BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 332 Martes 22 de diciembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 118468
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
16807 Sala Segunda. Sentencia 160/2020, de 16 de noviembre de 2020. Recurso 
de amparo 2303-2017. Promovido por doña Nuria Soledad Prieto respecto de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional  que  desestimó  su  impugnación  de  providencia  de  apremio  en 
liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vulneración del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (resolución  fundada  en  Derecho): 
sentencia  que  atribuye  efectos  interruptores  de  la  prescripción  a  las 
notificaciones defectuosas practicadas por la administración.
ECLI:ES:TC:2020:160
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2303-2017, promovido por doña Nuria Soledad Prieto, 
contra la sentencia de 10 de octubre de 2016 de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  que  desestimó  el  recurso 
contencioso-administrativo núm. 127-2015, formalizado contra la resolución del Tribunal 
Económico  Administrativo  Central  de  26  de  noviembre  de  2014  en  materia  de 
providencia  de  apremio.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 9 de mayo de 2017, el 
procurador  de  los  tribunales  don  Fernando  María  García  Sevilla,  en  nombre  y 
representación de doña Nuria Soledad Prieto Medina, interpuso recurso de amparo, por 
vulneración del artículo 24.1 CE, contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de octubre de 2016, 
dictada en materia de providencia de apremio por determinadas liquidaciones tributarias.
2.  El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes:
a)  Los hechos tienen origen en una escritura de manifestación de herencia, de 28 
de mayo de 2004, en la que la recurrente en amparo aceptó las herencias de su madre y  s
de su padre, siendo su única heredera. En fecha 3 de junio de 2004, presentó la  e.
correspondiente  liquidación  del  impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones  ante  la  w.
administración tributaria de Madrid, que, disconforme con la autoliquidación, procedió a  807ww
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(e«l BpOlaCzoM s»i)n,  qtruaes  cdoivnesrtsaosse  ipnategnot oaslg duen on,o itnifiicciaóc eiól np rpoecresdoinmaiel nfatolli deojesc. uHtiavboi eennd eol  tqruaen sscíu lorrgidróo   BOE-A-cable e
la notificación personal a la afectada de las providencias de apremio, ahora en su 
domicilio actual, en octubre de 2008.
Contra dichas providencias la recurrente presentó recurso de reposición el 24 de 
octubre de 2008, alegando la falta de notificación de la deuda en periodo voluntario de 
pago y la prescripción del derecho de la administración a exigirlo; recursos que, en 
ambos casos, se desestimaron en junio de 2009. Contra sus resoluciones se interpuso 
reclamación  económico-administrativa  ante  el  Tribunal  Económico-Administrativo 
Regional de Madrid que, en resolución de 27 de enero de 2012, estimó la pretensión y 
anuló  las  dos  providencias  de  apremio  por  falta  de  notificación  correcta  de  las 
liquidaciones apremiadas y por prescripción.
Se formalizó recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por 
el director general de Tributos y de Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de 
Madrid. El recurso fue estimado por resolución de 26 noviembre 2014 que anuló la 
impugnada, razonando el Tribunal Económico-Administrativo Central: (i) que a efectos 
del cómputo de la prescripción del derecho de cobro de la deuda tributaria, la fecha 
inicial debía situarse en el momento en el que la administración pudo ejercitar tal 
derecho, lo que coincidía con el día siguiente al de finalización del plazo voluntario de 
pago [art. 67.1 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria (LGT)]; (ii) 
que aunque la actora alegara, de un lado que eran erróneos los domicilios en los que se 
efectuaron los intentos de notificación (uno de Barcelona que figuraba en la escritura de 
herencia y otro de Madrid, correspondiente a los padres de la ahora recurrente, que 
constaba en la autoliquidación del impuesto) y, de otro lado, que su domicilio actual era 
conocido por la administración, lo cierto es que los intentos de notificación llevados a 
cabo habían de tenerse por válidos y producir así la interrupción de la prescripción en 
favor de la administración tributaria, con el resultado estimatorio de la alzada ya indicado.
b)  Contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central se interpuso 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, recayendo su conocimiento en la Sección Séptima (procedimiento 
ordinario núm. 127-2015), que tras su tramitación dictó sentencia el 10 de octubre 
de 2016 en la que razonó: (i) que las operaciones de comprobación para determinar la 
deuda tributaria se iniciaron tras la presentación el 3 de junio de 2004 de los modelos de 
declaración  del  impuesto  de  sucesiones,  interrumpiéndose  entonces  «el  plazo 
prescriptivo desde ese momento, así como desde el momento en que los intentos de 
notificación que se llevaron a cabo interrumpieron la prescripción por hacerse dentro del 
periodo de cuatro años»; (ii) que en la escritura de 28 de mayo de 2004 de manifestación 
de  herencia  constaba  como  domicilio  de  la  obligada  tributaria  aquel  en  el  que  se 
realizaron  los  primeros  intentos  de  notificación  «y  ese  domicilio  consta  en  las 
autoliquidaciones como el de la actora, además de reflejarse el domicilio de Madrid», 
domicilio de los padres, en el que también se intentaron las notificaciones; (iii) que solo 
ante  la  imposibilidad  de  procederse  a  las  notificaciones  en  ellos  se  acudió  al 
procedimiento del art. 112 LGT (notificación por comparecencia, mediante anuncio en el 
correspondiente  diario  oficial);  (iv)  que  las  dificultades  de  notificación  se  hubieran 
resuelto si la actora hubiese puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria su domicilio 
actual, como era su obligación, lo que no hizo; (v) que, en relación ahora con las 
providencias  de  apremio,  «la  notificación,  en  este  caso,  se  efectuó  en  el  domicilio 
señalado en la documentación que la actora presentaba ante la Comunidad de Madrid», 
y  «a  pesar  de  ser  desconocida  en  ese  domicilio  se  efectuaron  otros  intentos  de 
notificación en otro de los domicilios que figuraba en la misma documentación, con  s
idéntico resultado de ausente», de manera que no fue posible llevarla a cabo «por  oe.
