BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 280 Martes 23 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143616
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19272 Resolución  de  10  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil XXIII de Madrid, por la que se resuelve 
no  practicar  la  inscripción  de  una  escritura  de  elevación  a  público  de 
acuerdos sociales.
En el recurso interpuesto por don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, 
contra la nota de calificación emitida por el registrador Mercantil XXIII de Madrid, don 
Fernando Trigo Portela, por la que resuelve no practicar la inscripción de una escritura 
de elevación a público de acuerdos sociales, en relación con una modificación de objeto 
social de la entidad «Global Authentic Businnes & Sport Solutions, S.L.» que en ella se 
formaliza.
Hechos
I
Mediante  escritura  autorizada  el  día  12  de  julio  de  2021  por  el  notario  de 
Fuenlabrada, don Ricardo Cabanas Trejo, con el número 1.764 de protocolo, se procedió 
a elevar a público los acuerdos adoptados por la junta general universal de la compañía 
«Global Authentic Businnes & Sport Solutions, S.L.», entre los que se encontraba el 
atinente a la modificación del objeto social, cuyo contenido quedó redactado en los 
siguientes términos:
«Objeto.–La sociedad tiene como actividad principal: Actividades relacionadas con la 
gestión del deporte, incluidas, entre otras, las tareas relacionadas con la integridad del 
deporte y el marketing deportivo (CNAE 9609).
Otras actividades: Consultoría y servicios relacionados con el desarrollo empresarial, 
la estrategia comercial y las finanzas.
Asesoramiento y asistencia en cuestión relacionadas con la transformación digital y 
la  gestión  de  la  innovación,  incluida  la  creación  de  sitios  web  y  otras  plataformas 
digitales.
Las actividades también incluyen la inversión y participación en otras sociedades y 
otras  propiedades,  incluida  entre  otras,  como  opciones  de  compra  de  acciones, 
criptomonedas o inmuebles.
La prestación de servicios en docencia, de ocio y entretenimiento.
El asesoramiento e intermediación en la elaboración de contenidos para acciones 
formativas en cualquier actividad, así como la impartición de tales acciones formativas, 
tanto en fórmula presencia como a distancia.
Actividades de formación reglada y no reglada en general, y en especial en el campo 
de la comunicación audiovisual en todas sus vertientes. Preparación de todo tipo de 
cursos, tales como: cursos de fotografía, vídeo y cine en general; de comunicación, 
marketing, publicidad y diseño gráfico; de creación y mantenimiento de páginas web,  e
blogs, foros, tiendas on line, software y hardware; de implementación de proyectos  bo
integrales y campañas en cualquier medio impreso, audiovisual, electrónico o en redes  272ww
ctaeoclnetivcmLiuadár astrideoceaass sliy z. areecxilóapncoi sodinceia otdonadesos .  tcEipoloan b dolear a trciamióbnaa gjoye snd ,ye  srteaaprleroosrl tloac jeodsme  fotor atojbogarrnjáoafsidc oeas si  nyfy oa rumvdiaeiojsev srise ulataeclmeiosán,t aiycd odoses,    OE-A-2021-19able en https://
con la publicidad, marketing y diseño gráfico.
Compra-venta,  alquiler  y  comercialización  de  maquinaria,  equipos  y  bienes 
audiovisuales, y de productos y materiales relacionados con la imagen, sonido, telefonía, 
informática,  ofimáticas  y  comunicación.  Prestación  de  servicios  de  asesoramiento, 
intermediación, asistencia y ejecución de trabajos formativos, administrativos, técnicos, 
jurídicos, organizativos, contables e informáticos, a través de especialista en las citadas 
materias.
Aquellas actividades del objeto social que legalmente deben ser ejercitadas por 
profesionales titulados, no se realizarán directamente por la sociedad, sino en régimen 
de intermediación, por tanto, la sociedad queda fuera del ámbito de la Ley 2/2007 de 15 
de marzo, conforme a la exposición de motivos de la citada Ley.
Las  actividades  que  integran  el  objeto  social  podrán  desarrollarse  total  o 
parcialmente de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en 
sociedades de objeto idéntico o análogo.
Quedan  excluidas  todas  aquellas  actividades  sujetas  a  legislación  que  exija  el 
cumplimiento de requisitos específicos que no reúna la sociedad.
Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 
comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o 
la inscripción en registros públicos, estas actividades se realizarán por medio de persona 
que ostente la requerida titulación, y, en su caso, no se iniciarán hasta que se hayan 
cumplido los requisitos administrativos exigidos.»
II
Presentada el día 21 de julio de 2021 dicha escritura en el Registro Mercantil de 
Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Fernando Trigo Portela, registrador mercantil de Madrid, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada 
conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos.
Diario/Asiento: 3152/157.
F. presentación: 21/07/2021.
Entrada: 1/2021/115.211,0.
Sociedad: Vórtice Multimedia Formación [sic] SL.
Autorizante: Cabanas Trejo Ricardo.
Protocolo: 2021/1764 de 12/07/2021.
Fundamentos de Derechos (defectos).
1.  El  artículo  2  de  los  estatutos  establece  como  actividades  del  objeto  social 
asesoramiento  e  inversión  financiera  que  está  reservado,  en  exclusiva,  por  los 
artículos 143, 144 R.D. 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el T.R. de la Ley 
del Mercado de Valores, a las empresas de servicios de inversión, cuyos requisitos, 
autorización  en  inscripción  en  los  correspondientes  registros  administrativos,  esta 
sociedad no cumple.
Artículo 143.  Clases de empresas de servicios de inversión. s
1.  Son empresas de servicios de inversión las siguientes: w.
ab))   LLaass  saogceinecdiaadse dse d vea vloarleosre.s.
cd))   LLaass  seomcpierdeasadse sd eg eassteosraosra dmei ecnatrote friansa.nciero.
2.  Las sociedades de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y 
realizar  todos  los  servicios  de  inversión  y  servicios  auxiliares  previstos  en  los 
artículos 140 y 141, respectivamente.
