BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 31900
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
4191 Resolución de 7 de marzo de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  para  establecer  y  regular  el  procedimiento  que  posibilite  la 
interoperabilidad  del  sistema  de  información  con  el  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso.
Con fecha de 7 de marzo de 2022 se ha suscrito el Convenio entre el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer y 
regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del sistema de información de 
la citada comunidad autónoma con el Sistema de información del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y,  de  conformidad,  con  las 
competencias conferidas por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre resuelvo,
Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que 
se incorpora como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de marzo de 2022.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.
ANEXO
Convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para establecer y regular el procedimiento que posibilite la 
interoperabilidad del sistema de información de la citada comunidad autónoma 
con el sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia del Imserso
REUNIDOS
De una parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como entidad gestora de la Seguridad Social 
adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales, cargo para el que fue nombrado en virtud del Real 
Decreto 207/2020, de 20 de enero (BOE n.º 26, de 30 de enero de 2020), y facultado/a 
para su representación conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 5 del Real 
Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE n.º 246, del 14).
Y, de otra parte, doña Rocío Ruíz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas 
Sociales  y  Conciliación  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  nombre  y 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
conformidad con el Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designa  s
los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía y el Decreto 106/2019, de 12  oe.
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad,  w.
PolíLticaass  Spoacrtiaelse,s  yin Cteornvcieilniaecnió n.en  nombre  y  representación  de  sus  respectivas  2022-4191n https://ww
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para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen, y 
al efecto,
EXPONEN
I
Que el Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se adscribe a 
dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la entidad 
gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la 
estructura  orgánica  y  funciones  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  (en 
adelante Imserso) atribuye a éste la gestión de los Servicios Sociales complementarios 
del Sistema de la Seguridad Social, así como la gestión de los planes, programas y 
servicios  de  ámbito  estatal  para  personas  mayores  y  personas  en  situación  de 
dependencia.
II
Que la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente en materia de servicios 
sociales y, en virtud de ello, ha desarrollado proyectos de atención y cuidado de las 
personas mayores y personas con discapacidad y en situación de dependencia y ha 
creado  recursos  e  infraestructuras  para  ello  en  colaboración  con  la  Administración 
General del Estado, con el fin de mejorar la atención de las personas que precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 
de la vida diaria y mantener un determinado nivel de calidad de vida.
III
Que, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, al configurar el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece en su artículo 9 tres niveles 
de protección, correspondiendo la financiación del nivel mínimo a la Administración 
General del Estado, la financiación del nivel acordado a la Administración General del 
Estado y a cada una de las Comunidades Autónomas y, por último, un nivel adicional de 
protección que puede establecer y financiar cada Comunidad Autónoma.
IV
La gestión del SAAD deberá establecerse, de acuerdo con la Ley de forma integral e 
integrada y mediante la cooperación interadministrativa de las Administraciones Públicas 
que forman parte del sistema y, a tal efecto, se establece en el artículo 37 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la creación del Sistema de Información del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. e
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aquellas  Comunidades  Autónomas  que  decidan  mantener  sus  propios  Sistemas  de
Información, suscribirán Convenios con el Imserso a través de los que se garantice la 
transparencia, seguridad, integridad e interoperabilidad de ambos Sistemas, todo ello en 
el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI).
VI
Que,  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ha  decidido  seguir  manteniendo  y 
utilizando  sus  propios  Sistemas  de  información  para  el  desarrollo  mantenimiento  y 
gestión, en su ámbito territorial, de la información relativa a los beneficiarios de la Ley de 
Dependencia.
VII
Que, por último, el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre por el que se regula 
el nivel mínimo de protección previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece 
en su disposición adicional cuarta que, al objeto de posibilitar la aplicación de lo previsto 
en el artículo 9 y en la disposición adicional primera de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, el Imserso, en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, pondrá 
a  disposición  de  las  Comunidades  Autónomas  un  procedimiento  que  permita  la 
interoperabilidad de sus respectivos Sistemas de información con el SISAAD.
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, así como 
con el artículo 3.2 de la Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, los comparecientes 
en  representación  de  sus  respectivas  Instituciones  acuerdan  suscribir  el  presente 
Convenio que se regirá por las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto poner por el Imserso a disposición de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía el procedimiento que permita la interoperabilidad de 
sus Sistemas de información con el SISAAD como instrumento imprescindible para el 
mantenimiento y gestión de la información relativa a los beneficiarios del SAAD en el 
ámbito territorial de la citada Comunidad Autónoma.
Segunda. Procedimiento de Interoperabilidad.
Las partes llevarán a cabo el intercambio de información de acuerdo con la versión 
actualizada del documento «Interoperabilidad con comunidades autónomas/diputaciones 
forales:  Requisitos  funcionales  y  técnicos»,  donde  se  define  completamente  el 
intercambio de información entre el Imserso y el resto de actores que intervienen en la 
gestión de la Ley de Dependencia y otros sistemas que gestiona el citado organismo, y 
que se corresponde con los siguientes apartados:
1. Descripción.
2. Punto de interoperabilidad.
2.1 Interoperabilidad ENI. e.e
2.1.1 Método de comunicación. 91ww
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2.1.6 Consulta estado comunicaciones asíncronas.
2.2 Interoperabilidad dependencia-formato de la información.
2.2.1 Consideraciones generales para envío y consulta de la información.
2.2.2 Consideraciones respecto a los anteriores envíos al sistema SAAD.
2.2.3 Envío de información.
2.2.4 Consulta de información.
El Punto de Interoperabilidad del Imserso pone a disposición un servicio de envío/
recepción de información que permite la transmisión de documentos complejos basados 
y estructurados de acuerdo a la especificación de Documento Electrónico del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (ENI). Las operaciones están tipificadas, indicando qué tipo 
de  información  contienen  para  que  el  sistema  sepa  qué  debe  hacer  con  dichos 
documentos y pueda procesarlos.
Existen dos formas de acceso al sistema de interoperabilidad:
– El Imserso publica un servicio Web ENI para que los sistemas de las CC.AA. 
puedan enviar la información acordada y a su vez recibir respuesta de los envíos que 
realiza conforme son procesados, de forma que con periodicidad mensual se pueda 
calcular el pago de la liquidación del nivel mínimo de protección y confeccionar las 
estadísticas asociadas.
–  El  Imserso  proporciona  una  interfaz  accesible  a  través  de  un  navegador  de 
Internet,  conforme  al  Protocolo  de  transferencia  de  Hipertexto-HTTP/1.1  o  superior, 
donde una persona empleada pública, debidamente acreditada e identificada, podrá 
realizar consultas con sólo disponer de un navegador con acceso a la red y usuario y 
contraseña.
Con  ello  se  persigue  una  completa  trazabilidad  en  las  operaciones  definidas  y 
garantizar la integridad de la información entre los sistemas origen y destino.
Tercera. Requisitos de Seguridad y Confidencialidad en los accesos.
La  consulta  y  el  acceso  a  la  información  proporcionada  por  el  sistema  de 
interoperabilidad cumplirán con la normativa de protección de datos de carácter personal 
y deberán realizarse con una finalidad concreta.
En cada Administración existirá un órgano que determinará las personas usuarias y 
aplicaciones  de  su  respectiva  Administración  que  tendrán  acceso  al  sistema  de 
interoperabilidad y a los datos que se puedan obtener.
Cuarta. Auditoría del sistema de interoperabilidad.
Todas las transmisiones que se realicen mediante el sistema de Interoperabilidad 
quedarán registradas, así como la información de contexto asociada, y la fecha de la 
transmisión.
Este  registro  de  información  tiene  por  objeto  proveer  a  los  sistemas  de 
Interoperabilidad  de  un  módulo  de  auditoría  que  garantice  la  disponibilidad  y 
recuperación  de  las  transmisiones  de  datos  realizadas  entre  los  organismos 
administrativos.
Quinta. Compromisos del Imserso.
– Garantizar  el  pleno  funcionamiento  del  Punto  de  Interoperabilidad  y  de  los  oe.
repositorios de consolidación de información, de modo que se disponga, con periodicidad  w.
mensual, de la información relativa al cálculo para el pago de la liquidación del nivel  91ww
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consolidación de los mismos en el sistema del SAAD.
Sexta. Compromisos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
– Envío  sistemático  a  través  del  Punto  de  Interoperabilidad  descrito  de  la 
información acordada, relativa a la tramitación de los expedientes del SAAD.
– Supervisión  de  la  trazabilidad  asociada  a  las  operaciones  realizadas  y  a  la 
consolidación de los mismos en el sistema del SAAD.
Séptima. Profesionales que ejecutan las actividades.
De este Convenio no derivará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los 
profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su 
objeto, ni relación contractual mercantil o civil, al no concurrir los requisitos que exigen 
las leyes. El Imserso no está obligado a devengar contraprestación económica alguna a 
estos profesionales.
Octava. Comisión de Seguimiento.
1. La  organización  y  supervisión  de  las  actividades  derivadas  del  presente 
Convenio será ejecutada por las partes que intervienen en el mismo quienes a efectos 
de lo establecido en el apartado siguiente informarán a una Comisión Mixta constituida 
como Comisión de Seguimiento del Convenio.
2. La Comisión de Seguimiento actuará con funciones de vigilancia, interpretación y 
cumplimiento de lo pactado así como de evaluación del cumplimiento de los recíprocos 
compromisos  asumidos  por  las  partes  firmantes  y,  en  su  caso,  de  emisión  de  las 
certificaciones pertinentes ante la Dirección General de Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Política 
Territorial.
3. La Comisión se regirá en su funcionamiento por lo previsto en el presente 
Convenio y supletoriamente por lo estipulado en la Sección tercera, del Capítulo II, del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y su composición, que será paritaria, 
estará integrada por los siguientes miembros:
Por parte del Imserso:
– Dos  representantes  designados  por  la  Subdirección  General  de  Planificación, 
Ordenación y Evaluación.
– Un representante designado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma.
Por parte de la Comunidad Autónoma:
– Tres representantes designados por la Consejería de Bienestar Social o similar.
Los cargos de Presidente y Secretario se designarán por la propia Comisión de 
Seguimiento de forma rotatoria.
4. Las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento se entienden sin perjuicio 
de las competencias del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la ejecución de lo establecido en el presente Convenio.
Novena. Vigencia. e.
El  presente  convenio  tiene  vigencia  de  cuatro  años  pudiendo  prorrogarse,  en  91ww
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el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal
de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Décima. Modificación.
La modificación del presente convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes, según el artículo 49. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico  del  Sector  Público  y  se  tramitará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma tramitación que para su suscripción.
Undécima. Financiación.
Se trata de un convenio que no conlleva obligaciones económicas para las partes, 
por lo que no va a tener ningún impacto presupuestario.
Duodécima. Protección de datos.
Ambas  partes  se  comprometen  a  cumplir  las  exigencias  previstas  en  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  LOPD,  relativo  a  la  protección  de  las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. La citada obligación subsistirá aun después de terminado el 
proyecto.  Asimismo  vendrán  obligados  al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Decimotercera. Causas de resolución y extinción.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causa de resolución:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes se dará traslado a la Comisión de Seguimiento quién, además, 
determinará, en su caso, la posible indemnización a satisfacer por dicho incumplimiento.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio por escrito. Dicha 
denuncia se habrá de formalizar con un mes de antelación a la fecha en que se desee  s
dejar sin efecto el convenio. e.
Si cuando concurra cualquier causa de resolución del convenio, hubiese alguna  w.
actuación en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento,  91ww
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Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta. Régimen jurídico y jurisdicción competente.
El  presente  convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  su  régimen  jurídico  está 
regulado en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
La  jurisdicción  contencioso-administrativa  será  la  competente  para  resolver  las 
cuestiones  litigiosas  que  pudieran  suscitarse  entre  las  partes  en  el  desarrollo  del 
presente convenio, dada la naturaleza administrativa de éste.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes  firman  el  presente  Convenio  digitalmente,  tomándose  como  fecha  de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante.–Por el Imserso, el 
Director  General,  Luis  Alberto  Barriga  Martín.–Por  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía,  la  Consejera  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  Rocío  Ruíz 
Domínguez.