BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Martes 26 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 34390
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
5289 Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas 
fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera,  y  de  organización  de  la 
Generalitat.
Advertidos errores en el texto de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, 
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero 
de 2020, procede efectuar las siguientes correcciones:
– Artículo 91.
Donde dice:
«[…]
Artículo 18.  Tarifas.
Se modifica el punto 4 que queda redactado como sigue:
"4.  La tarifa interurbana que se apruebe será común para todos los servicios 
interurbanos con origen en la Comunitat Valenciana. También serán comunes los 
elementos fijos de las tarifas urbanas de áreas de prestación conjunta, como 
suplementos por conceptos similares, mínimos de percepción o tarifa máxima 
hasta el punto de recogida del viajero. No podrá haber diferenciación de tarifa en 
función  del  tipo  o  capacidad  del  vehículo,  sin  perjuicio  de  lo  que 
reglamentariamente se establezca a través de la correspondiente orden de tarifas 
para aquellos vehículos de más de cinco plazas."
Se modifica el punto 6 redactándose de la manera siguiente:
"6.  No obstante, podrán prestarse servicios de taxi mediante precio cerrado, 
en la forma que se determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá 
superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente. Durante 
la prestación de este tipo de servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá 
estar en funcionamiento durante todo el servicio con la tarifa que corresponda."
[…]»
Debe decir:
«[…]
Artículo 18.  Tarifas.
1.  El  servicio  del  taxi  se  prestará,  dentro  del  ámbito  municipal  o  del  área  de 
prestación  conjunta,  con  sujeción  a  tarifas  urbanas  obligatorias  aprobadas  por  el  e.
ayuntamiento o la conselleria competente en materia de transportes previo informe, en  w.b
caso de régimen de precios autorizados, del órgano autonómico competente en materia  89ww
pdreo fperseiocnioasle. sE rne ptroedsoe nctaatsivoa, s sdeerál  sneecctoers adreial  talax i pyr edvei al oas ucdoiennscuima iddoer elsa sy  uassuoaciraiocsio ncoens 
implantación en el territorio de la Comunitat Valenciana.
Se modifica el punto 2 que queda redactado como sigue:
"2.  Las tarifas interurbanas entre municipios y áreas de prestación conjunta 
para servicios de taxi prestados generalmente con origen en el municipio o área 
en el que tengan otorgada la autorización de transporte y destino fuera del mismo, 
las establecerá la conselleria competente en materia de transportes y tendrán el 
carácter de máximas. Las tarifas interurbanas se aplicarán en la totalidad del 
trayecto  del  servicio,  con  independencia  del  carácter  del  itinerario  de  paso, 
obedeciendo  al  carácter  del  contrato  de  transporte  interurbano  establecido. 
Excepcionalmente, y por razones justificadas que impidan conocer el destino en el 
momento de la contratación, la persona que conduce el taxi podrá utilizar la tarifa 
urbana hasta el momento en que tenga conocimiento del destino final del servicio."
3.  En caso de municipios que no tengan aprobada una tarifa urbana, se aplicará 
subsidiariamente,  y  con  carácter  obligatorio,  la  tarifa  interurbana  que  pudiera 
corresponder.
Se modifica el punto 4 que queda redactado como sigue:
"4.  La tarifa interurbana que se apruebe será común para todos los servicios 
interurbanos con origen en la Comunitat Valenciana. También serán comunes los 
elementos fijos de las tarifas urbanas de áreas de prestación conjunta, como 
suplementos por conceptos similares, mínimos de percepción o tarifa máxima 
hasta el punto de recogida del viajero. No podrá haber diferenciación de tarifa en 
función  del  tipo  o  capacidad  del  vehículo,  sin  perjuicio  de  lo  que 
reglamentariamente se establezca a través de la correspondiente orden de tarifas 
para aquellos vehículos de más de cinco plazas."
5.  Las  tarifas  podrán  ser  revisadas  periódicamente  o,  de  manera  excepcional, 
cuando se produzca una variación en el coste del servicio que altere significativamente el 
equilibrio económico.
Se modifica el punto 6 redactándose de la manera siguiente:
"6.  No obstante, podrán prestarse servicios de taxi mediante precio cerrado, 
en la forma que se determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá 
superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente. Durante 
la prestación de este tipo de servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá 
estar en funcionamiento durante todo el servicio con la tarifa que corresponda."
[…]»
– Artículo 94.
Donde dice:
«Artículo 94.
De  las  modificaciones  de  la  Ley  6/2011,  de  la  Generalitat,  de  movilidad  de  la 
Comunitat Valenciana.
Artículo 39. e.
Se modifica el punto 4, que queda redactado como sigue: 89ww
cará"c4t.e r Lzoans atla, reifna sr edlaec ilóons  ctoítnu lolas  dpisrotapniocsia ,o o  inmteegdriaandtoes  optrood práronc eesdtiambielencteor sqeu ec osne 
estime adecuado. Serán públicas y no discriminatorias.
Las autoridades de transporte y los operadores, previo informe favorable de 
las primeras, podrán suscribir acuerdos con otros órganos administrativos o con 
diferentes administraciones con la finalidad de que determinados colectivos con 
condiciones sociales específicas tengan reducciones en las tarifas percibidas. 
Tales acuerdos fijarán las compensaciones que permitan mantener las condiciones 
económicas iniciales del contrato de servicio público de transporte."
Artículo 95.
Se modifica el punto 6, que queda redactado de la manera siguiente:
"6.  Las infracciones en relación con el cumplimiento de la obligación de los 
prestadores  de  servicios  de  transporte  de  estar  en  posesión  de  los  títulos 
habilitantes contemplados en la legislación estatal se sancionarán de acuerdo con 
lo previsto en el capítulo I del título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
ordenación de los transportes terrestres, y en su reglamento de desarrollo."
Artículo 103.
Se modifica el artículo 103 con la redacción siguiente:
"Artículo  103.  Sanciones  en  relación  con  las  infracciones  tipificadas  en  los 
artículos 101 y 102.
1.  Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102 se 
graduarán de acuerdo con los siguientes factores:
a)  La repercusión social de la infracción y el peligro para la vida y salud de 
las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b)  La importancia del daño o deterioro causado, en su caso.
c)  La intencionalidad en la comisión de la infracción.
d)  El grado de participación del sancionado y el beneficio por él obtenido.
e)  La reincidencia en la comisión, en el período de los doce meses anterior al 
hecho infractor, de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme en vía administrativa.
f)  La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia iniciativa, a 
remediar los efectos perniciosos de la infracción.
2.  La graduación de las sanciones se realizará conforme a las reglas y dentro 
de los límites siguientes:
a)  Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros las 
infracciones clasificadas como leves. En el caso de no apreciación de reincidencia, 
el importe de las sanciones se situará entre 0 y 400 euros. Con 1.000 euros serán 
sancionadas las infracciones en las que se aprecie reincidencia por la comisión de 
dos o más faltas en el periodo de un año.
b)  Se sancionarán con multas comprendidas entre los 1.001 a 2.000 euros 
las infracciones clasificadas como graves.
c)  Se  sancionarán  con  multa  de  2.001  a  6.000  euros  las  infracciones 
clasificadas como muy graves.
d)  (Se deja sin contenido) e.
3.  (Se deja sin contenido) 89ww
45..   ((SSee  ddeejjaa  ssiinn  ccoonntteenniiddoo))
inde6p.e nLdaie nitme pdoesi cliaó n podsei bllea s osbalignacicoiónne s deq uein deenm nsiuz arc alsoos   cdoarñroess poy ndpaenrj uisceiorás 
causados.
7.  (Se deja sin contenido)
8.  Con carácter general, cuando, como consecuencia de la infracción, se 
obtenga un beneficio cuantificable, la multa podrá incrementarse hasta el triple del 
beneficio obtenido."
Artículo 103 bis.
Se modifica el artículo, que queda redactado de la manera siguiente:
"Artículo 103 bis.  Sanciones en materia de transporte de viajeros.
En materia de transporte de viajeros, el incumplimiento de lo previsto en esta ley será 
sancionado conforme a lo que se dispone en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación 
de los transportes terrestres, y en su reglamento de desarrollo."
Artículo 107.
Se modifica el punto 1, que queda redactado como sigue:
"1.  Cuando  la  competencia  en  el  procedimiento  la  ostente  la  conselleria 
competente  en  materia  de  transportes,  corresponderá  la  imposición  de  las 
sanciones a la persona titular de la dirección general competente en materia de 
transportes."
