BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163  Miércoles 10 de junio de 2020  Sec. I.   Pág. 38723
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
5895 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
I
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara 
pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico 
de COVID-19, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el jueves 12 de 
marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer frente a la propagación de la 
pandemia, en particular el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivos 
reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la pandemia y las medidas 
de contención adoptadas para contenerla.
En este sentido, a diferencia de otros países de nuestro entorno, nuestro ordenamiento 
constitucional prevé, en el artículo 116 de la Constitución Española, la declaración del 
estado de alarma bajo determinadas circunstancias reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En virtud de la habilitación que 
dicha ley orgánica otorga al Gobierno y de los supuestos de hecho previstos en su artículo 
cuarto, apartado b) («crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 
graves») y d) («situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad») el 
Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Según su propio preámbulo, las medidas previstas en esta disposición se encuadran 
en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Esta norma incluía además de medidas limitativas de la libertad de circulación, que 
como dispone la ley quedaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, una 
variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde el ámbito educativo y de 
la formación, al de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, o los lugares de culto y 
las ceremonias civiles y religiosas.
No obstante, desde la calificación por la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia internacional y la posterior declaración del estado de alarma, la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 evolucionó, tanto a nivel 
nacional como mundial, con enorme rapidez.
Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y 
gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos 
afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado  e.
coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y  w.
distanciamiento adoptadas por los distintos Estados. 95ww
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de junio, establece que la duración y los efectos del estado de alarma no podrá exceder de
quince días, y que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los 
Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.
Por ello, ante la rápida y devastadora evolución de la pandemia, a fin de garantizar la 
eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y 
preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno ha 
solicitado del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar hasta en seis 
ocasiones el estado de alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 
de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020, acordó conceder las 
mencionadas autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta 
las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.
Desde la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dicha norma y las 
medidas en él contenidas, así como las establecidas en los sucesivos reales decretos de 
prórroga del estado de alarma, han constituido el marco regulador básico de la normativa 
adoptada para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia.
Esta normativa, de acuerdo con lo sentado por el Tribunal Constitucional, en la única 
ocasión en la que había tenido ocasión de pronunciarse con carácter previo sobre la 
declaración del estado de alarma, en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016, «(d)ebe 
entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o 
disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor 
normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables 
cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma», 
sin que pueda «ser distinta la conclusión en relación con el rango o valor del decreto por 
el que se prorroga el estado de alarma», en este caso además con «la peculiaridad de que 
el decreto de prórroga constituye una formalización ad extra de la previa autorización del 
Congreso de los Diputados».
La normativa mediante la que se han venido adoptando medidas adicionales al amparo 
del estado de alarma encuentra su fundamento jurídico en las habilitaciones que, a tal 
efecto, contienen dichas disposiciones en favor de los Ministros designados como 
autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones 
e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean 
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, 
en orden a la protección de personas, bienes y lugares, tanto con carácter general, como 
de manera específica para distintos ámbitos.
Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un impacto 
económico y social muy relevante, ya que han supuesto reducir la actividad económica y 
social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos 
ámbitos; con las consiguientes pérdidas de rentas para trabajadores y hogares, así como 
para las diferentes empresas y sectores de la economía española. Por ello, desde un primer 
momento, se han venido adoptando medidas económicas y sociales que permitan garantizar 
la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables; sostener el tejido productivo 
y social; y mitigar los evidentes perjuicios generados por la crisis sanitaria mediante la 
adopción de un conjunto de disposiciones articuladas en distintos reales decretos-leyes 
orientados a movilizar los recursos nacionales para la protección frente a esos efectos 
adversos, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
En todo caso, tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común europea 
para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el  es
pasado 15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del  o
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En ese contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia 
adquirida a nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de 
modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los 
cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos 
y del impacto de las medidas adoptadas.
El Plan, que fue remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en 
cumplimiento de lo previsto por la disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, tiene como objetivo fundamental conseguir que, manteniendo como 
referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la 
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia 
para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud se puedan desbordar.
En aplicación de dicho Plan, desde la aprobación del Real Decreto 514/2020, de 8 de 
mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y de acuerdo con lo previsto en la autorización otorgada por el Congreso 
de los Diputados, se habilitó al Ministro de Sanidad, para poder acordar, en el ámbito de 
su competencia y a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla la progresión de las medidas aplicables en un determinado 
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad establecidos en el Plan.
A su vez, el artículo 4 del real decreto citado, establecía que «(e)n el proceso de 
desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad 
Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las 
limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención 
y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de 
adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma».
En su virtud, y en aplicación de la normativa dictada al respecto por el Ministro de 
Sanidad, los distintos territorios han venido progresando de fase, de manera asimétrica y 
gradual, con el consiguiente levantamiento y modulación de las distintas medidas inicialmente 
establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el momento actual.
Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, en 
su artículo 5, que «la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada 
de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará 
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en 
las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales».
En el momento actual, en el que todo el territorio nacional ha alcanzado al menos la 
fase II del Plan, el vigente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, además de mantener esta última previsión, dispone que la autoridad 
competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas 
correspondientes a la fase III del Plan de desescalada será, en ejercicio de sus 
competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma,  es
salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la  o
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territorios.
En este estado de situación del proceso de desescalada y en el marco de estas 
previsiones, durante la vigencia de esta última prórroga se pretende culminar dicho 
proceso con el gradual levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas en 
todos los territorios si, como es previsible, todos ellos superan todas las fases del proceso 
de desescalada.
Se ha querido así acompasar el proceso final de desescalada de las medidas de 
contención con el mantenimiento del estado de alarma, de manera que el levantamiento 
gradual y coordinado de las mismas, tal y como se prevé en el Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, permitiera no comprometer el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia fijados desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. A este respecto, debe destacarse la favorable evolución de 
la situación registrada ya durante la quinta prórroga.
A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las 
capacidades estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de 
las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance favorable en la contención de la 
pandemia y de las cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una vez 
expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de 
desescalada, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime 
a los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el 
artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la 
salud que reconoce este artículo en su primer apartado.
Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias 
a las medidas de contención adoptadas, su naturaleza y evolución imprevisible, así como 
«el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes» y la 
«incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos» a los que 
alude el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con 
las formas de contagio y con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan seguir 
haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del 
alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción.
En este sentido, es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de 
contención adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas para 
hacer frente a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la crisis 
sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste, aunque notablemente 
atenuada en nuestro país, y cuya superación aún no ha sido oficialmente declarada ni en el 
ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.
Por ello, ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida de vigencia 
automática de dichas medidas para la favorable evolución en el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia, por la aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas 
cadenas de transmisión no identificadas que comprometieran la garantía de la integridad 
física y la salud de las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presión 
asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la óptica del deber constitucional de 
los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, 
se hace urgente y necesaria la adopción de dichas medidas preventivas, mientras no sea 
declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria. es
A ese fin responde el presente real decreto-ley con el establecimiento de un deber  o
gdcsvaoieeglnn uelteadner  cnampiclao iid eóbdennle at crlyc aa eicusóso tnpteoa,el ardyrd od yinc u dpoareernco  i laótalealn acc ,rc ramdiisdóiiraonsig p  yqsicd auidaóneesni ta  a lafadri aisegan  a mocurecane anadcst oiidiszomaeansprrai  oeeedr lxat dadt repmea oroimerer cnedehtlid onoCisad Oa radi aVselas I pD u vdrr-ieged1ve a9cen ,o yntune cnatisóea  lnna dv c eeepi ónzrpo n eert,eexl  ivpccneocicrinnalóujcdnuiida nóda tnloeas,      OE-A-2020-5895able en https://www.
las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel.