causas ajenas a la administración», resultando que, siendo un procedimiento iniciado a  w.
solicitud de la propia actora, no se le podía exigir a la administración «otro tipo de  807ww
acuctaul adceiotenremsi»n,a p luae vsatoli dqeuze  d«efu ees raess pnoontisfiacabcleio yn easc oprodre  ccoomnp loa reescteanbcleiac iddeo  leans  llaiq lueiyd,a tcoidoon elos 
tributarias» y convierte en «válidas las consiguientes providencias de apremio».
La  sentencia  desestimó,  en  consecuencia,  el  recurso  contencioso-administrativo 
interpuesto.
c)  El 15 de marzo de 2017, la sección de admisión de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación preparado por la 
representación de la demandante de amparo contra la sentencia de 10 de octubre 
de 2016 (recurso de casación núm. 4-2017), «por carencia en el recurso de interés 
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia [artículo 90.4 d) LJCA] y por 
referirse sustancialmente a cuestiones de hecho excluidas de la casación en virtud del 
art. 87 bis LJCA, cuya apreciación y valoración en la instancia se discute en cuanto 
determinó el fallo».
d)  Notificada esta última resolución judicial, se interpuso el presente proceso.
3.  La demanda de amparo denuncia que la sentencia impugnada ha producido la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al haberle ocasionado 
indefensión a la recurrente por un doble motivo:
a)  El primero de ellos, por haber incurrido la sentencia de la Audiencia Nacional en 
un error manifiesto sobre los presupuestos fácticos que sirvieron para resolver el asunto.
El error, consistente en considerar que no se puso en conocimiento de la Agencia 
Tributaria el nuevo domicilio sería, en el criterio de la demandante, patente, notorio, 
evidente y manifiesto, dado que las declaraciones del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008 acreditarían, 
sin necesidad de juicio alguno de valor, que sí había comunicado su nuevo domicilio. 
Igualmente, sería palmario el error en el que se incurre la sentencia al considerar que la 
notificación se llevó a cabo en el domicilio señalado en la documentación que la actora 
presentaba en la Comunidad de Madrid, lo que puede verificarse si se atiende a que la 
propia comunidad autónoma procedió a notificar las providencias de apremio, derivadas 
de las liquidaciones no notificadas personalmente sino por edictos, en el domicilio fiscal 
correcto de la recurrente. Asimismo, frente a la dirección consignada en la escritura de 
partición y adjudicación de herencia otorgada en el año 2004, esto es, tres años antes de 
los intentos de notificación defectuosos, es lo cierto que la Comunidad de Madrid tenía 
conocimiento del domicilio correcto de la demandante por obrar consignado en escrituras 
públicas  que  fueron  oportunamente  liquidadas  en  relación  con  el  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, cuya gestión y recaudación tiene delegada la comunidad 
autónoma. En consecuencia, visto que, además, dicho domicilio figuraba en el padrón 
municipal y en el propio documento nacional de identidad (DNI) de la recurrente, no cabe 
calificar como diligente la actuación de la administración, como por error señala la 
sentencia recurrida.
De esta manera, añade luego, el error fue determinante de la decisión judicial 
adoptada,  constituyendo  el  soporte  único  o  fundamental  de  la  resolución,  su  ratio 
decidendi, de suerte que por esa equivocación la fundamentación jurídica de la misma 
pierde su sentido y razón de ser. Un error atribuible a la Audiencia Nacional, continúa 
diciendo la demanda, por cuanto la demandante hizo referencia clara y reiterada a la 
prueba obrante en autos que acreditaba los extremos que defendía, y la sentencia ha 
producido efectos negativos en su esfera jurídica, pues la inexacta apreciación de la 
Audiencia Nacional ha supuesto dar por validas notificaciones que no lo eran, impidiendo 
en vía administrativa a la demandante alegar frente a las liquidaciones, además de haber 
permitido la sentencia entender como no prescrito el derecho de la administración a girar 
las liquidaciones efectuadas. Obligando en definitiva a la interesada al pago tanto del  e
importe de estas, cuantiosas como eran, como del recargo de apremio, igualmente  bo
elevado, sin apreciar el órgano judicial a quo, en contra de reiterada doctrina del Tribunal  807ww
Sdeu plare amdom yin idsetr aecsitóen T croibnullneavla Cbao nlas tpitéurcdioidnaa ld, eq usue  dlae raeccthuoa cpióonr  pdreefseccrtiupocsióan .y poco diligente
con Elan  jusruismparu, dceonnccilau yceo nesl tietuscciroitnoa rl,e scpoencctuor rdeen  eesnt ae l pprrimeseernat eq useujpau aelsetgoa lnodso r eqquueis diteo sa qcuuee rdhao 
de cumplir un error judicial para determinar la infracción del art. 24.1 CE, pues el yerro es
patente,  manifiesto,  evidente  y  notorio  en  cuanto  a  su  existencia,  inmediatamente 
verificable  de  forma  clara  e  incontrovertible  a  partir  de  las  actuaciones  judiciales, 
determinante de la decisión adoptada y soporte único o fundamental de la sentencia, 
atribuible al órgano judicial y no imputable a la negligencia o mala fe de la parte. 