Artículo 108.
Se modifica el artículo 108 con la redacción siguiente:
"Artículo 108.  Procedimiento sancionador y medidas provisionales en relación 
con las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102.
1.  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  régimen  jurídico  de  las 
administraciones  públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común,  y  en  su 
normativa de desarrollo, el procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio 
por la administración o entidad competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
La denuncia deberá expresar la identidad de la persona o personas que la 
presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de 
su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos infractores.
2.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias 
que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a fijar, 
con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
3.  Una  vez  acordada  la  iniciación  del  procedimiento  sancionador,  el 
expediente se notificará al presunto o presuntos infractores, que dispondrán de un 
plazo de quince días, desde la fecha de la notificación, para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. Recibidas las  s
alegaciones o transcurrido el plazo para ello, la persona encargada de instruir el  oe.
asunto podrá acordar la apertura de un período de prueba. w.
4.  La  propuesta  de  resolución  se  notificará  a  los  interesados,  89ww
acolengcaecdioiénnedso ys epleress eunnt aprl alozso  ddoec uqmuienncteo sd eía isn,f odremsadcei olnae ns oqtiufiec aecsiótimn,e pna prae rtfionremnutelasr, 
ante la persona encargada de instruir el procedimiento sancionador, quien, a la
vista de las alegaciones y documentos presentados, emitirá informe y remitirá lo 
actuado al órgano competente para la imposición de la sanción que corresponda.
5.  Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá 
decidir,  mediante  acuerdo  motivado,  la  realización  de  las  actuaciones 
complementarias  indispensables  para  resolver  el  procedimiento,  que,  en  todo 
caso, deberán tener lugar en un plazo no superior a quince días. El plazo para 
resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las mismas.
6.  En el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta de resolución y 
de los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento, el 
órgano competente para resolver dictará resolución motivada, que deberá ser 
notificada a los interesados.
Si transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sancionador no se 
hubiere notificado a los interesados la resolución que le ponga fin, se producirá su 
caducidad. En tal caso, el órgano competente para resolver emitirá, a solicitud del 
interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y que 
se ha procedido al archivo de las actuaciones.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 
ejecutivas.
7.  En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los quince días siguientes a la 
notificación  del  expediente  sancionador,  la  cuantía  pecuniaria  de  la  sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por 100.
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución 
sancionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a 
la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización de 
los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. La reducción 
deberá estar determinada en la notificación de iniciación del procedimiento y su 
efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o 
recurso en vía administrativa."»
Debe decir:
«Artículo 94.
De  las  modificaciones  de  la  Ley  6/2011,  de  la  Generalitat,  de  movilidad  de  la 
Comunitat Valenciana.
[…]
Artículo  8  bis.  Bicicletas  y  vehículos  de  movilidad  personal  (VMP)  a  bordo  del 
transporte público.
Las bicicletas plegadas y los patinetes eléctricos plegados, así como el resto de VMP 
de  tipo  A  establecidos  en  la  instrucción  16N-124  de  la  DGT,  podrán  viajar  en  los 
transportes públicos urbanos y en los transportes públicos interurbanos de piso bajo 
competencia de la Generalitat. El operador podrá limitar el acceso de estos vehículos por 
motivos de seguridad o muy alta ocupación. Estas limitaciones deberán figurar en su 
reglamentación interna, en sus redes sociales y en la página web, así como en los 
vehículos y las estaciones, a la vista de los usuarios, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la Ley 9/2019 de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y  e.
Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2020. w.b
eAsrttíac1bu.l leoc L3ido9as.s  tpítourl olsa  apdrmopinioisst radceiló no, psearlavdoo er ne asqtaureálnlo ss osumpeuteidsotos s ae nl alos s tqauriefa sd em aácxuiemrdaos   OE-A-2020-52able en https://
con esta ley y el reglamento que la desarrolle puedan ser establecidas excepcionalmente 
por el propio operador.
