BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102 Jueves 29 de abril de 2021 Sec. III.   Pág. 51106
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA
7017 Orden HAC/417/2021, de 27 de abril, por la que se publica el Convenio con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La Ministra de Hacienda, en representación de la Administración General del Estado, 
la  Secretaria  de  Estado  de  Hacienda,  en  representación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria y el Conselleiro de Facenda e Administración Pública en el 
ejercicio de sus competencias propias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, han suscrito el 
Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y la Comunidad Autónoma de Galicia, para permitir articular la necesaria colaboración 
entre ambas Administraciones públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el título I 
del mencionado Real Decreto-ley.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo su 
publicación como anejo a la presente orden.
Madrid,  27  de  abril  de  2021.–La  Ministra  de  Hacienda,  María  Jesús  Montero 
Cuadrado.
ANEJO
Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Galicia, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19
En Madrid, a 26 de abril de 2021.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, en virtud 
del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, 
en representación del citado Departamento, y en ejercicio de las competencias que le 
confiere la Orden de 13 de abril de 2021, de avocación de competencias para la firma de 
los Convenios a los que se refiere el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-
ley  5/2021,  de  12  de  marzo,  de  medidas  extraordinarias  de  apoyo  a  la  solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
De otra parte, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de  es
Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres.2 de la  o
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,  17ww
nPnoúúmmbYlbeic rradao,ed   a1no 8optr1moa,r, b  edrdaloe dRnl o e V7aCa l lDodenereis acernseloelet poiMrt oi3ea 8mrp0tíbo/n2rree0 z 1e 8ldG ,eD ad reec2c í08are2 ,d t0oCe)  ,oj 1un1ens2nieo/ l2.len0io2rom0 ,db erde e F ay6c  erdenepd rase esepe Atnietdammcbiiónrneis  tr(daDecO ióGlna    OE-A-2021-70able en https://
Comunidad Autónoma de Galicia, autorizado para dicha firma por acuerdo del Consello 
de la Xunta de Galicia del día 22 de abril de 2021.
Reconociéndose  las  partes  que  intervienen  la  capacidad  legal  necesaria  para 
formalizar el presente Convenio.
EXPOSITIVO
I
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19 (en adelante, Real Decreto-ley 5/2021), la Ministra de 
Hacienda, en representación de la Administración General del Estado y la Secretaria de 
Estado  de  Hacienda,  en  representación  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria), suscriben el presente Convenio en ejercicio 
de las competencias que le atribuye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencias propias para la gestión de 
sus  intereses  y  se  encuentra  facultada  para  la  suscripción  de  Convenios  para  el 
desarrollo de actuaciones de intercambio de información con la Administración estatal.
II
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 y en el 
marco  de  la  colaboración  mutua  que  debe  presidir  las  relaciones  entre  las 
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 140 
y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante Ley de Régimen Jurídico del Sector Público), las partes firmantes consideran 
que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines suscribir este 
Convenio.
En concreto, el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021 prevé la suscripción del 
presente  Convenio  para  permitir  articular  la  necesaria  colaboración  entre  ambas 
Administraciones  públicas  de  cara  a  la  ejecución  de  lo  previsto  en  el  título  I  del 
mencionado  Real  Decreto-ley,  contemplando  cuestiones  como  el  intercambio  de 
información entre las Administraciones Tributarias; la mención en todas las actuaciones y 
soportes que se utilicen al origen de los fondos que financian estas ayudas, señalándose 
que  son  financiadas  por  el  Gobierno  de  España;  y  la  obligación  de  suministrar 
información detallada sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas.
III
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir 
Convenios con otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la 
titularidad de sus competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, con el contenido y por los 
trámites establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a  s
las partes signatarias justifican la suscripción de este Convenio de conformidad con lo  oe.
previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021. w.
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer determinadas actuaciones a realizar 
por el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma que 
materialicen la necesaria colaboración para la correcta ejecución de lo previsto en el 
título I del Real Decreto-ley 5/2021.
