BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304 Martes 21 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 156171
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21007 Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo 
vital.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la 
renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró 
especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en 
España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no 
la ha corregido sustancialmente. En 2018, el último año para el que Eurostat ofrece 
datos comparados, el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superior a la 
media de la Unión Europea, y los ingresos del veinte por ciento de los hogares de renta 
más baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con 
renta más alta, mientras en la Unión Europea esta proporción es solo de una quinta 
parte.
Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más 
bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean 
particularmente  altas,  incluso  para  el  grado  de  desigualdad  agregada  del  país.  De 
acuerdo con la definición del INE y de Eurostat (personas que viven en hogares donde la 
renta disponible por unidad de consumo es inferior al 60 por ciento de la mediana de la 
renta nacional), en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de 
hogares se encuentran en riesgo de pobreza. Esta alta tasa de pobreza tiene una 
importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo. Según los últimos 
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, más 
del 26 por ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con ingresos 
inferiores al umbral de la pobreza, una situación que se agrava aún más en los hogares 
monoparentales, particularmente vulnerables además a la volatilidad de ingresos.
Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un 
factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado 
en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha 
debilidad deriva en parte del menor desarrollo y financiación de partidas con claro 
impacto redistributivo (en especial la ausencia de una política estatal de garantía última 
de ingresos, como existe en la mayor parte de los países europeos), y en parte también  es
por el diseño concreto que han tomado las políticas públicas. o
Ante esta realidad, han sido las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía  007ww
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variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura
y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso 
a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las 
cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.
Estas debilidades del sistema de garantía de ingresos español han sido puestas de 
manifiesto de manera recurrente en informes y recomendaciones procedentes de las 
instituciones  europeas.  Así,  en  la  recomendación  del  Consejo  relativa  al  Programa 
Nacional  de  Reformas  de  2018  de  España,  se  afirma  que  «el  impacto  de  las 
transferencias sociales en la reducción de la pobreza está por debajo de la media 
europea y está bajando. Los programas de garantía de rentas están marcados por 
grandes  disparidades  en  las  condiciones  de  acceso  y  entre  regiones,  y  por  la 
fragmentación  de  los  programas  destinados  a  diferentes  grupos  de  individuos  en 
búsqueda de empleo y gestionados por diferentes administraciones» (punto 12). En la 
Recomendación  de  2019,  se  afirma  que  «la  proporción  de  personas  en  riesgo  de 
pobreza y exclusión social, así como la desigualdad de ingresos sigue estando por 
encima de la media de la Unión (...). La pobreza infantil, aunque se está reduciendo, 
sigue siendo muy alta. La capacidad de las transferencias sociales diferentes de las 
pensiones  para  reducir  la  pobreza  sigue  siendo  de  las  más  bajas  de  la  Unión, 
especialmente entre los niños. El gasto social en hogares con niños como proporción 
del PIB es uno de los más bajos de la UE y está mal focalizado. (...) Mientras tanto, los 
sistemas  de  ingresos  mínimos  regionales  presentan  grandes  disparidades  en  las 
condiciones de acceso, cobertura y suficiencia (...). Como resultado, muchos de los que 
están en situación de necesidad no reciben apoyo» (punto 14).
También en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado 
en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo 
en noviembre de 2017, pretende dar a los ciudadanos europeos unos derechos sociales 
nuevos y más efectivos. Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte 
principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14) está dedicado a la renta 
mínima,  señalando  que:  «Toda  persona  que  carezca  de  recursos  suficientes  tiene 
derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna 
a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de 
capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima 
deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral».
Junto  a  estas  recomendaciones  procedentes  del  ámbito  comunitario,  múltiples 
estudios y reflexiones han contribuido en los últimos años al debate nacional sobre las 
carencias del modelo español de garantía de ingresos. Con el objeto de analizar el 
sistema de garantía de ingresos en nuestro país, así como sus necesidades de reforma, 
en el año 2016, en el marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la 
Unión  Europea  (eje  «Progreso»),  el  Gobierno  de  España,  a  través  del  entonces 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elaboró el informe denominado «El 
sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de 
reforma». Entre otros elementos, este informe señalaba que el mapa de rentas mínimas 
en  España  se  caracteriza  por  la  diversidad  territorial,  debido  a  que  su  desarrollo 
normativo y financiación dependen de cada una de las comunidades autónomas. La 
diversa naturaleza de la norma, las denominaciones, flexibilidad de los requisitos de 
acceso o intensidad protectora dependen, en buena parte, del modelo de inclusión del 
territorio en términos de reconocimiento de derecho, desarrollo de planes de inclusión, 
compromiso  institucional  o  participación  de  distintos  niveles  administrativos, 
departamentos y gestores de programas. s
Además, es preciso tener en cuenta que desde el año 2008 se encuentra en vigor en  oe.
España la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que en  w.
sus Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados  007ww
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discapacidad y recomienda a España que garantice que la estrategia nacional para la 
reducción de la pobreza incorpore la perspectiva de la discapacidad, incluyendo medidas 
específicas y partidas presupuestarias asignadas.
En febrero de 2017, el Parlamento español tomó en consideración una Iniciativa 
Legislativa Popular, a propuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores y 
Comisiones Obreras, con el objetivo de establecer una prestación de ingresos mínimos. 
Se trata de la primera propuesta relevante en este ámbito, que, sin duda, supuso un 
fuerte impulso para el desarrollo del ingreso mínimo vital.
El 2 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó encargar a la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un análisis sobre 
prestaciones  de  ingresos  mínimos,  que  se  materializó  en  un  estudio  titulado  «Los 
programas de rentas mínimas en España».
Entre  otros  elementos,  el  estudio  elaborado  por  la  Autoridad  Independiente  de 
Responsabilidad Fiscal señalaba que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los 
países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de 
pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está 
fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son 
bajas y falta cobertura.
El  estudio  advertía  que  los  programas  de  rentas  mínimas  pueden  generar 
desincentivos a la incorporación al mercado laboral, especialmente cuando una de las 
condiciones de elegibilidad es ser desempleado y que uno de los retos más complejos a 
los  que  se  enfrentan  estos  programas  es  el  crecimiento  en  todos  los  países  del 
porcentaje de trabajadores que reciben remuneraciones inferiores al umbral de pobreza.
Por otra parte, con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social 
en España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprobó la 
Estrategia  Nacional  de  Prevención  y  Lucha  contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión 
Social 2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducción de la 
desigualdad de rentas entre los principales desafíos de las sociedades europeas y en 
España en particular.
II
La  necesidad  de  la  puesta  en  marcha  del  ingreso  mínimo  vital  como  política 
destinada  a  corregir  estos  problemas  se  ha  visto  acelerada  por  la  crisis  sanitaria 
del COVID-19, pues más allá del impacto directo sobre la actividad económica, la 
pandemia ha desembocado en una profunda crisis social, que afecta especialmente a las 
personas en situación de vulnerabilidad.
Las situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población 
más vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, 
y  que  además  está  insuficientemente  atendida  por  la  mayor  parte  de  las  políticas 
sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo.
Por  tanto,  a  la  vista  de  lo  expuesto  anteriormente,  la  situación  de  pobreza  y 
desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social 
ocasionado por el COVID-19, no han hecho sino confirmar la necesidad de poner en 
marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, 
articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al 
régimen  público  de  Seguridad  Social  para  garantizar  la  asistencia  y  prestaciones 
suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a  s
todos  los  hogares  en  situación  de  vulnerabilidad  con  independencia  del  lugar  de  e.
residencia. A esta finalidad responde la presente disposición, aprobando el ingreso  w.
mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no  007ww
contributiva.
III
Esta  prestación  nace  con  el  objetivo  principal  de  garantizar,  a  través  de  la 
satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la 
ciudadanía  en  la  vida  social  y  económica,  rompiendo  el  vínculo  entre  ausencia 
estructural  de  recursos  y  falta  de  acceso  a  oportunidades  en  los  ámbitos  laboral, 
educativo, o social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, 
sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión 
social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan 
desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situación de privación económica que 
sufren las personas a las que va dirigida esta medida esté en el origen de su situación de 
vulnerabilidad, la forma concreta que tomará su inclusión social variará en función de las 
características  de  cada  individuo:  para  algunos,  será  el  acceso  a  oportunidades 
educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución a una 
condición sanitaria determinada. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central 
el diseño de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, 
introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos 
en política social han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de 
prestación inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los receptores. Para 
aplicar  este  sistema  de  incentivos,  resulta  fundamental  la  cooperación  con  las 
comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de 
inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo 
vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera más 
directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los servicios sociales, 
pieza clave en la articulación del sistema. El sector privado también será copartícipe del 
diseño de estos itinerarios de inclusión, estableciéndose un Sello de Inclusión Social que 
acredite a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación 
a los perceptores del ingreso mínimo vital.
La centralidad del objetivo de inclusión que subyace a la norma exigirá que los 
efectos de la prestación tendrán que ser permanente y rigurosamente evaluados una vez 
sea puesta en marcha.
Así entendido, el ingreso mínimo vital no es una política dirigida a grupos o individuos 
concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en 
su conjunto. Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que 
nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, 
nuevas  vulnerabilidades  como  la  puesta  de  manifiesto  por  la  crisis  de  COVID-19, 
transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en 
general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que 
casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más 
vulnerables.
Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor 
efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también 
una  progresiva  reordenación  del  conjunto  de  ayudas  estatales  cuyos  objetivos  se 
solapan con los de esta nueva política.
La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse 
en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que 
contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país.
El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de  e.
forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades  w.b
locales, persigue un doble objetivo. Por un lado, lograr un despliegue más efectivo de la  007ww
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va  dirigido,  o  una  combinación  de  estos  factores.  La  implicación  de  comunidades
autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, 
junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar 
por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los 
problemas de acceso a la política pública.
En segundo lugar, la implicación de comunidades autónomas y entidades locales en 
el despliegue de la política persigue consolidar la necesaria implicación de todas las 
instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en 
todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las 
políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red 
de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.
Finalmente, la colaboración en el diseño y la gestión del ingreso mínimo vital entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por parte del Ministerio de 
Hacienda, constituye un paso decisivo hacia un modelo de política social construido 
sobre la base de una visión integral de la Hacienda pública comprensiva tanto de los 
tributos como de las prestaciones monetarias, de tal forma que los ciudadanos, en 
función de su capacidad económica y sus necesidades vitales, sean contribuyentes en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o perceptores de ayudas monetarias 
evitando redundancias, contradicciones e inequidades.
IV
Desde una perspectiva de análisis de la evolución del sistema de Seguridad Social, 
la creación del ingreso mínimo vital constituye un hito histórico que viene a equilibrar la 
configuración  de  un  modelo  integrado  por  una  doble  esfera,  contributiva  y  no 
contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. De ahí 
la  importancia  de  la  configuración  del  ingreso  mínimo  vital  como  prestación  no 
contributiva de la Seguridad Social.
A partir del artículo 41 de nuestra Constitución, la doctrina constitucional concibe la 
Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal 
Constitucional  pone  de  manifiesto  la  estrecha  vinculación  de  este  precepto  con  el 
artículo 1 del mismo texto constitucional en el que se reconoce el carácter social de 
nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; 
así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción 
de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.
De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad 
Social ocupa «... una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad...», 
con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se 
articula su protección se ha de hacer «... teniendo en cuenta el contexto general en que 
se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del 
momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).
De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española 
tiene  la  aprobación  del  ingreso  mínimo  vital.  Porque,  más  allá  de  la  dimensión 
coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado 
por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de 
nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como 
garantía institucional «... cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los  s
principios constitucionales» (STC 32/1981). e.
Esta Ley se estructura en nueve capítuloVs, cuarenta y un artículos, diez disposiciones  2021-21007n https://ww
addisipcioosnicailoense, s ofinchaole s dy iscpuoastrioc ioanneesx ost.ransitorias,  una  disposición  derogatoria,  doce
El capítulo I recoge las disposiciones generales del ingreso mínimo vital, regulando el 
objeto, el concepto y naturaleza, así como sus características.
El  principal  objetivo  del  ingreso  mínimo  vital  será  la  reducción  de  la  pobreza, 
especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un 
determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de 
la Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles.
El capítulo II se ocupa del ámbito subjetivo del ingreso mínimo vital.
Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital las personas que vivan solas o los 
integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por 
dos o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones 
para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener 
vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad. En todo caso, para 
tener la condición de beneficiario, se exigen una serie de requisitos para el acceso y el 
mantenimiento del derecho a la prestación.
Se regula también la figura del titular de la prestación, que serán las personas con 
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una 
unidad de convivencia, asumiendo también, en este último caso, la representación de la 
unidad de convivencia.
En todo caso el derecho a la prestación se configura en función de la situación de 
vulnerabilidad económica. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación 
cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de 
la  persona  beneficiaria  individual  o  del  conjunto  de  miembros  de  la  unidad  de 
convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel 
de renta garantizada para cada supuesto previsto, en función de las características de la 
persona beneficiaria individual o la unidad de convivencia, requiriéndose además que su 
patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea inferior a los límites establecidos en esta 
Ley. Asimismo, se permite la solicitud de la prestación cuando no se reúna el requisito de 
vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, pero ésta haya sobrevenido durante el 
año en curso.
También se crea un complemento de ayuda para la infancia, que conlleva una 
cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en 
función de la edad. Para percibirlo, se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
neto del 300 % de los límites del anexo I y del 150% de los límites del anexo II, 
respectivamente, cumpliendo con el test de activos del anexo III.
Se prevé, por último, el régimen de compatibilidad del ingreso mínimo vital con el 
empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación 
en el mercado laboral.
El capítulo III se ocupa de la acción protectora.
El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que 
cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la 
unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por la 
ley para cada supuesto, que se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I de 
esta Ley.
La renta garantizada para un hogar unipersonal es el equivalente al 100 por ciento 
del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en 
cada momento, dividido por 12. El importe de la renta garantizada se incrementa en 
función de la composición de la unidad de convivencia mediante la aplicación de unas  s
escalas de incrementos. oe.
El  ingreso  mínimo  vital  protege  especialmente  a  los  hogares  monoparentales,  w.
estableciendo un complemento de monoparentalidad del 22 por ciento de la cuantía  007ww
minteennssuaa la  dlae  ilnaf apnecnias,ió anl  ensot acbolnetcreibru etisvcaa ulansi pdeer seoqnuailv. aAlesnimciias mpaor,a p lrooste mgee ndoer ems asnueprear iomreáss 
a las utilizadas habitualmente en este tipo de prestaciones.
