BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 21998
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
2905 Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Consumo 
y Juego, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Consumo, la 
Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  y  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de un marco común 
de colaboración en materia de consumo, protección de los consumidores, 
actividades de juego y nutrición.
Suscrito  entre  el  Ministerio  de  Consumo,  la  Agencia  Española  de  Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Municipios y Provincias, Convenio 
para  el  desarrollo  de  un  marco  común  de  colaboración  en  materia  de  consumo, 
protección de los consumidores, actividades de juego y nutrición, que figura como anexo 
a  esta  resolución,  procede  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 17 de febrero de 2022.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
el desarrollo de un marco común de colaboración en materia de consumo, 
protección de los consumidores, actividades de juego y nutrición
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, en virtud 
del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se dispone su nombramiento, 
actuando en virtud de la Orden de 1 de febrero de 2022, por la que se avoca la 
competencia para la suscripción del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, competencia que está atribuida a doña Bibiana Medialdea García, Directora 
General de Consumo, en virtud del Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por el que 
se dispone su nombramiento, y a don Mikel Arana Echezarreta, Director General de 
Ordenación del Juego en virtud del Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, por el que se 
dispone  su  nombramiento,  facultados  para  formalizar  convenios  conforme  a  las 
atribuciones establecidas en el apartado séptimo de la Orden CSM/940/2020, de 6 de 
octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de 
delegación de competencias; así como a la Directora Ejecutiva de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de conformidad con los artículos 14.1 y 15.g) del 
Estatuto de dicha entidad, aprobado por el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el 
que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional de Consumo y Agencia  es
Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  en  un  nuevo  organismo  autónomo  bo
denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se  05ww
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nombre y representación de la misma de conformidad con los artículos 36 y 38 de los 
citados Estatutos, con domicilio en Madrid, C/ Nuncio, 8 y CIF G-28783991.
Las partes se reconocen capacidad para la suscripción del presente Convenio y al 
efecto,
MANIFIESTAN
1. Que en virtud del artículo 1 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, el Ministerio de Consumo es el Departamento 
de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de 
juego.
2. Que en virtud del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, le 
corresponde a la Dirección General de Consumo «proporcionar a los ciudadanos, a las 
Administraciones Públicas y a los agentes sociales implicados, información, formación y 
educación sobre los derechos que asisten a los consumidores, en particular, a los más 
vulnerables, promocionando el consumo responsable».
3. Que en virtud del artículo 4 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, le 
corresponde a la Dirección General de Ordenación del Juego «el desarrollo y ejecución 
de políticas y acciones preventivas dirigidas a la sensibilización, información y difusión 
de buenas prácticas del juego, del juego ordenado y del juego responsable, mediante 
campañas  de  publicidad,  la  actuación  en  medios  y  redes  de  comunicación  y  la 
colaboración con otras Administraciones Públicas u organismos de carácter público o 
privado».
4. Que de conformidad con el artículo 4.1 del Estatuto de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, aprobado por Real Decreto 19/2014, de 17 
de  enero,  por  el  que  se  refunden  los  organismos  autónomos  Instituto  Nacional  de 
Consumo  y  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición  en  un  nuevo 
organismo  autónomo  denominado  Agencia  Española  de  Consumo,  Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto, la Agencia tiene entre sus objetivos 
planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, 
educación  y  promoción  de  la  salud  en  el  ámbito  de  la  nutrición  y  en  especial  la 
prevención de la obesidad, todo ello desde el ámbito de actuación de las competencias 
de  la  Administración  General  del  Estado  y  con  la  cooperación  de  las  demás 
Administraciones Públicas y sectores interesados.
5. Que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación 
de Entidades Locales con mayor implantación en España agrupando Ayuntamientos, 
Diputaciones,  Consejos  y  Cabildos  Insulares,  en  total  7.324,  que  representan  más 
del  90%  de  los  Gobiernos  Locales  españoles  y  tiene  encomendadas  entre  otras 
funciones,  el  fomento  y  la  defensa  de  la  autonomía  de  las  Entidades  Locales;  la 
representación  y  defensa  de  los  intereses  generales  de  las  mismas  ante  otras 
Administraciones Públicas; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el 
ámbito  local,  basado  en  la  autonomía  y  la  solidaridad  entre  los  Entes  Locales;  la 
prestación,  directamente  o  a  través  de  sociedades  o  entidades,  de  toda  clase  de 
servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de estas y cualquier 
otro fin que afecte de forma directa o indirecta a los asociados de la Federación. e.
Las Entidades Locales, sobre la base de las competencias en materia de consumo  w.
que tengan atribuidas, llevan a cabo una importante labor en ese ámbito, especialmente  05ww
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establecimientos comerciales a pie de calle y generándose la mayor parte del consumo 
en el comercio de proximidad.
La FEMP, en representación de las Entidades Locales, recoge la preocupación y el 
interés  de  las  mismas  por  lograr  una  mejor  y  más  intensa  coordinación  con  la 
Administración General del Estado en lo que se refiere a las políticas en materia de 
consumo, siempre dentro del respeto a la distribución de competencias recogidas en la 
Constitución Española; avanzar hacia una verdadera transición digital de las Oficinas 
Municipales  de  Información  al  Consumidor  (OMIC)  y  de  las  Juntas  Arbitrales  de 
Consumo; promover la mediación para evitar que los conflictos lleguen a los Tribunales; 
fomentar buenos hábitos de consumo y nutricionales; prevenir el «juego problemático», 
especialmente entre los jóvenes; así como dar formación de calidad a los técnicos 
locales y facilitar el intercambio y fomento de Buenas Prácticas en todas estas materias.
6. Que el artículo 51 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos la 
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, 
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, así como la 
promoción de la información y la educación de aquéllos.
La  cooperación  entre  las  diferentes  Administraciones  Públicas  en  el  ámbito  de 
consumo favorece un mejor cumplimiento de este mandato constitucional. El artículo 40 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, relativo a la Conferencia Sectorial de Consumo contempla el impulso de la 
cooperación  institucional  con  las  corporaciones  locales  a  través  de  la  FEMP, 
estableciendo,  en  su  caso,  órganos  permanentes  de  cooperación  institucional,  de 
conformidad con lo previsto en las bases de régimen local.
Así,  la  FEMP  ya  ha  venido  históricamente  colaborando  con  el  antiguo  Instituto 
Nacional de Consumo (desde 2001 a 2009 a través de un convenio cuyo objetivo era el 
mantenimiento de los canales de comunicación entre las OMIC, el Instituto Nacional de 
Consumo y la propia FEMP, para fomentar un mayor conocimiento de las actuaciones en 
consumo de las diferentes instituciones de defensa del consumidor, y llevar a cabo un 
mejor diseño y ejecución de actuaciones en esta materia). En esta misma línea, en 2002, 
se creó en la FEMP la Sección Red «UNIÓN OMICS» con el fin de realizar la articulación 
nacional de las OMIC de nuestro país. Y posteriormente, se vino manteniendo una 
relación  fluida  y  participando  activamente  en  la  Agencia  Española  de  Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde la FEMP mantenía representación. Además, se 
suscribió un nuevo convenio entre las partes en 2009 vigente hasta 2012.
7. Que, tal y como ha señalado la Comisión Europea, tan importante como el 
reconocimiento de derechos en materia de consumo, es establecer vías adecuadas para 
hacerlos valer. Para un acceso pleno de los consumidores a la justicia es esencial la 
existencia de vías sencillas, rápidas y gratuitas a través de las cuales se puedan hacer 
exigibles estos derechos. Y esto se hace a través de las OMIC y las Juntas Arbitrales de 
Consumo, por ser las más próximas a la ciudadanía. Y tras la reforma de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace necesario aclarar 
competencias municipales en materia de consumo, así como redefinir e impulsar el papel 
de las Entidades Locales en la defensa del consumidor.
8. Que en la actualidad nos enfrentamos a nuevos retos que hacen más difícil la 
defensa de las personas consumidoras en la sociedad de la información, como es el 
comercio  a  través  de  internet,  que  afecta  tanto  a  los  consumidores  como  a  las 
intervenciones municipales y de las administraciones públicas, o las nuevas formas de  es
consumo en las economías colaborativas. o
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responsable y sostenible.
Del mismo modo, se hace urgente coordinar e impulsar políticas que fomenten la 
alimentación  saludable,  en  todas  las  etapas  de  la  vida,  ofreciendo  garantías  de 
seguridad alimentaria e información de calidad a las personas consumidoras y agentes 
económicos del sector agroalimentario español.
En  este  sentido,  ha  venido  siendo  muy  útil  la  realización  de  programas  de 
educación, formación y sensibilización destinados a las personas consumidoras con 
carácter general, y con una especial atención a la formación dirigida a colectivos 
vulnerables, así como a jóvenes consumidores a través de programas municipales de 
formación en la escuela, sobre aquellos temas que pudieran serles de interés (consumo 
responsable y sostenible, seguridad alimentaria, nutrición, actividad física y prevención 
de la obesidad, etc.) y todas aquellas acciones encaminadas a conseguir consumidores 
críticos, responsables y solidarios, como la participación en las ediciones del Concurso 
Escolar Consumópolis.
9. Que las Partes consideran esencial la cooperación y la coordinación entre la 
Administración General del Estado y las Entidades Locales para fomentar la defensa 
efectiva  de  los  derechos  de  los  consumidores,  siendo  fundamental  que  todos  los 
Gobiernos locales sean involucrados en los planes y políticas que en este sentido se 
impulsen desde el Estado, estando decididas a profundizar e intensificar sus relaciones 
para la consecución de los objetivos generales anteriormente descritos.
Sobre la base del mutuo interés y de lo anteriormente manifestado, el Ministerio de 
Consumo –a través de la Dirección General de Consumo y la Dirección General de 
Ordenación del Juego–, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, las Partes), formalizan el 
presente Convenio Marco con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Convenio Marco tiene como objetivo establecer un marco general de 
colaboración permanente entre las partes firmantes para el diseño, desarrollo y ejecución 
de acciones de interés común en los ámbitos local y estatal en materia de protección de 
los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, dentro de los parámetros 
establecidos por la legislación vigente.
Segunda. Líneas de actuación.
Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, las partes 
participarán conjuntamente en la realización de las siguientes actuaciones:
1. Mejorar  la  coordinación  de  las  políticas  en  materia  de  consumo  entre  las 
Entidades Locales y la Administración General del Estado, mejorando los cauces para el 
envío  de  directrices  y  cuestiones  de  interés  a  las  OMIC,  transmitiendo  criterios 
consensuados de actuación o colaborando en campañas de información y promoción.
2. Dar una respuesta conjunta y coordinada para prevenir el «juego problemático», 
potenciando y colaborando con los ayuntamientos que lleven a cabo buenas prácticas 
relativas al control de locales de apuestas o que quieran potenciar la información y la 
educación en sus términos municipales, de manera que la participación en juegos de 
azar sea responsable y sostenible. e
3. Coordinar  e  impulsar  con  los  ayuntamientos  políticas  que  fomenten  la  bo
alimentación saludable en todas las etapas de la vida, ofreciendo garantías de seguridad  05ww
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principios de actuación correspondientes al proyecto «Healthy Cities» de la Organización 
Mundial de la Salud.
4. Revisar y mejorar el funcionamiento de las OMIC y del Sistema Arbitral de 
Consumo,  sobre  la  base  de  las  competencias  que  tienen  atribuidas,  introduciendo 
sistemas de calidad y promoviendo su transición digital a través de la implantación de 
procedimientos  electrónicos  para  la  tramitación  de  las  reclamaciones  de  consumo, 
facilitando la generación de datos sobre las consultas y reclamaciones que formulan los 
consumidores y usuarios ante las OMIC y sobre las resoluciones de las Juntas Arbitrales 
de Consumo, de manera que se disponga de información permanente y actualizada 
sobre las reclamaciones realizadas por los consumidores de los diferentes sectores, las 
empresas adheridas y los laudos y resoluciones derivadas de las Juntas Arbitrales, así 
como información de las propias OMIC (número, ubicación, existencia de Unidades 
Móviles, etc.), las inspecciones realizadas o cualquier otro tipo de información que se 
precise.
5. Reforzar el papel de la mediación municipal para resolver de modo eficaz los 
conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo en el territorio.
6. Fomentar  la  difusión  de  Buenas  Prácticas  de  las  Corporaciones  Locales  y 
propiciar  espacios  de  encuentro  que  posibiliten  el  intercambio  de  experiencias 
municipales en aquellas actuaciones relativas al consumo. De este modo las partes 
podrán colaborar en concursos, premios y convocatorias de cualquier otro tipo que 
fomenten la difusión y trasvase de experiencias entre las Corporaciones Locales.
7. Colaborar en el desarrollo de iniciativas dirigidas a la formación de calidad de los 
cargos  electos  y  técnicos  municipales  en  materia  de  consumo,  así  como  en  la 
generación de conocimiento a través de la realización y promoción de informes, actos, 
estudios o publicaciones que contribuyan a este fin.
8. Fomentar e impulsar Congresos Nacionales sobre Consumo y Derechos de los 
Consumidores, donde se difunda el conocimiento y experiencia en esta materia. Los 
mismos podrían ser bianuales, de manera que se retomen los Congresos Nacionales 
que se venían realizando sobre las OMIC.
9. Colaborar técnicamente en los grupos de trabajo que se constituyan, así como 
con el Grupo Técnico dependiente de la Comisión de Consumo y Comercio de la FEMP.
10. Potenciar las actividades y programas de educación, formación y sensibilización 
en materia de consumo de cara a la sociedad en general, a los consumidores y usuarios 
y a determinados colectivos vulnerables.
Tercera. Convenios específicos.
Cuando  así  fuera  necesario  para  la  mayor  concreción  y  determinación  de  las 
actuaciones a desarrollar en cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco o 
para la realización de programas o acciones específicas que así lo requirieran, las partes 
podrán adoptar convenios específicos en los que se determinarán los compromisos que 
asume cada una de ellas en relación con dichas actuaciones y, en su caso, los recursos 
que sean necesarios para tal fin.
Cuarta. Derechos y obligaciones generales de las Partes.
Las Partes firmantes del Convenio se comprometen a realizar cuantas acciones sean 
necesarias para su correcta ejecución, de tal modo que deberán facilitarse toda la 
información,  asistencia  técnica  y  colaboración  que  se  requiera  para  la  adecuada  e.e
ejecución de las actuaciones que les corresponden. b
Las actividades a desarrollar en virtud del presente Convenio Marco no implicarán  05ww
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Quinta. Consecuencias en caso de incumplimiento.
En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de las actuaciones conjuntas establecidas en la cláusula 
segunda, requerirá fehacientemente su cumplimiento dentro del plazo de 15 días desde 
la recepción de requerimiento, con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la comisión de 
seguimiento prevista en la cláusula siguiente del presente Convenio Marco.
Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará fehacientemente a la otra parte la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio Marco.
Sexta. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.
Al objeto de asegurar el cumplimiento del presente Convenio Marco, se establece 
una Comisión de Seguimiento, que se regirá por las disposiciones de la Sección 3.ª del 
Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y estará integrada por 
dos representantes de cada parte.
a) Por parte de la Administración General del Estado:
– La persona titular de la Dirección General de Consumo, o persona en quien 
delegue, a quien corresponderá la Presidencia de la Comisión.
– La persona titular de la Dirección General de Ordenación del Juego, o persona en 
quien delegue.
– La persona titular de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, o persona en quien delegue.
b) Por parte de la FEMP:
– La persona titular de la Secretaría General de la FEMP, o persona en quien 
delegue.
– La persona titular de la Dirección General de Igualdad y Política Institucional de la 
FEMP, o persona en quien delegue.
– La  persona  titular  de  la  Subdirección  de  Promoción  Económica,  Turismo  y 
Crecimiento de la FEMP, o persona en quien delegue.
Además, una persona funcionaria de la Dirección General de Consumo ejercerá las 
funciones de la Secretaría de la comisión.
Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos con carácter definitivo o 
temporal.
En relación con los representantes de la Administración General del Estado, cuando 
concurra alguna causa justificada, podrán ser sustituidos por los suplentes designados 
por ellos mismos, siendo en todo caso personal funcionario del órgano correspondiente.
En  el  caso  de  la  FEMP,  podrán  sustituir  a  sus  miembros  titulares  por  otros, 
acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y 
limitaciones que establezcan sus normas de organización.
Esta sustitución será anunciada en la convocatoria de la reunión correspondiente, y 
quedará debidamente reflejada en el acta de la misma.
Dicha comisión se reunirá al menos una vez al año y resolverá cuantas incidencias  s
pudieran surgir en el devenir de la ejecución del Convenio Marco. Asimismo, podrá  oe.
reunirse cuantas veces se considere necesario, dentro del plazo de vigencia del mismo y  w.
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Séptima. Régimen de modificación.
La modificación del Convenio Marco requerirá acuerdo unánime de las partes. En el 
supuesto de llevarse a cabo cualquier modificación se formalizará mediante adenda, 
conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el 
artículo 50.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octava. Vigencia.
El Convenio Marco resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles 
desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
El Convenio Marco tendrá una vigencia de un año, prorrogable por un año por mutuo 
acuerdo de las partes, hasta un máximo de cuatro años.
Novena. Tratamiento de datos.
Las partes se obligan a que el tratamiento de los datos de carácter personal derivado 
del presente Convenio Marco esté sujeto a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como a la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.
Tendrán carácter confidencial los documentos e información que entregue una de las 
Partes a la otra cuando se indique dicho carácter en el momento de la entrega. Se 
excluye  de  la  categoría  de  información  confidencial  toda  aquella  que  haya  de  ser 
revelada de acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad 
competente.
Décima. Propiedad Intelectual.
Las Partes autorizan el uso de sus logotipos y marcas en las actuaciones sujetas a la 
colaboración, en los términos y condiciones expresados en el presente Convenio Marco, 
conforme a la normativa vigente y únicamente durante el periodo de vigencia del mismo.
El  Ministerio  de  Consumo  y  la  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y 
Nutrición han de estar en sus actuaciones a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, 
de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se 
regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del 
Estado.
El Convenio Marco no dará derecho a ninguna de las Partes a usar a efectos 
publicitarios o en sus relaciones comerciales con terceros, ninguna marca comercial, 
signo distintivo, eslogan, emblema o traducción de los mismos que sean titularidad de la 
otra Parte.
Decimoprimera. Independencia y no exclusividad.
Las  partes  reconocen  y  acuerdan  que  actúan  como  personas  jurídicas 
independientes. e.e
La suscripción de presente Convenio Marco no supone la creación o constitución de  b
una relación laboral entre las partes, asociación, joint venture, franquicia o agencia, ni del  05ww
mismNoin gseu ndae rdivea rláans  opbalrigteasc iopnoedsrá q uvien ceuxlcaer daa no dtreal  ceonn cteonnitdroa tqous ec eoln m tiesrmceor oesx,p roe sfao.rmular
Mpraormcoe.sas o declaraciones en nombre de la otra Parte en virtud del presente Convenio
Ninguna de la Partes podrá exigir a la otra la realización de las actuaciones previstas 
en este Convenio con carácter exclusivo.
Decimosegunda. Extinción.
El  Convenio  Marco  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en cualquiera de las causas de resolución recogidas 
en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
a) El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta, cualquiera de las 
partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un 
determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. 
Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 
previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.
Decimotercera. Ley aplicable y jurisdicción competente.
Las partes someten el presente Convenio Marco a la legislación española.
Las  cuestiones  litigiosas  a  que  pueda  dar  lugar  la  interpretación,  modificación, 
efectos o resolución del presente Convenio Marco deberán resolverse de común acuerdo 
entre las partes, correspondiendo a la Comisión de Seguimiento intentar dirimir los 
conflictos planteados entre las mismas. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, al tener 
naturaleza  administrativa,  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes,  todo  ello  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  1  y  2  de  la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y para que conste, en prueba de conformidad, las partes firman dos ejemplares del 
presente Convenio Marco.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos Garzón Espinosa.–El 
Presidente  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  Abel  Caballero 
Álvarez.