BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310  Jueves 26 de noviembre de 2020  Sec. I.   Pág. 104941
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
14962 Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Depósitos.
I
La actuación de las administraciones públicas se debe regir por el principio de servicio 
a los ciudadanos. En este sentido, la organización de sus medios personales, económicos 
y técnicos debe encaminarse a permitir que las personas y las empresas puedan realizar 
sus gestiones administrativas de la manera más ágil y sencilla posible, con la menor 
interferencia en sus quehaceres diarios. Del mismo modo, hay que evitar que los 
ciudadanos tengan que emplear su tiempo y recursos para realizar trámites administrativos 
que sean prescindibles o que puedan cumplirse de una forma más cómoda y accesible.
El buen desarrollo de la actividad económica de un país depende de que las 
administraciones públicas sean capaces de prestar un servicio eficiente y de calidad en 
aquellas cuestiones en que se requiera alguna forma de intervención administrativa, sin 
olvidar que las propias administraciones públicas son por sí mismas un importante motor 
de la actividad económica cuando, por ejemplo, celebran un contrato público para realizar 
una obra o prestar un servicio u otorgar una subvención para promover el cumplimiento de 
un fin de interés general.
La Caja General de Depósitos ha venido acompañando a lo largo de su historia a los 
ciudadanos y a las empresas en el desempeño de sus actividades económicas, 
presentándose en ella sus garantías y depósitos cuando era previsto por la normativa 
aplicable. Esto ha sido así en las relaciones de los particulares con la Administración 
General del Estado, como en el supuesto ya mencionado de la contratación pública, pero 
también con ocasión de operaciones celebradas entre particulares, como en aquellos 
casos en que se extingue una sociedad y hay que reembolsar el resultante de la liquidación 
a los accionistas, algunos de ellos desconocidos.
Conviene recordar que la constitución de una garantía o de un depósito ante la Caja 
General de Depósitos es una actividad instrumental o de trámite que facilita el cumplimiento 
de un procedimiento principal, ya sea un contrato, una expropiación forzosa, una 
subvención, u otro tipo de actividad administrativa; procedimiento que tiene una dimensión 
económica y persigue un interés merecedor de amparo por los poderes públicos. Por lo 
tanto, es necesario que la Caja General de Depósitos actúe de tal manera que el 
procedimiento principal al cual sirve, y el fin que este persigue, puedan cumplirse sin 
demoras y con eficiencia. Es necesario también que la normativa de la Caja esté 
acompasada con los cambios producidos en las normas que regulan los procedimientos 
que la afectan, como ocurre con la nueva normativa de contratos, que al prever la división 
en lotes del objeto del contrato en determinados supuestos, puede dar lugar a un 
incremento en el número de garantías constituidas.
Además, las actividades en que interviene la Caja General de Depósitos son 
especialmente complejas, pues participan múltiples actores, como autoridades,  e.
particulares, entidades financieras y aseguradoras, que actúan en el procedimiento para  w.b
facilitar el cumplimiento del trámite vinculado a la garantía o al depósito. Es necesario, por  962ww
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aprovechando las posibilidades que le reportan los avances técnicos para dotar a sus
actuaciones de un nivel de calidad acorde con los tiempos y las exigencias de una 
administración y una economía modernas. En la actualidad, el desarrollo de la 
administración electrónica y la preocupación renovada por evitar cargas administrativas 
innecesarias a los particulares requieren que la Caja General de Depósitos adopte estas 
nuevas formas de funcionamiento y complete la adaptación de sus procedimientos.
Hay que tener en cuenta, a este respecto, lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
impone la obligación de adaptar los procedimientos de las administraciones públicas a las 
nuevas previsiones en materia de implantación de medios electrónicos. Así, su artículo 14 
prevé la obligación por parte de las personas jurídicas de relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas, permitiendo a las personas físicas elegir 
en todo momento si se comunican con ellas a través de medios electrónicos, salvo que 
estén obligadas a ello.
Además, se hace necesario revisar y clarificar los procedimientos que se realizan en la 
Caja General de Depósitos a la luz de la experiencia adquirida y de las necesidades 
detectadas en los últimos años. En concreto, resulta conveniente ajustar los procedimientos 
relativos a la constitución, cancelación e incautación de garantías, así como establecer una 
regulación adecuada en materia de prescripción y abandono de las garantías y depósitos.
La profundidad de estos cambios exige que vengan acompañados y orientados por la 
modificación de la normativa aplicable, de manera que la adaptación se realice con pleno 
respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica. El hecho de que estos cambios 
afecten a un número considerable de artículos del Reglamento vigente justifica que se 
elabore un nuevo texto en vez de proceder a su modificación.
Es por ello que, por medio de este real decreto, se procede a la aprobación de un 
nuevo Reglamento de la Caja General de Depósitos, que actualiza su forma de 
organización y funcionamiento.
II
La disposición adicional décima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social, habilitó al Gobierno para aprobar un 
nuevo Reglamento de la Caja General de Depósitos que actualizase su marco normativo, 
contenido entonces en el Real Decreto de 19 de noviembre de 1929, por el que se aprobó 
el Reglamento de la Caja general de Depósitos y Consignaciones. Dicha habilitación se 
materializó con la publicación del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y, posteriormente, de la Orden de 7 
de enero de 2000, que lo desarrolla. Actualmente, por las razones expuestas en el apartado 
anterior, se hace preciso llevar a cabo una nueva actualización de este marco normativo.
Este real decreto consta de un artículo único, por el cual se aprueba el Reglamento de 
la Caja General de Depósitos, con dos disposiciones adicionales, tres disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
El reglamento se estructura en tres títulos. En el título I, «Disposiciones generales y 
reglas de procedimiento», se incluyen dos capítulos, el primero dedicado a las 
disposiciones generales, que incorpora como novedad un precepto con las definiciones de 
los conceptos fundamentales de la materia; y el segundo dedicado a las reglas generales 
de los procedimientos que se sustancian ante la Caja General de Depósitos, referidos a la 
constitución de garantías y depósitos.
Entre otras cuestiones, este capítulo segundo recoge el principio de actuación ante  s
la Caja General de Depósitos por medios electrónicos, con las excepciones que prevé  oe.
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modelos que hayan sido aprobados. La utilización de los medios electrónicos tiene una
doble dimensión, pues por un lado implica que ante la Caja se deberán presentar garantías  Bc
y depósitos en formato electrónico, y por otro lado conlleva que la forma de relacionarse
con la Caja por parte de los ciudadanos, empresas y autoridades, se articulará a través de 
canales electrónicos, todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas con carácter 
general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En cuanto a los procedimientos de revisión en vía administrativa, se señala, dando 
continuidad a la normativa anterior, que la Caja General de Depósitos y sus órganos 
superiores solo conocerán en vía administrativa de recurso o a través de los procedimientos 
de revisión de oficio, en su caso, de aquellos asuntos que afecten a su funcionamiento y 
competencias, de forma que las cuestiones referidas a actuaciones de competencia de las 
autoridades deberán ser sustanciadas ante estas.
El título II del reglamento regula aquellos aspectos que afectan a las garantías y se 
divide a su vez en cinco capítulos.
El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales sobre el procedimiento y 
los requisitos para la constitución de las garantías, las incidencias que pueden producirse 
durante la vida de la garantía, la sustitución de las garantías y los procedimientos de 
cancelación e incautación. En cuanto a la forma de constitución de las garantías, se 
mantienen las garantías en efectivo, avales y seguros de caución, pero solo se permite 
constituir garantías con valores de Deuda del Estado, suprimiéndose la posibilidad de 
constituir garantías con otros tipos de valores.
Dada la pérdida del carácter presencial del procedimiento ante la Caja General 
de Depósitos, motivada por su adaptación electrónica, en este capítulo también se 
concretan determinados aspectos del procedimiento que en la antigua normativa no 
estaban expresamente definidos. Así, se regula expresamente el momento en que se 
constituye formalmente la garantía, que será cuando se realice el pago en la entidad 
colaboradora, si se trata de garantías en efectivo, y cuando se aporte ante la Caja la 
documentación preceptiva, para el resto de modalidades de garantías.
