BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 31172
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
4247 Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el 
«Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
ÍNDICE
Preámbulo.
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto.
Artículo 2.  Conceptos.
Artículo 3.  Deber general de promoción de la simplificación administrativa.
Artículo 4.  Criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites 
y reducción de cargas.
Artículo 5.  Plan de simplificación normativa anejo al Plan de Gobierno.
Título I.  Organización administrativa para la simplificación.
Artículo 6.  Comisión de Simplificación Administrativa.
Artículo 7.  Remisión de iniciativas de simplificación administrativa.
Artículo 8.  Informe de evaluación y seguimiento.
Artículo 9.  Catálogo y premios a las buenas prácticas.
Título II.  Medidas de coordinación.
Artículo 10.  Instrumentos de colaboración.
Artículo 11.  Gestión coordinada de procedimientos.
Artículo 12.  Unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva.
Artículo 13.  Régimen especial de atribución temporal de funciones.
Título III.  Impulso de la gestión administrativa y de la actividad económica.
Capítulo primero.  Intervención administrativa.
Sección primera.  Declaración responsable y comunicación previa.
Artículo 14.  Racionalización de la intervención administrativa.
Artículo 15.  Aplicación de la declaración responsable y comunicación.
Artículo 16.  Comunicación.
Artículo 17.  Efectos.
Artículo 18.  Actividad de comprobación e inspección. es
Sección segunda.  Entidades colaboradoras de certificación. w.
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AArrttííccuulloo  2212..   RFuenqcuiiosniteoss. de acreditación.
Artículo 23.  Obligaciones.
Artículo 24.  Incompatibilidades.
Artículo 25.  Responsabilidad.
Artículo 26.  Certificación de verificación documental.
Capítulo segundo.  Simplificación de procedimientos.
Artículo 27.  Revisión de efectos del silencio administrativo.
Artículo 28.  Revisión de plazos de resolución.
Artículo 29.  Transcurso y suspensión del plazo para la emisión de informes y 
dictámenes en los procedimientos administrativos.
Artículo 30.  Plataforma de emisión de informes sectoriales.
Artículo 31.  Aportación de documentación.
Artículo 32.  Evaluación permanente de procedimientos.
Artículo 33.  Obligaciones de transparencia.
Capítulo tercero.  Régimen sancionador.
Artículo 34.  Ámbito de aplicación.
Artículo 35.  Disposiciones generales.
Artículo 36.  Responsables.
Artículo 37.  Tipicidad.
Artículo 38.  Infracciones leves.
Artículo 39.  Infracciones graves.
Artículo 40.  Infracciones muy graves.
Artículo 41.  Infracciones continuadas o permanentes.
Artículo 42.  Reiteración y reincidencia.
Artículo 43.  Medidas provisionales.
Artículo 44.  Prescripción de las infracciones.
Artículo 45.  Clases de sanciones.
Artículo 46.  Graduación de las sanciones.
Artículo 47.  Cuantía de las sanciones.
Artículo 48.  Caducidad del procedimiento.
Artículo 49.  Prescripción de las sanciones.
Título IV.  Medidas en materia de administración electrónica.
Artículo 50.  Coordinación.
Artículo  51.  Sistemas  de  identificación  y  firma  en  la  sede  electrónica  y  sedes 
asociadas.
Artículo 52.  Utilización de registros distribuidos.
Artículo 53.  Registro de Funcionarios Habilitados de Aragón.
Artículo 54.  Información sobre los procedimientos y servicios.
Artículo 55.  Planificación y organización de los procedimientos y servicios.
Artículo 56.  Espacio personal de relación electrónica con la ciudadanía.
Artículo 57.  Plataforma de Gobernanza de datos.
Artículo 58.  Impulso al establecimiento de cuadros de mando.
Título V.  Medidas sobre el sector energético.
Capítulo primero.  Medidas sobre generación de energía eléctrica a partir de otras 
energías renovables (no eólica), cogeneración y residuos. e.
Artículo 59.  Objeto. 47ww
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Artículo 63.  Procedimiento para la autorización de explotación.
Artículo 64.  Transmisión de instalaciones.
Artículo 65.  Documentación precisa para la solicitud de autorización administrativa 
previa.
Artículo  66.  Documentación  precisa  para  la  solicitud  de  autorización  de 
construcción.
Artículo 67.  Admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y 
de construcción y prioridad.
Artículo 68.  Tramitación de infraestructuras de evacuación.
Capítulo segundo.  Simplificación de procedimientos de determinadas instalaciones.
Artículo 69.  Trámites de información pública de instalaciones de energía.
Disposición adicional primera.  Referencias de género.
Disposición adicional segunda.  Teletrabajo y transformación digital.
Disposición  adicional  tercera.  Relación  electrónica  con  la  administración  de 
determinados colectivos de personas físicas.
Disposición adicional cuarta.  Expedientes de gasto de escasa cuantía.
Disposición adicional quinta.  Entidades colaboradoras de certificación en el ámbito 
de la seguridad industrial.
Disposición adicional sexta.  Aplicación a entidades locales.
Disposición adicional séptima.  Instalaciones de la red de transporte de energía 
eléctrica incluidas en la planificación eléctrica regulada en la normativa estatal.
Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable a procedimientos en tramitación.
Disposición transitoria segunda.  Procedimientos iniciados conforme a los Decretos 
Leyes 1/2020, de 25 de marzo, 2/2020, de 28 de abril, y 4/2020, de 24 de junio.
Disposición transitoria tercera.  Protección de proyectos de producción de energía.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de determinadas instalaciones de 
generación eléctrica.
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio de subvenciones del fondo local.
Disposición derogatoria única.
Disposición final primera.  Modificación de texto refundido de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 junio.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón.
Disposición  final  tercera.  Modificación  de  la  Ley  8/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
Disposición  final  cuarta.  Modificación  de  la  Ley  3/2011,  de  24  de  febrero,  de 
Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
Disposición final quinta.  Modificación del Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad 
económica en Aragón.
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y 
fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón.
Disposición final séptima.  Modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación 
del  Territorio  de  Aragón  aprobado  mediante  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  17  de 
noviembre, del Gobierno de Aragón.
Disposición final octava.  Modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio. s
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de  oe.
medidas urgentes de política de vivienda protegida. w.
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la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Disposición final duodécima.  Modificación de la Ley 1/2015, de 15 de marzo, de 
Caza de Aragón.
Disposición final decimotercera.  Modificación del texto refundido de las tasas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2004, de 27 de 
julio, del Gobierno de Aragón.
Disposición final decimocuarta.  Modificación del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 
de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Montes de Aragón.
Disposición  final  decimoquinta.  Modificación  de  la  Ley  10/2005,  de  11  de 
noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón.
Disposición  final  decimosexta.  Adaptación  de  régimen  de  intervención, 
procedimientos y plazos de silencio e informe.
Disposición final decimoséptima.  Delegación legislativa.
Disposición final decimoctava.  Desarrollo reglamentario.
Disposición final decimonovena.  Registro de Beneficiarios de Subvenciones.
Disposición final vigésima.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
Es recurrente la demanda social y empresarial de simplificar y agilizar la acción y el 
funcionamiento  de  la  Administración  pública,  especialmente  en  tiempos  de  crisis. 
También la propia Administración y sus gestores son conscientes de las posibilidades de 
mejora de sus procesos y, con excesiva frecuencia, de las deficiencias regulatorias que 
están en la base de muchos de los problemas detectados. Sin embargo, tal propósito, sin 
duda  loable,  no  debe  suponer,  ni  razonablemente  pretender,  la  desaparición  de  la 
Administración, su retranqueo hasta espacios que le hagan imposible cumplir con su 
función constitucional de servicio al interés general, como si de un artefacto molesto o 
inútil se tratase. Con la simplificación administrativa, en su triple vertiente regulatoria, 
organizativa y procedimental, no se trata, por tanto, de imponer, so pretexto del logro de 
una mayor agilidad, menos Administración, sino de exigir mejor Administración.
Las políticas de simplificación administrativa solo serán eficaces, en todo caso, si se 
conciben  y  ejecutan  simultáneamente  en  los  tres  ámbitos  señalados:  normativo, 
procedimental  y  organizativo.  Se  trata  con  ello  de  impulsar  un  proceso  integral  de 
transformación, única forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma 
efectiva, una Administración más ágil y proactiva. El resultado es un proceso integral, que 
afecta  a  toda  la  organización,  un  proceso  paralelo,  y  equivalente  en  su  plano,  al  de 
transformación digital. No se trata de cambiar normas, por un lado, plantillas por otro y 
procedimientos,  finalmente,  de  forma  aislada  o  improvisada.  Se  trata  de  diseñar  una 
estrategia global de cambio, de transformación del conjunto de la cultura organizativa del 
sector  público  haciendo  que  los  nuevos  principios  organizativos  y  de  funcionamiento, 
repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector público, sus 
relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses generales.
Los principios de buen gobierno y buena administración, entre muchos otros, no 
pueden, pues, quedar en meras declaraciones programáticas. Es preciso desarrollarlos 
en sus múltiples vertientes, sin caer en delirios hiperregulatorios, con visión de futuro  e.e
ante todo, pero también, en las actuales circunstancias, como una de las palancas de  b
salida de la crisis. El país que va a salir de la crisis sanitaria no será el mismo que entró  47ww
emno deellran,i znair slea,  plaesrc eapcctiiótund eqsu e dleobse nc iumdaoddaenrnoisz atriseen eny  dlae  érel. guLlaa cAiódnm  idneisbtrea,c iótanm dbeiébne, 
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empleados  públicos  han  de  implicarse  en  ese  proceso  de  transformación,
comprometerse con él y liderarlo. Ha de superarse, en fin, la asunción con naturalidad de 
formas de regular, frecuentemente basadas en la desconfianza y concebidas al margen 
de la organización, que convierten la regulación en una rémora para la actuación de las 
Administraciones públicas y para la actividad económica de los particulares.
El sector público será insostenible, imposible de gestionar, si no se sale al paso de la 
tendencia a introducir cada vez más y más compleja regulación, aun cuando sea con 
propósitos tan poco cuestionables en sí mismos como garantizar la transparencia, la 
integridad, la eficacia y eficiencia en la gestión pública y combatir al mismo tiempo la 
corrupción. Más regulación, sin embargo, no parece ser siempre la respuesta más 
adecuada para lograr todos estos objetivos, ni ha sido la aplicada en muchos Estados de 
nuestro entorno, que han procedido más bien en sentido inverso. Lo que sí puede 
producir, como el Estado parece estar constatando en estos tiempos de crisis, es lentitud 
o aun paralización de la administración. Una nueva cultura regulatoria, en cualquier caso, 
debe  escuchar  con  atención  a  los  gestores,  no  solo  a  quienes  los  controlan,  que 
también,  de  forma  equilibrada  y  poniendo  por  delante  la  eficacia  de  la  actuación 
administrativa,  la  agilidad,  la  transparencia  y  la  administración  electrónica  como 
instrumento al servicio de todo ello.
La transformación de los procedimientos, por otra parte, es cuestión reclamada 
insistentemente desde múltiples sectores económicos. Ciertamente, como consecuencia 
del impulso proporcionado por las instituciones de la Unión Europea al proceso de 
liberalización de servicios y la profunda reforma de diferentes sectores económicos, los 
cambios  van  incorporándose  poco  a  poco  a  nuestro  ordenamiento.  Pero  continúan 
siendo muchas las resistencias, frecuentemente tintadas ideológicamente, tanto en la 
Administración  como  en  la  propia  sociedad,  que  desconfía  a  veces  de  las  nuevas 
técnicas de intervención administrativa y no las entiende en ocasiones, pensando que 
son instrumentos que, simplemente, permiten poco menos que obviar la Administración. 
La  sustitución  de  autorizaciones  previas  por  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones, la implantación efectiva del silencio positivo, la reducción de plazos de 
resolución o informe, la coordinación interna de los órganos implicados en un mismo 
procedimiento, la reducción de las obligaciones de aportación de documentación o la 
efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administración disponga de ella o pueda 
obtenerla por sí misma son cuestiones que, aun cuando están presentes en la normativa 
administrativa general, distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, 
no lo han sido a través de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr 
su máxima extensión en la organización.
Aragón se propone para lograrlo y en el marco de la Estrategia Aragonesa para la 
Recuperación Social y Económica, pero con voluntad y alcance estructural, impulsar un 
programa de simplificación y mejora regulatoria, que se concreta inicialmente en esta ley, 
examinando  la  regulación  que  le  compete  y  afrontando,  en  todas  las  áreas,  su 
simplificación,  mejora  y  depuración;  examinando  una  vez  más  sus  propios 
procedimientos y plazos de tramitación; previendo, por último, medidas organizativas que 
refuercen  la  coordinación  y  proactividad  del  sector  público.  La  citada  Estrategia 
Aragonesa incorporó, como medida 269, avanzar hacia una Administración «papel 0» o 
«sin papeles» y «el impulso a la consecución del expediente electrónico, en el logro del 
objetivo  y  mandato  normativo  de  eficiencia  y  eficacia».  La  medida  270  del  mismo 
documento plantea, además, «simplificar los trámites administrativos, fomentando la 
reducción de plazos y trámites, impulso a los mecanismos simplificados de gestión, como 
las declaraciones responsables, sin que ello suponga merma de las competencias de  s
comprobación y evitando que se vean afectados los requerimientos de índole laboral,  oe.
sanitaria y medioambiental». w.
Se afrontan, en este marco, reformas estructurales de normas fundamentales para la  47ww
odregsarengizualcairó no  hya fcuenrc qiounea mloi epnútob licdoe l ssee rcetotirr ep dúeb liecsoc eanraag soinnéos, . cNomo os ey at rsaeta  hcao sne ñeallola ddoe, 
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de  interconectar  todas  las  áreas  para  facilitar  el  flujo  de  información.  Todos  los 
departamentos afrontarán esa tarea de autoexamen y, tras él, de propuesta de mejora en 
el proceso de implantación de lo establecido en esta ley. Este proyecto, afrontado por 
muchos Estados ya, permanentemente pendiente en España, será un instrumento más 
de mejora para los servicios públicos, la garantía de los derechos sociales y el desarrollo 
de actividades económicas en Aragón, haciéndolas más competitivas, haciendo más 
competitivo  a  nuestro  sector  público  autonómico  y,  a  la  postre,  aumentando  la 
competitividad de Aragón como territorio.
II
Conviene advertir, en todo caso, que este proceso y esta ley se afrontan desde las 
competencias que a la Comunidad Autónoma de Aragón corresponden conforme a su 
Estatuto de Autonomía. Es obvio que, allí donde exista normativa básica, la autonómica 
debe ser coherente con ella; que, donde la competencia normativa es exclusiva del 
Estado, Aragón no puede sino acatar y cumplir. Ciertamente, lo que sí puede hacer la 
Comunidad y en ello se centra esta ley es, al menos, no complicar la regulación más allá 
de lo imprescindible y, siempre que sea posible, optar por técnicas de intervención 
administrativa  que  proporcionen  la  máxima  agilidad  a  la  actuación  administrativa 
favoreciendo el dinamismo económico y social. Pero no se puede, sin embargo, cerrar 
los ojos a una realidad evidente: el proceso de simplificación administrativa no podrá 
completarse totalmente en Aragón, ni en ninguna otra Comunidad, si no lo afronta 
también el Estado, si no hay una voluntad decidida de transformar la regulación, la 
actuación y la organización de todas las administraciones públicas plasmada en las leyes 
estatales que rigen, en lo fundamental, su conformación. Esta ley, por tanto, llega hasta 
donde puede llegar atendida la normativa estatal vigente.
Las  potestades  normativas  de  las  Comunidades  Autónomas,  pues,  no  son 
omnímodas. Ni siquiera en el ámbito de sus competencias exclusivas puede afirmarse 
sin  riesgos  o  matices  tal  cosa.  La  normativa  estatal,  independientemente  del  título 
competencial que la ampare, habida cuenta de los amplísimos espacios de concurrencia 
competencial, condiciona el contenido de las normas autonómicas. Probablemente, es 
inevitable, pero lo que no lo es, en cambio, es que esas normas estatales, especialmente 
cuando tienen carácter estructural, se conviertan en ocasiones en una auténtica rémora 
para la realidad que pretenden regular. El ejercicio leal de las competencias propias de 
Aragón, el principio de lealtad constitucional, impone también que, cuando se detecten 
esas rémoras, la Comunidad lo ponga de manifiesto. Y es que la regulación excesiva o 
desmesurada, que parece fiar la resolución de todos los problemas, la prevención de 
todos los riesgos, el logro de cualesquiera objetivos, a la regulación, obviando la gestión, 
es hoy uno de los problemas en nuestro modelo de Estado. Además, con frecuencia esa 
regulación, por un lado, no es producto de una concertación cooperativa plena entre los 
poderes del Estado que comparten la competencia, y, por otro, no atiende al sentir de los 
gestores públicos, que conocen perfectamente los sectores de acción pública objeto de 
regulación. No se pretende, lógicamente, que el criterio del gestor imponga el programa 
de gobierno, pero sí delimitar lo técnico y lo programático. De nada sirve ofrecer a la 
ciudadanía lo imposible; sólo genera frustración y desconfianza en lo público. Es preciso 
insistir  en  procesos  de  gestión  y  de  producción  de  derecho  que  cuenten  con  sus 
destinatarios, instituciones y ciudadanos, por supuesto, pero también con gestores, con 
las gentes que han de aplicar las normas, frecuentemente encuadradas en nuestro  s
modelo de Estado en las administraciones de las Comunidades Autónomas y de las  e.
entidades locales. w.
Muchos de los problemas actuales nacen de las normas estructurales, basilares del  47ww
créugmimpleimn ienatdom teinnisdtrríaat isvion,  duqduae  unin ncootrapbolera enf ecretog utrlaancsiofonrems adaomr yb icdieo smaes,jo rac.u Pyoe roe nfeoc htiavon 
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administrativo y régimen jurídico del sector público, la normativa de subvenciones o la 
normativa de contratación del sector público. Es también lo que viene ocurriendo con las 
ambiciosas normas orientadas a impulsar la transformación digital de la parte pública del 
sector público, dejando al margen las entidades de derecho privado que en él se integran 
también. En este escenario es con frecuencia el gestor el que está inerme ante la norma, 
ante el nivel de poder competente para desarrollar y ejecutar, el que detecta y padece los 
problemas derivados de normas que le vienen impuestas. Los problemas, a la postre, 
acaban afectando a la sociedad, a las actividades económicas, a los servicios públicos, a 
la credibilidad del entero sistema. La desafección, la desconfianza en las instituciones, 
no nacen de la nada.
Es preciso, pues, administrar mejor, no menos, regular mejor, no menos, evaluar más 
y mejor. No se trata de eliminar la Administración o de postergar al sector público y, con 
ello, desproteger los intereses generales. Se trata de hacerlos mejores, más cercanos a 
ciudadanos y empresas, más ágiles, más proactivos, más tecnológicos, más atentos a 
las necesidades que deben atender para cumplir su función constitucional de servicio a 
los intereses generales.
Para  impulsar  el  proceso  de  simplificación  administrativa  esta  ley  comporta  el 
ejercicio de fundamentales competencias atribuidas a la Comunidad de Aragón por el 
vigente  Estatuto  de  Autonomía,  además  del  desarrollo  de  principios  esenciales 
constitucional y estatutariamente proclamados como los de buena fe, confianza legítima, 
transparencia  y  servicio  efectivo  a  los  ciudadanos  u  otros  como  el  de  buena 
administración. Mediante esta ley se ejercen las competencias exclusivas del artículo 71 
del Estatuto de Autonomía sobre: 1.ª, creación, organización, régimen y funcionamiento 
de las instituciones de autogobierno; 5.ª, régimen local; 7.ª, procedimiento administrativo 
derivado de las especialidades de la organización propia; 8.ª, ordenación del territorio; 
9.ª, urbanismo; 10.ª, vivienda; 22.ª, normas adicionales de la legislación básica sobre 
protección  del  medio  ambiente;  23.ª,  caza;  30.ª,  colegios  profesionales.  Las 
competencias  compartidas  reconocidas  en  el  artículo  75:  3.ª,  protección  del  medio 
ambiente; 4.ª, energía; 5.ª, protección de datos de carácter personal; 11.ª, desarrollo de 
las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para las 
Administraciones  públicas  aragonesas,  incluidas  las  entidades  locales;  12.ª,  sobre 
régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma, y 13.ª, régimen estatutario de los funcionarios de la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  así  como  la  competencia  sobre  ejercicio  de  la 
actividad  de  fomento  autonómico  del  artículo  79,  todas  ellas  de  nuestra  norma 
institucional básica.
III
La presente ley se estructura en seis títulos (preliminar y primero a quinto), con 
sesenta  y  nueve  artículos,  siete  disposiciones  adicionales,  cinco  disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y veinte disposiciones finales.
IV
En  el  título  preliminar  se  regula  el  objeto  de  la  ley,  que  se  concreta  en  el 
establecimiento de las medidas de simplificación administrativa para promover la mejora 
de los procesos regulatorios, de gestión, y la organización de la Administración de la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  su  sector  público.  Se  concreta  el  concepto  de  e.
«simplificación administrativa» sobre el que se construye la ley, que abarca los aspectos  w.b
normativos, procedimentales y organizativos, incorporando, por ejemplo, acciones en  47ww
mateLraia l edye  etrsatnasbfloercme aecli ódne bdeigr itgael,n rearcaiol ndael iztoadcaiósn l ays r eednuticdcaiódne sd ey  cóargrgaanso.s que integran el
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fundamentales de simplificación que inspiran el conjunto de la ley. Además, y en lo que 
respecta a la simplificación regulatoria, se regula el plan de simplificación normativa, 
anejo al Plan de Gobierno y gestionado a través de los planes anuales normativos ya 
existentes.
V
En su título primero, la ley, con el claro propósito de incorporar de forma permanente 
la  simplificación  administrativa  a  la  agenda  institucional  y  política,  regula  una 
organización  instrumental  sumamente  sencilla  y  de  marcado  carácter  técnico,  la 
Comisión  de  Simplificación  Administrativa,  adscrita  orgánicamente  al  departamento 
competente en materia de Administración pública y. funcionalmente. a la Presidencia del 
Gobierno,  e  integrada  por  un  máximo  de  diez  miembros,  empleados  públicos  con 
experiencia acreditada en materias directamente relacionadas con sus funciones. A la 
comisión  corresponderá  el  impulso,  seguimiento  y  evaluación  de  las  políticas  de 
simplificación administrativa en el marco y con el alcance establecidos en esta ley.
VI
El título segundo de la ley se dedica a las medidas de coordinación, instrumento sin 
duda fundamental para la simplificación procedimental y la reducción de cargas. Para 
ello se favorece la celebración de acuerdos de colaboración que canalicen el ejercicio 
conjunto de competencias administrativas, tanto para proyectos concretos como para 
sectores económicos específicos o, en general, para la agilización de procedimientos 
administrativos. En conexión con tales acuerdos, pero no dependiente de ellos, se regula 
la gestión coordinada de procedimientos, que consiste en el establecimiento de un marco 
de trabajo instrumental, organizativo y temporal, para el ejercicio de una competencia o 
del conjunto coordinado de las competencias que corresponden a diferentes órganos 
para autorización de una actividad o proyecto concretos o de sectores económicos 
específicos. La gestión coordinada de procedimientos se somete, si es preciso, a un 
régimen jurídico muy sencillo, basado en órdenes de gestión coordinada que disciplina 
sus  aspectos  fundamentales  en  cada  caso  haciendo  hincapié  en  la  programación 
temporal y la previsibilidad de la acción administrativa, esencial para todos los sectores 
económicos y proyectos.
Instrumentalmente, desde una perspectiva organizativa y de gestión de personal la 
ley regula con carácter general y vigencia indefinida dos instrumentos que se han venido 
utilizando durante la crisis pandémica, las unidades transitorias de apoyo a la gestión, 
utilizables para la gestión coordinada de procedimientos o para la gestión masiva y 
ocasional de procedimientos, y el régimen especial de atribución temporal de funciones, 
que, con todas las garantías legales del estatuto en cada caso aplicable, flexibiliza la 
gestión del personal preciso para la gestión coordinada y las unidades transitorias.
VII
En la arquitectura de la ley resulta esencial su título tercero que, integrado por tres 
capítulos, se dedica al impulso de la gestión administrativa y de la actividad económica.
En el capítulo primero se regula específicamente la transformación que se impulsa 
del régimen de intervención sobre las actividades económicas, previendo un régimen 
general de la declaración responsable y la comunicación, desarrollando la legislación  e.
estatal e impulsándolos como sistemas preferentes de intervención, y una regulación de  w.b
una nueva entidad colaboradora de la Administración, las entidades colaboradoras de  47ww
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adpel iclaasc ióanu todriirzeacctaio noe sb ápsriecvai,a so, , eexxcceepptoc ioqnuaelm leon time,p iudnaan  nnoorrmmaa  ceounro praenag oo  dees taletayl , pdoer 
razones imperiosas de interés general.
Con  el  régimen  general  que  se  establece  se  dota  de  un  marco  normativo  a 
cualesquiera  ámbitos  de  la  acción  administrativa  que  hayan  de  utilizar  declaración 
responsable o comunicación sin necesidad de regulaciones sectoriales específicas y con 
posibilidad de realizar las adaptaciones precisas. Para ello se concreta el régimen de 
aplicación,  con  las  cautelas  precisas  para  garantizar  que  el  sistema  funcionará 
correctamente, desde un punto de vista procedimental y organizativo, los efectos y el 
régimen de la actividad de comprobación, por un lado, y de la inspección, por otro.
Las  entidades  colaboradoras  de  certificación  se  configuran  como  entidades 
colaboradoras  de  la  Administración  para  la  correcta  aplicación  del  régimen  de 
declaración  responsable  o  comunicación.  En  ningún  caso  la  intervención  de  las 
entidades colaboradoras de certificación sustituye ni desplaza la acción administrativa, 
pero  sí  la  facilita,  en  la  medida  en  que  estas  entidades  ejercerán  funciones  de 
comprobación, informe y certificación de verificación documental, entre otras, bajo su 
responsabilidad y con las garantías legalmente establecidas, funciones que permitirán 
agilizar la actividad administrativa de comprobación con objeto de garantizar la seguridad 
del tráfico jurídico y de las actividades económicas. La ley regula la acreditación, el 
registro, las funciones, las obligaciones, entre las que destaca la de aseguramiento, las 
incompatibilidades  y  el  régimen  de  responsabilidad.  Podrán  ser  acreditadas  como 
entidades colaboradoras los colegios profesionales u otras personas jurídicas legalmente 
constituidas.
