BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Miércoles 5 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 64708
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
9246 Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la creación y 
funcionamiento  de  escuelas  infantiles  dependientes  del  Gobierno  de  la 
Ciudad de Melilla 2020.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de Melilla, han 
suscrito, con fecha 9 de julio de 2020, un Convenio para la creación y funcionamiento de 
escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla 2020, por lo que 
conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal 
de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  sector  público  estatal,  procede  la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo 
a esta resolución.
Madrid, 29 de julio de 2020.–El Secretario General Técnico, Liborio López García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de 
Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Melilla 2020
En Madrid 9 de julio de 2020.
De una parte, la Sra. doña María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 
Formación Profesional, en virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de la 
competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE del 2).
De otra, el Sr. don Eduardo de Castro González, Presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 389/2019, de 18 de junio, en representación de la Ciudad de 
Melilla,  en  virtud  de  las  facultades  que  le  atribuye  el  artículo  14  de  la  Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
EXPONEN
1.  El artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de todos a la 
educación asignada a los poderes públicos la obligación de garantizar este derecho. Por 
su  parte  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación, 
modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre establece que el Estado debe 
promover  programas  de  cooperación  territorial  con  el  fin,  entre  otros,  de  alcanzar 
objetivos educativos de carácter general y contribuir a la solidaridad interterritorial y al 
equilibrio  territorial  en  la  compensación  de  desigualdades.  Estos  programas  podrán 
llevarse a cabo mediante convenios o acuerdos entre las diferentes Administraciones  s
educativas competentes. El artículo 11 de esa misma Ley asigna al Estado la obligación  oe.
de promover acciones destinadas a favorecer que todos los alumnos pueden elegir las  w.
opciones educativas que deseen, con independencia de su lugar de residencia, de  46ww
acue2r.d oE clo nM loinsi srteeqruiois itdoes  acEadduécmacicióons  esyt abFloercmidaocsi óenn  cPadroaf ecsaisoon.al  tiene  atribuida  la
caommbpoest etenrcriitao reions m daetle ármia beitdou dcea tgiveas etiónn la dsi rceicutdaa ddeels D deep aCretaumtae yn tdoe. Melilla, formando parte  BOE-A-cable e
3.  La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y sus 
posteriores  modificaciones,  reconoce  a  los  municipios  «su  derecho  a  intervenir  en 
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las 
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de 
que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los 
principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a 
la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».
4.  El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público  (BOE  del  2),  establece  los  principios  de  las  relaciones 
interadministrativas.
5.  El Capítulo I del Título I de la citada Ley Orgánica 2/2006 establece el carácter 
educativo  de  la  educación  infantil.  La  escolarización  temprana  adquiere  especial 
relevancia para este tipo de alumnos ya que el primer ciclo de educación infantil se 
configura como un periodo decisivo para asentar los cimientos educativos que permitirán 
tanto los posteriores aprendizajes como la efectiva integración social, así como un factor 
compensador  de  desigualdades.  Considerando  estas  reflexiones  se  insta  a  las 
Administraciones públicas a promover un incremento progresivo de la oferta de plazas 
en  el  primer  ciclo  de  la  educación  infantil,  así  como  coordinar  las  políticas  de 
cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este 
ciclo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional viene desarrollando un Plan de 
actuaciones para las ciudades de Ceuta y Melilla por el que pretende prestar atención 
preferente  a  los  requerimientos  y  necesidades  de  ambas  ciudades  en  materia  de 
educación, contando con la participación activa de la ciudadanía a través de la apertura 
de los centros a la sociedad y la adopción de las medidas necesarias que mejoren la 
oferta y los rendimientos educativos.
6.  La demanda de plazas en el primer ciclo de Educación Infantil, por parte de las 
familias ha crecido considerablemente en los últimos años, de modo que actualmente la 
oferta de puestos escolares es insuficiente para atender todas las peticiones. Una vez 
completada la oferta de escolarización de niños de 3 a 6 años en el segundo ciclo de 
Educación  Infantil,  y  de  acuerdo  con  el  artículo  15  de  la  citada  Ley  2/2006,  las 
Administraciones públicas deben promover un incremento progresivo de la oferta de 
plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil y coordinar las políticas de 
cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa de este 
ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios 
con las Corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de 
lucro.
En consecuencia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Gobierno 
de  la  Ciudad  de  Melilla,  conscientes  de  la  importancia  de  los  fines  señalados 
anteriormente, consideran conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que 
permitan su alcance, mediante el fomento de iniciativas que promuevan la creación y el 
funcionamiento de escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Melilla. Por ello, ambas Administraciones en sus respectivos 
ámbitos  competenciales  consideran  conveniente  colaborar  activamente  en  aras  de 
consecución de los objetivos reseñados.
Contando con los informes preceptivos, acuerdan suscribir el presente convenio con 
arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS e.
Primera.  Objeto. 46ww
El objeto del presente Convenio es dar respuesta a la demanda de puestos escolares
feunn ceiol nparmimieenr toc iyc lfoin adnec iaEcdiuócna dceió ens cInufealnatsil  ingfaarnatinletisz apnúdboli claas  dimep plarinmtaecr iócinc,l oc doeo rlad inCaiucdióand, 
de Melilla.
Segunda.  Actuaciones acogidas al Convenio.
El crédito que se especifica en la cláusula tercera, se destinará a la financiación de 
los gastos de personal y de funcionamiento que se produzcan durante el año 2020, 
siendo estos los correspondientes a las siguientes actuaciones:
– Servicios de apoyo socioeducativo para la gestión de las Escuelas de Educación 
Infantil «Virgen de la Victoria», «Infanta Leonor», «San Francisco de Asís» y «Doña 
Josefa Calles Alcalde».
– Suministros  de  bienes  para  el  funcionamiento  ordinario,  incluido  servicios  de 
comedor, de las Escuelas de Educación Infantil «Virgen de la Victoria», «Infanta Leonor», 
«San Francisco de Asís» y «Doña Josefa Calles Alcalde».
Tercera.  Aportación económica.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional transferirá a la Consejería de 
Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad de Melilla en el presente año 2020, 
la  cantidad  de  561.000,00  €,  (quinientos  sesenta  y  un  mil  euros)  de  la  aplicación 
presupuestaria 18.04.322A.450.01, «Convenios para la extensión del primer ciclo de la 
educación  infantil  en  Ceuta  y  Melilla»,  para  el  cumplimiento  de  los  compromisos 
especificados en este convenio.
Por su parte, la Ciudad de Melilla, a través de su Consejería de Educación, Cultura, 
Festejos e Igualdad, aportará el resto del coste previsto de las actuaciones objeto del 
presente Convenio, 1.479.437,15 euros (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos  treinta  y  siete  euros  con  quince  céntimos),  de  las  aplicaciones 
presupuestarias 14.32101.22798, 14.32101.22199 y 14.32101.48900.
El coste total de las actuaciones es de 2.040.437,15 € (dos millones cuarenta mil 
cuatrocientos treinta y siete euros con quince céntimos).
Cuarta.  Compromisos de la Ciudad de Melilla.
La  Ciudad  de  Melilla  asumirá  la  creación  de  las  escuelas  infantiles  que  sean 
necesarias, así como su mantenimiento y gestión, siendo asimismo responsable de 
cumplir los requisitos en cuanto a instalaciones, organización, funcionamiento, titulación 
y número de profesionales con los que debe contar los centros que impartan el primer 
ciclo de la Educación Infantil, programas y planes de estudio que se impartan según la 
normativa vigente, así como lo establecido para los centros sostenidos con fondos 
públicos  en  lo  referido  a  la  admisión  de  alumnos,  los  órganos  de  gobierno,  la 
participación en el gobierno de los centros, el calendario y horario escolar. Todo ello sin 
perjuicio de las competencias en materia de educación que la Ley otorga al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y al amparo de los artículos 12 a 15 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de Educación.
La gestión de las escuelas infantiles que se creen en el presente convenio podrá ser 
directa o indirecta a través de la contratación/subvención del servicio correspondiente. 
En el supuesto de gestión indirecta, esta solamente podrá ser desarrollada por entidades 
sin fines de lucro, manteniéndose en cualquier caso, el carácter público de las plazas 
creadas.
El carácter público de los puestos escolares vendrá determinado por la titularidad de 
las instalaciones y por la financiación del funcionamiento de la escuela infantil.
El funcionamiento de las plazas creadas debe financiarse parcial o totalmente por las  e.
Administraciones. La financiación parcial será de al menos un tercio del coste total. w.b
La oferta de plazas debe ser abierta a toda la población, aplicándose los criterios de  46ww
paúdbmliicsoiósn,  seisnt apbelercjuidicoios  cdoen  lac airnátcrotedru cgceiónne rael np aerl a colorsre scpeonntrdoise nsteo sbteanriedmoso  cdoen  mfoénrditooss 
porbolipgiaocsi odnee lsa  rfeucnocnióonc iadsaiss.tencial y de conciliación de la vida familiar y laboral en virtud de
Las  plazas  que  se  creen  deberán  ser  de  titularidad  pública  vinculadas  a  la 
Administración de la Ciudad de Melilla.
Quinta.  Compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional velará por el cumplimiento de la 
normativa que afecta a la ordenación académica, organización y funcionamiento de 
estas escuelas, orientar y supervisar el acondicionamiento de las instalaciones. Del 
mismo modo, asesorará en la contratación de equipos educativos e informará a la 
Ciudad de Melilla sobre el plan de actuación anual y memoria en lo que afecte a estas 
escuelas infantiles.
Sexta.  Instrumentación del pago y justificación del gasto.
Las partes asumirán con cargo a sus respectivos presupuestos la realización de las 
acciones que se acuerden en el presente convenio.
El pago que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará a la Ciudad de 
Melilla se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones 
previstas en la cláusula segunda y no podrá ser superior a los gastos derivados de la 
ejecución del convenio conforme al artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre).
La Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad de Melilla 
justificará los fondos recibidos de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones.
La Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad de Melilla se 
compromete, como beneficiaria, a realizar todas aquellas actuaciones que resulten de la 
puesta  en  marcha  del  presente  convenio  y,  en  el  plazo  de  dos  meses,  desde  la 
finalización de las actuaciones, deberá aportar la siguiente documentación: certificado de 
control de fondos y certificado de remanentes, que deberá contar con el visto bueno de 
la Intervención, y la correspondiente memoria que incluirá declaración de las actividades 
realizadas que han sido financiadas y su coste; así como, cuando se produzca el 
libramiento, certificación expedida por los servicios competentes de haber sido ingresado 
en su contabilidad el importe correspondiente.
El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Melilla  procederá  a  un  adecuado  control  de  la 
aportación  económica  que  se  reciba,  que  asegure  la  correcta  obtención,  disfrute  y 
destino de estos fondos.
Séptima.  Comisión de seguimiento.
Esta comisión se constituirá en el plazo de un mes desde la firma de este Convenio. 
Estará  integrada  por  dos  representantes  del  Ministerio  de  Educación  y  Formación 
Profesional, tres representantes de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e 
Igualdad de la Ciudad de Melilla y un representante de la Delegación del Gobierno en 
Melilla, correspondiendo la presidencia de la misma a uno de los representantes del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Cuando sea preciso, se incorporarán a esta comisión los asesores o técnicos que se 
consideren necesarios a propuesta de las partes.
En todo caso, podrá celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma 
presencial  como  a  distancia,  siempre  que  se  aseguren  por  medios  electrónicos  la  s
identidad de sus representantes. A tal efecto, se consideran como medios electrónicos  oe.
válidos, además de los medios telefónicos: el correo electrónico, las audioconferencias y  w.
las videoconferencias. 46ww
Las funciones de la comisión serán las siguientes:
––  VCeoloarrd pinoar re tl ocdoarrse clatos  daecstuaarrcoiollnoe dse  qlou ed issep ureesatloic eenn  ecsotne  oCcoansvióenn iod.e la ejecución del
presente Convenio.
– Garantizar la ejecución y cumplimiento del Convenio.
– Revisar y aprobar si procede la memoria anual.
– Estudiar las propuestas de adendas o acuerdos específicos que puedan firmarse 
con carácter anual.
– Resolver los eventuales problemas de interpretación y ejecución que pudieran 
derivarse.
La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la 
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.
Para conformar la comisión de seguimiento, se considerará la presencia equilibrada 
en  su  composición,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  51  de  la  Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Octava.  Vigencia y Régimen de modificación.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado,» de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, en cualquier momento antes de la finalización 
del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar 
unánimemente  su  prórroga  por  un  periodo  de  hasta  cuatro  años  adicionales  o  su 
extinción.
Igualmente,  las  partes  firmantes  podrán  modificar  los  términos  del  presente 
Convenio, en cualquier momento y de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda 
al mismo. Esta adenda deberá seguir la tramitación prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y la modificación 
se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.
Novena.  Extinción y consecuencias en caso de incumplimiento.
El presente Convenio podrá extinguirse por el cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:
a)  El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado  al  responsable  de  la  comisión  de  seguimiento  y  a  las  demás  partes 
firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio, por esta 
causa, podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, si así se hubiera  e.
previsto. w.b
d)  La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 46ww
e)  Por otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.
podrEán a cfueactlqaur iae rl acsa saoc,t inviindgaudneos  dqeu ee ssteo se nscuupeunetsretons  edne  cruerssoolu, cqiuóen  adnetbiceirpáand ase dre fli ncaolnizvaednaios 
en los términos establecidos.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas, 
en  virtud  del  presente  convenio,  las  posibles  indemnizaciones  se  regirán  por  lo 
establecido en la normativa que resulte de aplicación.
Décima.  Régimen jurídico, naturaleza y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen 
jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, las controversias 
que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan 
derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las 
formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo extrajudicial. En su defecto, 
serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del 
orden contencioso administrativo.
La formalización de este Convenio no limita la capacidad de las partes intervinientes 
para  dictar  las  normas  generales  ni  las  disposiciones  internas  de  organización  y 
funcionamiento de los servicios cuya competencia tiene atribuida y que ejercerán de 
acuerdo a las mismas.
Ninguna  cláusula  de  este  Convenio  podrá  ser  interpretada  en  un  sentido  que 
menoscabe el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a las partes.
Undécima.  Publicidad.
En la información pública que cada una de las partes elabore en relación con las 
actuaciones  derivadas  de  la  ejecución  del  presente  Convenio,  se  consignará  con 
carácter obligatorio el epígrafe «Programa o actuación, cofinanciada entre el Ministerio 
de  Educación  y  formación  Profesional  y  la  Ciudad  de  Melilla»,  así  como  los 
correspondientes logotipos institucionales.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en 
dos  ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá 
Diéguez.–El Presidente de la Ciudad de Melilla, Eduardo de Castro González.