BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 80668
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11278 Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
de la registradora de la propiedad accidental de Girona n.º 3, por la que se 
deniega  la  expedición  de  certificación  de  cargas  en  procedimiento  de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados.
En el recurso interpuesto don A. I. F., en nombre y representación de la entidad 
«Formentera Debt Holdings DAC», contra la nota de calificación de la registradora de la 
Propiedad accidental de Girona número 3, Rosa Ana Archilla Andrés, por la que se 
deniega la expedición de certificación de cargas en procedimiento de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados.
Hechos
I
Mediante mandamiento, expedido el día 28 de mayo de 2019 por el Juzgado Primera 
Instancia  e  Instrucción  número  3  de  La  Bisbal  d’Empordà,  en  el  procedimiento  de 
ejecución  hipotecaria  número  56/2014,  a  instancias  de  «Formentera  Debt  Holdings 
DAC», contra «Marqués Serra Gestió i Promocio, S.L.», se ordenaba la expedición de 
certificación de dominio y cargas, a efectos del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sobre la finca registral número 6.623 de Celrà. Se acompañaba de diligencia de 
ordenación en la que se acordaba expedir testimonio de la providencia de fecha 22 de 
julio de 2019, en la que constaba que «la parte ejecutante solicita la inhibición a favor de 
los juzgados de Girona, por estar la finca ejecutada situada en el término municipal de 
Celrà, correspondiente al partido judicial de Girona». También constaba que la cuestión 
ya  fue  resuelta,  pronunciándose  la  Audiencia  Provincial  en  el  sentido  de  que  la 
competencia correspondía al Juzgado de La Bisbal d’Empordà.
II
Presentado el día 22 de febrero de 2021 dicho mandamiento en el Registro de la 
Propiedad de Girona número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Rosa Ana Archilla Andrés, Registradora Accidental del Registro de la Propiedad de 
Girona n.º 3.
Calificación registral.
En Girona, a 15 de marzo de 2021.
Antecedentes de hecho.
Con fecha 22 de febrero de 2021, fue presentado en este Registro mandamiento 
expedido el 28 de mayo de 2019, por el Juzgado 1.ª Instancia e Instrucción número 3 de 
La  Bisbal  d’Empordà,  en  el  que  se  sigue  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  e.
número 56/2014-B, a instancia Formentera Debt Holdings DAC, contra Marqués Serra  w.b
eGCfeeelscràttioó, s ci  dóPedrloi gamorto írcceuioglo iSs t6.rL8a.8l,   oúdrnedi celaon  áL1ne7dy0o 1ds1ee0  El0an0 ej3ux4ipc7ie1ad3mi2ciei.ó nnDt oidc ehC oicv eitlrí,tt uisfiolcoba rcmeió olnati  vdfóine c edalo  nmaúsinmieioen rtyoo   c65a63r2g53a  sdd eeal    2021-1127n https://w
diariSoe 4 4a.compaña así mismo diligencia de ordenación en la que se acuerda expedir
testimonio de la providencia de 22 de julio de 2019 en la que consta que la parte
ejecutante solicita la inhibición a favor de los juzgados de Girona por esta la finca 
ejecutada situada en el término municipal de Celrà, correspondiente al partido judicial de 
Girona. También consta que la cuestión ya fue resuelta pronunciándose la Audiencia 
Provincial en el sentido de que la competencia correspondía al Juzgado de La Bisbal 
d’Empordà, sin que se haya aportado la correspondiente sentencia firme.
Fundamentos jurídicos.
Primero.  Conforme al párrafo primero del artículo 18 de lo Ley Hipotecaria los 
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
Segundo.  El artículo 100 del Reglamento Hipotecario establece que “La calificación 
por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a 
la  competencia  del  Juzgado  o  Tribunal,  a  la  congruencia  del  mandato  con  el 
procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro”.
Por  otro  lado,  el  artículo  684.1  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  al  regular  la 
competencia  judicial  en  el  procedimiento  de  ejecución  directa  establece  que  “para 
conocer de los procedimientos a que se refiere el presente capítulo será competente:
1.º  Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, el Juzgado de Primera Instancia del 
lugar en que radique la finca y si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo 
que si fueren varias y radicaren en diferentes partidos, el Juzgado de Primera Instancia 
de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean aplicables en este caso 
las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la presente Ley”.
La Dirección General de los Registros y del Notariado en Resolución de 24 de 
octubre de 2014, invocando a su vez Resoluciones de 2 de octubre de 2009 y 8 de 
noviembre de 2013, ha declarado que la Ley de Enjuiciamiento Civil adopta como norma 
general  el  carácter  dispositivo  de  las  normas  sobre  competencia  territorial, 
exceptuándose de esa disponibilidad las reglas atributivas de competencia territorial a 
las que la Ley atribuya expresamente carácter imperativo (artículo 54.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), siendo la falta de competencia territorial apreciable de oficio por el 
juez (artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por eso el Centro Directivo, en 
materia de ejecución hipotecaria, ya confirmó la nota denegatoria de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria que no se había seguido ante el juez donde radicaba la finca 
(Resolución de 24 de mayo de 2007). Esta doctrina es reiterada en Resolución de mayo 
de 2014 que considera que el citado artículo 684.1 es una norma imperativa, apreciable 
de oficio, ante la que no cabe sumisión expresa o tácita de las partes, y dictada no solo 
en defensa de los intereses de las partes personadas en el procedimiento, sino también 
de los de otros posibles interesados (eventuales titulares de derechos posteriores a la 
hipoteca).
De todo lo anterior se desprende que la competencia judicial, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, es un extremo calificable por el Registrador de manera que, en el 
presente supuesto, estando situada la finca hipotecada en Celrà, perteneciente al Partido 
Judicial de Girona, es incompetente para conocer el procedimiento de ejecución directa 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Bisbal d’Empordà, razón  e.e
por la cual procede denegar la expedición de certificación de dominio u cargas solicitada. b
2021-1127n https://w
Parte dispositiva.
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación:
Rosa Ana Archilla Andrés, Registradora Accidental del Registro de la Propiedad n.º 3 
de los de Girona.
Acuerda:
1.º  Calificar  el  documento  presentado  en  los  términos  que  resultan  dc  los 
fundamentos de derecho antes consignados; y
2.º  Denegar  el  despacho  del  título  objeto  de  la  presente  calificación,  por  la 
concurrencia de los defectos consignado en la presente nota de calificación, quedando 
automáticamente prorrogado e1 asiento de presentación correspondiente durante el 
plazo de sesenta días, a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la 
última de las notificaciones legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322 
y 323 de la Ley Hipotecaria.
Contra el presente acuerdo de calificación del Registrador cabe (…)
Girona, a 15 de marzo de 2021.–La Registradora Accidental (firma ilegible) Rosa Ana 
Archilla Andrés».
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. I. F., en nombre y representación de la 
entidad «Formentera Debt Holdings DAC», interpuso recurso el día 14 de abril de 2021 
en virtud de escrito y en base a los siguientes argumentos:
«Primera.  Sobre los antecedentes de la Calificación Registral Negativa.
La Calificación Negativa emitida por el Sr. Registrador de la Propiedad del Registro 
n.º  3  de  Girona,  viene  como  consecuencia  de  la  presentación  en  registro  del 
Mandamiento  expedido  por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  n.º  3  de  la  Bisbal 
D’Emporda, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, autos 56/2014, seguido contra 
Marqués Serra Gestió y Promocio, S.L., para la expedición de conformidad con el 
art. 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la Certificación de Dominio y Cargas, 
respecto de la Finca n.º 6623 de Celrá - CRU 17011000347132.
Por parte de esta representación se acompañó para la expedición de la referida 
Certificación de Dominio y Cargas, además del título objeto de calificación la siguiente 
documentación:
(i)  Testimonio de la Providencia de 22 de julio de 2019, expedido por el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 3 de La Bisbal d’Empordá según la cual, se indicaba a la entidad 
ejecutante lo siguiente:
La parte ejecutante solicita la inhibición a favor de los juzgados de Girona, por estar 
la finca ejecutada en el término municipal de Celrá, correspondiente al partido judicial de 
Girona.
Sin embargo, dicha cuestión ya fue resuelta pronunciándose la Audiencia Provincial 
en Auto n.º 151/2014, de 7 de julio, donde en base al art 546 LEC se resolvió que la  s
competencia del presente procedimiento le correspondía a este Juzgado (…) oe.
dteer r2i(t0oii)1r i4a,lAm euentno lt aed ,iec ejtealecdvuoac nipódonor   heloilp sJo uatezugctoaasrdi aoa   9dla4e 5 AP/u2rdi0mi1ee4nr,ca si aIen gPsúrtaonnv eicnli acci uanal. ºdl  5es e dG edir eoGcnilraaor n(a…ab,a) d inec 1o2m dpee tjeunntieo   2021-1127n https://w
julio( idii)e  A2u0t1o4 ,d iecnta edlo r oplolor  dlae  Aaupdeileanccióian  P2r9o7v/i2n0c1ia4l,  daec tGuaircoionnae (sS edcec oiórnig e2n.ª )n údme .f e9c4h5a/2 70 1d4e, 
JPI 5 Girona (…)
Tras la aportación de la documentación el Registro emite la siguiente calificación:
De todo lo anterior se desprende que la competencia judicial, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, es un extremo calificable por el Registrador de marera que, en el 
presente  supuesto,  estando  la  finca  hipotecada  en  Celrá,  perteneciente  al  Partido 
Judicial de Girona, es incompetente para conocer el procedimiento de ejecución directa 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de la Bisbal d’Emporda, razón por la 
cual procede denegar la expedición de la certificación de dominio u cargas solicitada.
Expuesto lo anterior, entiende esta parte que el registrador yerra en denegar la 
expedición de la Certificación de dominio y cargas solicitada, en tanto que, le ha sido 
acreditado que la competencia territorial ha sido ya atribuida por resolución firme al 
juzgado ordenante de la expedición, esto es, al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de la 
Bisbal d’Emporda, yendo en contra de una resolución judicial firme, la calificación del 
Sr/s Registrador/a, excediéndose por ello en este caso su labor de calificación de lo 
legalmente previsto.
Segunda.  Sobre los motivos para la estimación del presente recurso. De la función 
calificadora del Registro y el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes.
Para la resolución del presente recurso, conviene en primer lugar establecer el 
alcance de la función calificadora del registro de la propiedad conforme al art. 18 de la 
Ley Hipotecaria, se extiende únicamente al examen de la legalidad del documento en 
cuya virtud se solicita la inscripción y en relación con los mandamientos judiciales, el 
art. 100 del Reglamento Hipotecario dispone que la calificación registral e limitará a la 
competencia  del  juzgado  o  tribunal,  a  la  congruencia  del  mandamiento  con  el 
procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado y a los obstáculos que surjan en el registro.
En este sentido, como bien ha quedado ya establecido en la Sentencia del Tribunal 
Supremo  625/2017,  de  21  de  noviembre  de  2017,  Sala  primera,  n.º  de 
recurso 1209/2015, esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo 
de la resolución judicial en la que se basa el mandato judicial, o dicho de otro modo, 
acreditado al Registro que por quien ha sido expedido el mandamiento es quien ostenta 
la  competencia  para  ello,  su  labor  de  calificación  ha  de  quedar  supeditada  a  las 
formalidades del extrínsecas del documento.
En el presente caso, el Registro deniega la expedición del mandamiento para la 
expedición  de  la  certificación  de  cargas  en  base  lo  dispuesto  en  el  art.  100  del 
Reglamento Hipotecario, examinando la competencia del Juzgado que emite el mandato, 
pero lo cierto es que sobre dicha cuestión de competencia, se ha acreditado al Registro 
de  la  Propiedad  que  ya  ha  sido  resuelta,  acreditándose  al  Registro  mediante  la 
aportación de la documentación oportuna (…)
En este sentido, difiere esta parte respecto de lo indicado en los antecedentes de 
hecho por la Sra. Registradora, en cuanto al hecho de que no se habría aportado al 
registro una sentencia firme, pero lo cierto es que se habría acompañado al registro 
como documento 6 Auto dictado por la Audiencia Provincial de Girona (Sección 2.ª) de 
fecha 7 de julio de 2014, en el rollo de apelación 297/2014, actuaciones de origen núm. 
945/2014, en el que se resuelve la cuestión de incompetencia.
El referido Auto, dictado por la Audiencia Provincial, es firme por imperativo legal, ya 
que no sería de entre las resoluciones recurribles en casación de conformidad con el 
art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como tampoco sería recurrible en interés  s
de la ley conforme lo que establece el art 490 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. oe.
De lo anteriormente expuesto, procede entonces la estimación del presente recurso,  8ww.
efeirnsm  cteao,nn tetorxa cqreiuode ia ee nlla dR ofeu gsniucs itólraonb  ecosar tlacifaircílaaif idycoearndado eoras e taanlb  clfeoocnniddtroaa   dtdaeen  tllooa  ser enrse ueseol llatuorct .ie o1nn8 eu sdn eaa  clraeo smLoHplua, cñciaoódmna ojus ,de iqncu ieaell    2021-1127n https://w
art. 100 del Reglamento Hipotecario, así como a los dispuesto en el art. 118 de la
Constitución Española, que obliga al cumplimiento de las resoluciones judiciales.»
IV
La registradora de la Propiedad titular de Girona número 3, doña Emilia de la 
Fuensanta Peñafiel Hernández, emitió informe el día 28 de abril de 2021, mantuvo la 
nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 58, 522, 546 y 684.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; 2, 3, 18, 20, 38, 40, 82, 199, 201, 202, 325, 326 y 327 de la Ley 
Hipotecaria; 100 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 28 de junio y 21 de octubre de 2013, relativas al alcance de la calificación; 
las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de 
noviembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de marzo, 24 de mayo y 22 de junio 
de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio, 11 de julio y 2 de octubre 
de 2009, 8 de noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo de 2012, 28 de 
enero, 27 de mayo, 12 de julio y 8 de noviembre de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 
y 24 de octubre de 2014, 29 de enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de 
mayo, 17 de julio, 22 de octubre y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo, 8 
y 23 de septiembre, 4 de octubre y 15 de noviembre de 2016, 22 de mayo, 18 de octubre 
y 18 de diciembre de 2017, 15 de febrero, 9, 10 y 20 de julio y 28 de noviembre de 2018 
y 17 de enero, 8 de mayo y 5 de octubre de 2019, y las Resoluciones de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 y 28 de julio y 16 septiembre de 2020 
y 14 de enero, 5 de febrero, 11 (1.ª) y 25 de marzo y 19 de abril de 2021.
1.  Se debate en el presente recurso si el registrador puede calificar la competencia 
territorial  de  un  juzgado  al  solicitar  la  expedición  de  certificación  de  cargas  en  un 
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados (en concreto por juzgado 
distinto  del  correspondiente  a  la  situación  de  la  finca).  La  registradora  deniega  la 
expedición  de  la  certificación  de  cargas  por  solicitarse  por  juzgado  incompetente, 
mientras que el recurrente entiende que esta cuestión ha sido ya resuelta en recurso 
ante la Audiencia Provincial de Girona que ha considerado competente al Juzgado que 
ha solicitado la certificación.
2.  En relación al alcance de la calificación del registrador, cabe reiterar que los 
registradores tienen dentro de su ámbito de competencia la calificación de documentos 
judiciales (ex artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 del Reglamento Hipotecario).
Como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de 
octubre  de  2013,  el  registrador  «(…)  debía  tener  en  cuenta  lo  que  dispone  el 
artículo  522.1  LEC,  a  saber,  todas  las  personas  y  autoridades,  especialmente  las 
encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las 
sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, 
salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación 
específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 
de marzo, “no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho 
la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento 
judicial en que haya sido parte”».
En relación con la función calificadora que los registradores ejercen respecto de los 
documentos  judiciales,  cabe  destacar  la  reciente  Sentencia  del  Pleno  del  Tribunal 
Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  relativa  a  una  Resolución  de  Este  Centro  es
Directivo. bo
Dice la citada Sentencia en su fundamento tercero: «(…) Esta función revisora debe  8w
lrhpaear gocaipesuitretrsoaderdai dodear nd d e eelj bula edmr itcc.a iaa1rlcl8i fo eicL la dHare,,r   tbyílac amu jofluoá ns s1cu e0i órn0en  sp RcpaHaortl.nii cfsiCucaaolbadnirlof iodrreraams dpqe, eu lcaaet l o lcea odgrtneaíc  licludoalasord  ád1 cdo8teec uL rl mHags,ee  nenfoelt orrrmsae lga eislxse pt erceaxoddtrnioídnfrio essder eecp  aolaasrl     OE-A-2021-1127able en https://w
de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los
otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo 
que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los 
mandamientos judiciales, el artículo 100 RH dispone que la calificación registral se 
limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el 
procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento  presentado  y  a  los  obstáculos  que  surjan  del  Registro.  Esta  función 
calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que 
se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. 
Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los 
requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos 
en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal».
En definitiva, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a 
los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos 
por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones 
judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la 
obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 
resolución, pero sí el de examinar todos los extremos a los que alude el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario. Entre tales extremos se halla la calificación de la competencia 
territorial del Juzgado.
3.  Es  cierto,  que  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
Resolución de 24 de octubre de 2014, invocando a su vez Resoluciones de 2 de octubre 
de 2009 y 8 de noviembre de 2013, ya declaró que la Ley de Enjuiciamiento Civil adopta 
como norma general el carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial, 
exceptuándose de esa disponibilidad las reglas atributivas de competencia territorial a 
las que la Ley atribuya expresamente carácter imperativo (artículo 54.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), siendo la falta de competencia territorial apreciable de oficio por el 
juez (artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por eso el Centro Directivo, en materia de ejecución hipotecaria, confirmó la nota 
denegatoria de un procedimiento de ejecución hipotecaria que no se había seguido ante 
el juez donde radicaba la finca (Resolución de 24 de mayo de 2007). Esta doctrina es 
reiterada  en  Resolución  que  considera  que  el  citado  artículo  684.1  es  una  norma 
imperativa, apreciable de oficio, ante la que no cabe sumisión expresa o tácita de las 
partes, y dictada no solo en defensa de los intereses de las partes personadas en el 
procedimiento, sino también de los de otros posibles interesados (eventuales titulares de 
derechos posteriores a la hipoteca).
4.  Dispone así el artículo 100 del Reglamento Hipotecario que la calificación por los 
registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la 
competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o 
juicio  en  que  se  hubiere  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Respecto de la calificación de la 
competencia tiene declarado este Centro Directivo (véanse Resoluciones de 31 de 
diciembre de 1981, 17 de julio de 1989 y 15 de enero de 2009) que deben distinguirse 
los siguientes supuestos:
a)  Aquellos que son apreciables de oficio por el juez, por estar basados en motivos 
de orden público y en donde el juez que ha intervenido es incompetente, o por falta de 
jurisdicción al estar atribuido el asunto concreto a un juzgado o tribunal de diversa índole, 
o por falta de competencia objetiva al haber tenido lugar el procedimiento ante un 
tribunal de la misma jurisdicción pero de distinto grado, o por falta de competencia  e.
funcional a que se refiere expresamente el artículo 100 de la Ley Hipotecaria, y que por  w.b
clao nnsubtl)ii tduaiArd q tdouedelo llasoc set olol;otrso us ns uppreuseusptouse sdteo  ecaseráncctiearl  ddeislp porsoictievoso, ,b saus aindforsa cecnió nm optuiveodse  dpero ovrodceanr   2021-1127n https://w
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supuesto primero puede el registrador no admitir el mandato, si aprecia la existencia de
incompetencia  por  parte  del  juez  o  tribunal  que  lo  ordenó,  en  el  segundo  de  los 
supuestos  no  cabe  esta  misma  solución,  como  ha  puesto  de  relieve  la  doctrina 
hipotecarista, ya que ello supondría erigir al registrador en defensor de los intereses de 
las partes, que estas pueden ejercitar en la forma que estimen más oportuna.
5.  Sin  embargo,  también  se  dijo  en  la  citada  Resolución,  que  no  se  debe 
desconocer otro argumento «ex lege» contrario a la nulidad, cual es el del carácter 
restrictivo de la regulación de la nulidad procesal en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
En particular su artículo 238, número 1, restringe la nulidad de pleno derecho a aquellos 
actos procesales que se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia 
objetiva o funcional. Es decir, quedan fuera de la sanción de la nulidad los casos de falta 
de competencia territorial.
Por otra parte este Centro Directivo también ha afirmado (véase por ejemplo en 
materia de calificación de la legitimación pasiva de la herencia yacente o en relación al 
debido llamamiento a los titulares registrales en los planes de liquidación concursal, las 
Resoluciones de 14 de enero y 5 de febrero de 2021) que no procede ya la calificación 
registral por las cuestiones a que se refiere el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, 
cuando  tales  cuestiones  han  sido  ventiladas  específicamente  dentro  de  los  cauces 
procesales  oportunos  y  con  las  debidas  garantías,  existiendo  al  respecto  un 
pronunciamiento judicial expreso y firme, pues en otro caso se contravendría el principio 
constitucional de tutela efectiva (artículo 24 de la Constitución).
Así ocurre en el presente caso, donde la cuestión de competencia territorial fue 
planteado por interlocutoria del Juzgado de Primera Instancia de Girona número 5 frente 
al de La Bisbal número 3, habiendo sido objeto de auto firme dictado por la Audiencia 
Provincial de Girona, Sección Segunda, de fecha 7 de julio de 2014, en el rollo de 
apelación número 297/2014, actuaciones de origen número 945/2014, en el que se 
resuelve la cuestión atribuyendo la competencia al juzgado que había solicitado la 
certificación de cargas ante la falta de proposición de declinatoria por el ejecutado y por 
falta de apreciación procesal en tiempo oportuno de la falta de competencia territorial por 
parte del Juzgado que inició la ejecución.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota de calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de junio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2021-1127n https://w