El capítulo segundo de este título tercero regula la simplificación de procedimientos, 
estableciendo, de nuevo sobre la base de la normativa básica estatal, el régimen de 
aplicación del silencio positivo, los plazos generales máximos del silencio, los de emisión 
de informes sectoriales, así como la regulación de la plataforma de emisión de informes 
sectoriales,  y  las  reglas  para  la  aportación  de  documentación  por  los  interesados, 
otorgando preferencia a la declaración responsable siempre que sea posible. En todas 
estas cuestiones la ley fija regla general, que cederá únicamente cuando así lo impongan 
normas europeas o estatales de obligado cumplimiento o, excepcionalmente, una norma 
con  rango  de  ley  por  razones  imperiosas  de  interés  general.  Al  igual  que  para  la 
aplicación del régimen de declaración responsable o comunicación se establece un 
proceso  de  análisis  y  transición  al  nuevo  modelo,  que  requiere  la  elaboración  y 
aprobación de un proyecto de ley específico, en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de esta ley, donde se detallen los cambios aplicables en todas las materias 
enunciadas.
El capítulo tercero, finalmente, establece un régimen sancionador en la materia, 
comprensivo tanto de posibles infracciones en relación con el régimen de declaración 
responsable o comunicación como de las que pudieran cometer en el ejercicio de sus 
funciones las entidades colaboradoras de certificación. El nuevo sistema requiere rigor 
en su aplicación por todas las partes, la administración y los órganos administrativos, 
desde  luego,  pero  también  los  particulares  y  las  entidades  colaboradoras  que 
coadyuvarán al eficaz funcionamiento del sistema.
VIII
El título cuarto regula una serie de medidas dirigidas a impulsar la implantación efectiva 
de la administración electrónica en el marco del proceso de transformación digital que han 
de  afrontar  con  decisión  las  organizaciones  públicas.  Tales  medidas  se  refieren  a 
cuestiones  esenciales  para  ese  proceso  de  transformación,  cual  la  indispensable  s
coordinación, la regulación de los sistemas de identificación y firma en la sede electrónica y  e.
las sedes asociadas, del registro de funcionarios habilitados de Aragón, la planificación y  w.
organización de los procedimientos y servicios, y de la información sobre los mismos, del  47ww
geospbaecrnioa npzear sdoen daal todse,  proetleanccióiann deole scutr ótrnaictaam  iceonnto  laal  sceiurvdiacdioa ndíeal  dyis edñeo  yla e jepclautacifóonrm dae  ldaes 
políticas públicas.
IX
En el título quinto, estructurado en dos capítulos, se establecen relevantes medidas. 
En  el  primero,  sobre  el  sector  energético  para  impulsar  el  proceso  de  transición 
ecológica, potenciando y agilizando la tramitación de instalaciones de generación de 
energía eléctrica a partir de otras energías renovables, no eólicas, cogeneración y 
residuos. En el segundo se simplifican algunas tramitaciones menores de instalaciones 
energéticas para agilizarlas y reducir las cargas burocráticas.
En lo que respecta a las medidas sobre generación de energía eléctrica a partir de 
otras energías renovables, no eólicas, cogeneración y residuos, la regulación que se 
establece  se  basa  en  la  renovada  normativa  aragonesa  para  la  generación  eólica 
aprobada en 2016 y que ha permitido el despegue definitivo de esta forma de generación 
en nuestra Comunidad. En esa regulación de la generación eólica, que se reconoce en la 
ley  como  supletoria  para  todas  las  tecnologías  renovables,  se  inspiran  el  régimen 
general  de  autorizaciones,  los  procedimientos  aplicables  para  la  emisión  de  la 
autorización previa y de la autorización de construcción, la documentación que ha de 
presentar el promotor, las reglas sobre admisión a trámite de solicitudes y de prioridad de 
proyectos, las de trasmisión de instalaciones y las de tramitación de las infraestructuras 
de evacuación.
Finalmente, dentro de este título se simplifican determinados procedimientos para 
instalaciones  energéticas  sencillas  prescindiendo  del  trámite  de  información  pública 
salvo que se solicite por el promotor declaración de utilidad o se requiera evaluación de 
impacto ambiental, en cuyo caso se tramitarán simultáneamente.
X
Especial  relevancia  tiene  para  el  proceso  de  simplificación  administrativa  que 
mediante esta ley se regula e impulsa su parte final, que consta, como ha quedado 
señalado,  de  siete  disposiciones  adicionales,  cinco  disposiciones  transitorias,  una 
disposición  derogatoria  y  veinte  disposiciones  finales.  Entre  las  disposiciones 
adicionales, que incorporan la cláusula de género, la vinculación entre la implantación 
efectiva del teletrabajo y el avance del proceso de transformación digital, la relación 
electrónica con la Administración de personas físicas en determinados procedimientos, o 
el régimen de aplicación de determinadas disposiciones de la ley a las entidades locales, 
debe destacarse la disposición adicional quinta, dirigida a evitar que el Gobierno de 
Aragón deba conocer, con las correspondientes dilaciones, de determinados expedientes 
de pequeña cuantía.
Las disposiciones transitorias subordinan la aplicación de lo establecido en esta ley a 
determinados desarrollos y, en lo que respecta a los procedimientos en tramitación que 
se vean afectados por ella, establecen la regla habitual que remite para su resolución a 
la normativa anterior. Se prevén reglas transitorias específicas, por lo demás, en relación 
con  la  protección  de  los  proyectos  de  producción  de  energía  y  determinadas 
instalaciones  de  generación  que  pueden  ver  simplificada  su  tramitación  por  lo 
establecido en esta ley.
Las veinte disposiciones finales, por último y dejando al margen la habitual regulación 
del desarrollo reglamentario de la ley y de su entrada en vigor, realizan una profunda 
reforma,  en  línea  con  el  propósito  simplificador  de  esta  ley,  de  diversas  normas 
estructurales para el sector público autonómico como el texto refundido de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,  e.e
de 29 junio; la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, o la Ley 3/2011,  b
de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón.  47ww
Tdiacmiebmiébnre ,s ed eml Iondstifiticuato  lAa rangoormnéasti vdae  aGmebstieiónnt aAl my,b ieenn taclo; nlac rLeetoy,  1l1a/ 2L0e1y4 ,1 d0e/2 40 1d3e,  ddicei e1m9b rdee, 
djuen iPo,r edveel nGcoióbnie yrn Po rdoete Accraiógnó nA,m pboire enlt aqlu dee s eA raapgróune;b eal  eDl etecxretoto r eLfuengdisildaoti vdoe  1la/2 L0e1y7 ,d ed eM 2o0n tdees 
de Aragón, la Ley 10/2015, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón, así como,
igualmente en profundidad, normas sectoriales relevantes como el Decreto Ley 2/2016, 
de 30 de agosto, de medias urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en 
relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y 
el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
De menor alcance, aunque igualmente relevantes con los objetivos de esta ley, son 
las reformas de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública 
y Participación Ciudadana de Aragón; el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad 
económica  en  Aragón;  la  Ley  7/2019,  de  29  de  marzo,  de  apoyo  y  fomento  del 
emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón; el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado mediante Decreto Legislativo 2/2015, 
de  17  de  noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón;  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio;  la 
Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida; 
la Ley 1/2015, de 15 de marzo, de Caza de Aragón, o, finalmente, el texto refundido de 
las  Tasas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto 
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
Por  último,  la  disposición  final  décimo  cuarta  establece  una  amplia  delegación 
legislativa para la elaboración de textos refundidos de numerosas normas legales en 
vigor, algunas antiguas cuya renovación está prevista, pero pendiente, con objeto de 
facilitar  su  conocimiento  y  aplicación,  de  nuevo  en  línea  con  los  objetivos  de 
simplificación normativa que mediante esta ley se tratan de alcanzar.
XI
Esta  ley  se  ha  elaborado  de  acuerdo  con  los  principios  establecidos  en  el 
artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas  y,  en  primer  lugar,  el  de  necesidad, 
promoviendo el desarrollo y agilización de las actuaciones financiables con determinados 
fondos  europeos  incluidas  en  el  Plan  estatal  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia y en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, 
instrumentos ambos creados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia 
provocada por el SARS-CoV-2.
Asimismo, la ley promueve una mayor eficacia, dado que se trata de minimizar las 
cargas  administrativas  innecesarias  o  accesorias  favoreciendo  las  declaraciones 
responsables y la comunicación, y en su aplicación se tiende a la racionalización de la 
gestión  de  los  recursos  públicos.  Con  este  programa  de  simplificación  y  mejora 
regulatoria  que  incluye  reformas  estructurales  de  normas  fundamentales  para  la 
organización y funcionamiento del sector público se garantiza también el principio de 
proporcionalidad.
Para garantizar el principio de seguridad jurídica, en tercer lugar, esta norma se ha 
elaborado de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 
Unión Europea, siendo especialmente cuidadosa con el respeto y adaptación de la 
legislación básica estatal, promoviendo, además, un amplio programa de refundición de 
normas legales, evitando su dispersión y las dudas que la aplicación de normas legales 
aprobadas en diferentes momentos puede suscitar.
En relación con el principio de transparencia, en cuarto lugar, al tramitarse esta ley 
siguiendo el régimen extraordinario de elaboración de disposiciones de carácter general  s
regulado en el artículo 22 del Decreto Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de  e.
Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impuso de la  w.
Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, se ha prescindido del  47ww
tprúábmliicteo . dDee scdoen slau ltpae rpsúpbelcictiav ap dreev liaas  pmoer dcidoansc uinrrcirlu iedvaids eennte lsa  lreayz,o enle rse sdpee tog rya vdee sianrteroréllos 
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publicación del informe de evaluación y seguimiento de la simplificación administrativa, 
en la elaboración de los catálogos de buenas prácticas, entre otras cuestiones.
Que esta ley responde, como ya se ha señalado, a la ejecución de las medidas 
incluidas en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica resulta 
palmario. El apartado 4.8 de dicha Estrategia, que comprende las medidas 269.ª y 270.ª, 
se dedica a la agilidad en la actividad administrativa. Y no son las anteriores las únicas 
referencias a la simplificación y a la agilización, aunque sí las más generales, pues la 
Estrategia incluye otras como las medidas 8.ª, 18.ª, 39.ª, 95.ª, 109.ª, 151.ª o 236.ª Es por 
ello que, en la elaboración de esta norma, se ha seguido el régimen extraordinario de 
elaboración de disposiciones de carácter general regulado en el artículo 22 del Decreto 
Ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 
urgentes  y  extraordinarias  para  el  impuso  de  la  Estrategia  Aragonesa  para  la 
Recuperación Social y Económica que, al tratarse de un proyecto de ley que con 
carácter ordinario no requiere de audiencia ni información pública, exige únicamente una 
orden de inicio y el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El objeto de esta ley es establecer medidas de simplificación administrativa para 
promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la organización de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público.
Artículo 2.  Conceptos.
A los efectos de esta ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
a)  Simplificación administrativa: las iniciativas de mejora de la calidad normativa, 
simplificación  normativa,  transformación  digital  del  sector  público,  modernización  y 
racionalización administrativa, revisión, reordenación y agilización de procedimientos y 
reducción de cargas administrativas.
b)  Razones imperiosas de interés general: las razones definidas e interpretadas 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en particular, de 
forma no limitativa, el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud 
pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social, la 
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la prevención de la competencia 
desleal, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la política de vivienda 
social,  la  protección  de  la  salud,  la  sanidad  animal,  la  propiedad  intelectual  e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico y los objetivos de la 
política social y cultural.
Artículo 3.  Deber general de promoción de la simplificación administrativa.
1.  Todas  las  entidades  y  órganos  que  integran  el  sector  público  autonómico 
deberán promover de forma efectiva la simplificación administrativa en sus respectivos  e.e
ámbitos de competencias. b
2.  En el ejercicio de sus competencias, atendiendo a los criterios establecidos en el  47ww
iamrtpícliuqluoe sni guuniean tme,a dyeobr esráimn polipfitcaarc pióonr  aaqdumeilnlaisst raalttievran, attaivla sc uraelg uslea todreiafisn ey  deen  geesstatió nle yq,u ey 
menores cargas para los ciudadanos.
Artículo 4.  Criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y 
reducción de cargas.
1.  Para el diseño y desarrollo de iniciativas de simplificación administrativa se 
promoverá la observancia y aplicación de los siguientes criterios:
a)  Simplificación, unificación o eliminación de procedimientos, sin merma de las 
garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad administrativa.
b)  Reducción de términos y plazos y supresión, acumulación o simplificación de 
trámites innecesarios, redundantes o que no contribuyan a la mejora de la actividad 
administrativa, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad 
administrativa.
c)  Supresión  de  cargas  administrativas  repetitivas,  obsoletas,  no  exigibles 
legalmente o que, aun siéndolo, no sean necesarias para la adecuada resolución del 
procedimiento.
d)  Supresión  o  reducción  de  la  documentación  requerida  a  las  personas 
interesadas, favoreciendo la sustitución de la aportación por declaraciones responsables 
y analizando en todo caso el momento idóneo para la aportación, tendiendo a exigirla 
únicamente  a  quienes  resulte  estrictamente  necesario  atendida  la  propuesta  de 
resolución y en el momento inmediatamente anterior más cercano a la misma.
e)  Programación temporal del desarrollo de los procedimientos, considerando el 
impacto  de  las  incidencias  administrativas  o  generadas  por  los  interesados  en  los 
mismos.
f)  Establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que 
faciliten la presentación de solicitudes y la elaboración de informes preceptivos.
g)  Extensión  y  potenciación  de  los  procedimientos  de  respuesta  inmediata  o 
resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así 
como  para  su  renovación  o  continuidad  de  su  ejercicio.  Este  criterio  se  aplicará 
especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y 
demandas de la ciudadanía tras un único contacto con la Administración o en un tiempo 
muy breve.
h)  Agilización de las comunicaciones, especialmente potenciando la transformación 
digital de la Administración y fomentando la relación electrónica con los ciudadanos, 
garantizando, en todo caso, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
que deberán reunir los dispositivos y servicios electrónicos para las personas con algún 
tipo de discapacidad y para las personas mayores, en igualdad de condiciones, con 
independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, reduciendo la 
brecha digital y garantizando atención a aquellas personas para las que no resulte 
posible la comunicación electrónica.
i)  Reordenación de la distribución de competencias entre los diferentes órganos 
para  favorecer  de  forma  efectiva  la  simplificación  de  la  actividad  administrativa, 
considerando especialmente el principio de subsidiariedad.
j)  Fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la 
aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o 
el inicio de una actividad, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia y 
control públicos de la actividad administrativa.
k)  Agrupación  documental,  incorporando  en  un  único  documento  las 
manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar 
naturaleza, deba hacer una misma persona en un mismo trámite, o en varios si la gestión  e
del procedimiento lo permite. bo
l)  Normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud,  47ww
cdaercálacrtearc,i odniseesñ raensdpoo nmsoadbeleloss,  cqoume ufnaiccialitceionn ye sa, gcileicretifnic sauc iocnuemsp ylim deonctuamcieónnt,o cso dne l oasn ádlaotgoos 
pmoínsiibmleo,s  snue ccuemsaprliiomse pnataraci óidne anntiftiiccaipra daa l.a  Lpoesr sdooncau minetenrtoess aed aim yp rfeascoilista dnedboe, rcáuna ensdtoa rs eean 
todo caso disponibles en formato electrónico accesible.
m)  Revisión  de  la  necesidad  de  determinados  registros  y,  en  caso  de  serlo, 
posibilidad de inscripción de oficio y de vigencia indefinida de la inscripción.
n)  Mejora de la información sobre requisitos, documentación y procedimientos, 
cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las específicas que establece 
la presente ley.
ñ) Formación permanente y específica de los empleados públicos en materia de 
simplificación  administrativa  en  su  triple  vertiente:  normativa,  organizativa  y 
procedimental.
o)  Adaptación de la información y los diferentes trámites de los procedimientos a 
lectura fácil y lenguaje claro para garantizar la participación e integración en la sociedad 
de las personas con mayores dificultades.
2.  El departamento competente en materia de Administración pública promoverá la 
publicación de catálogos de buenas prácticas, modelos, formularios y otros instrumentos 
de simplificación administrativa.
Artículo 5.  Plan de Simplificación Normativa anejo al Plan de Gobierno.
1.  El  Plan de Simplificación Normativa  se  elaborará de  forma simultánea a la 
aprobación  del  Plan  de  Gobierno  en  el  primer  semestre  de  cada  legislatura,  y  se 
aprobará, junto al Plan de Gobierno, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón.
2.  El departamento competente en materia de calidad normativa, en coordinación 
con  los  demás  departamentos,  impulsará  y  elaborará  el  Plan  de  Simplificación 
Normativa.
3.  El Plan de Simplificación Normativa tiene por objeto la revisión, actualización, 
simplificación y, en su caso, consolidación de las disposiciones autonómicas vigentes 
incorporando todas o algunas de las siguientes medidas:
a)  La simplificación y reducción del número de normas.
b)  La adaptación de las normas a los principios de buena regulación.
c)  La consolidación de la normativa vigente.
4.  El seguimiento de la ejecución del plan se realizará con cada revisión del Plan 
Anual Normativo y se elaborará un informe final que se adjuntará, previo informe de la 
Comisión de Simplificación Normativa, al Plan de Simplificación Normativa que sustituya 
al evaluado.
TÍTULO I
Organización administrativa para la simplificación
Artículo 6.  Comisión de simplificación administrativa.
1.  La  Comisión  de  simplificación  administrativa  es  el  órgano  permanente  de 
asesoramiento y trabajo para el impulso y promoción de la simplificación administrativa 
en  todos  los  ámbitos  del  sector  público  autonómico  de  Aragón.  Estará  adscrita 
orgánicamente al departamento competente en materia de Administración pública y, 
funcionalmente, a la Presidencia.
2.  La Comisión estará integrada por un máximo de diez miembros, designados 
entre  el  personal  al  servicio  del  sector  público  autonómico  y  local  de  Aragón  con  es
experiencia o especialización en derecho administrativo, organización administrativa,  bo
gestión y políticas públicas, empleo público, contratación administrativa, subvenciones,  47ww
apredrolampc3iuni.o eisnstaLtraada ca isddó eenc s oeinlglae nl caatP crsóriióemnnsipc idalitefe iycnn actdrciraaiáón,  nslf ouoaígrddmamorsa in cmiilsóoetnsrda  diatiidvgneaittep.a al ardtcaeum oeerrgdnaoton sidz aeccl oioGmnopebesit.eernntoe s dee nA rmagaótenr,i aas   OE-A-2021-42able en https://
4.  El mandato de los miembros de la Comisión será de cinco años, que podrá 
renovarse sin limitación de mandatos. Se favorecerá en lo posible en cada expiración del 
mandato la renovación parcial de los miembros de la Comisión con objeto de lograr la 
máxima  implicación  de  los  empleados  públicos  en  el  impulso  a  la  simplificación 
administrativa.
5.  La Comisión de Simplificación Administrativa tendrá las siguientes competencias:
a)  Conocer y, en su caso, informar las iniciativas en materia de simplificación 
administrativa en cualesquiera de las vertientes señaladas en el artículo 2 de esta ley.
b)  Realizar propuestas en las materias de su competencia.
c)  Informar y, en su caso, proponer el desarrollo no programado de proyectos de 
simplificación administrativa concretos cuando la urgencia de la situación así lo aconseje.
d)  Promover actuaciones de formación de los empleados públicos y de difusión y 
sensibilización entre la ciudadanía.
e)  Las que le atribuyan otras disposiciones.
6.  La  Comisión  aprobará  su  propio  reglamento  interno  de  organización  y 
funcionamiento en el marco establecido en la normativa básica y autonómica de régimen 
jurídico.
Artículo 7.  Remisión de iniciativas de simplificación administrativa.
Los  órganos  y  entidades  del  sector  público  que  promuevan  iniciativas  de 
simplificación  administrativa  deberán  remitirlas  a  la  Comisión  de  Simplificación 
Administrativa para su conocimiento cuando sean sometidas a información pública o 
audiencia o, en su defecto, antes de su aprobación o aplicación.
Artículo 8.  Informe de evaluación y seguimiento.
Cada dos años, como anexo al Plan de Gobierno regulado en la normativa de 
transparencia, se publicará un informe de evaluación y seguimiento de la simplificación 
administrativa en el sector público aragonés. La Comisión recabará, para su elaboración, 
la evaluación de las iniciativas impulsadas en dicho periodo por parte de los órganos o 
entidades que las promovieron y, en caso de ser distintos, aplicaron.
Artículo 9.  Catálogo y premios a las buenas prácticas.
La  Comisión  de  Simplificación  Administrativa,  de  acuerdo  con  el  departamento 
competente en materia de Administración pública, elaborará cada dos años un Catálogo 
de Buenas Prácticas y, para estimular la actitud proactiva de los órganos y entidades del 
sector público, podrá otorgar premios y menciones a aquellas iniciativas especialmente 
relevantes  por  su  carácter  innovador  y  sus  efectos  positivos  para  la  simplificación 
administrativa.
TÍTULO II
Medidas de coordinación
Artículo 10.  Instrumentos de colaboración.
1.  Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán  e.
promover el desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación y, cuando así lo  w.
acuerden, el ejercicio conjunto de sus facultades de intervención sobre las actividades  47ww
eimcpounlósmari claas s, imtapnltiofi cdaec iópno liacdíam cinoimstora tdivea i nys epsepceccióífnic ya  sdaen acgióilniz, acro enl  loat ofringaalmidiaedn tgoe on ecroanl tdroel 
de los títulos habilitantes de desarrollo de actividades económicas, la ejecución de
proyectos  concretos  o  de  sectores  económicos  específicos  o  la  ágil  resolución  de 
cualesquiera procedimientos administrativos.
2.  La colaboración y coordinación entre Administraciones públicas podrá articularse 
a través de convenios, que concretarán, en su caso, los servicios y recursos para realizar 
la actividad de intervención, inspección o control.
3.  Las Administraciones públicas que tienen atribuidas las competencias en materia 
de  cooperación  y  asistencia  a  los  gobiernos  locales  pueden  adoptar  las  medidas 
instrumentales y de fomento necesarias para aplicar la presente ley, entre ellas el 
ejercicio  de  las  facultades  de  intervención,  inspección  y  sanción  en  materia  de 
actividades económicas.
4.  La  coordinación  de  la  acción  administrativa  en  materias  específicas  podrá 
articularse mediante la adopción de protocolos coordinados entre diferentes órganos y 
organismos del sector público con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos 
de su competencia y de facilitar la evaluación permanente de las mejoras de eficacia y 
eficiencia alcanzadas.
Artículo 11.  Gestión coordinada de procedimientos.
1.  La gestión coordinada de procedimientos consiste en el establecimiento de un 
marco  de  trabajo  instrumental,  organizativo  y  temporal  para  el  ejercicio  de  una 
competencia  o  del  conjunto  coordinado  de  las  competencias  que  corresponden  a 
diferentes Administraciones públicas, organismos públicos u órganos administrativos, 
para la autorización de una actividad o proyecto concretos o de sectores económicos 
específicos.
2.  La gestión coordinada se acordará por orden del departamento competente o, 
cuando lo sean varios, por orden conjunta, y mediante convenio cuando se trate de 
distintas Administraciones públicas.
3.  Las órdenes de gestión coordinada de procedimientos tendrán los siguientes 
contenidos:
a)  El  marco  instrumental,  organizativo  y  temporal  de  la  gestión  coordinada, 
incluyendo de forma detallada las medidas de coordinación y colaboración aplicables. 
Deberá  establecerse  el  horizonte  temporal  de  gestión  coordinada  determinando  el 
momento en que se prevea la emisión de las resoluciones sustantivas o ambientales 
precisas para el desarrollo de la actividad o proyecto.
b)  La documentación que deberá elaborarse y presentarse para hacer posible la gestión 
coordinada, conforme a la regulación de los procedimientos que son objeto de ella.
c)  La persona responsable de la gestión coordinada, entre empleados públicos, 
autoridades o cargos del sector público autonómico, con conocimientos especializados 
en la materia de que se trate, y los empleados públicos que actúen como enlace en los 
diferentes departamentos y organismos para el procedimiento de gestión coordinada.
4.  Las órdenes o convenios de gestión coordinada podrán establecer las siguientes 
especialidades:
a)  Cuando  un  órgano  deba  emitir  informe  en  relación  con  varios  de  los 
procedimientos coordinados, la emisión simultánea de todos ellos mediante un único 
informe, que incluirá cuantos pronunciamientos correspondan al órgano competente.
b)  La resolución simultánea de los procedimientos de que se trate, cuando resulte 
legalmente posible, o la programación de su resolución sucesiva y coordinada en el tiempo con  e.
la finalidad de incrementar la previsibilidad y certidumbre de la actuación administrativa. w.b
adm5in. istPraocdiroán etasm mbieédni aanctoer dcaornsvee nlaio g, eqsutieó nt ecnodorrád ineal dmai sdme op rcoocnetdeinmidieon tsoesñ daela ddoif eerenn tleoss 
apartados anteriores para las órdenes que acuerden la gestión coordinada.
Artículo 12.  Unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva.
1.  Mediante orden conjunta de la persona titular del departamento competente en 
materia de función pública y de la persona titular del departamento competente por razón 
de  la  materia  podrán  crearse  unidades  transitorias  de  apoyo  para  las  siguientes 
finalidades:
a)  La gestión coordinada de procedimientos.
b)  La gestión masiva y ocasional de procedimientos.
2.  La composición, dependencia funcional, vigencia y tareas de estas unidades se 
determinarán en la orden de creación.
3.  La creación de estas unidades no podrá suponer un incremento de gasto de 
personal.
4.  En particular, para su dotación podrá aplicarse el régimen especial de atribución 
temporal de funciones forzosa establecido en el artículo siguiente.
Artículo 13.  Régimen especial de atribución temporal de funciones.
