BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 15 de julio de 2021 Sec. I.   Pág. 84466
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
11766 Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de 
COVID-19.
Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la Ley 2/2021, de 24 de junio, de Medidas para la Gestión de la 
Pandemia de COVID-19
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La  COVID-19  ha  desencadenado  una  grave  emergencia  de  salud  pública  para 
nuestros ciudadanos y ciudadanas, sociedades y economías a escala planetaria. Una 
grave  emergencia  que,  en  cuanto  tal,  plantea  importantes  retos  para  las 
administraciones públicas a todos los niveles.
La  situación  reconocida  estrictamente  como  pandemia  requiere  de  respuestas 
urgentes y de máxima eficacia y coordinación desde la perspectiva de la acción pública 
de todos los niveles institucionales que operan en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
enfrentándonos a un contexto extremadamente complejo.
La intensa coordinación de todos los niveles de diferentes administraciones públicas, 
en el marco que permite el Labi; la labor de detección, diagnóstico, asistencia sanitaria y 
vigilancia de la situación epidemiológica en su conjunto que llevan a cabo Osakidetza y 
el Departamento de Salud; la constante tarea de prevención y control del cumplimiento 
de las directrices sanitarias que llevan a cabo el resto de departamentos, sin perjuicio de 
sus propias responsabilidades sectoriales, o el trabajo de apoyo y acompañamiento que 
realizan el resto de administraciones públicas, son elementos indispensables, que están 
en marcha desde los diferentes brazos del poder ejecutivo con el que cuentan nuestras 
instituciones.
Resulta evidente que, en el estricto plano jurídico, la ley constituye la herramienta 
más eficaz para ordenar el comportamiento de instituciones, agentes públicos y privados 
y  ciudadanía,  pues  es  la  máxima  expresión  de  nuestro  autogobierno.  Desde  esta 
perspectiva, la disponibilidad de una ley de medidas para hacer frente a la crisis de salud 
pública será un instrumento práctico y de máxima influencia y utilidad en diferentes 
aspectos.
El  Gobierno  Vasco  ha  venido  actuando,  sobre  la  base  de  sus  competencias 
estatutarias y las de las instituciones vascas en materia sanitaria, en protección civil, en 
asistencia social y en otras muchas materias implicadas en la lucha contra la pandemia. 
Ha  actuado  además  amparado  en  la  habilitación  legal  contenida  en  la  Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y particularmente su artículo 26; la 
Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi; la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre,  General  de  Salud  Pública,  y  especialmente  su  artículo  33;  el  Decreto 
Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Gestión  de  Emergencias  y,  singularmente,  su  artículo  8;  incluso  en  el  Real  s
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para  oe.
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. w.
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distribución territorial del poder político. Se dejó en el nivel estatal la coordinación y la 
dimensión básica del llamado común denominador, y se permitió que, en ejercicio del 
desarrollo legislativo y ejecución, fuera el legislador autonómico el que plasmara la 
política pública sanitaria correspondiente. Todo ello para poder, entre otras muchas 
cuestiones,  atender  a  las  situaciones  en  las  que  se  produjera  un  riesgo  grave  o 
inminente para la salud de las personas.
Ciertamente, la calidad última y el alcance de las intervenciones públicas en la 
situación actual se deben diseñar también dentro del marco jurídico extraordinario que 
estableció la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y 
Sitio, y de su plasmación vigente. Ya aquella ley contempló la posibilidad de que el 
decreto de declaración del estado de alarma acuerde la limitación de la circulación o 
permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, así como su 
condicionamiento  a  ciertos  requisitos,  y  la  posibilidad  de  establecer  prestaciones 
personales obligatorias, que hoy encuentran concreción en el marco habilitado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Hay que tener presente esta regulación del 
estado de alarma en la medida en que pueda absorber determinaciones, con el efecto de 
congelación que ello conlleva, y en la medida en que la designación de «autoridad 
delegada», que se hace a favor de los presidentes autonómicos, tendrá sin duda que 
encajar en este contexto.
Pero adviértase también que la regulación y el amparo que pueda ofrecernos la 
regulación del estado de alarma, y su eventual declaración, representa tan solo una 
parte,  aunque  importante,  del  elenco  de  soluciones  jurídicas  y  de  toda  índole, 
particulares o colectivas, que requiere la atención a la pandemia. Y es que tanto la 
problemática que plantea la pandemia como la necesidad de intervención de los poderes 
públicos autonómicos van más allá y transcienden el marco del estado de alarma, tanto 
desde el punto de vista temporal como el material, haciendo conveniente una regulación 
legal acorde a dichas necesidades.
Por último, no cabe duda de que una intervención nueva del Parlamento Vasco 
deberá coordinarse con su regulación de cabecera en el ordenamiento autonómico 
vasco que representa la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. 
Un  panel  programático  plenamente  vigente  y  actual,  que  podríamos  perfectamente 
considerar una de las mejores manifestaciones estructurales del espacio que ofreció la 
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública, que habilitó a todas las administraciones públicas para adoptar las medidas que 
se consideraran necesarias para luchar contra los riesgos de transmisibilidad que hoy, 
lamentablemente, vivimos.
Esta  ley  pretende  dar  una  respuesta,  en  el  ámbito  de  nuestras  competencias, 
adaptada a las circunstancias concretas actuales de la pandemia por la COVID-19, y 
responde a necesidades de carácter urgente, inmediato, sin pretender por ello agotar las 
modificaciones legislativas a las que nos deberían abocar la intensa experiencia a la que 
nos ha sometido la pandemia y el cúmulo de lecciones que de la misma debemos 
extraer.
No obsta a lo anterior el que la vigencia quede condicionada temporalmente o en 
atención a indicadores epidemiológicos objetivables y ya determinados, de tal forma que 
solo se activen las normas que disponga una vez se hayan superado umbrales concretos 
y preestablecidos.
Esta  ley  se  estructura  en  seis  títulos,  que  incorporan,  respectivamente,  las 
disposiciones  generales,  la  regulación  de  la  situación  de  emergencia  sanitaria,  la  s
ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de protección, el sistema integral  oe.
de  información  de  salud  para  la  gestión  de  la  emergencia  sanitaria,  las  medidas  w.
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El título segundo regula la declaración de la situación de emergencia sanitaria, el 
principio de precaución y el deber de colaboración, así como el establecimiento de los 
estadios y niveles de alerta.
El título tercero regula la ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de 
protección, procediendo a la determinación de las medidas específicas aplicables a cada 
nivel de alerta territorial y administraciones competentes, estableciendo un marco de 
audiencia  directa  a  las  personas  interesadas  y  foros  de  participación  ciudadana  e 
información al Parlamento Vasco, así como la determinación, movilización y gestión de 
recursos vinculados a la emergencia sanitaria y prestaciones personales conectadas a la 
declaración del estado de alarma.
El título cuarto regula el sistema integral de información de salud para la gestión de la 
emergencia  sanitaria,  determinando  la  capacidad  de  información  sanitaria  y 
estableciendo  determinaciones  respecto  a  la  realización  de  pruebas  diagnósticas  y 
vacunación,  test  aleatorios,  cribados  y  rastreo  de  contagios  y  contactos,  así  como 
garantías  específicas  respecto  a  las  aplicaciones  informáticas  y  el  tratamiento 
instrumental de datos personales. Por último, se establecen las especialidades precisas 
en lo relativo a los regímenes de inspección y control.
El título quinto establece las medidas generales y específicas para cada nivel de 
alerta y comprende seis capítulos, dedicados el primero a la regulación de las medidas 
generales  y  de  prevención  general  y  los  siguientes  a  los  cinco  niveles  de  alerta 
comprendidos en esta ley. Obviamente, las medidas que conforman cada uno de los 
niveles de alerta tienen un rigor creciente, desde el nivel 1 hasta el 5.
El título sexto regula una importante aportación de esta ley, solamente al alcance de 
normas de este mismo rango, como es el ordenar de forma coherente todo el elenco de 
posibles  regímenes  sancionadores  que  se  apilan  de  forma  concurrente  de  cara  a 
garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas, tanto en el seno del régimen 
excepcional del estado de alarma, como desde la legislación ordinaria. Y que, por el 
hecho de que no comparten ni un esquema homogéneo de sanciones aplicable a cada 
categoría de infracción, ni un abanico de sanciones o tipos específicamente adaptado a 
las necesidades y obligaciones personales o colectivas impuestas por la pandemia, a la 
vez que imprescindibles para garantizar la efectividad de las medidas, son fuente de una 
inseguridad jurídica indeseable y perniciosa para la ciudadanía.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Es objeto de esta ley la regulación de los instrumentos jurídicos y actuaciones que 
competen a las administraciones públicas vascas con el fin de prevenir y preservar la 
salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del 
sistema sanitario vasco durante la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia de la COVID-19, habilitando la adopción de aquellas medidas de respuesta 
que requieren normas con rango de ley en atención a las siguientes materias:
a)  Declaración de la situación de emergencia sanitaria y establecimiento de niveles 
de alerta, así como, en su caso, las que correspondan al estado de alarma, en relación 
con la pandemia de COVID-19. es
b)  Regulación concreta del régimen jurídico para el control de la pandemia de  o
COVID-19, y diferentes medidas que se pueden adoptar en función de dichos niveles, en  6w
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lecciones aprendidas en el curso de la pandemia de COVID-19 y de su gestión.
Artículo 2.  Ámbito temporal.
1.  Los  artículos  de  esta  ley  que  comprenden  medidas  de  contención  de  la 
pandemia de COVID-19 estarán en vigor mientras se encuentre vigente la declaración de 
emergencia sanitaria contenida en el artículo 4 de la ley.
2.  Los artículos de esta ley que comprendan medidas restrictivas de derechos 
fundamentales con carácter general estarán en vigor mientras esté vigente la declaración 
del estado de alarma.
Artículo 3.  Ámbito territorial.
1.  La presente ley se aplicará en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.
2.  A los efectos de esta ley, para la aplicación del régimen de emergencia sanitaria 
y  de  medidas  concretas  de  contención  de  la  pandemia  de  COVID-19  se  podrán 
considerar diferentes ámbitos territoriales o demarcaciones, que podrán concretarse a su 
vez en cualquiera de los siguientes niveles:
a)  Distritos o barrios rurales,
b)  municipios,
c)  Zonas Básicas de Salud,
d)  Áreas de Salud o ámbito territorial o geográfico al que sirven las organizaciones 
sanitarias integradas del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
e)  cuadrillas, comarcas o territorios históricos.
3.  Los niveles territoriales inferiores podrán tener un nivel de alerta superior al 
vigente en el territorio en que radiquen, cuando las circunstancias epidemiológicas lo 
exijan. Por el contrario, la activación de un nivel de alerta en un nivel territorial superior 
supondrá la elevación automática y equiparación al mismo del nivel de alerta de todos 
los niveles territoriales inferiores que tuvieran un nivel de alerta inferior al activado.
TÍTULO II
Situación de emergencia sanitaria
Artículo 4.  Declaración de la situación de emergencia sanitaria.
1.  En tanto la Comunidad Autónoma de Euskadi o parte de ella, por razones 
vinculadas con la pandemia de COVID-19, permanezca en estado de alarma, de acuerdo 
con el régimen previsto por la legislación orgánica, o se mantengan a nivel de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi los indicadores epidemiológicos que determinan el 
establecimiento del nivel más bajo de alerta de entre los relacionados en este título 
(nivel 1), podrá permanecer en vigor la situación de emergencia.
2.  Mientras dure la situación de emergencia sanitaria, el Lehendakari, sin perjuicio 
de las facultades que le correspondan como autoridad delegada en virtud, en su caso, de 
la declaración del estado de alarma, asumirá también la dirección única y coordinación 
de las actividades de la emergencia contempladas en la presente ley y aquellas previstas 
ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la 
COVID-19 en el Plan de Protección Civil de Euskadi-Labi.
Artículo 5.  Principio de precaución. o
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pprreovpeangiar claió ng edneel rvaicruiósn c daeu sraienstgeo dse i nlan epcaensdaermioisa .para sí mismos o para otros y de evitar la  BOE-A-cable e
Artículo 6.  Deber de colaboración.
Conforme  a  la  normativa  general  de  salud  pública,  todos  los  ciudadanos  y 
ciudadanas tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud 
pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su 
ejecución.
Artículo 7.  Establecimiento de niveles de alerta.
1.  A los efectos de la adopción de diferentes tipos de medidas para la contención 
de la pandemia de COVID-19 en los términos previstos en esta ley, se establecen los 
siguientes estadios y niveles de alerta:
a)  Estadio 1. Estabilización a la baja en tasas de incidencia acumulada en catorce 
días superiores a 1 e inferiores a 300 casos por cada 100.000 habitantes.
Dentro del estadio 1 podrán diferenciarse las siguientes situaciones:
Nivel  1.  Transmisión  baja:  Tasas  de  incidencia  acumulada  en  catorce  días  de 
hasta 60 casos por cada 100.000 habitantes.
Nivel 2. Transmisión moderada: Tasas de incidencia acumulada en catorce días 
superiores a 60 y hasta 150 casos por cada 100.000 habitantes.
Nivel 3. Transmisión tensionada estabilizada: Tasas de incidencia acumulada en 
catorce  días  superiores  a  150  y  hasta  300  casos  por  cada  100.000  habitantes, 
estabilizadas a la baja.
b)  Estadio  2.  Situación  de  transmisión  tensionada  con  tendencia  al  alza  o 
estabilizadas a la baja en tasas de incidencia acumulada en catorce días superiores 
a 300 y hasta 400 casos por cada 100.000 habitantes.
Dentro del estadio 2 podrán diferenciarse las siguientes situaciones:
Nivel 3. Transmisión tensionada al alza: tasas de incidencia acumulada en catorce 
días superiores a 150 y hasta 300 casos por cada 100.000 habitantes, con tendencia al 
alza.
Nivel 4. Transmisión alta: tasas de incidencia acumulada en catorce días superiores 
a 300 y hasta 500 casos por cada 100.000 habitantes.
c)  Estadio 3. Situación de transmisión muy alta con tasas de incidencia acumulada 
en catorce días superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Dentro del estadio 3 solo podrá darse la siguiente situación:
Nivel  5.  Transmisión  muy  alta:  tasas  de  incidencia  acumulada  en  catorce  días 
superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes.
2.  El estadio y nivel de alerta en que se encuentre cada una de las demarcaciones 
territoriales a las que se refiere el artículo 3.2 se establecerá en función de la situación 
epidemiológica  objetivada  semanalmente  por  orden  de  la  persona  titular  del 
Departamento  de  Salud  del  Gobierno  Vasco,  de  acuerdo  con  los  indicadores 
epidemiológicos señalados.
3.  A los efectos de lo previsto en este artículo, se entiende por tasa de incidencia 
acumulada el número de casos confirmados en los 14 días anteriores a la fecha de 
determinación del nivel. es
4.  Sin perjuicio de los estadios o niveles arriba señalados, dentro de cada nivel se  bo
podrán adoptar medidas complementarias o específicas en función de los siguientes  6w
indic–a dToernedse enpciidae aml iaollzóag,i cao lsa  cboamjap, loe mesetnatbalreio: sP:or tendencia estabilizada o a la baja, o por  2021-1176n https://w
tendencia al alza, se entenderá la valoración de la curva por períodos semanales en el
sentido que proceda. Bc
– El índice de reproductividad básico (R0) informa de la transmisibilidad en períodos 
de tiempo concretos de la enfermedad.
– La  razón  de  tasas  complementa  al  anterior  como  medida  de  la  tendencia, 
comparando un período de tiempo con el inmediatamente anterior.
– La presión asistencial y el porcentaje de ocupación en camas de unidades de 
cuidados  intensivos  (UCI):  describen  la  gravedad  de  la  situación  en  el  impacto 
asistencial. Se analizan en relación con el Plan de Contingencia de las UCI, y se 
complementarán con el número de ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes.
– El impacto por franjas de edad constituye el mero análisis de la incidencia por 
edades, con especial atención a las personas mayores de 65 años.
– La trazabilidad de los casos, finalmente, representa el porcentaje de positivos 
detectados mediante la identificación de contactos estrechos de casos diagnosticados.
TÍTULO III
Ordenación de las organizaciones y sistemas públicos de protección
Artículo 8.  Determinación de las medidas específicas aplicables a cada nivel territorial y 
administraciones competentes.
1.  Sin perjuicio de aquellas aplicables por mandato de esta ley y con carácter 
general en cada nivel, la determinación de las medidas específicas aplicables en cada 
nivel territorial en función del nivel de alerta se hará directamente por Decreto del 
Lehendakari, como encargado de la dirección única y coordinación de las actividades de 
la emergencia según lo previsto en el artículo 4.
2.  De acuerdo con lo previsto en esta ley, las propuestas de medidas específicas 
aplicables a un determinado nivel territorial se elevarán al lehendakari por las personas 
titulares de los diferentes departamentos de Gobierno Vasco o por personas expertas y 
autoridades representadas en el Consejo Asesor o en el grupo de apoyo técnico para la 
gestión  de  la  pandemia  de  COVID-19  previstas  en  el  Plan  de  Protección  Civil  de 
Euskadi-Labi y en esta ley.
3.  La determinación del nivel territorial o demarcación en que se haya de declarar el 
nivel de alerta y el régimen de medidas correspondiente se hará de acuerdo a los 
siguientes factores:
a)  Tamaño y características geográficas del ámbito territorial a evaluar.
b)  Concentración de casos detectados o sospechados de COVID-19.
c)  Accesibilidad de recursos y servicios sanitarios.
d)  Accesibilidad de productos y servicios necesarios para el abastecimiento de las 
personas y de las cadenas de suministro de las empresas y centros de producción 
situados en el nivel territorial correspondiente.
e)  Características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta.
f)  Posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.
4.  Serán administraciones públicas competentes las que corresponden a los tres 
niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que comprometen tanto a 
sus administraciones públicas directas como a sus sectores públicos correspondientes 
en el respeto a esta ley, sin perjuicio de sus competencias de desarrollo y aplicación en 
los sectores específicos para los que son directamente competentes. s
Artículo  9.  Audiencia  directa  a  las  personas  interesadas  y  foros  de  participación  w.
Rcieugdlaadmaennat.ariamente podrán crearse foros de participación ciudadana o articularse  2021-1176n https://w
dmeetcearmniisnmadoass d me eindfiodramsa ecsiópne cuífrigceanst edse nqturoe  dpeo slaibsi laitectnu aacuidoineensc iqause p rreegviualsa  ae slata a ledyo.pción de
En cualquier caso, en el marco de la urgencia e inmediatez de las medidas tanto 
generales como específicas que contempla esta ley, y sin que se consideren requisitos 
para  su  adopción,  se  acogerán  al  tiempo  de  su  adopción  y  siempre  que  fuera 
razonablemente posible, las audiencias directas a las personas o colectivos interesados, 
así como los contactos informativos solicitados por colectivos formales e informales, 
considerando que en situaciones de crisis emergen agrupaciones en torno a problemas y 
necesidades sobrevenidas como consecuencia de la situación.
Artículo  10.  Determinación,  movilización  y  gestión  de  recursos  vinculados  a  la 
emergencia sanitaria.
Reglamentariamente se determinará, asimismo:
a)  Un régimen de vinculación de los recursos públicos, e incluso de los privados 
que se identifiquen, a la atención de la crisis de salud pública, que permita desarrollar 
normas extraordinarias y distintas de gestión.
b)  Garantizar suministros necesarios e inversiones en la contención y el tratamiento 
de la pandemia, tales como gafas de protección, mascarillas, guantes, monos y batas 
quirúrgicos y medicamentos.
c)  Hospitales de titularidad privada y otros recursos sanitarios externos al sistema 
público  de  salud  que  se  vinculan  a  la  lucha  contra  la  pandemia,  para  los  casos 
excepcionales  en  los  que  el  sistema  público  no  pueda  dar  respuesta  suficiente,  y 
siempre con las debidas garantías de no prevalencia de beneficio económico privado y 
de que no suponga limitación de recursos para el sistema público.
d)  Disposición de hoteles para cuarentenas de personas que precisen de vivienda 
alternativa o con viviendas sin condiciones de habitabilidad, con condiciones precarias o 
de hacinamiento.
Artículo 11.  Prestaciones personales conectadas a la declaración del estado de alarma.
1.  De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 11 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y de 
acuerdo  con  lo  que  disponga  la  declaración  vigente  del  estado  de  alarma,  las 
autoridades  competentes  delegadas  podrán  imponer  en  su  ámbito  territorial  la 
realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles en el 
ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de 
emergencia sanitaria que motiva la aprobación de esta ley.
2.  Fuera del estado de alarma, la exigencia de prestaciones personales obligatorias 
de carácter excepcional se atendrá a las previsiones de la legislación ordinaria en 
materia sanitaria y de protección civil.
Artículo 12.  Información al Parlamento Vasco.
Cada quince días, el Gobierno Vasco comparecerá ante la comisión parlamentaria 
correspondiente  a  fin  de  informar  de  la  situación  que  atraviesa  la  lucha  contra  la 
pandemia y de la aplicación de las medidas previstas en esta ley o aprobadas gracias a 
su habilitación, así como sobre la incidencia de las medidas en las relaciones sociales y 
la estrategia para compensarlas.
Dicha comparecencia se alternará con la comparecencia regular de la persona titular 
del Departamento de Salud a fin de que la información se traslade al Parlamento con una  e.
cadencia semanal, pudiendo ser más intensa en función de la gravedad de la situación. w.b
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TÍTULO IV
Sistema integral de información de salud para la gestión de la emergencia sanitaria
Artículo 13.  Capacidad de información sanitaria.
1.  La documentación clínica relativa a los casos confirmados o sospechados de 
COVID-19  y  a  los  procesos  de  vacunación  en  relación  con  dicha  enfermedad  se 
conservará  de  forma  específica,  en  los  términos  previstos  por  el  artículo  17  de  la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y mientras 
se entienda que concurren las razones epidemiológicas a las que alude el mismo.
2.  El  Departamento  de  Salud  garantizará  un  seguimiento  exhaustivo  de  la 
obligación que, en relación con la pandemia y con arreglo a dicha ley, tiene el personal 
profesional  sanitario  de  cara  a  cumplimentar  los  protocolos,  registros,  informes, 
estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa que guarde relación con 
los procesos clínicos en los que intervienen y sea necesaria para la elaboración de una 
completa información epidemiológica.
3.  La información estadística y agregada que, con expresa inclusión de todos los 
indicadores  a  los  que  se  refieren  los  artículos  7  y  8  de  esta  ley,  se  elabore 
periódicamente por el Departamento de Salud debe ser objeto de publicidad activa en los 
términos de los artículos 5 y 8.1.i de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  o  legislación  que  la  sustituya  o 
desarrolle, así como del artículo 6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información  y  documentación  clínica,  y  será  objeto  de  control  a  través  de  los 
mecanismos previstos en dicha legislación.
4.  Reglamentariamente se concretarán los mecanismos de coordinación entre las 
distintas  administraciones  públicas,  centros  privados  de  salud  y  demás  agentes 
potencialmente implicados, a fin de garantizar la veracidad, verificabilidad, exactitud, 
completitud y actualización permanente de dicha información.
Artículo 14.  Realización de pruebas diagnósticas y vacunación.
1.  Toda entidad, organización o empresa, de naturaleza pública o privada, que 
plantee la realización o compra de pruebas diagnósticas fuera del ámbito del sistema 
vasco de salud ajustará su actuación a los siguientes criterios:
a)  La indicación de la prueba se realizará siempre por personal facultativo en 
ejercicio  y  se  someterá  a  los  criterios  de  indicación  de  esta  establecidos  en  los 
procedimientos vigentes de actuación en cada momento en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi o a los publicados por el Ministerio de Sanidad.
b)  Los laboratorios en los que se vayan a realizar las pruebas diagnósticas, así 
como las técnicas y materiales utilizados, deberán estar validados por el organismo 
autonómico o estatal competente.
c)  La entidad, organización o empresa debe contar con los medios necesarios para 
completar el proceso diagnóstico de infección activa por COVID-19 según los protocolos 
vigentes, y debe comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias.
d)  La entidad, organización o empresa debe contar con los medios necesarios para 
realizar el seguimiento de las personas diagnosticadas y, en su caso, de sus contactos. e.
e)  La entidad, organización o empresa notificará los casos diagnosticados a la  w.b
Dlai rneocrcmióant ivdae  sSoablrued e Pnúfebrlmicead paodre lso sd ep droecceladriamciieónnt oosb lqiguaet osreia .establezcan, de acuerdo con  2021-1176n https://w
grup2o. s dQeu epdoab lapcrioóhni beidna  fulan ciróena lidzea csióun  redseid epnrucieab aus  otdrioasg ncóristetirciaoss  ddeel imSiAtaRdSor-eCso Vs-in2  laa 
previa indicación de las autoridades sanitarias.
3.  La realización de pruebas diagnósticas de acuerdo con lo previsto en esta ley se 
ajustará a lo previsto en los artículos 8 y 9.2.a de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de  información  y  documentación  clínica.  La  denegación  del  consentimiento  para  la 
realización de las pruebas por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará 
aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad 
sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se 
impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta 
ley. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación.
Artículo 15.  Realización de test aleatorios y cribados.
1.  En  caso  de  brote  epidémico,  o  cuando  la  situación  epidemiológica  así  lo 
aconseje, se realizarán cribados con pruebas de detección de infección activa (PDIA) 
recogidas en los protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes en cada momento, 
según los circuitos establecidos por el Departamento de Salud y Osakidetza, priorizando 
a aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.
2.  La  denegación  del  consentimiento  para  la  realización  de  las  pruebas 
diagnósticas programadas en relación con dichos cribados se tramitará en la forma 
prevista en el artículo anterior y llevará aparejadas las consecuencias que en él se 
establecen.
Artículo 16.  Rastreo de contagios y contactos.
1.  Tanto el personal encargado por las autoridades sanitarias de realizar la labor de 
rastreo  de  contagios  y  contactos  (personal  de  rastreo),  como  el  personal  de 
administración  y  gestión  de  los  centros  sanitarios  con  el  que  los  anteriores  deban 
trabajar, están habilitados para acceder a los datos de la historia clínica relacionados con 
dichas  funciones,  en  atención  a  los  fines  epidemiológicos  a  los  que  se  refiere  el 
artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. Tanto unos como otros están sujetos al deber de secreto al que se refieren ese 
mismo precepto y las obligaciones a las que específicamente alude el artículo 18.2 de 
esta ley.
2.  Como excepción a la regla general conforme a la cual en dicho acceso los datos 
de identificación personal del paciente se deben mantener separados de los de carácter 
clínico-asistencial, el acceso por el personal de rastreo a los datos identificativos a partir 
de la información clínico-asistencial de pacientes de COVID-19 o de pacientes y personal 
que haya podido tener relación con ellos se presumirá motivado en los términos de esa 
misma ley.
3.  También  tendrán  acceso  directo,  a  partir  de  los  casos  que  se  encuentren 
rastreando,  a  los  listados  de  personas  usuarias  y  datos  de  contacto  recogidos  en 
relación con las obligaciones a las que se refiere esta ley y a la información recopilada 
por las aplicaciones informáticas a las que se refiere el artículo siguiente.
4.  Las personas contagiadas por COVID-19 y las que hubieran tenido contacto con 
ellas están obligadas a colaborar en la labor de rastreo y trazabilidad de los contagios, 
aportando toda la información relevante respecto al periodo en que pudieran haberse 
producido  potenciales  contagios.  En  tal  sentido,  la  información  que  aporten  estará 
cubierta por el mismo deber de secreto al que se refiere el apartado primero, en todo  es
aquello que no sea estrictamente imprescindible para contener la propagación del virus. bo
Artíceupliod e1m7i.o lóAgpicliac adceio lanse sp einrsfoornmasá toic adse  spua rhais teolr iraal sdtere coo nyt ascetogsu.imiento de la situación  2021-1176n https://w
situaLcaisó na pelpicidaecmioinoelósg iicnafo rdmeá tpicearsso npaasra  físeilc arass tore od,e  sseug uhimistioerniatol  doe  accorendtaitcatcoisó nq udee  slea   BOE-A-cable e
puedan promover desde cualquiera de las administraciones públicas de Euskadi deberán 
garantizar que:
a)  La  aplicación,  si  la  elaboración  y  el  diseño  se  promovieran  desde  las 
administraciones vascas, ha sido elaborada a través de software libre de código abierto y 
plataformas  colaborativas  que  permitan  la  plena  transparencia,  auditabilidad  e 
interoperabilidad de toda la plataforma, incluidos los módulos, las librerías o cualquier 
otro código que se desarrolle para su funcionamiento. Las estructuras de datos, API o 
interfaces que la aplicación utilice para interactuar con cualquier tipo de usuario o usuaria 
deben cumplir con estándares abiertos e interoperables, tendiendo siempre al máximo 
nivel de integración con los estándares abiertos más extendidos en cada momento. Si, 
por  el  contrario,  se  hace  uso  de  aplicaciones  ajenas,  elaboradas  por  otras 
administraciones  públicas,  o  si  la  Administración  se  valiera  de  los  datos  de  otras 
aplicaciones  que,  de  forma  voluntaria,  las  personas  administradas  o  potenciales 
pacientes  hubieran  usado,  debe  garantizarse  que  el  uso  que  se  haga  desde  las 
administraciones vascas respeta los derechos y la intimidad de las personas usuarias y 
no excede los límites que a continuación se disponen.
b)  La aplicación solo tendrá acceso a aquellos datos mínimos e imprescindibles 
para las funciones que haya de realizar, sin permiso a más datos que el dispositivo 
pueda facilitar, como ubicaciones u otros similares.
c)  La unificación de los datos identificativos con cualquiera de los datos clínico-
asistenciales relativos a la COVID-19 con los que la aplicación se alimente solo será 
accesible de forma directa a través de la aplicación por la propia persona usuaria o por 
personal estrictamente habilitado conforme al artículo anterior o, en los términos del 
párrafo final del artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica y del artículo 9.3 del Reglamento General de Protección de Datos, 
por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, 
asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación en este último caso 
de la imperiosa necesidad del acceso por parte de la Administración que solicitase el 
acceso a los datos. La confidencialidad de los datos identificativos o clínico-asistenciales 
habrá  de  garantizarse  a  través  de  las  técnicas  de  cifrado,  anonimización, 
seudonimización o de otro tipo que puedan establecerse desde la propia aplicación.
d)  La unificación de los datos identificativos con los datos de contactos recientes 
solo será accesible por las mismas personas y en los mismos términos.
e)  Los datos anteriores solo serán comunicados de forma automática por la propia 
aplicación a otros dispositivos equipados con la misma u otra aplicación similar y con un 
nivel de garantías equivalente, o al centro de gestión de datos del Departamento de 
Salud que gestione la coordinación de la información epidemiológica en los términos de 
los artículos contenidos en este título, y siempre de forma segura.
f)  Si  la  aplicación  previera  algún  mecanismo  por  el  que  la  información  de  la 
aplicación  sirva  para  reforzar  otros  métodos  de  rastreo  o  viceversa,  la  información 
suministrada  por  la  aplicación  solo  podrá  ser  cruzada  de  forma  automática  con  la 
proveniente de las historias clínicas, listados de personas usuarias y datos de contactos 
recientes recogidos por el personal de rastreo en los términos previstos por esta ley, a 
través de algoritmos que actúen sin intervención directa de personal humano, o de 
alguna otra forma por la que se garantice que se respetan las demás condiciones 
previstas por este artículo.
g)  Si la aplicación previera su uso para acreditar el nivel de riesgo, la situación  e.
epidemiológica o la inmunidad adquirida de la persona usuaria, la aplicación deberá  w.b
sdeegjaurr icdlaadro q suie s ees tbaa lseay  erenq uuine rcee art iefiscoasd oe foe cptoruse.ba médica que aporte el mismo nivel de  2021-1176n https://w
Artículo 18.  Tratamientos tasados de datos personales en relación con la situación 
epidemiológica y contactos.
1.  Los datos personales resultantes de las actuaciones objeto de este título se 
incluyen entre los aludidos en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento 
General  de  Protección  de  Datos  (RGPD),  interpretados  atendiendo  a  su 
considerando 46, dada la actual situación de emergencia sanitaria, por lo que podrán ser 
comunicados por la autoridad sanitaria o de salud pública al sistema de protección civil y, 
en particular, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las policías locales, 
utilizando, si es preciso, medios telemáticos que garanticen la actualización permanente 
y la posibilidad de acceso continuo por parte de la autoridad policial y los servicios 
competentes para el control de la obligación de confinamiento, incluida la Inspección de 
Educación y los servicios públicos de emergencia cuando se les encomiende esta tarea.
2.  Toda aplicación de lo dispuesto en este artículo deberá respetar las garantías 
jurídicas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos, y, en particular, las autoridades y el personal empleado público que intervengan 
en la aplicación de estas medidas quedarán obligados, bajo las responsabilidades que 
procedan, al tratamiento de los datos personales de conformidad con la normativa de 
protección de datos y, en especial, con estricta sujeción a lo establecido en el artículo 5 
del RGPD, y, entre ellos, los de tratamiento de los datos personales con licitud, lealtad, 
limitación de la finalidad, exactitud y minimización de estos, así como a guardar el 
secreto.
Artículo 19.  Inspección y control.
1.  Los  servicios  de  inspección  estatales,  autonómicos  y  locales  que  resulten 
competentes en cada caso, las policías locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su normativa 
reguladora, velarán por el cumplimiento de las medidas contempladas en esta ley.
En  el  contexto  de  la  pandemia  de  COVID-19  a  la  que  se  refiere  esta  ley,  se 
garantizará, en cada ámbito respectivo de actuación, la relación con los órganos de 
gestión de la pandemia, como garantía de mayor efectividad de su labor preventiva, de 
los  servicios  públicos  sectoriales  de  inspección  educativa,  laboral,  sociosanitaria  y 
penitenciaria.
2.  En particular, los servicios de inspección, así como las policías locales y las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ejercicio de sus competencias, podrán 
recabar  cualesquiera  datos  que  permitan  comprobar  los  motivos  que  justifican  los 
desplazamientos excepcionales admisibles cuando exista obligación personal, colectiva 
o perimetral de confinamiento, aislamiento o cuarentena conforme a esta ley.
3.  Sin  perjuicio  de  las  medidas  generales  y  específicas  que  esta  ley  prevé, 
mediante orden del titular del departamento competente en materia de salud, podrá 
suspenderse,  en  los  términos  previstos  en  este  artículo,  la  apertura  de  cualquier 
establecimiento o la realización de cualquier actividad que pueda suponer un riesgo de 
contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando la actividad de que se 
trate.
4.  No  tendrán  carácter  de  sanción  la  clausura  o  cierre  de  establecimientos, 
instalaciones o servicios que no cuenten con las previas autorizaciones o registros 
sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen 
los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o  e
seguridad. La clausura, el cierre o la suspensión que no se encuentre simplemente  bo
condicionada a la subsanación de dichos defectos o requisitos deberá ser tratada como  6w
ldmeeve ad5nsid.et aagm uLcriaoeidusna ttseodel a rrvdd ioece  ilco aosEcm dstaoetas  sid naoosn,p  cefieóocnnrcm  ióauencljc,ae eacrcsisóioícn rciio ao d,m edeo en   dllaoesssnu  pustéo nrlcimccioaíianmsso p sqleo uptceeraen lvecciissao tsnyo  sslai ydes en frs ueeinens r tzappa lerseor yjycu. eiccduieoen rtpdeoess,l    OE-A-2021-1176able en https://w
adoptarán  las  medidas  especiales  y  cautelares  necesarias  para  corregir,  cuando
impliquen riesgo para la salud pública, aquellas situaciones que supongan un manifiesto 
incumplimiento de las normas establecidas en esta ley o de la normativa general de 
salud, protección pública y emergencias y regulación del estado de alarma. Las medidas 
cautelares adoptadas de esta forma se identificarán con las reguladas en el artículo 32 
de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que la sustituya, con la 
peculiaridad de que el plazo en el que la medida cautelar habrá de entenderse extinguida 
si antes no se hubiera incoado el procedimiento sancionador será de 10 días hábiles, en 
lugar de los cuatro días a los que se refiere el apartado 4 de dicha disposición.
TÍTULO V
Medidas generales y específicas para cada nivel de alerta
CAPÍTULO I
Medidas generales y de prevención
Artículo 20.  Distancia de seguridad interpersonal, uso obligatorio de mascarillas y otras 
medidas.
1.  Toda  la  ciudadanía  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia 
exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible 
a  las  personas  titulares  de  cualquier  actividad.  Asimismo,  deberán  respetarse  las 
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la 
prevención de la COVID-19.
2.  Mientras dure la emergencia sanitaria, con carácter general se establece una 
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros en los lugares públicos, con especial 
atención a los recintos cerrados. Asimismo, se procurará intensificar el lavado de manos 
con solución hidroalcohólica o agua y jabón. Se determina finalmente que la ventilación, 
preferiblemente natural y mantenida, constituya una medida de compromiso individual 
para todos los lugares de convivencia y contacto social para toda la ciudadanía, sin 
perjuicio de su aplicación en todos los establecimientos y locales de uso público.
3.  Será obligatorio el uso de la mascarilla para las personas mayores de seis años, 
con independencia de la distancia interpersonal, tanto cuando se esté en la vía pública y 
en espacios al aire libre, como cuando se esté en espacios cerrados de uso público o 
que se encuentren abiertos al público y se pueda concurrir en el mismo espacio con 
otras personas. Para un uso adecuado de la mascarilla, esta deberá cubrir desde parte 
del tabique nasal hasta el mentón, incluyéndolo. El tipo de mascarilla que se debe 
emplear  no  deberá  estar  provisto  de  válvula  exhalatoria,  excepto  en  los  usos 
profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendado.
En  establecimientos  y  servicios  de  hostelería  y  restauración,  se  excluye  dicha 
obligación de uso de la mascarilla solamente en el momento de la ingesta de alimentos o 
bebidas. Fuera de ese momento, esta deberá ser utilizada.
Asimismo, en los centros de trabajo el uso de la mascarilla será obligatorio, excepto 
en aquellos casos en los que, atendiendo a la tipología o condiciones particulares de 
trabajo, los servicios de salud laboral desaconsejen su uso.
En el desarrollo de cualquier actividad deportiva será preceptivo el uso de mascarilla.  e
Únicamente, queda exceptuado su uso en espacios naturales, en entornos urbanos  bo
mipnemormieféresrnioctsoo ss  eesnxin tr cacooomrndcpinueartrirceioinóscn id ae p draoecf teivvsiiaidonanddaa lf nístoeic sa,s  eienmnte ipnprsiosafc eiensnaio sen,x atele,n ri oeernne tsrc.eonmampeietinctióon d ey  eeqnu iplooss   2021-11766n https://ww
mienNtora ss ersáe  epxeigrmiblaen eezl cuas oe dne  ulan  mesapsacaciroil lad eetne rlmasin paldaoy,a ss iye mpipsrcein ays  cduuarnadnote  seel  bpauñeod ay 
respetar la distancia de seguridad interpersonal entre las personas usuarias. Para los
desplazamientos  y  paseos  en  las  playas  y  piscinas  sí  será  obligatorio  el  uso  de 
mascarilla.
Es absolutamente obligatorio e imprescindible el uso de las mascarillas para mayores 
de seis años al utilizar cualquiera de los modos de transporte de personas indicados, 
desde el inicio hasta la finalización del viaje, salvo en los supuestos legales de exención 
previstos en esta ley. No será exigible el uso de mascarillas en el transporte privado si 
las personas ocupantes conviven en el mismo domicilio. La persona profesional de 
transporte cuyo espacio de trabajo no esté separado del público, en un habitáculo propio 
o acotado por mampara de protección, deberá igualmente portar mascarilla durante el 
servicio.
4.  La obligación de uso de la mascarilla contenida en el apartado anterior no será 
exigible  para  las  personas  que  presenten  algún  tipo  de  enfermedad  o  dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, 
o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En tales 
casos, cuando les sea requerido a las personas acreditar la exención de uso de la 
mascarilla, podrán documentar dicha situación, según corresponda, mediante documento 
acreditativo  del  grado  de  discapacidad  o  dependencia,  o  bien  mediante  certificado 
médico al efecto.
5.  Junto  a  las  excepciones  previstas  en  los  dos  apartados  anteriores,  por 
autorización  del  Departamento  de  Salud  podrá  eximirse  el  uso  de  mascarilla  para 
actividades sectoriales específicas, como las culturales, escénicas o deportivas, que 
podrán, alternativamente, sujetarse a la realización de pruebas diagnósticas previas o a 
la acreditación de la inmunidad adquirida de las personas participantes por medio de un 
certificado médico motivado relativo al alta o a la vacunación previas, que aseguren que 
estas no son susceptibles de contagiarse entre sí.
Artículo  21.  Medidas  higiénico-sanitarias  generales  en  reuniones  sociales, 
establecimientos y actividades.
1.  Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se 
establezcan,  serán  aplicables  a  todos  los  establecimientos,  locales  de  negocio, 
instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público las siguientes 
medidas de higiene y prevención:
a)  Toda persona titular de una actividad económica o, en su caso, el director, la 
directora o persona responsable de los centros, instalaciones, espacios de uso público y 
entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 
adecuadas a las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 
instalaciones o espacios. Se promoverá en su caso el pago con tarjeta u otros medios 
que no supongan contacto físico entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección 
de los equipos precisos para ello.
b)  No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se 
pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta 
limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación 
de tabaco, tales como cigarrillos electrónicos, vapers, pipas de agua, cachimbas o 
asimilados.
c)  Los establecimientos y lugares de uso público deberán garantizar una ventilación 
permanente durante la jornada y, además, en los momentos de apertura y cierre de los  e
locales. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de aire exterior y  bo
evitar la recirculación del aire. Los sistemas de ventilación y climatización deberán  6w
lcoucmalpelsir.  las  recomendaciones  oficiales  de  operación  y  mantenimiento  de  edificios  y  2021-1176n https://w
2.  Sin perjuicio de las recomendaciones que puedan darse para su aplicación al
ámbito personal y familiar, se podrán establecer medidas higiénico-sanitarias de carácter  Bc
obligatorio para reuniones sociales que trasciendan la unidad familiar o de convivencia 
estable.  Se  entiende  por  reuniones  sociales  a  los  efectos  de  la  presente  ley  los 
encuentros o celebraciones en el ámbito privado o familiar, tales como encuentros de 
amigos y amigas, celebraciones familiares, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, 
funerales y otras de análoga naturaleza.
Artículo 22.  Régimen de eventos multitudinarios.
1.  Sin menoscabo del ejercicio del derecho fundamental de reunión, tendrán la 
consideración de eventos multitudinarios a los efectos de esta ley aquellos en que la 
previsión máxima de participación de asistentes sea igual o superior al aforo máximo 
contemplado  en  esta  ley  para  cada  actividad,  y  en  especial,  entre  otros,  para 
espectáculos, eventos deportivos, actos religiosos o de culto, conferencias, festejos 
taurinos o ferias y mercadillos.
2.  Sin  perjuicio  del  régimen  de  aforos  aplicable,  en  los  eventos  de  carácter 
multitudinario se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad 
sanitaria y su celebración quedará sujeta a la oportuna autorización que, a la vista de la 
evaluación realizada, se otorgue por el servicio territorial competente del departamento 
responsable en materia de salud. Dicha autorización podrá comprender uno o varios 
eventos reiterados de las mismas características y riesgos.
3.  Para la evaluación de riesgo prevista en el apartado anterior, los organizadores 
del evento deberán elaborar y aportar un plan de actuación que contenga las medidas de 
prevención y control previstas para su desarrollo al servicio competente, que valorará si 
resultan suficientes para asegurar su celebración o si esta debe quedar condicionada a 
la adopción de medidas adicionales que permitan su adecuado desarrollo.
4.  En aquellos eventos que, pese a no rebasar el número exigido para precisar una 
autorización expresa, excedan la mitad del aforo máximo autorizado en la presente ley, 
será precisa la comunicación previa de la celebración del acto al Departamento de 
Salud, con indicación de las medidas de prevención y control adoptadas, disponiendo 
dicho servicio de un plazo de 48 horas para recabar medidas adicionales o acordar, 
motivadamente, la suspensión de la actividad. Esta comunicación previa será igualmente 
exigible para aquellas actividades que cuenten con afluencia significativa de público y 
que no tengan establecido un aforo máximo definido.
5.  No  tendrán  la  consideración  de  eventos  multitudinarios  los  actos  culturales 
incluidos  en  la  programación  ordinaria  habitual  de  los  locales  y  establecimientos 
culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros culturales, salas 
de  conciertos,  salas  de  exposiciones,  salas  de  conferencias  y  otros  espacios  de 
naturaleza  análoga  cuya  actividad  ordinaria  sea  cultural  y  cuenten  con  protocolos 
suficientes para el desarrollo de su actividad previniendo el riesgo de contagio.
Artículo 23.  Aislamientos y cuarentenas personales.
1.  En virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o de las 
actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de 
los brotes epidémicos de la pandemia de COVID-19, las personas afectadas tendrán la 
siguiente obligación personal de confinamiento:
a)  Obligación  de  aislamiento,  en  cuya  virtud  cualquier  persona  contagiada  por 
SARS-CoV-2 permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en  s
cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse presencialmente con otras  oe.
personas. w.
sdousrapbne)t ceh Ooesbla lisgp aladczeióo n h aedbseet acrb uslaeirdceoidn otce onenant,a  egcniaa cdduaays a c paveisrrotmu, da sncienuc aelpqroáus ieiebrn ilp ideearl sdlo ungdaae r o  dqgeursuepp losae zd aelre sp eein rdsnioiq nudaees,    2021-1176n https://w
relacionarse presencialmente con otras personas.
2.  La duración del confinamiento vendrá determinada por la situación concreta de 
cada caso según las indicaciones de la autoridad o los servicios sanitarios, conforme a 
los protocolos acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3.  La obligación de confinamiento, en la modalidad que proceda, se comunicará 
materialmente, de forma verbal o por medios telemáticos o telefónicos, a la persona o 
personas  afectadas,  por  la  autoridad  o  los  servicios  afectados  y  surtirá  efecto  de 
inmediato. De la obligación y de la comunicación se dejará constancia en la historia 
clínica del paciente o de la paciente.
4.  La  obligación  de  confinamiento  se  cumplirá,  preferentemente,  instando  a  la 
colaboración voluntaria de las personas obligadas. Cuando se nieguen a cumplirla podrá 
imponerse mediante resoluciones específicas, que podrán dictarse de forma individual o 
colectiva, sin perjuicio en todo caso de la sujeción, cuando proceda, al régimen de 
autorización o ratificación judicial.
5.  La obligación personal de confinamiento, en cualquiera de sus modalidades, es 
independiente  de  las  obligaciones  derivadas  de  los  confinamientos  perimetrales 
territoriales que pudieran acordarse.
Artículo 24.  Autorización o ratificación judicial.
1.  De conformidad con lo establecido en los artículos 8.6 y 10.8 de la Ley 29/1998, 
de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  y  con  los 
supuestos  establecidos  en  dichos  preceptos,  cuando  las  autoridades  sanitarias,  o 
aquellas en las que estas deleguen de acuerdo con lo previsto en esta ley, adopten 
medidas necesarias conforme a lo previsto en la misma o en otras leyes en materia de 
salud, protección civil y emergencias o estado de alarma a las que esta ley haga 
referencia, a través del servicio jurídico de la Administración competente en cada caso, 
solicitarán la ratificación judicial de las medidas cuando estas conlleven una potencial 
afección a derechos fundamentales.
2.  En  el  supuesto  establecido  en  el  apartado  anterior,  cuando,  a  juicio  de  la 
autoridad sanitaria, la adecuada preservación de los intereses generales de intervención 
contra la pandemia de COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del 
sistema de salud lo justifique, podrá acordar que las medidas adoptadas sean efectivas 
de inmediato y, en el caso de que se concreten mediante actos administrativos, las 
someterá  al  régimen  establecido  en  la  normativa  reguladora  de  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa. Cuando las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria 
tengan naturaleza reglamentaria, entrarán en vigor una vez publicadas en el «Boletín 
Oficial del País Vasco» conforme a lo establecido en las mismas.
3.  En todo caso, atendida la evolución actual de la pandemia de COVID-19 y la 
imperiosa necesidad de que las medidas para combatirla sean efectivas de inmediato 
para preservar la vida de las personas, garantizando la eficaz preservación de los 
intereses generales que exigen la intervención contra la pandemia de COVID-19 y la 
preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud, se presumirá, salvo 
prueba en contrario y siempre sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera 
acordar la autoridad judicial, que concurren circunstancias de urgencia que justifican la 
inmediata efectividad de las medidas de confinamiento que pudieran acordarse por la 
autoridad sanitaria y, consecuentemente, la aplicación del régimen de ratificación judicial 
de dichas medidas.
4.  Las medidas sanitarias acordadas por los órganos competentes que hayan de 
aplicarse por esta u otras leyes, o en virtud de disposición normativa con rango de ley, se  e.
regirán  por  su  régimen  específico.  No  será  necesaria  la  ratificación  judicial  de  las  w.b
amleerdtaid apsre vgiesntoesr.ales aplicables por mandato de esta ley a cada uno de los niveles de  2021-11766n https://ww
Artículo 25.  Coste de adopción de las medidas.
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 54.3 de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública, los gastos derivados de la adopción de las medidas 
para la contención de la pandemia de COVID-19 correrán a cargo de la persona o 
empresa responsable.
2.  A los efectos de esta ley, el cumplimiento de los mandatos y prohibiciones 
dispuestos en el ámbito de sus competencias o por delegación por el lehendakari, el 
Gobierno Vasco o sus autoridades sanitarias, constituye un deber jurídico que, por sí 
mismo, no genera responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas conforme 
al artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
CAPÍTULO II
Medidas aplicables al nivel de alerta 1
Artículo 26.  Medidas generales por mandato de la ley en alerta 1.
Con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se aplicarán 
automáticamente las siguientes medidas:
1.  Movilidad y circulación nocturnas. Se acordarán medidas circunstanciales de 
restricción de la movilidad nocturna o de limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno, que como mínimo habrán de respetar lo previsto en el 
régimen jurídico de la declaración del estado de alarma. Se valorará su desactivación en 
las situaciones de tendencia a la baja o estable.
Asimismo, se valorará en este nivel y, en su caso, de acuerdo con el régimen jurídico 
de la declaración del estado de alarma, la activación o desactivación de las restricciones 
de movilidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2.  Régimen de aforos. Sin perjuicio de la aplicación en todo caso de las medidas 
previstas,  el  aforo  de  todo  tipo  de  establecimientos  y  actividades  queda  fijado  en 
un 75 por ciento del aplicable conforme a su normativa reguladora, excepto que en la 
presente ley o conforme a la misma se establezca otro específico. El aforo será expuesto 
en lugar visible.
3.  Régimen de reuniones sociales. Las reuniones sociales no podrán superar el 
número de 35 personas cuando tengan lugar en espacio cerrado, ni el de 75 personas 
cuando se produzcan al aire libre. En tales reuniones sociales no podrán realizarse 
barras libres, actividades de baile ni ninguna otra que favorezca en cualquier forma un 
incremento del riesgo como consecuencia de la reducción del distanciamiento social y el 
aumento de la interacción social. Se podrá limitar la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados a un máximo de 10 personas, respetando el máximo en 
su caso previsto en el régimen jurídico de la declaración del estado de alarma que en 
cada momento esté en vigor.
4.  Centros de trabajo. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, la 
persona titular de la actividad económica o, en su caso, la dirección de los centros y 
entidades deberá:
– Adoptar  medidas  de  ventilación,  limpieza  y  desinfección  adecuadas  a  las  e.
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos  w.b
qhuidero –sa ePlc eoosnhteóarlbi cleoazs c daoin sd peeonss icnicafieódcnat  acndateseo s. lacso n paecrtsivoindaasd  vtirraicbiadjaa daourtaosr izaadgousa  yy r ejgaibsótrna,d oos  pgoerl eesl   2021-1176n https://w
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trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes, de
forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 
mínima de 1,5 metros entre personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, se les 
deberán proporcionar medios de protección adecuados al nivel de riesgo.
– Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto personas 
trabajadoras como clientes, clientas o personas usuarias, en los centros de trabajo 
durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.
– Adoptar medidas para la promoción del teletrabajo cuando sea posible por la 
naturaleza de la actividad laboral.
– Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en 
periodo  de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  estrecho  con  alguna 
persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. En la medida de las 
posibilidades  específicas  de  cada  caso,  y  de  acuerdo  con  la  normativa  estatal,  se 
facilitarán medios y herramientas para poder teletrabajar desde el domicilio, siempre que 
las circunstancias lo permitan.
Si  una  persona  trabajadora  empezara  a  tener  síntomas  compatibles  con  la 
enfermedad, se contactará de inmediato con su servicio de salud, y, en su caso, con los 
correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, la 
persona trabajadora seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su 
situación médica sea valorada por personal profesional sanitario, sin que ello suponga, 
en ningún caso, menoscabo de sus derechos laborales.
5.  Listados  de  personas  usuarias  para  la  trazabilidad  de  los  contagios.  Las 
autoridades  sanitarias  podrán  imponer  a  determinadas  actividades  o  negocios  la 
obligación  de recabar información  para  contacto y  conservar listados periódicos de 
personas empleadas, usuarias o participantes, como condición a la realización de las 
mismas. Estos listados se deberán conservar por el tiempo que reglamentariamente se 
especifique, que no será inferior a cuatro semanas, y se deberá facilitar a las autoridades 
de salud cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contagios y 
contactos.
6.  Evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro. Ante la 
existencia de brotes concretos y estrictamente localizados, las autoridades sanitarias 
podrían  decretar  la  evacuación  y  cierre  perimetral  de  zonas,  establecimientos  o 
instalaciones determinadas y que pudieran estar especialmente contaminadas, hasta 
tanto se pueda proceder a su limpieza y desinfección adecuadas.
Artículo 27.  Medidas específicas en alerta 1.
Además de las previstas por el artículo anterior, en este nivel de alerta se podrán 
adoptar las siguientes medidas específicas:
1.  Centros, servicios y establecimientos sanitarios. Las personas titulares de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios adoptarán medidas organizativas, de 
prevención  e  higiene  para  asegurar  el  bienestar  de  las  personas  trabajadoras  y 
pacientes.  Asimismo,  garantizarán  la  disponibilidad  de  los  materiales  de  protección 
necesarios en las ubicaciones pertinentes, la ventilación, limpieza y desinfección de las 
áreas utilizadas y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los 
equipos e instalaciones.
2.  Centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios. Con  s
base en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el Decreto 185/2015,  oe.
de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios  w.
pdSeioprcusitoaanlecaisos n yem sea fly oorDareelescs re estnoo  n1 el2la 6sá/ 2ma0db1mi9toi,n  isddteera  c3lai0o  nCdeoesm  cjuuonlmioidp, aeddte en Atceuestón pntraoormsa a rd eicdsteiadlr e nPlacasiía siln essVt arupscaccroai,o  nllaeasss    2021-1176n https://w
precisas para el correcto funcionamiento de los centros y garantizar la salud de las
personas usuarias y profesionales, en coordinación con el Departamento de Salud, y sin  Bc
perjuicio de las medidas que corresponden a su ámbito competencial. Esta coordinación 
se desarrollará conforme a las bases acordadas entre las tres diputaciones forales y el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en los términos siguientes:
a)  Se mantendrán las medidas de inspección continuada conjunta para asegurar el 
cumplimiento por las personas titulares de todos los servicios sociales y sociosanitarios 
de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones que 
aquellas establezcan, de modo que la normal actividad de dichos servicios se desarrolle 
en las condiciones requeridas a fin de prevenir los riesgos de contagio.
b)  Se garantizará la coordinación entre las autoridades competentes del sistema 
sanitario y del sistema vasco de servicios sociales:
– En  el  ámbito  residencial,  en  los  centros  residenciales  de  personas  con 
discapacidad, de personas mayores, de personas menores, de personas en situación o 
riesgo de exclusión social, así como en los centros de emergencia, acogida y pisos 
tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las 
mujeres.
– En el ámbito no residencial, en servicios de intervención y mediación familiar, en 
centros o servicios de día destinados a personas en situación o riesgo de exclusión 
social o en situación o riesgo de desprotección social, así como en los centros de día de 
personas con discapacidad y de personas mayores.
Los servicios y centros incluidos en el ámbito de la coordinación entre sistemas 
mantendrán su actividad.
c)  Las personas titulares de los centros residenciales sociales y sociosanitarios de 
personas mayores y de personas con discapacidad han de disponer de planes de 
contingencia  actualizados  por  COVID-19,  orientados  a  la  identificación  precoz  de 
posibles casos entre residentes y personas trabajadoras y sus contactos, activando en 
su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que 
corresponda:
– Las personas titulares de los centros adoptarán, en relación con las personas 
trabajadoras, usuarias y visitantes, las medidas organizativas, de prevención e higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
– La  información  a  que  se  refiere  este  apartado  estará  disponible  cuando  lo 
requieran las autoridades competentes.
d)  Se realizarán pruebas de detección de infección activa (PDIA) recogidas en los 
protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes a todos los nuevos ingresos en los 
centros sociosanitarios de carácter residencial (residencias de mayores y de personas 
con discapacidad) con 72 horas de antelación como máximo.
3.  Centros docentes. Las personas titulares de los centros docentes, públicos o 
privados, que impartan las enseñanzas regladas, así como las de las universidades, 
adoptarán las medidas necesarias para la ventilación, limpieza, desinfección, prevención 
y acondicionamiento de sus instalaciones conforme a lo establecido en la presente ley. 
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones.
4.  Medios  de  transporte.  En  el  marco  de  la  necesaria  coordinación  entre  las 
diversas instituciones públicas con responsabilidades en el ámbito de la Comunidad  es
Autónoma de Euskadi, se observarán las siguientes medidas: o
dpeúsbalaicr)r ooslTl errnae ngínsuptleaogrrerteas, m tederinrsetcesr eterceni:o  eEnlan ál elmoss b yitt roap ndrisevp aloadr otCess o cmtoeumrnrepidsleatrmde seA n(utfateórrniroooscm adarre idl  evy i aEcjaeurrsrokesate drdia,e )y  aqá umseeb aistone    2021-1176n https://w
uprobdarnáon,  oinctuepruarrbsea nhoa, sptae ricuormbapnleot adre  ecl oamfopreot emncáixai maou topneórmmiitcidao,  ftoarnatlo y  elno cpalla, zloass  vseehnítcaudloass   BOE-A-cable e
como  de  pie.  En  los  transportes  públicos,  privados  particulares  y  privados 
complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluidas las que 
conducen,  podrán  desplazarse  tantas  personas  como  plazas  tenga  el  vehículo, 
incluyendo la contigua a la de conducción. En los transportes de viajeros terrestres por 
carretera que tuvieran fijado el acceso a la unidad por las puertas intermedias o traseras, 
se podrá recuperar la entrada por la puerta delantera para permitir el acceso de las 
personas usuarias, entendiéndose recomendable la instalación de mamparas cuando no 
fuera posible aislar el puesto de conducción del público en general. En todo tipo de 
transporte público de la CAE cuya duración sea inferior a las dos horas queda prohibido 
el consumo de cualquier tipo de comida, quedando exceptuada la bebida.
b)  Transporte por cable: En los transportes por cable, funiculares y ascensores de 
servicio público, tanto vagones como cabinas podrán ocuparse en su totalidad hasta 
completar su aforo máximo permitido, siempre con uso obligatorio de mascarilla.
c)  Transporte marítimo: En los servicios de transporte marítimo de personas que se 
desarrollen íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin 
conexión  con  otros  puntos  o  puertos  de  otras  comunidades  autónomas,  las 
embarcaciones podrán ocuparse hasta  completar el aforo máximo, tanto en plazas 
sentadas como de pie.
d)  Venta anticipada de billetes en los transportes: En los transportes terrestres de 
personas, por cable y marítimos con reserva o asignación de asiento, se fomentará su 
compra mediante canales de venta anticipada. Cuando no fuera posible, se adoptarán 
las medidas de seguridad necesarias para asegurarse de que las personas viajeras 
mantengan entre sí la distancia de separación establecida y se coloquen de forma 
ordenada sin entorpecer el tránsito normal de la acera. Para ello se colocarán señales y 
zonas delimitadas para que las personas usuarias transiten ordenadamente por ellas 
hasta acceder al medio de transporte. Las compañías operadoras de transporte terrestre 
interprovincial con número de asiento preasignado deberán recabar información para 
contacto de todo el pasaje y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con 
posterioridad al viaje. Así mismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de 
salud cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
e)  Personas usuarias y control de aforos en los transportes: Para todos los modos 
de transporte terrestre, por cable y marítimo se garantizarán en todo caso las plazas que 
legalmente tuvieran asignadas para personas con movilidad reducida (PMR) o de uso 
preferente.  Las  personas  usuarias  favorecerán  que  no  se  den  aglomeraciones, 
respetando  las  distancias  en  los  accesos  y  salidas  de  las  unidades  de  transporte, 
quedando facultado el personal profesional designado por los operadores para controlar 
los aforos y determinar cuándo una unidad está completa atendiendo a criterios de salud 
y seguridad.
CAPÍTULO III
Medidas aplicables al nivel de alerta 2
Artículo 28.  Medidas generales por mandato de la ley en alerta 2.
1.  Con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se 
aplicarán automáticamente las siguientes medidas:
a)  Grupos de personas: Se podrá limitar la permanencia de grupos de personas en  es
espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, o al máximo en su caso  o
previsto en el régimen jurídico de la declaración del estado de alarma. 6w
aplú pbúlbicb) olic: RoE éls gaeif morereodn um cgiáreáxn imaelro a6 l0p  epdroemr  itcaidifeoonr otposa. rae nto deos ttaipbole cdiem rieencitnotso se y  ienssttaablaleccioimneiesn taobs iearbtoiesr toasl   OE-A-2021-1176able en https://w
c)  Régimen de eventos sociales multitudinarios: El máximo de personas susceptible 
de reunión para cualquier tipo de evento no superará las 600 personas en interiores y 
las 800 personas en exteriores.
d)  Actividad religiosa o de culto: La asistencia a lugares de culto no podrá superar 
el 50 por ciento de su aforo y en todo caso deberá cumplirse la distancia de 1,5 metros 
entre las personas usuarias. El aforo máximo deberá publicarse en un lugar visible del 
espacio destinado al culto.
Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 
debidamente habilitadas, con un límite máximo de 30 personas en espacios al aire libre y 
de seis personas en espacios cerrados, sean o no convivientes. En caso de que el 
número de asistentes sea inferior, no se podrá superar el 50 por ciento del aforo 
permitido.
La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de 
la persona fallecida, siempre que se haga en espacio abierto, se restringe a un máximo 
de treinta personas, además de, en su caso, el ministro o la ministra de culto o persona 
asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida 
de la persona difunta. En el caso de que se celebre en espacio cerrado, el número 
máximo será de diez personas, manteniéndose en todo caso la distancia de seguridad 
interpersonal.
e)  Centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y sociosanitarios: Se 
realizarán pruebas de detección de infección activa (PDIA) a las personas trabajadoras 
de centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad y de personas 
mayores  que  estén  en  contacto  directo  con  residentes.  Solo  podrá  eximirse  de  la 
realización de estas pruebas, de conformidad con el Departamento de Salud, en aquellos 
casos en que, por medio de un certificado médico motivado relativo al alta o a la 
vacunación previas, se acredite la inmunidad adquirida de la persona trabajadora.
En los centros residenciales sociales y sociosanitarios de personas mayores y de 
personas con discapacidad, las salidas de las personas usuarias serán, prioritariamente, 
paseos terapéuticos, en espacios abiertos del entorno de la residencia y acompañados 
por personas familiares o allegadas. El centro podrá autorizar mayores frecuencias y 
diversidad de las visitas en función de las circunstancias personales de la persona 
residente, vínculo y dinámica previa a la declaración del estado de emergencia sanitaria. 
Las  instituciones  competentes  podrán,  atendiendo  a  la  situación  epidemiológica  del 
centro en cada momento y del espacio territorial de influencia de los centros o servicios, 
suspender estas visitas, incluso totalmente en situaciones de tendencia al alza.
Se posibilitarán, como máximo, dos salidas semanales por persona residente en 
todos los centros donde la situación epidemiológica lo permita. Durante dichas salidas se 
evitarán, en todos los casos, los espacios cerrados y concurridos. Las salidas tendrán 
una duración máxima de una hora, y se realizarán con el acompañamiento de un 
máximo  de  dos  personas,  familiares  o  allegadas,  por  residente.  Las  instituciones 
competentes  podrán,  atendiendo  a  la  situación  epidemiológica  del  centro  en  cada 
momento y del espacio territorial de influencia de los centros o servicios, suspender 
estas salidas.
Las instituciones competentes de la gestión de los centros de día podrán adoptar las 
medidas restrictivas adecuadas a la situación epidemiológica del municipio en que se 
encuentren,  en  lo  relativo  tanto  a  sus  aforos  u  horarios  como  al  cierre  de  estos 
establecimientos.
2.  Así mismo, en este nivel de alerta se aplicarán también las medidas generales y  e.
específicas del nivel de alerta 1 que no se vean desplazadas por las previstas en este  w.b
Aarrttííccuulloo  y2 9e.l  siMgueideindtaes. específicas en alerta 2. 2021-1176n https://w
Además de las previstas por el artículo anterior, en este nivel de alerta se podrán
adoptar las siguientes medidas específicas:
1.  Actividad educativa, de formación y de investigación:
a)  Toda  actividad  educativa,  de  formación  y  de  investigación  presencial,  con 
relación a las enseñanzas tanto de régimen general como especial, con inclusión de sus 
diversas etapas y niveles y de la educación superior, así como a aquellas actividades de 
aprendizaje que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de 
toda la vida, se desarrollará atendiendo a las reglas recogidas en el presente artículo y 
en todo caso conforme al Protocolo general de actuación en los centros educativos de la 
Comunidad  Autónoma  de  Euskadi  frente  al  coronavirus  (SARS-CoV-2)  en  el  curso 
escolar 2020-2021 o normativa que lo sustituya, elaborado por el Departamento de 
Educación.
b)  El sistema universitario vasco y el resto de centros universitarios ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, en atención a su autonomía, cumplirán el protocolo 
que regula el ejercicio de toda su actividad.
c)  Asimismo,  los  centros,  laboratorios,  servicios  de  apoyo  a  la  investigación  y 
administración, que realizan actividades en el ámbito de la investigación, cumplirán el 
protocolo que regula el ejercicio de toda su actividad.
d)  La actividad que se realice en euskaltegis, academias, autoescuelas, escuelas y 
centros de formación no reglada, tanto públicos como privados, podrá impartirse de un 
modo presencial y con un máximo de hasta 25 personas.
2.  Actividad comercial:
a)  Horarios comerciales al público: Todos los establecimientos comerciales, con 
excepción de las estaciones de servicio de distribución al por menor de carburantes y 
combustibles, deberán cerrar de acuerdo con su respectiva regulación y, en cualquier 
caso,  como  máximo  una  hora  antes  de  la  hora  de  comienzo  de  la  limitación  de 
circulación de las personas en horario nocturno. Las farmacias mantendrán su régimen 
de horarios.
b)  Recintos feriales: Los recintos feriales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco podrán desarrollar la actividad ferial que constituye su actividad principal con un 
aforo máximo del 50 por ciento de su capacidad autorizada en cada sala o espacio. 
Deberán contar con todos los mecanismos indispensables para asegurar a las personas 
visitantes, expositoras, organizadoras, proveedoras y trabajadoras un entorno seguro 
con las máximas garantías higiénico-sanitarias. Igualmente deberán disponer de un 
estricto protocolo sobre control de accesos, gestión preventiva de aforos, control y 
monitorización del tráfico de personas y de distanciamiento social; higienización, calidad 
y  seguridad  ambiental  de  las  instalaciones;  coordinación  y  comunicación  con  las 
autoridades y servicios sanitarios, y actuaciones frente a posibles casos sospechosos y 
sus correspondientes planes de asistencia.
c)  Mercados y mercadillos: En el caso de los mercados que desarrollan su actividad 
en la vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, su 
número  podrá  verse  reducido  hasta  el  50  por  ciento  de  los  puestos  habituales  o 
autorizados, debiendo existir una separación entre puestos contiguos de al menos 1,5 
metros, y limitando la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento 
de la distancia de seguridad interpersonal.
d)  Otros locales e instalaciones comerciales: En el resto de locales e instalaciones 
comerciales, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios 
asegurará la distancia de seguridad interpersonal. Se dará preferencia a la atención a  s
personas clientes de más de sesenta y cinco años. En la medida de lo posible se  oe.
establecerán itinerarios para dirigir la circulación de clientes y personas usuarias y evitar  6ww.
apegrsetloavmbelneeicrra eecrl i oucnnoe nustas ocet nod  ifeednretetrenerc meiallidanosa. d pCaasur aaz nloadn oea nsste,r a dtdaisanp tyoo  nlaeg nas a deliedl  adin,o tcseo ronio  mro bácjseo tmpou ode eret arnes d,e usl ceie rp xertoel crriiuoerrsa,g ráoy    2021-1176n https://w
de formación de aglomeraciones. A la entrada de los establecimientos se dispondrá de
gel hidroalcohólico para la limpieza de manos y se informará de las medidas preventivas 
que deben cumplirse.
Los  establecimientos,  instalaciones  y  locales  comerciales  minoristas  que  no  se 
ubiquen en centros y parques comerciales y dispongan de una superficie de hasta 150 
metros  cuadrados  no  podrán  superar  el  60  por  ciento  de  su  capacidad  total,  con 
independencia de la actividad realizada en el local.
Se deberá establecer un control de limitación en el uso de probadores. En las cajas, 
se facilitará y procurará el pago con tarjeta y se habilitarán todos los puestos de pago 
automáticos  y  sin  dependiente  disponibles.  En  los  establecimientos,  instalaciones  y 
locales comerciales no estará permitida la ocupación de sus zonas comunes para otro 
uso que no sea el del tránsito de personas.
e)  Venta y consumo de alcohol: Se prohíbe la venta de alcohol en todo tipo de 
establecimientos durante la franja horaria comprendida entre las 21:00 y las 08:00 horas. 
Está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública.
3.  Actividad  de  hostelería  y  restauración.  Los  establecimientos  de  hostelería  y 
restauración podrán ofrecer el servicio en sus terrazas al aire libre y tendrán en su 
interior restringida la disponibilidad en un 50 por ciento del aforo máximo. Se deberá 
asegurar, en todo caso, tanto en el exterior como en el interior, que se mantiene la 
debida distancia de, al menos, 1,5 metros entre personas sentadas en mesas diferentes. 
Las agrupaciones de clientes por mesa no podrán superar un número máximo, que el 
establecimiento deberá advertir de forma visible, no pudiéndose unir dos mesas o más 
para agrupar un número mayor de personas.
Queda prohibido cualquier consumo en barra o de pie, y tanto sea en el interior como 
en el exterior, las personas usuarias deberán realizar su consumición sentadas en mesa. 
El establecimiento deberá exhibir indicaciones desaconsejando expresamente fumar en 
las terrazas de estos establecimientos, así como en sus aledaños, con advertencia de 
las posibles infracciones recogidas en esta ley. Del mismo modo, en dichas indicaciones 
se  reproducirá  la  advertencia  de  las  autoridades  sanitarias  desaconsejando 
expresamente el visionado colectivo de eventos deportivos televisados en el interior de 
los establecimientos.
Los locales deberán ventilarse de forma continua durante la jornada y, además, en la 
apertura y en el cierre. Si la ventilación es mecánica, se deberá maximizar la entrada de 
aire exterior y evitar la recirculación del aire. Los sistemas de ventilación y climatización 
deberán  cumplir  las  recomendaciones  oficiales  de  operación  y  mantenimiento  de 
edificios y locales.
4.  Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno. Se determina el cierre 
de los establecimientos clasificados en los grupos III y IV del Decreto 17/2019, de 5 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, salvo que desarrollen su actividad conforme a la 
regulación  que  rige  para  los  grupos  I  y  II  y  cuenten  con  el  permiso  municipal 
correspondiente.
CAPÍTULO IV
Medidas aplicables al nivel de alerta 3
Artículo 30.  Medidas generales por mandato de la ley en alerta 3.
1.  Con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se  o
aplicarán automáticamente las siguientes medidas: 6w
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dneoccltaurrancoi,ó nre dseple etasntaddoo  edne  aslua rcmaas.o los límites dispuestos por el régimen jurídico de la  BOE-A-cable e
b)  Movilidad territorial: Se establecerán restricciones de movilidad del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, respetando en su caso los límites dispuestos por el 
régimen jurídico de la declaración del estado de alarma.
c)  Grupos de personas: Se podrá limitar la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, respetando en su caso los 
límites dispuestos por el régimen jurídico de la declaración del estado de alarma.
2.  Así mismo, en este nivel de alerta se aplicarán también las medidas generales y 
específicas del nivel de alerta 2 que no se vean desplazadas por las previstas en este 
artículo y el siguiente.
Artículo 31.  Medidas específicas en alerta 3.
Además de las previstas por el artículo anterior, en este nivel de alerta se podrán 
adoptar las siguientes medidas específicas:
1.  Establecimientos comerciales. Los establecimientos comerciales que cuenten 
con una superficie superior a los 150 metros cuadrados pasarán a un aforo máximo 
permitido del 40 por ciento de su capacidad, aplicándose en su caso ese mismo aforo 
máximo en los centros comerciales en cada una de sus plantas y comercios, así como 
en  sus  zonas  comunes,  independientemente  de  su  superficie.  Las  personas 
responsables de los centros o parques comerciales pondrán las medidas suficientes para 
hacer cumplir esta limitación. Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas 
como  zonas  infantiles  o  áreas  de  descanso,  debiendo  permanecer  cerradas.  Los 
establecimientos de hostelería o restauración ubicados en instalaciones comerciales 
responderán a lo dispuesto para este tipo de establecimientos.
2.  Establecimientos de hostelería y restauración y asimilados. Los establecimientos 
de  hostelería  y  restauración,  en  función  de  la  situación  epidemiológica,  podrán 
mantenerse abiertos sin perjuicio del deber de cerrar en cualquier caso como máximo a 
las 20:00 horas, incluido el desalojo de la clientela, y no podrán abrir al público antes de 
las 06:00 horas.
La entrega de pedidos con cita previa en el propio establecimiento podrá realizarse 
hasta las 21:00 horas, debiendo estar, en cualquier caso, cerrado para cualquier otro 
servicio al público. El reparto a domicilio se podrá realizar hasta las 22:00 horas.
Los servicios de hostelería y restauración situados en áreas de servicio podrán 
permanecer abiertos entre las 20:00 y las 06:00 horas, únicamente, para el servicio a 
personas usuarias en tránsito.
Los txokos, sociedades gastronómicas, lonjas y similares permanecerán cerrados.
3.  Hoteles, campings y alojamientos turísticos. La ocupación de las zonas comunes 
de  los  hoteles,  campings  y  alojamientos  turísticos  se  realizará  con  garantías  de 
mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros. El aforo máximo de cada una 
de las zonas comunes será del 50 por ciento, no pudiendo superar en ningún caso el 
límite de 30 personas de forma simultánea.
4.  Eventos culturales o sociales. Ninguna actividad ni evento cultural o social podrá 
finalizar más tarde de las 21:00 horas.
Además de los que pertenezcan a la educación reglada, se permiten los ensayos y 
actuaciones  colectivas  no  profesionales  de  carácter  músico-vocal,  siempre  que  se 
observen  condiciones  muy  restrictivas  de  higiene,  mantenimiento  de  distancia 
interpersonal y uso de mascarilla. s
Se permiten los ensayos de grupos no profesionales de danzas, debiendo en todo  oe.
caso  respetarse  estrictamente  las  condiciones  preventivas  de  mantenimiento  de  la  w.
cdoisntatSanecc tiopa e fíirnsmitceiotrep. elars ocnealel bdrea csióeng udreid aeds,p eucstoá cduelo ms acsucltaurrilalale sy  cgorunp opsú bdliec os eeins  pinesrtsaolancaiso nseins   2021-1176n https://w
propias o en espacios deportivos cerrados u otro tipo de edificios con un aforo máximo
del 50 por ciento con un máximo de 400 personas. Bc
Se permite la celebración de actividades y espectáculos culturales al aire libre con un 
aforo máximo permitido del 50 por ciento de su capacidad autorizada, hasta un máximo 
de  600  personas.  Deberán  establecerse  las  medidas  necesarias  para  mantener  la 
distancia de seguridad interpersonal (salvo en el caso de unidades de convivencia, que 
podrán sentarse en localidades contiguas) o, en su defecto, la utilización de medidas 
alternativas  de  protección  física.  El  uso  de  mascarilla  será  obligatorio,  aunque  se 
mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros; el público deberá 
permanecer sentado y se requerirá asiento preasignado. En el caso del equipo artístico, 
se permitirá la interacción entre intérpretes durante el desarrollo del espectáculo.
5.  Museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. 
Para los museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, 
las visitas de grupos serán de un máximo de hasta seis personas, sin contar a la persona 
monitora o guía, y deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la 
distancia de seguridad interpersonal en sus instalaciones o, en su defecto, la utilización 
de  medidas  alternativas  de  protección  física.  El  uso  de  mascarilla  será  obligatorio, 
aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Los grupos 
escolares estables podrán asistir a los museos con un solo guía.
Podrán  desarrollar  su  actividad  con  un  aforo  máximo  del  50  por  ciento  de  su 
capacidad autorizada en cada sala o espacio, con un máximo de 400 personas.
6.  Práctica deportiva. La práctica deportiva se podrá desarrollar conforme a las 
siguientes reglas:
– La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá 
realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y en grupos de hasta un 
máximo de seis personas de forma simultánea.
– Se podrán realizar los entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos 
inmersos en competición profesional y federada. Corresponde a cada federación en su 
ámbito y, en su caso, a las entidades responsables de cada competición, velar por el 
estricto cumplimiento de las medidas y protocolos de prevención, que habrán de prever 
expresamente.
– Se podrán realizar entrenamientos de deporte escolar que deberán organizarse en 
grupos de seis personas como máximo, sin variar su composición y no pudiéndose hacer 
uso de vestuarios. Todo ello, siempre dentro del plazo en que sea posible disponer de 
instalaciones necesarias. Queda también autorizada la posibilidad de competición en el 
deporte escolar, cuando se circunscriba a equipos de diferentes centros escolares dentro 
del mismo municipio.
– En los entrenamientos, desplazamientos y momentos anteriores y posteriores a la 
práctica de deportes de equipo se guardarán las medidas de prevención básicas de 
mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, grupos de seis 
personas y uso de mascarilla.
– En las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas, el aforo máximo permitido 
será del 50 por ciento de su capacidad autorizada. La práctica deportiva podrá realizarse 
de forma individual o colectiva, como máximo en grupos de seis personas. En las clases 
que se impartan de forma grupal, el número máximo de participantes será de seis 
personas por grupo, respetándose en el espacio en que se impartan el aforo máximo 
establecido.
– Se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 30 por ciento de su aforo 
máximo. Estará permitida así mismo la utilización de duchas, siempre que su uso sea 
individual. El uso de la mascarilla será obligatorio excepto en el momento de la ducha y  e.
se respetará en todo momento la distancia de seguridad entre personas usuarias. Los  w.b
aevepnsetrtrautudararai od sye   ddaeeirbseep eruáxéntse  vrdieoenr  tsyilu ae rvscieitea rdrr eela .m  rSeaic nliaerc ravue lacnoctiniólatnicn iduóeanl   daeuisrr eam.netec ásnui cuas,o s ye,  addeebmeráás ,m aanxtiemsi zdaer  slau   2021-1176n https://w
– Se prohíbe la asistencia de público a eventos deportivos.
7.  Turismo  activo  y  de  naturaleza,  centros  de  interpretación  y  similares.  Las 
actividades  con  guía  se  realizarán  en  grupos  de  hasta  seis  personas.  Deberán 
establecerse  las  medidas  necesarias  para  mantener  la  distancia  de  seguridad 
interpersonal o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física. 
El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros. Los grupos escolares estables podrán asistir con un solo 
guía.
8.  Centros  recreativos  turísticos  y  acuario.  Las  visitas  de  grupos  serán  de  un 
máximo de hasta seis personas, debiendo establecerse las medidas necesarias para 
procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad y el 
uso de mascarillas en todo momento. Los grupos escolares estables podrán asistir con 
un solo guía.
9.  Actividad de plazas, recintos e instalaciones taurinas. La actividad taurina de 
espectáculos tradicionales, generales u otros, desarrollada en todas las plazas, recintos 
e  instalaciones  taurinas  al  aire  libre,  deberá  disponer  de  un  plan  de  evaluación  y 
reducción de riesgos que será supervisado por la Dirección de Salud Pública. En todo 
caso deberán contar con butacas preasignadas y no superar el 50 por ciento del aforo 
autorizado, con un máximo de 600 personas, distribuidas de forma homogénea en el 
recinto. En ningún caso se podrán celebrar actividades preparatorias ni complementarias 
con la presencia de personas no relacionadas directamente con su ejecución.
10.  Establecimientos y locales de juego y apuestas. La apertura al público de los 
locales de juego y apuestas requerirá un aforo máximo del 50 por ciento. Las actividades 
de juego y apuestas deberán realizarse de modo individual, y las personas deberán 
permanecer sentadas. Las agrupaciones no podrán superar el número de seis personas. 
Se deberá guardar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre las personas que 
juegan. En cada cambio de persona participante en una posición de juego se deberá 
garantizar la limpieza del espacio utilizado y que no se produce intercambio de objeto 
alguno.  Estos  establecimientos  deberán  cerrar  en  cualquier  caso  como  máximo  a 
las 20:00 horas, incluido el desalojo de la clientela, y no podrán abrir al público antes de 
las 06:00 horas.
11.  Actividad cinegética y pesca. Está permitida la actividad cinegética en todas sus 
modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal. El uso de 
mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal 
de 1,5 metros. Está permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, deportiva y 
recreativa, en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad 
interpersonal. El uso de mascarilla será obligatorio, aunque se mantenga la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros.
12.  Parques y zonas deportivas de uso público al aire libre. Los parques infantiles, 
zonas deportivas, pistas de patinaje (skating) o espacios de uso público al aire libre 
similares podrán estar abiertos al público, siempre que se respete un aforo máximo 
estimado de una persona por cada 4 metros cuadrados de espacio computable de 
superficie del recinto.
Corresponderá  a  los  ayuntamientos,  y  en  su  caso  a  las  administraciones 
competentes, la organización del espacio, así como la garantía de las condiciones de 
limpieza e higiene.
Corresponderá  igualmente  a  los  ayuntamientos  el  favorecer  un  mayor  uso  del 
espacio público al aire libre, de manera que haya más espacios disponibles para la 
ciudadanía,  respetando  siempre  lo  establecido,  en  particular,  en  relación  con  la  s
celebración de eventos multitudinarios y con el riesgo de elevada afluencia de público. oe.
2021-1176n https://w
CAPÍTULO V
Medidas aplicables al nivel de alerta 4
Artículo 32.  Medidas generales por mandato de la ley en alerta 4.
1.  Con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se 
aplicarán automáticamente las siguientes medidas:
a)  Movilidad interna dentro del territorio: Se establecerán restricciones de movilidad 
interna dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que podrán afectar 
tanto al confinamiento perimetral territorial de municipios como al de territorios históricos, 
respetando en su caso los límites dispuestos por el régimen jurídico de la declaración del 
estado de alarma.
b)  Grupos de personas: Se podrá limitar la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados a un máximo de cuatro personas, respetando en su caso 
los límites dispuestos por el régimen jurídico de la declaración del estado de alarma.
2.  Así mismo, en este nivel de alerta se aplicarán también las medidas generales y 
específicas del nivel de alerta 3 que no se vean desplazadas por las previstas en este 
artículo y el siguiente.
3.  Centros  sociosanitarios.  Las  salidas  especiales  quedarán  suspendidas  si  la 
situación epidemiológica presenta una tendencia al alza. Para aplicar la mencionada 
suspensión, deberá observarse la situación epidemiológica, bien en el ámbito municipal 
donde se encuentra el centro, o bien en el del municipio de destino de la salida.
Artículo 33.  Medidas específicas en alerta 4.
Además de las previstas por el artículo anterior, en este nivel de alerta se podrán 
adoptar las siguientes medidas específicas:
1.  Actividades  económicas  no  esenciales.  Cierre  de  todo  tipo  de  actividades 
económicas no esenciales, valorándose en caso de mantenerse su apertura al público el 
uso máximo de un 35 por ciento de su aforo.
2.  Suspensión  de  todo  tipo  de  actividades  sociales  y  culturales  en  formato 
presencial.
3.  Actividad educativa. Valoración del pase de la actividad educativa presencial a 
un formato online.
4.  Actividad deportiva. Valoración de la suspensión de toda actividad deportiva que 
no  sea  profesional  o  semiprofesional,  quedando  posibilitada  únicamente,  y  con  las 
restricciones  que  procedan,  la  actividad  física  al  aire  libre,  individual  o  de  dos 
convivientes.
CAPÍTULO VI
Medidas aplicables al nivel de alerta 5
Artículo 34.  Medidas generales por mandato de la ley en alerta 5.
1.  Con carácter general y por mandato de esta ley, en este nivel de alerta se 
aplicarán automáticamente las siguientes medidas: e.
a)  Movilidad y circulación nocturnas: Se intensificarán las medidas de restricción de  6w
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b)  Confinamientos individuales y colectivos: Se valorarán nuevas y más eficaces 
medidas de confinamiento individuales o para colectivos específicos, previa justificación 
y autorización o ratificación judicial.
c)  Horarios  de  cierre:  Se  adelantarán  los  horarios  de  cierre  de  todo  tipo  de 
actividades económicas y sociales, pudiéndose suspender aquellas que más incidan 
sobre el contacto social.
2.  Así mismo, en este nivel de alerta se aplicarán también las medidas generales y 
específicas del nivel de alerta 4 que no se vean desplazadas por las previstas en este 
artículo.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 35.  Legislación aplicable, habilitación para su desarrollo y normas aplicables 
para resolver el concurso de leyes.
1.  La remisión a las leyes que, en relación con el régimen sancionador aplicable 
respecto al incumplimiento de las medidas que amparan, hacen el artículo 15 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y, por referencia 
del mismo, el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, se entenderán hechas 
a esta ley, como ley especial aplicable de forma prevalente sobre las leyes de carácter 
general.
2.  Solo en ausencia de un precepto especial aplicable en virtud de la presente ley 
podrán ser sancionadas, por aplicación de las normas generales, las conductas que, sin 
ser subsumibles en las descritas en los artículos siguientes, puedan ser calificadas como 
infracción  administrativa  de  acuerdo  a  los  respectivos  regímenes  sancionadores 
generales previstos en:
– Los artículos 35 y siguientes de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi.
– Los artículos 32 y siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.
– Los artículos 55 y siguientes de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública.
– Los artículos 30 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana.
– Los  artículos  68  y  siguientes  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Gestión  de 
Emergencias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril.
3.  A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, así como a fin de 
resolver la concurrencia entre varios preceptos de entre los previstos en esta ley, se 
aplicarán las siguientes normas:
a)  Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de 
esta u otra ley se sancionarán observando las siguientes reglas:
i.  El precepto especial se aplicará con preferencia al general. s
ii.  El precepto más amplio o complejo absorberá el que sancione las infracciones  oe.
consumidas en aquel. w.
sanciiiio. neEnn e dl ehfeecchtoo  cdoen  luonsa c sriatenrcioiósn  amnetenroior.res, el precepto más grave excluirá los que  2021-1176n https://w
b)  En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando 
una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada por 
aquella infracción que aplique una mayor sanción.
c)  Cuando una acción u omisión deba tomarse en consideración como criterio de 
graduación de la sanción, o como circunstancia que determine la calificación de la 
infracción, no podrá ser sancionada como infracción independiente.
En lo no previsto por este apartado serán en todo caso de aplicación para resolver 
los concursos de normas o de infracciones las normas contenidas en los artículos 16, 17 
y  18  de  la  Ley  2/1998,  de  20  de  febrero,  de  la  potestad  sancionadora  de  las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que la 
sustituya.
4.  Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir en el cuadro de 
las infracciones y sanciones tipificadas en esta ley especificaciones o graduaciones que, 
sin  constituir  nuevas  infracciones  o  sanciones,  ni  alterar  su  naturaleza  y  límites, 
contribuyan  a  la  más  correcta  identificación  de  las  conductas  o  a  la  más  precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.
5.  A los efectos del procedimiento sancionador, en todo lo no dispuesto como 
norma especial en esta ley se aplicará la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco o norma que la sustituya.
Artículo 36.  Normas especiales en materia de medidas cautelares.
1.  Las medidas cautelares adoptadas directamente por las autoridades inspectoras 
a las que se refiere el artículo 19 de esta ley se regirán por lo previsto en el artículo 32 
de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que la sustituya, con la 
especialidad en cuanto a plazos que se prevén en esta ley.
2.  Las medidas cautelares previstas en el artículo 31 de la Ley 2/1998, de 20 de 
febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o norma que la sustituya se regularán de acuerdo con lo 
previsto en dicha norma, con las siguientes especialidades:
a)  A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 31, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias a 
los efectos de la contención de la pandemia no implican violación de los derechos 
amparados  en  las  leyes,  cuando  dichos  derechos  no  sean  relativos  a  la  salud  o 
integridad física de las personas o, en este último caso, cuando la medida no sea 
proporcionada en los términos de este artículo.
b)  A los efectos de lo previsto en el apartado 3 del citado artículo 31, se presumirá, 
salvo  prueba  en  contrario,  que  ninguna  de  las  medidas  que  solo  tengan  efectos 
patrimoniales, o las relativas a la movilidad o circulación de personas, generan daños de 
difícil  o  imposible  reparación,  cuando  estén  encaminadas  a  evitar  contagios  o  a 
garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios o de emergencia.
c)  A los efectos de lo previsto en el apartado 4 del citado artículo 31, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias a 
los efectos de la contención de la pandemia guardan la necesaria proporcionalidad, 
siempre que sean razonablemente o aparentemente efectivas para evitar contagios o  s
garantizar el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios o de emergencia. oe.
d)  La  prueba  en  contrario  a  la  que  se  refieren  los  preceptos  anteriores  se  w.
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física de las personas interesadas o a su autonomía como pacientes en los términos de
la normativa sectorial aplicable. Bc
Artículo 37.  Órganos competentes.
1.  En los términos del artículo 29 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco o norma que la sustituya, la incoación, tramitación y resolución de los expedientes 
sancionadores  por  las  infracciones  relacionadas  en  esta  ley  corresponderá  a  la 
Administración  competente  por  razón  del  territorio  y  la  materia.  La  tramitación 
comprenderá  la  instrucción  del  procedimiento,  pero  sin  perjuicio  del  principio  de 
separación y no dependencia entre la funcionaria o funcionario instructor y el órgano 
competente para resolver.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de inspección y control del cumplimiento 
de  esta  ley,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  la  incoación  y 
resolución del expediente corresponderá al órgano del departamento competente en 
materia de salud pública que, en función de la gravedad de las infracciones, determinen 
sus normas de estructura y funcionamiento. Los criterios interpretativos que válidamente 
emitan  las  autoridades  sanitarias  respecto  a  la  calificación  o  graduación  de  estas 
infracciones  serán  incorporados  por  los  criterios  interpretativos  que  las  personas 
responsables en materia de seguridad pública dirijan a su personal subordinado, a los 
efectos de la inspección, denuncia y control del cumplimiento de esta ley.
3.  Quienes  ostenten  la  alcaldía  podrán  imponer  las  sanciones  y  adoptar  las 
medidas previstas en esta ley en relación con las infracciones leves o graves, cuando las 
infracciones  se  cometan  en  espacios  públicos  municipales  o  afecten  a  bienes  de 
titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la 
legislación específica y siempre que no concurra con otro procedimiento sancionador por 
los  mismos  hechos  seguido  ante  las  autoridades  sanitarias.  En  tal  sentido,  las 
autoridades  municipales  se  encontrarán  vinculadas  por  los  criterios  interpretativos 
emitidos por las autoridades competentes conforme al apartado anterior.
4.  En el caso previsto en el apartado anterior, cuando la persona instructora tenga 
conocimiento de que se está siguiendo otro procedimiento sancionador por los mismos 
hechos de forma concurrente, lo notificará al órgano sancionador, el cual, sin paralizar el 
procedimiento,  se  pondrá  en  contacto  con  el  órgano  competente  para  resolver  el 
procedimiento  de  referencia,  a  fin  de  coordinarse  para  la  eficaz  aplicación  de  los 
artículos 16, 17 y 18 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que 
la sustituya.
Artículo 38.  Graduación e individualización de las sanciones.
1.  Siempre y cuando no constituyan ya por sí mismas un elemento definitorio del 
tipo o infracción de las previstas por esta ley, se tendrán en cuenta, a los efectos de su 
graduación, la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
a)  La realización de los hechos interviniendo violencia, amenaza o intimidación.
b)  La  reincidencia,  por  la  comisión  en  el  término  de  un  año  de  más  de  una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme 
en vía administrativa.
c)  La  alteración  del  funcionamiento  de  los  servicios  sanitarios  o  en  el 
abastecimiento a la población de bienes y servicios.
d)  La comisión de la infracción estando vigente, en el ámbito territorial en el que se  s
hayan producido los hechos, cualquiera de los dos máximos niveles de alerta previstos  oe.
en esta ley. w.
epseprseeoc)n iaalLsm aee nna trfeee clavtacuiclóniónen rca obonl e elsav  eiann fetluaca clCi oaOsfiVedcaIDtda- c1di9eó ln vo i arua s p.uenrs onnúamse roo  ae scpaetecigaolmríaesn ted eg rpaenrdseo ndaes   2021-1176n https://w
f)  La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u objeto que cubra el 
rostro, impidiendo o dificultando la identificación o, en su caso, empleando algún otro 
método fraudulento para ocultar o enmascarar los hechos.
2.  Junto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en el 
artículo 7 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o norma que la 
sustituya, y a los efectos de la individualización de las sanciones correspondientes, se 
tendrán en cuenta, por orden de importancia:
a)  La entidad del perjuicio efectivamente causado y, en su caso, el número de 
personas afectadas y la gravedad de la afección originada.
b)  La  trascendencia  del  perjuicio  para  la  prevención,  mantenimiento  o 
restablecimiento de la salud pública y la posibilidad de generalización de la infracción.
c)  La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública y 
su permanencia o transitoriedad.
d)  El grado de culpabilidad o de intencionalidad, así como el incumplimiento de las 
advertencias previas.
e)  El  beneficio  económico  obtenido  como  consecuencia  de  la  comisión  de  la 
infracción.
f)  Cualquier otra circunstancia objetiva o subjetiva que tenga virtualidad para incidir 
en el grado de reprochabilidad de la conducta o en el de la culpabilidad de la persona 
imputada, en un sentido atenuante o agravante.
g)  La capacidad económica de la persona infractora.
Artículo 39.  Plazos de prescripción de infracciones y sanciones.
1.  Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy 
graves a los cinco años.
2.  Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al 
año, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas muy 
graves a los cinco años.
Artículo 40.  Infracciones leves y grados y sanciones que les son aplicables.
1.  Son infracciones leves en grado menor, sancionables con multa de 100 a 150 
euros, las siguientes:
a)  Aquellas infracciones leves que, por la especial concurrencia de circunstancias 
modificativas  de  la  responsabilidad  o  que  pudieran  afectar  a  los  efectos  de  la 
individualización prevista en esta ley, no merezcan una sanción superior.
b)  No acudir, teniendo obligación de hacerlo, a la llamada de movilización efectuada 
por las autoridades sanitarias o de protección civil competentes, en caso de ejercicio o 
simulacro, salvo causa justificada.
c)  No seguir o no respetar las medidas e instrucciones dispuestas por la autoridad 
competente en materia sanitaria o de protección civil o sus agentes durante la realización 
de ejercicios o simulacros.
d)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  presentar  la  documentación  personal 
justificativa del traslado o desplazamiento, cuando la misma sea legalmente exigible a 
las personas físicas individuales en atención a las normas en materia de confinamiento  e
perimetral, límites horarios para el tránsito o similares en relación con las medidas  bo
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de lae )s anLcaisó nfa.ltas de respeto y consideración graves cuyo destinatario sea un miembro
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario o voluntarios de protección civil
en el ejercicio de las funciones previstas en esta ley, cuando estas conductas no sean 
constitutivas de infracción penal.
f)  El  incumplimiento,  con  carácter  individual,  de  las  medidas  de  distancia  de 
seguridad  interpersonal,  uso  obligatorio  de  mascarillas  y  consumo  de  tabaco  o 
asimilados,  restricción  de  la  movilidad  nocturna  y  de  limitación  de  la  libertad  de 
circulación de las personas en horario nocturno previstas en esta ley.
g)  La negativa a colaborar con el personal rastreador o a aportar la información 
requerida para realizar una adecuada trazabilidad de contagios y de sus contactos, en 
los términos previstos por esta ley, o la aportación de información falsa o incompleta, 
cuando no constituya una infracción más grave.
2.  Son infracciones leves en grado medio, sancionables con multa de 151 a 600 
euros:
a)  La celebración en lugares de tránsito público de reuniones de un número de 
personas  superior  al  permitido  en  función  del  nivel  de  alerta  vigente  en  el  ámbito 
territorial del que se trate, cuando no alcance la consideración de evento multitudinario 
en los términos previstos por esta ley.
b)  La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad o por las autoridades sanitarias o de protección 
civil competentes, para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, 
cuando no constituya infracción más grave en aplicación de los criterios de graduación 
dispuestos en esta ley.
c)  Llevar o exhibir, las personas voluntarias de protección civil, las insignias y 
distintivos que muestren su condición de tales cuando no estén en el ejercicio de sus 
funciones.
d)  Las irregularidades en la cumplimentación de las obligaciones documentales y 
de comunicación de eventos previstas en esta ley con trascendencia para la salud 
pública,  incluyendo  la  alegación  de  datos  o  circunstancias  falsos  o  la  omisión  de 
comunicaciones  obligatorias  dentro  de  los  plazos  establecidos,  siempre  que  no 
constituya infracción penal.
e)  El incumplimiento de las obligaciones personales de aislamiento y cuarentena, 
cuando no constituyan una infracción más grave.
f)  La comunicación de requerimientos individuales de aislamiento o cuarentena sin 
autorización judicial, cuando la misma sea preceptiva.
3.  Son infracciones leves en grado superior, sancionables con multa de 601 a 1.500 
euros:
a)  El ejercicio o desarrollo de cualquiera de las actividades sujetas por la normativa 
sanitaria  a  evaluación  de  riesgo,  elaboración  de  planes  de  reducción  de  riesgo  o 
similares,  o  comunicación  o  autorización  administrativo-sanitaria  previa,  sin  la 
autorización sanitaria o sin haber realizado la evaluación de riesgo o comunicación 
preceptiva, o habiendo transcurrido su plazo de vigencia, así como el incumplimiento de 
la modificación no autorizada por la autoridad competente de las condiciones técnicas o 
estructurales  expresas  sobre  las  cuales  se  hubiera  otorgado  la  correspondiente 
autorización,  o  que  estuvieran  previstas  por  la  evaluación  de  riesgo,  protocolo  o 
comunicación previas, cuando la actividad sea susceptible de aumentar el riesgo de 
contagio. También se incluirá en este tipo el incumplimiento de la obligación prevista en 
esta ley con respecto a la ordenación de turnos y puestos de trabajo o de la entrega de  e.
medios y equipos de protección alternativos por parte del empresario o encargado de la  w.
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responsables los procedimientos que se establezcan para el suministro de datos y 
documentos o haciéndolo de forma notoriamente defectuosa.
c)  La negativa a informar a las personas que se dirijan a los servicios sanitarios 
sobre el nivel de riesgo conocido o sobre la situación epidemiológica conocida, o sobre la 
información  pública  a  disposición  de  las  autoridades  sanitarias  en  relación  con  la 
contención o la lucha contra la pandemia, en los términos previstos por esta ley.
d)  La  emisión  o  difusión  al  público  de  anuncios  publicitarios  o  propaganda 
comercial con repercusión directa sobre los esfuerzos para contener la pandemia o con 
el fin de promover la contratación de bienes o servicios sanitarios o higiénico-sanitarios, 
sin  haber  obtenido  la  correspondiente  autorización  u  homologación  administrativo-
sanitaria cuando esta sea exigible.
e)  Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que la perturbe 
o retrase.
f)  No comunicar a las autoridades competentes sanitarias o de protección civil 
cualquier  circunstancia  o  incidente  que  pueda  generar  situaciones  de  emergencia, 
cuando no sea constitutiva de infracción más grave.
g)  No comunicar, las personas responsables de los planes de contingencia, de 
reducción de riesgos, de evaluación de riesgos o de protocolos equivalentes a los que se 
refiere esta ley, cualquier circunstancia o incidencia que afecte a la situación de riesgo 
cubierta por el plan o a la operatividad de los recursos y servicios establecidos para 
combatirla.
h)  Las conductas equivalentes a las de grado menor o medio, pero cometidas 
estando vigente, en el ámbito territorial en el que se hayan producido los hechos, 
cualquiera de los dos máximos niveles de alerta previstos en esta ley y que hayan 
puesto en peligro la integridad física de las personas o hayan aumentado la situación de 
riesgo.
i)  La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de 
las  funciones  atribuidas  por  esta  ley,  cuando  no  sean  constitutivas  de  delito  o  de 
infracción más grave, así como la negativa a identificarse, la alegación de datos falsos o 
inexactos en los procesos de identificación o en relación con la documentación personal 
justificativa del traslado o desplazamiento, cuando la misma sea legalmente exigible a 
las personas físicas individuales en atención a las normas en materia de confinamiento 
perimetral, límites horarios para el tránsito o similares en relación con las medidas 
previstas en esta ley.
j)  El incumplimiento de las obligaciones de aforo por parte de establecimientos, 
negocios, locales o instalaciones públicas o privadas, o de los límites del número de 
asistentes a los actos y reuniones sociales de carácter privado, cuando no constituyan 
una infracción más grave en función de los criterios de graduación previstos en esta ley.
k)  El  incumplimiento,  por  parte  de  establecimientos,  negocios,  locales  o 
instalaciones públicas o privadas, de la obligación de disponer de agua y jabón, geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados que sean fácilmente 
accesibles para la clientela, personas usuarias, visitantes o personas trabajadoras, o de 
las medidas higiénico-sanitarias y de ventilación de carácter general o adaptadas al nivel 
de alerta vigente en cada momento.
Artículo 41.  Infracciones graves y grados y sanciones que les son aplicables.
1.  Son  infracciones  graves  en  grado  menor,  sancionables  con  multa  de  1.501 
a 3.000 euros, las siguientes: e.
a)  El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares  6w
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a la COVID-19 o a un número especialmente grande de personas en relación con la 
infecciosidad del virus.
b)  La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a 
las autoridades sanitarias, a las autoridades de protección civil o a sus agentes, en el 
desarrollo de las labores de inspección o control sanitario.
c)  El incumplimiento, por parte del personal que en virtud de sus funciones deba 
tener acceso a la información relacionada con el estado individual de salud, del deber de 
garantizar la confidencialidad y la intimidad de las personas en relación con o por datos 
obtenidos en relación con los esfuerzos de contención de la pandemia, en los términos 
previstos por esta ley.
d)  El  incumplimiento,  por  negligencia  grave,  de  los  requisitos,  obligaciones  o 
prohibiciones establecidas en la normativa sanitaria en materia de contención de la 
pandemia, así como cualquier otro comportamiento que suponga imprudencia grave en 
relación con lo mismo, siempre que ocasionen alteración o riesgo sanitario, aunque sean 
de escasa entidad, incluyendo la apertura de locales, establecimientos o instalaciones o 
la  organización  de  actividades  sociales,  culturales  o  de  otro  tipo  en  contra  de  las 
prohibiciones expresas previstas en esta ley en función del nivel de alerta vigente en 
cada momento. Y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando, cometidos por 
negligencia simple, produzcan riesgo o alteración sanitaria grave. A los efectos de esta 
letra, constituirá un supuesto de negligencia la omisión del deber de control o la falta de 
los controles y precauciones higiénico-sanitarias exigibles en la actividad, servicio o 
instalación de que se trate.
e)  La promoción o venta de materiales sanitarios o higiénico-sanitarios para usos 
relativos a la contención de la pandemia, la evitación de los contagios o el tratamiento de 
la enfermedad cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del 
producto de que se trate, cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud 
de los consumidores.
f)  La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad o a los agentes de la autoridad sanitaria o de protección civil en el ejercicio de 
las funciones atribuidas por esta ley o en la prevención de acciones que puedan poner 
en riesgo la salud pública, cuando no sean constitutivas de delito o de infracción más 
grave, o la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles de 
acuerdo con lo previsto en esta ley, incluida la negativa de acceso o la obstrucción 
deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo 
dispuesto en esta ley.
g)  Obstaculizar, sin llegar a impedir, la requisa, intervención u ocupación temporal y 
transitoria  de  los  bienes  y  medios  que  sean  necesarios  para  hacer  frente  a  una 
emergencia, habiendo sido ordenadas dichas medidas por la autoridad competente en 
materia de protección civil.
h)  La reincidencia en la comisión de infracciones leves de la misma naturaleza, en 
los últimos tres meses.
2.  Son  infracciones  graves  en  grado  medio,  sancionables  con  multa  de  3.001 
a 15.000 euros, las siguientes:
a)  El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las 
autoridades sanitarias.
b)  La negativa absoluta y reiterada a facilitar información o prestar colaboración a 
los servicios de control e inspección. e
c)  El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si  bo
comporta daños efectivos para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción más  6w
gravde).  Desobedecer las órdenes e instrucciones directas emanadas de las autoridades  2021-1176n https://w
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los dos máximos niveles de alerta previstos en esta ley, cuando no constituya falta más 
grave.
e)  Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, persona 
empleada  pública  o  corporación  oficial  la  ejecución  de  acuerdos  o  resoluciones 
administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos 
legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
f)  La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito 
público ordenada por la autoridad competente cuando se produzcan alteraciones del 
orden público, con peligro para personas o bienes.
3.  Son infracciones graves en grado superior, sancionables con multa de 15.001 
a 30.000 euros, las siguientes:
a)  Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los 
servicios  de  emergencia,  provocando  o  incrementando  un  riesgo  para  la  vida  o  la 
integridad de las personas, o agravando las consecuencias del suceso que motive la 
actuación de aquellos.
b)  La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios 
sanitarios o básicos para el abastecimiento a la población de bienes y servicios, cuando 
se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
c)  Cualquiera de las previstas con grado medio que se realice de forma consciente 
y deliberada, siempre que se produzca un daño grave.
d)  Dañar o alterar gravemente el adecuado funcionamiento del equipamiento o 
instalaciones  puestos  al  servicio  de  los  planes  de  protección  civil  o  los  servicios 
sanitarios de urgencia o cuidados intensivos.
Artículo 42.  Infracciones muy graves y grados y sanciones que les son aplicables.
1.  Son infracciones muy graves en grado menor, sancionables con multa de 30.001 
a 60.000 euros, las siguientes:
a)  La  negativa  reiterada  a  cumplir  los  especiales  deberes  de  colaboración 
impuestos por esta ley a los titulares de derechos sobre bienes públicos o que gestionen 
servicios públicos o de interés general o servicios sanitarios, o que gestionen servicios y 
suministros básicos.
b)  Impedir la requisa temporal, la intervención o la ocupación temporal y transitoria 
de  los  bienes  necesarios  para  afrontar  la  emergencia  sanitaria  acordada  por  las 
autoridades competentes de acuerdo con esta ley.
c)  Negarse, sin causa justificada, a realizar las prestaciones personales ordenadas 
de conformidad con la presente ley por la autoridad competente en materia de protección 
civil o sus agentes, estando vigente, en el ámbito territorial en el que se hayan producido 
los hechos, cualquiera de los dos máximos niveles de alerta previstos en la misma.
d)  El  incumplimiento,  por  las  entidades  que  gestionen  actividades  de  riesgo 
catalogadas, de su deber de comunicación inmediata de cualquier situación de que 
tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia que precise la activación de 
un plan de protección civil, así como no comunicar la activación de los planes de 
autoprotección, cuando ello guarde relación con las obligaciones previstas en esta ley.
e)  Impedir la inspección, por las autoridades competentes en materia de protección 
civil, de los recursos y servicios afectos a los planes de protección civil, así como del 
cumplimiento de las exigencias de autoprotección previstas en la normativa vigente,  e.
cuando ello guarde relación con las obligaciones previstas en esta ley. w.b
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a)  Las acciones u omisiones previstas en los apartados anteriores que produzcan
un daño muy grave para la salud de la población.
b)  Las reuniones o eventos multitudinarios o manifestaciones no comunicadas o 
prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios sanitarios o 
básicos  para  el  abastecimiento  a  la  población  de  bienes  y  servicios,  o  en  sus 
inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de estas, cuando, en cualquiera de 
estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las 
personas.  En  el  caso  de  las  reuniones  y  manifestaciones  serán  responsables  las 
personas organizadoras o promotoras.
c)  La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas multitudinarias 
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por 
razones de salud pública.
d)  Negarse los medios de comunicación social a publicar, transmitir o difundir de 
manera inmediata, prioritaria y destacada la información, avisos, órdenes e instrucciones 
dictadas por las autoridades competentes y dirigidas a la población.
e)  Negarse  las  empresas  titulares  de  las  redes  y  los  servicios  de 
telecomunicaciones  a  ponerlos  a  disposición  de  las  autoridades  de  protección  civil 
cuando estas los requieran para emitir avisos o alertas a la población.
f)  El  incumplimiento  de  las  medidas  cautelares  o  definitivas  que  adopten  las 
autoridades  sanitarias  competentes,  o  de  requerimientos  o  instrucciones  directas, 
cuando se produzca de modo reiterado y concurra daño grave para la salud de las 
personas.
g)  La coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presión violenta 
ejercida sobre las autoridades sanitarias o sus agentes en el ámbito de las funciones 
previstas por esta ley.
h)  Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias muy graves, o 
hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.
i)  La reincidencia en la comisión de faltas muy graves en los últimos cinco años.
Artículo 43.  Sanciones accesorias.
1.  Cuando las infracciones guarden relación con las normas de higiene o sanitarias 
aplicables a edificios e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades 
recreativas, establecimientos e instalaciones industriales, comerciales o de servicios, 
infraestructuras críticas, o instalaciones dedicadas al uso por personas especialmente 
vulnerables, las sanciones aplicables por infracciones graves podrán ir acompañadas 
como  sanción  accesoria  de  la  clausura  temporal  del  local,  centro  o  instalación  o 
suspensión temporal de las actividades de riesgo, o la suspensión temporal de las 
licencias, autorizaciones o permisos de hasta seis meses, suspensión que, en caso de 
reincidencia, podrá ser de hasta un año.
2.  En el mismo caso del apartado anterior, las sanciones aplicables por infracciones 
muy graves podrán ir acompañadas como sanción accesoria del cierre temporal de los 
establecimientos o servicios o de la suspensión temporal de licencias, autorizaciones o 
permisos por un plazo de desde seis meses y un día a dos años, suspensión que, en 
caso de reincidencia, podrá ser de dos años y un día hasta cinco años.
Disposición adicional primera.  Adaptación de las previsiones del marco organizativo 
general previsto en el Plan de Protección Civil de Euskadi-Labi a la situación de 
emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19.
Sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Gestión  de  es
Emergencias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, y del Plan de  bo
Protección Civil de Euskadi-Labi, para la gestión de la emergencia sanitaria que esta ley  6w
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Euskadi, con personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en las diversas
facetas científicas y de gestión implicadas. Estará dirigido por el mismo Lehendakari o 
por la persona por él designada, que asumirá e integrará todas las funciones de los 
grupos de acción previstos en el citado Plan de Protección Civil de Euskadi-Labi que no 
vengan expresamente atribuidas por el propio Lehendakari a cualquiera de esos grupos 
de acción u otros que pudieran crearse. En caso de apreciarse su necesidad, podrá 
establecerse una reglamentación organizativa.
Los dictámenes que emita el Consejo Asesor del Labi, así como los que emita su 
comité técnico de apoyo, tendrán garantizada su transparencia y publicidad, siendo 
obligatoria su remisión periódica al Parlamento Vasco, a las juntas generales de los 
territorios históricos y a la Asociación de Municipios Vascos Eudel.
Disposición adicional segunda.  Justificación de las medidas.
Las medidas preventivas y restrictivas que se adopten en aplicación de esta ley 
tendrán que ir acompañadas de un juicio de proporcionalidad basado en la evidencia 
científica y en criterios que justifiquen su adopción, permitiendo y facilitando en todo caso 
el necesario y adecuado control político y judicial.
Disposición adicional tercera.  Comunicación.
A  fin  de  poder  atender  con  la  máxima  eficacia  a  todas  las  personas,  las 
administraciones públicas vascas intensificarán en todas sus acciones la obligación de 
comunicar de manera clara las medidas que depare la presente ley, contando en todo 
caso  con  versiones  adaptadas  o  en  formatos  más  accesibles  de  lectura  fácil, 
garantizando la accesibilidad cognitiva de toda la población a la información institucional 
y posibilitando en todo caso una máxima difusión, conocimiento y cercanía de todas las 
medidas. Se primarán la presencialidad, la extensión del servicio telefónico, las medidas 
para paliar la brecha digital y las formas de comunicación adaptadas a la diversidad 
funcional.
Disposición transitoria.
1.  Las normas sobre régimen sancionador previstas en esta ley solo serán de 
aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a su entrada en vigor en la 
medida en que la sanción máxima prevista en esta ley resulte menor que la mínima 
prevista por la ley sustantiva conforme a la cual se haya tramitado el procedimiento o de 
otra manera resulten más favorables para la presunta persona infractora.
2.  Las infracciones cometidas bajo la vigencia de esta ley que se ventilen en 
procedimientos que tengan que ser tramitados una vez agotado el plazo de vigencia de 
la misma seguirán siendo sancionadas de conformidad con lo que en la misma se 
establece, hasta que recaiga la resolución firme correspondiente.
Disposición final.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del País Vasco».
Por  consiguiente,  ordeno  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Euskadi, 
particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.
Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2021.–El Lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria. oe.
(Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 128, de 30 de junio de 2021) 2021-1176n https://w