BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 263 Lunes 5 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 84170
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
11724 Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La evaluación ambiental de proyectos, planes y programas es un procedimiento para 
la prevención de impactos ambientales negativos, previa valoración de la mejor entre 
diferentes alternativas, incluida la alternativa cero, y el establecimiento de mecanismos 
de prevención, corrección o compensación, por lo que es un instrumento útil para la 
protección del medio ambiente, el bienestar ciudadano y la salud, de manera compatible 
con el desarrollo económico y social.
En desarrollo de los principios recogidos en los artículos 2 y 6 del Tratado de la 
Unión Europea y 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se 
dictaron la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  13  de  diciembre  de  2011,  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que sustituyó la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
y que ha sido modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril.
Las directivas recogen resoluciones internacionales sobre evaluación ambiental, de 
entrada las que aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Carta 
Mundial de la Naturaleza, aprobada el 28 de octubre de 1982, o el principio 17 de la 
célebre Declaración de Río de 1992, adoptada en el seno de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En materia transfronteriza, 
incorporan el Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, ratificado por la Unión 
Europea y por el Estado español, y el Protocolo de Kiev, de 21 de mayo de 2003.
De acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Española, los poderes públicos 
deben velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
II
El reparto competencial, de acuerdo con el artículo 149.1.23.ª de la Constitución 
Española, atribuye al Estado la competencia de la regulación básica en materia de medio 
ambiente, y reserva explícitamente a las comunidades autónomas establecer normas 
adicionales de protección.
La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares, atribuye a la Comunidad Autónoma, en el artículo 30.46, la competencia  e.e
exclusiva en materia de «Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales  b
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EstaSdion  eenm lab alerggois, lasceiógnú nb ádsoiccatr.ina del Tribunal Constitucional (desde la STC 13/1998,
de 22 de enero), el procedimiento de evaluación ambiental no es la ejecución de una
competencia de medio ambiente, sino que es adjetivo del procedimiento de autorización 
o aprobación, validando así que el Estado se reserve la evaluación ambiental de los 
proyectos, los planes y los programas en los que actúe como órgano sustantivo. Sin 
embargo, el Tribunal Constitucional también ha precisado que, en estos casos, se debe 
garantizar la participación de las comunidades autónomas.
La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, llevó a cabo una 
revisión de este instrumento jurídico de control previo, integrando en una sola norma los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA) y de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas (EAE), con un esquema similar para ambos 
procedimientos, que unifica la terminología y despliega una regulación suficientemente 
exhaustiva, con la explícita intención de uniformizar la regulación en el ámbito estatal.
La primera regulación propia en las Islas Baleares de la evaluación del impacto 
ambiental fue el Decreto 4/1986, de implantación y regulación de los estudios de impacto 
ambiental, aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de enero de 1986, considerado 
como una normativa provisional y de rango insuficiente, que cumplía con la transposición 
de la Directiva 85/337/CEE. Esta regulación fue modificada, de manera parcial, por el 
Decreto 85/2004, de 1 de octubre.
Veinte  años  después,  se  promulgó  la  Ley  11/2006,  de  14  de  septiembre,  de 
evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas 
Baleares,  modificada  en  numerosas  ocasiones;  concretamente,  por  la  disposición 
adicional  décima  de  la  Ley  6/2007,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  tributarias  y 
económicas; por la Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para 
impulsar las inversiones y la actividad económica de las Islas Baleares; por la disposición 
adicional  tercera  de  la  Ley  7/2012,  de  13  de  junio,  de  medidas  urgentes  para  la 
ordenación urbanística sostenible; y finalmente por la disposición derogatoria única de la 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo.
La Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, 
aprovechó la ocasión de la adaptación a la nueva ley estatal para derogar y sustituir la 
Ley  11/2006  y  sus  modificaciones,  a  fin  de  aportar  claridad  y  seguridad  jurídica. 
Asimismo, en adaptación a la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, recondujo 
la evaluación de repercusiones de los planes, los programas y los proyectos sometidos a 
evaluación ambiental susceptibles de afectar a los espacios Red Natura 2000, a los 
procedimientos de evaluación ambiental.
III
La  Ley  12/2016  incorporaba  los  principios  de  transparencia  de  la  actuación 
administrativa y modernización de la Administración con el impulso de la tramitación 
electrónica.
Uno de los ítems más seguros para medir la calidad de una democracia es la 
transparencia informativa; así lo entiende la Unión Europea, que en la Carta de los 
derechos  fundamentales  (Tratado  de  Lisboa)  incluye  el  derecho  de  acceso  a  los 
documentos  (artículo  42),  desplegado  en  la  Directiva  2003/98/CE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la 
información del sector público, modificada por la Directiva 2013/37/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. El Convenio 205 del Consejo de Europa 
de 2009, sobre acceso a documentos públicos, aunque no ha sido ratificado por España, 
se ha convertido en un hito en la regulación de la transparencia y se reconocen las  s
trazas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información  e.
pública y buen gobierno. w.
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decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado en Aarhus 
el  25  de  junio  de  1998,  que  firmaron  tanto  la  Unión  Europea  como  España.  Este 
convenio  es  el  germen  de  las  directivas  2003/4/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental, y 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo 
de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, 
así como de la Ley 27/2006, de 18 de julio, de información, participación y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente.
La Ley 12/2016 incorporó estas determinaciones, adaptadas a las administraciones 
de las Islas Baleares, y desplegó los efectos en los trámites ambientales. Asimismo, la 
ley  profundizaba  en  la  utilización  de  medios  electrónicos  como  forma  habitual  de 
comunicación, para facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información, 
en  la  línea  de  la  legislación  básica  sobre  el  procedimiento  administrativo  y  de  la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.
En la medida en que lo permitan la regulación básica y la complejidad de la materia, 
también procuraba simplificar la tramitación sin perder el rigor y la exigencia en la 
preservación ambiental, tanto en el procedimiento de evaluación ambiental mismo como 
en el de repercusiones de la Ley 5/2005.
En general, y dada la vocación de la Ley 21/2013 de ser una norma completa y de 
aplicación directa, se descartó la opción de transcribirla en la Ley 12/2016 y se prefirió 
circunscribir la regulación autonómica al desarrollo normativo de las especificidades en 
las Islas Baleares, salvo cuando se consideró que era más práctico y claro refundir la 
regulación de la ley básica con las aportaciones propias.
IV
Tras la entrada en vigor de la Ley 12/2016 se produjeron una serie de novedades 
que recomendaron su modificación, que se llevó a cabo por la Ley 9/2018, de 31 de julio.
En  primer  lugar,  la  Ley  12/2016  no  había  transpuesto  íntegramente  la 
Directiva  2014/52/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  abril,  que 
modificó la Directiva 2011/92/UE, dado que, en ese momento, no había sido transpuesta 
por el Estado ni había entrado en vigor, lo que sucedió el 15 de mayo de 2017.
Por otra parte, como consecuencia del cuestionamiento de la constitucionalidad de 
una serie de artículos de la Ley 12/2016, se produjo un acuerdo de interpretación en el 
marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que fue publicado en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» de 22 de junio de 2017, y en el «Boletín Oficial del Estado» del 
mismo día; y un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 9.4, 26.2 y 33.1.a), 
que fueron anulados por la STC 109/2017, de 21 de septiembre (BOE de 13 de octubre).
Finalmente, se aprovechaba la ocasión de esta revisión para introducir algunas 
precisiones para resolver lagunas que se habían detectado o dudas en la aplicación 
práctica.
V
El Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el que se crea el catálogo balear de especies 
amenazadas y de especial protección, las áreas biológicas críticas y el Consejo Asesor  e.
de Fauna y Flora de las Islas Baleares, crea la figura de área biológica crítica, que es el  w.b
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ambiental de acuerdo con la normativa vigente, en relación a la conservación de la 
especie.
La disposición adicional octava de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental,  prevé  la  figura  de  los  bancos  de  conservación  de  la  naturaleza,  como 
conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y,  en  su  caso,  por  las  comunidades 
autónomas, que representan valores naturales creados o mejorados específicamente.
La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, añade a la Ley 42/2007 una 
disposición adicional décima, que determina que sólo deben someterse a evaluación 
ambiental estratégica los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los 
sitios de la Red Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
En fecha 21 de septiembre de 2018 se toma acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación  Administración  General  del  Estado-Comunidad  Autónoma  de  las  Islas 
Baleares en relación con la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas 
Baleares, publicado en el BOIB número 146, de 22 de noviembre de 2018. Con este 
acuerdo ambas partes consideran resueltas las discrepancias manifestadas en relación a 
una serie de artículos y disposiciones de esta ley. Por lo que afecta a la evaluación 
ambiental, se aclara la interpretación de la remisión que los artículos 41.e), 44.i) y 45.5 
hacen a la legislación ambiental, así como la interpretación de la disposición transitoria 
duodécima conforme a la legislación ambiental.
Por otra parte, en fecha 7 de diciembre de 2018 entra en vigor la Ley 9/2018, de 5 de 
diciembre, por la que se modifica, entre otras, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación  ambiental,  con  el  objetivo  fundamental  de  completar  la  transposición  al 
ordenamiento jurídico estatal de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril.
Además, la sentencia del Tribunal Constitucional número 113/2019, de 3 de octubre 
de  2019,  estima  parcialmente  el  recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto  contra 
determinados apartados de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la 
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, y declara 
inconstitucional y nulo el inciso «del Consejo de Ministros,» contenido en el apartado 
primero del artículo 9 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, tras la reforma realizada por el 
artículo único 3 de la Ley 9/2018, de 31 de julio.
Por último, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición 
energética,  traslada  la  perspectiva  climática  a  los  procedimientos  de  evaluación 
ambiental de planes, programas y proyectos, que deberán tener en cuenta los objetivos 
de la ley y los del Plan de Transición Energética y Cambio Climático. A estos efectos, la 
nueva  formulación,  adaptación  o  revisión  de  cualquier  plan  sometido  a  evaluación 
ambiental estratégica deberá incorporar un análisis de su impacto sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero, directos e inducidas, así como medidas destinadas a 
minimizarlas o compensarlas en caso de que no se puedan evitar; un análisis de la 
vulnerabilidad  actual  y  prevista  ante  los  efectos  del  cambio  climático  y  medidas 
destinadas a reducirla, y una evaluación de las necesidades energéticas de su ámbito de 
actuación  y  la  determinación  de  las  medidas  necesarias  para  minimizarlas  y  para 
garantizar la generación de energía de origen renovable.
VI es
La Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de  w.
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ambiental, incluida, y en lo que tenga relación, la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la 
conservación de los espacios de relevancia ambiental, así como, en su caso, para 
adecuarla a los preceptos básicos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, con autorización para regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones objeto 
de refundición.
La delegación legislativa se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.1 del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que dice: «El Parlamento puede delegar en 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potestad de dictar normas con rango de ley, 
en  los  mismos  términos  y  supuestos  de  delegación  previstos  en  la  Constitución.» 
Igualmente, el artículo 19.4 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas 
Baleares,  establecía  que:  «Corresponde  al  Consejo  de  Gobierno...  4. Aprobar  los 
decretos legislativos, previa delegación de Parlamento, en los términos previstos en el 
Estatuto de Autonomía»; previsión hoy recogida en el artículo 17.d) de la Ley 1/2019, 
de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares.
Asimismo, se ha incorporado la modificación de los anexos I y II de la Ley 12/2016 
relativa a la evaluación ambiental de proyectos de instalaciones de energía solar que se 
ha producido con el Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y 
extraordinarias  para  el  impulso  de  la  actividad  económica  y  la  simplificación 
administrativa en el ámbito de las Administraciones Públicas de las Illes Balears para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19.
También se ha revisado el texto para adaptarlo a la nueva regulación introducida por 
el Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el cual se aprueban medidas en materia 
de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la  reactivación  económica,  que  a  la  vez  ha 
modificado  diversos  apartados  de  la  Ley  estatal  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental.
VII
La presente ley consta de un artículo único por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de evaluación ambiental de las Islas Baleares, una disposición derogatoria y 
una disposición final.
El texto refundido consta de seis títulos, incluido el preliminar, adaptándose a la 
arquitectura de la legislación básica, dos disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria, tres disposiciones finales y dos anexos.
El título preliminar, además de establecer el objeto y el alcance de la ley, también 
recoge, en los fines de la norma, los principios de derecho internacional, europeo y de la 
legislación básica. Asimismo, tal como se ha apuntado, se regula el compromiso con la 
participación, la transparencia y la administración electrónica, y el conflicto entre la 
publicidad y la confidencialidad de los datos.
El título primero trata sobre la cooperación interadministrativa y el órgano ambiental 
de  las  Islas  Baleares,  regulando  la  consulta  preceptiva  al  órgano  ambiental  de  la 
Comunidad Autónoma en los planes, los programas y los proyectos que debe evaluar la 
Administración General del Estado.
El  título  II  regula  el  ámbito  de  aplicación  de  la  evaluación  ambiental  y  sus 
consecuencias.
El título III regula los procedimientos de evaluación ambiental. En la documentación 
de  los  estudios  de  impacto  ambiental  incluye,  además  del  contenido  mínimo  que 
establece la ley básica, un anexo de incidencia paisajística, teniendo presente tanto el  s
activo que representa el paisaje en las Islas Baleares como la vigencia del Convenio  e.
europeo del paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, que  w.
eeconnnetrsrógi séteetincn otev,  iglaeo nrp  ueunnnt a  Eedsseptu addñeioam  aesnol db1ar e yd  eel al smi maerpmzaoisc itoodn ee dsi2r e0dc0et8 o.g  aeTsa emisn bddiuéecn ie dfosee c stoion bcinrleuv yeeern l aucdnoe nraosn,u emaxsooí    2020-1172n https://w
como la vulnerabilidad ante el cambio climático.
El título IV trata sobre la evaluación de las repercusiones en los espacios Red 
Natura 2000.
Finalmente, el título V regula el seguimiento de los procedimientos ambientales, la 
protección de la legalidad ambiental, el restablecimiento del orden jurídico perturbado y 
el régimen sancionador.