Con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación 
de  vulnerabilidad,  el  ingreso  mínimo  vital  tiene  carácter  indefinido  y  se  mantendrá 
siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.
En este capítulo se determinan asimismo las causas de suspensión y extinción del 
derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas. Por otra 
parte, se definen los conceptos de renta y de patrimonio que se tendrán en cuenta para 
el  cómputo  de  los  ingresos  y  de  la  situación  patrimonial,  a  partir  de  lo  cual  se 
determinará el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital.
En  el  cómputo  de  ingresos  quedan  expresamente  excluidas  las  prestaciones 
autonómicas concedidas en concepto de rentas mínimas. Por tanto, el ingreso mínimo 
vital  se  configura  como  una  prestación  «suelo»  que  se  hace  compatible  con  las 
prestaciones  autonómicas  que  las  comunidades  autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en 
términos de cobertura como de generosidad. De esta forma, el diseño del ingreso 
mínimo vital, respetando el principio de autonomía política, permite a las comunidades 
autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su 
territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial.
Finalmente,  se  recogen  los  mecanismos  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de acceso a la prestación.
El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y 
resolución del ingreso mínimo vital.
Con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes 
canales a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con 
las comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e 
iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad 
social de su territorio.
El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  será  el  competente  para  el 
reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir 
convenios  y  de  las  disposiciones  adicionales  cuarta  y  quinta.  La  tramitación  del 
procedimiento se realizará por medios telemáticos.
El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.
Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias 
del  ingreso  mínimo  vital,  por  parte  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, 
se prevé la cooperación y colaboración de estos órganos con otros órganos de la 
administración, con comunidades autónomas y entidades locales, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las 
empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, mediante la firma de convenios de colaboración, pudiendo estos 
convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de 
estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del 
ingreso mínimo vital.
También se permite que las Comunidades Autónomas puedan remitir solicitudes de 
esta  prestación  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  a  aquellas  personas 
interesadas  que  le  otorguen  su  consentimiento,  como  cauce  para  la  iniciación  del 
procedimiento de solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
La ley regula la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, como órgano de  s
cooperación  con  las  comunidades  autónomas  y  entidades  locales  en  materia  oe.
de inclusión, así como el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de  w.
consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las  007ww
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Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el 
de infracciones y sanciones.
La economía informal perjudica tanto a las personas que trabajan de esta forma, que 
en determinados momentos de su vida se encontrarán sin la protección social necesaria 
por la falta de cotización previa, como a la sociedad en su conjunto por la menor 
recaudación  impositiva  y,  por  tanto,  la  merma  de  la  capacidad  del  Estado  para  el 
desarrollo de las políticas públicas.
El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar 
acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de 
los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar corno demandantes de empleo 
en caso de no trabajar, brindará la oportunidad de incorporarse a la economía formal a 
personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. 
La incorporación al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos 
que  esto  supone  actuará  en  muchos  casos  como  barrera  para  la  vuelta  de  estas 
personas a la economía informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello 
comporta para la sociedad en su conjunto.
En el caso del trabajo por cuenta ajena, la economía informal no sería posible sin la 
colaboración  necesaria  de  aquellos  empresarios  que,  con  esta  forma  de  actuar, 
persiguen eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este 
motivo, la lucha contra la economía informal debe desarrollarse en un doble ámbito: 
tanto por el lado de los trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan 
en esta ocasión la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería 
posible. Por tanto, la reducción de la economía informal requiere necesariamente de la 
equiparación del autor de la infracción con el cooperador necesario, en este caso el 
empresario, a la hora de imponer la sanción.
En este sentido, la ley establece que tanto las personas titulares y beneficiarias del 
derecho que hayan cometido la infracción, como aquellas otras que hubiesen cooperado 
en su comisión, serán responsables de las infracciones tipificadas en la ley.
Asimismo, y con idéntica finalidad, se establecen sanciones accesorias como la 
extinción del derecho o la imposibilidad de resultar beneficiario a futuro, sin perjuicio del 
necesario reintegro de las cantidades indebidamente  percibidas, para los casos de 
falseamiento,  ocultación  fraudulenta  de  cambios  en  la  situación  o  cualquier  otra 
actuación  fraudulenta  que  den  lugar  al  acceso  indebido  a  la  prestación,  a  su 
mantenimiento o a un aumento indebido de su importe.
El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.
La disposición adicional primera incluye un mandato a regular reglamentariamente el 
Sello  de  Inclusión  Social,  con  el  que  se  distinguirá  a  aquellos  empleadores  de 
beneficiarios del ingreso mínimo vital que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del 
ingreso  mínimo  vital  desde  una  situación  de  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  a  la 
participación activa en la sociedad.
La disposición adicional segunda prevé la inclusión de las prestaciones del ingreso 
mínimo vital en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
La disposición adicional tercera regula el crédito extraordinario en el Presupuesto del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo 
vital en el ejercicio 2020.
La disposición adicional cuarta contempla el estudio por parte del Gobierno de la 
celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de  s
gestión de la prestación. oe.
La disposición adicional quinta regula la aplicación de la ley en los territorios forales,  w.
en atención a la especificidad de las Haciendas Forales. Así, se contempla que dichos  007ww
Steerrgituorriidoasd  aSsoucmiaaln y  lsaes  pfurenvcéio nqeuse ,y m sieenrvtricaiso sn oq usee  laas uLmeya na tdriibcuhyaes  aful nIcnisotniteusto,  sNea fciriomnea lu ndae 
encomienda de gestión.
La disposición adicional sexta habilita a la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social para aprobar los modelos normalizados que 
deben cumplimentar los servicios sociales y Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social para certificar los requisitos que la ley les habilita respecto de los solicitantes de la 
prestación.
La disposición adicional séptima exime del pago de los precios públicos por servicios 
académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial a los beneficiarios de la prestación.
La disposición adicional octava exime del pago de precios públicos por la expedición 
del Documento Nacional de Identidad a los menores de 14 años integrados en una 
unidad de convivencia que solicite la prestación del Ingreso Mínimo Vital.
La disposición adicional novena establece un procedimiento especial de reintegro de 
renta mínima autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la 
prestación económica del Ingreso mínimo vital.
La disposición adicional décima regula el reconocimiento del complemento de ayuda 
para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo 
sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
La  disposición  transitoria  primera  determina  la  prestación  transitoria  del  ingreso 
mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2022, para los beneficiarios de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 
por ciento, que cumplan determinados requisitos y cuya asignación económica sea 
inferior al importe de la prestación del ingreso mínimo vital.
A partir del 31 de diciembre de 2022, los beneficiarios que mantengan los requisitos 
que  dieron  lugar  al  reconocimiento  de  la  prestación  transitoria,  pasarán  a  ser 
beneficiarios del ingreso mínimo vital. Apreciándose en estos momentos circunstancias 
de extraordinaria necesidad derivadas de la crisis sanitaria que requieren su cobertura 
urgente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá la prestación transitoria 
de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la prestación económica por hijo o 
menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que reúnan determinados requisitos. 
Para la comprobación de dichos requisitos, de forma extraordinaria, como excepción al 
artículo 95.1 k) de  la  Ley 58/2003,  de 17  de diciembre, General Tributaria, no se 
considerará necesario recabar el consentimiento para la tramitación de la prestación 
económica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital supone una mejora en la misma.
La disposición transitoria segunda regula el día a partir del cual podrán presentarse 
solicitudes y el momento a partir del cual se devenga la prestación.
La disposición transitoria tercera prevé que, hasta el 31 de diciembre y con carácter 
excepcional, el control sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de los 
expedientes de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital será exclusivamente 
la de control financiero permanente.
La disposición transitoria cuarta recoge la exención del pago de precios públicos por 
servicios académicos universitarios.
La disposición transitoria quinta se refiere a la financiación del ingreso mínimo vital 
durante 2020.
La disposición transitoria sexta regula la integración de la prestación por hijo o menor a 
cargo en la prestación del ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de esta Ley no 
podrán presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a 
cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, sin perjuicio de que las  s
personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser  oe.
beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de opción para volver a la  w.
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social. 007ww
la asAisginmaicsimóno ,e sceo npóremciicsaa  peol rr éhgijiom oe nm treannosri tao rcioa ragpoli csainb ldei sac alapsa pciedrasdo noa sc obne ndeisfcicaiapraiacsid adde 
inferior al 33 por ciento.
La disposición transitoria séptima establece la colaboración de las Entidades del 
Tercer Sector de Acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital, 
mediante la posibilidad de acreditar determinadas circunstancias de los solicitantes de la 
prestación.
La  disposición  transitoria  octava  se  refiere  a  los  procedimientos  iniciados  con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
La  disposición  derogatoria  única  dispone  la  derogación  de  cuantas  normas  se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
La disposición final primera modifica el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que 
se regula el registro de prestaciones sociales públicas, al objeto de que se incorpore desde el 
momento de su puesta en marcha la prestación económica del ingreso mínimo vital.
La disposición final segunda modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, para incluir la prestación del ingreso mínimo vital dentro de la relación de 
créditos  incluidos  en  los  Presupuestos  de  la  Seguridad  Social  que  se  consideran 
ampliables en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden.
La disposición final tercera modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional  de  los  medicamentos  y  productos  sanitarios,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para incluir a las personas beneficiarias del ingreso 
mínimo vital entre las personas que se encuentran exentas de la aportación de los 
usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria.
La  disposición  final  cuarta  modifica  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al 
objeto de incluir la prestación del ingreso mínimo dentro de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social y de incorporar las necesarias obligaciones de facilitación 
de datos para el reconocimiento, gestión y supervisión de la prestación por parte del 
Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas, diputaciones forales, Ministerio del 
Interior, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y organismos competentes autonómicos. Asimismo, se suprime la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 
por ciento, pues esta prestación se integrará en el ingreso mínimo vital.
La disposición final quinta modifica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con 
el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las 
diferentes administraciones públicas.
La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las entidades locales 
en la iniciación e instrucción del procedimiento del ingreso mínimo vital, posibilitando que 
los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con 
cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar 
en  relación  con  el  ejercicio  2020  la  situación  de  incumplimiento  de  las  reglas  de 
estabilidad  presupuestaria  se  tendrá  en  consideración,  con  carácter  excepcional,  si 
aquella ha estado causada por estos gastos.
La disposición final séptima autoriza al Gobierno para actualizar los valores, escalas 
y porcentajes de esta Ley, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias 
sociales  y  económicas  y  de  las  situaciones  de  vulnerabilidad,  así  como  a  las 
evaluaciones periódicas de la AIReF, se aprecie la necesidad de dicha modificación con 
el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el 
riesgo  de  pobreza,  lograr  la  inclusión  social  y  suplir  las  carencias  de  recursos 
económicos para la cobertura de necesidades básicas. s
La disposición final octava recoge la cláusula de salvaguardia para la modificación  oe.
que se efectúa del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el  w.
registro de prestaciones sociales públicas, con el fin de que el ingreso mínimo vital se  007ww
incoLrpao dreis epno sdicicióhno  rfeingaisl tnroo vdeensad er eecl omgoem uennato m doed sifuic pauceiósnta d een  lma aLrecyh a3.6/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción social.
La disposición final décima establece el título competencial y la disposición final 
decimoprimera introduce una habilitación para desarrollo reglamentario.
Finalmente, la disposición final decimosegunda determina la entrada en vigor de la 
Ley, que tendrá lugar el mismo día 1 de enero de 2022.
VI
Esta  Ley  responde  a  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas. 
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y 
eficacia  dado  el  interés  general  en  el  que  se  fundamentan  las  medidas  que  se 
establecen, siendo la Ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible  para  la  consecución  de  los  objetivos  previamente  mencionados. 
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico.
En relación con el principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas 
que no estén justificadas para la consecución de sus fines.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital 
como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas  que  vivan  solas  o  integradas  en  una  unidad  de  convivencia,  cuando  se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos 
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Artículo 2.  Concepto y naturaleza.
1.  El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación 
de  naturaleza  económica  que  garantiza  un  nivel  mínimo  de  renta  a  quienes  se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en 
la presente Ley. A través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de 
oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
2.  En desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las 
ayudas  que  puedan  establecer  las  comunidades  autónomas  en  el  ejercicio  de  sus 
competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de 
la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva.
Artículo 3.  Características.
El ingreso mínimo vital presenta las siguientes características:
a)  Garantiza  un  nivel  mínimo  de  renta  mediante  la  cobertura  de  la  diferencia 
existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que  e
disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad  bo
de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del  007ww
artícbu)l o 1S3e. articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario
cinadriavcidteuraísl toic aas  uensap eucnífiidcaads. de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y
c)  Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de 
vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su 
percepción.
d)  Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una 
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su 
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones.
e)  Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de 
cesión  total  o  parcial,  compensación  o  descuento,  retención  o  embargo,  salvo  en  los 
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
CAPÍTULO II
Ámbito subjetivo de aplicación
Artículo 4.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a)  Las  personas  integrantes  de  una  unidad  de  convivencia  en  los  términos 
establecidos en esta Ley.
b)  Las personas de al menos veintitrés años que no se integren en una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en esta Ley, siempre que no estén unidas a 
otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse reglamentariamente.
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los 
trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata de seres humanos y explotación sexual.
Tampoco se exigirá el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22 
años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes 
Comunidades Autónomas habiendo estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección 
de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad, o sean huérfanos 
absolutos, siempre que vivan solos sin integrarse en una unidad de convivencia.
2.  Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas 
que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter 
social, sanitario o socio-sanitario.
La  prestación  de  servicio  residencial  prevista  en  el  párrafo  anterior  podrá  ser 
permanente en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de 
trata  de  seres  humanos  y  explotación  sexual,  así  como  otras  excepciones  que  se 
establezcan reglamentariamente.
3.  Las  personas  beneficiarias  deberán  cumplir  los  requisitos  de  acceso  a  la 
prestación  establecidos  en  el  artículo  10,  así  como  las  obligaciones  para  el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 36.
Artículo 5.  Titulares del ingreso mínimo vital.
1.  Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la  e.e
soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En  w.b
este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad. 007ww
convLivae snocliiac itmuda ydoerebse rdáe  ire dfiarmd aqduae,  neon  tseun gcaans oe,s tpaobrl etcoiddoass  jluods iciniatlemgeranntete ms eddei dlaas  udneid aapdo dyoe 
paaproay ola p taorma ala d teo mdeac diseio dneecsis. iLoanse sp earcstuoanraásn q sueeg útenn lgoa dni sepsutaebslteoc eidna ess jtuadsi cmiaelmdiednatse. medidas de
2.  Las personas titulares, cuando estén integradas en una unidad de convivencia, 
deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores emancipados 
en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente o huérfanos absolutos cuando sean los únicos miembros de la unidad de 
convivencia y ninguno de ellos alcance la edad de 23 años.
En caso de no integrarse en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona titular 
será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual en los que se exigirá que la persona titular sea 
mayor de edad o menor emancipada, o el de personas que hayan estado bajo la tutela de 
Entidades Públicas de protección de menores dentro de los tres años anteriores a la mayoría de 
edad en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad.
3.  En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas 
que pudieran ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le 
reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia.
4.  En los términos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora 
podrá  acordar  el  pago  de  la  prestación  a  otro  de  los  miembros  de  la  unidad  de 
convivencia distintos del titular.
Artículo 6.  Unidad de convivencia.
1.  Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que 
residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como 
pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente.
A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida 
con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por 
quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con 
otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de 
la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años.
El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia 
no alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre 
los supérstites, de los vínculos previstos en los párrafos anteriores.
Cuando  en  aplicación  de  las  correspondientes  instrucciones  técnicas  a  los 
Ayuntamientos  sobre  la  gestión  del  Padrón  municipal,  las  personas  figuren 
empadronadas  en  establecimientos  colectivos,  o  por  carecer  de  techo  y  residir 
habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 8.
2.  Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón 
de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.
A  tal  efecto,  es  requisito  para  la  consideración  de  integrante  de  la  unidad  de 
convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España.
3.  En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de 
convivencia.
Artículo 7.  Situaciones especiales.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad 
de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de  es
convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con  bo
otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se  007ww
encoan) traCrauna nedno a lugnuan o mdeu jleors,  svigícutiimenat esd es upvuioelesntocsia:  de  género,  haya  abandonado  su
domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Bc
b)  Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o 
de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una 
persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores  en  régimen  de  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento  familiar 
permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado 
la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio 
de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores.
c)  Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber 
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros 
supuestos que se establezcan reglamentariamente.
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración 
como unidad independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se 
hubieran producido los hechos indicados en cada una de ellas.
Artículo 8.  Consideración del domicilio en supuestos especiales.
1.  En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de 
convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el 
primer  grado  de  consanguinidad,  afinidad,  adopción  o  en  virtud  de  régimen  de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes 
citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus 
ascendientes del primer grado.
2.  Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una 
persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento 
hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.
3.  Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada 
zona del domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia de las previstas 
en el artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos 
previstos en esta ley.
Artículo 9.  Convivientes sin vínculo de parentesco.
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los 
vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital aquella o 
aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21.10.
Artículo 10.  Requisitos de acceso.
1.  Todas  las  personas  beneficiarias,  estén  o  no  integradas  en  una  unidad  de 
convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada 
e  ininterrumpida  durante  al  menos  el  año  inmediatamente  anterior  a  la  fecha  de 
presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:
1.º  Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento  s
familiar permanente. oe.
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año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de 
enfermedad debidamente justificadas.
b)  Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, 
ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.
2.  Las  personas  beneficiarias  a  las  que  se  refiere  el  artículo  4.1.b)  que  sean 
menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán 
acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los dos años 
inmediatamente  anteriores  a  la  indicada  fecha.  Este  requisito  no  se  exigirá  a  las 
personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección 
de menores de las diferentes Comunidades Autónomas.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma 
independiente  siempre  que  acredite  que  su  domicilio  ha  sido  distinto  al  de  sus 
progenitores, tutores o acogedores durante los dos años inmediatamente anteriores a la 
solicitud,  y  en  dicho  periodo  hubiere  permanecido  durante  al  menos  doce  meses, 
continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el 
sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una 
mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores 
de  30  años  en  la  fecha  de  la  solicitud,  deberán  acreditar  que,  durante  el  año 
inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores.
Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán cuando el cese de 
la  convivencia  con  los  progenitores,  tutores  o  acogedores  se  hubiera  debido  al 
fallecimiento de estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de 
violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a 
las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de 
la trata de seres humanos y de explotación sexual o a las que se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
3.  Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, 
se exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, durante 
al  menos  los  seis  meses  anteriores  a  la  presentación  de  la  solicitud,  de  forma 
continuada.
Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación familiar de 
hijas e hijos menores de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos 
justificados que puedan determinarse reglamentariamente.
4.  Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el 
momento  de  presentación  de  la  solicitud  o  al  tiempo  de  solicitar  su  revisión,  y 
mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso 
mínimo vital.
Artículo 11.  Situación de vulnerabilidad económica.
1.  Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se 
refiere el artículo 10, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona 
solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su  e
conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros. bo
2.  Se  apreciará  que  concurre  este  requisito  cuando  el  promedio  mensual  del  007ww
ocaeo nudntreoejursli no,c traoo,  n ledajune cn  uitlnooags ndr teíetaés  rommmsi eeinynm osrsbeu rnaoetlas sd staed ab elnla elu acrae idluneontsasi d  cgaeoadnmr  adpeneul t itazacarobtdínlecavus ivc lodeo enn2 c l0eaia,s  ,pt saece ropasrr oreiennssatfaep cbroiieonónrdn,e i eqafniulc teiema srcei aoan rlori neseds jeipevronicdn iucd1iaoa0l     OE-A-2021-21able en https://
en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los 
términos del artículo 13.
3.  No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria 
individual sea titular de un patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios que se 
contemplan en el artículo 20, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía 
correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona 
beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no 
concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio neto valorado en un 
importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que 
figura en el anexo II.
No  obstante,  quedarán  excluidos  del  acceso  al  ingreso  mínimo  vital, 
independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias 
individuales  o  las  unidades  de  convivencia,  que  poseen  activos  no  societarios  sin 
vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo III.
Igualmente  quedarán  excluidos  del  acceso  al  ingreso  mínimo  vital, 
independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias 
individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil 
que no haya cesado en su actividad.
4.  Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la 
participación  en  el  mercado  laboral,  la  percepción  del  ingreso  mínimo  vital  será 
compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la 
persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de 
convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En 
estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de 
los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no 
suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio 
siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones 
empresariales  y  sindicales  más  representativas,  prestará  especial  atención  a  la 
participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.
5.  Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio 
anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso 
el  reconocimiento  del  derecho  a  la  prestación  de  ingreso  mínimo  vital  en  aquellos 
supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante 
el año en curso.
Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante al año en 
curso,  se  atenderá  exclusivamente  al  cumplimiento  del  requisito  de  ingresos  de 
conformidad con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, considerando para ello la 
parte proporcional de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su 
caso, la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de 
conformidad con los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad 
social que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que 
figure en la declaración responsable para el año en curso. En todo caso, para el cómputo 
de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por 
desempleo, en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, ni la 
prestación  por  cese  de  actividad,  percibidas  durante  dicho  año  siempre  que  en  el 
momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el derecho a aquellas 
prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el  s
límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se  oe.
tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán ser acreditados en  w.
el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno  007ww
Esissttaetmala,  doe l ain teenrotidpaedra bgielisdtaodra e ldeec trlóan picrae sptoarc imóne ddioe  dceels ceu adle e la Scteivrvidicaido,  Pfaúcbilliicteo  dael  IEnmstiptuletoo 
Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.
Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud 
el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los 
límites de renta y patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo 
del  artículo  21,  apartado  7  de  la  presente  ley,  establecidos  en  el  anexo  IV,  de 
conformidad con la información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de 
Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.
En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso 
mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización 
de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto 
de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del 
conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el 
que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las 
Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el 
artículo 19.
6.  Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades 
de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean inferiores al 300% de los 
umbrales del anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados en el 
anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.
El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro 
de la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2.e).
CAPÍTULO III
Acción protectora
Artículo 12.  Prestación económica.
El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se 
hará efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas 
de desarrollo.
Artículo 13.  Determinación de la cuantía.
1.  La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a 
la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la 
diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado 
siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los 
miembros  que  componen  esa  unidad  de  convivencia  del  ejercicio  anterior,  en  los 
términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea 
igual o superior a 10 euros mensuales.
2.  A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:
a)  En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada  ascenderá  al  100  por  ciento  del  importe  anual  de  las  pensiones  no 
contributivas  fijadas  anualmente  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado, 
dividido por doce. s
A esta cantidad se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento en el  e.
supuesto de que el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido  w.
igual o superior al sesenta y cinco por ciento. 007ww
increbm) enEtna reál  ecna suon  d3e0  upnoar  ucineindtaod  pdoer  mcoienmvivberon caiad iclaio cnuaal nat íap amrtier ndseula sl edgeu nlad ole htraas ata)  usen 
máximo del 220 por ciento.
c)  A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el 
supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la 
cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida 
por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo grado 
menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno 
o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, 
guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un 
periodo ininterrumpido igual o superior a un año.
En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior 
convivan  exclusivamente  con  sus  progenitores  o,  en  su  caso,  con  sus  abuelos  o 
guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos 
tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la 
gran invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a 
efectos de la percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una 
mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y uno o 
más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la 
guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de adopción.
d)  Igualmente,  a  la  cuantía  mensual  establecida  en  la  letra  b)  se  sumará  un 
complemento equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el 
supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado 
de discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento.
e)  La  cuantía  del  complemento  de  ayuda  para  la  infancia  contemplada  en  el 
artículo 11, apartado 6, será una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de 
la  unidad  de  convivencia,  en  función  de  la  edad  cumplida  el  día  1  de  enero  del 
correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:
Menores de tres años: 100 euros.
Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.
Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.
3.  Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas 
en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual 
superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, 
en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.
4.  Cuando  los  mismos  hijos  o  menores  o  mayores  que  tengan  establecidas 
judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones formen parte de distintas 
unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se 
considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, que forman 
parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.
5.  Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una 
persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía 
aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre 
la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.
6.  En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos 
del ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el  e
solicitante  del  ingreso  mínimo  vital  o  uno  o  varios  de  los  miembros  de  la  unidad  de  bo
convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera reconocida  007ww
laan tSeesg dueri dlaa dre sSoolcuicailó, no,  uunna  sou bmsáidsio p ednes idoenseesm, cpolenotr ipbaurtiav ams aoy onroe sc odnetr i5b2u tiavñaos,s ,d eclu syios teimmpao rdtee 
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mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de esta prestación
no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada 
y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida en su caso la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no 
contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios 
de desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de 
la renta garantizada aplicable no procederá reconocer el derecho al ingreso mínimo vital.
Igualmente, el reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del 
sistema de la Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a 
la persona o personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital determinará 
la minoración o extinción de esta prestación conforme a los mismos criterios indicados 
en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que 
sea titular el beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con 
efectos del día primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su 
fecha de efectos si esta fuera posterior.
En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de 
enero de cada año, a que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la percepción de una 
cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a este 
artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la suma de 
las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario individual o 
cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.
Artículo 14.  Derecho a la prestación y pago.
1.  El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día 
del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.
2.  El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una 
cuenta  del  titular  de  la  prestación,  de  acuerdo  con  los  plazos  y  procedimientos 
establecidos en el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.
Artículo 15.  Duración.
1.  El  derecho  a  percibir  la  prestación  económica  del  ingreso  mínimo  vital  se 
mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan 
los requisitos y obligaciones previstos en esta Ley.
2.  Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en 
una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad 
gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que 
afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley.
Artículo 16.  Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.
1.  El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso 
mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar 
la  disminución  o  el  aumento  de  la  prestación  económica  mediante  la  revisión 
correspondiente por la entidad gestora.
2.  La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del día 
primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante  s
de  la  modificación,  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  129  del  texto  oe.
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto  w.
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 007ww
de e3n. eroE nd ec ucaalqduai earñ coa, stoo,m laa ncduoa nctoíam doe  rleaf eprreensctaiac iólons  sien garcetsuoasli zaanruáa cleosn  ceofemcptoust adbelel ds íad e1l 
ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio
anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del 
día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos.
Artículo 17.  Suspensión del derecho.
1.  El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:
a)  Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
b)  Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de 
algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación.
c)  Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos 
establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se 
resuelva por parte de la entidad gestora.
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al 
extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin 
haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente 
justificado.
d)  Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido 
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el 
artículo 22.
e)  Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que 
se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
f)  Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2.  La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del 
pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se 
produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la 
entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente  percibidas.  La  suspensión  se  mantendrá  mientras  persistan  las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.
Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará 
extinguido.
3.  Desaparecidas  las  causas  que  motivaron  la  suspensión  del  derecho,  se 
procederá  de  oficio  o  a  instancia  de  parte  a  reanudar  el  derecho  siempre  que 
se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se 
procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.
4.  La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que 
hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.
Artículo 18.  Extinción del derecho.
1.  El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes 
causas:
a)  Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de 
convivencia,  cualquier  otro  miembro  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde  e
el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un  bo
nuevo derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de  007ww
cdoen cvoivnevnivceian.c Liao se ne ffeucntocisó ne cdoen ósmusic onsu edveals d ceirreccuhnos taqnucei apsu esdea p croodrruecsirpáonn dae rp aar tliar  duenli ddaída 
pprlaimzoe rsoe dñeall amdoe.s siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del
b)  Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de 
la prestación.
c)  Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
d)  Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora 
durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
e)  Renuncia del derecho.
f)  Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.
g)  Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del 
ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia 
a  que  se  refiere  el  artículo  11.4,  de  acuerdo  con  lo  que  se  establezca 
reglamentariamente.
h)  Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
2.  La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del 
mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.
Artículo 19.  Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio 
de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre 
que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se 
dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso 
podrá  de  oficio  declarar  y  exigir  la  devolución  de  las  prestaciones  indebidamente 
percibidas.
La  entidad  gestora,  podrá  proceder  en  cualquier  momento  a  la  rectificación  de 
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la 
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así 
como  a  la  reclamación  de  las  cantidades  que,  en  su  caso,  se  hubieran  percibido 
indebidamente por tal motivo.
En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en 
perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
2.  Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la 
cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que 
determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea 
inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a 
reintegrar  las  cantidades  indebidamente  percibidas,  mediante  el  procedimiento 
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social 
indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Serán  responsables  solidarios  del  reintegro  de  las  prestaciones  indebidamente 
percibidas  los  beneficiarios  y  todas  aquellas  personas  que  en  virtud  de  hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de 
forma fraudulenta.