1.  Por  razones  de  urgencia  o  inaplazable  necesidad,  debidamente  justificadas, 
mediando  negociación  colectiva,  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón  y  sus  organismos  públicos  dependientes  podrán  atribuir  a  su  personal  el 
desempeño temporal en atribución de funciones de carácter forzoso para la realización 
de  funciones,  tareas  o  responsabilidades,  que  podrán  ser  distintas  a  las 
correspondientes  a  su  puesto  de  trabajo  o  función,  en  el  mismo  o  en  distinto 
departamento u organismo público para la gestión coordinada de procedimientos o 
cuando, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no 
puedan ser atendidas con suficiencia por el personal que desempeñe con carácter 
permanente los puestos de trabajo o funciones que tengan asignadas.
2.  La atribución temporal de funciones forzosa se ajustará a las propias de su 
cuerpo, escala, clase de especialidad, categoría, subgrupo profesional, o funciones que 
desempeñe el personal afectado. Asimismo, la atribución temporal de funciones forzosa 
se  realizará  conforme  a  criterios  basados  en  el  principio  de  objetividad,  previa 
negociación colectiva, y sin que pueda afectar al personal temporal que sea incompatible 
por la naturaleza de su relación contractual, en el caso del personal laboral temporal, o 
de su nombramiento administrativo, en el caso del personal interino.
3.  En todo caso, si la adscripción temporal forzosa supone traslado forzoso a otra 
localidad, previa negociación colectiva  se  determinarán los criterios conforme a los 
cuales  se  designará  al  personal  del  departamento  u  organismo  público  que  esté 
destinado en la localidad más próxima o con mayores facilidades de desplazamiento, 
que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, menor antigüedad al 
servicio de la Administración, todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones que por 
razón del servicio correspondan.
4.  Los  órganos  competentes  para  acordar  la  atribución  temporal  de  funciones 
forzosa son los siguientes:
a)  La persona titular de la dirección general competente en materia de función 
pública cuando la atribución se produzca en el ámbito de los servicios de distintos 
departamentos o se refiera a supuestos distintos a los específicamente señalados en los 
apartados siguientes. e.e
b)  Los consejeros o consejeras en el ámbito de su departamento, así como entre el  b
departamento y los organismos públicos adscritos al mismo. 47ww
persco)n aLl adse sptienrasdoon aesn  etitlluolsa.res de las direcciones de organismos públicos respecto del
5.  En todo caso, el personal al que se le atribuya funciones forzosas continuará 
percibiendo  las  retribuciones  correspondientes  a  su  puesto  de  trabajo,  que  serán 
abonadas por su departamento u organismo público de origen.
6.  El incumplimiento de las funciones, tareas o responsabilidades asignadas por 
parte del personal a la atribución temporal de funciones dará lugar a la exigencia de la 
responsabilidad disciplinaria procedente conforme a lo establecido en el texto refundido 
de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
TÍTULO III
Impulso de la gestión administrativa y de la actividad económica
CAPÍTULO PRIMERO
Intervención administrativa
Sección 1.ª Declaración responsable y comunicación
Artículo 14.  Racionalización de la intervención administrativa.
1.  Los  órganos  y  entidades  del  sector  público  autonómico  promoverán  en  los 
procedimientos de su competencia la utilización de la declaración responsable y la 
comunicación como técnicas de intervención administrativa sobre la actividad de los 
particulares en el marco establecido en la normativa básica del Estado y la normativa 
sectorial aplicable.
2.  Los órganos y entidades del sector público autonómico revisarán periódicamente 
los procedimientos autorizatorios de su competencia con objeto de analizar la posibilidad 
de sustituir autorizaciones o licencias por declaraciones responsables o comunicaciones 
coincidiendo con la elaboración, en coordinación con el departamento competente en 
materia de hacienda, del Plan de Simplificación Normativa.
3.  Las  memorias  justificativas  de  las  disposiciones  normativas  que  regulen 
cualquier forma de intervención administrativa sobre la actividad de los particulares 
motivarán  específicamente  las  razones  por  las  que  se  establezca  el  régimen  de 
autorización o licencia, declaración responsable o comunicación.
Artículo 15.  Aplicación de la declaración responsable y comunicación.
1.  La declaración responsable y la comunicación se aplicarán en cualquier ámbito 
de competencia autonómica, con la única excepción de los supuestos en los que la 
normativa de la Unión Europea o del Estado, de aplicación directa o básica, exija 
declaraciones, autorizaciones o licencias previas. Excepcionalmente, podrán mantenerse 
autorizaciones  o  licencias  previas  mediante  norma  con  rango  de  ley  por  razones 
imperiosas de interés general. La memoria justificativa de la norma con rango de ley 
deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el régimen 
de intervención que establezca, especificando los daños para los intereses generales 
ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
2.  En la declaración responsable constará la manifestación del declarante, bajo su 
responsabilidad, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente  es
para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, de que  o
dispone de la documentación que así lo acredita, de que la pondrá a disposición de la  47ww
dArceuidccmmhoopgin liidrimseatcirseao ncndtiooóec n id mmeci eaulannasteno rd aaoon   teeelejxre iporsrcreeeicsasiao  ,o.r  ebEcqlislguataaeracsri i domyan a,e npsyir f edecdusietrsaa acnq itoueene ne e sls l aepd  eeccrl íooodmrdereocps lraodprmeoa nnetdtiteeeiem  ndaptee ob  meidnraáehnncet leraqenrunaeetcred ió aeanrl     OE-A-2021-42able en https://
responsable.
3.  El órgano o entidad competente deberá elaborar modelos de declaración responsable 
y  mantenerlos  actualizados  y  publicados,  fácilmente  accesibles  para  los  interesados, 
especialmente de forma digital y garantizando su lectura fácil y el lenguaje claro.
4.  El órgano o entidad del sector público que promueva el establecimiento del régimen de 
declaración  responsable  o  comunicación  deberá  contar,  con  carácter  previo  a  la 
implementación del mismo, con servicios de inspección y control con capacidad suficiente para 
asumir las funciones de comprobación, inspección y sanción en el ámbito de que se trate.
Artículo 16.  Comunicación.
1.  A los efectos de esta ley, se entenderá por comunicación aquel documento 
mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública 
competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una 
actividad o el ejercicio de un derecho.
2.  No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al 
inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
3.  El órgano o entidad competente deberá elaborar modelos de comunicación y 
mantenerlos actualizados y publicados, fácilmente accesibles para los interesados.
Artículo 17.  Efectos.
1.  Las  declaraciones  responsables  y  las  comunicaciones  permitirán  el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día 
de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección 
que tengan atribuidas las Administraciones públicas.
2.  Únicamente  será  exigible,  bien  una  declaración  responsable,  bien  una 
comunicación, para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo 
derecho  o  facultad  para  su  ejercicio,  sin  que  sea  posible  la  exigencia  de  ambas 
acumulativamente.
Artículo 18.  Actividad de comprobación e inspección.
1.  Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento, en el ejercicio de 
su potestad de inspección y control, que se aporte la documentación exigible conforme a 
la normativa que resulte de aplicación y el interesado deberá aportarla.
2.  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la 
no presentación en tiempo y forma de la comunicación, de la declaración responsable o 
de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado tendrá, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar, las siguientes consecuencias:
a)  La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
b)  Asimismo,  la  resolución  de  la  Administración  pública  que  declare  tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación 
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la 
actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento 
con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello 
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. e.
3.  La  actividad  de  comprobación  posterior  de  lo  declarado  o  comunicado  47ww
drcreeoegsmspldapoemrn eesnlanadbt aelerrpiá aro e,l  sallae at n oacttcaaotclmiividóiuadnnda i dcdd adeece  iló alcnaso.   mmSdpaearnclovliaofber asaqctcuaióieócn ino s tneeren eesds srpyáta o dlbnuolsgecaazubcrm laede ,e onnttortoro os   epodnlbea jlze soptuo lap  zdocoera   dsnlaeoo  ,rds meedacisel a slmerdageecas ilóe lnaos     OE-A-2021-42able en https://
presentación de la subsanación de las deficiencias detectadas. La normativa sectorial
podrá establecer un plazo de comprobación inferior al general de seis meses establecido 
en esta ley.
4.  Transcurrido el plazo máximo para la actividad de comprobación, la legislación 
sectorial aplicable podrá establecer el derecho del declarante o comunicante a solicitar la 
emisión por el órgano o entidad competente de un acto de conformidad.
5.  La actividad de comprobación no impedirá el pleno ejercicio de la potestad de 
inspección conforme a lo que establezca la legislación sectorial aplicable.
Sección 2.ª Entidades colaboradoras de certificación
Artículo 19.  Concepto de entidad colaboradora de certificación.
1.  A los efectos de esta ley, se entenderá por entidad colaboradora de certificación 
a  toda  persona  jurídica  que,  debidamente  acreditada  e  inscrita  en  el  registro  de 
entidades colaboradoras de certificación, ejerza funciones de comprobación, informe y 
certificación en los ámbitos en los que hayan de aplicarse declaración responsable o 
comunicación como régimen de intervención administrativa o en aquellos otros en que se 
establezca por norma de rango legal.
2.  Las funciones de las entidades colaboradoras de certificación no sustituirán las 
potestades propias de la administración. En este sentido, tanto la administración local 
como la autonómica podrán, en cualquier momento, verificar las funciones y actuaciones 
desarrolladas por aquellos.
Artículo 20.  Acreditación y registro de entidades colaboradoras de certificación.
1.  La acreditación de entidades colaboradoras de certificación corresponderá al 
departamento  competente  en  materia  de  administración  pública,  excepto  que  la 
normativa sectorial atribuya la competencia al departamento competente por razón de la 
materia.
2.  Podrán ser acreditadas como entidades colaboradoras de certificación:
a)  Los  colegios  profesionales,  cuyos  colegiados  ejercientes,  individualmente  o 
asociados en las formas que autoricen las normas profesionales, estén legitimados para 
actuar en el ámbito de competencias profesionales que les confiera legalmente el título 
que ostenten.
b)  Toda clase de personas jurídicas legalmente constituidas.
3.  La  acreditación  solo  podrá  denegarse  por  razones  de  legalidad,  debiendo 
resolverse sobre ella dentro del mes siguiente a la presentación de la correspondiente 
solicitud, que deberá determinar con toda precisión la actividad de inspección técnica 
para la que se interesa la acreditación. Transcurrido dicho plazo sin notificación de 
resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud.
4.  La gestión del registro, que será público y accesible, corresponderá en todo caso 
al departamento competente en materia de administración pública. La inscripción en el 
registro se realizará al emitir el acuerdo de acreditación, de oficio o a iniciativa del 
departamento sectorial competente al que corresponda la acreditación. Las entidades 
colaboradoras  de  certificación  deberán  estar  inscritas  en  el  registro  para  poder 
desarrollar  sus  funciones.  El  régimen  aplicable  al  registro  se  desarrollará 
reglamentariamente. s
Artículo 21.  Requisitos de acreditación. w.
sigu1ie. ntePsa rrae quoibstietonse:r  la  acreditación  las  entidades  solicitantes  deberán  cumplir  los
a)  Contar con al menos dos profesionales titulados legalmente habilitados para
ejercer las funciones propias de las entidades colaboradoras de certificación en el ámbito
de actividad de que se trate y con experiencia profesional efectiva plasmada en trabajos 
tales como proyectos o dirección de obras o de informe o dictamen técnicos sobre 
construcciones, edificaciones o instalaciones.
b)  No  estar  suspendidas  ni  tener  prohibido  el  desarrollo  de  la  actividad  de 
certificación regulada en esta ley en virtud de resolución administrativa firme o sentencia 
ejecutiva.
c)  Tener suscrita y en vigor póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad 
profesional en los términos que se determinen reglamentariamente.
d)  Los requisitos específicos que puedan establecerse para cada actividad en la 
que hayan de ejercer sus funciones.
2.  Los  profesionales  titulados  integrados  en  colegios  profesionales  acreditados 
como entidad colaboradora de certificación deberán cumplir los requisitos específicos 
sobre  experiencia  profesional  y  antigüedad  de  colegiación  que  establezca  el 
correspondiente  colegio  y  tener  suscrita  póliza  de  cobertura  de  los  riesgos  por 
responsabilidad profesional en los términos que se precisen reglamentariamente.
3.  La  pérdida  sobrevenida  de  cualesquiera  de  los  requisitos  de  acreditación 
determinará la pérdida de la acreditación, previa tramitación del oportuno expediente 
contradictorio, que podrá ser acordado de oficio por la Administración o a instancia de 
parte, practicándose la oportuna anotación en el Registro.
Artículo 22.  Funciones.
1.  Las entidades colaboradoras de certificación deberán desarrollar sus funciones 
por sí mismas o, en el caso de los colegios profesionales, a través de sus colegiados. No 
obstante, cuando en el ejercicio de su actividad deba concurrir la actuación de entidades 
colaboradoras en diferentes sectores de actividad, podrán colaborar por cualquier forma 
admitida en Derecho, incorporándose los certificados accesorios al principal.
2.  Son funciones de las entidades colaboradoras de certificación las siguientes:
a)  Realizar comprobaciones, informes y certificaciones en su ámbito de actividad. 
Los informes derivados de visitas de comprobación y la certificación derivada de la 
comprobación  e  informe  serán  firmados  por  técnico  competente  de  acuerdo  con 
la titulación exigida. La certificación será firmada, además, por el máximo responsable de 
la entidad colaboradora.
b)  Emitir un documento-resumen en el que consten los requisitos principales de la 
actividad  o  establecimiento  de  que  se  trate  y  que,  cuando  proceda  conforme  a  la 
normativa sectorial, deberá exponerse por el titular de la actividad o establecimiento en 
un lugar visible y legible para terceros.
c)  Las que les atribuya la normativa sectorial en cada ámbito específico.
Artículo 23.  Obligaciones.
1.  Las entidades colaboradoras de certificación tienen las siguientes obligaciones 
en el desarrollo de sus funciones:
a)  Crear y mantener un registro permanente de las certificaciones que emitan.
b)  Mantener los expedientes y la documentación derivada de sus funciones en 
formato que permita su consulta, garantizando la confidencialidad en cumplimiento de lo 
establecido en la normativa sobre protección de datos. e
c)  Mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripción en el registro  bo
de  entidades  colaboradoras  de  certificación,  incluyendo  las  obligaciones  que  estos  47ww
comdp)o rtCanu.mplir  las  condiciones  contenidas  en  la  resolución  de  inscripción  y  las
estaeb)l ecEidmasp leena re lsotsa  mleyé,t olad olesg, issliascteiómna sse cyt omrieadl iyo ss ums adtiesrpiaolseisc ioonfiecsia dlmee dnetesa arrporlolob.ados en
la normativa en vigor, aquellos acreditados por entidad oficial de acreditación o, en su
defecto,  los  adoptados  por  organismos  nacionales  o  internacionales  de  reconocida 
solvencia, siembre debidamente actualizados o renovados.
f)  Disponer de modelos de hojas de reclamaciones de acuerdo con lo previsto en la 
normativa en vigor.
g)  Las demás obligaciones que se deriven de esta ley, la legislación sectorial y sus 
disposiciones de desarrollo.
2.  Las entidades colaboradoras de certificación remitirán al departamento sectorial 
competente y, cuando proceda, al ayuntamiento la información sobre su actividad que les 
afecte, con el formato, contenido y periodicidad que se establezcan reglamentariamente. 
Anualmente, deberán realizar ante el departamento competente declaración responsable 
de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, así como 
certificación del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil.
3.  Las entidades colaboradoras de certificación deberán disponer del personal con 
capacidad y legitimación suficientes para ejercer las funciones que les corresponden, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente.
4.  Tanto las entidades colaboradoras de certificación como su personal deberán 
garantizar la confidencialidad respecto de la información que obtengan en el desarrollo y 
ejecución de sus funciones. El incumplimiento de esta obligación será considerado como 
causa de revocación de la inscripción en el registro previsto en esta norma, sin perjuicio 
de las sanciones que le puedan corresponder en aplicación de la presente ley.
5.  Las entidades colaboradoras de certificación actúan en competencia y régimen 
de mercado y se financiarán con los honorarios que perciban de sus clientes. Con la 
periodicidad  que  se  establezca,  deberán  comunicar  sus  cuadros  de  tarifas  al 
departamento  competente  en  materia  de  Administración  pública,  que  elaborará  y 
publicará, sobre la base de las tarifas comunicadas, la tabla de tarifas medias del 
conjunto de las entidades colaboradoras de certificación.
Artículo 24.  Incompatibilidades.
1.  Las  entidades  colaboradoras  de  certificación,  o  los  colegiados  actuantes, 
tratándose de colegios profesionales, no podrán tener relación jurídica con las personas, 
entidades o empresas que los contraten para ejercer sus funciones, o con las que 
participen en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, 
que  pueda  producir  dependencia,  subordinación  o  conflicto  de  intereses  que,  en 
cualquier  forma,  pueda  afectar  a  su  objetividad  e  independencia  de  criterio.  Se 
considerará que existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de 
abstención y recusación previstas en la legislación de régimen jurídico del sector público.
2.  Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que pudieran concurrir, no 
producirán efecto las actuaciones o documentos emitidos en ejercicio de sus funciones 
por las entidades colaboradoras de certificación con infracción de lo establecido en el 
apartado anterior.
3.  Los  colegios  profesionales  acreditados  como  entidad  colaboradora  de 
certificación  podrán  exigir  en  cualquier  momento  a  sus  colegiados  declaración  o 
acreditación de que no concurren las circunstancias establecidas en este artículo.
Artículo 25.  Responsabilidad.
1.  Las  entidades  colaboradoras  de  certificación  serán  responsables  de  los  s
certificados que emitan. oe.
2.  Cuando dos o más entidades colaboradoras actúen conjuntamente, la entidad  w.
qaducece leo essmo crieitoarst ie.f ilcL acaedsro tqisfi ucqeau deeo me pmitraiintnac nilpo.asl  cseerrtáif iscoaldidoasr iaacmceenstoer ioress pseornásna brlees pcoonn slaabs leqsu eú neimcaitmane nlotes   2021-4247n https://ww
3.  Cuando actúe un colegiado en colegio profesional acreditado en cuyo ámbito
profesional  resulte  exigible  seguro  de  responsabilidad  civil  profesional,  el  colegio  Bc
profesional, en su condición de entidad colaboradora de certificación, y el profesional 
serán solidariamente responsables.
Artículo 26.  Certificación de verificación documental.
1.  Para agilizar los procedimientos de intervención administrativa sobre actividades 
privadas, los interesados podrán obtener, con carácter previo a la presentación de la 
solicitud, declaración o comunicación, un certificado emitido por entidad colaboradora de 
certificación acreditativo de la verificación de la documentación.
2.  La verificación consistirá en la revisión técnica, el informe y la validación del 
proyecto básico o de ejecución y el resto de documentación que acompañará a la 
documentación que deba presentar ante la Administración, pronunciándose, además, 
sobre la suficiencia y la idoneidad de la documentación para los fines que legalmente 
procedan.
3.  Las solicitudes, declaraciones o comunicaciones con certificado de verificación 
documental, junto con el resto de documentación exigida, se admitirán a trámite, sin 
perjuicio de la actividad de ordenación e instrucción que el órgano competente considere 
procedente.
CAPÍTULO SEGUNDO
Simplificación de procedimientos
Artículo 27.  Revisión de efectos del silencio administrativo.
1.  Como  regla  general,  en  todos  los  procedimientos  de  competencia  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos 
iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución 
expresa,  el  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  esta  legitima  al 
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.
2.  Solo se exceptúan de la regla general los siguientes procedimientos:
a)  Aquellos en los que una norma estatal con rango de ley, cuando sea de directa 
aplicación  o  básica,  o  una  norma  de  derecho  de  la  Unión  Europea  o  de  derecho 
internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento 
tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter 
desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de 
interés general.
b)  Los relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de 
la Constitución.
c)  Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al 
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
d)  Los  que  impliquen  el  ejercicio  de  actividades  que  puedan  dañar  el  medio 
ambiente.
e)  Los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
f)  Los de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya 
interpuesto recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una 
solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo 
de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución  s
expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e)  e.
anteriores. w.
g)  Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. 47ww
en shu)  caLsoos,  plar occoendsitmituiecniótons d teri bduetraerciohso sd eu  lootsr aqsu esi tpuuadciieornae sd ejurirvídaircsaes e iln rdeivciodnuoacliizmaideansto d oe,l 
coabdligaa pdroo cteridbiumtaierinot,o  sdine  appelrijcuaicciioó nd dee l oloss  etrfeibcutotoss .previstos en la normativa reguladora de  BOE-A-cable e
3.  Excepcionalmente,  podrá  también  establecerse  el  sentido  desestimatorio  del 
silencio mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. La 
memoria justificativa de la norma con rango de ley deberá concretar expresamente las 
razones  de  interés  general  que  justifiquen  el  sentido  desestimatorio  del  silencio, 
especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos 
intereses de sus destinatarios.
4.  En los procedimientos de competencia de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos iniciados de oficio el sentido del 
silencio se regirá por lo establecido en la normativa básica estatal y en la normativa 
sectorial aplicable.
Artículo 28.  Revisión de plazos de resolución.
1.  El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 
por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder 
de seis meses salvo que una norma estatal con rango de Ley, cuando sea de directa 
aplicación o básica, establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la 
Unión Europea.
2.  Como  regla  general,  en  todos  los  procedimientos  de  competencia  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos, el 
plazo máximo será de tres meses, contados conforme a lo establecido en la normativa 
básica estatal.
3.  Excepcionalmente, podrá establecerse un plazo superior, comprendido entre los 
establecidos en los apartados primero y segundo de este artículo mediante norma con 
rango de ley por razones imperiosas de interés general. La memoria justificativa de la 
norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general 
que justifiquen el plazo que se proponga establecer, especificando los daños para los 
intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.
Artículo  29.  Transcurso  y  suspensión  del  plazo  para  la  emisión  de  informes  y 
dictámenes en los procedimientos administrativos.
1.  El plazo de emisión de informes y dictámenes será de diez días, excepto que la 
normativa de la Unión Europea o del Estado, cuando sea de directa aplicación o básica, 
establezcan otro plazo superior. Excepcionalmente, podrá también establecerse un plazo 
superior mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. La 
memoria justificativa de la norma con rango de ley deberá concretar expresamente las 
razones de interés general que justifiquen el plazo que establezca, especificando los 
daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus 
destinatarios.
2.  Transcurrido el plazo máximo fijado para la emisión de los informes y dictámenes 
preceptivos  necesarios  para  la  resolución  de  un  procedimiento  administrativo  sin 
pronunciamiento expreso y motivado del órgano competente para su evacuación, se 
entenderán emitidos en sentido favorable a la propuesta sometida a informe y a la 
continuación del procedimiento en aras de su resolución por el órgano competente. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa básica respecto a la suspensión del 
plazo máximo para resolver y del sentido del silencio para los procedimientos iniciados a 
instancia de los interesados.
3.  La  suspensión  del  plazo  máximo  para  la  tramitación  de  un  procedimiento  es
administrativo por la necesidad de someterlo a informes preceptivos internos solo podrá  bo
acordarse por resolución expresa del órgano llamado a resolver el expediente concreto.  47ww
rEesgtiar4á .f na cpEuollt raC sdou nn nsooe srjome rCaát oidvneasl eueglstiapvbeolc edí feeic naA .eral góórgna yn oe le Cncoanrsgeajod oE dceo nsóum tricaom yit aScoiócnia.l de Aragón se  OE-A-2021-42able en https://
Artículo 30.  Plataforma de emisión de informes sectoriales.
Los informes sectoriales que hayan de emitir los órganos o entidades del sector 
público aragonés en cualesquiera procedimientos de su competencia se solicitarán y 
remitirán electrónicamente a través de la plataforma de emisión de informes sectoriales 
o, si están dotadas de una funcionalidad equivalente, de otras plataformas o servicios 
generales de administración electrónica existentes o que puedan desarrollarse para el 
conjunto del sector público de Aragón procurando la interoperabilidad de las mismas.
Artículo 31.  Aportación de documentación.
Como  regla  general,  en  todos  los  procedimientos  de  competencia  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos 
iniciados a solicitud de interesado, se sustituirá la aportación de documentación por este 
por declaraciones responsables, concretando en todo caso el momento idóneo para la 
aportación, tendiendo a exigirla únicamente a quienes resulte estrictamente necesario, 
atendida la propuesta de resolución y en el momento inmediatamente anterior más 
cercano a la misma.
Artículo 32.  Evaluación permanente de procedimientos.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos 
deberán calcular y evaluar, con la periodicidad que se fije mediante acuerdo de la 
Comisión de Simplificación Administrativa, los tiempos medios de tramitación de los 
expedientes de su competencia, identificando dilaciones indebidas y sus causas, sean 
estas regulatorias o de gestión.
Artículo 33.  Obligaciones de transparencia.
Sobre  la  base  de  los  datos  incorporados  al  Catálogo  de  Procedimientos 
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al que se refiere el artículo 54 de esta ley, el portal de transparencia de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón publicará, a efectos informativos, 
en formatos y presentación fácilmente comprensibles y de forma coordinada con el 
departamento  competente  en  materia  de  administración  electrónica,  la  siguiente 
información:
a)  Relación de procedimientos de su competencia.
b)  Régimen de intervención administrativa sobre actividad de los particulares que 
se aplique.
c)  Indicación, en su caso, de plazos máximos de resolución y de los efectos que 
produzca el silencio administrativo.
d)  Plazos de emisión de informes y dictámenes de su competencia.
CAPÍTULO TERCERO
Régimen sancionador
Artículo 34.  Ámbito de aplicación.
1.  Este capítulo tiene por objeto tipificar las infracciones y sanciones derivadas del  e.
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el capítulo primero de este título. w.
2.  No se impondrá sanción alguna por infracciones de los preceptos de esta ley  47ww
psirneos eennte  vciartpuídtu ldoe. procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el
Artículo 35.  Disposiciones generales.
1.  Los órganos competentes comprobarán el cumplimiento de lo previsto en el 
capítulo primero, ejerciendo las facultades de comprobación y la potestad de inspección 
que legalmente les corresponden.
2.  Serán competentes para la aplicación del presente régimen sancionador los 
titulares de los departamentos sectoriales competentes en la materia sujeta al régimen 
de  declaración  responsable  o  comunicación  de  que  se  trate.  Serán  igualmente 
competentes las entidades locales respecto de los procedimientos de su competencia. 
La  competencia  para  imponer  la  sanción  de  pérdida  de  acreditación  como  entidad 
colaboradora de certificación o prohibición de obtenerla corresponderá en todo caso al 
titular del departamento competente en materia de Administración pública, en virtud de 
expediente  instruido  por  el  propio  departamento,  por  el  departamento  sectorial 
competente o por entidad local competente.
3.  Sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  civiles,  penales  o  de  otro  orden  que 
puedan  concurrir,  las  Administraciones  públicas  sancionarán,  mediante  resolución 
motivada, las infracciones cometidas previa instrucción del oportuno expediente.
4.  Quienes, en el marco de una actuación inspectora, conozcan de la posible 
comisión de hechos constitutivos de delito o falta deberán ponerlo en conocimiento de la 
autoridad competente. Asimismo, las personas y las entidades de cualquier naturaleza 
jurídica  que  dispongan  o  tengan  el  deber  jurídico  de  disponer  de  información  o 
documentación que pudiera contribuir al esclarecimiento de la comisión de infracciones o 
a la determinación del alcance y/o gravedad de estas, colaborarán con quienes realicen 
las actividades de comprobación de los requisitos de los declarantes.
5.  La instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia suspenderá la 
tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los 
mismos hechos y, en su caso, la eficacia de las resoluciones sancionadoras en los 
términos establecidos por la legislación básica estatal.
6.  La  competencia  sancionadora  corresponderá  a  las  entidades  locales  en  el 
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa 
sectorial de la Comunidad Autónoma. Cuando la competencia sancionadora corresponda 
a las entidades locales, los pequeños municipios definidos como tales en la normativa 
aragonesa  de  régimen  local  podrán  ejercerla  mediante  acuerdos  de  colaboración 
interadministrativa conforme a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y de régimen local.
Artículo 36.  Responsables.
1.  A los efectos de esta ley, se considerarán responsables de la infracción las 
entidades colaboradoras de certificación, quienes suscriban los certificados emitidos por 
las mismas y quienes tengan la obligación de presentar declaración responsable o 
comunicación y realicen por acción u omisión hechos constitutivos de las infracciones 
que se detallan en los siguientes artículos.
2.  Ante  una  misma  infracción,  y  en  el  caso  de  existir  una  pluralidad  de 
responsables, estos responderán solidariamente.
Artículo 37.  Tipicidad.
1.  Solo constituyen infracciones administrativas, a los efectos de lo establecido en  s
esta ley, las acciones y omisiones tipificadas en ella como infracciones leves, graves o  oe.
muy graves. w.
debe2r. ánP imorp olan ecrosme ilsaisó ns adneci olnaes s inrefrgauclcaidoanse se na edsmtain liesytr.ativas señaladas anteriormente,  2021-4247n https://ww
Artículo 38.  Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a)  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter no esencial, en cualquier dato 
contenido en la declaración responsable o comunicación aportada por los interesados o 
certificada por entidad colaboradora de certificación.
b)  El incumplimiento de los requerimientos específicos o las medidas cautelares 
que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que 
se produzca por primera vez.
c)  La  falta  de  subsanación  de  las  deficiencias  detectadas  en  inspecciones  y 
revisiones reglamentarias en el plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de 
acreditación de tal subsanación ante la Administración pública competente, siempre que 
dichas deficiencias no constituyan infracción grave o muy grave.
d)  La falta de colaboración con las Administraciones públicas en el ejercicio por 
estas de las funciones de comprobación, inspección y control reguladas en esta ley.
e)  El  incumplimiento,  por  simple  negligencia,  de  los  requisitos  u  obligaciones 
establecidas en la normativa sectorial aplicable siempre que se produzca riesgo de 
escasa incidencia para las personas, la flora, la fauna, las cosas, la hacienda pública o el 
medio ambiente.
f)  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión,  de  carácter  no  esencial,  en  cualquier 
manifestación, incluida la relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos, contenida en 
la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados o certificada 
por entidad colaboradora de certificación.
g)  La  falta  de  comunicación  a  la  Administración  Pública  competente  de  la 
modificación  de  cualquier  dato  de  carácter  no  esencial  incluido  en  la  declaración 
responsable o comunicación.
Artículo 39.  Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a)  El inicio o desarrollo de las actividades o de la ejecución de proyectos a los que 
se refiere esta ley sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o 
comunicación.
b)  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o 
manifestación contenida en la declaración responsable o comunicación a las que se 
refiere esta ley. Se considerará esencial, en todo caso, la información relativa a la 
titularidad de la actividad, la naturaleza de esta, el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la adopción de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, 
incluidas las relativas a la protección del medio ambiente, y de aquellas obligaciones que 
afecten a la salud de los consumidores y usuarios.
c)  No  estar  en  posesión  de  la  documentación  o  el  proyecto  a  los  que  hace 
referencia la declaración responsable o la comunicación, o bien la falsedad, inexactitud u 
omisión en el contenido de dicha documentación, así como la incorrecta certificación de 
cualesquiera de estas cuestiones por entidad colaboradora de certificación.
d)  La falta de firma por técnico competente de los proyectos que la requieran o la 
emisión de certificación por entidad colaboradora de certificación de proyectos sin dicha 
firma preceptiva.
e)  La obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras por parte de los  e.
sujetos a ellas o entidad colaboradora de certificación. w.b
f)  El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares  47ww
que gfo) rmLual ee lxap aeudticoiróidna dde c ocemrptifeicteandtoes, ,c iunafonrdmoe sse o p raocdtausz ccau ydoe  cmoondteon riediote nraod soe. ajuste a la
realidad de los hechos.
h)  La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se 
ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable.
i)  Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por entidades colaboradoras de 
certificación  de  forma  incompleta  o  con  resultados  inexactos  por  una  insuficiente 
constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas técnicas.
j)  El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la acreditación de entidades 
colaboradoras de certificación, salvo que constituya infracción muy grave.
k)  La  falta  de  comunicación  a  la  Administración  pública  competente  de  la 
modificación  de  cualquier  dato  de  carácter  esencial  incluido  en  la  declaración 
responsable o comunicación.
l)  La reincidencia en falta leve por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de 
los dos años anteriores a la comisión de esta.
Artículo 40.  Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a)  El  incumplimiento  doloso  de  los  requisitos,  obligaciones  o  prohibiciones 
aplicables a la actividad o proyecto de que se trate siempre que ocasionen riesgo grave 
o daño para las personas, la flora, la fauna, la hacienda pública, las cosas o el medio 
ambiente.
b)  Las tipificadas como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño 
muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la 
fauna, la hacienda pública, las cosas o el medio ambiente.
c)  La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal 
inspector.
d)  El incumplimiento de la obligación de aseguramiento de riesgos por entidad 
colaboradora de certificación.
e)  La reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo 
de los dos años anteriores a la comisión de esta.
Artículo 41.  Infracciones continuadas o permanentes.
Para los supuestos previstos en las letras a), b), c), e), f) y g) del artículo 38, a), b), 
c), e), f), g) y k) del artículo 39 y a), c) y d) del artículo 40 de esta ley, tendrán la 
consideración de infracciones continuadas o permanentes aquellas constituidas por un 
único ilícito que se mantiene en el tiempo y susceptible de interrupción por la sola 
voluntad del infractor.
Artículo 42.  Reiteración y reincidencia.
1.  Se entenderá que existe reiteración cuando se cometa una nueva infracción de 
la misma índole, dentro del plazo de un año después de la anterior, sin que medie 
resolución firme en vía administrativa.
2.  La reincidencia se producirá por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza, ya sancionada con anterioridad, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme en vía administrativa.
Artículo 43.  Medidas provisionales.
Los órganos competentes podrán adoptar las medidas de carácter provisional que  bo
consideren necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las  47ww
emxaignetennciimasie ndteo  dleo slo sin eteferectsoess  deg elan einrfarlaecsc, ióenl.  buen  fin  del  procedimiento  o  evitar  el
Artículo 44.  Prescripción de las infracciones.
1.  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al año.
2.  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en los artículos anteriores 
comenzará a contar a partir de la fecha en que la infracción se haya cometido.
3.  Cuando  se  trate  de  infracciones  continuadas  o  permanentes,  el  plazo  de 
prescripción se computará a partir de la fecha de finalización de la actividad infractora.
4.  La iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado 
interrumpirá la prescripción, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable o infractor.
Artículo 45.  Clases de sanciones.
1.  Las infracciones en esta materia se sancionarán mediante la imposición de 
sanciones pecuniarias y, cuando proceda, mediante sanciones no pecuniarias. Estos dos 
tipos  de  sanciones  serán  compatibles  entre  sí  y  se  podrán  imponer  de  manera 
simultánea  en  el  caso  de  las  infracciones  graves  y  muy  graves,  en  atención  a  la 
naturaleza de la infracción.
2.  Las sanciones pecuniarias consistirán en una multa, fijada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47.
3.  Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones 
graves o muy graves, podrán consistir en:
a)  Suspensión con carácter definitivo o temporal de la actividad, de la ejecución del 
proyecto o, en su caso, clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deberá 
determinar las medidas complementarias para su plena eficacia.
b)  Inhabilitación por un período máximo de tres años para el desarrollo de la 
actividad o la promoción de proyectos análogos, percibir subvenciones o beneficiarse de 
incentivos fiscales.
c)  Resarcimiento de todos los gastos que haya generado la intervención a cuenta 
del infractor.
d)  Decomiso de los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la 
infracción y, en particular, de los derivados de actividades o proyectos que, debiendo 
tenerla, no cuenten con la declaración responsable o comunicación.
e)  Obligación de restitución del estado de las cosas a la situación previa a la 
comisión de la infracción.
f)  Pérdida de la acreditación de entidad colaboradora de certificación, que podrá 
imponerse por la comisión de infracciones graves o muy graves, y prohibición de obtener 
nueva acreditación, que podrá imponerse por la comisión de infracciones muy graves.
Artículo 46.  Graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada conforme al 
principio de proporcionalidad y con la debida motivación, atendiendo para la graduación 
de las sanciones a los siguientes criterios:
a)  Gravedad del perjuicio ocasionado e imposibilidad de reparación de este. e
b)  Cuantía del beneficio obtenido. bo
c)  Plazo de tiempo durante el que se haya cometido la infracción. 47ww
de))   EExxiisstteenncciiaa  yd/oe  grraeditoe rdaec iiónnte noc iorneainlicdiadde.ncia  en  los  términos  recogidos  en  el
artículo 42.
En cualquier caso, el montante de la sanción pecuniaria impuesta deberá ser, como 
mínimo, el equivalente a la estimación del beneficio económico obtenido con la infracción 
más los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones 
no pecuniarias procedentes.
Artículo 47.  Cuantía de las sanciones.
1.  Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 3.000 euros.
2.  Las infracciones graves se sancionarán con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.
3.  Las  infracciones  muy  graves  se  sancionarán  con  multa  de  60.001  euros 
a 1.000.000 de euros.
Artículo 48.  Caducidad del procedimiento.
El plazo máximo para resolver será de seis meses desde el inicio del procedimiento 
sancionador. Transcurrido este plazo, excepto que concurran causas que legalmente 
produzcan la suspensión del procedimiento, se producirá la caducidad de este.
Artículo 49.  Prescripción de las sanciones.
1.  Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves a los seis meses.
2.  El plazo de prescripción de las sanciones previstas en los artículos anteriores 
comenzará  a  contarse  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  adquiera  firmeza  la 
resolución por la que se impone la sanción.
3.  Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 
procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento 
de ejecución estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.
TÍTULO IV
Medidas en materia de administración electrónica
Artículo 50.  Coordinación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las restantes entidades 
integrantes del sector público autonómico deberán abordar el proceso de transformación 
digital aplicando medidas organizativas, estructurales y de rediseño de los servicios que 
pongan al ciudadano como centro del proceso.
Artículo  51.  Sistemas  de  identificación  y  firma  en  la  sede  electrónica  y  sedes 
asociadas.
1.  La sede electrónica y sedes asociadas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón utilizarán como plataforma de identificación y firma de los usuarios 
Cl@ve, plataforma de identificación y firma electrónica utilizada por la Administración 
General  del  Estado,  o  un  sistema  equivalente,  garantizando  de  esta  manera  la 
identificación  y  firma  mediante  certificado  electrónico  reconocido  conforme  a  lo 
establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  En  particular,  podrán  es
considerarse sistemas equivalentes de identificación y firma los basados en un registro  o
distribuido de atributos de identidad aceptados por el órgano administrativo ante el que el  w.
ienstetar2tea.s l asLdoaob  rsepe rpderetoe cneedledaci mtridóieennnicttoaif i cayad srmseeidn,e issdt reaa stciovoocni.afodramsi dpaodd rcáonn u tlioli zeasr tsaibslteecmidaos  edne  ildae nntoifrimcaactiióvna   2021-4247n https://ww
o firma adicionales basados en clave concertada, siempre y cuando se realice un registro
previo de los usuarios que permita acreditar su identidad, conforme a lo dispuesto en la
legislación básica, a solicitud del departamento competente en materia de administración 
electrónica.
3.  Los departamentos y organismos públicos adoptarán las medidas necesarias para 
facilitar la obtención de Clave permanente por parte de las personas interesadas en la relación 
electrónica con la Administración, procurando reducir la brecha digital favoreciendo el acceso 
de todos los ciudadanos a la administración electrónica. Con esta finalidad, se constituirán de 
forma progresiva oficinas de registro de Clave permanente en las oficinas de asistencia en 
materia de registro, en unidades de registro, en centros educativos y sanitarios y en aquellos 
otros puntos de atención a la ciudadanía existentes en el territorio.
4.  El uso de la firma biométrica se contemplará como sistema de firma válido para 
la supresión del papel en los tramites presenciales, en el marco establecido en el 
artículo 10.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.  La acreditación por los interesados de atributos de identidad diferentes a su 
nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, podrá realizarse 
a través de cualesquiera de los sistemas de identificación y firma previstos en esta ley o 
en la normativa básica estatal.
Artículo 52.  Utilización de registros distribuidos.
1.  Podrán utilizarse sistemas electrónicos de registro distribuido para asegurar la 
aportación, acreditación e integridad de los datos y documentos en cualquier expediente, 
procedimiento o registro, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior respecto de 
identificación y firma.
2.  Podrán también utilizarse sistemas electrónicos de registro distribuido, con plena 
validez legal, para la realización de tramitación administrativa automatizada conforme a 
la  normativa  básica  estatal  y,  en  particular,  en  cualesquiera  procedimientos  de 
contratación pública.
3.  A  los  efectos  establecidos  en  esta  ley,  tendrá  la  consideración  de  sistema 
electrónico de registro distribuido el que permita el almacenamiento de la información, o 
su representación digital mediante huella electrónica, de manera permanente, simultánea 
y sucesiva en una base de datos distribuida, de manera que quede garantizada la 
inmutabilidad de dicha información y se permita la auditoria de su integridad.
Artículo 53.  Registro de Funcionarios Habilitados de Aragón.
1.  En el Registro de Funcionarios Habilitados de Aragón constarán los funcionarios 
habilitados para la identificación o firma regulada en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y para la expedición de copias auténticas. En este registro constarán, al menos, los 
funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
2.  El Registro se configura a partir del Sistema de Identificación de Usuarios, como 
un conjunto de atributos asignados al personal dado de alta en el Sistema de Recursos 
Humanos del Gobierno de Aragón, e incluirá a los funcionarios que ocupen los puestos 
de trabajo que se designen por el titular del órgano administrativo al que estén adscritos.
3.  La habilitación se realizará sobre el puesto de trabajo y hará constar:
a)  La denominación y número del puesto de trabajo que figure en la relación de 
puestos de trabajo o plantilla correspondiente.
b)  Si se trata de un funcionario habilitado perteneciente a una oficina de asistencia 
en materia de registro o a un departamento u organismo público. s
c)  Si la habilitación es para identificación y firma o para la emisión de copias  oe.
auténticas. w.
procdee))d  imLEiane  nfeetloc csha ass odobe rd ede u loqrasu ceqi óusnee  adp eou dnlar á fhu eanjbceiirolcitneaarc risióoun sd.  efEu nnd ceeipol acnraetsasom. deen tqou ue  onrog asnei ssmeñoa pleú bfelicchoa,  ldoes   2021-4247n https://ww
duración, se considerara de duración indefinida.
4.  Para la identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo por 
un funcionario habilitado, será necesario que la persona interesada se identifique ante el 
funcionario y preste su consentimiento expreso, de lo que deberá quedar constancia 
fehaciente  para  los  casos  de  discrepancia  o  litigio.  En  los  trámites  realizados  por 
funcionario habilitado se indicará esta condición en el acto correspondiente.
5.  La habilitación se extenderá a todos los trámites y actuaciones que se puedan 
realizar por medios electrónicos, y precisen una identificación de la persona interesada, 
vinculados a procedimientos cuyo órgano responsable pertenezca a un departamento de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o de sus organismos públicos. 
Se excluye la recepción de notificaciones y comunicaciones electrónicas. La habilitación 
para los trámites y procedimientos en la sede electrónica de otras Administraciones 
públicas será de los funcionarios habilitados de las oficinas de asistencia en materia de 
registro designados y estará condicionada a que en la sede correspondiente quede 
acreditada la condición de habilitado.
6.  El personal funcionario habilitado no tendrá responsabilidad alguna en cuanto al 
contenido de la documentación aportada por las personas interesadas, la veracidad de lo 
que estos declaren o el aseguramiento de que se cumplen los requisitos exigidos en la 
solicitud o para la realización de la actuación administrativa de acuerdo con la normativa 
que rija el procedimiento, siendo esta última función una competencia propia de las 
unidades competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos.
7.  El registro se integrará con el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
8.  La dirección general competente en materia de administración electrónica será la 
responsable del mantenimiento y gestión del registro, habilitándose a la persona titular 
del departamento competente en dicha materia para dictar las órdenes necesarias para 
el adecuado funcionamiento del registro.
9.  Los  funcionarios  habilitados  incluidos  en  el  Registro  recibirán  formación 
específica  en  materia  de  administración  digital  para  el  desarrollo  de  sus  funciones 
específicas y, en particular, para relacionarse con colectivos con especiales dificultades 
de accesibilidad o de uso de las herramientas de administración digital.
Artículo 54.  Información sobre los procedimientos y servicios.
1.  La información de los procedimientos y servicios que se ofrezca por los órganos 
gestores en sedes electrónicas asociadas, portales de internet asociados a aragon.es o 
espacios  propios  dentro  del  portal  deberá  ser  coincidente  con  la  del  Catálogo  de 
Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (en adelante, Catálogo de Servicios). El mantenimiento de información 
no incluida en el Catálogo de Servicios solo puede justificarse por la imposibilidad material de 
su incorporación en dicho Catálogo y tendrá el carácter de información adicional. En esta 
información deberán incluirse los enlaces a los espacios de tramitación electrónica de forma 
que las personas interesadas, además de encontrar la información asociada al servicio, 
puedan acceder a las opciones de tramitación correspondientes.
2.  La dirección general competente en administración electrónica podrá dar de baja 
aquellos contenidos discrepantes con la información del Catálogo de Servicios que 
puedan  generar  confusión  en  las  personas  interesadas  o  que  no  incluyan  las 
características descritas en este artículo.
Artículo 55.  Planificación y organización de los procedimientos y servicios. e.e
1.  La  memoria  justificativa  de  las  disposiciones  normativas  reguladoras  de  47ww
procae)d imLieonst ocsa yn saelervsi ciopsa rianc olarp oprarerás eunntaa cdieósnc ripdcei ónla bsr esveo ldiceit uladse ssi guyi enlotess  ccurietesrtiioonse sp:ara
establecerlos y para fijar el plazo de resolución.
b)  El volumen estimado de solicitudes. Bc
c)  Las razones para exigir la concreta documentación que ha de aportarse con la 
solicitud, así como las que determinen que la administración actuante no prevea la 
consulta u obtención por ella misma de los datos o documentos exigidos o la aportación 
en un momento posterior de la tramitación.
d)  El flujo de tramitación del procedimiento administrativo electrónico y el tipo de 
datos que se van a gestionar en los sistemas de información.
e)  Una previsión de las medidas organizativas que se van a adoptar para la óptima 
gestión  del  procedimiento  administrativo  electrónico  en  cada  estadio  del  flujo  de 
tramitación, así como los canales de atención al ciudadano que se van a establecer en 
cada momento de la tramitación.
2.  Como anexo a la memoria a que se refiere el apartado anterior deberán incluirse, 
en su caso, los modelos de declaración responsable.
Artículo 56.  Espacio personal de relación electrónica con la ciudadanía.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos 
públicos pondrán a disposición de los ciudadanos dentro de su sede electrónica un 
espacio personalizado y único de relación electrónica donde las personas puedan, entre 
otras cuestiones, gestionar los servicios en los que se encuentran interesados, consultar 
sus trámites, comunicaciones y notificaciones electrónicas y acceder a los datos que 
obran en poder de la Administración autonómica.
2.  La exhibición presencial ante un tercero de un documento disponible en el 
espacio personalizado de relación en el que consta su código seguro de verificación y la 
dirección  electrónica  de  verificación  surtirá  los  mismos  efectos  que  la  exhibición 
presencial del correspondiente documento original. En particular, se ofrecerá a través del 
espacio personal de relación un acceso a los carnés y tarjetas personales emitidas por la 
Administración autonómica y vinculadas al acceso a determinados servicios o realización 
de actividades.
3.  Los datos puestos a disposición de las personas interesadas en el espacio 
personal de relación electrónica tendrán plena validez salvo que la normativa específica 
requiera expresamente que se integren en una certificación para surtir efectos frente a 
terceros.
4.  Los servicios de los departamentos y organismos públicos vinculados con la 
puesta  a  disposición  de  las  personas  interesadas  de  los  datos,  información 
personalizada y documentos obrantes en poder de la Administración se centralizarán en 
el  espacio  personal  de  la  sede  electrónica  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma.
Artículo 57.  Plataforma de Gobernanza de Datos.
1.  La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón pondrá en marcha la 
Plataforma de Gobernanza de Datos, que operará con los datos que gestionen los 
diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en sus 
sistemas de información.
2.  Los  titulares  de  los  órganos  administrativos  de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón deberán poner a disposición los datos de sus sistemas 
de información tanto para su integración con el Sistema de Verificación y Consulta de 
Datos que integra con la Plataforma de Intermediación estatal como para su acceso por  s
parte  de  los  diferentes  órganos  y  unidades  de  la  Administración  de  la  Comunidad  oe.
Autónoma de Aragón a través de la Plataforma de Datos de Aragón en el momento en el  w.
qpuoen d3er.s átnéL  oaos pd edirsaapttooivssai c.iniótenr odpee rsaudso tsit ual atrraevsé as  tdrea vléas P dlaetla efosrpmaac iod ep eGrosobnearnl adnez ar edlaec iDóant odse  slae   2021-4247n https://ww
sede electrónica de la Administración pública de Aragón.
Artículo 58.  Impulso al establecimiento de cuadros de mando.
El departamento competente en materia de administración electrónica impulsará, de 
acuerdo  con  los  departamentos  competentes,  la  generación  de  cuadros  de  mando 
utilizando indicadores construidos sobre la Plataforma de Gobernanza de Datos de 
Aragón con objeto de proporcionar información real y permanentemente actualizada 
sobre el funcionamiento del ámbito de que se trate, facilitando el proceso de diseño de 
políticas públicas, los de toma de decisiones, la regulación y análisis de procedimientos y 
la evaluación de todo ello.
TÍTULO V
Medidas sobre el sector energético
CAPÍTULO PRIMERO
Medidas sobre generación de energía eléctrica a partir de otras energías 
renovables (no eólica), cogeneración y residuos
Artículo 59.  Objeto.
1.  Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía  renovables  de  tecnología  no  eólica,  cogeneración  y  residuos,  de  potencia 
instalada superior a 100 kW e igual o inferior a 50 MW, conectadas a la red de transporte 
o distribución eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón son objeto de autorización 
administrativa previa, de construcción y de explotación conforme a lo establecido en los 
artículos siguientes.
2.  Las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables de tecnología no eólica, cogeneración y residuos conectadas a la red 
de transporte o distribución eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la 
modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes, al igual que las instalaciones 
aisladas no precisarán autorización administrativa, de construcción y de explotación, sin 
perjuicio de la declaración responsable exigible conforme a la reglamentación técnica 
aplicable a dichas instalaciones.
Artículo 60.  Definiciones.
A los efectos de la generación y producción de energía eléctrica a partir de otras 
energías renovables (no eólica), cogeneración y residuos, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:
a)  Poligonal:  se  entenderá  por  poligonal  de  una  instalación  de  producción  de 
energía eléctrica de una determinada tecnología no eólica aquella que, circunscrita al 
perímetro de vallado de la instalación, encierra todos los generadores, motores, turbinas, 
alternadores, módulos fotovoltaicos e inversores, pudiendo incluir además la subestación 
transformadora de la instalación. Podrá ser única y cerrada o estar compuesta por varias 
poligonales o islas. La poligonal quedará definida por las coordenadas geográficas UTM 
de los vértices de las líneas de la/s poligonal/es que la comprenden.
b)  Afección  energética:  se  entenderá  que  existe  afección  energética  de  una 
instalación  de  producción  de  energía  eléctrica  o  su  modificación  sobre  otra,  e.e
independientemente  de  la  tecnología  no  eólica  de  la  que  se  trate,  ya  en  servicio,  b
autorizada o que haya iniciado previamente la tramitación de la autorización conforme al  47ww
prérogpimoenng aens tsaeb lesucipdeor peonn glaa nl esgoisblraec ilóan  pvoigligeonntea l cduea nldao i nlastsa lnaucieóvna sd ep oplrigoodnuaclceiós nq uyae  esne 
servicio, autorizada o en tramitación.
Artículo 61.  Régimen general de las autorizaciones.
1.  Los procedimientos de autorización tienen carácter reglado y respetarán los 
principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación, 
sin que en ningún caso pueda supeditarse el otorgamiento de la autorización al pago de 
costes o al cumplimiento de requisitos no vinculados al desarrollo de la actividad de 
producción de energía.
2.  La  autorización  administrativa  previa  y  la  autorización  administrativa  de 
construcción de las instalaciones de producción incluidas las infraestructuras propias de 
evacuación podrán tramitarse de forma consecutiva o conjunta.
3.  La  autorización  administrativa  previa  y  la  autorización  administrativa  de 
construcción de las infraestructuras de evacuación compartidas por varias instalaciones 
de producción, incluidos parques eólicos, podrán tramitarse de forma consecutiva o 
conjunta. Se tramitarán de forma independiente, pero coordinada con las solicitudes de 
autorizaciones de las instalaciones de producción, incluidos parques eólicos.
Artículo  62.  Procedimiento  para  las  autorizaciones  administrativa  previa  y  de 
construcción.
1.  Los  promotores  de  las  instalaciones  objeto  de  este  capítulo  presentarán  la 
solicitud  de  autorización  administrativa  previa  y  la  solicitud  de  autorización  de 
construcción ante el servicio provincial correspondiente del departamento competente en 
materia de energía donde se ubique la instalación de generación.
2.  En el caso de que se presente solicitud de autorización de una instalación 
híbrida, compuesta por varios combustibles o tecnologías, donde ninguna de ellas sea 
eólica o, siéndolo, la potencia eólica instalada sea inferior a la potencia instalada total del 
resto de tecnologías o combustibles, la tramitación del proyecto híbrido y la protección de 
cada una de las tecnologías no eólicas se regirá por lo establecido en este título y la 
protección de la tecnología eólica, por lo dispuesto en el Decreto Ley 2/2016, de 30 de 
agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación 
con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el 
impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
3.  La  competencia  para  la  emisión  de  las  resoluciones  de  autorización  de 
instalaciones de potencia instalada superior a 1 MW corresponde a la dirección general 
competente en materia de energía, y las de potencia inferior o igual a 1 MW corresponde 
al  servicio  provincial  correspondiente  del  departamento  competente  en  materia  de 
energía.
4.  El plazo para resolver el procedimiento de autorización administrativa previa, así 
como el de autorización de construcción será de tres meses a partir de la fecha de 
entrada  de  cada  solicitud  en  el  registro  del  servicio  provincial  del  departamento 
competente en materia de energía cuando se soliciten de forma sucesiva. Si el promotor 
solicita la tramitación conjunta de ambas autorizaciones el plazo para resolver será de 
seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se dicte y notifique resolución se podrá 
entender desestimada la solicitud.
5.  La  resolución  de  autorización  administrativa  previa  deberá  publicarse  en  el 
«Boletín Oficial de Aragón».
6.  Para  la  suspensión  de  la  admisión  a  trámite  de  solicitudes  de  autorización 
administrativa previa y de construcción será de aplicación el régimen establecido en el 
artículo 9 del Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la  e
ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el  bo
marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía  47ww
eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
Artículo 63.  Procedimiento para la autorización de explotación.
El plazo para la obtención de la autorización de explotación de las instalaciones, que 
se emitirá mediante resolución del servicio provincial correspondiente, se fijará en la 
resolución de la dirección general competente en materia de energía o, en su caso, del 
servicio provincial correspondiente del departamento competente en materia de energía 
por la que se otorgó la autorización de construcción. Dicho plazo solo será ampliable 
mediante solicitud motivada de la entidad beneficiaria y resolución favorable expresa, si 
procede, de la dirección general o, en su caso, del servicio provincial.
Artículo 64.  Transmisión de instalaciones.
1.  Las solicitudes de autorización de transmisión de la titularidad de instalaciones 
de potencia instalada superior a 1 MW se dirigirán a la dirección general competente en 
materia de energía por quien pretende adquirir la titularidad de la instalación, mientras 
que las instalaciones de potencia inferior o igual a 1 MW se dirigirán al servicio provincial 
correspondiente del departamento competente en materia de energía.
2.  La dirección general o, en su caso, el servicio provincial resolverá sobre la 
solicitud de transmisión de la titularidad en el plazo de tres meses. La falta de resolución 
expresa tendrá efectos desestimatorios.
3.  Producida la transmisión, el nuevo titular deberá comunicarla a la dirección 
general o, en su caso, al servicio provincial dentro del plazo de un mes.
Artículo  65.  Documentación  precisa  para  la  solicitud  de  autorización  administrativa 
previa.
1.  Los  solicitantes  de  autorización  administrativa  previa  deberán  presentar  la 
siguiente documentación:
a)  Formulario  de  solicitud  dirigido  al  órgano  competente  para  autorizar  la 
instalación.
b)  Documentación  acreditativa  de  la  capacidad  legal,  técnica  y  económico-
financiera para la realización del proyecto.
c)  Anteproyecto de la instalación, suscrito por técnico competente y visado por el 
colegio oficial correspondiente, que deberá contener:
1.º  Memoria en la que se justifiquen y consignen la ubicación de la instalación o 
modificación, origen, recorrido y fin de las líneas eléctricas de evacuación a la red de 
transporte o de distribución objeto de la instalación, características principales de la 
instalación, de las líneas y subestaciones de evacuación.
2.º  Planos de la instalación a escala mínima 1:50.000.
3.º  Presupuesto estimado de la instalación.
4.º  Separata con aquellas partes del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, 
obras o servicios, centros o zonas dependientes de otras Administraciones públicas, 
organismos, corporaciones o departamentos del Gobierno de Aragón y, en su caso, 
empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a 
su cargo afectadas por la instalación.
d)  Documentación  sobre  el  impacto  ambiental  del  proyecto  de  la  instalación, 
relativa a uno de los tres supuestos: s
1.º  Estudio  de  impacto  ambiental  debidamente  firmado,  incluyendo  la  w.
documentación exigida en el artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de  47ww
Pprroecveednicmióienn tyo  Pdreo etevcacluióanc iAónm dbeie inmtapla dceto  Aamrabgióenn,t ael no redli ncaarsiao. de que deba someterse al
proc2e.dº imIinefnotrom dee  deev aliumapcaiócnto  dea mimbpieancttaol , amenb ieenlt alc assimo pldifeic adqou,e  o ddeobcau mseonmtaecteiórnse q uael   BOE-A-cable e
acredite la admisión a trámite por el órgano ambiental de la evaluación de impacto 
ambiental simplificada.
3.º  Declaración del titular del proyecto de la instalación en la que se justifique y 
manifieste que no está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria o simplificada.
e)  Copia del resguardo acreditativo del depósito de la garantía prestada para la 
tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o de distribución.
f)  Documentación  acreditativa  de  la  solicitud  o,  en  su  caso,  concesión  de  los 
permisos de acceso y conexión. La concesión podrá acreditarse en cualquier momento 
antes de la emisión de la resolución de autorización administrativa previa.
g)  Memoria justificativa que permita comprobar la potencial existencia de afección 
energética  a  otras  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  en  servicio, 
autorizadas  o  en  tramitación.  Se  indicará  la  superficie  afectada  (circunscrita  por  la 
poligonal del vallado de la instalación), con expresión de las coordenadas geográficas 
UTM definitorias de la poligonal que la delimita, así como de las líneas eléctricas y 
subestaciones. La representación de las coordenadas se realizará en cartografía oficial
h)  Si fuera el caso, memoria explicativa de las infraestructuras de evacuación 
compartidas  con  otras  instalaciones  de  producción.  La  memoria  incluirá  una  breve 
descripción técnica de las infraestructuras, planos y esquema unifilar, y la identificación 
de las instalaciones de producción, no eólicas y eólicas, que las comparten.
2.  El órgano tramitador del expediente podrá requerir que se complete o aclare la 
documentación  presentada  conforme  a  lo  establecido  en  la  normativa  estatal  de 
procedimiento administrativo común.
Artículo 66.  Documentación precisa para la solicitud de autorización de construcción.
1.  Los solicitantes de autorización de construcción deberán presentar la siguiente 
documentación:
a)  Formulario  de  solicitud  dirigido  al  órgano  competente  para  autorizar  la 
instalación.
b)  Proyecto de ejecución de la instalación elaborado conforme a los Reglamentos 
técnicos en la materia, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial 
correspondiente.
c)  Separata con aquellas partes del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, 
obras o servicios, centros o zonas dependientes de otras Administraciones Públicas, 
organismos, corporaciones o departamentos del Gobierno de Aragón y, en su caso, 
empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a 
su  cargo  afectadas  por  la  instalación,  para  que  estos  establezcan,  si  procede,  el 
condicionado procedente.
d)  Memoria justificativa que permita comprobar la potencial existencia de afección 
energética  a  otras  instalaciones  de  producción  de  energía  eléctrica  en  servicio, 
autorizadas  o  en  tramitación.  Se  indicará  la  superficie  afectada  (circunscrita  por  la 
poligonal del vallado de la instalación), con expresión de las coordenadas geográficas 
UTM definitorias de la poligonal que la delimita, así como de las líneas eléctricas y 
subestaciones. La representación de las coordenadas se realizará en cartografía oficial.
e)  Declaración responsable que acredita el cumplimiento de la normativa que le es 
de aplicación. e.
2.  El órgano tramitador del expediente podrá requerir que se complete o aclare la  47ww
dporoccuemdeimniteanctióon a dpmreinsiesntrtaatdivao  ccoomnfúonrm. e  a  lo  establecido  en  la  normativa  estatal  de
Artículo 67.  Admisión a trámite de solicitudes de autorización administrativa previa y de 
construcción y prioridad.
1.  Las solicitudes de autorización administrativa previa de las instalaciones de 
producción o de modificación de las que ya dispongan de autorización administrativa 
previa podrán presentarse en cualquier momento conforme a lo establecido en este 
capítulo.  Lo  anterior  también  es  aplicable  a  las  infraestructuras  de  evacuación 
compartidas por varias instalaciones de producción, incluidos parques eólicos.
2.  Es requisito imprescindible para la presentación de la solicitud de autorización, 
sin perjuicio de los demás establecidos en la legislación vigente, haber solicitado el 
permiso de acceso al gestor de la red de transporte o distribución.
3.  Es requisito imprescindible para la resolución de la solicitud, sin perjuicio de los 
demás establecidos en la legislación vigente, haber obtenido del gestor de la red de 
transporte o distribución permisos de acceso y conexión.
4.  Los proyectos quedarán protegidos frente a cualesquiera afecciones energéticas, 
incluidas afecciones eólicas (salvo que se trate del mismo proyecto de hibridación), 
desde el momento en que el solicitante comunique a la dirección general competente en 
materia de energía la concesión de permisos de acceso y conexión por el gestor de la 
red  de  transporte  o  distribución.  La  protección  se  otorgará  conforme  al  orden  de 
presentación en registro por el solicitante de la comunicación junto con el documento 
justificativo de concesión de permisos de acceso y conexión. No podrán autorizarse 
proyectos que produzcan afección energética a los que estén protegidos conforme a lo 
establecido en este apartado.
5.  Será requisito imprescindible para la resolución de la solicitud de la protección la 
presentación de una memoria justificativa que permita al órgano competente comprobar, 
a los efectos establecidos en el apartado cuarto, la potencial existencia de afección a 
otras instalaciones de producción de energía eléctrica en servicio, autorizadas o en 
tramitación conforme a las definiciones de las letras a) y b) del artículo 60. Se indicará la 
superficie afectada, con expresión de las coordenadas geográficas UTM definitorias de la 
poligonal  que  la  delimita.  La  representación  de  las  coordenadas  se  realizará  en 
cartografía oficial. En el caso de que la solicitud de iniciación no incorpore la mencionada 
memoria  o  carezca  de  la  idoneidad  oportuna  para  la  tramitación,  se  requerirá  su 
subsanación, con apercibimiento de desistimiento. Se tendrá por desistido al solicitante 
que no subsane las deficiencias detectadas.
6.  La dirección general competente en materia de energía hará públicas, a través 
del sistema de información territorial de Aragón, las poligonales de las instalaciones de 
producción en servicio, autorizadas o protegidas frente a afecciones energéticas, así 
como las de aquellas que, aun no estándolo, estén tramitando su autorización. Se 
priorizará la publicidad de las instalaciones de producción de potencia instalada superior 
a 1 MW.
Artículo 68.  Tramitación de infraestructuras de evacuación.
En la tramitación administrativa de las infraestructuras de evacuación de energía 
eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables de tecnología no eólica, 
cogeneración y residuos se aplicarán las siguientes reglas:
a)  Formarán  parte  de  la  instalación  de  generación  sus  infraestructuras  de 
evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o distribución y, en su  s
caso, la transformación de energía eléctrica. oe.
b)  El proyecto de la instalación de generación a presentar para su autorización,  w.
laraedsde  imdnefár asde idssettrr iuibncuctculuiróiarn sa  oqd uetre aelnlvosaspc aouprataecri,ót aqndu doees i  nleecnglueairrlgmáí aee nsetpleée cpctírrfeiicccaae mphtaeivsnottaes , e lailn  pcduleunsirtcáor  iudpnecia óc nod nedesecx rilóaipnsc  iclóíonnne d aleas    2021-4247n https://ww
eléctricas y demás instalaciones eléctricas necesarias para la evacuación, incluyendo la
tensión, longitud, emplazamientos, superficies afectadas y sus características. Deberá 
representarse en cartografía oficial.
c)  La  autorización  administrativa  previa  y  la  autorización  administrativa  de 
construcción  de  instalaciones  de  producción  e  infraestructuras  de  evacuación 
pertenecientes  a  una  única  instalación  serán  objeto  de  solicitud,  tramitación  y 
autorización conjunta.
d)  La  autorización  administrativa  previa  y  la  autorización  administrativa  de 
construcción de las infraestructuras de evacuación compartidas por varias instalaciones 
de generación serán objeto de solicitud, tramitación y autorización conjunta. Se tramitará 
de forma independiente, pero coordinada con las solicitudes de autorizaciones de las 
instalaciones de producción de las instalaciones de generación.
CAPÍTULO SEGUNDO
Simplificación de procedimientos de determinadas instalaciones 
de energía eléctrica
Artículo 69.  Trámites de información pública de instalaciones de energía.
Siempre que no estén sometidas a evaluación de impacto ambiental y no se solicite 
declaración de utilidad pública, no se requerirá trámite de información pública para la 
autorización administrativa de las siguientes instalaciones:
a)  Instalaciones  de  producción  de  potencia  igual  o  inferior  a  1  MW,  su 
transformación y sus líneas de evacuación.
b)  Instalaciones de tensión nominal igual o inferior a 66 kV.
c)  Modificaciones de instalaciones de tensión nominal superior a 66 kV ubicadas en 
el interior de instalaciones de la persona titular.
d)  Instalaciones de carácter temporal.
Disposición adicional primera.  Referencias de género.
La  utilización  de  sustantivos  de  género  gramatical  determinado  en  referencia  a 
cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de 
expresión  y  como  referencia  genérica  tanto  para  hombres  como  para  mujeres  con 
estricta igualdad a todos los efectos.
Disposición adicional segunda.  Teletrabajo y transformación digital.
1.  La aplicación del régimen de teletrabajo requerirá la previa, suficiente y efectiva 
implantación de la tramitación electrónica de procedimientos en el centro directivo en el 
que el empleado público preste servicio.
2.  Reglamentariamente, se establecerán para todo el sector público autonómico los 
criterios para determinar la suficiencia y efectividad de dicha implantación y, en función 
de  estas,  las  condiciones  esenciales  en  que  podrá  acordarse  la  previsión  en  las 
relaciones de puestos de trabajo o instrumentos equivalentes y la aplicación de la 
modalidad de teletrabajo para la prestación del servicio.
Disposición  adicional  tercera.  Relación  electrónica  con  la  administración  de 
determinados colectivos de personas físicas. e.e
1.  Quienes aspiren a participar en procesos selectivos para el ingreso o acceso a  47www.
plqdoúuesbeb l eicscrueáoe n er psyroet aslaeb, cnlei eozsnclocaasar  smlaetseé  dormiyba lniingctoeaas ttoOe rgriqadoumereínae  snd eteespl t radaobe feltpersaazirvocténaasa m leledasne  t ocmd oecen odvmpiooepcsrae stetooelnerniacatelt, r  óefunennin cmc oiosalo,nt seac rroiiatonr  áfdomoer  mietleeams b paol erdlaooel     OE-A-2021-42able en https://
cumplimentación y presentación de solicitudes, aportación de documentación y pago de 
tasas. En todo caso cada convocatoria deberá incluir el siguiente contenido mínimo:
a)  La previsión de que, en el caso de incidencia técnica a que se refiere el apartado 
cuarto  del  artículo  32  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que  imposibilite  el 
funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda y hasta que aquella 
se solucione, tendrá lugar una ampliación de los plazos no vencidos. La incidencia 
técnica acontecida y la ampliación concreta del plazo no vencido deberán publicarse en 
la sede electrónica del órgano convocante.
b)  Los sistemas de identificación y de firma admitidos para los interesados de 
acuerdo con lo contenido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si alguno de los interesados presentase su solicitud presencialmente, el órgano 
convocante le requerirá para que la subsane a través de la presentación electrónica de la 
solicitud de inscripción en los procesos selectivos, en los términos del artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  Mediante orden del departamento competente en la materia podrá establecerse, 
por causas justificadas, que otros determinados colectivos de personas físicas, para 
procedimientos  o  servicios  digitales  específicos,  estén  obligados  a  relacionarse  por 
medios electrónicos con el sector público autonómico siempre que por razón de su 
capacidad  económica  o  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos  acreditados 
tengan garantizados el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Disposición adicional cuarta.  Expedientes de gasto de escasa cuantía.
1.  Mediante  acuerdo  del  Gobierno  de  Aragón,  a  propuesta  del  titular  del 
departamento competente en materia de hacienda, se establecerán aquellas categorías 
de expedientes de gasto que, debiendo ser autorizados o aprobados por el Gobierno de 
Aragón, por su escasa cuantía podrán ser autorizados o aprobados por el titular del 
departamento  competente  en  materia  de  hacienda.  Se  incluirán,  en  todo  caso,  los 
expedientes de gasto por importe inferior a tres mil euros, excluidos los de convalidación 
o resolución de discrepancias regulados en los artículos 74 y 75 del texto refundido de la 
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado mediante Decreto 
Legislativo 1/2000, de 29 de junio.
2.  Los titulares de los órganos directivos del departamento competente en materia 
de  hacienda  podrán  acordar,  en  su  caso,  la  no  liquidación,  anulación  y  baja  en 
contabilidad de todas aquellas deudas inferiores a la cantidad de diez euros que se 
consideren  insuficientes  para  la  cobertura  del  coste  que  representa  su  exacción  y 
recaudación. El titular del departamento competente en materia de hacienda podrá 
modificar la cuantía por debajo de la cual puede procederse a la anulación de dichas 
deudas.
Disposición adicional quinta.  Entidades colaboradoras de certificación en el ámbito de 
la seguridad industrial.
En el ámbito de la seguridad industrial, lo dispuesto en la sección segunda del 
capítulo primero del título III referente a las entidades colaboradoras de certificación será 
de aplicación supletoriamente y siempre que no entre en contradicción con lo dispuesto 
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y Real Decreto 2200/1995, de 28 de  e.
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la  w.b
seguridad industrial en relación con los Organismos de Control, y en el Decreto 38/2015,  47ww
dréeg 1im8e dne  jumríadrizcoo,  ddee l lGaso beinetrindoa ddees  Acroalgaóbno,r apdoorr eals  qduee  lsae A adpmruineibsatr aecl iRóne gdlaem lae nCtoo msoubnridea edl 
Aseugtóunriodmada  inddeu Asrtraiagló, nd ipspaoras iecilo anseesg quuraem sieernátno  dveo laupnltiacraioci ódne  plare cfearleidnatde .de los servicios de
Disposición adicional sexta.  Aplicación a entidades locales.
1.  Las entidades locales aragonesas quedarán sujetas a las disposiciones de la 
parte articulada de esta ley cuando así se establezca expresamente en la misma y, en 
todo caso, a lo establecido en el título preliminar, excepto el artículo 5, el título II y, 
cuando en virtud de su normativa específica apliquen los regímenes de declaración 
responsable y comunicación, los capítulos primero y tercero del título III.
2.  En la regulación de los procedimientos de su competencia, en el marco de la 
legislación básica y sectorial aplicable, las entidades locales observarán los criterios 
establecidos en el capítulo segundo del título III.
Disposición adicional séptima.  Instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica 
incluidas en la planificación eléctrica regulada en la normativa estatal.
Será de aplicación a las instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica 
incluidas en la planificación eléctrica regulada en la normativa estatal cuya autorización 
sea competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón el mismo régimen establecido 
para las que lo sean de la Administración General del Estado en las disposiciones 
adicionales segunda, tercera y duodécima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora 
del contrato de concesión de obras públicas.
Disposición transitoria primera.  Régimen aplicable a procedimientos en tramitación.
Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la 
normativa conforme a la cual se iniciaron.
Disposición transitoria segunda.  Procedimientos iniciados conforme a los Decretos-
leyes 1/2020, de 25 de marzo; 2/2020, de 28 de abril, y 4/2020, de 24 de junio.
Los procedimientos cuya tramitación se haya iniciado conforme a lo dispuesto en el 
Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón; 
el Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales, y el 
Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la 
Recuperación Social y Económica, continuarán su tramitación conforme a lo dispuesto 
en los mismos.
Disposición transitoria tercera.  Protección de proyectos de producción de energía.
Podrán  acogerse  a  la  protección  frente  a  cualesquiera  afecciones  energéticas, 
incluidas afecciones eólicas, todos los proyectos de tecnología no eólica que a la entrada 
en vigor de esta ley ya se hubieran presentado para su autorización administrativa 
previa.
Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de determinadas instalaciones de 
generación eléctrica.
Todos los proyectos de instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes  de  energía  renovables,  cogeneración  y  residuos  conectadas  a  la  red  de  s
transporte  o  distribución  eléctrica  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  en  la  oe.
modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes, al igual que las instalaciones  w.
aisladas, que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación para obtener  47ww
dlae  auatuotroizriazcaicóinó na dcmoninfiosrtmraeti vaa  plrae vniao rom daetiv cao ndsetrl ucsceicótno rp oedléráctnr icdoe spisatirra d ep rloac etrdaemr itaac iósun 
Atraramgiótanc.ión en el marco de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de  BOE-A-cable e
Disposición transitoria quinta.  Régimen transitorio de subvenciones del fondo local.
Los órganos gestores que viniesen tramitando subvenciones de conformidad con la 
Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, deberán aprobar las correspondientes bases 
reguladoras específicas para cada materia en el plazo máximo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esta ley. Durante dicho plazo o hasta la aprobación de dichas bases 
reguladoras específicas, si fuere anterior, resultará de aplicación la citada orden que 
quedará derogada, en todo caso, conforme a lo establecido en la disposición derogatoria 
única de esta ley.
Disposición derogatoria única.
1.  Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta ley.
2.  Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones con rango de ley:
a)  El Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
b)  El Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
c)  El Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa 
para la Recuperación Social y Económica.
d)  Los apartados segundo y tercero del artículo 11 del Decreto-ley 9/2019, de 8 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y 
urgentes para el control de la población silvestre de conejo común (oryctolaguscuniculus) 
en Aragón.
3.  Quedan expresamente derogadas las siguientes normas reglamentarias:
a)  La Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón. 
Esta derogación tendrá efectos transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de 
esta ley.
b)  Orden de 25 junio 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
sobre el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.
c)  Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se establecen normas complementarias para la tramitación y la 
conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen 
especial y agrupaciones de estas en redes de distribución.
d)  Orden de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se establecen normas complementarias para la tramitación del 
otorgamiento  y  la  autorización  administrativa  de  las  instalaciones  de  energía  solar 
fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.
e)  Orden de 5 febrero de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se establecen normas complementarias para la tramitación de expedientes de 
instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. e.e
f)  Orden de 1 abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,  b
por la que se modifican diversas órdenes de este Departamento relativas a instalaciones  47ww
de egn)e rgEíal D seoclarer tfoo t2o2vo8l/t2a0ic0a6., de 21 de noviembre, de Gobierno de Aragón, por el que se
scere are geul lrae glais ttrroa mteitlaecmióánti cdoe  dper olac eAddimmiiennistotrsa caidómn idneis tlraa tCivooms upnoidr amde Adiuotsó neolemcatr ódnei cAorsa gy ósne, 
establecen otras medidas en materia de administración electrónica.
h)  El Decreto 73/2006, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula  la  habilitación  para  el  ejercicio  de  las  funciones  de  comprobación  de  las 
condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte del 
personal funcionario público que ejerce labores técnicas en materia de prevención de 
riesgos laborales.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
junio.
Se modifican los siguientes artículos del texto refundido de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 junio, 
del Gobierno de Aragón:
Uno.  El artículo 41 queda redactado del siguiente modo:
«1.  La autorización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al 
crédito que para cada ejercicio autorice la respectiva Ley de Presupuestos.
2.  Podrán adquirirse compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros 
cuando tengan alguno de los siguientes objetos:
a)  Inversiones reales y transferencias de capital.
b)  Contratos  de  suministros,  de  asistencia  técnica  y  científica  y  de 
arrendamientos de bienes y servicios que no pueden ser estipulados por el plazo 
de un año o cuando este plazo resulte más gravoso.
c)  Convenios  con  instituciones  cuya  duración  se  extienda  a  más  de  un 
ejercicio, siempre que aparezca claramente explicitado en la norma autorizante del 
convenio.
d)  Arrendamientos  de  bienes  inmuebles  a  utilizar  por  la  Comunidad 
Autónoma o por los organismos y empresas de ella dependientes.
e)  Cargas financieras derivadas del endeudamiento.
f)  Encargos de ejecución.
3.  Corresponde  al  Gobierno  de  Aragón  autorizar  los  gastos  de  carácter 
plurianual en los siguientes casos:
a)  Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor 
estimado superior a tres millones de euros.
b)  Acuerdos y convenios de colaboración de concesión de subvenciones de 
concesión directa por importe superior a novecientos mil euros.
c)  Convocatorias de subvenciones cuyo importe supere los cinco millones de 
euros.
4.  Corresponde  al  titular  del  departamento  competente  en  materia  de 
hacienda autorizar los gastos de carácter plurianual en los siguientes supuestos:
a)  En  los  previstos  en  el  apartado  segundo  en  que  la  competencia  no 
corresponda al Gobierno de Aragón.
b)  Excepcionalmente, en otros supuestos distintos de los previstos en el 
apartado segundo, justificando las circunstancias que aconsejan la autorización.
5.  La autorización contenida en los dos párrafos anteriores está condicionada  bo
a que la ejecución de los gastos que se comprometen comience en el propio  47ww
Agecoajsersirmrtceoiiscsspim oom ony,ed  nlaioec snqio tcuenre aéa dde oialt osqn,suú  ecmelon eme rnlopo  rsqdo uemae pee satjeierdrt oacasidcu oietoosns r i cazfaua),dt  ueabr  o)ui nsnyi,co  ia acd  )le,loa  se n elolqoj eussce eun acopi  uópsenoud dpdereenár  nicao aepr dxliaccaea  udrcsnueeaar   tdlrdooees.l     OE-A-2021-42able en https://
las operaciones reseñadas de los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato
siguiente, el setenta por ciento; en el segundo, el sesenta; y en los ejercicios 
tercero y cuarto, el cincuenta por ciento.
6.  El  Gobierno  de  Aragón,  a  propuesta  del  titular  del  departamento 
competente en materia de hacienda, podrá ampliar el número de anualidades a 
comprometer o modificar los porcentajes de gasto correspondientes a cada una de 
ellas en los casos especialmente justificados y siempre de manera excepcional.
7.  Los compromisos a que se refiere el párrafo tercero serán objeto de 
contabilización independiente.
8.  De los compromisos señalados en el apartado 2 y de las modificaciones 
recogidas en el apartado 6 se dará cuenta a la Comisión competente en materia 
de hacienda de las Cortes de Aragón.
9.  Las subvenciones y ayudas públicas que, de acuerdo con su normativa 
reguladora, hayan de concederse en ejercicios anteriores a aquel al que deban 
imputarse las obligaciones en el momento de ser estas exigibles, así como los 
contratos de obra que, en aplicación de la legislación específica en la materia, se 
efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, tendrán la consideración 
de gastos de carácter plurianual».
Dos.  La letra c) del apartado segundo del artículo 42 queda redactada del siguiente 
modo:
«c)  Las de ejercicios cerrados».
Tres.  El apartado tercero del artículo 45 queda redactado del siguiente modo:
«3.  La competencia para autorizar las generaciones de crédito corresponde 
al titular del departamento competente en materia de hacienda, a propuesta del 
departamento afectado».
Cuatro.  El apartado segundo del artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Corresponde  al  titular  del  departamento  competente  en  materia  de 
hacienda,  y  a  iniciativa  de  los  departamentos  interesados,  la  autorización  de 
transferencias que, respetando las limitaciones expresadas en el artículo 48, no 
supongan  alteración  de  la  suma  global  de  los  créditos  ni  modificación  de  la 
distribución del gasto por secciones presupuestarias».
Cinco.  El apartado primero del artículo 51 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Corresponde  al  Gobierno  de  Aragón  autorizar  los  gastos  de  los 
departamentos  y  organismos  en  aquellos  supuestos  reservados  por  ley  a  su 
competencia y en los siguientes casos:
a)  Expedientes de contratación, encargos de ejecución y conciertos de valor 
estimado superior a tres millones de euros.
b)  Acuerdos de concesión de subvenciones y convenios de colaboración por 
importe superior a novecientos mil euros.
c)  Convocatorias de subvenciones cuyo importe supere los cinco millones de 
euros».
Seis.  Se introduce un nuevo apartado cuarto en el artículo 88 con la siguiente  s
redacción: oe.
«4.  Los centros docentes no universitarios podrán abrir una cuenta corriente  47ww
paaurtoar ilzaa gceiósnti ódne dl et istuulsa rg adsetlo sd,e apsaír tcaommeon tlaos  cnoemcepseaterinatse  deen p rmecaitoesr iap údbelic otess, oprreervíaia, 
gestionando con la entidad de crédito sus disponentes».
Siete.  El artículo 89 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Los ingresos en la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, 
en las cajas de la Tesorería y en las entidades de crédito o ahorro cuyas cuentas 
hayan sido autorizadas en la forma prevista en el artículo anterior.
2.  La recaudación de derechos podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito y 
débito, transferencia, domiciliación bancaria, efectivo y cualquier otro medio o 
documento de pago, sea o no bancario, acordado por el órgano competente en 
materia de hacienda.
3.  La Tesorería podrá, asimismo, pagar las obligaciones por cualesquiera de 
los medios a que se refiere el párrafo anterior a excepción del de tarjeta de crédito, 
siendo  necesaria  la  autorización  del  titular  del  departamento  competente  en 
materia de hacienda para la utilización de tarjeta de débito a través de cajero 
pagador que también puede utilizar tarjeta prepago.
4.  Se autoriza a las personas titulares de la Tesorería de la Administración de 
la  Comunidad  Autónoma  y  de  los  órganos  equivalentes  de  las  entidades 
integrantes de su sector público, así como a las personas titulares de las cajas 
fijas, para que soliciten a las entidades de crédito donde tienen abiertas sus 
cuentas  corrientes  claves  de  firma  a  través  de  la  banca  electrónica, 
manteniéndose  en  todo  momento  las  actuales  condiciones  de  disposición. 
También podrán solicitar claves individuales para la preparación de ficheros».
Ocho.  El apartado primero del artículo 90 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Las  necesidades  de  la  Tesorería  derivadas  de  las  diferencias  de 
vencimientos de sus pagos e ingresos podrán atenderse con anticipos del Banco 
de España, si así se acordara mediante convenio con el mismo, o de entidades de 
crédito o ahorro, siempre que la suma total no sea superior al 30 % del límite de 
gasto  no  financiero  del  propio  ejercicio.  La  adopción  del  acuerdo  para  la 
celebración  de  estas  operaciones  corresponderá  al  titular  del  departamento 
competente en materia de hacienda».
Nueve.  Se introduce un nuevo apartado cuarto en el artículo 92 con la siguiente 
redacción:
«4.  Para  la  cancelación  y  devolución  de  garantías  no  será  necesaria  la 
entrega del resguardo original obtenido en el momento de la constitución en la 
Caja de Depósitos».
Diez.  El apartado segundo del artículo 96 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Las operaciones a que se refiere el apartado anterior serán autorizadas 
por el titular del departamento competente en materia de hacienda, dándose 
cuenta de las mismas a la Comisión competente en materia de hacienda de las 
Cortes de Aragón».
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón.
En la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, se introducen las 
siguientes modificaciones: e.e
Uno.  El apartado segundo del artículo 8 queda redactado del siguiente modo: 47ww
auto«r2iz.a ciSóinn  ppererjvuiaic iod ed el al o caonntceersioiór,n  codrirreescptao nddee rás uabl veGnocbioienrenso  dceu yoA raimgópno rtlae 
individualizado supere los 900.000 euros».
Dos.  Se modifica el apartado tercero y se añade un nuevo apartado quinto en el 
artículo 11, que quedan redactados del siguiente modo:
«''3.  El procedimiento de elaboración de las bases reguladoras solo exigirá 
que el proyecto de bases reguladoras elaborado por el departamento competente 
sea objeto de informe preceptivo de la Intervención General, a través de sus 
intervenciones  delegadas,  u  órgano  de  control  equivalente  en  las  Entidades 
locales y del informe preceptivo de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. 
Dichos informes deberán ser emitidos en el plazo de diez días, transcurridos los 
cuales,  en  ausencia  de  pronunciamiento  expreso,  se  entenderán  emitidos  en 
sentido favorable.''
''5.  El departamento competente en materia de hacienda aprobará modelos 
tipo  de  bases  reguladoras  y  convocatorias  para  las  diferentes  clases  de 
procedimientos de concesión. Las bases y convocatorias tipo serán aprobadas por 
el consejero competente en materia de hacienda, previos informes preceptivos de 
la Intervención General y de la Dirección General de los Servicios Jurídicos''».
Tres.  Se crea un nuevo artículo 12 bis redactado del siguiente modo:
«Artículo 12 bis.  Incorporación o modificación de líneas de subvenciones.
Los órganos competentes para la concesión de subvenciones podrán modificar 
el  plan  estratégico,  las  bases  reguladoras  o  las  convocatorias,  aunque 
cualesquiera de esos documentos ya se encuentre publicado para incorporar 
nuevas  líneas  de  ayuda  o  modificar  las  ya  existentes.  En  estos  casos,  la 
tramitación del expediente será única, con el mismo plazo y condiciones que se 
establece en el artículo 11 para la emisión de informes preceptivos, sin que, en su 
caso,  sea  precisa  la  autorización  previa  del  Gobierno  de  Aragón  para  la 
modificación del plan estratégico establecida en el artículo 5 de esta ley».
Cuatro.  Se crea un nuevo artículo 13 bis redactado del siguiente modo:
«Artículo 13 bis.  Registro de Beneficiarios de Subvenciones.
1.  Se elaborará un Registro de Beneficiarios de Subvenciones, en el que se 
anotará a quienes las hayan recibido y la documentación básica presentada, que, 
en  la  medida  en  que  continúe  siendo  útil  para  concurrir  a  posteriores 
procedimientos, no podrá ser exigida de nuevo ni deberá ser aportada.
2.  El Gobierno de Aragón determinará el órgano encargado de su realización 
y mantenimiento, sin perjuicio de su posible gestión descentralizada. Todos los 
órganos gestores deberán incorporar al Registro de beneficiarios la información 
que generen en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3.  En el Registro podrán constar, cuando así lo solicite el interesado y en los 
términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  los  siguientes  datos  y 
circunstancias:
a)  Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso 
de personas jurídicas.
b)  Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o 
apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligar al interesado  s
contractualmente. o
c)  Los referentes a las autorizaciones, habilitaciones profesionales, títulos  w.
nheacbeidlis)t aanriLtoeosss  p pdaaarratao  ase cal tud loaesrs  aeqrnur oesl ulso e sd ereec tfaoiecrr tediv eied laa acdrteitvíscid uyal oda . 2lo0s d dee emsátas  lreeyq.uisitos que resulten  2021-4247n https://ww
e)  Las prohibiciones para obtener subvenciones.
f)  Cualesquiera otros datos generales de interés para la solicitud y obtención 
de  subvenciones  que  se  determinen  reglamentariamente  o  en  las  bases  y 
convocatorias tipo a que se refiere el apartado quinto del artículo 11 de esta ley.
4.  La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los apartados 
anteriores,  debe  efectuarse  al  órgano  encargado  de  su  realización  y 
mantenimiento no requerirá el consentimiento del afectado. En materia de cesión 
de la información incluida en esta base de datos, se aplicará lo previsto en la 
normativa básica estatal en materia de subvenciones. La información incluida en la 
base de datos tendrá carácter reservado. No se incorporarán al registro los datos 
del beneficiario cuando, debido al objeto de la subvención, pueda ser contraria su 
publicación al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar 
de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora».
Cinco.  El apartado cuarto del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«4.  A los procedimientos simplificados les será de aplicación lo dispuesto en 
el apartado tercero del artículo 21 de esta ley, salvo en los casos en que se 
aplique el procedimiento simplificado previsto en las letras a) y c) del apartado 
anterior y no sea preciso acudir a criterios para seleccionar ni para cuantificar la 
subvención a conceder o cuando dichos criterios sean totalmente automáticos».
Seis.  Se crea un nuevo artículo 14 bis redactado del siguiente modo:
«Artículo 14 bis.  Tramitación urgente de subvenciones.
1.  La tramitación urgente de procedimientos de subvención se regirá por las 
siguientes reglas:
a)  La declaración de urgencia, que tendrá carácter excepcional cuando la 
Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos o de situaciones sobrevenidas que supongan grave peligro o graves 
daños para los intereses generales o el tejido empresarial, podrá realizarse para 
procedimientos concretos, por ámbitos materiales específicos de la acción pública 
o en relación con las actuaciones necesarias de acuerdo con los acontecimientos 
o situación que justifiquen la urgencia.
b)  Las nuevas líneas de subvenciones podrán tramitarse en todo caso en un 
expediente único que incluya las modificaciones precisas del plan estratégico, la 
elaboración de las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas.
c)  Excepcionalmente, el Gobierno de Aragón podrá acordar, a propuesta 
motivada  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma,  la  aplicación  respecto  de  determinados  actos  o  áreas  de  gestión 
sujetos  a  esta  forma  de  tramitación  del  control  financiero  regulado  en  los 
artículos  69  y  siguientes  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 
de junio, del Gobierno de Aragón, en sustitución de la función interventora. El 
acuerdo adoptado se comunicará a los interventores delegados y a los órganos 
gestores afectados por ellas y mantendrá sus efectos por el plazo estrictamente  es
indispensable  expresamente  establecido  en  función  de  los  acontecimientos  o  o
situaciones sobrevenidas que hayan determinado la urgencia. 47www.
y la 2D. ireEclc piólanz oG epnaerara el vdaec uSaerr vloicsi oins foJrumríedsic opsre ecne petisvtooss  dpero lcae Idnitmerievnetnocsió sne Gñaelnaedroasl 
esexpráre dsoe,  cipnocdor ád íacso, nttrinaunascrsuerr ideols  plorso cceudaimleise,n teon.  aNuos enscei a rdeeq uperroirnáunn ciinafmoriemnetos   BOE-A-cable e
preceptivos ni, en su caso, será precisa autorización del Gobierno de Aragón para 
la modificación del plan estratégico».
Siete.  El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«1.  El  procedimiento  para  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva  se  iniciará  siempre  de  oficio,  mediante  convocatoria 
aprobada por órgano competente, que será publicada en el «Boletín Oficial de 
Aragón». Asimismo, deberán publicarse en la página web del órgano convocante y 
en el Portal de Subvenciones habilitado al efecto en la página web del Gobierno 
de Aragón, así como, en su caso, en su sede electrónica.
2.  Además,  cuando  se  trate  de  subvenciones  autonómicas,  deberá 
publicarse en el Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados 
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón un resumen de la 
convocatoria,  que  deberá  contener  información  estructurada  relativa,  como 
mínimo, a los siguientes extremos de la convocatoria: régimen de concesión, 
beneficiarios,  actuaciones  subvencionables,  gastos  subvencionables,  periodo 
subvencionable,  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  cuantía  global  de  la 
convocatoria, cuantía individual máxima por beneficiario, posibilidad de anticipo, y 
plazos de justificación. A tal efecto, los departamentos competentes en materia de 
hacienda y administración electrónica determinarán el contenido y forma del citado 
resumen».
Ocho.  El apartado m) del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«m)  La  ponderación  de  los  criterios  objetivos  recogidos  en  las  bases 
reguladoras,  desglose  y  puntuación  otorgada  a  los  mismos.  Cuando  resulte 
procedente,  en  los  procedimientos  que  así  lo  requieran,  los  criterios  de 
cuantificación del importe de la subvención».
Nueve.  El apartado primero del artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Las solicitudes de subvención se presentarán en la forma y plazo que se 
establezcan  en  la  convocatoria  o,  en  su  caso,  en  las  bases  reguladoras 
específicas. Las bases reguladoras y convocatorias de subvenciones deberán 
prever la presentación telemática de solicitudes en los supuestos establecidos en 
la normativa básica estatal, así como las que identifiquen como beneficiarios a 
colectivos  específicos  de  personas  físicas  que,  por  razón  de  su  capacidad 
económica,  técnica,  dedicación  profesional  u  otros  motivos  tengan  acceso  y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios».
Diez.  El apartado tercero del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«3.  La  convocatoria  preverá  la  sustitución  de  la  presentación  de 
determinados documentos por una declaración responsable del solicitante siempre 
que sea posible. En este caso, con anterioridad al pago de la subvención, se 
deberá requerir por el órgano instructor la presentación de la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo 
no superior a diez días. El incumplimiento de dicha condición implicará la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención».
Once.  El apartado segundo del artículo 22 queda redactado del siguiente modo: bo
cinintecr«oe2 sd.a íadsEo, m ppaiotirddara ác  uplamre pspleirrno tcpaourne l asetsal  a trládemeg aitcreei osdnoeel usac uqióduniee  ncpcorinoasv. iidEsielo rinena toel,pr eossreatu dndoaa, sre»án.  terla psllaadzoo  dael   2021-4247n https://ww
Doce.  El apartado primero del artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Evacuados los trámites del artículo anterior, el órgano competente para la 
concesión resolverá el procedimiento en el plazo máximo de tres meses desde la 
fecha de publicación de la convocatoria o desde la fecha de finalización del plazo 
para presentar las solicitudes, según determinen las bases reguladoras.
No obstante, cuando, conforme a la previsión contemplada para los supuestos 
de las letras a) y b) del apartado tercero del artículo 14, se resuelva de forma 
individualizada,  el  plazo  para  resolver  se  podrá  computar  desde  la  fecha  de 
presentación de la solicitud si así lo disponen las bases reguladoras».
Trece.  Se modifica el apartado segundo del artículo 28, se suprime su apartado 
tercero, y los actuales apartados cuarto a séptimo se renumeran como apartados tercero 
a sexto. El apartado segundo queda redactado del siguiente modo:
«2.  La  concesión  de  estas  subvenciones  se  efectuará  a  solicitud  del 
interesado y se instrumentará mediante resolución del titular del departamento 
competente en la materia sobre la que verse la petición de ayuda o mediante 
convenio, previa acreditación técnica en el expediente del cumplimiento de los 
requisitos que justifican su concesión directa. Si la propuesta de concesión o el 
órgano  que  deba  resolver  no  se  atuviesen  estrictamente  a  las  conclusiones 
resultantes de dicha acreditación técnica, deberán motivarlo en el expediente».
Catorce.  Los  apartados  primero  a  tercero  y  quinto  del  artículo  32  quedan 
redactados del siguiente modo:
«''1.  La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, pudiendo 
revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse dicho 
gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables, informe de 
auditor,  especialmente  para  subvenciones  complejas  o  de  cuantía  elevada,  o 
cuenta justificativa simplificada en subvenciones de importe inferior a mil euros, 
todo ello según se disponga en la normativa reguladora. Las bases reguladoras 
fijarán la forma de justificación que, siendo adecuada al supuesto de que se trate, 
comporte menores cargas administrativas y mayor agilidad.
2.  La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del 
beneficiario  o  de  la  entidad  colaboradora,  en  la  que  se  deben  incluir,  bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto y de pago o cualquier 
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención. La forma de la cuenta justificativa y su plazo de rendición 
vendrán  determinados  por  las  correspondientes  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones.
A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta habrá de incluir 
declaración  de  las  actividades  realizadas  que  fueron  financiadas  con  la 
subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su 
presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de la actividad.
3.  Los  gastos  se  acreditarán  mediante  facturas,  físicas  o  electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito  e.e
tributario, y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el  b
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos  47ww
regla''5m. enEtanr ialams esnuteb.v''enciones concedidas a otras Administraciones públicas o a
econntidsiaddeerasr áv inqcuuel aedl agsa soto d heap esniddoie enfteecst ivdaem aeqnutee llpaasg ya dao  lcau aUnndivoe srsei dhaady ap púrboliccead, idsoe 
a  reconocer  su  obligación  con  anterioridad  a  la  finalización  del  periodo  de
justificación  determinado  por  la  norma  reguladora  de  la  subvención.  A  estos 
efectos, la justificación podrá consistir en la certificación emitida por la Intervención 
o el órgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga 
constar la toma de razón en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la 
que fue concedida, salvo que se trate de subvenciones de capital, que deberán 
justificarse con facturas o documentos contables de valor probatorio. En ambos 
supuestos, también deberá acreditarse de forma documental el pago efectivo en el 
plazo que al efecto se establezca.
La justificación del cumplimiento de subvenciones concedidas a entidades 
locales podrá tener lugar también mediante informe del secretario-interventor, del 
interventor o del órgano de control equivalente de la entidad local que acredite la 
veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, 
expresando  su  conformidad,  así  como  mediante  la  presentación  de  estados 
contables que acrediten la realización de la actividad tales como la ejecución 
presupuestaria''».
Quince.  Se crea un nuevo artículo 39 bis redactado del siguiente modo:
«Artículo 39 bis.  Tramitación anticipada de subvenciones financiada con fondos 
finalistas.
Los expedientes de subvención financiados con fondos finalistas, aun cuando 
dichos fondos no hayan sido efectivamente transferidos e incorporados, podrán 
iniciarse e impulsarse hasta alcanzar el trámite inmediato anterior a la valoración 
de  solicitudes.  De  esta  circunstancia  se  dejará  constancia  expresa  en  la 
convocatoria.  Si  los  fondos  finalistas  no  son  transferidos  e  incorporados  al 
presupuesto, la administración podrá desistir del procedimiento mediante anuncio 
publicado por los mismos medios que la convocatoria».
Dieciséis.  Se  crea  un  nuevo  apartado  tercero  en  el  artículo  40  redactado  del 
siguiente modo:
«3.  La acreditación del cumplimiento de la legislación medioambiental, de 
transparencia, de no haber sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre 
hombres  y  mujeres,  de  derechos  de  las  personas  LGTBI,  de  memoria 
democrática, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y empleo 
inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo podrá realizarse en todo 
caso mediante declaración responsable en el momento de la solicitud, sin perjuicio 
de exigir su acreditación efectiva o de realizar las comprobaciones necesarias, 
según prevean las bases reguladoras, antes del pago. Los órganos competentes 
para realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa sectorial que incida 
sobre  el  derecho  a  percibir  subvenciones  inscribirán  en  el  Registro  de 
Beneficiarios, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente, 
cualquier sanción o resolución que pudiera afectar a dicho derecho».
Diecisiete.  El apartado tercero del artículo 41 queda redactado del siguiente modo:
«3.  También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para 
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. En defecto de las  es
que pudiera establecer la normativa europea o estatal, básica o de aplicación  o
rdeirgelacats)a :, Eon l ae ll ecya dsoe  dpere squupeu eesl tobse npeafircaia criaod as eeaj eurcniac ioe nsteid aadp lilcoacraáln  ol acso msigaurcieanl,t eesl   2021-4247n https://www.
elímxciteep tod esl i psaeg foin aannctiiaci ppaadrcoi asl eor áto tdaelml e9n0t e% c odne el l iFmopnodrote  dteo tIanlv edres iolan essu dbev eTnecriuóenl,,   BOE-A-cable e
en  cuyo  caso  se  aplicará  lo  dispuesto  en  el  Decreto  Ley  5/2017,  de  14  de 
noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  de  medidas  urgentes  para  facilitar  la 
ejecución del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado 
y el Gobierno de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de 
Teruel que continúen favoreciendo la generación de renta en dicha provincia.
b)  En el caso de que los beneficiarios sean familias o instituciones sin fines de lucro, 
podrá anticiparse hasta el 90% de su importe siempre que se imputen a programas 
específicos para dichos colectivos en materia de sanidad, seguridad y protección social, 
vivienda y promoción social, que concretará para cada ejercicio la correspondiente ley de 
presupuestos. No obstante, en el caso de subvenciones inferiores a 18.000 euros y en las 
correspondientes a la distribución de los fondos del 0,7 % para entidades con fines de 
interés social provenientes del IRPF, podrá anticiparse el 100 % de la subvención 
concedida. En ningún caso será necesaria la prestación de garantía.
c)  En los restantes supuestos el pago anticipado de la subvención podrá 
realizarse, como máximo, hasta el 50% del importe concedido siempre que la 
naturaleza  de  la  subvención  así  lo  justifique  y  se  establezca  en  las  bases 
reguladoras tanto el límite como el régimen de garantías aplicable. En todo caso, 
será obligatoria la prestación de garantías en el supuesto de anticipos superiores 
a 60.000 euros, salvo que el beneficiario sea una administración pública o una 
institución  sin  fines  de  lucro  que  reciba  subvenciones  para  el  desarrollo  de 
proyectos de investigación y actuaciones de acción social y humanitaria».
Dieciocho.  El apartado tercero del artículo 49 queda redactado del siguiente modo:
«3.  En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el 
derecho del interesado a la audiencia».
Diecinueve.  Se crea una nueva disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
«Disposición  adicional  quinta.  Subvenciones  con  cargo  al  Fondo  Local  de 
Aragón.
Los procedimientos de concesión de subvenciones destinadas a las entidades 
locales  de  Aragón  que  se  incluyen  en  los  presupuestos  de  la  Comunidad 
Autónoma  con  cargo  al  Fondo  Local  de  Aragón  se  regirán  por  sus 
correspondientes bases reguladoras específicas para cada materia, que serán 
elaboradas por los departamentos autonómicos competentes.
La  aprobación  y  modificación  de  dichas  bases  reguladoras  deberá 
comunicarse, con carácter previo a su aprobación, al departamento competente en 
materia de régimen local».
Veinte.  Se crea una nueva disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.  Órganos competentes en las entidades locales.
Las entidades locales podrán establecer en su reglamento orgánico el órgano 
competente para la adopción de los acuerdos previstos en los artículos 12 bis y 14 
bis de esta ley».
Disposición  final  tercera.  Modificación  de  la  Ley  8/2015,  de  25  de  marzo,  de  s
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. oe.
Se crea una nueva letra d) en el apartado primero del artículo 18 de la Ley 8/2015,  47ww
dAera 2g5ó nd,e c omna lraz os,i gdueie Tnrtaen rsepdaarcecniócina: de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de
«d)  La información dinámica de todas las convocatorias de subvenciones que
se encuentren en periodo de presentación de solicitudes».
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas 
en Materia de contratos del Sector Público de Aragón.
Se modifican los siguientes artículos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas 
en Materia de Contratos del Sector Público de Aragón:
Uno.  Se derogan los apartados tercero y cuarto del artículo 4 y se modifica el 
apartado segundo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Para la celebración de contratos menores regulados en la legislación 
básica estatal se aplicarán las siguientes reglas:
a)  Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no 
exceda  de  5.000  euros,  IVA  excluido,  se  considerarán  gastos  menores.  Sin 
perjuicio  de  las  normas  especiales  relativas  a  los  pagos  a  justificar,  el 
reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requiere que 
se justifique la prestación correspondiente mediante la presentación de la factura o 
del documento equivalente ante el órgano competente, que será debidamente 
conformado. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación sustantiva o 
procedimental adicional a los actos de gestión presupuestaria señalados. En todo 
caso los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos del inciso final 
del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del 
artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de 
febrero de 2014.
b)  Los contratos de servicios que solo puedan ser prestados por un único 
empresario, los de suministros y los de obras, todos ellos de valor estimado 
superior a 5.000 euros, IVA excluido, se someterán al régimen establecido para los 
contratos menores en la legislación básica estatal.
c)  Los contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA 
excluido, no incluidos en la letra anterior, sin perjuicio de su sujeción al régimen 
establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal, requerirán 
la realización telemática de consulta previa al menos a tres empresas que puedan 
ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o alternativamente, a elección del 
órgano de contratación, licitación pública conforme a lo establecido en la letra 
siguiente.
d)  La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, 
podrá realizarse con publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo 
para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 
contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones 
que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que 
hayan de tenerse en cuenta durante su ejecución. Podrá presentar proposición 
cualquier empresario con solvencia, capacidad de obrar y que cuente con la 
habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. La celebración de 
contratos  menores  se  consignará  en  el  registro  de  contratos  de  la  entidad 
contratante».
Dos.  El artículo 5 queda redactado del siguiente modo: e.e
«1.  La  Administración  requerirá  a  los  licitadores  propuestos  como  47ww
apadrpejouvr2dito.ei csna  Pqetaurl ereoivo rinisogo  in aloaal b l rroede qou yucnaeua rm eicmneoi npestinuaat  codpi,óeo nbdd ieedbraa.e cmErráeenndn c ittceaao stcinovos amcu olptdnauetrlrssla ear idcoluao, m.ss pedl ailmetosies rn eqtqouu ee drfeiigr áu rrpeeaqnru aeis nqit uoleas    OE-A-2021-42able en https://
inscripción del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A tal efecto, en 
el Registro de Licitadores autonómico se habilitará un asiento en el que se haga 
constar el volumen anual de negocios y el patrimonio neto o ratio entre activos y 
pasivos de los tres últimos ejercicios corrientes, a efectos de comprobación de la 
solvencia económica.
3.  Para acreditar el cumplimiento del requisito de solvencia técnica, deberá 
comprobarse  la  existencia  de  contratos  liquidados  dentro  de  la  propia 
Administración que figuren contablemente como conformados y pagados.
4.  En caso de no constar datos relativos a la solvencia económica y técnica, 
se requerirá al propuesto como adjudicatario la aportación de la documentación 
necesaria».
Tres.  El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Declaración responsable única.
1.  Para participar en todos los procedimientos de licitación se aportará la 
Declaración  Responsable  Única  (DRU),  que  se  ajustará  al  formulario  de 
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de contratación.
2.  El modelo de Declaración Responsable Única, que se aprobará mediante 
resolución de la dirección general competente en materia de contratación, se 
ajustará  al  formulario  del  DEUC,  incluyendo  las  demás  declaraciones 
responsables que deban cumplimentarse de acuerdo con los pliegos que rijan la 
licitación y que no formen parte del contenido de la oferta».
Cuatro.  Los apartados 3 a 7 del artículo 7 quedan redactados del siguiente modo:
«3.  La reserva a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas 
de inserción o para la ejecución en el marco de programas de empleo protegido 
podrá aplicarse a contratos de cualquier cuantía.
4.  Anualmente, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará el 
porcentaje  mínimo  del  importe  de  estas  reservas  sociales  a  aplicar  sobre  el 
importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para su 
funcionamiento ordinario realizada en el último ejercicio cerrado. Este porcentaje 
podrá fijarse de manera diferenciada en función de los órganos de contratación o 
sectores materiales afectados.
A  los  efectos  de  elaborar  el  anteproyecto  de  ley  de  presupuestos,  el 
departamento  competente  en  materia  de  inserción  laboral  de  los  colectivos 
beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales 
representativas de dichos sectores, presentará al departamento competente en 
materia  de  contratación  pública  la  cifra  de  negocios  correspondiente  al  año 
anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva.
5.  Sin perjuicio de otras reservas que puedan llevar a cabo los órganos de 
contratación  definidos  en  la  disposición  adicional  segunda  de  esta  ley,  la 
concreción de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que 
se materializarán estas reservas se realizará mediante orden del departamento 
competente en materia de contratación, dando cuenta al Gobierno de Aragón.
6.  En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a 
la presente disposición. e.
7.  Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no  w.b
se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se  47ww
qpouder án olic istaer  dmeo nduifeiqvuoe ne l csounsttarantcoi aslimn eenfetec tulaasr  lac ornedsiecrivoan einsi ciinailcmiaelenste  dperel vcisotan,t rsaiteom. pNroe 
ombínstimanote y,  melá imximpoor tceit addeo dsi cehno e cl oanptararttaod coo 4m»p.utará a efectos de integrar los porcentajes
Cinco.  El artículo 10 queda derogado y sin contenido.
Seis.  El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11.  Exención de fiscalización previa de contratos derivados.
No estarán sometidos a fiscalización previa los contratos de obras, servicios y 
suministros derivados de los acuerdos marco de valor estimado inferior a 15.000 
euros o aquellos cuya adjudicación automática esté prevista en el propio acuerdo 
marco».
Siete.  El artículo 12 queda derogado y sin contenido.
Ocho.  El artículo 12 ter queda redactado del siguiente modo:
«En los supuestos en que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga 
sobre una unión temporal de empresarios o sobre una agrupación de estos con el 
compromiso de constituir una sociedad, el plazo para presentar la documentación 
referida a los servicios correspondientes del órgano de contratación de acuerdo 
con la legislación vigente en materia de contratación pública será de veinte días 
hábiles.
El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los que 
lo exija la complejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el plazo 
general de diez días hábiles previsto en dicha legislación hasta un máximo de 
veinte  días  hábiles,  de  forma  motivada  y  en  el  momento  de  aprobación  del 
expediente».
Nueve.  El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«El plazo para resolver y notificar los procedimientos de resolución de los 
contratos celebrados por las entidades que, a efectos de contratación, tengan la 
consideración de Administraciones públicas será el que establezca la legislación 
básica en materia de contratación pública y, en defecto de regulación, ocho meses 
contados desde la fecha en la que el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, acuerde la incoación del procedimiento de resolución».
Diez.  El artículo 14 queda derogado y sin contenido.
Once.  El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la 
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en un 
procedimiento de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y sus organismos públicos conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los órganos 
de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y, siempre 
que sea posible, por los órganos tributarios locales».
Doce.  El apartado segundo del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«2.  El  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  Públicos  de  Aragón  es  es
competente para: bo
que bas))e   rACefdoieonrpoetc alearr   leylag srise lsadocelivcóeinsr i boloánsse iscr eac peuenrrs tmoinsae tneetsreipase  dcseiao clbeorsne t eranlat asmc aiómtnee rpidaúi dbdaleisc  ac covanigutretaentlataecr.eiósn  ao   2021-4247n https://ww
provisionales  que  se  puedan  solicitar  por  las  personas  legitimadas  en  los
procedimientos anteriormente establecidos. Bc
c)  Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se 
interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de 
contratación  pública  vigente  sobre  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los 
transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes 
sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales 
casos».
Trece.  El apartado segundo del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Son causas de inadmisión a trámite del recurso o la reclamación cuando 
conste de modo inequívoco y manifiesto:
a)  La incompetencia del tribunal.
b)  La falta de legitimación del recurrente.
c)  Haberse  interpuesto  el  recurso  contra  actividad  no  susceptible  de 
impugnación.
d)  Haber finalizado el plazo de interposición del recurso.
Cuando el tribunal aprecie la concurrencia de alguna de estas causas, sin 
perjuicio de la posibilidad de subsanación de la documentación aportada o de 
realizar las actuaciones de comprobación oportunas, en el plazo de tres días 
hábiles  dictará  resolución  acordando  la  inadmisión  del  recurso,  sin  entrar  a 
resolver el fondo del asunto».
Catorce.  Se crea un nuevo artículo 13 bis dentro del Capítulo III redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 13 bis.  Simultaneidad de procedimientos de resolución de contratos e 
imposición de prohibiciones de contratar.
1.  La tramitación del procedimiento de resolución del contrato por causa 
imputable  al  contratista  podrá  simultanearse  con  los  trámites  propios  del 
procedimiento para la imposición de una prohibición para contratar cuando la 
misma pueda deducirse de la culpabilidad del contratista en la resolución del 
contrato. A estos efectos, se entenderá que existe culpabilidad del contratista 
cuando se aprecie la existencia de dolo, mala fe o temeridad manifiesta en sus 
actuaciones.
2.  En tal caso, la resolución de inicio del procedimiento advertirá de la posible 
concurrencia  de  una  causa  de  prohibición  de  contratar  si  el  contrato  fuese 
finalmente resuelto. Tal circunstancia se hará constar en el trámite preceptivo de 
audiencia al contratista y en cuantas peticiones de informe solicite el órgano de 
contratación.
3.  La resolución que ponga fin al procedimiento de resolución del contrato se 
pronunciará, además, en su caso, sobre el ámbito, alcance y duración de la 
prohibición de contratar, dando traslado de la decisión a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa.
4.  En el supuesto de que el procedimiento de resolución del contrato se 
simultanee con la licitación de un nuevo procedimiento de adjudicación con el 
mismo objeto, la adjudicación de este quedará condicionada a la previa resolución 
de aquel, desplegando sus efectos sobre la nueva adjudicación la prohibición de  es
contratar que se hubiese declarado en el procedimiento de resolución anterior». o
Quince.  Los apartados primero y segundo del artículo 28 quedan redactados del 
siguiente modo:
«1.  Las autoridades y órganos competentes que acuerden una prohibición de 
contratar que afecte específicamente al ámbito del sector público autonómico 
comunicarán  las  sentencias,  sanciones  y  resoluciones  firmes  recaídas  en  los 
procedimientos  correspondientes  a  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de que la 
Junta, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado 
testimonio  de  la  sentencia  o  copia  de  la  resolución  administrativa,  pueda 
solicitarlas al órgano del que emanaron.
La  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón podrá proponer al Gobierno de Aragón la extensión de los 
efectos de la declaración de prohibición de contratar a todo el sector público 
autonómico. En este caso, el Gobierno deberá comunicarlo al órgano competente 
de la Administración General del Estado instando la extensión de efectos de la 
prohibición impuesta al conjunto del sector público.
2.  Cuando concurra alguno de los supuestos de prohibición de contratar 
previstos  en  la  legislación  básica  de  contratos  del  sector  público,  el  órgano 
competente deberá incoar el oportuno procedimiento para su declaración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 bis».
Disposición final quinta.  Modificación del Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad 
económica en Aragón.
Se modifica el apartado 3 del artículo 7 bis del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, 
del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad 
económica en Aragón, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  El Gobierno acordará la declaración de interés autonómico conforme a lo 
dispuesto en este artículo, a propuesta del departamento competente en materia 
de  ordenación  del  territorio  de  acuerdo  con  el  departamento  que  tramite  el 
expediente».
Disposición final sexta.  Modificación de la Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y 
fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón.
Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 45 de la Ley 7/2019, de 29 de 
marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, 
redactado del siguiente modo:
«3.  La  inscripción  en  el  Registro  se  realizará  mediante  declaración 
responsable, en los términos que se establezcan reglamentariamente».
Disposición final séptima.  Modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio  de  Aragón,  aprobado  mediante  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  17  de 
noviembre, del Gobierno de Aragón.
Se modifica el apartado sexto del artículo 35 del texto refundido de la Ley de  s
Ordenación del Territorio, aprobado mediante  Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de  oe.
noviembre, que queda redactado del siguiente modo: w.
rem«iti6rá.  laE lp rdoeppuaerstatam aeln Gtoo bcioemrnpoe dteen tAer aegnó nm paatrear iala  ddee cloarrdaecnióanc,i óenn  dseul  ctaesrori,t odrieol 
interés general del Plan o Proyecto».
Disposición final octava.  Modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.
En el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, texto refundido aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, se introducen las siguientes modificaciones:
Uno.  El apartado 3 del artículo 226 queda derogado y sin contenido.
Dos.  Se  añaden  las  letras  f),  g)  y  h)  al  apartado  segundo  del  artículo  227, 
redactadas del siguiente modo:
«f)  Instalaciones  de  aprovechamiento  de  energía  solar  mediante  paneles 
fotovoltaicos destinadas a autoconsumo sobre cubierta y edificaciones y pérgolas 
de aparcamientos de vehículos, cuando las instalaciones no superen un metro y 
medio de altura desde el plano de la cubierta, o, en el caso de cubierta inclinada, 
cuando los paneles se coloquen pegados a la cubierta en paralelo o no superando 
el metro de altura, excepto en edificios protegidos por razones patrimoniales u 
otras que requieran informes sectoriales específicos.
g)  Instalaciones de producción de energía proveniente de la energía solar 
sobre las pérgolas de los aparcamientos de vehículos y en los espacios libres 
privados no susceptibles de ocupación de las parcelas. Los espacios ocupados 
por las instalaciones mencionadas no computarán a efectos del volumen edificable 
de la parcela ni de las distancias mínimas de la edificación a los límites de la 
parcela, a otras edificaciones o en la vía pública. Los elementos auxiliares de las 
instalaciones, como las estructuras de apoyo o pérgolas, serán considerados 
partes inherentes de las instalaciones de generación solar.
h)  Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios de 
uso colectivo».
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de política de vivienda protegida.
El último párrafo del apartado segundo del artículo 3 de la Ley 24/2003, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida, queda redactado del 
siguiente modo:
«Si  el  concurso  quedare  desierto,  la  Administración  podrá  enajenar  los 
terrenos directamente, dentro del plazo máximo de tres meses, con arreglo al 
pliego de condiciones que rigió el concurso».
Disposición final décima.  Modificación del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de 
medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los 
concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el 
impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
En el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medias urgentes para la ejecución de 
las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del 
Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a 
partir de la energía eólica en Aragón, se introducen las siguientes modificaciones:
Uno.  Se modifica el apartado d) del artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:
«d)  La regulación, en conexión con lo anterior y en el marco de la nueva  b
normativa básica estatal, de los procedimientos de autorización de instalaciones  47ww
dines tparlaoddau cscuiópne rdioer  ean e1r0g0ía k Welé cet riigcuaa al  op ainrtfier rdioer  laa  5e0n eMrgWía,  ecóolniceac tcaodna su naa l ap orteedn cdiea 
transporte o distribución eléctrica en la Comunidad Autónoma de Aragón».
Dos.  Se añaden nuevos apartados 4 y 5 al artículo 7, que quedan redactados del 
siguiente modo:
«4.  En  el  caso  de  que  se  presente  solicitud  de  autorización  de  una 
instalación híbrida, compuesta por varios combustibles o tecnologías, donde una 
de ellas sea eólica, y la potencia instalada de esta no sea inferior a la potencia 
instalada total del resto de tecnologías o combustibles, la tramitación del proyecto 
híbrido y la protección de la tecnología eólica se regirá según lo dispuesto en este 
decreto ley y la protección de las otras tecnologías, por su regulación específica.
5.  Las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de la energía 
eólica conectadas a la red de transporte o distribución eléctrica en la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón,  en  la  modalidad  de  suministro  con  autoconsumo  sin 
excedentes,  al  igual  que  las  instalaciones  aisladas,  no  serán  objeto  de 
autorización administrativa, de construcción y de explotación».
Tres.  El apartado 1 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción de 
parques  eólicos  o  de  modificación  de  los  que  ya  dispongan  de  autorización 
administrativa previa y de construcción, así como las de las infraestructuras de 
evacuación  compartidas  por  varias  instalaciones  de  producción,  podrán 
presentarse  en  cualquier  momento  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente 
Decreto-ley».
Cuatro.  El apartado 2 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Los  solicitantes  de  autorizaciones  de  instalaciones  de  producción 
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Capacidad legal. El solicitante deberá tener personalidad física o jurídica 
propia, quedando excluidas las uniones temporales de empresas.
b)  Capacidad técnica. El solicitante presentará declaración responsable de 
cumplir alguna de las siguientes condiciones:
1.ª  Haber ejercido la actividad de producción de energía eléctrica durante, al 
menos, los tres últimos años.
2.ª  Contar entre sus accionistas con, al menos, un socio que participe en el 
capital social con un porcentaje igual o superior al 25% y que pueda acreditar su 
experiencia durante los tres últimos años en la actividad de producción.
3.ª  Tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período de tres 
años con una empresa que acredite experiencia en la actividad de producción.
4.ª  Tener suscrito un contrato de asistencia técnica para la construcción, 
operación  y  mantenimiento  por  un  periodo  de  tres  años  con  una  empresa 
instaladora  inscrita  en  el  Registro  Integrado  Industrial,  que  disponga  de  las 
especialidades de líneas eléctricas de alta tensión, instalaciones de alta tensión e 
instalaciones de baja en la categoría especialista.
c)  Capacidad  económico-financiera.  El  solicitante  presentará  declaración 
responsable  de  la  viabilidad  económico-financiera  del  proyecto,  así  como  de 
disponer  de  capacidad  económica  para  el  desarrollo  del  proyecto  hasta  la 
autorización de construcción y, en el caso de que esta sea concedida, disponer de  e.
la financiación necesaria para la construcción. En su caso, alternativamente podrá  w.b
presentar declaración responsable en la que manifieste que viene ejerciendo esta  47ww
actividad con anterioridad».
Cinco.  Se crea un nuevo apartado b) bis en el artículo 13 redactado del siguiente modo:
«b)  bis  Documentación  acreditativa  de  la  capacidad  legal  y  declaración 
responsable de la capacidad técnica y económico-financiera para la realización del 
proyecto».
Seis.  El inciso inicial del apartado c) del artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«c)  Proyecto de ejecución suscrito por técnico competente y visado por el 
colegio  oficial  correspondiente,  en  el  que  se  determinarán  las  obras  e 
instalaciones necesarias. Se presentará, además, separata con aquellas partes 
del proyecto que afecten a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o 
zonas  dependientes  de  otras  Administraciones  publicas,  organismos, 
corporaciones  o  departamentos  del  Gobierno  de  Aragón  para  que  estos 
establezcan, si procede, el condicionado procedente. En el proyecto de ejecución 
se  incluirán,  además  de  cualesquiera  otras  que  pudieran  resultar  legalmente 
preceptivas, las siguientes determinaciones:».
Siete.  El apartado primero del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Los proyectos presentados se someterán a información pública, junto con 
el estudio de impacto ambiental en su caso, durante el plazo de un mes, a cuyo 
efecto se publicará anuncio, al menos, en el ''Boletín Oficial de Aragón'', en el 
portal del Gobierno de Aragón y en los tablones de edictos de los ayuntamientos 
afectados. Cuando se tramite simultáneamente la declaración de utilidad pública 
se publicará, además, en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia».
Ocho.  Los puntos 17 y 18 del apartado c) del artículo 13 quedan derogados y sin 
contenido.
Nueve.  Se modifica la rúbrica del capítulo IV que queda redactada del siguiente modo:
«Modificaciones no sustanciales y de construcción de Parques Eólicos».
Diez.  Los apartados 2 y 3 del artículo 21 quedan redactados del siguiente modo:
«2.  La  autorización  administrativa  previa  y  de  construcción  de  las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica 
continuará siendo eficaz respecto de modificaciones no sustanciales del proyecto 
inicial siempre que, antes de la autorización de explotación de la instalación 
modificada, sus titulares formulen declaración responsable ante el correspondiente 
servicio provincial, sin perjuicio de la actividad de comprobación que legalmente 
proceda.
3.  Las  modificaciones  de  un  proyecto  de  instalación  de  producción  de 
energía eléctrica a partir de la eólica tendrán el carácter de no sustanciales 
cuando, además de no producir afección eólica sobre otros parques en servicio, 
autorizados o en tramitación, cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
a)  Los aerogeneradores se mantengan dentro de la poligonal definida en el 
proyecto original.
b)  No se realice ningún cambio de ubicación de aerogenerador que implique 
modificar el tipo de terreno considerado en el proyecto original o los cambios que  s
se  produzcan  impliquen  desplazar  aerogeneradores  a  terrenos  de  menor  oe.
incidencia ambiental. w.
pduenl rtcoa)ts o drE edn eptrla eal aelsroo,s ga e alnaee raorlagtuderonare  ddraeedl  mbouraejyeso,  ris gteau maml aoañ nsotu edpneeg rpaioa rlsa aise .munpar ev euzn y  pmaesdillioa  elilb dreiá meenttrroe   2021-4247n https://ww
d)  Se respete en su integridad el condicionado medioambiental del proyecto
original, de tal forma que la modificación no se encuentre dentro del ámbito de  Bc
aplicación de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón.
e)  La potencia total del parque eólico no supere el cinco por ciento de la 
potencia definida en el proyecto original.
f)  La capacidad de transformación o de transporte de las instalaciones de 
evacuación del parque eólico no supere el cinco por ciento de la definida en el 
proyecto original.
g)  Las modificaciones de las líneas de evacuación no provoquen cambios de 
servidumbre sobre el trazado del proyecto original.
h)  Las  modificaciones  de  líneas  que,  aun  provocando  cambios  de 
servidumbre sin modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo 
con los afectados.
i)  Las modificaciones de líneas que impliquen la sustitución de apoyos o 
conductores por deterioro o rotura, siempre que se mantengan las condiciones del 
proyecto original.
j)  La modificación de la configuración de subestaciones siempre que no se 
produzca variación en el número de calles ni en el de posiciones.
k)  Que no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la instalación 
principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
l)  Que no se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la 
realización de las modificaciones previstas».
Once.  Se crea un nuevo artículo 21 bis redactado del siguiente modo:
«Artículo 21 bis.  Modificación de la autorización de construcción de parques 
eólicos.
Las  modificaciones  de  parques  eólicos  que  hayan  obtenido  autorización 
administrativa previa y de construcción podrán obtener autorización administrativa 
de construcción sin requerir una nueva autorización administrativa previa cuando 
se cumplan todas las siguientes condiciones:
a)  Las modificaciones no sean objeto de una evaluación ambiental ordinaria 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
b)  Los terrenos afectados por la instalación eólica tras las modificaciones no 
exceden  la  poligonal  definida  en  el  proyecto  autorizado  o,  de  excederse,  no 
requieran expropiación forzosa y cuenten con compatibilidad urbanística.
c)  La potencia instalada, tras las modificaciones, no exceda en más del diez 
por ciento de la potencia definida en el proyecto original.
d)  Las modificaciones no supongan alteraciones de la seguridad tanto de la 
instalación principal como de sus instalaciones auxiliares en servicio.
e)  No  se  requiera  declaración,  en  concreto,  de  utilidad  pública  para  la 
realización de las modificaciones previstas.
f)  Las modificaciones no produzcan afecciones sobre otras instalaciones de 
producción de energía eléctrica en servicio, autorizadas, o en tramitación».
Doce.  Se crea una nueva disposición adicional tercera redactada del siguiente modo:
«Disposición  adicional  tercera.  Aplicación  supletoria  a  otras  tecnologías  de  e.
producción. w.b
aplic1a. cióLno  seusptlaebtolericaid ao  laesn  inlossta claacpioítnueloss  dIe y p rIoIId au cVcIióI nd ed ee estnee rDgeíac reelétoc-tlreicya s ae rpáa rdtier 
ldae r eodtr adse  etrnaenrsgpíaosrt er eon doivsatrbibleusc i(ónno  eeléóclitcraic)a,  ceong lean Ceoramcuiónnid ya dr eAsuidtóunoosm, cao dnee cAtaradgaósn a.
2.  Mediante  orden  del  departamento  competente  en  materia  de  energía 
podrá  adecuarse  dicho  régimen  supletorio  en  cuanto  resulte  indispensable 
atendiendo a las características técnicas específicas propias de las diferentes 
tecnologías  y  fuentes  de  generación  renovables  (no  eólica),  cogeneración  y 
residuos».
Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 10/2013, de 19 de diciembre, 
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:
Uno.  En la disposición adicional cuarta se añaden los siguientes apartados:
«5.  En los procedimientos administrativos relacionados en el Anexo de la 
presente ley, el intercambio de datos, documentación, consultas, expedientes, 
petición de informes y demás gestiones administrativas que se realicen entre el 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  y  el  resto  de  los  órganos  de  la 
Administración autonómica que participen en dichos procedimientos se realizará 
mediante  las  herramientas  informáticas  para  la  gestión  y  tramitación  de 
expedientes  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  disponibles  en  la 
infraestructura corporativa del Gobierno de Aragón. Cuando dichas herramientas 
informáticas  estén  interconectadas  con  plataformas  o  servicios  generales  de 
administración electrónica se utilizarán estos directamente.
6.  Todos los órganos de la Administración autonómica que, a requerimiento 
del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  intervengan  o  participen  en  los 
procedimientos administrativos relacionados en el Anexo de la presente ley con la 
emisión  de  informes  basados  en  información  georreferenciada  (cartografía) 
deberán  mantener  permanentemente  actualizado  el  conjunto  de  datos 
cartográficos que se encuentren registrados en el Registro de Cartografía de 
Aragón. En todo caso, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental podrá sustituir 
las peticiones de informes basados en información georreferenciada por consultas 
a los conjuntos de datos cartográficos, si bien, con carácter previo y para cada 
expediente  administrativo  que  requiera  la  consulta,  se  practicará  una 
comunicación  telemática  al  correspondiente  órgano  de  la  Administración 
autonómica responsable de los datos. La responsabilidad de los datos utilizados 
en  los  informes  procedentes  de  las  consultas  indicadas  recaerá  sobre  las 
unidades u órganos responsables de la citada información.
7.  El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en el ámbito del ejercicio de 
las competencias administrativas que tiene atribuidas en el Anexo de esta ley, 
podrá  hacer  uso  de  todos  los  servicios  incluidos  en  la  Plataforma  de 
Intermediación  de  Datos  del  Gobierno  de  España  y  de  aquellos  productos 
relacionados con el intercambio de datos entre Administraciones públicas APP 
para facilitar la interoperabilidad en las Administraciones públicas
8.  En todos los procedimientos administrativos relacionados en el Anexo de 
esta ley se establece la obligación de las personas físicas de relacionarse con el 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  a  través  de  medios  electrónicos, 
debiendo presentar obligatoriamente las solicitudes de forma telemática, excepto 
para los procedimientos 5, 7, 30, 31, 33, 49, 49 bis, 52, 58 y 59 del indicado  s
Anexo». oe.
