BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Lunes 5 de abril de 2021 Sec. I.   Pág. 38261
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
5269 Decreto-ley  1/2021,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  adoptan  medidas 
excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto 
ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el 
pago de determinadas deudas tributarias, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades 
que lo cumplan y lo hagan cumplir.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha cambiado el orden económico 
mundial, pues las medidas que han sido necesarias aplicar para evitar la propagación de 
la enfermedad desde la declaración del estado de alama por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y que se han ido atemperando o fortaleciendo en sintonía con las 
circunstancias de cada momento, tales como el distanciamiento social, las limitaciones y 
restricciones a la circulación, cierre de negocios, la limitación de aforos, entre otras, han 
tenido un importante impacto en la economía, especialmente en la actividad productiva 
de determinados sectores, como el turismo y el comercio, de gran relevancia para la 
economía canaria. Ello ha obligado a las Administraciones Públicas a adoptar medidas 
de diversa índole dirigidas a paliar los efectos negativos que la crisis sanitaria está 
ocasionando en el orden social y económico.
En el ámbito tributario, durante la vigencia del estado de alarma, la Comunidad 
Autónoma de Canarias adoptó, de forma progresiva, y paralelamente a la evolución de la 
pandemia del COVID-19, diversas medidas que, atendiendo a su finalidad, podemos 
agrupar en tres bloques:
– Un primer bloque, en el que se encuentran las vinculadas con las ampliaciones de 
plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias, tal y como se 
recogió en las Órdenes del Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
de 20 de marzo, 31 de marzo y 5 de mayo de 2020.
– Un  segundo  bloque,  en  el  que  incluimos  las  relativas  a  ajustar  las  cuotas 
devengadas de aquellos tributos cuya determinación no se establece conforme a los 
ingresos reales, tal y como se recoge en la ya citada Orden de 31 de marzo de 2020 y en 
el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
– Y un tercer bloque, en el que se encuentran, por un lado, la extensión del tipo cero 
del Impuesto General Indirecto Canario regulada en el Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, 
de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 
importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del 
COVID-19, por otro lado, la autorización de venta por comercio electrónico otorgada a 
las tiendas libres de impuestos, y, por último, el ajuste de la devolución parcial del  e.
impuesto canario de combustibles de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en  w.b
la Orden de 5 de mayo de 2020 ya citada, y en la Orden de 23 de abril de 2020. 69ww
ltirmibiutTatardaraisa,  slha, a eqnxu tteien nceiidóraonn  dq eudlee e  sscetaarr dápocr otdererr o aeglxaacdrmeapsac  eieonln  paaall sgyau dnnooa s2c 1ice adrsoeon sj u,c nodiona  dduaen  l2aa0  2ivn0igc,ee erntscidtiaaus m tmebmreedp iqoduraaesl    OE-A-2021-52able en https://
nos ha venido acompañando durante esta crisis, y que ha provocado que no se hayan
podido contemplar, desde un principio, todos los posibles escenarios que surgirían ni las 
consecuencias futuras. Con esta finalidad, se han seguido adoptando medidas a lo largo 
del segundo semestre del año 2020, bien reiterando las ya adoptadas, bien creando 
otras, y que están contenidas en las siguientes disposiciones:
– En la Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias 
derivadas de la extinción del estado de alarma, en la que, por un lado, se mantienen 
para el segundo trimestre del año 2020, los ajustes en el cálculo de la cuota trimestral en 
el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario y en la Tasa fiscal sobre 
los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar  correspondiente  a  las  máquinas  o  aparatos 
automáticos, y por otro lado, se amplía el plazo para la autorización de venta por 
comercio electrónico a las tiendas libres de impuestos.
– En el Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia 
del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero 
en  el  Impuesto  General  Indirecto  Canario  aplicable  a  la  importación  o  entrega  de 
determinados  bienes  necesarios  para  combatir  los  efectos  del  COVID-19,  y  se 
establecen otras medidas tributarias, en el que se extiende la aplicación del tipo cero 
hasta el 30 de abril de 2021 y se incluyen otros productos susceptibles de aplicar este 
tipo de gravamen.
