BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 29  Miércoles 3 de febrero de 2021  Sec. I.   Pág. 12268
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
1529 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para 
la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico.
I
Ante la persistencia de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, es 
preciso seguir adoptando las medidas que la situación exige en cada momento, empleando 
además los instrumentos que permitan que tales medidas tengan eficacia en el menor 
plazo posible, dada la urgencia inherente al escenario actual. Este escenario se caracteriza 
por un incremento notable del gasto público, acompañado de una ralentización de la 
actividad económica en ciertos sectores, como consecuencia de las restricciones 
impuestas por las autoridades sanitarias en su empeño por hacer frente a la pandemia. 
Por ello, es imperativa la adopción de las medidas que son objeto de este real decreto-ley, 
y que persiguen un triple objetivo: Primero, reforzar la fortaleza y viabilidad del sistema de 
Seguridad Social, al tiempo que se actúa contra la brecha de género manifestada en las 
pensiones, mediante la reforma del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; 
segundo, mejorar los mecanismos protectores en favor de los colectivos que más lo 
precisan, modificando por un lado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital y mejorando, por otro lado, el régimen de incapacidad 
temporal del personal sanitario y sociosanitario; y tercero, garantizar la suficiencia de los 
recursos de familias y autónomos, ampliando el plazo para que puedan disfrutar de 
moratorias hipotecarias y otorgando avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019 
(asunto WA), estableció que el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del 
sistema era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, 
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social. Y lo hizo por entender que resulta discriminatorio 
que se reconozca un derecho a un complemento de pensión por aportación demográfica 
para las mujeres (con al menos dos hijos), «… mientras que los hombres que se 
encuentran en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento…».
De esta forma, la sentencia ha puesto de manifiesto la defectuosa configuración legal 
del citado complemento en tanto compensación por aportación demográfica. Y la 
necesidad de proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un 
instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones.
No es exagerado afirmar que la brecha de género constituye la principal insuficiencia 
en la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de las pensiones como reflejo 
de una discriminación histórica y estructural de las mujeres en el mercado de trabajo por 
la asunción del rol de cuidadoras de los hijos e hijas. En este sentido, se constata que la 
maternidad afecta decisivamente a la trayectoria laboral de la mujer en su etapa en activo 
y es esta una, si no la más importante, causa de esa brecha: cuanto mayor es el número  e.
de hijos, menor es el número de años cotizados, menor es la proporción de contratos a  w.
tiempo completo o equivalente, y menor es, en última instancia, la pensión reconocida. 29ww
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pese a su intención de tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan podido
cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores» (ATC 114/2018). Y el mismo 
Tribunal ha avalado las medidas de acción positiva en favor de las mujeres, siempre que 
exista una concreción normativa previa, que la medida sea proporcionada y que su eficacia 
sea temporal, hasta que desaparezca la situación de desigualdad (ATC 119/2018). Estos 
parámetros concurren en la presente regulación, cuya conexión con el mandato de 
consecución de la igualdad efectiva de los artículos 9.2 de la Constitución Española y 11 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y con la doctrina de acción positiva es más que evidente, además de enlazar con 
las recomendaciones del Pacto de Toledo, recientemente renovado.
La nueva regulación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, y de su réplica en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (disposición 
adicional decimoctava), sustituye el complemento de maternidad por aportación 
demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género en el que 
el que el número de hijos es el criterio objetivo que se utiliza para articular la medida por 
cuanto su nacimiento y cuidado es la principal causa de la brecha de género.
Y lo hace de una forma equilibrada y efectiva –y al mismo tiempo respetuosa con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, a través de un diseño en el 
que se persigue configurar el «complemento» como una palanca para la reducción de la 
brecha de género, que es el reflejo de esa situación de subordinación de las mujeres en el 
mercado de trabajo al haber asumido históricamente un papel principal en la tarea de los 
cuidados de los hijos. Pero se hace dejando la puerta abierta a que aquellos padres que 
acrediten un perjuicio en su carrera de cotización con ocasión del nacimiento o adopción 
de un hijo por la asunción de esas tareas de cuidados tengan acceso al «complemento». 
Es decir, que se combina una acción positiva en favor de las mujeres (si ninguno de los 
progenitores acredita el perjuicio en su carrera de cotización, el «complemento» lo percibe 
la mujer) con la previsión de una «puerta abierta» para aquellos hombres que puedan 
encontrarse en una situación comparable.
En definitiva, puede concluirse que la nueva regulación del artículo 60 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social persigue lo que el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea identifica como un objetivo legítimo de política social: corregir una 
situación de injusticia estructural (la asunción por las mujeres de las tareas de cuidados 
de los hijos) que se proyecta en el ámbito de las pensiones, dando visibilidad a la 
carencia histórica de políticas de igualdad y a la asignación del rol de cuidadora. En el 
bien entendido que se trata de reparar un perjuicio que han sufrido a lo largo de su 
carrera profesional las mujeres que hoy acceden a la pensión, es decir, un perjuicio 
generado en el pasado. Y que, por tanto, resulta perfectamente compatible y coherente 
con el desarrollo de políticas de igualdad ambiciosas que corrijan las desigualdades 
actualmente existentes en el mercado de trabajo y la asignación de los roles relacionados 
con los cuidados.
En coherencia con este planteamiento, el alcance temporal del nuevo complemento 
económico se vincula a la consecución del objetivo de reducir la brecha de género en las 
pensiones contributivas de jubilación por debajo del 5 por ciento.
También se fija un sistema de revisión en el que se da entrada a los interlocutores 
sociales, garantizando así el compromiso de todos en la lucha contra la desigualdad de 
género, cuyo mayor exponente se pone de manifiesto en los momentos de mayor 
necesidad. Ello obliga a modificar tanto el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social como el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. es
Todas estas medidas exigen establecer el sistema de financiación, así como precisar  o
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regulación de este instrumento, reforzando así la legitimidad social de la reforma.
II
Por otra parte, se incluyen en el presente real decreto-ley una serie de reformas 
imprescindibles en el ámbito de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, 
regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. El periodo de puesta en marcha de la prestación, desde su entrada en vigor, 
ha hecho evidente la necesidad de mejorar algunos aspectos de la misma para permitir 
que se dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas situaciones 
que, con la regulación actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que 
permita incorporarlas correctamente a la prestación.
La protección de los más desfavorecidos se presenta como un objetivo inaplazable, 
más en estos momentos de crisis económica motivada por la crisis sanitaria. Resulta 
imprescindible que el Estado dé una respuesta inmediata a una situación de urgente 
necesidad, que en este caso se articula a través de los mecanismos existentes en el 
sistema de la Seguridad Social y, en concreto, a través de la prestación no contributiva de 
ingreso mínimo vital. De ahí la modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.
A tal fin, se modifica la regulación de las personas usuarias de prestaciones de servicio 
residencial para ampliar la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a las personas 
que residan en establecimientos financiados con fondos privados, dado que en la redacción 
previa solo se extendía a establecimientos públicos. Esto se debe a que existen personas 
en situación de exclusión social que, por razón de la titularidad de estos recursos de los 
que hacían uso, quedan fuera de la prestación.
Asimismo, se elimina el límite de titulares del ingreso mínimo vital en una misma 
vivienda, con el fin de eliminar las barreras de acceso al mismo que han podido 
experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como de 
reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una 
misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos.