3.  Las agencias de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que 
profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella. 
Podrán realizar los servicios de inversión y los servicios auxiliares previstos en los 
artículos  140  y  141,  respectivamente,  con  excepción  de  los  previstos  en  el 
artículo 140.1.c) y f), y en el artículo 141.b).
4.  Las sociedades gestoras de carteras son aquellas empresas de servicios y 
actividades de inversión que exclusivamente pueden prestar los servicios y actividades 
de inversión previstos en el artículo 140.1.d) y g). También podrán realizar los servicios 
auxiliares previstos en el artículo 141.c) y e). Estas empresas no estarán autorizadas a 
tener fondos o valores de clientes por lo que, en ningún caso, podrán colocarse en 
posición deudora con respecto a sus clientes.
5.  Las  empresas  de  asesoramiento  financiero  son  aquellas  personas  físicas  o 
jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios y actividades de inversión 
previstos en el artículo 140.1.g) y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141.c) y 
e).
En ningún caso, las actividades realizadas por las empresas de asesoramiento 
financiero estarán cubiertas por el fondo de garantía de inversiones regulado en el título 
VI. Estas empresas no estarán autorizadas a tener fondos o valores de clientes por lo 
que, en ningún caso, podrán colocarse en posición deudora con respecto a sus clientes.
Las agencias de valores, las sociedades gestoras de carteras y las empresas de 
asesoramiento financiero no podrán realizar operaciones sobre valores o efectivo en 
nombre propio, salvo para, con sujeción a las limitaciones que reglamentariamente se 
establezcan, administrar su propio patrimonio.
Artículo 144.  Reserva de actividad y denominación.
1.  Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y 
hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos de la CNMV o del 
Banco  de  España,  desarrollar  con  carácter  profesional  o  habitual  las  actividades 
previstas en el artículo 140 y en el artículo 141.a), b), d), f) y g), en relación con los 
instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, a 
las operaciones sobre divisas.
Asimismo, la comercialización de servicios y actividades de inversión y la captación 
de clientes sólo podrán realizarlas profesionalmente, por sí mismas o a través de los 
agentes regulados en el artículo 146, las entidades que estuvieran autorizadas a prestar 
tales servicios.
2.  Las denominaciones de “Sociedad de Valores”, “Agencia de Valores”, “Sociedad 
Gestora  de  Carteras”  y  “Empresa  de  Asesoramiento  Financiero”,  así  como  sus 
abreviaturas “S.V.”, “A.V.”, “S.G.C.” y “E.A.F.” respectivamente, quedan reservadas a las 
entidades inscritas en los correspondientes registros de la CNMV, las cuales están 
obligadas a incluirlas en su denominación. Ninguna otra persona o entidad podrá utilizar 
tales denominaciones o abreviaturas ni la denominación de “empresa de servicios y 
actividades de inversión” ni cualquier otra denominación o abreviatura que induzca a 
confusión.
3.  Las  personas  o  entidades  que  incumplan  lo  previsto  en  los  dos  apartados  e
anteriores serán requeridas para que cesen inmediatamente en la utilización de las  bo
denominaciones o en la oferta o realización de las actividades descritas. Si, en el plazo  272ww
od e rtereailniztaá nddíoalsa sa  csoenrtáanr  dseasndcei olan andoatisfi cacocinó n mduellt aresq uceoreimrciietinvtaos,  cpoonrti niumapraonrt eu tildizeá nhdaoslatas 
qreuqinuieernimtoise ntmosil.  euros,  que  podrán  ser  reiteradas  con  ocasión  de  posteriores
4.  Será competente para la formulación de los requerimientos y para la imposición 
de las multas a que se refiere el apartado anterior la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores que también podrá hacer advertencias públicas respecto a la existencia de esta 
conducta. Los requerimientos se formularán previa audiencia de la persona o entidad 
interesada y las multas se impondrán con arreglo al procedimiento previsto en esta ley.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las demás sanciones que 
procedan con arreglo a lo dispuesto en el título VIII ni de las demás responsabilidades, 
incluso de orden penal, que puedan ser exigibles.
5.  El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no inscribirán a aquellas 
entidades cuyo objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo dispuesto en 
esta ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de 
pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación de oficio o a petición de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de 
terceros  de  buena  fe,  adquiridos  conforme  al  contenido  de  los  correspondientes 
Registros.
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de 
febrero de 2019 finaliza diciendo lo siguiente: Por otro lado, es cierto que la Resolución 
de 29 de enero de 2014 consideró que la actividad de compraventa de valores no exige 
una expresa exclusión de actividad de la Ley del Mercado de Valores, pero así se 
consideró precisamente porque dicha actividad no es, per se, una actividad regulada y 
reservada por la ley a las empresas de servicios de inversión. No ocurre así en el 
supuesto  que  da  lugar  a  la  presente  en  el  que  la  actividad  de  asesoramiento  de 
inversión, equivalente a la consultoría financiera como ha quedado acreditado, sí que 
constituye una actividad típica y reservada a las empresas de servicios de inversión 
(artículo 140.1.g) de la Ley del Mercado de Valores). Y es que, a diferencia de la 
actividad de compraventa de valores que no implica necesariamente una actuación por 
cuenta de terceros, la asesoría se realiza, por definición, por dicha cuenta por lo que, 
como ha sido reiterado, es precisa una exclusión expresa y amparada en las previsiones 
de la ley (vid. artículo 139.1.k) de la Ley del Mercado de Valores de difícil encaje en el 
derecho de sociedades, cuestión que escapa al objeto de la presente sin que proceda 
ahora llevar a cabo un pronunciamiento al respecto).
2.  De conformidad con la Resolución de 18 de marzo de 2021, deben excluirse 
expresamente  aquellos  servicios  financieros  objeto  de  regulación  por  la  Ley  de 
Mercando de Valores y las demás leyes especiales citadas en la calificación.
