BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20  Jueves 23 de enero de 2020  Sec. I.   Pág. 6557
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNITAT VALENCIANA
1010 Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa 
y financiera y de organización de la Generalitat.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts 
han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:
ÍNDICE
Preámbulo.
Título I.  Medidas fiscales.
Capítulo único.  Tributos propios. Modificación de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas.
Título II.  Medidas administrativas.
Capítulo I.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la presidencia de 
la Generalitat.
Sección primera.  Mancomunidades.
Sección segunda.  Régimen local.
Sección tercera.  Turismo.
Sección cuarta.  De la modificación de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la 
Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva 
de las infraestructuras públicas.
Capítulo II.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Sección primera.  Juventud.
Sección segunda.  Igualdad.
Sección tercera.  Infancia y Adolescencia.
Sección cuarta.  Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Sección quinta.  Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de integración de 
las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.
Sección sexta.  Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta 
valenciana de inclusión.
Sección séptima.  Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra 
la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Capítulo  III.  Modificaciones  legislativas  en  materias  competencia  de  la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. e.
Sección primera.  Función Social de la Vivienda. 10ww
SCeacpcítiuólno  sIVe.g unMdoad. ificVaicviioennedsa .legislativas en materias competencia de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico.
Sección primera.  Gestión presupuestaria y función interventora.
Sección segunda.  Plan PIP.
Sección tercera.  Patrimonio.
Sección cuarta.  Administración electrónica.
Sección quinta.  De la modificación de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del juego de la 
Comunitat Valenciana.
Sección sexta.  De las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto de la renta de las 
personas físicas y restantes tributos cedidos.
Capítulo V.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración Pública.
Sección primera.  Mediación.
Sección segunda.  Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento.
Sección tercera.  Función pública.
Sección cuarta.  De las modificaciones de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
Capítulo VI.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Sanidad universal y Salud pública.
Sección única.  Modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la 
Comunitat Valenciana.
Capítulo VII.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte.
Sección primera.  Modificación del Decreto ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, 
por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, 
la adecuación, la reforma y el equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
Sección segunda.  Modificación del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por 
el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas, 
mediante la adición de una disposición adicional primera.
Capítulo VIII.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Sección primera.  Comercio.
Sección segunda.  Áreas industriales.
Capítulo IX.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
Sección primera.  Control medioambiental.
Sección segunda.  Contaminación acústica.
Sección tercera.  Aprovechamientos forestales.
Sección cuarta.  Saneamiento de aguas residuales.
Sección quinta.  Sanciones por infracciones en materia de calidad agroalimentaria.
Sección sexta.  Vías pecuarias.
Sección séptima.  Patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana. es
Capítulo X.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de  w.
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 10ww
Sección primera.  Taxi.
SSeecccciióónn  steergcuenrad.a . MHovuielidrtaad d.e València.
Sección cuarta.  Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Sección quinta.  Carreteras.
Capítulo XI.  Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de 
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
Sección única.  Incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos 
públicos no electos.
Título III.  Medidas de organización administrativa y de restructuración de entes del 
sector público instrumental de la Generalitat.
Capítulo I.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental de la 
Generalitat.
Sección única.  Auditor interno en entes del sector público instrumental.
Capítulo II.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
Sección única.  Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
Capítulo III.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
Sección única.  Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
Capítulo IV.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Sección única.  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
Capítulo V.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica.
Sección única.  Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos.
Capítulo VI.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.
Sección única.  Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
Capítulo VII.  Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
Sección única.  Agencia Valenciana de la Innovación.
Disposición adicional primera.  Creación del Observatorio Fiscal de la Comunitat 
Valenciana.
Disposición adicional segunda.  Suspensión de la exigencia de Master Universitario 
para el acceso a los cuerpos del subgrupo A1 del anexo III de la Ley 10/2010, de 9 de julio, 
de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
Disposición adicional tercera.  Urgente ocupación de terrenos por actuaciones  s
derivadas de la ejecución de las obras incluidas en la operación 4.3.1. «Inversiones en  e.
infraestructuras públicas de regadío» del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat  w.
Valenciana 2014-2020 y otras consideradas de interés general por la Ley 5/2019 de 28 de  10ww
febrDeriosp, odsei claió Gn eandeicraiolintaatl,  cduea ertsatr. ucEtuxrparso apgiarcairoianse sd ed elar iCvaodmausn ditea t nVuaelevnacsi aancatu.aciones en
infraestructuras públicas.
Disposición adicional quinta.  Plazo para la notificación de las resoluciones en 
procedimientos en materia de energía, en los cuales no haya un plazo máximo establecido 
en la norma reguladora del procedimiento.
Disposición adicional sexta.  Disposiciones relativas a las retribuciones, carrera 
profesional y situación administrativa de determinados altos cargos.
Disposición adicional séptima.  Consideración de cargos públicos del personal 
directivo de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.
Disposición adicional octava.
Disposición adicional novena.  Concertación de seguros de responsabilidad civil en 
los entes del sector público instrumental de la Generalitat.
Disposición adicional décima.  Régimen transitorio de funcionamiento del Jurat 
Economicoadministratiu de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Disposición adicional undécima.
Disposición adicional duodécima.
Disposición transitoria única.  Régimen jurídico de aplicación a las personas titulares 
de más de una autorización de taxi.
Disposición derogatoria única.  Normativa que se deroga.
Disposición final primera.  Autorización para aprobar un texto refundido de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje de la Comunitat Valenciana.
Disposición final segunda.  Habilitación para desarrollo reglamentario.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
PREÁMBULO
I
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto de autonomía de la 
Comunitat Valenciana, la iniciativa legislativa corresponde a las Corts Valencianes y al 
Consell, en la forma que se determina en el mismo y en el Reglamento de las Corts 
Valencianes.
La Generalitat ostenta competencias sobre las materias que se detallan en el título IV 
del Estatuto, en algunas de ellas de forma exclusiva, en otras para el desarrollo legislativo, 
en el marco de la legislación básica del Estado, y en otras de forma exclusiva, de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económica general, y en ejercicio de dichas 
competencias, se ha elaborado la presente ley.
II
En cuanto a la estructura de la presente Ley de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, se ha dividido en tres 
títulos, con sus correspondientes capítulos, secciones y artículos, con la finalidad de 
conseguir una visión más clara de las tres partes heterogéneas que integran su contenido.
Así en el título I, se contienen las medidas referentes a aspectos tributarios y fiscales.
En el título II, se contienen las medidas de acción administrativa que exigen abordar 
modificaciones legislativas de aquellas leyes que regulan las materias que son competencia  es
de la Presidencia, la Vicepresidencia y de cada una de las consellerias en las que se  bo
organiza la Administración de la Generalitat. 10ww
eqjusureíednE ieccnoixa i.glemel entn ílttaue ,lom a o IadIlIgi,f iucsnaeoc sióc donen d tlioees na eelgnnut enmsa esdd edild issaepsco tsodirce ip oúcnbaelrsiác ocle tiegnars lteorusrmg qaeunneitz arale tdgiveuo lla anq G useeun  earérfaeglciimttaaetn ny,    OE-A-2020-10able en https://
Por último, dada su extensión y heterogeneidad, se incorpora a la ley un índice con su 
estructura, con el fin de simplificar y manejar su análisis.
III
En el capítulo I de esta ley se incluyen las modificaciones a la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, que afectan a diversos preceptos de dicha norma. 
Las modificaciones introducidas en la citada ley son las siguientes:
a)  En la tasa por servicios relativos a la producción agrícola se reduce el importe de 
los epígrafes correspondientes a la inspección y control de producción de semillas y 
plantas en vivero, a fin de ajustarlo a la realidad prestacional.
b)  En la Tasa por autorización y control de vertidos a aguas marítimas litorales, dada 
la experiencia adquirida desde su creación, se han introducido algunos cambios en la 
redacción del articulado para matizar y aclarar su redacción con el fin de mejorar su 
aplicación y proporcionar mayor garantía jurídica y, por otro lado, se revisan plazo y forma 
de pago dando mayor flexibilidad para que los contribuyentes puedan ajustar su 
programación presupuestaria con la obligación de pago de la tasa.
c)  En las tasas en materia de atención social se realizan los cambios necesarios para 
clarificar que, para el cálculo de la capacidad económica, también se tienen en cuenta las 
prestaciones económicas o pensiones aún declaradas exentas por la Ley del impuesto de 
la renta de las personas físicas.
d)  En la tasa por la ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas 
y minera, con la finalidad de impulsar el autoconsumo eléctrico en nuestro territorio, se 
exime de la tasa a las instalaciones de autoconsumo sin excedentes (instalaciones de 
generación) o aquellas que dispongan de excedentes (instalaciones de producción) pero 
que son de pequeña potencia (no mayor de 100 kW).
e)  La tasa en materia del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias 
(IVASPE) se modifica para incluir en su ámbito la organización e impartición del curso de 
capacitación previo, y, por otro, el desarrollo global de las pruebas selectivas unificadas 
previstas en a la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana.
A su vez, se crea un nuevo título, el XXXV, que regule la tasa por la expedición del 
documento de acreditación profesional de las personas integrantes de los cuerpos de la 
policía local de la Comunitat, cuya competencia corresponde al departamento del Consell 
competente en materia de policía local, de conformidad con la citada Ley de coordinación 
de las policías locales de la Comunitat Valenciana.
Por último, en el ámbito de la revisión económico-administrativa de los tributos propios 
de la Generalitat, se modifica la disposición final tercera y quinta para adaptarla a la nueva 
estructura de la Administración tributaria de la Generalitat y recoger, por una parte, que el 
órgano competente para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas es 
el Jurat Economicoadministratiu y, por otra, resaltar que, en consonancia con lo regulado 
en la normativa general en materia tributaria, el escrito de interposición de la reclamación 
debe dirigirse al órgano administrativo que dictó el acto impugnado.
IV
Como complemento para la planificación de la actividad económica de la Comunitat en  e
unos casos y en otros, por la necesidad de adaptar algunas normas a la realidad social y  bo
económica o a la normativa básica estatal vigente, resulta necesario aprobar las  10ww
moPrrogedasEinifdniicze aanec clli aioaá nA mdedesbm  itllieaong  iGsdatelerea nsclea ióersann l  ictdaaoeltgm ,l uaepn neGattrseee nnm eocaritarataeslistr ai,ea tsn,s e q c mumoeamo tsdepeiref iictaceoa nnd clteaiiea  Ln rédeeegyn  i me8lan/es2  ne0c l1 olt0oínt,cus daeloell l e Ia2Ir.ti3ra isbd ueei ndju aqnsui oea,   dslaee    OE-A-2020-10able en https://
régimen local de la Comunitat Valenciana, para aclarar aspectos puntuales del proceso de
elección de los miembros de la junta vecinal de las entidades locales menores de la 
Comunitat Valenciana, en lo referente a la junta vecinal de las entidades locales menores 
y la presentación de candidaturas, con el objetivo de corregir las disfunciones prácticas 
detectadas en proceso electoral 2019 en relación a la proclamación de candidaturas.
En el ámbito de Turismo, se modifica la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, 
de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, para facilitar el desarrollo 
reglamentario de los tres órganos de coordinación de la acción turística, para que la 
Comisión Interdepartamental de Turismo proponga al INVASSAT la elaboración de 
programas y estudios específicos sobre la seguridad y prevención de riesgos laborales, 
para determinar el sentido del silencio para el caso en el que un establecimiento de 
alojamiento turístico solicite una dispensa de alguno o algunos requisitos y condiciones 
mínimas establecidas por la normativa vigente y para adecuar la tipificación de las 
infracciones administrativas en materia de turismo a la realidad jurídico-social de los 
distintos tipos de empresas turísticas existentes en la Comunitat Valenciana.
También en el ámbito competencial de la Presidencia de la Generalitat, se introduce 
una modificación de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad 
institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras 
públicas.
En el ámbito de las competencias en materia de Igualdad y Políticas Inclusivas, entre 
otras, se modifica Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, no discriminación en la publicidad, en concreto el artículo 42, para 
eliminar el necesario asesoramiento del Observatorio de publicidad no sexista, y ampliar 
la función de cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad de 
los medios de comunicación social de titularidad pública, a todos en los medios de 
comunicación social o cualquier otro medio de difusión.
Al mismo tiempo, con la derogación del Decreto 20/2004, y a fin que se sigan 
desarrollando las funciones que ejercía, se propone la modificación del artículo, eliminando 
la mención al Observatorio de Género, pero manteniendo el necesario impulso a la 
desagregación de datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se 
lleven a cabo en la Comunitat Valenciana, a la profundización en el estudio e investigación 
sobre la realidad social desde una perspectiva de género, y dando cuenta de la evolución 
de los índices de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Además, se modifica la denominación del Consejo Valenciano de la Mujer a Consejo 
Valenciano de las Mujeres a fin de adaptarlo a la nueva nomenclatura de la perspectiva de 
género que recoge la diversidad y, por tanto, la pluralidad de las mujeres.
También es objeto de modificación la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, 
de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, así como la Ley 15/2008, de 
5 de diciembre, de la Generalitat, de integración de las personas inmigrantes en la 
Comunitat Valenciana.
Asimismo, se introducen cambios en la redacción de la Ley 19/2017, de 20 de 
diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión.
Por último, en este ámbito competencial, se modifica la Ley 7/2012, de 23 de diciembre, 
de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, dando, entre otros aspectos, una nueva redacción al concepto de violencia 
sobre la mujer o a las manifestaciones de la violencia sobre la mujer.
En el ámbito de las competencias en materia de vivienda, se modifica la Ley 2/2017, 
de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda, en concreto su 
artículo 25 a fin de adaptarlo a la modificación del plazo mínimo de duración de los  es
contratos de arrendamiento establecida por Real decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de  o
mqtaítluqueeuldo Aiill doeséa irsmq stseu iuos eqrml igudlooeeas n rsh itoepea; rsb co hioelpaintniaces i mtiéaadn areliadtorea osGr s inaecee en dctedaeerem savralábiivtrniaiiéoe tna  nam  d cldaoaoe d nGysisf tiaeitcnalnaqarer ur re diaplxeilocpirths.aretote s rpsaieormerrámcee neeptnlet otu e qsc luuaoefsnr  u lveacilv t ocfieien nds ddeióea ns shu  csaseec dv ehiirvd aciaeroásnn  daasa t saslaur,     OE-A-2020-1010able en https://www.
Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en la medida en que la
Generalitat llevará a cabo la rehabilitación de las viviendas cedidas por medio de la citada 
Entidad.
Por otro lado, y dado que la cesión del usufructo de las viviendas en favor de la 
Generalitat se abonará al propietario en especie mediante la asunción por la Generalitat 
Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, del coste de 
rehabilitación de la vivienda cedida, la modificación supone también el reconocimiento de 
que la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, compensará 
económicamente en metálico a los cedentes de las viviendas, en aquellos supuestos en 
los que el coste del usufructo cedido exceda del coste de la rehabilitación de la vivienda.
En el ámbito de las competencias en materia de Hacienda, se modifica la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, destacando la inclusión en dicha norma de la supervisión continua de las 
entidades que conforman el sector público instrumental de la Generalitat que se atribuye a 
la Intervención General. Dicha supervisión continua es exigida con carácter básico, por el 
artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
Además, se modifica la citada Ley en otros preceptos para hacer compatible la obligación 
de suministro de información económico-financiera que prevé la ley, con las necesidades 
de información económico-financiera que precisa la Intervención General para cumplir con 
las obligaciones de control que le vienen impuestas por la normativa vigente.
En materia de Patrimonio se modifica la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de 
la Generalitat Valenciana, para regular las autorizaciones especiales de uso de bienes de 
dominio público de la Generalitat, de forma idéntica a cómo está regulado en el artículo 90 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas, 
aunque sin carácter básico.
Asimismo, en materia de Hacienda, la disposición adicional primera de la presente ley, 
establece un mandato legal al Consell, para crear el Observatorio Fiscal de la Comunitat 
Valenciana, como plataforma para planificar, estudiar y analizar la aplicación del sistema 
tributario valenciano con funciones de evaluación de los efectos de las medidas 
introducidas por las leyes tributarias en el ámbito territorial de la Comunitat, en el que 
estarán representadas las asociaciones y los colegios profesionales del ámbito tributario, 
las organizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del 
ámbito tributario, que estatutariamente tengan reconocido un papel activo en este ámbito 
y que manifiesten interés en colaborar en las tareas que se establezcan.
También se introducen modificaciones en la Ley 4/1988, de 3 de junio, del juego de la 
Comunitat Valenciana y en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la 
que se regula el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas y 
restantes tributos cedidos.
En materia de función pública, se modifica el artículo 40 de la Ley 10/2010, de 9 de 
julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, que 
regula los supuestos especiales de clasificación de puestos de trabajo, para incluir que 
puedan ser provistos por personal sanitario, al igual que ya se modificó dicho precepto 
para su provisión por personal docente o de la Administración de justicia.
También se incluye en una disposición adicional de la presente ley, una suspensión de 
la exigencia del master universitario, para el acceso a los cuerpos del subgrupo I, en los 
cuerpos y escalas previstos en el anexo III de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, gestionados por la 
Conselleria de Sanidad y organismos o entidades dependientes.
En el ámbito de las competencias en materia de Emergencias se modifica la Ley  es
7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los servicios de prevención, extinción de  o
iseenexdctlieeicnnicocdtinióvioenoss sd  yd ed es ei anl olclvsoea sncm dupeirorsnosotc osye,   psspaaoalrsvraa a d lmfaease c snidleititoslaet,ri cn dycta aiadósgan ci  lliadazte aenlrg e lpocaeer íarsascisdot uanyad all aildz  deaae ccoi tórulgonaas lyin z siaazepcarirrvóo iencb  iiadomcespi  ósadnure tsdi r pe cnr oleuonvmstee ecnnruciodrissóoaonsss.,    OE-A-2020-1010able en https://www.
También se introducen cambios en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación 
de policías locales de la Comunitat Valenciana en el campo del ingreso en los cuerpos de 
policía local.
El capítulo VI del título II aborda las modificaciones legislativas en materias que son 
competencia de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, donde se modifica la 
redacción del artículo 75 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat 
Valenciana.
Las modificaciones en materias competencia de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte se consignan en el capítulo VII del título II. Se incluyen cambios en el Decreto-
ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana 
para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos 
docentes de la Generalitat.
También se incorpora una disposición adicional al Decreto 104/2014, de 4 de julio, del 
Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas dotacionales 
educativas.
En el ámbito de las competencias en materia de Comercio, se modifica el artículo 21.2 
y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de 
comercio de la Comunitat Valenciana, como consecuencia del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat (DOGV 
05.12.2018), en relación con la Ley 21 /2017, de 28 de diciembre, de medidas ﬁscales, de 
gestión administrativa y ﬁnanciera y de organización de la Generalitat.
En el ámbito competencial de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, se modifica la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, para 
homogeneizar los periodos de evaluación que se utilizan en los diferentes estudios de 
evaluación de la calidad acústica que se elaboran para las infraestructuras de transporte, 
a lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en el Real decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y en el 
Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.
Asimismo, se modifica la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
forestal de la Comunitat Valenciana, para adaptar la definición de los aprovechamientos 
forestales a lo previsto con carácter básico en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
montes y para clarificar el trazado y densidad de las vías de saca.
También se modifica el artículo 5 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, 
de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana, en relación con la 
protección por la Generalitat de ejemplares declarados monumentales o singulares.
En materia de ordenación del territorio, se incluye una extensa modificación de la 
Ley 5/2014, de 14 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, de la Comunitat Valenciana, en la que podemos distinguir: modificaciones relativas 
a la ordenación supramunicipal, modificaciones dirigidas a la corrección de algunos errores 
de transcripción en la cita de artículos de la misma ley, dado que estos fueron introducidos 
por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana 
(DOGV n.º 8481 de 07/02/2019), modificaciones dirigidas a clarificar el alcance y la  es
aplicación de determinadas previsiones y modificaciones que amplían plazos, puesto que  o
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Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos
públicos no electos, dado que se ha puesto de manifiesto la existencia de nombramientos 
por el Consell, que podrían tener bien un marcado carácter honorífico, o bien unas 
funciones no ejecutivas o directivas que no se compadecen en absoluto con la carga que 
supone el estricto régimen de incompatibilidades y obligaciones derivadas de esta ley. 
Esto se ha materializado con nitidez por razón del reciente Decreto 149/2018, de 14 de 
septiembre, del Consell, por el cual se crea el Alto Comisionado para la Financiación de la 
Comunitat Valenciana, que a pesar de nombrar dos personas como miembros y asimilarlas 
a secretarios autonómicos a meros efectos protocolarios y de consideración, no les 
atribuye ninguna remuneración, ni crea estructuras para su atención, además de tener un 
cometido temporal y no remunerada.
Por otro lado, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de aclarar, a ﬁn de 
evitar otras posibles interpretaciones, el contenido de la letra g, del apartado 2, del 
artículo 10, indicando expresamente que la Oﬁcina de Control de Conflictos, dispone de 
capacidad inspectora, ante posibles irregularidades o incumplimientos de la citada 
Ley 8/2016, ajustando su contenido al previsto en el artículo 38, apartado 1, letra f del 
Decreto.
También parece conveniente modificar la redacción de la letra a, del apartado 1, del 
artículo 15, complementándola y ampliando su tipificación.
V
En el título III, la ley contiene medidas de organización administrativa que afectan, en 
su mayor parte, a entes del sector público instrumental de la Generalitat adscritos a las 
diferentes consellerias.
Se introducen cambios en el régimen jurídico de la Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo.
Se modifica la Ley 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), para 
simplificar trámites administrativos en aquellos expedientes o materias en las cuales la 
Agencia tenga únicamente facultades de propuesta, reforzando así las competencias 
ejecutivas de la Dirección de la AVSRE y potenciando las facultades del Consejo de 
Dirección como órgano colegiado de control, planificación y supervisión general de la 
actividad del organismo.
En segundo lugar, se ha modificado la regulación integral del régimen jurídico de la 
Agencia Valenciana de Protección del Territorio, modificando su naturaleza jurídica que 
pasa de entidad de derecho público a organismo autónomo, más adecuada a las funciones 
de protección de la legalidad urbanística que tiene encomendadas.
También se introducen cambios en el régimen jurídico de la sociedad mercantil 
VAERSA.
Asimismo, también se modifica el régimen jurídico de la Agencia Valenciana de 
Innovación, que en su ley de creación, fue adscrita a la Presidencia de la Generalitat, con 
objeto de mejorar el modelo productivo valenciano mediante el desarrollo de su capacidad 
innovadora para la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, para 
adscribirla a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 
dadas las competencias en materia de universidades, ciencia, investigación e innovación 
tecnológica, atribuidas por el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del presidente de la 
Generalitat, por el cual se determinan el número y denominación de las consellerias y sus 
atribuciones. s
Por último, la parte final del proyecto, contiene las disposiciones adicionales,  oe.
transitorias, derogatoria y finales que complementan la ley recogiendo diversas previsiones  w.
qtítuuelo, sp oarn trearzioornmeesn dtee  atélucdnidicoas .legislativa, no se consideran susceptibles de incluir en los  2020-1010n https://ww
TÍTULO I
Medidas fiscales
CAPÍTULO ÚNICO
Tributos Propios. Modificación de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas
Artículo 1.
Se modifica el artículo 1.3-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas.
«1.3.10  Personas en situación o riesgo de exclusión.
1.  A los efectos de esta ley, las personas destinatarias de la renta valenciana 
de inclusión se considerarán de forma directa personas en situación o riesgo de 
exclusión social para la exención de tasas.
2.  Esta  condición  se  acreditará,  preferentemente,  por  parte  de  las 
administraciones de oficio y por medios telemáticos cuando sea posible. 
Alternativamente, se podrá acreditar mediante resolución aprobatoria de la renta 
valenciana de inclusión o mediante informe social de los servicios sociales 
municipales, y perdurará mientras la situación de la persona no cambie y/o se 
mantenga la prestación.»
Artículo 2.
Se modifican los epígrafes que, a continuación, se indica del cuadro del artículo 3.10-4 
de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la 
siguiente redacción:
Tipo de servicio Importe (euros)
Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de 
1.5 vivero de los grupos de producción de frutales, cítricos y vid, por cada  2,5 €
1.000 unidades precintadas:
Inspección y control de parcelas para producir semillas y plantas de 
1.6 vivero de los grupos de producción de semillas de arroz, por cada  2,5 €
10.000 kgrs precintadas:
Artículo 3.
Se modifica el apartado 2 del artículo 4.1-4 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  Cuando se trate de vertidos conjuntos, mancomunados o de juntas de 
usuarios, constituidas de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal 
sobre costas, si bien prevalecerá la recaudación del tributo de la forma más 
agregada posible, podrá individualizarse la recaudación del tributo para cada una de  s
las entidades o personas físicas o jurídicas que componen el conjunto, la  oe.
mancomunidad o junta, siempre que sus respectivos vertidos puedan ser  w.
perfectamente diferenciables dentro del vertido conjunto, sin que ello exima de  10ww
posiEbnle se sreossp coanssoasb,i lildaa addems isnoisbtrrea ceiló vne crtoidmop ceotennjutnet op.ara la autorización del vertido
ddeet lear mcainrgaará c loonst apmoricneannttaej edse  dcea dpaa rutnicaip daec ieólnla dse.  Pcaardaa e ullnoa,  sdee p loadsr áp atertneesr  eenn  fcuunecniótan   BOE-A-cable e
la propuesta de todos los integrantes del vertido conjunto.»
Artículo 4.
Modificaciones en el artículo 4.1-8 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas.
1.  Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 4.1-8 de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«c)  Vertidos con sustancias peligrosas: se aplicará al precio básico de la letra 
a anterior un coeficiente multiplicador de 3,50, independientemente del origen del 
vertido, no siendo de aplicación, en ningún caso, lo dispuesto en la letra b cuando 
se trate de un vertido industrial con sustancias peligrosas.
A tal efecto, se considera que un vertido contiene sustancias peligrosas, siempre 
y cuando sea consecuencia de la actividad desarrollada, cuando se constate la 
presencia, a través de las analíticas del efluente o del medio receptor, al menos, de 
una de las sustancias incluidas en los anexos IV y V del Real decreto 817/2015, de 
11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación 
del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en 
concentración superior al límite de cuantificación.
Todo ello, sin perjuicio de posibles responsabilidades, incluso de la oportuna 
modificación o caducidad de la autorización del vertido, previa la instrucción del 
correspondiente procedimiento.»
2.  Se modifica el apartado 2 del artículo 4.1-8 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  Para vertidos que no se efectúen a través de emisario submarino, el precio 
básico será el resultado de aplicar al precio básico calculado con arreglo a lo 
dispuesto, para cada supuesto, en el apartado 1 un coeficiente multiplicador igual a 
3,00 salvo vertidos de origen urbano del sistema público de saneamiento en los que, 
singularmente, se hayan dado circunstancias por las que no haya sido posible 
realizar el vertido mediante un emisario submarino y cumplan con los límites de 
emisión.»
Artículo 5.
Se modifica el apartado 2 del artículo 4.1-9 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  En el supuesto al que se refiere la letra b del artículo 4.1-1, los 
contribuyentes deberán presentar una declaración anual por cada vertido, dentro del 
plazo de seis meses siguientes a la fecha del devengo.
Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar 
la cuota diferencial. La cuota diferencial será el resultado de deducir de la cuota los 
pagos fraccionados a cuenta, a los que se refiere el artículo 4.1-10, que hubieran 
sido ya realizados por el contribuyente.
Si como resultado de la deducción de los pagos fraccionados a cuenta se 
obtuviese una cuota diferencial negativa, el contribuyente podrá solicitar su 
devolución o bien compensarla con los pagos fraccionados a cuenta de los 
siguientes períodos impositivos.» s
Artículo 6.
Se modifica el artículo 4.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 4.1-10  Pagos fraccionados.
Los contribuyentes de la tasa por el control de vertidos podrán efectuar pagos 
fraccionados a cuenta de la autoliquidación correspondiente al período de liquidación 
que se encuentre en curso en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, 
julio y octubre.
En el supuesto de inicio de la actividad, los pagos fraccionados se realizarán a 
partir del trimestre en que se inicie dicha actividad, en los mismos plazos a que se 
refiere el párrafo anterior.
El importe de cada pago fraccionado resultará de dividir entre cuatro la cuota 
resultante de aplicar el precio básico vigente en el período de liquidación en curso a 
las unidades de contaminación vertidas en el período anterior, con deducción, en su 
caso, de la cuota diferencial negativa de los períodos anteriores.
En el ejercicio de inicio de la actividad, el cálculo de los pagos fraccionados se 
efectuará en función de los valores límite determinantes de la cuota fijados por la 
autorización.»
Artículo 7.
Se modifica el apartado 2 del artículo 5.1-7 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  Se entiende por renta personal de la persona usuaria (RPU) la totalidad de 
los ingresos derivados de:
a)  Los rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de 
previsión social, aún declaradas exentas por la Ley del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas y cualquiera que sea su régimen, exceptuándose, en su caso, las 
pagas extraordinarias.
b)  Los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.
c)  Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.
d)  Los rendimientos de las actividades económicas.
e)  Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
Para el cómputo de las prestaciones y pensiones exentas del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas se tomarán las cuantías facilitadas por las entidades 
pagadoras a excepción de las pagas extraordinarias. El resto de ingresos se 
computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta 
en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.»
Artículo 8.
Se modifica el apartado 2 del artículo 5.2-7 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«2.  Se entiende por renta personal de la persona usuaria (RPU) la totalidad de  e
los ingresos derivados de: b
pppreaergvsaaioss)n i óeanxsL t osrfaíossoc icrriadaelisn,n  daayiúr micnaui seda.nelqtcuolaiser radade aqls ut erea xsbeeanajt oas,su   iprnéocgrl uilmaid eLanes,y  e pdxeecnle sipmitoupnáuenesds otyos  edp,e ree lnas t sareucn icotaan sedose,   lldaaess    OE-A-2020-1010able en https://ww
b)  Los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.
c)  Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.
d)  Los rendimientos de las actividades económicas.
e)  Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
Para el cómputo de las prestaciones y pensiones exentas del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas se tomarán las cuantías facilitadas por las entidades 
pagadoras a excepción de las pagas extraordinarias. El resto de ingresos se 
computarán en los términos establecidos para los distintos componentes de renta 
en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.»
Artículo 9.
Se modifica el artículo 14.2-6, «Cuota líquida», añadiéndole un apartado nuevo:
«c)  Una bonificación cuyo importe equipare la tasa de matrícula a la prueba de 
certificación de A2, B1, B2, C1 i C2 de las escuelas oficiales de idiomas a la tasa 
definida por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià en los puntos 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 i 1.2.6, respectivamente, del artículo 14.4-5, en los casos de 
contribuyentes que se matriculan en idioma valenciano en la prueba de certificación 
referida en el punto 3.1.2 del artículo 14.2-5.»
Artículo 10
Se modifica el epígrafe 3 del artículo 14.2-7, que queda redactado como sigue:
Al final del párrafo primero:
Donde dice: «y en el centro de destino, la apertura del expediente y la tarjeta de 
identidad»,
Debe decir: «y en el centro de destino, la tarjeta de identidad».
«Artículo nuevo.  Tasa para la admisión a pruebas selectivas convocadas por el 
Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación para 
el acceso como personal laboral de la corporación y sus sociedades.
1.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios 
administrativos a los que se refiere el artículo 4 del presente título.
2.  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa:
a)  Los contribuyentes que sean miembros de una familia numerosa de 
categoría especial o de una familia monoparental de categoría especial.
b)  Los contribuyentes que sean víctimas de actos de violencia sobre la mujer 
que acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos 
en la normativa autonómica contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.
c)  Los contribuyentes que sean personas con discapacidad y/o diversidad 
funcional, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. e.e
d)  Los contribuyentes que estén en situación de exclusión social y esta se  b
acredite por el órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento  10ww
de r3e.s idDenecviean.go y exigibilidad. OE-A-2020-10able en https://
1.  El devengo se producirá en el momento de la prestación del correspondiente  Bc
servicio.
2.  La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se realizará con anterioridad 
al devengo, en el momento en que se formule la solicitud.
4.  Contribuyentes.
Son contribuyentes de esta tasa las personas que soliciten los servicios a los 
que se refiere el hecho imponible.
5.  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el cuadro 
siguiente:
Grupo Titulación Importe unitario (euros)
A 30,00
B 24,00
C 18,00
D 12,00
6.  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra una 
bonificación del cincuenta por ciento en el caso de contribuyentes que sean 
miembros de una familia numerosa de categoría general o de una familia 
monoparental de categoría general.»
Artículo 11.
Se modifican los epígrafes que, a continuación, se indica del cuadro del artículo 20.1-4 
de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasan a tener la 
siguiente redacción:
Tipo de servicio Importe (euros)
Instalaciones de producción (excluidas aquellas destinadas a 
autoconsumo en las modalidades: sin excedentes y con excedentes 
de potencia instalada no mayor de 100 kW), transporte y distribución 
de energía eléctrica y líneas directas y de particulares en alta tensión 
para uso exclusivo de los consumidores que no tengan el carácter de 
1
instalación interior, instalaciones de almacenamiento, regasificación/
licuefacción, transporte y distribución de gases combustibles y líneas 
directas, instalaciones de transporte y de almacenamiento (para 
prestar servicio a operadores al por mayor) de productos petrolíferos 
líquidos e instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría:
Cuando requieran autorización administrativa (previa, de 
Se aplicará una cantidad fija de 107,50 €, sin perjuicio de la cantidad 
construcción, de modificación, de ampliación, de funcionamiento/
1.1 adicional que se regula en el punto 1.2 siguiente. Esta cantidad 
explotación, de cierre o transmisión) y cada prórroga de estas que se 
adicional no se aplicará a las prórrogas.
solicite:
En función del presupuesto que figure en la preceptiva  oe.
Excepto para cuando se trate de autorizaciones de transmisión o  b
documentación técnica a presentar en el correspondiente  w.
1.2 cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa,  procedimiento administrativo, 44,70 €, por los primeros 6.600 € de  10ww
eanp lilcoasr áca asdoisc iodnea hlmabeenrt ea plali csaigduoi elan tcea cnatindtaidda fdij:ada en el punto 1.1 se  daidcihcoio nparel sduep auqeusetol., y 11,80 euros, por cada 6.600 € o fracción
1.3 Cambios de titularidad que no requieran autorización administrativa: 30,10 €, cada uno.
Tipo de servicio Importe (euros)
Registros especiales (excluidas las inscripciones en registros 
4.6 administrativos relativas a instalaciones destinadas al autoconsumo  37,60 €, por inscripción.
eléctrico de cualquier tipo y modalidad).
Artículo 12.
Modificaciones en el artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas.
1.  Se eliminan los epígrafes (código) PR1015, PR1016 y PR1018 del cuadro del 
apartado 10 del artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas.
2.  Se sustituye el epígrafe (código) PR4008 del cuadro del apartado 23 del artículo 
29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, por el siguiente:
Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-PCR): estudio blastómeras 
PR4039 970,00 €
caso mediante análisis microsatélites y miniseq.
3.  Se modifican los epígrafes (código) PR3609, PR3610 y PR3614 del cuadro del 
apartado 28 del artículo 29.1-12 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, que pasan a tener la siguiente redacción:
PR3609 Colocación y/o cambio sonda ureteral. 91,56 €
PR3610 Dilatación ureteral mecánica. 133,83 €
PR3614 Ureterocistoscopia. 187,86 €
Artículo 13.
Se introduce un nuevo epígrafe (código) en el cuadro del artículo 29.2-5 de la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
Código Descripción Euros (€)
400 Locus A+B+C baja resolución. 145 €
Artículo 14.
Modificaciones en el artículo 29.3-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas.
1.  Se introduce un nuevo epígrafe en el grupo VII del cuadro del artículo 29.3-5 de la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
Importe 
Importe preparación 
Tipo de servicio (descripción) parámetro  s
de muestras (euros) e
(euros) e.
01/01/19 Dmdeeetd edira2minc. itineea mSGcebiCó rn–ee Hl,di mRed Meidn iSaloa, x  eriGnel ageesunp,l eíafgudrraraaalsifnt eapo tos3, r .y d2e eP ld  RCteaeBls gsgal arssumi.mpeoilna tXroe  sd(C eaEl  l)aa snrt .ídºc i1ou8xlo8in 12a/s29 0.30-65: de la Ley4 2600/2017, de 28  – OE-A-2020-1010able en https://www.
Artículo 15.
Modificaciones en el artículo 29.4-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas.
1.  Se modifican los epígrafes 1.1.1 a 1.1.5 del cuadro del artículo 29.4-5 de la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasan a tener la siguiente 
redacción:
Tipo de servicio Importe (euros)
1.1.1 Subgrupo A1. 45,00
1.1.2 Subgrupo A2. 35,00
1.1.3 Subgrupo C1. 25,00
1.1.4 Subgrupo C2. 15,00
1.1.5 Agrupación profesional. 10,00
2.  Se introduce nuevos epígrafes en el cuadro del artículo 29.4-5 de la Ley 20/2017, 
de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
Tipo de servicio Importe (euros)
Control oficial no previsto originalmente por seguimiento, evaluación 
6.12 del alcance, impacto y comprobación de la subsanación de  72,71
incumplimientos.
Control oficial a petición de la razón social titular de la empresa 
6.13 72,71
alimentaria por exigencias de países terceros.
Solicitud de inscripción en el Registro sanitario de establecimientos 
alimentarios menores, ampliación de actividad y cambio de 
domicilio de la actividad para establecimientos sujetos a 
6.14 autorización sanitaria previa, de acuerdo con el anexo del Decreto  72,71
134/2018, de 7 de septiembre, del Consell por el que se regula el 
Registro sanitario de establecimientos alimentarios menores y el 
procedimiento de autorización de determinados establecimientos.
Artículo 16.
Se modifica el artículo 34.1-1 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 34.1-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a)  La realización de las pruebas físicas o psicotécnicas del IVASPE para poder 
participar en los procesos selectivos de oposición a la policía local.
b)  La realización del curso básico de capacitación impartido por el IVASPE.
c)  La presentación a la realización de las pruebas selectivas unificadas para el  e
ingreso, ascenso o promoción en los cuerpos de policía local de la Comunitat  bo
Valenciana, realizadas por el IVASPE. 10ww
presde) ntaLcai óonb teenn clioósn  pdreo cleas ocse rstiefilceacctiivóons  inddei voidpuoasli cdióen  aqcureed ictaocnivóonq upeanra  lolas 
ayuntamientos.»
Artículo 17.
Se modifica el artículo 34.1-2 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 34.1-2  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa:
a)  Las personas que sean miembros de una familia numerosa de categoría 
especial o de una familia monoparental de categoría especial.
b)  Las personas que sean víctimas de actos de violencia sobre la mujer que 
acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en 
la normativa autonómica contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.
c)  Las personas que estén integrados en una unidad familiar que, en conjunto, 
no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior al devengo unas rentas superiores al 
triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual.
d)  Las personas que estén en situación de exclusión social y esta se acredite 
por el órgano competente en materia de bienestar social del ayuntamiento de 
residencia.»
Artículo 18.
Se modifica el artículo 34.1-3 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 34.1-3  Devengo y exigibilidad.
1.  El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que 
constituye el hecho imponible. No obstante, en el caso de la letra c del artículo 34.1-
1, el devengo se producirá en el momento que la persona aspirante resulte admitida 
definitivamente en las pruebas selectivas.
2.  La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad 
al devengo, en el momento en que se formule la solicitud.»
Artículo 19.
Se modifica el artículo 34.1-4 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 34.1-4  Contribuyentes.
Son contribuyentes las personas que se presenten a las pruebas físicas o 
psicotécnicas, al curso de capacitación, a las pruebas selectivas unificadas u 
obtengan la certificación, cuya realización constituye el hecho imponible.»
Artículo 20.
Se modifica el artículo 34.1-5 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, 
de tasas, con la siguiente redacción:
«Artículo 34.1-5.  Cuota íntegra. b
cuadLrao :cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente
Tipo de servicio Importe (euros)
1 Pruebas físicas. 23,00 €
2 Pruebas psicotécnicas. 23,00 €
3 Curso Básico de Capacitación. 250,00 €
Repetición del curso básico de capacitación (cada módulo o bloque de 
4 25,00 €
formación práctica).
Pruebas de selección conjuntas, en procesos de selección no 
5 adaptados al nuevo sistema de la Ley 17/2017 (aspirantes sin la fase  70,00 €
previa ni el Curso de Capacitación).
Pruebas de selección conjuntas, en procesos de selección adaptados 
6 al nuevo sistema de la Ley 17/2017 (aspirantes que tengan superada la  24,00 €
fase previa y el Curso de Capacitación).
Certificación individual de acreditación para la presentación en los 
7 5,00 €
procesos selectivos.
Artículo 21.
Se incluye un nuevo título XXXV en la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la 
Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
«TÍTULO XXXV
Tasa en materia de coordinación de policías locales
CAPÍTULO ÚNICO
Tasa por la expedición o renovación del documento de acreditación 
profesional de policía local
Artículo 35.1-1  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la expedición o renovación del 
documento de acreditación profesional a las personas integrantes de los cuerpos de 
la policía local por parte de la conselleria competente en materia de policía local.
Artículo 35.1-2  Exenciones.
Están exentos del pago de la tasa:
a)  Las personas que sean miembros de una familia numerosa de categoría 
especial o de una familia monoparental de categoría especial.
b)  Las personas que sean víctimas de actos de violencia sobre la mujer que 
acrediten esta condición mediante cualquiera de los medios de prueba previstos en 
la normativa autonómica contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.
c)  Las personas que estén integrados en una unidad familiar que, en conjunto,  s
no haya obtenido en el ejercicio fiscal anterior al devengo unas rentas superiores al  oe.
triple del salario mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual. w.
preosri ddee)l  nócLriaga.asn poe rcsoomnapse tqeunet ee setné nm eant esritiaua dceió nb ideen eesxtcalur ssióonc iasol cdieall  ya yeusntata sme ieacnrteod ditee   2020-1010n https://ww
Artículo 35.1-3  Devengo y exigibilidad.
1.  El devengo se producirá en el momento en que se preste el servicio que 
constituye el hecho imponible.
2.  La exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar se producirá con anterioridad 
al devengo, en el momento en que se formule la solicitud de expedición o renovación 
del documento de acreditación profesional.
Artículo 35.1-4  Contribuyentes.
Son contribuyentes las personas integrantes de los cuerpos de la policía local 
de la Comunitat Valenciana que soliciten la expedición o renovación del documento 
de acreditación profesional.
Artículo 35.1-5  Cuota íntegra.
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente 
cuadro:
Tipo de servicio Importe (euros)
Expedición del carnet profesional (para quienes se hallen en servicio 
1 5,00 €
activo o en situación de jubilación).
Expedición de la placa de policía local (para quienes se hallen en 
2 10,00 €
servicio activo o en situación de jubilación).
3 Cartera. 10,00 €
Renovación por pérdida o sustracción del carnet profesional o placa de 
4 10,00 €
policía local.
Artículo 35.1-6  Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra una 
bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra, en el caso de contribuyentes 
que sean miembros de una familia numerosa de categoría general o de una familia 
monoparental de categoría general.»
Artículo 22.
Modificación de los apartados 1 y 5 de la disposición final tercera de la Ley 20/2017, 
de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas.
1.  El apartado 1 de la disposición final tercera de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, 
de la Generalitat, de tasas, pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  En el ámbito de la aplicación de los tributos o de los recargos establecidos 
sobre ellos, y de la imposición de sanciones tributarias, en relación con los tributos 
propios de la Generalitat se podrá interponer reclamación económico-administrativa, 
en única instancia, cuya resolución corresponderá al Jurat Economicoadministratiu.»
2.  El apartado 5 de la disposición final tercera de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre,  es
de la Generalitat, de tasas, pasa a tener la siguiente redacción: o
«5.  Sin perjuicio de lo anterior, la reclamación se iniciará mediante escrito que  10ww
sinec lduiirrig lairsá  aalle ógragcainoon easd mquineis, terant isvuo  cqauseo h, asyea f odricmtaudleon e. lA a ectsote r eecslacrmitaob dlee  yin qteurep odesibceiórán 
spee ratidnjeunntteasr.á copia del acto que se impugna, así como las pruebas que se estimen  BOE-A-cable e
Si la persona que interpone la reclamación precisase del expediente para 
formular sus alegaciones, deberá comparecer ante el órgano que dictó el acto 
impugnado durante el plazo de interposición de la reclamación, para que se le 
ponga de manifiesto, lo que se hará constar en el expediente.»
Artículo 23.
Se modifica el apartado 1 de la disposición final quinta de la Ley 20/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1.  Será competente para resolver el recurso extraordinario de revisión, en 
relación con la materia a la que se refiere el apartado 1 de la disposición final 
tercera, el Jurat Economicoadministratiu.»
TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Presidencia 
de la Generalitat
Sección primera.  Mancomunidades
Artículo 24.
Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de 
la Generalitat, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, que queda redactada 
como sigue:
«Segunda.  Competencias en materia de policía local.
En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a 
la Comunitat Valenciana, no dispongan separadamente de recursos suficientes para 
la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de 
las funciones asignadas a dichas policías de acuerdo con los términos dispuestos 
en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»
Sección segunda.  Régimen local
Artículo 25.
Se modifican el artículo 65 y el artículo 66, en su apartado 3, en su apartado 5, letra f 
y en su apartado seis, letras a, b y e y se introduce un nuevo apartado 8, de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados 
como sigue:
«Artículo 65.  Órganos de gobierno s
1.  Los órganos de gobierno y administración de las entidades locales menores  w.
serán la Presidencia y la Junta Vecinal. 10ww
artíc2u. lo L6a4 , juensttaar áv einctineagrl,a dsain  ppoer rljau icpiroe sdideel nscuiap uye sptoor  leossp evoccífaicleos ,p rceuvyios ton úemne reol 
resultará de aplicar la siguiente escala:
De 1 a 250 habitantes. 3
De 251 a 1.000 habitantes. 5
De 1.001 en adelante. 7»
«Artículo 66.  Elección de los miembros de los órganos de gobierno.
[...]
3.  Cada partido, federación, coalición o agrupación de electores presentará 
una lista completa con el número de candidatos o candidatas siguiente:
– Tres candidatos/as, en las entidades locales menores con población hasta 
250 habitantes.
– Cinco candidatos/as, en las entidades locales menores con población 
comprendida entre 251 a 1.000 habitantes.
– Siete candidatos/as, en las entidades locales menores con población 
comprendida entre 1.001, en adelante.
Las listas se presentarán con una composición paritaria de mujeres y hombres, 
en su composición se alternarán consecutivamente las personas candidatas de 
sexo distinto.
4.  [...]
5.  [...]
a)  [...]
b)  [...]
c)  [...]
d)  [...]
e)  [...]
f)  En caso de defunción, renuncia, incapacidad o inhabilitación de un miembro 
de la junta vecinal, la vacante será atribuida al candidato o, en su caso, al suplente 
de la misma lista a quien corresponda, por la orden de colocación en que aparezcan.
6.  En las entidades locales menores con una población igual o inferior a 250 
habitantes la proclamación de miembros electos de la junta vecinal se realizará de 
acuerdo con las siguientes reglas:
a)  Cada partido, coalición, federación o agrupación presentará una lista 
completa con tres candidatos o candidatas.
b)  Cada elector o electora podrá dar su voto a un máximo de tres entre los 
candidatos o candidatas proclamados en la entidad local menor correspondiente.
c). [...]
d). [...]
e)  En caso de defunción, renuncia, incapacidad o inhabilitación de un miembro 
de la junta vecinal, la vacante será atribuida al suplente que figurara en la misma 
lista y, si no existiera, al siguiente candidato o candidata que más votos hubiera 
obtenido.