– En la Orden de 28 de diciembre de 2020, por la que se prorroga para el año 2021 
la aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y 
demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para 
el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del importe en el 
año  2020  de  las  cuotas  devengadas  por  operaciones  corrientes  y  reducciones  del 
porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del año 2021, así 
como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en el Real 
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. En esta Orden, por un lado, 
se mantienen las mismas cuantías de los índices y módulos del año 2020 creando 
reducciones, para el año 2020 y 2021, de las cuotas devengadas por operaciones 
corrientes  en  el  régimen  simplificado  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario, 
manteniendo los ajustes de las mismas con los días de ejercicio de la actividad, y por 
otro lado, se contempla que la revocación excepcional de la renuncia al régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, antes de 
acabar el período mínimo de tres años, produce la inclusión en el régimen simplificado 
del Impuesto General Indirecto Canario.
– En  la  Ley  7/2020,  de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, en la que, además de modificaciones 
técnicas de varios tributos, se permite la revocación excepcional de la renuncia al 
régimen especial del pequeño empresario o profesional del Impuesto General Indirecto 
Canario en el año 2021.
Sin  embargo,  seguimos  ante  una  situación  imprevisible  en  la  que,  lejos  de 
desaparecer, surgen diariamente nuevos focos de contagiados que están poniendo en 
riesgo el sistema sanitario español. Esta situación ha obligado al Gobierno de la Nación, 
a declarar el pasado 25 de octubre, por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, un 
nuevo estado de alarma, que ha quedado prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre; lo que nos obliga a continuar alertas y  e
cumpliendo las medidas de prevención instauradas desde hace meses. bo
En Canarias la proyección actual de la evolución de la enfermedad no es positiva,  69ww
acapdlicaá insdlao,s qeu me esdei draesc odgee np raecvteunaclmióenn eten  ednis teinl tDo egcrraedtoo , 9e4n/2 a0t2e0n,c idóen  2a3l  ndiev edl icdiee malberreta,  ddeel 
dPere Csiadneanrtiea,s p, oern e al pqluicea csieó ne sdtealb Rleecaeln D meecrdeidtoa s9 2e6n/ 2e0l 2á0m, bdieto 2 d5e  dlea  Cocotmuburnei,d paodr  Aeul tqóuneo msea 
declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2 y sus posteriores actualizaciones.
Por esta razón, la situación de retroceso económico en la que nos encontramos hace 
meses, consecuencia directa de la crisis sanitaria mundial provocada por el conocido 
virus, hace necesario instaurar nuevamente medidas que ayuden a evitar las posibles 
dificultades de liquidez de los contribuyentes canarios, en especial de las pymes y de los 
trabajadores  autónomos,  en  detrimento  de  la  recaudación  tributaria  de  la  Agencia 
Tributaria Canaria.
En este sentido, y con carácter excepcional, se adoptan las siguientes medidas:
En primer lugar, se permite, de forma voluntaria, solicitar el aplazamiento hasta el 
día 20 de octubre de 2021, del ingreso de las deudas tributarias derivadas de las 
autoliquidaciones  periódicas  correspondientes  al  primer  trimestre  del  año  2021  del 
Impuesto General Indirecto Canario y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias.
En segundo lugar, se amplían en seis meses y previa petición, los vencimientos de 
pago de todas las deudas tributarias que estén fraccionadas o aplazadas a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto ley, salvo las relativas a las importaciones de 
bienes bajo la modalidad de pago diferido, las de los tributos cedidos por el Estado y las 
superiores a 30.000 euros.
En tercer lugar, se articula la posibilidad de solicitar el aplazamiento de deudas 
tributarias que fueron aplazadas o fraccionadas con anterioridad, y que actualmente 
están en período ejecutivo, exigiéndose para ello el cumplimiento de una serie de 
requisitos.
En cuarto lugar, se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación de la Tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos, que se devengue el día 1 de enero de 2021, tal y como ya se dispuso en la 
Orden de 31 de marzo de 2020.
Y en último lugar, dado que, desde la finalización del estado de alarma se han 
mantenido las limitaciones de circulación y apertura de establecimientos, con distinta 
intensidad territorial y temporal, se vuelven a contemplar aquellas actividades cuya 
tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y en cuyo cálculo, no se ha 
tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada con estas limitaciones, en la misma 
línea establecida en la ya citada Orden de 28 de diciembre de 2020 para el régimen 
simplificado del Impuesto General Indirecto Canario; es el caso de las cuotas fijas de la 
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, correspondientes a las máquinas o 
aparatos automáticos, procediendo ajustar su importe, con carácter temporal, de forma 
proporcional a estas restricciones. Consecuencia de ello, y ante la imprevisible situación 
que nos espera en el año 2021, se autoriza, de forma excepcional, a la persona titular de 
la Consejería competente en materia tributaria a modificar el importe de las citadas 
cuotas, si fuera oportuno.
