BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95547
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13458 Sala Primera. Sentencia 129/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo  3362-2019.  Promovido  por  doña  María  Victoria  Delgado  Blanco 
respecto de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa 
capital, desestimatorias de su demanda sobre cálculo de jornada reducida. 
Vulneración  de  los  derechos  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  no  padecer 
discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el 
cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada 
ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a 
los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número son de la 
misma duración que para el resto de trabajadores).
ECLI:ES:TC:2020:129
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 3362-2019 ha sido promovido por doña María Victoria 
Delgado Blanco, representada por el procurador de los tribunales don Manuel María 
Martínez de Lejarza Ureña y defendida por el abogado don Jesús Manuel Guzmán Ruiz. 
El recurso fue interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de 
Málaga, de 31 de julio de 2018, que desestimó en el procedimiento núm. 98-2018 la 
demanda de la recurrente en materia de reducción de jornada, a la que acumuló acción 
de daños y perjuicios y reclamación de tutela de derechos fundamentales y libertades 
públicas; y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Málaga, de 10 de abril de 2019, que desestimó el recurso de 
suplicación núm. 2019-2018 formulado contra la anterior resolución por la demandante 
de amparo. Ha comparecido y formulado alegaciones la agencia pública empresarial 
sanitaria Costa del Sol, representada por la procuradora de los tribunales doña Úrsula 
Cabezas Manjavacas y asistida por el letrado don Andrés Daniel Sedeño Ferrer. Ha 
intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  la  magistrada  doña  María  Luisa 
Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 29 de mayo de 2019, el procurador  b
de  los  tribunales  don  Manuel  María  Martínez  de  Lejarza  Ureña,  en  nombre  y  458ww
creopnrteras elnatsa crieósno dluec iodnoeñsa  jMudaircíiaa leVsic tqouriea  sDee lgmaednoc iBonlaannc oe, ni netel rpeunscoa breezcaumrsieon dtoe  daem peasrtao 
sentencia.
2.  Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes, 
sucintamente expuestos:
a)  La recurrente trabaja como médico del servicio de urgencias adscrita al turno 
rotatorio (turnos de facultativos de urgencias) en el hospital Costa del Sol de Marbella 
(Málaga), gestionado por la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. La 
jornada anual ordinaria para los médicos de urgencias es de 1.523 horas (siete horas al 
día), a la que se suman 440 horas más en concepto de jornada anual complementaria 
por realización de guardias (cuarenta y cuatro guardias de diez horas cada una). Estas 
guardias  son  obligatorias  y  generan  un  descanso  en  el  día  posterior  «saliente  de 
guardia» de veinticuatro horas, de las cuales computan como trabajadas siete horas por 
saliente. En las 1.523 horas anuales de jornada están incluidas las horas realmente 
realizadas y las que se reconocen como trabajadas por cada saliente (308 horas, a razón 
de siete horas por cuarenta y cuatro salientes).
b)  La recurrente en amparo solicitó la reducción de jornada en un 33 por 100 por 
cuidado de sus dos hijos menores (art. 37.6 del texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y art. 23 del convenio colectivo de la agencia pública empresarial 
sanitaria Costa del Sol); es decir, pidió realizar una jornada del 67 por 100, optando por 
una reducción anual. Obtuvo de la empresa la reducción pero mediante un cálculo tal 
que no se le ha minorado el número de horas trabajadas en cada jornada diaria o en 
cada guardia, sino el número anual de días de trabajo y de guardias: en lugar de 
cuarenta y cuatro realiza treinta guardias (el 33 por 100), pero siguen siendo guardias de 
diez horas cada una y cada jornada diaria sigue siendo también de duración normal, 
siete horas, aunque el número de días de trabajo al cabo del año es un 33 por 100 
menor. La empresa calculó su jornada reducida en 879,71 horas al año.
