BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112  Miércoles 22 de abril de 2020  Sec. I.   Pág. 29473
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
4554 Real  Decreto-ley  15/2020,  de  21  de  abril,  de  medidas  urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
PREÁMBULO
I
Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia 
internacional provocada por el COVID-19 el pasado 11 de marzo, la rápida propagación, 
tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de reaccionar de 
forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar 
el impacto de esta crisis sin precedentes.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras 
cuestiones, limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para 
trabajadores, empresas y ciudadanos.
Este proceso se vio reforzado con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 
en el contexto de la lucha contra el COVID-19, que estableció, durante dos semanas, que 
los trabajadores que no pudiesen teletrabajar o su actividad no estuviera entre las incluidas 
como servicios esenciales debían mantenerse confinados en su domicilio, estableciendo 
un permiso retribuido recuperable para los mismos. El estado de alarma ha sido prorrogado 
en dos ocasiones, continúa vigente hasta el 26 de abril y está previsto proponer al 
Congreso de los Diputados una nueva prórroga hasta el próximo 9 de mayo.
Las medidas de distanciamiento social están siendo exitosas en la contención de la 
epidemia, pero tienen un impacto significativo sobre buena parte de la actividad económica, 
tanto nacional como internacional, así como sobre las expectativas de los agentes.
Tras la introducción de las primeras medidas de distanciamiento social, se mantuvo 
todavía un tono económico positivo salvo por algunos sectores como el turismo, 
directamente afectado por la caída de demanda internacional y el progresivo cierre de 
fronteras. Las restricciones a la movilidad y a la actividad que acompañaron al estado de 
alarma marcaron un punto de inflexión, con una caída súbita de la producción y el empleo, 
con importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.
Por ello, el gobierno ha articulado la respuesta a la emergencia del COVID-19 en un 
triple plano: sanitario, económico y social. Las medidas adoptadas en el plano sanitario de 
contención de la expansión del virus se han acompañado de medidas para apoyar el tejido 
productivo y tejer una red de seguridad para los ciudadanos, especialmente los más 
vulnerables.
Así, en las distintas fases de lucha contra el virus, las normas en el ámbito sanitario 
para reducir la movilidad y el riesgo de contagio se han acompañado de paquetes de 
medidas económicas y sociales encaminados a (i) reforzar la financiación de la respuesta  s
sanitaria, tanto en el ámbito de la atención y cuidados como en la investigación (ii)  oe.
mantener las rentas de las familias y trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos,  w.
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Todas estas medidas tienen por objetivo evitar que la epidemia deje cicatrices
permanentes, lastrando la recuperación, y su puesta en marcha está permitiendo mantener  Bc
la actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis sanitaria, 
podrán retomar gradualmente su actividad.
Las decisiones tomadas y las medidas puestas en marcha están alineadas con las 
medidas que están adoptando los países de nuestro entorno y de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos de la Unión Europea e internacionales. El G-20, 
reunido el 15 de abril, acordó un Plan de Acción para coordinar las políticas y medidas 
económicas de los miembros, y señaló la necesidad de utilizar todos los instrumentos 
existentes de política económica para apoyar la economía, mantener la confianza y la 
estabilidad financiera, y evitar efectos negativos profundos en las economías.
En el marco de la Unión Europea se han adoptado distintas medidas para proporcionar 
a los países un marco más flexible para articular sus respuestas a la pandemia y se ha 
acordado el 9 de abril poner en marcha un paquete de propuestas, que deberían ponerse 
en marcha en el corto plazo para proporcionar créditos para financiar los gastos de los 
tesoros nacionales relacionados con la respuesta al COVID-19, en particular en el ámbito 
sanitario y en relación con los programas de regulación temporal de empleo.
En este contexto, tras la fase de contención reforzada dictada por el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el progreso en el terreno sanitario ha permitido 
volver a partir del día 13 de abril a la situación de confinamiento y al nivel de actividad 
económica previos, correspondientes al real decreto de estado de alarma. Como era de 
esperar, la vuelta a la actividad de los sectores considerados no esenciales ha permitido 
una leve recuperación de la actividad y una mejor evolución del mercado laboral, aunque 
todavía muy lejos de recuperar los niveles previos a la crisis causada por el COVID-19.
A partir de este punto, las decisiones que permitan iniciar una fase de mayor 
reactivación de la economía dependerán lógicamente, como ha venido haciéndose hasta 
ahora, de la evolución de los indicadores epidemiológicos y las recomendaciones de los 
expertos, y se hará en paralelo a la activación de la movilidad personal.
Con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la 
prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al 
tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad 
económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de 
salud pública, se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y 
amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los 
trabajadores.
De tal forma, este real decreto-ley se estructura en un preámbulo, 5 capítulos, 26 
artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones 
finales y un Anexo.
II
MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTES OPERATIVOS DE PYMES Y AUTÓNOMOS
Como  consecuencia  de  las  medidas  excepcionales  adoptadas  por  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades 
económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la 
misma.
En virtud de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el 
periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de  es
autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones  o
de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus  54ww
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su artículo 26, relativo a la habitabilidad de la vivienda derivada de la ejecución de obras, 
que puede ser aplicable a los locales de negocio vía artículo 30 de esta Ley.
Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, 
tampoco ofrece una solución idónea porque no ajusta la distribución del riesgo entre las 
partes, aunque puede justificar la resolución contractual en los casos más graves.
Ante esta situación, procede prever una regulación específica en línea con la cláusula 
«rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o 
modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: 
imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación 
debida y buena fe contractual.
Se considera conveniente ofrecer una respuesta que permita abordar esta situación y 
regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la 
modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales.
III
MEDIDAS PARA REFORZAR LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
El capítulo 2 regula un amplio paquete de medidas para reforzar la financiación de las 
empresas.
En primer lugar, para facilitar que las empresas que se han visto afectadas por la crisis 
sanitaria actual puedan hacer frente de la mejor forma posible a los pagos derivados de 
créditos que desde distintos instrumentos de la administración se habían otorgado, en este 
real decreto-ley se habilita al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
organismo público adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, a conceder aplazamientos 
de las cuotas de los préstamos concedidos en el marco de sus programas de subvenciones 
o ayudas reembolsables, extendiendo así a los créditos del IDAE la posibilidad de 
aplazamiento de cuotas ya aprobada en reales decreto-leyes anteriores para los créditos 
de la Secretaría General de Industria, el programa REINDUs, entre otros.
Además de tomar medidas para reforzar el acceso a la liquidez o facilitar el pago de 
los créditos, es necesario garantizar la continuidad del desarrollo de las transacciones 
económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales en un contexto de 
incertidumbre como el actual.
A este respecto, el sector asegurador desempeña un papel destacado. El seguro de 
crédito y de caución contribuyen a la consecución de dichos objetivos, ya que sirven, 
respectivamente, de garantía del cobro de las ventas o prestaciones de servicios y del 
cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales.
En un contexto como el actual, es necesario reforzar los mecanismos que contribuyan 
a que el sector asegurador desempeñe dicho papel. Por ello, dada la situación adversa del 
mercado de crédito y las dificultades que, como consecuencia de la reducción de la 
cobertura de riesgos asegurados, puedan afectar a las relaciones comerciales y los pagos 
entre las empresas, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que 
desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobó una línea de avales 
otorgada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para cubrir la 
financiación otorgada por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos. El objetivo  es
fundamental de esta línea de avales, dotada con un importe máximo de 100.000 millones  o
de euros, es preservar la normalidad de los flujos de financiación y de los niveles de  54ww
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el confirming, estableciendo de esta forma medios para el mantenimiento de los niveles de
actividad económica y de empleo. Las entidades que otorguen la financiación deben velar 
por el cumplimiento de estos objetivos, con el fin de que la liquidez siga llegando al 
conjunto del tejido productivo, en particular a través de los canales de crédito comercial y 
pago a proveedores.
El citado real decreto-ley establece que las condiciones aplicables y requisitos a 
cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo 
de Consejo de Ministros. Los pasados 24 de marzo y 10 de abril, el Consejo de Ministros 
adoptó sendos Acuerdos liberando un total de 40.000 millones de euros de avales a 
conceder a empresas y autónomos. El 75 % de los avales puestos a disposición se 
concentran en pymes y autónomos, como agentes claves que son de la actividad 
económica, cuyo acceso a la liquidez es fundamental para el buen funcionamiento del 
tejido productivo.
Para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su alcance, este real 
decreto-ley, en una disposición final, toma tres medidas complementarias. En primer lugar, 
prevé  un  reforzamiento  del  reaval  concedido  por  la  Compañía  Española  de 
Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA), con el fin de aumentar la capacidad de 
aval de las Sociedades de Garantía Recíproca, presentes en todas las Comunidades 
Autónomas de España y con gran capilaridad como reforzadoras del acceso a la 
financiación de las pymes de las distintas áreas geográficas en que se encuentran 
presentes. Además, establece que podrán beneficiarse de los avales los pagarés 
incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos 
Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), fomentando el 
mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales y 
no sólo a través de los canales bancarios tradicionales. En ambos casos, las condiciones 
de los avales se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. Por último, se 
garantiza que la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros podrá 
liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020.
IV
MEDIDAS FISCALES
Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y 
efectiva, se establece hasta el 31 de julio de 2020 un tipo impositivo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido del cero por ciento aplicable a las entregas interiores, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos destinatarios sean entidades 
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. Se trata de una medida de política 
fiscal que incide sobre una situación extraordinaria y que persigue obtener efectos 
sensibles durante el período sobre el que desplegará su vigencia, sin vocación de afectar 
con carácter permanente la estructura de tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos 
pasivos, estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. No 
obstante, la aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación 
del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto 
pasivo que realiza la operación.
Con el fin de adaptar el cálculo aplicable a las liquidaciones de impuestos a la realidad 
económica, se adoptan dos medidas en el ámbito fiscal. Respecto del Impuesto sobre 
Sociedades, se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero  es
de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen  o
de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por  54ww
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ejercer la opción de acuerdo con lo anterior y cuyo importe neto de la cifra de negocios no
sea superior a 6.000.000 de euros se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del 
pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre 
de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base 
imponible. Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el 
régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Por otra parte, resulta imprescindible adaptar temporalmente las cuantías de los pagos 
fraccionados e ingresos a cuenta de los diferentes impuestos que se determinan con 
arreglo a signos, índices o módulos, al ver su actividad alterada por la emergencia sanitaria 
que padecemos. Así, se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por 
la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos 
fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que, al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente 
determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la 
realidad de sus ingresos actuales.
Asimismo, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación 
obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método 
en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación. De 
esta forma, al poder determinar la cuantía de su rendimiento neto con arreglo al método de 
estimación directa, podrán reflejar de manera más exacta la reducción de ingresos 
producida en su actividad económica como consecuencia del COVID-19, sin que dicha 
decisión afecte al método de determinación de los rendimientos aplicable en los siguientes 
ejercicios.
Por otro lado, se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava del Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 con la 
finalidad de habilitar la interposición y tramitación, dentro de aquellos procedimientos de 
contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de recurso especial en los términos establecidos en la 
propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el 
procedimiento de recurso pueda considerarse suspendido. De esta forma se garantiza, 
para todos los licitadores que tomen parte en estos procedimientos, la posibilidad de hacer 
valer sus derechos, pues los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos 
establecidos en dicha Ley.
A su vez, se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas 
medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían 
como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020, 
a fin de garantizar la adaptación de dichas medidas a la evolución de la crisis cuyos efectos 
pretenden mitigar. Dicha extensión también se aplicará a las Administraciones tributarias 
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales por la remisión efectuada por el 
artículo 53 del Real Decreto-ley 11/2020.
A través del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas  es
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, se estableció, como medida  o
dtarorebeuibsl tiupóagtenpaacoocrityimaóoosn o ,d fs dicen,e o ap lnaanrcpceseio vedqriratiuoea e nrst ,drgo aopalin crodsairtuin utrontdaíroa,nio  .tps,e ue laspreo efi lrselai xmmri biedtiasleizedteasarc  meiaós intnsa aoe fdlnaiac cim itlcuidaudataeednrs it adída ede,  pe eaa sagptpolual vazdizaeeam stmeriienbien unetttooxos e d dnaeet a p ddsye emduueedds aa lassy     OE-A-2020-4554able en https://www.
Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra a través del presente real decreto-
ley la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la 
financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.
Se incluye una disposición final que modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, el cual ya flexibilizó, a través de su artículo 33, entre otros plazos, los 
relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se 
refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
En aras de la seguridad jurídica que debe presidir la actividad normativa, muy 
particularmente en los momentos actuales, caracterizados por la continua necesidad de 
adaptación y perfeccionamiento de los instrumentos normativos que el legislador pone a 
disposición de la sociedad civil, y como complemento a las normas de flexibilización de las 
obligaciones tributarias ya implementadas, se arbitra una solución, a través de esta 
modificación legal en el apartado 3 del precepto, para adaptar el ejercicio de derechos por 
licitadores y adjudicatarios en los procedimientos de enajenación desarrollados por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a la ampliación de plazos que afecta a dichos 
procedimientos en cuya virtud el licitador podrá solicitar la anulación de sus pujas y la 
liberación de los depósitos constituidos y, en su caso, además el precio del remate 
ingresado, siempre que, en cuanto a los adjudicatarios, no se hubiera emitido certificación 
del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura pública de venta.
Por último, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, dado que el 
confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información 
de los ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, a 
través de una disposición final se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los 
mismos, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos 
entre el libro físico y el libro electrónico.
V
MEDIDAS PARA FACILITAR EL AJUSTE DE LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL EMPLEO
En el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se adoptaron diferentes medidas en 
materia de suspensión temporal de contratos y reducción de la jornada (ERTEs) con el 
objetivo de evitar que una situación coyuntural como la actual tuviera un impacto negativo 
de carácter estructural sobre el empleo.
En el caso de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la necesidad de acudir a 
medidas de ajuste en el ámbito laboral viene impuesta, en muchos supuestos, por las 
circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa descritas en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, con ánimo exhaustivo. La fuerza mayor definida en este precepto, por 
lo tanto, no está configurada por referencia a la construcción doctrinal y clásica de dicho 
concepto en nuestro ordenamiento civil. Se trata de un concepto de creación legal y 
concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la 
situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria sin precedentes a la que se 
enfrentan nuestro país y todo el planeta. Define este artículo 22 los supuestos a los que se 
atribuye de manera objetiva esa condición o carácter involuntario, perentorio y obstativo,  es
correspondiendo a la autoridad laboral constatar la concurrencia de los hechos descritos,  o
el necesario vínculo entre aquellos y la actividad productiva singular de la empresa, así  54ww
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son decididas en cada caso por la ley; de ahí su definición, los elementos que satisfacen
en cada caso la concurrencia de la causa y el papel atribuido a la autoridad laboral. En 
consecuencia, tal y como se procede a aclarar con la modificación del artículo 22 recogida 
en el presente real decreto-ley, la fuerza mayor podrá ser parcial. En este sentido, puede 
esta no extenderse a toda la plantilla, respecto de aquellas empresas que desarrollan 
actividades consideradas esenciales durante esta crisis, concurriendo la causa obstativa 
descrita en el artículo 22 en la parte de actividad o en la parte de la plantilla no afectada 
por dicho carácter esencial.
Asimismo, se refuerza la protección de las trabajadoras y los trabajadores fijos-
discontinuos, ampliando la cobertura regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, a aquellas personas trabajadoras que no hayan podido reincorporarse a su 
actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19 y que, o bien 
disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de 
situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por 
carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.
Los trabajadores y trabajadoras autónomas tenían de plazo hasta el mes de junio 
de 2019 para realizar la opción por alguna Mutua colaboradora con la Seguridad Social 
para la gestión de determinadas prestaciones de Seguridad Social. Un colectivo de 
unos 50.000 autónomos no lo hicieron y en estos momentos tienen que realizar de forma 
masiva la solicitud de cese de actividad por lo que se dispone en este real decreto-ley que 
pueden optar por una Mutua al tiempo de solicitar el cese, y así garantizar que la nueva 
entidad les pueda reconocer el derecho y facilitar su tramitación.
Igualmente, podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de ese 
momento también en la Mutua por la que opten.
Por otro lado, para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia con las medidas de 
suspensión de plazos adoptadas con carácter general en el seno de las Administraciones 
Públicas, se suspenden los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en los que 
la intervención de dicho organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés 
general o por estar relacionados con el COVID-19.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, desarrolló un régimen 
sancionador adaptado a las circunstancias actuales con la implementación de los 
mecanismos de control y sanción necesarios que eviten comportamientos fraudulentos en 
la percepción de las prestaciones. En el presente real decreto-ley se refuerzan estos 
mecanismos de control y sanción. Concretamente, se regula la sanción de los 
comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e 
incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que 
implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente 
percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o culpa de estos.