Respecto  a  las  tres  primeras  medidas  expuestas  anteriormente,  existe  plena 
competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para adoptarlas en relación a los 
tributos propios, en el marco del principio de autonomía financiera reconocido en el 
artículo 171 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y, en el mismo sentido, se reconoce 
esta competencia respecto a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias,  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  115  y  166.4  del  Estatuto  de 
Autonomía de Canarias y en el apartado dos de la disposición adicional décima de la  e
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen  bo
Económico Fiscal de Canarias. Sin embargo, en los tributos cedidos por el Estado, el  69ww
afinrtaícnuclioa c5ió6n d ed ela  lLaesy  C2o2m/2u0n0i9d,a ddee s1 8A udteó ndoicmieams brdee,  proérg ilma eqnu ec osme úreng uyl a Ceilu dsiasdteems ac odne 
CEsotmatuuntoid addee As uAtountoómnoíam ays s ela  mcoodmifipceatne ndceiate rpmainraa draesg unloarrm  laoss  traibsupteacrtioass , raetlraibtiuvyoes  aa  lalas 
recaudación  de  tales  tributos,  con  una  limitación  respecto  a  los  aplazamientos  o
fraccionamientos de la deuda, al exigir la aplicación expresa de la normativa del Estado; 
motivo por el que se excluyen a los tributos cedidos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 
del Decreto ley.
Asimismo, hemos de tener en cuenta que el régimen de ayudas aplicable es el 
previsto en el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante 
Decisión SA.56851(2020/N) de la Comisión Europea (CE) de 2 de abril de 2020 y 
modificado mediante Decisiones SA. 57019 (2020/N) de la CE de 24 de abril de 2020; 
SA. 58778 (2020/N) de la CE de 22 de octubre de 2020 y SA. 59196 (2020/N) de la CE 
de 11 de diciembre de 2020.
En cuanto a las dos últimas medidas, las relativas a la Tasa fiscal sobre los juegos de 
suerte,  envite  o  azar  correspondiente  a  máquinas  o  aparatos  automáticos,  la 
competencia normativa deriva de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera del 
Estatuto de Autonomía de Canarias y en el artículo 50 de la citada Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, en relación con los artículos 17 c) y 19.Dos e) de la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como el 
artículo 2 de la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión.
El artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, 
que recibirán el nombre de Decretos leyes.
En virtud de la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas 
Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020, FJ 2) es exigible «que el Gobierno haga 
una definición "explícita y razonada" de la situación concurrente, y segundo, que exista 
además una "conexión de sentido" entre la situación definida y las medidas que en el 
Decreto ley se adopten.»
La  definición  «explícita  y  razonada»  de  la  situación  puede  contenerse  en  la 
exposición de motivos del Decreto ley, en el debate parlamentario de convalidación y, en 
su caso, en el expediente de elaboración de la norma [STC 61/2018, FJ 4 d), con cita de 
otras]. Pues bien, de la lectura de la presente exposición de motivos se evidencia que el 
Gobierno de Canarias quiere subvenir una situación caracterizada por las dificultades de 
liquidez  de  determinados  contribuyentes,  básicamente  pequeños  empresarios  o 
profesionales, para cumplir con la obligación tributaria principal, adoptando medidas que 
permitan facilitar dicho cumplimiento, al mismo tiempo que inyecta liquidez a la economía 
con  las  medidas  excepcionales,  sin  generar  intereses  de  demora  en  determinados 
casos, de aplazamiento del ingreso de determinadas deudas tributarias derivadas de 
autoliquidaciones  del  primer  período  de  liquidación  trimestral  del  año  2021,  y  de 
ampliación de los plazos de vencimientos del pago de aplazamientos o fraccionamientos 
concedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto ley y por la parte 
de la deuda tributaria no extinguida, así como de determinadas deudas en período 
ejecutivo; por otro lado, y en el ámbito de la tributación del juego de las máquinas o 
aparatos automáticos, tal y como ya se realizó en el año 2020, se amplía el plazo de 
presentación de la autoliquidación correspondiente a la tasa devengada el día 1 de enero 
de 2021, y se autoriza el ajuste de la cuota fija trimestral a la realidad de la suspensión o 
restricciones  de  la  actividad.  En  este  sentido,  existe  plena  homogeneidad  entre  la 
situación  descrita  en  la  exposición  de  motivos  y  la  reforma  contenida  en  la  parte 
dispositiva; por tanto, existe «conexión de sentido» entre la situación definida y las  s
medidas que en el Decreto ley se adoptan. oe.
El Decreto ley constituye, por tanto, el instrumento constitucional y estatutariamente  w.
previsto a estos efectos, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia sea, tal  69ww
dy ec o4m doe  refeitberreardoa, mFe. n5te;  1h1a/ 2e0x0i2g,id doe n u1e7s tdreo  Ternibeuron,a lF .C 4o,n s1t3it7u/c2io0n0a3l,  (dsee n3te ndcei ajsu li6o/,1 9F8. 33, 
yd e1 8p9r/e2v0e0r5 ,r edqeu i7e rjeu liou,n aF.  a3c),c sióunb vneonrimr aa tiuvnaa  isnimtueadciiaótna  ceonn curent ap qlauzeo  pmorá rsa zborneevse  dqifuícei leesl   BOE-A-cable e
establecido por la vía normal o por el procedimiento abreviado o de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes.
El presente Decreto ley no vulnera los límites materiales del mismo, porque no afecta 
al  deber  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos  públicos  del  Título  I  de  la 
Constitución, cuando se limita principalmente, no a disminuir la carga tributaria, sino a 
facilitar el pago de las deudas tributarias. Respecto a la modificación de la tributación del 
juego, el Tribunal Constitucional, en cuanto a la regulación de materias de naturaleza 
tributaria  a  través  de  la  figura  del  Decreto  ley,  ha  recordado  recientemente,  en  el 
fundamento jurídico 6 de su Sentencia 14/2020, de 28 de enero, que este instrumento 
normativo no está vedado para cualquier modificación que afecte a normas tributarias, 
«sino  solamente  aquellas  «que,  por  su  entidad  cualitativa  o  cuantitativa,  altere[n] 
sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el 
conjunto del sistema tributario», para lo cual «es preciso tener en cuenta, en cada caso, 
en qué tributo concreto incide el Decreto ley –constatando su naturaleza, estructura y la 
función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o 
medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del 
mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción 
normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se 
trate» (STC 73/2017, citada por los recurrentes, FJ 2)».
En este sentido, añade el Tribunal Constitucional que «[e]n las sentencias dictadas 
hasta la fecha, este Tribunal ha considerado vedadas las modificaciones "sustanciales" 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), por tratarse de "uno de los 
pilares estructurales de nuestro sistema tributario" [SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 
FJ 9; 189/2005, de 7 de julio, FJ 8, y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3.d), entre otras]. La 
STC 73/2017, FFJJ 3 y 4, ha extendido esta doctrina, además de al IRPF, al impuesto 
sobre sociedades y al impuesto sobre la renta de no residentes como "apéndice" o 
"complemento" de los anteriores. En cambio, hemos declarado que no conculca los 
límites del art. 86.1 CE la modificación por real Decreto ley del tipo de gravamen de 
impuestos  especiales  sobre  el  consumo,  puesto  que  estos  impuestos,  "lejos  de 
configurarse  [cada  uno  de  ellos]  como  un  tributo  global  sobre  la  renta  o  sobre  el 
consumo, grava una específica manifestación de capacidad económica", de modo que 
esa modificación parcial "no ha provocado un cambio sustancial de la posición de los 
ciudadanos en el conjunto del sistema tributario" (STC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7, para 
el impuesto sobre determinados medios de transporte, y STC 108/2004, de 30 de junio, 
FJ 8, para el impuesto especial sobre el alcohol y bebidas derivadas). De la misma 
manera,  hemos  considerado  que  tampoco  vulnera  los  límites  del  art.  86.1  CE  la 
reducción  de  la  base  imponible  para  determinadas  adquisiciones  gravadas  por  el 
impuesto de sucesiones y donaciones, que "a diferencia del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, no se configura como un tributo global sobre la renta o sobre el 
consumo,  sino  que  se  limita  a  gravar  una  manifestación  concreta  de  capacidad 
económica", al no poderse afirmar que "repercuta sensiblemente en el criterio de reparto 
de la carga tributaria entre los contribuyentes" (STC 189/2005, de 7 de julio, FJ 8).»
Parece  evidente  que  los  tributos  sobre  el  juego,  no  constituyen  ni  «un  pilar 
estructural» del sistema tributario español, ni tienen una posición central en el especial 
subsistema tributario canario, al gravar una específica manifestación de la capacidad 
económica. La autorización a modificar las cuantías fijas respecto a las máquinas o 
aparatos automáticos, para adaptar las mismas a la realidad del desarrollo del juego 
teniendo en cuenta las restricciones y suspensiones decretadas en la lucha contra la  s
pandemia, no supone una modificación sustancial de la posición de los contribuyentes  oe.
frente a la globalidad de la tributación del juego que abarca, además de las máquinas o  w.
aparatos automáticos, el bingo, los casinos y las apuestas. 69ww
urgeTnotdeo nse lcoess imdaodti vdoes  qeuxep upeosrt opsa rjtues dtifeicl aGno baimerpnloia  dye  rCazaonnaaridaasm seen atep rluae beext,r acoorndfoinramriea  ayl 
Eapsatarttuatdoo d 1e  dAeul taorntíocmulíoa  4d6e  dCea nlaa rLiaesy,  Ounrg Dáneiccrae t1o/ 2le0y1 8co, mdeo  5e ld qeu neo nvoiesm obcruep, ad.e reforma del  BOE-A-cable e
No se ha realizado el trámite de participación pública al amparo de lo que establece 
el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de aplicación 
supletoria por mor de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 1/1983, 
de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de  Canarias,  que  excluye  la  aplicación  de  las  normas  para  la  tramitación  de 
anteproyectos de ley y normas reglamentarias, a los Decretos leyes, a excepción de la 
elaboración de la memoria prevista en el apartado 3 del citado artículo, con carácter 
abreviado.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía  de  Canarias,  a  propuesta  del  Consejero  de  Hacienda,  Presupuestos  y 
Asuntos Europeos y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 28 
de enero de 2021, dispongo:
Artículo 1.  Aplazamiento excepcional del ingreso de determinadas deudas tributarias.
1.  Sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 65.2.f) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, excepcionalmente el sujeto pasivo podrá solicitar 
el aplazamiento hasta el día 20 de octubre de 2021 del ingreso de la deuda tributaria del 
Impuesto General Indirecto Canario o del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias, derivada de la autoliquidación correspondiente al 
primer período de liquidación trimestral del año 2021.
2.  La concesión del aplazamiento previsto en el apartado 1 anterior, requerirá la 
previa presentación, entre los días 1 y 20, ambos inclusive, de abril de 2021, de la 
correspondiente solicitud por el sujeto pasivo, que deberá reunir los requisitos a los que 
se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De cumplirse las condiciones establecidas en el párrafo anterior, la presentación de 
la solicitud supondrá de forma automática la concesión del aplazamiento sin necesidad 
de resolución expresa del órgano competente para acordar el aplazamiento de deudas 
tributarias.
3.  El aplazamiento regulado en este artículo no devengará intereses de demora.
4.  Llegado  el  vencimiento  del  aplazamiento,  la  deuda  tributaria,  en  su  caso, 
pendiente de ingreso, podrá ser objeto de fraccionamiento en los términos establecidos 
en la normativa estatal vigente, debiéndose solicitar al órgano competente de la Agencia 
Tributaria Canaria en un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
fecha de vencimiento del aplazamiento.
Artículo 2.  Ampliación excepcional de las fechas de vencimiento de pago de las deudas 
tributarias aplazadas o fraccionadas.
1.  Excepcionalmente y respecto a las deudas tributarias aplazadas cuyo plazo de 
pago no esté vencido el día de la entrada en vigor del presente Decreto ley, el obligado 
tributario podrá solicitar la ampliación en seis meses de la fecha de vencimiento del 
citado plazo.
Igualmente, y en cuanto a las deudas tributarias respecto de las que haya sido 
concedido su fraccionamiento, el obligado tributario podrá solicitar la ampliación en seis 
meses de la fecha de cada uno de los vencimientos de los plazos pendientes a la fecha 
de entrada en vigor de este Decreto ley.
2.  En ningún caso será aplicable lo dispuesto en este artículo a las siguientes  s
deudas tributarias: oe.
a)  Las derivadas de la importación de bienes bajo la modalidad de pago diferido,  69ww
Rpréegviimsteon e En ceoln óamrtíiccuol oy  1F0i8s.c2a ld edle  RCeagnlaamriaesn toa pdroeb gaedsot iópno r dDe elcorse ttori b2u6to8s/2 0d1e1ri,v addeo s4  ddeel 
agosbt)o . Las derivadas de los tributos cedidos por el Estado.
c)  Aquellas cuya cuantía inicial del importe aplazado o fraccionado fuera superior 
a 30.000 euros, a excepción de las que siendo superiores a 30.000 euros se hubiera 
dispensado totalmente al obligado tributario de la constitución de garantía conforme a lo 
establecido en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
3.  La solicitud de ampliación, en el supuesto de aplazamiento, deberá presentarse 
antes del vencimiento del plazo de pago que consta en el acuerdo por el que se 
concedió el aplazamiento; tratándose de una deuda tributaria fraccionada, la solicitud 
deberá  presentarse  con  anterioridad  al  vencimiento  de  cualquiera  de  los  plazos 
concedidos en el acuerdo, teniendo efectos la autorización sobre todos los plazos de 
pago no vencidos.
La presentación de la solicitud supondrá de forma automática la ampliación del 
vencimiento del plazo o plazos de pago en los términos establecidos en este artículo, sin 
necesidad de resolución expresa del órgano que dictó el acuerdo de concesión de 
aplazamiento o fraccionamiento.
4.  La ampliación de las fechas de los vencimientos de pago a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo, no devengará intereses de demora.
Artículo  3.  Aplazamiento  excepcional  de  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en 
período ejecutivo.
1.  Sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 65.2.f) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá solicitarse, con carácter excepcional, el 
aplazamiento del pago de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo a la 
entrada en vigor del presente Decreto ley, cuando se cumplan, además de los requisitos 
establecidos  en  la  normativa  estatal  para  la  concesión  de  aplazamiento  o 
fraccionamiento de deudas en período ejecutivo, las siguientes condiciones:
– Que la deuda hubiera sido en su día aplazada o fraccionada mediante acuerdo del 
órgano competente de la Agencia Tributaria Canaria.
– Que la cuantía inicial de la deuda aplazada o fraccionada fuera igual o inferior 
a 30.000 euros; o, siendo superior, que se hubiera dispensado totalmente al obligado 
tributario de la constitución de garantía conforme a lo establecido en el artículo 82.2.b) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
– Que el vencimiento del plazo del aplazamiento incumplido, o el vencimiento de la 
primera fracción incumplida incluida en el acuerdo de fraccionamiento se produzca con 
posterioridad al día 14 de marzo de 2020.
– Que no haya sido notificado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
– Que se presente la solicitud de aplazamiento en un plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto ley.
2.  Si  se  cumplen  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  1  anterior,  se 
acordará  el  aplazamiento  del  pago  de  la  deuda  hasta  el  día  20  del  sexto  mes, 
devengándose los correspondientes intereses de demora.
3.  Llegado  el  vencimiento  del  aplazamiento,  la  deuda  tributaria  pendiente  de 
ingreso, en su caso, podrá ser objeto de fraccionamiento en los términos establecidos en 
la normativa estatal vigente, debiéndose solicitar al órgano competente de la Agencia 
Tributaria canaria en un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
fecha de vencimiento del aplazamiento. e.
4.  Lo establecido en la presente disposición no podrá ser aplicable a deudas de  w.b
tributos cedidos por el Estado. 69ww
Artículo 4.  Ampliación excepcional del plazo de presentación de la autoliquidación de la 
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o 
aparatos automáticos.
Excepcionalmente  se  amplía  hasta  el  día  20  de  octubre  de  2021  el  plazo  de 
presentación de la autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o 
azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, que se devengue el día 1 de 
enero de 2021.
Disposición  adicional  única.  Autorización  excepcional  para  la  determinación  de  las 
cuotas  fijas  de  la  Tasa  fiscal  sobre  los  juegos  de  suerte,  envite  o  azar 
correspondiente a máquinas o aparatos automáticos.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia tributaria a 
modificar el importe de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite 
o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengadas el primer día de 
cada trimestre natural de 2021, para tener en cuenta los períodos de suspensión y 
restricción  de  la  actividad  del  juego  en  cada  trimestre,  pudiéndose,  en  su  caso, 
territorializar el citado importe.
Disposición final única.  Entrada en vigor.
El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Canarias».
Canarias, 28 de enero de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez Rodríguez.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 20, de 29 de enero de 2021)