Es defecto subsanable.
Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la 
inscripción del documento, en relación con la presente calificación: (…)
Madrid, a 30 de julio de 2021.»
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Ricardo  Cabanas  Trejo,  notario  de 
Fuenlabrada, interpuso recurso el día 10 de agosto de 2021 mediante el escrito en el que 
alegaba lo siguiente:
«Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, vengo en interponer 
recurso gubernativo contra la calificación negativa formulada por el Registrador Mercantil  s
de Madrid Don Fernando Trigo Portela, respecto de la escritura de elevación a pública de  oe.
acuerdos sociales por mí autorizada el día 12/07/2021, con el número 1764 de mi  w.
protHoceoclhoo, sb:asándome, para ello, en los siguientes, 2021-19272n https://ww
1.º Que en la fecha indicada autoricé la escritura (…)
2.º  Que  dicha  escritura  fue  presentada  en  el  Registro  Mercantil  competente  el 
día 21/07/2021 (…)
3.º  Que  fue  objeto  de  Calificación  negativa  en  fecha  30/07/2021,  notificada 
telemáticamente el día 06/08/2021 (…)
4.º Que no estando de acuerdo con dicha calificación interpongo gubernativo sobre la 
base de los siguientes:
Fundamentos de Derecho.
I.–Sobre los términos en que aparece definida la actividad cuestionada.
El defecto formulado por el Registro Mercantil –RM– se refiere a la inclusión en el 
objeto social de la actividad de “asesoramiento e inversión financiera”, al estar reservada 
en exclusiva a las empresas de servicios de inversión, según se tipifican en el art. 143.1 
del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valoras –TRLMV–. Entrecomillo y pongo 
en cursiva la descripción de la actividad, simplemente porque es así como figura en la 
nota de calificación, pero llamo la atención sobre el hecho de que el RM no hace otro 
tanto en su nota, y no lo hace, simplemente porque ese texto no aparece en el artículo 
de los estatutos. En ningún lugar se habla de “asesoramiento e inversión financiera”, 
veamos entonces si estas palabras se recogen por separado, con qué relación entre 
ellas y en qué contexto.
De entrada, en los estatutos no se emplea el adjetivo “financiera”, solo se habla de 
“finanzas”  al  referirse  a  la  “consultaría  y  servicios  relacionados  con  el  desarrollo 
empresarial, la estrategia comercial y las finanzas”. Ciertamente “financiero/a” es un 
adjetivo referido al sustantivo finanza” o al verbo “financiar”, igual que lo es el adjetivo 
“financiador/a”,  pero  en  su  comprensión  usual  ambos  adjetivos  no  significan 
exactamente lo mismo cuando califican una actividad, especialmente al no se trata de la 
actividad como tal sine de la consulta referida a la misma. Mientras el primero evoca la 
inversión en mercados, el segundo se refiere a cómo se financia una actividad, Por eso, 
aunque consultoría se quiera equiparar con asesoramiento, y financiero con inversión 
(Res.  de  27/02/2019),  el  término  “finanzas”  es  más  genérico,  equivale  a  asuntos 
económicos o de financiación, y en nuestro caso aparece en un párrafo independiente 
donde antes se habla de desarrollo empresarial y de estrategia comercial. Se trata, por 
tanto, de “finanzas” en relación con la financiación empresarial, un servicio de evaluación 
y consejo sobre la mejor forma de financiar la actividad de una empresa, tanto” desde el 
punto de vista de los ingresos, come de los gastos.
Sobre este significado “usual” del término “finanzas” o “financiero”, me permite traer a 
colación la explicación del CNAE 7022 “Otras actividades de consultoría de gestión 
empresarial”, según aparece en las notas del INE, donde, como puede verse, también se 
habla  de  cuestiones  financieras:  “7022  Otras  actividades  de  consultoría  de  gestión 
empresarial  Esta  clase  comprende  los  servicios  de  asesoramiento,  orientación  y 
asistencia  prestados  a  las  empresas  y  otros  organizaciones  en  materia  de 
administración,  como  la  planificación  organizativa  y  estratégica  de  la  empresa, 
reingeniería de procesos empresariales, gestión de cambios en la empresa, reducción de 
costes y otras cuestiones financieras; los objetivos y políticas de márketing; las políticas, 
las prácticas. y la planificación de recursos humanos; las estrategias de indemnización y 
jubilación,  los  planes  de  producción  y  la  planificación  de  control.  La  prestación  de 
orientación para negocios y profesionales (…)”. Por ello, “finanzas” o “financiero” no son 
términos que correspondan en exclusiva a las empresas de servicios de Inversión,  s
tampoco cuando se trate del asesoramiento o consultoría en la materia. Habrá que tomar  oe.
eleanssp  eacDoccifitnaíivcsl,iiidl d paqeudureaeescs  is hóeeanx y cc mol“ufnáisnfsuiav nnaddzsaaa tr soee”ssl   metpeñáaxasrtdo aaa  ldsldáe e e dclnoeid sle i rTle  RassrtLi ta.Ms tu1eVt4 o, 0asc c oTotmiRbvaojLen Mtpo rVl uad,e seeb  naac a lpalalairf mirmctiaacisscum ilóadanre   Cc coloNenn A  llEaealg. gdiuselna alce itódrane    2021-19272n https://www.
g) del primer apartado consistente en el “asesoramiento en materia de inversión”, que es
la actividad propia de las empresas de asesoramiento financiero, según resulta del art,
143,5 TRLMV, junto con los servicios auxiliares previstos en los apartados c) y e) del 
art. 141. Ciertamente, se podría argüir que el asoma cierta semejanza con la de le letra 
e),  es  decir,  “el  asesoramiento  a  empresas  sobre  estructura  del  capital,  estrategia 
industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación 
con fusiones y adquisiciones de empresas”, pero precisamente esta actividad no es 
objeto de atribución exclusive en el art. 144.1 TRLMV, precepto que se trascribe en la 
nota de calificación. Que las empresas de asesoramiento financiero “exclusivamente” 
puedan prestar los servicios del art. 140.1.g) TRLMV y los servicios auxiliares del ad, 
141.c) y e) TRLMV (art, 143.5 TRLMV), es algo muy distinto a que solo esas empresas 
puedan prestar los servicios de la letra c), para eso tendría que aparecer esa letra en la 
atribución exclusiva a favor de estas empresas del art. 144,1 TRLMV. Una cosa es que 
solo ellas puedan hacer eso, y otra que ellas solo puedan hacer eso. En el primer caso 
no hay concurrencia con Otros, en al segundo puede haberla.