2.  La retribución del operador en relación con los viajeros provistos de títulos de 
integración será la establecida en el contrato de servicio público de transporte. Las 
autoridades de transporte podrán establecer nuevos títulos de integración, fijando en 
tal caso la contraprestación al operador de manera que no se alteren las condiciones 
económicas iniciales de prestación del contrato. Tales compensaciones y las demás 
condiciones  de  expedición  y  uso  de  los  títulos  serán  fijadas  mediante  el 
correspondiente acuerdo que tendrá efectos similares al contrato de prestación de 
servicios de transporte.
Se modifica el punto 3, que queda redactado como sigue:
"3.  La autoridad de transporte revisará las tarifas según lo dispuesto en la 
legislación vigente. A efectos de dicha revisión, no tendrán la consideración de 
tarifa los mínimos de percepción que, en su caso, estuviesen aprobados."
Se modifica el punto 4, que queda redactado como sigue:
"4.  Las tarifas de los títulos propios o integrados podrán establecerse con 
carácter zonal, en relación con la distancia, o mediante otro procedimiento que se 
estime adecuado. Serán públicas y no discriminatorias.
Las autoridades de transporte y los operadores, previo informe favorable 
de las primeras, podrán suscribir acuerdos con otros órganos administrativos 
o  con  diferentes  administraciones  con  la  finalidad  de  que  determinados 
colectivos con condiciones sociales específicas tengan reducciones en las 
tarifas percibidas. Tales acuerdos fijarán las compensaciones que permitan 
mantener  las  condiciones  económicas  iniciales  del  contrato  de  servicio 
público de transporte."
Artículo 81.  Construcción y explotación de terminales de transporte.
1.  La construcción y explotación de nuevas estaciones y terminales se abordará de 
manera concertada entre la administración local y la conselleria competente en materia 
de transporte. Como regla general, corresponderá a la primera la cesión del suelo 
necesario, y a la segunda su construcción y explotación, salvo que tengan un interés 
meramente local.
2.  No obstante lo establecido en el punto anterior, la conselleria competente en materia 
de transporte y los ayuntamientos podrán acordar mediante el correspondiente convenio otras 
fórmulas  de  colaboración.  Podrán  igualmente  convenir  con  la  administración  del  Estado 
fórmulas  específicas  para  la  construcción  y  explotación  conjunta  de  terminales  e 
intercambiadores de titularidad estatal, que podrán ser gestionados de acuerdo con lo previsto 
en esta ley en todos aquellos aspectos que no contravengan lo que al respecto indique la 
legislación estatal aplicable.
3.  La construcción de estaciones y terminales se acomodará a lo previsto en esta 
ley, pudiendo ser ejecutadas de manera directa por la administración competente o 
mediante procedimiento de concesión de obra pública u otros similares previstos en la 
normativa de contratación del sector público.
4.  La explotación de las estaciones o terminales podrá ser asumida por un operador 
de  transporte,  por  el  administrador  de  la  infraestructura  o  mediante  un  operador  e.e
vinculado por un contrato de prestación de servicio público independiente o tramitado de  b
manera conjunta con el de concesión de obra pública señalado en el punto anterior. En  89ww
tpordooye ccatos od, et asle revxicpiloo tapcúibólnic od erbeedraác taird op redcee daicduae rddeo  lcao nc oerrsetasp noonrdmieanttieva .a pCroubaancdioó nt adleesl 
pfarvooyreacbtoles  dees ltaé nC opnrosemlloevriiad ocso mpopre tuenn tea yeunn ttraamnisepnotort,e ss.u aprobación requerirá el informe
Se modifica el punto 5, que queda redactado como sigue:
"5.  Los servicios de transporte que utilicen una determinada estación o terminal 
podrán  contribuir  a  sus  costes  de  construcción  y  explotación  en  razón  de  lo  que 
establezca  al  respecto  el  proyecto  público  señalado  en  el  punto  anterior.  Dichas 
cantidades podrán ser repercutidas en las tarifas de tales servicios o ser objeto de 
compensación en los términos previstos en la presente normativa; los cánones o tarifas 
que repercutan sobre concesiones competencia de la Generalitat requerirán un informe 
preceptivo y vinculante de la Conselleria competente en materia de transporte."
Artículo 95.  Alcance subjetivo de la responsabilidad administrativa en las materias 
reguladas en la ley.
1.  La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones tipificadas en 
este título se exigirá a las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades de 
transporte de viajeros u otras que afecten a los supuestos contemplados en esta ley y, 
en su caso, a los usuarios y las usuarias de los servicios de transporte o a quienes 
con  su  conducta  perturbaren  su  normal  prestación  o  la  integridad  de  los  bienes 
afectos a ella.