Serán  exigibles  a  todos  los  responsables  solidarios  el  principal,  los  recargos  e 
intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se 
generen para el cobro de la deuda.
3.  En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de  e
ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes  bo
recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos  007ww
úscduoletipmtmeuproemessni tnossaasod rl ooq  ulpaeso e rdcaseeennu  tddeaaexje tige cmirbmoálneixn siem lnaroe s s rdepemge lcecaatnmods eaudn ametlailde ranipadsemueríaeso lniddtdoeae ,d ld .laei n egrenrectisadoua dda mcgíienósinmt ooer aje vcpituoatdli vraáh. a asEctnao  rdluoansr    OE-A-2021-21able en https://
Artículo 20.  Cómputo de los ingresos y patrimonio.
1.  El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a 
las siguientes reglas:
a)  Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las 
procedentes  de  actividades  económicas,  de  arrendamientos  de  inmuebles  o  de 
regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.
b)  Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes 
especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente 
según la normativa vigente en cada período.
c)  Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la 
cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, 
sin  tener  en  cuenta  las  reducciones  que,  en  su  caso,  pudieran  ser  de  aplicación 
conforme a la normativa de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas 
contempladas en el apartado f).
d)  Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en 
cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la 
que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al 
efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de 
convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se 
valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la 
citada normativa y correspondiente norma foral.
e)  Computará  como  ingreso  el  importe  de  las  pensiones  y  prestaciones, 
contributivas o no contributivas, públicas o privadas.
f)  Se exceptuarán del cómputo de rentas:
1.º  Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), 
t), x) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
2.º  Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para 
adquisición.
3.º  Se  considera  renta  exenta  para  la  persona  obligada  al  abono,  la  pensión 
compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 
del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.
4.º  Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de 
alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en 
artículo 93 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.
Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será renta 
exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.
2.  Para  el  cómputo  de  ingresos  se  tendrán  en  cuenta  los  obtenidos  por  los 
beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será 
revisado  cada  año  teniendo  en  cuenta  la  información  de  los  ingresos  del  ejercicio 
anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el 
criterio fiscal. e.
3.  Para  la  determinación  de  los  rendimientos  mensuales  de  las  personas  que  w.
forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de  007ww
tnoodvoiesm  lborse ,m dieeml Ibmropsu,e sdteo  ascoubererd ola  cRoenn tlao  dees talabsle cPideors oenna sl aF íLseicya s3 5y/ 2d0e0 6m, oddei fic2a8c idóen 
Rpaersciidael ndtees  yla sso blerey eesl  Pdaetr imloosn ioIm. puestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de  no  BOE-A-cable e
No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos 
detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y 
las cotizaciones sociales.
4.  Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de 
convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el 
patrimonio no societario neto:
a)  El  patrimonio  societario  neto  incluye  el  valor  de  las  participaciones  en  el 
patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros 
de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no 
societarios.
b)  El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se 
descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.
Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:
1.  Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.
2.  Las cuentas bancarias y depósitos.
3.  Los  activos  financieros  en  forma  de  valores,  seguros  y  rentas  y  las 
participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.
4.  Las  participaciones  en  planes,  fondos  de  pensiones  y  sistemas  alternativos 
similares.
Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos 
no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la 
vivienda habitual.
5.  Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la 
unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las 
sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto 
de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que 
haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.
El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor 
de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición 
final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor 
catastral del inmueble.
El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter 
rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.
Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se 
valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones 
tributarias  informativas  disponibles  cuyo  plazo  reglamentario  de  declaración  haya 
finalizado en el momento de presentar la solicitud.
6.  Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no 
cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas 
beneficiarias  individuales  o  las  unidades  de  convivencia  que  posean  activos  no 
societarios por un valor superior al establecido en el anexo III.
Artículo 21.  Acreditación de los requisitos.
1.  La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad  b
de convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de  007ww
lporso ceesdpeanñcoiale, so  yd em lead tiaarnjeteta e dl ed oidceunmtifeicnatoc iónna cdioen eaxl trdaen jiedreon, toid aedl p daes aspuo rptea,í se nd ee l ocraigseon d oe 
ciudadanos extranjeros.
Asimismo, se debe aportar el número personal de identificación (NIE) si no constara 
en los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en 
España.
2.  La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro 
central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar 
de  ciudadano  de  la  Unión  o  autorización  de  residencia,  en  cualquiera  de  sus 
modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.
Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como 
sus hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional 
de residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior por colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la 
Secretaría de Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.
Las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  sus  hijos  podrán  acreditar  la 
residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la 
autoridad  que  sea  competente  para  otorgar  la  autorización  de  residencia  por 
circunstancias excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última autorización.
3.  El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.
4.  La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales 
relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones 
municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos 
exigidos.
No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos 
que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del 
correspondiente  certificado  de  empadronamiento,  histórico  y  colectivo  del  período 
requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los 
miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo 
establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales.
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el 
certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia 
de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6 o de que el solicitante a que se 
refiere  el  artículo  4.1.b)  vive  solo  o  compartiendo  domicilio  con  una  unidad  de 
convivencia de la que no forma parte.
A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
La  existencia  de  pareja  de  hecho  se  acreditará  mediante  certificación  de  la 
inscripción  en  alguno  de  los  registros  específicos  existentes  en  las  comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que 
conste  la  constitución  de  dicha  pareja.  Tanto  la  mencionada  inscripción  como  la 
formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con 
una antelación mínima de  dos años  con respecto  a  la fecha de la solicitud de la 
prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la 
presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial, o mediante  s
documento público. oe.
No  estar  unido  a  otra  persona  por  vínculo  matrimonial  o  pareja  de  hecho,  se  w.
acreditará por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en  007ww
laad vperrotepniac ias osolicbirteu dl a dree splao nsparebsiltiadcaidó np,e neanl  ecnu yqou em poudeedleo  inncourrmriar leizna dcoa sos ed ei nfcallusierád adla. 
rDeiqchuaie rad eacclareradcitiaócnió nju raaddicai oon aal efirnm caacsioó nd es odluedman feu nndoa diam.pedirá que la entidad gestora  BOE-A-cable e
5.  La  acreditación  de  haber  vivido  de  forma  independiente  respecto  a  los 
progenitores, tutores o acogedores, durante al menos dos años conforme lo previsto en 
el artículo 10.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de 
Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el 
que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante 
dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.
Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente 
en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en 
aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
gestión del Padrón municipal.
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo 
previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante.
6.  La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se 
acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la 
atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro 
medio de acreditación que se determine reglamentariamente.
La  condición  de  persona  de  entre  18  y  22  años  que  provengan  de  centros 
residenciales de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido 
por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.
La condición de discapacidad igual o superior al 65% se acreditará con certificado del 
órgano competente de las comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.
7.  Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el 
acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará 
por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales 
de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como 
referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio 
anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su 
defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.
Antes del inicio de cada año, las citadas administraciones informarán a la entidad 
gestora de que información sobre ingresos y patrimonios disponen. Cualquier variación a 
lo largo del año será comunicada tan pronto como se produzca.
En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, 
de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección 
General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos 
tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) 
del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su 
caso, en la normativa foral aplicable. s
8.  En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o  oe.
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma,  w.
tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social;  007ww
eoc olan ópmeirccae pqcuieó nc opnosrt e loesn  eml Rieemgbisrotrso  ddee  Plrae sutancidioande sd eS occoianlveisv ePnúcbialic adse.  otra  prestación
9.  Se  requerirá  un  certificado  expedido  por  los  servicios  sociales  competentes 
cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:
a)  A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en 
España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en 
un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
b)  El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, 
sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso 
mínimo vital.
c)  El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento.
d)  La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo 
domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, 
se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de 
parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho.
e)  La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de 
los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital al amparo de lo 
dispuesto en artículo 9.
f)  El  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  los  apartados  2  y  3  del 
artículo  10,  relativos,  respectivamente,  a  la  acreditación  de  haber  vivido  de  forma 
independiente  en  España  y  a  la  acreditación  de  formar  parte  de  una  unidad  de 
convivencia durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.
10.  En  todo  caso,  se  requerirá  certificado  expedido  por  los  servicios  sociales 
competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 9.
Artículo 22.  Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación.
Con  carácter  anual,  los  servicios  sociales  comunicarán  a  la  entidad  gestora  el 
mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del 
artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10.
Artículo 23.  Cesión de datos y confidencialidad de los mismos.
1.  En el suministro de información en relación con los datos de carácter personal 
que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta 
prestación, será de aplicación lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  8/2015,  de  30  de  octubre.  El  suministro  de  información  no  requerirá  el 
consentimiento previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad 
de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1.e) 
y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE.
2.  Todas  las  personas  y  todos  los  organismos  que  intervengan  en  cualquier 
actuación referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los 
términos establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. e.
3.  Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para  w.b
que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad  007ww
doeb lilgoasd daa ato csu msupmlirin cisotnra lad olesg pisolra cloiósn s voigliceintaten teens  mpaartae rliaa  dgee sptiróonte dccei ólan  pdree dstaatcoisó.n y estará
el In4s.t ituLtoa sN raecsioolnuacli odnee sla d See lagsu rpidreasdt aScoiocniael,s  sdine  ninegcreessiod amdí ndieml oc ovnitasel sneti mcoiemntuon ipcraerváino  pdoerl 
titular de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a
través de la adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información 
estrictamente  necesaria  para  el  reconocimiento  y  control  de  las  prestaciones 
competencia de dichas administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada 
con ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en 
aplicación de los artículos 5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) n.º 2016/679 y del 
artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
En  las  condiciones  establecidas  en  el  párrafo  anterior,  se  comunicarán  las 
resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de 
la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a 
las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco 
de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de 
gestión y control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.
Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento 
previo del titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el 
ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que 
puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la 
aplicación del ingreso mínimo vital.
5.  La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social 
podrá comunicar a las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción 
social y agentes sociales con los que suscriba acuerdos o convenios para la realización 
de actuaciones en el marco de las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias, 
de forma telemática y sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la 
información  de  contacto  de  las  personas  beneficiarias  del  ingreso  mínimo  vital 
candidatas a participar en la actuación, por ser un tratamiento de datos de los referidos 
en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Asimismo, las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social 
y  agentes  sociales  con  las  que  la  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de 
Inclusión  y  Previsión  Social  suscriba  acuerdos  o  convenios  para  el  desarrollo  y 
evaluación de estrategias de inclusión, podrán suministrar los datos necesarios de los 
participantes en las estrategias de inclusión para el diseño, seguimiento y la evaluación 
de las actuaciones, sin que requiera el consentimiento previo del interesado, por ser 
igualmente un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE. Para la recogida y cesión de datos especialmente protegidos y 
recogidos en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE, será necesaria la autorización expresa e informada 
de la persona beneficiaria. s
La  Secretaría  General  de  Objetivos  y  Políticas  de  Inclusión  y  Previsión  Social  oe.
garantizará,  mediante  la  puesta  en  marcha  de  un  mecanismo  accesible  para  los  w.
beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición,  007ww
sinudpivreidsuióanli,z alidmaista, ciróenc odgeidl otsr atiagmuaielmnteon, tep oertna billaid aledg iys ladceió nn,o  dsee r toodbojest o adqeu edlloesc isdioantoess 
especialmente protegidos.
CAPÍTULO IV
Procedimiento
Artículo 24.  Normas de procedimiento.
Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación 
lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 25.  Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración 
interadministrativa.
1.  La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica 
no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta.
2.  Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente 
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los 
términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.
En el marco del correspondiente  convenio suscrito con el Instituto Nacional de 
Seguridad  Social,  podrá  acordarse  que,  iniciado  el  expediente  por  la  respectiva 
administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente 
se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.
3.  El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en 
ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 26.  Iniciación del procedimiento.
El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa 
solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 27.  Solicitud.
1.  La  solicitud  se  realizará  en  el  modelo  normalizado  establecido  al  efecto, 
acompañada  de  la  documentación  necesaria  para  justificar  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
Dicha  solicitud  se  presentará,  preferentemente,  en  la  sede  electrónica  de  la 
Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo 
que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.
2.  No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la 
administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la 
solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se 
obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.
3.  Para  acreditar  el  valor  del  patrimonio,  así  como  de  las  rentas  e  ingresos 
computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del 
titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso  es
mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración  bo
responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud. 007ww
Artículo 28.  Tramitación.
prev1io.  aU lan aa vdemzi srieócnib didea l ala  msoislimciatu, dp rdoec elad perreás ata ccoiómn,p erol bóargr asni olo cso bmepneetfeicnitaer,i ocso nq ucea rváicvtaenr   BOE-A-cable e
solos  o  formando  parte  de  una  unidad  de  convivencia,  en  función  de  los  datos 
declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en 
el artículo 10.1.b).
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, 
se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de 
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer 
sobre la causa de inadmisión.
La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción 
del  procedimiento,  la  entidad  gestora  efectuara  nuevas  comprobaciones  que 
determinaran  el  incumplimiento  del  requisito  de  vulnerabilidad  previsto  en  el 
artículo 10.1.b).
2.  Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del 
reconocimiento de la prestación.
3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a 
notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la 
fecha de entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  hubiera  notificado  resolución  expresa,  se 
entenderá desestimada.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en 
las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón  municipal,  las  notificaciones  serán  efectuadas  en  los  servicios  sociales  del 
municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas 
interesadas figuren empadronadas.
4.  En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera 
aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable 
prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le 
requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el 
plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la 
documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.
Artículo 29.  Supervisión del cumplimiento de requisitos.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad 
de convivencia.
Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la 
identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a 
la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de 
convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad 
de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de 
parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones 
necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. 
Del  mismo  modo,  mediante  controles  periódicos  realizará  las  comprobaciones 
necesarias  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  obligaciones  que  permiten  el 
mantenimiento del derecho o de su cuantía.
2.  Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones  e.
sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de  w.b
las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas  007ww
jtuerleídmicáot-icporisv aod iansfo. rmEásttaicso sc.omprobaciones  se  realizarán  preferentemente  por  medios
pres3e.n teL aL esyu, ppearvrais ieóln  adccee sloos  yr emqaunistietonsim dieen tion gdrees loas  pyre sptaatcriimóno neioco ensótmabicleac dideo sin gerne slao 
mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe
por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las 
haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A 
tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas 
públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de 
reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas.
CAPÍTULO V
Cooperación entre las administraciones públicas
Artículo 30.  Cooperación administrativa en el ejercicio de las funciones de supervisión.
