BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119 Miércoles 19 de mayo de 2021 Sec. TC.   Pág. 59995
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8343 Sala Primera. Sentencia 77/2021, de 19 de abril de 2021. Recurso de amparo 
6510-2018. Promovido por doña Luz Aurora Cuya Ayala respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  de  Móstoles 
(Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (motivación). STC 31/2019 (ausencia de control 
judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de 
la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2021:77
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6510-2018, interpuesto por la procuradora de los 
tribunales doña Paloma Izquierdo Labrada, en nombre y representación de doña Luz 
Aurora Cuya Ayala, asistida por la abogada doña Ana María Muñoz del Reino, contra las 
providencias de 1 y 2 de octubre de 2018 y el auto de 28 de noviembre de 2018 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Móstoles, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria  núm.  692-2013.  Han  comparecido  don  Miguel  Valentín  Moreno  Cuya, 
representado por la procuradora de los tribunales doña Cristina Álvarez Pérez y asistido 
por el abogado don Eduardo de Zulueta y Luchsinger, y la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., representada por la procuradora de los tribunales doña Ana María 
Llorens Pardo y asistida por la abogada doña Laura Rodríguez Arias. Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Andrés Ollero Tassara.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 7 de 
diciembre de 2018, doña Luz Aurora Cuya Ayala solicitó la designación de procurador y 
abogado del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta sentencia.
2.  Tras  diversas  incidencias  procesales,  por  diligencia  de  ordenación  de  la 
secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal de 26 de abril de 2019 se tuvo 
por efectuada la designación de profesionales del turno de oficio por los colegios de  es
procuradores y de abogados de Madrid, concediendo a la procuradora designada, doña  o
aaPmbaolpogamardoaa. I zdqeusieigrndaod Laa, bdraodñaa,  Aunna p lMazaorí ad eM tureñionzta  ddeíla sR epianroa,  qfourem, ublaasjoe nla  lad irdeecmcióann ddae  dlea   2021-8343n https://www.
proc3u.r adMoerad iapnrotec eedsióc raito p rreesgeisntrtaard od eemna ensdtae  dtreib aumnapla erol  2c4o ndtrea  mlaasy por odvei d2e0n1c9ia sla  dree f1e ryid a2   BOE-A-cable e
de octubre de 2018 y el auto de 28 de noviembre de 2018, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 6 de Móstoles en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
núm. 692-2013.
Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los que 
seguidamente se relacionan.
a)  En el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Móstoles se sigue frente a la 
demandante  de  amparo  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  692-2013, 
promovido por la entidad Catalunya Bank, S.A. (como sucesora universal de Caja de 
Ahorros  de  Cataluña,  S.A.),  en  relación  con  fincas  situadas  en  las  localidades  de 
Humanes y Móstoles (Madrid), por el impago de sus obligaciones derivadas del contrato 
de préstamo hipotecario suscrito ante notario con fecha 31 de mayo de 2004. En dicho 
procedimiento  se  dictó  auto  el  31  de  julio  de  2013  despachando  la  ejecución  y 
requiriendo de pago a la ejecutada.
La entidad Catalunya Bank, S.A., fue absorbida el 13 de septiembre de 2016 por la 
entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
b)  Por escrito de 21 de noviembre de 2013, la recurrente en amparo formuló 
oposición a la ejecución, alegando error en la determinación de la cantidad exigible y la 
nulidad por abusiva de la cláusula undécima del título ejecutivo, conocida como «pacto 
de liquidez». La oposición fue desestimada por auto de 17 de marzo de 2014. Razona el 
juzgado, en cuanto al alegado error en la determinación de la cantidad exigible, que la 
ejecutada no indica en qué consistiría el pretendido error de cálculo, ni aporta una 
liquidación alternativa y, en cuanto a la cláusula de «pacto de liquidez», considera que es 
válido, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Fueron  igualmente  rechazadas  por  el  juzgado  las  ulteriores  solicitudes  de  la 
recurrente en amparo de anulación de la cláusula de «vencimiento anticipado», mediante 
providencias de 9 de abril de 2015, 28 de abril de 2016, 23 de mayo de 2016 y 24 de 
junio de 2018. El Juzgado consideró que la recurrente ya había formulado oposición a la 
ejecución, que fue resuelta por el auto de 17 de marzo de 2014, y que tales pretensiones 
se quieren hacer valer cuando ya se habían adjudicado las fincas a la entidad bancaria 
ejecutante.
c)  El  27  de  septiembre  de  2018  la  recurrente  solicitó  la  suspensión  del 
procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase sentencia en 
varias cuestiones prejudiciales, entre ellas la C-70/17, planteada por el Tribunal Supremo 
en relación con una cláusula de «vencimiento anticipado». Esa solicitud de suspensión 
fue denegada mediante providencia de 1 de octubre de 2018. Rechazó también el 
juzgado, mediante providencia de 2 de octubre de 2018, el alegato de la recurrente sobre 
la falta de legitimación de la entidad bancaria ejecutante para instar la ejecución.
d)  Interpuesto contra ambas providencias recurso de reposición, fue desestimado 
por auto de 28 de noviembre de 2018. Por lo que se refiere a la providencia de 1 de 
octubre de 2018, razona el juzgado, reiterando argumentos ya mantenidos en ella, que la 
solicitante ya  tuvo  la  oportunidad de  alegar la abusividad de las cláusulas cuando 
formuló la oposición a la ejecución y solo lo hizo respecto de la cláusula de «pacto de 
liquidez», sin incluir la de «vencimiento anticipado». Además, el procedimiento ya ha 
concluido, al haberse adjudicado las fincas gravadas a la entidad ejecutante. Respecto a 
la providencia de 2 de octubre de 2018, el auto descarta los alegatos de la recurrente, 
concluyendo que la ejecutante se halla legitimada para instar el proceso de ejecución.
4.  La demanda de amparo se interpone contra la providencia de 1 de octubre  e
de 2018 y el auto de 28 de noviembre del mismo año del Juzgado de Primera Instancia  bo
núm. 6 de Móstoles, (procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 692-2013). Se alega  43ww
lpar invucilpnieor acdieó n pdrieml adceírae cdheol  aD lae rteuctheola  jeuudriocipael oe fe(actritv. a 9(1a.r6t.  2C4E.1),  ClEa ), perno tereclcaicóinó n dceo nl oesl 
cdoenl sCuomnivdeonreios  e(aurrto. p5e1o  CpEa)r ay  loat rporso tperceccieópnt odse  dloes l ad eCroencshtoitsu chióunm aenspoas ñyo ldae ( alartss .l i9b eyr t1a4d)e sy 
fundamentales (arts. 6, 13 y 14). La vulneración del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva se concreta en la ausencia de control judicial sobre el carácter abusivo 
de la cláusula de «vencimiento anticipado». La sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 26 de enero de 2017 («Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez 
García», asunto C-421/14) habría dejado clara e indubitada la nulidad de la cláusula de 
«vencimiento anticipado». Solicitaba por ello la recurrente que se declarasen nulas las 
resoluciones judiciales impugnadas. Mediante otrosí solicitó la suspensión cautelar del 
procedimiento de ejecución hipotecaria.
5.  Por providencia de 19 de octubre de 2020, la Sección Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)], por cuanto el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, 
FJ 2 g)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se ordena dirigir 
atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Móstoles, para que, en 
plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 692-2013, 
debiendo asimismo emplazar a quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento, 
excepto a la recurrente en amparo, a fin de que puedan comparecer, si lo desean, en el 
presente proceso constitucional.
Se acordó igualmente formar la correspondiente pieza separada de suspensión. 
Tramitada esta, por ATC 158/2020, de 14 de diciembre, se acordó, conforme a lo 
alegado por el Ministerio Fiscal, denegar la suspensión cautelar del procedimiento de 
ejecución hipotecaria y ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad.
6.  La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 19 de enero de 2021, acordó tener por personada y parte en el presente 
proceso constitucional a la procuradora doña Ana María Llorens Pardo, en nombre y 
representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., y a la procuradora doña 
Cristina Álvarez Pérez, en nombre y representación de don Miguel Valentín Moreno 
Cuya. Acordó asimismo dar vista de las actuaciones recibidas del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 6 de Móstoles a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo 
común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de 
conformidad con el artículo 52.1 LOTC.
7.  El 2 de febrero de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones presentado por la procuradora que representa a la recurrente, y que se 
remite íntegramente a lo razonado en la demanda de amparo.
8.  El Ministerio Fiscal, mediante escrito presentado en este tribunal el 12 de febrero 
de 2021, formuló sus alegaciones, que a continuación se resumen.
Tras  aludir  los  antecedentes  procesales  relevantes  para  el  caso  y  acotar  la 
pretensión de la demandante de amparo, señala que el objeto del presente recurso 
consiste en dilucidar si el juez ha desconocido la doctrina del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en materia de revisión de las cláusulas abusivas de los contratos 
hipotecarios (STJUE de 26 de enero de 2017, asunto «Banco Primus, S.A., c. Jesús 
Gutiérrez García») y la doctrina constitucional al respecto (STC 31/2019, de 28 de 
febrero, reiterada en otras posteriores). No se trata, pues, de un caso original que se 
plantee ante el Tribunal Constitucional, sino de un asunto más de una serie en la que ya  e.
existe una consolidada doctrina constitucional de aplicación al caso. w.
Partiendo de esta premisa, el fiscal recuerda los pronunciamientos más relevantes de  43ww
lcao ncdituacdea  dSeTreCc h3a1m/2e0n1t9e  ya l cootonrcgluaymei eqnutoe  dlae l aapmlicpaacroió nso dlieci teasdtoa.  Cdoocmtroin sae ñaal lpar eesseten tteri bcuansaol 
edne  l2a6  SdTeC e 3n1e/r2o0 1d9e,  2F0J1 77 , eerla ó argpalincaob jlued aicli aslu dpeubeisót oe xsaommientaidr os ia l as ud occotrninsaid edrea claió nS.T EJUstEo   BOE-A-cable e
implicaba llegar a la conclusión de que debió proceder al control del carácter abusivo de 
las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario que solicitaba la recurrente, porque 
ese control judicial es susceptible de efectuarse mientras el proceso esté en curso, que 
es lo que ocurría en el presente caso. El juzgado no puede escudarse, para eludir ese 
control, en el argumento de que la recurrente, al formular oposición a la ejecución, solo 
alegó la abusividad de la cláusula de «pacto de liquidez»; ello supone olvidar que, 
conforme a la jurisprudencia citada, es obligado llevar a cabo el control judicial incluso de 
oficio.  No  podía  el  juzgado,  por  tanto,  dejar  de  pronunciarse  sobre  la  pretendida 
abusividad de la cláusula de «vencimiento anticipado». Tampoco puede eludirse ese 
control bajo el argumento de que no es posible por haberse adjudicado ya las fincas 
gravadas a la entidad ejecutante. De acuerdo con esa misma doctrina, el control de la 
abusividad de las cláusulas puede y debe llevarse a cabo mientras el procedimiento esté 
vivo y en este caso el proceso de ejecución no había concluido, ya que no se había 
producido aún el lanzamiento y la ejecutada estaba todavía en posesión de las fincas.
Por todo ello, el fiscal considera que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), debiendo acordarse la nulidad de 
todo lo actuado a partir de la providencia de 1 de octubre de 2018 y retrotraer las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esa providencia, a fin de 
que el juzgado resuelva sobre el carácter abusivo de las cláusulas denunciadas.
9.  El 22 de febrero de 2021 tuvo entrada en el registro general de este tribunal el 
escrito de alegaciones de la procuradora de los tribunales doña Cristina Álvarez Pérez, 
en representación de don Miguel Valentín Moreno Cuya, en el que solicita la estimación 
del recurso de amparo.
Recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene exigiendo al juez 
que, si el proceso no está acabado (aun cuando ya se haya adjudicado la vivienda a un 
tercero), y previamente nunca se ha pronunciado al respecto, resuelva sobre la nulidad 
de las cláusulas abusivas que afecten al título, tan pronto como tenga conocimiento y 
elementos de juicio para ello. En el presente caso ese pronunciamiento previo no ha 
existido y el procedimiento hipotecario aún no finalizado en su integridad, por lo que el 
órgano judicial viene obligado a verificar si las cláusulas de carácter esencial contenidas 
en el título traído a ejecución tienen o no carácter abusivo. El Juzgado de Primera 
Instancia núm. 6 de Móstoles se ha negado a llevar a cabo ese control en lo que se 
refiere  a  la  cláusula  de  «vencimiento  anticipado»,  desconociendo  la  primacía  del 
Derecho de la Unión Europea, conforme ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, lo que determina la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), como tiene reiteradamente declarado la doctrina constitucional.
10.  La representación procesal de entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 
no formuló alegaciones.
11.  Por providencia de 15 de abril de 2021 se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 19 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  La  demandante  de  amparo  sostiene  que  el  Juzgado  de  Primera  núm.  6 
de Móstoles, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 692-2013, ha vulnerado 
su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por mostrarse contrario  s
a  controlar  la  abusividad  de  las  cláusulas  del  contrato  de  préstamo  con  garantía  oe.
hipotecaria  suscrito  con  una  entidad  de  crédito.  La  demanda  de  amparo  se  dirige  w.
pccouroneccsertiedotinmaemisee nnptotree  ejcunod nticatrinaatl:oe l sae;  lp lTraor ivbpidureonnvaicld idaee nd cJeiau 1 s tddiceei a o 2cd teud belar e oU dcnetuió b2nr0 e1E 8ud,r eoq pu2ee0a r1 en8co,h  arqezusaeo  slvudiseepssecean vrdtaearr i aleasl    2021-8343n https://ww
alegada falta de legitimación de la entidad ejecutante para instar la ejecución; así como
el auto de 28 de noviembre de 2018, que desestima el recurso de reposición interpuesto 
frente a ambas providencias.
El Ministerio Fiscal y la representación procesal de don Miguel Valentín Moreno Cuya 
solicitan la estimación del recurso de amparo.
2.  Este tribunal en ningún caso puede dirimir si la cláusula contractual denunciada 
por la demandante (de «vencimiento anticipado») tiene o no carácter abusivo, pues esa 
cuestión se incardina dentro de los límites de la legalidad ordinaria y, en consecuencia, 
su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil (por todas, STC 140/2020, de 6 de 
octubre, FJ 2). Nuestro cometido será determinar si la negativa del órgano judicial a 
pronunciarse sobre el carácter abusivo de la cláusula aludida vulnera o no el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), lo que implica analizar el pretexto 
de que las fincas gravadas ya han sido puestas a disposición de la entidad financiera 
ejecutante y de que la ejecutada tuvo ocasión de alegar sobre el carácter abusivo de las 
cláusulas cuando formuló la oposición a la ejecución; pues solo lo hizo respecto de la 
cláusula de «pacto de liquidez», sin referirse a la de «vencimiento anticipado».
Para  dar  respuesta  a  esta  cuestión  habremos  de  tener  en  cuenta  la  doctrina 
constitucional sentada por la STC 31/2019, de 28 de febrero, reiterada en ulteriores 
pronunciamientos de este tribunal. La citada STC 31/2019 resolvió un asunto coincidente 
en lo sustancial con el suscitado en el presente recurso de amparo. Con base en 
el Derecho de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre 
cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con  consumidores  y  sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017, asunto «Banco 
Primus, S.A., y Jesús Gutiérrez García,» C-421/14), se instaba el control del carácter 
abusivo de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria; en concreto, de la cláusula 
de «vencimiento anticipado».
La  sentencia  recuerda  que  una  selección  irrazonable  y  arbitraria  de  la  norma 
aplicable al proceso vulnera el derecho fundamental del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Con cita de doctrina precedente, advierte que el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido 
interpretada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  puede  suponer  una 
selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso, lo cual puede dar 
lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 31/2019, FJ 4).
En lo que interesa específicamente al presente recurso, la STC 31/2019, FJ 6, 
subraya que, de la Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por parte 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de enero de 2017, asunto 
«Banco Primus, S.A.»), se desprende que el juez nacional viene obligado «a apreciar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial. En este caso, la sentencia “Banco Primus” 
aportaba los elementos de hecho y de Derecho que permitían, en el caso de que así 
procediera, declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado».
Así pues, sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo 
control del posible abuso de las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con 
los consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional referida.
3.  La  aplicación  de  esta  doctrina  constitucional  al  presente  caso  conduce  al  bo
otorgamiento del amparo solicitado. 43ww
cláuCsuolma od eh a «qvueendcaimdioe netoxp uaenstitcoip, apdaor»a  reel chjuazzgaard loa  sreev islimiónita s oab rper olac laambuasr iveidl acda rdáec telar 
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bien  indicando  que  la  recurrente  no  hizo  uso  oportunamente  de  las  posibilidades
procesales para denunciar esa cláusula. Esta respuesta del órgano judicial no satisface 
las mínimas exigencias de motivación que dimanan de la doctrina constitucional referida, 
pues  desconoce  las  exigencias  del  principio  de  primacía  del  Derecho  de  la  Unión 
Europea y la obligación de control de oficio por los órganos judiciales del eventual 
carácter  abusivo  de  las  cláusulas  de  los  contratos  de  préstamo  hipotecario.  Esta 
únicamente se exceptúa en el caso de que la posible abusividad del clausulado hubiera 
sido examinada en un anterior control judicial, lo que no sucedía en el presente caso 
respecto de la cláusula de «vencimiento anticipado». En suma, el juzgador rehusó 
revisar la cláusula de resolución por vencimiento anticipado del título de ejecución, sin 
que tal decisión se fundara en el hecho de que, en un estadio procesal anterior, hubiera 
ya examinado, de oficio o a instancia de parte, el posible abuso de la referida cláusula.
Por consiguiente, las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han vulnerado 
el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), pues 
la decisión de no pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de la cláusula de 
«vencimiento anticipado» infringe el principio de primacía del Derecho de la Unión 
Europea, «al prescindir el juzgado de la interpretación impuesta y señalada por el órgano 
competente  para  hacerlo  con  carácter  vinculante».  Incurre,  por  ello,  «en  una 
interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso» (STC 31/2019, 
FJ 9). Procede por tanto el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de 
las resoluciones impugnadas y retroacción de las actuaciones al momento procesal 
oportuno a fin de que el órgano judicial, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva 
resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido:
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Luz Aurora Cuya Ayala y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las providencias 
de 1 y 2 de octubre de 2018 y del auto de 28 de noviembre de 2018, dictados por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Móstoles en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 692-2013.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la providencia de 1 de octubre de 2018, para que el órgano judicial 
dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  es
rubricado. bo