BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118568
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16816 Sala Primera. Sentencia 169/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso de 
amparo 3139-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2020:169
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón; y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3139-2019,  promovido  por  la  sociedad  mercantil 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  representada  por  la  procuradora  de  los 
tribunales doña Blanca Berriatua Horta y bajo la dirección del letrado don Marcelino Gilabert 
García, contra el auto de 17 de septiembre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 
60-2018, y contra el auto del mismo juzgado, de 4 de abril de 2019, que desestimó el recurso 
de reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha sido parte la entidad Pera Assets 
Designated Activity Company, representada por la procuradora doña Maria Claudia Munteanu 
y defendida por el letrado don Alejandro Ingram Solís. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 20 de mayo de 2019, la entidad 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., con la representación procesal y letrada 
ya expuesta, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones reseñadas en el 
encabezamiento, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca que, por considerarla extemporánea, acordaron la inadmisión de la oposición a la  s
ejecución  hipotecaria  despachada,  y  la  desestimación  del  recurso  de  reposición  oe.
interpuesto frente a dicha decisión de inadmisión. 816www.
la re2s.o luScuiócnin dtaeml reenctuer seox pduee asmtopsa, rsoo,n l oasn steigcueideenntetess: fácticos y procesales relevantes para
a)  En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca se sigue
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 60-2018 promovido por la entidad Banco de
Sabadell, S.A., frente a las sociedades Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en 
calidad de prestataria e hipotecante, y Penrei Inversiones, S.L., en calidad de titular 
registral de un derecho de uso y disfrute sobre el inmueble hipotecado (finca de Lorca, 
Murcia, sección 1, núm. 43.319, calle Eras de San José, escalera 3, planta 3).
b)  Por auto de 29 de mayo de 2018 se acordó despachar ejecución frente a las 
sociedades demandadas. El citado auto y el decreto de la misma fecha que le sigue, que 
acordó  las  medidas  de  ejecución  y  el  requerimiento  de  pago  al  ejecutado,  fueron 
comunicados a las citadas entidades a través de la sede judicial electrónica el día 30 de 
mayo de 2018; fecha en la que recibió en su dirección electrónica habilitada un mensaje 
del servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
avisándole de que hasta el 15 de julio de 2018 tendría disponible una notificación del 
juzgado de Lorca relacionada con el procedimiento EHJ 0000060-2018, a la que, para 
que  constase  como  leída,  debía  acceder  a  través  de  un  enlace  adjunto  (http://
notificaciones.060.es). La ejecutada accedió a dicho enlace el 15 de julio de 2018.
c)  La entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., presentó el 27 de julio 
de 2018 escrito de oposición a la ejecución despachada. Por auto de 17 de septiembre 
de 2018, el órgano judicial acordó la inadmisión de la oposición formulada por entender 
extemporánea su presentación, tras tomar como fecha de emplazamiento el 30 de mayo 
de 2018. Al pie de dicho auto figuraba la indicación de que podía impugnarse en el plazo 
de cinco días por medio de recurso de reposición.
d)  La recurrente interpuso recurso de reposición contra el auto de inadmisión. En 
síntesis,  alegó  que  las  actuaciones  de  notificación  y  requerimiento  no  habían  de 
entenderse realizadas el día 30 de mayo de 2018, sino el 15 de julio siguiente, y que la 
comunicación remitida a través de la dirección electrónica habilitada no constituye sino 
un aviso de puesta a disposición para descarga de su contenido durante un plazo 
determinado (en este caso desde el 30 de mayo hasta el 15 de julio de 2018). Denunció 
haber sufrido indefensión como consecuencia de la inadmisión de su oposición a la 
ejecución ya despachada.
e)  Tras su tramitación, el recurso fue desestimado por auto de 4 de abril de 2019. 
Según esta resolución, las entidades ejecutadas tienen la condición de persona jurídica 
y, por tanto, están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por medios 
electrónicos, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, así como en 
los arts. 14.2 a) de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y 273.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Según el auto, 
la  dicción  del  art.  162.2  LEC  impone  que  ha  de  entenderse  que  la  comunicación 
electrónica  surte  efecto  trascurridos  tres  días  desde  que  fue  efectuada  sin  que  el 
destinatario acceda a su contenido. Concluye que «en el presente caso, consta que la 
notificación se puso a disposición de las recurrentes en fecha 30 de mayo de 2018 no 
accediendo al contenido hasta el día 15 de julio de 2018 (fuera de los tres días que 
establece la normativa procesal), presentando los escritos de oposición a la ejecución en 
fecha 24 de julio de 2018, claramente fuera del plazo legalmente establecido en el 
art. 556.1 LEC (más allá de los diez días siguientes al de la notificación del auto 
despachando ejecución) y siendo que, conforme al art. 136 LEC, transcurrido o pasado 
el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la 
preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate, es claro que 
dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia legal la inadmisión».