Llamo la atención sobre esto último, pues, con todo el respeto debido al Centro 
Directivo, creo que la citada Res, de 27/02/2019 (y la posterior de 25/05/2021) comete un 
error al afirmar lo contrario, pues la letra “o” no aparece en dicho párrafo. Dice la 
resolución: “las mismas consideraciones que en relación al asesoramiento en materia de 
inversión en general son de aplicación al supuesto de actividad auxiliar que la ley 
(artículo 141.c), contempla como: ‘El asesoramiento a empresas sobre estructura del 
capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así corno el asesoramiento y demás 
servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas’. Esta actividad auxiliar, 
como la principal, está reservada a sociedades de valores, a agencias de valores, o 
sociedades  gestoras  de  carteras,  o  a  empresas  de  asesoramiento  financiero.  En 
consecuencia, sólo estas formas empresariales pueden desenvolver dicha actividad por 
lo que cualquier otra sociedad tiene vetado incluir en su objeto social una actividad corno 
la  descrita”.  Convendría  aclararlo,  pues,  de  ser  así,  el  mismo  día  que  recibe  la 
notificación de la resolución de este recurso, como notario dejo de asesorar a mis 
clientes cuando me pregunten por una fusión, una escisión o cualquier otro tipo de 
modificación  estructural.  Nada  más  lejos  de  mi  intención  que  invadir  el  ámbito  de 
actuación exclusivo de otros operadores.
Al margen ya de esta cuita personal, cuya pronta solución espero por este recurso, 
sinceramente, en este punto el objeto de la sociedad que nos ocupa recuerda más a la 
actividad propia de una gestoría o de una consultoría de empresas (CNAE 7022) que a 
la de un investment advisor.
En cuanto al sustantivo “inversión”, no aparece unido al adjetivo “financiera” sino en 
un contexto muy diferente. Se dice en los estatutos las actividades también incluyen la 
inversión y participación en otras sociedades y otras propiedades, incluida entre otras, 
como opciones de compra de acciones, criptomonedas o inmuebles”. Hay que distinguir 
aquí entre la adquisición de activos como inversión propia de la sociedad, la cual podrá 
tener  por  objeto  acciones/participaciones  de  otras  sociedades,  de  la  prestación  de 
servicios de inversión por parte de la sociedad como actividad de la misma, sujeta a 
regulación especial.
En ese sentido conviene recordar lo dicho por la Res. de 05/02/2020: “en relación 
con  las  actividades  de  servicios  de  inversión,  el  legislador  español  ha  querido  ser 
especialmente cuidadoso habido cuenta de que el ámbito de posible actividad se refiere 
a una, la inversión en productos financieros, en la que el compromiso patrimonial que se 
puede derivar pera los clientes no profesionales puede tener; y de hecho ha tenido en 
nuestra reciente historia consecuencias muy negativas y un impacto social grave... De la  s
regulación  legal  resulta  una  primera  delimitación  conceptual  de  lo  que  constituyan  oe.
empresas de servicios de inversión que viene contemplada en el articule 138.1 de la Ley  w.
del Mercado de Valores cuando afirma: ‘Las empresas de servicios de inversión son  272ww
acoqnu ecllaarsá cetemrp prerosfaess iocunyaal,  aa ctteivricdeardo sp srionbcripea llo cso innssitsrutem eenn topsre fsintaarn csieerrvoisc iosse ñdaela dinovse resnió ne,l 
acortníccuelpot ú2a’.n  Dtaenl toco ennc erpetloa clieógna cl orne sluelsta a cqtuiveid laadse se mqpuree sllaesv adne a s cearvbioc io(asr tdíceu lionsv e1r4s0ió,n 1 4s1e   BOE-A-cable e
y 142 de la propia Ley), corno per el objeto sobra el que recae su actividad, así como por 
el carácter profesional de su ejercicio (en el sentido de habitual y cualificado), y por sus 
destinatarios”.
Como resulta de esta resolución, una exclusión genérica en los estatutos referida a 
cualesquiera actividades sujetas a legislación especial no es suficiente, siempre que 
concurran razones para entender que, por razón de su definición estatutaria, la actividad 
puede  entrar  en  el  ámbito  del  art,  138,1  TRLMV,  motivo  por  la  cual  la  excepción 
estatutaria, ni siquiera podría ser genérica por la mera mención del TRLMV, habrá de 
especificar el supuesto concreto en que de entre aquellos que recoge el art. 139 TRLMV. 
En palabras de la resolución citada: “la concurrencia de una causa de exclusión de las 
provistas en el artículo 139 de la ley del Mercado de Valores debe expresarse en los 
estatutos sociales de forma expresa y determinado siempre que concurran aquellas 
circunstancias que el propio precepto exige para evitar la aplicación de la previsión 
general de sujeción a la Ley”.
Está claro, por tanto, que “previamente han de existir esas razones para sospechar 
que sería aplicable la legislación especial. Por emplear una terminología propia del 
derecho tributario, para que algo esté exento, antes ha de estar sujeto. Por tanto, en 
relación con los servicios de inversión, habría de existir un encuadramiento claro en los 
estatutos referido a la actividad, el objeto, el carácter y los destinatarios. Sobre esta 
base, a continuación, indicar el supuesto de exclusión, nunca de forma genérica e 
inexpresiva, o bien eliminar la actividad.