2.  En materia de transporte de viajeros se aplicarán las reglas de responsabilidad 
administrativa establecidas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres.
3.  (se deja sin contenido)
4.  (se deja sin contenido)
5.  Si un mismo comportamiento infractor fuera susceptible de ser calificado con 
arreglo a dos o más tipos infractores, se impondrá la sanción que corresponda al más 
grave de ellos.
Se modifica el punto 6, que queda redactado de la manera siguiente:
6.  Las  infracciones  en  relación  con  el  cumplimiento  de  la  obligación  de  los 
prestadores de servicios de transporte de estar en posesión de los títulos habilitantes 
contemplados en la legislación estatal se sancionarán de acuerdo con lo previsto en el 
capítulo I del título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes 
terrestres, y en su reglamento de desarrollo.
Artículo  96.  Clasificación  de  las  infracciones  en  materia  de  compatibilidad  de  las 
infraestructuras de transporte con el entorno.
Las infracciones en materia de compatibilidad de las infraestructuras de transporte 
con el entorno se clasifican en muy graves y graves.
Artículo 97.  Infracciones en materia de transporte de viajeros.
El incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de transporte de viajeros 
se considerará infracción muy grave, grave o leve, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  ordenación  de  los  transportes  terrestres  y  en  su 
reglamento de desarrollo.
Las referencias hechas a los transportes reiterados para colectivos específicos se 
entenderán hechas a los transportes regulares de viajeros de uso especial.
Artículo 98.  (Se deja sin contenido). bo
Artículo 99.  (Se deja sin contenido).
Artículo 103.
Se modifica el artículo 103 con la redacción siguiente:
"Artículo  103.  Sanciones  en  relación  con  las  infracciones  tipificadas  en  los 
artículos 101 y 102.
1.  Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102 se 
graduarán de acuerdo con los siguientes factores:
a)  La repercusión social de la infracción y el peligro para la vida y salud de 
las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b)  La importancia del daño o deterioro causado, en su caso.
c)  La intencionalidad en la comisión de la infracción.
d)  El grado de participación del sancionado y el beneficio por él obtenido.
e)  La reincidencia en la comisión, en el período de los doce meses anterior al 
hecho infractor, de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme en vía administrativa.
f)  La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia iniciativa, a 
remediar los efectos perniciosos de la infracción.
2.  La graduación de las sanciones se realizará conforme a las reglas y dentro 
de los límites siguientes:
a)  Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros las 
infracciones clasificadas como leves. En el caso de no apreciación de reincidencia, 
el importe de las sanciones se situará entre 0 y 400 euros. Con 1.000 euros serán 
sancionadas las infracciones en las que se aprecie reincidencia por la comisión de 
dos o más faltas en el periodo de un año.
b)  Se sancionarán con multas comprendidas entre los 1.001 a 2.000 euros 
las infracciones clasificadas como graves.
c)  Se  sancionarán  con  multa  de  2.001  a  6.000  euros  las  infracciones 
clasificadas como muy graves.
d)  (Se deja sin contenido).
3.  (Se deja sin contenido).
4.  (Se deja sin contenido).
5.  (Se deja sin contenido).
6.  La  imposición  de  las  sanciones  que  en  su  caso  correspondan  será 
independiente  de  la  posible  obligación  de  indemnizar  los  daños  y  perjuicios 
causados.
7.  (Se deja sin contenido).
8.  Con carácter general, cuando, como consecuencia de la infracción, se 
obtenga un beneficio cuantificable, la multa podrá incrementarse hasta el triple del 
beneficio obtenido."
Artículo 103 bis.
Se modifica el artículo, que queda redactado de la manera siguiente:
"Artículo 103 bis.  Sanciones en materia de transporte de viajeros. e.
En materia de transporte de viajeros, el incumplimiento de lo previsto en esta  89ww
ljeuylio s, erdáe  saonrdceionnaacdióon c odnef orlmose  atr alon sqpuoert esse  dteisrpreosntere se,n  yla  eLne y s1u6 /1re9g8l7a,m deen t3o0  ddee 
desarrollo."
