BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. I.   Pág. 95908
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
13382 Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento 
general  sobre  procedimientos  para  la  imposición  de  sanciones  por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
Existe una creciente tendencia en el ordenamiento administrativo sancionador a 
permitir al sujeto responsable de una infracción reconocer su responsabilidad en la 
comisión de la infracción y abonar el importe de la sanción propuesta inicialmente con 
unas reducciones sobre dicho importe.
Tales reducciones han sido establecidas con carácter general por el artículo 85 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y aplicadas de manera directa, por su carácter supletorio, al 
procedimiento sancionador en el orden social. No obstante, el carácter especial de este 
procedimiento  y  sus  características  específicas  hacen  conveniente  una  regulación 
expresa de la materia, para adaptarlo a sus peculiaridades.
La  aplicación  de  reducciones  en  las  sanciones  aporta  efectos  positivos  al 
procedimiento. Así, agiliza el citado procedimiento, al vincularse dicha reducción a la 
renuncia a cualquier tipo de alegación o recurso en vía administrativa, lo cual supone la 
supresión de numerosos trámites administrativos y cargas, tanto para el administrado 
como para la propia Administración, facilitándose el sistema de recaudación de las 
sanciones y favoreciendo este.
Por ello, y dadas las características especiales de este procedimiento, sus trámites y 
las ventajas que estas reducciones suponen, resulta conveniente la regulación expresa 
de esta materia.
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2018, de 7 de junio, 
declaró la nulidad de la disposición final sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de 
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Dicha disposición modificaba el 
artículo 4 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  928/1998,  de  14  de  mayo,  en  lo 
referente a la competencia para sancionar determinadas infracciones en materia de 
Seguridad Social en el ámbito provincial.
La sentencia del Tribunal Constitucional anuló la citada disposición por falta de 
justificación de su extraordinaria y urgente necesidad. Con su anulación, se alteró la 
competencia para sancionar dichas infracciones y, como consecuencia de ello, se dejó 
de atribuir a órganos que por su naturaleza, competencias y especialización se estiman 
como los más adecuados para desempeñar dichas funciones sancionadoras.
Por ello, y para garantizar una adecuada distribución del ejercicio de competencias 
sancionadoras, es conveniente restaurar la situación vigente con carácter previo a la  s
citada sentencia, lo que se lleva a cabo a través de esta norma. e.
Asimismo, se modifican varios preceptos del Reglamento general, para actualizar las  w.
referencias a la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las  382ww
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actuación administrativa automatizada, definida en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como «cualquier acto o 
actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración 
Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido 
de forma directa un empleado público.»
En relación con ello, el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite 
conocer la existencia de incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en 
materia de Seguridad Social, que provocan perjuicios a los trabajadores afectados y a la 
propia administración de la Seguridad Social. En ocasiones, la constatación de estos 
incumplimientos no requiere la intervención directa de ningún funcionario del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Partiendo de esta base, se pone de manifiesto 
la  necesidad  de  automatizar,  en  casos  concretos,  la  actividad  de  la  Inspección  de 
Trabajo y Seguridad Social para poder actuar ante tales incumplimientos.
En  definitiva,  se  trata  de  adaptar  a  los  procedimientos  sancionadores  iniciados 
mediante  actas  extendidas  por  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  y  sin 
reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos, el marco jurídico que ofrece el 
artículo  41  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  así  como  el  artículo  21.2  de  la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social,  relativo  a  las  modalidades  y  documentación  de  la  actuación  inspectora, 
permitiendo la citada actuación, mediante la comprobación de datos o antecedentes 
relativos  a  incumplimientos  de  la  normativa  del  orden  social  que  obren  en  las 
Administraciones Públicas, a los que tiene acceso la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 24 de la Ley 23/2015, de 21 de julio. 
Por otro lado, el artículo 53.1.a) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto,  ha  sido  modificado  mediante  la  disposición  final  cuarta  del  Real  Decreto-
ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa 
del empleo, de modo que también se contemplan los supuestos de actas de infracción 
extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas.
Se establece por ello que dichos procedimientos se inicien mediante actas que se 
extiendan de forma automatizada, es decir, sin intervención directa de un funcionario 
actuante en su emisión, y sin perjuicio de, en su caso, la posterior intervención, en fase 
de instrucción, de personal con funciones inspectoras.
A tal fin, en uso de la habilitación contenida en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 
de  octubre,  relativo  a  los  sistemas  de  firma  para  la  actuación  administrativa 
automatizada, se prevé la utilización del Sello Electrónico Cualificado de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, creado mediante Resolución de 10 de julio de 2018, del 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, O.A., por la que se crea el 
sello electrónico cualificado del organismo.
Por todo lo expuesto, resulta preciso introducir modificaciones en el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, a fin de 
proceder a un desarrollo reglamentario específico, tanto de la actuación comprobatoria 
previa, como del inicio y de la tramitación de un procedimiento sancionador, de forma 
automatizada, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Las modificaciones que en su conjunto se proponen cumplen los principios de buena 
regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cuanto a 
los  principios  de  necesidad  y  eficacia,  la  regulación  propuesta  persigue  una  mayor  s
claridad, seguridad jurídica y coherencia del procedimiento administrativo sancionador en  oe.
el orden social. Por un lado, porque se establece para el orden social una regulación  w.
completa y específica de la terminación del procedimiento administrativo sancionador por  382ww
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en el ámbito de la Administración General del Estado, a aquellos organismos a los que 
corresponde  la  gestión  del  ámbito  material  afectado  por  la  infracción.  Además,  la 
regulación  propuesta  para  el  desarrollo  de  un  nuevo  procedimiento  en  virtud  de  la 
actuación administrativa automatizada persigue articular un procedimiento sancionador 
ágil, basado en hechos constitutivos de infracción generalmente no controvertidos, y con 
seguridad jurídica para el administrado. Esto último se evidencia mediante la participación 
del personal con funciones inspectoras en aquella fase del procedimiento en la que se 
hace precisa una valoración jurídica de las alegaciones efectuadas por los presuntos 
sujetos responsables de la infracción frente a las imputaciones recogidas en las actas de 
infracción. Asimismo, en toda actuación administrativa automatizada, previamente, se 
determinarán los supuestos en los que se hará uso de dicha actuación, el órgano u 
órganos  competentes  para  la  definición  de  especificaciones,  programación, 
mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información, así como en 
su caso, el órgano responsable a efectos de impugnación.
Dado que el procedimiento sancionador en el orden social se regula en el Reglamento 
general, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, la modificación de esa 
norma  reglamentaria  constituye  la  forma  adecuada  de  introducir  la  nueva  regulación. 
Además, la modificación se limita a los aspectos mínimos necesarios para cumplir el fin 
perseguido, lo que asegura también el cumplimiento del principio de proporcionalidad.
Finalmente,  las  razones  expuestas  justifican  el  cumplimiento  del  principio  de 
seguridad jurídica. Se ofrece una regulación completa, por un lado, de la terminación del 
procedimiento sancionador en el orden social dentro de su norma específica, aclarando 
los supuestos, el momento y la forma en que se produce, siendo tal regulación coherente 
con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  y,  en  particular,  con  el  artículo  85  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, precepto de aplicación supletoria; y, por otro lado, del 
nuevo procedimiento promovido por actuación administrativa automatizada.
En aplicación del principio de transparencia, se ha dado posibilidad de participación a 
los destinatarios de la norma. En primer lugar, mediante el trámite de consulta pública; a 
continuación, a través del trámite de audiencia e información pública otorgado a los 
ciudadanos  y  a  las  organizaciones  empresariales  y  sindicales  más  representativas; 
finalmente, el proyecto ha sido informado por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y sometido a los órganos de dirección y de gobierno y de participación 
institucional  del  organismo  autónomo  Organismo  Estatal  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social.
La nueva regulación cumple, por último, con el principio de eficiencia, pues no sólo 
no genera cargas adicionales, sino que las aminora, tanto para los administrados, como 
para las Administraciones competentes. Ello es debido a que la terminación de los 
procedimientos por pago de la sanción con carácter previo a la resolución, en el plazo 
establecido al efecto, y con renuncia al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso 
en vía administrativa, al tiempo que permite reducir el importe, ahorra trámites y agiliza 
los procedimientos sancionadores, al igual que sucede con el nuevo procedimiento 
promovido por actuación administrativa automatizada.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el 
presente real decreto se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado para 2020. La elaboración de esta norma se ajusta al procedimiento, 
regulado en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, habiéndose solicitado los 
preceptivos informes y dictámenes, concretamente, a la Secretaría General Técnica de 
cada  uno  de  los  ministerios  coproponentes;  a  la  Oficina  de  Coordinación  y  Calidad  s
Normativa; al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en orden tanto a la  oe.
aprobación previa como a la adecuación del proyecto al orden constitucional de distribución  w.
de competencias; y al Consejo de Estado. Asimismo, se ha llevado a cabo el trámite de  382ww
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Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª, 17.ª 
y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia  de  legislación  laboral,  sin  perjuicio  de  su  ejecución  por  las  Comunidades 
Autónomas; de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y de 
procedimiento administrativo común, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y del Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la aprobación previa del Ministro de 
Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Reglamento general sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios  de  cuotas  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
El Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones  de  orden  social  y  para  los  expedientes  liquidatorios  de  cuotas  de  la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, queda 
redactado en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 4, con la siguiente redacción:
«a)  En el caso de las infracciones en materia de Seguridad Social reguladas 
en la sección 1.ª del capítulo III del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, cuyas actas no concurran con actas de liquidación, la imposición 
de sanción corresponderá a:
1.º  La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en 
el caso de las infracciones leves señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del 
artículo 21, las graves previstas en los apartados 1, 2, 3, 5, 7, 9 en el supuesto de 
reducciones de cuotas de la Seguridad Social, 10 y 12 del artículo 22, y las muy 
graves previstas en las letras b), d), f) y k) del artículo 23.1.
2.º  La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en 
su caso, del Instituto Social de la Marina en los supuestos calificados como 
infracción leve en los apartados 4 y 6 del artículo 21, como infracción grave en los 
apartados 4, 6, 8 y 14 del artículo 22, y como infracción muy grave en las letras a), 
c), e) y g) del artículo 23.1.
Corresponderá la imposición de sanción a la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, cuando 
la sanción afecte a prestaciones por desempleo, en los supuestos previstos en el 
apartado 4 del artículo 21, en los apartados 4, 6, 8, 13 y 14 del artículo 22 y en las 
letras a), c), e) y g) del artículo 23.1.
3.º  La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en el 
supuesto previsto como infracción grave en el artículo 22.9 cuando se trate de 
bonificaciones y como infracción muy grave en la letra h) del artículo 23.1.»
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 11, con la siguiente redacción: e.
«3.  El  Inspector  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  o  el  Subinspector  de  382ww
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alcance  y  causa  de  la  medida  y  dando  cuenta  inmediata  de  la  misma  a  la 
autoridad laboral competente.
En caso de que la orden de paralización provenga de un Subinspector de 
Seguridad y Salud Laboral, este, después de proceder conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior, lo comunicará de inmediato al Jefe de Unidad Especializada o al 
Jefe de Equipo al que esté adscrito.
La  empresa  responsable  lo  pondrá  en  conocimiento  inmediato  de  los 
trabajadores  afectados,  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  del  Delegado  de 
Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal y hará efectiva 
la paralización ordenada. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de 
la paralización, podrá impugnarla en el plazo de tres días hábiles ante la autoridad 
laboral competente, que resolverá en el  plazo máximo de veinticuatro horas. 
Frente a su resolución podrá interponerse el recurso de alzada de conformidad 
con lo previsto en el artículo 23, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.»
Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 13, con la siguiente redacción:
«1.  El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, como resultado de la 
actividad inspectora previa, por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que se extenderá y tramitará de acuerdo con lo establecido en 
este capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IX.»
Cuatro.  Se modifican la letra e) del apartado 1 y el apartado 2 y se añade un nuevo 
apartado 6 en el artículo 14, que quedan redactados de la siguiente manera:
«e)  La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que será el total 
de las sanciones propuestas si se apreciase más de una infracción. Se incluirá 
expresamente  la  propuesta  de  las  sanciones  accesorias  que  procedan  como 
vinculadas a la sanción principal.
Si la sanción propuesta tuviera exclusivamente carácter pecuniario, se hará 
mención a la posibilidad de aplicar a dicha sanción el porcentaje de reducción 
previsto en el apartado 6, siempre y cuando el sujeto infractor declare su voluntad 
de proceder al pago, en los términos y plazos que se indican en el artículo 17, y 
renuncie al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa 
contra la sanción.»
«2.  El Inspector actuante determinará en el acta las medidas que estimase 
necesario  establecer  con  carácter  provisional  para  asegurar  la  eficacia  de  la 
resolución  y  evitar  el  mantenimiento  de  los  efectos  de  la  infracción,  de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás 
normativa de aplicación a cada caso; dichas medidas deben ser proporcionadas al 
caso.»
«6.  En  los  supuestos  de  infracciones  para  las  cuales  se  proponga  una 
sanción que tenga carácter exclusivamente pecuniario, si el sujeto responsable 
procediese al pago de la sanción propuesta en el acta con carácter previo a la 
resolución, en el plazo establecido al efecto, y renunciase al ejercicio de cualquier 
acción, alegación o recurso en vía administrativa, dicho pago llevará implícito el 
reconocimiento de responsabilidad y el importe de la sanción se reducirá en un 40 
por ciento.
Esta reducción estará condicionada a la realización del pago por parte del  e.e
sujeto responsable con carácter previo a la resolución, en el plazo previsto a tal  b
efecto. 382ww
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se aLpalisc asraán scoiobnree se l pimroppouretes ttaost ael nd ea lqau perlolapsu eascttaa sd ed esa inncfrióancc.ión concurrentes con
actas de liquidación por los mismos hechos, únicamente podrán ser objeto de
reducción, en los términos establecidos en el artículo 34.2, no siendo de aplicación 
la reducción prevista en el presente apartado.
En aquellos supuestos en los que concurran distintos sujetos responsables 
respecto de una misma infracción, para la aplicación de la reducción de la sanción 
será preciso que, al menos uno de dichos sujetos solicite el pago con carácter 
previo a la resolución, y que ninguno de los otros presente alegaciones al acta de 
infracción, efectuándose el pago en el plazo previsto, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades previstas para otros procedimientos distintos del regulado en 
este Reglamento.»
Cinco.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16.  Acumulación.
Cuando en una misma actuación inspectora se apreciasen varias presuntas 
infracciones, deberán acumularse en una sola acta las correspondientes a una 
misma  materia,  entendiendo  por  tales  las  infracciones  en  las  materias  de 
relaciones laborales, de prevención de riesgos laborales, de Seguridad Social, de 
colocación y empleo, de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros y las 
motivadas por obstrucción.
No procederá la acumulación en los casos de tramitación simultánea de actas 
de infracción y liquidación por los mismos hechos, cuando concurran supuestos de 
responsabilidad  solidaria  o  subsidiaria,  o  en  las  infracciones  relacionadas 
causalmente con un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Tampoco 
procederá la acumulación en los supuestos en los que concurran infracciones que 
conlleven sanciones exclusivamente pecuniarias con otras en las que, aunque 
sean  de  una  misma  materia,  se  propongan  sanciones  accesorias  junto  a  la 
sanción principal.
En todo caso, la acumulación de infracciones respetará la distribución de 
competencias entre los órganos de la Administración General del Estado y entre 
estos y los de la comunidad autónoma respectiva.»
Seis.  Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado del 
siguiente modo:
«Artículo 17.  Notificación de las actas de infracción, alegaciones y conformidad 
del sujeto responsable.
1.  Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos 
responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la 
actuación  inspectora,  entendiéndose  por  ésta  la  de  la  fecha  del  acta, 
advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la 
prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente y que, en 
caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser considerada 
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 18 bis.
En  aquellos  supuestos  en  los  que  la  sanción  propuesta  tenga  carácter 
exclusivamente pecuniario y no se proponga sanción accesoria, se advertirá al 
sujeto responsable de que, en el mismo plazo de quince días, podrá presentar 
ante el órgano instructor escrito manifestando su voluntad de pago de la sanción  e.
propuesta  en  el  acta  con  carácter  previo  a  la  resolución  que  ponga  fin  al  w.b
procedimiento y su renuncia al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso  382ww
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alegaciones, se comunicará a aquel que no cabe la aplicación de la reducción
prevista en el artículo 14, concediéndole un plazo adicional de quince días para 
presentar alegaciones, y se continuará el procedimiento de forma ordinaria.
No obstante, si alguno de los sujetos responsables mostrase su voluntad de 
acogerse a la reducción de la sanción prevista en el artículo 14 y hubiese otros 
responsables que no efectuasen alegaciones ni solicitasen la reducción de la 
sanción,  se  remitirá  a  todos  ellos  el  documento  de  pago  con  la  reducción 
correspondiente y se continuará el procedimiento en la forma prevista en los 
artículos 18 y 18 bis.»
Siete.  Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 18, con la siguiente redacción:
«5.  Cuando  el  sujeto  responsable  hubiese  manifestado  su  voluntad  de 
proceder al pago de la sanción con carácter previo a la resolución, se le facilitarán 
los documentos o instrucciones precisas para el pago de la sanción, en el plazo 
fijado al efecto y en la cuantía correspondiente, una vez aplicado el porcentaje de 
reducción del 40 por ciento.
Dicho pago deberá realizarse y acreditarse ante el órgano instructor en un 
plazo máximo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación de la 
documentación precisa para realizarlo.
Transcurrido dicho plazo, una vez comprobada la realización o no del pago de 
la sanción, el órgano competente para la instrucción del procedimiento dictará su 
propuesta de resolución, que indicará, bien la realización del pago y la fecha de 
cobro, o bien la falta de pago.»
Ocho.  Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 18 bis, con la siguiente redacción:
«7.  Cuando  el  sujeto  responsable  hubiese  manifestado  su  voluntad  de 
proceder al pago de la sanción con carácter previo a la resolución, se le facilitarán 
los documentos o instrucciones precisas para el pago de la sanción, en el plazo 
fijado al efecto y en la cuantía correspondiente, una vez aplicado el porcentaje de 
reducción del 40 por ciento.
Dicho pago deberá realizarse y acreditarse ante el órgano instructor en un 
plazo máximo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación de la 
documentación precisa para realizarlo.
Transcurrido dicho plazo, una vez comprobada la realización o no del pago de 
la sanción, el órgano competente para la instrucción del procedimiento dictará su 
propuesta de resolución, que indicará, bien la realización del pago y la fecha de 
cobro o bien la falta de pago.»
Nueve.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 20, que quedan redactados de 
la siguiente manera:
«1.  El órgano competente para resolver, previas las diligencias que estime 
necesarias, dictará la resolución motivada que proceda en el plazo de diez días 
desde el momento en que finalice la tramitación del expediente, confirmando, 
modificando o dejando sin efecto la propuesta de sanción contenida en el acta. Si 
se dejase sin efecto, se ordenará el archivo del expediente y, en su caso, el 
levantamiento de las medidas de carácter provisional adoptadas a que se refiere el 
artículo 14.2.
La resolución acordará la anulación del acta cuando ésta carezca de los  es
requisitos imprescindibles para alcanzar su fin, o cuando dé lugar a la indefensión  o
de los interesados y no se hubiese subsanado en la tramitación previa a la  382ww
rreedsouLClcuaucc aióirónennds .dooe lue lcla is ósunaje nqtcoui óeren s cpporoennvfisirsmatboel. ee hl uabcietas ea mplaicnaifreás, taedno  ssuu  vcoalsuon,t aedl  dpeo rpcreoncteadjee rd ael   OE-A-2021-13able en https://
pago de la sanción antes de la resolución del procedimiento y, cumplido el plazo
establecido para realizar dicho pago, no hubiese ingresado y acreditado la cuantía 
prevista, la resolución se dictará en el sentido previsto en el párrafo primero.»
«3.  El  plazo  máximo  para  resolver  los  expedientes  sancionadores  por 
infracciones de orden social será de seis meses, computados desde la fecha del 
acta hasta la fecha en que se notifique la resolución, produciéndose en caso de 
superación  de  dicho  plazo  la  caducidad  del  expediente.  Cuando  concurran 
circunstancias  excepcionales,  podrá  acordarse  la  ampliación  de  dicho  plazo 
máximo, en los términos previstos en los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
No se computarán dentro del plazo máximo para resolver las interrupciones 
por  causas  imputables  a  los  interesados  o  motivadas  por  la  suspensión  del 
procedimiento a que se refiere este Reglamento.
Tampoco  se  computará  en  dicho  plazo  máximo  para  resolver  el  tiempo 
transcurrido desde la fecha de remisión de la notificación en la que se facilite la 
documentación precisa para llevar a cabo el pago al sujeto responsable que 
hubiese manifestado su intención de pagar la sanción con carácter previo a la 
resolución y el último día del plazo máximo para que se lleve a cabo dicho pago y 
su correspondiente acreditación.»
Diez.  Se modifica el apartado 1 del artículo 21, que queda redactado como sigue:
«1.  Las  resoluciones  recaídas  en  los  procedimientos  sancionadores  por 
infracciones de orden social serán notificadas a los interesados, advirtiéndoles de 
los recursos que correspondan contra ellas, órgano administrativo o judicial ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Cuando el sujeto infractor 
hubiese hecho efectivo el pago de la sanción con carácter previo a la resolución, 
se le indicará la imposibilidad de interponer cualquier recurso o acción en vía 
administrativa  contra  la  resolución.  Asimismo,  se  remitirá  copia  del  acto  al 
funcionario que hubiere promovido el expediente.
Si se imponen sanciones pecuniarias, la notificación contendrá, además:
a)  El importe a ingresar o el efectivamente ingresado, en caso de haber 
optado el sujeto responsable por el pago anticipado de la sanción.
b)  El plazo, lugar y forma de ingreso en período voluntario, en caso de no 
haberse procedido por el pago de la sanción con carácter previo a la resolución.
c)  La prevención de que, transcurrido dicho período sin efectuarse el ingreso 
y de no haberse interpuesto, en su caso, el correspondiente recurso de alzada, se 
devengará inmediatamente el recargo de apremio e intereses de demora y se 
procederá al cobro y, en su caso, ejecución, por el procedimiento administrativo de 
apremio que corresponda, salvo en los supuestos del artículo 25.2.»
Once.  Se modifica el artículo 22, que queda redactado de la siguiente manera:
«El cómputo de los términos y plazos establecidos en este Reglamento, y el 
régimen de notificaciones y comunicaciones se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Doce.  Se modifican el título y el texto del artículo 23, que quedan redactados de la 
siguiente manera:
«Artículo 23.  Recurso de alzada. o
1.  Contra  las  resoluciones  previstas  en  el  capítulo  anterior,  se  podrá  382ww
cinotmerppeotneenrt er epcourr sraoz ódne  dael zlaad ma aetenr iae,l  dpel aazcou edred ou cno nm leos d iasnptuee setlo  óerng aenl oa rstíucpuelor io4r, 
cuya resolución agotará la vía administrativa.
No cabrá recurso de alzada en aquellos casos en los que, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 14.6, el sujeto responsable abone efectivamente la sanción 
con carácter previo a la resolución.
Las resoluciones dictadas por los Directores Generales competentes por razón 
de la cuantía que no pongan fin a la vía administrativa y las dictadas por el 
Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, podrán ser objeto de 
recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio competente por razón de la 
materia. Los actos administrativos de la persona titular del Ministerio competente y 
del Consejo de Ministros agotarán la vía administrativa.
En el ámbito de competencia de las comunidades autónomas, corresponderá a 
éstas la determinación de los órganos competentes para la resolución del recurso 
de alzada.
2.  En lo no regulado por el apartado anterior, el recurso de alzada se regirá 
por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Transcurridos tres meses 
desde la interposición del recurso sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado y quedará expedita la vía jurisdiccional.»
Trece.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 25, que quedan redactados de 
la siguiente manera:
«1.  Las sanciones pecuniarias a que se refiere este Reglamento, impuestas 
por órganos de la Administración General del Estado, excepto por infracciones en 
materia de Seguridad Social, serán recaudadas por el procedimiento establecido 
en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, correspondiendo la recaudación en período 
voluntario a las Delegaciones de Economía y Hacienda y en período ejecutivo a la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El  plazo  de  ingreso  en  período  voluntario  será  de  treinta  días  desde  el 
siguiente a la fecha de notificación de la resolución que imponga la sanción. 
Cuando ésta sea recurrida en vía administrativa, en la resolución del recurso se 
concederá, en su caso, un nuevo plazo de quince días para el ingreso.
No obstante, en el supuesto de pago de la sanción por parte del sujeto 
infractor con carácter previo a la resolución, el plazo de ingreso de la misma será 
el previsto por el artículo 18 bis.7.
2.  Las sanciones pecuniarias impuestas por órganos de la Administración 
General del Estado por infracciones en materia de Seguridad Social serán hechas 
efectivas en la Tesorería General de la Seguridad Social, que procederá a su 
reclamación a los solos efectos recaudatorios en los términos establecidos en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio. A tal efecto se le remitirá certificación del acto 
firme en vía administrativa para que, a los solos efectos recaudatorios y sin 
posibilidad  de  revisión,  proceda  a  su  reclamación.  No  obstante,  cuando  la 
competencia para la imposición de sanciones pecuniarias le corresponda a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en la resolución que se dicte al efecto, 
se liquidará además la sanción correspondiente y se procederá a requerir su pago.
De la efectividad del pago se dará cuenta por dicha Tesorería General de la 
Seguridad Social, en el plazo de diez días hábiles, al órgano competente para 
resolver.  De  no  efectuarse  el  ingreso  en  los  plazos  señalados,  se  instará  la 
recaudación en vía ejecutiva por los órganos y procedimientos establecidos en el  e
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. bo
En el supuesto de pago de la sanción por parte del sujeto infractor con  382ww
pcarerávicstteor  pporre evli oa ratí clual or e1s8o bluisc.i7ó.n E, l eól rgpalanzoo c odme pientgernetseo  pdaera  dreicshoalv esra lnoc cióonm usenricáa reál 
a la Tesorería General de la Seguridad Social a los solos efectos informativos.»
Catorce.  Se modifica el apartado 2 del artículo 29, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«2.  El procedimiento administrativo para la práctica de actas de liquidación y 
demás documentos liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social y conceptos de 
ingreso  conjunto,  se  ajustará  a  las  disposiciones  de  este  capítulo  y, 
subsidiariamente, a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Serán sujetos 
responsables quienes así resulten por aplicación de las normas reguladoras del 
Sistema de Seguridad Social.»
Quince.  Se modifica el apartado 4 del artículo 33, que queda redactado de la 
siguiente manera:
«4.  Los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que 
iniciaron los expedientes liquidatorios sobre los que hayan recaído resolución 
administrativa firme, podrán promover ante el Jefe de la Unidad Especializada de 
Seguridad Social que tramitó dichos expedientes, la formulación de propuesta de 
revisión  de  dicha  resolución,  ante  el  órgano  de  la  Tesorería  General  de  la 
Seguridad  Social  que  la  hubiese  dictado,  cuando  estimen  razonada  y 
fundadamente que es manifiestamente ilegal y lesiva a los intereses generales, 
entendiendo  que  se  dan  dichos  supuestos  cuando  la  resolución  infrinja 
gravemente normas de rango legal o reglamentario y atente también gravemente a 
los intereses económicos de la Seguridad Social. Si los documentos liquidatorios 
hubieran necesitado el trámite de visado por un Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, la propuesta de revisión requerirá el mismo requisito.
El órgano de la Tesorería General de la Seguridad Social competente, previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado, podrá declarar de oficio la nulidad de 
tal  resolución,  o  promover  la  revisión  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa en supuestos de anulabilidad, de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Dieciséis.  Se incluye un nuevo capítulo IX, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«CAPÍTULO IX
Del procedimiento sancionador promovido por actuación administrativa 
automatizada en el ámbito de la Administración General del Estado
Artículo  43.  Disposiciones  generales  relativas  a  la  actuación  administrativa 
automatizada.
1.  Se entenderá por actividad automatizada, cualquier actuación realizada 
íntegramente a través de medios electrónicos por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en la que la intervención del personal con funciones inspectoras 
se produzca de forma indirecta.
2.  En caso de actuación automatizada, deberá establecerse previamente y 
mediante resolución del Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que será publicada en sede electrónica, la determinación de los 
supuestos en los que se hará uso de dicha actuación, el órgano u órganos  e
competentes  según  los  casos,  para  la  definición  de  especificaciones,  bo
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de  382ww
aiIrnneufssotpperemoncntaiccsciiaódióbnanl de.d   daeeA  elsT feiermajcebitrsoacmsijco odi o,e y  d ismeSe ep sguuiug ncrndiodaicmacadipór áenS t.e oEenclcn iai aeól  srmdgtoeeasbdn eiosar unápt qeuiu deeeesl  ntuotdissfeio,c b eadelr e sOle srS egyera  lnlogics aEomrnaleosnc itdEtizreósartnraa idctlaooal     OE-A-2021-13able en https://
Cualificado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 44.  Procedimiento promovido por actuación administrativa automatizada.
1.  En  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado,  el  Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá generar a través de su 
sistema de información, mediante actuaciones administrativas automatizadas, las 
actas de infracción que resulten pertinentes en virtud de los datos, antecedentes e 
informes que obren en dicho sistema, así como en las bases de datos de las 
entidades  que  le  prestan  su  auxilio  y  colaboración,  de  conformidad  con  lo 
establecido en los artículos 16 y 24 de la Ley 23/2015, de 21 de julio. Asimismo, 
se  podrán  generar  de  forma  automatizada  las  propuestas  de  resolución  que 
procedan cuando no se hayan presentado alegaciones contra las actas.
2.  En estos supuestos, la actividad previa de comprobación se iniciará por 
orden del Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para la realización de actividades administrativas automatizadas. Esta orden se 
emitirá  para  la  realización  de  cada  conjunto  de  actuaciones  de  la  misma 
naturaleza  y  en  ella  se  indicarán  los  criterios  a  seguir  en  su  preparación  y 
ejecución, así como el órgano encargado de su realización. 
Artículo 45.  Contenido de las actas de infracción.
1.  Las actas de infracción deberán contener los requisitos del apartado 1 del 
artículo 14, a excepción de los previstos en los párrafos b) y g).
2.  Las actas habrán de reflejar los hechos comprobados como resultado de la 
actuación administrativa, con expresión de aquellos que sean relevantes a efectos de 
la tipificación de la infracción, los medios utilizados para la comprobación de los 
hechos que fundamentan el acta y la indicación expresa de que se trata de una 
actuación administrativa automatizada iniciada mediante expediente administrativo.
3.  Asimismo,  las  actas  deberán  ir  firmadas  con  el  Sello  Electrónico 
Cualificado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 46.  Notificación de las actas de infracción y alegaciones.
1.  Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto responsable 
en el plazo de diez días hábiles desde la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán 
formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde 
el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, 
ante el órgano instructor del expediente.
2.  Si, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.6, el sujeto responsable 
procediese al pago de la sanción propuesta en el acta en el plazo señalado para 
formular alegaciones, el importe de la sanción se reducirá en un 40 por ciento. A 
estos efectos y junto con el acta de infracción, se facilitará al presunto responsable 
la correspondiente carta de pago en la que se aplicará la citada reducción.
Artículo  47.  Tramitación,  instrucción  y  terminación  de  los  procedimientos 
sancionadores.
1.  Si en el plazo señalado para formular alegaciones, el sujeto responsable 
procediese al pago de la sanción propuesta, se dará por concluido el procedimiento. 
Dicho pago llevará implícito el reconocimiento de responsabilidad y la renuncia al 
ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa. e.
2.  En caso de no efectuar alegaciones ni proceder al pago previsto en el  w.b
apartado anterior, el acta de infracción será considerada propuesta de resolución,  382ww
con 3lo. s eNfoe cotobss tparnetvei,s stoi ss ee nfo erml aurltaícsuelno  a1l8e gbaisc.iones en las que se invoquen hechos
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expediente a un actuante con funciones inspectoras, para que informe sobre las
mismas.  En  caso  de  que  dicha  asignación  recaiga  en  Subinspector  o 
Subinspectora Laboral, el informe deberá contar con el visado del Inspector o de la 
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social del o de la que técnicamente dependan, 
cuando correspondan a actas por infracciones graves y muy graves.
En el supuesto previsto en este apartado, tras la emisión del correspondiente 
informe  ampliatorio,  se  continuará  la  instrucción  del  procedimiento  hasta  su 
resolución conforme a lo previsto en el capítulo III. 
Artículo 48.  Normas supletorias.
En  lo  no  previsto  en  este  capítulo  resultarán  de  aplicación  las  normas 
establecidas en los capítulos II y III.»
Disposición transitoria única.  Procedimientos en tramitación.
1.  Los  procedimientos  sancionadores  cuya  tramitación  se  hubiese  iniciado  con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, se tramitarán y resolverán con 
arreglo a las disposiciones vigentes hasta esa fecha.
2.  Se entenderá por fecha de iniciación de un procedimiento la correspondiente a la 
fecha del acta de infracción.
Disposición final primera.
Este real decreto se dicta en virtud de lo previsto en el artículo 149.1 7.ª, 17.ª y 18.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia 
de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas, de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, y de 
procedimiento administrativo común, respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022.
Dado en Palma, el 3 de agosto de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA