BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155  Martes 2 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 36351
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5569 Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y 
del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 
inciden en el medio ambiente.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, 
en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De acuerdo con lo 
anterior promulgo la siguiente Ley.
PREÁMBULO
La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público necesarias para completar el régimen jurídico de los 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el ejercicio de 2020; también tiene por 
objeto la creación y regulación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente.
La presente ley de medidas se enmarca en el contexto de la prórroga de los 
presupuestos de 2017 –aprobados por la Ley 4/2017, de presupuestos de la Generalidad 
de Cataluña para el 2017, prorrogados de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 del 
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2002–, lo que incide directamente, tanto desde una perspectiva cuantitativa 
como cualitativa, en el número y el alcance de las medidas que la configuran, tal como se 
especifica en este preámbulo.
La parte dispositiva de la ley se organiza en cinco partes, en función del ámbito 
material: la parte primera, relativa a las medidas fiscales; la parte segunda, relativa a las 
medidas financieras; la parte tercera, relativa a las medidas en el ámbito del sector público; 
la parte cuarta, relativa a las medidas administrativas, y la parte final, que contiene las 
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Conviene señalar, en materia de técnica legislativa, que la naturaleza omnímoda de las 
leyes de acompañamiento de los presupuestos, de creciente complejidad, hace perder 
vigor a la distribución material de los preceptos que habitualmente se aplica a las leyes, y 
hace aconsejable una agrupación sistemática de los ámbitos regulados, con vistas a 
favorecer la máxima integración normativa de cada una de las múltiples modificaciones 
legislativas contenidas en la ley. Así, el hecho de que un determinado precepto, por su 
contenido, corresponda tipológicamente a una disposición adicional, transitoria, derogatoria 
o final, no predetermina que en la presente ley de medidas esté situado en la parte final de 
la ley, como sí pasaría en una ley ordinaria, sino que a menudo se sitúa en el articulado, 
integrado con el resto de afectaciones de la norma modificada en cuestión, de acuerdo con 
el criterio de dar preferencia a la ordenación sistemática de las materias tratadas, con el 
objetivo de que esta agrupación e integración normativa haga más accesible la 
interpretación de la norma y facilite la labor de los operadores jurídicos, en beneficio de los 
principios de claridad normativa y de seguridad jurídica. e.
I.  Medidas fiscales 69ww
La parte primera, relativa a las medidas fiscales, se ordena en dos títulos: el título I,
rmeoladtiivfioca ac iloanse ms oedni feicla ácmiobnietos  deen  leols á tmribbuittoo sd ec elodsid torisb.utos propios, y el título II, relativo a las
Ante los dos grandes retos a los que se enfrentan las sociedades actuales, como la 
creciente desigualdad económica y los graves problemas medioambientales, la política 
fiscal tiene por objetivo hacerles frente en la medida en que los condicionantes normativos, 
técnicos y económicos se lo permiten, en la línea de los objetivos fijados en la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En este sentido, las medidas 
fiscales que acompañan a los presupuestos de la Generalidad para 2020 pretenden 
garantizar un determinado nivel de recursos, aumentando la progresividad del sistema 
fiscal y favoreciendo un crecimiento económico sólido y sostenible.
Por ello se adopta un conjunto de medidas en el marco de las recomendaciones de los 
principales organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.
I.1  Tributos propios
En el ámbito de los tributos propios, el título I se divide en nueve capítulos. En el 
capítulo I, relativo a los tributos gestionados por la Agencia de Residuos de Cataluña, se 
establece el incremento progresivo en cuatro años de los tipos de gravamen de los 
cánones sobre la deposición controlada y la incineración de residuos municipales. La 
medida pretende continuar favoreciendo económicamente las opciones ambientalmente 
ajustadas a la jerarquía de gestión impulsadas por las normas europeas. Según estas, la 
disposición mediante la deposición es la última opción de gestión a aplicar, siendo las 
primeras opciones las de prevención, reutilización y reciclaje.
El capítulo II contiene las modificaciones de la regulación del canon del agua –impuesto 
propio gestionado por la Agencia Catalana del Agua– orientadas a hacer efectivo el 
principio de recuperación de los costes de los servicios vinculados al ciclo del agua. Por 
ejemplo, se sistematizan los coeficientes que afectan al tipo de gravamen general 
correspondientes a usuarios industriales; se ajusta el tratamiento fiscal aplicable a los 
usuarios industriales de agua para la producción de energía eléctrica; se realizan 
modificaciones relacionadas con la presentación de declaraciones tributarias, y se 
introducen medidas de lucha contra el fraude.
El capítulo III, relativo al impuesto sobre las viviendas vacías, modifica, con el fin de 
incentivar la disponibilidad de viviendas para alquiler social, los porcentajes de bonificación 
establecidos en atención al volumen de viviendas que los sujetos pasivos destinan a 
alquiler asequible.
El capítulo IV recoge dos modificaciones referidas al impuesto sobre grandes 
establecimientos comerciales. La primera, de carácter técnico, concreta los supuestos de 
sujeción al impuesto; la segunda, relativa a la determinación de la base imponible, 
introduce una ratio de vehículos por día y metros cuadrados de superficie específica para 
los establecimientos de ferretería.
El capítulo V, relativo al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, 
incorpora a la tributación los cruceros que no entran en el puerto pero permanecen 
fondeados en sus aguas, puesto que se realizan estancias que son susceptibles de ser 
gravadas en los mismos términos que las efectuadas en los cruceros que sí quedan 
amarrados a puerto. La otra novedad normativa es que se permite al Ayuntamiento de 
Barcelona establecer, mediante una ordenanza municipal, un recargo sobre las tarifas 
establecidas para este impuesto.
En el capítulo VI, relativo al impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la 
atmósfera producida por la aviación comercial, se introduce una modificación técnica en  s
relación con los instrumentos de información que deben utilizarse para determinar las  oe.
emisiones objeto de gravamen. w.
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de los fabricantes (con la reducción del volumen de azúcar de las bebidas más
comercializadas) y los consumidores (para que opten por el consumo de bebidas más  Bc
saludables).
El capítulo VIII crea el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio 
ambiente. Este tributo, de carácter finalista, que tiene como precedente el impuesto de la 
comunidad autónoma de Extremadura, grava la incidencia, la alteración o el riesgo de 
deterioro que ocasiona sobre el medio ambiente la realización de las actividades sujetas 
al mismo, mediante las instalaciones y otros elementos patrimoniales afectos a las mismas, 
con el fin de contribuir a compensar a la sociedad del coste que soporta y frenar el deterioro 
del entorno natural. Estas actividades son, por un lado, las de producción, almacenamiento 
o transformación de energía eléctrica y, por otro, las de transporte de energía eléctrica, de 
telefonía o de comunicaciones telemáticas mediante los elementos fijos del suministro de 
energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.
Cierra el bloque de los tributos propios el capítulo IX, que recoge las modificaciones en 
materia de tasas: se actualizan cuotas, se añaden nuevos hechos imponibles en tasas 
existentes y se crean nuevas tasas; cabe destacar que se suprimen varias tasas por su 
escasa o nula aplicabilidad práctica.
I.2  Tributos cedidos
En el ámbito de los tributos cedidos, el título II se estructura en cuatro capítulos: el 
capítulo I, relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas; el capítulo II, relativo 
al impuesto sobre sucesiones y donaciones; el capítulo III, relativo al impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el capítulo IV, relativo a las 
obligaciones formales.
El capítulo I se dedica al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Con el 
objetivo de incrementar la progresividad del sistema fiscal, se reduce la carga tributaria a 
los contribuyentes con un nivel de renta más bajo y se incrementa para los que disponen 
de una renta más elevada, sin sobrepasar, sin embargo, el tipo marginal máximo vigente. 
Las medidas consisten, por un lado, en incrementar un 10 % el mínimo exento de los 
contribuyentes con nivel de renta más bajo, con el fin de adaptarlo al coste de la vida en 
Cataluña, más elevado que la media estatal, y por otro lado se reequilibran los tramos 
superiores de la escala impositiva: se les otorga a todos una amplitud similar y se divide el 
actual cuarto tramo de base liquidable general en dos tramos –un tramo de 53.407,20 a 
90.000 euros y un tramo de 90.000 a 120.000 euros–, a los que se aplican unos tipos 
marginales del 21,50 % y del 23,50 %, respectivamente.
El capítulo II recoge las medidas referidas al impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
Se modifica, por un lado, la regla de mantenimiento establecida para el disfrute de la 
reducción del 95 % aplicable a la adquisición mortis causa de bienes del patrimonio 
cultural, a fin de otorgarle el mismo tratamiento que ya tiene en el supuesto de donación 
de este tipo de bienes. Por otra parte, se modifica el ámbito de aplicación de la tarifa 
reducida establecida por el artículo 57.2 de la Ley 19/2010, de regulación del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones, con la exclusión de los contratos de seguros sobre la vida 
que tienen la consideración de negocios jurídicos equiparables de acuerdo con la 
normativa reguladora del impuesto. Las modificaciones de mayor impacto, sin embargo, 
son las siguientes: la reintroducción de los coeficientes multiplicadores en función del 
patrimonio preexistente para los contribuyentes de los grupos I y II, con el objetivo de dotar 
al impuesto de un impacto redistributivo mayor y reducir las disparidades económicas, y la 
modificación del régimen de bonificaciones en la cuota.
El capítulo III, relativo al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, contiene, con respecto al ámbito de las transmisiones patrimoniales  s
onerosas, las siguientes medidas: se establece una bonificación en las transmisiones de  oe.
viviendas adquiridas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña en ejercicio de los derechos  w.
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de miembros de familias monoparentales, y se modifica la regulación de la bonificación de
la cuota por la transmisión de viviendas a empresas inmobiliarias, en la que se reduce a  Bc
tres años el plazo del que disponen para revender la vivienda. En el ámbito de los actos
jurídicos documentados, para incentivar la formalización de las distintas operaciones, se 
crea una bonificación en la cuota del gravamen que recae sobre las escrituras públicas de 
constitución en régimen de propiedad horizontal por parcelas y sobre los documentos 
notariales que formalizan actos relacionados con las llamadas arras penitenciales.
El capítulo IV, por último, regula obligaciones formales de los sujetos pasivos en 
relación con la presentación de documentos y en relación con los plazos de presentación 
de autoliquidaciones complementarias en caso de pérdida del derecho a aplicar un 
beneficio fiscal.
II.  Medidas financieras
La parte segunda de la ley, que agrupa las medidas financieras, se ordena en dos 
títulos: el título III, relativo al régimen jurídico de las finanzas públicas, y el título IV, relativo 
a las modificaciones legislativas en materia de patrimonio.
El título III, que establece el conjunto de medidas relativas al régimen jurídico de las 
finanzas públicas, articula una serie de adiciones y modificaciones del texto refundido de 
la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, así 
como la modificación de normativa sobre la tutela financiera de los entes locales, el 
conocimiento y la publicidad de los informes de fiscalización de los entes locales y la 
modificación del plazo de fiscalización, por parte de la Sindicatura de Cuentas, las cuentas 
del Ayuntamiento de Badia del Vallès, que pasa a ser cuatrienal.
El conjunto de medidas que afectan al texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
de Cataluña tienen por objeto, principalmente, establecer el marco de elaboración de los 
escenarios presupuestarios plurianuales; ampliar las facultades de la Intervención General 
en el marco de la función interventora; introducir, en el ámbito de las subvenciones, una 
serie de modificaciones de tipo procedimental en el procedimiento de control de la 
Intervención General y en los expedientes de revocación, y establecer los principios de la 
evaluación de las políticas públicas de la Administración de la Generalidad y las entidades 
de su sector público.
En cuanto a los escenarios presupuestarios plurianuales, se configuran como el marco 
de referencia para la elaboración de los presupuestos anuales. En este sentido, los 
escenarios presupuestarios plurianuales se elaboran de acuerdo con la normativa de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y determinan los límites, referidos a 
los cuatro ejercicios siguientes, que la acción del Gobierno debe respetar en los casos en 
los que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria.
En cuanto a la ampliación de las facultades de la Intervención General, se establece 
que, además de las facultades de ser el centro de control interno, el centro directivo de la 
contabilidad pública y el centro de control financiero, la Intervención General dispone 
también de la facultad de ser el centro de control de gestión en el ámbito económico-
financiero. En este sentido, se entiende por control de gestión en el ámbito económico-
financiero el análisis global o específico de los procedimientos, riesgos, sistemas, 
resultados, organización y programas de las distintas unidades y entidades, a fin de 
comprobar si los recursos se han gestionado de acuerdo con los principios de economía, 
eficiencia y eficacia.
En el ámbito de las subvenciones, se modifican aspectos procedimentales vinculados 
al procedimiento de control de la Intervención y los expedientes de revocación. En cuanto 
al procedimiento de control de la Intervención General, la ampliación del plazo máximo se 
limita solamente a casos de fuerza mayor o razones de interés público. En cuanto a las  s
modificaciones procedimentales en los expedientes de revocación de subvenciones, se  oe.
establece un nuevo plazo de resolución de estos procedimientos –doce meses, ampliable  w.
hreafsutEnadn si decoius ad mnet eolas  eaLs e lamy  ádesev– af,il nueaannc lziaóa nlsí n dpeeúa b ldlaicesa  lpsa o dleleítg icCisaalastca pilóuúnñb abli cácasosinc, a es lee fn ina l añd aemd eaest etuarniba l.ceacpeírt ulolos  carli tteerxiotos   2020-5569n https://ww
y la sistemática de evaluación de las políticas públicas de la Administración de la
Generalidad y su sector público. En este sentido, la evaluación de políticas públicas se  Bc
define como la valoración de las intervenciones de las entidades del sector público en
cuanto a funcionamiento, productos e impactos, en relación con las necesidades que se 
pretende satisfacer y orientada a la provisión de información para la toma de decisiones.
Cabe señalar, por último, que la ley habilita al Gobierno para la elaboración de un 
nuevo texto refundido de la Ley finanzas públicas de Cataluña.
El título IV, que establece el conjunto de modificaciones legislativas en materia de 
patrimonio, articula una serie de modificaciones del texto refundido de la Ley de patrimonio 
de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2002. Destacan especialmente las 
modificaciones relativas al ejercicio de las actuaciones dominicales de la Generalidad 
respecto a bienes y derechos situados en el extranjero, a la afectación de los bienes y 
derechos demaniales de la Generalidad, al régimen jurídico y las particularidades 
procedimentales de la sucesión legal de la Generalidad, y por último, a los espacios 
inmuebles destinados a uso administrativo y su ocupación.
Se modifica también el régimen aplicable a las mutaciones demaniales de bienes de 
dominio público de los entes locales y sus organismos públicos mediante la modificación 
del artículo 216 bis del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 2/2003.
III.  Medidas en el ámbito del sector público
La parte tercera reúne las medidas en el ámbito del sector público, y se estructura en 
tres títulos: el título V, relativo a las medidas en materia de personal de la Administración 
de la Generalidad y su sector público; el título VI, relativo a las modificaciones legislativas 
en materia de órganos reguladores, y el título VII, relativo a las medidas de reestructuración 
y racionalización del sector público.
El título V, que establece las medidas en materia de personal de la Administración de 
la Generalidad y su sector público, se articula en dos capítulos: el capítulo I, relativo a las 
modificaciones de las normas generales en esta materia, y el capítulo II, relativo a las 
modificaciones de las normas sectoriales.
El capítulo I del título V contiene una serie de modificaciones de la refundición en un 
texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en 
materia de función pública, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Destaca 
especialmente la modificación relativa a las particularidades procedimentales de los 
expedientes disciplinarios, que establece un nuevo plazo de resolución de estos 
expedientes, que pasa a ser de ocho meses.
Este capítulo contiene también la modificación de la Ley 21/1987, de incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, puesto que establece 
expresamente un régimen de silencio administrativo desestimatorio en relación con las 
solicitudes de autorización de compatibilidad, y habilita, asimismo, al Gobierno para la 
elaboración de un nuevo texto refundido del Estatuto de la empresa pública catalana, en 
el que introduce distintos cambios.
Por último, establece el régimen de responsabilidad de los empleados públicos como 
miembros de los órganos de gobierno y de los órganos de liquidación de sociedades 
mercantiles y fundaciones del sector público institucional de la Generalidad, así como 
secretarios de dichos órganos de gobierno.
El capítulo II del título V establece una serie de modificaciones legislativas sectoriales 
en materia de personal, y afecta a la Ley 16/1984, del estatuto de la función interventora 
(con la creación, dentro del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, de la 
Escala Superior de Intervención y de la Escala Técnica de Control y Contabilidad); la  s
Ley 16/1991, de las policías locales (con atribución de la condición de agentes de la  oe.
autoridad a policías locales y vigilantes y con la aprobación de un mecanismo para el  w.
edSqeau luoildribd freuionn acdcieoió nlane  sps raqenusieeta nercijaeia rd cdeíea   Cmlaa uAtajeglureeñnsac y ia( ch dooenm  Cebalr eloisdb aejednt i yvla oEs  vdpaelal uanattriclilibaóusni  rlSa abalo nSritaealrervisaic)s;i  odla eC L Caetayat l1aá5lnu/ ñ1da9e 9e 0lna,    2020-5569n https://ww
materia de seguridad de los elementos comunes o unificados del sistema de información
del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, así como para regular la  Bc
integración en el Departamento de Salud de funcionarios de cuerpos estatales y de
personal laboral adscrito al Instituto Catalán de la Salud); la Ley 8/2007, del Instituto 
Catalán de la Salud (sobre el régimen retributivo del personal estatutario que ocupa cargos 
directivos en este organismo); la Ley 5/2019, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña 
(sobre el régimen de integración de personal adscrito al Departamento de Salud); la 
Ley 10/1994, de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra (sobre el resarcimiento 
por lesiones o daños materiales), y la Ley 11/2010, de la Agencia Catalana de la Inspección 
de Trabajo (con la supresión del Cuerpo de Subinspectores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo).
El título VI, que contiene las modificaciones legislativas de los órganos reguladores, 
modifica la Ley 18/2010, de la Sindicatura de Cuentas. Establece que las entidades 
vinculadas a la Generalidad o dependientes deben remitir a la Sindicatura de Cuentas, 
antes del 30 de junio del año siguiente al del cierre del ejercicio, las cuentas anuales del 
ejercicio anterior, y que también deben enviar esta documentación en relación con las 
entidades en las que participan.
El título VII, que contiene las medidas de reestructuración y racionalización del sector 
público, se ordena en tres capítulos: el capítulo I, relativo al régimen de funcionamiento de 
las entidades del sector público; el capítulo II, relativo a las medidas sobre los aspectos 
contractuales del sector público, y el capítulo III, relativo a otras medidas de reestructuración 
y racionalización del sector público.
El capítulo I del título VII, dedicado al régimen jurídico de las fundaciones del sector 
público, modifica su régimen de adscripción, fija un plazo de seis meses para la adaptación 
de los estatutos, se ocupa asimismo de los procesos de disolución y, por último, establece 
el régimen de transformación de las entidades del sector público institucional de la 
Generalidad.
El capítulo II del título VII, relativo a aspectos contractuales del sector público, tiene por 
objeto determinar la adquisición y la pérdida de la condición de medio propio de algunas 
entidades del sector público y establecer medidas relativas a los centros Cerca y a la 
fundación ICREA.
La pérdida de la condición de medio propio de la Administración de la Generalidad 
afecta a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, al Instituto Catalán del Suelo, a la sociedad 
Aeropuertos Públicos de Cataluña, al Servicio Meteorológico de Cataluña, al Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña, a la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de 
Publicaciones de la Generalidad de Cataluña y al Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias.
Por último, el capítulo III del título VII contiene una serie de medidas de reestructuración 
y racionalización del sector público en relación con el Instituto Catalán de Finanzas 
(incluida la habilitación al Gobierno para la elaboración de un nuevo texto refundido de la 
ley que lo regula), la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, el Centro de Atención y 
Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña, el Consejo Asesor de Espectáculos 
Públicos y de Actividades Recreativas, la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas, el Área 
Metropolitana de Barcelona, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalidad de Cataluña, el Instituto Catalán del Acogimiento y la 
Adopción, la Filmoteca de Cataluña, el centro Arts Santa Mònica y el Consejo Catalán de 
la Producción Integrada. Destaca en este apartado la transformación de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad en una sociedad anónima de 
naturaleza unipersonal, que el Gobierno debe acordar en el plazo de un año. Este 
capítulo III interviene también en los criterios para la elección de la ubicación de plantas 
solares fotovoltaicas, y se cierra con la habilitación al Gobierno para la adecuación de las  es
disposiciones normativas a las eventuales reestructuraciones de los departamentos de la  o
Administración de la Generalidad. 69www.
IV.  Medidas administrativas
La parte cuarta de la ley, que agrupa las medidas administrativas, se ordena en seis
títulos: el título VIII, relativo a las medidas administrativas en materia de vivienda y  Bc
urbanismo, de medio ambiente y sostenibilidad, de ordenación de aguas y de
infraestructuras y movilidad; el título IX, relativo a las medidas administrativas en materia 
de medio natural, agricultura, desarrollo rural y alimentación; el título X, relativo a las 
medidas administrativas en materia de política sanitaria; el título XI, relativo a las medidas 
administrativas en materia de política social; el título XII, que contiene otras medidas 
administrativas de carácter sectorial (turismo, cooperación al desarrollo, educación, 
espectáculos públicos y actividades recreativas, Código tributario, servicios jurídicos, 
deporte y cultura), y el título XIII, que contiene medidas administrativas de carácter general.
El título VIII establece medidas administrativas ordenadas en cuatro capítulos: el 
capítulo I, relativo a las modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanismo; el 
capítulo II, relativo a las modificaciones legislativas en materia de medio ambiente y 
sostenibilidad; el capítulo III, relativo a las modificaciones legislativas en materia de 
ordenación de aguas, y el capítulo IV, relativo a las medidas administrativas en materia de 
infraestructuras y movilidad.
El capítulo I del título VIII reúne las modificaciones legislativas en materia de vivienda 
y urbanismo, que afectan a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, así como a la 
Ley 4/2016, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo 
de exclusión residencial; al texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010; a la Ley 12/2017, de la arquitectura, y a la Ley 9/2005, del 
Jurado de Expropiación de Cataluña.
En cuanto a las modificaciones de la Ley del derecho a la vivienda, el sistema de 
reconocimiento del cumplimiento de la obligación de conservación y mantenimiento de los 
edificios de viviendas se simplifica con la eliminación del «certificado de aptitud» de la 
Administración, ya que esta carga administrativa no aporta un valor añadido al mismo 
informe de la inspección técnica obligatoria del edificio que ha realizado un profesional 
técnico debidamente habilitado, y se sustituye por un distintivo identificador de la 
realización y entrega del informe técnico sobre el estado del edificio (ITE).
En cuanto a la Ley de protección del derecho de acceso a la vivienda de las personas 
o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial, se amplía la regulación de los 
supuestos en que los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales 
de ejecución hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria 
o de desahucio por impago de rentas de alquiler están obligados a ofrecer el realojo a los 
ocupantes de las viviendas.
En cuanto a al texto refundido de la Ley de urbanismo, las modificaciones que se 
introducen concretan distintos aspectos relativos a la Comisión de Territorio de Cataluña. 
También tienen por objetivo explicitar en el objeto de la reparcelación la adjudicación de 
los sistemas urbanísticos de cesión obligatoria y gratuita a favor de la administración titular 
de la infraestructura, ya que puede no tratarse de la municipal. Además, se establece que 
cuando la infraestructura no deba ejecutarse inmediatamente, los suelos pueden 
transferirse al municipio a título de fiduciario con la obligación de deferirlos a la titular de la 
infraestructura antes de la ejecución.
En cuanto a la Ley de la arquitectura, se modifican determinados aspectos relativos a 
la contratación de los proyectos del proceso arquitectónico.
En cuanto a la Ley del Jurado de Expropiación de Cataluña, se amplía el plazo del 
Jurado para acordar el precio justo, que pasa a ser de tres meses, prorrogables 
excepcionalmente hasta seis.
El capítulo II del título VIII, relativo a las modificaciones legislativas en materia de 
medio ambiente y sostenibilidad, articula una serie de modificaciones del texto refundido 
de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008; de la  es
Ley 10/1999, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos; de la  o
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evitar ambigüedades o errores de interpretación en relación con las emisiones de gases
de efecto invernadero, que comprenden, además de las emisiones de dióxido de carbono, 
cinco sustancias más: metano, óxido nitroso, PFC, HFC y trifluoruro de nitrógeno.
En cuanto a la Ley 16/2002, de protección contra la contaminación acústica, las 
medidas adoptadas tienen el objetivo de garantizar la protección de la calidad acústica de 
las zonas de especial protección y compatibilizar la ejecución de las obras públicas con la 
calidad acústica del entorno.
El capítulo III del título VIII articula una serie de modificaciones del texto refundido de 
la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003.
El capítulo IV del título VIII, relativo a las medidas administrativas en materia de 
infraestructuras y movilidad, modifica la Ley 12/1987, de regulación del transporte de 
viajeros por carretera mediante vehículos de motor; el texto refundido de la Ley de 
carreteras, aprobado por el Decreto legislativo 2/2009; la Ley 4/2006, ferroviaria, y la Ley 
14/2009, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.
El título IX agrupa medidas administrativas en materia de medio natural, agricultura, 
desarrollo rural y alimentación, y contiene modificaciones de la Ley 6/1998, forestal de 
Cataluña; de la Ley 14/2003, de calidad agroalimentaria; de la Ley 2/2010, de pesca y 
acción marítimas, y de la Ley 4/2017, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
el 2017, específicamente de la disposición adicional décima, relativa al Fondo del 
patrimonio natural, así como en relación con el plazo de los procedimientos sancionadores.
El título X, relativo a las medidas en materia de política sanitaria, contiene una serie de 
modificaciones de la Ley 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a 
fondos públicos a través del Servicio Catalán de la Salud; del Decreto ley 4/2010, de 
medidas de racionalización y simplificación del sector público de la Generalidad de 
Cataluña, en relación con la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, y de 
la Ley 7/2006, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, en 
relación con los profesionales que ejercen profesiones sanitarias.
El título XI, relativo a las medidas en materia de política social, contiene una serie de 
modificaciones de la Ley 38/1991, de instalaciones destinadas a actividades con niños y 
jóvenes; de la Ley 18/2003, de apoyo a las familias; de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público, en relación con el acceso a datos de carácter 
personal por parte de las administraciones competentes en materia de servicios sociales; de 
la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico; de la Ley 5/2008, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, en cuanto a la percepción de 
indemnizaciones y ayudas; de la Ley 12/2007, de servicios sociales, en que destacan la 
regulación de las condiciones de los equipamientos destinados a la atención de personas 
con pluridiscapacidad derivada de parálisis cerebral y, por otro lado, el compromiso de 
equiparación laboral de los profesionales de la red concertada de servicios sociales de 
atención a la dependencia; de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia, con el mandato al Gobierno de crear el Comisionado para la 
Infancia, y de la Ley 13/2014, de accesibilidad, con el objetivo de fijar el uso legal del 
término personas con discapacidad.
El contenido del título XII reúne otras medidas administrativas de carácter sectorial, y 
se ordena en ocho capítulos: el capítulo I, relativo al turismo; el capítulo II, relativo a la 
cooperación al desarrollo; el capítulo III, relativo a la Agencia para la Competitividad de la 
Empresa; el capítulo IV, relativo a la educación; el capítulo V, relativo a los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas; el capítulo VI, relativo al Código tributario; el 
capítulo VII, relativo a los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad; el 
capítulo VIII, relativo al deporte, y el capítulo IX, relativo a la cultura. es
El capítulo I del título XII, relativo a las medidas administrativas en materia de turismo,  o
amaalcroottijidcavEuiimfdlil caaciea aduncp,ni toíaoatnuls  eR lsotsuee  rIrghIíi seiadst icetdcrelooe nt s íd tm,ur eealo of Tdle ouXirsferiIi cIsnr,aem crcqieaoiuol, ae dnetreieivnm soCt ri edeaa ent oal taotllura sacñ  osLda,oee  ypay l e  aal1rasla 3  rvcd/é2iievgó0fiineim0n n2aiecd,ln i aódd ssnee a sd dntaeuecr rru iioolssalnmolsoa  ot,edu  amordrírspte ietcr ienCcuso laeaa tps sauat lanutru aañmr  aíisnas.e titcieErciireaasia rtsda . laesy     OE-A-2020-5569able en https://www.
modificaciones de la Ley 26/2001, de cooperación al desarrollo, en relación con los fondos
de desarrollo para la cooperación, que se configuran como un instrumento de captación de 
fondos que tiene como finalidad que distintas administraciones públicas y entidades 
públicas y privadas se unan para realizar propuestas conjuntas de financiación, tanto de 
ámbito nacional como internacional, para la cooperación al desarrollo o la acción 
humanitaria y de emergencia.
El capítulo III modifica la Ley 11/2011, de reestructuración del sector público para 
agilizar la actividad administrativa, en cuanto a aspectos contractuales de la Agencia para 
la Competitividad de la Empresa.
El capítulo IV del título XII contiene modificaciones de la Ley 12/2009, de educación. 
Entre ellas, disposiciones relativas a la financiación de las guarderías, la recuperación de 
condiciones laborales del personal adscrito al Departamento y al desarrollo del Plan piloto 
de selección de sustitutos.
El capítulo V del título XII contiene una serie de modificaciones de la Ley 11/2009, de 
regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, en 
relación con la inclusión de la libertad y la indemnidad sexuales entre los principios 
generales de la ley.
El capítulo VI del título XII contiene una serie de medidas relativas al Código tributario 
que completan la regulación de la Comisión de Protección de los Derechos del 
Contribuyente y del Consejo Fiscal de Cataluña y actualizan la denominación y la 
regulación de los cuerpos tributarios de la Generalidad de Cataluña.
El capítulo VII del título XII modifica la Ley 7/1996, de organización de los servicios 
jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, para que los abogados de la 
Generalidad puedan asumir la representación y la defensa de los miembros del Gobierno, 
de los altos cargos y los funcionarios y empleados públicos de la Administración de la 
Generalidad y de sus organismos, cuando los procedimientos deriven de actos u omisiones 
relacionados con el ejercicio del cargo.
El capítulo VIII del título XII modifica el texto único de la Ley del deporte, aprobado por 
el Decreto legislativo 1/2000, con el fin de aclarar el número de federaciones deportivas 
que pueden reconocerse por modalidad deportiva.
Por último, en el capítulo IX del título XII, se modifica el artículo 57 de la Ley 9/1993, 
del patrimonio cultural catalán, a efectos de incrementar del 1  % al 1,5  % el importe de la 
aportación que la Administración de la Generalidad debe reservar en los presupuestos de 
las obras públicas que financie total o parcialmente, con el fin de invertirla en la 
conservación, restauración, excavación y adquisición de los bienes protegidos por dicha 
ley y en la creación artística contemporánea, dada la insuficiencia del porcentaje anterior.
El título XIII de la parte cuarta contiene otras medidas administrativas, de carácter 
general. Modifica la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Cataluña, con la adición de un artículo nuevo, el 66 bis, que 
establece la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones reglamentarias 
mediante una consulta pública en el Portal de la Transparencia de la Generalidad. Modifica 
también la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
en el ámbito de los sistemas de gestión de la calidad de los servicios públicos y de las 
cartas de servicio, estableciendo el régimen de suspensión temporal de los estándares 
mínimos de calidad declarados en las cartas de servicio y del régimen de aseguramiento 
de la calidad de los servicios prestados por gestión indirecta. Por último, este capítulo 
modifica la Ley 5/2006, del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos 
reales, con respecto a la regulación de las prendas.
V.  Parte final bo
tranLEsianto  cpriuaaarstn,e td ofoi nasa  ldla isds epd oilssapi coleisoyinc ecioosn ndeteiser naoedg iacctiuooarnitaarsole  ysd ,it srlaep sop srdiimicsipoeonrase isac cioatundaeiclsiizo fanin avalaelersisa, .sd odsis pdoisspicoisoinceiosn eens   2020-5569n https://ww
materia de caza; la segunda declara extinguida la personalidad jurídica del consorcio
Centro de Investigación en Economía y Salud; la tercera encomienda al Gobierno un  Bc
informe de valoración del régimen de autonomía de gestión aplicable a entidades del
sector público que actúan en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación y en el ámbito de la movilidad, y la cuarta impulsa el Centro de Formación 
Profesional de Automoción.
La disposición transitoria primera regula un régimen transitorio para las formas de 
gestión no contractuales en materia de prestación de servicios sociales y sanitarios, y la 
disposición transitoria segunda regula un régimen retributivo transitorio para el personal de 
los cuerpos al servicio de la Administración de justicia en Cataluña.
En cuanto a las disposiciones derogatorias, incluyen una habilitación expresa al 
Gobierno para derogar normas reglamentarias que hayan perdido su vigencia o hayan 
quedado obsoletas. Cabe destacar asimismo que la disposición derogatoria primera 
advierte que la ley contiene numerosos preceptos derogatorios en varias partes del 
articulado, en la medida en que, en leyes omnímodas como son las de acompañamiento 
de los presupuestos, se da preferencia a la integración normativa de las distintas 
modificaciones legislativas en función de la norma modificada, por encima del criterio 
vigente en leyes ordinarias, que determina la ubicación en la parte final de los preceptos 
categorizados como adicionales, transitorios, derogatorios o finales.
En cuanto a las tres disposiciones finales de la presente ley, la primera insta al 
Gobierno a desarrollar en el plazo más breve posible la Ley de la lengua de signos 
catalana; la segunda impulsa la adopción de un nuevo marco legal regulador de las formas 
de gestión no contractuales en materia de prestación de servicios de carácter social y de 
servicios sanitarios, y la tercera regula la entrada en vigor de la ley, con la advertencia de 
que determinados preceptos del articulado de la ley fijan fechas específicas de entrada en 
vigor de las modificaciones legislativas que contienen.
PARTE PRIMERA
Medidas fiscales
TÍTULO I
Modificaciones en el ámbito de los tributos propios
CAPÍTULO I
Canon sobre la disposición del desperdicio de los residuos
Artículo 1.  Modificación de la Ley 8/2008 en relación al canon sobre la disposición del 
rechazo.
1.  Se modifica la letra b del apartado 10 del artículo 6 de la Ley 8/2008, de 10 de 
julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones 
sobre la disposición del rechazo de los residuos, que queda redactado del siguiente modo:
«b)  El cincuenta por ciento de los fondos, como mínimo, debe destinarse al 
tratamiento de la fracción orgánica recogida selectivamente, incluidos los tratamientos 
que reducen la cantidad o mejoran la calidad del rechazo de los residuos destinados 
a la disposición del rechazo, en especial en cuanto a la reducción de la fracción 
orgánica contenida en la fracción resto, y la financiación de las infraestructuras 
previstas en el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos  es
municipales; el resto de los recursos debe destinarse a la recogida selectiva en  o
origen de la materia orgánica, a la recogida selectiva y el reciclaje de otras fracciones  69www.
ddtmoeede  ojrsoe ercsanaid ssaiuobmo,il sibez,il ae a2cn  i%otóatnr l da,t esed  riflvrooiutsrolm grfoiaaancsl.di  ódLoneos   syvs  aereel dodcureuizcsraasticconiiseóó nnnd   aema smaatictnbecaieriodinanotl easysl  ,a  ady  ae ladc  iecnpbifroreoan meegssoat crrdauióencn ttiui zndrafaerra  svceeeas rmqtdruuepec ay,tñ u edarnaes     OE-A-2020-55able en https://
verde y de mejora ambiental territorial deben traspasarse trimestralmente, una vez
cerrado el plazo de recaudación, a la dirección general competente en políticas 
ambientales, que es la encargada de realizar su gestión y distribución de manera 
concertada con las administraciones locales de ámbito municipal o metropolitano 
cuyo territorio resulte directa o indirectamente afectado por la implantación o el 
funcionamiento de las infraestructuras de gestión de residuos.»
2.  Se modifica el apartado 11 del artículo 6 de la Ley 8/2008, que queda redactado 
del siguiente modo:
«La distribución de los fondos procedentes del canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción debe destinarse a las actuaciones de 
prevención y a las operaciones de valorización y optimización de la gestión de los 
residuos de la construcción, y también a la promoción y a la búsqueda de 
aplicaciones de los materiales recuperados, de acuerdo con las directrices 
aprobadas por la Junta de Gobierno de los Residuos de la Construcción, y debe 
garantizarse que, en todo caso, el 2 % de los fondos se destine a acciones de 
infraestructura verde y de mejora ambiental territorial y que las acciones para 
favorecer la prevención y la valorización tengan, por este orden, carácter prioritario. 
Los recursos destinados a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental 
territorial deben traspasarse trimestralmente, una vez cerrado el plazo de 
recaudación, a la dirección general competente en políticas ambientales, que es la 
encargada de realizar su gestión y distribución de manera concertada con las 
administraciones locales de ámbito municipal o metropolitano cuyo territorio resulte 
directa o indirectamente afectado por la implantación o el funcionamiento de las 
infraestructuras de gestión de residuos.»
3.  Se modifica el apartado 11 bis del artículo 6 de la Ley 8/2008, que queda redactado 
del siguiente modo:
«La distribución de los fondos procedentes de los cánones sobre la disposición 
del desecho de los residuos industriales debe destinarse a las actuaciones de 
estudios de prevención y nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos 
(máximo 10 %), a las actuaciones de ejecución subsidiaria de gestión de residuos 
abandonados hechas por la Agencia de Residuos de Cataluña y a otras actividades 
relacionadas con los residuos industriales (máximo 40 %); el resto debe destinarse 
a actuaciones de prevención, y debe garantizarse que en todo caso el 2 % de los 
fondos se destine a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental 
territorial, con la condición de que las cantidades no utilizadas en un ejercicio o 
recuperadas posteriormente se acumulan en los siguientes ejercicios. Los recursos 
destinados a acciones de infraestructura verde y de mejora ambiental territorial 
deben traspasarse trimestralmente, una vez cerrado el plazo de recaudación, a la 
dirección general competente en políticas ambientales, que es la encargada de 
realizar su gestión y distribución de manera concertada con las administraciones 
locales de ámbito municipal o metropolitano cuyo territorio resulte directa o 
indirectamente  afectado  por  la  implantación  o  el  funcionamiento  de  las 
infraestructuras de gestión de residuos.»
4.  Se modifica el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 8/2008, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Se fija el tipo de gravamen de 71,60 euros por tonelada de desperdicio de  bo
residuos municipales destinados a depósito controlado.» 69ww
del s5i.g uiSeen tem modoifdicoa: el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 8/2008, que queda redactado
«2.  Se fija el tipo de gravamen de 35,80 euros por tonelada de desperdicio de  BOE-A-cable e
residuos municipales que se incinera.»
6.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 8/2008, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Los tipos de gravamen del canon sobre la deposición controlada e 
incineración de residuos municipales regulado por el artículo 15 se alcanza 
gradualmente, en el plazo de cuatro años, de acuerdo con la siguiente tabla:
Año de aplicación Tipo de gravamen por deposición Tipo de gravamen por incineración
2020 47,10 euros/tonelada 23,60 euros/tonelada
2021 53,10 euros/tonelada 26,50 euros/tonelada
2022 59,10 euros/tonelada 29,60 euros/tonelada
2023 65,30 euros/tonelada 32,70 euros/tonelada
2024 71,60 euros/tonelada 35,80 euros/tonelada»
CAPÍTULO II
Canon del agua
Artículo 2.  Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña, con relación a los tributos que recaen sobre el ciclo del agua
1.  Se modifica la letra f del apartado 2 del artículo 64 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, 
de 4 de noviembre, que queda redactado del siguiente modo:
«f)  Los usos domésticos del agua en todos los núcleos de población 
identificados en el Nomenclátor estadístico de entidades de población de Cataluña 
que tengan menos de 400 habitantes de población base y que no dispongan de 
suministro domiciliario de agua ni de sistema de saneamiento en alta.»
2.  Se añaden cuatro apartados, el 5, el 6, el 7 y el 8, al artículo 66 del texto refundido 
de la legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«5.  Son responsables subsidiarios de la deuda tributaria, además de las 
personas y entidades a que hace referencia el artículo 43 de la Ley del Estado 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, los titulares de las concesiones o 
inscripciones de los aprovechamientos inscritos en el Registro de aguas, así como 
los propietarios de los aprovechamientos.
6.  La Agencia Catalana del Agua debe promover la utilización de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos seguros y accesibles necesarios para el 
desarrollo de su actividad y garantizar que la ciudadanía pueda relacionarse con ella 
para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el ejercicio de sus derechos, 
con las garantías y requisitos establecidos por la normativa tributaria de aplicación 
general.
7.  En virtud de lo expuesto por el apartado 6, las personas jurídicas que tengan 
la condición de sujetos pasivos de cualquiera de los tributos vinculados al ciclo del 
agua, están obligadas al cumplimiento de las obligaciones formales que forman  e.
parte de los procedimientos de aplicación de los tributos en soporte informático y por  w.b
vía telemática, de forma ajustada a los modelos que se aprueben por resolución de  69ww
ltaé cDniirceacsc qióune  dsee  lfaij eAng. eEnnc ipaa Crtiactuallaarn, ae sdteols A sguujeat oys  ddee baecnu eprrdeos ecnotna rl atesl epmreástcicriapmcieonntees, 
mauetodliiaqnuitdea claio nwese bq udee e sltaa bAlegceennc eias taC leayta yla snua r edgelal mAegnutoa ,d el adse sdaerrcollalor.aciones  y
8.  Los sujetos pasivos respecto de los cuales la Agencia Catalana del Agua 
aprecie que tienen dificultades técnicas o económicas, no están obligados a utilizar 
los canales telemáticos para el cumplimiento de las obligaciones materiales y 
formales vinculadas a la aplicación de los tributos, que se presentarán en los plazos 
fijados para cada procedimiento por esta ley o por la normativa tributaria general, y 
en la forma y con los modelos que se aprueben por resolución de la Dirección de la 
Agencia Catalana del Agua.»
3.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 70 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«4.  El régimen de aplicación del tributo, se concreta, en su caso, en la 
propuesta y resolución que dicta la Agencia Catalana del Agua, en los casos en que 
los datos o los valores considerados por la Agencia difieran de los declarados por el 
contribuyente en su declaración del uso y la contaminación del agua (DUCA).
En caso contrario, la Agencia puede notificar sin ningún otro trámite la liquidación 
del canon del agua que corresponda, de acuerdo con lo establecido por la normativa 
vigente.
En ambos casos pueden llevarse a cabo revisiones de los datos declarados, o 
resueltos inicialmente, de acuerdo con los procedimientos tributarios previstos a tal 
efecto.»
4.  Se modifica el apartado 14 del artículo 71 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«14.  En los usos industriales de agua correspondientes a actividades incluidas 
en las secciones B, C y D y grupos A032, E360, E383 y J581, de la CCAE 2009, con 
aplicación individualizada del canon del agua, el tipo de gravamen general se afecta 
de los siguientes coeficientes, en su caso:
a)  Coeficiente de eficiencia (Ke): 0,90 para los sujetos pasivos que acrediten 
para cada establecimiento una mejora en la eficiencia en el uso del agua, 
determinada según un sistema cuantitativo, referenciado en el estándar de uso, o 
bien que acrediten la eficiencia o la mejora de la eficiencia según un sistema 
cualitativo basado en la obtención de un sistema de gestión ambiental ISO 14001 
o EMAS.
La mejora de la eficiencia o la eficiencia misma se acreditan si el consumo 
unitario de agua del establecimiento es igual o inferior al estándar de uso declarado, 
o bien si se desprende de los datos contenidos en las sucesivas actualizaciones o 
renovaciones del sistema de gestión ambiental, establecidas en la normativa técnica 
o sectorial vigente, incluida la normativa en materia de caudales de mantenimiento.
b)  Coeficiente de innovación (Ki): 0,90 para los sujetos pasivos que puedan 
ser calificados como empresa innovadora, por razón del cumplimiento de alguno de 
los siguientes requisitos:
– Que haya recibido financiación pública en los últimos dos años sin haber 
sufrido revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de la actividad financiada 
mediante convocatorias públicas de financiación a la I+D+I de alcance autonómico, 
estatal o europeo.
– Que haya demostrado su capacidad de innovación mediante alguna de las  e
siguientes certificaciones: bo
EA0120..4  7J.Poevqeune eñma por emsaic irnoneomvapdreosraa  (iJnEnIo),v saedgoúran,  las eegsúpne cliafi ceascpióenc AifiEcaNcOióRn  EAAE0N0O43R.  2020-5569n https://ww
3.  Certificación UNE 166.002 “Sistema de gestión de la I + D + I”.
c)  Coeficiente de reindustrialización (Kz): 0,10 para los sujetos pasivos que 
realicen actuaciones industriales o empresariales de interés general, en el marco de 
proyectos de reindustrialización aprobados por el Gobierno, que creen nueva 
actividad industrial en un municipio o permitan el mantenimiento o reconversión de 
la ya existente para un periodo mínimo de tres años, o para aquellos sujetos que 
contribuyan al mantenimiento del tejido empresarial e industrial, así como al 
mantenimiento de puestos de trabajo, mediante la adquisición de una o más 
unidades productivas de una empresa en concurso, en los últimos dos años.
Estos coeficientes son acumulables entre sí. Asimismo, los dos últimos 
coeficientes tienen una vigencia de tres años desde el inicio de su aplicación, y son 
renovables en el caso de que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su 
reconocimiento.»
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 74 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En los casos de usos industriales de agua para la producción de energía 
eléctrica, las centrales hidroeléctricas pueden optar por acogerse, de manera 
voluntaria, a un sistema de determinación objetiva de la cuota basado en la potencia 
instalada en el establecimiento y en la energía producida, expresada en kilovatios 
hora, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Q = kWh producidos × euros/kWh
Tipo de establecimiento Potencia Importe Unidad
Grupo 1. > = 50 MW 0,00608 euros/kWh
Grupo 2*. < 50 MW 0,00040 euros/kWh
*  Siempre que el titular no realice en otros establecimientos actividades de producción con potencia 
superior a 50 MW. En este caso, se considera tipo 1.
Estos valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido.»
6.  Se deroga el apartado 5 del artículo 74 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña.
7.  Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2021, el apartado 5 del artículo 75 del 
texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactado 
del siguiente modo:
«5.  Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 4, las entidades 
suministradoras con una facturación inferior a cien mil metros cúbicos anuales están 
obligadas a presentar a la Agencia Catalana del Agua, como muy tarde el 30 de 
enero de cada año, para cada uno de sus municipios de suministro, una declaración 
resumen de la repercusión neta realizada el año natural anterior, ajustada al modelo 
que se apruebe por resolución de la dirección de la Agencia Catalana del Agua y a 
las prescripciones técnicas que se dicten.
Las entidades suministradoras con una facturación igual o superior a cien mil 
metros cúbicos anuales están obligadas a presentar, a más tardar el 30 de enero de 
cada año, una relación detallada de la facturación y los documentos equivalentes a  e
las facturas, con expresión de la totalidad de los datos que resultan de la repercusión  bo
del canon del agua y las exigidas por la normativa que regula las obligaciones de  69ww
fopaosccrt iurElaersasctoicaoiló unonceib.sól nidg eda ecfa ilóacn tdu irpraeeccricódinuó.nr a Ld aee  nrlea l eAalcg ietóinencm diape Cobe,a  tcaaojluansn taian rddseeel p Aaegl numdaoe ydn eacli oala  sqd upeer e pssoecs raitpepcrriiuooenrbeeess    OE-A-2020-55able en https://
técnicas que se dicten.»
8.  Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2021, la letra d del apartado 2 del 
artículo 76 bis del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que 
queda redactada del siguiente modo:
«d)  Declaración resumen de todos los volúmenes utilizados en el ejercicio, 
entregados y no entregados a terceras personas, que debe presentarse como 
máximo el 30 de enero del año siguiente al del ejercicio a que se refiere, y de forma 
ajustada a las prescripciones técnicas y formales que fije la Agencia Catalana del 
Agua, solo en caso de que se haya declarado provisionalmente, de acuerdo con lo 
establecido por la letra b. Con esta declaración, en su caso, el contribuyente debe 
autoliquidar los importes de canon que correspondan.»
9.  Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2021, la letra e del apartado 2 del 
artículo 76 bis del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que 
queda redactada del siguiente modo:
«e)  Relación detallada de lo facturado por el agua a otras entidades 
suministradoras, a más tardar el 30 de enero de cada año. Esta relación debe 
presentarse de forma ajustada a las prescripciones técnicas que dicte la Agencia 
Catalana del Agua, y con la expresión de la totalidad de los datos exigidos por la 
normativa que regula las obligaciones de facturación.»
10.  Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2021, la letra b del apartado 3 del 
artículo 76 bis del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que 
queda redactada del siguiente modo:
b)  Declaración resumen anual de volúmenes utilizados y autoliquidación del 
importe del canon correspondiente, y la relación detallada de lo facturado por el 
agua a otras entidades suministradoras, como máximo el 30 de enero del año 
posterior al año al que se refiere la declaración. Estas declaraciones deben ajustarse 
a las prescripciones técnicas y formales fijadas por la Agencia Catalana del Agua. 
Estas obligaciones no se aplican a los usuarios de agua que facturan menos de cien 
mil metros cúbicos anuales en el conjunto de municipios de suministro y que han 
optado por el sistema de estimación objetiva de la base establecido por el artículo 
67. En este último caso, la Agencia Catalana del Agua les liquida directamente el 
canon.»
11.  Se modifica la letra b del apartado 6 del artículo 78 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Gastos del organismo gestor imputables a la gestión de la obra de 
regulación, incluidos los financieros y los tributos que satisface la Agencia por la 
titularidad de la obra y por otros conceptos.»
12.  Se modifica el artículo 81 del texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 81.  Actualización.
Los valores base por unidad de volumen, el valor de la unidad de contaminación, 
los coeficientes y las fórmulas para determinarlos y la cifra o la cuantía de cualquier  es
otro elemento de cuantificación del tributo deben modificarse mediante las leyes de  bo
presupuestos de la Generalidad o mediante la modificación de esta ley.» 69ww
en m1a3t.e riSa ed ed eargougaas l ad ed iCspaotasliuciñóan. adicional undécima del texto refundido de la legislación
14.  Se añade una disposición transitoria, la duodécima bis, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria duodécima bis.  No exigibilidad del canon del agua a usos 
industriales efectuados por las entidades suministradoras que facturen menos 
de 20.000 metros cúbicos anuales.
Durante las anualidades 2019, 2020 y 2021, el canon del agua correspondiente 
a los usos de abastecimiento realizados a través de las redes básicas, y, en general, 
el abastecimiento en alta de otros servicios públicos de distribución de agua potable 
no se exigirá a las entidades suministradoras que facturen menos de 20.000 metros 
cúbicos anuales.»
15.  Se añade una disposición transitoria, la duodécima ter, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria duodécima ter.  Aplicación durante el año 2019 los 
supuestos de inexigibilidad de deudas en concepto de canon del agua.
No son exigibles a los entes locales, durante el 2019, las deudas tributarias por 
el concepto de canon del agua y sanciones tributarias asociadas pendientes de 
pago por parte de las entidades prestadoras del servicio de suministro domiciliario 
de agua, de conformidad con lo establecido por la disposición adicional vigésimo 
tercera, siempre que durante los años 2017, 2018 o 2019 los entes locales 
mencionados hayan procedido por motivos de interés público al rescate o la 
intervención de este servicio o concesión o a la recepción de la red de abastecimiento 
de agua potable de la urbanización o desarrollo urbanístico cuyo suministro ha 
generado la deuda, con independencia de su obligación de cumplimiento de las 
medidas cautelares que se dicten en el procedimiento ejecutivo que se siga con 
relación a la entidad deudora principal.»
16.  Se añade una disposición final, la primera bis, al texto refundido de la legislación 
en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición final primera bis.  Aplicación del artículo 74.
Los importes que determina el apartado 4 del artículo 74, en su redacción 
vigente, son aplicables a las liquidaciones que se emitan a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposición final en relación con volúmenes utilizados después 
del 1 de enero de 2018.»
17.  Se añade una disposición final, la primera ter, al texto refundido de la legislación 
en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición final primera ter.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto 
refundido.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, en sustitución del texto refundido 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. La autorización para  s
la refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar su  oe.
contenido.» w.
CAPÍTULO III
Impuesto sobre las viviendas vacías
Artículo 3.  Modificación de la Ley 14/2015 con relación al impuesto sobre las viviendas 
vacías.
Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto 
sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012, que 
queda redactado del siguiente modo:
«1.  Los sujetos pasivos que destinan parte de su parque de viviendas al 
alquiler asequible, directamente o mediante la Administración o entidades del tercer 
sector, pueden aplicar una bonificación en la cuota, en el porcentaje que indica la 
siguiente tabla, según la ratio de viviendas destinadas a alquiler asequible en 
municipios de Cataluña de demanda fuerte y acreditada, sobre el total de viviendas 
vacías sujetas al impuesto.
Porcentaje de viviendas destinadas a alquiler asequible Bonificación ( %)
Menos del 5 % 0,0
Del 5 % al 10 % 7,5
Más del 10 % y hasta el 25 % 22,5
Más del 25 % y hasta el 40 % 37,5
Más del 40 % y hasta el 67 % 56,3
Más del 67 % 75
CAPÍTULO IV
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Artículo 4.  Modificación de la Ley 5/2017 con relación al impuesto sobre grandes 
establecimientos comerciales
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y 
regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias 
en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  A efectos de lo que establece el apartado 1, se entiende por utilización de 
grandes superficies con fines comerciales la que llevan a cabo los siguientes 
establecimientos dedicados a la venta al detalle:
a)  Grandes establecimientos comerciales territoriales individuales que 
disponen de una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados.
b)  Grandes establecimientos comerciales territoriales colectivos, integrados  e.
por un conjunto de establecimientos en los que se llevan a cabo actividades  w.
comerciales, que disponen de una superficie de venta igual o superior a los 2.500  69ww
mloes trcoesn cturoasd racodomse. rScoianl egsra, nlades sg easltearbíalesc imcoiemnetorcs iacolemse yrc ilaolse sr teecrrinitotorisa lecso mcoelerccitaivleoss 
deqeufiinpiadmosie ennto se lc oDmeecrrecitaol else.y 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los  BOE-A-cable e
c)  Grandes establecimientos comerciales que disponen de una superficie de 
venta igual o superior a 1.300 metros cuadrados que estén situados fuera de la 
trama urbana consolidada o, en caso de que esta no esté definida, se encuentren 
situados fuera del núcleo histórico y de sus ensanches.»
2.  Se modifica, con efectos de 1 de enero de 2020, la tabla del apartado 2 del artículo 10 
de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, con la introducción de una nueva categoría de 
establecimiento especializado, «Ferreterías», con una ratio vehículo/día/m2 de superficie 
de venta de 0,0699.
CAPÍTULO V
Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
Artículo 5.  Modificación de la Ley 5/2017 con relación al impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos
1.  Se modifica el artículo 24 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos 
sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos 
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre 
emisiones de dióxido de carbono, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 24.  Afectación de los ingresos.
Los ingresos derivados del impuesto sobre las estancias en establecimientos 
turísticos quedan afectados a la dotación del Fondo para el fomento del turismo, 
regulado por la sección séptima, para atender las finalidades que se determinan en 
el mismo.
Los ingresos derivados del recargo a que se refiere el apartado 4 del artículo 34 
bis no se integran en este fondo y, por tanto, no quedan afectados a los fines 
determinados.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 5/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Constituye el hecho imponible del impuesto la estancia, por días o 
fracciones, con pernoctación o sin ella, que realizan los contribuyentes en los 
establecimientos y equipamientos turísticos a que se refiere el apartado 3, situados 
en Cataluña. En el caso de las embarcaciones de crucero turístico, se entiende 
realizado el hecho imponible cuando éstas estén fondeadas o amarradas en un 
puerto del territorio de Cataluña. A tal efecto, se considera que el buque queda 
amarrado en un puerto desde el momento en que se lanza el primer cabo durante el 
atraque hasta el momento en que el buque suelta la última amarra, y se considera 
que el barco está fondeado en un puerto desde el momento en que se fondea el 
ancla hasta el momento en que se quita el ancla del fondo.»
3.  Se modifica, con efectos de 1 de julio de 2020, el artículo 34 de la Ley 5/2017, que 
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 34.  Tipo de gravamen y cuota.
1.  La cuota tributaria se obtiene de multiplicar el número de estancias por el 
tipo del gravamen correspondiente según el tipo de establecimiento o equipamiento 
turístico y localización, de acuerdo con la tarifa siguiente:
Tarifa general (en euros)
Tarifa especial
Tipo de establecimiento
Barcelona  Resto de  (en euros)
ciudad Cataluña
1.   Hotel de 5 estrellas, gran lujo, camping de 
lujo y establecimiento o equipamiento de  3,50 3,00 5,00
categoría equivalente.
2.   Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas superior, 
y establecimiento o equipamiento de  1,70 1,20 3,50
categoría equivalente.
3.  Vivienda de uso turístico. 2,25 1,00 –
4.   Resto de campings y resto de 
1,00 0,60 2,50
establecimientos y equipamientos.
5.  Embarcación de crucero.
Más de 12 horas. 3,00 3,00
12 o menos o menos. 1,00 1,00
2.  La tarifa especial es aplicable a las estancias en los establecimientos que, 
dentro de un centro recreativo turístico, estén situados en las áreas en que se 
admiten actividades de juego y apuestas.
3.  En el supuesto de reserva anticipada del alojamiento, la tarifa aplicable es 
la vigente en el momento de realizar la reserva siempre que se satisfaga en este 
momento el importe de la reserva y del impuesto incluido, en su caso, el recargo al 
que se refiere el artículo 34 bis.»