En nuestro caso, la sociedad se presta el pretendido servicio de inversión a sí 
misma, no a terceros, pues es la propia sociedad la que invierte y participa en otras 
sociedades, según reza el precepto estatutario, que para nada habla de tercero, ni 
emplea términos que sugieren esa transitividad (como asesoría o consultoría, pues es un 
tercero quien pide el asesoramiento o hace la consulta). Siendo así, le es plenamente 
aplicable  le  doctrina  sentada  por  la  Res.  de  29/01/2014:  “no  puede  rechazarse  la 
inscribibilidad  de  la  cláusula  objeto  de  debate  en  los  términos  en  que  ha  sido 
redactada…  No  cabe  duda  de  que  la  actividad  consistente  en  ‘Adquirir,  poseer  y 
enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, 
bienes muebles e inmuebles’ puede llevarse a cabo en el ámbito de las actividades 
propias de los comerciantes... y como tal susceptible de ser desarrollada bajo forma 
societaria... igual suerte estimatoria debe seguir el segundo motivo de recurso relativo o 
las referencias... que hace la nota de defectos a la legislación sobre el Mercado de 
Valores... Pero dichas limitaciones se predican exclusivamente de las empresas cuya 
‘actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a 
terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el artículo 2 de la presente 
Ley’, sin que sean de aplicación a aquellos supuestos en que las personas ‘no realicen 
más servicio de inversión que negociar por cuenta propia’ (vid artículo 62.1.3.a de la Ley 
reguladora del Mercado de Valores). En consecuencia, el mero hecho de que le sociedad 
tenga previsto como una de sus actividades la compra y venta de valores (sin más 
especificación, vid artículo 2 en relación con el citado artículo (12 de la Ley) no la 
convierte en sujeto activo del Mercado de Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento 
de los rigurosos requisitos que para los mismos exige lo legislación especial… En 
definitiva, la cláusula que constituye el objeto de este expediente se refiere a una 
actividad genérica (compra y venta de valores) que puede estar regulada o no en función 
del concurso de determinados elementos del tipo legal cuya ausencia en este caso 
concreto hace inviable lo exigencia de una concreción mayor o la exclusión exprese de  s
una Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren”. oe.
La anterior doctrina, además, para este supuesto de hecho habría sido confirmada  w.
por la antes citada Res, de 27/02/2019, al decir: “es cierto que la Resolución de 29 de  272ww
eenxperreos ad ee x2c0lu1s4i ócno dnes idaecrtióv idqaude  dlae  laac Ltieviyd adde l dMee rccoamdop rdaeve Vnatalo rdees , vpaelorore ass ín soe  ecxoignesi duenraó 
pproerc lias alemye an tlea sp eomrqpuree sdaicsh dae a scetirvvidicaiods  ndoe  einsv, epresrió sne. ,N uon ao caucrtriev idaasíd e rne geul lsaudpau ye srteos qeurvea ddaa   BOE-A-cable e
lugar a la presente en el que la actividad de asesoramiento de inversión, equivalente a la 
consultoría financiera como ha quedado acreditado, sí que constituye una actividad típica 
y reservada a las empresas de servicios de inversión (artículo 140.1.g) de la Ley de 
Mercado de Valores). Y es que, a diferencia de la actividad de compraventa de valores 
que no implica necesariamente una actuación por cuenta de terceros, la asesoría se 
realiza, por definición, por dicha cuenta por lo que, como ha sido reiterado, es precise 
une exclusión expresa y amparada en las previsiones de la ley (vid. artículo 139.1.k) de 
la Ley del Mercado de Valores de difícil encaje en el derecho de sociedades, cuestión 
que  escapa  al  objeto  de  la  presente  sin  que  proceda  ahora  llevar  a  cabo  un 
pronunciamiento al respecto)”.
En nuestro caso, resulta indudable la aplicación de la Res, de 29/01/2014, pues el 
apartado donde figura el término “inversión” solo contempla la inversión propia, para 
nada habla de una asesoría o una consultoría que pudiera hacerse por cuenta de 
tercero, son términos que en este párrafo no lucen. En ese sentido llamo la atención 
sobre  el  hecho  de  que  el  párrafo  empieza  con  la  frase  “Las  actividades  también 
incluyen...”,  no  con  “Dichas  actividades  también  incluyen...”  u  otra  similar  (“Las 
anteriores...”, “Las precedentes...”. Incluso, el mero empleo de un adjetivo demostrativo 
que  indicara  proximidad  “Estas  actividades...”).  En  esta  segunda  hipótesis  podría 
plantearse que las actividades “citadas antes” son las de los dos párrafos anteriores, en 
los que sí se habla de consultoría y asesoramiento, en cuyo caso también se asesorarla 
en materia de inversión, reconstruyendo el significado de una oración implícita mediante 
la combinación de los tres apartados, pero no es el caso. Estamos ante una actividad 
distinta y autónoma que se recoge en un apartado separado de las otras dos por un 
punto y aparte, dentro de la rúbrica genérica “Otras actividades”, por tanto, como una 
actividad más dentro del grupo de las no principales, que entre si están desconectadas, y 
el adverbio “también” enlaza con el adjetivo “otras” de la rúbrica. Cada actividad define 
su propio ámbito de aplicación, no por relación con las demás.
Al margen de eso, no se contempla propiamente una inversión en activos que sean 
reconducibles a los instrumentos financieros del art. 2 TRLMV (precepto que acota el 
ámbito de reserva de actividad, según resulta del art. 144.1 TRLMV, con remisión al 
anexo  de  la  Ley),  sino  la  “inversión  y  participación”  en  otras  sociedades,  unidas 
significativamente por una conjunción copulativa y no por una disyuntiva, expresión que 
guarda  poca  relación  con  la  exigencia  de  qua  los  valores  sean  objeto  “de  trafico 
generalizado e impersonal en un mercado financiero” según el anexo del TRLMV.