Artículo 104.  (Se deja sin contenido.)
Artículo 105.  Otros efectos de las sanciones.
1.  (Se deja sin contenido.)
2.  La  firmeza  de  las  sanciones  en  vía  administrativa  en  relación  con  los 
supuestos de edificación o la realización de otras actividades que modifiquen el 
estado inicial de las propiedades en las zonas de dominio público, protección y 
reserva, conllevará la necesidad de la demolición de lo indebidamente ejecutado y la 
restauración del entorno en su estado inicial. En el caso de que no se produzca tal 
demolición  y  restauración,  podrá  ser  ejecutada  por  el  administrador  de 
infraestructuras a costa de los sancionados.
3.  En  los  casos  en  los  que  la  seguridad  del  transporte  así  lo  requiera,  la 
administración  podrá  ejecutar  de  oficio  y  de  manera  inmediata  las  demoliciones 
señaladas en el punto anterior antes de la resolución del expediente sancionador, con 
independencia de las indemnizaciones que procedieran en caso de que resuelto dicho 
expediente no se concluyera tal necesidad de demolición.
4.  En los casos en los que como consecuencia de la conclusión del proceso 
sancionador procediera la extinción de la autorización o contrato en virtud del cual 
se presta el servicio de transportes, la administración podrá optar por requerir al 
prestador para que ponga a su disposición los medios materiales necesarios para 
la continuidad del servicio cuando ello resulte imprescindible, durante el plazo que 
permita la adopción de otras soluciones alternativas por parte de la administración.
En este supuesto el sancionado tendrá derecho a la indemnización que proceda 
por el uso de tales medios materiales, de acuerdo con la legislación aplicable.
Artículo 107.
Se modifica el punto 1, que queda redactado como sigue:
"1.  Cuando  la  competencia  en  el  procedimiento  la  ostente  la  conselleria 
competente  en  materia  de  transportes,  corresponderá  la  imposición  de  las 
sanciones a la persona titular de la dirección general competente en materia de 
transportes."
2.  Cuando la competencia en el procedimiento corresponda a otros entes de la 
Generalitat, corresponderá la imposición de las sanciones al órgano que se determine en 
su regulación propia, salvo en el caso de las sanciones muy graves que serán impuestas 
por la dirección del ente competente.
3.  Cuando  la  competencia  en  el  procedimiento  la  ostente  el  ayuntamiento, 
corresponderá la imposición de las sanciones al alcalde.
4.  En el caso de operadores de transporte que no tengan el carácter de entidad 
pública, una vez instruido el expediente se dará traslado a la administración competente 
a fin de que sea resuelto de acuerdo con las competencias señaladas en los puntos 
anteriores.
Artículo 108.
Se modifica el artículo 108 con la redacción siguiente:
"Artículo 108.  Procedimiento sancionador y medidas provisionales en relación  bo
con las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102. 89ww
adm1in. istSrainc iopneersju icpiúob lidcea s loy  ddiespl upersotcoe deimn ielan toL eayd mdien isrtéragtiimvoe nc ojumrúídnic, oy  deen  lsaus 
normativa de desarrollo, el procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio
por la administración o entidad competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
La denuncia deberá expresar la identidad de la persona o personas que la 
presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de 
su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos infractores.
2.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias 
que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a fijar, 
con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
3.  Una  vez  acordada  la  iniciación  del  procedimiento  sancionador,  el 
expediente se notificará al presunto o presuntos infractores, que dispondrán de un 
plazo de quince días, desde la fecha de la notificación, para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, 
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. Recibidas las 
alegaciones o transcurrido el plazo para ello, la persona encargada de instruir el 
asunto podrá acordar la apertura de un período de prueba.
4.  La  propuesta  de  resolución  se  notificará  a  los  interesados, 
concediéndoseles un plazo de quince días, desde la notificación, para formular 
alegaciones  y  presentar  los  documentos  e  informaciones  que  estimen 
pertinentes,  ante  la  persona  encargada  de  instruir  el  procedimiento 
sancionador, quien, a la vista de las alegaciones y documentos presentados, 
emitirá informe y remitirá lo actuado al órgano competente para la imposición 
de la sanción que corresponda.