3.  La recurrente afirma en su demanda de amparo que las resoluciones judiciales  e.
impugnadas  han  vulnerado  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  w.b
(art. 24.1 CE), impidiéndole de forma indebida acceder en tiempo y oponerse en el  816ww
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accedió al contenido de la notificación judicial dentro del plazo establecido en el mismo.
El  citado  mensaje  electrónico  tiene  el  siguiente  contenido:  «La  Notificación  estará 
disponible  en  su  Dirección  Electrónica  Habilitada  única  desde  el  30-05-2018  hasta 
el 15-07-2018. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se producirán los 
efectos correspondientes, según la normativa aplicable. Para que conste como leída, por 
favor acceda a http://notificaciones.060.es A través de su DEH podrá también consultar 
notificaciones de otras Administraciones. Asunto: "JDO. 1 INST. E INSTR. N 6 DE 
LORCA EJH/0000060/2018"».
Concluye la demanda afirmando que las resoluciones impugnadas no han «dado 
cumplimiento a las exigencias constitucionales reconocidas para los actos de notificación 
procesal, donde los órganos judiciales no han de limitarse al formal cumplimiento de los 
requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho fundamental, la 
interpretación de las normas reguladoras del emplazamiento debe hacerse tratando de 
asegurar que el acto de comunicación cumple su finalidad constitucional, es decir, la 
efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 de la Constitución Española 
contiene un mandato dirigido no solo al legislador, sino también al interprete, obligándole 
a promover la defensa mediante la correspondiente contradicción, tal y como reconoce la 
STC 37/1984 del Tribunal Constitucional».
En la demanda, por medio de otrosí, solicitó la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria alegando que la continuación de la ejecución «con la celebración 
de subasta y la eventual adjudicación a terceros, pueden hacer perder al recurso de 
amparo  su  finalidad».  Tramitada  la  petición  de  suspensión,  fue  resuelta  por 
ATC 36/2020, de 9 de marzo, por el que, tras desestimarla, se acordó cautelarmente la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad.
4.  Por diligencia de ordenación de fecha 18 de septiembre de 2019 del secretario 
de justicia de la Sección Primera de este tribunal, se acordó requerir al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Lorca a fin de que remitiera certificación 
acreditativa de la interposición o no de recurso de apelación contra el auto de 4 de abril 
de 2019, por el que se resolvió el recurso de reposición presentado para el caso de que, 
de haber sido presentado y haber recaído resolución, se certificara sobre su contenido. 
El 26 de septiembre de 2019 se recibió certificación del letrado de la administración de 
justicia del juzgado indicativa de que no fue presentado recurso alguno.
5.  Mediante providencia de 10 de febrero de 2020 la Sección Primera de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurre en el 
mismo  una  especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Constitucional (LOTC)] porque «puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental alegado» [STC 155/2009, FJ 2 b)]. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de nuestra Ley Orgánica reguladora 
(LOTC), se acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 6 de Lorca, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a los autos de ejecución hipotecaria núm. 
60-2018 y emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el 
presente recurso de amparo.
6.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 4 de marzo de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, actuando en nombre y 
representación de la entidad Pera Assets Designated Activity Company, manifestó ser  s
cesionaria a título oneroso de determinados créditos hipotecarios de los que era titular  oe.
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procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso.
A través de diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2020, la Secretaría de Justicia 
de la Sala Primera de este tribunal tuvo por personada y parte a la citada procuradora en 
la representación acreditada y, asimismo, acordó dar vista de las actuaciones a las 
partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que, 
conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes.
7.  La entidad recurrente presentó sus alegaciones el 15 de abril de 2020. En ellas 
se  remite  a  lo  expuesto  en  la  demanda,  haciendo  mención  adicional  a  los 
pronunciamientos de la STC 40/2020, de 28 de febrero, que trascribe en parte, a 
propósito  del  uso  indebido  de  la  dirección  electrónica  habilitada  como  idónea  para 
realizar el primer emplazamiento del demandado.
8.  El 8 de junio de 2020 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En ellas 
solicita  la  estimación  del  recurso  de  amparo  y,  en  consecuencia,  que  se  declare 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante, y la 
nulidad de todo lo actuado desde la notificación electrónica del auto que despachó la 
ejecución solicitada, con retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior a dicha notificación «para que se le dé al recurrente posibilidad de contestar a la 
demanda».
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas en la 
demanda de amparo, considera que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24.1 CE). 
Realiza un exhaustivo recorrido por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos 
de comunicación procesal con expresa referencia a las SSTC 6/2019, de 17 de enero; 
32/2019, de 28 de febrero; 47/2019, de 8 de abril, y 40/2020, de 28 de febrero, de las 
que transcribe parte de su contenido. A continuación, se refiere a los preceptos legales 
aplicables  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil,  tras  las  reformas  operadas  por  la 
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre; en concreto a los 
arts.  553,  135,  152.2,  155  y  ss.,  y  273.  Finalmente,  transcribe  el  contenido  del 
fundamento jurídico 4 de la citada STC 47/2019 y concluye señalando: «En el supuesto 
aquí analizado, la notificación llegó a conocimiento de la destinataria en el momento en 
que accedió a la página a la que se le derivó desde el servicio de notificaciones, lo que 
hizo en el plazo en el que este le indicó que estaría disponible; sin embargo, la juez no 
tuvo en cuenta que la información contenida en el aviso que efectuó el servicio de 
notificaciones electrónicas era contradictoria y que llevó a creer a la ejecutada que 
durante todo ese tiempo podía acceder a ella, y así lo hizo el último día señalado al 
efecto; a partir de ahí, y siguiendo, también, las indicaciones del propio auto por el que 
se despacha ejecución y que es objeto de la notificación, en el plazo de diez días formuló 
oposición. Si la juez, una vez tuvo conocimiento a través de la interposición del recurso 
de reposición de las contradicciones contenidas en el aviso, habría estimado el recurso y, 
en consecuencia, habría admitido a trámite la oposición, subsanando la vulneración del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  que  se  ocasionó  al  no  haberse  efectuado  la 
notificación en el domicilio del ejecutado de conformidad con el art. 155.2 de la LEC. 
Sentada la existencia de vulneración del citado derecho, ha de concluirse que esta se 
perpetuó con la desestimación del recurso de reposición».
9.  Por providencia de fecha 12 de noviembre de 2020 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año. s
II. Fundamentos jurídicos 816ww
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
InmoEbni liaerila sp rCeossetnat eS  urre, cSur.sLo.,  imdep uganmap aerlo  aulato  dsoecl ieJduazgda dmo edrcea nPtirli mEeruar oIinnsvtearnscioian ees 
Instrucción núm. 6 de Lorca, de 17 de septiembre de 2018, que en el procedimiento de
ejecución  hipotecaria  núm.  60-2018  inadmitió,  por  extemporánea,  la  demanda  de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, y el posterior auto de 4 de abril 
de 2019 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra aquella resolución. 
Para el órgano judicial, el plazo que la demandada tenía para formular oposición a la 
ejecución ya despachada ha de computarse desde la fecha (30 de mayo de 2018) en la 
que recibió en su dirección electrónica habilitada una comunicación del servicio de 
notificaciones electrónicas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre avisándole de 
que hasta el 15 de julio de 2018 tendría disponible una notificación del juzgado de Lorca 
relacionada con el procedimiento EHJ 060-2018 a la que, para que constase como leída, 
debía acceder a través de un enlace adjunto (http://notificaciones.060.es). La mercantil 
recurrente no accedió al enlace adjunto hasta el último día del plazo de disponibilidad 
que le fue indicado; esto es, el 15 de julio de 2018, y presentó su escrito de oposición el 
siguiente día 27 de julio, por lo que considera que lo hizo dentro del plazo de diez días 
hábiles  legalmente  previsto,  computado  desde  la  fecha  límite  expuesta  en  la 
comunicación.
La demandante de amparo alega la vulneración de su derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), como consecuencia de no haberse 
efectuado aquel emplazamiento inicial en el proceso de ejecución de manera personal y 
con entrega en papel de la documentación correspondiente, tal y como establecen las 
normas de la Ley de enjuiciamiento civil, o bien computando los plazos en la forma que 
propone, a partir del 15 de julio de 2018. Por su parte, el Ministerio Fiscal, con sustento 
en las razones que se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del 
recurso de amparo, al considerar que se ha producido la vulneración denunciada en la 
demanda.