7.  [...] s
8.  La convocatoria de las elecciones a los órganos de gobierno de las  e.
entidades locales menores de la Comunitat Valenciana se aprobará por decreto del  w.
Consell. El decreto de convocatoria contendrá como mínimo, lo siguiente: La fecha  10ww
dduer acceilóenb rdaec ilóan c adme plaasñ ae leelceccitoonraels y,  eell  rnéúgmimeeron  djuer ídmicieom abprloicsa bdlee .la junta vecinal, la
comLpae tternatme ietanc mióant edreial  ddee cprreotcoe dsoes c eolnecvtoocraatleosri.a E cl odrercerseptoo nsdee práu bali claar áC eonn seel lDleiraiari   BOE-A-cable e
Oficial de la Generalitat Valenciana.»
Artículo 26.
Se suprime el siguiente texto de la disposición adicional primera de la Ley 2/2001, 
de 11 de mayo, de la Generalitat, de creación y gestión de áreas metropolitanas de la 
Comunitat Valenciana, modificada por la disposición adicional única de la Ley 8/2010, 
de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana:
«Asimismo, podrá ejercer las facultades reconocidas en esta materia a las 
corporaciones locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat 
Valenciana, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana.»
Sección tercera.  Turismo
Artículo 27.
Se modifican el apartado 4 del artículo 9, el apartado 2.g del artículo 10, el artículo 20, 
se añade un nuevo apartado 5 al artículo 48, se añade un nuevo apartado 5 al artículo 61, 
se modifican el artículo 91, el artículo 92, el artículo 93, el artículo 95 y se añade una 
disposición transitoria tercera en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y 
hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 9.  Consejo Valenciano del Turismo.
[...]
4.  Su régimen de organización y funcionamiento, así como la determinación de 
su composición y régimen de elección de sus miembros serán objeto de desarrollo 
reglamentario mediante decreto del Consell.
[...]
Artículo 10.  Comisión Interdepartamental de Turismo.
[...]
2.  Corresponden a la Comisión Interdepartamental de Turismo, entre otras, las 
siguientes funciones:
[...]
g)  Proponer el desarrollo de un programa de acciones específicas sobre 
seguridad laboral y prevención de riesgos laborales a través del Instituto Valenciano 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) sobre la base de estudios realizados 
por los y las técnicos de prevención de riesgos laborales, la seguridad social, los 
sindicatos, las empresas turísticas y las personas prestadoras de servicios turísticos 
sobre las cargas de trabajo de las trabajadoras y trabajadores turísticos, para 
mejorar la I+D+I de la industria turística y sus condiciones laborales.»
«Artículo 20.  Overbooking o sobreventa.
1.  Los titulares de establecimientos de alojamiento turístico, así como las 
mediadoras turísticas y agencias de viaje, no podrán vender efectivamente mayor 
número de plazas de las que puedan atender.
El incumplimiento de esta obligación supondrá incurrir en responsabilidad frente 
a la Administración turística de la Generalitat y a las personas usuarias afectadas,  e
debiendo iniciarse el correspondiente procedimiento sancionador en el que se  bo
depurarán, en su caso, las eventuales responsabilidades de las operadoras  10ww
tsmrueoersbínpsrecetiivccoetanonsa ta dae o dna ici  nqehcuasuet amm s apemtl iemraertiiefaeier.nirateo.   ecElo npn á tarorrdareofog  claoan sateo lr,oi o laqr  udpeee bsresero ádn ipasrp otoictnuegldaaer r r eraeg sllaap morenepsnaatarbarliceai módnee nd tleael    OE-A-2020-10able en https://
2.  Cuando un establecimiento de alojamiento turístico haya incurrido en 
sobreventa estará obligado a proporcionar alojamiento a las personas usuarias 
afectadas en otro establecimiento de la zona de igual o superior categoría y en las 
mismas o mejores condiciones que las pactadas.
Los gastos de desplazamiento hasta el nuevo establecimiento en el que se 
alojarán, la posible diferencia de precio respecto del nuevo y cualquier otro que se 
pudiese originar, serán de cargo del establecimiento en que se haya originado la 
sobreventa, sin perjuicio de que este, en su caso, pueda repercutir tales gastos a la 
empresa causante de la sobreventa.
Si se diese el caso de que el coste total del nuevo alojamiento fuese inferior al 
del establecimiento sobrevendido, la persona titular de éste devolverá la diferencia 
a la usuaria.»
«Artículo 48.  Sistema de inteligencia turística y transferencia de conocimiento.
[...]
5.  La información pública y los datos que se generen en los apartados 
anteriores de este artículo se incorporarán paulatinamente y en función del 
cumplimiento de requisitos técnicos al portal de datos abiertos de la Generalitat, de 
acuerdo con las condiciones de reutilización de la información pública previstas en 
la normativa vigente.»
«Artículo 61.  Dispensas.
[...]
5.  La falta de resolución expresa en el plazo de tres meses no dará lugar, en 
ningún caso, a la dispensa del cumplimiento de los requisitos y condiciones mínimas 
establecidas en las disposiciones de desarrollo de esta ley para alojamientos 
turísticos, siendo en este caso, el sentido del silencio negativo.»
«Artículo 91.  Infracciones leves.
Constituyen infracciones administrativas de carácter leve:
1.  El incumplimiento de la obligación de exhibir los distintivos o placas 
normalizadas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, o su 
exhibición sin reunir las formalidades exigidas.
2.  La incorrección en el trato a las personas usuarias de servicios turísticos por 
parte de quienes desarrollen alguna de las actividades turísticas contempladas en 
esta ley.
3.  Las deficiencias en la limpieza y funcionamiento de locales, instalaciones, 
mobiliario y enseres.
4.  El incumplimiento del deber de conservar durante el plazo de tiempo 
reglamentariamente establecido, las facturas o cualquier otra documentación.
5.  No publicitar la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los 
clientes, carecer de ellas, negarse a facilitarlas o no hacerlo en el momento en que 
se solicitan, sin causa justificada
6.  La realización de contratos de prestación de servicios turísticos, cualquiera 
que sea su soporte formal, no ajustados a las prescripciones establecidas en la 
norma aplicable. es
7.  La percepción de precios superiores a los publicitados o a los exhibidos, así  o
cddoeamctol8ao,. r  laianc Lffioóaarnl tmia nr eaedscxepia óopcnnuti sbtoualid cbd,ild eofa.acdlus mdeede atnodtd auoc sioó omn  aisqliguóuenn , osd ede e ic nlaocrsoá rmcptoeisrrm en ooas  .eusnean cciaolm, duen iccuaacliqóuni eor   2020-1010n https://www.
9.  La utilización de las marcas, símbolos identificativos, mensajes y estrategias
de la imagen turística de la Comunitat Valenciana que no se ajusten a las directrices
dictadas al respecto por el departamento del Consell competente en materia de 
turismo y supongan un detrimento grave de dicha imagen turística.
Artículo 92.  Infracciones graves.
Constituyen infracciones administrativas de carácter grave:
1.  La utilización comercial de denominaciones, distintivos o placas diferentes 
a los que correspondan a la actividad, de acuerdo con la clasificación, inscripción o 
habilitación otorgados por la Administración, o con la comunicación efectuada a la 
misma, siempre que sean expresivos de una categoría, actividad o modalidad 
diferente de aquellas.
2.  El ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo sin la habilitación 
preceptiva para ello.
3.  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, 
información o documentación que se incorpore a una comunicación o declaración 
responsable.
4.  No reunir los requisitos esenciales establecidos en la normativa vigente 
para el ejercicio de la actividad o no mantenerlos durante su ejercicio.
5.  Facilitar información a la persona usuaria que genere expectativas de 
disfrutar de instalaciones o servicios de categoría o calidad superiores a las 
realmente prestadas, así como la emisión de publicidad falsa o que induzca a 
engaño.
6.  La carencia de la documentación exigida por la normativa vigente o su 
utilización sin ajustarse a las formalidades exigidas.
7.  La deficiente prestación de servicios exigibles, así como el deterioro grave 
de las instalaciones que afecten al establecimiento en su conjunto.
8.  La prohibición del libre acceso o expulsión del establecimiento, así como la 
interrupción en la prestación de los servicios acordados por causa no justificada.
9.  El incumplimiento por las agencias de viajes de las obligaciones contenidas 
en el libro IV de la Ley general para la defensa de los consumidores o usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobada por el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, o norma que la sustituya.
10.  El incumplimiento de contrato o de las condiciones pactadas, respecto del 
lugar, tiempo, precio o demás elementos integrantes del servicio turístico acordado.
11.  La sobreventa de plazas y el incumplimiento de las disposiciones relativas 
al régimen de reservas o de su cancelación, cuando no se facilite a la persona 
usuaria afectada, alojamiento en las condiciones establecidas en el artículo 20.2 de 
esta Ley.
12.  La negativa a expedir factura de cobro de los servicios consumidos a 
solicitud de la clientela, o la inclusión en la misma de conceptos no incluidos en los 
servicios efectivamente prestados.
13.  La modificación del establecimiento o de los requisitos preceptivos para el 
ejercicio de la actividad, sin haberlo comunicado del modo reglamentariamente 
determinado.
14.  La obstrucción a la labor de la inspección de turismo en el ejercicio de sus 
funciones, o no atender los requerimientos formulados durante la inspección.
15.  La negativa a facilitar a la Administración cualquier información relativa a 
la actividad turística desarrollada, o suministrarla falsa o errónea. es
16.  El incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección y  bo
prevención de incendios, medidas de seguridad, sanidad e higiene y del sector de  10ww
adae cttr diav1avi7dré .aps du d bEeellni  cli onicdscaa udsdmea er pcvnlaii cmlsaioo ices oan dmptoelie  cdlraace bis alloaelic z.oiaebcdliióagnda  cadi óetrn ala va éi nqsfu oderem s ceau craieólqfniue, iredere  lmla n elúedmtiroae,  rbyo   eddseepl  eiancrstiaíccrlmuiploec nió1tn9e    OE-A-2020-10able en https://
en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana, siendo responsables
solidarios los titulares de los canales de publicidad o comercialización que los 
incluyan en sus medios.
18.  La inobservancia de las obligaciones contenidas en esta ley relativas a 
accesibilidad, sostenibilidad y hospitalidad.
19.  La falta de promoción de las empresas turísticas y de los prestadores de 
servicios turísticos a los trabajadores y trabajadoras de una educación y formación 
inicial y continuada que, entre otros aspectos, incorpore los conocimientos y 
protocolos para garantizar un trato hospitalario de los turistas y visitantes.
Artículo 93.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones administrativas de carácter muy grave:
1.  El ejercicio de una actividad turística sin haber comunicado su inicio del 
modo legalmente determinado.
2.  La comercialización de actividades o servicios turísticos sin disponer de los 
requisitos  o  de  las  condiciones  legalmente  establecidas  para  obtener  la 
correspondiente inscripción en el Registro de Turisme Comunitat Valenciana.
3.  Carecer de la garantía exigida por la norma correspondiente o, disponiendo 
de la misma, que no alcance la cuantía exigida por la norma.
4.  No disponer de un plan de autoprotección inscrito en el Registro Autonómico 
de Planes de Autoprotección, en los supuestos en que ello es preceptivo.
5.  Cualquier  acción  que  intencionadamente  denigre  las  costumbres, 
tradiciones, creencias o indumentaria de una persona usuaria de servicios turísticos 
y no constituya una infracción penal.
6.  El incumplimiento de los derechos reconocidos a los trabajadores y 
trabajadoras de las empresas turísticas y de los prestadores de servicios turísticos 
por parte de las mismas y, por tanto, la falta de garantías de un empleo digno y de 
calidad.»
«Artículo 95.  Graduación de las sanciones.
1.  En la imposición de las sanciones se guardará la debida adecuación entre 
la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y la sanción aplicada, 
teniendo en cuenta la concurrencia, cuando se produjeron los hechos sancionados, 
de las siguientes circunstancias:
a)  Serán circunstancias atenuantes de la responsabilidad:
1.ª  La falta de intencionalidad.
2.ª  El resarcimiento de los perjuicios ocasionados con anterioridad al acuerdo 
de iniciación del expediente sancionador.
3.ª  La subsanación de las deficiencias causantes de la infracción y la reparación 
voluntaria de los daños durante la tramitación del expediente sancionador.
4.ª  La ausencia de beneficio económico derivado de la infracción.
5.ª  La escasa capacidad económica del presunto infractor.
6.ª  La menor categoría del establecimiento y las características del servicio o 
actividad.
b)  Serán circunstancias agravantes de la responsabilidad:
1.ª  La naturaleza de los perjuicios ocasionados. bo
2.ª  La cuantía del beneficio ilícito obtenido. 10ww
más345 d...ªªªe    uEELnalla   tn irieúenmmifnrapeccoirdoc edi ódnunecr a idpanee,t e relsa neo tmlne qanisusdme iud assa eun  caahortaiumayrsaoa   dlveleaez  nasci,eod crmovu iicacsoinioómdsno e t eutainresí nsí etdhilco ato yélsaar m  aisnfiienfdrcooat  caddcdeeiaóc usnla.n.r aadñoo  pdoer   OE-A-2020-10able en https://
resolución firme.
6.ª  La reiteración, entendida como la comisión en el término de dos años de 
dos o más infracciones de cualquier carácter que así hayan sido declaradas por 
resolución firme.
2.  La concurrencia de más de una de las circunstancias agravantes o 
atenuantes podrá determinar la imposición de sanciones correspondientes a 
infracciones de carácter superior o inferior, respectivamente.»
«Disposición transitoria tercera.  Régimen sancionador.
La presente ley no será de aplicación a los procedimientos sancionadores 
iniciados antes de su entrada en vigor, los cuales se tramitarán y resolverán con 
arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación, salvo que lo 
dispuesto en esta Ley resulte más favorable para la persona presuntamente 
infractora.»
Sección cuarta.  De la modificación de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, 
de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las 
infraestructuras públicas.
Artículo 28.
Se modifica los puntos 1 y 8 del artículo 6, determinación de los medios de difusión, 
que quedan redactados como sigue:
1.  La distribución de la publicidad institucional se ajustará a criterios objetivos; 
respetará los principios de eficacia, eficiencia, equidad y objetividad, y se realizará en 
medios de difusión y soportes que, siendo respetuosos con el medio ambiente, se estimen 
los más adecuados en cada momento para poder llegar al público objetivo destinatario del 
mensaje e información de la campaña o comunicación.
«8.  Con carácter general, la contratación no podrá realizarse de manera 
directa con el medio.»
Artículo 29.
Se añade un punto 5 al artículo 11, periodo electoral, con la redacción siguiente:
«5.  Lo dispuesto en el punto 1 no es aplicable al artículo 2.1.m de la presente 
ley.»
CAPÍTULO II
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
Sección primera.  Juventud
Artículo 30.
Se modifica el apartado 15 del artículo 7, se incluye un nuevo apartado 5 en el  es
artículo 17, se modifica el apartado 5 del artículo 27, se modifica el apartado 3 del artículo  o
3la8 G, ye ns«eeA rmartloiítcadutif,lio cd a7e . e plo aFlíputiacnractsaio dinnoet es1g  ddreaelll e Iansr stdítcietuu jltuo Vv 4ea3nle,t unddce,i à lqa du Leee  lqyau  1Je5od/va2en0n 1rte7ud,t .adcet a1d0o dse c noomvoie smigburee,: de  2020-1010n https://www.
[...]
15.  Establecer un observatorio de juventud para llevar a cabo los estudios, 
investigaciones, publicaciones y programas experimentales de juventud y ocio en la 
Comunitat Valenciana; impulsar la investigación y el estudio sobre la realidad juvenil 
de forma periódica realizando como mínimo un estudio integral de juventud con 
carácter previo a la realización del EVJ, para proporcionar a la Administración 
información para el diseño y desarrollo de las políticas de juventud, y colaborar en 
la creación, gestión y difusión de las estadísticas autonómicas sobre juventud, que 
incluirán datos desagregados de 12 a 17 años, de 18 a 23 y de 24 a 30.
Este observatorio asegurará la colaboración con expertos y expertas de 
diferentes ámbitos en su trabajo.
[...]»
«Artículo 17.  Entidades juveniles.
[...]
5.  Reglamentariamente se creará y regulará el funcionamiento de un censo de 
entidades juveniles que gestionará el IVAJ.
[...]»
«Artículo 27.  Consejos locales de juventud y consejos territoriales de juventud.
[...]
5.  Para instituir un consejo territorial de juventud serán necesarias, al menos, 
tres entidades juveniles con implantación en dos municipios limítrofes, como 
mínimo, y tendrá como ámbito de actuación el territorio al que pertenezcan las 
entidades juveniles miembros.
[...]»
«Artículo 38.  Planes territoriales de juventud.
[...]
3.  Los municipios o las entidades locales supramunicipales elaborarán los 
planes territoriales de juventud, en todo caso con la interlocución de las personas 
jóvenes, y de los consejos locales o territoriales de la juventud en sus respectivos 
ámbitos si los hubiere.
[...]»
«Artículo 43.  Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil.
1.  La Xarxa Valenciana d’Informació i Animació Juvenil la integran aquellos 
servicios promovidos en la Comunitat Valenciana por entidades sin ánimo de lucro 
y administraciones públicas que tengan por objeto desarrollar servicios de 
información, formación, asesoramiento u orientación, especialmente dirigidos a 
jóvenes en sus procesos de emancipación, y que hayan sido reconocidos y 
registrados por el Institut Valencià de la Joventut.
[...]»
Sección segunda.  Igualdad
Artículo 31. s
Se modifican el artículo 42, el artículo 49, se renumeran los capítulos I y II del título IV  w.b
y se modifica el artículo 50, de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la  10ww
Igualdad entre Mujeres y Hombres que quedan redactados como sigue:
«TÍTULO III
Igualdad y Administración Pública
Artículo 42.  Publicidad no sexista en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat velará, de manera específica, por el cumplimiento del principio de 
igualdad y no discriminación en la publicidad en los medios de comunicación social 
o cualquier otro medio de difusión.»
«Artículo 49.  Datos estadísticos e investigaciones.
El Consell de la Generalitat, impulsará la desagregación de datos por sexos en 
todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat 
Valenciana, profundizará en el estudio e investigación sobre la realidad social desde 
una perspectiva de género, y dará cuenta de la evolución de los índices de igualdad 
de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
TÍTULO IV
Instituciones de Protección del Derecho a la Igualdad de Mujeres y Hombres
CAPÍTULO I
El Consejo Valenciano de las Mujeres
Artículo 50.  El Consejo Valenciano de las Mujeres.
Siendo que la Generalitat tiene la obligación de impulsar políticas tendentes a 
eliminar las discriminaciones respecto a las mujeres en nuestra Comunitat y 
promover la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y 
social, resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de 
participación como es el Consejo Valenciano de las Mujeres.»
CAPÍTULO II
La Defensoría de la Igualdad de Género»
Sección tercera.  Infancia y adolescencia
Artículo 32.
Se modifican el apartado 6 del artículo 130, el apartado 5 del artículo 137, apartado 2 
del artículo 141, el apartado 3 del artículo 151, el apartado 4 del artículo 154, el apartado 
2.a del artículo 183, y el apartado 6 del artículo 193, de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, 
de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo. 130.  Requisitos de aptitud para el acogimiento
[...] s
6.  El procedimiento de valoración de aptitud se iniciará de oficio por el órgano  oe.
correspondiente de acuerdo con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes  w.
qmprueoedc eisddeai m edineecn uatoec nodtgerai mvna ielbonartajooc  ifótaunmt enillaoia  sor.e  grEául  asprudlpaaez ordio epr  alaar a sG eleiasn  mreeresasolieltuasct., i Tósrnua ssycc uenrportitdiibfoilce eassc edió epn l uadnzeoal    2020-1010n https://ww
sin que recaiga resolución expresa se entenderá desestimado.
La declaración de aptitud en ningún caso supondrá el derecho exigible a acoger, 
tan sólo otorgará el derecho a la inscripción en el registro administrativo habilitado 
al efecto.
La valoración de la aptitud se revisará con la periodicidad que se determine 
reglamentariamente.»
«Artículo. 137.  Medida de acogimiento residencial.
[...]
5.  La Generalitat, en el ejercicio de sus competencias en materia de 
acogimiento residencial, observará los siguientes principios, además de los 
recogidos en los artículos 3 y 91 de esta ley:
[...]»
«Artículo. 141.  Residencias y hogares de recepción.
[...]
2.  La estancia en una residencia u hogar de recepción se limitará al tiempo 
estrictamente necesario para realizar estas funciones, y en el caso de la guarda 
provisional, no superará el límite temporal establecido en el artículo 113.3 de esta 
ley.
[...]»
«Artículo. 151.  Propuesta de adopción sin ofrecimiento previo.
[...]
3.  En estos casos, la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares podrá 
acordar, en atención a las características y especiales necesidades de la persona 
acogida, que la familia continúe percibiendo, desde el momento en que se ceda la 
guarda con fines de adopción y hasta la mayoría de edad de la persona adoptada, 
una prestación económica equivalente a la que habría recibido, por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 132 de esta ley, de continuar el acogimiento.»
«Artículo. 154.  Declaración de idoneidad.
[...]
4.  La declaración de idoneidad para la adopción tendrá una vigencia de tres 
años, revisable anualmente durante dicho periodo.»
«Artículo. 183.  Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia,
[...]
2.  Este órgano desempeñará las siguientes funciones:
a)  Formular las propuestas de resolución y adoptar los acuerdos que le 
atribuye la presente ley y su normativa de desarrollo.
[...]»
«Artículo. 193.  Órganos competentes
[...]
6.  Al órgano de la Generalitat que tenga atribuida la potestad sancionadora en  e
materia de consumo, en el caso de las infracciones leves, graves y muy graves que  bo
se deriven de las conductas tipificadas en los números 7 y 8 del artículo 188. 10ww
[...]»
Sección cuarta.  Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana
Artículo 33.
Hay que añadir una nueva letra al apartado 1 del artículo 17 de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana con la siguiente 
redacción:
«Artículo 17.  Funciones de la atención primaria.
1.nuevo)  Promoción de actuaciones en materia de igualdad en el ámbito 
territorial de referencia.»
Artículo 34.
Hay que suprimir la letra h del apartado 2 del artículo 17 de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana:
«Artículo 17.  Funciones de la atención primaria.
Supresión del apartado:
2.h)  Promoción de actuaciones en materia de igualdad en el ámbito territorial 
de referencia.»
Artículo 35.
Hay que modificar el artículo 18 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana de la siguiente manera:
Donde dice:
«Artículo 18.  Servicios de atención primaria.
1.b)  Servicio de promoción de la autonomía. [...]
2.a)  Servicio de infancia y adolescencia. Desarrollará actuaciones de atención 
integral y apoyo a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o 
desprotección, así como en los casos de adolescentes en conflictos con la ley,»
Debe decir:
«Artículo 18.  Servicios de atención primaria.
1.b)  Servicio de promoción de la autonomía personal. [...]
2.a)  Servicio de infancia y adolescencia. Desarrollará actuaciones de atención 
integral y apoyo a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad o 
desprotección, así como la ejecución de medidas judiciales en medio abierto en los 
casos de adolescentes en conflictos con la ley.»
Artículo 36.
Hay que modificar el artículo 49 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana de la manera siguiente:
Donde dice:
«Artículo 49.  Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en 
Servicios Sociales.
2.1.b)  La secretaria o secretario autonómico de servicios sociales, que actuará 
como vicepresidenta o vicepresidente.
2.1.c)  La directora o director general de servicios sociales, que actuará como 
secretaria o secretario.
2.2.c)  Los municipios con población inferior a 100.000 habitantes tendrán 
cinco representantes y serán designados por la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, asegurando en todo caso la representación de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana, así como la representación proporcional de 
municipios de diferente tamaño, según la distribución poblacional siguiente:
2.2.c.1)  Un municipio representante de los municipios menores de 5.000 
habitantes.
2.2.c.2)  Un municipio representante de los municipios entre 5.001 y 10.000 
habitantes.
2.2.c.3)  Un municipio representante de los municipios entre 10.001 y 20.000 
habitantes.
2.2.c.4)  Un municipio representante de los municipios entre 20.001.i 50.000 
habitantes.
2.2.c.5)  Un municipio representante de los municipios entre 50.001 y 100.000 
habitantes.
Todas y todos los miembros señalados en este apartado se renovarán a lo largo 
de los tres meses siguientes a los resultados producidos después de los respectivos 
procesos electorales municipales, con el objetivo de fomentar la participación de los 
varios municipios de la Comunitat Valenciana,»
Debe decir:
«Artículo 49.  Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa en 
Servicios Sociales.
2.1.b)  La secretaria o secretario autonómico competente en planificación y 
organización del sistema de servicios sociales, que actuará como vicepresidenta o 
vicepresidente.
2.1.c)  La directora o director general competente en gestión y organización del 
sistema, que actuará como secretaria o secretario.
2.2.c)  Los municipios con población inferior a 100.000 habitantes tendrán 
cinco representantes y serán designados por la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, asegurando en todo caso la representación de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana, así como la representación proporcional de 
municipios de diferente tamaño, según la distribución poblacional siguiente: e.e
2.2.c.1)  Una entidad local representante de los municipios menores de 5.000  10ww
h1a0b.0i22t0a..022n ..thccea..s32b.))i  tanUUtennsaa.  eennttiiddaadd  llooccaall  rreepprreesseennttaannttee  ddee  loloss  mmuunnicicipipioioss e enntrtere 1 50..000011  yy   OE-A-2020-10able en https://
20.000 habitantes.
2.2.c.4)  Una entidad local representante de los municipios entre 20.001 y 
50.000 habitantes.
2.2.c.5)  Una entidad local representante de los municipios entre 50.001 y 
100.000 habitantes.
Todas y todos los miembros señalados en este apartado se renovarán a lo largo 
de los seis meses siguientes a la constitución de las corporaciones locales después 
de los respectivos procesos electorales municipales, con el objetivo de fomentar la 
participación de los varios municipios de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 37.
Hay que modificar el título del artículo 55 en el índice y en el contenido de la Ley 3/2019, 
de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactado de la siguiente manera:
«Artículo 55.  Coordinación, colaboración y cooperación entre el sistema público 
valenciano de servicios sociales y la Administración de Justicia.»
Artículo 38.
Hay que modificar el artículo 66 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la siguiente 
manera:
Donde dice:
«Artículo 66.  Personal profesional del área de servicios sociales.
1.  Las personas profesionales del área de servicios sociales ejercerán las 
funciones inherentes a los servicios de atención primaria de carácter específico de 
competencia municipal mencionados en los apartados a, b, c y d del artículo 18.2 y 
su ámbito territorial de actuación es el área de servicios sociales.
[…]
3.  Las ratios y figuras profesionales concretas del área de servicios sociales 
para cada servicio de atención primaria de carácter específico de competencia 
municipal mencionado en los apartados a, b, c y d del artículo 18.2 se determinarán 
reglamentariamente,»
Debe decir:
«Artículo 66.  Personal profesional del área de servicios sociales.
1.  Las personas profesionales del área de servicios sociales ejercerán las 
funciones inherentes a los servicios de atención primaria de carácter específico de 
competencia municipal mencionados en los apartados a, b y c del artículo 18.2 y su 
ámbito territorial de actuación es el área de servicios sociales.
[…]
3.  Las ratios y figuras profesionales concretas del área de servicios sociales 
para cada servicio de atención primaria de carácter específico de competencia  s
municipal mencionado en los apartados a, b y c del artículo 18.2 se determinarán  e.
reglamentariamente.» w.
Artículo 39.
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 85 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que quedarían redactados en los 
siguientes términos:
Donde dice:
«1.  La iniciativa privada en materia de servicios sociales podrá ser ejercida por 
entidades de iniciativa social y por entidades de iniciativa mercantil, así como por 
personas físicas.
[...]
3.  A los efectos de esta ley, son entidades de iniciativa mercantil las personas 
jurídicas que adopten cualquier forma societaria que reconozca la legislación 
mercantil, y que realicen actuaciones de servicios sociales previstas en su objeto 
social,»
Debe decir:
«1.  La iniciativa privada en materia de servicios sociales podrá ser ejercida por 
entidades de iniciativa social y por entidades de iniciativa empresarial, así como por 
personas físicas.
[...]
3.  A los efectos de esta ley, son entidades de iniciativa empresarial las 
personas jurídicas y las otras entidades privadas con ánimo de lucro que adopten 
cualquier forma societaria que reconozca la legislación vigente, y que realicen 
actuaciones de servicios sociales previstas en su objeto social.»
Artículo 40.
Se modifica el artículo 90 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales 
inclusivos de la Comunitat Valenciana, de la manera siguiente:
Donde dice:
«Artículo 90.  Duración de los conciertos.
Los conciertos tendrán que establecerse con una duración temporal no superior 
a cuatro años. Los conciertos podrán prorrogarse hasta un período de dos años y 
solo mediante un acuerdo explícito de las dos partes. Cuando acabe el período 
indicado, la administración competente podrá establecer un nuevo concierto,»
Debe decir:
«Artículo 90.  Duración de los conciertos.
Los conciertos tendrán que establecerse con una duración temporal no superior 
a cuatro años. Los conciertos podrán prorrogarse hasta un período de dos años y 
solo mediante un acuerdo explícito de las dos partes. Cuando acabe el período 
indicado, la administración competente podrá establecer un nuevo concierto.
El límite establecido en el artículo 40.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones,  e.e
en referencia a la cantidad global de gasto que se impute a cada uno de los  w.b
ejercicios futuros autorizados, se entenderá vinculado al crédito consignado en el  10ww
capítulo de referencia del año en que la operación se comprometió.»
Artículo 41.
Hay que añadir un nuevo apartado al artículo 109 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, 
de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
«Apartado 7.
Así mismo, la conselleria competente en materia de servicios sociales podrá 
incluir dentro del Plan de infraestructuras, en colaboración con los ayuntamiento y 
las diputaciones, la realización de actuaciones mediante la delegación, por parte de 
la Generalitat, del ejercicio de sus competencias en materia de construcción, 
ampliación, adecuación, reforma y, en su caso, equipamiento de centros públicos de 
servicios sociales tanto de atención primaria específica como de secundaria de la 
Generalitat. Las delegaciones se realizarán en favor de los municipios en cuyo 
territorio se ejecutará la actuación. No obstante lo anterior, en función del tamaño 
del municipio, de las circunstancias económico-financieras de los mismos y de la 
complejidad de la actuación a acometer, dicha delegación podrá realizarse en favor 
de cualquier entidad que tenga reconocida la naturaleza de local o supramunicipal 
con capacidad para ejercer las competencias en el correspondiente ámbito territorial.
Atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrán delegarse todos aquellos 
trámites previos, actuaciones técnicas y actos administrativos relativos a viabilidad 
de parcelas, direcciones facultativas y asistencias técnicas, redacción de proyectos, 
supervisión y aprobación de los mismos, construcción de nuevos centros de 
servicios sociales, así como obras de ampliación, reforma, mejora y sustitución, 
seguimiento de las inversiones y recepción de las mismas y equipamientos de los 
centros de servicios sociales.
Será condición necesaria que dichas actuaciones estén previamente contenidas 
en las sucesivas programaciones de obras, así como en el mapa de infraestructuras 
de servicios sociales de la conselleria competente por razón de la materia. No 
obstante, podrán autorizarse actuaciones no previstas, siempre que la citada 
conselleria lo estime oportuno en aplicación de criterios objetivos vinculados a las 
necesidades de sociales, eliminación de instalaciones provisionales o a programas 
específicos.
A tal efecto, la conselleria competente en materia de servicios sociales publicará 
en su página web información suficiente sobre las actuaciones que tenga en 
ejecución consecuencia de lo previsto en el presente decreto ley.
En todo caso, las administraciones locales, en la ejecución y desarrollo de la 
delegación, deberán sujetarse a lo previsto en la normativa de contratos del sector 
público.»
Artículo 42.
Hay que modificar el artículo 110 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 
sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, de la siguiente manera:
Donde dice:
«Artículo 110.  Fórmulas de colaboración financiera.
[…] s
2.  La duración de los convenios se establecerá en función de los siguientes  oe.
supuestos: w.
profaes) ionEanle lso,s e csounpóumesictaoss  yd ete cfinnoalóngciicaacsió dne  daetle npceiórsno pnraiml ya ridae,  lala sd uprarecsiótna cdioen leoss 
conv[…en]ios será de cinco años, prorrogables por períodos iguales. BOE-A-cable e
3.  Para recibir la financiación prevista, los municipios y mancomunidades, por 
sí solos o agrupados, deberán justificar la realización de todas las actuaciones 
incluidas en los convenios. Una vez recibida la financiación estable de los puestos 
de trabajo de la zona básica de servicios sociales, las entidades locales incorporarán 
puestos lugares a su plantilla, con sujeción a la normativa reguladora sobre 
incorporación de nuevos efectivos,»
Debe decir:
«Artículo 110.  Fórmulas de colaboración financiera.
[…]
2.  La duración de los convenios se establecerá en función de los siguientes 
supuestos:
a)  En los supuestos de financiación del personal y de las prestaciones 
profesionales, económicas y tecnológicas de atención primaria, la duración de los 
convenios será de cuatro años, prorrogables por períodos iguales.
[…]
3.  Para recibir la financiación prevista, los municipios, por sí solos o agrupados 
en mancomunidades, deberán justificar la realización de todas las actuaciones 
incluidas en los convenios. Una vez recibida la financiación estable de los puestos 
de trabajo de la zona básica de servicios sociales, las entidades locales incorporarán 
estos puestos a su plantilla, con sujeción a la normativa reguladora sobre 
incorporación de nuevos efectivos.»
Artículo 43.
Se modifica el artículo 138 y la disposición adicional undécima de la Ley 3/2019, de 18 
de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Artículo 138.
Donde dice:
«Infecciones leves,»
Debe decir:
«Infracciones leves.»
Disposición adicional undécima.
Donde dice: «personas con enfermedad mental crónica,»
Debe decir: «personas con problemas de salud mental crónicos.»
Artículo 44.
Hay que modificar las letras e y k, y añadir una nueva letra al artículo 139 de la Ley 
3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que 
quedan redactados de la siguiente manera: s
«Artículo 139.  Infracciones graves. w.b
accees)i bilIindacdu my pelliirm ilnaasc iócno nddei cbiaornreersa sm aarqteuritieacletósn,i ceassp, ye cfuianlcmioennatlee s eenx igciduaasn tpoa raa 
sreuc uarustoo,r isziaemciópnre  oy  acucraenddiota ccaióuns,e d reie sagcou eor ddaoñ coo enf elact itvipoo ploagraía la e ssapleucdí.fica de cada
k)  No disponer o no aplicar el reglamento de régimen interior, no tener suscrito 
el contrato asistencial con la persona usuaria o incumplir sus pactos, o que este no 
se ajuste a la normativa. Incumplir o no aplicar los protocolos y programas exigibles 
para cada tipo de servicio.
Nueva)  Causar riesgo grave o daño efectivo para la salud de los usuarios por 
incumplir con los requisitos, condiciones u obligaciones exigidos para acceder a la 
acción concertada y a las subvenciones, así como a los contenidos en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares de los contratos.»
Artículo 45.
Hay que modificar la letra f del artículo 140 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactado de la 
siguiente manera:
Donde dice:
Artículo 140
«f)  Omitir o no prestar la atención sanitaria y farmacéutica adecuadas de 
manera que se incumplan los procedimientos y protocolos normalizados, y la 
adecuada práctica clínica, que incluye la inadecuada administración de los 
tratamientos prescritos o el uso de medidas de contención no homologadas o no 
prescritas por el personal facultativo,»
Debe decir:
«f)  Causar riesgo o daño efectivo para la salud por omitir o no prestar la 
atención sanitaria y farmacéutica adecuadas de manera que se incumplan los 
procedimientos y protocolos normalizados y la adecuada práctica clínica, que 
incluye la inadecuada administración de los tratamientos prescritos o el uso de 
medidas de contención no homologadas o no prescritas por el personal facultativo.»
Artículo 46.
Se modifica el apartado 3 del artículo 147 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la 
Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que quedará 
redactado con el siguiente texto:
«Artículo 147.
3.  Para la incoación del expediente sancionador, la persona titular de la 
dirección general competente por razón de la materia nombrará instructor o 
instructora a un funcionario o funcionaria, lo que puede hacer entre los que estén 
adscritos a su propia dirección general o a la competente por razón del sector de 
que se trate. Con el fin de preservar la imparcialidad del procedimiento sancionador 
y dotar de una mayor garantía al presunto infractor o infractora, en ningún caso 
podrán actuar como instructores o instructoras del expediente aquellas personas 
que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección y cuyas 
actuaciones hayan servido de base para la iniciación del procedimiento.»
Artículo 47.
Se modifica el índice y el texto legislativo de la Ley 32019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana de la siguiente manera:
Donde dice:
«TÍTULO III
Planificación, coordinación, ordenación e intervención del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales»
Debe decir:
«TÍTULO III
Planificación, coordinación e intervención del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales, ordenación de los servicios sociales en la Comunitat 
Valenciana»
Artículo 48.
Se modifica el índice y el texto legislativo de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana de la siguiente manera:
Donde dice:
«Capítulo III del título III:
Ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales,»
Debe decir:
«Capítulo III del título III:
Ordenación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana.»
Artículo 49.
Hay que modificar la disposición adicional octava de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, 
de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la 
siguiente manera:
Donde dice:
«Disposición adicional octava.  Convenios de movilidad del personal funcionario.
En el plazo máximo de tres años, por medio de los correspondientes convenios, 
se promoverá el derecho a la movilidad administrativa del personal funcionario, de 
acuerdo con lo que establece en el artículo 82, con reciprocidad entre la persona 
profesional de los servicios sociales de la Administración autonómica valenciana y 
las entidades locales, incluidos sus organismos autónomos y entidades de derecho 
público, en el marco previsto en el texto refundido del Estatuto básico del empleado  e.
público, y en el resto de la legislación básica de régimen local aplicable, así como  w.
con lo que dispone la Ley 10/2010, de 9 de julio,» 10ww
Debe decir:
«Disposición adicional octava.  Convenios de movilidad del personal funcionario y 
contratación de personal en las administraciones públicas locales
1.  En el plazo máximo de tres años, por medio de los correspondientes 
convenios, se promoverá el derecho a la movilidad administrativa del personal 
funcionario, de acuerdo con lo que establece en el artículo 82, con reciprocidad 
entre la persona profesional de los servicios sociales de la Administración 
autonómica valenciana y las entidades locales, incluidos sus organismos autónomos 
y entidades de derecho público, en el marco previsto en el texto refundido del 
Estatuto básico del empleado público, en el resto de la legislación básica de régimen 
local aplicable y en lo que dispone la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, 
de ordenación y gestión de la función pública valenciana y su normativa 
reglamentaria.
2.  Con el objeto de mejorar y agilizar los procesos de contratación de personal 
para ejecutar las funciones en todas las dimensiones de la atención primaria de los 
servicios sociales, las administraciones públicas locales podrán, a través de la 
propuesta, cooperación y asistencia de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias  de  la  Comunitat  Valenciana,  organizar  sistemas  de  selección 
homogéneos de forma colaborativa.»
Artículo 50.
Hay que modificar la disposición adicional undécima de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactada 
de la siguiente manera:
Donde dice:
«Disposición adicional undécima.  Servicios de atención primaria de carácter 
específico de competencia de la Generalitat
[…]
1.  Los servicios de atención diurna proveerán sus prestaciones a través de 
centros de día para personas mayores dependientes, centros ocupacionales, 
centros de día para personas con diversidad funcional o discapacidad, centros de 
día para enfermos mentales y centros de día para la infancia y la adolescencia, 
entre otros,»
Debe decir:
«Disposición adicional undécima.  Servicios de atención primaria de carácter 
específico de competencia de la Generalitat.
[…]
1.  Los servicios de atención diurna proveerán sus prestaciones a través de 
centros de día para personas mayores dependientes, centros ocupacionales, 
centros de día para personas con diversidad funcional o discapacidad, centros de  s
día para personas con enfermedad mental crónica y centros de día para la infancia  e.
y la adolescencia, entre otros.» w.
Artículo 51.
Hay que modificar la disposición adicional decimotercera de la Ley 3/2019, de 18 de 
febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que quedan 
redactados de la siguiente manera:
Donde dice:
«Disposición adicional decimotercera.  Acreditación de servicios y programas para 
el acceso a subvenciones.»
Debe decir:
«Disposición adicional decimotercera.  Acreditación de servicios, centros y 
programas de servicios sociales para el acceso a subvenciones.»
Artículo 52.
Hay que añadir una nueva disposición adicional a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la 
siguiente manera:
«Nueva disposición adicional.  Cobertura de vacantes ante situaciones de baja 
laboral.
Dado el carácter de servicio público esencial y de interés general del Sistema 
Público Valenciano de Servicios Sociales recogido en esta ley, ante las situaciones 
de baja del personal profesional de servicios sociales, en los supuestos que a 
continuación se detallan, y cualquiera que sea el motivo o naturaleza de la baja 
laboral, incapacidad laboral, accidente laboral, acogida, adopción o cualquier otra 
causa derivada de los permisos, licencias o situaciones legalmente contempladas 
en los respectivos convenios laborales de referencia, este personal deberá ser 
sustituido inmediatamente, y en cualquier caso en un plazo temporal no superior a 
los diez días, a contar a partir de la producción del hecho causando:
a)  Personal profesional de los servicios sociales de atención primaria de 
carácter básico o específico de las entidades locales financiado por la Generalitat a 
través de la fórmula del contrato programa.
b)  Personal profesional de los servicios sociales de atención primaria de 
carácter específico y de atención secundaria de las entidades sociales o mercantiles 
que reciben financiación de la Generalitat por cualquiera de las fórmulas legalmente 
establecidas, concierto social, contrato o subvención, y siempre que la persona que 
produzca la baja desarrolle parte o la totalidad de sus funciones profesionales y 
jornada laboral en servicios –centros o programas– que reciben esta financiación.
Todo ello de acuerdo con las cláusulas establecidas en las mencionadas 
fórmulas legales.»
Artículo 53.
Hay que añadir una nueva disposición transitoria a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de  s
servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la  e.
siguiente manera: w.
«Disdpeo saitceinócni ótrna npsriimtoraiari ap ryim deer aat.e nTcrióann ssfeecreunncdiaa rdiae  einnftrraee asdtrmucintuisratrsa cyi oenqeusip paúmbielicnatoss.
[…]
3.  En el caso de las infraestructuras y equipamientos mencionados en el 
apartado primero de titularidad de las diputaciones provinciales, el proceso de 
transferencia a la Generalitat Valenciana se coordinará en las mesas técnicas de 
cooperación social de la Generalitat Valenciana con cada una de las diputaciones.»
Artículo 54.
Hay que modificar el apartado 1 de la disposición final segunda de la Ley 3/2019, 
de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactada de la siguiente manera:
«Disposición final segunda.  Composición de equipos, ratios en atención primaria 
y atención secundaria.
1.  En el caso de la atención primaria de carácter básico […] la financiación de 
los equipos de servicios sociales generales en las leyes de presupuestos de la 
Generalitat para los ejercicios 2017 y 2018, que seguirá vigente para los ejercicios 
2019, 2020 y 2021.
[…]»
Sección quinta.  Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de integración de las 
personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana 
Artículo 55.
Se modifica el artículo 15 de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de 
integración de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana, que quedará 
redactado con el siguiente texto:
«Artículo 15.  Oficinas Pangea de atención a personas migrantes.
1.  Las oficinas Pangea de atención a personas migrantes son oficinas de la 
Administración local de información, mediación, asesoramiento y orientación a las 
personas migrantes sobre los recursos de la Administración y de las entidades, así 
como de desarrollo de proyectos de interculturalidad.
2.  La Red Pangea es un instrumento de coordinación de las políticas de 
atención a las personas migrantes con los entes locales de la Comunitat Valenciana 
que disponen de oficinas.
3.  La Generalitat, en colaboración con las entidades locales, fomentará la 
creación de oficinas Pangea, y determinará los servicios mínimos a cubrir por estas.
4.  Reglamentariamente se desarrollará la organización y funcionamiento de 
las citadas oficinas, así como de la Red Pangea.»
Sección sexta.  Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana 
de inclusión
Artículo 56.
Se modifican los artículos 10, 12, 26 y la disposición final segunda de la Ley 19/2017, 
de renta valenciana de inclusión que quedarán redactados de la siguiente manera: s
«Artículo 10.  Renta complementaria de ingresos. w.
comLpale mreenntata crioam dpel einmgerenstaosri ap rdoec eidnegnretesso sd eclo tmrapbraejon dye d lea sla m reondtaal icdoamdepsle mdee nretanrtiaa 
de ingresos procedentes de prestaciones.
a)  La renta complementaria de ingresos del trabajo es la prestación periódica,  Bc
de naturaleza económica, dirigida a complementar el nivel de ingresos de la unidad
de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuente 
con un nivel mensual de recursos económicos que resulten insuficientes para 
atender los gastos asociados a las necesidades básicas para el mantenimiento de 
una vida digna y que no alcanza en el importe que se determina para esta modalidad 
de renta.
Esta modalidad se gestionará entre la conselleria con competencias en materia 
de renta valenciana de inclusión y la conselleria con competencias en materia de 
empleo.
b)  La renta complementaria de ingresos por prestaciones es la prestación 
periódica, de naturaleza económica, dirigida a complementar el nivel de ingresos de 
la unidad de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes de ciertas 
pensiones o prestaciones sociales que no sean incompatibles, cuente con un nivel 
mensual de recursos económicos que resultan insuficientes para hacer frente a los 
gastos asociados al mantenimiento de una vida digna y que no alcanzan el importe 
para esta modalidad de renta.
Reglamentariamente se establecerán las prestaciones que serán susceptibles 
de ser complementadas con la renta valenciana de inclusión, así como sus requisitos 
y condiciones de compatibilidad.»
«Artículo 12.  Requisitos de acceso.
2.  Las personas menores de 25 años, además de los requisitos establecidos 
en el apartado 1 de este artículo, tendrán que cumplir de la manera que se 
determinará reglamentariamente alguno de estos requisitos:
a)  Ser mayor de 18 años y haber permanecido en situación de alta en 
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social entre 
uno y dos años antes de la solicitud de la renta valenciana de inclusión, y siempre 
que se acredite haber tenido anteriormente a la solicitud un hogar independiente de 
la familia de origen.
b)  Ser mayor de 18 años y haber estado sujeto, en algún periodo de los tres 
años anteriores a la mayoría de edad, a una medida administrativa de protección de 
menores, o del sistema judicial de reeducación, en las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.
c)  Ser mayor de 18 años y encontrarse en situación de dependencia o 
diversidad funcional.
d)  Ser mayor de 16 años y tener a su cargo personas con diversidad funcional, 
en situación de dependencia o menores de edad; ser víctima de explotación sexual 
o trata, o víctima de violencia de género o intrafamiliar.
e)  Ser mayor de 16 años y participar en programas de preparación para la vida 
independiente de los menores, de acuerdo con el artículo 22 bis de la Ley orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de medidas de protección jurídica del menor, de modificación 
parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.
f)  Tener entre 18 y 25 años y estar en situación de orfandad.
2.2  Las personas entre los 18 y los 65 años, con un grado de diversidad 
funcional igual o superior al 65 % y las personas de 65 años o edad superior, no 
podrán acceder a las modalidades de renta de garantía del artículo 9.1 b, y podrán 
acceder a las modalidades de renta complementaria de ingresos que prevé el  s
artículo 9.1 a» oe.
«Artículo 26.  Instrucción de la renta valenciana de inclusión. 10ww
1.  La instrucción de expediente de la renta complementaria de ingresos y
pcoremsptaecteionntee es nc morarteesripao dned erernát aa v alalesn cdiiarenac cdioen inecsl utseiórrnit.oriales de la conselleria
2.  La instrucción del expediente de la renta de garantía, la efectuará el servicio 
correspondiente de la Administración local, que elevará el informe-propuesta de 
resolución al órgano competente sobre la modalidad y su importe, que será 
preceptivo y vinculante.