Produciendo, reitera, efectos negativos en su esfera jurídica.
b)  El segundo motivo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no 
padecer  indefensión  (art.  24.1  CE),  según  la  demanda,  se  debe  al  defecto  en  la 
motivación del juicio de valoración de la prueba en el que incurre la sentencia, la cual 
omitió toda referencia a los medios de prueba aportados, pese a resultar de carácter 
trascendental en el caso controvertido (cita las SSTC, 189/1996, de 25 de noviembre, 
y 139/2009, de 15 de junio), pues acreditaban no solo que la actuación de la recurrente 
fue diligente, comunicando a la Agencia Tributaria su nuevo domicilio fiscal, sino que 
dicha dirección fiscal era pública, notoria y conocida por la propia Comunidad de Madrid.
c)  Con  ocasión  de  la  justificación  del  requisito  de  la  especial  trascendencia 
constitucional  [art.  49.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (LOTC)],  la 
demanda  se  opuso  además  a  la  inadmisión  de  su  recurso  de  casación  contra  la 
sentencia de instancia, acordada por la providencia de la Sección Primera de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2017. Según aduce, antes y también 
tras la reforma del recurso por la Ley Orgánica 7/2015, se pueden denunciar errores en 
la valoración de la prueba para que el alto tribunal pueda apreciar hechos y extremos 
acreditados en autos que no han sido tenidos en cuenta y que ponen de manifiesto la 
vulneración normativa, jurisprudencial y del derecho de defensa del art. 24 CE. Frente a 
ello, la providencia que cerró el proceso llegó a una conclusión contraria, lo que supone 
a su juicio privar de cualquier defensa al administrado en supuestos en los que no se 
haya valorado la prueba, o se haya valorado erróneamente, y en los que dicha omisión o 
error conduzcan a un resultado contrario a la norma y a la Constitución.
En virtud de todo lo expuesto, la demanda suplica a este tribunal que declare 
vulnerado  el  derecho  de  la  recurrente  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE), 
retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquel en el cual fue 
dictada la sentencia de la Audiencia Nacional, para que se resuelva el recurso con otro 
pronunciamiento que resulte respetuoso con el derecho fundamental vulnerado.
Por escrito posterior presentado el 26 de mayo de 2017, la representación procesal 
de la recurrente interesó la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, a fin 
de que el recurso de amparo interpuesto no perdiera su finalidad.
4.  La Sala Segunda de este tribunal, por providencia de 27 de noviembre de 2017, 
acordó admitir a trámite el recurso, apreciando que existe en él especial trascendencia 
constitucional (art. 50.1 LOTC) porque «puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]». Asimismo, solicitó las correspondientes actuaciones a la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al 
Tribunal Económico-Administrativo Central y a la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, acordando emplazar a través de 
este último órgano judicial a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a 
la recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por último, proveyendo a lo solicitado en el anterior escrito de la recurrente de 26 de 
mayo de 2017, se acordó en la misma providencia formar pieza separada de suspensión.
5.  En fecha 26 de febrero de 2018 se dictó diligencia de ordenación acordando dar  e
vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal –sin que se  bo
hubiera personado alguna otra parte del proceso a quo–, por plazo común de veinte  807ww
ddiísapso, npea real  aqrute.  5p2u.1d ieLrOaTnC p.resentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme
6.  La representación de la parte recurrente, por escrito registrado en este tribunal el
día 26 de marzo de 2018, puso de manifiesto que no obraban incorporadas a las
actuaciones las providencias de apremio de 6 de octubre de 2008, en las que consta el 
verdadero domicilio de la demandante de amparo. Providencias que, afirma el escrito, 
fueron emitidas por la Dirección General de Tributos haciendo constar aquella dirección 
correcta y que fueron debidamente notificadas de modo personal tan solo seis meses 
después  de  los  intentos  fallidos  de  notificación  en  domicilios  improcedentes.  Son 
providencias que, por tanto, acreditan que la Dirección General de Tributos conocía o 
pudo conocer el domicilio real para efectuar «las notificaciones de forma personal y 
correcta y que, sin embargo, y pese a ello, llevó a cabo las notificaciones personales en 
domicilios incorrectos y, finalmente, procedió a la publicación mediante edictos».
Providencias, en fin, que, junto con otros documentos obrantes en el expediente 
(declaraciones  del  IRPF,  copia  del  DNI,  copias  de  escrituras  y  empadronamiento), 
demuestran que su verdadero domicilio figuraba en registros oficiales y que era conocido 
por la administración, la cual por tanto procedió indebidamente, violando el derecho de 
defensa de quien demanda amparo. Por ello, esas providencias deberían incorporarse a 
las actuaciones, sin perjuicio de lo cual se reiteran las quejas ya formuladas en el 
recurso y se ratifica la demandante en el suplico del mismo.
7.  Evacuó el trámite del art. 52.1 LOTC el Ministerio Fiscal, con fecha de 4 de abril 
de 2018. A su parecer, con relación a la eventual vulneración atribuida específicamente a 
la providencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017, no se habría agotado la 
vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], por falta de interposición del incidente de nulidad de 
actuaciones previsto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo 
que este tribunal debería ocuparse únicamente de la vulneración denunciada frente a la 
sentencia de la Audiencia Nacional, entendiendo que la citada resolución del Tribunal 
Supremo se limitó a cumplir una función de agotamiento de la vía judicial.
Respecto de la sentencia recurrida afirma, que pese a que en la demanda se hace 
referencia a un error judicial manifiesto sobre los presupuestos fácticos que sirvieron 
para resolver el asunto, así como a la omisión de toda consideración de los medios de 
prueba aportados por la parte, el núcleo de la vulneración denunciada se concreta 
verdaderamente en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del 
art.  24  CE,  como  consecuencia  de  la  interpretación  y  aplicación  de  los  preceptos 
referidos a las notificaciones practicadas en el procedimiento administrativo, que, según 
la queja, habrían determinado el desconocimiento del contenido, tanto de las propuestas 
de  liquidación  para  en  su  caso  formular  alegaciones  como  de  las  liquidaciones 
provisionales; consecuentemente quedando restringida la posibilidad de su impugnación 
en vía judicial, al quedar esta forzosamente constreñida a las posteriores providencias de 
apremio.
Entrando en la cuestión descrita, señala el fiscal que: (i) nos encontramos ante un 
procedimiento seguido a instancia del interesado, por lo que las notificaciones debían 
realizarse, en principio, en el domicilio señalado o, en su defecto, en el domicilio fiscal, 
tal como previene la normativa aplicable e hizo la administración tanto en las propuestas 
de liquidación como en las liquidaciones provisionales, acudiéndose seguidamente a la 
notificación por comparecencia prevenida en el art. 112 LGT, mediante su publicación a 
tal efecto en el «BOCM»; (ii) sin embargo, las notificaciones así practicadas, aunque 
formalmente se acomodaran a lo dispuesto en el art. 112 LGT, no se ajustaron ad casum 
al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 CE, y ello 
porque, acreditada la identidad de la interesada y constatado un resultado negativo de 
los  primeros  intentos  de  notificación  por  resultar  desconocida  en  los  domicilios 
inicialmente utilizados, la administración recurrió directamente a la publicación en el  e.
«BOCM», sin desplegar la necesaria actividad tendente a localizar, con carácter previo,  w.b
un domicilio alternativo; esto es, conformándose con otros que, desde el primer intento  807ww
dbeu sncaorti fiyc aocbiótenn, esre  esna bloíasn  riengúitsilteross,  yp úobmlicitoiesn dcoo,r reens psounmdiae,n tleas d ialiqgueenlc iean s uefli cqieunet ep opdaerar 
rdeoamlizicailri ou nnia s niqoutiieficraa crieóqnu epreíarsno nuanl  epsofusietirvzao;  dye s(imii)e ldaisd oi nndia dgeascpioronpeosr cdieo naavdeor,i gpuuaecsióton  qdueel 
la administración tributaria tenía a su alcance diversos medios para obtener un favorable
resultado (así resultaría de los documentos obrantes en la actuaciones, señaladamente 
la inscripción de empadronamiento, el DNI de la recurrente o la documentación relativa al 
IRPF),  habiéndose  por  lo  demás  notificado  las  providencias  de  apremio  por  la 
administración tributaria en el domicilio correcto, por ser el actual, de la recurrente.
Por tanto, aunque el art. 48.3 LGT disponga que los obligados tributarios deberán 
comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la administración tributaria que 
corresponda,  tal  circunstancia  no  puede  desnaturalizar  la  observancia  del  derecho 
fundamental  a  no  sufrir  indefensión,  señaladamente  porque  el  emplazamiento  por 
edictos constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional según la 
doctrina  constitucional,  debiendo  extremarse  las  gestiones  en  la  averiguación  del 
paradero de los destinatarios, incluso cuando estos no hayan actuado con toda la 
diligencia debida.
En  definitiva,  en  la  tramitación  del  proceso  administrativo  se  ocasionó  una 
indefensión constitucionalmente relevante, privando a la recurrente de someter a revisión 
judicial las resoluciones administrativas y, por tanto, del derecho a la tutela judicial, lo que 
determina que proceda otorgar el amparo solicitado, con retroacción de actuaciones al 
momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de fecha 10 de octubre 
de 2016, a fin de que se dicte la que corresponda en términos respetuosos con el 
derecho fundamental vulnerado.