Segunda.  Obligaciones de las partes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, las 
partes firmantes se comprometen a:
A.  La Comunidad Autónoma:
1.  Incorporar en los formularios de solicitud de las ayudas directas a autónomos o 
empresas de la Línea Covid el contenido mínimo que se detalla a continuación, para 
facilitar el suministro por la Agencia Tributaria de la información de que disponga y para 
que la Comunidad Autónoma pueda obtener del solicitante o de otras Administraciones 
tributarias  la  restante  información  necesaria  para  gestionarlas  cuando  la  Agencia 
Tributaria no disponga de ella:
a)  NIF del solicitante de la ayuda.
b)  La autorización a que se refiere el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria.
c)  Indicación de si se van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio 
fiscal.
d)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un 
grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición 
de dicho grupo en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una 
Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.
e)  Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un 
grupo que aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna 
entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en 
dichos años.
f)  Si realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica de IVA y determina el pago fraccionado de acuerdo 
con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.
2.  Suministrar la información que se detalla en las letras a) y c) del apartado 1 
anterior a la Agencia Tributaria.
3.  En  las  convocatorias  y  en  las  notificaciones  de  resolución,  recepción  o 
cualesquiera otras dirigidas a los beneficiarios de las ayudas directas que realice la 
Comunidad  Autónoma  deberá  constar  expresamente,  en  lugar  visible,  que  se  han 
financiado por el Gobierno de España.
Asimismo,  en  todas  las  actividades  de  difusión  que  pueda  llevar  a  cabo  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  distintas  acciones  relativas  a  las  ayudas  directas  en 
publicaciones,  medios  de  difusión  o  páginas  web  deberá  constar  la  referencia 
establecida en el párrafo anterior. s
4.  Suministrar  información  detallada  sobre  las  convocatorias  realizadas  y  los  o
resultados de las mismas, en los siguientes términos: w.
resoalu) cioLnae Cs odmeu nlaidsa da yAuudtaósn ocmoan creedmiditairsá  eanl  Maipnliisctaecriioó nd ed eHla ctíiteunlod aI  udneal  rReelaacli óDn edcere ltaos-
ley 5/2021 y de las convocatorias de ayudas que se produzcan en desarrollo de dicha
disposición. Asimismo, se remitirá información sobre los pagos o transferencias a los 
beneficiarios y los eventuales reintegros que se produzcan.
Estas  relaciones  incluirán,  al  menos,  información  sobre  la  convocatoria  que  da 
soporte a cada ayuda, la identificación del beneficiario y su naturaleza, el código CNAE 
acreditado según el artículo 3.5 del Real Decreto-ley 5/2021 o el código CNAE principal 
dentro de los determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, la 
aplicación presupuestaria de los presupuestos autonómicos con cargo a la cual se hacen 
efectivas las ayudas, la fecha de resolución y el importe de la ayuda concedida, así como 
las fechas e importes de los pagos efectivos al beneficiario, y, en su caso, la fecha de la 
resolución de reintegro, su importe y las fechas e importes en los que los mismos se 
hacen efectivos por parte del beneficiario, así como de las fechas e importes de los 
reintegros que se realicen a la Administración General del Estado.
b)  La información se remitirá por la Comunidad Autónoma al Ministerio de Hacienda 
que gestionará dicha información en especial colaboración con la Agencia Tributaria, en 
particular en cuanto a la gestión de los datos remitidos, los cuales podrán alojarse en sus 
servidores además de en los del propio Ministerio.
c)  El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a la Comunidad Autónoma cuanta 
información adicional considere necesaria sobre la gestión de las convocatorias de las 
ayudas y los resultados de las mismas.
B.  La Agencia Tributaria:
Suministrar la siguiente información a la Comunidad Autónoma, en relación con el 
marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía 
de la ayuda, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021 y la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 
ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el título I del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19:
1.  Respecto de los solicitantes de la ayuda que sean empresarios o profesionales y 
entidades  adscritas  a  los  sectores  determinados  por  la  normativa  que  regula  la 
concesión de las ayudas:
a)  Delegación o Delegación Especial en la que se encuentre el domicilio fiscal.
b)  Epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de la 
Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas  (CNAE  –09–)  que  se  consideren 
equivalentes en los que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 
2020 y 2021.
c)  Información sobre el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por 
la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, en el Impuesto 
General Indirecto Canario en 2019 y 2020, si dicho volumen de operaciones en 2020 ha 
caído más de un 30 % con respecto al de 2019 y el porcentaje de caída.