Además, dado el contexto actual de emergencia sanitaria, se permite, de manera 
extraordinaria y limitada en el tiempo que el Fondo de Educación y Promoción de las 
Cooperativas, que desempeña un papel clave en la formación y educación de los socios, 
en la difusión de cooperativismo, así como en la promoción cultural, profesional y 
asistencial del entorno local y de la comunidad en general, pueda destinarse a cualquier 
actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o 
privadas o dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su 
funcionamiento.
Las sociedades laborales son instituciones clave para la economía social y la  es
generación de empleo. Por ello, con el objetivo de apoyar las iniciativas empresariales  o
aeraetxresttirnpcaPdouooinlerarsdn daiúdnabloatsiil rim adiaa aol a d,ats  rl lpgainmauvernéictaoase sd sg daidad earlea ad  unlceontassiazl  idfa rieecsr  aqoclcuacoiii nósepcnidtrio loadisatde ec  qicsóluaocneicbó  dioepnerde a dalralmd e vs  iltileaedab nasfo   llearapa xbelli.aorbssriaol islzn oyaa cnfsai e mtddreaaili bdafearo sjera mnda onaeórl  acntesoim mnytape ssox etrooag  ludd eieyr     OE-A-2020-4554able en https://www.
la crisis del COVID-19, se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, 
así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
En otro orden de cosas, la situación económica como consecuencia de la pandemia 
aconseja el impulso y reforzamiento del actual Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, en un momento en el que el sector agrario ha de ocupar un puesto 
de primera línea en la actividad económica, por su relevancia tanto en la población activa 
ocupada como en el producto interior bruto, adecuando su regulación a la nueva realidad 
del campo español.
Es por ello que se introduce una reforma en los requisitos para la inclusión en el 
referido sistema especial, mediante la que se pretende prescindir de aquellos requisitos 
vinculados a rentas de trabajo. Con su supresión se facilita el acceso a las garantías 
sociales de los pequeños agricultores, lo que colaborará a la mejora de la seguridad 
jurídica, pues determina claramente quien es un pequeño agricultor.
Esta modificación además pretende mitigar el efecto de la pandemia por el COVID-19 
que ante la posibilidad de reducir drásticamente su producción y, por lo tanto, sus rentas 
agrarias harían inviable su permanencia en el sistema especial tal y como está actualmente 
configurado ya que no cumpliría con dichos requisitos. Así, esta reforma mejorará las 
perspectivas de viabilidad del sector, contribuyendo al establecimiento de una visión 
globalizada de todos los componentes de la explotación familiar agraria, con especial 
incidencia en la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, como base esencial para el 
desarrollo futuro del campo.
Con el objeto de mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico provocado 
por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, también se establecen una 
serie de medidas excepcionales y transitorias que den respuesta al mismo.
Las medidas recogidas en este real decreto-ley responden, de un lado, a una eventual 
reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos habilitantes otorgados en los 
puertos y permitirán, en concreto, a las Autoridades Portuarias alterar los tráficos mínimos 
establecidos en dichos títulos, con las implicaciones que ello conlleva. Y, por otro lado, se 
articulan medidas específicas respecto de la tasa de ocupación y la tasa del buque.
Por otro lado, la paralización de la actividad económica surgida a raíz de esta 
emergencia sanitaria va a provocar retrasos en los ingresos previstos de los parques 
científicos y tecnológicos, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones de 
reembolso derivadas de los préstamos que les fueron concedidos las convocatorias de 
ayudas otorgadas por la Administración General del Estado, lo que incide sobre su 
viabilidad a corto y a largo plazo.
Para que puedan seguir cumpliendo con su objetivo de facilitar la colaboración público-
privada en I+D+i y hacer posible la continuidad de los parques y de las entidades ubicadas 
en ellos, se introduce una disposición adicional que contempla medidas en relación con las 
cuotas derivadas de préstamos concedidos a entidades promotoras de parques científicos 
y tecnológicos en virtud de las convocatorias gestionadas exclusivamente por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, o el Ministerio competente en materia de investigación, desarrollo 
e innovación en años anteriores, desde el año 2000.
En el corto plazo se articula un aplazamiento para las cuotas con vencimiento 2020, de 
forma que el pago de dichas cuotas se difiera a la misma fecha del año 2021. Asimismo, 
se prevé una actuación que posibilite la refinanciación de las cuotas adeudadas con 
vencimiento anterior a 2020, de tal forma que la deuda se distribuya entre las anualidades 
futuras de dichos préstamos, sin sobrepasar el plazo máximo de amortización del préstamo  es
originario o
C(rBeolSanCcAEsiss-ooCtinrmecNa iiCdoSso mo)B snco asco,ro oncsrn ecee il eooli ln,n f picdnarle u odS yyteieeut u cppulteaoonrrs aciEidbo uadimlrdiiots paHppuroú PtesbiCnlil cig.cci óauCn,m e cpanoldintmeiscriti-eiotCnunetiadonlo  tdp reeoan  rlNator esap  clecaioor mAmndaiptmilrr o dienmeli s iesStronuasdcp eieiónurntdce aoGrnmmeaipnecueinorttaanocla  iddlóeeensll     OE-A-2020-4554able en https://www.
Estado, la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, es un centro
de I+D+I puntero y está colaborando activamente en la investigación frente a la pandemia 
ocasionada por el coronavirus COVID-19, mediante el análisis del genoma del virus 
gracias a la bioinformática. El centro colabora actualmente en el estudio de la propagación 
e impacto del coronavirus, para lo que los investigadores están analizando los datos a 
través de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. La tecnología 
utilizada se basa en la capacidad de cálculo del superordenador MareNostrum 4, siendo el 
proceso utilizado en la búsqueda de tratamientos el conocido como «docking», o 
acoplamiento, que consiste en simular en el ordenador las interacciones entre el virus y las 
moléculas que podrían servir para fabricar vacunas, tratamientos con anticuerpos o 
tratamientos con fármacos. Recientemente, el Centro ha sido seleccionado por la Comisión 
Europea como sede de uno de los tres superordenadores pre-exascala que cofinanciará 
la Comisión durante los próximos años.
Para ello deberá adquirir el nuevo superordenador MareNostrum5, que tendrá un 
rendimiento máximo de al menos 200 Pflops (200.000 billones de operaciones por 
segundo), que multiplicará por 18 el del núcleo del actual MareNostrum 4 (13,7 Pflops), el 
superordenador principal actual del centro.
Por otro lado, y como complemento de lo señalado por la Disposición adicional 
decimotercera del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que estableció las reglas 
aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación de convocatorias 
públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación y a la integración de 
personal contratado en el Sistema Nacional de Salud, se incluye una disposición adicional 
que permita, asimismo, a las entidades que formen parte del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Investigación la posibilidad de prorrogar los contratos predoctorales que 
puedan haber suscrito más allá de las concretas convocatorias públicas de recursos 
humanos; por ejemplo, en el ámbito de proyectos de investigación estatales, autonómicos 
o europeos, o en el marco de convenios o contratos con otras entidades públicas o 
privadas. Esta prórroga únicamente podrá tener lugar con cargo a la financiación de la 
entidad suscriptora del contrato, ya sea con fondos propios o con fondos provenientes de 
convenios o contratos con otras entidades públicas o privadas.
VI
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS
En primer lugar, con el objetivo de dar una cobertura a todas las personas que en el 
contexto actual no tengan acceso a la prestación por desempleo, se adoptan nuevas 
medidas de protección. Concretamente, se les atribuye la consideración de situación legal 
de desempleo a aquellas personas trabajadoras cuyos contratos han sido extinguidos 
durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan 
extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que 
no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19.
En relación a la extinción del contrato durante el periodo de prueba, esta situación de 
necesidad se actualizó en el momento en que fue declarado el estado de alarma, que 
efectivamente determinó la imposibilidad de estas personas de encontrar un nuevo 
empleo; pero el hecho causante, de conformidad con los datos existentes, se produjo 
antes, durante la semana del lunes día 9 al jueves 13, para más de un 12 % de las 
personas afectadas.
Para el segundo de los grupos a proteger, la situación de necesidad equivale a la  es
frustración del esperado nuevo contrato de trabajo. Sin embargo, la decisión voluntaria de  o
rescindir el contrato previo pudo producirse, y los datos demuestran que efectivamente  54ww
ppeaaxcrratePir p mrdoceuitoelc ng1hae adlrsi ed a pam edlaar,s srdoz peonen.artssr ooa nsinaí csful uqesu,o ec  odanec  taluona tylemarie oenrxitdetar adsoo arnd  liamn adáresio cv ladurelan ceeirsóatnba l desesitl u eeaxscitgiaóedn oq  qudueee,   adeleas rtmmamao,do oas    OE-A-2020-45able en https://
viviendo, la fecha a considerar para la construcción de estas nuevas medidas no sea la
de 14 de marzo, a diferencia del resto de normas adoptadas desde la entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, sino aquellas en relación con las cuales los datos indican que las 
medidas serán realmente efectivas.
En segundo lugar, en la línea de contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los 
hogares, se desarrolla la medida relativa a la ampliación de las contingencias en las que 
se pueden hacer efectivos los derechos consolidados de los planes de pensiones, recogida 
en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Para ello se establecen las condiciones y términos en los que se podrán hacer 
efectivos los derechos consolidados, regulando, entre otras cuestiones, la acreditación de 
las circunstancias que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se 
vinculan dichas circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer.
La formalización de instrumentos públicos en los que se refleje la moratoria, tanto 
legal, como aquella que las partes pudieran acordar, está sujeto al régimen arancelario 
previsto en el artículo 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que consiste, 
básicamente en la incorporación de una bonificación del 50 % en los términos establecidos 
en dicho precepto. Esta reducción se aplica tanto al otorgamiento de la escritura pública, 
como a su inscripción registral.
Se ha considerado adecuado que este mismo beneficio sea extendido a las 
formalizaciones de instrumentos públicos en el ámbito de los contratos de financiación no 
hipotecaria recogidos en los artículos 21 a 27 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, ya se trate de instrumento notarial o de póliza, en cuyo caso la bonificación habrá 
de ser equivalente.
A su vez, se introduce una disposición adicional que regula el otorgamiento unilateral 
por el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo 
derivada de la moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca, o 
mediante otro derecho inscribible distinto, y se justifica que lo que se documenta es el 
reconocimiento unilateral del acreedor de una obligación establecida ex lege.
No puede ignorarse que resulta imprescindible el otorgamiento del instrumento notarial 
por cuanto es un documento público, con el valor y certeza que ello supone respecto de 
los elementos esenciales del negocio y por cuanto, en el caso de bienes o derechos 
inscribibles, el otorgamiento facilita la inscripción en el Registro Público correspondiente, 
en este caso, el Registro de Bienes Muebles. Por otra parte, el acceso al Registro de 
Bienes Muebles exige título público y, por tanto, resulta imprescindible la formalización del 
instrumento notarial porque a través de dicho registro se tutelan no solo los propios 
derechos e intereses del deudor, sino también los del acreedor y, muy especialmente, los 
de toda la ciudadanía mediante el mantenimiento de la fe pública con la integridad 
exactitud del registro, esto es, mediante el mantenimiento de un nivel de seguridad jurídica 
que permite la seguridad en el tráfico de bienes inscribibles que, de esta manera, 
mantienen su valor económico en dicho tráfico, pues cualquier tercero conoce las cargas 
a las que está sometido el bien.
Así, para conjugar estos principios con la adecuada protección del deudor resulta 
imprescindible considerar que lo que se documenta en el instrumento notarial y que, en su 
caso, accederá al Registro, es la declaración unilateral de voluntad del acreedor, que como 
otorgante asumirá el coste de los derechos arancelarios, reconociendo la obligación 
establecida ex lege en favor de un deudor concreto.
Por último, en relación con el derecho de resolución de determinados contratos sin 
penalización por parte de los consumidores y usuarios, es necesario clarificar la redacción 
para determinar con máximo rigor el momento de nacimiento de los derechos. es
Así, se establece que el «dies a quo» del derecho a resolver el contrato es aquel en  o
qsautieeuscnunuetaee irdr recidoosoo, u ns sleooteanlci  ctiemirimetsai tepa lalnoabsts lo eribep colsaeefori  ctlqseuiauuscl e i eóed jenemel lc d phpueeelcalz ciczóahoonroán  .d ytare ae  tc6lo o0«,m  dpdipueíauessts aa  eprd sa e qrneau n eee emln smt»ee on ammd leooermsn  qteo1un 4eet o dnn í coaqu suas ened d eeho laa  ceq lolul eneegsml.au pdEmronei d saeoa srur tineoo     OE-A-2020-4554able en https://www.
La Disposición adicional tercera fija el importe máximo de la línea de avales establecida 
en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19, para dar cobertura a la financiación de arrendatarios de vivienda habitual 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia el impacto social y 
económico de la pandemia.
Esta disposición permitirá la concesión de préstamos avalados al 100 % por el Estado 
y sin coste para el beneficiario de gastos ni intereses a familias que, como consecuencia 
de la pandemia, se encuentren en dificultades para hacer frente a la renta de sus alquileres 
de vivienda habitual, por un importe total de hasta 1.200 millones de €. El objetivo es que 
todas las familias que reúnan las condiciones que se definirán por Orden del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que soliciten esos préstamos avalados, tengan 
acceso a los mismos a través de las entidades financieras.
El Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo 
de 2011 en Lorca, Murcia, estableció que el plazo para ejecutar las obras de reconstrucción 
y rehabilitación o de reparación de daños a que se destinan las ayudas se determinaría en 
la resolución de concesión, que no excedería de 24 meses y 12 meses respectivamente.
Sin embargo, los plazos inicialmente previstos han resultado ser insuficientes dado el 
volumen de actuaciones y de tramitación que ha supuesto para las Administraciones 
concernidas. Por ello, se faculta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
que, en el marco de su regulación del procedimiento de concesión y justificación de las 
ayudas, en tanto que concedente de las mismas, sea quien fije los supuestos y los efectos 
a los que podría extenderse la ampliación de plazo. Con ello, se pretende garantizar la 
plena reconstrucción de un municipio que se vio afectado por un suceso que destruyó 
prácticamente la localidad. En cualquier caso, se establece que el plazo máximo que se 
fije para la ejecución de las obras de reconstrucción o rehabilitación de la vivienda o para 
la reparación de daños, no podrá ser posterior al 31 de octubre de 2023.
Asimismo, se aprueba la extensión para el año 2020 de una reducción en la cotización 
durante la situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, para aquellos 
trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el 
año 2019. Al igual que se hizo en el año 2019 respecto al mismo colectivo, mediante esta 
medida se facilita el cumplimiento de la obligación de pago de la cotización a la Seguridad 
Social que han de afrontar los trabajadores agrarios por cuenta ajena que se encuentren 
en situación de inactividad, teniendo en cuenta tanto el incremento anual de esa cotización 
como el aumento del número de trabajadores que han pasado a la referida situación en el 
sector agrario, a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.
Por otro lado, se procede a modificar el artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, al objeto de otorgar una mayor seguridad 
jurídica al procedimiento administrativo a seguir para el aplazamiento en el pago de deudas 
con la Seguridad Social que en él se regula, dado el elevado número de solicitudes que 
vienen produciéndose desde su entrada en vigor. En tal sentido, se simplifica el 
procedimiento de resolución del aplazamiento, con independencia del número de 
mensualidades que comprenda, se fija un criterio homogéneo en la determinación del 
plazo de amortización mediante el pago escalonado de la deuda y se establece el efecto 
jurídico de la solicitud hasta la resolución del procedimiento, en relación con la suspensión  es
de los plazos administrativos contemplada en la disposición adicional tercera del Real  o
DgamepeisslcamtArizóe oalnta omR   dlui4eeez6an  3lldt aoD/e 2 s e0slaict2eu ra0 eadt,tcr oeidib-óceluelna cy 1rid aó41en  1 id n/cd2ecre0i os m2cmis0oa p,mrs zdaapoetnie,b i 3ttlpeae1onr  idrcca eoi eao nlsm c  qlapaausrr eezimovo nsio.seart aadd ateoe nrcpi laoea rlr r aRee lgee uCal llOea DsdVetaaIcD dre-eon1t  o9de ;e2 l p /aa2orl0rat 2írúc0mult,i almod  epo3 a,14 r2e ad s detleael     OE-A-2020-4554able en https://www.
enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, la organización del
nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace necesarias algunas 
modificaciones normativas para hacer efectiva la integración del Régimen de Clases 
Pasivas en el citado Ministerio.
