BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 338 Lunes 28 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 121042
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
17072 Resolución  de  11  de  diciembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación de la registradora de la propiedad de Puente del Arzobispo, por la 
que  suspende  la  constancia  mediante  nota  marginal  la  situación  de 
colindancia con una vía pecuaria.
En el recurso interpuesto por don F.R.C. contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Puente del Arzobispo, doña Marta Díaz-Canel Blanco por la que suspende 
la constancia mediante nota marginal la situación de colindancia con una vía pecuaria.
Hechos
I
Se presenta instancia de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  Dirección  General  de  Medio  Natural  y 
Biodiversidad firmada digitalmente en Toledo el 7 de agosto de 2020 por la Jefa de 
Servicio Forestal doña C.F.S.M.
El texto del documento administrativo es el siguiente: «Recibida su comunicación 
referente al inicio del expediente para inscribir la representación gráfica georreferenciada 
de  las  fincas  con  referencias  catastrales  45009A007000840000LQ  (polígono  7 
parcela 84) y 45009A006000010000LU (polígono 6 parcela 1) del término municipal de 
Aldeanueva de Barbarroya, al colindar con vía pecuaria, le informo lo siguiente: La 
referida parcela linda con el (…), vía pecuaria clasificada en el término municipal de 
Aldeanueva de Barbarroya por Orden Ministerial de 24 de febrero de 1954 (BOP n.º 62 
de 17 de marzo 1958) con una anchura de 37,61 metros. Esta Vía Pecuaria no está 
deslindada, por lo que se solicita que se realice una nota al margen en la que se indique 
lo siguiente: «Esta finca colinda con la el (…), vía pecuaria clasificada en el término 
municipal de Aldeanueva de Barbarroya por Orden Ministerial de 24 de febrero de 1954 
con una anchura de 37,61 metros. Esta vía pecuaria no está deslindada, por lo que en 
un futuro deslinde, la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siendo la Resolución de aprobación título 
suficiente  para  rectificar,  en  la  forma  y  condiciones  que  se  determinen 
reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde 
(art 8.4 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias)». Se solicita la realización de 
una nota al margen con el objeto de evitar el hecho de que un tercero pueda adquirir de 
buena fe una finca que tras un procedimiento de deslinde podría ser atribuida en todo o 
en parte a la entidad propietaria de la vía pecuaria. Por lo que creemos conveniente, 
para la salvaguarda del dominio público, que quede constancia de esta circunstancia a 
través de una nota marginal».
II s
El  documento  es  calificado  negativamente  con  fecha  de  17  de  septiembre  del  b
año 2020 en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: «La situación de  072ww
mdee rlaa  Lceoylin Hdiapnocteiac anroia s, ee le cnucaule hnatrcae  irnecfleuriednac eian  alo lsa  scuopnusetasntocsia p mreevdisiatonste e nno etal  amrtaícrguilnoa 9l .dae) 
la calificación urbanística, medioambiental y administrativa correspondiente.
A la vista del artículo 8, apartado 5 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías 
Pecuarias la publicidad registral mediante un asiento en la finca sólo se contempla una 
vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los interesados.
En esta línea se ha pronunciado la DGRSJFP en Resoluciones de fechas 9 de 
agosto y 19 de septiembre de 2019.
Una vez que se inicie el procedimiento de deslinde, se practicará en su caso, el 
asiento que corresponda (…). Puente del Arzobispo, a 7 de septiembre de 2020. La 
registradora. Fdo. doña Marta Díaz-Canel Blanco».
III
La anterior nota de calificación fue objeto de recurso gubernativo suscrito con fecha 
de 30 de octubre de 2020 por el Director General de Medio Natural y Biodiversidad, con 
los siguientes motivos: «La Ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria 
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de 
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo en 
su artículo 10.1 dice "La base de representación gráfica de las fincas registrales será la 
cartografía catastral, que estará a disposición de los Registradores de la Propiedad". Por 
lo tanto, actualmente cuando se realiza una inscripción en el Registro se coordina 
gráficamente con la cartografía catastral, con lo que la finca queda georreferenciada de 
forma inequívoca.
El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo cuyo origen y principal uso hasta 
la citada Ley 13/2015 había sido el tributario. En consecuencia, la cartografía catastral a 
menudo no refleja con exactitud la situación legal de los terrenos de las vías pecuarias. 
Comparando la cartografía catastral con la elaborada para la protección, conservación y 
gestión  de  las  Vías  Pecuarias  y  Montes  de  Utilidad  Pública  por  la  Consejería  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la cartografía catastral la mayor parte 
de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha no tienen su anchura legal, pues han sido 
invadidas por las parcelas colindantes.
Entre las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
encuentran la protección, conservación y gestión de los bienes de dominio público: 
montes y vías pecuarias.
La situación actual, en cuanto a la defensa de la propiedad de las vías pecuarias en 
Castilla-La Mancha, es aproximadamente la siguiente:
– Vías Pecuarias Clasificadas: 14.500 km (56.000 ha).
– Vías Pecuarias Deslindadas: 3.200 km (17.800 ha).
– Vías  Pecuarias  digitalizadas,  en  proceso  de  actualización  catastral:  2.200  km 
(14.200 ha).
– Solo  un  6%  de  la  superficie  de  las  Vías  Pecuarias  de  Castilla-La  Mancha 
(3.200 ha) está inscrita en los Registros de la Propiedad.
– También existen algunos términos municipales con vías pecuarias sin clasificar.
Por lo tanto, la nota marginal solicitada es imprescindible para evitar la buena fe 
exigida  por  el  artículo  34  de  la  Ley  Hipotecaria  en  las  posteriores  transacciones 
onerosas, manteniendo de esta forma la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
la posibilidad de recuperar el Dominio Público Pecuario mediante futuros deslindes. Lo 
que  está  sucediendo,  en  ausencia  de  estas  notas  marginales  es  que  se  inscriben 
derechos y pueden consolidarse, por la vía del artículo 34 (adquisición de buena fe a  es
título oneroso), intrusiones en terrenos del dominio público que pasan a manos de los  bo
colindantes, con la consiguiente pérdida de patrimonio público a favor de unos pocos  072ww
dphoaamrcteEiicnrnu ictoleao nrpnedússebt am(livrc,oe obsr,  a asqjroiunt .e  sn2,u e1c c.ro8een ssdfpoiedor amlnadse  Lad aebelyil l ai cd4roat3índc/2su, 0elco0no 3t1mim 8do iede  menM telooad n diLdteeealsy  t)d i.Hteui lpacoor tlreaecbgaoisrriatarca, ileó, lnn R oeetnag  ilmsat ardaregdfioenrna psl aue endd leael    OE-A-2020-17able en https://
que se aclare la situación de la finca inmatriculada. A modo de ejemplo, se adjunta copia
de  notas  marginales  inscritas  por  los  Registros  de  la  Propiedad  de  Belmonte, 
Manzanares y Pastrana-Sacedón para casos similares a los que se tratan en este 
recurso (copias 2, 3 y 4)».
IV
La registradora de la propiedad emitió informe, en el que mantuvo la calificación 
impugnada, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución española; 1.3.º, 18, 20, 38, 40 y 326 de la 
Ley Hipotecaria; 99 del Reglamento Hipotecario; 36.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas;  85  del  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local;  36  del  Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales; 10.1 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha; las Sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2006 y 28 de junio y 21 de octubre de 2013, y las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de marzo 
y 8 de mayo de 2012, 11 de marzo, 10 de julio y 17 de septiembre de 2014, 25 de marzo 
de 2015, 15 de marzo y 12 de abril de 2016, 10 de abril de 2017, 30 de noviembre 
de 2018 y 2 de enero, 14 de mayo, 12 de junio y 9 de agosto de 2019 (3) y de 12 de 
marzo de 2020.
1.  En el presente recurso debe decidirse si puede accederse a la práctica de una 
nota marginal mediante documento suscrito por la Jefa del Servicio Forestal de la 
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Consejería de Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que pretende que se haga constar 
en relación con una concreta finca registral, que colinda con una vía pecuaria clasificada 
que no está deslindada, y que en un futuro deslinde la posesión de la totalidad o parte de 
la finca podría ser atribuida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La registradora se opone a practicar dicha nota marginal porque la situación de mera 
colindancia no se encuentra incluida en los supuestos previstos en el artículo 9.a) de la 
Ley Hipotecaria, y a la vista del artículo 8, apartado 5 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo 
de  Vías  Pecuarias  la  publicidad  registral  mediante  un  asiento  en  la  finca  sólo  se 
contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con intervención de los 
interesados.
2.  Como cuestión previa debe contestarse a la apreciación recogida en el escrito de 
recurso  respecto  a  la  circunstancia  de  que  esta  misma  nota  marginal  haya  sido 
practicada en otros Registros de la Propiedad.
Es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 
cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de 
la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe 
prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por 
razones de seguridad jurídica (vid., por todas, Resoluciones de 13 de marzo y 8 de mayo  e.e
de 2012, 11 de marzo y 10 de julio de 2014 y 25 de marzo de 2015). De lo anterior no  b
resulta un perjuicio para la seguridad jurídica, ya que los mecanismos previstos en el  072ww
eoxrdpeendaiemniteen dtoe  preacrau rslao ,r egvairsaiónntiz daen  ala lso sd einctiesrioensaeds odse l al odse freengsisat rdaed osrue sp,o sciocmióon  jluor íedsic ae seten 
ctéormmoin eols e qstuaeb lseuc imdeiernetcoh od ea c rlaite irniossc ruipncifioórnm seesa d ere avcistaudaoci óyn, .en su caso, confirmado, así
3.  Por lo que se refiere a la cuestión de fondo planteada, se trata de un supuesto 
idéntico al resuelto por este Centro Directivo en Resoluciones de 9 de agosto de 2019 (3) 
y 12 de marzo de 2020.
Así, tal y como señaló esta Dirección General en las Resoluciones de 15 de marzo 
y 12 de abril de 2016, la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se 
limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al 
dominio  público  no  inscrito,  pero  de  cuya  existencia  tenga  indicios  suficientes  el 
registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. Por 
tal motivo, con carácter previo a la práctica de la inscripción, y conforme a lo previsto en 
distintas leyes especiales, como la de costas o de montes, el registrador ha de recabar 
informe o certificación administrativa que acrediten que la inscripción pretendida no 
invade el dominio público.
En otros casos, como ocurre con la legislación de suelo, también existen previsiones 
expresas de que el registrador, antes de acceder a la inscripción de edificaciones, habrá 
de comprobar que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres 
de  uso  público  general.  Y  avanzando  decididamente  en  la  senda  de  la  protección 
registral del dominio público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 
de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos artículos 
de  la  Ley  Hipotecaria,  prevé́  que,  en  todo  caso,  el  registrador  tratará  de  evitar  la 
inscripción de nuevas fincas o de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya 
inmatriculadas cuando tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio 
público.
Así se expresa de manera terminante y reiterada en varios preceptos de la Ley 
Hipotecaria, y no solo en el artículo 9 que ya contiene una proclamación general al 
respecto, sino también en diversos artículos del Título VI de la Ley que contienen 
manifestaciones concretas del mismo principio general, como los artículos 199, 203 
y 205.
Consecuentemente  con  todo  ello,  la  propia  Ley  13/2015,  además,  trata  de 
proporcionar a los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer 
la ubicación y delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el 
artículo 9 de la Ley Hipotecaria y en la disposición adicional primera de la misma 
Ley  13/2015  la  aplicación  auxiliar  que  permita  el  tratamiento  de  representaciones 
gráficas previniendo la invasión del dominio público.
Tal profusión normativa, aun cuando pueda incluso llegar a ser reiterativa, no hace 
sino asentar el principio general, ya vigente con anterioridad a la Ley 13/2015, de que los 
registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que 
invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el 
dominio público, por la inalienabilidad que le define, supone, precisamente, la exclusión 
de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre esa concreta porción del 
territorio.
Por ello las Administraciones Públicas disponen en la actualidad de dos herramientas 
para conseguir la tutela y protección del dominio público a través del Registro de la 
Propiedad. En primer lugar, según se establece en la legislación sobre el patrimonio 
público (vid artículos 36.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, 85 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, 36 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 10.1 de la Ley 6/1985, de 13 de  s
noviembre,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-La  Mancha),  oe.
cumpliendo con la obligación impuesta a todas las Administraciones para que inscriban  w.
sus bienes, tanto los patrimoniales como los de dominio público, en el Registro de la  072ww
PropYi,e edna ds.egundo lugar, facilitando al Registro de la Propiedad la información gráfica de
lionsfo rbmieántiecas  ddee mtraatnaimalieesn,t op daera b aqsuees  eglr árfeicgaiss trya adsoír  ppoudeedr ate ninecrolar peonr acrulae nata  seun  saup lfiucnacciióónn   BOE-A-cable e
calificadora incluso en los casos en que dichos bienes no estén inscritos a nombre de la 
respectiva Administración Pública.
4.  En el presente caso ha de decidirse acerca de la pretensión de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de que se 
haga constar, en relación con una concreta finca registral que colinda con una vía 
pecuaria  clasificada,  que  esta  no  está  deslindada,  y  que  en  un  futuro  deslinde  la 
posesión  de  la  totalidad  o  parte  de  la  finca  podría  ser  atribuida  a  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.
En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de deslinde se 
contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un expediente de deslinde 
aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran 
resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá 
en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 
preventiva de esa circunstancia».
Con  independencia  de  la  imprecisión  del  texto  legal  sobre  el  asiento  legal 
(«anotación marginal preventiva»), lo que resulta indudable es que la publicidad registral 
mediante un asiento en la finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de 
deslinde y con intervención de los interesados.
En ningún caso puede admitirse la práctica de asientos sobre las fincas sin que el 
titular haya sido parte en el procedimiento. Como ha venido resolviendo esta Dirección 
General (vid., por todas, la Resolución de 15 de enero de 2013), ya antes de la redacción 
actual del artículo 99 del Reglamento Hipotecario, dada por el Real Decreto de 12 de 
noviembre de 1982, este Centro Directivo había mantenido de forma reiterada la doctrina 
de que, dentro de los límites de su función, goza el registrador de una mayor libertad 
para calificar el documento administrativo en relación con el judicial, y en particular si se 
trata  del  examen  de  los  trámites  esenciales  del  procedimiento  seguido,  a  fin  de 
comprobar el cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas 
por las leyes y reglamentos (cfr. entre otras, Resolución de 30 de septiembre de 1980).
Tras la citada reforma reglamentaria, dicha interpretación cobró carta de naturaleza 
normativa, y por ello esta Dirección General ha venido considerando desde entonces 
que,  no  obstante  la  ejecutividad  y  las  presunciones  de  validez  y  eficacia  de  que 
legalmente están investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 
Hipotecario  faculta  al  registrador  para  calificar,  respecto  de  los  documentos 
administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la 
resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, 
así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el 
Registro (cfr. entre otras, las Resoluciones de 27 de abril de 1995, 27 de enero de 1998, 
27 de marzo de 1999, 31 de julio de 2001, 31 de marzo de 2005, 31 de octubre de 2011 
y 1 de junio de 2012).
De acuerdo con esta doctrina, efectivamente corresponde al registrador, dentro de 
los límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a 
fin  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  garantías  que  para  los  particulares  están 
establecidas  por  las  leyes  y  los  reglamentos,  con  el  exclusivo  objeto,  como  tiene 
declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la 
Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de  s
una indefensión procesal, y  en este sentido  –como  una garantía más del derecho  oe.
constitucional  a  una  tutela  judicial  efectiva–  debe  ser  entendido  el  artículo  99  del  w.
Reglamento  Hipotecario,  en  congruencia  con  los  artículos  1,  20  y  40  de  la  Ley  072ww
HipoPteocr atraian.to, en el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se solicita en el
cteunrsidoo  dinet enrvinegnúcnió np raolcgeudniam, imenottoiv oa dpmorin eisl tcrautaivl ola  ecna lieficl aqcuióen l odse btietu claornefsir mreagrsiset.rales hayan  BOE-A-cable e
5.  Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de deslinde no está 
prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni tampoco se prevé en la 
normativa general de las Administraciones Públicas.
Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre 
(cfr.  artículo  52),  se  contempla  la  publicidad  registral  una  vez  iniciado  dicho 
procedimiento. Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley Hipotecaria dispone que 
«cuando conste acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, 
medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a la que se 
refiera». En esta previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud 
motiva este recurso.
Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este expediente, el contenido de 
la  solicitud  de  la  Administración  y  de  la  nota  pretendida  adolece  una  falta  de 
determinación total acerca de ninguna circunstancia afectante a la finca, ya que se limita 
a expresar la colindancia con una vía pecuaria, lo cual ya resulta de la propia descripción 
de la finca (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento); advierte la 
posibilidad de un eventual deslinde, sin concretar siquiera si efectivamente la finca 
pudiera verse afectada por ello y en qué medida; además de recordar los efectos legales 
del deslinde, cuestión que resulta de la propia Ley. Por tanto, tampoco puede practicarse 
la nota marginal solicitada al amparo de este precepto, pues no resulta una concreta 
calificación urbanística, medioambiental o administrativa de la finca más allá de su 
colindancia con una vía pecuaria y no resulta de la solicitud la intervención del titular de 
la finca.
En este sentido es necesario insistir una vez más en la conveniencia de que por 
parte de las Administraciones Públicas se cumpla debidamente el mandato legal de 
inmatricular o inscribir sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad (vid. 
artículos 36 y 83 y disposición transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas), dado que de esta forma estos gozarán 
de la máxima protección posible, pues la calificación registral tratará por todos los 
medios a su alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 
siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito (cfr. Resolución 
de 23 de enero de 2019).
6.  Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de esta Dirección General 
de 19 de julio de 2018, que la falta de deslinde de la vía pecuaria con el procedimiento y 
garantías previstas en la Ley, impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas 
colindantes las consecuencias propias de este deslinde.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 de 
abril de 1988, para poder determinar si existe invasión del dominio público «ha de 
saberse dónde está situado éste y los límites de su superficie; si no hay datos sobre el 
terreno destinado a vía pecuaria y su delimitación con la finca privada colindante, la 
afirmación de que ha invadido el terreno de dominio público, carece de base, y más 
cuando, (…), tal terreno estaba siendo usado por el sancionado: El cambio de esta 
situación de hecho, había de tener una base, cual es la concreta determinación concreta 
del terreno que corresponde a la vía pecuaria; y esto falta en los actos administrativos 
recurridos,  al  no  haberse  efectuado  el  deslinde,  ni  actuación  con  audiencia  del 
interesado que pueda tener unos efectos iguales o parecidos». La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de julio de 1986 ya destacó la necesidad de deslinde previo para el 
válido  ejercicio  de  la  facultad  administrativa  de  recuperación  posesoria,  que  «se 
subordina a que en la correspondiente prueba se acredite suficientemente, por un lado,  s
la posesión administrativa, el uso público del terreno de que se trata, y, por otro, que el  oe.
indicado uso haya sido perturbado por el administrado contra quien se dirige la acción»,  w.
y  consideró  «la  falta  de  identificación  del  terreno  reivindicado,  aludiéndose  a  la  072ww
cnueecsetsióidna»d. de practicar un deslinde para precisar los límites de las propiedades en
legitEimn aceisótne  repguinsttora ln qou ep ocdoenmsaogsr ao elvl idaartrí culalo  p3r8e sduen claió nL edy eHriivpaodteac adreial , pcroinncfoiprmio e dael   BOE-A-cable e
cual «a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el 
Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento 
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los 
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos». En particular, sobre 
las consecuencias de la ausencia de deslinde de una vía pecuaria frente al principio 
de  legitimación  registral  como  efecto  fundamental  de  los  pronunciamientos  del 
Registro de la Propiedad, debe traerse a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Contencioso, de 5 de febrero de 1986 que manifestó lo siguiente: «Frente a 
las  invasiones  y  usurpaciones  de  terrenos  de  dominio  público,  entre  los  que  se 
incluyen  las  vías  pecuarias  (…),  la  Administración  es  titular  de  facultades 
recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, quedando por 
ello  excluida  de  las  mismas  toda  cuestión  que  implique  definición  de  derechos 
dominicales por venir éstas reservadas en exclusiva a la jurisdicción civil, debiendo 
calificarse de tal aquélla en que existe una indeterminación de límites entre la vía 
pecuaria y los terrenos colindantes de dominio privado inscrito en el Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria y amparado en su fuerza legitimadora, tal y como ocurre en el 
supuesto de autos en el cual la esencia del problema planteado consiste en decidir si 
el terreno ocupado por el demandante forma parte integrante de la vía pecuaria o 
pertenece  a  la  propiedad  del  mismo  y  de  ello  excede  de  la  competencia  de  la 
Administración y de esta Jurisdicción y sólo puede dilucidarse mediante el ejercicio de 
las acciones civiles pertinentes ante los jueces ordinarios, siendo por tanto procedente 
la confirmación de la sentencia apelada que así lo declara y a cuya fundamentación 
jurídica cabe añadir que entre la presunción de la legalidad que protege los actos 
administrativos y la legitimación derivada del Registro de la Propiedad debe, en el 
caso  contemplado,  concederse  preferencia  a  esta  última  puesto  que  la 
indeterminación  en  los  límites  de  ambas  propiedades  colindantes  es  únicamente 
imputable  a  la  Administración  al  haber  dejado  de  practicar  las  operaciones  de 
deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la vía pecuaria que le 
impone las normas legales y reglamentarias citadas».
7.  Por último, es preciso señalar un error en la fundamentación del recurrente, en 
relación con la posibilidad de que puedan aparecer terceros protegidos por el artículo 34 
de la Ley Hipotecaria en relación con la superficie y linderos que se derivan de la 
inscripción de la base gráfica y su coordinación con Catastro.
Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o alternativa una 
vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria que 
establece  que:  «Alcanzada  la  coordinación  gráfica  con  el  Catastro  e  inscrita  la 
representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 38, que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la 
ubicación y delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral 
que ha quedado incorporada al folio real». Por tanto, se presume que la finca tiene la 
ubicación y delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de 
una presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en el 
correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los trámites 
correspondientes.
Por tanto, procede confirmar la calificación de la registradora en el sentido de que no 
puede hacerse constar en el Registro que una finca está pendiente de deslinde, sin 
haberse incoado el oportuno expediente de deslinde con intervención del titular registral.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y  e.
confirmar la calificación impugnada en los términos expuestos. w.b
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inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 11 de diciembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.