En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el 
régimen de tributación consolidada, la información a proporcionar será la suma de todos 
los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
No obstante lo anterior:
Cuando el empresario o profesional solicitante de la ayuda realice una actividad de 
comercio minorista cuyo rendimiento de actividades económicas se determine mediante 
el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  e.
aplicando por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia en el  w.
Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, se proporcionará información  17ww
saocbtivreid alad  teoctaolnidóamd icdae  mloisn oinrigstrae sionsc luínidteogsr oesn  fsisuc adlemcelanrtaec icóonm dpeul taImblpeuse pstroo cseodbernet elas  Rdee nstau 
de las Personas Físicas correspondiente a 2019, así como sobre la suma de los ingresos
íntegros  fiscalmente  computables  incluidos  en  sus  autoliquidaciones  de  pagos 
fraccionados del ejercicio 2020.
Cuando el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de Ceuta 
o  Melilla  o  realice  exclusivamente  operaciones  que  no  obligan  a  presentar 
autoliquidación  periódica  de  IVA  (artículos  20  y  26  de  la  Ley  37/1992,  de  28  de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido) o de IGIC (artículo 57.2 del Reglamento 
de gestión de los tributos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por 
Decreto 268/2011), según información proporcionada previamente a la Agencia Tributaria 
por la Comunidad Autónoma de Canarias, y no aplique el régimen de estimación objetiva 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020:
1.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
información  sobre  la  totalidad  de  los  ingresos  íntegros  fiscalmente  computables 
procedentes  de  su  actividad  económica  incluidos  en  su  declaración  del  Impuesto 
en  2019,  así  como  la  suma  de  los  ingresos  íntegros  fiscalmente  computables 
procedentes de su actividad económica incluidos en sus autoliquidaciones de pagos 
fraccionados correspondientes a 2020.
2.º  Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente, información sobre la base imponible 
previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente 
en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto en el 
artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
d)  Indicación de si el solicitante tiene más de 10 empleados.
e)  Si  el  solicitante  forma  parte  de  un  grupo,  información  disponible  sobre  su 
composición en 2019 y 2020.
2.  Respecto de los empresarios solicitantes que apliquen el régimen de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores 
determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas, indicación de si 
los mismos han aplicado dicho régimen en el año 2019 o 2020.
3.  En relación con los solicitantes de la ayuda contemplados en el apartado 1 
anterior, indicación de si los mismos han consignado en la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 un resultado neto 
negativo por las actividades económicas en las que hubieran aplicado el método de 
estimación directa para su determinación o si ha resultado negativa en dicho ejercicio la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no 
Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de 
bases imponibles negativas.
4.  Información  sobre  si  el  solicitante  se  encuentra  de  alta  en  el  Censo  de 
empresarios, profesionales y retenedores, y para el supuesto de que se haya producido 
el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las fechas de alta y de baja en dicho 
Censo, y causa de la baja.
5.  En relación con los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo 
volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros y que 
desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una 
Ciudad Autónoma, información de la caída de la actividad en el territorio, atendiendo al 
peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que 
cuenten en el mismo, en aplicación de lo dispuesto en la Orden HAC/348/2021, de 12 de  s
abril. oe.
6.  Información  disponible  sobre  el  reparto  de  dividendos  por  el  solicitante  w.
dhuarsat7an.  tee Il2 n03fo20r1 m doae c2 i0óju2nn2 i.oso bdree  2e0l 2m2,a nctoenn iminideinctaoc idóen  ldae  alcotsiv ideapdíg reacfeosn ódmeilc aIm dpeule ssotoli csitoabnrtee   2021-7017n https://ww
Actividades Económicas (IAE) y códigos de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE –09–) que se consideren equivalentes en los que se clasifique dicha 
actividad.
C.  El Ministerio de Hacienda:
1.  En relación con la remisión de la información sobre las convocatorias y los 
resultados de las mismas a las que se refiere el apartado A.4 de la presente cláusula, las 
incidencias que pudieran surgir serán resueltas por la Comunidad Autónoma con el 
apoyo del Ministerio de Hacienda.
