BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 293 Miércoles 8 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 150902
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
20257 Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo 
Financiero del Estado para la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
La  disposición  adicional  cuadragésima  tercera  de  la  Ley  42/2006,  de  28  de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, creó el Fondo 
Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, cuyo 
último desarrollo reglamentario fue el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que 
se regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas.
El Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del 
grupo empresarial Thomas Cook, en su artículo 6 modificó la denominación de este 
Fondo  del  Estado,  la  cual  pasó  a  ser  «Fondo  Financiero  del  Estado  para  la 
Competitividad Turística F.C.P.J.» (en adelante, el Fondo); así como el texto de la citada 
disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, a los 
efectos de adaptar el objetivo del Fondo a promover, mediante préstamos, la mejora de 
la competitividad del sector turístico, en especial aquellos proyectos que contengan 
actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización 
de los servicios.
El artículo 6.3 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, también ordenó al 
Gobierno,  en  el  plazo  de  tres  meses  desde  su  entrada  en  vigor,  a  establecer 
reglamentariamente las medidas necesarias para desarrollar lo previsto en relación con 
el  citado  Fondo.  Este  mandato  legal  no  fue  realizado  en  su  momento  debido  al 
extraordinario impacto que la pandemia del COVID-19 tuvo en nuestro sector turístico, 
que ha exigido reexaminar los mecanismos de intervención pública en la actividad 
turística.
Este real decreto constituye el desarrollo reglamentario del Fondo y se dicta en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3 y en la disposición final segunda del 
Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, que habilita al Gobierno para aprobar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en el real 
decreto-ley.
El presente real decreto recoge, como mecanismo de financiación, el otorgamiento 
de préstamos con cargo al Fondo a aquellos proyectos que desarrollen las empresas 
turísticas que se dirijan a mejorar la competitividad del sector turístico, en especial 
aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de 
innovación y modernización de los servicios
II
Este real decreto se incluye como reforma en al Plan Nacional de Recuperación,  e.
Transformación y Resiliencia de la Economía Española, «España Puede» (en adelante,  w.
Plan de Recuperación), aprobado por el Consejo el pasado 13 de julio conforme a lo  257ww
Eesutraobpleeoci dyo d eeln C loonss eajrotí cduel o1s2  1d8e  yfe b2r0e rod edl eR 2e0g2la1m peonr teol  q(UuEe )s e2 0e2s1ta/2b4le1c ed eell  MPaerclaamniesmntoo 
de Recuperación y Resiliencia.
El Plan de Recuperación incluye diez políticas tractoras o palancas que van a incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social. De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y 
digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora», aborda la modernización del ecosistema de industria-
servicios  orientado  a  la  digitalización  y  transición  energética,  para  ganar  en 
competitividad  y  contribuir  de  este  modo  a  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible, 
incluyendo al sector turístico.
Los proyectos que constituyen dicho Plan de Recuperación permitirán la realización 
de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante  cambios  normativos  e 
inversiones  que  permitan,  por  un  lado,  un  cambio  del  modelo  productivo  para  la 
recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y, por otro, una 
transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa 
enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.
El Fondo regulado en este real decreto se enmarca en el Componente 14 del Plan, 
«Plan de modernización y competitividad del sector turístico», como reforma 1, a cumplir 
durante el cuarto trimestre de 2021.
III
El presente real decreto se compone de diecisiete artículos estructurados en dos 
capítulos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el Capítulo I, el artículo 1 define el objeto y finalidad de la norma; el artículo 2, el 
régimen jurídico del Fondo; el artículo 3, el régimen de los préstamos conforme a la 
normativa europea; el artículo 4, los recursos financieros del Fondo; el artículo 5, el 
órgano gestor del Fondo; el artículo 6, los proyectos financiables con los préstamos del 
Fondo; y el artículo 7, el tipo de operaciones a realizar por el Fondo.
En  el  Capítulo  II,  el  artículo  8  identifica  los  beneficiarios  potenciales  de  las 
convocatorias  de  préstamos;  el  artículo  9,  las  características  de  los  préstamos  a 
conceder con cargo al Fondo; el artículo 10, el régimen de publicidad de los préstamos 
financiados por el Fondo; el artículo 11, el régimen de las convocatorias de préstamos; el 
artículo  12,  el  sistema  de  valoración  y  propuesta  de  concesión  de  préstamos;  el 
artículo 13, el órgano y procedimiento de resolución y notificación de concesión de 
préstamos;  el  artículo  14,  el  plazo  de  ejecución  de  los  proyectos  financiados;  el 
artículo 15, el régimen de justificación y seguimiento de las actuaciones financiadas; y el 
artículo 16, el reintegro por incumplimiento de las finalidades del préstamo.
El artículo 17 prevé que la Administración General del Estado se subrogue en los 
derechos  de  cobro  del  Fondo  que  no  sean  atendidos  voluntariamente  por  los 
prestatarios,  a  fin  de  que  esos  derechos  se  hagan  efectivos  de  acuerdo  con  los 
procedimientos  previstos  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre,  General 
Presupuestaria».
