BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127  Viernes 28 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 64489
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
8877 Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.
I
La persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación 
de emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2, así como el mantenimiento de cierta 
dosis de incertidumbre sobre la plena capacidad de recuperación y el restablecimiento de 
la actividad empresarial, que en estos momentos se presume asimétrica y sectorizada, 
exige mantener las medidas excepcionales previstas en las diferentes normas adoptadas 
desde el comienzo de la crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y paulatina 
normalización de la situación sanitaria.
Asimismo y, pese a la finalización, el pasado día 9 de mayo, del estado de alarma 
establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, las 
autoridades sanitarias disponen de competencias para adoptar medidas excepcionales a fin 
de prevenir, contener y mitigar la crisis sanitaria derivada de la pandemia originada por el 
SARS-CoV-2, previstas en la legislación ordinaria, con el fin de impulsar el desarrollo 
normalizado de la actividad empresarial.
La buena marcha del proceso de vacunación y las señales positivas que arrojan los 
indicadores macroeconómicos sitúan a la economía española en una fase de transición 
dentro del proceso de recuperación. En efecto, la evolución contenida de la incidencia se 
ha traducido en una disminución progresiva de las restricciones a la movilidad y a la 
actividad por parte de las comunidades autónomas.
En esta nueva fase, los incentivos planteados por las políticas públicas deberán 
acompañar la recuperación, contribuyendo a la reactivación del mercado laboral, 
minimizando el daño estructural provocado por la pandemia y permitiendo así alcanzar los 
niveles de actividad económica previos al estallido de la crisis del virus del SARS-CoV-2.
Por otra parte, el pasado día 27 de enero de 2021, se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo, norma cuyo título I contenía el IV Acuerdo Social 
en Defensa del Empleo (IV ASDE), alcanzado en el seno de la Comisión de Seguimiento 
tripartita laboral integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales.
Todas las medidas adoptadas en el mismo, con especial referencia a los expedientes 
temporales de regulación de empleo, así como el conjunto de medidas sociales y 
complementarias que los acompañan, han demostrado su eficacia y efectos favorables, en 
pro de la preservación del tejido empresarial y de la protección de las personas trabajadoras, 
a través de la mejora de las condiciones prestacionales reguladas por la legislación 
ordinaria y, sobre todo, a través de impulsar el mantenimiento del empleo, incluyendo el 
empleo temporal, que, de otra manera, se hubiesen traducido en una reducción persistente 
del empleo de difícil recuperación. e.
Así, las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., las patronales CEOE y CEPYME, el  w.
Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y  77ww
Mtripigarratcitiao nlaebso, rsael,  choann  evl eonbijdeoti vroe udnei evnadloor adre l an nueecveos eidna dto drneo a dao lpat aCr oom, eisnió snu  dcea sSoe, gpuroimrroiegnator, 
lcarsis ims eddeirdivaasd dae d deel fiemnpsaac dtoe ld eeml vpirleuos,  deenl  SarAaRs Sd-eC cooVn-t2in.uar haciendo frente a la situación de  BOE-A-cable e
El día 26 de mayo de 2021 se alcanzó, en el seno de la citada Comisión de Seguimiento 
tripartita laboral y fruto del diálogo social, el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo 
(V ASDE), cuyo contenido refleja, precisamente, la confianza de las organizaciones y 
ministerios firmantes en las medidas que, desde el 1 de octubre de 2020, están sirviendo 
de auxilio indispensable a nuestra economía, coincidiendo, todas las partes, en la necesidad 
del mantenimiento de las mismas por el tiempo imprescindible, al objeto de garantizar, de 
manera adecuada, una recuperación sostenible e inclusiva.
El propósito, por tanto, del V ASDE, cuyo contenido se refleja en este real decreto-ley, 
es establecer un conjunto de medidas necesarias para defender el empleo y garantizar la 
viabilidad futura de las empresas, cubriendo, a tal fin, los siguientes objetivos:
a)  Prorrogar la aplicación de cuantas medidas de flexibilidad se han adoptado desde 
el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, 
de 26 de enero, incluidas las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas.
b)  Prorrogar las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de 
las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo.
c)  Prorrogar todas aquellas medidas complementarias de protección del empleo que 
se entienden precisas para garantizar la necesaria estabilidad, evitando despidos y 
destrucción de puestos de trabajo, previstas en los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 
de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar 
los efectos derivados del COVID-19, y en la disposición adicional sexta del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto-
ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, así como los 
límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas 
extraordinarias y nuevas externalizaciones.
Asimismo y, con la finalidad de llevar a cabo una valoración de las medidas ahora 
adoptadas, se ha considerado necesario volver a encomendar a la Comisión de 
Seguimiento tripartita laboral, constituida al amparo de la disposición adicional segunda 
del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y cuyas funciones se adaptan en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas 
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad 
del sector industrial, el seguimiento y evaluación de las medidas que se establecen en este 
real decreto-ley, tal y como ya hiciera la disposición adicional segunda del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre y la disposición adicional segunda del Real Decreto-
ley 2/2021, de 26 de enero.
II
Por otra parte, en el ámbito docente de las universidades y, en particular, en relación 
con el profesorado asociado es necesario establecer las medidas previstas en la disposición 
adicional quinta, con el fin de impulsar la renovación de los contratos, por parte de las 
Universidades, de dicho profesorado asociado.
La situación socioeconómica provocada por el virus del SARS-CoV-2 ha traído como 
consecuencia que determinadas profesoras y profesores asociados se hayan visto 
afectados por extinciones o suspensiones de sus relaciones laborales o por cancelaciones 
de su actividad profesional externa al ámbito académico. e.
Este contexto aconseja que, de forma excepcional y con un ámbito temporal acotado al  w.
curso 2021-2022, se exima del requisito de acreditar el ejercicio de una actividad fuera del  77ww
áamsobcitiao duon. ivEesrstait amrioe deind alo fsa cpuroltcae sao sla dse  urneinvoevrsaicdióand edse  ad icphroocs ecdoenrt raa todsic dhea  prreonfeosvoarcaiódno 
pcaeprmacitidieandd yo ,c anloid aúdn idcea mloes ndtoec eenl tmesa.ntenimiento de dichos empleos, sino mantener la  BOE-A-cable e
De forma adicional, este real decreto-ley incorpora en su disposición final primera una 
modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, con el fin de reconocer a los empleadores una bonificación en la cuota empresarial 
a la Seguridad Social por la contratación indefinida de las personas con capacidad 
intelectual límite, a efectos de promover el acceso al empleo de dichas personas. Esta 
medida se complementa con otras que, con la misma finalidad, se establecen a través de 
un proyecto de real decreto que se ha tramitado de forma paralela, habida cuenta de que 
es ese el instrumento jurídico adecuado para adoptarlas, en tanto que implican la 
modificación de normas reglamentarias, y en el que, asimismo, se incluye la definición, a 
efectos laborales, del mencionado colectivo beneficiario.
No en vano, los efectos negativos que la emergencia sanitaria producida por la 
pandemia del virus del SARS-CoV-2 han provocado sobre el mercado laboral, han incidido 
de una forma más acuciante sobre ciertos colectivos de personas más vulnerables, como 
es, en este caso, el de las personas con capacidad intelectual límite que han visto 
mermadas sus opciones de acceso al mercado laboral y, por ende, las posibilidades de su 
participación activa en la vida social y en su interacción con el entorno. Es por ello 
imprescindible, en el actual contexto sanitario, social y económico, la habilitación inmediata 
de instrumentos que favorezcan la incorporación de este colectivo al mercado laboral. De 
esta manera, a través de la previsión legal de un nuevo estímulo eficaz para la contratación 
indefinida de estas personas con especiales dificultades para su incorporación al mercado 
de trabajo, se da cumplimiento íntegro al mandato previsto en la disposición adicional sexta 
de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre «Medidas en favor de las 
personas con capacidad intelectual límite», que otorgaba al Gobierno un plazo de doce 
meses para implementar medidas de acción positiva tendentes a promover el acceso al 
empleo de las personas con capacidad intelectual límite.
Además, con ello se da respuesta a las recomendaciones formuladas por el Defensor 
del Pueblo, en reiteradas ocasiones, así como a las organizaciones representativas de las 
personas con discapacidad, que han planteado con insistencia la necesidad de prever con 
la máxima urgencia posible medidas de fomento del empleo para dicho colectivo concreto.
A la luz del lapso de tiempo transcurrido desde la finalización del mencionado plazo y, 
teniendo en consideración que la medida incluida en este real decreto-ley prevé un 
instrumento valioso para impulsar la contratación indefinida de las personas con capacidad 
intelectual límite, que están viendo limitado, durante esta pandemia, su acceso al mercado 
laboral, y cuya aprobación debe realizarse en un plazo más breve que el requerido por la 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes, queda acreditada la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad de su 
aprobación mediante este real decreto-ley.
Por otra parte, se incorpora en la disposición final segunda, la modificación puntual del 
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
En concreto, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, reconocía un acceso extraordinario a la prestación por 
desempleo para los artistas en espectáculos públicos que no se encontrasen afectados por 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada reguladas por el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Con ello, se pretendía dar respuesta a un colectivo, especialmente vulnerable en las  es
circunstancias concurrentes, dado que, debido a la intermitencia que caracteriza a la  o
aplpdocooestrrs i  avadeirrdelt ricaossietdlelaam rsanr epre ts líneesu ostseit.c sa aAapbc, e tltenaicvcolt iáido dacaboludcj eldaeoteonss  ,z lpp oasúrsebob  aflhleoincasc obaiaosi llner,i etadsau lebeon as liair ,n u  lqcsonotus aame lrac eopccqo eicoudsoniíosnaei sntesoe ,xbs ctye rupaanea oesnrrfeacdica iiatinnae a drnasreeibeolr i   eCadarne OtdtoreViesc cIl haDoha  -ofc a1p ela9rtrae .rla asddt eapo craseió,cs tndtiav opicndaidóarenad     OE-A-2021-8877able en https://www.
En la medida en que la evolución de la pandemia y las medidas de contención y 
limitaciones adoptadas por las autoridades sanitarias impedían el normal desenvolvimiento 
de las actividades culturales, fue necesario ampliar el acceso extraordinario a la prestación 
por desempleo de este colectivo hasta el 31 de enero de 2021, en virtud del 
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre.
Igualmente, en esta disposición se hizo efectiva la protección de otros colectivos que, 
también por las peculiaridades del desempeño ordinario de su profesión, tienen dificultades 
para acogerse a los mecanismos generales de cobertura de prestación por desempleo. Por 
un lado, el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura, que presta servicios técnicos 
indispensables para que los espectáculos y actividades culturales tengan lugar y que 
participan de la misma intermitencia y falta de continuidad propia de los artistas, siendo, por 
ello, necesario articular un mecanismo que haga posible su percepción.
Por otro lado, los profesionales taurinos, que se vieron afectados inicialmente por la 
suspensión de las actividades realizadas en plazas, recintos e instalaciones taurinas y, 
posteriormente, por las medidas de contención y limitaciones acordadas por las autoridades 
sanitarias competentes.
A la vista de lo expuesto, y coherentemente con la ampliación de las restantes medidas 
extraordinarias  de  protección  de  las  personas  trabajadoras,  en  virtud  del 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, se amplió la duración de las prestaciones y 
subsidios reconocidos en los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 
noviembre, hasta el 31 de mayo de 2021.
Procede ahora también prolongar estas medidas hasta el 30 de septiembre de 2021, de 
forma análoga a los demás mecanismos sociales de protección.
Asimismo, resulta también necesario ampliar el acceso extraordinario a la prestación 
por desempleo de los artistas, permitiendo que pueda reconocerse dicha prestación 
también a quien, una vez finalizado el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, pese a las restricciones 
derivadas de las medidas sanitarias y de contención, haya podido desarrollar su actividad 
después. A tal objeto, se establece un mínimo de cinco días de actividad entre el 11 de junio 
de 2020 y el 31 de mayo de 2021, que es la cuarta parte de los veinte días exigidos en el 
acceso extraordinario original del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Y ello por cuanto 
que, desde que se declaró el estado de alarma por vez primera, el 14 de marzo de 2020, 
los espacios escénicos continuaron cerrados prácticamente hasta el 30 de septiembre, 
dando inicio la temporada de forma paulatina y sin poder ofrecer una apertura plena de los 
mismos, como consecuencia de los cierres perimetrales, las limitaciones de aforo variables 
y las continuas suspensiones producidas por la COVID-19. La combinación de todas estas 
variables permite concluir que, en función del tiempo previo de prestación de servicios 
establecido para el acceso a la prestación extraordinaria, se debe exigir una acreditación de 
cinco días en alta en el período indicado, lo que supone un 25 % de lo exigido en el Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, dado que se estima que, en el mejor de los casos, los 
espacios han permanecido abiertos plenamente ese porcentaje. Por lo demás, los requisitos 
y condiciones coinciden con los del mencionado acceso extraordinario original, con una 
duración de la prestación que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2021.
Del mismo modo, se amplía el periodo de cotización en el que deben computarse los 
días exigidos, a fin de reconocer el subsidio por desempleo excepcional al personal técnico 
y auxiliar del sector de la cultura, de modo que el periodo de cotización mínimo de treinta y 
cinco días exigido para causar derecho al subsidio se computará hasta el 31 de mayo  es
de 2021, permitiendo, de esta forma, tener en consideración los días que este personal  o
haya podido trabajar durante la pandemia. 77www.
III
Por otra parte, teniendo en cuenta que los efectos provocados por la pandemia
generada por el virus del SARS-CoV-2 se están prolongando, cabe prever incluso la  Bc
necesidad de suspender nuevamente determinadas actividades. En este contexto, la
situación de los trabajadores autónomos, al frente de pequeñas y medianas empresas, es 
especialmente grave, ya que una gran parte de ellos vieron interrumpida su actividad debido 
a las medidas de contención y limitaciones adoptadas por las autoridades sanitarias, 
quedando suprimidos sus ingresos e incluso, muchos de aquellos que no se vieron 
obligados a suspender la actividad, o la han reanudado tras la finalización del estado de 
alarma, han visto reducida su facturación por la contracción de la demanda y las limitaciones 
impuestas a causa del COVID-19.
El Gobierno ha establecido, desde la declaración del estado de alarma por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, medidas excepcionales en materia de seguridad social 
en favor de los trabajadores autónomos más afectados por las consecuencias de la crisis 
sanitaria producida por el virus del SARS-CoV-2, si bien el 31 de mayo finaliza el plazo 
previsto para las últimas medidas adoptadas y previstas en el Real Decreto-ley 2/2021, 
de 26 de enero.
De esta forma, conforme al este Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, se regulaba, 
en el artículo 5, la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma similar a la 
introducida por el artículo 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en favor 
de aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus 
actividades, en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto.
Asimismo, el artículo 6 del citado Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero introducía 
la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de cese de actividad a aquellos 
trabajadores autónomos que no siendo afectados por el cierre de su actividad vean 
reducidos sus ingresos y no tengan acceso a la prestación ordinaria de cese de actividad 
regulada en su artículo 7 o en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre.
Del mismo modo, el artículo 8 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero establecía 
una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de 
temporada que desarrollen su actividad al menos durante tres meses en la primera mitad 
del año, mientras que la disposición transitoria segunda prorrogaba la prestación 
extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una 
suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de resolución de la autoridad 
competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 
contemplada en el apartado 1 del artículo 13 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, siempre que mantengan, a 1 de febrero, el requisito de carencia que dio lugar 
a su reconocimiento.
Estas medidas, como se ha indicado, finalizan el 31 de mayo de 2021 sin que se haya 
solucionado la situación de crisis sanitaria provocada por el virus del SARS-CoV-2 y siendo, 
por tanto, preciso mantener hasta el 30 de septiembre de 2021 la prestación por cese de 
actividad para aquellos trabajadores autónomos en quienes concurran las condiciones para 
su percepción, así como facilitar el acceso a aquellos otros trabajadores autónomos que, no 
habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, acrediten las condiciones exigidas por este real 
decreto-ley para tener derecho a esta prestación que, también en este caso, se podrá 
percibir hasta el 30 de septiembre de 2021.
Asimismo, se incorpora una nueva medida que ya se contempló en el Real Decreto-
ley 24/2020, de 26 de junio, permitiendo la exención en la cotización de los trabajadores 
autónomos. Estas nuevas medidas tienen como objeto proteger tanto a los trabajadores 
autónomos que tienen carencia para causar el derecho a la prestación ordinaria de cese de  es
actividad, como a aquellos otros que no alcancen a tener la carencia requerida o sean  o
tcearoxdamiobgpAaiodtjd aaoseddsi moa persránee, ss sse, te saay tnuhe  tac sóro eencnroaov nlmli cadsoi eiodsfcsie nr drepaaetolodi drt-o ealce mnudyee .pdcnoeetras a ladplerarivoo ayp e riae na lcol oo c amatjaebennontao du, a ssnrii a eae m xvlaiaps Crltoeeor  qamuucniies óci ónseen sd  ecde ue tmo lSatpasell ga meunnie ml odlaisied  nraaetcsoqt  iuvdaiiehsdi oatloardass,     OE-A-2021-8877able en https://www.
medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en
el ámbito de la Seguridad Social, constituida al amparo de la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, el seguimiento y evaluación de las medidas que 
se establecen en este real decreto-ley.
IV
El real decreto-ley incluye nueve artículos, distribuidos en dos títulos, siete disposiciones 
adicionales, dos disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y un anexo.
El V Acuerdo Social en Defensa del Empleo queda recogido en el título I, que incluye 
los cuatro primeros artículos, así como en las disposiciones adicionales primera, segunda, 
tercera y cuarta.
El artículo 1 establece la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo 
de fuerza mayor basados en causas relacionadas con la situación pandémica hasta el 30 
de septiembre de 2021, con el objeto de extender esta medida de protección social y del 
empleo que ha demostrado una eficacia transcendental en esta situación. Asimismo, se 
prorrogan las medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los mismos, si 
bien se acomete una actualización en el porcentaje de exoneración en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, de conformidad con la mejora de la situación epidemiológica, la 
flexibilización de las restricciones y el incremento de la actividad.
El artículo 2 regula las reglas aplicables a nuevos expedientes de regulación temporal 
de empleo por impedimento y limitaciones que puedan producirse a partir de la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, prorrogando las ya previstas en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y cuyo régimen en materia de exoneración de cuotas 
a la Seguridad Social se actualiza.
El artículo 3 prorroga los contenidos complementarios de las medidas extraordinarias 
recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
El artículo 4, por su parte, recoge las medidas extraordinarias de protección de las 
personas trabajadoras reguladas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, con 
las particularidades y referencias incluidas en dicho precepto, incluidas aquellas relativas a 
la protección por desempleo en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de 
empleo como la prestación extraordinaria para las personas con contrato fijo-discontinuo.
El artículo 5 establece la exención en la cotización a favor de los trabajadores 
autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad, al 
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.
El artículo 6 regula la prestación extraordinaria por cese de actividad para los 
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.
El artículo 7 prevé la prórroga de la prestación por cese de actividad compatible con el 
trabajo por cuenta propia.
El artículo 8 establece la prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos 
trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo 
la prestación de cese de actividad prevista en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, 
de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley.
Por su parte, el artículo 9 recoge la prestación extraordinaria de cese de actividad para 
los trabajadores autónomos de temporada.
Asimismo, la disposición adicional primera incluye a las empresas pertenecientes a  s
sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de  oe.
empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, y que tengan expedientes de  w.
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previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor, y que se
encuentren incluidas en alguno de los apartados recogidos en la citada disposición  Bc
adicional.
La disposición adicional segunda vuelve a referir las funciones ya clásicas de la 
Comisión de Seguimiento tripartita laboral, que también reedita composición y calendario 
de reuniones previsto.
La disposición adicional tercera, por su parte, dispone respecto de las personas 
trabajadoras con contrato fijo-discontinuo y aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos 
que se repitan en fechas ciertas, obligaciones para las empresas, tales como la 
incorporación efectiva durante los períodos teóricos de llamamiento de las personas 
trabajadoras, de conformidad con la descripción incluida en la citada disposición y su 
afectación por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de 
entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad a esta, en el caso en que, 
como consecuencia de las restricciones y medidas de contención sanitaria no puedan 
desarrollar su actividad en el periodo de llamamiento indicado.
Asimismo, incluye de manera expresa el ámbito y alcance de la prestación extraordinaria 
regulada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, cuya vigencia 
prorroga el artículo 4.2, y que resultará aplicable cuando el periodo teórico de llamamiento 
no esté comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, una vez finalizado este, así 
como durante las interrupciones ordinarias de actividad en aquellos casos en que haya 
incorporación efectiva y las demás situaciones no reguladas en esta disposición adicional 
que afecten a personas trabajadoras a las que se refiere el citado artículo 9 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
La disposición adicional cuarta recoge de manera específica los efectos de las 
exenciones en la cotización a la Seguridad Social y su consideración como periodo de 
ocupación cotizada a todos los efectos.
La disposición adicional quinta establece medidas respecto del personal docente e 
investigador de las universidades, en particular, en relación con el profesorado asociado 
que, según el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
es contratado con carácter temporal y con una dedicación parcial al contar con una actividad 
profesional adicional ajena a la universidad.
La disposición adicional sexta prevé, por último, la prórroga del artículo 6 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA.
Por último, la disposición adicional séptima encomienda a la Comisión de seguimiento 
de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos 
en el ámbito de la Seguridad Social, establecida en el Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de 
junio, el seguimiento y evaluación de las medidas establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9, 
así como en la disposición transitoria segunda de esta norma.
La disposición transitoria primera establece el régimen aplicable a las solicitudes de 
prestaciones o subsidios que ya hubieran sido formuladas o resueltas favorablemente al 
amparo del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre.
La disposición transitoria segunda regula el mantenimiento de la prestación 
extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una 
suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de resolución de la autoridad 
competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 contemplada 
en el artículo 5 y en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 
de enero.
Respecto de las disposiciones finales, la disposición final primera incorpora una 
modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en cuyo artículo 2 se añade un 
apartado 4 quáter, en el que se prevé que los empleadores que contraten por tiempo 
indefinido a personas con capacidad intelectual límite tengan derecho a una bonificación de  es
la cuota empresarial a la Seguridad Social. o
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La disposición final tercera se refiere a los títulos competenciales al amparo de los 
cuales se dicta este real decreto-ley, la disposición final cuarta habilita al gobierno para el 
desarrollo y ejecución de lo previsto en esta norma y la disposición final quinta se refiere a 
su entrada en vigor.
V
Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en 
el artículo 86.1 de la Constitución Española, el contenido del real decreto-ley se fundamenta 
en motivos objetivos, de oportunidad política y extraordinaria urgencia que requieren su 
aprobación inmediata, destacando, entre otros, la situación grave y excepcional que 
persiste como consecuencia de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 
lo que hace indispensable dar una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean 
en el ámbito laboral y social.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar reales decretos-
leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al 
ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades 
autónomas ni al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye, de esta forma, un instrumento constitucionalmente lícito, 
siempre que, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional 
(SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, 
FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento 
de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación 
de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley 
se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, 
sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, 
de 28 de enero, FJ 4), centradas en dar una respuesta adecuada que permita restablecer 
el funcionamiento normal de la actividad económica y productiva de las empresas, la 
necesaria seguridad jurídica y la protección de los colectivos que pudieran resultar 
vulnerables ante la concurrencia de la situación descrita y que se definen por su condición 
extraordinaria y urgente.
Todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la 
presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, 
FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3), existiendo la necesaria conexión entre la situación 
de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, sin que constituya 
un supuesto de uso abusivo o arbitrario del referido instrumento constitucional.
En suma, en las medidas que se adoptan en este real decreto-ley concurren las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la 
Constitución Española, tal y como se ha expuesto anteriormente, considerando, por otra 
parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a 
través de la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia.
Asimismo, debe señalarse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las  s
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos  oe.
regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades  w.
autóEnsotma anso rnmi aa l sDee arjeucshtao  ae lleocst oprrainl cgiepnioesr adle. bVuIena regulación contenidos en el artículo 129  BOE-A-2021-8877cable en https://ww
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines 
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son 
adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habiéndose 
constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan 
menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del principio de seguridad 
jurídica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y 
empresas afectadas.
Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir 
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del 
texto y en el apartado correspondiente de la memoria, sin que se hayan realizado los 
trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la citada 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los 
reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 
Trabajo y Economía Social y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
V Acuerdo Social en Defensa del Empleo
Artículo 1.  Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor 
basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas extraordinarias 
en materia de cotización.
1.  Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto-ley, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, se prorrogarán automáticamente hasta el 30 de 
septiembre de 2021.
2.  Asimismo, se entienden prorrogados los expedientes de regulación temporal de 
empleo por impedimento en el desarrollo de la actividad autorizados en base a lo dispuesto 
en el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y 
de competitividad del sector industrial, que se mantendrán vigentes, en los términos  s
recogidos en las correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por silencio  e.
administrativo. w.
No obstante, desde el 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021,  77ww
rpeosrcueltnatraájens  adpe leicxaobnleersa caió nd ircehcoosg ideoxsp eend ieel natpeasr taddeo  r3e dgeu leasctieó nar ttíecumlop,o praarla  dloes  eexmppeldeioen ltoess 
dauet orreizgaudlaocsi óenn  bteamsep ao rlaol  ddisep ueemstpol eeon  eplo ar rtiímcupleod 2im.1e dnetlo R eena l eDle dcreestaor-lreoyll o3 0d/2e0 2la0 ,a dceti v2i9d adde   BOE-A-cable e
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, o en el artículo 2.1 del Real
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo.
3.  Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el desarrollo 
de la actividad autorizados en base a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio administrativo, resultándoles de 
aplicación las medidas extraordinarias en materia de cotización previstas en el artículo 2.1 
del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, durante el período de cierre y hasta 
el 30 de septiembre de 2021.
4.  Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo 
normalizado de la actividad vigentes, basados en el artículo 2.2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre o en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, se prorrogarán automáticamente hasta el 30 de septiembre de 2021.
Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de junio de 2021, serán 
las siguientes:
a)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre de 2021, alcanzará el 85 %, 85 %, 75 % y 75 %, 
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas 
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020.
b)  Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 
actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre de 2021 alcanzará el 75 %, 75 %, 65 % y 65 %, 
respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras 
o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero 
de 2020.
5.  Las exoneraciones a las que se refieren los apartados 2, 3 y 4 anteriores se 
aplicarán respecto de las personas trabajadoras y respecto del abono de la aportación 
empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así 
como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
El procedimiento y requisitos para la aplicación de las exoneraciones de cuotas a las 
que se refieren los apartados 2, 3 y 4 serán los establecidos en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2 y 3 
de este real decreto-ley.
Artículo 2.  Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones 
de actividad.
1.  Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención 
sanitaria podrán solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o 
limitaciones a la actividad en los términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de septiembre  s
de 2021, salvo que les resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 siguiente. oe.
El procedimiento y requisitos para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social  w.
alepyl ic3La0ob/s2l e0ps2o 0erc,n ed dneit ca2hj9eo ssd  eps ausrpeaup eltaise tmeoxsbo rsneee.rráanc ilóons  pdree vciusototass e an  elal  cSiteagduor iadratídc uSloo c2ia dl eal pRliecaabl Dleesc are ltoos-  2021-8877n https://ww
expedientes de regulación temporal de empleo basados en impedimento a la actividad,
para los meses de junio a septiembre de 2021, serán los regulados en el artículo 2.1 del  Bc
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables a los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en limitaciones a la actividad, para 
los meses de junio a septiembre de 2021, serán los previstos en el artículo 1.4.
2.  Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de 
fuerza mayor a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, mediante 
la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio administrativo, el paso de 
la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las 
modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, 
no requerirá la tramitación de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de 
exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la 
situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.
3.  Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el 
apartado 2 deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así 
como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese 
aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras.
Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral, 
deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de los 
porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o 
limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada 
momento.
La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se 
determinen sobre la correcta aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social.
4.  Las previsiones de los apartados 2 y 3 resultarán aplicables, asimismo, cuando la 
resolución estimatoria de la autoridad laboral, expresa o por silencio administrativo, hubiese 
tenido lugar en aplicación de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 
de enero, en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en virtud de 
lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado 2, del Real Decreto-ley 24/2020, 
de 26 de junio, cuando se produzca el paso de la situación de impedimento a otra de 
limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones 
o medidas adoptadas por las autoridades españolas competentes, o viceversa.
Artículo 3.  Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
1.  A los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-19, iniciados tras 
la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2021, les 
resultarán de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, continuarán siendo de aplicación, hasta el 30 de septiembre de 2021, 
a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-19 iniciados antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley. e.
2.  Los límites y previsiones relacionados con reparto de dividendos a los que se  w.
refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán  77ww
vaingteenritoersid haads toa  eenl  3v0ir tdued  sdeep tliae mprbersee dnete 2 n0o2r1m, ap,a raa  ltoosd oqsu elo sse e xappelidqiueennte lsa,s a euxtoornizeardaociso ncoens 
prev3is. tasL oesn  leímstiete rse ya lp dreevcirseitoon-elesy .relacionados con transparencia fiscal a los que se refiere  BOE-A-cable e
el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes
hasta el 30 de septiembre de 2021, para todos los expedientes, autorizados con anterioridad 
o en virtud de este real decreto-ley.
4.  La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, en relación con los periodos 
anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en la presente norma y de 
conformidad con los plazos correspondientes.
5.  Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, 
nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán vigentes hasta el 30 de septiembre 
de 2021 y resultarán igualmente de aplicación a todos los expedientes autorizados en virtud 
de este real decreto-ley.
6.  Los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, 
permanecerán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2021.
Artículo 4.  Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas 
en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa 
del empleo.
1.  Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en 
el artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta 
el 30 de septiembre de 2021, tanto para las personas afectadas por los expedientes de 
regulación temporal de empleo a los que se refiere dicho precepto, como para las 
afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan en el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y en este real decreto-ley, con las siguientes 
particularidades:
a)  El artículo 8.7 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrá 
vigente según los términos y plazos previstos en el mismo.
b)  Las empresas que ya hubieran presentado solicitud colectiva de acceso a la 
prestación por desempleo en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre, no estarán obligadas a la presentación de nueva solicitud 
respecto de las personas trabajadoras incluidas en la anterior.
2.  De igual manera, las medidas extraordinarias para la protección de las personas 
trabajadoras previstas en el segundo párrafo del artículo 8.1 y en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de aplicación hasta el 30 de septiembre 
de 2021, entendiéndose las referencias que dicho precepto realiza a la fecha del 31 de 
enero de 2021, efectuadas al 30 de septiembre de 2021.
3.  Las medidas extraordinarias para la protección de las personas trabajadoras 
previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán 
de aplicación hasta el 30 de septiembre de 2021, tanto para las personas afectadas por los 
expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refieren dichos preceptos, 
como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo que se contemplan 
en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, así como en este real decreto-ley.
TÍTULO II
Medidas para la protección de los trabajadores autónomos
Artículo 5.  Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan  bo
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo  77ww
ddies pmueedsitdoa esn s oecl iRaleeasl  eDne dcerefeton-sleay d 2e/l2 e0m21p,l edoe. 26 de enero, de refuerzo y consolidación
1.  A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en  Bc
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que estuvieran de 
alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 de mayo alguna de las prestaciones 
por cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y 
formación profesional con las siguientes cuantías:
a)  90 % de las cotizaciones correspondientes al mes de junio.
b)  75 % de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
c)  50 % de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
d)  25 % de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.
Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores autónomos 
deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social 
hasta el 30 de septiembre de 2021.
2.  La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base 
de cotización por la que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 
prestación por cese de actividad.
3.  La percepción de la prestación por cese de actividad en cualquiera de sus 
modalidades será incompatible con la exención en la cotización establecida en este 
precepto.
4.  La obtención de las exenciones contempladas en este precepto que resulten 
indebidas como consecuencia de la pérdida del derecho a las prestaciones de cese de 
actividad contemplada en los artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
dará lugar a la revisión de oficio por parte de la entidad u organismo competente.
5.  Lo dispuesto en este precepto será de aplicación a los trabajadores autónomos que 
agoten las prestaciones a las que se refiere el artículo 6 de este real decreto-ley, a partir de 
la finalización de las exenciones a las que se refiere el apartado 4 de dicho artículo y hasta 
el 30 de septiembre de 2021.
Artículo 6.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores 
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como 
consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de 
la propagación del virus COVID-19.
1.  A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados 
a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la 
autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, 
o mantengan por los mismos motivos la suspensión de su actividad iniciada con anterioridad 
a la fecha indicada, tendrán derecho a una prestación económica por cese de actividad de 
naturaleza extraordinaria, en los términos que se establecen en este precepto, siempre que 
se reúnan los siguientes requisitos:
a)  Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos treinta días naturales antes de la 
fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la actividad y, en todo caso, antes de 
la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con anterioridad al 1 de 
junio de 2021.
b)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si  s
en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor  oe.
invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días  w.
naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos  77ww
efectos para la adquisición del derecho a la protección.
corr2e.s poLnad acu paonrt ílaa  adcet ilvaid parde sdteascaiórrno lslaedráa .del 70 % de la base mínima de cotización que
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación 
extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será 
del 40 %.
3.  El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida 
de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de junio de 2021 
cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a esta fecha.
4.  Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en 
el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las cuotas se extenderá desde el 
primer día del mes en el que se adopte la medida de cierre de actividad, o desde el 1 de 
junio de 2021 cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a 
esta fecha, hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida, o hasta 
el 30 de septiembre de 2021 si esta última fecha fuese anterior.
El periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de cotizar 
se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas 
por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha prestación.
La duración máxima y resto de condiciones de aplicación de las deducciones en la 
cotización a las que pueda tener derecho el trabajador beneficiario de esta prestación 
extraordinaria por cese en la actividad no se modificará por el percibo de esta última.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la 
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de los 
procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido en este 
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en el apartado 9.
5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por 
cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional, con 
el desempeño de otra actividad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos 
procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre, así como 
con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario 
viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de 
actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
7.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
8.  La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cuatro 
meses, finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 30 de septiembre de 2021, si esta última fecha fuese 
anterior. es
El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por  o
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percibiendo la prestación extraordinaria contemplada en el artículo 5 del Real Decreto-
ley 2/2021, de 26 de enero.
En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la 
prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud. En estos casos, el 
trabajador autónomo quedará exento de la obligación de cotizar desde el día que tenga 
derecho a percibir la prestación.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 
sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada la medida de cierre de 
actividad se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En el 
supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la prestación, se 
iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, debiendo 
además en estos casos ingresar las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de 
percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria 
del sistema de la Seguridad Social en todos sus términos.
10.  En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la 
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de 
ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con 
alguno otro tipo de ingresos, debiendo constar, asimismo, el consentimiento de todos los 
miembros de la unidad familiar para el acceso a la información tributaria.
Para poder admitir a trámite la solicitud, el interesado deberá aportar una declaración 
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por 
cuenta ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las 
mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de 
los requisitos de acceso a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al 
perceptor de la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la 
renta a la entidad gestora de la prestación.
Artículo 7.  Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia.
1.  A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo 
de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo 
por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y 
no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de 
septiembre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021, cumplan 
los requisitos que se indican en este precepto.
Asimismo, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores autónomos 
en los que concurran las condiciones establecidas en los apartados a), b), d) y e) del 
artículo 330.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y cumplan los 
requisitos que se contemplan en este artículo. El derecho a la percepción de esta prestación 
finalizará el 30 de septiembre de 2021.
2.  El acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 
una reducción de los ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia de 
más del 50 % de los habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber 
obtenido durante el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos  e.
computables fiscalmente superiores a 7.980 euros. w.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el  77ww
sdeeg 2u0n2d1o. y tercer trimestre de 2019 y se comparará con el segundo y tercer trimestre
cargEon,  deel bcearsáo a dcree dloitsa rtsraeb, aajla tdieomrepso  aduet ósnoolimcitoasr  lqau per etesntagcaiónn u, neol c ou mmpálism tireanbtaoj addeo troedsa sa  lsaus   BOE-A-cable e
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten 
los documentos precisos que acrediten este extremo.
3.  Quien a 31 de mayo de 2021 viniera percibiendo la prestación contemplada en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, solo podrá causar derecho a esta 
prestación si no hubiera consumido en aquella fecha la totalidad del periodo previsto en el 
artículo 338.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
4.  El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o 
el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de junio de 2021, 
si se solicita dentro de los primeros veintiún días naturales de junio, o con efecto desde el 
día primero del mes siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir 
del 1 de enero de 2022.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la Seguridad 
Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar 
de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la 
revisión de los requisitos de acceso a la prestación.
5.  Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
recabaran de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios del 
ejercicio 2021, a partir del 1 de abril de 2022.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora o al Instituto Social de la 
Marina en los diez días siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de 2019 y 2021.
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del primer, segundo y tercer 
trimestre de 2019 y 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los 
ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50 % de los habidos en el segundo 
y tercer trimestre de 2019, se entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por 
estimación objetiva han experimentado esa reducción siempre que el número medio diario 
de las personas trabajadoras afiliadas y en alta al sistema de la Seguridad Social en la 
actividad económica correspondiente, expresada a 4 dígitos (CNAE), durante el periodo al 
que corresponda la prestación, sea inferior en más de un 7,5 % al número medio diario 
correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2019.
6.  Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el 
reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por 
aquellos trabajadores autónomos que no cumplan los requisitos establecidos en este 
precepto.
La entidad competente para la reclamación fijará la fecha de ingreso de las cantidades 
reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General  e.e
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e  w.b
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación  77ww
epsotra ebll eRceidaol  Deenc erel tRo e1g4la1m5/e2n0t0o4 ,G deen e11ra dl ed eju Rnieoc.audación de la Seguridad Social, aprobado
deb7e.r á Einl gtrreasbaarja edno r laa uTtóensoomreorí,a d Gureannetera el l dteie mlap oS eqguuer iedsatdé  Speorcciaibl ielan dtoo tlaal idpareds tdaec iólans, 
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador junto, con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones 
por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el 
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
8.  En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 30 de 
septiembre de 2021, los límites de los requisitos fijados en este artículo se tomarán de 
manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad. A estos efectos, el cálculo se 
hará computándose en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de 
Seguridad Social en el que estuviera encuadrado.
9.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los rendimientos netos computables fiscalmente durante el 
segundo y tercer trimestre del año 2021 superarán los umbrales establecidos en el 
apartado 2 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
10.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la prestación de cese de 
actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones 
aplicables en este supuesto las siguientes:
a)  Los ingresos netos computables fiscalmente procedentes del trabajo por cuenta 
propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces 
el salario mínimo interprofesional. En la determinación de este cómputo, los ingresos 
procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del salario 
mínimo interprofesional.
b)  La cuantía de la prestación será el 50 % de la base de cotización mínima que le 
corresponda en función de la actividad.
c)  Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se 
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que 
asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad 
gestora de la prestación.
d)  Será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores siempre que no 
contradigan lo dispuesto en este apartado.
Artículo 8.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo alguna 
de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales 
en defensa del empleo y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese 
de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley.
1.  Los trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran 
percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 
del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y no puedan causar derecho a la prestación  s
ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo anterior podrán acceder, a partir de 1  oe.
de junio de 2021, a la prestación económica de cese de actividad de naturaleza  w.
extraordinaria prevista en este artículo, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 77ww
a)  Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen
Ecosmpeoc tiaral bdaeja Tdroarb paojard coureenst aA uptróonpoiam doess od ee ann etel sR déegli m1 edne  Easbpriel cdiea l2 d0e2 0T.rabajadores del Mar
No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud no se cumpliera el requisito 
de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese 
las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la 
adquisición del derecho a la protección.
b)  No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad 
por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
c)  Acreditar en el segundo y tercer trimestre del 2021 unos ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer trimestre 
del 2020.
Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta en el 
primer trimestre de 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos 
en el segundo y tercer trimestre de 2021 en la misma proporción.
2.  La cuantía de la prestación será del 50 % de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo 
familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta u otra prestación 
de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será del 40 %.
3.  En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, emitirán 
una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que 
acrediten este extremo.
4.  Esta prestación extraordinaria por cese de actividad podrá comenzar a devengarse 
con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima de cuatro meses, siempre 
que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días naturales de junio. En caso 
contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación 
de la solicitud. La duración de esta prestación no podrá exceder del 30 de septiembre 
de 2021.
5.  El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución 
por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, con el desempeño de otra actividad por 
cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad y con la 
percepción de una prestación de Seguridad Social, salvo aquella que el beneficiario viniera 
percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será además 
incompatible con las ayudas por paralización de la flota.
6.  El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, 
deberá permanecer en alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente e ingresar 
en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los 
tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al 
trabajador autónomo junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las 
cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de 
encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo  s
dispuesto en el artículo 329 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. e.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación  w.
extraordinaria será, en todo caso, la establecida en el momento de inicio de dicha  77ww
presLtaacsi ómn.utuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina proporcionarán a la
Tperoscoerdeirmíai eGnteonse qraule  dees tlaab lSezecgau reidsatad  úSltoimciaa,l  plaa rain flao rampalicciaócnió nne dcee sloa reias,t aab ltercaivdéos e dne e slotes   BOE-A-cable e
apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la prestación como en la 
revisión posterior, conforme a lo establecido en los apartados 8 y 9 de este artículo.
7.  Se extinguirá el derecho a la prestación si durante la percepción de la misma 
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad 
contemplada en el artículo 7 de esta norma o a la prestación de cese de actividad regulada 
en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a solicitar la prestación 
correspondiente.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria en los términos 
establecidos, siempre que reúnan los requisitos para ello.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación, de acuerdo con la solicitud 
presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que 
sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
Para poder admitir a trámite la solicitud se deberá aportar una declaración jurada de los 
ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y 
autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras 
encargadas de la gestión de la prestación para recabar de la administración tributaria 
correspondiente los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso 
a la prestación. Todo ello sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la 
prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad 
gestora de la prestación.
10.  A partir del 1 de enero de 2022 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social recabarán de la 
administración tributaria correspondiente los datos tributarios relativos al primer trimestre 
de 2020 y los tres primeros trimestres de 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días 
siguientes a su requerimiento:
1.º  Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y sus 
liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo y tercer 
trimestre del año 2021 (modelos 303).
Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2020, así como las 
autoliquidaciones del primer, segundo y tercer trimestre del año 2020. Declaración de la 
renta de las personas físicas o certificado de empresas donde consten las retribuciones 
percibidas por cuenta ajena.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
No obstante, y a efectos de acreditación de la reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia, así como el límite de rendimientos netos, se  e.e
entenderá que los trabajadores autónomos que tributen por estimación objetiva han  w.b
experimentado estas circunstancias siempre que el número medio diario de las personas  77ww
tcroarbreasjapdoonrdaise natfeili,a edxapsr eys eand aa lata c aula strisot edmígait odse ( lCaN SAeEg)u,r diduarda nSteo ceial pl eernio lad oa catli vqiudea dc oercreosnpóomnidcaa 
lsae gpurensdtoa cyi ótenr, cseera t riinmfeersitorre  edne  m20á1s9 d.e un 7,5 % al número medio diario correspondiente al
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o 
recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
11.  Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o 
a la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si 
alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan 
con algún otro tipo de ingresos.
12.  El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación regulada en 
este artículo podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2021, surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el primer y segundo trimestre 
de 2021 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales 
establecidos en el apartado 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Artículo 9.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada.
1.  A los efectos de este precepto se consideran trabajadores de temporada aquellos 
trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera 
desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de siete meses 
en cada uno de los años referidos.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 
y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los ciento veinte días a lo largo de esos años.
2.  Serán requisitos para causar derecho a la prestación:
a)  Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta 
propia durante un mínimo de cuatro meses y un máximo de siete meses de cada uno de los 
años 2018 y 2019, siempre que ese marco temporal abarque un mínimo de dos meses 
entre los meses de junio y septiembre de esos años.
b)  No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el 
régimen de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el segundo y 
tercer trimestre del año 2021.
c)  No obtener durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.650 euros. s
d)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si  oe.
no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo  w.
para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La  77ww
rpergoutelacrciizóanc.ión del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la
3.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 % de
la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en 
su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
4.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración máxima 
de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros veintiún días 
naturales de junio. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día primero del mes 
siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de 
septiembre de 2021.
5.  Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, 
permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de 
Seguridad Social correspondiente.
6.  Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
7.  Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 
prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera 
compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. Asimismo, 
será incompatible con el trabajo por cuenta propia y con la percepción de rendimientos 
procedentes de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, cuando los 
ingresos que se perciban en el segundo y tercer trimestre del año 2021 superen los 6.650 euros.
Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será, asimismo, 
incompatible con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
8.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones, a esta prestación extraordinaria, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
9.  La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Para poder admitir a trámite la solicitud se autorizará a la Administración de la Seguridad 
Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar 
de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios necesarios para la 
revisión de los requisitos de acceso a la prestación.
10.  El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en 
cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y 
el mes de agosto de 2021.
Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4.
Las entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su 
caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o 
desestimando el derecho.
11.  A partir del 1 de enero de 2022 se procederá a revisar todas las resoluciones 
provisionales adoptadas.
a)  A tal objeto, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social 
de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios 
correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2021.
Si las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina 
no pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los 
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días  s
siguientes a su requerimiento: e.
1.º  Copia del modelo 303 de declaración del segundo y tercer trimestre del año 2021.  77ww
CImoppuiae sdtoe l smobordee lloa  R13e0n taco drree slapso nPdeiresnotnea as  Flaí saicuatos li(qIRuiPdFa)c idóenl  epnri mpearg, os efrgaucncdioon ay dtoe rcdeerl 
trimestre del año 2021.
2.º  Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la 
documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
b)  En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la 
prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente 
percibidas.
A tal objeto, la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará 
resolución fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o 
recargo en el plazo que se determine en la resolución.
Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e 
intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación 
establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
12.  El trabajador autónomo de temporada que haya solicitado el pago de la prestación 
regulada en este artículo podrá:
a)  Renunciar a ella en cualquier momento antes del 30 de agosto de 2021 surtiendo 
efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b)  Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de 
esperar a la reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad 
gestora, cuando considere que los ingresos que puede percibir por el ejercicio de la 
actividad durante el tiempo que puede causar derecho a ella superarán los umbrales 
establecidos en el apartado 2.c) con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.
Disposición adicional primera.  Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa 
de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de 
recuperación de actividad.
1.  Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan expedientes 
de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre 
de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno 
de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– 
previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
2.  Quedarán exoneradas, entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, 
del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente 
apartado, las siguientes empresas:
a)  Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, según lo establecido en el artículo 1, y que tengan la consideración de pertenecientes 
a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de 
empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según el apartado 1, cuya 
actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su 
entrada en vigor.
b)  Empresas a las que se refiere la letra a) anterior, que transiten, entre el 1 de junio  e.
y el 30 de septiembre de 2021, desde un expediente de regulación temporal de empleo de  w.b
fuerza mayor basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de  77ww
marcz)o , aE umnpor edsea csa au slaass  eqcuoen sóem riceafise,r eténc nlaicsa lse,t roar gba)n yiz ac)ti vdaesl  oa pdaer tpardood u3c cdieó nla. disposición
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ley 2/2021, de 26 de enero, que sean titulares de un expediente de regulación temporal de
empleo basado en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hubieran 
tenido derecho a las exenciones reguladas en las citadas disposiciones adicionales, y cuya 
actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la presente norma en el momento de su 
entrada en vigor.
d)  Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación 
temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, según lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su 
mayoría, de las empresas a las que se refieren las letras anteriores, o que formen parte de 
la cadena de valor de estas.
A tal efecto, son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las 
empresas a que se refieren las letras anteriores aquellas a las que se haya reconocido tal 
consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Asimismo, quedarán exoneradas en las condiciones establecidas en esta disposición 
adicional las empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de 
la cadena de valor, hayan transitado, en los términos establecidos en el apartado 3.d) de la 
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o en los 
términos establecidos en el apartado 2.d) de la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, o transiten, en el período comprendido entre el 1 de 
junio y el 30 de septiembre de 2021, desde un expediente de regulación temporal de 
empleo por causas de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, o en el artículo 3 de este real decreto-ley.
3.  Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto de 
las personas trabajadoras afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo 
que reinicien su actividad a partir del 1 de junio de 2021, o que la hubieran reiniciado desde 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), y de los periodos y porcentajes 
de jornada trabajados a partir del 1 de junio de 2021, en los porcentajes y condiciones que 
se indican a continuación:
a)  El 95 %, de la aportación empresarial devengada en junio, julio, agosto y septiembre 
de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero 
de 2020.
b)  El 85 % de la aportación empresarial devengada en junio, julio, agosto y septiembre 
de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.
4.  Las empresas indicadas en el apartado 2 quedarán exoneradas, respecto de las 
personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de junio y el 30 
de septiembre de 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
a)  El 85 % de la aportación empresarial devengada en junio, julio, agosto de 2021, 
y 70 % de la devengada durante en septiembre de 2021, respectivamente, cuando la  s
empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las  oe.
mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. w.
ye m6p0br %)e s adE ehl  u7lab5 i de%era vd eteen nglaiad doaa pc oienrnctau ceeilón mnta e eosm  mdpeáre sss peaeprirtasielo mdneabvsree t nrdageba ad2jaa0 d2eo1nr,a  jrsue nosip oae,s cjiumtilviioala,m daaegsno tase t,lo ac sdu mea ni2sd0mo2 a1las,    2021-8877n https://ww
en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
5.  Las exenciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las 
medidas reguladas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley. Asimismo, a estas 
empresas les resultará de aplicación lo previsto en los artículos 2.3, 4 y 6 del Real Decreto-
ley 30/2020, de 29 de septiembre.
6.  Las exenciones previstas se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que 
tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados 
por la suspensión, al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.
7.  A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la 
CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación para la 
determinación de los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas 
en septiembre de 2020, según lo establecido en la disposición adicional cuarta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Disposición adicional segunda.  Comisión de Seguimiento tripartita laboral.
1.  La Comisión de Seguimiento tripartita laboral estará integrada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO.) y 
la Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, la valoración de las medidas recogidas en este y de la 
evolución de la actividad económica y el empleo, así como el análisis de las eventuales 
medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo.
2.  Para el desarrollo de dichas funciones, la Comisión se reunirá, con carácter ordinario, 
cada quince días desde la entrada en vigor de la presente norma, previa convocatoria 
remitida al efecto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, con carácter extraordinario, 
siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.
Disposición adicional tercera.  Incorporación efectiva y aplicación de los expedientes de 
regulación temporal de empleo a las personas con contrato fijo-discontinuo o a las que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
1.  Las empresas deberán incorporar efectivamente a las personas con contrato fijo-
discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas 
durante el periodo teórico de llamamiento, entendido como aquel correspondiente al trabajo 
efectivo desarrollado por cada una de ellas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019.
En el supuesto en que la contratación de la persona trabajadora se hubiera producido 
con posterioridad al 30 de septiembre de 2019, se tomará como referencia el mismo periodo 
teórico de llamamiento correspondiente al ejercicio 2020.
2.  En el caso en que, como consecuencia de las restricciones y medidas de contención 
sanitaria, las personas referidas en el apartado anterior no puedan desarrollar actividad 
efectiva en el periodo de llamamiento indicado, estas deberán ser afectadas en ese 
momento por los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a fecha de 
entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad a esta, y mantenerse en 
dicha situación hasta que tenga lugar su reincorporación efectiva o, en su caso, hasta la 
fecha de interrupción de su actividad, dentro del periodo referido en el apartado 1. e.e
Las empresas tendrán un plazo de quince días desde la afectación, para solicitar, de no  b
haberse hecho previamente, la incorporación de estas personas al expediente de regulación  77ww
tseomlicpitourda lc doele cetmivap ledoe,  parensteta lcai oanuetso rpidoar dd elasbeomrpalle yo .para tramitar ante la entidad gestora la
de 239.  deL as epprteiesmtabciróen,  qeuxetr amoardnitnieanriea  sreug vuiglaednac iean c eoln afortrímcuelo a 9 l od eplr eRveisatlo D eenc reel taor-tleícyu 3lo0 4/2.20 2d0e, 
este real decreto-ley, resultará aplicable cuando el periodo teórico de llamamiento no esté
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y una vez finalizado este, así como 
durante las interrupciones ordinarias de actividad en aquellos casos en que haya 
incorporación efectiva, y en las demás situaciones no reguladas en esta disposición 
adicional que afecten a personas trabajadoras a las que se refiere el citado artículo 9 del 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.
Disposición adicional cuarta.  Efectos de las exenciones en la cotización a la Seguridad 
Social.
1.  Las exenciones en la cotización a la Seguridad Social establecidas en los 
artículos 1, 2, 5 y en la disposición adicional primera de este real decreto-ley no tendrán 
efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que 
se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación 
lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.
2.  La previsión del apartado anterior será también de aplicación con relación a las 
exenciones en la cotización a la Seguridad Social establecidas en el artículo 24 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, en el artículo 4, 8 y disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 
industrial, en el artículo 2 y disposición adicional primera del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio y en materia tributaria, y en los artículos 1 y 2 y disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación 
de medidas sociales en defensa del empleo, desde la correspondiente fecha de entrada en 
vigor de las referidas disposiciones.
Disposición adicional quinta.  Renovación por las universidades de los contratos de 
profesorado asociado para el curso 2021-2022.
La contratación de profesoras y profesores asociados en las universidades se ajustará 
a las reglas establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.
No obstante, excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal 
limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea 
necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad 
profesional fuera del ámbito académico universitario.
Disposición adicional sexta.  Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19.
Se prorroga, hasta el 30 de septiembre de 2021, el artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA.
Disposición adicional séptima.  Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la  s
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad  oe.
Social. w.
recuSpee raecnicóonm diee nlad aa cati vliad acdo dmei slioósn t rdaeb asjaedgouriemsi eanuttoó ndoem loass  emn eedl iádmasb itdoe d aep loa ySoe gpuarriad alad 
Sleoyc 2ia4l/ 2c0re2a0d, ad ea l2 a6m dpea jruon dioe,  leol  dseisgpuuiemsiteon eton  yla e dvaislpuoasciicóinó nd ea dlaicsi omneadl isdeaxst ae sdtealb Rleecaidl aDse ecnre ltoos-  BOE-A-cable e
artículos 5, 6, 7, 8 y 9, así como en la disposición transitoria segunda de esta norma.
Disposición transitoria primera.  Solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas o 
resueltas favorablemente al amparo de los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-
ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
1.  Las solicitudes de prestaciones y subsidios formuladas al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo 
al sector cultural, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley, se resolverán de conformidad con lo establecido en este.
2.  En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido resueltas favorablemente a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, sin que se hubiera agotado la prestación o el 
subsidio, se reconocerá de oficio la ampliación de su duración, con arreglo a lo previsto en 
el mismo.
3.  Los beneficiarios a los que, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, 
se les hubiera denegado o hubieran agotado las prestaciones o subsidio reconocidos al 
amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, o de los artículos 2, 3 y 4 del Real Decreto-ley 32/2020, 
de 3 de noviembre, podrán presentar nueva solicitud, para el reconocimiento de su 
derecho por el periodo previsto en el mismo.
Disposición transitoria segunda.  Prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad 
que vinieran percibiendo a 31 de mayo de 2021 la prestación contemplada en el 
artículo 5 o en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
Los trabajadores autónomos que, a 31 de mayo de 2021, vinieran percibiendo la 
prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados 
por una suspensión temporal de toda la actividad, como consecuencia de resolución de la 
autoridad competente, como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 
contemplada en el artículo 5 o en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-
ley 2/2021, de 26 de enero, podrán percibir la prestación prevista en el artículo 6 de este 
real decreto-ley durante el tiempo en que permanezca la actividad suspendida y hasta el 
último día del mes siguiente en el que se acuerde el levantamiento de las medidas o hasta 
el 30 de septiembre de 2021, si esta última fecha es anterior.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora y el crecimiento del empleo.
Se añade un nuevo apartado 4 quáter al artículo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, para la mejora y el crecimiento del empleo, con la siguiente redacción:
«4 quater.  Los empleadores que contraten por tiempo indefinido a personas 
con capacidad intelectual límite tendrán derecho, desde la fecha de celebración del 
contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes 
(1.500 euros/año) durante cuatro años. s
Se considerarán personas con capacidad intelectual límite aquellas que el  e.
Gobierno determine reglamentariamente.» w.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, 
por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural.
El Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 
sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural, 
queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:
«1.  Con carácter excepcional, y como consecuencia de la crisis sanitaria 
derivada del COVID-19, los artistas en espectáculos públicos que tuvieran derecho 
al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo, en los 
términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, podrán continuar 
percibiéndolas hasta el 30 de septiembre de 2021.
2.  La prestación será incompatible con la realización de actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena, o con la percepción de cualquier otra prestación, renta 
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier 
Administración Pública.
El derecho a la percepción de la prestación se suspenderá, una vez reconocido, 
mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena. 
La suspensión de dicho derecho supondrá la interrupción del abono de la prestación, 
que se reanudará una vez finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período 
de percepción que corresponda y como máximo hasta el 30 de septiembre de 2021.
3.  Será de aplicación en todo caso lo dispuesto en el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, salvo lo relativo a la duración de la prestación, 
que se extenderá hasta la fecha indicada en el apartado 1.
4.  Asimismo, tendrán derecho al acceso extraordinario a las prestaciones 
económicas por desempleo reconocido en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, 
de 5 de mayo, aquellos trabajadores que no hubieran accedido a este con 
anterioridad y, en el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2020 y el 31 de 
mayo de 2021, acrediten cinco días de alta en la Seguridad Social con prestación 
real de servicios en la actividad prevista en el apartado 1. A estos trabajadores se les 
reconocerá en el ejercicio 2021, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 266 del 
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, estar en situación legal de 
desempleo, así como tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no 
estén percibiendo o hayan optado por la prestación contributiva por desempleo 
ordinaria prevista en el artículo 262 y siguientes del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social.
La duración de la prestación por desempleo se extenderá hasta el 30 de 
septiembre de 2021.
En lo no previsto en este apartado, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo.»
Dos.  Se modifica la letra e) del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 3, que pasan a 
tener la siguiente redacción:
«e)  Acreditar, desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de mayo de 2021, un  e.
periodo de ocupación cotizada en el Régimen General de la Seguridad Social de, al  w.b
menos, treinta y cinco días, que no haya sido computado para el reconocimiento de  77ww
upenr sdoenreacl htéoc naincote ori oaru, xyil iadru praanrate e eml pcrueasla ss ed ehla syeac ttorar bdaej alad cou pltuorra c iuneclnutiad aasj eenna a clgoumnoa 
deel 9 l0a0s 1a yc teivli d9a0d0e4s.» previstas en los códigos CNAE 5912, 5915, 5916, 5920, o entre
«4.  El subsidio excepcional se extinguirá el 30 de septiembre de 2021, y no 
podrá percibirse en más de una ocasión.»
Tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 4, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3.  El derecho a la prestación por desempleo regulada en este artículo quedará 
extinguido el día 30 de septiembre de 2021, con independencia de los días de 
derecho que hasta esa fecha se hayan consumido.
Dicha extinción no constituye agotamiento de una prestación contributiva por 
desempleo, a los efectos del acceso a los subsidios por desempleo regulados en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»
Disposición final tercera.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las 
materias de legislación laboral y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social.
Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por excepción, la disposición final primera entrará en vigor el día 1 de junio de 2021.
Dado en Madrid, el 27 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– 
de aquellas empresas beneficiarias de las medidas dispuestas en la disposición 
adicional primera de este real decreto-ley
710 Extracción de minerales de hierro.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1820 Reproducción de soportes grabados.
2051 Fabricación de explosivos.
2441 Producción de metales preciosos.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
4932 Transporte por taxi.
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010 Transporte marítimo de pasajeros (2).
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores (2).
5110 Transporte aéreo de pasajeros.
5223 Actividades anexas al transporte aéreo.
5510 Hoteles y alojamientos similares.
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530 Campings y aparcamientos para caravanas.
5590 Otros alojamientos.
5610 Restaurantes y puestos de comidas.
5630 Establecimientos de bebidas.
5813 Edición de periódicos.
5914 Actividades de exhibición cinematográfica.
7420 Actividades de fotografía.
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos. e.
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. 77ww
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7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
8219
especializadas de oficina.
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.
9001 Artes escénicas.
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004 Gestión de salas de espectáculos.
9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604 Actividades de mantenimiento físico.