Añadía el escrito, no obstante, que no se encontraba incorporado el expediente 
administrativo de la administración tributaria de la Comunidad de Madrid origen de las 
resoluciones administrativas y judiciales posteriores y del presente recurso de amparo, 
apreciando como necesario disponer del mismo a fin de completar y contrastar las 
conclusiones alcanzadas.
8.  Por providencia de la Sala Segunda de este tribunal, de 17 de abril de 2018, se 
acordó  dirigir  atenta  comunicación  a  la  Consejería  de  Hacienda  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Madrid  para  que  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las 
actuaciones  correspondientes  a  las  providencias  de  apremio  del  expediente  2004-
S-015089.
Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación de 28 de septiembre 
de 2018 se otorgó un nuevo plazo de alegaciones a la parte recurrente y al Ministerio 
Fiscal.
Por escrito registrado en este tribunal el día 29 de octubre de 2018, la recurrente en 
amparo reiteró lo ya expuesto en su escrito anterior, remitiéndose en lo restante a lo 
alegado y solicitado en su demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el día 15 de noviembre de 2018, mantuvo 
asimismo las consideraciones realizadas en sus primeras alegaciones.
9.  Respecto  de  la  solicitud  de  suspensión  de  la  ejecución  de  la  sentencia 
impugnada, tras la apertura de la correspondiente pieza incidental acordada por la 
providencia de admisión del recurso, se concedió trámite de alegaciones a las partes, 
formulándolas únicamente el fiscal quien se opuso al otorgamiento de la medida. Por 
ATC 9/2018, de 5 de febrero, la Sala Segunda resolvió denegar la suspensión.
10.  Por providencia de fecha de 12 de noviembre de 2020, se señaló para votación 
y fallo del presente recurso el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos es
1.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la impugnación, por vulneración  w.
Addeedl m parirnotíivscitdurelaont i2vcoi4a . 1dd eeC  Elaap,  rAdeeum dlaiioe  snpeconiart e dNnecateicarim odniena alla,d  daSese  cl1icq0iu ódinde aS coéicoptntuiembsra et r didbeeu  lta2a 0rSi1aa6sla.,  ddiec tlaod Ca oennte mncaitoesroia-  2020-16807n https://ww
Según el criterio de la parte recurrente, la vulneración se produce al haber incurrido
la sentencia de la Audiencia Nacional en un error manifiesto sobre los presupuestos  Bc
fácticos que sirvieron para resolver el asunto y porque en la motivación de la valoración 
de la prueba se omitió toda referencia a los medios de prueba aportados. En su opinión, 
se evidencia que existe un error patente, notorio, evidente y manifiesto en el hecho de 
que el órgano judicial estimase que no puso en conocimiento de la Agencia Tributaria su 
nuevo domicilio, así como en que considerara que las notificaciones se llevaron a cabo 
en el domicilio señalado en la documentación que la demandante de amparo presentara 
en la Comunidad de Madrid. Error que se acreditaría toda vez que la propia Comunidad 
Autónoma procedió a comunicar personalmente las providencias de apremio, derivadas 
de  las  liquidaciones  no  notificadas  personalmente  sino  por  edictos,  en  el  domicilio 
correcto de la recurrente.
El referido error habría sido determinante de la decisión adoptada, constituyendo el 
soporte único o fundamental de la resolución, su ratio decidendi, atribuible a la Audiencia 
Nacional, que además omitió en la resolución judicial toda referencia a los medios de 
prueba aportados para acreditar esos extremos, produciendo efectos negativos en la 
esfera jurídica de quien lo invoca. Esta inexacta apreciación ha supuesto de manera 
indebida dar por válidas aquellas notificaciones, impidiendo a la demandante impugnar 
las liquidaciones, además de haber permitido entender como no prescrito el derecho de 
la administración a reclamar el pago, obligando a la interesada al abono del importe de 
estas, cuantiosas como eran, y del recargo de apremio, igualmente elevado, sin apreciar, 
en  contra  de  la  reiterada  doctrina  del  Tribunal  Supremo  y  de  este  propio  Tribunal 
Constitucional  en  la  materia,  que  la  actuación  defectuosa  y  poco  diligente  de  la 
administración conllevaba, por prescripción, la pérdida de su derecho a reclamar.
El Ministerio Fiscal, tras considerar que las quejas de la parte recurrente se dirigen 
materialmente contra la interpretación y aplicación de los preceptos referidos a las 
notificaciones practicadas en el procedimiento administrativo, estima que se le ocasionó 
un estado de indefensión contrario al art. 24.1 CE. Con las notificaciones practicadas, en 
efecto, aunque formalmente se atendió a lo dispuesto en el art. 112 LGT, no se cumplió 
el deber de desplegar la necesaria actividad tendente a localizar, con carácter previo a la 
publicación en el diario oficial, domicilios alternativos, omitiendo la administración, en 
suma,  la  diligencia  suficiente  para  buscar  y  obtener  en  los  registros  públicos 
correspondientes aquel en el que poder realizar una notificación personal positiva, pese 
a que las indagaciones de averiguación del domicilio ni siquiera requerían un esfuerzo 
desmedido  ni  desproporcionado,  puesto  que  la  administración  tributaria  tenía  a  su 
alcance diversos medios para obtener aquel favorable resultado, como confirman los 
documentos obrantes en la actuaciones.
2.  Como se ha indicado en los antecedentes, con ocasión de la justificación de la 
especial trascendencia constitucional del recurso la demanda de amparo discrepa de la 
inadmisión del recurso de casación resuelta por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
la  providencia  de  15  de  marzo  de  2017,  ya  que,  según  aduce  en  su  escrito,  de 
extenderse el criterio seguido en esa resolución judicial se privaría de cualquier defensa 
al administrado en supuestos en los que el órgano judicial a quo no haya valorado la 
prueba o la haya valorado erróneamente.
En  dicha  demanda  de  amparo,  sin  embargo,  no  se  traslada  propiamente  ese 
razonamiento a la formalización de una denuncia por vulneración de derecho fundamental 
alguno, por tanto no procede entrar a enjuiciar lo que se plantea dado que conforme a 
nuestra doctrina reiterada, la argumentación de la demanda destinada a justificar la 
especial trascendencia constitucional del recurso, es distinta y ha de quedar disociada de 
aquella otra por la que se articula la queja o quejas constitucionales de fondo [entre otras,  e.
SSTC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2; 146/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 37/2019,  w.b
de 26 de marzo, FJ 3 b); y 59/2019, de 6 de mayo, FJ 3 a); también, AATC 188/2008,  807ww
de 2A1  mdea jyuoliro ,a FbJu n2d; a2m89ie/2n0to0 8re, syu 2lt9a0r/í2a0 q0u8e, ,a emnb otosd doe c 2a2s od,e  ssi espeti eemstbimrea, rFaJ c 2o]n.stitutivo ese
ahlaebgeartsoe  dien cuunmap lvideord caodne rae l qrueeqjuai spitoor  dleesl inóenc deesla raiort . a2g4o.t1a mCiEen, teos tdae  slear ívaí ain jauddmiciiasilb pler epvoiar 
(art. 44.1 a) LOTC), en concreto por la falta de interposición contra la providencia del
Tribunal Supremo, del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 
LOPJ, como con razón postula el Ministerio Fiscal. Esa inadmisión, con todo, no hubiera 
afectado a la queja formulada contra la sentencia de instancia y que luego analizaremos, 
pues este tribunal excluye precisamente el llamado «efecto de arrastre» cuando se 
deducen varias quejas en una demanda, y solo alguna de ellas incurre en un óbice 
(SSTC 101/2018, de 1 de octubre, FJ 2, y 166/2019, de 16 de diciembre, FJ 1).
3.  Sentado lo anterior, deben hacerse algunas precisiones para delimitar el objeto 
de nuestro enjuiciamiento:
a)  De lo que viene de señalarse y a la vista del contenido de la demanda se 
evidencia que el objeto del recurso viene conformado, exclusivamente, por la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia 
Nacional.
Al respecto, este tribunal ha declarado reiteradamente que la concreción del objeto 
procesal se lleva a cabo en la demanda, pues es en ella donde se identifica el acto o la 
disposición cuya nulidad se pretende y se esgrimen las razones en que se funda dicha 
pretensión (por todas, STC 158/2000, de 12 de junio, FJ 2). Pues bien, en el escrito con 
el que se inició el actual proceso constitucional la recurrente únicamente razona y 
formula en términos de pretensión la petición de anulación de la resolución judicial 
impugnada, por lo que debemos limitar a la misma nuestro análisis.
Por tanto, las referencias efectuadas por la propia demanda en torno a la hipotética 
indefensión causada en vía administrativa, no tienen otra virtualidad que la de ilustrar 
acerca de los antecedentes fácticos de la sentencia cuya nulidad se pretende. Aunque 
este tribunal ha extendido el ejercicio de los derechos fundamentales que recoge el 
art. 24 CE, al ámbito del procedimiento administrativo sancionador, en particular el 
derecho a no padecer indefensión y «que el implicado sea emplazado o le sea notificada 
debidamente  la  incoación  del  procedimiento,  pues  solo  así  podrá  disfrutar  de  una 
efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa, previa a la toma de 
decisión;  y,  por  ende,  que  la  administración  siga  un  procedimiento  en  el  que  el 
denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes, 
así como de alegar lo que a su derecho convenga» (STC 70/2012, de 16 de abril, FJ 2, y 
las anteriores que ahí se citan); sin embargo, el procedimiento tributario del que traen 
causa las liquidaciones impugnadas en vía judicial por la recurrente carece de naturaleza 
sancionadora, por lo que no resulta aplicable esa doctrina. Por lo demás, respecto de 
tales  liquidaciones  o  de  los  recargos  de  apremio  impuestos  (de  los  que,  hemos 
advertido, no siempre implican una sanción: STC 291/2000, de 30 de noviembre, FFJJ 8 
a 10, y las allí citadas), la recurrente no ha alegado nada sobre su carácter sancionador, 
por lo que no cabe reconstruir de oficio la demanda.
b)  Aunque  la  recurrente  denuncia  la  vulneración  del  derecho  a  no  padecer 
indefensión (art. 24.1 CE) para impugnar la sentencia recaída en su contra, prima facie 
se evidencia que esta faceta del derecho a la tutela judicial efectiva no es aquí la 
realmente concernida, pues la demanda no afirma que se le hubiere privado de algún 
trámite de alegación o de prueba durante el proceso, o que no se le hubiera notificado 
aquella sentencia impidiéndole recurrirla.
