario de Lugares y 
Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
7.  La Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática dará 
traslado a la competente en materia de patrimonio cultural de todas las inscripciones que 
se  realicen  en  el  Inventario  de  Lugares  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria.
Artículo 22.  Modificación y cancelación de la inscripción.
1.  La Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, podrá 
proponer la modificación de la inscripción de los bienes inscritos en el Inventario de 
Lugares  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Cantabria  y  podrá  promover  la 
cancelación de la inscripción de los Lugares de Memoria Histórica y Democrática cuando 
hayan cambiado o desaparecido las circunstancias que motivaron su inscripción.
2.  La modificación y la cancelación de la inscripción de los lugares se realizará 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo anterior para su inscripción.
Artículo 23.  Efectos de la inscripción y anotación preventiva. e.
1.  La inscripción de un Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria en  76ww
perl oIntevcecniótanr ieos, tsaubpleocniddroá  eunn  ersetcao lneoyc.imiento singular y la aplicación del régimen general de
régim2.e nL dae a pnrootatecciócnió np repvreevnitsivtoa  peanr ae l loInsv elungtaarrieos  dientsecrrmitoinsa reán  lae l aIpnlviceanctiaórnio p droev Lisuiognaarel sd eyl 
Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
3.  Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de memoria histórica y democrática, podrá establecerse la aplicación provisional 
del régimen de protección previsto para los lugares inscritos en el Inventario de Lugares 
y  Sendas  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Cantabria  respecto  de  aquellos 
espacios, inmuebles o parajes para los que se aprecie peligro de alteración, desaparición 
o deterioro. Dicha resolución será anotada preventivamente en el Inventario junto a las 
medidas  cautelares  que  se  establezcan.  La  anotación  preventiva  y  las  medidas 
cautelares  deberán  ser  confirmadas,  modificadas  o  levantadas  en  el  acuerdo  de 
incoación del procedimiento previsto en el artículo 21, que deberá efectuarse dentro de 
los treinta días siguientes a su adopción. En todo caso, cesarán cuando no se haya 
adoptado el acuerdo de inicio, cuando se resuelva el procedimiento de inscripción o se 
produzca su caducidad.
Artículo 24.  Obligaciones de las personas titulares.
1.  Las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de los terrenos o 
inmuebles inscritos como Lugar de Memoria Histórica y Democrática tienen el deber de 
conservarlo y mantenerlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. A 
estos efectos, la Consejería competente en la materia, podrá asesorar sobre aquellas 
obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.
2.  En  el  supuesto  de  que,  para  garantizar  la  conservación,  mantenimiento  o 
custodia de los bienes inscritos como Lugar de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria, resulte necesario llevar a cabo obras o actuaciones de cualquier tipo en los 
mismos, la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, a la 
vista de los informes técnicos de los que se desprenda dicha necesidad, ordenará a las 
personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras las actuaciones que puedan 
corresponder, conforme al ordenamiento jurídico y con las garantías establecidas en el 
mismo, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. Las personas destinatarias 
de tales órdenes de ejecución vendrán obligadas a adoptar únicamente aquellas obras o 
actuaciones necesarias ordenadas por la Consejería cuyo coste no supere el límite del 
deber legal de conservación, con arreglo a las prioridades señaladas en cada caso por la 
Consejería.
3.  Asimismo, las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de los 
terrenos o inmuebles inscritos como Lugar de Memoria Histórica y Democrática, tendrán 
la obligación de permitir su visita pública cuatro días al mes, en días y horas previamente 
señalados. El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente 
por la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática cuando 
medie  causa  justificada.  Además,  deberán  permitir  la  inspección  por  parte  de  la 
Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, así como facilitar 
la información que pidan las administraciones públicas competentes sobre el estado del 
lugar y su utilización.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el título VI, la falta del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta ley sobre bienes inscritos en el Inventario, facultará al 
Gobierno de Cantabria para la expropiación total o parcial del Lugar por causa de interés 
público o social, resultando aplicable la normativa en materia de expropiación.
Artículo 25.  Régimen de protección y conservación.