En esta línea, el calendario para llevar a cabo las modificaciones legales necesarias 
para la integración efectiva del Régimen de Clases Pasivas en el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones se ha visto radicalmente alterado por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 en la que se han centrado los esfuerzos de la acción del 
Gobierno en las últimas cinco semanas. En este sentido, es razonable considerar que 
esos cambios normativos no pueden ser aprobados mediante el procedimiento ordinario 
de tramitación parlamentaria, pues ello implicaría que, hasta la aprobación de tales 
reformas legislativas, la estructura organizativa derivada del Real Decreto 2/2020 no 
podría materializarse y, por lo tanto, los órganos competentes no podrían desarrollar las 
funciones que tienen atribuidas con arreglo al citado Real Decreto; circunstancia que 
generaría  inseguridad  jurídica  e  incertidumbre  en  una  materia,  las  pensiones, 
particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía. Tal motivo justifica la 
extraordinaria y urgente necesidad de la situación y la conexión con ella de las medidas 
adoptadas.
Por último, se adoptan una serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social la gestión de la prestación extraordinaria de cese de actividad 
contemplada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
de aquellos autónomos que no hubiesen ejercitado la opción prevista en el artículo 83.1.b) 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dentro del plazo establecido por la disposición 
transitoria primera del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
A tal efecto, se modifica el apartado 7 del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020 por 
la disposición final quinta; por su parte, la disposición transitoria segunda concreta el 
procedimiento a seguir para la elección de una mutua y prevé el criterio a aplicar en caso 
de que no se ejerza el derecho de opción en el plazo de tres meses desde la finalización 
del estado de alarma. Estas medidas son urgentes, necesarias y proporcionadas, teniendo 
en cuenta la elevada carga y las dificultades de gestión a las que se enfrentan las 
entidades gestoras en el momento actual.
En otro orden de cosas, la pandemia ha paralizado toda la actividad deportiva 
profesional y no profesional, reduciendo las vías de financiación de las federaciones 
deportivas, campeonatos y deportistas exclusivamente a las subvenciones estatales. En 
este contexto, el fútbol, como gran motor económico del deporte español, será clave por 
su capacidad de tracción respecto al resto del sector en España en la etapa de 
reconstrucción que habrá de acometerse con carácter inmediato. Para contribuir a 
financiar y dotar de estabilidad al deporte federado, olímpico y paralímpico en la antesala 
de unos Juegos Olímpicos, así como a la internacionalización del deporte español a 
través de la contribución solidaria de los derechos audiovisuales generados por el fútbol, 
se modifica el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación 
con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de 
las competiciones de fútbol profesional, facilitando la transferencia de recursos privados 
generados por el futbol hacia políticas públicas. A tal efecto, se crea la «Fundación 
España Deporte Global», fundación del sector público estatal, como instrumento más 
adecuado para la consecución de estos fines de interés general en régimen de  es
autonomía y descentralización funcional. La fundación estará adscrita a la Administración  o
GplLdaaaeser   npltraieeac sirarpáatcaallti ncisvdtiióeisedn slaa   FddcEt eesud dtaleaaelpd  rdRoaoerce,t  iialovaalna  sFe,t  rcesraoed dvmqeéeurppsaiee ocdrtriióetecin vilao a EdCnsoes oeppsns,tas apyñera o jpñdoloaoe r lS da ftouesar  pnmyFet úocart,oi b oidmnore mlp,d  efeLeatdail ctiD aaiLo teidangpe eamo s grd eteoeednf siiFced,iúr aaaytslbce  ocipsólo a nyPnr  andtrao oegrf  eaáoinsr fiagicconroineatniaslze olal sasyr.      OE-A-2020-4554able en https://www.
la sostenibilidad de las federaciones deportivas y de los programas de preparación para
los Juegos Olímpicos de Tokio; siendo fundamental para ello la puesta en marcha de la 
referida fundación, a efectos de canalizar la inyección económica que, como 
consecuencia de la modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, se aportaría 
a la misma.
Por otra parte, cabe destacar la inclusión de una disposición final cuarta, por la que se 
modifica la letra d) del apartado 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público cuando regula el acto de apertura de los sobres o archivos 
electrónicos de los licitadores que contengan la oferta evaluable a través de criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, dentro del procedimiento abierto 
simplificado, eliminando la exigencia que la apertura de los sobres tenga lugar en todo 
caso mediante acto público.
La reforma del precepto se encamina a permitir que la apertura de la oferta económica, 
tal y como se prevé en el artículo 157.4 LCSP para los procedimientos abiertos, del que 
el procedimiento abierto simplificado no deja de ser una especialidad, sea realizada en 
acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios 
electrónicos.
La modificación del precepto no solo supone una mejora técnica deseable que está en 
línea con la regla general de presentación de ofertas por medios electrónicos establecida 
en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP que ya garantiza la integridad y el 
secreto de las proposiciones y permite el acceso a la documentación correspondiente a los 
aspectos dependientes de la aplicación de una fórmula, sino que permite resolver el 
problema coyuntural que se plantea en aquellos procedimientos de adjudicación cuya 
tramitación se ha reanudado por resultar indispensables para el funcionamiento de los 
servicios esenciales de la Administración Pública pero en los que no es posible proceder a 
la apertura de los sobres por las restricciones derivadas de las medidas de contención 
adoptadas para mitigar la propagación de la pandemia COVID-19.
También se introduce en este real decreto-ley una disposición adicional novena por la 
que se fijan reglas específicas aplicables a las ayudas con cargo a financiación de 
convocatorias públicas en el ámbito universitario.
Dichas reglas van encaminadas a garantizar que las dificultades en la realización de 
las actividades para las que se otorgaron las ayudas, derivadas de la declaración del 
estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no impidan el 
adecuado desempeño de los estudiantes universitarios, del personal investigador y/o 
del profesorado universitario. Así, se habilita normativamente la posibilidad de modificar 
las condiciones de dichas ayudas, de tal forma que se garantice la continuidad de 
proyectos, incluyendo los relativos a las especialidades relacionadas con el ámbito 
sanitario.
Por último, esta norma también incluye medidas destinadas a favorecer la devolución 
de los denominados «préstamos renta-universidad», que actualizan las adoptadas en el 
Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, 
la Tecnología, la Innovación y la Universidad. Debido a las consecuencias económicas 
derivadas de la crisis sanitaria, determinados prestatarios no pueden hacer frente al 
reembolso de los préstamos, de manera que se abre la posibilidad de optar por la novación 
de estos instrumentos contractuales dentro de un nuevo plazo, manteniendo las 
condiciones establecidas en el citado real decreto-ley.
VII
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes  oe.
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento  w.
dcaieuu tdólaansdo aminnosatssi t urnecig iouanlla eDdso ebsr áeescnihc oea ls eT dlíeteucllt ooE rIsa tdla edg oela,n  eaC roalonl.ss  tLidtaue creaiócdnho,o pascl, i órdéneg bidmeeer enms d eyed  illdiabases rc taoddmee uscn aiddráea cdltoeessr    2020-4554n https://ww
económico acudiendo al instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal
Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad,  Bc
entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una rápida respuesta, y la urgencia,
asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se 
trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún 
perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 de julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. 
Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la declaración de estado 
de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente 
necesidad de adoptar diversas medidas.
En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y 
necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez 
que se adoptan vía legislación de excepción medidas de contenido económico y social 
para afrontar sus consecuencias en la ciudadanía, en particular, en los colectivos 
vulnerables, y en los agentes económicos sin olvidar al propio sector público.
Asimismo ante este escenario inédito, por lo prolongado en el tiempo y por la amplitud 
de su espectro, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, 
de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone 
una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, 
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la 
seguridad jurídica y la salud pública.
Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún 
caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de 
este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de 
mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). 
Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción 
de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
A su vez, las medidas establecidas por el real decreto-ley no lesionan los derechos 
constitucionales que a las partes asisten y respetan el contenido esencial de la propiedad 
privada y la libre empresa consagrados en los artículos 33 y 38, respectivamente, de la 
Constitución Española. Estas medidas se ajustan a los parámetros de constitucionalidad 
que se han venido estableciendo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para 
medidas semejantes de intervención estatal en relaciones jurídico-privadas, al no implicar 
el vaciamiento del contenido económico de la renta acordada y no suponer una pérdida 
esencial, o vaciamiento, de la utilidad económica del bien arrendado (Sentencia 
TC 89/1994). En este sentido y, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la utilidad 
económica de la propiedad dada en arrendamiento implica la percepción de la 
correspondiente merced arrendaticia.
En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción 
de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos 
referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los  es
presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación  o
cldldaeoeesynrc eeC rslecoo hts«omo n-psuloer,ni  ymdipd neeoaobrddo eressáres,en   csA aao ufyfmeet óclocitnbta asoe eramr tñ aanaadlis lneao ngs reiud  ldane alean rD  atldíoemcesru ie eelcocnsih utt8aood6s  ae.d 1dmlee ad canleattooe snsrr aui iarnle esgssg.tetirutnaulea cCrdiaooolnn»ses . estEin tnub  ecáeilsó l Ticncía,at uslsolo osd  d erIe,el  laa Eplle srrestéa sgddeieomnc,t ereaen  rt oeldosaes-l    OE-A-2020-4554able en https://www.
En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del 
núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna 
institución básica del Estado, no se afecta a la naturaleza de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas 
puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna 
con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación 
en este punto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente real 
decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa se fundamenta 
en el interés general que supone atender a las circunstancias sociales y económicas 
excepcionales derivadas de la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, siendo 
este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a estas necesidades y 
constituyendo el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y 
de los trabajadores en particular y minimizar el impacto en la actividad económica ante la 
situación excepcional actual.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el 
derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios 
rectores de la política social y económica.
En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública 
y de audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone 
carga administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso, 
proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar 
el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por 
su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que 
exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la 
aprobación de un real decreto-ley.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª, 
8.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª, 20.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales; del régimen aduanero y arancelario y 
comercio exterior; sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; Hacienda general y Deuda del Estado; bases del régimen jurídico de las 
Administraciones  Públicas;  legislación  básica  sobre  contratos  y  concesiones 
administrativas; y puertos de interés general.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a iniciativa de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a propuesta de los Ministros de Justicia, 
de Hacienda, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Trabajo y Economía Social, 
de Industria, Comercio y Turismo, de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la Transición  es
Ecológica y el Reto Demográfico, de Consumo, de Inclusión, Seguridad Social y  o
MUabnigriivlr eadrcesi io2dn0ae2ds0e,,s ,d ye  pCreiveinac diae lieb eIrnancoióvna dceiól nC,o dnese Djoe dree cMhionsis tSroosc eianl essu  rye uAngióenn ddae l 2d0ía3 02,1  ddee   2020-4554n https://www.
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos
Artículo 1.  Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.
1.  La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos 
previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una 
empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona 
física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este 
artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado 
ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.
2.  La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de 
este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el 
estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, 
si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin 
que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin 
penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta 
arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se 
contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a 
partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo 
de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
Artículo 2.  Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.
1.  La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el 
artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona 
arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho 
aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con 
carácter voluntario.
2.  Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados 
anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna 
o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o 
parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta 
en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia 
del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
Artículo 3.  Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley,  oe.
los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos: w.
econ1ó. miEcna  deel scaarsroo lldaed ac oponrtr ealt oa udteó naormreon:damiento de un inmueble afecto a la actividad
a)  Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de
alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b)  Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la 
Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido 
real decreto.
c)  En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como 
consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 
aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual 
del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
2.  En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica 
desarrollada por una pyme:
a)  Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.
b)  Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la 
Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido 
real decreto.
c)  En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud 
de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la 
reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, 
al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al 
que pertenece dicho mes referido al año anterior.
Artículo 4.  Acreditación de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el 
arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:
a)  La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de 
una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y 
gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por 
ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. 
En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus 
libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
b)  La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por 
el interesado.
Artículo 5.  Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta.
Los  arrendatarios  que  se  hayan  beneficiado  del  aplazamiento  temporal  y  e.e
extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 3,  w.b
serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de  54ww
tpoedrjousic iloo sd eg alasst oress gpeonnsearabdiliodsa dpeosr  dlae  oatproli coardceiónn a d qeu ee slata cso nmdeudcitdaa dse  eloxsc empiscmioonsa lpeusd, iesrina 
dar lugar.
CAPÍTULO II
Medidas para reforzar la financiación empresarial
Artículo 6.  Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo.
1.  La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), 
atendiendo a la situación económico-financiera de aquellos beneficiarios de sus programas 
de subvenciones o ayudas reembolsables formalizadas bajo la modalidad de préstamos, 
excluidas administraciones y entidades públicas tanto del sector público estatal como 
autonómico y local, así como sus organismos y entidades públicas vinculadas o 
dependientes, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 les haya originado 
períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que les 
impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del otorgamiento de las 
mismas, podrá acordar, previa solicitud y declaración responsable justificativa, según las 
condiciones que se establecen en el siguiente apartado, la concesión de aplazamientos de 
las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos prestatarios no se encontrasen 
en situación concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social, todo ello al momento 
de formular su correspondiente solicitud de aplazamiento, y, asimismo, siempre que 
estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos 
concertados a la entrada en vigor del estado de alarma.
Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo 
vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
de 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las 
sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta 
transcurridos dos meses después de la finalización del estado de alarma. Las cuotas 
aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del período de vigencia del respectivo 
préstamo, y no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses 
ordinarios.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones que deberán cumplirse para la 
concesión de los aplazamientos regulados por este artículo serán las siguientes:
a)  Las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto de aplazamiento o 
fraccionamiento anterior ni reclamadas judicial o extrajudicialmente por el IDAE.
b)  Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa 
comunitaria en materia de ayudas de Estado.
c)  El interesado habrá formulado declaración responsable donde conste, al momento 
de solicitar el correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica 
desfavorable como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, que le ha originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las 
ventas o facturación que le impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso 
derivadas del correspondiente préstamo concertado con IDAE, incluyendo no encontrarse 
en situación concursal.
3.  El procedimiento para la concesión de estos aplazamientos será el que tenga 
establecido el Consejo de Administración del IDAE para la concesión de aplazamientos de 
sus préstamos sujetos a derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 39/2015,  s
de 15 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  oe.
Públicas y las condiciones establecidas en el presente artículo. w.
4.  La aportación de datos falsos o sesgados por parte de los interesados, que  54ww
hveanyacnim sieenrvtiod oa dneti cfiupnaddaom  ednet ol ap atroat alalid caodn cdeesli ópnr édsetl aampola,z asmini epnetor,j udiceitoe rmdein aortár aesl 
responsabilidades aplicables.
Artículo 7.  Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio 
de Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las 
entidades aseguradoras privadas.
1.  El Consorcio de Compensación de Seguros, previo acuerdo de su Consejo de 
Administración adoptado conforme a lo previsto en los artículos 3.2 y 5.1.h) del texto 
refundido de su Estatuto Legal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de 
octubre, podrá aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras 
privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de crédito y de caución, que así 
lo soliciten y que suscriban o se adhieran al acuerdo correspondiente con la citada entidad 
pública empresarial. Las condiciones básicas del reaseguro aceptado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros serán las siguientes:
a)  Modalidades de la cobertura. El acuerdo que en su caso se suscriba contemplará 
aquellas modalidades de cobertura, de entre las comunes en el mercado de reaseguro, 
que permitan complementar con rapidez y eficacia la cobertura directa que las entidades 
aseguradoras de estos ramos ofrecen a las empresas por ellas aseguradas, contribuyendo 
a dar seguridad a las transacciones económicas.
b)  Condiciones económicas. El Consorcio de Compensación de Seguros establecerá 
las condiciones económicas que deberán aplicarse en la cobertura con el objetivo de 
procurar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo, contemplándose, dentro de las 
citadas condiciones, la compensación que corresponda por los gastos de gestión en que 
incurra el Consorcio de Compensación de Seguros.
c)  Objeto y vigencia temporal. La cobertura podrá aplicarse, a partir del día 1 de 
enero de 2020, a las operaciones de seguro, que sean llevadas a cabo por entidades 
aseguradoras autorizadas en el ramo de crédito con un volumen de operaciones 
significativo, y cuyos asegurados estén domiciliados en España. Su vigencia temporal se 
mantendrá en tanto subsistan las razones de interés general que justificaron su adopción 
y por un periodo mínimo de dos años.
2.  El Consorcio de Compensación de Seguros llevará las operaciones que realice al 
amparo de este real decreto-ley con absoluta separación financiera y contable respecto del 
resto de las operaciones, con integración, en su caso, de las aportaciones que el Estado 
realice al efecto de mantener el adecuado equilibrio técnico-financiero de aquellas, previa 
tramitación por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, si resultase necesario, 
de los expedientes requeridos por la normativa presupuestaria que resulten de aplicación. 
A los anteriores efectos, la situación financiera y contable a considerar será la que resulte 
al término de uno o, en su caso, sucesivos períodos trienales a contar desde el inicio de 
las operaciones.
A las operaciones que el Consorcio realice al amparo de la presente norma les será de 
aplicación el régimen de constitución de las provisiones técnicas previsto en el Real 
Decreto 2013/1997, de 26 de diciembre, considerándose, como límite aplicable a la 
reserva de estabilización de estas operaciones, a los efectos de lo previsto en el apartado 1 
del artículo 3 de dicha disposición, el equivalente al contemplado en la letra a) del citado 
apartado.
CAPÍTULO III
Medidas fiscales es
Artícilmouslpo eo 8fret.a cctoTiosinp deoes il m yC pOaodVsqiItuDivi-so1i c9ai.polniceasb ilnet rdaeclo Immupnuietasrtoia ss odber eb eiel nVeasl onre Acñeasdairdioos a p laarsa  ecnotrmebgaatsir,   2020-4554n https://www.
de juClioon d eef e2c0t2o0s , dsees adpel ilcaa erán teral dtipao e dne vl i0g opro dr ec ieesntteo  rdeeall  Idmepcureetsoto-l esyo by rvei geel nVcailao rh Aasñtaad eidl o3 1a   BOE-A-cable e
las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes
referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social 
a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en factura como 
operaciones exentas.
Artículo 9.  Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el 
artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que resulte de aplicación 
el apartado 1 del artículo único del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se 
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias, cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de 
enero de 2020, podrán ejercitar la opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante la 
presentación en el plazo ampliado a que se refiere el artículo único del mencionado real 
decreto-ley, del primer pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho 
período impositivo determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado 
regulado en dicho apartado.
2.  Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se 
haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a la opción 
extraordinaria prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra de negocios no 
haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la 
fecha en la que se inició el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción 
prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, mediante la presentación en plazo del segundo pago 
fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo que 
deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020 determinado 
por aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado en dicho apartado.
El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será 
deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del 
mismo período impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el párrafo 
anterior.
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a los grupos fiscales que 
apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
3.  El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este artículo 
quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los 
pagos correspondientes al mismo periodo impositivo.
Artículo 10.  Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de 
estimación objetiva en el ejercicio 2020.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al 
método de estimación objetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del mismo 
en la forma prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007,  e.e
de 30 de marzo, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica  b
con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los  54ww
reel qpulaiszioto ps rpeavirsat os ue na plali cleatcraió na )y d reel vaopqauretand loa  1re dneul nacritaíc aull om 3é3to ddeol  Rdee gelsatmimeanctoió nd eol bImjeptivuae setno 
od eml perdimianetre t rliam persetsree ndtealc eiójenr ecinc ipol a2z0o2 d1e e lna  ldae fcolramraac dióisnp cuoersretas ppoanrad ieenl mteé atol pdaog doe f reasctcimioancaidóon 
objetiva.
La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los 
mismos efectos respecto de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario.
Artículo 11.  Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia del estado de 
alarma declarado en el período impositivo 2020.
1.  Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, 
de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de 
aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del 
pago fraccionado en función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 
del artículo 110 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, en cada trimestre 
natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado 
declarado el estado de alarma en dicho trimestre.
2.  Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen 
actividades  empresariales  o  profesionales  incluidas  en  el  anexo  II  de  la 
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y estén acogidos al 
régimen especial simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que 
se refiere el artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, no computarán, en cada trimestre natural, 
como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado 
declarado el estado de alarma en dicho trimestre.
Artículo 12.  No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en 
el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1.  En el ámbito de las competencias de la Administración Tributaria del Estado, las 
declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presentadas por un contribuyente en 
el plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas tributarias resultantes de 
las mismas, impedirá el inicio del periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:
a)  Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo mencionado en el primer 
párrafo o anteriormente a su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, para el pago de las deudas tributarias 
resultantes de dichas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el  es
importe de dichas deudas. o
b)  Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria hasta el plazo  54www.
moed feaáe uxclaittmu omaloiqid sudomie dla aac. cisnioóclnoic, i dtuuínad s cd edere tfisfinidcaean decoli a feicnxi ópdnee dli nipdcloalu zpyooe rdn leda o pe renelt siidmeanpdtoa frcitnieóa nyn  cdlaiees r laad  eaducedrcealdasir tatarcitbiivóuont a-dlrieiqa uhsia dobabecjerióstnoe    OE-A-2020-45able en https://
c)  Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las 
deudas mencionadas.
d)  Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento 
de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de 
ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el 
plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.
En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos enumerados, no se habrá 
entendido impedido el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo previsto en el 
artículo 62.1 de la Ley 58/2003.
2.  Para el cumplimiento de sus fines, la Administración tributaria tendrá acceso 
directo y, en su caso, telemático a la información y a los expedientes completos relativos 
a la solicitud y concesión de la financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.
CAPÍTULO IV
Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo
Artículo 13.  Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de 
Promoción y Educación de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos 
del COVID-19.
1.  Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas 
regulado en el artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser 
destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:
a)  Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de 
necesitarlo para su funcionamiento.
A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta 
finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados 
de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho 
Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en 
un plazo máximo de 10 años.
b)  A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 
o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras 
entidades, públicas o privadas.
2.  Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la 
competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación o Promoción en los 
términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes 
la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su 
celebración a través de medios virtuales.
La asunción excepcional por parte del Consejo Rector de esta competencia se  s
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 cuando la protección de la salud de las socias  e.
y socios de la cooperativa continúe exigiendo la celebración virtual de la Asamblea General  w.
de la sociedad cooperativa y esta no sea posible por falta de medios adecuados o  54ww
sufic3i.e ntAe se.stos exclusivos efectos, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3
yP o1r9 .t4a ndteo ,la e Ll eFyo 2n0d/o1 9d9e0 ,F doer m19a cdieó nd iyc iePmrobmreo, csioóbnr eC Rooépgeimraetniv Foi sqcuael  dhea lyaas  Csiodoop aepralitcivaadso.   BOE-A-cable e
conforme a la letra a) del apartado 1 del presente artículo, no tendrá la consideración de 
ingreso para la cooperativa.
Artículo 14.  Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de 
la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.
1.  Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 12 meses más, el plazo 
de 36 meses contemplado en la letra b del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 44/2015, 
de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el límite previsto 
en dicha letra.
2.  Esta prórroga extraordinaria será aplicable, exclusivamente, a las sociedades 
laborales constituidas durante el año 2017.
Artículo 15.  Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real 
Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y modificación de su artículo 6.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo establecido en los artículos 5 y 6 
de dicha norma. El contenido de estos artículos se mantendrá vigente durante los dos 
meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la 
disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por la 
Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En atención a las 
circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en 
el presente precepto.
Asimismo, se modifica el título del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, que pasará a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan MECUIDA».
Artículo 16.  Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos en los 
títulos concesionales.
1.  Las Autoridades Portuarias, de conformidad con las competencias atribuidas por 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2011, de 5 de septiembre, podrán reducir motivadamente 
los tráficos mínimos exigidos para el año 2020, que se encuentren establecidos en los 
correspondientes títulos concesionales, en aquellos casos en los que no sea posible 
alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos comprometidos por causa de la crisis 
del COVID-19.
2.  La modificación de la actividad o del tráfico mínimo se realizará, a instancia del 
concesionario, motivadamente y de forma proporcionada en relación con los tráficos 
operados en el ejercicio 2019.
3.  En todo caso, no se aplicarán las penalizaciones por incumplimientos de actividad 
o tráficos mínimos atribuibles a la crisis del COVID-19 durante el ejercicio de 2020.
Artículo 17.  Medidas respecto de la tasa de ocupación.
1.  En las liquidaciones de la tasa de ocupación que se notifiquen con posterioridad a 
la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, para el ejercicio 2020, podrá reducirse 
la tasa de ocupación de las concesiones o autorizaciones, en aquellas respecto de las que 
se acredite que han experimentado un impacto significativamente negativo en su actividad 
como consecuencia de la crisis del COVID-19. La evaluación de dicho impacto se realizará  e.
caso a caso, tomando como base la actividad de los últimos cuatro años, conforme a  w.
criterios objetivos sobre un indicador de tráfico o, en su defecto, de ingresos imputables a  54ww
dich2a.  acEtivl idparodc.edimiento se iniciará a instancia del interesado, y la magnitud de la
rseiedmucpcreió nte nseiernád aop eronb caudean tpao lra  esli tCuaocnisóenj oe cdoen Aómdmicion-isfitnraancicóienr ad ed ec alad am Aisumtoar,i dsaind q Puoer ptuuaerdiaa,   BOE-A-cable e
superar el 60 % de la cuota íntegra en el caso de terminales de pasajeros y hasta el 20 %
en el resto de concesiones o autorizaciones, debiendo incorporarse a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado u otra norma con rango formal de Ley.
3.  Para el cálculo de la reducción serán de aplicación los criterios que establece el 
artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante.
Artículo 18.  Medidas respecto de la tasa de actividad.
1.  Las Autoridades  Portuarias,  a  solicitud  del  sujeto  pasivo,  justificando 
cumplidamente el impacto negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán dejar 
sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de actividad 
establecido en el artículo 188.b).2.º 1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y la Marina Mercante.
2.  Las Autoridades  Portuarias,  a  solicitud  del  sujeto  pasivo,  justificando 
cumplidamente el impacto negativo en su actividad de la crisis del COVID-19, podrán 
modificar para 2020 la exigibilidad de la tasa de actividad establecida en el título habilitante, 
suprimiendo en su caso el pago anticipado y difiriendo su liquidación al final del ejercicio 
en función de la actividad efectivamente desarrollada. En todo caso no será requerida más 
garantía que la del propio título concesional o autorización otorgada.
Artículo 19.  Medidas respecto de la tasa del buque.
1.  A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley y durante el 
ejercicio 2020, se establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrase 
amarrado o fondeado en aguas portuarias, como consecuencia de una orden de la 
Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, mientras dure esta 
circunstancia.
2.  Mientras dure el estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, a los buques de servicios marítimos 
que dejen de operar se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente por estancia 
prolongada en lo que se refiere a buques inactivos, desde el primer día de estancia en 
aguas portuarias.
3.  Mientras dure el estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, para los buques destinados a la 
prestación de servicios portuarios el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e). 8.º del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, se reducirá al 1,16.
4.  Para todas aquellas escalas que se registren desde la publicación del presente 
real decreto-ley y mientras se prolongue el referido estado de alarma, se establece un 
valor de 1,08 € para la cuantía básica S de la tasa del buque, a excepción de los buques 
que estén adscritos a un servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada en cuyo caso 
dicho valor será de 0,60 €.
Artículo 20.  Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario.
Previa solicitud, las Autoridades Portuarias podrán conceder el aplazamiento de la 
deuda tributaria correspondiente de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas 
desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y 
hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive. es
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: o
a)  El plazo máximo será de seis meses. 54ww
aplabz)a mNieon tos.e devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías para el
Artículo 21.  Terminales de pasajeros.
1.  Las pérdidas de ingresos que, como consecuencia de la reducción en la cuota 
íntegra de tasa de ocupación a que hace referencia el artículo 17 del presente real decreto-
ley, en aquellas Autoridades Portuarias cuyo tráfico de pasajeros ha sufrido un descenso 
significativo por la aplicación de las disposiciones que limitan la movilidad de personas, 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, impidiendo la 
entrada de cruceros con pasajeros en los puertos y reduciendo o eliminando líneas 
regulares de pasajeros, se tendrán en cuenta como criterio en el reparto del Fondo de 
Compensación Interportuario de 2020 y 2021, priorizando su asignación a aquellas 
Autoridades Portuarias cuyo resultado previsto del ejercicio fuere negativo sin contar dicho 
reparto.
2.  La puesta a disposición de medios humanos a favor del servicio durante el estado 
de alarma, por parte de los titulares de las licencias para la prestación del servicio portuario 
al pasaje en las terminales de pasajeros que atienden servicios marítimos regulares, será 
considerada a todos los efectos como un servicio de emergencia de acuerdo con lo 
previsto en los pliegos reguladores del servicio.
CAPÍTULO V
Medidas de protección de los ciudadanos
Artículo 22.  Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el 
período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.
La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la 
empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de 
situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera 
extinguido la relación laboral anterior.
Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al 
alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación 
laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción 
de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como 
consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se 
acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora 
desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la 
crisis derivada del COVID 19.
Artículo 23.  Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en 
situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
A efectos de lo establecido en la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se seguirán las siguientes normas 
para la disponibilidad de derechos consolidados en planes de pensiones:
1.  Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de la 
citada disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, los 
partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado, y los partícipes de 
los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para  e.
aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida. w.
Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de la modalidad de  54ww
pderefisntiadcaisó ne nd eréfigniimdae no  dme ipxtroess tatacmiónb iédne fipnoiddar áon  vdiniscpuolandear,s  paa lraa  maiqsumeall,a ds ec olonst idnegreencchiaoss 
cpoúnbslicoolid daed oess teanb leccaismoi ednet oess ota re la cfeecstea ddoes  apcotirv iudna dE, RdTeEriv, alad ossu sdpee lnas isóitnu adcei óanp edret ucrrais aisl   BOE-A-cable e
sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y
lo prevean las especificaciones del plan aprobadas por su comisión de control en las 
condiciones que estas establezcan.
2.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el partícipe 
del plan de pensiones que solicite la disposición mediante la presentación de los siguientes 
documentos ante la entidad gestora de fondos de pensiones:
a)  En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un expediente de 
regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se presentará el certificado de la empresa en el que se 
acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo 
en la relación laboral para el partícipe.
b)  En el supuesto de ser el partícipe empresario titular de establecimiento cuya 
apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se presentará declaración del 
partícipe en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en el apartado 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder hacer efectivos sus derechos 
consolidados.
c)  En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente 
integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo 
alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por 
el Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
d)  Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá 
sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los 
motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal 
aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo 
de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
3.  El importe de los derechos consolidados disponible será el justificado por el 
partícipe a la entidad gestora de fondos de pensiones, con el límite máximo de la menor 
de las dos cuantías siguientes para el conjunto de planes de pensiones de los que sea 
titular:
1.º  Dependiendo de cuál sea el supuesto de los indicados en el apartado 1 de la 
disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo:
a)  en el supuesto de encontrarse el partícipe afectado por un ERTE derivado de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: los salarios netos dejados de 
percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de cómputo máximo 
igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados con la última 
nómina previa a esta situación;
b)  en el supuesto de empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se 
haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo: los ingresos netos estimados que se hayan dejado de 
percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo máximo 
igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la  s
presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  oe.
correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre  w.
lAañ Racde)in dtoae  cndo eerrl  elsasuspp ouPneedsritseoon dnteeas st r aaFlb íúaslijtcaimadsoo r tyer siml apesos rat crueut;eonliqtau pidraocpiioan qeuse  dheulb iIemrapnu eessttoa dsoo pbrreev iealm Veanloter   2020-4554n https://ww
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo
alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad como consecuencia del estado de  Bc
alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir
como consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo 
máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados 
mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondientes al último trimestre.
En el caso de los apartados b) y c), el solicitante deberá aportar además una 
declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de 
ingresos.
2.º  El  resultado  de  prorratear  el  Indicador  Público  de  Renta  de  Efectos 
Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado por 
tres en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE, al periodo de 
suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la 
actividad, según, respectivamente, corresponda a cada uno de los supuestos a los que 
se refieren los apartados a), b) y c) del apartado 1 de la disposición adicional vigésima 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En todo caso, en los tres supuestos el 
periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes 
adicional.
4.  El partícipe será responsable de la veracidad de la documentación acreditativa de 
la concurrencia del supuesto de hecho que se requiera para solicitar la prestación, así 
como de la exactitud en la cuantificación del importe a percibir.
5.  El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles 
desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa. En el caso de los 
planes de pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se ampliará hasta treinta días 
hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa completa.
6.  Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de 
los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades 
de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En estos casos, las referencias 
realizadas en los apartados anteriores a las entidades gestoras, a los partícipes y a las 
especificaciones de planes de pensiones se entenderán referidas a las entidades 
aseguradoras, los asegurados o mutualistas, y a las pólizas de seguro o reglamento de 
prestaciones, respectivamente. En el caso de las mutualidades de previsión social que 
actúen como sistema alternativo al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán hacer efectivos los 
derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con dicha función 
alternativa.
7.  Los apartados anteriores definen los supuestos y condiciones en que podrá 
hacerse efectiva la facultad excepcional de liquidar los derechos consolidados prevista en 
la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En lo no 
previsto en tales apartados, se mantiene en vigor esta última disposición adicional 
vigésima.
8.  Las cuantías y la documentación indicadas en los apartados anteriores podrán ser 
modificadas por Real Decreto, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición 
adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Artículo 24.  Prórroga de diversos términos y plazos de presentación de información por  e.e
las personas y entidades sujetas a la supervisión de la Dirección General de Seguros  b
y Fondos de Pensiones. 54ww
aernttíicdEuanlod e e7ls   edajees relcagi cuLireoay dd 2oe0r as/2su0 sy1  f5rue,n adcseioe n1ge4us rda cedo ojmuralioso ,,a  sdueeto  horiarddbaeidlnit aad ceai ó slnau, p Dseuirrpveiecscrivóióinsn ióa Gn le ayn  qseuoraelvl  esdene c riSeaef idegerue rl aoessl    OE-A-2020-45able en https://
y Fondos de Pensiones para que, por medio de resolución y previo informe de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, pueda acordar la prórroga de los siguientes 
términos y plazos para los ejercicios que expresamente se indican:
a)  En el ámbito de la ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, los relativos a la presentación del Informe Periódico de Supervisión 
durante el año 2020; la presentación ante la autoridad supervisora y la publicación del 
Informe de Situación Financiera y de Solvencia referida al cierre del ejercicio 
económico 2019 y del correspondiente Informe Especial de Revisión; y la presentación 
ante la autoridad supervisora de la información cuantitativa, o estadístico-contable, anual 
por el ejercicio económico 2019 y trimestral por el primer trimestre del ejercicio 
económico 2020. En este ámbito, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
podrá también decidir el orden temporal de presentación de los modelos establecidos para 
tales periodos, conforme a las directrices y recomendaciones de la Autoridad Europea de 
Supervisión de Seguros y Pensiones de Jubilación.
b)  En el ámbito de la ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones 
así como de las entidades gestoras y depositarias de estos, los plazos y términos relativos 
a la presentación ante la autoridad supervisora del Informe sobre el grado de cumplimiento 
de las normas de separación entre la entidad gestora y la depositaria; del Informe sobre la 
efectividad de los procedimientos de control interno de las entidades gestoras de fondos 
de pensiones; de la Revisión financiero actuarial a la que se refiere el artículo 23 del 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero; y de la información estadística, financiera y contable, a efectos de 
supervisión, de los fondos de pensiones que actúan en España y de sus entidades 
gestoras, correspondiente al cierre del ejercicio económico 2019 y al primer trimestre del 
ejercicio económico 2020. En este ámbito, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones podrá, asimismo, acordar la configuración y contenido de los modelos a 
presentar para tales periodos.
c)  En el ámbito de la ordenación y supervisión de los distribuidores de seguros y 
reaseguros, los plazos y términos relativos a la presentación ante la autoridad supervisora 
de la información estadístico-contable y de negocio correspondiente al cierre del ejercicio 
económico 2019.
Artículo 25.  Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social.
Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado 
un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas 
resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento.
Artículo 26.  Creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P.
1.  Se crea la Fundación España Deporte Global, F.S.P., como organización sin fin de 
lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad, que tiene afectado de modo duradero 
su patrimonio al cumplimiento de sus fines, sin otras limitaciones que las establecidas por 
las leyes y por sus Estatutos. Se encuentra adscrita a la Administración General del 
Estado, a través del Consejo Superior de Deportes, O.A.
2.  La Fundación España Deporte Global, F.S.P. se regirá por sus Estatutos, y por lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por  es
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por la legislación autonómica que  o
resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo  54www.
ecpornon mlt3aroo.s l c meióLcanaot, en Firómiumapnsiudc leoasn-cof ii nóqyaun dne iEc fuliseesp risoóae nñya a dd  deeDel  ce doapenpoptlroirctareattea cG ciófielónodn bel adara el,ndl  ooFsre.,m Sco.atlPoítm.riv  pptaiúie cpbnorle iecy so cup.opamruaeolís mtfaipnri icafou, ,nc adosaníct aciobonlmea,o l d lleaa    OE-A-2020-45able en https://
internacionalización del deporte español.
Para el cumplimiento de dichos fines, la Fundación España Deporte Global, F.S.P. 
ejercerá, en apoyo de las funciones propias del Consejo Superior de Deportes, las 
actividades establecidas en sus Estatutos, entre las que figurarán necesariamente las 
siguientes:
a)  Análisis, estudio e identificación de las prioridades en el ámbito del deporte 
federado.
b)  Diseño de proyectos de difusión y promoción nacional e internacional del modelo 
de deporte español.
c)  Gestión y justificación de fondos recibidos para el cumplimiento de sus fines, 
analizando de forma continua los resultados obtenidos con el fin de establecer áreas de 
mejora que permitan una mejor consecución de los fines fundacionales.
d)  Gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las Federaciones 
Deportivas y competiciones distintas al fútbol, cuando no quieran asumirlos por sí mismas.
En ningún caso podrá ejercer potestades públicas.
4.  El Patronato es el órgano de gobierno y representación legal de la Fundación, 
cuya Presidencia corresponde al titular de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, O.A.
Formarán parte del patronato, en los términos previstos en los Estatutos, entre otros, 
la Real Federación Española de Fútbol, La Liga de Fútbol Profesional («LaLiga»), y las 
restantes Federaciones deportivas españolas y competiciones oficiales y no oficiales.
5.  La Fundación España Deporte Global, F.S.P, una vez se cumplan todos los 
requisitos exigidos para su funcionamiento, será la única entidad que podrá asumir la 
gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las Federaciones Deportivas 
y competiciones distintas al fútbol, cuando no quieran asumirlos por sí mismas.
6.  No será de aplicación para la creación de la Fundación España Deporte 
Global, F.S.P. lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 133 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición adicional primera.  Extensión de los plazos de vigencia de determinadas 
disposiciones tributarias del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en 
el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en las 
disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19, se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.
Disposición adicional segunda.  Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1.  El  periodo  de  vigencia  del  estado  de  alarma  declarado  por  el  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus  s
posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones  e.
comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, no computará  w.
tal periodo en la duración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de  54ww
Irneqspueercimcióienn todse. Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de cualesquiera
comSpero beaxtcoerpiatús ayn  adqeu elollo se srteaqbuleecriimdoie netno se ly  póárrdreanfoe sa dnete rpioarr aalizqauceilólans  daecritvuaadcoiosn dees   BOE-A-cable e
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o
aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del 
interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal motivación 
al interesado.
2.  Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posibles prórrogas, quedan suspendidos los 
plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere 
al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social.
3.  Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, están afectados por la suspensión de plazos 
administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo.
Disposición adicional tercera.  Límite máximo de la línea de avales para la cobertura por 
cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad 
social y económica, aprobada en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19.
En relación con la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como 
consecuencia de la expansión del COVID-19, aprobada en el artículo 9 del Real Decreto-
Ley 11/2020, de 31 de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
podrá conceder avales por un importe máximo de 1.200 millones de euros.
Disposición adicional cuarta.  Ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido 
para las ayudas para la reconstrucción o rehabilitación de viviendas o para la 
reparación de daños causados por los seísmos ocurridos en Lorca, Murcia, en 2011.
Cuando la ejecución de las obras de reconstrucción o de rehabilitación de las viviendas 
o para la reparación de daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de 
mayo de 2011 en Lorca, haya superado los plazos de 24 y 12 meses fijados, 
respectivamente, en el artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, los 
interesados podrán solicitar la ampliación del plazo concedido, en los supuestos y con los 
efectos que determine la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la normativa 
reguladora de estas ayudas, de conformidad con las competencias que le corresponden 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto- ley 6/2011, de 13 de mayo, el 
artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago 
de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e 
impulsar la actividad económica de Lorca y los convenios suscritos en ejecución de los 
mismos.
Disposición adicional quinta.  Asistencia jurídica.
Como consecuencia de la asunción de la gestión del Régimen de Clases Pasivas del 
Estado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la asunción de las funciones que 
a tal efecto se le atribuyen a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
resulta necesario que a esta Dirección General le preste asistencia jurídica el Servicio  es
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. o
OSener dgjuAeuin rcitaidaocal  eidóen nSf em odccateoita e,ll ar,li  aacS o daemegs piucsrlretaiednsnadecdesi  arpSá a jotusacrinviíadatoli sc p eayol   roaq tsuereael ss So dpererarebvmsaicti aeiopcn riteJoousn ctreaíodsrm,is caeoos   laíad c  erloa eml paDro eAi rlsadee mcancsitniaiósicsntietó rnGnac ceyiain ód enjuer rfadeídlen id csleaaa     2020-4554n https://www.
en aquellos asuntos que afecten a los intereses de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social en los términos que determine la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social y Pensiones.
Disposición adicional sexta.  Adaptación normativa de la legislación del Régimen de 
Clases Pasivas.
Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones
1.  Toda referencia hecha en el título I del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por 
el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado causadas por actos de terrorismo, a la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o a la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Defensa, se entenderá hecha al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.
2.  Toda referencia hecha en el título I del Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por 
el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2009, en materia de pensiones de Clases Pasivas y de 
determinadas indemnizaciones sociales, a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o a la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa, se entenderá hecha al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de los informes que para la tramitación de las prestaciones 
deba emitir la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, de conformidad 
con el artículo 13 del Real Decreto 710/2009, de 17 de abril.
3.  Toda referencia hecha en el Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el 
que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen 
de Clases Pasivas del Estado, a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o a la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa, se entenderá realizada al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
4.  Toda referencia hecha en el Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre, por el 
que se reglamenta la profesión de Habilitado de Clases Pasivas en los aspectos de la 
misma relacionados con los fines administrativos en materia de Clases Pasivas y con el 
interés general, que sigue siendo de aplicación en virtud de la disposición transitoria cuarta 
de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2011, y en el Real Decreto 1729/1994, de 29 de julio, sobre el procedimiento 
sancionador aplicable a los habilitados de Clases Pasivas, a la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, se entenderá realizada al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social.
5.  Toda referencia hecha en el artículo 6 Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, 
sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del 
personal de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social 
españoles, a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del 
Ministerio de Economía y Hacienda o a la Dirección General de Personal del Ministerio de 
Defensa, se entenderá realizada al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
6.  Toda referencia hecha por las normas reguladoras del Régimen de Clases Pasivas 
a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de 
Economía y Hacienda o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, se  e.e
entenderá realizada al Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de gestión de  b
prestaciones, sin que queden afectadas las competencias que la Sanidad Militar tiene para  54ww
rpesaicliozfaísr icloass  rye csoun opcoismibielen troesla mciéódni ccoosn  eenl  lsoesr veicxipoe yd,i eennt essu d cea isnos,u cfiocnie nlac icao dnes idceornadcicióionn dees 
alat eSnatandidoa dte Mrroilritiastra t,e ansdír ácno mcaor ápcatrear  dperecclaerpatriv eol  yg rvaindcou dlaen dteis.capacidad. Los dictámenes de
Corresponde a los órganos competentes del Ministerio de Defensa la resolución de los 
expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal militar, con la 
correspondiente declaración de pase a retiro, resolución del compromiso o utilidad con 
limitaciones para determinados destinos, incluidos los que sean en acto de servicio o a 
consecuencia de atentado terrorista, así como la declaración de pase a retiro del personal 
militar de conformidad con la legislación militar vigente.
Asimismo, toda referencia de contenido presupuestario debe entenderse realizada a 
los presupuestos de la Seguridad Social.
Disposición adicional séptima.  Financiación estatal de los gastos imputables a la gestión 
del Régimen de Clases Pasivas.
El Estado transferirá a la Seguridad Social el importe necesario para la financiación de 
la totalidad del gasto en que incurran el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la 
Tesorería General de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social, 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y el Servicio Jurídico de la Administración 
de la Seguridad Social por la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Disposición adicional octava.  Gestión por la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social de determinadas prestaciones públicas.
Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social asumirá las 
siguientes competencias en las prestaciones reguladas en las normas que a continuación 
se relacionan, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otros órganos de la 
administración en la realización de trámites necesarios para la debida gestión de estas 
prestaciones:
1.  Las contempladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el 
que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de 
terrorismo.
2.  El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las prestaciones recogidas 
en los párrafos del artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que 
se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público.
3.  La gestión de las prestaciones contempladas en la Ley 35/1995, de 11 de 
diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual.
4.  La gestión de las prestaciones reguladas en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de 
diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de 
Alimentos.
5.   La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, 
sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en 
favor de las viudas, y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o 
con ocasión de la pasada guerra civil.
6.  La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre 
pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
7.  La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 37/1984, de 22 de octubre, de  es
reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil  o
formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de  54www.
Cpao acrr aa8eub.l  siqnaueL erado  segse  ed lrsaeet i góplauna l Rsadaneed p plaúae bsnc lsipocirnoaetn.sieetansc daiao f nanevoso  rrp edugeeu dlloaasdn ae ssin petaenñg eorlal eDrsse eqc ureeent oh  ea6lb7 iC0e/nu1de9or7p 6sou,  fddreied  o5C  mdaeub tamillalaecrrizóoons,    OE-A-2020-45able en https://
Mutilados de Guerra por la Patria.
9.  La gestión de las prestaciones reguladas en la Ley 6/1982, de 29 de marzo, de 
pensiones a los mutilados civiles de guerra.
10.  El reconocimiento de obligación y propuesta de pago de las pensiones cuya 
propuesta de pago viene realizando, hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma, la 
Dirección General de Costes de Personal con cargo a la sección 07.
11.  El reconocimiento de obligación y propuesta de pago del capital coste de las 
pensiones extraordinarias por terrorismo previstas en el Real Decreto 1576/1990, de 7 de 
diciembre, por el que se regula la concesión en el sistema de la Seguridad Social de 
pensiones extraordinarias motivadas por acto de terrorismo.
Disposición adicional novena.  Reglas aplicables a las ayudas con cargo a financiación de 
convocatorias públicas en el ámbito universitario
1.  Los beneficiarios de ayudas con cargo a la financiación procedente de 
convocatorias realizadas por el Ministerio de Universidades dirigidas a estudiantes 
universitarios, personal investigador, y/o profesores universitarios, podrán solicitar, previa 
justificación, las modificaciones oportunas en las condiciones de sus ayudas, cuya 
realización se haya visto perjudicada como consecuencia de las medidas tomadas tanto 
en España como en los países de destino a causa de la pandemia ocasionada por 
la COVID-19.
2.  Los costes derivados de dichas modificaciones serán financiados con cargo a los 
presupuestos del órgano convocante. Se autoriza a los titulares de los órganos superiores 
y directivos convocantes la realización de las modificaciones y variaciones presupuestarias 
que resulten necesarias para dar lugar a dicha financiación, así como la reanualización de 
los expedientes de gasto correspondientes.
3.  Los órganos convocantes podrán dictar las resoluciones que resulten precisas 
para adaptar las condiciones previstas en sus correspondientes convocatorias de 
ayudas contempladas en este real decreto ley, pudiendo modificar mediante las mismas 
las condiciones y plazos de la ejecución y justificación de las ayudas, así como cuantas 
cuestiones pudieran afectar al adecuado desarrollo de las ayudas en sus distintas 
modalidades y otros conceptos de gasto por motivo de las medidas tomadas tanto en 
España como en los países de destino a causa de la pandemia y de la aplicación de lo 
dispuesto en esta disposición.
Disposición adicional décima.  Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por 
una entidad gestora.
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran 
ejercitado la opción prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni la 
opción por una mutua, en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 83.1.b), anteriormente citado, ejercitando la opción y formalizando 
el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización 
del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo mes  e.e
siguiente a la finalización de este plazo de tres meses. b
Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior  54ww
seinnt eqnudee erál  tqraubea jhaad oorp htaudboie rpeo rf olram maluiztaudao c eoln c morareysopr onnúdmieenrtoe  ddeo cturambeanjatod odree sa dahuetósnióonm, soes 
aasdohceisaidóons c eonn  leaf epcrotov idnecsiad ed eel ld doíma ipcriliimo edreol  dinetel sreesgaudnod,o p mroedsu csiiégnudieonstee  aau ltao mfináatilcizaamceiónnt ed elal 
plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior. Con el fin de hacer efectiva dicha
adhesión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos 
del trabajador autónomo que sean estrictamente necesarios.
La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con 
indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas.
Disposición adicional undécima.  Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una 
mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el 
artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos realizada para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de 
actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador 
autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria 
por cese de actividad así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias 
por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad 
temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la 
protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal 
anterior cubierta con la entidad gestora.
La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas de los 
procesos que se hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de la 
protección a que se refiere el párrafo primero, seguirá correspondiendo a la entidad 
gestora.
Disposición adicional duodécima.  Apoyo financiero a las actuaciones en parques 
científicos y tecnológicos.
1.  Las cuotas que venzan en 2020 derivadas de préstamos o anticipos concedidos a 
entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos en virtud de las convocatorias 
gestionadas exclusivamente por el Ministerio de Ciencia e Innovación, o el Ministerio 
competente en materia de investigación, desarrollo e innovación en años anteriores, desde 
el año 2000 quedarán aplazadas a la misma fecha del año 2021.
2.  Dichas entidades podrán, asimismo, solicitar al Ministerio de Ciencia e 
Innovación la refinanciación de las cuotas con vencimiento en años anteriores a 2020, 
derivadas de los préstamos o anticipos referidos en el apartado anterior, incluyéndose 
las cuotas derivadas de los aplazamientos concedidos en virtud de las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para los años 2011 a 2015, para el año 2017, y en 
el Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la 
Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.
Si se acordara la refinanciación de cuotas que se encontraran en período ejecutivo de 
pago, gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación procederá a emitir la orden de cancelación del cargo con la finalidad 
de evitar la continuación del procedimiento ejecutivo sobre las mismas.
3.  La refinanciación de cuotas implicará la constitución de un nuevo préstamo con  e.e
arreglo a las siguientes condiciones: b
qlause c absu))eo   taaENpslol  ipac vrpóianl arecizanipar láada la e cssloe  psnrleáacr ezl aoos bi sómjuenámt odxa iedm lde ope f r rdléaaessc tv caceimounnoocat iaommsri iiegaeni nnrtteoaof r.idni oNea o dnlo ecosi abc prsa,rt décaaasn tptcaeiutm,a olloatizassa.  ocduraiogsti naaasl  rtdiipoeos p,  dpreéu sdintiaetemnrdéooss    OE-A-2020-45able en https://
cuyo plazo máximo de vencimiento se produzca en 2020 o 2021 podrán ser refinanciadas 
hasta el año 2022.
c)  Las cuotas refinanciadas devengarán el tipo de interés de la deuda emitida por el 
Estado en instrumentos con vencimiento similar. En el caso de que el tipo de interés de 
dicha deuda fuera negativo, el nuevo préstamo tendrá un tipo de interés cero, no 
devengando intereses ni a favor del Estado ni de las solicitantes de la moratoria.
d)  El importe del nuevo préstamo que se constituya se deberá destinar a la 
cancelación de los derechos reconocidos en la contabilidad de la Administración General 
del Estado en relación con las cuotas ya vencidas que se refinancian, así como del resto 
de la deuda que se refinancie.
e)  A dicha refinanciación resultarán de aplicación las garantías que se hubieran 
constituido con ocasión del préstamo original.
f)  Se respetarán, en cualquier caso, los límites de intensidad de ayuda permitidos por 
la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
4.  Mediante orden de la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación podrán 
dictarse las instrucciones que sean precisas para el desarrollo y cumplimiento de lo 
previsto en esta disposición adicional.
Disposición adicional decimotercera.  Autorización de endeudamiento del Consorcio 
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
En virtud de los establecido en el artículo 111.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, se autoriza para el ejercicio 2020 el endeudamiento del Consorcio 
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) por 
un importe máximo de 47.888.247,62 €. El tipo de interés será el aplicable para los 
préstamos y anticipos de la política de investigación, desarrollo e innovación, según lo 
establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Disposición adicional decimocuarta.  Reglas aplicables a los contratos predoctorales para 
personal investigador en formación suscritos en el ámbito de la investigación.
1.  Las entidades que hubieran suscrito contratos predoctorales para personal 
investigador en formación con financiación que no proceda de convocatorias de ayudas de 
recursos humanos realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el marco de la Ley 14/2011, de 12 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los mismos en las condiciones 
previstas en esta disposición adicional exclusivamente cuando se encuentren dentro de 
los últimos doce meses del contrato.
2.  La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el tiempo de duración del 
estado de alarma y por el periodo que este pudiera prorrogarse ante la emergencia 
sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, en los términos previstos en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por motivos 
justificados, se podrán prorrogar los contratos por hasta tres meses adicionales al tiempo 
que en su totalidad dure la declaración de estado de alarma.
3.  En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga 
podrá exceder los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio.
4.  La prórroga de los contratos laborales requerirá acuerdo suscrito entre la entidad  es
contratante y la persona empleada con carácter previo a la fecha prevista de finalización  o
del contrato. 54www.
caeaustrtaog5sro.i z  eaan L latooid ssloa  cspdo retesisttsu eullasap  rlureaeesbas odltirozeasa lel codsisóe  yn ó l sradgo eaec ninalaotliessd s asm dduo epqdreiuivrfeiiaco darheocussibo  ydine eedr asidr  eiyscc uhtvsaivac oprrisirató,oc rp iroeornelg escaisod s nepetnrrreaátesntosu  f piydnu eade nisrtcretaaicabrtdoiaaorjseos s. q c Sudoeeen     OE-A-2020-45able en https://
resulten necesarias para dar lugar a dicha financiación, incluidas las que se lleven a cabo
con cargo a financiación externa, así como la reanualización de los expedientes de gasto 
correspondientes.
6.  Las entidades suscriptoras de los contratos podrán dictar las resoluciones que 
resulten precisas para adaptar estas previsiones en sus respectivos ámbitos de actuación, 
así como prever otras cuestiones necesarias para una adecuada gestión.
7.  Las previsiones contenidas en este apartado podrán aplicarse a los contratos 
predoctorales que finalicen desde el 2 de abril de 2020.
Disposición adicional decimoquinta.  Otorgamiento unilateral por el acreedor de los 
instrumentos notariales en que se formaliza la ampliación de plazo derivada de la 
moratoria legal de los préstamos o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro 
derecho inscribible distinto.
1.  El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria 
durante el plazo de tres meses prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, no estará sujeta a lo dispuesto en la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédito inmobiliario.
2.  Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura 
pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el artículo 13.3 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por la citada entidad, a los efectos de que pueda 
procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la 
Propiedad.
3.  Igualmente, será obligación unilateral de la entidad acreedora promover la 
formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de 
la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía 
hipotecaria prevista en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19 y, la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes 
Muebles, siempre que el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho 
inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a cualquier solicitud 
de moratoria presentada al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo o del artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aun cuando la 
solicitud del acreedor o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran 
producido con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley.
Disposición transitoria primera.  No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas 
tributarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere el artículo 29 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Lo dispuesto en el artículo 12 será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 
de mayo de 2020.
En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones comprendidas en el párrafo anterior que hubieran sido objeto de 
presentación con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, respecto de 
las que ya se hubiese iniciado el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el  e.e
artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán  b
en periodo voluntario de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes  54ww
cdierc cuainn) csotaQ dnuícaeias e sal:  ocbolnigtaard doe tsridbeu tealr isoig aupieonrttee  aa ll ad eA dlam einnitsratrdaac ieónn  Tvirgibour tdaeri ae setne  erel apll adzeoc rmeátox-ilmeyo,   OE-A-2020-45able en https://
un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la
solicitud de financiación en los términos del apartado 1, letra a), del artículo 12, incluyendo 
el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
b)  Cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, letras c) y d), del 
artículo 12.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las letras a) y b) 
anteriores determinará el inicio o la continuación de las actuaciones recaudatorias en 
periodo ejecutivo desde la fecha en que dicho periodo se inició conforme a lo señalado en 
el segundo párrafo de esta disposición.
Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio en la gestión del Régimen de Clases 
Pasivas.
1.  De forma inmediata y una vez aprobado el real decreto de estructura del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se iniciarán los trámites para la adaptación 
de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la 
asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. En tanto no culmine este proceso de adaptación, esta 
gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Hasta esa fecha, toda referencia hecha en el texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderá referida a la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Asimismo, y hasta que se produzca la asunción de la gestión por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, corresponderá a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento de las 
obligaciones y propuesta de los pagos de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas 
del Estado, así como interesar del Ordenador General de Pagos del Estado la realización 
de los correspondientes pagos.
2.  La ordenación del pago y las funciones de pago material de estas prestaciones 
que correspondan a la Tesorería General de la Seguridad Social serán realizadas durante 
este periodo transitorio por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3.  El reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas se reclamará, durante 
el periodo transitorio, por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1134/1997, de 11 de julio, por el que se regula 
el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas y otras normas en materia de 
clases pasivas.
4.  Durante el citado periodo transitorio, toda reclamación económica en relación con 
el referido Régimen será competencia de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social y del Tesoro Público.
5.  A los procedimientos iniciados en la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Defensa en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no 
les será de aplicación lo previsto en este real decreto-ley, rigiéndose por la normativa 
anterior.
Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio hasta la aprobación de los Estatutos 
de la Fundación España Deporte Global, F.S.P. y su inscripción en el Registro de 
Fundaciones de competencia estatal.
En tanto no se proceda a la aprobación de los Estatutos de la Fundación España  b
Deporte Global, F.S.P., y la inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia  54ww
eesnt alata lle, teral  Cf)o dnesel ajop Sarutpaedroio 1r  ddee lD aertpícourtleos 6 g deestl ioRneaarlá D deircercettaom-leeyn t5e/ 2la0s1 c5a, ndteid 3a0d edse p arebvriils, tdaes 
mcoendteidnaids ousr gaeundtieosv iesuna rleelsa cdieó nla cso cno lma pceotmiceiorcnieasli zdaec ifóúntb doel  plorosf edseiroencahlo; sd edset ineáxnpdlootalacsió an  ldoes 
fines allí establecidos.
En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, deberán 
aprobarse los Estatutos de la Fundación España Deporte Global, F.S.P.
Disposición transitoria cuarta.  Disposiciones aplicables a determinados préstamos 
universitarios.
1.  Aquellas personas que hayan suscrito préstamos universitarios concedidos a 
través de las convocatorias aprobadas mediante Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, 
por la que se regulan los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para realizar 
estudios de Máster universitario; Orden EDU/3108/2009, de 17 de noviembre, por la que 
se regulan los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para realizar estudios 
de posgrado de Máster universitario o de Doctorado; y Orden EDU/3248/2010, de 17 de 
diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de 
posgrado de máster y de doctorado, podrán optar, con anterioridad al día 31 de julio 
de 2020, por la novación de sus respectivos instrumentos contractuales, en los términos 
establecidos en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de 
febrero, de medidas de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 
Innovación y la Universidad.
2.  Se establece un periodo de carencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2020 
para todos aquellos préstamos que se acojan a esta novación, sin perjuicio de lo 
establecido respecto del período de carencia en la disposición transitoria única del Real 
Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la 
Tecnología, la Innovación y la Universidad.
Disposición transitoria quinta.  Comprobación de los requisitos de incorporación en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
La comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecida en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que se encuentre 
pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley, se efectuará atendiendo a la concurrencia de 
los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
conforme a la redacción dada a dicho artículo por la disposición final sexta.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el real decreto por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda modificado como sigue:
Uno.  El apartado 2 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Cuando fallezca el beneficiario de alguna prestación de Clases Pasivas del 
Estado, los haberes en que esta se concreta, devengados y no percibidos, se 
abonarán a los herederos por derecho civil, a instancia de parte legítima. El ejercicio 
de la acción por uno de los herederos redundará en beneficio de los demás que  e.e
pudieran existir. En el supuesto de que aquellos haberes hubieran sido devengados,  b
y percibidos por el interesado o por la comunidad hereditaria, no procederá la  54ww
solicLitau dre dseo lureciinótne gsroob preo rh laobse sreesrv diceiovse ndgea Cdolass eas q Puea ssivea rse.fiere el párrafo anterior se
atadnotpot alar ád poocur mloes nctoarcrieósnp qouned,ie ennte ssu s ecravsicoi,o ps uddeie Crala sseers  aPpaosritvaadsa  tepnoire nedl oh eerne dceureon, toa 
herederos, como la obrante en dichos servicios, sin que sea necesaria, salvo que
por los mismos se estime oportuno, la consulta al Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social, quedando habilitada la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social para dictar las instrucciones que, a tal efecto, 
resultaran precisas».
Dos.  El artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11.  Competencia para el reconocimiento de derechos pasivos y la 
concesión de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado.
1.  El reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones 
de Clases Pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares por el personal a 
que se refiere el artículo 3.1 de este texto corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.
2.  Las competencias mencionadas en este precepto se entenderán sin 
perjuicio de las funciones que en la materia corresponda ejercer a los Servicios 
Jurídicos, Fiscales o Intervenciones Delegadas correspondientes».
Tres.  El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.  Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del 
Estado.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la entidad gestora competente 
para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones 
y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas.
2.  Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la administración y 
disposición de los créditos para prestaciones de Clases Pasivas.
3.  La ordenación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas y el pago 
material de las mismas corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.
4.  La realización de las funciones de pago material de dichas prestaciones es 
competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social».
Cuatro.  El apartado 3 del artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«3.  El cómputo a efectos del Régimen de Clases Pasivas de los servicios 
reconocidos por los órganos y entidades mencionados es de la competencia 
exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social».
Cinco.  Se suprime el apartado 2 del artículo 14, quedando el apartado 3 como 
apartado 2, y se da nueva redacción al apartado 1 en los siguientes términos:
«1.  Los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de 
Clases Pasivas pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Con carácter previo a la vía contencioso-administrativa podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social».
Seis.  El apartado 1 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«1.  Las cantidades indebidamente percibidas por los beneficiarios de las  e.
prestaciones de Clases Pasivas deberán reintegrarse en los términos y condiciones  w.b
previstos en la normativa sobre reintegro de prestaciones indebidas del sistema de  54ww
la SNegou roidbastda Sntoec ilaol .dispuesto en el párrafo anterior, cuando el perceptor de las
cparenstitdaacdióens  qquuee  dhiou bluiegraarn a rle rseuinlttaedgoro i nod deeb idcuaas lqcuoinetrinau oatrraa  dsiee ncdlaos ebse npeafsiciviaarsio,  pdoed rlaá 
acordarse el pago de la deuda con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión, 
en los términos y en la forma que reglamentariamente se establezca».
Siete.  Los apartados 2 y 4 del artículo 34 quedan redactados del siguiente modo:
«2.  A estos efectos, la declaración de ausencia legal del causante de los 
derechos pasivos no se considerará determinante de los derechos de sus familiares, 
que solamente nacerán con la declaración de fallecimiento del ausente, acordada 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Código Civil.
La fecha de nacimiento de los derechos se retrotraerá siempre a la que en la 
resolución judicial se precise como de fallecimiento, sin perjuicio de lo que en punto 
a prescripción se dice en el artículo 7 de este texto.
Sin embargo, si el declarado ausente legal fuera perceptor de pensión de 
jubilación o retiro o, el mismo, atendiendo a su edad y al período de servicios 
efectivos al Estado, tuviera derecho a las citadas pensiones de jubilación o retiro, 
sus familiares podrán acceder a la pensión que a ellos hubiera correspondido en 
caso de fallecimiento del causante.
Esta pensión será reconocida con carácter provisional desde el día 1 del mes 
siguiente al de la declaración de ausencia legal, a resultas de la de fallecimiento que 
en su día se produzca o, en otro caso, de la presentación del ausente o de la prueba 
de su existencia. Por los pagos así efectuados no procederá formular reclamación 
alguna al Instituto Nacional de la Seguridad Social por parte del declarado ausente 
legal que después aparezca, sin perjuicio del derecho de este último a reclamar las 
diferencias entre lo abonado a sus familiares y lo debido percibir por el mismo y solo 
en cuanto a las cantidades no prescritas por el transcurso del tiempo».
«4. No cabrá formular reclamación alguna a la Administración de la Seguridad 
Social por razón de los acuerdos que hubieran podido adoptarse de conformidad 
con la resolución judicial declaratoria del fallecimiento, sin perjuicio de que los litigios 
que puedan surgir entre los interesados se sustancien ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria. Asimismo, no cabrá exigir el reintegro de las cantidades 
percibidas al titular de la pensión concedida en base a la declaración de 
fallecimiento».
Ocho.  Los apartados 1 y 3 del artículo 37 ter quedan redactados del siguiente modo:
«1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social suspenderá cautelarmente el 
abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga 
sobre el beneficiario resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de 
criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día 
primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.
En los casos indicados, la suspensión cautelar se mantendrá hasta que recaiga 
sentencia firme u otra resolución firme que ponga fin al procedimiento penal o 
determine la no culpabilidad del beneficiario.
Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado por sentencia 
firme por la comisión del indicado delito, procederá la revisión del reconocimiento y, 
en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 37 bis. En este supuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
fijará el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona  s
condenada. oe.
Cuando, mediante sentencia o resolución judicial firme, finalice el proceso sin la  w.
rpheaafbgeeorir dsdaee  c aloacn odprerdenasadt oao c lsaióe ns du sesutpeserpnmesininódeni d»laa.  ncoo ncu llopsa beifliedcatdo sd eqlu bee nheufbicieiararion,  psreo rceehdaidboil itdaerá n eol   2020-4554n https://ww
«3.  Durante la suspensión del pago de una prestación acordada conforme a lo
previsto en este artículo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social fijará el importe  Bc
de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona contra la que se
hubiera dictado la resolución a que se refiere el apartado 1. Dicho importe tendrá 
carácter provisional hasta que se dicte la resolución firme que ponga fin al proceso 
penal.
En el caso de archivo de la causa o de sentencia firme absolutoria, se procederá 
al abono de las prestaciones cautelarmente suspendidas. No obstante, el 
beneficiario de la pensión calculada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior 
no vendrá obligado a devolver cantidad alguna».
Nueve.  El artículo 37 quater queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 37 quater.  Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados 
supuestos.
En el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, 
cuya patria potestad o tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se 
hubiera dictado resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de 
criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisión del delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, la pensión no le será abonable a dicha 
persona.
En todo caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensión, así como toda 
resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que una persona que 
tenga atribuida la patria potestad o tutela es responsable del delito doloso de 
homicidio para que proceda, en su caso, a instar la adopción de las medidas 
oportunas en relación con la persona física o institución tutelar del menor o de la 
persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe abonarse la 
pensión. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situación procesal, la 
Administración, cuando así proceda, comunicará también al Ministerio Fiscal la 
resolución por la que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no de la resolución 
judicial en que se acuerde».
Diez.  El apartado 2 del artículo 47 queda redactado del siguiente modo:
«2.  Dará origen a pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad del personal comprendido en este capítulo, 
entendida esta incapacidad en los términos expuestos en el artículo 28.2.c), siempre 
que la misma se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o 
como consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad causante de la inutilidad, 
esta deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como 
consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado.
En todo caso, dicho personal, en cuanto se incapacite o inutilice en acto de 
servicio o como consecuencia del mismo, será declarado jubilado o retirado.
La jubilación o retiro se declarará por los organismos y entidades mencionados 
en el precedente artículo 28.3, siendo de la competencia exclusiva del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la concesión o no de pensión extraordinaria. Todo 
ello sin perjuicio de la competencia que tiene el Ministerio de Defensa en la 
determinación de la naturaleza de acto de servicio».
Once.  La disposición adicional duodécima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional duodécima.  Suministro de información. e
Saeujeetgróc1uni.rco iidmoaL aadosn sS u oooa rdclg,ei aaa llnla  yiIssn  Mmdstiiopigtsuur attcoaco ciNomionapneceesiots,e n yfnao tdlre aedsl  eeHd sela aypc  eSiaeneyndugdinueatrn aiodtme,a seide n dnS etsoo ulcso i csafaa lM,cs aioilni ,te aidsfreetáec nrltai,oo sdss e c ddnoeetmr  olIaun d ncgeildeu cassatidóidóenans,     2020-4554n https://www.
de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones cuya gestión tienen
encomendada en el ámbito de sus competencias, los datos que soliciten relativos a
la situación laboral, los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de 
prestaciones, así como de los beneficiarios cónyuges y otros miembros de las 
unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, 
mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos 
cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las 
prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.
2.  El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información que solicite acerca de las 
inscripciones y datos obrantes en el mismo y que puedan guardar relación con el 
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones 
económicas cuya gestión tiene encomendada.
3.  Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones de su 
competencia que obren en poder del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que 
hayan sido remitidos por otros organismos públicos mediante transmisión telemática 
o cuando aquellos se consoliden en los sistemas de información de Clases Pasivas, 
como consecuencia del acceso informático directo a las bases de datos corporativas 
de otros organismos, surtirán plenos efectos y tendrán la misma validez que si 
hubieran sido notificados por dichos organismos mediante certificación en soporte 
papel».
Doce.  El apartado Dos de la disposición adicional decimoquinta queda redactado del 
siguiente modo:
«Dos.  El derecho de la Administración a solicitar el reintegro de las 
prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años a partir de la 
fecha de su percepción o de aquella en que pudo ejercitarse la acción para exigir su 
devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida.
Para el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, el plazo de prescripción será, asimismo, de 
cuatro años».
Trece.  El apartado 2 de la disposición adicional decimoctava queda redactado del 
siguiente modo:
«2.  El complemento por maternidad se reconocerá por el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. No obstante, la competencia para el abono corresponderá en 
todo caso a la Tesorería General de la Seguridad Social.
El complemento por maternidad en ningún caso formará parte de la pensión de 
jubilación o retiro a efectos de la determinación de la base reguladora en el 
reconocimiento de pensiones en favor de los familiares del personal comprendido 
en el ámbito de aplicación de este texto refundido».
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se modifica el número 2.º 
del apartado dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que queda redactado como sigue:
«2.º  Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración  e
de  servicios  prestados  por  vía  electrónica,  que  no  contengan  única  o  bo
fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en  54ww
cqreousneut Seslteena  iddecooon smtirn epdmgreeue nevddníidae cetroooá n nloja u e nmontb aúetmsesicneteacn  itnóaeúnu cm dodienber l eoau, q nluaa essli líbl eorcjoseo, cmm puoeec dirolioióansdne itesce lo edp meroe  eocrnebiotvro aiúss n tqaciuco oeem. ntpe lpnelgmieaegnno t caoor mieonos    OE-A-2020-45able en https://
continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de 
los mismos.
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las 
cintas  magnetofónicas,  discos,  videocasetes  y  otros  soportes  sonoros  o 
videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro, 
periódico o revista, perfeccionando o completando su contenido y que se vendan 
con ellos, con las siguientes excepciones:
a)  Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras 
musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con 
el que se entreguen conjuntamente.
b)  Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que 
contengan películas cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o 
musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con 
el que se entreguen conjuntamente.
c)  Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes 
indicados en las letras anteriores, cuando contengan principalmente programas o 
aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el mercado.
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente 
publicidad cuando más del 90 por ciento de los ingresos que proporcionen a su 
editor se obtengan por este concepto.
Se considerarán comprendidos en este número las partituras, mapas y 
cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto.
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto queda redactado como 
sigue:
Uno.  Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, que queda redactado 
como sigue:
«c)  Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o 
inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten 
indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o 
con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas 
o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de 
las  obligaciones  que  a  cualquiera  de  ellos  corresponda  en  materia  de 
prestaciones.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«2.  En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa 
incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan 
solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad 
Social. s
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones señaladas  oe.
en los párrafos a), c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá  w.
spoelrisdLoaanrsiaa  emtrmaepbnrateejas ddaeos  rlqaau. dee cvoonlutrcaiótenn d oe  slausb ccoannttriadtaedne lsa  irnedaelibziadcaimóne ndtee  opberracsib oid ases rpviocri olas   2020-4554n https://ww
correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las
infracciones a que se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por la empresa 
contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.
En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o 
aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por 
las empresas y los solicitantes o beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, 
responderán solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas de forma 
indebida por cada acción formativa.»
Tres.  Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción:
«3.  En el caso de la infracción prevista en el artículo 23.1.c), la empresa 
responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de 
esta.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
El artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, queda redactado de la siguiente 
forma:
«Artículo 7.  Comisión mixta.
Para la valoración, determinación y cuantía de las ayudas concedidas a 
particulares, en virtud de las solicitudes presentadas, por arrendamiento, 
reconstrucción, rehabilitación o reparación de viviendas que constituyan su 
domicilio habitual, se creará una comisión mixta copresidida por el Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Consejero de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de dicha Comunidad Autónoma, y 
compuesta por un representante de la Administración General del Estado, un 
representante de la administración autonómica y un representante del Ayuntamiento 
de Lorca.
Dicha comisión mixta, atendiendo a criterios de equidad, tras valorar los gastos 
y los daños acreditados y la situación económica y social de cada solicitante, elevará 
al órgano competente para resolver una propuesta individualizada motivada en 
relación con la ayuda que se solicita, así como sobre la cuantía que deba concederse 
en caso de propuesta favorable, que en ningún caso podrá superar los límites que 
se establecen para cada supuesto en el artículo 3.
La citada comisión mixta podrá recabar del Consorcio de Compensación de 
Seguros la información de que disponga dicha entidad pública sobre las valoraciones 
de daños que hubiera realizado y la cuantía de las indemnizaciones que hubiera 
abonado. El Consorcio de Compensación de Seguros queda autorizado para 
cederla, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.
Asimismo, la resolución correspondiente deberá determinar el plazo máximo de 
ejecución de las obras a las que se destina la ayuda. El plazo máximo para la  e.
reconstrucción o rehabilitación de la vivienda será de 24 meses y el plazo máximo  w.b
para la reparación de daños será de 12 meses. 54ww
recoEnns tcruuacclqióunie ro c raeshoa, beill iptalaczióon m dáex ilma ov iqvuieen sdea  fioje p paarraa  llaa  erejepcauracicóinó nd ed ela sd aoñborass,  ndoe 
podrá ser posterior al 31 de octubre de 2023».
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de 
medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación 
de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
El Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 1, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«1.  El objeto de este real decreto-ley es establecer las normas para la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de 
competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de 
Primera y Segunda División, a la Copa de S.M. el Rey, a la Supercopa de España y 
al resto de competiciones de ámbito estatal, tanto masculinas como femeninas, 
organizadas por la Real Federación Española de Fútbol; así como fijar los criterios 
para la distribución de los ingresos obtenidos entre los organizadores y participantes 
en las mismas.»
Dos.  Se modifica la letra f) del apartado 4 del artículo 4, que queda redactado como 
sigue:
«f)  La duración de los contratos de comercialización se supeditará a las 
normas de competencia de la Unión Europea.
Esta modificación será operativa para la comercialización de los derechos de 
explotación de los contenidos audiovisuales objeto de comercialización centralizada 
que se aprueben a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 
de abril».
Tres.  En el apartado 1 del artículo 6 se modifican las letras a) y c), y se añade una 
letra f) con la siguiente redacción:
«a)  Un 2,5 por 100 se destinará a financiar un Fondo de Compensación del 
que podrán beneficiarse las entidades deportivas que, disputando la competición del 
fútbol profesional, desciendan de categoría. El 90 por 100 de esta cantidad se 
destinará a los equipos que desciendan de Primera división, y el 10 por 100 restante 
a los que desciendan de Segunda División.»
«c)  Un 2 por 100 se entregará a la Real Federación Española de Fútbol, 
como  contribución  solidaria  al  desarrollo  del  fútbol  aficionado  y  de  las 
infraestructuras federativas así como a la mejora de la competitividad de las 
categorías no profesionales a través de la actualización de su estructura. Esa 
cantidad podrá incrementarse en el marco del convenio al que se refiere el 
artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones 
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. El Gobierno 
determinará reglamentariamente las finalidades y los criterios de reparto de esta 
cantidad entre las federaciones de ámbito territorial, en función del número de 
licencias.»
«f)  Un 1,5 % se entregará al Consejo Superior de Deportes, que lo destinará a 
la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así  es
como a la internacionalización del deporte español. o
SPcourompfAepe resitoatiiorcl  niedoaefnle  ecD(s«t oeoLp,f aiopcLrioaitgedleasrás,»   )lyca,  o nyRno se loataiftsliu c Fiirareesledesset au,r ananct aelia ósf nuq  FnuEedes adspceeair óñeanonc,lci aoco nomdeneis e p Fndaúdertetbpi clooailpr ,c taiLovcanaió ssLne i cgeduasecp ldi aóCeñn o oFdnlúeast seblo jooysl     2020-4554n https://www.
fines previstos en el párrafo anterior.»
Cuatro.  Se modifica el título del artículo 8, así como el primer párrafo del apartado 1, 
y la letra a) y primer párrafo de la letra b) de dicho apartado, que quedan redactados como 
sigue:
«Artículo 8.  Especialidades en la comercialización y reparto de los derechos 
audiovisuales de la Copa de S.M. El Rey, de la Supercopa y del resto de 
competiciones de ámbito estatal que organice la Real Federación Española de 
Fútbol.
1.  La Real Federación Española de Fútbol podrá comercializar directamente 
los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. El Rey, de la Supercopa de España 
y de las demás competiciones de ámbito estatal que organice, tanto masculinas 
como femeninas, de conformidad con el artículo 4.
La Real Federación Española de Fútbol repartirá los ingresos que obtenga de la 
comercialización de estos derechos conforme a los siguientes criterios:
a)  El 60 por 100 de los ingresos se destinará a los equipos de la Liga Nacional 
de Fútbol Profesional y se asignarán de conformidad con las reglas previstas en el 
artículo 5. A efectos de la aplicación del criterio 1º de la letra b) del artículo 5.3, se 
tomarán en consideración únicamente a las entidades que disputen la ronda de 
octavos de final de la competición durante las cinco últimas temporadas, con la 
siguiente  ponderación:  Campeón  22  por  100;  Subcampeón,  16  por  100; 
Semifinalistas, 9 por 100, Cuartos de Final, 6 por 100, Octavos de Final, 2,5 por 100.
b)  El 40 por 100 restante se destinará a la promoción del fútbol aficionado y a 
los equipos de otras categorías que participen en la competición.»
Cinco.  Se introduce una disposición adicional tercera, que queda redactada como 
sigue:
«Disposición adicional tercera.  Gestión y comercialización de los derechos 
audiovisuales de las Federaciones Deportivas y competiciones distintas al 
fútbol, de ámbito estatal.
Cuando las federaciones deportivas de modalidades deportivas distintas del 
fútbol no deseen asumir la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales 
por sí mismas sólo podrán encomendar dicha gestión a la fundación a que se refiere 
el artículo 6.1, letra f).»
Seis.  Se introduce un párrafo segundo en la disposición final tercera, con la siguiente 
redacción:
«La disposición adicional tercera entrará en vigor en el momento en que se cree 
la fundación a que hace referencia el artículo 6.1, letra f).»
Disposición final sexta.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 324 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
con la siguiente redacción:
«1.  Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores a que se  o
refiere el artículo anterior que sean titulares de explotaciones agrarias y realicen en  54www.
epccoololannr s  cll aaula  embmnootoardde aaasli jldeiadangadarda ,d  rsdieaie esb m abdsapeesr efseo  sdqr miumaearei  anpnsoes, ru sasaeo ll aentsrsaa  lq toyeu,   eddd ierseee  mct rrtaeáatfs,ai e ardrsueeen   ed cdlo ueasa r ttntrírcadaubobla aooj jaca2dud5opo5rer,e enqss u t rqeqau uebeela   njccaúoodmttoiiccereeeronns     OE-A-2020-45able en https://
total de jornadas reales efectivamente realizadas no supere las quinientas cuarenta
y seis en un año, computado desde el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. El 
número de jornadas reales se reducirá proporcionalmente en función del número de 
días de alta del trabajador por cuenta propia agrario en este Sistema Especial 
durante el año natural de que se trate.
Las limitaciones en la ocupación de trabajadores por cuenta ajena a que se 
refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria.
2.  A los efectos previstos en este sistema especial, se entiende por explotación 
agraria el conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de 
la actividad agraria, y que constituye en sí misma unidad técnico-económica, 
pudiendo la persona titular o titulares de la explotación serlo por su condición de 
propietaria, arrendataria, aparcera, cesionaria u otro concepto análogo, de las fincas 
o elementos materiales de la respectiva explotación agraria.
A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
A los efectos previstos en este sistema especial, se considerará actividad agraria 
la venta directa por parte de la agricultora o agricultor de la producción propia sin 
transformación o la primera transformación de los mismos cuyo producto final esté 
incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados 
municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, 
considerándose también la actividad agraria toda aquella que implique la gestión o 
la dirección y gerencia de la explotación.»
Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero 
de 2014.
Se modifica la letra d) del apartado 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 
de febrero de 2014, que quedará redactada de la siguiente manera:
«La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición 
se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 
145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la 
que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será 
público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la 
parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en 
la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de 
oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos».
Disposición final octava.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.
Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes  es
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, de la  o
siguiente manera: 54www.
Uno.  El apartado 7 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
con «la7 .S eLgau rgideasdti óSno cdiea l eos taal  Ipnrsetsittuatcoi óSno ccoiarlr edsep loan Mdearráin aa. las mutuas colaboradoras
Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el 
artículo 83.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para 
causar derecho a esta prestación, presentar la solicitud ante una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese momento realizada la opción 
prevista en el mencionado artículo con efectos del primer día del mes en que se 
cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Junto con la 
solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión con dicha 
mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, incapacidad 
temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta 
el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con 
el Servicio Público de Empleo Estatal.
La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones 
en función de las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el 
reconocimiento de las prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro 
procedimiento que pueda establecer la Tesorería General de la Seguridad Social.»
Dos.  El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma siguiente:
«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa 
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la 
declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el 
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, 
falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de 
la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de 
la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 
autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración 
de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se 
derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la 
declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones 
dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor 
descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y 
reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas 
condiciones de mantenimiento de la actividad».
Tres.  El apartado 6 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«6.  La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por 
desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en 
los siguientes términos:
a)  En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado 
la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada como resultado de los 
procedimientos regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, las personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las medidas  e.
establecidas en el apartado 1 de este artículo. w.b
Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y  54ww
pinearciótidviidcaods  pqruoed uscet ivrea,p iyta pno re enn fdeec,h aa sla c eiesrptaesra,  qduee la s lele geandcau ednet rlean f eecnh ap eernio ldao q duee 
pderol cCeOdeVrIíDa -1s9u,  lplaomdarámni ebnetnoe yfi criaerinsceo trapmorbaicéinó nd ee fleacst ivmae ddied anso  dmisepduieasrt alas  ecrni seisl 
apartado 1 de este artículo.
b)  Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado 
anterior, vean interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del 
impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha 
circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de 
ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a 
percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en 
situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber 
concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al 
efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior 
en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los 
periodos de actividad de otras personas trabajadoras comparables en la empresa. 
Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por 
la entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
c)  Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del 
impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que 
estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán 
suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no 
estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero 
acreditasen el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación 
contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación 
constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha 
prestación.
