BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 60 Viernes 11 de marzo de 2022 Sec. III.   Pág. 29212
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA
3851 Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de 
titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el 
procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  el  marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PREÁMBULO
I
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria sin precedentes. Para poder dar respuesta a sus consecuencias se ha puesto 
en marcha por parte de la Comisión Europea un ambicioso Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo 
post-COVID-19, a partir de 2021, habiéndose aprobado por la Comisión Europea el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los 
fondos NextGeneration EU. En este contexto el Gobierno ha aprobado el 27 de abril 
de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la 
hoja  de  ruta  para  la  modernización  de  la  economía  española.  Este  Plan  ha  sido 
aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la 
Unión Europea el 13 de julio de 2021.
Los  componentes  que  constituyen  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, 
mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, implicarán un cambio del 
modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva 
que dé un impulso directo a la transición verde, justa y ecológica.
El Componente 2 del citado Plan de Recuperación denominado «Implementación de 
la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana» es uno de 
los tres liderados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en 
adelante MITMA), e incluye programas de inversión y reformas que ofrecen un marco de 
apoyo a diferentes escalas.
Este componente busca, por tanto, en el marco de implementación de la Agenda 
Urbana, cumplir los principios clave de la Renovation Wave a través de sus programas: 
la eficiencia energética, la descarbonización e integración de renovables; ciclo de vida y 
circularidad; la transición ecológica y digital; la apuesta por la vivienda en alquiler social 
en  edificios  energéticamente  eficientes;  y  el  respeto  por  la  estética  y  calidad 
arquitectónica.
En  el  marco  de  las  reformas  previstas  en  el  componente  2,  como  son  la 
implementación de la Agenda Urbana Española, de la Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), y de la  e.e
Ley  de  Calidad  de  la  Arquitectura,  se  ha  diseñado  la  inversión  destinada  a  la  w.b
rehabilitación edificatoria, la inversión C.2 I5 a la que obedece el presente Programa de  51ww
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
II
El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) persigue la 
rehabilitación sostenible del parque público institucional, con una visión integral y para 
todo tipo de edificios de uso público: (administrativo, educativo, asistencial, deportivo, 
sanitario, cultural o de servicio público, etc.) aunando el carácter integrado que reclama 
la  AUE  con  los  3  logros  esenciales  que  impulsa  la  Nueva  Bauhaus  europea 
(sostenibilidad, estética e inclusión) sin perder de vista el principal objetivo de un ahorro 
energético medio por encima del 30 %.
El objetivo es realzar el papel ejemplarizante que debe ejercer la administración 
pública, tanto en el cumplimiento de obligación de renovación energética del parque 
público edificado como en la calidad de las actuaciones que se lleven a cabo con la 
financiación que ofrece el PRTR. Su objetivo más ambicioso es la renovación del parque 
de edificios públicos hasta lograr un parque de edificios de calidad, de alta eficiencia 
energética y descarbonizado, para 2050, en línea con los objetivos que persigue Europa 
en la lucha contra el cambio climático. La obligación de renovación energética del parque 
ya existe en el ámbito de la administración general del Estado, ya que el artículo 5 de la 
Directiva 2012 de eficiencia energética establece la obligación de que la administración 
central renueve energéticamente y de forma anual, un 3 % de su parque público.
Por otro lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) señala la 
necesidad de extender esta renovación anual a los demás niveles de la administración, 
para poder alcanzar los objetivos tan ambiciosos de reducción de consumo que se 
recogen en dicho documento.
Este concepto de rehabilitación integral, en el sentido definido por la Agenda Urbana 
Española junto con el papel que estas actuaciones pueden tener en la regeneración de 
barrios  y  creación  de  ciudad,  y  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  sostenibilidad, 
inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea, son las principales 
ideas sobre las que se ha fundamentado el diseño del PIREP. Todo ello sin perder de 
vista  la  necesidad  primordial  de  cumplir  los  principales  requisitos  exigidos  por  la 
Comisión  Europea:  la  finalización  de  las  obras  en  los  plazos  previstos,  el  ahorro 
energético comprometido, y el cumplimiento de la política de gestión de residuos y 
reutilización.
Por tanto, en este Plan se van a poder financiar, hasta un límite, otras actuaciones, 
más allá de las energéticas, que permitan solventar o mejorar carencias importantes que 
presenta el parque edificado público, relativas a cuestiones de habitabilidad, como puede 
ser un confort acústico deficiente, una mala calidad del aire; o bien solventar problemas 
de accesibilidad o incluso mejorar distribuciones obsoletas o desactualizadas con las 
nuevas formas de trabajo, etc.
La eficiencia energética es un medio valioso para reducir el consumo de energía y 
ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera rentable en 
relación con los costes, y de este modo, a mitigar el cambio climático.
La Directiva (UE) 2010/31 estableció que a partir de 2020 todos los edificios de 
nueva  construcción  habían  de  ser  edificios  de  consumo  de  energía  casi  nulo.  Los 
actualmente construidos representan el 35 % de las emisiones de CO  y el 31 % del 
2
consumo de energía; el consumo energético atribuido al parque público, se estima que 
representa en torno a un 12 % de consumo energético total del sector no residencial; 
este porcentaje, junto con la labor ejemplarizante que debe asumir el sector público 
motiva  la  necesidad  de  actuar  sobre  el  parque  público  mejorando  su  eficiencia  s
energética. oe.
La Decisión de Ejecución del Consejo (CID –Council Implementing Decision– por sus  w.
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posible plasmar los objetivos de sostenibilidad social, económica y medioambiental en 
las políticas específicas de desarrollo urbano correspondientes a dicha escala territorial y 
dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2018/844, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y que tiene por objetivo lograr un inmobiliario con alta eficiencia energética y 
descarbonizado antes de 2050, facilitando la transformación económicamente rentable 
de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.
III
El objetivo de esta Orden Ministerial es convocar subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, permitiendo a las Entidades Locales presentar solicitudes que 
serán evaluadas en función, principalmente, de su calidad, oportunidad y grado de 
madurez. Para contribuir a los objetivos finales del PRTR las actuaciones a financiar 
deben  ser  solventes  técnica  y  financieramente  como  para  que  puedan  estar 
efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del cuarto trimestre de 2024 las 
más tempranas, o del segundo trimestre de 2026, según la línea comprometida, en 
orden a cumplir todos los hitos y objetivos establecidos para el uso de los fondos 
europeos.
Además, si la intervención cumple en su totalidad con los requisitos que el PIREP 
exige para las actuaciones que financia y que, en todo caso, debe pasar por conseguir 
un  ahorro  energético  mayor  al  30 %  del  consumo  inicial  de  energía  primaria  no 
renovable, el PIREP podrá cofinanciar, con ciertos límites, otras actuaciones paralelas 
incluidas en la intervención y que mejoren otros aspectos como la accesibilidad física, 
cognitiva y sensorial o la habitabilidad.
IV
Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1, 
reglas  13.ª,  18.ª  y  23.ª,  de  la  Constitución  Española,  que  atribuyen  al  Estado  la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, para las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y de legislación básica sobre protección del medioambiente, respectivamente.
Las  bases  reguladoras  que  aprueba  esta  Orden  y  los  condicionantes  de  la 
convocatoria que también incluye, se rigen por lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, particularmente, sobre 
régimen  jurídico  de  las  subvenciones  financiadas  con  cargo  a  fondos  de  la  Unión 
Europea, según el cual «se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso 
y  por  las  normas  nacionales  de  desarrollo  o  transposición  de  aquéllas»,  teniendo 
carácter supletorio «los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones 
regulados por dicha Ley». También son de aplicación los artículos 22.1 y siguientes, 
relacionados  con  el  régimen  de  concesión  de  subvenciones  por  concurrencia 
competitiva, su Reglamento, y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Éste 
último en cuanto al reconocimiento de la regulación de las bases de concesión de las 
ayudas de manera conjunta con su convocatoria, simplificando los requisitos internos 
para  su  aprobación,  así  como  la  documentación  a  presentar  por  los  posibles 
beneficiarios.
Esta convocatoria se regulará también por lo establecido por el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que  s
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa que lo  oe.
desarrolle, y sus actuaciones estarán sujetas al principio de «no causar un perjuicio  w.
significativo» (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y las  51ww
ccoonnddiicciioonneess  edsepl eceítfiiqcuaest apdreov isctliamsá etinc oe l yC odmigpitoanl. enEtset o2 , iny celuny ela  Ienl vecrusmiópnl im5 ieenn tloa  qduee  lsaes 
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Decisión de Ejecución del Consejo y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del 
Componente del Plan.
El  marco  regulador  que  establece  esta  Orden  tiene  en  cuenta,  también,  la 
jurisprudencia constitucional consolidada en materia de ayudas y subvenciones que 
comenzó a articularse con la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 de 
febrero, y que más recientemente se ha perfilado con las sentencias 9/2017, de 19 de 
enero, y 62 y 64/2018. Se invoca, en concreto, la jurisprudencia que reconoce al Estado 
la posibilidad de retener competencias de ejecución y gestión en materias sobre las que 
solamente ostenta competencias normativas, sean éstas básicas o plenas y, en concreto, 
el fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, de acuerdo con el cual las subvenciones 
«pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado» […] «cuando 
el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y […] 
resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la 
ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando 
al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al 
sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o 
deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se 
trate».
Cabe recordar que también ha admitido el Alto Tribunal (SSTC 63/2017, de 25 de 
mayo, FJ 8, y 27/2014, de 13 de febrero, FJ 4, con cita de otras) otro supuesto de 
potestades ejecutivas cuando actúan como «complemento necesario» de las bases 
estatales, pudiendo ostentar competencias de gestión en aplicación del principio de 
supra territorialidad, por requerir un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar 
su atribución al Estado y nuevamente con carácter excepcional.
Al concurrir la circunstancia de que este programa de ayudas se financia con los 
fondos  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  que  impone  a  los  Estados 
Miembros de la Unión Europea, unos plazos estrictos para su gestión y establece unos 
mecanismos de seguimiento y control de su aplicación rigurosos, las ayudas deben ser 
entregadas en su totalidad durante el periodo de vigencia de la convocatoria, de forma 
que las actuaciones puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes 
del fin de 2024 o en el primer semestre de 2026 según el caso. Por esta razón se realiza 
