BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 150 Jueves 24 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 76212
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
10570 Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Illes Balears, en relación con el Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental 
de las Illes Balears.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid,  7  de  junio  de  2021.–La  Secretaria  General  de  Coordinación  Territorial, 
Miryam Álvarez Páez.
ANEXO
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto 
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
ley de Evaluación Ambiental de las Illes Balears
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente Acuerdo:
I.  De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de trabajo 
constituido por Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears de 3 de diciembre de 2020, para el 
estudio  y  propuesta  de  solución  de  las  discrepancias  manifestadas  con  relación  al 
Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de  la  ley  de  Evaluación  Ambiental  de  las  Illes  Balears,  ambas  partes  consideran 
solventadas las mismas conforme a los siguientes compromisos:
a)  Respecto de las discrepancias manifestadas con relación a los artículos 14, 
apartados 3 y 4, y 19, apartado 3, ambas partes coinciden en considerar que la recta 
interpretación de los mismos ha de partir del sentido delimitado por el artículo 8 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, de modo que únicamente 
cabrá la exoneración del trámite en los supuestos específicos del citado artículo 8 y 
entendiendo que la referencia a los supuestos en que, por su excepcionalidad, el órgano 
ambiental acuerde la exoneración por el hecho de no tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente se entienden reconducidos a los previstos en exclusiva en la normativa 
básica precitada, sin que el artículo  19.3  pueda entenderse como un supuesto de 
exoneración.
b)  Respecto de la discrepancias manifestadas con relación al artículo 22.6, ambas  e.
partes las consideran resueltas al estimarse que la regulación contemplada en la norma  w.
autonómica, sin perjuicio de que pueda configurarse como una norma adicional de  570ww
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diciembre, de evaluación ambiental.
c)  Por lo que respecta a las discrepancias suscitadas respecto del artículo 26.3, 
ambas partes acuerdan que la recta interpretación del mismo ha de partir de que su 
aplicación se llevará a cabo con pleno respeto de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
d)  En cuanto al artículo 35, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asume el 
compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para suprimir dicho 
precepto,  sin  perjuicio  de  que  el  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico evalúe, al tiempo, la problemática derivada de la aplicación práctica del 
último párrafo del artículo 9.1. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y, en su caso, su posible modificación, en el marco de lo dispuesto en la 
Directiva  2011/92/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  13  de  diciembre 
de  2011,  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados  proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.
II.  En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar concluida 
la controversia planteada.
III.  Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».