El RM se ha dedicado a rastrear a lo largo del nuevo texto incorporado a los 
estatutos las tres palabras que le convenían, es decir, “asesoramiento”, “inversión” y 
“financiera”, y aunque realmente tampoco encontró una ellas, después las mezcla a su 
albedrío para pergeñar una actividad específica que, como tal, en esos términos, o en 
otros equivalentes, no aparece formulada en los estatutos sociales. Al hacerlo así no es 
que desconozca, es que aplica en sentido contrario la doctrina de esta Centro Directivo 
sobre la necesidad de aplicar los arts. 1284 y1285 Código Civil, de modo que si una 
cláusula de un contrato admitiera diversos sentidos –en nuestro caso, el artículo de los 
estatutos debatido– deberá entenderse en al más adecuado para que surta efecto, y que 
las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras atribuyendo a 
las  dudosas  el  sentido  que  resulte  del  conjunto  de  todas  (entre  otras,  Res 
de 25/05/2018).
Es comprensible el temor del RM y de la DGSJFP a que terceros de buena fe 
puedan adquirir derechos por razón de un objeto social indebidamente inscrito, pero no  s
podemos confundir la buena fe con la candidez rayana en la estulticia. Aunque es un  oe.
estado subjetivo, lo buena fe también demanda un estándar objetivo, es decir, que  w.
realmente hubiere razones objetivas para que el tercero pudiera entender, según se  272ww
ddeef iinnívae resnió lno.s D ees tnaotu stoesr  alas ía, cstibivii dimadp ustoect,i aell,  Dqueere csheo t rnaota ebsat ád ep aurnaa a mempaprraers ala  dnee gseligrveincicoias 
tuenm seimraprilae  dcelilc ke setunl tloa,  wsoebbr ed eto ldao C coumanisdióon c uNaalcqiuoinearal  dpeule Mdee raccacdeod edre  sVina lcooresste a y  lam elisdtiaa ndtee   BOE-A-cable e
empresas de servicios de inversión autorizadas. El mero hecho de aparecer en los 
estatutos inscritos distintas palabras que, en alguno de sus posibles significados, pueden 
estar en relación con los servicios de inversión, igual que pueden no estarlo, demanda 
un examen sistemático y de sentido que vaya más allá de una simple búsqueda de 
palabras por el ordenador. Otras sociedades también tienen derecho a esos términos 
para definir sus objetos (ver el CNAE trascrito), y es la combinación de ellas y el contexto 
de los estatutos la que puede activar la alarma de un posible engaño a terceros de 
buena fe, entonces sí, necesitados de especial protección.
No creo que esto ocurra en nuestro caso, donde el tercero tendría que combinar 
palabras de distinto [sic] párrafos, y en un sentido distinto al más usual y que resulta de 
su contexto, para dar con una sedicente actividad que, en esos términos, en ningún lugar 
se proclama. Una interpretación a la medida de su propio interés para pretextar que es 
de buena fe. Es decir, forzar que el RM dice, lo que realmente no dice. En cualquier 
caso, y para rematar cualquier asomo de duda que pudiera quedar, habría de bastar 
entonces con la exclusión genérica que en los estatutos se formula, pues estamos muy 
lejos  de  una  posible  invasión  del  ámbito  de  la  normativa  especial,  que  exija  una 
indicación expresa de alguna de las excepciones del art. 139 TRLMV. Más aún, es que 
me reconozco incapaz de señalar qué excepción de las previstas en ese precepto podría 
invocar una gestoría/consultoría de empresas como la de este recurso, entre otras cosas 
porque entonces tendría que reconocer un servicio de inversión, que no presta. Quizá la 
de la letra 1,g), pero entonces se encuentra con el problema del carácter “profesional” de 
la actividad, haciendo que la situación todavía empeore (ya se planteó el terna de la 
naturaleza profesional de la consultoría con este mismo RM en la Res. de 18/03/2021). 
Opino, humildemente, que esto ya es matar mosquitos martillazos.
II.–En cuanto a la resolución de 11/03/2021.
El RM concluye su nota con una cita expresa de la Res. de 18/03/2021. Conviene, no 
obstante, prestar atención al supuesto de hecho de la misma, pues resultó decisivo un 
dato, que ahora está ausente.
Desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 ha de constar el código de actividad 
según la CNAE correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, “código que 
debe ser el que mejor la describe y con el desglose suficiente” (Res, de 04/04/2018), 
para lo cual se entiende necesario incluir el CNAE de dicha actividad con cuatro dígitos. 
Pero solo de la identificada coma actividad principal, caso de que el objeto incluyera una 
multiplicidad de actividades posibles, aunque nada se opone e indicar el código de las 
restantes, en ese caso sin tener que llegare los cuatro dígitos (Res. de 04/04/2011 
de 04/08/2014). Esta exigencia es meramente estadística y no tiene pretensión de 
inmiscuirse en la regulación civil/mercantil (Res. 00/10/2019),
Al respecto la DGSJFP ha sentado dos criterios:
– Como regla general, los socios pueden seguir definiendo el objeto social en los 
estatutos  sin  tener  que  ajustares  exactamente  a  los  termines  del  epígrafe 
correspondiente de la CNAE, pero sí que habrán de buscar respecto de la actividad 
identificada  como  principal  el  código  que  mejor  corresponda  a  la  misma,  y  esa 
correspondencia  es  objeto  de  calificación  por  el  RM  (Ress.  de  23/03/2016, 
de 13/02/2018). Respecto de las demás, se siguen aplicando los criterios habituales.