Adicionalmente, la amplitud y gravedad de esta crisis sanitaria han puesto de 
manifiesto determinadas carencias en la regulación contenida en nuestra legislación 
ordinaria, al margen de la declaración del estado de alarma, para hacer frente a crisis 
sanitarias de esta o similar naturaleza. Por ello se considera también necesario acometer 
una serie de modificaciones puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice 
a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias 
ante este tipo de crisis.
El carácter urgente de dichas modificaciones se justifica, de un lado en la pervivencia 
actual de la situación de crisis derivada de la pandemia oficialmente declarada como tal, y 
de otro, en la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, en los términos antes 
reseñados, que aconsejan la inmediata modificación de aquellos preceptos previstos en la 
legislación en vigor para hacer frente a este tipo de situaciones, a fin de garantizar una 
mayor eficacia y coordinación en la adopción de medidas para afrontarlas, no solo a futuro, 
con carácter general, sino también, en el momento actual, ante la contingencia que 
supondría la aparición de eventuales rebrotes de transmisión comunitaria del COVID-19.
A tal efecto, dichas modificaciones permitirán que a través de la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», se puedan elaborar o activar planes y 
estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias. Asimismo, se pretende 
garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el 
funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias.
II
El real decreto-ley se estructura en siete capítulos, 31 artículos, seis disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo.
El capítulo I, artículos 1 a 5, recoge las disposiciones generales, esto es, el objeto y el 
ámbito de aplicación del real decreto-ley, los órganos competentes, así como las medidas 
que se deben adoptar para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. Asimismo, se prevé la adopción de planes y estrategias de 
actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones coordinadas en 
salud pública, para el desarrollo de las distintas actividades que se contemplan en los 
capítulos siguientes.
El capítulo II está integrado por los artículos 6 a 16 y recoge el mantenimiento de 
determinadas medidas de prevención e higiene, como son el uso obligatorio de mascarillas 
en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se 
encuentren abiertos al público, así como en los transportes. Asimismo, a este respecto, se 
contempla la posibilidad de que las mascarillas puedan ser adquiridas de manera unitaria 
en las oficinas de farmacia, lo que facilita su acceso a la población. Esta medida, junto con 
la modificación establecida en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, permite que el acceso a las mascarillas pueda realizarse en condiciones 
económicas no abusivas. Igualmente, en este capítulo se contempla la adopción de 
determinadas medidas de prevención en el entorno de trabajo, tales como la ordenación 
de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así 
como el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas en los establecimientos 
comerciales, en los centros residenciales de carácter social, en los hoteles y alojamientos 
turísticos o en las actividades de hostelería y restauración, entre otras. En el ámbito 
deportivo, por su parte, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes  s
para aplicar estas medidas en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el  oe.
organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas; y en función de las  w.
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viajeros por vía marítima, por ferrocarril y por carretera, todos ellos de competencia estatal.
Los operadores de transporte con número de asiento preasignado deberán conservar, a  Bc
disposición de las autoridades de salud pública, la información de contacto de los pasajeros
durante un mínimo de cuatro semanas, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los 
contactos. Asimismo, se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante 
para ordenar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de medidas sanitarias 
para el control de buques, incluidos los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales 
y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en puertos españoles.
El capítulo IV, artículos 19 a 21, contiene medidas relativas a medicamentos, productos 
sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud. Entre otros aspectos, 
cabe señalar, en materia de medicamentos, la necesidad de dar continuidad a las medidas 
de suministro de información, abastecimiento y fabricación de aquellos considerados 
esenciales para la gestión sanitaria del COVID-19. Igualmente, para proteger la salud 
pública, se debe garantizar su abastecimiento en centros y servicios sanitarios, y ello 
requiere una distribución capaz de cubrir el consumo con la agilidad necesaria.
Por lo que respecta a los productos sanitarios y a los biocidas, se incorporan las 
medidas imprescindibles para garantizar la fabricación y puesta a disposición de 
mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas, soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos y antisépticos de piel sana a un ritmo adecuado para atender el 
considerable volumen de demanda existente.
El capítulo V, artículos 22 a 27, prevé medidas para la detección precoz de la 
enfermedad y el control de las fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. De este 
modo, se señala de manera específica que el COVID-19, enfermedad producida por la 
infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, 
calificación que en la práctica ya tenía por ser un subtipo de la familia SARS (Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave), y estar prevista en los anexos I. 48 y II.1.B del Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica. Asimismo, se da continuidad a una serie de obligaciones de recogida, 
tratamiento y remisión de información, de los datos de relevancia epidemiológica y 
sanitaria que sean pertinentes, siempre salvaguardando los derechos de protección de 
datos personales, así como al sistema establecido con los laboratorios para la recogida y 
remisión de información con el resultado de pruebas diagnósticas por PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa) en España como complemento al sistema de vigilancia 
individualizada de los casos de COVID-19.
El capítulo VI, artículos 28 a 30, dispone una serie de medidas para garantizar las 
capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos, planes de contingencia 
y obligaciones de información.
El capítulo VII, que se integra por el artículo 31, regula el régimen sancionador 
aplicable al incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones 
establecidas en este real decreto-ley.
La disposición adicional primera contiene previsiones específicas en relación con los 
controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por AENA, mientras que la 
disposición adicional segunda incorpora las previsiones en materia de sanidad exterior en 
puertos de interés general.
La disposición adicional tercera recoge la autorización a la Administración General del 
Estado para otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 
para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el 
Grupo Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en 
repuesta a la crisis del COVID-19, habilitando a tal efecto a la Vicepresidenta Tercera y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la firma de los 
correspondientes acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones, complementando las  es
medidas nacionales adoptadas por el Gobierno. o
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el levantamiento de los plazos de caducidad de los asientos registrales con el de los 
plazos administrativos y el de los plazos judiciales, cuya suspensión se ha levantado, 
respectivamente, el 1 y el 4 de junio, mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.
La disposición adicional quinta establece que en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
será la Inspección General de Sanidad de la Defensa, quien realice las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente real decreto-ley dando 
cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad.
La disposición adicional sexta establece de manera coyuntural, y ante la situación de 
crisis sanitaria, la posibilidad de incorporar al proceso de dispensación la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación para garantizar una atención y seguimiento 
farmacoterapéutico óptimo y acercar la medicación al paciente cuando situaciones como 
las que se han producido en esta crisis de salud pública o bien en el caso de personas en 
especial situación de vulnerabilidad, personas mayores, enfermas y dependientes, lo 
aconsejen.
La experiencia trasladada por todas las comunidades autónomas en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia evidenció de forma unánime que esta medida impulsada 
en el estado de alarma ha supuesto un progreso en la gestión de la prestación farmacéutica 
actual con efectos positivos en la población y es necesario mantenerla mientras perviva 
esta situación de crisis sanitaria no solo para colectivos vulnerables que no tengan visitas 
programadas en el hospital, sino extenderla también a aquellas personas cuya situación 
clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia al centro lo requiera.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.