5.  Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá 
decidir,  mediante  acuerdo  motivado,  la  realización  de  las  actuaciones 
complementarias indispensables para resolver el procedimiento, que, en todo 
caso, deberán tener lugar en un plazo no superior a quince días. El plazo para 
resolver  el  procedimiento  quedará  suspendido  hasta  la  terminación  de  las 
mismas.
6.  En el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta de resolución y 
de los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento, el 
órgano competente para resolver dictará resolución motivada, que deberá ser 
notificada a los interesados.
Si transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sancionador no se 
hubiere notificado a los interesados la resolución que le ponga fin, se producirá su 
caducidad. En tal caso, el órgano competente para resolver emitirá, a solicitud del 
interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y que 
se ha procedido al archivo de las actuaciones.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 
ejecutivas.
7.  En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los quince días siguientes a la 
notificación  del  expediente  sancionador,  la  cuantía  pecuniaria  de  la  sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por 100.
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución 
sancionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a  s
la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización de  oe.
los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. La reducción  w.
deberá estar determinada en la notificación de iniciación del procedimiento y su  89ww
erefecuctrisvoid eand  veísat aardám cinoinsdtriacitoivnaa."da al desistimiento o renuncia de cualquier acción o
Artículo 108 bis.  Procedimiento sancionador en materia de transporte de viajeros.
El procedimiento para la imposición de las sanciones en materia de viajeros se 
ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  16/1987,  de  30  de  julio,  de  ordenación  de  los 
transportes terrestres y en su reglamento de desarrollo. En lo no previsto en dichas 
normas se estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»
– Artículo 95.
Donde dice:
«Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  6;  se  modifica  el  apartado  2  del 
artículo 13; se modifica el apartado 4.c y se añade un nuevo apartado d en el 
artículo 16; se modifican los apartados 1.a y 1.b del artículo 33; se modifica el 
apartado 1.e del artículo 35; se modifica el apartado 1 del artículo 51; se modifica el 
apartado 4 del artículo 53; se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 55; se 
modifica el apartado 1.b del artículo 57; se modifica el apartado 2 del artículo 58; se 
modifica el apartado 3.e del artículo 60; se modifica el apartado 2.a del artículo 63; 
se modifica el apartado 1.c del artículo 77; se modifica el apartado 2 del artículo 78; 
se modifica el apartado 4 del artículo 79; se modifica el apartado d del artículo 82; se 
modifica el apartado 1 del artículo 83; se modifican los apartados 1 y 4 y se añade 
un nuevo apartado en el artículo 104; se modifica el apartado 8 del artículo 106; se 
modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 121; se modifica el apartado 2.c 
del artículo 136; se modifica el título y el apartado 1 del artículo 186; se modifica el 
artículo 190; se modifica el apartado 2 del artículo 197; se modifican los apartados 1, 
3,  4,  6  y  7  del  artículo  202;  se  modifica  el  artículo  213;  se  modifican  los 
apartados  1.d  y  2  del  artículo  214;  se  modifica  el  artículo  215;  se  modifica  el 
artículo 224; y se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 236 de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
"[…]
Artículo 104.  Derecho a la expropiación rogada.
Punto 1.
Se añade al final un párrafo nuevo con la siguiente redacción:
Se  considera  a  estos  efectos  como  administración  competente  la 
administración que sea titular de la dotación que haya de ejecutarse en el terreno.
[...]
4.  Si, antes de transcurrir los plazos establecidos en este precepto, se ha 
sometido a información pública y consultas una modificación o una revisión del 
planeamiento urbanístico que comporta la inclusión del suelo dotacional en un 
área de reparto conformada por un sector, una unidad de ejecución o actuación 
aislada a los efectos de su gestión, los plazos quedarán interrumpidos. El cómputo  s
de  los  plazos  se  reanudará  si  transcurre  un  año  sin  haberse  producido  su  oe.
aprobación definitiva. w.
[...]
Se añade un punto 9 nuevo, redactado como sigue:
9.  El régimen de devengo de intereses en esta modalidad de expropiaciones 
será el siguiente:
a)  En la determinación del justiprecio, será fecha inicial aquella en la que el 
propietario presente su hoja de aprecio y fecha final aquella en que se notifique el 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a la administración que 
sea competente de acuerdo con lo establecido en el apartado primero.