La disposición derogatoria única dispone la derogación del Real Decreto 937/2010, 
de 23 de julio, por el que se regula el Fondo del Estado para la Modernización de las 
Infraestructuras Turísticas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo establecido en este real decreto. Asimismo, se recoge una salvaguarda para aquellos 
proyectos actualmente existentes que se hubieran acogido al citado Fondo Financiero 
del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) y se señala que 
se regirán por lo previsto en dicho Real Decreto 937/2010, de 23 de julio y por el resto de  s
normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el Real Decreto-ley 12/2019, de 11  e.
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la  w.
apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. 257ww
fundLaams ednistap olsai cnioonremsa f,i nya lelas  pernimtraedraa  ye sne gvuignodra  dreec olag enno erml taít uelol  cdoíam pseigteuniecniatel  eanl  qduee  ssue 
pfinuabll ictearccieórna  ehna beill i«taB poalertaín e Ol dfiecsiaalr rdoelllo E rsetgaldaom»e, nretasrpioe cdteivla rmeaeln dtee.c rPeotor .último, la disposición  BOE-A-cable e
IV
Este real decreto se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.3 y en la 
disposición final segunda del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, que habilita al 
Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
previsto en el real decreto-ley.
Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al responder a los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado en 
su norma legal habilitadora.
Igualmente,  se  da  cumplimiento  a  los  principios  de  seguridad  jurídica, 
proporcionalidad  y  eficacia,  destacándose  que  las  medidas  que  incorpora  son 
congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible al 
contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos 
previamente mencionados.
De  forma  específica,  en  aplicación  de  los  principios  de  eficacia  y  eficiencia,  el 
proyecto prevé la reversión de la tesorería del Fondo o su eventual liquidación, en el 
supuesto de que no se concedan préstamos a su cargo, de forma significativa, durante 
los tres años siguientes a la entrada en vigor de esta norma. La rendición anual de 
cuentas del Fondo será el momento oportuno para revisar la situación del Fondo, a fin de 
proponer la adopción de las medidas que resulten más oportunas.
En  cuanto  al  principio  de  proporcionalidad,  la  operatoria  del  Fondo  sigue 
respondiendo a un sistema mixto de concesión de préstamos, en el que intervienen tanto 
las Comunidades Autónomas, en razón de su competencia exclusiva en materia de 
turismo  para  priorizar  el  contenido  material  de  los  proyectos  a  financiar;  como  las 
entidades financieras mediadoras, en el marco de las líneas de crédito al respecto del 
Instituto de Crédito Oficial, que verifican la solvencia financiera de los solicitantes de 
préstamos y asumen el riesgo financiero de las operaciones.
De acuerdo con el principio de transparencia, según lo dispuesto en la Ley 19/2013, 
de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  la  norma  identifica  claramente  su  propósito, 
ofreciéndose  en  este  Preámbulo  una  explicación  de  los  objetivos  que  presiden  el 
funcionamiento del Fondo.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno,  el  texto  ha  sido  sometido  al  preceptivo  trámite  de  consulta  y  audiencia 
mediante su puesta a disposición de las distintas comunidades autónomas en razón de 
su competencia exclusiva en materia de turismo.
Esta norma se adecua al principio de eficiencia, en la medida en que lleva a cabo 
una  gestión  eficiente  de  los  recursos  públicos  y  no  impone  cargas  administrativas 
innecesarias o accesorias a los ciudadanos.
El  presente  real  decreto  ha  sido  sometido  a  informe  del  Ministerio  de  Política 
Territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, en cuanto a su impacto en la distribución de las competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, el real decreto ha sido 
sometido a informe de las Comunidades Autónomas.
El titulo competencial prevalente en este real decreto es la competencia atribuida al 
Estado en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española respecto a la coordinación 
de  la  planificación  general  de  la  actividad  económica,  respetando  plenamente  la  e.
distribución competencial en materia de turismo al atribuir a las comunidades autónomas  w.b
las  competencias  de  gestión  administrativa  del  Fondo,  relativas  a  la  convocatoria,  257ww
trreasmpeitatac ilóan  juyri srpersuodleunccióian , coenns tsituu cimonoadla elind amd adteer iac otunrcísetsicióan y  dsee  rpercéosgtaem lao sc. oAmspimetiesnmcoia, 
rdees olalusc iocnoemsu nsiodbardee slo sa uptórénsotmamaso sp caoran  ccoanrgvoo caalr , Ftoranmdoit,a rs i labsie nso, liacli tusdeer sé, syte  dúicntiacro  lsaes 
establece  un  mecanismo  –acordado  por  la  Conferencia  Sectorial–  para  que  las 
convocatorias y tramitación de los expedientes se efectúen de forma coordinada.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 7 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Este real decreto tiene por objeto regular el «Fondo Financiero del Estado para la 
Competitividad  Turística  F.C.P.J.»,  (en  lo  sucesivo,  el  Fondo),  en  desarrollo  de  lo 
dispuesto en la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
2.  Con cargo al Fondo se apoyarán financieramente los proyectos dirigidos a la 
mejora de la competitividad del sector turístico, en especial aquellos proyectos que 
contengan actuaciones de digitalización, innovación y modernización de los servicios.
Artículo 2.  Naturaleza y régimen jurídico.
1.  El Fondo tiene naturaleza de fondo carente de personalidad jurídica, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 84.1.f), 137 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se encuentra adscrito a la Secretaría 
de Estado de Turismo.
2.  El Fondo se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por las 
normas contenidas en la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y por las 
disposiciones del presente real decreto. En lo que se refiere al régimen presupuestario, 
de contabilidad y control, se rige por lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Artículo  3.  Derecho  de  la  Unión  Europea,  competencia  y  compatibilidad  de  los 
préstamos.
1.  Cuando  las  condiciones  de  concesión  de  los  préstamos  contemplen  una 
bonificación del tipo de interés aplicable, o no respeten las condiciones de mercado por 
cualquier otra vía, los préstamos se acogerán al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. De 
conformidad con el artículo 3 de dicho reglamento, en el caso de los préstamos, el 
importe de ayuda será su equivalente de subvención bruta.
2.  Las líneas de financiación establecidas en este real decreto serán compatibles 
con cualesquiera otras ayudas o subvenciones que otorguen otras Administraciones 
públicas u organismos internacionales, sometidos, en su caso, a la normativa de la Unión  s
Europea vigente, siempre que no superen el coste del proyecto o proyectos para los que  oe.
se solicita financiación. w.
a1c4u0m7E/nu2 l0ac1ca3isó odn e pd rleae  vCqisuotema sils oeisón n pl,o rdsée sa tr1at8ímc udoleso  sds i3ec  iyec mo5n bdcreee  dddaiecn h 2oa0 lr1 e3ag,m ladpmeabereonr táodn.e lc uRmepglliarsmee lnatso  re(UgEla)s  nd.e°   2021-20257n https://ww
3.  Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el apartado
anterior, se exigirá a las empresas turísticas solicitantes una declaración responsable  Bc
acerca de todas las ayudas públicas o de minimis que tengan concedidas o solicitadas 
para el mismo proyecto o proyectos que se pretenda financiar durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores, así como durante el ejercicio fiscal en curso en el momento de la 
concesión de la ayuda.
Artículo 4.  Financiación del Fondo.
1.  Los recursos para financiar las operaciones con cargo al Fondo provendrán de 
las dotaciones que le asignen anualmente los presupuestos generales del Estado, de los 
remanentes de ejercicios anteriores y de las devoluciones o retornos de operaciones 
realizadas con cargo al mismo.
2.  Las aportaciones patrimoniales al Fondo que específicamente contemplen las 
sucesivas leyes anuales de presupuestos generales del Estado serán transferidas a la 
cuenta operativa del Fondo en el Banco de España, en virtud de lo establecido en el 
artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la 
medida que lo requiera la efectiva ejecución de los préstamos del Fondo, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo siguiente.
3.  Si durante un periodo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente  real  decreto,  no  se  autorizara  un  número  significativo  de  operaciones  de 
préstamo con cargo al Fondo, su saldo de tesorería revertirá al Tesoro Público, sin 
perjuicio de que pueda acordarse su extinción y liquidación, en los términos previstos en 
el artículo 137.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 5.  Administración financiera y órgano cuentadante.
1.  Conforme  a  lo  establecido  en  el  apartado  dos  de  la  disposición  adicional 
cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, la gestión del Fondo 
corresponderá a la Secretaría de Estado de Turismo y su administración financiera se 
llevará a cabo por el Instituto de Crédito Oficial.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
control de eficacia de la actividad del Fondo corresponde al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, a través de la Inspección de Servicios del mismo; y a la supervisión 
continua del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Intervención 
General de la Administración del Estado.
2.  En caso de que el Fondo abriese una cuenta en el Instituto de Crédito Oficial, 
previa  autorización  de  la  Dirección  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  aquél 
remunerará los saldos dl Fondo al tipo de interés que se establezca mediante convenio 
suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto de Crédito 
Oficial, en función del coste que represente para éste la captación de recursos en el 
mercado.
3.  La  administración  financiera  del  Fondo  por  el  Instituto  de  Crédito  Oficial 
conllevará un coste de gestión que será liquidado, con base en las cuantías dispuestas 
en esta línea de financiación, y cuyo importe será establecido en el convenio previsto en 
el apartado anterior. De forma similar, con carácter anual, el Instituto de Crédito Oficial 
liquidará el coste o beneficio neto que suponga el mantenimiento del saldo del Fondo 
durante el ejercicio correspondiente, una vez considerada la citada remuneración.
4.  La formulación, puesta a disposición, aprobación y rendición de las cuentas del 
Fondo ante el Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la 
Administración General del Estado, corresponde a la Secretaría de Estado de Turismo. es
Artículo 6.  Proyectos financiables.
1.  En los términos que se determinen en el marco de los acuerdos que se alcancen 
en la Conferencia Sectorial de Turismo para cada periodo, podrán financiarse con cargo 
al Fondo categorías de proyectos como las siguientes:
a)  Proyectos que promuevan la digitalización de las empresas turísticas, los cuales 
deberán contener una o varias de las siguientes actuaciones:
1.º  Digitalización de la base de las empresas turísticas, a través del desarrollo de 
herramientas de digitalización masiva, la adopción de soluciones digitales que faciliten la 
venta, soluciones digitales móviles o la aplicación del big data.
2.º  Mejora de la competitividad de las empresas turísticas a través del diseño e 
implementación de estrategias digitales.
3.º  Desarrollo del comercio electrónico de los productos y servicios turísticos, en 
particular en torno al «cloud computing» y la movilidad.
4.º  Diseño  e  implementación  de  estrategias  de  marketing  digital,  presencia, 
diferenciación y reputación online.
5.º  Digitalización a través de actuaciones como la implementación de tecnologías 
móviles;  geo-referenciación;  Turismo  2.0;  realidad  virtual  y  aumentada;  domótica  y 
sensorización; captura y análisis de datos, plataformas sociales; seguridad de redes y 
servicios electrónicos; canales de comunicación e interrelación con clientes.
6.º  Gestión y promoción del turismo digital; investigación sobre nuevos productos y 
servicios turísticos; promoción y comercialización multicanal y abierta; gestión de la 
información; percepción y conocimiento del cliente; optimización de procesos de gestión; 
sistemas de gestión de la innovación.
b)  Proyectos  que  promuevan  la  innovación  y  modernización  de  las  empresas 
turísticas, los cuales deberán contener una o varias de las siguientes actuaciones:
1.º  Proyectos  consistentes  en  la  construcción,  ampliación,  renovación  o 
remodelación de infraestructuras turísticas; la instalación, sustitución o reparación de 
equipamientos turísticos; o el establecimiento, ampliación o mejora de servicios que 
mejoren la oferta turística.
2.º  Proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos, siempre que no 
comporten  una  simple  aplicación  de  investigaciones,  desarrollos  o  innovaciones  ya 
realizados, tales como los encaminados a adquirir nuevos conocimientos que puedan ser 
útiles para desarrollar  nuevos productos, procesos o  servicios turísticos o permitan 
mejorar los ya existentes; o los que contribuyan a la aplicación de nuevos métodos 
organizativos a las prácticas comerciales, la organización de los centros de trabajo, los 
procesos, o las relaciones exteriores de las empresas turísticas, o los que contribuyan a 
la adaptación de la oferta turística al cambio climático.
2.  Los  proyectos  del  apartado  1.b)  de  este  artículo  deberán  referirse 
preferentemente a alguno de los siguientes ámbitos del sector turístico:
a)  Energía  y  sostenibilidad:  gestión  energética;  energías  renovables;  eficiencia 
energética; edificación sostenible; turismo sostenible; reutilización del agua; integración 
de  criterios  adaptativos  para  la  reducción  de  riesgos  climáticos;  gestión  y  control 
energético;  gestión  y  control  de  residuos;  emisiones  CO2;  huella  de  carbono  y  s
certificaciones; y cualesquiera otras actuaciones vinculadas con los principios de la  oe.
economía circular. w.
b)  Materiales  y  construcción:  arquitectura  bioclimática;  personalización  de  257ww
aremcbicileanjete sd; ea imslaamteireianlteos ;t émrmaitceor iayl easc únsot icroe seidnu aloles sn; ureevhoasb imlitaacteiórina leys  rdeec ucpoenrsatcruiócnc iódne; 
(paaistrliammoineinot o,c olimn picerzitae,r iroesv eastdimapietanttiov,o ds ecaonrtaec ióenl , ectacm.),bio  climático;  nuevos  materiales  BOE-A-cable e
c)  Transporte y Servicios Asociados: transporte sostenible; investigación sobre el 
usuario de transporte y su papel en los programas de compensación de carbono; planes 
en destinos sobre productos, itinerarios y rutas temáticas integrándolo todo con los 
transportes;  desarrollo  de  programas  de  actuación  público-privadas  en  zonas  o 
comarcas  turísticas  sobre  la  base  de  rutas  y  productos  temáticos  experienciales; 
vertebración  territorial  del  transporte  y  los  recursos  culturales  y  naturales  de  alto 
potencial  turístico;  acciones  sobre  transporte  y  movilidad  turística;  acciones  de 
digitalización,  sostenibilidad  y  similares  en  los  servicios  de  transporte  discrecional; 
acciones sobre transporte y movilidad turística que tengan en cuenta las capacidades de 
carga ambiental y los condicionantes climáticos de los destinos; Investigación sobre 
externalización de los efectos del transporte; efectos internos de la externalización de los 
efectos del transporte; elaboración de mapas sobre intensidad de uso del transporte; 
Intensidad  de  uso  de  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  en  transporte 
turístico y sus consecuencias; orientación al usuario de las TIC turísticas; colaboración y 
cooperación de redes de destinos; desarrollo de nuevos modelos de negocio y de 
sistemas de distribución; soluciones avanzadas de información para múltiples destinos y 
dispositivos; generación de nuevos servicios y contenidos para los turistas; modelos de 
previsión de la demanda para la gestión integrada con la cadena de suministro.
d)  Accesibilidad: desarrollo de mejoras técnicas y tecnológicas de los recursos y 
destinos  turísticos  para  su  accesibilidad  y  adaptabilidad  a  las  necesidades  de  las 
personas con discapacidad; creación de nuevos programas de formación del personal de 
los servicios turísticos innovadores.
3.  Los proyectos deberán haber comenzado a ejecutarse con posterioridad a la 
fecha de publicación de la correspondiente convocatoria de préstamos. Asimismo, el 
plazo máximo de ejecución de proyectos y modelos de negocio será de tres años 
contado a partir de la fecha de formalización de la operación de financiación, pudiendo 
incluirse  entre  los  gastos  financiables  todos  aquellos  que  se  hayan  realizado  con 
anterioridad a la finalización del mencionado plazo.
4.  Salvo lo previsto en el artículo 9.3.d), no serán financiables gastos corrientes, 
reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, ni proyectos ya ejecutados.
5.  En  todo  caso,  los  proyectos  financiados  con  recursos  del  Fondo  aplicarán 
estrictamente el principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente», 
conforme a la definición del mismo contenida en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852, de 18 de junio, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles; dentro del marco general del Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 
de diciembre, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 
y demás disposiciones aplicables; y en particular, conforme a lo recogido en el anexo de 
este real decreto.
Artículo 7.  Operaciones del Fondo.
Con cargo al Fondo podrá realizarse el otorgamiento de préstamos con largos plazos 
de amortización, incluyendo periodos de carencia y bajos tipos de interés.
CAPÍTULO II
Préstamos a cargo del Fondo
Artículo 8.  Solicitantes de los préstamos. o
1.  Podrán acogerse a los préstamos establecidos en este real decreto: 257ww
a)  Los trabajadores autónomos o por cuenta propia, dados de alta en el régimen
qcourer escpoornredsiepnotned, as eadne  ol an o Sae gsuu rivdeazd  mSieomcbiarlo so d em suotcuiaeldidaadde s dceivl ilecso,l edgei oc opmruonfeidsaiodneasl 
de bienes, o socios de sociedades mercantiles.
b)  Las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en 
España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, que desarrollen una 
actividad turística, y que no se trate de sociedades mercantiles en cuyo capital social la 
participación, directa o indirecta, del sector público sea superior al 50 por 100, o en los 
casos  en  que  sin  superar  ese  porcentaje,  se  encuentre  respecto  de  las  referidas 
entidades en el supuesto previsto en el artículo 42 del Real Decreto de 22 de agosto 
de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
2.  Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad turística si su actividad u 
objeto social se encuentra relacionado con el ejercicio de las actividades comprendidas 
en los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), 
que figuran en el anexo del Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), y siempre que 
dichas actividades se hallen dentro de las enumeradas de forma expresa en el Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial a que hace referencia el artículo 11, epígrafe 2, del presente 
real decreto y en las respectivas convocatorias autonómicas.
Será necesario que dichas actividades se hayan desarrollado, al menos, durante los 
tres  años  previos  a  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para  presentar  la  solicitud 
correspondiente.
3.  Los solicitantes de estas ayudas deberán acreditar, como condición de solvencia 
económica, referido a las últimas cuentas aprobadas, que el activo total sea superior a la 
suma de pasivo corriente y no corriente incrementado en un 50 por ciento.
4.  No podrán obtener la condición de beneficiario aquellas personas o entidades en 
quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  detalladas  en  el  artículo  13.2  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente 
de pago de las obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos 
anteriormente concedidos con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Artículo 9.  Condiciones financieras de los préstamos.
1.  Con cargo al Fondo podrán otorgarse préstamos cuyas condiciones financieras 
(tipo de interés, plazo de amortización, periodo de carencia, importe máximo, etc.) se 
determinarán por orden de la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  previo  acuerdo  de  la  Comisión  Delegada  del  Gobierno  para  Asuntos 
Económicos. El tipo de cesión de los préstamos a las entidades financieras será el 
menor entre el tipo establecido en la citada orden y el tipo de interés de cesión vigente 
en  cada  momento  en  la  línea  ICO  para  empresas  y  emprendedores,  para  el 
correspondiente plazo de amortización y carencia en la modalidad de tipo fijo.
2.  Los préstamos concedidos financiarán, como máximo, hasta el 75 % del coste 
financiable de los proyectos, sin que la cantidad financiada pueda superar la cifra de seis 
millones de euros, o la cifra del neto patrimonial acreditado de la empresa en las últimas 
cuentas aprobadas.
3.  El  importe  de  los  préstamos  se  destinará  a  cubrir  los  gastos  que  estén 
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto financiado. Dichos préstamos 
podrán aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos:
a)  Gastos de personal.
b)  Costes  de  instrumental  y  material  inventariable,  en  la  medida  y  durante  el 
período en que se utilice para el proyecto. s
c)  Costes  de  investigación  contractual,  conocimientos  técnicos  y  patentes  oe.
pardoqdudui)rc idtoaOsst  rsuoim so iblgatearenssitdo qasus e dp eso er f ludicneecrniivoceniana  mddeiire efnuctteoan,m teiensnc etleux itddeoerns l aa csao acst tipverised cadidoe sd  edmle ap mtreoeryiraeclc,a tdoso.u.ministros  y  2021-20257n https://www.
4.  No obstante lo indicado en el artículo 6.4, se establece la compensación de los 
gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo del 10 % de los 
costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justificación.
5.  En relación con todas las cuestiones relacionadas con la subcontratación será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
normativa concordante.
Artículo 10.  Publicidad.
La publicidad, en cualquier medio de difusión, de los proyectos que se financien con 
los presentes préstamos deberá incluir una referencia a que han sido apoyados por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la comunidad autónoma convocante.
Artículo 11.  Convocatoria y tramitación.
1.  La persona titular de la Secretaría de Estado de Turismo fijará cada año el 
volumen de recursos del Fondo destinado a las operaciones de préstamos.
2.  A propuesta de la Secretaría de Estado de Turismo, la Conferencia Sectorial de 
Turismo acordará los criterios de valoración de las solicitudes y, con validez para dos 
años, el calendario de las convocatorias y tramitación de préstamos. Este acuerdo habrá 
de ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Las convocatorias se efectuarán por 
cada una de las comunidades autónomas y se publicarán tanto en el «Boletín Oficial del 
Estado» como en los respectivos diarios oficiales de las comunidades autónomas.
Se deberá incluir el mantenimiento y creación del empleo como un criterio objetivo de 
valoración de las solicitudes, con carácter puntuable.
3.  Las solicitudes de préstamos se presentarán, dentro del plazo fijado en las 
correspondientes  convocatorias  de  cada  comunidad  autónoma,  ante  éstas  y,  en 
cualquiera de las entidades de crédito mediadoras con las que el Instituto de Crédito 
Oficial  haya  suscrito  el  correspondiente  acuerdo  de  mediación.  Las  convocatorias 
autonómicas dispondrán lo necesario para subsanar las solicitudes que lo requieran.
4.  La  entidad  financiera  admitirá  o  rechazará  la  solicitud  de  acuerdo  con  sus 
criterios internos en materia de riesgos, en el plazo de un mes, contado desde la fecha 
de presentación de la solicitud.
5.  En el caso de su admisión por la entidad financiera, ésta remitirá al Instituto de 
Crédito Oficial original y copia de todas las solicitudes, con el límite máximo del plazo de 
presentación de solicitudes indicado en la correspondiente convocatoria.
6.  El Instituto de Crédito Oficial comprobará, conforme a los acuerdos de mediación 
suscritos con las entidades financieras, la documentación recibida en el plazo máximo de 
quince días contados a partir de la fecha de entrada en el Instituto de Crédito Oficial de 
la  operación  admitida  por  la  entidad  financiera,  y  remitirá  el  original  de  todas  las 
solicitudes y documentación que las acompaña al órgano competente de la comunidad 
autónoma respectiva y copia de éstas a la Secretaría de Estado de Turismo.
Artículo 12.  Valoración de solicitudes y propuesta de resolución de concesión.
1.  Las  comunidades  autónomas  valorarán  las  solicitudes  recibidas 
correspondientes a su ámbito territorial y remitirán a la Secretaría de Estado de Turismo, 
en el plazo establecido en el calendario de convocatoria y tramitación, la relación de 
entidades  a  las  que  propone  se  conceda  el  préstamo  identificando  la  entidad  s
beneficiaria, el proyecto o proyectos a financiar, y la cuantía del préstamo que se  oe.
propone. w.
autóan)o mSais  lan oc euxacnetídae  tdoetal l vodleu mloesn  pdreé srteacmurosso sp rdoepl uFeosntodso  pdoers titnoaddaos  ala lsa sc oopmeurnaicdioandeess 
pdreo ppuréessttaam does r,e ssoel ulceisó nc.omunicará esta circunstancia para que eleven a definitiva su
b)  Si la cuantía total de los préstamos propuestos por todas las comunidades 
autónomas excede el volumen de recursos del Fondo destinado a las operaciones de 
préstamos, la distribución territorial habrá de efectuarse con un criterio proporcional al 
número de plazas de las diferentes categorías de alojamiento turístico recogidas en los 
últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de 
Estadística,  de  cada  una  de  las  comunidades  autónomas  que  hayan  comunicado 
propuesta de concesión.
2.  La Conferencia Sectorial de Turismo podrá acordar la creación de grupos de 
trabajo para establecer criterios comunes de valoración de las solicitudes recibidas, en 
los términos previstos en su Reglamento de interno de organización y funcionamiento.
Artículo 13.  Resolución y notificación.
1.  Corresponde  a  las  comunidades  autónomas  dictar  y  notificar  resolución  de 
concesión o denegación de las solicitudes de préstamos que se presenten en su ámbito 
territorial, así como resolver los recursos contra las mismas. La resolución de concesión, 
que habrá de ser motivada, determinará la cuantía del préstamo otorgado y el proyecto o 
proyectos objeto de financiación.
2.  La resolución de concesión o denegación de los préstamos será comunicada a 
los interesados y a la Secretaría de Estado de Turismo, órgano competente para acordar 
la disposición de los fondos que comprende el Fondo.
3.  Una vez recibidas las resoluciones favorables acordadas por las comunidades 
autónomas, la Secretaría de Estado de Turismo comunicará al Instituto de Crédito Oficial 
la autorización de disposición de los fondos del Fondo a favor de las empresas del sector 
turístico y en la cuantía que haya sido acordada por resolución de las comunidades 
autónomas.
4.  El Instituto de Crédito Oficial, una vez recibida la autorización de disposición de 
fondos emitida por la Secretaría de Estado de Turismo, comunicará la autorización a la 
entidad de crédito mediadora, para que, en el plazo máximo de dos meses, ampliable 
bajo petición expresa y razonada del beneficiario o de la entidad de crédito, a un mes 
adicional, formalice la operación de financiación.
Artículo 14.  Plazo de ejecución.
El plazo máximo de ejecución de las actuaciones financiadas será de tres años, 
contado a partir de la fecha de formalización de la operación de financiación.
Artículo 15.  Seguimiento.
1.  Corresponde  a  las  comunidades  autónomas  llevar  a  cabo  el  control  y 
seguimiento de las actuaciones financiadas, verificando su adecuación a los proyectos 
presentados y su ejecución en los plazos previstos.
2.  Las comunidades autónomas facilitarán a la Secretaría de Estado de Turismo la 
información relativa al seguimiento de las operaciones subvencionadas que se acuerde 
en la Comisión sectorial de Turismo.
3.  El Instituto de Crédito Oficial podrá recabar de las entidades financieras y de la 
Secretaría  de  Estado  de  Turismo  la  documentación  que  considere  necesaria  para 
efectuar  el  control  de  las  condiciones  financieras  de  la  financiación  concedida,  vía 
préstamos con cargo al Fondo, siguiendo los procedimientos habituales del área de  e.
supervisión y seguimiento del Instituto de Crédito Oficial. w.b
4.  El Instituto de Crédito Oficial remitirá a la Secretaría de Estado de Turismo  257ww
sinefmoremsetr adl,e u enj eincfuocrmióne  sdoeb rlea  lalín eevao leunci ócna dea i necjiedrecnicciioa sp drees luapsu líensetaarsi od,e y f incaonnc ipaecriióond.icidad
Artículo 16.  Reintegro por incumplimiento.
1.  El incumplimiento de la obligación de destinar la financiación obtenida a las 
actuaciones para las que se solicitó, dará lugar al reintegro anticipado del importe del 
préstamo concedido que no haya sido amortizado, y a la exigencia del interés de demora 
correspondiente  por  el  importe  íntegro  del  préstamo,  desde  el  momento  de  su 
suscripción y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
2.  Corresponde  a  las  comunidades  autónomas  la  tramitación  y  resolución  del 
procedimiento de reintegro, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con la 
normativa autonómica en materia de subvenciones.
3.  Las comunidades autónomas informarán a la Secretaría de Estado de Turismo 
de la resolución de los procedimientos de reintegro que hayan dictado y notificado.
4.  Los fondos cuyo reintegro se acuerde por las comunidades autónomas, deberán 
ser devueltos a la entidad financiera con la que se haya formalizado el préstamo, para su 
desembolso por la entidad al Instituto de Crédito Oficial, y se integrarán en la cuenta del 
Fondo administrada financieramente por el Instituto de Crédito Oficial.
Artículo 17.  Gestión de derechos de cobro del Fondo.
1.  Con  carácter  general,  los  importes  que  deban  ser  abonados  al  Fondo  por 
cualquier concepto (cuotas de amortización, intereses devengados previa declaración de 
incumplimiento, etc.), se ingresarán en la cuenta del Fondo administrada financieramente 
por el Instituto de Crédito Oficial.
2.  En defecto de lo anterior, teniendo en cuenta que tales derechos de cobro tienen 
naturaleza  pública  y  les  son  aplicables  las  prerrogativas  del  artículo  10  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y a fin de garantizar la 
operatividad del Fondo, la Administración General del Estado se subrogará de pleno 
derecho en los derechos de cobro del Fondo que no sean atendidos voluntariamente por 
los prestatarios del mismo.
La subrogación será también aplicable a los derechos de cobro de naturaleza 
pública que se encuentren en dicha situación en el momento de entrada en vigor de 
este real decreto.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que se regula el 
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, 
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este 
real decreto.
Disposición transitoria única.  Aplicación normativa derogada.
Aquellos proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del 
Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) se regirán por lo 
previsto en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, y en el resto de normas aplicables 
vigentes, al momento de aprobarse el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el 
que  se  adoptan  medidas  urgentes  para  paliar  los  efectos  de  la  apertura  de 
procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
Disposición final primera.  Títulos competenciales. e.e
Este  real  decreto  se  dicta  al  amparo  del  artículo  149.1.13.ª  de  la  Constitución  257ww
Elas pplaañnoifliaca, cqiuóen  agterinbeuryael  dael  Elas atacdtiov ildaa cdo emcpoentóemnciciaa .en materia de bases y coordinación de
Disposición final segunda.  Desarrollo normativo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a dictar 
las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo regulado en este real decreto.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
ANEXO
Cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo 
al medio ambiente»
Las entidades destinatarias finales de los fondos de este real decreto garantizarán el 
pleno  cumplimiento  del  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo  al  medio 
ambiente» (principio do no significant harm-DNSH) y, en su caso también, el etiquetado 
climático  y  digital,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y 
por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
Los  criterios  de  selección  asegurarán  el  cumplimiento  del  acervo  comunitario  y 
nacional  en  materia  medioambiental,  según  el  principio  de  la  Guía  Técnica 
(2021/C58/01) de «No daño significativo» al medioambiente, estableciendo un listado de 
actividades y activos excluidos de la financiación:
– Mitigación del cambio climático:
• Inversiones  relacionadas  con  combustibles  fósiles  (incluido  el  uso  posterior), 
excepto para calefacción/energía a base de gas natural que cumplan con las condiciones 
establecidas en el anexo III de la guía DNSH.
• Actividades en el marco del ETS con emisiones de GEI proyectadas que no sean 
sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación 
gratuita.
– Economía circular:
• Inversiones en instalaciones de vertederos de residuos, en plantas de tratamiento 
biológico  mecánico  (MBT)  e  incineradoras  para  el  tratamiento  de  residuos.  Esta 
exclusión no se aplica a inversiones en: plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de residuos peligrosos no reciclables; plantas existentes, donde la inversión tiene el 
propósito  de  aumentar  la  eficiencia  energética,  capturar  gases  de  escape  para 
almacenamiento o uso o recuperar materiales de las cenizas de incineración, siempre 
que tales inversiones no den lugar a un aumento de la capacidad de procesamiento de 
residuos de las plantas o en una extensión de la vida útil de la planta.
• Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar 
daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Con arreglo al artículo 6 del real decreto, y en los términos que se determinen en el 
marco de los acuerdos que se alcancen en la Conferencia Sectorial de Turismo para 
cada  periodo,  podrán  financiarse  con  cargo  al  Fondo  una  serie  de  categorías  de 
proyectos que se recogen en su articulado.
A todas las categorías de proyectos sujetos a financiación del Fondo les serán 
aplicables  los  principios  y  directrices  generales  recogidos  en  Componente-14 
(PRTR)  relativos  al  cumplimiento  del  DNSH.  Las  entidades  destinatarias  finales 
deberán justificar el cumplimiento del principio DNSH para todas sus actuaciones 
financiadas con cargo al FOCIT presentando para ello la documentación relativa a la  s
evaluación  favorable  de  adecuación  al  principio  de  DNSH,  o  en  su  caso,  una  oe.
declaración responsable del cumplimiento del mismo, de acuerdo a los modelos  w.
establecidos en la Guía DNSH de MITECO (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/ 257ww
rgeuciaudpnesrahcmioitne-ctroavn2s0fo_rtcmma3c0io-n5-2r8e4si3li6e.npcdiaf)/.transicion-verde/
en laE nD liare rcetihvaab (iUlitEac) ió2n0 1d8e/8 e4d4i firceiloasti vsae  ate lnad eráfi ceanc icao ennseidregréatcicióan d lea slo dsi reedcitfricicioess  dreec ocgairdaa as   BOE-A-cable e
que sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de forma 
significativa el consumo de energía primaria no renovable.
Los equipos IT cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos 
de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o 
computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.
En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de aquellos 
equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code 
of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán medidas para que aumente la 
durabilidad,  la  posibilidad  de  reparación,  de  actualización  y  de  reutilización  de  los 
productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.
Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los edificios al 
cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el marco 
de las opciones que permita la edificación existente y su protección en caso de que sean 
edificios  protegidos,  como  la  utilización  de  cubiertas  vegetales,  toldos,  zonas  de 
sombreado, etc.
No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de 
los recursos hídricos y marinos. Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una 
etiqueta  de  producto  existente  en  la  Unión.  Para  evitar  el  impacto  de  la  obra,  se 
identificarán y abordarán los riesgos de degradación ambiental relacionados con la 
preservación de la calidad del agua y la prevención del estrés hídrico, de acuerdo con un 
plan de gestión de uso y protección del agua.
Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista 
europea  de  residuos  establecida  por  la  Decisión  2000/532/EC)  generados,  en  las 
actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 
recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos 
para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de 
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con 
la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de 
construcción  y  demolición  de  la  UE  y  teniendo  en  cuenta  las  mejores  técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad 
en  lo  referido  a  la  norma  ISO  20887  para  evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el 
uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 
el reciclaje. Los equipos IT cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales 
establecidos  de  acuerdo  con  la  Directiva  2009/125  /  EC  para  servidores  y 
almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas 
electrónicas.  Los  equipos  utilizados  no  contendrán  las  sustancias  restringidas 
enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los valores de 
concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho 
anexo.
Al  final  de  su  vida  útil,  los  equipos  IT  se  someterán  a  una  preparación  para 
operaciones  de  reutilización,  recuperación  o  reciclaje,  o  un  tratamiento  adecuado,  s
incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el  oe.
anexo VII de la Directiva 2012/19 / UE. w.
El carácter general de las actuaciones orientadas a la sustitución de sistemas de  257ww
ccaolnetfaamccinióann teys ,r epfreigrmeritaircáió nu nbaa ssaigdnoifsic aetniv ae nreerdguícacsi ófnó sdilee s lapso re motirsaiosn etesc naol loagiríea s y cpeoror 
consiguiente una mejora en la salud pública.
El  carácter  general  de  las  actuaciones  contempladas  en  cuanto  a  promover  la 
rehabilitación de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever 
claramente  una  reducción  de  las  emisiones  de  contaminantes  atmosféricos 
principalmente asociada a la disminución del consumo energético.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no 
contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la 
lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento 
(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales 
de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con los 
usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente y 
menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 1A 
y 1B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN/TS 16516 e 
ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de determinación 
comparables.
Cuando la nueva construcción esté ubicada en un sitio potencialmente contaminado 
(sitio brownfield), el sitio será sujeto de una investigación de contaminantes potenciales, 
utilizando la norma ISO 18400. Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el 
polvo  y  las  emisiones  contaminantes  durante  la  fase  de  obra  y  se  ejecutarán  las 
actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación 
vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en de áreas sensibles a la 
biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas 
protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 
de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea 
preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con 
la Directiva EIA.