1.  La Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática podrá  es
ordenar la suspensión inmediata de las obras de demolición o suspender cualquier clase  bo
de  obra  o  intervención  en  bienes  situados  en  un  Lugar  de  Memoria  Histórica  y  76ww
dmDeeammnEotoexlcencrrieám ptdiicceicianoh tnioonas sl emcbnreii tenosnt ueee ,nss  ,ice tiualo aI  nntorvdraeiogsn liatnraadarzarioioro.lno eoss  p odo era   piinnettleiegrrrévaser n psirúu b eclnico one slloeo rsvu atpicliodióra ndr,e  sssueol ctdaiaorl  ciounbmvliiaegbnulteean rás aun    OE-A-2022-12able en https://
científica y detalladamente sus elementos y características, a efectos de garantizar su
conocimiento, y en su caso, su reconstrucción y localización en el lugar que determine la 
Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática, que será quien 
autorice la intervención.
2.  Igualmente podrá actuar de ese modo en el supuesto de anotación preventiva en 
el Inventario, prevista en el artículo 23.2, como medida cautelar.
3.  Con la finalidad de salvaguardar los valores históricos, ambientales, paisajísticos, 
pedagógicos,  etnográficos,  antropológicos  u  otros  singulares,  previstos  en  los 
artículos  18  y  19  que  motivaron  su  inscripción  en  el  Inventario,  será  necesaria  la 
autorización  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  memoria  histórica  y 
democrática, con carácter previo a la concesión de licencias para cualquier cambio o 
modificación  que  se  desee  llevar  a  cabo  en  un  Lugar  de  Memoria  Histórica  y 
Democrática, tanto si se pretenden realizar obras, incluyendo remociones de tierra, como 
cambios de uso. Igualmente, la colocación de publicidad comercial, cableado, antenas y 
conducciones aparentes estarán igualmente sometidos a dicha autorización previa.
4.  La solicitud de autorización deberá acompañarse del proyecto de conservación a 
que se refiere el apartado 5, correspondiente a la intervención que se pretenda realizar. 
En la resolución del procedimiento se valorará por la Consejería el proyecto de obra o 
intervención y su repercusión sobre la conservación de los valores del bien inscrito, 
indicándose las condiciones especiales en las que deben realizarse los trabajos, así 
como las condicionantes técnicas y medidas correctoras que se estimen necesarias para 
la  protección  y  conservación  del  bien.  La  Consejería  competente  en  la  materia, 
dispondrá  de  un  plazo  de  tres  meses  para  resolver  la  solicitud  de  autorización. 
Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  se  entenderá 
desestimada la solicitud de autorización. La autorización se entenderá caducada si 
transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada.
5.  El  proyecto  de  conservación  contendrá  un  estudio  histórico  del  Lugar,  un 
diagnóstico de su estado de conservación actual, así como una propuesta de actuación y 
un presupuesto económico de ejecución, sin perjuicio, en su caso, de las competencias 
de  la  Consejería  competente  en  materia  de  patrimonio  histórico.  El  proyecto  de 
conservación será suscrito por personal técnico competente.
Artículo  26.  Protección  en  relación  con  instrumentos  de  ordenación  del  territorio, 
urbanismo y medio ambiente.
1.  Los instrumentos de planificación territorial y el planeamiento urbanístico general 
establecerán  determinaciones  de  ordenación  acordes  con  el  régimen  de  protección 
establecido para los bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedimiento de 
inscripción, o estén inscritos en el Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica 
y Democrática.
2.  El planeamiento urbanístico general incluirá los lugares incoados o inscritos en el 
correspondiente catálogo urbanístico mediante ficha individualizada y con un grado de 
protección adecuado a la preservación de dichos bienes.
3.  La  Consejería  competente  en  materia  de  memoria  histórica  y  democrática 
emitirá,  con  anterioridad  a  la  aprobación  provisional,  informes  preceptivos  al 
planeamiento territorial y a los instrumentos de planeamiento urbanístico general que 
afecten a bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedimiento de inscripción 
o estén inscritos en el Inventario.
4.  Los informes a los que se refiere el apartado anterior se emitirán en el plazo de 
treinta días hábiles. e.
5.  En  las  actuaciones  sometidas  a  los  instrumentos  de  prevención  y  control  w.b
ambiental  según  la  legislación  vigente,  se  adoptarán  las  medidas  protectoras  y  76ww
Scaeuntdealasr edse  nMeecmesoariraia Hs isptaórraic aco yn Dseermvaorc lroásti cbaie dnee sC ainnstcarbitroias. en el Inventario de Lugares y
Artículo 27.  Difusión e interpretación.
1.  Para cada Lugar o Senda de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, la 
Consejería competente en esta materia establecerá medios de difusión e interpretación 
de lo acaecido en el mismo.
2.  La Consejería competente en la materia, establecerá la identidad gráfica de los 
Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática para su señalización y difusión 
oficial, de acuerdo con la normativa vigente en materia de identidad corporativa.
Artículo 28.  Medidas de fomento en relación con los lugares inscritos.
El  Gobierno  de  Cantabria  colaborará  en  la  conservación,  mantenimiento  y 
rehabilitación  de  los  Lugares  y  Sendas  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria, dentro de los límites de las disponibilidades presupuestarias.
CAPÍTULO III
De las garantías de no repetición
Artículo 29.  Del reconocimiento a las víctimas y a la memoria histórica y democrática.
Las  administraciones  autonómica  y  municipal  de  Cantabria  velarán  por  el 
reconocimiento y respeto que merecen las víctimas y, en su caso, sus familiares frente a 
actos, expresiones, conductas u homenajes que entrañen descrédito, menosprecio o 
humillación por exaltación del golpe militar o del franquismo.
Artículo 30.  Retirada de simbología contraria a la memoria histórica y democrática.
1.  El Gobierno de Cantabria, en el ejercicio de sus competencias, adoptará las 
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas, inscripciones y otros 
objetos o menciones, realizados en conmemoración, exaltación personal o colectiva, del 
golpe de Estado de 1936 y de la represión en el periodo comprendido en el artículo 1 de 
la presente ley.
2.  A los efectos previstos en esta ley, se elaborará la lista de los elementos que 
deben ser retirados o eliminados. Se notificará a los titulares su obligación de eliminarlos 
o retirarlos, concediéndoles un plazo al efecto, transcurrido el cual, se les notificará el 
incumplimiento de su obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI de la 
presente ley, relativo al régimen sancionador.
3.  Corresponderá a las administraciones locales la retirada de dicha simbología en 
el ámbito de su territorio y de los nombres de las vías públicas que ensalcen a hechos o 
a personas que atentaron contra la democracia o los derechos humanos, así como la 
revocación de honores y distinciones dedicados a las personas vinculadas a los citados 
hechos.
4.  En el supuesto de no ser posible la retirada de elementos por causas de índole 
artística o técnica, se requerirá informe de la Consejería competente en materia de 
patrimonio  cultural,  que  se  emitirá  en  el  plazo  de  tres  meses  a  solicitud  de  los 
interesados.
5.  Cuando los elementos estén colocados en edificios de carácter privado con 
proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán 
retirarlos o eliminarlos. e.e
6.  Cuando los elementos estén colocados en edificios de carácter público, las  b
instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su  76ww
retirada o eliminación.
Artículo 31.  Procedimiento para ordenar la retirada de la simbología contraria a la 
memoria histórica y democrática.
1.  En caso de que la simbología contraria a la memoria histórica y democrática no 
haya sido retirada o eliminada voluntariamente, la Consejería competente en la materia, 
incoará de oficio el procedimiento para ordenar la retirada de dichos elementos.
2.  En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un 
plazo máximo de quince días hábiles.
3.  La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse 
en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día del acuerdo de inicio del 
mismo. Transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.
4.  La resolución por la que se ordene la retirada de elementos contrarios a la 
memoria histórica y democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  leyes  de  reguladoras  del  procedimiento 
administrativo común.
5.  Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos 
elementos, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente en materia 
de memoria histórica y democrática, podrá ejecutar subsidiariamente la resolución, de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa  aplicable  en  materia  de  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.  El  Gobierno  de  Cantabria  elaborará  un  informe  anual  específico  sobre  el 
cumplimiento de la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria 
histórica y democrática de Cantabria.
TÍTULO III
Documentos de la memoria histórica y democrática de Cantabria
Artículo 32.  Documentos de la memoria histórica y democrática de Cantabria y su 
protección.
1.  Los documentos de la memoria histórica y democrática de Cantabria, que no 
estén ya integrados en el patrimonio documental de la Comunidad Autónoma, podrán ser 
incorporados a instancia de la Consejería competente en materia de memoria histórica y 
democrática,  de  conformidad  con  los  procedimientos  establecidos  en  la  Ley  de 
Cantabria 3/2002, de 28 de junio, de Archivos de Cantabria, o norma que la sustituya.
2.  De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a 
la guerra civil y la dictadura se integrarán en el patrimonio documental y bibliográfico. 
Con el fin de preservarlos y difundirlos, los poderes públicos acometerán las actuaciones 
necesarias para reunir y recuperar los originales o copias de todos los documentos y 
testimonios orales de interés para la Comunidad Autónoma como documentos de la 
memoria histórica y democrática.
Artículo  33.  Preservación  y  adquisición  de  documentos  de  la  memoria  histórica  y 
democrática de Cantabria.
1.  Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, 
integridad,  descripción,  identificación  y  difusión  de  los  documentos  de  la  memoria  s
histórica y democrática, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de  e.
degradación,  protegiéndolos  especialmente  frente  a  la  sustracción,  destrucción  u  w.
ocultación. 76ww
disp2o.n ibEilild aGdoebsi eprrneos udpeu eCstaanritaasb ruian aa pparortbidaará p, acrao nla  caadrqáuctiseirc ióann,u caol,p idae o  ascuusecrrdipoc ióan  ldaes 
convenios sobre los documentos referidos a la memoria histórica y democrática de
Cantabria que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean 
originales o a través de cualquier reproducción fiel al original.
3.  Los fondos documentales, las copias que se adquieran, y la documentación que 
se genere como consecuencia de la aplicación por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de lo previsto en la presente ley se incorporarán a los archivos 
de la Consejería competente en materia de memoria histórica y Democrática.
Artículo 34.  Derecho de acceso a los documentos.
Los documentos de la memoria histórica y democrática constitutivos del patrimonio 
documental de Cantabria serán públicos, sin perjuicio de los derechos de los titulares de 
los datos personales establecidos en la legislación vigente.
TÍTULO IV
Reconocimiento del movimiento asociativo
Artículo 35.  Reconocimiento de la labor y relevancia del movimiento asociativo.
Las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses 
legítimos colectivos de las víctimas del franquismo.
Artículo 36.  Registro de Entidades de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
1.  Se  crea  el  Registro  de  Entidades  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria, de carácter público, en el que se podrán inscribir las entidades memorialistas, 
que carezcan de ánimo de lucro y tengan su sede social y actúen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.  Podrán inscribirse en el mismo aquellas entidades memorialistas, legalmente 
constituidas,  que  incluyan  entre  sus  fines  estatutarios,  como  objetivo  prioritario,  la 
recuperación de la memoria histórica y democrática de Cantabria, y sus actividades 
estén orientadas a la recuperación de dicha memoria o la defensa de los derechos de las 
víctimas, con carácter preferente.
3.  La inscripción en el registro tendrá carácter voluntario y gratuito.
4.  El Registro de Entidades de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria 
dependerá de la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática.
Artículo 37.  Fomento de la actividad asociativa.
El Gobierno de Cantabria, en atención a los fines previstos en esta ley, promoverá el 
asociacionismo y la participación ciudadana y colaborará con entidades memorialistas en 
programas de memoria histórica, incluso con programas de ayudas económicas.
TÍTULO V
Actuación y organización administrativa
CAPÍTULO I
Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria es
Artículo 38.  Consejo de la Memoria Histórica y Democrática. 76www.
órga1n. o cSoele cgrieaad oe cl oCnosnuslteivjoo  cduey laa  fMunecmióonr isae Hrái slató drieca a sye Dsoermaro acrl áGtiocbai edren oC daen tCabarniata, bcroiam.o
2.  El Consejo estará compuesto por personas expertas en materia de memoria 
histórica o democrática, familiares de víctimas o profesionales de diversas ramas todos 
ellos con reconocido prestigio.
Reglamentariamente, se determinará su composición, forma de designación de sus 
miembros y régimen de funcionamiento.
3.  El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria tendrá las 
siguientes funciones:
a)  Asesorar en la redacción de los planes de búsqueda de desaparecidos.
b)  Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el 
desarrollo de la presente ley.
c)  Realizar recomendaciones sobre política de memoria histórica y democrática a 
desarrollar en Cantabria.
d)  Aquellas otras funciones que reglamentariamente se le asignen.
Artículo 39.  La Comisión de la Memoria.
1.  La Comisión de la Memoria es un órgano colegiado, de carácter temporal y que 
actuará por una sola vez, cuyos objetivos son:
a)  El reconocimiento a las víctimas.
b)  Promover la reconciliación y la paz.
c)  Servir  como  instrumento  para  conocer  los  hechos  que  permanecen  ocultos 
acerca de abusos, violaciones de derechos y desapariciones.
d)  Conmemorar y hacer duelo por las víctimas de la represión política.
e)  Preservar  la  evidencia  documental  que  sirva  para  la  conmemoración  y  el 
recuerdo de hechos históricos para evitar que ocurran nuevamente.
2.  La  Comisión  de  la  Memoria  estará  compuesta  por  cinco  miembros,  todas 
personas de reconocido prestigio y vinculación a Cantabria, dos de los cuales serán 
elegidos por el Gobierno y los tres restantes serán elegidos por el Parlamento de 
Cantabria, a propuesta de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos 
tercios en primera vuelta y de mayoría absoluta en segunda vuelta, que se realizará en el 
plazo máximo de un mes desde la primera votación.
3.  La  designación  de  la  persona  que  ostentará  el  cargo  de  presidente  de  la 
Comisión de la Memoria corresponderá al Gobierno de Cantabria de entre los miembros 
elegidos por el Parlamento de Cantabria.
4.  La Comisión de la Memoria se constituirá en el plazo de un mes desde la 
designación del presidente y cesará su actividad en el plazo de un año, que podrá ser 
prorrogado por la propia Comisión por un año más y por una sola vez, si esta constatare 
la necesidad de ampliar su periodo de actividad para cumplir los objetivos que le marca 
la presente ley.
5.  Tras la finalización de sus actividades, la Comisión de la Memoria emitirá un 
informe final con recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y cesará 
definitivamente en sus funciones.
6.  La propia Comisión fijará su régimen de actuación y de sesiones, así como el 
contenido del informe final, formas de reconocimiento a las víctimas y todas aquellas 
cuestiones que considere necesarias para el correcto cumplimiento de sus fines y de las 
cuestiones previstas en la presente ley o en la legislación estatal relacionada con la 
memoria histórica y democrática. e.
7.  La Comisión de la Memoria adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. w.b
CAPÍTULO II
Planificación y seguimiento
Artículo 40.  Plan de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
1.  La planificación, diseño y ejecución de políticas que desarrollen los fines y 
objetivos de la presente ley, se articularán a través de un instrumento denominado Plan 
Cántabro de Memoria Histórica y Democrática.
2.  El Plan tendrán carácter cuatrienal y serán aprobados mediante acuerdo del 
Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en políticas de Memoria 
Histórica y Democrática, encargado de su diseño, ejecución y evaluación.
3.  El Plan contará como mínimo con las siguientes líneas estratégicas:
a)  Medidas  específicas  respecto  de  los  trabajos  de  indagación,  localización, 
exhumación e identificación de las víctimas, con presupuesto propio.
b)  Conservación y divulgación, tanto del valor simbólico de los lugares de memoria, 
como del patrimonio documental, a través de iniciativas culturales y educativas que 
promocionen y fomenten los valores democráticos y los derechos humanos.
c)  Políticas de reparación, reconocimiento y conmemoración a través del impulso 
de las iniciativas normativas pertinentes.
4.  Tanto en el diseño como la ejecución y evaluación de las políticas públicas 
articuladas en el Plan, se contemplarán canales para escuchar a la ciudadanía.
5.  El  Plan  contará  con  una  memoria  económica  de  las  diferentes  líneas 
estratégicas.