La  disposición  adicional  primera  de  este  texto  refundido  regula  los  bancos  de 
conservación de la naturaleza, otorgando la competencia para su creación al Consejero 
competente en materia de medio ambiente.
La disposición adicional segunda recoge las remisiones normativas.
La disposición final primera autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias 
para ejecutarlo y desplegarlo, así como adaptar los anexos a las modificaciones que 
exija la normativa comunitaria o la normativa básica estatal.
La  disposición  final  segunda  modifica  la  Ley  12/2017,  de  29  de  diciembre,  de 
urbanismo de las Islas Baleares.
La disposición final tercera modifica la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Finalmente,  se  recogen  los  anexos  de  los  proyectos  sometidos  a  evaluación 
ambiental.
Por otra parte, la disposición derogatoria de este Decreto Legislativo, además de la 
cláusula derogatoria genérica, deroga específicamente la Ley 12/2016, de 17 de agosto, 
de evaluación ambiental de las Islas Baleares, la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que 
se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, el apartado 4.a) del artículo único de la 
Ley 5/2012, de 23 de mayo, de medidas urbanísticas para la ejecución del Centro 
Internacional de Tenis Rafael Nadal –de acuerdo con el dictamen del Consell Consultiu 
se ha precisado que esta derogación afectará a las evaluaciones ambientales que se 
inicien a partir de la entrada en vigor del decreto legislativo–, y el apartado f) del 
artículo 124.1 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el régimen específico de 
tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
La disposición final única regula la entrada en vigor.
Así pues, en aplicación de la disposición final tercera de la Ley 9/2018, de 31 de julio, 
por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las 
Islas Baleares, se ha elaborado el presente texto refundido de la Ley 12/2016, de 17 de 
agosto,  de  evaluación  ambiental  de  las  Islas  Baleares.  Asimismo,  se  incorpora  el 
contenido de la STC dictada el 3 de octubre de 2019.
Según lo expuesto, el presente Decreto Legislativo se ajusta a los principios de 
buena regulación actualmente previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Así, 
la norma es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en 
tanto que con ella se consigue la finalidad perseguida, que consiste en permitir al 
operador  jurídico  disponer  de  un  texto  único,  que  facilite  el  conocimiento  y  la 
comprensión  de  normativa  autonómica  balear  en  materia  de  evaluación  ambiental. 
Asimismo, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, particularmente con la 
legislación básica estatal sobre evaluación ambiental, y sus objetivos se encuentran 
claramente definidos, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia, 
eficiencia, calidad y simplificación.
Por todo ello, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Territorio, de acuerdo 
con el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y habiéndolo considerado el Consejo de 
Gobierno en la sesión del día 28 de agosto de 2020, dicto el siguiente Decreto: e.
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Disposición derogatoria única.
1.  Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan al presente Decreto Legislativo y al texto refundido que aprueba.
2.  Quedan  derogadas  en  concreto  las  normas  que  excluyan  de  evaluación 
ambiental planes, programas o proyectos de la evaluación ambiental en supuestos no 
previstos en este texto refundido.
3.  Quedan derogadas expresamente las disposiciones siguientes:
a)  Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, 
excepto la referencia a la disposición adicional quinta de la Ley 11/2006, de 14 de 
septiembre,  de  evaluaciones  de  impacto  ambiental  y  evaluaciones  ambientales 
estratégicas en las Illes Balears.
b)  Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de 
agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares.
c)  El apartado 4.a) del artículo único de la Ley 5/2012, de 23 de mayo, de medidas 
urbanísticas para la ejecución del Centro Internacional de Tenis Rafael Nadal, por lo que 
respecta a las evaluaciones ambientales que se inicien a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto legislativo.
d)  El apartado d) del artículo 124.1 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».
Palma, 28 de agosto de 2020.–El Consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel 
Mir Gual.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ISLAS 
BALEARES
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito.
El objeto de esta ley es regular la evaluación ambiental de los planes, los programas 
y los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en las 
Islas Baleares, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 30.46 del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y en el marco de la legislación básica 
contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y de las 
directivas europeas aplicables, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la 
Administración General del Estado de acuerdo con la legislación básica estatal.
Artículo 2.  Finalidades.
Las finalidades de esta ley son: es
1.  Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice  w.
lauarn mb ioonndiviizveael nrsddiode a edpl ,r dloaet secacarclriidoóalnlod   eddceeo l vnidómame, idclaioo  s caoalunmd bl ahie upnmrtoeat encaec leyió vlnoa sdy o rle ac yum reseojlo sr adn eadsteualr rarmoleellsod, i oms aeomdstiabeninetinbetl:ee,,   2020-1172n https://w
a)  La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y la adopción, la
aprobación o la autorización de los planes, los programas y los proyectos.
b)  El análisis y la selección de alternativas ambientalmente viables, incluida la 
alternativa cero.
c)  El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
d)  El establecimiento de medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias 
para cumplir los fines de esta ley.
2.  Adaptar la legislación autonómica ambiental de las Islas Baleares a la legislación 
comunitaria y estatal. En este sentido:
a)  Los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  se  sujetan  a  los  principios 
establecidos  en  la  normativa  europea  y  estatal  básica,  entre  ellos,  el  principio  de 
precaución y acción cautelar, el de acción preventiva, corrección y compensación de los 
impactos sobre el medio ambiente, el principio «quien contamina paga», el desarrollo 
sostenible y la actuación de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.
b)  En la aplicación de la presente ley, se estará a las definiciones establecidas en la 
ley básica estatal de evaluación ambiental.
3.  Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control 
ambiental,  garantizando  la  colaboración  efectiva  y  la  coordinación  entre  todas  las 
Administraciones Públicas competentes y aplicar el principio de proporcionalidad entre 
los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, y el tipo de 
procedimiento de evaluación a los que deben someterse.
4.  Fomentar  la  participación  real  y  efectiva  de  los  ciudadanos  en  la  toma  de 
decisiones, democratizando los procedimientos administrativos regulados en esta ley, y 
garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información y 
participación pública previstos.
5.  Promover la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos 
para facilitar la participación y el acceso a la información.
6.  Promover la responsabilidad social mediante el conocimiento de los efectos 
sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los 
planes, los programas y los proyectos que regula esta ley.
Artículo 3.  Información ambiental, participación pública y sostenibilidad social.
1.  El órgano ambiental, los órganos sustantivos y los promotores deben garantizar 
la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de 
medio ambiente, así como el derecho de acceso a la información ambiental, en la forma 
y los términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.
2.  Durante los trámites de audiencia y de información pública, o en cualquier otro 
que permita la participación de los interesados, toda la documentación objeto de este 
trámite debe ser accesible en un formato digital.
3.  Con el fin de identificar a las personas interesadas que deben ser consultadas, la 
Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, como órgano ambiental de las Islas 
Baleares, y las Administraciones Públicas que puedan actuar como órganos sustantivos, 
podrán  crear  registros  para  la  inscripción  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  que 
acrediten la condición de interesado.
4.  La documentación objeto de información pública:
a)  Se publicará en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes de una  e.e
manera  clara,  estructurada  y  comprensible  para  las  personas  interesadas,  b
pardeicfbeio)r inbalDelemesbe dene te rpe usebpnle ifctoaidrrma ldaa.sto slim reituatciliioznaebsle sd.e S aec cpeuseod ean  lap reinvfeorr mreagcliaómn epnútbalriicaam, ednet ea cfouremrdaos   2020-11724n https://ww
con el artículo siguiente referido a la confidencialidad.
5.  La información debe ser comprensible y de fácil acceso, y se procurará que esté 
a disposición de las personas con discapacidad, con arreglo al principio de accesibilidad 
universal.
6.  De acuerdo con la legislación aplicable, es pública la acción para exigir ante los 
órganos administrativos y los Tribunales de la jurisdicción contenciosa el cumplimiento 
de lo dispuesto en esta ley.
7.  El  órgano  ambiental  y  los  órganos  sustantivos  deben  tener  en  cuenta  la 
valoración social de los proyectos en sus decisiones.
Artículo 4.  Confidencialidad.
1.  Esta ley debe cumplirse respetando la confidencialidad de las informaciones 
aportadas por el promotor y la normativa aplicable al secreto industrial y comercial, la 
protección de datos de carácter personal, la protección de especies y otras.
2.  En caso de que el promotor solicite la confidencialidad de una parte de la 
documentación,  deberá  indicarlo  y  justificar  suficientemente,  aportando  al  órgano 
sustantivo una copia de la documentación en los términos que considere adecuados 
para someterla a información pública.
3.  En el supuesto del apartado anterior, el órgano competente para la tramitación 
de la información pública resolverá motivadamente sobre la solicitud de confidencialidad 
de datos, ponderando el derecho a la confidencialidad con los derechos de acceso a la 
información, de participación pública real y efectiva y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente.
La  resolución  se  notificará  al  promotor,  con  indicación  de  los  recursos  que 
correspondan. En caso de que se admita la confidencialidad de datos, así se hará 
constar  en  el  anuncio  de  la  información  pública,  advirtiendo  de  los  recursos  que 
correspondan.
Artículo 5.  Uso de medios telemáticos.
1.  Las  relaciones  interadministrativas  y  las  de  la  ciudadanía  con  las 
Administraciones  Públicas  se  llevarán  a  cabo  preferentemente  con  los  medios 
informáticos,  telemáticos  y  electrónicos  que  en  cada  momento  se  encuentren 
disponibles,  respetando  las  garantías  y  los  requisitos  legalmente  establecidos,  de 
conformidad con la normativa de regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos y la normativa de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.
Las  Administraciones  Públicas  deben  habilitar  los  instrumentos  necesarios  para 
posibilitar los procedimientos y los trámites electrónicamente y para garantizar que los 
ciudadanos puedan obtener, por medios electrónicos, la información y los formularios 
necesarios  para  acceder  a  la  actividad  y  el  ejercicio  de  estos,  presentar  la 
documentación y las solicitudes necesarias, conocer el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que tenga la condición de interesado y recibir la notificación 
correspondiente de los actos de trámite preceptivos y la resolución que dicte el órgano 
administrativo competente.
2.  Todos los promotores pueden aportar una dirección electrónica y señalarla como 
medio de notificación preferente. Se adoptarán las medidas que correspondan para que 
la notificación produzca efectos plenos de acuerdo con la normativa de procedimiento 
administrativo común. es
Además de los supuestos previstos en la normativa de procedimiento administrativo  bo
común  de  las  Administraciones  Públicas,  los  promotores,  las  personas  jurídicas  o  4w
mdmcoeeeldeddicciiootai svcp oirtóeesn cfe dnpreoero lnópftegeesi crdisooeons n,an aldo sueti  fboifcíetsarniocc saiaó psmn o.oqrttuaivero ,u spn aoacr  rderiradezitcóacndió onds e,e  tleleanc gtcraóannp iaacccaic,d eaqsduo e ey d cdeoibsnepó omcnoiicbnaisl iiddoae dtréa dcrsene icl oaes,l    OE-A-2020-1172able en https://w
3.  Las  comunicaciones  y  las  consultas  entre  las  Administraciones  Públicas 
afectadas deben llevarse a cabo preferentemente por un medio electrónico; en concreto, 
el órgano ambiental debe tramitar de forma telemática la petición de consultas e informes 
a las otras Administraciones Públicas afectadas por la evaluación ambiental del plan, el 
programa o el proyecto.
4.  Los promotores deben presentar en soporte digital la documentación relativa a 
los procedimientos regulados en esta ley, sin perjuicio de que el órgano ambiental 
considere oportuno que se presenten en papel. El órgano ambiental determinará las 
características técnicas y las especificaciones del soporte digital, de acuerdo con lo 
previsto en esta ley.
TÍTULO I
Del órgano ambiental de las Islas Baleares y de la cooperación interadministrativa
CAPÍTULO I
La cooperación entre Administraciones
Artículo 6.  Cooperación interadministrativa.
1.  Para una protección ambiental adecuada y el ejercicio efectivo de los derechos 
reconocidos en esta ley, las Administraciones Públicas competentes deben ajustar las 
actuaciones en materia de evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, 
coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia.
En particular, las administraciones interesadas en el plan, programa o proyecto por 
sus responsabilidades ambientales o sectoriales, serán consultadas sobre la información 
proporcionada  por  el  promotor  y  sobre  la  solicitud  de  adopción,  aprobación  o 
autorización del plan, programa o proyecto.
2.  Cuando el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
tenga conocimiento de la tramitación o el desarrollo de un plan, un programa o un 
proyecto, fuera de las Islas Baleares, que pueda tener efectos ambientales significativos 
para  las  Islas  Baleares,  debe  pedir  a  las  autoridades  competentes  la  información 
necesaria para hacer un seguimiento adecuado, y, en el ámbito de las competencias 
propias, adoptar las medidas oportunas para garantizar la mínima afección.
3.  El representante del Gobierno de las Islas Baleares en la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente colaborará en el impulso de los cambios normativos y las reformas 
necesarias de la normativa estatal para adaptarla a la normativa europea e internacional, 
y velará por el respeto a las competencias autonómicas.
4.  Las Administraciones Públicas establecerán los mecanismos más eficaces para 
un efectivo intercambio de información sobre las personas interesadas que se hayan 
identificado, en particular, a través de interconexión de los registros que se creen.
Artículo 7.  Consulta preceptiva al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de los 
planes, los programas y los proyectos que debe evaluar la Administración General 
del Estado.
1.  Corresponde  al  órgano  ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Islas 
Baleares, como trámite básico del procedimiento, evacuar la consulta preceptiva prevista  s
en la legislación básica estatal de los planes, los programas o los proyectos que han de  oe.
adoptar, aprobar o autorizar la Administración General del Estado o los organismos  w.
op úcbol2mic. ousnL ivcaia ncccoiuónlnas udplorteasv  poiar ed aceneptpeetn ievdsaiet aan lta eódsrmg, aoinn iqsout raeam cdibóeinbe,en qntau lse es per u oeebndjteaietnon  dadefee  csdtinea crp laae rrlaajucsii cóIisnol a, rsee nsB pasoulen ascaarebssole.,   2020-1172n https://w
de otras consultas o informes de órganos de la misma administración de la Comunidad
Autónoma o de otras Administraciones. Bc
En  la  medida  en  que  tenga  conocimiento  con  el  tiempo  suficiente,  el  órgano 
ambiental  tendrá  presentes  las  consideraciones  de  otros  órganos  de  la  misma 
Administración a fin de evitar duplicidades o eventuales discordancias. Asimismo, el 
órgano ambiental puede valorar las consideraciones de las Administraciones insulares o 
municipales de las Islas Baleares.