2.  Facilitar el soporte técnico que permita el intercambio de información prevista en 
el apartado A.4 de la presente cláusula.
Tercera.  Finalidad de la cesión de información.
La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva  la  colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  para  la  acreditación  de  las 
condiciones y requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de las 
ayudas directas a autónomos o empresas de la Línea Covid aprobadas por el Real 
Decreto-ley 5/2021:
a)  En relación con las condiciones de elegibilidad, al exigirse la aportación de una 
certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación en original, copia o 
certificación  de  las  declaraciones  tributarias  de  los  interesados  o  de  cualquier  otra 
comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no obligados a declarar, 
la información se solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte de 
interés  para  el  ejercicio  de  tales  funciones  y  se  refiera  a  un  número  elevado  de 
interesados  o  afectados,  permitiendo  la  acreditación  del  cumplimiento  de  dichas 
condiciones.
b)  En relación con los requisitos de elegibilidad y los criterios para la fijación de la 
cuantía  de  las  ayudas,  la  Agencia  Tributaria  suministrará  la  información  disponible 
prevista en la cláusula segunda.B para la comprobación por la Comunidad Autónoma de 
las circunstancias que permitan tanto la concesión de las ayudas a los solicitantes como 
la cuantificación de las mismas.
Respecto  a  la  información  prevista  en  la  cláusula  segunda.A.4,  la  información 
remitida por la Comunidad Autónoma se utilizará a efectos estadísticos y de difusión, sin 
perjuicio  de  su  uso  dentro  de  las  facultades  y  competencias  asignadas  a  la 
Administración General del Estado en el marco del Real Decreto-ley 5/2021, y no podrá 
ser  cedida  a  terceros  salvo  a  otros  departamentos  ministeriales  y  organismos  o 
entidades de derecho público dependientes a los efectos previstos en la cláusula Quinta.
Cuarta.  Autorización de los interesados en la información suministrada.
El artículo 95 de la Ley General Tributaria otorga, con carácter general, naturaleza 
reservada  a  los  datos  con  trascendencia  tributaria  obtenidos  por  la  Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados 
a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración 
con  las  Administraciones  públicas  para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  previa 
autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» 
[artículo 95.1. letra k)]. De ello se deriva la exigencia de obtener la autorización previa de  s
los obligados tributarios o interesados a que se refieran los datos a suministrar, en los  o
supuestos excepcionales en que se autoriza su cesión subordinada a «la colaboración  w.
Acountó Rlnaeoss mApaed cmotobin tiesant rdalracá i oeinnl feocsor mpnúsaebcnliióctinam sip eprnaetrvoai s petrale  dveeions a drlearo  llolcosl á dbuees nuseulafsi c fsiuaenrgicouison ndpeaas.rA»a.. 4la,  rleam  iCsioómn udneid laods   2021-7017n https://ww
datos  al  Ministerio  de  Hacienda  en  el  marco  del  presente  Convenio,  obtenidos  en
aplicación  del  Real  Decreto–ley  5/2021  y  en  las  convocatorias  de  ayudas  que  se
produzcan en desarrollo de dicha disposición. El uso de estos datos por parte del 
Ministerio de Hacienda se circunscribirá exclusivamente a las finalidades descritas en la 
cláusula anterior.
Quinta.  Destinatarios de la información suministrada.
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá ser utilizada por los 
órganos administrativos de la Comunidad Autónoma y por los organismos o entidades de 
derecho público dependientes de la misma que ejerzan las funciones o instruyan los 
procedimientos  a  que  se  refiere  el  presente  Convenio.  Asimismo,  los  órganos  de 
fiscalización  autonómicos  también  serán  destinatarios  de  la  información  objeto  del 
Convenio en la medida en que, por aplicación de su propia normativa, participen en 
dichos procedimientos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, organismos o 
entes que realicen funciones distintas de las descritas en la cláusula Segunda de este 
Convenio.
La cesión se realizará sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida 
por la Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicita. En 
cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la 
Agencia Tributaria.
La  información  prevista  en  la  cláusula  segunda.A.4  cedida  por  la  Comunidad 
Autónoma  podrá  ser  utilizada  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  así  como,  previa 
autorización  de  dicho  Ministerio,  por  el  resto  de  departamentos  ministeriales  y  de 
organismos  o  entidades  de  derecho  público  dependientes  que  ejerzan  funciones 
vinculadas o relacionadas con el objeto del presente Convenio. En cualquier caso, el 
destinatario sólo podrá ceder a sujetos distintos de los anteriores los datos de carácter 
personal de conformidad con la normativa de aplicación sobre protección de datos de 
carácter personal.
Sexta.  Naturaleza de los datos suministrados.
Los  datos  suministrados  por  la  Agencia  Tributaria  son  los  declarados  por  los 
contribuyentes  y  demás  obligados  a  suministrar  información,  sin  que,  con  carácter 
general,  hayan  sido  sometidos  a  actividad  alguna  de  verificación  previa  a  su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por la 
Agencia Tributaria, se facilitarán los datos comprobados.
Los datos suministrados por la Comunidad Autónoma serán, según los casos, los 
disponibles en sus correspondientes registros o sistemas de información, o bien los 
facilitados por los solicitantes de las ayudas. En este último caso se remitirán aun 
cuando no hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa, sin perjuicio 
de que una vez comprobados o actualizados por la Administración competente, se 
faciliten dichos datos comprobados o actualizados.
Tanto  la  Agencia  Tributaria  como  la  Comunidad  Autónoma  podrán  solicitar 
recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los 
datos objeto de suministro.
Respecto a la información remitida en aplicación de la cláusula segunda.A.4 la 
Comunidad  Autónoma  solventará  las  incidencias  observadas  en  el  suministro  de 
información y dará una adecuada respuesta a la petición de aclaraciones que sobre 
dicha información se puedan solicitar por parte del Ministerio de Hacienda.
Séptima.  Interlocutor único. o
Tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Agencia Tributaria y en la Comunidad  17ww
rAeustoólnvoemr ac ueaxliqsutiireár  uans ipnetecrtolo cou toinr cúidneicnoc iaal  qreulea claiosn paadrot esc ofnir mlaa ntaepsl icpaocdiróánn  ddeirli giprsrees peanrtea 
Convenio.
En  concreto,  en  la  Agencia  Tributaria,  para  las  cuestiones  de  intercambio  de 
información de naturaleza tributaria, dicho interlocutor será la Delegación Especial de la 
Comunidad, salvo cuando se susciten cuestiones generales que superen el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso será la persona que a nivel central 
designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria; en el Ministerio de 
Hacienda, para el resto de cuestiones que versen sobre el presente Convenio, será 
quién designe la persona titular de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 
Local; mientras que, en la Comunidad Autónoma, dichas funciones serán ejercidas por la 
Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social de la Consellería de 
Empleo e Igualdad.
Octava.  Procedimiento para el intercambio de información.
1.  Intercambio  de  información  entre  la  Comunidad  Autónoma  y  la  Agencia 
Tributaria.
La Comunidad Autónoma proporcionará semanalmente a la Agencia Tributaria un 
fichero en formato CSV que contenga la información que se detalla más adelante. Para 
ello, se habilitará un trámite en la sede de la Agencia Tributaria, a través del cual la 
Comunidad Autónoma formalizará, cada lunes, el envío de la solicitud de información, 
adjuntando  a  la  presentación  un  fichero  con  la  relación  de  solicitudes  de  ayudas 
recibidas durante la semana anterior.
No se solicitará información de solicitudes ya remitidas con anterioridad, salvo que se 
trate de la subsanación de algún error.
Cada solicitud que figure en el fichero de petición de información contendrá los 
siguientes datos:
– NIF del solicitante (obligatorio);
– Apellidos y nombre (para personas físicas) o razón social (para personas jurídicas) 
(obligatorio);
– Indicador de si esos NIF van a solicitar ayudas en territorios distintos al del 
domicilio fiscal (obligatorio);
– Fecha de presentación de la solicitud (obligatorio);
– Código DIR3 de la Comunidad Autónoma donde se realice la solicitud (obligatorio);
– Código DIR3 de la Unidad de Tramitación (opcional).
La Agencia Tributaria pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma un archivo 
con la información disponible mencionada en el apartado B) de la cláusula Segunda 
dentro del plazo de los siete días siguientes a la recepción del fichero mencionado en el 
párrafo anterior.
2.  Intercambio de información entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de 
Hacienda.
La información a remitir en aplicación de la cláusula segunda.A.4 se proporcionará 
mensualmente en los cinco primeros días de cada mes con los datos actualizados hasta 
el  último  día  del  mes  precedente,  mediante  el  procedimiento  telemático  y  con  las 
especificaciones técnicas que el Ministerio de Hacienda determine al efecto.
En los envíos mensuales en los que así se establezca por el Ministerio de Hacienda, 
dichas relaciones irán acompañadas de un certificado firmado electrónicamente por el 
Interventor  General  de  la  Comunidad  Autónoma  o  unidad  equivalente  que  tenga 
competencias en materia de contabilidad, remitido por vía telemática conforme al modelo  s
normalizado que establezca el Ministerio de Hacienda, en el que se certifiquen los datos  oe.
remitidos. w.
Novena.  Control y seguridad de los datos suministrados.
por Elol  dciosnpturoels tyo  seeng ular indoardm daeti vloas v digaetonste  seunm cinaidsatr amdooms epnotro  lae nA mgeantecriaia  Tdreib suetagruiari dsaed r edgei rlaá 
información y, en particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 
modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y en la Política de Seguridad 
de la Información de la Agencia Tributaria y de la Comunidad Autónoma.
Se  establecen  los  siguientes  controles  sobre  la  custodia  y  la  utilización  de  la 
información tributaria suministrada al amparo de este Convenio:
a)  Control interno por parte del ente cesionario de la información.
La Comunidad Autónoma realizará controles sobre la constancia y validez de la 
autorización previa de los interesados y sobre la custodia y utilización que de los datos 
recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependientes de ella, 
informando  a  la  Comisión  Mixta  de  Coordinación  y  Seguimiento  de  los  resultados 
obtenidos en dicho seguimiento.
En particular, se adoptarán medidas que eviten el riesgo de que la información pueda 
ser utilizada para otros propósitos y que aseguren el cumplimiento de las condiciones 
que sustentan cada una de las cesiones.
b)  Control por el ente titular de la información cedida.
La Comunidad Autónoma acepta someterse a las actuaciones de comprobación que 
pueda acordar la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria aplicará los controles ordinarios derivados de su sistema de 
gestión de la seguridad de la información. En particular, las cesiones de información 
realizadas quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia 
Tributaria. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras 
actuaciones de comprobación al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización 
de la información cedida y las condiciones normativas o convencionales que resultan de 
aplicación.
Décima.  Tratamiento de datos personales.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, 
tanto el cedente como el cesionario tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de Protección de Datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Los  datos  tratados  en  este  Convenio  tienen  la  categorización  de  información 
tributaria en lo referente a la cláusula segunda.A.1 y B, del presente Convenio.
Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del cedente de 
la información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma cesionaria de la información.
En el caso del Ministerio de Hacienda, el responsable del tratamiento a efectos del 
Reglamento General de Protección de Datos es la persona titular de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local.
En el caso de la Agencia Tributaria, el responsable del tratamiento a efectos del 
Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  es  la  persona  titular  de  la  Dirección 
General.
En  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma,  cada  órgano,  organismo  o  entidad 
autorizado a recibir suministros de información tendrá designado un responsable del 
tratamiento a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos. e
Undécima.  Obligación de sigilo. 17ww
datoCsu oa nintafosr mauatcoiórind asduems,in fiustnrcaidoonsa reions  vyir trueds tdoe  dees tpee Crsoonnvael ntieon egsatna rcáonn oobcliimgaiednotso  adle m láoss 
estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará
incurrir  en  las  responsabilidades  penales,  administrativas  y  civiles  que  resulten 
procedentes.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades de cualquier índole 
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en 
ejecución  de  este  Convenio  deberá  ser  iniciado  y  concluido,  así  como  exigida  la 
responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la autoridad, 
funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha utilización indebida.