También existen novedades en relación con el régimen de cancelación de las 
garantías, pues con la nueva normativa se clarifica que es la Caja General de Depósitos, 
y no la autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía, el órgano competente para 
la misma. Para ello, la autoridad competente remitirá la correspondiente orden de 
cancelación a la Caja, para que esta proceda a su cancelación.
El capítulo II está dedicado a las garantías en efectivo. En este reglamento se definen 
de manera más detallada los pasos necesarios para la constitución de estas garantías, 
recogiendo expresamente el modo de proceder en la práctica actual. El interesado utilizará 
el documento expedido por la Caja, que contará con un número de justificante, para 
proceder al ingreso del efectivo en la entidad colaboradora correspondiente.
También se prevé una regulación específica sobre los procedimientos de prescripción 
y abandono de las garantías en efectivo, necesaria para resolver algunas dudas surgidas 
con la antigua regulación en la tramitación de estos expedientes. El hecho de que solo se 
prevea la prescripción y el abandono de las garantías constituidas en efectivo se debe a 
que el resto de garantías no dan lugar a la puesta a disposición de una cuantía económica 
a favor del Tesoro Público ni a la correlativa obligación de su restitución una vez cancelada 
la garantía. No es procedente, por tanto, la aplicación de la figura de la prescripción o del 
abandono en relación con las garantías constituidas mediante avales o seguros de caución 
pues en estos casos no se transfiere un dinero al Tesoro Público que deba ser restituido. 
En lo que se refiere a las garantías constituidas en valores, hay que recordar que, al 
contrario de lo que ocurría en el pasado, estas ya no se constituyen mediante la puesta a 
disposición física de la Caja de los valores en sí mismos, sino mediante la inmovilización 
de los valores en la propia cuenta del garantizado, por lo que en estos supuestos no cabe  es
hablar de abandono de valores en la Caja. Todo ello sin perjuicio de que se haya previsto  o
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incautación de dichas garantías. La regulación en estos casos es muy parecida, dadas las
similitudes entre estos tipos de garantías. Las novedades más relevantes que se 
introducen están referidas a las garantías constituidas mediante seguro de caución, al 
prever expresamente la limitación de diez años en su duración, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y en relación con la regulación 
de las garantías constituidas en valores de deuda pública, respecto de las cuales se 
establece un plazo de amortización mínimo de los valores y se prevé el régimen aplicable 
a la cancelación e incautación parciales.
El título III del reglamento regula los depósitos y se divide en dos capítulos. El primero 
recoge las disposiciones generales, con las distintas modalidades y el régimen jurídico de 
los depósitos, y el segundo se refiere a las actuaciones de la Caja General de Depósitos 
en relación con los mismos. La principal novedad de esta regulación es la supresión de las 
referencias específicas que contenía el anterior Reglamento a aquellas leyes y artículos 
que preveían la constitución de depósitos, pues estas referencias carecen de relevancia 
jurídica por sí mismas y rápidamente van quedando obsoletas a medida que las normas 
referidas se derogan.
El real decreto incorpora, además, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Se ha introducido una 
disposición transitoria que permite, con carácter general, dar de baja las garantías y los 
depósitos constituidos antes de la entrada en vigor de este real decreto, cuando haya 
transcurrido un plazo de veinte años desde su constitución. El objetivo de esta disposición 
es poder cancelar internamente expedientes antiguos, que en la mayoría de los casos son 
de escaso importe, mediante un procedimiento ágil y sencillo. De esta manera se logra una 
mayor eficiencia en la gestión de los expedientes de garantías y depósitos, ya que se evita 
tener abiertos expedientes que en realidad hace ya tiempo que fueron concluidos, todo ello 
sin perjuicio de que las garantías y los depósitos podrán ser posteriormente rehabilitados 
si se justifica que siguen vigentes.
Este real decreto responde a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En particular, responde a los principios de 
necesidad y eficacia ya que con la actualización del marco normativo de la Caja General 
de Depósitos se busca la adaptación de sus procedimientos a las necesidades actuales. 
Cumple con el principio de proporcionalidad puesto que no impone obligaciones o cargas 
a los particulares más allá de las necesarias para la adecuada constitución y gestión de las 
garantías y depósitos, y da respuesta al principio de seguridad jurídica al actualizar y 
concretar el marco normativo aplicable a la materia. También es acorde con el principio de 
transparencia pues la actualización y fijación de los procedimientos aporta mayor claridad 
sobre las actuaciones de la Caja General de Depósitos. Por último, esta norma es 
coherente con el principio de eficiencia, pues racionaliza y lleva a cabo una adaptación 
electrónica de los procedimientos de la Caja General de Depósitos.
En su tramitación se ha realizado el trámite de audiencia pública, se ha solicitado 
informe a todos los departamentos ministeriales y se ha obtenido la aprobación previa 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de octubre de 2020,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Reglamento. oe.
Se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos (en adelante, la Caja). 962ww
Disposición adicional primera.  Informe preceptivo de la Caja.
La Caja, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, informará
preceptivamente todo proyecto de disposición reglamentaria por el que se establezca la  Bc
obligación de constituir cualquier tipo de garantía o depósito ante aquella, al objeto de
adecuar la gestión de tales garantías o depósitos a lo dispuesto en el reglamento que 
aprueba este real decreto.
Disposición adicional segunda.  Anuncios en el «Boletín Oficial del Estado».
Los anuncios relativos a la prescripción y declaración de abandono de garantías y 
depósitos tendrán el carácter de resoluciones de inserción obligatoria, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del 
diario oficial «Boletín Oficial del Estado».
Disposición transitoria primera.  Régimen jurídico de las garantías y depósitos constituidos 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.
1.  Las garantías y depósitos constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto, y que sigan vigentes, se regirán por la normativa en vigor con anterioridad a la 
aprobación de este real decreto en lo que se refiere a los requisitos de su constitución. Su 
sustitución, cancelación o incautación, así como las incidencias, se regularán por lo dispuesto 
en este real decreto siempre que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor.
2.  Las garantías existentes a la entrada en vigor de este real decreto y constituidas 
mediante valores que no sean valores de deuda del Estado, mantendrán su vigencia hasta 
que proceda su cancelación o incautación. En el caso de que sean sustituidas, lo serán 
mediante alguna de las garantías previstas en el artículo 12 del reglamento que se aprueba 
por medio de este real decreto.
Disposición transitoria segunda.  Vigencia y conservación de garantías y depósitos 
constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.
1.  En el caso de garantías y depósitos constituidos con anterioridad al 1 de enero 
de 2000, la autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía o el depósito, dispondrá 
de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto para comunicar 
a la Caja la vigencia o no de los mismos. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido 
la comunicación, y realizadas las comprobaciones oportunas para considerar que ya no 
está vigente, la Caja podrá dar de baja en sus registros dichas garantías y depósitos, con 
ingreso en el Tesoro de los importes correspondientes a las garantías y depósitos en 
efectivo constituidos en aquella.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si con posterioridad se constatara 
la vigencia de alguna garantía o depósito cuya baja se hubiera acordado, se adoptarán las 
medidas oportunas para su rehabilitación en los registros de la Caja.
3.  Lo previsto en los apartados anteriores de esta disposición será de aplicación a las 
garantías y depósitos constituidos desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto, cuya antigüedad sea superior a veinte años.
4.  En relación con las garantías ya canceladas y cuya documentación no haya sido 
devuelta a la entrada en vigor de este real decreto, los interesados tendrán un plazo de 
tres meses, a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, para recoger los 
documentos con que, en su caso, fueron constituidas, transcurrido el cual la Caja 
procederá a su archivo o destrucción de acuerdo con la normativa aplicable. Si transcurrido 
el plazo de tres meses el interesado requiere los documentos y estos han sido archivados 
o destruidos la Caja emitirá un certificado en que conste la cancelación de la garantía.
