BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Lunes 13 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 152946
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE IGUALDAD
20570 Resolución  de  2  de  diciembre  de  2021,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de 
la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a 
la acreditación de las situaciones de violencia de género.
La Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión de 11 de noviembre de 2021, ha 
aprobado el Acuerdo relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.
Para  general  conocimiento,  esta  Secretaría  de  Estado  de  Igualdad  y  contra  la 
Violencia de Género dispone la publicación del citado acuerdo como anexo a la presente 
resolución.
Madrid, 2 de diciembre de 2021.–La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, Ángela Rodríguez Martínez.
ANEXO
Acuerdo de 11 de noviembre de 2021 de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género
La violencia por razón de género que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho 
de serlo constituye una vulneración de sus derechos humanos y una discriminación 
contra las mujeres que obliga a los poderes públicos a adoptar las iniciativas y medidas 
necesarias encaminadas a su eliminación, así como a la atención y protección de sus 
víctimas.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, tiene por objeto, según su artículo 1, «la violencia que, 
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.» Esta violencia es abordada por 
la Ley Orgánica de manera global con la finalidad de alcanzar, entre otros fines, que se 
consagren derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las 
Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los 
servicios establecidos al efecto.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, 
ratificado por España en 2014, establece en su artículo 7 que «las Partes adoptarán las 
medidas legislativas y de otro tipo necesarias para adoptar y poner en práctica políticas 
nacionales efectivas, globales y coordinadas, incluyendo todas las medidas pertinentes 
para  prevenir  y  combatir  todas  las  formas  de  violencia  incluidas  en  el  ámbito  de 
aplicación del presente Convenio, y ofrecer una respuesta global a la violencia contra la 
mujer.» Además, dispone en su artículo 18.4 que «La prestación de servicios no debe 
depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales ni de testimoniar  e
contra cualquier autor de delito.» bo
El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún  570ww
vuvcoionotnaloetn rnaiemc niial dac a oddvne,i t oreglaelé, n nIecneilfa rooI nr.md foEeer lm  gd1eée3 n  dledaere  oP l.as o eAnSpemutnibebccmoioasbm  rdieinse fi óodEnrems  tp2eua0sdr1 iao7c  ,oup nneat lri PeaPn alleceantn o eo ul dandeb e oElc roasSntceaijóundnnao td odeo en d a eemp sraotmrtbaeeótredi,a gid pidaaoessr     OE-A-2021-20able en https://
dirigidas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y a mejorar la respuesta
que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos 
menores.
Entre estas medidas, se insta a «Introducir en la LO 1/2004 las modificaciones 
necesarias relativas a los títulos de acreditación, con expresión de sus límites y duración. 
El reconocimiento de esa condición no se supeditará necesariamente a la interposición 
de denuncia.» (medida n.º 62 Informe del Congreso); y a «Diseñar, en el marco de la 
Conferencia  Sectorial  de  Igualdad  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e 
Igualdad, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema 
de  acreditación  para  poder  acceder  al  estatuto  integral  de  protección  que  la  Ley 
Orgánica 1/2004 establece, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los 
títulos de acreditación.» (medida n.º 63 Informe del Congreso).
A fin de procurar el desarrollo de estas medidas, el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia 
de género, modificó el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, con 
una  doble  finalidad.  Por  una  parte,  para  concretar  y  ampliar  los  títulos  judiciales 
habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género; y, por otra 
parte, para establecer otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no 
hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto.
El artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en su redacción 
vigente tras esta modificación normativa, establece que «Las situaciones de violencia de 
género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se 
acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, 
una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida 
cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También 
podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los 
servicios  sociales,  de  los  servicios  especializados,  o  de  los  servicios  de  acogida 
destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o 
por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas 
de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial 
de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan 
poner  en  marcha  los  sistemas  de  acreditación  de  las  situaciones  de  violencia  de 
género.»
Para diseñar, de común acuerdo, los procedimientos básicos para la acreditación de 
las situaciones de violencia de género por las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
de Ceuta y Melilla mediante la emisión de un informe o título habilitante conforme al 
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género ha constituido un grupo de trabajo con las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Mediante el presente acuerdo se avanza y se mejora en el acceso de las víctimas de 
violencia de género a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal al 
facilitarles el acceso a los mismos sin supeditarlo a la interposición de una denuncia, 
dando cumplimiento así a los requerimientos, tanto del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
como del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Por todo lo expuesto, el Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en su reunión 
de 11 de noviembre de 2021, adopta el siguiente Acuerdo:
Procedimientos básicos para la acreditación administrativa de las situaciones de 
violencia de género por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género
Primero.  Ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto consensuar los procedimientos básicos o pautas 
mínimas  comunes  para  permitir  la  acreditación,  con  efectos  administrativos,  de  las 
situaciones  de  violencia  de  género  en  los  términos  del  artículo  1  de  la  Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, a los efectos de lo previsto en el artículo 23 de la 
misma.
Esta acreditación tendrá eficacia en todo el territorio del Estado y facilitará el acceso 
de las víctimas de violencia de género a los derechos regulados en el Capítulo II 
«Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social» de la Ley Orgánica 1/2004 y 
a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal que les 
resulte de aplicación, cuyas disposiciones normativas de carácter sectorial contemplen y 
regulen el acceso a cada uno de ellos, incluyendo, entre los requisitos exigidos, la 
acreditación de la situación de violencia de género mediante informe de los servicios 
sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 
víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente (en lo sucesivo, 
acreditación administrativa).
Los procedimientos básicos de acreditación no afectan ni modifican los requisitos y 
condiciones exigidos en la normativa estatal de carácter sectorial que regulen el acceso, 
mantenimiento y conservación de los derechos, recursos y servicios previstos en la 
misma destinados a las víctimas de violencia de género. Tampoco afectan a aquellos 
casos en los que el acceso a los servicios y recursos destinados a víctimas de violencia 
de género no está condicionado a ningún tipo de acreditación de ninguna naturaleza.
El  presente  procedimiento  no  será  de  aplicación  para  la  acreditación  de  las 
situaciones de violencia de género que la normativa autonómica correspondiente, en el 
ámbito de sus competencias, prevea para el acceso a los derechos, recursos y servicios 
de su titularidad.
Segundo.  Situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa.
La  acreditación  de  naturaleza  administrativa  de  las  situaciones  de  violencia  de 
género objeto de los procedimientos básicos de acreditación a los que se refiere el 
presente  acuerdo  podrá  ser  solicitada  por  las  mujeres  que  se  encuentren  en  las 
siguientes situaciones:
– Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar.
– Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado 
o sobreseído.
– Víctimas  que  han  interpuesto  denuncia  y  el  procedimiento  penal  esté 
instruyéndose.
– Víctimas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por  es
prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u  o
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– Cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma.
En estos supuestos, la expedición de la acreditación por los organismos/recursos/
servicios  designados  por  las  Comunidades  Autónomas  o  las  Ciudades  de  Ceuta  y 
Melilla, recogidos en el anexo 2 del presente acuerdo, y que será objeto de actualización 
periódica por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de acuerdo con 
lo estipulado en el punto 7, requerirá la valoración previa del equipo de intervención/ 
asistencial del servicio social, servicio especializado o cualquier otro recurso de la red de 
recursos al que esté acudiendo la persona usuaria.
Tercero.  Actuación en caso de que la víctima cuente con un título de carácter judicial.
En los casos en los que la víctima cuente con alguno de los títulos de carácter 
judicial previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, es 
decir, sentencia condenatoria por un delito de violencia de género; orden de protección o 
cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima; 
o bien informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género, y las penas o medidas impuestas en 
sentencia, orden de protección o resolución judicial estén en vigor, las Administraciones 
públicas competentes no deben exigir ningún otro título para acreditar las situaciones de 
violencia de género para permitir el ejercicio de los derechos y el acceso a recursos y 
servicios reconocidos por la normativa estatal vigente.
En  el  caso  de  que  los  hechos  probados  de  la  sentencia  contengan  extremos 
especialmente sensibles para la intimidad de la víctima cuya utilización pueda suponer 
su revictimización, la victima podrá aportar una certificación del fallo testimoniada por el 
Juzgado.
A los efectos de verificar que los títulos habilitantes de carácter judicial presentados 
por la víctima en el correspondiente procedimiento para el acceso a los recursos y 
servicios previstos en la normativa estatal se mantienen en vigor, podrán articularse los 
correspondientes  mecanismos  de  colaboración  interinstitucional  entre  los  órganos 
competentes de la Administración General del Estado y aquellos organismos públicos de 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla habilitados como «Punto de 
Coordinación de Órdenes de Protección». A estos efectos, previo consentimiento de la 
interesada, y con cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter 
personal, la Administración pública designada como «Punto de Coordinación de Órdenes 
de Protección» podrá confirmar al organismo competente de la Administración General 
del Estado la vigencia del título de carácter judicial.
Cuarto.  Procedimiento para la expedición de la acreditación administrativa.
El procedimiento de  emisión de  la acreditación  administrativa se ajustará a las 
características  propias  de  la  organización  y  procedimientos  de  cada  Administración 
Pública competente.
El procedimiento se iniciará con la solicitud de la interesada de la acreditación 
administrativa de la situación de violencia de género, a la que, con carácter general, se 
podrá requerir que aporte la siguiente documentación:
– Solicitud  en  modelo  oficial  establecido  por  cada  Administración  Pública 
competente, firmada por la solicitante, en la que se haga constar su solicitud de emisión 
de la acreditación administrativa de la situación de violencia de género.
– Copia del DNI/NIE/pasaporte de la solicitante, salvo que la solicitante autorice o  s
consienta expresamente a la Administración Pública su consulta. oe.
– Autorización de comunicación y tratamiento de datos personales firmada por la  w.
spoelrisc–oit anSnaitl .es,e  dtrea tcao ndfeo rvmícitdimada sc odne  lvai olelegniscliaac dióen  gvéigneenrote c doen  pserontteecnccióian c doen ddeantoasto driea ,c cauráacntdeor   2021-20570n https://ww
la pena o penas impuestas en esta (por ejemplo, pena de alejamiento, prohibición de
residencia,  prohibición  de  comunicación,  prohibición  de  porte  de  armas)  estén  Bc
extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena u otras 
causas, o si en su momento se dictó orden de protección en su favor, pero las medidas 
impuestas ya no se encuentran en vigor, se aportará copia de la sentencia, auto, orden 
de protección o resolución que proceda.
– La solicitante podrá autorizar a la Administración Pública competente para que la 
sentencia y la orden de protección sean solicitadas por esta a los Puntos de coordinación 
de las Órdenes de Protección que poseen acceso a los datos de SIRAJ (Ministerio de 
Justicia).
– En el caso de que los hechos probados de la sentencia contengan extremos 
especialmente sensibles para la intimidad de la víctima cuya utilización pueda suponer 
su  revictimización,  podrá  aportarse  una  certificación  del  fallo  testimoniada  por  el 
Juzgado.
– En los casos en que la solicitante ya fuera usuaria del servicio ante el cual solicita 
la acreditación o de cualquier otro servicio u organismo de los mencionados en el listado 
de organismos acreditantes recogidos en el anexo 2 del presente acuerdo, y que será 
objeto de actualización periódica por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, de acuerdo con lo estipulado en el punto 7, el servicio que vaya a emitir la 
acreditación solicitará de oficio, previa autorización de la solicitante, los antecedentes 
relativos a las fechas en las que ha estado acudiendo y, en su caso, las áreas de 
intervención a las que haya acudido.
La acreditación administrativa de la situación de violencia de género será entregada 
a la mujer que lo solicite junto con un documento en el que conste que ha sido informada 
de sus derechos como víctima, de los recursos existentes, de la posibilidad de denuncia, 
y del derecho a la justicia gratuita conforme al modelo recogido en el Anexo 3 del 
presente acuerdo.
Quinto.  Circunstancias  a  tener  en  cuenta  para  la  emisión  de  la  acreditación 
administrativa.
En el proceso de valoración llevado a cabo por el equipo de intervención/asistencial a 
los efectos de emisión de la acreditación administrativa o título habilitante se tendrán en 
cuenta las siguientes circunstancias, que se recogerán en el correspondiente informe de 
valoración:
– Si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente y si ha contado con 
sentencia condenatoria por un delito de violencia de género cuyas penas de alejamiento 
y prohibición de comunicación estén extinguidas, o si contó en algún momento con una 
orden de protección, pero ya no se encuentra en vigor.
– Si la solicitante se encuentra en fase de ruptura de la relación con el presunto 
agresor. En caso de que se trate de una relación conyugal, si se han iniciado los trámites 
para obtener el divorcio/separación o si se tienen hijos o hijas menores en común si 
existen medidas relativas a la guarda, custodia, régimen de visitas y alimentos.
– La duración, la forma (física, psicológica, sexual) y la gravedad de la violencia 
sufrida; existencia de violencia verbal, ambiental y agresiones físicas; progresión en la 
violencia.
– Las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia de género, como, 
por  ejemplo:  existencia  de  sintomatología  relacionada  con  baja  autoestima;  posible 
sintomatología  depresiva;  ansiedad;  estrés  postraumático;  problemas  de  sueño,  s
sentimiento de culpa; reexperimentación (ver sintomatología en el Protocolo Común para  oe.
pdlare oal bSc–lte iusLmateacamsisó  ans  idNstueaaa ncciistoiaoanrnlaiuaeld  sda  enem tSseep alnealutc adVila ,ie olenlees n2 l c0die1eam2  d)vb.eua lGrnaeézrnoae,b riolitd raaaptdar,or sbceao dmodo ep  olaur  neeal d Caomdn,u sjeleajro   dImnisticegarrtapenarrtceitido, aridae,ll    2021-20570n https://www.
desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia personal que incida en la
situación de violencia por las que está atravesando la mujer y que puedan dificultar el 
proceso de recuperación.
– Si la solicitante es o ha sido usuaria de servicios asistenciales se valorará la 
consecución de objetivos sociales trazados en plan de intervención y su participación en 
el mismo.
– En cuanto a la relación de pareja: dinámica de interacción que ha existido con su 
expareja (relación asimétrica de poder, existencia de control, relación caracterizada por 
imposición, maltrato verbal).
– El maltrato económico, entendido como la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima y de sus hijas 
e hijos, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el 
ámbito familiar o de pareja.
– En  cuanto  a  la  esfera  de  independencia  de  la  solicitante:  existencia  de 
dependencia  económica  y/o  emocional  (por  aislamiento  o  dependencia  relacional), 
carencia o insuficiencia de recursos, empleada o en paro, dificultades de insertarse 
laboralmente.
– Si  ha  podido  trabajar  libremente  durante  su  relación  o  ha  encontrado  en  su 
expareja barreras.
– El grado de formación con el que cuenta la solicitante y si ha podido optar a una 
mejora de su formación o cualificación durante su relación de pareja.
– En su caso, antecedentes de violencia de género con otras parejas.
Sexto.  Emisión del informe de valoración y de la acreditación administrativa.
Una vez analizados los aspectos recogidos en el punto anterior, si el equipo de 
intervención/asistencial estima que  la  solicitante  es víctima de violencia de género, 
expedirá el informe de valoración de la solicitante. Sobre esa base se procederá a la 
emisión de la acreditación administrativa de violencia de género, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, conforme al 
modelo del Anexo 1, por parte de los organismos incluidos en el Anexo 2 del presente 
procedimiento.
Séptimo.  Relación de entidades y organismos que acreditan.
El  listado  de  entidades  y  organismos  habilitados  para  emitir  la  acreditación 
administrativa  será  el  recogido  en  el  Anexo  2  del  presente  acuerdo.  Este  será 
periódicamente actualizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 
cuando por alguna Comunidad/Ciudad Autónoma se indiquen cambios o actualizaciones 
consecuencia de cambios organizativos y/o competenciales.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género publicará en su página 
web  y  actualizará  periódicamente  la  información  facilitada  por  las  Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla sobre la relación de servicios en los que se 
puede  solicitar  en  cada  Comunidad  Autónoma  la  acreditación,  así  como  de  los 
organismos habilitados para su emisión. Corresponderá a las Comunidades Autónomas 
y las Ciudades de Ceuta y Melilla aportar a la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género los datos e informar de los cambios que se produzcan.
En esta relación no se incluirá a personas profesionales que puedan emitir informes, 
ni a las personas habilitadas para emitir la acreditación administrativa, sino sólo la 
relación de entidades y organismos, sin perjuicio de la información obrante en cada  es
Comunidad Autónoma. bo
ANEXO 1
Modelo común para la acreditación administrativa de la situación de violencia de 
género, adoptado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género
Don/Doña .………....................………….. en calidad de ……..........….....………. (1) 
del ………………….. (2) de la Comunidad Autónoma/Ciudad Autónoma de /Entidad local/
Administración General del Estado …………………..
Organismo/Servicio/Recurso incluido a tal efecto en el listado adoptado por Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el día ………….. de …. y por ello, con 
capacidad para acreditar situaciones de violencia de género al amparo de lo previsto en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral frente a la Violencia de Género,
ACREDITA
Que  doña  …………………….  con  DNI/NIE  …………………………  ostenta  la 
condición de víctima de violencia de género, a los efectos de los derechos, recursos y 
servicios reconocidos en la normativa que les resulte de aplicación (citar lo que proceda 
y la normativa concreta que resulte de aplicación en función del derecho, recurso y 
servicio solicitado, entre ellos, los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad 
Social regulados en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral frente a la violencia de género) y de 
conformidad con el artículo 23 de dicha Ley Orgánica.
Y para que así conste en su presentación ante ………………… (3) para la solicitud 
de …………… (4) se expide la presente acreditación, en el lugar y fecha indicados.
Firma y sello de la entidad acreditante.
(1)  Cargo/puesto que ostenta.
(2)  Organismo, servicios sociales, servicios especializados, servicios de acogida destinados a víctimas 
de violencia de género de la Administración Pública competente que acredite.
(3)  Organismo/dependencia ante la que se presenta la solicitud de derecho/prestación.
(4)  Derecho/prestación que se solicita.
ANEXO 2
Relación de organismos, recursos y servicios que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, acreditan las situaciones 
de violencia de género
Comunidad/Ciudad Autónoma Organismo/Recurso/Servicio de Acreditación
Andalucía. – Instituto Andaluz de la Mujer.
– Instituto Asturiano de la Mujer.
Principado de Asturias.
– Centro Asesor de la Mujer.
Aragón. – Instituto Aragonés de la Mujer.
– Departamentos con competencia en violencia de género de los Cabildos Insulares previo informe de los  o
Canarias. Sinetervrviceionsc ióensp inetceiaglriazal cdoonst rdae  lala  vRioeledn pcúiab ldicea  gdéen ceeron.tros y servicios del Sistema Canario de prevención e  2021-20570n https://www.
Comunidad/Ciudad Autónoma Organismo/Recurso/Servicio de Acreditación
– Dirección General de Igualdad y Mujer de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria.
Cantabria.
– Equipos multidisciplinares de los Centros especializados y los Servicios Sociales de las entidades locales de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
– Profesional coordinador/a de caso, trabajador/a social de los Centros de Acción Social de las Corporaciones 
Castilla y León. Locales, Ayuntamientos y Diputaciones.
– Persona titular de la Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de cada provincia.
Castilla-La Mancha. – Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
– Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta.
Ceuta.
– Oficinas del Institut Català de les Dones, Servicios Sociales, y servicios de la Dirección General para la 
erradicación de las violencias machistas.
– Servicios de Intervención Especializada (SIE).
Cataluña. – Servicios de Información y Atención a las Mujeres (SIAD).
– Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
– Recursos públicos de acogida y entidades subvencionadas por una Administración Pública concreta para la 
atención a mujeres víctimas de la violencia de género.
Extremadura. – Dirección General del Instituto de la Mujer de Extremadura de la Consejería de Igualdad y Portavocía.
– Servicios sociales de la Administración pública autonómica o local:
– Centros que componen la red galega de información a Mujeres.
Galicia. – Centros da rede galega de acogimiento.
– Servicios sociales comunitarios y especializados de Galicia, dependientes o adscritos a la Secretaría Xeral 
da Igualdade de la Xunta de Galicia.
– Profesionales del Servicio de Gestión y Planificación del Instituto Balear de la Mujer, en sus funciones de 
Centro Coordinador de las Órdenes de Protección Instituto Balear de la Mujer (Gobierno Balear).
– Centros de atención especializada para víctimas de violencia de género (Consejos Insulares de Mallorca, 
Illes Balears. Menorca, Ibiza y Formentera).
– Centros de Acogida para Víctimas de Violencia de Género (Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza 
y Ayuntamiento de Palma).
– Servicio de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género (Ayuntamiento de Palma).
Región de Murcia. – Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género.
– Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
– Dispositivos de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid cuya 
gestión sea directa por empleadas y empleados públicos. En particular:
i. Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid de 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado 
Villalba, Colmenar de Oreja, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Getafe, Humanes de Madrid, Las Rozas de 
Madrid, Leganés, Majadahonda, Mancomunidad «2016», Mancomunidad «El Alberche», Mancomunidad «La 
Comunidad de Madrid.
Encina», Mancomunidad «La Maliciosa», Mancomunidad «Las Cañadas», Mancomunidad «Los Pinares», 
Mancomunidad «Pantueña», Mancomunidad «Sierra Norte», Mancomunidad «Sierra Oeste», Mancomunidad 
«Suroeste», Mancomunidad «THAM», Mancomunidad «Vega de Guadalix», Mancomunidad MISECAM, 
Mancomunidad MISSEM, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, 
San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de 
San Antonio, Villalbilla.
ii. Centro de emergencia 5 del Ayuntamiento de Móstoles.
– Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer, Unidad dependiente de la Consejería de Educación,  e
Melilla. e.
Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla. bo
– Sección de Atención a las Víctimas del Delito y colaboración con los órganos judiciales del Departamento de  570ww
Comunidad Foral de Navarra. P– oIlnítsictiatust oM Nigaravtaorrrioa sd ey  JIguusatilcdiaad. (INAI) para solicitar acreditación de víctima de violencia contra las mujeres
País Vasco. p–a Drair eelc acicócne sdoe  aS elar vvicivioiesn Sdao cpiaroletesg dideal .Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. BOE-A-cable e
Comunidad/Ciudad Autónoma Organismo/Recurso/Servicio de Acreditación
– Dirección General de Servicios Sociales adscrita a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia.
La Rioja.
– Dirección General de Justicia e Interior adscrita a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia.
– Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres.
Comunidad Valenciana.
– Direcciones Territoriales de Igualdad y Políticas Inclusivas.
ANEXO 3
Información a la víctima de violencia de género de los derechos reconocidos en la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género y otras normas aplicables
En ........................................................., siendo las ............. horas, del día .......... 
de ............................... de .............., y en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, se informa a doña ......................................................., con DNI/NIE/
PASAPORTE n.º ..............................., de los derechos que se pueden reconocer a las 
víctimas de violencia de género, de acuerdo con la citada Ley Orgánica y demás normas 
que resulten de aplicación:
1.  Derecho a la información y al asesoramiento jurídico.
Tiene derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación 
personal,  a  través  de  los  servicios,  organismos  u  oficinas  que  dispongan  las 
Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas 
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, relativas a su protección y seguridad, y 
los  derechos  y  ayudas  previstos  en  la  misma,  así  como  la  referente  al  lugar  de 
prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
El servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico es un servicio estatal 
gratuito  y  confidencial  que  ofrece  información,  asesoramiento  jurídico  y  atención 
psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el 
Convenio  de  Estambul,  incluida,  por  tanto,  la  violencia  de  género  de  la  Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El servicio es accesible a través de tres canales: 
por  un  número  de  teléfono  corto:  016;  por  correo  electrónico:  016-
online@igualdad.gob.es; por whatsapp: número 600 000 016, exclusivo para whatsapp 
porque no admite llamadas de teléfono.
El servicio telefónico autonómico (completar, en su caso, lo que proceda por la 
Comunidad y Ciudad Autónoma).
2.  Derecho a la asistencia jurídica.
En virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las mujeres víctimas de 
violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de 
la existencia de recursos para litigar, que se les prestará de inmediato, en aquellos 
procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta 
en la violencia padecida. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de  e.
fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. w.
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima  570ww
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sfien aplizeardceiórná,  esne  chausboie rdee  dsicetnatdeon csiean atebnscoilau tcoorinad efinrmateo roia .a Ercl hbiveon efifricmioe  ddee lj upsrtoicciead gimraietunittoa   BOE-A-cable e
penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente 
hasta ese momento.
3.  Derecho a la asistencia social integral.
En virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las víctimas 
tienen derecho la asistencia social integral que incluye servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, que han de responder a los 
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional. La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las 
necesidades derivadas de la situación de violencia, restaurar la situación en que se 
encontraba la víctima antes de padecerla o, al menos, paliar sus efectos.
A través de los mismos se hace posible que las mujeres:
−  Reciban  asesoramiento  sobre  las  actuaciones  que  pueden  emprender  y  sus 
derechos.
− Conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, 
médica, psicológica y social.
− Accedan a los diferentes recursos de alojamiento (emergencia, acogida temporal, 
centros  tutelados,  etc.)  en  los  que  está  garantizada  su  seguridad  y  cubiertas  sus 
necesidades básicas.
− Recuperen su salud física y/o psicológica.
− Logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psico-social a 
lo largo de todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la doble 
victimización.
La organización de los servicios para hacer efectivo este derecho corresponde a las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
(Completar, en su caso, lo que proceda por la Comunidad y Ciudad Autónoma con 
información propia)
4.  Derechos laborales y de la Seguridad Social.
En virtud del artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, las 
mujeres víctimas de violencia de género trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta 
propia tienen los siguientes derechos en función de la modalidad de trabajo que se 
realice, por cuenta ajena o por cuenta propia:
− Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del 
salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
que se utilicen en la empresa, para que la mujer haga efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral.
− Derecho a la movilidad geográfica cuando se vea obligada a abandonar su puesto 
de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral.
− Derecho a la suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que  s
se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de  oe.
violencia de género, con reserva del puesto de trabajo. w.
− Derecho a la extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se  570ww
sveera  voícbtliimgaad dae a v iaobleanncdiao ndaer  gdéenfienrioti.vamente su puesto de trabajo como consecuencia de
este− f uDeerrae echl soi sat eremaali zeasrt asbul etrcaidboa.jo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si  BOE-A-cable e
− Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 
psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de 
atención o servicios de Salud, según proceda, se considerarán justificadas.
− Nulidad de la decisión extintiva del contrato en el supuesto de las trabajadoras 
víctimas  de  violencia  de  género  por  el  ejercicio  de  los  derechos  de  reducción  o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos 
en el Estatuto de los Trabajadores.
− Nulidad del despido disciplinario en el supuesto de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su 
tiempo  de  trabajo,  de  movilidad  geográfica,  de  cambio  de  centro  de  trabajo  o  de 
suspensión  de  la  relación  laboral  en  los  términos  y  condiciones  reconocidos  en  el 
Estatuto de los Trabajadores.
−  Derecho  a  la  pensión  de  jubilación  anticipada  por  causa  no  imputable  a  la 
trabajadora cuando las mujeres extingan su contrato de trabajo como consecuencia de 
ser víctimas de violencia de género, y reúnan los requisitos exigidos.
− Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o 
nulidad matrimonial de las mujeres víctimas de violencia de género que, aunque no sean 
acreedoras de la pensión compensatoria, acrediten los requisitos exigidos.
− Para tener derecho a la prestación por desempleo, además de reunir los requisitos 
exigidos, se considera que la trabajadora por cuenta ajena se encuentra en situación 
legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera 
voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
− Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los 
requisitos exigidos, se considera que la trabajadora autónoma se encuentra en situación 
legal de cese de actividad, cuando cese en el ejercicio de su actividad, de manera 
temporal o definitiva, por causa de la violencia de género.
5.  Derecho a la percepción de ayudas sociales.
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las 
mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos tienen 
derecho a una ayuda económica:
− Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario 
mínimo  interprofesional  vigente  excluida  la  parte  proporcional  de  dos  pagas 
extraordinarias.
− Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de 
preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita 
mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente.
De acuerdo con el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se 
regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales 
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, las mujeres víctimas de 
violencia de género que cumpla los siguientes requisitos puede tener derecho a esta 
ayuda económica:
− Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses 
inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.
− No convivir con su agresor. e.e
− Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 o más años de edad. b
−  Carecer  de  rentas  propias,  de  cualquier  naturaleza,  superiores  en  cómputo  570ww
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de la solicitud.
(Completar, en su caso, lo que proceda por la Comunidad y Ciudad Autónoma con 
información de sus propias ayudas económicas)
6.  Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.
Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a protección preferente 
en el acceso a la vivienda:
− Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas 
habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria.
− Posibilidad de acceder al Fondo Social de Viviendas en Alquiler del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.
−  Tienen  la  consideración  de  «sector  preferente»  a  los  efectos  de  las  ayudas 
previstas en el Plan Estatal de Vivienda (entre otras, Programa de subsidiación de 
préstamos convenidos, Programa de ayuda al alquiler de vivienda, Programa de ayuda a 
las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual
− Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, para facilitarles una 
solución habitacional inmediata. Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y 
de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad 
pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque 
mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, 
servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en 
cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga 
de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de 
titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser 
ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.
7.  Derecho a denunciar y a solicitar una orden de protección.
En virtud de los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las 
mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas para 
poner en conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de hechos que 
pueden ser constitutivos de un delito.
De acuerdo con el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las mujeres 
víctimas de violencia de género pueden solicitar que se adopte una orden de protección. 
La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente 
en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito, aprecia la 
existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de 
medidas de protección durante la tramitación del proceso penal. La orden de protección 
contempla en una única resolución medidas cautelares de naturaleza penal y civil a favor 
de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas.
Para obtener la atención y orientación concreta y pormenorizada sobre los servicios y 
derechos  aquí  señalados  podrá  dirigirse  a  .....  (Completar,  en  su  caso,  por  cada 
Comunidad y Ciudad Autónoma).
Con  entrega  de  copia,  queda  informada  de  los  derechos  reconocidos  en  la 
legislación aplicable, y de los servicios, atención y orientación sobre los mismos que 
presta ..... (Completar, en su caso, por cada Comunidad y Ciudad Autónoma).