6.  Anualmente,  la  Consejería  competente  en  materia  de  memoria  histórica  y 
democrática emitirá un informe anual sobre la ejecución del Plan, en el que se incluirán 
los  datos  de  exhumación,  número  de  individuos  localizados,  cifra  de  peticiones 
registradas  y  numero  de  prospecciones  sin  resultado  positivo,  para  su  posterior 
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Cantabria».
CAPÍTULO III
Colaboración y cooperación administrativa
Artículo 41.  Colaboración en investigación y divulgación de la Memoria Histórica y 
Democrática.
Con objeto de avanzar en el estudio y conocimiento científico de la memoria histórica 
y  democrática  de  Cantabria,  el  Gobierno  de  Cantabria,  promoverá  proyectos  de 
investigación  y divulgación en  los  que podrán participar instituciones académicas y 
entidades memorialistas de Cantabria.
Artículo 42.  Medidas en materia de educación.
1.  La Consejería competente en materia de Educación reforzará la inclusión de 
contenidos relacionados con la memoria histórica y democrática en el currículo de las 
diferentes etapas y enseñanzas, incidiendo en lo previsto en la disposición adicional 
cuadragésima primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que  s
lleva por rúbrica, «Valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y  oe.
prevención y resolución pacífica de conflictos». w.
2.  Los  centros  de  profesores  podrán  incorporar  actividades  de  formación  76ww
epsaprae cimífipcaorst irp easrtaa sd eontasre ñaal npzraosfe.sorado de herramientas metodológicas y conceptuales
3.  Asimismo, se impulsará en colaboración con la Universidad de Cantabria la 
incorporación de la memoria histórica y democrática en los estudios universitarios de 
grado y máster.
Artículo 43.  Colaboración interadministrativa.
1.  La Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con las entidades locales 
cántabras en el impulso del conocimiento, conmemoración, fomento y divulgación de la 
memoria histórica y democrática en sus respectivas demarcaciones territoriales en los 
términos establecidos por esta ley.
2.  Las entidades locales colaborarán con la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para que el ejercicio de sus competencias redunde en la ejecución de lo dispuesto en 
esta ley y en la consecución de los objetivos y finalidades de la misma.
3.  Cuando una entidad local incumpla las obligaciones recogidas en esta ley, la 
Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática le recordará su 
cumplimiento, concediéndole el plazo de un mes a tal efecto. Si transcurrido dicho plazo 
el incumplimiento persistiera, la Consejería adoptará las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la obligación, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 60 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 44.  Acción pública y obligación de comunicación.
1.  Será pública la acción para denunciar ante la Consejería competente en materia 
de memoria histórica y democrática las infracciones en materia de memoria histórica y 
democrática.
2.  Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir 
infracción con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la 
Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática.
Artículo 45.  Sujetos responsables.
Serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que por acción u 
omisión resulten responsables de alguna de las infracciones tipificadas en esta ley. 
Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de infracción corresponda a una 
persona  jurídica,  podrán  considerarse  responsables,  además,  las  personas  físicas 
integrantes  de  sus  órganos  de  dirección  que  hubieran  autorizado  o  consentido  la 
comisión de la infracción. Dichas personas físicas serán consideradas responsables, en 
su caso, si la persona jurídica se extinguiese antes de ser sancionada.
Artículo 46.  Potestad sancionadora.
1.  En  el  ámbito  de  la  presente  ley,  la  potestad  sancionadora  corresponde  la  e
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que la ejercerá a través de los  bo
siguientes órganos: 76ww
sea at)i tulLaar  cdoem  lpae tDenirceicac ipóanr aG ineinceiarar le lc opmropceetdeimntiee neton  smanacteiorinaa ddoer  cmoerrmesoprioan dheis taó rqicuaie ny 
democrática  de  Cantabria,  quien  ostenta  también  la  competencia  para  imponer  las
sanciones que se deriven de infracciones leves y graves. Bc
b)  La competencia para imponer las sanciones que se deriven de infracciones muy 
graves corresponde a quien sea titular de la Consejería competente en materia de 
memoria histórica y democrática de Cantabria.
2.  Cuando  en  el  mismo  procedimiento  se  contemplen  diversas  infracciones 
calificadas de forma distinta, el órgano competente para dictar resolución será el que la 
tenga para sancionar la más grave.