Este recurso de amparo se inscribe en la serie de recursos interpuestos por dos 
entidades,  una  de  ellas  la  aquí  recurrente,  demandadas  en  procesos  ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca (Murcia), en 
los cuales, tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones 
electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre,  han  sido  inadmitidos  a  trámite  los  escritos  de  oposición  a  la  ejecución 
presentados por aquellas, al considerarlos extemporáneos mediante el descrito cómputo 
del plazo de oposición que ha sido realizado con arreglo a normas del procedimiento 
administrativo  común.  El  recurso  de  amparo  núm.  5377-2018  promovido  por 
Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., constituye la cabecera de la serie, y ha 
sido resuelto en sentido estimatorio por la STC 40/2020, de 27 de febrero, del Pleno, a 
cuyas consideraciones nos remitiremos en lo que sigue.
2.  Aplicación de la doctrina establecida por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
En la STC 40/2020, de 27 de febrero, FJ 3, abordamos ya el examen de la misma 
queja de fondo planteada en este recurso, en la que se aduce también la vulneración del 
art. 24.1 CE como consecuencia de la inadmisión por extemporáneo del escrito de 
oposición a la ejecución. Se advierte en ella que para su solución resulta de aplicación la 
doctrina de este tribunal plasmada en las SSTC 6/2019, de 17 de enero, FJ 4 a) (iii), 
dictada al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el 
último inciso del artículo 152.2 LEC, y 47/2019, de 8 de abril, FJ 4 a), recaída en proceso 
de amparo, en relación con la garantía de emplazamiento personal inicial del demandado 
o ejecutado en los procesos regidos en esta materia por la Ley de enjuiciamiento civil 
(directa o supletoriamente). En ellas hemos concluido que no procede efectuar por  e
medios electrónicos la citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el  bo
procedimiento, dado que esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio, sin que  816ww
edli cchaas ofo drme ala d eef eccotumaudnaic aa ctrióanvé psu deed ala s deirr escucsiótintu eidleac ptroórn oictara h ealbeiclittraódnaic. aT,a cl oemmop lapzuaemdeie nsetor 
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escritos y documentos que sustenten la acción. El incumplimiento de este deber del
órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho fundamental», tal y 
como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo referidos a procesos 
laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo fundamento jurídico 3, 
precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Lo  expuesto  permite  concluir  ahora,  al  igual  que  hemos  establecido  en  la 
STC  40/2020,  FJ  4,  que  las  dos  resoluciones  judiciales  impugnadas  vulneraron  el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, por no proceder a su 
emplazamiento  personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o, 
alternativamente, permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando, en cambio, el 
órgano judicial por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones 
electrónicas  y  dirección  electrónica  habilitada  de  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y 
Timbre.  Además,  el  plazo  para  presentar  el  escrito  de  oposición  fue  computado 
invocando normas del procedimiento administrativo común que son ajenas al ámbito 
jurisdiccional en el que nos encontramos.
3.  Conclusión.
El presente recurso de amparo ha de ser estimado en aplicación de la doctrina fijada 
en las SSTC 47/2019 y 40/2020 y, en consecuencia, debe declararse la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad demandante (art. 24.1 
CE). De conformidad con lo establecido en el art. 55 LOTC, procede declarar la nulidad 
de los autos impugnados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de 
Lorca, así como de todo lo actuado en el procedimiento de ejecución hipotecaria desde 
que se proveyó a su emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con 
retroacción de las actuaciones hasta este momento a fin de que el juzgado proceda a 
efectuar dicho emplazamiento de manera respetuosa con el derecho fundamental de la 
demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., y, en consecuencia:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 17 de 
septiembre de 2018 y 4 de abril de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 6 de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 60-2018, así 
como de las actuaciones realizadas a partir del emplazamiento de la entidad recurrente a 
través de la dirección electrónica habilitada.
3.º  Retrotraer  el  procedimiento  al  momento  inmediatamente  anterior  al  de 
efectuarse el emplazamiento de la demandada, debiendo llevarse a cabo de nuevo este 
último de forma que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido. es
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». w.
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Mrueblrgicaar.d–oC.ándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y