BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104690
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14920 Resolución  de  12  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación  del  registrador  de  la  propiedad  de  Mazarrón,  por  la  que  se 
suspende la inscripción de la transmisión de cuotas indivisas de fincas por 
posible invasión del dominio público marítimo-terrestre.
En el recurso interpuesto por doña M. del C. M. G. contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Mazarrón, don José Ramón Sánchez Galindo, por la que 
suspende la inscripción de la transmisión de cuotas indivisas de fincas por posible 
invasión del dominio público marítimo-terrestre.
Hechos
I
Por mandamiento expedido el veinticuatro de Julio del año dos mil quince por el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  n.º  1  de  Totana,  en  autos  de  Ejecución  de  Títulos 
Judiciales número 142/2.015, en unión de testimonios de la sentencia 376/2013 de 
fecha 17 de julio de 2.013 expedida por la Audiencia Provincial Sección n.º 1 de Murcia y 
de auto de fecha 3 de octubre de 2.013, y de segunda copia de la escritura de herencia 
otorgada ante la notario de Mazarrón doña María V. M. del O. M. el día 7 de agosto 
de 2.003, número 2385 de protocolo, se ordena la rectificación de las inscripciones a 
nombre del demandando sobre las fincas registrales 17535, 17548 y 17543, operación 
ya inscrita, así como que la parte indivisa de dicho señor acrezca a favor del resto de 
herederos.
II
Presentado dicho título en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, fue objeto de 
nota de calificación registral negativa de fecha 1 de julio de 2020 en los siguientes 
términos:
(…)
Calificado el precedente documento, en unión de testimonio de sentencia de la 
Audiencia Provincial de Murcia de fechas 17/07/2013 y auto de fecha 03/10/2013 en los 
autos  procedimiento  ordinario  345/2005  Rollo  apelación  963/2011,  de  diligencia  de 
fecha 15/01/2018 de la Audiencia Provincial de Murcia en el procedimiento citado y de 
diligencia de fecha 01/02/2017 del Juzgado de Primera Instancia número uno de Totana, 
el Registrador de la Propiedad y finalmente de segunda copia de Escritura de aceptación 
y adjudicación de herencia otorgada en Mazarrón el día siete de agosto de dos mil tres 
ante la notaria doña María V. M. del O. M. número 2385 de Protocolo, tras examinar los 
antecedentes del Registro, el Registrador de la Propiedad que suscribe ha calificado 
negativamente con esta fecha la inscripción solicitada en base al/los siguiente/s hecho/s  es
y fundamento/s de Derecho: o
Hecho/s: 1.º Compete al Registrador el calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad  920ww
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contenidos en los mismos, por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.
2.º Examinado el historial registral de la finca objeto del precedente mandamiento, y 
figurando ya despachado el precedente documento en cuanto a las cancelaciones en él 
ordenadas, para proceder a practicar las inscripciones de la parte indivisa que en la 
herencia correspondía a J. T., acreciendo dicha parte indivisa a favor de los otros 
herederos,  como  se  declara  en  la  sentencia  de  fecha  17/07/2013  de  la  Audiencia 
Provincial de Murcia Sección 1, sentencia número 376/2013, examinado el historial 
registral de las fincas objeto del procedimiento, fincas registrales 17535, 17548 y 17543 
de  Mazarrón,  resulta  de  la  aplicación  gráfica  auxiliar  diseñada  por  el  Colegio  de 
Registradores, que las mismas podrían estar en zona de Dominio Público Marítimo 
Terrestre, con el deslinde en tramitación, por lo que no es posible practicar la inscripción 
solicitada sin que se acompañe la Certificación de Costas acreditativa de que la finca no 
invade el Dominio Público Marítimo-Terrestre, según resulte del deslinde que en la 
actualidad esté vigente.
Téngase en cuenta que de las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre 
de 1.996 y 27 de mayo de 1.998, resulta ajustado a la ley el artículo 35 del Reglamento 
de Costas en su anterior redacción, por lo que la exigencia de acreditar que no se invade 
el dominio público marítimo-terrestre, mediante el correspondiente Certificado de Costas, 
es aplicable a las segundas y posteriores transmisiones de fincas inmatriculadas, que no 
únicamente a las fincas cuya inmatriculación se solicita. Y que, a la vista de dicha 
doctrina del Tribunal Supremo, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 
resolución de fecha de 6 de octubre de 2008, y reiterada por otras muchas hasta la 
actualidad, resuelve que la exigencia que impone dicho precepto (necesidad de aportar 
certificado de Costas que acredite la no invasión del dominio público marítimo-terrestre) 
es aplicable a las segundas y posteriores transmisiones de fincas ya inmatriculadas; 
habiendo declarado que la protección del dominio público marítimo no depende de que 
esté inscrito en el Registro, teniendo el registrador que procurar su protección cuando 
tenga indicios suficientes de que dicho dominio puede resultar invadido
A tal/es hecho/s es/son de aplicación el/los siguiente/s Fundamento/s de Derecho:
1.º Artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 2.ºArtículos 7, 15, 16 y concordantes de la Ley 
de Costas, artículos 35, 36 y concordantes del Reglamento de la Ley de Costas.
Dicho/s defecto/s se considera subsanable/, por lo que se suspende la inscripción 
solicitada.
(…)
Contra la presente calificación podrá (…)
Mazarrón, 1 de julio de 2020. el registrador. Fdo. José Ramón S. Galindo
III
D.ª M. del C. M. G., en representación de los hermanos T., interpuso recurso contra 
la anterior calificación mediante escrito de fecha 21 de julio de 2020 en los siguientes 
términos:
(…) comparezco, y como mejor proceda en Derecho, digo:
Que se ha notificado al presentante del documento don J. M. G. en fecha 1 de julio 
de 2020 Calificación Negativa, que se acompaña como documento n.º 2, por la que se 
suspende  la  Inscripción  de  la  parte  indivisa  que  en  las  fincas  registrales 
números 17.535,17.548 y 17.543 correspondía a J. T., y que según Sentencia de la 
Audiencia  Provincial  de  Murcia  de  17  de  julio  de  2013  debía  acrecer  a  los  otros  es
herederos, por ser necesario aportar Certificado de Costas que acredite la no invasión  bo
del dominio público marítimo-terrestre. Que, no estando conforme con dicha calificación  920ww
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Hechos
Primero.–En  fecha  30  de  septiembre  de  2016  se  presentó  en  el  Registro  de 
Mazarrón  Mandamiento  Judicial  expedido  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción  n.º  1  de  Totana,  dictado  en  el  Procedimiento  de  Ejecución  de  Títulos 
Judiciales n.º 142/2015, en el que se transcribía el Decreto de fecha 24 de julio de 2015, 
dictado por la Secretaria del precitado Juzgado, por el que se acordaba:
(…)
El procedimiento de ejecución derivaba del Procedimiento Ordinario n.º 345/2005, en 
el que se dictó Sentencia por el Juzgado de Totana por la que se estimaba la acción de 
división  de  cosa  común  formulada  por  D.  J.  T.  y  se  desestimaba  la  reconvención 
formulada por varios de sus hermanos y ahora recurrentes ante esta Dirección General. 
Por medio de la reconvención los hermanos solicitaban la nulidad de la Escritura de 
Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia  otorgada  en  agosto  de  2003  (y  otras 
pretensiones subsidiarias como la declaración de inoficiosidad de la donación), que era 
el título en virtud del cual el actor adquirió cuotas de propiedad sobre los inmuebles cuya 
división judicial solicitaba. En dicho procedimiento fueron declarados en rebeldía los 
codemandados D. P., B., V. y E. A., hijos de una hermana de los recurrentes fallecida.
Interpuesto Recurso de Apelación frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia de Totana en fecha 7 de junio de 2010 se dictó Sentencia por la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 17 de julio de 2013 –
Rollo de Apelación 963/2011– por la que se estimó el recurso de apelación y se declaró 
la inoficiosidad de la donación recibida por J. T. de sus padres en los siguientes términos:
Desestimamos la demanda principal de división de cosa común planteada por J. T. S.
Estimamos en parte la reconvención formulada por aquéllos, se declara inoficiosa la 
donación recibida por J. T. de sus padres en el año 1977 en la cantidad de 53.779’68 
euros.
Se reconoce a J. T. un crédito de 22.189 48 euros en la partición de 2003.
Se acuerda la compensación cantidades resultando un crédito de 31.590’40 euros a 
favor del resto de los coherederos y con cargo a J. T., quedando con tal compensación 
satisfecha la cuota indivisa que correspondía a J. en la partición de 2003, acreciendo su 
parte indivisa a favor de los otros herederos.
Por Auto de fecha 3 de octubre de 2013 dicha Sentencia fue completada en el 
sentido de incluir la frase «En ejecución de sentencia se procederá a la rectificación de 
los asientos registrales que puedan resultar afectados por la declaración de inoficiosidad 
efectuada»
Iniciada Ejecución por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Totana 
se expidieron los oportunos mandamientos en fecha 24 de julio de 2015 para llevar a 
cabo la rectificación de los asientos acordada por la Audiencia Provincial de Murcia. 
Dichos Mandamientos fueron presentados en el Registro de la Propiedad de Mazarrón 
en  fecha  30  de  septiembre  de  2016  y  fue  suspendida  su  inscripción  por  Nota  de 
calificación de fecha 24 de octubre de 2016, en la que se indicaban como motivos los 
siguientes:
– No indicar el NIE o carta de identidad francesa de actor y demandados.
– No  indicar  las  Resoluciones  judiciales  que  no  cabe  acción  de  rescisión  de 
Sentencia al haber sido dictada en rebeldía de los demandados P., B., V. y E. A.
– No  haber  intervenido  en  la  Ejecución  de  Sentencia  el  resto  de  partes  del  s
procedimiento ordinario y que se verán afectadas por el cumplimiento de lo acordado en  oe.
rSaecesrnteo–tce  ednNrec o liapa sr.eo xpppaileircttaiictraiiporsasec. ioenne sla i nSdeivnitseansc idae  nlai se nq ueel  emsa tnitdualamr iDe.n tJo.  Te.n e nq ulaés  pfrinocpaosrc aió fna vdoerb deenl   2020-14920n https://www.
Segundo.–A fin de subsanar los defectos advertidos se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones:
1.º- Respecto de la falta de identificación de actor y demandados se solicitó al 
Juzgado de Primera Instancia de Totana se procediera a identificar con NJ.E. a actor y 
demandados, procediéndose por la Secretaria del precitado Juzgado a dictar Diligencia 
de  Adición  de  fecha  1  de  febrero  de  2017  en  la  que  hacía  constar  que  en  el 
procedimiento no aparecían los N.I.E. y solo en la Escritura de Aceptación de Herencia 
constaban las Cartas Nacionales de Identidad, procediendo a identificar a todos los 
litigantes con sus respectivas Cartas Nacionales de identidad. Circunstancia que ya 
debía constar en el Registro puesto que esa Escritura de Aceptación de Herencia había 
sido  inscrita  en  el  año  1993  y  solo  se  trataba  ahora  de  rectificar  asientos.  Dicha 
Diligencia de Adición consta por original en el Mandamiento presentado en el Registro de 
Mazarrón.
2.º- Respecto de la indicación en las Resoluciones judiciales de que no cabe acción 
de rescisión se solicitó a la Audiencia Provincial de Murcia que se procediera a notificar 
la Sentencia a los demandados rebeldes, a pesar de que a juicio de esta parte dicha 
notificación era improcedente porque los codemandados estuvieron en rebeldía en el 
procedimiento  de  división  de  cosa  común  pero  la  estimación  de  la  reconvención 
ejercitada  por  los  recurrentes,  exclusivamente  frente  al  actor,  beneficiaba  a  los 
demandados rebeldes al acrecerles también a ellos su cuota hereditaria. La Audiencia 
Provincial, tras la publicación de edictos de notificación de Sentencia, dictó Diligencia de 
Ordenación en fecha 15 de enero de 2018 haciendo constar que no había habido 
actuación alguna a los efectos del art. 502 de la LEC.
3°.–En cuanto a no haber intervenido en la Ejecución de Sentencia el resto de partes 
del procedimiento ordinario y que se verían afectadas por el cumplimiento de lo acordado 
en Sentencia, era a juicio de esta parte un defecto inexistente puesto que la ejecución de 
sentencia  sólo  podría  serlo  frente  al  actor  reconvenido  pero  no  frente  a  los 
codemandados que únicamente lo fueron respecto de la pretensión de división de cosa 
común. La afectación de estos codemandados sólo lo sería en beneficio y no en perjuicio 
puesto que iban a ver acrecida su cuota y la demanda dirigida frente a ellos había sido 
desestimada.
4.º- Y en cuanto a no explicitarse en la Sentencia ni en el mandamiento en qué 
proporción deben acrecer las participaciones indivisas de las que es titular D. J. T. en las 
fincas a favor del resto de propietarios, no dijo nada esta parte pues por aplicación de las 
normas del Código Civil era obvio que debían de ser repartidas conforme al título 
particional con arreglo al cual se practicaron todas las inscripciones obrantes en el 
Registro.
Obtenida  la  documentación  oportuna  para  subsanar  los  defectos  advertidos,  se 
procedió nuevamente a presentar los Mandamientos siendo calificados positivamente en 
fecha 12 de septiembre de 2019, y cancelándose las inscripciones a favor de D. J. T., 
pero con el asombro de que la cuota de D. J. T. en vez de ser inscrita a favor del resto de 
coherederos acreciéndoles fue inscrita a nombre de los fallecidos A. T. L. y M. S. L., 
despachándose por tanto el mandamiento de forma incompleta pero sin hacerlo constar 
mediante una calificación que respondiera al defecto observado como si se hizo en la 
primera calificación. Así consta en las Notas Simples que se expidieron, y que se 
acompañan como documentos números 3 a 5, lo siguiente
(…)
No  existiendo  calificación  negativa  difícilmente  se  podía  solicitar  a  la  Audiencia  e.
Provincial que completara su fallo indicando «cómo debía acrecer la cuota», por lo que  w.b
se presentó nuevamente en el Registro de la Propiedad en fecha 24 de febrero de 2020  920ww
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solicitud dirigida al Registro se indicaba lo siguiente:
En relación con el procedimiento arriba referenciado, indicarle que habiendo sido 
cancelada la inscripción de dominio a favor de D. J. T. y no habiéndose repartido dicha 
cuota entre el resto de coherederos con arreglo al título particional, que acompaño, 
intereso que se proceda a la inscripción de dicha cuota a favor del resto de coherederos 
en la proporción que resulta del título particional.
En  fecha  1  de  julio  de  2020  se  remite  por  fax  al  Procurador  presentante  del 
documento,  D.  J.  M.  G.,  nueva  calificación  por  la  que  se  suspende  la  inscripción 
solicitada,  en  base  a  un  defecto  que  nunca  antes  se  había  hecho  constar,  por  la 
necesidad de aportar Certificado de Costas que acredite la no invasión del dominio 
público marítimo-terrestre indicándose en la calificación «dado que según resulta de la 
aplicación gráfica auxiliar diseñada por el Colegio de Registradores, las fincas podrían 
estar en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, con el deslinde en tramitación, por 
lo  que  no  es  posible  practicar  la  inscripción  solicitada  sin  que  se  acompañe  la 
Certificación  de  Costas  acreditativa  de  que  la  finca  no  invade  el  Dominio  Público 
Marítimo Terrestre, según resulte del deslinde que en la actualidad esté vigente».
Fundamentos de Derecho
(…)
Tercero.–Fondo del asunto.
Infracción del art. 258.5 de la Ley Hipotecaria por no respetarse la calificación global.
Tal y como he expuesto en el motivo preliminar, en la primera Nota de Calificación del 
registro no se hacía mención alguna a la necesidad de aportar «Certificado de Costas 
que acredite la no invasión del dominio público marítimo terrestre». Esta exigencia 
supone una infracción del art. 258.5 de la Ley Hipotecaria puesto que la calificación del 
Registrador, en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria de forma 
que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión 
o denegación del asiento solicitado.
No  es  de  recibo  que,  desde  la  primera  presentación  de  los  mandamientos  en 
septiembre de 2016 y su primera Nota de Calificación en octubre de 2016, se pueda 
ahora exigir un documento que anteriormente no fue exigido y que, como expondré en 
los  motivos  siguientes,  se  plantea  en  términos  futuribles  ya  que  el  Registrador 
hipotéticamente dice que «las fincas podrían estar en zona de Dominio Público Marítimo 
Terrestre» y se aventura a afirmar que hay un deslinde en tramitación cuando ni mis 
representados tienen noticia alguna de la iniciación del deslinde, ni de hecho consta al 
margen de las fincas de mis representados anotación alguna que indique este inicio del 
deslinde, tal y como exige el art. 52.b) de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas de 3 de noviembre de 2003.
Cuarto.–Motivación insuficiente y errónea. Infracción del art. 15 de la Ley de Costas 
de 28 de julio de 1988 y 36 del Reglamento General de Costas.
El Registrador motiva la suspensión de la inscripción porque las fincas podrían estar 
en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, con el deslinde en tramitación, y cita en 
su apoyo los artículos 15 y 16 de la Ley de Costas, los artículos 35 y 36 del Reglamento 
General de Costas y las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 16 de octubre 
de 1996 y 27 de mayo de 1998 y la Resolución de la DGRN de fecha 6 de octubre 
de 2008.
En primer lugar no estamos en presencia de una inmatriculación, que es el supuesto 
que contempla el art. 15 de la ley de costas, sino de una transmisión hereditaria que se 
formalizó mediante Escritura de Aceptación y Manifestación de Herencia otorgada en el 
mes de agosto de 2003, que se inscribió en su integridad sin necesidad de aportar  s
ningún Certificado, si bien por Sentencia dictada en julio de 2013 por la Audiencia  oe.
Provincial de Murcia deben ser rectificados sus asientos, en el sentido de cancelar las  w.
inscripciones a nombre de D. J. T. y acrecer su cuota al resto de coherederos. En esta  920ww
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Aluceegpot aceiló nT ítudleo   aHpeorretandcoia –p aeras   las ufrieccietinfitcea cipóanr a– sseagbuenrd a cócmopoia  ddeeb elna   Easccrerictuerra  ldaes   BOE-A-cable e
participaciones, por lo que resulta incomprensible que para simplemente rectificar la 
cuota que tiene cada coheredero se deba exigir el Certificado de Costas. Todos los 
herederos tienen inscritos sus derechos desde el año 1993, y ahora sólo se trata de 
rectificar la cuota que a cada uno corresponde;
Ni se trata de inmatricular una finca, como indica el art. 15 de la Ley de Costas, ni se 
trata tampoco en puridad de una segunda o posterior transmisión pues se trata de 
rectificar las cuotas que a cada coheredero corresponden en virtud de mandato judicial. 
Es decir, los recurrentes tienen inscrito ya su derecho y ahora sólo debe ser rectificada 
su cuota, lo que evidentemente no supone una segunda o posterior transmisión, más si 
se tiene en cuenta que esa donación inoficiosa retrotrae sus efectos al momento en el 
que se llevó a cabo la aceptación de la herencia, el año 1993.
No obstante, si se entendiera que en realidad nos encontramos ante una segunda o 
posterior transmisión, la Calificación registral adolecería de falta de motivación pues el 
Registrador tras indicar «resulta de la aplicación gráfica auxiliar diseñada por el Colegio 
de Registradores que las mismas podrían estar en zona de Dominio Público Marítimo 
Terrestre, con del deslinde en tramitación» cita como Fundamentos de Derecho los 
artículos  15  y  16  de  la  Ley  de  Costas  y  los  artículos  35,  36  y  concordantes  del 
Reglamento general de Costas, más no indica en virtud de qué supuesto en concreto, de 
los varios contenidos en esos preceptos, está denegando la inscripción y en base a cuál 
de ellos está autorizada a solicitar el Certificado de Costas. Y en cuanto a la cita de las 
sentencias del Tribunal Supremo no resultan aplicables y tampoco la Resolución de la 
Dirección General de Registros y Notariado de 6 de octubre de 2008 puesto que todas 
ellas se refieren al derogado artículo 35 del Reglamento de Costas, y éste se limitaba a 
decir «Las reglas establecidas en los artículos anteriores para la inmatriculación serán 
también aplicables a la segunda y posteriores inscripciones». Sin embargo, el vigente 
art. 36 recoge una serie de reglas aplicables a las segundas y posterior es inscripciones, 
sin que el Registrador haya identificado qué supuesto o qué regla resulta aplicable al 
caso,  lo  que  genera  evidente  indefensión  a  esta  parte  por  no  saber  qué  se  debe 
combatir. A ello se añade que la representación gráfica auxiliar diseñada por el Colegio 
de Registradores no aparece entre las reglas descritas en el precepto por lo que tal v, e 
estemos ante una extralimitación de competencias por parte del propio Colegio de 
Registradores y/o del Registrador de Mazarrón. Y tampoco se indica en ninguna de las 
reglas del art. 36 que sea el interesado el que deba aportar la Certificación. Y por último 
el propio Registrador indica que existe un «indicio» más un indicio no es prueba de que 
el deslinde se esté tramitando.
Pero es que, a mayor abundamiento, resulta que la regla 6.ª del art. 36 señala «6.ª El 
registrador de la propiedad, con ocasión de la emisión de cualquier forma de publicidad 
registral,  informará  en  todo  caso  de  la  situación  de  la  finca  en  relación  con  las 
servidumbres de protección y tránsito conforme a la representación gráfica obrante en el 
registro, suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar», 
y sin embargo en las Notas Simples que se expiden cuando se cancelan los asientos a 
nombre de D. J. T. (documentos números 3 a 5), el Registrador no informa de la 
situación de las fincas en relación con las servidumbres de protección y tránsito, no 
resultando tampoco de esas Notas Simples que se haya practicado la anotación del 
inicio  del  deslinde.  La  falta  de  publicidad  en  esas  Notas  Simples,  o  supone  el 
incumplimiento de una obligación legal por parte del Registrador, o simplemente supone 
que no hay nada que informar porque no hay ningún deslinde iniciado.
Lo  que  se  desprende  de  lo  expuesto  es  que  el  Certificado  solicitado  por  el  s
Registrador no está previsto por la Ley para la inmatriculación de segundas y posteriores  oe.
transmisiones cuando el deslinde no se ha iniciado, y sólo se puede negar la inscripción  w.
en caso se estar incoado el expediente, que no lo está. Y no lo está, porque como ya  920ww
andoetala natla bmaa,r geel pnr odcee dlaims iefnintcoa dse  adfeescltianddaes a, dumnian isvterazt ivinoi ctiiaednoe  pdriechvios tap rloac perdáimctiicean tdoe.  Aunsaí, 
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de la Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la 
inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.» Esto es, la circunstancia para la 
que se prevé constancia tabular es la iniciación del concreto procedimiento de deslinde, 
no la posible iniciación de dicho procedimiento en el futuro.
Y aquí traemos a colación la Resolución de la Dirección General de los Registros y el 
Notariado de fecha 19 de septiembre de 2019, referida al deslinde de vías pecuarias y la 
posibilidad de practicar Nota marginal referida a un futuro deslinde, en la que, tras citar el 
art.  52  de  la  Ley  de  Patrimonio  de  las  Administración  Públicas,  concluye:  «La 
Certificación solicitada por el Registrador no está prevista en la normativa hipotecaria 
general, ni tampoco en la normativa especial relativa al régimen de las vías pecuarias, ni 
en la normativa general reguladora del patrimonio de las administraciones públicas. Se 
trata, por consiguiente, de un asiento no previsto por el ordenamiento jurídico, cuya 
práctica  es  improcedente.  Hasta  la  iniciación  del  procedimiento  de  deslinde  la  vía 
pecuaria goza de las garantías generales de inalienabilidad e imprescriptibilidad del 
artículo  132  de  la  Constitución  Española,  debiéndose  iniciar,  en  su  caso,  el 
procedimiento de deslinde con intervención del titular registral en el momento del inicio 
del expediente».
Aunque no es el mismo supuesto es análogo pues se está exigiendo al interesado un 
Certificado que no resulta de ninguno de las reglas contenidas en el art. 36. Las meras 
sospechas o indicios del Registrador conculcan la legalidad vigente y el Registrador se 
extralimita en su función calificadora, máxime cuando lo que está calificando es un 
mandamiento judicial y no un documento administrativo.
(…)
Murcia, a 31 de julio de 2020.
IV
Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2020, el registrador se ratificó en su 
calificación, emitió su informe, y remitió el expediente a este Centro Directivo, haciendo 
constar que se dio traslado del recurso al Juzgado que expide el mandamiento y al 
notario autorizante de la escritura que lo complementa.
Consta  en  el  expediente  informe  del  notario  de  fecha  31  de  agosto  de  2020 
«corroborando los argumentos jurídicos del señor registrador».
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  9  de  la  Ley  Hipotecaria;  artículos  7  y  siguientes  de  la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; artículos 35 y 36 del Real Decreto 876/2014, 
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas; y las 
resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de diciembre 
y de 24 de julio de 2019 y 26 de febrero de 2020.
1.  Mediante mandamiento judicial, acompañado de las sentencias de donde deriva, 
se ordena, tras haber sido declarada inoficiosa determinada donación no referida a las 
fincas registrales ahora en cuestión, la rectificación de las inscripciones a nombre del 
demandando sobre las fincas registrales 17535, 17548 y 17543, así como que la parte 
indivisa de dicho señor, inscrita por título de herencia, acrezca a favor del resto de 
herederos.
En concreto, la sentencia que motivó el mandamiento presentado al registro incluía 
en el fallo el siguiente pronunciamiento: e.
«Estimamos en parte la reconvención formulada por aquéllos, se declara inoficiosa la  920ww
eduornoasc.i óSne  rerecciboindoac peo ar  JJ..  TT..  duen  scurésd pitaod drees  2e2n.1 e8l9 a 4ñ8o  e1u9r7o7s  eenn  lala  cpaanrttiidcaiódn  ddee  5230.0737.9 ’S68e 
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satisfecha la cuota indivisa que correspondía a J. en la partición de 2003, acreciendo su 
parte indivisa a favor de los otros herederos».
Por auto de fecha 3 de octubre de 2013 dicha sentencia fue aclarada en el sentido de 
añadir que «en ejecución de sentencia se procederá a la rectificación de los asientos 
registrales que puedan resultar afectados por la declaración de inoficiosidad efectuada.»
En virtud de un anterior asiento de presentación de tales títulos, en septiembre 
de 2019 el registrador canceló las inscripciones a favor de don J. T., y en vez de ser 
inscrito el «acrecimiento «de su cuota hereditaria a favor del resto de coherederos, fue 
reinscrita a nombre de los causantes de la herencia.
Ahora, mediante un nuevo asiento de presentación, se pide expresamente que se 
inscriba  el  acrecimiento  de  dicha  cuota  que  ostentaba  don  J.  T.  a  favor  de  los 
coherederos.
El registrador opone como defecto que «para proceder a practicar las inscripciones 
de la parte indivisa que en la herencia correspondía a J. T., acreciendo dicha parte 
indivisa a favor de los otros herederos» … «resulta de la aplicación gráfica auxiliar 
diseñada por el Colegio de Registradores, que las mismas podrían estar en zona de 
Dominio Público Marítimo Terrestre, con el deslinde en tramitación, por lo que no es 
posible practicar la inscripción solicitada sin que se acompañe la Certificación de Costas 
acreditativa de que la finca no invade el Dominio Público Marítimo-Terrestre, según 
resulte del deslinde que en la actualidad esté vigente.» Y señala como fundamento 
jurídico los artículos 7, 15, 16 y concordantes de la Ley de Costas, artículos 35, 36 y 
concordantes del Reglamento de la Ley de Costas.
El recurrente alega, resumidamente: –que en notas de calificación resultantes de 
asientos de presentación anteriores no se puso de manifiesto tal defecto; –que »los 
recurrentes tienen inscrito ya su derecho y ahora sólo debe ser rectificada su cuota, lo 
que evidentemente no supone una segunda o posterior transmisión»; –que el registrador 
no indica en virtud de qué supuesto en concreto, de los varios contenidos en los 
preceptos que cita, está denegando la inscripción y en base a cuál de ellos solicita el 
certificado de costas.
2.  La primera cuestión que alega el recurrente es la infracción del principio de la 
calificación global y unitaria.
Efectivamente, el artículo 258.5 de la Ley Hipotecaria dispone que: «5. La calificación 
del Registrador, en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho 
jurídico, y del contenido de los asientos registrales, deberá ser global y unitaria.»
Ahora  bien,  como  ha  manifestado  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado en su Resolución de 20 de diciembre de 2016:
«Como ha reiterado en numerosas ocasiones este Centro Directivo (vid. por todas la 
Resolución de 5 de marzo de 2014), de acuerdo con la exigencia del artículo 258.5 de la 
Ley Hipotecaria, la calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del 
principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Constitución (artículo 9.3).
El registrador de la Propiedad debe extremar su celo para evitar que una sucesión de 
calificaciones relativas al mismo documento y a la misma presentación, genere una 
inseguridad jurídica en el rogante de su ministerio incompatible con la finalidad y eficacia 
del Registro de la Propiedad.
También tiene declarado este Centro Directivo que las consideraciones anteriores no 
pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como 
es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que 
se observen aun cuando sea extemporáneamente (cfr. artículo 127 del Reglamento  e.
Hipotecario y Resoluciones de 5 de marzo de 2014 y 7 de septiembre de 2015). w.b
Es decir, que aun cuando el registrador pueda incurrir en causa de responsabilidad  920ww
hdeiscchipol incaornias,t asri  ecna lilfaic apdriom uenra  tíctualloifi cya csiuóbns, adneabdeo  eefle dcetufeacr tou,n ad esteecgtuansdea  octroom qpureen nsoiv ah adyeal 
mla isfimnaol,i dpaude sd elo sp rfeuseertrevsa re flae cstoesg uqruidea edl  dsieslt etmráafi croe gyis dtreall  acrtréibduitoye i nam laosb iilniasrciori,p hciaocneens  qcoune 
deba extremar el control de legalidad sobre los títulos presentados.»
Sin  embargo,  no  puede  olvidarse  que,  caducados  los  asientos  de  presentación 
anteriores de un documento, el artículo 108 del Reglamento Hipotecario permite volver a 
presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el 
registrador –él mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio 
o variarlo, si lo estimase justo.
Como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no 
está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 
calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de la misma documentación. Y ello porque, caducado un asiento 
de presentación, cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no 
puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado 
para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas 
aun cuando sean propias. En definitiva, la nueva presentación significa el inicio –«ex 
novo»– de todo el procedimiento registral (cfr. resoluciones de 5 de marzo de 2014, 1 de 
abril 2015, 5 de junio de 2015, 7 de septiembre de 2015 y 2 de noviembre de 2016).
3.  Alega  también  el  recurrente  que  no  estamos  en  realidad  ante  una  nueva 
transmisión que determine la aplicación del artículo 36 del Reglamento de Costas porque 
«los recurrentes tienen inscrito ya su derecho y ahora sólo debe ser rectificada su 
cuota.»
Sin embargo, como se deduce de la sentencia cuyos pronunciamientos han de 
inscribirse, motivada por una demanda inicial y otra reconvencional, en realidad estamos 
ante la liquidación de dos obligaciones pecuniarias recíprocas, que se compensan y 
extinguen  en  la  parte  concurrente,  y  que,  en  cuanto  al  exceso,  se  acuerda  su 
satisfacción mediante una dación en pago de deuda, de modo que el obligado a pagar 
determinada cantidad no entrega ese importe en dinero sino que en su lugar transmite su 
cuota  indivisa  sobre  determinadas  fincas  a  quienes  tenían  derecho  a  cobrar  dicha 
cantidad. Por tanto, y con independencia de que la sentencia habla de acrecimiento de 
cuotas entre coherederos, en realidad estamos ante una auténtica transmisión de cuota 
indivisa de finca de un titular a otros, en virtud de dación en pago de deuda, por lo que la 
alegación del recurrente que ahora analizamos ha de ser desestimada.
Supuesto distinto hubiera sido que la sentencia hubiera declarado la nulidad de una 
determinada adjudicación hereditaria a un coheredero, supuesto en el que sí que podría 
haber un consiguiente acrecimiento de las cuotas de los demás coherederos. Pero no es 
tal el caso que nos ocupa, pues no se ha decretado nulidad de la adjudicación inscrita, 
sino que como consecuencia de la declaración de inoficiosidad de una donación, no 
referida a estas fincas, surgen unos derechos de crédito u obligaciones pecuniarias entre 
los interesados para cuya satisfacción se acude a la transmisión a modo de dación en 
pago de deuda.
4.  En relación con la normativa aplicable, como ha dicho este Centro Directivo en 
su Resolución de 28 de febrero de 2020 la cuestión de la protección registral del dominio 
público marítimo-terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas colindantes 
con el dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuya regla segunda 
dispone el modo de proceder del registrador en aquellos supuestos en que el dominio 
público costero no conste inscrito en el Registro de la Propiedad: «Si la finca intersecta o 
colinda con una zona de dominio público marítimo terrestre conforme a la representación  s
gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el  oe.
registrador  suspenderá  la  inscripción  solicitada  y  tomará  anotación  preventiva  por  w.
noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en  920ww
deol mplianzioo  pdúeb luicno  mmeasr ítdimesod-tee rlrae srterece yp csióun s dituea lcaió pne eticni órne,l acceiórtnif iqcoune  lsais l as efrinvcidau minbvraedse  deel 
protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el
registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que 
notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca».
Como  ha  señalado  este  Centro  Directivo  (vid.  Resoluciones  de  23  de  agosto 
de 2016, 27 de junio de 2017, 23 de mayo y 19 de junio de 2018 y 28 de febrero 
de 2020), para la debida comprensión de este precepto debe contemplarse juntamente 
con el contenido de toda la Sección Cuarta del Capítulo III del actual Reglamento de 
Costas, reguladora de las inmatriculaciones y excesos de cabida que puedan afectar a 
este dominio público.
El eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio público marítimo-terrestre 
en  esta  regulación  es  la  incorporación  al  Sistema  Informático  Registral  de  la 
representación gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de 
dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de tránsito y protección, 
que ha de trasladar en soporte electrónico la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar a la Dirección General de los Registros y del Notariado (apartado 2 del 
artículo 33).
Esta previsión ha de ponerse en necesaria correlación con la aplicación informática 
para  el  tratamiento  de  representaciones  gráficas  georreferenciadas  de  que  han  de 
disponer todos los registradores, como elemento auxiliar de calificación, conforme al 
artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, en su redacción por la Ley 13/2015, de 24 de junio. 
Dicha aplicación, homologada por Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto 
de  2016,  permite  relacionar  las  representaciones  gráficas  de  las  fincas  con  las 
descripciones contenidas en el folio real, previniendo además la invasión del dominio 
público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la 
clasificación y calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente.
De todas estas normas resulta que con la nueva regulación se pretende que el 
registrador pueda comprobar directamente, a la vista de las representaciones gráficas, la 
situación de las fincas en relación con el dominio público y las servidumbres legales. 
Sólo en el caso en que de tal comprobación resulte invasión o intersección, procedería la 
solicitud por el registrador de un pronunciamiento al respecto al Servicio Periférico de 
Costas.
5.  Llegados a este punto, cabe plantear cuál debe ser el proceder del registrador en 
los casos en los que las citadas aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases 
gráficas, no dispongan de la información correspondiente a la representación gráfica 
georreferenciada de la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres 
de tránsito y protección, remitida en soporte electrónico por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (cuya fuente u origen no consta en el presente 
expediente).
En tales casos el registrador no podrá proceder conforme a lo previsto en la citada 
regla segunda del artículo 36 del Reglamento de Costas al faltar el primer presupuesto 
para su aplicación, como es la determinación de la colindancia o intersección según la 
repetida representación gráfica del dominio público y de las servidumbres legales con 
arreglo a la información sobre la delimitación de la costa proporcionada por la citada 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Por  ello,  las  Resoluciones  de  este  Centro  Directivo  de  23  de  agosto  y  14  de 
septiembre de 2016 y 23 de mayo de 2018 señalaron que la única forma de lograr esta 
determinación será la previa aportación de certificación del Servicio Periférico de Costas 
de la que resulte la colindancia o intersección, así como la determinación de si la finca 
invade o no el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las  s
servidumbres de protección y tránsito, todo ello según la representación gráfica que obre  oe.
en tal Administración. w.
No obstante, esta determinación previa sólo debe ser exigible a aquéllas fincas que,  920ww
rsaezgóúnn  dloes s dua ctoasrg qou, ec ocmonos ltoesn  deant oesl  Rcaetgaissttrraol eos  a( clfor.s  pqoure t otednags,a  Raecscoelsuoc ióenl  rdeeg is2t3ra ddeo ra pborirl 
de 2018), o que se desprendan del propio título inscribible, linden con este dominio
público o puedan estar sujetas a tales servidumbres (artículos 15 de la Ley de Costas 
y 35 y 36 del Reglamento General de Costas).
6.  En el caso de este expediente, el registrador a la vista de las representaciones 
gráficas disponibles concluye que la finca puede invadir el dominio público marítimo-
terrestre,  por  lo  que  debe  proceder  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  36  del 
Reglamento de Costas requiriendo al Servicio Periférico de Costas para que se le 
informe sobre el particular.
Como  ya  señaló  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado de 6 de junio de 2019, la posible invasión puede resultar de la información 
gráfica de la aplicación auxiliar del Colegio de Registradores prevista en el artículo 9 de 
la Ley Hipotecaria, y la disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 24 de marzo, 
que constituye elemento relevante a estos efectos, aun no existiendo constancia de la 
concreta fuente de la información a ella incorporada, dada su función legal de realizar 
«análisis de contraste, con la cartografía elaborada por la Dirección General del Catastro 
y  con  aquellas  otras  cartografías  o  planimetrías,  debidamente  georreferenciadas  y 
aprobadas oficialmente» y su finalidad de constituir elemento auxiliar en la calificación 
registral, conforme a las citadas disposiciones legales.
Ello lleva al registrador a condicionar la inscripción de transmisiones posteriores a 
que se justifique que tal invasión no se produce, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 7, 15 y 16 de la Ley de Costas y 33 a 36 del Reglamento, y sus concordantes.
7.  En el supuesto contemplado en el presente expediente, no consta que se haya 
aportado la representación gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de 
la línea de dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de tránsito y 
protección,  que  ha  de  trasladar  en  soporte  electrónico  la  Dirección  General  de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado  (apartado  2  del  artículo  33),  por  lo  que  es  correcta,  de  acuerdo  con  lo 
expuesto anteriormente, la previa aportación de certificación del Servicio Periférico de 
Costas de la que resulte la colindancia o intersección, así como la determinación de si la 
finca invade o no el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las 
servidumbres de protección y tránsito, todo ello según la representación gráfica que obre 
en tal Administración.
8.  Finalmente cabe añadir que resulta improcedente la alusión del recurrente a la 
Resolución de 19 de septiembre de 2019 relativa a vías pecuarias, que trataba un 
supuesto completamente diferente al que aquí nos ocupa, ya que en dicha resolución no 
se planteaba, como erróneamente se afirma en el escrito de recurso, la exigencia de 
ningún certificado previo a la inscripción, sino la procedencia o no de la extensión de una 
nota marginal advirtiendo la colindancia de una finca con el dominio público. En este 
punto se observa que la transcripción de la resolución que realiza el recurrente altera sus 
términos literales, variando su sentido, por lo que no es admisible la alegación efectuada.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  confirmar  la  nota  de 
calificación y desestimar el recurso interpuesto.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  e
Pública, Sofía Puente Santiago. bo