BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 201 Viernes 24 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 56903
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8504 Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  denegación  a 
expedir de una certificación registral indicando el domicilio del titular registral 
por el registrador de la propiedad de Sevilla n.º 6.
En el recurso interpuesto por don L. G. M. de S., contra la denegación a expedir de 
una certificación registral indicando el domicilio del titular registral por el registrador de la 
propiedad de Sevilla número 6, don José Ángel Gallego Vega.
Hechos
I
Mediante solicitud de fecha 12 de diciembre de 2019 don L. G. M. de S. presenta en 
el Registro de la Propiedad de Sevilla Número 6 solicitud de emisión de certificación 
registral  relativa  a  la  finca  5834  de  Bormujos,  indicando  como  interés  legítimo  la 
«averiguación domicilio de propietarios que figure en el título de adquisición por exigirlo 
el art. 34 de los Estatutos». Dicha solicitud se presenta el mismo día 12 de diciembre 
causando el asiento de presentación 901 del Libro Diario 94.
II
Dicha solicitud de expedición de certificación es denegada por resolución de fecha 16 
de diciembre de 2019 emitida por don José Ángel Gallego Vega en base a los siguientes
«Hechos: Primero: Que con fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve se ha 
presentado con el número de asiento 901, del libro diario 94, instancia suscrita en 
Sevilla, el mismo día, por don L. G. M. de S., por la que solicita certificación registral de 
la finca 5834 del término municipal de Bormujos, con la finalidad de que conste en dicha 
publicidad el domicilio de don P. G. D. y doña M. L. C. G., como propietarios de la finca.
Segundo: El firmante actúa en nombre y representación, como apoderado de la 
"Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Sup. 8 El Zaudín", y lo acredita 
mediante copia autorizada de la escritura de apoderamiento formalizada en Sevilla, el 18 
de marzo de 2010, ante el Notario don Arturo Otero López-Cubero, con el número 1560 
de protocolo, de la que me exhibe copia autorizada, de la que obtengo fotocopia que he 
cotejado con su original.
Tercero: El firmante de la instancia, manifiesta que el interés por el que pretende la 
averiguación  del  domicilio  de  dichos  titulares,  es  el  derivado  de  la  necesidad  de 
notificarles conforme al artículo 34 de los estatutos de la comunidad en la que se integra 
la finca, que señala como domicilio a tales efectos, el que conste en su título adquisitivo.
Fundamentos de derecho:
Son de aplicación los siguientes: Con carácter general el artículo 18 de la Ley  e.
Hipotecaria que establece que Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la  w.b
legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de todas clases, en cuya virtud  04ww
se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los
actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellos y de 
los asientos del Registro, y a tenor de dicho precepto se aprecia que:
Primero: La publicidad del Registro de la Propiedad, tiene como objeto el dominio y 
demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a efectos del tráfico inmobiliario y su 
seguridad  jurídica,  y  no  las  circunstancias  personales  de  los  titulares  presentes  o 
pasados de un inmueble (artículos 1 y 222 de la Ley Hipotecaria); es así que el interés 
alegado no es uno de los que ha de ser satisfecho por la publicidad registral.
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de 
junio de 2018 dice que "La publicidad ha de ser para finalidades de la institución registral 
como la  investigación jurídica, en sentido  amplio,  patrimonial y económica (crédito, 
solvencia  y  responsabilidad),  así  como  la  investigación  estrictamente  jurídica 
encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales. No cabe para la 
investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la 
normativa de protección de datos"... "Este principio se fundamenta, como recordó la 
Instrucción de esta Dirección General de 27 de enero de 1999, en el artículo 4.1 de la 
Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal, que establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el 
tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos 
conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otra parte, en el 
artículo  4.2  de  la  misma  ley  que  previene  que  los  datos  no  podrán  usarse  para 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidas."
En la misma línea, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 28 de abril de 2014, indica que: "la publicidad del Registro no puede 
extenderse a los datos sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del 
Registro" y añade: "desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el 
interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera 
solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o 
espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta 
relevante. En este sentido, por un lado, el artículo 14 de la Instrucción de este Centro 
Directivo de 29 de octubre de 1996 ya señalaba que la obligación del registrador al 
tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los datos 
carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de expresar 
fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de 
lo que sea necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante... En consecuencia, 
en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal 
o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad 
formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral."
SEGUNDO: El domicilio de los titulares registrales es un dato protegido por la 
normativa de protección de datos de carácter personal, y su divulgación constituye 
infracción de dicha normativa. La LOPD, considera en su artículo 3.a que son datos 
personales  cualquier  información  concerniente  a  personas  físicas  identificadas  o 
identificables.