3.  El informe-propuesta de resolución de la renta de garantía en sus dos 
modalidades será remitida a la dirección territorial de la conselleria que tenga la 
competencia en materia de renta valenciana de inclusión, en el plazo máximo de 
tres meses desde la entrada de la solicitud, acompañado de toda la documentación 
necesaria, en el registro de la Administración local correspondiente.
4.  Cuando la prestación a conceder consista en la renta de garantía de 
inclusión social, antes de formular el informe-propuesta de resolución, se exigirá el 
compromiso voluntario de la persona solicitante y las posibles personas 
beneficiarias, mediante la suscripción de acuerdo de inclusión social, de acuerdo al 
título II de esta ley. En caso de que la persona destinataria manifestara su negativa 
a la suscripción del acuerdo, se hará constar dicha circunstancia en el expediente y 
sus motivos, y se remitirá dicha información al órgano gestor competente con la 
propuesta de asignación en la modalidad de renta de garantía de ingresos mínimos.»
«Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, las previsiones relativas a la modalidad 
de renta complementaria de ingresos por prestaciones tendrán efectos a partir del 
año de la entrada en vigor de la ley, y las relativas a la modalidad de renta 
complementaria de ingresos del trabajo, a los tres años de la entrada en vigor de la 
ley.
Hasta que no se haya implementado la modalidad de renta complementaria de 
ingresos del trabajo de la renta valenciana de inclusión no se aplicarán, con carácter 
retroactivo al momento de entrada en vigor de la norma, los artículos 14.1.f y 30 de 
la presente ley.»
Artículo 57.
Se modifican los artículos 35 y 36 de la Ley 19/2017, de renta valenciana de inclusión, 
que quedarán redactados de la siguiente manera:
«Artículo 35.  Suspensión.
1.  El derecho a la renta valenciana de inclusión se podrá suspender por las 
siguientes causas:
a)  Pérdida  temporal  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  su 
reconocimiento.
b)  Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de cualquier 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones y compromisos asumidos 
al acceder a la prestación, incluyendo el incumplimiento del programa personalizado 
de inclusión.
2.  La suspensión del derecho a la renta valenciana de inclusión implicará la 
suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de  s
la fecha de la resolución y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que  oe.
hubieran dado lugar a la misma, por un periodo máximo de doce meses. No  w.
opsubressvptaiesntnatsesi,ó  esnni  d laee ll c aapruatísgcaou  ldose e1 rlí5aa. 3 sa ud spepal erDtnires cidórene  tlofau  e6fer0ac/ 2hp0ao1 rd8 ae, lldg reue nc1ao1 n ddoeec  ilmamsiae iynnotco,o  dmdeepl  alCatio banilyisdueadllda, e lasy    2020-1010n https://ww
prestación estatal de desempleo y para el empleo a la que tuviera derecho la
persona titular de la renta valenciana de inclusión. Bc
3.  El reconocimiento del derecho de la prestación podrá reanudarse si 
desaparecen las circunstancias que motivaron su suspensión, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente.
Artículo 36.
1.  El derecho a la renta valenciana de inclusión, en cualquiera de sus 
modalidades, se extinguirá por las siguientes causas:
a)  Transcurrido el periodo de tres años desde la fecha de resolución sin 
haberse solicitado por parte de la persona titular el procedimiento de renovación.
b)  Modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
prestación, de forma que sitúen a la persona titular fuera de los requisitos exigibles 
para su percepción.
c)  Pérdida  definitiva  de  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  su 
reconocimiento.
d)  Falseamiento en la declaración de ingresos o cualquier otra actuación 
fraudulenta dirigida a obtener o conservar la renta valenciana de inclusión.
e)  Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado 
superior a doce meses.
f)  Renuncia de la persona titular.
g)  Incumplimiento injustificado y reiterado de las obligaciones previstas en el 
artículo 14 de esta ley.
h)  Fallecimiento de la persona titular.
2.  En las modalidades de renta de garantía previstas en el artículo 9.1.b de 
esta ley, será causa de extinción el cumplimiento de los 65 años por la persona 
titular de la prestación o el reconocimiento de un grado de diversidad funcional igual 
o superior al 65 % a las personas titulares entre 18 y 65 años.
3.  La extinción del derecho a la renta valenciana de inclusión implicará el cese 
del pago de la prestación y surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente a 
aquel en que concurran las causas que dieron lugar a la extinción. No obstante, si 
la causa de la extinción fuera por alguna de las incompatibilidades previstas en el 
artículo 15.3 del Decreto 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, el cese del pago 
sería a partir de la fecha del reconocimiento de la ayuda y prestación estatal de 
desempleo y para el empleo a la que tuviera derecho la persona titular de la renta 
valenciana de inclusión.»
Artículo 58.
Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 11 del Decreto 60/2018, de 11 de mayo, del 
Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de 
renta valenciana de inclusión.
«11.  En los casos en que no se cumplan todos los requisitos actualmente, pero 
exista una fecha conocida en que se cumplirán, acreditada mediante informe social, 
podrán solicitar la modalidad de prestación que corresponda con una antelación de 
seis meses a la fecha prevista de cumplimiento de los requisitos, y la resolución y 
los efectos económicos de esta tendrán vigencia a partir del primer día del mes 
siguiente a esta fecha. Podrán acogerse a este supuesto, entre otros, los casos en  e
que sea conocida la fecha de finalización de una prestación incompatible de las  bo
previstas en el artículo 15 del presente decreto, cuando se vaya a cumplir la edad  10ww
mpplraíenzsiame nraet ees nimd aeolndgciufiiancloa e cdnióe an lol gnsúo sn au rfpeeuccetuasr tsaools   ridnaecnlog amor tpríecagutillbaol me1 1ed.ne3t  aaorc icouu edarendldo po cr seoecn e depelt joae.r »dtíecu olocu 1p1a.4r .u Lnaa   OE-A-2020-10able en https://
Sección séptima.  Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral 
contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana
Artículo 59.
Hay que modificar los artículos 2, 3, 6, 19, 31, 33 y 64 de la Ley 7/2012, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, que quedarán redactados con el siguiente texto:
«Artículo 2.  Concepto de la violencia sobre la mujer.
1.  A los efectos de esta ley, se entiende por violencia sobre la mujer todo 
comportamiento de acción u omisión por el que un hombre inflige a la mujer daños 
físicos, sexuales, psicológicos y/o económicos basados en la pertenencia de esta al 
sexo femenino, como resultado de la situación de desigualdad y de las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres; así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada.
2.  A los efectos del apartado anterior, la violencia sobre la mujer se considera 
una violación de los derechos humanos, que constituye una forma de discriminación 
contra las mujeres por el hecho de serlo, y todos los actos de violencia basados en 
el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de 
realizar estos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada.
Artículo 3.  Manifestaciones de la violencia sobre la mujer
En particular y sin carácter excluyente, la violencia sobre la mujer se enmarca 
dentro de las siguientes manifestaciones:
1.  La violencia física: toda conducta que, directamente o indirectamente, esté 
dirigida a ocasionar mal o sufrimiento físico sobre la mujer que pueda producir 
lesiones como eritemas, erosiones, heridas, hematomas, quemaduras, esguinces, 
luxaciones, fracturas o cualquier otro maltrato que atente contra la integridad física 
de esta, con resultado o riesgo de lesión o muerte.
2.  La violencia psicológica: toda conducta que atenta contra la integridad 
psíquica y emocional de la mujer, mediante amenazas, insultos, humillaciones, 
coacciones, menosprecio del valor personal o dignidad, exigencia de obediencia, 
aislamiento social, culpabilización y privación de libertad. Asimismo, se considera 
violencia psicológica toda conducta dirigida a ocasionar daños a mascotas o a 
bienes de la víctima, con el fin de infligir miedo o temor a esta.
3.  La violencia sexual: todas aquellas conductas tipificadas como delito contra 
la libertad e indemnidad sexual de la mujer tales como agresiones sexuales, abusos 
sexuales y acoso sexual.
También se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza 
sexual forzados por el agresor o no consentidos por la víctima, con independencia 
de que aquel guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva, de parentesco o 
laboral con la víctima.
Asimismo, se entenderán como violencia sexual todos los actos de naturaleza  e
sexual consentidos por abuso de una situación de prevalencia o poder por parte del  bo
agresor sobre la víctima, con independencia de que aquel guarde o no relación  10ww
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comprendidos en el ámbito de convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de 
la relación.
5.  Mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y/o culturales 
nocivas o perjudiciales para las mujeres y niñas.
6.  Tráfico de mujeres y niñas: se entiende esta como la captación, el transporte, 
el traslado, la acogida o la recepción de mujeres, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otros formas de coacción, con finalidades de explotación sexual, así 
como la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales 
no consentidas y el abuso sexual o cualquier acto que impide a las mujeres ejercer 
libremente su sexualidad, con independencia de que el agresor tenga relación 
conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima o no.
7.  Matrimonios forzosos: obligar a una mujer o niña a contraer matrimonio, 
incluyendo el engaño para llevarla a territorios donde obligarla a contraerlo.
8.  Aborto y esterilización forzosa: la práctica de un aborto sin su consentimiento 
libre, previo e informado, y de la esterilización o intervención quirúrgica que tenga 
por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de 
manera natural, sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del 
procedimiento.»
«Artículo 6.  Concepto de agresor.
A efectos de esta ley, se entenderá por agresor:
1.  El hombre causante de cualquiera de los actos contrarios a esta ley referidos 
en el presente título.
2.  Cualquier persona causante de las manifestaciones de violencia sobre la 
mujer contenidas en el artículo 3, apartados 5, 6 7 y 8, de la presente ley.»
«Artículo 19.  Derechos de las empleadas públicas de la Administración de la 
Generalitat.
1.  Todas las empleadas públicas de la Administración de la Generalitat podrán 
beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o adaptación de su jornada 
laboral en los términos que prevé la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación y gestión de la función pública valenciana, en el ordenamiento jurídico y 
la legislación vigente y en los planes de igualdad de todas las administraciones 
públicas.
2.  Serán título habilitante para el acceso a estos derechos los medios 
establecidos en el artículo 9 de la presente ley.»
«Artículo 31.  Actuaciones de información sensibilización social.
1.  Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, llevarán a cabo periódicamente actuaciones de 
información y estrategias de sensibilización dirigidas a la sociedad, con la finalidad 
de prevenir y eliminar la violencia sobre la mujer.
La Generalitat impulsará programas de prevención de la violencia y de 
promoción  de  nuevos  modelos  de  masculinidad  igualitaria,  mediante  el 
cuestionamiento de los roles de género estereotipados y machistas y que 
contribuirán al manejo sano de las emociones y creación de relaciones igualitarias.
2.  Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana llevarán a cabo  e
cuantas medidas de sensibilización e información consideren pertinentes, tanto a  bo
nivel publicitario como en los medios de comunicación, dirigidas a fomentar la  10ww
irgeucahladzaod s eonctiarel  dloes la s veixoolesn, ceiali msoinbarer  alac tmituudjeers y  yd aers ate croenootipceors  losse xreisctuarss,o cso yn sseegrvuiciri oesl 
de a3s.i steLnac iGa edniseproanliitbalte sd epasarar rloal laatreán cpióenri óindtiecgarmale dnete la csa vmícptiamñaass. publicitarias de
sensibilización y concienciación del problema que supone la violencia de género, así
como la necesidad de su erradicación, con especial atención a la sensibilización y 
formación a la juventud y a aquellas mujeres que, por sus circunstancias 
socioculturales, puedan resultar más vulnerables.
4.  La Generalitat podrá utilizar todos los medios de comunicación a su alcance, 
teniendo en cuenta la especial dificultad para determinados colectivos de mujeres 
de acceder a la información. Para ello realizará las campañas en formato 
comprensible y utilizando medios publicitarios o de comunicación accesibles para 
aquellas personas que presenten alguna discapacidad que impida o dificulte su 
acceso a la información, utilizando la lengua de signos, el braille, o cualquier otro 
sistema análogo de comunicación.
5.  Asimismo, fomentará el uso de las nuevas tecnologías cuando permiten un 
acceso rápido y sencillo a la información que en esta materia la Generalitat ponga a 
la disposición de la ciudadanía.»
«Artículo 33.  Actuación sobre la publicidad.
Las campañas publicitarias institucionales de sensibilización sobre el problema 
de la violencia sobre la mujer que se lleven a cabo, respetarán en todo caso lo 
establecido en la presente ley.
De conformidad con la legislación estatal sobre violencia sobre la mujer, cuando 
una publicidad proporcione una imagen de la mujer vejatoria o discriminatoria, podrá 
ser considerada ilícita, y la Generalitat, a través del órgano competente, solicitará 
del anunciante su cese o rectificación.
La Generalitat no contribuirá al sostenimiento económico mediante ninguna 
forma de colaboración de aquellos medios de comunicación que incluyen publicidad 
sobre la prostitución.»
«Artículo 64.  Centros Mujer.
Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste 
una atención integral especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos 
tratos físicos o psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito 
laboral o educativo.
También fijan su atención en el resto de manifestaciones de la violencia sobre la 
mujer contenidos en el artículo 3 de esta ley, de forma coordinada y siguiendo los 
protocolos específicos en cada situación, así como atención psicológica a los hijos 
e hijas de las mujeres atendidas en los centros.
Estos centros tienen carácter permanente y de emergencia, funcionan las 
veinticuatro horas del día, por lo menos en las tres capitales de provincia, y prestan 
una atención social, psicológica y jurídica tanto en situación de crisis como de 
asesoramiento o de terapia en seguimiento, a nivel individual y grupal.»
CAPÍTULO III
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Vicepresidencia 
Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Sección primera.  Función social de la vivienda
Artículo 60. s
Se modifica el artículo 25 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la  b
función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue: 10ww
«Artículo 25.  Alquiler solidario.
vací1o.s  qLuae  Gneenceersaitliatant  aplogdúrná  tiapdoo pdtea rr elah ainbiicliitaatcivióan p caurayo asl qpuriolepri estoalriidoasr inoo d peu peidseons   BOE-A-cable e
atender estos gastos.
2.  Esta iniciativa prevé cubrir los siguientes objetivos:
a)  Favorecer a los propietarios de las viviendas que no pueden mantenerlos ni 
rehabilitarlos, pero que sí que quieren conservar la propiedad.
b)  Movilizar las viviendas desocupadas.
c)  Obtener más viviendas para políticas sociales.
d)  Propiciar que se hagan obras de rehabilitación para generar ocupación.
3.  Las personas propietarias interesadas en colaborar con la Administración 
Autonómica en esta iniciativa harán cesión del usufructo de sus viviendas a la 
Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, por un periodo 
mínimo de ocho años, para que ésta disponga de las mismas con destino a alquiler 
solidario. La conselleria competente en materia de vivienda, a través de la Entidad 
Valenciana de Vivienda y Suelo, será la encargada, en estos casos, de hacer el 
estudio económico y la rehabilitación pertinente, gastos que, junto a todos los 
derivados de la gestión, serán compensados con el cobro de la renta mensual hasta 
que estos estén cubiertos.
4.  La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y 
Suelo, abonará en especie el precio del usufructo cedido, asumiendo el coste de la 
rehabilitación de la vivienda. En el caso de que el coste total de la rehabilitación sea 
inferior al precio de cesión del usufructo de la vivienda por el período indicado, la 
Generalitat compensará al propietario cedente por la diferencia en metálico.»
Sección segunda.  Vivienda
Artículo 61.
Se modifica el artículo 30, se añaden dos nuevos artículos 57 bis y 57 ter, una nueva 
disposición adicional octava y un anexo único en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Vivienda de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 30.  Aseguramiento de los edificios de vivienda.
1.  Es obligatorio que los edificios de viviendas estén asegurados contra el 
riesgo de incendios y por daños a terceros. La comunidad de propietarios deberá 
suscribir estos seguros para los elementos comunes de todo el inmueble.
En el caso de edificios calificados de promoción pública en los que la Generalitat 
ostente en propiedad un porcentaje igual o superior al 50 % de los inmuebles que 
constituyan la comunidad de propietarios, los citados seguros tendrán carácter 
potestativo.
2.  Las comunidades de propietarios que hayan constituido el fondo de reserva 
para atender las obras de conservación y reparación del edificio de viviendas, o que 
con cargo al mismo hayan suscrito un contrato de seguro que cubra los daños 
causados en el edificio por riesgos extraordinarios, o un contrato de mantenimiento 
previamente del inmueble y sus instalaciones generales, gozarán de preferencia 
para la obtención de ayudas públicas a la rehabilitación, conservación y 
mantenimiento de los mismos.»
«Artículo 57 bis. Recuperación de viviendas del parque público de la Generalitat 
cedidas en régimen de compraventa o acceso diferido a la propiedad.
1.  La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, podrá  e
ofrecer a los titulares de contratos de compraventa y de acceso diferido a la  bo
propiedad cuyo precio haya sido amortizado en su totalidad y en los que todavía no  10ww
hviavyiean sdiad oe no tloarsg asidgau ilean etessc rcitounrad ipciúobnleicsa: de primera transmisión, la adquisición de la
estaab)l ecEidlo  ppraercai oe svteans dvriávi ednedtaesr mpoinra sduo n poormr aetli vpar deec ioap mlicáaxciimóno  yd peo rv eeln etas ta(PdoM dVe)   BOE-A-cable e
conservación del inmueble que será objeto de comprobación por la Administración.
b)  El titular del contrato deberá encontrarse al corriente de pago de los gastos 
de la vivienda a que esté obligado, de lo contrario dichas cantidades se descontarán 
del precio a abonar.
c)  El resto de condiciones que legal o reglamentariamente sean de aplicación 
a este tipo de vivienda.
2.  El titular del contrato podrá aceptar o no la oferta de adquisición realizada 
por la Generalitat, sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto para las 
segundas y sucesivas transmisiones que ostenta la Generalitat en virtud de lo 
establecido en los artículos 50 a 53 de la presente ley.
3.  La aceptación de la oferta de adquisición por parte del titular del contrato de 
compraventa o acceso diferido a la propiedad conllevará la renuncia a la 
formalización en escritura pública del contrato suscrito en su día por los 
adjudicatarios de la vivienda y la devolución de la posesión de la vivienda a la 
Generalitat.
4.  En el supuesto de llevarse a efecto la adquisición del inmueble por parte de 
la Generalitat, esta será con cargo a los presupuestos de la misma. En consecuencia, 
las ofertas a realizar anualmente estarán en función de las disponibilidades 
presupuestarias de la Generalitat y, dentro de estas, se realizarán preferentemente 
en aquellos municipios en los que exista demanda de este tipo de vivienda u otras 
condiciones que aconsejen ampliar el parque de viviendas de la Generalitat.
5.  El procedimiento de adquisición se iniciará con la propuesta de la Generalitat 
realizada a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo que deberá contener 
como mínimo las condiciones de precio previas a la valoración, que deberá hacerse 
una vez comprobado el estado de conservación de la vivienda, forma y plazo de 
pago anteriormente expuestas, para su consideración o no por parte del titular del 
contrato en el plazo máximo de un mes desde que se le comunicó la propuesta al 
titular.
6.  Si el titular del contrato acepta la propuesta realizada por EVVA en el plazo 
establecido, se solicitará su consentimiento para la entrada en la vivienda con la 
finalidad de proceder a comprobar su estado y condiciones de conservación, al 
objeto de establecer el precio final, para su aceptación o no por el titular en el plazo 
máximo de dos meses desde su notificación. De no aceptar ni consentir la entrada, 
se entenderá que rechaza la oferta de adquisición realizada por la Generalitat.
7.  La resolución y notificación del expediente de adquisición deberá dictarse 
en el plazo máximo de 3 meses desde la aceptación del precio final de la vivienda 
por parte del titular del contrato.
8.  El precio se abonará en un solo pago, en el plazo máximo de 3 meses 
desde la resolución y notificación del expediente por parte de la Generalitat.
Artículo 57 ter.  Resolución de mutuo acuerdo de contratos de vivienda cedida en 
régimen de compraventa o de acceso diferido a la propiedad.
1.  La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, podrá 
ofrecer a los titulares de contratos de compraventa o de acceso diferido a la 
propiedad en fase de amortización, la resolución de mutuo acuerdo de dicho 
contrato en las siguientes condiciones:
a)  La cantidad a abonar por la Administración vendrá determinada por el precio  s
máximo de venta (PMV) establecido para estas viviendas por su normativa de  oe.
aplicación y por el estado de conservación del inmueble que será objeto de  w.
csoum cDapserool bp, arlaecsció iconu  aposotaír d sla ed tAee rdammminionarisdtitzoraa scceiióó dnne .vseconncitdaarás  lya  npoa rptea gdaedl apsré psotar melo a ndoju vdeicnactiadroio y., en  2020-1010n https://ww
b)  El titular del contrato deberá encontrarse al corriente de pago de los gastos
de la vivienda a que esté obligado, de lo contrario dichas cantidades se descontarán  Bc
del precio a abonar.
c)  El resto de condiciones que legal o reglamentariamente sean de aplicación 
a este tipo de vivienda.
2.  En el supuesto de llevarse a efecto la recuperación del inmueble por parte 
de la Generalitat, ésta será con cargo a los presupuestos de la misma. En 
consecuencia, las ofertas a realizar anualmente estarán en función de las 
disponibilidades presupuestarias de la Generalitat y, dentro de éstas, se realizarán 
preferentemente en aquellos municipios en los que exista demanda de este tipo de 
vivienda u otras condiciones que aconsejen ampliar el parque de viviendas de la 
Generalitat.
3.  El procedimiento se iniciará con la propuesta de la Generalitat realizada a 
través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo que deberá contener como 
mínimo las condiciones de precio previas a la valoración, que deberá hacerse una 
vez comprobado el estado de conservación de la vivienda, forma y plazo de pago y 
los descuentos anteriormente expuestos, para su consideración o no por parte del 
titular del contrato en el plazo máximo de un mes.
4.  Si el titular del contrato acepta la propuesta realizada por EVVA en el plazo 
establecido, se solicitará su consentimiento para la entrada en la vivienda con la 
finalidad de proceder a comprobar su estado y condiciones de conservación, al 
objeto de establecer el precio final, para su aceptación o no por el titular en el plazo 
máximo de dos meses desde su notificación. De no aceptar ni consentir la entrada, 
se entenderá que rechaza la oferta de resolución de mutuo acuerdo realizada por la 
Generalitat.
5.  Así mismo, se realizará el cálculo de las cantidades que procede descontar 
de la valoración así efectuada, por los conceptos de préstamo no vencido y, en su 
caso, por las cuotas de amortización vencidas y no pagadas por el titular del 
contrato, con objeto de establecer el precio final, que será comunicado al titular para 
su aceptación o no en el plazo máximo de dos meses desde su notificación.
6.  La resolución y notificación del expediente de adquisición deberá dictarse 
en el plazo máximo de 3 meses desde la aceptación del precio final de la vivienda 
por parte del titular del contrato.
7.  El abono de la cantidad establecida se realizará en un solo pago, en el plazo 
máximo de 3 meses desde la resolución y notificación del expediente por parte de 
la Generalitat.»
«Disposición adicional octava.  Plazo máximo de duración de los procedimientos y 
del sentido del silencio administrativo en los procedimientos administrativos en 
materia de vivienda de promoción pública, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en la disposición adicional quinta de esta ley:
1.  El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de los 
procedimientos en materia de vivienda de promoción pública de la Generalitat 
recogidos en el anexo que a continuación se inserta, será el establecido en el 
mismo.
2.  El vencimiento de este plazo máximo sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa de los citados procedimientos producirá los efectos señalados 
en el citado anexo.
Se incorpora a la ley un anexo único con el siguiente texto: s
ANEXO ÚNICO
Procedimiento administrativo Normativa reguladora Plazo máximo de resolución Efectos del silencio
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Solicitud de amortización anticipada del 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
precio de vivienda cedida en  3 meses a contar desde la 
por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio.
compraventa o en régimen de acceso  solicitud del interesado.
protección pública a la vivienda.
diferido a la propiedad.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana. 3 meses para resolver la 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  procedencia o no de la 
Solicitud de subrogación en contrato de 
por el que se aprueba el Reglamento de  subrogación desde la  Desestimatorio.
arrendamiento.
protección pública a la vivienda. entrada de la solicitud del 
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell,  interesado.
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Solicitud de cambio de titularidad en 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
vivienda cedida en compraventa o  6 meses a contar desde la 
por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio.
régimen de acceso diferido a la  solicitud del interesado.
protección pública a la vivienda.
propiedad.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
6 meses a contar desde la 
Solicitud de cambio de vivienda. por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio.
solicitud del interesado.
protección pública a la vivienda.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
Solicitud de cambio de régimen  3 meses a contar desde la 
por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio.
contractual de cesión de la vivienda. solicitud del interesado.
protección pública a la vivienda.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la  es
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat  oe.
Valenciana. w.
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  10ww
Sreonliucnitcuida  ddee lr beesonleufcicióianr ioco.ntractual por  pporor teelc qciuóen  speú balpicrau eab laa  evli vRieengdlaam.ento de  6so mliceitsueds  dae cl oinnttearre dsaedsdoe. la  Desestimatorio.
Dpoerc erel tqou 9e0 s/2e0 a0p9r,u deeb a2 6e ld Ree jgulnaimo ednetl oC doen sell,
viviendas de protección pública.
Procedimiento administrativo Normativa reguladora Plazo máximo de resolución Efectos del silencio
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Solicitud de devolución de cantidades  Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
al adjudicatario en procedimientos de  Valenciana.
resolución contractual de compraventa  Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  3 meses a contar desde la 
por renuncia del interesado y de  por el que se aprueba el Reglamento de  efectiva entrega de la  Desestimatorio
resolución de contratos de  protección pública a la vivienda. posesión del inmueble.
compraventa por las causas previstas  Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
en la legislación aplicable. por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
Solicitud de bonificación de la renta en  3 meses a contar desde la 
por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio
contratos de arrendamiento. solicitud del interesado
protección pública a la vivienda.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
Valenciana.
Solicitud de subsidiación de la renta o  Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
3 meses a contar desde la 
cuota de amortización de la vivienda  por el que se aprueba el Reglamento de  Desestimatorio
solicitud del interesado
por familia numerosa. protección pública a la vivienda.
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat  Caducidad del 
Valenciana. procedimiento y posibilidad 
Desahucio administrativo en contratos  Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  del inicio de uno nuevo si 
de arrendamiento y acceso diferido a la  por el que se aprueba el Reglamento de  12 meses concurren las causas que 
propiedad, por causas legales. protección pública a la vivienda. habiliten el ejercicio de 
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell,  dichas potestades 
por el que se aprueba el Reglamento de  administrativas
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat  Caducidad del 
Valenciana. procedimiento y posibilidad 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  del inicio de uno nuevo si 
Resolución administrativa de contratos 
por el que se aprueba el Reglamento de  12 meses concurren las causas que 
de compraventa por causas legales.
protección pública a la vivienda. habiliten el ejercicio de 
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell,  dichas potestades 
por el que se aprueba el Reglamento de  administrativas
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat  Caducidad del 
Valenciana. procedimiento y posibilidad  e
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  del inicio de uno nuevo si  o
Parrroecneddaimmiieennttoo )d.e legalización (en  ppDporoeorrc t eeerelcl  tqcqoiuuó 9een0   ssp/2eeú0  baa0lppi9crr,auu d eeaebb  laa2a  6 eev llid  vRReieee jnggudllnaaaimmo. eednnettl ooC  ddoeen  sell,  12 meses chdaoaidcnbmhcialiuintseri srnpetr oneat letl iaevssajtea scrdcaeiucssi oa sd eq ue  2020-1010n https://www.b
viviendas de protección pública.
Procedimiento administrativo Normativa reguladora Plazo máximo de resolución Efectos del silencio
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat  Caducidad del 
Valenciana. procedimiento y posibilidad 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell,  del inicio de uno nuevo si 
Revisión contratos arrendamiento. por el que se aprueba el Reglamento de  6 meses concurren las causas que 
protección pública a la vivienda. habiliten el ejercicio de 
Decreto 90/2009, de 26 de junio del Consell,  dichas potestades 
por el que se aprueba el Reglamento de  administrativas
viviendas de protección pública.
Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Caducidad del 
Generalitat, de Vivienda de la Comunitat 
procedimiento y posibilidad 
Valenciana.
Recuperación de la posesión de  del inicio de uno nuevo si 
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de 
inmueble de promoción pública  12 meses concurren las causas que 
la Generalitat Valenciana.
propiedad de la Generalitat. habiliten el ejercicio de 
Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
dichas potestades 
por el que se aprueba el Reglamento de 
administrativas
protección pública a la vivienda.
CAPÍTULO IV
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico
Sección primera.  Gestión presupuestaria y función interventora
Artículo 62.
Se modifican el artículo 67, apartado 1, el artículo 69, apartado 3, el artículo 70, 
apartado 3, el artículo 72, apartado 3, el artículo 96, apartados 1, 3 y 4, el artículo 121, se 
añade un nuevo capítulo V al título VI, integrado por los nuevos artículos 123 ter, 123 quáter 
y 123 quinquies, se modifica el artículo 132, el artículo 134, el artículo 138, el artículo 156, 
el artículo 171, apartados 3.a, 5.d y 5.f y la disposición transitoria novena de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de 
subvenciones, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 67.  Concepto.
1.  Constituye la Tesorería de la Generalitat todos los recursos financieros, 
sean dinero, valores o créditos tanto por operaciones presupuestarias como 
extrapresupuestarias, de la Administración de la Generalitat y de todos los entes 
que integran su sector público instrumental.
2.  Las disponibilidades de tesorería y sus variaciones están sujetas a 
intervención, siempre que vengan referidas a la tesorería de la Administración de la 
Generalitat y de sus organismos autónomos, y, en todo caso las mismas han de 
registrarse de acuerdo con las normas de contabilidad pública en los términos 
previstos en el apartado anterior.»
«Artículo 69.  Presupuesto monetario. e.e
1.  El órgano de nivel superior o directivo que tenga asignadas las funciones en  10ww
mopbraolitdge2uar. iccaiir oAsdnele eo  estben jyse e otdolr ee ddrreeíeasc a cheroorlanosbs,ll eooag r dfauienriárl   d euuejnne ap rpc raeircedvisoeeu rce pulcauaosedn snaóte ompc lemaicsnooiid.fniaceadtacerisóio nd  aeten tmueasplo odrreear lí vade eqn ucloeims p ipeuandgtieoor sda eny    OE-A-2020-10able en https://
una correcta estimación de las necesidades de recursos del conjunto de la
Generalitat, se podrá recabar de los entes que integran el sector público 
instrumental, cuantos datos, previsiones o documentación sobre pagos y cobros 
sean necesarios para la elaboración de un presupuesto monetario de la 
Administración de la Generalitat.
3.  Excepcionalmente la Tesorería de la Administración de la Generalitat podrá 
disponer y aplicar los excedentes de tesorería de los entes que integran el sector 
público instrumental de la Generalitat, cuando las necesidades de liquidez así lo 
requieran y previa autorización de la persona titular de la conselleria competente en 
materia de hacienda.
Artículo 70.  Del proceso de pagos.
1.  El proceso de pago comprende la fase de ordenación de pago y realización 
material de pago, que podrán ser acumulados en un sólo acto.
2.  Las funciones inherentes a la ordenación y realización de pagos serán 
ejercidas por la Tesorería de la Administración de la Generalitat y por los demás 
órganos autorizados conforme al artículo 60 de esta ley.
3.  La conselleria competente en materia de hacienda podrá establecer que las 
operaciones de ingreso y de ordenación del pago de los entes que integran el sector 
público instrumental de la Generalitat, se realicen por la Tesorería de la 
Administración de la Generalitat, para lo cual se establecerá el correspondiente 
procedimiento.»
«Artículo 72.  Situación de los fondos y régimen de autorizaciones.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, los ingresos 
y pagos de la Administración de la Generalitat se canalizarán a través de una cuenta 
o de diversas cuentas que se mantengan en entidades financieras.
2.  A tal efecto, la apertura, cancelación y régimen de autorizaciones para la 
situación, control y disposición de los fondos de las cuentas bancarias de la 
Administración de la Generalitat se efectuará por la conselleria competente en 
materia de hacienda, de acuerdo a las instrucciones que dicte al efecto el titular de 
dicha conselleria.
3.  Los fondos de los entes que integran el sector público instrumental de la 
Generalitat se situarán en la Tesorería de la Generalitat, debiendo anotarse a 
efectos contables su procedencia.
A tal efecto, y respecto a la apertura, utilización y cancelación de cuentas en 
entidades financieras de dichos entes, los órganos competentes en materia de 
tesorería dictarán las oportunas instrucciones cuando lo aconseje la naturaleza de 
las operaciones que desarrollen.
4.  Para la prestación de servicios financieros, a todo o parte del sector público 
de la Generalitat, el órgano de nivel superior o directivo que tenga asignadas las 
competencias en materia de tesorería podrá suscribir contratos con las entidades 
financieras, los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa sobre 
contratos del sector público y adjudicarse mediante procedimiento negociado con un 
mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva. En 
dichos contratos, entre otros extremos, se especificará la naturaleza de las cuentas 
en que se encuentren situados los fondos de la tesorería, su régimen de 
funcionamiento, los servicios de colaboración contratados, las condiciones  s
financieras, las obligaciones de información asumidas por las entidades financieras  oe.
y, cuando proceda, los medios de pago asociados a las mismas. En particular,  w.
dexecbleursáió hna dcee rlsae f accounltsatda rd lea  cinoemmpbeanrsgaacbióilnid paodr  dpea rftoen ddeo sla p eúnbtliidcaods  bya, necna rsiua .»caso, la  2020-1010n https://ww
«Artículo 96.  Planes anuales y elevación al Consell de informes generales
1.  La Intervención General de la Generalitat elaborará los siguientes planes 
anuales en los que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente 
ejercicio y su alcance:
a)  Plan anual de control financiero permanente.
b)  Plan anual de control financiero de subvenciones.
c)  Plan anual de auditorías del sector público.
d)  Plan anual de auditorías de fondos comunitarios. En este plan se incluirán 
las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas otorgadas con 
cargo a fondos de la Unión Europea.
e)  Plan anual de supervisión continua.
Cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, la Intervención General de 
la Generalitat podrá modificar las actuaciones inicialmente previstas en dichos 
planes y su alcance.
2.  La Intervención General de la Generalitat presentará anualmente al Consell, 
a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda, 
un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los 
planes anuales.
El contenido del informe podrá incorporar también información sobre los 
principales resultados obtenidos en otras actuaciones de control, distintas del control 
financiero y la auditoría pública, llevadas a cabo por la Intervención General de la 
Generalitat.
3.  El informe general incluirá información sobre la situación de la corrección de 
las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de control financiero y 
auditoría pública, a través de la elaboración de los planes de acción a que hacen 
referencia los artículos 112 y 120 de esta ley.
Los informes generales de control, una vez presentados al Consell, serán objeto 
de publicación en la página web de la Intervención General de la Generalitat.
4.  La Intervención General de la Generalitat podrá elevar a la consideración 
del Consell, a través de la persona titular de la conselleria competente en materia de 
hacienda, los informes de control financiero y auditoría que, por razón de sus 
resultados, estime conveniente anticipar su conocimiento.»
«Artículo 121.  Definición.
1.  La auditoría de las cuentas anuales es la modalidad de la auditoría de 
regularidad contable que tiene por finalidad la verificación relativa a si las cuentas 
anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, 
la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información necesaria para 
su interpretación y comprensión adecuada.
2.  La Intervención General de la Generalitat podrá extender el objeto de la 
auditoría de cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos, 
en especial cuando no estén sometidos a intervención previa o control financiero 
permanente.»
«TÍTULO VI
Del control interno de la gestión económico-financiera efectuada 
por la Intervención General de la Generalitat
[…]
CAPÍTULO V
Supervisión continua
Artículo 123 ter.  Supervisión continua.
Todas las entidades integrantes del sector público instrumental de la Generalitat 
están sujetas, desde su creación hasta su extinción, a la supervisión continua de la 
Intervención General de la Generalitat, que verificará la concurrencia, al menos, de 
los siguientes requisitos:
a)  la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b)  su sostenibilidad financiera.
c)  la concurrencia de las causas de disolución referidas al incumplimiento de 
los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más 
idóneo para lograrlos.
Artículo 123 quáter.  Plan anual de supervisión continua.
1.  La Intervención General de la Generalitat decidirá anualmente la realización 
de actuaciones de control concretas en el marco de la supervisión continua, 
atendiendo a los medios disponibles y a un análisis de riesgos en el que se tendrá 
en consideración los resultados de las actuaciones de control interno efectuadas por 
la propia Intervención General.
2.  Las decisiones adoptadas se plasmarán en el Plan anual de supervisión 
continua previsto en la letra e del apartado 1 del artículo 96 de esta ley.
Artículo 123 quinquies.  Informes de supervisión continua.
1.  Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes 
a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente en base a normas de 
auditoría del sector público y normativa reguladora de la ejecución de controles 
financieros.
2.  Los resultados de la evaluación se plasmarán en un informe sujeto a 
procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, 
podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o 
supresión del organismo público o entidad. Los informes definitivos serán elevados 
al Consell por la persona titular de la conselleria con competencias en materia de 
hacienda.»
«Artículo 132.  Formulación de las cuentas anuales.
1.  Todas las entidades del sector público instrumental de la Generalitat 
deberán formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que  s
les sean de aplicación en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio  e.
económico, poniéndolas a disposición de la Intervención General dentro de los 10  w.
días siguientes a su formulación. 10ww
párrSafeor áannt ereriospr olonss caubelensta ddaenl tceus mdep lliam eienntitdoa dd ese lgaúsn o sbel iegsapceiocnifiecsa  esen ñeal laardtíacsu loe n1 4e2l 
de e2s.t a Aledyi.cionalmente a la formulación de cuentas anuales, los sujetos integrados  BOE-A-cable e
en el sector público instrumental incluidos en el Plan Anual de Auditorías presentarán,
a requerimiento de la Intervención General de la Generalitat, información relativa al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen como 
consecuencia de su pertenencia al sector público.
El requerimiento especificará la información que se debe presentar, el formato 
de presentación, el cauce por medio del cual se debe rendir la información y la fecha 
o plazo de presentación.
3.  Las auditorías de cumplimiento realizadas por la Intervención General de la 
Generalitat comprenderán, además de la finalidad prevista en el apartado 1 del 
artículo 123 de esta ley, la verificación de la adecuada presentación de la información 
económico-financiera a la que se refiere el apartado anterior.»
«Artículo 134.  Contenido de las cuentas anuales del resto de entidades del sector 
público instrumental.
1.  Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios y 
normas de contabilidad recogidos en el Plan general de contabilidad de la empresa 
española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, serán 
las previstas en dicho plan.
Estas entidades deberán incluir en sus cuentas anuales la propuesta de 
distribución del resultado del ejercicio, cuya aprobación se efectuará posteriormente 
por el órgano competente.
2.  Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios y 
normas de contabilidad recogidos en la adaptación al Plan General de contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos serán las previstas en dicha norma.»
«Artículo 138.  Las cuentas económicas del sector público.
1.  A efectos de lo dispuesto en las letras g, h y j del apartado 2 del artículo 130, 
los órganos de la Administración de la Generalitat y las entidades integrantes de su 
sector público estarán obligadas a proporcionar la colaboración e información 
necesarias para la elaboración de las cuentas económicas del sector público y 
cuanta información, en el ámbito de la contabilidad nacional de las unidades 
públicas, sea fijada por la normativa interna y comunitaria.
2.  Quedan igualmente sujetas a las obligaciones de elaborar y suministrar 
información previstas por la normativa aplicable en materia de estabilidad 
presupuestaria las entidades a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 de la 
presente ley.
3.  En caso de incumplimiento reiterado de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la Intervención General de la Generalitat requerirá al órgano o entidad 
correspondiente para que, en plazo de quince días, facilite la información pertinente.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya atendido el requerimiento de la 
Intervención General de la Generalitat, se dará traslado al órgano o autoridad 
competente para la adopción de las medidas correctoras que correspondan o para 
que se proceda a la paralización de los pagos a favor de la entidad incumplidora.»
«Artículo 156.  Sociedades mercantiles de la Generalitat.
1.  Las sociedades mercantiles de la Generalitat son aquellas sociedades 
mercantiles sobre la que se ejerce el control por parte de la Generalitat por darse 
alguno de los siguientes supuestos: e
Glvaae rdniaeaest)re  ardlmiBeta iineet anlolca  dpisóeo,n  rsl qodeuse  es ee unlsmatte eaps r apádornetri lcc lsaiepesnac tcaptoijaóerr n,tp i ecúdinbpir laeciccacoisto aionn  oesdts eri un cqmdouirererene cetsatnpal  o seeneln dac i aeespnlu itpcteaaeslp r siioatoar c llaa iasls lo5  ep0cnai %atriltd .ic daPiepda eerlnaas     2020-1010n https://www.
integradas en el sector público instrumental de la Generalitat.
[...]»
«Artículo 171.  Régimen de abonos a cuenta, pagos anticipados y garantías.
[...]
3.  Los pagos anticipados se ajustarán al siguiente régimen:
a)  Cuando se trate de transferencias corrientes en las bases reguladoras o, 
para los supuestos de concesión directa sin convocatoria, en los convenios o actos 
de concesión, podrá preverse un anticipo que alcance hasta un 30 por ciento del 
importe anual de la subvención concedida. El Consell, mediante acuerdo, podrá 
modificar este porcentaje al alza hasta un 50 por ciento, pudiendo ser del 65 por 
ciento cuando se trate de subvencionar o conveniar con entidades sin ánimo de lucro 
proyectos o programas vinculados a las áreas de acción social, incluyendo la cultura, 
el deporte, el ocio y turismo inclusivos y del 100 por ciento, única y exclusivamente, 
cuando se trate de subvenciones de las previstas en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
[…]
5.  El régimen de las garantías, medios de constitución, depósito y cancelación 
que tengan que constituir las personas beneficiarias o las entidades colaboradoras 
se establecerá reglamentariamente.
Quedan exonerados de la constitución de garantías, salvo previsión en contrario 
de las bases reguladoras:
a)  [...]
b)  [...]
c)  [...]
d)  Las personas beneficiarias de subvenciones concedidas por importe inferior 
a 3.000 euros, siempre que se trate de personas físicas que no actúen como 
empresarios o profesionales. No obstante, en caso de que se trate de subvenciones 
vinculadas a situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y destinadas 
a paliar los daños en bienes y utensilios de primera necesidad que hayan sido 
afectados en la vivienda, el importe se fija en 4.500 euros.
e)  [...]
f)   Las entidades sin ánimo de lucro, así como las federaciones o agrupaciones 
de estas, siempre que desarrollen proyectos o programas vinculados a las siguientes 
áreas de actuación: acción social y atención sociosanitaria; desarrollo en el ámbito 
rural, agrario y pesquero; empleo; formación y cualificación profesional; así como 
cooperación internacional al desarrollo.
[...]»
«Disposición transitoria novena.  Subvenciones por razones de interés público, 
social o humanitario.
1.  Excepcionalmente, las corporaciones locales con informe favorable de los 
servicios sociales municipales podrán reconocer subvenciones para comedores 
escolares en su ámbito territorial aunque la persona beneficiaria, progenitores o sus 
responsables legales no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y ante la seguridad social o tengan la condición de sujeto deudor por 
resolución de procedencia de reintegro.
2.  Del mismo modo, con carácter excepcional, podrán conceder y pagarse por  es
las administraciones públicas ayudas para el pago de alquileres de vivienda cuando  o
concurran razones de carácter público, social o humanitario, acreditadas mediante  10www.
icccnooiftonnartvdrmiaavetseo  n foacc voimaon ri eeaanmbn lebste ridtoruesiao  dlcroieidós  anlasd e du.r envI iigcdeiuamoadse l mdsrgeoee ccnniaotcelnei,avs  i vyhme anuebcnniitia ac ticpsaieaole lneesasn l,c,s  auua epupnunete rrescsonuton aeasnn,sd   looala  seus sln  iipttdiuteauardlcsaeioors nn ddaeeessl     OE-A-2020-10able en https://
beneficiarias de las subvenciones podrán ser perceptoras de cantidades a cuenta
aun cuando se encuentren incursas en alguna de las situaciones establecidas en el 
apartado 6 del artículo 171.
3.  Con carácter general, en aquellas subvenciones que se concedan a 
personas físicas por razones de interés público, social o humanitario, debidamente 
acreditadas, las bases reguladoras de las subvenciones, podrán prever que se 
podrá reconocer la condición de beneficiarios, aun cuando estos no estén al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ante la seguridad 
social o tengan la condición de sujetos deudores por resolución de procedencia de 
reintegro.
En los mismos supuestos, las bases reguladoras de dichas subvenciones, 
podrán prever el pago y en su caso, abonos a cuenta y pagos anticipados, aun 
cuando los beneficiarios personas físicas, no estén al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social, tengan la condición de sujeto 
deudor por resolución de procedencia de reintegro o se encuentren incursas en 
alguna de las situaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 171 de esta ley.»
Sección segunda.  Plan PIP
Artículo 63.
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 2 del Decreto Ley 3/2016, de 27 de mayo 
del Consell, por el que se regula el procedimiento de liquidación del Plan especial de 
apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactado como sigue:
«Artículo 2.  Fecha de finalización y justificación de la inversión
1.  Las inversiones cuya financiación haya sido autorizada en el marco del Plan 
especial de apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat 
Valenciana deberán quedar debidamente acreditadas y deberá presentarse en la 
conselleria competente por razón de la materia la correspondiente acta de recepción 
de la misma, antes del 31 de diciembre de 2021.
2.  [...]
3.  Los saldos de remanentes de crédito a finales de diciembre de 2021 no 
serán objeto de incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente.»
Sección tercera.  Patrimonio
Artículo 64.
Se modifica el artículo 59 y se añade un nuevo artículo 59 bis en la Ley 14/2003, de 10 de 
abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 59.  Uso privativo.
1.  Es uso privativo el que supone una utilización individualizada de los bienes 
de dominio público, de modo que limita o excluya su utilización por los demás.
2.  El  uso  privativo  de  bienes  demaniales  exige  la  previa  concesión 
administrativa, autorización especial de uso o autorización de ocupación temporal, 
salvo que se dé a favor de organismos públicos vinculados o dependientes de la  e.
Generalitat o empresas mercantiles en cuyo capital sea exclusiva o mayoritaria la  w.b
participación de la Generalitat o fundaciones públicas de la Generalitat, que tengan  10ww
esonpcoormtee pnadraad laa  plare gsetasctiióónn ,d ecol snesrevricviaoc pióúnb,l iceox,p elont acucyióon c aos uot pilirzoacceidóenr ád elal  abdiesncr icpocmióno 
de c3o.n foLram aiduatodr iczoanc ilóon d disep ouceusptoa ceiónn lo tes marptoícruallo ys  la3 1c oyn 5c3e.s3ió dne d lae vpernegsaernát ela l etay.sa que
corresponda, de conformidad con la legislación de tasas de la Generalitat.
Artículo 59 bis.  Autorizaciones especiales de uso sobre bienes de dominio público
1.  El departamento u organismo público vinculado o dependiente de la 
Generalitat que tenga adscrito el bien de que se trate, podrá autorizar su uso por 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o 
temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la Dirección 
General de Patrimonio, por cuatro años, prorrogables por igual plazo.
2.  Dichas autorizaciones se otorgarán por el Consell, a propuesta del titular de 
la Conselleria competente en materia de patrimonio, cuando se trate de fundaciones 
de ámbito estatal y autonómico y organismos internacionales, sin sujeción a las 
limitaciones de plazo y destino expresados en el apartado anterior.»
Artículo 65.
Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
patrimonio de la Generalitat Valenciana, que queda redactada como sigue:
«1.  La conselleria competente por razón de la materia ejercitará las facultades 
atribuidas en esta ley a la conselleria competente en materia de patrimonio en 
relación con el patrimonio del suelo afecto a actuaciones urbanísticas y el patrimonio 
público de la vivienda, constituido como patrimonio separado y finalista, integrado 
por las viviendas de titularidad de la Generalitat como instrumento al servicio de las 
políticas públicas de vivienda, incluida la adquisición de inmuebles para su 
ampliación, sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Entidad Valenciana 
de Vivienda y Suelo (EVVA) de acuerdo con su normativa específica. El ejercicio de 
dichas facultades se ajustará a lo dispuesto en esta ley y, supletoriamente, a lo 
prevenido en la normativa estatal.
2.  El patrimonio público de vivienda estará integrado por:
2.1  Los bienes patrimoniales de la Administración con uso residencial adscritos 
expresamente a tal destino.
2.2  Las viviendas que sean promovidas o adquiridas por la Administración, en 
virtud de cualquier título, con el fin de su incorporación al patrimonio público de 
vivienda y las que lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de 
tanteo y retracto.
2.3  Los ingresos obtenidos mediante enajenación de viviendas incluidas en el 
patrimonio público de vivienda.
3.  Al objeto de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 2/2017, 
de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda, artículo 2, 
además de los supuestos previstos en el artículo 40.5 de esta ley, la ampliación del 
patrimonio público de vivienda podrá realizarse mediante adquisición directa de 
viviendas y derechos reales cuando concurran razones de carácter público, social o 
humanitario debidamente justificadas que pongan de manifiesto la existencia de una 
situación de exclusión o emergencia habitacional en los casos siguientes:
a)  Pérdida de vivienda única y habitual como consecuencia de procedimiento 
judicial cuando concurran supuestos de vulnerabilidad de acuerdo con la normativa 
que lo regule.
b)  Supuestos de especial vulnerabilidad que impidan el acceso a una vivienda  e
en condiciones de mercado y así lo acrediten los servicios sociales municipales. bo
c)  Situaciones especiales de exclusión o emergencia habitacional que pudieran  10ww
defin4i.r seL eons  lab ineonremsa tqivuae d ec odmespaornroelnlo  deel l pcaittardimo otenxioto  pleúgballi.co de suelo afecto a
actuaciones urbanísticas y el patrimonio público de la vivienda serán inventariados
y valorados por la conselleria competente por razón de la materia, de acuerdo con  Bc
las instrucciones dictadas por la Dirección General de Patrimonio. El inventario se 
remitirá durante el primer trimestre del año a la citada dirección general, debidamente 
valorado y suscrito por el titular del órgano directivo correspondiente.»
Sección cuarta.  Administración electrónica
Artículo 66.
Se modifican el apartado 3 del artículo 29, el artículo 78 y el apartado 2 del artículo 79 
del Reglamento de administración electrónica, aprobado por Decreto 220/2014, de 12 de 
diciembre, del Consell, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 29.  Funcionarios habilitados.
[...]
3.  La gestión de altas, modificaciones y bajas de funcionarios habilitados se 
realizará por medio del Registro de Funcionarios Habilitados de la Generalitat. Este 
Registro contendrá la relación de funcionarios habilitados para la realización de 
cualquier procedimiento o trámite electrónico la gestión del cual corresponda a 
cualquier órgano de la Generalitat.
La presente modificación no afecta al rango reglamentario del precepto.»
«Artículo 78.  Sistemas de información para la gestión de actuaciones administrativas 
automatizadas.
1.  Los sistemas o aplicaciones informáticas que vayan a ser utilizados para la 
gestión de actuaciones administrativas automatizadas tendrán que ser previamente 
aprobados mediante una resolución del órgano administrativo que tenga atribuida la 
competencia para la resolución del procedimiento, con un informe previo emitido por 
el órgano directivo con competencias horizontales en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la Generalitat dictado según el artículo 94 del 
presente decreto y el contenido del cual será vinculante.
2.  Además de lo dispuesto en el artículo 94 del presente decreto, la resolución 
aprobatoria del sistema o aplicaciones informáticas deberá:
a)  Establecer el órgano u órganos competentes, según los casos, para la 
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control 
de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente.
b)  Indicar el órgano que debe ser considerado responsable a los efectos de 
impugnación.
La presente modificación no afecta al rango reglamentario del precepto.
Artículo 79.  Acreditación mediante sellos electrónicos
[...]
2.  La creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de los 
órganos superiores de la Conselleria o titulares de los organismos públicos 
competentes, que se publicará en la sede electrónica.
La acreditación por dicho medio podrá aplicarse a cualquier actuación 
administrativa de trámite, así como a los actos resolutorios de los procedimientos,  e.
en aquellos supuestos expresamente establecidos por resolución de la Conselleria  w.b
competente en el procedimiento o actuación concreta en que se pretendiera la  10ww
aplicLaac piórne.sente modificación no afecta al rango reglamentario del precepto.»
Sección quinta.  De la modificación de la Ley 4/1988, de 3 de junio, del juego de la Comunitat 
Valenciana
Artículo 67.
Se añade una disposición transitoria nueva con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria nueva.
Hasta el 1 de julio del 2020, o hasta la entrada en vigor de la nueva ley del juego 
si ésta se produjera antes, no se admitirán solicitudes de autorización de instalación 
de nuevos salones de juego ni bingos ni solicitudes de apertura de nuevos locales 
específicos de apuestas. Tampoco se admitirán solicitudes de instalación de 
máquinas auxiliares de apuestas en los locales distintos de los señalados en los 
artículos 31 y 35 del Reglamento de apuestas de la Comunitat Valenciana, aprobado 
por el Decreto 41/2011, de 15 de abril, del Consell.»
Sección sexta.  De las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la 
Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto de la renta de las 
personas físicas y restantes tributos cedidos
Artículo 68.
De las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la 
que se regula el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas y 
restantes tributos cedidos.
Se modifica el artículo 10, apartados dos, 1.º, 3.º y 4.º, con la redacción siguiente:
«1.º  En el supuesto de transmisión de una empresa individual agrícola a favor 
del cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y parientes 
colaterales, hasta el tercer grado, del causante, la base imponible del impuesto se 
reducirá en el 99 por 100 del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la 
empresa transmitida, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes 
requisitos: 1) Que la actividad no constituya la principal fuente de renta del 
causante; 2) Que el causante haya ejercido dicha actividad de forma habitual, 
personal y directa; 3) Que la empresa, por esta vía adquirida, se mantenga en el 
patrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes al fallecimiento del 
causante, salvo que aquel fallezca, a su vez, dentro de dicho plazo.
También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los 
bienes del causante afectos al desarrollo de la actividad empresarial agrícola del 
cónyuge sobreviviente, por la parte en que resulte adjudicatario de aquellos con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. En tal caso, los requisitos a los que hacen 
referencia los números 1 al 4 anteriores se habrán de cumplir por el cónyuge 
adjudicatario.
En el caso de que el causante se encontrara jubilado de la actividad empresarial 
agrícola en el momento de su fallecimiento, dicha actividad deberá haberse ejercido 
de forma habitual, personal y directa por alguno de sus parientes adquirentes de la 
empresa. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente al pariente que ejerza la 
actividad y que cumpla los demás requisitos establecidos con carácter general, y  e.
por la parte en que resulte adjudicatario en la herencia con sujeción a lo dispuesto  w.
en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre  10ww
scuucmepsliiodnoe lso sy  6d5o anñaociso,n lae sr.e Sdui,c ecnió ne l amploicmaebnlet os edreá  llaa  jguebnilearcaiól nd,e el 9l 9ca puosra 1n0te0 ,h suiebniedroa 
dcueml 9p0lid poos.r 100 si, en aquel momento, el causante tuviera entre 60 y 64 años  BOE-A-cable e
En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el apartado 4 del primer 
párrafo anterior, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como sus intereses de 
demora.»
«3.º  En los casos de transmisiones de una empresa individual o de un negocio 
profesional a favor del cónyuge, descendientes, adoptados del causante, 
ascendientes, adoptantes, o de parientes colaterales hasta el tercer grado, se 
aplicará a la base imponible una reducción del 99 por 100 del valor neto de los 
elementos patrimoniales afectos a la empresa o al negocio, siempre que se 
mantenga por el adquirente en actividad durante un periodo de cinco años a partir 
del fallecimiento del causante, salvo que aquel falleciera, a su vez, dentro de dicho 
periodo.
En el caso de no cumplirse el plazo de permanencia en actividad a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese 
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los 
intereses de demora.
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que la actividad se ejerza por el causante de forma habitual, personal y 
directa.
b)  Que dicha actividad constituya la mayor fuente de renta del causante, 
entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del 
trabajo o de las actividades económicas. A tal efecto, no se tendrán en cuenta, 
siempre que se cumplan las condiciones en cada caso establecidas, todas aquellas 
remuneraciones que traigan causa de las participaciones del causante que disfruten 
de reducción conforme a lo establecido en el punto 4.º del presente apartado dos y 
en la letra c del apartado 2.º del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Cuando un mismo causante ejerza dos o más actividades de forma habitual, 
personal y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a 
las mismas, considerándose que su mayor fuente de renta a estos efectos viene 
determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas.
También se aplicará la mencionada reducción respecto del valor neto de los 
bienes del causante afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional 
del cónyuge sobreviviente, por la parte en que resulte adjudicatario de aquellos, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. En tal caso, los requisitos a los que hacen 
referencia las letras anteriores se habrán de cumplir en el cónyuge adjudicatario, el 
cual quedará igualmente obligado al mantenimiento en actividad de la empresa 
individual o del negocio profesional durante el plazo de cinco años a partir del 
fallecimiento del causante, salvo que aquel falleciera, a su vez, dentro de dicho 
periodo. En el caso de no cumplirse el citado plazo de permanencia en actividad, 
deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.
En el caso de que el causante se encontrara jubilado de la actividad de la 
empresa o negocio en el momento de su fallecimiento, los requisitos a los que  es
hacen referencia las letras anteriores se habrán de cumplir por alguno de los  bo
parientes adquirentes de la empresa. En tal caso, la reducción se aplicará  10ww
úpLeanenriy cte ea2l  m9em/ne1 on9qmt8ue7ee a, n rlde tpoesa  u1drlit8eee  n daltaeed   jdjquuiudcbeiiciel aaemtcjeabiórrrizenoa,,,    dcleaeol  lan cic msatuiupvjsieudaceanisódttn eoy    asqh ouluobeb rd iecei surspamuu cpceelusasmt iotoap nelleeindss oe  ryl e  laqodruostíi ncs6auit5colo iso a2 nyñ7e op sdso.e, r S  lllaaai,     OE-A-2020-10able en https://
reducción aplicable será la general del 99 por 100, siendo del 90 por 100 si, en 
aquel momento, el causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.
4.º  En los casos de transmisiones de participaciones en entidades a favor del 
cónyuge, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes, o de parientes 
colaterales hasta el tercer grado del causante, se aplicará a la base imponible una 
reducción del 99 por 100 del valor de las participaciones, en la parte que corresponda 
a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional, minorados con el importe de las deudas que derivan del 
mismo, y el valor del patrimonio neto de la entidad, siempre que las mismas se 
mantengan por el adquirente durante un periodo de cinco años a partir del 
fallecimiento del causante, salvo que aquel falleciera, a su vez, dentro de dicho 
periodo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia patrimonial de las 
participaciones, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los intereses de 
demora.
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio 
inmobiliario o mobiliario. A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene esta 
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean bienes inmuebles que no se 
encuentren afectos al desarrollo de actividades económicas de carácter empresarial 
o sean valores.
b)  Que el importe neto de la cifra de negocios de la entidad posibilite la 
aplicación de los incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión.
c)  Que la participación del causante en el capital de la entidad sea, al menos, 
del 5 por 100 de forma individual, o del 20 por 100 de forma conjunta con sus 
ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales hasta el segundo grado, ya 
tenga el parentesco su origen en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.
Que el causante o, en el caso de participación conjunta, alguna de las personas 
del grupo familiar a que se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente funciones 
de dirección en la entidad y que la retribución que perciba por ello suponga la mayor 
fuente de renta, entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los 
rendimientos del trabajo o de las actividades económicas.
En el caso de participación individual del causante, si este se encontrase 
jubilado en el momento de su fallecimiento, el requisito previsto en esta letra deberá 
cumplirse por alguno de los parientes adquirentes de la empresa. En tal caso, la 
reducción se aplicará únicamente a los herederos que cumplan tal requisito y por la 
parte en que resulten adjudicatarios, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
Si, en el momento de la jubilación, el causante hubiera cumplido los 65 años, la 
reducción aplicable será la general del 99 por 100, siendo del 90 por 100 si, en 
aquel momento, el causante tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.
A tales efectos, no se tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades 
económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción en el impuesto, 
y, cuando un mismo causante sea directamente titular de participaciones en varias 
entidades, y en ellas concurran las restantes condiciones exigidas por las letras 
anteriores, el cálculo de la mayor fuente de renta del mismo se efectuará de forma  e.e
separada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose los rendimientos  w.b
derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.» 10ww
Se modifica el artículo 10 bis, 3.º, 4.º y 5.º, que queda redactado como sigue:
«3.º)  En el supuesto de transmisión de una empresa individual agrícola a favor
de los hijos o adoptados o, cuando no existan hijos o adoptados, de los padres o  Bc
adoptantes del donante, la base imponible del impuesto se reducirá en el 95 por 100
del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la empresa transmitida, 
siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: 1) Que la 
actividad no constituya la principal fuente de renta del donante; 2) Que el donante 
haya ejercido dicha actividad de forma habitual, personal y directa; 3) Que la 
empresa, por esta vía adquirida, se mantenga en el patrimonio del adquirente 
durante los cinco años siguientes a la donación, salvo que aquel fallezca dentro de 
dicho plazo.
Esta misma reducción se aplicará a los nietos, con los mismos requisitos, 
siempre que su progenitor, que era hijo del donante, hubiera fallecido con 
anterioridad al momento del devengo.
En el caso de que el donante se encontrara jubilado de la actividad empresarial 
agrícola en el momento de la donación, dicha actividad deberá haberse ejercido de 
forma habitual, personal y directa por el donatario. En tal caso, la reducción se 
aplicará únicamente al donatario que ejerza la actividad y que cumpla los demás 
requisitos establecidos con carácter general. Si, en el momento de la jubilación, el 
donante hubiera cumplido los 65 años, la reducción aplicable será la general del 99 
por 100, siendo del 90 por 100 si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 
64 años cumplidos.
En caso de no cumplirse el requisito al que se refiere el epígrafe 4 del primer 
párrafo de este apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera 
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como sus 
intereses de demora.
4.º)  En los casos de transmisiones de una empresa individual o de un negocio 
profesional a favor del cónyuge, descendientes o adoptados, o, cuando no existan 
descendientes o adoptados, a favor del cónyuge, de los padres o adoptantes, se 
aplicará a la base imponible una reducción del 99 por 100 del valor neto de los 
elementos patrimoniales afectos a la empresa o al negocio, siempre que se 
mantenga por el adquirente en actividad durante un periodo de cinco años a partir 
de la donación, salvo que el donatario falleciera dentro de dicho periodo.
En el caso de no cumplirse el plazo de permanencia en actividad a que se 
refiere el párrafo anterior, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese 
dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los 
intereses de demora.
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que la actividad se ejerza por el donante de forma habitual, personal y 
directa.
b)  Que dicha actividad constituya la mayor fuente de renta del donante, 
entendiendo por tal la que proporcione un importe superior de los rendimientos del 
trabajo o de las actividades económicas. A tal efecto, no se tendrán en cuenta, 
siempre que se cumplan las condiciones en cada caso establecidas, todas aquellas 
remuneraciones que traigan causa de las participaciones del donante que disfruten 
de reducción conforme a lo establecido en el apartado 5.º de este artículo.
Cuando un mismo donante ejerza dos o más actividades de forma habitual, 
personal y directa, la reducción alcanzará a todos los bienes y derechos afectos a 
las mismas, considerándose que su mayor fuente de renta a estos efectos viene 
determinada por el conjunto de los rendimientos de todas ellas. e.e
En el caso de que el donante se encontrara jubilado de la actividad de la  w.b
empresa o negocio en el momento de la donación, los requisitos a los que hacen  10ww
rreefdeureccnicóian  lúans ilceatrmase natnet earilo qreuse  sceu hmapblraá nta dlee sc uremqpuliirs pitoors .e lS di,o neant aerlio m, aopmliceánntod odsee  llaa 
jguebnilearcaiól nd,e el l9 d9o pnoarn t1e0 h0u, bsiieernad ocu dmepl l9id0o  ploosr  16050 a ñsio, se, nla a rqeudeulc mcioómn eanptlioc,a ebll ed osenraán tlea 
tuviera entre 60 y 64 años cumplidos.
5.º)  En los casos de transmisiones de participaciones en entidades a favor del 
cónyuge, descendientes o adoptados, o, cuando no existan descendientes o 
adoptados, a favor del cónyuge, de los padres o adoptantes, se aplicará a la base 
imponible una reducción del 99 por 100 del valor de las participaciones, en la parte 
que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el 
ejercicio de la actividad empresarial o profesional, minorados con el importe de las 
deudas que derivan del mismo, y el valor del patrimonio neto de la entidad, siempre 
que las mismas se mantengan por el adquirente durante un periodo de cinco años 
a partir de la donación, salvo que el donatario falleciera, a su vez, dentro de dicho 
periodo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia patrimonial de las 
participaciones, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los intereses de 
demora.
Esta reducción será de aplicación siempre que concurran los siguientes 
requisitos:
a)  Que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio 
inmobiliario o mobiliario. A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene esta 
finalidad cuando más de la mitad de su activo sean bienes inmuebles que no se 
encuentren afectos al desarrollo de actividades económicas de carácter empresarial 
o sean valores.
b)  Que el importe neto de la cifra de negocios de la actividad posibilite la 
aplicación de los incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión.
c)  Que la participación del donante en el capital de la entidad sea, al menos, 
del 5 por 100 de forma individual, o del 20 por 100 de forma conjunta con sus 
ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales hasta el segundo grado, ya 
tenga el parentesco su origen en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.
d)  Que el donante o, en el caso de participación conjunta, alguna de las 
personas del grupo familiar a que se refiere el punto anterior, ejerzan efectivamente 
funciones de dirección en la entidad y que la retribución que perciba por ello 
suponga la mayor fuente de renta, entendiendo por tal la que proporcione un importe 
superior de los rendimientos del trabajo o de las actividades económicas.
En el caso de participación individual del donante, si este se encontrase jubilado 
en el momento de la donación, el requisito previsto en esta letra deberá cumplirse 
por el donatario. En tal caso, la reducción se aplicará únicamente a los donatarios 
que cumplan tal requisito. Si, en el momento de la jubilación, el donante hubiera 
cumplido los 65 años, la reducción aplicable será la general del 99 por 100, siendo 
del 90 por 100 si, en aquel momento, el donante tuviera entre 60 y 64 años 
cumplidos.
A tales efectos, no se tendrán en cuenta los rendimientos de las actividades 
económicas cuyos bienes y derechos afectos disfruten de reducción en el impuesto, 
y, cuando un mismo donante sea directamente titular de participaciones en varias 
entidades, y en ellas concurran las restantes condiciones exigidas por las letras 
anteriores, el cálculo de la mayor fuente de renta del mismo se efectuará de forma 
separada para cada una de dichas entidades, no incluyéndose los rendimientos 
derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.»
Se modifica el artículo 14, tres, y se renombra el contenido actual, que pasa a ser el  es
apartado cuatro, con la redacción siguiente: bo
fporrems«taaTlimrceeissn.t  ap.Erél s2ta pmoro s1 0o0  cerné dlaitso sp rhimipeortaesc acroiopsia, ss dieem epsrcer iqtuurea se yl  saucjteatso  npoatsairviaol esse aq ueel   2020-1010n https://ww
Cuatro.  En los demás casos, el 1,5 por 100.»
CAPÍTULO V
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública
Sección primera.  Mediación
Artículo 69.
Se modifican el apartado a del artículo 1, los apartados 2 y 3 del artículo 8, el apartado g 
del punto 3 del artículo 20, los apartados c y d del artículo 23, el apartado 1.a del artículo 31, 
se añade un nuevo apartado renumerándose los actuales apartados 2, 3 y 4 del artículo 41, 
el título y el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 24/2018, de 5 de 
diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 1.  Finalidad.
Esta ley tiene por finalidad:
a)  Regular la mediación en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus 
competencias.
[...]»
«Artículo 8.  Confidencialidad.
[...]
2.  La declaración o aportación de documentación sobre la información o datos, 
que hubieran podido obtenerse o utilizarse durante el transcurso de la mediación, en 
un proceso judicial o en un arbitraje se regirá por lo dispuesto en la legislación del 
Estado.
3.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.2.a de esta ley, el deber de 
confidencialidad podrá excepcionarse, total o parcialmente, cuando las partes en 
conflicto lo excusen de forma expresa y por escrito, y cuando así lo prevea la 
legislación estatal.
[...]»
«Artículo 20.
Se modifica el apartado g del punto 3 del artículo 20, el consejo asesor de 
mediación de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue:
“g)  Proponer la aprobación de los códigos de conducta voluntarios aplicables 
a los profesionales de la mediación.”»
«Artículo 23.  Derechos de las partes en la mediación.
Las partes en la mediación tendrán derecho a:
[...]
c)  Escoger libremente a una persona o una entidad mediadora, esté o no 
inscrita en cualquier otro Registro autonómico o estatal. O bien, solicitar que se le  e.e
nombre persona mediadora en cualquiera de los supuestos del artículo 31.2 de la  b
presente ley. 10ww
neceds) ariCo odnutraarn cteo nto edlo a esle tsieomrapmo iqeuneto d euxrete lran om eddei accuiaólnq.uier tipo que se considere
[...]»
«Artículo 31.  Designación de las personas mediadoras
1.  Las partes en conflicto de mutuo acuerdo, o una de ellas con el 
consentimiento posterior de la otra, podrán:
a)  Designar a una persona mediadora esté o no inscrita en el Registro de 
Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana o cualquier otro 
registro autonómico o estatal.
[...]»
«Artículo 41.
Se añade un nuevo apartado al artículo 41 con la siguiente redacción, 
renumerándose los actuales apartados 2, 3 y 4, que pasan a ser los apartados 3, 4 
y 5, respectivamente:
“2.  Con independencia de la existencia de recursos para mediar, en los 
términos y mediante el procedimiento que se establezca en el desarrollo 
reglamentario de esta ley, podrá reconocerse el derecho a la gratuidad en la 
mediación, tanto judicial como extrajudicial:
a)  A las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 del artículo 4 
del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, o norma que la sustituya, siempre que se trate de 
procedimientos de mediación que guarden relación con las circunstancias de salud 
o de discapacidad.
b)  A las personas que tengan a su cargo a las personas señaladas en el 
apartado anterior y en idénticos términos, cuando actúen en su nombre e interés, 
siempre que se trate de procedimientos de mediación que guarden relación con las 
circunstancias de salud o de discapacidad.
c)  A las víctimas directas e indirectas, definidas de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, o 
norma que la sustituya, en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o 
sean consecuencia de su condición de víctimas.
A los efectos de la concesión del beneficio de mediación gratuita, la condición 
de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un 
procedimiento penal, por delito o delito leve, y se mantendrá mientras permanezca 
en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado 
sentencia condenatoria. El beneficio de mediación gratuita se perderá tras la firmeza 
de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no 
resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las 
prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.”»
«Disposición adicional primera.  Inscripción de las personas y entidades mediadoras 
inscritas en otros registros.
1.  Podrán inscribirse en el Registro de Personas y Entidades Mediadoras de la 
Comunitat Valenciana con sujeción a las exigencias de la normativa estatal sobre 
libre acceso de las actividades de servicio y su ejercicio, y de garantía de unidad de  e.e
mercado: b
[...]»
Sección segunda.  Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento
Artículo 70.
Se modifican el apartado 6.a del artículo 28 y la disposición adicional quinta de la 
Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 28.  Selección.
[...]
6.  Superadas las fases de oposición o concurso-oposición se realizará el curso 
selectivo de formación impartido y homologado por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).
a)  El contenido del curso selectivo se establecerá mediante resolución de la 
persona titular de la conselleria competente en materia de Seguridad Pública y 
Emergencias y constará de dos fases, una de formación y selección en el Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y otra de prácticas en los servicios 
respectivos de prevención, extinción de incendios y salvamento, y tendrá una 
duración mínima de 250 horas cada una para el acceso a la escala básica y de 150 
horas cada fase para la escala de mando e inspección.
[...]»
«Disposición adicional quinta.  Contenido y duración definitiva de los cursos 
impartidos por el IVASPE.
El contenido y duración definitiva de los cursos impartidos por el IVASPE y 
previstos en la presente ley, se regularán mediante resolución de la persona titular 
de la conselleria competente en materia de seguridad pública y emergencias.»
Sección tercera.  Función pública
Artículo 71.
Se modifica el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la 
Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, que queda redactado 
como sigue:
«Artículo 40.  Supuestos especiales de clasificación de puestos de trabajo.
[...]
3.  En las consellerias que tengan atribuidas competencias en materia sanitaria, 
educativa y de justicia, las relaciones de puestos de trabajo podrán prever, en 
puestos con el rango de subdirección general o jefatura de servicio, la clasificación 
de puestos para su provisión por personal sanitario, docente y de la Administración 
de justicia respectivamente, atendiendo a la especificidad de las funciones que 
deban desempeñarse.
No obstante lo anterior, en las consellerias que tengan atribuida las competencias 
en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de justicia, las relaciones de 
puestos de trabajo podrán prever, en puestos con rango de jefatura de sección que  s
guarden relación directa con las competencias sustantivas del sector sanitario,  e.
educativo y de justicia, la clasificación de puestos para su provisión por personal  w.
sanitario, docente o de la Administración de Justicia, atendiendo a la especificidad  10ww
de laEsn  ftuannctioo ndeess eqmuep edñeebna ne sdtoess epmuepsetñoasr,s lee.s será aplicable el contenido de esta ley
yd es uasc uneorrdmoa cso dne  sdue snaorrrmolaloti,v qau eesdpaencdíofi cean. la situación administrativa que corresponda  BOE-A-cable e
[...]»
Artículo 72.
Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 6 al artículo 40 de la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, 
que queda redactado como sigue:
«Artículo 40.  Supuestos especiales de clasificación de puestos de trabajo
[…]
4.  Asimismo, en las consellerias u organismos que tengan atribuidas las 
competencias en materia de prevención de riesgos laborales, las relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos de ordenación podrán prever que los 
puestos con el rango de subdirección general o jefatura de servicio pertenecientes 
al sector de administración especial puedan ser clasificados para su provisión por 
personal sanitario, siempre que los citados puestos guarden relación directa con las 
competencias sustantivas en materia de prevención de riesgos laborales y 
atendiendo a la especificidad de las funciones que deban desempeñarse.
Igualmente, en las consellerias u organismos que tengan atribuidas las 
competencias en materia de servicios sociales, las relaciones de puestos de trabajo 
u otros instrumentos de ordenación podrán prever que los puestos con el rango de 
subdirección general o jefatura de servicio, de dirección de centros de servicios 
sociales  y  de  inspección  de  servicios  sociales,  pertenecientes  al  sector 
administración especial, puedan ser clasificados para su provisión por personal 
sanitario, siempre que los citados puestos guarden relación directa con las 
competencias en materia de servicios sociales y atendiendo a la especificidad de las 
funciones que deban desempeñarse.
[…]
6.  Los puestos de carácter temporal creados en aplicación del apartado 2.º, 
letra C, del artículo 16 de la presente ley podrán clasificarse para su provisión para 
un grupo, subgrupo o agrupación profesional, y su inmediato superior o inferior, 
siempre que dicha clasificación se justifique para el adecuado cumplimiento y 
ejecución del programa de carácter temporal en base al cual se crean.»
Artículo 73.
Se modifica la disposición transitoria decimoquinta, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria decimoquinta.  Régimen aplicable a los procedimientos 
selectivos que, en determinadas condiciones, admiten la participación del 
personal sin titulación del cuerpo o escala que ocupa.
El personal al que le falte la titulación específica exigida para el acceso al cuerpo 
o escala en la que se clasifique el puesto que haya ejercido como personal temporal, 
por haber sido modificado en aplicación de lo dispuesto en el apartado primero de 
la disposición adicional tercera de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
ordenación gestión y gestión de la función valenciana, podrá participar en las 
convocatorias  de  los  procedimientos  selectivos  a  este  cuerpo  o  escala 
correspondientes a las ofertas de empleo público de los ejercicios 2017 a 2020, 
siempre que esté en posesión de una titulación del nivel exigido para el acceso al 
grupo o subgrupo de clasificación profesional del cuerpo o escala convocado. e
Quedan exceptuados de lo previsto en el apartado anterior los procedimientos  bo
selectivos que se convoquen para el acceso a los cuerpos o escalas cuyas  10ww
fuunnac ipornoefess, iódne  rceognufolardmai;d eand  ecsotne  lcaa snoo,r msea ativjuas taaprálic aa blole q, uceo diniscpidoanng aco ens teal  neojermrcaictiiov ad.»e
Sección cuarta.  De las modificaciones de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación 
de policías locales de la Comunitat Valenciana
Artículo 74.  De las modificaciones de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación 
de policías locales de la Comunitat Valenciana.
En la exposición de motivos hay que suprimir:
«Al mismo tiempo, la nueva ley es sensible a las demandas profesionales y 
recoge la necesidad de modificar el acceso a la función pública de las policías 
locales, a través del establecimiento de una fase previa que permitirá homogeneizar 
los requerimientos y mejorar la eficacia en el reclutamiento.»
En el artículo 16, Funciones, hay que suprimir el punto 1:
«1.  Es competencia del Ivaspe la realización de las pruebas de acreditación de 
la fase previa a las que se refiere esta ley, así como la organización e impartición de 
cursos de capacitación, básicos, de perfeccionamiento o de promoción, en materia 
de policía local. La superación de los cursos que se establezcan reglamentariamente 
como preceptivos para el acceso a las diferentes escalas y categorías de policía 
constituirá un requisito necesario para la adquisición de la condición de personal 
funcionario de carrera.»
Hay que añadir un artículo 41 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 41 bis.  Personal funcionario interino.
1.  Excepcionalmente, cuando concurran motivos ciertos de urgencia y 
necesidad y no sea posible cubrir los puestos vacantes o temporalmente sin 
ocupantes mediante un procedimiento ordinario de provisión de puestos, los 
ayuntamientos podrán nombrar policías locales interinos en la categoría de agente, 
que no podrán portar armas de fuego y deberán limitar sus funciones a las de policía 
administrativa, custodia de edificios, medio ambiente, tráfico y seguridad vial de 
acuerdo con las siguientes reglas:
a)  Todo nombramiento de personal interino requerirá la acreditación previa 
ante el órgano autonómico competente en materia de coordinación de policías 
locales de los motivos de urgencia y necesidad y de la existencia de un procedimiento 
previo de provisión del puesto a cubrir entre funcionarios de carrera. El citado 
órgano deberá emitir un informe al respecto en el plazo de diez días.
b)  Los puestos vacantes que pretendan cubrirse mediante el nombramiento de 
personal interino deberán haber sido incluidos en una oferta de empleo público 
vigente con anterioridad a la cobertura temporal del puesto, o incluirse en la 
siguiente, y tener la debida consignación presupuestaria, lo que será objeto de 
acreditación conforme al apartado anterior.
c)  Sólo podrá ser nombrado como personal funcionario interino de las policías 
locales quien forme parte de una bolsa de empleo temporal específica constituida 
en el ámbito de cada ayuntamiento o, en su caso, de la bolsa de empleo temporal 
autonómica constituida por el órgano competente en materia de coordinación de 
policías locales de la Generalitat.
2.  El acceso a cualquiera de las bolsas de empleo temporal para ser nombrado  e.
policía local interino requerirá la previa superación de un proceso selectivo que  w.
estará basado en los principios de objetividad, transparencia, mérito y capacidad  10ww
para3 .e l eEjel rpcricoicoe dseo  lsae fluencctiivóon  pcoonlicsiiaslt.irá en la superación de pruebas de carácter
faíssipciora, nptseisc optaércan ieclo e yje drcei ccioon doec ilma ifeunntcoi óqnu ep oalcicrieadl.i tEalr ápne rlaso anpatli tquude y  sceaap asecildeaccdi odnea ldoos 
de las bolsas para ocupar plazas en régimen de interinidad deberá superar un curso
teórico práctico de al menos 60 horas de duración que será realizado por el Ivaspe 
u homologado por él, en el supuesto de que sea impartido por entidades locales que 
acrediten capacidad formativa. El temario y contenidos de las pruebas y del curso 
estarán directamente relacionados con las funciones de la policía local y serán 
determinados por la conselleria competente en materia de seguridad.
4.  Los nombramientos expresarán su vigencia y tendrán una caducidad máxima 
de dos años no susceptibles de prórroga alguna desde la toma de posesión; 
transcurridos los cuales, se producirá el cese automático del personal policía interino.»
Artículo 56, se modifica su redacción, que queda del siguiente modo:
«Artículo 56.  Sistema de selección.
1.  Los procedimientos de selección por turno libre serán por oposición o 
concurso oposición, tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, 
siéndoles de aplicación la legislación vigente en materia de igualdad de mujeres y 
hombres.
2.  El ingreso en la escala facultativa se producirá a través del sistema de 
oposición o concurso oposición, exigiéndose como requisito estar en posesión de la 
titulación académica de grado o equivalente a efectos profesionales exigible en 
cada caso.»
En el artículo 57, Convocatoria, hay que suprimir el punto 3:
«3.  Las convocatorias de las pruebas de la fase previa y la posterior realización 
del curso de capacitación impartido por el Ivaspe las realizará anualmente el órgano 
autonómico que tenga atribuida la titularidad de la competencia en materia de 
seguridad.»
En el artículo 58, Requisitos de las personas aspirantes, hay que suprimir:
«b)  Haber superado el curso de capacitación correspondiente a la categoría a 
la cual se accede y la fase previa, realizados por el Ivaspe.»
En el artículo 59, Acreditación de la fase previa, hay que suprimir:
«1.  Corresponde al Ivaspe la realización de las pruebas de acreditación de la 
fase previa a quienes aspiren a ingresar en los cuerpos de policía local. El contenido 
de estas pruebas se desarrollará reglamentariamente.
2.  Las pruebas de evaluación de la fase previa, para la obtención del certificado 
de haberlas superado, se convocarán anualmente.
3.  La validez de los certificados obtenidos será de dos años contados desde el 
día de la superación de las pruebas.»
En la disposición transitoria segunda, Procesos selectivos, hay que suprimir el punto 2:
«2.  Hasta tanto no sea efectiva la posibilidad de la realización de la fase previa 
y los cursos de capacitación a los que se refiere el artículo 56.2 de esta ley, dentro 
de un plazo máximo de dos años, los procesos selectivos se desarrollarán tal como 
estaban establecidos con anterioridad a la misma. En las convocatorias que se 
realicen para la categoría de oficial pertenecientes a la escala ejecutiva y mientras  s
se establezca y se generalice por parte de la Administración educativa la oferta de  oe.
títulos de técnico superior específicos, también se admitirán para participar otros  w.
títulos aportados por los aspirantes de niveles superiores al exigido, como diplomaturas,  10ww
ingenierías técnicas, licenciaturas o grados.»
Se añade una disposición transitoria decimocuarta, redactada de la forma siguiente:
«Disposición transitoria decimocuarta.  Bolsas de empleo temporal existentes y 
bolsas autonómicas.
1.  Hasta el momento de la constitución de las bolsas de empleo temporal 
específicas referidas en el artículo 41 bis, los ayuntamientos podrán hacer uso de 
aquellas que ya existieran, siempre que en su constitución se hubieran respetado 
los principios de objetividad, transparencia, mérito y capacidad.
2.  A la finalización del primer proceso de selección unificada de agentes 
realizado de acuerdo con el artículo 57.2, se constituirá una bolsa autonómica con 
el número de personas aspirantes que se determine que no hayan obtenido plaza. 
Esta bolsa tendrá validez hasta que se constituya una nueva.»
Se modifica la disposición final segunda, que queda como sigue:
«Disposición final segunda.  Procedimiento para la constitución de bolsas de 
empleo temporal.
Mediante resolución de la persona titular de la conselleria con competencias en 
materia de coordinación de policías locales, se desarrollará el procedimiento para 
poder constituir las bolsas de empleo temporal en los cuerpos de policía local.»
Se modifica la numeración actual de la disposición final segunda, que pasa a ser la tercera, 
donde dice: «Disposición final segunda.  Entrada en vigor.», debe decir: «Disposición final 
tercera.  Entrada en vigor.».
CAPÍTULO VI
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Sanidad 
universal y Salud pública
Sección única.  Modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 
Valenciana
Artículo 75.
Se modifica el punto 4 del artículo 7 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud 
de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue:
«4.  En los casos en los que la conselleria competente en materia de sanidad 
decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha de esa decisión viniese 
siendo prestado por un operador económico y exista sucesión de empresa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores, en virtud de lo establecido en el citado precepto, en el artículo 130.3 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Generalitat, 
a través de la conselleria competente, se subrogará en la condición de empleador 
que la empresa concesionaria ostentaba en los contratos de trabajo celebrados al 
amparo del Estatuto de los trabajadores para la incorporación del personal necesario  e
para la prestación del servicio, ya fueran temporales o indefinidos. El personal  bo
afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando  10ww
sctcraouaunsb startaaajascrd etluoeaargsela .s»yle,  syc  odcnoe n eid xlaétisnn tdcicieóamn  cádosen  cldooisnc iscóeoncn utdreaent ocpsiea rlsas bolaonbraoalrl ealasleb psor rienavhli sehtraaessn tteaen sq  eaul  eEla sc steaustbuert oopg odarec  illóaonss    OE-A-2020-10able en https://
CAPÍTULO VII
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte
Sección primera.  Modificación del Decreto ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por 
el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, 
la adecuación, la reforma y el equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat
Artículo 76.
Se modifica el artículo 9 del Decreto ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el 
que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las 
administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, la ampliación, 
la adecuación, la reforma y el equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat, 
con la siguiente redacción:
«Artículo 9.  Presupuesto de las actuaciones delegadas
1.  La financiación que da apoyo a la delegación de competencias, alcanzará el 
presupuesto total de la actuación delegada y, en tal sentido, constituye un importe 
global que alcanza la totalidad de contratos que integren esta actuación.
2.  A estos efectos el presupuesto podrá incluir el coste de los honorarios de 
redacción de los proyectos, la dirección facultativa, los estudios y asistencias 
técnicas de cualquier tipo, siempre que sean necesarias para la actuación, así como 
el coste de la ejecución de la obra. También incluirá cualquier tributo relacionado 
directamente con la ejecución de la actuación, dentro del marco legal aplicable.
3.  Los incrementos de gasto que se produzcan durante la ejecución de los 
varios contratos que integren una actuación, quedarán cubiertos por el saldo de la 
financiación global.
En caso de que el importe de la actuación superara al de la financiación global 
de la delegación inicialmente concedida, las administraciones locales deberán 
asumir la financiación del exceso.
4.  Una vez finalizada totalmente la actuación delegada, no podrá imputarse 
ningún gasto a esta.
No obstante, el saldo existente con respecto a la cantidad concedida 
inicialmente, podrá destinarse a financiar otra actuación, siempre que se lleve a 
cabo en el mismo centro escolar y que esta actuación redunde en una mayor calidad 
o funcionalidad de este.
Estas actuaciones deberán ser autorizadas por la conselleria competente en 
materia de educación, conforme a lo que se prevé en el artículo 8 del presente 
decreto ley.
5.  En cualquier caso, la Generalitat no podrá asumir ningún gasto inherente a 
la obtención o adecuación de la parcela adscrita a la ubicación del centro, en caso 
de ampliación o nueva edificación.
6.  (Se suprime).»
Artículo 77. s
Modificación, por inclusión de una disposición adicional al texto del Decreto ley 5/2017,  w.
de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación  10ww
econntrset rluac Gcieónne, rlaal itaamt py lilaacsi óand,m lain iasdtreaccuioanceiósn l,o claa lreesf odrem ala  yC eolm euqnuitiapta Vmaielenntcoi adnea  cpeanrtar olas 
públicos docentes de la Generalitat, con la siguiente redacción:
Redacción vigente: (No existe).
Nueva disposición adicional:
«Disposición adicional cuarta.
1.  A efectos de asegurar la sostenibilidad de las actuaciones, tal como queda 
definida en el artículo 6 del presente decreto ley, y con la finalidad de facilitar, en su caso, 
la instrumentalización de los reajustes de anualidades que se requieran, las entidades 
locales remitirán a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, con anterioridad al 
15 de septiembre de cada ejercicio de vigencia del programa de cooperación, un detalle 
del estado de ejecución de las actuaciones a 30 de agosto, así como una previsión sobre 
esta ejecución relativa a la anualidad en curso y a las anualidades futuras.
2.  De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 5.3 del presente decreto ley, 
y a efectos de asegurar un adecuado reflejo en la contabilidad plurianual de la 
Generalitat, del coste de las políticas de cooperación en materia de infraestructuras 
educativas contempladas en este, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
podrá reajustar unilateralmente las anualidades reflejadas en las diferentes 
resoluciones o actos jurídicos equivalentes que articulan la delegación.
La resolución que actualice el reajuste deberá comunicarse a las entidades 
locales en el momento en el que se firme el reajuste por la persona titular de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y, en todo caso, antes del 15 de 
noviembre del ejercicio correspondiente.»
Sección segunda.  Modificación del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el 
que se aprueba la norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas, 
mediante la adición de una disposición adicional primera
Artículo 78.
Se modifica el Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la 
norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas, mediante la adición de una 
disposición adicional primera con la redacción siguiente:
«Excepciones al cumplimiento de las reservas educativas:
La conselleria competente en materia de educación podrá exonerar o minorar 
parte de las reservas educativas que se derivarían de la aplicación estricta de este 
decreto, en aquellos supuestos en los que exista un estudio sociodemográfico de la 
evolución de la población que permita justificar las previsiones poblacionales, y su 
diferencia respecto de los resultados obtenidos de la aplicación directa del decreto, 
en el escenario temporal del planeamiento.»
CAPÍTULO VIII
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Sección primera.  Comercio
Artículo 79.
Se modifica el apartado 2 del artículo 21 y los apartados 2, 3 y 4 de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la 
Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue: e.
«Artículo 21.  Zonas de gran afluencia turística. 10ww
[2.... ] La declaración de zona de gran afluencia turística, que podrá extenderse a
tcoodnod ioci opnaerste d dee al ptléicrmaciinóon ,m inucnluicyiepnadl oo  lodse lp neúrícoldeoos u ar bqauneo s, efi jeax tpieanrad ec.ada caso las  BOE-A-cable e
[...]
Disposición transitoria cuarta.  Zonas de gran afluencia turística.
[...]
2.  Las zonas de gran afluencia turística que tengan declarado un período 
estacional correspondiente a la Semana Santa y Pascua o al período estival, y que en 
el momento de entrada en vigor de la Ley 3/2018, de 16 de febrero, de la Generalitat, 
por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la disposición transitoria cuarta, de 
la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat 
Valenciana, son Alcalà de Xivert, Almenara, Altea, Benicarló, Benicasim, Benidorm, 
Benissa (excepto la costa), Benitachell, El Campello, Calp, Canet d’en Berenguer, 
Chella, Chiva, Cullera, Daimús, Dénia, Elche (L’Altet, La Marina y Els Arenals), Gandia 
(playas y el Grau), Gata de Gorgos, Gilet, Guardamar del Segura, Jávea, Massalfassar, 
Miramar, Moncofa, Montserrat, Náquera, La Nucia, Oliva (litoral), Ondara, Oropesa del 
Mar, Pedreguer, Peñíscola, Picassent, Pilar de la Horadada (excepto la costa), Piles, 
La Pobla de Farnals (playa), Els Poblets, Real, Rojales, Sagunto, San Fulgencio, Sant 
Mateu, Santa Pola, Segorbe, Tavernes de la Valldigna (zona playa), Teulada, Torrent, 
Turís, El Verger, Villajoyosa, Vinaròs, Xeraco (playa) y Chilches, desde el momento de 
la entrada en vigor de la Ley 3/2018, y en tanto no se modifique su declaración de 
zona de gran afluencia turística en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
presente ley, pueden abrir al público en los siguientes períodos, además de los 
declarados con carácter general por aplicación del artículo 18 de esta ley:
a)  Los domingos y festivos del período comprendido entre el Domingo de 
Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo, en su caso.
b)  Los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y 
el 15 de septiembre.
3.  Las zonas de gran afluencia turística que tengan declarado un período 
anual, y que en el momento de entrada en vigor de la Ley 3/2018, de 16 de febrero, 
de la Generalitat, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio 
de la Comunitat Valenciana, son: Alborache, L’Àlfàs del Pi, Benissa (costa), 
Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa) y Torrevieja, desde el 
momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2018, y en tanto no se modifique su 
declaración de zona de gran afluencia turística en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 21 de la presente ley, pueden abrir al público en los siguientes períodos, 
además de los declarados con carácter general por aplicación del artículo 18 de 
esta ley:
a)  Los domingos y festivos del período comprendido entre el Domingo de 
Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo, en su caso.
b)  Los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de 
enero, excepto el 9 de octubre, el 25 de diciembre o bien el 26 de diciembre cuando 
este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad, y el 1 de enero.
4.  Las zonas de gran afluencia turística declaradas en las ciudades de València 
y Alicante, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2018, y en tanto no 
se modifique su declaración de zona de gran afluencia turística en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la presente ley, pueden abrir al público en los 
siguientes períodos, además de los declarados con carácter general por aplicación  e.
del artículo 18 de esta ley: w.b
y el as)e guLnodso d doomminignogso  yd efe Pstaivsocsu dae, le pxecreíopdtoo  eclo lmunperse nddeid Poa esncturea  eyl  eDl o1m dineg mo adyeo R, eanm sous 
casob.)  Los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de
enero, excepto el 24 de junio, el 9 de octubre, el 25 de diciembre o bien el 26 de
diciembre cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad, y 
el 1 de enero la ciudad de Alicante, y el 19 de marzo, el 15 de agosto, el 9 de 
octubre, el 25 de diciembre o bien el 26 de diciembre cuando este sea declarado 
festivo por traslado de la fiesta de Navidad, y el 1 de enero la ciudad de València.»
Sección segunda.  Áreas industriales
Artículo 80.
Se modifican el apartado 3 del artículo 2, el título y los apartados 1, 2, y 3 del artículo 
5, los apartados 1, 2, y 5 del artículo 7, los apartados 1, 4 y 5 y se añaden nuevos 
apartados 6, 7 y 8 en el artículo 11, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 21 y el 
apartado 2 del artículo 27, de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados 
de la manera siguiente:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación y definiciones.
[...]
3.  A los efectos de esta ley, se consideran titulares privadas de un área 
industrial, a las personas físicas y jurídicas, así como a las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria que, 
conforme a la legislación de derecho civil y administrativo aplicable, tengan 
naturaleza privada, y sean titulares de alguno de los siguientes derechos reales 
sobre los bienes inmuebles situados en un área industrial delimitada:
a)  Derecho de propiedad.
b)  Derecho de usufructo.
c)  Derecho de superficie.»
«Artículo 5.  Integrantes obligatorias de las entidades de gestión y modernización.
1.  Cada entidad de gestión y modernización que se constituya estará integrada 
obligatoriamente por todas las personas y entidades titulares privadas definidas en 
el apartado 3 del artículo 2, así como por las entidades públicas que tengan adscritos 
o sean titulares de bienes inmuebles demaniales destinados a una explotación u 
actividad económica privada o de bienes inmuebles patrimoniales, todos ellos 
situados en el área industrial delimitada.
2.  La integración de todas las personas y entidades anteriores en las entidades 
de gestión y modernización será universal, obligatoria y automática desde que se 
autoricen por los ayuntamientos competentes, y todas ellas deberán contribuir 
desde el acuerdo de autorización a los gastos de la entidad conforme a sus 
respectivos coeficientes de participación.
3.  Las entidades públicas que no dispongan de bienes patrimoniales dentro de 
un área industrial y solo tengan adscritos o sean titulares de inmuebles dotacionales 
o de dominio y uso público no destinados a una explotación u actividad económica 
privada, no se considerarán integrantes obligatorias de la entidad y, por tanto, no 
tendrán la obligación de contribuir a los gastos de la misma. No obstante lo anterior, 
sí tendrán derecho al menos a una persona representante, con voz pero sin voto, 
tanto en la asamblea general como en la junta directiva de la entidad.» e.e
«Artículo 7.  Legitimación y contenido de la solicitud de constitución. 10ww
ayun1t.a mLiean stool iccoitmudp edtee nctoen psotitru ucnióan c doem lias ieónnt ipdraodm sootolor ap coodnrás tsiteurid par efosremntaalmdae natnet,e e enl 
dpoecrsuomneanst otit uplúabrelicso d oe fpinriivdaadso e, ny  eqlu aer taíccurelod i5te.1 q, uqeu ere apdreesmeánsta r eapl mreesneonste anl  a2l5 m %e ndoes la esl   BOE-A-cable e
25 % de los coeficientes de participación, calculados conforme al artículo 21.
2.  La solicitud de constitución incluirá, al menos, los siguientes contenidos:
a)  La identificación de las personas titulares que integran la comisión 
promotora, así como un domicilio a efectos de notificaciones.
b)  La identificación exacta del área industrial que se quiere gestionar.
c)  Un proyecto de estatutos, que incluirá al menos el contenido establecido en 
el artículo siguiente.
d)  Un plan inicial de actuación, en el que se incluirá al menos:
i.  Una memoria justificativa de las funciones básicas que se quieren desarrollar 
por la entidad, y en su caso, de los servicios, mejoras o las medidas de gestión y 
modernización propuestas.
ii.  Un  proyecto  de  presupuesto  de  los  gastos  necesarios  para  su 
funcionamiento, concretando en su caso las partidas para la realización o 
implantación de los servicios, actuaciones, medidas y mejoras propuestas.
iii.  Las fuentes de financiación previstas.
iv.  El período de duración de la entidad y, en su caso, el cronograma 
aproximado para la implantación de los servicios, mejoras, medidas o actuaciones 
que se proponen.
e)  Certificación registral de dominio y cargas de todos los inmuebles y 
derechos reales definidos en el apartado 3 del artículo 2, privados, patrimoniales y 
demaniales destinados a explotación económica privada, que estén inscritos e 
incluidos en el área industrial que se quiere gestionar por la entidad, para acreditar 
el porcentaje de representación exigido como comisión promotora en el punto 1 de 
este artículo. En caso de no constar inscrito un inmueble o un derecho real, se 
deberá aportar respecto al mismo copia del documento acreditativo de su titularidad 
o adscripción.»
«5.  La expedición de la certificación registral a que se refiere el apartado 2 se 
reflejará mediante nota al margen de los inmuebles o derechos reales a que se 
refiere. Esta nota se podrá cancelar, en su caso, presentando el certificado municipal 
que acredite la inadmisión, el desistimiento o la desestimación de la solicitud por la 
comisión promotora.»
«Artículo 11.  Asamblea de ratificación.
1.  Una vez acordada la aprobación provisional y resueltas las posibles 
alegaciones por el pleno del ayuntamiento, se convocará a una asamblea de 
ratificación a todas las personas y entidades que conforme el apartado 1 del artículo 5, 
puedan ser integrantes obligatorias de la entidad de gestión y modernización a 
constituir.
[...]
4.  Para que el proyecto de convenio pueda considerarse ratificado, deberá 
obtener el voto favorable de, como mínimo, el 51 % de las personas que puedan ser 
integrantes obligatorias de la entidad de gestión y modernización a constituir, y que 
además, representen, como mínimo, el 51 % de los coeficientes de participación.
5.  En la asamblea de ratificación, y por la misma doble mayoría anterior, se 
deberán aprobar la voluntad de constituir la entidad, el proyecto de convenio y los 
estatutos de la misma. También deberá aprobarse, por mayoría simple de las  e
personas asistentes y representadas, el nombramiento de las personas que, entre  bo
todas las integrantes de la entidad, vayan a ejercer los cargos de la junta directiva  10ww
prev6is. tosL aesn  eple arspoanrtaasd oq 2u ed epl uaertdícaunl os 2e3r .integrantes de la entidad y hayan sido
cpoonr vootrcaasd paes raso lan aass afímsicbalesa o d jeu rríadtiicfiacsa.ción, podrán hacerse representar en la misma
7.  La representación deberá conferirse en documento público, o bien en 
documento electrónico u otro tipo de documento privado, siempre que se garantice 
en el mismo la identidad de la persona representada y de la persona representante. 
El documento de representación deberá obligatoriamente contener o llevar anejo el 
orden del día, el contenido íntegro de los proyectos de convenio, de estatutos y del 
plan inicial de actuación, así como la voluntad u oposición expresa de la persona 
representada a la constitución de la entidad. Las representaciones que no incluyan 
al menos el contenido anterior, no podrán ser admitidas y se computarán como 
ausencias de las personas representadas. El documento de representación podrá 
además incluir instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por parte de la 
persona representante y la indicación del sentido en que votará el mismo en caso 
que no se impartan instrucciones precisas.
8.  La representación es siempre revocable, y la asistencia personal a la junta 
de la persona representada tendrá valor de revocación.»
«Artículo 21.  Coeficientes de participación y régimen de acuerdos de la asamblea 
general.
1.  Los coeficientes de participación de cada persona integrante de la entidad 
de gestión y modernización se determinarán por la división del valor catastral de 
cada inmueble o derecho real privado, patrimonial o demanial destinado a 
explotación económica, por la suma de todos los valores catastrales de todos los 
inmuebles y derechos reales, privados, patrimoniales y demaniales destinados a 
explotación económica, que estén situados en el área industrial. No obstante lo 
anterior, en los estatutos o por acuerdo de la asamblea general, convocada en 
sesión extraordinaria y como único punto del día, podrá establecerse otro método 
proporcional para calcular los coeficientes de participación, siempre y cuando lo 
apruebe al menos el 51% de las personas integrantes de la entidad de gestión y 
modernización a constituir, que, además, representen, como mínimo, el 51 % de los 
coeficientes de participación, calculados para esta exclusiva votación en base al 
método del valor catastral.
2.  A los exclusivos efectos de posibilitar el cálculo de los coeficientes de 
participación, de las mayorías previstas en esta ley y de la representación exigida 
en el apartado 1 del artículo 7, el ayuntamiento competente deberá facilitar la 
titularidad y el valor catastral de todos los inmuebles y derechos reales que conllevan 
la integración en la entidad. Dicha información catastral solo podrá ser entregada, 
previa solicitud justificada, a las comisiones promotoras de una entidad de gestión y 
modernización para el área industrial que se hayan constituido formalmente como 
tales, así como a las entidades a las que, siéndoles aplicable la disposición adicional 
primera de esta ley, tengan personalidad jurídica propia. Las comisiones promotoras 
y entidades anteriores a la que se cedan para su tratamiento los datos catastrales 
anteriores, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este 
tratamiento, estarán sujetas a los deberes de protección y confidencialidad 
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, 
de 27 de abril de 2016 y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales.
[...]»
«Artículo 27.  Recursos económicos de las entidades de gestión y modernización es
[...] w.
raerltaícc2ui.ó lon  L2aa1  s cduoe nc toeriesbftuiacc ieilóennyt, e d sedi e bc iapedanar tl iacin iptaeasgcarimóannb,tl eec aas lecg uedlnaeedteroar mlc opinnoafdroárrám  maeac syoeord rieatasr rtairaebmdleueccnect eieo nnc oeensl    2020-1010n https://ww
totales o parciales de la cuota para personas propietarias de solares sin edificar,
naves sin uso, parcelas destinadas a fines de interés general del área, o de otros  Bc
bienes inmuebles, derechos reales o personas propietarias que reúnan otras 
circunstancias especiales que justifiquen dichas reducciones.
[...]»
CAPÍTULO IX
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
Sección primera.  Control medioambiental
Artículo 81.
Se modifica el apartado primero de la disposición adicional tercera y se añade una 
disposición transitoria cuarta a la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, que 
queda redactado como sigue:
«Disposición  adicional  tercera.  Régimen  de  coordinación  aplicable  a  las 
infraestructuras públicas de gestión de residuos en suelo no urbanizable
1.  De conformidad con la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la 
Comunitat Valenciana, las determinaciones contenidas en el Plan integral de 
residuos y en los planes zonales de residuos vinculan a los distintos instrumentos 
de ordenación urbanística. Dado su carácter vinculante, las zonas aptas y 
emplazamientos seleccionados en los proyectos de gestión para la ejecución de 
vertederos, plantas de transferencia, plantas de tratamiento mecánico-biológico y 
ecoparques, tienen la consideración de áreas de reserva de suelo con destino 
dotacional para las instalaciones de gestión de residuos amparadas por los 
proyectos de gestión aprobados por los correspondientes órganos competentes que 
desarrollan las prescripciones de los planes zonales, por lo que no será necesaria 
la tramitación de plan especial para su ejecución en suelo no urbanizable, 
considerándose implícita la compatibilidad con el planeamiento urbanístico.
Estas previsiones también serán de aplicación en los casos de proyectos de 
vertederos con emplazamiento en las zonas previstas para estudio de detalle en los 
planes zonales, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del Instituto 
Geológico y Minero de España.
Ello sin perjuicio del sometimiento a evaluación de impacto ambiental del 
proyecto técnico de las instalaciones que vayan a ejecutarse, que se llevará a efecto 
en el seno del procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental 
integrada o licencia ambiental de dichas instalaciones.
[...]»
«Disposición transitoria cuarta.
1.  Cualquier instalación o actividad, cuya titularidad corresponda a la 
Administración general del Estado, la Generalitat, la Administración local, las 
universidades públicas, y los organismos públicos o autónomos vinculados o 
dependientes de las administraciones públicas, que se halle en funcionamiento con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, y que cuente  e.
con la preceptiva licencia urbanística de uso, transformación y edificación del suelo,  w.b
subsuelo y vuelo, deberá regularizarse en un plazo no superior a 4 años desde la  10ww
esingturaiednate esn s uvpiguoers dtoes :la presente disposición, cuando se produzca alguno de los
a)  Que no disponga del correspondiente instrumento de intervención ambiental
habilitante, siendo exigible en el momento de su puesta en funcionamiento.
b)  Que sus sucesivas modificaciones de la actividad no dispongan del título 
habilitante exigible en dicho momento.
2.  En estos casos, deberá presentarse la correspondiente solicitud y la 
documentación exigida por la normativa ambiental vigente en el momento de la 
presentación de dicha solicitud de regularización, respecto a lo no autorizado por la 
licencia urbanística. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones sobre 
disciplina ambiental establecidas en la normativa sectorial aplicable.
3.  Una vez transcurrido este plazo de 4 años, si la instalación o actividad no 
hubiera sido regularizada conforme a lo previsto en los apartados anteriores, se 
estará a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente en dicho momento.
4.  Quedan excluidas de lo previsto en la presente disposición las autorizaciones 
ambientales integradas. Informe sobre los cambios realizados en la propuesta de 
enmienda que introduce la disposición transitoria cuarta en la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat 
Valenciana.»
Sección segunda.  Contaminación acústica
Artículo 82.
Se modifican el artículo 7, el artículo 53 y el artículo 57; se añaden un nuevo 
artículo 53 bis, una nueva disposición derogatoria única y una nueva disposición transitoria, 
y se modifica el anexo II, de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de protección contra la contaminación acústica, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 7.  Definiciones.
1.  A los efectos de esta ley, los parámetros de ruidos y vibraciones quedan 
definidos en el anexo I.
2.  Los términos acústicos no indicados en el anexo I se interpretarán de 
conformidad con el código técnico de edificación previsto en la Ley de ordenación 
de la edificación. En ausencia del mismo se aplicarán las normas básicas de 
edificación: condiciones acústicas de edificación (NBE-CA-88), sus posibles 
modificaciones, las normas UNE-EN y, en su defecto, las normas ISO.
3.  A los efectos de la presente ley, se entenderá por «día» u horario diurno el 
comprendido entre las 08.00 y las 22.00 horas, y por «noche» u horario nocturno 
cualquier intervalo comprendido entre las 22.00 y las 08.00 horas del día siguiente.
4.  Se exceptúa a lo indicado en el apartado 3 el ruido producido por las 
infraestructuras de transporte definidas en el artículo 53. Para este emisor acústico 
se entenderá por “día” el periodo comprendido entre las 07.00 y las 19.00 horas, por 
“tarde” el periodo comprendido entre las 19.00 y las 23.00 horas y por “noche” el 
período comprendido entre las 23.00 y las 07.00 horas.»
«Artículo 53.  Normativa aplicable.
1.  El ruido producido por las infraestructuras de transporte existentes en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana se evaluará siguiendo los procedimientos y 
criterios establecidos reglamentariamente.
2.  Los proyectos de nuevas infraestructuras deberán contemplar las medidas 
encaminadas a cumplir los objetivos de calidad establecidos en la tabla 3 del  e.
anexo II, siempre que estos sean viables técnica y económicamente. w.b
Igualmente, tales proyectos deberán contemplar las medidas encaminadas a  10ww
creufmerpidliar  lleoys,  nsiievemlepsre d qeu ev iebsratocsio sneeasn  evsiatabblelesc tiédconsi cean y l ae ctoanbólam 1ic admele anntee.xo III de la
ocas3i.o neE nu neal  ssuuppeureasctioó ne enn q mueá sla d ep r1e0s ednBc(iAa)  ddee  ulonsa l íimnfirtease sfitjraudcotusr ean d lea  ttarabnlas p3o drteel 
anexo II evaluados por el procedimiento que reglamentariamente se determine, la
administración pública competente en la ordenación del sector adoptará un plan de 
mejora de calidad acústica.
4.  Los planes determinarán las acciones prioritarias a realizar para mejorar los 
índices de calidad acústica en caso de que se sobrepasen los valores de superación 
señalados en el apartado 3. Dichos planes incluirán en todo caso las medidas 
necesarias para no sobrepasar dichos niveles de superación en aquellos ámbitos 
relevantes que expresamente así se delimiten en los mapas estratégicos de ruido 
por su especial sensibilidad acústica.
5.  A efectos de esta ley, se considerarán infraestructuras integradas en 
conurbaciones aquellos tramos que discurran o sean colindantes con el suelo 
clasificado como urbano, formen parte de las redes metropolitanas o tengan como 
función distribuir el tráfico de acceso a las mismas o evitar el paso por un núcleo 
urbano determinado mediante un trazado perimetral. En dichas infraestructuras, de 
acuerdo con lo establecido para los planes acústicos municipales en el artículo 21 
de la presente ley, será objeto específico del plan de mejora de la calidad acústica 
la adopción de las medidas que permitan la progresiva reducción de los niveles de 
ruido, incluyendo en su programa de actuación aquellas que procedan al respecto 
de entre las señaladas en el apartado 2 del artículo 23.
En las infraestructuras integradas en conurbaciones, el nivel de priorización y la 
tipificación de las medidas señaladas en el párrafo anterior serán congruentes con 
lo establecido en los planes acústicos municipales en los casos en los que 
procediera su formulación. En cualquier caso, será igualmente congruente la 
programación de la ejecución efectiva de tales medidas. Las administraciones 
competentes en las antedichas infraestructuras y los ayuntamientos concernidos 
podrán suscribir los acuerdos y convenios que procedan para su implantación, 
mantenimiento y gestión en orden a asegurar la máxima eficacia posible.
A efectos de esta ley no se considerarán nuevas infraestructuras las que se 
ejecuten o implanten en viarios urbanos ya existentes con independencia de cuál 
sea su titularidad. En tales casos los objetivos y criterios de actuación, así como la 
tipificación de soluciones a utilizar serán los establecidos en el presente apartado.
Artículo 53 bis.  Medidas preventivas y planes de mejora de calidad acústica en 
infraestructuras de transporte.
1.  Los proyectos de nuevas infraestructuras deberán contener un estudio 
acústico que evalúe el impacto de la infraestructura sobre su entorno y justifique la 
utilización de la mejor tecnología disponible de protección contra ruidos y 
vibraciones, según el procedimiento que reglamentariamente se determine. Dicho 
estudio acústico deberá ir firmado por técnico competente y estará contenido en el 
estudio de impacto ambiental de la infraestructura.
2.  A su puesta en uso, se comprobará el nivel sonoro transmitido al entorno. 
En caso que se superen en más de 10 dB(A) los objetivos de calidad, se revisarán 
y modificarán las medidas correctoras para evitar tal superación.
3.  A los efectos de la elaboración del Plan de mejora de la calidad acústica, se 
entenderá que es administración pública competente en la ordenación del sector 
aquella que sea titular de la infraestructura en cuestión, sea la Administración 
estatal, autonómica o alguna de las entidades que integran la Administración local.
Si la titularidad de la infraestructura es de la Administración autonómica, será 
órgano competente para la elaboración del Plan de mejora de la calidad acústica la  e.e
conselleria con competencias en materia de infraestructuras. w.b
4.  El Plan de mejora de la calidad acústica podrá incluir, según las circunstancias,  10ww
arelgsutarni)ca c dioPenr oleahssi  bsdiicegi uóvinee nldoteecs idl ama dce idrdciduuarlaasn,c tioóe n ad qdeuetee larlamlgsi unonatrada oscs lqa uisneet e sdreve a cvlooenshs íihcdouerlroaesrni o casod nee cnpu oaqsduiabesl e:las   OE-A-2020-10able en https://
circulación sea más intensa.
b)  Utilización de mezclas asfálticas acústicamente absorbentes para la banda 
de rodadura del pavimento.
c)  Puesta en servicio de transportes públicos especialmente silenciosos, como 
los eléctricos, a gas, mixtos y similares.
d)  Acondicionamiento acústico de los túneles, especialmente en sus 
embocaduras.
e)  Utilización de pantallas acústicas de diversas formas y materiales, según 
los casos, que queden, en la medida de lo posible, integradas en el entorno.
f)  Cuantas medidas de gestión de tráfico se consideren oportunas.
5.  En el supuesto de que las medidas económica y técnicamente viables no 
consiguieran reducir los niveles sonoros por debajo de los establecidos en el 
apartado 1 de este artículo, los sectores del territorio afectados al funcionamiento o 
desarrollo de las infraestructuras de transporte, así como los sectores de territorio 
situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán 
quedar gravados por servidumbres acústicas, delimitadas en los mapas de ruido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido.
6.  En relación con los procedimientos y criterios de evaluación del ruido 
producido por infraestructuras de transporte rodado, ferroviario y tranviario, para el 
caso de infraestructuras existentes, queda como sigue:
Para evaluar el ruido producido por la infraestructura, se realizarán mediciones 
del nivel sonoro según las siguientes indicaciones:
a)  El parámetro a medir será el nivel de presión sonora equivalente ponderado 
(LAeq,T), durante las 12 horas del periodo día (Ld), 4 horas del periodo tarde (Le) o 
las 8 horas de la noche (Ln). No obstante, se podrán aplicar técnicas de muestreo 
según la siguiente metodología:
– Se deberán realizar al menos 3 series de mediciones del LAeq,T, con tres 
mediciones en cada serie, de una duración mínima de 5 minutos (Ti = 300 segundos), 
con intervalos temporales mínimos de 5 minutos, entre cada una de las series.
– La evaluación del nivel sonoros en el periodo tem poral de evaluación se 
determinará a partir de los valores de los índices LAeq,T, de cada una de las 
medidas realizadas ap licando la siguiente expresión:
 
Donde:
T es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación 
considerado.
Ti es el intervalo de tiempo de la medida i.
n es el número de mediciones del conjunto de las series de mediciones 
realizadas en el periodo de tiempo de referencia T.
El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dBA, 
tomando la parte entera como valor resultante.
b)  La localización de los puntos de medición podrá variar según la zona donde  o
se sitúe la infraestructura y los receptores más cercanos: 10www.
los –p uEntno sla sd ee dmifeicdaicciioónne sse.  Esnit ueal reáxnt,e raiol rm deen olass,  ead 1ifi,c5a cmioentreoss  (dbeallc souneelso,  yte rlora mzaáss) 
aleja–d oA  pnoivseibl ldee d cea llale f.a Ecnh alad ac a(alle s eser  ploocsaiblilzea, raá n2  lmose tprousn)t.os de medición al menos a  BOE-A-cable e
2 metros de las fachadas cercanas.
– En campo abierto. En campo abierto se localizarán los puntos de medición 
al menos a 10 metros de la fuente de ruido, preferentemente a una altura entre 3 
y 11 metros y nunca inferior a 1,5 metros del suelo.
– En general, las mediciones se realizarán a una cota superior a la de la 
infraestructura, a unos 4 metros aproximadamente de altura sobre esta. Se deberá 
indicar claramente dónde se ha ubicado el micrófono del sonómetro: altura, distancia 
a la carretera, etc.
c)  Las condiciones de la medición serán las siguientes:
– Se realizarán mediciones con sonómetros que cumplan las características de 
los artículos 6 y 7.
– El micrófono se orientará hacia la infraestructura, con una ligera inclinación 
hacia arriba (de unos 30 – 45º).
– El sonómetro se situará preferiblemente sobre trípode.
– Si se ha situado el micrófono a menos de 2 metros de una superficie 
reflectante, deberá aplicarse la corrección por reflexión.
– Las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las 
especificaciones del fabricante del equipo de medida.
– En la evaluación del ruido transmitido no serán válidas las mediciones 
realizadas en el exterior con lluvia.
– Será preceptivo que, antes y después de cada medición, se realice una 
verificación acústica de la cadena de medición mediante calibrador sonoro, que 
garantice un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto al valor de 
referencia inicial.
– Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizarán usando equipos 
de medidas con pantalla antiviento. Así mismo, cuando en el punto de evaluación la 
velocidad del viento sea superior a 5 metros por segundo se desistirá de la 
medición.»
«Artículo 57.  Sanciones.
1.  La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador 
corresponde a la persona titular de la alcaldía y, subsidiariamente, a la persona 
titular de la conselleria competente por razón de la materia.
Si en el ejercicio de las facultades de inspección la administración de la 
Generalitat detectase un incumplimiento de las prescripciones de la presente ley, lo 
pondrá en conocimiento de la persona titular de la alcaldía respectiva para que 
adopte las medidas oportunas. Transcurrido el plazo de un mes sin que éstas fueran 
adoptadas, la administración de la Generalitat podrá requerir de nuevo o proceder a 
la incoación del procedimiento sancionador, dando cuenta en este caso a la 
autoridad municipal de cuantas resoluciones adopte.
2.  Corresponde a los ayuntamientos y a la Generalitat imponer las sanciones 
previstas en la presente ley de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, 
sin perjuicio de las especialidades previstas en el presente título, siendo el plazo para 
resolver el procedimiento y notificar la resolución, en los procedimientos sancionadores 
tramitados de acuerdo con la presente ley, de un año. s
3.  La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá: oe.
a)  A la persona titular de la alcaldía cuando la cuantía no exceda de 6.000  10ww
eurobs).  A la persona titular de la conselleria competente por razón de la materia
cuando la cuantía exceda de 6.000 euros.
4.  La persona titular de la alcaldía propondrá a los órganos competentes de la 
Generalitat imposición de sanciones cuando estime que corresponde una multa en 
cuantía superior al límite de su competencia.
5.  La retirada temporal de la licencia, cuando corresponda, podrá ser acordada 
por la persona titular de la alcaldía. La retirada definitiva podrá ser acordada por la 
persona titular de la conselleria competente por razón de la materia.»
«Disposición derogatoria única.
Quedan derogados los artículos y procedimientos de evaluación regulados en el 
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia 
de contaminación acústica, que se opongan o contradigan el presente texto legal, 
quedando el resto en vigor.»
«Disposición transitoria tercera.
Lo indicado en los apartados 2 y 3 del artículo 53 no será de aplicación 
obligatoria en los proyectos cuya aprobación se produzca con anterioridad al 1 de 
julio de 2020, en que se podrán adoptar los objetivos de calidad establecidos en la 
tabla 1 del anexo II.»
«ANEXO II
NIVELES SONOROS
Tabla 1
Niveles de recepción externos
Nivel sonoro dB(A)
Uso dominante
Día Noche
Sanitario y docente. 45 35
Residencial. 55 45
Terciario. 65 55
Industrial. 70 60
Tabla 2
Niveles de recepción internos
Nivel sonoro dB(A)
Uso Locales
Día Noche
Zonas comunes. 50 40
Sanitario. Estancias. 45 30
Dormitorios. 30 25 s
Piezas habitables (excepto  b
40 30 w.
Residencial. cocinas). 45 35 10ww
PZoansiallso sc,o amsuenoe, sc oecdinifiac.io. 50 40
Docente. ASuallaass. de lectura. 4305 3300
Nivel sonoro dB(A)
Uso Locales
Día Noche
Salas de concierto. 30 30
Bibliotecas. 35 35
Cultural.
Museos. 40 40
Exposiciones. 40 40
Cines. 30 30
Teatros. 30 30
Recreativo.
Bingos y salas de juego. 40 40
Hostelería. 45 45
Bares y establecimientos 
Comercial. 45 45
comerciales.
Administrativo  Despachos profesionales. 40 40
y oficinas. Oficinas. 45 45
Tabla 3
Niveles de recepción externos para infraestructuras
Nivel sonoro dB(A)
Uso dominante
Día (Ld) Tarde (Le) Noche (Ln)
Sanitario y docente. 45 45 35
Residencial. 55 55 45
Terciario. 65 65 55
Industrial. 70 70  60»
Artículo 83.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la contaminación acústica, 
que quedará redactada de la siguiente manera:
«Primera.  Situaciones especiales
1.  La autoridad competente, tanto la local como la autonómica por razón de la 
materia a la cual pertenezca la fuente generadora del ruido o vibraciones y otorgue 
las autorizaciones pertinentes para la celebración de situaciones especiales 
referidas al presente, podrá eximir, con carácter temporal, del cumplimiento de los 
niveles de perturbación máximos fijados en la presente ley en determinados actos 
de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos. En estos últimos se 
consideran comprendidos los acontecimientos musicales que se celebren en la 
Comunitat Valenciana, a los cuales se exigirá que dispongan de marca turística 
contemplada en la normativa autonómica y que adopten las mejores tecnologías  es
disponibles a fin de reducir los niveles de ruido transmitido a los receptores más  o
próximos que, en ningún caso, podrán superar los límites máximos establecidos en  10ww
la correspondiente resolución específica.»
Sección tercera.  Aprovechamientos forestales
Artículo 84.
Se modifican el apartado 2 del artículo 30 y el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 3/1993, 
de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana, que 
quedan redactados como sigue:
«Artículo 30.
[...]
2.  A los efectos de esta Ley son aprovechamientos forestales las maderas, 
leñas, cortezas, pastos, frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, 
setas y trufas, productos apícolas y, en general, los demás productos y subproductos 
propios de los terrenos forestales, así como los servicios con valor de mercado 
característicos de los montes. Igualmente son aprovechamientos las actividades 
cinegéticas, que se regularán por su legislación específica.
No tendrán consideración de aprovechamiento forestal la eliminación de 
especies exóticas invasoras, requiriendo únicamente una comunicación previa a la 
Administración forestal.
[...]»
«Artículo 35.
[...]
4.  En ningún caso se autorizarán ni realizarán vías de saca cuyas pendientes 
longitudinales sean superiores al quince por cien, o de modo que puedan originar 
erosión o dejar terrenos desprotegidos ante el arrastre por lluvias fuertes o 
torrenciales.»
Artículo 85.  Modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana con la inclusión de una disposición 
adicional.
«Disposición adicional sexta.
1.  Las obras que, con arreglo al Plan de acción territorial forestal (Patfor), sean 
consideradas de interés público de primer orden en planes, programas o proyectos, 
no precisarán para su ejecución de la licencia municipal de obras, sin perjuicio de su 
comunicación a los municipios afectados y de lo que pueda disponer la legislación 
básica.
2.  La ejecución de las actuaciones a las que se refiere el párrafo anterior 
tendrá prevalencia sobre los instrumentos de planeamiento o gestión urbanísticos.»
Artículo 86.  Modificación del punto c del apartado 2 del artículo 24 y el apartado 3 del 
artículo 52 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana.
1.  El punto c del apartado 2 del artículo 24 queda redactado con el siguiente texto:
«c)  Aves acuáticas: 250 hectáreas.»
2.  El apartado 3 del artículo 52 queda redactado con el siguiente texto: oe.
«3.  Salvo las sueltas que se realicen en los cotos intensivos y en los  10ww
ccaomnspeelloenriaat ocso mdep ectaeznate p eronv mincaitaelreias  dy ea ucatoznaó, mtoidcoas s oufeicltiaa loe sre, pproebvlaiac iaóunt oqruizea sceió rne daelic lea 
emnín tiemrore dneo sq uciinnceeg édtíaicso sa ncteosn ldleev aqruáe  olobsli gaantimoraialemse pnuteed uann  pseerr icoadzoa ddoes a.climatación  BOE-A-cable e
Estas sueltas o repoblaciones aun con aclimatación, quedan prohibidas en el 
periodo hábil de caza de la especie de que se trate, con excepción de aquellas que 
se realicen en los campeonatos de caza provinciales y autonómicos oficiales 
debidamente autorizados, en cuarteles de reserva o con otras garantías que impidan 
su captura en esa temporada de caza, y aquellas otras que se realicen en las zonas 
de suelta establecidas en el apartado siguiente.»
Sección cuarta.  Saneamiento de aguas residuales
Artículo 87.
Se modifican los artículos 1, 3, 9, 16 y 19 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del 
gobierno valenciano, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunitat Valenciana, 
y se añade una disposición transitoria quinta, con la siguiente redacción:
«Artículo 1.  Objeto.
1.  La presente ley tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y 
eficaz entre las distintas administraciones públicas; la captación y suministro en alta; 
la evacuación, depuración, tratamiento y reutilización de aguas residuales en el 
ámbito de territorial de la Comunitat Valenciana, así como la mejora de la gestión y 
de las infraestructuras vinculadas a estos procesos, con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad y la eficiencia hidráulica y energética del ciclo urbano del agua, con 
absoluto respeto a las competencias municipales y en el marco de la colaboración 
interadministrativa.
A estos efectos se entienden comprendidas en el ámbito de la ley:
a)  La gestión y explotación de instalaciones públicas de abastecimiento en 
alta, evacuación, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales 
procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad local y, en su caso, de 
depósitos antidesbordamiento de sistemas unitarios.
b)  La realización de obras de infraestructura para abastecimiento de aguas de 
carácter general, de actuaciones que sirvan para la corrección de sistemas de 
saneamiento deficientes y de obras de construcción de instalaciones públicas de 
depuración y tratamiento para la reutilización de aguas residuales procedentes de 
las redes de alcantarillado de titularidad local y, en su caso, de depósitos 
antidesbordamiento de sistemas unitarios, así como colectores generales que unan 
las redes de alcantarillado de titularidad local a dichas instalaciones de depuración 
y reutilización y colectores de aguas depuradas que puedan reutilizarse para 
actuaciones de restauración ambiental y para usos consuntivos en los términos que 
permita la normativa al respecto, garantizando prioritariamente las necesidades 
ambientales y la protección del medio ambiente.
2.  Asimismo, la ley regula el régimen económico financiero preciso para 
asegurar el funcionamiento de las instalaciones de evacuación, tratamiento y 
depuración de aguas residuales, incluidos los sistemas antidesbordamiento 
asociados a colectores generales, que garantice la protección del medio ambiente y 
promueva su reutilización, así como, en su caso, para la ejecución de inversiones 
en los ámbitos objeto de esta ley, mediante la aplicación de un canon específico de  s
saneamiento y depuración. e.
3.  Esta actuación se desarrolla en el ámbito de la política de la Generalitat  w.
definitoria del marco de protección del medio ambiente y de acción para hacer frente  10ww
a la emergencia climática.»
«Artículo 3.  Competencias de la Generalitat.
1.  En el ámbito de sus competencias, corresponde a la Generalitat:
a)  La planificación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua y fijar 
niveles mínimos de calidad en la prestación de los servicios vinculados al mismo. La 
formulación de las directrices de saneamiento y del esquema de infraestructuras, 
así como de los criterios sobre niveles de depuración y calidad exigible para los 
efluentes a dominio público, de acuerdo con la planificación hidrológica y ambiental.
b)  La aprobación definitiva de los planes y proyectos de ejecución de obras y 
de explotación de las instalaciones.
c)  La aprobación y revisión del régimen económico necesario para financiar la 
gestión, explotación y construcción de las obras e instalaciones, así como la 
intervención de los gastos financiados.
d)  La elaboración de proyectos, ejecución de obras y explotación de las 
instalaciones y servicios que promueva directamente, así como la realización 
participada, por convenio, por sustitución o por cualquier otro título previsto 
legalmente, de aquellas otras que las entidades locales no realicen o se ejecuten 
conjuntamente.
e)  El control de los vertidos a las redes de colectores generales, estableciendo 
las limitaciones de caudal y contaminación en función de las características de la 
red y de las instalaciones de tratamiento, de forma que se garantice una calidad 
adecuada del agua y se fijen unos niveles mínimos de servicio, que garantice la 
protección del medio ambiente receptor y favorezca la reutilización adecuada de las 
aguas, evitando su desaprovechamiento.
f)  Fomentar la reutilización del agua tratada, realizar planes y proyectos en la 
materia, introducir soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia hidráulica y 
energética e introducir el uso de energías renovables en todos los procesos del ciclo 
urbano del agua.
g)  Asesorar a los ayuntamientos en la determinación de los costes de los 
servicios vinculados al ciclo urbano del agua y los mecanismos de repercusión de 
dichos costes a las personas usuarias, físicas o jurídicas, así como en relación con 
el cumplimiento de los estándares que garanticen la gestión eficaz de estos 
servicios, teniendo en cuenta los criterios derivados del carácter de derecho humano 
fundamental del abastecimiento de agua potable y saneamiento.
2.  En el ámbito de la planificación hidrológica y de infraestructuras hidráulicas 
que corresponde a la Generalitat, la dirección general competente en materia de 
aguas incluirá planificación de infraestructuras para la reutilización de las aguas 
regeneradas, sea para usos consuntivos o para fines ambientales, así como su 
ejecución, sin menoscabo de aquellas actuaciones que puedan promover otras 
administraciones y centros directivos en el ejercicio de sus propias competencias.
3.  La Generalitat podrá delegar sus competencias en las entidades locales u 
otros organismos o utilizar cualquier otro mecanismo convenido, concertado, 
organizativo o funcional, en el caso de que ello contribuya a mejorar la eficacia de la 
gestión pública.»
«Artículo 9.  Obras.
1.  La ejecución de las obras e instalaciones referidas en el punto b del  e.
apartado 1 del artículo 1 de esta ley, por constituir infraestructuras de interés  w.b
comunitario, no estarán sometidas a la obtención de licencia municipal. La  10ww
aedne lacu leagciióslna ceinótnr eu rlabsa noíbsrtaicsa .y el planeamiento se verificará conforme a lo dispuesto
de s2e. r cLoam inuicniiaccaiódna sd ea  laloss o baryausn yta lam pieunetsotsa  eanfe mctaardcohsa  dsei  slaus  einjestcaulaccióionn eos  gheasbtrióánn 
correspondiera a otras administraciones o entidades.»
«Artículo 16.  Funciones.
Corresponde a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana el ejercicio de las siguientes funciones:
a)  Gestionar la explotación de las instalaciones de saneamiento, depuración, 
reutilización y abastecimiento de titularidad de la Generalitat, así como las de 
titularidad local o estatal, en virtud del oportuno instrumento de colaboración entre 
administraciones.
b)  Ejecutar las obras que determine la Generalitat de las referidas en el punto 
b del apartado 1 del artículo 1 de esta ley o de inversiones en nuevas tecnologías y 
en energías renovables en las instalaciones del ciclo urbano del agua, o que 
determinen las entidades locales en virtud del oportuno instrumento de colaboración 
entre administraciones y, en todo caso, en el marco de la planificación aprobada por 
la Generalitat.
c)  Recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento, así como 
inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a otras administraciones 
o entidades distintas de la Generalitat, con el objeto de financiar las inversiones 
previstas en la ley.
d)  Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas y 
fomentar actuaciones conjuntas de cooperación en materia de saneamiento y 
depuración, reutilización y abastecimiento.
e)  Participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades 
que contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley.
f)  Llevar a cabo las actuaciones que determine la Generalitat en relación con 
las competencias especificadas en los apartados a, d, e, f y g del punto 1 del artículo 3 
de esta ley.
g)  Cualesquiera otras funciones que:
(i)  sean necesarias para llevar a cabo actividades que constituyan base, 
desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo, teniendo en 
cuenta los oportunos instrumentos de colaboración que correspondan en cada caso;
(ii)  en relación con su objeto, y vinculadas a los ámbitos de actuación de 
gestión y explotación, decidan sus órganos de gobierno;
(iii)  en relación con su objeto, le sean requeridas por la Generalitat, o por las 
entidades locales en virtud del oportuno instrumento de cooperación entre 
administraciones;
(iv)  en relación con esta ley, le sean encomendadas por la Generalitat 
mediante decreto.»
«Artículo 19.  Disposición general.
1.  La financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de 
evacuación, tratamiento, depuración, incluyendo los sistemas antidesbordamientos de 
colectores generales en sistemas unitarios, a los que se refiere esta ley, así como, 
en su caso, de las obras de construcción de las mismas, se llevará a cabo con los 
recursos que se obtengan por aplicación del presente régimen económico-
financiero. Asimismo, las inversiones a que se refiere el artículo 1 de esta ley y los 
gastos de gestión y explotación vinculados a instalaciones para reutilización de 
aguas regeneradas, podrán financiarse con los citados recursos, con independencia  e.
que los mismos puedan recuperarse mediante los correspondientes instrumentos de  w.b
colaboración en aplicación de la normativa específica. 10ww
insta2l.a ciLoanse sa dym lian isetjreaccuiocinóens  dye  elnatsid oabdreass  cpoomdpráente nstoelisc iptaarr,a a lsai mgiessmtioó,n  adyeu dlaass 
ecrcéodnitóoms icnaesc epsraorvieons ieconnte es ndteid oatdreass  oafdicmiainleisst roa cpiroivnaedsa psú.blicas, así como contraer los
3.  El pago de intereses y la amortización de créditos podrán garantizarse con 
cargo a la recaudación a obtener con el canon de saneamiento.»
«Disposición transitoria quinta.
Las normas de desarrollo de esta ley así como los estatutos de la Entidad 
Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, que 
se regirá por los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas, la 
protección de las personas consumidoras y el medio ambiente, la asequibilidad del 
servicio, la competencia entre gestores y la seguridad jurídica entre el sector público 
y privado, se adaptarán a esta ley y sus modificaciones en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor. La presente ley y sus modificaciones serán de directa 
aplicación, con independencia del plazo de adaptación señalado.»
Sección quinta.  Sanciones por infracciones en materia de calidad agroalimentaria
Artículo 88.
Se modifica el artículo 19 de la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de medidas 
administrativas y de modificación del texto articulado de la Ley de bases de tasas de la 
Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto legislativo de 22 de diciembre de 1984, 
del gobierno valenciano, que queda redactado como sigue:
«Artículo diecinueve.  Sanciones.
1.  Las infracciones administrativas reguladas en este capítulo serán reprimidas 
con las sanciones siguientes:
a)  Las infracciones leves con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.
b)  Las graves, con multa entre 4.001 y 150.000 euros.
c)  Las muy graves, con multa entre 150.001 a 3.000.000 euros.
d)  La sanción que se imponga en ningún caso podrá ser inferior en su cuantía 
al beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones.
2.  La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, 
como medida cautelar, la suspensión temporal de la actividad empresarial radicada 
en la Comunitat Valenciana objeto de la investigación, así como el decomiso de la 
mercancía falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para 
el consumidor, corriendo por cuenta del presunto infractor los gastos que tal medida 
ocasione.
3.  No tendrá carácter de sanción la retirada cautelar o definitiva de los canales 
de producción o distribución de aquellos productos que sean suministrados por 
establecimientos que carezcan de la preceptiva autorización.»
Sección sexta.  Vías pecuarias
Artículo 89.
Se modifican el apartado 2 del artículo 9, se añade un nuevo apartado 3 al artículo 10, 
se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 13, los apartados 2, 4 y 6 del artículo 14, el 
apartado 4 del artículo 18, los apartados 3 y 4 del artículo 19 y el apartado 2 del artículo 24  e.e
de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat  w.b
Valenciana, que quedan redactados como sigue: 10ww
«Artículo 9.  Conservación y defensa de las vías pecuarias.
[...]
2.  En los términos que establezca la legislación hipotecaria y administrativa  Bc
estatal tendrá su reflejo en los Registros de la Propiedad la existencia de vías
pecuarias y, de conformidad con ella, la Generalitat ejercitará sus derechos a 
inmatricular a su favor las mismas, una vez realizados los trámites pertinentes, sin 
perjuicio de la defensa de los derechos de los particulares, que serán ejercidos en 
la forma y con las garantías que señale dicha legislación.
[...]
Artículo 10.  Restablecimiento y recuperación de oficio de las vías pecuarias.
[...]
3.  La recuperación de oficio se aprobará por resolución de la conselleria 
competente en materia de vías pecuarias y su plazo de resolución será de 1 año 
desde el acuerdo de inicio por parte de la dirección general competente de la 
conselleria citada.»
«Artículo 13.  Clasificación y sus efectos.
[...]
2.  La clasificación se determinará atendiendo a los antecedentes que existan 
en cada caso. Se dará audiencia a los propietarios de fincas afectados por una vía 
pecuaria, a los propietarios de fincas colindantes, a las Corporaciones Locales, a las 
organizaciones profesionales agrarias y a las asociaciones o colectivos más 
representativos en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, que tengan entre 
sus fines la defensa de la cabaña ganadera y del medio ambiente. La clasificación 
se aprobará por resolución de la conselleria competente en materia de vías 
pecuarias y su plazo de resolución será de 18 meses desde el acuerdo de inicio por 
parte de la Dirección General competente de la conselleria citada.
[...]
4.  Procederá la revisión y actualización de la clasificación de las vías pecuarias 
en aquellos casos en los que se aprecien errores en cuanto a sus características 
físicas, o a la realidad histórica de la Comunitat Valenciana, siempre que dichos 
errores se acrediten de conformidad con los antecedentes documentales e 
históricos. En estos casos, se procederá a una regularización mediante una nueva 
clasificación y su plazo de resolución será de 18 meses desde el acuerdo de inicio 
por parte de la Dirección General competente en materia de vías pecuarias.
[...]
Artículo 14.  Acto de deslinde.
[…]
2.  El deslinde se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los 
colindantes. Ejecutará y complementará la clasificación en aquellos tramos en que 
sea necesaria una especial precisión en la determinación de la anchura y límites de 
las vías pecuarias.
[...]
4.  Iniciado el procedimiento de deslinde se recabará del registrador de la 
propiedad competente la emisión de certificación de dominio y cargas de las fincas 
afectadas, así como la extensión de nota al margen de la última inscripción de 
dominio de aquéllas. Esta nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá 
ser prorrogada por otros tres años sucesivamente por la administración actuante. 
Junto con la relación inicial de fincas afectadas se acompañará la delimitación  e
cartográfica provisional de la vía pecuaria a fin de que el registrador pueda informar  bo
a dicha administración de la posible existencia de fincas no incluidas en la relación. 10ww
procUendaim vieezn toa cjourddiacidaol  ceol nin iigciuoa ld eplr eptreoncseiódinm, inein tsoe  daed mdeitsirláinnd ein nteor dpicotdorsá  sinosbtraer seel 
eas ctaadboo ,p does ecsoonrfioor dmei dlaasd  fcinocna slo a d qisupeu sees troe feienr ee le al rdteícsulilnod 4e3,  mdeie nlatr aLse yé s3t3e/ 2n0o0 s3e,  ldleev 3e 
noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas.
Las notas marginales referidas anteriormente se deberán cancelar cuando se 
acredite la conclusión, archivo o caducidad del procedimiento de deslinde de vías 
pecuarias.
[...]
6.  Una vez aprobada la clasificación de una vía pecuaria, se podrá realizar un 
procedimiento de deslinde abreviado de los terrenos que ocupa, siempre y cuando 
conste la conformidad expresa de los interesados. Para que este deslinde abreviado 
sea válido, deberá contar con la conformidad unánime de los afectados.
Este deslinde tendrá los mismos efectos que un proceso de deslinde ordinario.»
«Artículo 18.  Enajenación de los terrenos de vías pecuarias desafectados.
[...]
4.  Las permutas de los terrenos desafectados se orientarán, previo informe 
que fundamente la necesidad de realizar dicha permuta, hacia la creación, 
ampliación o restablecimiento de las vías pecuarias, de suerte que los terrenos a 
permutar puedan servir para adquirir otros que se empleen para extender o 
mantener el trazado de las vías pecuarias debiéndose garantizar la idoneidad de su 
situación o que por su alto valor medioambiental sea interesante su adquisición. Si 
existiera diferencia de valor, se compensará económicamente a la Generalitat con 
dicha diferencia.
Artículo 19.  Modificaciones de trazado por razones de interés público y 
excepcionalmente por razones de interés particular.
[...]
3.  La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio 
de un mes, y se aprobará mediante resolución de la conselleria competente en 
materia de vías pecuarias, cuyo plazo de resolución será de 18 meses desde el 
acuerdo de inicio por parte de la dirección general competente de la conselleria 
citada.
4.  La modificación por interés particular únicamente se podrá aprobar cuando 
suponga una mejora de carácter sustancial en el nuevo trazado desde el punto de 
vista ambiental y en relación con los usos públicos tradicionales y actuales. De 
ninguna manera podrá admitirse si interfiere, dificulta o empeora la protección de los 
valores naturales o los fines expuestos en el artículo 4 de la presente ley y deberán 
inscribirse en el Registro de la Propiedad. En este caso, todos los gastos que genere 
la modificación del trazado, incluida la puesta a disposición de los nuevos terrenos, 
las obras de adecuación medioambiental, su amojonamiento y señalización, así 
como los otorgamientos de escrituras y su inscripción libre de cargas en el Registro 
de la Propiedad, correrán a cargo del interesado.
[...]»
«Artículo 24.  Modificación temporal de trazado de la vía pecuaria afectada por una 
explotación minera.
[...]
2.  En este caso, se podrá autorizar provisionalmente la ocupación del trazado 
original, y el desvío del itinerario por terrenos, debidamente señalizados como vía 
pecuaria, siempre que queden asegurados los usos establecidos en la presente ley  e
y se acredite la disponibilidad de los mismos.» bo
Sección séptima.  Patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana
Artículo 90.
Se modifica el artículo 5 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 
patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana:
Artículo 5, Protección expresa por la Generalitat, donde dice:
«Serán protegidos aquellos ejemplares que sean declarados monumentales o 
singulares por parte por la Generalitat.
1.  Mediante orden de la conselleria competente en medio ambiente, y a 
propuesta de la dirección general correspondiente, se podrán declarar árboles 
monumentales aquellos ejemplares y conjuntos arbóreos que por sus características 
excepcionales de edad, porte u otro tipo de acontecimientos históricos, culturales, 
científicos, de recreo o ambientales son merecedores de medidas de protección y 
conservación específica; en particular, se incluirán en esta categoría los ejemplares 
que posean un coeficiente de monumentalidad determinado cuya definición se 
establecerá mediante el decreto de desarrollo de esta ley. Esta declaración 
conllevará su inscripción en el Catálogo de árboles monumentales.
2.  Mediante orden de la conselleria competente en medio ambiente y a 
propuesta de la dirección general correspondiente, se podrán declarar árboles 
singulares, aquellos ejemplares o conjuntos arbóreos que sin llegar a alcanzar la 
categoría de árbol monumental según el decreto de desarrollo de esta Ley, destacan 
por sus características notables de edad, porte u otros tipos de acontecimientos 
históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales, que los hagan 
merecedores de medidas de protección y conservación específica; en particular, se 
incluirán en esta categoría los ejemplares que posean un coeficiente de 
monumentalidad cuya definición se establecerá mediante el decreto de desarrollo 
de esta ley. Los árboles singulares están llamados a garantizar el mantenimiento y 
ampliación del patrimonio arbóreo monumental. Esta declaración ordenará su 
inclusión en el catálogo de árboles singulares de la Comunitat Valenciana,»
Debe decir:
«Serán protegidos aquellos ejemplares que sean declarados monumentales o 
singulares por parte de la Generalitat.
1.  Mediante una resolución de la dirección general con competencia en la 
gestión del medio natural, se pueden declarar árboles monumentales aquellos 
ejemplares y conjuntos arbóreos que, por sus características excepcionales de 
edad, porte u otro tipo de acontecimientos históricos, culturales, científicos, de 
recreación o ambientales, son merecedores de medidas de protección conservación 
específica; en particular, se deben incluir en esta categoría los ejemplares que 
tengan un coeficiente de monumentalidad determinado cuya definición se debe 
establecer mediante el decreto de desarrollo de esta ley. Esta declaración comporta 
que se inscriban en el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la 
Comunitat Valenciana.
2.  Mediante una resolución de la dirección general con competencia en la  s
gestión del medio natural, se podrán declarar árboles singulares los ejemplares o  oe.
los conjuntos arbóreos que, sin alcanzar la categoría de árbol monumental según el  w.
deddeeac erdes, tpaoas dprceei cmdtoeie sona trdore oo lol ota rodmseb  teiiepsnotat ad lleee ysa, c qdouenestet acloqimsu ieehnna tgpoaosn rh  liamsstóe crrieaccoraescd, toceurreílstsut ircadalees s mn, ocetideainbdtlaíefsisc  oddsee,    2020-1010n https://ww
protección y conservación específica; en particular, se incluirán en esta categoría los
ejemplares que tengan un coeficiente de monumentalidad cuya definición se  Bc
establecerá mediante el decreto de desarrollo de esta ley. Les árboles singulares 
están destinados a garantizar el mantenimiento y la ampliación del patrimonio 
arbóreo monumental. Esta declaración ordenará su inclusión en el Catálogo de 
árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana.»
CAPÍTULO X
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Sección primera.  Taxi
Artículo 91.
Se modifican los artículos y puntos siguientes de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, 
de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
Artículo 8, Requisitos del titular de la autorización, se modifica el punto 3 con la 
redacción siguiente:
«3.  Los titulares de autorizaciones de taxi en municipios o áreas de 200.000 
habitantes o más, explotarán su taxi con plena y exclusiva dedicación, aunque sin 
perjuicio de la posibilidad de administrar su patrimonio familiar o ejercer otra 
actividad económica, siempre que en ambos casos no se trate de transporte o 
actividades relacionadas con el mismo. Se considera dedicación del taxista el 
desempeño de funciones en asociaciones de taxistas y en centros de distribución de 
servicios de taxi.»
Artículo 13, Vehículos, se modifica el punto 1 con la redacción siguiente:
«1.  Con carácter general, el servicio público de taxi se realizará con vehículos 
de entre cinco y siete plazas incluido el conductor, si bien podrá ser ampliable hasta 
nueve plazas en supuestos excepcionales.
Tanto en municipios como en áreas de prestación conjunta, situados en zonas 
rurales del interior, podrán autorizarse vehículos de hasta nueve plazas, siempre 
que concurran razones de interés público para ello. A los efectos de determinar el 
interés público, se valorará el nivel de oferta de transporte público colectivo de 
viajeros de que se disponga.
Con carácter extraordinario, cuando razones de interés público y de competencia 
con otros operadores lo justifiquen se podrá autorizar que el servicio de taxi se 
pueda prestar con vehículos de hasta nueve plazas, incluido conductor y plaza o 
plazas adaptadas, en un municipio o área de prestación conjunta, previa audiencia 
de otros operadores del transporte que pudieran ver afectada su actividad, así como 
de las asociaciones del sector del taxi más representativas. Estos vehículos 
adaptados deberán ir identificados mediante los distintivos o anagramas en la forma 
que la conselleria o los ayuntamientos competentes regulen a tal efecto. La 
autorización administrativa para disponer de nueve plazas en una determinada 
autorización de auto taxi comportará la obligada adaptación de, al menos, una plaza 
para personas con movilidad reducida, en caso de vehículos adaptados para viajar  s
personas en su propia silla de ruedas.» oe.
Artículo 15, Facultades de la Administración, se modifica el apartado b del punto 1, que  10ww
queda erne dpa«rcbot)pa odroMc iceóodnmi daoa l sas  idpgeou becl:aocnitóronl  od ed ílaas o ufe hrotar,a sc odmeo p enrúmmaenreon mciáax oim doe  ddee sacuatonrsioza.»ciones  OE-A-2020-10able en https://
Artículo 18, Tarifas, se modifica el punto 4 que queda redactado como sigue:
«4.  La tarifa interurbana que se apruebe será común para todos los servicios 
interurbanos con origen en la Comunitat Valenciana. También serán comunes los 
elementos fijos de las tarifas urbanas de áreas de prestación conjunta, como 
suplementos por conceptos similares, mínimos de percepción o tarifa máxima hasta 
el punto de recogida del viajero. No podrá haber diferenciación de tarifa en función 
del tipo o capacidad del vehículo, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se 
establezca a través de la correspondiente orden de tarifas para aquellos vehículos 
de más de cinco plazas.»
Se modifica el punto 6, redactándose de la manera siguiente:
«6.  No obstante, podrán prestarse servicios de taxi mediante precio cerrado, 
en la forma que se determine reglamentariamente, que en ningún caso podrá 
superar el precio que habría resultado de la aplicación de la tarifa vigente. Durante 
la prestación de este tipo de servicio, si el vehículo dispone de taxímetro, deberá 
estar en funcionamiento durante todo el servicio con la tarifa que corresponda.»
Artículo 22, Régimen de prestación del servicio del taxi en puertos, aeropuertos y 
estaciones ferroviarias y de autobuses, se modifica el punto 3 con la redacción siguiente:
«3.  El régimen general de prestación de servicios de taxi en puertos y 
aeropuertos debe ser acorde con la regulación estatal establecida al efecto y de 
manera que concilie la garantía de servicio de taxi con el derecho de elección de la 
persona usuaria de municipios o áreas de prestación conjunta distintos al de 
ubicación de estos establecimientos.»
Disposiciones transitorias.
Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada de la manera 
siguiente:
«Disposición transitoria primera.  De las personas físicas titulares de varias 
autorizaciones de taxi
Los actuales titulares de autorizaciones para más de un taxi podrán transmitir 
hasta el 11 de julio de 2020 a una persona física, en los términos del artículo 6.2, 
que cumpla los requisitos establecidos, todas aquellas autorizaciones de taxi que 
excedan de una. Transcurrido el plazo se entenderán revocadas las de exceso, con 
derecho a conservar la más antigua.
No obstante, con el objetivo de alcanzar el porcentaje de un cinco por ciento, o 
fracción, de vehículos adaptados en el correspondiente ámbito, sus titulares podrán 
mantener a su nombre dos de las autorizaciones en exceso, hasta que incurran en 
alguno de los supuestos de transmisión obligatoria de la autorización previstos en el 
punto 2 del artículo 11, hasta el 11 de enero de 2021 si adscriben a las mismas un 
vehículo adaptado, de manera permanente y definitiva, de entre cinco y siete plazas, 
incluido conductor, del que dispongan de manera efectiva, en los términos de la 
presente ley. A partir del día 12 de octubre de 2020 las segundas o terceras 
autorizaciones que no hayan adscrito vehículo adaptado quedarán suspendidas, no 
pudiendo, a partir de ese momento, prestar servicios de taxi, si bien se podrá adscribir  e.e
vehículo adaptado o transmitir las autorizaciones hasta el 11 de enero de 2021. b
A los titulares de más de una autorización que a fecha 9 de noviembre de 2019  10ww
neol r héugbimieesne nju trríadnicsom pitriedvoi slatos  eden  eexsctae sdois op oasdiacipótna dtroa, nesl ivtoerhiaíc.»ulo les será de aplicación
Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda como sigue:
Disposición transitoria segunda.  De las personas jurídicas titulares de varias 
autorizaciones de taxi.
Las personas jurídicas titulares de autorizaciones de taxi obtenidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, 
de movilidad de la Comunitat Valenciana, podrán continuar con las mismas.»
Sección segunda.  La Huerta de València
Artículo 92.
Se modifica el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta 
de València, que queda redactado como sigue:
«Artículo 30.  Características y delimitación de los enclaves de recuperación de la 
Huerta de València.
[...]
5.  Los ayuntamientos, en un plazo de cinco años desde la aprobación del plan 
de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta, deberán instar la 
declaración de enclaves de recuperación de la huerta de los ámbitos establecidos 
en el Plan de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València o de nuevos 
ámbitos siempre que cumplan los requisitos establecidos para su declaración. La 
solicitud de declaración se realizará por acuerdo plenario con el informe previo 
favorable del Consejo de la Huerta. En todo caso, se tendrá que probar que el 
terreno se encontraba ya degradado con anterioridad a la entrada en vigor del plan 
de acción territorial de ordenación y dinamización de la huerta.»
Artículo 93.
Se añade una nueva disposición transitoria cuarta a la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de 
la Huerta de València, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria cuarta.  Régimen transitorio de emisión de los informes 
preceptivos relativos a usos y actividades en el ámbito de la Huerta de Valencia.
En tanto no se encuentre en funcionamiento efectivo el Consell de l’Horta y 
pueda asumirse por dicho órgano la emisión de los informes a que se refiere el 
artículo 41, letra l de esta ley, la conselleria con competencias en materia de 
agricultura y desarrollo rural, a instancia del Ayuntamiento que lo solicite, asumirá la 
emisión de los informes preceptivos y vinculantes relativos a usos y actividades en 
el ámbito de la Huerta de València, con carácter previo a las licencias que los 
autoricen.
En cualquier caso, este mecanismo transitorio no podrá prolongarse más de 
dieciocho meses desde la constitución del Consell de l’Horta.»
Sección tercera.  Movilidad
Artículo 94.  De las modificaciones de la Ley 6/2011, de la Generalitat, de movilidad de la  oe.
Comunitat Valenciana. w.
Artículo 39, se modifica el punto 4, que queda redactado como sigue:
cará«c4te. r zLoansa lt,a erinfa rse ldaec iólons  ctoítnu lloas d pisrtoapniocisa ,o o i nmteegdriaandtoes  optrood rpáronc eesdtiambielencteor sqeu ec osne 
estime adecuado. Serán públicas y no discriminatorias.
Las autoridades de transporte y los operadores, previo informe favorable de las 
primeras, podrán suscribir acuerdos con otros órganos administrativos o con 
diferentes administraciones con la finalidad de que determinados colectivos con 
condiciones sociales específicas tengan reducciones en las tarifas percibidas. Tales 
acuerdos fijarán las compensaciones que permitan mantener las condiciones 
económicas iniciales del contrato de servicio público de transporte.»
Artículo 95, se modifica el punto 6, que queda redactado de la manera siguiente:
«6.  Las infracciones en relación con el cumplimiento de la obligación de los 
prestadores de servicios de transporte de estar en posesión de los títulos habilitantes 
contemplados en la legislación estatal se sancionarán de acuerdo con lo previsto en 
el capítulo I del título V de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres, y en su reglamento de desarrollo.»
Artículo 103, se modifica el artículo 103 con la redacción siguiente:
«Artículo 103.  Sanciones en relación con las infracciones tipificadas en los 
artículos 101 y 102.
1.  Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102 se 
graduarán de acuerdo con los siguientes factores:
a)  La repercusión social de la infracción y el peligro para la vida y salud de las 
personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b)  La importancia del daño o deterioro causado, en su caso.
c)  La intencionalidad en la comisión de la infracción.
d)  El grado de participación del sancionado y el beneficio por él obtenido.
e)  La reincidencia en la comisión, en el período de los doce meses anterior al 
hecho infractor, de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido 
declarado por resolución firme en vía administrativa.
f)  La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia iniciativa, a 
remediar los efectos perniciosos de la infracción.
2.  La graduación de las sanciones se realizará conforme a las reglas y dentro 
de los límites siguientes:
a)  Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros las 
infracciones clasificadas como leves. En el caso de no apreciación de reincidencia, 
el importe de las sanciones se situará entre 0 y 400 euros. Con 1.000 euros serán 
sancionadas las infracciones en las que se aprecie reincidencia por la comisión de 
dos o más faltas en el periodo de un año.
b)  Se sancionarán con multas comprendidas entre los 1.001 a 2.000 euros las 
infracciones clasificadas como graves.
c)  Se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 euros las infracciones 
clasificadas como muy graves.
d)  (Se deja sin contenido).
3.  (Se deja sin contenido)
4.  (Se deja sin contenido)
5.  (Se deja sin contenido) e.e
6.  La imposición de las sanciones que en su caso correspondan será  b
independiente de la posible obligación de indemnizar los daños y perjuicios  10ww
caus7a. do(sS.e deja sin contenido)
obte8n.g aC uonn b ceanreáficctieor  cgueannetirfiacla, bcleu,a lnad mo,u cltoam poo dcráo ninscerceumeennctiaa rsdee  hlaa sitnaf realc tcriipólne,  dseel 
beneficio obtenido.»
Artículo 103 bis, se modifica el artículo, que queda redactado de la manera siguiente:
«Artículo 103 bis.  Sanciones en materia de transporte de viajeros.
En materia de transporte de viajeros, el incumplimiento de lo previsto en esta ley 
será sancionado conforme a lo que se dispone en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
ordenación de los transportes terrestres, y en su reglamento de desarrollo.»
Artículo 107, se modifica el punto 1, que queda redactado como sigue:
«1.  Cuando la competencia en el procedimiento la ostente la conselleria 
competente en materia de transportes, corresponderá la imposición de las sanciones 
a la persona titular de la dirección general competente en materia de transportes.»
Artículo 108, Se modifica el artículo 108 con la redacción siguiente:
«Artículo 108.  Procedimiento sancionador y medidas provisionales en relación con 
las infracciones tipificadas en los artículos 101 y 102.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en su 
normativa de desarrollo, el procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio 
por la administración o entidad competente, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
La denuncia deberá expresar la identidad de la persona o personas que la 
presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su 
comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos infractores.
2.  Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán 
realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias 
que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a fijar, con 
la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del 
procedimiento, la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
3.  Una vez acordada la iniciación del procedimiento sancionador, el expediente 
se notificará al presunto o presuntos infractores, que dispondrán de un plazo de 
quince días, desde la fecha de la notificación, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de que pretendan valerse. Recibidas las alegaciones o 
transcurrido el plazo para ello, la persona encargada de instruir el asunto podrá 
acordar la apertura de un período de prueba.
4.  La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoseles 
un plazo de quince días, desde la notificación, para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informaciones que estimen pertinentes, ante la persona encargada 
de instruir el procedimiento sancionador, quien, a la vista de las alegaciones y 
documentos presentados, emitirá informe y remitirá lo actuado al órgano competente 
para la imposición de la sanción que corresponda.
5.  Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, 
mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias 
indispensables para resolver el procedimiento, que, en todo caso, deberán tener 
lugar en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento  es
quedará suspendido hasta la terminación de las mismas. o
dóneorg tilafo6incs. ao dd Ecoaonc aum e mlpol eespn tliaentoznteoste,r  de aesplea augdrnaao  csmri.eoesnsoe dlsv eeesr d indefi oclartam rreaácc eiroepnsceoióslun oc dbióerna l namt eposrot ievpnau deeasl t,pa qr douecee  rddeisemobileeunrcátioó s,n e eyrl    2020-1010n https://www.
Si transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sancionador no se
hubiere notificado a los interesados la resolución que le ponga fin, se producirá su
caducidad. En tal caso, el órgano competente para resolver emitirá, a solicitud del 
interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y que 
se ha procedido al archivo de las actuaciones.
Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 
ejecutivas.
7.  En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los quince días siguientes a la 
notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por 100.
El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución 
sancionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la 
reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización de los 
daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. La reducción deberá 
estar determinada en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad 
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa.»
Sección cuarta.  Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje
Artículo 95.
Se modifica el apartado 1 del artículo 6; se modifica el apartado 2 del artículo 13; se 
modifica el apartado 4.c y se añade un nuevo apartado d en el artículo 16; se modifican los 
apartados 1.a y 1.b del artículo 33; se modifica el apartado 1.e del artículo 35; se modifica 
el apartado 1 del artículo 51; se modifica el apartado 4 del artículo 53; se modifican los 
apartados 5 y 6 del artículo 55; se modifica el apartado 1.b del artículo 57; se modifica el 
apartado 2 del artículo 58; se modifica el apartado 3.e del artículo 60; se modifica el 
apartado 2.a del artículo 63; se modifica el apartado 1.c del artículo 77; se modifica el 
apartado 2 del artículo 78; se modifica el apartado 4 del artículo 79; se modifica el apartado 
d del artículo 82; se modifica el apartado 1 del artículo 83; se modifican los apartados 1 y 
4 y se añade un nuevo apartado en el artículo 104; se modifica el apartado 8 del 
artículo 106; se modifica el último párrafo del apartado 4 del artículo 121; se modifica el 
apartado 2.c del artículo 136; se modifica el título y el apartado 1 del artículo 186; se 
modifica el artículo 190; se modifica el apartado 2 del artículo 197; se modifican los 
apartados 1, 3, 4, 6 y 7 del artículo 202; se modifica el artículo 213; se modifican los 
apartados 1.d y 2 del artículo 214; se modifica el artículo 215; se modifica el artículo 224; 
y se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 236 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, 
que quedan redactados como sigue:
«Artículo 6.  El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
1.  Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por quien lo 
habita, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos.
Son paisajes de relevancia regional aquellos que por su escala, singularidad, 
aprecio social y valores son representativos de la diversidad territorial de la 
Comunitat Valenciana. Estos paisajes se identifican en la Estrategia territorial de la 
Comunitat Valenciana.
[...]» e
«Artículo 13.  Cohesión social, perspectiva de género y urbanismo. 10www.
[2.... ] Las políticas y los planes de las administraciones públicas en materia de
uefrebcatnivisom eol  pyr inocrdipeion adcei óignu daeldl atde rerintotrreio l adse pbeerns oinncalsu.i rE mn eedstidea sse ndteidsoti,n laad paesr sap ehcatcivear   BOE-A-cable e
de género se debe de incluir en el diseño, la definición y la ejecución del
planeamiento urbanístico y cumplir con los criterios del anexo XII de esta ley y, 
como mínimo, con los elementos clave siguientes:
[...]»
«Artículo 16.  Planes de acción territorial: objeto, funciones, contenidos y documentación.
[...]
4.  Estos planes podrán:
[...]
c)  Modificar las determinaciones de la ordenación estructural de los planes de 
ámbito municipal, así como ordenar la adaptación de estos a sus nuevas previsiones, 
fijando plazos con este fin. Si, después de la aprobación del Plan de acción territorial, 
el planeamiento municipal es más restrictivo y la adaptación no es automática, se 
realizará mediante el procedimiento siguiente:
i)  El ayuntamiento elaborará una memoria justificativa teniendo en cuenta, 
como mínimo, los criterios siguientes: usos, intensidad, ocupación de suelo y 
parcela, y distancia a elementos protegidos.
ii) La memoria justificativa tendrá que someterse a información pública por un 
periodo mínimo de 20 días.
iii) Una vez finalizado el periodo de información pública, el ayuntamiento 
elaborará el documento definitivo de memoria justificativa, que tendrá que ser 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.
iv) La competencia para adaptar el planeamiento municipal a los planes de 
acción territorial corresponde a la conselleria competente en materia de ordenación 
del territorio y paisaje, que dictará la resolución de adaptación del planeamiento 
municipal, previo informe en materia de ordenación del territorio y de paisaje.
d)  Por causa de interés general de carácter supramunicipal, los planes de 
acción territorial podrán establecer o modificar la ordenación estructural de varios 
municipios atendiendo a criterios de ordenación y gestión de la infraestructura verde 
y las relaciones económicas y funcionales entre municipios, incluyendo fórmulas de 
compensación intermunicipal.»
«Artículo 33.  Política pública de suelo y vivienda.
1.  Conforme a la legislación estatal del suelo, el plan general estructural 
deberá respetar la previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública con destino, preferentemente, al alquiler o al régimen 
de derecho de superficie y a la venta, en un mínimo de:
a)  El 30 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y 
urbanos sin urbanización.
b)  El 15 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanos incluidos 
en ámbitos de renovación y regeneración urbana.
[...]»
«Artículo 35.  Determinaciones de la ordenación pormenorizada.
1.  La ordenación pormenorizada se establece como desarrollo de la  oe.
ordenación estructural y contendrá las siguientes determinaciones: w.
[e..). ] La delimitación del trazado de las vías pecuarias en el transcurso por suelo
urba[.n..o]» o urbanizable, de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.
«Artículo 51.  Consultas a las administraciones públicas afectadas y elaboración 
del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.
1.  El órgano ambiental y territorial someterá el documento que contiene el 
borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas de las 
administraciones públicas afectadas de acuerdo con el artículo 49.1, apartado b, de 
esta ley y a cuantas personas, asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan 
pronunciado o aportado sugerencias en la fase previa a la redacción del plan o 
programa, durante un plazo mínimo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
solicitud de informe para los planes que afecten exclusivamente a la ordenación 
pormenorizada o al suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos 
implantados sin modificación del uso dominante de la zona de ordenación estructural 
correspondiente y durante un plazo mínimo de sesenta días hábiles para los planes 
que afecten a las demás determinaciones comprendidas en la ordenación 
estructural.
[...]»
«Artículo 53.  Participación pública y consultas.
[...]
4.  Pasado, desde la solicitud del informe, el plazo establecido según el 
apartado anterior o el que fije la normativa sectorial respectiva, se continuará con el 
procedimiento. A los efectos de recabar los informes no emitidos en plazo que de 
acuerdo con esta normativa fueran preceptivos, de forma previa a la aprobación 
provisional del instrumento de planeamiento, el ayuntamiento requerirá a la 
Generalitat  Valenciana  para  que  convoque  de  forma  fehaciente  a  las 
administraciones con competencias afectadas a una comisión informativa de 
coordinación de la dirección general competente en materia de urbanismo, 
adjuntando en la convocatoria nuevamente la documentación necesaria para emitir 
el correspondiente informe, que podrá evacuarse en la misma reunión de 
coordinación de forma verbal. El contenido de este informe será recogido de forma 
literal y en un apartado específico del acta.
Si el informe no se emite de forma escrita en el plazo legalmente establecido, ni 
tampoco en la comisión informativa de coordinación de forma verbal, se considerará 
favorable al contenido del plan a todos los efectos. Esta advertencia se pondrá de 
manifiesto en la convocatoria de la comisión informativa de coordinación que se 
mande a las diferentes administraciones.
Si la emisión de una sucesión de informes sectoriales contradictorios entre sí 
impidiera la aprobación del plan y la consecución de los intereses públicos que el 
mismo implica, los servicios técnicos de la comisión informativa de coordinación 
podrán adjuntar a la convocatoria de la comisión una solución técnica que armonice 
ambos informes sin entrar en contradicción con el contenido preceptivo de las 
respectivas normativas. La emisión del informe definitivo a la solución técnica final 
en este caso se efectuará con la misma forma y efectos indicados en el párrafo 
anterior.
No se considerará informe contradictorio al contenido del plan la incomparecencia 
a la comisión informativa de coordinación, el silencio o una manifestación contraria 
no justificada técnicamente. La oposición a la aprobación y entrada en vigor del plan 
deberá efectuarse a través de los requerimientos previstos en el artículo 44 de la  es
Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, a cuyos efectos la  bo
aprobación del plan se notificará de forma fehaciente a las administraciones que no  10ww
hreasypaL[e.n.oc. ]ste»i vftearce rtseu gapudáloar r iadnfefoo frsom ramen aete xerpixroperrseeoss  aan l oeml  rsiseemsnuotil.dtaor ádne l dsiele nacpiloic daec isóuns  sini floar mleeys .sectorial  OE-A-2020-10able en https://
«Artículo 55.  Aprobación del plan o programa sometido a evaluación ambiental y 
territorial estratégica y publicidad.
[...]
5.  A los efectos de lo regulado en el apartado tercero de este artículo, se 
entiende por correcciones aquellas que tengan por objeto la incorporación de 
modificaciones, determinaciones o contenidos al instrumento de planeamiento en 
tramitación, en los términos que se indiquen en el acuerdo aprobatorio supeditado, 
sin implicar un nuevo acuerdo aprobatorio, o que se refieran a la forma de 
presentación del documento, como la elaboración de un texto refundido u otros 
supuestos análogos.
6.  Junto al documento de plan o programa, para su aprobación, el órgano 
promotor tendrá que presentar un documento con el contenido de las letras b y c del 
apartado 7 de este artículo.»
«Artículo 57.  Tramitación de los planes que no estén sujetos al procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica.
1.  Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de evaluación 
ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las actuaciones previstas en 
los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán los siguientes trámites:
[...]
b)  Durante el mismo plazo de información pública se consultará a los 
organismos afectados, con petición de los informes exigibles de acuerdo con la 
legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios 
públicos urbanos que puedan resultar afectadas. La falta de emisión de los informes 
mencionados en el plazo establecido permitirá seguir la tramitación de las 
actuaciones en los términos establecidos en el artículo 53.4. Cuando los informes a 
que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por la Administración 
General del Estado, se someterán a lo dispuesto en la legislación estatal que sea 
aplicable.
[...]
Artículo 58.  Tramitación simultánea de distintos planes.
[...]
2.  Cuando se tramite simultáneamente un plan general estructural y un plan de 
ordenación pormenorizado se observarán las siguientes reglas:
a)  El ayuntamiento formulará la solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
estratégica, que se remitirá a cada órgano ambiental a través del órgano sustantivo 
competente para aprobar cada uno de los planes.
b)  Se emitirá por el órgano ambiental autonómico un documento de alcance 
que dará cobertura al plan general estructural. El órgano ambiental municipal emitirá 
un documento de alcance que dará cobertura al plan general pormenorizado.
c)  Se pueden compartir documentos informativos y justificativos que sirvan de 
fundamento a las determinaciones de los dos planes.
d)  El trámite de participación pública y consultas será simultáneo para ambos 
documentos. es
e)  El ayuntamiento remitirá al órgano ambiental autonómico la propuesta de  o
pcdoelan onjfur) d ngeteaEnn.ale pcrilaóalnn   epgsoetrnrmueceratnulo rearsilz tarpudacart.uar aqlu see  eampriotab alraá  dcoenc lacararácciótenr  apmrebviioe natla pl laensetraamtéiegnictao   2020-1010n https://www.
g)  Si, como consecuencia de la aprobación definitiva autonómica del plan
estructural, el ayuntamiento propusiera mejoras en la ordenación pormenorizada
que cambiasen aspectos sustanciales de la versión preliminar de esta, se efectuará 
una nueva información al público en los términos del apartado 6 del artículo 53 de 
esta ley. En ningún caso podrán adoptarse cambios o propuestas que se aparten de 
las determinaciones establecidas en el Plan general estructural que contiene la 
ordenación estructural.
h)  Tras la aprobación definitiva autonómica del Plan general estructural y, si 
procede, de la nueva información al público, el ayuntamiento efectuará la aprobación 
definitiva del plan pormenorizado, previa declaración ambiental estratégica emitida 
por el órgano ambiental municipal.»
«Artículo 60.  Iniciativa y declaración de un proyecto de inversión estratégica 
sostenible.
[...]
3.  Una vez emitido este documento, la conselleria competente en materia de 
ordenación del territorio preparará, en el plazo de un mes, un informe sobre el 
proyecto de inversión estratégica sostenible que contendrá:
[...]
e)  Respecto a la participación pública en las plusvalías que la declaración 
comporta, se establecerá una compensación de hasta el 10 % del valor equivalente 
a la inversión global correspondiente a la actuación, materializable en metálico o en 
suelo, a entregar a la administración actuante y, finalmente, definición de la 
secuencia de su tramitación.»
«Artículo 63.  Modificación de los planes y programas.
[...]
2.  Los planes parciales, los planes especiales y los planes de reforma interior, 
con carácter general, no podrán modificar determinaciones del plan general 
estructural. De forma excepcional y debidamente justificada, se podrán establecer 
modificaciones puntuales que tengan por objeto ajustar estas determinaciones al 
análisis más detallado del territorio propio de su escala, sujetándose a las siguientes 
condiciones:
a)  Si la modificación incide sobre la ordenación estructural y tiene, o puede 
tener, efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio para que así lo 
determine el órgano ambiental y territorial en la consulta preceptiva, se tramitarán 
de acuerdo al precedente capítulo II de este título.
[...]»
«Artículo 77.  Aprovechamiento que corresponde a la Administración y compensación 
de excedentes de aprovechamiento. Modalidades.
1.  El aprovechamiento resultante que le corresponde al ayuntamiento en 
cumplimiento del deber de participación pública en las plusvalías generadas por el 
planeamiento, se materializará en terrenos cedidos a estas, libres de cargas de 
urbanización y cuantificado de la forma siguiente:
[...]
c)  En el suelo urbano, no urbanizado, incluido en unidades de ejecución para  e.e
su transformación urbanística, sin que exista incremento de aprovechamiento  b
respecto de la ordenación vigente, el porcentaje de aprovechamiento que  10ww
corr[e..s.p]onde a la Administración es del 5 % del aprovechamiento tipo.
Artículo 78.  Transferencias de aprovechamiento.
[...]
2.  En el caso de que el terreno de origen de la transferencia sea una dotación 
pública, esta conlleva la cesión gratuita de los terrenos a la Administración, libre de 
cargas y en pleno dominio, de la finca de origen o del aprovechamiento urbanístico 
cuyo valor sea igual al excedente de aprovechamiento que se pretende compensar 
con ella.
[...]
Artículo 79.  Reservas de aprovechamiento.
[...]
4.  Se dará prioridad a las solicitudes de cancelación de reservas de 
aprovechamiento derivadas de anteriores cesiones, respecto a la cesión de nuevos 
suelos. La reserva se cancelará cuando se transfiera el aprovechamiento reservado 
o sea objeto de una alienación onerosa a una tercera persona, que mantendrá la 
propiedad del aprovechamiento urbanístico pero perderá la posibilidad de reclamar 
la expropiación pedida de éste.
[...]»
«Artículo 82.  Derechos de los afectados por la reparcelación.
Los propietarios tienen derecho a la justa distribución de beneficios y cargas y a 
la proporcionalidad entre el aprovechamiento objetivo homogeneizado de la parcela 
adjudicada y la superficie de su finca originaria, con las siguientes precisiones:
[...]
d)  Las mismas reglas son aplicables cuando la aportación de una persona 
propietaria consista en aprovechamiento urbanístico no transferido en vez de ser un 
terreno.
Artículo 83.  Tratamiento de los bienes de dominio público.
1.  Los bienes de dominio público adquiridos de forma onerosa por la 
Administración darán lugar a la correspondiente adjudicación a favor del titular del 
aprovechamiento urbanístico.
[...]»
Artículo 104, Derecho a la expropiación rogada, punto 1, se añade al final un párrafo 
nuevo con la siguiente redacción:
«Se considera a estos efectos como administración competente la administración 
que sea titular de la dotación que haya de ejecutarse en el terreno.
[...]
4.  Si, antes de transcurrir los plazos establecidos en este precepto, se ha 
sometido a información pública y consultas una modificación o una revisión del 
planeamiento urbanístico que comporta la inclusión del suelo dotacional en un área 
de reparto conformada por un sector, una unidad de ejecución o actuación aislada a 
los efectos de su gestión, los plazos quedarán interrumpidos. El cómputo de los  s
plazos se reanudará si transcurre un año sin haberse producido su aprobación  oe.
definitiva. w.
[...]» 10ww
Se añade un punto 9 nuevo, redactado como sigue:
«9.  El régimen de devengo de intereses en esta modalidad de expropiaciones 
será el siguiente:
a)  En la determinación del justiprecio, será fecha inicial aquella en la que el 
propietario presente su hoja de aprecio y fecha final aquella en que se notifique el 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a la administración que sea 
competente de acuerdo con lo establecido en el apartado primero.
Si el jurado incurre en mora por superar el plazo máximo para resolver y notificar 
el acuerdo de fijación del justiprecio o para resolver el recurso de reposición que 
potestativamente interpongan cualquiera de los interesados, será responsable del 
pago durante el plazo que exceda de ese máximo, en los términos establecidos en 
la Ley de expropiación forzosa.
b)  Una vez notificado el acuerdo por el Jurado de Expropiación Forzosa será 
de aplicación lo establecido en el artículo 57 de la Ley de expropiación forzosa, 
debiendo la administración competente abonar el justiprecio en el plazo de seis 
meses. Transcurrido dicho plazo se devengarán nuevamente intereses que se 
computarán desde la presentación de la hoja de aprecio hasta que se produzca el 
completo pago del justiprecio, descontando la demora imputable al jurado.»
«Artículo 106.  Procedimiento de tasación conjunta.
[...]
8.  Las personas interesadas podrán impugnar el justiprecio, a efectos de su 
determinación definitiva en vía administrativa, ante el Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa. En este caso, la Administración dará traslado del expediente 
a este último.»
«Artículo 121.  Consulta previa para el desarrollo de una iniciativa particular de 
programa de actuación integrada.
[...]
4.  Último párrafo
[...]
Cuando la iniciativa se acompañe de un instrumento de planeamiento, además 
de la documentación del artículo 121.2, se deberá presentar un documento inicial 
estratégico. En estos casos el alcalde, si resolviera su admisión a trámite, acordará 
seguir las actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, a los efectos de 
que se emita el documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico 
o el informe ambiental y territorial estratégico, según proceda.»
«Artículo 136.  Procedimiento de modificación de los programas de actuación 
integrada.
[...]
2.  Antes de proceder a la modificación del programa de actuación integrada, el 
ayuntamiento deberá:
[...]
c)  Obtener informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana  e.e
cuando la modificación no estuviera prevista en las bases de programación y su  b
cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20% del precio inicial del  10ww
contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.»
«Artículo 186.  Programa de actuación aislada en sustitución de la persona 
propietaria.
1.  Con la declaración del incumplimiento de deber de edificar o rehabilitar o la 
admisión del régimen derivado de la suscripción del convenio establecido en el 
apartado 5.c del artículo 184, la alcaldía convocará de oficio, por iniciativa municipal 
o a instancia de particular interesado, concurso para la aprobación de un programa 
de actuación aislada y la selección de adjudicatario, estableciendo la modalidad de 
ejecución sustitutoria en la modalidad de expropiación forzosa, en la de reparcelación 
forzosa o bien, indistintamente, en ambas; aprobando a tal efecto el pliego de 
condiciones, en las que figurarán, como mínimo, los siguientes criterios de 
adjudicación:
[...]»
«Artículo 190.  Intervención en ámbitos o edificios catalogados.
1.  Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos 
patrimonialmente protegidos o catalogados, que tengan trascendencia patrimonial 
de conformidad con la normativa de protección del patrimonio cultural, deberán ser 
expresamente autorizadas por licencia de intervención o dispuestas por orden de 
ejecución municipal.
2.  Si la actuación de intervención afecta a bienes inscritos en el Inventario 
general de patrimonio cultural valenciano o en trámite de inscripción, la autorización 
de la misma corresponderá, en el ejercicio de sus atribuciones, al órgano competente 
en patrimonio histórico, cuya legislación será de obligada observancia.»
«Artículo 197.  Ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable.
[...]
2.  La parcela exigible para las actuaciones terciarias o de servicios en el medio 
rural será al menos de media hectárea de perímetro ininterrumpido. No se 
considerará que el perímetro queda interrumpido si la parcela está dividida por 
caminos rurales o vías pecuarias. Tampoco se considerará interrumpido cuando la 
parcela está dividida por otros elementos territoriales de dominio público y tenga al 
menos media hectárea a cada lado de este dominio público. Tendrá que quedar el 
50 % de la superficie de la parcela libre de ocupación por la actividad, considerando 
la superficie total de la parcela en el primer caso, y la superficie de cada una de las 
partes situadas a uno y otro lado del dominio público, en el segundo caso. Este 
porcentaje no será aplicable a los campamentos de turismo, a los centros 
recreativos, deportivos o de ocio que, por sus características, requieran ocupar al 
aire libre una gran superficie de instalaciones sin edificar.
[...]»
«Artículo 202.  Actividades que requieren declaración de interés comunitario.
1.  La Generalitat interviene en la autorización de usos y aprovechamientos en 
suelo no urbanizable, dentro de los límites y en las condiciones establecidas en esta 
ley, mediante su declaración de interés comunitario previa a la licencia municipal, en 
los supuestos contemplados en el artículo 197, párrafos d, e y f de esta ley.  s
Asimismo, será exigible obtener declaración de interés comunitario para la  e.
implantación de estas actividades en edificaciones existentes, así como para la  w.
modificación de las ya otorgadas. Todo ello, con las excepciones establecidas en los  10ww
supu[.e..s]tos previstos en los apartados siguientes.
3.  No requerirán declaración de interés comunitario los usos y aprovechamientos 
en suelo no urbanizable común en los siguientes supuestos:
a)  En los municipios que la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana 
considera sistema rural.
b)  En los municipios que la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana 
considera franja intermedia del territorio, siempre y cuando este suelo cuente con un 
planeamiento adaptado a la presente ley y en el mismo, de forma expresa, se declare 
la exoneración de esta declaración en parte del término municipal, por presentar 
características propias de la ruralidad, atendiendo a criterios demográficos, de 
accesibilidad, económicos y sociales. Y, en cualquier caso, en estos municipios y sin 
previa adaptación del planeamiento, para aquellas actividades de transformación y 
comercialización de productos del sector primario agrícola o forestal que, teniendo en 
cuenta su especial naturaleza y características, precisen emplazarse cerca de las 
parcelas de origen de la materia prima, en una parcela no inferior a una hectárea de 
perímetro ininterrumpido y, en todo caso, con el cincuenta por ciento libre de 
ocupación y dedicado al uso agrario o forestal.
4.  Se eximirán de la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable 
común:
a)  Las siguientes instalaciones de energías renovables:
1.º  Aquellas que cuentan con un plan especial aprobado que ordene 
específicamente estos usos vinculados a la utilización racional de los recursos 
naturales en el medio rural.
2.º  Las instalaciones generadoras de energía renovable destinadas a 
autoconsumo, previo informe de la conselleria competente en materia de energía.
3.º  Las instalaciones de energía renovable, cuando la energía sea obtenida, al 
menos en un cincuenta por ciento, a partir de recursos, productos y subproductos de 
la propia actividad agraria de la explotación, y se genere un nivel elevado de 
autosuficiencia para la explotación agraria. En estos casos, se deberá solicitar 
informe de las consellerias competentes en materia de agricultura, ganadería, caza, 
gestión del medio natural o animales domésticos, en función del uso, aprovechamiento 
y de su ubicación, y de la conselleria competente en materia de energía, en función 
de la racionalidad del aprovechamiento energético propuesto.
4.º  Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, previo informe 
favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y de consideración como 
interés económico estratégico por las consellerias competentes en medio ambiente, 
territorio y economía.
b)  Los usos y aprovechamientos en el medio rural relativos a las siguientes 
actividades agrarias complementarias:
[…]
2.º  Bodegas de vino, almazaras u otras instalaciones de la industria 
agroalimentaria que:
[…]
iv)  La parcela o parcelas vinculadas de la explotación del titular que tengan  es
una superficie mínima igual o superior a media hectárea y, en todo caso, con el 70 %  o
libre[6 .d... e] eLdaisfi caacctuióanc yio onceusp qauceió,n d, ed eadciucaedrdoo a cl ounso e asgtera arirotí cou floor,e qsutael deafenc etivxoim.idas de  2020-1010n https://www.
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materia de urbanismo y ordenación del territorio y de las administraciones cuyas 
competencias puedan resultar afectadas por la implantación de estas actuaciones.
7.  En las modificaciones de las declaraciones de interés comunitario, la 
conselleria competente en materia de urbanismo, previo informe en materia de 
territorio y paisaje, determinará en cada caso concreto si las mismas requieren 
obtener una nueva declaración y, en tal caso, si esta declaración tiene que seguir el 
mismo procedimiento legal previsto para su aprobación.
Sin perjuicio de lo anterior, no será necesario obtener una nueva declaración de 
interés comunitario en los siguientes supuestos:
a)  Cuando la modificación consista en la reforma de las edificaciones e 
instalaciones autorizadas por una declaración previa y no exista un incremento del 
aprovechamiento ni de la ocupación de la actividad otorgado por esta.
b)  Cuando la modificación tenga por objeto un cambio de uso sin incidencia 
sobre el territorio y el paisaje, circunstancia que tendrá que justificar el interesado en 
su solicitud.
En ambos casos, se requiere la incorporación al expediente municipal de los 
informes en materia de urbanismo, de territorio y de paisaje, que se pronuncien 
expresamente sobre la concurrencia de las circunstancias expresadas en los 
apartados anteriores. La falta de emisión de estos informes en el plazo de tres 
meses permitirá al interesado iniciar el procedimiento de declaración de interés 
comunitario.»
«Artículo 213.  Actos sujetos a licencia.
Están sujetos a licencia urbanística, en los términos de esta ley y sin perjuicio de 
las otras autorizaciones que sean procedentes conformemente a la legislación 
aplicable, los siguientes actos de uso, transformación y edificación del suelo, 
subsuelo y vuelo:
a)  Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u 
otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen 
parte de un proyecto de reparcelación.
b)  Las obras de edificación, construcción implantación de instalaciones de 
nueva planta.
c)  La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 
provisionales o permanentes.
d)  La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos 
incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando la 
tala se derive de la legislación de protección del dominio público.
e)  Las obras y los usos que deban hacerse con carácter provisional.
f)  Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos 
patrimonialmente protegidos o catalogados, que tengan trascendencia patrimonial 
de conformidad con la normativa de protección del patrimonio cultural.
g)  La extracción de áridos y la explotación de canteras, salvo lo dispuesto en 
el artículo 215.1.b de esta ley.
h)  La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las 
características propias del paisaje natural.
i)  La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de lechos  e.
públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que  w.b
afecten a la configuración del territorio.» 10ww
Artículo 214.  Actuaciones sujetas a declaración responsable.
1.  Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de 
esta ley:
[…]
d)  Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos 
patrimonialmente protegidos o catalogados, carentes de trascendencia patrimonial 
de conformidad con la normativa de protección del patrimonio cultural.
2.  Las actuaciones siguientes están sujetas a declaración responsable, de 
acuerdo con lo que se establece en el apartado anterior y siempre que estén 
acompañadas de una certificación emitida por un organismo de certificación 
administrativa o un colegio profesional, en los términos debidamente establecidos 
en la disposición adicional novena de entidades colaboradoras con la Administración:
a)  Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las 
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, sin importar su uso.
b)  La demolición de las construcciones.
c)  La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, 
así como el uso del vuelo sobre estos.
d)  El alzamiento de muros de fábrica y el cierre, en los casos y las condiciones 
estéticas que exijan las ordenanzas de los planes, reguladoras de la armonía de la 
construcción con el entorno.
e)  La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo, salvo las 
incluidas en el artículo 213.
f)  La apertura de caminos, así como la modificación o pavimentación de estos.
g)  La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía 
pública.
h)  Todas las actuaciones no incluidas en el artículo 213 ni 215 ni en el 
apartado 1 de este artículo.
Artículo 215.  Actuaciones no sujetas a licencia.
1.  No están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el 
artículo 213:
a)  Cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la 
aprobación de un proyecto de urbanización o de obra pública o de gestión 
urbanística de iguales efectos autorizatorios.
b)  Cuando se trate de obras auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta 
a autorización ambiental integrada o licencia ambiental y la Administración verifique, 
en un mismo procedimiento, el cumplimiento de la normativa urbanística, además 
de las condiciones ambientales exigibles.
c)  Cuando se trate de actuaciones auxiliares de la realización de una obra 
autorizada por licencia, como el acopio de materiales.
d)  Los movimientos de suelo propios de la práctica ordinaria de las labores 
agrícolas, tales como el cultivo, el desfonde, la formación de mesetas y caballones, 
incluyendo los propios de la replantación de especies leñosas siempre que no 
impliquen actuaciones comprendidas en los artículos 213 y 214 de esta ley. es
2.  Cuando los actos de edificación y uso del suelo, y los otros previstos en esta  w.
ley, se realizasen por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también  10ww
lpicoer npcaiart,e s idne pl eernjuteic itoit udlea rla dse al udtoomrizinaicoio pnúebsl ioc oc.o Lnac efsailotan edse q auuet osreizaa pceiórtnin oe nctoen octeosrgióanr 
impedirá a la persona solicitante obtener licencia y al órgano competente otorgarla.»
«Artículo 224.  Actos promovidos por las administraciones públicas.
1.  Los actos de uso del suelo que sean promovidos por la Administración 
general del Estado, por la Generalitat o por las entidades de derecho público 
dependientes o vinculadas a ellas, estarán sujetos a licencia municipal, salvo las 
excepciones previstas en la legislación sectorial aplicable y lo dispuesto en el 
apartado segundo de este artículo. El procedimiento será el siguiente:
a)  El órgano promotor de la obra remitirá al ayuntamiento el proyecto, para su 
examen durante el plazo de dos meses, con simultánea información pública del 
mismo si fuera necesaria. El proyecto se acompañará de memoria justificativa del 
cumplimiento de la normativa urbanística y planeamiento aplicable. El plazo podrá 
ser reducido en supuestos de urgencia.
b)  Si el ayuntamiento manifestase oposición fundada al proyecto, la conselleria 
competente en materia de ordenación del territorio resolverá razonadamente sobre 
la ejecución o modificación de dicho proyecto.
2.  Cuando se trate de actos de uso de suelo de interés general, comunitario o 
local, o cuando razones de urgencia o excepcional interés público declarado por el 
Consell así lo exijan, el control preventivo propio de la actuación se sustituye por 
una consulta al ayuntamiento, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a)  El conseller o consellera competente por razón de la materia podrá, tras la 
declaración de interés público, de urgencia o de excepcional interés público, acordar 
la remisión del proyecto de que se trate al ayuntamiento o ayuntamientos que 
corresponda.
b)  El ayuntamiento o ayuntamientos en el plazo de un mes, ha de notificar la 
conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento urbanístico en 
vigor. En los casos de urgencia o excepcionalidad, dicho plazo podrá reducirse a 
quince días naturales.
c)  La conformidad del ayuntamiento habilita para la ejecución de las obras. La 
no contestación municipal en el plazo establecido equivale a la conformidad con el 
proyecto.
d)  En caso de disconformidad, la administración titular del proyecto adaptará 
su contenido si es posible a la ordenación urbanística aplicable, comunicando las 
rectificaciones al ayuntamiento. De no ser posible la adaptación del proyecto a la 
ordenación vigente, se tendrá que establecer un procedimiento especial, pactado 
con todas las administraciones competentes, sin menoscabar la autonomía de la 
administración afectada.
3.  Cuando la obra sea promovida por la Administración del Estado se sujetará 
a las prescripciones legales que le sean aplicables.»
«Artículo 236.  Obras terminadas sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones. 
Plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad 
urbanística.
[...]
6.  El plazo de caducidad de la acción de restauración de la legalidad 
urbanística de la Administración que se aplicará será el que establece la ley  es
urbanística en vigor, a fecha de finalización de la actuación urbanística.» o
ArtícSuelo a 9ñ6a.de una nueva disposición transitoria primera bis, se modifica la disposición  2020-1010n https://ww
tdreacnismitooqruiain utan,d séec iamñaa,d ese u nmao ddiisfipcoasni clioósn  atrpaanrstiatodroias  d2e cyi m4o dséep ltaim dai syp oels iecpióígnr atrfea n4s.i7to drieal   BOE-A-cable e
apartado III.4 del anexo IV, de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación
del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, que quedan redactadas 
como sigue:
«Disposición transitoria primera bis.  Régimen transitorio de los procedimientos.
1.  Los instrumentos de planeamiento, programación, gestión urbanística, 
reparcelación y expropiación por tasación conjunta, así como las declaraciones de 
interés comunitario y las actuaciones territoriales estratégicas que hayan iniciado su 
información pública con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley XX/2019, de la 
Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de 
organización de la Generalitat, y la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, 
de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, se continuarán tramitando 
conforme a la legislación anterior. Sin embargo, quien las promueve podrá optar 
por reiniciar su tramitación acogiéndose a las disposiciones de la Ley 1/2019 o de 
la presente ley, o proseguirla conforme a ella cuando los trámites ya realizados 
sean compatibles con esta.
2.  Los procedimientos en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la 
Ley 1/2019 o de la presente ley relativos a disciplina urbanística, ruina o 
cumplimiento del deber de edificación se ajustarán a las disposiciones vigentes al 
tiempo de iniciarse el correspondiente procedimiento.»
«Disposición transitoria undécima.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para 
advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio 
correspondiente y se dirija al jurado provincial de expropiación para justipreciar 
según lo establecido en el artículo 104 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 
Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta suspensión 
de plazo también afecta a aquellos casos en los que la Administración ha obtenido 
y ocupado los terrenos dotacionales mediante contraprestación o reserva del 
aprovechamiento por la propiedad.»
«Disposición transitoria decimoquinta.  Regularización de actividades industriales 
en suelo no urbanizable.
[...]
2.  En el otorgamiento de estas DIC se podrá eximir del cumplimiento de:
a)  La superficie mínima de la parcela sobre la que se asienta la actividad y 
ocupación máxima de dicha parcela.
b)  Que el tipo de actividad que se ejerce sea de las previstas en los apartados 1.º, 
2.º y 3.º de la letra e del artículo 197.
c)  Acreditar la necesidad de implantar la actividad en el suelo no urbanizable 
que exige el artículo 203.
[...]
4.  Quien tenga la titularidad de estas actividades únicamente podrá solicitar la 
declaración  de  interés  comunitario  de  regularización  en  compañía  de  la  s
documentación adjunta necesaria, hasta el 31 de diciembre de 2021. La paralización  e.
del expediente por causas imputables al solicitante implicará la caducidad del  w.
expediente. La no obtención de la autorización ambiental exigida por la Ley 6/2014  10ww
eprno peile pdlaadz oim dpel ictraersá  alañ coasd turacsid alad  odbet elan cmióisnm dae,  clao nD tIoCd,o pso lor sc aeufescatso sim ppreuvtaisbtoless e an  llaa 
presente ley.»
Se añade una disposición transitoria decimoséptima con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria decimoséptima.
El régimen de devengo de intereses establecido en el apartado noveno del 
artículo 104 de esta ley será aplicable a los expedientes que se encuentren en 
tramitación a 1 de enero de 2020.»
Epígrafe 4.7 del apartado III.4 del anexo IV.
«4.7  Los estándares dotacionales definidos en los apartados anteriores serán 
de cumplimiento obligatorio en la redacción de planes parciales. En los sectores de 
plan de reforma interior para operaciones de renovación urbana, en los que se dota 
de ordenación al sector, se podrán minorar estos estándares en proporción al grado 
de consolidación por la edificación, aplicando un porcentaje de minoración de 
estándares igual al porcentaje de consolidación por la edificación en la ordenación 
propuesta. En todo caso, podrán computarse como espacios libres de relación 
social y en la proporción adecuada a tal efecto, los viarios de prioridad peatonal que 
cumplan las dimensiones de los espacios libres que se prevean en la ordenación y 
que se justifiquen en un estudio de movilidad que acompañe al instrumento de 
ordenación correspondiente. Si el sector, o el ámbito de actuación más reducido 
sobre el que se plantea una actuación de reforma interior, ya tiene ordenación 
definida, se aplicarán los estándares exigidos a las modificaciones de planeamiento 
en el apartado III.8 del presente anexo.»
Sección quinta.  Carreteras
Artículo 97.
Se modifican los puntos 2 y 3 del artículo 33 de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de 
carreteras de la Comunitat Valenciana, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 33.  Zona de protección.
[…]
2.  En los terrenos clasificados como urbanos y urbanizables las zonas de 
protección podrán devenir determinadas en el planeamiento urbanístico, previo 
informe vinculante de la administración titular de la vía.
3.  La zona de protección abarca un espacio limitado por dos líneas situadas a 
las siguientes distancias, medidas desde la arista exterior de la calzada más 
próxima: cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas; cincuenta metros en 
carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de carreteras de la red 
básica, y veinticinco metros en las restantes carreteras. Los planes viarios y 
proyectos definidos en los artículos 18, 20 y 21 de la presente ley podrán modificar 
estas distancias.»
CAPÍTULO IX
Modificaciones legislativas en materias competencia de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática es
Sección única.  Incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos  w.
públicos no electos 10ww
Artículo 98.
Se modifican el apartado f del artículo 2, el apartado 2.g del artículo 10, el artículo 15
y el artículo 19 de la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades
y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 2.  Ámbito subjetivo de aplicación.
Esta ley es de aplicación a:
a)  La persona titular de la Presidencia de la Generalitat, personas miembros 
del Consell y personas titulares de las secretarías autonómicas, subsecretarías, 
direcciones generales y órganos o centros directivos cuyo nombramiento competa 
al Consell.
b)  El personal directivo de los entes del sector público instrumental, 
entendiendo por estos los recogidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de la 
Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones; 
en particular:
b.1)  La persona titular de la presidencia, dirección general, las personas 
gerentes y titulares de otros puestos de trabajo o cargos asimilados en organismos 
autónomos o entidades de derecho público dependientes de la Generalitat.
b.2)  Las presidentas o los presidentes, consejeras delegadas o consejeros 
delegados de sociedades mercantiles de la Generalitat nombrados por el Consell o 
por los órganos de gobierno de aquellas sociedades.
b.3)  Las directoras o los directores generales, gerentes o puestos asimilados 
de fundaciones del sector público de la Generalitat.
b.4)  Las personas que ostentan cargos directivos y funciones ejecutivas 
asimilables en los consorcios de la Generalitat.
c)  Todos aquellos puestos de libre designación nombrados directamente por 
acuerdo del Consell que sean calificados como tales en normas de rango de ley o 
reglamento y que impliquen especial confianza o responsabilidad.
d)  Las personas nombradas comisionadas o puesto de análoga naturaleza por 
la Presidencia o por cualquier otra conselleria para representar los intereses 
públicos en los ámbitos de gestión privada existentes.
e)  Las personas que hayan suscrito un contrato laboral especial de alta 
dirección.
f)  Asimismo, las personas titulares de cualquier otro puesto, sea cual sea su 
denominación, cuyo nombramiento efectúe el Consell y que comporte retribución o 
tenga atribuidas funciones ejecutivas o directivas.»
«Artículo 10.  Oficina de Control de Conflictos de Intereses.
1.  Se crea la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que estará adscrita 
a la conselleria competente en materia de transparencia y gozará de autonomía 
funcional.
2.  Son funciones de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses:
a)  Gestionar el Registro de Control de Conflictos de Intereses y recibir y 
custodiar las declaraciones y la documentación que las personas con cargo público 
del ámbito subjetivo del artículo 2 de esta ley presenten al registro.
b)  Gestionar el régimen de incompatibilidades y dictaminar sobre la  s
compatibilidad entre las actividades, el patrimonio y los bienes y el ejercicio del  e.
cargo público de cada persona con cargo público con obligación de declarar. El  w.
personal de libre designación queda excluido de este dictamen. 10ww
prevcis) tasR eenq ueesrtiar  lae yl.as personas afectadas el cumplimiento de las obligaciones
en adp) licIancsitóanr  ad ela  loinsc oparecicóenp dtoes p droec eedstima ileenyt.o Es sstaan cdiiosnpaodsoicrieósn  cnuoa nedso  aspel irceaqbuleie raal   BOE-A-cable e
personal de libre designación, respecto al cual, en caso de que fuera detectada una 
incompatibilidad, se actuará conforme a la normativa estatal aplicable.
e)  Realizar un informe anual, que en todo caso será público, sobre las 
situaciones de compatibilidad e incompatibilidad, incidencias, aplicación del régimen 
disciplinario y cualquier hecho relevante en su gestión.
f)  Ajustar sus informes y sus publicaciones al respeto al derecho de protección 
de datos de carácter personal, siempre garantizando la transparencia en la gestión 
pública y el derecho de la ciudadanía a conocer la situación de compatibilidad o 
incompatibilidad de las personas con cargo público.
g)  Ejercer la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio 
de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses de las 
personas incluidas en el artículo 2, por denuncia, petición razonada de otros órganos 
o entidades o a iniciativa propia, así como informar al resto de órganos que tengan 
atribuidas funciones de inspección cuando se detecte alguna irregularidad de su 
competencia, y en caso de situaciones de aparente ilícito penal, informar al 
Ministerio Fiscal inmediatamente.
h)  Cualesquiera otras que le otorguen esta ley o el reglamento que la 
desarrolle.
3.  La Oficina de Control de Conflictos de Intereses estará coordinada con los 
órganos de control o prevención y lucha contra la corrupción existentes.»
«Artículo 15.  Infracciones.
1.  Son infracciones muy graves:
a)  El suministro deliberado de datos o documentos falsos que no se ajusten a 
la realidad o estén destinados a propiciar una falsa apariencia de legalidad.
b)  El incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda.
c)  El incumplimiento del régimen material de incompatibilidades previsto en 
esta ley.
2.  Son infracciones graves:
a)  La omisión deliberada de aportación al Registro de Control de Conflicto de 
Intereses de datos o documentos relevantes a los efectos de esta ley.
b)  La no aportación de la documentación que corresponde aportar al Registro 
de Control de Conflicto de Intereses después del requerimiento para hacerlo.
3.  Son infracciones leves:
a)  La presentación extemporánea de la documentación que corresponde 
aportar al Registro de Control de Conflicto de Intereses después del requerimiento 
fehaciente para hacerlo.
b)  El cumplimiento extemporáneo del deber de retomar a una situación de 
compatibilidad una vez emitido un informe por la Oficina de Control de Conflictos de 
Intereses después del requerimiento fehaciente para hacerlo.
4.  La reincidencia y la reiteración se tomarán en consideración como criterios 
para la graduación de las infracciones y de las sanciones en las que deba apreciarse. 
Se entenderá por reiteración la existencia previa de dos o más sanciones por la  e.e
comisión de infracciones previstas en esta ley en un período de tres años. b
En los supuestos en que exista reiteración de faltas graves, la sanción a imponer  10ww
psuopr ulae sintofrsa cecnió qnu ceo mexeitsidtaa  rseeitreár alac iqóune d ceo rfraeltsapso nledvae sa,  lalas  sfaalntacsió mn uay  imgrpaovnees.r  Epno rl olas 
infracción cometida será la que corresponda a las faltas graves.»
«Artículo 19.  Transparencia.
En el Portal de Transparencia de la Generalitat o, en su caso, en el portal 
correspondiente de las entidades del sector público instrumental, se publicará y 
mantendrá actualizada información de la actividad de la Oficina de Control de 
Conflictos de Intereses, que necesariamente incluirá las memorias anuales 
presentadas a las Corts Valencianes. También se publicará la relación completa de 
las declaraciones de actividades presentadas por cada persona que ocupe un cargo 
público no electo comprendido en el artículo 2, además de las resoluciones de 
compatibilidad y de las resoluciones que determinen la incompatibilidad. Esta 
información se publicará desde el nombramiento, manteniéndose publicada hasta 
los tres años posteriores al cese. Se garantiza que la navegación por la información 
sea accesible y sencilla para facilitar al público el acceso y la transparencia.»
TÍTULO III
Medidas de Organización Administrativa y de Reestructuración de Entes del Sector 
Público Instrumental de la Generalitat
CAPÍTULO I
Medidas organizativas relativas a Entes del Sector Público Instrumental 
de la Generalitat
Sección única.  Auditor Interno en Entes del Sector Público Instrumental
Artículo 99.
Se modifica la disposición adicional décima de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional décima.  Auditoría interna.
Con el objeto de implantar y mantener un adecuado sistema de control en el 
ámbito del sector público instrumental de la Generalitat y sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 9 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de medidas 
urgentes de régimen económico financiero del sector público empresarial y 
fundacional, todas las entidades de derecho público, las entidades públicas 
empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público de la 
Generalitat, que cuenten con una plantilla de 25 o más puestos de trabajo tendrán 
la obligación de contar con una auditora o auditor interno con las funciones y 
requisitos señalados en el citado artículo 9 del citado Decreto ley 1/2011.
Asimismo, cuando el tipo de actividad, el importe neto de la cifra de negocio o 
volumen de activo, así como por la identificación de riesgos que se desprendan de 
los informes de auditoría pública, o por cualquier otro motivo justificado así lo 
aconseje, y la conselleria competente en materia de sector público lo acuerde, los 
citados entes deberán contar con una persona que realice las funciones propias de 
la auditoría interna.»
CAPÍTULO II
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
Sección única.  Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
Artículo 100.
Se modifican los párrafos primero y segundo del número 9 del subapartado 3 del 
apartado uno del artículo 72 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, en la redacción 
dada por el artículo 52 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que quedan 
redactados como sigue:
«Artículo 72.  De la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.
Uno.
[…]
3.  En relación con dichos fines, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo 
podrá realizar:
[…]
9.  La gestión y administración del patrimonio público de vivienda de titularidad 
de la Generalitat Valenciana en los términos expresados en la legislación vigente o 
en los convenios que suscriba con la Administración de la Generalitat.
La gestión y administración del patrimonio público de vivienda de titularidad de 
la Generalitat Valenciana a que se refiere el párrafo anterior se instrumentarán a 
través del correspondiente contrato-programa a suscribir entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la conselleria competente en materia de vivienda, y la 
entidad misma, previo informe favorable de la conselleria con competencia en las 
materias de hacienda y de sector público.»
CAPÍTULO III
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
Sección única.  La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
Artículo 101.
Se modifica el apartado 1 del artículo 2, se modifica el apartado 1 del artículo 5, se 
modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6, se dejan sin contenido los subapartados b, 
e, f, g e i del apartado 2 del artículo 7, se modifica el apartado 5 del artículo 9, el título del 
capítulo III del título II, el artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12 de la Ley 4/2017, de 3 de 
febrero, de la Generalitat, por la cual se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias, que quedan redactados como sigue: s
«Artículo 2.  Adscripción orgánica. w.b
com1p.e teLnac iAaVsS eRn Em qauteerdiaa  daed sscergituar iodragdá ny igcaemstieónnt ed ea ll adse peamretarmgeennctioa sd,e al  Ctroanvéses ldl ceo lna 
sfaeccurletatadreías  qauueto len óamtriibcau ycaonn e sattari bleuyc iyo nele rse setno  deeslt aosrd menaatemriieans,to l aju rcíudaiclo e.jercerá las
[...]»
«Artículo 5.  Órganos.
Son órganos directivos de la AVSRE:
a)  El Consejo de Dirección de la AVSRE
b)  La Presidencia de la AVSRE
c)  La Dirección de la AVSRE
Artículo 6.  Composición del Consejo de Dirección.
1.  El Consejo de Dirección de la AVSRE está formado por la Presidencia, dos 
vicepresidencias y veinte vocales.
a)  La Presidencia de la Agencia y del Consejo de Dirección la asumirá la 
persona titular de la conselleria competente en materia de seguridad y emergencias.
b)  La Vicepresidencia I corresponderá a la persona que ostente la titularidad 
de la conselleria competente en materia de medio ambiente.
c)  La Vicepresidencia II corresponderá a la persona que ostente la titularidad 
de la Secretaría Autonómica competente en materia de seguridad y emergencias.
d)  Serán vocales del Consejo de Dirección:
– La persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia 
de seguridad y emergencias.
2.  Las personas que ostenten el cargo de vocales serán nombradas y 
separadas por el Consell a propuesta de la persona titular de la conselleria 
competente en materia de seguridad y emergencia. Sin perjuicio de las personas 
que ostenten la condición de miembros del Consejo por razón de su cargo, se 
procurará que en la parte más flexible de la composición se compense para llegar al 
equilibrio entre los géneros. En todo caso, se tenderá a la composición equilibrada 
en la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto, las personas de 
cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
3.  En el seno del Consejo de Dirección se constituirá su Comisión Permanente, 
que tendrá la siguiente composición:
a)  La persona que ostente la Presidencia de la AVSRE.
b)  La persona que ostente la dirección de la AVSRE.
c)  La persona titular de la Subsecretaría de la conselleria competente en 
materia de seguridad y emergencias.
d)  Una persona representante, con categoría, por lo menos, de director o 
directora general, de la conselleria competente en materia de prevención de 
incendios forestales.
e)  La persona que ostente la Jefatura de la Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana.
f)  Un representante de los diputados delegados o las diputadas delegadas de 
los consorcios provinciales de bomberos de la Comunitat Valenciana.
Artículo 7.  Funciones del Consejo de Dirección.
[...]
2.  Al Consejo de Dirección le corresponden las siguientes atribuciones: es
b)  (Se deja sin contenido) w.
e)  (Se deja sin contenido) 10ww
fg))   ((SSee d deejaja s sinin c coonntetennididoo))
i)  (Se deja sin contenido)»
«Artículo 9.  Funcionamiento del Consejo de Dirección.
[...]
5.  La Comisión Permanente del Consejo de Dirección se reunirá siempre que 
resulte necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones, a convocatoria de la 
persona que ostente la Presidencia de la AVSRE, que la presidirá, o sea requerida 
por, al menos, dos de sus miembros.
[...]
CAPÍTULO III
De la Presidencia y Dirección de la AVSRE
[...]
Artículo 10.  Nombramiento de la persona titular de la dirección de la AVSRE.
La persona titular de la secretaría autonómica con competencias en materia de 
seguridad y respuesta a las emergencias ostentará la dirección de la AVSRE.
Artículo 11.  Atribuciones de la Presidencia y de la Dirección de la AVSRE.
1.  Corresponden a la persona titular de la Presidencia de la AVSRE las 
siguientes atribuciones:
a)  La representación institucional de la Agencia.
b)  La firma de los convenios en materias que sean competencia de la Agencia.
c)  Aprobar las encomiendas de gestión que sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines de la AVSRE, cuyo importe sea inferior a diez millones de 
euros. Para importes superiores se requerirá aprobación del Consell.
d)  Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación.
e)  Proponer las convocatorias públicas y el nombramiento del personal para la 
provisión de puestos por libre designación.
f)  Otorgar reconocimientos y felicitaciones en materia de protección civil, 
atención de emergencias y seguridad, conforme a la normativa vigente.
g)  Proponer modificaciones en la regulación normativa de la Agencia.
h)  Aprobar anualmente la propuesta de anteproyecto de presupuestos del 
organismo autónomo.
i)  Proponer al órgano competente de la Generalitat, la adquisición o la 
disposición de bienes inmuebles que puedan ser afectos o adscritos a la AVSRE.
j)  Proponer la aprobación, en su caso, de las tasas y precios públicos de las 
actividades que tiene que realizar la AVSRE.
k)  Cualesquiera otras que se le atribuyan reglamentariamente.
2.  Corresponden a la persona titular de la Dirección de la AVSRE las siguientes 
atribuciones:
a)  Ejercer la función de representación ordinaria de la AVSRE, incluida la 
representación judicial y extrajudicial de la misma en toda clase de actuaciones, y 
otorgar los poderes y mandatos para el ejercicio de esa representación.
b)  La responsabilidad ordinaria del funcionamiento de los servicios que  s
integren la AVSRE, ejecutando y haciendo cumplir las instrucciones de la presidencia  oe.
respecto a la gestión, inspección y organización interna de la totalidad de las  w.
actividades, órganos, centros, equipos e instalaciones de la AVSRE. 10ww
integcr)a dEaj elorcse rre lcau jresfoastu hrau mdealn poesr,s monaatle aridaslecsri tyo  eac loan AóVmSicRoEs,,  gae fsintio dnea npdroe sdtaer  fournmoas 
servdic) iosP erofipcoienneter sla ys  dceo ncvaolicdaatdo.rias de concursos para la provisión de jefaturas de  BOE-A-cable e
unidad administrativa del organismo autónomo.
e)  Formular las propuestas en materia de relaciones de puestos de trabajo y 
oferta de empleo público de la AVSRE.
f)  Elaborar la memoria anual de la AVSRE y los programas de actuación de la 
misma.
g)  Formular la propuesta de anteproyecto de presupuestos de gastos e 
ingresos de la AVSRE.
h)  La gestión económica y presupuestaria del presupuesto de la AVSRE, 
autorizando, disponiendo y reconociendo obligaciones económicas, así como 
ordenando pagos conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de 
hacienda pública.
i)  Incoar expedientes disciplinarios por la comisión de faltas leves, graves y 
muy graves y ejercer la potestad disciplinaria salvo cuando la sanción a imponer sea 
la separación del servicio en el supuesto de que el personal sujeto a expediente sea 
funcionario.
j)  Velar por la mejora de los métodos de trabajo, por la introducción de las 
innovaciones tecnológicas aplicables, por la conservación y mantenimiento de los 
centros, edificios, instalaciones y equipos, y por la optimización de los ingresos y 
gastos.
k)  Resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
l)  Administrar el patrimonio que tenga adscrito la AVSRE.
m)  Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Dirección de 
la AVSRE.
n)  Adoptar las resoluciones y actuaciones que por motivos de urgencia sean 
necesarias, que deberán someterse a la ratificación del Consejo de Dirección, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 2.h del artículo 7.
o)  Cualesquiera otras que le atribuyan reglamentariamente.
3.  En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la persona titular de la 
Presidencia, sus funciones las ejercerá la persona titular de la dirección de la 
Agencia.
4.  La persona titular de la Presidencia de la AVSRE comparecerá ante les 
Corts a petición propia o siempre que lo solicite algún grupo parlamentario.
Artículo 12.  Delegación de atribuciones de la Presidencia y de la Dirección de la 
AVSRE
La Presidencia y la Dirección de la AVSRE podrán delegar el ejercicio de alguna 
de sus atribuciones en otros órganos de conformidad con lo que se establece en la 
legislación vigente.»
CAPÍTULO IV
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Sección única.  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Artículo 102.  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Régimen 
Jurídico y Competencias. s
1.  El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) es una entidad de  b
derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de  10ww
oabproayro p aa rlaa sl ae mreparleizsaacsió, ne nd em sautesr ifain dees  idnen ogveasctiióónn  pdaer ala l ap ocloítmicap eintitdivuisdtarida ly d me olad eGrneinzearcaiólinta td ey 
lya sc ampetadciaiónna sd ey  pinevqeuresñióans,  edmisperñeos ays d ye ásraerarosl lion ddues tmriaeldeisd,a esm dper efnindaimncieianctioó,n in dteerln saecciotonra plizriavcaidóon 
que no afecte al marco de actuación atribuido al IVF sin perjuicio de los convenios de
colaboración y restantes acuerdos que se instrumenten entre este y el IVACE, la seguridad 
industrial de productos e instalaciones industriales, la metrología, vehículos y empresas y el 
fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, así como la 
gestión de la política energética de la Generalitat.
2.  El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial tiene entre sus competencias:
a)  Promover y estimular la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la 
adaptación de las empresas de la Comunitat Valenciana a las exigencias del mercado, 
facilitando la realización de actuaciones de I+D+i empresarial, en cuanto no afecten a las 
competencias asignadas a otros departamentos en materia de innovación.
b)  Potenciar la reorganización, reconversión y modernización de las pequeñas y 
medianas empresas, así como impulsar su creación e implantación, prestando particular 
atención al desarrollo tecnológico, la innovación para la competitividad y modernización de 
las medianas y pequeñas empresas y áreas industriales, la internacionalización y 
comercialización.
c)  Fomentar y apoyar las actuaciones conjuntas de cooperación, concentración o 
fusión, entre las pequeñas y medianas empresas que propicien una mejora en la 
competitividad empresarial de la Comunitat Valenciana.
d)  Promover, fomentar y prestar los servicios que contribuyan a la competitividad de 
la pequeña y mediana empresa de la Comunitat Valenciana, así como su internacionalización.
e)  Promocionar y velar por la seguridad industrial de productos e instalaciones 
industriales y la metrología, promoviendo la colaboración administrativa.
f)  Ejecutar la ordenación y planificación energética en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Consell, en coordinación con las 
distintas administraciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.
g)  Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la 
Comunitat Valenciana.
h)  Participación, en el marco de sus competencias, en el diseño, coordinación, 
dirección y supervisión de los planes de apoyo al sector privado en colaboración con los 
órganos de la Administración europea, central y autonómica.
3.  El IVACE se rige por lo previsto en la presente ley, en las disposiciones que la 
desarrollen y en su reglamento de organización y funcionamiento regulador de las 
funciones, estructura organizativa y composición y atribuciones de sus órganos; asimismo 
se rige por la normativa en materia del Sector Público Instrumental de la Generalitat, por 
las normas de derecho privado que le sean de aplicación y por el resto del ordenamiento 
jurídico. El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos 
previstos en la legislación de función pública.
CAPÍTULO V
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica
Sección única.  Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos
Artículo 103.
Se modifica el artículo 4 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de medidas  e.e
urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, que  w.b
queda redactado de la manera siguiente: 10ww
«ArtAícpurolov e4c. haRméiegnimtoe Enn jeurrgídéitcicoo  ddee  lRa essoidcuieodsa, dS .mA.ercantil Vaersa, Valenciana de  OE-A-2020-10able en https://
1.  La sociedad mercantil Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético  Bc
de Residuos, S.A. (en adelante, Vaersa), es una sociedad mercantil de la Generalitat
de las previstas en el artículo 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que realiza 
las actividades que conforman su objeto social. A tal efecto, la sociedad mercantil 
Vaersa tiene personalidad jurídica de naturaleza privada, rigiéndose, como regla 
general, por el ordenamiento jurídico privado y su legislación específica, sin perjuicio 
de lo establecido en la referida Ley 1/2015 y en el resto de normas de derecho 
público que le resulten de aplicación.
En particular, la entidad Vaersa tiene la condición de poder adjudicador que no 
reviste la condición de administración pública (PANAP) a los efectos previstos en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público o normativa que la 
sustituya.
2.  La sociedad mercantil Vaersa tiene la consideración de medio propio 
personificado y servicio técnico de la Administración de la Generalitat, de las 
diferentes entidades que integran la Administración local, y de las entidades del 
sector público dependientes de cualquiera de ellas que tengan la condición de 
poderes adjudicadores, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 32.2.d.2.º de la referida Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público y en las letras a y b del apartado 4 del mismo artículo.
En su virtud, la entidad Vaersa queda obligada a ejecutar los cometidos, 
incluidos en su objeto social, que le sean confiados por los poderes adjudicadores 
que la controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes 
adjudicadores, con independencia de quien sea el beneficiario de los mismos.
La realización por Vaersa de las actividades que se le confíen en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, se podrá articular por dos vías:
1.º  Mediante  la  atribución,  por  imposición  unilateral  de  los  poderes 
adjudicadores de los que depende Vaersa, y como ejercicio de la opción organizativa 
para ejercer sus propias competencias, de actividades que estén incluidas en el 
objeto social de la entidad como un modo de gestión directa de los servicios o 
actividades económicas de interés público. Dichas actuaciones serán retribuidas 
mediante compensación económica basada en el coste o por precio fijado o 
pactado, con independencia del beneficiario de la actuación o ejecución y del sujeto 
que remunere al medio propio Vaersa las referidas compensaciones o precios. 
Cualquiera de los órganos de los poderes adjudicadores de los que depende Vaersa 
podrá mediante resolución, instrucción o instrumento jurídico asignar a Vaersa 
funciones o la realización de actividades que se encuentren dentro de su objeto 
social.
A tal efecto, las actuaciones realizadas por Vaersa descritas anteriormente 
serán consideradas como “actividades esenciales realizadas con los entes 
territoriales que controlan a Vaersa”, por lo que se entenderá que la ejecución o 
ejercicio de esos cometidos y las contraprestaciones o facturación que realice por 
ello se encuentran comprendidos dentro del concepto de funciones asignadas por el 
poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por 
dicho poder adjudicador que señala el artículo 1 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, y la normativa que la desarrolla, y aunque Vaersa tenga que 
celebrar contratos o convenios para realizar esas funciones o actividades con otras 
personas jurídicas.
2.º  Mediante la formulación de encargos de gestión a medio propio  s
personificado en los términos establecidos en el artículo 32 de la referida Ley 9/2017,  e.
de 8 de noviembre, de contratos del sector público. w.
Vaersa no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de  10ww
cporonptriaot opse rcsoonnvioficcaaddoos.  Npoor  olabss teannttidea, dceusa nddeol  sneoc tocro npcúubrlircao  ndineg lúans  qliucieta sdeoar  mpoeddriáo 
encargarse a Vaersa la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
3.  El capital social de Vaersa deberá ser íntegramente de titularidad pública. 
Podrán participar en el capital social de Vaersa otras administraciones públicas 
mediante la adquisición de acciones, de conformidad con los procedimientos 
previstos en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat. A su vez 
las administraciones públicas que, en su caso, participen en el accionariado de 
Vaersa solo podrán enajenar sus participaciones a favor de la Generalitat o de 
organismos de derecho público vinculados o dependientes de aquella.
4.  Vaersa, en su condición de medio propio personificado y servicio técnico, 
podrá ser aportada por las administraciones públicas en sus relaciones de 
cooperación con otras administraciones o entidades del sector público. Esta relación 
de cooperación se instrumentará a través de un convenio entre las entidades 
participantes que especificará el interés público común que justifique la suscripción 
del convenio, las actuaciones a desarrollar y la aportación de cada una de las 
partes, o mediante resolución de un órgano del poder adjudicador de Vaersa. Las 
administraciones públicas comunicarán a Vaersa la suscripción de estos convenios 
y le asignarán las actuaciones necesarias para la ejecución de lo dispuesto en los 
mismos, teniendo que desarrollar o ejecutar actividades Vaersa en cumplimiento de 
los mismos. A tal efecto, las actuaciones realizadas por Vaersa descritas 
anteriormente serán consideradas como “actividades esenciales realizadas con los 
entes territoriales que controlan a Vaersa”, por lo que se entenderán las mismas 
como realizadas en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el 
poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por 
dicho poder adjudicador, computando los ingresos que deriven de esas actuaciones 
o actividades en la contabilidad de la misma en tal concepto.
5.  La sociedad mercantil Vaersa podrá realizar, por asignación de los poderes 
adjudicadores de los que depende que se indican en el apartado 2 de este artículo, 
la ejecución de cuantas actuaciones, funciones, actividades e inversiones estén 
previstas en su objeto social, incluyendo en todo caso la realización de todo tipo de 
trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, servicios y la 
gestión de servicios públicos, en materia de medio ambiente, recursos hídricos, 
depuración, tratamientos de descontaminación, cambio climático, energías 
renovables, residuos, reciclaje, ordenación del territorio, paisaje y del litoral, 
agricultura, ganadería, pesca y alimentación, fomento y práctica de la economía 
circular, y en particular:
a)  La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, 
valorización o eliminación de cualquier tipo de residuos, así como su gestión, 
recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, transformación 
y eliminación, la comercialización y venta de los productos resultantes, así como la 
regeneración de los suelos contaminados. La realización de actuaciones destinadas 
a la prevención y minimización de residuos, actividades de gestión de envases y 
residuos de envases y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la realización 
e implantación de actuaciones de sensibilización para el fomento del reciclaje de 
residuos, promover e implantar buenas prácticas medioambientales a los efectos de 
valoración de cualquier tipología de residuos, elaboración de compost, recogida de 
restos de poda agrícola y masa forestal, aprovechamiento de materia orgánica 
destinada a reciclaje, experimentación e investigación en materia de reciclaje, solo o 
conjuntamente con cualquier entidad, el fomento de la devolución de los envases y  s
la reutilización. Asimismo, participar en campañas de divulgación de hábitos  e.
medioambientales ecológicos y alimentarios saludables y planes de consumo de  w.
alimentos sanos, especialmente ecológicos y de promoción de consumo de frutas y  10ww
hinotretravlieznacsi,ó anl imene nptorso ceecsoolósg aicgorso, aalirmteesnatnaorsio ys  pyr oednu clato sd ifsotrreibsutaclieósn  aduetó cptroondousc. tLoas 
aloggríosatilcimae; nstoalriicoista or  fsoerre sataulteosr,iz iandteor veinnie pndrooc eesno lsa  edlea bcoornaccieósni,ó ntr adnes foarymuadcaisó ny y  dlae   BOE-A-cable e
participación en campañas públicas y en la distribución y suministro de productos
entre la ciudadanía, escuelas, centros sanitarios, sociales, especialmente la infancia 
y los mayores. Participar en campañas, especialmente de emergencia, que requiera 
o asigne cualquier entidad pública radicada en el territorio valenciano y en el 
seguimiento, evaluación, publicidad o medidas de acompañamiento.
b)  La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, 
rehabilitación, investigación y gestión necesarias para el mantenimiento de las 
condiciones ambientales de cualquier espacio natural, sea legalmente protegido o 
no, así como de canteras, graveras y otras explotaciones de áridos, riberas, 
márgenes, lechos y cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas 
arbóreas, montes y terrenos forestales, en general, de cualquier espacio o bien 
susceptible de protección o tratamiento por los valores ambientales que contenga.
c)  La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación 
y repoblación de la flora y fauna. La participación en campañas de lucha contra 
plagas forestales o agrarias.
d)  La gestión, vigilancia, aprovechamiento y regeneración de montes y demás 
recursos forestales; la protección hidrológica de márgenes, riberas y cuencas; la 
protección, recarga y regeneración de acuíferos y ríos; la depuración y el 
saneamiento de las aguas, la protección, tratamiento y regeneración de suelos.
e)  La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y conocimientos 
relativos a la prevención de los efectos del cambio climático, a cualquier forma de 
contaminación atmosférica y, si corresponde, la comercialización y venta de estas 
técnicas y conocimientos; la protección, conservación, mejora, recuperación, 
investigación y gestión necesaria para el mantenimiento y regeneración de las 
condiciones ambientales atmosféricas.
f)  La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de estos y 
vigilancia de las medidas correctoras o de las condiciones ambientales.
g)  La realización de cualquier tipo de tareas en relación con la consultoría, 
implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y excelencia 
empresarial, sistemas de gestión ambientales, sistemas y modelos de eficiencia 
energética, así como la realización de auditorías externas con el fin de evidenciar el 
cumplimiento por los mencionados sistemas de la normativa establecida en el marco 
de referencia correspondiente.
h)  La realización de actividades destinadas a la detección y prevención de 
catástrofes medioambientales (incendios, inundaciones, etc.), la extinción de 
incendios y la restauración paisajística, así como actividades de investigación y 
divulgación en la materia.
i)  La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la organización 
de cursos charlas, jornadas, conferencias, mesas redondas, actividades de 
divulgación, educación, difusión o enseñanza en materias relacionadas con el objeto 
social.
j)  Gestión y protección de recursos hídricos, construcción y explotación de 
infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, depuración, reutilización y 
ahorro de agua, así como actividades destinadas al control y protección de la calidad 
del agua, incluyendo la toma de muestras y estudio analítico (físico, químico y 
microbiológico) de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y vertidos 
para la determinación de su calidad y la realización de los estudios e investigaciones 
necesarias, así como las experimentaciones, ensayos, aplicaciones y divulgación 
necesaria para la mejora y mantenimiento de la calidad de las aguas. es
k)  La realización de obras de construcción civil, servicios y tareas forestales,  o
adtriepgisnortoor,li )pvbs aeuubccsCuliceóaoesnrnp  ioaytsi  sbtlvra leyue  nbscstú ciadlsvi eóqdíc nueao e plradyersoa s,vi g ddreeeuecsso hettsaain óumfeonrrria egecndísaiótteosan   l leeiidmnsne,fep  raeraigagseésprsí tacyitccor oruiloea.c snsIt n,oum vivrneeaaddrbsusil oesioaatsrngm.iaerblsae iresyi n aoots abd lreeay ss c, u getaranalnq teauanmideeeirre gronaíttarsoos,,     OE-A-2020-1010able en https://www.
explotaciones agropecuarias, ejercicio de actividades relacionadas con la mejora del
entorno rural, optimización de regadíos, sostenibilidad y biomasa, así como las 
actividades encaminadas a la optimización de los recursos naturales y la 
investigación, experimentación, capacitación y transferencia de tecnología.
m)  La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones 
agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como la formación y capacitación profesional 
marítimo-pesquera.
n)  La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y el 
litoral, así como la gestión de políticas de paisaje.
o)  La realización de cualquier tipo de actuaciones destinadas a mejorar la 
calidad de vida de las zonas rurales, elaboración de estrategias para desarrolladas, 
así como cualquier tipo de actividades destinadas a la modernización del sector 
pesquero y agroalimentario.
p)  La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras y del 
resto de actuaciones que sean objeto de encomienda.
q)  La realización de suministros, servicios y obras complementarias o 
accesorias a las mencionadas antes.
r)  El arrendamiento y subarriendo de cualquier tipo de bienes muebles o 
inmuebles relacionados con el objeto social de la empresa.
s)  La realización de cualquier tipo de tareas en relación con la consultoría, 
estudios e informes en temas relacionados con el fomento, la implantación de 
energías renovables, eficiencia energética y economía circular. Actuaciones de 
apoyo técnico en materias relacionadas con el objeto social de la entidad.
6.  Las actuaciones de urgencia o emergencia que se declaren con motivo de 
catástrofes o calamidades de cualquier naturaleza que sean adjudicadas a Vaersa 
por la autoridad competente serán ejecutadas por esta con carácter, además de 
obligatorio, prioritario.
En las situaciones de emergencia, en las que las administraciones públicas 
deban actuar de manera inmediata, podrán disponer o movilizar directamente los 
medios de Vaersa que se requieran, ordenándoles las actuaciones necesarias para 
conseguir la más eficaz protección de las personas, los bienes y el mantenimiento 
de los servicios. A tal fin, dichos medios se integrarán en los dispositivos existentes 
de prevención de riesgos, incorporándose a sus planes de actuación y asumiendo 
los protocolos de aplicación.
7.  En ningún caso se podrán asignar a Vaersa actuaciones que supongan una 
traslación del ejercicio de potestades públicas.
8.  Las actuaciones que se adjudiquen a Vaersa mediante la fórmula de 
encargo de gestión se abonarán en base a tarifas calculadas de manera que 
representen los costes reales totales, tanto directos como indirectos, y gastos 
generales, a los que se añadirán, en su caso, los impuestos que la sociedad 
estuviera obligada a satisfacer por dicha actuación. Este mismo sistema de tarifas 
también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones. Las tarifas deberán 
ser elaboradas y aprobadas por la Administración de la Generalitat, en la forma que 
se determine reglamentariamente.
9.  Las actuaciones que le sean asignadas a Vaersa sobre la base de un 
encargo de gestión, estarán definidas, según los casos, y con excepción de las 
actuaciones declaradas de urgencia o emergencia, en proyectos, memorias u otros 
documentos técnicos y valoradas en su correspondiente presupuesto, conforme al  s
sistema de tarifas a que se refiere el punto anterior. Con anterioridad a la formulación  e.
del encargo de gestión, se procederá a la aprobación, por parte de los órganos  w.
competentes, de los documentos correspondientes y se realizarán los preceptivos  10ww
trám1it0e.s  tSécinn ipceorsju, ijcuiroí ddiceo lso,  dpirsepsuuepsutoe setna rliooss  ayp daert acodonstr oaln yte arpiorroebsa, claió enn dtiedla gda Vsatoe.rsa
poobdrarás,  rperaelsiztaarc,i oanteensd dieen sdeor vai clioo sd iys pcuoemsetorc eianl izsauc oióbnje dtoe  ssoucsi aplr,o adcutcutaocsi odneenst,r otr aob faujeorsa,   BOE-A-cable e
del territorio nacional, directamente o a través de sus filiales, respetando en todo caso
lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. En el supuesto que las 
actividades descritas anteriormente se llevaran a cabo en el ejercicio de cometidos 
confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas 
jurídicas controladas por dichos poderes adjudicadores, serán consideradas como 
“actividades esenciales realizadas con los entes territoriales que controlan a Vaersa”, 
a efectos del cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.4.b de la referida 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
11.  La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de 
adjudicación de los contratos que celebre Vaersa en su condición de poder 
adjudicador no administración pública se realizará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público o 
norma que la sustituya.
Los actos y decisiones que adopte Vaersa en los procedimientos de adjudicación 
de contratos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 44.1 de la referida 
Ley 9/2017, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, en 
los términos establecidos en el referido artículo. Por otro lado, los actos que dicte 
Vaersa en los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 44.1 de la referida Ley 9/2017, podrán ser objeto de 
impugnación en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, ante la persona titular de la conselleria a la que figure 
adscrita Vaersa.»
CAPÍTULO VI
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Sección única.  Agencia Valenciana de Protección del Territorio
Artículo 104.
Se deja sin contenido la disposición adicional tercera y se modifica la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que queda redactada 
como sigue:
«Disposición adicional decimotercera.  De la Agencia Valenciana de Protección del 
Territorio.
1.  Se crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio como organismo 
autónomo de la Generalitat, con personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería 
propios y autonomía de gestión, para el ejercicio de las competencias autonómicas 
en  materia  de  disciplina  urbanística.  Los  municipios  podrán  delegar  sus 
competencias propias en materia de disciplina urbanística sobre suelo no 
urbanizable a la Agencia, mediante la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento del 
acuerdo de adhesión a la Agencia.
2.  La Agencia es un organismo autónomo de la Generalitat, de los previstos 
por el artículo 154 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, de hacienda pública, del  e.e
sector público instrumental y de subvenciones, facultada para ejercer las potestades  b
administrativas en materia de disciplina urbanística sobre ilícitos que se produzcan  10ww
sobr3e.  suCeolorr neosp uornbdaenrizáa abll eC, osnesae élls, tme ecdoimanútne  ola p rcootnesgeidlloe.ria competente en materia
dloes  uersbtaantuistomso d, ela  laap Arogbeancciióan y y d peul baliccuaecridóon , teipno  edl ep laadzhoe msiáóxni mdoe  dloes  dmocuen imcipeisoess ,q duee 
voluntariamente se incorporen a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
Por cuanto a su objeto, estructura, actividades y funcionamiento, la Agencia se 
regirá por las normas siguientes:
Primera.  Objeto y fines de la Agencia.
1.  El objeto de la Agencia es ejercer las potestades administrativas de 
disciplina urbanística respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en 
suelo no urbanizable, común o protegido, en el territorio de los municipios que se 
adhieran mediante el acuerdo de adhesión. Ello incluye el ejercicio de las funciones 
de inspección, y el inicio, tramitación, resolución y ejecución de los procedimientos 
de restauración de la legalidad urbanística, los procedimientos sancionadores 
urbanísticos y la impugnación de licencias municipales, presuntamente ilegales, 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a la competencia otorgada 
por la Ley 5/2014, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
(LOTUP), en los artículos 244 y 268. Todo ello, sin perjuicio del ejercicio, por parte 
de la Agencia, de las competencias ordinarias en las materias reseñadas en este 
párrafo respecto de ilícitos cometidos en suelo no urbanizable perteneciente a 
municipios de la Comunitat Valenciana que no se adhieran a la Agencia, dentro de 
la regulación mencionada establecida en la LOTUP.
2.  La Agencia tiene por finalidad esencial velar por la utilización racional y legal 
del suelo conforme a lo dispuesto en la LOTUP y el resto de legislación urbanística.
Segunda.  Funciones. Son funciones de la Agencia Valenciana de Protección 
del Territorio:
a)  La inspección y vigilancia urbanística sobre los actos de edificación y uso en 
suelo no urbanizable.
b)  La adopción de las medidas cautelares previstas en la LOTUP, en especial 
las de suspensión de los actos de edificación y uso del suelo que se realicen en 
suelo no urbanizable sin las preceptivas autorizaciones municipales y autonómicas 
o incumpliendo las condiciones de las autorizaciones otorgadas.
c)  El inicio, la instrucción y la resolución de los procedimientos de reposición 
de la legalidad urbanística y de los sancionadores, por infracciones urbanísticas, en 
ambos casos por ilícitos cometidos en suelo no urbanizable.
d)  La formulación a las distintas administraciones de toda clase de solicitudes 
y peticiones de los informes que se consideren pertinentes para asegurar el mejor 
cumplimiento de la legalidad urbanística.
e)  La denuncia ante el Ministerio Fiscal y los órganos del orden jurisdiccional 
penal de los hechos que, a resultas de las actuaciones practicadas, se consideren 
constitutivos de delito.
f)  El requerimiento para la anulación de licencias urbanísticas contrarias a la 
normativa vigente, así como su eventual impugnación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
g)  El asesoramiento y asistencia a los municipios adheridos a la Agencia en 
las materias de su competencia, así como la propuesta a la conselleria competente 
en materia de urbanismo de modificar o adoptar normas legales o reglamentarias 
necesarias para el mejor cumplimiento de la legalidad urbanística.
h)  Las competencias de inspección, supervisión, restablecimiento de la 
legalidad urbanística y sanción respecto de infracciones cometidas en suelo no 
urbanizable en municipios que se hayan adherido voluntariamente a la Agencia, en 
las condiciones que se determinen en el correspondiente acuerdo de adhesión, al  e.e
que los ayuntamientos deberán adherirse. w.b
i)  El ejercicio de cualquier otra competencia que en materia de disciplina  10ww
urbaT1ne. írsctLeicaraa  A.c goerRrneécsgipaimo sneedn ar ej uagr iílrdaái  cGpooe.rn elor adliitsaptu, esestgoú enn la e LsOtaT dUisPp.osición, su normativa de  BOE-A-2020-10cable en https://
desarrollo y por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda
pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y estará sujeta al 
derecho administrativo. Además, dispondrá de las potestades públicas necesarias 
para el cumplimiento de sus fines.
2.  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo de las administraciones públicas, los actos y 
resoluciones dictados por los órganos de la Agencia ponen fin a la vía administrativa.
Cuarta.  Adscripción. La Agencia estará adscrita a la conselleria competente en 
materia de urbanismo.
Quinta.  Sede. La Agencia de Protección del Territorio tendrá su sede principal 
en el municipio de València, sin perjuicio de que puedan existir dependencias de la 
Agencia en otros municipios de la Comunitat Valenciana.
Sexta.  Adhesión de los municipios a la Agencia.
1.  La incorporación de un municipio a la Agencia requiere un acuerdo de 
adhesión del pleno municipal adoptado por mayoría absoluta, el cual deberá ser 
confirmado por la dirección-gerencia de la Agencia. Tal adhesión será publicada en 
el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. El acuerdo se ajustará, en su forma y 
contenido, al acuerdo tipo de adhesión que se establezca reglamentariamente.
