BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Lunes 4 de enero de 2021 Sec. III.   Pág. 671
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
98 Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales.
La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado y el 
Presidente  del  Patronato  de  la  Fundación  Estatal  para  la  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, F.S.P., han suscrito un Convenio de asistencia jurídica.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente Resolución.
Madrid, 22 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado 
(Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado) y la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales, F.S.P.
16 de diciembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. D.ª Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General 
del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue nombrada 
por  Real  Decreto  716/2018,  de  29  de  junio,  BOE  n.º  158;  en  virtud  de  Orden 
JUS/125/2019, de 5 de febrero, por la que se delegan competencias, actuando en 
nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
De otra parte, el Sr. D. Joaquín Pérez Rey, actuando en nombre y representación de 
la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., con domicilio en 
calle Príncipe de Vergara, 108, 28002 Madrid, y NIF G82354176, en su condición de 
Presidente  del  Patronato  de  la  Fundación  Estatal  para  la  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, cargo para el que fue nombrado por Orden de 30 de julio de 2020, de la 
Ministra de Trabajo y Economía Social, por la que se procede a la designación de 
representantes de la Administración General del Estado en el Patronato de la Fundación  s
Estatal para la Prevención de Riesgos laborales F.S.P., y que aceptó mediante testimonio  oe.
notarial de fecha 2 de septiembre de 2020. w.
MANIFIESTAN
Primero.
Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado es el 
Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica 
al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto 
de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente 
que  la  Abogacía  General  del  Estado  pueda  prestar  asistencia  jurídica  mediante  la 
oportuna formalización de un Convenio.
Segundo.
Que  la  Fundación  Estatal  para  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  F.S.P.  (en 
adelante, la Fundación) es una fundación del sector público estatal de las previstas en el 
art. 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
teniendo por objeto promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, 
asistencia  técnica,  formación  y  promoción  del  cumplimiento  de  la  normativa  de 
prevención de riesgos; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las 
Administraciones Públicas.
Tercero.
Que la Fundación de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre,  de  Asistencia  Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas  y  en  el  Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de 
fecha 24 de septiembre de 2018, con la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado.
Cuarto.
Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica 
a la Fundación, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado 
General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como 
coordinadores directos de la asistencia jurídica.
Quinto.
Que  el  texto  del  convenio  tipo  de  asistencia  jurídica  ha  sido  informado  por  la 
Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.
Sexto.
Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en 
la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente 
Convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS oe.
PrimDeera c. onOfobrmjetidoa.d con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en  2021-98n https://w
lDae dcriseptoo s9ic9i7ó/n2 0a0d3ic, iodnea l2 5q udinet aju dlioe,  lpao Lr eeyl  q5u0e/1 9s9e8 ,a pdreu e3b0a  deel  Rdeicgielammberen,t oy  deenl  Seel rRvieciaol 
Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a la Fundación por medio de 
los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia Jurídica comprenderá tanto 
el  asesoramiento  jurídico  como  la  representación  y  defensa  ante  cualesquiera 
jurisdicciones  y  órdenes  jurisdiccionales  en  los  mismos  términos  previstos  para  la 
asistencia jurídica a la Administración General del Estado.
La Fundación colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 
intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral 
entre la Fundación y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.
Segunda.  Facultad de elección de representación y defensa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Fundación se reserva la 
facultad  de  ser  asesorada,  representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso, 
procurador  especialmente  designado  al  efecto  conforme  a  las  normas  procesales 
comunes.
Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la 
entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra 
representación.
Tercera.  Contraposición de intereses.
La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la Fundación, 
y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la Fundación será asesorada, 
representada  y  defendida  por  abogado  y,  en  su  caso,  procurador,  especialmente 
designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.
Cuando  exista  contraposición  de  intereses  entre  la  Fundación  y  otra  entidad 
convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir 
en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados 
del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía 
General del Estado.
Cuarta.  Designación de Abogado del Estado coordinador.
El Abogado General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en 
activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en 
los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.
Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener 
una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los 
que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la 
entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.
Quinta.  Duración.
El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se entenderá 
prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes 
adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. e.e
Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro Electrónico  w.b
estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicado  ww
en el Boletín Oficial del Estado.
Sexta.  Contraprestación.
Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 
Convenio,  la  Fundación  satisfará  a  la  Abogacía  General  del  Estado-Dirección  del 
Servicio Jurídico del Estado la cantidad anual de diecinueve mil seiscientos sesenta 
euros con ochenta y siete céntimos (19.660,87 €) más IVA, que se abonará por terceras 
partes  correspondiendo  a  los  períodos:  enero-abril,  mayo-agosto  y  septiembre-
diciembre.
El pago se efectuará mediante el Modelo 069 como documento de ingreso que se 
enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. La Fundación deberá efectuar 
el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la factura y 
del modelo, en cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez 
efectuada la operación, remitir a la Secretaria General de la Abogacía General del 
Estado, copia del mismo.
Séptima.  Costas.
En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 
siguientes:
1.ª  Cuando la condenada en costas sea la Fundación corresponderá a ésta el 
abono de las causadas a la parte contraria.
2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de 
la Fundación.
Octava.  Modificación.
El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes 
durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.
Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o 
reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las 
partes.
Cualquier  modificación  se  formalizará  mediante  la  correspondiente  adenda  al 
Convenio.
Novena.  Control y vigilancia de la ejecución del Convenio.
Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia jurídica y 
de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento 
del  mismo  formada  por  dos  miembros  de  cada  una  de  las  partes.  Esta  comisión 
resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. 
Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora 
del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.
Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al 
menos, deberá reunirse una vez al año.
Décima.  Causas de resolución.
Son causas de resolución del Convenio: s
a)  El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la prórroga  w.b
acordada expresamente. w
bc))   EEll  imncuutumop alimcuieenrdtoo .de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
en eEln  pelastzeo  cdaeso ,3 0se  dníoatsif icnaartáu raa lleas ,p alart eo ibnlciguamcpiólind oirnac uumn prelidqau.e rEimsiteen troe qpuaerari mqiueen tcou mseprlaá 
comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la 
entidad firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se 
podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que 
se determinen por la comisión de seguimiento.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
Undécima.  Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán 
resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el 
orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  resolver  las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.
Duodécima.  Finalización de vigencia del Convenio anterior.
Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con la 
cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio suscrito 
entre las partes en fecha 24 de septiembre de 2018, por transcurso de su plazo de 
vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 
presente Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes en 
fecha 24 de septiembre de 2018.
El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la 
fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente 
Convenio.
Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente 
Convenio.–La Abogada General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, 
Consuelo Castro Rey.–El Presidente del Patronato de la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., Joaquín Pérez Rey.
ANEXO
En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  cláusula  novena  del  Convenio,  la  comisión  de 
seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:
Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado:
La Subdirectora General y el Subdirector Adjunto de Coordinación, Auditoría y de 
Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la 
referida Subdirección. es
Por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P.: w.
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