Si el jurado incurre en mora por superar el plazo máximo para resolver y 
notificar  el  acuerdo  de  fijación  del  justiprecio  o  para  resolver  el  recurso  de 
reposición que potestativamente interpongan cualquiera de los interesados, será 
responsable del pago durante el plazo que exceda de ese máximo, en los términos 
establecidos en la Ley de expropiación forzosa.
b)  Una vez notificado el acuerdo por el Jurado de Expropiación Forzosa será 
de aplicación lo establecido en el artículo 57 de la Ley de expropiación forzosa, 
debiendo la administración competente abonar el justiprecio en el plazo de seis 
meses. Transcurrido dicho plazo se devengarán nuevamente intereses que se 
computarán desde la presentación de la hoja de aprecio hasta que se produzca el 
completo pago del justiprecio, descontando la demora imputable al jurado."
[…]»
Debe decir:
«Se modifica el apartado 1 del artículo 6; se modifica el apartado 2 del artículo 13; se 
modifica el apartado 4.c y se añade un nuevo apartado d en el artículo 16; se modifican los 
apartados 1.a y 1.b del artículo 33; se modifica el apartado 1.e del artículo 35; se modifica 
el apartado 1 del artículo 51; se modifica el apartado 4 del artículo 53; se modifican los 
apartados 5 y 6 del artículo 55; se modifica el apartado 1.b del artículo 57; se modifica el 
apartado 2 del artículo 58; se modifica el apartado 3.e del artículo 60; se modifica el 
apartado 2.a del artículo 63; se modifica el apartado 1.c del artículo 77; se modifica el 
apartado 2 del artículo 78; se modifica el apartado 4 del artículo 79; se modifica el 
apartado d del artículo 82; se modifica el apartado 1 del artículo 83; se modifica el 
apartado 4 y se añade un nuevo apartado en el artículo 104; se modifica el apartado 8 del 
artículo 106; se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 121; se modifica el 
apartado 2.c del artículo 136; se modifica el título y el apartado 1 del artículo 186; se 
modifica el artículo 190; se modifica el apartado 2 del artículo 197; se modifican los 
apartados 1, 3, 4, 6 y 7 del artículo 202; se modifica el artículo 213; se modifican los 
apartados 1.d y 2 del artículo 214; se modifica el artículo 215; se modifica el artículo 224; y 
se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 236 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, 
que quedan redactados como sigue:
"[…]
Artículo 104.  Derecho a la expropiación rogada.
[...]
4.  Si, antes de transcurrir los plazos establecidos en este precepto, se ha sometido  e.e
a información pública y consultas una modificación o una revisión del planeamiento  w.b
urbanístico que comporta la inclusión del suelo dotacional en un área de reparto  89ww
scuo ngfoersmtióand,a lo pso pr luanzo sse qctuoer,d uanráan u inntidearrdu mdep ideojesc.u Ecli ócnó mo paucttou adceió lons a pislalazdoas  as elo rse aenfeucdtoasrá d sei 
transcurre un año sin haberse producido su aprobación definitiva.
[...]
Se añade un punto 9 nuevo, redactado como sigue:
9.  El régimen de devengo de intereses en esta modalidad de expropiaciones 
será el siguiente:
a)  En la determinación del justiprecio, será fecha inicial aquella en la que el 
propietario presente su hoja de aprecio y fecha final aquella en que se notifique el 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a la administración que 
sea competente de acuerdo con lo establecido en el apartado primero.
Si el jurado incurre en mora por superar el plazo máximo para resolver y 
notificar  el  acuerdo  de  fijación  del  justiprecio  o  para  resolver  el  recurso  de 
reposición que potestativamente interpongan cualquiera de los interesados, será 
responsable del pago durante el plazo que exceda de ese máximo, en los términos 
establecidos en la Ley de expropiación forzosa.
b)  Una vez notificado el acuerdo por el Jurado de Expropiación Forzosa será 
de aplicación lo establecido en el artículo 57 de la Ley de expropiación forzosa, 
debiendo la administración competente abonar el justiprecio en el plazo de seis 
meses. Transcurrido dicho plazo se devengarán nuevamente intereses que se 
computarán desde la presentación de la hoja de aprecio hasta que se produzca el 
completo pago del justiprecio, descontando la demora imputable al jurado."
[…]»
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8.761, de 13 de marzo de 2020)