BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21646
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2945 Pleno. Auto 10/2020, de 28 de enero de 2020. Impugnación de disposiciones 
autonómicas 4039-2018. Declara la extinción del incidente de ejecución de la 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación en 
relación con la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de 
una  propuesta  de  resolución  de  respuesta  a  la  sentencia  del  Tribunal 
Supremo sobre los hechos del 1 de octubre de 2017.
ECLI:ES:TC:2020:10A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el incidente de ejecución 
de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre 
de 2019, promovido por el Gobierno en relación con determinados acuerdos de la mesa 
del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado 
del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, impugnó, al amparo de los 
arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los 
apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, «sobre la 
normativa  del  Parlamento  anulada  y  suspendida  por  el  Tribunal  Constitucional», 
aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
La impugnación, tramitada bajo el núm. 4039-2018, fue estimada parcialmente por 
STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 
primero, segundo y tercero de la referida moción.
2.  Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de octubre de 2019, el abogado del 
Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 
LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, y de las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  (sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII), respecto del acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, por el que se admite a 
trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», presentada por los grupos parlamentarios Esquerra 
Republicana  de  Catalunya  (ERC)  y  Junts  per  Catalunya  (JxCat)  y  el  subgrupo  s
Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC) y publicada en el «Boletín  oe.
Oficial del Parlamento de Cataluña» núm. 446, de 22 de octubre de 2019; así como del  w.
(arPeccSuoeCnr-dsUiodn editresa) c layió  Cmn ieufostaramd dauenla sd2 (a9Cs d’ spe)o  yor  celotlu ssb ugrebru gdpreuo ps2 op0 a1Pr9ala rptmiodero n ePtla oqrpiuouesl a sSre o( PcreiPaclCihs)at.ezsa ni  Ulansit ss opliecri tAudvaens çdaer   2020-2945n https://ww
La impugnación se concreta a la admisión a trámite del inciso final del apartado 
undécimo de dicha propuesta de resolución. En su única versión oficial, en catalán, la 
redacción del inciso es esta:
«11.  […] Per això, reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin el diputats i les 
diputades […] la defense del dret de l’autodeterminaciò i la reivindicaciò de la sobirania 
del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.»
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del 
Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2019, por el que se decide plantear ante el 
Tribunal Constitucional, al amparo del art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de 
la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña del inciso transcrito del 
apartado undécimo de la referida propuesta de resolución, por incumplimiento de la 
STC 136/2018 y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019; con expresa 
invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la inmediata suspensión de los 
acuerdos controvertidos, en cuanto a esa admisión a trámite.
3.  El abogado del Estado solicita que declaremos que la admisión a trámite, por 
acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019, confirmado 
por acuerdo de 29 de octubre, del inciso señalado del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución, contraviene lo ordenado en la STC 136/2018, así como en las 
providencias  de  10  y  16  de  octubre  de  2019  sobre  los  incidentes  de  ejecución 
promovidos  respectivamente  en  relación  con  determinados  apartados  de  las 
resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII; y en consecuencia que 
declaremos nulos los acuerdos controvertidos.
Solicita también que se tenga por invocado el art. 161.2 CE, lo que a su tenor 
produce la inmediata suspensión de los acuerdos impugnados, en cuanto a la admisión a 
trámite del inciso final del apartado undécimo de la referida propuesta de resolución.
Interesa asimismo que, en virtud del art. 87.1 LOTC, se notifique la providencia por la 
que se admita a trámite el incidente de ejecución, con suspensión de los acuerdos 
impugnados, al presidente del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al 
secretario general de la cámara, con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, de abstenerse 
de  realizar  cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos 
impugnados y de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o 
indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018.
Solicita también que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que 
resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, 
a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, de su deber de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y la decisión que este Tribunal dicte en el 
presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales  responsabilidades,  incluida  la 
penal, en las que pudieran incurrir.
Mediante otrosí interesa, al amparo del art. 88.1 LOTC, que este Tribunal recabe del 
Parlamento de Cataluña el acta de la sesión de la mesa de 22 de octubre de 2019, en 
los particulares referidos a la deliberación y adopción del acuerdo impugnado, así como 
los informes y documentos relativos al citado acuerdo de la mesa; también el acta de la 
mesa de 29 de octubre de 2019, los informes —si existen— y la resolución sobre las 
solicitudes de reconsideración, concediendo a las partes traslado de esta documentación  s
para alegaciones, una vez recibida. oe.
Mediante un segundo otrosí solicita que este Tribunal proceda a deducir testimonio  w.
dpfaerve osprid aderetni ctleau  ladadereml sPi saipóralnar maa  etrenáxtmoig iditree   dlCae a ltraae lspuprñooapn usyea asb tialloid dsa edm  rieepsmeonbluarcol isóq ndu e«e d laep  urmedseiepsruaae  qsuctaoe r arhe alasnp  sovenondttaeednr oc aiaal    2020-2945n https://ww
del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», por incumplir el mandato del
art.  87.1  LOTC,  según  el  cual  «todos  los  poderes  públicos  están  obligados  al 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva».
Fundamenta el abogado del Estado las peticiones formuladas en el incidente de 
ejecución en los razonamientos que a continuación se recogen.
a)  Comienza recordando la secuencia de hechos que han llevado al planteamiento 
del presente incidente de ejecución, con especial mención de la STC 259/2015, de 2 de 
diciembre, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de 
Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados  electorales  del  27  de  septiembre  de  2015»  y  su  anexo,  y  de  los 
AATC 141/2016, de 19 de julio, 170/2016, de 6 de octubre, y 24/2017, de 14 de febrero, 
que estimaron sendos incidentes de ejecución anulando resoluciones similares.
En la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó la moción 5/XII, sobre la 
normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, cuyos 
apartados primero, segundo y tercero fueron declarados inconstitucionales y nulos por la 
STC 136/2018, que transcribe ampliamente.
Pese a lo resuelto en esa STC 136/2018, el Parlamento de Cataluña aprobó la 
resolución 534/XII, sobre las propuestas para la Cataluña real, en la que se reiteraba la 
anulada  resolución  1/XI  y  reafirma  su  voluntad  de  ejercer  el  derecho  a  la 
autodeterminación, como instrumento de acceso a la soberanía del pueblo de Cataluña. 
Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de octubre de 2019, el Gobierno planteó 
incidente de ejecución de las SSTC 259/2015 y 136/2018 respecto de determinados 
incisos de los apartados I.1 y I.2 de esa resolución 534/XII. Mediante providencia de 10 
de octubre de 2019 («Boletín Oficial del Estado» núm. 246, de 12 de octubre) el Pleno 
del Tribunal Constitucional acordó tener por formulado el incidente de ejecución de la 
STC 136/2018 y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor, produce la suspensión 
de los referidos incisos de la resolución 534/XII, junto con los restantes pronunciamientos 
contenidos en dicha providencia.
El siguiente antecedente relevante es la resolución 546/XII, sobre la orientación 
política general del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en la que esta cámara volvía 
a reiterar la anulada resolución 1/XI y también la resolución 534/XII; reafirmaba de nuevo 
su voluntad de ejercer el derecho a la autodeterminación, como instrumento de acceso a 
la soberanía del pueblo de Cataluña, así como la de los «Países catalanes»; afirmaba 
ser  un  parlamento  plenamente  soberano  y  rechazaba  «las  imposiciones»  de  las 
instituciones del Estado español, en especial del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo; entre otros pronunciamientos. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de 
octubre  de  2019,  el  Gobierno  planteó  incidente  de  ejecución  de  la  STC  136/2018 
respecto  de  determinados  incisos  de  los  apartados  I.1,  I.2,  I.3  y  I.4  de  esa 
resolución 546/XII. Mediante providencia de 16 de octubre de 2019 («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 250, de 17 de octubre) el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener 
por formulado el incidente de ejecución y por invocado el art. 161.2 CE, lo que, a su 
tenor, produce la suspensión de los referidos incisos de la resolución 546/XII, junto con 
los restantes pronunciamientos contenidos en dicha providencia.
Desatendiendo los requerimientos de las providencias de este Tribunal de 10 y 16 de 
octubre de 2019, dirigidos a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, de 
abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a los incisos 
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII, y de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la 
STC 136/2018, la mesa, en su sesión de 22 de octubre de 2019, acordó admitir a trámite  e.
la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los  w.b
hechos del 1 de octubre», en cuyo apartado undécimo, inciso final, la cámara declara su  45ww
vlao lsuonbtaedra dneía r deeitel praure «bllao  ddeef eCnastaa ludñeal d pearreac hdoe caid lair  asuu tfoudtuerteor pmoinlítaiccoió»n. y la reivindicación de
formbu)l acPiórons digeul ep rreesfeirniétned ionsceid ean tela  d«en eojremcautcivióan  pdreo cseesnatel nqcuiae» ,s rirevme itideen dboa asel  epfeacrtao  alal 
primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados 1, 3 y 4, primer párrafo, del art. 92
LOTC y citando a continuación el ATC 141/2016, de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018, 
de 13 de diciembre, FJ 3.
c)  Recuerda  asimismo  que  las  providencias  del  Tribunal  Constitucional  son, 
conforme al art. 86 LOTC, resoluciones utilizadas en los procesos constitucionales, por lo 
que, en caso de ser incumplidas, pueden ser objeto del incidente de ejecución del art. 92 
LOTC. En el presente caso se consideran incumplidas las referidas providencias de este 
Tribunal de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con los incidentes de ejecución 
promovidos respectivamente frente a las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento 
de Cataluña, así como la STC 136/2018.
d)  Afirma que la idoneidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
del tipo de los impugnados como objeto de un incidente de ejecución del art. 92 LOTC 
está fuera de duda, a la luz de la doctrina contenida en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre. El ATC 124/2017, al resolver el incidente de ejecución promovido contra la 
admisión a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república, descartó el óbice de admisibilidad 
opuesto por la representación de esta cámara, que se fundaba en la naturaleza del 
acuerdo  como  acto  parlamentario  de  trámite,  que  no  ponía  fin  al  procedimiento 
parlamentario y que no desplegaba efectos ad extra.
Ciertamente, el acto impugnado en el incidente resuelto por el ATC 124/2017 era la 
admisión a trámite de una proposición de ley, y por lo tanto se trataba de un acto de 
trámite  del  procedimiento  legislativo.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
naturaleza del acto, la admisión a trámite de una propuesta de resolución para su 
sustanciación ante el pleno de la cámara no tiene una naturaleza diferente a la admisión 
a trámite de una iniciativa legislativa. En ambos actos se expresa o ejercita la misma 
competencia de la mesa, de calificación y decisión de admisión a trámite de un escrito de 
índole parlamentaria, de acuerdo con el art. 37.3 c) del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña; y la naturaleza del acto de calificación y admisión a trámite no varía por la 
diferente naturaleza del acto parlamentario final, cuyo trámite se inicia por el acuerdo de 
la mesa. Es precisamente en el ejercicio de esta competencia de calificación y admisión 
a trámite cuando puede verificarse si se ha salvaguardado por la mesa su deber de 
acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (art. 87 LOTC). Es decir, la propia 
naturaleza del incidente de ejecución como instrumento de salvaguarda del deber de 
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva determina que el acto de 
calificación y admisión a trámite por la mesa objeto idóneo del incidente, siempre que 
incumpla manifiestamente lo ordenado por el Tribunal. Así ha ocurrido en este caso, 
pues la decisión de la mesa incumple manifiestamente lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional en sus providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, entrando asimismo en 
contradicción con los pronunciamientos contenidos en la STC 259/2015.
e)  Razona  a  continuación  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional 
(SSTC 46/2018 y 47/2018, de 26 de abril ambas, FFJJ 5 y 6, y 96/2019, de 15 de julio, 
FJ 6), la facultad de las mesas de las cámaras de inadmitir a trámite iniciativas que sean 
manifiesta o palmariamente inconstitucionales se convierte en obligación de inadmitir en 
el caso de que la propuesta calificada constituya un incumplimiento manifiesto de lo 
ordenado por el Tribunal Constitucional.
En este caso, las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 advirtieron de forma 
expresa al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y 
al secretario general de la cámara, que tenían la obligación de abstenerse de realizar 
cualesquiera  actuaciones  tendentes  a  dar  cumplimiento  a  los  apartados  e  incisos  s
impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como  oe.
de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o  w.
directamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018. Tal admonición no supone en  45ww
emjeordcoic iaol gduenlo d uenreac hreos dtreic cpiaórnt iciliepgaíctiimóna  ddee  lolas  aruetporneosmeníata nptaersla pmoelíntitcaorisa  gnai raconmtizpardoom peoter  eell 
alorst.  p2o3d eCrEe,s  ppuúebsli ceoss  l(aa rcto. n9s.1e cCuEe)n.cia obligada de la sumisión a la Constitución de todos  BOE-A-cable e
Es más, la admisión a trámite no solo resulta antijurídica por incumplir el mandato 
expreso del Tribunal incluido en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, sino 
que además puede vulnerar el ius in officium de los diputados del Parlamento de 
Cataluña,  conforme  a  la  citada  doctrina  constitucional,  pues  si  los  parlamentarios 
participan en la tramitación de una iniciativa que contraviene de modo manifiesto un 
pronunciamiento de este Tribunal infringen también el deber de acatar la Constitución 
(art. 9.1 CE) y de cumplir lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Por el contrario, 
si  cumplen  su  deber  constitucional  de  respetar  lo  resuelto  por  este  Tribunal  y  no 
participan  en  ese  procedimiento  están  desatendiendo  las  funciones  representativas 
inherentes a su cargo. Esta disyuntiva supone condicionar el ejercicio de este derecho 
fundamental a que los parlamentarios violen el referido deber constitucional y esta 
condición no puede entenderse conforme con el art. 23.2 CE, que garantiza a los cargos 
públicos el legítimo ejercicio de sus funciones. Por otra parte, la participación en esos 
procedimientos, aunque sea para votar en contra, supondría otorgar a la actuación de la 
Cámara  de  una  apariencia  de  legitimidad  democrática  que  no  cabe  atribuirle  sin 
menoscabar su propia función constitucional.
f)  Alega a continuación que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
impugnados, en cuanto admiten a trámite la «propuesta de resolución de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en el inciso del 
apartado  undécimo  antes  transcrito,  incumplen  frontalmente  lo  resuelto  en  la 
STC 136/2018 y desatienden los requerimientos contenidos en las providencias de 10 
y 16 de octubre de 2019.