A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de 
aplicación la reposición del derecho a la prestación prevista en la letra b) de este 
apartado.
d)  Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no 
hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y 
careciesen del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación 
por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá 
percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, 
con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será 
igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su 
caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva. El mismo derecho tendrán 
quienes durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus 
prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a 
su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento 
de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación empresarial de imposibilidad de 
reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo. En este supuesto, 
no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b) de este apartado cuando 
acrediten una nueva situación legal de desempleo.»
Cuatro.  Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redactados del siguiente modo:
«1.  Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos 
del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
otorgará  avales  a  la  financiación  concedida  por  entidades  de  crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades 
de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre  e.e
otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de  w.b
circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades  54ww
dRee alifqiaunidzeazm. ieTnatmo,b Siéonc iseed apdo Adrnáónn idmeas t(iCnaErR lSosA )a avsaíl ecso ma ol aa  Cpaogmapréasñ íian cEosrppoarñaodloas d ael 
MFinearcnacideoro sd (eA IARFe)n yta a l FMijear caddeo  Alalt eArnsaotcivioa cdieó nR edneta  IFnijtae r(mMAedRiFa)r.ios  de  Activos
2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 
de diciembre de 2020. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo 
el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo 
de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»
Cinco.  Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que queda redactado de la siguiente 
forma:
«3.  Si el obligado tributario, no obstante la posibilidad de acogerse a la 
ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a 
ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia 
tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
En las subastas celebradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, 
afectadas por lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo, el 
licitador podrá solicitar la anulación de sus pujas y la liberación de los depósitos 
constituidos.
También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio 
del remate ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudicatarios de 
las subastas en las que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre 
que no se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes u 
otorgamiento de escritura pública de venta a la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley. En este caso, no será de aplicación la pérdida del depósito regulada en 
el artículo 104.bis letra f) del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.»
Disposición final novena.  Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por 
el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19.
Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de 
marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar 
los efectos derivados del COVID-19, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda.  Régimen sancionador y reintegro de prestaciones 
indebidas.
1.  En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 
correspondientes.
Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la 
conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que 
no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las 
origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones 
en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o 
percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en 
las cuotas a la Seguridad Social. e.
2.  El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por  w.b
causa  no  imputable  a  la  misma,  como  consecuencia  de  alguno  de  los  54ww
ipnrceusmtapcliiomnieesn toinsd perbeidviasmtoesn eten  egle anpearartdaadso.  aEnnte traioler,s d sauráp uluegsator sa,  llaa  deemvoplruecsiaón d deeb elarás 
idneg raecsuaerr dao l ac oenn tliod aeds tgaebsletocriad ol aesn c ealn tteidxatod eres fupnedrcidiboid daes  lpao Lr elay  spoebrsreo nIan frtraacbcaiojandeosr ay 
Sanciones en el Orden Social.
La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será 
exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.
La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al 
período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las 
cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.»
Disposición final décima.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, queda 
modificado como sigue:
Uno.  El subapartado iv, de la letra a), del apartado 1 del artículo 5 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, queda 
con la siguiente redacción:
«iv.  En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia 
o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar 
una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el 
IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.»
Dos.  Se modifica el subapartado iv de la letra b) del apartado 1 del artículo 16 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 que 
queda con la siguiente redacción:
«iv.  En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 
declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia 
o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar 
una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el 
IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo».
Tres.  Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 24 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19:
«6.  Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse 
plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse los instrumentos 
notariales a que se refiere el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la 
aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se haya 
formalizado o no aún dicha suspensión en el instrumento correspondiente.
Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en 
que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones 
contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria a que 
se refiere el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, serán los  s
establecidos en el Decreto de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50 %  oe.
con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos  w.
irnecgliusLytoreasnl ,dd eoen rs euscush  cocoasps aoiar,s ad nyec  telraala ssrluaiosdspo esdn.es ilóons  treemgpisotrraald doere lsa sd oebrilvigaadcoiosn dees  clao nctorancsttuaanlecisa,   2020-4554n https://ww
a que se refiere el artículo 21 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se
minutarán de conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por 
Orden de 19 de julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros.
Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización 
e inscripción previstos en este apartado serán satisfechos, en todo caso, por el 
acreedor».
Cuatro.  El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 35.  Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
1.  Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier 
régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 
siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento 
en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de 
ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y 
condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, pero con las 
siguientes particularidades:
1.ª  Será de aplicación un interés del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 
23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2.ª  Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso 
de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de 
ingreso anteriormente señalados.
3.ª  El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con 
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos 
mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada 
mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin 
que exceda en total de 12 mensualidades.
4.ª  La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del 
procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el 
deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 
hasta que se dicte la correspondiente resolución.
2.  El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con 
la moratoria regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por 
periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se 
tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.»
Cinco.  Se modifica el apartado 1 del artículo 36, que queda redactado de la siguiente 
manera:
«1.  Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del 
estado de alarma los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya 
sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de 
tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario 
tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la 
imposible ejecución del mismo. La pretensión de resolución solo podrá ser 
estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión  es
ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución  o
qprreeuoevedim srráiebónson tlaa squboura.e erA c l araee rrs,se ttecoainsupt rrreoeefc  elioadct taroradess c,d, i espe erilno  oetcefnirdrteeaecsdneim dsde iederáe ni ltn oqct uoedenree tr nsabeotoos cn.  adoLbesae ls o  cpo ovrbonatptelreunaseet osrs  tuapcssurot aidtpnueudt reooesr vitohaissa i dóyaanel     2020-4554n https://www.
transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por
parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la 
propuesta de revisión.»
Sexto.  Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava, con la 
siguiente redacción:
«3.  Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido 
acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán susceptibles de recurso especial 
en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso pueda 
considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de la 
citada disposición adicional tercera.
En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta 
disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación 
haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo 
previsto  en  el  apartado  4  de  la  disposición  adicional  tercera  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19, por lo que 
los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos  del  Sector  Público  continuarán  computándose  en  los  términos 
establecidos en dicha Ley.»
Disposición final undécima.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 
7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª, 18.ª, 20.ª y 30.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación mercantil; legislación 
laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, 
legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan; 
del régimen aduanero y arancelario; sobre bases de la ordenación de crédito, banca y 
seguros, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; Hacienda general y Deuda del Estado; legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
Comunidades Autónomas; bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; marina mercante y 
puertos de interés general; y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia.
Disposición final duodécima.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el  s
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. e.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor. 54ww
1.  El presente real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
2.  La modificación introducida por el presente real decreto-ley en la letra f) del 
apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes 
en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, será de aplicación a los contratos 
de comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales a que se 
refiere el artículo 1 del mismo que se celebren a partir de la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley.
Dado en Madrid, el 21 de abril de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Relación de bienes a los que se refiere el artículo 8
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos ex 9019 20 00
Ventiladores (aparatos para la respiración artificial) ex 9019 20 00
1 Dispositivos médicos
Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas 
ex 9019 20 00
de oxígeno
Oxigenación por membrana extracorpórea ex 9018 90
ex 8528 52 91
Monitores multiparámetro, incluyendo versiones  ex 8528 52 99
2 Monitores
portátiles
ex 8528 52 00
ex 8528 52 10
ex 9018 90 50
– Bombas peristálticas para nutrición externa
– Bombas infusión medicamentos ex 9018 90 84
3 Bombas – Bombas de succión
ex 8413 81 00
Sondas de aspiración ex 9018 90 50
ex 9018 90 60
Tubos endotraqueales;
ex 9019 20 00
4 Tubos
ex 3917 21 10
Tubos estériles
a ex 3917 39 00
5 Cascos Cascos ventilación mecánica no invasiva CPAP/NIV; ex 9019 20 00
Mascarillas para ventilación no  Mascarillas de rostro completo y orononasales para 
6 ex 9019 20 00
invasiva (NIV) ventilación no invasiva
Sistemas de succión ex 9019 20 00
7 Sistemas/máquinas de succión.
ex 9019 20 00
Máquinas de succión eléctrica
ex 8543 70 90
ex 8415
8 Humidificadores Humidificadores ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9 Laringoscopios Laringoscopios ex 9018 90 20
– Kits de intubación
ex 9018 90
– Tijeras laparoscópicas
Jeringas, con o sin aguja ex 9018 31
10 Suministros médicos fungibles
Agujas metálicas tubulares y agujas para suturas ex 9018 32
Agujas, catéteres, cánulas ex 9018 39 o
Kits de acceso vascular ex 9018 90 84 54ww
11 EApaspctaairecanitootensse d s–e  dA mep omanroaitntooirtsoiz rdaizeca iócnió dne   Ei–n steDtaniscspiiovonosesitsiv coesn dtrea lmeso ndieto mrizoancitioórniz daec ipóanc pieanrate csuidados  exe x9 091081 81 99 010 OE-A-2020-45able en https://
electrodiagnóstico – Aparatos de electrodiagnóstico ex 9018 19 90
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
12 Escáner de ultrasonido portátil Escáner de ultrasonido portátil ex 9018 12 00
13 Electrocardiógrafos Electrocardiógrafos ex 9018 11 00
Sistemas de tomografía  ex 9022 12,
14 Sistemas de tomografía computerizada
computerizada/escáneres ex 9022 14 00
– Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni 
piezas mecánicas, incluidas las mascarillas quirúrgicas 
ex 6307 90 10
y las mascarillas faciales desechables fabricadas con 
ex 6307 90 98
material textil no tejido.
– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3
ex 4818 90 10
15 Mascarillas
Mascarillas quirúrgicas de papel
ex 4818 90 90
Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros 
reemplazables para la protección contra agentes 
ex 9020 00 00
biológicos. También incluye máscaras que incorporen 
protección ocular o escudos faciales.
Guantes de plástico ex 3926 20 00
Guantes de goma quirúrgicos 4015 11 00
Otros guantes de goma ex 4015 19 00
16 Guantes
Guantes de calcetería impregnados o cubiertos de 
ex 6116 10
plástico o goma
Guantes textiles distintos a los de calcetería ex 6216 00
– Protectores faciales desechables y reutilizables
ex 3926 20 00
17 Protecciones faciales – Protectores faciales de plástico (que cubran una 
ex 3926 90 97
superficie mayor que la ocular)
ex 9004 90 10
18 Gafas Gagas de protección grandes y pequeñas (googles)
ex 9004 90 90
Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) 
ex 4015 90 00
multiuso, de goma vulcanizada
Prendas de vestir ex 3926 20 00
Ropa y accesorios ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto  ex 6113 00 10
Monos
de las partidas 5903, 5906 o 5907 ex 6113 00 90
Batas impermeables – diversos 
tipos – diferentes tamaños Otras prendas con tejido de calcetería 6114
Prendas de protección para uso 
19 quirúrgico/médico de fieltro o tela  Prendas de vestir de protección para uso quirúrgico/
sin tejer, incluso impregnadas,  médico hechas con fieltro o tela sin tejer, impregnadas 
recubiertas, revestidas o laminadas  o no, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las  ex 6210 10
(tejidos de las partidas 56.02 o  partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de 
56.03). materiales no tejidos («spun-bonded»)
ex 6210 20 o
Otras prendas de vestir de protección hechas con  w.
tejidos cauchutados o impregnados, recubiertos,  ex 6210 30 54ww
r5e9v.e0s6t iod o5s9 .o0 7la)m- inados (tejidos de las partidas 59.03,  ex 6210 40
ex 6210 50
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
ex 3926 90 97
20 Cobertores de calzado/calzas Cobertores de calzado/calzas ex 4818 90
ex 6307 90 98
Gorras de picos ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas 
ex 6505 00 90
21 Gorros de cualquier material
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, 
ex 6506
forrados/ajustados o no.
Termómetros de líquido para lectura directa ex 9025 11 20
Incluye los termómetros clínicos estándar de «mercurio 
en vidrio» ex 9025 11 80
22 Termómetros
Termómetros digitales, o termómetros infrarrojos para 
ex 9025 19 00
medición sobre la frente
ex 3401 11 00
Jabón y productos orgánicos tensioactivos y 
preparados para el lavado de manos (jabón de tocador)
ex 3401 19 00
ex 3401 20 10
Jabón y productos orgánicos tensioactivos
Jabón en otras formas
ex 3401 20 90
23 Jabón para el lavado de manos
Agentes orgánicos tensioactivos (distintos del jabón) – 
ex 3402 12
Catiónicos
Productos y preparaciones orgánicos tensioactivos 
para el lavado de la piel, en forma de líquido o crema y 
ex 3401 30 00
preparados para la venta al por menor, que contengan 
jabón o no.
Dispensadores de desinfectante  Dispensadores de desinfectante para manos 
24 ex 8479 89 97
para manos instalables en pared instalables en pared
2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol etílico del 
ex 2207 10 00
80 % o más.
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentración ex 2207 20 00
25 Solución hidroalcohólica en litros
ex 2208 90 91
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80 % de 
alcohol etílico
ex 2208 90 99
Peróxido de hidrógeno, solidificado o no con urea
Peróxido de hidrógeno al 3 % en 
ex 2847 00 00
litros. Peróxido de hidrógeno a granel
26 Peróxido de hidrógeno incorporado 
a preparados desinfectantes para la  Desinfectante para manos
ex 3808 94
limpieza de superficies
Otros preparados desinfectantes
Transporte para personas con discapacidad (sillas de 
ex 8713
ruedas) es
27 Transportines de emergencia e.
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro  ex 9402 90 00 w.b
de los hospitales o clínicas 54ww
28 Extractores ARN Extractores ARN 9027 80
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
ex 3002 13 00
– Kits de prueba diagnóstica del Coronavirus
ex 3002 14 00
– Reactivos de diagnóstico basados en reacciones 
ex 3002 15 00
inmunológicas
ex 3002 90 90
Reactivos de diagnóstico basados en la reacción en 
Kits de pruebas para el COVID-19 / 
cadena de la polimerasa (PCR) prueba del ácido  ex 3822 00 00
29 Instrumental y aparatos utilizados 
nucleico.
en las pruebas diagnósticas
Instrumental utilizado en los laboratorios clínicos para 
ex 9027 80 80
el diagnóstico in vitro
ex 9018 90
Kits para muestras
ex 9027 80
ex 3005 90 10
Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algodón y 
30 Hisopos
artículos similares
ex 3005 90 99
Camas hospitalarias ex 9402 90 00
Material para la instalación de  ex 6306 22 00,
31 Carpas/tiendas de campaña
hospitales de campaña ex 6306 29 00
Carpas/tiendas de campaña de plástico ex 3926 90 97
ex 3003 90 00
ex 3004 90 00
ex 2924 29 70
– Peróxido de hidrógeno con presentación de  ex 2933 49 90
medicamento ex 3003 60 00
Paracetamol ex 3004 60 00
32 Medicinas
– Hidrocloroquina/cloroquina ex 2933 59 95
– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir ex 2934 10 00
– Tocilizumab ex 2934 99 60
ex 3002 13 00
ex 3002 14 00
ex 3002 15 00
Esterilizadores médicos, quirúrgicos  ex 8419 20 00
33 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio
o de laboratorio ex 8419 90 15
1- propanol (alcohol propílico) y 2  1- propanol (alcohol propílico) y 2 – propanol (alcohol 
34 ex 2905 12 00
– propanol (alcohol isopropílico) isopropílico)
Éteres, éteres-alcoholes, éteres 
Éteres, éteres-alcoholes, éteres fenoles, éteres-
fenoles, éteres-alcohol-fenoles, 
35 alcohol-fenoles, peróxidos de alcohol, otros peróxidos,  ex 2909
peróxidos de alcohol, otros 
peróxidos de cetona
peróxidos, peróxidos de cetona
ex 2915 11 00
36 Ácido fórmico Ácido fórmico (y sales derivadas)
ex 2915 12 00
37 Ácido salicílico Ácido salicílico y sales derivadas ex 2918 21 00
Paños de un solo uso hechos de  s
Paños de un solo uso hechos de tejidos de la partida  e
tejidos de la partida 5603, del tipo  e.
38 uqtuiliirzúardgoic odsurante los procedimientos  5q6u0irú3r, gdiceol stipo utilizado durante los procedimientos  6307 90 92 54www.bo
39 Tirmeevplaerses tgnidnoaa tsde aojids l,aa rsme, cienusabtdéieanrs toa sn, o  Treevlaess tnidoa tse ojid laasm, iensatdéans o no impregnadas, recubiertas,  eexx  556600a33  9114  1900 OE-A-2020-45able en https://
Nombre del producto Descripción del bien/producto Código NC
Artículos de uso quirúrgico, médico 
40 o higiénico, no destinados a la  Cobertores de cama de papel ex 4818 90
venta al por menor
ex 7017 10 00
Cristalería de laboratorio, higiénica  Cristalería de laboratorio, higiénica o farmacéutica, 
41 ex 7017 20 00
o farmacéutica tanto si están calibrados o graduados o no.
ex 7017 90 00