– La otra opción os definir el objeto social directamente según la descripción de 
actividades que consta en la relación vigente de la CNAE, pues esto “excluye que, a los  s
efectos de inscripción... se pueda considerar dicho objeto social como indeterminado y  oe.
giycnaretee naagé crlraiaióc nnvo i ”es.d tl aeSo  ebdu jenef aatloac  i sldsiotooaccc ieiatardsiln aí( adRla ,de  ealsa .l lb adho eaDr  c0Gde9eSr/  1Jmlo0Fsá/P2 sp 0 srs1ooe8bfne)r.ces Dii loelaenl   aatloallecd asdo nesqcs uemce rod ipidenco tlieaósr, nv d aieedl lneiome plniaeta sreac nairó  cdnetei lvg  pieedrsnaotédecree imcssa ooq  ddduoeee,l     2021-19272n https://www.
objeto  social,  puede  ocurrir  que  la  extensión  del  mismo  venga  indirectamente
determinada por las notas explicativas del INE sobre la CNAE. De hecho, es lo que
ocurrió en el caso de la Res. de 18/03/2021, donde la DGSJFP se sirvió de esas notas 
para concretar el alcance del objeto estatutario. Al hilo de esto, me permito destacar que 
en los estatutos que dieron lugar a esta resolución se especificaba el CNAE 7022, y este 
mismo RM no vio mayor inconveniente en que, por esta vía, entrara en la definición del 
objeto social, según vimos antes en su transcripción, “el asesoramiento en cuestiones 
financieras” (el problema de la consultoría era por otro tema, donde no le dieron la razón 
al RM). Admito que he procedido a seleccionar y juntar las palabras, en forma similar a 
como el RM ha hecho con mi escritura, pero si él puede hacerlo para calificar, entiendo 
que yo también puedo pera interpretar,
No es el caso que nos ocupa, ya que las “Otras actividades” aparecen definidas sin 
indicación del código CNAE, así que se ha de estar a sus estrictos términos. La inversión 
financiera tampoco entra por la puerta de atrás.
III.–En cuanto a la inscripción parcial.
Al haberse diseñado el RM una actividad ajustada a su pretensión calificadora, no 
está muy claro cómo puede operar en este caso una solicitud de inscripción parcial, pues 
no existe una actividad de “asesoramiento o inversión financiera” de cuyo asiento se 
puede prescindir en los términos del art. 63.1 del Reglamento del Registro Mercantil. 
Quizá de las palabras “finanzas” e “inversión”, en cuyo caso se mantendría le consultoría 
en cuanto al resto, y la participación en otras sociedades. Debemos suponer que, 
entonces,  está  bien.  No  puede  decirse  que  el  RM  facilite  mucho  las  cosas  a  los 
interesados, pues limitarse a copiar en la calificación artículos de una Ley y párrafos de 
una resolución, es de poca utilidad si, en paralelo, el funcionario no concreta qué parte 
es prescindible. Espero que el RM no proporcione todas esas aclaraciones de forma 
inoportuna e improcedente en el trámite de su informe, cuando ya no sirven de mucho, y 
generan manifiesta indefensión.
De todos modos, siempre queda otra solución. Que los socios decidan incorporar a 
los  estatutos  la  frase  “Otras  actividades  de  consultoría  de  gestión  empresarial 
CNAE 7022”, nada más, y ya tendríamos recogido en los estatutos el asesoramiento en 
cuestiones financieras. De ser así ¡que soberana pérdida de tiempo!
Portado ello, solicito se sirva admitir este recurso y ordene, si procede, le revocación 
de dicha calificación.»
IV
Mediante escrito, de fecha de 13 de agosto de 2021, el registrador Mercantil emitió el 
informe previsto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, manteniendo la calificación 
impugnada, y elevó el expediente a esta Dirección General. Debe advertirse una vez 
más que el referido informe no es el trámite procesal oportuno para formular alegaciones 
en defensa de la calificación.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 138, 140, 141, 143 y 144 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 
de enero de 2014.
1.  La cuestión debatida en este expediente gira en torno a dos pasajes del artículo  e.
estatutario delimitador del objeto social de una compañía. En uno de ellos se incluyen las  w.
labores  de  «consultoría  y  servicios  relacionados  con  el  desarrollo  empresarial,  la  272ww
einsctlruayteegni ala c oinmveerrsciióanl  yy  lapsa rftiincaipnazcaiósn» , eyn  eont reals  ostrooc iseed addicees  qy uoet r«alsa sp raocptiiveiddaaddeess,  tianmclubiidéan 
entre otras, como opciones de compra de acciones, criptomonedas e inmuebles».
A criterio del registrador, los fragmentos transcritos establecen «como actividades del 
objeto social asesoramiento e inversión financiera que está reservado, en exclusiva, por 
los artículos 143, 144 RD 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el T.R. de la 
Ley del Mercado de Valores, a las empresas de servicios de inversión, cuyos requisitos, 
autorización  e  inscripción  en  los  correspondientes  registros  administrativos,  esta 
sociedad no cumple».
Dado  que  ninguna  de  las  fracciones  estatutarias  reproducidas  menciona 
expresamente el asesoramiento o la inversión financiera, se hace necesario examinar 
con  detenimiento  cada  una  de  las  dos  frases  controvertidas  para  comprobar  si, 
efectivamente, acotan tareas encomendadas en exclusiva a sociedades de servicios de 
inversión sometidas a la disciplina de la Ley del Mercado de Valores.
2.  Antes de proceder al examen del texto estatutario conviene precisar el alcance 
de la disciplina especial a que la Ley del Mercado de Valores somete al asesoramiento 
financiero dentro de las actividades de servicios de inversión y el sistema de autorización 
que impone a las empresas que los desarrollen.
El artículo 143.1.d) de la Ley del Mercado de Valores incluye en la categoría de 
empresas de servicios de inversión a las de «asesoramiento financiero», identificadas en 
el  apartado  5  del  mismo  artículo  como  «aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que 
exclusivamente pueden prestar los servicios y actividades de inversión previstos en el 
artículo 140.1.g) y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141.c) y e)». En 
definitiva,  las  caracteriza  por  desempeñar  exclusivamente  una  tarea  principal  y, 
eventualmente, dos tipos de servicios auxiliares. El cometido fundamental, recogido en el 
artículo  140.1.g)  de  la  misma  ley,  consiste  en  «el  asesoramiento  en  materia  de 
inversión», y las funciones secundarias pueden ser «el asesoramiento a empresas sobre 
estructura  del  capital,  estrategia  industrial  y  cuestiones  afines,  así  como  el 
asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas» 
(artículo 141.c) de la Ley del Mercado de Valores), y «la elaboración de informes de 
inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las 
operaciones sobre instrumentos financieros, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril 
de 2016» (artículo 141.e) de la Ley del Mercado de Valores).
La reserva de actividad y el sometimiento a autorización viene recogido en el primer 
párrafo del artículo 144.1 de la Ley del Mercado de Valores de la siguiente forma: 
«Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y 
hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos de la CNMV o del 
Banco  de  España,  desarrollar  con  carácter  profesional  o  habitual  las  actividades 
previstas en el artículo 140 y en el artículo 141.a), b), d), f) y g), en relación con los 
instrumentos financieros contemplados en el artículo 2, comprendiendo, a tal efecto, a 
las operaciones sobre divisas». De la lectura atenta del texto transcrito resulta con toda 
claridad que no está sujeta a la disciplina especial de la Ley del Mercado de Valores la 
actividad definida en el apartado c) del artículo 141, es decir, la consistente en el 
asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones 
afines,  así  como  el  asesoramiento  y  demás  servicios  en  relación  con  fusiones  y 
adquisiciones de empresas.
3.  El defecto referido al asesoramiento financiero debe entenderse localizado en el 
enunciado que engloba, bajo la denominación de «otras actividades», las concernientes 
a  «consultoría  y  servicios  relacionados  con  el  desarrollo  empresarial,  la  estrategia 
comercial y las finanzas». s
El texto estatutario no contiene en ningún lugar el vocablo «financiero», sino el  oe.
término  «finanzas».  Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  la  voz  w.
«financiero»  es  un  adjetivo  que  califica  al  sustantivo  a  que  acompaña  como  272ww
«ap loesrt egnraencdieenst en oe groeclaiotisv om ae rlaca Hnaticleiesn»d, am Pieúnbtrlaicsa ,q au ela lsa  ceuxepsretiosinóens « bfiannacnazraiass» ,o e bnu prsluártailel, se os 
udnic csiuosntaarnioti vsoe  edveoscparednodr ed eq u«ec,a sui dloa lfeinsa, nbcieienreos c»o, mo p«rHenadceie nedna s uP úsbelnictiad»o.  dDiree clato l elacstu traar edaesl   BOE-A-cable e
concernientes a las cuestiones bursátiles o del mercado de valores, la alusión a las 
finanzas no evoca inmediatamente la operativa de esos mercados, sino a los medios 
para sufragar los gastos de un Estado, proyecto, operación o empresa.
Con independencia de lo anterior, el significado de la expresión «finanzas» en el 
caso examinado debe ponerse en relación con la frase a que se incorpora y a la que 
sirve de remate, donde también se acotan como tareas propias del objeto social la 
consultoría y los servicios relacionados con el desarrollo empresarial y la estrategia 
comercial. De la lectura completa de la oración se desprende que la inclusión de las 
finanzas se orienta a completar el asesoramiento sobre la faceta organizativa y comercial 
de una empresa con el dirigido a costear los gastos e inversiones requeridos para su 
desarrollo.
En cualquier caso, lo que resulta evidente es que la expresión cuestionada no 
contiene indicio alguno que permita relacionar el objeto descrito con el asesoramiento en 
materia de inversión, actividad que, según ha quedado expuesto, es la que caracteriza a 
las que la ley denomina «empresas de asesoramiento financiero» y que se encuentra 
sometida a autorización.
En definitiva, el objeto social «consultoría y servicios relacionados con el desarrollo 
empresarial, la estrategia comercial y las finanzas», no debe entenderse incluido en la 
prohibición del artículo 144.1 de la Ley del Mercado de Valores, por cuanto en los propios 
estatutos  se  dispone  que  «quedan  excluidas  todas  aquellas  actividades  sujetas  a 
legislación  que  exija  el  cumplimiento  de  requisitos  específicos  que  no  reúna  la 
sociedad». De donde se deduce que no quiere constituirse una sociedad sujeta a la 
citada Ley del Mercado de Valores.
4.  El otro pasaje cuestionado de la descripción estatutaria del objeto social es el 
que  se  pronuncia  en  los  siguientes  términos:  «las  actividades  también  incluyen  la 
inversión y participación en otras sociedades y otras propiedades, incluida entre otras, 
como opciones de compra de acciones, criptomonedas e inmuebles». Según el criterio 
del registrador, la frase describe un cometido de inversión financiera también reservado a 
las empresas sujetas a la disciplina de la Ley del Mercado de Valores.
Es necesario advertir que la actividad a que se refiere el texto controvertido no 
consiste en la prestación de servicios a terceros, sino en la inversión del patrimonio de la 
propia compañía. Resulta evidente que, en tal caso, no existe prestación alguna de 
servicios de inversión, que en todo caso exige un tercero que los reciba. Así lo confirma 
artículo 138.1 de la Ley de Mercado de Valores al definir las de servicios de inversión 
como  «aquellas  empresas  cuya  actividad  principal  consiste  en  prestar  servicios  de 
inversión,  con  carácter  profesional,  a  terceros  sobre  los  instrumentos  financieros 
señalados en el artículo 2». Sobre una cuestión semejante se pronunció la Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de enero de 2014, 
habiendo declarado que el mero hecho de que la previsión estatutaria de la compra y 
venta de valores como una de sus actividades propias del objeto de la sociedad «no la 
convierte en sujeto activo del Mercado de Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento 
de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la legislación especial».
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y 
revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal,  e
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001,  bo
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. 272ww
PúbMlicaad, rSido, fí1a0 P duee nntoev iSeamnbtiraeg doe. 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe