BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73  Miércoles 18 de marzo de 2020  Sec. I.   Pág. 25853
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3824 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
I
La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. 
Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote 
de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una pandemia. Inicialmente 
localizado en la región china de Hubei, en las últimas semanas el brote de COVID-19 se 
ha propagado rápidamente por todo el mundo.
La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad 
inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de 
los ciudadanos. La economía se está viendo afectada por diversos canales, atendiendo a 
la evolución temporal y geográfica del brote de COVID-19, pudiendo distinguirse algunos 
factores:
En primer lugar, una afección inicial concentrada en China, con impacto sobre las 
cadenas de valor global, procedente de la reducción de plantillas y la capacidad de 
producción en uno de los principales centros logísticos de carácter internacional, localizado 
en la provincia de Hubei, en China.
La extensión a otros países ha acentuado las dificultades en las cadenas de 
suministros y afectado también a la demanda de exportaciones, especialmente en el sector 
turístico, así como a las decisiones de inversión de los agentes en un entorno de elevada 
incertidumbre.
Más allá de la caída de demanda externa, las medidas de contención tienen un impacto 
directo sobre la demanda y la actividad económica doméstica. El cierre de los colegios, la 
suspensión de actos públicos, y la prohibición de vuelos u otros transportes tienen un 
impacto directo sobre la demanda, de nuevo principalmente en el sector de turismo y 
servicios conexos, transporte, educación y cultura.
El necesario refuerzo en las medidas de contención resulta en la disrupción temporal 
y generalizada de la actividad económica, acentuado en un contexto de alta volatilidad de 
los mercados financieros. Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia 
internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones 
temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las 
medidas de cuarentena y contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación 
conjunta de demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las 
empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia 
y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.
En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar 
soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez 
finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. La  e.e
pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía  b
española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En  24ww
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y producción como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo 
y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos.
De acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea en su Comunicación del 13 de 
marzo, la respuesta a este desafío conjunto debe ser coordinada, con el apoyo de las 
instituciones y del presupuesto comunitario a las medidas nacionales. La pandemia 
del COVID-19 tiene una dimensión paneuropea pues su resolución tiene externalidades 
positivas para todos los Estados Miembros. En efecto, la contención del brote y de sus 
consecuencias económicas permite evitar su extensión a los países vecinos. El impacto 
final que la crisis sanitaria tenga para la economía europea dependerá de la coordinación 
de las autoridades nacionales y comunitarias. Estas últimas pueden y deben apoyar los 
esfuerzos individuales mediante la flexibilización de su normativa fiscal, la mutualización 
de los costes transitorios y la movilización de recursos comunitarios.
En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la 
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud 
pública, dentro del actual escenario de contención reforzada, coordinadas en el marco del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, junto con las 
adoptadas por otros países, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en 
particular sobre determinadas empresas y sectores de la economía española, así como 
sobre los ciudadanos de las zonas afectadas.
Este real decreto-ley de medidas urgentes da respuesta a las circunstancias 
económicas excepcionales señaladas, sumándose a las medidas adoptadas a nivel 
comunitario y completando las tomadas por el Gobierno en las últimas semanas.
El pasado 10 de marzo, el Gobierno adoptó un real decreto-ley para disponer que la 
situación de las personas forzadas a permanecer en su domicilio por razones sanitarias 
tendrá consideración de incapacidad temporal por accidente laboral. Además, el 12 de 
marzo se adoptó otro real decreto-ley con medidas urgentes de refuerzo del sistema 
sanitario, apoyo a familias y a empresas directamente afectadas, que moviliza recursos 
por importe de más de 18.000 millones de euros, incluyendo un refuerzo del sector 
sanitario de aproximadamente 3.800 millones de euros y medidas de liquidez y reducción 
de costes de las empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas y autónomos 
y en el sector turístico. Asimismo, se reforzó la capacidad de la Administración de 
reaccionar ante situaciones extraordinarias, agilizando el procedimiento para la 
contratación de todo tipo de bienes y servicios que sean necesarios.
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha 
requerido la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y 
prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, 
laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto.
También se adoptan ciertas medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud 
en todo el territorio nacional, al aseguramiento de suministro de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública, el abastecimiento alimentario, el 
suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y ciertas 
medidas también en materia de transportes. Por último, se acuerda la suspensión de 
plazos procesales y administrativos.
En el contexto actual, el presente real decreto-ley amplía las medidas ya tomadas con 
un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a 
evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a  es
la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas. o
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afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que
proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de 
favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores 
directamente afectados.
En las próximas semanas muchas empresas se van a enfrentar a importantes 
tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes tanto de una 
menor demanda como de la interrupción de la producción, por ejemplo, por falta de 
suministros o por rescisión de determinados contratos. Se hace por tanto indispensable 
adoptar determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la 
salida del mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta situación 
transitoria y excepcional.
De tal forma, este real decreto-ley se estructura en 5 capítulos, 43 artículos, 9 
disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 10 disposiciones finales y 1 anexo.
II
El capítulo I articula una serie de medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos 
vulnerables, que se ven particularmente afectados por las circunstancias actuales y, por 
ello, merecen una atención destacada en el presente real decreto-ley. Así, se adoptan 
medidas para garantizar la asistencia a domicilio de las personas dependientes, para 
ampliar la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de 
los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas 
hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables.
En primer lugar, se refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para 
hacer frente a las consecuencias sociales del COVID-19 mediante transferencias a las 
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar 
las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales.
El real decreto-ley establece, en segundo lugar, que las corporaciones locales 
disponen de una cantidad de igual cuantía del superávit del ejercicio 2019 para financiar 
las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios 
sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia 
de Servicios Sociales.
En tercer lugar, se amplía la cobertura de colectivos vulnerables en el ámbito del 
suministro de servicios públicos esenciales, en particular en el ámbito del agua, el gas 
natural y la electricidad, y se congelan los precios correspondientes a los gases licuados 
del petróleo. El servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano 
es un servicio esencial que debe quedar garantizado, especialmente, en las actuales 
circunstancias. Con este fin, se imposibilita el corte de suministro de agua por 
incumplimiento de contrato a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, 
entendiendo por tales los que tienen esa condición conforme a la normativa en materia del 
sector eléctrico. Esta medida se aplica igualmente a los consumidores de gas natural.
Asimismo, en estas circunstancias, los suministros energéticos adquieren, si cabe, una 
naturaleza aún más esencial, especialmente para los consumidores más vulnerables.
Por ello, para evitar que los beneficiarios del bono social eléctrico dejen de percibir los 
descuentos y beneficios previstos en la normativa, en el caso de que agoten el plazo de  s
vigencia de dos años previsto en la normativa vigente, se prorrogará de forma automática  oe.
dicho plazo de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020. Además, se suspende la  w.
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En cuarto lugar, con el fin de ejecutar las medidas de contención previstas por la
normativa aplicable, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad  Bc
empresarial y las relaciones laborales, se priorizarán los sistemas de organización que
permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio 
del trabajo a distancia, debiéndose facilitar las medidas oportunas para hacerlo posible. 
Para ello, se facilitan los trámites previstos por la normativa aplicable y se pondrá en 
marcha un programa de financiación del material correspondiente mediante la activación 
de ayudas y créditos para PYMEs dentro del programa ACELERA PYME de la empresa 
pública RED.ES.
Las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias dirigidas a reducir la expansión 
del COVID-19 han puesto de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no 
presencial, en aquellos puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de 
reducir la probabilidad de exposición y contagio por COVID-19.
Gracias a las herramientas informáticas y digitales, pueden realizarse las tareas 
laborales diarias desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo reuniones online, 
llamadas «virtuales» vía voz, videoconferencias o envío de documentos internos.
Para las empresas y puestos en los que la modalidad del trabajo no presencial no 
estaba implementada con anterioridad, la urgencia de la actual situación de excepcionalidad 
exige una relajación de estas obligaciones, con carácter temporal y exclusivamente a los 
efectos de responder a las necesidades sanitarias de contención actualmente vigentes.
Asimismo, en quinto lugar, se establecen medidas para favorecer la conciliación 
laboral, mediante el derecho de los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes 
de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas 
con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de 
su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario. Resulta imprescindible 
evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora al trabajo 
ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, multiplicadas en la 
situación actual ante el cierre de diversos establecimientos públicos o concertados, como 
centros escolares, residencias de mayores o centros de día.
A estos efectos debe recordarse que, pese a la reciente derogación del artículo 52 d) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la falta de asistencia injustificada es causa de 
despido disciplinario, conforme al artículo 54.1 de dicho cuerpo legal. Resulta obligado, por 
tanto, configurar las garantías necesarias para que las personas que se vean en la 
situación referida puedan atender a sus obligaciones personales de cuidado sin verse 
afectadas negativamente en el ámbito laboral.
Se procede, en este contexto, a definir la situación que justifica la ausencia, 
estableciendo derechos alternativos como es el derecho de adaptación, frente a la 
ausencia durante toda la jornada, susceptibles de generar menos efectos adversos tanto 
en la persona trabajadora como en la propia empresa.
Esta configuración beneficiosa para la persona trabajadora es consecuente con el 
hecho de que no va a percibir retribución ni prestación alguna durante la situación de 
emergencia. Ello implica que tenderá a solicitar preferentemente la adaptación de la 
jornada, que le permite mantener el trabajo y su retribución, o reducciones de intensidad 
baja a efectos de perder la mínima cuantía retributiva.
Una de las cuestiones principales que este fenómeno está poniendo de manifiesto es 
la necesidad de asegurar que las empresas están preparadas para actuar en un entorno 
digital. Por ello, es esencial hacer un esfuerzo decidido por la preparación y dotación de 
las pymes al desarrollo digital. Especialmente relevante en este contexto es la dotación de 
soluciones de teletrabajo y la compra y leasing de equipamiento y servicios para la 
digitalización. Para ello se disponen diversas medidas de apoyo a las pymes desde el  es
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el Programa Acelera  o
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formar a las PYME en estas materias, así como la creación de una línea de ayudas a
las PYME tecnológicas para apoyar sus esfuerzos de I+D+i. Se prevé asimismo dotar a las 
empresas de una financiación de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de 
Crédito Oficial para atender las necesidades financieras de las pymes en sus actividades 
e inversiones, para la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización 
entre otras y, en particular, para la dotación de soluciones de trabajo no presencial.