Dos.  El procedimiento número 30 del Anexo de la ley queda redactado del siguiente modo: 47ww
«N.º procedimiento/tipología: 30.
cineDgéetnicoom idnea ceiósnp:e Aciuetso rdizea cciaózna d ee na plarosb qaucieó ns edae  polbalnig aatnouriaal  dlae  uatpilrizoavceicóhna mdeie nlotos 
precintos de caza.
Normativa reguladora: Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón y Plan 
General de Caza de Aragón para cada temporada.
Plazo ordinario: Un mes.
Efecto del silencio: Desestimatorio.
Órgano competente: Director del INAGA».
Tres.  Se añade un nuevo procedimiento número 30 bis al Anexo, redactado del 
siguiente modo:
«N.º procedimiento/tipología: 30 bis.
Denominación: Comunicación previa de aprovechamiento cinegético de caza 
menor y de especies de caza mayor en las que no sea obligatoria la utilización de 
precintos de caza.
Normativa reguladora: Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón y Plan 
General de Caza de Aragón para cada temporada.
Plazo ordinario: No procede.
Efecto del silencio: No procede.
Órgano competente: Director del INAGA».
Cuatro.  Se añade un nuevo procedimiento número 30 ter al Anexo, redactado del 
siguiente modo:
«N.º procedimiento/tipología: 30 ter.
Denominación: Autorización complementaria del Plan anual de aprovechamiento 
cinegético para el control de especies de caza menor o mayor en cotos.
Normativa reguladora: Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón y Plan 
General de Caza de Aragón para cada temporada.
Plazo ordinario: Un mes.
Efecto del silencio: Desestimatorio.
Órgano competente: Director del INAGA».
Cinco.  Se suprime el procedimiento número 36 del Anexo.
Disposición final duodécima  Modificación de la Ley 1/2015, de 15 de marzo, de Caza 
de Aragón.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 1/2015, de 15 de marzo, de 
Caza de Aragón:
Uno.  El apartado 9 del artículo 24 queda redactado de la siguiente forma:
«9.  La entidad local titular del acotado deberá presentar anualmente, junto 
con la solicitud de aprobación o comunicación previa, según proceda, del plan 
anual  de  aprovechamiento  cinegético  y  como  requisito  necesario  para  el 
aprovechamiento del coto durante la temporada, una memoria de gestión del coto 
en la que figure expresamente el balance económico con los ingresos y gastos y el 
destino de los ingresos obtenidos por el coto durante la temporada anterior».
Dos.  El apartado 4 del artículo 25 queda redactado de la siguiente forma:
«4.  El titular del acotado deberá presentar anualmente, conjuntamente con la  s
solicitud de aprobación o comunicación previa, según proceda, del plan anual de  oe.
aprovechamiento cinegético y como requisito necesario para el aprovechamiento  w.
dienexgpl rreceossotaosm  doeubnrtaetenn tiedelo  lbsaa  ptlaeonmr cepelo  ceroactdooan d,ó uumrnaicano tme c eloamn t oelormisap  iondrgear degaseo sastni óytne g ridaoesr»lt o.cso tyo  eel nd elas tqinuoe  dfieg ulores   2021-4247n https://ww
Tres.  El artículo 38 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 38.  De los planes anuales de aprovechamientos cinegéticos.
1.  Los planes técnicos se concretarán por parte del titular del coto para cada 
temporada cinegética en planes anuales de aprovechamiento cinegético en los 
que, teniendo como referencia las conclusiones de las capturas y el seguimiento 
realizado en la temporada anterior, y conforme a las determinaciones de aquellos, 
se detallarán las circunstancias específicas de la temporada y se determinarán:
a)  Las especies susceptibles de ser cazadas.
b)  Los días hábiles para el ejercicio de la caza.
c)  Las modalidades de caza.
d)  La presión cinegética, fijando el número máximo de cazadores por jornada 
y los cupos, en su caso.
e)  Cuantas actuaciones de índole cinegética se pretendan desarrollar en la 
temporada.
2.  El  plan  anual  de  aprovechamiento  de  especies  en  las  que  no  sea 
obligatoria la utilización de precintos de caza se presentará como comunicación 
previa. Para aquellas especies que requieran la utilización de precintos de caza, 
se presentará solicitud de aprobación de plan de aprovechamientos para cada una 
de ellas.
3.  La falta del plan anual de aprovechamiento cinegético, correctamente presentado 
como comunicación previa o aprobado, según proceda, supondrá la imposibilidad de 
explotación del acotado o de la caza para la especie concreta, según el caso.
4.  En los cotos municipales, deportivos, privados e intensivos los planes 
anuales de aprovechamiento cinegético referentes a las especies en las que no 
sea preciso la utilización de los precintos de caza reseñados en el artículo 62, 
apartado 5, de esta ley quedan sometidos al régimen de comunicación previa 
conforme a lo que se determina en las letras siguientes:
a)  Tras la aprobación del plan general de caza de la temporada cinegética, 
se presentará la comunicación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
conforme a los modelos que se establezcan. Junto a la comunicación previa 
deberá  presentarse  la  documentación  que  se  relacione  en  el  modelo  de 
comunicación que corresponda, y deberá adecuarse al plan general de caza 
vigente, quedando sujeto a las previsiones de este y del plan técnico del coto, y se 
suscribirán  por  el  titular,  su  representante  acreditado  o,  en  su  caso,  por  el 
representante del cesionario de la gestión.
b)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la siguiente letra, la presentación, de forma 
correcta, de la comunicación previa, junto a la documentación completa requerida 
en cada caso, permitirá el inicio de la actividad cinegética desde el día que se fije 
en el plan anual correspondiente, supeditado al plan general de caza de cada 
temporada. En la comunicación presentada ante el Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental,  el  titular  del  coto,  su  representante  acreditado  o,  en  su  caso,  el 
representante del cesionario de la gestión manifestará que realizará la práctica 
cinegética conforme al plan anual previamente comunicado.
c)  El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental podrá, en cualquier momento, 
comprobar  que  las  comunicaciones  previas  no  presentan  deficiencias.  De  e.
detectarse estas, se requerirá al interesado para su subsanación, concediéndole  w.b
un plazo de diez días, en los siguientes supuestos: 47ww
1.º  Cuando no se haya presentado de forma completa la documentación
indic2a.ºd a ceuna lnad loe tras ea );constate  la  inexactitud  de  los  datos  incorporados  a  la
comunicación;
3.º  cuando  se  hayan  omitido  datos  que  se  consideren  esenciales  en  la 
comunicación.
d)  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, y, en particular, cuando el interesado no presentase correctamente la 
comunicación,  no  la  subsanara  una  vez  requerido  para  ello  en  los  términos 
previstos en la letra c) o concurriera falsedad de carácter esencial de los datos 
incorporados  a  la  comunicación,  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental 
dictará resolución en la que declarará la denegación del plan anual en los términos 
que corresponda, lo que podrá comportar la suspensión de la actividad cinegética, 
y en su caso, la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al 
momento previo al ejercicio del inicio de la actividad.
Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  se  entiende  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que pudiera haber lugar.
e)  La  presentación  de  la  comunicación  previa  comprende  también  la 
obligación de comunicar los cambios de los datos de carácter esencial que se 
produzcan respecto de dicha comunicación, de modo que el interesado lo pondrá 
en conocimiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el plazo de diez 
días antes de que se produzcan estos hechos.
5.  Los planes anuales de aprovechamiento cinegético de especies en las que 
sea obligatoria la utilización de los precintos de caza deberán ser objeto de 
autorización mediante resolución expresa por el Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental. Las solicitudes se presentarán ante el Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental, conforme a los modelos que se establezcan al respecto.
6.  Los planes anuales de aprovechamiento cinegético de los cotos sociales y 
de  las  reservas  de  caza  se  aprobarán  por  resolución  del  director  general 
competente en materia de caza.
7.  Se podrán modificar de oficio los planes anuales de aprovechamiento 
cinegético teniendo en cuenta los resultados de los estudios y las informaciones 
obtenidas sobre censos, epizootias y otras circunstancias que pudieran afectar de 
forma significativa a las poblaciones de las especies cinegéticas.
8.  Las  solicitudes  de  autorización  y  las  comunicaciones  previas  irán 
acompañadas de la declaración de resultados de la temporada anterior de las 
especies y cupos capturados y del balance económico, cuando proceda».
Cuatro.  El artículo 39 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 39.  Del plan general de caza.
1.  Con el propósito de planificar y programar la existencia de los recursos 
cinegéticos  y  ordenar  su  aprovechamiento  cada  temporada,  el  consejero 
competente en materia de caza, en el primer semestre del año, oído el Consejo de 
Caza de Aragón y previo trámite de audiencia e información pública, aprobará 
anualmente,  mediante  orden,  el  plan  general  de  caza  de  Aragón,  que  será 
aplicable, con carácter general, a todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
2.  En el plan general de caza se determinarán, al menos:
a)  Las especies cinegéticas y su clasificación en especies de caza mayor y  e.e
menor. b
b)  Las  especies  cinegéticas  que  no  podrán  ser  objeto  de  caza  en  la  47ww
tempc)o raLdaas,  smi opdroaclieddaideeras. de caza permitidas.
d)  Las  regulaciones  y  los  períodos  hábiles  de  caza,  según  las  distintas 
especies y modalidades.
e)  Las limitaciones generales en beneficio de las especies cinegéticas y 
medidas preventivas para su control.
f)  Las valoraciones de las especies cinegéticas a efectos de indemnizaciones 
por daños en las resoluciones que las prevean.
g)  Las especies en las que será obligatorio disponer de precintos de caza 
para  poder  abatirlos.  Dentro  de  la  misma  especie,  atendiendo  a  criterios  de 
localización geográfica, sexo o edad, podrán establecerse diferencias en cuanto a 
dicha obligatoriedad.
3.  Las determinaciones del plan general de caza en lo que se refiere a las 
letras a), b), c), f) y g) serán de general aplicación, teniendo dicho plan carácter 
supletorio en todos aquellos aspectos no regulados específicamente en los planes 
técnicos».
Cinco.  El apartado 3, letra f), del artículo 41 queda redactado de la siguiente forma:
«f)  El empleo y tenencia de todo tipo de redes o artefactos que requieran para su 
uso el empleo de mallas. Por tratarse de métodos selectivos, se exceptúan de esta 
prohibición el empleo de la red denominada «capillo» en la caza del conejo en 
madriguera con hurón, cuando así quede autorizado en el plan general de caza o en 
autorizaciones extraordinarias, así como el empleo, bajo la supervisión directa de los 
cazadores, de redes verticales para la captura de conejos en zonas de seguridad o en 
aquellos casos en los que se produzcan daños a la agricultura cuando así quede 
autorizado mediante autorizaciones extraordinarias».
Seis.  El apartado 1 del artículo 50 queda redactado de la siguiente forma:
«1.  La tenencia de hurones no requerirá autorización especial del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental».
Siete.  El apartado 5 del artículo 62 queda redactado de la siguiente forma:
«5.  Mediante  orden  del  consejero  competente  en  materia  de  caza,  se 
regulará la utilización de precintos que deberán colocarse en las piezas abatidas 
de caza con indicación de las especies en las que será obligatoria su utilización y 
dentro de cada una de estas podrán establecerse diferencias basadas en criterios 
de localización geográfica, sexo o edad».
Ocho.  El apartado 14 del artículo 82 queda redactado de la siguiente forma:
«14.  Ejercitar la actividad cinegética, o permitirla por parte del titular del 
acotado, sin tener aprobado el correspondiente plan técnico del coto y sin tener 
presentada la comunicación previa, cuando proceda, o, en su caso, aprobado el 
plan anual de aprovechamiento cinegético, o continuar ejerciendo la actividad 
cinegética tras recibir resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en la 
que se comunique que debe suspender tal actividad».
Nueve.  El apartado 15 del artículo 82 queda redactado de la siguiente forma:
«15.  Incumplir,  por  parte  del  titular  del  acotado  o  de  los  cazadores,  el  e.
contenido del plan técnico del coto y del plan anual de aprovechamiento cinegético  w.
aprobado o, en su caso, presentado como comunicación previa». 47ww
Disposición final decimotercera.  Modificación del texto refundido de las tasas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de 
julio, del Gobierno de Aragón.
El artículo 60 del texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, relativo 
a  la  tasa  14  por  servicios  en  materia  de  ordenación  de  actividades  industriales, 
energéticas, metrológicas, mineras y comerciales, queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 60.  Devengo y gestión.
Las  tasas  aquí  reguladas,  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  su  hecho 
imponible, se devengarán:
a)  Cuando se conceda, autorice o adjudique el uso o aprovechamiento de los 
bienes de dominio público que las motivan, o cuando se inicie la prestación del 
servicio o actividad que da origen al tributo.
No obstante lo anterior, para la iniciación de las actuaciones administrativas 
correspondientes será necesario proceder a la liquidación provisional o definitiva y 
al pago del importe de la tasa o consignar su depósito previo.
b)  Cuando se presente la solicitud para que se inicien las actuaciones o 
tramiten los expedientes correspondientes, lo que no se llevará a efecto hasta 
tanto no se realice el pago del tributo correspondiente.
No obstante lo anterior, el pago podrá efectuarse con posterioridad a la actuación 
o tramitación de los expedientes correspondientes de que se trate. En particular, esta 
forma de proceder será aplicable a aquellas solicitudes para las que esté prevista su 
admisión a trámite, de tal forma que, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano 
gestor  competente  practicará  la  liquidación  de  las  tasas  correspondientes  y  la 
notificará al sujeto pasivo, el cual procederá al ingreso de la cantidad resultante de 
dicha liquidación y, una vez comprobada la efectividad del ingreso, se continuará con 
la tramitación ordinaria de la autorización en cuestión».
Disposición final decimocuarta.  Modificación del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Montes de Aragón.
En el Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Montes  de  Aragón,  se  introducen  las 
siguientes modificaciones:
Uno.  Se crea un nuevo apartado tercero en el artículo 70, con la siguiente redacción:
«3.  No procederá el otorgamiento en concurrencia competitiva cuando se 
trate de concesiones o autorizaciones para la ejecución de proyectos aprobados 
por el órgano sustantivo o que, conforme a la normativa reguladora de la actividad 
de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, hayan obtenido 
protección frente a otros proyectos de generación a partir de fuentes renovables».
Dos.  Se modifica el apartado quinto y se añade un nuevo apartado sexto en el 
artículo 71, redactados del siguiente modo:
«5.  Si  el  proyecto  correspondiente  al  uso  privativo  del  dominio  público  b
forestal  de  los  montes  catalogados  está  sometido  a  evaluación  de  impacto  47ww
mamiebniternatsa ln soi mhpalyifaicna dcoan uc louriddion adreia f,o nrmo ase p poosditirváa e dmicithiro dsi ctrháam aituetso,r iszianc ipóenr jpuriocivois dioen alal 
tsriammuilttaacnieóind adsi mduellt átnráema itdee ld ee xinpfeodrimenatceió nd ep úcbolinccae. sSióin  ely , preony ecptaor tincuol aer,s tudvei erlaa 
sometido  a  evaluación  ambiental,  no  podrá  otorgarse  concesión  sin  previa
información pública, que será simultánea a la del procedimiento de otorgamiento 
de la autorización sustantiva, si la hubiere. Si no hubiere información pública en el 
procedimiento de otorgamiento de la autorización sustantiva, deberá realizarse 
dicho trámite antes de otorgar, en su caso, la concesión de uso privativo.
6.  No se considerarán sustanciales, salvo que estén sometidas a evaluación 
ambiental, las modificaciones de las condiciones de las concesiones otorgadas en 
montes que integren el dominio público forestal vinculadas al mismo proyecto para 
el que fueron otorgadas que no afecten a un porcentaje superior al cinco por 
ciento de la superficie inicialmente afectada. En estos supuestos, la modificación 
se acordará sin más trámite que el consentimiento de la Administración titular».
Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de 
Vías Pecuarias de Aragón.
En la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón, se modifica el 
apartado quinto del artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:
«5.  Los  procedimientos  para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones  se 
ajustarán a las siguientes normas:
a)  Se iniciarán a solicitud del interesado, quien deberá acompañar la memoria o 
proyecto que justifique la utilización privativa del dominio público cabañero.
b)  En aquellos procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones que se 
sigan ante el departamento competente en materia de vías pecuarias, se dará también 
trámite de audiencia a las comarcas en las que radique la vía pecuaria o la parte de su 
trazado afectada por la ocupación. En los procedimientos seguidos ante la comarca, se 
dará trámite de audiencia al Departamento competente en materia de vías pecuarias, 
cuyo informe será vinculante cuando la ocupación pueda afectar a la vía pecuaria, en su 
totalidad o en parte, a un espacio natural protegido o a un monte demanial.
c)  Si  el  proyecto  correspondiente  al  uso  privativo  del  dominio  público 
cabañero  está  sometido  a  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria  o 
simplificada, no se podrá emitir autorización mientras no hayan concluido de forma 
positiva dichos trámites, sin perjuicio de la tramitación simultánea del expediente 
de autorización del dominio público cabañero y, en particular, de la simultaneidad 
del  trámite  de  información  pública.  Si  el  proyecto  no  estuviera  sometido  a 
evaluación  ambiental  no  podrá  otorgarse  autorización  sin  previa  información 
pública,  que  será  simultánea  a  la  del  procedimiento  de  otorgamiento  de  la 
autorización sustantiva, si la hubiere. Si no hubiere información pública en el 
procedimiento de otorgamiento de la autorización sustantiva deberá realizarse 
dicho trámite antes de otorgar, en su caso, la autorización.
d)  No se considerarán sustanciales, salvo que estén sometidas a evaluación 
ambiental, las modificaciones de las condiciones de las autorizaciones vinculadas 
al mismo proyecto para el que fueron otorgadas que no afecten a un porcentaje 
superior  al  cinco  por  ciento  de  la  superficie  inicialmente  afectada.  En  estos 
supuestos, la modificación se acordará sin más trámite que el consentimiento de la 
Administración titular».
Disposición final decimosexta.  Adaptación de régimen de intervención, procedimientos 
y plazos de silencio e informe. s
1.  Dentro del plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor de esta ley,  w.b
el Gobierno de Aragón aprobará y remitirá a las Cortes de Aragón para su tramitación un  47ww
epsrotryicetcatmo ednet ele ay  ldoes  carpitleicraiocsió ens tdaeb lleac iLdeoys  deen  esilmla,p clifoicna lcoisó ns igaudimeninteisst rcaotinvtae,n qiduoes :se atendrá
a)  Reformas legales necesarias para la sustitución de autorizaciones o licencias
previas por declaraciones responsables o comunicaciones.
b)  Reformas legales necesarias para la sustitución del silencio negativo por silencio 
positivo.
c)  Reformas  legales  necesarias  para  la  revisión  de  los  plazos  de  silencio 
administrativo.
d)  Reformas  legales  necesarias  para  la  revisión  de  los  plazos  de  emisión  de 
informes y dictámenes.
e)  Procedimientos  en  los  que  la  aportación  inicial  de  documentación  por  los 
solicitantes se sustituye por declaración responsable, indicando el momento en que 
habrá de aportarse la documentación, y reformas legales necesarias para ello.
2.  Mediante Resolución conjunta de la secretaría general técnica del departamento 
competente en materia de Administración pública y de la Secretaría General de la 
Presidencia, se aprobarán, dentro del plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta 
ley, el procedimiento que se seguirá y los formularios que deberán cumplimentarse por 
los diferentes departamentos y organismos públicos respecto de las cinco cuestiones a 
las que se refiere el apartado anterior.
3.  La efectiva sustitución de autorizaciones o licencias previas por declaraciones 
responsables o comunicaciones requerirá la aprobación de un decreto posterior, que 
tendrá el siguiente contenido mínimo:
a)  El momento a partir del cual se aplicará el régimen de declaración responsable o 
comunicación previa. Los procedimientos iniciados antes de ese momento continuarán 
tramitándose conforme a la normativa que fuese de aplicación al iniciarse.
b)  Las  tablas  de  cumplimiento,  de  modo  que  tanto  los  interesados  como  los 
órganos  responsables  del  procedimiento  puedan  identificar  de  forma  sencilla  los 
requisitos y documentación precisa.
c)  Los modelos de declaración responsable o comunicación.
4.  La aplicación del régimen de declaración responsable o comunicación requiere 
que, previamente, existan servicios y personal de inspección adecuados para desarrollar 
las  funciones  de  comprobación,  inspección  y  sanción.  Podrán  tramitarse 
simultáneamente el decreto al que se refiere el apartado anterior y las modificaciones 
necesarias de las relaciones de puestos de trabajo y, en su caso, presupuestarias, para 
dotar  dichos  servicios  o  reordenar  los  servicios  existentes  que  gestionaban  las 
autorizaciones y licencias.
Disposición final decimoséptima.  Delegación legislativa.
1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 
artículos concordantes de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, se autoriza al Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe los siguientes textos refundidos, que 
incluirán la regularización, aclaración y armonización de los textos legales que han de 
ser refundidos:
a)  De la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y de las normas legales que la modifican.
b)  De  la  Ley  8/1987,  de  15  de  abril,  de  creación,  organización  y  control 
parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; con la Ley 4/2016, 19 
mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y  e.e
control  parlamentario  de  la  Corporación  Aragonesa  de  Radio  y  Televisión;  la  b
Ley 18/2018, 20 diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por  47ww
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Administrativas, o cualesquiera otras normas de rango legal que la hayan modificado.
c)  De la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; con la 
Ley 9/2009, 22 diciembre, Reguladora de los Concejos Abiertos; la Ley 3/2012, de 8 
marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; el 
Decreto Ley 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior; la Ley 26/2001, 28 diciembre, de Medidas Tributarias y 
Administrativas; la Ley 8/2013, de 12 septiembre, de Coordinación de Policías Locales 
de  Aragón;  la  Ley  30/2002,  de  17  diciembre,  de  Protección  Civil  y  Atención  de 
Emergencias de Aragón; la Ley 15/1999, de 29 diciembre, de Medidas Tributarias, 
Financieras y Administrativas; la Ley 10/2012, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 2/2014, de 23 enero, de 
Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  y  la 
Ley 26/2003, de 30 diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, o cualesquiera 
otras normas de rango legal que la hayan modificado.
d)  De la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de 
Aragón; con el Decreto-ley 1/2010, de 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación 
de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de 
modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de 
Aragón;  la  Ley  3/2012,  de  8  marzo,  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 10/2012, de 27 diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 2/2014, de 23 enero, de 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón; el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 27 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 4/2003, de 24 
febrero, de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad 
Autónoma  de  Aragón,  o  cualesquiera  otras  normas  de  rango  legal  que  la  hayan 
modificado.
e)  De la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón; con el Decreto-ley 1/2010, 27 abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de 
diversas  leyes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  la  transposición  de  la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior; la Ley 2/2014, 23 enero, de 
Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón;  la 
Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley 3/2012, de 8 marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Ley 5/2016, de 2 
de junio, de modificación de la Leyes 12/2001, de 2 de julio, de Infancia y Adolescencia 
de Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón, o cualesquiera otras normas de rango legal que la hayan modificado.
f)  Del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medias urgentes para la ejecución 
de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del 
Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a  s
partir de la energía eólica en Aragón, con lo establecido en el título V y en la disposición  oe.
final décima de esta ley, o cualesquiera otras normas de rango legal que lo hayan  w.
modificado. 47ww
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Tecnología Agroalimentaria de Aragón; la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Ley 2/2016, de 28 
de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
o cualesquiera otras normas de rango legal que la hayan modificado.
h)  De  la  Ley  Reguladora  del  Instituto  Tecnológico  de  Aragón,  texto  refundido 
aprobado por Decreto Legislativo 5/2000, de 29 junio, del Gobierno de Aragón, con la 
Ley  26/2003,  de  30  de  diciembre,  de  Medidas  Tributarias  y  Administrativas,  o 
cualesquiera otras normas de rango legal que la hayan modificado.
i)  De la Ley 17/2001, de 29 de octubre, sobre la Plataforma Logística de Zaragoza, 
con la Ley 14/2003, de 24 de marzo, de reforma de la Ley 17/2001, de 29 de octubre, 
sobre la Plataforma Logística de Zaragoza, y la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
j)  Del Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 
administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón, con el Decreto-
ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la 
agilización de la declaración de interés general de planes y proyecto.
k)  De la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y de las normas 
legales que la modifican.
l)  Del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Hacienda  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, y de las normas legales 
que lo modifican.
m)  Del texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, y de las normas legales que lo modifican.
n)  De la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón, y de las normas legales que la modifican.
2.  Los decretos legislativos que se dicten de acuerdo con esta ley incluirán la 
derogación expresa de las normas que hayan sido objeto de refundición, así como de 
aquellas disposiciones reglamentarias dictadas en aplicación y desarrollo de estas que 
resulten incompatibles con la refundición efectuada.
Disposición final decimoctava.  Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno de Aragón y a los titulares de los departamentos en sus 
respectivos  ámbitos  de  competencias  para  dictar  cuantas  disposiciones  fueran 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final decimonovena.  Registro de Beneficiarios de Subvenciones.
El Gobierno de Aragón aprobará el reglamento del Registro de Beneficiarios de 
Subvenciones regulado en el artículo 13 bis de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta 
ley. El Registro entrará en funcionamiento en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de esta ley.
Disposición final vigésima.  Entrada en vigor.
1.  Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Aragón».
2.  No obstante, la efectiva aplicación de lo establecido en el título III de esta ley  e.
respecto de concretos procedimientos, trámites de informe o dictamen y trámites de  w.b
aportación de documentación tendrá lugar conforme a lo previsto en la disposición final  47ww
decimosexta de esta ley.
3.  La modificación del artículo 5 de la Ley 3/2011 entrará en vigor a los dos meses 
de la entrada en vigor del Decreto que modifique el Decreto 82/2006, de 4 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro 
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que 
regula su organización y funcionamiento.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley, que la 
cumplan, y a los tribunales y autoridades a los que corresponda, que la hagan cumplir.
Zaragoza,  11  de  febrero  de  2021.–El  Presidente  de  Aragón,  Javier  Lambán 
Montañés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 39, de 23 de febrero de 2021)