El inciso final del apartado undécimo de la propuesta de resolución admitida a trámite 
por el acuerdo de la mesa de 22 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 29 de 
octubre, reitera la voluntad del Parlamento de Cataluña de ejercer el derecho a la 
autodeterminación y reivindicar la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su 
futuro político. Esa reiteración obedece, como señala la propuesta de resolución en su 
apartado noveno, a la pretensión de dar respuesta, entre otras cosas, «a la censura que 
el  Tribunal  Constitucional  pretende  imponer  al  Parlamento  de  Cataluña,  claramente 
incompatible con la autonomía y la inviolabilidad de la Cámara».
Especialmente relevante es el hecho de que la iniciativa objeto del incidente traiga 
causa de una resolución anterior suspendida, pues como señala la STC 46/2018, FJ 6, 
para que pueda considerarse que existe incumplimiento por la mesa de la cámara de su 
deber constitucional de acatar lo resuelto por este Tribunal «es preciso que la mesa 
tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le 
impide darle curso». Así acontece en el presente caso, pues la resolución 546/XII, 
suspendida  en  sus  apartados  I.1,  I.2,  I.3  y  I.4  por  la  providencia  del  Tribunal 
Constitucional de 16 de octubre de 2016, establece en el apartado I.3, 23, que «el 
Parlamento  de  Cataluña  se  ratifica  en  la  defensa  del  ejercicio  del  derecho  a  la 
autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo 
de Cataluña»; y en el apartado I.3, 26, que «el Parlamento de Cataluña, una vez 
conocida la sentencia del Tribunal Supremo, si esta es condenatoria: […] b) Se conjura a 
liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el respeto, la garantía y la 
defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, de las libertades y del ejercicio 
del derecho de autodeterminación y en el respeto de la democracia, conjuntamente con 
el resto de instituciones democráticas de Cataluña».
Existe pues un nexo explícito entre la suspendida resolución 546/XII y la propuesta 
de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1  s
de octubre», admitida a trámite por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña  oe.
de 22 de octubre de 2019, confirmado por el acuerdo de 29 de octubre, nexo que hacía  w.
palmaria y evidente la improcedencia de esa admisión. Por otra parte es notorio que los  45ww
dgeru rpeosso lpuacrilóanm qeuneta mrioasn iEfieRsCta  yl aJ xcClaarat  yin teel nscuióbng rduep oc oCnUtinPu-CarC c opnre esle pnrtaorcoens oe ssae cpersoipouneisstata, 
lsoig quuieen rtee sudltea  cloar roabdomraisdioó np ora  el tdráembaittee  qduee  teusvao  lupgraorp ueens etal ,p leenno  dpea rltaic cuálamr arpao ar l dlaías   BOE-A-cable e
manifestaciones efectuadas por el presidente de la Generalitat (que se transcriben en el 
escrito de la abogacía del Estado).
En suma, el inciso final del apartado undécimo de la propuesta de resolución «de 
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», 
vuelve a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la 
unidad de la nación española titular de esa soberanía, por lo que no debió ser admitida a 
trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña, al contravenir los pronunciamientos de 
las SSTC 259/2015 y 136/2018 y los requerimientos y advertencias contenidos en las 
providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación con las resoluciones 534/XII 
y  546/XII.  En  consecuencia,  concurren  en  el  presente  caso  las  circunstancias 
excepcionales para apreciar que la mesa del Par1amento de Cataluña, al admitir a 
trámite esa iniciativa parlamentaria, ha incumplido su obligación de acatar lo resuelto por 
el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC), vulnerando también por ello el ius 
in officium de los diputados (art. 23.2 CE) e indirectamente el derecho de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
Por ello, el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre 
de 2019, en cuanto admite a trámite el inciso del apartado undécimo de la propuesta de 
resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de 
octubre», y el acuerdo de 29 de octubre que lo confirma al rechazar las solicitudes de 
reconsideración, deben ser declarados nulos.
g)  Expone seguidamente las razones por las que considera que este Tribunal, 
además de declarar la nulidad de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña 
de 22 y 29 de octubre de 2019, en el extremo indicado, debe adoptar las medidas de 
ejecución necesarias, conforme a los arts. 87.1 y 92 LOTC, para garantizar el respeto y 
la eficacia de lo resuelto con carácter definitivo en la STC 136/2018.
La actuación del presidente del Parlamento de Cataluña y de los restantes miembros 
de la mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de la propuesta de resolución 
«de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», 
en el inciso final de su apartado undécimo, supone incumplir, con pleno conocimiento, lo 
resuelto en la STC 136/2018, así como las advertencias y admoniciones efectuadas en 
las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019 «de impedir o paralizar cualquier 
iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada» y de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o 
eludir la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2018». Esa decisión de la mesa fue 
adoptada  desatendiendo  las  expresas  advertencias  que  les  fueron  formuladas 
previamente por los letrados del Parlamento. Tampoco atendieron a las protestas y a las 
solicitudes de reconsideración formuladas por los diputados de los grupos de la minoría 
par1amentaria (C’s, PPC y PSC), que se opusieron a la admisión a trámite de la 
propuesta de resolución invocando la obligación de la mesa de impedir la tramitación de 
esa propuesta de resolución por su evidente contradicción con las resoluciones del 
Tribunal Constitucional.
Por  ello  solicita  el  abogado  del  Estado  que  este  Tribunal  proceda  a  deducir 
testimonio de particulares conforme al art. 92.4 d) LOTC para exigir la responsabilidad 
penal que pudiera corresponder a los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña 
que han votado a favor de la admisión a trámite de la «propuesta de resolución de 
respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», por 
incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC.
4.  Por providencia de 5 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional  e.
acordó tener por recibido el escrito presentado por el abogado del Estado de formulación  w.b
de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), por contravención de la STC 136/2018,  45ww
ddee  22 2d ey  d2i9ci edme borect,u ebnre r edlaec 2ió0n1 9co, ne nlo sc uaacnuteor dao lsa  daed lma ismióens aa  dterál mPaitrela dmee nlat op droep Cueastatalu ñdae 
r«epsoorl uecllioó,n  recuiteyora  ayp arertiatedroa ráu ntdaénctaims ov eccoenst iecnoem oe l loin cdiessoe eenn  elol sq duiep ulittaedraolsm ye nlates  sdeip usetañdaalas 
[…] la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del 
pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
Acordó también tener por invocado por el Gobierno de la Nación el art. 161.2 CE, lo 
que, a su tenor, produce la suspensión de los mencionados acuerdos en cuanto han 
calificado y admitido a trámite el inciso indicado del apartado undécimo de la referida 
propuesta de resolución.
Conforme a lo dispuesto en el art. 87.1 LOTC, sin perjuicio de la obligación que dicho 
precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este 
Tribunal, acordó igualmente la notificación de la providencia al presidente del Parlamento 
de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió, al secretario general don Xavier Muro i Bas y a 
los miembros de la mesa don Josep Costa i Rosselló, don Joan García González, don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, doña Laura Vílchez Sánchez 
y doña Adriana Delgado i Herreros; con advertencia de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles 
de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
Acordó también, conforme al art. 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos 
y apercibimientos acordados.
Asimismo acordó, al amparo del art. 88.1 LOTC, requerir al Parlamento de Cataluña, 
para que en el plazo de tres días remitiera a este Tribunal el acta de la sesión de la mesa 
de 22 de octubre de 2019, en los particulares referidos a la deliberación y adopción del 
acuerdo impugnado, así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo de 
la mesa, y el acta de la mesa de 29 de octubre, informes si existen y resolución sobre la 
solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de C’s, PSC-Units y 
el  subgrupo  PPC.  Acordando  igualmente  que,  una  vez  recibidos  los  documentos 
solicitados, se dé traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de su presidente, para que en el plazo de diez días, a la vista de los mismos, formulen 
las alegaciones que estimen procedentes.
Acordó en fin la publicación de la providencia en el «Boletín Oficial del Estado», 
publicación que tuvo lugar en el núm. 267, de 5 de noviembre de 2019.
5.  Con fecha 14 de noviembre de 2019 se personó el letrado del Parlamento de 
Cataluña, en representación y defensa de esta cámara. A su escrito acompaña una serie 
de documentos en cumplimiento del requerimiento contenido al efecto en la providencia 
de 5 de noviembre de 2019.
6.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  justicia  del  Pleno  de  este 
Tribunal de 14 de noviembre de 2019 se tuvo por personado en el incidente de ejecución 
al letrado del Parlamento de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, y 
por  presentada  la  documentación  que  acompaña  a  su  escrito  de  personación.  Se 
procedió también, conforme a lo acordado por la providencia de 5 de noviembre de 2019, 
dar traslado de esos documentos a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo 
de diez días pudiesen formular alegaciones.
7.  Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 29 de noviembre de 2019, 
el  abogado  del  Estado  cumplimentó  el  traslado,  ratificándose  en  los  hechos  y 
fundamentos jurídicos de su escrito por el que se promueve el incidente de ejecución e 
interesando su estimación.
8.  El letrado del Parlamento de Cataluña presentó sus alegaciones mediante escrito  e.
registrado en este Tribunal el 11 de diciembre de 2019. w.
Sostiene  en  primer  lugar  que  el  incidente  de  ejecución  encubre  una  acción  45ww
cimopmuog noactuorrriiaó  qcuoen  dlae bimió ppulagnntaecaiórsne  deen  lsous  caapsaor tpaodro lsa  pvríiam deerol t íatu qlou Vin tLoO dTeC l a(a mrtso.c 7ió6n y 5 7/X7)I,I 
q(SuTeC h a1 3e6le/2g0id1o8 )d. eSlieb etrraadtaa mdee nutne  «laa bvuías od epl roincceidseanl»t ee nd el ae jfeocrmucaió dne d aec ltousa ra drtesl.  G87o.b1i eyr n9o2,   BOE-A-cable e
LOTC, «a pesar de sus efectos especialmente restrictivos sobre la actuación de la 
cámara, o precisamente para conseguir estos efectos».
A diferencia de la impugnación directa, el incidente de ejecución lleva el conflicto a 
un terreno muy resbaladizo, al abrir la puerta a medidas excepcionales que restringen la 
capacidad de actuación del Parlamento y pueden llevar a situaciones especialmente 
graves cuando se exigen responsabilidades, especialmente la penal. Son estos unos 
efectos  a  los  que  solo  se  debería  llegar  en  casos  extremos  y  absolutamente 
indispensables  para  evitar  que  lo  resuelto  por  el  Tribunal  Constitucional  pierda  su 
efectividad.  Pero  para  que  esto  suceda  no  es  suficiente  la  existencia  de  una 
contradicción  formal  o  aparente  entre  la  sentencia  del  Tribunal  y  el  nuevo  acto 
parlamentario, sino que debe darse el riesgo cierto y evidente de que ese nuevo acto 
tenga, por su naturaleza y contenido, la capacidad suficiente para dejar sin efecto, en 
sentido material y real, lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que 
no sucede en el presente caso. Ciertamente, en su resolución 1/XI el Parlamento de 
Cataluña expresó su voluntad de no considerarse supeditado a las resoluciones del 
Tribunal Constitucional, así como de ejercer el derecho de autodeterminación, al tiempo 
que afirmaba la plena soberanía del pueblo catalán, como se pudo comprobar después 
con la aprobación de las leyes de «desconexión» aprobadas en setiembre de 2017. Una 
voluntad que en aquel momento era coherente con la apertura de un proceso que 
supuso una gran conflictividad institucional y que acabó con la aplicación del art. 155 CE. 
Pero ahora estamos en un contexto diferente, pues el Parlamento de Cataluña se ha 
renovado y la resolución 1/XI no ha sido reiterada en los mismos términos que lo fue en 
la  anterior  legislatura.  Es  cierto  que  el  actual  Parlamento  ha  aprobado  nuevas 
resoluciones y mociones en las que se hace referencia a la resolución 1/XI, al derecho 
de autodeterminación o a la soberanía del pueblo de Cataluña, pero ello no es suficiente 
para considerar que está conculcando el deber de cumplir las resoluciones del Tribunal 
Constitucional,  porque  la  reiteración  de  ideas  o  voluntades  políticas  no  significa 
necesariamente una desobediencia en el sentido que establece el art. 87 LOTC.
Los acuerdos parlamentarios que son objeto del presente incidente de ejecución son 
actos de trámite dictados por la mesa del Parlamento de Cataluña ejerciendo una de las 
funciones políticas básicas que corresponden a cualquier parlamento en el marco de un 
sistema político parlamentario y que está directamente relacionada con la expresión del 
pluralismo político que es consustancial al carácter representativo del Parlamento. Se 
trata de actos de naturaleza política carentes de efectos jurídicos vinculantes, por lo que 
no son idóneos para ser objeto de un incidente de ejecución. No existe la intención de 
desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional, sino la de afirmar una voluntad 
política del Parlamento.
Además,  el  presente  incidente  supone  un  salto  cualitativo  respecto  de  otros 
anteriores, pues no se impugna una resolución parlamentaria, sino una propuesta de 
resolución admitida a trámite por la mesa del Parlamento de Cataluña, con lo que se da 
un paso más en la línea de la excepcionalidad y la restricción del funcionamiento del 
Parlamento. Con el añadido de solicitar que se deduzca testimonio de particulares para 
exigir la responsabilidad penal del presidente y demás miembros de la mesa que votaron 
a favor de la admisión a trámite de la propuesta.
El incidente de ejecución y las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional en 
la  providencia  de  5  de  noviembre  de  2019  son  incompatibles  con  el  derecho  de 
participación política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de los diputados 
del Parlamento de Cataluña, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos  s
Humanos (cita la decisión de 28 de mayo de 2019, que declaró inadmisible la demanda  oe.
presentada  por  la  presidenta  del  Parlamento  de  Cataluña  y  otros  setenta  y  cinco  w.
diputados de esta cámara en su XI legislatura). 45ww
incuEmnp litmodieon tcoa smoa, teerli ailn dcied elanste r edseo luecjeiocnuecsió nd ecl aTrreibcuen adle C founnsdtaitmuceionntoa,l . aEl nn eol  ienxciisstoir  duenl 
approayretacdtao  euln dinéccidimeon ted,e  elal  Pparorlpaumeesntato  ddee r eCsaotlaulcuiñóan  ased mliimtiditaa  aa  trreáimteirtaer,  s«olab rdee efel nqsuae  dseel   BOE-A-cable e
derecho de autodeterminación» y a reivindicar «la soberanía del pueblo de Cataluña 
para decidir su futuro político».
Se  llama  la  atención  sobre  el  sentido  anfibológico  del  «derecho  de 
autodeterminación»: puede ser entendido en clave interna, como reivindicación de la 
capacidad de mejorar el nivel de autogobierno dentro del marco constitucional (lo que no 
plantearía  problemas  de  constitucionalidad)  y  también  en  clave  externa,  como 
reivindicación del derecho a acceder a un estatus de plena soberanía de acuerdo con el 
derecho internacional. Pero aunque se entendiera en este último sentido tampoco se 
derivaría de ello ninguna inconstitucionalidad, pues la propuesta de resolución se limita a 
«defender» ese derecho, sin decir en ningún momento que se pretenda hacer efectivo al 
margen de los procedimientos de reforma de la Constitución, a diferencia de lo que 
ocurría en el caso de la resolución 1/XI. Además, el Parlamento de Cataluña había 
reivindicado el derecho de autodeterminación mucho antes de la propia resolución 1/XI, 
sin  que  esas  resoluciones  y  mociones  parlamentarias  fueran  impugnadas  por  el 
Gobierno.
Por lo que se refiere a la reivindicación de la plena soberanía del pueblo de Cataluña, 
se  aduce  que  el  Parlamento  de  Cataluña  expresa  una  voluntad  de  «ser»  que  la 
Constitución no permite, pero ello no es suficiente para considerar que se trate de un 
incumplimiento de la STC 136/2018, en el marco de una Constitución «no militante». Se 
limita a expresar una «reivindicación», pero no se afirma que se pretenda hacer efectiva 
al margen de la Constitución.
La  insistencia  en  reiterar,  «tantas  veces  como  lo  deseen  los  diputados  y  las 
diputadas»,  la  defensa  del  derecho  de  autodeterminación  y  la  reivindicación  de  la 
soberanía del pueblo de Cataluña no puede tampoco confundirse con la infracción del 
deber  de  cumplir  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional,  según  el  letrado  del 
Parlamento de Cataluña. En la relación entre un parlamento y el Tribunal Constitucional 
debe tener cabida un margen de discrepancia institucional, aun asumiendo que esta 
implique el rechazo a lo declarado en una sentencia del Tribunal, aunque ese rechazo se 
realice en términos contundentes. La anulación de la resolución 1/XI no permite llegar al 
extremo de inferir que el Parlamento de Cataluña ya no puede volver a realizar ningún 
tipo de declaración que haga referencia a la autodeterminación o a la soberanía.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que 
inadmita, o en su caso desestime, el incidente de ejecución, porque los acuerdos de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 no contravienen la 
STC 136/2018. Mediante otrosí solicita que se dejen sin efecto los requerimientos y 
advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al 
secretario general del Parlamento que interesa el abogado del Estado y asimismo que se 
rechace su solicitud de deducir testimonio de particulares.
9.  El  Ministerio  Fiscal  presentó  su  escrito  de  alegaciones  el  17  de  diciembre 
de 2019, en el que considera, en coincidencia con lo argumentado por el abogado del 
Estado, que los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre 
de 2019, por los que se admite a trámite una propuesta de resolución contraria a lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional y se rechaza la solicitud de reconsideración de esa 
decisión, constituyen objeto idóneo del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 
LOTC,  conforme  resulta  de  la  doctrina  sentada  en  ATC  124/2017,  FJ  2,  debiendo 
analizarse en este cauce procesal si esos acuerdos respetan lo ordenado por este 
Tribunal en su STC 136/2018 y en las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019.
Recuerda  asimismo  que,  de  acuerdo  con  la  doctrina  constitucional  sobre  las  e.
facultades de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de iniciativas  w.b
parlamentarias (por todas, STC 128/2019, de 11 de noviembre), el debido respeto a las  45ww
rtoedsoolsu cloiosn ecsiu ddaedl Tanriobsu nya lc Cuoanlifsictiatudcaiomneanl tye,  ean l odse fpinoitdiveare, sa  lpaú Cbloicnosst,it uvceidóan , aq ulae  imnceusma bqeu ae 
daedcmiditiad oa  ptorár meistete  uTnraib uinniacila. tPivaar aq quuee d peu feodrma ac omnsaindiefireasrtsae  iqnucuem epxliast ee le dseeb ienrc udme palicmaiteanr tolo, 
es preciso que la mesa tramite la iniciativa a sabiendas de que existe una resolución del 
Tribunal Constitucional que le impide darle curso.
Considera igualmente que no son atendibles las razones esgrimidas por la mesa del 
Parlamento de Cataluña en su acuerdo de 29 de octubre de 2019, por el que desestima 
las solicitudes de reconsideración frente al acuerdo de 22 de octubre. La mesa afirma en 
primer lugar que este acuerdo carece de eficacia jurídica, en la medida que solo supone 
la publicación de la iniciativa y la apertura del trámite de enmiendas; pero esta afirmación 
es incompleta y, por ello, inexacta, ya que al permitir la tramitación de la propuesta de 
resolución, que fue aprobada posteriormente por el Parlamento de Cataluña, da soporte 
y posibilita el debate y aprobación de esa propuesta, que viene a reproducir el contenido 
de  las  resoluciones  534/XII  y  546/XII,  así  como  de  la  resolución  1/XI,  declarada 
inconstitucional y nula por la STC 259/2015, con lo que se contraviene lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional.
Por otra parte, se aduce que, si el Tribunal Constitucional consideraba que se 
incumplían sus resoluciones, debió requerir previamente a la mesa, conforme al art. 92.4 
LOTC, para que emitiera informe al respecto. Sin embargo, este argumento tampoco es 
atendible, toda vez que las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII y 546/XII 
estaban  suspendidas  ope  legis  por  aplicación  del  art.  161.2  CE,  en  virtud  de  las 
providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, invocadas 
precisamente por la abogacía del Estado en su escrito por el que se promueve el 
presente incidente de ejecución.
Niega también la mesa de la cámara autonómica que la iniciativa parlamentaria 
controvertida  sea  reproducción,  ejecución  o  cumplimiento  de  las  resoluciones  1/XI, 
534/XII  y  546/XII  o  de  cualquier  acto  o  norma  anterior  que  haya  sido  declarada 
inconstitucional y por ello infrinja la STC 259/2015. Pero tal argumento no se sostiene. 
Es evidente que el pluralismo político que la Constitución garantiza permite cualesquiera 
proyectos políticos y debates sobre los mismos en las asambleas legislativas, incluso si 
se  propone  la  reforma  de  la  Constitución,  siempre  y  cuando  el  debate  parta  del 
presupuesto del respeto a los cauces procedimentales previstos en el propio texto 
constitucional  para  canalizar  los  cambios  de  modelo  político,  porque  solo  ese 
presupuesto asegura el respeto a las posiciones de las minorías (STC 115/2019, FJ 7). 
El tenor literal de la propuesta de resolución admitida a trámite y el contexto en que esa 
decisión parlamentaria tiene lugar evidencian que se reiteran la defensa del derecho de 
autodeterminación  y  la  soberanía  del  pueblo  de  Cataluña  al  margen  de  cualquier 
propuesta de reforma constitucional.
En suma, el apartado undécimo de la propuesta de resolución admitida a trámite por 
la mesa del Parlamento de Cataluña, en el inciso controvertido, se halla en íntima 
conexión con los contenidos de las resoluciones 534/XII y 546/XII, impugnados en 
precedentes  incidentes  de  ejecución,  así  como  con  resoluciones  anteriores  del 
Parlamento, ya anuladas, y en particular con los apartados primero, segundo y tercero 
de la moción 5/XII, declarados inconstitucionales y nulos por la STC 136/2018. Dicho 
inciso no puede ser considerado como una mera declaración política, sino que supone 
reproducir el objetivo y finalidad de las resoluciones l/XI, 534/XII y 546/XII, lo que implica 
que el Parlamento de Cataluña se excede de sus competencias y se sitúa al margen de 
los procedimientos constitucionales. El derecho de autodeterminación de Cataluña no 
tiene cabida en la Constitución ni en el ámbito del derecho internacional y la afirmación 
de la soberanía del pueblo de Cataluña pretende ignorar que la soberanía reside en el 
pueblo español (art. 1.2 CE) y la unidad de la nación española (art. 2 CE), como viene  s
declarando reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre otras en la STC 136/2018. oe.
Existe  por  tanto  un  incumplimiento  manifiesto  de  la  STC  136/2018  y  de  las  w.
providencias del Tribunal Constitucional de 10 y 16 de octubre de 2019, en relación estas  45ww
cCoanta llousñ ain c5i3d4e/nXtIeI sy d 5e4 e6j/eXcIuI.c Aióln a pdrmomitior vlaid omse fsrae ndtee  ala l acsá mreasroalu ac iotrnáemsi tdee lla P parrolapmueesnttao  ddee 
irnecsuomlupcliiómni,e netno  sdue l adpeabretar ddoe  aucnadtéacri mloo r eisnuceisloto  fpinoar l,e ll aT rimbuensaal  iCnocunrsrteit uac iosnaabli,e pnudeass  eenn l aesl   BOE-A-cable e
referidas  providencias  se  le  había  advertido  expresamente  de  su  obligación  de 
abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los 
apartados e incisos impugnados de las resoluciones 534/XII y 546/XII, así como de 
impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente 
suponga ignorar o eludir la STC 136/2018. Además, este incumplimiento, como indica la 
STC  46/2018,  supone  la  vulneración  del  ius  in  officium  de  los  parlamentarios  que 
formularon reconsideración del acuerdo de admisión de la propuesta de resolución, por 
cuanto impide que puedan ejercer reglamentariamente sus funciones representativas, 
pues en esas circunstancias el ejercicio del cargo conllevarla no acatar lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional (art. 87.1 LOTC). Por tanto, procede la estimación del incidente 
de ejecución, con declaración de nulidad del inciso cuestionado.
Asimismo considera procedente el Ministerio Fiscal que se adopten las medidas de 
ejecución  que  interesa  el  abogado  del  Estado.  Se  concretan  en  que  se  notifique 
personalmente  el  auto  que  resuelva  el  incidente  al  presidente  del  Parlamento  de 
Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de 
Cataluña, con advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica 
o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y el 
propio  auto  que  resuelva  el  presente  incidente,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. Se interesa también 
que se proceda a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal 
que pudiera corresponder al presidente del Parlamento de Cataluña y a los miembros de 
la mesa que han votado a favor de la admisión a trámite del apartado undécimo, inciso 
final, de la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre los hechos del 1 de octubre», por incumplir el mandato del art. 87.1 LOTC.
10.  Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2019, don Josep 
Costa  i  Rosselló  y  don  Eusebi  Campdepadrós  i  Pucurull,  vicepresidente  primero  y 
secretario  primero  de  la  mesa  del  Parlamento  de  Cataluña  respectivamente, 
representados por el procurador de los Tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos 
por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el 
incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 5 de 
noviembre  de  2019.  Interesan  que  se  revoque  esta  providencia  y  se  inadmita  la 
impugnación de los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de 
octubre  de  2019,  planteada  como  incidente  de  ejecución  de  la  STC  259/2015; 
subsidiariamente,  que  se  anulen  los  apartados  segundo,  tercero  y  cuarto  de  la 
providencia.
Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis: (i) que la impugnación de los 
acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019 es 
inadmisible  por  tener  carácter  preventivo  (citan  los  AATC  135/2004,  189/2015 
y 190/2015), toda vez que la propuesta de resolución admitida a trámite, antes de 
convertirse en resolución por su aprobación por el pleno de la cámara, puede sufrir 
enmiendas que modifiquen su contenido; (ii) la impugnación por el Gobierno de los 
referidos acuerdos parlamentarios es inadmisible por no haber consultado previamente a 
la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo 
de Estado); (iii) no resulta de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la 
suspensión automática prevista para la impugnación de las disposiciones autonómicas 
(título V LOTC), pues el incidente de ejecución no es una impugnación a estos efectos, 
por lo que la suspensión de los acuerdos parlamentarios acordada en la providencia de 6 
de noviembre de 2019 carece de motivación y de sustento normativo; (iv) las propuestas  e.
de resolución no son susceptibles de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento  w.b
de Cataluña y los efectos de la STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de  45ww
einjecocuncsitóitnu ccioanreaclidea dde y o nbujelitdoa dy  eqnu ec oenns elac umeinscmiaa  esse  icnoandtmieinseib, lep;o (rv l)o  eql uaep eerlc iinbcimidieenntteo  ddee 
eCvoennsttuitaulceiso narel sepno nlasa pbriloidvaiddeensc, iai,n cclaurideace  lad e pceonbael,r tuqruae l ergeaal liyz av udlnee roaf iclaio  inevli olTarbibiluidnaadl 
parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (vi) la providencia
supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del 
derecho de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como 
la vulneración del principio democrático; (vii) la providencia, en cuanto requiere a la 
presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que 
impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada de los referidos acuerdos parlamentarios, vulnera la autonomía parlamentaria 
(art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (viii) la providencia, en cuanto ordena 
en el apartado tercero su notificación al presidente del Parlamento de Cataluña, al resto 
de miembros de la mesa y al secretario, con advertencia de su obligación de respetar la 
suspensión acordada y apercibimiento de responsabilidades, incluso penales, vulnera el 
derecho a una resolución motivada que reconoce el art. 24.1 CE, así como el derecho a 
la igualdad en la aplicación de la ley.
11.  Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de noviembre de 2019, doña Elsa 
Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, representados por 
el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don 
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución 
e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 5 de noviembre de 2019. 
Interesan que se revoque esta providencia y se inadmita la impugnación de los acuerdos 
de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre de 2019, planteada como 
incidente  de  ejecución  de  la  STC  259/2015;  subsidiariamente,  que  se  anulen  los 
apartados segundo, tercero y cuarto de la providencia.
Los razonamientos en que se sustenta este recurso de súplica son enteramente 
coincidentes con los expuestos en el formulado por don Josep Costa i Rosselló y don 
Eusebi Campdepadrós i Pucurull.
12.  Por ATC 164/2019, de 27 de noviembre, el Pleno de este Tribunal acordó tener 
por personados a don Josep Costa i Roselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, así 
como a doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, a 
los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título 
particular, sin perjuicio de la personación de dicha cámara legislativa a través de sus 
servicios jurídicos. Acordó también admitir a trámite los recursos de súplica interpuestos 
contra la providencia de 5 de noviembre de 2019 por los señores Costa i Rosselló y 
Campdepadrós i Pucurull y por la señora Artadi Vila y treinta y un diputados más del 
Parlamento de Cataluña. Acordó asimismo dar traslado de los recursos por plazo común 
de tres días al Gobierno de la Nación, al Parlamento de Cataluña y al Ministerio Fiscal, 
así como a la representación procesal de los señores Costa i Rosselló y Campdepadrós i 
Pucurull  y  de  la  señora  Artadi  Vila  y  treinta  y  un  diputados  más,  para  formular 
alegaciones.
13.  El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó 
sus alegaciones en el trámite abierto por ATC 164/2019 mediante escrito registrado en 
este Tribunal el 4 de diciembre de 2019, interesando que se desestimen íntegramente 
ambos recursos de súplica.
Señala  que  conforme  a  la  doctrina  constitucional,  sentada  en  recursos  de 
inconstitucionalidad,  conflictos  de  competencia  y  procedimientos  del  título  V  LOTC 
(AATC 292/2014, de 2 de diciembre, y 117/2017, de 16 de agosto), pero aplicable por su 
identidad de razón a la admisión de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 
LOTC, el recurso de súplica contra providencias de admisión de estos incidentes no  s
puede fundarse en cualesquiera motivos, sino que estos deben guardar relación con los  oe.
aspectos sobre los que ha versado el juicio de admisibilidad efectuado por el Tribunal  w.
Cdeesot nasbctloietnuccciduioornrsea pnl ocerina l  oessd eae r mtslo.o m8s7 e nyret o9q 2up irLsoOitcoTessC a, lp.p rEaorscateo sla ae lase,ps es ortilunord api sudpeeedln eisn afcubidnleedsna tme eed net aienrjsseuecb uescnaió nlnaa, b fqaleultsea,    2020-2945n https://ww
se contraerían a su promoción por parte legitimada y la existencia de una disposición,
acto, actuación material o inactividad respecto de la que se alegue el incumplimiento de
una resolución del Tribunal. La valoración de los argumentos referidos al fondo de la 
pretensión que se suscita en el incidente estaría excluida en este momento procesal.
Partiendo  de  la  anterior  premisa,  razona  el  abogado  del  Estado  que  ha  de 
rechazarse el motivo de inadmisibilidad basado en el carácter supuestamente preventivo 
del incidente de ejecución. Conforme a la doctrina sentada en el ATC 124/2017, de 19 de 
septiembre, los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 y 29 de octubre 
de 2019, por los que se admite a trámite la propuesta de resolución «de respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», constituyen objeto 
idóneo del incidente de ejecución, que no reviste carácter hipotético o preventivo, desde 
el momento en que se fundamenta en que la mesa de la cámara, al admitir a trámite una 
iniciativa que contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional, ha incumplido su 
deber de cumplimiento de lo que este Tribunal resuelva (art. 87.1 LOTC). Lo que motiva 
el  incidente  es  el  incumplimiento  por  la  propia  mesa  de  ese  deber  constitucional, 
incumplimiento que no queda sanado por la posterior enmienda, o incluso por el rechazo 
por la mayoría del pleno de la iniciativa, en su caso.
Tampoco es causa de inadmisibilidad que no haya sido recabado el dictamen de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
El alegato según el cual los efectos de la STC 136/2018 se agotarían en la propia 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que no 
puede constituir el título del incidente, también debe rechazarse. Además de ser un 
alegato de carácter sustantivo, lo que se plantea es una cuestión ya resuelta por este 
Tribunal, que ha reiterado que la vinculación de los poderes públicos al cumplimiento de 
sus resoluciones se extiende tanto al fallo de estas como a su fundamentación jurídica 
(SSTC 158/2004, FJ 4, y 302/2005, FJ 6; AATC 273/2006, FJ 4, y 120/2010, FJ 1).
De igual modo es un alegato de carácter sustantivo, ya descartado también por este 
Tribunal en anteriores ocasiones, el referido a la pretendida inaplicabilidad de la potestad 
del Gobierno que dimana del art. 161.2 CE al incidente de ejecución de los arts. 87.1 
y 92 LOTC.
Por lo que se refiere a los requerimientos y advertencias contenidos en la providencia 
de admisión a trámite del presente incidente de ejecución, no es cierto que no hayan 
sido solicitados por la abogacía del Estado, como se afirma en los recursos de súplica. 
Ello sin perjuicio de que tales requerimientos y advertencias no son sino mera concreción 
en el incidente del deber general del art. 87.1 LOTC; es decir, no constituyen ni crean 
una obligación de alcance diferente al deber de cumplir las resoluciones del Tribunal 
Constitucional.
Sobre la incidencia de la impugnación en la autonomía parlamentaria, el ius in 
officium y la libertad de expresión de los parlamentarios, se trata de un alegato de 
carácter sustantivo extraño al recurso de súplica contra la providencia de admisión del 
incidente de ejecución. En todo caso, el abogado del Estado se remite a lo alegado 
sobre  esta  cuestión  en  el  escrito  promoviendo  el  incidente,  en  particular  en  su 
fundamento cuarto, y a la doctrina constitucional establecida por las SSTC 46/2018, 
FJ 5, y 115/2019, FJFJ 2 a 7, por todas. Conforme a esta doctrina la potestad de las 
mesas de las cámaras legislativas de inadmitir a trámite propuestas o proposiciones 
cuya inconstitucionalidad sea evidente, se transforma en obligación siempre que la mesa 
sea destinataria de un mandato del Tribunal Constitucional que impida la tramitación de 
determinada iniciativa, como sucede en el presente caso. s
En cuanto a la falta de motivación de la providencia de 5 de noviembre de 2019, la  oe.
alegación  es  genérica  y  no  se  ajusta  a  la  realidad,  pues  la  providencia  motiva  w.
expresamente, por referencia al art. 161.2 CE y a los arts. 87 y ss. LOTC, todos y cada  45ww
uno de sus apartados.
de 21041.9  mEle ldeitarandteo  edseclr Pitoa relanm eel nqtuoe d see C raetmaliuteñ aa  plaress eefnetcót usaudsa asl eegna csiuo neessc reitlo 1 d2e d ael edgicaiceimonberes 
en el incidente de ejecución, registrado en este Tribunal el 11 de diciembre de 2019.
15.  El  Ministerio  Fiscal  formuló  sus  alegaciones  en  el  trámite  abierto  por 
ATC 164/2019 mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2019, en el que 
interesa  que  sean  desestimados  los  recursos  de  súplica  interpuestos  contra  la 
providencia de 5 de noviembre de 2019.
Señala en primer lugar que debe ser rechazada la tacha de inadmisibilidad relativa al 
carácter supuestamente preventivo de la impugnación de los acuerdos parlamentarios 
que se articula por la vía del incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. No se 
trata  de  analizar  el  contenido  constitucional  de  los  acuerdos  impugnados,  sino  de 
enjuiciar si la mesa del Parlamento de Cataluña, al ejercer su facultad de calificación y 
admisión  de  iniciativas  parlamentarias,  ha  acatado  lo  resuelto  por  el  Tribunal 
Constitucional.
Del mismo modo debe descartarse la tacha de inadmisibilidad basada en la ausencia 
de informe previo del Consejo de Estado, pues el art. 22.6 de la Ley Orgánica del 
Consejo  de  Estado  no  exige  ese  dictamen  para  la  promoción  de  un  incidente  de 
ejecución.
Señala también el fiscal que  estamos  ante  el incumplimiento de una sentencia 
dictada en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V 
LOTC), por lo que es aplicable al incidente de ejecución lo previsto en el art. 161.2 CE, 
que decreta la suspensión ope legis.  En cuanto a las demás medidas de ejecución que 
se  adoptan  en  la  providencia  de  5  de  noviembre  de  2019,  se  corresponden  con 
previsiones contenidas en el art. 92 LOTC.
Debe descartarse igualmente el alegato referido a la inviabilidad del incidente de 
ejecución por el carácter declarativo de la STC 136/2018 y la carencia de efectos 
vinculantes de la propuesta de resolución admitida a trámite por la mesa del Parlamento 
de Cataluña. Lo que se discute es si este órgano ha cumplido con su deber de acatar lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional, deber que quedaría en entredicho si se produce la 
reiteración  por  la  cámara  de  actos  que  repiten  o  son  reproducción  de  iniciativas 
declaradas inconstitucionales.
El apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, a los miembros 
de la mesa por los votos que emitieron para aprobar los acuerdos objeto del incidente de 
ejecución, es una medida que el Tribunal Constitucional puede adoptar incluso de oficio 
(si bien en este caso el abogado del Estado la ha solicitado expresamente) y no vulnera 
la inviolabilidad parlamentaria.
Tampoco se vulneran las libertades de expresión y reunión de los diputados del 
Parlamento  de  Cataluña,  pues  los  acuerdos  impugnados,  adoptados  conforme  al 
procedimiento reglamentario, son manifestación de un órgano de la cámara, la mesa, y 
no suponen el ejercicio de un derecho o libertad fundamental, sino el ejercicio de una 
competencia, la de calificar y, en su caso, admitir a trámite las iniciativas parlamentarias 
(STC 98/2019, FJ 4, por todas). De igual modo deber rechazarse la supuesta lesión del 
derecho de participación política de los parlamentarios; conforme a reiterada doctrina 
constitucional,  permitir  un  debate  y  votación  sobre  cuestiones  que  el  Tribunal 
Constitucional ha suspendido supone desconocer lo que dispone el art. 87.1 LOTC, 
quebrantando el ordenamiento jurídico.
En fin, la pretendida ausencia de motivación que se achaca en los recursos de 
súplica a la providencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2019 carece de 
fundamento, pues las medidas que en esta resolución se adoptan encuentran sustento 
en los arts. 87.1 y 92 LOTC, así como en el art. 161.2 CE en lo que se refiere a la 
suspensión automática. s
II. Fundamentos jurídicos 45www.
incid1e. nteE ld ea beojegcaudcoió dne dl eE lsat aSdToC,  1e3n6 n/2o0m1b8r, ed ey  1r3e pdree sdeicnietamcibórne , ddeicl taGdoab ieenrn eol ,p prorocemsuoe dvee 
ipmropvuigdneancciióans  ddee  1d0is yp o1s6ic dioen eosc tuaburteo ndóem 2ic0a1s9 ,( Tqíutuel oa dVm LitOieTroCn)  lonsú min.c i4d0e3n9te-2s0 d1e8 ,e yje cduec ilóans   BOE-A-cable e
de esa misma Sentencia promovidos respectivamente en relación con determinados 
apartados e incisos de las resoluciones del Parlamento de Cataluña 534/XII, de 25 de 
julio de 2019, y 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, en relación con el acuerdo de la 
mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de octubre de 2019 en cuanto admite a trámite 
la propuesta de resolución «de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 
hechos del 1 de octubre», en el inciso final de su apartado undécimo; así como frente al 
acuerdo de la mesa de 29 de octubre de 2019 por el que se rechazan las solicitudes de 
reconsideración formuladas contra el acuerdo anterior por los grupos parlamentarios 
Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units) y Ciutadans (C’s) y el subgrupo Partido 
Popular (PPC).
El único texto oficial, en lengua catalana, del inciso final del apartado undécimo de la 
referida propuesta de resolución ha quedado transcrito en el antecedente 2 de este auto, 
si bien el Gobierno ha incorporado una traducción del texto al castellano, que no ha sido 
objeto de reparo alguno por parte de la representación procesal del Parlamento de 
Cataluña. Es la que a continuación se detalla, a los exclusivos efectos de resolver el 
presente incidente de ejecución.
«11.  […] Por ello [el Parlamento de Cataluña], reitera y reiterará tantas veces como 
lo  deseen  los  diputados  y  las  diputadas  […]  la  defensa  del  derecho  a  la 
autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir 
su futuro político.»
2.  Los acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña impugnados por esta vía 
incidental ya han sido anulados por auto de esta misma fecha por incumplimiento de la 
STC 259/2015, de 2 de diciembre, que declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI 
del Parlamento de Cataluña, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como 
consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015», y su anexo, 
aprobada el 9 de noviembre de 2015. Y también han sido estimadas las pretensiones 
accesorias formuladas por el abogado del Estado sobre notificación y requerimiento de la 
decisión  del  Tribunal  a  determinados  funcionarios  y  autoridades  del  Parlamento  de 
Cataluña, así como sobre deducción de testimonio de particulares a fin de que el 
Ministerio Fiscal pueda valorar la exigencia de responsabilidad penal del Presidente del 
Parlamento de Cataluña y otros miembros de la mesa.
En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha perdido 
sobrevenidamente su objeto, de acuerdo con lo razonado para supuestos similares en 
los AATC 182/2019 y 183/2019, ambos de 18 de diciembre, que no es necesario reiterar.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de 
diciembre, y de las providencias de 10 y 16 de octubre de 2019, promovido por el 
Gobierno en relación con el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 22 de 
octubre de 2019, por el que se admite a trámite la propuesta de resolución «de respuesta 
a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre», en cuanto al 
inciso final de su apartado undécimo, así como con el acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración de aquella decisión.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado». e.
Madrid,  a  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  veinte.–Juan  José  González  Rivas.– 45ww
MEnacrtaínrneazc-Vióanr eRs oGcaa rcTíraía.–sJ.–uAann dArénst oOnilole rXoi oTl aRssíoasra.–.–AFnetornnaion dNoa rVvaáledzé sR oDdarlí-gRuée.z–.S–aAnlftrieadgoo 
MLuoisnato Byaa laMgueelgra Cr.a–lRleicjóanr.d–oF irEmnarídqou eyz r uSbarincachdoo..–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María