Tampoco cabe considerar afectado el derecho de acceso a la jurisdicción. La falta de 
notificación personal en las fases administrativas previas al dictado de las providencias 
de apremio no ha impedido a la demandante acceder a los tribunales e impugnar la 
liquidación controvertida (STC 291/2000, FJ 2), una vez conocida esta en fase ejecutiva  e
e intentada su anulación en vía económico-administrativa. Solamente cuando la falta de  bo
emplazamiento en el procedimiento administrativo previo ha traído consigo, a su vez, la  807ww
dimepdousciibdialisd,a pdu eddee  ocbotnesnideer raurnsae  vruelsnoelruacdióon e l jucditiacdiaol  ddeere cfohnod doe  saocbcrees ol aas  lap jruertiesndsiciocinóens. 
eAls aí mlop haerom oasl  hdaebcelarsraed ion aednm lait idSoT Cel  1r1e2c/u2r0s1o9 c, odnete 3n cdieo sooc-taudbmrein, iFsJtr a4t ibvo),  idnotenrdpeu eostotorg paomr olas 
demandante por motivo de la firmeza en vía administrativa del acto impugnado [art. 69 c)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA)], al no haberse promovido recurso de alzada contra él; hecho que, sin embargo, 
justamente se debió a su falta de conocimiento en plazo por no haberle sido notificado. 
Esto en absoluto es lo sucedido aquí.
En realidad, la vertiente o faceta del art. 24.1 CE que se denuncia como vulnerada 
por la demanda, es la del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho. Para 
fundamentar la lesión se aduce que la audiencia incurrió en un error patente que la llevó 
a afirmar la inexistencia de prescripción de la deuda tributaria recurrida, tras estimar 
correctos los intentos de notificación efectuados por parte de la administración. La 
decisión judicial impugnada rechaza la tesis de la actora con base en la eficacia de 
dichos actos de notificación, lo que dio soporte a los términos que sustentaron su 
decisión  desestimatoria,  constituyó  la  ratio  decidendi  de  la  resolución  y,  en  suma, 
sostuvo el resultado que se ha derivado de la sentencia para el patrimonio jurídico de 
quien instara la vía judicial, así como el perjuicio que, como denuncia, le acarrea el 
pronunciamiento impugnado. La demanda alega también que la sentencia es defectuosa 
al motivar la valoración de las pruebas, porque no ha tenido en cuenta las obrantes en el 
expediente de las que se deducía que las notificaciones no eran válidas. Mas este 
segundo motivo no hace sino incidir en la causa de la comisión del error patente, por lo 
que  en  definitiva  se  integra  como  una  sola  queja,  en  cuyo  examen  de  inmediato 
entraremos.
4.  La demanda, se adelanta, debe ser estimada atendiendo a las circunstancias 
concurrentes y a la doctrina de fondo aplicable:
a)  La Audiencia Nacional razonó en la sentencia impugnada que, «en relación con 
las operaciones de comprobación para determinar la deuda tributaria, las mismas se 
iniciaron tras la presentación por parte de la actora el 3 de junio de 2004 de los modelos 
de declaración del impuesto de sucesiones, obviamente el plazo prescriptivo queda 
interrumpido desde ese momento, así como desde el momento en que los intentos de 
notificación que se llevaron a cabo interrumpieron la prescripción por hacerse dentro del 
periodo de cuatro años»; que los intentos de notificación se realizaron precisamente en 
el domicilio que figuraba como el de la actora en la escritura de manifestación de 
herencia, en Barcelona, que constaba en las autoliquidaciones, además de reflejarse 
otro,  en  Madrid,  donde  también  se  intentaron  las  notificaciones;  que  solo  ante  la 
imposibilidad de procederse a las notificaciones en ellos se acudió al procedimiento del 
art. 112 LGT (notificación por comparecencia, mediante anuncio en el diario oficial); que 
las dificultades de notificación se hubieran resuelto si la actora hubiese puesto en 
conocimiento de la Agencia Tributaria su domicilio actual, como era su obligación según 
dispone la Ley general tributaria, lo que no hizo; y que, en relación ahora con las 
providencias  de  apremio,  «la  notificación,  en  este  caso,  se  efectuó  en  el  domicilio 
señalado en la documentación que la actora presentaba ante la Comunidad de Madrid», 
y  «a  pesar  de  ser  desconocida  en  ese  domicilio  se  efectuaron  otros  intentos  de 
notificación en otro de los domicilios que figuraba en la misma documentación, con 
idéntico resultado de ausente», de manera que no fue posible llevarla a cabo «por 
causas ajenas a la administración», resultando que, siendo un procedimiento iniciado a 
solicitud de la propia actora, no se le podían exigir a la administración «otro tipo de 
actuaciones», pues «fue responsable y acorde con lo establecido en la ley, todo lo cual 
determina la validez de esas notificaciones por comparecencia de las liquidaciones 
tributarias» y convierte en «válidas las consiguientes providencias de apremio». e
b)  En el plano de la doctrina, por lo que se refiere al error patente como causa de  bo
vulneración del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho (art. 24.1 CE),  807ww