Artículo 8.  Obligaciones de información.
La Comisión Medio Ambiente de las Islas Baleares remitirá al Ministerio competente 
en materia de evaluaciones ambientales, la información sobre los proyectos sometidos a 
evaluación ambiental que exige la legislación básica estatal antes del 31 de diciembre de 
cada año.
CAPÍTULO II
Del órgano ambiental
Artículo 9.  Determinación y estructura.
1.  La Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares es el órgano ambiental de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en cuanto a los proyectos, planes o 
programas sujetos a la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental 
estratégica que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por las administraciones 
autonómica, insular o local de las Islas Baleares, o que sean objeto de declaración 
responsable o comunicación previa ante estas.
2.  Asimismo, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la Comisión 
de Medio Ambiente de las Islas Baleares ejercerá las demás funciones que le atribuya la 
legislación vigente.
3.  La Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares se estructura en los 
siguientes órganos:
a)  El Pleno.
b)  La Presidencia.
c)  El Comité Técnico.
4.  La organización, las funciones y el régimen jurídico de la Comisión de Medio 
Ambiente de las Islas Baleares se determinarán reglamentariamente. En todo caso, las 
sesiones del Pleno de la Comisión serán públicas, sin perjuicio, en su caso, de las 
limitaciones de acceso por motivos de cabida.
5.  La regulación del Comité Técnico, que puede organizarse en subcomités, debe 
garantizar una composición multidisciplinaria y la representación de las Consejerías del 
Gobierno implicadas, los Consejos insulares, los Ayuntamientos, la Administración del 
Estado y las organizaciones sociales en materia de medio ambiente.
Asimismo, se invitará a los Ayuntamientos, con voz y voto, y a las personas, los 
promotores y las entidades interesadas, con voz pero sin voto, a participar en los puntos 
del  orden  del  día  en  que  estén  interesados,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente.
6.  La dotación de personal y medios de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas 
Baleares  garantizará  que  disponga  de  conocimientos  suficientes  para  examinar  los 
estudios y documentos ambientales. Sin embargo, si lo considera necesario, podrá  e.e
solicitar informes a organismos científicos, académicos u otros que dispongan de estos  w.b
cAortnícoucliom 1ie0n.t osC.riterios técnicos o interpretativos. 2020-11724n https://ww
1.  Sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Gobierno y de la persona titular de
la consejería responsable de medio ambiente, y también de las instrucciones, circulares
y órdenes de servicio que dicten los órganos superiores y directivos de la consejería para 
el impulso y la dirección de la actividad administrativa, el Pleno de la Comisión de Medio 
Ambiente de las Islas Baleares, con el informe previo del Comité Técnico, puede aprobar 
criterios  técnicos  o  interpretativos  para  la  redacción  de  los  estudios  ambientales 
estratégicos de los planes o los programas y los estudios de impacto ambiental de los 
proyectos,  así  como  para  la  predicción  y  la  valoración  de  sus  impactos,  las 
características técnicas y las especificaciones de la documentación que debe presentar 
el promotor en soporte digital.
2.  Asimismo, la Comisión puede proponer al Consejero competente en materia de 
medio ambiente que establezca criterios técnicos o interpretativos para la redacción de 
los  estudios  de  impacto  ambiental  de  los  proyectos  y  los  estudios  ambientales 
estratégicos de los planes o programas, y también para la predicción y la valoración de 
sus posibles impactos.
3.  Estas circulares, instrucciones u órdenes de servicio se publicarán en el «Boletín 
Oficial de las Islas Baleares» y en la página web corporativa de la Comisión de Medio 
Ambiente de las Islas Baleares.
CAPÍTULO III
Relaciones entre órgano ambiental, órgano sustantivo y promotor
Artículo 11.  Relaciones entre órgano ambiental, órgano sustantivo y promotor.
1.  El órgano ambiental y el órgano sustantivo ejercen las funciones atribuidas por 
esta ley de manera objetiva y se deben evitar situaciones de conflictos de interés. 
Cuando el órgano ambiental sea simultáneamente el órgano sustantivo o el promotor del 
plan, programa o proyecto, deberá quedar garantizada, en su estructura administrativa, 
una separación adecuada de las funciones en conflicto.
2.  El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que 
se  produzca  durante  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo  sustantivo  de 
adopción,  aprobación  o  autorización  de  un  plan,  programa  o  proyecto  que  tenga 
relevancia a los efectos de la tramitación de la evaluación ambiental, singularmente de 
aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento.
3.  Cuando  el  órgano  sustantivo  sea  simultáneamente  el  promotor  del  plan, 
programa  o  proyecto,  el  órgano  sustantivo  realizará  las  actuaciones  atribuidas  al 
promotor en esta ley.
TÍTULO II
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental y consecuencias
Artículo 12.  Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1.  Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los 
programas, así como sus revisiones, que adopten o aprueben las Administraciones 
autonómica, insular o local de las Islas Baleares, la elaboración y la aprobación de los 
cuales se exija por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Gobierno o del Pleno de un Consejo Insular, cuando:
a)  Establezcan  el  marco  para  la  futura  autorización  de  proyectos  legalmente  e.
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,  w.
urseitlisvliiizdcauuclotiuósr,n ag ,e dseatlic óunmic edudelti uorre acm,u arpsroiensso c,ha í,dt erilecenocesor,m goíucanu, ipcaamcciiinóoennr eídase,,  l dtinuodrmiusmsintriooia,  ,p oúrtbdraleicnnosa pmcoióartnreí t,i mdegole- tsetteirórrernist otrrdeioe,    2020-1172n https://w
uarebraonpoo rtuy arriuorsa;l ,o  ob iedne,l  uso  del  suelo,  incluida  la  delimitación  de  usos  portuarios  o  BOE-A-cable e
b)  Requieran una evaluación por afectar espacios de la Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la legislación sobre patrimonio natural y biodiversidad.
c)  Los que requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada, cuando se 
produzca alguno de los siguientes supuestos:
I.  Cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en el informe ambiental 
estratégico  de  acuerdo  con  los  criterios  del  anexo  V  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 
diciembre, de evaluación ambiental.
II.  Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2.  También serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria las 
modificaciones de los planes y programas incluidos en las letras a) y b) del apartado 1 de 
este artículo cuando, por sí mismas, impliquen:
a)  Establecer un marco nuevo para la autorización futura de proyectos legalmente 
sometidos  a  la  evaluación  de  impacto  ambiental  en  las  materias  incluidas  en  el 
apartado 1.a) anterior.
b)  Se  entenderá  que  las  modificaciones  conllevan  un  nuevo  marco  para  la 
autorización futura de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental cuando su 
aprobación  genere  la  posibilidad  de  ejecutar  algún  proyecto  nuevo  sometido  a 
evaluación ambiental, o aumente las dimensiones o el impacto eventual de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ya permitidos en el plan o programa que se modifica.
c)  Requerir  una  evaluación  porque  afectan  espacios  Red  Natura  2000  en  los 
términos previstos en la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
3.  Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)  Los planes y programas mencionados en las letras a) y b) del apartado 1 de este 
artículo,  y  sus  revisiones,  que  establezcan  el  uso,  a  nivel  municipal,  de  zonas  de 
reducida extensión.
b)  Los planes y programas, y sus revisiones, que establezcan un marco para la 
autorización de proyectos en el futuro, pero no cumplan los demás requisitos que se 
indican en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.
4.  También serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)  Las modificaciones mencionadas en el apartado 2 de este artículo, cuando sean 
de carácter menor, en los términos que se definen en el artículo 5 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b)  Las modificaciones de planes o programas que, a pesar de no estar incluidas en 
el apartado 2 de este artículo, supongan, por sí mismas, un nuevo marco para la 
autorización de proyectos. Se considerará que las modificaciones de planes y programas 
conllevan un nuevo marco de proyectos cuando su aprobación genere la posibilidad de 
ejecutar nuevos proyectos, o aumente las dimensiones o el impacto eventual de los 
permitidos en el plan o programa que se modifica y, en todo caso, cuando supongan un 
incremento  de  la  capacidad  de  población,  residencial  o  turística,  o  habiliten  la 
transformación urbanística de un suelo en situación rural.
5.  Cuando el órgano sustantivo valore que un plan o programa, sea en su primera 
formulación o sea en su revisión, o la modificación de un plan o programa vigente, no 
está incluido en ninguno de los supuestos de los apartados anteriores de este artículo, y,  e.
por tanto, no está sujeto a evaluación ambiental estratégica, lo justificará mediante un  w.b
Ainrftoícrmuleo  t1é3c.n icÁom qbuieto q duee daaprláic aecni óenl  edxep lead eievnatleu.ación de impacto ambiental. 2020-1172n https://w
Deben ser objeto de evaluación de impacto ambiental los proyectos incluidos en los
apartados  siguientes  que  deban  ser  adoptados,  aprobados  o  autorizados  por  las
Administraciones autonómica, insular o local de las Islas Baleares, o que sean objeto de 
declaración responsable o comunicación previa ante estas:
1.  Deben ser objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos 
siguientes:
a)  Los proyectos en los que así lo exija la normativa básica estatal sobre evaluación 
ambiental.
b)  Los proyectos que figuren en el anexo 1 de esta ley.
c)  Los proyectos que se presenten fraccionados y alcancen los umbrales previstos 
en  los  apartados  a)  y  b)  anteriores  por  la  acumulación  de  las  magnitudes  o  las 
dimensiones de cada uno.
d)  Los proyectos que hayan sido sometidos a evaluación ambiental simplificada 
cuando así lo decida, caso por caso, el órgano ambiental en el informe de impacto 
ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental.
e)  Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en los 
apartados anteriores, cuando esta modificación cumpla los umbrales que establece la 
normativa básica estatal de evaluación ambiental, o el anexo 1 de esta ley.
f)  Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental simplificada cuando el 
promotor solicite que se tramite por medio de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria.
2.  Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos 
siguientes:
a)  Los proyectos en los que así lo exija la normativa básica estatal sobre evaluación 
ambiental.
b)  Los proyectos que figuren en el anexo 2 de esta ley.
c)  Los proyectos no incluidos en los apartados anteriores pero que requieran una 
evaluación por afectar espacios de la Red Natura 2000 en los términos previstos en la 
legislación sobre patrimonio natural y biodiversidad.
d)  Cualquier  modificación  de  las  características  de  un  proyecto  sometidos  a 
evaluación ambiental por la normativa básica estatal o por los anexos 1 o 2 de esta ley, 
diferente de las modificaciones descritas en el apartado 1.e) anterior, que sea posterior a 
la  declaración  de  impacto  ambiental  o  el  informe  ambiental,  o  de  un  proyecto  ya 
autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente. Se entiende que una modificación puede tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando representa:
I.  Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
II.  Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
III.  Un incremento significativo de la generación de residuos.
IV.  Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
V.  Una afección apreciable en espacios protegidos Red Natura 2000.
VI.  Una afección significativa al patrimonio cultural.
En el caso de modificaciones de proyectos sometidos a evaluación ambiental, el 
órgano sustantivo deberá valorar, mediante informe técnico que obrará en el expediente, 
si la modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente de  es
acuerdo con los criterios anteriores, y, en consecuencia, si está o no sujeto a evaluación  o
de impacto ambiental. 4w
mene dlefai)a)   nntLeoLo rolsmas   aapptcrrivoouayym eeubccltátaooscssiic  óqasnuo  edme esse telatai dtsapo lrm se dsaaeeg  nneetietvvunaad lluefurasaa cccoiicóó linaon sn  daadedmim obisemi enypns ataiaoclclnt oaeo ns ac ddmeeenbl   cileoaansndt eaaux lmu ono bor2rda. ilndeaesr  ipaer septvaoi srt leolays    OE-A-2020-1172able en https://w
normativa  básica  estatal  o  por  el  anexo  1  de  esta  ley  que  sirven  exclusiva  o
principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la 
duración del proyecto no sea superior a dos años.
Artículo 14.  Supuestos excluidos de la evaluación ambiental y proyectos excluibles.
1.  Esta ley no será de aplicación a los planes y programas:
a)  Que tengan como único objeto la defensa o la protección civil para casos de 
emergencia.
b)  De tipo financiero o presupuestario.
2.  El órgano sustantivo podrá determinar, caso por caso, que la evaluación del 
impacto ambiental no se aplicará a los proyectos o partes de los proyectos que tengan 
como único objetivo la defensa o la respuesta a casos de emergencia civil, cuando tal 
aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.
3.  El  Consejo  de  Gobierno  cuando  el  órgano  sustantivo  forme  parte  de  la 
administración autonómica, el Pleno del Consejo Insular cuando el órgano sustantivo 
forme parte de la Administración insular, o el Pleno del Ayuntamiento cuando el órgano 
sustantivo forme parte de la administración municipal, en supuestos excepcionales, y 
mediante acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental y, en particular, las obras imprescindibles de reparación 
de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos 
y las obras de emergencia, sin perjuicio de las actuaciones inmediatas que se hayan 
tenido que adoptar para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.
4.  El acuerdo previsto en el punto anterior se adoptará, a propuesta del órgano 
sustantivo, con el informe previo del órgano ambiental, que se emitirá en un trámite 
sumario, a petición razonada del órgano sustantivo, sin perjuicio de someter el proyecto 
excluido a una evaluación posterior que garantice el cumplimiento de los objetivos de 
esta ley.
El  informe  previo  y  el  posterior  podrán  establecer  las  medidas  correctoras, 
protectoras o compensatorias que se estimen adecuadas para minimizar los posibles 
efectos adversos del proyecto.