una única convocatoria a nivel nacional con una gestión centralizada de las ayudas por 
el MITMA, en régimen de concurrencia competitiva, que permite ajustar los importes de 
las distintas líneas de actuación, en función de las solicitudes presentadas a nivel 
nacional,  para  garantizar  el  otorgamiento  de  las  ayudas  por  el  importe  total  de  la 
convocatoria, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos 
asignados y que la territorialización de los créditos cree compartimentos estancos por 
Comunidades Autónomas que posibiliten la aparición de beneficiarios en algunas de 
ellas con peor derecho que otros posibles de otras Comunidades, máxime cuando las 
propuestas de rehabilitación de edificios públicos en este caso, depende exclusivamente 
de la iniciativa de las Entidades Locales y no puede condicionarse a ningún criterio de 
asignación territorial por parte de las CC. AA.
Y a todo ello hay que añadir, además, que el Estado puede mantener relaciones 
directas con los Entes Locales en razón a la naturaleza bifronte del régimen local 
(STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20) lo que justifica la aplicación por el propio  es
Estado  de  este  régimen  de  subvenciones  excepcional,  que  pretende  afrontar  la  o
nacoeumctoepnseóidtmiatiivdca o d edene   petuol eqdsuotesa   sloaesl  l odpcíraao lyicdeeecnlt o.psa rqquuee  seed ipfirceastoerniote np úcbolnic oin dmeepdeianndteen claia  cdoenl ctuerrrreitnocriioa   2022-3851n https://www.
V
Esta Orden Ministerial se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación 
que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de 
necesidad y eficacia al contribuir al impulso a la planificación estratégica de pueblos y 
ciudades para favorecer una visión integrada e integral de los mismos y a la consecución 
de un desarrollo sostenible a nivel económico, social y medioambiental. Es conforme con 
el principio de proporcionalidad, dado que no contiene restricciones de derechos ni 
impone  obligaciones  a  sus  destinatarios,  constituyendo  en  realidad  una  medida  de 
fomento oportuna y adecuada para atender las necesidades a cubrir. Se adecúa y 
refuerza  el  principio  de  seguridad  jurídica  porque  es  coherente  con  los  objetivos 
perseguidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el resto de 
los Acuerdos nacionales e internacionales suscritos por España (la Agenda Urbana 
Española, la Agenda urbana para la Unión Europea y la Nueva Agenda Urbana de las 
Naciones  Unidas).  Finalmente,  la  norma  cumple  también  con  el  principio  de 
transparencia  porque  tanto  la  gestación  de  la  Agenda  Urbana  Española  como  su 
metodología garantizó la más amplia participación de la Administración local, en el 
reconocimiento de su papel crucial en lo que sería su implementación. Finalmente, se 
encuentra acreditado el principio de eficiencia porque no impone cargas administrativas 
innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos 
públicos. Todo ello, y con independencia de la posible contratación a terceros de todas o 
de algunas de las actuaciones subvencionables, bajo el liderazgo, la coordinación y la 
responsabilidad íntegra de todo el proyecto por parte de la Entidad Local que resulte 
beneficiaria.
Durante la tramitación de esta Orden se han recabado informes de la Abogacía del 
Estado  y  de  la  Intervención  delegada  del  Departamento,  siendo  en  ambos  casos 
favorables.
Por todo ello, y con el objetivo de dotar de la necesaria concurrencia y transparencia 
al procedimiento de concesión de estas ayudas, se publican estas bases reguladoras de 
acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la 
convocatoria  correspondiente  para  la  presentación  de  solicitudes  al  Programa 
referenciado.
En su virtud, dispongo:
TÍTULO I
Bases
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad de las ayudas.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras, requisitos y 
procedimientos para la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de las ayudas para la rehabilitación de edificios cuya titularidad corresponda a las 
Entidades Locales y que estén o vayan a estar destinados a un uso público, por un  es
importe de seiscientos millones de euros provenientes del fondo europeo asignado  bo
al MRR. 51ww
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Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Asimismo, y de
conformidad con la coherencia de las políticas de este Ministerio, las actuaciones que 
sean objeto de financiación deberán tener un carácter integrado, en el sentido definido 
por la Agenda Urbana Española (AUE), y responder a los criterios de sostenibilidad, 
inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea.
3. El programa de ayudas descrito en estas bases contribuye a la consecución de 
los objetivos generales de la Política Palanca 1 «Agenda urbana y rural, lucha contra la 
despoblación y desarrollo de la agricultura» y, concretamente a la Inversión 5, de la 
Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada 
«Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana».
4. En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo de la Decisión de 
Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la 
aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y  resiliencia  de  España,  la 
concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará al cumplimiento de los 
siguientes objetivos:
a) Objetivo n.º 36 del CID: Finalización de las renovaciones de edificios públicos, 
con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (al menos 290.000 m2).
b) Objetivo n.º 37 del CID: Finalización de las renovaciones de edificios públicos, 
con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (al menos 1.230.000 m2).
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Estas ayudas se regirán, además de por lo dispuesto en esta orden y las 
resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y supletoriamente por lo previsto en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. También será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por 
el  que  se  aprueban  medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la  Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
principalmente en lo relativo a las medidas de agilización de las subvenciones elegibles 
con fondos europeos establecidas en los artículos 48, 60 a 65 y a los instrumentos de 
colaboración público-privada para la ejecución del PRTR establecidos en los artículos 67 
a 69, así como la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato 
de  la  información  a  proporcionar  por  las  Entidades  del  Sector  Público  Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo 
de  Recuperación  y  Resiliencia  (MRR),  así  como  a  las  obligaciones  de  control, 
seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y el resto de normativa que lo 
desarrolle. En particular, deberán ser tenidas en cuenta las medidas previstas en el 
citado Reglamento dirigidas a evitar la doble financiación (artículo 9); las medidas contra 
el  fraude,  corrupción  y  conflicto  de  intereses  (artículo  22.2.b);  las  medidas  para  el  e.e
registro de los datos de los beneficiarios en una base de datos única (artículo 22.2.d); la  b
sujeción a los controles de los organismos europeos (artículo 22.2.e); la obligación de  51ww
pcounbsliceirdvaadc,ió dne  daec ulae rddoo ccuomn elon tparceióvnis t(oa ertníc eull oa r2tí2c.u2l.of)  3y4 .las normas sobre comunicación y
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Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de
Recuperación  y  Resiliencia,  y  su  normativa  de  desarrollo,  deberá  de  aplicarse,  en 
particular, la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo», en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en 
cumplimiento de la presente orden deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do 
No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el 
cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en el Componente 2, 
así como en la Inversión 5 en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido 
al principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas 
en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.
Con  el  fin  de  que  las  entidades  beneficiarias  tengan  constancia  del  grado  de 
cumplimiento respecto a las medidas descritas en los apartados 3 y 4 de este artículo, el 
Ministerio  de  Hacienda,  a  través  de  a  través  de  las  órdenes  HFP  1030/2021  y 
HFP/1031/2021 pone a disposición una serie de cuestionarios de autoevaluación, a 
través de herramientas y aplicaciones habilitadas al efecto.
Las entidades decisoras y ejecutoras, como responsables últimos del control de la 
gestión,  adoptarán,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  las  iniciativas 
necesarias con la finalidad de garantizar la adecuación de los procedimientos a las 
exigencias del apartado 4 del anexo I del Acuerdo de Financiación, sin perjuicio de las 
recomendaciones  que  determine  la  Intervención  General  de  la  Administración  del 
Estado, como Autoridad de Control.
5. Asimismo, serán también de aplicación el resto de las disposiciones tanto del 
derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de  aplicación, 
particularmente, las que estén directamente relacionadas con la finalidad de las ayudas, 
como es el caso del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
6. Esta convocatoria de ayudas será publicada en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Deberá tenerse en cuenta que, tanto las entidades que integran la administración 
local  como  los  contratistas  y  subcontratistas,  en  su  caso,  deberán  cumplir  con  la 
mencionada normativa en la medida que les sea de aplicación, incluyendo la obligación 
de  una  publicidad  adecuada  en  la  Plataforma  de  Contratos  del  Sector  Público 
(«PLACSP»), teniendo en cuenta que se justifica la necesidad de publicitar los datos 
personales de los beneficiarios de subvenciones que sean personas físicas, siempre 
bajo el amparo de la normativa nacional y europea de protección de datos y la concreta 
aplicable a la BDNS.
La publicidad regulada en los apartados anteriores se realizará con independencia de 
la que corresponda efectuar a los beneficiarios de subvenciones de acuerdo con las 
obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y su normativa de 
desarrollo.
7. Si en la ejecución de las subvenciones se precisa la celebración de contratos,  es
deberán regirse por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  o
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9. Las  cuestiones  litigiosas  a  las  que  pueda  dar  lugar  la  interpretación, 
modificación, efectos o resoluciones que se adopten, serán recurribles con base en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
10. A los efectos del artículo 17.3.b) de la Ley General de Subvenciones, se hace 
constar que un extracto de esta convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Artículo 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán tener la consideración de beneficiarias de estas ayudas las Entidades 
Locales,  entendiendo  por  tales  los  municipios,  con  independencia  de  su  tamaño  y 
población, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y Consells insulares que sean 
titulares de un inmueble que cumpla las condiciones exigidas por esta convocatoria.
2. La presentación de una solicitud de participación a la presente convocatoria 
implica la aceptación de esta, sin condiciones ni reservas.
CAPÍTULO II
Requisitos básicos
Artículo 4. Requisitos de aplicación a la entidad beneficiaria.
1. Será susceptible de ser Entidad beneficiaria de esta subvención cualquiera de 
las previstas en el artículo 3 que cumplan las siguientes condiciones:
a) Ostentar la titularidad, en régimen de propiedad, de un inmueble en el que se 
den las condiciones previstas por el artículo 5.
b) No estar incursa en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, y el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones.
2. La entidad beneficiaria de las ayudas será quien, con carácter general, ostente la 
condición de órgano de contratación de las obras. Excepcionalmente, podrán asumir la 
condición de órgano de contratación:
– las Diputaciones, Cabildos o Consells, cuando así se haya acordado mediante el 
convenio correspondiente con el municipio que resulte beneficiario por ostentar la titularidad 
del inmueble sobre el que se realice la actuación financiada, pero acredite no tener la 