Todas las administraciones públicas cooperarán en la ejecución de las funciones de 
supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Artículo 31.  Cooperación para la inclusión social de las personas beneficiarias.
1.  El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, a través 
de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, en el 
ámbito de sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del 
ingreso mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos 
ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las 
empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer 
Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los 
obstáculos sociales o laborales que dificulten el pleno ejercicio de derechos y socavan la 
cohesión social.
2.  Los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en 
cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno.
3.  El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de 
inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal,  mediante  la  emisión  de  la  correspondiente  opinión,  de  acuerdo  con  la  Ley 
Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal.
Artículo 32.  Mecanismos de colaboración con las administraciones.
1.  Con el fin de intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la 
gestión de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, así como facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y, en su caso, 
la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o 
acuerdos,  o  cualquier  otro  instrumento  de  colaboración  con  las  administraciones, 
entidades y organismos públicos y privados enumerados en el apartado 1 del artículo 31.
2.  Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas  e.
interesadas que otorguen su consentimiento a la Comunidad Autónoma de su domicilio  w.
para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de  007ww
dinicfohramsa pceiórnso hnaabsi lyit alad oinss tarul cecfieócnt od, erle pmroitcae dloims ideanttoos,  anseí cceosmaori ousn  pcaerrati filcaa didoe enmtifiictiadcoi ópno rd lea 
propia Comunidad Autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere
solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por 
la entidad gestora.
El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una 
unidad de convivencia conforme establecen los artículos 6, 7 y 8, y del cumplimiento de 
los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y 10; así como de que se encuentra en 
su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a 
excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 11, que será 
analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora 
considere cumplidos los requisitos indicados en los párrafos anteriores en el momento 
que se certifique por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la obligación de las 
Comunidades Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el 
plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, 
en su caso, dentro de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea 
necesaria para la resolución de cualquier reclamación.
No será necesario el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior 
en formato papel relativa a los datos certificados que hayan sido obtenidos mediante el 
acceso a las plataformas de interoperabilidad de las propias administraciones públicas, 
quedando  justificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  acceso  mediante  la 
incorporación en el certificado por parte de la comunidad autónoma de una diligencia 
acreditativa en la que quede constancia de las comprobaciones y de la fecha de acceso 
a  las  referidas  plataformas,  así  como  de  las  situaciones  y  el  cumplimiento  de  los 
requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación.
El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del 
mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado.
Los  expedientes  resueltos  por  el  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos.
Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente Comunidad Autónoma se 
reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese 
posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
Comunidad Autónoma certificadora.
Artículo 33.  Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital.
1.  Se crea la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital como órgano de 
cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación del contenido de esta Ley.
2.  La  Comisión  de  seguimiento  estará  presidida  por  el  Ministro  de  Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 
Secretario  de  Estado  de  Derechos  Sociales  del  Ministerio  de  Derechos  Sociales  y 
Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género o el 
órgano directivo en quien delegue, así como otros representantes de la Administración 
General  del  Estado  con  relación  al  Ingreso  Mínimo  Vital  que  se  establezcan 
reglamentariamente, además de los titulares de las consejerías de las comunidades 
autónomas competentes por razón de la materia y representantes de la administración 
local.  Cuando  por  razón  de  los  asuntos  a  tratar  no  sea  precisa  la  presencia  de 
representantes de las comunidades autónomas o de la administración local, la Comisión  e.
podrá constituirse sin aquellos a instancias de su secretario, siendo en estos casos  w.b
preciso que se informe previamente a los representantes de dichas administraciones y  007ww
se comunique el contenido del orden del día.
3.  La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a)  Evaluación del impacto del ingreso mínimo vital como instrumento para prevenir 
el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad 
económica, con especial atención a la pobreza infantil.
b)  Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en 
relación con el ingreso mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
c)  Impulso  y  seguimiento  de  los  mecanismos  de  cooperación  entre 
administraciones que procedan en aplicación de esta Ley.
d)  Seguimiento  de  los  sistemas  de  intercambio  de  información  relativa  a  las 
personas solicitantes y las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en 
marcha.
e)  Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital.
f)  Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su 
impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, 
con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia.
g)  Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la 
definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicadores de inclusión, de 
crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser 
utilizados para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o la reformulación de las 
ya  existentes,  así  como  de  indicadores  con  los  que  llevar  a  cabo  la  medición, 
seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión.
h)  Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados 
en el apartado anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión.
i)  Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de inclusión a 
nivel regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que 
incluyan la información necesaria para la toma de decisiones.
j)  Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo de 
esta Ley y de las normas de otras administraciones que, en su caso, sean enviadas a la 
Comisión para discusión.
k)  Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere 
la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado laboral 
de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se encuentren en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11.4.
l)  Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de 
necesidad  social  y  en  la  atención  inmediata  a  personas  en  situación  o  riesgo  de 
exclusión social entre las administraciones públicas.
m)  Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4.  La Comisión de seguimiento podrá crear grupos de trabajo para el ejercicio de 
sus  funciones.  En  particular,  se  crearán  un  grupo  de  trabajo  específico  para 
comunidades autónomas y un grupo de trabajo para entidades locales, para abordar las 
cuestiones específicas que afectan a cada una de estas administraciones.
5.  La Comisión de seguimiento contará con una Secretaría, que dependerá de la 
Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La Secretaría es el órgano 
técnico de asistencia, preparación y seguimiento continuo de la actividad de la Comisión 
de seguimiento y tendrá las siguientes funciones: e
Ceno msbaui))s   cióaELnsa lo d ,se cse oesgn euavgiodmucoiiapmettnoeietrnonia  ty,oe  l p adri enealfps oiiansrmrtgaerecne icsódionae   m ay l oísnrusei msd aamocc ticveoiimósta nbly,  rd oeedsl  i.sslaepsgo usaiicmcitoiaensne tsdo e dd elea  slol asrse  auccnouiomenrudenosis dd aqedu eelas,    2021-21007n https://www.
autónomas en materia de inclusión.
c)  La tramitación de los convenios de colaboración que se suscriban con otros 
órganos  de  la  Administración  General  del  Estado,  las  administraciones  de  las 
comunidades autónomas y las entidades locales.
d)  La coordinación de los grupos de trabajo que, en su caso, se creen por la 
Comisión de seguimiento en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
6.  La Comisión de seguimiento se dotará de  un  reglamento interno donde se 
especificarán sus reglas de funcionamiento.
Artículo 34.  Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
1.  Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de consulta 
y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones 
sindicales y empresariales.
2.  El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la persona titular de la Dirección del 
Instituto de las Mujeres, así como otros representantes de la Administración General del 
Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, las 
organizaciones  sindicales  y  empresariales  más  representativas,  y  las  entidades  del 
Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el territorio español.
3.  El Consejo consultivo tendrá las siguientes funciones:
a)  Asesorar  al  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y  Migraciones  en  la 
formulación de propuestas normativas y no normativas en relación con el ingreso mínimo 
vital y en materia de inclusión.
b)  Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de 
sus funciones.
c)  Asesorar  y  cooperar  con  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones  en  el  lanzamiento  de  campañas  de  comunicación  relacionadas  con  el 
ingreso mínimo vital.
d)  Asesorar  y  cooperar  con  el  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones en la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social 
al que se refiere la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en 
el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que 
se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 11.4.
e)  Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente.
4.  La participación y la asistencia a sus convocatorias no devengará retribución ni 
compensación económica alguna.
5.  El Consejo consultivo se dotará de un reglamento interno donde se especificarán 
sus reglas de funcionamiento.
CAPÍTULO VI
Régimen de financiación
Artículo 35.  Financiación.
El ingreso mínimo vital, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, se  bo
financiará de conformidad con lo previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley  007ww
Gocetnuebrrael. de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
CAPÍTULO VII
Régimen de obligaciones
Artículo 36.  Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.  Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo 
de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a)  Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación 
de  los  requisitos  y  la  conservación  de  la  prestación,  así  como  para  garantizar  la 
recepción de notificaciones y comunicaciones.
b)  Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que 
estos se produzcan.
c)  Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal 
que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte 
de  la  unidad  de  convivencia,  en  el  plazo  de  treinta  días  naturales  desde  que  se 
produzcan.
d)  Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e)  Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, 
tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, 
en su caso, justificar la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en 
el último párrafo del artículo 10.1.a).
f)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.
g)  Si  no  están  trabajando  y  son  personas  mayores  de  edad  o  menores 
emancipadas, acreditar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la 
resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes 
de empleo, salvo en los siguientes supuestos:
1.º  Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo 
de tres meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la 
fecha en que el beneficiario cumpla 28 años de edad.
2.º  Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 
de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia.
3.º  Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado 
de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de 
jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
4.º  Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
5.º  Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia.
La  situación  de  demandante  de  empleo  quedará  acreditada  con  el  documento 
expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte de la 
entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto.
h)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas  e.e
del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir  b
las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad. 007ww
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estajb) lezCcuaanlq.uier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2.  Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:
a)  Comunicar el fallecimiento del titular.
b)  Poner en conocimiento de la administración cualquier hecho que distorsione el 
fin de la prestación otorgada.
c)  Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.
d)  Cumplir  las  obligaciones  que  el  apartado  anterior  impone  al  titular  y  este, 
cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
e)  Si  no  están  trabajando  y  son  mayores  de  edad  o  menores  emancipados, 
acreditar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución por la que 
se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, con las 
mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en el apartado anterior 
para las personas titulares.
f)  En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del 
trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las 
condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
g)  Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 31.1, en los términos que se 
establezcan.
h)  Cumplir cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
Artículo 37.  Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en 
las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados 
están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación 
o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se 
produzcan.
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Artículo 38.  Infracciones y sujetos responsables.
1.  Las infracciones son consideradas, según su naturaleza, como leves, graves y 
muy graves.
2.  Son infracciones leves, no proporcionar la documentación e información precisa 
en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como 
para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se 
haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación.
3.  Son infracciones graves:
a)  No  proporcionar  la  documentación  e  información  precisa  en  orden  a  la 
acreditación  de  los  requisitos  y  la  conservación  de  la  prestación,  así  como  para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera 
derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de 
la que le correspondería. e.e
b)  No  comunicar  cualquier  cambio  o  situación  que  pudiera  dar  lugar  a  la  w.b
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde  007ww
qcuuaen etísat oms esnes puraol,d iunzfecraionr,  cou iagnudaol a dl e5 0e lploo rs ec iehnutboie drea  ldae qriuvea dleo  cuonrare pseprocnedpecrióían. indebida, en
antecr)io r Lhau bcioemrai ssiiódno  dsea nucnioan taedroce proar  idnofrsa cfaclitóans  lleevvee,s  sdieeml mprisem qou eti peon. un plazo de un año
d)  El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión 
que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos 
que se establezcan.
e)  El  incumplimiento  de  las  condiciones  asociadas  a  la  compatibilidad  de  la 
prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 11.4.
4.  Son infracciones muy graves:
a)  No  proporcionar  la  documentación  e  información  precisa  en  orden  a  la 
acreditación  de  los  requisitos  y  la  conservación  de  la  prestación,  así  como  para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera 
derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la 
que le correspondería.
b)  No  comunicar  cualquier  cambio  o  situación  que  pudiera  dar  lugar  a  la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde 
que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en 
cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
c)  El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin 
haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter 
previo su salida de España.
d)  Actuar  fraudulentamente  con  el  fin  de  obtener  prestaciones  indebidas  o 
superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la 
aportación de datos o documentos falsos.
e)  La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año 
anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
f)  El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de 
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los 
términos que se establezcan.
g)  El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de 
la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica 
conforme con lo previsto en el artículo 11.4.
5.  Serán  responsables  de  las  infracciones  tipificadas  en  este  artículo  los 
beneficiarios de la prestación, los miembros de la unidad de convivencia y aquellas 
personas que hubiesen cooperado en su comisión mediante una actuación activa u 
omisiva sin la cual la infracción no se hubiera cometido.
La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción 
determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro 
de las prestaciones indebidamente percibidas.
Artículo 39.  Sanciones.
1.  Las  sanciones  por  las  infracciones  tipificadas  en  el  artículo  anterior  podrán 
imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo.
La imposición de sanciones tendrá en cuenta la graduación de estas considerando, a 
tal fin, la culpabilidad, negligencia e intencionalidad de la persona infractora, así como la 
cuantía económica de la prestación económica indebidamente percibida.
2.  Las infracciones leves serán sancionadas con el apercibimiento de la persona 
infractora. e.
3.  Las infracciones graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un  w.b
periodo de hasta tres meses. 007ww
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máximo de tres meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá 
en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.
4.  Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por 
un periodo de hasta seis meses.
Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la 
prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su 
grado máximo de seis meses.
Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá 
en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.
Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además 
de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de 
estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación 
durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se 
imponga la sanción.
5.  Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las 
siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo 
vital:
a)  El falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio.
b)  La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la 
modificación, suspensión o extinción de la prestación.
c)  Cualquier otra actuación o situación fraudulenta que dé lugar al acceso indebido 
a la prestación, mantenimiento indebido del derecho a la prestación o aumento indebido 
de su importe.
Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades 
indebidamente  percibidas,  y  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  y 
administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá 
decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda 
resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.
6.  Cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en 
virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la 
comisión  de  una  infracción  muy  grave,  se  extinguirá  la  prestación  y  acarreará  la 
imposibilidad de que el sujeto infractor resulte persona beneficiaria en los términos de 
esta norma durante cinco años.
7.  Las  sanciones  a  que  se  refiere  este  artículo  se  entienden  sin  perjuicio  del 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Artículo 40.  Procedimiento sancionador.
A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones 
previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de 
sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad 
Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. s
CAPÍTULO IX
Régimen de control financiero de la prestación
Artículo 41.  Control de la prestación.
La  modalidad  de  control  ejercida  sobre  el  reconocimiento  del  derecho  y  de  la 
obligación  de  la  prestación  no  contributiva  de  ingreso  mínimo  vital  será  la  función 
interventora y el control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
No obstante lo anterior, para los supuestos contemplados en el artículo 32.2, la 
modalidad de control será exclusivamente el control financiero permanente.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de 
mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Seguridad Social.
Disposición  adicional  primera.  Colaboración  de  las  empresas  al  tránsito  de  los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
Reglamentariamente  se  regulará  el  Sello  de  Inclusión  Social,  con  el  que  se 
distinguirá  a  aquellas  empresas  y  entidades  que  contribuyan  al  tránsito  de  los 
beneficiarios  del  ingreso  mínimo  vital  desde  una  situación  de  riesgo  de  pobreza  y 
exclusión a la participación activa en la sociedad.
En  particular,  los  empleadores  de  beneficiarios  del  ingreso  mínimo  vital  serán 
reconocidos con la condición de titulares del Sello de Inclusión Social, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. La condición de figurar como beneficiario del 
ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo 
del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014.
Disposición adicional segunda.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Las  prestaciones  de  ingreso  mínimo  vital  reconocidas  quedarán  incluidas  en  el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Disposición adicional tercera.  Crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el ingreso mínimo vital en el 
ejercicio 2020.
Se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones por un importe de 500.000.000 euros en la aplicación 
presupuestaria  19.02.000X.424  «Aportación  del  Estado  a  la  Seguridad  Social  para 
financiar el Ingreso Mínimo Vital». Dicha modificación se financiará de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018. es
Disposición adicional cuarta.  Fórmulas de gestión. 007ww
estaS iLne pye, rjeuli cGioo dbeie lronso  meesctuadniiasmráo sa  dpea crotirla bdoer a2c0ió2n1  al alo sc eqlueeb rsaec iróenfi edree  ecl oanrtvíceunlioo s3 2c doen 
cinogmreusnoid madíneims oa uvittóanl.omas  que  contemplen  fórmulas  de  gestión  de  la  prestación  del  BOE-A-cable e
Disposición adicional quinta.  Aplicación en los territorios forales.
En razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las 
comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, 
las funciones y servicios correspondientes que en esta Ley se atribuyen al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva 
de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes 
del 31 de octubre de 2020.
En tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a que hace 
referencia  el  párrafo  anterior,  se  acordará  mediante  convenio  a  suscribir  entre  los 
órganos  competentes  del  Estado  y  de  la  comunidad  autónoma  interesada,  una 
encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en 
relación con la prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención 
integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra.
Disposición adicional sexta.  Habilitación a la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad social.
Por resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se 
aprobarán  los  modelos  normalizados  que  deberán  cumplimentar,  en  todo  caso,  los 
Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social a que se refiere la 
disposición transitoria séptima, para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en los apartados 9 y 10 del artículo 21 de la presente Ley.
Disposición adicional séptima.  Exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios.
Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca 
dicha  condición  estarán  exentos  del  pago  de  los  precios  públicos  por  servicios 
académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial.
Disposición adicional octava.  Exención del pago de precios públicos por expedición del 
Documento Nacional de Identidad a menores de 14 años.
Estarán  exentos  del  pago  de  tasas  de  expedición  y  renovación  de  Documento 
Nacional de Identidad lo menores de 14 años integrados en una unidad de convivencia 
que solicite la prestación de ingreso mínimo vital.
Disposición adicional novena.  Procedimiento especial de reintegro de renta mínima 
autonómica indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital.
1.  Cuando  la  Comunidad  Autónoma  hubiera  hecho  uso  del  mecanismo  de 
colaboración previsto en el párrafo segundo del artículo 25.2 o en el artículo 32.2 de esta 
Ley,  el  reintegro  de  la  renta  mínima  autonómica  que  hubiere  sido  declarada 
indebidamente percibida con motivo del reconocimiento de la prestación económica de 
ingreso mínimo vital, se llevará a cabo mediante el procedimiento especial establecido 
en la presente disposición adicional, siempre que la normativa de la correspondiente  es
Comunidad  Autónoma  lo  haya  previsto  expresamente  como  una  de  las  formas  de  bo
apremio sobre el patrimonio del deudor y así se haya comunicado a la entidad gestora. 007ww
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2.  En aplicación de este procedimiento especial, sobre la prestación de ingreso 
mínimo vital la entidad gestora retendrá la cuantía que hubiere sido indebidamente 
percibida por el beneficiario durante el mismo periodo en concepto de renta mínima 
autonómica, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a)  Que los miembros de la unidad de convivencia de los perceptores de la renta 
mínima autonómica sean coincidentes con los miembros de la unidad de convivencia del 
ingreso  mínimo  vital  y  hubieren  autorizado  de  forma  irrevocable  la  aplicación  del 
presente procedimiento con los efectos previstos en el apartado 7.
b)  Que el carácter indebido de la percepción traiga causa del reconocimiento de la 
prestación de ingreso mínimo vital.
c)  Que no exista un procedimiento ejecutivo, administrativo o judicial, que sea 
preferente sobre el crédito de la Comunidad Autónoma.
d)  La resolución administrativa que declare la percepción indebida y la obligación 
de reintegro haya alcanzado firmeza y no ha sido objeto de impugnación judicial.
3.  En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar 
expresamente que la persona beneficiaria es a su vez beneficiaria de renta mínima 
autonómica así como la suspensión del pago del ingreso mínimo vital devengado desde 
la fecha de efectos económicos hasta el mes en que se dicte la citada resolución en 
tanto se determina el importe de la renta mínima autonómica indebidamente percibida 
que haya de ser objeto de retención.
La resolución mencionada en el párrafo anterior se comunicará a la Comunidad 
Autónoma a través del protocolo informático establecido al efecto, con el objeto de que 
por el mismo medio y en el plazo de los 5 días siguientes al de su recepción, la 
Comunidad Autónoma comunique a la entidad gestora que se acreditan los requisitos 
previstos en las letras a) y b) del apartado 2 y que se ha iniciado el procedimiento de 
reintegro de la renta mínima autonómica indebidamente percibida.
En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior no se 
hubiera recibido la correspondiente comunicación de la Comunidad Autónoma, no será 
de aplicación en ningún caso el presente procedimiento para el reintegro de la renta 
mínima autonómica, y la entidad gestora procederá al pago del ingreso mínimo vital 
hasta el momento suspendido.
Asimismo, la Comunidad Autónoma comunicará a la entidad gestora, por el protocolo 
informático establecido al efecto, el requisito previsto en las letras c) y d) del apartado 2, 
el título ejecutivo y la orden del órgano que inste la ejecución para que la entidad gestora 
proceda a practicar la retención por el importe que a tal efecto se comunique.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá al pago del importe de la 
prestación de ingreso mínimo vital que resulte una vez practicada la retención de la 
cuantía comunicada por la Comunidad Autónoma. La cuantía objeto de retención será 
ingresada a favor de la Comunidad Autónoma.
4.  La retención prevista en la presente disposición alcanzará exclusivamente al 
principal de la deuda.
5.  La entidad gestora procederá a ingresar a favor de la Comunidad Autónoma el 
importe retenido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.
6.  Si como consecuencia de la interposición del recurso extraordinario de revisión o 
resolución judicial firme se procediera a la posterior modificación o revisión a favor del 
beneficiario,  o  la  anulación  de  la  resolución  definitiva  que  declare  indebidamente 
percibida la renta mínima autonómica y la obligación de reintegro, deberá ser ejecutada  e
por  la  Comunidad  Autónoma  en  sus  propios  términos,  sin  que  pueda  afectar  a  la  bo
retención practicada por la entidad gestora. 007ww
de l7a.  reLsao lupcoisótne rdioerf imniotivdaif icdaec iórenc, orneovcisimióine,n oto  adneull aincigórne,s oe nm víínai maod mviintaisl tqrauteiv ad éo  ljuugdaicri aal,l 
rmeíinntimegor ov idtael  psree shtaucbiioenree sa ipnldiceabdidoa lma ernettee npceiórcni bpidreavsi,s ctau aennd ola s porbersee enlt eim dpiosrptoes diceiól inn,g dreasroá 
lugar a la obligación de la Comunidad Autónoma de reintegrar al Instituto Nacional de la
Seguridad Social los importes que hubieren sido objeto de retención con los intereses 
que correspondan, sin perjuicio de la regularización que aquella haya de efectuar en 
relación  con  la  renta  mínima  autonómica.  A  tal  efecto  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social comunicará a la Comunidad Autónoma la modificación, revisión o 
anulación de la resolución de ingreso mínimo vital a través del protocolo informático 
establecido al efecto.
8.  La autorización por parte de los interesados, de forma irrevocable, a la aplicación del 
procedimiento de reintegro previsto en esta disposición conllevará aparejada la renuncia al abono 
de los intereses previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición  adicional  décima.  Reconocimiento  del  complemento  de  ayuda  para  la 
infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
1.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el complemento 
de ayuda para la infancia en los supuestos de unidades de convivencia de los actuales 
beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con  discapacidad  inferior  al  33  por  ciento,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los 
apartados siguientes.
2.  Los requisitos que se han de reunir en el momento de la fecha de entrada en 
vigor de la presente ley son los siguientes:
a)  Que  la  unidad  de  convivencia  esté  constituida,  exclusivamente,  por  el 
beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
A tal efecto, las personas citadas han de ser las únicas que figuren empadronadas 
en el mismo domicilio.
b)  Que los ingresos y patrimonio de dicha unidad de convivencia, correspondientes 
al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sean inferiores al 300 
por ciento de los umbrales del anexo I y el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento 
de los límites fijados en el anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el anexo III.
c)  Que concurran el resto de requisitos exigidos para el acceso al complemento de 
ayuda a la infancia.
d)  Que el complemento de ayuda a la infancia que le corresponda sea igual o 
superior que el importe de la prestación por hijo a cargo que viniese percibiendo.
3.  Será titular del complemento de ayuda para la infancia la persona que a la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley fuere beneficiaria de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
4.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido 
en  la  letra  a)  del  apartado  2,  para  el  reconocimiento,  mantenimiento  y  control  del 
derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de 
coordinación de los Padrones municipales  del  Instituto Nacional de Estadística, sin 
necesidad de recabar el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio, 
en los términos previstos en el artículo 21.4 de la presente Ley.
5.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la 
letra b) del apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el  s
Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración  oe.
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la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realizará sin 
necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.
6.  En  los  supuestos  en  que  las  unidades  de  convivencia  descritas  en  el 
apartado 2.a) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
realizada en el apartado anterior se entenderá referida a las haciendas tributarias forales 
de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, respectivamente. En estos 
supuestos,  el  reconocimiento  del  complemento  de  ayuda  para  la  infancia  quedará 
supeditada a la remisión, por parte de las haciendas tributarias forales correspondientes, 
de la información necesaria para poder llevarlo a cabo.
7.  El complemento de ayuda para la infancia será incompatible con la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 
por ciento. En consecuencia, una vez se hubiera optado por una de las dos prestaciones 
de conformidad con lo previsto en el apartado 9, la otra prestación quedará extinguida.
8.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan  los  requisitos  exigidos  en  el  apartado  2  de  esta  disposición  adicional  la 
resolución en la que se reconozca el derecho al complemento de ayuda para la infancia 
y el derecho de opción entre el percibo de este complemento y la asignación económica 
por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
9.  En  el  plazo  de  treinta  días  naturales  a  contar  desde  la  notificación  de  la 
resolución del reconocimiento del derecho al complemento de ayuda para la infancia, los 
beneficiarios podrán ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de 
efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia, procediéndose, en su 
caso, a la correspondiente regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado 
se entenderá que opta por percibir el complemento de ayuda para la infancia.
10.  Los  efectos  económicos  del  complemento  de  ayuda  para  la  infancia  se 
producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la 
presente disposición adicional.
11.  Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema 
de  la  Seguridad  Social,  a  los  que  no  les  hubiera  sido  notificada  la  resolución  de 
reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia y cumplieran los requisitos 
previstos en esta disposición adicional podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social.  En  estos  supuestos  los  efectos  económicos  del 
complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional, siempre que la 
solicitud se presente en los seis meses siguientes de su entrada en vigor. En otro caso, los 
efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
12.  La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la 
obligación  de  los  expedientes  del  complemento  de  ayuda  para  la  infancia  será 
exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en 
el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de 
mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Seguridad Social.
13.  El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  no  reconocerá  de  oficio  el  s
complemento de apoyo para la infancia cuando de conformidad con lo previsto en el  oe.
apartado 4 compruebe que en el domicilio no figuran empadronadas únicamente las  w.
personas a que se refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia comprobar el  007ww
cpuomdrpál imreimenittior  ad ela  lopse rrseoqnuai sbiteonse dficei aaricac edseo  laa  adsicighnoa ccioómn pelceomneónmtoic. aE pno re shtiojos  os umpeuneostro as 
cparergsota ciniófonr mdea ciinógnr erseola tmivían iam ola  vpitoasl ibeinli dcaads od ed eq uree ulnai r ulnoisd arde qdueis ictoosn veivsetanbclieac isdoolsic itae  tlaal   BOE-A-cable e
efecto. Si fuera reconocido el derecho al complemento de apoyo a la infancia, sus 
efectos serán los previstos en el apartado 10 siempre que la solicitud se formule dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición adicional.
La información referida en el párrafo anterior será enviada al dispositivo electrónico, 
a la dirección de correo electrónico y al domicilio que conste a efectos de notificaciones, 
de acuerdo con la información existente en la base de datos de la seguridad social que el 
beneficiario de la asignación por hijo a cargo hubiere comunicado.
Disposición  transitoria  primera.  Prestaciones  económicas  transitorias  de  ingreso 
mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 2022.
1.  El  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  reconocerá  durante  2020  la 
prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de 1 
de junio de 2020 reunían los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, 
siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o 
superior al importe de la asignación económica que viniera percibiendo.
2.  Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes:
a)  Ser  beneficiario  de  la  asignación  económica  por  hijo  o  menor  a  cargo  sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el 
beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los 
hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.
c)  Encontrarse  la  unidad  de  convivencia  referida  en  el  apartado  anterior,  en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.
d)  Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el 
supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de 
ingreso mínimo vital.
3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes requisitos:
a)  Ser  beneficiario  de  la  asignación  económica  por  hijo  o  menor  a  cargo  sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
b)  Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de 
población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, sea mayor 
que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a 
los exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia 
estará constituida únicamente por el beneficiario de una asignación económica por hijo o 
menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro 
progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha 
asignación por hijo a cargo.
c)  Encontrarse  la  unidad  de  convivencia  referida  en  el  apartado  anterior,  en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos 
suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.
Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no  e.
supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el caso de que  w.b
de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos establecidos en esta ley. 007ww
Segdu)r idaQdu eS olcai aal sqigunea sceió np eercciobnaó, moi claa  spuomr ah idjoe  oto dmaesn oerll aas  ecna rgeol  sdueplu essistote mquae  dsee alna 
evastreia sa plaasrt aadsoig.naciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en
4.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la 
letra b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, 
cederá, sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de las 
personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el 
Instituto  Nacional  de  Estadística  cede  periódicamente  a  dicha  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. Dicha información solo será utilizada 
por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que 
permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición transitoria.
5.  A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido 
en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  esta  le  remitirá  la  información 
estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia 
previstas en los apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con 
derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta 
disposición transitoria. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el 
procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el 
consentimiento de los interesados.
6.  En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) 
y 3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la referencia 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el párrafo anterior se entenderá 
referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País 
Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedará 
supeditado a la remisión, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la 
información necesaria para poder llevarlo a cabo.
7.  Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento, quedando ésta suspendida durante la vigencia de aquellas.
8.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que 
cumplan los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la 
resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria correspondiente, 
y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por 
hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.
9.  En  el  plazo  de  treinta  días  naturales  a  contar  desde  la  notificación  de  la 
resolución de la prestación transitoria correspondiente, el interesado podrá ejercitar su 
derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o menor a 
cargo.  Dicha  opción  surtirá  efectos  desde  la  fecha  de  efectos  económicos  de  la 
prestación transitoria correspondiente, procediéndose, en su caso, a la correspondiente 
regularización económica.
En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado 
se entenderá que opta por percibir la prestación transitoria que corresponda.
10.  Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de 
convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en esta ley, en cuanto a la obligación 
de comunicación, cumplimiento de requisitos y revisión de la prestación.
En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos  s
del  día  1  de  enero  de  cada  año,  tomando  como  referencia  los  ingresos  anuales  oe.
computables  del  ejercicio  anterior.  Cuando  la  variación  de  los  ingresos  anuales  w.
computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá  007ww
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beeconneóficmiaicraio  pdoer  ehsijtoa  op rmesetancoiró an .cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser  BOE-A-cable e
El  derecho  a  la  prestación  transitoria  se  extinguirá  a  partir  de  la  fecha  de  la 
resolución de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en su caso, en la 
fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la fecha 
de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso mínimo 
vital fuera superior a la de la prestación transitoria se procederá, en su caso, a la 
correspondiente regularización.
11.  A  partir  del  1  de  enero  de  2023  la  prestación  transitoria  devendrá  en  la 
prestación de ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en 
esta ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2022 la documentación que 
a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el 
patrimonio,  renta  e  ingresos  de  todos  los  miembros  que  integran  la  unidad  de 
convivencia configurada en los términos previstos en los artículos 6, 7 y 8 de esta norma.
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
12.  Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del 
sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de 
reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los requisitos 
previstos  en  el  apartado  2  ó  3  de  esta  disposición  transitoria,  podrán  solicitar  su 
reconocimiento  ante  el  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social.  La  prestación  se 
reconocerá, en su caso, con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que se hubieran 
presentado ante del 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos económicos 
serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
13.  Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas 
beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las 
comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la 
conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicarán al referido 
Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados 
al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que 
deberán  incluir  un  certificado  emitido  por  la  correspondiente  comunidad  autónoma 
acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia conforme establecen los 
artículos 6, 7 y 8 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y 
el artículo 10; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que 
pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica 
a la que se refiere el artículo 11 de esta ley, que será analizada por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. Este certificado será suficiente para que dicha entidad gestora 
considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades 
Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución 
de cualquier reclamación.
En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se 
reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese 
posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
comunidad autónoma certificadora.
Los  expedientes  resueltos  por  el  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  se 
comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos  s
establecidos. oe.
14.  Para  la  aplicación  de  esta  disposición  se  podrán  comenzar  a  realizar  las  w.
operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestación desde el 29  007ww
de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.
Disposición transitoria segunda.  Presentación de solicitudes.
Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se 
retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los 
requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los 
efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se 
cumplan los requisitos.
Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se 
fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 14.1.
Disposición transitoria tercera.  Régimen transitorio de aplicación del control financiero 
permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y 
de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de ingreso 
mínimo vital.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2020, la modalidad de control ejercida sobre el 
reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no 
contributiva  de  ingreso  mínimo  vital  será  exclusivamente  la  de  control  financiero 
permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
Desde el 1 de enero de 2021, el reconocimiento del derecho y de la obligación de la 
prestación  no  contributiva  de  ingreso  mínimo  vital  estará  sometido  a  la  función 
interventora en todas sus modalidades de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.
2.  El  Consejo  de  Ministros,  a  iniciativa  de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad 
Social, podrá acordar de forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses 
adicionales, del periodo transitorio previsto en el apartado anterior para la aplicación del 
control financiero permanente como única modalidad de control. En la citada propuesta 
se indicarán los motivos que justifican la extensión del periodo transitorio y el plazo 
adicional máximo durante el que se mantendrá dicho plazo.
Igualmente, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la Intervención General de la 
Administración del Estado y previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad 
Social,  podrá  acordar  que  la  finalización  del  periodo  transitorio  se  produzca  con 
anterioridad a dicha fecha.
3.  Lo dispuesto en los apartados anteriores no resulta de aplicación a los actos de 
ordenación  y  pago  material  de  esta  prestación  que  se  intervendrán  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 41 de esta Ley desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta.  Exención del pago de precios públicos por servicios 
académicos universitarios.
1.  Los  beneficiarios  de  la  prestación  del  ingreso  mínimo  vital  a  quienes  se 
reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos 
del  pago  de  los  precios  públicos  por  servicios  académicos  universitarios  para  la 
realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante 
el curso 2020-2021, en los términos de esta disposición.
2.  Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por 
servicios académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la  s
prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión  oe.
de  una  beca  de  la  Administración  General  del  Estado  para  cursar  estudios  w.
peostsat3ob.bl elicgRidaeotgoslr aieomns e lane tnna oriradmmicahetoinv taec  csuoerrs rdoee stppeoormnr diniseaunrptáee .rlaa rc olomsp eunmsabcraiólens a  dlaes  urennivtear syid apdaetsri mpoorn iloa   2021-21007n https://ww
exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos.
Disposición transitoria quinta.  Financiación del ingreso mínimo vital durante 2020.
Durante  2020  se  dotarán,  mediante  modificación  presupuestaria,  los  créditos 
presupuestarios que resulten adecuados para la financiación del ingreso mínimo vital.
Disposición transitoria sexta.  Asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33 por ciento e ingreso mínimo vital.
A  partir  del  1  de  junio  de  2020,  fecha  de  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso mínimo vital, no podrán 
presentarse nuevas solicitudes de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad 
Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero. No 
obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital 
que a 31 de diciembre de 2022 no cumplieran los requisitos para ser beneficiarios del 
ingreso mínimo vital reanudarán el percibo de la asignación económica por hijo o menor 
a cargo del sistema de la Seguridad Social, siempre que mantengan los requisitos para 
ser beneficiarios de la misma.
A partir del 1 de junio de 2020, los beneficiarios de la asignación económica por cada 
hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento 
continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y 
proceda su extinción.
Las solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de junio de 2020 se regirán por la 
norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de 
los límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la 
prestación  económica  por  nacimiento  o  adopción  de  hijo  en  supuestos  de  familias 
numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad.
Las solicitudes presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes al 1 de 
junio de 2020, en las que se alegue la imposibilidad para su presentación en una fecha 
anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán 
presentadas en la fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho 
y se produjo dicha imposibilidad.
La percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con 
discapacidad  inferior  al  33  por  ciento,  cuando  exista  identidad  de  causantes  o 
beneficiarios de esta.
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea 
superior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo 
anterior,  se  reconocerá  el  derecho  a  la  prestación  de  ingreso  mínimo  vital.  Dicho 
reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo del 
beneficiario del ingreso mínimo vital.
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior 
a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la 
primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo del beneficiario del ingreso mínimo vital. Si optara por la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la 
prestación de ingreso mínimo vital. e
A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, se exceptuará del cómputo de  bo
ingresos y patrimonio a que se refiere el artículo 20 de esta ley el importe de la  007ww
iansfeigrnioarc aiól n3 3e pcoonr ócmienictao  ppeorrc ihbiijdoo o. menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad
Disposición transitoria séptima.  Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de 
Acción social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.
1.  De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el 
registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las 
circunstancias previstas en el artículo 21.9 y 10.
Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital 
deberán  ser  firmados  por  una  o  un  trabajador  social  perteneciente  a  la  entidad, 
debidamente colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de colegiado.
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a 
la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los 
párrafos d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido 
en el artículo 21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo establecido, dará lugar a la 
suspensión del abono de la prestación.
La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 23.4 podrá comunicar a 
los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las prestaciones 
del  ingreso  mínimo  vital  para  la  realización  de  aquellas  actividades  que  tengan 
encomendadas, en el marco de la colaboración y cooperación que en la gestión y control 
del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas 
empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, 
están  obligados  a  comunicar  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social  cualquier 
modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los 
treinta días siguientes a que se produzcan.
2.  A los efectos de lo previsto en esta Ley, son mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme a la definición 
prevista en el artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción 
Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso 
Mínimo Vital.
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como 
registro  público,  de  titularidad  del  Ministerio  de  Inclusión,  Seguridad  Social  y 
Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social.
3.  Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo 
Vital todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función 
de su naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la solicitud de 
inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital.
b)  Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
c)  Ser  organizaciones  de  carácter  estatal,  conforme  a  lo  establecido  en  sus 
Estatutos.
d)  Tener  fines  institucionales  adecuados  para  la  realización  de  las  actividades 
consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
e)  Desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido en  e
sus Estatutos. bo
f)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la  007ww
Seggu)r idaNdo S hoacbiael.r sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus
rdeep sreus aecnttiavnidtaeds .legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el ejercicio
h)  Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para 
garantizar el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante certificado 
justificativo de la entidad solicitante.
i)  Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas 
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
j)  Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la entidad.
k)  Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia 
a personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará mediante la 
presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante.
l)  No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de 
la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley.
4.  Procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso 
Mínimo Vital:
a)  La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se 
realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada.
b)  Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos 
establecidos en esta ley o cualesquiera otros requeridos que le sea de aplicación, se 
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición.
c)  Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes 
para la inscripción en el registro.
d)  La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión  Social  procederá  a  dictar  resolución,  y  a  notificar  la  misma  a  la  entidad 
solicitante, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud 
en su registro.
Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  hubiera  notificado  resolución  expresa,  se 
entenderá desestimada.
e)  La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, pudiendo 
ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se comunique la baja en el 
registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos en los tres primeros meses de la 
prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación de la documentación que acredite el 
mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de oficio.
f)  Las  entidades  inscritas  en  el  registro  deberán  remitir  información  periódica 
acreditativa de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a lo 
que se establezca en la orden ministerial de desarrollo que se dicte.
g)  Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el registro 
cuando se esté tramitando un expediente sancionador o cuando haya sido sancionado 
por una falta muy grave.
5.  Régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital. Sin 
perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII:
a)  Son infracciones leves:
La ausencia de remisión de información requerida en esta ley en el plazo de quince  e.e
días desde que existiera la obligación de su envío. b
b1).º   SEol nfa inlsferaacmciieonnteos  dmeu cyu garlqauveiesr:a de las condiciones o requisitos para la inscripción,
pinogrr epsaor tme índiem ola v iteanl.tidad correspondiente, en el registro de mediadores sociales del  BOE-A-cable e
2.º  El  incumplimiento,  por  parte  de  las  entidades  inscritas  en  el  registro  de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el plazo de 
un año, de la obligación de remisión de información contemplada en esta ley.
c)  La  infracción  leve  establecida  en  esta  disposición  será  sancionada  con  el 
apercibimiento.
d)  Las infracciones muy graves, establecidas en esta disposición, cometidas por 
una entidad inscrita en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital darán 
lugar a la baja de su inscripción en el registro, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
Disposición transitoria octava.  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente ley.
1.  En los procedimientos de reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso 
mínimo vital iniciados a la entrada en vigor de esta Ley en los que no se hubiera dictado 
resolución o no se hubiera resuelto la reclamación administrativa previa formulada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social, se aplicarán las siguientes reglas:
a)  Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el cómputo 
de ingresos y patrimonio. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho serán 
los que correspondan a la solicitud.
b)  Será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  presente  ley  en  relación  con  el 
complemento  de  ayuda  a  la  infancia,  si  bien  los  efectos  económicos  de  su 
reconocimiento tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de 
entrada en vigor de esta ley.
c)  Será  de  aplicación  lo  establecido  en  la  presente  ley  en  relación  con  el 
complemento por discapacidad, si bien los efectos económicos de su reconocimiento 
tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor 
de esta ley.
A tal efecto, los interesados deberán acreditar el grado de discapacidad aportando el 
correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del 
IMSERSO  en  Ceuta  y  Melilla,  siempre  que  el  mencionado  certificado  acredite  la 
concurrencia del grado de discapacidad a la fecha de la entrada en vigor de esta ley. En 
otro caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente 
a aquél en el que concurra la discapacidad.
d)  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), si la aplicación de la normativa 
vigente en la fecha de la solicitud de la prestación hubiera supuesto su desestimación 
por incumplimiento de algún requisito pero hubiera sido estimada de conformidad con lo 
previsto en la presente ley, se estimará la solicitud con efectos económicos desde el día 
primero del mes siguiente al de su entrada en vigor.
Lo  previsto  en  este  apartado  será  igualmente  de  aplicación  para  resolver  las 
reclamaciones administrativas previas que hubiesen sido formuladas con posterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley.
2.  En el caso de prestaciones de ingreso mínimo vital vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley, se aplicarán las siguientes reglas:
a)  Cuando  en  la  unidad  de  convivencia  existan  menores  de  edad,  la  entidad  e.e
gestora de la prestación aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación con el  b
complemento  de  ayuda  a  la  infancia,  si  bien  su  reconocimiento  surtirá  efectos  007ww
perceosneónmteic loesy .a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la
obligLaac iómno ddaeli dalods  deex pceodniteronlt ees jedrceild ac osmobprleem  eeln troe codneo caimyuiednat op adreal  dlae reincfhaon cyia  dsee rláa 
exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en 
el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo 
establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II del Real Decreto 706/1997, de 16 de 
mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General de la Seguridad Social.
b)  Si los interesados acreditaran un grado de discapacidad igual o superior al 65% 
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, aportando el 
correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas o 
del IMSERSO en Ceuta y Melilla, se reconocerá el complemento por discapacidad con 
efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha entrada en vigor, siempre que 
el mencionado certificado acredite la concurrencia del grado de discapacidad a esta 
fecha. En otro caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del 
mes siguiente a aquél en el que concurra la discapacidad.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por 
el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas.
Se añade un nuevo párrafo p) al artículo 3 del Real Decreto 397/1996, de 1 de 
marzo, por el que se regula el registro de prestaciones sociales públicas, con la siguiente 
redacción:
«p)  La  prestación  económica  de  la  Seguridad  Social,  de  naturaleza  no 
contributiva, de ingreso mínimo vital.»
Disposición  final  segunda.  Modificación  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre, 
General Presupuestaria.
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«a)  Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por 
incapacidad temporal; protección a la familia; nacimiento y cuidado de menor y 
riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave; ingreso mínimo vital; así como las entregas 
únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea 
obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía 
esté objetivamente determinada.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el artículo 102 para añadir una letra f) a su apartado 8:
«f)  Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital.» s
Disposición  final  cuarta.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  General  de  la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se modifica como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 42.1.c), con la siguiente redacción:
«c)  Las  prestaciones  económicas  en  las  situaciones  de  incapacidad 
temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo 
durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad 
permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; 
protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de 
viudedad; pensión de orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de 
familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por defunción; indemnización en 
caso  de  muerte  por  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional;  ingreso 
mínimo vital, así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones 
especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta 
del titular del Ministerio competente.»
Dos.  Se añade un nuevo párrafo ñ) al artículo 72.2, con la siguiente redacción:
«ñ)  La  prestación  económica  de  la  Seguridad  Social,  de  naturaleza  no 
contributiva, de ingreso mínimo vital.»
Tres.  Se modifica el artículo 109.3.b) para añadir un nuevo ordinal 6.ª con la 
siguiente redacción:
«6.ª  El ingreso mínimo vital.»
Cuatro.  Se modifican los artículos 351.b) y 352.2, con la siguiente redacción:
«Artículo 351.b).
b)  Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres o padres con discapacidad.»
«Artículo 352.2.
2.  Serán,  asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en 
razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres:
a)  Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean 
personas  con  discapacidad  en  un  grado  igual  o  superior  al  33  por  ciento  o 
mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o 
superior al 65 por ciento.
b)  Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, 
siempre que concurran en ellos las circunstancias señaladas en la letra a) del 
artículo 351 y no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o  e.
guarda con fines de adopción. w.b
c)  Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no  007ww
bheanyae ficsiiadroio sm  doed ifilcaasd aa sijgundaicciaiolmneesn teq uey  ecno nrsaezróvenn  desu  elcloasp accoidrraeds pdoen deorbíaranr  as esráuns 
padres.»
Cinco.  Se modifica el artículo 130, en los siguientes términos:
«Artículo  130.  Tramitación  electrónica  de  procedimientos  en  materia  de 
Seguridad Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán adoptarse y notificarse 
resoluciones de forma automatizada en los procedimientos de gestión tanto de la 
protección  por  desempleo  previstos  en  el  título  III  como  de  las  restantes 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, excluidas 
las pensiones no  contributivas, así como en  los  procedimientos de afiliación, 
cotización y recaudación.
A tal fin, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal o 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o de la persona titular de la 
Dirección  del  Instituto  Social  de  la  Marina,  según  proceda,  se  establecerá 
previamente el procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u 
órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, 
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, 
auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará 
el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de 
la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción a la disposición adicional centésima cuadragésima 
primera, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional centésima cuadragésima primera.  Creación de la Tarjeta 
Social Digital.
Uno.  Se crea la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar 
las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones 
públicas.
La Tarjeta Social Digital se destinará a los siguientes usos:
a)  La  gestión  de  los  datos  identificativos  de  las  prestaciones  sociales 
públicas de contenido económico y situaciones subjetivas incluidas en su ámbito 
de aplicación y de sus beneficiarios, mediante la formación de un banco de datos 
automatizado.
b)  El conocimiento coordinado y la cesión de datos entre las entidades y 
organismos afectados, con el fin de facilitar el reconocimiento y supervisión de las 
prestaciones sociales públicas por ellos gestionadas.
c)  El acceso y la consulta de las administraciones públicas y otras entidades 
del sector público integradas en el sistema que gestionen prestaciones sociales 
públicas de contenido económico. e
d)  La explotación estadística con la finalidad de elaborar estudios y formular  bo
análisis encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas. 007ww
corrDesopso. ndLiean teT aa rtjeotdaa s lSaos cpiarel staDciigointael s sionccilaulierás  colan tribinuftoivramsa, cnióon c onatrcitbuuatliivzaasd ay 
asistenciales,  de  contenido  económico,  financiadas  con  cargo  a  recursos  de
carácter  público,  y  además  recogerá  una  información  sobre  las  situaciones  Bc
subjetivas  previstas  en  el  apartado  Cuatro  de  esta  disposición  adicional,  y 
ofrecerá, en base a dicha información, funcionalidades y utilidades a las distintas 
administraciones públicas y a los ciudadanos.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para que los ciudadanos 
puedan utilizar las funcionalidades y utilidades de la Tarjeta Social Digital.
Tres.  Se atribuye al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 
través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la administración, la gestión y 
el mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la 
Tarjeta Social Digital y las funcionalidades inherentes a la misma, con arreglo a las 
prescripciones  contenidas  en  esta  disposición  adicional  y  en  sus  normas  de 
desarrollo reglamentario.
Cuatro.  Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas 
públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de 
contenido  económico  enumeradas  en  el  apartado  Dos  facilitarán  al  Instituto 
Nacional de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los 
datos identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en 
cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a 
aquellas,  de  los  beneficiarios,  cónyuges  y  otros  miembros  de  las  unidades 
familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de 
efectos de su concesión o reconocimiento.
Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda o, en 
su caso, de las administraciones tributarias forales, dentro de cada ejercicio anual 
y  conforme  al  artículo  95  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General 
Tributaria,  y  la  normativa  foral  equivalente,  están  obligadas  a  suministrar  al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social información relativa a los niveles de renta 
de los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas 
de  contenido  económico,  para  lo  cual  dicho  Instituto  remitirá  el  fichero  de 
beneficiarios a la administración tributaria que corresponda en cada caso para que 
por esta se incluya para cada perceptor su nivel de renta.
A  su  vez,  las  administraciones  públicas,  entidades  y  organismos  con 
competencias de gestión o de coordinación estatal en materia de discapacidad, 
dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situación 
subjetiva  relevante,  que  así  se  determine  reglamentariamente,  facilitarán  al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada sobre estas 
situaciones en relación con todos los ciudadanos afectados.
Las  anteriores  previsiones  se  desarrollarán  con  arreglo  al  principio  de 
cooperación entre administraciones públicas al servicio del interés general.
Cinco.  Las administraciones públicas, entidades y organismos responsables 
de la gestión de las prestaciones sociales públicas definidas en el apartado Dos 
tendrán acceso a toda la información de la Tarjeta Social Digital. Asimismo, el 
ciudadano tendrá acceso a toda la información registrada sobre su persona en la 
Tarjeta Social Digital.
Seis.  El tratamiento de datos previsto en la Tarjeta Social Digital se basa en 
el interés público que representa disponer de un sistema informático integrado en 
el que se recojan todas las prestaciones sociales públicas de contenido económico 
y situaciones subjetivas relevantes que afecten a los ciudadanos. La información 
contenida  en  la  Tarjeta  se  someterá  a  la  normativa  vigente  en  materia  de 
protección de datos de las personas físicas. s
Siete.  Las prestaciones sociales públicas de carácter económico definidas en  oe.
el apartado Dos, se incorporarán de forma gradual a la Tarjeta Social Digital de  w.
acuerdo con los plazos, requisitos y procedimientos que se establezcan mediante  007ww
normOac hreog. lamSee ntfaarciau.lta  al  Gobierno  para  dictar  cuantas  disposiciones  sean
necesarias para la aplicación y desarrollo de esta disposición adicional.»
Dos.  Se  da  nueva  redacción  a  la  disposición  transitoria  tercera,  que  queda 
redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria tercera.  Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
El  Registro  de  Prestaciones  Sociales  Públicas,  constituido  en  el  Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y gestionado por el mismo, se mantendrá en vigor 
en los términos previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, así como en el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, dando servicio a 
las entidades, organismos y empresas incluidas en el catálogo a que se refiere el 
artículo 9 del citado real decreto, hasta la fecha que se determine en la norma 
reglamentaria  que,  en  desarrollo  de  la  disposición  adicional  centésima 
cuadragésima primera de la presente ley, regule la Tarjeta Social Digital.
A partir de su puesta en funcionamiento, quedará integrado en la Tarjeta Social 
Digital  el  contenido  del  actual  Registro  de  Prestaciones  Sociales  Públicas, 
regulado por el artículo 72 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, y por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo.»
Disposición final sexta.  Financiación de los gastos derivados de las funciones que 
puedan desarrollar las entidades locales en aplicación del artículo 25 de esta Ley.
1.  Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 25 de la presente Ley, 
deberán  ser  financiados  por  las  entidades  locales  exclusivamente  con  cargo  a  los 
ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el 
procedimiento  regulado  en  aquel  precepto,  sin  que  se  pueda  exceder  el  superávit 
previsto al cierre del ejercicio con arreglo a la información de ejecución del presupuesto, 
pudiendo utilizarse como referencia la que, con periodicidad trimestral, se remite al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 de esta última, 
para determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento a los 
efectos del artículo 21.1 de la citada Ley Orgánica se tendrá en consideración, con 
carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere esta 
Disposición final en el que incurran las Entidades Locales.
2.  El importe de las obligaciones reconocidas por las Entidades Locales por el 
gasto adicional consecuencia de la ejecución de las funciones a las que se refiere esta 
Disposición no podrá superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de vigencia del 
respectivo  convenio  de  colaboración  suscrito  de  acuerdo  con  el  artículo  25  de  la 
presente Ley, el 5 por ciento del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio 
anterior por el capítulo 1, gastos de personal, correspondientes a la política de gasto 23. 
Servicios sociales y promoción social, de la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales, aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
3.  Las Corporaciones Locales suministrarán al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, con periodicidad trimestral, información específica relativa a la ejecución de las 
funciones  a  las  que  se  refiere  esta  Disposición,  incluyendo  en  todo  caso  la 
correspondiente al gasto realizado. A estos efectos, se habilita al órgano competente del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública para determinar los modelos de formularios  es
normalizados  para  la  captura  de  aquella  información  y  dictar,  en  su  caso,  las  bo
instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreción, procedimiento y  007ww
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Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá difundir o publicar la información 
remitida en virtud de la presente Ley con el alcance, contenido y metodología que 
determine.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo 
referido a los plazos establecidos, el correcto contenido, idoneidad o modo de envío de 
los  datos  podrá  llevar  aparejada  la  imposición  de  las  medidas  previstas  en  los 
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previo requerimiento a la Corporación Local 
para su cumplimiento en un plazo de diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible 
responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
podrá dar publicidad a los requerimientos efectuados o al incumplimiento de los mismos.
Disposición final séptima.  Actualización de valores.
Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a modificar los valores, escalas y porcentajes previstos en los anexos I, II, 
III y IV, así como en los artículos 11.6 y 13.2 cuando, atendiendo a la evolución de las 
circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a 
las evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 31.3, se aprecie la necesidad de 
dicha modificación con el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora 
dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de 
recursos económicos para la cobertura de necesidades básicas.
Las propuestas de modificación se someterán a consulta previa de la Comisión de 
seguimiento y del Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.
Disposición final octava.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.
El artículo 3, párrafo p), del Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se 
regula el registro de prestaciones sociales públicas, conserva su rango normativo como 
real decreto.
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la Jurisdicción social.
Se modifica la letra o) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social, en los siguientes términos:
«o)  En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección 
por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o 
terceros  respecto  de  las  prestaciones  de  Seguridad  Social  en  los  casos 
legalmente establecidos. También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones 
de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio 
de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para 
la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social 
de las personas beneficiarias. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la 
valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como 
sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de  e.
dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración  w.b
que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.» 007ww
Disposición final décima.  Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª
y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles  en  el  ejercicio  de  los  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes 
constitucionales;  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la  actividad 
económica;  hacienda  general  y  deuda  del  Estado;  legislación  básica  y  régimen 
económico de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y el procedimiento administrativo común.
Disposición final decimoprimera.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final decimosegunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 20 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO I
Escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo 
de unidad de convivencia para el ejercicio 2020
  Escala de incrementos
Un adulto solo. 5.538 € (renta garantizada para un adulto solo)
Un adulto y un menor. 1,52
Un adulto y dos menores. 1,82
Un adulto y tres menores. 2,12
Un adulto y cuatro o más menores. 2,2
Dos adultos. 1,3
Dos adultos y un menor. 1,6
Dos adultos y dos menores. 1,9
Dos adultos y tres o más menores. 2,2
Tres adultos. 1,6
Tres adultos y un menor. 1,9
Tres adultos y dos o más menores. 2,2
Cuatro adultos. 1,9
Cuatro adultos y un menor. 2,2
ANEXO II
Escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable según 
el tipo de unidad de convivencia
  Escala de incrementos
16.614 € (3 veces la renta garantizada para un adulto 
Un adulto solo.
solo)
Un adulto y un menor. 1,4
Un adulto y dos menores. 1,8
Un adulto y tres o más menores. 2,2
Dos adultos. 1,4
Dos adultos y un menor. 1,8
Dos adultos y dos menores. 2,2
Dos adultos y tres o más menores. 2,6
Tres adultos. 1,8
Tres adultos y un menor. 2,2 e
Tres adultos y dos o más niños. 2,6 w.
CCuuaattrroo  aadduullttooss. y un niño. 22,,26
Otros. 2,6
ANEXO III
El límite de test de activos para un adulto será de 6 veces la renta garantizada, con 
una  escala  de  incrementos  igual  a  la  del  anexo  II,  según  el  tipo  de  unidad  de 
convivencia.
ANEXO IV
Límites de renta y patrimonio para los beneficiarios del IMV por situación de 
vulnerabilidad económica del año en curso, conforme al artículo 11, apartado 5
A efectos de acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, la 
renta y patrimonio de conformidad con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del 
artículo 21, apartado 7 de la presente Ley, de la persona individual o de la unidad de 
convivencia, en el ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud, no podrán superar los 
siguientes umbrales:
– 300 % de la renta garantizada correspondiente a un adulto solo, con la escala de 
incremento que corresponda del anexo I
– 100 % del límite de patrimonio neto correspondiente a un adulto solo con la escala 
de incremento que corresponda del anexo II.
En todo caso será de aplicación el límite del test de activos definido en el anexo III.