El artículo 222 de la Ley Hipotecaria establece en su párrafo 6.º la obligación de los 
Registradores de “velar por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección 
de datos de carácter personal”, lo que concuerda con el artículo 18 de la Constitución, 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal. e.
Como ha declarado el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en  w.b
Acuerdo de 7 de diciembre de 2006, "el Registro de la Propiedad contiene datos que  04ww
irdeeanliztiaficrsaen  dae  loasc uteitrudlaor ecso nin lsocsr itdoisc,t ayd ossu  dtera tlaam LieOnPtoD ”y  (acrotmícuulnoisc a2c2ió1n  ya  2t2e2rc edreo sl ad eLbeey 
PHripooteteccciaórnia d; e3 D32a todse)l.  Reglamento  Hipotecario,  y  3,  9  y  11  de  la  Ley  Orgánica  de
De conformidad con lo expuesto, con los preceptos citados y con la doctrina sentada 
por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado antes 
indicadas, así como las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 16 de junio 
de 1990; 24 de febrero de 2000, y 7 de junio de 2001; Instrucciones de esta Dirección 
General de 29 de octubre de 1996; 17 de febrero de 1998; 10 de abril de 2000, deniego 
la expedición de certificación, en la que conste el domicilio de los titulares registrales.»
III
Contra esta calificación, don L. G. M. de S. interpone recurso por escrito de 26 de 
diciembre de 2019, que es presentado el día siguiente en la misma oficina. En el mismo 
indica que «por medio del presente escrito, en tiempo y forma y de conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 228, interpongo recurso contra resolución adoptada por el 
registrador de la propiedad número seis de Sevilla en fecha 16/12/2019 y que deniega la 
expedición de certificación solicitada, que acompaño (documento número 2 de cuantos 
se acompañan a este recurso). Baso el recurso en los siguientes motivos:
Primero.  Mi representada es entidad urbanística colaboradora de conservación, 
constituida mediante escritura otorgada en Sevilla en fecha 24/09/1997 ante el Notario 
Don José L. Ferrero Hormigo, protocolo número 2617/1997 de éste, que acompaño (...) 
Es de reseñar que entre los documentos incorporados a dicha escritura se encuentran 
los estatutos de mi representada.
Segundo.  Que, como se desprende del documento antedicho, el artículo 34 de los 
estatutos de mi representada establece que UE1 domicilio de los propietarios de la 
Comunidad a efectos de citaciones o notificaciones será el que figure en su título de 
adquisición de propiedad de la parcela de la urbanización SUP-8 “El Zaudín”, a no ser 
que comunique de forma fehaciente a la Junta Directiva el cambio de domicilio”.
Tercero.  Que los propietarios de la finca registral 5834 de Bormujos (Sevilla), P. G. 
D. y doña M. L. C. G., no comunicaron a la Junta Directiva que hayan cambiado de 
domicilio, de manera que, de conformidad con los estatutos de mi representada, ésta 
deberá comunicarles y citarles en el domicilio que figure en su título de adquisición, 
siendo por ello que, a los fines de averiguar éste, quien comparece, en la representación 
antedicha, solicitó certificación registral relativa a dicho domicilio, certificación que el 
Registrador de la Propiedad Número Seis de Sevilla, por las razones que expresa en su 
resolución, ha denegado.
Cuarto.  En  cuanto  a  su  solicitud  mi  representada  tiene  un  interés  conocido, 
acreditado, jurídicamente relevante, enmarcado dentro de las relaciones de carácter 
patrimonial que la vinculan con los propietarios y sobradamente legítimo, debiéndose 
entender que se tiene un interés legítimo siempre que éste, el interés esgrimido, sea 
lícito, esto es, no contrario a derecho (en tal sentido se pronunció la sentencia del 
Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  fecha  24/02/2000).  En  este  caso,  si  no  se  le 
proporciona la información solicitada mi representada no podrá cumplir sus obligaciones 
estatutarias de citar y comunicar a los propietarios en cuestión.
Es obvio por otra parte que: en un sistema registral voluntario como es el nuestro, el 
que consintió la inscripción registral para acogerse a la protección registral consintió 
igualmente la publicidad de cuanta información obra en el registro de la propiedad; y así 
mismo que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto 
sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el 
equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad,  e.e
entre otros el derecho a la información.» b
IV
enerEol  dreeg 2is0t1ra9d roart irfieccáunrdriodloa  eenm titoed oinsf osrumse e xetnre dmeofesn, seale vdaen sduo  neol etax pdeed cieanlitfeic aa ceiósnte  eCl e7n tdroe 
Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 607 del Código Civil; 221 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 332 y 
siguientes del Reglamento Hipotecario; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Personales; las Sentencias 
del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000 y 31 de enero de 2013; las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 12 de diciembre de 2000 y 31 de 
enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001; las Resoluciones-Circulares de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 8 de abril de 1983 y 12 de junio de 1985; las 
Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de febrero 
de 1987, 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998; y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de 
julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2012, 24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio 
y 20 de septiembre de 2013 y 3 de febrero, 30 de mayo y 18 de septiembre de 2014, 
de 12 de diciembre de 2014 y de 21 de junio de 2016.
1.  El  presente  expediente  tiene  por  objeto  el  determinar  si  la  actuación  del 
registrador de la propiedad ha sido correcta al denegar la expedición de una certificación 
registral al solicitar expresamente el presentante el domicilio de los titulares registrales.
2.  En  primer  lugar,  debe  manifestarse  esta  Dirección  General  respecto  de  la 
legitimación del solicitante.
La  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  tenía  declarado  (vid. 
Instrucción de 5 de febrero de 1987 y Resoluciones citadas en el «Vistos»), conforme a 
lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, 
que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés 
en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 16 
de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001).
Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en 
razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el artículo 221.2 presume dicho interés), directo 
(en  caso  contrario  se  ha  de  acreditar  debidamente  el  encargo,  sin  perjuicio  de  la 
dispensa prevista en el número 3 del artículo 332 del Reglamento Hipotecario), y legítimo 
(cfr. artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario). Este concepto de «interés legítimo» es 
más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés 
lícito. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 24 de 
febrero de 2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece 
amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho».
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información 
registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el 
contenido  del  artículo  607  del  Código  Civil,  al  establecer  que:  «El  Registro  de  la 
Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de 
los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos» con sus antecedentes pre 
legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de 
«cualquiera que lo exija» que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil  e
de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el  bo
Código  Civil  definitivamente  aprobado,  tomándola  de  la  Ley  Hipotecaria  primitiva,  04ww
sust3it.u yeP opro rt alan teox, igtaeln icnitae rdéesl  «leingtíetirméos ,c eonn oecl idáom»b (ictofr .d aerlt íRcuelgoi s6t0ro7  dtrea nlasc Pritroo)p.iedad, ha de
ipnrsotbitaurcsióen  are gsiasttirsafal.cción  del  registrador  de  acuerdo  con  el  sentido  y  función  de  la
Ello no significa que el registrador pueda discrecionalmente manifestar el contenido 
de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del 
contenido de los asientos.
Este  principio  se  fundamentaba,  como  recordó  la  Instrucción  de  esa  Dirección 
General de 27 de enero de 1999, en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que establece que sólo se 
podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los 
datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las 
que se hayan obtenido. Y, de otra parte, en el artículo 4.2 de la misma Ley que previene 
que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que 
hubieran sido recogidas.
Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no 
requiere el consentimiento del titular, ni es tampoco necesario que se le notifique su 
cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, 
del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. artículo 4 de la Instrucción 
de 5 de febrero de 1987 y principio tercero de la Instrucción de 17 de febrero de 1998). Y 
ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o cesión de 
datos  a  favor  de  funcionarios  y  Administraciones  Públicas  para  el  ejercicio  de  sus 
atribuciones.
Reducida en nuestro sistema registral, por razones de seguridad, eficacia, eficiencia 
y economía, la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera 
solicitud de publicidad formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con 
la finalidad que le atribuyen sus normas rectoras y conciliarla con los principios que 
inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos.
En  este  sentido  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  –Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo– de 7 de junio de 2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de 
interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de las normas 
sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental, como 
hemos  visto,  ajustar  la  publicidad  registral  a  la  finalidad  para  la  que  está 
institucionalmente prevista, finalidad que no incluye el domicilio de los titulares registrales 
al  tratarse  de  materia  no  protegida  por  los  principios  de  legitimación  ni  fe  pública 
registral.
Pero el registrador, como ha señaló la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el 
ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la 
literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se 
le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un motivo, 
aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente 
considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación 
solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en 
la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del interés alegado como la extensión 
de  los  datos  que,  a  su  juicio  y  bajo  su  responsabilidad,  facilite  el  registrador  al 
peticionario de la información.
Tal Centro Directivo declaró de manera reiterada (ver, por todas, la Resolución de 20 
de septiembre de 2013), que la expedición de información relativa al contenido de los 
libros del Registro está sujeta a determinados controles derivados por un lado de la 
legislación específica hipotecaria y por otro de la genérica sobre protección de datos  s
personales. oe.
La  legislación  relativa  a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal  incide  w.
directamente  en  la  obligación  de  los  registradores  de  emitir  información  sobre  el  04ww
acortnícteunloid 2o2 2d.e6  dloes l a liLberoys  Hripeogtiestcraarleias .c uAasníd or easfuirlmtaa : e«xLpolísc itRamegeisnttrea ddoerel s,c oanl tceanliidfioca rd eell 
ncoonrmteansid aop dlieca lbolse sa ssioebnrteo sl ar epgriostteraclceisó,n  indfeo rdmaatorásn  dye  vcealraárcátne rp poer reslo ncaulm».p lEimstieen ptore dcee pltaos,   BOE-A-cable e
incorporado por la disposición adicional segunda de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
condiciones generales de la contratación tuvo la finalidad, como recoge su Exposición de 
Motivos,  de  «acomodar  las  obligaciones  profesionales  de  los  Registradores  de  la 
Propiedad a la normativa sobre protección al consumidor y sobre condiciones generales, 
adecuando a las mismas y a la legislación sobre protección de datos las labores de 
calificación, información y publicidad formal».
Esta  adecuación  obedece  a  las  exigencias  derivadas  del  contenido  de  la  Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Personales, al exigir la limitación de la información suministrada a las 
finalidades incompatibles con aquellas para la que hubiera sido recogida. Dicho principio 
dio  lugar  a  una  dilatada  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, si bien la preocupación por cohonestar la necesaria finalidad de facilitar el 
acceso  a  la  información  del  contenido  de  los  libros  registrales  con  su  seguridad, 
integridad y conservación ya había sido objeto de atención desde mucho antes de la 
existencia de una legislación específica sobre protección de datos (vid. Resolución-
Circular de 8 de abril de 1983 e Instrucción de 5 de febrero de 1987).
La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro 
implica,  entre  otras  cuestiones,  que  «los  datos  sensibles  de  carácter  personal  o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad 
formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le 
notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su 
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas 
que han recabado información respecto a su persona o bienes».
Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los 
libros del Registro, será el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración 
de sensibles conforme a lo anteriormente expuesto, deberán quedar excluidos de la 
información suministrada.
4.  Por tanto, procede que esta  Dirección  General  de  Seguridad Jurídica y Fe 
Pública se pronuncie sobre la aptitud de la información registral, concretamente de una 
certificación, para certificar el domicilio de un titular registral.
Como ha quedado anteriormente expuesto en el relato fáctico, la solicitud presentada 
por don L. G. M. de S. solicitaba expresamente la constancia del domicilio de los titulares 
registrales.
En tal sentido, debe recordarse la Sentencia del Tribunal Supremo –Sala de lo 
Contencioso-Administrativo– de 7 de junio de 2001, confirma la necesidad de expresar la 
causa y finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la 
concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento 
de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está  institucionalmente  prevista.  Pues  bien,  la  citada  Instrucción  de  17  de  febrero 
de 1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes  términos:  «Se  consideran,  pues,  finalidades  de  la  institución  registral  la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y 
responsabilidad),  así  como  la  investigación  estrictamente  jurídica  encaminada  a  la 
contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, 
representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos  s
en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si  oe.
se cumplen las normas sobre protección de datos (artículo 18.4 de la Constitución  w.
«habeas data», vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993)». 04ww
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Rinecgluisidtroos  deen l ae Pl rfoopliioe draedg)i sqturael  sceo rsroelsicpitoan, dsieinnot et apmubeiédne  qinucél udiar toos  dye cbierc uenxsctlaunirc iadse  ddeic lhoas   BOE-A-cable e
información,  pues  cabe  perfectamente  que  puedan  proporcionarse  ciertos  datos 
registrales y no otros relativos a una misma finca o entidad. Tal calificación, evitando por 
supuesto la arbitrariedad, ha de acomodarse a las concretas circunstancias de cada 
supuesto. Así, ha de recordarse a su vez, que el artículo 4 de la Instrucción de 17 de 
febrero de 1998 dispone que «La solicitud de información sobre datos personales sin 
relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser 
conforme con la finalidad del Registro» y, por otro, que el artículo 14 de la Instrucción de 
este Centro Directivo de 29 de octubre de 1996 obliga al registrador a excluir de la 
publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular.
Por tanto, en base a los argumentos anteriormente expuestos, debe confirmarse la 
actuación del registrador al denegar la emisión de la certificación con constancia del 
domicilio de los titulares registrales, dato personal que carece de transcendencia jurídico-
patrimonial, tratándose de un dato de carácter personal carente de protección tabular y 
ajeno a la finalidad propia de la institución registral y de la publicidad que la misma 
ofrece, sin que se haya justificado interés legítimo al efecto por el solicitante.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
denegación de emisión de la publicidad solicitada, en los términos que resultan de los 
anteriores Fundamentos de Derecho.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid,  3  de  junio  de  2020.–La  Directora  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.