capacidad o los medios necesarios para poder actuar como órgano de contratación.
– las Comunidades Autónomas uniprovinciales y Ciudades Autónomas, al asumir las 
competencias medios y recursos que correspondan a las Diputaciones.
3. A  efectos  de  garantizar  la  trazabilidad  del  gasto,  la  entidad  que  resulte 
beneficiaria deberá establecer sistemas de seguimiento contable diferenciados y facilitar 
información en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos con las 
actuaciones, cuando así le sea requerido por el Ministerio. También estará sujeta a 
cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar 
el Ministerio, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de 
Cuentas y/o los órganos de control y fiscalización de la Comisión Europea.
4. Las entidades locales deberán tener en cuenta lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el  es
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de normativa  o
que lo desarrolle, y sus actuaciones estarán sujetas al principio de «no causar un  51www.
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DNSH, como al etiquetado climático y digital, en especial aquellas recogidas en el anexo
a la Propuesta de Ejecución del Consejo y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del 
Componente del Plan.
Para ello, la entidad beneficiaria deberá contemplar mecanismos de verificación y 
seguimiento del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para asegurar 
su implementación, así como una evaluación inicial.
5. Regirán para toda la Convocatoria los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Las  entidades  beneficiarias  identificarán  al  perceptor  final  de  fondos: 
beneficiarios  de  las  ayudas,  contratistas  y  subcontratistas,  dando  adecuado 
cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de  2021,  haciendo  constar  en  la  forma  correspondiente,  al  menos,  los  siguientes 
requerimientos:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
e) Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto 
de  gestión,  incluyendo  el  cumplimiento  del  principio  de  no  causar  un  perjuicio 
significativo al medio ambiente.
f) Los  beneficiarios  que  desarrollen  actividades  económicas  acreditarán  la 
inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración 
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la 
fecha de solicitud de la ayuda.
7. Las entidades beneficiarias suministrarán de forma continuada, actualizada, en 
los  plazos  y  con  los  instrumentos  que  se  establezcan  a  tal  efecto,  la  información 
requerida con el fin de cumplir con los objetivos programados, en los términos previstos 
en la Órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la normativa que le 
sea de aplicación y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8. Con  relación  a  las  obligaciones  de  control,  seguimiento  de  la  ejecución  y 
reingreso  de  fondos,  las  entidades  beneficiarias  se  someterán  a  lo  establecido  al 
respecto en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, así como el resto de normativa que lo desarrolle. En particular las 
siguientes:
– Mantenimiento de la pista de auditoría. Establecimiento de la trazabilidad de cada  es
una de las actuaciones y cada uno de los perceptores finales de los fondos, así como  bo
disponer  de  un  sistema  que  permita  calcular  y  seguir  los  objetivos  cuyo  nivel  de  51ww
picnoadnritcs–icae udcClouaorcrn.eiótsrn idb deuelc bcióeun mr eapp lliaom rftiiaearnb tliaolid  edanedt  ihddiateodl s s biyse tonebemjfeiact iiaveornisa g .ye ndeer asel yg udimel iesinsttoe mdeal  dceo sstee geusimtimieandtoo  deen   OE-A-2022-38able en https://
– Conservación  de  la  documentación  de  conformidad  con  el  artículo  132  del 
Reglamento Financiero y en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241.
9. Las  entidades  beneficiarias  reintegrarán  aquellos  fondos  recibidos  que  no 
hubieran sido aplicados al objetivo comprometido en los plazos establecidos al efecto o 
que no hayan acreditado en plazo las condiciones exigidas para su otorgamiento o pago, 
de acuerdo con la normativa de aplicación.
10. Las entidades beneficiarias cooperarán plenamente en la protección de los 
intereses  financieros  de  la  Unión  Europea,  concediendo  los  derechos  y  el  acceso 
necesarios a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, en 
francés, Office Européen de Lutte Anti-Fraude) al Tribunal de Cuentas Europeo y, en 
virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizando que los 
terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión conceden derechos 
equivalentes.  Asimismo,  tendrán  acceso  aquellas  autoridades  de  control  nacionales 
competentes.
Además, la Entidad beneficiaria debe conceder el acceso a la información contenida 
en el Registro de Titularidades Reales y la cesión de información al Sistema de Fondos 
Europeos (también desde la BDNS y otros sistemas), a efectos de cumplir con lo previsto 
en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) n.º 241/2021.
11. Las  entidades  beneficiarias  cumplirán  las  obligaciones  establecidas  en  el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en relación con la protección de los 
intereses financieros de la Unión toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la 
ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» 
que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los 
fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, y se 
dispone, por tanto, de medidas concretas para la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
12. Las entidades beneficiarias crearán el empleo necesario para la realización de 
la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en 
el  territorio  nacional.  El  cumplimiento  de  este  requisito  tendrá  que  justificarse 
documentalmente.
13. Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía 
digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de 
la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad 
de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de 
la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas 
y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
14. Las  entidades  beneficiarias  darán  la  adecuada  publicidad,  promoción  e 
información del PIREP en cuanto a la financiación de las actuaciones que sean objeto 
de subvención. La referida publicidad se hará constar mediante la colocación de un 
cartel  o  una  lona  en  obra  con  el  emblema  de  la  Unión  Europea  así  como  una 
declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea 
–NextGenerationEU–, (el formato y tamaño del emblema se recoge en el anexo II del 
Reglamento de ejecución (UE) N.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014), 
conforme a lo señalado en el anexo XII del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, desde el inicio de las 
obras con la subvención concedida hasta la terminación de las mismas. s
Las entidades beneficiarias colaborarán activamente para potenciar la difusión de la  e.
información  acerca  de  las  Medidas  y  actuaciones  del  PIREP,  en  particular  cuando  w.
promuevan la ejecución y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y  51ww
csiuufdicaiednatneo, sd.irigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y los
inforHmaarácinó nc opnúsbtlaicra l as ep eadrtiitceip paocri ócnu adlqeu liaesr  mdiesdtiniot,a isn cinlusitditousc iloonse ms eindtioesrv einleiecntrtóens iceons .cuanta  BOE-A-cable e
Las mismas instrucciones serán aplicables para toda la documentación resultante de 
la ejecución de las obras y de la justificación y control de los fondos recibidos, así como 
cualesquiera otra dirigida a los beneficiarios del Plan deberán expresar que estas están 
financiadas con cargo a fondos Next Generation de la UE.
Asimismo, se establece la obligación de instalar placas o identificativos en el exterior 
de los edificios en las cuales se incluyan la referencia a la financiación con cargo a 
fondos de la UE. En particular, la referida información constará en los carteles exteriores 
descriptivos de las obras, en los que figurará, además, el importe de la financiación 
aportada,  con  una  tipografía  y  tamaño  igual,  a  los  empleados  para  referirse  a  la 
participación de la Comunidad Autónoma.
El destinatario último de las Medidas informará al público del apoyo obtenido de los 
fondos europeos haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, 
en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, 
con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a 
las obligaciones de publicidad de los ayudas objeto de este documento de bases.
Artículo 5. Requisitos de aplicación a los edificios.
1. Los edificios sobre los que se lleve a cabo la rehabilitación deberán cumplir con 
los siguientes requisitos básicos:
a) Ser  de  titularidad  pública.  Se  considerarán  de  titularidad  pública  los  bienes 
pertenecientes a las Entidades Locales, y lo acreditarán en la forma correspondiente. En 
el  caso  de  existir  un  régimen  de  cotitularidad  sobre  el  edificio  entre  distintas 
Administraciones Públicas, se exigirá que la Entidad local beneficiaria ostente al menos 
el 51 % de la propiedad, aportándose en tal caso, además de la acreditación de la 
titularidad, una declaración responsable que justifique el consentimiento de todas las 
Administraciones concurrentes.
También  se  entenderán  incluidos  aquellos  inmuebles  que,  aun  no  siendo  de 
titularidad plena de las Entidades Locales, tengan atribuido, en virtud del instrumento 
jurídico  que  corresponda,  el  mantenimiento  integral,  la  gestión,  la  reparación  y  la 
rehabilitación de los edificios transferidos, siempre que puedan acreditarlo mediante 
certificación en la que conste esta circunstancia de manera detallada, junto con el 
régimen jurídico previsto en el citado instrumento para el edificio en cuestión. A los 
efectos probatorios, deberá adjuntarse el correspondiente instrumento jurídico en el que 
conste incluido el edificio. Asimismo, será imprescindible una declaración responsable 
firmada por el órgano transferente titular registral en el que manifieste la autorización 
para llevar a cabo la actuación propuesta sobre el edificio.
b) Estar destinados a uso público, con exclusión de uso residencial vivienda pública 
(en todos sus regímenes), y mantenerlo destinado, al menos durante los próximos veinte 
años, al uso público, aportando a tal efecto el documento de Declaración Responsable 
firmado por el órgano competente.
También  podrán  ser  beneficiarios  de  esta  convocatoria  aquellos  edificios  de 
titularidad  pública  que,  estando  en  desuso  al  tiempo  de  la  publicación  de  esta 
convocatoria, sean destinados a uso público una vez finalizada la rehabilitación durante 
un plazo mínimo de veinte años.
c) Tener una fecha de construcción anterior a 1 de enero de 2009. e.e
2. Los edificios sobre los que se lleve a cabo la actuación de rehabilitación para las  51ww
que as)e  sAoclitcuitaac fioinnaensc iacuciyóans  poobdrraásn  esnec oenntcruaersnetr eenn  ainlgicuinaod adse  ploosr  scigouniteanrt ecso ne sutand oasc:ta de
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encontrarse  suspendidas  a  fecha  de  publicación  de  la  presente  convocatoria.  En 
cualquier caso, únicamente pueden financiarse los costes incurridos a partir de la citada 
fecha.
b) Actuaciones  en  fase  de  licitación  cuando,  con  anterioridad  a  la  fecha  de 
publicación de la presente convocatoria, se hubiere publicado el anuncio de licitación en 
el perfil de contratante.
c) Actuaciones  que,  no  encontrándose  en  ninguno  de  los  estados  anteriores, 
puedan contar con los requisitos previstos en esta orden de bases y convocatoria 
durante el plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Artículo 6. Requisitos de aplicación a las actuaciones.
1. A los efectos de esta Orden, se entenderán por actuaciones elegibles todas las 
relacionadas en el artículo 7 que se realicen en el marco de la rehabilitación de un 
inmueble que cumpla con las condiciones previstas por el artículo 1.
2. Las actuaciones para las que se solicite financiación deberán cumplir, como 
mínimo, los siguientes requisitos:
a) Incluir intervenciones definidas en el artículo 7 de esta Orden como de «tipo A» 
que supongan, al menos, una reducción del 30 % del consumo de energía primaria no 
renovable, de acuerdo con el requisito de ahorro energético redactado a continuación.