Disposición transitoria tercera.  Vigencia de los modelos de presentación de documentos  es
ante la Caja actualmente existentes. o
En tanto no sean aprobados los modelos de presentación de documentos en papel  962ww
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el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y en la Resolución de 13 de septiembre
de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba 
el modelo de certificado de legitimación para la inmovilización de valores aportados como 
garantía y expedidos a favor de la Caja General de Depósitos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes normas:
a)  El Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Depósitos.
b)  La disposición adicional sexta del Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre 
compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante 
anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores 
y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los 
emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.
c)  La Orden de 9 de enero de 1970 sobre reorganización y mecanización de los 
servicios de la Caja General de Depósitos.
d)  La Orden de 7 de enero de 2000 por la que se desarrolla el Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Disposición final primera.  Modificación del Reglamento Hipotecario, aprobado por 
el Decreto de 14 de febrero de 1947.
El Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de 1947, queda 
modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el artículo 236-k del Reglamento Hipotecario, que queda redactado 
del siguiente modo:
«Artículo 236-k.
1.  El precio del remate se destinará sin dilación al pago del acreedor que haya 
instado su ejecución en la medida garantizada por la hipoteca.
2.  Si no hubiere acreedores posteriores y el crédito se hubiera pagado por 
completo, el sobrante se entregará al dueño de la finca.
3.  Si el crédito hubiera sido pagado sólo en parte, hasta el importe de la 
cobertura hipotecaria, el sobrante se destinará al pago del resto pendiente de la 
deuda siempre que el propietario fuera el mismo deudor y no hubiera otros 
acreedores posteriores, y lo que en su caso aún quedara tras dicho pago se 
entregará al dueño de la finca. Si el propietario de la finca fuera persona distinta del 
deudor, el sobrante del importe garantizado por la hipoteca se entregará a dicho 
dueño de la finca, siempre que no haya otros acreedores posteriores.
4.  Si hubiere acreedores posteriores, el sobrante se consignará en la Caja 
General de Depósitos quedando afecto a las resultas de dichos créditos, así como 
del pago del resto del crédito que excediera del importe de la cobertura hipotecaria. 
Esta circunstancia se hará constar en el Registro por nota marginal.
5.  El Notario practicará la liquidación de gastos considerando exclusivamente 
los honorarios de su actuación y los derivados de los distintos trámites seguidos.»
Dos.  Se añade un nuevo artículo 236-p al Reglamento Hipotecario, con el siguiente 
contenido: e.e
«Artículo 236-p. 962ww
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los bienes afectados, con expresión de los datos registrales en su caso.
2.  La Caja General de Depósitos dará traslado inmediatamente de la solicitud 
al Notario ante el que se hubiera realizado la venta.
3.  Recibida por el Notario la solicitud del interesado, recabará en el plazo de 
cinco días del Registrador competente la certificación de cargas posteriores a la 
hipoteca ejecutada, no incluidas en la certificación por la que se inició la venta 
extrajudicial por ser posteriores a la nota marginal de expedición de cargas y que 
estuviesen vigentes inmediatamente antes de practicarse la inscripción de la 
adjudicación.
A continuación, el Notario notificará en el plazo de otros cinco días siguientes a 
la recepción de la certificación a los acreedores que figuren en la certificación y, en 
el caso de que el propietario sea el mismo deudor, al acreedor hipotecario cuyo 
crédito no se hubiera pagado por completo su criterio respecto del orden de pago en 
que debe efectuarse conforme a las reglas generales de prelación de créditos, así 
como en su caso la cantidad que corresponda al interesado percibir del sobrante, 
recabando el acuerdo de todos ellos.
Los acreedores podrán alegar en el plazo de cinco días lo que a su derecho 
convenga, pudiendo el notario modificar el orden de distribución propuesto 
acogiendo las pretensiones formuladas si con ello se logra el acuerdo.
4.  Una vez cumplimentado el trámite anterior, el Notario se dirigirá a la Caja 
General de Depósitos indicándole si ha habido o no acuerdo entre los acreedores 
en orden al reparto del sobrante.
Si lo ha habido, remitirá la escritura pública en la que se formalice dicho acuerdo 
de los acreedores y la orden de cancelación del depósito indicando los perceptores 
y las cuantías a percibir, y la Caja General de Depósitos realizará el pago conforme 
a ellas.
Si no hubiera habido acuerdo sobre la distribución propuesta por el notario, 
la Caja General de Depósitos lo comunicará al solicitante, y este deberá dirigirse a 
los tribunales ordinarios para que por estos se determine quién tiene derecho a 
percibir el sobrante.
5.  Las mismas reglas serán aplicables a la devolución de las cantidades 
consignadas en la Caja General de Depósitos para la reinscripción de las ventas 
con condiciones rescisorias y resolutorias, que se hubieran rescindido o resuelto en 
escritura pública.
En el supuesto de que la rescisión o resolución se hubiera producido mediante 
un procedimiento judicial, corresponderá al Letrado de la Administración de Justicia 
del juzgado competente, que deberá ser identificado en la solicitud, la determinación 
del orden de pago y de la cantidad en su caso a percibir por el solicitante.»
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª 
de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación 
mercantil, bases de la ordenación de crédito, banca y seguros, y bases y coordinación de 
la planificación general de la actividad económica.
La disposición final tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación 
básica sobre contratos.
Disposición final tercera.  Aplicación supletoria respecto de la Ley 9/2017, de 8 de  e
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento  bo
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  962ww
yL a2s0 1g4a/r2a4n/UtíaEs,  dper e2s6t addea fse berne reol  dáem 2b0i1to4 .de la contratación de las administraciones
pnúobvileicmasb rqeu, ed neo C hoanytarant osisd od eplr eSseecntotard Paús balnictoe,  lap oCra ljaa  qseu er esgeir átrna npsopr olan eLne ya 9l /o2r0d1e7n,a dme ie8n dteo   BOE-A-cable e
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus normas de desarrollo, y, de forma supletoria, 
por el Reglamento de la Caja General de Depósitos que aprueba este real decreto.
Disposición final cuarta.  Habilitación normativa
1.  Se  habilita  a  la  persona  titular  del  Ministerio  de Asuntos  Económicos 
y Transformación Digital a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
2.  La persona titular del Ministerio de Hacienda, en el marco del Real Decreto 578/2001, 
de 1 de junio, por el que se regulan los principios generales del sistema de información 
contable de la Administración General del Estado, establecerá las instrucciones contables 
que sirvan de base a la constitución y cancelación de garantías y depósitos en efectivo, a la 
incautación de cualesquiera de las modalidades de garantía previstas en el reglamento que 
aprueba este real decreto y a la prescripción de los depósitos constituidos conforme al 
mismo, realizando las adaptaciones que resulten necesarias al Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.
Disposición final quinta.  Modelos de presentación de documentos.
Los modelos de presentación de documentos ante la Caja serán aprobados, 
modificados y suprimidos mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 del 
reglamento que se aprueba por medio de este real decreto.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día 2 de enero de 2021.
Dado en Madrid, el 27 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
REGLAMENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
TÍTULO I
Disposiciones generales y reglas de procedimiento
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este reglamento regula el funcionamiento de la Caja General de Depósitos (en 
adelante, la Caja) en los aspectos concernientes a las modalidades, los requisitos y la 
gestión de las garantías y de los depósitos que se constituyan ante la misma.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de este reglamento se entiende por:
a)  Autoridad:
1.º  La Administración General del Estado, y cualquiera de sus órganos superiores o 
directivos, y el sector público institucional estatal previsto en el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.º  Las instituciones y organismos de la Unión Europea, en los supuestos que lo 
determinen la normativa de la Unión o las disposiciones que la traspongan o la desarrollen 
en el ordenamiento jurídico interno.
3.º  Otras administraciones públicas, siempre que así se prevea mediante convenio 
entre la Administración General del Estado y la administración correspondiente.
b)  Caja General de Depósitos: La Caja General de Depósitos o sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
c)  Constituyente: persona que constituye la garantía en efectivo o en valores o el 
depósito ante la Caja en nombre propio.
d)  Depósito: el que deba ser presentado para su custodia en la Caja de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 40.
e)  Garante: persona que garantiza el cumplimiento de la obligación del garantizado 
mediante aval o seguro de caución.
f)  Garantía: la que deba ser presentada en la Caja con el fin de asegurar el 
cumplimiento de obligaciones ante las autoridades definidas en la letra a).
g)  Garantizado: persona en nombre de la cual se constituye una garantía mediante 
aval o seguro de caución.
h)  Propietario: persona titular del efectivo o de los valores en que se constituye la 
garantía o el depósito.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
Este reglamento será de aplicación a las garantías y depósitos que deban presentarse 
ante la Caja. s
Artículo 4.  Organización administrativa. w.
adm1i.n isLtraa tCivaoja  isnete cgornafdigau rean c olam oD uirneac cuinóind aGd eandemrianli sdtrealt ivTae ssoinr oc oyn sPidoelríaticciaó nF dinea ónrcgiaenroa 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
2.  Las funciones relativas a la Caja General de Depósitos se atribuyen a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, integrada en la Secretaría General del Tesoro 
y Financiación Internacional.
3.  En el ámbito provincial, los servicios de la Caja serán prestados por sus sucursales, 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
4.  La Caja actúa de acuerdo con las instrucciones de las autoridades a cuya 
disposición se constituyó la garantía o el depósito correspondiente y de conformidad con 
lo dispuesto en este reglamento.
CAPÍTULO II
Reglas generales de los procedimientos ante la Caja
Artículo 5.  Reglas aplicables a las garantías y a los depósitos.
Las reglas contenidas en este capítulo serán de aplicación a los procedimientos 
realizados ante la Caja en relación con las garantías y los depósitos regulados en este 
reglamento.
Artículo 6.  Actuaciones ante la Caja.
1.  Las actuaciones ante la Caja de los sujetos a que se refiere el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se realizarán a través de medios electrónicos.
2.  Las personas físicas podrán realizar sus actuaciones ante la Caja de manera 
presencial o a través de medios electrónicos.
3.  Los órganos, organismos y entidades que integran el sector público deberán 
realizar todas sus actuaciones ante la Caja por medios electrónicos.
4.  Las actuaciones ante la Caja que deban realizarse por medios electrónicos se 
tramitarán necesariamente a través de los canales de acceso, sistemas y aplicaciones que 
se establezcan a estos efectos por la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional.
Artículo 7.  Presentación de poderes ante la Caja.
Los poderes que se deban presentar ante la Caja para la constitución de garantías o 
depósitos deberán ajustarse al modelo previsto mediante orden de la persona titular 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y ser bastanteados 
previamente y por una sola vez por la Abogacía del Estado en la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional o en las Delegaciones de Economía y Hacienda, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en materia de apoderamientos.
Artículo 8.  Régimen de subsanaciones.
En el caso de que la documentación con la que se constituye la garantía o el depósito 
no reúna los requisitos exigibles, se aplicará lo dispuesto en los artículos 68 y 73 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según corresponda, y se requerirá al interesado, por parte 
de la autoridad o de la Caja, según corresponda, para que en el plazo de diez días 
contados a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto se proceda a 
la subsanación, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su  e.
petición o trámite. w.b
Aenrt íec1us. tloe  L9rae. sg lrRaemseoveliusnictóoion n seee srimá ynp a urcgetonvsais cqaiuóbenle  sdse ee  dlnoic stl oeasnc  tetoénsr  medl eien joleasr cC eicasijotaa .dbele lcaisd coosm epne tlean Lceiays  3p9re/2v0is1ta5s,   OE-A-2020-14able en https://
de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
2.  En los procedimientos administrativos de revisión que se susciten, los órganos 
competentes de la Caja conocerán únicamente de las cuestiones derivadas del 
funcionamiento de la Caja y de los actos administrativos dictados por la misma. En ningún 
caso se podrá solicitar ante la Caja la revisión de actos administrativos y actuaciones 
dictados por las autoridades a cuya disposición se constituyen las garantías o depósitos.
Artículo 10.  Formato de la presentación de documentos.
1.  Las garantías y depósitos se presentarán en formato electrónico, sin perjuicio de 
aquellas personas que puedan presentar garantías o depósitos en formato papel de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6.
2.  Los interesados presentarán los documentos ante la Caja de acuerdo con los 
modelos previstos mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital cuando lo presenten en formato papel. En caso 
contrario, la presentación se realizará de acuerdo con los formatos previstos en los canales 
de acceso, sistemas y aplicaciones electrónicos que se hayan establecido al efecto en la 
sede electrónica correspondiente.
Artículo 11.  Solicitud de información.
1.  La Caja podrá solicitar a las autoridades a que se refiere el artículo 2.a) que le sea 
remitido el listado de las obligaciones de su competencia garantizadas ante la Caja que 
permanezcan vigentes o extinguidas, indicando en este último caso la fecha de extinción, 
a los efectos de la buena gestión de las garantías constituidas ante la Caja.
2.  Igualmente, la Caja podrá solicitar a las autoridades a que se refiere el artículo 2.a) 
cualquier otra información que sea pertinente para la buena gestión de las garantías y 
depósitos constituidos ante la Caja.
TÍTULO II
Garantías
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 12.  Constitución de las garantías.
1.  Se presentarán ante la Caja las garantías que deban constituirse a disposición de 
las autoridades previstas en el artículo 2.a) en los términos y con los condicionantes 
previstos en dicho artículo.
2.  Las garantías se constituirán en la Caja en las siguientes modalidades:
a)  Efectivo.
b)  Avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito 
o sociedades de garantía recíproca.
c)  Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras.
d)  Valores de deuda del Estado. e.e
3.  La Caja no aceptará otra modalidad de garantía distinta de las previstas en este  962ww
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respeto de los principios previstos en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado. Es responsabilidad del interesado presentar la garantía 
de acuerdo con la normativa aplicable.
4.  La constitución de la garantía en efectivo quedará acreditada mediante el 
justificante de pago que emita la entidad colaboradora donde se produzca el ingreso.
La constitución de las garantías mediante avales, seguros de caución o valores de 
deuda pública quedará acreditada por el resguardo que expida la Caja.
5.  La fecha de constitución de la garantía en efectivo será aquella en que se produzca 
su ingreso en la entidad colaboradora de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo 
relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de 
titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras. 
La fecha de constitución del resto de garantías será aquella en la que el interesado 
presente la documentación en el registro de la Caja, de acuerdo con lo previsto en este 
reglamento.
6.  Cuando se hubiera constituido una garantía provisional ante la Caja, en aplicación 
de lo previsto en el artículo 106.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
el adjudicatario del contrato se dirigirá a la Caja haciendo constar que solicita aplicar el 
importe de la garantía provisional a la definitiva que, como tal adjudicatario, le corresponde 
constituir.
Recibida la solicitud a que se refiere el apartado anterior, la Caja procederá a aplicar 
el importe de la garantía provisional a la definitiva mediante la expedición del documento 
que se determine mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital o mediante los canales electrónicos previstos por 
la Caja. La diferencia entre el importe de la garantía definitiva y la cantidad aplicada con 
cargo a la garantía provisional se constituirá, con carácter previo a dicha aplicación, con 
arreglo a las normas que regulan la constitución de garantías en la Caja.
En los supuestos en que se haya solicitado la aplicación del importe de la garantía 
provisional a la definitiva, el órgano de contratación no emitirá la orden de cancelación de 
la garantía provisional. Cuando proceda la devolución de la garantía definitiva se dará la 
orden de cancelación por la autoridad, en los términos previstos en este reglamento, 
acompañada de los resguardos de constitución de la garantía provisional, el documento de 
aplicación del importe de esta garantía a la definitiva y el resguardo de constitución de 
garantía por la diferencia a que se refieren los apartados anteriores.
Sólo podrán constituirse garantías con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior 
cuando concurran los siguientes requisitos:
a)  La garantía provisional y la definitiva se constituyen en efectivo.
b)  El órgano contratante es una autoridad prevista en el artículo 2.a) 1.º.
Artículo 13.  Incidencias.
1.  Si la entidad garante fuese declarada en concurso de acreedores o hubiese 
quedado sin efecto la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad, o si por 
cualquier otra razón ajena a la voluntad del garantizado o del garante la garantía constituida 
no tiene o pierde validez o vigencia, o se pone en riesgo grave la protección que la garantía 
debe otorgar, el obligado a prestar garantía deberá constituir otra de la misma modalidad,  e.e
o de otra de las recogidas en el artículo 12.2, en el plazo máximo de tres meses desde la  b
fecha en que se haya producido la incidencia. 962ww
auto2r.iz aEcinó nlo asd smuipnuisetrsatotisv ad, ee ld pelcalzaora pcrieóvni sdteo  econn eclu arspoa rdtaed oa carenetedroiorre ss eo  cdoem ppéurtdairdáa d dees dlae 
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interesados la sustitución de la garantía y el resto de actuaciones que, en su caso, 
procedan.
Artículo 14.  Sustitución de las garantías.
1.  El interesado que mantenga una garantía en la Caja podrá sustituirla por otra. 
Para ello deberá aportar a la Caja la autorización de la autoridad a cuya disposición 
hubiera sido constituida la primera garantía. La sustitución se realizará de acuerdo con los 
procedimientos de constitución de garantías establecidos en este reglamento.
2.  Una vez constituida la nueva garantía se procederá a la cancelación de la garantía 
anterior. La autorización para la sustitución de una garantía será título suficiente para 
iniciar el procedimiento de cancelación de la garantía sustituida.
3.  Cuando no se haya sustituido la garantía constituida en valores con carácter previo 
a su amortización, la transformación en una garantía en efectivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36.2.b), se comunicará mediante su publicación en la página web 
de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Desde el momento de la publicación de la transformación de la garantía la persona o 
entidad constituyente podrá dirigirse a la Caja General de Depósitos para proceder a la 
sustitución de la garantía transformada por otra modalidad de las previstas en el artículo 12.2.
Artículo 15.  Procedimiento de cancelación y devolución de las garantías.
1.  De acuerdo con la normativa reguladora de las obligaciones garantizadas, la 
autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía dictará orden de cancelación, total o 
parcial, mediante la cumplimentación del modelo previsto mediante orden de la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o mediante los 
canales electrónicos previstos por la Caja, y la remitirá a la Caja para que esta proceda a 
su tramitación con arreglo al procedimiento que corresponda según su naturaleza.
2.  Cancelada la garantía, los interesados tendrán un plazo de un año para recoger 
los documentos con que, en su caso, fuera constituida, transcurrido el cual sin que se haya 
producido la devolución la Caja procederá a su archivo o destrucción de acuerdo con la 
normativa aplicable. Si transcurrido el plazo de un año el interesado requiere los 
documentos y estos han sido archivados o destruidos la Caja emitirá un certificado en que 
conste la cancelación de la garantía.
Artículo 16.  Procedimiento de incautación de las garantías.
1.  La incautación total o parcial de la garantía por parte de la Caja requerirá la 
solicitud de la autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía, en la que se 
acreditará:
a)  Que el acto por el que se declara el incumplimiento por parte del obligado es 
inmediatamente ejecutivo y no concurre ninguna de las excepciones previstas en el 
artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b)  La cuantía de la garantía a incautar.
c)  La notificación al interesado del inicio del procedimiento de incautación por parte 
de la autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía, a efectos de la audiencia 
prevista en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A este respecto se considerará 
interesado tanto al garante como al garantizado. s
2.  La solicitud de incautación se ajustará al modelo recogido mediante orden de la  b
persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o al  962ww
esta3b.l ecLidao C eanja lo rse vciasanraále lsa  esolelicctirtóundi,c roesq purireievnisdtoos a p loar a lau tCoraidjaa.d su subsanación en el plazo
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garantías constituidas en avales o seguro de caución, o al garantizado o titular de los
valores, en el caso de garantías constituidas en valores de deuda pública, la realización 
del pago de acuerdo con la naturaleza de la garantía.
5.  El  impago  dentro  de  los  plazos  previstos  en  el  Reglamento  General 
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, determinará el 
cobro mediante el procedimiento de apremio. A estos efectos, la certificación de descubierto 
acreditativa del crédito de la autoridad será expedida por la Oficina de Contabilidad de 
la Intervención Delegada en la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional 
o en las Delegaciones de Economía y Hacienda, según proceda.
6.  Incautada la garantía, los interesados tendrán un plazo de un año para recoger los 
documentos con que, en su caso, fuera constituida, transcurrido el cual la Caja procederá 
a su archivo o destrucción de acuerdo con la normativa aplicable. Si transcurrido el plazo 
de un año el interesado requiere los documentos y estos han sido archivados o destruidos 
la Caja emitirá un certificado en que conste la incautación de la garantía.
7.  Incautada la garantía, la Caja lo comunicará a la autoridad.
8.  En el supuesto de que una autoridad de las previstas en el artículo 2.a) emita a 
la Caja una solicitud de incautación de una garantía en efectivo o en valores respecto a 
una entidad sin tener conocimiento de que la entidad ha sido declarada en concurso de 
acreedores, la Caja pondrá esta circunstancia en conocimiento de la propia autoridad para 
que esta le confirme si procede continuar con la incautación. Los recursos que se 
presenten en relación con la situación concursal de la entidad serán de competencia de la 
autoridad correspondiente.
Artículo 17.  Órdenes judiciales y administrativas de embargo de garantías.
La Caja ejecutará las órdenes judiciales y administrativas de embargo de garantías 
constituidas ante la Caja. Previamente a la ejecución, la Caja lo comunicará a las 
autoridades a cuyo favor se constituyó la garantía para que formulen alegaciones en el 
plazo máximo de quince días. La Caja remitirá las alegaciones al órgano judicial o 
administrativo que ha emitido la orden a los efectos que procedan, sin perjuicio de que la 
propia autoridad pueda efectuar directamente la remisión de sus alegaciones al órgano 
judicial o administrativo poniéndolo en conocimiento de la Caja.
CAPÍTULO II
Garantías en efectivo
Artículo 18.  Características de las garantías en efectivo.
Las garantías en efectivo se constituirán en euros y no devengarán interés alguno.
Artículo 19.  Constitución de las garantías en efectivo.
1.  La constitución de una garantía en efectivo requerirá el ingreso de su importe en 
el Tesoro Público en los términos que se establecen en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de 
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de 
recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración 
General del Estado a través de entidades colaboradoras.
2.  El interesado solicitará a la Caja la expedición del documento de ingreso  s
correspondiente, que contendrá, entre otra información, el número de justificante asociado.  oe.
A tales efectos el interesado aportará a la Caja la información necesaria para cumplimentar  w.
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vez realizado el ingreso, la entidad colaboradora emitirá o validará, según proceda, el
justificante de pago a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12. Bc
Artículo 20.  Cancelación y devolución de las garantías en efectivo.
1.  La cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.
2.  La devolución del efectivo se realizará mediante propuesta de mandamiento de 
pago expedida por el órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o de la Delegación de Economía y Hacienda en las sucursales. La devolución 
se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la 
que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General 
del Estado.
Artículo 21.  Incautación de garantías en efectivo.
1.  La incautación de la garantía en efectivo por parte de la Caja se producirá a 
petición de la autoridad a cuya disposición se constituyó, quien deberá acreditar que se 
cumple lo dispuesto en el artículo 16.
2.  El órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, o de la Delegación de Economía y Hacienda en las sucursales, aprobará la 
ejecución de la incautación.
3.  Si la garantía incautada se hubiera constituido a disposición de un órgano de 
la Administración General del Estado, la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o la Delegación de Economía y Hacienda, según corresponda, procederá a 
la aplicación de su importe al presupuesto de ingresos del Estado, salvo que por 
disposición legal se disponga otra cosa.
En los demás casos, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional o 
la Delegación de Economía y Hacienda realizará el pago del importe incautado a la cuenta 
designada por la autoridad correspondiente.
Artículo 22.  Prescripción de las garantías en efectivo y pendientes de pago.
1.  Cancelada una garantía constituida en efectivo y expedida la propuesta de 
mandamiento de pago para hacer efectiva la restitución, comenzará a computarse el plazo 
de prescripción establecido en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
2.  Trascurrido el plazo de prescripción sin haberse hecho efectiva la restitución por 
causas no imputables a la Administración, el órgano competente en la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional dictará resolución declarando la prescripción de la 
obligación, previa tramitación del oportuno expediente.
Artículo 23.  Abandono de las garantías en efectivo.
1.  Las garantías constituidas en efectivo que no se encuentren vigentes quedarán 
sujetas a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas, salvo en los casos en los que sea aplicable lo previsto 
en el artículo anterior sobre la prescripción de la obligación económica.
2.  Transcurrido el plazo de veinte años a que se refiere el artículo 18 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, el órgano competente en la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o en las Delegaciones de Economía y Hacienda dictará resolución declarando 
el abandono del efectivo y su incorporación al Tesoro Público, previa publicación en el  s
«Boletín Oficial del Estado». En aquellos supuestos en que el importe de las garantías en  e.
efectivo no exceda de tres mil euros, los anuncios relativos al abandono y su incorporación  w.
al Tesoro Público se publicarán en la página web de la Secretaría General del Tesoro y  962ww
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CAPÍTULO III
Garantías mediante aval
Artículo 24.  Características del aval.
Las garantías mediante aval deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa a 
los beneficios de excusión y división, y pagadero a primer requerimiento de la Caja.
b)  El aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que la autoridad 
a cuya disposición se constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la 
obligación garantizada y ordenar la cancelación del aval.
Artículo 25.  Requisitos de las entidades avalistas.
Las entidades que garanticen obligaciones ante la Caja mediante aval habrán de 
cumplir los siguientes requisitos:
a)  Ser una entidad de crédito, un establecimiento financiero de crédito o una sociedad 
de garantía recíproca debidamente autorizados para operar en España e inscritos en los 
registros correspondientes, y haberse acreditado como entidad garante ante la Abogacía 
del Estado de la Caja así como sus apoderados.
b)  No encontrarse suspendida o revocada la autorización administrativa para el 
ejercicio de su actividad.
c)  No encontrarse en situación de mora como consecuencia del impago de 
obligaciones derivadas de la incautación de avales anteriores. A este efecto, previa 
audiencia al interesado, se podrá resolver la no admisión de avales provenientes de 
entidades avalistas que mantuvieran impagados los importes de avales ya ejecutados, una 
vez transcurrido el plazo de pago otorgado a la entidad avalista en el primer requerimiento 
de pago.
d)  No estar en situación de concurso de acreedores.
e)  No superar el límite de importes avalados que, al objeto de evitar la concentración 
de garantías, se establezca, en su caso, mediante orden de la persona titular del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en función de las condiciones 
económicas y de solvencia de las entidades avalistas.
Artículo 26.  Constitución de garantías mediante aval.
1.  El garantizado o el garante presentarán el aval con arreglo al modelo establecido 
mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital o mediante los canales electrónicos previstos por la Caja.
2.  Los avales deberán ser autorizados por los apoderados de la entidad garante que 
tengan poder suficiente para obligarla plenamente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7.
3.  Una vez hecha la comprobación de que se cumplen los requisitos necesarios, 
la Caja emitirá o validará, según proceda, el resguardo correspondiente a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 12. El resguardo se ajustará al modelo previsto mediante orden de 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o al que 
se establezca en los canales electrónicos previstos por la Caja. es
Artículo 27.  Cancelación y devolución de garantías mediante aval. 962www.
artíc1u.l o L1a5 .cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
canc2e. lacLiaó na duetol raidvaald a a la c Cuyaaja  dai sepfeocstiocisó dne s qeu ceo enssttait ulay óe jelac ugtea rya nptríoac eredma,i teirná  slua  coardsoe,n a d lae   BOE-A-cable e
devolución del documento al obligado a prestar garantía o a la entidad avalista, a solicitud 
de cualquiera de ellos.
Artículo 28.  Incautación de garantías mediante aval.
1.  La incautación de la garantía por parte de la Caja se hará a petición de la autoridad 
a cuya disposición se constituyó, quien deberá acreditar que se cumple lo dispuesto en el 
artículo 16.
2.  El órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o de la Delegación de Economía y Hacienda en las sucursales aprobará la 
ejecución de la incautación.
3.  La Caja requerirá a la entidad garante el pago de la cantidad solicitada por la 
autoridad que acordó la incautación. En el requerimiento de pago se indicará:
a)  La forma en la que ha de realizarse el ingreso; y
b)  El plazo para realizarlo, de conformidad con Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
4.  La Caja procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 con el efectivo 
resultante del pago.
5.  El impago por la entidad garante de la cantidad garantizada dentro de los plazos 
previstos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, determinará el cobro mediante el procedimiento de apremio contra dicha 
entidad.
6.  Cuando se incaute la garantía, la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o las Delegaciones de Economía y Hacienda, según proceda, actuarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3.
CAPÍTULO IV
Garantías mediante seguro de caución
Artículo 29.  Características del contrato de seguro de caución.
Las garantías mediante contrato de seguro de caución deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
a)  La persona o entidad obligada a prestar garantía tendrá la condición de tomador 
del seguro y la autoridad a cuya disposición se constituye la garantía tendrá la condición 
de asegurado.
b)  Se hará constar de forma expresa:
1.º  Que la aseguradora no podrá oponer a la autoridad el impago de la prima por 
parte del tomador del seguro o cualquier otra excepción derivada de su relación jurídica 
con este.
2.º  Que la falta de pago de la prima no dará derecho a la aseguradora a resolver el 
contrato de seguro.
3.º  Que el contrato de seguro no quedará extinguido, ni la cobertura de la aseguradora 
suspendida, ni la aseguradora liberada de su obligación en el caso de que se produzca el 
evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. es
4.º  Que la entidad aseguradora asumirá el compromiso de indemnizar al asegurado  o
al primer requerimiento de la Caja. 962www.
garacn)t izaLdaa d yu nraoc pióond rád esle cr osnutpreartioo rd ae d sieezg auñroo sc,o dinec aidcuireár,d aol  cmone nloo sp,r ecvoisnt ola e nd ela  lLae oy b5l0ig/1a9ci8ó0n, 
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finalice la anterior, salvo que acredite debidamente la prórroga del contrato de seguro.
Artículo 30.  Requisitos de las entidades aseguradoras.
Las entidades que garanticen ante la Caja obligaciones mediante seguro de caución 
habrán de cumplir los siguientes requisitos:
a)  Ser una entidad de seguros debidamente autorizada para emitir seguros de 
caución en España e inscrita en los registros correspondientes, y haberse acreditado como 
entidad garante ante la Abogacía del Estado de la Caja, así como sus apoderados.
b)  No encontrarse suspendida o revocada la autorización administrativa para el 
ejercicio de su actividad.
c)  No encontrarse en situación de mora como consecuencia del impago de 
obligaciones derivadas de la incautación de seguros anteriores. A este efecto, previa 
audiencia al interesado, se podrá resolver la no admisión de seguros provenientes de 
entidades aseguradoras que mantuvieran impagados los importes de seguros ya 
ejecutados, una vez transcurrido el plazo de pago otorgado a la entidad aseguradora en el 
primer requerimiento de pago.
d)  No estar en situación de concurso de acreedores.
e)  No superar el límite de los importes asegurados que, al objeto de evitar la 
concentración de garantías, se establezca, en su caso, mediante orden de la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en función de las 
condiciones económicas y de solvencia de las entidades aseguradoras.
Artículo 31.  Constitución de garantías mediante seguro de caución.
1.  El garantizado o la entidad garante presentarán el seguro con arreglo al modelo 
establecido mediante orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital o mediante los canales electrónicos previstos por la Caja.
2.  Los seguros deberán ser autorizados por apoderados de la entidad garante que 
tengan poder suficiente para obligarla plenamente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7.
3.  Una vez hecha la comprobación de que se cumplen los requisitos necesarios, 
la Caja emitirá o validará, según proceda, el resguardo correspondiente a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 12. El resguardo se ajustará al modelo previsto mediante orden de 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o al que 
se establezcan en los canales electrónicos previstos por la Caja.
Artículo 32.  Cancelación y devolución de garantías mediante seguro de caución.
1.  La cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.
2.  La autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía remitirá la orden de 
cancelación del seguro a la Caja, a efectos de que esta la ejecute y proceda, en su caso, 
a la devolución del documento al obligado a prestar garantía o a la entidad aseguradora, a 
solicitud de cualquiera de ellos.
Artículo 33.  Incautación de garantías mediante seguro de caución.
1.  La incautación de la garantía por parte de la Caja se hará a petición de la autoridad 
a cuya disposición se constituyó, quien deberá acreditar que se cumple lo dispuesto en el 
artículo 16.
2.  El órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación  e.e
Internacional o de la Delegación de Economía y Hacienda en las sucursales aprobará la  b
ejecución de la incautación. 962ww
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a)  La forma en la que ha de realizarse el ingreso; y
b)  El plazo para realizarlo, de conformidad con el Reglamento General de Recaudación,  Bc
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
4.  La Caja procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 con el efectivo 
resultante del pago.
5.  El impago por la entidad garante de la cantidad garantizada dentro de los plazos 
previstos en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, determinará el cobro mediante el procedimiento de apremio contra dicha 
entidad.
6.  La solicitud de incautación deberá presentarse dentro del plazo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.
7.  Cuando se incaute la garantía, la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o las Delegaciones de Economía y Hacienda, según proceda, actuarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3.
CAPÍTULO V
Garantías mediante valores de deuda pública
Artículo 34.  Características de las garantías mediante valores de deuda pública.
1.  Las garantías mediante valores de deuda pública deben cumplir con los siguientes 
requisitos:
a)  Ser valores de deuda del Estado.
b)  Los valores deberán estar representados en anotaciones en cuenta.
c)  Los valores afectos a la garantía deberán estar libres de toda carga o gravamen 
en el momento de constituirse la garantía y no podrán quedar gravados por ningún otro 
acto o negocio jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de esta.
d)  El plazo de la amortización de los valores deberá ser de doce meses como 
mínimo.
2.  La inmovilización registral de los valores se realizará de acuerdo con la normativa 
reguladora de los mercados en los que se negocien, debiendo inscribirse la garantía en el 
registro contable en el que figuren anotados dichos valores, conforme a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de los mercados de valores.
3.  En la fecha de la inmovilización, los valores objeto de garantía deberán:
a)  Tener un valor nominal igual o superior a la garantía exigida; y
b)  Tener un valor de realización igual o superior al 105 por 100 del valor de la garantía 
exigida.
4.  Los rendimientos explícitos generados por los valores de deuda pública no 
quedarán afectos a la garantía constituida.
Artículo 35.  Constitución de garantías mediante valores de deuda pública.
1.  La constitución de una garantía mediante valores de deuda pública se realizará 
mediante la presentación del certificado de legitimación original que acredite la 
inmovilización y la inscripción de la garantía sobre los valores aportados como garantía en 
los términos previstos en el artículo siguiente.
2.  El certificado de legitimación se presentará en la Caja dentro del plazo máximo de 
un mes desde que se emitió. Transcurrido este plazo habrá de solicitarse un nuevo  es
certificado. o
3.  Una vez hecha la comprobación de que se cumplen los requisitos necesarios,  962www.
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Artículo 36.  Contenido de los certificados de legitimación.
1.  Los certificados de legitimación a que se refiere el artículo anterior, relativos a la 
inmovilización e inscripción de valores aportados como garantías que deban constituirse ante 
la Caja, deberán recoger los extremos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 878/2015, 
de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables 
representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los 
depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre 
requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un 
mercado secundario oficial.
2.  Los certificados de legitimación deberán asimismo recoger los siguientes extremos:
a)  Confirmación de que los valores inmovilizados y afectos a la garantía están libres 
de toda carga o gravamen en el momento de la constitución de la garantía.
b)  En el caso de que el garantizado no haya sustituido la garantía por otra de las 
recogidas en el artículo 12 con carácter previo a la amortización de los valores, se 
transformará en una garantía en efectivo, procediéndose al ingreso de dicho efectivo en la 
cuenta correspondiente del Tesoro.
c)  La obligación de la entidad que expide el certificado de legitimación de no 
reembolsar el saldo resultante de la enajenación o amortización de los valores 
inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantía deba estar vigente y la Caja 
no se lo indique.
d)  La obligación de la entidad que expide el certificado de legitimación de ingresar en 
el Tesoro Público, a requerimiento de la Caja, el saldo resultante de la enajenación de los 
valores inmovilizados e inscritos, devolviendo, en su caso, al garantizado el exceso sobre 
el importe de la garantía.
3.  El plazo de vigencia de los certificados no podrá ser inferior a la fecha de 
amortización de los valores inmovilizados.
4.  El certificado de legitimación se ajustará al modelo establecido mediante orden de 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o al que 
se establezca mediante los canales electrónicos previstos por la Caja.
Artículo 37.  Cancelación y devolución de garantías mediante valores de deuda pública.
1.  La cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15.
2.  La autoridad a cuya disposición se constituyó la garantía remitirá la orden de 
cancelación de la garantía constituida en valores a la Caja, a efectos de que esta la ejecute 
y proceda, en su caso, a la devolución del certificado de legitimación al interesado.
3.  En el supuesto de que proceda una cancelación parcial de la garantía, la Caja, a 
instancia de la autoridad, requerirá a la entidad para que devuelva al garantizado los 
valores necesarios para obtener el importe de la cuantía cancelada. A estos efectos, los 
valores se valorarán al mayor del valor nominal o del precio de mercado formulado 
excupón, es decir, deducido, en su caso, del importe del cupón corrido devengado. El 
certificado de legitimación originariamente emitido será devuelto una vez se haya recibido 
un nuevo certificado de legitimación por el importe de los valores remanentes como 
garantía ante la Caja.
Artículo 38.  Incautación de garantías mediante valores de deuda pública. e.
1.  La incautación de la garantía por parte de la Caja se hará a petición de la autoridad  962ww
aa rctíucyualo d 1is6p.osición se constituyó, quien deberá acreditar que se cumple lo dispuesto en el
Inter2n. acEioln aólr goa dneo  lcao Dmepleegteanctieó nd dee  laE cSoencormeítaa ryía H Gaceineenrdaal  adperlo Tbeasráo rloa  ey jeFciuncainócni adceió lna 
incautación.
3.  La Caja requerirá al titular de los valores y al garantizado, en el supuesto de 
tratarse de personas diferentes, el pago de la cantidad solicitada por la autoridad. En el 
requerimiento de pago se indicará:
a)  La forma en la que ha de realizarse el ingreso; y
b)  El plazo para realizarlo, de conformidad con el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Si el titular de los valores procediese al pago, la Caja lo comunicará al garantizado en 
el supuesto de tratarse de personas diferentes, y viceversa.
4.  Terminado el plazo de ingreso sin que este se haya efectuado, la Caja solicitará a 
la entidad que hubiese emitido el certificado de legitimación que realice o inste la 
enajenación de todos los valores y el ingreso del efectivo obtenido en el Tesoro en el plazo 
máximo de un mes. El importe obtenido se aplicará a la incautación solicitada por la 
autoridad, y a la devolución del exceso que, en su caso, pudiera existir.
En el supuesto de que proceda una incautación parcial de la garantía, la Caja, a 
instancia de la autoridad, requerirá a la entidad que hubiese emitido el certificado de 
legitimación que realice o inste la enajenación de los valores necesarios para obtener el 
importe de la cuantía incautada y el ingreso del efectivo obtenido en el Tesoro en el plazo 
máximo de un mes. El certificado de legitimación originariamente emitido será sustituido 
por un nuevo certificado de legitimación por el importe de los valores remanentes como 
garantía ante la Caja.
5.  El impago por la entidad depositaria de los valores de la cantidad obtenida por la 
venta de los valores en el plazo previsto en el apartado anterior, determinará el cobro 
mediante el procedimiento de apremio contra dicha entidad.
6.  La Caja procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 con el efectivo 
resultante del pago, sin perjuicio de las especialidades recogidas en este artículo relativas 
a la devolución del exceso que se pudiera producir como consecuencia de la enajenación 
de los valores.
7.  El órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional podrá declarar la confusión de derechos y la extinción de los valores, 
notificando dicha circunstancia al organismo rector del mercado.
8.  Si realizada la enajenación total de los valores no se obtiene la cuantía garantizada, 
se requerirá al interesado para que proceda al pago de la cuantía restante cuando así 
corresponda de acuerdo con la normativa aplicable a esa garantía. En caso de impago 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16.5.
Si realizada una enajenación parcial de los valores, los valores restantes no cubren el 
importe de la garantía pendiente, el interesado deberá aportar nuevos valores hasta 
cumplir lo dispuesto en el artículo 34.3.
9.  Cuando se incaute la garantía, la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o las Delegaciones de Economía y Hacienda, según proceda, actuarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3.
TÍTULO III
Depósitos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales bo
ArtícLual oC 3a9ja.  aNctouramráa,t ivean  alopsli csaubpleu.estos recogidos en este título, de conformidad con las
normas especiales que sean aplicables a la constitución de los depósitos y con las
disposiciones de este reglamento. Bc
Artículo 40.  Modalidades y régimen jurídico de los depósitos.
1.  Podrán constituirse ante la Caja las siguientes modalidades de depósitos:
a)  Depósitos constituidos por las autoridades previstas en el artículo 2.a) o por 
notarios a disposición de particulares.
b)  Depósitos constituidos por las autoridades previstas en el artículo 2.a) a 
disposición de sí mismas o de organismos o entes vinculados a estas.
c)  Depósitos constituidos por particulares a disposición de otros particulares.
d)  Depósitos constituidos por particulares a disposición de las autoridades previstas 
en el artículo 2.a).
2.  Los depósitos previstos en las letras a), b) y d) del apartado anterior se podrán 
constituir ante la Caja cuando una norma con rango de ley, una disposición reglamentaria, 
un acto administrativo o una sentencia judicial así lo establezcan. Los depósitos previstos 
en la letra c) del apartado anterior se podrán constituir ante la Caja cuando una norma con 
rango de la ley o un real decreto así lo establezcan.
3.  No se constituirán ante la Caja los depósitos que deban constituirse en las cuentas 
de depósitos y consignaciones judiciales.
4.  Los depósitos no devengarán interés alguno ni los resguardos representativos de 
su constitución serán transmisibles a terceros.
CAPÍTULO II
Actuaciones de la Caja
Artículo 41.  Constitución.
1.  La constitución de un depósito requerirá la realización del ingreso de su importe en 
los términos que se establecen en la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio.
2.  El interesado solicitará a la Caja la expedición del documento de ingreso 
correspondiente que contendrá, entre otra información, el número de justificante asociado. 
A tales efectos, el interesado aportará a la Caja la documentación que esta requiera. En 
particular:
a)  Los datos identificativos de la persona que lo constituye, incluyendo su número de 
identificación fiscal.
b)  En su caso, los datos identificativos del beneficiario, incluyendo su número de 
identificación fiscal, u otros datos que permitan su identificación.
c)  En su caso, la autoridad a cuya disposición se constituye el depósito hasta su 
entrega al beneficiario, y su número de identificación fiscal.
d)  La cuantía del depósito y período de vigencia del mismo, que será indefinido salvo 
que expresamente se señale lo contrario.
e)  La finalidad del depósito.
f)  El precepto, acto administrativo o resolución judicial que ampara o impone la 
constitución del depósito.
3.  La autoridad a cuya disposición, en su caso, se constituya el depósito deberá 
facilitar al constituyente todos los datos que figuran en los apartados b), c), d), e) y f) 
anteriores. es
4.  El interesado ingresará el importe del depósito en una entidad colaboradora  bo
mediante el documento de ingreso previamente expedido por la Caja. Una vez realizado el  962ww
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Artículo 42.  Pago y devolución de la cuantía depositada.
1.  La devolución de los depósitos se regirá por las normas establecidas para la 
devolución de las garantías en efectivo en lo que resulte aplicable.
2.  Cancelado el depósito, la Caja, previa consulta, en su caso, a la Abogacía 
del Estado, verificará la identidad de las personas a cuya disposición se constituyó el 
depósito y efectuará el pago de la cuantía depositada a estas o sus herederos o sucesores 
legítimos en los términos y condiciones que determine el particular o la autoridad que lo 
constituye, dentro de la normativa en cuya virtud se constituyó.
3.  La devolución se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden PRE/1576/2002, 
de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de 
la Administración General del Estado.
Artículo 43.  Prescripción de los depósitos cancelados pendientes de pago.
1.  Cancelado un depósito y ordenado el pago de un depósito, será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Trascurrido el plazo de prescripción, el órgano competente en la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional dictará resolución declarando la 
prescripción de la obligación, previa tramitación del oportuno expediente.
Artículo 44.  Abandono de los depósitos.
1.  Los depósitos constituidos ante la Caja al amparo de este reglamento y no vigentes 
quedarán sujetos a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
2.  Con carácter general, y sin perjuicio de lo establecido por otras normas de rango de 
ley, transcurrido el plazo de veinte años previsto en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, el órgano competente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional o de las Delegaciones de Economía y Hacienda, según proceda, dictará 
resolución declarando el abandono del depósito y su incorporación al Tesoro Público, previa 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
3.  Los anuncios relativos al abandono y su incorporación al Tesoro Público de 
depósitos cuya cuantía no exceda de tres mil euros se publicarán en la página web de 
la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, durante el plazo de un mes. 
Dicha cuantía podrá ser actualizada mediante resolución de la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional.
Artículo 45.  Órdenes judiciales y administrativas de embargo de depósitos.
La Caja ejecutará las órdenes judiciales y administrativas de embargo de depósitos 
constituidos ante la Caja. Previamente a la ejecución, la Caja lo comunicará a las 
autoridades a cuyo favor se constituyó el depósito o a la autoridad constituyente del 
depósito, para que formulen alegaciones en el plazo máximo de quince días. La Caja 
remitirá las alegaciones al órgano judicial o administrativo que ha emitido la orden a los 
efectos que procedan, sin perjuicio de que la propia autoridad pueda efectuar directamente 
la remisión de sus alegaciones al órgano judicial o administrativo poniéndolo en 
conocimiento de la Caja.