2.  La adhesión necesariamente producirá la atribución a la Agencia de las 
competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad 
urbanística que correspondan al municipio integrado voluntariamente en aquella, en 
los supuestos de infracciones urbanísticas graves o muy graves cometidas sobre su 
territorio, siempre que nos encontremos en suelo no urbanizable, sea este común o 
protegido.
3.  La Agencia ejercerá efectivamente estas competencias desde el momento 
en que se determine en el acuerdo de adhesión, estando condicionado en todo caso 
dicho ejercicio a la publicación del mismo en el “Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana”. La Agencia únicamente tendrá competencia para tramitar los 
procedimientos indicados respecto de infracciones cometidas con posterioridad 
al 20 de agosto de 2014.
Séptima.  Obligaciones de los municipios adheridos. Los municipios adheridos 
a la Agencia asumen las siguientes obligaciones:
a)  De conformidad con lo previsto en el artículo 268 de la LOTUP, al asumir la 
Generalitat de forma efectiva el ejercicio de su competencia en suelo no urbanizable, 
el ayuntamiento correspondiente se abstendrá de incoar, tramitar y resolver 
expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística en el suelo 
no urbanizable de su municipio, respecto de edificaciones que se empiecen a 
construir tras la adhesión a la Agencia, siempre que estemos frente a infracciones 
graves o muy graves.
b)  El ayuntamiento designará una persona representante electa que será la 
responsable ante la Agencia de la correcta remisión de los documentos requeridos 
por esta, así como de la adecuada asistencia sobre el terreno para una eficaz 
ejecución de los expedientes tramitados.
c)  El ayuntamiento adherido comunicará a la Agencia todos los actos de uso o 
edificación de los que tenga conocimiento y que se lleven a cabo en suelo no  s
urbanizable dentro de su término municipal, siempre que de los mismos pudiera  oe.
derivarse la comisión de algún tipo de infracción urbanística que pudiera calificarse  w.
como grave o muy grave. En este sentido, el ayuntamiento deberá remitir a la  10ww
Apogleicnícai am uunn iacciptaa ld oe  deeqnuuivnacliean ete ,in csopnefcocrimóne  fiarml madoad eploor  qlau ein sepsetacbclieónzc uar blaa npísrotipcaia, 
Aargqeunitceicat.a  Imguuanlimcipeanlt,e s,e sgeú nr emmoditeirláo  einsftoarbmleec idtéoc.nico suscrito por el arquitecto o  BOE-A-cable e
d)  En la tramitación de los procedimientos sancionadores y de restauración de 
la legalidad urbanística que se sigan en la Agencia, los técnicos del ayuntamiento 
emitirán cualquier otro informe que la Agencia les solicite.
e)  La policía local colaborará en las actuaciones que se le requiera por parte 
de la Agencia, fundamentalmente respecto del levantamiento de actas y denuncias, 
comprobaciones del estado de obras, desarrollo de actividades y ejecución de 
labores de restauración, así como auxilio en la ejecución de las medidas cautelares 
que adopte la Agencia, entre las que se encuentran la paralización y precinto de 
actividades en curso.
f)  La Agencia proveerá de un precinto oficial con el logo de la Generalitat al 
ayuntamiento correspondiente con objeto de que dicha corporación lo utilice en la 
ejecución de las medidas cautelares a las que se refiere el apartado anterior.
g)  El alcalde o alcaldesa dictará un bando municipal en el que se informe al 
vecindario de la adhesión a la Agencia y del objeto y consecuencias de la misma.
Octava.  Incumplimiento de las obligaciones de los municipios adheridos.
1.  El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el apartado anterior por 
parte de un municipio adherido supondrá que la Agencia deje sin efecto dicha 
adhesión. La resolución de la adhesión se adoptará por la dirección de la Agencia, 
previa audiencia del municipio en cuestión.
2.  Un municipio adherido podrá igualmente separarse voluntariamente de la 
adhesión a la Agencia. Ello se hará mediante acuerdo de pleno, por mayoría 
absoluta de sus miembros.
Novena.  Órganos. Los órganos directivos de la Agencia son: el consejo de 
dirección y el director o directora gerente.
Décima.  Composición del consejo de dirección.
1.  El consejo de dirección está formado por:
a)  La presidencia, que será la secretaria o secretario autonómico competente 
en materia de territorio y urbanismo de la Generalitat.
b)  La vicepresidencia, que será el director o directora general competente en 
materia de urbanismo de la Generalitat.
c)  Las vocalías, que serán:
– Cuatro en representación de los ayuntamientos adheridos a la Agencia.
– Cuatro en representación de la Generalitat.
– Una representante por cada una de las tres diputaciones provinciales.
d)  La secretaría, funcionario o funcionaria del grupo A1 de la Generalitat.
2.  Todas las personas vocales deberán estar en posesión de titulación 
universitaria y tener experiencia en la gestión en materia de urbanismo.
3.  Las vocalías de representación municipal serán elegidas por los alcaldes o 
alcaldesas de los ayuntamientos adheridos a la Agencia, reunidos en asamblea 
convocada al efecto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cada 
cuatro años, después de la celebración de las elecciones municipales.
Cada municipio adherido propondrá una candidatura y resultarán elegidas las 
cuatro personas más votadas. es
En el supuesto de que uno de los ayuntamientos deje de estar adherido a la  o
Agencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta disposición adicional,  w.
qsaeul reieáfne s culotos tr.ietupirdeos epnotre o ptrear dpeerrás oanuato emleágtiidcaam eenn utnea la a csoanmdbicleióan e dxetr avoorcdainl daeri ala c Aongveonccaiad ay   2020-1010n https://ww
4.  Las vocalías de representación autonómica serán nombradas: tres por el
conseller o consellera competente en materia de urbanismo, y uno por el conseller  Bc
o consellera competente en materia de medio ambiente.
5.  A la vicepresidencia le corresponderá sustituir a la presidencia en caso de 
vacante, ausencia o imposibilidad física.
6.  A la secretaría le corresponderá dar fe de los acuerdos adoptados y levantar 
acta de las reuniones que se lleven a cabo.
Undécima.  Funciones. El consejo de dirección es el órgano colegiado de 
dirección y control de la Agencia, con las siguientes funciones:
a)  Proponer la modificación de la presente regulación.
b)  Proponer el Estatuto, la estructura orgánica y la relación de puestos de 
trabajo de la Agencia.
c)  Elaborar la propuesta de presupuestos de gastos e ingresos.
d)  Autorizar los gastos por importe igual o superior a 600.000 euros.
e)  Establecer las directrices de actuación de la Agencia y fiscalizar la actividad 
y la gestión de la dirección.
f)  Proponer el plan anual de inspección urbanística, que será publicado 
mediante una orden de la conselleria competente en materia de urbanismo.
g)  Resolver que un municipio deje de estar adherido a la Agencia.
h)  Aprobar la memoria anual de la gestión de la Agencia, que deberá ser 
remitida a todos los ayuntamientos adheridos para su conocimiento.
i)  La aprobación de las cuentas anuales.
j)  Revisar anualmente el inventario de bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Agencia.
k)  Y cuantos asuntos relacionados con las competencias de la Agencia le 
someta su presidente.
Duodécima.  Régimen de funcionamiento.
1.  El consejo de dirección se reunirá al menos dos veces al año por 
convocatoria de la presidencia, bien por iniciativa propia o a solicitud de la mitad de 
las vocalías.
2.  Para la válida constitución del Consejo será necesaria la presencia de la 
presidencia, de la secretaría o de quien las sustituya, así como de la mitad de las 
vocalías. En todo caso, el Consejo quedará constituido, con carácter automático en 
segunda convocatoria, treinta minutos después de la hora señalada para la 
celebración de la primera, siendo suficiente la presencia de al menos tres vocalías, 
más la presidencia o vicepresidencia y la secretaría.
3.  Los acuerdos del consejo serán adoptados por mayoría simple de votos 
favorables emitidos por las personas asistentes. En caso de empate, el voto de la 
presidencia será dirimente.
4.  El director o directora gerente de la Agencia participará en todas las 
reuniones del consejo, con voz pero sin voto.
5.  La secretaría será desempeñada por un funcionario o funcionaria del 
grupo A1 de la Generalitat, designado por el consejo de dirección de entre el 
personal adscrito a la Agencia, que tendrá derecho a voz pero no a voto.
6.  Podrá acudir a cualquier reunión del consejo de dirección el personal técnico 
de la Agencia que sea requerido a tal efecto.
7.  El régimen de funcionamiento del consejo de dirección, en lo no previsto en 
esta disposición adicional, se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes  s
de la Ley 40/15, de régimen jurídico del sector público. oe.
Decimotercera.  Nombramiento. 10ww
1.  El director o directora gerente de la Agencia será nombrado por el Consell,
a pr2o.p ueEsl tad idreec ltao rc oon dsierellecrtoar oa  egle croennstee ldleer  clao mAgpeentecniate d eenb emraát ecroian tdaer  cuorbna tnitiusmlacoi.ón
universitaria y experiencia profesional en materia de urbanismo.
Decimocuarta.  Funciones. El director o directora gerente es el órgano ejecutivo 
de la Agencia, con las siguientes funciones:
a)  La representación ordinaria de la Agencia.
b)  El ejercicio, con carácter general, de las competencias atribuidas a la 
Agencia en el artículo 3 de la presente disposición adicional.
c)  La dirección e impulso de la actividad de la Agencia.
d)  La jefatura directa sobre el personal de la Agencia.
e)  La contratación y adquisición de bienes y servicios.
f)  La ejecución de los acuerdos adoptados por el consejo de dirección.
g)  El acuerdo de convenios con otras entidades, públicas o privadas. En 
especial, podrán celebrarse convenios con la Unidad de la Policía Nacional adscrita 
a la Comunitat Valenciana, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia 
Civil (Seprona) y los agentes medioambientales dependientes de la conselleria con 
competencia en materia de medio ambiente, para que lleven a cabo actuaciones de 
inspección, comprobación o labores de mantenimiento de la seguridad.
h)  La gestión económica de la Agencia y la autorización de gastos de cuantía 
inferior a 600.000 euros.
i)  La impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de 
las licencias municipales presuntamente ilegales.
j)  Confirmar el acuerdo de adhesión de los ayuntamientos a la Agencia.
k)  Y todas las competencias de la Agencia no atribuidas expresamente al 
consejo de dirección.
Decimoquinta.  Personal de la Agencia.
1.  La Agencia Valenciana de Protección del Territorio podrá contar con 
personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat y, asimismo, 
podrá contratar personal laboral propio, para el cumplimiento de funciones que no 
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 
públicas o en la salvaguarda de los intereses generales.
2.  El personal laboral propio será seleccionado por la misma Agencia, de 
acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. La Agencia 
publicará anualmente en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” una relación 
de puestos de trabajo de su personal laboral propio, previo informe favorable de la 
conselleria competente en materia de sector público, sin perjuicio de lo que resulte 
de aplicación respecto del personal funcionario y laboral de la Administración de la 
Generalitat.
Decimosexta.  Patrimonio.
1.  La Agencia tendrá, para el cumplimiento de sus fines, patrimonio propio, 
distinto del de la Administración general de la Generalitat, integrado por el conjunto 
de bienes y derechos que adquiera por cualquier título.
2.  La gestión y administración de los bienes y derechos propios se deberá 
realizar con sujeción a lo establecido en la Ley de patrimonio de la Generalitat.
3.  El director o directora gerente formará un inventario de todos los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Agencia, que se someterá al consejo de 
dirección y se revisará anualmente.
Decimoséptima.  Financiación. bo
fuen1te. s:Los recursos económicos de la Agencia podrán provenir de las siguientes  2020-1010n https://ww
Genae)r aliLtaats p atrraan gsaferarenntizcaiars e lc founnsciigonnaamdaiesn teon d leo sla  pArgeesnucpiau.estos generales de la  BOE-A-cable e
b)  Los rendimientos de su patrimonio.
c)  Las multas coercitivas a imponer en los procedimientos de restauración de 
la legalidad urbanística.
d)  Las cuantías provenientes de las sanciones a imponer en los procedimientos 
sancionadores urbanísticos.
e)  Y los demás ingresos que pueda percibir de acuerdo con la legislación 
vigente.
2.  El tratamiento de los ingresos de la Agencia tiene que ser el siguiente:
a)  Todos los ingresos tienen que ser considerados en el régimen presupuestario 
y tienen que quedar vinculados a la satisfacción de la correspondiente anualidad.
b)  Los  excedentes  de  los  ingresos  respecto  de  las  necesidades  de 
mantenimiento serán distribuidos de la siguiente forma:
Un 50 % se mantendrá en la tesorería de la Agencia para hacer frente en los 
siguientes ejercicios a futuras demoliciones.
Un 50 % se repartirá entre los municipios adheridos a la Agencia, en función del 
número de expedientes tramitados en cada uno de ellos. Este crédito tendrá la 
consideración de patrimonio municipal del suelo, debiendo destinarse a cualquiera 
de las finalidades establecidas en el artículo 99 de la LOTUP.
Decimoctava.  Contratación.
1.  La contratación de la Agencia se regirá por las normas generales de la 
contratación de las administraciones públicas. En particular, se someterá a esta 
legislación la contratación de empresas privadas para llevar a cabo la demolición de 
las edificaciones ilegales.
2.  Actuará como órgano de contratación el director o directora gerente de la 
Agencia, precisando autorización del consejo de dirección o del Consell cuando por 
razón de la cuantía corresponda a estos autorizar el gasto.
Decimonovena.  Presupuestos.
1.  El régimen económico y presupuestario de la Agencia se ajustará a las 
prescripciones establecidas en la Ley 1/2015, de la Generalitat, vigente para los 
organismos públicos.
2.  La propuesta de presupuestos será aprobada por el consejo de dirección de 
la Agencia y remitida a la conselleria con competencia en materia de hacienda por 
la conselleria que tenga adscrito el ente.
Vigésima.  Programa anual de gestión y Plan plurianual de gestión.
1.  La dirección-gerencia de la Agencia redactará un programa anual de 
actuación y un plan plurianual de gestión que serán aprobados por el consejo de 
dirección.
2.  El Programa anual de actuación incluirá como mínimo, con referencia a un 
ejercicio completo:
a)  La definición de los objetivos y prioridades del ejercicio correspondiente por 
departamentos y servicios, en el marco de los objetivos del plan plurianual de 
gestión en que se inserte.
b)  La previsión de resultados. e.e
3.  El Plan plurianual de gestión determinará como mínimo, con una referencia  10ww
a una p) lazLoa  ddee fcininiccioó na ñdoes la,  loo rsieignutaiecnióten: estratégica, objetivos y criterios de actuación
de lab )A geEnl cieas.tablecimiento  de  los  requerimientos  de  medios  materiales  e  BOE-A-cable e
informáticos y de administración electrónica, y de recursos humanos necesarios
para la consecución de aquellos objetivos, incluidas, en su caso, las percepciones 
retributivas relacionadas con tales objetivos, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de función pública.
c)  La previsión de resultados.
4.  Las competencias autonómicas en el ejercicio de la potestad sancionadora 
regulada en esta ley las ejercerá la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, 
de acuerdo con las siguientes reglas:
a)  La incoación de los expedientes sancionadores, cuando sea competencia 
de la Agencia, corresponderá, en todo caso, a la dirección-gerencia de la Agencia.
b)  La resolución de los expedientes sancionadores, en los casos en los que 
sea competencia de la Agencia, corresponderá al presidente o presidenta del 
Consell de Dirección.
Vigesimoprimera.  Transparencia y reutilización de datos.
1.  Como organismo autónomo de la Generalitat, la Agencia Valenciana de 
Protección del Territorio estará sometida a las obligaciones de publicidad activa y 
derecho de acceso a la información pública establecidas a la normativa vigente en 
la materia. Para el cumplimiento de estas obligaciones, deberá contar con un portal 
de transparencia que enlazará con el Portal de Transparencia de la Generalitat.
2.  La reutilización de la información pública se adaptará a la normativa 
específica vigente en la materia.»
Artículo 105.
Se modifica la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que queda 
redactada como sigue:
«Disposición transitoria decimocuarta.
1.  La Agencia Valenciana de Protección del Territorio estará en pleno 
funcionamiento el 31 de diciembre del 2021.
2.  A partir de la entrada en vigor de esta disposición transitoria no se puede 
aprobar ningún procedimiento de minimización de impactos ambientales en suelo no 
urbanizable, de los regulados en los artículos 210 y siguientes de esta ley, hasta el 
inicio del funcionamiento efectivo de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.
3.  Una vez haya entrado en vigor la presente disposición transitoria, la 
administración con competencia en materia de disciplina urbanística no impondrá 
ninguna multa coercitiva ni sanción a infractor alguno, cuyo expediente corresponda 
a una de las edificaciones que puedan incluirse en los procedimientos de 
minimización de impactos ambientales en suelo no urbanizable, de los regulados en 
los artículos 210 y siguientes de esta ley, hasta el momento en que, efectivamente, 
la Agencia Valenciana de Protección del Territorio empiece a ejercer sus funciones.»
CAPÍTULO VII
Medidas organizativas en entes del sector público instrumental adscritos 
a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital e.e
Sección única.  Agencia Valenciana de la Innovación 10www.
Artículo 106.
artícSuelo  m5,o dseifi cmao edli fiacratí ceul laop 2a,r tsaed om 7o ddiefilc aa rteícl ualrotí c5u ylo  s4e,  asñea mdeo duinfi cnau eevl op raimpaerrt apdáor r8a foe nd eell   BOE-A-cable e
artículo 5, se modifica el artículo 7, se modifican el apartado 2, el apartado 10 y se añade un
nuevo apartado 11 en el artículo 8, se modifica el apartado 2.a del artículo 11, se modifica el 
apartado 1 del artículo 12, se añade un nuevo artículo 12 bis, se modifica el apartado 3 del 
artículo 15, se modifica el artículo 18, se modifica el apartado 2 del artículo 24, se modifica 
el apartado 2 de la disposición adicional primera y se añade una nueva disposición adicional 
tercera de la Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia 
Valenciana de la Innovación, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 2.  Objeto y fines de la Agencia.
El objeto general de la Agencia es la mejora del modelo productivo valenciano 
mediante el desarrollo de su capacidad innovadora para la consecución de un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para ello, siguiendo las directrices 
de política general del Consell, la Agencia diseñará y coordinará la estrategia de 
innovación de la Comunitat Valenciana, y promoverá el fortalecimiento y desarrollo 
del SVI en su conjunto, impulsando la generación, difusión, intercambio y explotación 
de conocimiento. A tal fin, la Agencia establecerá las relaciones que en cada caso 
resulten necesarias con los agentes innovadores.»
«Artículo 4.  Adscripción.
De acuerdo con el objeto y fines señalados en el artículo 2, la Agencia se 
adscribe a la conselleria competente en materia de Innovación.
Artículo 5.  Funciones.
En particular, siguiendo las directrices de política general del Consell, la Agencia 
cumplirá su objeto mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
[…]
7.  Apoyo a las empresas en materia de innovación, así como la promoción de 
enclaves tecnológicos, en cuanto no afecten a las competencias asignadas a otros 
departamentos.
8.  Cualquier otra que le asigne reglamentariamente el Consell en desarrollo de 
la presente ley.»
«Artículo 7.  Órganos de la Agencia.
Son órganos de la Agencia:
– El Consejo de Dirección.
– El Consejo Valenciano de la Innovación.
– La Presidencia.
– La Vicepresidencia.
– La Vicepresidencia Ejecutiva.
– La Secretaría General.
Artículo 8.  Composición, designación y funcionamiento del consejo de dirección.
[...]
2.  Son miembros del Consejo de Dirección:
– El presidente o la presidenta. es
– La vicepresidencia. bo
– La persona titular de la Vicepresidencia Ejecutiva, designada de acuerdo con  10ww
lo in–d icLaodso s eignu eiel natretsíc vuoloc a1l3e.s:
Innoav)a ciUónn,a c poenr sraonngao r eapl rmeseennotsa ndtee  ddiree clato cr oon sdeirlelecrtoiar ac ogmenpeertaeln, tdee seing nmaadtae rpiao r dlea   BOE-A-cable e
persona titular de la conselleria.
b)  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
política industrial, con rango al menos de director o directora general, designada por 
la persona titular de la conselleria.
c)  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
hacienda y sector público instrumental, con rango al menos de director o directora 
general, designada por la persona titular de la conselleria.
d)  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
investigación y universidades, con rango al menos de director o directora general, 
designada por la persona titular de la conselleria.
e)  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
sanidad, con rango al menos de director o directora general, designada por la 
persona titular de la conselleria.
f)  Una persona representante de la conselleria competente en materia de 
agricultura, con rango al menos de director o directora general, designada por la 
persona titular de la conselleria.
g)  La persona titular del puesto de coordinador institucional del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana.
[...]
10.  En caso de inasistencia a las reuniones del Consejo de Dirección, sus 
miembros podrán delegar su voto mediante escrito debidamente firmado por el 
interesado con carácter previo al inicio de la correspondiente sesión, en cualquier 
otro miembro de este Consejo, que confirme su asistencia a la reunión, sobre el 
punto o puntos del orden del día mencionados en esta delegación, teniendo que 
hacerse constar tal circunstancia en el acta de la reunión correspondiente.
Todo esto sin perjuicio de la obligación de conseguir el quórum mínimo de 
asistencia, para el cómputo del cual no se tendrán en cuenta los votos ejercidos por 
delegación.
11.  En lo no dispuesto en esta ley, el consejo de dirección ajustará su 
actuación, en lo que le sea de aplicación, a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público.»
«Artículo 11.  Del Consejo Valenciano de la Innovación.
[...]
2.  Por lo que se refiere a su composición:
a)  La presidencia del Consejo Valenciano de la Innovación recae en la persona 
titular de la Presidencia de la Generalitat, que podrá delegar competencias en la 
persona titular de la Vicepresidencia de la Agencia. La Vicepresidencia del Consejo 
Valenciano de Innovación recae en la persona titular de la Vicepresidencia ejecutiva 
de la Agencia.
b)  Los restantes miembros del Consejo Valenciano de la Innovación se 
determinarán reglamentariamente, debiendo formar parte del mismo instituciones y 
personalidades del Sistema Valenciano de Innovación reconocidas por su labor y 
contribuciones a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y sus 
aplicaciones a la innovación empresarial, así como profesionales y representantes 
de entidades y empresas, y de sus trabajadores, igualmente reconocidas por sus 
capacidades e iniciativas innovadoras. Para la elección de estos miembros se 
deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, 
para la igualdad entre mujeres y hombres, en el sentido de respetar una presencia  e.e
equilibrada de mujeres y hombres en su composición. w.b
Artíc1u. lo L1a2 .p reDseid elan pcirae sdied elan Acigae.ncia recae en la persona titular de la Presidencia de
lvaic Geperneesridaelitnacti,a qs udee  plao dArgáe ndceilae.gar competencias en las personas titulares de las  BOE-A-cable e
[...]
Artículo 12 bis.  De la vicepresidencia.
1.  La Vicepresidencia de la Agencia recae en la persona titular de la conselleria 
competente en materia de Innovación.
2.  Corresponde a la Vicepresidencia, en caso de ausencia del presidente, las 
funciones atribuidas a este en el artículo anterior.»
«Artículo 15.  Del secretario o secretaria general.
[…]
3.  Corresponden a la persona titular de la Secretaría General las siguientes 
funciones:
a)  La dirección y gestión ordinaria de la Agencia, en el marco de las funciones 
atribuidas en este apartado o de las que le sean expresamente delegadas y, en 
particular, la ejecución de los acuerdos del consejo de dirección.
b)  Elaborar la propuesta del contrato de gestión de la Agencia.
c)  Elaborar la propuesta de objetivos estratégicos y operativos de la Agencia, 
y los procedimientos, criterios e indicadores para la medición de su cumplimiento y 
del grado de eficiencia en la gestión.
d)  Elaborar la propuesta de plan de acción anual y dirigir y coordinar las 
actividades que sean necesarias para el desarrollo de las funciones de la Agencia.
e)  Elaborar con la vicepresidencia ejecutiva la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto de la Agencia.
f)  Formular las cuentas anuales y elevarlas al consejo de dirección junto al 
informe de auditoría de cuentas, previo conocimiento y autorización de la 
vicepresidencia ejecutiva.
g)  Acordar las variaciones presupuestarias que se estimen necesarias y que 
no deban ser autorizadas por la conselleria competente en materia de hacienda y 
proponer a la vicepresidencia ejecutiva aquellas que necesitan esta autorización.
h)  Proponer la modificación de los límites generales de compromiso de gasto 
con cargo a ejercicios futuros por causa justificada, de los cuales dará cuenta a la 
Vicepresidencia Ejecutiva y al consejo de dirección.
i)  Elaborar la propuesta de informe anual de actividades, ordinarias y 
extraordinarias, de la Agencia.
j)  Celebrar contratos por delegación de la persona titular de la Vicepresidencia 
Ejecutiva.
k)  Proponer  a  la  persona  titular  de  la  Vicepresidencia  Ejecutiva  el 
nombramiento y cese del personal directivo de la Agencia.
l)  Ejercer la dirección del personal de la Agencia y prever las necesidades en 
este ámbito, así como elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo de 
personal laboral.
m)  Proponer a la dirección general competente en materia de función pública 
las convocatorias de puestos de trabajo de personal funcionario para proveerlos 
mediante concurso o libre designación, así como la cobertura de puestos mediante 
otras formas de provisión, como adscripciones provisionales, comisiones de servicio 
o permutas, y contratar al personal laboral dentro de las limitaciones legales y 
presupuestarias y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la 
Generalitat. s
n)  Elaborar la propuesta de criterios para la determinación de los incentivos al  oe.
rendimiento del personal de la Agencia, para que los apruebe el consejo de  w.
dVréiircgeeimcpcereinós nyid ,ce unpacrneiatví aiEo jd eecc oulontisvo aicn icyme einentin vltoooss   aylíl m raeitunetdsoi mrsizeieañncatiloóa dnseo  sda ejpu oslrta al raáp nlee rags ilosolna qacu ióetn,i t euvnliag sreu n dcteea. s Eola,l    2020-1010n https://ww
con carácter general, se aplique al conjunto del sector público instrumental de la
Generalitat. Bc
o)  Ejercer la representación institucional y legal de la Agencia cuando no 
corresponda a otros órganos o dichas funciones hayan sido delegadas de forma 
expresa.
p)  Recabar  al  Consejo  Valenciano  de  Innovación  los  informes  y  el 
asesoramiento que considere necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Agencia.
q)  Instar a la conselleria competente en materia de hacienda a autorizar las 
variaciones presupuestarias que se precisen.
r)  Ejercer la secretaría del Consejo de Dirección y del Consejo.
s)  Cualquier otra que le atribuyan el Consejo de Dirección y la Vicepresidencia 
Ejecutiva.»
«Artículo 18.  Contrato de gestión.
La Agencia desarrollará las actividades con arreglo a un plan de acción anual, 
bajo la vigencia y en el marco de un contrato plurianual de gestión, que aprobará el 
Consell a propuesta de la conselleria competente en materia de Innovación, con 
informe favorable de la conselleria con competencia en las materias de hacienda y 
de sector público. Dicho contrato contendrá, por lo menos:
[...]»
«Artículo 24.  Régimen presupuestario.
[...]
2.  A instancia de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de la 
Agencia, el consejo de dirección aprobará el anteproyecto de presupuesto, conforme 
a lo dispuesto en el contrato de gestión o conforme a la propuesta inicial del mismo 
y con la estructura que establezca la conselleria competente en materia de hacienda. 
La propuesta será remitida a la conselleria competente en materia de Innovación 
para su examen y posterior traslado de la misma a la anterior conselleria. Una vez 
analizado por este último departamento, el anteproyecto se incorporará al de los 
presupuestos de la Generalitat para su aprobación por el Consell y remisión a Les 
Corts.
[...]»
«Disposición adicional primera.  Relaciones con las Corts Valencianes.
[...]
2.  La Agencia, a través de la conselleria competente en materia de Innovación, 
remitirá anualmente a las Corts Valencianes el informe de actividad aprobado por el 
consejo de dirección, relativo a las tareas de la Agencia y al grado de cumplimiento 
de sus objetivos.»
«Disposición adicional tercera.  Adscripción de medios personales.
Como consecuencia de la atribución competencial contemplada en la presente 
ley, se integrará en la Agencia el personal de aquellas entidades de derecho público 
dependientes de la Generalitat, que venía prestando sus servicios en materia de 
innovación tecnológica, desarrollo de la capacidad innovadora del sistema 
productivo valenciano y tutela de la red de institutos tecnológicos de la Comunitat  e.e
Valenciana, previo informe de la entidad y la mesa de diálogo del sector público y de  b
los representantes legales de los trabajadores de los entes afectados.» 10ww
Disposición adicional primera.  Creación del Observatorio Fiscal de la Comunitat 
Valenciana.
1.  Con la finalidad de mejorar la relación entre la Administración tributaria valenciana 
y los contribuyentes mediante la transparencia y la cooperación, el Consell creará el 
Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, dependiente de la conselleria competente 
en materia de tributos. Este observatorio debe llevar a cabo las tareas que se establezcan 
por reglamento, y debe servir de plataforma para planificar, estudiar y analizar la aplicación 
del sistema tributario valenciano reduciendo las cargas fiscales y fomentando el uso de la 
administración electrónica, así como lograr una mejora en la prevención y lucha contra el 
fraude de forma colaborativa, buscando soluciones a las prácticas fraudulentas y 
fomentando el rechazo social del fraude fiscal.
2.  El Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana tendrá como misión todas 
aquellas funciones de evaluación de los efectos de las medidas introducidas por las leyes 
tributarias en el ámbito territorial de la comunidad con el fin de facilitar políticas tributarias 
que prioricen el desarrollo humano sostenible en un marco de sostenibilidad fiscal y 
medioambiental, promover la educación ciudadana sobre las actuaciones tributarias, 
profundizar en el conocimiento mutuo entre la Agencia Tributaria Valenciana y las personas 
profesionales representadas en él, en un marco de cooperación, transparencia, rigor 
técnico, objetividad, proporcionalidad y receptividad.
3.  Pueden formar parte del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana los 
titulares de los distintos departamentos de la Agencia Tributaria Valenciana, las distintas 
asociaciones y colegios profesionales del ámbito tributario, las organizaciones sociales y 
empresariales representativas de colectivos y agentes del ámbito tributario que 
estatutariamente tengan reconocido un papel activo en este ámbito y que manifiesten 
interés en colaborar en las tareas que se establezcan.
4.  El Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana propondrá líneas de actuación 
que permitan avanzar en el desarrollo del modelo de relación cooperativa entre la 
Administración tributaria y los agentes participantes del mundo tributario y que incidan 
directamente en la generalización de buenas prácticas por parte de los contribuyentes, en 
una mejora de la seguridad jurídica en unos menores costes de cumplimiento y reduciendo 
la conflictividad.
5.  Debe crearse el observatorio dentro del plazo de un año desde la fecha de 
publicación de la presente ley en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Disposición adicional segunda.  Suspensión de la exigencia de master universitario para 
el acceso a los cuerpos del subgrupo A1 del anexo III de la Ley 10/2010, de 9 de julio, 
de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
1.  La exigencia de estar en posesión del master universitario prevista en el anexo III 
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función 
pública valenciana, para el acceso a los cuerpos y escalas del subgrupo A1, no será de 
aplicación a los procesos selectivos que se convoquen a partir de 1 de enero de 2020.
2.  Se exceptúa de lo previsto en el apartado anterior los casos en que para acceder 
a un cuerpo o escala funcionarial se exija otro título universitario, sustitutivo del grado o 
complementario o adicional a éste, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la ley 
mediante la que se cree el respectivo cuerpo o escala.
3.  Así mismo, quedan exceptuados de lo previsto en el apartado primero, los 
procesos selectivos que se convoquen para el acceso a los cuerpos o escalas cuyas  e.e
funciones, de conformidad con la normativa estatal aplicable, coincidan con el ejercicio de  b
una profesión regulada, en cuyo caso, se estará a lo que dicha normativa disponga. 10ww
Disposición adicional tercera.  Urgente ocupación de terrenos por actuaciones derivadas 
de la ejecución de las obras incluidas en la operación 4.3.1 «Inversiones en 
infraestructuras públicas de regadío» del Programa de desarrollo rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 y otras consideradas de interés general por la Ley 5/2019, de 28 de 
febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
Se declara de utilidad pública o interés social y urgente ocupación, los terrenos 
afectados de expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres, 
como consecuencia de la ejecución de las obras incluidas en la operación 4.3.1 
«Inversiones en infraestructuras públicas de regadío» del Programa de desarrollo rural de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020 y otras consideradas de interés general por la 
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat 
Valenciana, que a continuación se expresan:
– Elementos de telecontrol y protección de la balsa de La Cuesta en Villena (Alicante).
– Bombeo solar fotovoltaico Solana I en Villena (Alicante).
– Modificación conducción tramo VII del postrasvase Júcar-Vinalopó en Hondón de las 
Nieves (Alicante).
– Adecuación del tramo VII.1 del postrasvase Júcar-Vinalopó en Hondón de las Nieves 
(Alicante).
– Obras complementarias del postrasvase Júcar-Vinalopó en Hondón de las Nieves y 
Aspe (Alicante).
– Conexión de conducción «Sifón I» de la CR y Usuarios de Callosa d’en Sarrià 
(Alicante).
– Estación de bombeo e impulsión desde EDAR Alacantí Nord a depósitos el Pantanet 
en Mutxamel (Alicante).
– Embalse regulador de riego en Relleu (Alicante).
– Embalse regulador de riego en Torrellano (Alicante).
– Embalse de Massatava para riego y regulación en Callosa d’en Sarrià (Alicante).
– Red de riego a presión para riego de apoyo al olivar en Almedíjar (Castellón).
– Conversión a riego localizado en la CR Masalet en Carlet (Valencia).
– Instalaciones eléctricas para estaciones de bombeo Escala y Masía del Pozo en 
Alzira (Valencia).
– Infraestructura para riego localizado de Foia-Sellent de la CR del Valle de Cárcer y 
Sellent en Sellent (Valencia).
– Mejora de la red de captación y transporte desde la Toma VII de la CR de Llíria 
(Valencia).
– Red de distribución de los sectores 3, 5, 17 y 35 de la Acequia Real del Júcar 
(Valencia).
– Reparación y mejora de la infraestructura de regadío de la CR de Enguera (Valencia).
– Actualización de canalizaciones principales de riego de Francos y Marjales 
(Valencia).
– Depósito de regulación del riego Font d’Encorts (Valencia).
– Mejora constructiva e hidráulica del Canal de Daroqui del Tribunal de las Aguas de 
Valencia en Paterna (Valencia).
– Acondicionamiento de la galería del manantial de la Mina en Cheste (Valencia).
– Ejecución de las inversiones en el marco del programa de desarrollo rural para la CR 
Levante Margen Derecha del río Segura en Los Montesinos (Alicante).
– Bombeo fotovoltaico para impulsión para la CR Murada Norte en Orihuela (Alicante). e.e
– Bombeo fotovoltaico para impulsión para SR de la Huerta de Alicante en Mutxamel  w.b
(Alicante). 10ww
(Cas–t eMllóond)e.rnización y mejora de infraestructuras de riego en CR Cota 220 en Onda
l’Em–p aCr oyn Cveormsiuónni daa rdie dgeo  Rloecgaalinztaedso R eíon  VCeormniusnai deand L dloec  RNeogua (nVteasle yn cUias)u.arios Pou Crist de
– Telecontrol, bombeo fotovoltaico y mejoras en el filtrado del sector X de la CR Canal 
Júcar-Turia en Picassent (Valencia).
– Mejora de la eficiencia energética de la CR Foia del Pou, ejecución bombeo solar y 
automatización en Montaverner (Valencia).
– Adecuación red de captación y entubado acequia de la CR Font d’Arguines en 
Sagunto (Valencia).
– Bombeo solar fotovoltaico para el pozo-1 de la CR la Nevera en Catadau (Valencia).
– Bombeo solar flotante en la balsa el Clot en Real (Valencia).
– Rebombeo en sectores I y XI, instalación fotovoltaica de reja de desbaste y 
monitorización humedad del suelo en la CR Sagunto (Valencia).
– Sistema generador fotovoltaico para bombeo pozo-1 y rebombeo de la CR Pla 
d’Andanes en Nàquera (Valencia).
– Bombeo solar flotante sobre balsa e instalación de 2 bombas subterráneas para CR 
Llíria (Valencia).
– Mejoras conducción principal de la CR Barranco de Chiva en Chiva (Valencia).
– Bombeo solar para sondeo del Lidonero y automatización de la red terciaria para CR 
Pozos de la Serretilla en Pedralba (Valencia).
– Dos bombeos solares y ampliación de la telegestión para CR de Enguera (Valencia).
– Bombeo solar fotovoltaico Escala en la CR Sector I Los Tollos en Tous (Valencia).
– Reparación de la Séquia de Dalt en Bellús (Valencia).
Disposición adicional cuarta.  Expropiaciones derivadas de nuevas actuaciones en 
infraestructuras públicas.
Se declara la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de 
expropiación forzosa como consecuencia de la ejecución de las obras:
– Mejora de la Seguridad Vial en la carretera CV-865, tramo del PK 3,900 al PK 5,500. 
Elx.
– Mejora de la Seguridad Vial en la carretera CV-724, acceso planta de residuos Dénia.
– Mejora de la Seguridad Vial intersección CV-95/CV-951. San Miguel de Salinas.
– Pasarela ciclopeatonal de la Vía Xurra sobre el Barranco del Carraixet. FEDER. 
Alboraia.
– Permeabilización caminos de servicio del Barranco del Carraixet bajo la línea 3 de 
metro València y conexión con CV-3002. FEDER. Alboraia-Almàssera.
– Pasarela ciclopeatonal sobre la CV-35. San Antonio de Benagéber.
– Pasarela ciclopeatonal sobre la carretera CV-30 en Benimàmet. València.
– Mejora de la seguridad vial CV-50 PK 11,000. Alzira.
– Mejora de la seguridad vial CV-567 Cerdá-Xàtiva.
– Mejora de la seguridad vial CV-836. PK 8,200. El Pinós.
– Pasarela ciclopeatonal en enlace CV-10/CV-20. Onda.
– Paso inferior peatonal línea 3 de Metrovalencia. Meliana.
– Acondicionamiento travesía de El Perellonet. CV-500 PK 15,000 al 18,500. València.
Disposición adicional quinta.  Plazo para la notificación de las resoluciones en 
procedimientos en materia de energía en los cuales no exista un plazo máximo 
establecido en la norma reguladora del procedimiento.
En aquellos procedimientos en materia de energía en los cuales no exista un plazo  es
máximo establecido en la norma reguladora del procedimiento en el cual tiene que  o
notificarse la resolución expresa, este será de seis meses. 10www.
Dispporosfiecsióionn aald yi csiiotunaacl iósne axtdam. iniDstirsaptiovsai cdieo ndeeste rrmeliantaivdaoss  aalt olsa sc arregtorsib.uciones, carrera
1.  En ningún caso, las retribuciones, excluidos los trienios, de aquellos altos cargos  BOE-A-cable e
que, como requisito para su nombramiento, deban reunir la condición de funcionario
público conforme a su normativa específica, podrán ser inferiores a las que correspondan 
a un puesto de subdirector/a general o asimilado con grado de carrera profesional cuatro 
reconocido, devengándose en su caso un complemento personal por la diferencia 
retributiva correspondiente.
2.  A efectos de que el desempeño de puestos de alto cargo por personal funcionario 
no suponga ningún menoscabo en el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales, 
el tiempo transcurrido en el ejercicio de los puestos de alto cargo se entenderá como 
tiempo de trabajo efectivo y constituirá un mérito suficiente para la progresión al grupo de 
carrera profesional horizontal que corresponda.
3.  En el ámbito de las instituciones sanitarias públicas del sistema valenciano de 
salud, el personal que sea nombrado para un puesto directivo, ya sea provisional o 
definitivamente, conservará la reserva de su plaza de jefatura de servicio o sección, de 
haber obtenido esta, por el sistema previsto en los artículos 48 y siguientes del 
Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de selección 
y provisión de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias del servicio 
valenciano. La presente modificación no afecta al rango reglamentario del precepto.
Disposición adicional séptima.  Consideración de cargos públicos del personal directivo 
de los entes del sector público instrumental de la Generalitat.
El personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat tendrá la 
consideración de cargo público y será nombrado por decreto del Consell, a propuesta de 
la persona titular de la conselleria de adscripción del ente, con excepción de las sociedades 
mercantiles y las fundaciones del sector público de la Generalitat, cuyo personal directivo 
deba ser designado con arreglo a la normativa de derecho mercantil o civil.
Disposición adicional octava.
Se promoverán líneas de trabajo con la finalidad de ampliar las prestaciones del Plan 
de salud bucodental a la población vulnerable por motivos de salud o por su situación 
socioeconómica, previa resolución estimatoria de la inspección sanitaria correspondiente.
Disposición adicional novena.  Concertación de seguros de responsabilidad civil en los 
entes del sector público instrumental de la Generalitat.
Los diferentes sujetos que integran el sector público podrán suscribir contratos de 
seguro de responsabilidad civil profesional del personal a su servicio y de responsabilidad 
civil de los miembros que forman parte de los órganos colegiados de administración y 
dirección, así como del personal que ocupa puestos de carácter directivo del sector público 
instrumental, previa justificación de su necesidad y sin que, en ningún caso, puedan 
suponer incremento de la masa salarial. No obstante, la determinación de las contingencias 
concretas a incluir en dichos seguros tendrá que ser informada de manera preceptiva por 
la conselleria que tenga las competencias en materia de hacienda y, en su caso, del sector 
público, con carácter previo a su contratación.
Disposición adicional décima.  Régimen transitorio de funcionamiento del Jurat 
Economicoadministratiu de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Hasta en tanto no se produzca la asunción efectiva de la competencia para la 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas a que se refiere el artículo 59.1  e.
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de  w.
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y  10ww
saect umaor dcifoicmaon  ódregtaenrmo iunnaidpaesrs noonraml, aesn t rtiobduatasr isauss,  eful nJcuiorante Es,c moneodmiaincotea dcmuainlqisutireartaiu d peo sdurás 
mdeie emxbpreodsie, ninteclsu iyd ad islatr ipbeurcsioónna d eq utaer eeajesr zqau ela f ipjere ssuid pernecsiiad,e yn cdiae. acuerdo con la asignación  BOE-A-cable e
Disposición adicional undécima.
Se declara el interés general comunitario, así como la utilidad pública y la necesidad 
de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa, 
ocupación temporal, o imposición de servidumbres, como consecuencia de la ejecución de 
las obras hidráulicas siguientes de abastecimiento, saneamiento y canalización urbana, 
teniendo en cuenta que afectan redes en alta necesarias para cumplir con los criterios 
sanitarios y de garantía en sistemas de abastecimiento, saneamiento o a la inundabilidad 
y que afectan a varios municipios de la Comunitat:
– Mejora del abastecimiento a Canet lo Roig, Traiguera y La Jana.
– Mejora del abastecimiento en municipios de las comarcas de la Ribera (Ribera IV).
– Mejora del abastecimiento. Conducciones a Jérica.
– Defensa contra inundaciones. Canalización de barranco a Benlloch.
– Mejora del abastecimiento a Alcàntera de Xúquer, Càrcer y Cotes.
– Mejora del abastecimiento a Soneja y Sot de Ferrer.
– Defensa contra inundaciones. Canalización del barranc dels Frares. Fases I y II.
– Defensa contra inundaciones. Canalización barranco del Pozalet y canalización en 
CV-410.
– Regeneración medioambiental de acuíferos. Conducciones Alto Vinalopó-Monòver-
Pinoso. Margen derecha del post transvase Júcar-Vinalopó. Regeneración de acuíferos.
– Regeneración medioambiental de acuíferos. Conducción de distribución de agua del 
transvase Júcar-Vinalopó desde las conducciones principales del margen derecho 
izquierdo hasta los acuíferos del Alto, Medio y Bajo Vinalopó.
– Mejora del abastecimiento comarcal en Pla de l’Arc (Castellón).
– Defensa contra inundaciones. Canalización de pluviales en Algorfa.
– Mejora del abastecimiento a la pedanía de Losilla, en Aras de los Olmos.
– Mejora del abastecimiento en Caudete.
– Defensa contra inundaciones. Canalización de pluviales en Redován.
– Saneamiento. Canal Rodriguillo en Pinoso.
– Saneamiento. Tanque de tormenta en Gandia.
– Defensa contra inundaciones. Nuevo colector de pluviales en Catadau y Llombai.
– Mejora del abastecimiento. Nueva red general de abastecimiento en Altea.
– Mejora del abastecimiento en Gilet.
– Defensa contra inundaciones. Colector de San Juan.
– Defensa contra inundaciones. Colector de pluviales en Bigastro.
Todas ellas tanto si se realizan por la Generalitat, como por entidades habilitadas como 
beneficiarias de expropiaciones y por las entidades locales.
Disposición adicional duodécima.
Se declara de interés público de primer orden, al efecto de lo previsto en el artículo 50 
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, el proyecto de ampliación o 
modificación de obras e instalaciones de gestión de residuos en Dos Aguas, de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, área de gestión V2 del Plan integral de 
residuos de la Comunitat Valenciana.
En tal supuesto, y con carácter excepcional, por Acuerdo del Consell, adoptado a 
instancias de la conselleria competente en materia de medio ambiente, podrá acordarse el  s
cambio de uso forestal de los terrenos forestales a los que hace referencia el citado artículo  oe.
que resulten necesarios para la ejecución del proyecto, con el fin de asegurar la continuidad  w.
en la prestación de las obligaciones de servicio público. 10ww
refoErels atacru, ea rsduo  ceossttaab, leenc eerl áá rceoam qou em lee diniddiaq uceo mla pAednmsiantiosrtriaac liaó no, belli gdaocbilóen d ed elal  stiutuplearrf icdiee 
fmoreedsidtaal sa fceocmtapdean. sAadtoicriioansa almdeicnioten,a elens  spua arac ulae rdcoom, ealr cPale dnoon ddeel  sCeo nusbeiqll upeo dlará i nessttaalabcleiócenr,   BOE-A-cable e
dentro de sus políticas económicas y presupuestarias ordinarias.
En ningún caso, la aplicación de la excepción contemplada en esta disposición podrá 
implicar un aumento del aprovechamiento lucrativo para particulares contrario a la finalidad 
perseguida con la prohibición general de cambio de uso forestal prevista en la normativa 
básica estatal.
Disposición transitoria única.  Régimen jurídico de aplicación a las personas titulares de 
más de una autorización de taxi.
A los titulares de más de una autorización de taxi que a fecha 9 de noviembre de 2019 
no hubiesen transmitido las de exceso o adaptado el vehículo en los términos establecidos 
en la disposición transitoria primera de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, de la 
Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, les será de aplicación el nuevo régimen 
jurídico previsto en la misma, según la redacción dada por la presente ley.
Disposición derogatoria única.  Normativa que se deroga.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
la presente ley y, en particular, las siguientes:
– La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda 
pública del sector público, instrumental y subvenciones.
– La disposición transitoria decimotercera de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de 
la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
– La disposición adicional séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para 1989.
– La disposición adicional séptima del Decreto ley 3/2018, de 13 de julio, del Consell, 
por el que se modifica la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2018.
Disposición final primera.  Autorización para aprobar un texto refundido de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 
Comunitat Valenciana.
Se autoriza al Consell para aprobar, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, un texto refundido que consolide e integre en un texto único, debidamente 
regularizado, aclarado y armonizado, las modificaciones incorporadas desde su entrada en 
vigor en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.
Disposición final segunda.  Habilitación para desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consell para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de lo previsto en esta ley.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2020.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, Tribunales, 
autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley. s
València, 23 de diciembre de 2019.–El President de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer. b
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 8.707, de 30 de diciembre de 2019)