5.  El acuerdo de exclusión se publicará en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» 
y la información relativa a la decisión de exclusión, los motivos que la justifican, su 
alcance concreto, cómo se realizará la evaluación posterior del proyecto excluido y las 
medidas correctoras, protectoras o compensatorias, se pondrán a disposición del público 
en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes.
El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la 
Comisión Europea, previamente a la autorización del proyecto.
6.  Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán al promotor 
de efectuar una evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red Natura 2000 
cuando se trate de planes, programas o proyectos que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, pueden afectar de forma apreciable 
a las especies o hábitats de dichos espacios, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes, programas o proyectos.
A  estos  efectos,  el  promotor  elaborará  un  informe  de  repercusiones  sobre  los 
hábitats y especies objeto de conservación de los espacios afectados, incluyendo las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias a la Red Natura 2000 adecuadas 
para su mantenimiento en un estado de conservación favorable, así como un esquema  s
de seguimiento ambiental; y el órgano sustantivo consultará preceptivamente al órgano  oe.
competente en la gestión de los espacios Red Natura 2000 afectados para remitir  w.
cpoaobusjestetaorr iáod rem uqneu netp eée srejtule ii cndifoeo tremar mel,ai n jueinn, ttaeo g lacr iodvnias dtea l  ddreees  luaall tgeaúxdnpo e dedesie pnlaatce ci,o os ni Rseuel ldpta la,N naa,l  tpuórrroagg ar2na0om0 aa0 m.o  bEpiernon ytcaealc staool    2020-1172n https://w
afirmativo, se sustanciará el procedimiento regulado en la Ley de patrimonio natural y de
la diversidad y la Ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO). Bc
En casos de fuerza mayor, reacción ante catástrofes o accidentes graves, parte o 
todas las actuaciones señaladas en el párrafo anterior podrán realizarse a posteriori, 
justificándose dichas circunstancias al aprobarse el proyecto.
7.  De acuerdo con la legislación estatal básica de evaluación ambiental, no serán 
sometidos a evaluación de impacto ambiental los proyectos que se encuentren parcial o 
totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental, sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, en la 
legislación básica respecto de los casos de ejecución de sentencias firmes y en el título V 
de esta ley.
Artículo 15.  Nulidad de los planes, los programas y los proyectos que no se sometan a 
la evaluación ambiental.
1.  Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de 
esta ley deben someterse a una evaluación ambiental antes de que se adopten, se 
aprueben o autoricen, o bien, en su caso, en el caso de los proyectos, antes de que se 
presente  la  declaración  responsable  o  la  comunicación  previa  a  que  se  refiere  la 
normativa del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
2.  Son nulos de pleno derecho, y no tienen validez, los actos de adopción, aprobación 
o autorización de los planes, los programas o los proyectos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta ley que no se hayan sometido a la evaluación ambiental, sin perjuicio de 
las sanciones y las responsabilidades que, en su caso, puedan corresponder. Respecto de 
las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de esta Ley, se aplicarán las medidas de 
protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén.
3.  En ningún caso se puede entender que la falta de emisión de la declaración 
ambiental  estratégica,  el  informe  ambiental  estratégico,  la  declaración  de  impacto 
ambiental  o  el  informe  de  impacto  ambiental  equivale  a  una  evaluación  ambiental 
favorable.
Artículo 16.  Los planes, los programas y los proyectos sometidos a la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación previa.
1.  Cuando  el  acceso  a  una  actividad  o  su  ejercicio  exija  una  declaración 
responsable  o  una  comunicación  previa  y  de  acuerdo  con  esta  ley  requiera  de 
evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la comunicación previa 
no podrá presentarse ante el órgano sustantivo antes de la publicación en el «Boletín 
Oficial de las Islas Baleares» de la declaración de impacto ambiental o del informe de 
impacto ambiental. Solo después de dicha publicación el órgano sustantivo, mediante 
resolución, admitirá la declaración responsable o comunicación previa.
2.  La declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto no 
tendrá validez ni eficacia si requiriendo evaluación ambiental no la tuviera, sin perjuicio 
de las sanciones que, en su caso, procedan.
TÍTULO III
Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos
CAPÍTULO I
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas oe.
Artícdouerdlcoiln a1ar7ari.ca i,ó Tnlar áa mmevibtaeielusn,a tcadiloó ecnsu tmarameténbgtiaeiccnaitóa.nl  eys ptrlaatzéogsic dae s liam pelvifaicluaadcai óyn  laam mbioednitfaicl aecsiótrna tdéeg iclaa   2020-1172n https://w
1.  La  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria,  la  evaluación  ambiental
estratégica simplificada, la modificación de la declaración ambiental estratégica y la
presentación de la documentación para estos trámites, se llevará a cabo de conformidad 
con el procedimiento y los plazos que prevé la normativa básica estatal de evaluación 
ambiental y con las particularidades previstas en esta ley.
2.  El órgano ambiental debe establecer modelos normalizados de solicitudes de 
inicio que deben estar al alcance del público en la sede electrónica del órgano ambiental. 
En la solicitud de inicio se debe adjuntar la documentación que exigen la normativa 
sectorial y la normativa básica estatal de evaluación ambiental y el justificante del pago 
de la tasa para evaluaciones ambientales que corresponda. Toda la documentación se 
presentará  en  formato  digital,  sin  perjuicio  de  que  el  órgano  ambiental  considere 
oportuno que se presente en papel.
3.  El procedimiento de tramitación debe adecuarse a las previsiones de esta ley 
sobre el uso de medios telemáticos.
4.  La información pública se efectuará mediante anuncio en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares». El órgano sustantivo dará publicidad de dicho anuncio en su página 
web y en alguno de los diarios de mayor difusión en lengua catalana y en lengua 
castellana de la isla o las islas afectadas, cuando las haya.
Cuando  la  normativa  sectorial  prevea  la  información  pública  de  los  planes  o 
programas,  se  debe  procurar  que  sea  simultánea  a  la  información  pública  del 
procedimiento ambiental.
Durante la fase de consultas del documento inicial estratégico o del documento 
ambiental estratégico, el órgano ambiental los publicará en su página web.
5.  El análisis técnico del expediente se efectuará de acuerdo con la normativa 
básica estatal de evaluación ambiental y esta ley, y debe incluir una referencia particular 
a la integración paisajística, concretamente al cumplimiento de las normas de aplicación 
directa en materia paisajística que prevén la legislación territorial y urbanística.
6.  Para  el  análisis  técnico  del  expediente  y  la  formulación  de  la  declaración 
ambiental  estratégica,  el  órgano  ambiental  dispondrá  de  un  plazo  de  tres  meses, 
prorrogable por un mes más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la 
recepción del expediente completo.
7.  Los planes y programas, así como sus revisiones y modificaciones, que deban 
someterse  a  evaluación  ambiental  estratégica,  deberán  incorporar  la  perspectiva 
climática  al  proceso  de  evaluación  ambiental.  A  tal  efecto,  incorporarán  a  los 
documentos ambientales la información recogida en el apartado 1 del artículo 20 de la 
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático de las Islas Baleares.
Será  preceptivo  y  determinante  el  informe  de  la  administración  competente  en 
materia de cambio climático respecto de los potenciales impactos que el plan o programa 
puede tener en el medio ambiente desde la perspectiva del cambio climático y de las 
medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo.
Artículo 18.  Particularidades de la evaluación ambiental estratégica ordinaria de los 
instrumentos de ordenación que impliquen actuaciones de urbanización.
1.  En  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  de  los 
instrumentos de ordenación que impliquen la transformación de suelos en situación rural 
en  suelos  urbanizados,  se  incorporarán,  al  menos,  los  informes  preceptivos  y 
determinantes siguientes:
a)  El de la administración hidráulica sobre:
a.1  La disponibilidad de agua potable, en cantidad, calidad y suficiencia, y sobre la  oe.
capacidad de la red de saneamiento y depuración, en relación con la capacidad de  w.
Ppolabnlaa .Hc2ii ódnrLo qalóu gpeirc opotre edcvece ilaóanns   ldIaseslal  asdc oBtmuaailneciaioor nepesú.sb dliceo u hrbidarnáiuzlaiccoió yn  sqouber es ela psr ozpoonnagsa pnr.otegidas por el  2020-1172n https://w
b)  El  de  la  administración  de  costas  sobre  la  delimitación  y  la  protección  del 
dominio público marítimo-terrestre, en su caso.
c)  Los de las administraciones competentes en materia de carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, residuos, energía y otras infraestructuras afectadas, con respecto 
a esta afección y al impacto del plan o programa sobre la capacidad de servicio de estas 
infraestructuras.
d)  El del órgano competente en materia de ordenación del territorio del Consejo 
Insular respecto de la incidencia paisajística del plan o programa.
2.  Asimismo, en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria de 
los instrumentos de ordenación que impliquen actuaciones de urbanización se deberá 
evaluar, como factor limitativo, la capacidad de carga de la zona afectada, entendida 
como la aptitud del territorio para soportar la intensidad de usos actual y la que se prevé 
sin provocar un proceso de deterioro ambiental, social, cultural o de calidad turística, así 
como la capacidad de los servicios e infraestructuras ambientales. El análisis de la 
capacidad  de  carga  se  efectuará  en  un  epígrafe  o  documento  específico  de  la 
documentación requerida en la solicitud de inicio.
Artículo 19.  Particularidades de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1.  En el plazo de veinte días hábiles desde que se recibe la solicitud de inicio de 
una evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico 
previo, puede resolver que se debe tramitar una evaluación estratégica ordinaria cuando 
así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
La propuesta de resolución se comunicará al promotor y al órgano sustantivo, a los 
que  se  debe  otorgar  un  plazo  de  diez  días  para  presentar  alegaciones,  con  la 
advertencia de que, si no presentan, la resolución será definitiva sin más trámite.
2.  El informe ambiental estratégico puede concluir que el plan o el programa es 
inviable ambientalmente cuando detecte inconvenientes que no sean subsanables en el 
marco de una tramitación ambiental ordinaria.
3.  En  los  casos  que  el  órgano  ambiental,  a  instancia  motivada  del  órgano 
sustantivo, valore, previo informe técnico, que el plan o programa o su modificación no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, los podrá excluir del procedimiento 
de evaluación ambiental.
4.  El  documento  ambiental  estratégico  incluido  en  la  solicitud  de  tramitación 
simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental a los efectos de facilitar 
la fase de consultas.
Artículo 20.  Particularidades de la evaluación ambiental estratégica de las normas 
territoriales cautelares y de las normas provisionales de planeamiento.
1.  Las  normas  territoriales  cautelares  previas  a  la  formulación,  revisión  o 
modificación  de  un  instrumento  de  ordenación  territorial,  siempre  que  cumplan  las 
condiciones de los planes sometidos a evaluación ambiental, deben incluir una memoria-
análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, que se someterá 
al  trámite  de  información  pública  y  la  consulta  de  las  Administraciones  Públicas 
afectadas, junto con la norma territorial cautelar.
2.  La intervención del órgano ambiental se efectuará tras la información pública y 
de la consulta a las Administraciones Públicas, y antes de la aprobación definitiva. A tal  s
efecto,  el  órgano  sustantivo  remitirá  al  órgano  ambiental  todo  el  expediente  oe.
administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las  w.
mAdems3 id.n eissLtdraae c dliaoe nceleansrt raPacdúióabn lid caeam sla ba isefeoncltitacailt dueadsst r,y a ladtéseg  atiocleadg asa elca if oodnromecsuu myla leraán  vtdaaeclnoiótrranoc  eidónen le. pl lraezgois mtroá xdimel oó rdgea nuon   2020-1172n https://w
competente para emitirla, y se debe publicar dentro del plazo de quince días hábiles en
el «Boletín Oficial». Esta declaración no es impugnable, sin perjuicio de los recursos que,  Bc
en su caso, hubiera lugar contra el acto o la disposición de aprobación o adopción de la 
norma territorial cautelar.
4.  Todo lo indicado en los apartados anteriores de este artículo será también de 
aplicación a las normas provisionales de planeamiento y a la delimitación provisional de 
zonas  aptas  para  la  comercialización  de  estancias  turísticas  en  viviendas  de  uso 
residencial.
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental de proyectos
Artículo 21.  Trámites y documentación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
de  la  evaluación  de  impacto  ambiental  simplificada  y  de  la  modificación  de  la 
declaración de impacto ambiental.
1.  La  evaluación  de  impacto  ambiental  ordinaria,  la  evaluación  de  impacto 
ambiental  simplificada,  la  modificación  de  la  declaración  de  impacto  ambiental,  la 
presentación de la documentación y el cómputo de los plazos se deben llevar a cabo de 
conformidad  con  los  procedimientos  previstos  en  la  normativa  básica  estatal  de 
evaluación ambiental y las particularidades previstas en esta ley.
Los efectos, la publicidad y la vigencia de la declaración de impacto ambiental 
ordinaria, la simplificada y sus modificaciones se rigen por la normativa básica estatal, 
salvo las especialidades que expresamente se contemplen en el texto de esta ley.
2.  Los estudios de impacto ambiental deben incluir, además del contenido mínimo 
que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental:
a)  Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el 
proyecto, los efectos de su desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras 
o compensatorias.
b)  Un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el 
consumo  energético,  la  punta  de  demanda  y  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero, así como la vulnerabilidad ante el cambio climático.
3.  La información pública se efectuará mediante anuncio en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares». El órgano sustantivo dará publicidad de dicho anuncio en su página 
web y en alguno de los diarios de mayor difusión en lengua catalana y en lengua 
castellana de la isla o las islas afectadas, si las hay, y adoptará las medidas necesarias 
para garantizar la máxima difusión entre el público, sobre todo en los proyectos de mayor 
trascendencia.
Asimismo, se publicarán anuncios en el tablón de edictos y, en su caso, en la página 
web de los AyuntaMientos afectados. Transcurrido el plazo de consulta, el Ayuntamiento 
remitirá al órgano sustantivo o, en su caso, al órgano ambiental, un certificado de 
exposición pública en el que hará constar el lugar y periodo en el que ha sido expuesta la 
documentación ambiental.
Cuando la normativa sectorial prevea la información pública de los proyectos, se 
debe procurar que sea simultánea a la información pública del procedimiento ambiental.
Durante la fase de consultas, el documento ambiental incluido en la solicitud de 
tramitación simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental.
4.  Será preceptivo y determinante el informe de la Administración competente en  s
materia de cambio climático respecto de los potenciales impactos que el proyecto puede  oe.
tener en el medio ambiente desde la perspectiva del cambio climático y de las medidas  w.
Aprretívciusltoa s2 2p.a raP parretivceunlairr,i dreadduecsi re yn  clao rtrreagmiri tcaucaiólqnu dieerl  óerfegcatnoo n aemgabtiievnot.al. 2020-1172n https://w
1.  En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano
sustantivo  puede  solicitar  al  órgano  ambiental  que  determine  las  Administraciones
Públicas que considere afectadas por el proyecto, a efectos de poder llevar a cabo con 
posterioridad la fase de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las 
personas interesadas.
Si así lo solicita, debe adjuntar a la solicitud una copia del proyecto y una del estudio 
de impacto ambiental.
El órgano ambiental debe pronunciarse en el plazo de diez días hábiles desde que 
recibe la solicitud y la documentación adjunta.
2.  En caso de que se solicite documento de alcance, el plazo para realizar las 
consultas previas y para elaborarlo por parte del órgano ambiental será de dos meses.
3.  En  la  solicitud  de  inicio  se  debe  adjuntar  la  documentación  que  exigen  la 
normativa sectorial, esta ley y la normativa básica estatal y, en su caso, el justificante del 
pago de la tasa por evaluación ambiental que corresponda.
Toda la documentación se presentará en formato digital, sin perjuicio de que el 
órgano ambiental considere oportuno que se presente en papel.
El órgano ambiental debe establecer modelos normalizados de solicitudes de inicio, 
que deben estar al alcance del público en la sede electrónica del órgano ambiental.
Junto con el envío al órgano ambiental de la solicitud de inicio y los documentos que 
se deben adjuntar, el órgano sustantivo podrá incluir un informe sobre las cuestiones 
ambientales  que  considere  relevantes  además  de  aquellas  que  puedan  incidir 
directamente en el procedimiento ambiental.
4.  En el plazo de veinte días hábiles desde que se recibe la solicitud de inicio de 
una evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental, con el informe 
técnico previo, puede resolver tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
La propuesta de resolución se comunicará al promotor y al órgano sustantivo, y se 
les debe otorgar un plazo de diez días para presentar alegaciones, con la advertencia de 
que, si no presentan, la resolución será definitiva sin más trámite.
5.  Se considerará un supuesto de manifiesta inviabilidad por motivos ambientales, 
con las consecuencias previstas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental,  el  informe  desfavorable,  emitido  de  acuerdo  con  el  artículo  21  de  la 
Ley  5/2005,  de  26  de  mayo,  para  la  conservación  de  los  espacios  de  relevancia 
ambiental, sobre la adecuación del uso o las actividades pretendidas en el proyecto 
sometido a evaluación ambiental con los objetivos de protección de un espacio natural 
protegido, sobre la base de las disposiciones de los instrumentos de declaración o 
planificación que lo regulen. Si el carácter desfavorable del informe se limita a partes del 
proyecto, en la audiencia al promotor y al órgano sustantivo, se les consultará sobre su 
interés en seguir la tramitación con respecto a la parte del proyecto no afectada por la 
inviabilidad.
6.  Si el órgano ambiental considera que el proyecto es manifiestamente inviable 
jurídicamente por incumplimiento de la normativa sectorial, así lo comunicará al órgano 
sustantivo para que informe sobre dicho incumplimiento y las consecuencias de éste en 
el procedimiento sustantivo. El requerimiento de informe suspende el plazo para la 
formulación del informe ambiental o la declaración de impacto ambiental desde la fecha 
de recepción de la solicitud. Si transcurrido un mes, el órgano sustantivo no ha informado 
en relación al incumplimiento mencionado se continuará la tramitación ambiental sin 
perjuicio de advertir de esta circunstancia en el informe o en la declaración de impacto 
ambiental correspondiente.
7.  Si el órgano ambiental valora que de la documentación aportada se desprende  s
de manera inequívoca que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio  oe.
ambiente, podrá formular directamente el informe de impacto ambiental sin someterlo a  w.
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spuosr taunnt ivmoe.s adicional por razones justificadas y comunicadas al promotor y al órgano  BOE-A-cable e
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
Artículo 23.  Consultas fuera de las Islas Baleares.
En caso de que se estime que un plan, un programa o un proyecto de los sometidos 
a estos procedimientos puedan tener efectos ambientales significativos fuera del ámbito 
de  las  Islas  Baleares,  se  remitirá  una  copia  de  la  solicitud  de  inicio  de  estos 
procedimientos a las Comunidades Autónomas afectadas, al departamento del Ministerio 
competente en materia de medio ambiente del Gobierno del Estado, o al Ministerio de 
Asuntos  Exteriores  cuando  afecte  otros  Estados,  a  fin  de  invitarlos  a  formular  las 
alegaciones o consideraciones que estimen oportunas, con el procedimiento y el alcance 
previsto en la legislación básica estatal de evaluación ambiental. Asimismo, se les 
remitirá la resolución o el informe definitivo que finalmente se adopte.
Artículo 24.  Condicionantes ambientales.
1.  La Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares puede imponer a los 
planes,  programas  y  proyectos  sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental 
condicionantes dirigidos a mitigar los impactos ambientales, reducir emisiones, aumentar 
el uso de energías renovables o reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
2.  Serán a cargo del órgano promotor los gastos que comporten los condicionantes 
anteriores así como los de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que 
establezca la declaración de impacto ambiental, incluida la restauración eventual del 
espacio.
Artículo 25.  Resolución de discrepancias.
1.  En el caso de que haya discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano 
ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, la declaración de 
impacto ambiental, el informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental, 
las debe resolver:
a)  El Consejo de Gobierno, si se trata de planes, programas o proyectos que tenga 
que aprobar la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
b)  Un órgano de composición paritaria integrado por dos representantes del órgano 
ambiental y dos del órgano sustantivo, en cualquier otro caso. En caso de empate, se 
resolverá por el Consejo de Gobierno.
2.  La tramitación y los plazos son los previstos en la normativa básica estatal de 
evaluación ambiental.
3.  El acuerdo de resolución de la discrepancia debe motivar los cambios que se 
han  producido,  valorar  las  repercusiones  ambientales  e  incluir  el  contenido  de  la 
decisión,  las  condiciones  impuestas,  la  motivación  de  la  decisión  con  relación  al 
resultado de los informes y de la información pública y la descripción de las medidas 
correctoras, protectoras o compensatorias adecuadas que se deben incorporar en base 
a la declaración de impacto ambiental o la declaración ambiental estratégica.
4.  El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el «Boletín 
Oficial de las Islas Baleares». s
Artículo  26.  Relación entre  la  evaluación ambiental estratégica y la evaluación de  w.
i1m. paLcato  eavmabluieancitóanl.  ambiental  estratégica  de  un  plan  o  programa  no  excluye  la  2020-1172n https://w
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eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de
evaluación  ambiental  estratégica  a  otros  procedimientos  de  evaluación  ambiental 
siempre que no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o el programa o, si no, 
el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica, y no se 
hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación 
ambiental estratégica.
3.  En el caso de los proyectos incluidos en el planeamiento territorial o urbanístico, 
la evaluación de impacto ambiental tendrá en cuenta la evaluación ambiental estratégica 
del  planeamiento  que  los  incluye  y  evaluará  únicamente  los  aspectos  propios  del 
proyecto que no hayan sido evaluados en la evaluación ambiental estratégica, siempre 
que la declaración ambiental esté vigente.
Los  proyectos  para  los  que  sea  necesaria  una  habilitación  específica,  como  la 
declaración  de  interés  general,  la  declaración  de  utilidad  pública  con  efectos 
urbanísticos, o el acuerdo del Consejo de Gobierno o el pleno de un Consejo Insular en 
los casos de actuaciones disconformes con el planeamiento previsto en la normativa 
urbanística, se tramitarán por el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, 
pero tendrán presentes los elementos de evaluación estratégica que sean pertinentes.
4.  En los proyectos sometidos a la declaración de interés general o la declaración 
de utilidad pública, actuará como órgano sustantivo aquel al que corresponda aprobar la 
declaración de interés general o la declaración de utilidad pública, y en este orden.
Artículo 27.  Relaciones entre la evaluación ambiental y la evaluación de riesgos.
1.  La evaluación de impacto ambiental tomará en consideración la vulnerabilidad de 
los proyectos ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se produzcan, así 
como las implicaciones eventuales de efectos adversos significativos para el medio 
ambiente. A tales efectos, el promotor deberá aportar la documentación correspondiente 
para hacer la valoración o, en su caso, el informe justificativo sobre su condición de 
innecesaria dadas las características del proyecto.
2.  Los informes sobre riesgos previstos en la legislación sectorial y territorial, que 
sean competencia de la Comunidad Autónoma, en los casos de planes, programas o 
proyectos sometidos a evaluación ambiental, se emitirán incorporados en la declaración 
o el informe de impacto ambiental, previa consulta a las administraciones competentes. 
Sin  embargo,  la  evaluación  ambiental  no  sustituirá  las  eventuales  autorizaciones 
específicas que procedan en las áreas de prevención de riesgos.
Artículo 28.  Tramitación de urgencia.
1.  De conformidad con la normativa básica de procedimiento administrativo, cuando 
lo aconsejen razones de interés público, el órgano ambiental, de oficio o a petición del 
interesado, podrá acordar que se aplique la tramitación de urgencia al procedimiento, en 
virtud de la cual los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, 
incluido el periodo de información pública, se reducen a la mitad.
2.  No cabrá recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento.
Artículo 29.  Modificaciones con motivo de la tramitación o en fase de recurso.
1.  En caso de que, como consecuencia del trámite de información pública y las 
consultas a las Administraciones Públicas y a las personas afectadas, o de requerimientos  s
en la fase de análisis técnico del expediente, se introdujeran modificaciones en el plan,  oe.
programa o proyecto que comporten efectos ambientales significativos distintos de los  w.
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de las Islas Baleares cuando se cuestionen aspectos de la evaluación ambiental. Los 
pronunciamientos  de  la  Comisión  de  Medio  Ambiente  de  las  Islas  Baleares  serán 
determinantes en relación con los términos de la declaración ambiental o del informe 
ambiental.
TÍTULO IV
Evaluación ambiental de planes, programas y proyectos que puedan afectar 
espacios Red Natura 2000
Artículo 30.  Procedimiento.
1.  Las repercusiones de los planes, los programas y los proyectos que, sin tener 
relación directa con la gestión del sitio Red Natura 2000 o sin que sean necesarios para 
esta gestión, puedan afectar de manera apreciable estos lugares o espacios, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se deben 
evaluar dentro de los procedimientos previstos en la Ley 21/2013 y esta ley, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y la Ley 5/2005, de 26 de 
mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
2.  Solo los planes de gestión de espacios naturales protegidos o de los sitios de la 
Red Natura 2000 que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en los términos previstos en el 
artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se 
someterán a evaluación ambiental estratégica.
Artículo 31.  Actuaciones previas.
1.  Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar a espacios Red 
Natura 2000, y que son susceptibles de someterse a la evaluación ambiental solo por 
esta  posible  afección,  deben  sujetarse  previamente  a  un  procedimiento  que  debe 
determinar si el plan, el programa o el proyecto tiene relación directa con la gestión del 
sitio Red Natura 2000 o es necesario para esta gestión, y también si afecta o no de 
manera apreciable el lugar mencionado.
El órgano competente para emitir este informe y el procedimiento de determinación 
sobre si el plan, el programa o el proyecto tiene relación directa con la gestión del sitio 
Red Natura 2000 o es necesario para esta gestión, y también si afecta o no de manera 
apreciable el lugar mencionado, son los previstos en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para 
la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
En caso de concluir que corresponde el procedimiento de evaluación ambiental, este 
debe incluir una evaluación adecuada de las repercusiones en el lugar del plan, el 
programa o el proyecto.
2.  Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar a espacios Red 
Natura 2000, y que se sometan a la evaluación ambiental no solo por esta posible 
afección, no están sujetos a ninguna actuación previa y directamente se someterán al 
procedimiento de evaluación ambiental que corresponde, en el que se han de evaluar 
adecuadamente las repercusiones en el lugar.
2020-1172n https://w
TÍTULO V
Disciplina en materia de evaluación ambiental
CAPÍTULO I
Seguimiento y garantías de los pronunciamientos ambientales
Artículo 32.  Cumplimiento y seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas, 
los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental y los 
informes de impacto ambiental. Inspección.
1.  Corresponde  al  órgano  sustantivo,  respecto  de  los  planes,  programas  o 
proyectos que no son de competencia estatal, el seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente  de  la  aplicación  y  la  ejecución  de  los  planes  y  los  programas  y  del 
cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, 
en los términos previstos en la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
2.  Corresponde al órgano sustantivo, en el ejercicio de las competencias propias, 
comprobar  que  los  planes,  los  programas  o  los  proyectos  se  han  sometido  a  la 
evaluación ambiental cuando lo exige la normativa estatal o autonómica, y velar por que 
se  cumplan  las  prescripciones  y  las  medidas  incluidas  en  los  procedimientos 
ambientales.
3.  El órgano ambiental puede recabar información del órgano sustantivo, hacer las 
comprobaciones que estime adecuadas y formular requerimientos a las autoridades 
competentes a fin de que ejerzan las potestades que establece esta ley.
Artículo 33.  Obligaciones del promotor. Fianzas y seguros de responsabilidad civil y 
ambiental.
1.  En las evaluaciones de impacto ambiental, el promotor está obligado a contratar 
una auditoría ambiental que acredite que se cumple la declaración de impacto ambiental 
o del informe de impacto ambiental, incluido el apartado anterior, cuando el presupuesto 
del  proyecto  supere  la  cuantía  de  un  millón  de  euros  o  cuando  así  lo  acuerde 
justificadamente el órgano ambiental.
2.  A  fin  de  garantizar  la  ejecución  de  las  medidas  correctoras,  protectoras  o 
compensatorias, el órgano sustantivo puede exigir, por propia valoración o a instancia del 
órgano ambiental, la prestación de una fianza, con la cuantía, la forma y las condiciones 
que se determinen reglamentariamente.
3.  Cuando se trate de proyectos que conllevan un riesgo potencial grave para las 
personas, los bienes o el medio ambiente, y con el fin de cubrir los riesgos de daños a 
las personas, los bienes y el medio ambiente en general, el órgano sustantivo, por 
valoración propia o a instancia del órgano ambiental, puede exigir que se constituya un 
seguro de responsabilidad civil y ambiental, aunque la normativa sectorial no lo prevea, 
que debe cubrir, en todo caso:
a)  Las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
b)  Las indemnizaciones por daños a los bienes.
c)  Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
Las condiciones de los seguros de responsabilidad civil y ambiental, así como la  es
cuantía, la forma de prestación, la extinción y el resto de elementos, se determinarán  bo
reglamentariamente. 4w
2020-1172n https://w
CAPÍTULO II
Medidas cautelares
Artículo 34.  Medidas cautelares.
1.  En el supuesto que los proyectos sujetos a la evaluación ambiental produzcan o 
puedan producir daño al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad 
física  o  biológica,  se  pueden  dictar  medidas  provisionales  de  acuerdo  con  el 
procedimiento establecido en la legislación del procedimiento administrativo común, a fin 
de garantizar daños mínimos al medio ambiente mientras se tramita el procedimiento.
2.  Cuando se ejecute un proyecto sujeto a la evaluación ambiental sin la evaluación 
pertinente,  o  contraviniendo  sus  condiciones,  el  órgano  sustantivo  ordenará  la 
suspensión inmediata de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, 
realización o desarrollo, en todo o en la parte que proceda. Esta medida se adoptará 
incluso  previamente  al  inicio  del  expediente  de  restablecimiento  del  orden  jurídico 
perturbado.
No obstante, si el órgano competente considera que los efectos de la suspensión 
podrían comportar perjuicios más graves para el medio ambiente, debe adecuar el 
acuerdo a los intereses ambientales, sin perjuicio de exigir que se inicien los trámites 
para legalizar la situación, acudiendo, en su caso, a los mecanismos de la ejecución 
forzosa.
La orden de suspensión se notificará, indistintamente, a las personas promotoras, 
propietarias o encargadas de la dirección y la ejecución de las obras, así como a 
cualquier otra persona que esté en el lugar de ejecución, realización o desarrollo y 
manifieste la relación con la obra. Si transcurren 48 horas desde que se ha practicado la 
notificación y no se ha cumplido la orden notificada, se pueden precintar las obras, las 
instalaciones o el uso.
El  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  mientras  persista,  da  lugar  a  la 
imposición de multas coercitivas sucesivas por períodos mínimos de diez días y cuantía 
de 600 euros en cada ocasión. Del incumplimiento se dará cuenta al Ministerio Fiscal, en 
su caso, a efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.
3.  Cuando la actividad haya estado en funcionamiento durante más de un año al 
amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones establecidas, el 
órgano competente podrá, motivadamente, conceder un plazo de dos meses para iniciar 
la tramitación ambiental para la regularización de las actuaciones antes de dictar orden 
de suspensión.
En caso de que se haya concedido un plazo para la regularización, si, una vez 
vencido, no se ha solicitado el inicio de la tramitación, o cuando se adopte acuerdo 
desfavorable a la regularización o se ordene el archivo del expediente, se adoptarán las 
medidas cautelares oportunas.
4.  Las  actuaciones  a  que  se  refiere  este  artículo  son  independientes  de  las 
sancionadoras y de las que puedan adoptar otras autoridades ambientales en ejercicio 
de sus competencias en los casos del apartado 1.
CAPÍTULO III
Restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física 
alterada es
Artículo  35.  El  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  la  reposición  de  la  4ww.
r1e. aliEdal dó rfgísaincao  aslutesrtaandtaiv yo  laa dinodpetamrán izlaasc imóne dpiodra ds anñeocse ys apreiarjsu ipcaiorsa. restablecer el orden  2020-1172n https://w
jurídico perturbado por un proyecto, un plan o un programa sometido a evaluación
ambiental que no haya llevado a cabo la tramitación ambiental preceptiva o contravenga 
las condiciones.
2.  Cuando las actuaciones se hayan ejecutado al amparo de un título administrativo 
y de acuerdo con las condiciones establecidas, el órgano sustantivo concederá un plazo 
de dos meses para iniciar la tramitación ambiental para su regularización. Transcurrido el 
plazo  sin  haberse  solicitado  dicha  regularización,  o  después  de  adoptarse  acuerdo 
desfavorable o de ordenarse el archivo del expediente, se procederá al restablecimiento 
del orden jurídico perturbado con la anulación de los títulos que amparen las actuaciones 
y, en su caso, se ordenará la reposición de la realidad física alterada a su estado 
originario, sin perjuicio de que se adopten las medidas provisionales del artículo anterior.
Los acuerdos que declaren nulos planes, programas o proyectos por la falta de la 
tramitación ambiental que corresponde deben prever las medidas adecuadas para evitar 
eventuales perjuicios en el medio ambiente.
3.  En el caso de proyectos sujetos a la evaluación ambiental que produzcan daño al 
medio  ambiente  o  una  alteración  no  permitida  de  la  realidad  física  o  biológica,  el 
promotor queda obligado a la reposición de la situación alterada a su estado originario y 
a la indemnización por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la sanción que 
se pueda imponer.
La reposición de la situación alterada y la indemnización por daños y perjuicios se 
deben llevar a cabo en los términos establecidos en la normativa de responsabilidad 
ambiental y en esta ley.
4.  El órgano sustantivo debe determinar, en un procedimiento contradictorio y con 
el informe previo del órgano ambiental, la cuantía de la indemnización por los daños y 
perjuicios causados a la administración y el plazo para abonarla, con la audiencia previa 
del interesado. En caso de que el promotor no esté de acuerdo con la valoración, se 
efectuará una tasación contradictoria.
5.  Las  actuaciones  a  que  se  refiere  este  artículo  son  independientes  de  las 
sancionadoras.
6.  Las eventuales responsabilidades de la administración serán las previstas en la 
normativa básica estatal.
CAPÍTULO IV
La ejecución forzosa
Artículo 36.  Medios de ejecución forzosa.
El órgano sustantivo, por iniciativa propia o a petición del órgano ambiental o de 
cualquier  persona  o  entidad,  habiendo  avisado  previamente,  puede  ejecutar 
forzosamente  la  declaración  de  impacto  ambiental  o  el  acuerdo  de  resolución  de 
discrepancias, en el supuesto de que se hayan incumplido, y más concretamente las 
condiciones y las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, así como el deber 
de restitución de la realidad física alterada, con los medios previstos en esta ley y la 
normativa de procedimiento administrativo.
Artículo 37.  Ejecución subsidiaria.
1.  El órgano sustantivo, por sí mismo o por medio de terceras personas, previo 
requerimiento,  puede  ejecutar  subsidiariamente  las  condiciones  y  las  medidas  es
correctoras, protectoras y compensatorias así como el deber de reposición, a costa de la  o
persona responsable, en el supuesto de que se incumplan en los plazos establecidos. 4ww.
mlbai eeundNreigdosea. nsoc bqisaut ead nerte esl,a ue litnne tnleo risvm ecpnarcesiosócsni ,nd deeil b rólieerssg gapona orina sm guiasnrteaannnttteiivz, oao r  pplaoo drs recágu uaardlqidouapiedtar  rd mein olmatisve odp ieqarutsaeom njueasnstt iefyi q lluoaess    OE-A-2020-1172able en https://w
2.  Los gastos para la ejecución subsidiaria se pueden liquidar provisionalmente y 
antes de la ejecución, a cuenta de la liquidación definitiva.
Artículo 38.  Multas coercitivas.
1.  Transcurrido el plazo para el cumplimiento de las condiciones, las medidas o el 
deber de restitución y estos no se cumplen, el órgano sustantivo podrá acordar la 
imposición de multas coercitivas, reiteradas en lapsos de tiempo suficientes para cumplir 
lo que se ordena, según los plazos fijados, que deben ser independientes y compatibles 
con las sanciones que puedan imponerse.
2.  La cuantía de cada una de las multas coercitivas puede llegar hasta el 10% de la 
multa o, en su defecto, puede oscilar entre 600 y 6.000 euros. La cuantía se fijará según 
los siguientes criterios:
a)  El retraso en el cumplimiento.
b)  La existencia de intencionalidad o reiteración.
c)  La naturaleza de los perjuicios causados y, en concreto, que el daño afecte 
recursos o espacios únicos, escasos o protegidos.
CAPÍTULO V
Régimen sancionador
Artículo 39.  La potestad sancionadora.
1.  La potestad sancionadora en materia de evaluaciones ambientales solo se aplica 
a proyectos privados de acuerdo con lo previsto en la normativa básica estatal de 
evaluación ambiental, y corresponde al órgano sustantivo que debe autorizar o aprobar 
el proyecto.
2.  Cuando la infracción posible sea imputable a una Administración pública, en la 
condición de promotora de un plan, un programa o un proyecto, se aplicará la normativa 
reguladora de la responsabilidad de la administración, de agentes y personal funcionario.
3.  El órgano ambiental puede recabar información del órgano sustantivo, hacer las 
comprobaciones que considere convenientes y formularle requerimientos, a fin de ejercer 
las potestades que establece esta ley.
Artículo 40.  Sujetos responsables de las infracciones.
1.  Pueden  ser  responsables  por  los  hechos  constitutivos  de  las  infracciones 
administrativas que regula esta ley:
a)  Los promotores del proyecto privado.
b)  Las  personas  autoras  del  proyecto  o  el  personal  técnico  encargado  de  la 
dirección.
c)  Los autores de los documentos ambientales o estudios de impacto ambiental.
d)  El contratista.
e)  El auditor ambiental.
2.  En caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, estas deben responder de forma solidaria de las infracciones  s
que se cometan y de las sanciones que se impongan. oe.
3.  Las personas jurídicas son responsables de las infracciones cometidas por sus  w.
próeersgrtjauanibcoliesoc si moa  ieteanrgtcoee nrtadeses l p eoyr,rs doeennna  sjs uquruí deci ccaoos rorp,e esrdptueorbnbedanad no.a syu mlairs  einl decmosnteiz adcieo nelass  pmore ddidaañso s dey   2020-1172n https://w
4.  De la obligación del pago de las multas y del beneficio ilícito obtenido impuesto a 
las  personas  jurídicas  en  virtud  de  lo  establecido  en  esta  ley,  son  responsables 
subsidiarios:
a)  Las personas gestoras o administradoras la conducta de las cuales haya sido 
determinante para que la persona jurídica incurriera en la infracción.
b)  Las entidades que, por la participación en el capital o por cualquier otro medio, 
controlen o dirijan la actividad de la responsable principal, a menos que deban ser 
consideradas directamente autoras de la infracción.
5.  La muerte de la persona física extingue la responsabilidad por las infracciones 
previstas en esta ley, sin perjuicio de que la Administración adopte las medidas no 
sancionadoras correspondientes, que, en su caso, exija de los herederos o de quien se 
haya beneficiado o lucrado con la infracción, el beneficio ilícito obtenido de la comisión.
6.  En caso de que se extinga una persona jurídica responsable presunta de una 
infracción  antes  de  la  firmeza  de  la  sanción,  se  considerarán  responsables 
solidariamente de la infracción las personas físicas la conducta de las cuales determinó 
la comisión de la infracción, bien como integrantes de los órganos de dirección de la 
entidad o actuando al servicio de esta o por ellas mismas.
En caso de que se extinga una persona jurídica responsable, los socios o partícipes 
en el capital responderán solidariamente del pago de la sanción y, en su caso, del coste 
de la reposición de la realidad física alterada, hasta el límite del valor de la cuota de 
liquidación que se les haya adjudicado.
Artículo 41.  Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental.
1.  Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental se clasifican en 
muy graves, graves y leves.
2.  Es una infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los 
sujetos a declaración responsable o comunicación previa, sometido a la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la declaración de impacto 
ambiental correspondiente.
3.  Son infracciones graves:
a)  El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa, sometido a la evaluación de impacto ambiental 
simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto ambiental.
b)  La ocultación de datos y el falseamiento o la manipulación maliciosa de datos en 
la redacción del proyecto o en el procedimiento de evaluación.
c)  El incumplimiento de las condiciones ambientales o las medidas correctoras o 
compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental, incluidas en la 
resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el incumplimiento de las 
condiciones ambientales que establece el informe ambiental, incluidas en la resolución 
que  aprueba  o  autoriza  finalmente  el  proyecto  o,  en  su  caso,  en  la  declaración 
responsable o la comunicación previa del proyecto.
d)  El  incumplimiento  del  requerimiento  acordado  por  la  Administración  para  la 
suspensión de la ejecución del proyecto, el cierre o clausura de establecimientos, la 
suspensión de actividades o la adopción de medidas correctoras o de restauración del 
medio físico o biológico.
e)  El incumplimiento de cualesquiera otras medidas cautelares adoptadas por el  e.
órgano competente. w.b
Admf)in isLtraa coióbns.trucción  grave  en  los  trabajos  de  vigilancia  y  seguimiento  de  la  2020-1172n https://w
requ4is. itoEss  quunea  cinofnratieccnieónn  elesvtea  elel yin ocu lma pnliomrmienattoiv ad eb ácsuiaclaq ueiesrtaa tadle  qlause  onbol igeasctéio ntiepsif ioca ldoos 
como grave o muy grave.
5.  Cuando  un  mismo  infractor  cometa  varias  acciones  susceptibles  de  ser 
consideradas infracciones diferentes, se impondrán tantas sanciones como infracciones 
se hayan cometido. En caso de que unos mismos hechos puedan ser constitutivos de 
varias infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en 
su mitad superior. En caso de que unos hechos sean constitutivos de una infracción 
calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos también 
constitutivos de infracción, por lo que estos deriven necesariamente de aquellos, se 
impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
6.  Las infracciones prescriben en los plazos establecidos en la normativa básica 
estatal de evaluación ambiental.
Artículo 42.  Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de 
impacto ambiental.
1.  Las infracciones tipificadas en esta ley dan lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:
a)  En  el  caso  de  una  infracción  muy  grave:  multa  desde  300.001  euros 
hasta 3.000.000 de euros.
b)  En el caso de una infracción grave: multa desde 30.001 euros hasta 300.000 
euros.
c)  En el caso de una infracción leve: multa de hasta 30.000 euros.
2.  Las sanciones se graduarán de acuerdo con la normativa básica estatal de 
evaluación ambiental.
3.  La  imposición  de  una  sanción  con  carácter  firme  por  la  comisión  de  una 
infracción muy grave de las previstas en esta ley también implica la prohibición de 
contratar de acuerdo con los términos previstos en la normativa básica estatal en materia 
de contratación.
4.  La comisión de las infracciones reguladas en esta ley no podrá reportar beneficio 
económico a sus responsables. Cuando la suma de la multa y de los costes que 
comporte el restablecimiento de la legalidad dé una cifra inferior a este beneficio, se 
incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el importe del mismo.
5.  Cuando los actos constitutivos de infracción se cometan al amparo de un título 
administrativo y de acuerdo con las condiciones que se establezcan, no se impondrá 
sanción administrativa mientras no se anule el título administrativo que en cada caso los 
ampare.
Artículo 43.  Procedimiento sancionador y publicidad de las sanciones.
1.  El  procedimiento  sancionador  es  el  previsto  en  la  normativa  reguladora  del 
procedimiento sancionador de las Islas Baleares y, supletoriamente, en la normativa 
básica  estatal  de  evaluación  ambiental  y  la  normativa  de  régimen  jurídico  y 
procedimiento administrativo común.
2.  Las  sanciones  correspondientes  a  infracciones  muy  graves  y  graves  se 
publicarán en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» y en la página web del órgano 
ambiental, con mención de los sujetos responsables y las infracciones cometidas.
Artículo 44.  La prestación ambiental sustitutoria.
1.  Las multas, una vez firmes, pueden ser sustituidas, a solicitud de la persona  bo
sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora del  4w
pemrl eoódpr2gioo.a r caniEmoon nbsa aieltinodncdatieood,n   oacc odadnose ro ,el ,ac d oluamnc  uaeplcltr aiieón snfqot auarcmemi óebsn iupe srnaettimvatuilob,y  ieeedn ne ytll a oóles r ngts aéunnrsmionti itganuúmotonsbr  iyicae a ncsotdaonel .dbdiece ibogenu eassre dqra urien  fdleaer itoedrre mbaii ndlaea    OE-A-2020-1172able en https://w
cuantía de la misma.
Disposición adicional primera.  Bancos de conservación de la naturaleza.
1.  La  disposición  adicional  octava  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación  ambiental,  habilita  a  las  comunidades  autónomas  a  crear  bancos  de 
conservación de la naturaleza, definidos como un conjunto de títulos ambientales o 
créditos  de  conservación  que  representan  valores  naturales  creados  o  mejorados 
específicamente.
2.  En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los bancos de conservación 
de la naturaleza serán creados por el Consejero competente en materia de medio 
ambiente, mediante resolución.
3.  El  régimen  general,  organización,  funcionamiento  y  criterios  técnicos  de  los 
bancos de conservación de la naturaleza se desarrollarán reglamentariamente.
Disposición adicional segunda.  Remisiones normativas.
Todas las referencias a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de 
las  Islas  Baleares,  que  contienen  las  normas  legales  o  reglamentarias  vigentes  se 
entenderán hechas al texto refundido que se aprueba mediante este decreto legislativo.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio.
1.  Este Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba se aplica a todas las 
evaluaciones ambientales que se inicien a partir de su entrada en vigor.
2.  Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 12/2016 pierden vigencia y cesan en la producción de los efectos 
propios si no se ha comenzado la ejecución del proyecto o la actividad dentro del plazo 
máximo de seis años desde la entrada en vigor de dicha ley. En este caso, el promotor 
debe iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto con arreglo a 
este texto refundido.
Disposición final primera.  Autorización de desarrollo.
1.  El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para ejecutar y desplegar 
este decreto legislativo y el texto refundido que aprueba.
2.  Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones que 
exija la normativa comunitaria o la normativa básica estatal.
Disposición final segunda.  De modificación de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 
urbanismo de las Islas Baleares.
1.  Se da nueva redacción al apartado e) del artículo 41 de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares, en los siguientes términos:
«e)  El estudio ambiental estratégico en los casos y en los términos previstos 
en la legislación de evaluación ambiental.»
2.  Se da nueva redacción al apartado i) del artículo 44 de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares, en los siguientes términos:
«i)  El estudio ambiental estratégico en los casos y términos previstos en la 
legislación de evaluación ambiental, y, en los casos en que proceda, un estudio de  e
evaluación de la movilidad generada. En cualquier caso, se deben definir las  bo
qmueed isdea sp rpeaveraa na.d»optar respecto de los grandes centros generadores de movilidad  2020-11724n https://ww
3.  Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 45 de la Ley 12/2017, de 29 de 
diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares, en los siguientes términos:
«5.  Asimismo  dispondrán,  como  mínimo,  del  desarrollo  de  los  estudios 
justificativos y complementarios necesarios, de los planos de información y de 
ordenación que correspondan, y de las normas y los catálogos que procedan. Se 
incluirá un estudio de evaluación de la movilidad generada que, en su caso, debe 
definir las medidas para adoptar respecto de los grandes centros generadores de 
movilidad que se prevean, y deben incorporar el estudio ambiental estratégico en 
los casos y términos previstos en la legislación de evaluación ambiental.»
Disposición final tercera.  De modificación de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre 
el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Se da nueva redacción al apartado f) del artículo 124.1 de la Ley 11/1998, de 14 de 
diciembre, sobre el régimen específico de tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, en los siguientes términos:
«f)  Por  informe  de  exclusión  del  procedimiento  de  evaluación  ambiental: 
166,55 euros.»
ANEXO 1
Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería
1.  Instalaciones  destinadas  a  la  cría  de  animales  en  explotaciones  ganaderas 
intensivas que superen las siguientes capacidades:
1)  40.000 plazas para gallinas.
2)  55.000 plazas para pollos.
3)  2.000 plazas para cerdos de engorde.
4)  750 plazas para cerdas de cría.
5)  Resto de explotaciones ganaderas intensivas con una capacidad superior a 175 
UGM y explotaciones extensivas con capacidad superior a 350 UGM.
2.  Instalaciones para la acuicultura intensiva.
Grupo 2. Industria extractiva
1.  Canteras: restauración o extracción.
2.  Explotaciones mineras.
3.  Extracción de petróleo y de gas natural, así como los proyectos de adquisición 
sísmica en exploraciones de hidrocarburos.
4.  Perforaciones  profundas,  entendiendo  como  tales  las  superiores  a  400  m, 
excepto las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
a)  Perforaciones geotérmicas.
b)  Perforaciones para almacenar residuos nucleares.
c)  Perforaciones para el abastecimiento de agua. e
d)  Perforaciones petroleras. bo
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investigación  o  la  explotación  de  hidrocarburos,  el  almacenamiento  de  CO2,  el
almacenamiento de gas y geotermia de entalpia mediana y alta que requieran técnicas
de  fractura  hidráulica,  incluidas  las  perforaciones  de  sondeos  de  investigación  que 
tengan por objeto la toma de muestras previa a proyectos de perforación.
Grupo 3. Energía
1.  Refinerías  de  petróleo  bruto,  así  como  las  instalaciones  de  gasificación, 
regasificación y de licuefacción.
2.  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica 
de, como mínimo, 50 MW.
3.  Instalaciones industriales para producir electricidad, vapor y agua caliente con 
potencia térmica de, como mínimo, 50 MW.
4.  Tuberías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de 10 km de 
longitud con un diámetro nominal de tubería de más de 160 mm.
5.  Oleoductos y gasoductos, incluidos los submarinos.
6.  Subestaciones de transformación de energía eléctrica a partir de 10 MW en 
suelo rústico.
7.  Líneas de transmisión de energía eléctrica entre 15 y 66 kV en suelo rústico con 
la  calificación  de  ANEI  o  ARIP,  espacios  naturales  protegidos  al  amparo  de  la 
Ley 42/2007 y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para 
la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), excepto en el caso de 
que sean líneas soterradas por camino existente con una longitud inferior a 1 km.
8.  Líneas de transmisión de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV a 
partir de 500 m de longitud.
9.  Instalaciones para almacenar productos petrolíferos, petroquímicos o químicos 
con una capacidad superior a 5.000 t.
10.  Producción y almacenamiento de gases combustibles a partir de 2.500 t de 
capacidad.
11.  Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía (parques eólicos), incluidos los tendidos de conexión a la red y los accesos 
siguientes:
– Instalaciones de más de seis aerogeneradores en zona de aptitud alta de acuerdo 
con  el  PDS  de  energía  o  en  zonas  definidas  como  aptas  para  las  instalaciones 
mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.
– Instalaciones de más de 1 MW de potencia fuera de las zonas mencionadas.
12.  Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, 
incluidos los tendidos de conexión a la red, siguientes:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 20 ha situadas en suelo rústico 
definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular 
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 10 ha situadas en suelo rústico 
en las zonas de aptitud media del PDS de energía, excepto las situadas en cualquier tipo 
de cubierta o en zonas definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en el 
plan territorial insular correspondiente.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2 ha situadas en suelo rústico 
fuera de las zonas de aptitud alta o media del PDS de energía, excepto las situadas en 
cualquier  tipo  descubierta  o  en  zonas  definidas  como  aptas  para  las  instalaciones  s
mencionadas en el plan territorial insular correspondiente. oe.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 1.000 m² que estén situadas en  w.
suel1o3 r.ú stCiceon ptrraoletesg induoc.leares y otros reactores nucleares, así como las instalaciones  2020-1172n https://w
vinculadas a la producción, el tratamiento o el almacenamiento de materiales radiactivos.
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
1.  Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para producir metales en bruto no 
ferrosos  a  partir  de  minerales,  de  concentrados  o  de  materias  primas  secundarias 
mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
2.  Instalaciones  destinadas  a  la  extracción  de  amianto.  Tratamiento  y 
transformación del amianto y de los productos que lo contienen.
3.  Instalaciones  para  producir  lingotes  de  hierro  o  acero  (fusión  primaria  o 
secundaria),  incluidas  las  instalaciones  de  fundición  continua,  con  una  capacidad 
superior a 2,5 t/h.
4.  Instalaciones  para  elaborar  metales  ferrosos  donde  se  haga  alguna  de  las 
siguientes actividades:
a)  Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero bruto por hora.
b)  Forjado con martillos con una energía de impacto superior a 50 kJ por martillo y 
cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c)  Aplicación de capas protectoras de metal huso con una capacidad de tratamiento 
de más de 2 t de acero bruto por hora.
5.  Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más 
de 20 t/día.
6.  Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con 
excepción  de  metales  preciosos,  incluidos  los  productos  de  recuperación  (refinado, 
restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el 
cadmio o 20 t para todos los demás metales, por día.
7.  Instalaciones  para  el  tratamiento  de  la  superficie  de  metales  y  materiales 
plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las 
líneas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 m3.
8.  Instalaciones  de  calcinación  y  de  sinterizado  de  minerales  metálicos,  con 
capacidad superior a 5.000 t/año de mineral procesado.
9.  Instalaciones  para  fabricar  cemento,  clinker  u  hormigón  preparado  con  una 
capacidad superior a 50 t/día.
10.  Fabricación de yesos y cal de 50 t/día.
11.  Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una 
capacidad de fusión superior a 20 t/día.
12.  Instalaciones para fundir sustancias minerales, incluida la producción de fibras 
minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t/día.
13.  Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 
en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una 
capacidad de producción superior a 75 t/día o una capacidad de horneado de más de 4 m3 y 
más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
14.  Instalaciones permanentes para fabricar aglomerados asfálticos en caliente.
15.  Plantas de tratamiento de áridos y plantas de fabricación de materiales de 
construcción.
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera
1.  Instalaciones  para  la  producción  a  escala  industrial  de  sustancias  mediante 
transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes: s
a)  La producción de productos químicos orgánicos o inorgánicos básicos. w.b
nitróbcg))e  nLLoaa o  p pprrooodtadusucicocci.óiónn d ed ep rfoedrutilciztoasn tfeitso ssainmitpalreioss  ob ácsoicmopsu ye dsteo sb ioqcuidea sc.ontengan fósforo,  2020-1172n https://w
de))   LLaa  pprroodduucccciióónn  ddee  perxopdlouscitvooss .farmacéuticos básicos.
2.  Conducciones para transportar productos químicos con un diámetro de más 
de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
3.  Plantas  para  el  tratamiento  previo  (operaciones  tales  como  el  lavado,  el 
blanqueo,  mercerización)  o  para  el  teñido  de  fibras  o  productos  textiles  cuando  la 
capacidad de tratamiento supere las 5 t/día.
4.  Las  plantas  para  el  curtido  de  pieles  y  cueros  cuando  la  capacidad  de 
tratamiento supere las 6 t de productos acabados por día.
5.  Plantas industriales para:
a)  La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas 
similares.
b)  La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior 
a 50 t/día.
6.  Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de 
producción superior a 10 t/día.