Duodécima.  Archivo de las actuaciones.
La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados 
sobre la custodia y utilización de los datos cedidos deberá conservarse por un periodo de 
tiempo no inferior a tres años. En especial, la Comunidad Autónoma deberá conservar la 
autorización expresa de los interesados.
Decimotercera.  Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por la persona que 
designe el titular de la Dirección General de la Agencia Tributaria, como representante de 
esta; por la persona que designe el titular de la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, como representante del Ministerio de Hacienda; y por otros dos 
miembros nombrados por la Comunidad Autónoma.
En calidad de asesores podrán incorporarse cualesquiera otras personas que se 
consideren necesarias, con derecho a voz.
Las decisiones se adoptarán por común acuerdo de las partes representadas.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes.
En todo caso la Comisión será competente, al menos, para:
a)  Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como 
para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control.
b)  Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento 
del Convenio.
c)  Concretar  cualquier  aspecto  relacionado  con  el  suministro  de  información 
establecido por este Convenio que precise de desarrollo.
Respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, la Comisión se 
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico por lo dispuesto en la sección 3.ª 
del capítulo II del título preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarta.  Plazo de vigencia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
al que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello, sin perjuicio de su inscripción 
en el correspondiente registro autonómico y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma, si fuese necesario, de conformidad con la normativa aplicable. Si  e
a  la  finalización  del  presente  Convenio  se  mantuviera  la  necesidad  de  procurar  bo
intercambio  de  información  adicional  se  formalizarán,  en  su  caso,  las  oportunas  17ww
lpoimrbóliirtgNaroacogci óiaóonsnb . sddteaeln  tsseiug, milloai nsp isoptrra orp teadsret e fi irndmfeoa rnlmatesa sca ióupntoo drcridáuanad neddseo,t  efsrumen icnaioadnrv ailearir otassun so p inreecnusstmioó pndl iemu nipeielnarttsoeosrna ald leo  d ellaal    OE-A-2021-70able en https://
ente cesionario, anomalías o irregularidades en el régimen de control o incumplimientos
de los principios y reglas que deben presidir el suministro de información, de acuerdo 
con  lo  previsto  en  este  Convenio.  Una  vez  adoptado  el  acuerdo  de  suspensión  o 
limitación  del  suministro  se  dará  cuenta  inmediatamente  a  la  Comisión  Mixta  de 
Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la resolución o mantenimiento 
del Convenio.
Decimoquinta.  Financiación.
Del presente Convenio no se derivarán, para ninguna de las partes, obligaciones de 
naturaleza  ordinaria  o  extraordinaria  de  contenido  económico  específicas  para  el 
desarrollo del proyecto.
Decimosexta.  Extinción y resolución del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 51.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de dicha Ley, son causas de 
resolución del Convenio, las siguientes:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 
otras leyes.
Decimoséptima.  Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de 
las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar 
lugar a la resolución del presente Convenio, así como respecto a lo dispuesto en el 
artículo 4.6 del Real Decreto-ley 5/2021, a las consecuencias que se deriven de la 
normativa de estabilidad presupuestaria.
Decimoctava.  Régimen de modificación.
Para  la  modificación  del  presente  Convenio  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo  49.g)  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  se  formalizará 
mediante adenda conforme a los trámites previstos legalmente en aquellos supuestos en  es
los que fuera necesario y, en especial, en caso de que dicha necesidad derivara de la  bo
tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2021. 17ww
Decimonovena.  Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
Ley Edl ep rReésegnimtee nC oJnuvríednicioo  tdieenl eS neacttuorra lPeúzbal iacdom, aindisetmraátisv ad ey  speo rr ilgae  npoorrm loa tidvias pauuetsotnoó emni claa   BOE-A-cable e
que, en su caso, resulte aplicable. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo 
que les sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los 
trámites previstos en dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites 
preceptivos para la suscripción de Convenios y sus efectos.
Por otro lado, las controversias no resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y 
Seguimiento, que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo, serán sometidas a 
la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio.–La Ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero Cuadrado.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria,  Inés  María  Bardón  Rafael.–El  Conselleiro  de  Facenda  e  Administración 
Pública, Valeriano Martínez García.