4.  Se añade un artículo, el 34 bis, a la Ley 5/2017, con el siguiente texto:
«Artículo 34 bis.  Recargo para la ciudad de Barcelona
1.  El Ayuntamiento de Barcelona puede establecer, por ordenanza municipal, 
un recargo sobre las tarifas establecidas en el apartado 1 del artículo 34 para 
Barcelona ciudad. La aprobación de este recargo debe ajustarse a los siguientes 
requisitos, límites y condiciones:
a)  El importe máximo del recargo para cada categoría de establecimiento se 
fija en 4 euros.
b)  La aprobación del recargo debe ser único para todas las categorías incluidas 
en cada tipo de establecimiento en que se divide la tarifa del apartado 1. s
c)  Con el límite del importe máximo que establece la letra a y respetando el  oe.
tipo de establecimiento a que hace referencia la letra b, se pueden aprobar importes  w.
diferentes según el código postal de ubicación de los establecimientos. 69ww
inmedd) iatLaam aepnrtoeb paocsiótenr itoier nae l ae pfeucbtolicsa ac ipóanr dtire d lae lo prdriemnearn dzíaa  mdeuln piceirpíaold coo drree slipqouniddaiecniótne 
en el “Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona”.
2..  En los términos, plazos y condiciones que se acuerden por convenio, la 
Generalidad de Cataluña debe transferir al Ayuntamiento de Barcelona las 
cantidades recaudadas en concepto del recargo a que hace referencia este artículo 
minoradas en el importe que resulte del cálculo de los costes soportados por la 
Agencia Tributaria derivados de la gestión y recaudación del recargo.»
5.  Se modifica el artículo 35 de la Ley 5/2017, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 35.   Facturación.
El sustituto del contribuyente debe consignar en la factura que emita a sus 
clientes, de manera diferenciada de la contraprestación por sus servicios, el importe 
de la cuota del impuesto con indicación del número de unidades de estancia y del 
tipo de gravamen aplicado. En el caso de establecimientos situados en la ciudad de 
Barcelona, la cuota debe determinarse por la aplicación, al número de unidades de 
estancia, del importe resultante de sumar el tipo de gravamen del apartado 1 del 
artículo 34 y el recargo que haya aprobado el Ayuntamiento de acuerdo con el 
artículo 34 bis.»
6.  Se añade un artículo, el 50 bis, a la Ley 5/2017, con el siguiente texto:
«Artículo 50 bis.  Régimen transitorio del recargo para la ciudad de Barcelona.
1.  Lo que determina la letra c del apartado 1 del artículo 34 bis será aplicable 
a partir del momento en que la Agencia Tributaria de Cataluña haya efectuado en su 
sistema informático los cambios necesarios a tal efecto.
2.  El recargo a que se refiere el artículo 34 bis que el Ayuntamiento de 
Barcelona apruebe antes del 1 de julio de 2020, en su caso, tendrá efectos a partir 
de esta fecha.»
CAPÍTULO VI
Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida 
por la aviación comercial
Artículo 6.  Modificación de la Ley 12/2014 con relación al impuesto sobre la emisión de 
óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.
Se modifica el artículo 6 de la Ley 12/2014, del 10 de octubre, del impuesto sobre la 
emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del 
impuesto sobre el emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria 
y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.  Base imponible.
1.  La base imponible del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a 
la atmósfera producida por la aviación comercial está constituida por la cantidad, en 
kilogramos, de óxidos de nitrógeno emitida durante el ciclo LTO de las aeronaves 
durante el período impositivo. e
2.  Al efecto de determinar la base imponible de este impuesto, se aplicarán los  bo
factores de emisión que determina la guía de inventarios de emisiones EMEP/EEA,  69ww
dicenoelc fr larluaeci dstAopogros ed nenednc ie eiaemn sEttieasu i arógolnu pm ídaeoe adtl o edmrbe ioe nMt soaetrpa dlqliaicuodae Aor,s  mpeeon ber iel e sfnsauttcsoet s.oc  Earm nrdao eecd tele ecmlroaíissss toidióc enda  esad  eetmércocolanndraieacvladoesos   y spd,e oeear n a ee eslq rufoua ndibpaeraivfcreeaac nbntotloee,     OE-A-2020-55able en https://
en cuanto a la emisión de óxidos de nitrógeno. En el caso de los helicópteros, los
factores de emisión aplicables son los establecidos la Oficina Federal de Aviación 
Civil de Suiza.
3.  La base imponible de este impuesto se calcula sumando las bases 
imponibles parciales que resultan de multiplicar, por cada modelo de aeronave del 
contribuyente, el número de vuelos anuales por el factor de emisión de óxidos de 
nitrógeno correspondiente a ese modelo de aeronave.»
CAPÍTULO VII
Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas
Artículo 7.  Modificación de la Ley 5/2017 con relación al impuesto sobre bebidas 
azucaradas envasadas.
Se modifica, con efectos del primer día del trimestre siguiente a la entrada en vigor de 
esta ley, el artículo 76 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos 
sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos 
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre 
emisiones de dióxido de carbono, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 76.  Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen del impuesto es el siguiente:
a)  0,10 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar de entre 5 y 8 
gramos por 100 mililitros.
b)  0,15 euros por litro para bebidas con un contenido de azúcar superior a 8 
gramos por 100 mililitros.
En el caso de preparados solubles y jarabes concentrados preparados para 
diluir, el tipo se aplica a la bebida en base a su composición una vez se encuentra 
reconstituida y preparada para ser consumida.»
CAPÍTULO VIII
Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente
Artículo 8.  Naturaleza, objeto y afectación parcial del impuesto.
1.  El impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente es un tributo 
propio de la Generalidad de Cataluña.
2.  Este impuesto grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que ocasiona la 
realización de las actividades a que hace referencia el artículo 9 sobre el medio ambiente 
en Cataluña, mediante las instalaciones y otros elementos patrimoniales afectos a las 
mismas, con el fin de contribuir a compensar la sociedad del coste que soporta y frenar el 
deterioro del entorno natural.
3.  A los efectos del impuesto se considera elemento patrimonial afecto cualquier tipo 
de bien, instalación o estructura que se destine a las actividades de producción, 
almacenamiento, transformación y transporte efectuado por elementos fijos del suministro  s
de energía eléctrica, así como los elementos fijos de las redes de comunicaciones  oe.
telefónicas o telemáticas, y que se encuentran situados en Cataluña. w.
sigu4ie. nteSse: afectan parcialmente los ingresos derivados del impuesto en los términos  2020-5569n https://ww
elécatr)i caE le 2fe0c %tu addea lo pso inr gloress oesle rmeleanctioosn afdijooss  cdoenl  lsausm aicntiisvtidroa ddees  ednee trrganías peolértcet rdicea e dneerbgeína   BOE-A-cable e
financiar medidas y programas de carácter medioambiental, de transición energética y de
desarrollo y mejoramiento de las zonas afectadas por el impacto medioambiental de la 
producción de energía eléctrica.
b)  El 20 % de los ingresos relacionados con la actividad de transporte de telefonía 
efectuada por los elementos fijos, y también la actividad de alojamiento y gestión de 
elementos radiantes para el transporte de las comunicaciones electrónicas efectuadas por 
los elementos fijos que configuran las diferentes redes deben financiar programas de 
desarrollo de redes de comunicaciones electrónicas en zonas rurales y programas 
sectoriales de impulso de las tecnologías de la información y la comunicación en estas 
zonas.
Artículo 9.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la realización por el sujeto pasivo, 
mediante los elementos patrimoniales afectos a que hace referencia el artículo 8, de 
cualquiera de las siguientes actividades:
a)  Las actividades de producción, almacenamiento o transformación de energía 
eléctrica.
b)  La actividad de transporte de energía eléctrica efectuada por los elementos fijos 
del suministro de energía eléctrica.
c)  La actividad de transporte de telefonía efectuada por los elementos fijos de las 
redes de comunicación.
d)  La actividad de alojamiento y gestión de elementos radiantes para el transporte de 
las comunicaciones electrónicas efectuadas por los elementos fijos que configuran las 
diferentes redes.
Artículo 10.  Supuestos de no sujeción.
No están sujetos al impuesto las siguientes actividades:
a)  Las que se llevan a cabo mediante instalaciones y estructuras que se destinan a 
la producción y almacenamiento de los productos a que se refiere el artículo 9 para el 
autoconsumo.
b)  La producción de energía eléctrica en plantas de tratamiento de purines y en 
plantas de secado de lodos de depuradora.
c)  La producción de energía eléctrica en instalaciones que utilicen como energía 
primaria principal la energía solar, la eólica, la hidráulica, y el resto de renovables.
d)  La producción de energía eléctrica en centrales que utilizan como combustible 
principal la biomasa o el biogás.
e)  La producción de energía eléctrica en instalaciones de cogeneración de alta 
eficiencia.
Artículo 11.  Exenciones.
Quedan exentas de la aplicación del impuesto las actividades que se llevan a cabo 
mediante:
a)  Las instalaciones y las estructuras de titularidad del Estado, la comunidad 
autónoma, las corporaciones locales, así como los organismos autónomos y otros entes 
del sector público que sean medio propio, siempre que su explotación no haya sido cedida  es
a una entidad privada por medio de una concesión. bo
b)  Las instalaciones y estructuras que se destinan a la circulación de ferrocarriles. 69ww
tdeen secinó)e nr giLníafaes re ieolésrc taatr c3ici0oa nk ceVos ny t  rleaansne slírfngoeíramassa  redelonérocatvsrai cdbaelse  esd.nee ergvaíac uealécciótrnic dae,  lianss traeladceiso ndees  ddiset rgibeuneciróanc ióenn   OE-A-2020-55able en https://
Artículo 12.  Obligados tributarios.
1.  Son obligados tributarios, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas 
y las entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica 
o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por 
la normativa tributaria general, que lleven a cabo cualquiera de las actividades a que hace 
referencia el artículo 9.
2.  Queda prohibida la repercusión del impuesto a los consumidores. Esta prohibición 
no puede ser alterada mediante pactos o acuerdos en contrario entre las partes.
3.  Son responsables solidarios de la deuda tributaria, en los términos establecidos 
por la Ley general tributaria, las personas físicas, jurídicas o entidades que sin tener 
personalidad jurídica constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible 
de imposición, que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o el ejercicio de las 
actividades sometidas a gravamen por esta ley.
Artículo 13.  Base imponible.
1.  La base imponible para las actividades relacionadas con los procesos de 
producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica, está constituida por la 
producción bruta del período impositivo, expresada en kWh.
2.  La base imponible está constituida, según los casos, de la siguiente manera:
a)  En las actividades de transporte de energía eléctrica, por la extensión de cableado 
aéreo expresado en kilómetros en la fecha de devengo.
b)  En las actividades de transporte de telefonía y telemática efectuadas por 
elementos fijos, por la extensión de cableado aéreo expresado en kilómetros en la fecha 
de devengo.
c)  En las actividad de alojamiento y gestión de elementos radiantes, por el número 
de torres de telecomunicaciones en la fecha de devengo.
Artículo 14.  Cuota tributaria.
1.  En el caso de actividades de producción, almacenamiento o transformación de 
energía eléctrica, el tipo de gravamen es de:
a)  0,0050 euros por kWh, con carácter general.
b)  0,0010 euros por kWh, en caso de que la actividad sea efectuada por instalaciones 
de ciclo combinado.
2.  En caso de inicio o cese de la actividad, la cuota tributaria resulta de prorratear el 
importe anual por el número de días del período impositivo en que se ha llevado a cabo la 
actividad.
3.  El tipo de gravamen en el caso de transporte de energía eléctrica es de 400 euros 
por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior a 30 kV e inferior a 110 kV; 700 
euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior a 110 kV e inferior o igual 
a 220 kV, y 1.200 euros por cada kilómetro de longitud en tensión superior a 220 kV. En 
caso de que una misma línea de transporte de energía eléctrica disponga de varios 
circuitos con niveles de tensión diferentes, la cuota tributaria será la correspondiente al 
nivel de tensión superior.
4.  El tipo de gravamen en el caso de la actividad de transporte de telefonía o  es
telemática efectuada por los elementos fijos es de 700 euros por cada kilómetro de longitud  bo
de cable aéreo. 69ww
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caso de que la instalación o los elementos fijos se encuentren en desuso.
Artículo 15.  Bonificaciones.
1.  El contribuyente puede aplicar en la cuota correspondiente a las actividades de 
transporte de energía eléctrica la siguiente bonificación por cada kilómetro de longitud de 
cable que haya enterrado durante los doce meses anteriores a la fecha de devengo del 
impuesto:
a)  50 euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior a 30 kV e 
inferior a 110 kV.
b)  87,50 euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior a 110 kV e 
inferior o igual a 220 kV.
c)  150 euros por cada kilómetro de longitud en tensión superior a 220 kV.
2.  El contribuyente puede aplicar en la cuota correspondiente a la actividad de 
transporte de telefonía o telemática efectuada por los elementos fijos una bonificación 
de 87,50 euros por cada kilómetro de longitud de cable aéreo que haya enterrado durante 
los doce meses anteriores a la fecha de devengo del impuesto.
3.  De la aplicación de las bonificaciones no pueden resultar en ningún caso 
autoliquidaciones con cuotas negativas.
Artículo 16.  Período impositivo.
1.  A los efectos de la exacción del impuesto, el período impositivo se inicia, para el 
ejercicio 2020, el día de la entrada en vigor de la presente ley.
2.  En el caso de las actividades a que hace referencia la letra a del artículo 9, dado 
el carácter continuado del hecho imponible, el período impositivo coincide con el año 
natural, y en todo caso entra en vigor el primer día del trimestre natural siguiente a la 
entrada en vigor de la presente ley.
Artículo 17.  Devengo.
1.  En el caso de las actividades a que hace referencia la letra a del artículo 9, el 
impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año. En caso de cese de la actividad 
antes de esa fecha, el impuesto se devenga en la fecha del cese.
2.  En el caso de las actividades a que hace referencia las letras b, c y d del artículo 9, 
el impuesto no está sujeto a período impositivo y se devenga el 30 de diciembre de cada 
año.
Artículo 18.  Autoliquidación y plazo y forma de presentación e ingreso.
1.  En el caso de las actividades a que hace referencia la letra a del artículo 9, los 
contribuyentes están obligados a presentar la autoliquidación del impuesto y efectuar el 
ingreso correspondiente entre los días 1 y 20 del mes de enero siguiente a la fecha de 
devengo.
2.  En el caso de las actividades a que hacen referencia las letras b, c y d del artículo 
9, los contribuyentes están obligados a presentar la autoliquidación del impuesto y a 
efectuar su correspondiente ingreso entre los días 1 y 20 del mes de octubre siguiente a la 
fecha de devengo.
3.  Tanto el ingreso de los pagos fraccionados a que hace referencia el artículo 19 
como el de la deuda tributaria derivada de la autoliquidación deben hacerse por vía  es
telemática en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Cataluña. bo
4.  El modelo de autoliquidación debe aprobarse por orden del consejero del  69ww
dAertpíca1ur. tloa mE1ne9 n. etol P ccaaogsmoop sde fetrea lncactsei o aencnat idmvoidasat.edreias  dae  qhuaec iheancdea .referencia la letra a del artículo 9, los  BOE-A-2020-55cable en https://
contribuyentes deben efectuar, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril,
julio y octubre de cada año natural, pagos fraccionados trimestrales en concepto de pagos 
a cuenta del período impositivo en curso.
2.  El importe a ingresar en concepto de pago fraccionado se obtiene de aplicar el tipo 
de gravamen establecido por el apartado 1 del artículo 14 al resultado de dividir por cuatro 
el promedio de la producción bruta de los tres años naturales anteriores expresada 
en kWh. A este efecto, se considera año natural el comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de cada año.
3.  Los pagos fraccionados efectuados durante el período impositivo deben deducirse 
de la cuota tributaria resultante de la autoliquidación a que hace referencia el apartado 1 
del artículo 18.
Artículo 20.  Gestión, recaudación e inspección.
La gestión, recaudación, comprobación e inspección del impuesto corresponden a los 
servicios centrales de la Agencia Tributaria de Cataluña, sin perjuicio de la colaboración 
con los órganos de inspección sectorialmente competentes en la materia.
Artículo 21.  Infracciones y sanciones.
1.  Las infracciones tributarias producidas en el ámbito de este impuesto se tipifican y 
se sancionan de acuerdo con lo establecido por la normativa general aplicable a los 
tributos propios de la Generalidad.
2.  La tramitación del procedimiento sancionador y la imposición, si procede, de sanciones 
tributarias corresponden a los órganos competentes de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Artículo 22.  Recursos y reclamaciones.
Los actos de gestión, inspección y recaudación dictados en el ámbito del impuesto 
pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa ante la Junta de Tributos, sin 
perjuicio de la interposición previa, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el acto impugnado.
Artículo 23.  Desarrollo y aplicación del impuesto.
1.  Mediante la Ley de presupuestos de la Generalidad pueden modificarse los 
elementos de cuantificación del impuesto.
2.  En la aplicación del impuesto rige supletoriamente la legislación general tributaria 
aplicable en Cataluña y las normas complementarias que la desarrollan.
CAPÍTULO IX
Tasas
Sección primera.  Modificación del título I del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2008, de 25 de junio
Artículo 24.  Beneficios fiscales de las tasas.
Se deroga el apartado 3 del artículo 1.2-7 de la Ley de tasas y precios públicos. e.e
Artículo 25.  Modificación de la regulación de la gestión de la tasa. 69ww
quedSae  rmedoa«dc1ift.iac adL oea ld  aegple assirtgtióaundie,o n la1te  dl imqeulo iaddroatí:cciuólno  y1 .l2a- 9re dcea ulad aLceiyó nd ed eta scaasd ay  tparseac icoosr preúsbpliocnodse, nq uael   BOE-A-2020-55cable en https://
departamento o a la entidad autónoma o entidad gestora que debe prestar el
servicio o realizar la actividad que han sido gravados, o que interviene en la cesión 
de la utilización privativa o en el aprovechamiento especial del dominio público. 
Corresponden a la Oficina de Gestión Empresarial, en colaboración con los 
departamentos competentes, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas 
asociadas a los trámites y servicios que tenga atribuidos por cualquier medio y que 
constan en su catálogo de servicios.
Las funciones inspectoras corresponden al Departamento de la Vicepresidencia 
y de Economía y Hacienda, que las ejerce tanto con relación al tributo como con 
relación a los órganos que tienen encomendada su gestión, sin perjuicio de que 
pueda establecerse, en la regulación de cada tasa, la colaboración del órgano titular 
de la tasa en la función inspectora.»
Sección segunda.  Modificación del título III bis del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 26.  Supresión de la tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y 
derechos afectos al servicio de la Administración de justicia.
Se deroga el capítulo II del título III bis del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y 
derechos afectos al servicio de la Administración de justicia.
Artículo 27.  Creación de la tasa por la realización de sesiones fotográficas, filmaciones y 
similares en los espacios y equipamientos adscritos al departamento competente en 
materia de justicia, directamente o mediante sus entes instrumentales.
Se añade un capítulo, el III, al título III bis de la Ley de tasas y precios públicos, con el 
siguiente texto:
«CAPÍTULO III
Tasa por la realización de sesiones fotográficas, filmaciones y similares 
en los espacios y equipamientos adscritos al departamento competente 
en materia de justicia directamente o mediante sus entes instrumentales
Artículo 3 bis.3-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de sesiones fotográficas, 
filmaciones y similares en los espacios y equipamientos adscritos al departamento 
competente en materia de justicia directamente o mediante sus entes instrumentales.
Artículo 3 bis.3-2.  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, la persona física o 
jurídica, pública o privada, que solicite la realización de las actividades que 
constituyen el hecho imponible de la tasa.
Artículo 3 bis.3-3  Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se autoriza la utilización del espacio 
correspondiente,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  se  establezca  e.
reglamentariamente. w.
Artíc1au.)  lo EL3la  bi mdisup.3roa-r4tcei ó dnCe,  uleaon tt aahs.oar adse bpeo rr edsíual,t adre d lea  lau tailpizliaccaicóinó nd deel  elossp asicgioui.entes elementos: BOE-A-2020-55cable en https://
b)  La finalidad del acto o la actividad que debe llevarse a cabo.
c)  La realización de vídeos, spots comerciales, filmaciones y rodajes para 
cadenas de televisión, para el cine y similares.
d)  La realización de sesiones fotográficas.
2.  El establecimiento de la cuantía de la tasa se efectúa mediante orden de la 
persona titular del departamento competente en materia de justicia, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa en materia de elaboración de disposiciones 
reglamentarias, y previo informe de la Intervención Delegada. En el expediente de 
elaboración de la orden debe justificarse asimismo que las cuantías propuestas 
resultan de la aplicación de los criterios establecidos por el apartado 1 y que 
cumplen el principio de equivalencia al que se refiere el artículo 1.2-8.
Artículo 3 bis.3-5  Liquidación y pago
La liquidación de la tasa es un requisito previo para la realización de la actividad 
autorizada. La liquidación y el ingreso deben efectuarse mediante autoliquidación en 
la forma y los plazos que se establezcan por reglamento.
Artículo 3 bis.3-6  Gestión.
La gestión de la tasa corresponde al departamento competente en materia de 
justicia.»
Artículo 28.  Creación de la tasa por la realización de visitas técnicas y culturales en grupo 
en los espacios y equipamientos adscritos al departamento competente en materia de 
justicia, directamente o mediante sus entes instrumentales
Se añade un capítulo, el IV, al título III bis de la Ley de tasas y precios públicos, con el 
siguiente texto:
«CAPÍTULO IV
Tasa por la realización de visitas técnicas y culturales en grupo 
en los espacios y equipamientos adscritos al departamento competente 
en materia de justicia, directamente o mediante sus entes instrumentales
Artículo 3 bis.4-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de visitas técnicas y 
culturales en grupo en los espacios y equipamientos adscritos al departamento 
competente en materia de justicia, directamente o mediante sus entes instrumentales.
Artículo 3 bis.4-2  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, la persona física o 
jurídica, pública o privada, que solicite la visita que constituye el hecho imponible de 
la tasa.
Artículo 3 bis.4-3  Exenciones.
Están exentas de la tasa:
a)  Las visitas que realicen colectivos de profesionales relacionados con la  o
Administración de justicia. 69ww
peúnbselbcicñ))  oasnLL zoaaa ssps  r vvirviesiasgitidlataaosdss aq. qsu ueqe ur eerae ilmaiclepicnae rlntoa snla .cse nutnroivse drsei deandseeñsa pnúzbal idcea sp reimna erila  my asreccou nddea rlaias,   OE-A-2020-55able en https://
d)  Las visitas que realicen las entidades sin ánimo de lucro.
Artículo 3 bis.4-4   Acreditación.
La tasa se acredita en el momento en que se autoriza la utilización del espacio 
o equipamiento correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente.
Artículo 3 bis.4-5  Cuota.
1.  El importe de la tasa debe resultar de la duración de la visita en horas por 
día y del número de personas.
2.  El establecimiento de la cuantía de la tasa se efectúa mediante orden de la 
persona titular del departamento competente en materia de justicia, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa en materia de elaboración de disposiciones 
reglamentarias, y previo informe de la Intervención Delegada. En el expediente de 
elaboración de la orden debe justificarse asimismo que las cuantías propuestas 
resultan de la aplicación de los criterios establecidos por el apartado 1 y que 
cumplen el principio de equivalencia al que se refiere el artículo 1.2-8.
Artículo 3 bis.4-6  Liquidación y pago.
La liquidación de la tasa es un requisito previo para la realización de la actividad 
autorizada. La liquidación y el ingreso deben efectuarse mediante autoliquidación en 
la forma y los plazos que se establezcan por reglamento.
Artículo 3 bis.4-7  Gestión.
La gestión de la tasa corresponde al departamento competente en materia de 
justicia.»
Sección tercera.  Modificación del título IV del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 29.  Modificación de la tasa por la gestión técnica facultativa de los servicios 
agronómicos.
1.  Se deroga el apartado 1.3.2 del artículo 4.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos.
2.  Se deroga el apartado 1.3.3 del artículo 4.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos.
3.  Se modifica el apartado 1.3.5 del artículo 4.2-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.3.5  Duplicado de certificados de inscripción y de baja: 7,35 euros.»
4.  Se modifica el apartado 1.3.6 del artículo 4.2-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.3.6  Inscripción de maquinaria agrícola, arrastrada o suspendida: equipos 
de distribución de fertilizantes y equipos de tratamientos para la aplicación de 
productos fitosanitarios, equipos de aplicación de fitosanitarios instalados en 
aeronaves, invernaderos, en otros locales cerrados o al aire libre, equipos para el 
trabajo de suelo, equipos de siembra, y el resto de maquinaria agrícola: 7,35 euros.»
Artículo 30.  Modificación de la tasa por la prestación de servicios facultativos veterinarios. es
1.  Se modifica el apartado 5 del artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios públicos,  w.
que queda redactado del siguiente modo: 69ww
para« 5é.q uiPdoors  ldae e xcprieadnizcaió yn  rdeenl tdao:cumento de identificación equina (DIE o pasaporte)  OE-A-2020-55able en https://
5.1  Por la expedición del documento de identificación equina (DIE o pasaporte)  Bc
para équidos de crianza y renta: 9,15 euros.
5.2  Por la expedición de un duplicado o renovación del documento de 
identificación equina (DIE o pasaporte) para équidos de crianza y renta y para 
équidos de razas autóctonas catalanas registradas: 16,25 euros.
En caso de que el duplicado del DIE comporte un cambio de titular previo: 30,00 
euros.
5.3  Por la modificación de datos del documento de identificación equina (DIE 
o pasaporte) para cualquier tipo de équido: 2,60 euros.
Si la modificación consiste en el cambio de titularidad de los équidos para una 
explotación equina de operadores comerciales o de producción/reproducción, la 
tasa es de 2,60 euros por el primer animal y de 0,20 euros por el resto.»
2.  Se añade un apartado, el 13, al artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«13.  Por la realización de controles veterinarios a los operadores de productos 
destinados a la alimentación animal y que estén relacionados específicamente con 
la exportación de estos productos: 100,00 euros.»
3.  Se añade un apartado, el 14, al artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«14.  Por los derechos de examen relativo a la habilitación de veterinarios para 
la emisión de atestaciones sanitarias respecto a productos destinados a la 
alimentación animal o subproductos animales y productos derivados no destinados 
al consumo humano (SANDACH) con destino la exportación: 50,00 euros.»
4.  Se añade un apartado, el 15, al artículo 4.3-5 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«15.  Por el suministro de la tuberculina necesaria para la realización de la 
intradermotuberculinización (IDT) exigida para la exportación de ganado a países 
terceros: vial de 50 dosis, 7 euros.»
5.  Se modifica el artículo 4.3-6 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.3-6.  Bonificaciones.
El importe de las tasas por los servicios a los que se refiere el apartado 2.1 del 
artículo 4.3-5 se reduce en un 30 % en caso de que las personas interesadas 
presenten la solicitud de extensión de la documentación sanitaria de traslado, por 
los medios telemáticos específicos establecidos por el departamento competente en 
materia de ganadería y sanidad animal, y en un 50 % si la tramitación la llevan a 
cabo los veterinarios habilitados para hacerlo o si la tramitación la realizan 
directamente los ganaderos telemáticamente para el traslado de ganado a otras 
comunidades autónomas con las que se haya acordado esta posibilidad.»
Artículo 31.  Modificación de la tasa por los servicios de laboratorios de sanidad agraria 
dependientes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 4.4-5 de la Ley de tasas y precios públicos,  e.
que queda redactado del siguiente modo: w.
«333..12.    AAPngreáluclitisipniisata cscieóiórnon:l :ó2 3g e iecuoursroo sys. .muestras procedentes de tejidos y fluidos animales: OE-A-2020-55able en https://
3.3  Fijación del complemento: 5 euros.
3.4  ELISA: 6 euros.
3.5  Inmunodifusión en agar-gel: 8 euros.
3.6  Inmunohistoquímico: 14 euros.
3.7  Inmunotransferencia (immunoblotting): 10 euros.
3.8  Serumneutralización: 10 euros.
3.9  Aislamiento e identificación bacteriológicos en muestras procedentes de 
tejidos o fluidos animales: 25 euros.
3.10  Diagnóstico diferencial abortos: 20 euros.
3.11  Determinación de resistencia antimicrobiana: 25 euros.
3.12  Reacción en cadena por la polimerasa (PCR): 15 euros.
3.13  Parásitos en heces (coprològic): 15 euros.
3.14  Identificación de varroasis: 0,5 euros.
3.15  Identificación y recuento de Nosema spp: 2 euros.
3.16  Identificación de Tropilaelaps spp: 0,10 euros.
3.17  Identificación de Aethina tumida: 0,10 euros.»
2.  Se añaden los apartados 6.5 y 6.6 al artículo 4.4-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, con la siguiente redacción:
«6.5  Análisis de la bacteria Xanthomonas arboricola pv pruni en aplicación del 
programa de autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material 
vegetal: 5,80 euros.
6.6  Análisis de la bacteria Erwinia amylovora en aplicación del programa de 
autocontroles del Registro oficial de los proveedores de material vegetal: 5,80 
euros.»
3.  Se añade el artículo 4.4-7 al capítulo IV del título IV de la Ley de tasas y precios 
públicos, con la siguiente redacción:
«4.4-7.  Bonificaciones.
»El importe de las tasas por los servicios a los que se refiere el punto 3 del 
artículo 4.4-5, cuando una persona, física o jurídica, solicite de una vez la realización 
de un número de determinaciones, está sujeto a las siguientes bonificaciones:
a)  De 1 a 10 determinaciones: 0 %.
b)  De 11 a 25 determinaciones: 25 %.
c)  De 26 a 100 determinaciones: 50 %.
d)  Más de 100 determinaciones: 60 %.
e)  En las solicitudes de análisis en sanidad animal para la asistencia a 
certámenes ganaderos definidos en los apartados d.2 a d.5 del artículo 2 del 
Decreto 83/2012, de 17 de julio, sobre regulación de certámenes y otras 
concentraciones de animales vivos en Cataluña se aplica un descuento del 50 %.»
Artículo 32.  Supresión de la tasa por la verificación del cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio (BPL) de un laboratorio que realiza estudios no clínicos sobre 
productos agroalimentarios y de la inspección por la verificación del cumplimiento de 
las buenas prácticas de laboratorio en la elaboración de estudios no clínicos con 
productos agroalimentarios.
Se deroga el capítulo V del título IV del texto refundido de la Ley de tasas y precios  oe.
públicos, que regula la tasa por la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de  w.
lapagrbároocratailcitmaosrei ondt ae(Br iolPasLb )yo  rddaeeto  luraino i  nleasnpbe olcraac itóeonlrai opb aoqrruaae cl aióh nvae crdeife ice aesctsuitóudndio idose sln  conu omc lcípnllíiinmciocieson sst ooc bdorene   lappsrro obdduuueccnttooasss    2020-5569n https://ww
agroalimentarios.
Artículo 33.  Modificación de la tasa por la inscripción en registros oficiales en materia de 
explotaciones ganaderas, de establecimientos de alimentación animal, subproductos 
animales y productos derivados no destinados al consumo humano y de transportistas 
y medios de transporte de animales vivos.
Se modifica el apartado 3 del artículo 4.15-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«3.  La cuota de la tasa en el registro de transportistas y medios de transporte 
de animales vivos es:
a)  Transportistas:
– 20 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, la tramitación 
de la solicitud de la inscripción para la modificación de los datos registrales del 
transportista y por la emisión de duplicados de la autorización de transportista.
– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación.
b)  Medios de transporte por carretera:
– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial, para la 
modificación de los datos registrales de los medios de transporte que realizan 
trayectos de duración igual o superior a ocho horas y por la emisión de duplicados 
de los certificados de aprobación los medios de transporte.
– 10 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación de los 
medios de transporte que realizan trayectos de duración igual o superior a ocho horas.
c)  Buques de transporte de animales:
– 600 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción inicial del buque.
– 600 euros por la tramitación de la solicitud de inscripción de renovación.
– 150 euros por la emisión de duplicados de los certificados de aprobación de 
los buques.»
Artículo 34.  Modificación de la tasa por la tramitación de los planes de gestión de 
deyecciones ganaderas.
1.  Se modifica el artículo 4.16-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.16-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la presentación del plan de gestión de 
las deyecciones ganaderas o la modificación del plan.»
2.  Se modifica el artículo 4.16-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.16-2.  Sujeto pasivo.
Es sujeto pasivo de la tasa la persona física o jurídica titular de un plan de 
gestión de las deyecciones ganaderas, correspondiente a una o varias explotaciones  s
ganaderas.» e.
3.  Se modifica el artículo 4.16-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda  69ww
redacta«dAort ídceull os i4g.u1ie6n-3te.  mAocdroe:ditación. OE-A-2020-55able en https://
La tasa se acredita en el momento en que se presenta a la Administración  Bc
competente el plan de gestión de las deyecciones ganaderas o su modificación.
Debe hacerse efectiva en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente de su presentación.»
4.  Se modifica el artículo 4.16-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.16-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es:
1.1  Por las explotaciones ganaderas incluidas en el anexo I de la Ley 20/2009, 
de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades: 200 euros.
1.2  Por las explotaciones ganaderas incluidas en el anexo II de la Ley 20/2009, 
de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades: 100 euros.
1.3  Para el resto de explotaciones ganaderas: 30 euros.
En el caso de un plan conjunto de gestión de las deyecciones ganaderas, la 
cuota es la que resulta de aplicar los criterios anteriores en función del número de 
explotaciones de cada tipo que modifican aspectos dentro del plan de gestión.»
Sección cuarta.  Modificación del título V del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 35.  Modificación de las tasas de la Agencia Catalana del Agua
Se modifica el apartado 2 del artículo 5.1-5 de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.1-5.  Cuota.
2.  La cuota de la tasa en el supuesto de emisión de informes o peticiones 
diversas de información es la siguiente:
a)  Emisión de informes:
a).1  Con carácter general: 100 euros.
a).2  Si los informes se emiten en el marco de la legislación urbanística 
aplicable: 300 euros.
a).3  Si los informes se emiten en actuaciones urbanísticas para aprobar 
proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable, 
en el marco legal determinado por el artículo 48.1.e del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio: 100 
euros.
b)  Respuestas a peticiones de información:
b).1  Si la petición de información se refiere a memorias, apéndices o anexos: 
100 euros.
b).2  Si la petición se refiere a modelos matemáticos, las cuotas son las 
siguientes:
Modelización hidrológica: 1.500 euros. e.e
Modelización hidráulica: 750 euros.» b
Artículo 36.  Modificación de tasa por el acceso a las infraestructuras de saneamiento en alta.
1.  Se modifica el artículo 5.2-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.2-1.  Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa el acceso a las infraestructuras de 
saneamiento en alta existentes, o a las previstas en el programa de saneamiento de 
aguas residuales urbanas o en el instrumento de planificación hidrológica vigente, 
con relación a las siguientes actuaciones urbanísticas:
a)  De nueva urbanización.
b)  De reforma o renovación de la urbanización, cuando comporten un 
incremento de generación de aguas residuales, ya sea como consecuencia de una 
mayor edificabilidad o densidad del uso urbanístico o como consecuencia de un 
cambio del uso urbanístico.
c)  De cambios en el suelo no urbanizable que impliquen un incremento de 
aguas residuales.
2.  Quedan exentos del pago de la tasa los supuestos de acceso a las 
infraestructuras de saneamiento existentes o previstos en la planificación con relación 
a actuaciones urbanísticas en sectores pendientes de regularizarse desde antes de 
la aprobación del Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas 2005.»
2.  Se modifica el artículo 5.2-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 5.2-3.  Acreditación.
1.  La tasa se acredita en el momento de emisión del informe favorable de la 
Agencia Catalana del Agua sobre la solución de saneamiento colectiva propuesta en 
el proyecto de urbanización de la actuación urbanística correspondiente, o en la 
actuación propuesta en suelo no urbanizable si la ejecución material no comporta un 
proyecto de urbanización. La Agencia, junto con el informe, comunica la liquidación, 
con un plazo de pago de un año a contar desde el día siguiente al de la notificación.
2.  En el momento de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
debe quedar probado que el sujeto pasivo ha abonado la tasa a la Agencia.
3.  Para los casos de actuaciones urbanísticas en suelo no urbanizable debe 
quedar probado que el sujeto pasivo ha abonado la tasa a la Agencia en el momento 
de la emisión de la licencia de obras municipal.»
3.  Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada de la siguiente manera, con la condición de que los valores 
para el cálculo de la cuota son aplicables a las liquidaciones que no hayan quedado firmes 
a la fecha de entrada en vigor de esta modificación:
«b)  Uso de colectores en alta existentes (C): C = 28 * HE * L.
Siendo (L) la longitud de red en alta existente utilizada, expresada en kilómetros, 
desde la conexión al sistema hasta la EDAR, y (HE) los habitantes equivalentes de 
los nuevos desarrollos, según las expresiones siguientes, calculados a partir del 
número de parcelas o de habitaciones que se construirán, en caso de desarrollos  s
residenciales, el número de hectáreas netas (en el caso de planeamiento industrial  oe.
y terciario) y el punto de conexión a sistema de saneamiento en alta: w.
Residencial. 2,6 Habitantes equivalentes por parcela o número de habitaciones.
Industrial. 60 Habitantes equivalentes por hectárea neta.
Terciario. 50 Habitantes equivalentes por hectárea neta.»
4.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«4.  En el caso de incrementos de edificabilidad, con aumento de carga o 
caudal del sistema de saneamiento, en caso de sectores pendientes de regularizarse 
ya conectados a sistema de saneamiento público, la cuota corresponde a las 
cantidades resultantes del incremento.»
5.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 5.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«5.  La gestión y recaudación de esta tasa puede delegarse en el ente gestor 
del sistema de saneamiento, en las condiciones y con el alcance que se determinen 
por reglamento.»
Sección quinta.  Modificación del título VI del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 37.  Supresión de la tasa por la verificación previa a la emisión de valores que serán 
admitidos a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en Cataluña.
Se deroga el capítulo III del título VI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la verificación previa a la emisión de valores que serán 
admitidos a negociación exclusivamente en los mercados de valores situados en Cataluña.
Artículo 38.  Modificación de la tasa por la realización de valoraciones previas en el 
ámbito de los tributos que gestiona la Generalidad de Cataluña.
1.  Se modifica el artículo 6.5-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.5-3.  Acreditación.
La tasa se acredita con la realización de la valoración. La acreditación del pago 
de la tasa se exige como condición previa para admitir a trámite la solicitud de 
valoración.»
2.  Se añade un artículo, el 6.5-5, a la Ley de tasas y precios públicos, con el siguiente texto:
«Artículo 6.5-5.  Autoliquidación y pago.
1.  La tasa se exige en régimen de autoliquidación y debe hacerse efectiva 
mediante el correspondiente ingreso.
2.  El modelo de autoliquidación debe aprobarse por orden del consejero del 
departamento competente en materia tributaria.»
Sección sexta.  Modificación del título VIII del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 39.  Modificación de la tasa por las reproducciones de documentos de archivos
Se modifica el artículo 8.6-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda redactado  o
del siguiente modo: 69www.
«Artículo 8.6-4.  Cuota.
El importe de la cuota corresponde a los siguientes conceptos:
1.  Fotocopias en blanco y negro: 0,10 euros.
2.  Impresiones de imágenes digitales.
2.1  A 300 puntos por pulgada (ppp), en papel fotográfico digital, en blanco y 
negro o en color:
Tamaño DIN A4: 9,90 euros.
Tamaño DIN A3: 11,55 euros.
2.2  A 150 puntos por pulgada (ppp) o 72 puntos por pulgada (ppp), en papel 
normal, en blanco y negro o en color:
Tamaño DIN A4: 0,25 euros.
Tamaño DIN A3: 0,65 euros.
Tamaño DIN A2: 2,05 euros.
Tamaño DIN A1: 4 euros.
Tamaño DIN A0: 6,55 euros.
3.  Digitalización.
3.1  Digitalización en blanco y negro o en color enviada por Internet.
1 imagen a 300 ppp: 2 euros.
3.2  Digitalización en blanco y negro o color enviada por Internet.
1 imagen a 150 o 72 ppp (JPEG o PDF): 0,15 euros.
4.  Reproducciones de documentos audiovisuales enviadas por Internet.
Por un minuto seleccionado: 2,35 euros.
Duplicación, por cada 30 minutos: 14,60 euros.
5.  Reproducciones de grabaciones sonoras enviadas por Internet.
Por un minuto seleccionado: 1,10 euros.
Duplicación, por cada 30 minutos: 8,80 euros.
6.  Tarifas para usos comerciales de las reproducciones:
En caso de que el usuario o la usuaria destine las reproducciones de documentos 
a un uso comercial, debe pagar al archivo correspondiente, además de las tarifas de 
reproducción, las establecidas en este apartado, si es titular de los derechos de 
explotación. Si el contrato de cesión de derechos de explotación al archivo 
correspondiente establece alguna remuneración para el autor o la autora del 
documento, el usuario o la usuaria debe satisfacer esta remuneración directamente 
al autor o la autora.
6.1.  Fotografía, documentación textual y documentación gráfica.
Uso editorial y exposiciones: 30 euros.
Páginas web: 30 euros.
Producciones audiovisuales: 45 euros.
Uso publicitario: 150 euros. es
6.2  Imagen móvil, audiovisual. w.
UPásog ineadsit owrieabl :y 6 e0x peousroicsi/omniensu:t o6.0 euros/minuto.
PUrsood puuccbiloicniteasri oa:u 1d5io0v iesuuraoles/sm: i7n5u teou.ros/minuto.
6.3  Sonido.
Uso editorial y exposiciones: 30 euros/minuto.
Páginas web: 30 euros/minuto.
Producciones audiovisuales: 45 euros/minuto.
Uso publicitario: 75 euros/minuto.
A las entidades sin ánimo de lucro se les aplicará un descuento del 25 % en las 
tasas para usos comerciales.
7.  Gastos por envío de material.
A petición del usuario o la usuaria, se envían las reproducciones por correo con 
acuse de recibo. En este supuesto, el usuario o la usuaria debe abonar los gastos 
de envío de acuerdo con las tarifas postales vigentes.»
Artículo 40.  Creación de la tasa por la utilización de espacios en inmuebles de dominio 
público adscritos al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas a este 
departamento
Se añade un capítulo, el XII, al título VIII de la Ley de tasas y precios públicos, con el 
siguiente texto:
«CAPÍTULO XII
Tasa por la utilización de espacios en inmuebles de dominio público 
adscritos al Departamento de la Presidencia o a las entidades adscritas 
a este departamento
Artículo 8.12-1.  Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de espacios en 
inmuebles de dominio público adscritos al Departamento de la Presidencia o a las 
entidades adscritas a este departamento.
2.  El hecho imponible incluye la realización de sesiones o reportajes 
fotográficos; vídeos, spots comerciales, filmaciones y rodajes; grabaciones sonoras, 
conciertos y otras actividades similares en los inmuebles a los que se refiere el 
apartado 1.
3.  No forma parte del hecho imponible la utilización comercial o de otro tipo de 
las fotografías, de las filmaciones o de las grabaciones, que se regirá por la 
normativa específica.
Artículo 8.12-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que solicitan las 
utilizaciones que constituyen el hecho imponible de la tasa.
Artículo 8.12-3.  Exenciones.
Quedan exentos del pago de la tasa los departamentos de la Administración de 
la Generalidad y sus organismos autónomos.
Artículo 8.12-4.  Acreditación. b
cuotilrirzLeaasc pitóoansn ade ifeseenc ttieav,ca r.peedritoa  eeln p ealg mo odmee lnat oc uqoutea  ssee  apuutoerdizea  dlaif eurtiirl izaal cmióonm deenl teos pdaec lioa   OE-A-2020-55able en https://
Artículo 8.12-5.  Cuota.
1.  El importe de la tasa debe resultar de la aplicación de los siguientes 
elementos y criterios:
a)  La relevancia social del espacio y la conexión del acto o de la actividad con 
las atribuciones propias del Departamento de la Presidencia o de las entidades 
adscritas a este departamento.
b)  La incidencia en la difusión pública de los valores vinculados a las 
atribuciones propias del Departamento de la Presidencia o de las entidades 
adscritas.
c)  El predominio de los fines sociales o comerciales del acto o la actividad que 
se debe llevar a cabo.
d)  La duración, en horas por día, de la utilización del espacio.
e)  La dimensión del acto o actividad atendiendo al volumen de público 
asistente.
2.  La identificación de los espacios susceptibles de utilización en los inmuebles 
de dominio público adscritos al Departamento de la Presidencia o a las entidades 
adscritas, y el establecimiento y la modificación de las cuantías de la cuota se 
efectúan mediante orden del consejero de la Presidencia, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa en materia de elaboración de disposiciones 
reglamentarias, y previo informe favorable de la Intervención Delegada. En la 
documentación que acompaña al expediente debe justificarse que las cuantías 
propuestas resultan de la aplicación de los criterios establecidos por el apartado 1 y 
que cumplen el principio de equivalencia al que se refiere el artículo 1.2-8.
Artículo 8.12-6.  Bonificaciones.
Pueden disfrutar de una bonificación del 50 % de la cuota resultante las 
entidades del sector público de la Administración de la Generalidad y de una 
bonificación del 20 % de la cuota resultante las entidades privadas sin ánimo de 
lucro, siempre que no perciban ningún ingreso como consecuencia de la utilización 
del espacio en el inmueble adscrito al Departamento de la Presidencia o a las 
entidades adscritas a este departamento.»
Sección séptima.  Modificación del título IX del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 41.  Modificación de la tasa por la prestación de los servicios docentes de las 
escuelas oficiales de idiomas y por la inscripción a las pruebas libres para la obtención 
de los certificados oficiales.
1.  Se modifica la letra g del apartado 3 del artículo 9.2-3 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«g)  Los alumnos que tengan concedida una beca para estudios de idiomas por 
parte de la Administración pública competente en la materia. Si un alumno se 
matricula de dos o más idiomas, la exención solo abarca el idioma para el que se ha 
concedido la beca. La exención solo se concederá para el mismo curso académico  es
para el que se ha concedido la beca. bo
Al efecto de formalización de la matrícula oficial, el alumno debe abonar la tasa  69ww
2. spdieoS avdeúor ánldu  escnroiooól gintcia eidtnnae erl  ai nlc algoe rdnterecasev ohods li yudin caedi óll eaúnb l btididmeeoclos a i..mp» Uáprnoraartf eov  eddzee sl  leaa p letaa rsntaaod timofi qe3ud deiae lnla ta ecr toíecnlu cpleorso 9icó.en2d -d3ime d ileea n lbatoe L cdeaey,    BOE-A-2020-55cable en https://
de tasas y precios públicos.
Artículo 42.  Supresión de la tasa por la prestación de los servicios docentes de la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña.
Se deroga el capítulo III del título IX del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la prestación de los servicios docentes de la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña.
Artículo 43.  Supresión de la tasa por la prestación de los servicios docentes de la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña en las 
enseñanzas de grado y de máster adaptados al Espacio Europeo de la Educación 
Superior.
Se deroga el capítulo IX del título IX del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la prestación de los servicios docentes de la Escuela 
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña en las 
enseñanzas de grado y de máster adaptados al Espacio Europeo de la Educación 
Superior.
Sección octava.  Modificación del título X del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 44.  Modificación de las tasas por los servicios prestados por la Dirección General 
de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Se modifica el artículo 10.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado de la siguiente manera, con la condición de que las tasas por la inscripción de 
la existencia, modificación y extinción de las parejas estables y por la emisión de 
certificaciones del Registro de parejas estables de Cataluña no serán exigibles hasta que 
no se hayan adoptado las soluciones tecnológicas que correspondan para la liquidación de 
la tasa y no se haya publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
resolución del titular del departamento competente en materia de justicia que informe 
sobre el medio telemático de pago y fije la fecha a partir de la cual se exigirá la tasa:
«Artículo 10.1-4.  Cuota.
Las cuotas de las tasas son:
1.  Fundaciones:
Inscripción de fundaciones: 98,30 euros.
Modificación de estatutos: 50 euros.
Modificación del patronato: 28 euros.
Delegaciones de facultades: 54,60 euros.
Inscripción de fondos especiales: 54,60 euros.
Modificación de fondos especiales: 54,60 euros.
Fusión y escisión: 82 euros.
Inscripción de las delegaciones de fundaciones que actúan en Cataluña 
reguladas por otras leyes de fundaciones diferentes del libro tercero del Código civil 
de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de 
abril: 81,90 euros. es
Autorización de actos con contenido económico: 109,20 euros. o
Entrega de fotocopias de las cuentas anuales: 16,40 euros por ejercicio. 69www.
REEDmmeevciissilsaiióóiróannnc   ddidóeeen   cl icrseeutrasetipdfniooctanass:sd  a1oab0snl,,ue 9na:5 ol4 ete1asu s:e r 7ous7sirmo. espu.lreoss y. copias certificadas: 11 euros. OE-A-2020-55able en https://
2.  Asociaciones y federaciones:
Inscripción de asociaciones o federaciones: 60,10 euros.
Instrucción del expediente de declaración de utilidad pública: 98,30 euros.
Modificación de estatutos: 32,80 euros.
Entrega de fotocopias de las cuentas anuales: 16,40 euros por ejercicio.
Emisión de certificados, notas simples y copias certificadas: 11 euros.
Revisión de cuentas de las asociaciones declaradas de utilidad pública: 77 
euros.
Emisión de listados: 10,95 euros.
Inscripción de delegación de asociación extranjera: 54,60 euros.
Transformación de una asociación en fundación: 55 euros.
3.  Colegios profesionales y consejos de colegios.
Inscripción de órganos de gobierno: 21,85 euros.
Emisión de certificados, notas simples y copias certificadas: 11 euros.
Emisión de listados: 10,95 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de los reglamentos de los colegios 
profesionales y consejos de colegios de nueva creación: 196,60 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación global de los 
estatutos de los colegios profesionales y consejos de colegios: 196,60 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación parcial de los 
estatutos de colegios profesionales y consejos de colegios: 142 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de los reglamentos de colegios y 
consejos de colegios: 196,60 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación global de los 
reglamentos de colegios y consejos de colegios: 196,60 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de la modificación parcial de los 
reglamentos de colegios y consejos de colegios: 142 euros.
Delegación de funciones y apoderamientos: 54,60 euros.
Apertura y cierre de delegaciones territoriales: 98,30 euros.
Fusión y escisión: 142 euros.
4.  Academias.
Inscripción de órganos de gobierno: 21,85 euros.
Emisión de certificados, notas simples y copias certificadas: 11 euros.
Emisión de listados: 10,95 euros.
Declaración de adecuación a la legalidad de los estatutos y sus modificaciones: 
142 euros.
5.  Mediación en el ámbito del derecho privado.
Homologación de cursos de mediadores: 98,30 euros.
Renovación de la homologación: 54,60 euros.
6.  Parejas estables.
Inscripción de la existencia, modificación y extinción: 30 euros.
Emisión de certificaciones: 11 euros.» e.e
Sección novena.  Modificación del título XII del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 45.  Modificación de la tasa por los permisos de caza mayor y menor en las zonas 
de caza controlada.
1.  Se modifica el segundo supuesto del punto 1.1 del artículo 12.2-4 de la Ley de 
tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«Jabalí: 5 euros por temporada.
Caza menor: 5 euros por temporada.»
2.  Se modifica el segundo supuesto del punto 1.2 del artículo 12.2-4 de la Ley de 
tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«Jabalí: 10 euros por temporada.
Caza menor: 10 euros por temporada.»
3.  Se añade el artículo 12.2-6 a la Ley de tasas y precios públicos, con la siguiente 
redacción:
«Artículo 12.2-6.  Exenciones.
1.  Los cazadores que participan en las cacerías autorizadas excepcionalmente 
para capturar ciervos, gamos y muflones dentro de las zonas de caza controlada 
para controlar los daños que estas especies han causado o pueden causar, están 
exentas de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares 
abatidos de estas especies.
2.  Los cazadores que participan en las cacerías autorizadas con batidas para 
capturar corzos, ciervos, gamos y muflones dentro de las zonas de caza controlada 
para controlar los daños que estas especies han causado o pueden causar están 
exentos de pagar las cuotas de entrada y complementarias de los ejemplares 
abatidos de estas especies.»
Artículo 46.  Modificación de la tasa por los permisos de caza mayor y menor dentro de 
las reservas nacionales de caza y reservas de caza.
1.  Se deroga, del punto 1.1 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
el supuesto «Jabalí y caza menor para cazadores locales: 15 euros por temporada».
2.  Se añade un supuesto al punto 1.1 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, con el siguiente texto:
«Caza menor para cazadores locales: 5,00 euros por temporada.»
3.  Se modifica el punto 1.4 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.4.  Rebeco:
Caza selectiva: 138,00 euros.
Caza de trofeo: 403,00 euros.»
4.  Se modifica el punto 1.7 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo: e.e
«1.7  Gamo: 69ww
Caza selectiva:
DDee  hmeamchborass m ya myoarcehso dse d uen p raimñoe:r 9 a8ñ,0o0:  5e0u,r0o0s .euros.
Caza de trofeo: 300,00 euros.»
5.  Se modifica el último supuesto del punto 1.8 del artículo 12.3-4 de la Ley de tasas 
y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«Caza de trofeo: 300,00 euros.»
6.  Se modifican los supuestos de caza selectiva de corzo del punto 2.1 del artículo 
12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que quedan redactados del siguiente modo:
«2.1  Corzo:
Caza selectiva por pieza herida o no cobrada: 40,00 euros.
Caza selectiva de hembras: 47,00 euros.
Caza selectiva de machos: 96,00 euros.
Si la pieza supera los 95 puntos debe valorarse como trofeo.»
7.  Se modifica el supuesto de caza selectiva de rebeco del punto 2.2 del artículo 
12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«2.2  Rebeco:
Caza selectiva:
Por pieza cobrada: 158,00 euros.
Por pieza herida o no cobrada: 143,00 euros.
Si la pieza supera los 75 puntos debe valorarse como trofeo.»
8.  Se modifican los supuestos de caza selectiva de venado del punto 2.4 del artículo 
12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que quedan redactados del siguiente modo:
«2.4  Ciervo:
Caza selectiva de hembras y machos de primer año:
Por pieza cobrada: 58,00 euros.
Por pieza herida y no cobrada: 19,00 euros.
Caza selectiva de machos de más de un año.
Por pieza cobrada hasta 75 puntos: 95,00 euros.
Por pieza cobrada entre 76 y 100 puntos: 138,00 euros.
Por pieza cobrada entre 101 y 140 puntos: 350,00 euros.
Si la pieza supera los 140 puntos debe valorarse como trofeo.»
9.  Se modifica el supuesto de caza selectiva de gamo del punto 2.5 del artículo 
12.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«2.5  Gamo:
Caza selectiva:
De hembras y machos de primer año: 69,00 euros.
De machos de más de un año: 137,00 euros.»
Artículo 47.  Modificación de la tasa por los servicios relativos a la inmersión y otras 
actividades recreativas en la reserva natural parcial marina de las Medes.
1.  Se modifica el artículo 12.4-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda  s
redactado del siguiente modo: oe.
«Artículo 12.4-1.  Hecho imponible. 69ww
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios
aledgmisilnaisctiórant ivvoigse innthee, reenst ense cae lsaa erixap epdaircaió pnr adcet ilcaa lri clean ciniam qeursei,ó nd ec aocnu eersdcoa fcaonnd rlaa 
autónoma y sin medios de respiración artificial en la reserva natural parcial marina 
de las Medes.
2.  También constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 
servicios inherentes al amarre de embarcaciones para realizar inmersiones u otras 
actividades recreativas en las boyas instaladas en la reserva natural parcial marina 
de las Medes.»
2.  Se modifica el artículo 12.4-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.4-2.  Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa:
a)  En el supuesto 1 del artículo 12.4-1, las personas físicas que practican la 
actividad para la que se solicita la expedición de la licencia.
b)  En el supuesto 2 del artículo 12.4-1, las personas físicas que quieren 
amarrar a los puntos de amarre habilitados para las embarcaciones de usuarios 
particulares a la reserva natural parcial marina de las Medes y las empresas de 
transporte de pasaje que disponen de las autorizaciones necesarias para la gestión 
de esta actividad.»
3.  Se modifica el artículo 12.4-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.4-3.  Exenciones.
»Están exentos del pago de la tasa:
a)  Las inmersiones y el amarre hechos en el marco de proyectos de 
investigación, seguimiento y monitorización autorizados por la Dirección General de 
Políticas Ambientales y Medio Natural.
b)  Las inmersiones y el amarre hechos en cumplimiento de actividades 
promovidas por el órgano gestor de la reserva natural parcial marina de las Medes 
y zona periférica o por entidades externas que tengan por objeto la promoción o la 
difusión de los valores del espacio y la educación ambiental, siempre que no tenga 
finalidad lúdica o lucrativa.
c)  La guía de usuarios en las actividades de inmersión si esta guía es 
obligatoria en el marco de la actividad realizada.
d)  El amarre realizado para las tareas de mantenimiento de boyas.»
4.  Se modifica el artículo 12.4-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.4-4.  Acreditación.
1.  En el supuesto 1 del artículo 12.4-1, la tasa se acredita en el momento de 
presentación de la solicitud de licencia, en el caso de solicitud efectuada por 
personas físicas. En el caso de solicitud de licencia efectuada por centros de 
inmersión que disponen de autorización para la gestión de actividades para la 
práctica de inmersión, la tasa se acredita el primer día de cada mes con la liquidación  s
del cómputo de licencias otorgadas en el mes anterior. oe.
2.  En el supuesto 2 del artículo 12.4-1, la tasa se acredita en el momento de  w.
producirse el amarre o en el momento de presentar la solicitud de reserva de amarre  69ww
eannu eall ecsa.»so de empresas de transporte de pasajeros y en el caso de abonos
5.  Se modifica el artículo 12.4-5 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.4-5.  Cuota.
1.  En el supuesto 1 del artículo 12.4-1, la cuota por cada licencia es la siguiente:
a)  Licencia de inmersión con escafandra autónoma: 5,10 euros por inmersión.
b)  Licencia de inmersión mediante centros autorizados para la gestión de 
actividades de inmersión sin medios de respiración artificial: 2,90 euros por inmersión.
2.  En el supuesto 2 del artículo 12.4-1, la cuota por cada amarre es la siguiente:
a)  Amarre puntual a las boyas destinadas a usuarios particulares:
1)  Boya roja o naranja, embarcaciones con una eslora de hasta 9 metros: 8 
euros por medio día (desde la salida del sol hasta las 14 h y desde las 14 h hasta la 
puesta del sol).
2)  Boya blanca, embarcaciones con una eslora de entre 9 y 16 metros: 12 
euros por medio día (desde la salida del sol hasta las 14 h y desde las 14 h hasta la 
puesta del sol).
b)  Amarre anual a las boyas destinadas a usuarios particulares:
1)  Boya roja o naranja, embarcaciones con una eslora de hasta 9 metros: 102 
euros anuales.
2)  Boya blanca, embarcaciones con una eslora de entre 9 y 16 metros: 122 
euros anuales.
Esta modalidad no garantiza el uso de la boya y el amarre está condicionado a 
la existencia de boyas disponibles.
c)  Amarre a las boyas destinadas a empresas de transporte de pasajeros:
1)  Boya Cr1, embarcaciones con una eslora inferior a 12 metros: 20 euros por 
una reserva de 30 minutos.
2)  Boya Cr2, embarcaciones con una eslora de entre 12 y 25 metros: 80 euros 
por una reserva de 30 minutos.»
6.  Se modifica el artículo 12.4-6 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.4-6.  Afectación.
La tasa tiene carácter finalista y los ingresos que derivan de la misma se afectan 
a la financiación del coste de los servicios prestados a la reserva natural parcial 
marina de las Medes y zona periférica.»
Artículo 48.  Modificación de la tasa por los permisos para fotografiar o filmar fauna 
salvaje desde un observatorio fijo de fauna salvaje situado en terrenos de una reserva 
nacional de caza.
Se modifica el artículo 12.5-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda  s
redactado del siguiente modo: oe.
«Artículo 12.5-4.  Cuota. 69ww
La cuota de la tasa es:
PPoorr  ecal pdear dmíais od ed em uáns :d 8ía9:, 3153 3e,u9r5o se.uros. BOE-A-cable e
Por grupos, de hasta 6 personas, durante 2 horas: 133,95 euros.»
Artículo 49.  Modificación de la tasa por la ocupación de terrenos forestales propiedad de 
la Generalidad y la ocupación de los caminos ganaderos clasificados.
Se modifica la letra b del apartado 3 del artículo 12.7-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Parques eólicos: 0,80 euros/m2/año.»
Artículo 50.  Modificación de la tasa por los servicios de autorización ambiental de 
actividades.
Se modifica el apartado 2 del artículo 12.13-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Se establece una bonificación del 75 % sobre las cuotas establecidas por 
el artículo 12.13-5 para los establecimientos que dispongan del certificado de 
registro en el sistema de gestión y auditoría medioambiental de la Unión Europea 
(EMAS) y del 50 % para los establecimientos adheridos al Programa de acuerdos 
voluntarios para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Generalidad. Estas bonificaciones no tienen carácter acumulativo.»
Artículo 51.  Modificación de la tasa por la tramitación de las solicitudes de autorizaciones 
de emisión de gases de efecto invernadero.
1.  Se modifica el artículo 12.15-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.15-3.  Acreditación
La tasa se acredita en el momento del otorgamiento de la autorización de 
emisiones de gases de efecto invernadero y es exigible por adelantado en el 
momento en que se formula la solicitud.»
2.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 12.15-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, con el siguiente texto:
«3.  Se establece una bonificación del 50 % sobre las cuotas para los 
establecimientos que dispongan del certificado de registro en el sistema de gestión 
y auditoría medioambiental de la Unión Europea (EMAS) y para los establecimientos 
adheridos al Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero de la Generalidad. Estas bonificaciones no tienen 
carácter acumulativo.»
Artículo 52.  Modificación de la tasa por la expedición de precintos de caza mayor en las 
áreas privadas de caza y en las áreas locales de caza.
Se añade un punto, el 1.3 bis, al artículo 12.19-1 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«1.3 bis.  Corzo macho»
Artículo 53.  Supresión de la tasa por la expedición de la autorización de captura en vivo  e.
de aves fringílidas para la actividad tradicional de concursos de canto y de las anillas  w.b
oficiales que acompañan la autorización. 69ww
Se deroga el capítulo XX del título XII del texto refundido de la Ley de tasas y precios
pfrúinbgliícliodsa,s q puaer are lgau alac tliav itdaasda  tpraodr ilcai oenxaple ddeic cióonn cduer lsao asu dtoer cizaanctioó ny  ddee  claasp taunraill aesn  ovfivicoia dlees a qvuees 
acompañan la autorización.
Artículo 54.  Modificación de la tasa por el servicio de inspección ambiental de los 
establecimientos incluidos en el Plan de inspección ambiental de Cataluña.
Se añade un artículo, el 12.21-5, a la Ley de tasas y precios públicos, con el siguiente 
texto:
«Artículo 12.21-5.  Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 75 % sobre las cuotas establecidas por el 
artículo 12.21-4 para los establecimientos que dispongan del certificado de registro 
en el sistema de gestión y auditoría medioambiental de la Unión Europea (EMAS) y 
del 50 % para los establecimientos adheridos al Programa de acuerdos voluntarios 
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Generalidad. 
Estas bonificaciones no tienen carácter acumulativo.»
Artículo 55.  Modificación de la tasa por el servicio de tramitación de la autorización de 
emisiones regulada por el artículo 13.2 de la Ley del Estado 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Se modifica el artículo 12.25-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.25-4.  Cuota.
a)  La cuota por cada autorización, revisión y cambio sustancial es de 629,13 
euros.
b)  La cuota por cada cambio no sustancial es de 315,48 euros.»
Artículo 56.  Modificación de la tasa por el servicio de tramitación de la notificación de 
emisiones regulada por el artículo 13.3 de la Ley del Estado 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Se modifica el artículo 12.26-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.26-4.  Cuota.
a)  La cuota por cada tramitación de notificación de emisiones y cambio 
sustancial es de 135,96 euros.
b)  La cuota por cada cambio no sustancial de la notificación de emisiones es 
de 72,35 euros.»
Sección décima.  Modificación del título XIII del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 57.  Supresión de la tasa para la acreditación, renovación y verificación del 
correcto funcionamiento de laboratorios de ensayo para el control de calidad.
Se deroga el capítulo II del título XIII del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa para la acreditación, renovación y verificación del correcto 
funcionamiento de laboratorios de ensayo para el control de calidad. es
Artículo 58.  Supresión de la tasa para la inspección técnica de edificios de viviendas. 69ww
públSiceo sd,e qrougea r eegl uclaap líatu tlaos IaII  pdaerla t íltau lion sXpIeIIc dceiól nte txétcon riceafu dned ieddoi fdiceio lsa  dLee yv idveie ntadsaass. y precios
Sección undécima. Modificación del título XIV del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 59.  Modificación de la tasa por la prestación de servicios en materia de 
metrología, autorizaciones de instalaciones, inscripciones registrales, control de 
aparatos y vehículos, ordenación minera y certificaciones técnicas e informes.
1.  Se modifica el apartado 1.1 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.1  Certificado de uso y ensayo metrológico y sus correspondientes 
modificaciones y renovaciones: la cuota es de 709,80 euros por modelo o familia de 
tipo.»
2.  Se deroga el apartado 1.2 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos.
3.  Se modifica el apartado 1.4 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.4  Laboratorios de contraste de metales preciosos:
1.4.1  Autorización de laboratorios de metales preciosos: la cuota es de 284,00 
euros.
1.4.2  Modificación de la autorización de laboratorios de metales preciosos: la 
cuota es de 194,00 euros.
1.4.3  Renovación de la autorización de laboratorios de metales preciosos: la 
cuota es de 92,00 euros.»
4.  Se modifica el apartado 1.5 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.5  Designación  de  organismos  notificados,  organismos  de  control 
metrológico  y  organismos  autorizados  de  verificación  metrológica  y  sus 
correspondientes modificaciones:
1.5.1  Designación de organismos  notificados, organismos de control 
metrológico y organismos autorizados de verificación metrológica y su inscripción en 
el Registro de control metrológico: la cuota es de 1.801,80 euros.
1.5.2  Modificación de organismos notificados, organismos de control 
metrológico y organismos autorizados de verificación metrológica y su inscripción en 
el Registro de control metrológico: la cuota es de 1.515,70 euros.»
5.  Se modifica el apartado 1.7.2 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«1.7.2  Hecha por un organismo autorizado de verificación metrológica: la 
cuota de tramitación es de 2,20 euros por instrumento de medida.»
6.  Se añade un epígrafe, el 5.2 bis, al apartado 5 del artículo 14.1-4 de la Ley de 
tasas y precios públicos, con el siguiente texto:
«5.2 bis.  Certificados de conformidad en materia de productos industriales.
5.2 bis.1  Certificado de conformidad ADR para vehículos de importación: la  bo
cuota es de 213,00 euros. 69ww
impo5r.t2a cbiiósn.2:  Certificado de conformidad ATP para vehículos o contenedores de
– Para solicitudes de vehículos o de un contenedor: la cuota es de 139,00
euros. Bc
– Para solicitudes en series de contenedores de hasta 10: la cuota es de 139,00 
euros, más 66,00 euros por contenedor a partir del segundo contenedor.
– Para solicitudes en series de contenedores de más de 10 unidades: la cuota 
es de 733,00 euros, más 36,00 euros por contenedor a partir del undécimo 
contenedor.
5.2 bis.3  Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios: la cuota es 
de 153,00 euros.
5.2 bis.4  Certificado de conformidad de producción: la cuota es de 63,00 
euros.»
7.  Se deroga el apartado 5.3.4 del artículo 14.1-4 de la Ley de tasas y precios 
públicos.
Artículo 60.  Modificación de la tasa por el control y la supervisión de los organismos de 
control o de las empresas de distribución.
Se modifica la tabla del artículo 14.4-4 de la Ley de tasas y precios públicos con la 
adición de un nuevo ámbito reglamentario:
Tipo de  Nivel 
«Ámbito reglamentario
instalación de inspección
Reglamento de instalaciones de protección 
AR-11 M»
contra incendios
Artículo 61.  Modificación de la tasa por la evaluación de los documentos que deben 
presentar los titulares de los establecimientos afectados por la normativa vigente en 
materia de accidentes graves.
1.  Se modifica la cuota variable de la letra a del artículo 14.14-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«Cuota variable: 371,30 euros por supuesto accidental cuantificado que genere 
efectos asociados a la zona de intervención en el exterior de los límites del 
establecimiento con un máximo de 17.»
2.  Se modifica la cuota variable de la letra c del artículo 14.14-4 de la Ley de tasas y 
precios públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«Cuota variable: 415,00 euros por supuesto accidental cuantificado que genere 
efectos asociados a la letalidad del 1 % en el exterior de los límites del establecimiento 
con un máximo de 17.»
Sección duodécima.  Modificación del título XV del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 62.  Modificación de la tasa por la prestación de servicios en materia de juegos y 
apuestas.
1.  Se deroga el apartado 4.4 del artículo 15.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos. e.
2.  Se modifica el apartado 11.1 del artículo 15.1-4 de la Ley de tasas y precios  w.b
públicos, que queda redactado del siguiente modo: 69ww
«11.1  Por ensayos previos de homologación de máquinas recreativas de los
tipos B y C: 367,30 euros.»
Sección decimotercera.  Modificación del título XVI del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 63.  Modificación de la tasa por el servicio de guarda de vehículos del Patronato 
de la Montaña de Montserrat.
1.  Se modifica el artículo 16.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 16.1-4.  Cuota.
El importe de la cuota es:
De día (de las 6 h a las 22 h):
1.  Tiempo máximo (1/2 h):
Turismos: 0 euros.
Motos: 0 euros.
Furgonetas: 0 euros.
Autocares: 35 euros.
2.  Tiempo máximo (todo el día):
Turismos: 6,5 euros.
Motos: 3,5 euros.
Furgonetas: 15 euros.
Autocares: 65 euros.
3.  Tiempo máximo (3 días):
Turismos: 10,5 euros.
Motos: 7,5 euros.
Furgonetas: 20 euros.
Autocares: 70 euros.
4.  Tiempo máximo (7 días):
Turismos: 11,5 euros.
Motos: 9,5 euros.
Furgonetas: 25 euros.
Autocares: 80 euros.
5.  Tiempo máximo (15 días):
Turismos: 13 euros.
Motos: 11,5 euros.
Furgonetas: 30 euros.
Autocares: 90 euros.
6.  Tiempo máximo (30 días):
Turismos: 18 euros. e.
Motos: 15 euros. w.b
Furgonetas: 35 euros. 69ww
Autocares: 98 euros.
7T.u risTmieomsp: o2 1m eáuxriomso. (60 días): BOE-A-cable e
Motos: 18 euros.
Furgonetas: 40 euros.
Autocares: 100 euros.»
2.  Se modifica la letra c del apartado 3 del artículo 16.1-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«c)  Los autocares y las furgonetas que hacen uso de los servicios de visitas 
culturales y hotelería dentro del recinto del monasterio de Montserrat gozan de una 
bonificación máxima de 35 euros por autocar y de 8,5 euros por furgoneta. Esta 
bonificación no es acumulable a otras.»
3.  Se modifica la letra d del apartado 3 del artículo 16.1-5 de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactada del siguiente modo:
«d)  Gozan de una bonificación de 90 minutos por vehículo (coche o moto) las 
personas que se acrediten como «Amigos de Montserrat». Esta bonificación no es 
acumulable a otras.»
4.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 16.1-5 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«4.  Quedan exentos de pago los vehículos estacionados acreditados con 
tarjeta de aparcamiento individual o de transporte colectivo para personas con 
movilidad reducida.»
Sección decimocuarta.  Modificación del título XVII del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 64.  Modificación de la tasa de pesca marítima.
Se modifica el artículo 17.1-3 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 17.1-3.  Exenciones.
Se establecen las siguientes exenciones del pago de la tasa establecida en el 
apartado 2 del artículo 17.1-1:
a)  Por los derechos de examen para la obtención de los títulos para el ejercicio 
de la actividad profesional náutico-pesquera y de buceo que requieren un examen 
único a las personas que pertenecen a los siguientes colectivos:
a.1)  Empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña que requieren estas titulaciones para el desarrollo de su labor.
a.2)  Personas que participan en cursos de carácter social establecidos así en 
el Plan de formación anual del Instituto Escuela de Capacitación Náutico-pesquera 
de Cataluña que aprueba el director general de Pesca y Asuntos Marítimos.
a.3)  Personas que acceden a los cursos de marinero/a pescador/a organizados 
por  el  Instituto  Escuela  de  Capacitación  Náutico-pesquera  de  Cataluña 
conjuntamente con las cofradías de pescadores de Cataluña.
b)  Por la expedición o renovación de títulos y tarjetas de identidad profesional  e.
para el ejercicio de la actividad náutico-pesquera y de buceo a las personas que  w.
pertenezcan a los siguientes colectivos: 69ww
b.1)  Empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalidad de
Catabl.u2ñ) a qPueer sroenqausie qreune  edsetabse nti teuxlapceiodnire os  rpeanroav ealr  dtietuslaarcroiollnoe dse d seu c luarbsoors. realizados
en el Instituto Escuela de Capacitación Náutico-pesquera de Cataluña, y las
personas que estando en posesión de otras titulaciones quieren obtener, por 
convalidación, la titulación de marinero/a pescador/a para ejercer la actividad 
profesional en Cataluña.»
Sección decimoquinta.  Modificación del título XVIII del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 65.  Modificación de la tasa por los derechos de inscripción a las pruebas de 
traducción e interpretación juradas de otras lenguas al catalán.
1.  Se modifica el artículo 18.2-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 18.2-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción a las pruebas convocadas 
por la dirección general competente en materia de política lingüística para la 
obtención de la habilitación para la traducción e interpretación juradas de otras 
lenguas al catalán.»
2.  Se modifica el artículo 18.2-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 18.2-4.  Cuota.
La cuota de la tasa es:
1.  Pruebas para la obtención de la habilitación para la traducción jurada: 96 euros.
2.  Pruebas para la obtención de la habilitación para la interpretación jurada: 96 
euros.»
Artículo 66.  Modificación de la tasa por la tramitación de la habilitación para la traducción 
o interpretación juradas del catalán a otra lengua y viceversa y la inscripción en el 
Registro de traductores e intérpretes jurados.
1.  Se modifica el título de la tasa regulada por el capítulo III del título XVIII de la Ley 
de tasas y precios públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«Tasa por la tramitación de la habilitación para la traducción o interpretación 
juradas del catalán a otra lengua y viceversa y la inscripción en el Registro de 
traductores e intérpretes jurados.»
2.  Se modifica el artículo 18.3-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 18.3-1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de la habilitación para la 
traducción o interpretación juradas del catalán a otra lengua y viceversa y, en su 
caso, la inscripción en el Registro de traductores e intérpretes jurados, que no sean 
consecuencia de la superación de las pruebas de traducción e interpretación juradas 
de la dirección general competente en materia de política lingüística.» e.
3.  Se modifica el artículo 18.3-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda  69ww
redacta«dAort Sídcoeunll o ss i1gu8uje.ie3ton-s2te .p  maSsoiuvdjooes:to dse p laas tiavosas. las personas físicas que solicitan la habilitación  BOE-A-2020-55cable en https://
para la traducción o interpretación juradas.»
Sección decimosexta.  Modificación del título XX del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 67.  Modificación de las tasas de la Agencia de Residuos de Cataluña.
Se modifica el apartado 5 del artículo 20.1-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«5. Cuando los servicios a que se refiere el apartado 3 del artículo 20.1-1 se 
tramitan por medios electrónicos, se aplica una bonificación del 100 % de la cuota 
que corresponda según los apartados anteriores.»
Sección decimoséptima.  Modificación del título XXI del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 68.  Modificación de la tasa por autorizaciones, anotaciones o registros 
administrativos, así como para actividades de control sanitario, en materia de 
protección de la salud, realizadas sobre industrias, establecimientos, servicios, 
laboratorios, productos y otras actividades relacionadas.
1.  Se modifica el artículo 21.1-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.1-1.  Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación que lleva a cabo el 
Departamento de Salud o el ente competente de los siguientes servicios:
a)  Control sanitario oficial en materia de protección de la salud.
b)  Elaboración de estudios e informes técnicos, incluidos los preceptivos para 
la resolución de autorizaciones sanitarias o para la inscripción en registros oficiales.
c)  Tramitación administrativa de procedimientos en materia de protección de la 
salud.
d)  Emisión de certificados, incluidas las verificaciones que correspondan.
2.  Los servicios consignados en el apartado 1 se prestan para cumplir los 
siguientes actos o actividades:
a)  Las actuaciones periódicas de control sanitario sobre las industrias, los 
establecimientos, los servicios, las instalaciones y los productos.
b)  Los controles extraordinarios de establecimientos, servicios, instalaciones y 
productos motivados por la investigación de alertas sanitarias, brotes y denuncias, 
así como para la verificación oficial del cumplimiento de requerimientos, medidas 
cautelares, medidas correctoras, prórrogas de autorizaciones condicionales y 
respuesta a resultados no conformes en planes de muestreo, incluida la verificación 
de reexpediciones o retornos de mercancías del mercado internacional.
c)  La  autorización  sanitaria  para  el  funcionamiento  de  industrias, 
establecimientos, laboratorios, servicios o instalaciones, y sus posteriores 
modificaciones por reforma, ampliación, traslado o cambio de titular, entre otros.
d)  Las anotaciones o cualquier acto de inscripción en los registros oficiales  s
relativos a la salud ambiental y alimentaria y, en general, al ámbito de la protección  e.
de la salud. w.
e)  La expedición de los certificados sanitarios derivados de las actividades de  69ww
cinocnlutridool ss alonsit acreiort ifyic dadeo lso sd ere sgaislutdro psú, balnicoat aecxiiognideoss  ye na uetlo criozmaceirocnioe sin mteernnaccioionnaadl odse, 
alimentos.
3.  El control sanitario oficial al que se refiere este artículo excluye el control 
oficial ante mortem y post mortem de los animales sacrificados en el matadero y el 
control oficial post mortem de los animales presentados a inspección en 
establecimientos de manipulación de caza, así como el control de las carnes 
manipuladas en salas de despiece, que se refieren en el capítulo VII.»
2.  Se modifica el artículo 21.1-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.1-2.  Sujeto pasivo.
1.  Son sujetos pasivos de la tasa las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, en cuyo interés se prestan los servicios.
2.  En el caso de las actuaciones de control descritas en la letra b del apartado 2 
del artículo 21.1-1, se considera sujeto pasivo de la tasa la persona física o jurídica 
que con su actuación ha causado los hechos que motivan los controles 
extraordinarios.»
3.  Se modifica el artículo 21.1-5 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.1-5.  Cuota.
1.  El importe de la cuota por los servicios de tramitación de actuaciones 
administrativas obligadas por la normativa vigente es el siguiente:
a)  Por la tramitación de autorizaciones sanitarias de establecimientos o 
empresas, seguidas de inscripción inicial en registro oficial o de modificaciones de 
datos registrales, que comporten control sanitario en el domicilio de la industria, 
establecimiento o servicio: 141,20 euros.
b)  Por la tramitación de autorizaciones sanitarias de establecimientos o 
empresas que comporten control sanitario en el domicilio de la industria, 
establecimiento o servicio: 131,40 euros.
c)  Por la tramitación de la inscripción inicial de establecimientos o empresas 
en registro oficial o de modificaciones de datos registrales que comporten un estudio 
de carácter técnico, sin actividad de control sanitario in situ: 61,70 euros.
d)  Por la tramitación de autorizaciones sanitarias de establecimientos o 
empresas que comporten un estudio de carácter técnico, sin actividad de control 
sanitario in situ: 61,70 euros.
e)  Por la tramitación de anotaciones o modificaciones en registros oficiales sin 
la existencia de un acto de autorización o estudio técnico: 9,85 euros.
f)  Por la realización de estudios e informes técnicos diferentes a los de las 
letras c y d, entre los cuales los relativos a los productos alimentarios: 51,35 euros 
por informe.
g)  Por la validación de las comunicaciones de puesta en el mercado de 
productos alimentarios: 61,70 euros por producto.
h)  Por la emisión de certificados sanitarios oficiales, a petición del interesado, 
que provienen de archivos y registros del Departamento de Salud, o del ente 
competente, que no requiera verificación oficial in situ: 14,50 euros por cada 
producto certificado. es
Si se trata de certificados sanitarios oficiales referidos a establecimientos: 14,50  o
eveeuurrrioofii)ssc . a pScoPii óroe ncrn  a ouldafnai c  emieamsils tieamsnbioó le enacl  cidmdtooei emd nceicte ovirl eitcoirfe iifdcricteaiaf dicclaoiaó sdinn o sdo.aufinsctiiartiala ri,ni oe sssi ttuao bfsilceei caeilmmeisitee nqnt uove ao r iroseesq rcuveiiceritroifei:c n6a 6du,on0sa5,    2020-5569n https://www.
el primero liquida una cuota de 66,05 euros; los sucesivos, emitidos en el mismo
acto oficial, 14,50 euros.
Si la emisión de certificados se lleva a cabo en el transcurso de actuaciones de 
control oficial ordinarias y planificadas, dentro del horario previsto de prestación del 
servicio ordinario, y sin constituir la actividad principal de la actuación, la cuota a 
liquidar es de 14,50 euros.
Se entienden incluidos en este supuesto los certificados emitidos, durante el 
horario y jornada establecidos, por los veterinarios oficiales adscritos a determinados 
establecimientos con presencia permanente.
j)  Por la emisión de duplicados de documentos oficiales, o declaraciones 
escritas: 14,50 euros por documento o declaración.
Una vez realizada la actuación de control oficial a la que se refieren las letras a 
y b, si debe llevarse a cabo alguna actuación de control sanitario adicional in situ 
para el otorgamiento de la autorización plena o, como consecuencia de carencias 
en el cumplimiento de todos los requisitos necesarios, esta liquida una tasa adicional 
de acuerdo con el importe establecido en el apartado 2.a.
En caso de que se realicen simultáneamente dos o más actuaciones 
administrativas de las establecidas en las letras a, b, c, d, y e de este punto, en 
interés del mismo solicitante, y el contenido del acto se entienda como unitario, se 
cobra la cuota de un solo acto, atendiendo a un mismo coste del servicio.
2.  El importe de la cuota por los servicios de control oficial obligados por la 
normativa vigente es el siguiente:
a)  Por actuación de control sanitario o inspección periódica planificada 
derivada de los programas de control oficial: 59,50 euros por cada actuación.
b)  Por actuación de control sanitario extraordinaria sobre establecimientos, 
servicios, instalaciones y productos, con desplazamiento in situ al lugar objeto de la 
actuación: 157,80 euros.
c)  Por actuación de control sanitario motivada por inclusión en listas para la 
exportación a países terceros: 157,80 euros por cada actuación.
d)  Por actuación de control sanitario periódica y planificada, derivada de los 
programas de control oficial exigibles para la exportación a países terceros, 
adicionales a los requisitos comunitarios: 99,80 euros por cada actuación.
3.  A los efectos de lo establecido por este capítulo, la actuación de control 
sanitario no solamente es el acto realizado in situ en las instalaciones o en los 
procesos de fabricación o manipulación, sino que también comprende, de acuerdo 
con la normativa europea que regula el control oficial, la toma de muestras, la 
revisión documental y cualquier otra actuación de comprobación de aspectos 
relacionados con la protección de la salud de la población.
La cuota correspondiente a los servicios analíticos tasados por razón de 
actividad de laboratorio, establecida en el capítulo XV, no se considera incluida en 
la actuación de control sanitario, a la que se añade en su caso.»
Artículo 69.  Supresión de la tasa por los servicios de tramitación de autorizaciones 
administrativas y de inspección de los centros, servicios y establecimientos 
sociosanitarios.
Se deroga el capítulo IV del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos, que regula la tasa por los servicios de tramitación de autorizaciones  s
administrativas y de inspección de los centros, servicios y establecimientos  oe.
sociosanitarios. w.
Artículo 70.  Modificación de la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en 
mataderos, salas de despiece y establecimientos de manipulación de caza sujetos a 
control oficial.
1.  Se modifica el artículo 21.7-1 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-1.  Hecho imponible.
1.  Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de los controles 
sanitarios oficiales concretados en la normativa vigente sobre prevención, 
eliminación o reducción de riesgos para las personas provenientes de las carnes 
destinadas a consumo humano obtenidas en mataderos, salas de despiece y 
establecimientos de manipulación de caza.
2.  A efectos de lo establecido en este capítulo, se considera asimilable a la 
actividad de matadero, la actividad de los establecimientos de sacrificio de 
palmípedos destinados a la producción de hígados grasos.
3.  El control oficial al que se refiere el apartado 1 se concreta en las siguientes 
actuaciones:
a)  El control oficial ante mortem y post mortem de los animales sacrificados en 
el matadero; el control oficial post mortem de los animales presentados a inspección 
en establecimientos de manipulación de caza, y el control oficial de las carnes 
manipuladas en salas de despiece.
b)  El control de determinadas sustancias y residuos en los animales y sus 
productos, en la forma establecida por la normativa vigente.
4. No se consideran incluidos en el hecho imponible de esta tasa los supuestos 
establecidos en el capítulo I, que devengarán igualmente la tasa correspondiente, 
cuando se produzcan las circunstancias allí establecidas.»
2.  Se modifica el artículo 21.7-2 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-2.  Sujeto pasivo.
1.  Son sujetos pasivos de la tasa, a título de contribuyente, las personas físicas 
o jurídicas, operadoras o explotadoras, responsables de las actividades que se 
llevan a cabo en mataderos, salas de despiece, establecimientos de manipulación 
de caza, que son objeto de control, de acuerdo con el hecho imponible regulado por 
el artículo 21.7-1.
2.  En cualquier caso, tienen la condición de sujetos pasivos las herencias 
yacentes, las comunidades de bienes y otras entidades que, faltas de personalidad 
jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 
imposición.
3.  Son responsables subsidiarias de la deuda tributaria las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, propietarias de los inmuebles o instalaciones 
utilizados como mataderos que no ejercen para sí mismas la actividad comercial.
4.  En las actividades objeto de esta tasa, los obligados a pagarla no pueden 
repercutirla sobre aquel para quien se efectúa la actividad objeto de control, salvo  s
que se trate de la actuación regulada por la letra b del apartado 3 del artículo 21.7-1  e.
correspondiente a la investigación de residuos que se especifica en cada caso en la  w.
cuota de sacrificio. 69ww
que Lsae  reexppeidrcau asiló innt edreebsea deofe pcotur alarsse a mctievdidiaandtees u pnrae sftaacdtausra.» o documento sustitutivo
3.  Se modifica el artículo 21.7-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-4.  Cuota.
1.  Las cuotas totales de sacrificio, por los controles en los mataderos, con 
relación a cada animal sacrificado son las siguientes:
Bovinos:
Bovinos pesados: 6,732995 euros por animal (0,481872 euros por investigación 
de residuos).
Bovinos jóvenes: 2,693199 euros por animal (0,332689 euros por investigación 
de residuos).
Solípedos/équidos: 4,039797 euros por animal (0,279882 euros por investigación 
de residuos).
Porcinos:
Porcinos de 25 kg o más en canal: 1,346598 euro por animal (0,139940 euros 
por investigación de residuos).
Porcinos de menos de 25 kg en canal: 0,673300 euros por animal (0,038286 
euros por investigación de residuos).
Ovinos, caprinos y otros rumiantes:
Ovinos, caprinos y otros rumiantes de 12 kg o más en canal: 0,336649 euros por 
animal (0,036965 euros por investigación de residuos).
Ovinos, caprinos y otros rumiantes de menos de 12 kg: 0,201990 euros por 
animal (0,011882 euros por investigación de residuos).
Ratites:
Avestruces, emús y ñandúes: 0,673300 euros por animal (0,038286 euros por 
investigación de residuos).
Aves y conejos:
Pájaros del género Gallus y pintadas: 0,006733 euros por animal (0,001320 
euros por investigación de residuos).
Patos y ocas: 0,013466 euros por animal (0,002641 euros por investigación de 
residuos).
Pavos: 0,033665 euros por animal (0,002641 euros por investigación de 
residuos).
Conejos de granja: 0,006733 euros por animal (0,001320 euros por investigación 
de residuos).
Codornices y perdices: 0,002508 euros por animal (0,000508 euros por 
investigación de residuos).
La cuota por las operaciones de control de determinadas sustancias y la 
investigación de residuos en animales vivos destinados al sacrificio y de las carnes 
incluidas en el objeto de esta tasa, practicadas según los métodos de análisis  s
establecidos por las reglamentaciones técnico-sanitarias relativas a la materia,  e.
dictadas por el Estado o catalogadas de obligado cumplimiento en virtud de normas  w.
de la Unión Europea, está incluida en la totalidad de la cuota de sacrificio establecida  69ww
apenrteternioercmee an tees, tee nc olan cqeupeto f.igura de forma indicativa y desglosada la cuantía que
de foLrams ao paeleraatcoiorinae. sE ld me uceosnttrreool  ea lienavteosritoig paucieódne d oec aressioidnuaor sq puuee, ddeunra lnletev aurns ep ear ícoadboo,   BOE-A-cable e
en algunos establecimientos no se recojan muestras.
A pesar de ello, si la ejecución del plan establecido por la normativa vigente se 
hace efectiva con carácter general, el hecho imponible establecido por estas 
disposiciones se entiende que se ha producido.
2.  Para los controles sanitarios realizados en las salas de despiece se aplican 
las cuotas establecidas en el apartado 2.a) del artículo 21.1-5.
No obstante, si la sala de despiece es adyacente o anexa a un establecimiento 
matadero o de manipulación de caza, y su actividad se lleva a cabo de forma 
integrada y simultánea con la actividad de este, las cuotas devengadas se acumulan 
y solo se percibe tasa por la actividad que tiene un importe superior.
A efectos de lo dispuesto por este artículo, se considera que las dos actividades 
adyacentes o anexas se realizan de forma integrada y simultánea cuando se llevan 
a cabo en el mismo domicilio industrial, coincidiendo en el tiempo y controladas 
oficialmente por el mismo equipo de inspección.
3. Para los controles realizados en los establecimientos de manipulación de 
caza:
Caza menor de pluma: 0,006733 euros por animal.
Caza menor de pelo: 0,013466 euros por animal.
Verracos: 2,019898 euros por animal.
Rumiantes: 0,673300 euros por animal.»
4.  Se modifica el artículo 21.7-5 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-5.  Deducciones.
1.  En el caso de los mataderos y de los establecimientos de manipulación de 
caza, los sujetos pasivos pueden aplicarse, en su caso, con relación a las cuotas 
establecidas por el artículo 21.7-4, las siguientes deducciones:
a)  Deducción por horario regular diurno:
La deducción puede aplicarse cuando en el período impositivo el sujeto pasivo 
ha llevado a cabo la actividad entre las 6 h y las 22 h de lunes a viernes laborables.
Se establece como importe de la deducción la aplicación del 25 % sobre la cuota 
correspondiente a la actividad llevada a cabo dentro del horario y los días fijados.
b)  Deducciones por personal propio de apoyo al control oficial:
La deducción puede aplicarse cuando el sujeto pasivo, de acuerdo con su 
actividad y con la normativa vigente, pone personal propio a disposición del control 
oficial realizando tareas de apoyo a la inspección, a su cargo y en la forma 
establecida en el punto 3 del artículo 18 del Reglamento 625/2017, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo.
Se establece como importe de la deducción la aplicación del 11 % sobre la cuota 
a liquidar.
c)  Deducción por apoyo instrumental al control oficial:
La deducción puede aplicarse cuando el establecimiento pone a disposición de 
los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados para llevar a  es
cabo las actividades de control específicas en las mismas instalaciones. Esta  bo
dotación instrumental se concreta en espacio de trabajo debidamente acondicionado,  69ww
ehdqeeucdhiLupoaca  cmiamióuieptnono rtnyiod ib,ad hldeee  tspraarolalnarmi trea ielre inaal tr atcqísocu uneylt  oleml en2avi1tdae.o 7rai -a 1dcl  aeddb eeeo bos leotfei scf i ijncaaoapr n olyotyr scoo ol ecmirsni tusoentfrriiiccuoiamsac ldeeioesnn  teaeaspsl,t.l aicabaslecí ciócidnoo mdse oc  oesmsutoas    OE-A-2020-55able en https://
características y prestaciones.
Se establece como importe de la deducción la aplicación del 20 % sobre la cuota 
a liquidar.
d)  Deducción por actividad planificada y estable:
La deducción puede aplicarse cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 
actividad de sacrificio disponen en su producción de un sistema de planificación y 
programación y lo llevan a la práctica de forma efectiva, lo que permite a los 
servicios de inspección conocer el servicio que hay que prestar con una anticipación 
mínima de setenta y dos horas, a fin de prever los recursos y optimizar su 
organización.
Se establece como importe de la deducción la aplicación del 25 % sobre la cuota 
a liquidar.
2.  Las deducciones que corresponda pueden aplicarse de forma aditiva, solo 
por la parte de la producción que reúna las condiciones objeto de la deducción, y 
con un límite máximo del 56 % de la cuota.
3.  La autoridad sanitaria que lleva a cabo los controles oficiales establecidos 
como hecho imponible por el artículo 21.7-1 puede llevar a cabo actividades de 
verificación para comprobar que se cumplen las condiciones que habilitan la 
aplicación de las deducciones establecidas en el punto 1.»
5.  Se deroga el artículo 21.7-6 («Acumulación de cuotas») de la Ley de tasas y 
precios públicos.
6.  Se modifica el artículo 21.7-7 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-7.  Liquidación de la tasa e ingreso.
1.  La liquidación y el ingreso de la tasa en las cuotas establecidas por los 
apartados 1 y 3 del artículo 21.7-4 deben ser efectuados por el sujeto pasivo 
mediante autoliquidación.
2.  El plazo impositivo es el trimestre natural y la presentación de la 
autoliquidación e ingreso al Departamento de Salud o ente competente debe 
efectuarse durante los quince días siguientes a la fecha de finalización del trimestre 
correspondiente.
3.  La liquidación de las cuotas establecidas en el apartado 2 del artículo 21.7-4 
no es objeto de autoliquidación, sino que se lleva a cabo siguiendo el mismo 
procedimiento que se aplica a los hechos imponibles cuyas cuotas quedan 
establecidas con carácter general en el artículo 21.1-5.2.a).»
7.  Se modifica el artículo 21.7-8 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 21.7-8.  Obligación de registro.
1.  Los mataderos y los establecimientos de manipulación de caza sujetos a 
control oficial deben llevar un registro diario que dé cumplimiento a la legislación 
vigente y que recoja todas las operaciones que afectan la tasa. Deben constar en él 
los animales sacrificados con el número, la fecha y el horario de las operaciones y 
el peso de los animales, de acuerdo con la tipología establecida por esta ley.  e.e
Asimismo, debe constar el registro de las repercusiones, con indicación expresa de  b
la persona repercutida. 69ww
de e2s.t e Lreag aisutrtoo,r iadsaíd c soamnoit aerli afo drmebaeto f iqjaure l odse bceri tteernioesr. »a considerar en la confección
8.  Se deroga el artículo 21.7-11 de la Ley de tasas y precios públicos.
Artículo 71.  Supresión de la tasa por los servicios de tramitación y resolución de las 
solicitudes de autorización para la elaboración y el control de fórmulas magistrales y 
preparados oficinales por encargo de una oficina o un servicio de farmacia que no 
disponga de los medios necesarios.
Se deroga el capítulo XIII del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por los servicios de tramitación y resolución de las solicitudes 
de autorización para la elaboración y el control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales por encargo de una oficina o un servicio de farmacia que no disponga de los 
medios necesarios.
Artículo 72.  Supresión de la tasa por los servicios de tramitación y resolución de los 
expedientes de autorización administrativa de instalación, modificación y traslado de 
los servicios farmacéuticos en centros cuya actividad principal no es sanitaria.
Se deroga el capítulo XIV del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por los servicios de tramitación y resolución de los expedientes 
de autorización administrativa de instalación, modificación y traslado de los servicios 
farmacéuticos en centros cuya actividad principal no es sanitaria.
Artículo 73.  Supresión de la tasa por la prestación de servicios por el Instituto de Estudios 
de la Salud.
Se deroga el capítulo XVI del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la prestación de servicios por el Instituto de Estudios de la 
Salud.
Artículo 74.  Supresión de la tasa por otras actuaciones sanitarias.
Se deroga el capítulo XVII del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa para otras actuaciones sanitarias.
Artículo 75.  Supresión de la tasa por el servicio de emisión del certificado de habilitación 
en la profesión sanitaria.
Se deroga el capítulo XXVI del título XXI del texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos, que regula la tasa por el servicio de emisión del certificado de habilitación 
en la profesión sanitaria.
Sección decimoctava.  Modificación del título XXII del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 76.  Modificación de la tasa por la habilitación acreditativa de los bomberos de 
empresa y del personal técnico competente para elaborar planes de autoprotección, 
así como de los centros de formación.
1.  Se añade una letra, la f), al artículo 22.3-1 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«f)  Autorización de las entidades colaboradoras de la Administración en 
materia de protección civil.» e.
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 22.3-2 de la Ley de tasas y precios públicos,  69ww
que queda« r2e.d acStoand os duejel tsoigs upieanstiev omso ddoe: la tasa, con respecto a las letras b) y f) del
artículo 22.3-1, las personas físicas o jurídicas que solicitan la prestación de las
actividades administrativas de la Dirección General de Protección Civil del  Bc
Departamento de Interior que constituyen el hecho imponible.»
3.  Se añade una letra, la f), al artículo 22.3-4 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«f)  Acreditación de las entidades colaboradoras de la Administración en 
materia de protección civil: 389,65 euros.»
Artículo 77.  Modificación de las tasas por las actuaciones y los servicios del Servicio 
Catalán de Tráfico.
Se modifica el apartado 4 del artículo 22.6-4 de la Ley de tasas y precios públicos, que 
queda redactado del siguiente modo:
«4.  La tasa establecida por la letra b del apartado 1 se reduce en un 50 % si la 
autoescuela acredita que dispone del distintivo de calidad en los centros de 
formación vial, de acuerdo con el Decreto 189/2015, de 25 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento de acreditación de las escuelas particulares de 
conductores como centros de formación de calidad.»
Sección decimonovena.  Modificación del título XXIV del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 78.  Supresión de la tasa por la emisión de certificaciones de acreditación de la 
inscripción en el Registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña.
Se deroga el capítulo VII del título XXIV del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la emisión de certificaciones de acreditación de la 
inscripción en el Registro de instaladores de telecomunicaciones de Cataluña.
Sección vigésima.  Modificación del título XXV del texto refundido de la Ley de tasas 
y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 79.  Supresión de la tasa por la tramitación de expedientes de expropiación 
forzosa.
Se deroga el capítulo IX del título XXV del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la tramitación de expedientes de expropiación forzosa.
Artículo 80.  Supresión de la tasa por la tramitación de concesiones en el dominio público 
portuario.
Se deroga el capítulo XIII del título XXV del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la tramitación de concesiones en el dominio público 
portuario.
Artículo 81.  Supresión de la tasa por la ejecución de obras e instalaciones en la franja de 
servicio náutico de las marinas interiores de las urbanizaciones marítimo-terrestres.
Se deroga el capítulo XII del título XXV del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos, que regula la tasa por la ejecución de obras e instalaciones en la franja de 
servicio náutico de las marinas interiores de las urbanizaciones marítimo-terrestres. es
Sección vigésima primera.  Modificación del título XXVI del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 82.  Modificación de la tasa por la tramitación de las autorizaciones de trabajo 
para extranjeros.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 26.2-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Están exentos de esta tasa, previa justificación documental de su situación, 
los sujetos pasivos si la concesión de autorización de trabajo es para un período 
igual o inferior a seis meses.»
2.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 26.2-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«3.  Están exentas de esta tasa las autorizaciones solicitadas para personas 
menores de edad no acompañadas sobre las que un servicio de protección de 
menores tenga la tutela legal, la custodia, la protección provisional o la guarda.»
3.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 26.2-3 de la Ley de tasas y precios públicos, 
con el siguiente texto:
«4.  Están exentas de esta tasa las autorizaciones para personas que en el año 
fiscal anterior a la solicitud no hayan tenido ingresos superiores a 30.000 euros.»
Artículo 83.  Modificación de la tasa por los servicios prestados por el Registro General de 
Cooperativas de Cataluña y el Registro Administrativo de Sociedades Laborales.
Se modifica el epígrafe del capítulo V del título XXVI de la Ley de tasas y precios 
públicos, que queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO V
Tasas por los servicios prestados por el Registro General de Cooperativas 
de Cataluña y el Registro Administrativo de Sociedades Laborales»
Artículo 84.  Modificación de las tasas por los servicios prestados por el Registro General 
de Cooperativas de Cataluña y el Registro Administrativo de Sociedades Laborales.
Se modifica el artículo 26.5.5 de la Ley de tasas y precios públicos, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 26.5-5.  Cuota.
Las cuotas de las tasas son las siguientes:
1.  Cooperativas.
1.1  Inscripción de constitución de cooperativas: 66,00 euros.
1.2  Inscripción para la transformación de una sociedad en cooperativa: 66,00 
euros. e
1.3  Reactivación de una cooperativa: 66,00 euros. bo
1.4  Emisión de certificación negativa de denominación de la sociedad  69ww
coop1e.5ra tiPvaró orr, osgi ap rdoec elad ec,e drteif iclaa creiósno lduec iódne ncoomrriensapcoiónnd:i e3n,3te5:  e1u5r,o2s5. euros.
certi1fi.c6a daEsm: 1is5i,ó2n5  deeu rocse rptiofirc caedrotisfi cdaed od, antootsa  sreimgpisletr aol ecso,p inao ctaesrt ifsicimadpale.s y copias
1.7  Entrega de las cuentas anuales en papel: 5,55 euros por ejercicio.
1.8  Entrega de las cuentas anuales en soporte telemático: 3,35 euros por 
ejercicio.
1.9  Legalización de libros: 2,25 euros por cada volumen de libro.
1.10  Emisión de listas en papel: 5,55 euros.
1.11  Emisión de listas en soporte telemático: 3,35 euros.
1.12  Modificación de estatutos: 24,30 euros.
1.13  Transformación en otro tipo de sociedad: 24,30 euros.
1.14  Fusión o escisión de cooperativas: 24,30 euros.
1.15  Creación, supresión, modificación o traslado de la web corporativa: 24,30 
euros.
1.16  Disolución de la cooperativa: 24,30 euros.
1.17  Liquidación de la cooperativa: 24,30 euros.
1.18  Disolución y liquidación de la cooperativa: 24,30 euros.
1.19  Nombramiento y/o cese de cargos sociales, directivos y/o gerenciales y/o 
demás órganos: 41,95 euros.
1.20  Presentación de cuentas anuales: 24,30 euros por ejercicio.
1.21  Nombramiento y cese de auditor: 11,05 euros.
1.22  Delegación de facultades y/o apoderamientos que no derive del cese de 
un cargo directivo o gerencial: 24,30 euros.
1.23  Alta o baja de una sección de crédito: 24,30 euros.
2.  Sociedades laborales.
2.1  Inscripción de la constitución de una sociedad laboral: 22,10 euros.
2.2  Inscripción de la adquisición o pérdida de la condición de sociedad 
laboral: 22,10 euros.
2.3  Modificación de estatutos: 22,10 euros.
2.4  Transmisión de acciones y participaciones: 11,05 euros.
2.5  Transformación de sociedad laboral limitada en sociedad anónima 
limitada: 11,05 euros.
2.6  Transformación de sociedad anónima laboral en sociedad limitada 
laboral: 11,05 euros.
2.7  Disolución: 11,05 euros.
2.8  Liquidación: 11,05 euros.
2.9  Disolución y liquidación: 11,05 euros.
2.10  Fusión o escisión: 22,10 euros.
2.11  Emisión de certificados de datos registrales, notas simples y copias 
certificadas: 5,55 euros por cada certificado, nota simple o copia certificada.
2.12  Emisión de listas en papel: 5,55 euros.
2.13  Emisión de listas en soporte telemático: 3,35 euros.»
Sección vigésima segunda.  Modificación del título XXVI bis del texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña
Artículo 85.  Supresión de la tasa por los derechos de inscripción a las pruebas de 
habilitación de guía de turismo de Cataluña que convoca la Dirección General de 
Turismo, y de ampliación de idiomas.
Se deroga el capítulo I del título XXVI bis del texto refundido de la Ley de tasas y  e
precios públicos, que regula la tasa por los derechos de inscripción a las pruebas de  bo
habilitación de guía de turismo de Cataluña que convoca la Dirección General de Turismo,  69ww
y de ampliación de idiomas.
Artículo 86.  Supresión de la tasa por los derechos de renovación o emisión de duplicados 
del carné acreditativo de la habilitación de guía de turismo de Cataluña y por el 
reconocimiento de habilitaciones de guías de turismo expedidas por otras comunidades 
autónomas del Estado español u organismos oficiales de otros estados miembros de 
la Unión Europea por la vía de las prácticas profesionales.
Se deroga el capítulo II del título XXVI bis del texto refundido de la Ley de tasas y 
precios públicos, que regula la tasa por los derechos de renovación o emisión de 
duplicados del carné acreditativo de la habilitación de guía de turismo de Cataluña y por el 
reconocimiento de habilitaciones de guías de turismo expedidas por otras comunidades 
autónomas del Estado español u organismos oficiales de otros estados miembros de la 
Unión Europea por la vía de las prácticas profesionales.
TÍTULO II
Modificaciones en el ámbito de los tributos cedidos
CAPÍTULO I
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Artículo 87.  Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2020, el artículo único de la 
Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo único.  Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.
Se aprueba la siguiente escala autonómica del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas:
Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
Hasta (euros) (euros) Hasta (euros) Porcentaje ( %)
0 0 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 36.592,80 21,50
90.000,00 15.908,31 30.000,00 23,50
120.000,00 22.958,31 55.000,00 24,50
175.000,00 36.433,31 En adelante 25,50»
Artículo 88.  Mínimo del contribuyente (Impuesto sobre la renta de las personas físicas).
Con efectos desde el 1 de enero de 2020, y en los términos del artículo 46.1.a de la  es
Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación  bo
de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía  69ww
ym sínei mmoo dpiefircsaonn adle:terminadas normas tributarias, se establece el siguiente importe para el
a)  El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.550 euros anuales.
b)  Si la suma de las bases liquidables general y del ahorro del contribuyente es igual  Bc
o inferior a 12.450 euros, el mínimo del contribuyente es de 6.105 euros anuales.
CAPÍTULO II
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Artículo 89.  Modificación de la Ley 19/2010 (Impuesto sobre sucesiones y donaciones).
1.  Se modifica el artículo 26 de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 26.  Regla de mantenimiento.
El disfrute definitivo de la reducción establecida por la presente sección queda 
condicionado al mantenimiento de los bienes adquiridos en el patrimonio del 
adquirente durante los cinco años siguientes a la muerte del causante, salvo que 
dentro de este plazo fallezca el adquirente o los bienes sean adquiridos a título 
gratuito por la Generalidad o por un ente local territorial de Cataluña.»
2.  Se añade una sección, la novena, al capítulo único del título II de la Ley 19/2010, 
con el siguiente texto:
«Sección novena.  Donaciones realizadas por entidades sin ánimo de lucro
Artículo 56 bis.  Supuesto de aplicación.
1.  En las donaciones, y en el resto de transmisiones lucrativas entre vivos que 
sean equiparables, recibidas de fundaciones y asociaciones que cumplen finalidades 
de interés general, hayan sido o no declaradas de utilidad pública, inscritas en los 
registros de fundaciones y asociaciones adscritos a la Dirección General de Derecho 
y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, o en registros análogos de 
otras administraciones públicas, el contribuyente puede aplicar a la base imponible 
una reducción del 95 %. A efectos de esta reducción, se consideran asociaciones 
que cumplen fines de interés general las que han sido declaradas de utilidad pública 
y todas las que promueven actividades cuyo beneficio no esté restringido 
exclusivamente a sus asociados.
2.  Quedan excluidas de la aplicación de la reducción a la que se refiere el 
apartado 1:
a)  Las donaciones recibidas de las entidades inscritas en el censo de 
asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos vinculado al registro 
mencionado en el apartado 1 y de entidades análogas inscritas en otras 
administraciones públicas.
b)  Las donaciones recibidas de partidos políticos, de asociaciones religiosas o 
deportivas y de las organizaciones empresariales y sindicales inscritas en registros 
específicos de la Generalidad o de otras administraciones públicas.
c)  Las donaciones recibidas de asociaciones que queden excluidas de la 
concesión de ayudas públicas en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica reguladora del derecho de asociación.
d)  Las donaciones de bienes inmuebles.
Artículo 56 ter.  Requisitos.
1.  Para poder disfrutar de la reducción establecida por la presente sección, es  bo
necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 69ww
una aa)n teLlaac eiónnti dmaídn imdoan daen tdeo dse abñeo se sat alar  rinesaclirziatac ieónn  deel  rleag disotnroa ccióonrr eys epsotnadr ioepnetera ctiovna 
duetilsiddaed s puú cbolincsat idtuecbióenn.  eAsdtaerm aál sc,o lrarsie fnutned daec iloan perse sye lnatsa caisóonc diaec iloanse csu deenctalasr aadnausa ldees   BOE-A-cable e
en los registros correspondientes.
b)  La donación debe realizarse dentro del marco de los fines propios de la 
entidad donante y debe formalizarse en documento público o privado, otorgado por 
el donante y el donatario, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la 
cosa o cantidad. Este documento debe contener, como mínimo, la siguiente 
información:
1.º  La identificación de la entidad donante (denominación, NIF, domicilio social 
y número en el correspondiente registro de entidades).
2.º  La identificación del donatario (nombre y apellidos, NIF o NIE y domicilio 
fiscal).
3.º  El ámbito de actuación o fines de la entidad, de acuerdo con sus estatutos.
4.º  La cosa o cantidad objeto de la donación.
5.º El motivo de la donación y los fines o usos a los que el donatario debe aplicar 
la cosa o cantidad.
6.º  La previsión expresa, en su caso, de la reversión parcial del exceso no 
aplicado por el donatario al fin o uso mencionados en el punto 5.º
c)  Si se trata de una donación de dinero, la entrega debe realizarse por una de 
las dos siguientes vías:
1.º  Por transferencia bancaria a una cuenta nominativa del donatario, que 
debe destinar la totalidad de la donación a los fines establecidos en el documento al 
que se refiere la letra b, en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de este 
documento, ampliable por otros seis meses por causa justificada y debidamente 
acreditada.
2.º  Por transferencia directa de la entidad donante a la cuenta bancaria del 
acreedor del donatario por la prestación de servicios o entrega de bienes de los que 
este haya sido beneficiario que queden amparados en el documento de la donación 
a la que se refiere la letra b).
2.  Salvo en el supuesto establecido por el párrafo siguiente, el incumplimiento 
por parte del donatario de la aplicación de la cosa o cantidad recibida a los fines o 
usos recogidos en el documento al que se refiere la letra b conlleva la pérdida total 
de la reducción, con aplicación de los intereses de demora correspondientes y sin 
perjuicio de los recargos y las sanciones que puedan resultar aplicables de acuerdo 
con la normativa tributaria general.
Si una vez efectuada la donación resulta que es excesiva, en términos 
cuantitativos o temporales, y el donatario devuelve este exceso a la entidad donante 
porque así lo establece expresamente el documento de donación al que se refiere 
el punto 6.º de la letra b), el contribuyente puede solicitar la rectificación de la 
autoliquidación con devolución, si procede, de la parte de la cuota que representa 
este exceso, previa acreditación del retorno a la entidad de este exceso por 
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
3.  El plazo para presentar e ingresar la autoliquidación del impuesto es de un 
mes a contar desde la fecha de entrega de la cosa o cantidad.»
3.  Se modifica el apartado 2 del artículo 57 de la Ley 19/2010, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Para poder aplicar la tarifa que establece el apartado 1, la donación entre 
vivos, o el negocio jurídico equiparable, debe haberse formalizado en escritura  e.
pública o sentencia judicial. Si la escritura no es requisito de validez, es necesario  w.b
que el otorgante o otorgantes la eleven a público: 69ww
a)  En el plazo de un mes a contar desde la fecha de entrega del bien.
desdbe)  laE cne elel bcraascoió dne dl enle ngeogcoioc ijou.rídico equiparable, en el plazo de un mes a contar
La tarifa establecida por el apartado 1 no es aplicable a los negocios jurídicos a 
los que se refiere la letra e del artículo 12 del Real decreto 1629/1991, de 8 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.»
4.  Se modifica el artículo 58 de la Ley 19/2010, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 58.  Cuota tributaria.
La cuota tributaria por el impuesto sobre sucesiones y donaciones se obtiene 
aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda de los que 
se indican a continuación, establecidos en función del patrimonio preexistente del 
contribuyente y del grupo, según el grado de parentesco señalado en el artículo 2:
Grupos de parentesco
Patrimonio preexistente (euros)
I y II III IV
De 0 a 500.000. 1,0000 1,5882 2,0000
De 500.000,01 a 2.000.000,00. 1,1000 1,5882 2,0000
De 2.000.000,01 a 4.000.000,00. 1,1500 1,5882 2,0000
Más de 4.000.000,00. 1,2000 1,5882 2,0000»
5.  Se modifica el apartado 2 del artículo 58 bis de la Ley 19/2010, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  El resto de contribuyentes de los grupos I y II pueden aplicar la bonificación 
en el porcentaje medio ponderado que resulte de la aplicación para cada tramo de 
base imponible de los siguientes porcentajes:
a)  Para los contribuyentes del grupo I:
Bonificación Bonificación 
Base imponible Resto base imponible
( %) marginal ( %)
0,00  0,00 100.000,00 99,00
100.000,00 99,00 100.000,00 97,00
200.000,00 98,00 100.000,00 95,00
300.000,00 97,00 200.000,00 90,00
500.000,00 94,20 250.000,00 80,00
750.000,00 89,47 250.000,00 70,00
1.000.000,00 84,60 500.000,00 60,00
1.500.000,00 76,40 500.000,00 50,00
2.000.000,00 69,80 500.000,00 40,00
2.500.000,00 63,84 500.000,00 25,00 bo
3.000.000,00 57,37 en adelante 20,00 69ww
b)  Para el resto de contribuyentes del grupo II:
Bonificación Bonificación 
Base imponible Resto base imponible
( %) marginal ( %)
0,00  0,00 100.000,00 60,00
100.000,00 60,00 100.000,00 55,00
200.000,00 57,50 100.000,00 50,00
300.000,00 55,00 200.000,00 45,00
500.000,00 51,00 250.000,00 40,00
750.000,00 47,33 250.000,00 35,00
1.000.000,00 44,25 500.000,00 30,00
1.500.000,00 39,50 500.000,00 25,00
2.000.000,00 35,88 500.000,00 20,00
2.500.000,00 32,70 500.000,00 10,00
3.000.000,00 28,92 en adelante 0,00»
6.  Se modifica el apartado 4 del artículo 58 bis de la Ley 19/2010, que queda 
redactado del siguiente modo:
«4.  Los contribuyentes de los grupos I y II a los que se refiere el apartado 2 no 
tienen derecho a la bonificación en caso de que opten por aplicar cualquiera de las 
siguientes reducciones y exenciones:
a)  Las reducciones establecidas por las secciones tercera a décima, salvo la 
reducción por vivienda habitual establecida por la sección sexta, que es aplicable en 
todos los casos.
b)  Las exenciones y reducciones reguladas por la Ley del Estado 19/1995, de 
4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
c)  Cualquier otra reducción de la base imponible o exención que requiera que 
el contribuyente la solicite y que dependa de la concurrencia de determinados 
requisitos cuyo cumplimiento corresponda exclusivamente a la voluntad del 
contribuyente.»
CAPÍTULO III
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Artículo 90.  Bonificaciones en las transmisiones de viviendas.
1.  Se establece una bonificación del 100 % en la cuota tributaria del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, en las adquisiciones de viviendas que efectúan los 
promotores públicos como beneficiarios de los derechos de tanteo y retracto que ejerce la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña de acuerdo con el Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo,  e.
de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes  w.b
de procesos de ejecución hipotecaria. 69ww
tran2s.m  isSieo neessta bplaetcreim uonnai abloensi fiyc aacciótno sd ejul r1í0d0ic %os e nd olac ucmuoetna ttaridbousta, riean d elal  immpoudeaslitdoa sdo bdree 
tprraonmsmotiosrioens esso pcaiatlreims osninia álensi monoe droes lausc,r oe,n  hlaosm aodloqguaisdicoiso npeosr  dlae  Avigveienncdiaa sd eq ulae  eVfievcietúnadna  ldoes 
Cataluña, para su destino a vivienda de protección oficial de alquiler o cesión de uso.
Artículo 91.  Tipo de gravamen reducido en la adquisición de vivienda habitual por familias 
monoparentales.
1.  El tipo impositivo aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la 
vivienda habitual de una familia monoparental es del 5 %, siempre que se cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:
a)  El sujeto pasivo debe ser miembro de la familia monoparental.
b)  La suma de las bases imponibles totales, menos los mínimos personales y 
familiares, correspondientes a los miembros de la familia monoparental en la última 
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas no debe exceder 
de 30.000 euros. Esta cantidad se incrementa en 12.000 euros por cada hijo que exceda 
del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para que una familia 
tenga la condición legal de familia monoparental de categoría especial.
2.  A los efectos de la aplicación del tipo impositivo fijado por el apartado 1:
a)  Se entiende que son familias monoparentales las que se ajustan a las 
determinaciones de la normativa de desarrollo de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo 
a las familias.
b)  Se considera vivienda habitual la que se ajusta a la definición y a los requisitos 
establecidos por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Artículo 92.  Bonificación de la cuota por la transmisión de viviendas a empresas 
inmobiliarias.
1.  Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 13 de la Ley 31/2002, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, en la redacción dada por el artículo 37 de 
la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La aplicación de esta bonificación es provisional, por lo que solamente es 
necesario hacer constar en la escritura pública que la adquisición de la finca se 
efectúa con el fin de venderla a un particular para su uso como vivienda. Para la 
elevación a definitiva, el sujeto pasivo debe justificar la venta posterior de la totalidad 
de la vivienda y sus anexos a una empresa que cumpla los mismos requisitos del 
apartado 1 o a una persona física para cubrir sus necesidades de alojamiento, en el 
plazo de tres años a contar desde la adquisición.
3.  Si no se produce la transmisión a que se refiere el apartado 2 dentro del 
período señalado o, si se produce pero no se ha efectuado a favor de los adquirentes 
concretos que se señalan, el sujeto pasivo debe presentar, dentro del plazo 
reglamentario de presentación, contado desde el día siguiente de la fecha final del 
plazo fijado por el apartado 2, o desde el día siguiente a la fecha de la venta, 
respectivamente, una autoliquidación complementaria sin bonificación y con 
deducción de la cuota ingresada, con aplicación de los correspondientes intereses 
de demora.
4.  A efectos de la aplicación de la bonificación, es preciso tener en cuenta las 
siguientes reglas especiales:
a)  Cuando se transmitan viviendas que formen parte de una edificación entera 
en régimen de propiedad vertical, la bonificación solo es aplicable en relación con la 
superficie que se asigne como vivienda en la división en propiedad horizontal  e
posterior, quedando excluida la superficie dedicada a locales comerciales. bo
b)  La bonificación es aplicable a la vivienda y al terreno en que se encuentra  69ww
edaneñclo lpscal )vaa az qdoEua nfe i jsae isedl ecmo a rpcesorofeime  dqrpeeur  eeaen dlf doqaarupm ialsaeri ctntaio ódutnaon l adi2d e mae dpiss a dmlraetea  fls aef i cinfnhicndaaciv  ardies.eag sias,dt reqalu ld iysí ailca iió nvniec nidatela  d lpaeo l psprtlieamrzieoorr a dd epe antrrterteos    OE-A-2020-55able en https://
indivisa.
d)  Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta bonificación:
– Las adjudicaciones de inmuebles en subasta judicial.
– Las transmisiones de valores que incurran en los supuestos a los que se 
refiere el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley del impuesto, aprobado por el 
Real decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.»
2.  El plazo de tres años establecido por el apartado 2 del artículo 13 de la 
Ley 31/2002, en la redacción dada por el apartado 1 del presente artículo 92, no resulta 
aplicable a los hechos imponibles acreditados antes de la entrada en vigor de la 
presente ley.
Artículo 93.  Bonificación de las escrituras públicas de constitución en régimen de 
propiedad horizontal por parcelas.
1.  Goza de una bonificación del 60 % de la cuota gradual de actos jurídicos 
documentados la escritura pública de constitución del régimen de propiedad horizontal por 
parcelas, regulado por el artículo 553-53 del libro quinto del Código civil de Cataluña, en el 
supuesto de los polígonos industriales y logísticos.
2.  Esta bonificación se aplica a las escrituras públicas a las que se refiere el 
apartado 1 que se otorguen hasta el 31 de diciembre de 2023.
Artículo 94.  Bonificación de los actos notariales en que se formalizan los depósitos de 
arras penitenciales y demás documentos notariales que se puedan otorgar para su 
cancelación registral.
Gozan de una bonificación del 100 % de la cuota gradual del impuesto sobre actos 
jurídicos documentados los instrumentos públicos notariales en los que se formalicen los 
depósitos de arras penitenciales a que se refiere el artículo 621-8 del Código civil de 
Cataluña, así como el resto de documentos notariales que puedan otorgarse para su 
cancelación registral.
CAPÍTULO IV
Obligaciones formales
Artículo 95.  Obligación de presentación de documentos a los efectos del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones.
Se modifica el artículo 21 de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y 
financieras, en la redacción dada por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Artículo 21.  Obligación de presentación de documentos a los efectos del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones.
La presentación de los documentos de los hechos imponibles del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto  s
sobre sucesiones y donaciones no es necesaria si el notario autorizante ha  e.
efectuado previamente el envío de la declaración informativa de la escritura  w.
correspondiente, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 12/2004,  69ww
ddees 2a7rr odlelo  dreicgielammbernet,a drioe. »medidas financieras, y la correspondiente normativa de
Artículo 96.  Plazo de presentación de las autoliquidaciones complementarias en caso de 
pérdida del derecho a aplicar un beneficio fiscal.
En el supuesto de pérdida del beneficio fiscal por incumplimiento de los requisitos a 
que está condicionado, el obligado tributario, salvo que específicamente se establezca otra 
cosa, cuando posteriormente a la aplicación de una exención, deducción o cualquier otro 
beneficio fiscal se produzca la pérdida del derecho a su aplicación por incumplimiento de 
los requisitos a que esté condicionado su disfrute definitivo, debe presentar e ingresar, 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que se produjo el 
incumplimiento, una autoliquidación complementaria sin la aplicación del beneficio, y con 
los intereses de demora correspondientes.
PARTE SEGUNDA
Medidas financieras
TÍTULO III
Medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas
Artículo 97.  Modificación del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
1.  Se añade un artículo, el 27 bis, al texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, con el siguiente 
texto:
«Artículo 27 bis.
1.  Los escenarios presupuestarios plurianuales son el marco de referencia 
para la elaboración de los presupuestos anuales.
2.  Los escenarios presupuestarios plurianuales deben elaborarse de acuerdo 
con la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y deben 
determinar los límites, referidos a los cuatro ejercicios siguientes, que la acción del 
Gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia 
presupuestaria.
3.  Los escenarios presupuestarios plurianuales están formados por un 
escenario de ingresos y uno de gastos. La estimación de los ingresos debe recoger 
la evolución tendencial de la economía. El escenario de gastos debe contener una 
evolución de los gastos coherente con los objetivos fiscales.
4.  El escenario de gastos a cuatro años debe desagregarse para cada 
departamento y actuar de referencia en el momento de autorizar nuevas acciones 
que comporten gasto plurianual.
5.  El departamento competente en materia de finanzas públicas es el 
responsable del proceso de elaboración de los escenarios presupuestarios 
plurianuales y debe elevarlos directamente al Gobierno, junto con el anteproyecto 
de presupuestos para el primer ejercicio, para su aprobación.»
2.  Se deroga el artículo 31 bis del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña.
3.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 60 del texto refundido de la Ley de finanzas  e
públicas de Cataluña, con el siguiente texto: b
drpeúesbrae«lric5ccho.i mo  yiLec anpostumo ce oapd noectr i odesnafudes eecestcjue udaceeurnsbcceiidói aans s ut taa iec nlnoateo bhn ra odlc aeide l cenoo dtnaaosc rdiugdeeae rlmrada iocGei ónecntnoo en dr deale loiid n auegdnrse  taasa boqvsluae elcd  ieecds oodtma ep rotoee nrcd hgeeoall     OE-A-2020-5569able en https://ww
artículo 13.»
4.  Se añade una letra, la d, al artículo 64 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«d)  Ser el centro de control de gestión en el ámbito económico-financiero.»
5.  Se modifica el artículo 65 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 65.
En caso de que, en ejercicio de la función interventora, la Intervención discrepe 
con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, 
formula sus objeciones por escrito. Si la disconformidad se refiere al reconocimiento 
o a la liquidación de derechos a favor de la hacienda de la Generalidad, se hace en 
nota de reparo, y si subsiste la discrepancia, mediante el recurso o la reclamación 
que proceda.»
6.  Se añade una letra, la c, al apartado 1 del artículo 68 del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«c)  El control de gestión en el ámbito económico-financiero.»
7.  Se añade un apartado, el 5 bis, al artículo 68 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«5 bis.  El control de gestión en el ámbito económico-financiero tiene por objeto 
el análisis global o específico de los procedimientos, riesgos, sistemas, resultados, 
organización y programas de las diferentes unidades y entidades, a fin de comprobar 
si la gestión de los recursos se ha efectuado de acuerdo con los principios de 
economía, eficiencia y eficacia.»
8.  Se modifica el artículo 69 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 69.
1.  Los  departamentos  de  la  Generalidad,  las  entidades  autónomas 
administrativas y el Servicio Catalán de la Salud están sometidas a la función 
interventora y el resto de entidades del sector público a la modalidad de control 
financiero.
2.  Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, el Gobierno, a propuesta 
de la Intervención General, puede acordar las modalidades de control que debe 
ejercer la Intervención en los órganos, las entidades del sector público de la 
Generalidad, los procedimientos o las actuaciones, con los requisitos que se 
determinen, a fin de mejorar la eficacia y la eficiencia en sus finalidades.
3.  Las modalidades de control deben acordarse teniendo en cuenta la 
normativa específica aplicable por razón de la materia.»
9.  Se modifica el artículo 70 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 70. e
1.  La Intervención General aprueba el plan anual de actuaciones de control  w.
qádemubebe iit nocc oelmucyuoenn iólcamasri  cdeoel-  fricenosaunnltctraoiedl roofi  ndyae n filcsoicsea rcloioz, nactcroioónlnetr sop ler epfevociastut eparodioro rsm,  cauole ncstotrrnoesol e.d jeeLr aog  Iecnsottemiórvpnee netecnni ótenel    2020-5569n https://ww
en materia de finanzas y debe publicarse en el Portal de la Transparencia de la
Generalidad.
2.  Los informes resultantes de los controles a que se refiere el apartado 1 
deben incluir las recomendaciones para resolver las debilidades o deficiencias que 
se hayan detectado y, en su caso, proponer la adopción de las medidas correctoras 
a adoptar por la entidad.
3.  Las unidades y entidades controladas deben comunicar a la Intervención 
General, por medio del departamento de adscripción, las medidas correctoras que 
deben adoptar como resultado de los controles y el calendario previsto para su 
aplicación, así como las actuaciones que, en su caso, sean necesarias a fin de 
resarcir y evitar perjuicios a la hacienda de la Generalidad.
4.  En caso de que no se dé respuesta a las recomendaciones efectuadas o la 
respuesta sea insuficiente o inadecuada, la Intervención General debe poner este 
hecho en conocimiento del Gobierno, por medio de la persona titular del departamento 
competente en materia de finanzas, para que previa tramitación de procedimiento 
contradictorio entre las partes acuerde las medidas que deben adoptarse.
Sin perjuicio de lo establecido por el párrafo anterior, si la Intervención General 
detecta indicios de posibles perjuicios a la Hacienda de la Generalidad, debe 
proponer al titular del departamento competente en materia de finanzas el inicio del 
expediente oportuno, según lo que establece el artículo 85.»
10.  Se modifica el artículo 71 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 71.
1.  Las entidades públicas que forman parte del sector público de la Generalidad 
con participación mayoritaria, directa o indirectamente, y las entidades adscritas a la 
Administración de la Generalidad son objeto de control financiero mediante la forma 
de auditoría bajo la dirección de la Intervención General o mediante la supervisión 
de auditorías contratadas, de acuerdo con el plan anual de actuaciones de control 
aprobado para cada ejercicio económico.
2.  La supervisión de auditorías contratadas a que se refiere el apartado 1 
consiste en la verificación de que los trabajos realizados se ajustan, con carácter 
general, a los procedimientos de auditoría generalmente establecidos en el ámbito 
del sector público y en el objeto del contrato correspondiente.
3.  Las entidades públicas que forman parte del sector público de la Generalidad 
con participación mayoritaria, directa o indirectamente, deben establecer órganos 
propios de control económico y financiero interno, según lo que se establezca por 
reglamento, que deben depender directamente del máximo órgano de gobierno de 
la entidad. El departamento competente en materia de finanzas, a propuesta de la 
Intervención  General,  debe  establecer  por  reglamento  las  funciones,  las 
competencias, el alcance y los criterios del control interno de estos órganos, 
teniendo en cuenta el volumen de recursos anuales que gestiona la entidad, el 
número de personal y otros factores que se consideren relevantes y que puedan 
afectar a los aspectos económicos y financieros de la entidad.
4.  Las actuaciones de control financiero a que se refiere este artículo pueden 
comprender una auditoría financiera y de regularidad, a fin de comprobar que la 
actuación de la entidad se ajusta a la legalidad vigente y a las directrices del 
Gobierno y del departamento competente en materia de finanzas que le sean 
aplicables, y también que las transferencias recibidas de la Generalidad se han  es
aplicado a los fines previstos; de lo contrario, pueden incluir la propuesta de las  bo
medidas de ajuste y de compensación que sean pertinentes. 69ww
adperpobaci5rleti.dad adimdoLe oie1ssn   rdtieonelsfabo terdivmnea  esigns eac s rllueatiisósru  ncllo,tu asaen snetíetr arscso o drameenso u,l  oallasoles ssc  r,oi enencclt orucommulemepsnlp idmlfiiamniecaiiennontcnotieoess ,rd o lecaso  slaan  d  lqleeaugfsieac m liiesdenead cdrii edaofas ide sye re q ll uaoeessl     OE-A-2020-55able en https://
debe adoptar la entidad controlada.
La entidad controlada debe comunicar a la Intervención General, por medio del 
departamento de adscripción, las medidas correctoras que deben adoptarse y el 
calendario previsto para su aplicación, así como las actuaciones que deben llevarse 
a cabo para resarcir y evitar perjuicios a la hacienda de la Generalidad.
En caso de que por las actuaciones llevadas a cabo se considere que hay 
evidencias de posibles responsabilidades, la Intervención General debe proponer al 
titular del departamento competente en materia de finanzas el inicio del 
correspondiente expediente.
6.  La Intervención General, en el marco de las actuaciones de control, ejerce 
la supervisión continua de las entidades del sector público de la Generalidad, con el 
fin de evaluar, desde un punto de vista económico-financiero:
a)  La subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de estas 
entidades.
b)  La sostenibilidad financiera de estas entidades.
c)  La concurrencia de la causa de disolución por el incumplimiento de las 
finalidades que justificaron la creación de la entidad o si la subsistencia de la entidad 
es el medio más idóneo para su consecución.»
11.  Se modifica el artículo 75 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 75.
La Intervención General de la Generalidad es el centro directivo de la 
contabilidad pública de Cataluña, al que corresponde:
a)  Proponer a la persona titular del departamento competente en materia de 
finanzas la aprobación del Plan general de contabilidad pública de la Generalidad de 
Cataluña, así como la aprobación de los criterios para determinar el plan contable 
en virtud del cual las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña 
deben presentar la información económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, 
atendiendo a sus características o peculiaridades, sin perjuicio de la coordinación 
con el plan marco.
b)  Elaborar las instrucciones de desarrollo del Plan general de contabilidad 
pública de la Generalidad, y proponer los planes parciales y especiales que se 
elaboren, si procede.
c)  Elaborar y proponer las instrucciones para determinar reglas contables a las 
que deben someterse las entidades del sector público de la Generalidad, así como 
el contenido, modelo y estructura de las anotaciones contables, estados y otra 
información contable y presupuestaria que puedan requerirse de estas entidades.
d)  Elaborar las instrucciones para determinar las especificaciones, el 
procedimiento y la periodicidad de la información contable que deben entregar a la 
Intervención General, por las entidades del sector público de la Generalidad de 
Cataluña, así las demás entidades que constan en el inventario de entes en el 
ámbito de la Generalidad de Cataluña en los términos que establece la normativa de 
transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
e)  Dirigir y administrar los sistemas corporativos de información contable y 
autorizar, previo a su uso, los demás sistemas de información contables de las 
entidades del sector público. e.
f)  Dirigir  y  supervisar  los  procedimientos  de  registro,  elaboración  y  w.b
comunicación de la información contable de las entidades.» 69ww
12.  Se modifica el artículo 76 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 76.
Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención 
General de la Generalidad:
a)  Registrar la contabilidad las operaciones de contenido económico-
financiero, patrimonial y presupuestarias de la Administración de la Generalidad y de 
las entidades sujetas a función interventora.
b)  Formar la cuenta general de la Generalidad.
c)  Centralizar la rendición de cuentas, los estados contables y resto de 
información de la Generalidad y de sus entidades, que de acuerdo con la normativa 
aplicable deban presentarse a otros órganos de control u otros destinatarios.
d)  Centralizar y presentar las cuentas y otra información contable de la 
Generalidad y de las entidades que constan en el Inventario de entes públicos en el 
ámbito de la Generalidad en los términos que establezca la normativa de 
transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
e)  Elaborar la información contable de naturaleza económica financiera, 
patrimonial y presupuestaria para la formación de las cuentas del sector público de 
la Generalidad de acuerdo con los criterios de delimitación institucional e imputación 
de operaciones del sistema europeo de cuentas establecido por la normativa 
vigente.
f)  Coordinar la planificación contable de las entidades del sector público de la 
Generlidad.
g)  Impulsar y dirigir la implementación y el mantenimiento de los sistemas 
corporativos de información contable y la integración con los sistemas informáticos 
de gestión.»
13.  Se modifica el apartado 1 del artículo 76 bis del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La Intervención General es el órgano competente en la rendición de 
cuentas de todas las entidades clasificadas como Administración pública de la 
Generalidad según el sistema europeo de cuentas, en los términos de la normativa 
de transparencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La Intervención General supervisa el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, deuda, regla de gasto y período medio de 
pago a proveedores que la ley anual de presupuestos establezca a las entidades 
clasificadas en su sector de administraciones públicas en términos de contabilidad 
nacional y, propone al departamento competente en materia de finanzas la adopción 
de las correspondientes medidas correctoras.»
14.  Se modifica el artículo 79 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 79.
La persona titular del departamento competente en materia de finanzas, con  s
periodicidad trimestral, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre y  e.
a través de su portal de Internet, debe poner a disposición del Parlamento, para que  w.
reciba la información y se someta estudio de la Comisión de Economía, Finanzas y  69ww
pdree ssuusp umeosdtoif,i ceal ceiostnaedso,  atrsimí ceosmtraol  ldoes  emjeocvuimciióenn tdoesl  yp rlae ssuitpuuaecsióton  ddee ll aT eGsoernoe.r»alidad y
15.  Se modifica el apartado 4 del artículo 81 texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  La Intervención General formula la Cuenta general de la Generalidad, y 
debe presentarla a la Sindicatura de Cuentas antes del 31 de julio. Las cuentas 
anuales consolidadas del sector público que deben incorporarse a la Cuenta general 
deben ser elaboradas y enviadas por la Intervención General a la Sindicatura de 
Cuentas antes del 1 de octubre.»
16.  Se añade una letra, la f, al artículo 95 del texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«f)  En caso de que la persona beneficiaria esté incluida en el ámbito subjetivo 
del artículo 96 bis, debe acreditar haber enviado toda la información que debe 
contener el Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, con relación a aquellas 
subvenciones y ayudas que haya concedido.»
17.  Se modifica el apartado 1 del artículo 97 texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La Intervención General de la Generalidad, de acuerdo con la normativa 
aplicable y el plan anual de actuaciones de control, debe controlar las subvenciones 
públicas afectadas por la presente ley para asegurar el cumplimiento de sus 
finalidades y de las disposiciones legales aplicables a las finanzas de la Generalidad.»
18.  Se modifica el último párrafo del apartado 3 del artículo 97 texto refundido de la 
Ley de finanzas públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«El citado plazo puede prorrogarse por otro equivalente si concurren causas de 
fuerza mayor o razones de interés público.»
19.  Se modifican los apartados 9, 10 y 11 del artículo 97 del texto refundido de la Ley 
de finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
«9.  El órgano concedente, en el plazo de un mes desde que le sea notificado el 
informe de control, debe iniciar los correspondientes expedientes, de los cuales debe 
formar parte el mencionado informe. Si, como resultado del expediente de revocación, 
la propuesta de resolución difiere de la realizada por la Intervención General, debe 
seguirse el procedimiento contradictorio al que se refiere el artículo 70.4.
10.  Corresponde a la Intervención General de la Generalidad, en el ámbito de 
Cataluña, la elaboración, aprobación y ejecución del plan anual de actuaciones de 
control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total o parcialmente con fondos 
comunitarios, de acuerdo con los reglamentos europeos.
11.  La notificación del inicio de las actuaciones de control a los beneficiarios 
implica la interrupción de la prescripción del derecho de la Administración a la 
revocación de las subvenciones otorgadas y a resarcirse, si procede, de las 
cantidades indebidamente percibidas y de los posibles intereses que correspondan.»
20.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
1.  Si el órgano concedente, como consecuencia de su actuación de  e.e
comprobación, o en el caso del artículo 97.7, acredita que se ha producido alguna  b
de las causas de revocación, debe iniciar la tramitación del expediente oportuno, de  69ww
acuear)d oE clo enx lpaesd sieignuteie ndteebse r eingiclaiasr:se y notificarse en el plazo de tres meses desde
edle a ucnto m aedsm dineissdtrea ltaiv on odtiefilc raecsiuólnta ddeol  rdees ulalt aadcotu daecli ócno ndtero cl ofimnapnrocibearoci óenfe oct ueand eol  ppolarz loa   BOE-A-cable e
Intervención General.
b)  El plazo para concluir el expediente es de doce meses desde la fecha de la 
resolución de inicio del expediente, que debe ser dictada por el órgano que firmó la 
resolución de concesión. Este plazo puede prorrogarse de forma motivada por un 
período no superior a seis meses, de acuerdo con lo que determinan las normas 
reguladoras del procedimiento administrativo común.
c)  El procedimiento se resuelve de acuerdo con lo determinado por las normas 
reguladoras del procedimiento administrativo común, y en cualquier caso debe 
reconocerse a las personas interesadas el derecho a formular alegaciones, proponer 
medios de prueba, y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de 
resolución que ponga fin al expediente.
d)  Una vez transcurrido el plazo establecido por la letra b sin que se haya 
notificado la resolución expresa, se produce la caducidad del procedimiento sin que 
se considere interrumpida la prescripción.
2.  Si la resolución establece que se ha producido una causa de revocación, 
debe acordarse, de acuerdo con la normativa reguladora de los ingresos de derecho 
público, el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los 
intereses de demora desde la fecha de pago de la subvención o de los anticipos o 
pagos a cuenta efectuados. En todo caso, el incumplimiento de la obligación de 
reintegro origina la ejecución de las garantías prestadas.»
21.  Se añade un capítulo, el X, al texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, con el siguiente texto:
«CAPÍTULO X
Evaluación de políticas públicas
Artículo 109.  Concepto de evaluación de políticas públicas.
A efectos de lo establecido en el presente capítulo, se entiende por evaluación 
de políticas públicas la valoración de las intervenciones de la Administración de la 
Generalidad y de las entidades de su sector público en cuanto a funcionamiento, 
productos e impactos, en relación con las necesidades que se pretenden satisfacer 
y orientada a proveer información para la toma de decisiones.
Artículo 110.  Ámbito de aplicación de la evaluación de políticas públicas.
Quedan sometidas a las disposiciones del presente capítulo las actuaciones de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña y de las entidades de su sector 
público.
Artículo 111.  Criterios de evaluación de políticas públicas e incorporación de los 
resultados.
1.  Las acciones de evaluación de políticas públicas deben fundamentarse en 
los siguientes criterios:
a)  La prioridad estratégica de la actuación, la necesidad o la problemática a 
mitigar.
b)  La magnitud de los recursos públicos que se dediquen a las mismas. e
c)  La capacidad efectiva de transformación y mejora de los resultados. b
d)  Otros criterios que defina el Gobierno. 69ww
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Artículo 112.  Sistemática de evaluación de políticas públicas.
1.  La evaluación de políticas públicas comprende el conjunto del ciclo de 
gestión y constituye una herramienta para facilitar la toma de decisiones.
2.  La evaluación de políticas públicas debe permitir obtener conocimiento para 
mejorar el diseño, funcionamiento e impacto de las políticas públicas, así como la 
priorización, las decisiones de asignación de recursos presupuestarios y la 
transparencia de la acción pública.
3.  El departamento competente en materia de finanzas públicas, en 
colaboración con los departamentos y entidades del sector público de la Generalidad, 
promueve, coordina e impulsa el fomento de la práctica de evaluación de políticas 
públicas en cuanto a las intervenciones públicas que afecten a los ingresos y gastos 
de la Generalidad, con el fin de asegurar la relevancia, la eficiencia y la efectividad 
tanto de las políticas existentes como de las futuras. Este departamento puede 
realizar evaluaciones para maximizar el valor social de los recursos públicos. Estas 
competencias se ejercen sin perjuicio de las competencias en materia de evaluación 
que correspondan a otros departamentos.
4.  Los departamentos de la Administración de la Generalidad y las entidades 
dependientes deben acordar la realización de evaluaciones y planes de evaluación 
plurianuales de las políticas públicas que hayan diseñado o ejecutado en el ámbito 
de sus competencias, sin perjuicio del plan plurianual de evaluaciones que debe 
aprobar el Gobierno con respecto a las intervenciones públicas que se consideren 
prioritarias.
Artículo 113.  Informe de impacto económico y social.
1.  Sin perjuicio del informe de impacto presupuestario preceptivo, los cambios 
en las intervenciones públicas y las nuevas intervenciones públicas que se prevea 
que tengan un impacto relevante deben ir acompañadas de un informe de impacto 
económico y social en que se evalúen los costos y los beneficios para sus 
destinatarios y para la realidad social y económica, mediante el análisis de coste-
beneficio u otros sistemas de evaluación, en los términos que establezca el 
Gobierno.
2.  El requerimiento de presentación de informes de impacto económico y 
social es extensible a momentos posteriores a la aprobación o autorización de las 
intervenciones correspondientes, de acuerdo con las directrices que establezca el 
Gobierno.
Artículo 114.  Proceso de revisión del gasto.
1. La revisión de las políticas de gasto tiene por objeto detectar ganancias de 
eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos para maximizar el impacto 
social del gasto público.
2. El departamento competente en materia de economía y finanzas debe realizar 
este proceso de revisión del gasto, en colaboración con el resto de departamentos 
y entidades del sector público de la Generalidad.
Artículo 115.  Publicidad de las evaluaciones de políticas públicas.
Las evaluaciones de políticas públicas que realice la Administración de la  es
Generalidad y las entidades de su sector público se publicarán en la forma y por los  o
canales establecidos en la normativa de transparencia y buen gobierno.» 69www.
22.  La disposición adicional única del texto refundido de la Ley de finanzas públicas 
de Cataluña pasa a ser disposición adicional primera, por cuanto se añade a dicho texto 
refundido una disposición adicional, la segunda, con el siguiente texto:
«Disposición adicional segunda.  Régimen de retorno de cobros indebidos en el 
ámbito de las prestaciones del sistema público de servicios sociales y de pago 
de deudas derivadas de la participación de los usuarios en la financiación de las 
prestaciones de servicios sociales.
1.  Las personas físicas que tengan la condición de beneficiarias de las 
prestaciones del sistema público de servicios sociales, incluida la renta garantizada 
de ciudadanía, que estén obligadas a devolver cobros indebidos por este concepto 
pueden devolver fraccionadamente las cantidades percibidas indebidamente, en un 
plazo máximo de cuarenta y ocho meses, sin que pueda existir devengo de intereses 
ni ningún tipo de recargo, excepto en caso de incumplimiento del pago de tres 
plazos consecutivos, supuesto en el que las cantidades que queden pendientes de 
pago devengan intereses.
2.  Las deudas derivadas de la participación de los usuarios en la financiación 
de las prestaciones de servicios sociales no gratuitas quedan sujetas al régimen de 
pago que determina el apartado 1.
3.  Lo establecido en la presente disposición no es aplicable si la obligación de 
retorno deriva de falsedad en los datos aportados relativos a los ingresos de los 
beneficiarios o de la mala fe de la persona obligada al retorno.»
23.  Se añade una disposición derogatoria, única, al texto refundido de la Ley de 
finanzas púbicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición derogatoria única.
Se deroga la disposición adicional tercera, «Control de la gestión en el ámbito 
económico y financiero», de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas 
financieras.»
24.  La disposición final única del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña pasa a ser disposición final primera, por cuanto se añade a dicho texto refundido 
una disposición final, la segunda, con el siguiente texto:
«Disposición final segunda.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto 
refundido
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la Ley de 
finanzas públicas de Cataluña, en sustitución del texto refundido aprobado por el 
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. La autorización para la refundición 
incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar su contenido.»
Artículo 98.  Modificación del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña con relación a la tutela financiera de los entes locales.
1.  Se modifica la letra c) del artículo 206.3 del texto refundido de la Ley municipal y 
de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril,  e.e
que queda redactada del siguiente modo: b
ceuonxcmae «spdcoee)ct  eileonEdstaen 1d  5ee q.nl0 u c0ema0 isa meotepu drlriioceasa   vdnoa ee l sole icr cesooesnn  tamroodmolq ebíuafiiel eiaycrtr eiifvnoino saa ,d cneecz lial oaisnn s efsoosicr  mioee led pi aampdrrpt eipcovoirpirto aep c dadioeretnle  el dadse e pasl adoercqntiuataeimls elioescc nidóateonl.     OE-A-2020-55able en https://
El informe debe emitirse en un plazo de veinte días.»
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 209 del texto refundido de la Ley municipal 
y de régimen local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«3.  Para enajenar valores mobiliarios, es necesario el informe previo del 
departamento competente en materia de economía y finanzas si el importe de la 
enajenación excede los 15.000 euros. El informe debe emitirse en un plazo de 
veinte días.»
Artículo 99.  Modificación de la Ley 26/2009, con relación al conocimiento y publicidad de 
los informes de fiscalización de los entes locales.
Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas, que queda redactado del 
siguiente modo:
«4.  El  departamento  competente  en  materia  de  cooperación  con  la 
Administración local de Cataluña debe crear un inventario público de control del 
cumplimiento de las obligaciones de envío de documentación económico-financiera, 
tanto por parte de los entes locales como de las entidades de su sector público, al 
propio departamento, al departamento competente en materia de economía y 
finanzas y a la Sindicatura de Cuentas.»
Artículo 100.  Modificación de la Ley 23/2015 (Régimen transitorio de la financiación 
específica del municipio de Badia del Vallès).
Se modifica el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 23/2015, de 29 de julio, del régimen 
transitorio de la financiación específica del municipio de Badia del Vallès, que queda 
redactado del siguiente modo:
«4.  La Sindicatura de Cuentas debe fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento de 
Badia del Vallès cuadrianualmente, mientras la Administración de la Generalidad se 
haga cargo de la financiación de los servicios no obligatorios a los que se refiere el 
apartado 1.»
TÍTULO IV
Modificaciones legislativas en materia de patrimonio
Artículo 101.  Modificación del texto refundido de la Ley de patrimonio.
1.  Se modifica el artículo 6 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la 
Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, 
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6.
1.  El ejercicio de las funciones dominicales sobre el patrimonio de la 
Generalidad que esta ley no atribuye al Parlamento o al Gobierno corresponde a la 
persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, sin perjuicio 
de las funciones y las responsabilidades de otros departamentos respecto a los 
bienes de dominio público que les sean adscritos, con las excepciones establecidas  e.e
por esta ley. b
2.  El ejercicio de las actuaciones dominicales relativas a bienes y derechos  69ww
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certificado de existencia de crédito del departamento competente en materia de
acción exterior, la validación técnica del precio de alquiler/m2, de acuerdo con los 
precios de mercado del lugar de ubicación del bien inmueble, y el cumplimiento de 
la ratio de empleo m2/trabajador, establecida por la unidad directiva competente en 
materia de patrimonio.
Excepcionalmente, para facilitar el mantenimiento de la oferta durante la 
tramitación del expediente previo a la formalización del contrato de arrendamiento, 
y siempre que así lo permitan los usos jurídicos de los países donde radiquen los 
bienes, podrá depositarse como garantía una cantidad equivalente no superior a 
tres meses de alquiler. Estas actuaciones deben comunicarse a efectos de 
inventario.»
2.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 9 del texto refundido de la Ley de patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«4.  Los bienes y derechos demaniales de la Generalidad podrán afectarse al 
dominio público de otras administraciones públicas para ser destinados a un uso o 
servicio público de su competencia. Esta afectación no altera la titularidad de los 
bienes o derechos ni su carácter demanial e implica el ejercicio de las facultades 
correspondientes a la gestión, defensa, mantenimiento y mejora de los bienes y 
derechos afectados.
Las mutaciones demaniales de bienes y derechos efectuadas a favor de la 
Generalidad por otras administraciones públicas para ser destinados a un uso o 
servicio público, deben adoptarse con transferencia de la titularidad de los bienes o 
derechos. Corresponde al Gobierno de la Generalidad la aceptación de la mutación 
demanial mediante acuerdo.
Si el destino se ha mantenido durante todo el plazo acordado, no se produce la 
reversión de los bienes o derechos a la administración transmitente y estos quedan 
integrados en el patrimonio de la administración adquirente.
En el caso de reversión de los bienes o derechos transmitidos por otras 
administraciones públicas, mediante mutación demanial, la Generalidad puede 
resarcirse del importe de las actuaciones que se han llevado a cabo y que sean 
consecuencia de las condiciones impuestas por la administración transmitente.»
3.  Se deroga el apartado 3 del artículo 12 bis del texto refundido de la Ley de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña.
4.  Se añade un artículo, el 12 ter, al texto refundido de la Ley de patrimonio de la 
Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 12 ter.
1.  La sucesión legal de la Generalidad se rige por la normativa civil catalana, y 
su aceptación, que siempre es a beneficio de inventario, se entiende hecha 
directamente por imposición de la ley, con la resolución administrativa que la declare.
2.  Debe establecerse por decreto el procedimiento para declarar la sucesión 
legal de la Generalidad de Cataluña, así como para gestionar, liquidar y distribuir el 
caudal hereditario.
3.  El acuerdo de incoación del procedimiento debe publicarse en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en la página web del departamento competente en 
materia de patrimonio y en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de la posibilidad 
de utilizar otros medios adicionales de difusión. El acuerdo también debe publicarse  e.
en los tablones de anuncios de los ayuntamientos correspondientes al último  w.b
domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento y nacimiento y donde radiquen  69ww
ldae m uany more psa. rLtea  dRee ssuoslu bciieónne qsu. eL osse e ddiicctteo sd edbeeb epnu ebslictaarr seex peune slotos sm diusmraonste l uegl apreersío edno 
qreuseo lsuec ióhna yfain aaln duenlc ipardooc eedl imacieunetrod oy  dseu si nrceosaocluiócnio. nEels  accoumeprdleom deen tianrciaosa,c idóenb, elan 
publicarse gratuitamente en el ‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.
4.  A efectos de las actuaciones de investigación que debe llevar a cabo la 
Generalidad para acordar la incoación de un procedimiento abintestato, las 
autoridades y funcionarios, registros, archivos u organismos públicos deben 
suministrar la información de que dispongan sobre los bienes y derechos de 
titularidad del causante. Esta información es gratuita si es suministrada por 
autoridades y funcionarios, registros, archivos u organismos públicos que dependen 
de la Generalidad. Tienen la misma obligación de colaboración tendrán los órganos 
de la Administración tributaria, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la 
normativa tributaria en materia de suministro de información de carácter tributario.
5.  Si una vez incoado el procedimiento queda acreditado que el valor de las 
deudas del causante es superior al valor de los bienes o derechos ha de heredar la 
Generalidad, el órgano competente para resolver puede proceder al archivo del 
procedimiento. Dicha resolución debe publicarse en los mismos lugares en que se 
haya anunciado el acuerdo de incoación.
6.  El plazo para la resolución del procedimiento es de un año a contar desde 
el acuerdo de incoación del mismo.
7.  No se derivan responsabilidades para la Generalidad por razón de la titularidad 
de los bienes y derechos integrantes del caudal relicto hasta el momento en que estos 
le sean entregados por el órgano judicial o se tome posesión efectiva de los mismos.
8.  Todos los bienes que integran las herencias intestadas en que haya sido 
declarada heredera la Generalidad, así como los gastos que se deriven quedan 
afectados por un régimen de autonomía económica y se constituye un fondo de 
garantía, que se regula por reglamento, para atender al coste de la gestión y 
administración de las herencias intestadas.
9.  La Generalidad debe destinar los bienes heredados o su importe a las 
finalidades establecidas en la normativa civil catalana. En el supuesto de que la 
Generalidad de Cataluña haya sido declarada heredera intestada y existan herederos 
con mejor derecho, solo se les restituirán los bienes de la herencia respecto de aquellos 
que la Generalidad conserve la titularidad en el momento en que tenga conocimiento 
de este mejor derecho, una vez descontados los gastos del coste de la gestión y 
administración de la herencia, establecidos por reglamento y los que se hayan 
efectuado en los bienes heredados, de acuerdo con lo previsto en la normativa civil.»
5.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 15 bis del texto refundido de la Ley 
de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que quedan redactados del siguiente modo:
«3.  Corresponde al titular del departamento competente en materia de 
patrimonio, a propuesta del titular de la unidad directiva competente en materia 
de patrimonio, aprobar mediante orden, los criterios de ocupación y las tipologías de 
espacios de inmuebles destinados a uso administrativo.
4.  Para tramitar las propuestas de adquisición mediante cualquier título de 
inmuebles o derechos reales a título oneroso o de disposición como arrendatarios, 
ocupantes o usuarios con relación a inmuebles destinados a uso administrativo, la 
unidad proponente debe acreditar que se cumplen los criterios de ocupación y las 
tipologías de espacios que se establezcan, sea cual sea el procedimiento de 
contratación.»
6.  Se modifica la letra h del apartado 5 del artículo 18 del texto refundido de la Ley de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo: s
«h)  Cuando el valor de tasación del bien no exceda de cuarenta mil euros y se  b
incorporen tres ofertas al procedimiento, siempre que sea posible.» 69ww
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sucesión intestada pueden enajenarse por subasta pública, por concurso público o
por adjudicación directa, en los términos previstos en este artículo y en la normativa 
reguladora de las herencias intestadas. En todo caso, el bien inmueble adquirido por 
título de sucesión intestada debe destinarse al cumplimiento de políticas de vivienda 
social, ya sea directamente, o reinvertiendo el producto obtenido al enajenarlas, 
según sus características, en los términos que establece la normativa civil aplicable. 
De forma excepcional, también puede acordarse la adjudicación directa de un 
inmueble proveniente de una herencia intestada, de forma motivada y con un 
informe previo favorable de la unidad directiva en materia de patrimonio, atendiendo 
a la peculiaridad del bien, o la urgencia de la enajenación, o por razones de las 
limitaciones del mercado inmobiliario de la localidad donde está situado el bien.»
8.  Se añade un artículo, el 26 bis, al texto refundido de la Ley de patrimonio de la 
Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 26 bis.
1.  La adscripción o asignación de los bienes conlleva la obligación de 
conservación ordinaria a cargo del departamento o entidad al que esté asignado o 
adscrito.
2.  Los inmuebles propiedad de la Generalidad o de cuya posesión se disfruta 
en virtud de un título jurídico que conlleve obligaciones de mantenimiento, asignados 
a los departamentos o adscritos a las entidades en las que la Generalidad tiene 
participación mayoritaria, deben contar con planes plurianuales de mantenimiento 
elaborados por los departamentos o entidades según el caso.
3.  Los planes de mantenimiento, con el contenido y alcance que se establezca 
reglamentariamente mediante orden de la persona titular del departamento 
competente en materia de patrimonio, deben concretar anualmente el cumplimiento 
de sus prescripciones.
4.  Los planes de mantenimiento deben ser aprobados por el secretario general 
del departamento que tenga asignado el bien inmueble, o por el órgano de 
administración ordinario de la entidad que lo tenga adscrito, previo informe 
vinculante de la Dirección general del Patrimonio, a quien debe entregarse copia del 
plan aprobado por el ejercicio de sus funciones dominicales.»
9.  Se modifica el artículo 34 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la 
Generalidad de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 34.
Cualquier Departamento o entidad del sector público que tenga asignado o 
adscrito un inmueble, que total o parcialmente esté inmerso en un procedimiento de 
revisión o modificación de planeamiento urbanístico general o derivado, en un 
sistema de gestión urbanística pendiente de ejecución o en un proyecto de 
urbanización, pendiente de redacción, tramitación o ejecución, debe ponerlo en 
conocimiento del departamento competente en materia de patrimonio, al que 
corresponde la adopción de las medidas procedentes en defensa de los derechos e 
intereses de la Generalidad.
Las entidades urbanísticas especiales de la Generalidad no pueden formular 
instrumentos de gestión urbanística que afecten a bienes de la Generalidad sin 
previa consulta a la unidad directiva competente en materia de patrimonio, que  e
deberá acreditarse en el expediente administrativo.» bo
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bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales, los bienes muebles, así como
los derechos sobre bienes inmuebles y muebles, los derechos inmateriales la 
propiedad industrial e intelectual y las acciones y participaciones en el capital de 
sociedades mercantiles, ya sean de propiedad de la Administración de la 
Generalidad como si son de propiedad de entidades de su sector público.»
11.  Se modifica la letra e del apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de la Ley 
de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«e)  Las acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles.»
12.  Se modifica el apartado 4 del artículo 37 texto refundido de la Ley de patrimonio 
de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  El inventario general del patrimonio de la Generalidad lleva asociado un 
módulo de gestión en el que debe constar la información necesaria para el análisis 
técnico y económico de los inmuebles, con el objetivo de llevar a cabo tanto 
actuaciones de racionalización y optimización como el seguimiento de su 
mantenimiento, consumos, cumplimiento de la normativa y planes en materia de 
eficiencia energética y el ejercicio de las facultades dominicales que se deriven.»
13.  Se añade una disposición adicional, la primera, al texto refundido de la Ley de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional primera.
Los departamentos y las entidades a los que se refiere el artículo 26 bis deben 
aprobar los planes en el plazo que fije la orden que regule los planes de 
mantenimiento, que debe determinarlos en función de las obligaciones jurídicas 
existentes relativas a los inmuebles y su antigüedad.»
14.  Se añade una disposición adicional, la segunda, al texto refundido de la Ley de 
patrimonio de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional segunda.
1.  Los departamentos de la Generalidad y los organismos y las entidades de 
su sector público a los que sea aplicable el artículo 26 bis han de encargar a la 
empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, de acuerdo 
con las disposiciones de desarrollo que ha de dictar el Gobierno para hacer que este 
encargo sea efectivo y progresivo, la gestión del servicio de mantenimiento y 
conservación (en adelante, mantenimiento) de los edificios y equipamientos 
ocupados mediante cualquier título jurídico por la Generalidad y los entes y 
organismos de su sector público, incluidas las actuaciones pertinentes en materia 
de eficiencia energética y sostenibilidad para alcanzar el objetivo de que todos los 
inmuebles de la Administración de la Generalidad se provean de energía limpia y de 
proximidad, con fomento del autoconsumo, a menos que se justifique que, por 
necesidad de reserva, por razones técnicas o por razón de complejidad, sea 
conveniente que sea el departamento u organismo o entidad del sector público de 
la Generalidad que lo ocupa quien lleve a cabo este mantenimiento.
2.  Para garantizar la viabilidad de los encargos de gestión de mantenimiento y 
eficiencia energética en Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, es  es
preciso indispensablemente la cesión a favor de los puestos de trabajo relacionados  bo
con la materia objeto del encargo dotados presupuestariamente por el departamento  69ww
uden eot irld3goa.as dn e idEsdemnilf  iolsca eio omc steoe nyrdt  piieddúaqabd ueli icpdnoea q lmd useeiee  lcalnat toG ogrse ep nsoúetcibórulanicpl iodda aedqdlou m sse e apr nevotaare lyinucainemn   eidterlea nepstnopac aryatsa rlaagmn oeed.fnoict aoie  Inunc frioaar egesantnreuirscgmtéutorice aos    OE-A-2020-55able en https://
de la Generalitat de Catalunya, SAU, los encargos posteriores de gestión de la
promoción de nuevas actuaciones que se efectúen en esta sociedad deben recoger 
la gestión integral de la actuación, es decir, el encargo de la gestión del proyecto, de 
la ejecución de la obra y del futuro mantenimiento y futura gestión de eficiencia 
energética del edificio o equipamiento.»
Artículo 102.  Modificación del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 216 bis del texto refundido de la Ley 
municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, 
de 28 de abril, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  También se produce una mutación demanial si los bienes de dominio 
público de los entes locales y sus organismos públicos pueden afectarse a servicios 
de otras administraciones públicas para destinarlos a un uso público o servicio 
público de su competencia. La mutación demanial entre administraciones públicas 
no altera el carácter demanial los bienes.
La mutación demanial transmite la titularidad de los bienes o derechos 
demaniales que resulten necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la 
administración adquirente, la cual mantiene esta titularidad mientras continúen 
afectados al uso o servicio público y, por lo tanto, conserven su carácter demanial. 
Si los bienes o derechos demaniales no fueran destinados a uso o servicio público 
o dejan de destinarse a ello posteriormente antes de la finalización del plazo 
acordado, revierten a la administración transmitente, integrándose en su patrimonio 
dominical con todas sus pertenencias y accesiones.
Si en el acuerdo de transmisión de la mutación demanial no se establece otra 
cosa, se entiende que el fin para el que se ha otorgado debe cumplirse en el plazo 
máximo de cinco años. Si su destino se ha mantenido durante todo el plazo 
acordado, o si no se ha establecido plazo alguno y se ha mantenido su destinación 
en los treinta años siguientes, no se produce la reversión de los bienes o derechos 
a la administración transmitente y estos quedan integrados en el patrimonio de la 
administración adquirente.»
2.  Se modifica el artículo 306 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen 
local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 306.  Personal directivo.
1.  El  nombramiento  de  personal  directivo  de  entidades  locales  y  la 
formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección, de acuerdo con 
lo establecido en esta ley, son competencia de la presidencia de la entidad, que 
debe dar cuenta de ello al pleno en la primera sesión que tenga.
2.  La denominación y determinación de los puestos directivos debe llevarse a 
cabo mediante un instrumento de ordenación diferenciado del de la relación de 
puestos de trabajo, cuya aprobación corresponde al pleno, a propuesta de la 
presidencia de la entidad local, excepto en los municipios de gran población, que es 
competencia de la junta de gobierno local.
3.  Los miembros de la corporación no pueden ser nombrados personal 
directivo. El personal directivo está sujeto a las causas de incapacidad e 
incompatibilidad establecidas para los miembros de la corporación. e.
4.  Los procedimientos de selección y provisión de personal directivo deben  w.b
exigir en todos los casos una formación específica de grado o de posgrado, deben  69ww
rdeegbiersne a psoerg ulorasr  plari nidcoipnieoisd adde d me élorsit oa,s cpairpaancteidsa edn,  rpeulabcliicóind acdo ny  lolisb rpeu ecostnocsu orrbejnetcoia d ey 
leas ctáonn veonc paotosreias.i óEnn  dloes l apsro ccoemdipmeietenntocisa ds epbreo faecsrieodniatalersse e yx ivgeidriafisc.ar que los aspirantes
5.  El personal directivo nombrado tiene derecho a la inamovibilidad en el 
puesto de trabajo, siempre que los resultados de la evaluación de la gestión llevada 
a cabo sean satisfactorios, y a permanecer en el cargo hasta que, una vez finalizado 
el mandato en que haya sido nombrado, cese el presidente o presidenta de la 
corporación que lo había nombrado. El nuevo presidente o presidenta de la entidad 
local puede, discrecionalmente, prorrogar el período de ejercicio de las funciones 
directivas para otro mandato, o bien convocar un nuevo procedimiento de selección 
y provisión del puesto de trabajo.»
PARTE TERCERA
Medidas en el ámbito del sector público
TÍTULO V
Medidas administrativas en materia de personal de la Administración de la 
Generalidad y su sector público
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 103.  Modificación de la Ley de la función pública.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 87 de la refundición en un texto único de los 
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función 
pública, aprobada por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Los funcionarios de carrera procedentes de otras administraciones 
públicas que obtengan destino en la Administración de la Generalidad mediante los 
procedimientos de provisión quedarán en su administración de origen en la situación 
de servicios en otras administraciones.
En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo, cuando los 
funcionarios han obtenido este puesto por el sistema de concurso de méritos y 
capacidades, permanecerán en la Administración de la Generalidad, que debe 
asignarles provisionalmente un puesto de trabajo de acuerdo con los sistemas de 
carrera y provisión de puestos vigentes.
En el supuesto de cese o supresión del puesto de trabajo obtenido mediante el 
sistema de libre designación, los funcionarios deben solicitar el reingreso al servicio 
activo en su administración de origen salvo que, en el plazo máximo de tres días 
hábiles a contar desde la fecha de cese o supresión del puesto de trabajo, la 
Administración comunique a la persona interesada su adscripción provisional a otro 
puesto de trabajo adecuado a su perfil profesional y abierto a la movilidad 
interadministrativa. Durante este plazo de tres días se entiende que el funcionario 
sigue a todos los efectos en servicio activo en la Administración de la Generalidad. 
El reingreso al servicio activo en la administración de origen tiene efectos 
económicos y administrativos desde la fecha en la que se ha solicitado.
Si no se solicita el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, el  es
funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por  o
interés particular en su administración de origen, con efectos desde el día siguiente  69www.
en que ha cesado en el servicio activo.»
2.  Se añade un artículo, el 109, bis, a la refundición en un texto único de los preceptos 
de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, con el 
siguiente texto:
«Artículo 109 bis.  Responsabilidad de los empleados públicos en la gestión de 
sociedades mercantiles y fundaciones del sector público institucional.
1.  La responsabilidad que corresponda a los empleados públicos de la 
Generalidad como miembros de consejos de administración, secretarios de los 
órganos de gobierno de las sociedades de capital, y de órganos con funciones de 
liquidación de sociedades mercantiles del sector público institucional de la 
Administración de la Generalidad, es directamente asumida por parte de la entidad 
o la Administración de la Generalidad que les haya designado.
2.  La entidad o la Administración de la Generalidad, según corresponda, 
pueden exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que haya podido 
incurrir por causa de los daños y perjuicios ocasionados a los bienes o derechos de 
aquellas cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave, conforme a lo dispuesto 
por las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3.  A efectos de determinar los estándares de diligencia cuyo incumplimiento es 
susceptible de originar responsabilidad, se consideran deberes de los miembros de 
los órganos a que se refiere el apartado 1 los siguientes:
a)  Los establecidos por los estatutos de la sociedad y, en su caso, por el 
reglamento de régimen interno, bases de ejecución del presupuesto; el código de 
buen gobierno y los programas sobre gestión de sistemas de cumplimiento 
normativo y buenas prácticas.
b)  Los derivados de los artículos 55 y 56 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información y buen gobierno; así como los resultantes 
del Código de conducta de altos cargos y personal directivo del sector público, 
aprobado por Acuerdo GOV/82/2016, de 21 de junio, por el que se aprueba el 
Código de conducta de los altos cargos y personal directivo de la Generalidad y de 
las entidades de su sector público y otras medidas en materia de transparencia, 
grupos de interés y ética pública, en el caso de los empleados públicos a que se 
refiere el artículo 54.2 de la citada ley.
c)  Los  establecidos  por  los  artículos  225  a  231  del  Real  Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de sociedades de capital.
4.  El régimen de responsabilidad aplicable a los empleados públicos de la 
Generalidad como patrones de las fundaciones del sector público institucional de la 
Administración de la Generalidad y de las que están adscritas a la misma, así como la 
de los secretarios del patronato y demás órganos de gobierno, y miembros de los 
órganos de liquidación de estas entidades se rige por lo dispuesto en el artículo 312-14 
del libro tercero del Código civil de Cataluña, sin perjuicio del ejercicio de la acción de 
regreso a que se refiere el apartado 2.
5.  Los estándares de diligencia exigible a los miembros de los órganos a que 
se refiere el apartado 4 se rigen por lo dispuesto en el libro tercero del Código civil 
de Cataluña y las letras a y b del apartado 3.
6.  Las entidades del sector público institucional participadas, directa o  s
indirectamente, de forma mayoritaria por la Administración de la Generalidad y las  oe.
que están adscritas a la misma deben asegurar la responsabilidad civil de los  w.
mpenúietbidmliacbodrseo ssd,  edd eela  la oGcsue eónrredgroaa nlcidooasnd  dl aqesu  geino sebtjireeurrccnceoion, n lloeasss   ydfu ean  lctiqrioaunvidéeass  cddióeenl  s,p eryoc crdeeetd ailrmoiosie sen dmtoep  qldeuiacehd eaonss    2020-5569n https://ww
cada caso determine el departamento competente en materia de seguros, previo
informe favorable de este sobre las cláusulas de las correspondientes pólizas.» Bc
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 118 de la refundición en un texto único de los 
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función 
pública, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  El procedimiento para determinar la responsabilidad disciplinaria y la 
imposición de sanciones, si proceden, debe establecerse por reglamento, el cual 
debe garantizar los principios de legalidad, contradicción, audiencia, presunción de 
inocencia y proporcionalidad y dando cuenta de los expedientes disciplinarios a los 
órganos de representación colectiva. La duración máxima del expediente es de 
ocho meses, salvo que la Administración justifique una prórroga expresa o haya una 
conducta dilatoria del inculpado.»
Artículo 104.  Modificación de la Ley 21/1987 (Incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración de la Generalidad).
Se modifica el artículo 17 de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 17.
1.  El ejercicio de un segundo puesto de trabajo o actividad pública o privada 
requiere, en todos los casos, autorización expresa previa.
2.  Transcurrido el plazo previsto reglamentariamente desde la presentación de 
la solicitud de autorización de compatibilidad en el registro del órgano competente 
para resolverla sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entiende 
desestimada la solicitud de autorización de compatibilidad de las actividades 
declaradas en la solicitud.»
Artículo 105.  Modificación del texto refundido de la Ley 4/1985 (Estatuto de la empresa 
pública catalana).
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 del texto refundido de la Ley 4/1985, 
de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  El presidente o presidenta y los vocales del consejo de administración son 
nombrados libremente por el Gobierno, respetando las normas que para la provisión 
de estos cargos establecen la norma fundacional o los estatutos. Estos cargos son 
también separados libremente por el Gobierno.»
2.  La disposición adicional única del texto refundido de la Ley 4/1985 pasa a ser 
disposición adicional primera, por cuanto se añade a dicha ley una disposición adicional, 
la segunda, con el siguiente texto:
«Disposición adicional segunda.
1.  La empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU es 
una sociedad mercantil con participación íntegra de la Generalidad, en los términos 
definidos en el punto b).2 del artículo 1.
2.  La empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU  e
tiene el siguiente objeto social: b
activai)d adLeas :realización, en nombre propio y por cuenta propia, de las siguientes  2020-5569n https://ww
aceq1u.ºia s Pyr oloyse cctaanra, lecso nssetcruuinr,d acroionss edrev adris, trmibaunctieónn edre, l maogudae rpnriozacer dye netxep dloetla cra nlaasl   BOE-A-cable e
principal de Segarra-Garrigues y de otras infraestructuras incluidas en el ámbito del
regadío Segarra-Garrigues; adquirir y transmitir suelo susceptible de uso agrario o 
susceptible de cualquier otro tipo de explotación mediante cualquier modalidad de 
transacción, arrendamiento u otras fórmulas reguladas en la legislación vigente y la 
gestión y explotación de este tipo de suelo dentro del mencionado ámbito.