Por otro lado, se ha manifestado relevante el considerar determinados casos 
especiales de empadronamiento, contemplados en la Resolución de 17 de febrero 
de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección 
General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. En concreto, el caso del 
empadronamiento  en  establecimientos  colectivos  y  el  empadronamiento  en 
infraviviendas y de personas sin domicilio. Este tipo de empadronamientos ponen de 
manifiesto una realidad, la de residencia en centros colectivos y el sinhogarismo o 
residencia en infraviviendas, que requieren una consideración especial y que difiere del 
régimen general de empadronamiento establecido en el artículo 19 del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo.
En este supuesto, se permite que la unidad de convivencia se configure por el titular, 
por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su 
caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción. En algunos supuestos se puede extender hasta el segundo grado.
Por otra parte, otro fenómeno que también afecta a los potenciales beneficiarios de la 
prestación es la posibilidad de residir en un domicilio con personas con las que tuvieran 
vínculos propios de la unidad de convivencia, pero que esta convivencia se deba a una 
situación especial, tal como tener el carácter de mujer víctima de violencia de género, 
haber iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la  s
disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, acompañada de menores en  e.
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, o haber  w.
abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado inhabitable por causa de  29ww
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no tengan vínculos de parentesco.
Por otra parte, la complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarias 
de la prestación requiere de la participación de los servicios sociales, y transitoriamente, 
de entidades del tercer sector de acción social debidamente acreditadas -los mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital- para poder certificar la existencia de determinadas 
situaciones particulares.
La figura de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital constituye un mecanismo 
de cooperación reforzada en la tramitación de la prestación que se hace necesaria durante 
los primeros cinco años desde la entrada en vigor de esta norma, para agilizar y facilitar a 
la entidad gestora de la prestación, la acreditación de determinados requisitos exigidos 
para el acceso a la misma.
Para ello se regulan los requisitos sustantivos para que una entidad pueda considerarse 
mediador social del ingreso mínimo vital. Esta condición se obtendrá mediante la inscripción 
en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital, que se crea en la disposición 
transitoria octava que se introduce en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. La 
inscripción en el mismo se realizará por medio de resolución de la persona titular de la 
Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social previa acreditación 
de todos los requisitos requeridos para la misma. El mantenimiento de los requisitos que 
permitieron la inscripción en el registro deberá acreditarse con carácter anual.
De este modo, se requerirá, para el acceso a la prestación, certificado de los servicios 
sociales con el fin de acreditar la residencia colectiva, el carácter no permanente de la 
prestación de servicio residencial, el domicilio real de una persona que alegue no vivir 
donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos cuando en el mismo 
domicilio, a parte de los solicitantes de la prestación, residan otras personas. El 
mantenimiento de los informes debe hacerse con carácter anual.
También se incorpora con esta modificación que la notificación de la resolución a 
personas sin domicilio será efectuadas en los servicios sociales del municipio o en su caso 
en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren 
empadronadas, así como la inclusión de la obligación de los ayuntamientos y las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social de comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social los cambios de domicilio en los supuestos de personas sin domicilio en cuya sede 
se encuentren empadronados.
III
Se recogen en esta norma otras medidas de Seguridad Social que por su necesidad 
de aplicación inmediata no resulta posible seguir una tramitación ordinaria.
Entre estas medidas se encuentra la modificación del párrafo segundo del apartado 9 
del artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo, para vincular el cese de la obligación de cotizar 
al mes en que se presenta la solicitud de la prestación y el artículo 7 del citado texto, con 
el objeto de facilitar a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la 
prueba de la caída de ingresos estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitara 
el acceso a la prestación al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la 
actividad en determinados supuestos.
Por otro lado, la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ocasionada como 
consecuencia de la pandemia que estamos atravesando, hace esencial facilitar a las 
administraciones públicas la contratación de profesionales, sanitarios, que están retirados 
de la vida activa. El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el  s
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS- oe.
CoV-2, establece que durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones  w.
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Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre,  Bc
General de Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, hasta el 9 de mayo de 2021 
a las 00:00 horas.
El artículo 2 del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, indica que a los 
efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación y en 
cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente 
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto. Asimismo, el 
artículo 12 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prevé que cada Administración 
conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así como la gestión de 
sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime necesarias, sin 
perjuicio de lo establecido en este real decreto.
Entre estas medidas se encontraría la posibilidad de que las y los profesionales 
sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las 
comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía.
Por último, se acuerda avanzar en la protección de las y los profesionales que prestan 
servicios en centros sanitarios o socio sanitarios y que contraigan la COVID-19 en el 
ejercicio de su profesión durante la situación de pandemia, extendiendo esta cobertura al 
personal sanitario que presta servicios en la inspección médica de los Servicios Públicos 
de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal sanitario de Sanidad 
Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina.
Ya mediante la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia, se había establecido que las prestaciones causadas 
por dicho personal se considerasen derivadas de accidente de trabajo.
En virtud del presente real decreto-ley, las prestaciones que pudieran devengar estos 
profesionales serán las mismas que el sistema de la Seguridad Social otorga a quienes 
hubieran contraído una enfermedad profesional. Se trata, con ello, de dar una respuesta 
excepcional a una situación también excepcional, que a la vez permite satisfacer las 
demandas que se habían formulado en este sentido desde distintas corporaciones y 
asociaciones de profesionales sanitarios y socio-sanitarios, dando respuesta también a la 
demanda formulada al Gobierno por los grupos parlamentarios.
IV
Con el fin de romper el círculo vicioso entre liquidez y solvencia originado como 
consecuencia de las medidas necesarias para contener la pandemia, se aprobaron varios 
reales decretos-leyes en los que se articulaban moratorias para el pago de préstamos 
tanto hipotecarios, como no hipotecarios dirigidos a familias y autónomos, y, posteriormente, 
dirigidos a determinados sectores económicos que habían sufrido especialmente los 
efectos de la crisis.
La Autoridad Bancaria Europea se hizo eco de las perturbaciones generadas en toda 
Europa por la pandemia global y aprobó las Directrices relativas a las moratorias 
legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis 
del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) el 2 de abril de 2020. Estas Directrices han permitido a 
las entidades de crédito un tratamiento contable favorable de las moratorias otorgadas 
para paliar los efectos de la COVID-19, mitigando el impacto sobre las entidades 
financieras de las mismas, compaginando así el interés público de proteger a los afectados 
por la crisis de la COVID-19 con el mantenimiento de la estabilidad financiera. s
Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea establecían límites a los plazos de  oe.
concesión que se han venido ampliando. Inicialmente, el plazo que se fijó fue hasta el 30  w.
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nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de  Bc
transportes y vivienda.
La evolución de la pandemia a nivel global, y en particular, a nivel europeo, ha 
motivado que la Autoridad Bancaria Europea haya abordado nuevamente una 
modificación de estas Directrices (EBA/GL/2020/15) para ampliar nuevamente el plazo de 
solicitud de las moratorias. Este real decreto-ley pretende adaptar nuestro ordenamiento 
jurídico a dicha ampliación.
De forma coherente con la extensión de los efectos de la pandemia, resulta 
conveniente ampliar el plazo del que disponen las personas vulnerables conforme a lo 
que dispone el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19 para poder solicitar y obtener las moratorias en el pago de las 
cuotas de la financiación en la misma forma y condiciones ya previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, respecto a las deudas con garantía 
hipotecaria, y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, respecto de los créditos 
sin garantía hipotecaria. Además, se permite que las personas beneficiarias de 
cualesquiera moratorias, tanto legales como acogidas a un acuerdo sectorial, disfruten 
de las mismas por una duración máxima acumulada de nueve meses, incluidos aquellos 
que inicialmente hubieran solicitado una moratoria por un plazo inferior a este.
En este sentido, el artículo 7 amplía hasta el 30 de marzo de 2021, incluido, el plazo 
para solicitar moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria prevista 
en cada uno de los reales decretos-leyes citados en la línea prevista en el contexto de la 
Unión Europea, tal como se establece en el número 10 (f) de las Directrices de la Autoridad 
Bancaria Europea relativas a las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos 
de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la COVID-19.
En cuanto al plazo de solicitud de las moratorias concedidas al sector turístico y al 
sector del transporte de viajeros por carretera se ha extendido de forma automática en 
aplicación de lo establecido en dichas Directrices, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (sector turístico) y en el 
artículo 20.2 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda (sector de transporte de viajeros por carretera).
Complementariamente, este artículo 7 permite a los beneficiarios solicitar la concesión 
de cualesquiera moratorias hasta el límite máximo de nueve meses previsto en las citadas 
Directrices de la EBA. De esta forma, podrán solicitar la aplicación de cualesquiera 
moratorias durante un máximo de nueve meses quienes no hubieran solicitado previamente 
la moratoria o suspensión y quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o 
suspensión por un plazo total acumulado inferior a nueve meses.
Por otra parte, el artículo 8 establece un plazo de duración máxima acumulada de las 
mismas también coherente con el previsto en el ámbito de la Unión Europea. Este real 
decreto-ley se aplica a las moratorias concedidas con anterioridad a su entrada en vigor. Las 
moratorias concedidas sobre la base de acuerdos sectoriales permitían unos efectos y una 
duración superior a los tres meses inicialmente previstos en las moratorias legales. Ahora se 
establece que la duración acumulada de la moratoria legal y la acogida a un convenio 
sectorial de la que disfruta el prestatario beneficiario no debe superar los nueve meses.
Este plazo máximo de duración es de aplicación a todas las moratorias, tanto a las 
legales como a las acogidas a un acuerdo marco sectorial regulado por el Real Decreto-
ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia  es
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los  o
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duración se aplica de forma retroactiva a las moratorias concedidas hasta el 30 de
septiembre de 2020, fecha límite de aplicación retroactiva de las nuevas Directrices de la 
Autoridad Bancaria Europea. De este modo, las moratorias concedidas después del 30 de 
septiembre de 2020 podrían tener una duración máxima de nueve meses. No obstante, en 
este real decreto-ley se establece que las moratorias concedidas antes del 30 de 
septiembre de 2020 podrán seguir teniendo una duración superior a los nueve meses y de 
otro, las concedidas entre el 30 de septiembre y la entrada en vigor del mismo, mantendrán 
las condiciones y duración por las que fueron concedidas en su día.
La incertidumbre sobre la duración de la pandemia y sus efectos hacen aconsejable 
dotar de flexibilidad esta medida, por lo que se incorpora la posibilidad de extender este 
plazo más allá de dicha fecha. Lo mismo ocurre con el plazo de duración total de las 
moratorias, que podrá ser igualmente objeto de ampliación por el mismo procedimiento, 
todo ello en coherencia con el marco financiero europeo que le resulta de aplicación.
V
El otorgamiento de avales públicos a la financiación concedida por las entidades 
financieras para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos cumplen con 
la normativa establecida por la Unión Europea, fundamentalmente con el Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto 
del actual brote de COVID-19 y con el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
De acuerdo con la normativa europea, las autoridades concedentes están sujetas a la 
obligación de publicar determinada información sobre la ayuda concedida. De hecho, la 
falta de cumplimiento de esta obligación de comunicación de ayudas puede devenir en la 
ilegalidad de las mismas. Para el caso de las líneas de avales gestionadas por el Instituto 
de Crédito Oficial, sin duda las más relevantes en términos de volumen, el Estado, como 
avalista, está obligado a reportar información sobre las ayudas concedidas a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, gestionada por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). Para poder cumplir con esta obligación, es necesario 
disponer de información individualizada por empresa de las calificaciones crediticias del 
Banco de España. Con este objetivo, a través de este real decreto-ley, se establece el 
derecho del Instituto de Crédito Oficial a obtener dicha información cuando así lo solicite. 
Además, se establecen dos deberes para el Instituto de Crédito Oficial en relación con la 
información obtenida: Deberá tratar la información de manera confidencial y deberá 
utilizarla únicamente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
europea de ayudas de Estado.
VI
El presente real decreto-ley incluye nueve artículos, distribuidos entre tres capítulos y 
dos títulos; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición 
derogatoria y tres disposiciones finales.
El título I se dedica a las medidas en materia de Seguridad Social y cuenta con:
Un capítulo I destinado al complemento para la reducción de la brecha de género.
Mediante el artículo 1, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, con el siguiente alcance: e
Se lleva a cabo la modificación del artículo 60 para adaptarlo a la finalidad perseguida  w.
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Se incorporan al texto una disposición adicional trigésima sexta, destinada a la 
financiación del complemento recogido en el artículo 60 y una disposición adicional 
trigésima séptima sobre el alcance temporal de dicho complemento.
Se añade una nueva disposición transitoria trigésima tercera, para regular el 
mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones contributivas 
del sistema de la Seguridad Social.
Por medio del artículo 2 se lleva a cabo la modificación del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, afectando esta modificación a la disposición adicional 
decimoctava con la finalidad de extender el complemento económico para la reducción 
de la brecha de género previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, a los perceptores de una pensión en el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, y se incorpora una disposición transitoria décima cuarta para 
regular el mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones 
de Clases Pasivas.
El capítulo II contiene las medidas en materia del ingreso mínimo vital. En particular, 
mediante el artículo 3 se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital. Se introducen diversas modificaciones de la 
regulación del ámbito subjetivo, que afectan al artículo 4, para la determinación de las 
personas beneficiarias de la prestación; al artículo 5, para suprimir el límite de titulares en 
el mismo domicilio; a los artículos 6, 6 bis, 6 ter y 6 quater, en relación con las características 
de las unidades de convivencia. Y en coherencia con los anteriores cambios, se modifica 
la previsión sobre las causas de suspensión del derecho (artículo 14), sobre la acreditación 
de los requisitos (artículo 19), se incorpora un artículo 19 bis para establecer las 
obligaciones de los servicios sociales. También se introducen cambios en el procedimiento 
(artículo 25); se modifican los artículos 30 y 31 para garantizar la participación de todos los 
interesados e implicados en la comisión de seguimiento y en el consejo consultivo, se 
establece una nueva regulación relativa a la comunicación de los cambios de domicilio y 
se incorpora al texto una disposición transitoria destinada a regular la colaboración de las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social, cuya participación es de carácter transitorio.
El capítulo III contiene diversas disposiciones que se desarrollan en el ámbito del 
sistema de la Seguridad Social.
A través del artículo 4, se modifica del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, con tres finalidades, 
por un lado vincular el cese de la obligación de cotizar al mes en que se presenta la solicitud 
de la prestación por cese de actividad cuando la misma viene determinada por resolución de 
la administración competente; por otro lado se modifica el artículo 7 con el objeto de facilitar 
a los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva la prueba de la caída de 
ingresos estableciéndose una presunción al efecto, lo que facilitara el acceso a la prestación 
al descargarle de la necesidad de probar la reducción de la actividad en determinados 
supuestos, y por último se revisa la disposición transitoria segunda para otorgar coherencia 
y evitar un trato desigual ante las mismas situaciones, así, por error, se estableció en esta 
disposición que la finalización de la prestación tendrá lugar el último día del mes siguiente al 
del levantamiento de las medida de contención de la propagación del virus SARS-CoV-2 
adoptadas por las autoridades competentes o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última 
fecha es anterior, cuando lo cierto es que esta prestación se debe devengar hasta el último 
día de mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o el 31 de mayo de 2021 si 
esta última fecha es anterior, tal y como establecía el artículo 13.1 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y establece  es
en la actualidad el artículo 5.8 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. No existe  o
jcndueoessmlt eiRPfbi cdoeraaera cm loa ióDticerntoeni v catlioradleg dactuoodon,  m c9aeu2o lpa 6 apan/er2rdtar0íosc 2 oumd0nleoa,a s ndl5a tee,ep  snap2terra5eert  cuvdeeétealn   rlpo ailoaoc  cgstduo oerbme  rldqaepeus,a   iptsupiibonrtooiral fis dee paqsl riudqeoe usnd etepae src so lieasóva  nodpn ceeieatcnaxnlsrta riisaraóauson  ,r oe ddrtle oienear agsjluirtzaaibaamdid laoivoeci  nndiaótcelo nu a.a lmacladopranam  reaaoll     OE-A-2021-1529able en https://www.
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Por último, con el artículo 6, se acuerda avanzar en la protección de las y los 
profesionales que prestan servicios sanitarios o socio-sanitarios y contraigan el COVID-19 
en el ejercicio de su profesión durante la situación de pandemia.
El título II contiene medidas en el ámbito económico.
Mediante el artículo 7 se amplía hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, el plazo para 
solicitar moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria en la línea 
prevista en el contexto de la Unión Europea. Además, establece que podrán solicitar la 
aplicación de cualquier moratoria hasta un máximo acumulado de nueve meses tanto 
quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, como quienes 
hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensión por un plazo total acumulado 
inferior a nueve meses.
El artículo 8 establece un plazo de duración de las moratorias también coherente con 
el previsto en el ámbito de la Unión Europea, de forma que la duración acumulada de las 
moratorias legales o acogidas a acuerdos sectoriales concedidas después del 30 de 
septiembre de 2020 no podrá superar un total de nueve meses.
El artículo 9 otorga al Instituto de Crédito Oficial el derecho a obtener información 
individualizada por empresa de las calificaciones crediticias del Banco de España 
realizadas en el ejercicio de sus funciones de implementación de la política monetaria, y 
establece su obligación de tratar de manera confidencial la información individual de las 
calificaciones crediticias y de utilizar la misma exclusivamente para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa europea de ayudas de Estado en la concesión 
o gestión de avales públicos.
En relación con las disposiciones adicionales, la modificación del artículo 60 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y de la disposición adicional 
decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, y su inminente entrada en vigor exige la 
incorporación de una disposición que establezca la cuantía del complemento económico 
para la reducción de la brecha de género, objetivo este que se alcanza con la disposición 
adicional primera.
La disposición adicional segunda establece. la acreditación de la reducción de la 
facturación de determinados trabajadores autónomos que han percibido la prestación de 
cese de actividad en diferentes modalidades.
Mediante la disposición adicional tercera se extiende la protección por contingencias 
profesionales al personal sanitario que presta servicios en la inspección médica de los 
Servicios Públicos de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal 
sanitario de Sanidad Marítima que preste servicios en el Instituto Social de la Marina, que 
haya contraído una enfermedad causada por el SARS-CoV-2.
La disposición adicional cuarta recoge la posibilidad de extender el plazo para solicitar 
moratorias en el pago de la financiación hipotecaria y no hipotecaria más allá del 31 de 
marzo de 2020, cuando así se establezca mediante la correspondiente modificación de las 
Directrices de la Autoridad Bancaria Europea. Lo mismo ocurre con el plazo de duración 
total de las moratorias, que podrá ser igualmente objeto de ampliación.
La disposición transitoria única mantiene la duración de las moratorias de préstamos 
concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y la entrada en vigor de este real decreto-
ley aunque supere el máximo de nueve meses establecido en el artículo 8.
Además, el texto incorpora una disposición derogatoria única por la que se acuerda la 
derogación cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
este real decreto-ley. es
Por último, se recogen tres disposiciones finales relativas al título competencial,  o
habilitación normativa y entrada en vigor. 29www.
VII
Ante la situación que afronta nuestro país por la declaración internacional de pandemia,
unida a la declaración de un nuevo estado de alarma, se hace patente la concurrencia de  Bc
motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas sociales 
y de alivio de la carga financiera de las y los ciudadanos.
Con respecto a la modificación del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, concurre el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad por 
dos razones fundamentales: la primera razón es el riesgo de quiebra de los avances en la 
reducción de la brecha de género. Es evidente que la formulación inicial del complemento 
de maternidad, en la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, pone en riesgo la consecución de una plena igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito de la protección social, lo cual exige una respuesta legislativa inmediata 
capaz de reorientar la norma hacia la reducción –y la eventual supresión– de las 
desigualdades que se ponen de manifiesto con ocasión del acceso a las pensiones 
públicas. Y, en segundo lugar, la adopción de la norma viene motivada por razones de 
seguridad jurídica, ya que resulta obligado reconducir la norma a fin de que un instrumento 
concebido como medida de acción positiva en beneficio de la mujer siga subsistiendo 
desprovisto de su finalidad primigenia, lo cual redunda en una lógica incertidumbre que 
debe finalizar (STC 11/2002). En esta línea se enmarca la modificación de la prestación de 
ingreso mínimo vital cuya finalidad es ajustar la norma a las necesidades puestas de 
manifiesto durante el tiempo que lleva aplicándose y que exige garantizar la protección del 
sector de la población más desfavorecido, cuya situación de vulnerabilidad se ha visto 
agravada como consecuencia de la pandemia y cuya demora sería injustificable. Del 
mismo modo se presenta como una necesidad urgente la protección de los trabajadores 
que se ven afectados por la crisis sanitaria y económica, y que obliga a adoptar medidas 
que garanticen la acreditación de la bajada de ingresos o la protección prestacional 
adecuada en virtud de los riesgos que asumen. En el actual escenario es, además, urgente 
y necesario adoptar medidas de contenido financiero para afrontar sus consecuencias en 
la ciudadanía, en particular, en los colectivos más desfavorecidos y en los agentes 
económicos. La extensión de los efectos sociales y económicos de la pandemia en el 
momento actual nos sitúan en la necesidad de abordar de forma urgente un ajuste de 
algunas de las medidas diseñadas para aquellas personas físicas que se encuentren en la 
situación de vulnerabilidad inicialmente prevista y, en particular, de las moratorias de la 
deuda hipotecaria y no hipotecaria previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-
ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, 
sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de 
enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019). Los motivos de 
oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real 
decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento 
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, 
de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones 
expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 
de octubre, FJ 3).
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,  es
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de  o
oeesnifscoeicttrnoumadsbcoa rieae  ef ,ede l dsrace etdoaalo slcP  ,deo relsro icdencre teepe dtorociénm-osleeni eg y dne eeetnllo   eim pnrAasraditlnn rmeucifnmiiienp eesiisolnt toq tro uade etemilv   scáopeus r Cm ofiunpopnmomldirmeaúcdminieioa enndtnotaeot l pa ilddanaaer sla ad l Aso,g  dsamam rlpae irndncitniioidszcntaairptsarei  cosqniusueo  enrcd  oeeslnase s n  Peeerescúctugbeaculsbiiclióldaeanaccs.die .óL  nAnay,      OE-A-2021-1529able en https://www.
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente,
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, aun cuando la norma está exenta de los 
trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la 
tramitación y aprobación de decretos-leyes, es también adecuada a este principio pues 
contiene una identificación clara de sus objetivos y de las razones que la justifican. Por 
último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado 
que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos.
Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 8.ª, 11.ª 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye 
al Estado la competencia en materia de legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de 
la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos 
civiles, forales o especiales, allí donde existan; de bases de la ordenación de crédito y 
banca; y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y la 
competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; 
hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común.
En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución 
Española, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de febrero de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en el ámbito de la Seguridad Social
CAPÍTULO I
Medidas para la reducción de la brecha de género
Artículo 1.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 60, en los siguientes términos:
«Artículo 60.  Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la 
brecha de género.
1.  Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean 
beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente 
o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la 
incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las  s
pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al  e.
complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre  w.
que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro  29ww
pperongseionniteosr  pyú sbil iceasste c outyrao  seusm taa msebaié dne m muejenro, rs ceu arenctíoan.ocerá a aquella que perciba
debePraár ac oqnuceu lrorsir  haolgmubnroe sd ep uloesd asing uteiennetre dse rreeqcuhios iatol sre:conocimiento del complemento  BOE-A-cable e
a)  Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los 
hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una 
pensión de orfandad.
b)  Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y 
haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del 
nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.ª  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de 
diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve 
meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso 
de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los 
tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
2.ª  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero 
de 1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses 
siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción sea inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses 
inmediatamente anteriores, siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
3.ª  Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en 
ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de 
menor cuantía.
4.ª  El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las 
pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda 
al otro progenitor, se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen 
derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.
2.  El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la 
extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos 
económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la 
misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al 
reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos se 
producirán desde el primer día del séptimo mes.
Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se 
dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento.
3.  Este complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión 
pública contributiva.
El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro 
veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de 
cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.
La percepción del complemento estará sujeta además a las siguientes reglas:
a)  Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un 
complemento.
A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía, 
únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante 
de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados. es
b)  No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que  bo
haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento  29ww
dcpooenr l odlToseas nm dianepdsbooterc urpoemo ssre  einvn ithrooeelsecr neoincnntietoaerc snce aoarcán li taoren amla  ldlaiese msmr erauac jtoheif orid,c  iaeacdnlt ao cldsooa smp  eotpénrl re Emcmsaipnueaosnñsato a qc ,r uaeimelj e pisrnaceadi dldr aoee   fsmiqnouaabet rrpe imho laaro y lnmaai a alesld.iyrd eoo,    OE-A-2021-15able en https://
ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia 
contra los hijos o hijas.
c)  El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que 
determine el derecho al mismo.
d)  El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del 
límite máximo de pensiones previsto en los artículos 57 y 58.7.
e)  El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o 
rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener 
derecho al complemento por mínimos previsto en el artículo 59. Cuando concurran 
dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca 
anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este 
importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género.
f)  Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se 
cause por totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de 
normativa internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar 
a la cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe 
teórico, la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.
4.  No se tendrá derecho a este complemento en los casos de jubilación parcial, 
a la que se refiere el artículo 215 y el apartado sexto de la disposición transitoria 
cuarta.
No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la 
jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en 
cada caso corresponda.
5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará 
en tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones citadas en el 
apartado 1. En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con 
el de la pensión que haya determinado su reconocimiento. No obstante, cuando en 
el momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la persona beneficiaria 
tuviera derecho a percibir otra distinta, de entre las previstas en el apartado 1, el 
abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última.
6.  Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los 
regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el 
régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.»
Dos.  Se añade una disposición adicional trigésima sexta, nueva, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional trigésima sexta.  Financiación del complemento de 
pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
La financiación del complemento de pensiones contributivas para la reducción 
de la brecha de género del artículo 60, se realizará mediante una transferencia del 
Estado al presupuesto de la Seguridad Social.»
Tres.  Se añade una disposición adicional trigésima séptima, nueva, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional trigésima séptima.  Alcance temporal del complemento de 
pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. e
ptaaannrteat1or l.i ao la rr, Ee sbdle rudeacec csrheiuóacpn hed odrei eo a grll a éar enbl c5eroe rpcnooho drac e icmd ieeliaen gsntoé tpo.ne ednreosl, i ocponremevspi sldetoem  eejnun betoill a adcretióí cpnue,l nocs a6io0un sseaesd  macosa nnettrneib neudltr iáva añeson,    2021-1529n https://www.
2.  A los efectos de esta ley, se entiende por brecha de género de las pensiones
de jubilación el porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las
pensiones de jubilación contributiva causadas en un año por los hombres y por las 
mujeres.
3.  Con el objetivo de garantizar la adecuación de la medida de corrección 
introducida para la reducción de la brecha de género en pensiones el Gobierno de 
España, en el marco del Diálogo Social, deberá realizar una evaluación periódica, 
cada cinco años, de sus efectos.
4.  Una vez que la brecha de género de un año sea inferior al 5 por ciento, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para derogar el 
artículo 60, previa consulta con los interlocutores sociales.»
Cuatro.  Se añade una nueva disposición transitoria trigésima tercera, con el siguiente 
tenor literal:
«Disposición  transitoria  trigésima  tercera.  Mantenimiento  transitorio  del 
complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la 
Seguridad Social.
Quienes en la fecha de entrada en vigor de la modificación prevista en el 
artículo 60, estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación 
demográfica, mantendrán su percibo.
La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el 
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género 
que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública, 
pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.
En el supuesto de que el otro progenitor, de alguno de los hijos o hijas, que dio 
derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica, solicite el 
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género 
y le corresponda percibirlo, por aplicación de lo establecido en el artículo 60 de esta 
ley o de la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por 
maternidad que se viniera percibiendo, con efectos económicos desde el primer día 
del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los 
seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión 
que la cause; pasado dicho plazo, los efectos se producirán desde el primer día del 
séptimo mes siguiente a esta.»
Artículo 2.  Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por 
el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción a la disposición adicional decimoctava, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición adicional decimoctava.  Complemento para la reducción de la brecha 
de género.
1.  Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean  s
beneficiarias de una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por  oe.
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad en el Régimen de  w.
Cipnelcanisdseeiosnn cPeiaas s qdivueae sl,a ,c stoe nmn dcurajáernráe cdstee. rrEe glc edhneoer aera culh,n ot ic eaonlm ec ploalme bmpreleecnmhtoae  npdtoeor   gecéacnodenaró homi jeoicn oo e  hpl iiojmar, p cdoaerdtbeaid  dhoei ja ola  laos    2021-1529n https://ww
hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y
reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es  Bc
también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma 
sea de menor cuantía.
Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento 
deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:
a)  Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los 
hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una 
pensión de orfandad.
b)  Causar una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad y haber interrumpido o haber 
visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, según 
los siguientes requisitos:
1.º  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de 
diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin servicios efectivos al Estado, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de este texto refundido, entre los nueve 
meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso 
de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los 
tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones 
reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.
2.º  En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero 
de 1995, que el funcionario haya cesado en el servicio activo o haya tenido una 
reducción de jornada en los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de 
la resolución judicial por la que se constituya la adopción, en más de un 15 por 
ciento, respecto a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre 
que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de 
las pensiones que le corresponda a la mujer.
3.º  Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en 
ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de 
menor cuantía.
4.º  El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las 
pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda 
al otro progenitor se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen 
derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.
2.  El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la 
extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos 
económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la 
misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al 
reconocimiento de la pensión que la cause; pasado este plazo, los efectos se 
producirán desde el primer día del séptimo mes.
Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor se 
dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento.
3.  El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía a percibir estará limitada a 
cuatro veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al 
comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas.
La percepción del complemento estará sujeta, además, a las siguientes reglas: es
a)  Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un  w.
cúonmicAap mleemefenectnetot sose  e dcceoo mndópemutetiacrmorá.inn alors e hl ijdoes roe chhijoa sa ql uceo cmopnl eamnteenritoor idaasdí  caol mheoc hsou  ccauuasnatníate,   2021-1529n https://ww
de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados.
b)  No se reconocerá el derecho al complemento económico al padre o a la  Bc
madre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el
incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o 
matrimonial.
Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido 
condenado por violencia contra la mujer en los términos que se defina por la ley o 
por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre, 
ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia 
contra los hijos o hijas.
c)  El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que 
determine el derecho a la misma.
d)  El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del 
límite máximo de pensiones previsto en el artículo 27.3.
e)  El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o 
rendimiento de trabajo en orden a determinar si concurren los requisitos para tener 
derecho al complemento por mínimos previsto en el artículo 27.2. Cuando concurran 
dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca 
anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este 
importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género.
f)  Cuando la pensión que determina el derecho al complemento, se cause por 
totalización de períodos de seguro a prorrata temporis en aplicación de normativa 
internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar a la 
cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe 
teórico, la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará 
en tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones citadas en el 
apartado 1. En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con 
el de la pensión que haya determinado su reconocimiento. No obstante, cuando en 
el momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la persona beneficiaria 
tuviera derecho a percibir otra distinta, de entre las previstas en el apartado 1, el 
abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última.
5.  Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los 
regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el 
régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.
6.  El derecho al reconocimiento del complemento para la reducción de la 
brecha de género se mantendrá en tanto se mantenga la brecha de género de las 
pensiones de jubilación en los términos previstos en la disposición adicional 
trigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.»
Dos.  Se añade una disposición transitoria décima cuarta nueva, con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria décima cuarta.  Mantenimiento transitorio del complemento 
por maternidad en las pensiones de Clases Pasivas.
Quienes, en la fecha de entrada en vigor del complemento para la reducción de 
la brecha de género prevista en la disposición adicional decimoctava, estuvieran 
percibiendo el complemento por maternidad mantendrán su percibo.
La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el  s
complemento para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder  oe.
por el reconocimiento de una nueva pensión pública, pudiendo las personas  w.
idnetererEecnsh aoed l aasslu  cpooupmetasprt loee nmdteree nq utuone o de eul   oomttrraoot .eprrnoigdeandi topro dr ea paolgrutancoi ódne  dloesm hoijgorsá foic hai,j asso qlicuiete d eiol   2021-1529n https://ww
complemento para la reducción de la brecha de género y le corresponda, por
aplicación de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de esta norma  Bc
o por aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del 
complemento por maternidad que se viniera percibiendo, con efectos económicos 
desde el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se 
dicte dentro de los seis meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al 
reconocimiento de la pensión que la cause; pasado dicho plazo, los efectos se 
producirán desde el primer día del séptimo mes siguiente a esta.»
CAPÍTULO II
Medidas en materia de ingreso mínimo vital
Artículo 3.  Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital.
Se modifica el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, de la siguiente forma:
Uno.  Se da nueva redacción al artículo 4, con la siguiente redacción:
«Artículo 4.  Personas beneficiarias.
1.  Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:
a)  Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos 
establecidos en este real decreto-ley.
b)  Las personas de al menos veintitrés años que no sean beneficiarias de 
pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no 
contributiva por invalidez o jubilación, que no se integren en una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en este real decreto-ley, siempre que no 
estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que 
hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en 
otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.
No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los 
trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia 
de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.
2.  Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las 
personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio 
residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.
La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo anterior podrá ser 
permanente en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas 
de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se 
establezcan reglamentariamente.
3.  Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la 
prestación establecidos en el artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 33.»
Dos.  Se da nueva redacción al artículo 5.1 y se suprime el apartado 5:
«1.  Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la  s
soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia.  oe.
En este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad. w.
La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad  29ww
dLaes c poenrvsivoennacsi aq umea tyeonrgeasn d ees etadbalde cqiudea sn jou dsiec ieanlmcueenntetr emne idnicdaapsa dceit aadpoosy oju pdaicriaa llma etonmtea. 
de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas medidas.»
Tres.  Se añade un párrafo último al artículo 6.1, y se suprimen los apartados 2, 3, 6 
y 7, pasando los actuales apartados 4 y 5 a ser los apartados 2 y 3. La redacción del último 
párrafo del apartado 1 es la siguiente:
«1.  […]
Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren 
empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir 
habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será 
de aplicación lo establecido en el artículo 6 ter.»
Cuatro.  Se añade un nuevo artículo 6 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 6 bis.  Situaciones especiales.
1.  Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en 
una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en 
una unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el 
mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos 
en el artículo 6.1, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:
a)  Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su 
domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
b)  Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o 
divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida,  una  persona  haya  abandonado  su  domicilio  familiar  habitual 
acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho 
no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la 
prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de 
la guarda y custodia de los menores.
c)  Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por 
haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así 
como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.
En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la 
consideración como unidad independiente a que se refiere el presente apartado 
durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos 
indicados en cada una de ellas.»
Cinco.  Se incorpora un nuevo artículo 6 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 ter.  Consideración del domicilio en supuestos especiales.
1.  En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del artículo 6.1, la unidad de 
convivencia estará constituida por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores 
de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los  es
descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran  bo
empadronados con sus ascendientes del primer grado. 29ww
peesnet raes2bso.lt enaca Sni mois reioemnnla atvo .ir othu odpt eodlree r uuon no a cs oiumnntirliaadtrao, ds qe urdáee dc aoc naoscnirdveeidvrieatanddoco ida eo, lm duiseco ili uoinn ada ilv oihdsa uebafeilitzcaatcodisóo np,  rpeeovnri s utunonas    OE-A-2021-15able en https://
3.  Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una 
determinada zona del domicilio por una persona sola o por una unidad de 
convivencia de las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso exclusivo será 
considerada domicilio a los efectos previstos en este real decreto-ley.»
Seis.  Se incorpora un nuevo artículo 6 quater, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 quater.  Convivientes sin vínculo de parentesco.
Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran los 
vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital 
aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo 
previsto en el artículo 19.10.»
Siete.  Se introduce un nuevo párrafo d) al artículo 14.1, pasando los actuales 
párrafos d) y e) a ser los párrafos e) y f).
«d)  Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido 
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los informes previstos en el 
artículo 19 bis.»
Ocho.  Se incorporan dos nuevos apartados 9 y 10 al artículo 19 con la siguiente 
redacción:
«9.  Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes 
cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:
a)  A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en 
España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas 
en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
b)  El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter 
social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación 
de ingreso mínimo vital.
c)  El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento.
d)  La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el 
mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por 
dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue 
no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido 
una pareja de hecho.
e)  La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o 
parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al 
amparo de lo dispuesto en artículo 6 quater.
f)  El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del 
artículo 7, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma 
independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de 
convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
10.  En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales 
competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del  e.e
artículo 6 quater.» b
Nu«eAvert.í cuSloe 1 in9c. obrisp.o raO ubnli gnauceivóon  adretí ccuolmo u1n9i cbaisr ,a c loan e lnat isdiagdu iegnetseto rread daecc liaó np:restación.
Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el
mantenimiento o modificación de los informes previstos en los párrafos d) y e) del
artículo 19.9, así como del informe de exclusión social establecido en el 
artículo 19.10.»
Diez.  Se modifica el artículo 25.3, con la siguiente redacción:
«3.  El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, 
y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses 
desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo 
previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios 
sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las 
personas interesadas figuren empadronadas.»
Once.  Se modifica el artículo 30.2, con la siguiente redacción:
«2.  La Comisión de seguimiento estará presidida por el Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, y estará integrada por el Secretario de Estado de 
la Seguridad Social y Pensiones, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género o el órgano directivo en quien delegue, así como otros 
representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso 
Mínimo Vital que se establezcan reglamentariamente, además de los titulares de 
las consejerías de las comunidades autónomas competentes por razón de la 
materia y representantes de la administración local. Cuando por razón de los 
asuntos a tratar no sea precisa la presencia de representantes de las comunidades 
autónomas o de la administración local, la Comisión podrá constituirse sin aquellos 
a instancias de su secretario, siendo en estos casos preciso que se informe 
previamente a los representantes de dichas administraciones y se comunique el 
contenido del orden del día.»
Doce.  Se modifica el artículo 31.2, con la siguiente redacción:
«2.  El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones y en él participarán: la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de 
director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la 
Directora del Instituto de las Mujeres, así como otros representantes de la 
Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se 
establezcan reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor 
cobertura en el territorio español.»
Trece.  Se incorpora un nuevo artículo 33 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 33 bis.  Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el  s
Padrón. e.
En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo  29ww
plar egveissttoió ne nd elal sP caodrrróens pmounndiiceinptaels,  einl sAtyruucnctaiomnieesn ttoé cennic causy ao  lmosu nAiycuipniota smei eenntcouse snotrberne 
eSmocpiaadl rlao nmadoodsif iceastcáiónn o ob,li geand osus  aca csoom, ubnaijcaa er na le Iln Pstaitdurtóon N, adceinotnraol  ddeel  lpal aSzeog duerid laods 
treinta días siguientes a que se produzcan.»
Catorce.  Se incorpora al texto una disposición transitoria octava, con la siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria octava.  Colaboración de las Entidades del Tercer Sector 
de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital.
1.  De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, 
debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado 
para la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 19.9 y 10.
Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital 
deberán ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a la entidad, 
debidamente colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de 
colegiado.
Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, 
comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los informes 
previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así como del informe de exclusión 
social establecido en el artículo 19.10. Esta falta de comunicación, en el plazo 
establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la prestación.
La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 20.4 podrá comunicar 
a los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las 
prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que 
tengan encomendadas, en el marco de la colaboración y cooperación que en la 
gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas 
empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o 
centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del 
plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.
2.  A los efectos de lo previsto en este real decreto-ley, son mediadores sociales 
del ingreso mínimo vital las entidades del Tercer Sector de acción social, conforme 
a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer 
Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
A tal fin, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital 
como registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas 
de Inclusión y Previsión Social.
3.  Podrán inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso 
Mínimo Vital todas las entidades del tercer sector de acción social que acrediten el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en 
función de su naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la 
solicitud de inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital.
b)  Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos. es
c)  Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus  bo
Estatutos. 29ww
ceosntasdebi))dl  eecrTDiadedeonas eesarn, r f crisnoouelnlssaf o Erirn smsatatecittt uuaivct oiliodos an.eadsleteassb  lasedoceicdcioau laeednso  ssdu pesa  Erinas ttleaatr uéretsoa slgi.zeanceiórna ld, ec loans faocrmtiveid aad elos   OE-A-2021-15able en https://
f)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social.
g)  No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus 
representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el 
ejercicio de su actividad.
h)  Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para 
garantizar el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante 
certificado justificativo de la entidad solicitante.
i)  Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en 
todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
j)  Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos 
de la entidad.
k)  Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y 
asistencia a personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará 
mediante la presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante.
l)  No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la 
presentación de la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones 
contempladas en el presente real decreto-ley.
4.  Procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital:
a)  La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital 
se realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad 
interesada.
b)  Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos 
establecidos en el presente real decreto-ley o cualesquiera otros requeridos que le 
sea de aplicación, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.
c)  Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del 
procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos 
determinantes para la inscripción en el registro.
d)  La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la 
entidad solicitante, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de 
la solicitud en su registro.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada.
e)  La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, 
pudiendo ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se 
comunique la baja en el registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos 
en los tres primeros meses de la prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación 
de la documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos, se tramitará la 
baja de oficio.
f)  Las entidades inscritas en el registro deberán remitir información periódica 
acreditativa de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme 
a lo que se establezca en la orden ministerial de desarrollo a la que se refiere la  e.e
presente disposición. w.b
g)  Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el  29ww
rseagnicsitoron acduoa npdoor  usnea e fsatléta t rmamuyit agnradvoe u.n expediente sancionador o cuando haya sido
5.  Régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital.
Sin perjuicio de lo establecido en el capítulo VIII:
a)  Son infracciones leves:
La ausencia de remisión de información requerida en el presente real decreto-
ley en el plazo de quince días desde que existiera la obligación de su envío.
b)  Son infracciones muy graves:
1.º  El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos para la 
inscripción, por parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital.
2.º  El Incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el 
plazo de un año, de la obligación de remisión de información contemplada en el 
presente real decreto-ley.
c)  La infracción leve establecida en esta disposición será sancionada con el 
apercibimiento.
d)  Las infracciones muy graves, establecidas en esta disposición, cometidas 
por una entidad inscrita en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital darán lugar a la baja de su inscripción en el registro, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.»
CAPÍTULO III
Otras medidas de Seguridad Social
Artículo 4.  Modificación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
Uno.  Se modifica el párrafo segundo del artículo 5.9, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el 
derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud. En estos casos, el trabajador 
o trabajadora quedará exento de la obligación de cotizar desde el primer día del mes 
en el que se haya solicitado la prestación.»
Dos.  Se añade un segundo párrafo al artículo 7.5.2.º con la siguiente redacción:
«No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos 
computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los 
habidos en el segundo semestre de 2019, se entenderá que las y los trabajadores 
autónomos que tributen por estimación objetiva han experimentado esa reducción 
siempre que el número medio diario de las personas trabajadoras afiliadas y en alta 
al sistema de la Seguridad Social en la actividad económica correspondiente, 
expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al que corresponda la prestación, 
sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario correspondiente al  s
segundo semestre de 2019.» oe.
Tres.  Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada con el  29ww
siguiente contenido:
la pr«eLsotas ctiróanb aejxatdraoorerdsi naaurtióan doem coess qeu dee a a 3c1ti vdidea edn pearora d leo s2 0tr2a1b avjiandieorraens  paeurtcóibnioemndoos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de
resolución de la autoridad competente, como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19 contemplada en el artículo 13.1 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, podrán continuar percibiéndola con los mismos 
requisitos y condiciones, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida 
y hasta el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de las medidas o 
el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.»
Artículo 5.  Compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como 
personal estatutario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
1.  Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as y el personal 
emérito, que se reincorporen al servicio activo por la autoridad competente de la comunidad 
autónoma, o por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla o por el Ministerio de Defensa en la Red Hospitalaria de la Defensa, a 
través del nombramiento estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el importe 
de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo de la incorporación al 
trabajo, en cualquiera de sus modalidades, incluido, siempre que reúna los requisitos 
establecidos para ello, el complemento por mínimos.
2.  La persona beneficiaria tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
3.  Durante la realización de este trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión 
de jubilación, las comunidades autónomas o, en su caso, el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, y las personas trabajadoras están sujetas a la obligación de afiliación, alta, baja 
y variación de datos prevista en el artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social y a la obligación de cotizar en los términos de los artículos 18 y 19 del 
mismo texto legal, no siendo de aplicación lo dispuesto en su artículo 153.
4.  Durante la realización de este trabajo estarán protegidos frente a todas las 
contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan los requisitos necesarios 
para causarlas, siendo de aplicación el régimen de limitación de las pensiones, 
incompatibilidades y el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.
5.  El derecho al subsidio por incapacidad temporal que se cause durante esta 
situación se extinguirá por la finalización del trabajo por cuenta ajena, además de por las 
causas generales previstas en la normativa vigente.
6.  Una vez finalizado el trabajo por cuenta ajena, las cotizaciones realizadas durante 
esta situación podrán dar lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base 
reguladora de la pensión de jubilación, la cual permanecerá inalterable. Estas cotizaciones 
no surtirán efecto en relación con los porcentajes adicionales previstos en el artículo 210.2 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la disposición adicional 
decimoséptima del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado.
Asimismo, las cotizaciones indicadas surtirán efectos exclusivamente para determinar 
el porcentaje aplicable a las jubilaciones anticipadas ya causadas, manteniendo la misma 
base reguladora.
Artículo 6.  Prestaciones causadas por las y los profesionales de centros sanitarios y 
socio sanitarios que durante la prestación de servicios sanitarios o socio sanitarios han 
contraído el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión.
1.  El personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en  b
los registros correspondientes que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de  29ww
speerrvioicdioos  csoamnitparreionsd iod os odceios-sdaen iltaa ridoes,c lhaaryaac ióconn tdraeí dloa  epl avnirduesm SiAa RiSnt-eCronVa-c 2io, ndael nptroor  dleal 
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ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el
sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una 
enfermedad profesional.
2.  Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente 
informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al 
virus SARS-CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.
3.  Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el 
apartado 1, y aportado el informe previsto en el apartado 2, se presumirá, en todo caso, 
que el contagio se ha producido en el ejercicio de su profesión en la prestación de servicios 
sanitarios o socio-sanitarios.
4.  La entidad responsable de dichas prestaciones será aquella que cubriera las 
contingencias profesionales en el momento de producirse la baja médica por contagio de 
la enfermedad.
TÍTULO II
Medidas en el ámbito económico
Artículo 7.  Extensión del plazo de solicitud y de duración de moratorias y suspensiones.
Hasta el 30 de marzo de 2021, inclusive, podrán solicitar la moratoria o suspensión en 
el pago de las cuotas de la financiación de los siguientes deudores comprendidos en el 
ámbito de aplicación de las normas señaladas en el artículo 8.1 por un plazo máximo de 
nueve meses:
a)  Quienes no hubieran solicitado previamente la moratoria o suspensión, o
b)  quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensiones por un 
plazo total acumulado inferior a nueve meses por cada financiación.
Artículo 8.  Duración total de las moratorias y suspensiones.
1.  La duración acumulada de las moratorias y suspensiones legales o acogidas a 
acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrá superar un 
total de nueve meses.
A los efectos previstos en este apartado, se entiende por moratorias y suspensiones 
legales las concedidas al amparo de las siguientes disposiciones:
a)  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19;
b)  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19;
c)  Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo;
d)  Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se entiende por moratoria acogida a un 
acuerdo sectorial a las reguladas por los artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 
del COVID-19. e.e
2.  La información sobre moratorias y suspensiones establecida en el artículo 16  b
bis del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 27 del Real Decreto- 29ww
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este establezca.
Artículo 9.  Acceso del Instituto de Crédito Oficial a calificaciones crediticias asignadas 
por el Banco de España.
El Instituto de Crédito Oficial, con el objeto de cumplir con las obligaciones establecidas 
por la normativa europea relativa a ayudas de estado, en la concesión o gestión de avales 
públicos, tendrá derecho a obtener cuando así lo solicite información individualizada por 
empresa de las calificaciones crediticias del Banco de España realizadas en el ejercicio de 
sus funciones de implementación de la política monetaria, exceptuándose este supuesto 
de la obligación de secreto regulada en el artículo 82 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. El Instituto de Crédito Oficial 
vendrá obligado a tratar de manera confidencial la información individual de las 
calificaciones crediticias, pudiendo utilizar la misma exclusivamente para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normativa europea de ayudas de estado en la 
concesión o gestión de avales públicos.
Disposición adicional primera.  Determinación y aplicación del importe mensual del 
complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género 
previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y en la disposición 
adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
El importe del complemento previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, y en la disposición adicional decimoctava del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, será para el año 2021 de 27 euros 
mensuales.
El complemento para la reducción la brecha de género introducida en el artículo 60 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la disposición adicional 
decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, se reconocerá a 
las pensiones causadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda.  Acreditación de la reducción de la facturación por los 
trabajadores autónomos que tributan por estimación objetiva y han percibido las 
prestaciones por cese de actividad contempladas en los Reales Decretos-leyes 8/2020, 
de 17 de marzo, 24/2020, de 26 de junio, y 30/2020, de 29 de septiembre.
A efectos de acreditación del requisito de reducción de la facturación al que se refieren 
los artículos 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el artículo 9 del Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, y la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por 
estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario 
de trabajadores afiliados en alta al sistema de la Seguridad Social en la actividad 
económica correspondiente, expresada a cuatro dígitos (CNAE), durante el periodo al que 
corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 por ciento al número medio diario 
correspondiente al segundo semestre de 2019.
Disposición adicional tercera.  Extensión de la protección por contingencias profesionales 
al personal sanitario de la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y al personal sanitario de Sanidad Marítima  es
que preste servicios en el Instituto Social de la Marina. o
El personal sanitario de la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud, y de  29ww
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autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, una enfermedad causada por el 
citado virus tendrá la misma protección que la Seguridad Social otorga al personal sanitario 
y socio-sanitario que presta servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios
Para ello, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el 
correspondiente informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha 
prestado atención a enfermos contagiados por el virus SARS-CoV-2.
Una vez acreditado el contagio del virus en el ámbito temporal establecido en el párrafo 
primero, y aportado el informe previsto en el párrafo segundo, se presumirá, en todo caso, 
que el contagio se ha producido en el ejercicio de su profesión. La entidad responsable de 
dichas prestaciones será aquella que cubriera las contingencias profesionales en el 
momento de producirse la baja médica por contagio de la enfermedad.
Disposición adicional cuarta.  Extensión de plazos aplicables a las moratorias.
Los plazos establecidos en los artículos 7 y 8.1 podrán extenderse mediante orden de 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuando 
así se establezca mediante la correspondiente modificación de las Directrices de la 
Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los 
reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19.
Disposición transitoria única.  Régimen transitorio para las moratorias y suspensiones de 
financiaciones.
Las moratorias y suspensiones concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y la 
entrada en vigor de este real decreto-ley al amparo de lo previsto en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, en el artículo 3 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, en el artículo 18 del 
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, o en un acuerdo sectorial de los regulados por los 
artículos 6 a 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, mantendrán las condiciones 
y duración por las que fueron concedidas en su día.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Los capítulos I y III del título I y las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan 
al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencias en 
materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Por  su  parte,  el  capítulo  II  del  título  I  se  dicta  al  amparo  del 
artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico 
de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común.
El  título  II  y  la  disposición  adicional  tercera  se  dictan  al  amparo  del  e.
artículo 149.1. 6.ª, 8.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia  w.
en materia de legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación,  29ww
mo eosdpifeiccaiacilóens,  ya dllíe dsoanrrdoell oe xpiosrt alans;  dCeo bmausneisd addee lsa  Aourdtóennoamciaósn  ddee  lcorsé ddietore yc hboasn ccaiv; ilye sd,e f obraasleess 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución del presente real decreto-ley, y al Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones para el desarrollo, por orden ministerial, del registro de mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital regulado en la disposición transitoria octava del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN