BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Lunes 7 de marzo de 2022 Sec. I.   Pág. 26519
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
3525 Orden AUC/154/2022, de 21 de febrero, por la que se regulan las ayudas de 
protección y asistencia consulares en el extranjero.
La protección y la asistencia consular en el Estado receptor de los nacionales del 
Estado que envía es una de las competencias clásicas de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores, tal y como se recoge en el artículo 5 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963 y en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado, la cual en su artículo 2.2. j) establece como 
uno de los objetivos de la Política Exterior de España la asistencia y protección a sus 
ciudadanos  en  el  exterior,  y  en  su  artículo  41.3  señala  entre  los  cometidos  que 
corresponden al Servicio Exterior del Estado el prestar asistencia y protección a los 
españoles en el exterior.
Esta protección y asistencia consular tiene por objeto salvaguardar y velar por los 
intereses de las personas de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero, 
sean residentes o no, y prestarles la ayuda que precisen en situaciones de necesidad.
Su ejercicio se desarrollará, en todo caso, en el marco de las condiciones y límites 
establecidos  en  la  citada  Convención  de  Viena  sobre  Relaciones  Consulares.  La 
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la 
materia se refleja, a su vez, en el artículo 1 del Real Decreto 644/2020, de 7 de julio, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 
por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  básica  de  los  departamentos 
ministeriales., al estipular en el segundo párrafo de su apartado 1 que corresponde al 
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación  «proteger  a  los 
españoles en el exterior». De acuerdo con el artículo 19.2.k) del Real Decreto 644/2020, 
de 7 de julio, corresponde a la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, la asistencia a la persona titular del Ministerio en la «protección de los 
españoles en el exterior, gestión de situaciones de emergencia y crisis que afecten a 
españoles en el extranjero y supervisión de las actuaciones de las oficinas consulares 
españolas en la gestión de los servicios de la Administración General del Estado que se 
presten en el exterior».
La responsabilidad última de este mandato corresponde a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente de la Subsecretaría, 
cuyas funciones aparecen desarrolladas en el artículo 22 del Real Decreto 644/2020, 
de  7  de  julio.  Específicamente,  se  encomienda  a  esta  Dirección  General  en  el 
artículo 22.2.a),.b) y.e) la propuesta y ejecución de la política de protección de los 
españoles en el extranjero; la propuesta y aplicación de las actuaciones en materia de 
asistencia social a los españoles en el extranjero, en particular en materia de ayudas y 
repatriaciones; y la asistencia a las personas de nacionalidad española que integran los 
nuevos flujos migratorios, así como a aquellas que se encuentran desplazadas en el  s
exterior. oe.
Dicha asistencia se canaliza a través de la red de Oficinas Consulares de España en  w.
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La ciudadanía española residente en el extranjero se ha más que duplicado en los
últimos quince años, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de  Bc
Estadística. De la misma manera, han aumentado los desplazamientos al exterior de los 
residentes en España, llegando a superarse los diecinueve millones de viajeros al año. 
Las nuevas tecnologías móviles han acercado la Administración al público, aumentando 
la conciencia de los recursos que esta ofrece.
Estas nuevas realidades imponen la derogación de la Orden AEX/1059/2002, de 25 
de abril, de bases reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consular en el 
extranjero, con el fin de que con la nueva norma se preste un servicio público de calidad 
en  el  marco  de  un  esfuerzo  de  adaptación  de  la  red  consular  a  las  actuales 
circunstancias de trabajo.
Toda atención consular especializada conlleva un coste para hacerla posible. A estos 
efectos, la Ley de Presupuestos Generales del Estado incluye todos los años una 
consignación destinada a atender los gastos que se deriven del ejercicio de la protección 
y asistencia consulares. Esta orden tiene como finalidad, en primer lugar, la regulación 
tanto de los requisitos como del procedimiento que deben seguir los órganos que se 
encargan del ejercicio de la protección y asistencia a la ciudadanía española en el 
extranjero para la realización de estos gastos.
Teniendo en cuenta la diversidad de situaciones que pueden darse, así como la 
necesidad en muchos casos de actuar con la debida celeridad para hacer efectiva la 
asistencia en el momento en que esta se requiere, en la Orden AEX/1059/2002, de 25 de 
abril, se prevé un procedimiento general que trata de responder adecuadamente a todos 
los supuestos. La derogación de esta norma y la aprobación de esta orden adapta, en 
este sentido, el procedimiento de concesión de ayudas a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas, dotando de mayor seguridad jurídica a las formas de acreditar el cumplimiento 
de los requisitos.
Por  otro  lado,  esta  orden  se  adecua  a  los  principios  de  buena  regulación 
desarrollados en el artículo 129 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el que se 
establece que las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, 
en virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta orden se justifica por una razón 
de  interés  general,  que  busca  proporcionar  una  protección  más  eficiente  a  los 
ciudadanos españoles en situación de necesidad en el exterior. En virtud del principio de 
proporcionalidad, este proyecto contiene la regulación imprescindible para atender de 
forma ágil a los citados ciudadanos. Además, esta orden se integra dentro de un marco 
normativo más amplio y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y 
de la Unión Europea, contribuyendo así a garantizar el principio de seguridad jurídica. En 
aplicación del principio de transparencia, el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación prevé el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a 
los documentos propios de su proceso de elaboración. Asimismo, de conformidad con el 
principio de eficiencia, esta orden elimina las cargas administrativas innecesarias y 
racionaliza la gestión de los recursos públicos, supeditando el gasto a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Asimismo, esta orden establece, con carácter general, la reintegrabilidad de las 
ayudas concedidas, de acuerdo con el principio reconocido en la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, particularizando así el tratamiento 
de estas ayudas respecto de otras prestaciones que se entregan en España a personas 
en situación de necesidad, por las especiales características de la asistencia consular a 
españoles en el exterior. Se establecen como excepciones a esta regla las modalidades  es
de ayuda a detenidos, ayuda para la inhumación y ayuda de subsistencia, pues, por su  o
eppdsruifotiecopdEusiaell t  nsacnu dooap ldbteuuetceer tasdnivlteeeoovrzs  oa,ra el,val c eesuqrsír u tlscaaeoos  asm s yaeeouy c dudoeadinnr ació gsoome ntsr iccoeeeos sdsd te aiedpn saa ot,irln roaldaas eshn n qa a aucyp eeupu rd esefarerdses eo na tnetceeanrn esdacd rlop áitrnreneitv  erclaaamadr rsbaiámeosc l ptseedoonres    ndibluoiebinl  ierladear atisnasd tdia etuo ygoa ure cdaqxiabóutslrneee.  . mEdnenoa     OE-A-2022-3525able en https://www.
necesidad objetiva en el extranjero que precise, para su superación, de una ayuda
económica,  independientemente  de  que  el  ciudadano  español  resida  de  manera 
permanente o no en el extranjero. Es este otro motivo por el que las ayudas económicas 
consulares siguen un tratamiento distinto al de otras prestaciones otorgadas en territorio 
nacional, cuya concesión se basa en la necesidad de acreditar una residencia legal y 
efectiva.
Una de las grandes innovaciones en esta orden es la inclusión de una modalidad 
específica de ayuda dirigida a víctimas españolas de violencia contra la mujer.
La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el 
Exterior establece de manera específica en su artículo 26.3 que los poderes públicos 
desarrollarán medidas dirigidas a facilitar el retorno de las españolas residentes en el 
exterior, y, en su caso, sus hijos e hijas, víctimas de situaciones de violencia contra la 
mujer cuando el país de residencia no ampare de manera suficiente a las víctimas de 
estos delitos. A mayor abundamiento, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado indica que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, dentro de los ámbitos de la Acción Exterior del Estado y 
de su deber general de proteger a los españoles en el exterior, la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la promoción de la lucha contra la violencia de 
género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de 
violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior.
Por tanto, y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el citado Ministerio 
mediante el Protocolo de Actuación interministerial para la Atención de las Mujeres 
Españolas Víctimas de Violencia de Género en el Exterior, de 8 de octubre de 2015, y 
tras la ratificación por España el 6 de junio de 2014 del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, 
hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, se incluye en esta orden una modalidad de 
ayuda consular específica destinada a las víctimas españolas de la violencia contra la 
mujer en el extranjero. El compromiso de los poderes públicos en la atención y la 
asistencia a las víctimas de la violencia de género debe extenderse a las ciudadanas 
españolas que vivan fuera de nuestras fronteras y a sus hijos e hijas, ya que constituyen, 
además,  un  colectivo  con  características  particulares  que  lo  hacen  especialmente 
vulnerable a la violencia que sufre. El frecuente desconocimiento de la realidad del país y 
de la lengua extranjera, así como la falta de red social y familiar propia, agravan, en 
muchos casos, una situación ya de por sí difícil.
Por otra parte, la mejora de la atención al público perseguida por esta orden implica 
también su profesionalización, por lo que se prevé expresamente que la ayuda pueda 
consistir en el pago de un bien o servicio, de manera que se pueda proporcionar una 
atención psicológica inmediata a las víctimas españolas en el extranjero de una situación 
de emergencia o crisis grave, como un accidente o una catástrofe o desastre natural, en 
la medida en que los medios técnicos y humanos de la Dirección General de Españoles 
en el Exterior y de Asuntos Consulares lo permitan.
Por último, esta orden trata de agilizar y hacer más eficiente la asistencia consular a 
los ciudadanos españoles en el exterior, por lo que se aumenta a 300 euros las ayudas 
que los Cónsules pueden entregar en situación de necesidad. Del mismo modo, con el 
objetivo de humanizar y mejorar la situación de las personas menores de edad que 
convivan con la persona detenida en el extranjero, se aumenta a 200 euros el límite 
máximo de la ayuda que se puede conceder en estos casos.
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
y oído el Consejo de Estado, dispongo: es
Artículo 1. Objeto. w.
cons1u. larEesst aa  ofradveonr  dtiee npee rpsoorn aosb jdeeto  nraecgiounlaarl idlaasd  aeysupdaañso lad eq uper osteec ceinócnu eyn taresnis teenn cieal 
eesxptreacnijaelr ovu lenne rasbituiliadcaidó no  ddee  fanletac edsei draedcu, rspousd.iendo  consistir  esta  en  una  situación  de  BOE-A-cable e
2. En  el  ejercicio  de  la  protección  y  asistencia  consulares,  los  órganos  con 
competencia para ello podrán incurrir en gastos, dentro de las partidas presupuestarias a 
ellos asignadas y conceder ayudas a las personas de nacionalidad española en situación 
de necesidad. Estas ayudas se regulan en esta orden y serán atendidas por la Dirección 
General  de  Españoles  en  el  Exterior  y  de  Asuntos  Consulares,  en  función  de  los 
recursos anuales disponibles para dicha finalidad.
3. Estas ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de cualquier otra prestación 
prevista en la legislación española y su concesión no generará derecho subjetivo alguno 
a su percepción futura.
Cualquier alteración que se produzca en las condiciones que se exigen para la 
concesión  de  las  ayudas  podrá  dar  lugar  a  una  modificación  de  la  resolución  de 
concesión e incluso a una extinción de la ayuda concedida.
Artículo 2. Principios de tramitación y otorgamiento de las ayudas.
Los principios que rigen la tramitación del procedimiento y el otorgamiento de las 
ayudas serán los siguientes:
a)  Servicio efectivo a los ciudadanos.
b)  Racionalidad y contención del gasto público.
c)  Proporcionalidad y suficiencia de la ayuda.
d)  Eficacia de la ayuda para la superación del estado de necesidad origen de la 
misma.
e)  Racionalización y agilidad en el procedimiento administrativo de tramitación.
Artículo  3. Órganos  competentes  para  la  aprobación  del  gasto  y  la  concesión  de 
ayudas.
1. Las  ayudas  de  protección  y  asistencia  consulares  a  favor  de  personas  de 
nacionalidad española en el extranjero se prestarán a través de la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y de las Oficinas Consulares de 
España en el exterior.
2. Por  medio  de  esta  orden,  corresponde,  de  acuerdo  con  los  apartados 
Decimoséptimo y Decimoctavo de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar gastos y de delegación de competencias, por delegación 
de la persona titular de la Subsecretaría, a la persona titular de la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares la competencia para la aprobación de 
gastos y la concesión de ayudas a españoles en situación de necesidad, en el ejercicio 
de la protección y asistencia consulares, cuyo importe individual supere los 30.000 euros 
pero sea inferior a 500.000 euros.
3. Corresponde, de acuerdo con los apartados Decimoséptimo y Decimoctavo de la 
Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se fijan los límites para administrar 
gastos y de delegación de competencias, por delegación de la persona titular de la 
Subsecretaría, a la persona titular de la Subdirección General de Protección y Asistencia 
Consular de dicha Dirección General, la aprobación de gastos y la concesión de ayudas 
cuyo importe individual sea superior a 300 euros e inferior a 30.000 euros
4. Asimismo,  corresponde,  de  acuerdo  con  los  apartados  Decimoséptimo  y 
Decimoctavo de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se fijan los límites 
para administrar gastos y de delegación de competencias, por delegación de la persona  es
titular de la Subsecretaría, a las Jefaturas de Consulado General o Consulado o a las  o
Jefaturas de Misión de las Embajadas de España con Sección Consular la competencia  25www.
peaxcrae dlaa  loasp r3o0b0a ceiuórno sd.e gastos y la concesión de ayudas cuyo importe individual no
Artículo 4. Personas beneficiarias. Requisitos y forma de acreditarlos.
1. Podrán  beneficiarse  de  las  ayudas  que  se  concedan  en  el  ejercicio  de  la 
protección y asistencia consular las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Encontrarse en el extranjero, inscritas en el Registro de Matrícula Consular, bien 
como residentes o bien como no residentes.
c) Encontrarse en una situación de necesidad, pudiendo consistir esta en una 
situación de especial vulnerabilidad o de falta de recursos.
d) Precisar protección o asistencia consular para superar dicha situación.
e) Solo para las ayudas de carácter reintegrable, haber reintegrado ayudas de las 
reguladas en esta orden que se hubieran concedido con anterioridad y con carácter 
reintegrable al solicitante.
2. Los requisitos exigidos se acreditarán de la siguiente forma:
a) La nacionalidad española se acreditará, salvo prueba en contrario, mediante el 
documento nacional de identidad, pasaporte o certificación literal de nacimiento del 
Registro Civil correspondiente.
b) La presencia de la persona solicitante en el país extranjero se acreditará ante la 
Oficina Consular de Carrera de la demarcación en que se encuentre. También podrá 
acreditarse ante las Oficinas Consulares Honorarias de su demarcación, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa sobre agentes consulares honorarios de España en el 
extranjero.
La condición de residente o no residente de la persona solicitante en la demarcación 
consular  se  acreditará  mediante  certificado  expedido  por  la  Oficina  Consular 
correspondiente en el que se declare que figura inscrita como residente o no residente, 
según sea el caso, en el Registro de Matrícula Consular.
c) La situación de necesidad, que podrá consistir en una situación de especial 
vulnerabilidad  o  de  falta  de  recursos,  tenga  dicha  situación  carácter  permanente  o 
transitorio,  se  acreditará  mediante  la  documentación  y  medios  de  prueba  de  que 
disponga la persona solicitante, incluida la declaración de parte expresa y responsable.
d) El  hecho  de  precisar  protección  o  asistencia  para  superar  su  situación  de 
necesidad  se  acreditará  mediante  cualquier  medio  de  prueba  de  que  disponga  la 
persona solicitante, o mediante su declaración expresa y responsable.
e) La acreditación de que la persona solicitante ha procedido a reintegrar el importe 
de las ayudas reintegrables que se le hubieran concedido con anterioridad por cualquiera 
de los conceptos regulados en esta orden se realizará mediante su declaración expresa 
y  responsable.  La  autoridad  que  tramita  el  expediente  deberá  realizar  las 
comprobaciones oportunas para probar este extremo.
Cuando  se  soliciten  ayudas  de  las  que  se  regulan  en  esta  orden  como  no 
reintegrables, no se exigirá la acreditación de este requisito.
3. Si de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores, la Jefatura de 
la Oficina Consular ha de certificar la concurrencia de varios de los requisitos que se 
deban cumplir, podrá hacerlo en una única certificación.
4. La Jefatura de la Oficina Consular informará a la persona solicitante de la 
posibilidad de tratamiento de sus datos personales y de los derechos que le asisten. La 
consulta, comprobación o transmisión de esos datos podrá realizarse a través de los  e.
servicios de interoperabilidad vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015,  w.b
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en las Normas  25ww
STéecgnuircidaas dd.el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en el Esquema Nacional de
Artículo 5. Reintegro de las ayudas.
1. Las ayudas que se regulan en esta orden tendrán, con carácter general y salvo 
lo establecido en los siguientes apartados, carácter de reintegrables. Las personas 
beneficiarias estarán obligadas a proceder a la devolución del importe percibido, para lo 
cual habrán de firmar, antes de recibir la ayuda, un compromiso de reintegro.
2. Las ayudas de subsistencia, las ayudas a personas detenidas, las ayudas para 
inhumación o incineración, las ayudas individuales extraordinarias que consistan en la 
prestación  de  asistencia  psicológica  con  carácter  de  emergencia  y  las  ayudas  a 
personas menores de edad, sea cual sea la modalidad de la ayuda, se concederán 
siempre con carácter de no reintegrables.
3. El  resto  de  ayudas  podrán,  excepcionalmente,  ser  concedidas  como  no 
reintegrables  cuando  se  constate,  y  así  se  motive  en  el  otorgamiento,  que  las 
condiciones personales, sanitarias o jurídicas de la persona solicitante imposibilitan que 
esta pueda obtener recursos con los que proceder al reintegro de la ayuda una vez 
superada la situación de necesidad que motivó su concesión o que la devolución de la 
ayuda suponga una carga desproporcionada para la persona solicitante por concurrir una 
emergencia personal o un daño contra su integridad física o moral.
Artículo 6. Procedimiento.
1. Iniciación: El procedimiento para la concesión de las ayudas en el ejercicio de la 
protección y asistencia consulares podrá iniciarse a instancia de parte o de oficio. La 
iniciación  a  instancia  de  parte  se  produce  cuando  la  persona  interesada,  o  su 
representante, presenta la solicitud de ayuda en la Oficina Consular que corresponda.
Para dicha solicitud deberán utilizarse, en principio, los formularios normalizados, de 
los que dispondrá dicha Oficina. No obstante, la Jefatura de la Oficina Consular podrá 
dar  curso  a  las  solicitudes  que  no  se  presenten  por  medio  de  los  formularios 
correspondientes, siempre y cuando tengan el contenido mínimo esencial, consistente en 
los datos de identificación de la persona solicitante, sus datos de contacto y la petición 
que realiza, para que puedan ser admitidas a trámite.
Si por cualquier circunstancia la persona solicitante no pudiera presentar por sí 
misma  o  por  medio  de  tercero  la  solicitud  de  ayuda  en  la  Oficina  Consular,  el 
procedimiento  podrá  iniciarse  de  oficio,  por  la  Jefatura  de  la  Oficina  Consular 
correspondiente, cuando tenga constancia fehaciente de que existe la necesidad de dar 
una ayuda de las que se regulan en esta orden.
A la solicitud se acompañarán todos los documentos acreditativos de la concurrencia 
de los requisitos exigidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de esta orden.
Asimismo, la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares 
podrá también iniciar de oficio el procedimiento. Para ello, cursará las instrucciones 
oportunas a la Oficina Consular que corresponda, sin que resulte necesario que exista 
por parte de esta una propuesta previa.
2. Instrucción: El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la 
Oficina Consular de la circunscripción en la que se encuentre la persona solicitante en el 
momento de pedir la ayuda. Para la instrucción, el órgano competente, en colaboración 
con la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, realizará 
de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para constatar la concurrencia de 
los requisitos a que se refiere el artículo 4, para evaluar y decidir la suficiencia de los  es
medios de prueba presentados y para la determinación, conocimiento y comprobación de  o
los datos en virtud de los cuales debe adoptarse la resolución, que podrán incluir, entre  25ww
ocnoterncoteNsas,oc at loraoio  cb,co sontsam elnop tserpo ,of badsamric áiile óialpn rr eóodsrcg eeda denlae ola r   vcpaeoe rmralsacpo iednttaraead nsm toedilti eacp citaliaoórnsnat   emlu aore g edcenionotntisdec a eddsdeeieó slnp  p reuúdxebepbl eiacldaa i espa nroeyt eusp,edr inavdt aealdo da omsesa. sntyiem reaal    OE-A-2022-35able en https://
excepcional y motivada, cuando las circunstancias de necesidad del solicitante así lo 
aconsejen.
En el caso de que la competencia para la concesión de la ayuda corresponda a la 
Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, la Jefatura de la 
Oficina Consular deberá remitir el expediente de solicitud a dicha Dirección General, 
acompañado de una memoria en la que se valoren las circunstancias que concurren y se 
incluya una propuesta de resolución de la solicitud.
3. Resolución: Finalizada la tramitación del expediente y en el plazo máximo de tres 
meses desde su iniciación, la autoridad competente dictará una resolución, concediendo 
o denegando la ayuda y la notificará al interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En los procedimientos iniciados de 
oficio,  el  plazo  máximo  de  tres  meses  se  contará  desde  la  fecha  del  acuerdo  de 
iniciación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u 
Organismo competente para su tramitación.
Dicha  resolución,  en  el  caso  de  ser  estimatoria,  deberá  contener  además  los 
siguientes extremos:
a) Identidad y domicilio de la persona beneficiaria de la ayuda.
b) Cuantía, modalidad y forma en que se hará entrega de la ayuda.
c) Finalidad de la ayuda.
d) Partida presupuestaria a la que se imputa el gasto.
e) Carácter reintegrable o no de la ayuda.
La mencionada resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con el 
artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
Si trascurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del expediente no se hubiera 
dictado resolución por la autoridad competente, la solicitud de ayuda se entenderá 
desestimada.
4. Pago de la ayuda: Si la ayuda ha sido concedida por la autoridad competente 
como reintegrable, la persona solicitante deberá firmar, antes de recibir la misma, el 
compromiso de reintegro. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación con las disposiciones del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio.
Artículo 7. Modalidades de ayudas.
1. Las ayudas pueden tener las siguientes modalidades:
a) Constituye  ayuda  de  repatriación  voluntaria  el  traslado  de  una  persona  de 
nacionalidad española, a petición suya, desde un país extranjero al territorio español, 
cuando por su situación no pueda hacer frente, total o parcialmente, a los gastos  e
derivados de su viaje de regreso a España. La repatriación se realizará siempre por el  bo
medio más económico, atendiendo a las circunstancias de cada caso y el título de  25ww
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mantenimiento durante el viaje, los de traslado hasta el lugar de residencia en España y 
cualquier otro que el órgano que autoriza la repatriación considere necesario.
b) Son ayudas de subsistencia las que se conceden a personas de nacionalidad 
española residentes en el extranjero, que sean mayores de sesenta y cinco años o 
incapacitadas  para  el  trabajo  o  menores  de  edad  que  carezcan  de  los  medios 
económicos para su subsistencia y no perciban pensiones asistenciales del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si la persona perceptora de la ayuda se 
encontrara acogida en una institución asistencial, se podrá entregar la ayuda a dicha 
institución. El importe de la ayuda no podrá ser superior al índice de renta mínimo para la 
subsistencia en el país de que se trate, en el periodo para el que se conceda.
c) Son ayudas a personas detenidas las que se entregan con carácter periódico a 
aquellas personas que, teniendo la nacionalidad española, se encuentran internadas en 
centros penitenciarios en el extranjero, bien como consecuencia de una sentencia firme, 
bien en prisión preventiva, en espera de juicio, cuando las condiciones de los centros 
penitenciarios no sean equiparables a las de las prisiones españolas en términos de 
alimentación y disposición de productos básicos, como medicinas o artículos de higiene 
y abrigo, y con el objetivo de suplir estas diferencias. Al margen de las condiciones 
carcelarias, todas las personas de nacionalidad española detenidas en el extranjero 
podrán solicitar la concesión de una ayuda individual extraordinaria, en circunstancias 
puntuales, para atender necesidades concretas no cubiertas por el respectivo sistema 
penitenciario que no se refieran a la alimentación e higiene.
El importe de la ayuda mensual periódica concedida a cada persona detenida se 
modulará en función de la situación de necesidad personal dentro de la prisión en 
cuestión y no podrá exceder de 120 euros, hasta un máximo anual de 1.440 euros, 
excepto en el caso de que haya personas menores de edad que convivan con la persona 
detenida en prisión, en cuyo caso el límite máximo de la ayuda será de 200 euros 
mensuales, ascendiendo el importe máximo anual a 2.400 euros.
d) Son ayudas para inhumación o incineración las que se conceden por la autoridad 
competente para hacer frente a estos gastos, en los casos de fallecimiento de una 
persona de nacionalidad española en el extranjero, cuando los mismos no pueden ser 
asumidos por sus familiares ni ninguna otra persona o entidad. En ningún caso se 
autorizarán ayudas para el traslado de un cadáver a España o a un tercer país.
e) Son ayudas para víctimas de violencia contra la mujer las que se conceden a las 
ciudadanas españolas y sus descendientes o personas dependientes a su cargo, que 
encontrándose en el extranjero resulten víctimas de actos de violencia que encajen en la 
definición del artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 
mayo de 2011, y que se encuentren en una situación de necesidad, consista esta en una 
situación  de  especial  vulnerabilidad  o  falta  de  recursos.  Dentro  de  las  limitaciones 
presupuestarias,  dichas  ayudas  podrán  destinarse  tanto  a  gastos  realizados  en  el 
extranjero,  como  para  la  repatriación,  en  su  caso,  a  España  de  la  víctima  y  sus 
descendientes o personas dependientes a su cargo.
f) Son ayudas individuales extraordinarias las ayudas concedidas a personas que 
se encuentren en situaciones concretas y puntuales de necesidad, consista esta en una 
situación de especial vulnerabilidad o de falta de recursos, que no encajen en ninguno de 
los supuestos anteriores. Dentro de las limitaciones presupuestarias se dará prioridad en 
la concesión de estas ayudas a aquellas personas que se encuentren en situación de 
necesidad  por  causas  ajenas  a  su  voluntad,  como  consecuencia  de  actos  ilícitos,  es
enfermedad o accidente, así como a personas de colectivos considerados en situación  o
de especial vulnerabilidad. 25www.
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En  situaciones  de  emergencia  o  crisis  grave,  la  ayuda  podrá  consistir  en  una 
atención  psicológica  inmediata  a  las  víctimas  españolas  en  el  extranjero,  según  la 
disponibilidad de medios técnicos y humanos en la Dirección General de Españoles en el 
Exterior y de Asuntos Consulares y de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
Las ayudas podrán hacerse efectivas de una sola vez, o en varios plazos durante un 
periodo determinado.
Artículo 8. Evacuaciones.
Cuando, por causa de conflicto civil o militar o de catástrofe natural, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de los órganos competentes, 
considere que se dan en un país o zona geográfica las condiciones que aconsejan la 
especial protección o la salida de dicho país o zona de los españoles que allí se 
encuentran,  lo  pondrá  en  conocimiento  de  las  Oficinas  Consulares  o  Secciones 
Consulares de las Embajadas correspondientes, que se encargarán de transmitir a los 
nacionales la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. En estas circunstancias y cuando una persona de nacionalidad española 
decida seguir esta recomendación, la autoridad competente podrá autorizar que se 
concedan  las  ayudas  necesarias  para  facilitar  la  protección  necesaria,  salida  y 
evacuación, bien a España o bien a un tercer país, dependiendo de las circunstancias 
concretas de la situación que justifica la evacuación.
Artículo 9. Protección y asistencia a no nacionales.
1. Los artículos 20.2 y 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así 
como la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas 
de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la 
Unión  no  representados  en  terceros  países  y  por  la  que  se  deroga  la 
Decisión 95/553/CE, cuya transposición fue completada por el Real Decreto 561/2019, 
de 9 de octubre, reconocen el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a 
acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado 
miembro  del  que  sea  nacional,  a  la  protección  de  las  autoridades  diplomáticas  y 
consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado. Por tanto, en los casos en que España preste dicha protección a 
nacionales de un tercer Estado de la Unión Europea, los gastos en que se hayan 
incurrido serán reembolsados según el procedimiento recogido en la Directiva (UE) 
2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, en su artículo 14, en relación con los 
artículos 9 y 10.
2. Cuando deba prestarse protección o asistencia consular de conformidad con lo 
dispuesto en un Tratado bilateral a favor de nacionales de otro Estado, se actuará según 
lo establecido en el mismo.
3. Dentro de las disponibilidades presupuestarias del concepto 494 sobre asistencia 
en el extranjero a beneficiarios de asilo en España, la Dirección General de Españoles 
en el Exterior y Asuntos Consulares podrá autorizar, a propuesta de la Oficina Consular o 
Sección Consular de la Embajada española correspondiente, los gastos necesarios para 
la asistencia y traslado a España de ciudadanos extranjeros que, careciendo de recursos 
económicos, hayan obtenido asilo en España. Excepcionalmente, se podrá autorizar 
asimismo la realización de los gastos necesarios de asistencia y traslado para aquellos 
extranjeros que, no habiendo aún obtenido asilo, se estime por la autoridad competente  e.e
para la concesión de la ayuda que reúnen la condiciones para solicitar y tramitar su  b
petición de asilo a su llegada a España. 25ww
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden AEX/1059/2002, de 25 de abril, de bases reguladoras de
las ayudas de protección y asistencia consular en el extranjero, así como cuantas
disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en 
esta orden.
Disposición final primera. Habilitación.
La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares dictará 
las instrucciones necesarias a las Oficinas Consulares para dar cumplimiento a esta 
orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 21 de febrero de 2022.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares Bueno.