BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 13 Miércoles 15 de enero de 2020 Sec. III.   Pág. 3899
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
595 Resolución de 7 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, 
por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para la 
realización de las pruebas de acceso a la profesión de Abogado y Procurador 
en la lengua cooficial.
Con fecha 20 de diciembre de 2019 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y la Generalitat Valenciana para la realización de las pruebas de acceso a la 
profesión de Abogado y Procurador en la lengua cooficial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 7 de enero de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz 
Lago.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat Valenciana para la 
realización de las pruebas de acceso a la profesión de Abogado y Procurador en la 
lengua cooficial
En Madrid, a 20 de diciembre de 2019
REUNIDOS
La Ministra de Justicia, Sra. Doña Dolores Delgado García, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, y en uso de las competencias 
que le corresponden en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
La  Consellera  de  Justicia,  Interior  y  Administración  Pública  de  la  Generalitat 
Valenciana,  Sra.  Dña.  Gabriela  Bravo  Sanestanislao,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  la  Generalitat  Valenciana,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
Decreto 6/2019, de 17 de junio, del president de la Generalitat, por el que nombra a las 
personas  titulares  de  las  vicepresidencias  y  de  las  consellerias,  en  uso  de  las 
competencias que le corresponden, en virtud de lo establecido en el artículo 49.1.22.ª del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y expresamente facultada para este 
acto por acuerdo del Consell de fecha 31 de octubre de 2019.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero. oe.
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de  5w
arécguiemredno  cdoen  aecl caertsícou lao  1la4 9p r1o.5fe.ªs idóen  lad eC oanbsotgitaudcoió ny  Edsep apñroolcau. rAaddeomr áesn,  lEa srpeagñuala ceiós nu dneal 
ceoxliagbeonrcaiad odreersiv afudnad adme elonst aalertsíc eunlo sla 1 i7m.3p ayr t2ic4i ódne  dlae  Cjuosntisctiiatu, cyi ólna:  ceasltiodsa dp rdoefel ssieornvaicleios  qsuoen   BOE-A-cable e
prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución 
garantiza a la ciudadanía.
Segundo.
Conforme al apartado primero del artículo 3 de la Constitución Española el castellano 
es la lengua Oficial del Estado, que todos los españoles tienen el derecho y el deber de 
conocer y usar. Asimismo, en el apartado segundo se establece «que las demás lenguas 
serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos».
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (artículo 6), reconoce en su 
territorio, el carácter oficial de su lengua, que, junto al castellano, el ciudadano tiene el 
derecho de conocer y usar.
Tercero.
Las Comunidades Autónomas, con lenguas cooficiales en nuestro territorio, vienen 
mostrando su interés en la realización de la prueba en la lengua cooficial propia.
Asimismo, la Administración General del Estado viene realizando un importante 
esfuerzo de impulso del uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la organización y 
funcionamiento administrativo; y se quiere seguir en esta línea en esta evaluación para el 
ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador, la cual posibilita el ejercicio de una 
profesión privada y no el acceso a un puesto o cargo dentro de las Administraciones 
Públicas.
Por todo ello se considera necesario instrumentalizar un mecanismo que asegure la 
realización de la prueba de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador en las 
lenguas cooficiales dentro de su respectivo ámbito y al tiempo, se asegure el respeto a 
principios esenciales, inherentes a dicha evaluación: que la prueba tenga carácter único 
e idéntico para todo el territorio español, la confidencialidad del contenido del examen 
durante todo el proceso, así como la calidad de la traducción.
Cuarto.
Precisamente, para avalar la tutela de estos principios se ha estimado conveniente 
proceder a la firma de este convenio, en el que queden claramente delimitadas las 
obligaciones por cada una de las partes.
En su virtud, suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Justicia para facultar que la prueba de acceso al 
ejercicio de las profesiones de abogado y procurador pueda hacerse, indistintamente, en 
castellano o en aquella lengua española que sea cooficial en la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con su Estatuto, en función de la libre decisión del aspirante.
Sobre la base de dicho objeto, la Generalitat Valenciana se compromete a garantizar 
que  los  servicios  de  traducción  dependientes  de  dicha  Administración  realicen  la  e.e
traducción de la prueba en la correspondiente lengua cooficial, guardando la debida  b
confidencialidad del contenido de dicha prueba. A tal objeto, la traducción se realizará en  w
la sePdoer  dseu  lap aGretere, necl iaM Tineirsritteorriioa l ddee l JMuisntiisctiear isoe d ec oJmusptricoima eetne  laa  Cfaocmiluitnaird aedl  aVcacleenscoi aan al.os
tVraaldeuncctioar,e ps aara  lalas  rienasltiazlaacciióonn eesn  elans  lam iGsmeraesn cdiea  lTae trrraitdouricacl iódne,l  aMsiín icsotemrioo  ad efa cJiulistatirc iaa  leons 
aspirantes, que realicen el examen en dicha Comunidad Autónoma, las plantillas en 
lengua cooficial el día de la realización de la prueba de acceso.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales del examen.