Artículo 47.  Caducidad del procedimiento.
El vencimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento sancionador sin 
que se haya notificado su resolución determina la caducidad del mismo, que se declarará 
de oficio.
Artículo 48.  Reposición de la situación alterada.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 
regulado  en  la  presente  ley  serán  compatibles  con  la  exigencia  al  infractor  de  la 
reposición a su estado originario de la situación alterada y de la indemnización por los 
daños y perjuicios causados.
Artículo 49.  Concurrencia de infracciones.
Si de un mismo hecho derivan distintas infracciones cada una de ellas será objeto de 
la correspondiente sanción.
Artículo 50.  Prescripción de las infracciones.
1.  Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán por el transcurso de 
los siguientes plazos: las leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y 
las muy graves a los tres años.
2.  El cómputo de los plazos y los requisitos para la prescripción de las infracciones 
y de las sanciones se regirán por las normas generales de prescripción de infracciones y 
sanciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o 
norma que la sustituya.
Artículo 51.  Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, 
las graves a los dos años y las leves al año.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones en materia de memoria histórica y democrática.
Artículo 52.  Concepto y tipos de infracciones.
1.  Son infracciones administrativas en materia de memoria histórica y democrática 
las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.
2.  Las infracciones tipificadas en la presente ley se clasifican en leves, graves y 
muy graves. e.e
3.  Las infracciones tipificadas en este capítulo, en relación con los Lugares de  b
Memoria  Histórica  y  Democrática  inscritos  en  el  Inventario,  se  entenderán  también  76ww
Irnevfeernidtaarsio .respecto  a  los  bienes  que  cuenten  con  anotación  preventiva  en  dicho
Artículo 53.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a)  El incumplimiento de la obligación de permitir la visita pública a los Lugares o 
Sendas de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
b)  Dañar levemente Lugares o Sendas de Memoria Histórica y Democrática de 
Cantabria.
c)  La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Senda de Memoria 
Histórica y Democrática sin autorización.
d)  El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios 
a la memoria histórica y democrática.
e)  La omisión del deber de información, en relación con un Lugar o Senda de 
Memoria Histórica y Democrática inscrito en el Inventario.
Artículo 54.  Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)  El  incumplimiento,  sin  causa  justificada,  de  la  obligación  de  comunicar  el 
hallazgo casual de restos humanos.
b)  El traslado de restos humanos sin haber obtenido la autorización establecida en 
presente ley.
c)  El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de un Lugar 
o  Senda  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  Cantabria,  cuando  no  constituya 
infracción muy grave.
d)  La obstrucción reiterada de la actuación inspectora en materia de memoria 
histórica y democrática.
e)  La realización de cualquier obra o intervención en un Lugar o Senda de Memoria 
Histórica y Democrática que afecte a fosas de víctimas sin autorización y no constituya 
infracción muy grave.
f)  El incumplimiento de la resolución por la que se ordene la retirada de elementos 
contrarios a la memoria histórica y democrática.
g)  Dañar espacios o mobiliario de los Lugares o Sendas de Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria, cuando el importe de los daños causados sea superior 
a 2.000 euros.
Artículo 55.  Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a)  La realización de excavaciones en bienes inventariados o su entorno vinculado 
sin autorización.
b)  La  remoción  de  terrenos  o  la  construcción  allí  donde  haya  certeza  de  la 
existencia  de  restos  humanos  de  víctimas  desaparecidas  sin  la  correspondiente 
autorización.
c)  La destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de 
localización o en un Lugar o Senda de Memoria.
d)  La omisión del deber de conservación, cuando conlleve la pérdida, destrucción o 
deterioro irreparable de bienes inscritos como Lugar o Senda de Memoria Histórica y  s
Democrática. o
e)  La realización de daños a espacios o mobiliario de los Lugares o Sendas de  w.
Mgreamveo.ria Histórica y Democrática de Cantabria, cuando no constituya infracción leve o  2022-1276n https://ww
Artículo 56.  Sanciones pecuniarias.
1.  Las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas con multa en 
las siguientes cuantías:
a)  Las infracciones leves con multa de 200 a 2.000 euros.
b)  Las infracciones graves con multa de 2.001 a 10.000 euros.
c)  Las infracciones muy graves con multa de 10.001 a 150.000 euros.
2.  Para la graduación de las sanciones se atenderá a:
a)  La naturaleza y gravedad de los perjuicios ocasionados.
b)  El beneficio obtenido por la persona infractora.
c)  El  incumplimiento  de  advertencias  o  requerimientos  realizados  por  la 
Administración.
d)  La reparación voluntaria del daño causado y la colaboración con las autoridades 
para la subsanación de los hechos.
e)  Reincidencia.
Artículo 57.  Sanciones accesorias.
1.  La imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves 
podrá dar lugar en el mismo procedimiento, además de a las sanciones previstas en el 
artículo anterior, a la sanción de prohibición de obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora de subvenciones en materia de memoria histórica y democrática 
por un período de uno a tres años para las infracciones graves y de tres a cinco años 
para las infracciones muy graves.
2.  En la graduación de la sanción se tendrá especialmente en cuenta el daño 
producido,  el  enriquecimiento  injusto  obtenido,  la  existencia  de  intencionalidad  o 
reiteración y la reincidencia.
Disposición  adicional  primera.  Consejo  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Cantabria.
En un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley se deberá 
constituir el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
Disposición adicional segunda.  Retirada de simbología contraria a la memoria histórica 
y democrática.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá 
procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 30. En 
caso contrario, la Consejería competente en materia de memoria histórica y democrática 
incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos 
elementos.
Disposición adicional tercera.  Reparación personal a quienes padecieron condenas y 
sanciones.
El Consejo de Gobierno de Cantabria instará al Gobierno de la Nación a la adopción 
de  medidas  de  todo  orden  que  procedan,  para  hacer  efectiva  la  reparación  y  e
reconocimiento  personal  a  quienes  padecieron  condenas  o  sanciones  de  carácter  bo
personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos,  76ww
Rcievislepso nos ambiliilditaardeess,   cPoomlítoic alass,  Tsreibnutennacl iaEs spdeec ilaols  dCeo nresperjoess iódne  dGeu elarr aM, aTsroibnuenraíale sy  deel 
CCoomnsutintuiscmióon  eos pdaeñl oTlari bduen 1a9l 7d8e.l Orden Público (TOP) hasta la entrada en vigor de la
Disposición adicional cuarta.  Inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.
El Gobierno de Cantabria impulsará la inscripción de defunción de las víctimas 
desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del Registro 
Civil.
Disposición  adicional  quinta.  Silencio  administrativo  en  el  caso  de  procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado.
El  silencio  administrativo  en  el  procedimiento  para  actividades  de  localización, 
exhumación e identificación de restos, regulado en el artículo 8, en el procedimiento de 
inscripción de un bien en el Inventario de Lugares y Sendas de Memoria Histórica y 
Democrática, al que se refiere el artículo 21, y en el procedimiento de autorización de 
obras  previo  a  la  licencia  de  obra  establecido  en  el  artículo  25  tendrá  efectos 
desestimatorios.
Disposición adicional sexta.  Naturaleza jurídica de los restos humanos recuperados.
Los restos recuperados, en aplicación de lo previsto en la presente ley, no tienen 
carácter de bien arqueológico a los efectos de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de 
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
Disposición transitoria primera.  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente ley.
La tramitación de los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor 
de esta ley se regirá por la normativa en virtud de la cual se iniciaron.
Disposición transitoria segunda.  Competencias del Consejo de la Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria.
En tanto no se constituya reglamentariamente el Consejo de la Memoria Histórica y 
Democrática de Cantabria, sus atribuciones serán asumidas por la Dirección General 
con competencia en materia de memoria histórica y democrática.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan  derogadas  todas  aquellas  disposiciones  de  igual  o  inferior  rango  cuyo 
contenido se oponga a lo dispuesto en esta ley.
Disposición final primera.  Desarrollo normativo.
Se faculta al Gobierno de Cantabria para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Cantabria».
Palacio del Gobierno de Cantabria, 17 de noviembre de 2021.–El Presidente de la  s
Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz. oe.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 226, de 24 de noviembre de 2021) 76ww