c)  Disconforme con el cálculo de su jornada realizado por la empresa y tras ver 
desestimada la reclamación previa, la recurrente formuló demanda en vía judicial, en 
materia de reducción de jornada en la que acumuló la acción de daños y perjuicios y la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas.  La 
disconformidad se fundaba en que el cálculo infringía el art. 14 CE por constituir una 
desigualdad de trato entre trabajadoras a tiempo completo y trabajadoras con jornada 
reducida, pues se computaba de forma diferente los salientes de guardia aplicando a su 
caso una doble reducción. A su juicio el cálculo de la empresa consiste en que los 
salientes de guardia se reducen también en un 33 por 100; es decir, la empresa aplica 
ese porcentaje de reducción de jornada al descanso retribuido por saliente. Lo discutido 
es pues el cómputo de horas que se tienen como de trabajo efectivo en los salientes de 
guardia.
La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de 
Málaga, de 31 de julio de 2018. Señaló el juzgado que la discrepancia derivaba de la 
forma de calcular la jornada reducida, que el cálculo hecho por la empresa era correcto y 
por ello excluía en esta un ánimo discriminatorio.
d)  Frente a la sentencia del juzgado se formuló recurso de suplicación en el que se 
pedía el reconocimiento de la infracción del art. 14 CE y la condena a una indemnización 
por daños derivados de la lesión de derecho fundamental. El recurso fue desestimado 
mediante la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Málaga, de 10 de abril de 2019, que confirmó lo decidido en la 
instancia convalidando el cálculo hecho por la parte demandada y señalando que se 
llegaba a idéntica solución que la empresa, ya se calculara la jornada reducida en 
cómputo anual o en cómputo diario, con reflejo tanto en las horas habituales de trabajo  e.
como en las guardias realizadas el porcentaje aplicado. Al no apreciar discriminación en  w.b
el  cálculo,  tampoco  apreció  infracción  del  art.  14  CE  y  desestimó  la  petición  de  458ww
indemnización.
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calcular la empresa la jornada de las trabajadoras con reducción de jornada por cuidado
de hijos, en tanto que obtienen una remuneración o compensación menor que el resto de 
los trabajadores por el mismo número de horas de guardia realizadas. La discrepancia 
deriva de la forma en que la empresa calcula la jornada efectiva en relación con los 
salientes de guardia. A un trabajador a tiempo completo cada guardia le genera el 
derecho a que se le computen como de trabajo siete horas de descanso; pero de los 
cálculos por la empresa de los salientes de guardia resulta que a la recurrente, debido a 
su reducción de jornada, cada guardia (de diez horas, duración igual que la de los 
trabajadores a tiempo completo) no le genera esas siete horas retribuidas, sino solo 4,69 
al aplicarse también a estas horas la reducción del 33 por 100. Ciertamente la empresa 
toma la jornada anual, esto es las 1523 horas anuales de trabajo, y resta los salientes de 
guardia; pero no toma los salientes que corresponderían al 100 por 100 (a razón de siete 
horas por saliente, 308 horas) sino los que corresponden al 67 por 100 (210 horas). 
Realizado ese cálculo en que los salientes han sido objeto de reducción, se aplica la 
reducción de jornada del 33 por 100 solicitada por la trabajadora, lo que supone reducir 
otra vez más los salientes de guardia. Por el mismo trabajo (diez horas de guardia) la 
recurrente  percibe  una  retribución  menor  como  consecuencia  de  haber  ejercido  su 
derecho  a  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral.  Además,  hay  discriminación 
indirecta  por  razón  de  sexo  pues  afecta  especialmente  a  las  mujeres,  que  forman 
proporcionalmente el colectivo más numeroso que solicita la reducción de jornada por 
tales motivos.
4.  Por providencia de 28 de octubre de 2019 de la Sección Segunda de este 
tribunal, se admitió a trámite el recurso de amparo apreciando como causa de especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) que el recurso plantea un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar 
su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 
b)]; y se dirigió comunicación a los órganos judiciales para que remitieran certificación o 
fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento para que pudieran comparecen 
en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en el procedimiento.
5.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  21  de  enero  de  2020,  la 
representación de la demandante de amparo formula alegaciones, que ahora ratifica; 
aporta además un informe pericial que analiza matemáticamente la discriminación que 
produce el cómputo de las guardias de las trabajadoras con reducción de jornada por 
cuidado de hijo y/o familiares. Dice el escrito de la recurrente que hay trabajadoras con 
una reducción del 50, otras del 20 y otras del 33 por 100; pero en todos los casos el 
derecho quebrantado es el de igualdad. Se trata de forma diferente, en perjuicio de la 
recurrente, situaciones que deberían no discriminar a la persona que reclama por su 
derecho. Pide la estimación del recurso y que se reconozca el derecho fundamental a la 
igualdad y a la no discriminación con la declaración de no ser ajustadas a la Constitución 
las sentencias recurridas por haberlo vulnerado, y en consecuencia que se declare su 
nulidad y se ordene a los órganos judiciales a estar y pasar por lo declarado en el 
sentido de que la forma de cálculo de la reducción de jornada por la empresa en relación 
a los salientes de guardia quebranta el art. 14 CE, y que se imponga a la empresa el 
deber de indemnizar a la recurrente por el importe señalado en la demanda.
6.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  2  de  diciembre  de  2019,  la 
procuradora doña Úrsula Cabezas Manjavacas, actuando en nombre y representación  s
de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol, comparece a fin de personarse  oe.
deuqennur aeee  icllna hpt eocrer opsfnureetnrntodatveace mióprsneroi nadct iaepfeldl ariimennntvieetoeanc dtdaoaed.  lo qPn.u iúdeHmeda aebla rroc íade d eñessid iehdasoo tra iam psura eneccafióei scncout  idevqeasults ieó rd eneec  uldt rreaas cobct aáoajl oclee,u gmqloaup nemrde naosot,ae  reiminancál  istdihícenuo tbe,e insep iroesar,l     2020-13458n https://www.
tenido la intención de discriminar a la demandante o, que sin tenerla, hubiera incidido en
la esencia del derecho fundamental. Tales circunstancias no se han producido dado que
el acto discutido no resulta arbitrario (son posibles varias interpretaciones para realizar el 
cálculo), y ni aun calificándose de erróneo ha afectado al derecho de la recurrente a 
solicitar la reducción de jornada y a no ser discriminada por ello, pues en ningún 
momento se le ha denegado tal derecho. Sostiene que la demandante está exigiendo un 
derecho a la diferenciación; es decir, que por tener jornada reducida se le dispense un 
trato distinto del dado a los demás trabajadores. Insiste en que la forma de cómputo 
practicada por la empresa no resulta errónea, sino coherente con la reducción de jornada 
solicitada y concedida.
7.  El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 3 de febrero de 2020. 
Hace una observación previa en cuanto al objeto de enjuiciamiento: aunque el amparo 
se dirige expresamente contra las sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal 
Superior de Justicia, resulta que las resoluciones judiciales se limitan a confirmar las de 
un ente de la administración pública, integrado en la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Andalucía; por tanto, lo que se imputa a las sentencias no es haber vulnerado por sí 
mismas los derechos a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de 
sexo, sino no haber reparado la vulneración ya producida en las resoluciones del ente 
público. Por ello, el fiscal estima aplicable la doctrina de la STC 15/2011, de 28 febrero, 
FJ 2, y entonces se trata de un recurso de los previstos en el art. 43 LOTC, con plazo 
para interponer el recurso de amparo de veinte días. Según los datos en la causa, la 
última resolución (la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 10 de abril de 2019) 
fue notificada a la demandante el 12 de abril, por lo cual el fiscal estima que el tiempo 
válido para interponer el recurso se extendía hasta el 20 de mayo siguiente, a las 15:00 
horas; pero el recurso de amparo tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 29 de 
mayo, y entonces está presentado fuera de plazo; incluso lo estaría si se computase el 
plazo  desde  la  notificación  al  fiscal,  tres  días  después.  Procede  pues  acordar  la 
inadmisión del recurso.
No obstante, para el caso de que se considerara que el recurso ha sido presentado 
en plazo el fiscal analiza el fondo del asunto, entendiendo que, si se estima el recurso, 
deberán también anularse las resoluciones administrativas. Tras exponer la doctrina 
constitucional aplicable, argumenta que la cuestión a dilucidar es si resulta contrario al 
art. 14 CE que, trabajando los colectivos sin reducción de jornada y los que sí la tienen 
en los servicios de guardia durante diez horas ininterrumpidas en la misma franja horaria, 
sin  diferencia  alguna  en  el  servicio  que  prestan  en  cada  guardia,  sin  embargo  se 
reduzcan las horas de descanso remunerado (a quienes tienen reconocida reducción de 
jornada) en la misma proporción en que tienen reducida su jornada ordinaria. Afirma que 
el sistema de cálculo utilizado por la empresa implica una doble reducción; no solo se 
reduce en un 33 por 100 el número de guardias anuales, sino que después se vuelve a 
aplicar una reducción del 33 por 100 al calcular las horas de descanso retribuido por 
cada saliente de guardia al no retribuir a la trabajadora siete horas por guardia (como 
ocurre con los trabajadores a tiempo completo), sino solo 4,69 horas. Este cálculo obvia 
que las guardias tienen para todos la misma duración (diez horas), sean realizadas por 
trabajadores  a  tiempo  completo  o  con  jornada  reducida,  por  lo  que  el  abono  del 
descanso por guardia no puede ser menor para los trabajadores que tienen reducción de 
jornada, fuera de cada servicio de guardia concreto, porque en cada una de las guardias 
que realizan su jornada es completa al trabajar las mismas diez horas que el resto. El 
fiscal  destaca  que  el  abono  de  horas  de  descanso  remunerado  por  saliente  está 
determinado  por  las  horas  de  la  jornada  de  guardia,  es  una  remuneración  por  la 
penosidad de la guardia, por lo que si una jornada de guardia no se reduce (es una  e.
jornada completa de diez horas) entonces no hay reducción de la penosidad y, en  w.b
consecuencia, no hay justificación para reducir el número de horas remuneradas de la  458ww
gjournaarddiaa. de descanso (una jornada completa de siete horas) por haber realizado esa
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de guardia pero, sin embargo, con el cálculo aplicado por la empresa se abonan a la
recurrente  y  a  los  demás  trabajadores  con  reducción  de  jornada  menos  horas  de 
descanso  remunerado  por  guardia  que  a  los  trabajadores  con  jornada  completa. 
Además, el fiscal considera que también concurre en este caso una discriminación 
indirecta por razón de sexo ya que, siendo las mujeres quienes principalmente se 
encargan de la atención de los menores, son las que en mayor medida utilizan la 
reducción de jornada para atender el cuidado de los hijos.
8.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la igualdad y a la 
prohibición de discriminación (art. 14 CE) la decisión judicial de confirmar el cómputo de 
reducción de la jornada de trabajo por motivos de guarda legal para el cuidado de hijos 
menores, cómputo conforme al cual, aun haciéndose una guardia con la misma duración 
y condiciones que el resto de trabajadores, sin embargo, se produce también una 
reducción del número de horas de descanso retribuido computables por cada saliente de 
guardia, una reducción que ha de ser proporcional a la reducción de jornada.
Este objeto es idéntico al resuelto por el Pleno de este tribunal en la STC 79/2020, 
de  2  de  julio  («Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  207,  de  31  de  julio),  a  cuyos 
razonamientos sería necesario remitirse. No obstante, ha de examinarse antes el óbice 
de procedibilidad opuesto por el Ministerio Fiscal.
2.  Óbice de procedibilidad por extemporaneidad de la demanda.
Es necesario dar respuesta al óbice de procedibilidad opuesto por el fiscal. Pese a 
pedir la estimación del amparo caso de ser el recurso considerado admisible, objeta a la 
admisión a trámite el haber sido presentado fuera de plazo. Observa primero que el 
amparo debe considerarse formulado por la vía del art. 43 LOTC pues aunque se dirige 
expresamente contra las sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de 
Justicia, resulta de la demanda y de la documentación aportada que las resoluciones 
judiciales se limitan a confirmar las de la agencia pública empresarial, por tanto, en 
aplicación de la doctrina constitucional que cita (STC 15/2011, FJ 2) el objeto del amparo 
es  una  actuación  administrativa  y  no  nos  encontramos  ante  un  recurso  de  los 
contemplados en el art. 44 LOTC, tampoco de los calificados como mixtos ya que no se 
imputa a las resoluciones judiciales una vulneración autónoma del derecho fundamental, 
sino que es el art. 43 LOTC la vía específica de impugnación que corresponde al 
presente recurso. La consecuencia sería que el plazo para interponerlo es de veinte 
días, pero deduce el fiscal de los datos que obran en la causa que la última resolución, la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue notificada a la demandante 
de  amparo  el  12  de  abril  de  2019;  considera  entonces  que  el  tiempo  válido  para 
interponer el recurso se extendía hasta el 20 de mayo siguiente, a las 15:00 horas; sin 
embargo, tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el día 29 de mayo, es decir fuera de 
plazo. Sería extemporáneo incluso si se computara el plazo desde la notificación al 
fiscal, tres días después. Procede pues, en su opinión, inadmitirlo.
Ha de recordarse que el plazo de interposición del recurso de amparo es «de 
caducidad,  improrrogable  y  no  susceptible  de  suspensión  y,  por  consiguiente,  de  e.
inexorable cumplimiento», por lo que no consiente prolongaciones artificiales ni puede  w.b
quedar al arbitrio de las partes (entre muchas, SSTC 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2,  458ww
yd e4 1in/t2e0r0p9o,s idceió n9  ddeel  freebcruerrsoo,  dFeJ  a3m). pAahroo reas b iimenp,r epsacrian dlaib dlee taenramliiznaarc, ipórnim deerl oc, olan cnreattou rpallaezzoa 
adcet ola a ddemciinsiióstnr aqtiuveo  hima pourgigninaabdleo a l atr aqvuéesja d dee l ala v ríae cduerlr eanrtt.e 4, 3p aLrOa TdCilu.cidar si se trata de un
El acto al que se imputa la lesión del derecho fundamental proclamado en el art. 14 
CE emana de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. Sin necesidad 
ahora de un estudio minucioso de la naturaleza jurídica de la Agencia ni de los actos que 
realiza, basta atender a que se trata de una entidad de Derecho público adscrita a la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, entre cuyas funciones está la gestión y 
administración del hospital Costa del Sol de Marbella [art. 6 b) 1 de los estatutos de la 
agencia, aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» núm. 83, de 29 de abril)], el centro hospitalario en que presta sus servicios la 
recurrente en amparo. La agencia, pese a tener naturaleza pública, se rige por el 
Derecho privado en todos los actos que realiza, salvo los relacionados con la formación 
de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que 
tiene atribuidas (arts. 9, 10 y 11 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/2011, de 17 de 
febrero, de reordenación del sector público de Andalucía; y arts. 30 y 31 de los estatutos 
de la Agencia). En consonancia, la Agencia se rige por las normas procesales comunes 
sobre competencia y jurisdicción «aplicables a las personas de Derecho privado», con 
las especialidades que pudieran proceder en virtud de su naturaleza de entidad de 
Derecho público (art. 31.1 de sus estatutos).
La resolución inicialmente cuestionada, del director gerente de la agencia pública 
empresarial sanitaria Costa del Sol, no es fruto del ejercicio por la agencia de potestades 
administrativas, sino que se trata de un acto de gestión del personal laboral empleado en 
los hospitales que tiene adscritos la agencia empresarial, acto regido por el estatuto de 
los trabajadores y por el convenio colectivo de la empresa. Por consiguiente, no estamos 
ante un recurso de amparo del art. 43 LOTC (contra actos de las administraciones 
públicas), sino que debe quedar encuadrado en el art. 44 LOTC ya que en la actuación 
controvertida  la  agencia  intervino  como  empresa  empleadora,  sin  ejercer  potestad 
pública alguna (potestad de imperio), sino desarrollando las facultades de orden jurídico-
privado que le reconoce el ordenamiento laboral (en sentido similar, las SSTC 6/1988, 
de 21 de enero, FJ 1, y 26/2013, de 11 de febrero, FJ 1).
En consecuencia, aunque la lesión la haya causado originariamente la agencia 
demandada, es a los órganos judiciales a quienes ha correspondido (art. 53.2 CE) tutelar 
el derecho reconocido en el art. 14 CE; de modo que, al confirmar la decisión adoptada 
por la empleadora, es a ellos a quienes les es imputable la lesión denunciada. Son las 
resoluciones judiciales el acto del poder público aquí impugnado, respecto de las cuales 
opera el plazo de interposición de treinta días (art. 44.2 LOTC).
Como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue notificada a la 
demandante de amparo el 12 de abril de 2019, el plazo de treinta días expiraba el 3 junio 
siguiente a las 15:00 horas; y, como el recurso tuvo entrada en el Tribunal Constitucional 
el día 29 de mayo, fue presentado dentro del plazo. No hay extemporaneidad y el óbice 
de procedibilidad opuesto por el Ministerio Fiscal debe ser desestimado.
3.  Aplicación de la jurisprudencia establecida en la STC 79/2020, de 2 de julio.
Como ha quedado señalado en el anterior fundamento jurídico 1, el objeto del 
presente recurso de amparo es idéntico al resuelto por el Pleno de este tribunal en la 
STC 79/2020, de 2 de julio, a cuyos razonamientos es necesario remitirse.
En esa sentencia se argumentó que la fórmula de cómputo de la reducción de la 
jornada de trabajo por motivos de guarda legal para el cuidado de los hijos menores (i) 
vulnera el derecho a la igualdad, ya que siendo comparable la situación subjetiva de 
quienes  hacen  un  servicio  de  guardia  de  idéntica  duración,  entonces  carece  de  e
justificación objetiva y razonable que se genere un descanso retribuido diferenciado,  bo
derivado de la realización de unas guardias que, aun en menor número por haber una  458ww
preadrau cecli órne sdtoe  djoer nloasd atr apboarj aedl ocrueisd;a yd o(i id) ev uhlnijoesra  mlae npororehsib, icsioónn  ddee  dlais mcriismminaa cdiuórna ciniódnir eqcutae 
puonr t rraatzoó np edyeo rsaetxivoo  peonr qlause ,c aounndqicuioen leas f ódrem turalab adjeo  cdóem upnu ntoú mese rfoor mmaaylmore ndtee  mneuujetrreas,  squupeo ndee 
hombres, consecuencia del ejercicio de un derecho asociado con la maternidad como es
el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos; puede comprobarse cómo 
este segundo aspecto queda claramente reflejado en el fundamento de derecho cuarto 
de la sentencia del juzgado.
Por tanto, debe estimarse el presente recurso de amparo por vulneración del art. 14 
CE, lo que ha de llevar consigo la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas 
con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento 
de la primera de ellas para que se adopte una nueva resolución respetuosa con el 
derecho fundamental reconocido, sin que proceda realizar pronunciamiento alguno en 
este momento respecto de la solicitud del reconocimiento de una indemnización por la 
vulneración declarada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Victoria Delgado Blanco y, 
en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de 
sexo (art. 14 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Málaga de 31 de julio de 2018, dictada en 
el procedimiento núm. 98-2018, y de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 10 de abril de 2019, dictada en el 
recurso de suplicación núm. 2019-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones para que el órgano judicial adopte una 
nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de 2020.–Juan José González Rivas.–
Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  Melgar.–
Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.