El desarrollo del examen de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 
queda sujeto a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales; al Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real Decreto 775/2001, de 3 de junio, y a las Órdenes Ministeriales que regulen las 
convocatorias respectivas para las pruebas de evaluación de aptitud profesional, o por la 
normativa estatal que sustituya o complemente a las anteriores.
Tercera.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica alguna para ninguna de las dos partes.
La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose al efecto todos los actos 
jurídicos  que  pudieran  dictarse  en  su  ejecución  y  desarrollo,  no  podrá  suponer 
obligaciones económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá ser atendida con 
sus medios personales y materiales.
Cuarta.  Comisión de seguimiento y control.
Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se creará una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por cuatro miembros designados, dos por el Ministerio de Justicia y dos por la 
Generalitat Valenciana. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo 
proponga cualquiera de las partes, remitiéndose copia de las actas, acuerdos e informes 
a la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Generalitat y al Ministerio de Justicia.
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Impulsar  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  el  mejor 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
c)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público respecto al 
funcionamiento de los órganos colegiados.
La  Comisión  será  presidida  de  forma  rotatoria  y  anualmente  por  uno  de  los 
representantes en la Comisión de cada uno de los firmantes del mismo tipo de Convenio, 
comenzando por el representante del Ministerio de Justicia de mayor rango.
Quinta.  Efectos del convenio.
El  presente  Convenio  tendrá  efectos  de  cuatro  años  naturales  a  partir  de  su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y será prorrogable  s
a su término por igual periodo mediante adenda expresa, que deberá formalizarse con  oe.
un mes de antelación a la expiración del Convenio. w.
con Ausni mpliaszmoo m, cínuiamlqou dieer atr edse  mlaess peas rate lsa  ffiermchaan teens  qpuoed rsáe  pprroecteenddear  as us ue xdpeirnaucniócnia. expresa  2020-595n https://w
Sexta.  Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser objeto de revisión y modificación, por acuerdo mutuo 
de las partes, mediante la firma de la correspondiente adenda.
Séptima.  Causas de extinción.
El  presente  convenio  se  extingue  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituye su objeto o por incurrir en las siguientes causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio,  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de las dos partes firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las 
dos partes firmantes.
En este caso, una parte podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para 
que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o  compromisos  que  se 
consideran  incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la  comisión  de 
seguimiento paritaria.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que emitió dicho requerimiento notificará a la otra parte la concurrencia de la causa 
de resolución y, en base al mismo, se entenderá resuelto el convenio.
d)  Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este convenio o en 
la ley.
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 52 de la citada Ley 40/2015, si cuando 
concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables del seguimiento y control 
de la ejecución del presente convenio, podrán acordar la continuación y finalización de 
las actuaciones en curso que consideren necesarias dentro del plazo improrrogable de 
un año a contar desde la fecha de la citada resolución, en los términos previstos en dicho 
artículo.
Octava.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y 
Control prevista en la cláusula cuarta. Una vez agotada esa vía, el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Novena.  Transparencia.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a  s
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b. de la Ley 19/2013  oe.
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, el presente Convenio  w.
sLeeryá I gp2uu/2ab0lmli1ce5an dtode e,e  nd2 ee  lcd Poeon rfaotabrlmr idli,ed  adlade  T crloaan n sGlope anereesrntaacbliiatlae dtc,ei dld oGe e onbT irelaornnss opa darteríec Enusclopiasa,  ñ9aB.1.u ecn)  yG 1o0b.i1e rdneo  lay   2020-595n https://w
Participación  Ciudadana  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  artículos  3.4  y  12.2  del
Decreto 105/2017 de 28 de julio, del Consell, que desarrolla la anterior, el texto íntegro  Bc
del convenio será publicado en el Portal de Transparencia de la Generalitat, gvaOberta, 
en el plazo de diez días hábiles desde la inscripción del convenio en el Registro de 
Convenios de la Generalitat.
Décima.  Protección de datos de carácter personal.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal, 
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como 
consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como en las disposiciones que en materia de protección de 
datos se encuentren en vigor a la firma del mismo o que puedan estarlo durante su 
vigencia. Ambas partes consienten que los datos personales derivados del contenido del 
presente Convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas 
con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los 
términos  establecidos  legalmente  mediante  comunicación  al  domicilio  social  de  la 
respectiva entidad.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en 
el lugar y fecha señalados al principio.–La Ministra de Justicia, Dolores Delgado García.–
La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, 
Gabriela Bravo Sanestanislao.