b) Disponer de un plan de gestión de residuos que suponga la preparación para la 
reutilización, reciclaje o valorización de, al menos, un 70 % de los residuos no peligrosos 
que puedan generarse en el desarrollo de dichas actuaciones, así como el resto de 
condiciones recogidas en el requisito de gestión de residuos acorde con el principio 
DNSH redactado a continuación.
c) Estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024 para las actuaciones de la 
línea 1 de la convocatoria o del 31 de marzo de 2026 para las actuaciones de la línea 2 
de la convocatoria, tal y como se detalla en el artículo 8.
d) Cumplir  con  los  parámetros  recogidos  en  el  artículo  8,  si  se  trata  de  una 
actuación perteneciente a la línea 2.
3. En el caso de que la rehabilitación se lleve a cabo por fases, todas ellas deberán 
estar vinculadas a un proyecto general del edificio, un plan director, el libro del edificio 
existente o cualquier otro instrumento de planificación integral. La fase o fases para las 
que se solicite financiación, deberán estar finalizadas, recibidas y destinadas al uso 
público de manera autónoma, antes de las fechas señaladas en el apartado anterior. 
Asimismo,  cuando  cada  fase  se  presente  al  Programa  como  una  actuación 
independiente, cada una de ellas deberá cumplir los requisitos de ahorro de energía y de 
gestión de residuos señalados en el apartado anterior.
Requisito de ahorro energético
Serán actuaciones elegibles las que consigan una reducción de, al menos el 30 % en 
el indicador global de consumo de energía primaria no renovable del edificio.
Este  requisito  se  acreditará  mediante  la  certificación  energética  del  edificio, 
comparando el estado actual del edificio con el estado tras la rehabilitación. En los 
edificios en los que se produzca un cambio de uso, se deberá igualmente comparar el 
consumo energético del edificio en su estado actual con el consumo del edificio tras la  es
rehabilitación,  considerando,  en  ambos  casos,  el  uso  al  que  va  a  estar  destinado  o
finalmente el inmueble. Así mismo, en el supuesto de la reubicación de un servicio  w.
eiunxbciisrcetaem neetlen s,t aes reev li dccieoobn eesrnuá m laho a adcceetr ue aenllei dcragedírat i fcpicoranimd eoal r eioanb enjerogt iréveotinc odove da vebell ere.ifdicifaicri oq uoe e cdoifnic ieols  treans llaodso q nuoe  ssee   2022-3851n https://ww
La  certificación  energética  del  edificio  se  realizará  de  acuerdo  con  el  Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación  de  la  eficiencia  energética  de  los  edificios,  mediante  la  utilización  de 
cualquiera de los documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética 
debidamente inscritos en el Registro general de documentos reconocidos del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre los que se encuentran los 
programas informáticos oficiales reconocidos. No son de aplicación los procedimientos 
simplificados, por tanto, se debe recurrir a la herramienta unificada LIDER-CALENER 
(HULC) o cualquier otra registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico como procedimiento general para la certificación energética de edificios.
Para que sean comparables, los distintos certificados deben realizarse con la misma 
versión del programa informático que corresponderá con la que esté en vigor en la fecha 
de redacción del proyecto de ejecución o su adaptación a los requisitos del PIREP.
La aportación de los certificados energéticos será obligatoria en todos los casos, 
incluso en aquellos edificios fuera del ámbito de aplicación del RD 390/2021, como 
herramienta  para  la  justificación  de  los  ahorros  previstos  y  alcanzados  con  la 
rehabilitación.
Para  justificar  el  cumplimiento  de  este  requisito,  deberá  aportarse  la  siguiente 
documentación:
a) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con 
el  contenido  mínimo  que  establece  el  artículo  8  del  Procedimiento  básico  para  la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 
de  junio,  firmado  por  técnico  competente  y  registrado  en  el  registro  del  órgano 
competente  de  la  Comunidad  Autónoma.  No  será  considerada  válida  la  sola 
presentación de la etiqueta de eficiencia energética.
b) Certificado  de  eficiencia  energética  del  edificio  alcanzado  en  proyecto, 
denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio, firmado por técnico competente.
c) Certificado de eficiencia energética de obra terminada, conforme al artículo 9 del 
RD 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.
d) Además, en los casos en los que se produce la reubicación de un servicio 
existente, se aportara el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio o 
edificios en los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por técnico competente.
Requisito de gestión de residuos acorde con el principio DNSH
Las actuaciones elegibles deberán incluir en todas las fases del diseño y ejecución 
de los proyectos y de manera individual para cada una de ellas, un Estudio de gestión de 
residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  desarrollará  posteriormente  en  el 
correspondiente Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán 
las siguientes condiciones:
I. Al menos el 70 % en peso de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el 
sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje o valorización, incluidas 
las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo  e.e
con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y  b
demolición de la UE. 51ww
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eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la preparación para
la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, 
utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y 
demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente 
de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de 
generación de los residuos. En el caso de generarse residuos peligrosos, como el 
amianto, éstos deberán ser retirados, almacenados y gestionados a través de gestores 
autorizados para su tratamiento.
III. Los  diseños  de  los  edificios  y  las  técnicas  de  construcción  apoyarán  la 
circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para evaluar la 
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para 
ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para 
permitir la reutilización y reciclaje.
A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de gestión de 
los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de 
los  materiales  de  construcción  deberá  aportar  un  informe  firmado  por  la  dirección 
facultativa de la obra y que y que deberá contener la acreditación documental de que los 
residuos se han destinado a preparación para la reutilización, reciclado o valorización en 
gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %. Este hecho se 
acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el 
código LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separación 
realizada en la obra. También se incluirá el certificado relativo a los residuos peligrosos 
generados, aunque no computen para el objetivo del 70 %.
Artículo 7. Tipos de actuaciones que pueden ser objeto de financiación.
1. Serán actuaciones elegibles con carácter principal las siguientes:
Actuaciones tipo A.
Las  intervenciones  encaminadas  a  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  de  los 
edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100 % (de acuerdo con lo 
previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241).
Quedarán  expresamente  excluidas  de  este  grupo  aquellas  actuaciones  que 
supongan la sustitución, uso o instalación de equipos térmicos que utilicen combustible 
de origen fósil.
Actuaciones tipo B.
Las intervenciones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental en materia de 
agua,  uso  de  materiales,  gestión  de  residuos,  adaptación  al  cambio  climático  y 
protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución climática del 40 %.
Actuaciones tipo C.
Las  intervenciones  orientadas  a  mejorar  la  accesibilidad.  Aquéllas  que  eliminen 
barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial.
Actuaciones tipo D.
Las intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad. es
Actuaciones tipo E. w.
Las intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de los edificios.
2. Con carácter complementario a las actuaciones del punto anterior, serán también 
actuaciones elegibles las siguientes:
Actuaciones tipo A bis. Redacción de proyectos y demás trabajos necesarios para la 
realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de contribución climática 
del 100 % (de acuerdo con lo previsto en el anexo VI del Reglamento (UE) n.º 2021/241).
Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis, y E bis. Redacción de proyectos y demás 
trabajos necesarios para la realización de las actuaciones incluidas, según corresponda, 
en los grupos B, C, D y E.
3. Las actuaciones que estén sujetas a etiqueta climática (submedida C2.I5a del 
PRTR) se deberán corresponder con el campo de intervención 026 bis del anexo VI del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia: 
Renovación de la eficiencia energética o medidas de eficiencia energética relativas a 
infraestructuras públicas, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con 
los criterios de eficiencia energética, con el objetivo de:
a) lograr, por término medio, una renovación de al menos un grado de profundidad 
intermedia, tal como se define en la Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, 
relativa a la renovación de edificios, o
b) lograr, por término medio, una reducción de al menos un 30 % de las emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las emisiones 
ex ante.
TÍTULO II
Convocatoria
CAPÍTULO I
Líneas de la convocatoria, importe y gastos subvencionables
Artículo 8. Líneas, parámetros e indicadores de la convocatoria.
1. En los términos establecidos en el artículo 1, en la presente convocatoria se 
articulan las siguientes Líneas de desarrollo de las actuaciones:
a) Línea 1. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni 
reparos, tenga lugar como máximo el 30 de septiembre de 2024.
b) Línea 2. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni 
reparos, tenga lugar como máximo el 31 de marzo de 2026.
2. Las actuaciones de la Línea 2 deberán cumplir al menos dos de los siguientes 
parámetros:
– Que el coste total de la obra proyectada (entendido como la suma del coste de las 
actuaciones tipo A, B, C, D y E), sin impuestos, sea igual o superior a 500.000 euros.
– Que la superficie, medida en m2 construidos, en la que se va a intervenir supere 
los 1.000 m2. En el caso de que la intervención afecte solo a las fachadas, deberá  s
computarse únicamente la superficie sobre rasante. Del mismo modo, en el caso de  e.
sustitución de carpinterías, aislamiento de cubierta, sustitución o mejora de los sistemas  w.
de climatización, etc., se deberá computar la superficie afectada por tales obras. 51ww
cons–i dQeruaen deol  geral dcoo sdtee  intotetarvl ednec iólan  doeb rlaa  saicnt uiamcpióune ssteoas  igreusapl eoc stou pdeer iolar  as 5u0p0e reficuireo st/omta2,l 
rehabilitada.
3. Además, con el fin de verificar el cumplimiento de las líneas anteriormente 
descritas, el anexo II del anexo a la Decisión de la Comisión que aprueba los «Acuerdos 
Operativos»  («Operational  Arrangements»  OA,  por  sus  siglas  en  inglés)  entre  la 
Comisión  y  España  establece  los  indicadores  de  monitorización,  codificados  como 
números 36.1 y 37.1, sin perjuicio de que puedan determinarse adicionalmente otros 
indicadores de monitorización o hitos y objetivos de gestión adicionales.
Artículo 9. Imputación presupuestaria.
1. Se inicia su tramitación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE)  de  2022  por  una  cuantía  máxima  de  seiscientos  millones  de  euros  que  se 
financiará  con  cargo  a  los  créditos  consignados  en  la  partida 
presupuestaria 17.50.26BE.760 relativa al Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La concesión de las 
ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
momento de la resolución.
Anualidad Importe
2022 600.000.000 €
2. El crédito inicialmente previsto se distribuirá de la siguiente forma:
Importe
Línea Partida presupuestaria –
Euros
1 17.50.26BE.760 250.000.000
2 17.50.26BE.760 350.000.000
3. En el supuesto de que la cantidad consignada en los PGE para 2022, pueda 
resultar ampliada, el importe de la ampliación se distribuirá proporcionalmente entre 
ambas líneas.
4. Asimismo, las dos líneas de la convocatoria estarán vinculadas entre sí y, si las 
condiciones de las solicitudes presentadas así lo requieren, podrán traspasarse las 
cantidades establecidas entre ambas de manera indistinta, incluida la posible ampliación 
de crédito a la que hacen referencia los apartados 2 y 3 de este artículo.
Artículo 10. Gastos e inversiones objeto de financiación.
1. Se consideran gastos elegibles aquellos que resulten estrictamente necesarios 
para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  previstas  por  el  artículo  7  de  esta  Orden  y  la 
consecución del objeto de este Programa.
2. Se consideran asimismo gastos elegibles los trabajos de carácter técnico que 
respondan  de  manera  indubitada  a  la  naturaleza  de  la  actividad,  tales  como  los 
honorarios  de  los  proyectos,  la  dirección  facultativa,  las  certificaciones  energéticas, 
auditorías energéticas o los relativos a la publicidad de la financiación de la rehabilitación 
por fondos europeos (coste del cartel o lona de obra así como el coste de su instalación) 
y adaptaciones de proyectos anteriores a los requisitos del Programa. es
3. No  tendrán  la  consideración  de  gastos  elegibles  las  labores  de  demolición,  bo
cimentación o estructura, así como la construcción de nuevos edificios, aun en los casos  51ww
doeebn j eplEoteosnr  s dqnoeuinn earge lú,sh neaa  sbcciisaolitstneaosnc ecieórilavn ces. o  Itlgséatucsean  flidamceace hsan,ad tidemqa,u psnisu oeiec xssióteteon ris indo,c ertleau lssyo,aes snn  gi o cal aotsr mtioabosmu  tcepoollseian.gcciiebóplnet sod spe eo lldaersgá i bcsoleenrs s stloruuspc egcriaioosnrt eoassl    OE-A-2022-38able en https://
valor de mercado.
Artículo 11. Determinación de la cuantía objeto de financiación.
1. La cuantía se establece de la siguiente forma:
a) En las actuaciones tipo A y A bis se subvencionará el 100 % sobre el precio 
(artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o impuesto equivalente.
b) En las actuaciones tipo B, B bis, C, C bis, D, D bis, E y E bis se subvencionará 
el 85 % del precio (artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o impuesto equivalente, si bien 
el importe sobre el que se aplica este porcentaje no podrá superar el 50 % del importe de 
las actuaciones energéticas tipo A + A bis.
2. Con  independencia  del  importe  total  de  la  actuación,  la  cuantía  objeto  de 
financiación no podrá superar los 3.000.000 euros (impuestos no incluidos) en cada 
solicitud.
3. El importe relativo al conjunto de tributos (impuestos como el IVA, IGIC o IPSI, 
ICIO o tasas urbanísticas) de todas las actuaciones no será un gasto subvencionable, 
por lo que deberá ser objeto de financiación por la Entidad Local beneficiaria, bien a 
través  de  recursos  propios  o  bien  con  cargo  a  financiación  obtenida  en  virtud  de 
colaboración público-privada.
Artículo 12. Compatibilidad de las ayudas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento Financiero), las 
ayudas otorgadas en el ámbito de esta Orden de bases serán compatibles con cualquier 
otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas 
u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente de la Unión 
Europea,  en  tanto  que  dicha  ayuda  no  cubra  los  mismos  costes  y  que,  de  forma 
acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, 
de 17 de junio de 2014.
2. El régimen de ayudas de Estado viene delimitado por los artículos 107 a 109 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo. El 
Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, señala que las inversiones privadas también podrían incentivarse a través de 
programas de inversión pública, en particular, instrumentos financieros, subvenciones y 
otros instrumentos, siempre que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.
El Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, mencionado el apartado 1, 
establece en el marco de la Estrategia Europa 2020, un objetivo de incremento del 20 % 
en eficiencia energética, persiguiendo el objetivo general de ahorrar al menos un 20 % 
del consumo de energía primaria de la Unión. Para facilitar la consecución de esos 
objetivos, las medidas de apoyo a la eficiencia energética y a la cogeneración de alta 
eficiencia  energética  y  a  sistemas  urbanos  de  calefacción  y  refrigeración 
energéticamente eficientes deben incluirse en la exención por categorías.
3. Respecto a la doble financiación, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 
aplicables  al  Presupuesto  General  de  la  Unión  (Reglamento  Financiero),  establece 
expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio  s
general aplicable a las subvenciones, señalando en el artículo 191 que en ningún caso  oe.
podrán ser financiados dos veces por el presupuesto los mismos gastos. w.
En  el  caso  concreto  del  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia,  el  51ww
cdoen 1s2id edrea nfedbor 6e2ro d deel  R2e0g2l1a,m eesnttaob (leUcEe)  q2u0e2 1l/a2s4 1a,c dcieoln Peasr lparmeevinsttoa sE uerno pdeicoh yo  dReel gClaomnseenjoto, 
dcoembeon e sveitra rc olah edroebnlete sfi ncaonnc ilaocsi ópnr opgroracmedaesn dtee  dlae l UMneiócna neisnm cou rys od ey  octoromsp pleromgernatmaralos sd, ea lsaí   BOE-A-cable e
Unión de los mismos gastos. Asimismo, el artículo 9 del citado Reglamento dispone que 
las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
4. Las  entidades  que  participen  en  la  ejecución  del  PRTR  deben  aplicar 
procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa 
relativa a las Ayudas de Estado, así como garantizar la ausencia de doble financiación.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Sección primera. Solicitudes
Artículo 13. Presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán de conformidad con el contenido previsto en el 
anexo de la presente orden, en el plazo máximo de:
– Cuarenta y cinco días naturales para las actuaciones de la línea 1, y
– Noventa días naturales para las actuaciones de la línea 2.
El plazo se comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria, y estarán firmadas electrónicamente por la persona titular de la Alcaldía o 
Presidencia de la Entidad local correspondiente o persona representante en la que se 
delegue en cada caso.
2. Las solicitudes, junto con la documentación que incorporen, deberán presentarse 
únicamente a través de la plataforma creada a tal efecto disponible en el enlace: http://
sede.mitma.gob.es//, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aclarar 
que la firma electrónica de los documentos debe hacerse en formato PAdES y que cada 
archivo que se incorpore a la solicitud no podrá ocupar más de 10 MB.
3. Cada  entidad  local  podrá  presentar  un  número  de  máximo  de  solicitudes 
teniendo en cuenta los umbrales de población según las cifras oficiales del Padrón 
referidas a 1 de enero de 2020 y a la Línea de actuaciones de que se trate, según lo 
dispuesto en el artículo 8 y de la siguiente manera:
N.º habitantes por población Línea 1 Línea 2
Más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. 2 3
Entre 20.000 y 50.000 habitantes y diputaciones, cabildos o consells. 1 2
Menos de 20.000 habitantes. 1 1
En caso de incorporar un número mayor de solicitudes que las permitidas, se tendrán 
en cuenta en el orden en que han sido presentadas hasta el máximo establecido según 
el cuadro arriba indicado.
Artículo 14. Documentación acreditativa que debe acompañar a cada solicitud.
1. Solicitud cumplimentada de acuerdo con el anexo de la presente Orden, dirigida 
a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, y firmada por quien ostente la  e.
representación legal de la entidad solicitante. La solicitud se completará a través de la  w.b
plataforma indicada en el artículo anterior. 51ww
reco2g.i doDso ceunm eesnttaa cOiórnd eanc, reredliatatitvivoas  dael l becnuemfipcliiamriioe,n ttoit udlaer idloasd  yre quusios itdoes l einsmtaubelebcleid, osy 
compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante. Todos los documentos
deberán tener una vigencia mínima de seis meses. En concreto, se deberán acreditar los 
siguientes aspectos:
a) Titularidad  del  edificio  a  rehabilitar:  Certificación  registral  o  nota  simple 
informativa del Registro de la Propiedad.
Para casos en los que exista un régimen de cotitularidad sobre el edificio entre 
distintas Administraciones Públicas, se exigirá que la Entidad local beneficiaria ostente al 
menos el 51 % de la propiedad, aportándose en tal caso, además de la acreditación de la 
titularidad, una declaración responsable que justifique el consentimiento de todas las 
Administraciones concurrentes.
Para caso de inmuebles que, aun no siendo de titularidad de las Entidades Locales, 
tengan atribuido, en virtud del instrumento jurídico que corresponda, el mantenimiento 
integral, la gestión, la reparación y la rehabilitación de los edificios transferidos, será 
imprescindible adjuntar el correspondiente instrumento jurídico en el que esté incluido el 
edificio, la certificación en la que conste esta circunstancia de manera detallada, junto 
con  el  régimen  jurídico  previsto  para  el  edificio  en  cuestión  y  una  declaración 
responsable firmada por el órgano transferente titular registral en el que manifieste la 
autorización para llevar a cabo la actuación propuesta.
b) Uso  del  edificio  a  rehabilitar:  El  solicitante  deberá  aportar  una  declaración 
responsable que identifique el uso actual y futuro del inmueble, así como su compromiso 
de destinar dicho inmueble a un uso público al menos por un período de 20 años.
c) Certificación  catastral  descriptiva  y  gráfica  en  la  que  conste  el  año  de 
construcción del edificio (anterior a 2009).
d) Compromiso de financiación: El solicitante deberá precisar el importe de la 
actuación  que  no  es  elegible,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  esta  orden,  en  un 
documento firmado por quien ostente la representación legal máxima de la entidad 
solicitante.
e) El cumplimiento de los requisitos del apartado 13.2.e) de la Ley General de 
Subvenciones se acreditará mediante los correspondientes certificados administrativos 
expedidos por los órganos competentes. De conformidad con lo establecido por el 
artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para 
que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias 
previstas  en  los  artículos  18  y  19  de  este  Real  Decreto  a  través  de  certificados 
telemáticos,  en  cuyo  caso  el  solicitante  no  deberá  aportar  la  correspondiente 
certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar en ese caso la certificación correspondiente. El solicitante deberá 
acreditar  también  que  la  entidad  beneficiaria  no  es  deudora  por  resolución  de 
procedencia de reintegro, de conformidad con lo establecido por el artículo 34.5 de la 
Ley  de  subvenciones.  Así  como,  declaración  no  estar  incurso  en  prohibiciones  del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones.
f) La entidad beneficiaria de los fondos deberá requerir a los terceros con los que 
contrate  la  acreditación  a  su  vez,  de  la  inscripción  en  el  Censo  de  empresarios, 
profesionales  y  retenedores,  así  como  del  cumplimiento  de  los  requisitos  del 
apartado 13.2.e) de la Ley General de Subvenciones, mediante los correspondientes 
certificados administrativos expedidos por los órganos competentes. De conformidad con 
lo establecido por el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que  s
se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  e.
Subvenciones. w.
g) Declaración responsable de cumplir con los requisitos del programa de Impulso y  51ww
Ramehbaiebniltieta»c i(óDnN SdeH )E, yd ifdicei oasp lPicúabcliiócno sd ey  ladse  c«onnod iccioanuessa rd eple erjtuiqicuioe tasdigon cifliicmaátivtioco  ayl  dmigeitdaiol, 
conforme a lo establecido en el artículo 4.4 de estas bases.
3. Documentación descriptiva de la intervención solicitada, a modo de Anteproyecto 
energéticamente definido, que conformará el dossier en base al cual se evaluarán las 
solicitudes y constará de una parte gráfica (paneles) y una parte informativa (ficha).
I. La parte gráfica se recogerá en dos paneles en formato DIN A3 en vertical que 
contendrán:
a) Carátula identificativa del inmueble con su localización, uso actual y previsto.
b) Memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 palabras 
que  incluya,  información  relativa  a  los  criterios  de  evaluación  de  Calidad,  Enfoque 
Integral e Innovación, de acuerdo con el artículo 16. Contendrá, la menos, descripción 
del inmueble, relación con su entorno y descripción de las obras a acometer, detallando 
las actuaciones de mejora energética (Tipo A).
c) Plano de situación a una escala que permita visualizar el entorno en un radio 
de 1 km.
d) Planos del estado actual.
e) Planos del estado previsto tras las obras de rehabilitación.
f) Al  menos,  cinco  fotografías  del  estado  actual  que  permitan  una  descripción 
completa del inmueble.
g) Infografías que muestren la imagen del inmueble tras la rehabilitación.
II. La parte de información se recogerá en una ficha en formato DIN A4 en vertical 
que contendrá una memoria descriptiva de las obras a desarrollar con un máximo de 500 
palabras que incluya, información relativa a los criterios de evaluación de Oportunidad, 
Gobernanza y Solidez de acuerdo con el artículo 16.
4. Presupuesto total de la actuación, diferenciando la parte correspondiente a cada 
tipo de actuación (A, B, C, D, E, A bis, B bis, C bis, D bis y E bis), todos ellos sin 
impuestos.
5. Cronograma de las obras en el que se indique fecha prevista para las siguientes 
etapas:
a) Redacción de proyecto básico.
b) Obtención de licencia urbanística o autorización necesaria.
c) Aprobación del Proyecto de Ejecución por el órgano competente.
d) Adjudicación de la obra.
e) Acta de replanteo y comienzo de la obra.
f) Certificado Final de Obra (CFO).
g) Acta de recepción de la obra sin observaciones.
6. Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con 
el  contenido  mínimo  que  establece  el  artículo  8  del  Procedimiento  básico  para  la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 
de  junio,  firmado  por  técnico  competente  y  registrado  en  el  registro  del  órgano 
competente  de  la  Comunidad  Autónoma.  No  será  considerada  válida  la  sola 
presentación de la etiqueta de eficiencia energética.
Certificado  de  eficiencia  energética  del  edificio  alcanzado  tras  la  reforma, 
denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio, firmado por técnico competente.
Además, en los casos en los que se produce la reubicación de un servicio existente,  e
se aportara el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio o edificios en  bo
los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por técnico competente. 51ww
Esp7a.ñ olEa ne ne l ecl aqsuoe  dsee  deinscpuoennetrr ed ere céol,g iPdlaa nla  daec tAuaccciióónn  oL,o csai l édstee  lnao  Aegsetán daap rUorbbaadnoa, 
iDdeecnltaifriacacidóans  pRoer sépl,o dnusarabnlete  edle p roqcuees ol ad em eilsamboar acsieó n.encuentra  entre  las  actuaciones
8. Documentación justificativa del cumplimiento de las medidas dirigidas a evitar la 
doble financiación, la incompatibilidad con el régimen de ayudas de estado, el fraude y la 
corrupción, así como el conflicto de intereses.
9. Declaración sobre la correspondiente afección patrimonial de los edificios.
10. Con independencia de lo establecido en este artículo, se podrá requerir en 
cualquier momento a los solicitantes la incorporación de cualquier información adicional 
cuando la misma se considere imprescindible o necesaria para la correcta valoración de 
la solicitud.
Artículo 15. Documentación acreditativa a entregar tras la resolución definitiva.
1. Para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorización, 
se comunicará el estado de ejecución de cada una de las actuaciones cada vez que 
supere una de las siguientes etapas, o cada 3 meses si la duración de las mismas fuese 
superior a dicho plazo, y se remitirá la documentación señalada:
a) Proyecto básico: Actualización del cronograma, de la superficie y del resumen de 
presupuesto por tipos de actuaciones.
b) Autorización o licencia urbanística. Obtención de la autorización.
c) Proyecto  de  ejecución:  Actualización  del  cronograma,  de  la  superficie,  del 
resumen de presupuesto por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados 
energéticos.
d) Licitación de la obra: Comunicación de la publicación de la licitación.
e) Adjudicación de la obra: Comunicación de la formalización.
f) Acta de comprobación del replanteo e inicio: Comunicación de la firma. En caso 
de que la obra ya esté iniciada, conforme a lo previsto en el artículo 5.3 de esta Orden, 
se deberá aportar el acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras y un 
certificado expedido por la dirección facultativa en el que haga constar que a fecha de 
publicación de esta orden las obras no se encuentran suspendidas.
g) Certificación  trimestral  de  la  dirección  facultativa,  de  la  obra  ejecutada:  Se 
comunicará el importe desglosado por tipo de actuación.
h) Declaración responsable del compromiso de creación de empleo necesario para 
la realización de la actividad, que se realizará con personal contratado y afiliado a la 
Seguridad Social en el territorio nacional.
2. Una vez finalizada cada actuación, se presentará la justificación final de las 
mismas que comprenderá la siguiente documentación, sin perjuicio de que tras su 
análisis se pueda solicitar documentación complementaria:
a) Certificado final obra. Comunicación de la firma.
b) Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2 de superficie 
efectivamente rehabilitada.
c) Liquidación final. Comunicación de la firma y su importe.
d) Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas.
e) Cuadro resumen con la relación certificada de gastos.
f) Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.
g) Certificados energéticos según lo especificado en el artículo 6.
h) Formularios de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH según la 
documentación del Ministerio de Hacienda. s
i) Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas. Contendrá  oe.
los  controles  realizados  en  relación  con  las  Actuaciones  financiadas  por  el  PIREP,  w.
informando  de  los  objetivos  y  alcance  de  estos,  así  como  de  las  irregularidades  51ww
detej)c taDdaesc lya rdaec ilóans  dmee odtirdaass  aayduodpatsa dsaosli cpitaardaa ssu. corrección.
k) Declaración de gestión.
l) Contabilidad  separada.  Documentación  justificativa  de  la  existencia  de  una 
contabilidad  diferenciada  que  permita  la  trazabilidad  de  todas  las  transacciones 
relacionadas.
m) Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.
n) Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la 
publicidad del MRR.
o) Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones 
Públicas.
p) Declaración  responsable  relativa  al  compromiso  de  cumplimiento  de  los 
principios transversales establecidos en el PRTR.
q) Requerimiento  de  identificación  de  contratistas  y  subcontratistas  y  su 
acreditación la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  o  en  el  censo  equivalente  de  la 
Administración Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica y cesión 
datos contratista.
3. Se  podrá  requerir  al  beneficiario  la  aportación  de  cualquier  documentación 
justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación de la actuación 
ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario obligado a su entrega 
en un plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la comunicación que 
se le efectúe por parte de aquél.
4. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o cualquier organismo 
fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, podrá solicitar en cualquier momento, 
durante el plazo previsto de cinco años a contar desde la fecha de finalización del plazo 
establecido para la ejecución del proyecto objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera 
de los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o 
para justificar la realización de las inversiones y gastos elegibles necesarios para la 
ejecución del proyecto correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de 
las mismas).
Procederá, en su caso, exigencia de reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho a 
su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento, 
considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación 
del destino de la ayuda otorgada.
5. Adicionalmente  a  los  apartados  previos,  resultará  también  de  obligado 
cumplimiento cualquier otro mecanismo de justificación de la realización de los proyectos 
que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pudieran ser 
desarrollados tanto a nivel nacional como europeo.
Sección segunda. Criterios de valoración y selección de las actuaciones elegibles
Artículo 16. Criterios de valoración de las solicitudes.
Las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8 de esta 
Orden de bases, se valorarán de conformidad con los siguientes criterios, para lo cual 
será  imprescindible  que  la  propuesta  contenga  la  información  y  documentación 
necesaria (justificada y garantizada expresamente cuando sea preciso):
1. Calidad (20 puntos): e
Para  la  valoración  de  la  calidad  se  considerará  el  valor  arquitectónico  de  la  w.
ipenrdtoeifpgicuriaoec siteóaxn, i saeterl mnitnoetn,e iroléass a r aceconin oecnle atpleitdjuiadadol ,  upfralebrxaain bomil ideya joedrn a yre  lt féupcnancisiicoaanje,a .l eiDdsaetéd it gicduaea  l ylfa o fruminntace,ir ovsneean ltcmeiónendn rtáey   eelanl    2022-3851n https://ww
cuenta  la  adecuación  al  coste  de  la  actuación;  que  suponga  la  adaptación  de  los
espacios a los estándares de eficiencia, el rigor de la justificación aportada, la sencillez y 
los menores costes potenciales de mantenimiento.
2. Solidez (15 puntos):
Para  la  valoración  se  considerará  la  coherencia,  credibilidad  y  precisión  de  la 
planificación temporal de toda la actuación, prevista por el cronograma que acompaña a 
la  actuación,  así  como  la  metodología  de  trabajo  propuesta  para  garantizar  el 
cumplimiento de los objetivos exigidos.
3. Gobernanza (15 puntos):
Para  la  valoración  de  la  gobernanza  se  tendrá  en  cuenta  que  la  selección  y 
elaboración del proyecto sea el resultado de concursos de proyectos con intervención de 
jurado (u otro procedimiento en el que se haya tenido en cuenta únicamente la calidad 
de  la  propuesta),  de  procesos  participativos,  comités  de  expertos,  participación 
ciudadana, colaboración entre administraciones, o cualquier otro procedimiento orientado 
hacia el equilibrio económico, social e institucional y de planes de actuación o estrategia 
similar en el marco de lo dispuesto en las medidas de implementación de la ERESEE.
4. Enfoque integral (15 puntos):
Para la valoración del enfoque integral se atenderá a la capacidad de la actuación 
para incorporar, además de una reducción de, al menos, un 30 % del consumo de 
energía  primaria  no  renovable,  mejoras  en  la  habitabilidad,  la  accesibilidad,  la 
conservación, la seguridad de utilización y la digitalización de los edificios.
5. Innovación (15 puntos):
Para la valoración de la innovación se considerarán tres ámbitos. El ámbito de la 
innovación energética, que tendrá en cuenta el alcance de las actuaciones previstas en 
términos de eficiencia energética, de manera que, más allá del ahorro mínimo exigido 
del 30 %, se valoren aquellos proyectos orientados a transformar el edificio en uno de 
consumo nulo, casi nulo, o con una reducción más ambiciosa de su consumo energético 
respecto  de  la  mínima  determinada  en  estas  bases.  El  ámbito  de  la  innovación 
constructiva,  atendiendo  a  la  elección  de  materiales  y  el  diseño  de  soluciones 
constructivas, sin pasar por alto la higiene, la salubridad, el confort (o bienestar) y la 
sostenibilidad.  Y  el  de  la  innovación  tipológica,  considerando  la  innovación  y 
modernización de la Administración Pública, mediante la optimización y/o transformación 
de espacios, tanto a nivel físico como conceptual, alcanzando carácter ejemplarizante.
6. Oportunidad (20 puntos):
Para la valoración de la oportunidad y relevancia de la actuación, se tendrá en 
cuenta que su proyecto haya sido identificado como una de las actuaciones integradas 
en un Plan de acción Local de la Agenda Urbana o Estrategia de ciudad y respondiendo 
al carácter integrado que reclama la agenda por tener impacto en la Entidad Local o en 
su entorno, tanto desde la perspectiva medioambiental, como económica y social, para lo 
que se tendrá en cuenta la población que potencialmente puede resultar beneficiaria por 
el uso público al que se destine el inmueble, que sea idónea para lograr unos espacios 
inclusivos  y  accesibles,  que  incorporen  soluciones  sostenibles  que  respondan  a  es
necesidades más allá de la dimensión material, en la línea de lo que propone la Nueva  bo
Bauhaus Europea, que posibilite la recuperación de edificios en desuso, que genere  51ww
yqRim uepeqsa uislcieeet on b cceeioannn  etsryfuiib c iueaaynrl aáto  cdroanen o jl,ula any siatn o t seperrdviaoee r pnidoclaairó  denesl  soyu c/soideo eld ayla   idduP,ot lialnisdneea id dda ceddo e mdlR epien llecmaum umpeeeinbsrtalmeec ,ai óe cenlo n,nn  ú eTmlo rcateronranosstf  eodxresmto oula iscCcuiitOóuanVdri eoIDssy     OE-A-2022-38able en https://
financiadas por el Plan y/o genere un valor añadido comparativo de la propuesta en 
relación con otras presentadas.
Sección tercera. Tramitación y resolución
Artículo 17. Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución.
El procedimiento de concurrencia competitiva regulado por estas bases y por la 
presente convocatoria pública se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a instancia de la 
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado»  esta  Orden  de  bases  y  convocatoria  para  propiciar  la  presentación  de 
solicitudes. Dicha publicación se realizará también en la Sede Electrónica del Ministerio y 
en la web de la Agenda Urbana Española.
2. Las solicitudes de participación que se presenten se ajustarán, en todo caso, a lo 
establecido en el artículo 14.
3. La instrucción del procedimiento de concesión y la evaluación técnica previa de 
las solicitudes presentadas corresponde a la Dirección General de Agenda Urbana y 
Arquitectura.
Artículo 18. Tramitación.
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su 
evaluación de conformidad con los criterios de valoración y selección establecidos en las 
presentes bases.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos en la convocatoria, el 
órgano instructor requerirá al interesado para que subsane o acompañe los documentos 
preceptivos, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si 
no lo hiciese se le tendrá por desistido de la misma.
3. Tras la evaluación de las solicitudes, se elevará la propuesta de valoración a un 
órgano colegiado creado al efecto que emitirá un informe en el que se concretará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada de conformidad con los 
criterios recogidos en el artículo 16, incluyendo el importe asignable a cada actuación.
El citado órgano colegiado contará en su composición con el titular de la Secretaría 
General de Agenda Urbana y Vivienda, que actuará en calidad de presidente, con el 
Director General de Agenda Urbana y Arquitectura, que hará las veces de Secretario, y 
con tres vocales designados por la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
4. La  propuesta  de  resolución  provisional  de  concesión  de  las  ayudas  será 
publicada en el Portal de Ayudas de la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, dentro del cual se informará del otorgamiento de un plazo 
de  diez  días  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  consideren  oportunas  o 
comuniquen su aceptación.
5. Examinadas  las  alegaciones,  la  Dirección  General  de  Agenda  Urbana  y 
Arquitectura  formulará  propuesta  de  resolución  definitiva  en  la  que  se  incluirá  al 
solicitante para el que se propone la concesión de la subvención y su cuantía. Los 
beneficiarios serán notificados de manera individual para que, en un plazo de quince 
días  naturales,  comuniquen  su  aceptación  en  caso  de  que  no  lo  hayan  hecho  e
anteriormente. bo
La no aceptación expresa en plazo implicará, a todos los efectos, que se tenga por  51ww
Adsoerqlsicui6siit.tta eidncaAtteu  lsrlaoa,  s psy oeo Erfli ecdociirtftduiocedsan  cdy id eóep nl oo vidn adrfláoois rrpmaeucxaeitóresánnt o,da  hecearenssr ectea al  l aead lpe plaí rmlraota iptddeuoo edc seautlnma ct eerdénreidot airft,cio nil óaadn niSs crpueiaobccndibiióibridnelea c.ac e iónlon sr eG lsaeigcniueóirnea nlc todenes    OE-A-2022-38able en https://
cada una de las solicitudes presentadas y de que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas. Posteriormente, el Director General de 
Agenda Urbana y Arquitectura aprobará cada una de las propuestas de resolución 
definitiva, sujeta a condición resolutoria de entrega de documentación prevista en el 
artículo 15.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor  del  beneficiario  propuesto  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  le  haya 
notificado la resolución de concesión definitiva.
Artículo 19. Resolución.
1. Aprobada cada una de las propuestas de resolución definitiva, la Ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o la persona en quien delegue, resolverá el 
procedimiento.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la totalidad de las resoluciones definitivas 
del  procedimiento  no  podrá  exceder  de  seis  meses,  computándose  a  partir  de  la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la línea 2.
3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución definitiva 
correspondiente, legitima a los interesados para entender desestimada la solicitud de 
concesión de la ayuda, por silencio administrativo.
4. En la resolución, que habrá de ser motivada y deberá hacer referencia expresa al 
deber de respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente y 
cumplir  con  las  condiciones  del  etiquetado  climático  previstas  por  apartado  6)  del 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, se acordará para cada caso tanto el otorgamiento de las ayudas, 
como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o 
imposibilidad material sobrevenida.
5. La  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  ser  recurrida 
potestativamente en reposición ante la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada 
directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, conforme a la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
Cuando  se  haya  interpuesto  recurso  de  reposición,  el  plazo  para  interponer  el 
recurso  contencioso-administrativo  será  de  dos  meses  desde  que  el  primero  sea 
desestimado  expresamente  o  desde  que  se  entienda  desestimado  por  silencio 
administrativo por haber transcurrido el plazo de un mes para dictar y notificar su 
resolución.
6. La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 20. Modificación de la resolución de concesión.
1. Las  condiciones  iniciales  objeto  de  la  resolución  de  concesión  podrán  ser 
modificadas, siempre que los cambios no afecten a los objetivos perseguidos por la  e.e
presente orden o a los aspectos fundamentales de las actuaciones propuestas para la  b
ejecución de los proyectos objeto de ayuda, y que estén motivadas por causas técnicas  51ww
ose drvei coiotrsa  yín/od oaled qquuiesi cimiópni ddaen  loo sc obmiepnreosm ectoarnre lsap foonrdmieanlizteasc,i óans íd ec olam coo nlatr aetjaecciuócni ódne  dloesl 
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de planificación que resultasen exigibles.
No podrán admitirse sustituciones o modificaciones sustanciales del proyecto objeto 
de ayuda (ampliación del alcance, tipología de actuación, ubicación) ni modificaciones 
que no obedezcan a una causa técnica o de contratación o ejecución debidamente 
justificadas.
La variación de la inversión prevista que produzca un reajuste a la baja tras el 
proceso  de  contratación  de  las  actuaciones  sin  modificación  del  alcance  ni  de  la 
actuación prevista no constituirá per se una modificación de la resolución, ajustándose 
en ese caso la ayuda a otorgar en la fase de verificación del proyecto. En ningún caso, la 
modificación de la resolución podrá modificar el importe de ayuda concedida superando 
el  importe  de  la  subvención  original  correspondiente  al  proyecto  inicialmente 
seleccionado.
2. La modificación de la resolución habrá de ser solicitada, en su caso, por el 
beneficiario antes de que concluya el plazo para la ejecución del proyecto objeto de 
ayuda  y  la  decisión  sobre  la  aceptación  o  no  de  dicha  solicitud  de  modificación 
corresponderá  al  órgano  concedente,  que  dictará  la  correspondiente  resolución 
estimando o desestimando la modificación solicitada.
Sección cuarta. Pago y justificación
Artículo 21. Régimen de pagos.
1. Dada la naturaleza de estas subvenciones el abono de la ayuda se realizará 
mediante un pago único de forma anticipada.
2. Los plazos en los que se formalizará el pago anticipado se determinarán en la 
resolución definitiva.
Artículo 22. Justificación de la subvención.
1. La justificación de los gastos se realizará de conformidad con lo previsto en el 
artículo  30  de  la  Ley  de  Subvenciones  y,  en  concreto,  se  deberá  presentar  a  la 
Subdirección General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Agenda 
Urbana y Arquitectura del Ministerio la documentación recogida en el artículo 15.
2. El plazo máximo y la forma de justificación del cumplimiento de la finalidad de la 
subvención, de acuerdo con el artículo 17.3.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se fijará en la resolución definitiva y en ningún caso podrá ser 
superior a tres meses desde la firma del acta de recepción de obra (sin observaciones ni 
reparos).
Artículo 23. Comprobación de los resultados.
El  órgano  instructor  podrá  realizar  a  través  de  sus  servicios  técnicos  cuantas 
inspecciones  estime  necesarias  para  comprobar  la  efectiva  realización  de  las 
actuaciones subvencionables y el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta 
convocatoria.
Sección quinta. Reintegro y régimen sancionador
Artículo 24. Reintegro por nulidad o incumplimiento.
1. El artículo 7 Regla Séptima, de la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del  o
deEGenseltt niadRedaErodaA,el  Csds Teed-ñl eEaEpUlsae,t n aedqdsiuoetáe,n n tpe erlseno,g c laelooldsmse  eninontgertgersea  asdnofeiesslcm  Mtpaooedsrco  astprn aúainbs msfliicfneooar snep,cn aicarlaairas  sl loa Csr e Ropcreripbocoiyudrepaacecstri ooadsnce ieoó sl na lí  nLyAeo dRacmsae lisedniseliise  tanryacc ccisaiióóu nnsy     2022-3851n https://www.
que se integren dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el
grado de detalle especificado en el mismo. En caso de no realizarse el gasto o en caso
de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades deberán 
reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de reintegro a estos 
efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda.
2. En los casos en que la entidad beneficiaria haya obtenido la ayuda sin reunir las 
condiciones exigidas conforme a lo previsto en esta orden de bases y demás normas 
aplicables, deberá reintegrar el total de las cantidades percibidas, o parte de ellas 
cuando no pueda justificar el gasto, más el interés de demora que corresponda en 
ambos casos, desde la fecha en que haya recibido los fondos. Todo ello, sin perjuicio de 
las  restantes  responsabilidades  a  que  pudiera  haber  lugar  de  conformidad  con  las 
previsiones de la Ley General de Subvenciones.
3. Asimismo, proceden otros supuestos de reintegro de fondos por sus especiales 
condiciones:
a) En caso de incumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», del 
etiquetado digital o ambiental o de las condiciones recogidas en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España.
b) En caso de en caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, irregularidades, 
no justificación o falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados. así como los 
principios y obligaciones o cualquier otro aspecto derivado del Reglamento UE) n.º 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en 
el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación.
4. El destino de los reintegros de los fondos se regulará de conformidad con la 
previsión establecida por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Artículo 25. Régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las ayudas quedarán sometidas a lo establecido en 
materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y a lo previsto por las 
disposiciones nacionales y comunitarias en relación con el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y normativa de desarrollo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 2022.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.
ANEXO
Este anexo tiene efectos meramente informativos sobre el contenido específico que 
se requiere para solicitar las ayudas. Deberá acompañarse del resto de documentación a 
la que se hace referencia en esta orden de bases y convocatoria.
 
 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD
 
Este Formulario de Solicitud se completará exclusivamente a través de la plataforma de la Sede 
Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 
http://sede.mitma.gob.es// 
 
DATOS BÁSICOS 
 
SOLICITANTE  
Entidad Local beneficiaria                                              Tipo de Entidad        
CIF                                                                                      
Domicilio       
Provincia                 Municipio       
C. P.                  Teléfono       
Teléfono móvil          
e-mail         
 
BENEFICIARIO 
Entidad Local beneficiaria                                                
CIF                  Población (nº hab)       
Domicilio       
Provincia                 Municipio       
C. P.                  Teléfono       
Teléfono móvil                 
e-mail         
Cuenta Bancaria        
  es
 
 
 
A NOTIFICAR 
Nombre y apellidos       
NIF                  Cargo       
Domicilio       
Provincia                 Municipio       
C. P.                  Teléfono       
Teléfono móvil                  
e-mail         
 
CONTACTO 
Nombre y apellidos       
NIF                  Cargo       
Domicilio       
Provincia                 Municipio       
C. P.                  Teléfono       
Teléfono móvil                  
e-mail         
 
REPRESENTANTE 1 (Art 13) 
Nombre y apellidos       
NIF                  Cargo       
Domicilio       
Provincia                 Municipio       
C. P.                  Teléfono       
Teléfono móvil          
e-mail          s
  w.b

1  Persona titular de la Alcaldía o Presidencia de la entidad local o persona en la que delegue.
 
 
 
 
DATOS ESPECÍFICOS 
Líneas de Actuación: 
a.  Línea 1. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar 
como máximo el 30 de septiembre de 2024. 
b.  Línea 2. Edificio a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar 
como máximo el 31 de marzo de 2026. 
Tipo de solicitud 
□
 Municipio de más de 50.000 habitantes o capital de Provincia 
□
 Municipio Entre 20.000 y 50.000 habitantes, Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consells 
□
 Municipio Menos de 20.000 habitantes 
 
 
DATOS DE LA ACTUACIÓN  
Datos generales  
Referencia Catastral:       
Referencia/s Catastral/es complementaria/s:  Año de construcción:       
      
Localización de la actuación (Dirección, C.P, Municipio, Provincia):       
Superficie Catastro (m2):        Superficie de la Actuación (m2):       
Uso actual del edificio a rehabilitar:        Uso futuro del edificio a rehabilitar:       
Población beneficiaria de la actuación:       
Ahorro energético  
Indicador consumo de energía primaria no renovable inicial (kWh/m2·año):       
Indicador consumo de energía primaria no renovable previsto tras la reforma (kWh/m2·año): 
      
□ 
Con esta actuación se eliminan los combustibles fósiles 
Ahorro energético alcanzado (%):      
Capacidad operativa adicional instalada para energía renovable (kW): 
Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos: Sí/No 
Número de puntos de recarga para vehículos eléctricos: 
 
 
 
Presupuesto de la actuación (Art. 14.4)  
Costes de la actuación (Art. 7) 
Coste  actuaciones  Tipo  A  (SIN  impuestos,  Coste actuaciones Tipo A bis (SIN impuestos, €): 
€):             
Breve descripción de la actuación tipo A:  Breve descripción de la actuación tipo A bis: 
   
   
Coste  actuaciones  Tipo  B  (SIN  impuestos,  Coste actuaciones Tipo B bis (SIN impuestos, €): 
€):             
Breve descripción de la actuación tipo B:  Breve descripción de la actuación tipo B bis: 
   
   
Coste  actuaciones  Tipo  C  (SIN  impuestos,  Coste actuaciones Tipo C bis (SIN impuestos, €): 
€):             
Breve descripción de la actuación tipo C:  Breve descripción de la actuación tipo C bis: 
   
   
Coste  actuaciones  Tipo  D  (SIN  impuestos,  Coste actuaciones Tipo D bis (SIN impuestos, €): 
€):             
Breve descripción de la actuación tipo D:  Breve descripción de la actuación tipo D bis: 
   
   
Coste  actuaciones  Tipo  E  (SIN  impuestos,  Coste actuaciones Tipo E bis (SIN impuestos, €): 
€):             
Breve descripción de la actuación tipo E:  Breve descripción de la actuación tipo E bis: 
   
   
Coste  total  de  redacción  de  Proyectos  y 
Coste total de la obra (sin impuestos €):       
trabajos técnicos (sin impuestos €):       
Coste elegible total de la actuación (sin impuestos €):       
Subvención total solicitada (€):            
Otras fuentes de financiación o subvenciones solicitadas y/o recibidas:       
Descripción de otras ayudas solicitadas y/o recibidas: 
 
 
Importe total de otras ayudas solicitado y/o concedido (€): 
 
 
 
 
 
Cronograma previsto de la Actuación (Art. 14.5)  
Etapa actual de ejecución de la actuación:  
□ Anteproyecto 
□ Proyecto Básico 
□ Licencia Urbanística 
□ Proyecto de Ejecución 
□ Acta de Replanteo o de Comienzo 
□ Certificado Final de Obra 
Plazo previsto de la obra:  
Previsión de desarrollo por etapas (fecha prevista para las siguientes etapas): 
 
Etapas  Descripción del hito  Fecha prevista 
1  Redacción de Proyecto Básico        
2  Obtención de licencia urbanística o autorización necesaria        
3  Aprobación del Proyecto de Ejecución por el órgano competente        
4  Adjudicación del contrato obras        
5  Acta de replanteo e inicio de la obra        
6  Certificado Final de Obra (CFO)        
7  Acta de Recepción de la obra sin observaciones        
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN  
Documentación jurídico-administrativa: 
a)  Titularidad 
 Declaración responsable de uso y titularidad pública de edificio (Art. 4.1.a y 14.2)  
 Nota simple informativa del Registro de la Propiedad (Artículo 14.2.a) (en caso de titularidad propia) 
 Certificado de titularidad del Secretario Municipal o funcionario competente (Art. 14.2.a) (en caso de 
titularidad propia) 
 Consentimiento del órgano cotitular (Art. 14.2.a) (en caso de cotitularidad) 
 Consentimiento del órgano transferente (Art. 5.1.a) (si fuera el caso) 
 Instrumento jurídico de traspaso/atribución (Art. 5.1.a) (si fuera el caso) 
 Certificado de atribución de obras (Art. 14.2.a) (en caso de tener atribuido el mantenimiento integral, 
la gestión, la reparación y la rehabilitación de los edificios transferidos) 
 
b)  Gestión 
 
 Acreditación de cumplimiento con la Ley General de Subvenciones (Art. 4.1.b)  
 Oposición expresa a la consulta de la Entidad Local para la obtención de las certificaciones previstas en 
los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (Art. 14.2.e) (opcional, en caso de 
denegación de consulta) 
 Certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social (Art. 14.2.e) (en caso de oposición 
expresa a consulta) 
 Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda (Art. 14.2.e) (en caso de oposición expresa a 
consulta) 
 Certificación de no estar incursa en obligaciones de reintegro  
  Certificación de estar al corriente de las obligaciones de reembolso  
 Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) (Artículo 4.6)  
 Declaración Responsable principios PRTR (Art. 14.2.f)  
 Declaración responsable de cumplir con los requisitos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos y con el principio de no causar perjuicio significativo (DNSH) (Art.4.4 y Art. 6)  
 Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Art. 2.3)  
 Compromiso de financiación (Art. 14.2.d)  
 Representación legal (Art. 13) (en caso de delegación de funciones) 
 
Documentación técnica: 
 Certificación catastral (Art. 14.2.c) 
 Documentación sobre obras posteriores a la construcción realizadas en el edificio (Art. 14.2.c) (en caso 
de obras no recogidas en certificado catastral) 
 Documentación descriptiva (dos DIN A-3) (Art. 14.3.I) 
 Documentación informativa (un DIN A-4) (Art. 14.3.II) 
 Certificado de eficiencia energética inicial (Art. 14.6) 
 Certificado de eficiencia energética final (Art. 14.6) 
 
 
 
 Certificado/s de eficiencia energética del edificio/s en que se ubica el servicio en la actualidad (Art. 
14.6) (en caso de reubicación de servicio existen te)
 Acta de comprobación de replanteoce yr tificado de no suspensión de las obras (Art. 5.2.a) (en caso de 
obras ya iniciadas) 
 Plan director, Libro del edificio existente o cualquier otro instrumento de planificación integ r(Aalrt. 
6.3) (en caso de obras planteadas por fas es)
 Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española (Art. 14.7) (si fuera el ca so)
 Acreditación Participación Ciudadana (Art. 16.3) (si fuera el ca so)
 Acreditación Concurso de Proyectos (Art. 16.3) (si fuera el ca so)
 Acreditación de otro procedimiento (Art. 16.3) (si fuera el ca so)
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
El  firmante  de  esta  solicitud  declara:  quteie ne  capacidad  para  firmar  la  solicitud  en 
representación de la entidad solicitante, que son ciertos los datos que figuran en la solicitud y 
que la documentación presentada es original o copia fiel del origin al.
 
Firma electrónica en formato PAd ES.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Formulario de Solicitud se completará exclusivamente a través de la plataforma de la Sede 
Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urban a:
http://sede.mitma.gob.es//   s