7.  Plantas de biodiesel o similares.
Grupo 6. Otras industrias
1.  Instalaciones industriales para sacrificar o trocear animales.
2.  Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 840/2015, de 21 de 
septiembre, por el que se aprueban medidas para el control de los riesgos inherentes a 
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras
1.  Carreteras:
a)  Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales 
de nuevo trazado.
b)  Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y 
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 1 km o 
más de 3 km discontinuamente.
c)  Ampliación  de  carreteras  convencionales  que  las  transforme  en  autopistas, 
autovías o carreteras de doble calzada en una longitud continuada de más de 1 km o 
más de 3 km discontinuamente.
d)  Variantes para la supresión de travesías de núcleos urbanos y túneles, ambos de 
más de 500 m de longitud.
2.  Construcción de líneas de ferrocarril, tranvías, metros aéreos o subterráneos, 
líneas suspendidas o similares.
3.  Electrificación de ferrocarriles.
4.  Aeropuertos y aeródromos, excepto helipuertos.
5.  Puertos comerciales, pesqueros o deportivos, o su ampliación cuando aumente 
la superficie de la lámina de agua ocupada.
6.  Nuevas instalaciones de recepción de combustibles ubicadas fuera de puertos 
actuales.
7.  Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 t. e.e
8.  Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan  w.b
daelteferanrs al ac ocnotsrata e, l pmoar r,e ejexmcepploto,  elal  mcoannstetrnuimcciieónnt od ye  lad irqeuceosn,s teruspccigióonn edse  ye sotatrsa os borabsra.s de  2020-11724n https://ww
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
1.  Embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla de 
manera permanente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea 
superior a 500.000 m³.
2.  Plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad superior a 5.000 
habitantes equivalentes.
3.  Instalaciones  de  desalinización  de  agua  con  un  volumen  nuevo  o  adicional 
superior a 1.000 m³/día de capacidad.
4.  Acueductos  y  conducciones  que  supongan  trasvases  de  unidades  hidro-
geológicas o de acuíferos.
5.  Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de 
acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 500.000 m³.
6.  Emisarios submarinos de aguas depuradas y de plantas de desalinización.
7.  Instalaciones  de  conducción  de  agua  en  suelo  rústico  que  no  discurran 
íntegramente por camino existente cuando la longitud sea superior a 10 km y, en todo 
caso, las que transcurran por espacios naturales protegidos, espacios de relevancia 
ambiental  o  ANEI  de  alto  nivel  de  protección.  En  ningún  caso  se  considerarán 
instalaciones de conducción de aguas las instalaciones de riego en las fincas cuando 
estén autorizadas por la autoridad agraria o hidráulica.
Grupo 9. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos
1.  Instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos que realicen operaciones de 
eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a la R11 
del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
2.  Instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos que hagan operaciones 
de eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a 
la R11 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
con una capacidad de tratamiento superior a 50 t/día.
3.  Vertederos de residuos no peligrosos con una capacidad de tratamiento superior 
a 10 t/día, o capacidad total superior a 25.000 t.
Grupo 10. Proyectos en espacios naturales protegidos
Los proyectos siguientes, cuando se desarrollan en espacios naturales protegidos o 
espacios protegidos Red Natura 2000, de acuerdo con la Ley 42/2007 y la Ley 5/2005, 
en  zonas  húmedas  incluidas  en  la  lista  del  Convenio  de  Ramsar  y  en  zonas 
especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio 
para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo:
1.  Primeras repoblaciones forestales no protectoras cuando supongan riesgos de 
graves transformaciones ecológicas negativas.
2.  Transformaciones de usos del suelo, en más de 1 ha, que impliquen eliminación 
de  la  cubierta  vegetal  cuando  supongan  un  riesgo  de  graves  transformaciones 
ecológicas negativas.
3.  Dragados marinos.
4.  Tuberías para el transporte de gas y petróleo.
5.  Subestaciones de transformación de energía eléctrica. es
6.  Plantas de tratamiento de aguas residuales. o
7.  Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. 4ww.
urba819n.0.  a. sPC yAro ocpnyoasentrcrcsutatocrmuscc iióecdnnieo t donueser. sbc eaannstiozrcoaisca idcoaonsme.se ryc iadlees .instalaciones hoteleras fuera de las zonas  OE-A-2020-1172able en https://w
11.  Vertederos de residuos peligrosos y de residuos inertes.
12.  Obras de canalización y proyectos de defensa de cursos naturales.
13.  Concentraciones parcelarias que supongan el cambio de uso del suelo cuando 
supongan una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
Grupo 11. Otros proyectos
1.  Parques temáticos.
2.  Equipamientos sanitarios, docentes y deportivos no previstos en el planeamiento 
urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m².
3.  Equipamientos comerciales no previstos en el planeamiento urbanístico con una 
superficie construida superior a 400 m².
4.  Campos de golf y de pitch and putt.
5.  Pistas de esquí, remontes o teleféricos y construcciones asociadas.
6.  Astilleros para buques superiores a 1.000 t.
7.  Dragados marinos para la obtención de arena.
8.  Regeneración artificial de playas.
9.  Pistas de carreras y de pruebas para vehículos a motor.
10.  Hundimientos  de  buques  de  eslora  superior  a  25  m  para  crear  arrecifes 
artificiales.
11.  Cualquier modificación o extensión de un proyecto previo a este anexo, cuando 
la modificación o extensión cumpla, por sí misma, los posibles umbrales establecidos en 
este anexo.
12.  Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 100 ha.
13.  Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de 
diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
14.  Instalaciones para la captura de flujos de CO  con fines de almacenamiento 
2
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o 
cuando la captura total anual de CO  sea igual o superior a 1,5 Mt.
2
ANEXO 2
Proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental simplificada
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería
1.  Proyectos  no  incluidos  en  el  anexo  1  para  destinar  a  explotación  agrícola 
intensiva áreas naturales o seminaturales.
2.  Nuevos regadíos de extensión superior a 50 ha y a partir de 5 ha cuando se 
prevea la utilización de aguas residuales depuradas aunque se trate de un regadío 
existente.
3.  Explotaciones ganaderas intensivas con una capacidad superior a 100 UGM y 
las explotaciones ganaderas extensivas con una capacidad superior a 175 UGM, y, en 
todo  caso,  en  cumplimiento  de  la  legislación  básica  estatal,  cuando  superen  las 
siguientes capacidades:
1)  2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
2)  300 plazas para ganado vacuno de leche. es
3)  600 plazas para vacuno de cebo. o
4)  20.000 plazas para conejos. 4ww.
cuan4d. o Csea muptialiñceans  apnrotidpulacgtoass  d(ien sleac ctiacitdeagso,r ífau nBg icyi dCa sp ayr ah emrbaicmidífaesro) sa,  apvaertsir  yd ep e5c0e sh ay   2020-1172n https://w
productos de peligrosidad controlable y muy peligrosos para las abejas.
5.  Introducción de especies exóticas vegetales o faunísticas, excepto plantas de 
cultivo agrícola o de ganado doméstico.
6.  Repoblaciones forestales de extensión superior a 50 ha, y a partir de 10 ha 
cuando impliquen graves transformaciones ecológicas negativas o bien la utilización de 
especies no autóctonas.
7.  Pistas forestales a partir de 2 km o en pendientes superiores al 15% y pistas 
agrícolas también en pendiente superior al 15%.
8.  Tala de especies forestales hecha con el propósito de cambiar a otro uso del 
suelo cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a más de 5 ha.
Grupo 2. Energía
1.  Líneas de transmisión de energía eléctrica inferiores a 15 kV ubicadas en suelo 
rústico con la calificación de ANEI y ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y espacios 
de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, excepto en el caso de que sean líneas 
enterradas por camino existente con una longitud inferior a 1 km.
2.  Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión.
3.  Instalaciones para almacenar productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, 
con una capacidad superior a 1.000 t que ocupen más de 3.500 m².
4.  Producción  y  almacenamiento  de  gases  combustibles  a  partir  de  500  t  de 
capacidad.
5.  Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía de más de 100 kW, incluidos los tendidos de conexión a la red y los accesos.
6.  Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, 
incluidos los tendidos de conexión a la red, siguientes:
– Instalaciones con una ocupación total de más de 4 ha situadas en suelo rústico 
definidas como aptas para las instalaciones mencionadas en el plan territorial insular 
correspondiente y en las zonas de aptitud alta del PDS de Energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 2 ha situadas en suelo rústico en 
las zonas de aptitud media del PDS de Energía.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 1 ha, excepto las situadas en 
cualquier  tipo  de  cubierta  o  en  zonas  definidas  como  aptas  para  las  instalaciones 
mencionadas en el plan territorial insular correspondiente.
– Instalaciones con una ocupación total de más de 100 m² situadas en suelo rústico 
protegido.
Grupo 3. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
1.  Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
2.  Astilleros para barcos de hasta 1.000 t.
3.  Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
4.  Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
5.  Instalaciones para fabricar cemento, clinker u hormigón preparado no incluidas 
en el anexo 1 de esta ley.
6.  Instalaciones industriales para fabricar productos cerámicos mediante horno; 
en particular, tejas, ladrillos, azulejos, gres o porcelana, no incluidas en el anexo 1 de 
esta ley. e.e
en p21o..l  ígCPonreoonyster oicnstdo ugss edtnreiea rulearsdbG.oarrnueizpsa odc 4ieó.  nm ePonvro iglyideeancdeto rapslr  deyev li osintsof rpsa reoesynter ulcact otdusir sadpseo sdioctiaócni oandeicsi odnea sl etervricceioras   OE-A-2020-1172able en https://w
de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares.
3.  Grandes  establecimientos  comerciales  según  la  definición  establecida  en  el 
artículo 12 de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Islas Baleares, o la 
legislación que la sustituya.
4.  Aparcamientos y marinas secas en suelo rústico.
5.  Construcción  de  instalaciones  de  transbordo  intermodal  y  de  terminales 
intermodales.
6.  Helipuertos.
Grupo 5. Otras industrias
1.  Instalaciones industriales situadas en suelo rústico.
2.  Industrias de cualquier tipo, cuando produzcan residuos líquidos que no se 
evacuen a través de la red de alcantarillado.
3.  Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y 
animales, siempre que se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
a)  Que estén situadas fuera de polígonos industriales.
b)  Que estén a menos de 500 metros de una zona residencial.
c)  Que ocupen una superficie de al menos 2.500 m².
4.  Instalaciones industriales para envasar y enlatar productos animales y vegetales, 
con una capacidad de producción superior a 2 t/día de productos acabados (valores 
medios trimestrales).
5.  Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la 
instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t/día (valor medio anual).
6.  Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en 
la instalación se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
a)  Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b)  Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
c)  Que ocupe una superficie de al menos 2.500 m².
7.  Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre 
que en la instalación se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
a)  Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b)  Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
c)  Que ocupe una superficie de al menos 2.500 m².
8.  Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den 
simultáneamente las siguientes circunstancias:
a)  Que esté situada fuera de polígonos industriales.
b)  Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
c)  Que ocupe una superficie de al menos 2.500 m².
9.  Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de 
pescado,  siempre  que  la  instalación  se  den  simultáneamente  las  siguientes 
circunstancias:
a)  Que esté situada fuera de polígonos industriales. es
b)  Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. o
c)  Que ocupe una superficie de al menos 2.500 m². 4w
las 31000.  t dAizauricaasr.eras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a  2020-1172n https://w
Grupo 6. Proyectos de gestión de residuos
1.  Instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos que hagan operaciones de 
eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a la R11 del 
anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial y no estén incluidas en el 
anexo 1 de esta ley.
2.  Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos 
fuera de uso, centros autorizados para la recogida y la descontaminación de vehículos 
que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
3.  Instalaciones  de  almacenamiento  de  residuos  peligrosos  fuera  del  lugar  de 
producción (incluidas operaciones previas al tratamiento) que hagan operaciones de la D13 
a la D15 del anexo 1 u operaciones R12 y R13 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, que no se desarrollen en el interior de una 
nave en polígono industrial.
4.  Instalaciones  de  almacenamiento  de  residuos  no  peligrosos  fuera  del  lugar  de 
producción (incluidas operaciones previas al tratamiento) que hagan operaciones de la D13 a 
la D15 del anexo 1 y operaciones R12 y R13 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, con una capacidad superior a 100 t y que no se 
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
5.  Vertederos de residuos no peligrosos con una capacidad de tratamiento inferior o 
igual a 10 t/día y capacidad total igual o inferior a 25.000 t, así como los proyectos de 
clausura de vertederos cuando no estén incluidos en su autorización inicial o no hayan 
sido sometidos a tramitación ambiental.
Grupo 7. Otros proyectos
1.  Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
2.  Recuperación de tierras al mar.
3.  Dragados, excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las condiciones 
hidrodinámicas o de navegabilidad en la zona de servicios del puerto con un volumen 
extraído inferior a 5.000 m3/año.
4.  Jardines botánicos y zoológicos.
5.  Obras de canalización y proyectos de defensa de cursos naturales.
6.  Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de áreas urbanas 
y construcciones asociadas.
7.  Infraestructuras de telecomunicación o energía que unen los diversos territorios 
insulares.
8.  Infraestructuras de telecomunicación ubicadas en suelo rústico con la calificación 
de ANEI y ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 42/2007 y espacios 
de relevancia ambiental de la Ley 5/2005.
9.  Cualquier proyecto o actuación que pueda afectar a los ecosistemas marinos.
10.  Paseos marítimos o senderos litorales que alteren la orografía del dominio 
público marítimo-terrestre.
11.  Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
12.  Instalaciones para recuperar o destruir sustancias explosivas.
13.  Equipamientos  sanitarios,  docentes  y  deportivos  no  previstos  en  el 
planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m².
14.  Todas las actuaciones que, de acuerdo con el plan de ordenación de los  e.e
recursos naturales, el plan rector de uso y gestión, el plan de gestión de la zona donde  w.b
sees tuudbiioq udeen e ov aeluna ecli ódne cdree timo pqaucet or eagmubleie ánrteaal.s biológicas críticas, deben ser objeto de un  2020-11724n https://ww
15.  Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 40 ha en suelo rústico común, o igual o superior a 20 ha en áreas de 
especial protección de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales, no incluidos 
en el anexo 1.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 150, de 29 de agosto de 2020)
2020-1172n https://w