«e[sct]eo mtriob urneaclu veirednaen  claosn s[i…de] rSanSdToC q 1u6e7 u/2n0 e1r4ro, rF dJ e6l ,ó yr g1a8n6o/ 2ju0d1i5c,i aFl Js o6b, reen ltares  boatrsaess m fáuccthicaass, 
vquulen erhaacnió ns edrevli ddoe repcahrao  afu lnad taumteelan tajurd icsiua l deefeccistiivóan  dees l ossu jsucsetipctiaibblele sd, es i pbrieond uncoir  cuanbae 
otorgar  relevancia  constitucional  a  toda  inexactitud  o  equivocación,  sino  que  es
necesario que concurran determinados requisitos. Así, el derecho a la tutela judicial 
efectiva se vulnera cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento 
equivocado, que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial 
en  un  error  patente  en  la  determinación  y  selección  del  material  de  hecho  o  del 
presupuesto sobre el que asiente su decisión, produciendo efectos negativos en la 
esfera jurídica del ciudadano, siempre que se trate de un error verificable, de forma 
incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales, y que sea determinante de la 
decisión  adoptada,  constituyendo  el  soporte  único  o  básico  (ratio  decidendi)  de  la 
resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano 
judicial de no haber incurrido en dicho error (entre otras, SSTC 245/2005, de 10 de 
octubre, FJ 4, y 118/2006, de 24 de abril, FJ 3)» (STC 6/2018, de 22 de enero, FJ 5).
Asimismo, este tribunal ha manifestado que no puede calificarse de razonable una 
interpretación que prime los defectos en la actuación de la administración, colocándola 
en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos 
legales y perjudicando paralelamente al particular afectado por el acto administrativo, 
quien fue privado del conocimiento del procedimiento tributario en la fase de pago 
voluntario, siendo después, sin embargo, localizado en su domicilio real en la fase de 
apremio y ejecución de la deuda, todo ello como consecuencia de la falta de diligencia 
de la administración al no realizar una notificación debida desde el momento inicial (por 
todas, STC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4).
c)  Aplicando lo expuesto al presente caso, no cabe considerar que la apreciación 
por la Sala de que el acto administrativo había sido debidamente notificado resulte 
conforme con el derecho a una resolución fundada en Derecho, ex art. 24.1 CE. El 
órgano  judicial  actuante,  en  efecto,  ignoró  que  dichas  notificaciones  debían  ser 
calificadas de defectuosas porque las mismas no se llevaron a cabo con la diligencia que 
la  administración  debía  desplegar  para  hacer  posible  la  notificación  personal  a  la 
interesada.
No puede considerarse que haya existido falta de diligencia de la propia recurrente, 
pues  es  lo  cierto  que,  como  relatan  y  precisan  el  Ministerio  Fiscal  y  la  propia 
demandante, en diversos registros y documentos constaba a la administración su real 
domicilio (DNI, empadronamiento, declaraciones IRPF, etc.). La sentencia recurrida obvió 
que la administración dirigió la notificación en fase de apremio al verdadero domicilio de 
la recurrente y no lo hizo en cambio en los momentos anteriores, pese a conocerlo, lo 
que ha supuesto que la administración se beneficiara de su propia irregularidad.
Como resultado de esto, la falta de conocimiento de la operación de revisión de la 
administración le impidió a la recurrente alegar y contradecir en periodo voluntario de 
pago, incluso abonar la deuda sin devengo de los recargos que aumentaron su carga 
tributaria, tal y como se deriva de los importes reseñados en la liquidación provisional e, 
incrementado, en las providencias de apremio.
La validez que otorga la sentencia recurrida a la notificación defectuosa condicionó la 
motivación que funda la respuesta judicial y, de modo particular, el criterio equivocado 
que  sienta  la  sentencia  recurrida  sobre  la  prescripción  alegada,  considerándola 
interrumpida en plazo y por ende conformes a la ley los actos dictados, vulnerando así el 
derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Dicha  vulneración  ha  de  traer  consigo,  como  se  adelantó,  la  estimación  de  la 
demanda, acordándose como medidas de reparación del derecho fundamental la nulidad 
de dicha sentencia de instancia, así como la retroacción de las actuaciones al momento 
inmediatamente anterior a su dictado, para que la Sección competente pronuncie una  s
nueva sentencia que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado. oe.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Nuria Soledad Prieto Medina, y, 
en su virtud:
1.º  Reconocer el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE).
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 10 de octubre de 2016, en el 
recurso núm. 127-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  de  dicho  recurso  al  momento  anterior  al 
pronunciamiento de la sentencia, a fin de que por el órgano judicial competente se 
adopte una nueva resolución conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
demandante.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.