La disposición final primera modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea, introduciendo una nueva disposición adicional sexta, que habilita al Director de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el marco de sus competencias y bajo ciertas 
condiciones, para conceder, en los ámbitos de la aviación civil sujetos a normativa 
nacional, exenciones específicas, equivalentes a las previstas en la normativa de aviación 
civil de la Unión Europea, en los ámbitos no regulados por la misma, cuando se produzcan 
circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes. De este modo, se 
permite mantener y prolongar las medidas de flexibilidad aprobadas para el mantenimiento 
de dichos títulos, habilitaciones o autorizaciones adoptadas durante el estado de alarma, 
y graduarlas en tanto se recupera la normalidad, y permitir el establecimiento de las que 
sean precisas para una recuperación escalonada que evite el colapso y permita la 
recuperación de la normalidad en el sector.
La disposición final segunda modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, se modifica la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», prevista en el artículo 65, permitiendo que a 
través de este instrumento se puedan elaborar o activar planes y estrategias de actuación.
En segundo lugar, se introduce en un nuevo artículo 65 bis un deber de suministro de 
información por parte de las comunidades autónomas en situaciones de emergencia para 
la salud pública, a fin de garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades 
sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La disposición final tercera modifica el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta reforma viene 
a completar la ya realizada del apartado 2 de este mismo artículo durante la vigencia del 
estado de alarma con objeto de poder fijar el precio de aquellos productos necesarios para 
la protección de la salud poblacional. Así, mediante el presente real decreto-ley se reserva  es
a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del  o
pmsporoaocsrciiLzabeoalid l ,iddi dmdeiaseli dpe Co nmdOstoeeicV d aiqIói Ddusna-ee 1fsgi,n9  uuaa,i rurlc g cnpoeuqannaur tarleeat as l al  fomi enfsixoaj atdelricadisfiióoatcanrdadt  u diednteloea  as drer iiatncxíschtoeu o pnll ooapd  rr4ehae0ru c  hhdiboaaei.ecsl reRtaaren  fea rplel  rDn3et1eve ci dsraeetlot  o,idm -illcaepisyea  mc8st/ebo2sr 0eeio2 c0ndo,een d só2e md0 1e2ic7 0o l do leasy     OE-A-2020-5895able en https://www.
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 
fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple 
y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo 
decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. En 
este sentido, esta medida es coherente con la configuración de la nueva situación, siendo 
aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario, se acompañe de las 
máximas precauciones entre las que sin duda se encuentra la de evitar reuniones y 
aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos como pudieran ser las 
sesiones de los órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.
Asimismo, se deroga el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, relativo 
a la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales, por coherencia con 
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del presente real decreto-ley.
La disposición final quinta modifica el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, relativo al derecho de resolución de 
determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con el 
fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan resultar de 
imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes 
administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya 
dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Asimismo, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, con fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea emitió la 
Recomendación (UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los 
viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte 
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, resultando preciso adaptar el 
apartado 4 del artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la Recomendación. 
A tales efectos, se modifica este artículo en un doble sentido, en primer lugar, para 
circunscribir la posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter 
previo por parte del pasajero o viajero, y, en segundo lugar, para establecer el plazo 
automático de 14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su 
periodo de validez, si este no ha sido canjeado.
Asimismo, se deroga el artículo 37 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por coherencia con la mayor flexibilización en materia de juego establecida durante 
las fases II y III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.
La disposición final sexta relaciona los títulos competenciales que amparan al Estado 
para dictar el real decreto-ley, y la disposición final séptima introduce una habilitación para 
su desarrollo reglamentario, a favor de los Ministros de Sanidad y de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por último, la disposición final octava determina el momento de entrada en vigor del 
real decreto-ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación.
III
El presente real decreto-ley, por una parte, no afecta a las materias vedadas a este 
instrumento normativo y, por otra, responde al presupuesto habilitante de la extraordinaria 
y urgente necesidad que justifica la utilización de este tipo de norma.
En relación con el primer aspecto, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución  s
Española, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones  oe.
básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en  w.
eNli nTgEítuunnl oae  sIdt,e ea  slla ersén gtmidimeode, iynd  aedsne  d rleeallsa p cCrieóosnme cnuotneni d rlaae dapelr ods heAicburietcótioón-nole mdyea a saf efnecic taatal  acDi óeensr teaac slho mos  aedtleeerrceitacoshr.aols g, deenbeerarel»s.   2020-5895n https://ww
y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, una
muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, y que resume la STC 139/2016,  Bc
de 31 de julio (FJ 6), señala que «1.º)  El artículo 86.1 CE impide que con el decreto-ley
queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 
título I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite 
que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo ‘‘inservible para 
regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias 
incluidas en el título I de la Constitución’’; 2.º)  La cláusula restrictiva debe ser entendida 
de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se 
prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, 
deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de 
algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras 
posteriores); 3.º)  El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta 
el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar 
si ha existido ‘‘afectación’’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en 
el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, 
deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto 
constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
Por otra parte, las previsiones contenidas en este real decreto-ley responden al 
mandato constitucional dirigido a los poderes públicos por el artículo 43.2 de la Constitución 
Española, no regulan el régimen general de los derechos contenidos en el título I, y se 
juzgan proporcionadas al bien público que se trata de proteger. En este sentido, el Tribunal 
Constitucional, en diversas sentencias, se ha pronunciado sobre la efectividad del derecho 
a la protección de la salud contemplado en el artículo 43 de la Constitución Española, pues 
en su condición de principio rector dirigido a orientar y determinar la actuación de todos los 
poderes públicos, estatales y autonómicos, obliga «a desarrollar la acción normativa que 
resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales» 
(STC 113/1989, de 22 de junio, FJ 3), es decir a establecer las normas precisas para 
garantizar la organización y tutela de la salud pública a través de los medios necesarios.
Por lo que respecta al segundo aspecto, es decir, a la concurrencia del presupuesto de 
extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ 4), exige, por un 
lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta 
por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación 
de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de 
urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella».
Así, por una parte, como señala el Tribunal Constitucional, el real decreto-ley constituye 
un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la 
consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a 
situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever 
requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las 
leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 
de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de 
septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Y todo ello concurre en el presente caso, dado que es necesario establecer la 
continuidad de una serie de medidas en el conjunto del territorio nacional con el fin de 
prevenir y controlar posibles rebrotes de la enfermedad cuando dejen de ser aplicables las 
medidas adoptadas durante el estado de alarma, plazo en el que no resulta factible su 
aprobación mediante el procedimiento legislativo ordinario, ni siquiera utilizando una 
eventual vía de urgencia.
También es posible reconocer razonablemente la existencia de la necesaria conexión  es
entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a  o
e1ssea8lla l2um /Ad1mas 9pnei9mútdi7ebii,sanl idmcneaet oel  ay2,    e0nlaal ed d cpoeeerp xosottayircdaerta uocodbrtto drrdae iends,  a eFpmr Jrireea e3vd a,yei dly n au di1rsre 3g lacq7e ru/pne2eatt0e onp0 -denl3eere,my mcd iee(itaeSs ,3niS de  dTaavefCidrt ao j udrn2 lets9iao u/r,1a   pFs9pruJ8roos 2p4 b,ca) a.odg rEnae slnc ae3 isóec1 nlu  m aedpceneatdc urmaiiaad lspaa e.rysoso tcq,e eugFneeJa r rs 3iloae;     OE-A-2020-5895able en https://www.
incluyen en el real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que
corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de 
septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas 
de actuación (STC, de 30 de enero de 2019). Las prioridades a que responde el proyecto 
de real decreto-ley se exponen en su parte expositiva y su Memoria. Los motivos de 
oportunidad que se expresan tienen por finalidad hacer constar que, en ningún caso, el 
real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento 
constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, 
de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). En este sentido, dentro del 
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno, se juzga que se dan los 
motivos de oportunidad que justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente 
norma, al responder a la finalidad legítima de aprobar medidas que contribuyan a abordar 
de forma inmediata el gravísimo impacto provocado por la pandemia (SSTC 29/1982, 
de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Por lo que se refiere a las medidas contenidas en los capítulos primero y segundo del 
real decreto-ley, la respuesta requerida por el actual contexto de crisis sanitaria exige 
determinar con carácter inmediato tanto las específicas obligaciones que competen a las 
distintas administraciones para hacerle frente, como las medidas de cautela y protección 
que deben adoptar los ciudadanos para evitar la generación de riesgos de propagación de 
la enfermedad, de modo que se refuercen las capacidades y se afiancen los 
comportamientos imprescindibles para seguir conteniendo la epidemia. El objetivo es 
conformar un marco jurídico temporal, específicamente concebido para hacer frente a la 
crisis sanitaria, y que se encuentre plenamente operativo una vez finalice la vigencia del 
estado de alarma.
Ha de asegurarse, en concreto, que las actividades en las que puede generarse un 
mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 se desarrollan en 
condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio, al tiempo que 
se establece la obligatoriedad del uso de las mascarillas en aquellos espacios en los que 
el riesgo para la salud es razonablemente evidente, como concreción del deber de 
autoprotección de los ciudadanos.
Se requiere asimismo la adopción con carácter urgente de medidas orientadas a 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de transportes, de modo que pueda 
atenderse en todo momento a las indicaciones necesarias para evitar los riesgos de 
contagio y, específicamente, a las relativas al volumen de ocupación y a la conservación 
de la información necesaria para asegurar la trazabilidad de los contactos.
Existe asimismo una clara conexión entre la situación de crisis sanitaria y las previsiones 
relativas a asegurar el adecuado abastecimiento de medicamentos, productos sanitarios y 
productos necesarios para la protección de la salud; el refuerzo de las obligaciones de 
información y coordinación entre las distintas administraciones para la detección precoz, el 
seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19; y, finalmente, las medidas 
orientadas a garantizar una adecuada capacidad asistencial de los sistemas sanitarios.
Por lo que se refiere a la disposición adicional primera, la concurrencia de la 
extraordinaria y urgente necesidad queda justificada en atención a que resulta 
imprescindible reforzar la seguridad y la protección de la salud en el tráfico aéreo 
internacional, para el impulso de sectores esenciales de la economía española como el 
sector turístico y el de líneas aéreas, siendo necesaria la implantación urgente de nuevas 
medidas sanitarias y operativas en la red de aeropuertos de interés general.
Con relación a las medidas adoptadas en la disposición adicional segunda de este real 
decreto-ley, la extraordinaria y urgente necesidad queda justificada en el actual escenario  es
de contención y prevención del COVID-19. De este modo, es urgente y necesario  o
eeidnesl tteccaorrCbeénoltsetorn cg-o lereel ersny l,alae alncrasaii  ótelam,n xrc eitoaorda  nplioad oersadrl s  imonl apbae ajerdeirnaitadit v yrapoa suo d frnaiagned eadronl e patd etp ead an dipssearpacosoje eteessrigniocde sialóa rdi nn l da qtlei oussrspean odlaruesacdic icj ouupinórsúsantbiol felaisiccsd aan iadc.e aioct renaasanvalté ertsei ol ardscse e p crlaoaors nad s peegu caeeursraetteonn stcri zeidaaaesrl     OE-A-2020-5895able en https://www.
económicas derivadas de la crisis sanitaria y, en concreto, ante la falta de financiación que
están teniendo en mayor medida las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. 
Así, se requiere asegurar la continuidad en la provisión de financiación a empresas durante 
la crisis, con el fin de evitar que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de 
solvencia. En este sentido, la creación del Fondo Paneuropeo de Garantías forma parte de 
la respuesta europea para atender a las consecuencias económicas más inmediatas 
derivadas de la pandemia, habiendo solicitado el Consejo Europeo su puesta en marcha 
para el 1 de junio. La demora en su implementación implica un riesgo de que una crisis de 
liquidez se transforme en una crisis de solvencia en el caso de empresas con mayores 
restricciones a la financiación, lo que podría poner en riesgo la supervivencia de estas 
empresas, con efectos permanentes en la economía y el empleo.
Con respecto a la disposición adicional cuarta, la extraordinaria y urgente necesidad 
viene determinada por la derogación por el Real Decreto 573/2020, de 20 de mayo, de las 
disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y el paralelo levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, 
administrativos y de prescripción y caducidad de los derechos y acciones. En atención a lo 
anterior, resulta imprescindible, de un lado, que los actos y resoluciones judiciales y 
administrativas con trascendencia registral puedan quedar reflejados en los diferentes 
registros y, de otro, que los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y acciones 
se correspondan con los de los asientos registrales que los recogen y que a día de hoy se 
hayan suspendidos. Por tanto, la necesidad de restablecer la seguridad jurídica y del tráfico 
jurídico y mercantil impone a su vez el levantamiento de los plazos de caducidad de los 
plazos de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas en la disposición final primera de este 
real decreto-ley, la extraordinaria y urgente necesidad queda justificada en la perentoriedad 
de habilitar los instrumentos que permitan, tras la finalización del estado de alarma, el 
mantenimiento de las exenciones concedidas durante su vigencia en los ámbitos excluidos 
de la aplicación de la normativa de la Unión Europea, para que de una forma equivalente 
a la prevista en dicha normativa, permitir el mantenimiento de las exenciones concedidas 
durante el estado de alarma por las autoridades competentes delegadas, y adaptarlas a la 
situación efectiva del sector hasta alcanzar la normalidad.
En efecto, las limitaciones de movilidad establecidas por los Estados para frenar el 
contagio de la enfermedad, así como la reducción de la actividad ha determinado que los 
titulares de licencias, operadores y otros sujetos aeronáuticos titulares de habilitaciones o 
autorizaciones para la realización de actividades aeronáuticas, sujetas a sujetas a la 
normativa nacional, no puedan cumplir los requisitos exigidos por la normativa (experiencia 
reciente, horas de vuelo, mantenimiento de la aeronavegabilidad, etc.) y, por tanto, 
manteniendo los estándares de seguridad, sea necesario mantener o prolongar las 
medidas de flexibilidad aprobadas para el mantenimiento de dichos títulos, habilitaciones 
o autorizaciones adoptadas durante el estado de alarma, y graduarlas en tanto se recupera 
la normalidad, y permitir el establecimiento de las que sean precisas para una recuperación 
escalonada que evite el colapso y permita la recuperación de la normalidad en el sector o 
cuando concurran circunstancias urgentes imprevistas, o necesidades operativas urgentes.
Al respecto, cabe destacar que esta habilitación es equivalente a la prevista en el 
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de julio de 2018, en los ámbitos de actividad de la aviación civil cubiertos por la normativa 
europea.
Desde la perspectiva de las medidas adoptadas en las disposiciones finales segunda 
y tercera del presente real decreto-ley, a lo largo de los últimos meses y, sobre todo,  es
durante la semana previa a la declaración del estado de alarma, se puso manifiesto que la  o
lparveeirúsgefnuticase i lssrdazoeecas i ónl eaqn nsluo c escsu ea peicnrenatsrotctmrrrtauieiat mriliíe nseertmanincnt eaom rasss fa grodtol.eeon  rbEctiaaaonr lo  esureasdns nidantie etasa  cilrstaiiuóae aen ncnp tyiiioódd  cneoco m,oco onsipamteea.  robEaa aslcpa tiraó cudosnee n s ebc inanirni ngsms uitsamrl autseermairddnieaaiidnt dadateoresisas  s   eeeassxnluupi gfldieace c pinqeíú,fun ibdcetelea icem smal  ep qoanaud tlíaeoes      OE-A-2020-5895able en https://www.
inmediato, facultar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que, en el
marco de las actuaciones coordinadas, se puedan diseñar y activar planes y estrategias 
de actuación en casos de emergencias sanitarias, contando con la participación de todas 
las administraciones concernidas.
Asimismo, se establecen nuevos deberes de información en situaciones de emergencia 
para la salud pública. La experiencia vivida durante la crisis sanitaria ha puesto de relieve 
la perentoriedad del suministro de información entre autoridades sanitarias que facilite el 
seguimiento de la evolución epidemiológica y de las medidas de prevención, control y 
contención adoptadas al respecto. Solamente de este modo se podrá garantizar de 
manera suficiente la coordinación reforzada del conjunto del sistema sanitario, que permita 
dar respuestas eficaces a situaciones excepcionales como la presente.
Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que una parte de este real 
decreto-ley se pueda llegar a considerar una reforma estructural no impide, por sí sola, la 
utilización de la figura del decreto-ley. Como ha sostenido el Tribunal Constitucional, el 
posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que el mismo 
pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente 
necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado 
atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado 
en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
Por lo que se refiere a la modificación realizada mediante la disposición final cuarta del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cabe señalar que la concurrencia del 
presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad resulta de la propia finalidad de la 
medida, que es extender más allá de la finalización del estado de alarma las cautelas de 
distanciamiento social que han permitido la contención de la pandemia. Así, actualmente 
nos encontramos que esta situación excepcional no va a desaparecer cuando concluya el 
estado de alarma, por lo que muchas de las asambleas de las cooperativas, ordinarias y 
extraordinarias, no van a poder celebrarse de forma presencial, como exigen sus estatutos, 
en los plazos legalmente establecidos. Lo mismo ocurre respecto a los consejos rectores 
en los que sus miembros no están domiciliados en el mismo territorio. Por ello, habiéndose 
aprobado la última prórroga del estado de alarma, que haría decaer la vigencia de estas 
medidas, se impone la necesidad de prorrogar su alcance hasta la finalización del 
año 2020, sin que exista otra alternativa regulatoria o no regulatoria, ya que no resulta 
posible la tramitación legislativa ordinaria de una modificación del texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Con respecto a la modificación realizada por la disposición final quinta, la concurrencia 
del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad resulta de la necesidad de seguir 
protegiendo a los consumidores con respecto a aquellos contratos que puedan resultar de 
imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes 
administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya 
dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Asimismo, esta medida resulta necesaria para poder ajustar lo previsto en 
nuestro ordenamiento a la Recomendación (UE) 2020/648, de la Comisión Europea, 
relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso 
de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia 
de COVID-19.
A la vista de lo expuesto anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria 
y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como 
presupuestos habilitantes para recurrir al instrumento jurídico del real decreto-ley.
IV bo
soecgtuuEbrsirdteea,  drde jeaullr  díPdeirccorace,e totdr-ailmenysie prneastrope onAncdidame,  iayn  ilesoftsirc apietriinvnocci iapC,i ootsam ld úyen  cn odemece olsa iedsxa Aidgd,e em lfaiicn aLiscetiyara , 3cp9iroo/2np0eo1sr5c Pi,o údnbea llii1dc aaddse.,    2020-5895n https://ww
A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y
eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen,  Bc
y que tienen como fin último la protección de la salud de la población, siendo el real
decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es 
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora 
se regulan resultan proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, y específicamente, como se ha señalado anteriormente, con el marco 
constitucional que permite la utilización del instrumento del real decreto-ley. En relación 
con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas que 
no estén justificadas para la consecución de sus fines.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y 
coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
Adicionalmente, los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y 
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, 
y 149.1.20.ª, sobre marina mercante.
Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del artículo 
149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y puertos de interés 
general, respectivamente.
La disposición adicional tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y hacienda 
general y Deuda del Estado, respectivamente.
La disposición adicional cuarta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ordenación de 
los registros e instrumentos públicos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de los Ministros de Sanidad y de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 9 de junio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la 
superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte 
de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la 
vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. e.e
Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 95ww
capí12tu..  loLNso oI Ie ,os bItIasI,bt alIenVct,ei dV ol,o  e VdnIi s eyps utVeeI srI etyoa  lee dnne  eclarl e atdpoia-slerptyoa sdsioecr iaáón ndt eea radiopicrl,ii colaancsai óml nse eedxnidt atao sdú onc oiecnla ttemermreitpnoltraeiod  sanesar ceáinonn  ldoaesl.   OE-A-2020-58able en https://
aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la
fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que hayan 
quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo 
dispuesto en el artículo 15.2 que será de aplicación desde el momento de la entrada en 
vigor del real decreto-ley en todo el territorio nacional.
3.  Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI 
y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en todo el territorio nacional 
hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica 
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El Gobierno consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la 
situación de crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 3.  Órganos competentes.
1.  Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria 
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o 
adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto-ley, con la colaboración de 
las comunidades autónomas.
2.  Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto 
cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley.
Artículo 4.  Deber de cautela y protección.
Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia 
exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este real decreto-ley. 
Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier 
actividad regulada en este real decreto-ley.
Artículo 5.  Planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.
Con arreglo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se procederá a la adopción de planes 
y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones 
coordinadas en salud pública, atendiendo a los distintos niveles de riesgo de exposición y 
de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 para el desarrollo de las distintas 
actividades contempladas en este real decreto-ley.
CAPÍTULO II
Medidas de prevención e higiene
Artículo 6.  Uso obligatorio de mascarillas. oe.
1.  Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en  95ww
lpoúsb slaiic)g ou ioEe nnqt uelaes   svseíua pe punúecbsulteiocnsat:,r ee na beiesprtaoc aiol sp úabl laiciroe,  slibierme pyr ee nq uceu anlqou rieesru eltsep paocisoib clee rgraadraon dtieza urs eol   OE-A-2020-58able en https://
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
b)  En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así 
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no 
conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, 
no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en 
sus cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
2.  La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en 
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza 
de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.
3.  La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas 
individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas 
condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.
Artículo 7.  Centros de trabajo.
1.  Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad 
económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:
a)  Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos 
que se establezcan en cada caso.
b)  Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.
c)  Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma 
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima 
de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse 
a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d)  Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible mayor afluencia.
e)  Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los 
puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 
actividad laboral sea posible.
2.  Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo. s
3.  Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se  oe.
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o  w.
centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de  95ww
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médica sea valorada por un profesional sanitario.
Artículo 8.  Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La administración sanitaria competente garantizará que se adoptan las medidas 
organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los 
pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales de protección necesarios 
en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la 
eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones.
Artículo 9.  Centros docentes.
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de 
desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas 
establezcan.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una 
distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha 
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio.
Artículo 10.  Servicios sociales.
1.  Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las 
normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que 
aquellas establezcan.
En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que 
permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
2.  Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros 
residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de 
emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas 
de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la 
comunidad autónoma en que se ubiquen.
3.  Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID-19 
orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y 
sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura 
del servicio de salud que corresponda.
Los titulares de los centros adoptarán las medidas organizativas, de prevención e 
higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio. Asimismo, garantizarán la puesta a disposición de materiales de 
protección adecuados al riesgo.
La información a que se refiere este apartado estará disponible cuando lo requiera la 
autoridad de salud pública.
4.  La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el 
artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando  es
que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. o
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aquellas determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores 
mantengan una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas 
para prevenir los riesgos de contagio.
Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades 
de los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la 
vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos.
Artículo 12.  Hoteles y alojamientos turísticos.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y 
similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas 
y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.
En particular, se asegurará que en las zonas comunes de dichos establecimientos se 
adoptan las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar 
que clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima 
de 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 13.  Actividades de hostelería y restauración.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las 
normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen.
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en 
los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan 
una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 14.  Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así 
como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades 
recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Artículo 15.  Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.
1.  Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones  e.
deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección,  w.
prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. 95ww
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2.  En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la 
administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será 
el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al 
Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas. Las decisiones adoptadas por 
dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias así como a la 
necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las 
actividades y competiciones deportivas.
Artículo 16.  Otros sectores de actividad.
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad 
en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables 
u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria 
de COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, 
desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos,1,5 metros, así como el debido 
control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos 
de contagio.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de transportes
Artículo 17.  Transporte público de viajeros.
1.  En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal ferroviario 
y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, 
los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de 
la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio, facilitando a los 
ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, y atendiendo a las 
medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19.
En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las 
medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de 
vehículos y trenes.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la Dirección General 
de Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar su 
correcto funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo aconsejen.
3.  Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de 
asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y 
conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, 
deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con 
la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
Artículo 18.  Transporte marítimo.
1.  En los servicios de las líneas regulares de transporte marítimo de pasaje y pasaje  s
y carga rodada, con independencia de que estén o no sujetos a un contrato público o a  oe.
obligaciones de servicio público, el titular de la Dirección General de la Marina Mercante  w.
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Los operadores marítimos darán cumplimiento a las medidas preventivas y de control
que se establezcan por las autoridades competentes. Bc
2.  Los operadores de transporte marítimo cuyos buques y embarcaciones dispongan 
de número de asiento preasignado deberán recabar información de contacto para todos 
los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al 
viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando 
se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
3.  Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a 
propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de las medidas sanitarias que procedan 
para el control de los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje, incluidos 
los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar 
territorial con objeto de entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación internacional.
CAPÍTULO IV
Medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios 
para la protección de la salud
Artículo 19.  Medidas en materia de medicamentos.
1.  Los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización, con 
independencia de que estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución 
por contrato, de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que así determine el titular de la Dirección de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, deberán comunicar a la 
citada Agencia, en los términos que esta establezca, el stock disponible, la cantidad 
suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, 
incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
2.  Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior deberán establecer las 
medidas necesarias y habilitar los protocolos que permitan garantizar el abastecimiento de 
los medicamentos que determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con 
sus necesidades. Asimismo, dichas medidas deberán asegurar el abastecimiento suficiente 
durante periodos vacacionales y fines de semana.
3.  El Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la fabricación de los 
medicamentos a los que se refiere el apartado 1. Asimismo, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar de los fabricantes de medicamentos 
información sobre las operaciones de fabricación previstas.
Artículo 20.  Otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones 
y puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE.
1.  La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá otorgar, 
previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional 
previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa 
de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas 
y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la 
valoración en cada caso de las condiciones generales de las instalaciones, su sistema de 
calidad y documentación del producto fabricado.
2.  Cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, la Agencia Española de  e
Medicamentos y Productos Sanitarios expida una autorización expresa para la utilización  bo
de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada  95ww
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Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, resultan exigibles.
3.  La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la 
licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin el 
marcado CE, en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, 
o de las garantías sanitarias no exigidas a los productos a los que se refieren los apartados 
anteriores será asumida por la Administración General del Estado, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, siempre que dicho producto sanitario haya sido entregado al Ministerio de 
Sanidad con la finalidad de atender a los afectados por la pandemia ocasionada por 
el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de ningún tipo de beneficio empresarial 
por parte de la persona física o jurídica autorizada para su fabricación y puesta en 
funcionamiento o de cualesquiera otras que intervengan en dicho proceso. Las autorizaciones 
que se expidan en aplicación del presente real decreto-ley invocarán expresamente este 
artículo y dejarán constancia de las circunstancias a que se refiere el mismo.
Artículo 21.  Medidas en materia de biocidas.
1.  Se autoriza el uso de bioetanol que cumpla las especificaciones recogidas en el 
anexo para la producción de geles y soluciones hidroalcohólicas de desinfección de manos.
2.  La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la 
fabricación de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina 
adquirido de proveedores distintos a los recogidos en el listado publicado por la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, siempre que esta sustancia activa cumpla 
con las especificaciones establecidas en la Farmacopea Europea.
CAPÍTULO V
Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica
Artículo 22.  Declaración obligatoria de COVID-19.
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una 
enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica.
Artículo 23.  Obligación de información.
1.  Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente 
todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 
que le sean requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en 
su caso, los datos necesarios para la identificación personal.
2.  La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de 
las administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia dependiente 
de estas y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad tenga implicaciones en 
la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19.
En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los 
profesionales sanitarios que trabajan en ellos.
Artículo 24.  Detección y notificación. e.e
1.  Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta  w.
y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la  95ww
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la autoridad sanitaria competente.
2.  Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla comunicarán al Ministerio de Sanidad la información de casos y brotes 
según se establezca en los protocolos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.
3.  Los protocolos de vigilancia aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud serán de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan 
adaptarlos a sus respectivas situaciones, manteniendo siempre los objetivos mínimos 
acordados.
En los protocolos se incluirán las definiciones necesarias para garantizar la 
homogeneidad de la vigilancia, las fuentes de información, las variables epidemiológicas 
de interés, el circuito de información, la forma y periodicidad de captación de datos, la 
consolidación y el análisis de la información.
Artículo 25.  Comunicación de datos por los laboratorios.
Los laboratorios, públicos y privados, autorizados en España para la realización de 
pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR u otras pruebas 
moleculares deberán remitir diariamente al Ministerio de Sanidad y a la autoridad sanitaria 
de la comunidad autónoma en la que se encuentren los datos de todas las pruebas 
realizadas a través del Sistema de Información establecido por la administración respectiva.
Artículo 26.  Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos.
Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad 
pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar 
trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la 
información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos 
de contacto de las personas potencialmente afectadas.
Artículo 27.  Protección de datos de carácter personal.
1.  El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como 
consecuencia del desarrollo y aplicación del presente real decreto-ley se hará de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo establecido en los 
artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En 
particular, las obligaciones de información a los interesados relativas a los datos obtenidos 
por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del presente real decreto-ley se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta las excepciones y 
obligaciones previstas en su apartado 5.
2.  El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento y vigilancia epidemiológica 
del COVID-19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial gravedad, 
atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la salud 
pública, y para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas  es
físicas al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento  o
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que garantizarán la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del
correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a 
categorías especiales de datos y que dichos tratamientos serán realizados por 
administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
4.  El intercambio de datos con otros países se regirá por el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta la 
Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y el Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) revisado, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada 
en Ginebra el 23 de mayo de 2005.
CAPÍTULO VI
Medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario
Artículo 28.  Recursos humanos.
Las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad 
de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo 
con las prioridades en cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de 
profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico 
temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Artículo 29.  Planes de contingencia ante COVID-19.
Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de 
contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios 
de Salud Pública, atención primaria y atención hospitalaria.
Asimismo, los centros de atención primaria y hospitalarios, de titularidad pública o 
privada, deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de 
emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad 
para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente 
aumento en el número de casos. Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad de 
instalar en el plazo preciso los recursos necesarios para responder a incrementos rápidos de 
casos en base a las necesidades observadas durante la fase epidémica de la enfermedad.
Estos planes deberán incluir también las actuaciones específicas para la vuelta a la 
normalidad.
Artículo 30.  Obligaciones de información.
Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información 
sobre la situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y 
materiales, en los términos que se establezcan por el titular de la Dirección General de 
Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, previa consulta a las 
comunidades autónomas.
CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 31.  Infracciones y sanciones.
1.  El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas  e.
en este real decreto-ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública,  w.
será sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,  95ww
GenLeara vl idgeila Snacliuad,  iPnsúpbeliccaci.ón y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la
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locales en el ámbito de sus respectivas competencias.
2.  El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el 
artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, y sancionado con multa de hasta cien euros.
3.  El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando 
constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con 
arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
Disposición adicional primera.  Controles sanitarios y operativos en aeropuertos 
gestionados por Aena.
1.  Aena S.M.E., S.A. (en adelante, Aena), como gestora de la red de aeropuertos de 
interés general, pondrá a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad 
Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de apoyo, necesarios con el 
fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales 
en los aeropuertos gestionados por Aena, en los términos que, de común acuerdo, se 
dispongan entre Aena y el Ministerio de Sanidad.
A tal efecto, ambas partes formalizarán, con carácter previo al inicio de su colaboración, 
un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que existirá 
el  servicio,  los  procedimientos  de  coordinación,  los  derechos,  obligaciones  y 
responsabilidades de las partes. Las contrataciones que Aena realice en ejecución de ese 
convenio deberán utilizar el procedimiento de emergencia.
En todo caso, los datos de salud y cualquier otro conexo obtenidos en el ejercicio de 
estas funciones de control sanitario serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad, 
no pudiendo, en ningún caso, Aena almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del 
Ministerio de Sanidad.
2.  Aena tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia 
de la colaboración con las autoridades sanitarias prevista en este artículo y de las restantes 
medidas operativas de seguridad e higiene que deban adoptar como consecuencia de la 
pandemia COVID-19.
A estos efectos, en el cálculo de la recuperación de los costes efectivamente incurridos 
por la colaboración en la realización de los controles de sanidad en el entorno aeroportuario 
y las medidas operativas de seguridad e higiene adoptadas, se descontarán las posibles 
subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que eventualmente pueda recibir Aena 
para llevar a cabo estas actividades.
Dichos costes se recuperarán en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) y, por ello serán analizados y supervisados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia durante el proceso de transparencia y consulta recogido en la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.
Si estos costes no pudieran recuperarse en el marco del DORA 2017-2021, con el objetivo 
de minimizar el impacto de su aplicación sobre el sector, podrán ser recuperados, debidamente 
capitalizados, en cualquiera de los siguientes DORAs. En este último caso, a los costes que se 
traspasen a los siguientes DORAs no les será de aplicación lo previsto en el apartado 1, 2.b) 
y 3.c) de la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
Disposición adicional segunda.  Sanidad exterior en puertos de interés general.
Las Autoridades Portuarias, como gestoras de los puertos de interés general, pondrán 
a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior los recursos  e.e
necesarios con el fin de garantizar la valoración sanitaria y epidemiológica a la entrada de  b
pasajeros internacionales en los puertos de interés general, en los términos que, de común  95ww
aqcuuee erdl oe,je sreci cdiois pdoenl gcaonn teronlt rsea nPituaerrioto ds ed peal sEasjteardoos  ye ne lr éMgiinmisetne rdioe  dpea sSaajen idinatde.r nEanc iocansaol,  ndoe 
fdueerrivaand sousf rdaeg alad ocsr ipsoisr  sfoannditoasr iap roocceadsieonntaedsa d ep olar  Ueln CióOn VEIuDr-o1p9e,a l opsa rcao csotems pqeunes aimr lpolsiq guaesnt oesl 
ejercicio de estas funciones se repercutirán en la tasa correspondiente al pasaje.
Las Autoridades Portuarias podrán utilizar el procedimiento de emergencia para las 
contrataciones de los recursos sanitarios necesarios con el fin de garantizar la valoración 
sanitaria y epidemiológica a la entrada de pasajeros internacionales en los puertos de 
interés general.
En todo caso, los datos de salud de los pasajeros obtenidos en el ejercicio de estas 
funciones de control serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad en la materia 
objeto de inspección, no pudiendo, en ningún caso, las Autoridades Portuarias o Puertos 
del Estado almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del Ministerio de Sanidad.
Disposición adicional tercera.  Autorización para el otorgamiento de avales a las 
operaciones de financiación que realice el Banco Europeo de Inversiones a través del 
Fondo Paneuropeo de Garantías en respuesta a la crisis del COVID-19.
1.  Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado a 
otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 para cubrir los 
costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco 
Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la 
crisis del COVID-19. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a primera demanda 
del Banco Europeo de Inversiones y con renuncia al beneficio de excusión establecido en 
el artículo 1.830 del Código Civil.
2.  Se habilita a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
dictar los actos necesarios y para firmar el acuerdo o los acuerdos con el Banco Europeo 
de Inversiones en los que se establezcan los términos en que se otorguen los avales y las 
condiciones de pago. La Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, mediante la firma 
de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones.
3.  Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los 
pagos correspondientes a los gastos y ejecuciones del aval mediante operaciones de 
tesorería con cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.
Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.
4.  Los importes correspondientes a las ejecuciones de los avales otorgados se 
atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el 
Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de 
ampliable, según el Anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en lo relativo a estos avales.
5.  Los importes correspondientes a los costes, gastos o comisiones en relación con 
el Fondo Paneuropeo de Garantías que devengue el Banco Europeo de Inversiones se 
atenderán desde la partida presupuestaria 27.04.923O.359 «Otros gastos financieros».
Disposición adicional cuarta.  Plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos  e.
en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. w.
caduCcoidna edf edcet olos sd aessideen teols  1r0e gdiset rjaulneiso  sdues c2e0p2t0ib, lesse  daelz ac alnac seulascpieónns pióonr  dele  trloasn spcluarzsoos  ddeel 
tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha.
Disposición adicional quinta.  Fuerzas Armadas.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, 
realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el 
presente real decreto-ley dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad.
Disposición adicional sexta.  Gestión de la prestación farmacéutica.
1.  Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 del presente real 
decreto-ley, la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano 
corresponderá, además de a los sujetos previstos en el artículo 3.6 del texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a los servicios de farmacia de los 
centros de asistencia social, de los centros psiquiátricos y de las instituciones 
penitenciarias, para su aplicación dentro de dichas instituciones.
2.  Asimismo, hasta el momento que se declare la citada finalización, cuando exista 
una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, o bien cuando 
la situación clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia física del paciente 
a los centros indicados en los párrafos b) y c) del artículo 3.6 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios así lo requiera, los 
órganos, o autoridades competentes de la gestión de la prestación farmacéutica de las 
comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación 
de medicamentos en modalidad no presencial, garantizando la óptima atención con la 
entrega, si procede, de los medicamentos en centros sanitarios o, en establecimientos 
sanitarios autorizados para la dispensación de medicamentos próximos al domicilio del 
paciente, o en su propio domicilio.
El suministro de los medicamentos hasta el lugar de destino, así como el seguimiento 
farmacoterapéutico será responsabilidad del servicio de farmacia dispensador. El 
transporte y entrega del medicamento deberá realizarse de manera que se asegure que 
no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.
Se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, para adicionarle 
una nueva disposición final sexta del siguiente tenor:
«Sexta.
Se habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en el marco de sus competencias, para conceder de oficio a los titulares o 
solicitantes de licencias, certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones 
específicas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de aviación civil en 
los ámbitos no regulados por la normativa de la Unión Europea, cuando se  es
produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes,  bo
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 95ww
formaa)  adQeuceu andoa  sceuam ppoliesinbdleo  hloasc reerq fureisnittoes a a pelsicaasb cleirsc;unstancias o necesidades de
las cbo) rreQspuoen sdeie gnaterasn mticeed ildaa sse dgeu rmidiatidg aecni ócna;so necesario mediante la aplicación de  BOE-A-cable e
c)  Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del mercado 
como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible,
d)  Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que resulte 
estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminación.
Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los interesados 
en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las 
circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que 
incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigación que permitan establecer 
un nivel de seguridad operacional equivalente.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
queda modificada como sigue:
Uno.  El artículo 65 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 65.  Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.
1.  La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al 
Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en 
situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean 
estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas.
2.  La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes 
incluidas en ella y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:
1.º  Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2.º  Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas 
derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando 
su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.
Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, 
a los siguientes mecanismos:
a)  Utilización común de instrumentos técnicos.
b)  Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
c)  Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre 
problemas de salud.
d)  Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de 
decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control 
de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.
e)  Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar 
emergencias sanitarias.
3.  La declaración de actuaciones coordinadas en materia de seguridad 
alimentaria corresponderá a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2001, de 5 de julio.» e.e
Dos.  Se añade un nuevo artículo 65 bis, que queda redactado del modo siguiente: 95www.
«Artdíceu elom 6e5r gbeisn.c iaA ppaorrata lcai ósna ldued  ipnúfobrlmicaac.ión al Ministerio de Sanidad en situaciones
Los órganos competentes en materia de salud pública de las comunidades
autónomas deberán, en el caso de una situación de emergencia para la salud
pública y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de esta ley, aportar con 
carácter inmediato al Ministerio de Sanidad la información epidemiológica y la 
relativa a la capacidad asistencial que se requiera y la identificación de las personas 
responsables de la misma, así como las medidas de prevención, control y contención 
adoptadas por las comunidades autónomas y las entidades locales comprendidas 
en su ámbito territorial, en los términos que se establezcan por el Ministerio de 
Sanidad. Cuando se trate de las entidades locales, dicha información será recabada 
por el órgano competente en materia de salud pública de la correspondiente 
comunidad autónoma, que deberá transmitirla al Ministerio de Sanidad.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad convocará con carácter urgente el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para informar de lo actuado.»
Disposición final tercera.  Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Se modifica el apartado 3 del artículo 94 del texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que queda redactado en los siguientes términos:
«3.  El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los 
medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de 
otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional que se dispensen 
en el territorio español, siguiendo un régimen general objetivo y transparente.
Cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la 
salud pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá 
fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que 
se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional. El 
procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al público será acordado 
en el seno de la citada Comisión.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19:
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados en los 
siguientes términos:
«1.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de  e.e
correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de  w.b
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o  95ww
vdoolmunictialiori adse  qlau pee trusovinear aju rcíodnicsat.ituidas. La sesión se entenderá celebrada en el
unaA vuenzq ufien alolisz aedsota teult oms isnmo olo,  hhaubstiear aenl  3p1re vdiest od,i cdiuermanbtree  edl ep e2r0io2d0o,  dlaes  ajluanrmtaas  yo, 
asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia
telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de 
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
2.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y 
una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato 
de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión 
siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al 
menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las 
comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 
constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de 
aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.»
Dos.  Se deroga el artículo 42.
Disposición final quinta.  Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19:
Uno.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 que quedan redactados 
como sigue:
«1.  Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de 
desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y 
usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos 
los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la 
imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas 
adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión 
de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o 
propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la 
buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 
propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales 
sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación 
por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe 
obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato 
cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución 
contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes 
sobre la propuesta de revisión.»
«4.  En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan  s
sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista,  oe.
podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un  w.
bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del  95ww
ecostraredsop doen daidlaor.m Tara yn sscuusr rpidróor reolg paesr,i opdoor  duen av acluidaenztí ad eigl ubaoln aol  sriene hmabboelsr os idqou eu thiluizbaiedroa, 
el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado 
que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual 
ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente 
respaldo financiero que garantice su ejecución.»
Dos.  Se deroga el artículo 37.
Disposición final sexta.  Título competencial.
1.  Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y 
coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
2.  Los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y 149.1.20.ª, sobre 
marina mercante.
3.  Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del 
artículo 149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y 
puertos de interés general, respectivamente.
4.  La disposición adicional tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.
5.  La disposición adicional cuarta se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia 
sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Disposición final séptima.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del 
ámbito de aplicación.
Dado en Madrid, el 9 de junio de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos 
de desinfección de manos
El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de 
manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones:
– Metanol < 200 ppm (V/V).
– Acetaldehído < 50 ppm (V/V).
– Benceno < 2 ppm (V/V).
– Total, de otras impurezas* < 3000 ppm.
*  Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el 
bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles 
hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación.
Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos 
total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1 %.
La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el 
artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación 
con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, 
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, 
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación por medios telemáticos.
Si se identifica un desabastecimiento de los desnaturalizantes establecidos en el 
párrafo anterior, la desnaturalización podrá realizarse con los desnaturalizantes específicos 
aprobados para el alcohol parcialmente desnaturalizado de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo 75 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.