2.º  Llevar a cabo actividades de promoción, gestión y explotación de 
equipamientos relacionados directa o indirectamente con el ámbito de actuación de 
las administraciones públicas, así como la realización de las actividades de 
conservación, mantenimiento, modernización y explotación de estos equipamientos.
3.º  Elaborar estudios y proyectos y prestar asesoramiento y asistencia en los 
ámbitos técnicos, financieros y de gestión y llevar a cabo las actuaciones directas 
que se requieran en relación con dichas actividades en todo tipo de edificaciones e 
infraestructuras.
4.º   Llevar a cabo las actuaciones que le encargue el Gobierno para explotar en 
condición de titular edificaciones e infraestructuras y, como tal, llevar a cabo las 
actividades y prestar los servicios que correspondan, actividades que puede llevar a 
cabo directamente o a través de terceras personas con las que celebre contratos de 
conformidad con la normativa aplicable a los poderes adjudicadores del sector público.
b)  El desempeño, en su condición de medio propio personificado de la 
Administración de la Generalidad, de las actividades que la Administración de la 
Generalidad o su sector público le encarguen, entre las que por lo menos las siguientes:
1.º  Gestionar procesos de licitación y adjudicar, atendiendo al correspondiente 
encargo de la Administración de la Generalidad o de su sector público, los contratos 
para la redacción de proyectos y estudios, ejecución de obras y prestación de todos 
los servicios y asistencias vinculados a la ejecución de actuaciones de construcción, 
conservación, mantenimiento y modernización de todo tipo de edificaciones e 
infraestructuras, así como de cualesquiera otros servicios y actuaciones que puedan 
encargarle.
2.º  Formalizar contratos con los adjudicatarios y gestionar su seguimiento y 
supervisión integral y ejecución, con la adopción de las decisiones e instrucciones 
necesarias para asegurar su correcta ejecución.
3.º  Elaborar estudios y proyectos, facilitar asistencias técnicas y facultativas y 
prestar asesoramiento y asistencia en los ámbitos técnicos, financieros y de gestión 
y realizar las actuaciones directas que se requieran en todo tipo de actuaciones en 
edificaciones e infraestructuras.
3.  La empresa pública Infraestructures de la Generalitat, SAU tiene, con 
relación a las actuaciones indicadas en la letra b del apartado 2, la condición de 
medio propio personificado de la Administración de la Generalidad y de los entes y 
organismos que están vinculados que tengan la consideración de poderes 
adjudicadores, a efectos de lo establecido en la normativa de contratos del sector 
público, con sujeción al régimen que se establezca por el correspondiente convenio 
marco de regulación de las relaciones derivadas de los encargos, el cual ha de 
aplicar el régimen de tarifas aplicables a la gestión de los encargos que sea 
aprobado por acuerdo de gobierno.
4.  La empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU no 
puede participar en licitaciones de la Administración de la Generalidad ni de las 
entidades y organismos de su sector público. s
5.  La ejecución de los encargos que Infraestructures de la Generalitat de  oe.
Catalunya, SAU recibe queda sometida a la normativa de contratación pública como  w.
pínotedg6err.a  amdLejounsdte ic dpaeúdpboalric,r toaa.tmenedniteonsd od ea  slau  cAodnmdiicniiósntr adcei ósno cdieed alad  mGeerncearnatilli ddaed  cayp litoasl   2020-5569n https://ww
organismos y entidades de su sector público, deben encargar a Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya, SAU la gestión del proceso de licitación y  Bc
adjudicación, y posterior formalización, de los contratos con los adjudicatarios y
gestión de la dirección y el seguimiento integral de la ejecución de las obras que 
tengan un presupuesto de licitación superior a 2.000.0000 de euros, IVA excluido, 
y la redacción de estudios y proyectos que tengan un presupuesto de licitación 
superior a 100.000 euros, IVA excluido, salvo que se justifique que, por su 
especialidad técnica o por la complejidad de su ejecución, sea aconsejable o 
conveniente que los realice el departamento o el organismo o entidad del sector 
público de la Generalidad actuante, dando por sentado que dichos límites no 
afectan las actuaciones de mantenimiento, reposición y conservación de las 
infraestructuras, edificaciones e instalaciones.
7.  El Gobierno ha de aprobar la suscripción de un convenio entre la 
Administración de la Generalidad y su sector público y la empresa pública 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, para regular los encargos a 
esta empresa pública como medio propio personificado, así como el ejercicio de las 
atribuciones propias que tiene asignadas para gestionar procesos de licitación y 
adjudicar y contratar la redacción de proyectos y estudios, la ejecución de obras y la 
prestación de todos los servicios y las asistencias vinculados a la ejecución de 
actuaciones de construcción, conservación, mantenimiento y modernización de todo 
tipo de edificaciones e infraestructuras, así como de cualesquiera otros servicios y 
actuaciones de la Administración de la Generalidad o de su sector público. El 
acuerdo de gobierno y el convenio, para su eficacia, deben ser publicados en el 
‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.»
3.  Se añade al texto refundido del estatuto de la empresa pública catalana una 
disposición final, la cuarta, con el siguiente texto:
«Disposición final cuarta.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto 
refundido.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la Ley del 
estatuto de la empresa pública catalana, en sustitución del texto refundido aprobado 
por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre. La autorización para la 
refundición incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar su 
contenido.»
Artículo 106.  Responsabilidad de los empleados públicos en la gestión de sociedades 
mercantiles y fundaciones del sector público institucional.
1.  La responsabilidad que corresponda a los empleados públicos de la Generalidad 
como miembros de consejos de administración, secretarios de los órganos de gobierno de 
las sociedades de capital, y de órganos con funciones de liquidación de sociedades 
mercantiles del sector público institucional de la Administración de la Generalidad, es 
directamente asumida por parte de la entidad o la Administración de la Generalidad que 
les haya designado.
2.  La entidad o la Administración de la Generalidad, según corresponda, pueden 
exigir de oficio al empleado público la responsabilidad en que haya podido incurrir por 
causa de los daños y perjuicios ocasionados a los bienes o derechos de aquellas cuando 
concurra dolo, culpa o negligencia grave, conforme a lo dispuesto por las leyes 
administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. s
3.  A efectos de determinar los estándares de diligencia cuyo incumplimiento es  oe.
susceptible de originar responsabilidad, se consideran deberes de los miembros de los  w.
órganos a que se refiere el apartado 1 los siguientes: 69ww
a)  Los establecidos por los estatutos de la sociedad y, en su caso, por el reglamento
dpero rgérgaimmaesn  sinotberren og,e bsatiósens d dee s eisjteecmucaisó nd ed eclu pmrepslimupieunetsot on;o erlm caótdivigoo y d beu beuneans  gporábcietircnaos .y los
b)  Los derivados de los artículos 55 y 56 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno; así como los resultantes del 
Código de conducta de altos cargos y personal directivo del sector público aprobado por el 
Acuerdo GOV/82/2016, de 21 de junio, por el que se aprueba el Código de conducta de los 
altos cargos y personal directivo de la Generalidad y de las entidades de su sector público 
y otras medidas en materia de transparencia, grupos de interés y ética pública, en el caso 
de los empleados públicos a que se refiere el artículo 54.2 de la citada ley.
c)  Los establecidos por los artículos 225 a 231 del Real decreto legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.
4.  El régimen de responsabilidad aplicable a los empleados públicos de la Generalidad 
como patrones de las fundaciones del sector público institucional de la Administración de la 
Generalidad y de las que están adscritas a la misma, así como la de los secretarios del 
patronato y demás órganos de gobierno, y miembros de los órganos de liquidación de estas 
entidades se rige por lo dispuesto en el artículo 312-14 del libro tercero del Código civil de 
Cataluña, sin perjuicio del ejercicio de la acción de regreso a que se refiere el apartado 2.
5.  Los estándares de diligencia exigible a los miembros de los órganos a que se 
refiere el apartado 4 se rigen por lo dispuesto en el libro tercero del Código civil de Cataluña 
y las letras a) y b) del apartado 3.
6.  Las entidades del sector público institucional participadas, directa o indirectamente, 
de forma mayoritaria por la Administración de la Generalidad y las que están adscritas a la 
misma deben asegurar la responsabilidad civil de los miembros de los órganos de 
gobierno, los de liquidación, y de los empleados públicos de la Generalidad que ejercen 
las funciones de secretarios de dichas entidades, de acuerdo con las instrucciones y a 
través del procedimiento que en cada caso determine el departamento competente en 
materia de seguros, previo informe favorable de este sobre las cláusulas de las 
correspondientes pólizas.
CAPÍTULO II
Normas sectoriales
Artículo 107.  Modificación de la Ley 16/1984 (Estatuto de la función interventora).
1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/1984, de 20 de marzo, del estatuto de la 
función interventora, en los siguientes términos:
«a)  Las referencias contenidas en todo el texto articulado a ‘‘Cuerpo especial 
de Interventores de la Generalidad’’ o al ‘‘Cuerpo de Interventores de la Generalidad» 
o al «Cuerpo de Interventores de la Administración de la Generalidad’’ se sustituyen 
por referencias al “Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña”.
b)  Las referencias al «Cuerpo de Interventores» contenidas en los artículos 8.3 
y 9.1 se sustituyen por referencias al ‘‘Cuerpo de Intervención de la Generalidad de 
Cataluña’’.»
2.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/1984, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 7.
1.  El interventor general de la Administración de la Generalidad, que depende  s
jerárquicamente de la persona titular del departamento competente en materia de  e.
finanzas, es nombrado, a propuesta de esta, por decreto del Gobierno, y debe  w.
cumplir las condiciones de acceso al Cuerpo de Intervención de la Generalidad de  69ww
Cata2l.u ñaE ql uGe oebsitear nleoy  ehsata bdlee cdee.terminar mediante decreto la estructura, las
cGoemnpeeratelindcaidas,  yy  leals  cfuonncsieojneeros  dceo mlap Ientteernvteen ceinó nm Gaetenreiara ld dee  flian aAndzmaisn idsterabcei órne gduel alar   BOE-A-cable e
mediante una orden el procedimiento de su desarrollo y ejecución.»
3.  Se añaden dos artículos, el 10 y el 11, a la Ley 16/1984, con el siguiente texto:
«Artículo 10.
1.  Se crean, dentro del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, 
la Escala Superior de Intervención y la Escala Técnica de Control y Contabilidad.
2.  Son funciones propias de la Escala Superior de Intervención las siguientes:
a)  Fiscalizar todos los actos administrativos susceptibles de dar lugar al 
reconocimiento y a la liquidación de derechos y obligaciones de contenido 
económico, o que tengan repercusión financiera o patrimonial en los casos 
establecidos por las disposiciones vigentes, e intervenir los ingresos y los pagos que 
se deriven.
b)  Intervenir y comprobar la inversión de los caudales públicos.
c)  Presenciar e intervenir el movimiento de caudales, de artículos y de efectos 
en los establecimientos, los almacenes y las cajas, y comprobar las dotaciones de 
personal, las existencias en metálico, los efectos, los artículos y los materiales.
d)  Asistir a las licitaciones que se realicen en la contratación de obras, la 
gestión de servicios públicos, los suministros, los arrendamientos y la adquisición y 
enajenación de bienes.
e)  Promover e interponer, en nombre y en interés de la hacienda de la 
Generalidad, los recursos que correspondan, de acuerdo con las correspondientes 
disposiciones.
f)  Dirigir la contabilidad de la Administración de la Generalidad.
g)  Fiscalizar, preparar y conformar las cuentas contables que los órganos de 
la Administración de la Generalidad deban rendir a los órganos de control externo.
h)  Fiscalizar los expedientes de modificación de créditos.
i)  Ejercer, en relación con la contabilidad de las empresas públicas, las 
facultades establecidas por el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Finanzas 
Públicas de Cataluña.
j)  Ejercer el control financiero y el control posterior.
k)  Dirigir y, si procede, realizar las auditorías a las que se refiere el artículo 71 
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
l)  Emitir los informes que requieran los departamentos, organismos autónomos 
y otros entes relacionados con la actividad financiera de las respectivas 
competencias.
m)  Ejercer  el  control  de  eficacia,  mediante  el  análisis  del  coste  de 
funcionamiento y del rendimiento o la utilidad de los respectivos servicios o 
inversiones, y del cumplimiento de los correspondientes programas.
n)  Ejercer el control, el seguimiento y la evaluación de la gestión en el ámbito 
económico y financiero, mediante auditorías de gestión e informes y análisis 
globales o específicos sobre resultados, riesgos, organización, procedimientos, 
sistemas y programas.
o)  Las que le atribuya la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
p)  Las que deriven de las funciones anteriores o estén relacionadas.
3.  Son funciones propias de la Escala Técnica de Control y Contabilidad, 
realizando tareas de apoyo a la Escala Superior de Intervención, las siguientes 
tareas: s
a)  Fiscalizar los actos de fiscalización posteriores al de la fiscalización previa  w.b
de los gastos materiales no inventariables, así como los de carácter periódico y los  69ww
de trba)c toF sisuccaelsizivaor .los expedientes de contratación administrativa, subvenciones,
trancs)fe reFniscciaasl izy aary ulad aasp.licación de los fondos a justificar, tanto los de carácter
esporádico como renovables.
d)  Fiscalizar los expedientes de reconocimientos de derechos.
e)  Realizar las actuaciones de análisis y propuesta de los expedientes 
sometidos a control posterior.
f)  Llevar a cabo la intervención material de los caudales.
g)  Realizar la gestión, análisis y propuesta en las actuaciones de control 
financiero.
h)  Realizar la gestión, análisis y propuesta en las actuaciones de control de la 
gestión económica financiera.
i)  Realizar las actuaciones de gestión contable en el marco de las competencias 
de la Intervención General de la Administración de la Generalidad.
j)  Las que le atribuya por resolución del interventor general de la Administración 
de la Generalidad.
k)  Las que deriven de las funciones anteriores o estén relacionadas.
Artículo 11.
1.  El acceso a las escalas del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de 
Cataluña, ya sea por el turno libre como por el turno de promoción interna, se realiza 
mediante concurso oposición, con las pruebas teóricas y prácticas que determine 
cada convocatoria, y se completa con la superación de un curso de formación de 
carácter selectivo.
2.  La mitad, como mínimo, de las plazas que se convoquen por el turno de 
promoción interna para el acceso a la Escala Superior de Intervención deben 
reservarse al personal que acredite una antigüedad mínima de cuatro años como 
funcionario de carrera de la Escala Técnica de Control y Contabilidad. Los procesos 
selectivos de acceso por el turno de promoción interna pueden establecer 
exenciones en relación a determinadas pruebas o ejercicios o en relación a la 
evaluación de las partes del temario que se consideren superadas.
3.  El Gobierno debe establecer por reglamento el contenido y duración de las 
pruebas selectivas y los cursos selectivos de formación para el acceso a las escalas 
del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, el contenido del temario 
que debe regir la fase de oposición y las reglas sobre composición y sistema de 
designación de los tribunales calificadores.»
4.  Se añade una disposición transitoria, única, a la Ley 16/1984, con el siguiente 
texto:
«Disposición transitoria.  Régimen de integración del personal funcionario en las 
escalas del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña.
1.  El personal funcionario de carrera que, en el momento de la entrada en 
vigor de la presente disposición transitoria, pertenezca al Cuerpo de Intervención de 
la Generalidad de Cataluña se integra automáticamente en la Escala Superior de 
Intervención de este cuerpo.
2.  El personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración de 
la Generalidad de Cataluña que, en el momento de la entrada en vigor de la presente 
disposición transitoria, ocupe de forma definitiva un puesto de trabajo adscrito a la 
Intervención General de la Administración de la Generalidad, y acredite haber 
prestado servicios durante dos años como mínimo en puestos de trabajo adscritos 
a dicha Intervención General, puede integrarse en la Escala Técnica de Control y  e.
Contabilidad del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña, una vez  w.b
superado un curso selectivo específico de formación regulado por una orden del  69ww
cmoennsceiojenraod cao emscpaeltae nqtuee dean  emn astieturaiac idóen  dhea ceixecneddae.n Ecila p veorlsuonntaarli aq upeo r sinec ionmtepgartaib eilind alad 
resp3e.c toE al lp ceurseorpnoa ld feu nocriiogneanr.io que se integre en una de las escalas del Cuerpo de
Intervención de la Generalidad de Cataluña, en virtud del apartado 1 o del
apartado 2, continúa en el puesto de trabajo que ocupaba antes de la integración, 
en caso de encontrarse en servicio activo, o bien permanece, en caso contrario, en 
la misma situación administrativa en la que se encontraba en el cuerpo de origen.
4.  Al personal funcionario que se integre en la Escala Técnica de Control y 
Contabilidad del Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña se le deben 
computar, a los efectos de acreditar la antigüedad mínima exigida para participar en 
el turno de promoción interna a que se refiere el artículo 11.2, los servicios prestados 
en puestos de trabajo adscritos a la Intervención General.»
Artículo 108.  Modificación de la Ley 16/1991 (Policías locales).
1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías locales, 
que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7.
1.  Los policías locales gozan a todos los efectos, en el ejercicio de sus 
funciones, de la condición de agentes de la autoridad.
2.  También gozan de la condición de agentes de la autoridad los vigilantes a 
que se refiere el artículo 1.2, siempre que:
a)  Actúen debidamente identificados y en ejercicio de las funciones que les son 
propias tal como están definidas en el artículo 13 y con las limitaciones del artículo 8.3.
b)  El municipio donde actúen no disponga de policía local, tal y como establece 
el artículo 1.2. No se consideran agentes de la autoridad, en ningún caso, los 
vigilantes, alguaciles o similares que actúan de manera complementaria o auxiliar a 
una policía local municipal existente.»
2.  Se añade una disposición adicional, la octava, a la Ley 16/1991, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional octava.
1.  Las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de policías 
locales y vigilantes a que se refiere el artículo 1 aprobadas a partir del 1 de enero 
de 2020 deben determinar el número de plazas que han de ser provistas por 
mujeres para cumplir el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en 
las plantillas respectivas.
2.  El número de plazas reservado para mujeres debe ser proporcional a los 
objetivos perseguidos, y no puede ser superior al 40 % de las plazas convocadas ni 
inferior al porcentaje que sea establecido por el plan de igualdad de cada 
ayuntamiento. Como regla general, hasta que los ayuntamientos no elaboren estos 
planes de igualdad, el porcentaje mínimo no puede ser inferior al 25 % de las plazas 
convocadas, siempre que se convoquen más de tres.
3.  En los procedimientos selectivos a que se refiere el apartado 2, la 
adjudicación de las plazas convocadas debe realizarse siguiendo una única lista 
final de las personas que hayan superado el proceso, ordenadas según la 
puntuación obtenida, aplicando los criterios de desempate establecidos legalmente, 
salvo que por este procedimiento no se alcance el porcentaje que determina el 
apartado 2, en cuyo caso se deberá dar preferencia a las candidatas mujeres, hasta 
alcanzar el objetivo perseguido, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: es
a)  Tiene que haber en todos los casos una equivalencia de capacitación,  w.b
determinada por la superación de las pruebas y los ejercicios de la fase de oposición  69ww
del sbi)s teNmian gsuenleac dtievo la.s candidatas mujeres seleccionadas en virtud de este criterio
dopeo psriecifóenre yn,c siai  ppruoecdeed ete, neenr  luan f adsiefe rdeen ccioanl cnuergsaot,i vdoe  dmeá psu dnetul a1c5i ó%n ,r eesnp leac tfoa sae  ldoes 
candidatos hombres preteridos.
c)  No puede aplicarse esta medida respecto a candidatos en los que concurran 
motivos de discriminación positiva legalmente determinados otros que el criterio de 
preferencia que regula la presente disposición, como la pertenencia a otros 
colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.
4.  El criterio de preferencia que regula la presente disposición no es aplicable 
si en el cuerpo, la escala y la categoría objeto de la convocatoria hay una presencia 
de funcionarias mujeres igual o superior al 33 %.»
Artículo 109.  Modificación de la Ley 15/1990 (Ordenación sanitaria de Cataluña).
1.  Se añade una letra, la g bis, al apartado 1 del artículo 7 de la Ley 15/1990, de 9 de 
julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, con el siguiente texto:
«g) bis.  La gestión, el mantenimiento y la determinación de las medidas de 
seguridad de los elementos comunes o unificados del sistema de información del 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (Siscat).»
2.  Se deroga la letra g del artículo 10 de la Ley 15/1990.
3.  Se añaden dos letras, la k bis y la k ter, al artículo 10 de la Ley 15/1990, con el 
texto siguiente:
«k) bis.  El establecimiento y la gestión de un sistema de información integrado 
sobre los profesionales que desarrollan su actividad en Cataluña, por cuenta propia 
o ajena, en centros públicos y privados, que responda a las necesidades de la 
Administración sanitaria para el ejercicio de sus competencias, especialmente en 
materia de planificación y organización de recursos sanitarios y de desarrollo 
profesional, y a partir del cual se comuniquen al Registro estatal de profesionales 
sanitarios los datos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sistema de 
información sanitaria del Sistema Nacional de Salud, en los términos del artículo 53 
de la Ley del Estado 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, a la unidad directiva competente en materia de profesionales de 
la salud del departamento competente en materia de salud. Con estos fines, el 
departamento, a través de la unidad orgánica que tiene atribuida esta función por 
reglamento, puede acceder a los datos personales necesarios que consten en los 
registros de recursos humanos de las administraciones públicas y las entidades 
vinculadas a las mismas, las corporaciones profesionales, los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y las entidades de seguros que actúan en el ramo de la 
enfermedad. Las comunicaciones de estos datos deben estar sujetas a la legislación 
en materia de protección de datos.
k) ter  La función de diseño, aprobación, puesta en práctica y supervisión de las 
acciones relativas a la seguridad de la información del departamento competente en 
materia de salud y de las entidades y organismos adscritos, a través de la unidad 
competente de la Secretaría General del departamento mencionado que tenga 
atribuida dicha función por reglamento.»
4.  Se modifica la letra n del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 15/1990, de 9 de 
julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«n)  Aprobar la relación de puestos de trabajo del Servicio Catalán de la Salud.» s
5.  Se modifica la letra c del apartado 1.1 del artículo 24 de la Ley 15/1990, que queda  w.
redactada del siguiente modo: 69ww
«c)  Los órganos u organismos y los servicios y las unidades que se aprueben
por acuerdo del Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud.»
6.  Se deroga la letra j) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley 15/1990.
7.  Se modifica el apartado 1 del artículo 61 de la Ley 15/1990, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  El asesoramiento jurídico al Servicio Catalán de la Salud y la representación 
y defensa en los asuntos relativos a las finalidades que le atribuye el artículo 6 
corresponden al personal letrado adscrito a este ente, sin perjuicio de que el 
Gobierno pueda adscribir abogados de la Generalidad a determinadas plazas de la 
plantilla del ente. Excepcionalmente, las funciones de representación y defensa 
mencionadas pueden ser encargadas a otros abogados colegiados.»
8.  Se añade una disposición adicional, la decimonovena, a la Ley 15/1990, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional decimonovena.  Integración del personal funcionario de los 
cuerpos estatales de médicos inspectores y del personal laboral de la categoría 
profesional de técnicos en gestión y administración sanitaria del Instituto Catalán 
de la Salud en el Departamento de Salud.
1.  El personal funcionario de los cuerpos estatales de médicos inspectores y 
el personal laboral de la categoría profesional de técnicos en gestión y administración 
sanitaria que presten servicios o hayan tenido su último destino en el Instituto 
Catalán de la Salud se integran en el departamento competente en materia de 
salud, con adscripción al órgano que tiene atribuidas las funciones de ordenación y 
regulación sanitaria y manteniendo el régimen jurídico, la vinculación jurídica y los 
derechos consolidados de que gozaban.
2.  La integración del personal laboral de la categoría profesional de técnicos 
en gestión y administración del Instituto Catalán de la Salud en el departamento 
competente en materia de salud conlleva el reconocimiento de la subrogación, con 
todos los efectos jurídicos que puedan derivarse.»
9.  Se añade una disposición adicional, la decimonovena, a la Ley 15/1990, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional decimonovena.
El Servicio Catalán de la Salud y el departamento competente en materia de 
salud se subrogan, en la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, en las 
relaciones jurídicas en que la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de 
Cataluña era sujeto activo o pasivo que estén relacionadas con las funciones que 
tienen atribuidas desde la fecha mencionada de acuerdo con la letra g bis del 
artículo 7.1 y de acuerdo con las letras k bis y k ter del artículo 10, respectivamente.»
Artículo 110.  Modificación de la Ley 8/2007 (Instituto Catalán de la Salud).
Se añade una disposición adicional, la octava, a la Ley 8/2007, de 30 de julio, del 
Instituto Catalán de la Salud, con el siguiente texto:
«Disposición adicional octava.  Régimen retributivo del personal estatutario del 
Instituto Catalán de la Salud que ocupe un cargo directivo.
El personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud que suscriba un contrato 
laboral de alta dirección para ocupar un cargo directivo tiene derecho a continuar 
percibiendo el importe del complemento de carrera profesional correspondiente al  e.e
nivel de carrera que tiene reconocido como personal estatutario.» b
ArtícSuelo m 1o1d1i.f icaM eol daifpicaartcaidóon  2d ed ela l aL edyis 5p/o2s0ic1i9ó n(A agdeicniocinaa dl tee rScaelruad d Peú lab liLceay d 5e/ 2C0a1t9a,l udñea 3).1 de  2020-5569n https://ww
julio, de la «A2g.e ncEial  pdeer Ssoanluadl  Pfuúnbcliicoan adreio C daeta lcuañrar,e qrau,e  eqlu peedras orendaal cftuandcoi odneal rsiiog uinietnetrein mo oyd oe:l  BOE-A-cable e
personal laboral que en la fecha de entrada en funcionamiento de la Agencia de
Salud Pública de Cataluña preste servicios en el departamento competente en 
materia de salud y lleve a cabo las funciones técnicas y administrativas que de 
acuerdo con esta ley asume la Agencia se integrará en este ente manteniendo su 
vínculo de procedencia y en las mismas condiciones que le eran aplicables en el 
momento de la entrada en vigor de esta ley.»
Artículo 112.  Modificación de la Ley 10/1994 (Policía de la Generalidad - Mossos 
d’Esquadra).
1.  Se modifica el artículo 48 ter de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la 
Generalidad - Mossos d’Esquadra, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 48 ter.
1.  Los daños materiales o lesiones que sufran los miembros del cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, en ocasión o como consecuencia del servicio prestado, y 
siempre que no concurran dolo o negligencia, deben ser reconocidos previa 
instrucción del correspondiente procedimiento que se inicia de oficio o a solicitud del 
funcionario interesado.
2.  La resolución que pone fin al expediente debe indicar la procedencia o no 
del resarcimiento y, en su caso, identificar el origen de las lesiones o daños 
materiales, la relación de causalidad existente entre estos y el servicio y su 
valoración económica.
3.  No pueden ser objeto de resarcimiento, en ningún caso, las lesiones o 
daños materiales que sean indemnizados o satisfechos por otros sistemas de 
cobertura.»
2.  Se modifica la letra s del apartado 1 del artículo 68 de la Ley 10/1994, que queda 
redactada del siguiente modo:
«s)  Encontrarse en situación de embriaguez o consumir drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o habitualmente, y 
negarse a someterse a las pruebas técnicas pertinentes. Se entiende que existe 
habitualidad cuando han sido acreditados tres episodios, o más, de embriaguez o 
de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el 
plazo de un año, o cuando así lo acrediten los informes analíticos resultantes de las 
pruebas técnicas realizadas.»
Artículo 113.  Modificación de la Ley 11/2010 (Agencia Catalana de la Inspección de 
Trabajo).
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 11/2010, de 19 de mayo, de la 
Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  La Agencia Catalana de Inspección de Trabajo cumple la función de 
inspección en el orden social mediante los funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
2.  Se deroga la disposición adicional tercera, ‘‘Cuerpo de Subinspectores de 
Seguridad y Salud en el Trabajo’’, de la Ley 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia  s
Catalana de la Inspección de Trabajo. oe.
3.  Se deroga la disposición transitoria primera, ‘‘Personal técnico habilitado por  w.
el Departamento de Trabajo en virtud del Decreto 12/2006’’, de la Ley 11/2010.» 2020-5569n https://ww
TÍTULO VI
Modificaciones legislativas en materia de órganos reguladores
Artículo 114.  Modificación de la Ley 18/2010 (Sindicatura de Cuentas).
Se modifica el apartado 4 del artículo 39 de la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la 
Sindicatura de Cuentas, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Las entidades vinculadas a la Generalidad o que dependen de la misma a 
las que se refiere el artículo 3 deben remitir a la Sindicatura de Cuentas, antes del 
30 de abril del año siguiente al del cierre del ejercicio, las cuentas anuales del 
ejercicio anterior, incluidas las cuentas anuales de las entidades en que participan.»
TÍTULO VII.
Medidas de reestructuración y racionalización del sector público
CAPÍTULO I
Régimen de funcionamiento de las entidades del sector público
Artículo 115.  Modificación de la Ley 5/2017 con relación a las entidades y fundaciones 
del sector público.
1.  Se añade un artículo, el 173 bis, a la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas 
fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los 
impuestos  sobre  grandes  establecimientos  comerciales,  sobre  estancias  en 
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, con el siguiente texto:
«1.  Las entidades del sector público institucional de la Generalidad que tengan 
la forma jurídica de organismo autónomo, entidad de derecho público sujeta a 
derecho privado, sociedad mercantil o fundación pueden transformarse para adoptar 
la naturaleza jurídica de cualquier otra de estas personas jurídicas.
2.  La transformación se hace efectiva mediante cesión e integración global de 
todo el activo y pasivo de la entidad transformada. La operación se efectúa en 
unidad de acto y da lugar a la sucesión universal de derechos y obligaciones.
3.  La entidad transformada conserva la personalidad jurídica, sin alterar las 
condiciones financieras de las obligaciones asumidas y con continuidad de sus 
relaciones jurídicas.
4.  La transformación se lleva a cabo por el mismo procedimiento de 
modificación de los estatutos o normas reguladoras aplicable a la naturaleza de la 
entidad en que se pretende transformar, salvo en el caso de entidades creadas por 
ley, en el que se habilita al Gobierno para que haga efectiva la transformación 
mediante un decreto.
5.  El procedimiento de transformación puede iniciarse a instancia del máximo 
órgano de gobierno de la entidad a transformar, o de oficio por parte del departamento 
de adscripción, o en el marco del ejercicio de la función de supervisión continua.
6.  El expediente relativo al proyecto de decreto o propuesta de acuerdo de 
gobierno de transformación de la entidad debe contener, en todos los casos, la  e.
siguiente documentación: w.b
a1.)º   ULnaa n meceemsiodraiad  jdues tliafi coaptievraa cdieó nlo dse s tirgauniesfnotrems aacsiópne cyt odse: la adecuación de esta
meceodniódma iac olso sim fipnleicsa dpoesrs eeng ulaid oopse, rcaocnió nu ndae  dtreasncsrfioprcmióanc idóen .los aspectos jurídicos y  BOE-A-cable e
2.º  Un análisis del coste-beneficio de la transformación.
3.º  La indicación de la fecha a partir de la cual las operaciones se entienden 
realizadas, a efectos contables, por la entidad transformada.
4.º  Las consecuencias que se prevé que tenga la transformación en los 
trabajadores de la entidad, con la valoración de las características de los lugares 
afectados y las necesidades de la entidad en que haya de producirse la integración. 
Debe hacerse constar, en cualquier caso, que los diferentes tipos de personal de la 
entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les 
correspondan en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable; y que la 
transformación no conlleva la adquisición de la condición de funcionario al personal 
laboral que prestaba servicios en la entidad transformada. La memoria debe señalar, 
así mismo, el personal a integrar, con puestos a extinguir, respecto de aquellos que 
desarrollaban funciones reservadas a funcionarios sin tener esta condición.
b)  El proyecto de estatutos o norma reguladora de la entidad resultante de la 
transformación.
c)  El balance de transformación.
d)  Las últimas cuentas anuales auditadas.
7.  Los documentos a que se refieren las letras a, b y c del apartado 6 deben 
ponerse a disposición del comité de empresa o de los representantes de los 
trabajadores, según corresponda, con un mes de antelación al acuerdo de la 
operación para que puedan examinarlos y, si procede, formular alegaciones.
8.  Los actos y las disposiciones de transformación deben publicarse en el 
‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.
9.  El acto o disposición que aprueba la transformación lleva implícita:
a)  La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y 
económicos necesarios para hacer efectivo el cambio de naturaleza jurídica de la 
entidad.
b)  La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la 
Administración de la Generalidad de acuerdo con los procedimientos de movilidad 
establecidos en cada caso por el ordenamiento jurídico.
10.  La ejecución de la transformación no puede dar lugar, en ningún caso, a un 
incremento de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.
11.  Quedan exceptuados de la posibilidad de transformación regulada por este 
artículo la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo de Trabajo, Económico y Social 
de Cataluña, órganos consultivos del Gobierno de naturaleza estatutaria.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 175 de la Ley 5/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1. El régimen de adscripción de las fundaciones del sector público es el 
establecido por la normativa de régimen jurídico de las administraciones públicas. El 
órgano competente para determinar su adscripción a la Administración de la 
Generalidad es el Gobierno, a instancia de la Intervención General y previo informe 
de la Comisión del Sector Público y de la unidad directiva competente en materia de 
fundaciones.»
3.  Se modifica el artículo 176 de la Ley 5/2017, que queda redactado del siguiente  es
modo: o
«Artículo 176.  Disolución de las fundaciones del sector público. 69ww
Sin perjuicio de lo establecido en el libro tercero del Código civil de Cataluña, en
ldoes  lpar oGceenseorsa dlidea ddis, oellu accióune rddeo l adse  fduinsdoaluccioiónne sa bdreel  seel cpteorrí opdúob ldiceo  ldiqeu liad aAcdiómnin diset rfaocrmióna 
automática, y esta se lleva a cabo mediante la cesión global de activos y pasivos a
favor de la Administración de la Generalidad, o de las entidades de su sector público. 
Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, la liquidación puede 
llevarse a cabo mediante la realización del patrimonio; en este supuesto, el 
patrimonio remanente debe adjudicarse al Tesoro de la Generalidad.»
4.  Se añade una disposición final, la segunda bis, a la Ley 5/2017, con el siguiente 
texto:
«Disposición final segunda bis.  Adaptación de los estatutos de las fundaciones del 
sector público.
Las fundaciones del sector público de la Generalidad deben adaptar sus estatutos 
al nuevo régimen jurídico establecido por los artículos 175 y 176, y deben solicitar su 
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Generalidad de Cataluña, en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de la presente disposición final.»
CAPÍTULO II
Medidas relativas a aspectos contractuales del sector público
Artículo 116.  Modificación de la Ley 13/2009 (Agencia de la Vivienda de Cataluña) y de 
la Ley 4/1980 (Instituto Catalán del Suelo).
1.  Se modifica el artículo 15 de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la 
Vivienda de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15.
1.  Los contratos que suscribe la Agencia de la vivienda de Cataluña deben 
ajustarse a lo establecido por la normativa reguladora de los contratos del sector 
público.
2.  El órgano de contratación de la Agencia de la Vivienda de Cataluña es el 
director o directora de la Agencia.»
2.  El apartado único de la disposición derogatoria de la Ley 13/2009 se convierte en 
apartado 2, por cuanto se añade a dicha disposición un apartado, el 1, con el siguiente 
texto:
«1.  Se derogan los apartados 3 y 4 del artículo 46 de los estatutos de la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña, aprobados por el Decreto 157/2010, de 2 de 
noviembre.»
3.  Se derogan los apartados 2, 2 bis, 3, 4, 5 y 6 del artículo 12 de la Ley 4/1980, de 
16 de diciembre, de creación del Instituto Catalán del Suelo.
Artículo 117.  Modificación de la Ley 14/2009 con relación a Aeroports Públics 
de Catalunya, SLU.
Se deroga la disposición adicional décima de la Ley 14/2009, de 22 de julio, de 
aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias.
Artículo 118.  Modificación de la Ley 15/2001 con relación al Servicio Meteorológico de  oe.
Cataluña. w.
noviSeem dberero, gdaen m eel taepoarortloagdíoa .4 del artículo 3 y el artículo 5 bis de la Ley 15/2001, de 14 de
Artículo 119.  Modificación de la Ley 2/2014 con relación al Instituto Cartográfico y 
Geológico de Cataluña.
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 152 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3. La contratación de esta entidad de derecho público se rige por la legislación 
de contratos del sector público. Corresponden a la Presidencia del Consejo Rector 
las funciones propias del órgano de contratación.»
2.  Se añade un apartado, el 12, al artículo 152 de la Ley 2/2014, con el siguiente 
texto:
«12.  Se derogan los artículos 6.2.g) y 12.2 de los estatutos del Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña, aprobados por el Decreto 58/2015, de 21 de 
abril.»
Artículo 120.  Modificación de la Ley 24/1987 (Entidad Autónoma del Diario Oficial y de 
Publicaciones de la Generalidad de Cataluña).
1.  Se deroga el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 24/1987, de 28 de diciembre, de 
creación de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad 
de Cataluña.
2.  Se modifica el artículo 3 de la Ley 24/1987, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 3.
Corresponde a la Entidad:
a)  Ejercer las funciones técnicas, económicas y administrativas relacionadas 
con la edición, la distribución y la difusión del ‘‘DOGC’’.
b)  Difundir el derecho vigente en Cataluña y elaborar las versiones 
consolidadas de las normas.
c)  Editar las publicaciones de la Administración de la Generalidad y de su 
sector público institucional.
d)  Distribuir y vender todas las publicaciones de la Generalidad y de su sector 
público institucional.»
3.  Se derogan los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la Ley 24/1987.
4.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 24/1987, que queda redactado de la 
siguiente forma:
Artículo 7.
Los medios económicos de la Entidad consisten en:
a)  Los ingresos derivados de la tasa por la publicación en el ‘‘DOGC’’.
b)  Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios o actividades en el 
ámbito de sus competencias.
c)  Las transferencias y las subvenciones que le reconocen los presupuestos  s
de la Generalidad. e.
d)  Las subvenciones y las donaciones realizadas por personas públicas o  w.
privadas. 69ww
ef))   CLuoasl erescquuriesoras  optrroocse rdeecnutresso sd ea ustuo rpizaatrdimoso npioor  ole dye.» las rentas del mismo.
Artículo 121.  Modificación de la Ley 4/2009 (Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias).
Se modifica el artículo 20 de la Ley 4/2009, de 15 de abril, del Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20.  Contratación.
1.  El régimen jurídico de la contratación del Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias se rige por la normativa vigente en materia de contratos 
del sector público.
2.  El órgano de contratación del Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias es el director o directora general.»
Artículo 122.  Contratos de promoción, gestión y transferencia de resultados de la 
actividad de I + D + I de los centros Cerca y de la fundación ICREA.
1.  Los contratos de promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad 
de I+D+I suscritos por los centros Cerca y la fundación ICREA se rigen por el derecho 
privado, con sujeción al principio de libertad de pactos. Estos contratos pueden ser 
adjudicados de forma directa en los términos que determinen el artículo 55.3 de la Ley del 
Estado 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y el artículo 36 de la Ley del 
Estado 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.
2.  El director de los centros Cerca y de la fundación ICREA y el personal investigador 
que ejerce en ellos funciones de dirección de equipos humanos, instalaciones, 
infraestructuras, parques científicos y tecnológicos o de programas y proyectos científicos 
y tecnológicos no tienen la consideración de altos cargos a los efectos de lo que establece 
la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de incompatibilidades de los altos cargos 
al servicio de la Generalidad.
3.  Los investigadores de la fundación ICREA que, complementariamente a la 
actividad de investigación que lleven a cabo en la universidad o en otro agente de 
investigación al que están adscritos por convenio, ejercen en la misma universidad o 
agente de investigación funciones docentes o de dirección de equipos humanos, de 
instalación instalaciones o de programas y proyectos científicos y tecnológicos pueden 
percibir, mientras duren estas responsabilidades adicionales, una compensación 
económica, de acuerdo con la política retributiva de la entidad de adscripción. La 
compensación económica debe ser financiada por la entidad de adscripción y puede ser 
abonada al investigador por la fundación ICREA o por la entidad de adscripción, en los 
términos  que  establezca  el  convenio  de  adscripción  correspondiente.  Estas 
responsabilidades adicionales se consideran una actividad efectuada en el marco del 
régimen de dedicación que el investigador tiene atribuido a la fundación ICREA, sin 
perjuicio del régimen de imputación de los resultados de la investigación que se acuerde 
entre las partes.
CAPÍTULO III
Otras medidas de reestructuración y racionalización del sector público
Artículo 123.  Modificación del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 17 del texto refundido de la Ley del Instituto  b
Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, que  69ww
queda sruesd a«mc2it.ea mdAob lr dpoersel,  ssleiigd uceoinertnreet eos  pmporoneddsoied: elan trae pdree slae nJutanctiaó nd eo rGdoinbaieriran od,e q luae e enstitdaa edl iegne  edle o erndterne   OE-A-2020-55able en https://
judicial y extrajudicial.»
2.  Se modifica el artículo 25 del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de 
Finanzas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25.
Los cargos de presidente o presidenta, de consejero delegado o consejera 
delegada y de vocal dominical de la Junta de Gobierno están sujetos al régimen de 
incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Generalidad, así 
como al que la normativa vigente establezca para los órganos de administración de 
las entidades de crédito.»
3.  Se modifica el apartado 2 del artículo 32 texto refundido de la Ley del Instituto 
Catalán de Finanzas, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La Junta de Gobierno debe elevar anualmente a la aprobación del 
Gobierno, mediante el departamento competente en materia de economía y 
finanzas, la memoria, el balance, las cuentas de resultados y el informe de gestión.
El Instituto tienen autonomía presupuestaria respecto de la Generalidad, que 
únicamente establecerá su límite máximo de endeudamiento anual en las 
respectivas leyes de presupuestos. Este límite máximo de endeudamiento anual es 
igualmente la única limitación de carácter presupuestario que se aplica al Instituto 
en un contexto de prórroga presupuestaria.»
4.  Se modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del 
Instituto Catalán de Finanzas, que queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional primera.
El Instituto Catalán de Finanzas es un sujeto obligado por la legislación vigente 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin 
perjuicio del deber de reserva de información que impone la normativa legal 
aplicable a las entidades de crédito.»
5.  Se modifica la letra b del apartado 1 de la disposición adicional cuarta del texto 
refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  La ley de presupuestos de cada ejercicio puede determinar, respecto de 
las disposiciones que contenga en materia de personal, aquellas a las que queda 
sometido explícitamente el Instituto Catalán de Finanzas, y por tanto, solamente le 
son de aplicación las normas que específica y expresamente estén dirigidas 
nominalmente al Instituto.»
6.  Se añade una disposición final, única, al texto refundido de la Ley del Instituto 
Catalán de Finanzas, con el siguiente texto:
«Disposición final.  Habilitación para la elaboración de un nuevo texto refundido.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la presente disposición final, elabore un nuevo texto refundido de la Ley del 
Instituto Catalán de Finanzas, en sustitución del texto refundido aprobado por el 
Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre. La autorización para la refundición 
incluye también la facultad de regularizar, aclarar y armonizar su contenido.»
Artículo 124.  Modificación de la Ley 7/2011 con relación a la Agencia Catalana del  e.
Patrimonio Cultural. w.b
fiscaSlees a yñ afidnea nucnie arapsa,r tcaodno ,e el ls 3ig, uaiel anrtetí ctuelxot o7:6 de la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas
Cata«l3a.n a Edel dl Pireactrtiomr oon dioir eCcutolturara dl ea  lqous ee qhuaicpeanm rieefnetroesn cciual tluarsa lleetsr aasd sac),r ibto),s c a),  lad )A yg ee)n dcieal   BOE-A-cable e
artículo 72.2 se vinculan al ente en virtud de un contrato laboral de alta dirección.»
Artículo 125.  Modificación de la Ley 9/2007 (Centro de Atención y Gestión de Llamadas 
de Urgencia 112 Cataluña).
1.  Se modifica el artículo 13 de la Ley 9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención 
y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 13.  Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de 
Urgencia 112 Cataluña son el presidente o presidenta, el vicepresidente o 
vicepresidenta y el Consejo Rector.»
2.  Se derogan el apartado 4 del artículo 16, el artículo 17 y el artículo 8 de la 
Ley 9/2007.
3.  Se modifica el artículo 20 de la Ley 9/2007, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 20.  Funciones del director o directora.
El director o directora del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de 
Urgencia 112 Cataluña tiene las siguientes funciones:
a)  Representar y dirigir el Centro de acuerdo con las directrices del presidente 
o presidenta y del Consejo Rector, e impulsar, coordinar y planificar las actividades 
necesarias para cumplir sus finalidades y ejercer las funciones que tiene atribuidas.
b)  Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y velar por el cumplimiento de las 
instrucciones y decisiones de los órganos de gobierno del Centro.
c)  Elaborar y presentar al Consejo Rector los proyectos de plan estratégico y 
de carta de servicios, los criterios de diseño del servicio y los planes anuales de 
desarrollo y explotación del servicio.
d)  Coadyuvar en la elaboración de los convenios y acuerdos de colaboración, 
y de los procedimientos y protocolos de actuación.
e)  Elaborar el anteproyecto de presupuesto y la memoria anual y presentarlos 
al Consejo Rector.
f)  Ejercer la dirección del personal del Centro, contratar el personal laboral y 
dar cuenta de ello al Consejo Rector.
g)  Autorizar los gastos y realizar los pagos, cuando su cuantía sea igual o 
inferior al veinte por ciento de los presupuestos del Centro.
h)  Ejercer  las  competencias  sobre  patrimonio  y  contratación  que  el 
ordenamiento jurídico atribuye a las entidades de derecho público.
i)  Aprobar las instrucciones que se consideren necesarias para regular el 
funcionamiento de la actividad del Centro, así como el uso de las dependencias, 
instalaciones y servicios asociados.
j)  Aprobar y presentar al Consejo Rector las propuestas de criterios para el 
diseño del servicio relacionados con la ubicación, los espacios e instalaciones, la 
plataforma tecnológica y la explotación del servicio.
k)  Preparar y presentar al Consejo Rector las propuestas de instrucciones de 
contratación.
l)  Cualquier otra función que se le atribuya mediante disposición legal o  es
reglamentaria, así como cualquier otra función que, siendo competencia propia del  o
Centro, no se atribuya a otro órgano.» 69www.
4.  Se añade una disposición adicional, la quinta, a la Ley 9/2007, con el siguiente texto:
«Disposición adicional quinta.  Adaptación de los estatutos del Centro de Atención 
y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.
1.  Se derogan las letras d y e del apartado 1 del artículo 7, el apartado 2 del 
artículo 11, el apartado 1 del artículo 9 y los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de los 
estatutos del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña, 
aprobados por el Decreto 96/2008, de 29 de abril.
2.  Las referencias a la Comisión Ejecutiva contenidas en los estatutos del 
Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña quedan sin 
efecto, a excepción de las contenidas en las letras d, f y g del apartado 3 del 
artículo 22, que deben entenderse hechas al Consejo Rector.»
Artículo 126.  Modificación de la Ley 11/2009 (Espectáculos públicos y actividades 
recreativas).
1.  Se derogan el apartado 3 del artículo 11 y el artículo 16 de la Ley 11/2009, de 6 de 
julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades 
recreativas.
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de la Ley 11/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  El Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas es 
un órgano de la Administración de la Generalidad con funciones de debate, 
deliberación, consulta, coordinación, colaboración y asesoramiento, a fin de facilitar la 
participación con relación a las materias objeto de esta norma a los departamentos de 
la Generalidad con competencias en ellas, a las administraciones locales, a los colegios 
profesionales implicados, a los ciudadanos y a los sectores directamente interesados.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 45 de la Ley 11/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  El Gobierno debe aprobar los objetivos y las prioridades de las inspecciones 
en materia de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades 
recreativas que deben efectuar los servicios de inspección de la Administración de 
la Generalidad y los servicios de inspección municipales en todo el territorio, y debe 
promover la existencia de planes y programas de inspección compartidos entre la 
Generalidad y los ayuntamientos, con el fin de coordinar las respectivas actuaciones 
y aplicar criterios y metodologías de inspección similares.»
Artículo 127.  Modificación de la Ley 5/1986 (Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas).
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 5/1986, de 17 de abril, de 
creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  Corresponde al Gobierno regular por decreto las condiciones básicas de la 
comercialización de las loterías de la Generalidad, la estructura esencial de la red 
comercial y la determinación y requisitos mínimos de los sujetos que la componen, 
así como los criterios necesarios para el establecimiento de las comisiones que  es
pueden percibir.» bo
2.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 4 de la Ley 5/1986, con el siguiente texto: 69ww
«3.  Por orden de la persona titular del departamento competente en materia de
jauuetgoori,z saec ioconnecsr peatarna  efol rrmesatro p daer tceu dees tliao nmeiss mreala, teivl aaslc aa nlac ere dde c looms aecrcuiearl,d eols r écgoimmeernc idaele sla ys 
el cálculo del importe de las comisiones y los sujetos a los que se aplican.»
3.  Se deroga la disposición adicional única de la Ley 5/1986, que queda sustituida 
por tres disposiciones adicionales, la primera, la segunda y la tercera, con el texto 
siguiente:
«Disposición adicional primera.  Transformación de la Entidad Autónoma de Juegos 
y Apuestas de la Generalidad en sociedad anónima.
1.  El Gobierno, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la 
presente ley, debe acordar el inicio del proceso de transformación de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad en una sociedad anónima de 
naturaleza unipersonal por razón de la tenencia de la totalidad de las acciones, 
adscrita al departamento competente en materia de juego y apuestas, y debe 
aprobar sus estatutos y promover los actos necesarios para la inscripción de esta 
sociedad en el Registro mercantil.
2.  La transformación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad creada por la Ley 5/1986, de 17 de abril, debe producirse conservando 
la personalidad jurídica de la entidad, mediante la cesión e integración global y en 
unidad de acto, de todo el activo y pasivo de la entidad transformada con sucesión 
universal de derechos y obligaciones. La eficacia de la transformación queda 
supeditada a la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil. A partir 
de la fecha de la inscripción nacen las obligaciones que, en su caso, se puedan 
derivar de la nueva forma de organización.
3.  Durante el proceso de transformación la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad mantiene su actividad y su Consejo de Administración 
mantiene la composición y las funciones establecidas por la Ley 5/1986, en todo lo 
que afecte a las actividades comerciales, prestaciones de servicios en materia de 
organización, gestión de los juegos y la explotación que la normativa reserva a la 
Generalidad, así como respecto de las competencias de regulación del mercado del 
juego en Cataluña, que una vez transformada la entidad debe ejercer la unidad 
directiva competente en materia de juegos y apuestas.
4.  Corresponde a la sociedad anónima la organización, y la gestión, por cuenta 
de  la  Generalidad  mediante  cualquier  forma  admitida  en  derecho,  de  la 
comercialización de los juegos que las disposiciones legales reservan a la gestión 
de la Generalidad, de acuerdo con la normativa vigente, y cualquier otra función que 
pueda atribuirle el Gobierno.
Disposición adicional segunda.  Régimen del personal de la sociedad anónima 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
1.  El personal de la sociedad transformada pasa a regirse por el derecho 
laboral.
2.  El personal laboral de la entidad transformada se integra en la nueva 
sociedad por el mecanismo de la sucesión de empresa y le son de aplicación las 
garantías relativas a la recolocación y al reingreso establecidas por la disposición 
adicional segunda del VI Convenio colectivo único de ámbito de Cataluña del 
personal laboral de la Generalidad de Cataluña.
Disposición adicional tercera.  Gestión de los ingresos de la sociedad anónima 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad.
1.  Las cantidades obtenidas por la comercialización de los juegos quedan  bo
afectadas a la financiación de inversiones, programas y actuaciones que promuevan  69ww
ldae p lrooss ppererimdaiods y  plaa gcaodhoess,i ólans s ococimali.s Eiosnteoss  ian gpreerscoibsi rd epboer nla ms inpoerrasorsnea sp oyr  eeln itmidpaodretes 
cdoella jbuoergaod. oLraass  cpaonr tliad addisetsri binugcrióensa yd aress qtaunet eesx cgeadsatons  lqaus ein sicei adlemreivnetne  pparerav islata gse esntió enl 
estado de ingresos del presupuesto dan lugar a la ampliación de los créditos
consignados para atender las acciones mencionadas. La recaudación de los 
rendimientos derivados de la actividad del juego puede llevarse a cabo por el 
procedimiento administrativo de apremio.
2.  En los términos y por la cuantía que sean determinados por reglamento, con 
los ingresos públicos a que se refiere este apartado, deben establecerse los 
mecanismos para atender el pago de los premios. Corresponde a la sociedad 
anónima transformada la gestión de estos fondos, que no forman parte de sus 
recursos propios ni de sus ingresos.
3.  Constituyen ingresos de la sociedad transformada, entre otros, los que se 
derivan de sus actividades de gestión por cuenta de la Generalidad o por cuenta 
propia de las actividades de juego en los términos que sean establecidos por sus 
estatutos.»
Artículo 128.  Modificación de la Ley 15/1993 (Centro de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información).
1.  Se modifica el texto articulado de la Ley 15/1993, de 28 de diciembre, por la que 
se crea el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de Cataluña, en los siguientes 
términos:
«a)  La denominación ‘‘Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad de 
Cataluña’’ se sustituye, en todo el texto articulado, por la denominación ‘‘Centro de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de 
Cataluña’’.
b)  La sigla ‘‘CTGC’’ se sustituye, en el artículo 1, por la sigla ‘‘CTTI’’.»
2.  Se modifica el artículo 2 de la Ley 15/1993, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 2.  Funciones.
1.  El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la 
Generalidad de Cataluña (CTTI) integra la prestación de todos los servicios relativos 
a las tecnologías de la información y la comunicación (servicios TIC) a la Generalidad 
y a su sector público y, en consecuencia, constituyen sus funciones:
a)  La planificación técnica y el establecimiento de las directrices de la gestión 
y de la explotación de los servicios y de los sistemas de telecomunicaciones y 
comunicaciones que corresponden a la Generalidad, de acuerdo con las atribuciones 
que otorga el Estatuto de autonomía y de acuerdo con lo establecido en la legislación 
del Estado sobre ordenación de las telecomunicaciones y con lo establecido en la 
legislación catalana y europea en el ámbito de sus respectivas competencias.
b)  La coordinación, la supervisión y el control de la ejecución de los sistemas 
y de los servicios de telecomunicaciones y de informática aptos para satisfacer las 
necesidades de la Administración de la Generalidad, y la provisión de soluciones 
transversales y adaptadas a los departamentos y al sector público de la Generalidad, 
impulsando la innovación y la transformación digitales.
c)  El asesoramiento técnico con relación a las telecomunicaciones corporativas 
y la formación del personal técnico mediante la organización y la promoción de 
cursos y otras posibilidades de formación para la elaboración de sistemas y la  e
prestación de servicios. bo
d)  Cualquier otra directamente relacionada con las funciones a las que hacen  69ww
rtGeeolfeebcrioeemrnncuoin.ai calacsio nleetsr acso mloos e na peal rátmadboitos  dae) ,l ab in) foyr mcá),t ictaa,n qtou ee lne  seela  áamtribbiutoid ad peo rla esl   OE-A-2020-55able en https://
2.  El Centro de Telecomunicaciones y tecnologías de la Información de la 
Generalidad de Cataluña, directamente o a través de sociedades que se constituyan 
a tal fin, debe gestionar la prestación de servicios y sistemas de telecomunicaciones 
para la Generalidad y su sector público, y debe ejecutar, en cualquiera de las formas 
establecidas por el ordenamiento jurídico, el desarrollo, la implantación, la 
explotación y la comercialización de otros servicios y sistemas de telecomunicaciones 
para los que obtenga la autorización o el correspondiente título habilitante.
3.  El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la 
Generalidad de Cataluña, una vez obtenidas las autorizaciones legalmente 
establecidas, puede llevar a cabo, directamente o mediante la participación en otras 
sociedades o empresas, cualquier actividad comercial o industrial que esté 
relacionada con cualquiera de las funciones a las que se refiere el apartado 2, si lo 
acuerdan sus órganos de gobierno.»
Artículo 129.  Modificación de la Ley 13/1997 (Instituto Catalán del Acogimiento y la 
Adopción).
1.  Se añade una letra, la c bis, al artículo 3 de la Ley 13/1997, de 19 de noviembre, 
de creación del Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción, con el siguiente texto:
«c) bis.  Promover y gestionar los proyectos de mentoría social para niños, 
adolescentes y jóvenes tutelados.»
2.  Se modifica la letra d del artículo 3 de la Ley 13/1997, que queda redactada del 
siguiente modo:
«d)  Realizar el seguimiento, directamente o mediante las entidades o 
instituciones acreditadas, de los niños que se hallen bajo medidas de acogimiento 
familiar en familia ajena o bien en acogimiento preadoptivo hasta la constitución de 
la adopción.»
3.  Se añade una letra, la g) bis, a la Ley 13/1997, con el siguiente texto:
«g) bis.  Diseñar y desarrollar políticas de atención postadoptiva.»
Artículo 130.  Modificación de la Ley 20/2010 con relación a la Filmoteca de Cataluña.
Se añade un apartado, el 3, al artículo 46 de la Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine, con 
el siguiente texto:
«3.  El director o directora de la Filmoteca de Cataluña es designado por el 
máximo órgano de gobierno del ente gestor y se vincula al ente en virtud de un 
contrato laboral de alta dirección.»
Artículo 131.  Modificación de la Ley 20/2000 (Instituto Catalán de las Industrias 
Culturales).
1.  Se modifica el texto de la Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de creación del 
Instituto Catalán de las Industrias Culturales, en el sentido de que la denominación 
«Instituto Catalán de las Industrias Culturales» se sustituye, a lo largo del texto articulado,  s
por la denominación «Instituto Catalán de las Empresas Culturales». oe.
2.  Se añade una letra, la e), al apartado 2 del artículo 5 de la Ley 20/2000, con el  w.
siguiente t«eext)o : Nombrar al director o directora del centro Arts Santa Mònica, que se  2020-5569n https://ww
vincula a esta entidad en virtud de un contrato laboral de alta dirección.»
Artículo 132.  Modificación de la Ley 2/2014 con relación al Consejo Catalán de la 
Producción Integrada.
1.  Se modifica el apartado 6 del artículo 193 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que queda redactado 
del siguiente modo:
«6.  El Consejo Catalán de la Producción Integrada aprueba sus estatutos, que 
debe someter a la validación administrativa del departamento competente en 
materia de agricultura y ganadería. Los estatutos, que deben regular al menos los 
fines y funciones del Consejo, su organización y el régimen económico y financiero, 
además de los derechos y obligaciones de los operadores, el control interno y el 
régimen disciplinario, deben basarse en los siguientes principios:
a)  Representación democrática.
b)  Representatividad de los intereses económicos de los distintos sectores que 
lo integran.
c)  Autonomía en la gestión y organización de los procesos electorales de 
elección de sus órganos rectores.»
2.  Se modifica el apartado 8 del artículo 193 de la Ley 2/2014, que queda redactado 
del siguiente modo:
«8.  El departamento competente en materia de agricultura y ganadería puede 
encargar al Consejo Catalán de la Producción Integrada la gestión de los bienes y 
servicios cuya titularidad sea de la Generalidad, incluida la gestión de la mención 
«Producció Integrada» y del logotipo que la identifica, con el objetivo de que pueda 
cumplir sus finalidades y ejercer sus funciones con la eficacia y la agilidad máximas.»
3.  Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 194 de la Ley 2/2014, que queda 
redactada del siguiente modo:
«c)  Colaborar con el departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería en la redacción de las normas técnicas de carácter reglamentario que 
deben regir la actuación del Consejo, cuya aprobación definitiva corresponde al 
consejero o consejera titular de dicho departamento.»
4.  Se modifica el apartado 3 del artículo 195 de la Ley 2/2014, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  La protección de la producción integrada implica el derecho exclusivo de 
los operadores de emplear la denominación registrada. Únicamente los operadores 
pueden añadir en la etiqueta y en la publicidad de sus productos, además de la 
denominación registrada, la mención ‘‘Producció Integrada’’, que incluye el derecho 
de utilizar en exclusiva el logotipo diseñado específicamente para la producción 
integrada; asimismo, pueden utilizar la mención ‘‘Producció Sostenible’’, junto con la 
mención ‘‘Producció Integrada’’, en los mismos términos y con las mismas 
condiciones de uso.»
5.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 196 de la Ley 2/2014, que quedan 
redactados del siguiente modo: es
«1.  El Consejo Catalán de la Producción Integrada debe establecer los  w.
mecanismos que garanticen el origen y los procesos de producción, la elaboración,  69ww
laalm traacnesnfoarmmiaecnitóon y,  llaa  icmopmoertracciaiólizna, ceiló ent ilqouse ptaroddou, clato cso pmroevrceinaileiznatecisó dne, e lol str aonpsepraodrtoer,e esl 
inscritos en el correspondiente registro.
2.  El departamento competente en materia de agricultura y ganadería debe 
supervisar la aplicación de los mecanismos de control establecidos por el Consejo 
Catalán de la Producción Integrada.»
6.  Se añade un apartado, el 5, al artículo 196 de la Ley 2/2014, con el siguiente texto:
«5.  El Consejo Catalán de la Producción Integrada, que debe dotarse de los 
medios necesarios para el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, debe 
disponer de un sistema de gestión de la calidad con relación a las funciones que 
especifica artículo 194, y debe acreditar su buen funcionamiento mediante la 
obtención de la certificación de conformidad con la norma ISO 9001, o de 
conformidad con la norma ISO/IEC 17065:2012 o la norma que la sustituya.»
7.  Se modifican las letras a y b del apartado 1 del artículo 197 de la Ley 2/2014, que 
quedan redactadas del siguiente modo:
«a)  El Consejo Catalán de la Producción Integrada, siempre que en el 
organigrama queden claramente separadas las funciones de gestión y las de 
certificación y disponga de la acreditación a que hace referencia el artículo 196.5.
b)  Un organismo independiente de control que esté inscrito en el registro 
correspondiente del departamento competente en materia de agricultura y 
ganadería, siempre que disponga de la acreditación a que hace referencia el 
artículo 196.5.»
Artículo 133.  Modificación del Decreto ley 16/2019 (Energías renovables).
Se añade una letra, la f, al apartado 1 del artículo 9 del Decreto ley 16/2019, de 26 de 
noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías 
renovables, con el texto siguiente:
«f)  La no afectación a ámbitos incluidos en proyectos de implantación de 
nuevos  riegos  o  de  transformación  de  los  existentes  promovidos  por  la 
Administración.»
Artículo 134.  Modificación de la Ley 5/2007 con relación a las reestructuraciones 
departamentales.
Se modifica el artículo 30 de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y 
financieras, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 30.  Disposiciones en materia de organización.
Se habilita al Gobierno para dictar las normas de organización adecuadas para 
adaptar a los cambios provocados por reestructuraciones de departamentos de la 
Administración de la Generalidad las referencias que puedan hacerse en 
disposiciones con rango de ley a departamentos o a sus órganos en la regulación 
de sus organismos u órganos colegiados.»
PARTE CUARTA
Medidas administrativas
TÍTULO VIII
Medidas administrativas en materia de vivienda y urbanismo, de medio ambiente y 
sostenibilidad, de ordenación de aguas y de infraestructuras y movilidad
CAPÍTULO I
Modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanismo
Sección primera.  Vivienda
Artículo 135.  Modificación de la Ley 18/2007 (Derecho a la vivienda).
1.  Se modifica el apartado 5 del artículo 28 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, 
del derecho a la vivienda, que queda redactado del siguiente modo:
«5.  Los informes de inspección técnica se entregarán a la Administración para 
acreditar el cumplimiento del deber de haber pasado la inspección técnica obligatoria 
y para obtener un distintivo en el que debe hacerse constar el estado de 
conservación del edificio que resulta del informe. El procedimiento para solicitar el 
distintivo y su vigencia deben aprobarse por reglamento.»
2.  Se modifica el apartado 6 del artículo 30 de la Ley 18/2007, que queda redactado 
del siguiente modo:
«6.  Se entiende que el propietario o propietaria cumple el deber de 
conservación y rehabilitación, si cumple las disposiciones relativas al deber de 
conservación y rehabilitación establecidas por la normativa urbanística y demás 
normas generales de aplicación, incluidas las que regulan la inspección técnica de 
los edificios de viviendas.»
3.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 65 de la Ley 18/2007, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  En los actos y contratos de transmisión de viviendas nuevas, los 
transmitentes deben entregar a los adquirentes la siguiente documentación:
a)  El plano de situación del edificio.
b)  El plano de la vivienda, con especificación de la superficie útil y de la construida, 
en caso de viviendas de nueva construcción, con las mediciones acreditadas por 
técnicos competentes. Si existen anexos, las mediciones deben ser diferenciadas.
c)  La memoria de calidades.
d)  La cédula de habitabilidad, o la cédula de calificación definitiva en el caso 
de una vivienda de protección oficial.
e)  El distintivo del informe de la inspección técnica del edificio en caso de que 
el edificio haya sido obligado a pasar la inspección.
f)  Una nota simple informativa del Registro de la Propiedad, actualizada. s
g)  La documentación relativa a las garantías de la vivienda, con especificación  oe.
de los garantes, los titulares de la garantía, los derechos de los titulares y el plazo  w.
de dhi)u) r aLcLaióa n ed.soccruitmurean tdaec idóen crlealraaticviaó na  dlae  hoipborate cnau,e svia s ey  hdaiv cisoiónnst ihtuoidriozo.ntal, y de los  2020-5569n https://ww
estatutos de la comunidad de propietarios, si ya han sido otorgados, en su caso.
j)  La documentación necesaria para contratar los servicios y suministros de la  Bc
vivienda.
2.  En los actos y contratos de transmisión de viviendas de segunda o sucesivas 
transmisiones, es preciso entregar a los adquirentes los documentos señalados en 
las letras d), e), h) e i) del apartado 1.
En el caso de una vivienda en régimen de propiedad horizontal, la persona 
representante o administradora de la comunidad debe facilitar a la persona 
transmitente los siguientes documentos: el certificado relativo al estado de deudas 
de los transmitentes con la comunidad, en el que deben constar, además, los gastos 
ordinarios aprobados pendientes de repartir, y una copia del informe de la inspección 
técnica para el caso de que el edificio esté obligado a pasar esta inspección, con el 
fin de que pueda ser entregado a la persona adquirente, junto con el resto de 
documentación que se indica en el presente apartado.»
4.  Se añade una disposición transitoria, la segunda bis, a la Ley 18/2007, con el 
siguiente texto:
«Disposición transitoria segunda bis.  Régimen transitorio del certificado de aptitud
Mientras no se apruebe el reglamento a que se refiere el artículo 28.5, se 
mantiene vigente, en cuanto a plazo de validez, efectos y órganos competentes 
para su emisión, el certificado de aptitud que regula el capítulo 3 del Decreto 67/2015, 
del 5 de mayo, para el fomento del deber de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de los edificios de viviendas, mediante las inspecciones técnicas y el 
libro del edificio.»
Artículo 136.  Modificación de la Ley 31/2010, la Ley 24/2015, la Ley 4/2016 y el Decreto 
ley 17/2019 en relación con las medidas de protección del derecho a la vivienda para 
afrontar la emergencia en este ámbito y el riesgo de exclusión residencial.
1.  Se modifica el apartado 4 del artículo 23 de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del 
Área Metropolitana de Barcelona, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  El  Plan  director  urbanístico  metropolitano  debe  especificar  las 
determinaciones que pueden ser ejecutadas directamente, incluidas las relativas a 
reservas para viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, y que 
son susceptibles, si procede, de desarrollo mediante un planeamiento derivado.»
2.  Se modifica la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en los siguientes términos:
a)  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley, que queda redactada 
del siguiente modo:
«a)  Que el demandante tenga la condición de gran tenedor de vivienda.»
b)  Se modifica el apartado 9 del artículo 5 de la Ley, que queda redactado del 
siguiente modo:
«9.  A efectos de la presente ley, se entiende que son grandes tenedores de 
viviendas:
a)  Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los  s
fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes  e.
de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil. w.
b)  Las personas jurídicas que, por sí solas o a través de un grupo de empresas,  69ww
sseigaunie tnittuelsa reexsc deep cmioánse sd:e quince viviendas situadas en territorio del Estado, con las
1.º  Los promotores sociales a los que se refieren las letras a) y b) del
artículo 51.2 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
2.º  Las personas que tengan más de un 15 por ciento de la superficie habitable 
de la propiedad calificado como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler.
c)  Los fondos de capital riesgo y de titulización de activos.
d)  Las personas físicas que sean propietarias de más de quince viviendas, o 
copropietarias si su cuota de participación en la comunidad representa más de 
1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda, con referencia en ambos 
casos a viviendas situadas en territorio del Estado, con las mismas excepciones que 
establecen para las personas jurídicas los puntos 1.º y 2.º de la letra b).»
3.  Se modifica la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, en los siguientes 
términos:
a)  Se modifica el apartado 3 del artículo 16 de la Ley, y se añade a dicho artículo un 
apartado, el 3 bis, con el siguiente texto:
«3.  Están obligados, como última medida, a ofrecer a los ocupantes que se 
hallen en las condiciones a que se refiere el apartado 1 el realojo en una vivienda de 
su titularidad, en régimen de alquiler y por un plazo igual a la duración mínima 
prevista en la legislación de arrendamientos urbanos en función del tipo de 
arrendador, los adquirentes de las viviendas y los instantes de los procesos 
judiciales de ejecución hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una 
deuda hipotecaria o de desahucio por impago de rentas de alquiler a que se refieren 
las letras a y b del apartado 2 que, al mismo tiempo, sean, de acuerdo con la 
Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética, grandes tenedores titulares de 
viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin 
título habilitante, o susceptibles de estar inscritos en el mismo, o personas jurídicas 
titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el 
Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo 
de titulización de activos o que la adquisición se haya efectuado mediante la 
transmisión de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.
«3 bis.  La obligación de realojo recae también, en las mismas condiciones 
fijadas por el apartado 3, sobre los instantes de los procesos judiciales de ejecución 
hipotecaria o de otro tipo derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria o de 
desahucio por impago de rentas de alquiler a que se refiere la letra b del apartado 2 
que, al mismo tiempo, sean personas jurídicas titulares de viviendas que hayan 
adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de 
viviendas ocupadas sin título habilitante en primera o ulteriores transmisiones, 
aunque el titular actual sea un fondo de titulización de activos o que la adquisición 
se haya efectuado mediante la transmisión de acciones o participaciones de 
sociedades mercantiles, siempre que no estén sujetos a la obligación de ofrecer 
alquiler social en virtud de la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.»
b)  Se modifican las letras d y e del apartado 4 del artículo 16 de la Ley 4/2016, que 
quedan redactadas del siguiente modo:
«d)  La obligación de realojo, en el caso a que se refiere el apartado 2.a), es  e
aplicable antes de la adquisición del dominio, y en los casos a que se refiere el  bo
apartado 2.b) es aplicable a partir del momento en que se haya presentado la  69ww
daelqmuialenrd, ao  jsued ihcaiayla d neo etijfeiccaudcoió lna  hvioploutnetcaadr idae o p drees deenstaarhlau,c oio e pno qr uime psaeg hoa dyae  irnesnttaadso d ael 
phirpoocteescoa rdiae,  oe jseec uhcaiyóan  nnooti fhiciapdoote lcaa vrioal udnetaridv addea i ndicei alralo r.eclamación de una deuda
e)  El ofrecimiento de realojo a que se refieren los apartados 3 y 3 bis debe 
comunicarse, en el plazo de tres días hábiles desde el momento en que se ha 
producido, al ayuntamiento del municipio en el que está situada la vivienda y a la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña.»
c)  Se modifica el punto 1.º de la letra d) del apartado 1 de la disposición adicional 
primera de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
«1.º  Que la vivienda esté inscrita en el Registro de viviendas vacías y de 
viviendas ocupadas sin título habilitante o sea susceptible de estar inscrita en él.»
d)  Se deroga el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley.
4.  Se modifica el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda, en los siguientes términos:
a)  Se modifica la letra b) del apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley, 
que queda redactada del siguiente modo:
b)  El 40 % en sectores de suelo urbano no consolidado que tengan por objeto 
la transformación global de los usos principales hacia uso residencial. Este 
porcentaje puede reducirse hasta el 30 % cuando no pueda garantizarse la viabilidad 
económico-financiera de las actuaciones.»
b)  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Ley, que queda 
redactado del siguiente modo:
«3.  El régimen especial establecido en la presente disposición es aplicable al 
planeamiento urbanístico general de los municipios afectados y a sus revisiones y 
modificaciones, así como a los planes urbanísticos derivados y sus modificaciones, 
que se aprueben inicialmente una vez transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles desde el 24 de diciembre de 2019, fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto ley.»
Sección segunda.  Urbanismo
Artículo 137.  Modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo.
1.  Se modifica el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en los siguientes términos:
«a)  Las referencias contenidas en todo el texto artículo a la ‘‘Comisión de 
Urbanismo de Cataluña’’ o a la ‘‘Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de 
Cataluña’’ se sustituyen por las referencias a la “Comisión de Territorio de Cataluña”.
b)  Las referencias al ‘‘consejero o consejera competente en materia de 
urbanismo’’ contenidas en los artículos 80, 82, 83.1, 84, 85.3 y 98.3 se sustituyen 
por referencias a la “Comisión de Territorio de Cataluña”.
c)  Las referencias a la ‘‘dirección general competente en materia de 
urbanismo’’, a la “dirección general de Urbanismo”, al “director o directora general 
de Urbanismo” o al ‘‘director o directora general competente en materia de 
urbanismo’’ contenidas en los artículos 76.3, 82, 208.2 y 222 se sustituyen por  e
referencias a “el órgano correspondiente del departamento competente en materia  bo
de urbanismo”. 69ww
dudeerblc aitdmen)r oirsictmLotaaroviso’a ’ r  eycs foeedn reest eunucsnrbitiaidatsuan yasise  lmnae  no‘p‘d’ o’ ierroe l  rcaeac frileóatírn ce‘ ‘ungdlceiorinea ecs8rc 6aaió l  bnclao is gm‘ ‘ecypno eemetreaninsl  itólceano e  mndte pimsrerpiatteootensrritiaiecali   óeddnnee    omturrradabentaensnraiiitasco miródinaeo     OE-A-2020-55able en https://
competente’’.»
2.  Se modifica el artículo 16 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 16.  Órganos competentes de la Generalidad.
Las competencias que esta Ley atribuye a la Administración de la Generalidad 
sin especificar el órgano administrativo competente para su ejercicio, son ejercidas 
por el órgano del departamento competente en materia de urbanismo que se 
determine por reglamento.»
3.  Se modifica el artículo 17 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 17.  Comisión de Territorio de Cataluña.
1.  La Comisión de Territorio de Cataluña es el órgano administrativo colegiado 
de la Generalidad de Cataluña. Se adscribe al departamento competente en materia 
de política territorial y urbanismo y tiene el carácter de órgano consultivo superior en 
estas materias y, en cuanto a la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos, 
de órgano resolutorio superior de dicho departamento.
2.  La composición de la Comisión de Territorio de Cataluña se establece por 
reglamento. El reglamento debe garantizar que estén representados en la Comisión 
los departamentos de la Generalidad de Cataluña y las administraciones locales con 
competencias urbanísticas y que tengan participación en la misma personas de 
reconocido prestigio profesional o académico en materia de ordenación del territorio, 
vivienda y medio ambiente. Los alcaldes de los ayuntamientos afectados deben ser 
convocados, con voz pero sin voto, a las sesiones en las que se trate del primer 
establecimiento y las revisiones del plan de ordenación urbanística municipal y del 
programa de actuación urbanística municipal. Debe regularse por reglamento la 
asistencia de los alcaldes u otros representantes de los ayuntamientos afectados a 
las sesiones de la Comisión de Territorio de Cataluña en que se sometan a 
consideración planes directores urbanísticos y planes especiales urbanísticos 
autónomos.»
4.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 18 del texto refundido de urbanismo, con el 
siguiente texto:
«3.  Contra los actos de las comisiones territoriales de urbanismo susceptibles 
de ser impugnados en vía administrativa de acuerdo con la legislación aplicable, 
puede interponerse recurso de alzada ante la persona titular del departamento 
competente en materia de urbanismo.»
5.  Se derogan los artículos 20 y 21 del texto refundido de la Ley de urbanismo.
6.  Se modifica el apartado 4 del artículo 46 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
que queda redactado del siguiente modo:
«4.  Deben destinarse al régimen de alquiler, derecho de superficie u otras 
formas de cesión del uso sin transmisión de la propiedad del suelo las viviendas de 
protección pública construidas sobre los terrenos de titularidad pública a que se 
refiere el apartado 3.»
7.  Se modifica el apartado 7 del artículo 57 del texto refundido de la Ley de urbanismo,  bo
que queda redactado del siguiente modo: 69ww
mun«ic7i.p alL oa  scua lpifliacnaeciaómn ideenlt os udeelroiv qaudeo  epsatraab lloeczaclaiz ealr  Plalasn r edsee rovradse naa qcuióen s uer breafnieísretic eal 
approatretaccdioó n6  ppúubelidcea .p Eresvtee rd eesl tdineos tainfeoc ttoat atal not op aar cloiasl  eddeif ilcai oesd pifliucaricfaiómni liaa rveisv iedned nause dvea   BOE-A-cable e
construcción, aunque conserven algún elemento arquitectónico de una edificación
anterior, como los edificios plurifamiliares existentes en que se pretenda llevar a 
cabo obras de ampliación, de reforma general o de gran rehabilitación, u obras de 
ampliación o de incremento del número de viviendas, cuando dichas actuaciones 
edificatorias tengan por finalidad alojar mayoritariamente a nuevos residentes en las 
viviendas resultantes no reservadas a reubicación de realojados o para hacer 
efectivo el derecho de realojo de anteriores residentes o titulares.
7 bis.  Si la calificación del suelo permite diferentes usos, el planeamiento 
puede vincular el uso residencial a la condición que dichas actuaciones edificatorias 
destinen total o parcialmente la edificabilidad a viviendas de protección pública. En 
el caso de destino parcial, si la calificación urbanística no concreta las unidades de 
vivienda sobre las que recae, el otorgamiento de la licencia de obras queda 
condicionada a la obtención de la calificación provisional de las viviendas con 
protección oficial y la primera ocupación de la edificación queda condicionada a la 
obtención de la calificación definitiva.»
8.  Se modifica el apartado 1 del artículo 76 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1. Corresponde formular los planes directores urbanísticos a las entidades y 
organismos que determine la Comisión de Territorio de Cataluña, con la participación 
de los ayuntamientos afectados de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.»
9.  Se modifica el artículo 79 del texto refundido de la Ley de urbanismo, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 79.  Funciones de la Comisión de Territorio de Cataluña.
Corresponde a la Comisión de Territorio de Cataluña la aprobación definitiva de:
a)  Los planes directores urbanísticos y las normas de planeamiento 
urbanístico.
b)  Los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de 
actuación urbanística municipal, si se refieren a municipios de más de 50.000 
habitantes o capitales de comarca.
c)  Los planes y programas urbanísticos plurimunicipales, en los siguientes 
supuestos:
Primero.  Si se trata de un plan de ordenación urbanística o de un programa de 
actuación urbanística municipales tramitados por una comisión territorial de 
urbanismo.
Segundo.  Si se trata de un plan de ordenación urbanística o de un programa 
de actuación urbanística municipales que comprenda algún municipio de más de 
50.000 habitantes o capital de comarca.
Tercero.  Si el ámbito territorial del plan o programa afecta a más de una 
comisión territorial de urbanismo.
d)  Los planes parciales urbanísticos de delimitación, si es competente, de 
acuerdo con lo establecido por las letras b o c, para aprobar el correspondiente plan 
de ordenación urbanística municipal.
e)  Los planes especiales urbanísticos autónomos a que se refiere el artículo  8.  s
Si en el plazo de audiencia establecido por el artículo 85.8, el ayuntamiento afectado  e.
manifiesta disconformidad con el emplazamiento escogido para implantar una  w.
infraestructura o elemento de interés supramunicipal, salvo que dicho emplazamiento  69ww
veexpnegdai epnreted edteebrem aindaodpot aprsoer  upnreav idoe icnifsoiórmn ed deel lG doebpiaerrtnaom, elan troe scoolmucpieótne ndteef ipnoitri vraa zdóenl 
de la materia con el fin de ponderar los intereses públicos que concurren.»
10.  Se modifica el apartado 4 del artículo 92 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«4.  El órgano competente de la Administración de la Generalidad para la 
aprobación definitiva de una figura del planeamiento urbanístico puede facultar a un 
órgano del departamento competente en la materia para dar conformidad al texto 
refundido o la documentación que cumpla las prescripciones señaladas en los 
acuerdos de aprobación definitiva y para ordenar la publicación del plan a efectos 
de la ejecutividad.»
11.  Se modifica el apartado 2 del artículo 95 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La Comisión de Territorio de Cataluña, si las circunstancias lo exigen, 
puede ordenar motivadamente, previa audiencia concedida a los entes locales 
afectados, la revisión anticipada de un plan de ordenación urbanística municipal de 
oficio, autorizarla a instancia de los entes locales afectados o bien acordarla a 
instancia de las entidades urbanísticas especiales o de los departamentos 
interesados.»
12.  Se añade una letra, la e, al artículo 96 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
con el siguiente texto:
«e)  En el caso de modificaciones de los planes y programas a que se refieren 
las letras b y c del artículo 79, corresponde a la comisión territorial de urbanismo 
correspondiente la competencia para aprobarlas definitivamente, salvo que el 
ámbito territorial de la modificación afecte a más de una comisión territorial de 
urbanismo o que la modificación comporte una alteración de los sistemas 
urbanísticos de espacios libres, zonas verdes o equipamientos deportivos.»
13.  Se modifica el apartado 2 del artículo 98 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La Comisión de Territorio de Cataluña aprueba definitivamente la 
modificación de las figuras de planeamiento a que se refiere el apartado 1, previo 
informe favorable de la comisión territorial de urbanismo competente.»
14.  Se añade un párrafo al apartado 5 del artículo 122 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, con el siguiente texto:
«La exigibilidad del cobro de los gastos de urbanización prescribe a los tres 
años de la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación.»
15.  Se modifica el apartado 2 del artículo 124 del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  En virtud de la reparcelación, y una vez hecha, en su caso, la agrupación 
de las fincas afectadas, se adjudican:
a)  Las parcelas con aprovechamiento privado resultantes, a las personas 
propietarias en proporción a sus respectivos derechos y, a la administración actuante, 
las que le correspondan por razón de la cesión obligatoria y gratuita de suelo para la  s
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación. oe.
b)  Los suelos destinados a sistemas urbanísticos de titularidad pública de  w.
cesión obligatoria y gratuita, a las administraciones públicas que deben convertirse  69ww
eadnm tiitnuilsatrreasc iódne  tliatusl ainr fdraee lsat riuncfrtauerasstr urcetluartiav anso  ae setést odse tseirsmteinmaadsa.,  Elan a cdajusdoi cdaec iqóune d elal 
soubeligloa csieón e dfeec ttrúaan semni teirll om au lnai caidpmioi neisnt rqauceió ns ep úabclitcúaa ,q uae t ídtuelboa  dceo nfivdeurctiriasrei oe,n c toitnu lalar   BOE-A-cable e
de la infraestructura, antes de su implantación.»
16.  Se modifica la letra a) del artículo 127 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
que queda redactado del siguiente modo:
«a)  La transmisión del derecho de propiedad entre el o la titular cedente y la 
Administración pública cesionaria de los suelos de cesión obligatoria o, en el 
supuesto previsto en el segundo punto del artículo 124.2.b), la transferencia del 
suelo destinado a sistema urbanístico al municipio en que se actúa a título de 
fiduciario, con la obligación de transmitirlo a la administración pública que haya de 
convertirse en titular de la infraestructura, antes de su implantación.»
17.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 172 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«a)  El sistema de adquisición mediante la expropiación forzosa o en ejercicio 
del derecho de tanteo que se constituya respecto de las transmisiones onerosas, 
incluyendo las que se llevan a cabo mediante la adquisición de acciones o 
participaciones sociales a cambio de la aportación de la titularidad del inmueble 
afectado, con exclusión de las transmisiones entre las sociedades de un mismo 
grupo empresarial que tengan el mismo objeto social o ejerzan una actividad 
inmobiliaria similar.»
18.  Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 173 del texto refundido de la Ley 
de urbanismo, que queda redactado del siguiente modo:
«b)  Las viviendas arrendadas, cuando, de acuerdo con la legislación sobre 
arrendamientos urbanos, se transmitan conjuntamente con el resto de viviendas o 
locales que formen parte del mismo inmueble, con exclusión de las transmisiones 
entre las sociedades de un mismo grupo empresarial que tengan el mismo objeto 
social o ejerzan una actividad inmobiliaria similar.»
19.  Se añade un apartado, el 3 bis, al artículo 188 del texto refundido de urbanismo, 
con el siguiente texto:
«3 bis.  En el marco del procedimiento para otorgar y denegar las licencias 
urbanísticas, cada municipio puede exigir, como requisito previo que debe acompañar 
la solicitud de licencia o la comunicación previa, la aportación de un informe de 
idoneidad técnica. El informe de idoneidad técnica tiene por objeto verificar que el 
proyecto técnico o la documentación técnica cumple la normativa estatal y autonómica 
que debe ser comprobada en los procedimientos municipales de intervención y que la 
documentación aportada cumple los requisitos de integridad documental, suficiencia 
e idoneidad que exijan las ordenanzas municipales. La emisión de este informe puede 
encomendarse a un colegio profesional técnico o a una entidad colaboradora 
debidamente habilitados por la Administración. Estos informes tienen la misma validez 
jurídica que los emitidos por el personal de la Administración encargado de estas 
funciones. A tal efecto, las ordenanzas municipales deben regular el régimen de 
colaboración para el ejercicio de las funciones de verificación y control, así como la 
aprobación del sistema de habilitación, en su caso, en el marco de lo establecido por 
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento administrativo 
de las administraciones públicas de Cataluña, y demás normativa aplicable.»
20.  Se añade una disposición adicional, la vigésima primera, al texto refundido de la  e.
Ley de urbanismo, con el siguiente texto: w.
«Disepnoesrigcíiaó nm aeddiciaionntea le vniegrégsíiamsa r epnriomvearbale. s.Incremento efectivo de la producción de
El procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas para instalar
paneles solares en la cara exterior de la cubierta o de las paredes que rodean las obras
implantadas legalmente en el suelo no urbanizable no está sujeto al informe preceptivo 
de la comisión de urbanismo en el caso de las construcciones y las dependencias 
propias de una actividad agrícola, ganadera o forestal, y las viviendas familiares y las 
construcciones destinadas a vivienda familiar o al alojamiento de personas temporeras 
que estén asociadas a las mismas, de acuerdo con el artículo 47.6.»
21.  Se añade una disposición adicional, la vigésima segunda, al texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima segunda.  Sustitución de las referencias en la 
normativa vigente a la Comisión de Urbanismo de Cataluña y a la Comisión de 
Política Territorial y de Urbanismo de Cataluña.
a)  Todas las referencias contenidas en la normativa vigente a la Comisión de 
Urbanismo de Cataluña o a la Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de 
Cataluña han de entenderse realizadas a la Comisión de Territorio de Cataluña.»
22.  Se añade una disposición transitoria, la vigésima primera, al texto refundido de la 
Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria vigésima primera.  Régimen transitorio de atribución de 
competencias urbanísticas de la Administración de la Generalidad.
1.  Hasta que se determinen los órganos competentes para ejercer las 
competencias a las que se refiere el artículo 16, corresponde ejercerlas en cada 
caso al órgano de rango jerárquico inmediato inferior al del titular del departamento 
que corresponda por razón de la materia.
2.  La atribución de competencias urbanísticas a la Administración de la 
Generalidad, en los términos que determinan los artículos 76.1, 79, 92.4, 96.e) 
y 98.2, en la redacción que adoptan en el momento de la entrada en vigor de la 
presente disposición transitoria, es aplicable a los procedimientos urbanísticos que 
se encuentren en tramitación en el momento de dicha entrada en vigor.»
23.  Se añaden dos letras, la e) bis y la e) ter, a la disposición derogatoria del texto 
refundido de la Ley de urbanismo, con el siguiente texto:
«e) bis.  El artículo 9 del Reglamento de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto 305/2006, de 18 de julio.
e) ter.  La letra b) del apartado 1 del artículo 107, la letra b del artículo 108, el 
punto 1.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 109 y el apartado 3 del artículo 131 
del Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística, aprobado por el 
Decreto 64/2014, de 13 de mayo.»
Artículo 138.  Modificación de la Ley 3/2012 con relación al procedimiento especial de 
modificación de los planes directores urbanísticos para dejar sin efecto o reducir la 
delimitación y la ordenación de áreas residenciales estratégicas determinadas.
Se modifican las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la disposición adicional octava 
de la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 
urbanismo, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a)  El órgano del departamento competente en materia de urbanismo ha de  oe.
elaborar una memoria justificativa sobre el área residencial estratégica que se  w.
pretende dejar sin efecto o reducir, y lo someterá al trámite de audiencia de quince  69ww
díasb a)  mLuan icCipoimosis aiófenc tdaed oTse.rritorio de Cataluña debe tomar en consideración la
mpueemdeo raiac ojurdstaifri cinaitciviaar  eella pbroorcaeddaim yi eenl troe seuslptaedcioa ld deel  tmráomdiitfeic adcei óanu sdii elonsc iaay upnratacmticiaednoto sy   BOE-A-cable e
afectados no manifiestan expresamente su oposición.
c)  El procedimiento especial de modificación se someterá al trámite de 
información pública durante un mes.
d)  Corresponde a la Comisión de Territorio de Cataluña aprobar la modificación 
del plan para dejar sin efecto o reducir el área residencial estratégica de que se trate.»
Artículo 139.  Modificación de la Ley 12/2017 (Arquitectura).
1.  Se modifica el artículo 12 de la Ley 12/2017, de 6 de julio, de la arquitectura, que 
queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.  Sujetos obligados y modalidades de contratación.
1.  Los entes, los organismos y las entidades que integran el sector público de 
Cataluña sujetos a la legislación de contratos del sector público deben contratar los 
servicios derivados del proceso arquitectónico y los instrumentos de planeamiento 
urbanístico de acuerdo con dicha legislación, con las especificidades que determina 
el presente capítulo para las siguientes modalidades:
a)  Concursos de ideas de arquitectura y de planeamiento urbanístico.
b)  Contratación de proyectos relativos al proceso arquitectónico cuando se 
trate de proyectos de edificación de nueva construcción, de rehabilitación o de 
reforma definidos por la legislación de ordenación de la edificación y el valor 
estimado del contrato sea igual o superior a 60.000 euros.
c)  Contratación conjunta para la elaboración del proyecto y la ejecución de la 
obra y de los contratos para la construcción y la explotación de obras del proceso 
arquitectónico, cuando requieran de un proyecto de edificación de nueva 
construcción, rehabilitación o reforma definido en la legislación de ordenación de la 
edificación y el contrato para la redacción del proyecto tenga un valor estimado igual 
o superior a 60.000 euros.
d)  Contratación de la redacción de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y los proyectos de urbanización cuando el valor estimado del contrato 
sea igual o superior a 60.000 euros.
2.  Quedan sujetos a las especificidades que determina este capítulo los 
contratos a que hace referencia el apartado 1 que tengan un valor estimado inferior 
a 60.000 euros, si el órgano de contratación, atendiendo a su singularidad y 
relevancia, así lo resuelve de forma motivada.»
2.  Se modifica el epígrafe del artículo 18 de la Ley 12/2017, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 18.  Especificidades de la contratación de proyectos relativos al proceso 
arquitectónico.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 12/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  En la contratación de proyectos relativos al proceso arquitectónico por 
parte del sector público de Cataluña, la redacción de proyectos y la dirección de las 
obras puede licitarse potestativamente de forma conjunta.»
4.  Se modifica el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 12/2017, que queda redactado  o
del siguiente modo: 69www.
arqu«it4e.c tóLnoicso :pliegos para la contratación de proyectos relativos al proceso
a)  Pueden establecer varias fases para la redacción de los distintos tipos de
proyectos, y en dicho caso deben establecer el correspondiente calendario de ejecución.
b)  Han de introducir, para la valoración de las proposiciones más ventajosas, 
además de los aspectos económicos, criterios de valoración que incorporen los 
valores inherentes a la arquitectura, siempre que estén vinculados al objeto del 
contrato. Estos criterios de calidad arquitectónica deben recibir siempre una 
valoración predominante con relación a la puntuación total determinada en los 
pliegos de cláusulas administrativas.
c)  Han de incorporar una determinación relativa al modo de compensar 
parcialmente o en su totalidad a los licitadores invitados al procedimiento restringido 
que no hayan resultado adjudicatarios en proporción a los requerimientos exigidos 
para la propuesta en el pliego de cláusulas.»
5.  Se modifica el epígrafe del artículo 20 de la Ley 12/2017, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 20.  Especificidades de la contratación conjunta de la elaboración del 
proyecto y la ejecución de la obra, y de los contratos para la construcción y 
explotación de obras del proceso arquitectónico.»
6.  Se modifica el apartado 3 del artículo 20 de la Ley 12/2017, que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  Los pliegos de prescripciones técnicas, los anteproyectos y cualquier otra 
documentación que sirva de base para la licitación, adjudicación y posterior 
ejecución de los contratos para la construcción y explotación de obras del proceso 
arquitectónico  deben  incorporar  los  requerimientos  y  criterios  de  calidad 
arquitectónica a considerar en el procedimiento de contratación.»
7.  El apartado único de la disposición transitoria de la Ley 12/2017 se convierte en 
apartado 1, por cuanto se añade a dicha disposición un apartado, el 2, con el siguiente 
texto:
«2.  La contratación de los servicios del proceso arquitectónico relativos a la 
construcción de equipamientos comunitarios de alojamiento dotacional de titularidad 
pública queda exenta, hasta el 31 de diciembre de 2024, de las especificidades de 
las modalidades de contratación establecidas por el artículo 18.»
Sección tercera.  Procedimientos expropiatorios
Artículo 140.  Modificación de la Ley 9/2005 (Jurado de Expropiación de Cataluña).
Se modifica el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 9/2005, de 7 de julio, del Jurado de 
Expropiación de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La sección del Jurado debe analizar el expediente y las hojas de aprecio y 
debe adoptar el acuerdo correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde 
el  día  siguiente  del  registro  de  entrada  del  expediente  de  precio  justo. 
Excepcionalmente, el plazo establecido puede ser prorrogado hasta un máximo de 
seis meses si la naturaleza de los asuntos a considerar en el expediente 
expropiatorio aconseja que se inspeccionen directamente sobre el terreno los bienes 
o derechos expropiables o si la complejidad del asunto lo requiere. El trámite para  s
completar el expediente establecido por el artículo 9 suspende el plazo para la  oe.
adopción del acuerdo.» w.
CAPÍTULO II
Modificaciones legislativas en materia de medio ambiente y sostenibilidad
Artículo 141.  Modificación del texto refundido de la Ley de protección de los animales.
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 46 del texto refundido de la Ley de protección 
de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, que queda 
redactado del siguiente modo:
«1.  Las infracciones leves se sancionan con una multa de 300 euros a 3.000 
euros; las graves, con una multa de 3.001 euros a 9.000 euros, y las muy graves, 
con una multa de 9.001 euros a 45.000 euros.»
2.  Se añade un apartado, el 2, al artículo 50 del texto refundido de la Ley de 
protección de los animales, con el siguiente texto:
«2.  El plazo para dictar y notificar la resolución sancionadora en los 
procedimientos incoados por las infracciones tipificadas en esta ley es de un año.»
3.  Se añade una disposición adicional, la decimocuarta, al texto refundido de la Ley 
de protección de los animales, con el siguiente texto:
«Disposición adicional 14.  Efectos de la falta de resolución expresa en el 
procedimiento de inscripción en el Registro general de núcleos zoológicos de 
Cataluña.
El plazo para resolver la inscripción en el Registro general de núcleos zoológicos 
de Cataluña es de tres meses. Transcurrido este plazo sin que se haya producido la 
autorización y la inscripción en el Registro, la solicitud presentada debe entenderse 
desestimada.»
Artículo 142.  Modificación de la Ley 10/1999 (Tenencia de perros considerados 
potencialmente peligrosos).
1.  Se añade una letra, la g), al apartado 3 del artículo 7 de la Ley 10/1999, de 30 de 
julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, con el siguiente 
texto:
«g)  Poseer un perro potencialmente peligroso sin identificación en la forma y 
mediante el procedimiento que determina la normativa de identificación de los 
animales de compañía.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 10/1999, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Las infracciones cometidas contra lo dispuesto por esta ley son 
sancionadas con multas de 300 euros a 45.000 euros.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/1999, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Las infracciones leves se sancionan con una multa de 300 euros a 3.000  oe.
euros; las graves, con una multa de 3.001 euros a 9.000 euros, y las muy graves,  w.
con una multa de 9.001 euros a 45.000 euros.» 2020-5569n https://ww
Artículo 143.  Modificación de la Ley 20/2009 (Prevención y control ambiental de 
actividades).
1.  Se modifica el artículo 61 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y 
control ambiental de las actividades, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 61.  Caducidad de la autorización y de la licencia ambientales.
1.  Una vez otorgada la autorización o la licencia ambiental, el titular dispone de 
un plazo de cuatro años para iniciar la actividad, a menos que la autorización o la 
licencia ambiental establezca un plazo diferente.
2.  La persona o la empresa titulares de una autorización o licencia ambiental 
tiene derecho a obtener una prórroga del plazo para iniciar la actividad, si justifica 
los motivos y su necesidad.
3.  La autorización ambiental de las actividades del anexo I.1 caduca cuando ha 
finalizado el plazo establecido por los apartados 1 y 2 sin que la persona titular haya 
presentado la declaración responsable a que hace referencia el artículo 68 ter.3.a). 
El resto de las autorizaciones ambientales y la licencia ambiental caducan cuando ha 
finalizado el plazo de los apartados 1 y 2 sin que la actividad se haya sometido a un 
control ambiental inicial. El órgano ambiental competente debe declarar la caducidad 
y acordar el archivo de las actuaciones, previa audiencia a la persona o empresa 
titulares.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Las actividades del anexo I.1 están sometidas a un sistema de inspección 
que se instrumenta mediante el Plan y los programas de inspección ambiental 
integrada, que aprueba la dirección general competente en materia de calidad 
ambiental. También están sometidas a los controles sectoriales con la periodicidad 
y la metodología que se establezcan en la autorización ambiental.»
3.  Se modifica el apartado 5 del artículo 68 ter de la Ley 20/2009, que queda 
redactado del siguiente modo:
«5.  Las visitas de inspección in situ a que se refiere el apartado 3 las debe 
hacer el personal de la Administración encargado de las funciones de inspección 
ambiental integrada, sin perjuicio de que también puedan ser realizadas por 
personal adscrito a entidades colaboradoras de la Administración ambiental 
específicamente designadas al efecto.»
4.  Se añade una disposición transitoria, la quinta, a la Ley 20/2009, con el siguiente 
texto:
«Disposición transitoria quinta.  Entrada en vigor de las modificaciones de los 
anexos aprobadas mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos de 
la Generalidad para 2020
Las actividades afectadas por las modificaciones de los anexos de la presente 
ley aprobadas mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos de la 
Generalidad para 2020 disponen de un plazo de un año, desde la entrada en vigor  es
de la presente disposición transitoria, para solicitar la adaptación del título habilitante  bo
de que dispongan.» 69ww
qued5a.  reSdea cmtaoddoif idcae l esli geupieígnrtaef em 1o.d1o d:el apartado I.1 del anexo I de la Ley 20/2009, que
«Instalaciones para la combustión con una potencia térmica de combustión igual
o superior a 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción de energía eléctrica
en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión 
de combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también las instalaciones de 
cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento 
o instalación de combustión existente en una industria, tanto si esta es su actividad 
principal como si no lo es.»
6.  Se modifica el epígrafe 1.1 del anexo II de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Instalaciones para la combustión con una potencia térmica de combustión igual 
o superior a 5 MW e inferior a 50 MW. Se incluyen las instalaciones de producción 
de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se 
produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa, y también las 
instalaciones de cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier 
otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, tanto si 
esta es su actividad principal como si no lo es.»
7.  Se modifica el epígrafe 3.4 del anexo II de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Fundiciones de metales ferrosos, con una capacidad de producción de 
hasta 20 toneladas por día.»
8.  Se modifica el epígrafe 4.7 del anexo II de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«4.7. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres 
cerámico o porcelanas con una capacidad de producción de hasta 75 toneladas/día 
y superior a 10 toneladas/día.»
9.  Se añade un epígrafe, el 6.11, al anexo II de la Ley 20/2009, con el siguiente texto:
«Producción de nylon, caprolactama u otros productos intermedios en la 
fabricación textil.»
10.  Se añade un epígrafe, el 7.2.b, a la Ley 20/2009, con el siguiente texto:
«7.2.b)  Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de productos 
acabados inferior o igual a 300 toneladas por día (valor medio trimestral) y con 
instalaciones para el secado con potencia térmica de combustión superior a 2 MW 
e inferior a 50 MW.»
11.  Se añade un epígrafe, el 8.5, al anexo II de la Ley 20/2009, con el siguiente texto:
«8.5  Tratamiento del corcho y producción de aglomerados de corcho y 
linóleos.»
12.  Se modifica el epígrafe 11.9 del anexo II de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«11.9  Almacenamiento en destino de deyecciones ganaderas líquidas o de la  s
fracción líquida resultante del tratamiento en origen de las deyecciones ganaderas.» oe.
13.  Se añade un epígrafe, el 11.10, al anexo II de la Ley 20/2009, con el siguiente  69ww
texto:
sólid«a11s.,1 0o.  deA lmlaa cfreancacmióienn tsoó yli/doa m raedsuuraltcainótne e nd edle strtaintoa mdeie dnetyoe cecnio noerisg egann addee rlaass 
deyecciones ganaderas, con una superficie de la instalación superior a 1.000 m2.»
14.  Se modifica el epígrafe 1.1 del anexo III de la Ley 20/2009, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión igual o 
superior a 250 kW e inferior a 5 MW. Se incluyen las instalaciones para la producción 
de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial en las que se 
produzca la combustión de combustibles fósiles, y también las instalaciones de 
cogeneración, calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento 
o instalación de combustión existente en una industria, tanto si esta es su actividad 
principal como si no lo es.»
15.  Se deroga el epígrafe 3.4 del anexo III de la Ley 20/2009.
16.  Se añade un epígrafe, el 4.7, al anexo III de la Ley 20/2009, con el siguiente 
texto:
«4.7.  Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante 
horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico 
o porcelanas con una capacidad de producción de hasta 10 toneladas/día.»
17.  Se modifica el epígrafe 7.2.b) del anexo III de la Ley 20/2009, que queda 
redactado del siguiente modo:
«7.2.b)  Materia prima vegetal, con una capacidad de elaboración de 
productos acabados inferior o igual a 300 toneladas por día (valor medio trimestral) 
y con instalaciones para el secado con potencia térmica de combustión inferior o 
igual a 2 MW.»
18.  Se deroga el epígrafe 8.5 del anexo III de la Ley 20/2009.
19.  Se modifica el epígrafe 11.1.a) del anexo III de la Ley 20/2009, que queda 
redactado del siguiente modo:
«11.1.a)  Emplazamientos para aves de corral, entendiendo que se trata de 
gallinas ponedoras, o del número equivalente para otras especies de aves, con una 
capacidad de hasta 40.000 y superior a 30 reses.»
20.  Se modifica el epígrafe 11.1.j) del anexo III de la Ley 20/2009, que queda 
redactado del siguiente modo:
«11.1.j)  Plazas de ganado porcino y/u bovino, de diferentes aptitudes, tanto si 
tienen plazas para otras especies animales como si no las tienen, excepto si 
disponen de plazas de aves de corral, cuya suma sea de más de 3 UGP y de hasta 
500 UGP, definidas a partir de las equivalencias de procedimiento entre instalaciones 
que establece la Directiva 2008/1/CE, y tomando como base de referencia el vacuno 
de leche (1 UGP = 1 plaza de vacuno de leche).»
21.  Se derogan los epígrafes 11.4 y 11.7 del anexo III de la Ley 20/2009.
22.  Se añade un epígrafe, el 11.10, al anexo III de la Ley 20/2009, con el siguiente 
texto:
«11.10  Almacenamiento y/o maduración en destino de deyecciones ganaderas 
sólidas, o de la fracción sólida resultante del tratamiento en origen de las deyecciones  s
ganaderas, con una superficie de la instalación inferior o igual a 1.000 m2.» oe.
23.  Se modifica el apartado 3 del anexo VI de la Ley 20/2009, que queda redactado  69ww
del sigcuoiemn«tpe3e .mt eonSdteeo : esno mmeatteenri aa d uen p riontfeocrmcióen d deel l óarmgabnieon taem abtmieonstafél ridceol  ladse paacrttivaimdaednetos   OE-A-2020-55able en https://
incluidas en el anexo II que estén clasificadas en el grupo A o B del Catálogo de
actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (CAPCA)  establecido 
por la Ley del Estado 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, así como las actividades incluidas en el anexo II, 
epígrafes 3.30, 5.6, 5.10, 5.11, 5.16, 6.1, 6.2, 7.9, 8.2, 12.2, 12.3, 12.6, 12.16, 12.22 
y 12.41, que estén clasificadas en el grupo C del CAPCA y utilicen disolventes 
en el proceso productivo.»
24.  Se modifica la letra d)del apartado 2 del anexo VI de la Ley 20/2009, que queda 
redactada del siguiente modo:
«d)  Las actividades comprendidas en el anexo II, en los apartados 10.1, 10.2 
(excepto centros de recogida), 10.5, 10.7 y 10.8.»
Artículo 144.  Modificación de la Ley 16/2017 (Cambio climático).
1.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 39 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, 
del cambio climático, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.  Además del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica, creado por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y 
regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre 
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre 
bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, se crean 
los siguientes impuestos:
a)  Impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto 
invernadero.
b)  Impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.
2.  Los tres impuestos a que se refiere el apartado 1 tienen carácter finalista: 
En el caso del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de 
efecto invernadero y del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes 
buques, el 100 % de su recaudación debe destinarse a nutrir el Fondo Climático y el 
Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico respectivamente.»
2.  Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición adicional sexta de la 
Ley 16/2017, que quedan redactados del siguiente modo:
«1.  Los productos a que se refiere el anexo III.a) deben comercializarse de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 56 a partir del 1 de enero de 2020.
2.  Los productos a que se refiere el anexo III.b) deben comercializarse de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 56 a partir del 1 de enero de 2021.»
3.  Se modifica la letra b del apartado 2 de la disposición final duodécima de la 
Ley 16/2017, que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Los ingresos derivados del impuesto deben destinarse a la dotación del 
Fondo para la Protección del Ambiente Atmosférico.»
Artículo 145.  Modificación de la Ley 4/1998 (Cap de Creus). es
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/1998, de 12 de marzo, de  w.
protección de Cap de Creus, que queda redactado del siguiente modo: 69ww
«1.  El director o directora del Parque Natural es nombrado por el consejero o
cJounnstae jRereac tcooram.»petente en materia de espacios naturales, habiendo consultado a la
2.  Se modifica el artículo 20 de la Ley 4/1998, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 20.  Sanciones y administración competente para sancionar.
1.  En el ámbito protegido por esta ley las infracciones tipificadas por el 
artículo 18 dan lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a)  En caso de infracciones leves, multa de 500 a 3.000 euros.
b)  En caso de infracciones graves, multas de 3.001 a 50.000 euros.
c)  En caso de infracciones muy graves, multas de 50.001 a 500.000 euros.
2.  En la imposición de las sanciones debe observarse la debida adecuación 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta el grado de intencionalidad apreciable en el infractor, el grado de 
participación en el hecho, la gravedad o la irreversibilidad de los daños producidos, 
la superficie afectada y, en su caso, el beneficio obtenido como consecuencia de la 
conducta infractora.
3. La imposición de las sanciones establecidas por la comisión de las 
infracciones tipificadas por la presente ley corresponde a:
a)  Sanciones por infracciones leves: la persona titular de los servicios 
territoriales del departamento competente en materia de espacios naturales 
protegidos.
b)  Sanciones por infracciones graves: la persona titular de la dirección general 
competente del departamento competente en materia de espacios naturales protegidos.
c)  Sanciones por infracciones muy graves: la persona titular del departamento 
competente en materia de espacios naturales protegidos.»
Artículo 146.  Modificación de la Ley 16/2002 (Protección contra la contaminación 
acústica).
1.  Se modifica el artículo 7 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la 
contaminación acústica, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 7.  Zona de especial protección de la calidad acústica.
1.  Pueden ser declaradas zonas de especial protección de la calidad acústica 
(ZEPQA) las áreas en las que por sus características se considera conveniente 
conservar una calidad acústica de interés especial, siempre que no estén 
comprendidas en las zonas de ruido a las que se refiere el artículo 6.
Estas zonas deben cumplir lo siguiente:
–  En entorno urbano, no superar los niveles Ld y Le de 55 dB(A)  y Ln de 45 
dB(A).
– En campo abierto, no superar los niveles Ld y Le de 50 dB(A)  y Ln de 40 
dB(A).
2.  En estas zonas el valor límite de inmisión se considera el valor del ruido de 
fondo más 6 dB(A).»
2.  Se modifica el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 16/2002, que queda redactado 
del siguiente modo: e.
«3.  Para las infraestructuras a que se refiere el apartado 1, en caso de que  69www.
ssepeollaanbbnsro eidbrpeaial rim,ds deaeanddn  iddaloaocssú a  svputaadiclrioaearn  emmcsiioa nfd iiamjea lridazasoad sraa  ed pqlm ouimrien pei scalt orcaartnroceei oasxncpoeúo ss1n t daicofaoe ,e,c  ltdlaa ea da naadescmx upoeion rr2id sl oatpr  acianocrfainróa  nleloa s tsetirt suuztcloaatnbur laredasce,  ibdudeone     OE-A-2020-55able en https://
por el artículo 38.»
3.  Se modifica el apartado 5 del artículo 15 de la Ley 16/2002, que queda redactado 
del siguiente modo:
«5.  El departamento competente en materia de contaminación acústica debe 
autorizar el trabajo nocturno en las obras públicas de titularidad de la Generalidad o 
de los entes supramunicipales, y dar audiencia a las administraciones afectadas por 
el trazado, cuando no se puedan realizar en horario diurno por motivos debidamente 
justificados. En el caso de las obras públicas de titularidad o competencia municipal, 
el ayuntamiento es quien tiene la potestad de autorizar el trabajo nocturno.»
4.  Se añade un apartado, el 6, al artículo 15 de la Ley 16/2002, con el siguiente texto:
«6.  El departamento competente en materia de contaminación acústica, de 
acreditarse en el correspondiente estudio acústico que las mejores técnicas 
disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica 
establecidos, puede autorizar la suspensión provisional de los objetivos de calidad 
acústica en las obras públicas de titularidad de la Generalidad o de los entes 
supramunicipales. La autorización debe establecer las condiciones que se estimen 
pertinentes.  En  el  trámite  de  autorización  debe  darse  audiencia  a  las 
administraciones afectadas por el trazado. En el caso de las obras públicas de 
titularidad o competencia municipal, el ayuntamiento es quien tiene la potestad de 
autorizar esta suspensión.»
5.  Se modifican el epígrafe y el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 16/2002, que 
quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 23.  Mapas estratégicos de ruido y planes de acción.
1.  Las entidades locales y las administraciones titulares de infraestructuras 
deben elaborar cada cinco años mapas estratégicos de ruido y planes de acción de 
las aglomeraciones de más de 100.000 habitantes, de todos los grandes ejes viarios 
donde el tráfico sobrepase los 3.000.000 de vehículos al año, de los grandes ejes 
ferroviarios donde el tráfico sobrepase los 30.000 trenes al año y de los grandes 
aeropuertos, de acuerdo con los indicadores establecidos por el anexo 12.»
6.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 23 de la Ley 16/2002, con el siguiente texto:
«4.  Las entidades locales que no presenten, en los plazos establecidos, los 
mapas  estratégicos  de  ruido  de  su  municipio  y/o  los  planes  de  acción 
correspondientes al departamento competente en materia de contaminación 
acústica responden directamente de las eventuales responsabilidades económicas 
que pueden derivarse del incumplimiento del derecho de la Unión Europea.»
Artículo 147.  Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
1.  Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 24 del texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, que 
queda redactado del siguiente modo:
«b)  Constituir una fianza, en el caso de los residuos peligrosos, si lo exigen las  s
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones  e.
de gestión, para cumplir las obligaciones adquiridas con relación al desarrollo de la  w.
actividad y para pagar las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto por la  69ww
pdraeñsoesn tye  pleeyr juy,ic eions  souc caassioon, asduossc ryib ipr alara  próelgizean deera sr elogsu rroe, cpuarsrao sr ensaptounrdaelers d oe  llooss 
espacios degradados.»
2.  Se añade una disposición adicional, la cuarta, al texto refundido de la Ley 
reguladora de los residuos, con el siguiente texto:
«Disposición adicional cuarta.  Fomento de la utilización de áridos reciclados.
1.  Los proyectos de construcción de obra pública y de obra privada 
determinarán el uso de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos 
de la construcción y la demolición en un porcentaje mínimo del 5 % en peso sobre el 
total de áridos previstos, excepto que las características de la obra no permitan el 
uso de este tipo de material, supuesto que el redactor del proyecto deberá justificar 
debidamente en la memoria. La dirección de obra debe certificar el porcentaje de 
áridos reciclados utilizado efectivamente en la obra, y debe adjuntar el certificado 
del suministrador de los áridos reciclados, acompañado del certificado del gestor de 
residuos que ha producido el árido reciclado.
2.  Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia de 
medio ambiente para establecer, mediante orden, los requisitos para la utilización de 
los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto 
de una operación de valorización de residuos de la construcción y la demolición.»
CAPÍTULO III
Modificaciones legislativas en materia de ordenación de aguas
Artículo 148.  Modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de 
Cataluña.
1.  Se añaden cuatro apartados, el 13 ter, el 13 quáter, el 13 quinquies y el 13 sexies, 
al artículo 2 del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, 
aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, con el siguiente texto:
«13 ter.  Sistema público de saneamiento en alta: el conjunto de bienes de 
dominio público constituido por la estación depuradora de aguas residuales, las 
instalaciones de tratamiento posterior de lodos, las estaciones de bombeo, los 
colectores de retorno al medio ambiente, los emisarios submarinos y los colectores 
en alta. Se entiende por colectores en alta el conjunto de conducciones y de 
elementos auxiliares necesarios para interceptar los vertidos de aguas residuales 
urbanas de uno o varios núcleos urbanos, a partir de un único punto de conexión 
por vertiente situado fuera del núcleo o núcleos, y conducirlos hasta la estación 
depuradora de aguas residuales.
13 quáter.  Gastos de inversión en sistemas públicos de saneamiento en alta: 
incluyen los costes de construcción de un nuevo sistema público de saneamiento, 
los costes de ampliación de un sistema existente que incrementen su capacidad de 
tratamiento, tanto hidráulica como de eliminación de contaminantes, y los costes 
derivados de la sustitución final de parte o la totalidad de un sistema público de 
saneamiento por haber llegado al final de su vida útil.
13 quinquies.  Gastos de reposición en un sistema público de saneamiento: 
incluyen los costes derivados del cambio de uno de los elementos integrantes del 
sistema público de saneamiento que ha llegado al final de su vida útil por otro de 
características equivalentes. s
13 sexies.  Gastos de mejora en un sistema público de saneamiento: incluye  e.
los costes derivados de la dotación de un elemento nuevo en el sistema público de  w.
saneamiento y los derivados del cambio de un elemento o conjunto de elementos  69ww
etexcisntoelnotgeísa  imnteegjorra not emsá dse ml soisdteermnaa  yp/aor ad eu np reelesmtaecinotnoe os  csounpjeurniotor edse q eulee maepnotrotas  uden 
bpeenrseofincaios  eyn l atésr minisntoasla dceio naehso roro d een  inlocsr egmaestnotso  doe g eaxrpalnottíaac idóenl,  cduem speligmuireidnatod  deen  llaoss   BOE-A-cable e
objetivos de calidad.»
2.  Se modifica la letra h) del artículo 4 del texto refundido de la legislación en materia 
de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«h)  La regulación y el establecimiento de auxilios económicos y la atribución 
de recursos económicos a corporaciones locales, otras entidades y particulares 
para la realización de actuaciones de interés público con relación al ciclo del agua 
en Cataluña.»
3.  Se modifica la letra j) del apartado 7 del artículo 11 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«j)  Acordar la introducción de cambios de solución técnica en las obras y 
actuaciones previstas en un plan o programa, incluida la modificación de la tipología 
de la actuación o el agrupamiento o desagrupamiento de determinadas actuaciones 
con la misma finalidad, así como el adelanto y la posposición de la ejecución de 
obras y actuaciones en escenarios temporales distintos a los establecidos en el plan 
o programa que las determine cuando concurran circunstancias, como la 
disponibilidad presupuestaria, que hagan posible o inviable, respectivamente, su 
ejecución en el escenario temporal definido en dicho plan o programa. En todos los 
casos debe justificarse la compatibilidad con la consecución de los objetivos 
ambientales y la disponibilidad presupuestaria o, en el caso de la posposición de 
actuaciones, la falta de disponibilidad presupuestaria. Dichos acuerdos deben 
publicarse en el ‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.»
4.  Se modifica el artículo 23 del texto refundido de la legislación en materia de aguas 
de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23.  El programa de seguimiento y control.
1.  El programa de seguimiento y control tiene por objeto ofrecer una visión 
general, coherente y completa del estado de las aguas superficiales y subterráneas 
y, por tanto, debe incluir:
a)  En cuanto a las aguas superficiales: el seguimiento del volumen y el caudal 
del agua, en la medida en que condicione el estado ecológico y químico de las 
masas de agua, y el potencial ecológico; y el seguimiento del estado ecológico y 
químico y del potencial ecológico.
b)  En cuanto a las aguas subterráneas, el programa debe incluir el seguimiento 
del estado químico y del estado cuantitativo.
2.  Con relación a las zonas protegidas, el programa debe completarse con las 
especificaciones establecidas por la normativa sectorial y las contenidas en la 
norma en virtud de la cual se ha declarado zona protegida.
3.  El programa de seguimiento y control debe incluir las medidas necesarias 
para llevar a cabo el control de vigilancia, el control operativo y el control de 
investigación de las masas de agua, de conformidad con la legislación vigente.»
5.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 24 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«3.  La Agencia Catalana del Agua puede elaborar un plan especial de  es
actuación en situaciones de alerta y eventual sequía del distrito de cuenca fluvial de  bo
Cataluña. Este plan especial de actuación debe contener: 69ww
distrait)o  dLea  cdueefinncicai ófnlu vdiea l ladse  uCnaidtaaludñeas  dae e efexcptloosta dceió ng eesnti ólans d qeu leo ss ee poirsgoadnioizsa  deel 
sequbí)a . La definición de los distintos escenarios o estados de sequía en función de  BOE-A-cable e
la escasez de recursos, así como de los indicadores y umbrales que permiten la
declaración de entrada y de salida de los mencionados escenarios de sequía, y la 
regulación del procedimiento de declaración formal de la entrada y salida en estos 
escenarios.
c)  Las normas de explotación de los sistemas para afrontar los episodios de 
sequía,  que  pueden  consistir  en  ordenar  la  producción  de  recursos  no 
convencionales, en establecer consignas de aprovechamiento coordinado de 
recursos de origen variado y limitaciones en los desembalses máximos, en la 
previsión de un régimen de caudales circulantes o el establecimiento del deber de 
las entidades gestoras de sistemas de abastecimiento de adoptar acciones 
preparatorias.
d)  Las medidas de utilización de los recursos hídricos y de otros bienes de 
dominio público hidráulico que deben aplicarse en los distintos escenarios de sequía 
o, preventivamente, con carácter previo a la declaración de entrada en sequía. 
Estas medidas pueden consistir, entre otras, en el establecimiento de limitaciones y 
suspensiones  temporales  de  determinados  usos,  en  la  introducción  de 
modificaciones temporales en los títulos otorgados, en el otorgamiento de 
autorizaciones temporales, en la suspensión de la tramitación de determinados 
títulos para el aprovechamiento del dominio público hidráulico, en la suspensión o 
modificación temporal de las autorizaciones de vertido, en el establecimiento de 
dotaciones máximas y en la previsión de deberes de comunicación de consumos.
e)  Las medidas para garantizar el principio de recuperación de costes, incluida 
la necesidad de revisión de las correspondientes tarifas teniendo en cuenta lo 
establecido en las letras c) y d).
f)  El deber de las personas titulares de derechos de aprovechamiento de agua 
para usos agrarios, industriales y recreativos, que se relacionan a continuación, de 
redactar y presentar ante la Agencia Catalana del Agua un plan de ahorro en 
situación de sequía, para su informe de adecuación al plan especial de actuación:
f).1  Las comunidades de regantes o personas propietarias individuales que 
disponen de una superficie regable superior a 200 hectáreas.
f).2  Las personas titulares de explotaciones ganaderas con una capacidad 
superior a las 3.000 unidades de ganado.
f).3  Las personas titulares de derechos de aprovechamiento de agua para 
usos industriales con un consumo anual superior a 500.000 m3, con carácter 
general, o superior a 200.000 m3 si el uso es asimilable a riego (incluido el riego de 
campos de golf y de jardines).
f).4  Las personas titulares de derechos de aprovechamiento de agua para 
usos recreativos con un consumo anual superior a 200.000 m3.
g)  Las medidas de tipo organizativo y los mecanismos de difusión y publicidad 
que debe adoptar la Administración hidráulica.»
6.  Se modifica el apartado 1 del artículo 25 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Corresponde al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, la aprobación 
del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, de los programas de 
medidas y de los planes y programas de gestión específicos y su revisión, a 
propuesta de la Agencia Catalana del Agua. Corresponde al Consejo de  s
Administración de la Agencia la aprobación del programa de seguimiento y control.» oe.
7.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 28 del texto refundido de la legislación en  69ww
materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
cum«p4li.m ieLnato A dgee nlac ipala Cniafitcaalcainóan  hdiedlr oAlógguiaca, ,e pnu esdue  croenqduiecriiór na  dlaes  raedsmpionnisstarabcleio ndeesl 
a que dicha planificación atribuya la ejecución de las obras y actuaciones previstas
que las lleve a cabo en los términos y plazos establecidos en los planes o programas. 
Asimismo, la Agencia debe informar preceptivamente sobre la adecuación a los 
referidos términos y plazos previstos en los planes y programas, de los proyectos de 
obras y actuaciones que deben ejecutar otras administraciones, con carácter previo 
a la aprobación de estos proyectos. Dichas administraciones deben facilitar a la 
Agencia información completa con relación a las obras y actuaciones ejecutadas, 
que debe incluir, como mínimo, el proyecto de la obra o actuación ejecutada y la 
representación georeferenciada de las infraestructuras. En caso de que la 
Administración a quien corresponde la ejecución no cumpla los requerimientos de la 
Agencia o en caso de que del informe preceptivo resulte algún posible incumplimiento 
con relación a los extremos indicados, la Agencia puede acordar la ejecución 
subsidiaria de las obras y actuaciones previstas en los planes y programas. Las 
obras o instalaciones resultantes son de recepción obligatoria por parte de la 
Administración a quien corresponde su explotación, en los términos que establezca 
la Agencia Catalana del Agua.»
8.  Se modifica el subapartado a).2 de la letra a del apartado 1 del artículo 55 del texto 
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que queda redactada del 
siguiente modo:
«a).2  En caso de que el coste directo de explotación no resulte, de manera directa y 
específica, de un proceso selectivo de pública concurrencia que afecte a la totalidad del 
gasto del sistema, el valor máximo en concepto de coste directo de explotación en la 
atribución de recursos correspondiente a estos sistemas de saneamiento es el importe 
reconocido por la Agencia Catalana del Agua como gasto directo de explotación para el 
ejercicio inmediatamente anterior, entendiendo la atribución de recursos como global para 
el conjunto de estos sistemas.»
9.  Se añade una letra, la c), al apartado 1 del artículo 55 del texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«c)  Dado el carácter finalista de las atribuciones de recursos, los importes 
declarados como coste directo de explotación y como costes de reposición y 
mejoras se consideran justificados de forma automática y hasta la cantidad máxima 
objeto de atribución mediante la emisión de un certificado de la intervención relativo 
a la aplicación efectiva en la gestión de los sistemas públicos de saneamiento.»
10.  Se modifica el apartado 2 del artículo 55 del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Las atribuciones de recursos para el ejercicio presupuestario 2020 y 
siguientes incluyen los costes indirectos de explotación de los servicios públicos de 
saneamiento, entendidos como los gastos indirectos de gestión de sistemas y de 
instalaciones y los gastos indirectos generados por la reposición y las mejoras.
Con carácter general, el importe de la atribución de recursos en concepto de 
costes indirectos de explotación es el valor máximo de entre los siguientes:
a)  El importe resultante de aplicar el coeficiente 0,075 al importe percibido en 
concepto de coste directo de explotación del ejercicio presupuestario inmediatamente 
anterior. s
b)  El importe percibido en concepto de gastos indirectos de explotación en el  e.
ejercicio 2019. w.
c)  70.000 euros por año, únicamente en caso de que el destinatario sea un  69ww
enteD gaedsot oerl  dcea rcáacrtáecr tefinr asluisptraa mdeu nlaicsi paatrl.ibuciones de recursos, el importe declarado
cmoámxoim gaa ostboje intod idreec atotr isbeu ccioónns mideerdaia junsteti fliac aedmoi sdieó nfo drme au na ucteormtifáictaicdao y d hea lsat ain ltae rcvaennticdióand   BOE-A-cable e
relativo a la aplicación efectiva en la gestión de los sistemas públicos de saneamiento.»
11.  Se añade un artículo, el 55 bis, al texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
Artículo 55 bis.  Financiación de la explotación de las instalaciones públicas de 
regeneración de aguas residuales.
1.  La Agencia Catalana del Agua puede financiar los gastos de explotación de 
las instalaciones de regeneración de aguas residuales gestionadas por los entes 
gestores de sistemas públicos de saneamiento en los siguientes supuestos:
a)  Si dichas instalaciones han sido ejecutadas en cumplimiento de la 
planificación hidrológica
b)  Si la Agencia, por resolución de su dirección, constata que la regeneración 
conlleva una mejora en la disponibilidad o garantía hidrológica o favorece la 
consecución de los objetivos ambientales establecidos en la planificación 
hidrológica.
2. Esta financiación se lleva a cabo por medio de una atribución de fondos en 
los mismos términos que define el artículo 55.»
12.  Se añade un artículo, el 55 ter, al texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 55 ter.  Convenios para la financiación de actuaciones de saneamiento en 
alta ejecutadas entre 2010 y 2017.
1.  La Agencia Catalana del Agua puede formalizar convenios con las entidades 
competentes en materia de saneamiento para atribuirles recursos provenientes del 
canon del agua con el fin de atender los gastos de inversión que hayan efectuado 
entre 2010 y 2017 para ejecutar actuaciones o infraestructuras de saneamiento en 
alta previstas en la planificación hidrológica, siempre que se cumplan tanto las 
condiciones de vertido fijadas como las condiciones del informe técnico preceptivo 
de incorporación al saneamiento público en alta emitido por la Agencia Catalana del 
Agua, atribución de recursos que resultará efectiva, sin intereses, en la fecha 
indicada por el correspondiente convenio, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias de la Agencia Catalana del Agua.
2.  La Agencia Catalana del Agua puede asumir, en concepto de financiación 
de reposición y mejoras, la financiación complementaria que sea necesaria, en su 
caso, para la adecuación de la infraestructura a los requerimientos del informe a que 
se refiere el apartado 1, siempre que esta financiación complementaria no suponga 
más de un 25 % del coste global de la infraestructura.»
13.  Se añade un artículo, el 56 bis, al texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 56 bis.  Medidas de protección de las instalaciones de los sistemas 
públicos de saneamiento en alta.
1.  Se establece una zona servidumbre y de protección alrededor de las 
instalaciones que forman parte de los sistemas públicos de saneamiento en alta, 
consistente en una franja mínima de tres metros de anchura, medida de forma  es
horizontal y centrada sobre el eje de las instalaciones lineales. La concreción de  bo
esta zona de protección puede hacerse, caso por caso, en el proyecto constructivo  69ww
opgúo, bbeliniec rosn uod  edd eesfla eencnettoae,m  geieensn tetool r  redeneg lal asltmias eteennmt oca u.ue sotridóne noa dneza la r efolarmtivao q au ela a cgueesrtdióen  edl eólr gsaisnteom dea   OE-A-2020-55able en https://
2.  En esta zona de protección se establecen las siguientes limitaciones a las 
siguientes actividades y usos del suelo:
a)  Está prohibido edificar e instalar construcciones permanentes.
b)  Los movimientos de tierras y las obras que quieran llevarse a cabo tanto en 
la superficie como en el subsuelo, así como las demás actividades que puedan 
suponer riesgos para la seguridad de las instalaciones o en la garantía de 
funcionamiento del servicio se someten a autorización o permiso específico del 
correspondiente ente gestor del sistema público de saneamiento en alta.
c)  Debe garantizarse el acceso libre y permanente a las instalaciones que 
forman parte del sistema público de saneamiento en alta del personal propio o 
designado por el correspondiente ente gestor, para la realización de las tareas 
necesarias de inspección, mantenimiento, reparación, amojonamiento y reposición 
y mejora de las instalaciones. Asimismo, en la zona de protección y servidumbre 
pueden depositarse los materiales que sean necesarios a tales efectos.
3.  Las actividades que causen daños a los sistemas públicos de saneamiento 
o que perturben la prestación del servicio pueden dar lugar a las siguientes 
actuaciones por parte del ente gestor del sistema público de saneamiento en alta:
a)  La adopción de las medidas provisionales que sean necesarias a fin de 
proteger la integridad de las personas y de los bienes y para asegurar la prestación 
del servicio público de saneamiento en alta.
b)  La imposición de multas coercitivas para garantizar el cumplimiento de dichas 
medidas provisionales, asegurando la ejecución de los correspondientes actos 
administrativos en los plazos indicados, de conformidad con lo establecido en la vigente 
legislación reguladora del procedimiento sancionador. Dichas multas coercitivas 
pueden reiterarse en períodos no inferiores a veinte días hasta el cumplimiento efectivo 
del requerimiento. Su cuantía no puede sobrepasar los 35.000 euros.
c)  La incoación del procedimiento sancionador establecido en los artículos 
siguientes.
4.  En todo cuanto no esté regulado en la presente ley o en los reglamentos 
que la desarrollen, y con relación al régimen de los bienes que integran los sistemas 
públicos de saneamiento en alta, es de aplicación lo establecido en la vigente 
normativa reguladora del patrimonio de la Generalidad o de los entes locales, según 
proceda.»
14.  Se añade una disposición adicional, la cuarta bis, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional cuarta bis.  Importe de la atribución de fondos para financiar 
el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento durante 
el ejercicio 2020 en el supuesto de que este no resulte de un proceso de pública 
concurrencia
El importe de la atribución de recursos en concepto de coste directo de 
explotación de los sistemas públicos de saneamiento en el supuesto regulado por el 
artículo 55.1.a).2 para el ejercicio 2020 es el resultante de incrementar en un 8,5 % 
el importe certificado y validado por la Agencia Catalana del Agua como gasto 
directo de explotación para el ejercicio 2019.
15.  Se modifican el epígrafe y los apartados 1, 2 y 3 de la disposición adicional  oe.
decimoctava del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, que  w.
quedan redactados del siguiente modo: 69ww
«Disposición adicional decimoctava.  Servicios y actividades de ocio en los ríos y
e1m. bLaolsse se»ntes locales o las agrupaciones de entes locales, en el ámbito del  BOE-A-cable e
distrito de cuenca fluvial de Cataluña, pueden asumir con carácter preferente la
explotación de las actividades y servicios de ocio que puedan establecerse en el 
dominio público hidráulico y en las zonas de servidumbre y de policía de los cauces 
públicos de los ríos o embalses. Esta explotación puede llevarse a cabo de forma 
directa o indirecta mediante cualquiera de las formas de gestión establecidas por la 
legislación de régimen local.»
2.  Para la explotación de estos servicios y actividades, la entidad local o 
agrupación de entes locales debe presentar a la Agencia Catalana del Agua una 
solicitud para la utilización, el aprovechamiento o la ocupación del dominio público 
hidráulico o las zonas de policía y de servidumbre del cauce público, tramo de cauce 
o embalse, junto con un plan de usos compatible con la clasificación de la masa de 
agua afectada a los efectos de la navegación y el baño, sin perjuicio del resto de 
autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con la legislación vigente.
3.  La Agencia Catalana del Agua integra en una única resolución todas las 
condiciones de empleo, aprovechamiento y utilización del dominio público hidráulico, 
así como de las zonas de servidumbre y policía en el entorno del cauce público o el 
embalse.»
16.  Se añade una disposición adicional, la vigésima quinta, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima quinta.  Financiación de estudios y actuaciones 
para reducir la aportación de aguas blancas a los sistemas públicos de 
saneamiento de aguas residuales urbanas.
La Agencia Catalana del Agua, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el 
funcionamiento de los sistemas públicos de saneamiento de aguas residuales 
urbanas existentes o previstos en la planificación hidrológica, puede financiar total o 
parcialmente la redacción de estudios de eficiencia de las redes de alcantarillado 
municipales dirigidos a reducir la aportación de aguas blancas a dichos sistemas 
públicos de saneamiento en tiempo seco, así como las actuaciones que se 
desprendan de estos estudios, mediante la firma de convenios con los ayuntamientos 
titulares de dichas redes de alcantarillado.»
17.  Se añade una disposición adicional, la vigésima sexta, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima sexta.  Deber de las entidades suministradoras de 
realizar auditorías sobre la eficacia hidráulica del servicio de suministro.
Las entidades suministradoras deben realizar y publicar cada dos años una 
auditoría de la eficiencia hidráulica de los servicios de suministro de agua con más 
de cinco mil personas abonadas. Dicha auditoría debe incluir, como mínimo, un 
balance del agua suministrada, un índice de gestión de fugas y un índice de gestión 
de las presiones. La Agencia Catalana del Agua, previa consulta a las asociaciones 
más representativas del sector, debe determinar los índices que deben utilizarse de 
entre los reconocidos internacionalmente.»
18.  Se añade una disposición adicional, la vigésima séptima, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición  adicional  vigésima  séptima.  Atribuciones  de  fondos  a  los 
contribuyentes de la parte catalana de las cuencas compartidas para la  e
financiación del canon de control de vertidos. bo
1.  La Agencia Catalana del Agua atribuye a los contribuyentes, de la parte  69ww
cfiantaanlacniaar  deel  lcaoss ctuee cnocrarse shpidornodgireánfitcea sa lin itmerpcoormteu npirtianrciaipsa, llo dse flo ncdaonso nn edcee scaorniotsro pl adrae 
vAedrmtidinoisst rdaec iólons h eidjerárcuilcicioas c o2m01p7e tey nsteig uy ienon teless  qhuaey al essid ho apyrae vsiaidmoe lniqteu irdeasdtiotu ipdoor  elna   BOE-A-cable e
aplicación de la disposición transitoria decimotercera.
2.  Los  importes  correspondientes  a  los  períodos  impositivos  de  las 
anualidades 2017 y 2018 deben hacerse efectivos durante el año 2021.»
19.  Se añade una disposición adicional, la vigésima octava, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima octava.  Subvenciones para el vaciado y el 
transporte de los volúmenes líquidos generados en las purgas de las 
instalaciones de los sistemas públicos de saneamiento.
1.  La Agencia Catalana del Agua contribuye, mediante subvenciones, a la 
financiación de los gastos soportados por los entes locales de Cataluña para el 
vaciado y el transporte mediante vehículos cisterna de los volúmenes líquidos 
generados en las purgas de las instalaciones de un sistema público saneamiento de 
titularidad local, para su tratamiento en las instalaciones de los sistemas públicos de 
saneamiento que determine la Agencia, de acuerdo con criterios de proximidad 
geográfica y de eficiencia técnica y económica, en el porcentaje que determine su 
consejo de administración.
2.  Los destinatarios de estas líneas de subvenciones son los entes locales 
titulares de instalaciones de saneamiento no incluidas en el régimen de financiación 
establecido en el presente texto refundido, al estar pendientes de ejecución las 
actuaciones previstas en la planificación dirigidas a la solución definitiva del 
saneamiento de sus aguas residuales.
3.  A efectos de lo establecido en la presente disposición, se entiende por 
purgas la materia decantada producida en el proceso de saneamiento de aguas 
residuales asimilables a domésticas que debe extraerse en forma líquida y 
transportada en camiones cisterna a otro sistema de saneamiento público dotado de 
las instalaciones necesarias para su tratamiento y gestión.»
20.  Se añade una disposición adicional, la vigésima novena, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima novena.  Tratamiento de los datos personales 
contenidos en las declaraciones tributarias.
1.  La Agencia Catalana del Agua recoge y trata los datos de carácter personal 
en el marco de las competencias tributarias con relación al canon del agua, sin que 
resulte necesario el consentimiento de la persona afectada para la comunicación de 
dichos datos por parte de las entidades suministradoras a efectos de establecer la 
existencia de una relación tributaria con las personas usuarias de agua, así como 
para facilitar la aplicación y comprobación de este tributo.
2.  Para cumplir con estas finalidades, las entidades suministradoras de agua 
que, como obligadas tributarias deben declarar e ingresar o repercutir el canon, 
deben comunicar a la Agencia Catalana del Agua los datos necesarios incluidos en 
las prescripciones técnicas y en los modelos tributarios que se aprueben por 
resolución de la dirección de la Agencia. También deben comunicar los datos que la 
Agencia Catalana del Agua les requiera, aunque no estén incluidos en los modelos: 
entre otros, los vinculados con la situación física de los aparatos de medida o de la 
actividad que implica la utilización de la agua, incluida su geolocalización mediante 
coordenadas UTM u otros medios que permitan su correcta identificación.» e
legis2l1ac. iónS ee nd meraotgeari al ad ed iasgpuoassic dióen C taratanlsuiñtoar.ia decimotercera del texto refundido de la  2020-5569n https://www.
22.  Se añade una disposición transitoria, la decimoquinta, al texto refundido de la 
legislación en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria decimoquinta.  Régimen transitorio para las instalaciones 
no incluidas en el sistema público de saneamiento en alta.
Las infraestructuras de saneamiento que en el momento de la entrada en vigor 
de la presente disposición estén financiadas por el canon del agua conservarán la 
condición de saneamiento en alta.
23.  Se añade una disposición derogatoria, única, al texto refundido de la legislación 
en materia de aguas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición derogatoria.
Se derogan el apartado 5 del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 8 del 
Reglamento de la planificación hidrológica, aprobado por el Decreto 380/2006, 
de 10 de octubre.»
CAPÍTULO IV
Medidas administrativas en materia de infraestructuras y movilidad
Artículo 149.  Modificación de la Ley 12/1987 (Regulación del transporte de viajeros por 
carretera mediante vehículos de motor).
1.  Se añade un nuevo apartado, el 3, al artículo 30 de la Ley 12/1987, de 28 de 
mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, 
con el siguiente texto:
«3.  La Administración autonómica y las entidades locales pueden suscribir 
convenios para la coordinación de los transportes urbanos y los transportes 
interurbanos cuando razones de interés público lo aconsejen.
Dichos convenios conllevan, con el acuerdo de la correspondiente entidad local, 
la integración de la prestación de los tráficos urbanos en el marco de una concesión 
de servicio regular de transporte interurbano, y deben establecer las condiciones 
para su realización y el régimen de financiación.
Deben constar en los convenios, entre otros, las condiciones relativas al 
calendario, el horario y el número de expediciones del correspondiente servicio de 
transporte, así como las aportaciones específicas que debe satisfacer cada parte.»
2.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 32 de la Ley 12/1987, con el siguiente texto:
«4.  El departamento competente en materia de transportes puede autorizar, en 
los servicios discrecionales consolidados con reiteración de itinerario de transporte 
escolar, el acceso de otros usuarios, si resulta necesario para complementar la 
oferta de transporte público en zonas de baja demanda. La autorización debe incluir 
medidas de control y seguridad del pasaje.
La autorización no puede otorgarse si existe un servicio regular en explotación 
que cubra el mismo tráfico o cuando pueda ocasionarse una minoración sustancial 
en el tráfico de los servicios regulares afectados.»
Artículo 150.  Modificaciones del texto refundido de la Ley de carreteras. e.
1.  Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de  69ww
creadrraectteardaas ,d ealp sriogbuaiednot ep moro deol :Decreto legislativo 2/2009, de 25 de agosto, que queda
«b)  El proyecto de trazado, que consiste en la determinación de los aspectos
geométricos de la actuación a ejecutar y en la definición completa de los bienes y
derechos afectados, y que contiene el análisis de los datos necesarios para definir 
y valorar la solución propuesta a un problema viario determinado sin que deba 
contener la definición y análisis de diferentes soluciones alternativas.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de carreteras, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La elaboración del estudio informativo previo es preceptiva, a menos que 
se trate de ejecutar actuaciones que tengan por objeto el acondicionamiento, el 
ensanchamiento de plataforma o mejoras puntuales de trazado de la carretera 
existente en una longitud inferior a 10 km, o la mejora o la modificación de un nudo, 
intersección o enlace existente, o cualquier otra actuación relacionada con la 
mejora, la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación del firme y de sus 
elementos funcionales, y la construcción o modificación de estos elementos, la 
señalización de la vía o la ejecución de elementos técnicos complementarios.
En estos supuestos en los que no es preceptiva la elaboración de un estudio 
informativo previo, en función del alcance de la actuación, el proyecto puede 
someterse a audiencia de las personas afectadas.
Asimismo, en los supuestos en los que sea preceptiva la elaboración de un 
estudio informativo previo, pero la naturaleza o circunstancias de la actuación 
concreta de la que se trate hagan difícil la definición de alternativas distintas al 
problema viario que deba resolverse, la Generalidad puede optar por redactar un 
proyecto de trazado en lugar de un estudio informativo previo. En tal caso, el 
proyecto de trazado queda sujeto a la misma tramitación y a las mismas 
consecuencias que si se tratara de un estudio informativo previo, pero no requiere 
una definición, análisis y valoración de alternativas distintas.»
3.  Se modifica el apartado 5 del artículo 19 del texto refundido de la Ley de carreteras, 
que queda redactado del siguiente modo:
«5.  La expropiación de bienes y derechos y la imposición de las servidumbres 
necesarias para la ejecución de los proyectos de carreteras deben efectuarse de 
acuerdo con la legislación de expropiación forzosa. En la tasación de los terrenos 
que se expropian no pueden incluirse las plusvalías generadas por la construcción 
de la carretera.
En caso de que la ejecución de proyectos de carreteras afecte a servicios, 
instalaciones de servicios, accesos o vías de comunicación, la Administración puede 
optar por la reposición de aquellos en sustitución de la expropiación.
En caso de que se afecten accesos o vías de comunicación, debe darse 
audiencia del proyecto de carreteras a las personas y administraciones afectadas 
por la reposición, con carácter previo a su aprobación, para que puedan presentar 
alegaciones sobre la forma y características de la reposición, la titularidad y las 
obligaciones de conservación y mantenimiento.
La titularidad de estos servicios, instalaciones, accesos o vías repuestos, así 
como las obligaciones y responsabilidades que se deriven de su funcionamiento, 
mantenimiento y conservación, salvo previsión o pacto expreso en contra, 
corresponden al titular originario a partir de la notificación por parte de la 
Administración del acta de recepción de las obras, o bien desde la puesta en 
funcionamiento del correspondiente servicio o instalación de servicio.» s
4.  Se añade un apartado, el 7, al artículo 19 del texto refundido de la Ley de  w.b
carreteras, con el siguiente texto: 69ww
«7.  La declaración de una obra de emergencia que afecta a carreteras conlleva
ltae mdpeocrlaalr adcei ólons  dteer ruetniloidsa nde cpeúsbalircioas  op ainrate lraé es jescoucciaiól,n  ldae n lae coebsriad ayd d ad ed eorceucphoa caió lna 
ocupación inmediata de los terrenos, sin necesidad de realizar con carácter previo
el trámite de información pública, ni el procedimiento ordinario de abono del depósito 
previo y, en su caso, de la indemnización por rápida ocupación para la ocupación 
temporal que se establece en la legislación de expropiación forzosa.
La valoración de las indemnizaciones y daños a que dé lugar la ocupación 
temporal, siempre que puedan evaluarse con carácter previo a la ocupación, debe 
ofrecerla la Administración mediante acuerdo con el propietario en un plazo de diez 
días desde de la declaración de emergencia. Si la oferta es rechazada expresamente 
por el propietario, las partes deben elevar, durante los veinte días posteriores, sus 
tasaciones fundamentadas al órgano competente para que las valore de conformidad 
con la legislación de expropiación forzosa. Este órgano debe resolver con carácter 
ejecutorio en el plazo de diez días.»
5.  Se modifica el apartado 2 del artículo 35 del texto refundido de la Ley de carreteras, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  El departamento competente en materia de carreteras puede autorizar, en 
función de las exigencias del sistema viario, la ocupación del subsuelo de la zona de 
dominio público, preferentemente en la franja de un metro situada en la parte más 
exterior de dicha zona, para la implantación o construcción de las infraestructuras 
imprescindibles para la prestación de servicios públicos esenciales o para la 
instalación de redes de telecomunicaciones, debiendo determinarse las condiciones 
a las que deben sujetarse estas autorizaciones a precario, los derechos y las 
obligaciones que asume la persona autorizada, el plazo de duración de la 
autorización, el canon de ocupación que se fije, en su caso, y los supuestos de 
revocación. En cualquier caso, el otorgamiento de una autorización para la 
ocupación de subsuelo de la zona de dominio público no conlleva en ninguna 
circunstancia la asunción de responsabilidades por parte de la administración titular 
de la infraestructura viaria por los daños ocasionados a las infraestructuras 
implantadas o construidas en la zona de dominio público ocupada, a la infraestructura 
viaria o a terceras personas.»
6.  Se añade un apartado, el 3, al artículo 35 del texto refundido de la Ley de 
carreteras, con el siguiente texto:
«3.  No pueden utilizarse los elementos funcionales de la carretera para realizar 
actividades que puedan comprometer la seguridad vial o la preservación del 
patrimonio público viario.»
7.  Se añade un apartado, el 4, al artículo 37 del texto refundido de la Ley de 
carreteras, con el siguiente texto:
4.  El departamento competente en materia de carreteras puede autorizar la 
utilización de la zona de servidumbre para destinarla a aparcamiento de vehículos, 
siempre que se sitúe en terrenos de titularidad pública, no esté vinculado a ninguna 
concesión administrativa y se garantice la seguridad vial y la explotación adecuada de 
la carretera. El otorgamiento de esta autorización no conlleva en ninguna circunstancia 
la asunción de responsabilidades por parte de la administración otorgante por los 
daños ocasionados a las instalaciones implantadas o construidas en la zona de 
servidumbre, los vehículos estacionados, a terceras personas o de cualquier otro tipo.»
8.  Se modifica el apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley de carreteras,  o
que queda redactado del siguiente modo: 69www.
calz«a2d.a , Laa c liínnceuae ndtea  emdeifitcroasc ióenn  dlaesb ea ustiotupaisrstaes, ,r eesnp leacst ov íaa sla p arerifsetrae netxetes riyo re dne l alas 
vuanr tiaránftiecos  sduep peoribolra cailó dne d lae  mcaerdreiate draes la cso cnavrernecteioransa ldees  ldae G lae nreedra bliádsaidc,a y q au eve sinotpicoirntecon   BOE-A-cable e
metros en el resto de carreteras.»
Artículo 151.  Modificación de la Ley 4/2006 (Ferroviaria).
1.  Se modifica el apartado 10 del artículo 10 de la Ley 4/2006, de 31 de marzo, 
ferroviaria, que queda redactado del siguiente modo:
«10.  La aprobación de los proyectos básicos y de los constructivos y la 
aprobación de los proyectos modificados de estos conllevan la declaración de 
utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación y la declaración de 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, a los efectos de la 
expropiación forzosa, la ocupación temporal y la imposición o modificación de 
servidumbres. Asimismo, comportan la aplicación de las limitaciones a la propiedad 
que establece esta ley.»
2.  Se añade un apartado, el 14, al artículo 10 de la Ley 4/2006, con el siguiente texto:
«14.  La declaración de una obra de emergencia que afecta a infraestructuras 
ferroviarias conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad 
de ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y da 
derecho a la ocupación inmediata de los terrenos, sin necesidad de realizar con 
carácter previo el trámite de información pública, ni el procedimiento ordinario de 
abono del depósito previo y, en su caso, de la indemnización por rápida ocupación 
para la ocupación temporal que se establece en la legislación de expropiación 
forzosa.
La valoración de las indemnizaciones y daños a que dé lugar la ocupación 
temporal, siempre que puedan evaluarse con carácter previo a la ocupación, debe 
ofrecerla la Administración mediante acuerdo con el propietario en un plazo de diez 
días desde de la declaración de emergencia. Si la oferta es rechazada expresamente 
por el propietario, las partes deben elevar, durante los veinte días posteriores, sus 
tasaciones fundamentadas al órgano competente para que las valore de conformidad 
con la legislación de expropiación forzosa. Este órgano debe resolver con carácter 
ejecutorio en el plazo de diez días.»
Artículo 152.  Modificación de la Ley 14/2009 (Aeropuertos, helipuertos y otras 
infraestructuras aeroportuarias).
1.  Se modifica la letra o del artículo 3 de la Ley 14/2009, de 22 de julio, de 
aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias, que queda redactada del 
siguiente modo:
«o)  Helipuerto eventual: caso particular de aeródromo eventual en el que la 
superficie es únicamente apta para el uso de helicópteros.»
2.  Se modifica el artículo 42 de la Ley 14/2009, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 42.  Aeródromos eventuales (incluidos helipuertos y campos de aviación).
1.  El establecimiento de un aeródromo, helipuerto o campo de aviación 
eventual debe comunicarse al departamento competente en materia aeroportuaria 
mediante la presentación de una declaración responsable del operador y del  es
propietario de la superficie. o
2.  La declaración responsable formulada por el operador y por el propietario de  69www.
3. lpeaelS  arseteui nrdpeóeendrrtrofeoigcsmai ed o ee ale  ccasrorteatnídrcfáoiut ralomo p ei4edl2 rada dbet iivbcsooe d.nr»e  dl alea n  Llooersmy  ma1t4iisv/2ma0 oa0sp9 l.idcea bdleis yp odneebre  dfieja rla esl  paluatzoor iezna ceiol qnuees   BOE-A-2020-55cable en https://
TÍTULO IX
Medidas administrativas en materia de medio natural, agricultura, desarrollo rural 
y alimentación
Artículo 153.  Modificación de la Ley 6/1988 (Forestal).
Se modifica la letra i del apartado 2 del artículo 74 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, 
forestal de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«i)  La roturación de terrenos forestales sin la autorización preceptiva o 
comunicación previa, o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
autorización, en el instrumento de ordenación forestal correspondiente o en las 
disposiciones que regulen su ejecución.»
Artículo 154.  Modificación de la Ley 14/2003 (Calidad agroalimentaria).
1.  Se añaden dos letras, la f’) y la g’), al apartado 3 del artículo 53 de la Ley 14/2003, 
de 13 de junio, de calidad agroalimentaria, con el siguiente texto:
«f’)  Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, 
marcas, símbolos o emblemas referidos a los nombres protegidos por una 
denominación de origen protegida (DOP), una indicación geográfica protegida (IGP), 
una especialidad tradicional garantizada (ETG), una denominación geográfica o una 
marca de calidad alimentaria que tengan otros sistemas de protección de calidad 
agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos 
o con los signos o emblemas que les sean característicos, que puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan 
acompañados de los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo u otros 
análogos.
g’)  Realizar cualquier acción, tanto por parte de los elaboradores como por 
parte de los miembros de los consejos reguladores, que cause desprestigio o 
perjuicio a la denominación de origen protegida (DOP)  o a la indicación geográfica 
protegida (IGP), o que tienda a producir confusión sobre la verdadera naturaleza del 
producto.»
2.  Se deroga la letra c del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 14/2003.
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 55 de la Ley 14/2003, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Las infracciones contra las disposiciones de la presente ley tienen las 
siguientes sanciones:
a)  Las infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.
b)  Las infracciones graves, multa de entre 4.001 y 150.000 euros.
c)  Las infracciones muy graves, multa de entre 150.001 y 3.000.000 de euros.
La cuantía de la sanción que se imponga no puede ser en ningún caso inferior 
al beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.»
Artículo 155.  Modificación de la Ley 2/2010 (Pesca y acción marítimas). e
Se modifica el apartado 2 del artículo 98 de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca  w.
y acción m«a2rí.t imEals , Cquoen sqeujeod aC raetdaalcátna dod ed eC lao gsiegsutieiónnte  Mfoarmríati:ma  está  integrado  por  2020-5569n https://ww
representantes de:
a)  El departamento competente en materia de pesca y asuntos marítimos. Bc
b)  Otros departamentos de la Generalidad.
c)  Las entidades locales.
d)  Los agentes y entidades vinculados a los sectores que llevan a cabo su 
actividad en el medio marítimo.
e)  Las entidades ambientalistas y de investigación.
Artículo 156.  Modificación de la Ley 4/2017 con relación al Fondo del patrimonio natural.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley 4/2017, de 28 
de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  El Fondo del patrimonio natural tiene el objetivo de impulsar actuaciones 
relacionadas con la protección, gestión, mejora y valorización del patrimonio natural 
y la biodiversidad.»
Artículo 157.  Procedimientos sancionadores en materia de patrimonio natural
El plazo para dictar y notificar la resolución sancionadora en los procedimientos 
incoados por infracciones de la normativa vigente de patrimonio natural y biodiversidad es 
de un año.
TÍTULO X
Medidas administrativas en materia de política sanitaria
Artículo 158.  Modificación de la Ley 9/2017 (Universalización de la asistencia sanitaria 
con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de la Salud).
Se añade una disposición adicional, la octava, a la Ley 9/2017, de 27 de junio, de 
universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio 
Catalán de la Salud, con el siguiente texto:
«Disposición adicional octava.  Trasplantes.
Los requisitos y el período mínimo para que las personas extranjeras incluidas 
en el artículo 2.2 puedan acceder a la lista de espera de trasplantes se rige por la 
normativa específica de trasplantes.»
Artículo 159.  Modificación del Decreto ley 4/2010 con relación a la Agencia de Calidad y 
Evaluación Sanitarias de Cataluña.
1.  Se deroga la letra s del artículo 3 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de 
medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la 
Generalidad de Cataluña.
2.  Se modifica la letra c) del artículo 3 del Decreto ley 4/2010, que queda redactada 
del siguiente modo:
«c)  Desarrollar la evaluación de la estructura, de los procesos, de nuevos 
modelos asistenciales o de provisión de servicios, de las tecnologías sanitarias y de 
la información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria y de los resultados 
de las intervenciones en salud, analizando su variabilidad y calidad, identificando las  e.e
mejores prácticas en el ámbito clínico, trabajando estrechamente con los  b
profesionales del sistema de salud y fomentando la práctica clínica óptima y el uso  69ww
eaftiecniecnióten  dceen lotrsa dreac eunrs loass,  pi einrsteognraasr,  einnc elul yperoncdeos loa  dpee resvpaelcutaivcaió dne l ag épneersrop eyc mtivead idaen tlea 
lsau  paatertniccipióanc.i»ón de la población en los procesos de evaluación y de gobernanza de
3.  Se añade tres letras, la d bis, la d ter y la d quáter, al artículo 3 del Decreto ley 
4/2010, con el siguiente texto:
«d) bis.  Gestionar el acceso a la reutilización de información del sistema 
sanitario, bajo las directrices del departamento competente en materia de salud y de 
acuerdo con las condiciones de protección de datos vigentes en cada momento, 
para la investigación, la planificación y la evaluación sanitarias con el fin último de 
generar conocimiento para mejorar la salud de la población.
d) ter.  Apoyar la planificación, el desarrollo y la aplicación de la investigación 
mediante su evaluación, con el objetivo de orientar la investigación a obtener 
resultados de mayor y mejor impacto en la salud de la población, de acuerdo con las 
directrices del departamento competente en materia de salud. Esta orientación de la 
investigación debe promover la sensibilidad hacia las diferencias entre mujeres y 
hombres, e incluir a ambos sexos en los parámetros de análisis a tal efecto.
d) quáter.  Participar en el desarrollo de actividades y proyectos de innovación 
en las áreas de actividad propias de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias 
de Cataluña y prestar apoyo a la adopción y aplicación generalizada de innovaciones 
por parte de las entidades del Sistema sanitario integral de utilización pública 
(Siscat) para favorecer la mejora de los resultados en salud, la calidad de la atención 
y la seguridad de pacientes y profesionales. El rol de la Agencia en el ámbito de la 
innovación, por lo tanto, se circunscribe a todas aquellas iniciativas que, como 
agencia de calidad y evaluación, pueden facilitar la adopción de la innovación por 
parte del sistema y sus integrantes, sin perjuicio de las competencias de otras 
instituciones relacionadas con la innovación.»
4.  Se derogan las letras i) e i) bis del artículo 3 del Decreto ley 4/2010.
5.  Se modifica el artículo 4 del Decreto ley 4/2010, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 4.  Organización de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de 
Cataluña.
1.  La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña se estructura en 
los siguientes órganos:
a)  El Consejo de Administración, como órgano de gobierno.
b)  El director o directora, como órgano de gestión.
c)  El Consejo Asesor, como órgano consultivo y de asesoramiento.
2.  El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de la 
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña y tiene la composición que 
determinan sus estatutos.
3.  El director o directora es la persona que asume la dirección y gestión 
ordinaria de la Agencia, de acuerdo con los criterios de actuación fijados por el 
Consejo de Administración. El director o directora de la Agencia es nombrado por el 
Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en 
materia de salud.
4.  El Consejo Asesor, con funciones consultivas y de asesoramiento, debe 
estar compuesto por profesionales destacados de los ámbitos de actuación de la 
Agencia. En la composición del Consejo Asesor debe procurarse alcanzar una  e
representación equilibrada de mujeres y hombres. bo
5.  La  organización,  la  composición,  las  funciones  y  las  normas  de  69ww
fduenscairoronlalamrsieen eton  ldose le sCtoatnustoesjo. de Administración y del Consejo Asesor deben
de la6 .A gCenocrriae sdpeo nCdaeli daal dC oyn Esveajolu daec iAódnm Siannisittraarciaiósn d aep Croabtaalru lñaa e,s straulvcotu araq uoergllaan qizuaet isvea 
regule en los estatutos de la Agencia y salvo la relativa a los órganos o unidades
que sean dirigidos por funcionarios, en los que se aplica lo dispuesto en la normativa 
reguladora del régimen jurídico y de procedimiento aplicable a la Administración de 
la Generalidad.»
6.  Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 5 del Decreto ley 4/2010, que 
queda redactada del siguiente modo:
«a)  Las asignaciones con cargo a los presupuestos de la Generalidad.»
7.  Se derogan el artículo 6 y el apartado 2 del artículo 9 del Decreto ley 4/2010.
Artículo 160.  Modificación de la Ley 7/2006 (Profesiones tituladas y colegios 
profesionales).
Se añade una disposición adicional, la quinta, a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del 
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, con el siguiente texto:
«Disposición adicional quinta.  Creación de colegios profesionales representativos 
de profesiones sanitarias tituladas y reguladas.
Los profesionales que ejercen profesiones sanitarias reconocidas expresamente 
por ley, tituladas y reguladas, pueden instar la creación del colegio profesional 
representativo de su profesión, en los términos establecidos por la presente ley, con 
la posibilidad de quedar exentos del requisito de título universitario oficial que 
impone el artículo 37.»
TÍTULO XI
Medidas administrativas en materia de política social
Artículo 161.  Modificación de la Ley 38/1991 (Instalaciones destinadas a actividades con 
niños y jóvenes).
Se añade un artículo, el 17, a la Ley 38/1991, de 30 de diciembre, de instalaciones 
destinadas a actividades con niños y jóvenes, con el texto siguiente:
«Artículo 17.  Infracciones en la realización de actividades de educación en el 
tiempo libre.
1.  Tiene la consideración de falta grave el incumplimiento de la obligación de 
notificar las actividades de educación en el tiempo libre al departamento competente 
en materia de juventud, en los términos que establece la normativa reguladora de 
las actividades de educación en el tiempo libre, independientemente de la instalación 
o el lugar donde se realice la actividad.
2.  La sanción se aplica a la entidad organizadora de la actividad o, en su 
defecto, a la entidad promotora de la actividad.
3.  La competencia para resolver el expediente sancionador de esta falta grave 
corresponde a la unidad directiva competente en materia de juventud, con 
independencia del importe de la multa propuesta.»
Artículo 162.  Modificación de la Ley 18/2003 (Apoyo a la familias).
1.  Se modifican o derogan, con efectos de 1 de septiembre de 2020, los siguientes  oe.
preceptos de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias: w.
siguaie) nteS em modood:ifica la letra a) del punto 1 del artículo 9 de la Ley, que queda redactada del
«a)  Prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar
para familias en las que se ha producido un nacimiento, una adopción, una tutela o  Bc
un acogimiento.»
b)  Se deroga la letra b del apartado 1 del artículo 9 de la Ley.
c)  Se modifica el artículo 10 de la Ley:
«Artículo 10.  Prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad 
familiar para familias en las que ha tenido lugar un nacimiento, una adopción, 
una tutela o un acogimiento.
1.  Las familias en las que se produce el nacimiento, la adopción, la tutela o el 
acogimiento de uno o más niños tienen derecho, por cada uno de ellos, a una 
prestación económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, de pago 
único, que el Gobierno, a través del departamento competente en materia de 
políticas familiares, otorga de acuerdo con las condiciones y el procedimiento que 
se establezcan por reglamento.
2.  Para las familias que tienen el título de familia numerosa o monoparental, la 
prestación económica puede incrementarse de acuerdo con lo que se establezca 
por reglamento.
3.  Son beneficiarios de la prestación económica establecida por el presente 
artículo el padre y la madre o la persona o personas que tienen al niño a su cargo.»
d)  Se deroga el artículo 11 de la Ley 18/2003.
2.  Se añade una disposición transitoria, única, a la Ley 18/2003, con el siguiente 
texto:
«Disposición transitoria.  Régimen transitorio de vigencia de la Orden TSF/251/2016.
1.  Los expedientes para la concesión de la prestación económica sometida al 
nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en que ha tenido lugar un 
nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento que se encuentren en 
tramitación el 1 de septiembre de 2020 quedan sometidos al régimen jurídico 
establecido por la convocatoria respectiva y por la Orden TSF/251/2016, de 19 de 
septiembre. Sin embargo, el pago de las ayudas concedidas irá a cargo de la 
reserva presupuestaria destinada a la prestación en virtud de la nueva redacción del 
artículo 10.
2.  Los expedientes para la concesión de la prestación económica sometida al 
nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en que ha tenido lugar un 
nacimiento, una adopción, una tutela o un acogimiento que se tramiten a partir del 1 
de septiembre de 2020, en tanto no se desarrolle por reglamento la redacción del 
artículo 10 que entrará en vigor en dicha fecha, quedan sometidos a los requisitos, 
procedimiento de tramitación, obligaciones, determinación y límite de ingresos, 
cuantía y pago que regulan la Orden TSF/251/2016, de 19 de septiembre, y la 
Resolución TSF/2314/2019, de 4 de septiembre.»
Artículo 163.  Modificación de la Ley 2/2014 con relación a la habilitación a las 
administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales en lo relativo 
al acceso de datos de carácter personal.
1.  Se modifica el apartado 1.1 de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2014, 
de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que 
queda redactado del siguiente modo: s
«1.1  Se habilita a las administraciones públicas competentes en materia de  w.
protección social para que puedan comprobar, de oficio y sin previo consentimiento de las  69ww
pcoemrsopneatesn icnitae rteesnagdaans , alotrsi bduaidtoas  ldeegcalal roa droesg lpaomr elonsta sroialimciteannttee sy ,d ee nla ss up rceasstaoc,i olonse sd cautoyas 
iedle pnatitfriicmaotinvoios ,y  llao sre isnigdreenscoisa  dye e llo psa mreinetmesbcroos,  ldae s liatu uanciidóand d eec doinsócampicaac iddaed c oon dveivpeenncdiae,n ccoian,   BOE-A-cable e
el fin de comprobar si se cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la 
percepción de las prestaciones y en la cuantía reconocida, con el objetivo de atender a las 
personas de forma integral, y abordando coordinadamente sus necesidades sociales.»
2.  Se modifica el apartado 1.2 de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2014, 
que queda redactado del siguiente modo:
«1.2  A efectos de lo establecido por el apartado 1.1, se entiende por unidad 
económica de convivencia la formada por la persona beneficiaria con su cónyuge o 
pareja de hecho y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad que conviven con ellos en el mismo domicilio.»
Artículo 164.  Modificación de la Ley 13/2006 (Prestaciones sociales de carácter 
económico).
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Son beneficiarias de las prestaciones sociales de carácter económico las 
personas residentes legalmente en Cataluña que se hallan en situación de 
necesidad, a las que se otorga la prestación con el fin de paliar esta situación. En el 
caso de las prestaciones económicas para el acogimiento de menores de edad 
tutelados por la Generalidad, reguladas en el artículo 22, las prestaciones 
económicas para menores de edad en situación de riesgo, reguladas en el 
artículo 22 bis, y las prestaciones económicas de urgencia social, reguladas en el 
artículo 30, pueden ser beneficiarias, asimismo, las personas que viven o que están 
en Cataluña.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 13/2006, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  La prestación debe abonarse de forma preferente y directa al beneficiario 
o beneficiaria. Excepcionalmente, de acuerdo con lo que disponga la norma 
reguladora correspondiente, puede abonarse al prestador o prestadora del servicio 
o a una tercera persona. En cualquier caso, la prestación del artículo 22 relativa a la 
prestación por el acogimiento en familia extensa y la del artículo 22 bis deben 
abonarse a la persona que, ostentando la guarda y custodia de la persona menor de 
edad, haya presentado la correspondiente solicitud.»
3.  Se modifica el artículo 14 de la Ley 13/2006, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Artículo 14.  Unidad familiar y unidad de convivencia.
1.  A efectos de lo establecido en la presente ley, son unidades familiares y 
unidades de convivencia:
a)  Las relaciones familiares derivadas del matrimonio y sus descendientes.
b)  Las relaciones familiares derivadas de la convivencia estable en pareja, en 
los términos establecidos en el artículo 234-1 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 
libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.
c)  Las familias reconstituidas. e.e
d)  Las familias con niños en acogimiento o adopción. b
ydae ssc2ee.a n deSienen  retéengst iiemdneed nue n mpoo adrte rfi amlomosin ldiiaao lsr,e  oyc aod ness eatiamtu ebidnoa s r lémag ifieammmebinlira od see nd c eloa lna qv puivaeer elnajca ip.aa reesjata cbolen,v civoen,   OE-A-2020-55able en https://
3.  Cualquier agrupación familiar distinta de las establecidas en el apartado 1 
no constituye una unidad familiar a efectos de las prestaciones sociales de carácter 
económico.
4.  No forman parte de la unidad familiar los hijos menores que, con el 
consentimiento de los padres, vivan independientemente de estos.»
4.  Se añaden dos apartados, el 5 bis y el 5 ter, al artículo 16 de la Ley 13/2006, con 
el siguiente texto:
«5 bis.  La prestación por el acogimiento en familia extensa que regula el 
artículo 22, salvo que la norma de creación establezca lo contrario, tiene efectos 
económicos desde el mes en el que se constituya la medida de acogimiento en 
familia extensa en virtud de una resolución administrativa. Sin embargo, si se 
presenta la solicitud de la prestación una vez transcurrido el plazo de cuatro meses 
a contar desde la fecha de la resolución administrativa en cuestión, el reconocimiento 
del derecho de acceso a la prestación económica se genera desde el primer día del 
tercer mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentación de la solicitud. La 
prestación que regula el artículo 22, con relación al acogimiento en familia ajena, 
tiene efectos económicos desde el día en el que por resolución se delegue la guarda 
a los acogedores, y el mes de extinción de la prestación se abona completo.
5 ter.  La prestación que regula el artículo 22 bis, salvo que la norma de 
creación establezca lo contrario, tiene efectos económicos, en su caso, desde el 
mes siguiente al de la fecha de formalización del compromiso socioeducativo.»
5.  Se modifica el apartado 3 del artículo 22 bis de la Ley 13/2006, que queda 
redactado del siguiente modo:
«3.  El importe de la prestación regulada por el presente artículo consiste en 
una cantidad por menor de edad en riesgo, establecida en la Ley de presupuestos.»
6.  Se añade una disposición adicional, la tercera, a la Ley 13/2006, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional tercera.
Las prestaciones reguladas por la presente ley no tienen la consideración de 
ayuda ni de subvención, por razón de su naturaleza jurídica, su objeto y su 
finalidad.»
Artículo 165.  Modificación de la Ley 5/2008 (Derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista).
Se añade una disposición adicional, la duodécima, a la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, con el siguiente texto:
«Disposición adicional duodécima.  Percepción de indemnizaciones y ayudas a 
víctimas de violencia machista sujetas a umbral de ingresos para beneficiarios 
que no pueden acreditar ingresos.
1.  Se deroga la letra b del apartado 3 del artículo 3 del Decreto 80/2015, de 26 
de mayo, de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia  es
machista que establecen el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho  o
de las mujeres a erradicar la violencia machista, y el artículo 27 de la Ley  69www.
Oviorgleánnciciaa  d1e/2 g0é0n4e, rdoe.» 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
2.  Se modifica el artículo 5 del Decreto 80/2015, que queda redacatado del 
siguiente modo:
«Artículo 5.  Competencia.
1.  La competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos para 
el reconocimiento de las indemnizaciones reguladas en el presente capítulo 
corresponde a la Subdirección General de Lucha contra la Violencia Machista del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
2.  Los profesionales de la red de servicios sociales deben facilitar la 
información sobre las ayudas e indemnizaciones reguladas en el presente decreto.»
3.  Se modifica el punto a).3 del apartado 1 del artículo 8 del Decreto 80/2015, que 
queda redacatado del siguiente modo:
«a).3  Sentencia definitiva, o definitiva y firme, que acredite que la solicitante ha 
sido víctima de cualquiera de las formas de violencia machista que especifica la 
Ley 5/2008, de 24 de abril, y que le ha generado secuelas, lesiones corporales o 
daños en la salud física o psíquica.
En el caso de que la resolución judicial no determine expresamente el alcance 
de las secuelas, las lesiones corporales o los daños en la salud física o psíquica de 
la víctima, la mujer solicitante debe aportar también una certificación de las 
actuaciones judiciales en que conste el informe del médico forense o, si no le es 
posible, el informe de alta o un informe médico acreditativo de la gravedad de las 
secuelas, las lesiones o los daños, que debe emitir un médico del Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña (Siscat) o un médico de la red de salud 
pública de Cataluña, o una certificación emitida por un servicio especializado en 
recuperación de mujeres víctimas de violencia machista.»
4.  Se modifica el punto b).4 del apartado 1 del artículo 8 del Decreto 80/2015, que 
queda redactado del siguiente modo:
«b).4  Resolución judicial o informe del Ministerio Fiscal que acredite que la 
madre ha sido víctima mortal de cualquiera de las formas de violencia machista que 
especifica la Ley 5/2008, de 24 de abril.»
5.  Se deroga la letra f) del apartado 2 del artículo 8 del Decreto 80/2015.
Artículo 166.  Modificación de la Ley 12/2007 (Servicios sociales).
1.  Se modifica el apartado 1 del artículo 105 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de 
servicios sociales, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  A criterio del órgano sancionador, la resolución puede autorizar a la 
persona sancionada a destinar directamente al mejoramiento del servicio el importe 
de las sanciones de carácter económico impuestas por aquellas infracciones cuya 
enmienda se haya acreditado en los términos del artículo 100.1.g).»
2.  Se añade una disposición adicional, la decimotercera, a la Ley 12/2007, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional decimotercera.  Equiparación de las condiciones materiales  e.
para la prestación de los servicios de acogimiento residencial de los  w.
equipamientos con atención mayoritaria de personas con pluridiscapacidad  69ww
dreesriidveandcaia dl ep apraa rpáelirssiosn caesr ceobnra dl isac alapsa cdidea dlo isn teeqleucitpuaaml.ientos de acogimiento
1.  A efectos de la inscripción registral, y hasta que se apruebe una disposición
reglamentaria que derogue o modifique el Decreto 318/2006, de 25 de julio, de los
servicios de acogimiento residencial para personas con discapacidad, las condiciones 
materiales para la prestación de los servicios de acogimiento residencial para 
personas con discapacidad de los equipamientos con atención mayoritaria de 
personas con pluridiscapacidad derivada de parálisis cerebral se asimilan a las de los 
equipamientos de acogimiento residencial para personas con discapacidad intelectual.
2.  Se modifica el segundo párrafo del apartado 3.1 del anexo 3, ‘‘Condiciones 
materiales’’, del Decreto 318/2006, el cual, hasta que se apruebe una disposición 
reglamentaria que lo derogue o modifique, queda redactado del siguiente modo:
La estructura espacial corresponde a una vivienda, que debe formar una unidad 
de convivencia de quince plazas como máximo, con las correspondientes 
habitaciones y baños, un comedor-salón, juntos en un mismo ambiente o bien 
separados en dos ambientes distintos, con una superficie mínima total de 2,5 m2 por 
usuario, y una cocina o un espacio para preparar el servicio de mesa».»
3.  Se añade una disposición adicional, la decimocuarta, a la Ley 12/2007, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional decimocuarta.  Equiparación laboral de los profesionales de 
la red concertada de servicios sociales de atención a la dependencia.
El Gobierno debe aprobar, en el plazo de cuatro años, un escenario de recursos 
plurianual que permita tender progresivamente a la equiparación de las condiciones 
laborales de los profesionales de la red concertada de servicios sociales de atención 
a la dependencia con las del resto de personal de la red de servicios sociales de 
gestión directa.»
Artículo 167.  Modificación de la Ley 14/2010 (Derechos y oportunidades en la infancia y 
la adolescencia).
1.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2010, 
de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia, que 
queda redactado del siguiente modo:
«2.  La pensión de orfandad de un niño o adolescente bajo la guarda o tutela 
de la Generalidad se integra en el patrimonio del niño o adolescente huérfano, del 
que pasa a formar parte. Una vez alcanzada la mayoría de edad o terminada la 
situación de guarda o tutela de la Generalidad, la entidad protectora debe entregar 
al huérfano, o a las personas titulares de la patria potestad o de la tutela, si todavía 
es menor de edad, la totalidad de su patrimonio.»
2.  Se añade una disposición adicional, la novena, a la Ley 14/2010, con el siguiente 
texto:
«Disposición adicional novena.
El Gobierno de la Generalidad debe crear, a través de los departamentos 
competentes, el Comisionado para la Infancia, con el objetivo de que, desde el Plan 
interdepartamental de apoyo a las familias, defina una estrategia que permita 
atender las situaciones de pobreza infantil.»
Artículo 168.  Modificación de la Ley 13/2014 (Accesibilidad).
Se añade una disposición adicional, la novena, a la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de  bo
accesibilidad, con el siguiente texto: 69ww
«Disposición adicional novena.  Uso del término personas con discapacidad.
a ‘‘p1e. rsoTnoadas sc loans  dreisfemreinnucciaiósn q»u, eo l ad elengoismlaincaiócnio vnigeesn aten ácloongtaiesn, ed ae b‘‘ednis meninteuniddoesr’s’ oe 
hechas a «personas con discapacidad’’.
2.  Las normas legales o reglamentarias que se dicten en adelante, a fin de 
facilitar su interpretación, aplicación y vinculación con otras normativas, deben 
utilizar el término personas con discapacidad para referirse a las personas que 
presentan déficits funcionales de carácter físico, sensorial, intelectual o mental que, 
al interaccionar con distintas barreras, ven limitada su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas, en congruencia 
con la definición que establece la letra d del artículo 3.»
TÍTULO XII
Otras medidas administrativas de carácter sectorial
CAPÍTULO I
Turismo
Artículo 169.  Modificación de la Ley 13/2002 (Turismo).
1.  Se añade una letra, la g), al artículo 2 de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo 
de Cataluña, con el siguiente texto:
«g)  Alojamiento turístico: cualquier establecimiento, vivienda, instalación o 
infraestructura regulada por la normativa turística en el que se presten servicios 
turísticos de alojamiento.»
2.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 50 bis de la Ley 13/2002, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  Las viviendas de uso turístico son viviendas que son cedidas por su 
propietario, directa o indirectamente, a terceros, a cambio de contraprestación 
económica, para una estancia de temporada, en condiciones de inmediata 
disponibilidad y con las características establecidas por reglamento. No se permite 
la cesión por estancias de las viviendas de uso turístico, que deben cederse enteras.
2.  Las viviendas de uso turístico requieren el correspondiente título habilitante 
exigido por la normativa vigente para iniciar la actividad. Para ofrecer y comercializar 
el servicio turístico de alojamiento en la vivienda, o para hacer publicidad del mismo, 
debe disponerse del título habilitante mencionado. La prestación de los servicios de 
alojamiento se inicia cuando se realiza la publicidad o la comercialización del 
alojamiento, directamente o a través de un intermediario.»
3.  Se deroga la letra k del apartado 1 del artículo 67 de la Ley 13/2002.
4.  Se modifica el apartado 5 del artículo 73 de la Ley 13/2002, que queda redactado 
del siguiente modo:
«5.  El número de inscripción de los alojamientos turísticos en el Registro de 
Turismo de Cataluña debe constar en todo tipo de publicidad, promoción o 
comercialización.»
5.  Se modifica la letra a) del artículo 88 de la Ley 13/2002, que queda redactada del 
siguiente modo: s
«a)  Ofrecer, prestar o ejercer actividades o servicios turísticos, o hacer  b
publicidad de los mismos, sin disponer del correspondiente título habilitante, siempre  69ww
6. quSee  sdee crougmap llaa nle ttorad or sd elol sa rretíqcuuliosi t8o8s  dees tlaab Lleecyi d1o3s/ 2p0a0r2a. poder obtenerlo.» OE-A-2020-55able en https://
7.  Se modifica la letra u ter del artículo 88 de la Ley 13/2002, que queda redactada 
del siguiente modo:
«u) ter.  Comercializar, contratar, ofrecer o facilitar alojamientos turísticos, o 
hacer publicidad de los mismos, sin hacer constar su número de inscripción en el 
Registro de Turismo de Cataluña o haciendo constar números o expresiones 
incorrectas.»
8.  Se añade una letra, la u) sexies, al artículo 88 de la Ley 13/2002, con el siguiente 
texto:
«u) sexies.  No comunicar a la Administración competente que se desarrolla 
una actividad turística clandestina en una vivienda de su propiedad.»
9.  Se añade una letra, la u) septies, al artículo 88 de la Ley 13/2002, con el siguiente 
texto:
«u) septies.  Superar el número máximo de usuarios alojados que establece la 
normativa turística o el título habilitante.»
10.  Se añade una letra, la u) octies, al artículo 88 de la Ley 13/2002, con el siguiente 
texto:
«u) octies.  No adoptar las medidas previstas por la normativa cuando se 
producen comportamientos que atentan contra las normas básicas de convivencia 
en los alojamientos turísticos situados en viviendas.»
11.  Se modifica la letra a) del artículo 89 de la Ley 13/2002, que queda redactada del 
siguiente modo:
«a)  Comercializar, ofrecer, prestar o ejercer actividades o servicios turísticos, 
o hacer publicidad de los mismos, sin disponer de los requisitos o las condiciones 
normativamente establecidas para obtener la correspondiente habilitación.»
12.  Se deroga la letra g del artículo 89 de la Ley 13/2002.
13.  Se modifica el apartado 2 del artículo 91 de la Ley 13/2002, que queda redactado 
del siguiente modo:
«2.  Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley con 
relación a las actividades de alojamiento turístico:
a)  Los propietarios de los alojamientos turísticos en los que se lleven a cabo 
las actividades constitutivas de infracción.
b)  Las personas que, sin tener la condición de propietario exigida para ser 
titulares de la actividad de alojamiento turístico, lleven a cabo las actividades 
constitutivas de infracción.
c)  Las personas que lleven a cabo actividades de alojamiento turístico 
constitutivas de infracción en alojamientos distintos de los indicados en las letras a 
y b sin la debida autorización del propietario.
d)  Los comercializadores o gestores de las actividades de alojamiento turístico 
constitutivas de infracción.»
14.  Se añaden seis letras, la i), la j), la k), la l), la m) y la n), al artículo 93 de la 
Ley 13/2002, con el siguiente texto: e.e
«i)  La continuidad o persistencia en la conducta infractora. w.
j)  La prestación de servicios turísticos ilegales con apariencia de legalidad. 69ww
o el kc)o nsEel netjiemrcieicnitoo  ildeegla pl rdoep ileat aarciotiv dideal din dmeu aelboljea.miento turístico sin el conocimiento
lm) ) EEl nl únmúmereor od ed ea lpoejarsmoineansto asf etucrtíasdtiacos.s comercializados ilegalmente. BOE-A-cable e
n)  La posición del infractor en el mercado.»
15.  Se añade una disposición adicional, la novena, a la Ley 13/2002, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional novena.  Alojamientos turísticos.
Se pueden crear por reglamento modalidades de alojamiento turístico, así como 
regular sus condiciones y características.»
16.  Se añade una disposición adicional, la décima, a la Ley 13/2002, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional décima.  Régimen especial del municipio de Barcelona.
De acuerdo con el régimen especial establecido por la Ley 22/1998, de 30 de 
diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona puede 
regular las actividades de alojamiento turístico en viviendas de uso turístico y en 
hogares compartidos, mediante ordenanzas municipales, que pueden establecer 
requisitos particulares y pueden fijar limitaciones temporales y períodos máximos de 
vigencia de la habilitación para ejercer estas actividades, de acuerdo con la 
legislación vigente.»
CAPÍTULO II
Cooperación al desarrollo
Artículo 170.  Modificación de la Ley 26/2001 (Cooperación al desarrollo).
Se añade un artículo, el 12 bis, a la Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de cooperación 
al desarrollo, con el siguiente texto:
«Artículo 12 bis.  Fondo de desarrollo para la cooperación.
1.  Un fondo de desarrollo para la cooperación es un instrumento de captación 
de fondos que tiene como finalidad que diferentes administraciones públicas 
catalanas, y otras entidades públicas y privadas, se unan para realizar propuestas 
conjuntas de financiación, tanto de ámbito nacional como internacional para la 
cooperación al desarrollo o la acción humanitaria y de emergencia.
2.  La Administración de la Generalidad y su sector público pueden constituir 
fondos de desarrollo en calidad de titulares, o bien adherirse a otros existentes, sea 
con los organismos a que se refiere el artículo 16, sea con otras administraciones o 
con entes públicos o privados o redes de este tipo de organismos, tanto de ámbito 
nacional como internacional. Las contribuciones económicas que se hacen a estos 
fondos deben destinarse a las finalidades y los objetivos establecidos por esta ley y 
por los planes directores y anuales de cooperación al desarrollo.
3.  Si la Administración de la Generalidad o su sector público son titulares de un 
fondo de desarrollo, el fondo debe ser creado por medio de una resolución del titular 
del departamento competente en el ámbito de la cooperación al desarrollo, con las 
siguientes especificidades:
a)  El titular del fondo debe proponer al resto de aportadores los proyectos 
concretos a desarrollar de conformidad con los objetivos y fines establecidos. e
b)  El titular del fondo debe seleccionar el gestor que debe llevar a cabo los  bo
proyectos concretos, de acuerdo con la normativa aplicable, y siempre de  69ww
cidnoetnepfgocor)sra imtra Eilrdasla segd  ece cusnotao nenr lt l díoIanesssb  ptreiret iujncuticosbi tpiCidfiioaacssata  rdel áeennl   psd duueeb sp ltiFaciniitndoriaa mdndeoz y nal aiscos.o.  naLcpauosrr rtaeapncociorianta,e cssiio nrne qecusibe ia dela lf sog neads potor orp ypueuecedtdeoans    OE-A-2020-55able en https://
concretos acordados por el titular mediante una certificación anual, antes del cierre
de cada ejercicio presupuestario, conforme han hecho dicha aportación al fondo de 
desarrollo para la cooperación, así como el correspondiente informe narrativo del 
conjunto de actuaciones impulsadas mediante este instrumento.
4. Para la tramitación de las aportaciones de la Administración de la Generalidad 
y de su sector público debe aportarse:
a)  La memoria justificativa y económica.
b)  La certificación de disponibilidad del crédito.
c)  El proyecto a desarrollar.
d)  La resolución de transferencia del dinero al fondo por parte del titular del 
departamento o del titular del ente del sector público donante.
5.  Todos los fondos de desarrollo para la cooperación en los que la 
Administración de la Generalidad y su sector público participen o de los que sean 
titulares deben ser sometidos al Consejo de Cooperación al Desarrollo para su 
valoración y, en su caso, aprobación. Los posibles recursos privados de estos 
fondos no deben ser compatibilizados en ningún caso como ayuda oficial al 
desarrollo de la Generalidad.
6.  En todo lo no regulado por este artículo, debe tenerse en cuenta lo que 
dispone la normativa aplicable en el ámbito de las subvenciones del sector público.»
CAPÍTULO III
Sector empresarial
Artículo 171.  Modificación de la Ley 11/2011 con relación a la Agencia para la 
Competitividad de la Empresa.
1.  Se modifica el apartado 2 del artículo 166 de la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, 
de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa, que queda 
redactado del siguiente modo:
«2.  El órgano de contratación de la Agencia para la Competitividad de la 
Empresa es el consejero delegado o consejera delegada, que puede delegar esta 
competencia.»
2.  Se modifica la disposición final tercera de la Ley 11/2011, que queda redactada del 
siguiente modo:
«Disposición final tercera.   Adaptación de los estatutos de la Agencia para la 
Competitividad de la Empresa.
Se derogan el artículo 15.3 del Decreto 223/2015, de 6 de octubre, por el que se 
aprueban los estatutos de la Agencia para la Competitividad de la Empresa, y, en 
general, las demás determinaciones de dichos estatutos que se opongan a lo 
establecido por el artículo 166.2.»
CAPÍTULO IV
Educación es
Artículo 172.  Modificación de la Ley 12/2009 (Educación). w.
julio1, .d e Seed umcaocdiiófinca,  qlau ele qtruae cd ad erel daapcatrataddao d 1e l dseigl uairetínctuel om 1o8d4o :de la Ley 12/2009, de 10 de
«c)  Uso reservado de la información individualizada de los agentes y de los
centros y servicios educativos, en cuanto a la evaluación general del sistema que  Bc
pueda favorecer la segregación escolar. Se entiende que favorece la segregación
escolar el acceso a los resultados de las pruebas de evaluación desagregados por 
nombre del centro; a los datos relativos a la composición social y económica del 
centro, y al proceso de admisión de los alumnos, entre otra información.»
2.  Se añade una disposición adicional, la vigésima novena, a la Ley 12/2009, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional vigésima novena.  Fomento de la participación de las 
familias en la gestión de los centros educativos públicos mediante la gestión de 
los comedores escolares
Con el fin de promover la participación de las familias de alumnos en la gestión 
de los centros educativos públicos, las asociaciones de familias pueden gestionar 
los respectivos comedores escolares mediante la suscripción de convenios de 
gestión con la correspondiente administración titular de la competencia o la que la 
ejerza por delegación.»
3.  Se añade una disposición adicional, la trigésima, a la Ley 12/2009, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional trigésima.  Financiación de las guarderías municipales.
1.  La financiación de las plazas de las guarderías municipales a cargo del 
departamento competente en materia de educación se establece en un módulo fijo 
por año distribuido del siguiente modo:
a)  1.300 euros por plaza el curso 2019-2020.
b)  1.425 euros por plaza el curso 2020-2021.
c)  1.600 euros por plaza desde el curso 2021-2022 hasta el curso 2028-2029.
2.  La financiación del coste de las plazas de las guarderías de todos los 
municipios de Cataluña desde el curso 2012-2013 hasta el curso 2018-2019 se 
establece en 425 euros por plaza, que supone un total de 2.975 euros por plaza 
para el total los siete años del período indicado.
3.  El importe total a que se refiere el apartado 2 debe satisfacerse en un plazo 
de diez años, mediante la creación de un fondo específico, con el siguiente 
calendario de pago:
a)  El curso 2019-2020, 200 euros por plaza.
b)  El curso 2020-2021, 175 euros por plaza.
c)  Los cursos 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, 200 euros por plaza y 
curso.
d)  Desde el curso 2024-2025 hasta el curso 2028-2029, 400 euros por plaza y 
curso.
4.  La financiación a que se refiere el apartado 3 se reconoce a todos los 
ayuntamientos de Cataluña, con independencia de que hayan reclamado 
administrativa o judicialmente el pago, sin derecho a recibir cuantías adicionales por 
este concepto correspondientes al período indicado.
5.  El número de plazas de guardería por ayuntamiento es el que resulte de los 
datos que anualmente hayan sido comunicados al departamento competente en  es
materia de educación. bo
6.  Los municipios que en el momento de la entrada en vigor de la presente  69ww
dsphueaisprspcteaoibr siieoric lr l ai2óa 0dn 1li of8aes-dr2 ei40cn2i1co59ina ,ea  paul r crotoearsrnrag gptoeao andrd  eprale lf acoezonnand u ooqn cup ipdealaa raez  spocto uadrbbe rsl iedre cilneaetz  ef eiannlñ acaoinapsc a.ija»urct daióidcnoia  dl2 ef lit ricmeuneres nou  n2da0e 1rce2uc-a2hn0ot1 íaa3    OE-A-2020-55able en https://
4.  Se añade una disposición adicional, la trigésima primera, a la Ley 12/2009, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional trigésima primera.  Condiciones laborales del personal 
adscrito al Departamento de Enseñanza.
1.  El Gobierno debe establecer, en el marco de la negociación de las 
condiciones laborales del personal adscrito al Departamento de Enseñanza, los 
criterios para la recuperación progresiva de las condiciones laborales anteriores al 
año 2012 y, prioritariamente, las relativas a la jubilación parcial de los docentes en 
pago delegado, el restablecimiento del horario lectivo de primaria y secundaria, la 
recuperación del horario de permanencia de secundaria, la conversión de los tercios 
en medias jornadas, la reducción de dos horas lectivas a mayores de 55 años, el 
incremento del personal de apoyo educativo para atender la diversidad, la 
incorporación de técnicos de educación infantil (TEI) en todas las aulas de P3 y el 
reconocimiento de los estadios de promoción docente.
2.  El Gobierno debe establecer un calendario para la internalización del perfil 
profesional de los cuidadores como auxiliares de educación especial, para que 
durante el curso 2020-2021 estos profesionales pasen a formar parte de las 
plantillas de los centros.
3.  El Gobierno debe establecer un calendario para la estabilización de las 
condiciones laborales del personal interino y de sustitución para que antes del fin del 
curso 2022-2023 todo este personal haya pasado a formar parte de la plantilla del 
Departamento de Educación.
4.  El horario de permanencia del profesorado de secundaria no puede ser de 
más de veinticuatro horas semanales.»
5.  Se añade una disposición adicional, la trigésima segunda, a la Ley 12/2009, con el 
siguiente texto:
«Disposición adicional trigésima segunda.  Plan piloto de selección de sustitutos.
El Gobierno debe activar el desarrollo del Plan piloto de selección de sustitutos 
docentes (PDI), una vez reformulada y acotada la aplicación del plan, de acuerdo 
con la interlocución con los agentes de la comunidad educativa.»
6.  Se añade una letra, la e), al apartado 1 de la disposición derogatoria de la 
Ley  2/2009, con el siguiente texto:
«e)  La disposición adicional quinta, «Plan piloto de selección de sustitutos», de 
la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y 
del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes 
establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre 
elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de 
dióxido de carbono.»
CAPÍTULO V
Espectáculos públicos y actividades recreativas
Artículo 173.  Modificación de la Ley 11/2009 (Espectáculos públicos y actividades  e.
recreativas). w.b
regu1la. cióSne  amdmodinifiisctara etivl aa pdaer tlaods oe s2p edcetlá acrutlíocsu lpoú 2b lidcoes l ay  Llaesy a 1c1ti/v2id0a0d9e, sd ere c6r edaet ivjualsio, ,q duee 
queda reda«c2t.a dLoo dse pl sriingcuiipeinotse  gmeondeora:les y las finalidades últimas que inspiran esta ley, y  BOE-A-cable e
que han de regir su desarrollo y aplicación son la convivencia entre los ciudadanos,
la seguridad, la no discriminación, la preservación de la dignidad de las mujeres y 
de los hombres, la libertad y la indemnidad sexuales, la no transmisión de 
estereotipos sexistas y la calidad de los establecimientos.»
2.  Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 11/2009, que queda 
redactada del siguiente modo:
«d)  Gozar de libertad e indemnidad sexuales y recibir un trato respetuoso y no 
discriminatorio por parte de todas las personas presentes en el desarrollo del 
espectáculo o la actividad.»
3.  Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 11/2009, que queda 
redactada del siguiente modo:
«d)  Dar un trato respetuoso y no discriminatorio a todas las personas presentes 
en los establecimientos y actividades de espectáculos públicos y actividades 
recreativas musicales, y no llevar a cabo, ni incitar a cometerlos, actos que atenten 
contra la libertad y la indemnidad sexuales.»
4.  Se modifica la letra j del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 11/2009, que queda 
redactada del siguiente modo:
«j)  Abstenerse de llevar y exhibir públicamente símbolos, indumentaria u 
objetos y de adoptar conductas que inciten a la violencia, puedan ser constitutivos 
de alguno de los delitos de apología establecidos por el Código penal, o sean 
contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos por la 
Constitución, especialmente si incitan a cualquier tipo de discriminación o atentan 
contra la libertad y la indemnidad sexuales.»
5.  Se añade una letra, la s), al artículo 48 de la Ley 11/2009, con el siguiente texto:
«s)  Llevar a cabo, o incitar a cometerlos, actos que atenten contra la libertad y 
la indemnidad sexuales, si no constituyen infracción penal.»
CAPÍTULO VI
Modificación del Código tributario
Artículo 174.  Modificación de la Ley 17/2017 (Código tributario de Cataluña).
1.  Se modifica el texto de la Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de 
Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la 
Administración tributaria de la Generalidad, en el sentido de que todas las referencias 
que contiene a «cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de 
Cataluña», «cuerpos tributarios de adscripción a la Agencia Tributaria de Cataluña», 
«cuerpos tributarios adscritos a la Agencia Tributaria de Cataluña», «cuerpos específicos 
adscritos a la Agencia Tributaria de Cataluña»,«cuerpos tributarios que tiene 
adscritos»,«cuerpos tributarios de la Agencia Tributaria de Cataluña» o «cuerpos 
tributarios de la Agencia», y las referencias análogas de carácter genérico a los cuerpos 
tributarios, se sustituyen por la denominación única «cuerpos tributarios de la  s
Generalidad de Cataluña». oe.
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 217-2 del Código tributario de Cataluña,  w.
aprobado p«o1r.  la ELle yC u1e7/r2p0o1 7S,u dpee r1i odre  daeg oInstsop, eqcuteo rqeuse dTari breudtaarciotasd od ed ella s iGgueineenrtea limdaoddo d:e  2020-5569n https://ww
Cataluña pertenece al grupo de clasificación A, subgrupo A1.»
3.  Se modifica el apartado 1 del artículo 217-6 del Código tributario de Cataluña, que 
queda redactado del siguiente modo:
«1. El Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña 
pertenece al grupo de clasificación A, subgrupo A2.»
4.  Se modifica el artículo 218-1 del Código tributario de Cataluña, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 218-1.  Organización y funcionamiento de los cuerpos tributarios de la 
Agencia Tributaria de Cataluña.
«Corresponde al director de la Agencia Tributaria de Cataluña concretar los 
aspectos de organización y funcionamiento de las actuaciones que lleven a cabo en 
los respectivos ámbitos de actuación los miembros de los cuerpos tributarios de la 
Generalidad con destino a la Agencia.»
5.  Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria primera del libro segundo del 
Código tributario de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Con carácter transitorio, y hasta el 31 de diciembre de 2024, las funciones 
que tiene atribuidas el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la Generalidad 
de Cataluña pueden ser ejercidas, con plenitud de efectos jurídicos, por funcionarios 
del Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad de Cataluña y por 
funcionarios de cuerpos y escalas del subgrupo A1 de otras administraciones 
públicas, mediante habilitación emitida al efecto por el director de la Agencia 
Tributaria de Cataluña, de acuerdo con procedimientos objetivos que garanticen los 
principios de mérito, de capacidad y de igualdad.»
6.  Se añade una letra, la a) bis, al artículo 311-4 del Código tributario de Cataluña, 
con el siguiente texto:
«a) bis.  Las administraciones tributarias locales de Cataluña, en la forma 
establecida en el apartado 2 del artículo 312-3.»
7.  Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 311-5 del Código tributario de 
Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«c)  Gestionar el Registro de asesores fiscales de Cataluña y velar por el 
cumplimiento del código de conducta y de buenas prácticas de los asesores fiscales 
y de las condiciones de acceso al Registro.»
8.  Se añade una letra, la p), al apartado 1 del artículo 311-5 del Código tributario de 
Cataluña, con el siguiente texto:
«p)  Promover la solicitud del inicio del procedimiento de revocación o de otros 
procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos. La decisión sobre 
el inicio del procedimiento de revocación o de otros procedimientos de revisión de 
oficio de los actos administrativos corresponde al órgano competente de la 
Administración tributaria en los términos establecidos en la normativa vigente 
de aplicación.»
9.  Se modifica el apartado 4 del artículo 312-2 del Código tributario de Cataluña, que  bo
queda redactado del siguiente modo: 69ww
cond«i4c.i óEnl  pdree asildtoe ncaterg doe ld Ce olan sGeejon eFriasclidaal dde,  aCsaimtailluañdao  taiel ndee  ddeirdeicctaocr iógne neexrcallu.»siva y la
10.  Se añade una letra, la a) bis, al apartado 2 del artículo 312-4 del Código tributario 
de Cataluña, con el siguiente texto:
«a) bis.  Como vocales en representación de las administraciones tributarias 
locales de Cataluña, las que propongan las entidades locales catalanas con 
representación en el Consejo, de acuerdo con lo que sea establecido por 
reglamento.»
11.  Se modifica el apartado 3 del artículo 312-6 del Código tributario de Cataluña, 
que queda redactado del siguiente modo:
«3.  Los vocales a que hacen referencia las letras b, c y f del apartado 2 del 
artículo 312-3 no reciben ninguna retribución ni compensación económica por el 
ejercicio de sus funciones.»
12.  Se modifica la letra f del apartado 1 del artículo 312-7 del Código tributario de 
Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«f)  La condición de alto cargo al servicio de la Generalidad, del Estado o de la 
Administración local o personal de nombramiento eventual, con la excepción de los 
representantes de órganos y de entidades públicas que integran la Administración 
tributaria de la Generalidad.»
13.  Se modifica el apartado 2 del artículo 312-7 del Código tributario de Cataluña, 
que queda redactado del siguiente modo:
«2.  Es aplicable al presidente del Consejo Fiscal de Cataluña, además de lo 
dispuesto por el apartado 1, el régimen establecido por la normativa vigente en 
materia de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalidad.»
14.  Se añade una letra, la i) bis, al artículo 313-1 de la Ley 17/2017, del Código 
tributario de Cataluña, con el siguiente texto:
«i) bis.  Conocer y, en su caso aprobar, la propuesta de solicitud del inicio del 
procedimiento de revocación o de otros procedimientos de revisión de oficio de los 
actos administrativos sometida a la consideración del Pleno por parte de la Comisión 
de Protección de los Derechos del Contribuyente.»
15.  Se modifica el apartado 3 del artículo 313-5 del Código tributario de Cataluña, 
que queda redactado del siguiente modo:
«3.  La Comisión de Protección de los Derechos del Contribuyente tiene la 
función de atender, y resolver, en su caso, las quejas y sugerencias que presentan 
los contribuyentes sobre el conjunto de la actividad tributaria de la Administración 
tributaria de la Generalidad. También tiene la función de proponer mejoras de las 
normas tributarias o de las prácticas administrativas de la hacienda catalana 
destinadas a la defensa de los derechos de los contribuyentes.»
16.  Se modifica el artículo 314-4 del Código tributario de Cataluña, que queda 
redactado del siguiente modo:
«Artículo 314-4.  Régimen contable y fiscalización. e
1.  El régimen contable aplicable al Consejo Fiscal es el que se disponga para  w.
easutdei2 tto.i príoaE sdl ,eC d oeenn satiecdjuaoed Fr deisonc  aeclol  dmne al oCrc adotia sdlpueuñ leaas  qrtoeu gepudolaar  cslaioó mnn oedrtemid laoa tsaiv lfa icn oaanpntlzriocaals fb idnleea  nalac  ileaGrseo ne menretaiddliaidadanedtes.   2020-5569n https://ww
que integran el sector público de la Generalidad.»
17.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera del libro tercero del 
Código tributario de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«2.  La inscripción en el Registro de asesores fiscales de Cataluña es voluntaria 
y requiere presentar una solicitud en la que se acredite que se reúnen las 
condiciones mínimas necesarias para prestar los servicios profesionales en materia 
tributaria que se determinen reglamentariamente y que se acepta, en todos los 
casos, seguir el código de conducta y de buenas prácticas de los asesores fiscales.»
18.  Se modifica el apartado 6 de la disposición adicional primera del libro tercero del 
Código tributario de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«6.  El Consejo Fiscal de Cataluña también tiene la finalidad de velar por el 
cumplimiento de las condiciones de inscripción y del código de conducta y de 
buenas prácticas de los asesores fiscales y determinar las medidas aplicables en 
caso de incumplimiento de las normas de este código.»
19.  Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional primera del libro tercero del 
Código tributario de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«10.  El incumplimiento manifiesto y reiterado de las obligaciones establecidas 
por el código de conducta y de buenas prácticas de los asesores fiscales en la 
relación de servicio con el cliente y en la interlocución con los diferentes organismos 
integrantes de la Administración tributaria de la Generalidad puede dar lugar a la 
suspensión temporal de la inscripción del asesor fiscal en el Registro de asesores 
fiscales o, si el incumplimiento es grave, a la cancelación de la inscripción, sin 
perjuicio de la comunicación de los hechos a las autoridades u organismos 
competentes.»
20.  Se modifica la letra f) de la disposición adicional segunda del libro tercero del 
Código tributario de Cataluña, que queda redactada del siguiente modo:
«f)  El reglamento de organización y funcionamiento del Registro de asesores 
fiscales de Cataluña, los criterios de admisión y exclusión de los solicitantes y el 
código de conducta y de buenas prácticas de los asesores fiscales.»
21.  Se añade una disposición transitoria al libro tercero del Código tributario de 
Cataluña, con el siguiente texto:
«Disposición transitoria.
«Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2 del artículo 312-5, transcurridos 
tres años desde la constitución inicial del Pleno del Consejo Fiscal de Cataluña, la 
mitad de los vocales a que se refieren las letras d, e y g del apartado 2 del 
artículo 312-3 cesan en esta condición y deben ser sustituidos respectivamente por 
otros vocales de la misma procedencia electiva.»
CAPÍTULO VII
Servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad
Artículo 175.  Modificación de la Ley 7/1996 (Organización de los servicios jurídicos de la  e.
Administración de la Generalidad). w.
de loSse  smeorvdiicfiicoas  ejul raídpiacrotas ddoe 2 l ad eAld amrtiínciusltora 9c idóen  ldae L elay  G7/e1n9e9r6a,l iddea d5  ddee  Cjualitoa,l udñea o, rqguaen izqauceidóan 
redactado del siguiente modo:
«2.  El abogado de la Generalidad puede asumir la representación y defensa  Bc
de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados
públicos de la Administración de la Generalidad y de sus organismos, cualquiera 
que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u 
omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, salvo que los intereses del 
representado y los de la Generalidad sean opuestos o contradictorios.»
CAPÍTULO VIII
Deporte
Artículo 176.  Modificación del texto único de la Ley del deporte.
Se modifica el apartado 1 del artículo 18 del texto único de la Ley del deporte, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Solo puede reconocerse, dentro del ámbito territorial de Cataluña, una 
federación deportiva para cada deporte, modalidad deportiva o conjunto de 
modalidades deportivas que derivan o están conectados a un concepto u objeto 
principal. Se exceptúan las federaciones polideportivas dedicadas al fomento, la 
organización y la práctica de las distintas modalidades en las que se integran 
únicamente deportistas con discapacidades físicas, orgánicas, intelectuales o del 
desarrollo, sensoriales o mixtas, con problemas de salud mental, así como las 
federaciones deportivas de Arán.»
CAPÍTULO IX
Cultura
Artículo 177.  Modificación de la Ley 9/1993 (Patrimonio cultural catalán).
1.  Se modifican el epígrafe y el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cultural catalán, que quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 57.  El 1,5 % cultural.
1.  La Administración de la Generalidad debe reservar en los presupuestos de 
las obras públicas que financie total o parcialmente una partida mínima del 1,5 % de 
su aportación, con el fin de invertirla en la conservación, la restauración, la 
excavación y la adquisición de los bienes protegidos por esta ley y en la creación 
artística contemporánea.»
2.  Se modifica el apartado 5 del artículo 57 de la Ley 9/1993, que queda redactado 
del siguiente modo:
«5.  Los costes de las intervenciones arqueológicas a las que hacen referencia 
los artículos 48.2 y 49.3 tienen la consideración de aportación al 1,5 % cultural.»
3.  Se modifica el apartado 8 del artículo 57 de la Ley 9/1993, que queda redactado 
del siguiente modo:
«8.  Las inversiones culturales que el Estado realice en Cataluña en aplicación 
del 1,5 % cultural determinado por la Ley del patrimonio histórico español deben  es
hacerse previo informe del Departamento de Cultura sobre los sectores y ámbitos  o
culturales que se consideren prioritarios en cada momento.» 69ww
TÍTULO XIII
Medidas administrativas de carácter general
Artículo 178.  Modificación de la Ley 26/2010 (Régimen jurídico y de procedimiento de las 
administraciones públicas de Cataluña).
Se añade un artículo, el 66 bis, a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico 
y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 66 bis.  Participación de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones 
reglamentarias
1.  Con carácter previo a la elaboración del texto de una disposición 
reglamentaria, debe efectuarse una consulta pública a la ciudadanía a través del 
Portal de la Transparencia de la Generalidad. La consulta debe llevarse a cabo con 
relación a la evaluación preliminar de la iniciativa, que debe tener el siguiente 
contenido mínimo:
a)  Los problemas que se pretenden solucionar.
b)  Los objetivos que se quieren alcanzar.
c)  Las posibles soluciones alternativas normativas y no normativas.
d)  Los impactos económicos, sociales y ambientales más relevantes de las 
opciones consideradas.
2.  La consulta debe difundirse entre los sujetos y las entidades potencialmente 
afectados y debe realizarse de acuerdo con estándares mínimos de calidad, de 
forma que para asegurar una participación efectiva, es necesario establecer un 
plazo suficiente de, como mínimo, un mes.
3.  Puede prescindirse del trámite de consulta previa si, con relación a la 
iniciativa que se considera aprobar, se justifique que concurre alguno de los 
siguientes supuestos:
a)  Su contenido es presupuestario u organizativo.
b)  Se limita a refundir o consolidar textos.
c)  Consiste esencialmente en el cumplimiento de un mandato legal delimitado 
en cuanto al contenido, o bien en la transposición de normativa de la Unión Europea 
de carácter técnico, y no impone a los destinatarios nuevas obligaciones con 
respecto a la norma de origen.
d)  De la evaluación preliminar se desprende que no se generan impactos 
relevantes desde la perspectiva económica, social o ambiental.
e)  Por razones graves de interés público debidamente acreditadas.
4.
5.  La Administración de la Generalidad debe publicar en el Portal de la 
Transparencia una valoración general de las contribuciones efectuadas en el trámite 
de consulta pública.»
Artículo 179.  Modificaciones de la Ley 19/2014 con relación a los sistemas de gestión de 
la calidad de los servicios públicos.
1.  Se modifica el artículo 59 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,  e.
acceso a la información pública y buen gobierno, que queda redactado del siguiente modo: w.b
«Art1íc. uloL 5a9 A. dmSiisnteismtraasc idóen  gpeústbiólinc ad ed leab cea ligdaarda dneti zloasr  sqeurvei cilooss  psúebrlviciocsio.s de su
cinocmlupire cteanrtcaias  sdee  psreersvticaino  eenn  ceol nmdaicricoon eres gmulíandimora sd ey  lroasz osnearvbicleioss d peú cbalilcidoasd f,i nya ldisetbaes   BOE-A-cable e
que gestiona directamente.
2.  En el caso de los servicios que se prestan a través de redes, pueden 
aprobarse cartas base de los servicios que fijen los estándares mínimos de calidad 
de servicio comunes a todos los centros que la integran. A los efectos de esta ley se 
entiende por red el conjunto de dos o más unidades que prestan un mismo servicio 
en régimen de descentralización funcional o desconcentración.
3.  La existencia de cartas base no excluye que puedan aprobarse cartas 
propias de uno o algunos centros de la red a fin de declarar estándares de calidad 
más exigentes que los establecidos en la carta base.
4.  Las cartas de servicio deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
a)  La organización del servicio.
b)  La identificación de los responsables de la gestión.
c)  La relación de servicios que se prestan.
d)  Los estándares mínimos de calidad del servicio desglosados, en su caso, 
por categorías de prestaciones, y los indicadores para evaluar su aplicación.
e)  Las condiciones de acceso a los servicios.
f)  Las medidas de reparación o corrección en caso de incumplimiento de los 
estándares mínimos establecidos en las cartas.
g)  Los derechos y deberes de los usuarios.
h)  El régimen económico aplicable, con indicación de las tasas y los precios 
públicos que sean aplicables, en su caso.
i)  La forma que tienen los usuarios de los servicios de presentar quejas y 
sugerencias.
j)  Las vías que peden utilizar los usuarios puedan obtener información y 
orientación con relación al servicio público.
5.  Los estándares mínimos de calidad declarados en las cartas de servicio son 
exigibles para la Administración cuando el servicio se presta en las condiciones 
normales para las que se establecieron y sin perturbaciones ajenas que alteren su 
funcionamiento. Si concurren razones excepcionales sobrevenidas que afecten a su 
funcionamiento de manera extraordinaria, pueden suspenderse temporalmente uno 
o algunos de los estándares mínimos de calidad declarados en la carta y los 
derechos directamente derivados de esta. En el ámbito de la Administración de la 
Generalidad, la suspensión se hace efectiva mediante resolución motivada del titular 
del departamento o departamentos que aprobaron la carta. La resolución de 
suspensión debe determinar la causa que la motiva, el alcance y las consecuencias 
de la suspensión. La duración de la suspensión en ningún caso puede extenderse 
más allá de la causa excepcional que la motiva y, en su caso, del plazo estrictamente 
necesario para remover los obstáculos o afectaciones ocasionados.
6.  En el ámbito de la Administración de la Generalidad y su sector público 
institucional, las cartas de servicios se aprueban por resolución de los titulares de 
los departamentos competentes de los servicios objeto de las cartas, previo informe 
favorable de la unidad departamental competente en materia de calidad. Los 
consejos comarcales, los municipios de gran población y los consejos de veguería 
deben aprobar las cartas de los servicios de competencia municipal que gestionen, 
de acuerdo con lo que determina la legislación de régimen local. Las cartas de 
servicio y sus actualizaciones entran en vigor a partir de su publicación en los 
correspondientes diarios oficiales.
7.  En el ámbito de los servicios públicos prestados mediante gestión indirecta,  e.e
el aseguramiento de la calidad del servicio se hace efectivo a través de los  w.b
mecanismos concretos de control de la ejecución que establece la legislación  69ww
aplicable con relación a los medios de control y garantía de la calidad.»
2.  Se añade una disposición adicional, la décima, a la Ley 19/2014, con el siguiente 
texto:
«Décima.  Regímenes jurídicos singulares sobre sistemas de gestión de la calidad 
de los servicios públicos.
1.  Las cartas de servicio a que se refiere el artículo 59.1, con relación a los 
servicios que gestionan directamente las administraciones públicas de Cataluña, 
pueden ser sustituidas por otros sistemas de gestión de la calidad respecto de los 
servicios de salud asistencial, servicios sociales, penitenciarios y de educación 
reglada. Dicha previsión también es aplicable a los servicios cuya normativa 
sectorial específica haya previsto sistemas propios de gestión de la calidad 
diferentes a las cartas de servicio.
2.  Los sistemas alternativos de gestión de la calidad a que se refiere el 
apartado 1 deben publicarse en el espacio web de la administración titular del 
servicio o entidad prestadora de este; junto con los indicadores de calidad del 
servicio, y los correspondientes informes de evaluación.
3.  En todo lo no establecido por la normativa sectorial específica, a los 
sistemas de gestión de calidad alternativos se aplican supletoriamente las 
disposiciones contenidas en los capítulos I y II del título V.»
Artículo 180.  Modificación de la Ley 5/2006 (Libro quinto del Código civil, relativo a los 
derechos reales).
1.  Se modifica el apartado 3 del artículo 569-13 del libro quinto del Código civil de 
Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, que queda redactado del 
siguiente modo:
«3.  La prenda de créditos debe constituirse en documento público y debe 
notificarse al deudor o deudora del crédito empeñado. El deudor o deudora se libera 
de la obligación si paga a su acreedor o acreedora antes de tener conocimiento de 
la prenda.»
2.  Se modifica el apartado 1 del artículo 569-15 del libro quinto del Código civil de 
Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Un bien empeñado puede volverse a empeñar, salvo pacto en contrario. La 
persona que empeñe tiene la carga de manifestar, en el momento de la constitución 
de la nueva prenda, la existencia y las condiciones de las prendas anteriores.»
3.  Se añade un apartado, el 1 bis, al artículo 569-15 del libro quinto del Código civil 
de Cataluña, con el siguiente texto:
«1 bis.  En caso de ejecución, la prioridad entre las distintas prendas viene 
determinada por la fecha de su constitución, salvo pacto en contra.»
4.  Se modifican las letras a) y b) del apartado 4 del artículo 569-20 del libro quinto del 
Código civil de Cataluña, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a)  La subasta, salvo pacto en contra, debe realizarse en cualquier notaría del 
municipio donde los deudores tienen el domicilio, si es en Cataluña, a elección de 
los acreedores. Si no existe ninguna notaría en dicho municipio, debe hacerse en 
cualquiera de las que haya en el distrito notarial. e.e
b)  En la subasta deben ser citados los deudores, los pignorantes si son otras  b
personas, los acreedores pignoraticios si hay más de una prenda, y los demás  69ww
teitsutlaabrelesc iddeo  dpeorre clah olesg riselaalceisó ns onbortea reial lb. ieLna.  sLuab naosttaifi cdaecbióen a sneu nhcaicaers dee,  caocnu eurnd om cínoinm loo 
dmeis cminac,o e yn  uunn mo ádxei mloos  dpee rqióudiniccoes d díaes  mháabyioler sc idrceu alancteiólanc eiónn  erel smpuencitcoip aio l ad foencdhea  ddeeb laa 
tener lugar y en el ‘‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’’.»
PARTE FINAL
Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera.  Actualización de disposiciones en materia de caza.
1.  Los importes de las multas reguladas por la Ley del Estado 1/1970, de 4 de abril, 
de caza, fijados por el Decreto del Estado 506/1971, de 25 de marzo, se actualizan en el 
ámbito territorial de Cataluña en los términos siguientes, con la condición de que, si el 
beneficio obtenido como resultado de la comisión de la infracción es superior al importe 
que corresponda como máximo, el importe de la multa se incrementará hasta la cuantía 
del beneficio obtenido por el infractor:
a)  Infracciones muy graves, de 3.001 a 120.000 euros.
b)  Infracciones graves, de 1.001 a 3.000 euros.
c)  Infracciones menos graves, de 301 a 1.000 euros.
d)  Infracciones leves, de 60 a 300 euros.
2.  Se faculta al titular del departamento competente en materia de caza para que 
mediante orden actualice la relación de las especies que pueden ser objeto de caza en 
Cataluña.
3.  Se faculta al titular del departamento competente en materia de caza para que 
mediante orden actualice el baremo de valoración de ejemplares de especies cinegéticas.
Disposición adicional segunda.  Extinción del consorcio Centro de Investigación en 
Economía y Salud.
1.  Se suprime el consorcio Centro de Investigación en Economía y Salud, creado por 
el Acuerdo GOV/260/2010, de 14 de diciembre, y se extingue su personalidad jurídica.
2.  Las entidades integrantes del consorcio Centro de Investigación en Economía y 
Salud asumen, en el ámbito de las competencias respectivas, las finalidades y actividades 
que tenía asignadas el consorcio.
Disposición adicional tercera.  Régimen de autonomía de gestión de entidades que 
actúan en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y en el 
ámbito de la movilidad.
El departamento competente en materia de finanzas debe elaborar en el año 2020, 
previa consulta al departamento competente en materia de organización del sector público, 
un informe de valoración del régimen de autonomía de gestión aplicable a las entidades 
del sector público que actúan en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación y a determinadas entidades del sector público que actúan en el ámbito de la 
movilidad.
Disposición adicional cuarta.  Oferta formativa del Centro de Formación Profesional de 
Automoción.
El Gobierno ha de desarrollar y poner en marcha la oferta formativa del Centro de 
Formación Profesional de Automoción para el curso 2020-2021, y debe asegurar que los 
departamentos competentes actúen en coordinación con los agentes sociales y  s
económicos para garantizar una transición adecuada entre la formación del Centro de  e.
Formación Profesional de Automoción y el mundo laboral. w.
Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de las formas de gestión no 
contractuales en materia de prestación de servicios sociales y sanitarios.
1.  Hasta la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de las formas de gestión no 
contractuales en materia de servicios sociales, se mantienen las normativas vigentes 
sobre concertaciones y convenios en este ámbito.
2.  Hasta la entrada en vigor de la ley reguladora de las formas de gestión no 
contractuales en materia de salud, se mantienen los actuales convenios, contratos y 
conciertos para la provisión de servicios sanitarios de internamiento, de atención primaria, 
de atención sociosanitaria, de atención a la salud mental y de atención a las 
drogodependencias.
Disposición transitoria segunda.  Régimen retributivo transitorio del personal de los 
cuerpos al servicio de la Administración de justicia en Cataluña.
1.  El personal de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia en Cataluña 
que presta servicios en partidos judiciales donde aún no se han aprobado las relaciones 
de puestos de trabajo, y hasta que se aprueben dichas relaciones, percibirá las 
retribuciones básicas y complementarias establecidas en la Ley orgánica del poder judicial 
y otras normas de aplicación, así como las establecidas en las leyes de presupuestos 
generales del Estado aplicables al personal al servicio de la Administración de justicia.
2.  Las retribuciones básicas son iguales a las establecidas por la ley para las carreras 
judicial y fiscal, y las retribuciones complementarias son las siguientes:
a)  El complemento general de puesto.
b)  El complemento específico.
c)  El complemento de carrera profesional.
d)  El complemento de productividad.
e)  Las gratificaciones por servicios extraordinarios.
3.  El complemento general del puesto se percibe en la cuantía fijada anualmente en 
la ley de presupuestos generales del Estado.
4.  El complemento específico se percibe en la cuantía que se fije por acuerdo de 
gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de justicia, que en todo 
caso no puede ser inferior a la establecida por la ley de presupuestos generales del 
Estado. Este complemento específico absorbe los importes de los complementos indicados 
a continuación, y se percibe en todo caso sin perjuicio de los conceptos retributivos que 
constan en los apartados 10, 11, 12, 13 y 19 de la presente disposición transitoria:
a)  Los importes del complemento específico transitorio y del complemento de mejora 
adicional.
b)  El importe del complemento de penosidad de los puestos de trabajo del Servicio 
Común de Notificaciones y Embargos que en la fecha de entrada en vigor de la presente 
disposición tengan asignado este complemento.
c)  El importe del complemento de los puestos de trabajo del Servicio de Apoyo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en la fecha de entrada en vigor de esta 
disposición tengan asignado este complemento.
d)  El complemento de jerarquía, el complemento por el ejercicio de otra función y el  e.e
complemento retributivo por cumplimiento de programas de los puestos de trabajo del  w.b
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña que en la fecha de entrada  69ww
erenq vu5iigs. oitor Esd le y c lpaoo mpr rplealsese mcnuetean ntdotií sadpseo f sijciacadiórarnse  rtmean epgdarioanfn eatess iiorgennaaal ldd osesec  reepstetoor.csi bcoem epnle lmose nttéorsm.inos, con los  OE-A-2020-55able en https://
6.  El complemento de productividad incluye los importes de los complementos 
retributivos del personal de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia fijados 
mediante programas concretos de actuación aprobados por acuerdo del Gobierno vigentes 
en la fecha de la entrada en vigor de la presente disposición, hasta que se revisen, así 
como otros que puedan aprobarse.
7.  El personal de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia que preste 
servicios de carácter extraordinario fuera de la jornada normal de trabajo tiene derecho a 
percibir, en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios, el importe de las 
cuantías que se fijen por acuerdo del Gobierno.
8.  El personal de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia que presta 
servicios en los órganos judiciales o servicios en los que el Consejo General del Poder 
Judicial haya considerado necesaria la atención permanente y continuada tiene derecho a 
percibir, en concepto de guardia, la remuneración prevista en la orden ministerial que 
regule las retribuciones complementarias por servicios de guardia del personal al servicio 
de la Administración de justicia. Asimismo, este personal percibe, en su caso, las 
correspondientes indemnizaciones por razón del servicio.
9.  Hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, se mantendrán las 
prolongaciones de jornada establecidas en el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, 
de 24 de noviembre, por el que se fija el complemento de destino de los funcionarios de 
los cuerpos de médicos forenses, técnicos facultativos del Instituto de Toxicología, 
oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia, técnicos especialistas, 
auxiliares de laboratorio del Instituto de Toxicología y agentes de laboratorio a extinguir del 
Instituto de Toxicología.
10.  En los partidos judiciales en los que aún no haya sido implantada la nueva oficina 
judicial, y hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, momento en que 
pasarán a integrarse en el complemento específico, deben abonarse al personal del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa destinado a los registros civiles de los 
partidos judiciales donde existe más de un juzgado de primera instancia que haya sido 
habilitado para desarrollar por delegación las funciones establecidas en el artículo 44.3 del 
Reglamento de la Ley del Registro Civil, las retribuciones establecidas en la Circular 1/2014, 
de 15 de septiembre, de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia.
11.  Hasta que no se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, el personal de 
los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia acredita, por el trabajo penoso en 
mayor grado que conlleva el cumplimiento de funciones por salidas en los centros 
penitenciarios, dentro del horario de trabajo, 2,45 puntos en el caso del personal del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2,15 puntos en el caso del personal 
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, y 85 puntos en el caso del 
personal del Cuerpo de Auxilio Judicial. Dichas percepciones únicamente se acreditarán a 
un funcionario de cada uno de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación 
procesal y administrativa y auxilio judicial, por órgano judicial, y de forma rotativa, mensual 
y voluntaria mediante la certificación de las salidas efectuadas expedida por el letrado de 
la Administración de justicia.
12.  Hasta que no se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, momento en que 
pasarán a integrarse en el complemento específico, el personal de los cuerpos al servicio 
de la Administración de Justicia destinado al Servicio Común de Notificaciones y Embargos 
acredita, por diligencias realizadas fuera del horario de trabajo establecido en jornada 
continuada, al no haberse podido llevar a cabo por ausencia de la persona implicada, 6,5 
puntos en el caso del personal del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y 5,5  es
puntos en el caso del personal del Cuerpo de Auxilio Judicial. Dichas percepciones se  o
ashae aclarrbve e1oidcr3fi iit.roca eisnra áHalcinszoa  amsdcdtoeauoml n  qjeueousrs eatm,a  dsdsáoe ex d d aiimfelpoig orrlaeum sneaa cbla  ie1uaron5dst   ial%eeatnxsi vpc draieeea d lmsali adcpe airnopo spnlvauoeinnarst cl ie dlilaylae  lle  evpdstoure lateu ideesnonsttoa etdosr ide sade  ,lec arem u tArceeahdrdbpomiao aaijsnno  pit,sde eete rrlla c apcic beaicóirdresn a2ro t 2dinfu3eiacn, la4j ouac0 sdid ótesiencuc i rraldioot.oess     OE-A-2020-5569able en https://www.
por causa celebrada con el tribunal del jurado, de acuerdo con la certificación expedida por
el letrado de la Administración de justicia del Servicio Común y Asuntos Gubernativos de 
cada una de las audiencias provinciales. Dicha percepción se actualizará de conformidad 
con lo establecido por la Ley de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio 
presupuestario.
14.  El personal de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación 
procesal y administrativa y de auxilio judicial adscritos a los servicios comunes procesales 
generales a los partidos judiciales de Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú e Igualada, 
que en la fecha de entrada en vigor de la presente disposición perciben 5, 2 y 5 puntos 
respectivamente, continuarán percibiéndolos hasta la implantación de la nueva oficina 
judicial, en los términos previstos en las correspondientes normas de creación de los 
servicios comunes.
15.  El personal adscrito al equipo de mejora a que se refiere el último párrafo del 
apartado 7 de la Resolución JUS/761/2008, de 12 de marzo, de implantación de un servicio 
común procesal general y de un ámbito piloto de trabajo de ejecución en el partido judicial 
de Vilanova i la Geltrú, que mantiene la vigencia de acuerdo con la Resolución 
JUS/3094/2015, de 30 de diciembre, que en la fecha de entrada en vigor de esta disposición 
transitoria percibe 3 puntos, los continuará percibiendo mientras cumpla estas funciones.
16.  El personal de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación 
procesal y administrativa y de auxilio judicial adscrito al Programa de implementación y 
seguimiento de la oficina judicial y fiscal continuarán percibiendo las retribuciones 
específicas previstas en el mencionado Programa.
17.  El personal de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, de tramitación 
procesal y administrativa y de auxilio judicial que presta servicios en el partido judicial de 
Valls, percibirá las retribuciones previstas en esta disposición transitoria hasta que entren 
en funcionamiento las diferentes unidades de la oficina judicial de Valls, con la estructura 
y las funciones establecidas en la Orden JUS/23/2018, de 27 de febrero, de creación de 
los servicios comunes procesales en el partido judicial de Valls.
18.  Se deja sin efecto, a partir de la entrada en vigor de esta disposición transitoria, 
el apartado 6.1.1 del Acuerdo de la Mesa general de negociación del personal al servicio 
de la Administración de justicia en Cataluña, de ratificación del Preacuerdo de 8 de junio 
de 2006, sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de 
justicia en Cataluña, publicado por la Resolución TRI/4116/2006, de 13 de noviembre.
19.  Hasta que no se aprueben las relaciones de puestos de trabajo, momento en que 
pasarán a integrarse en el complemento específico, el personal destinado a los juzgados 
de violencia sobre la mujer percibe, en concepto de penosidad, las cantidades actualmente 
establecidas en los complementos que retribuyen esta materia. Esta percepción se 
actualizará conformemente a las previsiones de la ley de presupuestos generales del 
Estado para cada ejercicio presupuestario.
20.  Se habilita al departamento competente en materia de justicia para que emita las 
instrucciones necesarias para hacer efectivo en su ámbito competencial lo establecido por 
la presente disposición transitoria y para garantizar el control del cumplimiento de las 
medidas que contiene.
Disposiciones derogatorias
Disposición derogatoria primera.  Derogación normativa.
Ultra las derogaciones normativas contenidas en las diversas partes del articulado de la  s
presente ley, integradas por razón del ámbito material específico en las respectivas  oe.
modificaciones legislativas, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que  w.
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entidades públicas.
b)  Se deroga el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento sobre el régimen de pago 
de los tributos sobre el juego, aprobado por el Decreto 2/2014, de 7 de enero.
c)  Se deroga el Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de regulación de las agencias 
de viaje.
Disposición derogatoria segunda.  Habilitación para la derogación normativa.
Se habilita al Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y el 
conocimiento cierto del ordenamiento jurídico, a derogar expresamente, a propuesta del 
departamento de la Presidencia, las disposiciones normativas de carácter reglamentario 
cuyo contenido haya perdido su vigencia o que hayan quedado obsoletas.
Disposiciones finales
Disposición final primera.  Desarrollo reglamentario de la Ley de la lengua de signos 
catalana.
El Gobierno debe desarrollar en el plazo más breve posible la Ley 17/2010, de 3 de 
junio, de la lengua de signos catalana.
Disposición final segunda.  Revisión del marco legal regulador de las formas de gestión 
no contractuales en materia de prestación de servicios sociales y sanitarios.
1.  El Gobierno debe aprobar, en el plazo de dos años, un proyecto de ley para revisar 
el marco regulador de la gestión concertada de naturaleza no contractual para la prestación 
de servicios de carácter social.
2.  El Gobierno debe aprobar, en el plazo de dos años, un proyecto de ley para 
establecer el marco regulador de la gestión concertada de naturaleza no contractual para 
la prestación de servicios sanitarios.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya», sin perjuicio de las fechas específicas de entrada en vigor 
que fijan determinados preceptos del articulado de la ley con relación a algunas de las 
modificaciones legislativas que contiene.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la 
hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de abril de 2020.–El Presidente de la Generalidad de 
Cataluña, Joaquim Torra i Pla.–El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Economía 
y Hacienda, Pere Aragonès i Garcia.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 8124, de 30 de abril de 2020)