BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Lunes 3 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 63132
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9055 Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Vilagarcía de Arousa a practicar un asiento 
de presentación.
En el recurso interpuesto por don J. C. M., contra la negativa a practicar un asiento 
de presentación por la registradora de la propiedad de Vilagarcía de Arousa, doña Ana 
Cristina Nogueira Ramadas.
Hechos
I
El día 13 de febrero de 2020 tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de 
Vilagarcía de Arousa instancia suscrita por don J. C. M., fechada el día 7 de febrero, en 
la que, después de manifestar que es «propietario de una finca en virtud de escritura 
cuya copia se adjunta. Al propio tiempo indica que según se justifica en documentos que 
se acompañan, uno de los linderos D. B. P. C., tiene la pretensión de inscribir finca de su 
propiedad en la cual incluye en la misma: Camino de servicio de presa y desviando el 
curso de esta última. Por lo anteriormente expuesto y en base a la documentación 
adjunta  es  por  lo  que;  Solicita  la  intervención  de  ese  organismo  para  impedir  la 
usurpación de una titularidad sobre una propiedad de dominio público, enviando una 
inspección sobre el terreno que verifique lo manifestado».
II
Presentada la referida instancia en el Registro de la Propiedad de Vilagarcía de 
Arousa fue calificada negativamente, con fecha 14 de febrero de 2020, expresando: 
«Hechos:  Con  fecha  13  de  febrero  de  2020,  se  presenta  en  esta  oficina,  la 
documentación  anteriormente  reseñada,  en  la  que,  el  que  suscribe,  entre  otras 
solicitudes, expone que uno de los linderos, don B. P. C., tiene la pretensión de inscribir 
finca de su propiedad, en la cual incluye en la misma, camino de servicio, presa y 
desviando el curso de esta última; por lo que solicita la intervención de este organismo al 
objeto de impedir la usurpación de una titularidad sobre una propiedad de dominio 
público,  enviando  una  inspección  sobre  el  terreno  para  verificar  lo  manifestado. 
Acompaña asimismo documentación complementaria por fotocopia arriba indicada, al 
objeto de aclarar lo anteriormente expuesto. Fundamentos de Derecho: Se presenta 
instancia, acompañada de documentación complementaria, solicitando la intervención 
del Registro de la Propiedad para enviar una inspección sobre el terreno a fin de verificar 
lo manifestado por el suscribiente en los términos referidos en los hechos. No es posible 
llevar a cabo lo pretendido por el solicitante, dado que con arreglo al art. 1 de la Ley 
Hipotecaria: "El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de 
los  actos  y  contratos  relativos  al  dominio  y  demás  derechos  reales  sobre  bienes  e.e
inmuebles".  Asimismo,  el  artículo  420  del  Reglamento  Hipotecario  dispone  que  los  b
Registradores no extenderán asiento de presentación de los documentos privados, salvo  55ww
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de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad
que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro –
que gozan erga omnes de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la 
salvaguardia jurisdiccional– –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–, está fundado en 
una  rigurosa  selección  de  los  títulos  inscribibles  sometidos  a  la  calificación  del 
registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la 
exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en 
los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así 
como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora 
debatido». Igualmente, y como reiteradamente ha establecido la DGRN, es principio 
básico de nuestro Derecho hipotecario que, como regla general, sólo la documentación 
auténtica  y  pública  puede  tener  acceso  al  Registro.  Tratándose  de  documentos 
notariales, la copia autorizada o el testimonio notarial correspondiente; y tratándose de 
documentos judiciales, las copias certificadas y los testimonios que de las resoluciones y 
diligencias  de  actuaciones  judiciales  de  toda  especie  expidan  los  letrados  de  la 
Administración de Justicia –a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, de las 
actuaciones procesales que se realicen en el Tribunal o ante él–, y que, conforme al 
artículo 319.1 de la Ley rituaria, hacen prueba plena del hecho o acto que documentan y 
de la fecha en que se produce tal documentación, requisitos de forma que no se cumplen 
en el presente caso respecto de los documentos aportados.
No cabe, tras lo expuesto, practicar asiento de presentación, dado que estamos ante 
un documento privado, acompañado de fotocopias, que no tiene atribuida, por ley, 
eficacia registral alguna, no puede dar lugar a ninguna operación registral y, por lo tanto, 
no puede ser objeto de presentación. (…) Vilagarcía de Arousa, a 14 de febrero de 2020. 
La registradora. Fdo. Doña Ana Cristina Nogueira Ramadas».
III
Contra esta calificación, don J. C. M. interpone recurso por escrito de 20 de marzo 
de 2020, que es presentado el mismo siguiente en el referido Registro de la Propiedad. 
En el mismo indica que:
«Primero.–Esta  parte,  don  J.  C.  M.  mediante  escrito  dirigido  al  Registro  de  la 
Propiedad de Vilagarcía de Arousa (documento anexo número dos), apercibe de forma 
fehaciente de que se debe intervenir por parte de ese Organismo para impedir la 
usurpación de una titularidad sobre una propiedad de dominio público, enviando una 
inspección sobre el terreno para que se verifique lo manifestado.
Esta parte quiere dejar manifiesto mediante la presente que la idea básica que 
preside la usurpación es la ocupación o utilización de inmuebles ajenos persiguiendo un 
interés propio, y se encuentra tipificada en el Capítulo V del CP.
Segundo.–Esta parte como parte colindante de la finca que se pretende inscribir en 
el Registro de la Propiedad atisba que efectivamente una parte de terreno incluye un 
camino de servicio de presa y desvía por tanto el cauce de esta última por lo que 
procede a su debida reclamación.
La finca se denomina con el nombre de (…). Y la parte que pretende inscribirla, 
consta de titularidad don B. P. C. y su esposa, doña P. V. C.
Tercero.–Por  lo  que  esta  parte  actuando  diligentemente,  procedió  a  avisar 
preceptivamente a un perito para que llevase a cabo la medición en referencia a la 
realidad y que se ajustase lo máximo posible al terreno, todo ello queda reflejado por 
tanto en el documento anexo número tres, con el levantamiento topográfico realizado;  e.e
así como se adjunta documentación en dicho anexo justificativo de lo expuesto en la  b
presente. 55ww
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Diputación de Pontevedra; y así lo manifiesta el compareciente don B. P. C.
Quinto.–Por lo cual, esta parte se pone en contacto con este ente para que revise de 
forme fehaciente este hecho, y se proceda a verificar lo manifestado in situ siendo 
menester  proceder  de  forma  diligente,  esta  parte  ha  remitido  sendos  escritos  al 
Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, la Diputación de Pontevedra, Gerencia Territorial 
del Catastro, así como a la Xunta de Galicia, en la sección de Aguas de Galicia, en su 
demarcación Sur (se adjuntan como documento anexo número cinco).
Ámbito Jurídico-Material.
1.  La regulación del delito de usurpación la encontramos en el Capítulo V del Título 
XIII del Código Penal, concretamente en los artículos 245 a 247.
2.  Artículo 247.1. “El que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso 
público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses. 2. Si la utilidad reportada no excediere de 400 
euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
3.  Las aguas públicas que se derivan de sus cauces» naturales y entran en otros 
artificiales construidos siguen siendo públicas.
Tanto si se derivan a título de concesión o de prescripción adquisitiva; si el titular es 
un particular o una Comunidad de regantes; y si el destino del agua es su consumo total 
o parcial en riegos o abastecimiento o sólo se usa para producción de energía eléctrica o 
fuerza  motriz.  Toda  la  argumentación  en  contrario  carece  de  consistencia.  Ni  el 
número 5. °, del art. 408 del Código civil, ni los arts. 98 y 166 de la ley admiten la 
pretendida interpretación de contradecir y triunfar sobre la definición de aguas públicas 
del art. 407 del Código y 4. ° de la ley; aquéllos no representan el antecedente del 
derecho patrio como sostenía la S. de 30 de septiembre de 1896 y localizan en la 
Ley 8.", tít. XXVIII, y Ley 18, tít. XXXII, de la Partida 3. (31); ni cabe afirmar que cuando 
las aguas han sido separadas de sus cauces naturales no pueden figurar en ninguna de 
las  enumeraciones  de  aguas  públicas  contenidas  en  la  legislación,  ya  que  según 
sostienen el R. D. de 8 de febrero de 1898 y la sentencia de 8 de enero de 1919, 
tampoco  hay posibilidad  de comprenderlas  en ninguna de las clasificaciones sobre 
aguas  privadas,  y  en  realidad  tratándose  de  las  mismas  aguas  sólo  en  situación 
diferente, la Ley no tenía por qué incluirlas ni en una ni en otra enumeración.
Cuando el párrafo, primero del núm. 5. ° del art. 408 del Código nos dice: “Los 
cauces de aguas corrientes, continuas o discontinuas, formados por aguas pluviales, y 
los de los arroyos que atraviesen fincas que no sean de dominio público”, no se refiere a 
otra cosa que a los cauces, de ahí el valor interpretativo de la sentencia de 5 de mayo 
de 1943 al concordarlo con los arts. 28, 29, 32 y 33 de la ley, de los cuales es fiel 
trasunto y con relación a los cauces, nunca a las aguas. Al agregar en su párrafo 
segundo: “En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y las márgenes 
serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que van destinadas 
las aguas. Los dueños de los predios, por los cuales o por cuyos linderos pase el 
acueducto, no podrán alegar dominio sobre él, ni derecho al aprovechamiento de su 
cauce o márgenes, a no fundarse en títulos de propiedad expresivos del derecho o 
dominio que reclamen”, transcribe literalmente el art. 98 de la ley, más todo el contenido 
con palabras muy semejantes del párrafo segundo del art. 99, ambos referentes a la 
servidumbre  de  acueducto  y  normativos,  como  los  anteriores  y  posteriores,  de  las 
relaciones entre los predios sirviente y dominante, sin que estas relaciones entre partes 
tengan virtualidad para modificar la naturaleza jurídica de las aguas públicas. Por último 
el art. 166 de la ley encuadrado en la sección que trata del aprovechamiento de las  e
aguas  públicas  para  el  abastecimiento  de  poblaciones,  sí  reúne  un  ejemplo  de  la  bo
impropiedad terminológica de los reformadores de 1879, cuando nos habla de “cuyo  55ww
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al  pago  de  indemnización  en  todos  los  casos  de  expropiación,  como  se  aprecia
relacionándolo con el 168 y ambos con sus precedentes de la Ley de 1866, y todo ello, 
con la Constitución y la Ley de Expropiación Forzosa de 30 de junio de 1876 y 10 de 
enero de 1879, entonces de tanta actualidad.
En  consecuencia  de  todo  ello  llegamos  al  convencimiento  de  que  frente  a  las 
terminantes manifestaciones de la exposición de motivos y la clara expresión de los arts. 
407 del Código civil y el 4.° de la Ley, no pueden prevalecer ni el núm. 5.° del art. 408 de 
aquél, ni los arts. 98 y 166 de ésta, que, además de no ser contradictorios con aquéllos, 
nunca pudieron tener la pretensión de normar la naturaleza de las aguas, limitándose a 
disponer  lo  pertinente  sobre  cauces,  relaciones  entre  partes  en  la  servidumbre  de 
acueducto  y  formas  de  indemnización  en  expropiaciones  forzosas  u  ocupaciones 
temporales de aprovechamientos de aguas.»
IV
La registradora recurrida emite informe en defensa de su nota de calificación el 30 de 
marzo de 2020 ratificándola en todos sus extremos, elevando el expediente a este 
Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 3, 17, 18, 19, 19 bis, 24, 38, 40, 66, 248.3, 258.4 y 322 y 
siguientes  de  la  Ley  Hipotecaria;  416  y  420  del  Reglamento  Hipotecario,  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de enero 
de 2000, 7 de mayo de 2002, 9 de mayo de 2003, 2 de marzo de 2005, 15 de marzo y 5 
de julio de 2006, 19 de julio de 2007, 11 de febrero, 4 y 10 de noviembre y 23 de 
diciembre de 2008, 20 de septiembre de 2010, 28 de marzo de 2011, 3 de mayo y 14 de 
julio de 2012, 20 de noviembre de 2013, 17 de febrero de 2014, 9 de julio y 30 de 
noviembre de 2015, 3 de mayo de 2016, 6 de junio de 2017 y 12 de enero y 23 de marzo 
de 2018, y de 17 de mayo de 2018.
1.  Mediante la instancia presentada en el Registro de la Propiedad de Vilagarcía de 
Arousa se solicita la visita e inspección de una finca para evitar la pretensión de un 
colindante, según manifiesta, de «usurpar el dominio público» mediante la «inclusión de 
un camino de servicio de presa y desvío por tanto el cauce de esta última».
La registradora deniega la práctica del asiento de presentación por aplicación del 
artículo 420 del Reglamento Hipotecario y por entender que, conforme a los principios 
que informan el sistema registral español el Registro de la Propiedad tiene por objeto la 
inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes inmuebles.
2.  En  cuanto  a  la  idoneidad  del  recurso,  debe  recordarse  que  en  la  primera 
redacción del Reglamento Hipotecario el artículo 416 estableció que, ante la negativa a 
extender el asiento de presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. 
La Ley 24/2001 estableció en el artículo 329 de la Ley Hipotecaria que cabía interponer 
recurso de queja ante esta Dirección General, con alzada ante el juez de la capital de la 
provincia, pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la 
Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación directa. No 
obstante, este Centro Directivo ha entendido (cfr., Resoluciones citadas en los «Vistos») 
que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una calificación más y, como 
tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo recurso que puede interponerse  e.e
contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del documento y, por  b
tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los artículos 322  55ww
y sigNuaietunrtaelsm deen tlea,  Leely o Hbijpeotote dcea rriae.curso en estos casos es exclusivamente determinar si
qpuroec,e ddee  por ancot iclaa rpsreá cdtiiccah od eals aiesnieton,t od edbee práre esne nstauc imóno,m seinn tpor elljeuvzagra ra  scoabbroe  leal  creaglifisictaracdióonr 
respecto al acceso del título presentado a los libros de inscripciones.
3.  Dados los efectos que, conforme al principio de prioridad registral produce el 
asiento de presentación en el Libro Diario (artículos 17 y 24 de la Ley Hipotecaria), es 
lógico que el legislador no quiera que dicho asiento se extienda mecánicamente con la 
sola aportación del título correspondiente al Registro.
Por ello el registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir si 
procede o no su efectiva presentación al Diario. Pero la calificación que a estos efectos 
realiza el registrador es distinta de la que debe llevar a cabo con los documentos ya 
presentados para determinar si son o no susceptibles de inscripción o anotación.
Consecuentemente,  en  este  momento  inicial  el  registrador  debe  limitarse 
exclusivamente a comprobar que concurren los requisitos que nuestro ordenamiento 
establece para que un documento pueda acceder al Libro Diario. Si se cumplen estos 
requisitos ha de practicarse el asiento de presentación, aunque se pueda ya observar 
que existe algún defecto que en su momento provocará la negativa a practicar la 
anotación o inscripción definitiva del título.
4.  Por lo que se refiere a la calificación objeto de este recurso, el artículo 420.1 del 
Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena 
a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, 
salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral.
Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de 
presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se 
solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro.
Este  es  el  criterio  que  ha  de  presidir  la  interpretación  del  referido  precepto 
reglamentario (vid. también el apartado 3 del mismo artículo 420, que prohíbe extender 
asiento de presentación de «los demás documentos que por su naturaleza, contenido o 
finalidad no puedan provocar operación registral alguna»). Por tanto, sólo en aquellos 
casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un 
asiento en los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título 
nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación. Es indudable que 
en el presente expediente nos encontramos, con claridad meridiana, ante una instancia 
privada que no puede provocar asiento registral alguno, por lo que debe confirmarse la 
decisión de la registradora.
5.  Por último, aunque –por hipótesis– la solicitud objeto de calificación hubiera 
podido ser objeto de asiento de presentación si hubiera reunido los requisitos necesarios 
para ello, y tuviera que pronunciarse este Centro Directivo respecto de la pretensión 
contenida en el recurso de que «se proceda a verificar lo manifestado in situ», es decir, 
la invasión de dominio público, debe reconocerse la extralimitación de tal pretensión 
respecto de las funciones que le son propias a nuestro sistema registral así como la 
extralimitación en los medios de calificación propios del procedimiento registral. Por 
tanto, y en caso de haberse practicado el referido asiento de presentación, la calificación 
igualmente debiera haber sido negativa.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
denegación de la práctica del asiento de presentación, en los términos que resultan de 
los anteriores Fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las  e
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de  bo
la Ley Hipotecaria. 55ww
PúbMlicaad, rSido, fí1a6 P udeen tjeu nSioa ndtiea g2o0.20.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe