BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 161926
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
21319 Decreto-ley 8/2021, de 24 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza la tramitación, por el procedimiento de concesión directa de una 
subvención a favor de «Opel España, SLU» para el desarrollo de proyectos 
de  protección  medioambiental,  de  investigación  industrial  y  desarrollo 
experimental, y para la transformación y modernización tecnológica de los 
procesos  y  hacer  frente  a  los  perjuicios  económicos  derivados  de  la 
COVID-19.
I
La  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  de  conformidad  con  lo  referido  en  el 
artículo  71.32.ª  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Aragón,  reformado  por  la  Ley 
Orgánica  5/2007,  de  20  abril  tiene  competencia  exclusiva  en  la  planificación  de  la 
actividad económica y fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad. Asimismo, en virtud 
de lo dispuesto en su artículo 71.48.ª, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuida 
la competencia exclusiva en materia de industria, salvo las competencias del Estado por 
razones  de  seguridad,  sanitarias  o  de  interés  de  la  defensa,  y  en  materia  de 
subvenciones, el Estatuto de Autonomía de Aragón dispone en su artículo 79.1.º que «en 
las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de 
la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos 
propios,  regulando  o,  en  su  caso,  desarrollando  los  objetivos  y  requisitos  de 
otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión».
La competencia de la planificación de la actividad económica y fomento industrial se 
realiza con el compromiso del Gobierno de Aragón de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados por la ONU en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 
Entre  estos  objetivos,  el  número  9  está  dedicado  a  la  Industria,  Innovación  e 
Infraestructuras, que establece entre sus metas la 9.2 «Promover una industrialización 
inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la 
industria  al  empleo  y  al  producto  interno  bruto,  de  acuerdo  con  las  circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados» y la 9.4 «De 
aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas»
El aumento de la contribución de la industria al empleo y al PIB, establecido en la 
meta 9.2, deriva de que la industria es un sector clave para la generación de empleo de 
calidad y el crecimiento económico equilibrado de un país por su capacidad de mejorar la 
competitividad de la economía, su importante nivel de inversión en innovación y su alta 
capacidad exportadora. Su carácter estratégico motivó que, en 2014, la Unión Europea 
fijara el objetivo de relanzar la industria en Europa como eje del crecimiento económico, 
identificando el 20 % del PIB como la meta a alcanzar en 2020. s
Sin embargo, en la actualidad, no se cumple con la meta establecida del 20 %. Por  e.
esta  razón,  el  Gobierno  considera  necesario  elevar  el  protagonismo  de  la  política  w.
industrial hasta situarlo en el centro de la agenda política, con el objetivo último de lograr  319ww
uenst amboled ey lod ed cea lcidreacdi.miento sostenido, sostenible e integrador que promueva el empleo
la  dDeednictraod ad ela sl escetocrt oirn ddues trilaal  daeu tAomraogcóinó,n ,la  aplcriamnezraan rdaom  ae l de1l7 s e%ct odr eml aVnAufBa ctinudreursot reiasl   BOE-A-cable e
autonómico y el 4,35 % del VAB de la región. Este sector está inmerso en una total 
transformación estructural, derivada entre otras de la incertidumbre política y económica, 
la reorientación normativa hacia el vehículo eléctrico, unido a los nuevos modos de 
utilizar el automóvil («carsharing»). El automóvil tiene que hacer frente sin demora al 
desafío  que  suponen  las  políticas  contra  el  cambio  climático  y,  también,  a  las 
oportunidades que ofrece la inserción de nuevas tecnologías en los vehículos. Es por 
ello que la industria de la automoción necesita con urgencia reinventarse y hacer frente a 
todos estos retos, además de mejorar su reputación ante la percepción de la sociedad de 
que se trata de un sector poco sostenible.
La movilidad está en plena revolución y será uno de los ejes transformadores de la 
economía española durante los próximos años. Los vehículos, que llevan años en el 
mercado  movidos  por  los  motores  de  combustión,  deben  sustituirse  por  otros 
propulsados mediante energías alternativas y por motor eléctrico. La práctica totalidad de 
los fabricantes de automóviles tienen claro que su presente es electrificado, en un 
entorno altamente competitivo con objetivos muy exigentes de eficiencia energética y 
medioambiental  y  de  ahorro  de  costes,  y  donde  las  decisiones  son  constantes  e 
impactan en las inversiones a realizar y el empleo de las plantas.
Estos cambios y otros, han sido asumidos por la industria de manera inmediata, de 
tal forma que los fabricantes que antes producían cuadros de instrumentos ven ahora 
cómo los nuevos modelos llevan pantallas digitales, los que hacían componentes para 
los motores de combustión tienen ahora que hacer piezas para motores eléctricos, 
totalmente diferentes. Por último, está el tema clave de la fabricación de las baterías y el 
actual  desabastecimiento  de  microchips,  aspectos  en  los  que  las  empresas 
automovilísticas en España tienen la inaplazable necesidad de afrontar con el objeto de 
proporcionar infraestructuras para el ya comenzado tránsito hacia el coche eléctrico. Por 
estos motivos, ciertas plantas de producción de automóviles se han visto obligadas a 
paralizar su producción en diversas ocasiones durante este último año. Son muchos 
cambios radicales que deben tener lugar en muy poco tiempo y cuya consecución están 
generando mucha preocupación en el sector.
Pero este reto no se puede abordar en solitario. Se requiere de un trabajo conjunto y 
en  común  de  todos  los  agentes  implicados:  administración,  empresas,  fabricantes, 
distribuidores y sindicatos que contribuya al mantenimiento de la relevancia que en 
términos económicos y de empleo tiene la fabricación de vehículos en Aragón.
Estas  dificultades  se  han  visto  agravadas  como  consecuencia  del  brote  de 
coronavirus y sus efectos, aunque las Administraciones Públicas dada la magnitud de lo 
sucedido, hayan puesto en marcha un gran abanico de medidas extraordinarias para 
abordar esta crisis y mitigar sus efectos.
En la actual coyuntura internacional, el sector está afrontando un futuro lleno de 
incertidumbres y riesgos, de una impredecible duración, con efectos desconocidos sobre 
el actual sistema económico mundial. Este panorama es incierto y nada favorable para 
fomentar la realización de inversiones. El retraso de estas inversiones supone una 
ralentización  de  la  actividad  industrial  debido  al  impacto  directo  en  las  empresas 
auxiliares, e indirecto al resto de empresas, así como un aumento de las dudas sobre las 
expectativas de la reindustrialización de la industria y su efecto inducido.
El sector de la automoción ha sido uno de los sectores más afectados por los efectos 
de la pandemia, pues desde la declaración del estado de alarma las distintas factorías 
del sector se han visto obligadas a paralizar su actividad industrial y comercial por la 
ruptura de su propio modelo de abastecimiento. A la crisis pandémica, con limitaciones  s
sobre la movilidad y el turismo y efecto inducido sobre las ventas y alquiler de vehículos,  oe.
se suma la crisis propia del sector relacionada con la ya mencionada falta de los  w.
microchips necesarios para la producción de vehículos. Entre los perjuicios ocasionados  319ww
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empleo.
La  Estrategia  Aragonesa  para  la  Recuperación  Social  y  Económica  (EARSE), 
aprobada en junio de 2020 por el Gobierno de Aragón, los partidos políticos, los agentes 
sociales  y  la  Administración  Local,  plasma  en  un  libro  blanco  un  conjunto  de  273 
propuestas consensuadas para hacer frente a la crisis consecuencia del coronavirus. Las 
medidas planteadas se dividen en cuatro bloques –recuperación del territorio, de las 
políticas públicas, de la economía productiva y en materia de empleo. En lo referente a 
los sectores estratégicos contemplados en la EARSE, se incluyen algunas medidas 
concretas  para  el  sector  de  la  automoción  como:  «Impulsar  una  política  industrial 
ambiciosa para la adaptación del sector de la automoción en la Comunidad Autónoma 
orientándolo hacia el desarrollo, fabricación y ensamblado del vehículo eléctrico y sus 
componentes, especialmente de las baterías eléctricas, a través de líneas de ayudas, 
financiación, avales, apoyo a la innovación, etc.»
En consecuencia, resulta de interés general que desde el Gobierno de Aragón se 
estimule y apoye decididamente a las inversiones que resultan imprescindibles de acometer 
por parte de actores clave del sector de la automoción de Aragón, en proyectos de 
investigación y desarrollo, protección y mejora medioambiental, así como de transformación 
y modernización tecnológica de los procesos para mejorar su competitividad y hacer frente 
a los perjuicios económicos derivados de la COVID-19, como medio para la dinamización 
de un sector eminentemente tractor de la economía regional.
Opel España, SLU, es el único fabricante de automóviles que posee Aragón, se 
instaló hace casi cuarenta años, y desde entonces no solo es el mayor foco de actividad 
industrial aragonesa sino de toda su economía. La empresa es titular de una fábrica 
situada en Figueruelas, donde emplea a unos 5.400 trabajadores directos; asimismo 
genera otros indirectos en el resto de la industria auxiliar de la automoción regional, que 
en esta Comunidad está formada por unas 213 empresas, que en su conjunto emplean 
aproximadamente  a  24.000  trabajadores  directos  e  indirectos  en  empleos  de  gran 
calidad y cualificación, es decir, el 30,4% del empleo industrial. Esta empresa contribuye 
a las exportaciones del sector, que suponen el 35% del total de las exportaciones de la 
Comunidad.
Opel España, SLU, al igual que el resto de empresas del sector, tuvo que paralizar su 
actividad durante dos meses del ejercicio 2020 debido al COVID-19. Posteriormente, 
debido a la falta de suministro de microchips necesarios para la producción de los 
vehículos, también se ha visto obligada a paralizar su actividad en diversas ocasiones, lo 
que ha comportado la pérdida de más de tres centenares de turnos de producción desde 
el inicio del ejercicio 2021 hasta el momento y sin que se vislumbre un cambio de 
tendencia  a  corto  plazo.  Esta  situación  sobrevenida,  a  nivel  internacional,  está 
provocando dificultades coyunturales para el mantenimiento del empleo en el 2021, aun 
cuando a medio plazo el esfuerzo inversor realizado está orientado a mantener y mejorar 
la competitividad de la planta y por tanto el empleo asociado.
Como respuesta a los retos que genera la movilidad sostenible, Opel España, SLU, 
como empresa socialmente responsable, está comprometida con la protección de la 
salud y el medio ambiente y la promoción del ahorro y la eficiencia energética, no solo 
con sus vehículos, sino también con sus instalaciones y procesos productivos. Entre 
varios de sus objetivos en política ambiental y energética se encuentran prevenir la 
contaminación de los procesos y productos y continuar con la reducción de emisiones de 
CO   por  vehículo  para  reducir  la  contribución  de  la  factoría  al  cambio  climático  y 
2
continuar impulsando el desarrollo de sistemas de propulsión alternativos y servicios de 
movilidad  sostenible.  No  obstante,  la  pugna  entre  las  compañías  productoras  de  s
vehículos exige también acometer este tipo de inversiones por parte de Opel España,  oe.
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de la factoría, cambios que tendrán un efecto tractor sobre otras empresas, PYME,
centros tecnológicos y universidades de la región, por su potencial implicación en el
mismo. Entre otros logros, la empresa ya ha conseguido producir el Opel Corsa-e, 
posicionándolo como el primer vehículo eléctrico del grupo que se fabrica en Europa. 
Este importante hito se ha realizado mediante la instalación en la factoría de Figueruelas, 
de una plataforma CMP Multienergía PSA que le permite ensamblar en el mismo espacio 
vehículos de gasolina, diésel y eléctricos, con el objeto de que todos sus vehículos 
tengan una versión electrificada en el 2024.
Con todo ello, Opel España, SLU viene realizando desde 2019 una inversión en la 
planta de Zaragoza en proyectos de protección medioambiental, I+D y de fomento de la 
competitividad y transformación de la planta, con la finalidad de dotar a la factoría de 
nuevas herramientas para que sea más digital, modélica y eficiente en la producción de 
vehículos eléctricos.
El Gobierno de Aragón ya inició en 2019 una línea de ayuda para la transformación 
de la planta de Opel España, S.L.U, en Figueruelas, a raíz del Decreto-ley 6/2019, de 12 
de marzo, del Gobierno de Aragón y la Orden, de 23 de mayo de 2019, de la Consejera 
de Economía, Industria y Empleo por los que se concedía un crédito extraordinario para 
la  financiación  de  una  subvención  nominativa  para  el  desarrollo  de  proyectos  de 
investigación  y  desarrollo  e  innovación,  y  proyectos  de  eficiencia  energética  y 
medioambiental,  por  importe  de  4.000.000,00  euros  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria 15020 G/6122/770155/91002 PEP 2019/000073. del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2019.
En el ejercicio 2020, la línea de ayuda a Opel España, SLU, quedó recogida como 
una de las medidas concretas de la EARSE, según el Decreto-ley 4 /2020, de 24 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y 
la  Orden,  de  24  de  agosto  de  2020,  del  Consejero  de  Industria,  Competitividad  y 
Desarrollo  Empresarial  por  los  que  se  concedía  una  ayuda  para  proyectos  de 
investigación  y  desarrollo,  eficiencia  energética  y  mejora  medioambiental,  así  como 
promoción de energía procedente de fuentes renovables, por importe de 4.000.000,00 
euros  con  cargo  a  la  partida  19020  G/7231/770045/91002  PEP  2016/000165  del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020.
En  2021,  las  inversiones  propuestas  van  dirigidas  al  fomento  de  la  protección 
medioambiental, proyectos de desarrollo experimental e inversiones para fomentar la 
competitividad y la transformación y mejora de la planta ante los perjuicios económicos 
ocasionados  como  consecuencia  del  COVID-19,  siendo  voluntad  del  Gobierno  de 
Aragón continuar apoyando estas actuaciones mediante una ayuda de concesión directa 
acorde con las referidas en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el artículo 14.6.b) y 27 de la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo,  de  Subvenciones  de  Aragón,  en  el  que  se  prevé  la  concesión  directa  de 
subvenciones establecidas por una norma de rango legal.
En consecuencia, resulta muy importante que desde el Gobierno de Aragón se 
estimule y apoye decididamente y con prontitud las inversiones que resultan apremiantes 
de acometer, en proyectos de protección medioambiental, proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental e inversiones para fomentar la competitividad y la 
transformación y mejora de la planta ante los perjuicios económicos ocasionados como 
consecuencia del COVID-19, como medio para garantizar la viabilidad a corto y medio 
plazo de la actividad, impulsar la dinamización de un sector eminentemente tractor de la 
economía regional e incentivar y respaldar el proceso de transición verde.
Las inversiones realizadas para fomentar la competitividad y la transformación y  s
mejora de la planta ante los perjuicios económicos ocasionados como consecuencia del  oe.
COVID-19 responden a la necesidad de incrementar la autonomía estratégica de la  w.
planta de producción, reduciendo o eliminando la dependencia de los proveedores de  319ww
esuqpuuipeosst,o  cuonm  pproonbelenmteas   dye  scuamrain isat ropso,d eqr uem aanlt eensetra re l aflleujjaod ocso ngtineuoog rádfeic asmuemnitneis throasn, 
provocando los paros en la producción.
Este Decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica 
estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos 
se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general que supone el impulso de las medidas establecidas en la Estrategia 
Aragonesa para la Recuperación Social y Económica en el que se fundamentan las 
medidas que se establecen, siendo el Decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución, de acuerdo con los razonamientos expuestos. La norma es 
acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
La fórmula del Decreto-ley se justifica en la exigencia de una extraordinaria y urgente 
necesidad, que se considera presupuesto normativo esencial para su aprobación como 
tal. En este sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 105/2018, de 4 de 
octubre, la refiere como «b) En numerosas sentencias este Tribunal ha resumido la 
doctrina constitucional elaborada en relación con el presupuesto que habilita al Gobierno 
para aprobar normas con rango de ley provisionales, lo que nos dispensa de reiterarla 
una vez más (por todas, SSTC 34/2017, de 1 de marzo, FJ 3, y 152/2017, de 21 de 
diciembre, FJ 3). Bastará recordar ahora que el Tribunal Constitucional ha reiterado que 
los  términos  «extraordinaria  y  urgente  necesidad»  no  constituyen  una  cláusula  o 
expresión vacía de significado dentro de la cual el margen de apreciación política del 
Gobierno se mueve libremente sin restricción alguna, sino un verdadero límite jurídico a 
la  actuación  mediante  decretos-leyes;  que  la  apreciación  de  la  concurrencia  de  la 
extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar 
al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso 
(titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley), 
incumbiéndole a este Tribunal controlar que ese juicio político no desborde los límites de 
lo  manifiestamente  razonable,  sin  suplantar  a  los  órganos  constitucionales  que 
intervienen en la aprobación y convalidación de los decretos-leyes; y que ese control 
externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno haya definido, de manera 
explícita y razonada, una situación de extraordinaria y urgente necesidad que precise de 
una respuesta normativa con rango de ley, y de que, además, exista una conexión de 
sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente».
El presente Decreto-ley responde, en el sentido apuntado, a razones por las que se 
aprecia la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad en la consecución de las 
actuaciones  subvencionables  en  virtud  del  mismo,  atendiendo  al  ya  referido  actual 
panorama internacional marcado por las dificultades derivadas de los efectos de la 
pandemia, de la que surge la necesidad de afrontar coyunturalmente dichos perjuicios, 
concretados, entre otros, en la dependencia del abastecimiento de microchips y la 
paralización de turnos productivos derivado de lo anterior.
Esta  extraordinaria  situación  ha  motivado  la  consecución  del  Marco  Nacional 
Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 
subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables,  ventajas  fiscales,  garantías  de 
préstamos  y  bonificaciones  tipos  de  interés  en  préstamos  destinos  destinadas  a 
respaldar la económica en el contexto del actual brote de COVID-19, en el que esta 
actuación subvencionable se enmarca.
Esta especial coyuntura económica, marcada por los efectos de la citada pandemia, 
comporta, en el sentido apuntado, una situación de extraordinaria excepcionalidad que  s
legitima constitucionalmente al Gobierno para dictar este Decreto Ley con la finalidad de  oe.
atender a las graves consecuencias que la pandemia ha producido en el tejido productivo. w.
Por otra parte, las necesidades concurrentes justifican igualmente la urgencia en la  319ww
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industrial caracterizada por la urgencia y el elevado dinamismo de su evolución actual, 
en el que se torna especialmente relevante la promoción de la protección ambiental y la 
transformación digital y tecnológica para su consecución, que constituye la finalidad de la 
ayuda. La urgencia en la necesidad de intervención se confirma especialmente cuando 
este proceso de transformación se promueve en un sector industrial, como el de la 
automoción, como se ha señalado, que ocupa una presencia preponderante en el VAB 
industrial y de la región.
Este proceso de transformación se enmarca, como se ha señalado, en un contexto 
marcado por el creciente impacto negativo del coste de la energía y de las dificultades en 
los suministros de semiconductores, que se va a prolongar, al menos, durante 2022, y 
cuyas consecuencias se agravan progresivamente. La rápida modificación de un entorno 
definido cada vez más VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) hace necesario activar 
mecanismos de redefinición de las cadenas de suministro de bienes y servicios de una 
manera  inmediata  y  urgente  para  reducir  la  dependencia  del  entorno  y  fomentar  la 
disposición de recursos propios para la fabricación. Las expectativas de cambio de modelo 
productivo y de producto son tan importantes que están produciendo cambios relevantes 
en la valoración de las empresas del sector de automóvil de tal forma que nuevas 
iniciativas están superando los conceptos más tradicionales, de ahí que la inmediatez de 
las medidas a tomar es no solo necesaria y sino que la excepcional coyuntura actual 
implica que no se puedan demorar las acciones ni los apoyos públicos necesarios para 
que estas acciones puedan ser implantadas con la mayor urgencia posible.
Por lo manifestado, queda justificada en este momento la extraordinaria y urgente 
necesidad del Gobierno de Aragón en dictar una disposición legislativa provisional bajo 
la forma de Decreto-ley.
II
La parte dispositiva del Decreto-ley consta de seis artículos, que incorporan: el objeto 
del mismo; las actuaciones subvencionables; el crédito asignado; la financiación; el 
procedimiento  de  concesión  y  justificación;  las  condiciones  de  mantenimiento  del 
empleo, y la adecuación de la ayuda a la regulación de la Unión Europea sobre ayudas 
de Estado.
El artículo 1 determina que el objeto del presente texto es la concesión directa a 
OPEL España de una subvención; el artículo 2 concreta cuales son las actuaciones 
subvencionables; y el artículo 3 el crédito asignado y su financiación.
El artículo 4, señala al procedimiento de concesión y justificación establecido en el 
artículo 27 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, para las 
subvenciones previstas en norma con rango de ley, como el previsto para poder cumplir 
con la tramitación y pago de la ayuda en el ejercicio 2021. Lo que se justifica por lo 
avanzado del año en el que nos encontramos, y con un contexto de proyectos amplios y 
complejos. Así mismo, se señala que dicha tramitación está exenta del trámite de 
fiscalización  previa,  y  se  determina  la  forma  de  justificación,  en  forma  de  cuenta 
justificativa con aportación de informe de auditor.
El  artículo  5  exonera  del  cumplimiento  del  mantenimiento  del  empleo  en  el 
ejercicio 2021, exigido en el apartado 8 de la disposición adicional segunda, de la 
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2021, para la concesión de la subvención, dado que la naturaleza de la 
actuación  subvencionable  es,  precisamente,  paliar  el  impacto  perjudicial  que  está  s
teniendo Opel España, como consecuencia de los efectos del COVID-19 por la escasez  e.
de suministros y consecuente cierre o paralización temporal de la producción. w.
El artículo 6 concreta la imprescindible adecuación de la concesión de la subvención  319ww
ma eladsia nnoterm laa sa pdoer tlaac Uiónni ódne  Einuforormpeeas  seoxbterren oasy uadcares dditea dEossta ed oin,d leop qeuned iseen taegs.iliza y refuerza
del DLae cpreatrote-l efiyn.al está formada por una disposición única, relativa a la entrada en vigor  BOE-A-cable e
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, y en el ejercicio de las competencias establecidas, entre otros, en 
los artículos 71.32.ª y 48.ª, y 79.1.º del Estatuto de Autonomía de Aragón, a propuesta 
conjunta  del  Consejero  de  Industria,  Competitividad  y  Desarrollo  Empresarial  y  del 
Consejero de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con el informe de la 
Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón 
en su reunión del día 24 de noviembre de 2021, dispongo:
Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto del presente Decreto-ley, la concesión directa de una subvención 
a Opel España, SLU, así como la determinación del procedimiento de tramitación y de 
sus especialidades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 5/2015, de 25 
de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Artículo 2.  Actuaciones subvencionables.
Son actuaciones subvencionables las siguientes:
a)  Proyectos  para  la  inversión  en  materia  de  protección  medioambiental,  que 
consistan en:
– Ampliación  de  la  nueva  línea  de  montaje  de  baterías  para  el  desarrollo  de 
vehículos eléctricos.
– Nuevo proceso para la automatización de la aplicación del lacado en el interior del 
vehículo.
b)  Proyectos destinados a la investigación industrial y desarrollo experimental, que 
consistan en:
– Diseño  y  desarrollo  de  nuevos  procesos  para  la  mejora  de  la  eficiencia  y 
disminución del impacto ambiental.
– Nuevos procesos de transformación digital.
– Nuevos  procesos  de  transformación  tecnológica  mediante  robotización  y 
automatización de procesos.
c)  Proyectos destinados a la mejora de la competitividad y transformación de la 
planta,  cuya  ayuda  se  concede  en  virtud  del  Marco  Nacional  Temporal  de  ayudas 
estatales  destinadas  a  respaldar  la  economía  en  el  contexto  del  actual  brote  del 
COVID-19.
– Automatización y robotización de las operaciones del área de Body (Montaje de 
carrocerías).
– Automatización y transformación de las operaciones del área de pintura.
– Automatización y robotización de operaciones del área de General Assembly.
Artículo 3.  Financiación.
El  crédito  asignado  para  dicha  subvención  es  de  4.000.000,00  de  euros,  y  se 
financiara  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  19020/G/7231/770176/91002 
(PEP 2021/000336) del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2021. es
Artículo 4.  Procedimiento de concesión y justificación de la ayuda. 319www.
Ley L5a/ 2c0o1n5c, edseió n2 5d ed ee smtaa rzsou,b vdeen cSióunb,v eennc ivoinrteusd  ddee  Alora dgiósnp,u esset oe feenct ueal ráa rteícnu lroé g2im7 edne  dlae 
ccoonncceessiióónn  ddirierecctata r,e gy ulsaed ot rpaamrait alarás  seunb vleonsc itoénrmesin noosm  pinraetvivisatso sd epl aarratí ceull o p2r6o cdeed dimicihean tLoe yd.e  BOE-A-cable e
La subvención recogida en este Decreto-ley, está exenta del trámite de fiscalización 
previa.
La justificación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda y de la aplicación de los 
fondos concedidos adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor, conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de 
julio, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar el órgano concedente y, en 
particular, de la comprobación material de la inversión en los términos dispuestos en el 
artículo 35 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
El acto de concesión de la subvención se dictará a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto-ley, y se notificará en el plazo suficiente para que los documentos de 
reconocimiento de la obligación se contabilicen en el presupuesto del ejercicio 2021.
Artículo 5.  Excepción del mantenimiento del empleo.
Para la concesión de la subvención, no será requisito el mantenimiento del empleo 
en el ejercicio 2021, que recoge el apartado 8 de la disposición adicional segunda de la 
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2021.
Artículo 6.  Adecuación a la regulación de la Unión Europea sobre ayudas de Estado.
1.  Son de aplicación los siguientes regímenes de ayudas de Estado:
a)  Proyectos para la inversión en materia de protección medioambiental. Acordes 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.
b)  Proyectos  destinados  a  la  investigación  industrial  y  desarrollo  experimental. 
Acordes con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con  el  mercado  interior  en  aplicación  de  los  artículos  107  y  108  del  Tratado  de 
funcionamiento de la Unión Europea.
c)  Proyectos para la transformación y modernización tecnológica de los procesos, 
para fomentar la competitividad y la transformación y mejora de la planta ante los 
perjuicios económicos ocasionados como consecuencia del COVID-19. Acordes con el 
Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos, 
consistentes  en  subvenciones  directas,  anticipos  reembolsables,  ventajas  fiscales, 
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos, destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. En estos proyectos 
también es aplicable el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo  a  las  ayudas  de  minimis  siempre  que  se  aplique  a  gastos  identificables 
separados.
2.  Opel España, SLU, queda obligado a garantizar la necesaria sujeción de la 
actuación a la finalidad y objetivos establecidos para su concesión, así como a los 
regímenes de ayuda indicados en el apartado anterior. A tal fin, sin perjuicio de otra 
documentación que pudiera ser requerida, y en los términos que determine la resolución 
de la subvención, se deberán aportar informes externos acreditados e independientes  e.
que así lo certifiquen, en particular, sobre el cumplimiento y adecuación a las categorías  w.b
e intensidades de ayuda previstas en dichos regímenes de ayuda. 319ww
Disposición final única.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Aragón».
Zaragoza, 24 de noviembre de 2021.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán  Montañés.–El  Vicepresidente  y  Consejero  de  Industria,  Competitividad  y 
Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga López.–El Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Carlos Pérez Anadón.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» número 243, de 29 de noviembre de 2021. Convalidado por 
Resolución de las Cortes de Aragón, de 9 de diciembre de 2021, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» 
número 256, de 20 de diciembre de 2021)