El presente real decreto-ley adopta una medida de carácter urgente dirigida a asegurar 
la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la aprobación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La atención 
de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad es una de las prioridades 
estratégicas del Gobierno y en las actuales circunstancias deben ser un colectivo 
especialmente protegido.
Por ello es de especial importancia garantizar el derecho a la vivienda a los deudores 
hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos como 
consecuencia  de  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19.  Anteriormente,  el  Real 
Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia 
económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; y la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, recientemente modificada por el 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; ya habían 
establecido medidas de protección a los deudores hipotecarios. La experiencia acumulada 
tras la crisis financiera de 2008 aconseja ampliar significativamente la protección a este 
colectivo para que puedan acceder a una moratoria en el pago de sus hipotecas y evitar la 
pérdida de sus viviendas. Adicionalmente, esta medida también beneficia a las entidades 
financieras en la medida que ayuda a contener la morosidad en una situación extraordinaria, 
como la actual.
En sexto lugar, se pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente 
afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de 
actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo 
caso involuntaria.
En  séptimo  lugar,  se  establecen  ciertas  medidas  también  en  materia  de 
telecomunicaciones que, además de estar constituidas por redes y servicios que 
legalmente han sido calificadas de interés general, presentan un indudable carácter 
transversal para la realización de un número creciente de actividades económicas, sociales 
y ciudadanas, hasta el punto de que muchas de ellas requieren en la actualidad el uso 
imprescindible de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Este carácter cada vez más imprescindible y estratégico que revisten las redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas se hace más patente aún en situaciones tan 
excepcionales y extraordinarias como las ocurridas por la crisis sanitaria ocasionada por 
el virus COVID-19 y la reciente declaración del estado de alarma.
Así, el trabajo no presencial se configura como un instrumento de primer orden para 
poder conjugar las necesarias medidas de aislamiento y contención en la propagación del 
virus y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades 
empresariales, económicas y sociales. Para permitir el trabajo no presencial, resulta 
imprescindible contar con unas modernas redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, 
que garanticen la conectividad y el mantenimiento de la calidad oportuna para gestionar  es
todo el tráfico incremental que en estas situaciones tan excepcionales se genera a través  o
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ocio, entre otras muchas.
Para garantizar que los ciudadanos, en las situaciones de contención y de movilidad 
reducida que ha supuesto la citada declaración del estado de alarma, puedan seguir 
accediendo a estos servicios y actividades es imprescindible asegurar el mantenimiento de 
la conectividad y que los servicios de comunicaciones electrónicas se sigan prestando por 
los operadores, al menos, en las mismas condiciones que en la actualidad.
Por ello, se establece la medida de que, mientras esté en vigor el estado de alarma, 
los operadores de telecomunicaciones deben mantener los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes, de forma que no podrán 
suspenderlos o interrumpirlos, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de 
servicios suscritos entre operadores y consumidores.
Asimismo, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del 
servicio universal de telecomunicaciones. En particular, y mientras esté en vigor el estado 
de alarma, el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas designado para la 
prestación del servicio universal de telecomunicaciones garantizará la prestación de los 
elementos que integran el servicio universal de telecomunicaciones y mantendrá, como 
mínimo, el conjunto de beneficiarios actuales, así como la calidad de la prestación del 
conjunto de servicios que conforman dicho servicio universal, con especial referencia a la 
prestación del servicio de acceso funcional a Internet y a las condiciones de asequibilidad 
del servicio universal de telecomunicaciones.
Por otra parte y en aras de evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse 
físicamente a centros de atención presencial a clientes de los operadores de 
telecomunicaciones o de que estos tengan que realizar intervenciones físicas en los 
domicilios de los clientes, se establecen determinadas limitaciones a la suscripción de 
servicios de comunicaciones electrónicas que requieran de portabilidad numérica, de 
forma que, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las 
operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en 
casos excepcionales de fuerza mayor.
En último lugar a efectos de poder garantizar el cumplimiento por parte de los 
consumidores de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 467/2020, de 14 de marzo, y 
que limita su libertad de circulación y, por tanto, sus desplazamientos y en coherencia con 
la interrupción de plazos procesales y administrativos previstos en sus disposiciones 
adicionales segunda y tercera, se decreta la medida excepcional de interrupción de los 
plazos de devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, presencial u 
on-line. Dado que el derecho de desistimiento de los consumidores respecto de productos 
adquiridos suele estar sujeto a un límite temporal, se deben interrumpir los plazos de 
devolución para garantizar que puedan ejercerlo sin contravenir el Real Decreto 463/2020.
III
El capítulo II establece las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste 
temporal de actividad para evitar despidos.
Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción 
temporal de la jornada (ERTEs) persiguen evitar que una situación coyuntural como la 
actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo. A la luz de la 
experiencia internacional, este tipo de medidas que tienen por objetivo la flexibilización y 
agilización de los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura, 
tanto para los trabajadores como para los empresarios, contribuye a minorar el impacto 
negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se priorizará el mantenimiento  s
del empleo sobre la extinción de los contratos. oe.
Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia  w.
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organizativas o de producción.
Asimismo, ante la extraordinaria situación de gravedad, en el presente real decreto ley  Bc
se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que
tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo 
de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la 
suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo 
dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de 
percepción legalmente establecidos. En circunstancias normales, durante un ERTE el 
trabajador puede acceder a la prestación contributiva por desempleo si cuenta con el 
periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, este periodo le 
computa a efecto de los periodos máximos de percepción de la prestación.
Por su parte, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en 
los casos de fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, otra de las novedades 
incorporadas, es la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación 
empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota 
cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se 
comprometan a mantener el empleo. Hasta ahora, sólo en los casos en los que la fuerza 
mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total 
o parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el 
empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Así, junto 
con el aplazamiento bonificado de impuestos incorporado en el Real Decreto-ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19, se contribuye a reducir el coste de mantenimiento de las 
empresas gravemente afectadas por la paralización de la actividad económica con motivo 
del COVID-19.
De esta manera, además de aliviar los costes en los que incurren las empresas, se 
incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado. Es decir, se recupera a los 
trabajadores que cuentan con la formación para la actividad en cuestión y que conocen la 
empresa.
IV
El capítulo III establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la 
actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación 
generada por el COVID-19.
En primer lugar, con el fin de fomentar los objetivos anteriores, esta norma prevé la 
aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de 
hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva 
financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de 
dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre 
otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, 
incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para 
facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19. 
El Consejo de Ministros establecerá las condiciones y requisitos aplicables para que la 
línea esté operativa de manera inmediata.
Asimismo, como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad 
de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del 
Estado en 10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las 
empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO 
de financiación ya existentes. De este modo, el Instituto de Crédito Oficial adoptará todas 
las medidas precisas para ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito  s
de las empresas, sin poner en riesgo el necesario equilibrio financiero del Instituto de  oe.
Crédito Oficial. w.
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En tercer lugar,se agilizan los trámites aduaneros de importación en el sector industrial.
Uno de los riesgos más importantes en este momento es que pudiera verse afectada la  Bc
cadena de suministros de mercancías procedentes de países terceros y, en menor medida,
la paralización de exportaciones por el cierre de Dependencias y de Administraciones de 
Aduanas e Impuestos Especiales porque alguno o varios de sus funcionarios se viesen 
afectados por el COVID-19 y hubiese que tomar las medidas previstas para este caso.
La solución a este potencial problema consiste en atribuir al titular del Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la 
competencia para acordar que el despacho aduanero, de forma excepcional por 
necesidades de servicio derivadas de la actual situación, sea realizado a través de las 
aplicaciones informáticas existentes para el despacho aduanero sin necesidad de 
modificación de las mismas por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e 
Impuestos Especiales.
En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 
puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones 
tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para 
atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación 
de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, 
resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para 
favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar 
con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e 
información de trascendencia tributaria de que se trate. A tal efecto, se ha tenido en 
cuenta lo dispuesto sobre suspensión de plazos administrativos para el ámbito de los 
procedimientos de entidades del sector público a que se refiere la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 20 de marzo, de declaración del estado de alarma 
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, si bien con un ámbito 
especial y más concreto, el de ciertos procedimientos tributarios, y con un horizonte 
temporal a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de 
alarma.
Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se 
flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, 
así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.
Además, para garantizar la adecuada tramitación de los procedimientos ordinarios 
iniciados en el seno de la Dirección General del Catastro y garantizar la atención a los 
actos de trámite ya dictados a la entrada en vigor de este real decreto-ley o que se dicten 
desde entonces, se amplía con carácter general el plazo de contestación a los 
requerimientos formulados por este centro directivo.
En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el 
empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, 
impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que 
integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, 
las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración local y todos 
sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un impacto estructural 
negativo sobre esta parte del tejido productivo.
Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la 
Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del 
sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los mismos.
Por último, se incorpora en este capítulo una disposición que permita facilitar que, de 
manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de 
explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al amparo de las 
órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017,  es
de 31 de julio y Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases  o
rafasieonvmgasaoutlneelracsntidi izemdoareriacea silnsóa t  npopS  raododrcelaeoi  e nlladlagosa as cder o  xpAnhprcnaéleoóssstntatiaiaómc mnioea onn dEes es us ts snaquu tubaasevlcñ  edrosinet,eo c  Cqishou.aan euyeE acsspin ótop anadú  cArbmoálgig cersiaaddersoiidr a  daa,d e  aeessc tseuictnreeaav rriddteriapáenson c   piadcaao e,rl n aape   lrola aébspsst eteeearngnmiocutioiddróasoan,r d   dddeeeeesl      OE-A-2020-3824able en https://www.
modo que las especiales circunstancias que ahora atraviesan no pongan en peligro su
viabilidad futura, dando un año de margen adicional para la devolución del importe 
adeudado, sea mediante carencia adicional, sea reprogramando las devoluciones.
V
El capítulo IV establece medidas de apoyo a la investigación sobre el COVID-19.
La lucha contra el COVID-19 sigue siendo un objetivo prioritario de la acción de 
Gobierno, fomentando la investigación sobre la enfermedad para el desarrollo de 
medicamentos eficaces y vacunas, que ayuden a contener el impacto de futuros brotes. El 
control efectivo de la pandemia es el primer elemento determinante para minimizar el 
impacto económico. Un control efectivo debe hacerse no solo mediante el refuerzo de 
medidas de contención, sino también fomentando la investigación de base sobre la 
enfermedad tratando de anticiparse y desarrollando tratamientos y vacunas que impidan 
nuevos escenarios de contagios generalizados.
Para ello, se establecen medidas extraordinarias en el ámbito laboral para el ámbito de 
las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que hayan de desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión de 
la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus COVID-19.
En este sentido, se habilita la posibilidad de establecer jornadas laborales 
extraordinarias, sin sujeción a las reglas generales sobre jornada y horarios del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, para el personal funcionario y laboral al 
servicio de las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y que resulte imprescindible para la mejor atención de las obligaciones en 
materia científica, de investigación e innovación, así como de gestión de los servicios 
mínimos que resulten necesarios para dar lugar al cumplimiento de las obligaciones y 
competencias de dichos organismos y departamento ministerial, con la correspondiente 
contraprestación retributiva que proceda.
En el ámbito presupuestario, para dar cumplimiento a estas medidas específicas en el 
ámbito del Ministerio de Ciencia e Innovación y de los organismos públicos de investigación 
de la Administración General del Estado, no se aplicarán los límites y requerimientos 
establecidos en los apartados sexto y séptimo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 
de diciembre de 2019 por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga 
para 2020 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019, se formaliza 
la distribución por Secciones y se aprueban medidas para reforzar el control del gasto 
público, a los expedientes de gasto necesarios para la gestión de la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19.
Se autorizan igualmente mediante este real decreto-ley una serie de créditos 
extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación, a fin de poder 
dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de 
los recursos presupuestarios precisos a efectos de hacer frente a los retos científicos y de 
investigación derivados de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
A efectos de garantizar la necesaria agilidad en los procedimientos de concesión de 
ayudas públicas en el marco de la investigación científica y técnica precisa para abordar la 
emergencia sanitaria, se exceptúa de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, a aquellas disposiciones dinerarias realizadas por 
el Instituto de Salud Carlos III o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que 
se efectúen a favor de personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sin 
contraprestación directa de los beneficiarios. s
También se articula a través de la presente norma la autorización para la realización  oe.
de cualquier actividad de liberación voluntaria y utilización confinada con organismos  w.
mdlibeoe d2rai5fic cdiaóedn o avsbo rgliule,n nptéaotriric aala my  qecunoetme s,e epr creeiasslteiaznabtclaeidócane   ode elq  ruOéegM ismGee ,p nsr eijeusmreídnpitrceeo  c qdounee   alatre rnuegtgialliozn a apc iolóarn  Lo ecboyje n9tfoi/n2 ao0d 0sa3e,,    2020-3824n https://ww
demuestre su utilidad para prevenir, combatir o contener la epidemia de coronavirus
provocada por el virus SARS-CoV-2019 (SARS-2), sin necesidad de esperar a la  Bc
finalización del plazo de comunicación e información pública, en los casos que sea
preceptivo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, 
de 25 de abril.
Finalmente, se procede mediante este real decreto-ley a la modificación del Fondo de 
Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera I+D+I, a efectos de permitir la 
financiación de proyectos de I+D+I empresarial de PYMES y empresas de mediana 
capitalización, mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos gestionados por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
VI
Finalmente, el capítulo V establece medidas adicionales para permitir una respuesta 
adecuada a la situación excepcional, entre las que destaca un régimen particular para la 
suscripción de convenios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus COVID-19.
Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de 
los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado e igualmente se 
establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas. Por otro lado se interrumpe 
el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para que el deudor que se 
encuentre en estado de insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de 
concurso.
Las Disposiciones Adicionales segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevén la suspensión de los plazos 
administrativos, de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos.
Ello no obstante, para la plena salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, se 
hace necesario suspender el plazo de caducidad de los asientos registrales hasta que 
pueda proveerse lo necesario para la inscripción, prórroga o cancelación correspondiente 
medida esta que introduce este real decreto ley.
Las modificaciones de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la 
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se operan por medio de las 
disposiciones finales segunda y tercera de este real decreto-ley no pueden ser aprobadas 
mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues ello implicaría que, 
hasta la aprobación de tales reformas legislativas, la estructura de órganos colegiados del 
Gobierno no estaría en condiciones de desarrollar sus funciones con arreglo a las 
necesidades organizativas apreciadas en el momento actual por la Presidencia del 
Gobierno, motivo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la situación y la 
conexión con ella de las medidas adoptadas.
El reciente impacto de la crisis global desencadenada por el COVID-19 sobre los 
mercados bursátiles mundiales, supone una amenaza cierta para las empresas españolas 
cotizadas, pero también para las no cotizadas que están viendo mermado su valor 
patrimonial, muchas de ellas de los sectores estratégicos de nuestra economía, de que se 
lancen operaciones de adquisición de las mismas por parte de inversores extranjeros.
Todo ello explica la extraordinaria y urgente necesidad de acometer con urgencia la 
modificación del actual modelo de control de las inversiones extranjeras para introducir  s
mecanismos de autorización ex ante de las citadas inversiones. oe.
En consecuencia, en la disposición final cuarta de este real decreto-ley modifica la  w.
Ltnreuayen vs1oa9 c/a2cr0iot0ínc3eu, sldo e es c4eo  dneeós mjtuailcbioal,es sc oecbo qrneu  eerél  gleaixmst eeIErnio Djur,,r  íaedñsictaood  ideeesn  dloaosq  uumenol lvnaiusm eirveeona tloaizsrat íddceua lscoa  pp7oi tbra ilisen.sv  Eey nrds eoe rsleatess    2020-3824n https://ww
residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre
Comercio, quedan suspendidas por motivos de seguridad pública, orden público y salud  Bc
pública, en los principales sectores estratégicos de nuestro país, cuando como
consecuencia de la inversión el inversor pase a ostentar una participación igual o superior 
al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de 
la operación societaria, acto o negocio jurídico se tome el control del órgano de 
administración de la sociedad española. Asimismo, quedan suspendidas aquellas 
inversiones que, dándose las circunstancias antes señaladas de participación en el capital 
social y toma de control, procedan de empresas públicas o de control público o de fondos 
soberanos de terceros países.
Finalmente, se procede mediante este real decreto-ley a la modificación del Fondo de 
Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera I+D+I, a efectos de permitir la 
financiación de proyectos de I+D+I empresarial de PYMES y empresas de mediana 
capitalización, mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos gestionados por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
VII
La adopción de medidas de carácter económico mediante real decreto-ley ha sido 
avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y 
razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura económica exige una 
rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la 
adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo 
ordinario podría generar algún perjuicio.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el 
fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro 
Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, 
F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación 
concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever 
requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de 
emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente declaración 
de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y 
urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención y 
prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación 
para proteger la salud pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico 
para afrontar sus consecuencias.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se 
inscribe  en  el  juicio  político  o  de  oportunidad  que  corresponde  al  Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, 
de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas 
en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad 
que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley 
constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones 
expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997,  s
de 20 de octubre, FJ 3). oe.
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las  w.
iranels gDtuiteluarcedicoohnso ee sen l beeácl stToicrítaauls log d eIe ndle eEr aslalt.a Cdoo,n sat iltousc idóenr, eaclh roésg,i mdeebne drees l ays  liCboemrtaudneidsa ddee slo Asu ctóiundoamdaans onsi   2020-3824n https://ww
Este real decreto-ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de  Bc
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y 
eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. La 
norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, 
se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este 
real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas 
para los ciudadanos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los Ministros de Hacienda, de 
Interior, de Trabajo y Economía Social, de Industria, Comercio y Turismo, para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Sanidad, de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 
Ciencia e Innovación, de Consumo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
Agricultura Pesca y Alimentación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 17 de marzo de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables
I
Artículo 1.  Concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario 
destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19.
1.  Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un 
suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe 
de 300.000.000 euros, en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 «Protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales».
La financiación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes 
transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las 
prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, 
diputaciones  provinciales,  o  las  corporaciones  locales,  que  tengan  por  objeto 
exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. Este 
Fondo podrá destinarse a la financiación de proyectos y las contrataciones laborales 
necesarias para el desarrollo de las siguientes prestaciones:
a)  Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los 
cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente 
los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia,  e.
compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros  w.
servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de  24ww
ccounatlqaugiieor.  oEtsroto ds es aenrváicloiogsa  cnoamtuprarelenzdae nq ulae  saey updrae sate d eonm eicl idlioo menic itliood daes  lsau pse mrsoodnaal iduasudaersi ay.
dombic) iliaIrniac rdeem menatnaerr ay  qreuefo irnzcarre mele fnutnecni oenl aritmmieo ndteo  cdoen tlaocst odsi sdpeo vseitrivifoicsa cdióen t eyl elaa vsiigsitleanncciiaa   BOE-A-cable e
de la población beneficiaria de dicho servicio.
c)  Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios 
de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando 
la suspensión de atención diurna en centros.
d)  Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y 
medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden 
estén debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia 
como en intensidad, de los mismos.
e)  Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en 
caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por 
prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.
f)  Adquisición de medios de prevención (EPI).
g)  Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a 
las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de 
urgencia o de inserción.
h)  Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a 
personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a 
su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.
i)  Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios 
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a 
personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente 
justificadas.
3.  Los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones 
o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios 
existentes u otros nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el empleo 
de los fondos y las prestaciones señaladas en el punto anterior.
Artículo 2.  Distribución del Fondo Social Extraordinario entre las comunidades autónomas 
y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
1.  El Fondo Social Extraordinario se distribuirá entre todas las comunidades 
autónomas, tanto las de régimen común como las de régimen foral, y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.
2.  La distribución territorial de los créditos destinados a las comunidades autónomas 
y a las Ciudades de Ceuta y Melilla para el reforzamiento de los servicios sociales al que 
se refiere este real decreto-ley se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, 
utilizando las siguientes variables distributivas: población (pondera al 90 %); dispersión 
(pondera al 1,5 %); grandes urbes –ciudades de más de 500.000 habitantes– (pondera 
al 0,7 %); población dependiente mayores de 65 y menores de 16 (pondera al 2,3 %); 
superficie (pondera al 5%); insularidad: (pondera al 0,5 %). A La Rioja se le garantiza 
el 1,5 % y a Ceuta y Melilla el 0,5 %.
Asimismo, a las ciudades de Ceuta y de Melilla se le incrementan en 100.000 euros a 
cada una de ellas, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2007 por el que se autoriza al Ministro de Administraciones Públicas a suscribir un 
acuerdo por el que se adoptan medidas para la mejora del autogobierno de las ciudades 
de Ceuta y Melilla y el desarrollo de diferentes instrumentos de cooperación con la 
Administración General del Estado.
Artículo 3.  Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y  b
aplicación en 2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la  24ww
se pL1o.ed yr áEre ld gseuuslpatiednroaárrva pi td aperra el asfsiun pHaunaeccsiiaetarn rgdioaa ssdt eoL sol acdsae lee insn.tvidearsdieósn  lionccaluleidso cso errne slap opnodlíieticnate d ael  agñaost o2 02139,   OE-A-2020-38able en https://
«Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades 
Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter 
excepcional ya lo exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas 
en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.
Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo 
del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.
2.  En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán 
incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus 
presupuestos generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y 
se asignen a municipios que:
a)  Cumplan  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  sexta  de  la  Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
b)  o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de 
acuerdo con dicha norma.
Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit 
una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto de 
seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.
II
Artículo 4.  Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
1.  Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley los 
suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro 
a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, 
vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.
2.  Se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia 
del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad 
a dicha fecha el plazo previsto en el artículo 9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre.
3.  A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley se suspende la vigencia de 
los siguientes artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados:
a.  Los artículos 3.5 y 6 de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se 
actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de 
determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización, para los siguientes tres bimestres.
Durante el periodo de suspensión estarán vigentes los precios máximos establecidos 
en la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Política Energética  es
y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos,  o
depe ei tnlrofbóes.ler  igooaE rc slaoe a ms2r t0loíicc  ckuuagalor,d b eo1uxs0rc a,d lnauetsiled íp .ocesot rmlóolose  oee lne avnapvsaaerstsaa dddooes  s,m eeegnzu ecnnldavo ap sdaeeras l  adu esd oicssap rodgseai c liogiósun ag al aods isecuisop nleicaruli oaúrdn aoic s8a   dkdgee,l    2020-3824n https://www.
la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo
de la tarifa de último recurso de gas natural, para los siguientes dos trimestres.
Durante el periodo de suspensión estarán vigentes los términos de la tarifa establecidos 
en la Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.
III
Artículo 5.  Carácter preferente del trabajo a distancia.
Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente 
norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las 
relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad 
sanitaria.
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la 
actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, 
debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente 
posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas 
alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad.
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el 
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los 
términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora.
Artículo 6.  Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.
1.  Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder 
a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el 
presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las 
actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria 
la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas 
en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de 
cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Asimismo, se 
considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones 
adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen 
cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o 
atención a la persona necesitada de los mismos. También se considerará que concurren 
circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando 
la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de 
cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir 
haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.
El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los 
progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de 
las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser 
justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa,  e.
particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al  w.b
mismo en la misma empresa. 24ww
resuLeoltso sc opnofrl ilcat ojusr iqsduiec cpióund iseoracnia lg ae ntrearvaérss ed epl oprr olac eadpimlicieancitóon e sdtealb plerceisdeon eten  aerl taícrtuíclou lsoe 1rá3n9 
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conciliación a todos los efectos.
2.  El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias 
excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial 
corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre 
y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las 
necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 
debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y 
persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.
El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de 
trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste 
permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del 
presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 
flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, 
cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a 
distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la 
empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en 
cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente 
norma,, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.
3.  Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada 
de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, 
cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de 
este artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que 
se exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los 
artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que 
atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas 
que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.
La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas 
de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin 
que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías 
establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto 
de los Trabajadores.
En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona 
trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la 
situación de la empresa.
En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que 
el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.
4.  En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una 
adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos 
o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento 
laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente 
a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que 
concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este 
artículo, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis 
sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la 
persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de 
organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable 
y proporcionada salvo prueba en contrario.
IV e
Artículo 7.  Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. 24ww
paraS lea  easdtqaubilseiccieónn  mdee dlaid vaivsi ecnodnad uhcaebnittueasl  ad ep rqoucieunraers l ap amdoercaetno reiax tdraeo lrad idneauridaas  dhiifpicouteltcaadreias 
para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19 desde este artículo y
hasta el artículo 16 de este real decreto-ley, ambos incluidos. Bc
Artículo 8.  Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición 
de vivienda habitual.
1.  Las medidas previstas en este real decreto-ley para la moratoria de deuda 
hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual se aplicarán a los contratos de préstamo 
o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos 
de vulnerabilidad económica establecidos en el artículo 9 de este real decreto-ley y que 
estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.
2.  Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del 
deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 
establecidas para el deudor hipotecario.
Artículo 9.  Definición de la situación de vulnerabilidad económica.
1.  Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 quedan definidos con el siguiente tenor:
a)  Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 
ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 
sustancial de sus ventas.
b)  Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, 
en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
i.  Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
ii.  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la 
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por 
cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
iii.  Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 
años miembro de la unidad familiar.
iv.  En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 
incrementos acumulados por hijo a cargo.
v.  En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los 
casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco 
veces el IPREM.
c)  Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o 
igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 
unidad familiar.
d)  Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido 
una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 
acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto siguiente.
2.  A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: bo
cmuualtnaipd) loic Qaedlu oee s psfouere  harazl  omp rqeoundeou scr ie1dp,o3r e.usnean atelt elraa cciaórng asi ghnipifoictaetcivaari ad es olabsr ec irlacu rnesnttaan cfaiams ileiacro nsóem hiacyaas   2020-3824n https://ww
b)  Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al
menos del 40 %. Bc
c)  Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que 
residan en la vivienda.
Artículo 10.  Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.
Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos 
de vulnerabilidad económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor 
principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el 
Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en 
el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.
Artículo 11.  Acreditación de las condiciones subjetivas.
1.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 9 se acreditará 
por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes 
documentos:
a)  En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la 
entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b)  En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado.
c)  Número de personas que habitan la vivienda:
i.  Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
ii.  Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y 
a los seis meses anteriores.
iii.  Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 
realizar una actividad laboral.
d)  Titularidad de los bienes:
i.  Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los 
miembros de la unidad familiar.
ii.  Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía 
hipotecaria.
e)  Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real 
decreto-ley.
Artículo 12.  Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias.
Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán 
solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real  e.
decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la  w.b
adquisición de su vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de  24ww
moratoria, la documentación prevista en el artículo 11.
Artículo 13.  Concesión de la moratoria.
1.  Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 de 
este real decreto-ley, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo 
máximo de 15 días.
2.  Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de 
España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el 
cómputo de provisiones de riesgo.
Artículo 14.  Efectos de la moratoria.
1.  La solicitud moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará la suspensión de 
la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente 
inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento 
anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.
2.  Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el presente 
capítulo la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno 
de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni 
íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.
Artículo 15.  Inaplicación de intereses moratorios.
1.  En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria 
en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas 
y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la 
aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.
2.  Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos 
de los regulados en el presente real decreto-ley.
Artículo 16.  Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas para 
la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria.
1.  El deudor de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese 
beneficiado de las medidas de moratoria en este real decreto-ley sin reunir los requisitos 
previstos en el artículo 9, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido 
producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de 
flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del 
deudor pudiera dar lugar.
2.  El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 
indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma.
3.  También incurrirá en responsabilidad el deudor que, voluntaria y deliberadamente, 
busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la 
finalidad de obtener la aplicación de estas medidas, correspondiendo la acreditación de 
esta circunstancia a la entidad con la que tuviere concertado el préstamo o crédito.
V
Artículo 17.  Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria  s
ocasionada por el COVID-19. oe.
1.  Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en  24ww
vailgaormr ad epl aRrae alal  Dgeesctrieótno  d4e6 3la/ 2s0it2u0a,c idóen  1d4e  dceri smisa srazon,it aproiar  oecl aqsuieo nsaed ad epcolra real  CelO eVsItDad-1o9 ,d eo 
hduarsatan tee l múáltsim doe  duína  mdeesl ,m loess t reanb aqjuaed ofirneasl ipcoer  dciucehnot ae pstraodpoia  doe a aultaórnmoam, odse,  cpuryoalosn agcatirvsied aédsetes 
queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro
caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que 
se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.
b)  En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud 
de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su 
facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre 
anterior.
c)  Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que 
en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a 
la protección.
2.  La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando 
el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el 
artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de 
cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente 
al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
3.  La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá 
una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que 
finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración 
superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los 
períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho 
en el futuro.
4.  La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de 
Seguridad Social.
5.  Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado 
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este artículo.
6.  La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el 
artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
VI
Artículo 18.  Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones 
electrónicas y la conectividad de banda ancha.
Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas  e
proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los  bo
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus  24ww
csluiesnpteensd ae rfleocsh oa  idnetel rirnuimciop irdloes l ap oarp lmicoatcivióons  ddeisl teinsttoasd oa  ldoes  adlea rimntae,g dried afodr my ase qguueri dnaod p doed rláans 
rdeed elas  Lye dye 9 lo/2s0 s1e4r,v diceio 9s  ddee  cmoamyuon, icGaecnioenraels  deele Tcetrlóencoicmasu,n siceagcúionn sees d, eafuinneq ueen  ceol anrsttíec udloic h4a4 
posibilidad en los contratos de servicios suscritos por los consumidores.
Artículo 19.  Garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.
1.  Mientras esté en vigor el estado de alarma, el proveedor de servicios de 
comunicaciones electrónicas designado para la prestación del servicio universal de 
telecomunicaciones garantizará la prestación de los elementos que integran el servicio 
universal de telecomunicaciones y mantendrá, como mínimo, el conjunto de beneficiarios 
actuales, así como la calidad de la prestación del conjunto de servicios que conforman 
dicho servicio universal, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
2.  En particular, garantizará la continuidad de los servicios y su calidad y no podrá 
reducir el número de beneficiarios, con especial referencia a los siguientes ámbitos:
a)  El conjunto de los beneficiarios actuales y las condiciones en las que presta el 
servicio de acceso funcional a Internet, según se establece en el artículo 28 del Real 
Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios.
b)  Las condiciones en las que actualmente garantiza la asequibilidad del servicio, 
según se definen en el artículo 35 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Artículo 20.  Suspensión de la portabilidad.
Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores de 
servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias de 
contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de 
numeración, en la medida que puede incrementar la necesidad de los usuarios de 
desplazarse físicamente a centros de atención presencial a clientes o de realizar 
intervenciones físicas en los domicilios de los clientes para mantener la continuidad en los 
servicios.
Con este mismo fin, mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas 
las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto 
en casos excepcionales de fuerza mayor.
VII
Artículo 21.  Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del 
estado de alarma.
Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los 
plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien 
presencial bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que 
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado 
de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.
CAPÍTULO II
Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para  s
evitar despidos oe.
Artículo 22.  Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de  24ww
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
direc1t.a  eLna psé srduisdpaesn dseio ancetsiv iddea dc coonmtraot oco yn sreecduuecnccioian edse l dCeO jVorInDa-1d9a,  qinucelu tidean glaa nd escula craacuiósan 
del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en 
general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que 
impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en 
situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de 
medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de 
fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre.
2.  En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la 
reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el 
apartado 1, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento 
recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:
a)  El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará 
de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia 
del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. 
La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el 
informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de 
estas.
b)  La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los 
contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por 
la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
c)  La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la 
solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por 
la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha 
del hecho causante de la fuerza mayor.
d)  El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.
3.  Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 
jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos 
de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación 
el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el 
que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en 
lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en 
los apartados c) y d) del apartado anterior.
Artículo 23.  Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.
1.  En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o 
reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del  es
procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: o
a)  En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras,  24ww
lian tecogmraidsiaó np orer plroess esnintadtiicvaat odse  mesátsa sr epparreas lean ntaetgivoocsia yci óren pdreels epenrtaiotdivoo sd ed ecol nsseuclttoars  aels tqauráe 
pdeerl tceonnevzecnai ola c oelmecptrievosa d ey  acopnlic laecgióitinm. aLcai ócno mpaisriaó nfo ermstaarrá p caortnef odrem alad aco pmoirs uiónna  npeegrsoocniaad oproar   BOE-A-cable e
cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por
las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 
representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, 
elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar 
constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
b)  El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas 
trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder 
del plazo máximo de siete días.
c)  El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.
2.  Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 
jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos 
de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación 
el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en 
lo relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados b) y c) del apartado 
anterior.
Artículo 24.  Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor 
relacionados con el COVID-19.
1.  En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados 
en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la 
Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la 
aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure 
el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha 
causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en 
situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en 
situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar 
alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
2.  Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose 
la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin 
que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad 
Social.
3.  La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad 
Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los 
trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la 
exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo 
Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el 
período de que se trate.
4.  La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de 
comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud 
empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público 
de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por  e.e
desempleo. b
Artícauplloic a2c5ió. n dMee ldoisd parso ceexdtrimaoierdntinosa rrieafse reidno sm eant elorisa a drteíc uplroost e2c2c yió 2n3 .por desempleo en
1.  En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la
reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias 
extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, 
en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
a)  El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, 
regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas 
trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo 
necesario para ello.
b)  No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel 
contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a 
los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
2.  Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, además de las 
personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de 
sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar 
por la contingencia de desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera 
sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
3.  Las medidas previstas en el apartado 1 serán aplicables a las personas 
trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial 
tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si 
careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación 
contributiva, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.
En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por 
desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:
a)  La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de 
las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la 
relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado 
directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b)  La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de 
suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las 
que trae causa.
4.  La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del 
derecho a la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y 
reglamentaria para los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción 
temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o de fuerza mayor.
5.  En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se 
refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que 
las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido 
debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía 
la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo 
Asociado. s
6.  Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos  oe.
y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que  w.
hdexeatlyr CaaonOr dVviIinsDat-or1i a9s,  udhsuuprbaeiennrtdaein dp oseisrdi oosd udoess   acqcoutnievt,ir deaantdo ,cs pa dosode r dátrena  vnbooal jvhoea rcb aoe mrp ecoor cncibcoiunrsrsreied,c ocu odeninc uchniaa  l ícmdirecitlue n immstápaxanicmctiaoo    2020-3824n https://ww
de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para
determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de  Bc
actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año
natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se 
estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta 
medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad 
Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.
Artículo 26.  Limitación temporal de los efectos de la presentación extemporánea de 
solicitudes de prestaciones por desempleo.
Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud 
pública adoptadas por las autoridades para combatir los efectos de la extensión 
del COVID-19, que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan 
al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la 
protección por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto 
Social de la Marina, suspenderán la aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.2 
y 276.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de modo que la 
presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio 
por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se 
reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.
Artículo 27.  Medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y 
a la declaración anual de rentas.
Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud 
pública adoptadas por las autoridades para combatir los efectos de la extensión 
del COVID-19, que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan 
al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la gestión de la 
protección por desempleo, el Servicio público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto 
Social de la Marina, podrán adoptar las siguientes medidas:
a)  Suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276.2 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, autorizando a la entidad 
gestora para que pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo 
en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de que la falta de 
solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la 
reducción de su duración.
b)  Suspender la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 276.3, de 
modo que, en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos 
años no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun 
cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del 
plazo establecido legalmente.
Artículo 28.  Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real decreto-ley estarán 
vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
CAPÍTULO III
Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades 
transitorias consecuencia de la situación
I
Sección 1.ª  Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos 
económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO
Artículo 29.  Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.
1.  Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos 
del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará 
avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros 
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos 
para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad 
de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades 
de liquidez.
2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder 
avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y 
requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán 
por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior 
para su aplicación.
3.  Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de 
Ayudas de Estado.
Sección 2.ª  Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de 
aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos
Artículo 30.  Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar 
las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.
1.  Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto 
para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de 
facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. Esto se 
llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de 
las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su 
política de financiación directa para empresas de mayor tamaño.
2.  El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de 
decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito 
de las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto en sus Estatutos.
II
Artículo 31.  Línea extraordinaria de cobertura aseguradora. s
1.  Con carácter extraordinario y con una duración de 6 meses desde la entrada en  b
vigor del presente real decreto ley, se autoriza la creación de una línea de cobertura  24ww
aRsieesgguoras ddoer ala  dInet ehransatcai o2n.a0l0iz0a cmióilnlo, nceosn  dlaes  esuigrousie nctoens  ccaarrgaoct earlí sFtoicnadso: de Reserva de los
a)  Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía
exportadora, sin que sea necesario su relación directa con uno o varios contratos
internacionales, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a 
situaciones previas a la crisis actual.
b)  Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas 
Empresas conforme a la definición del Anexo I del Reglamento UE 651/2014 de la 
Comisión, así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no 
cotizadas, en las que concurran las siguientes circunstancias:
– Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización, 
al cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
● empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última información 
financiera disponible, represente al menos un tercio (33 %) de su cifra de negocios, o
● empresas que sean exportadoras regulares (aquellas empresas que hayan 
exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios 
establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio).
– Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la 
financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.
c)  Quedan expresamente excluidas aquellas empresas en situación concursal o 
pre-concursal, así como aquellas empresas con incidencias de impago con empresas del 
Sector Público o deudas con la Administración, registrados con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2019.
d)  El porcentaje de cobertura del riesgo de crédito en las operaciones suscritas bajo 
la presente Línea no superará el límite que pueda establecerse en cada momento de 
acuerdo con la normativa de la UE en materia de ayudas de Estado.
2.  Se recurrirá a mecanismos ágiles de decisión de las operaciones individuales que 
se imputen en la línea, así como el análisis del riesgo de cada operación se realizará, 
particularmente para las pequeñas y medianas empresas, con criterios de información y 
solvencia extraordinarios, en el marco de las condiciones del mercado generadas por la 
crisis sanitaria, mientras dure la misma.
3.  La línea se instrumentará en dos tramos de 1.000 millones de euros, entrando el 
segundo en vigor tras haberse verificado una ejecución satisfactoria del primer tramo.
4.  Se autoriza a la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado a que incluya dentro 
de la Línea de cobertura todo tipo de operaciones comerciales, incluidas las nacionales, 
ya sean de suministro de bienes, prestación de servicios, u otras que realicen las empresas 
españolas, por entender que las mismas forman parte de la estrategia comercial de estas 
empresas que actúan preferentemente en el ámbito de la internacionalización.
5.  Las coberturas serán otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito 
a la Exportación, S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), S.M.E. en nombre propio 
y por cuenta del Estado, al amparo de lo previsto en la Ley 8/2014, de 22 de abril, el Real 
Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre y lo establecido en el presente real decreto-ley.
6.  Con carácter excepcional se realizarán las dotaciones presupuestarias suficientes 
al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, por el importe de las 
indemnizaciones abonadas con cargo a esta Línea, para garantizar la sostenibilidad 
financiera a medio y largo plazo del Fondo de Reserva de los Riesgos de la 
Internacionalización.
III e.
Artículo 32.  Atribución de competencias para el despacho aduanero. 24ww
El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
ddees Apdacmhion isatdraucainóenr oT rqibuue taarqiaue pl oindcrláu yaec,o sredaa rr eqauleiz aedl op rpoocre cduimaliqeunietor  ódreg adneoc lao rfaucniócino,n ya reiol 
del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
A estos efectos, no resultará de aplicación lo previsto en el artículo 84 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 33.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
1.  Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del 
artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de 
los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los 
plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que 
se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los 
requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia 
tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, 
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración 
de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de 
revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se 
ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se 
procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020.
2.  Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos 
de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el 
desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 
y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de 
embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de 
audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden 
hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en 
cuyo caso éste resultará de aplicación.
3.  Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de 
los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, 
atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o 
presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
4.  Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
especialidades previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular 
alegaciones y atender requerimientos.
5.  El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 
hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la 
Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
6.  El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los 
plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
7.  A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los 
procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que 
les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la  e.
entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020. w.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a  24ww
alocsto psr toricbeudtaimrioiesn, taossí  ceocmonoó pmaircao r-eacdumrriinr iesntr avtíiav oasd,m ninoi sstrea tiivnaic liaasrá r ehsaoslutaci ocnoensc lduicidtaod dasic heno 
pTeerrcíoedrao , doe lh aCsatpaí tquuloe  IsI ed ehla yTaít uplroo dIIuI cdideo l ala  Lneoyt if5ic8a/2c0ió0n3 ,e nd elo 1s7 t édrem idniocsie mdeb rlea  GSeecnceiróanl   BOE-A-cable e
Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
8.  Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados 
por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a 
partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán 
de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la 
norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación.
Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los 
plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera 
al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus 
alegaciones, se considerará evacuado el trámite.
El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 
30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos 
iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar 
y realizar los trámites imprescindibles.
IV
Artículo 34.  Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias 
del COVID-19.
1.  Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga 
imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las 
comunidades  autónomas  o  la Administración  local  para  combatirlo,  quedarán 
automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide 
su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se 
entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias 
o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el 
fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato 
público quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, 
previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el 
contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán 
únicamente los siguientes:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al 
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria 
del contrato, durante el período de suspensión.
2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato.
3.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones 
y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la 
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron  e.
ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato. w.b
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y  24ww
vviignecnutlaesd aesn  aell  mobojmeteon dtoe dl ec olan tsruastop eqnuseió nh adyeal nc osnidtroa tos.uscritas por el contratista y estén
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación 
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al 
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha 
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las 
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los 
motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro 
contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto 
de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución 
expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo 
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni 
tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
Además, en aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación 
sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera 
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último 
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo 
expediente.
La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a este artículo no 
constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.
2.  En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en 
el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por 
las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad 
como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista 
incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como 
consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades 
autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento 
de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de 
contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano 
de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del 
Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable 
al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos 
indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades 
al contratista ni la resolución del contrato.
Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su primer párrafo, los 
contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que 
efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo 
del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo 
se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, 
efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos. es
3.  En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este real  o
ddheimelue pfbCcinroiOeeisdrtViaoobIn  Dilel ei-pdny1ea ,9e rdq ld  ouaidd erleota í  ccsscue uomlloe nef bti3dnirn eiaddunleaiad  slrlaaa  dasl aL d  ceeoeonypjm teti9adco/da2u ad0ccsoe1ió ns7pn s,o p edrdec eeeru tll8ee  E cnndosecentic aantied rodanovett,oie  ey,lsma   ec absul lri atceSuno,a ednsccoiteitr óoaemnrts i pstPdarteeúa s  b yhiplt iueccoacoudhc areioánón  dnc so erog eléle aisscndetieotanars etrp i d nollooaar      OE-A-2020-3824able en https://www.
suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su
prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá 
que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o 
medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin 
de la suspensión.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera 
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación 
descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al 
órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha 
devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las 
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los 
motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro 
contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, 
esta deberá entenderse desestimatoria.
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo 
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellos contratos en los que, de 
acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista 
la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de 
alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de 
hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener 
lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el 
plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos 
pendientes si se le amplía el plazo inicial.
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los 
siguientes conceptos:
1.º  Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito 
a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector 
de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios 
equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base 
referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el 
complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones 
extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos 
equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la 
construcción.
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la 
ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.
2.º  Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato.
3.º  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones 
y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior 
al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria,  s
instalaciones y equipos. e.
4.º  Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y  w.
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén  24ww
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y 
perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista 
adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
– Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que 
hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en 
los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a fecha 14 de 
marzo de 2020.
4.  En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas 
por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán 
derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un 
máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato.
Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de 
ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los 
previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 
durante en el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo 
se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la 
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución 
del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.
5.  Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos, vigentes 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por entidades del sector público 
con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real 
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 
de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
6.  Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en ningún 
caso a los siguientes contratos:
a)  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo 
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b)  Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas 
informáticos.
c)  Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
d)  Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados  es
oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. bo
acodmoEpptle artére gneitmel  eMdnei nspiirgsentvraiosd taod  eee nnT  eersal taners taípcrotuírclotue l4so , d seMel  eoRnvetiilaeidln aDddee  csyrie nAt opg e4er6jnu3dic/a2io 0 U2d0reb,  ladanes a m1,4 e cddoiedm amosa  qrauzuoet, op pruioderad eadl    2020-3824n https://ww
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la  Bc
protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, 
una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
V
Artículo 35.  Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que 
hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.
1.  Se facilitará que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros 
concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al 
amparo de las órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo, Orden APM/728/2017, de 31 de 
julio y APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria, acuerden con las entidades financieras prolongar 
hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos 
suscritos.
2.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará el coste adicional de 
los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) 
derivado de la ampliación del periodo de dicha operación.
3.  SAECA actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco del 
convenio de colaboración suscrito al efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a cuyo efecto asumirá la gestión íntegra de las mismas, incluida la 
justificación y control. La presentación de la solicitud conllevará la autorización a SAECA 
para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General 
de la Seguridad Social información relativa al cumplimiento por parte del solicitante de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social siempre que no haya sido aportada dicha 
documentación por el propio solicitante. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
dictará resolución motivada a la vista de la propuesta de resolución que remita SAECA. 
El periodo de admisión de solicitudes de las ayudas finalizará en un plazo de cuatro meses 
a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
CAPÍTULO IV
Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19
Artículo 36.  Medidas laborales excepcionales en el ámbito de las entidades públicas 
integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.  Las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, cuando hayan de desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión 
de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, podrán establecer 
jornadas laborales extraordinarias para sus trabajadores y trabajadoras que se 
compensarán  económicamente  a  través  del  complemento  de  productividad  o 
gratificaciones extraordinarias.
2.  De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional vigesimotercera de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se autoriza a las 
entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a 
realizar contratos indefinidos y temporales de acuerdo con la normativa vigente y con los 
principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecución de  e.e
planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación  b
relacionados con el coronavirus COVID-19, debiendo los contratos indefinidos ser  24ww
feinxtaenrcnioasd odse  mcaerdáicatnetre f icnoanlissitgan. aDciciohnoess c pornetsrautpouse dsetabreiarásn a sneura cleosm cuonnicsaedcouse nac lioas d Me iinnigsrteersiooss 
de Hacienda y Política Territorial y Función Pública.
Artículo 37.  Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de 
Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del 
Coronavirus COVID-19.
1.  Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la Sección 28 «Ministerio 
de Ciencia e Innovación», Servicio 06 «Secretaría General de Coordinación de Política 
Científica», Programa 000X «Transferencias internas», subconcepto 414.06 «Al Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII) para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del 
coronavirus COVID-19», por importe de 950.000 euros.
2.  Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la Sección 28 «Ministerio 
de Ciencia e Innovación», Servicio 06 «Secretaría General de Coordinación de Política 
Científica», Programa 000X «Transferencias internas», concepto 715 «Al Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de 
investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 24.000.000 de euros.
3.  Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la Sección 28 «Ministerio 
de Ciencia e Innovación», Servicio 06 «Secretaría General de Coordinación de Política 
Científica», Programa 000X «Transferencias internas», concepto 716 «Al Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) para necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus 
COVID-19», por importe de 250.000 euros.
4.  La repercusión de los tres puntos anteriores en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
es la siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
A)  Aplicación 28.107.400.04 «Del departamento por necesidades excepcionales 
provocadas por la crisis del COVID-19», por importe de 950.000 euros.
B)  Aplicación 28.107.700.03 «Del departamento para la concesión de subvenciones 
nominativas para el COVID-19», por importe de 24.000.000 de euros.
C)  Aplicación 28.107.700.04 «Del departamento por necesidades excepcionales 
provocadas por la crisis del COVID-19», por importe de 250.000 euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
A)  Aplicación 28.107.465A.131. «Laboral eventual», por importe de 130.000 euros.
B)  Aplicación 28.107.465A.160.00. «Seguridad Social», por importe de 30.000 euros.
C)  Aplicación 28.107.465A.221.06. «Productos farmacéuticos y material sanitario», 
por importe de 700.000 euros.
D)  Aplicación 28.107.465A.227.06. «Estudios y trabajos técnicos», por importe 
de 70.000 euros.
E)  Aplicación 28.107.465A.230. «Dietas», por importe de 12.000 euros.
F)  Aplicación 28.107.465A.231. «Locomoción», por importe de 8.000 euros.
G)  Aplicación 28.107.465A.620. «Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios», por importe de 250.000 euros.
H)  Aplicación 28.107.465A.787. «Para subvenciones de concesión directa para 
proyectos y programas de investigación del virus SARS-CoV2, causante del COVID-19», 
por importe de 24.000.000 millones de euros.
5.  Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la Sección 28 «Ministerio 
de Ciencia e Innovación», Servicio 06 «Secretaría General de Coordinación de Política 
Científica», Programa 000X «Transferencias internas», subconcepto 43009 «Al Consejo  e
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos corrientes relacionados con la  bo
investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 390.000 euros. 24ww
de C6i.e nSciea  aeu Itnonriozava laci óconn»c, eSseiórvni cdioe  u0n6  c«rSéedcitroe etaxrtíraa oGrdeinnearraiol  deen  lCa oSoerdccinióanc ió2n8  «dMe iPniosltíetircioa 
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investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 4.060.000 euros.
7.  La repercusión de los puntos anteriores en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas es la siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
A)  Aplicación 28.303.400.11. «Del departamento para todo tipo de gastos corrientes 
relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 390.000 
euros.
B)  Aplicación 28.303.700.06. «Del departamento para todo tipo de gastos de capital 
relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19», por importe de 4.060.000 de 
euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS:
A)  Aplicación 28.030.463A.221.99. «Otros suministros», por importe de 390.000 
euros.
B)  Aplicación 28.107.463A.620. «Inversión nueva asociada al funcionamiento 
operativo de los servicios», por importe de 3.450.000 de euros.
C)  Aplicación 28.107.463A.640. «Gastos de inversiones de carácter inmaterial», por 
importe de 610.000 euros.
8.  La financiación de los anteriores créditos extraordinarios se realizará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria.
Artículo 38.  Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el Instituto de 
Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la 
investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID-19.
1.  Habida cuenta del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no resultará de aplicación lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a aquellas disposiciones 
dinerarias realizadas por el Instituto de Salud Carlos III o el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que se realicen en el ámbito de las medidas que resulten 
imprescindibles para el desarrollo actividades de utilidad pública o interés social 
conducentes a la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19 y que se efectúen a favor de personas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, sin contraprestación directa de los beneficiarios.
2.  Dichas aportaciones se efectuarán por resolución de la persona titular de la 
Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, respectivamente y en función del ámbito objetivo de las 
disposiciones dinerarias, debiendo motivarse en las correspondientes resoluciones la 
utilidad pública o el interés social concurrente para la concesión de las correspondientes 
ayudas.
3.  Los pagos tendrán en todo caso el carácter de anticipados, con carácter previo a 
la realización y justificación de la actividad que motive la concesión.
4.  En todo caso, por parte de las entidades beneficiarias de tales aportaciones 
dinerarias deberá rendirse cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en  e
el plazo máximo de un año desde su concesión. Dicho plazo podrá ser prorrogado por  bo
resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III o de la Presidencia del Consejo  24ww
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que constituya el objeto de la correspondiente disposición dineraria, a efectos de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos que motivaron la misma, previa autorización en todo caso 
de las entidades concedentes.
7.  El Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
podrán efectuar cuantas labores de comprobación y control financiero resulten precisas 
para garantizar el adecuado cumplimiento de lo previsto en este artículo.
8.  Las ayudas concedidas serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.
9.  Las personas titulares de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la 
Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrán dictar cuantas 
disposiciones resulten precisas para dar lugar al desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
este artículo.
CAPÍTULO V
Otras medidas de flexibilización
Artículo 39.  Régimen especial de convenios relacionados con el COVID-19.
1.  No resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en 
las letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre 
de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios, en la 
tramitación administrativa y suscripción de los convenios en el ámbito de la gestión de la 
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.
2.  Asimismo, los convenios mencionados en el apartado anterior quedarán excluidos 
de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, perfeccionándose y resultando eficaces por la 
prestación del consentimiento de las partes, sin perjuicio de su posterior inscripción en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 40.  Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho 
privado.
1.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 
sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la 
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los 
asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a 
las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
2.  Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los 
acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión 
siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, 
dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones 
delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La  e
sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos  bo
acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por  24ww
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anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente
exigible, el informe de gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente 
obligatorios por la legislación de sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado 
de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
4.  En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de 
gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las 
cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la 
auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que 
finalice el estado de alarma.
5.  La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá 
necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo 
para formular las cuentas anuales.
6.  Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración 
del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el 
órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de 
la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la 
sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación 
del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva 
convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de 
alarma.
7.  El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y 
levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real 
que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.
8.  Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios 
no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las 
prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
9.  El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante 
la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a 
contar desde que finalice el estado de alarma.
10.  En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el 
término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la 
disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice 
dicho estado.
11.  En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la 
vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el 
plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de 
socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que 
tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de 
alarma.
12.  Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia 
del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales 
contraídas en ese periodo.
Artículo 41.  Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de 
gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
1.  Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán las siguientes medidas a las 
sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión 
Europea: e.
a)  La obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el  24ww
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primeros meses del ejercicio social.
c)  El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la 
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los 
artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital, Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como la celebración de la junta en 
cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén previstos en los 
estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un 
anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de 
la fecha prevista para la celebración de la Junta.
d)  En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas 
impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria 
y no pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el número anterior:
i)  si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá 
acordarse por esta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de 
la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes.
ii)  si la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria 
podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que 
la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la 
reunión.
En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario 
la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física 
de los socios o de sus representantes, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar 
en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación 
conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto 
anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Cualquiera de estas 
modalidades de participación en la junta podrá arbitrarse por los administradores aún 
cuando no esté prevista en los estatutos de la sociedad, siempre y cuando se acompañe 
de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el 
domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por 
audioconferencia o videoconferencia.
2.  Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, serán 
válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de 
Auditoría que, en su caso, haya de informar previamente, cuando sean adoptados por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté 
contemplada en los estatutos sociales, siempre que todos los consejeros dispongan de los 
medios necesarios para ello, y el Secretario reconozca su identidad, lo cual deberá 
expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la 
sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.
Artículo 42.  Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la 
vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma.
Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que 
pudieran acordarse, se adoptarán las siguientes medidas:
Primera.  Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las  s
anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera  oe.
otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. w.
Segunda.  El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización  24ww
del estado de alarma o de su prórroga en su caso.
Artículo 43.  Plazo del deber de solicitud de concurso.
1.  Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado 
de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que 
transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no 
admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado 
durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado 
solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera 
de fecha posterior.
2.  Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté 
vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente 
para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a 
que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal.
Disposición adicional primera.  Habilitación de créditos presupuestarios.
Por parte del Ministerio de Hacienda se dotarán los créditos presupuestarios que 
resulten precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas extraordinarias que 
requiera la aplicación de este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda.  Créditos presupuestarios.
Las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con lo previsto en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidos con cargo a 
las disponibilidades presupuestarias existentes. Para ello, el Ministerio de Hacienda 
aprobará las modificaciones presupuestarias correspondientes.
Disposición adicional tercera.  Ejercicio de competencias de los órganos y unidades de 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
El Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones podrá autorizar que 
determinados órganos y unidades de las entidades gestora y servicios comunes de la 
Seguridad Social extiendan el ejercicio de sus competencias a todo el territorial nacional o 
al ámbito geográfico que se establezca, respecto de los procedimientos y actuaciones que 
determine.
Disposición adicional cuarta.  Prórroga de la vigencia del documento nacional de 
identidad.
Sin perjuicio de lo que, sobre el periodo de validez del documento nacional de 
identidad, establece el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula 
la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, 
queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez 
del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un 
documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. e.e
La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan  b
renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al  24ww
mismo por igual periodo.
Disposición adicional quinta.  Limitación a la aplicación del Real Decreto 307/2005, de 18 
de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y 
se establece el procedimiento para su concesión a los daños y perjuicios consecuencia 
de la actual crisis sanitaria.
A los daños y perjuicios personales o patrimoniales que sufran las personas físicas o 
jurídicas como consecuencia de la actual crisis sanitaria no les será de aplicación lo 
dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las 
subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de 
emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Disposición adicional sexta.  Salvaguarda del empleo.
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-
ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo 
de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
Disposición adicional séptima.  Autorización al Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).
1.  Se autoriza al Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), dependiente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
para el desarrollo de actividades de utilización confinada de tipo 3 de organismos 
modificados genéticamente, en concreto, para la construcción de virus recombinantes 
basados en el genoma del coronavirus SARS-2 o SARS-CoV-2019 en la instalación ya 
autorizada A/ES/00/I-08, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).
2.  El Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) desarrollará dichas actividades 
en estricto cumplimiento de la legislación vigente en la materia, de las condiciones y 
protocolos previstos en la evaluación de riesgo que dicho Instituto ha elaborado y que la 
Comisión Nacional de Bioseguridad ha informado favorablemente, de acuerdo con el Real 
Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, así como de aquellas otras 
condiciones y requisitos que pudiera establecer la autoridad competente.
3.  El  Presidente  del  Consejo  Interministerial  de  Organismos  Modificados 
Genéticamente podrá autorizar la realización de cualquier actividad de liberación voluntaria 
y utilización confinada con organismos modificados genéticamente, solicitada con arreglo 
a la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de OMG, cuando tengan por objeto o 
se demuestre su utilidad para prevenir, combatir o contener la epidemia de coronavirus 
provocada por el virus SARS-CoV-2019 (SARS-2), y siempre que haya sido informada 
favorablemente por procedimiento escrito, por la Comisión Nacional de Bioseguridad, sin 
necesidad de esperar a la finalización del plazo de comunicación e información pública, en 
los casos que sea preceptivo, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 178/2004, de 
30 de enero. Los titulares de la autorización desarrollarán dichas actividades en estricto 
cumplimiento de las condiciones previstas en la evaluación de riesgo incluidas en su 
notificación e informadas favorablemente por la Comisión Nacional de Bioseguridad. 
Además, en el caso de que se trate de actividades de utilización confinada, la actividad 
sólo se realizará en instalaciones previamente autorizadas para ese nivel de riesgo o 
superior, con arreglo a la Ley 9/2003, de 25 de abril. es
Disposición adicional octava.  Plan ACELERA. 24www.
empErel sGaoribaile RrnEoD d.iEsSpo, ndderlá P lrao ginrmamedai aAtcae pleureas PtaY eMnE m caornc heal ,o ab jteratov édse  daert ilcau elanrt iudna dc opnújbulnictoa 
dmee dinioic ipaltaivzaos. en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y  BOE-A-cable e
Disposición adicional novena.  No aplicación suspensión plazos administrativos del Real 
Decreto 463/2020.
A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la 
suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición transitoria primera.  Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación 
de empleo.
1.  No se les aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22 apartados 2 y 3 
y artículo 23 de este real decreto-ley a los expedientes de regulación de empleo para la 
suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o 
comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el 
mismo.
2.  Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por 
desempleo reguladas en los artículos 24, 25, 26 y 27 serán de aplicación a los afectados 
por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, 
autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
siempre que deriven directamente del COVID-19.
Disposición transitoria segunda.  Comienzo de la moratoria.
Las solicitudes de moratoria a la que se refiere el artículo 12 podrán presentarse desde 
el día siguiente a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Dicha solicitud supone 
la aplicación de los artículos 15 y 16 de este real decreto-ley.
Disposición transitoria tercera.  Aplicación de determinadas medidas del real decreto-ley.
Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación 
se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición final primera.  Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un nuevo número 23 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente 
redacción:
«23.  Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos 
y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales 
de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.».
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia. es
Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora  w.
del Centro Nacional de Inteligencia, con la siguiente redacción: 24ww
«2.  La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que
dPeressigidneen steu  dPerle Gsiodbeinetren,o e,  lainst eMgrinaidsatr apso rd elo As sVuincteopsr eEsxidteernioteress ,d eUsnigiónna dEousr oppoera  eyl 
Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de 
Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.
Se suprime el artículo 41 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, que queda sin contenido.
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el 
exterior.
Se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos 
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, en los siguientes términos.
Uno.  Se añade un artículo 7 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 7 bis.  Suspensión del régimen de liberalización de determinadas 
inversiones extranjeras directas en España.
1.  A efectos de lo establecido en este artículo se consideran inversiones 
extranjeras directas en España todas aquellas inversiones realizadas por residentes 
de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio 
cuando el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 
del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la 
operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la 
gestión o el control de dicha sociedad.
2.  Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones 
extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a 
continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública.
En concreto, los sectores son los siguientes:
a)  Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las 
infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de 
comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, 
electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes 
inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por 
tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen 
medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
b)  Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas 
la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las 
tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y 
nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
c)  Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo 
por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad  es
alimentaria. bo
d)  Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos  24ww
pOdeerrg lsoáeosn)n  idcaaeMle r3see,/cd 2ohi0o oc1sso 8 dnd,e  idcg ceaito pa5mal edcusiend. iadcdiac cideieóm ncb.ornet,r odle d Per doitcehcac ióinnfo drme aDcaiótons,  Pdee rascounearldeos  cyo gna lraa nLteíay   OE-A-2020-38able en https://
3.  Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones 
extranjeras directas en España en los siguientes supuestos:
a)  si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el 
gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer 
país, aplicándose a efectos de determinar la existencia del referido control los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
b)  si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades 
en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en 
otro Estado miembro, y especialmente los relacionados en el apartado 2 de este 
artículo.
c)  si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor 
extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado 
por ejercer actividades delictivas o ilegales.
4.  El Gobierno podrá suspender el régimen de liberalización de las inversiones 
extranjeras directas en España en aquellos otros sectores no contemplados en el 
apartado 2 de este artículo, cuando puedan afectar a la seguridad pública, orden 
público y salud pública, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 7 
de esta Ley.
5.  La suspensión del régimen de liberalización establecida de acuerdo con los 
apartados 2, 3 y 4 de este artículo determinará el sometimiento de las referidas 
operaciones de inversión a la obtención de autorización, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de esta Ley.
Las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización 
previa carecerán de validez y efectos jurídicos, en tanto no se produzca su 
legalización de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley.
6.  La suspensión prevista en este artículo regirá hasta que se dicte Acuerdo de 
Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento.»
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue:
«2.  Constituirán infracciones muy graves:
a)  La realización de actos, negocios, transacciones u operaciones prohibidas 
en virtud de la adopción de las medidas a que se refieren los artículos 4, y 5.
b)  La realización de actos, negocios, transacciones u operaciones sin solicitar 
autorización cuando sea preceptiva conforme a los artículos 6, 7 y 7 bis, o con 
carácter previo a su concesión o con incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la autorización.
c)  La falta de veracidad en las solicitudes de autorización presentadas ante los 
organismos competentes, siempre que pueda estimarse como especialmente 
relevante.»
Tres.  Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado con el siguiente 
tenor:
«2.  La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos 
sancionadores resultantes de la aplicación del régimen previsto en la Ley y para 
la imposición de las sanciones correspondientes se regirá por las reglas  es
siguientes: o
a)  La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos  24ww
sBalanncqiouneaod doere Cs acpoitrarelessp oen Idnefrraác cai olnae Ss eMcroenteatraíari adse,  slaa lCvoo menis mióant edreia P dree vinevnecrisóino ndeesl 
edxet rlaa nDjeirreacsc dióirne Gcteans eerna l Edsep Cañoam qeurceio c Ionrtreersnpaocniodnearál  ea Il nóvregrasnioon qeuse. designe el titular  BOE-A-cable e
b)  La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al 
Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.
No obstante, cuando se trate de infracciones muy graves en materia de 
inversiones  extranjeras  directas  en  España,  la  imposición  de  sanciones 
corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
c)  La imposición de sanciones por infracciones graves corresponderá al titular 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta del 
titular de la Secretaría de Estado de Economía.
En el supuesto de infracciones graves en materia de inversiones extranjeras 
directas en España, la imposición de sanciones corresponderá al titular del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado 
de Comercio.
d)  La imposición de sanciones por infracciones leves corresponderá al titular 
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del órgano 
instructor.
En el caso de infracciones leves en materia de inversiones extranjeras directas 
en España, la imposición de sanciones corresponderá al titular de la Dirección 
General de Comercio Internacional e Inversiones, a propuesta del órgano instructor.»
Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.
Se modifica el título y el párrafo segundo de la Disposición adicional centésima 
trigésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, que quedan redactados de la siguiente manera:
«Disposición adicional centésima trigésima cuarta.  Dotación del Fondo de 
Provisiones Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I.»
«La dotación del fondo se destinará a dar cobertura a los riesgos en que pueda 
incurrir el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) al financiar los 
proyectos de I+D+I empresarial de PYMES y empresas de mediana capitalización, 
mediante ayudas instrumentadas a través de préstamos.»
Disposición final sexta.  Modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19.
«Artículo 16.  Contratación.
1.  La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los 
órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el 
artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.  De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los  es
contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus  bo
organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades  24ww
dCtcrueaoermninvsittaeaadjco api ósdon erd   dMeae ci nltaeuis maptrceroiorosgtn eepecnasccr iaiópa nrh. e aEdpcneae  rrela afstrsoteo rnpsiat eescr a saasol  onCrsaeO,sa Vs liyiIz D fauo-re1t rr9paa,os  lr ne mesec elr edecssiodaunarlittsoraa  raráteids adotalepiz, t aaanprd olaai cbssa oecpnrióoáonr s d  elaeal     OE-A-2020-38able en https://
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada Ley 9/2017,
siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de 
la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad 
por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia 
en el expediente.
3.  El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que 
genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente 
al COVID-19 se realizarán a justificar.»
Disposición final séptima.  Desarrollo reglamentario y ejecución.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final octava.  Título competencial.
Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª 10.ª, 13.ª, 
14.ª, 15.ª, 17.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia 
de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; 
legislación mercantil; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 
allí donde existan; régimen aduanero; de bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; Hacienda general; fomento y coordinación general de la 
investigación científica y técnica; legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas y 
bases del régimen minero y energético.
Disposición final novena.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Disposición final décima.  Vigencia.
Las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante 
el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la 
situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No 
obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo.
Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
ANEXO
– PLAN ACELERA:
1.  Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde 
el asesoramiento y la formación.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad 
Red.es, pondrá en marcha un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado 
de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo. En concreto:
– La creación del portal Acelera PYME desde Red.es para que las PYME se puedan 
informar de todos los recursos que se pongan a disposición de las PYME para su 
digitalización y en concreto para aplicar soluciones de teletrabajo.
– Ampliación de sedes del programa de Oficinas de Transformación Digital así como 
mejorar los servicios de asesoramiento personalizado a las PYMES y acompañamiento en 
su esfuerzo de digitalización y puesta en marcha de centros demostradores de soluciones 
sectoriales, para alcanzar un total de 100 oficinas en 2 años, multiplicando por 3 el número 
actual de sedes en funcionamiento, 28 por todo el territorio. Las oficinas se pondrán en 
marcha en colaboración con las Cámaras de Comercio y otros agentes públicos y privados.
– Lanzamiento del programa Acelera PYME-Talento para reforzar la formación de las 
pymes en soluciones y herramientas para la digitalización en colaboración con las 
Cámaras de Comercio y otros agentes públicos y privados.
2.  Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de 
las pymes.
Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo 
empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas. El objetivo es apoyar para la 
generación de soluciones, conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la 
mejora  de  procesos  de  digitalización  y  la  creación  de  productos  y  servicios 
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido que reviertan en el conjunto de las 
pymes.
3.  Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.
El Estado podrá apoyará financieramente, mediante la financiación del Instituto de 
Crédito Oficial ICO para las PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para 
la digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos 
dos años más de 200 millones de euros.