BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 7 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 80868
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11303 Pleno. Sentencia 121/2021, de 2 de junio de 2021. Recurso de amparo 
1406-2020.  Promovido  por  don  Jordi  Sànchez  i  Picanyol  respecto  de  la 
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le condenó por un 
delito de sedición. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva, al juez imparcial y ordinario predeterminado por la ley, de defensa, a 
no padecer discriminación por razón de la lengua, a un proceso con todas las 
garantías,  de  presunción  de  inocencia  y  a  la  legalidad  penal:  sentencia 
dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías 
procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse 
desproporcionada  o  que  desaliente  el  ejercicio  de  otros  derechos 
fundamentales. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:121
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Alfredo Montoya 
Melgar,  don  Ricardo  Enríquez  Sancho  y  la  magistrada  doña  María  Luisa  Balaguer 
Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  avocado  núm.  1406-2020,  promovido  por  don  Jordi 
Sànchez i Picanyol, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo 
Huidobro y asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra la sentencia núm. 
459/2019, de 14 de octubre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la 
causa  especial  núm.  20907-2017,  y  contra  el  auto  de  29  de  enero  de  2020,  que 
desestimó los incidentes de nulidad interpuestos frente a esta. Han comparecido el 
abogado del Estado, el partido político Vox, representado por la procuradora de los 
tribunales doña María del Pilar Hidalgo López y asistido por la letrada doña Marta 
Asunción Castro Fuertes, y don Carles Puigdemont i Casamajó, representado por el 
procurador de los tribunales don Carlos Ricardo Estévez Sanz, y asistido por el letrado 
don  Gonzalo  Boye  Tuset.  Ha  intervenido  el  Ministerio  Fiscal.  Ha  sido  ponente  el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 4 de marzo de 2020, don Aníbal  e
Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y representación de Jordi  b
qSuàen cshee hza i  hPeiccahnoy mole, ninctieórnp uesno e rl eecnucrasboe dzea mamiepnator.o contra las resoluciones judiciales a las  2021-11303n https://ww
2.  Son antecedentes procesales relevantes para resolver el presente recurso, los 
siguientes:
a)  El 22 de septiembre de 2017, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional formuló 
denuncia ante esta en relación con las concentraciones, ocupaciones de la vía pública y 
daños en bienes públicos que se produjeron los anteriores días 20 y 21 de septiembre en 
la zona de la Rambla-Gran Vía, vía Laietana y avenida Diagonal de Barcelona, con 
ocasión de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro en la sede de la 
Secretaría  General  de  Vicepresidencia,  Economía  y  Hacienda  de  la  Generalitat  de 
Cataluña, así como en otros puntos de la ciudad. La denuncia describía conductas 
protagonizadas por voluntarios de la entidad Asamblea Nacional Catalana (ANC), entre 
otros,  que  se  valoraban  como  obstruccionistas  de  la  actividad  policial.  Las  únicas 
personas que fueron nominalmente citadas en dicha denuncia fueron don Jordi Sànchez 
i Picanyol, presidente de la ANC, y don Jordi Cuixart Navarro, presidente de la entidad 
Òmnium Cultural (OC). La denuncia calificó los hechos como constitutivos de un delito 
de sedición, previsto en los arts. 544 y ss. del Código penal (CP). Fue repartida al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional que, mediante auto 
de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias previas núm. 82-2017, en el curso de 
las cuales se practicaron diversas diligencias de investigación y se adoptaron medidas 
cautelares personales respecto de los citados denunciados.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó dos querellas por 
unos mismos hechos que consideraba podían ser constitutivos de los delitos de rebelión 
(art. 472 CP), sedición (art. 544 CP) y malversación de caudales públicos (art. 432 CP) 
y/o desobediencia (art. 410 CP).
La primera se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la 
Audiencia  Nacional.  Se  dirigió  contra  «todos  los  que  fueron  miembros  del  Consell 
Executiu del Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados» con razón de las 
decisiones y actos adoptados en el ejercicio de su cargo. Esta querella fue acumulada a 
las antes citadas diligencias previas núm. 82-2017 que ya se tramitaban ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional, en las que, como se ha descrito, 
se investigaban algunos hechos parcialmente coincidentes ocurridos en Barcelona los 
días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En  atención  a  la  prerrogativa  de  aforamiento  parlamentario  de  las  personas 
querelladas y el lugar de comisión de parte de los hechos que se les atribuían como 
delictivos, la segunda querella se formuló ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Iba dirigida contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco integrantes de la 
mesa de dicha Cámara. Con excepción de una de ellas, todas conservaban en ese 
momento la condición de aforadas por formar parte de la diputación permanente de la 
asamblea legislativa, una vez había sido disuelta por efecto del acuerdo del Senado por 
el que se aprobaron «las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de 
la Constitución» («BOE» de 27 de octubre de 2017).
c)  En este último caso, una vez registrada y designado ponente, la querella fue 
admitida a trámite por la sala de admisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
mediante auto del siguiente día 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica por otro 
de 18 de diciembre de 2017), en el que se acordó:
(i)  declarar  la  competencia  de  la  Sala  para  la  instrucción  y,  en  su  caso,  el 
enjuiciamiento  por  los  delitos  denunciados  y,  asimismo,  hacer  extensiva  esa 
competencia, para el caso en que el magistrado instructor así lo considere oportuno,  e
respecto de aquellas otras causas penales actualmente en tramitación y que puedan  bo
referirse a hechos inescindibles respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los  3w
quer(eii)ll addoess;i gynar instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala don  2021-1130n https://w
mPaabglios trLaldaore ninas tCruocntodre , ahsía clioe ncdoon seidxteernes iovpao rstuu ncoo, mrepsepteencctoia  d«ep aarqau eell lacsa soot raesn  cqauues aesl 
penales  actualmente  en  tramitación  y  que  puedan  referirse  a  hechos  inescindibles 
respecto de los que han sido inicialmente atribuidos a los querellados».
d)  En aplicación de lo establecido en el art. 21 de la Ley de enjuiciamiento criminal 
(LECrim), el magistrado instructor dictó providencia de fecha 14 de noviembre de 2017 
por la que reclamó del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
informe  sobre  los  antecedentes  fácticos,  procesales  e  investigativos  de  dos 
procedimientos que, según señaló la Fiscalía General del Estado en la querella, se 
tramitaban en dicho juzgado en relación con los hechos también denunciados en la 
causa especial núm. 20907-2017.
Recibida la información solicitada, el magistrado instructor dictó auto de fecha 24 de 
noviembre de 2017 en el que, apreciando conexidad entre las tres causas, extendió la 
investigación  a  los  presidentes  de  las  asociaciones  Òmniun  Cultural  y  Asamblea 
Nacional Catalana y, también, a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la anterior legislatura. En la misma resolución, reclamó al 
Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional la remisión de las 
actuaciones  que  venía  tramitando  en  cuanto  hicieran  referencia  a  dichas  personas 
investigadas. No fueron incluidos en la investigación, sin embargo, dos oficiales de la 
policía autonómica catalana a los que se refería una de las causas seguidas ante el 
juzgado central de instrucción. Las actuaciones recibidas fueron acumuladas a la causa 
especial.
La reclamación y acumulación de las actuaciones solicitadas se justificó en la plena 
coincidencia de los hechos denunciados en las diversas actuaciones, y en la eventual 
existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, que habría 
tenido  como  protagonistas  a  autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de 
movimientos sociales ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido 
a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio». El instructor apreció que los 
hechos atribuidos a quienes extendía el ámbito subjetivo de investigación mantenían una 
«conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas». Y añadió 
que la unificación de las actuaciones en una sola causa ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo,  venía  justificada  por  una  finalidad  funcional  «concretada  en  la 
facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad 
del enjuiciamiento, lo que se manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los 
que el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de 
partícipes, supuestos estos, específicamente contemplados en los números 1 y 2 del 
artículo 17 LECrim».
Por auto de 22 de diciembre de 2017, tras apreciar que «los hechos objeto de 
investigación  pudieran  haberse  desarrollado  bajo  la  dirección  y  coordinación  de  un 
conjunto de personas, entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los 
grupos  parlamentarios  independentistas  del  disuelto  Parlamento  de  Cataluña»,  el 
magistrado instructor amplió subjetivamente de nuevo la investigación por conexión 
procesal,  extendiéndola  a  dichos  responsables  políticos.  Al  mismo  tiempo,  ordenó 
comunicar  a  los  nuevos  investigados  la  existencia  del  procedimiento  a  fin  de  que 
pudieran ejercer su derecho de defensa (art. 118 LECrim).
Algunas de las personas sometidas entonces a investigación cuestionaron de nuevo 
la competencia objetiva de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La impugnación fue 
rechazada por resoluciones de 29 de enero y 10 de abril de 2018, que se remitieron a lo 
acordado y expuesto al admitir a trámite la querella.
e)  Por auto de fecha 21 de marzo de 2018 se acordó, en otros pronunciamientos, el  e.
procesamiento del demandante de amparo, junto con otros encausados, por presunto  w.b
ddreees liot2olu0 cd1ie8ó  nre;s bye e pldioóern sa edusettoli m adaretr. o 24n67  d2leo y sj  ucnroeinocc udorersd o2as0n 1tde8es,   sderee ldf oCersmóedasig tiomin aptereornpnau lle.o ssPt ooresr  caucurostono tsrda ed  e9la  a dpaeen lmatecariióyoonr    2021-1130n https://w
entafb) ladUonsa  cvoenzt rara etilf iacaudtoo  deel  9p rdoec emsaamyoie dneto 2, 0e1l 8m. agistrado instructor declaró concluso el
sumario (auto de 9 de julio de 2018) y remitió las actuaciones y las piezas de convicción
a la sala de enjuiciamiento. El Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y la acusación 
popular instaron la confirmación del auto de conclusión y la apertura del juicio oral contra 
el  demandante  y  otros  procesados.  Mediante  escrito  de  8  de  octubre  de  2018,  el 
demandante de amparo interesó el sobreseimiento de la causa y, subsidiariamente, la 
revocación de la conclusión del sumario para la práctica de nuevas diligencias. La sala 
de enjuiciamiento confirmó la conclusión del sumario por auto de 25 de octubre de 2018 
y, mediante otro auto de la misma fecha, declaró abierto el juicio oral, contra el recurrente 
por el mismo delito por el que había sido procesado.
g)  En  sus  conclusiones  provisionales,  el  Ministerio  Fiscal  calificó  los  hechos 
atribuidos al demandante como constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.1, 5 
y 7, 473, inciso primero (promotores y/o jefes principales) y 478 CP, por el que interesó la 
imposición de las penas de 17 años de prisión y de 17 años de inhabilitación absoluta y 
la condena en costas. No se ejercitó la acción civil, sin perjuicio de solicitar la remisión 
de particulares y de la sentencia al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo previsto 
en los arts. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 
en los arts. 16, 17 y 49.3 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para el 
establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas.
El  abogado  del  Estado  calificó  los  hechos  cometidos  por  el  recurrente  como 
constitutivos de un delito de sedición de los arts. 544 y 545.1 del Código penal; y solicitó 
la imposición de las penas de 8 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación 
absoluta, condena en costas y la responsabilidad civil en los términos solicitados por el 
Ministerio Fiscal.
La acusación popular consideró que la conducta del recurrente era constitutiva de los 
siguientes delitos: (i) dos delitos de rebelión de los arts. 472.5 y 7, 473.1 y 2 y 478 CP (ii) 
alternativamente, de dos delitos de sedición de los arts. 544 y 545.1 CP; y (iii) un delito 
de organización criminal de los arts. 570 bis 1 y 2 a) y c) y 570 quater.2 CP. Por cada 
delito de rebelión interesó la imposición de las penas de veinticinco años de prisión y de 
veinte años de inhabilitación absoluta; alternativamente, por cada delito de sedición 
solicitó las penas de quince años de prisión y de inhabilitación absoluta; y por el delito de 
organización criminal pidió las penas de doce años de prisión y de veinte años de 
inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos 
relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con su actuación en 
el  seno  de  los  mismos.  Nada  reclamó  respecto  del  recurrente  en  concepto  de 
responsabilidad civil y pidió la condena en costas de los acusados.
h)  Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2018, el demandante, junto con 
otros procesados, promovió, al amparo de los arts. 666.1 y ss. LECrim, la declinatoria de 
jurisdicción como artículo de previo pronunciamiento. En síntesis, consideró que los 
hechos debían ser conocidos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por ello, afirmó que al asumir este último órgano la 
competencia para conocer vulneró lo dispuesto en el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (EAC), que asigna la competencia al Tribunal Superior de Justicia cuando el 
proceso penal versa sobre delitos cometidos por diputados del Parlament, dentro del 
territorio de la referida comunidad autónoma; así como la lesión del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y la privación del derecho a la doble instancia 
penal, garantizado por el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP).
i)  Por auto de fecha 27 de diciembre de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo desestimó la declinatoria de jurisdicción promovida por el demandante. Dicho  s
órgano resolvió confirmar su competencia para conocer de los hechos que las partes  oe.
acusadoras consideraban constitutivos de los delitos de rebelión, sedición, malversación  w.
cdoen ccja)l uusdEiaonlne esfs ep cúphbroaliv cios1si6o  yn addleee sso,e bcneoednriofeo nrcmdieae . a2 0l1o9 d, iseplu edsetom aennd aenl taer t. p6re5s2e nLtEóC  reiml , eesnc rietol  qduee   2021-1130n https://w
interesó su libre absolución. Asimismo, propuso la prueba que consideró pertinente y se
reservó la posibilidad de solicitar más prueba con anterioridad a la celebración del juicio 
oral, pues afirmó no haber podido acceder de forma completa al procedimiento.
k)  Mediante  auto  de  fecha  1  de  febrero  de  2019  se  señalaron  las  fechas  de 
celebración del juicio oral, cuyo inicio se fijó para el día 12 de febrero y su finalización 
para el 1 de junio de 2019. Asimismo, el órgano de enjuiciamiento resolvió sobre la 
admisión de las pruebas propuestas por las partes. En concreto, en el fundamento 
jurídico cuarto (págs. 58 a 76) figuran las pruebas interesadas por el recurrente con 
indicación  de  las  que  fueron  admitidas  y  las  que  se  rechazaron  por  considerarse 
impertinentes.
l)  Con fecha 12 de febrero de 2019 y antes del comienzo de la práctica de la prueba 
en el juicio oral, la defensa del recurrente y otros dos procesados alegó cuestiones 
previas basadas en las siguientes vulneraciones de derechos fundamentales: (i) del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y, en concreto del 
derecho a la doble instancia en materia penal [art. 2.2 del Protocolo núm. 7 del Convenio 
europeo de derechos humanos (CEDH)], ya que la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
asumió el conocimiento de la presente causa sin tener competencia para enjuiciar; (ii) del 
derecho a un juez imparcial (art. 6 CEDH y 24 CE), lesión que se produjo en la fase de 
instrucción, tanto por la intervención del magistrado instructor designado, como por la de 
sala de recursos, especialmente, del miembro de la misma don Francisco Monterde 
Ferrer, vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la 
Magistratura (APM); y en la fase de enjuiciamiento, con mención de las recusaciones 
resueltas por la Sala del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y las 
manifestaciones de don Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, que no atañen 
a los magistrados que integran la Sala, pero son «ilustrativas del contexto que rodea a la 
presente causa en términos de imparcialidad institucional»; (iii) de los derechos a la 
defensa, a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE y 6 CEDH) y a la no 
discriminación (arts. 14 CE y 14 CEDH), por haberse denegado el sistema de traducción 
simultánea solicitado por la defensa; (iv) del derecho a la defensa y del derecho a un 
proceso con todas las garantías, por haber tenido que preparar el juicio en una situación 
de privación de libertad (arts. 17 en relación con 24 CE); (v) de los derechos de defensa 
y a un proceso con todas las garantías, por no permitirse un acceso completo a las 
actuaciones (arts. 24 CE y 6 CEDH), queja que se desglosa a su vez en las siguientes: 
acceso incompleto a la «nube virtual» para consultar las actuaciones de la instrucción; 
denegación  de  traslado  de  los  denominados  sobres  cerrados;  falta  de  traslado  del 
resultado de las pruebas documentales requeridas por la Sala en su auto de admisión de 
pruebas de fecha 1 de febrero de 2019; (vi) de los derecho de defensa y a un proceso 
con todas las garantías, por haberse denegado la aportación de testimonio íntegro de las 
diligencias practicadas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona (arts. 24 CE 
y 6 CEDH); (vii) del derecho a la presunción de inocencia por las declaraciones a la BBC 
de doña Irene Lozano Domingo, responsable de la campaña gubernamental «España 
Global» (arts. 6.3 CEDH y 24 CE); (viii) de los derechos de defensa y a un proceso con 
todas las garantías, por denegación de medios de prueba pertinentes, propuestos en 
tiempo y forma (arts. 24 CE y 6 CEDH).
m)  En  sus  conclusiones  definitivas,  las  partes  acusadoras  mantuvieron  sus 
calificaciones jurídicas y peticiones de penas respecto del demandante. Por su parte, 
este último modificó sus conclusiones provisionales, en el sentido de interesar, en la 
conclusión cuarta, la apreciación de la circunstancia eximente (art. 20.7 CP) de obrar en 
el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE), de expresión  s
(art. 20 CE), de reunión pacífica y manifestación (art. 21 CE) y de asociación (art. 22  oe.
CE). w.
vleuslnioEennrea sce iodl neme ssou mysa ed naetolree gcdahedo ases lf euavnl adirna imcai oe dndetaefillne jisuti ivccaiaosu  sosaruadsla,  sec lod rnuecrcaluunsrtreieo nnlatee sc ,de elaenmburénancc iióód nel a dsre esl iitpgelureaineran rtleiaoss:    2021-1130n https://w
(imi) pdoesli bdileidreacdh od ea  cuonn fproronctaers ol acso nd etcoldaarasc iloans egsa rtaensttiífaicsa l(easrt . c2o4n  ClaE  pyr u6e bCaE DdoHc)u, mpeonr tlaal   BOE-A-cable e
videográfica (art. 24.2 CE); (ii) del derecho de defensa (art. 24 CE y 6 CEDH), por la 
restricción injustificada del alcance de los interrogatorios efectuados por las defensas; 
(iii) del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 CEDH), por la 
conculcación del principio de igualdad de armas entre acusaciones y defensas, por la 
asunción de un rol acusatorio por parte del presidente del tribunal y por impedir a los 
testigos declarar en lengua catalana.
n)  En fecha 14 de octubre de 2019 recayó sentencia en la referida causa especial, 
en virtud de la cual el demandante fue considerado autor de un delito de sedición 
previsto en los arts. 544 y 545.1 CP, y condenado a las penas de nueve años de prisión y 
nueve años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos 
los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e 
incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos 
públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. A su 
vez,  fue  condenado  al  pago  de  una  veinticuatroava  parte  del  total  de  las  costas 
procesales. El demandante fue absuelto de los delitos de rebelión y de organización 
criminal.
ñ)  En las páginas 24 a 60 de la sentencia condenatoria se consignan los hechos 
que el tribunal consideró probados, cuyo tenor literal, es el siguiente:
«1.  Con fecha 8 de septiembre de 2017, el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 
7451-A  publicó  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  20/2017,  8  de  septiembre,  de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
Esta  norma,  integrada  por  89  artículos  y  tres  disposiciones  finales,  incluía 
proclamaciones  unilaterales  de  ruptura  con  el  sistema  constitucional  vigente.  Se 
presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera 
aprobada la Constitución de la nueva República. Proclamaba que Cataluña se constituye 
en una República de derecho, democrática y social, en la que la soberanía reside en el 
pueblo de Cataluña, y en Arán en el pueblo aranés, de los que emanan todos los 
poderes del Estado. A efectos de ejercicio de su plena soberanía el territorio de Cataluña 
se declaraba compuesto por el espacio terrestre, incluido el subsuelo, correspondiente a 
sus límites geográficos y administrativos preexistentes, por el mar territorial, incluido su 
lecho y subsuelo y por el espacio aéreo situado sobre el espacio terrestre y el mar 
territorial de Cataluña.
Entre otras novedades, declaraba abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al 
presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta 
representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el 
Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que 
culminaría la organización judicial de Cataluña. Instauraba un modelo de autogobierno 
del Poder Judicial inspirado en la actuación coordinada con el Poder Ejecutivo y permitía 
la  continuidad  de  aquellos  jueces  y  magistrados  que  venían  desempeñando  sus 
funciones en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, 
aquellos jueces y magistrados que llevaran menos de tres años de ejercicio en Cataluña, 
se veían despojados de su garantía constitucional de inamovilidad, al referirse la ley a un 
derecho de integración que había de solicitarse por los jueces en ejercicio, con arreglo a 
un procedimiento a regular en el futuro.
Se atribuía al Parlament, a propuesta del Gobierno de la Generalidad, una vez oída 
la  sala  de  gobierno  del  Tribunal  Supremo,  el  nombramiento  del  fiscal  general  de 
Cataluña.
Modificaba el régimen jurídico de la nacionalidad de los residentes en Cataluña,  e.
redefinía los límites territoriales que habrían de ser abarcados por el nuevo Estado y  w.b
drpeeeglr usoElansbataal  ddlaoe   sleausscp eaasdñiómonli  ndiesentlr  aECcsiaotatnadelous ñ cpaaú.t baTlliácanam seb nqié ulnae   htpitarueslavtaer iídeaan dtuo nnd cee rtésog dpiomreses lntoa srd abeni  esniunestes s gyer ardvceiicórienoc sh deoensl    2021-1130n https://w
slaes  aedsmtiminaisratrna ciinodniessp ecnesnatrballe ys  apuatoran ólma icrae,a slidieamdp rdee lc onnudeicvioo nEadstoa dao l.a sS aed acpotnavceiortníae s aq ulea 
Generalidad en la autoridad fiscal llamada a la fijación, recaudación y gestión de todos
los tributos e ingresos de derecho público y hacía de aquel órgano de gobierno la 
autoridad aduanera y arancelaria del territorio de Cataluña.
2.  La  Ley  19/2017,  6  de  septiembre,  reguladora  del  llamado  referéndum  de 
autodeterminación, fue publicada en el "Diario Oficial de la Generalitat" núm. 7449A, de 6 
de septiembre de 2017.
En  su  preámbulo  se  expresaba  que  en  la  aprobación  de  esa  Ley  confluían  la 
legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán, con el 
derecho  de  autodeterminación  de  los  pueblos  consagrado  por  la  legislación  y  la 
jurisprudencia internacionales. Calificaba el acto de aprobación de la ley como un "acto 
de soberanía".
En el mismo texto legal se precisaba que si en el recuento de los votos válidamente 
emitidos llegara a haber más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la 
independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlament de Cataluña, dentro de los dos 
días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, 
debería  celebrar  una  sesión  ordinaria  para  efectuar  la  declaración  formal  de  la 
independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.
3.  Ambos textos, a los que siguieron otras normas reglamentarias de desarrollo, 
formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados. De lo que se 
trataba era de crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la 
ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de 
la República independiente de Cataluña. Ese acuerdo implicaba un reparto funcional 
entre sus protagonistas. Dña. Carme Forcadell Lluís era la Presidenta del Parlament; D. 
Oriol Junqueras i Vies, era en aquellas fechas Vicepresidente y Consejero de Economía 
y  Hacienda;  D.  Raül  Romeva  i  Rueda,  Consejero  del  Departamento  de  Asuntos  y 
Relaciones  Institucionales  y  Exteriores  y  Transparencia;  D.  Josep  Rull  i  Andreu, 
Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Dña. Dolors Bassa i Coll, Consejera de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias; Dña. Meritxell Borràs i Solé, Consejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda; y D. Carles Mundó i Blanch, Consejero de Justicia.
D. Santiago Vila i Vicente, fue inicialmente Consejero de Cultura y asumió con 
posterioridad, en los primeros días del mes de julio de 2017, el Departamento de 
Empresa y Conocimiento. En esas fechas se incorporó al Gobierno, como Consejero de 
Presidencia, el acusado D. Jordi Turull i Negre. La Consejería de Interior fue asumida, en 
la misma remodelación del Gobierno, por D. Joaquim Forn i Chiariello.
Además del papel asumido por la presidenta del órgano parlamentario y por los 
miembros del ejecutivo autonómico, era indispensable conseguir la movilización de miles 
y miles de ciudadanos que, en un momento determinado, pudieran neutralizar cualquier 
manifestación  de  poder  emanada  de  las  autoridades  judiciales  y  gubernativas  del 
Estado. Con este fin y con el de lograr una participación relevante en la consulta 
presentada como la expresión del "derecho a decidir", se sumaron al concierto los 
acusados  D.  Jordi  Sànchez  Picanyol  y  D.  Jordi  Cuixart  Navarro.  Eran  los  líderes 
respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (en adelante, ANC) y de Òmnium Cultural 
(en  adelante,  OC),  organizaciones  ciudadanas  que  fueron  puestas  por  sus  dos 
principales dirigentes al servicio de la maniobra de presión política que había sido ideada 
de forma concertada con el resto de los acusados.
4.  El 1 de octubre de 2017 los ciudadanos de Cataluña fueron llamados a votar. La 
pregunta  incluida  en  las  papeletas  del  referéndum  fue  la  siguiente:  "¿quiere  que  s
Cataluña  sea  un  estado  independiente  en  forma  de  república?".  El  resultado  del  oe.
referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si  3ww.
dqeeunbe ee lnr íeraeg caustieevngotusoi,r   deeul  nrleoass u dvlteoactdoloas r aivmcáiplóidlnica amfroíearnm oteap le e mdleeitgli disoP slaa r sliaenm dceeopnmet,pn udcteoannbccairane  tdmaená dsCo av toastlouussñ  aae,f ifraem claatot isqv uoees    2021-1130n https://w
iniciando el proceso constituyente.
Según los datos hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, el referéndum 
arrojó el siguiente resultado: de un total de 5500000 personas con derecho a voto, la 
cifra total de votantes ascendió a 2286217 personas. Se contabilizaron 2044058 votos 
favorables al "sí", cifra esta que representaba el 37 por 100 del censo electoral y poco 
más de una cuarta parte (el 27 por 100) de la población total de Cataluña en esas 
fechas.
El mismo día 1 de octubre, en ausencia de un genuino censo electoral en el que se 
relacionara  la  identidad  de  los  potenciales  votantes,  se  recurrió  al  llamado  "censo 
universal". En realidad, se trataba de un eufemismo presentado en rueda de prensa por 
los acusados Sres. Turull y Romeva, mediante el que cualquier ciudadano podría votar 
en un centro de votación a su elección, con independencia de su lugar de residencia y de 
las circunstancias que, de ordinario, determinan la inscripción censal.
La inexistencia de un censo con garantías de autenticidad y la labor de los agentes 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cumplimiento de resoluciones 
judiciales que días antes habían ordenado la incautación de todo el material electoral, 
hicieron imposible la designación controlada de los presidentes de mesa electoral. La 
consecuencia fue que las mesas se constituyeron con aquellos ciudadanos que en hora 
más temprana acudieron al centro de votación.
El presidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa había rechazado 
con anterioridad, por carta fechada el día 2 de junio de 2017, dirigida al presidente de la 
Generalitat, la invitación cursada con el fin de que esa institución cooperara en la 
celebración del referéndum del 1 de octubre. Según se explicaba en esa misiva, la 
pretendida cooperación de las autoridades catalanas con la Comisión debía hacerse con 
el  acuerdo  de  las  autoridades  españolas.  Recordaba  también  que  la  Comisión  de 
Venecia ha puesto especial énfasis en la necesidad de que cualquier referéndum se 
haga con el pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable.
Tres días después de la celebración del referéndum del 1 de octubre, la Junta 
Electoral Central adoptó el acuerdo núm. 90-2017 (exp. 109/165): "la Junta Electoral 
Central, órgano que encabeza la administración electoral, competente para declarar y 
publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España y competente, 
también, en las elecciones al Parlamento de Cataluña en razón de lo dispuesto en la 
disposición transitoria segunda de su Estatuto de Autonomía, a la vista de las consultas 
que se le han planteado, reunida en el día de la fecha en sesión ordinaria, ha acordado 
hacer público cuanto sigue:
1.º  El pasado día 1 de octubre de 2017 no ha tenido lugar en Cataluña ningún 
proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades 
previstas por el ordenamiento jurídico: (i) ni por el sujeto que lo convocó, incompetente; 
(ii) ni por la forma en que lo hizo, en vulneración de resoluciones firmes del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; (iii) ni por su objeto, 
inconstitucional;  iv)  ni  por  la  notoria  ausencia  de  toda  garantía  de  objetividad  y 
transparencia en su desarrollo, escrutinio y control.
2.º  Que, por tanto, carecen de todo valor los que se vienen presentando como 
resultados del llamado referéndum de autodeterminación".
5.  El día 10 de octubre de 2017, el presidente de la Generalitat compareció ante el 
pleno del Parlament. La sesión, iniciada con retraso por el desacuerdo entre algunas de 
las fuerzas políticas acerca del texto que iba a ser objeto de lectura, sirvió al presidente  s
para dar cuenta del resultado de la votación y manifestar que acataba el mandato del  oe.
pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república.  3ww.
Idpnermo pmeodaninaeetmaramo seq nqutueee  e denel  sPlapasur élpasrm óaexfinimrtm asósu  ss"pceeomnnda anla al osm se iesmfmepcaret onssdo adlemem olnasi  dduaendc  ldaeirála lcogigoóobn,i e dsrenin oi n edyle  qpyueoen  dmneiosn mceiaos    2021-1130n https://w
posible llegar a una solución. Creemos firmemente que el momento requiere, no solo la
desescalada de las tensiones sino, sobre todo, la voluntad clara de avanzar en las
peticiones y en el mandato del pueblo de Cataluña […] en la etapa de diálogo que 
estamos dispuestos a abrir".
Después de dicho discurso, los diputados de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y 
la CUP-CC firmaron lo que calificaron como una declaración de independencia. En ella 
acordaban: a) constituir la República Catalana, como estado independiente y soberano; 
b) disponer la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la 
república;  c)  iniciar  un  proceso  constituyente;  d)  declarar  su  voluntad  de  abrir 
negociaciones con el Estado español, en pie de igualdad; e) comunicar a la comunidad 
internacional y a las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república 
catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español, apelando a los Estados 
y  organizaciones  internacionales  a  reconocer  la  república  catalana  como  estado 
independiente y soberano; f) instar al gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas 
necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia 
y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república y g) 
llamar a todos y cada uno de los ciudadanos a construir un Estado que traduzca en 
acción y conducta las aspiraciones colectivas.
La  suscripción  de  este  documento  se  realizó  fuera  del  Salón  de  Plenos  de  la 
Cámara.
6.  El 27 de octubre de 2017 cuatro parlamentarios que no son ahora objeto de 
juicio, pertenecientes a los grupos Junts pel Sí y la CUP presentaron a la Mesa del 
Parlament dos propuestas de resolución para su votación al Pleno. La primera tenía por 
objeto la declaración de independencia de Cataluña con un contenido idéntico a la 
declaración  efectuada  fuera  del  Parlament  a  la  que  hemos  hecho  referencia,  y  la 
segunda, el inicio de un proceso constituyente para la nueva república con la creación de 
un consejo asesor y la culminación mediante convocatoria de referéndum en el que se 
sometería a votación el texto de la Constitución de Cataluña.
Las propuestas se tramitaron y fueron posteriormente votadas por 82 de los 135 
diputados  del  Parlament.  El  resto  de  los  parlamentarios  abandonó  el  hemiciclo 
expresando  la  ilegalidad  de  las  propuestas.  La  votación  se  realizó  en  urna  y  con 
mantenimiento del secreto del voto para los participantes.
La denominada declaración de independencia fue aprobada con setenta votos a 
favor, diez en contra y dos abstenciones –de un total de 135 diputados autonómicos–. No 
llegó a tener concreción práctica alguna dado que el mismo día 27 de octubre el Pleno 
del Senado dictó un acuerdo aprobando las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general 
por parte de la Generalitat de Cataluña ("Boletín Oficial del Estado" –en adelante, 
"BOE"– de 27 de octubre de 2017), y disponiendo el cese inmediato de todos los 
miembros  del  Gobierno  de  la  Generalitat,  la  disolución  de  la  cámara  legislativa 
autonómica  y  la  convocatoria  de  elecciones  para  la  conformación  de  un  nuevo 
Parlament.
7.  Esa simbólica e ineficaz declaración de independencia fue el desenlace de un 
proceso de tramitación legislativa que se desarrolló en abierta y contumaz oposición a 
todos los requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional que, una y otra vez, 
advirtió, mediante notificaciones personales dirigidas a los acusados, de la ilegalidad de 
las iniciativas que estaban siendo promovidas. Esos requerimientos fueron desatendidos, 
como también lo fue el efecto suspensivo que, por imperativo legal, se producía respecto 
de los actos de la cámara impugnados ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de  e
la Nación. bo
El letrado mayor y el secretario general del Parlament expresaron en sus respectivos  3w
liansfo rmreesso luqcuieo nlae sa dpmroishióibnit iav atsrá mdietel  dTeri baumnbaal sC pornosptoitsuicciioonnaels  daen teleryio rremseunlttaeb ain cdoicnatrdaarsia  ay   2021-1130n https://w
pcoanracluizlcaarab a culoaslq ureieqru einriimciiaetnivtoas  qeuxep ressuapmuseinetrea   rieganloizraard oso   pealurad ir qulae   nsuel idiamdp iddieer al aos 
resoluciones parlamentarias que estas nuevas proposiciones de ley desarrollaban. Pese
a la advertencia de ilegalidad, la mesa incluyó dichas proposiciones de ley en el orden 
del  día  respectivo,  dio  curso  a  la  iniciativa  legislativa,  las  admitió  a  trámite  por  el 
procedimiento  de  urgencia  y  rechazó  la  solicitud  de  reconsideración  de  ambas 
proposiciones de ley. De esta forma, la tramitación legislativa de las leyes de referéndum 
y transitoriedad se desarrolló a partir de una interpretación singularizada del Reglamento 
del  Parlament,  con  el  exclusivo  objeto  de  imprimir  una  inusitada  celeridad  a  la 
aprobación de aquellos dos textos legales y, sobre todo, de silenciar la voz de los grupos 
parlamentarios que habían mostrado su desacuerdo con el proceso de ruptura.
El  pleno  del  Consejo  de  Garantías  Estatutarias  de  Cataluña,  institución  de  la 
Generalitat que vela para que las disposiciones de esta se adecuen al Estatuto y a la 
Constitución, adoptó dos acuerdos fechados los días 6 y 7 de septiembre de 2017. En 
ellos  se  decidió:  a)  comunicar  al  Parlament  el  carácter  preceptivo,  en  el  seno  del 
procedimiento  legislativo,  de  la  apertura  subsiguiente  a  la  publicación  de  cualquier 
proposición de ley del plazo de solicitud de dictamen a este Consejo, en garantía del 
derecho de los diputados en el ejercicio de su función y que correspondía a la mesa el 
envío  de  tales  solicitudes  de  dictamen  al  Consejo;  y  b)  recordar  que  todas  las 
proposiciones de ley, sin excepción, en fase de tramitación en el Parlament de Cataluña 
y  antes  de  ser  aprobadas  definitivamente,  deben  poder  ser  objeto  de  solicitud  de 
dictamen ante el Consejo, dado su carácter preceptivo, si así lo solicitan los sujetos 
legitimados.
El Pleno del Parlament, después de que una parte de los diputados presentes 
abandonara  la  sesión,  tras  un  debate  en  el  que  expresaron  la  ilegalidad  de  las 
decisiones propuestas, aprobó ambas proposiciones como las ya citadas Leyes 19/2017, 
de  6  de  septiembre,  del  Referéndum  de  Autodeterminación  ("Diario  Oficial  de  la 
Generalitat de Cataluña" –en adelante, "DOGC"– 6 de septiembre de 2017), y 20/2017, 
de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república ("DOGC" de 8 
de septiembre de 2017).
Tanto los acuerdos de la mesa de admisión a trámite como los acuerdos del Pleno, 
que incluyeron el debate y votación de ambas proposiciones en el orden del día de las 
sesiones  del  6  y  del  7  de  septiembre,  suprimiendo  los  trámites  esenciales  del 
procedimiento  legislativo,  se  declararon  nulos  por  sendos  autos  del  Tribunal 
Constitucional –núms. 123/2017 y 124/2017, 19 de septiembre–. En ambas resoluciones 
se declaraba la inmediata ejecutividad desde su publicación –que tuvo lugar en el "BOE" 
núm. 229, de 22 de septiembre de 2017– y se acordaba deducir testimonio al fiscal 
contra la presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carme Forcadell y otros miembros 
de la mesa, por incumplir el mandato legalmente previsto, en relación con los hechos 
objeto del incidente de ejecución, al permitir su admisión a trámite.
Ambas leyes fueron recurridas por el Gobierno del Estado y suspendidas por el 
Tribunal  Constitucional  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017.  La 
Ley  19/2017  fue  finalmente  declarada  nula  por  STC  114/2017,  de  17  octubre,  e 
igualmente se declaró la nulidad de la Ley 20/2017 por la STC 124/2017, 8 noviembre. 
Todas  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  volvían  a  contener  las 
correspondientes advertencias sobre la ilegalidad de decisiones futuras y la posibilidad 
de  incurrir  en  responsabilidades  penales.  Las  providencias  de  suspensión  fueron 
notificadas personalmente con dichas advertencias a los miembros de la mesa y del 
Gobierno, y a otras autoridades (en este caso, los miembros de la sindicatura electoral).
7.1  Las impugnaciones que presidieron el devenir parlamentario de las Leyes 19 
y 20 de 2017 estaban en línea con toda una batería de recursos y requerimientos  e.
promovidos por el Gobierno de la Nación ante el propio Tribunal Constitucional, frente a  w.b
idcnaeicm iaientifovic aaaslc  irpaea ferlaraé mndeuunnmt a rcifaiunsea rlpamone tenrtneioo rrcemesla,e tbicvrooae dtoáe nnee l adsaí aby ie1 rp tdoaes  toeccroitonurtberrased,. i clSlcaeimó pnae drascseo gnau  íapla raessp ía brpaarrisv eaesrl    2021-1130n https://w
consLtait umcieosnaa ledse ld Peal srliasmteemnat,. compuesta por siete miembros y presidida por la acusada
Dña. Carme Forcadell, tiene entre sus funciones calificar los escritos y documentos de
naturaleza parlamentaria, así como declarar su admisión o inadmisión a trámite. Por ello, 
debieron haber sido inadmitidas a trámite y paralizadas todas las propuestas contrarias 
al orden constitucional. Su presidenta -respecto de otros integrantes de la mesa se sigue 
causa  penal  en  otros  órganos  jurisdiccionales-  desoyó  las  múltiples  advertencias  y 
requerimientos  personales  que  le  formuló  el  Tribunal  Constitucional  para  que  se 
abstuviera de tramitar iniciativas de esa índole. Votó sistemáticamente a favor de su 
admisión y abrió la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, 
estatutarias y legales, así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la 
legalidad.
7.2  La primera iniciativa admitida a trámite permitió la aprobación por el Pleno del 
Parlament de la resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político 
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre 
de 2015, para la creación del Estado catalán independiente. En su apartado sexto 
proclamaba que el Parlament y el proceso de desconexión "no se supeditarán a las 
decisiones  de  las  instituciones  del  Estado  español,  en  particular  del  Tribunal 
Constitucional".
Fue admitida a trámite por la mesa e impugnada ante el Tribunal Constitucional que, 
mediante su sentencia 259/2015, de 2 diciembre, la declaró inconstitucional.
7.3  La segunda iniciativa dio lugar a la aprobación de la resolución 5/XI, de 20 de 
enero de 2016 para la creación de una "Comisión de Estudio del Proceso Constituyente". 
La citada comisión fue constituida el 28 de enero de 2016 y alcanzó la conclusión de que 
el objetivo era llegar a la desconexión con las leyes españolas a través de la vía de la 
unilateralidad, es decir, a través de procedimientos ilegales.
El  auto  del  Tribunal  Constitucional  núm.  141/2016,  de  19  julio,  rechazó  la 
constitucionalidad de esa actividad de la comisión y advirtió a los miembros de la mesa 
sobre  su  deber  de  no  admitir  semejantes  iniciativas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la 
advertencia, las conclusiones de la mencionada comisión se debatieron en el Parlament 
de Cataluña el 27 de julio de 2016 y se aprobaron mediante la resolución 263/XI, de 27 
de julio de 2016.
El auto del Tribunal Constitucional núm. 170/2016, de 6 de octubre, declaró la 
nulidad de la misma. Además, acordó la notificación personal de la resolución a la 
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario 
general, así como al presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones 
tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI, y de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente supusiera ignorar o 
eludir  la  nulidad  de  dicha  resolución,  apercibiéndoles  de  las  eventuales 
responsabilidades,  incluida  la  penal,  en  las  que  podrían  incurrir  en  caso  de 
incumplimiento de lo ordenado por el tribunal.
7.4  La tercera iniciativa, admitida por la mesa el 4 de octubre de 2016, contenía las 
propuestas de instar al Gobierno de la Generalitat a celebrar un referéndum vinculante 
sobre la independencia de Cataluña y abordar un proceso constituyente si esta opción 
era votada mayoritariamente. Dio lugar a la resolución 306/XI, de 4 de octubre, donde se 
volvía a proclamar –contra las decisiones del Tribunal Constitucional– el derecho de 
autodeterminación de Cataluña, instando al Gobierno a iniciar la consulta democrática y 
a aportar para ello todos los recursos necesarios.
Por auto del Tribunal Constitucional núm. 24/2017, de 14 de febrero, se declaró la 
nulidad de la resolución. También se acordaba notificar personalmente el auto a la  s
presidenta del Parlament de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario  oe.
general del Parlament, así como al presidente e integrantes del Consejo de Gobierno de  w.
laaacn tuGulaaecdnioeosrna eylis tda ett e sdnued  edCneatbeteasrl u dañe a d,im acrpo encd uilrma  opa lpdimavreiearnltieztona cr iaca u ldaael q ruaeibessor tlieunncicieóiarnst iev3 ad0, e6ju /XrreíId aieclizana  orl  omcsu aaatelperasiaqrlt,ua iqdeuoraes    2021-1130n https://w
rdeirseoclutac ioó nin, daipreecrtcaibmiéenndteo lseusp dues ilearsa  eigvneonrtuaar loe se lruedsipr olan snaubliidliadda ddees ,e isnocslu aidpaa rlata dpoesn adl,e e dnic lhaas   BOE-A-cable e
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal. Por 
último, deducía testimonio para remisión al fiscal.
7.5  La siguiente iniciativa se plasmó en la resolución 807/X1, de 7 de septiembre 
de 2017, por la que se designaron los miembros de la sindicatura electoral. Dicha 
resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha del Tribunal Constitucional 
–notificada personalmente a los miembros del Gobierno, de la mesa y de la sindicatura–, 
en la que se imponían multas coercitivas a los designados. Posteriormente, la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2017 declaró nula la referida resolución.
El  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  de  Estrasburgo  ha  inadmitido  la 
demanda núm. 70219-17 promovida por una de las personas a la que se impusieron las 
multas coercitivas por formar parte de esa administración electoral, en decisión Aumatell 
i Arnau vs España de 11 de septiembre de 2018.
Finalmente, se solicitó la presentación de los resultados del referéndum ilegal el 4 de 
octubre de 2017, siendo dicho acto suspendido por auto del Tribunal Constitucional de 5 
de octubre de 2017. La mesa se reunió ese mismo día. El letrado mayor y el secretario 
general advirtieron por escrito de que ello suponía aplicar normas suspendidas por el 
Tribunal Constitucional. La mesa acordó, con el voto favorable de su presidenta –Sra. 
Forcadell–  admitir  a  trámite  la  solicitud  y  posteriormente  rechazar  la  solicitud  de 
reconsideración.
Por auto del Tribunal Constitucional de 5 de octubre de 2017 se admitió el recurso de 
amparo  frente  a  dichos  acuerdos  y  se  suspendió  cautelarmente  la  eficacia  de  los 
mismos. El auto se notificó a los miembros de la mesa, advirtiéndoles nuevamente de su 
deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera eludir la suspensión.
El 6 de octubre de 2017, el Gobierno de la Generalitat, mediante una carta firmada 
por el Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat D. Oriol Junqueras, su portavoz D. 
Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores D. Raül Romeva comunicó al Parlament 
el resultado del referéndum, afirmando que había ganado el "sí" con un 90,18 por 100 de 
los votos emitidos.
7.6  Con anterioridad, el impulso a lo que se presentaba como el camino hacia la 
independencia, con palmario incumplimiento de las bases de nuestro sistema normativo, 
había conocido otros hitos fundamentales.
Así, el día 30 de marzo de 2015 se formalizó el concierto de actuación ilegal 
mediante el acuerdo de una "hoja de ruta" respecto del proceso de independencia entre 
los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña (representada por D. Josep 
Rull  Andreu)  y  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  con  las  entidades  soberanistas 
Òmnium  Cultural  (representada  por  una  persona  ya  fallecida),  Asamblea  Nacional 
Catalana (representada por su entonces presidenta Dña. Carme Forcadell Lluís) y la 
Asociación de Municipios para la Independencia (en anagrama, AMI, representada por 
quien entonces era su vicepresidente).
En el preacuerdo se proclamó que las elecciones que iban a celebrarse el día 27 de 
septiembre  de  2015  tendrían  un  carácter  plebiscitario,  de  modo  que  votar  a  las 
candidaturas soberanistas supondría un pronunciamiento favorable a la independencia 
de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional que llevaría a la 
proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho meses, con la 
creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo Estado y con la 
elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez meses, el cual 
debería ser sometido a un referéndum vinculante que, en caso de ser positivo, permitiría 
proclamar la independencia. s
El 12 de abril de 2015 la ANC –un mes antes de que el acusado D. Jordi Sànchez  oe.
asumiera su presidencia– aprobó su propia hoja de ruta en la que aseguraba que velaría  w.
rdpeeoalr l ipezrla occciuóemns opd,li emc oiuennn  teores dpfeeer célianasdl  urametes onvlciunióccinuo lna"eans te lad see ln leP ylaoerslsa  tmdéerem ndtin edosesc  oCenasettxaaiblóulneñ,ca i adr oelslaa,  ticyvo anlsav  aoinlc maimteopdruiiaals toay    2021-1130n https://w
pErjoeccluatmivoa,c ióanfir mdea blaa  qinudee pheanbdíae ndceia  treanb acjaasrsoe  dceo ovridcitnoaridaa mdeeln tSeí ".c oRne sepl eGctoob ideernl oP opdaerar   BOE-A-cable e
conseguir el máximo apoyo internacional respecto del derecho de autodeterminación y 
del reconocimiento del nuevo Estado catalán. También reflejaba expresamente que, ante 
la  posibilidad  de  que  la  Generalitat  de  Cataluña  fuera  "intervenida  políticamente  y 
jurídicamente por el Estado español y/o algún partido soberanista ilegalizado […] la 
ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia".
8.  Hasta llegar a la celebración del referéndum la actividad parlamentaria tuvo 
como complemento toda una serie de actos reglamentarios dirigidos a hacer posible lo 
que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Los requerimientos personales 
notificados a los acusados no fueron suficientes para impedir la organización de esa 
consulta que era presentada como la legítima expresión del "derecho a decidir".
8.1  En paralelo con la actividad del Parlament descrita más arriba, el 9 de junio 
de 2017, el vicepresidente de la Generalitat, el acusado D. Oriol Junqueras, tras una 
reunión con todo el Consejo de Gobierno, presentó en el "Pati dels Tarongers" del 
Palacio  de  la  Generalitat  la  pregunta  que  se  iba  a  formular  en  el  referéndum  de 
autodeterminación, estableciendo para su celebración la fecha del 1 de octubre. Fueron 
acompañados por todos los miembros de su Gobierno, por la presidenta del Parlament, 
algunos de los miembros de la mesa y varios parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP. 
El día 4 de julio de 2017 en un acto celebrado en el Teatro nacional de Cataluña se hizo 
la proclamación de la voluntad de realizar el referéndum de autodeterminación que el 
coacusado Sr Junqueras preveía que se celebraría con la "oposición descarnada del 
Estado".
8.2  Para  asegurar  que  la  Policía  autonómica  –dependiente  orgánica  y 
funcionalmente de la Consejería de Interior de la Generalitat–, en caso de cumplir con la 
legalidad constitucional vigente, no frustrase la realización del referéndum proyectado 
por los coacusados, a mediados de julio de 2017 se procedió́ a la sustitución de D. Jordi 
Jané por el acusado D. Joaquín Forn, para que respaldara sin reservas la celebración 
del referéndum. Unos días más tarde, ante el rumbo que tomaban los acontecimientos, 
también dimitió́ el hasta entonces director general de policía de la Generalitat, D. Albert 
Batlle.
Por  el  mismo  motivo  y  en  la  misma  época,  fueron  cesadas  las  consejeras  de 
Enseñanza, Dña. Meritxell Ruiz Isem, y de la presidencia, Dña. Neus Munté Fernández, 
pasando a ocupar sus cargos Dña. Clara Ponsatí y el acusado D. Jordi Turull. También 
en ese momento fue cesado el consejero de industria D. Jordi Baiget, a raíz de haber 
manifestado en una entrevista que consideraba una irresponsabilidad la celebración de 
un referéndum unilateral.
Fue en ese mismo mes de julio de 2017 cuando el Gobierno de la Generalitat aprobó 
los  Decretos  108/17,  de  17  de  julio  y  110/17,  de  18  de  julio  por  los  que  se 
reestructuraban las competencias de los diferentes departamentos o consejerías, de 
modo que la administración de los procesos electorales pasó a depender en su totalidad 
de la vicepresidencia de la Generalitat, cuyo titular era el acusado D. Oriol Junqueras.
8.3  El 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse por el Parlament de Cataluña la 
Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, la totalidad de los integrantes del 
Gobierno de la Generalitat (presidente, vicepresidente y doce consejeros), firmaron el 
Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum. El Pleno del Tribunal Constitucional, 
por  providencia  de  7  de  septiembre  de  2017,  suspendió  su  aplicación  –con  las 
correspondientes advertencias personales en orden a impedir los incumplimientos y 
sobre posibles responsabilidades penales– y mediante la sentencia núm. 122/2017,  e
de 31 de octubre de 2017, fue declarada la inconstitucionalidad y nulidad de la citada  bo
norma. 3w
ViceEplr emsidisemnoci a 6y  ddee  Esceopntoiemmíab rey  Hdaec ie2n0d1a7 ,d ea l a pGroepnueersatlaita td deel  CDaetpaalurñtaam, eenl tGo obdiee rnloa   2021-1130n https://w
acoumtopnlóemmiecnot araiapsr opbaór a elal  reDaelizcarectioó n 1d4e0l /r2e0fe1r7é,n dudme  d6e  adueto desteeprmtieinmabcrieó,n  ddee  Cantoarlumñaas, 
en el que se contenían las previsiones sobre administración electoral –a través de las
sindicaturas–, confección del censo, designación de apoderados e interventores de las 
mesas electorales, campaña institucional y electoral con uso de espacios públicos y 
medios de comunicación, procedimiento de votación presencial y en el extranjero, urnas, 
documentación electoral, escrutinio, personal colaborador de la administración electoral, 
observadores internacionales y administración o afectación laboral de los participantes. 
El  decreto  aparecía  firmado  por  el  presidente  de  la  Generalitat,  así  como  por  el 
vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el acusado D. Oriol 
Junqueras. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre 
de  2017,  suspendió  su  aplicación,  con  las  señaladas  advertencias,  notificándola 
personalmente a los miembros del Gobierno autonómico y a numerosas autoridades. La 
sentencia núm. 121/2017, de 31 de octubre de 2017, declaró su inconstitucionalidad y 
nulidad.
8.4  En septiembre de 2017, la interventora general de la Generalidad dejó de 
remitir  información  al  Ministerio  de  Hacienda  comunicando  que  el  vicepresidente  y 
consejero de Economía y Hacienda, D. Oriol Junqueras, prescindía de la obligación de 
remitir información contable, y como responsable jerárquico, dispensaba de hacerlo a los 
interventores  concernidos.  En  estas  circunstancias,  ante  la  grave  quiebra  de  los 
principios de la Ley Orgánica 2/2002 y el incumplimiento del resto de obligaciones 
económico-financieras  asumidas  por  el  Gobierno  de  la  Generalidad,  la  Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por acuerdo de 15 de septiembre 
de 2017, publicado por Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre ("BOE" de 16 de 
septiembre de 2017), incrementó los controles fijados y ya incumplidos, y estableció un 
mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera 
directa  a  los  acreedores  de  la  Generalidad,  solo  contra  factura  comunicada  por  la 
interventora general. Además de esto, sometió a autorización previa del Consejo de 
Ministros  todas  las  operaciones  de  endeudamiento  de  la  Comunidad,  incluidas  las 
operaciones a "corto plazo". Entre muchas otras medidas, se disponía que todos los 
órganos de contratación e interventores que fiscalizaran las actuaciones administrativas 
dirigidas a la entrega de bienes o prestación de servicios a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña  o  las  entidades  de  su  sector  público,  debían  emitir  una  "declaración 
responsable" en la que constase que dichos bienes o servicios no guardan relación con 
la  financiación  de  actividades  ilegales,  debiendo  entregarse  dicha  declaración 
responsable al adjudicatario y al Ministerio de Hacienda. También se disponía que la 
Generalitat no podría ordenar la realización material de ningún pago por medio de 
servicios  contratados  con  entidades  de  crédito  sin  acompañar  un  certificado  del 
interventor que permitiera comprobar que el pago no guardara relación de cualquier 
índole con la financiación de actividades ilegales o prohibidas por los tribunales.
Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7 de septiembre de 2017 –
a propuesta del vicepresidente, D. Oriol Junqueras, y de los consejeros de Presidencia, 
D. Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, D. Raül Romeva se autorizó a 
los  diferentes  departamentos  para  que  realizaran  las  acciones  y  contrataciones 
necesarias para la realización del referéndum.
El  acuerdo  en  cuestión  establecía  literalmente  lo  siguiente:  "el  Gobierno  como 
administración electoral, para garantizar la preparación adecuada del proceso electoral, 
asume directamente de manera colegiada los encargos a los departamentos o unidades 
competentes entre otras, las contrataciones, la aprobación del gasto, y las acciones 
político-administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum.
En concreto, y con carácter enunciativo y no limitativo, se autoriza: a) la confección,  s
impresión, aprovisionamiento y reparto del material electoral necesario (urnas, papeletas  oe.
de votación, sobres, actas de las mesas, manual de funcionamiento de las mesas  w.
ciemolepmcrtueonsriiaóclanec si,pó anar carf oesrdmuit aaucl tiioylinz aetrcsái,óm ncitr eee,d l esdni ícahi aadlecees … lafa) ;l vtabo,)t a acla ió lones la dbceoi uradacacuidóeanrn dodose  lc yoc nec niulsado a ndeoalrenmcataost,ri vaayl,   dssueu    2021-1130n https://w
perxotetericocri ócno nd dee rdeacthoos;  ac v) oltao  cdoeml muneiccaanciisómn oa m loesd iacnattea laenl ecus ayl  pcuaetdaelann aesje rrceesri deel ndteerse cehno  eal   BOE-A-cable e
voto; d) la elaboración de una página web informativa y la adquisición de reservas de 
dominios y servicios de hospedaje, así como el uso de los ya existentes; e) encargo, 
contratación y diseño de las campañas de comunicación institucional, así como las 
relacionadas con los colaboradores y colaboradoras de la administración electoral; f) 
definición de las secciones censales y mesas electorales, nombramiento y comunicación 
formal de los miembros de las mesas electorales; g) utilización de los espacios de 
titularidad o con derecho de uso de la Generalitat de Cataluña, y organismos y entidades 
dependientes; h) la creación de un registro de colaboradores y colaboradoras de la 
administración electoral; (i) utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos  necesarios  para  garantizar  la  adecuada  organización  y  desarrollo  del 
referéndum de autodeterminación de Cataluña, así como aquellos de los que ya se 
dispone".
Añadía  el  último  apartado  que  "las  decisiones  y  actuaciones  nombradas  serán 
tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Gobierno, y 
asumidas de manera solidaria".
9.  Los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi Cuixart Navarro eran los 
líderes respectivos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural (OC). 
Su contribución resultaba decisiva para los fines ideados. Ambas asociaciones cuentan 
con una amplia e histórica trayectoria de movilización popular. Los Sres. Sànchez y 
Cuixart ejercían una indiscutida capacidad de liderazgo. La ausencia de violencia en 
convocatorias multitudinarias añadía una seña de identidad que reforzaba, si cabe, su 
capacidad de convocatoria. De ahí que la vanguardia para la movilización ciudadana 
dirigida  a  la  celebración  del  referéndum  fuera  asumida  por  ambos  acusados.  Su 
autonomía orgánica y funcional y su funcionamiento asambleario no han sido obstáculo, 
en los últimos años, para mantener un estrecho contacto con los dirigentes políticos 
nacionalistas. Ello ha permitido su activa participación en el diseño de las distintas hojas 
de ruta que han venido dibujando el supuesto camino hacia la independencia.
El día 20 de septiembre de 2017, los acusados D. Jordi Sànchez Picanyol y D. Jordi 
Cuixart Navarro convocaron a la población a que compareciera ante la sede de la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, sita 
en los números 19-21 de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Esa convocatoria se 
verificó a través de sus propias cuentas de Twitter y de las organizaciones que lideraban. 
El motivo fue que los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de 
Barcelona,  por  orden  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  esa  ciudad,  habían 
practicado una serie de detenciones y habían iniciado la ejecución de la decisión judicial 
de registrar las instalaciones de la consejería, con la finalidad de encontrar elementos y 
datos que permitieran depurar las responsabilidades derivadas de la convocatoria del 
referéndum previsto para el 1 de octubre e impedir su celebración.
Las entidades ANC y OC, a través de la página "web www.cridademocracia.cat" –
concretamente  en  la  subpágina  "www.cridademocracia.cat/whatsappi"–  ofrecieron  la 
opción de unirse a grupos de WhatsApp desde donde se invitó a la movilización y a estar 
conectados permanentemente para recibir alertas y poder estar organizados en caso de 
necesidad. De hecho, ese día 20 de septiembre, OC, mediante mensajes de WhatsApp, 
a las 8.55 horas llamó a concentrarse, además de en la sede de Vicepresidencia, 
Economía  y  Hacienda,  en  las  Consejerías  de  Exteriores,  Bienestar  y  Familia,  y 
Gobernación.
Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuación de 
la Guardia Civil tendente a impedir el referéndum, sino que divulgaban el lugar donde se  e.
efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadanía a defender las instituciones  w.b
cqsaiudteoa  lnadone atpeson, dideríaxaisgn,í  aycn op nqe utdoeída onlas  a Ge llulooassr ,dc iqaaut aeCla ilvnaiesl  spf uuqesurieezr aass e ed nme lo liobvrieldirzetaanrd as nae.   hlSaaesb  íplaeensr  seaoqnnuiamivsao bqcaua edd oihc yaie bqníaudneo    2021-1130n https://w
habíLaons  daegcelanrtaedso  dlae  gluae rGrau aar dloias  qCuiev iql uinetreíagnra vnotetasr .de la comisión judicial llegaron a la
Consejería sobre las 08.00 horas del día 20 de septiembre de 2017, aparcando en la
puerta  sus  vehículos.  En  los  minutos  siguientes  la  afluencia  de  personas  se  fue 
incrementando,  hasta  el  punto  de  que  a  las  10.30  horas  de  esa  mañana  los 
manifestantes habían rodeado por completo el edificio impidiendo a la comisión judicial la 
normal realización de sus funciones.
Bajo la sola protección del reducido número de Mossos d"Esquadra que diariamente 
se encarga de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio, quienes no recibieron 
refuerzo alguno durante el día, salvo la llegada de unos agentes de mediación, los 
acontecimientos se desarrollaron con la presencia de una cifra próxima a los 40000 
manifestantes,  que  se  agolpaban  en  un  ambiente  en  el  que  coexistían  los  gritos 
reivindicativos, contrarios a la presencia de la comisión judicial, y los actos lúdicos, 
algunos espontáneos, otros, promovidos por los organizadores.
No se estableció el perímetro de seguridad que la comisión judicial reclamó, de 
manera que para discurrir entre los miles de manifestantes allí congregados no había 
otro acceso que un estrecho pasillo humano que únicamente permitía el paso en fila 
individual, y que no era un cordón controlado policialmente sino formado por los propios 
voluntarios de la entidad convocante –ANC–, que llevaban chalecos identificativos de 
pertenecer  a  esa  organización.  Ese  pasillo  no  posibilitaba  que  la  comisión  judicial 
trasladara a través del mismo los efectos intervenidos, ni siquiera el mero paso de los 
agentes, como resultó con los Mossos de mediación que, confundida su adscripción por 
la concurrencia, sufrieron lanzamiento de objetos y tuvieron que guarecerse de manera 
precipitada en el inmueble contiguo.
Las  entidades  sociales  que  animaban  la  convocatoria  montaron  una  tarima  y 
repartieron agua y bocadillos entre los asistentes.
La movilización impidió que la Guardia Civil pudiera introducir en el edificio a los 
detenidos, quienes debían estar presentes en el registro, conforme disponen las leyes 
procesales.  También  impidió  que  pudiera  ser  atendida  la  orden  judicial  con  plena 
normalidad. Los vehículos de la Guardia Civil, tres Nissan Patrol con distintivos oficiales 
y matrículas PGC-5313-N, PGC-2446-N y PGC 5314-C, y cuatro vehículos camuflados 
Renault Megane PGC-8401-C, Ford Focus PGC- 8019-C, Laguna Renault PGC-6504-B 
y Hyundai 120 PGC-8784-C, terminaron con importantes destrozos.
Solo sobre las 00:00 horas se consiguió preparar una salida para que la letrada de la 
administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pudiera 
abandonar el lugar con seguridad, infiltrándola entre los espectadores que abandonaban 
el teatro sito en el inmueble colindante, al que hubo que acceder desde la azotea de los 
edificios. El resto de los agentes de la Guardia Civil pudo salir cuando la manifestación 
ya se hubo disuelto, haciéndolo concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la 
madrugada del día 21 de septiembre, y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha.
La  efectiva  dispersión  de  los  últimos  manifestantes  tuvo  lugar,  ya  entrada  la 
madrugada, a raíz de unas cargas policiales ejecutadas por la brigada antidisturbios de 
los Mossos.
Durante los disturbios, el acusado D. Jordi Sànchez se erigió en el interlocutor de la 
movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones para el efectivo 
desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que pudieran 
introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie entre el 
tumulto. Igualmente se negó a que los agentes de la Guardia Civil pudieran hacerse 
cargo de los vehículos policiales, si no se acercaban a pie, sin garantía alguna de 
indemnidad,  hasta  el  lugar  donde  estaban  estacionados  atravesando  la  masa  de 
personas que los rodeaban. Al ser informado por los agentes de que en el interior de  s
esos coches había armas, dispuso lo necesario para aislar los vehículos. oe.
Sobre las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios  w.
cdpoeun eMsrtiadoses sróod,se e  (nBla tR éIVrMmicOien)po rspe udsdeido es nceocgimuar pidryoa bdCa cori nupsdoearjd esaríín ala a, d iimen gpeEoncstoiebn lemo msuulíta itd,u edhs aaqsluoteajo  .s eSel  eap egunontltproea vbidsaet ó a  qcluoaens    2021-1130n https://w
eple ramcuitisóa dreop Srorc. hSaàr nac hseuz  inqtueer,lo hcaustotar  ltaa l ppreusneton ceiaje rdceía l oesl  ceofenctrtiovlo sso pboreli cliaa lemsa: s"as,a cqau ea  slae   BOE-A-cable e
BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de 
aquí". Conforme avanzaban las horas de la noche, sin embargo, cambió hacia una 
actitud más colaboradora con los agentes.
Desde la llegada al lugar del acusado D. Jordi Cuixart, este y D. Jordi Sànchez se 
dirigieron en diversas ocasiones a la multitud para conducir su actuación. Así, en la tarde 
del día 20, el Sr. Cuixart, dirigiéndose a los congregados exigió la liberación de todos los 
detenidos y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había preparado para el 
referéndum y que tenían escondido en determinados locales.
Tras esta intervención, tomó la palabra el acusado D. Jordi Sànchez, quien agradeció 
a los presentes que hubieran confiado en las entidades soberanistas. Recordó que estas 
entidades habían prometido salir a la calle a defender las instituciones cuando hiciera 
falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y que había llegado el momento de 
salir a la calle para defender la dignidad, las instituciones y el referéndum, por lo que ni 
Rajoy,  ni  el  Tribunal  Constitucional,  ni  todas  las  Fuerzas  de  Seguridad  del  Estado 
podrían pararles. Aseguró que hacía un rato se había reunido con el presidente de la 
Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. Terminó pidiendo que 
nadie se marchara a casa todavía, pues tenían una "noche larga e intensa", y que habían 
de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo país.
Sobre las 23:41 horas, ambos acusados D. Jordi Sànchez y D. Jordi Cuixart, subidos 
sobre uno de los coches oficiales de la Guardia Civil, se dirigieron una vez más a los 
presentes. El Sr. Cuixart manifestó hablar en nombre de las entidades soberanistas, así 
como del PDeCat, ERC y la CUP-CC, proclamando que "todos estaban alzados" para 
luchar por su libertad y afirmó que "desde ese altar" –en clara referencia al vehículo 
policial– el Sr. Sànchez y él querían convocar a todos los asistentes a una movilización 
permanente  en  defensa  de  los  detenidos,  emplazándoles  a  una  concentración  que 
tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por su parte, D. Jordi Sànchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el 
Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras 
instar a los congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que 
acudieran a la manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior.
Estos actos fueron promovidos, dirigidos y queridos por los acusados Sres. Sànchez 
y Cuixart, que mantuvieron la convocatoria hasta las 00:00 horas –momento en el que se 
había  fijado  y  comunicado  previamente  su  finalización–,  llamando  entonces  a  la 
manifestación permanente y a presentarse a exigir la libertad de los detenidos al día 
siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
9.1  Hechos  similares  orientados  a  impedir  el  funcionamiento  normal  de  la 
administración de justicia tuvieron lugar con ocasión de otros registros y detenciones 
acordadas por el Juzgado de Instrucción núm. 13 citado.
Así, en el registro del domicilio de D. José María Jové se concentraron unas 400 
personas que impidieron la salida del vehículo policial durante unos quince minutos. En 
el registro de la sede del Departamento de Exteriores, sita en vía Layetana 14, la 
congregación de 200 personas en actitud hostil determinó a la Guardia Civil a introducir a 
la letrada de la administración de justicia en un coche camuflado. Cuando fue sacado del 
edificio el detenido D. Xavier Puig Farré las personas congregadas intentaron sustraerlo 
del control de los agentes y el vehículo oficial fue zarandeado y golpeado. En el registro 
en las naves sitas en los números 17, 18 y 19 de la Urbanización Can Barris, carrer S, de 
Bigues i Riells (Barcelona), la actitud hostil de un grupo de entre 200 y 250 personas 
concentradas en el exterior hizo que el letrado de la administración de justicia tuviese  e.
que abandonar el lugar en un vehículo camuflado y que ocho furgones con el material  w.b
irnetaelriLzvoaesdn oiadsco ue ssnau ldfaro ielsor caSanrl eidasal.g dJu duneno qsBu eedrragañaso., sT. uAruslilm, Risumllo, ,R soem epvroad, uFjeorronn,  Sinàcnicdheenzte ys  Ceuni xraergt isyt rlaoss   2021-1130n https://w
Safreacst.o  Bya scsoam yp rFoomrcisaod eyll , eexxpprreessioanroens  pdoer  laogsr amdeedciiomsi esnotoc,ia laensi mmaenndsoa jeas  lad ep saortliicdiapraidcaiódn, 
activa  en  el  referéndum  declarado  ilegal,  y  estimulando  la  presencia  masiva  de
ciudadanos en las urnas, pese a conocer que las Fuerzas de Seguridad del Estado 
habían recibido la encomienda específica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de impedir su celebración.
Así,  D.  Oriol  Junqueras,  el  mismo  27  de  septiembre  de  2017,  se  dirigió  a  los 
estudiantes  diciéndoles  que  eran  imprescindibles  para  implementar  la  República, 
añadiendo que "se trataba de una cuestión de democracia, derechos civiles y sociales" y 
que el país se sentía orgulloso de todos; D. Raül Romeva dispuso que, a través de 
Diplocat, se invitara a 33 diputados de 17 países para hacer un seguimiento internacional 
del acto ilegal; Dña. Carme Forcadell recibió a aquella delegación en el Parlamento 
autonómico y declaró que "los Mossos d"Esquadra no aceptaban el control del Estado 
que ha ordenado la Fiscalía"; D. Joaquim Forn manifestó que "ante el discurso del miedo 
del gobierno español, nosotros decimos: votaremos el 1-O"; y añadió el día 27 de 
septiembre de 2017 que "la Policía y la Guardia Civil venían a Cataluña a alterar el orden 
y que todas esas salidas de policías desde lugares del Estado español como si fuesen a 
la guerra no iban con ellos"; D. Josep Rull el 21 de septiembre de 2017 manifestó que 
había impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía Nacional en la bahía 
de Palamós; los Sres. Sànchez y Cuixart, el 22 de septiembre de 2017, en diversos 
medios de comunicación audiovisuales y escritos llamaron a la movilización permanente; 
D. Jordi Turull comunicó que "el 1-O está en manos de la gente" y que "el 1-O nos 
jugamos la independencia"; D. Jordi Cuixart, el 27 de septiembre de 2017, declaró que 
"si ganaba el sí se tendría que proclamar la república" y el 29 de septiembre de 2017, 
añadió "viva la revolución democrática catalana, movilízate para defender el referéndum, 
a partir de esta tarde todos a las escuelas", iniciando la denominada jornada de Escoles 
Obertes; el 29 de septiembre de 2017, Dña. Dolors Bassa retiró a los funcionarios de 
Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los 
centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros.
9.2  El día 21 de septiembre de 2017 se congregaron frente a la sede del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Cataluña  unas  20000  personas,  convocadas  por  los  Sres. 
Sànchez y Cuixart, en protesta por las decisiones judiciales adoptadas para impedir la 
celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La acusada 
Dña. Carme Forcadell se dirigió a ellos en una alocución reclamando la libertad de los 
detenidos.
En el cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia, lugar donde los detenidos 
estaban custodiados, se congregaron 300 personas que llegaron a cortar la circulación.
Ese mismo día se produjeron concentraciones hostiles ante los cuarteles de Guardia 
Civil y Policía Nacional de Manresa, y se rodeó el cuartel de Sant Andreu de la Barca. 
Con anterioridad, se habían desarrollado incidentes en los que algunos ciudadanos, con 
marcada hostilidad, increparon a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que se hallaban alojados en distintos establecimientos hoteleros.
En la Ciudad de la Justicia, cuando los detenidos fueron puestos a disposición 
judicial, se concentraron unas 2000 personas, entre las que se hallaban los acusados 
Sra. Forcadell y los Sres. Romeva y Junqueras.
El 22 de septiembre de 2017 se produjeron concentraciones, con similar inspiración, 
ante los cuarteles de la Guardia Civil de Canovelles, Vilanova y Ripoll y se empapelaron 
las oficinas del DNI de la Policía Nacional de Barcelona.
En relación con la votación, el día 1 de octubre los acusados D. Jordi Sànchez y D. 
Jordi Cuixart alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y de los 
medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la que  s
estaba  ordenada  la  intervención  de  la  policía  autonómica,  y  les  exhortaron  a  que  oe.
impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la retirada del  w.
demexap treCerasiaatal  elyu leñccalat-or arya p l.ra oT haqimbuibecii éópnnr  oldotesel g aTineriirbmaunan raodln eC saop qnuusétesit  uaeccliu odnreiaeclr uayen dn metola  Tsdrivieba umlnoeasnl  Stveuo apto evsro iotfarr erd n-ept eeJ suaes  taicl ailaas    2021-1130n https://w
actuaciones que pudieran desarrollar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
10.  Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
como Diligencias Previas 3/2017, se tramitaban las distintas querellas interpuestas por la 
Fiscalía contra los miembros del Gobierno de la Generalitat, por la presunta desatención 
a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, antes reseñados, especialmente en 
cuanto a la advertencia a los miembros del Gobierno de abstenerse de llevar a cabo 
cualquier actuación que permitiese la preparación o celebración del referéndum previsto 
para el próximo 1 de octubre. En estas Diligencias se dictó auto de 27 de septiembre 
de 2017 por el que se acordaba "ordenar a los Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional lo siguiente: a) impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o 
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su cas1o, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en 
su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d) asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente 
para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo 
necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que se aquí se dispone, y con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y en el artículo 2.3 a) Decreto 770/2017 de 28 de julio.
Líbrense los oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d"Esquadra, 
Guardia Civil y Policía Nacional".
En el fundamento jurídico 2 de esta misma resolución podía leerse lo siguiente: "en 
dicha tesitura se hace del todo previsible que esa actitud renuente al cumplimiento de los 
pronunciamientos constitucionales se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de 
octubre en la que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, facilite todos los medios a su alcance para la definitiva consecución del 
referéndum, con clara vulneración de las determinaciones del Tribunal Constitucional. 
[…] Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 LECrim permite acoger 
cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del 
Estado de Derecho, que se asienta, a su vez, sobre el principio de sometimiento a las 
decisiones judiciales, tanto por los particulares como por las propias Administraciones 
públicas y por las autoridades. […] Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa, 
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del 
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que el 
resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las decisiones 
o actos de los querellados del Govern, en su claro afán por la celebración de un 
referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional".
El 28 de septiembre de 2017, los máximos responsables policiales del Cuerpo de  s
Mossos d"Esquadra, a instancia propia, se reunieron con el Presidente de la Generalitat  oe.
de Cataluña, su Vicepresidente, el acusado D. Oriol Junqueras y el Consejero de Interior  w.
sDceo. gleJuocrtaiidvqaoudsim  cm iFuodovarindli.za aDndaico hqsau  eere npu onadiqóríunae  tlpelalnasín at feecaocrhmsaeos  e fil–n 1ea nldidterae do  ceptluolobnsre er,4  d2de e bCmiodamon iiaftié elsas t ogd reea ln Dp creaofnbetlneidsmaaad   dddeeel    2021-1130n https://w
sRuesfpeerénnsdióunm  dye p olas ibvloetsa coirógna ndizeal cdioían e1s  cdoen troacrtiausb rael.  aPcetos–e.  Par ocpounsoiecreorn  laesx pirnesstarumcecnioten elas   BOE-A-cable e
contenidas en el auto de 27 de septiembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña y los mandatos del Tribunal Constitucional que hemos venido citando, se les 
transmitió  la  decisión  de  seguir  adelante  con  el  referéndum.  Ello  dio  lugar  a  la 
advertencia de D. Josep Lluís Trapero –jefe policial de los Mossos– de la posible 
concurrencia a la votación de dos millones de personas, con el riesgo subsiguiente de 
graves incidentes entre agentes policiales y ciudadanos.
El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos fijando 
como  objetivo  prioritario  de  la  intervención  policial  preservar  la  "convivencia"  en 
referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, 
desde luego, del sentido interesadamente atribuido a tal expresión. Con ello disimulaba –
siquiera de modo inverosímil– su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos 
no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados. Se aparentó así́ 
que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza 
para cumplir la decisión judicial sino de manera absolutamente exclusiva para defensa 
ante agresiones previas "de los ciudadanos a los policías".
Tras avalar esa estrategia, el Sr Forn advirtió́ además que las otras Fuerzas de 
Seguridad  del  Estado  solamente  "tendrían  que  actuar  a  requerimiento"  de  las 
autonómicas. Y protestó de forma contumaz por la designación de la coordinación a 
cargo  de  la  persona  designada  de  conformidad  con  lo  ordenado  en  el  auto  de  la 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, con anterioridad, en la 
resolución suscrita por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Las autoridades de la Administración central del Estado –secretario de Estado de 
Seguridad, delegado de Gobierno en Cataluña y coordinador Sr Pérez de los Cobos– 
creyeron en la previsión de "normalidad" afirmada por el acusado Sr Forn y que este 
cumpliría lo mandado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
desde luego, en el tiempo que transcurriría hasta el comienzo de la jornada prevista para 
el 1 de octubre. Ello contribuyó a la inhibición de la actuación de las demás Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en todo lo relativo a la ocupación de centros de 
votación bajo la iniciativa conocida como "Escoles Obertes".
Esa desleal actuación del acusado Sr Forn tuvo como efecto que los centros no 
fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para 
gestionar y hacer posible la jornada de votación. Con esa actitud se evidenció la firme 
decisión de la Consejería bajo la dirección del acusado Sr Forn, no solamente de no 
impedir  la  votación,  sino,  antes  bien,  de  que  los  criterios  policiales  allí́  expuestos 
garantizaran  su  efectiva  realización,  ante  la  fácil  previsión  de  que  los  ciudadanos 
convocados y llamados a ellos desatenderían cualquier requerimiento de los Mossos 
d"Esquadra y les impedirían tanto el cierre de los centros como el acceso pacífico a 
ellos.
11.  Las vísperas del día señalado para el referéndum, se llevó́ a cabo una intensa 
campaña denominada "Escoles Obertes". En ella se convocaba a los ciudadanos a 
ocupar los locales que se habían designado como centros de votación. En su puesta en 
marcha  y  desarrollo  intervino  la  acusada  Dña.  Dolors  Bassa.  Para  liberar  de 
responsabilidades  a  los  directores  de  los  centros  y  garantizar  que  la  orden  de 
disponibilidad iba a ser acatada por todos, avocó para sí la competencia ordinaria de los 
directores responsables de los centros afectados. La finalidad era precisamente hacer 
posible  su  mantenimiento  en  condiciones  de  disponibilidad  para  la  logística  de  la 
votación.  Posibilidad  garantizada  porque  la  fuerza  policial  de  Mossos,  dependiente 
política y administrativamente del acusado Sr. Forn, se limitó́ a constatar el hecho. El  e.
pretexto para justificar la movilización era la conjetura simulada, que no verazmente  w.b
cfneroes tíeidvraaa,   ood tlerúo d qiqcuuaee,   taapsleeursmm iaodncaue ppcoearrc  iqaoulnliíee hsn aemsst aaas llliíav́ caso stn edcmuepr rcriaeenrnoatnrso.  shE olt ereanvsíia ddnee n utlena a om bfajienñtaiavlinoda,a  dsdi nep l uedrmaíabm a1er ngdtoee,    2021-1130n https://w
toocttaul bdries,p eonn ibqiulied adde bdíea ne sdoasr  cceonmtrioesn,z coo lnajsu rsaensdioo nteosd od eri elasg voo dtaec icóienr. rSe eq ugea rqaunitsiziearbaan  allesív alar 
a cabo las unidades de Mossos u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
12.  El día 1 de octubre de 2017 multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados 
llamamientos, tanto de los acusados a que antes hemos hecho referencia como de otras 
personas y medios, se apostaron en los centros señalados para la emisión de voto. A 
varios de estos acudieron agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con el propósito 
de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
acomodado,  a  su  vez,  a  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional.  Este  había 
declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier actuación que trajera causa de las 
leyes de transitoriedad y referéndum, requiriendo a los coacusados para impedir y 
paralizar  esas  actuaciones,  entre  las  que  se  incluía  el  insistente  llamamiento  a  la 
población para participar en la emisión de voto como si se tratara de un referéndum 
legal.
En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de 
voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de 
la que eran portadores los agentes.
Los Mossos –que dependían administrativa y no solo políticamente del procesado Sr. 
Forn– no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un 
mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo 
y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos que llevaron a 
cabo la gestión de las correspondientes mesas de votación.
En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los numerosos grupos 
compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a 
acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos comisionados, 
estos siguiendo las instrucciones que tenían desistían de su objetivo ante la obvia 
imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas.
Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de 
los centros, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la 
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa.
A  primeras  horas  de  la  tarde,  dado  que  el  uso  de  la  fuerza  podría  devenir 
desproporcionado, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil recibieron órdenes y 
se vieron irremediablemente forzadas a declinar el propósito inicial.
13.  Para  hacer  posible  la  celebración  del  referéndum,  previsto  como  requisito 
habilitante para la supuesta declaración de independencia, conforme a lo dispuesto en 
leyes de transitoriedad y de referéndum aprobadas por el Parlament, se originaron 
obligaciones pecuniarias contra el patrimonio de la Hacienda Pública catalana. Ello, pese 
a que ambas leyes fueron –como se ha expuesto supra– inicialmente suspendidas y 
luego anuladas por el Tribunal Constitucional.
Al  socaire  de  la  Ley  del  Parlament  de  Cataluña  4/2017,  de  28  de  marzo,  de 
presupuestos  de  la  Generalitat  de  Cataluña  para  2017,  se  introdujeron  durante  su 
tramitación  sendas  enmiendas,  que  resultarían  aprobadas  como  Disposición 
Adicional 40, bajo el epígrafe "medidas en materia de organización y gestión del proceso 
referendario". Conforme a su contenido, en dos párrafos diferenciados se disponía lo 
siguiente: 1. El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe 
habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización 
y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña; 2. 
El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación 
económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se  e.
deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña, acordado  w.b
eGconan rdaeinlc tiíoaanpsea Esrt satedasotut atIab.1rlei.ac2si d.daes   elan  reels odluicctiaómn e3n0 62//X20I 1d7e, l dPea r2la mdee ntm  adrez oC, adtaellu ñCao, nsceojno  ldaes   2021-1130n https://w
marPcoo r dperol vrideecunrcsiao  ddeel  Tirnibcuonnaslt iCtuocniosntiatulicdiaodn afl,o drmicatalidzaa deol  4p doer  alab rial dbeolg macisíam od ealñ oE, setand eol 
(recurso núm. 1638-2017), fue suspendida su vigencia y aplicación y se acordó notificar
personalmente esa resolución, entre otros, a cada uno de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Generalitat, hoy acusados del delito de malversación, Sres. Junqueras i 
Vies, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda; Romeva i Rueda, Consejero 
del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia; 
Rull i Andreu, Consejero de Territorio y Sostenibilidad; Mundó i Blanch, Consejero de 
Justicia; Vila i Vicente, entonces Consejero de Cultura; y Sras. Borràs i Solé, Consejera 
de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y Bassa i Coll, Consejera de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Fue también notificada a la Consejera de la 
Presidencia, Dña. Neus Munté i Fernández, predecesora en el cargo del acusado don 
Jordi Turull i Negre; y al Consejero de Interior, D. Jordi Jané i Guasch, predecesor a su 
vez en el cargo, del acusado D. Joaquim Forn i Chiariello.
A todos los personalmente notificados se les advirtió de su deber de impedir o 
paralizar  cualquier  iniciativa  que  pudiera  suponer  ignorar  o  eludir  la  suspensión 
acordada. En particular, de que "se abstuvieran de iniciar, tramitar, informar o dictar 
acuerdo  alguno  de  disposición  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas,  o  de 
cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la 
disposición adicional cuadragésima, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la 
preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se 
refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar 
contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación 
del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, 
modificación  o  transferencia  de  las  partidas  presupuestarias  impugnadas  o  de 
cualesquiera otras partidas presupuestarias o del fondo de contingencia, así como, en 
general,  cualquier  otra  medida  presupuestaria  acordada  con  el  aludido  fin,  con  la 
cobertura del precepto de la ley impugnada, incluidas las modificaciones de estructuras 
presupuestarias previstas en la disposición final segunda de la Ley impugnada dirigidos 
a tal finalidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en 
las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".
13.1  Pese a ello, como ya hemos apuntado con anterioridad, el 9 de junio de 2017, 
desde El Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, su Presidente, acompañado del 
Vicepresidente Junqueras y de todo el Gobierno, anunció la pregunta del referéndum: 
"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?" y el día de 
su celebración: el 1 de octubre.
Y el 4 de julio, fue presentada como acontecimiento social y político, en el Teatro 
Nacional de Cataluña, la futura Ley de Referéndum. Fue el Grupo Parlamentario Junts 
pel Sí, quien contrató la cesión de uso del espacio del teatro, representado por quien 
entonces era su Presidente, el acusado D. Jordi Turull, quien sería nombrado Consejero 
de Presidencia, solo algunos días después. En el acto de presentación, el frontal del 
escenario lo ocupaban los diputados del grupo Junts pel Sí. En el lateral derecho –desde 
la posición de los espectadores– se ubicaron todos los miembros del Govern de la 
Generalitat.
Uno de los conductores del acto fue el propio Sr. Turull, quien explicó el carácter 
vinculante del referéndum en la proclamación de la independencia, en caso de ganar el 
"sí". También incluyó en su intervención una referencia a los mecanismos previstos para 
eludir  las  resoluciones  y  actuaciones  de  los  diversos  organismos  del  Estado  que 
previsiblemente  dificultarían  su  celebración.  La  factura,  con  cargo  al  referido  grupo 
parlamentario, por importe de 17690,20 €, fue abonada por medio de transferencia 
bancaria tramitada por la oficina con el número 5000 de la sucursal de la entidad  e.
Caixabanc, con data del día anterior a la celebración de esa presentación. w.b
eoxrgtea1rni3oiz.r2,a  cimóLnao tsed reiga alla s teaoldse mctdoinerials lt,r raecpfeiaórgnéo ne dluedmcet  ororaebll,sa eccroivonanfdaeodcrcoeisós n c idonentel  rrnleaag ciipsotunrboal liecdised  acdya  taainlapsnlticietauscc iieoonnn eaesl,l    2021-1130n https://w
finofnodrmosá tpicúabsli,c osos.n  Seuxppuressieivroons  gdaes ltao sc oanjesncoiesn tae  cyu avolqluunietra rfiian  dpeúsbvliicaoc iólícni tdoe y  dsees toinrod ednea rloons 
careciendo de cobertura presupuestaria. Fueron canalizados a través de la estructura de
los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, 
Salud y Cultura. Se hicieron así realidad, con los matices que luego se expresan, unos 
gastos previsibles a partir del acuerdo plasmado por escrito el 6 de septiembre de 2017 y 
que fue la diáfana expresión de su consorcio delictivo:
a)  A través de la Presidencia de la Generalitat y el Departamento de Exteriores se 
hicieron posibles los gastos que a continuación se expresan. Fueron encauzados por 
medio del consorcio Diplocat, ente público adscrito al Departamento de Exteriores, de 
donde procede la partida presupuestaria transferida para sus gastos y funcionamiento. 
Su director del Pleno y del Consejo Ejecutivo es el Presidente de la Generalidad: (i) 
visitas de un nutrido grupo de parlamentarios europeos, entre los días 28 y 29 de 
septiembre y el 2 de octubre, orientadas a publicitar y legitimar el ilegal referéndum: 
43341  €;  (ii)  contratación  de  un  equipo  de  investigación  experto  en  elecciones 
internacionales, en inglés International Election Expert Research Team (IEERT), dirigido 
por Dña. Helena Catt: 177304,90 €; (iii) contratación con MN2S Managemet Limited de 
un equipo en el que estuviera el político holandés D. Willem –Wim– Kok, en los días del 
referéndum: 54030 €; si bien este importe fue devuelto porque la prestación no se 
realizó.
b)  Además de la referida relación del Departamento de Exteriores con Diplocat, los 
gastos generados a través de sus Delegaciones en el exterior fueron los siguientes: (i) 
contratación de una consultora en Estados Unidos en agosto de 2017, durante tres meses, 
para hacer tarea de lobby en defensa de la celebración del referéndum: 60 000 €; (ii) 
contratación de los servicios de la institución The Hague Center for Strategic Studies, como 
observadores internacionales para verificar el referéndum del 1 de octubre: 167 065 €, si 
bien restan 47 635 € por abonar.
c)  A través del Departamento de Vicepresidencia y Economía fueron acordados los 
siguientes gastos: (i) encargo a la empresa Unipost para la distribución de las notificaciones 
del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 193 899,98 €.
d)  Por medio del Departamento de Presidencia se lideró: (i) la puesta en marcha a 
través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (en adelante, 
CTTI), de la "web referéndum.cat" y los diversos aplicativos incorporados a la misma, 
relacionados directamente con el referéndum del 1 de octubre, tales como el referido a la 
crida extra: https://connectat.voluntariat.gencat.cat/crida/66, además de la actualización del 
"registre.catalans.exteriors.gencat.cat". Estos servicios, pese a la propia normativa del CTTI y 
la intervención externa de DXC y T-Systems, no han sido cuantificados; (ii) campaña de 
difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, desarrollada entre febrero y mayo de 2017 
que generó una facturación por importe de 220 253,34 €, (266 506,54 € con IVA), que no ha 
sido abonada. Su finalidad primordial, sin excluir otras, era la elaboración de un censo de 
residentes en el extranjero; (iii) contratación de servicios con Dña. Teresa Guix, para diseño 
de la web pactepelreferendum.cat, que luego fue utilizada para la inclusión de vínculos 
relacionados con el ilegal referéndum. Facturó por el servicio prestado 2700 €, pero después 
emitió una factura negativa por ese importe. (iv) difusión de la campaña "Civisme", publicidad 
directa del referéndum del 1 de octubre, que antes había resultado declarada desierta, a 
través de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (en adelante, CCMA), organismo 
que facturó por sus servicios, 227 804,41 €, pero cuyo abono se paralizó por expediente 
administrativo; (v) contratación de la cartelería del referéndum, en modo opaco por D. Antonio 
Molons, secretario de Difusión de la Generalitat, a pesar de lo cual, aunque las impresiones 
se realizaron, fueron intervenidas. Su valor era, al menos, de 47 151,70 €. Aunque alguna 
imprenta reclamó su importe, sus representantes manifestaron en el plenario que no persisten  e.
en sus reclamaciones; (vi) encargo a Unipost para la distribución de las notificaciones del  w.b
neommpebr)er asmaE ileU nDntoiep pdoaesr tlt oapsm aineratne tgolar a dndetie ssTtr rdibaeub lcaaijsóo n m pedosesai bslai leistlóe  cntloootsriaf ilcseaisgc:u i1oie9nn8e ts8e 7sd1 e,g8la  €sn.tooms:b (ria) meienncator gdoe a  lolas   2021-1130n https://w
integf)r anEtel sD depea lartsa mmeenstaos d eel eScatoluradl etasm: 1b9ié7n 4 e9n2c,0o4m €e.ndó a Unipost para distribución de las
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 192 711,20 €.
g)  El  Departamento  de  Cultura  encargó  a  Unipost  para  distribución  de  las 
notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales: 196 696,98 €. 
Ninguno de esos pagos fue finalmente ejecutado a favor de Unipost. Su administradora 
concursal decidió no reclamarlo a las Consejerías que habían efectuado los respectivos 
encargos.
14.  Todos los acusados ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la 
manifiesta  inviabilidad  jurídica  de  un  referéndum  de  autodeterminación  que  se 
presentaba como la vía para la construcción de la República de Cataluña. Sabían que la 
simple  aprobación  de  enunciados  jurídicos,  en  abierta  contradicción  con  las  reglas 
democráticas previstas para la reforma del texto constitucional, no podría conducir a un 
espacio de soberanía. Eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía 
catalana como el ejercicio legítimo del "derecho a decidir", no era sino el señuelo para 
una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano. Bajo 
el  imaginario  derecho  de  autodeterminación  se  agazapaba  el  deseo  de  los  líderes 
políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una 
consulta popular. Los ilusionados ciudadanos que creían que un resultado positivo del 
llamado  referéndum  de  autodeterminación  conduciría  al  ansiado  horizonte  de  una 
república soberana, desconocían que el "derecho a decidir" había mutado y se había 
convertido en un atípico "derecho a presionar". Pese a ello, los acusados propiciaron un 
entramado jurídico paralelo al vigente, desplazando el ordenamiento constitucional y 
estatutario y promovieron un referéndum carente de todas las garantías democráticas. 
Los ciudadanos fueron movilizados para demostrar que los Jueces en Cataluña habían 
perdido  su  capacidad  jurisdiccional  y  fueron,  además,  expuestos  a  la  compulsión 
personal  mediante  la  que  el  ordenamiento  jurídico  garantiza  la  ejecución  de  las 
decisiones judiciales».
o)  En el apartado B) de la fundamentación jurídica de la sentencia se lleva a cabo 
el denominado «juicio de tipicidad». En su punto 3 se descarta que los hechos sean 
constitutivos de un delito de rebelión, si bien en el punto 4 se aprecia la comisión de un 
delito de sedición de los arts. 544 y 545 CP, otro de malversación de caudales públicos 
de los arts. 432.1 y 3, párrafo último del CP (punto 5) y de un delito de desobediencia 
previsto en el art. 410 CP (punto 6), mientras que en el punto 7 se rechaza la comisión 
de un delito de organización criminal. Tras consignar varias consideraciones acerca de la 
delimitación progresiva del objeto del proceso, en las que se afirma que el órgano de 
enjuiciamiento se limitará a valorar las pretensiones acusatorias formuladas en el juicio 
oral, pues es en el plenario «cuando después del esfuerzo probatorio de cargo y de 
descargo ofrecido por las partes puede ya concluirse un juicio de tipicidad definitivo», el 
órgano judicial fundamenta la consideración de los hechos como constitutivos de un 
delito de sedición tipificado en los arts. 544 y 545 CP. Pese a reconocer las similitudes 
existentes entre los delitos de rebelión y sedición, se destaca la diferente ubicación de 
esas figuras, pues mientras la primera de ellas se encuadra en título vigésimo primero 
correspondiente a los «delitos contra la Constitución», el delito de sedición se incardina 
dentro del título vigésimo segundo, relativo a los «delitos contra el orden público», 
siendo, por tanto, diferente el bien jurídico protegido, al igual que es distinta la finalidad 
perseguida por los partícipes, que en el caso de la sedición atañe «al impedimento u 
obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional».
Posteriormente, tras poner de relieve que el delito de sedición constituye un aliud 
respecto de otras infracciones reguladas en el título vigésimo segundo del Código penal,  e
la sala expone los requisitos de esa figura penal, a saber: bo
scuocnev(ise) irógneL naoc  aiaacc,t uivemindu allada  cdmióeenlidc ditdievaa  v qnauorie os ses,u  dt oecdsoaam rvrisoeilzóla nq  mueeex idgsieae n tutrena  tuacn od nseco ilueonr ta odc etdolei,t  opv uo«elpuslnu rtreaisqduuebisej erpetiav droae  d eleal    2021-1130n https://w
logro de un fin compartido», si bien los actos convergentes pueden no ser delictivos,
aisladamente considerados.
(ii)  La  sedición  requiere  que  se  produzca  un  alzamiento  tumultuario.  La  mera 
reunión de una colectividad no es, sin más, delictiva. Los partícipes en esa reunión 
tumultuaria deben realizar actos de fuerza o al margen de las vías legales, aunque la 
descripción típica «no anuda al alzamiento público, presupuesto compartido con el delito 
de rebelión, su expresa caracterización como violento». La sala descarta que el vocablo 
«alzamiento» comporte necesariamente la violencia, ya que ninguna de las acepciones 
que  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  vincula  a  los  términos  «alzar», 
«alzarse» «tumultuario», de modo exclusivo con el empleo de violencia.
(iii)  El  delito  de  sedición  ha  sido  concebido  como  una  infracción  de  resultado 
cortado que exige de «una funcionalidad objetiva además de subjetivamente procurada 
respecto de la obstaculización del cumplimiento de las leyes o la efectividad de las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial». Por ello, el resultado 
típico no tiene que ser efectivamente logrado, pues ello determinaría el agotamiento del 
delito, ni tiene que ser pretendido de manera absoluta por todos los autores; basta con 
que «se busque obstruir o dificultar en tales términos que resulte funcional para el 
objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima 
actuación de la autoridad o corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de 
sus resoluciones administrativas o judiciales».
La Sala considera que los hechos declarados probados que acontecieron los días 20 
de septiembre y 1 de octubre de 2017 configuran el delito de sedición. La hostilidad 
desplegada el día 20 de septiembre hizo inviable el cumplimiento normal de lo ordenado 
por el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, ocasionando «un miedo real», no 
solo en los funcionarios que ejecutaban las órdenes jurisdiccionales –la letrada de la 
Administración de Justicia– actuantes en la sede de la vicepresidencia, sino también «en 
los funcionarios autonómicos bajo investigación que habían de ser trasladados, por 
exigencia legal, a los inmuebles en que se estaban practicando los registros, cuya 
presencia fue impedida por los acusados que lideraron la tumultuaria manifestación».
En relación con lo acontecido el día 1 de octubre, se señala que los congregados 
hicieron un uso suficiente de fuerza para neutralizar a los agentes que trataban de 
impedir la votación, a lo que estos venían obligados por expreso mandato judicial. La 
trascendencia de esos comportamientos rebasó «los límites de una laxa interpretación 
del concepto de orden público, para incidir en el núcleo esencial de ese bien desde una 
perspectiva constitucional», pues a la vista del contenido de las Leyes 19 y 20 aprobadas 
por el Parlament, se aprecia que las referidas conductas supusieron un intento de 
«derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
Dentro de este apartado, destaca el órgano sentenciador que el derecho a la protesta 
«no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de la 
autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial y hacerlo de una forma generalizada 
en  toda  la  extensión  de  una  comunidad  autónoma,  en  la  que  por  un  día  quedó 
suspendida  la  ejecución  de  una  orden  judicial».  Por  ello,  ante  un  levantamiento 
proyectado, multitudinario y generalizado no es posible eludir la aplicación del delito de 
sedición, al quedar la autoridad judicial en suspenso, sustituida por la propia voluntad 
impuesta por la fuerza de los convocantes del referéndum y de quienes secundaron la 
convocatoria. También afirma el referido órgano que el delito de sedición consumado no 
se  borra  por  las  actuaciones  posteriores  de  terceros,  tales  como  los  denunciados 
excesos policiales que son objeto de investigación por otros órganos judiciales.
p)  En el apartado C) de los fundamentos jurídicos queda reflejado el denominado  s
«juicio de autoría» de los acusados que fueron condenados. oe.
qCuaerm (ia)e ta FñEoenrnc  eaald l eprluel,n cdtuoor nr1e J nsoteerd  eiv nTie urarteumnllp,  audrnooan,s  Ja oc sdoeonpns i dROeurrlialo,c ld ioJonuñenasq D ureoerlsoaprsse,  cBdtoao snds eaRl, a ddüoel nliRt oJo omdaeeq vusaime, d dFicooiñórann    2021-1130n https://w
py ednoanl  «Jdoerd rie Csuulitxaadrot.  cEonrt asdínot»e syi,s d, essed ere liate prae rqspueec etilv ad edleitol  bdieen  sjuerdíidciicóon  perso teugniad oin, fsraec tcraiótna 
de un delito de consumación anticipada y de peligro concreto. Por ello, para colegir si el
hecho es imputable objetivamente a la conducta realizada debe valorarse si el sujeto en 
cuestión  creó  o  aumentó  el  riesgo  de  lesión  del  bien  jurídico  protegido  y  si  su 
comportamiento  merece  la  consideración  de  adecuado,  teniendo  en  cuenta  la 
previsibilidad del riesgo objetivo relevante. Según se razona, el comportamiento atribuido 
al demandante y a los restantes acusados indicados permite atribuirles el riesgo de 
lesión de los bienes jurídicos protegidos por el tipo penal, tanto en relación con los 
comportamientos tumultuarios, con episodios ocasionalmente violentos y, en todo caso, 
realizados al margen de las vías legales, como respecto de las «consecuencias de 
efectivas derogaciones de la legalidad y  obstrucciones al cumplimiento de órdenes 
jurisdiccionales […] pues la estrategia de conductas penalmente típicas que cada uno 
asumió, se enmarcan en una decisión compartida, ab initio o de manera sobrevenida».
Tras hacer algunas consideraciones sobre los acusados miembros del Govern y la 
presidenta del Parlament, se pone de relieve que, con base en los informes técnicos 
elaborados por los responsables policiales, los comportamientos lesivos para el orden 
público eran «de previsibilidad adecuada a la falta de estrategia mínimamente prudente 
para evitarlos». También se rechaza que la actuación voluntaria y libre de los ciudadanos 
supusiera una interferencia que priva de transcendencia causal a la actuación de los 
acusados, a los efectos de la imputación de los resultados a estos últimos, con base en 
la teoría de la «prohibición de regreso». Conforme se argumenta en la sentencia, la 
actuación de los ciudadanos no puede ser considerada ajena al comportamiento de los 
acusados, pues estuvo preordenada y fue promovida ex ante por estos últimos, «como 
imprescindiblemente  funcional  para  crear  el  riesgo  de  inaplicación  de  leyes  e 
incumplimiento de decisiones legítimas de órganos judiciales, riesgo luego realizado 
materialmente con tal comportamiento de los ciudadanos movilizados». En suma, la 
imputación  objetiva  a  todos  los  acusados  citados  se  extiende  tanto  al  riesgo 
determinante del resultado lesivo para el bien jurídico protegido, como al medio en que 
tal riesgo se generó, esto es, el tumulto en que se enmarcaron los actos hostiles y, en 
ocasiones, violentos.
(ii)  En el punto 1.8 se reflejan las razones específicamente tenidas en cuenta para 
considerar al recurrente autor de un delito de sedición, previsto y penado en los arts. 544 
y 545.1 CP.
En concreto, se detalla que don Jordi Sànchez asumió de forma voluntaria y con la 
aquiescencia  del  procesado  Sr.  Forn,  que  le  confirió  el  rango  de  interlocutor,  la 
promoción y el liderazgo de la concentración que tuvo lugar el día 20 de septiembre 
de 2017 en las puertas de la Vicepresidencia y Consejería de Economía, convocada por 
la asociación que el mismo presidía –ANC–, siendo su actitud la de dificultar y bloquear 
la actuación judicial. El Sr. Sànchez era el que disponía sobre lo que procedía o no 
hacer, según resulta de la declaración del Jefe de la brigada antidisturbios de Mossos 
(BRIMO) quien declaró que el acusado, «hasta tal punto ejercía el control sobre la masa, 
que se permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los efectivos policiales: "saca 
a la BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos 
de  aquí"».  Objetivamente  esa  concentración  tutelada  por  don  Jordi  Sànchez  y  la 
asociación que lideraba entorpeció la actuación judicial impidiendo su normal desarrollo. 
No se pudieron realizar los registros en la forma en que se había dispuesto y que exige 
la LECrim.
En segundo lugar, se pone de relieve que la actuación del Sr. Sànchez, como líder de 
la ANC «fue absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos» Su 
contribución, desde luego, no se limitó al liderazgo en las movilizaciones multitudinarias  s
de los días 20 y 21 de septiembre y, si bien fue ajeno al proceso legislativo que culminó  oe.
con la aprobación de las leyes de transitoriedad y referéndum, pues no era diputado ni  w.
afcoocruamscaaubdsaao dsp oeassr dt eue nsdade eel  qvGiudoeeb naiecsiruanm»o. i óCd edo omlnao  J Gaocredrnei edSriàatanlictcaihóte,n z «d sseuul   apcproeonsyciode erdntaecc iAaió Nn–C ecn oa mn l oaesyl o p rdleaesn te2os0  1dd5ee–   llsooess    2021-1130n https://w
dreef iesreep taie dmivberres adse  d2e0c1la5r ayc io2n0e1s7 , yl aa  msua nciofemsptaocritoanmeise nctoo ncvoonc aodcaass iópno rd ela  laA NDCia deal  d1e3l  d11e   BOE-A-cable e
noviembre de 2015 y 6 de febrero de 2017, y la concentraciones de 11 de junio y de 11 
de septiembre de 2017.
Destaca, en tercer lugar, que la actuación del Sr. Sànchez desbordó los límites 
constitucionales del derecho de reunión y de la libertad de expresión, pues consciente de 
la finalidad de la entrada y registro y del traslado de los detenidos para la práctica de la 
misma, pretendió demostrar que los jueces y magistrados de Cataluña habían perdido la 
capacidad de ejecutar sus resoluciones. Desde las páginas web de la ANC y OC 
ofrecieron la posibilidad a los ciudadanos de unirse a grupos de WhatsApp desde donde 
se invitó a la movilización y a estar conectados para recibir alertas y estar organizados 
en caso de necesidad. Las convocatorias anunciaron que se estaba produciendo una 
actuación de la Guardia Civil para impedir el referéndum, divulgaron el lugar en el que se 
estaban practicando las diligencias judiciales y emplazaron a la ciudadanía a la defensa 
de las instituciones catalanas. Se exigía que la Guardia Civil pusiera en libertad a las 
personas detenidas y se pedía a los catalanes que se movilizaran, diciendo que no 
podían con todos ellos o que las fuerzas del orden se habían equivocado y que habían 
declarado la guerra a los que querían votar. Don Jordi Sànchez agradeció a las personas 
concertadas  –en  torno  a  las  40  000–  que  hubieran  confiado  en  las  entidades 
soberanistas. «Recordó que estas entidades habían prometido salir a la calle a defender 
las instituciones cuando hiciera falta y que estaban allí. Proclamó que ese era el día y 
que  había  llegado  el  momento  de  salir  a  la  calle  para  defender  la  dignidad,  las 
instituciones y el referéndum, por lo que ni Rajoy, ni el Tribunal Constitucional, ni todas 
las fuerzas de seguridad del Estado podrían pararles». Aseguró que se había reunido 
con el Sr. Puigdemont y que el presidente le había asegurado que habría referéndum. 
Terminó pidiendo que nadie se marchara a casa, pues tenían por delante una «noche 
larga e intensa». A las 23:41 horas, en compañía don Jordi Cuixart, se subió a uno de los 
coches  oficiales  de  la  Guardia  Civil  que  habían  sido  dañados  por  algunos  de  los 
manifestantes  y  se  dirigió  a  los  presentes  manifestando  el  Sr.  Cuixart  que  «todos 
estaban alzados» para luchar por la libertad desde ese «altar», en referencia al vehículo 
policial. Se dirigió a la multitud diciendo que «ni el Tribunal Constitucional, ni Rajoy, ni la 
Guardia  Civil,  ni  nadie»  lograría  impedirlo  y,  tras  pedir  a  los  congregados  que 
abandonaran la movilización de ese día, les pidió que acudieran a la manifestación ante 
el Tribunal Superior de Justicia al día siguiente.
Razona a continuación que los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre 
prepararon el camino para que el 1 de octubre las urnas estuvieran en los centros 
previstos, y estos estuvieran abiertos y protegidos o «custodiados» frente a lo que ya se 
sabía iba a ser la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Se 
trataría así de demostrar que se podía vencer su resistencia, concebida seguramente ex 
ante como pasiva –lo que ya es actuar fuera de las vías legales o ejercer fuerza–, pero 
con un evidente peligro de que pudiese degenerar en activa, en agresiones no solo 
verbales, sino también físicas». Destaca que el acusado acepta su plena implicación en 
la campaña previa al 1 de octubre, pero se excusa con argumentos que ya han sido 
abordados en la propia sentencia. En particular, descarta que la derogación del delito de 
referéndum ilegal exonere de responsabilidad al recurrente y rechaza la relevancia de 
que no fuera requerido personalmente para impedir la votación.
Finalmente, destaca que ni las llamadas a la movilización, «a la cohesión social en 
torno al ideal independentista», ni la protesta ciudadana, «ni los encendidos discursos en 
favor de la independencia», actuaciones y actitudes protegidas por nuestro sistema 
constitucional,  constituyen  el  fundamento  de  su  imputación.  «El  juicio  de  autoría  s
descansa sobre su concertado papel con otros responsables públicos para organizar un  oe.
referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, para movilizar a la  w.
lcoeicugtdíutaibmdreaa snim ídape cicdoiisnei oreonln eo scb.oj eSnte os  adupe oo hpyaoacs teiacrmi óebnvi iédyne f nuetener  alqa usde em  laloa vjsui lsivztíaiaccsiai o leengsepasa lecñisuo,d laqa udneao n lpoao sod qrídaue een jeealcd duoít aap ro1 sr  dueesl    2021-1130n https://w
Treraibliudnaadl» C. onstitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pudiera hacerse  BOE-A-cable e
q)  En el apartado D) de la fundamentación jurídica de la sentencia se contiene la 
justificación de la individualización de las penas impuestas. En lo que se refiere al 
recurrente, en el apartado 2, tras referirse a la Sra. Forcadell y a los Sres. Forn y Rull, 
quienes participaban del carácter de autoridad, agrega que «no es el caso, sin embargo, 
de los acusados Sres. Sànchez y Cuixart. Su marco penal se mueve, por mandato del 
art. 545.1 CP entre ocho y diez años de prisión, duración reservada a los que "hubieren 
inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales 
autores". En el juicio histórico hemos reflejado su condición de líderes sociales de 
vanguardia  que,  concertados  en  los  fines  sediciosos  con  los  demás  acusados,  se 
mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre». Concluye señalando que procede imponer a don Jordi 
Sànchez, «como autor de un delito de sedición, las penas de nueve años de prisión y 
nueve años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos 
los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e 
incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos 
públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena».
r)  Con fecha 8 de noviembre de 2019, el recurrente en amparo formalizó escrito de 
nulidad de actuaciones con apoyo en el art. 241 LOPJ contra la sentencia de 14 de 
octubre de 2019. Tras reiterar las vulneraciones de derechos fundamentales que en 
anteriores fases procesales denunció, a fin de poner de relieve su manifiesta voluntad 
impugnativa,  respecto  de  la  sentencia  condenatoria,  cuya  nulidad  interesa 
expresamente, considera que se han producido las siguientes lesiones: (i) vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE y 6 CEDH), por la filtración 
del contenido de la sentencia cuando su redacción no había sido todavía culminada; (ii) 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el 
derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE), por ausencia de toda motivación 
de la individualización de la pena y por la imposición de una pena superior a la solicitada 
por el abogado del Estado; (iii) vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal 
(art. 25 CE y 7 CEDH), por abandono ad hoc del principio de accesoriedad en la 
participación; (iv) vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE), 
en relación con los derechos fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de 
expresión e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE), por la insuficiente taxatividad del tipo penal 
de la sedición; (v) vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25 CE 
y 7 CEDH), por aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados; (vi) 
vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal por imposición de una pena 
desproporcionada [art. 25 CE en relación con el art. 17 CE y el art. 49 de la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)] con lesión, asimismo de los 
derechos  fundamentales  a  la  libertad,  reunión  pacífica  y  libertad  de  expresión  e 
ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE).
s)  Por auto de fecha 29 de enero de 2020, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
desestimó todos los incidentes de nulidad que le fueron planteados.
3.  En la demanda de amparo, el recurrente alega las siguientes vulneraciones de 
sus derechos fundamentales:
3.1  Vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24 CE 
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le 
corresponde para enjuiciar los hechos, privando adicionalmente al recurrente de su 
derecho a la doble instancia (art. 2 del Protocolo 7 CEDH). Aduce que la asunción de  e
esta causa por la Sala Segunda del Tribunal Supremo supone la privación del derecho  bo
«al juez natural», concretamente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de  3w
Jinutsetripcriae tadceió nC afotarzluañdaa.  eC irornatzinounaa bdleic dieen ldaos  nqourem aess ap rdoececissaiólens , sqeu ea dreosputólt am ceodnitarandteic tuonriaa   2021-1130n https://w
ccoolna teprraoln auñnacdiaidmoi ednet opsr ivparrelev iodse  ldae pl oTsirbibiluidnaadl  dSeu cporenmtaor  cyo nq uune  rehcau rpsroo veofeccatdivoo  ceol netrfae cstuo 
condena, derecho reconocido en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo de
derechos humanos. Señala que la interpretación sobre el art. 57.2 EAC resulta, además, 
contradictoria con la propia doctrina del tribunal sentenciador en supuestos anteriores.
El recurrente discrepa del fundamento de la desestimación de esta queja dado por la 
sala, tanto en su auto resolutorio de los artículos de previo pronunciamiento, de 27 de 
diciembre de 2018, como en la sentencia, a partir de la pág. 80. Todo apunta a que, 
«como  declaró  sin  disimulo  un  alto  representante  de  la  fiscalía  española»  en  otro 
procedimiento, la razón de tal alteración de las reglas de competencia se explica por la 
desconfianza existente entre las máximas instituciones judiciales españolas respecto de 
la  «imparcialidad  y  serenidad»  de  los  magistrados  y  jueces  catalanes,  unas 
declaraciones que motivaron, incluso, la publicación de una insólita nota de prensa, por 
parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, defendiendo la rectitud profesional 
de los jueces que ejercen en Cataluña.
Señala a su vez que, con anterioridad al presente procedimiento penal, el Tribunal 
Supremo ha sostenido que lo que determina la competencia territorial es la realización, 
en  un  determinado  ámbito  geográfico,  de  alguno  de  los  elementos  del  tipo  de  la 
infracción penal que se imputa a un sujeto, pues como se recoge en el acuerdo del Pleno 
de  la  Sala  Segunda  de  3  de  febrero  de  2005  «el  delito  se  comete  en  todas  las 
jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo». Sin embargo, ni 
uno solo de los elementos típicos de los delitos atribuidos al demandante acontecieron 
fuera de Cataluña.
En  relación  con  los  delitos  de  rebelión  o  sedición  advierte  que  el  supuesto 
«alzamiento» típico se materializó íntegramente en territorio catalán. Es más, en el auto 
de procesamiento no aparece ninguna referencia a que algunos hechos hubieran tenido 
lugar fuera de Cataluña, en relación con el referido «alzamiento». En lo que respecta al 
delito de malversación, que no se imputaba al demandante don Jordi Sànchez, indica 
que ninguno de los elementos del tipo penal aconteció fuera de Cataluña, pues no 
consta que alguno de los procesados hubiera adoptado decisiones con trascendencia 
patrimonial pública encontrándose fuera del territorio catalán, que es donde se encuentra 
la sede del Govern, por lo que no cabe apreciar que el exceso en las facultades de 
administración tuviera lugar en el extranjero. Respecto del perjuicio patrimonial exigido 
por el tipo penal de la malversación, el demandante considera que las cantidades 
malversadas se habrían abonado, presuntamente, con cargo a partidas del presupuesto 
de la Generalitat de Cataluña, respecto de las cuales algunos procesados tenían las 
facultades de administración exigidas por los delitos de malversación y administración 
desleal. El hecho de que «algunos elementos citados por las acusaciones y por el 
Tribunal –como el hecho de que algunos de los destinatarios de los pagos estuvieran en 
el  extranjero–»  carece  de  relevancia  a  estos  efectos.  Aunque  el  beneficiario  de  la 
malversación resida fuera de Cataluña, tanto el exceso en el ejercicio de facultades de 
disposición como el perjuicio patrimonial –que son los únicos elementos objetivos del tipo 
penal– se producen de modo inequívoco en territorio catalán.
Añade el demandante que la aplicación de su doctrina consolidada debía haber 
llevado al Tribunal Supremo a declinar de su competencia territorial. Pero, para no perder 
la competencia decidió crear ad hoc nuevas reglas competenciales: en el caso de la 
rebelión/sedición,  se  inventó  literalmente  el  concepto  de  «actos  ejecutivos  no 
necesariamente violentos pero vinculados al elemento tendencial del delito» (pág. 84 de 
la sentencia); y, en lo que respecta a la malversación, se crearon nuevos criterios, como 
la «unidad patrimonial que inspira la regulación del patrimonio de las administraciones 
públicas» o la «concepción integral del patrimonio del Estado» (auto de 27 de diciembre  s
de 2018), que permiten sostener algo tan novedoso y sorprendente como que cualquier  oe.
malversación  de  fondos  públicos  se  comete  siempre  en  la  integridad  del  territorio  w.
eepnsep ntaaípñleiocslo.  ysE,  slpotao srq  utcaeon ntesort,ar uninc tcerialoesnmceeesnn dstoiersvn iteefársoc ntpi caaor asla   dmseaatlenari fmpieaisnrtaaa rml olaeg nrcateor, m napajeedntaeo nsmc eaian  locosos,n  qc auitarerd ecogoslno v tiaep rotliasr    2021-1130n https://w
doctrina tradicional de la Sala de lo Penal.
La afirmación adicional –contenida en la página 84 de la sentencia– de que, para 
determinar la competencia territorial de acuerdo con el principio de ubicuidad, deben 
tenerse en cuenta no solo los elementos objetivos sino también los subjetivos del delito, 
es muestra evidente de la absoluta debilidad de los argumentos esgrimidos en apoyo de 
la tesis de la Sala de lo Penal. Según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, los 
hechos subjetivos son aquellos que acontecen en el fuero interno de los procesados, no 
constando en los hechos objeto de acusación que ninguno de dichos acusados hiciera o 
pensara nada penalmente relevante encontrándose fuera del territorio catalán.
Añade que los criterios expuestos por el Tribunal Supremo entran en contradicción 
con los que dicho órgano ha seguido respecto del delito de desobediencia, «que sí 
consideró  cometido  íntegramente  en  Cataluña,  pese  a  que  ambos  tipos  penales 
guardaban relación con decisiones tomadas por miembros del Gobierno de la Generalitat 
y del Parlament». Ello ha provocado que el Tribunal Supremo limitara su competencia al 
exclusivo enjuiciamiento de los máximos responsables políticos y de los líderes de las 
asociaciones civiles, estuvieran o no aforados, dando lugar a una «fragmentación del 
procedimiento muy difícil de entender y justificar», sin base en la condición de aforado 
sino  de  unas  reglas  de  conexidad  difícilmente  comprensibles  y  contradictorias  con 
pronunciamientos anteriores recientes del propio Tribunal Supremo. Así, en la causa 
seguida  contra  el  diputado  Sr.  Homs  por  la  denominada  «consulta  del  9-N» 
(STS  972/2017)  asumió  exclusivamente  la  competencia  para  conocer  de  la 
responsabilidad  del  acusado  que  tenía  la  condición  de  diputado  del  Congreso, 
reservando para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el enjuiciamiento de los 
restantes miembros del Gobierno y de su entonces presidente.
También refuta que el criterio expuesto en la pág. 81 de la sentencia, que toma en 
consideración  el  hecho  de  que  el  recurrente  Sr.  Sànchez  llegó  a  ser  diputado  del 
Congreso,  sirva  para  justificar  la  asunción  competencial  por  parte  del  tribunal 
sentenciador. Cuando el demandante adquirió la condición de diputado el juicio ya se 
estaba celebrando y, según la propia doctrina de la Sala Segunda, una vez abierto el 
juicio oral, la jurisdicción es improrrogable (acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 2 
de diciembre de 2014). Por otro lado, dicha justificación es muestra de la debilidad de lo 
argumentado, puesto que el recurrente dejó de ser diputado en fecha anterior al dictado 
de la sentencia, (por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, de disolución de las 
Cortes), y pese a ello, el Tribunal Supremo no dejó de dictar sentencia ni declinó de su 
jurisdicción en favor de los tribunales radicados en territorio catalán. Finalmente, invoca 
la doctrina estatuida en la STC 183/1999, en lo que concierne al control de las reglas de 
competencia y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24 CE), y 
afirma que la fijación de criterios ad hoc para asumir la competencia es un «síntoma 
claro de arbitrariedad».
Como efecto colateral, pone de relieve una segunda lesión: concretamente, la del 
derecho a la segunda instancia en materia penal. El respeto a ese derecho exigía que la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo hubiera realizado una interpretación restrictiva de 
los  criterios  tenidos  en  cuenta  para  asumir  la  competencia,  pues  esa  asunción  ha 
supuesto la pérdida de posibilidad de que los acusados, aforados o no, pudieran recurrir 
su condena, como así habría sido si esta se hubiera dictado en la instancia por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, esa asunción de la competencia 
también ha provocado la vulneración del art. 24 CE y el art. 2 del Protocolo 7 adjunto al 
CEDH.
3.2  Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no haberse  s
permitido a los acusados declarar en su lengua materna empleando un sistema de  oe.
traducción simultánea. También se denuncia el hecho de haber impedido el empleo del  w.
ncaot adliáscnr iam tiensatcigióons  pporor prauzeósnto ds ep olern lgau dae (feanrtssa.  1y4,  fCinEa lmy 1e4n tCe,E laD Hvu).lneración del derecho a la  2021-1130n https://w
podear)  utEilinz arre leanc iólan  vcisotna  loorsa al ceul scaadtaolsá,n r e(scuu elerdnag uqau em vaateriransa )d, eaf efnins adse  spoolidceitra rdoenc laa rlaar  scaolna 
mayor fluidez. También se interesó la utilización del sistema de traducción simultánea,
que el art. 123.2 LECrim considera preferente al sistema de traducción sucesiva. Sin 
embargo, tal petición fue denegada por el Tribunal Supremo, que pese a reconocer 
expresamente que los procesados tenían derecho a declarar en catalán (página 69 de la 
sentencia),  accedió,  a  lo  sumo,  a  que  pudieran  expresarse  en  esa  lengua,  pero 
sirviéndose de un sistema de traducción sucesiva, que es mucho menos ágil. Ello 
propició que los procesados se vieran forzados, en contra de su voluntad inicial, a 
desistir de expresarse en su lengua materna.
Para el demandante, el derecho fundamental a la defensa debe garantizar el uso de 
la lengua materna, porque permite al procesado entender mejor las preguntas que se le 
hacen y responderlas con mayor fluidez. El catalán es lengua oficial en el territorio de 
residencia de los procesados, al que alcanza la jurisdicción del Tribunal Supremo y el 
art. 6.2 EAC reconoce el derecho de sus ciudadanos a expresarse en catalán y obliga a 
los poderes públicos a garantizar el ejercicio de tal derecho. Por su parte, el sistema de 
traducción simultánea facilita el traslado inmediato del mensaje al tribunal y a las partes, 
sin  prolongar  de  modo  excesivo  la  duración  del  juicio.  En  cambio,  la  fórmula  de 
traducción sucesiva ralentiza y prolonga en exceso el acto, de manera que este se 
convierte en un trámite procedimental largo y farragoso que deviene agotador para todos 
los intervinientes y para la propia sala, en un juicio ya de por sí extenso.
Por ello, del contenido del art. 123.2 LECrim –aplicable por analogía al presente 
caso–  se  desprende  con  claridad  que  la  traducción  consecutiva  solamente  debe 
emplearse  cuando  no  sea  posible  habilitar  un  sistema  de  traducción  simultánea; 
posibilidad que la sala reconoció abiertamente que podría haberse empleado en el 
presente caso, al no existir obstáculos económicos ni técnicos (pág. 72 de la sentencia). 
Sin embargo, en las págs. 68 y siguientes de la sentencia se justifica la adopción del 
sistema de traducción sucesiva a fin de favorecer la garantía del principio de publicidad 
del  proceso.  A  juicio  del  recurrente,  ese  principio,  con  ser  importante,  no  puede 
considerarse superior al derecho de defensa de quien es acusado por delitos que 
conllevan penas de más de una década de prisión. Nada impedía al tribunal que, para 
salvaguardar  la  publicidad  del  proceso,  «la  traducción  simultánea  pudiera  ser  oída 
también por quienes seguían el juicio a través de la televisión e incluso por los presentes 
en la Sala mediante auriculares».
Además del menoscabo al derecho de defensa (art. 24.1 CE), la negativa a permitir 
la traducción simultánea constituye una discriminación contraria al art. 14 CE pues, en 
comparación  con  el  trato  dispensado  a  cualquier  ciudadano  español  cuya  lengua 
materna sea el castellano, los ciudadanos catalanohablantes tienen que «soportar la 
carga (absolutamente evitable) de una prolongación del juicio oral», lo que se traduce en 
«un claro efecto desincentivador del ejercicio de los derechos lingüísticos»; y porque «es 
injustificable también que un catalanohablante pueda expresarse en catalán ante los 
órganos jurisdiccionales ubicados en Cataluña y, en cambio, no pueda hacerlo cuando es 
enjuiciado por el Tribunal Supremo por unos hechos cometidos en Cataluña».
b)  Por otro lado, la decisión de la sala vulnera el derecho de defensa en relación 
con la práctica de la prueba testifical de numerosos testigos propuestos por las defensas, 
a  quienes  se  impidió  por  completo  la  posibilidad  de  expresarse  en  catalán,  sin 
concederles siquiera la posibilidad de intérprete. Aunque la sala señala, en la página 80 
de su sentencia, que solo tres testigos pidieron declarar en catalán (cuyo testimonio se 
califica como intrascendente), lo cierto es que quienes pidieron declarar en dicha lengua 
fueron reprendidos y apercibidos con sanciones por parte del Sr. Presidente. A título de 
ejemplo, a uno de ellos se le advirtió del siguiente modo: «usted va a contestar en  s
castellano, si no quiere contestar en castellano esto es muy sencillo, usted se levanta,  oe.
asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado». w.
lreenpgrLeuasa e sqnautalean  stbeeasas  óyta  smquub ideiéennce ioss fiiólcenisa  el denin riu jalnana ,c  ionamtseíu rpncroidematadoc  ailóounst ó dtneeosl mtaigarot .es 2n 3y c 1up.3yeo rLi ttOoesrP,r iJtpo «orildoar sát enpn agurattienlisz l,au rsg ualasr    2021-1130n https://w
ldaesl  arcetcuuarcreionntee,s  rjuedsiuclitaal easb, staonlutota emne nmtea noifepsuteasctiao nae sl oosr aalersts .c o3m.2o  ey sc1r4it aCs»E,,  qpuuee, sa  djuicichioo   BOE-A-cable e
precepto no conlleva «una prohibición de hablar en catalán cuando las actuaciones 
tengan lugar ante un órgano judicial cuya jurisdicción territorial se extiende a toda la 
geografía española y cuando lo aconseje un adecuado ejercicio del derecho de defensa, 
así como una mínima sensibilidad que aquí debió desplegarse». En suma, la decisión 
presidencial dio lugar a que los testigos tuvieran que expresarse en una lengua que 
hablan con menor fluidez, lo que afectó a la credibilidad de su testimonio.
3.3  Vulneración del derecho a un juez imparcial (arts. 24 y 6 CEDH) (sic) por no 
haberse estimado las diversas recusaciones formuladas a lo largo del procedimiento y 
por el rol inquisitivo asumido por el presidente del tribunal en el acto del juicio. En este 
apartado  se  formulan  varias  quejas  anudadas  a  la  lesión  del  mismo  derecho 
fundamental, subdivididas del siguiente modo:
a)  Por no estimar las recusaciones planteadas, pese concurrir falta de imparcialidad 
judicial:
(i)  Falta de imparcialidad por parte del magistrado instructor. Funda el demandante 
su alegato en el hecho de que, en algunas de sus resoluciones, aquel se refiriese a «la 
estrategia que sufrimos» (auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, pág. 54, y 
auto de 12 de abril de 2018, pág. 54), presentándose a sí mismo como víctima de tales 
hechos. Esa circunstancia fue denunciada ante la sala de recursos, que desestimó dicho 
motivo por auto de 18 de junio de 2018. Entiende el demandante que, en su fuero 
interno, el magistrado instructor pueda compartir la «percepción generalizada de la forma 
en que se fueron desarrollando los acontecimientos en Cataluña». Pero quien se siente y 
se reconoce, pública y repetidamente, como víctima directa o indirecta de unos hechos o 
quien manifiesta desasosiego por ellos no puede ser juez imparcial en el procedimiento 
en  el  que  se  persigue  penalmente  a  quien  supuestamente  le  ha  victimizado.  La 
imparcialidad,  añade  el  demandante,  es  una  cuestión  de  fondo,  pero  también  de 
apariencia y cita al respecto el ATC 226/2002, de 20 de noviembre. Añade que esta 
cuestión  fue  respondida  en  la  sentencia  (págs.  116  y  siguientes)  remitiéndose 
íntegramente al auto de la sala de recursos de 18 de junio de 2018, el cual no reparó la 
lesión.
(ii)  Falta de imparcialidad de la sala de recursos que conoció de los recursos contra 
las resoluciones del magistrado instructor. Ese déficit se concreta en el magistrado don 
Francisco Monterde Ferrer. La razón para cuestionar su imparcialidad trae causa su 
condición de vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Profesional 
de la Magistratura (APM). Según se afirma en la demanda, en los meses anteriores, esa 
asociación «había emprendido a través de sus cuentas oficiales en la red social "Twitter" 
una auténtica campaña mediática con cientos de mensajes dirigidos contra los líderes 
políticos independentistas catalanes que claramente expresaban prejuicios sobre su 
culpabilidad por los mismos hechos por los que les estaba investigando» (la demanda a 
continuación transcribe literalmente, o con sus propias palabras, el contenido de algunos 
de esos mensajes). Esos hechos dieron lugar a la recusación del referido magistrado 
ante la sala de recursos, la cual fue rechazada a limine, por providencia de 12 de febrero 
de 2018, rechazo en el que intervino el propio magistrado recusado. Esa resolución fue 
recurrida en súplica, por la defensa del Sr. Sànchez, y el recurso fue inadmitido por 
providencia de 14 de febrero de 2018, al considerar que no cabía recurso alguno. 
Finalmente,  la  referida  sala  desestimó  un  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
interpuesto contra esta última resolución, por auto de fecha 19 de abril de 2018.
(iii)  La falta de imparcialidad también se anuda al hecho de que formaran parte del  e
tribunal sentenciador varios magistrados que, a su vez, habían acordado la admisión a  bo
trámite  de  la  querella  presentada,  mediante  una  resolución  que,  según  afirma  el  3w
draezmoannadmaiennteto, sc ojunrtíiedniceo -usnu satamnptilvioo sju iyc ivoa d me átisp iacildláa dd eq uloe  neesc einsuasruioa lpmaeran ted ileuxctiednasr os oebnr es ulas   2021-1130n https://w
ppaerrttiicnuelnacreias  ddee l incavesost,i gealr  reucnuar rennotteit ias ocsrtiimeninei sq. ueA sloí sp umeasg, isdtraaddaoss  lqause  cairdcmunitsietaronnc ialas 
querella necesariamente asumieron prejuicios sobre la cuestión de fondo.
(iv)  Por  otro  lado,  el  recurrente  advierte  que  el  magistrado  instructor,  los 
componentes de sala de recursos y los magistrados de la sala de enjuiciamiento son 
miembros de un mismo órgano judicial, conforme lo previsto en el art. 57.2 LOPJ. Por 
ello, sugirió el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas 
legales vigentes, que permiten que causas instruidas por un magistrado sean luego 
juzgadas por compañeros de la misma sala, dejando así de garantizarse una «distancia» 
entre instructor y tribunal de enjuiciamiento, cuando se trata de aforados. Esta queja se 
desestimó, por auto de la Sala del art. 61 LOPJ, de 13 de septiembre de 2018, que 
consideró prematura esa pretensión. Por ello, en la demanda se vuelve a suscitar, ahora 
como propuesta al Tribunal Constitucional, para el planteamiento de una cuestión interna 
de inconstitucionalidad respecto del art. 57.2 LOPJ.
(v)  Afirma que la recusación del presidente del tribunal, don Manuel Marchena, se 
formuló a raíz del mensaje de WhatsApp enviado por el senador del Partido Popular, don 
Ignacio Cosidó, en el que afirmaba, en referencia al indicado presidente, que «había 
accedido a ser nombrado presidente del Tribunal Supremo a cambio de servir desde 
dicho puesto a los intereses de dicho partido político que, como era público y notorio, 
había reclamado reiterada y públicamente severísimas condenas para mi mandante», lo 
que incluía controlar «desde detrás» el «funcionamiento de la Sala Segunda pese a no 
formar parte de ella si era nombrado presidente del Tribunal Supremo». Esta queja fue 
desestimada por la Sala del art. 61 LOPJ, así como el posterior incidente de nulidad de 
actuaciones, sin que se accediera, siquiera, a tomar declaración como testigo al Sr. 
Cosidó. Por ello, la defensa no pudo demostrar la concurrencia de esta causa de 
recusación.
(vi)  Finalmente, censura que los mismos magistrados que dictaron la sentencia 
condenatoria resolvieran el incidente de nulidad promovido contra ella. Así pues, se 
obvió por completo la petición expresa de esta defensa, formulada por otrosí en su 
escrito  de  promoción  dicho  incidente,  de  que  al  menos  se  variase  la  composición 
personal de la sala para garantizar la máxima imparcialidad del órgano revisor, lo que en 
este caso era posible pero no se hizo. Como era de esperar, el órgano judicial no advirtió 
ninguna vulneración de derechos fundamentales en la resolución que ellos mismos 
habían dictado unas semanas antes.
b)  Debido al rol inquisitivo asumido por el presidente de la sala.
Tras advertir que en el escrito de conclusiones definitivas ya se formuló esa queja, el 
demandante refiere que, en la sesión del día 14 de marzo de 2019, en la que se llevó 
cabo a interrogatorio del testigo don Josep Lluís Trapero, (que fue propuesto por la 
representación de la acusación popular ejercida por el partido político Vox), el presidente 
del tribunal rechazó que el fiscal formulara una pregunta en relación con la reunión de la 
junta de seguridad, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017; y ello, conforme al 
criterio adoptado por la sala, consistente en permitir únicamente el interrogatorio sobre 
los hechos establecidos por la parte que hubiera propuesto al respectivo testigo. Pese a 
ello, al amparo del art. 708 LECrim, el presidente del tribunal formuló personalmente al 
testigo la pregunta que anteriormente había impedido formular al fiscal.
Según sostiene el recurrente, el precepto invocado no justifica que el tribunal formule 
preguntas  sobre  aspectos  no  interrogados  por  las  acusaciones  ni  que  rechace 
determinadas preguntas, por ser ajenas al objeto del testimonio y, no obstante ello, el 
propio tribunal las formule después, creándose así una insólita situación de contradicción 
entre el interrogatorio efectuado por la presidencia y el subsiguiente de las defensas,  e
pues, tras ser respondida la pregunta efectuada por el citado presidente, se dio traslado  bo
a las defensas para poder repreguntar, trámite este que no prevé la LECrim. 3w
187 Eyl  1d8e8m)a, npduaenst ee ndtiisecnrdeep aq udee  llaa  irmesppaurceisatlaid daadd eas a u ensat ac uceusetsiótinó nd ee nf olan dsoe,n pteenroc iata (mpbáigésn.   2021-1130n https://w
daep aarptaadroie n5c7i)a.s F (iSnTalEmDeHn tdee,  c6r idticea n olav ireemspburee sdtea  2d0a1d8a,  eansu lnatso  pOátgesg.i  1M0o3n dyr asgigóunie cn.t eEss pdaeñ ala, 
sentencia a las quejas sobre falta de imparcialidad del tribunal; concretamente, que en
numerosos procedimientos anteriores relacionados con casos acontecidos en Cataluña 
no se había recusado a ningún magistrado de dicha sala. Para el recurrente, ese 
argumento resulta inasumible, pues lo que sucediera en otros casos anteriores que 
afectan a otros procesados asistidos por otros letrados, en nada prejuzga ni remedia lo 
acontecido en el presente, en el que se han vivido situaciones inauditas y difícilmente 
repetibles en términos de imparcialidad judicial.
3.4  Vulneración  del  principio  de  igualdad  de  armas  por  el  trato  desfavorable 
dispensado  a  las  defensas  en  el  acto  del  juicio  oral  (arts.  24  CE  y  6  CEDH).  El 
demandante estima que son reveladores de esta vulneración los siguientes episodios 
procesales:
a)  Respecto del objeto de los interrogatorios, sostiene que las acusaciones sí 
pudieron «desbordar el objeto de pertinencia» fijado por la parte que había propuesto al 
testigo, pues interrogaron sobre otros extremos diferentes; pero esa permisividad no se 
les concedió a las defensas. A título de ejemplo, trae a colación el testimonio del 
presidente del Parlamento de Cataluña, Sr. Torrent, que fue propuesto como testigo para 
el  esclarecimiento  de  determinados  hechos  anteriores  a  que  ostentara  ese  cargo. 
Mientras a la acusación popular se le autorizó a adentrarse en su etapa como presidente 
de la cámara, a las defensas no se les permitió preguntar sobre extremos relacionados 
con el referéndum del 1 de octubre de 2017, pese a manifestar el testigo haber estado 
presente en dicho referéndum. Añade el demandante que, ni la explicación dada en ese 
momento frente a la queja formulada, –que era el tribunal el que fijaba las razones de 
pertinencia y el objeto de las preguntas– ni la respuesta dada en la sentencia a la 
objeción expuesta en las conclusiones definitivas (págs. 169 a 173) justifica el proceder 
de  la  sala,  que  supuso  una  arbitraria,  injustificada  y  desigual  limitación  de  los 
interrogatorios, con la consiguiente violación del derecho de defensa (art. 24 CE), así 
como del derecho establecido en el art. 6 CEDH, que reconoce a las defensas el 
derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos que declaren en contra de 
sus mandantes.
b)  Se permitió a las acusaciones efectuar preguntas a los acusados o testigos 
sobre su afiliación política e ideología, pero no se autorizó a las defensas preguntar 
sobre dichos aspectos a algunos testigos que depusieron en el acto de plenario. Ejemplo 
de ello son las preguntas de las acusaciones a testigos de las defensas sobre su 
pertenencia a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o a la entidad Òmnium Cultural. En 
cambio, «la Presidencia impidió preguntar a la letrada de la administración de justicia del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona –una testigo crucial, como se desprende 
de la propia sentencia condenatoria– si era seguidora de páginas web de la extrema 
derecha, cuando ello podía ser igualmente trascendente al efecto de conocer posibles 
sesgos de su testimonio». Cuestiona el recurrente la respuesta dada a esta queja en la 
sentencia (pág. 173), al remitirse la notoriedad pública de la militancia del testigo Sr. 
Rufián en el partido ERC, puesto que esa respuesta no tuvo en cuenta que su condición 
de afiliado a la ANC era «algo estrictamente privado».
c)  A los testigos de las acusaciones se les autorizó a exponer abiertamente sus 
valoraciones personales sobre los hechos. En concreto, los policías que declararon a 
propuesta de las acusaciones pudieron referirse a aspectos tales como las «caras de 
odio» de los votantes, el «clima hostil» que tuvieron que vivir el primero de octubre o 
comparar, incluso, «lo vivido con la situación que vivieron hace unos años en el País 
Vasco». También se permitió al teniente coronel Baena aludir constantemente al «clima  e
insurreccional». En cambio, algunas valoraciones similares que intentó exponer doña  bo
Marina Garcés fueron impedidas por la presidencia. Otro ejemplo de trato desigual tiene  3w
pqruoep uveesr tcoosn p olar  lpao ascibuilsidaacdió nd,e p ceoron sleuslt afur en oimtapse deisdcor iata sla,  Slor aq.u Gea hrcicéies ryo na l aSlgr.u Mnoasta tmesatliag,o as   2021-1130n https://w
cqounietenn sideo o.bligó a retirar las notas que llevaba consigo, sin siquiera preguntarle por su
d)  Para el demandante, la diferencia de trato ha sido evidente ante manifestaciones 
de «desmemoria» o «renuencia» de algunos testigos, según que esto sucediera al 
responder a preguntas de las acusaciones o de las defensas. Se ponen como ejemplos 
las declaraciones de doña Soraya Sáenz de Santamaría, don Mariano Rajoy y don 
Ignacio Zoido, a quienes «en ningún momento procedió la Sala a apercibirles con las 
penas previstas para los testigos renuentes». Sin embargo, la testigo doña Teresa Guix, 
en la sesión del 6 de marzo, o el testigo don Jaume Mestre, en la sesión de 13 de marzo, 
fueron advertidos de que debían ser más precisos en sus respuestas, pues, en caso 
contrario, podrían cometer un delito de falso testimonio. Añade el recurrente que la 
argumentación que sobre este aspecto figura en la pág. 192 de la sentencia no repara la 
lesión producida, al entender justificables «olvidos» del Sr. Rajoy que son muy difíciles 
de creer (por ejemplo, no recordar a través de qué medio se comunicó con el Sr. 
Urkullu).
e)  Señala también que, en la sesión del día 11 de abril de 2019, se le impidió a su 
defensa interrogar a un inspector de policía, respecto del «aparente infarto» sufrido por 
un ciudadano cuando se disponía a votar; y ello, pese a que esa circunstancia se 
mencionaba en el escrito de acusación y, previamente, se había permitido al fiscal 
interrogar al respecto. Discrepa el demandante de la consideración de «intranscendente» 
con que se valora al testigo en la pág. 194 de la sentencia, pues la indicada resolución 
recoge, en las págs. 53 y 54, «los enfrentamientos entre ciudadanos y policías de los 
que derivan lesiones y son motivos de las graves condenas impuestas». Sin perjuicio de 
lo expuesto, el demandante destaca que la presidencia le impidió exponer las razones de 
su protesta porque le fuera impedido interrogar al testigo, por lo que se vio forzado a 
dejar de interrogar.
f)  La vulneración del principio de igualdad de armas también se constata por la 
predisposición de la presidencia a interrumpir los interrogatorios de las defensas y a la 
adopción de una posición mucho más rigurosa en relación con la forma de preguntar o 
de expresarse. Ejemplo de ello es el reproche que dirigió el presidente al letrado del aquí 
recurrente, en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley de 
ritos» para referirse a la Ley de enjuiciamiento criminal, porque esa expresión constituía 
un «insulto a los procesalistas». Sin embargo, según refiere el demandante, la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, desde el año 2000, ha utilizado la expresión «ley de 
ritos» en 789 ocasiones y el término «ley rituaria» en otras 863. Por ello, la señalada 
actitud de la presidencia supuso una grave cortapisa a la hora de interrogar o de 
protestar, «pues a ningún letrado le complace que le reprochen en público y en un juicio 
visto  por  miles  de  personas  y  escrutado  permanentemente  por  los  medios  de 
comunicación  supuestas  faltas  de  solvencia  en  su  desempeño  profesional»,  con  la 
consiguiente merma del derecho de defensa.
3.5  Vulneración del derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 CEDH) por no haber 
tenido  la  defensa  acceso  a  la  instrucción  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de 
Barcelona, por la imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con la prueba 
documental videográfica y por la denegación de pruebas pertinentes solicitadas en 
tiempo y forma. En este apartado se mencionan tres aspectos diferenciados.
a)  Denegación de la aportación de testimonio íntegro de las diligencias practicadas 
en  el  Juzgado  de  Instrucción  núm.  13  de  Barcelona  (arts.  24  CE  y  6  CEDH).  El 
demandante sostiene que la mayor parte de la instrucción, entendida como fuente de 
obtención de material incriminatorio, no se verificó ante el Tribunal Supremo sino en las  e
diligencias previas núm. 118-2017 seguidas ante el citado juzgado de instrucción, en  bo
cuyo seno se practicaron la inmensa mayoría de las actuaciones policiales de las que  3w
dpirmesaennót e bpureoncead ipmairetnet od peol r mela ftiesrciaall . Sprino beamtobraior goq,u ceo, mpoo setle drieomrmaenndtaen, tef uneo  faupeo rptaardtoe  eanl   2021-1130n https://w
epsaera plerloac»e, deimn ielan toq uneo  stuev goe cnoenroacroimn iegnraton  dpea lrote q duee  lloo sq uinef ocramlifeicsa p coolimcioa leusn ay  «ninusmtreurcocsióons 
documentos que las acusaciones hicieron valer como prueba en el acto del juicio oral. En
el trámite establecido en el art. 627 LECrim, la defensa del demandante interesó la 
reapertura de la fase de instrucción, a fin de que se remitiera testimonio íntegro de las 
referidas  diligencias,  siendo  dicha  petición  rechazada  en  el  auto  que  confirmó  la 
conclusión del sumario de 25 de octubre de 2018, so pretexto de que esa diligencia 
podría interesarse en una fase posterior. Ello motivó que esa solicitud fuera reiterada en 
el escrito de conclusiones provisionales, pero sin éxito alguno.
Según indica, la aportación del testimonio solicitado habría permitido a las partes y al 
tribunal  analizar  la  totalidad  de  las  actuaciones  (informes  técnicos,  documentos  y 
atestados) que obran en el procedimiento del que se nutrían las presentes actuaciones, 
pudiendo interrogar a procesados y testigos sobre la totalidad de documentos e informes 
allí obrantes, que en su mayoría no eran conocidos por el demandante. Esa diligencia 
era especialmente necesaria, pues el Ministerio Fiscal solicitó selectivamente testimonio 
de algunas resoluciones dictadas en el marco del procedimiento referenciado (véase el 
escrito del Ministerio Fiscal obrante a los folios 1253 y siguientes, tomo 3 de la pieza de 
instrucción), así como por la incorporación de testimonios de algunos de los atestados 
redactados por la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que se habían ido 
elaborando  en  el  seno  del  citado  procedimiento  sobre  la  base  de  diligencias  de 
investigación, en cuya práctica la defensa del demandante no había podido intervenir por 
no ser parte procesal.
Por  último,  destaca  la  anómala  situación  a  que  se  ha  visto  sujeto,  desde  la 
perspectiva  del  derecho  de  defensa.  Si  se  admite  la  posibilidad  de  instrucciones 
paralelas practicadas a espaldas de las defensas, realmente se impide a estas conocer e 
intervenir en aquellas actuaciones instructoras que pueden beneficiar sus tesis y aportar 
al juicio aquellos elementos de prueba susceptibles de favorecerlas. Y esa vulneración 
no desaparece porque se argumente que la única prueba a la que se atribuye valor 
incriminatorio sea la practicada en el acto del juicio oral. Quien no ha estado presente en 
la  fase  instructora  de  un  procedimiento  difícilmente  «podrá  conocer  y  proponer  la 
práctica  de  medios  de  prueba,  favorables  a  sus  tesis,  dimanantes  de  diligencias 
practicadas en instrucción. De ahí que en el procedimiento penal español se reconozca 
de modo general el derecho de las defensas de estar presente en la fase instructora 
desde el inicio de esta. Un derecho que no se ha respetado en el presente caso y que 
justifica la presente denuncia».
b)  Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba 
documental videográfica. Señala el recurrente que, tras haber permitido ese contraste 
con algunos testigos iniciales (Sres. Rajoy y Mas), de manera sobrevenida el tribunal 
adoptó  la  decisión  de  impedir  la  exhibición  de  la  referida  prueba  a  los  testigos 
declarantes,  a  fin  de  contrastar  la  veracidad  de  sus  manifestaciones  orales  con  el 
contenido de las imágenes grabadas, si bien se permitió que a numerosos testigos se les 
mostraran documentos en soporte de papel. Esta decisión resultó contradictoria, pues 
tan  prueba  documental  es  un  papel  como  una  grabación  de  vídeo.  Añade  que  la 
confrontación entre lo declarado por un testigo y prueba videográfica está prevista en el 
art. 729.3 LECrim y constituye una práctica absolutamente habitual en los tribunales 
españoles. Por ello, ese contraste forma parte de la garantía básica de contradicción 
propia del juicio oral y que, de haberse permitido su práctica, se habría evitado que 
«algunos testigos mintieran a la Sala o exageraran ostensiblemente en su declaración».
La decisión adoptada por la sala, consistente en reproducir todos los vídeos en la 
fase de prueba documental, no subsanó la vulneración de la garantía de contradicción, 
porque no es lo mismo exhibir un video a un testigo cuando este último está declarando  s
que hacerlo semanas o meses más tarde; y, en segundo lugar, porque durante la  oe.
exhibición de la prueba documental, a los letrados no se les permitió glosar su contenido  w.
cdnrei esrdataibzcoilaind aqarud e la dlsae   dcloeoscn icsteliuóssntii goconusee ssq tuiqoeun eah daeabx íitamranpí adidnei ópd uqeeuls etd oloo cssue tmmeseatnnigtaoos s v opid umedoeiegsrreaásnfi  craoen,ct terifseic.s apFrei necalt olsm edenenti dteloa,    2021-1130n https://w
de sus declaraciones mendaces o exageradas, a la vista de lo grabado. Por tanto, el
recurrente concluye que con la injustificada limitación de la práctica de la prueba se 
vulneró también el derecho de defensa.
c)  Denegación de pruebas pertinentes solicitadas en tiempo y forma. Alega el 
demandante que la denegación de medios de prueba pertinentes, que fue adoptada por 
auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2019, ha vulnerado su 
derecho de defensa. En concreto, señala las siguientes denegaciones de prueba:
(i)  Que se requiriese a la unidad central de delitos informáticos de los Mossos 
d"Esquadra a fin de que facilitaran los datos del titular de la cuenta de la red social 
Twitter  «@nmaquiavelo1984»  y  «@JDanielBaena».  No  se  trataba  de  indagar 
gratuitamente en la ideología del testigo, sino de poner de manifiesto la abierta hostilidad 
que  este  profesaba  respecto  de  los  procesados  y  que  se  había  manifestado  en 
numerosos mensajes en las redes sociales. Este dato no era intrascendente para valorar 
la credibilidad de un testimonio tan crucial, teniendo en cuenta que se trataba de un 
funcionario público que debía regir su actuación por el principio de objetividad y que era 
la persona que había dirigido la investigación policial. La opción que se dio a las 
defensas, de preguntar al testigo sobre tal circunstancia en el momento de declarar, no 
podía suplir la necesidad de la diligencia rechazada, pues tal opción permitía al testigo 
negar sin más la autoría de tales mensajes (como así hizo), sin que la defensa tuviera 
opción de contrastar la veracidad de  tales  manifestaciones con medios probatorios 
mucho más fiables.
(ii)  En relación con la documental apartado como «más documental segunda», se 
rechazaron injustificadamente los documentos 4 –tuits publicados por don Jordi Sànchez 
en fecha 20 de septiembre de 2017–, 7 –mensajes de Twitter publicados por el Sr. 
Sànchez el 1 de octubre de 2017–, 11 –mensajes publicados el 3 de octubre– y 15 –
grabación de la llamada telefónica realizada el 20 de septiembre de 2017 por parte del 
programa  radiofónico  «El  Matí  de  Catalunya  Radio»  al  recurrente–.  A  juicio  del 
demandante, a pesar de su evidente relación con los hechos, la sala rechazó estos 
documentos  (página  75  del  auto)  «por  entender  en  algunos  casos  reflejaban 
valoraciones  personales  o  asociativas  prescindibles  para  el  enjuiciamiento  de  los 
hechos, remitiéndose a razones absolutamente genéricas».
(iii)  La testifical del rey de España don Felipe VI. El recurrente critica el argumento 
dado en el auto de 1 de febrero de 2019 (pág. 72) para rechazar esa testifical: que el 
art. 411 LECrim exceptúa del deber de declarar como testigo al Rey. Ese precepto brinda 
al monarca la posibilidad de eximirse de la obligación de declarar, pero no establece una 
prohibición de hacerlo, como así lo interpretó erróneamente la Sala de lo Penal. Por 
tanto, se vulneró el derecho de defensa del recurrente, al rechazarse la prueba antes de 
saber si el testigo propuesto decidía o no acogerse a la dispensa. Por último, justifica la 
pertinencia de la prueba en base al relevante papel que las acusaciones atribuyeron al 
jefe del Estado, en sus escritos de conclusiones, en relación con los hechos enjuiciados.
(iv)  La testifical del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, don Jaime Alfonsín 
Alfonso. Dicha prueba se propuso con carácter alternativo, por si el monarca se acogía a 
la dispensa de no declarar. Por tanto, no resulta asumible el motivo de inadmisión que 
figura en el auto de 1 de febrero de 2019, a saber, que en el proceso penal no se admite 
el testigo por sustitución. Esta denegación vulneró el derecho de defensa del recurrente, 
pues la prueba era pertinente «a la vista de los hechos que motivan la acusación y del 
relevante papel que en ellos desempeña la Casa Real».
(v)  La testifical de don Carles Puigdemont. La inadmisión de su testimonio se basó 
en que estaba en rebeldía y aún no había sido enjuiciado. Sin embargo, el recurrente  e.
discrepa de la decisión adoptada porque la declaración del testigo no solo era pertinente  w.b
smpirnaoogp iuscetrrusactdoiao lc , oinamsl tosre utrce tesotlr ig mhoáa xnbioíma e ods rteeucsvipdieoidrnaos  parrbeelcesh edaneztael r G eosnuv e eerl nxa.t crPatood ricd oieótlrn oj,u  lipacoidoro  ,fr uaeezl  ohdneeecbshid opo du aera  qqmuueeen  teeell    2021-1130n https://w
emsatrlvaetérsgaiccaiósn, . yAa ñqaudee  Aquleem laan irae sepsotanbsaab idliidsapdu edsetal  par oepnuteresgtoa rsloe  pdairriam ísae re nju zugnaad op iepzoar 
separada del proceso, por lo que podía declarar con las mismas garantías que otros
testigos que, al mismo tiempo, estaban siendo investigados en otros procedimientos (cita 
como  ejemplo  a  los  Sres.  Trapero  o  Jové).  Por  último,  señala  el  contradictorio 
comportamiento de la sala, al admitir el testimonio de doña Anna Simó, miembro de la 
mesa del Parlament, pese a haber estado procesada en la misma causa hasta el trámite 
de las cuestiones previas.
3.6  Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE). Esta queja trae causa de las manifestaciones públicas de miembros 
del Gobierno español sobre los hechos enjuiciados y por la reiterada omisión del tribunal 
enjuiciador de amparar a los procesados ante dichas vulneraciones. El demandante 
refiere que, mientras se desarrollaba el procedimiento penal ante el Tribunal Supremo, la 
Secretaría General para la España Global, órgano dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores,  emprendió  una  campaña  propagandística  para  informar  en  el  extranjero 
sobre los hechos que se estaban enjuiciando. En el contexto de dicha campaña se 
efectuaron  declaraciones  y  se  elaboraron  documentos  en  los  que  abiertamente  se 
consideraba a los procesados culpables de los hechos enjuiciados.
El recurrente y otros procesados pidieron amparo a la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, por escrito de 4 de febrero de 2019, y alegaron la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia. Mediante auto de 7 de febrero de 2019, la Sala de lo Penal 
estimó que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia derivada de las 
declaraciones de la secretaria de Estado doña Irene Lozano, responsable de la campaña 
gubernamental «España Global», podrían ser objeto de alegación en las sesiones del 
plenario en las que se reivindicara la vigencia de ese derecho, motivo por el que esta 
defensa planteó la presente cuestión previa al inicio de las sesiones del juicio y en su 
escrito  de  conclusiones  definitivas.  La  demanda  relata  otros  episodios  similares 
acaecidos con posterioridad –concretamente se refiere al contenido del documento «La 
realidad sobre el proceso independentista» publicado por «España Global»–, incluso 
después de la publicación de la sentencia, como cuando se caricaturizó a los acusados 
como si fueran ladrones. La queja, sin embargo, fue rechazada en la sentencia, que 
minimizó  las  primeras  manifestaciones  ante  la  BBC,  calificándoles  simplemente  de 
«torpes» (página 143) pero «intrascendentes», sin hacer referencia alguna al documento 
posteriormente publicado.
Argumenta  la  demanda  que  se  ha  producido  la  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia del art. 24 CE, interpretado a la luz de los arts. 10 y 96 CE, en 
relación con la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo 
de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la 
presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. El art. 4.1 de la citada 
Directiva establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar  que,  mientras  no  se  haya  probado  la  culpabilidad  de  un  sospechoso  o 
acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades 
públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa 
persona como culpable», y el art. 4.2 dispone que «los Estados miembros velarán por 
que se disponga de medidas adecuadas en caso de incumplimiento de la obligación 
establecida en el apartado 1 del presente artículo, de no referirse a los sospechosos o 
acusados como culpables».
3.7  Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 6 
CEDH) por la filtración del contenido de la sentencia cuando su redacción no había sido 
todavía culminada. Señala el demandante que esa lesión ya se planteó en el incidente 
de nulidad, pues días antes de que se firmara y notificara la sentencia, diversos medios  e.
de comunicación anticiparon cuál iba a ser el sentido del fallo, cuando su contenido era  w.b
amúend Eiosl sure sdcceue rpprtreiebnnltees a idn deci igdeietax peleensr  liyam  eiemnn ptvaoarr rtiaconascm diabe i doeessl o s(sse emc reecdtiotiao dnse  s aleal gshu adnbeollasib  deeerna «lcaficuoeensne tsed dse e ju iundntice tirranibleeuts n»da)e.l,   2021-1130n https://w
preopr erlcou sqiounee sn por ocpeasreaclees  nais udme iabflee ctqaucieó n laa  lafilstr agcairóann tíaans tidceipl apdrao ceddeilm  ifeanlltoo . nRoe cuteenrdgaa 
que la STC 69/2001, de 17 de marzo, declara que la filtración de una sentencia, en
principio es una circunstancia inocua para los derechos fundamentales, «salvo que el 
denunciante de tal vulneración pueda acreditar –cabría preguntarse de qué manera– que 
la opinión de alguno o de algunos de los integrantes del tribunal haya podido verse 
condicionada por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación o que la 
citada  "filtración"  iba  encaminada  a  obtener  una  modificación  interesada  de  lo 
previamente decidido" […] (FJ 12)». O bien, que haya propiciado la filtración «un clamor 
popular a favor de la condena o de la absolución de los encausados poniendo en 
entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la ciudadanía en el 
comportamiento neutral de los juzgadores» (FJ 6).
A juicio del demandante, dicho clamor se produjo en el presente caso, pues son 
notorias  las  incontables  informaciones,  artículos  y  comentarios  anticipados  del  fallo 
aparecidos en los medios de comunicación con posterioridad a la filtración, así como las 
manifestaciones de responsables políticos –en un contexto de precampaña electoral– 
valorando anticipadamente la condena cuando la sentencia no había sido aún firmada ni 
notificada. Como sucede cuando se quiebran garantías vinculadas con la imparcialidad 
judicial, la mera vulneración de las garantías, aun no pudiéndose determinar cuáles han 
sido sus concretos efectos, debe suponer la invalidez del acto procesal, sin que proceda 
someter a quien denuncia a lo que supone una auténtica probatio diabolica.  Por tanto, 
el compromiso adquirido por el presidente de la sala de que haría todo lo posible para 
que no se repitieran las filtraciones, pasaba por haber anulado la sentencia, como se 
pidió, por vulneración de los arts. 24 CE y 6 CEDH. Sin embargo, el auto resolutorio del 
incidente  de  nulidad  se  limitó  a  afirmar  que  no  constaba  que  la  filtración  hubiera 
condicionado el sentido de la decisión, es decir, sometió al recurrente a la prueba 
diabólica antes aludida.
3.8  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  por  ausencia  de  toda 
motivación de la individualización de la pena (arts. 17, 24 y 25 CE en relación con 
art. 120.3 CE).
Argumenta la demanda que la sala impuso al demandante una pena de nueve años 
resultante de un marco penal inicial que se movía entre un mínimo de ocho y un máximo 
de diez años de prisión, desbordando la petición de la abogacía del Estado, que solicitó 
una pena de ocho años de prisión e inhabilitación, y al amparo de la petición de la 
acusación popular (partido político Vox) de quince años de prisión, a pesar de afirmar su 
«perturbadora presencia». Aduce que la sentencia condenatoria no dedica tampoco una 
sola línea a explicar las concretas razones por las que, pudiéndose imponer una pena de 
solamente ocho años al acusado, la sala se decanta finalmente por imponer una pena de 
nueve; y añade que, en todo caso, «en términos comparativos conviene subrayar la 
evidente desproporción que supone el hecho de que el Sr. Jordi Sànchez haya merecido 
una pena tan cercana a la impuesta a aquellos acusados que ostentaban la condición de 
autoridad».
En cuanto al auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, que se 
remite a las razones dadas para la imposición de la pena a don Jordi Cuixart (pág. 48), 
sostiene el demandante que «ni en la resolución del incidente promovido por el Sr. 
Cuixart, ni tampoco en la propia sentencia por las razones antedichas, se encuentran 
argumentos que justifiquen dicha decisión».
3.9  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad (arts. 25 CE y 7 CEDH), por 
abandono ad hoc del principio de accesoriedad (limitada) en la participación. En este 
apartado sostiene que «la accesoriedad limitada» es uno de los principios cardinales de 
la teoría de la imputación penal, que ha sido reconocido por la Sala Segunda del Tribunal  s
Supremo, entre otras, en las SSTS 214/2018, de 8 de mayo y 704/2018, de 15 de enero.  oe.
Esa doctrina considera necesario que al autor se le pueda atribuir la comisión de un  w.
drheoesscp hcoolna sstíaepbsicl edo e py es unajaneltt ioajusl r ípidnaitcretorícv, iipnaeiue.nn Sqteueseg:  úlnonos r  eerejfeiescurueltt eoe rle crsue lmcpuaarbtreleern,ia teple,a ser aon   aqeuul tedo erpeliutsoe d ddiraee  ccstoeondss,ic iqdióuenire ahnrsaeeys    2021-1130n https://w
ose d airlizgaidno p laú bsleicdai coió tnu,m ou altpuaarreiacmieerennte e (na ret.l l5a4 c4o mCPo )s, uys l opsr inqcuiep ahluebsi earuetno riensd u(acridt.o 5, 4s5o sCtePn).i dAol   BOE-A-cable e
demandante, la sentencia (pág. 383) le atribuye el rol de promotor, por haber movilizado 
a la ciudadanía a intervenir en las manifestaciones de 20 de septiembre y 1 de octubre o 
haber actuado en dichas movilizaciones, junto con el Sr. Jordi Cuixart, como «líderes 
sociales»  (pág.  481  de  la  sentencia).  Por  tanto,  de  acuerdo  con  el  principio  de 
accesoriedad limitada, si no ha existido hecho antijurídico atribuible a uno o varios 
ejecutores directos no puede existir una participación penalmente relevante.
Considera acreditado que los ciudadanos que intervinieron, como manifestantes o 
votantes en los actos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, no han merecido 
reproche penal alguno y así lo afirma la sentencia de condena (págs. 240, 245 y 383), 
sin que nadie haya sido procesado por sedición por esos hechos. Incluso, algunos de los 
presuntos máximos responsables de la organización del referéndum, como don Lluís 
Salvadó y don Josep María Jové, tampoco han sido procesado por ese delito, sino por 
delitos de gravedad muy inferior, (prevaricación, desobediencia o malversación, cita la 
demanda), mientras que algunos casos aislados de votantes que ejercieron resistencia 
contra las fuerzas del orden han sido condenados por un delito de atentado y lesiones 
leves.
Con base en las anteriores premisas, el demandante refuta su condena por el delito 
de sedición, pues no se puede promover un alzamiento sedicioso si los comportamientos 
más graves de los manifestantes solo se califican de atentado y si los organizadores, 
excepto los máximos dirigentes procesados por el Tribunal Supremo, tampoco han sido 
procesados por ese tipo de alzamiento. Para el recurrente, la condena por delito de 
sedición se explica «desde la voluntad de escarmentar a los máximos líderes políticos y 
sociales del movimiento independentista con castigos que nada tienen que ver con la 
gravedad real de los hechos a cuya comisión indujeron a los ciudadanos. Se trataba […] 
de  construir  un  "traje  punitivo  a  medida"  para  los  líderes  políticos  del  movimiento 
independentista». Descarta que en el presente caso quepa apreciar un supuesto de 
autoría  mediata,  (posibilidad  que,  por  lo  demás,  no  se  menciona  siquiera  en  la 
sentencia), pues esa hipótesis no está prevista en los arts. 544 y 545 CP y supondría 
sostener que «los ciudadanos que se manifestaron actuaron como meros instrumentos, 
totalmente "abducidos" por los acusados en una situación de error invencible que se 
mantuvo incluso frente a la actuación de agentes uniformados».
Ese cambio ad hoc de la doctrina sobre el principio de accesoriedad no se acomoda 
a las exigencias del principio de legalidad, tal como se define en el art. 7 CEDH (con cita 
de la sentencia «Del Río Prada c. España» de 2013). Ese principio no solo prohíbe que 
se apliquen a posteriori y en perjuicio del reo cambios en el texto de la ley, pues también 
veda las modificaciones sobrevenidas de la jurisprudencia que perjudiquen al acusado 
(STEDH de 11 de abril de 2013, asunto Vyerentsov c. Ucrania). En el auto resolutorio de 
los incidentes de nulidad se da respuesta a esta denuncia, al analizar una queja idéntica 
del procesado Sr. Forn en los siguientes términos (pág. 41): «las reglas generales de la 
participación quiebran en el caso del delito de sedición, donde todos los intervinientes 
son  coautores».  Así  pues,  el  referido  auto  confirma  que  estamos  ante  el  primer 
alzamiento sin alzados de la historia.
3.10  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad (art. 25.1 CE) en relación 
con los derechos fundamentales a la libertad, reunión pacífica y libertad de expresión e 
ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE) por la insuficiente taxatividad del tipo penal de la 
sedición. Alega el recurrente que el art. 544 CP, que define el delito de sedición, adolece 
de  la  falta  de  taxatividad  que  cabe  esperar  de  un  delito  que  establece  penas  tan 
sumamente graves; y así lo considera Amnistía Internacional en un informe sobre esta  s
causa especial. Términos tales como «alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las  oe.
vías legales» resultan extraordinariamente vagos, hasta el punto de que es muy difícil  w.
rcceoocnliugorecre eqnr uteeex  assceot anpm ltaeannnttteeaa s q dulaiévs ec rodsnuoddsua csint atiensrt resoregp aerenstttaeátsniv  apqsruo ehq iubeeile  tnsipduoorg  repenea nlmqaule ens utessu cp iotraer  deyal,  cleacgiló isrnel asrdpeoesruc. tlEtoa,l    2021-1130n https://w
Cdiofíncsilmtiteuncitoen acl ocmopmaoti belle  Trcibounn ael l Euprroinpceipoi od ed De erdeectheorms iHnaucmióann,o sq ueexi getann t(oS TeElD  HTr idbeu n1a1l   BOE-A-cable e
de abril de 2013, asunto Vyerentsov c. Ucrania, y la STEDH de la Gran Sala, de 22 de 
marzo de 2001, asunto Streletz, Kessler y Krenz c. Alemania).
Ciertamente,  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  admite  que  la 
indeterminación de un enunciado legal pueda ser corregida por la jurisprudencia sobre 
dicho precepto. Sin embargo, esto no ha sucedido en el tipo penal de la sedición en 
España, al no existir prácticamente ningún precedente relevante y reciente sobre este 
delito  que  haya  sido  conocido  por  el  Tribunal  Supremo.  La  falta  de  precedentes 
jurisprudenciales  ha  supuesto  que  para  los  acusados  resultara  imprevisible  que  su 
actuación se considera constitutiva de un delito sedición, máxime teniendo en cuenta 
que el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que abarcaba de modo concreto los 
hechos que se proponían emprender el día 1 de octubre, había sido expresamente 
derogado por el legislador español el año 2005; y que la convocatoria previa de consulta 
sobre la autodeterminación el 9 de noviembre de 2014 se saldó con una leve condena 
por desobediencia, confirmada por el propio Tribunal Supremo, para los Sres. Mas y 
Homs y las Sras. Rigau y Ortega. También pone de relieve que la vaguedad del art. 544 
CP  resulta  especialmente  preocupante,  pues  su  mera  vigencia  puede  suscitar  la 
restricción del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión pacífica, libertad de 
expresión y libertad ideológica, provocando con ello un efecto desincentivador de tales 
derechos.
El auto que resuelve los incidentes de nulidad niega lo antes expuesto (págs. 12 y 
siguientes, al responder a la misma queja del procesado don Jordi Cuixart), bajo el 
argumento de que el tipo delictivo no alcanza «una inconcreción o imprecisión que 
impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito». Pero en esa resolución no se 
alude a algunos extremos que esta defensa también alegó, como la suma amplitud del 
precepto que en modo alguno justifica la pena mínima prevista, o el efecto restrictivo en 
el ejercicio de derechos que su aplicación puede llevar aparejada debido a los amplios 
términos de su redacción.
3.11  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal (arts. 25.1 CE y 7 
CEDH)  por  aplicación  analógica  del  delito  de  sedición  a  los  hechos  enjuiciados. 
Recuerda el demandante la prohibición de la analogía en materia penal que establece el 
art. 4.1 CP y que dicha prohibición forma parte de los principios de legalidad y de 
seguridad jurídica. Dicho esto, añade que el precepto no solo adolece de falta de 
previsibilidad sino que el tribunal enjuiciador, en la subsunción realizada, ha desbordado 
también su tenor literal porque: (i) es difícil entender qué hechos se subsumen en el tipo 
penal de sedición; esto es, si solo los acaecidos estrictamente los días 20 de septiembre 
y 1 de octubre de 2017 o también otros; (ii) porque lo que la sentencia narra, en las págs. 
41 y siguientes respecto de lo sucedido el 20 de septiembre, no es más que una 
manifestación ciudadana de 40 000 personas, en la que solo unos muy pocos asistentes 
incurrieron en excesos que, a lo sumo, derivaron en daños materiales que, según la 
propia  sala,  no  son  imputables  a  don  Jordi  Sànchez,  sino  al  exceso  de  algunos 
manifestantes. Aunque sí se dificultó, no se impidió el cumplimiento de la resolución 
judicial en el departamento de Economía, como exige el art. 544 CP, lo que hace que la 
aplicación analógica de este precepto a un caso no abarcado por su tenor literal sea aquí 
patente. Se pregunta cómo es posible que un «acto de manifestación» por el que nadie 
ha sido acusado se convierta en un alzamiento tumultuario y argumenta que no pueden 
integrarse en tal concepto acontecimientos citados en la sentencia (pág. 374) como 
poner trabas a la actuación de la comisión judicial o desprestigiar a la administración de 
Justicia ante la ciudadanía; (iii) al describir la sentencia los hechos acontecidos el 1 de  s
octubre de 2017 (pág. 53), es «tan sumamente parco el relato en este punto que tan  oe.
siquiera se explica en qué consistieron dichos enfrentamientos, quién llevó en cada lugar  w.
nclalea crinoei scqiidauateidv  aqe unei eannl g euslneloo sas  lzcoaa  scdouesáb ldeees   l"leafuvseaisrrot encnl acsriaua smf aeccnuotlnetac trliaev taain"s i( cpciaáotgniv.s a5e 4cin)u»se.u nErcrneia ctsoc,di oomn acáals, s poao,l lr«á p load reqe ucleae    2021-1130n https://w
ddiec h"ion tveerprboos incioó np ufíesdicea a" b(paárcga. r2 –4s6in),  ienlc "uimrripr eednim uennat oe xftíesincsoi"ó n(p aánga. l2ó8g3ic)a o–  llooss  cmoenrsoisst eancttoess   BOE-A-cable e
en "obstaculizar" el ejercicio de la función jurisdiccional (págs. 247 o 363) a los que se 
alude en varios pasajes de la fundamentación jurídica de la sentencia». Así pues, un 
mero enfrentamiento con la policía no es un alzamiento, pues de ser así «carecerían de 
sentido  los  delitos  de  desórdenes  públicos  o  el  atentado,  por  los  que  han  sido 
condenados los pocos manifestantes que realizaron activamente conductas de fuerza». 
Por otro lado, la «irrelevancia típica de los hechos probados no puede subsanarse 
apelando a los móviles políticos que perseguían los procesados o atribuyéndoles otras 
actuaciones ajenas por completo al tipo del art. 544 CP, como "haber pulverizado el 
pacto constitucional" (pág. 243) o querer "alumbrar una legalidad paralela" (pág. 347)». 
El delito de sedición requiere que el orden público resulte gravísimamente perturbado, 
dadas las penas que prevé; y esa perturbación solo debe valorarse en relación con el 
bien  jurídico  protegido;  (iv)  el  comportamiento  del  demandante  podría  haberse 
subsumido  en  el  antiguo  tipo  penal  de  convocatoria  de  referéndum  (506  bis  CP, 
derogado en 2005). Pero, según la sala (pág. 225 de la sentencia), este precepto no 
resultaría en todo caso aplicable a los hechos, por cuanto en él se tipificaba solamente 
un conflicto competencial entre autoridades. El recurrente rechaza esa respuesta porque, 
si solo se tratase de un conflicto competencial, esa conducta no podría considerarse 
como un delito merecedor de hasta cinco años de prisión. A su juicio, resulta evidente 
que citado precepto fue creado «para casos como el que nos ocupa y su derogación, 
como puede leerse en la propia exposición de motivos, deja bien claro la voluntad del 
legislador de que tales hechos no fueran criminalizados».
Finalmente, aduce que la respuesta a las anteriores alegaciones en el auto que 
rechazó el incidente de nulidad de actuaciones (págs. 49 y 50) resulta patentemente 
insuficiente y reprocha al ahora demandante un supuesto intento de modificar los hechos 
probados, cosa que en modo alguno se corresponde con la realidad, pues todos los 
pasajes fácticos citados son tomados de la propia sentencia.
3.12  Vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal por imposición de 
una pena desproporcionada (art. 25.1 CE, en relación con el art. 17 CE y el art. 49 
CDFUE)  lesionándose  asimismo  los  derechos  fundamentales  a  la  libertad,  reunión 
pacífica y libertad de expresión e ideológica (arts. 17, 20 y 21 CE).
En primer lugar, se refiere la demanda al contenido de la STC 136/1999, de 20 de 
julio, en la que el tribunal incluyó dentro del principio de legalidad penal «la proscripción 
constitucional de penas desproporcionadas». Añade que en el art. 49.3 de la Carta de 
derechos fundamentales de la Unión Europea se acoge ese postulado en términos 
similares: «La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con 
la infracción», por lo que se establece un «criterio hermenéutico de primer orden» con 
base  en  el  art.  10.2  CE.  Teniendo  en  cuenta  este  principio,  sostiene  que  la 
indeterminación  del  tipo  penal  de  sedición  ha  propiciado  la  imposición  de  penas 
desproporcionadas en relación con la gravedad de los hechos, lo que ha generado un 
efecto restrictivo que resulta desalentador para el ejercicio de derechos fundamentales, 
en especial de reunión y de libertad de expresión e ideológica. Y ello porque cualquier 
persona que convoque una manifestación multitudinaria de protesta, en la que de modo 
más o menos previsible algunos incurran en excesos «será candidato a ser considerado 
inductor a una sedición y castigado con penas mínimas de ocho años de prisión». Tras 
formular citas de doctrina científica, retoma el contenido de la STC 136/1999 para 
recalcar que el castigo de «estas situaciones limítrofes con el ejercicio de derechos con 
penas de prisión sumamente elevadas fue considerado incompatible con el art. 25.1 en 
relación con el art. 17 CE». s
El recurrente no cuestiona que se sancionen penalmente aquellas conductas que  oe.
amenacen seriamente el orden público; pero en este caso, ante una perturbación del  w.
reoasrydgaerninm  oipe úsrobunlpic eaorar mqnu aleos s, n sdoeie  hzh aaa nñs ouimsp updeuese ptsort iovd aaac ñióloonss   dpaeec urlisbsoaendrtaoalsed s, p seriemnlaeilsav argenrstae avsí  slayims  eapnsr e ldvaeiss  tpaqrsui sepió annrao q  «useeel    2021-1130n https://w
phroivmaicciiódnio ,d elo sli bdeertlaitdo sa jmenáas» ,g lraasv ecsu adlees  a«gdreessbióonr dsaenx ucoanl  om ulacsh of olrams ams ámximása sg rparveevsis tdaes   BOE-A-cable e
para el tipo penal de los desórdenes públicos», un tipo delictivo aplicable en supuestos 
de actuaciones violentas realizadas de manera grupal, que prevé una pena máxima de 
tres años de prisión (art. 557 CP) o de seis años solo cuando se esgrimen armas 
(art. 557 bis CP).
Censura también que el órgano de enjuiciamiento no haya tenido en cuenta, respecto 
de los hechos acaecidos el 20 de septiembre de 2017, que la diligencia judicial pudo 
culminarse  sin  que  nadie  resultara  lesionado  (en  pág.  361  se  reconoce  que  la 
obstrucción fue solo parcial), por lo que por este episodio debió apreciarse una forma de 
imperfecta realización o de menor gravedad (547 CP). Y lo mismo puede afirmarse 
respecto de los numerosos colegios electorales donde los efectivos policiales lograron de 
modo efectivo impedir las votaciones, dando así cumplimiento al mandato judicial.
Añade que tampoco tuvo en cuenta la sentencia, al individualizar la pena aplicada al 
recurrente, que el delito por el que este fue condenado se produjo en un contexto de 
ejercicio  de  derechos  fundamentales,  pese  a  que  la  sala  sí  ha  reconocido, 
implícitamente, que los ciudadanos que se «alzaron» se encontraban ejerciendo tales 
derechos. Tal constatación debió traducirse, cuando menos, en la aplicación de una muy 
importante  atenuación  punitiva,  que  pudo  vehicularse  perfectamente  a  través  del 
art. 20.7 CP, alegado en las conclusiones definitivas, cuya apreciación como eximente 
incompleta habría permitido rebajar sustancialmente las penas impuestas. Con cita de 
doctrina sostiene que «imponer penas rayanas o superiores a los diez años de prisión 
por  una  supuesta  perturbación  del  orden  público  acontecida  en  el  marco  de 
manifestaciones de protesta política en las que afortunadamente no ha habido muertes, 
ni heridos graves, ni se han esgrimido armas siquiera, supone incurrir en una patente 
desproporción punitiva desalentadora del ejercicio de derechos fundamentales básicos 
en una sociedad de libertades».
Critica la argumentación dada en el auto de fecha 29 de enero de 2020, por haber 
utilizado  valoraciones  sobre  la  ideología  política  de  los  procesados  que  son 
completamente ajenas al tipo penal de la sedición. Con esa respuesta «el ejercicio de 
derechos como la libertad ideológica o de reunión y manifestación pasa a convertirse en 
una circunstancia agravante de la responsabilidad penal en lugar de actuar como causa 
de justificación (siquiera parcial) de la responsabilidad criminal».
En  el  suplico  de  la  demanda  interesó  su  admisión  a  trámite  y  que  se  dictara 
sentencia con el siguiente contenido: «1. Otorgar el amparo y reconocer al demandante 
sus derechos fundamentales a la no discriminación por razones lingüísticas (art. 14 CE), 
a la libertad ideológica (art. 16 CE), a la libertad (art. 17 CE), a los derechos de reunión y 
manifestación (art. 21 CE), a la defensa, la tutela judicial efectiva y a un proceso con 
todas las garantías (art. 24 CE) y a la legalidad penal (art. 25.1 CE); 2. Reparar las 
vulneraciones denunciadas declarando la nulidad de la sentencia de 14 de octubre 
de 2019 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial núm. 
20907-2017 y del posterior auto de 29 de enero de 2020, por el que se desestimó el 
incidente de nulidad de actuaciones promovido contra dicha resolución».
Por otrosí interesó que, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), se acordara la suspensión cautelar de los efectos de la 
sentencia condenatoria. A fin de reducir al máximo la afectación de su libertad y sus 
derechos políticos, dado que cada día de privación de libertad y de inhabilitación le 
ocasionan un daño irreversible e irreparable, solicitó que la solicitud de suspensión se 
tramitara y resolviera conforme a lo previsto en el art. 56.6 LOTC.
Mediante escritos presentados los días 8 y 16 de abril de 2020, el recurrente urgió la  s
admisión a trámite del recurso de amparo y el otorgamiento de la medida cautelar  oe.
interesada. w.
prop4u. esEtal  dPele snuo  pdrees iedsetnet etr iyb udnea cl,o npfoorr mpridoavdid ecnocni alo  dqeu e6  edseta bmleacyeo  edl ea r2t.0 1200.,1  anc)o LrdOóT, Ca,   2021-1130n https://w
qreucea bcaorn cpuarrrae  seí ne l ecl omnoiscmimoi eunntoa  deeslp reecciaulr stora dsece anmdepnacroia  yc aodnmstiittuircloio an atrl á(maritte. ,5 a0p.1re LciOanTdCo) 
porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
De conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC acordó también dirigir atenta 
comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a fin de que, en plazo que no 
exceda  de  diez  días,  remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al auto de 29 de enero de 2020 y a la sentencia de 14 de octubre 
de  2019  dictados  en  la  causa  especial  núm.  20907-2017,  y  emplazara  a  quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para 
que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión formulada en la demanda de amparo 
mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el 
art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo 
que, a fin de resolver sobre la misma, ordenó formar la oportuna pieza separada y, en 
ella, conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para 
que  efectuaran  alegaciones  respecto  a  dicha  petición.  Evacuados  los  trámites 
correspondientes, mediante ATC 58/2020, de 17 de junio, se acordó denegar la petición 
de suspensión de las resoluciones impugnadas.
5.  Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2020, la procuradora de tribunales 
doña Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox, y bajo la 
dirección  de  la  letrada  doña  Marta  Castro  Fuertes,  interesó  que  se  la  tuviera  por 
personada y parte.
6.  Por  escrito  de  fecha  5  de  junio  de  2020,  la  abogacía  del  Estado,  en  la 
representación que le es propia, solicitó que se la tuviera por personada y parte.
7.  El 18 de junio siguiente, el procurador de tribunales don Carlos Ricardo Estévez 
Sanz interesó que se le tuviera por personado y parte en nombre y representación de 
don Carles Puigdemont i Casamajó, con la asistencia del letrado don Gonzalo Boye 
Tuset.
8.  Por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2020, la secretaría del 
Pleno  de  este  tribunal  acordó  tener  por  recibido  el  testimonio  de  las  actuaciones 
solicitadas, tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora doña María 
del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político Vox, al abogado del 
Estado y al procurador don Carlos Ricardo Estévez Sanz, en representación de don 
Carles Puigdemont i Casamajó, y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que formulasen 
alegaciones.
9.  El abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 27 de octubre 
de 2020. Su sistemática se adecúa al esquema de quejas seguido por el recurrente.
9.1  En primer lugar, analiza la denuncia de vulneración del derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Tras extractar la doctrina constitucional que 
consideró aplicable al caso, con transcripción parcial de la STC 159/2014, FJ 3, así como 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apunta que los órganos 
judiciales no han llevado a cabo una interpretación que suponga una manipulación 
manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias ni que hayan incurrido 
en error evidente, irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad. Afirma que el demandante  es
no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los argumentos dados por el  o
Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato que fluye de  3w
acltaéotsermm napdinceeoutres sa narlce ceifiaollee nojmaebdsejeo ntsytiov  e adtne»e r.l  arPsi tpuooá rri gcaer.l  ilslo2ot 5a,g 6leei zldo aegrce riláfóaefn irsci deopon rq toeturgniebrc eueisanli ;vaa ealr ts h.t aao5   7edl.ose2  l eilEmanAri gtfCauod n uocdt iieólliaz n al cad o pemia nurpsanet  rdjtuueecinctceciioóriam ne ,eix n npaa arnl ortlaeas     OE-A-2021-1130able en https://w
que versa sobre la pretensión acusatoria, que no se puede ver revertida ni afectada por
la decisión final. Trae a colación, como ejemplo de doctrina consolidada, el argumento 
que figura en la STS 484/2010, de 26 de mayo: en, síntesis, «que son los hechos y la 
calificación  jurídica  de  la  acusación  los  que  deben  de  servir  de  base  para  la 
determinación de la competencia objetiva a los efectos del art. 14.3 y 14.4 LECrim».
Añade  que  la  demanda  se  centra  en  formular  una  crítica  aislada  y 
descontextualizada de frases y párrafos concretos de las resoluciones que se pronuncian 
sobre la competencia y de los argumentos obiter dicta de la sentencia. En suma, afirma 
que no se ofrece un alegato que ponga de manifiesto la irrazonabilidad y arbitrariedad 
del criterio judicial. A fin de desvirtuar los argumentos dados por el recurrente, que 
minimizan los hechos acaecidos fuera de Cataluña, la abogacía del Estado también trae 
a colación el razonamiento expuesto en el ATS de 18 de enero de 2019, que pone en 
valor  la  particular  naturaleza  de  los  delitos  de  rebelión  y  sedición;  esto  es,  como 
infracciones de »resultado cortado», cuyo aspecto diferencial, respecto de los delitos de 
lesión, reside en que para su consumación solo se requiere que se materialice el riesgo 
o peligro que se trata de precaver. Y añade que, a partir de ese entendimiento, queda 
esclarecido cuál es el lugar de comisión del delito de rebelión cuando la finalidad es 
declarar la independencia de una parte del territorio nacional, pues «aunque tal lesión no 
acaezca el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos partes cuya unidad se 
pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la lesión por efectividad del 
resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un efecto diferenciable ex post 
del resultado que se procura. Es el resultado mismo».
9.2  Sobre la alegada privación del derecho a la doble instancia en materia penal, 
derivada de la anterior lesión, la abogacía del Estado también rechaza esa vulneración, 
pues el propio art. 2 del Protocolo 7 del art. 6 CEDH prevé, en su apartado 2, que el 
derecho a que la declaración de culpabilidad o de condena sea examinado por una 
jurisdicción superior «podrá ser objeto de excepciones en caso de menor gravedad, 
según los defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia 
por el más alto tribunal». Esta segunda excepción es la que ha concurrido en el presente 
caso por razón de aforamiento, cuya constitucionalidad ha sido reconocida por este 
tribunal, amén de que tampoco resulta contraria a lo establecido en el art. 14.5 del Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos.
9.3  También se rechaza la denuncia de vulneración asociada al art. 24.2 CE, por la 
negativa a utilizar el sistema de traducción simultánea respecto de aquellos procesados 
que solicitaron expresamente declarar en el idioma catalán. Tras transcribir lo alegado 
por el órgano de enjuiciamiento en el fundamento jurídico 3.2, la abogacía del Estado 
colige que la configuración del bloque de constitucionalidad del régimen de cooficialidad 
lingüística impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un 
mecanismo de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las 
alegaciones en un idioma distinto del oficial. No obstante, señala que, en el presente 
caso, se pusieron traductores oficiales a disposición de la defensa y se concedió a los 
procesados la posibilidad de utilizar este idioma en sus respuestas.
Tampoco se acepta la lesión del derecho de defensa, fundada en que no se permitió 
a los testigos declarar en catalán, so pretexto de verse afectada la credibilidad de su 
testimonio por no poder expresarse «con toda naturalidad». Sobre este particular, se 
remite  al  contundente  argumento  de  la  sentencia:  los  tres  testigos  no  solo  tenían 
obligación  de  conocer  el  castellano,  sino  que  por  razón  de  sus  cargos  eran 
perfectamente conocedores de esa lengua; a lo que se añade que esos testimonios 
fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no incidieron en el derecho  s
de defensa. oe.
9.4  La vulneración del derecho al juez imparcial debe ser analizada, según el  w.
apcabreuofsgaaab drgiocea ndre erdla eEl  csmotanodtdroao,   lcaao bjmuusosti ivcpoiaa r uteens apd aeña opulanara iye ,en sectniraa  ptedagerti iacp uaplarrcor,ic aceliosdnaatldr at.e  enEld llTeorn ibtdeue ntaea rlcm Soinunspatr reuqmiur oeu,  nlaaal    2021-1130n https://w
plao spiocniódne rdaecli órenc, uprureenst es,i  ebnie nta enlt op uqnuteo  edme isvoisrt ad ed ela  qquuieenja ,e mpieiterd laa  squu evjiart uhaali ddaed t eyn peersseo  eenn   BOE-A-cable e
cuenta, «el canon debe ser estricto cuando el sentimiento se invoca por quien ha 
seguido una conducta procesal abusiva que denuncia la STS de continua referencia».
a)  Se niega que la frase que obra en el auto de procesamiento «la estrategia que 
sufrimos»  tenga  virtualidad  alguna,  pues  lo  que  hace  el  magistrado  instructor  es 
reproducir la misma frase referida al «Libro Blanco», de manera que tal expresión 
únicamente guarda relación con la exposición del desarrollo de la estrategia secesionista 
que se recogía en el referido «Libro Blanco», referida en el auto de procesamiento y en 
el auto de 12 de abril.
b)  También  se  rechaza  la  queja  asociada  a  la  pérdida  de  imparcialidad  del 
magistrado Sr. Monterde, miembro de la sala de recursos, sustentada en los mensajes 
difundidos por la asociación judicial de la que era vicepresidente. La abogacía del Estado 
asume la apreciada extemporaneidad de la queja, dado que la composición de ese 
órgano se publicó en fecha de 21 de diciembre de 2016, por acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), amén de que los mensajes 
fueron emitidos por personas «no identificadas» y no por el referido magistrado.
c)  El hecho de que el órgano de enjuiciamiento estuviera constituido por algunos 
magistrados que formaron parte de la sala que admitió la querella tampoco conculca el 
derecho al juez imparcial. En el auto de fecha 31 de octubre de 2017, por el que se 
admite a trámite la querella interpuesta por el fiscal, no figura ni una sola frase o 
razonamiento que conlleve una valoración de la tipicidad de los hechos relatados, pues 
la decisión de admitir se funda en los extremos que se relatan en el escrito de querella, 
cuya realidad sería confirmada o desmentida en función del resultado de las diligencias 
practicadas por el instructor. Por otro lado, tampoco el demandante cumple con la carga 
argumental de proyectar sobre el auto de admisión el efecto que le atribuye, por lo que 
en este punto el amparo es genérico.
d)  Tampoco  resulta  de  recibo  la  queja  relativa  a  que  el  magistrado  instructor 
designado formara parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, del órgano 
de enjuiciamiento. Esa circunstancia no figura recogida en el elenco de causas de 
abstención  y  recusación,  sujetas  a  interpretación  restrictiva,  sin  que  tampoco  el 
recurrente haya acreditado la existencia de los contactos y comunicaciones que en la 
demanda se indican.
e)  En relación con el contenido del «WhatsApp» del Sr. Cosidó, la abogacía del 
Estado se remite al contenido del fundamento jurídico 5.5 y 6 del auto 7/2018, de la Sala 
especial del art. 61 LOPJ, a fin de descartar la merma de la imparcialidad que se atribuye 
al presidente del tribunal enjuiciador, pues la imparcialidad de un magistrado solo puede 
valorarse a partir de que este dice o hace o, incluso, de lo que aparente, pero no con 
base en la opinión de un tercero.
f)  El hecho de que el incidente de nulidad de actuaciones fuera resuelto por los 
mismos  magistrados  que  dictaron  la  sentencia  tampoco  vulnera  el  derecho  al  juez 
imparcial, toda vez que, conforme a la doctrina establecida en la STC 152/2015, FJ 9, si 
hubieran intervenido otros magistrados, como solicitó el recurrente, se habría conculcado 
el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
g)  También se rechaza el motivo asociado a la pretendida asunción de un «papel 
inquisitivo» por parte del presidente del tribunal enjuiciador. La Abogacía del Estado 
detalla el contexto de la pregunta formulada por el fiscal al Sr. Trapero, que fue objetada 
por la defensa del Sr. Forn; y al ser acogida la queja por la sala, tras finalizar las 
defensas el turno de interrogatorios, la presidencia formuló la pregunta al amparo de lo 
dispuesto en el art. 708 LECrim, cuya justificación se detalla en el fundamento jurídico,  e.
apartado  16.3.5.3,  de  la  sentencia.  En  cualquier  caso,  tanto  la  pregunta  como  la  w.b
rpreersesppseeucnettsoet a d eerne a slquaul tóere l iusnena inófoenr  mpdauerla a 2 lsa8a  dldeee fa e snceospalat icdeiemóln bd reeenm  dlaaen r de2af0en1rtie7d  adn erie  auemnni póeanlr .oju, ipcuioe sd en i aeusttoer eías taqbuae   2021-1130n https://w
9.5  En el apartado relativo a las quejas atinentes a la quiebra del principio de
igualdad de armas, las consideraciones que se formulan son las siguientes:
a)  En relación con el trato peyorativo dado a las defensas al valorar la pertinencia 
de sus preguntas, la abogacía del Estado también rechaza que ese trato hubiera tenido 
lugar, remitiéndose a las razones dadas en el fundamento jurídico 16.2.2 y 4 de la 
sentencia.
b)  También rechaza que se produjera una desigualdad de trato por el hecho de que 
a las acusaciones se les permitiera formular preguntas sobre la afiliación política e 
ideológica de los testigos, pero se impidiera hacerlo a las defensas. Sobre este punto se 
remite a lo razonado en el fundamento jurídico 16.3. 1 y 2 de la sentencia.
c)  Respecto  del  alegato  relativo  a  que  los  testigos  propuestos  por  las  partes 
acusadoras pudieron exponer abiertamente sus valoraciones personales, mientras que 
los de la defensa no, sin que tampoco se les permitiera a estos últimos consultar notas, 
se aduce que el recurrente reproduce íntegramente lo alegado en el juicio oral, sin añadir 
carga  argumental  que  critique  la  respuesta  dada  en  sentencia,  que  desestima  esa 
alegación en el fundamento jurídico 16.3.3 y 4.
d)  Tampoco la censura de la presidencia al letrado de la demandante, por el empleo 
del término «ley de ritos» pone de manifiesto el trato desfavorable que se denuncia. 
Añade que la sentencia ya explica las razones que hicieron oportuna la corrección, sin 
que, dado el contexto de la misma, de nada sirva invocar el repertorio de casos en que el 
Tribunal Supremo utilizó esa expresión en otros asuntos pretéritos.
9.6  A continuación, la abogacía del Estado analiza otro bloque de quejas que, 
según la demanda, guardan relación con vulneraciones del derecho de defensa.
a)  En primer lugar, se analiza la denuncia referida a la negativa a incorporar el 
testimonio íntegro del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona. Al respecto, se exponen las razones dadas en la sentencia sobre esa queja; 
en síntesis, «[e]l bloque probatorio sobre el que se ha construido la apreciación del 
tribunal se ha generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí 
se razona para respaldar el juicio de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las 
partes y, por tanto, al ejercicio legítimo del derecho de defensa».
b)  En cuanto a la «atomización procesal» y ruptura de la continencia de la causa 
que se denuncia, se aduce que tal circunstancia es fruto de los aforamientos y del 
mandato legal restrictivo acerca del enjuiciamiento de delitos conexos, tras la reforma 
operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre. Se trae a colación el criterio seguido por el 
instructor, en el auto de 15 de febrero de 2018, y de la Sala, en el auto de 27 de 
diciembre de 2018, que rechazaron por exorbitante el criterio de incluir, dentro de la 
causa especial, a todos aquellos que prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el 
plan estratégico ideado e impulsado por los representantes políticos y sociales; y sobre 
ese argumento, señala que en el recurso de amparo nada se opone, por lo que sus 
alegaciones en este punto vuelven a ser valoradas como genéricas.
c)  También  niega  que  se  haya  impedido  a  las  defensas  conocer  con  tiempo 
suficiente los elementos incorporados de otras causas durante la instrucción, amén de 
interesar la incorporación de lo que estimaran pertinente, sin perjuicio de la ulterior 
decisión del instructor y de la sala. Matiza la abogacía del Estado que existe un derecho 
de acceso a todos los documentos que van a ser valorados, pero no un derecho de 
acceso en calidad de «imputado preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si incide 
en  el  derecho  de  defensa,  pues  ello  supondría  convertir  la  causa  especial  en  un 
continente formal para incorporar, por aluvión, todos los procedimientos seguidos por 
hechos diferentes. e
d)  En cuanto a la aducida imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales  bo
con la prueba documental videográfica, tras remitirse a la argumentación expuesta en el  3w
ófurngdaanmo ejundtoic ijaulr hídaic gou 1a6rd.1a.d2o d uen  lae sstreicnttoe nrecsiap,e stoe  ac olalig gea rpaonrt ílaa  daeb ocgoanctríaad dicecli óEns tpaadroa  qquuee  eell   2021-1130n https://w
amcoudsoa,d oco tnetnrogvae rlati r psous ibcirleiddaibdi liddea din cteornrofogramr ea  aq uloie ne sdtaebclleacraid oe ne snu l ocso natrrtas .p 6a.r3a , dd)e y e 6st.e1 
CEDH.
e)  En  cuanto  a  la  denegación  de  pruebas  propuestas  por  el  demandante,  la 
abogacía del Estado se remite al contenido del fundamento jurídico 10.1 de la sentencia, 
en el que se descarta que dicha denegación de pruebas a que se alude en la demanda 
de amparo, tuviera incidencia material en el derecho de defensa.
9.7  La queja relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, 
derivada de las manifestaciones públicas efectuadas sobre los hechos enjuiciados, por 
parte de algunos miembros del gobierno español, no merece favorable acogida, a juicio 
del abogado del Estado, que se remite a lo razonado al respecto en la sentencia.
9.8  En relación con la filtración de la sentencia cuando su redacción no había sido 
aún culminada, la abogacía del Estado razona que, de conformidad con la doctrina 
establecida en la STC 69/2001, solo si se acreditara que la opinión de alguno de los 
miembros del tribunal hubiera podido verse condicionada o afectada por hechos externos 
a la propia deliberación o, en su caso, la filtración fuera encaminada a obtener una 
modificación interesada de lo ya decidido, podría verse afectada la vertiente subjetiva de 
la  garantía  de  imparcialidad.  Sin  embargo,  en  el  presente  caso  las  circunstancia 
indicadas  no  concurrieron,  toda  vez  que  cuando  se  produjo  la  filtración  ya  había 
concluido el juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, había 
finalizado la deliberación sobre el contenido del fallo condenatorio.
9.9  En  relación  con  la  denuncia  de  vulneración  del  principio  acusatorio,  al 
desbordarse la petición formulada por la abogacía del Estado (ocho años de prisión y de 
inhabilitación absoluta) y valerse de la pretensión punitiva formulada por el partido 
político Vox, tras transcribir el fundamento jurídico 7 de la STC 1/2020, de 14 de enero, 
señala el abogado del Estado que el demandante tuvo conocimiento de las concretas 
pretensiones punitivas de la referida abogacía y de la acusación popular personada, de 
modo que pudieron articular las medidas probatorias y alegatorias para defenderse de 
las mismas.
9.10  También  se  rechaza  la  denuncia  sobre  la  falta  de  motivación  y 
proporcionalidad de la pena impuesta. Tras invocar la jurisprudencia reflejada en las 
SSTS 1007/2019, de 26 de marzo, FJ 4, y 172/2018, de 11 de abril, afirma que la 
justificación  de  la  individualización  de  las  penas  se  encuentra  en  el  apartado 
correspondiente de la sentencia que se da por reproducida. Añade que en el marco 
penal se mueve entre ocho y diez años de prisión para los que «hubieren inducido, 
sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores» y 
que el juicio histórico se refleja la condición del Sr. Sànchez y el Sr. Cuixart como líderes 
sociales  de  vanguardia  que,  concertados  en  los  fines  sediciosos  con  los  demás 
acusados, se mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los 
días 20 de septiembre y 1 de octubre.
9.11  Seguidamente, la abogacía del Estado se pronuncia sobre el bloque de quejas 
relativas a la vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
a)  En primer lugar, aborda el motivo asociado al abandono ad hoc del principio de 
accesoriedad  limitada  en  la  participación,  que  el  demandante  atribuye  a  la  sala 
sentenciadora. Tras resumir los argumentos expuestos en la demanda, colige que esa 
queja no puede prosperar porque supone ignorar la especialidad del art. 545 CP.
Frente a la premisa de la que parte el recurrente, que en todo caso considera que su 
conducta se subsumiría en la figura del inductor del alzamiento tumultuario y, por tanto, 
está sujeta al régimen del principio de accesoriedad aplicable a los partícipes a que se 
refiere el art. 28.2 CP, la abogacía del Estado opone que el delito de sedición se  e
caracteriza por la intervención de una pluralidad de sujetos para su comisión; y esta  bo
pluralidad subjetiva se diferencia de la participación porque los partícipes coadyuvan a la  3w
pprreoddiuccacbiólen  ddeell  raeustuoltra deon,  pseernot idnoo  oesstterincttaon.  eCl odmoom inaisoí  fusen ciroencaolg dee l ehne clah o,s elon tqeunec iasí,  eesl   2021-1130n https://w
qdueem alan d«aanccteió yn  otítproicsa c doenld deenlaitdoo dse s soend cicoinósni dqeurea dsoes i mauptuotrae sa  dloesl  dceolnitdoe dnea dsoesd icnioó nre, qpuuieesrteo, 
para colmar la autoría, la realización personal de un acto material que suponga el
alzamiento público y tumultuario, con las finalidades previstas en el tipo penal», pues 
también se consideran típicas las conductas de quien posibilita el alzamiento de otros, 
que «no ha de reputarse inductor o cooperador necesario sino que tiene la cualidad de 
autor en sentido estricto en los términos del art. 28.1 del Código penal».
Así pues, de lo anterior se deduce que concurre el supuesto de pluralidad subjetiva o 
coautoría y, por tanto, el demandante ha sido condenado en concepto de autor en 
sentido estricto, al evidenciarse una estrategia de conductas típicas que cada uno de los 
condenados asumió, con ostentación del dominio funcional del hecho. Siendo así, no 
resulta aplicable el principio de accesoriedad limitada que invoca el recurrente, con 
reproducción  de  los  argumentos  recogidos  al  respecto  en  el  auto  que  resuelve  el 
incidente de nulidad de actuaciones.
b)  Respecto de la pretendida aplicación analógica del delito de sedición a los 
hechos probados, la abogacía del Estado trae a colación la doctrina constitucional que 
concierne la subsunción de los hechos en la norma penal desde la perspectiva del 
derecho  a  la  legalidad  en  materia  penal  (SSTC  13/2003,  FJ  3;  137/1997,  FJ  6, 
y 129/2008, FJ 3), para concluir que, en el presente supuesto, la sentencia lleva a cabo 
la aludida subsunción de manera lógica y acorde con principios interpretativos válidos y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado.
Afirma que existió un levantamiento multitudinario y generalizado que fue proyectado 
de forma estratégica; que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de 
los convocantes y de quienes los secundaron; que esta fue impuesta por la fuerza, 
impermeable a cualquier requerimiento para desistir del intento de incumplir la orden 
judicial, pues en todos los centros de votación se «repitió la negativa verbalizada de 
forma vehemente en un escenario de rechazo mostrado por un numeroso grupo de 
personas  que  bloqueaban  la  entrada  y  se  mostraban  decididos  y  firmemente 
determinados a no franquearla, pese al requerimiento judicial. Y en todos esos hechos 
se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable de la 
movilización  masiva  de  resistencia  activa».  Luego,  tras  transcribir  el  fundamento 
jurídico 10.2.1 del auto que resolvió el incidente de nulidad, concluye que el demandante 
no ha sido condenado por apoyar dos concentraciones multitudinarias de protesta y 
votación, ni tampoco cabe apreciar que la reacción penal haya sido imprevisible o 
desproporcionada. Es más, carece de fundamento cualquier intento de comparación de 
los  hechos  con  la  consulta  «del  9-N»,  pues  entonces  no  se  aprobaron  leyes 
manifiestamente inconstitucionales, para dotar de una pretendida cobertura legal que 
confundiera a los ciudadanos; no hubo un despliegue policial a fin de impedir la votación; 
ni se alentó a la población para que «resistiera a toda esa actividad».
c)  Niega la abogacía del Estado que se haya conculcado el derecho a la libertad de 
expresión de los condenados, pues ninguno de los actos que se les imputan en la 
sentencia queda abarcado por el contenido material de ese derecho. Tras resumir la 
doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de ese 
derecho, alega que los recurrentes de amparo asocian la lesión «a la criminalización del 
discurso político, que ellos en su momento expresaron», y ahora sostienen que el 
ejercicio  de  ese  derecho  fundamental  constituye  una  causa  de  exclusión  de  la 
antijuridicidad, conforme a lo dispuesto en el art. 20.7 CP.
Sin embargo, como así se recoge en la sentencia, la responsabilidad penal no trae 
causa  de  difundir  opiniones  y  doctrinas  contrarias  al  estatus  constitucional  ni  por 
propugnar la superación del marco político actual. Lo que es objeto de reproche penal es 
haber pulverizado el pacto constitucional mediante la aprobación de leyes «en abierta y  s
contumaz desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional […] y definir una  oe.
legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una multitud de ciudadanos para  w.
ouJupnso rtniecefiearsr éedn ead  Culama te adjleuecñcualac»ri.óa Tnda odm eilbe ligaéasnl   dmpeoecrni sceiiolo nnTearis be ulle ncgaoílt nimCteoannsids dtoiet ud cleailo  aanupatalo ryrtia dedalo dT  2rjui bddueicnl iaaallr ,t S.c u1ep0lee CbriroEarDn ddHeo,    2021-1130n https://w
qnueece csoanrisaisd,e eran  luengaít imsoacsie ldaasd r edsetmricocciroánteicsa  a[… la]  lpibaerart alad  idnete gerxidpareds itóenrr iqtoureia ls oe alan  s«emgeudriiddaads   BOE-A-cable e
pública,  la  defensa  del  orden  y  la  prevención  del  delito»;  y  reitera  que  en  ningún 
momento la sanción se ha fundado en la manifestación de opiniones políticas por parte 
del demandante.
d)  Respecto de la vulneración de los derechos de reunión y manifestación, pone de 
relieve que el art 21 CE establece, como requisitos necesarios y acumulativos, que las 
concentraciones sean pacíficas y sin armas. Descendiendo al caso, resulta evidente que 
ninguno de los ciudadanos que asistieron a las manifestaciones que se detallan en el 
relato histórico ha resultado condenado; y ninguno de los demandantes que reforzaron 
con su presencia o desarrollaron un especial protagonismo en las protestas ante la sede 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía fueron acusados de un delito de reunión 
o manifestación ilícita.
Así pues, conforme se detalla en la sentencia impugnada en esta sede, la reacción 
penal no estaría justificada por la exhibición de discrepancia frente a las leyes, las 
críticas agrias subidas de tono o descalificadoras, incluso cuando sus destinatarios sean 
el poder central o la máxima autoridad del Estado o la misma Constitución, pues las 
proclamas independentistas, la reivindicación del derecho de autodeterminación y las 
movilizaciones encaminadas a promocionar y difundir esas ideas son legítimas. Sin 
embargo, cosa bien distinta es la estrategia desplegada de oposición activa y concertada 
frente a las actuaciones de los agentes de la autoridad encaminados a cumplir un 
específico y concreto mandato judicial, que fue estimulada y alentada con entusiasmo y 
poder de movilización por los acusados, a fin de que la votación prohibida tuviera lugar. 
Y esa actuación desborda totalmente las lindes del legítimo ejercicio del derecho de 
reunión, por lo que no puede quedar amparada por el art. 20.7 CP.
El mismo rechazo merece la invocación del derecho a la libertad ideológica, que la 
abogacía del Estado considera inoponible ante los hechos probados, pues «ningún 
principio  de  autodeterminación  de  la  voluntad  libre  ante  cada  circunstancia  puede 
justificar  la  comisión  probada,  en  el  seno  del  proceso,  de  conductas  legalmente 
tipificadas».
Seguidamente,  tras  incluir  la  doctrina  constitucional  sobre  las  conductas  con 
relevancia  penal  en  el  contexto  del  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales 
(SSTC 88/2003, FJ 8; 104/2011, FJ 6, y 62/2019, FJ 7), se reitera que la condena penal 
nada tiene que ver con los postulados políticos de los condenados; de hecho, pudieron 
participar en la campaña electoral durante la prisión preventiva a que estuvieron sujetos 
y pudieron difundir las ideas que «hoy por hoy, sostienen la acción de Gobierno de la 
Generalitat».
En conclusión, no cabe afirmar un ejercicio de derechos al margen de la ley; y se 
añade que lo que se llevó a cabo fueron levantamientos hostiles contra las resoluciones 
judiciales. Y «con ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma 
estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición», remitiéndose en lo demás a 
lo argumentado en el fundamento jurídico 2.5 y siguientes de la sentencia.
10.  El partido político Vox, personado en la causa penal como acusación popular, 
presentó sus alegaciones el día 29 de octubre de 2020.
En primer lugar, cuestiona que la especial trascendencia constitucional del recurso 
de amparo haya sido debidamente justificada. Tras resumir las razones dadas sobre este 
particular por el demandante, señala que este se ha limitado a plantear unas líneas 
genéricas para cumplimentar este trámite, pero «ni se explica la supuesta falta de 
compatibilidad del delito de sedición y su aplicación al presente caso con los derechos 
fundamentales alegados, ni tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la  e.
jurisprudencia constitucional previa». w.b
demSaengduai,d qaumee rnetceh, allzeav ae na  scua btoot aulnid aadn.álisis de las diferentes lesiones denunciadas en la  2021-1130n https://w
sost1ie0n.1e  quRee,s dpee cltoo  adleeg alad ov uplonre eral cdióenm adnedl adnetere nchoo s ea ld ejusepzr epnrdeed eqtueerm lain aatdroib upcoiór nl ad ele lya, 
competencia  al  Tribunal  Supremo  sea  fruto  de  una  interpretación  manifiestamente
errónea,  irrazonable  o  arbitraria,  sin  que  tampoco  se  ofrezca  una  interpretación 
alternativa «que desnude de forma clara y palmaria los razonamientos del Tribunal 
Supremo, dejándolos sin base jurídica alguna».
Añade a continuación que, en el presente caso, resulta discutible fijar el ámbito 
geográfico en el que se produce el delito, pues es este matiz el que haría recaer la 
competencia en uno u otro órgano; por eso, cuando se duda del lugar de comisión debe 
acudirse  a  la  teoría  de  la  ubicuidad  que,  conforme  en  el  acuerdo  del  Pleno  no 
jurisdiccional del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, determina que «el delito se 
comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. 
En  consecuencia,  el  juez  de  cualquiera  de  ellos  que  primero  haya  iniciado  las 
actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa».
A continuación, invoca el contenido del auto del Tribunal Supremo de 31 de octubre 
de 2017, para poner de relieve que, en el presente caso, no puede identificarse el 
resultado del delito con sus efectos, afirmación que resulta obligada porque alguno de 
los delitos por los que se formuló la querella son de «tendencia» y, por definición, no 
exigen que se produzca un resultado para su consumación. Indica que dicha resolución 
refiere que el delito de rebelión adquiere una vocación territorial que se proyecta sobre el 
conjunto del Estado; y destaca también el carácter plurisubjetivo del delito de rebelión, 
que hace explicable un reparto de cometidos «en el que la coincidencia en la finalidad 
que  anima  la  acción  –la  declaración  de  independencia  de  Cataluña–,  tolera 
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutados en 
diferentes puntos geográficos».
10.2  Descarta la vulneración del derecho a la doble instancia penal, con base en 
las excepciones señaladas en el art. 2 del Protocolo núm. 7 CEDH, para las infracciones 
de menor gravedad o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el 
más alto tribunal.
10.3  Respecto de las quejas relacionadas con la utilización del idioma catalán, trae 
a colación la STC 74/1987, en la que se recoge que, conforme se establece en el art. 3.1 
CE, todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, que es la lengua 
española oficial del Estado; y ese deber genera una presunción de conocimiento que 
puede ser desvirtuada cuando de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento 
insuficiente. Entiende que, en el presente caso, ha quedado acreditado en el proceso 
que el demandante conocía perfectamente el castellano, por lo que el alegato que 
formula por no habérsele permitido declarar en catalán con un sistema de traducción 
simultánea, no es más que una argucia para salvar sus responsabilidades penales.
En relación con el alegato referido a los testigos a quienes se les impidió declarar en 
catalán, afirma que estos no acreditaron desconocer el castellano, de manera que el 
hecho  de  tener  que  expresarse  en  esta  lengua  no  les  supuso  impedimento  o 
discriminación alguna.
10.4  En referencia a la vulneración del derecho a un juez imparcial, por un lado 
señala que de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
no bastan las meras sospechas de quien aduce la vulneración de la imparcialidad, si 
esos temores no resultan objetivamente justificados. A la vista de ello, apunta que si el 
recurrente  no  ha  sido  capaz  «de  hacer  veraz  sus  temores  de  parcialidad  como 
objetivamente justificados no puede pretender que el Tribunal Constitucional subsane 
esta insuficiencia relevante, que impide la estimación del motivo».
Tampoco el supuesto rol inquisitivo del presidente de la sala merece acogida, toda 
vez que la pregunta formulada por la presidencia al testigo Sr. Trapero está amparada  s
legalmente por el art. 708 LECrim, amén de que se dio traslado a las defensas para que  oe.
pudieran repreguntar, de manera que quedó amparado el derecho de defensa. Por tanto,  w.
nimop sa1er0c .hi5aa l. jTursatisfi csaidnote qtizuaer  elsae  qsuuepjuae sdtoe l rodle imnqaunidsaitinvtoe  hsaoybar ev ullan elreasdióon e ld deel repcrihnoc ipailo j udeez   2021-1130n https://w
c«oignutianludaacdi ódne,  aafirrmmaasr »q, uter aleo s ae xctroelamcoiósn m  laan iSfeTsCta d3o3s/ 2p0o0r3 e, l dree cu1r3r endtee  fneob rseorno , mpáasr aq, uea   BOE-A-cable e
«minucias procesales cuando no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato 
desfavorable, pero que al final no han supuesto anular al condenado la posibilidad de 
proponer y practicar los elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco 
afectan al sentido del fallo», amén de que el demandante no ha argumentado nada sobre 
esta relevante cuestión.
10.6  En cuanto a los diferentes motivos en los que el demandante sustenta la 
lesión del derecho de defensa, argumenta del siguiente modo:
a)  Niega que la instrucción realmente se llevara a cabo en las diligencias previas 
núm. 118-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona pues, como así se 
afirma por la sala, en la causa que ahora nos ocupa, solo se tuvieron en cuenta las 
pruebas  practicadas  en  el  juicio  oral;  de  manera  que,  incluso,  la  aportación  de 
actuaciones procedentes del juzgado indicado no sería causa de indefensión, al no 
haberse tenido en cuenta en la sentencia.
b)  Respecto de la falta de confrontación simultánea entre la prueba videográfica y 
lo declarado por los testigos, estima que esa circunstancia no ha vulnerado el derecho a 
la defensa, pues no se alcanza a comprender en qué aspecto podría haber mejorado la 
valoración de la prueba por parte de la sala, si se hubieran practicado ambas al unísono.
c)  Tampoco aprecia la vulneración del derecho, por la circunstancia de que algunas 
pruebas fueran denegadas. Y ello, porque se permitió «la razonable presentación de la 
causa y de sus pruebas por parte del condenado, con la admisión y práctica de buena 
práctica (sic) de las pruebas propuestas por el mismo».
10.7  Sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que es objeto 
de denuncia, manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, puesto que la 
actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con las lesiones 
de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido. En suma, nada 
tiene que ver el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
10.8  Tampoco merece acogida la lesión del derecho a un proceso con todas las 
garantías, por la filtración de la sentencia antes de su culminación. Tras evocar el 
contenido  de  la  STC  64/2001,  concluye  que,  en  el  caso  que  ahora  ocupa,  no  se 
desprende que las coincidencias entre lo publicado previamente y el sentido de la propia 
sentencia dictada posteriormente en la causa penal fueran consecuencia de filtraciones 
procedentes de miembros del Tribunal Supremo. Y en todo caso, de haberse producido 
la filtración, tampoco habría condicionado, desde el punto de vista de la imparcialidad 
subjetiva u objetiva, la deliberación que llevó a la sentencia condenatoria dictada, sin que 
elucubraciones o juicios de valor -sin base fáctica alguna- puedan desvirtuar estas 
conclusiones.
10.9  Niega que se hubiera conculcado el principio acusatorio por la imposición de 
penas superiores a las solicitadas por la acusación particular. Tras resumir la queja 
expuesta en la demanda, afirma que el recurrente se convierte en «juez y parte» al 
pronunciarse categóricamente sobre si el tribunal debe aplicar la pena solicitada por una 
acusación u otra, lo que constituye una aberración jurídica. Teniendo en cuenta los 
escritos de las acusaciones, también el de la acusación popular, se constata que el 
demandante no ha sido condenado a unas penas superiores a las solicitadas respecto 
de él, hecho que el propio demandante reconoce, aunque pretenda que no se tenga en 
cuenta.
10.10  En lo que concierne al derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), alega lo 
siguiente: e
a)  En cuanto a la inaplicación ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la  3ww.
cpsoeaadrtuiicctiiooprsa ocd ieóelns ,td áre epmpearrofneddcuatcanemte le.o nsPt eoa rra gctuarmendteoint,a todssao ,s dtneieo n lace o smqeuone tep nascurti íacp ippaeart ricaai cpjcuaescstióiofinrci oae r snlia n eocl  ocanoldmziacomi óaineu ntdoteor    2021-1130n https://w
de los hechos.
b)  Según  afirma,  tampoco  cabe  apreciar  la  vulneración  de  los  derechos 
fundamentales objeto de cita en la demanda, por la alegada falta de taxatividad del tipo 
penal de la sedición y por la subsunción de los hechos probados en la norma. A ese 
respecto, aduce que no es dable apreciar la denunciada imprevisibilidad, porque la 
conducta del recurrente fuera valorada como un delito de sedición. Tampoco lo es 
afirmar,  conforme  a  los  argumentos  expuestos  en  la  sentencia  impugnada,  que  la 
subsunción realizada fuera ilógica o irrazonable; y añade que la conducta sancionada 
«estuvo trufada de comportamientos añadidos que elevaban la relevancia y efectos 
penales para el condenado, más allá de lo que supondría un mero ejercicio de los 
derechos de libertad de expresión y reunión que alega el condenado».
c)  A su juicio, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación analógica in 
malam partem del delito de sedición. Reitera que no hubo imprevisibilidad al valorar los 
hechos atribuidos al recurrente, como un delito de sedición, de acuerdo a lo expresado 
en la sentencia.
d)  Finalmente,  analiza  el  motivo  relativo  a  la  imposición  de  una  pena 
desproporcionada, que conculca los derechos fundamentales que se mencionan en la 
demanda. Califica este motivo como un «cajón de sastre en el que se incorpora un poco 
de todo». Tras resumir la queja, trae a colación la STC 136/1999, en la que se recoge la 
doctrina sobre proporcionalidad de las penas. Seguidamente, afirma que no cabe ignorar 
el orden público alterado que se pretendió preservar con la sentencia condenatoria; y la 
alteración de ese orden afectaba a la unidad política y territorial de la Nación española, 
por  lo  que  una  pena  inferior  a  la  impuesta  no  hubiera  sido  lo  suficientemente 
desmotivadora para evitar que se reiteren las mismas conductas (señala que no puede 
obviarse que los condenados, aún hoy, mantienen públicamente que volverían a repetir 
los hechos delictivos). Añade, por error respecto de otros de los recursos de amparo con 
origen en la misma causa especial, que el hecho de que se trate de «miembros y 
dirigentes de partidos políticos que ocupaban cargos públicos representando al Gobierno 
de España en el territorio de Cataluña, agrava la respuesta penal que ha de darse, ya 
que lo contrario produciría un desvalor del tipo penal en este caso, y una vulneración del 
principio de igualdad de los españoles ante la ley (14 CE), al ofrecerse un castigo penal 
al mismo nivel al que tendría que se plantearía a particulares que hubieran cometido los 
mismos hechos –véase los casos del Sr. Cuixart y el Sr. Sànchez en la misma causa 
penal–».
11.  El  12  de  noviembre  de  2020  tuvo  entrada  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones formulado por el Ministerio Fiscal.
Después  de  describir  los  antecedentes  fácticos  y  las  quejas  aducidas  por  el 
recurrente, comienza el fiscal ante el Tribunal Constitucional anunciando que su escrito 
reordena el examen de los motivos de amparo, empezando con el análisis de los 
relativos al principio de legalidad penal (noveno, décimo, undécimo y duodécimo), para 
abordar después el fundamento de las denuncias de vulneración de los derechos de 
naturaleza  adjetiva  (motivos  primero  a  octavo).  A  continuación  se  sintetizan  sus 
alegaciones.
11.1  Principio de legalidad penal. Bajo esta rúbrica examina el ministerio público los 
cuatro últimos motivos de la demanda que hemos identificado bajo los epígrafes 3.9 
a 3.12 por el orden siguiente:
a)  Proyección específica del mandato de taxatividad sobre el tipo penal del art. 544  s
CP. Sobre este décimo motivo de la demanda (3.10), tras exponer la respuesta dada al  oe.
mismo por parte de la sala sentenciadora en el auto resolutorio del incidente de nulidad  3ww.
asdibegs uaoicelutnutdoao cy ilo arn eSeflsTe,Cj ae  l4 laf2is /1ec9sa8pl 7es,ce id areel  ft7irea rdseec  eaan bldarei lg,n aFcriJaa n 2dt.í eaDl  emp rdainitcechriipaai log  dadereal  npstreíiang cudipriciidoea  dqdeu j eule reígdsai cldiade a (adal rcpta.e n9nc.a3el    2021-1130n https://w
CE) en el ámbito penal limitativo de la libertad individual, comportando el mandato de
taxatividad o certeza, que se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes mediante una 
tipificación previa lo más precisa y taxativa posible en la descripción que incorpora para 
que, de este modo, «los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo 
prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones» (por todas, SSTC 101/2012, 
de 8 de mayo; y 283/2006, de 9 de octubre, FJ 5). Según la doctrina constitucional, «la 
garantía material implica que la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de 
certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que 
puede  hacerse  merecedor  quien  la  cometa,  lo  que  conlleva  que  no  quepa 
constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o 
indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria 
del intérprete y juzgador» [SSTC 145/2013, de 11 de julio, FJ 4; 146/2017, de 14 de 
diciembre, FJ 3 a); 9/2018, de 5 de febrero, FJ 6; 36/2018, de 23 de abril, FJ 2 a), 
y 37/2018, de 23 de abril]. Sin embargo, la exigencia de lex certa no se opone al empleo 
de los llamados conceptos jurídicos indeterminados [por todas, SSTC 146/2017, de 14 
de diciembre, FJ 3 a); 36/2018, de 23 de abril, FJ 2 a), y 37/2018, de 23 de abril, FJ 3 a)]; 
de elementos normativos (STC 62/1982), y es conciliable con las llamadas leyes penales 
en blanco (STC 122/1987), siempre que se den una serie de requisitos expresados en la 
STC 127/1990.
Señala seguidamente el fiscal que, de atender al planteamiento efectuado por la 
parte recurrente, se suscitaría la necesidad de examinar si la norma legal aplicada 
resulta inaceptable desde la perspectiva del derecho a la legalidad penal en su garantía 
material (art. 25.1 CE), lo que conllevaría que el tribunal acudiera al mecanismo de la 
cuestión interna de inconstitucionalidad del precepto por la vía del art. 55.2 LOTC.
Sin embargo, a su juicio, las razones dadas por el recurrente son insuficientes y no 
pueden  ser  acogidas.  «Del  art.  544  CP  "Son  reos  de  sedición  los  que,  sin  estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier 
autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones 
o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales" no 
es posible decir que contenga un tipo delictivo descrito en forma tan abierta que su 
redacción  propicie  o  facilite  un  arbitrio  judicial  libre  y  absoluto  en  su  aplicación  o 
inaplicación, pues su núcleo esencial está constituido por elementos y factores que se 
encuentran  suficientemente  definidos  para  precisar  su  concreción,  aunque  –como 
sucede en muchos otros preceptos penales– contenga elementos y conceptos que 
requieran de interpretación judicial». Las nociones empleadas por el precepto no dejan 
en absoluta incertidumbre la conducta tipificada, ni privan de todo criterio seguro al 
juzgador penal, ni eliminan la inexcusable seguridad y previsibilidad. Ello sin perjuicio de 
que, «como en tantos otros casos, como consecuencia natural de la vaguedad del 
lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo 
relativamente complejo, jueces y tribunales dispongan de un margen de apreciación 
según  los  propios  términos  del  precepto  y,  por  ende,  hayan  de  realizar  una 
imprescindible labor de interpretación para fijar sus contornos, lo que no es contrario sino 
compatible con el principio de legalidad del art. 25.1 CE». Reproduce, acto seguido, 
abundante doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 21 de 
octubre de 2013, Del Río Prada c. España, § 92 y 93) y de este Tribunal Constitucional 
(sentencias antes citadas).
Aunque el art. 544 CP no contemple una definición textual o explícita y exhaustiva de 
todas las conductas que abarca, según el fiscal, un intérprete puede llegar sin mayor  s
esfuerzo a delimitar las conductas incursas en la esfera de prohibición del precepto a  oe.
partir de su tenor literal y aplicando las pautas metodológicas y axiológicas procedentes  w.
pye rl eTcvoriismbiubpnialiadtilba Sldeu sdp erce loomnso  d leaenss  tsineuax etigaxertienoncsi sadase  m lcaoo ntnivosartmictuiaóc.ni oE pnsaatorlea ps i,rn eccsaiisnrda imnsoaerrnp ltraees ne cdsoe lnro d qluauc etca hasap abaprcíriaed cahidea cdhdaoes    2021-1130n https://w
dae tpaallratidr od lea s locsir chuencshtaonsc iapsro dbea deossto se ny  seul st irpeos ppoennsaalb lceuse, syt ipoonnaddeor,a nvdaolo rmainnduoc iodsea mmeondtoe   BOE-A-cable e
la incidencia y límites de los derechos fundamentales que se invocan (tal y como 
identifica la sentencia recurrida al calificar los hechos como delito de sedición en el 
apartado 4 del fundamento de Derecho B, en el que se explicita el juicio de tipicidad; 
págs. 275 a 285; y en el fundamento de Derecho C, dedicado al juicio de autoría; págs. 
297 y ss.).
Descartado el déficit de la ley desde la perspectiva de las exigencias del art. 25.1 CE, 
prosigue el fiscal señalando que aunque, a efectos puramente dialécticos, se admitiese 
algún resquicio en contra del mandato de taxatividad, «debe tenerse en cuenta que 
jueces y tribunales podrían colmarlo, como en otros casos ha expresado la doctrina 
constitucional (por todas, STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3), haciendo expresas 
las razones que determinan la antijuridicidad material del comportamiento, su tipicidad y 
cognoscibilidad, y los demás elementos que exige la licitud constitucional del castigo».
Una vez anunciado que el aspecto relativo a la correcta subsunción se abordará 
después, «examinando si se ha producido un supuesto de auténtica "creación judicial de 
tipo"», se concluye este apartado con la indicación de que, descartado el denunciado 
déficit de taxatividad en la norma penal, decae la argumentación del recurrente que liga a 
tal presupuesto la injustificada restricción de los derechos de reunión pacífica, libertad 
ideológica y de expresión.
b)  Subsunción judicial y verificación de fundamento y razonabilidad. Descarte de la 
analogía prohibida.
Señala el Ministerio Fiscal que el motivo undécimo de la demanda (3.11) versa sobre 
el respeto a la garantía material del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en el 
plano  aplicativo,  que  atañe  al  órgano  judicial  que  efectuó  la  subsunción  del 
comportamiento del recurrente en el tipo penal del art. 544 CP, materia sobre la que cita 
y trascribe multitud de sentencias constitucionales. Según la doctrina constitucional, el 
derecho a la legalidad penal «se quiebra cuando la conducta enjuiciada, la ya delimitada 
como probada, es subsumida de un modo irrazonable en el tipo que resulta aplicado (por 
todas,  SSTC  57/2010,  de  4  de  octubre,  FJ  3;  153/2011,  de  17  de  octubre,  FJ  8; 
196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5; 146/2015, de 25 de junio, FJ 2, y 150/2015, de 6 de 
julio, FJ 2). En el examen de la razonabilidad de la subsunción de los hechos probados 
en la norma penal «el primero de los criterios a utilizar es la compatibilidad de dicha 
subsunción con el tenor literal de la norma y con la consiguiente prohibición de la 
analogía in malam partem», criterio inicial al que «se añade un doble parámetro de 
razonabilidad:  metodológico,  dirigido  a  comprobar  que  la  exégesis  de  la  norma  y 
subsunción en ella de las conductas contempladas no incurre en quiebras lógicas y 
resulta acorde con modelos de argumentación aceptados por la comunidad jurídica; y 
axiológico, consistente en verificar la correspondencia de la aplicación del precepto con 
las pautas valorativas que informan el ordenamiento constitucional (SSTC 57/2010, de 4 
de octubre, FJ 3; 153/2011, de 17 de octubre, FJ 8; 45/2013, de 25 de febrero, FJ 2; 
193/2013, de 2 de diciembre, FJ 5; 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5, y 2/2015, de 19 
de enero, FJ 8).
Antes de acometer la tarea de proyectar la doctrina constitucional sobre el supuesto 
enjuiciado, destaca el fiscal que el carácter nuclear de esta queja y el hecho de que el 
reproche se dirija contra resoluciones del Tribunal Supremo, órgano judicial que encarna 
la más alta jurisdicción en el orden penal ex art. 123 CE y al que está conferida la función 
de interpretar la ley con el valor complementario que a la jurisprudencia atribuye el 
art. 1.6 del Código civil, demandan un detalle y rigor especial en el análisis de este  e
motivo de amparo. bo
A  continuación,  tras  recordar  el  contenido  de  los  tres  criterios  –gramatical,  3w
memetpoledaodlóag ipcoor  yla a sxeionlótegniccoia–  rseocburreri dloas a ql ueefe csteu aprr oeyl ejcutiaci oe ld eex asumbesnu ndceió lna,  atrragsucmribeen tadcei ólna   2021-1130n https://w
cmoisnmtiean ela e np aertl ef udned alma efnutnod adme eDnetareccióhno  jBu)r,í ddicead iccaodmop rael njsuiivcaio  ddee  dtiipcihcoid ajdu,ic aiop, aqrtuaed os e4 
(páginas 275 a 285).
A su juicio, la subsunción realizada por el Tribunal Supremo ostenta fundamento 
razonable y no resulta imprevisible ni contraria a la orientación material de la norma.
(i)  A partir de los hechos probados, la sentencia excluye la calificación como delito 
de rebelión, y, tras reproducir el tenor literal de los arts. 544 y 545 CP, pasa a analizar la 
estructura típica del delito de sedición y sus elementos diferenciales; primero, frente al 
delito de rebelión, poniendo el acento en los fines sediciosos como limitados al afán de 
impedimento u obstrucción de la legítima voluntad legislativa, gubernativa o jurisdiccional 
–la aplicación de leyes, el ejercicio de funciones por autoridad, corporación oficial o 
funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones administrativas o 
judiciales–; y, segundo, «respecto de otras figuras típicas de menor relevancia lesiva, 
como  los  delitos  alojados  en  el  capítulo  II  del  mismo  título  vigésimo  segundo, 
desentrañando las diferencias entre el genérico concepto de orden público y el de paz 
pública, que permitiría construir un bien jurídico identificable con el interés de la sociedad 
en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las decisiones de las 
autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de los derechos 
fundamentales; y resaltando el criterio específico representado por la estructura típica del 
comportamiento penado, que implica un aliud y no meramente un plus o un minus 
respecto de los atentados, los meros desórdenes o la desobediencia clásica, subraya la 
necesidad  de  que  el  tumulto  ponga  en  cuestión  el  funcionamiento  del  Estado 
democrático de derecho».
El Tribunal Supremo parte de que la sedición se caracteriza por ser cometida por la 
sucesión o acumulación de varios actos y exige un concierto de voluntades para el logro 
del fin compartido. Precisa que la mera reunión de una colectividad de sujetos no sería, 
sin más, delictiva, de manera que el delito surge cuando, además de ser tumultuaria y 
pública, acude, como medios comisivos a actos de «fuerza» o de actuación «fuera de las 
vías legales», para dirigirse con potencial funcionalidad a lograr que las leyes no se 
cumplan o que se obstruya la efectividad de las órdenes o resoluciones jurisdiccionales o 
administrativas. Se exige como medio comisivo el alzamiento público y tumultuario, pero 
se subraya que este no se caracteriza como «violento». Tomado el precedente de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1980, que calificó el delito entonces 
vigente como «de actividad» o del «resultado cortado», entiende que se consuma con el 
mero alzamiento, sin necesidad de logro de los fines propuestos, y equipara la «fuerza» 
al empleo de dos medios comisivos de forma alternativa: modos violentos y modos 
«fuera de las vías legales», expresión esta última identificada con el empleo de un modo 
ejecutivo ilícito, ilegitimo o ilegal y no a través de los recursos o procedimientos de 
reclamación,  protesta,  disenso  o  de  disconformidad  que  la  ley  permita,  arbitre  o 
prescriba. Se abona a la posición doctrinal que identifica la expresión «tumultuario» con 
la significación de «abierta hostilidad, y adiciona un contenido de hostilidad y violencia 
que  no  tiene  por  qué  ser  física  ni  entrañar  el  uso  de  la  fuerza,  como  expresa  la 
alternativa modal entre esta o "fuera de las vías legales", pero que ha de vivificarse 
necesariamente en actitudes intimidatorias, amedrentadoras, injuriosas, etc.». En cuanto 
a su consumación, la sentencia recurrida señala que «el impedimento no ha de ser 
logrado efectivamente por los autores (lo que pertenecería a la fase de agotamiento) ni la 
finalidad ha de ser pretendida por todos los autores de manera absoluta, bastando que 
se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte funcional para el objetivo de 
disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en la legítima actuación de la 
autoridad, corporación pública o funcionarios para el cumplimiento de sus resoluciones 
administrativas o judiciales» y ello porque «esa pretensión disuasoria implica en sí  e.
misma una voluntad de impedir definitivamente, siquiera aplazada en el tiempo». w.b
aenxpáll(iiicsi)ai s  ddTeerat alsol lsad dehaleimmchietoansrt e lao clsao scn otrenactzoidornonose ssl o tsqíp udiceío aslsle  d2ve0al n dd eea l istaoef pidrtmiee amsre bdqrieuc eiyó  nt1a,  ldleaes  s oehcnettucehbnorcesi a d seaa bt2ios0rf1da7ac,e  enyl    2021-1130n https://w
npelecneasmareian teo felnossa  eyl elemseiónnto dse lo bbijeenti vjousrí diyc os purbojetetigviodso , p«ruenvaia vmeezn qteu ei deenn taifmicbaodso sc acsoons  slae 
aprecian  actuaciones  grupales  compactadas  y  aglomeradas  de  innumerables
ciudadanos, así como el empleo de la fuerza suficiente o vías no legales incardinables 
en los comportamientos típicos de alzamiento público y tumultuario ejecutados con la 
finalidad  de  impedir  o  neutralizar  con  abierta  hostilidad  el  normal  cumplimiento  y 
ejecución de órdenes emitidas por autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional». 
Las consideraciones plasmadas en los apartados 4.5 y 4.6 del apartado dedicado al 
juicio  de  tipicidad  especifican  con  detalle  las  circunstancias  que  descartan  que  lo 
sucedido se tratase de una mera manifestación ciudadana de 40 000 personas, en el 
caso de los hechos del día 20 de septiembre, o de una movilización ciudadana con el 
exclusivo  propósito  de  votar,  respecto  de  lo  sucedido  el  1  de  octubre.  En  ambos 
supuestos se trataba de demostrar a toda la sociedad, por parte del aquí recurrente, 
entre otros, que «los jueces y magistrados, el Tribunal Constitucional y las autoridades 
de  los  poderes  públicos  del  Estado  habían  perdido  la  capacidad  de  ejecutar  sus 
resoluciones en Cataluña, provocando que los agentes policiales encargados de dicha 
ejecución llegasen a claudicar y desistir de hacer cumplir las correspondientes órdenes 
judiciales ante la constatada actitud de hostilidad, rebeldía y oposición a su ejecución por 
parte de conglomerados de personas en clara superioridad numérica». El fiscal cita, 
como  ejemplos  ilustrativos  de  lo  anterior,  algunas  afirmaciones  contenidas  en  la 
sentencia como: «el derecho a la protesta no puede mutar en un exótico derecho al 
impedimento físico a los agentes de la autoridad a dar cumplimiento a un mandato 
judicial, y a hacerlo de una forma generalizada en toda la extensión de una comunidad 
autónoma en la que por un día queda suspendida la ejecución de una orden judicial»; 
«levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica»; y «la 
autoridad del poder judicial quedó en suspenso sustituida por la propia voluntad –el 
referéndum  se  ha  de  celebrar–  de  los  convocantes  y  de  quienes  secundaban  la 
convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza».
(iii)  El  pretendido  efecto  exoneratorio  derivado  de  la  derogación  del  delito  de 
convocatoria de referéndum ilegal es analizado dentro del fundamento de Derecho A), 
punto 17.2 (págs. 223 a 225) de la fundamentación jurídica de la sentencia, justificando 
por qué lo acontecido y enjuiciado en este caso va más allá de lo que entrañaba la base 
objetiva y subjetiva del tipo derogado.
A  la  vista  de  todo  ello  –concluye  el  fiscal  ante  el  Tribunal  Constitucional–,  la 
subsunción efectuada satisface la triple exigencia de respeto por parte del intérprete o 
aplicador de la norma sancionadora a la semántica de los términos empleados en la 
proposición  normativa,  a  las  reglas  compartidas  de  interpretación  aceptadas  por  la 
comunidad jurídica (operadores jurídicos y estudiosos del Derecho) y a la axiología 
constitucional (los valores y principios constitucionales). Insiste en que la sentencia 
impugnada ha llevado a cabo «una interpretación posible que entra en los términos de la 
ley, sin haber caído en apreciaciones que impliquen una ruptura de su sujeción a la ley, 
contraria al imperio de la ley, y que, por ello, resultan prohibidas. Ni hay ampliación, pues 
no se ha ido más allá del significado literal posible de los términos legales, ni se ha 
incurrido en un exceso respecto de la más amplia de sus acepciones posibles, ni 
concurre extensión alguna de la norma a supuestos que la ley no contempla, de manera 
que no se ha caído en una interpretación de la norma (analogía) in malam partem.  En 
segundo  lugar,  los  argumentos  y  razonamientos  empleados  resultan  razonables, 
coherentes  y  no  extravagantes,  ajustándose  a  criterios  interpretativos  lógicos, 
sistemáticos y teleológicos. Finalmente, en el plano axiológico, la actuación del Tribunal 
Supremo resulta intachable al haber considerado las alegaciones de la parte recurrente 
sobre el derecho de reunión y las libertades personales, de expresión e ideológica en el  s
capítulo dedicado a la vulneración de derechos fundamentales (fundamento de Derecho  oe.
A, subapartado 17.2); y, «tras ponderar las invocaciones efectuadas, ha razonado y  w.
ldreeegccíutidirmriedono t deseu,   tjduaesletsisfci cadaretnreed ccoho mons áe»sl   evqnau loaert e sdnuecf iicnóieneu nattr elaamlsize acnirtr ecla ue nals ndttaeijnuscrbiidoairscd icedo aynd c tduraerrsle gcnroteemssipó, on«r ctdaoemnl  ileeojn eqtrouc eidc leiaol    2021-1130n https://w
inexistencia del efecto desaliento ha quedado constatada».
c)  Derecho fundamental a la legalidad: abandono ad hoc de criterio jurisprudencial 
e irretroactividad de jurisprudencia desfavorable.
Según el ministerio público, la queja, –que sostiene el abandono por la sentencia 
recurrida del principio acogido por la jurisprudencia de que una persona solo puede 
responder como partícipe en un delito ajeno si el hecho cometido por el autor directo o 
ejecutor material tiene la consideración de antijurídico– toma un punto de partida irreal: 
que el demandante de amparo es un partícipe en un hecho ajeno, cuando, en realidad, 
ha sido condenado como coautor del delito de sedición, actuando en concierto con los 
demás acusados como conductor de los episodios acecidos los días 20 de septiembre 
y 1 de octubre de 2017.
Así se desprende claramente del juicio de autoría que aborda la sentencia sobre la 
intervención  del  recurrente  en  los  hechos  a  lo  largo  de  las  págs.  373  a  384 
(subapartado 1.8 del fundamento de Derecho C). Para justificar lo anterior se trascriben 
en las alegaciones del Ministerio Fiscal algunos fragmentos del citado subapartado, que 
se refuerzan con otros de la fundamentación jurídica y del fallo.
Por lo demás, a juicio del fiscal, excede de la jurisdicción del Tribunal Constitucional 
revisar la calificación de la coautoría, apreciación del órgano judicial que pertenece al 
ámbito de la legalidad ordinaria en la que el Tribunal Supremo resulta ser el máximo 
intérprete.
Finalmente, además de que la premisa de la que arranca la queja resulta inexistente, 
considera el fiscal que «constituye un desajuste notable centrar el argumentario del 
demandante en la infracción del principio de legalidad por aplicación de la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresada en la sentencia de 21 de octubre 
de 2013» (asunto Del Río Prada c. España). Trae a colación la doctrina constitucional 
según la cual «la prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable consagrada 
en el art 25.1 CE tiene como presupuesto fáctico la aplicación retroactiva de una norma 
penal  a  hechos  cometidos  previamente  a  su  entrada  en  vigor»  (por  todas, 
SSTC 21/1993, de l8 de enero, FJ 4; 43/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 20/2003, de 20 de 
febrero, FJ 4, y 116/2007, de 21 de mayo, FJ 9), mientras que «los cambios de criterio 
jurisprudencial y su conformidad con la Constitución han de ser analizados desde otras 
perspectivas» (por todas, SSTC 69/2012, de 29 de marzo, FJ 4, y 114/2012, de 24 de 
mayo, FJ 3,), entre las que suelen destacarse la del principio de igualdad en la aplicación 
de la ley (art. 14 CE) y la de la tutela judicial efectiva (art. 24. 1 CE) en su vertiente del 
derecho  a  la  intangibilidad  de  resoluciones  judiciales  firmes  y  su  subespecie  de 
prohibición de resoluciones judiciales contradictorias sobre unos mismos hechos. Para la 
doctrina constitucional [ATC 155/2016, de 20 de septiembre, FJ 4, (ii)] una cosa es que 
existan diversos criterios interpretativos entre sentencias «disparidad que puede ser 
evaluada [...] desde el punto de vista del derecho a la igualdad en la aplicación de la 
ley», y «otra bien distinta que esa interpretación dispar de la legislación penal en dos 
procesos diferentes suponga una aplicación retroactiva de la legalidad penal que genere 
un  cambio  sorpresivo  e  inesperado  de  criterio  jurisprudencial  en  perjuicio  de  las 
expectativas  consolidadas  por  el  reo  en  ese  proceso»,  que  es  lo  que  resultó 
determinante, por ejemplo, en la STEDH de 21 de octubre de 2013 (asunto Del Río 
Prada c. España), dictada sobre una situación en la que «la penada había obtenido una 
primera decisión judicial firme […] que determinaba, de forma definitiva, la pena total que 
le resultaba aplicable».
En todo caso, reitera el fiscal, ni siquiera ha habido cambio jurisprudencial porque lo 
apreciado es un caso de coautoría y no de participación. e.
d)  Legalidad  penal:  penas  desproporcionadas  y  derechos  fundamentales  a  la  3w
liberAta jdu iyc iao  ldaesl  lmibienritsatedreios  dpeú brelicuon,i óens tpaa qcuífeicjaa ,p eaxrpercees idóinri geir isdee otalóngtoic cao.ntra el legislador, en  2021-1130n https://w
la medida en que se afirma que el tipo penal de la sedición propicia la imposición de
penas desproporcionadas, como respecto del aplicador de la norma, por la imposición de
penas gravísimas sin tener en cuenta que el impedimento ocasionado al cumplimiento de 
las órdenes judiciales fue parcial –lo que posibilitaría la aplicación del art. 547 CP–, ni 
tomar en consideración el contexto del ejercicio de derechos fundamentales, apreciando 
al menos una eximente incompleta al amparo del art. 21 en relación con la circunstancia 
del art 21.7 CP (ejercicio legítimo de un derecho).
(i)  En relación con el primer extremo, argumenta el ministerio público que, en tanto 
el motivo se dirige contra la norma penal, cabría plantearse la procedencia de acudir al 
mecanismo  del  art  55.2  LOTC  para  cuestionar  su  constitucionalidad,  lo  que, 
inmediatamente, descarta a la vista de «las escasas consideraciones que se esgrimen 
para estimar que el art. 545 CP resulta contrario al art 25.1 CE», en relación con el 
art 9.3 CE.
Tras exponer la doctrina constitucional [por todas, SSTC 136/1999, de 20 de julio, 
FJ 22, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 7 b)] sostiene que la parte recurrente «no 
desarrolla ni efectúa más alegaciones de contenido sobre la opción del legislador de fijar 
la pena de entre ocho y diez años para los inductores, directores o autores principales de 
la sedición no constituidos en autoridad, por cierto, en un precepto (el art 545 CP) 
distinto del que contiene el tipo penal», lo que exime de mayor argumentación.
No obstante, resalta «la altamente extraordinaria relevancia constitucional tanto del 
bien  jurídico  protegido  por  la  norma  cuestionada  como  de  los  fines  inmediatos  y 
mediatos  de  protección  de  la  misma».  Subraya  que  la  aplicación  del  marco 
constitucional, de las leyes y de las decisiones de las autoridades legítimas resulta 
ineludible para asegurar el funcionamiento del Estado democrático de Derecho y el 
ejercicio  de  los  derechos  fundamentales.  La  norma  tutela  dicho  interés  frente  a 
actuaciones grupales que, además de ser tumultuarias y públicas, acuden como medios 
comisivos a actos de fuerza o «fuera de las vías legales». Teniendo en cuenta las 
finalidades de prevención general y especial involucradas, el establecimiento de penas 
de  prisión  en  abstracto,  de  ocho  a  diez  años,  para  quienes  –sin  ser  autoridades 
públicas– incitan, dirigen, sostienen o son los autores principales de tales actuaciones, 
«no puede estimarse como una medida inadecuada, ineficaz, no apta, inidónea o inútil 
para  lograr  aquellos  fines,  ni  puede  considerarse  innecesaria  en  una  sociedad 
democrática por existir medidas alternativas menos gravosas, o desproporcionadas en 
sentido estricto si tras aplicar técnicas de ad hoc balancing o ponderación entre los 
sacrificios  derivados  para  sus  responsables  en  relación  con  el  interés  general 
preeminente en una sociedad democrática regida por un Estado de Derecho, se llega a 
la conclusión de que los mayores beneficios para este justifican aquellos». Además, la 
legislación permite al aplicador rebajar la pena en uno o dos grados en el caso de que 
«la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad 
pública y no haya ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas 
graves» (art. 547 CP), de modo que la normatividad en ningún modo es comparable al 
supuesto de hecho de la STC 136/1999, en el que se reprochaba al precepto penal no 
incorporar previsión alguna para atemperar la sanción penal a la entidad de la conducta 
delictiva.
(ii)  En el plano de la aplicación de la norma penal, el Ministerio Fiscal descarta el 
fundamento de la queja con apoyo en que la sentencia contiene múltiples elementos y 
consideraciones que dan cuenta tanto de «la significativa entidad de la conducta llevada 
a cabo, como del sumamente grave entorpecimiento producido sobre el ejercicio de las 
funciones públicas que autoridades y agentes tuvieron que afrontar cuando se hallaban 
tratando de dar cumplimiento de las resoluciones judiciales»; y de la específica toma en  e.
consideración y ponderación en ese contexto de ejercicio de derechos fundamentales. w.b
cdoemscAor  ibtdaeeln l f ijnluo,is ct iroaa csdaceer icbtiiepd iocesild  afeisdl c 2a(f0lu  nuddnea  fmsraeegpnmttieoem ndtbeor  eDd eedlre er ec2hla0ot1o 7B  d,( ep4 u,h nestocuh b9oa,sp  aaprnrtatoedbsoa  dr6eo)ss,e  eeñnna  dqqouu),ee   assseeí    2021-1130n https://w
pcorontcelsutyae  yq suee  reesstaalt aa clatu garcaióvne ddaids tód edl eh escehro  uenna  lopsa csíifgicuaie nyt else gtíétirmmain oms:a n«iLfeas thaocsiótinli ddaed 
desplegada  hizo  inviable  el  día  20  de  septiembre  que  los  funcionarios  dieran
cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado núm. 13 de instrucción de 
Barcelona, ocasionando miedo real, no solamente en los funcionarios que ejecutaban 
legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada de la administración de 
justicia actuante en la sede de la vicepresidencia– sino en los funcionarios autonómicos 
bajo investigación, que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles 
en los que se estaban practicando los registros».
Reproduce también el fiscal en su escrito de alegaciones los hechos relativos al 
llamamiento por parte del recurrente a la movilización permanente y a la ocupación de 
centros de votación, a impedir la acción de los agentes policiales, así como a proteger el 
recuento de votos, respecto de los acontecimientos del 1 de octubre (apartado 9.2). 
Agrega que en el punto 10 se da cuenta del tenor del auto de 27 de septiembre de 2017 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenó la actuación conjunta de 
Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para impedir la celebración del 
referéndum;  en  el  punto  11  del  mismo  relato  fáctico  se  alude  a  la  campaña  de 
convocatoria a los ciudadanos para ocupar los centros de votación; y en el numeral 12 
se refleja lo acaecido el día de la votación, que también se trae al escrito de alegaciones 
en su integridad. Respecto del juicio de tipicidad (apartado 4.6), se refiere a la gravedad 
de estos hechos con las consideraciones efectuadas en la sentencia. Declara que tales 
hechos se subsumen en el concepto de alzamiento caracterizado por «finalidades que 
connotan una insurrección o una actitud de abierta oposición al normal funcionamiento 
del sistema jurídico, constituido por la aplicación efectiva de las leyes y la no obstrucción 
a la efectividad de las decisiones de las instituciones», destacando que se trató de un 
«levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica», y que 
«[l]a autoridad del poder judicial quedó en suspenso sustituida por la propia voluntad –el 
referéndum  se  ha  de  celebrar–  de  los  convocantes  y  de  quienes  secundaban  la 
convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza». Subraya también que «[e]sas vías de 
hecho –fuera de las vías legales señala el art. 544 CP– vienen conformadas también por 
los  casos  en  que  los  agentes  de  la  autoridad  –los  Mossos  en  la  mayoría  de  las 
ocasiones–  se  ven  conminados  por  una  aglomeración  de  personas  impermeable  a 
cualquier requerimiento, venga de los agentes o venga de la autoridad judicial, para 
desistir de su intento de cumplir la orden judicial y han de claudicar en su objetivo, de 
forma vergonzante, resignada o en algunos supuestos casi complaciente». Finalmente, 
del juicio de autoría (fundamento de Derecho C, subapartado 1.8) se resalta el fragmento 
de la sentencia según el cual «lo que motivó la actuación del Sr. Sànchez era demostrar 
a  toda  la  sociedad,  en  pleno  y  acreditado  concierto  con  los  responsables 
gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en 
Cataluña, habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones».
De todo ello se desprende, a juicio del fiscal ante el Tribunal Constitucional, que no 
puede afirmarse que la sedición no ha llegado a entorpecer de un modo grave el 
ejercicio de la autoridad pública. Por el contrario, el incumplimiento del mandato judicial 
se produjo por el impedimento físico de que fueron objeto los agentes de la autoridad, lo 
que se llevó a cabo de forma generalizada y «en toda la extensión de una comunidad 
autónoma en la que por un día quedó suspendida la ejecución de una orden judicial», 
concluyendo que la aplicación judicial de la norma se acomoda a la entidad y gravedad 
tanto de los hechos, como de la responsabilidad personal en ellos del demandante, 
descartándose «un ejercicio de derroche de coacción penal de carácter innecesario y 
desproporcionado».
Finalmente, el Ministerio Fiscal acepta el cumplimiento por parte de la sentencia  s
recurrida de las exigencias constitucionales impuestas para aquellos casos en que, en  oe.
sede  penal,  se  plantea  el  ejercicio  de  un  derecho  fundamental  como  causa  de  w.
jdSueSs tTfiefCibc ar1ec1ri0oó/,n2 F.0 J0T 03ra,  asd) e, d s5eo sdscetire imbniear  yqloau,  eFd lJoa c 6st;ra i2nla9a 9 n/oc2o 0hn0as6 te,i tlduuecdi io2dn3oa  del el p noleaccstuembsaraedr,iao F,  jJue i3nc,it orye  d 2eo4 t/pr2ao0sn1,d 9e,e rdnae c iló2an5s    2021-1130n https://w
yle gaíbtiomrod ad eel sdpeerceícfihcoa ma elan tdee csoombeod iceanucsiaa sc ivdile ( feuxncdlaumsióenn tod ed el aD earneticjuhroid Aic,i d1a7d.4 ;e pl áegjesr.c 2ic3i4o   BOE-A-cable e
a 242) las libertades de expresión (fundamento de Derecho A, 17.5.1; págs. 242 a 244), 
reunión (fundamento de Derecho A, 17.5.2; págs. 244 a 246) e ideológica (fundamento 
de Derecho A, 17.5.3; pág. 247); e incluso en el juicio de autoría sobre el demandante 
efectúa consideraciones añadidas que descartan el efecto justificativo. Tras dar cuenta 
de todos estos fragmentos de la sentencia, concluye señalando el fiscal que, tanto en la 
misma como en el auto resolutorio del incidente de nulidad, «se examina, a partir de las 
circunstancias concurrentes en el caso, la conexión de los comportamientos enjuiciados 
con el contenido de aquellos derechos fundamentales; se descarta que puedan encajar 
en un ejercicio legítimo de los mismos; se determina y precisa la existencia y razón de la 
gravedad cuantitativa y cualitativa de la extralimitación que sobrepasa lo amparado por 
él; y una vez apreciada la intensidad de la ilegitimidad de la conducta y los principios, 
valores, bienes constitucionales violentados, se justifica la procedencia de la respuesta 
penal. Y en tales términos el efecto desaliento queda descartado».
11.2  Juez ordinario predeterminado por la ley y doble instancia penal. Se refiere 
aquí el ministerio público a la alegada falta de competencia del Tribunal Supremo y, 
anudado a su conocimiento del proceso, a la merma de la posibilidad de revisión de sus 
decisiones.
a)  La supuesta vulneración principal del derecho al juez ordinario predeterminado 
por la ley. Tras relatar ampliamente la doctrina constitucional sobre el contenido esencial 
de este derecho fundamental (art. 24.2 CE) recogida en las SSTC 191/2011, de 12 de 
diciembre, FJ 5; 212/2014, de 18 de diciembre, FJ 5; 99/2015, de 25 de mayo, FJ 5; 
266/2015, de 14 de diciembre, FJ 2, y 110/2017, de 5 de octubre, FJ 4 b), cita el fiscal las 
respuestas judiciales dadas sobre esta materia a lo largo de toda la causa, que han ido 
dictándose por el magistrado instructor, por la sala de recursos (autos de 31 de octubre 
de 2017, 24 de noviembre de 2017, 15 de febrero de 2018, 9 de mayo de 2018, 31 de 
mayo de 2018 y 26 de junio de 2018) y, de forma singular, por el tribunal enjuiciador al 
resolver la declinatoria de jurisdicción (ex art. 666.1 LECrim), por auto 27 de diciembre 
de 2018, y en la sentencia de 14 de octubre de 2019.
Trascribe el Ministerio Fiscal parte del auto de 31 de octubre de 2017 y se refiere a 
las resoluciones dictadas durante la instrucción sobre esta materia, argumentando que la 
decisión sobre la competencia tuvo su fundamento en el artículo 57.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, (conforme al que «en las causas contra los Diputados, es 
competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña 
la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo»), cuyo contenido se interpretó valorando para los aforados un doble 
factor o criterio: la condición de diputados del Parlamento de Cataluña de buena parte de 
los investigados y el elemento geográfico basado en el lugar de comisión del hecho. El 
Tribunal Supremo afirma su propia competencia para la investigación y enjuiciamiento de 
los hechos, en ese momento, con base en la constatación de que la querella contenía un 
relato fáctico en el que se describe una estrategia concertada, dirigida a declarar la 
independencia, que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, 
parlamentarias  y de  movimientos  sociales ideológicamente afines, cada uno de las 
cuales habría contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional propio, y en el que se 
destaca  una  pluralidad  de  acciones  desarrolladas  fuera  del  territorio  estatal  que 
contribuyeron al objetivo perseguido.
Se refiere después al auto mediante el que fueron resueltas las cuestiones previas, y 
al auto de 27 de diciembre de 2018, resolutorio de la declinatoria de jurisdicción. Este 
último, en respuesta a lo alegado por las defensas razonó que «la lectura de los escritos  e.
de acusación debe abordarse desde la tantas veces reiterada por esta Sala doctrina de  w.b
plraer eauclibzeiacdnue indatalegdsu,  nssoees g rúdenef i ellaore scn ue alael ,m leoels nd teeollsiet omd eeslen t tiocposo m. dYeet lee  tseiptnáo   cfueuesartlaaq mudieoers ad  uaddbeaa srloc sqa unteedr orc,iu totaarninodtsoo   dnaouqneudseetl rloosess    2021-1130n https://w
ainlgcluunibolse s deen  leols t ippor oocbejesativdoo sc odmeo  aecnt oesl  seujbejceutitvivoo. sD, en aoh ín qeucees laar iaatmribeuncteió nv ipooler netlo fsis cpaelr oa 
vinculados al elemento tendencial del delito por el que se formula acusación (cfr. art. 472.
5) justifica la aplicación del art. 57.2 del estatuto de autonomía que señala a esta Sala 
como el órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de hechos ejecutados 
fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Asume el fiscal, finalmente, lo razonado en la sentencia (fundamento de Derecho A, 
apartado 4), en cuanto descarta: (i) que el criterio de enjuiciamiento conjunto de los 
hechos atribuidos a los procesados contradiga el precedente representado por la causa 
especial núm. 20249-2016, en la que fue enjuiciado el Sr. Homs, habida cuenta de la 
naturaleza  individual  de  la  responsabilidad  de  este  al  tratarse  de  un  delito  de 
desobediencia frente al carácter colectivo o de comisión plural de los delitos de rebelión 
y sedición; (ii) que se haya producido un tratamiento excepcional, con nuevos criterios 
competenciales ad hoc y distanciamiento respecto de otros supuestos antecedentes, 
existiendo, por el contrario, varios precedentes (entre otros, AATS de 1 de julio de 2009 
y 24 de junio de 2015, y SSTS 152/2005, de 24 de febrero, y 597/2014, y también AATS 
de 29 junio 2006, 23 de junio de 2009 y 26 de enero de 2017), en los que, siguiendo la 
línea marcada por la jurisprudencia europea (SSTEDH de 2 de junio de 2005, Claes y 
otros c. Bélgica, y 22 de junio de 2000, caso Coéme c. Bélgica) aforados y no aforados 
fueron investigados y enjuiciados conjuntamente sobre la base de la conexión material 
inescindible  de  los  hechos  y  la  conveniencia  de  la  unidad  de  investigación  y 
enjuiciamiento; (iii) y que puedan esgrimirse como vinculantes supuestos precedentes 
emanados de tribunales inferiores, máxime teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 123 
CE.
Concluye  afirmando  que  «la  argumentación  desplegada  tanto  en  las  diversas 
resoluciones anteriores al juicio oral, como en la sentencia, ha sido fuertemente motivada 
y resulta más que suficientemente razonada y razonable, amén de no contradictoria con 
sus precedentes». En la causa se ha hecho patente «la existencia de componentes de 
internacionalización  y  extraterritorialidad  respecto  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cataluña y la necesidad de instruir y enjuiciar conjuntamente a aforados y no aforados 
para evitar decisiones contradictorias y la ruptura del relato histórico que podría derivarse 
de  una  eventual  fragmentación  del  hecho  justiciable»,  evitando  con  ello  –también– 
dilaciones  indebidas.  Por  tanto,  el  criterio  de  asunción  competencial  del  Tribunal 
Supremo no puede calificarse de «manipulación manifiestamente arbitraria de las reglas 
legales sobre atribución de competencias», sino que responde a una exégesis racional y 
razonable del art. 57.2 EAC, precepto que no ha sido cuestionado.
b)  La alegada conculcación asociada del derecho a la doble instancia (arts. 24.2 
CE, 14.5 PIDCP y 2 del Protocolo 7 CEDH).
A juicio del fiscal, esta queja pierde su razón de ser y decae una vez confirmada la 
inexistencia de la vulneración principal del derecho al juez ordinario predeterminado por 
la ley.
Por otra parte, la aplicación de la doctrina constitucional (por todas, STC 136/1999, 
de 20 de julio, FJ 11) determina también la desestimación del motivo, pues «la garantía 
que implica la instrucción y el enjuiciamiento de la causa por el tribunal más alto en el 
orden penal (art. 123.l CE) integra en parte –acceso a una instancia judicial superior a la 
que de ordinario enjuicia inicialmente este tipo de conflictos– y sustituye en lo demás –
posibilidad de una segunda decisión– la garantía que ahora aducen los recurrentes, que 
presupone, precisamente, que la primera instancia no sea la instancia suprema en el 
orden jurisdiccional penal». Se refiere también el Ministerio Fiscal a la STC 166/1993 
según la cual «el privilegio del fuero, que es un plus, equilibra así la inexistencia de una  e
doble instancia, que si bien es una de las garantías del proceso a las cuales alude  bo
genéricamente el art. 24.2 CE, ha de ser matizada en los casos en que el enjuiciamiento  3w
sceo ncsotintufícaio dniarel c(taarmt. e1n2te3  aCl Esu),p rae mqou iejune zh aebnr íato ddoes  rloesv eórtridr eenne sd jeufriinsidtiivcac iolan acleosm, pseatlevnoc ieal   2021-1130n https://w
ffuunndciaomnaeln taecnió nu nre csoeggiduan deon  eglr aadpoa rtoa doe s4c.a1l.ó5n  deplr ofucensdaalm».e nFtoin adlem eDnetree chdoe sAta cdae  llaa 
sentencia recurrida.
11.3  Derecho de defensa y empleo de la lengua catalana.
Sobre esta materia, el ministerio público comienza por distinguir entre la actuación de 
los  acusados,  a  los  que  se  les  reconoció  la  posibilidad  de  valerse  del  catalán 
habilitándose  un  sistema  de  traducción  consecutiva,  y  la  de  los  testigos.  Recopila 
después la doctrina constitucional que confiere relevancia a la indefensión material, en 
cuanto que produce un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, con cita y 
trascripción de fragmentos de las SSTC 35/1989, de 14 de febrero; 52/1989, de 22 de 
febrero; 91/2000, de 30 de marzo; 2/2002, de 14 de enero, FJ 2; 109/2002, de 6 de 
mayo, FJ 2, y 85/2003, de 8 de mayo, FJ 11. Concluye afirmando que, en el caso, ni 
siquiera existe infracción de norma procesal alguna, «una vez que el art. 231.3 LOPJ 
circunscribe la posibilidad de que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así 
como los testigos y peritos, utilicen en sus manifestaciones orales o escritas la lengua 
que sea también oficial en una Comunidad Autónoma exclusivamente a las actuaciones 
judiciales que tengan lugar en el territorio de esta». Agrega que, en el caso de los 
testigos,  «la  irrelevancia  del  contenido  y  resultado  de  las  declaraciones  abona 
añadidamente cualquier incidencia en el derecho de defensa».
11.4  Juez y tribunal imparcial.
El fiscal ante el Tribunal Constitucional comienza la contestación a esta queja con un 
resumen de la respuesta dada a la misma en la sentencia impugnada (fundamento de 
Derecho A, apartado 5) y de la doctrina sobre la garantía de la imparcialidad judicial. Se 
refiere primero a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con cita de las 
SSTEDH de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef contra Malta, y de 6 de noviembre 
de 2018, asunto Otegi y otros contra España, y trascripción de los apartados 93 a 99 de 
la  primera.  A  continuación  expone  la  doctrina  constitucional  plasmada  en  la 
STC  60/2008,  de  26  de  mayo,  FJ  3,  en  relación  con  la  vertiente  subjetiva  de  la 
imparcialidad, y en la STC 36/2008, de 25 de febrero, FJ 2, respecto de la perspectiva 
objetiva. Acto seguido distingue las diversas tachas de parcialidad formuladas por la 
parte recurrente.
a)  La  primera  denuncia  de  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial  tuvo  por 
destinatario  al  magistrado  instructor  y  se  fundó  en  la  expresión  «la  estrategia  que 
sufrimos» empleada en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, que, según 
se dice, «deja ver que dicho Magistrado se considera y presenta a sí mismo como 
víctima del delito atribuido al recurrente y denota una toma de partido por parte del 
mismo  en  favor  de  la  culpabilidad  del  demandante  o,  cuanto  menos,  explicita 
animadversión hacia él». El fiscal examina las circunstancias concurrentes en cuanto al 
medio, el tiempo y el contenido de la expresión para rechazar el fundamento de la queja. 
Concluye señalando, sintéticamente, que en el contexto del relato fáctico del auto de 
procesamiento, la expresión trascrita, no unívoca, que «no supone una manifestación 
sobre la solución que el tribunal habría de dar al proceso ni patentiza consistentemente 
que en el magistrado concurre un "interés directo en la condena de los procesados"», no 
aporta ni añade un plus o un aliud, de manera concluyente y definitiva a la incriminación 
provisoria propia de dicho auto, y en absoluto supone un dato objetivo acreditativo de 
una determinada orientación o de un sentimiento de animadversión. Agrega que el deber 
que incumbe al instructor de investigación objetiva de la verdad, conforme al que ha de 
indagar,  consignar  y  apreciar  las  circunstancias  tanto  adversas  como  favorables  al 
presunto reo (art. 2 LECrim), en el que se encarna y orienta materialmente el sentido  s
teleológico de la exigencia de imparcialidad en la fase de instrucción en nuestro diseño  oe.
nacional del enjuiciamiento criminal, constituye el contexto en que el que la expresión  3ww.
ieqnmusetpr ulleaca cdeióajen cn upoca piróaen r minditetee g ecrasutreassset  iofeunnna crei oll ant reribes ucitnnitasultd rud yce t poerronabjsui dicdaieadbm apinee rnsitnoohn. aaFbl iindliateallmr  meaanl gteeisn, tcraaañdrgaoad, depo oq rdu mee  állaas    2021-1130n https://w
recusación se hizo valor tardíamente al ser conocido el auto de procesamiento con su
notificación el 26 de marzo de 2018 y no ser propuesta hasta el 16 de abril siguiente.
b)  La segunda de las quejas tiene por destinatario al magistrado don Francisco 
Monterde Ferrer, integrante de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, y se funda en su condición de vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo 
de una asociación judicial que desde sus cuentas oficiales había propagado a través de 
la  red  social  «twitter»  decenas  de  mensajes  que  manifiestan  prejuicios  sobre  la 
culpabilidad del recurrente y animadversión hacia su ideología política. A juicio del fiscal, 
la providencia de 12 de febrero de 2018, que rechazó liminarmente la recusación, 
contiene un fundamento razonable; por un lado, la extemporaneidad apreciada tuvo su 
razón de ser en que la composición de la sala de recursos del Tribunal Supremo aparece 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre de 2016; y en que el 
recurrente se había adherido a un recurso de apelación del que conoció la misma sala; 
por otra parte, no se aportó principio de prueba alguno sobre la vinculación del contenido 
de esos mensajes, procedentes de personas no identificadas, con la posición personal 
del recusado. Sobre este último punto insiste el fiscal señalando que se trata de un 
«supuesto de hetero-responsabilidad o responsabilidad por un hecho ajeno, puesto que 
simplemente imputa al magistrado reseñado el contenido de los mensajes –que valora, 
en su mente y según su propio criterio subjetivo, como expresivos de hostilidad hacia la 
ideología política del encausado– sin elemento de acreditación alguno que refrende que 
el mismo sea su autor o que haya concretado un acto individualizado revelador de 
ausencia de imparcialidad». Añade a lo anterior dos consideraciones: (i) la primera 
relativa  al  rechazo  por  este  Tribunal  Constitucional  (AATC  180/2013,  de  17  de 
septiembre, FJ 5; 208/2013, de 2 de octubre, FJ 2, y 238/2014, de 9 de octubre, FJ 5), 
como causa de recusación, incluso como indicador verosímil de amistad o enemistad, de 
«los  meros  sentimientos  de  inclinación  o  de  rechazo  deducidos  del  hecho  de  la 
pertenencia a asociaciones, corporaciones o grupos sociales, así como en relación a la 
asunción de creencias religiosas e ideologías de signo diverso, mientras no se hayan 
traducido en actos individualizados». Como ha proclamado la doctrina constitucional, «en 
el sistema de valores instaurado por la Constitución, la ideología se halla sustraída al 
control de los poderes públicos, prohibiéndose toda suerte de discriminación en base a la 
misma. Nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por 
tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, 
aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen (ATC 358/1983, de 20 de 
julio, FJ 2)»; (ii) la segunda, que sale al paso de la atribución al Tribunal Supremo, en 
varios  recursos  de  amparo,  de  trato  discriminatorio  hacia  determinadas  opciones 
políticas,  consiste  en  aclarar  que  en  nuestro  sistema  jurídico  no  existe  ninguna 
prohibición o limitación para sostener tesis independentistas, ni para constituir partidos 
políticos que acojan un ideario independentista, ni para su expresión y actuación pública, 
como demuestra la realidad del demandante, que pertenece a un partido político con el 
que  ha  concurrido  con  éxito  a  las  elecciones  al  Parlamento  Catalán,  despliega  su 
actividad fuera de la cámara y dentro de la misma con su grupo parlamentario, y llegó a 
ser candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.
A juicio del ministerio público, la inadmisión del incidente de recusación tampoco 
vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) pues su fundamentación no 
puede calificarse de irrazonable y rigorista por las razones antes expresadas. Insiste, 
respecto  de  la  extemporaneidad  apreciada,  en  que  se  ha  apreciado  la  misma  en 
pretensiones  de  recusación  planteadas  contra  magistrados  constitucionales,  en  un 
momento posterior a aquel primero en que pudo ponerse de manifiesto la causa alegada 
ante este tribunal (art. 223 LOPJ), con cita de los AATC 383/2006, de 2· de noviembre,  s
FJ 4; 109/2009, de 31 de marzo, FJ único; 256/2013, de 6 de noviembre, FJ único;  oe.
54/2014, de 25 de febrero, FJ 2, y 238/2014, de 9 de octubre, FJ 3. En este último se  w.
apmpuarbgeliiccsiatórca idcóoonm  deoen l  Tderali bt"ouB noraleell teCínvoa nOnstfteiict uiapclai ordane al le.Esstitmadaor " lad eel xrteeaml pdoercarneetoid daed  ndoem  lbar armecieunstaoc idóen  ulan   2021-1130n https://w
magcis) traPdoors  loq uqeu e fsoerm raerfoienr e paa rltae  ddeenlu ntcriibaudnaa fl alstae ndteen icmiapdaorrc iapliodra dh adbee ar lgaucnoorsd addeo  lolas   BOE-A-cable e
admisión a trámite de la querella presentada, lo que les habría hecho entrar en contacto 
con los hechos y realizar valoraciones fácticas y jurídicas, el escrito del fiscal expone la 
doctrina constitucional contenida, entre otras, en la STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 4, y 
en la STC 149/2013, de 9 de septiembre, de la que trascribe su FJ 3, para señalar que 
«en términos generales, puede hablarse de una consolidada doctrina constitucional que 
apunta a que la intervención en la admisión de las querellas criminales no compromete la 
imparcialidad  judicial».  Descendiendo  al  caso,  comienza  por  reproducir,  literal  e 
íntegramente, el auto de 31 de octubre de 2017 que admitió a trámite la querella 
formulada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para argumentar después que, 
desde el punto de vista fáctico, el citado auto se limita, para determinar la propia 
competencia objetiva de la sala, a aproximarse al relato que sirve de soporte a la 
querella desde una perspectiva de «hipotética existencia»; y desde el punto de vista 
jurídico, el acercamiento a la calificación no excede del plano hipotético, resaltando que 
la decisión «se basa, con carácter exclusivo, en lo que la querella afirma». Cabe concluir, 
por tanto, que los magistrados firmantes de dicho auto se limitaron a efectuar un control 
meramente formal o abstracto, abordando en exclusiva la regularidad procedimental de 
la querella, partiendo de una valoración puramente conjetural o hipotética de los hechos, 
basándose con carácter exclusivo en lo que la querella afirmaba, sin examinar ni adoptar 
criterio sobre las valoraciones fácticas y jurídicas. Finalmente, se refiere al auto de la 
Sala del art. 61 LOPJ de 13 de septiembre de 2018, señalando que resulta acorde con la 
doctrina constitucional expuesta y con las circunstancias del caso.
d)  En cuanto a la queja de parcialidad derivada del hecho de que el magistrado 
instructor,  los  componentes  de  sala  de  recursos  y  los  magistrados  de  la  sala  de 
enjuiciamiento son miembros de un mismo órgano, señala el ministerio público que se 
trata de un planteamiento peculiar de naturaleza subjetiva que no tiene sustento en dato 
objetivo alguno, de modo que es plenamente aplicable la doctrina europea y nacional 
que señala que «no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez 
surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las 
mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y 
legítimamente justificadas» (SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 140/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 4; 26/2007, de 12 de febrero, FJ 4; 60/2008, de 26 de mayo, 
FJ 3; 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 149/2013, de 9 de septiembre, FJ 3, y 133/2014, 
de 22 de julio, FJ 3). Se refiere, a continuación, a la respuesta a esta cuestión dada en el 
fundamento de Derecho 7 del auto de 13 de septiembre de 2018. Este auto califica el 
alegato como «una pura suposición, que los recusantes no apoyan en indicio alguno», 
toda  vez  que  «ser  compañeros  en  un  mismo  órgano  jurisdiccional  no  conduce 
necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni menos aún a quebrantar los propios 
deberes  legales  y  deontológicos.  Para  que  una  alegación  como  la  hecha  por  los 
recusantes  mereciera  algún  crédito,  sería  necesario  que  aportasen  algún  elemento 
fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho».
e)  La  aducida  merma  de  imparcialidad  del  presidente  del  tribunal  don  Manuel 
Marchena, a raíz del mensaje de WhatsApp enviado por el senador del Partido Popular, 
don Ignacio Cosidó, a sus compañeros de partido, para el fiscal, como en el caso 
anterior, es un supuesto de hetero-responsabilidad, puesto que simplemente imputa al 
magistrado presidente una falta de imparcialidad no por una manifestación o actuación 
propia sino por la expresión por parte de un tercero de una opinión dirigida también a 
terceros, por lo que la queja carece de la mínima consistencia.
f)  Finalmente, dentro de este apartado, se refiere el Ministerio Fiscal al supuesto rol  s
inquisitivo asumido por el magistrado presidente por las preguntas formuladas al testigo  oe.
don Josep Lluís Trapero al amparo del art. 708 LECrim. Tras la reproducción de la  w.
ddpeore c1gtr8uin ndatea c sdo isncoisebtmirteub clriaeo ,nr eFauJl n c1ioó4nn, t eym n3aid3na4t e/2en0nid0 la5a ,s ed lS e2S 82T 0Cd de e1 s 3de0ipc/2tiiee0mm02bb,rr eed, e dF e3J   23d0,e 1a j7rug npuioom,r e FenJlt a m3 q;a uy2eo2 r9l a/d2se0  d0loo3ss,    2021-1130n https://w
Mquoes seol ste ds"tEigsoc yuaa dhraab cíao ns irdeos pinotnesrraobgleasd op,o slíeti ccoirsc udnesl cGriobvióe ran  ldoes  Cheactahlousñ ao,b rjeetuon idóen  lsao cbareu slaa   BOE-A-cable e
penal sin introducir elemento alguno que fuera ajeno al debate cruzado sostenido entre 
las partes, y operó sobre fuentes probatorias existentes en la propia causa. Tan es así 
que  no  hubo  protesta  por  ninguno  de  los  presentes  y  se  dio  a  las  defensas  la 
oportunidad  de  repreguntar  –utilizando  este  trámite  una  de  ellas–,  respetándose  el 
principio de contradicción. Valora favorablemente la respuesta dada a esta cuestión por 
la sentencia recurrida, con abundante cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
para concluir que el presidente ejercitó su facultad legal de modo moderado y no puede 
afirmarse en absoluto que haya habido una toma de partido o una actividad inquisitiva.
11.5  Igualdad de armas.
Sobre el denunciado trato desigual dado a las defensas respecto de las acusaciones, 
el fiscal, tras exponer la doctrina constitucional –con cita, entre otras muchas, de las 
SSTC 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4; 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3, y STC 5/2020, 
de 15 de enero, FJ 14–, aduce que la sentencia recurrida en amparo (fundamento de 
Derecho  A,  apartado  16)  da  una  respuesta  a  todas  las  supuestas  muestras  de 
desigualdad y analiza cada uno de los aspectos alegados por el recurrente. Concluye 
apuntando que la alegación de desigualdad tiene un «valor meramente nominalista y 
formulario», pues lo cuestionado no son sino decisiones adoptadas en el ejercicio de las 
facultades de dirección de las declaraciones testificales, que no incurrieron en infracción 
procesal alguna (art. 683 LECrim) y que obedecieron a una justificación razonable desde 
la perspectiva de la pertinencia e idoneidad de las preguntas y respuestas, sin alterar la 
igualdad de las partes ni menoscabar de modo sensible las facultades de alegación y 
contradicción entre ellas.
11.6  Derecho de defensa.
Una vez que aclara el fiscal que este motivo de la demanda de amparo, integrado por 
tres  quejas  más  específicas,  se  vincula  con  el  derecho  a  la  prueba  y,  más 
concretamente, con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la 
defensa (art. 24.2 CE), sintetiza la doctrina contenida en las SSTC 165/2001, de 16 de 
julio,  FJ  2;  359/2006  de  18  de  diciembre,  FJ  2,  y,  más  recientemente,  en  las 
SSTC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4, y 130/2017, de 13 de noviembre, FJ 2, que es 
acorde  con  la  jurisprudencia  europea  (STEDH  de  3  de  octubre  de  2019,  asunto 
Fleischner c. Germany). Después de recordar que este Tribunal Constitucional tan sólo 
es  competente  para  controlar  las  decisiones  judiciales  en  esta  materia  cuando  se 
hubieran  inadmitido  pruebas  relevantes  sin  motivación  alguna,  o  mediante  una 
interpretación  y  aplicación  de  la  legalidad  arbitraria  o  irrazonable,  se  pronuncia 
individualizadamente sobre los tres motivos antes mencionados.
a)  Sobre la denegación de la aportación de testimonio íntegro de las diligencias 
previas núm. 118-2017 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, 
tras trascribir lo razonado en el fundamento de Derecho A, apartado 8, de la sentencia 
impugnada, que reproduce pasajes del auto de 1 de febrero de 2019, señala el ministerio 
público que la respuesta es «motivada, seria, completa y razonable». Destaca, a tales 
efectos, el carácter genérico de la proposición, sin cita de documentos ni precisión de la 
relación con el thema decidendi; que se admitió la incorporación de documentos y piezas 
de  convicción  pero  «no  de  lo  que  no  tiene  esa  condición  por  tratarse  de  meras 
actuaciones reseñadas por escrito o declaraciones, diligencias y actuaciones procesales 
o pre procesales o policiales documentadas»; y que el criterio de admisión fue común 
para acusaciones y defensas, lo que descarta un trato desigual. e.
b)  Por  lo  que  se  refiere  a  la  alegación  de  imposibilidad  de  contrastar  las  w.
efdisnecccaulale ranrectrpiaor noeednsu  ceteel s ftugifnricadanal mepsea ncrotteon   dldaee  p Drsueuer ebccaoh ndoto eAcnu,i dmaope. anArtata l dsvouid  e1juo6ig.c1rio,á ,fd icelaa , l alra es sreepnsutpeeusnetcasia ta,e  sdju edtla icqmiuabel i ésenel    2021-1130n https://w
j«umicoioti voardaal , locso mtepsletitgao, ss edreiac layr arrigounr oesna »in, tseirnro gparotodruioc irc rinudzeafdeon ssióonb rem alotesr iaelx. trDeumroasn teq ueel   BOE-A-cable e
interesaban a la acusación y defensa; y se reprodujeron los videos. A partir de aquí, los 
informes orales constituyen el trámite idóneo para que las partes incidan sobre todo este 
material probatorio a fin de formar la convicción del tribunal.
c)  Respecto de la denegación, por auto de 1 de febrero de 2019, de las pruebas 
propuestas  por  la  defensa,  el  fiscal  reproduce  la  respuesta  dada  por  la  sentencia 
[fundamento de Derecho A, apartado 10.2 d) y 3 a) y b)] sobre el requerimiento de 
identificación de dos cuentas en redes sociales y las testificales de Su Majestad el Rey, 
el jefe de la Casa Real y don Carles Puigdemont; y afirma que el tribunal ha ofrecido una 
respuesta motivada y razonable sobre su impertinencia y/o inutilidad, sin incurrir en 
infracción procesal, ni provocar indefensión efectiva, no habiéndose justificado, en todo 
caso, su carácter decisivo para el fallo.
11.7  Derecho  a  la  presunción  de  inocencia  y  a  la  tutela  judicial  efectiva  por 
manifestaciones públicas de responsables políticos.
Tras exponer la posición del recurrente y la respuesta ofrecida a esta cuestión por la 
sentencia recurrida (fundamentos de Derecho A, apartado 9), se refiere el fiscal ante el 
Tribunal Constitucional a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, con especial referencia 
a la STEDH de 28 de junio 2008, asunto Lizaso Azconobieta c. España, así como a la 
Directiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 
por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y del derecho a estar presente en el juicio y, concretamente, a su art. 4 y los 
considerandos  13  a  19.  A  continuación,  respecto  de  las  entrevistas  dadas  por  la 
secretaria de Estado de España global, señala que su examen en conjunto revela que su 
sentido real es dar noticia de la proximidad de la celebración del juicio y del desafío que 
ello supone para el sistema judicial español. En este contexto, la frase que destaca el 
demandante «el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos que 
estén siendo juzgados no es algo habitual», no puede estimarse como una manifestación 
que  exceda  sobradamente  de  la  voluntad  de  informar.  Finalmente,  en  cuanto  a  la 
publicación en las redes sociales, tras la condena, de mensajes y videos en los que se 
habría caricaturizado a los acusados como si fueran ladrones, a juicio del fiscal, «el 
alegado menoscabo al honor e integridad moral tiene sus propias vías de reclamación y 
no  puede  encontrar  acomodo  bajo  el  paraguas  del  derecho  a  la  presunción  de 
inocencia».
11.8  Proceso con todas las garantías y filtración de sentencia.
Una vez expuesta la alegación de la parte recurrente, la respuesta ofrecida por el 
auto que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones (fundamento de Derecho 4.2.1), 
y la doctrina contenida en las SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, todas de 17 de marzo, 
FFJJ 2, así como en la STC 69/2001, de la misma fecha, FJ 14, sostiene el ministerio 
público que, al margen de responsabilidades disciplinarias que pueden resultar, siendo la 
deliberación y votación de la sentencia anteriores a su redacción y «no existiendo 
principio de acreditación alguna ni afirmación terminante de que el sentido del fallo 
pudiera haber sido otro o cómo habría influido en el ánimo de cualquier magistrado», el 
hecho de la filtración, por sí solo, no menoscaba la imparcialidad del tribunal.
11.9  Tutela judicial efectiva e individualización de la pena.
Según el fiscal, que comienza reproduciendo lo dicho al respecto en el auto de 20 de  o
enero de 2020 (fundamento de Derecho 4.2.2), las razones y datos básicos para la  3w
lsieonunsdf  iiscvhuiiede anucphtaeaoli zrsdta aedcd ieaoócc ndlua eedrdaredid coolaa sdc  opop enarn o llabaa a sdidm opopcestun,r eiandssaet a ( fc luoosnsned s qaetiumtxuepec rniepotsunoaea dndl,e e d pnDeo e rin mrrefeeacmrnhireoissr eiaDó  n,se  aisndpc eaum rletaaat aydpo,or rop  2pee)irs aoaf u ls mereernázlatsoet .on q cNduiaeeo     OE-A-2021-1130able en https://w
resultan exigibles ulteriores razonamientos que traduzcan dichas razones y datos «en
una cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo 
que,  de  suyo,  no  es  susceptible  de  medición»,  atendida  la  doctrina  fijada  en  las 
SSTC 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio, FJ 3, y 98/2005, de 18 de 
abril, FJ 2.
12.  A fin de tramitar y resolver la petición de recusación del magistrado de este 
Tribunal Constitucional Sr. Narváez Rodríguez, planteada por los demandantes en este 
proceso de amparo mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2020, el Pleno, mediante 
providencia de fecha 17 de noviembre de 2020, con suspensión de las actuaciones 
correspondientes al presente recurso, acordó formar pieza separada.
Con fecha 16 de febrero de 2021, el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en resolución 
de la misma fecha, lo que dio lugar a su aceptación y a acordar el archivo de la pieza 
separada de recusación formada en el presente recurso de amparo.
13.  Por escrito registrado en este tribunal el 26 de marzo de 2021, don Aníbal 
Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en representación de don Josep Rull i 
Andreu, promovió la recusación del magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Con fecha 7 de abril de 2021, el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón 
formuló su abstención en relación con el presente proceso constitucional de amparo, 
abstención que, por unanimidad, fue considerada justificada por el Pleno en auto de 20 
de abril de 2021, lo que dio lugar a apartarle definitivamente del presente recurso y de 
todas sus incidencias.
14.  Por providencia de 1 de junio de 2021, se señaló para la deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 2 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se interpone: i) contra la sentencia de la Sala de lo 
Penal  del  Tribunal  Supremo  núm.  459/2019,  de  14  de  octubre,  que  condenó  al 
demandante como autor de un delito de sedición previsto en los arts. 544 y 545.1 CP a 
las penas de nueve años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta, con la 
consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que 
tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o 
cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo 
público durante el tiempo de la condena; ii) y contra el auto del mismo tribunal de 29 de 
enero de 2020, que desestimó los incidentes de nulidad interpuestos contra la sentencia 
antes indicada, resoluciones que fueron dictadas en la causa especial núm. 20907-2017, 
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En  la  demanda,  el  recurrente  alega  las  siguientes  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales: i) del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (arts. 24.2 CE 
y 6 CEDH), por haber asumido el Tribunal Supremo la competencia para enjuiciar los 
hechos, privando adicionalmente al recurrente de su derecho a la doble instancia (art. 2 
del Protocolo núm. 7 CEDH); ii) del derecho de defensa (arts. 24.2 CE y 6 CEDH) y del 
derecho a la no discriminación por razón de la lengua (arts. 14 CE y 14 CEDH), por no 
haberse  permitido  a  los  acusados  declarar  en  su  lengua  vernácula  empleando  un  e.
sistema de traducción simultánea; y por haber impedido el empleo del catalán a testigos  w.b
nppooro rh peaulbe resotrols sein  peqosutriis mliatai vddoeo f aelasnsus mad;ii vdieioi)r  spdaoesrl   rdeeelc rupesrceahscoiid oaen neutsne   fjoudreemzl  utirmliabpduaanrsac lai ae ll on(  aleartlrs ga.o c2 td4oe. 2ld  peyrl  o6jcu CeicdEioiDm; Hiiev)n),  tpodo eyrl    2021-1130n https://w
dpirsinpceipnisoa ddoe  ai glausa lddaedfe ndsea sa remna esl  a(acrttos .d e2l4 j.u2i cCioE o rya l;6  vC) dEeDl Hd)e, repcohr oe dl et rdaetofe dnesasf a(avrotsra. b2le4 
CE y 6 CEDH), por no haber tenido acceso a las actuaciones seguidas en el Juzgado de
Instrucción núm. 13 de Barcelona, por la imposibilidad de contrastar las declaraciones 
testificales con la prueba documental videográfica y por la denegación de pruebas 
pertinentes solicitadas en tiempo y forma; vi) del derecho a la presunción de inocencia y 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 y 2 CE), por las manifestaciones públicas de 
miembros del Gobierno español sobre los hechos enjuiciados y la reiterada omisión del 
tribunal de amparar a los procesados ante dichas manifestaciones; vii) del derecho a un 
proceso con todas las garantías (arts. 24.2 CE y 6 CEDH), por la filtración del contenido 
de la sentencia cuando su redacción no había culminado; viii) del derecho a la tutela 
judicial efectiva por ausencia de toda motivación de la individualización de la pena (arts. 
17, 24 y 25 CE en relación con art. 120.3 CE); ix) del derecho fundamental a la legalidad 
penal (arts. 25.1 CE y 7 CEDH), por abandono ad hoc del principio de accesoriedad 
limitada en la participación; x) del derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 CE) 
en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión pacífica y a las 
libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la insuficiente 
taxatividad del tipo penal de la sedición; xi) del derecho fundamental a la legalidad penal 
(arts. 25.1 CE y 7 CEDH), por aplicación analógica del delito de sedición a los hechos 
enjuiciados;  xii)  del  derecho  fundamental  a  la  legalidad  penal  (arts.  25.1  CE  y  49 
CDFUE), en relación con los derechos fundamentales a la libertad, de reunión y a las 
libertades de expresión e ideológica (arts. 17, 20, 21 y 16 CE), por la imposición de una 
pena desproporcionada.
La abogacía del Estado interesó la desestimación del recurso de amparo. Por su 
parte, el partido político Vox alegó como óbice procesal la insuficiente justificación de la 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso;  y  en  cuanto  al  fondo,  interesó 
igualmente  su  desestimación.  Finalmente,  el  Ministerio  Fiscal  solicitó  también  la 
desestimación del recurso de amparo.
Las alegaciones de las partes intervinientes han sido ampliamente resumidas en los 
antecedentes  de  esta  resolución.  Sin  perjuicio  de  ello,  una  síntesis  de  estas  será 
expuesta de nuevo al analizar cada una de las quejas.
2.  Requisitos  de  admisibilidad:  justificación  de  la  especial  transcendencia 
constitucional del recurso.
Antes de llevar a cabo el análisis de las lesiones que se invocan en el escrito de 
demanda, procede resolver el óbice alegado por el partido político Vox, referido a la 
insuficiente  justificación  de  la  especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  de 
amparo. No obstante, cabe adelantar que, de no ser estimado este primer motivo de 
inadmisión, los óbices procesales que se asocian a cada uno de los motivos de amparo 
serán resueltos al enjuiciar cada uno de dichos motivos.
Dicho partido político señala que el demandante no hace en la demanda el más 
mínimo  esfuerzo  para  cumplimentar  aquel  requisito,  pues  se  limita  a  formular  una 
argumentación genérica que «ni explica la supuesta falta de compatibilidad del delito de 
sedición y su aplicación al presente caso con los derechos fundamentales alegados, ni 
tampoco se cita, siquiera, la supuesta vulneración de la jurisprudencia constitucional 
previa [...] y de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos». En suma, 
incurre en excesiva brevedad y demasiadas generalidades.
A fin de dar respuesta a la objeción procesal opuesta, conviene recordar que la 
previsión del art. 49.1 in fine LOTC –«[e]n todo caso, la demanda justificará la especial 
trascendencia constitucional del recurso»– se configura como una carga procesal de la 
parte y, al tiempo, como instrumento de colaboración con la justicia constitucional, habida  e
cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la  bo
especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la  3w
i(nSicTiCat i1va7 8/2y0 1a2p, rdeeci a1c5io dnee so ctdueb rel,a  FJp a3r)t.e A,  lrae cpoagrtidea rse cuernre nsteu,  peusecsr,it ole  edse  exdiegmiblaen duan   2021-1130n https://w
«coensfeuxeiórzno l aasr vguulmneernatcailo»n e(As TcCon s1t5it4u/c2io0n1a0l,e sd eq u1e5 a ledgea  ncoovni elomsb creri,t eFrioJ s 4e)s tqaubele cpidoonsg ae ne enl 
artículo 50.1 b) LOTC, criterios que se concretan, sin ánimo exhaustivo, en los supuestos
contemplados en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio. De este 
modo, no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental 
(SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3; 143/2011, de 26 
de septiembre, FJ 2, y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también AATC 188/2008, 
de  21  de  julio,  FJ  2;  289/2008,  de  22  de  septiembre,  FJ  2;  290/2008,  de  22  de 
septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, FJ 2, y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ 
único); es preciso que «en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación 
tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental –que sigue 
siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo– y 
los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial 
trascendencia constitucional» (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2).
El planteamiento del referido óbice obliga a retomar las razones dadas en el escrito 
de demanda para justificar la especial trascendencia constitucional del presente recurso. 
En  dicho  escrito,  tras  enumerar  los  diferentes  motivos  de  especial  trascendencia 
constitucional recogidos en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, se afirma que el 
«especial interés constitucional del presente recurso» radica en el hecho de que el 
Tribunal Constitucional podrá pronunciarse sobre cuestiones respecto de las cuales no 
existen precedentes, entre ellas la compatibilidad del delito de sedición con el ejercicio 
de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, de reunión y manifestación y con 
el derecho de legalidad penal. Por otro lado, señala que ciertas decisiones adoptadas 
por el Tribunal Supremo contravienen la jurisprudencia constitucional previa y la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Comenzando por el final, la referencia que en la demanda se formula respecto del 
incumplimiento de la doctrina de los tribunales indicados no constituye un motivo de 
especial trascendencia constitucional, pues esa alegación, en los términos que ha sido 
formulada,  solo  resulta  relevante  para  justificar  las  lesiones  asociadas  a  esos 
incumplimientos, pero carece de entidad para entender cumplido el requisito impuesto 
por el art. 49.1 LOTC.
Distinta consideración merece la referencia a la compatibilidad del delito de sedición 
con los derechos fundamentales indicados. Este argumento se vincula con las quejas 
dirigidas contra el tipo de sedición (art. 544 CP), tanto por el insuficiente grado de 
taxatividad y determinación que presenta como porque su mera vigencia puede restringir 
los  derechos  fundamentales  antes  indicados.  Y  sobre  este  aspecto,  remarca  el 
recurrente, no existen pronunciamientos de este tribunal.
Sin embargo, este razonamiento, cuya brevedad resulta incuestionable, se anuda a 
la  inexistencia  de  doctrina  constitucional  sobre  un  aspecto  novedoso,  cual  es  la 
compatibilidad del delito de sedición con los derechos fundamentales objeto de cita. Así 
pues, debe considerarse cumplido el requisito que el partido político Vox objeta, pues, 
aunque  sucintamente,  el  demandante  ha  ofrecido  una  argumentación  que  pone  de 
relieve la singular relevancia del recurso de amparo, la cual, además, coincide con el 
motivo apreciado por este tribunal en la providencia de admisión: que el recurso plantea 
un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En consecuencia, el óbice debe ser desestimado.
3.  Delimitación del fundamento fáctico y jurídico de la decisión de condena.
El contenido del enjuiciamiento constitucional planteado en la demanda aconseja 
realizar,  antes  del  análisis  individualizado  de  cada  una  de  las  quejas,  dos  e
consideraciones previas, con la finalidad de facilitar la compresión del texto de esta  bo
sentencia. 3w
que Lhaa p sriimdoe rcao tniesnidee ruand ad odbelelic otibvaje,t oa:s eí sctoám doir iglaids ar aaz odneelims iqtaure l ah acno nfduuncdtaam deenl traedcou rdreicnhtae   2021-1130n https://w
consLiad esreagcuiónnd a(j usieci odsir idgee  taip diceidsatadc ay ra luotso rpírao)n.unciamientos de este tribunal que, a lo largo
del desarrollo de los hechos que han sido después enjuiciados penalmente, ha venido
haciendo  sobre  la  constitucionalidad  de  algunas  iniciativas  parlamentarias  y 
gubernamentales,  relacionadas  con  los  hechos  declarados  probados,  que  estaban 
dirigidas a reivindicar y hacer efectivo el propósito de convocar y llevar a efecto un 
referéndum sobre la independencia de Cataluña, para dar soporte o continuidad al 
proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república.
3.1.  Delimitación de la conducta del recurrente que ha sido declarada delictiva.
En los antecedentes de esta resolución hemos recogido íntegramente la declaración 
de  hechos  probados  de  la  sentencia  impugnada  y  hemos  resumido  los  juicios  de 
tipicidad y autoría que han justificado la condena por delito de sedición que se cuestiona. 
Dada su extensión, pues se refiere a diversos acusados que protagonizaron distintas 
conductas a lo largo de un dilatado período de tiempo, con la finalidad de facilitar su 
análisis, procederemos a continuación a exponer, a partir de los mismos, cuál es la 
conducta del recurrente que ha sido considerada penalmente relevante y cuál el contexto 
en que se desarrolló, así como las razones tomadas en consideración para fundamentar 
su declaración de culpabilidad como autor de un delito de sedición (arts. 544 y 545.1 
CP).
a)  La sentencia relata en sus hechos probados que la conducta del señor Sànchez 
formaba parte de una estrategia concertada, que incluía un reparto funcional de roles 
entre  los  miembros  del  Gobierno  autonómico  de  Cataluña,  la  presidenta  de  su 
Parlamento  y  diversas  organizaciones  institucionales,  culturales  y  ciudadanas,  que 
mantenían un programa político común, en cuanto eran todas partidarias de la creación 
de un Estado catalán independiente en forma de república. El objetivo mediato de la 
actuación conjunta de los acusados era crear una cobertura jurídica aparente, al margen 
de  las  previsiones  establecidas  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña  y  en  la 
Constitución, que permitiera movilizar a los partidarios de la independencia haciéndoles 
creer, mediante las correspondientes convocatorias, que cuando depositaran su voto en 
un referéndum convocado al efecto por el Gobierno autonómico, estarían contribuyendo 
al acto fundacional de una república independiente en Cataluña. En tal medida, en dicha 
estrategia  común  cobraba  especial  relevancia  la  celebración  de  un  referéndum 
vinculante que, en caso de obtener un resultado favorable, cualquiera que fuera el índice 
de participación ciudadana, justificaría la proclamación de Cataluña como un Estado 
independiente, que era el objetivo final de la estrategia acordada.
Dicho concierto estratégico, y la decisión de llevarlo a cabo, se había producido 
antes de las elecciones autonómicas celebradas el 27 de septiembre de 2015, mediante 
un preacuerdo político u hoja de ruta que las declaraba plebiscitarias; de modo que votar 
a  las  candidaturas  soberanistas  supondría  un  pronunciamiento  favorable  a  la 
independencia de Cataluña y a iniciar de inmediato un proceso de transición nacional 
que llevaría a la proclamación de la república catalana en un plazo máximo de dieciocho 
meses, con la creación y puesta en marcha de las estructuras necesarias del nuevo 
Estado y con la elaboración de un proyecto de texto constitucional en el término de diez 
meses.
Entre  las  entidades  ciudadanas  concertadas  cobraron  especial  significación  la 
Asamblea Nacional Catalana (ANC, fundada en 2011), presidida desde mayo de 2015 
por el recurrente, y Òmnium Cultural (OC, fundada en 1961), presidida desde finales del 
año 2015 por don Jordi Cuixart i Navarro, también condenado en la causa. Ambas 
organizaciones tenían y mantienen entre sus objetivos hacer efectivo el que consideran  s
derecho de los catalanes a elegir democrática y libremente su futuro político a través de  oe.
un referéndum de autodeterminación. 3ww.
osirdgoaS npeizrgeaúvcniiao msneee sna tafeirl  mpsaaec rvteaincd ioola  cd osenel  npdtreiovnpecórisasa,i tsoa   fdupeea rrzhtiaar scd epero  rl2íet0iac1lai5ds,a  dqa umdebi coyhsao   ltípedrneoírgaernsa  mrpeaup,sr eiqesureoenn t haeacsbióaíans    2021-1130n https://w
parlamentaria autonómica. Se afirma también que la contribución movilizadora de ambas
organizaciones  ciudadanas  resultaba  decisiva  para  los  fines  y  la  estrategia  de 
consecución ideados que han sido descritos.
a)  Más adelante, el relato de hechos probados de la sentencia impugnada declara 
que, pese a su funcionamiento asambleario y su autonomía funcional y orgánica, la 
asociación Asamblea Nacional Catalana, liderada por el recurrente, conjuntamente con 
la  entidad  Òmnium  Cultural  y  en  estrecho  contacto  con  los  dirigentes  políticos 
nacionalistas partidarios de la independencia de Cataluña, contribuyó a posibilitar la 
celebración del proyectado referéndum previsto en la ley autonómica y en los decretos 
de Gobierno suspendidos cautelarmente por este Tribunal Constitucional. Para ello, de 
forma coordinada, utilizaron su capacidad de movilización ciudadana convocando a la 
población a ocupar los espacios donde estaba prevista la votación, lo que se entendió 
preciso para asegurar tal objetivo, al tiempo que con ello se impedían las actuaciones de 
los  poderes  públicos  dirigidas  a  hacer  efectiva  su  suspensión,  decretada  por  este 
tribunal.
En el relato fáctico de la sentencia, dicha contribución aparece concretada con 
referencia específica a dos momentos:
(i)  El primero de ellos se produjo el 20 de septiembre de 2017. Guarda relación con 
la ejecución por la policía judicial de la decisión adoptada por el magistrado juez de 
instrucción  núm.  13  de  Barcelona  dirigida  a  registrar,  entre  otras,  la  sede  de  la 
Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. El 
registro se produjo tras la detención de algunos de sus responsables, y tenía como 
objetivo el hallazgo de fuentes de prueba útiles para esclarecer las responsabilidades 
penales en que pudieran haber incurrido los detenidos, o sus colaboradores, como 
consecuencia  de  los  preparativos  del  referéndum  convocado  el  anterior  día  6  de 
septiembre, así como, destacadamente, impedir su celebración. Los agentes de policía 
judicial que integraban la comisión llegaron a la sede de la consejería sobre las 08:00 
horas, dejando los vehículos oficiales estacionados frente a su acceso.
Continúa  el  relato  señalando  que,  desde  las  8:55  horas,  mediante  mensajes 
telemáticos difundidos desde las cuentas en redes sociales de los líderes de ANC y 
Òmnium Cultural, y desde las de las propias organizaciones que presidían, se convocó a 
la  población  a  que  compareciera,  entre  otras,  ante  dicha  sede,  emplazando  a  la 
ciudadanía a defender las instituciones catalanas, y a exigir la puesta en libertad de los 
detenidos, invitando a la movilización ciudadana. En dichos mensajes se decía que «no 
podrían con todos ellos», que «las fuerzas del orden se habían equivocado» y que 
«habían declarado la guerra a quienes querían votar».
En los minutos siguientes la afluencia de personas se fue incrementando, hasta el 
punto de que a las 10:30 horas de esa mañana los manifestantes habían rodeado por 
completo  el  edificio  impidiendo  a  la  comisión  judicial  la  normal  realización  de  sus 
funciones. La concentración, en cifra aproximada de 40 000 personas, se desarrolló 
durante el resto del día 20 de septiembre, mientras la comisión judicial permanecía en el 
edificio que debía ser registrado, al que, debido a la concentración, no pudieron ser 
trasladados los propios detenidos que habían de estar presentes, dada la imposibilidad 
de atravesar en condiciones de seguridad la multitud. No se estableció un perímetro de 
seguridad, sino que solo fue abierto un estrecho pasillo humano, que no era controlado 
policialmente, sino por los propios voluntarios de la entidad convocante (ANC), que 
portaban chalecos identificativos.
La situación de hecho a que dio lugar la convocatoria provocó que no pudieran ser 
extraídos del edificio los efectos intervenidos y que la comisión judicial no pudiera  e.
abandonar el edificio así rodeado. Solo a partir de las 12:00 de la noche, a través de la  w.b
saauzd ommteinaaiys otdrra epcl iaórentde di faiecg ijoeu nsttceicosina td igqeuu poeo,  dlicisríieag  íajcu odlanic sciiaoglmu, ipóisu iódeniev arjoucndu iachriaa cl;ce aermllo ru eafsl atpoda adr teira  s duelas   lainlset et0rga4rd:a0an0 t edhseo,  realnas    2021-1130n https://w
dpeo liclaia mlesa darungtiaddisatu srbigiousie, nftien,a luiznaan dvoe z lad iseuvealctau alac iócno nac elnatsra c0i7ó:n0 0c ohno rcaasr gdaesl  ddeí aa g2e1n tdees 
septiembre.  Siete  vehículos  policiales  en  los  que  se  había  desplazado  la  comisión 
judicial sufrieron importantes destrozos materiales.
Según  el  relato,  don  Jordi  Sànchez,  durante  esos  disturbios,  se  erigió  en  el 
interlocutor de la movilización ante los agentes policiales actuantes e impuso condiciones 
para el efectivo desarrollo de su función, negando a los agentes de la Guardia Civil que 
pudieran introducir a los detenidos en el edificio, salvo que asumieran conducirlos a pie 
entre el tumulto, y que se hicieran cargo de los vehículos policiales a menos que 
procedieran de igual modo. «Al ser informado por los agentes de que en el interior de 
esos  coches  había  armas,  dispuso  lo  necesario  para  aislar  los  vehículos».  Sobre 
las 21:15 horas de ese mismo día, el entonces jefe de la brigada antidisturbios de los 
Mossos (BRIMO) se entrevistó con el señor Sànchez «que, hasta tal punto ejercía el 
control sobre la masa, que se permitió reprochar a su interlocutor la presencia de los 
efectivos policiales: "[…] saca a la BRIMO de aquí […], esto que estás haciendo no es lo 
que hemos acordado, largaos de aquí". Conforme avanzaban las horas de la noche, sin 
embargo, cambió hacia una actitud más colaboradora con los agentes».
Concluye el relato de estos hechos señalando que, durante el desarrollo de la 
concentración, los líderes de ANC y Òmnium Cultural se dirigieron en diversas ocasiones 
a la multitud. El señor Cuixart exigió la libertad de los detenidos y retó al Estado a 
incautar el material preparado para la jornada de referéndum. El señor Sànchez, por su 
parte, proclamó que ese era el día en que había que salir a la calle a defender la 
dignidad, las instituciones catalanas y el referéndum, por lo que ni el presidente del 
Gobierno (señor Rajoy), ni el Tribunal Constitucional, ni todas las fuerzas de seguridad 
del  Estado  podrían  pararles.  Aseguró  que  hacía  un  rato  se  había  reunido  con  el 
presidente de la Generalitat y que este le había asegurado que habría referéndum. 
Terminó pidiendo que nadie se marchara a casa todavía, pues tenían por delante una 
noche larga e intensa, y que habían de trabajar porque ellos eran el sueño de un nuevo 
país. Sobre las 23:41 horas, ambos líderes sociales se dirigieron a los concentrados 
desde lo alto de uno de los vehículos policiales destrozados. El señor Cuixart manifestó 
hablar en nombre de las entidades soberanistas, así como del Partido Democrático de 
Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP-CC (Candidatura de Unidad 
Popular-Llamada Constituyente), proclamando que todos estaban alzados para luchar 
por su libertad y afirmó que desde ese altar –en clara referencia al vehículo policial– el 
señor  Sànchez  y  él  querían  convocar  a  todos  los  asistentes  a  una  movilización 
permanente  en  defensa  de  los  detenidos,  emplazándoles  a  una  concentración  que 
tendría lugar a las 12:00 horas del día siguiente, en el Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Don Jordi Sànchez volvió a dirigirse a la multitud diciendo que ni el Tribunal 
Constitucional, ni Rajoy, ni la Guardia Civil, ni nadie lograría impedirlo y, tras instar a los 
congregados a que abandonaran la movilización de ese día, les pidió que acudieran a la 
manifestación del día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia, a la que asistieron 
ambos líderes sociales junto a otros responsables políticos y cargos públicos.
(ii)  Tras  recoger  otros  episodios  intermedios  de  reivindicación,  llamamientos  a 
participar en el referéndum, y convocatoria a la movilización permanente, la sentencia se 
detiene en los sucesos acaecidos en la víspera y la jornada en la que la votación había 
sido establecida. Es este segundo momento el que, en la conducta del señor Sànchez 
declarada  penalmente  relevante,  se  valora  como  nuclear.  Tiene  que  ver  con  la 
preparación y desarrollo de la participación ciudadana en la consulta convocada para la 
jornada del 1 de octubre de 2017.
La relación de hechos probados señala que tanto el recurrente –como también el  s
líder de Òmnium Cultural– alentaron a los ciudadanos, a través de mensajes de Twitter y  oe.
de los medios de comunicación, a ocupar los centros de votación antes de la hora en la  w.
imqmuapetie deriiesartlaa ebnla eq cuotoerdr aleoln.s a Tadagame nblatié einsn  tpleoorsvl iecaninacilmeiósan r poduned  iaela rqa punoe pl iarcoícacu edadiueetrroa ann ó smmua iccsaliav uaysm uleersan  teye x aah  olvarot artearotri nrya  daaa   qqduueeel    2021-1130n https://w
dperostaergroiellraarn l odse csupeurépso se yl  rfueecurzeanst od ed ese lgousr idvaodto ds efl rEensttaed ao .las actuaciones que pudieran  BOE-A-cable e
Tales llamamientos se produjeron antes y en la fecha en la que el referéndum había 
sido convocado, pese a que era ya entonces notorio que la magistrada instructora de las 
diligencias penales incoadas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña había dictado auto de fecha 27 de septiembre de 2017 por el que 
ordenó a la policía autonómica catalana y al resto de cuerpos policiales operativos en 
Cataluña lo siguiente: «a) impedir, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o 
edificios públicos –o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público– 
para la preparación de la celebración del referéndum. En esa fecha, se impedirá su 
apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a 
aperturarse; b) en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los de 
votación el día 1 de octubre, tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de 
servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores, se procederá 
únicamente  al  cierre  de  aquellas  dependencias  en  las  que  se  hicieran  actos  de 
preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea 
afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios 
que les sean propios; c) requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en 
su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado dentro de dichos 
locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento 
de los delitos que se investigan; d) asimismo, se impedirá la actividad y/o apertura de 
establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística y/o de cálculo: 
centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos. Mossos 
d"Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente para la 
efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario 
que  haga  posible  el  estricto  cumplimiento  de  lo  que  se  aquí  se  dispone,  y  con 
observancia de lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos 
de seguridad y en el artículo 2.3 a) del Decreto 770/2017, de 28 de julio. Líbrense los 
oficios oportunos a los respectivos mandos de Mossos d"Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Nacional».
No obstante la prohibición judicial, los centros escolares permanecieron abiertos 
desde el día anterior a la votación y, en gran parte, fueron ocupados por partidarios del 
referéndum que respondieron a las convocatorias que promovieron su presencia para 
evitar el cierre de locales y espacios públicos que había sido ordenado judicialmente.
El día 1 de octubre de 2017, multitud de ciudadanos, atendiendo a los reiterados 
llamamientos, tanto de los líderes de las entidades ya reseñadas, como de otros actores 
políticos y medios, acudieron y permanecieron en los centros señalados para la emisión 
de voto. A varios de estos acudieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la 
Guardia  Civil,  con  el  propósito  de  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  el  Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña.
El desarrollo de la jornada prevista para la votación se narra así en la decisión de 
condena: «En diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos 
entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión 
de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial 
de la que eran portadores los agentes. Los Mossos –que dependían administrativa y no 
solo políticamente del procesado señor Forn– no interfirieron la emisión de votos, más 
allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, 
llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era 
entregado por los ciudadanos que llevaron a cabo la gestión de las correspondientes 
mesas de votación. En la mayoría de los casos, ante la oposición decidida de los  s
numerosos grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban  oe.
de forma rotunda a acatar la orden judicial de la que informaban los binomios de Mossos  w.
calaoc mtoitbuisvdioi atná acimdtiocpaso,ms eiebsnitloitdesa  pdsri egddueiise pnvuedenosc lteaars  d liaen  sqrteruusiecisnctieeosnn cesiesa   qadupeeo  setteasnoroísan n ga dr uleapssoi sset ínadtnrea  ddpeae srs sudo eno ablosjes.  tciAveonn taterno tslea,    2021-1130n https://w
los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza
legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó 
en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa».
Según los datos hechos públicos por el gobierno de la Generalitat, el referéndum 
arrojó el siguiente resultado: de un total de 5 500 000 de personas con derecho a voto, la 
cifra total de votantes ascendió a 2 286 217 de personas.
3.2  La subsunción jurídica de la conducta del recurrente en el delito de sedición 
(arts. 544 y 545.1 CP).
Atendiendo  al  juicio  de  tipicidad  expresado  en  la  sentencia  cuestionada,  cabe 
anticipar que el recurrente ha sido condenado por movilizar a la ciudadanía en un 
alzamiento público y tumultuario que, además de tener por objetivo impedir la aplicación 
de las leyes, obstaculizó de forma grave el cumplimiento de las decisiones judiciales 
dirigidas a evitar la celebración de un referéndum cuya base normativa y convocatoria 
habían sido cautelarmente suspendidas.
A)  Dicha apreciación de la Sala enjuiciadora se apoya en una comprensión del 
delito de sedición expresada en la decisión de condena en los siguientes términos:
a)  Pese a mantener puntos de coincidencia (autoría colectiva y cierta hostilidad 
para obtener los fines perseguidos, en uno y otro caso), los delitos de rebelión y sedición 
han  de  ser  diferenciados  en  atención  al  bien  jurídico  protegido,  a  su  ubicación 
sistemática  en  el  Código  penal  y  a  los  distintos  fines  perseguidos  por  rebeldes  y 
sediciosos. Estos últimos –como en este caso se imputa al recurrente– actúan con la 
intención  de  impedir  u  obstruir  la  legítima  voluntad  legislativa,  gubernativa  o 
jurisdiccional, siendo indiferente a su calificación penal la finalidad última que anima 
dicha conducta obstativa.
b)  Pese a su ubicación sistemática como «delito contra el orden público» (título 
vigésimo segundo, capítulo primero del Código penal) la Sala entiende más correcto, a 
efectos de ordenación, atender en cada caso concreto al interés protegido en cada uno 
de los distintos tipos penales incluidos en dicho título.
c)  La toma en consideración de la gravedad de las penas asociadas al delito de 
sedición y la entidad del interés protegido, que la Sala sitúa en la protección de la paz 
pública, le lleva a concluir que la sedición no alcanza a toda turbación de la paz o 
tranquilidad pública, sino que, puesta en relación con otras figuras dirigidas a proteger el 
orden público, es algo más (un aliud) en cuanto exige conductas activas –alzamiento 
colectivo, vías de hecho o despliegue de resistencia–, que afectan a la colectividad 
interesada en la efectividad de las funciones legislativa, gubernativa o jurisdiccional. Para 
la Sala, la idea de paz pública da cuenta de un bien jurídico que se identifica con el 
interés de la sociedad en la aceptación del marco constitucional, de las leyes y de las 
decisiones de las autoridades legítimas, como presupuesto para el ejercicio y disfrute de 
los derechos fundamentales. En definitiva, la conducta, para ser sediciosa, ha de ser 
apta para poner en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho, para 
derogar de hecho la efectividad de leyes o el cumplimiento de órdenes o resoluciones de 
funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones.
d)  Como actividad delictiva, la sedición se caracteriza por cometerse a través de 
una pluralidad de actos, sucesivos o acumulados. Exige también una pluralidad de 
partícipes con un fin compartido que, en este caso, fue proclamar la independencia del 
territorio de Cataluña, si el resultado del referéndum era favorable a ello. La sedición 
exige como medio comisivo el alzamiento público y tumultuario, con abierta hostilidad,  e.
mediante actos de fuerza o que se realizan fuera de las vías legales. No es preciso que  w.
osceaparoa svcicitoeiólreinzn atao pl,  ocnroo emrmsoaa ssl  íf fiusnena cleiidoxanigdaeem sei enqn uoteotr  ocdsoe nlt inpsooitssat enpm eunana alj euinsrís.d uEicrlro ea, clzccaoiómnnsi etoint utuoidn, oaa  ñapacodtrit eul adla   daSepa lialcaba, ice«iróstnea    2021-1130n https://w
ienfsetcittuivcaio ndees »la.s leyes y la no obstrucción a la efectividad de las decisiones de las  BOE-A-cable e
e)  Se trata de un tipo penal «de resultado cortado», es decir, para su consumación 
el impedimento tipificado no tiene por qué haber sido logrado efectivamente; lo exigible 
es que los actos realizados se dirijan a obtener el resultado que caracteriza el delito. 
Basta que el alzamiento tumultuario busque impedir, obstruir o dificultar en términos tales 
que resulte funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las 
leyes, en la legítima actuación de la autoridad, corporación pública o funcionarios para el 
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales.
La aplicación de los anteriores criterios a los hechos declarados probados, hace a la 
Sala concluir que:
(i)  «La  hostilidad  desplegada  hizo  inviable  el  día  20  de  septiembre  que  los 
funcionarios  dieran  cumplimiento  con  normalidad  a  las  órdenes  del  Juzgado  de 
Instrucción  núm.  13  de  Barcelona,  ocasionando  miedo  real,  no  solamente  en  los 
funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales –es el caso de la letrada 
de la administración de justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia–, sino en los 
funcionarios  autonómicos  bajo  investigación,  que  habían  de  ser  trasladados,  por 
exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban practicando los registros. Se 
trataba de los mismos funcionarios a los que los sediciosos decían querer defender, cuya 
presencia fue efectiva y definitivamente impedida por los acusados que lideraron la 
tumultuaria movilización».
(ii)  «Y  los  comportamientos  del  día  1  de  octubre  implicaron  el  uso  de  fuerza 
suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir 
la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así 
abortar el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia 
de  Cataluña  y  del  Tribunal  Constitucional.  Y  todo  ello  con  una  trascendencia  que 
rebasaba  con  mucho  los  límites  de  una  laxa  interpretación  del  concepto  de  orden 
público,  para  incidir  en  el  núcleo  esencial  de  ese  bien  desde  una  perspectiva 
constitucional. Basta, en efecto, la  lectura del hecho probado, donde se recoge el 
contenido esencial de las leyes 19 y 20 aprobadas por el Parlament en las fechas 
iniciales  de  septiembre  de  2017,  para  comprender  que,  aun  prescindiendo  de  su 
irrelevante  funcionalidad  a  los  fines  del  tipo  de  rebelión,  suponían  un  intento  de 
derogación de la legislación válida vigente, además de una contumaz rebeldía a acatar 
las resoluciones del Tribunal Constitucional».
B)  La consideración del recurrente como autor de un delito de sedición se justifica 
señalando  que  su  actuación,  como  líder  de  la  Asociación  Nacional  Catalana,  «fue 
absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos». Su contribución no 
se limitó al liderazgo en las movilizaciones multitudinarias de los días 20 y 21 de 
septiembre y, si bien fue ajeno al proceso legislativo que culminó con la aprobación de 
las leyes de transitoriedad y referéndum, «su concertación con el resto de los acusados 
es una evidencia». Diversas declaraciones del señor Sànchez y su comportamiento con 
ocasión  de  la  Diada  del  11  de  septiembre  de  2015  y  2017,  las  manifestaciones 
convocadas por ANC el 13 de noviembre de 2015 y 6 de febrero de 2017, y las 
concentraciones de 11 de junio y de 11 de septiembre de 2017, acreditan el apoyo de la 
citada entidad a los planes de los coacusados desde que aquel asumió su presidencia 
en mayo de 2015.
La Sala se detiene después en el protagonismo que mantuvo el recurrente el día 20 
de septiembre en la concentración a las puertas de la Consejería de Vicepresidencia 
Economía y Hacienda, convocada por la asociación que él mismo presidía –ANC–,  e
señalando que «asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del procesado señor  bo
Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo» de dicho  3w
eppreisteonddioió  sideenmdoo sstrua ra cqtiutued  lolas  djeu e«cdeisfi cyu ltamra yg isbtlroaqduoesa rd ela  Cacattuaalucñióan  hjuadbiícaianl »p. eCrdoind oe lllao   2021-1130n https://w
capaTcraidsa dre dceo redjeacr uetasre s uasc ornetseocluimciioennetos .y la predominante participación del recurrente,
destaca que esos hechos, junto con los acaecidos el 21 de septiembre prepararon el
camino para que el 1 de octubre las urnas estuvieran en los centros previstos, y estos 
estuvieran abiertos y protegidos o «custodiados» frente a lo que ya se sabía iba a ser la 
actuación  de  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado.  «Se  trataría  así  de 
demostrar que se podía vencer su resistencia, concebida seguramente ex ante como 
pasiva –lo que ya es actuar fuera de las vías legales o ejercer fuerza–, pero con un 
evidente peligro de que pudiese degenerar en activa, en agresiones no solo verbales, 
sino también físicas».
La decisión de condena concluye señalando que ni las llamadas a la movilización, «a 
la cohesión social en torno al ideal independentista», ni la protesta ciudadana, «ni los 
encendidos discursos en favor de la independencia», actuaciones y actitudes protegidas 
por nuestro sistema constitucional, constituyen el fundamento de su imputación. «El 
juicio de autoría descansa sobre su concertado papel con otros responsables públicos 
para organizar un referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, 
para movilizar a la ciudadanía con el objeto de hacer evidente que la justicia española no 
podía  ejecutar  sus  legítimas  decisiones.  Se  apoya  también  en  las  movilizaciones 
ciudadanas que el día 1 de octubre impidieron con su oposición y fuera de las vías 
legales, que lo ordenado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña pudiera hacerse realidad».
3.3  Referencia a la actividad institucional relevante relacionada con los hechos 
enjuiciados, y a su enjuiciamiento constitucional.
Tanto el programa político a cuyo cumplimiento era funcional la convocatoria de un 
referéndum limitado al territorio de Cataluña, como el compromiso conjunto de llevarlo a 
la  práctica,  fueron  reiteradamente  exteriorizados  en  sede  parlamentaria  durante  la 
legislatura  iniciada  tras  las  elecciones  autonómicas  de  2015.  Así,  la  sentencia 
impugnada  hace  referencia  a  las  siguientes  diez  decisiones  parlamentarias  o 
gubernamentales sometidas a consideración ante este tribunal, que fueron declaradas 
inconstitucionales:
(i)  Resolución 1/XI, de 9 noviembre 2015, sobre el inicio del proceso político en 
Cataluña  como  consecuencia  de  los  resultados  electorales  del  27  de  septiembre 
de 2015. Fue declarada inconstitucional y nula mediante STC 259/2015, de 2 diciembre, 
en la que el tribunal apreció que la resolución parlamentaria anulada, que era el acto 
fundacional del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de 
república, excluía la utilización de los cauces constitucionales para alcanzar tal objetivo.
Tras recordar que sobre los titulares de los cargos públicos recae un cualificado 
deber de acatamiento de la Constitución, que se traduce en el compromiso de realizar 
sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico, se 
reafirma que en el Estado constitucional el principio democrático no puede desvincularse 
de  la  primacía  incondicional  de  la  Constitución,  de  lo  que  es  garante  el  Tribunal 
Constitucional. Se destaca, también, que en nuestro modelo constitucional no cabe 
contraponer  legitimidad  democrática  y  legalidad  constitucional  en  detrimento  de  la 
segunda. La declaración de inconstitucionalidad concluye afirmando que el programa 
político expresado en la Resolución 1/XI vulnera, asimismo, el art. 168 CE, dado que 
«[l]a Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, 
hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia 
autoridad.  Obrando  de  ese  modo,  el  Parlamento  de  Cataluña  socavaría  su  propio 
fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse  s
de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las  oe.
bases  del  Estado  de  Derecho  y  la  norma  que  declara  la  sujeción  de  todos  a  la  3ww.
sCuinmoanp slietnitmaucceeinóptneta  bp(lareer tssvc.í ian 1dd.i1re   dyhe e lc9oh.s1o   pC(rionEcc)eo»dm. impDaieetin btleoess t cado enm  reaelnf oeErrmsat,aa  dtcrooa ntsasort citiudacel i oyns aodlre tesmaeorr,íc ar áeitlniuctdeoin r tdaeor    2021-1130n https://w
Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de
ella o conseguir su ineficacia práctica (FJ 4).
(ii)  Resolución  5/XI,  de  20  de  enero  de  2016,  de  creación  de  comisiones 
parlamentarias, que incluía la de una «comisión de estudio del proceso constituyente». 
El tribunal estimó entonces el incidente de ejecución planteado al apreciar que dicha 
resolución desconocía lo resuelto en la citada STC 259/2015 y contravenía de forma 
clara sus mandatos. En el ATC 141/2016, de 19 de julio, la actividad de la comisión 
creada  fue  declarada  absolutamente  inviable  si  no  se  entendía  condicionada  al 
cumplimiento  de  las  exigencias  de  la  Constitución  y,  singularmente,  de  los 
procedimientos  para  su  reforma.  Se  incluyó  adicionalmente  una  advertencia  a  los 
poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlamento, de su 
deber  de  impedir  o  paralizar  cualquier  iniciativa  que  suponga  ignorar  o  eludir  los 
mandatos en él enunciados.
(iii)  Resolución  263/XI,  de  27  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  aprobaron  las 
conclusiones de la mencionada comisión de estudio del proceso constituyente. Fue 
declarada inconstitucional y nula por ATC 170/2016, de 6 de octubre, al apreciar también 
que desatendía los pronunciamientos derivados de la STC 259/2015, por lo que se 
acordó notificarlo personalmente a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los 
demás  miembros  de  la  mesa  del  Parlamento  y  al  secretario  general,  así  como  al 
presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
con la advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar 
cumplimiento a esta, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o 
material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de dicha 
resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las 
que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este tribunal.
(iv)  Resolución  306/XI,  de  4  de  octubre  de  2016,  sobre  la  orientación  política 
general del Gobierno, en la que se proclamaba un presunto derecho imprescriptible e 
inalienable de Cataluña a la autodeterminación, e instaba al gobierno autonómico «a 
celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde 
en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria». El ATC 24/2017, 
de 14 de febrero, tras recordar que el Parlamento de Cataluña no puede desconocer que 
la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar 
un  referéndum  como  el  proyectado,  declaró  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la 
resolución  parlamentaria  impugnada  al  apreciar,  por  tercera  vez,  que  contravenía 
directamente los pronunciamientos de este tribunal que han sido analizados en los 
epígrafes precedentes. La decisión fue notificada a los miembros de los órganos rectores 
del Parlamento, así como a los del Gobierno autonómico.
Lo  expuesto  no  impidió  la  convocatoria  del  proyectado  referéndum,  previa 
aprobación de su norma reguladora. Lo que dio lugar a nuevos pronunciamientos de este 
tribunal.
(v)  Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la 
Generalitat  de  Cataluña  para  2017  (disposición  adicional  cuadragésima  y  partidas 
presupuestarias «GO 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares», 
«DD 01 D/227.0004/132. Procesos electorales y consultas populares» y «DD 01 D/
227.00157132. Procesos electorales y participación ciudadana» de la citada Ley), que 
fue declarada inconstitucional y nula en los apartados reseñados por la STC 90/2017, 
de  5  de  julio,  al  apreciar  que  se  dirigía  a  dar  cobertura  financiera  a  un  proceso 
referendario que contravenía el orden constitucional, tanto por motivos sustantivos como 
competenciales.
Al  determinar  los  efectos  del  fallo,  mantuvo  la  advertencia  a  autoridades  y  s
funcionarios de la Generalitat de Cataluña «de su deber de impedir o paralizar cualquier  oe.
iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir la suspensión acordada, advertencia esta  w.
eqpnuu ede ielh rfaua t duseruo hp»ao, cnceeorrns ceigr eentxoatredanar s aoivh aoe rlaua d laeirsn   saeuul  tdofaerlibldoea,r d edenes   iqpmuaperte ilcdauisrl  aohr a pmyaarenad lisizauancrte ecd uildaao lqr euoai epliruz ieandcicaióinan t hivdaaec  qeluraleos    2021-1130n https://w
actuaciones allí especificadas.
(vi)  Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada «del 
referéndum  de  autodeterminación»,  que  fue  suspendida  por  este  tribunal  mediante 
providencia del día siguiente, 7 de septiembre, con expresa advertencia a los miembros 
del Gobierno catalán, a la presidenta del Parlamento y a distintos miembros de su 
órgano directivo, otros cargos públicos y suplentes de la sindicatura electoral, del deber 
de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión 
acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la 
preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña 
regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la 
sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los 
medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones con las 
advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento. La 
ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 114/2017, de 17 de octubre.
(vii)  En desarrollo de la Ley 19/2017 se dictaron, inmediatamente, los decretos de la 
Generalitat de Cataluña 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del referéndum 
de  autodeterminación  de  Cataluña,  y  140/2017,  de  7  de  septiembre,  de  normas 
complementarias para su celebración. La vigencia de ambas normas fue suspendida por 
este  tribunal  mediante  providencias  de  7  de  septiembre  de  2017,  que  contenían 
advertencias semejantes a las reseñadas, dirigidas en esta ocasión a quienes integraban 
el Gobierno de la Generalitat. Ambos decretos fueron declarados inconstitucionales y 
nulos por SSTC 121 y 122/2017, de 31 de octubre.
(viii)  Resolución 807/XI, de 7 de septiembre de 2017, por la que se designaron los 
miembros de la sindicatura electoral al amparo de la Ley 19/2017, del referéndum de 
autodeterminación. Esta resolución fue suspendida por providencia de la misma fecha 
del Tribunal Constitucional, y declarada inconstitucional y nula por STC 120/2017, de 31 
de octubre.
(ix)  Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada «de 
transitoriedad  jurídica  y  fundacional  de  la  república»,  que  fue  suspendida  por  este 
tribunal  mediante  providencia  del  día  12  de  septiembre  siguiente,  con  similares 
advertencias. La ley impugnada fue declarada inconstitucional y nula por STC 124/2017, 
de 8 de noviembre.
Resulta  también  oportuno  reseñar  que,  después  de  la  desordenada  jornada  de 
votación, ajeno su recuento a los más esenciales controles de autenticidad, su resultado 
fue proclamado por los responsables del Gobierno autonómico y, tal y como preveían las 
leyes autonómicas suspendidas, dio lugar a una convocatoria del Pleno del Parlamento 
en la que, el 10 de octubre siguiente, compareció quien entonces era presidente de la 
Generalitat y, con invocación explícita de la entonces suspendida Ley 19/2017, dijo 
asumir, presentando los «resultados del referéndum», el «mandato del pueblo» para que 
Cataluña  se  convirtiera  en  «un  Estado  independiente  en  forma  de  república»,  sin 
perjuicio de proponer a la Cámara que se suspendieran «los efectos de la declaración de 
independencia» a fin de iniciar «un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución 
acordada».
Concluida  esta  misma  sesión  parlamentaria,  el  propio  presidente  firmó  en  acto 
público, junto a otros miembros del Gobierno y diputados integrados en los grupos Junts 
pel Sí y CUP-CC, una «Declaración de los representantes de Cataluña» en la que 
figuraban,  entre  otros  pronunciamientos,  los  siguientes:  «Constituimos  la  república 
catalana, como un Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social.  s
Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la  oe.
república»  e  «Iniciamos  el  proceso  constituyente,  democrático,  de  base  ciudadana,  w.
«trlaeng(síxtvi)me rosPsao lr,re  púprlaetirmstieconi,pt aaentnivt eoss u d yse el vspiinuócenub ldlaoen  dt2ee7» C , daettoa doluocñ tuaeb»lr.loe  dseu s2c0r1ito7 , pseo r prloods ujfoir mlaa natdems iscióonm ao   2021-1130n https://w
tdreá mlaitse ,r essoomluectiimonieenst od ean doembinaated ays a «pDroebcalacrióanc iópno r deel  Plolse nroe pdreels ePnatralanmteesn dtoe  dCea Ctaalutañlau»ñ ay,   BOE-A-cable e
«Proceso constituyente». Estas resoluciones, en tanto fue apreciado que plasmaban la 
contumaz voluntad de esa cámara de eludir los procedimientos de reforma constitucional 
para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español y crear un 
«Estado catalán independiente en forma de república», dando inicio al llamado «proceso 
constituyente», fueron declaradas inconstitucionales y nulas mediante ATC 144/2017, 
de 8 de noviembre, con notificación personal a la presidenta del Parlamento de Cataluña 
y presidenta de la diputación permanente, y a los restantes miembros de la mesa de la 
diputación permanente, con requerimiento personal de su deber de impedir o paralizar 
cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada, apercibiéndoles de 
las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir. En 
particular, de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, acuerdo o actuación que permita otorgar valor jurídico alguno 
a la declaración de independencia y, en especial, a las previsiones contenidas en la 
suspendida Ley 20/2017 en orden a la aplicación de un régimen jurídico transitorio, y a 
dar efectividad a las denominadas «comisión de investigación por el 1 de octubre» y 
«comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente», recogidas en las 
dos resoluciones anuladas.
Como es sabido, la reseñada actuación, protagonizada por quienes eran entonces 
cargos públicos autonómicos, en el Gobierno y en el Parlamento, dio lugar a que, 
mediante Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, fueran aprobadas, 
con determinadas modificaciones, las medidas cuya autorización fue solicitada por el 
Gobierno de la Nación al amparo del artículo 155 de la Constitución. Dicho precepto 
constitucional,  según  hemos  declarado,  constituye  una  modalidad  extraordinaria  de 
control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas dirigido a afrontar 
con  poder  de  coerción  los  incumplimientos  constitucionales  extremadamente 
cualificados, que es apta como medida de último recurso del Estado ante una situación 
de  incumplimiento  manifiesto,  contumaz  o  flagrante  de  las  obligaciones 
constitucionalmente impuestas [SSTC 6/1982, de 22 de febrero, FJ 7; 27/1987, de 27 de 
febrero, FJ 9; 49/1988, de 22 de marzo, FJ 31; 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 8; 
41/2016, de 3 de marzo, FJ 16; 185/2016, de 3 de noviembre, FJ 17 a), y 33/2018, de 12 
de abril, FJ 12].
La solicitud de adopción de dichas medidas y el acuerdo del Senado que las autorizó 
fueron sometidas a control de este tribunal en sendos recursos de inconstitucionalidad, 
que dieron lugar a las SSTC 89 y 90/2019, de 2 de julio, que ratificaron su conformidad a 
la Constitución. Este tribunal apreció entonces (STC 89/2019, FJ 6) que las actuaciones 
autonómicas referidas al denominado «proceso de transición nacional» incurrieron en los 
supuestos genéricamente enunciados en el art. 155.1 CE. Sus hitos más inmediatos 
fueron fijados por el Gobierno en la aprobación de las Leyes 19 y 20/2017, de 6 y 8 de 
septiembre, intituladas, respectivamente, «del referéndum de autodeterminación» y «de 
transitoriedad jurídica y fundacional de la república», y en el impulso que el Gobierno de 
la  Generalitat  había  dado  al  pretendido  referéndum,  respaldando  plenamente  su 
desarrollo material el 1 de octubre de 2017.
Resulta oportuno destacar ahora que, al valorar la concurrencia del presupuesto 
habilitante recogido en el art. 155 de la Constitución, apreciamos que se contravino, por 
un lado, el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones, 
cuestionando la fuerza de obligar de la Constitución y del ordenamiento jurídico fundado 
en ella. Concluimos entonces señalando que «se pretendía así la ruptura del orden  s
constitucional, ignorando que una comunidad autónoma no es un ente soberano, sino  oe.
que, por el contrario, está sometido a la Constitución, al estatuto de autonomía y al resto  w.
deevild oAerlnd cerainata ifmidceaie rn ultnao s j gumoríbdeiidecirodn»ao.s  qaudeo phtaad apsro, vsoecñaadloa muonsa  egnr alvae S cTrCis is8 9c/2o0n1st9it uccóiomnoa l,« acnotne  llaa   2021-1130n https://w
pprroocpluagmnaacdiaó nd ed efa cuton)a  m"eredpiaúnbtleic ala  cqautea lasnea "p re(ftiecnticdiíaa  qeune bDraerr elach uon, idpaedr od ea fliarm Naadcai óny   BOE-A-cable e
española constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 
y 2, y 2 CE), no pueden tacharse de excesivas las medidas autorizadas por el Senado 
para el cese y sustitución de quienes, si bien ostentaban aún los títulos respectivos de 
presidente y vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y de miembros de su consejo 
de Gobierno, actuaban como un mero poder de hecho» (STC 89/2019, de 2 de julio, 
FJ 12).
Para el tribunal, con las medidas entonces adoptadas, el Senado hubo de «salir al 
paso, en defensa de la Constitución y del estatuto de autonomía, de la arbitrariedad 
desplegada, con desprecio de toda norma que no sirviera a su propósito, por el Gobierno 
autonómico, socavando su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 
EAC), sustrayéndose de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico». Así, el cese del Govern «se acordó para restaurar el orden constitucional así 
comprometido.  En  concreto,  para  que  los  titulares  de  estos  cargos  públicos  no 
prosiguieran en la perpetración de actuaciones de ese género, sirviéndose para ello, 
como propias, de las instituciones de todos los ciudadanos de Cataluña, ni consumaran 
su propósito último de quebrar el Estado».
En definitiva, cabe concluir que el intento de quebrar la unidad de la Nación española 
constituida en Estado social y democrático de Derecho (arts. 1, apartados 1 y 2, y 2 CE), 
adquiere mayor gravedad porque se produce en un modelo de articulación del poder 
como el reconocido por nuestra Constitución, que, como hemos recordado desde la 
STC 42/2014, de 25 de marzo, ha supuesto el reconocimiento, también de Cataluña, 
como sujeto jurídico, en tanto que nacionalidad histórica. A través del reconocimiento de 
la autonomía es como se promueve en nuestro ordenamiento la conciliación de la unidad 
y la diversidad.
Como hemos recordado en nuestra jurisprudencia, la Constitución no constituye un 
texto jurídico intangible e inmutable. La previsión de la reforma constitucional reconoce y 
encauza  la  aspiración,  plenamente  legítima  en  el  marco  constitucional,  dirigida  a 
conseguir que el poder constituyente constitucionalizado en los arts. 167 y 168 CE revise 
y  modifique  la  norma  fundamental.  Así,  todas  y  cada  una  de  las  determinaciones 
constitucionales son susceptibles de modificación, pero para ello es preciso que «el 
intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de 
reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo 
caso, inexcusable» (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada). Y 
tal y como hemos tenido ocasión de recordar, la apertura de la norma fundamental para 
su revisión formal es plena, y la pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del 
Estado,  las  asambleas  de  las  comunidades  autónomas  (arts.  87.2  y  166  CE; 
STC 42/2014, FFJJ 3 y 4).
4.  Los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y, en conexión, al doble 
grado de jurisdicción penal (art. 24.2 CE).
4.1  Posiciones de las partes.
La primera queja formulada en la demanda de amparo nos obliga a determinar si han 
vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley las decisiones por las 
que  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  asumió,  extendió  y  mantuvo  la 
competencia objetiva para la averiguación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos 
como delictivos en las querellas, presentadas por el Ministerio Fiscal, ante la propia Sala 
y ante la Audiencia Nacional. s
El recurrente sostiene que, atendido el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de  oe.
Cataluña, es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de aquella  3ww.
cfpuouemersau  nndiid eual ndtoe a rsruiottolóorni odo emd leao  slCa e aclteoammluepñneatt.oe Asn fttieírpm picaao rsaq  udeeen lj luadi ecsilaiutorp  lupoeoss rh teael c rqheuobese  lhqióaun es  iolde o sh eaadcniuc ssióiadndo oq a uaterci boluneit dehocasión,    2021-1130n https://w
sido imputadas se materializaron íntegramente en territorio catalán, sin que tampoco
pueda  razonadamente  afirmarse  que  ninguno  de  los  elementos  del  tipo  penal  de
malversación  de  caudales  públicos,  que  no  le  ha  sido  imputado,  pero  sí  ha  sido 
enjuiciado  en  la  misma  causa,  se  desarrollara  fuera  de  Cataluña  pues,  aunque  el 
beneficiario de la malversación no resida en Cataluña, tanto el exceso en el ejercicio de 
facultades de disposición como el perjuicio patrimonial –que son los únicos elementos 
objetivos del tipo penal– se habrían producido de modo inequívoco en territorio catalán. 
De esta manera, afirma que se han creado nuevas reglas competenciales ad hoc y se ha 
recurrido a nuevos criterios jurídicos acuñados para este caso por primera vez en la 
jurisprudencia. Cuestiona también los argumentos judiciales que han llevado a la Sala de 
lo Penal del Tribunal Supremo a afirmar su propia competencia objetiva, tanto los que se 
refieren a la relevancia de la realización fuera de Cataluña de actos ejecutivos no 
necesariamente violentos pero vinculados al elemento tendencial del delito de rebelión 
(proclamar  la  independencia),  como  a  los  relativos  a  la  supuesta  malversación. 
Considera que se apoyan en una interpretación forzada e irrazonable de las normas 
procesales que, además, es contradictoria con anteriores precedentes de la propia Sala, 
que cita, y con la interpretación de la competencia sostenida por el propio Tribunal 
Superior de Justicia en anteriores resoluciones dictadas en otras causas.
El abogado del Estado aboga en favor de la desestimación de la queja. Aduce que 
los  órganos  judiciales  no  han  llevado  a  cabo  una  interpretación  que  suponga  una 
manipulación manifiesta de las reglas legales sobre atribución de competencias, ni que 
hayan incurrido en error patente, irrazonabilidad manifiesta o arbitrariedad. Afirma que el 
demandante no ha cumplido con la carga de criticar fundadamente los argumentos 
dados por el Tribunal Supremo, en cuya virtud la competencia se fija a partir «del relato 
que fluye de las acusaciones y de su cristalización progresiva a lo largo de la instrucción, 
para  atender  al  elemento  territorial  o  geográfico  que  el  art.  57.2  EAC  utiliza  para 
determinar la competencia objetiva». Por ello, la competencia ha sido judicialmente 
determinada mediante un juicio ex ante que versa sobre el contenido de la pretensión 
acusatoria, que no puede verse revertido ni afectado por la decisión final de condena.
En sus alegaciones, el Ministerio Fiscal propone también la desestimación de la 
queja. Con apoyo en la previsión establecida en el art. 57.2 EAC, el relato de hechos y 
los  delitos  atribuidos  al  demandante,  considera  que  la  competencia  se  determinó 
fundadamente atendiendo a dos criterios: la condición de diputados del Parlamento de 
Cataluña de buena parte de los investigados y el elemento geográfico basado en el lugar 
de  comisión  del  hecho.  El  Tribunal  Supremo  afirma  en  ese  momento  su  propia 
competencia  para  la  investigación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  con  base  en  la 
constatación de que la querella contenía un relato fáctico en el que se describe una 
estrategia concertada, dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como 
protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y de movimientos sociales 
ideológicamente afines, cada una de las cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el  espacio  funcional  propio,  y  en  el  que  se  destaca  una  pluralidad  de  acciones 
desarrolladas fuera del territorio estatal que contribuyeron al objetivo perseguido. Tras 
considerar  fundada  la  aplicación,  en  este  caso,  de  la  denominada  «doctrina  de  la 
ubicuidad», según la cual, el delito se comete en cualquiera de los territorios donde se 
realizan algunos de los elementos del tipo, concluye afirmando que «la argumentación 
desplegada tanto en las diversas resoluciones anteriores al juicio oral, como en la 
sentencia, ha sido fuertemente motivada y resulta más que suficientemente razonada y 
razonable, amén de no contradictoria con sus precedentes». En la causa se habría 
hecho  patente  «la  existencia  de  componentes  de  internacionalización  y 
extraterritorialidad respecto de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la necesidad de  s
instruir  y  enjuiciar  conjuntamente  a  aforados  y  no  aforados  para  evitar  decisiones  oe.
contradictorias y la ruptura del relato histórico que podría derivarse de una eventual  w.
dfreasgePmsoetrinm staaucc iipóóannr  tdeíen, lt elhage rrcaeh podr eejusl sertneictcaiaucbrisóleon»  ,dp eerov ciateamsnpadalo rd oce.o l nCp eaolrnltosid i–dote aprmao blíqtiéiucneo–   V«donilxoa  cpisooens etdusel aisn ptdareembnbiddieéa nsd. elal   2021-1130n https://w
imrroatzivoon adbeles aorr oallrabditora rpiao"r  eenl  deel mmaonddoa nates í ucnoan sinidteerrapdreot apcoiórn  e"smtea ntriifbieusntaaml reenstpee cetroró nae ala,   BOE-A-cable e
competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos de la que trae causa el 
presente recurso de amparo» (STC 183/1999, de 11 de octubre). Admite que, aunque en 
este caso pueda ser considerado discutible el ámbito geográfico «cuando no se puede 
decidir la competencia exactamente porque no se conoce el lugar o porque se duda –
como es el caso– debemos acudir a la teoría de la ubicuidad», conforme a la cual, «[e]l 
delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento 
del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las 
actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa» 
(acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 3 de 
febrero de 2005).
Dado que lo que se cuestiona en la demanda es la interpretación que la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo ha hecho de las normas que establecen la competencia para 
la  averiguación  y  enjuiciamiento  de  los  hechos  y  delitos  atribuidos  al  recurrente, 
iniciaremos nuestro análisis exponiendo el razonamiento judicial que justificó la asunción, 
extensión y mantenimiento de su competencia objetiva.
4.2  Respuesta del órgano judicial.
4.2.1  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió y mantuvo su competencia 
objetiva para la averiguación y el enjuiciamiento de los hechos atribuidos al demandante, 
y  al  resto  de  personas  acusadas  en  la  causa,  en  aplicación  de  la  siguiente  base 
normativa:
(i)  El art. 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al cual:
«1.  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
[…]
2.º  De  la  instrucción  y  enjuiciamiento  […]  de  las  causas  que,  en  su  caso, 
determinen los Estatutos de Autonomía».
(ii)  El  art.  57.1  y  2  EAC,  que  establece  el  aforamiento  parlamentario  de  los 
diputados autonómicos:
«1.  Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que 
emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos 
concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.
2.  En las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible 
en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
(iii)  El artículo 17.1 y 2 LECrim, que, al regular el enjuiciamiento de delitos conexos, 
señala:
«1.  Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes 
para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes 
salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. e.e
2.  A  los  efectos  de  la  atribución  de  jurisdicción  y  de  la  distribución  de  la  3ww.
com1p.eº tenLcoisa  csoem ceotnidsoidse praonr  ddoesli too sm cáosn epxeorsso:nas reunidas. 2021-1130n https://w
2.º  Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera
precedido concierto para ello.
3.º  Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
[…]».
(iv)  El artículo 272, párrafos segundo y tercero LECrim, según el cual:
«Si el querellado estuviere sometido, por disposición especial de la ley a determinado 
tribunal, ante este se interpondrá la querella.
Lo mismo se hará cuando fueren varios los querellados por un mismo delito o por 
dos o más conexos y alguno de aquellos estuviere sometido excepcionalmente a un 
tribunal que no fuere el llamado a conocer, por regla general, del delito».
4.2.2  De las decisiones adoptadas a lo largo de la causa se deriva que han sido 
tres los criterios concurrentes tomados en consideración por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo para afirmar su competencia objetiva:
(i)  La prerrogativa de aforamiento especial parlamentario: desde su inicio y durante 
todo el desarrollo de la causa, una o varias de las personas a las que se refería la 
querella,  después  sometidas  a  investigación,  procesadas  o  finalmente  acusadas, 
mantenían la condición de diputados del Parlamento de Cataluña.
En  el  momento  de  ejercer  la  acción  penal,  todos  los  querellados,  menos  uno, 
formaban parte de la diputación permanente del Parlamento de Cataluña –una vez fue 
disuelto por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, de convocatoria de elecciones al 
Parlamento de Cataluña y de su disolución–. Como se desprende de los antecedentes 
que se recogen en las SSTC 4/2020, 9/2020, 11/2020, 23/2020, 36/2020, 38/2020, 
97/2020, 193/2020 y 194/2020, poco después, una vez acumuladas ya las causas por 
conexidad, otras personas coencausadas –entre ellas, el recurrente– fueron elegidas 
para integrar el parlamento constituido tras las elecciones autonómicas celebradas el 21 
de diciembre de 2017. E iniciado ya el juicio oral ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo en febrero de 2019, tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril 
de 2019, el recurrente y otros acusados pasaron a integrarse como diputados o senador 
en las Cortes Generales (art. 57.2 EAC). Otros, en fin, concurrieron y fueron elegidos 
diputados del Parlamento Europeo tras las elecciones desarrolladas con tal fin el 26 de 
mayo de 2019, adquiriendo así las prerrogativas que les reconoce el Protocolo sobre los 
privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
(ii)  La  ubicación  geográfica  de  los  hechos  imputados:  como  veremos  a 
continuación, el relato fáctico que dio sustento a la querella inicial y a los escritos de 
acusación formulados afirmaba, en cada caso, la realización de algunos hechos típicos 
fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana (art. 57.2 EAC).
(iii)  La apreciación de conexidad procesal entre los delitos investigados en las 
diversas causas acumuladas: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideró que los 
hechos investigados en las actuaciones penales dirigidas contra varios acusados no 
aforados eran plenamente coincidentes con los de aquellas otras causas que se seguían 
contra los que sí tenían reconocida la prerrogativa parlamentaria de aforamiento ante la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (arts. 17.1 y 2, y 272 LECrim), de manera que los 
delitos a que se referían eran procesalmente conexos.
Así se describe en las diversas resoluciones que, sobre la propia competencia, han 
sido dictadas en el desarrollo de la causa. Son paradigmáticos en este sentido el auto 
de 31 de octubre de 2017 (ratificado en súplica) por el que la querella fue admitida a 
trámite, y el auto de 27 de diciembre de 2018 por el que la sala de enjuiciamiento  e.e
desestimó las peticiones de declinatoria de jurisdicción planteadas como artículo de  b
dperelivt4oio.s2  p.d2reo.1 nr eubnLecaliia ódmne,ic esinsetidoói ncp ioóinrn icl oyias ml  adaceluv seaardsdmaocsisi ói(óannr dt .ae 6  6ctra6áu.m1d iaLtelEe Csd erpi múlab) .liqcuoesr (ealluat,o f odrem Sualalad ad ep o3r1  ldoes   2021-11303n https://ww
hoectcuhborse  idmep u2t0a1d7o)s,  ijduestniftiicfiac alnad oa seunn cpiórinm edre  lucgoamrp elat eynac iac itpaadraa  nlao rmavae rdigeuliamciitóand odrae  dloesl 
aforamiento (art. 57.2 EAC) y aquella otra que permite afirmar que todos los querellados,
menos uno, mantenían en ese momento su condición parlamentaria por formar parte de 
la diputación permanente de la entonces disuelta asamblea legislativa catalana [art. 24 d) 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña].
A continuación, la sala explica que la regla de aforamiento no atiende únicamente a 
la condición parlamentaria de los inicialmente investigados (condición que nunca ha sido 
cuestionada), sino que, para determinar el juez competente, la norma obliga también a 
tomar  en  consideración  un  elemento  geográfico  –el  lugar  de  comisión  del  hecho 
presentado como ilícito–, a tenor del cual será competente el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en función de que los 
hechos atribuidos tengan lugar en el territorio de la comunidad autónoma o fuera de él.
Para determinar esta última circunstancia, sin afirmar su realidad o la existencia de 
indicios que la avalen, la sala atiende al relato de hechos supuestamente delictivos que 
se afirman en la querella. Y en su examen constata que, en el apartado 29 de los 
hechos, descritos bajo el enunciado «Aspectos internacionales de la declaración de 
independencia de Cataluña», el Ministerio Fiscal sitúa la ejecución de parte de los 
hechos imputados fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.
Así, en la querella afirma el fiscal que, en su fase preparatoria, el Gobierno de la 
Generalitat, decidido a promover y celebrar unilateralmente una consulta a modo de 
referéndum, desarrolló una campaña internacional de imagen, dirigida a justificar la 
necesidad de intercesión de la comunidad internacional en su propósito secesionista. 
Con este fin, en enero de 2016, constituyó un departamento de asuntos exteriores, 
relaciones internacionales y transparencia, atribuyendo en él un papel relevante a las 
delegaciones  en  el  exterior,  cuya  partida  presupuestaria  fue  incrementada  en  más 
del 100 por 100 con el fin de preparar el proceso constituyente de la república catalana. 
Centra  también  su  imputación  en  el  Consejo  de  Diplomacia  Pública  de  Cataluña 
(Diplocat), a quien correspondía la labor de lobby internacional realizando actividades de 
difusión de la pretensión de independencia (foros, visitas organizadas, información en 
Internet, formación de activistas como observadores en procesos electorales o diversos 
contratos con organizaciones de los países donde radican las sedes en el exterior para 
promover y favorecer la pretensión de independencia). Entre los hechos realizados en el 
exterior, se incluyen en la querella las páginas web internacionales creadas desde el 
Gobierno de la Generalitat para informar y facilitar la participación en la consulta ilegal 
promovida;  sitios  web  que,  tras  ser  clausurados  judicialmente  otros  radicados  en 
España, se localizaron en terceros países para eludir el control de las autoridades 
españolas. A las delegaciones en el exterior se les otorga en la querella un papel 
trascendental en el transcurso de la consulta sobre la independencia que se intentó 
celebrar  el  1  de  octubre  de  2017:  facilitaron  el  voto  de  los  ciudadanos  catalanes 
residentes en el exterior, crearon un registro y modelos impresos, recogían y custodiaban 
las  papeletas  de  los  ciudadanos  que  decidían  participar  y  realizaron  también  su 
escrutinio. Se refiere también a la participación de diversos voluntarios observadores en 
el desarrollo de la consulta del 1 de octubre, asistencia que considera fruto de la 
actuación de Diplocat. A los expuestos se añaden en el relato de la querella otros 
aspectos  denominados  como  «efectos  internacionales»  de  la  actuación  imputada, 
aunque la ala de admisión, al asumir la competencia, ya determinó como premisa que 
«no cabe confundir el resultado del delito con los efectos del delito, por más que estos 
puedan implicar, por su propia naturaleza, la destrucción del Estado de Derecho».
Considera el fiscal que la celebración de una consulta, a modo de referéndum, 
constituía el elemento central del delito de rebelión imputado a las personas querelladas.  s
A partir de esta constatación, la Sala aclara que, conforme a criterios ya establecidos por  oe.
el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los hechos imputados se  w.
edeneje l clPausltea qnnuo ee nn os e dj uivhreaisrydsaoic srce iloaunlgiazaalr eddsoe,   alaelg l Súdanel laiet olde ems eleo ne Ptnoet inedaneldl) ,et ip pcooo rm( laoec tuqideuored  eolan  d cteoo md3a pdsee tl eafnesc bjiruaer riosobd jdiecetci vi2oa0n 0es5es    2021-1130n https://w
alatsri baucytuea acli ojuneezs  dpero ccueaslaqlueise rdair idgeid laass  aju lrais idnisctcruiocnceiósn t edreri tloar ciaaleuss aq.ue primero haya iniciado  BOE-A-cable e
Concluye la resolución señalando que «el relato que sirve de soporte fáctico a la 
querella  entablada  por  el  Ministerio  Fiscal  […]  parte  de  la  base  de  una  estrategia 
concertada dirigida a declarar la independencia, que habría tenido como protagonistas a 
autoridades  gubernamentales,  parlamentarias  y  de  movimientos  sociales 
ideológicamente afines, cada uno de los cuales habría contribuido a ese objetivo desde 
el espacio funcional que le es propio. La existencia de una actuación ejecutada fuera de 
España, tendencialmente dirigida a hacer realidad el designio independentista, permite 
tener por colmada, […] a los exclusivos efectos de determinar la competencia objetiva, la 
referencia geográfica a la que el art. 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña asocia 
la  competencia  de  esta  Sala.  El  carácter  plurisubjetivo  del  delito  de  rebelión  hace 
perfectamente explicable, a la hora de valorar la verdadera entidad de cada una de las 
aportaciones individuales, un reparto de cometidos en el que la coincidencia en la 
finalidad que anima la acción –la declaración de independencia de Cataluña– tolera 
contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en 
diferentes puntos geográficos».
La decisión de asumir la competencia objetiva para la investigación de los hechos 
objeto de querella indica, finalmente, que «será la instrucción la que ponga de manifiesto 
la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio 
Fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos 
jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí 
van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
4.2.2.2  Siguiendo  este  último  criterio  de  conexidad  procesal  entre  los  delitos 
investigados, el magistrado instructor acordó mediante auto de 24 de noviembre de 2017 
la  extensión  subjetiva  del  ámbito  de  investigación  a  otras  personas,  entonces  no 
aforadas. Concretamente, al presidente de la asociación Òmnium Cultural y al recurrente 
que,  por  aquellas  fechas,  era  el  presidente  de  la  asociación  Asamblea  Nacional 
Catalana. Y la extendió también a quienes habían sido miembros del Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en la legislatura anterior, ya disuelta. Poco tiempo después, por 
medio de auto de 22 de diciembre de 2017, la investigación se amplió «a los presidentes 
y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de 
Cataluña».
La extensión de la competencia del Tribunal Supremo a los nuevos investigados no 
aforados  se  justificó  valorando  que  existía  plena  coincidencia  entre  los  hechos 
denunciados en las diversas actuaciones penales ya iniciadas; se apreció, además, la 
eventual existencia de «una estrategia concertada dirigida a declarar la independencia, 
que habría tenido como protagonistas a autoridades gubernamentales, parlamentarias y 
de  movimientos  sociales  ideológicamente  afines,  cada  uno  de  los  cuales  habría 
contribuido a ese objetivo desde el espacio funcional que le es propio».
El instructor apreció que los hechos atribuidos a las personas no aforadas mantenían 
una conexión material inescindible con la conducta imputada a las personas cuyo estatus 
parlamentario les reconocía aforamiento (art. 57.2 EAC). Añadió que la unificación de las 
actuaciones  en  una  sola  causa,  ante  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Supremo,  venía 
justificada por una finalidad funcional «concretada en la facilitación de la tramitación y en 
resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento, lo que se 
manifiesta singularmente en todos aquellos casos en los que el objeto del proceso se 
configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de partícipes, supuestos estos, 
específicamente contemplados en los números 1 y 2 del artículo 17 de la LECrim».
Concluyó su razonamiento señalando que «aunque es evidente que la intervención  s
de los distintos actuantes ha tenido una sustantividad material propia, lo que marca la  oe.
necesidad del enjuiciamiento conjunto es que no pueda alcanzarse un pronunciamiento  w.
sapofoebrc rateaq  eunle eolclboejses tayor  ieadlme cl eupnartodecr oea s dloae   sciin ontmeon psceeiot eannnecasia liqz uya enq  ulieneste  vigniersanplemir aeebnxatpe.r  eUlasnsaa ma acetgnurtauecp ipaorcneieóvsins  tdpaer oseacner rnsoaulllea sqdtuaroes    2021-1130n https://w
ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECrim».
4.2.2.3  A su vez, mediante auto de 27 de diciembre de 2018, una vez ratificada la 
conclusión del sumario, declarada la apertura del juicio oral y formulados los escritos de 
acusación,  al  desestimar  las  diversas  peticiones  de  declinatoria  de  jurisdicción 
planteadas por las defensas, la sala de enjuiciamiento se remitió a los criterios expuestos 
en los anteriores pronunciamientos dictados en la fase de instrucción, aplicándolos ahora 
a los hechos imputados en los escritos de calificación provisional.
De nuevo, como presupuesto metodológico, destacó la Sala que aquellas decisiones 
se adoptaron a partir de los elementos fácticos que sirvieron de soporte al Ministerio 
Fiscal para justificar el ejercicio de la acción penal. Añadió que en nuestro sistema 
procesal «el objeto del proceso penal es de cristalización progresiva», pues se dibuja de 
una forma incipiente con la denuncia o querella y se va perfilando conforme avanzan las 
investigaciones; considera también que «el auto de procesamiento permite al instructor 
proclamar, también en el plano indiciario, los elementos fácticos sobre los que ha de 
apoyarse la competencia del tribunal». Para la Sala, «ese objeto queda provisionalmente 
fijado en las conclusiones y con esa provisionalidad se inician los debates del juicio 
oral». Por ello, «el momento procesal en el que se encuentra la causa –tramitación de 
los artículos de previo pronunciamiento– define un marco procesal renovado que exige 
del órgano de enjuiciamiento ponderar si los presupuestos sobre los que descansa 
nuestra competencia siguen presentes o si, por el contrario, aconsejan su reexamen». 
Continúa la Sala señalando que tal reexamen, una vez las acusaciones pública y popular 
han presentado sus conclusiones provisionales, ha de realizarse exclusivamente a partir 
de  la  afirmación  fáctica  que  les  sirve  de  sustento.  De  esta  forma,  lo  que  permite 
determinar el órgano de enjuiciamiento es el contenido de la pretensión acusatoria, pues 
incorpora al proceso el relato fáctico que va a ser su objeto de análisis y asocia a dicho 
relato la calificación jurídica pretendida y la pena imponible, para el caso de que los 
hechos que son presupuesto de la acusación resulten acreditados en el plenario.
En tal medida, la Sala constata en su resolución que tanto la acusación del Ministerio 
Fiscal y de la acción popular por delito de rebelión, como el relato fáctico sobre el que se 
construye la acusación por el delito de malversación de caudales públicos (que no se 
imputa  al  demandante),  incorpora  hechos  que  desbordan  el  límite  territorial  de  la 
comunidad autónoma catalana (apartado 3.1 del fundamento de Derecho tercero), sin 
que sea relevante que el auto de procesamiento no se refiriera provisionalmente a 
hechos realizados fuera de España, pues el relato fáctico del auto de procesamiento no 
cierra  la  posibilidad  de  acusación  por  hechos  que,  sin  ser  extravagantes  a  él,  se 
encuentren en estrecha conexión con dicho relato.
Sucintamente expuestos, tal y como se recogen en los escritos de calificación, los 
hechos objeto de acusación realizados fuera de Cataluña fueron los siguientes: las 
concretas iniciativas de búsqueda de la legitimación internacional mediante la creación 
de estructuras de Estado, incluidas las de acción exterior, dirigidas a preparar, financiar y 
legitimar la celebración del referéndum, con financiación de actuaciones realizadas fuera 
de  España,  incluido  un  contrato  dirigido  a  «internacionalizar»  la  consulta,  para  la 
inserción  publicitaria  de  una  conferencia  sobre  la  consulta  en  diversos  medios 
internacionales de prensa escrita; todas estas actuaciones estaban al servicio de la 
pretensión independentista; se hace de nuevo referencia a la creación del departamento 
de asuntos exteriores de la Generalitat, al incremento de las delegaciones exteriores en 
países europeos, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y a la realización de una 
campaña internacional de imagen, protagonizada por Diplocat, consorcio público-privado 
que  actuaría  en  completa  vinculación  con  el  Gobierno  catalán,  a  modo  de  cuerpo  s
diplomático, que firmó contratos fuera de España con mediadores y consultores que  oe.
facilitarían encuentros que se consideraban útiles para promover la aceptación de la  w.
Crineutaelltriuznraaaccl;iió onns ead leeisnl  crdleuifryeiegr éidntaadsmu mbai é; lnae  nli ant taerlreensfea rcaeicontncivaiaidli zaaad ceilsóa n t cadrmeeabl ciépiónron ch eaysb ormí aai nncdtoeeanpdiemynuidevenantdotio s tdaÒe; m ewnneiu bmesl    2021-1130n https://w
ccoonnjturanttaoc idóen  ayc tfiivniadnacdieasc iódnir igdied aesx pae ertsoes  my isombsoe rfvina dsoer eins cilnutyeernn apcoiorn laalse sa cpuasraac idoanre su nlaa   BOE-A-cable e
apariencia  de  normalidad  a  la  pretendida  votación.  Según  estas  acusaciones,  las 
conductas descritas, además de cooperar en el ilegal designio independentista unilateral 
(que calificaron como delito de rebelión), serían constitutivas de otro de malversación de 
caudales públicos.
La Sala concluyó señalando que «la competencia de esta Sala para el enjuiciamiento 
de los hechos que son objeto de acusación fluye del propio relato que ofrecen el fiscal, la 
abogacía del Estado y la acción popular para justificar la imputación de sendos delitos de 
rebelión y malversación de caudales públicos. Los arts. 57.2 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, y 73.3 a) LOPJ, no admiten otro desenlace cuando los hechos se sitúan por 
las acusaciones fuera del ámbito de la comunidad autónoma catalana». La conclusión 
toma en consideración la denominada «doctrina de la ubicuidad», según la cual el delito 
se comete en cualquiera de los territorios donde se realizan algunos de los elementos 
del tipo objetivo y subjetivo del delito, por lo que «la atribución por el fiscal a algunos de 
los procesados de actos ejecutivos, no necesariamente violentos pero vinculados al 
elemento tendencial del delito por el que se formula acusación (cfr. art. 472.5 [CP]), 
justifica la aplicación del art. 57.2 del Estatuto de Autonomía que señala a esta Sala 
como el órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de hechos ejecutados 
fuera del territorio de la comunidad autónoma».
Para  la  Sala  no  obsta  a  lo  expuesto  que,  al  igual  que  la  de  Cataluña,  otras 
comunidades autónomas cuenten con delegaciones en el exterior, pues lo relevante no 
es  su  existencia,  sino  la  acusación  de  que  fueron  puestas  al  servicio  de  fines 
secesionistas. Rechaza también que se pueda cuestionar que el resultado de los delitos 
de malversación por los que se formula acusación se haya producido fuera del ámbito 
territorial catalán, dado el principio de unidad patrimonial que inspira la regulación del 
patrimonio  de  las  administraciones  públicas.  Y  al  analizar  específicamente  la 
jurisprudencia previa que le fue alegada como término de comparación, concluye que, 
debido  a  los  delitos  investigados  en  aquellos  precedentes,  se  trata  de  supuestos 
objetivamente  distintos,  por  lo  que  la  asunción  de  competencia  cuestionada  no 
contradice las resoluciones a que se refieren las defensas de los acusados (autos de la 
Sala de lo Penal de 12 de noviembre de 2014 y 26 de abril de 2006). Tampoco considera 
término de comparación suficiente el contenido de los pronunciamientos previos de otros 
tribunales –singularmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– pues su criterio 
razonado de decisión no queda vinculado por los que hayan utilizado otros órganos 
judiciales al abordar las causas que a ellos se les han planteado.
Por último, atendiendo objetivamente a la naturaleza y estructura de algunos de los 
delitos imputados, la Sala argumenta en favor de la inescindibilidad de los hechos 
sometidos  a  valoración  judicial,  circunstancia  que  aconseja  y  justifica  que  sean 
enjuiciados conjuntamente los acusados aforados y otros que no disponen de dicha 
prerrogativa parlamentaria. En tal sentido, se añade que «[…] la estructura de los tipos 
por los que se formula acusación es incompatible con un enjuiciamiento separado por 
órganos jurisdiccionales diferentes. La inescindibilidad del hecho –tal y como se describe 
por el fiscal– sugiere evitar la artificial fragmentación del objeto del proceso, dificultando 
sobremanera el enjuiciamiento de los hechos que se califican como constitutivos de 
delitos de rebelión y malversación que, en su configuración legal, se presentan como un 
único tipo agravado (cfr. arts. 472 y 473.2 CP)».
4.2.2.4  Estos mismos criterios fueron expuestos en la sentencia condenatoria al 
justificar la desestimación de las cuestiones previas planteadas por algunos acusados 
[FJ A) 4]. En ellas, alegando de nuevo la vulneración del derecho al juez predeterminado  s
por la ley, discutieron la competencia de la sala de enjuiciamiento. Con remisión a los  oe.
autos  ya  reseñados,  la  Sala  complementó  la  decisión  de  mantenimiento  de  su  w.
cfrueonbmdepalieómtnee nyn ctsoiae d ddeiec li aóe nnd,jo uqcicutrieain mcao iednnest toliat ua uyrebg iucumuni edenaletdam;n sedonobt odre ed  liaffoe rnrmeantauc rmiaaládesoz rae d xcetoe llneasc aati cvsuaos bdarece i lóolans   vfdoigermelitnoucslai add eay    2021-1130n https://w
ceonm epsatara cciaóuns; aa cferercnate d ae  llao sin perseccineddiebnilitdeasd a dleeg laad coasu psao r elna sr edlaecfieónns acos nc loam aoc utséarmciiónno  pdoer   BOE-A-cable e
delito de rebelión y de malversación de caudales públicos, dada la conexión material o 
instrumental  de  los  hechos  y  delitos  imputados;  y  en  relación  con  el  carácter  no 
vinculante que la jurisprudencia de un tribunal superior de justicia tiene para el Tribunal 
Supremo.
4.3.  Doctrina jurisprudencial.
La cuestión planteada es sustancialmente idéntica a la analizada por el Pleno en la 
reciente  STC  34/2021,  de  17  de  febrero,  relativa  a  otra  coacusada  que  ha  sido 
condenada en la misma causa penal; en tal medida, la doctrina constitucional que a 
continuación se resume es en todo coincidente con la expuesta al fundamentar dicha 
resolución.
a)  El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley es una 
consecuencia necesaria del principio de división de poderes. En favor de todos los 
ciudadanos, está reconocido en el art. 24.2 CE y se proyecta tanto sobre el órgano 
judicial,  como  sobre  sus  integrantes.  Desde  sus  primeros  pronunciamientos 
(STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2), este tribunal ha tenido ocasión de determinar tanto 
el fundamento como el contenido del derecho alegado.
A tenor de dicha doctrina, hemos reiterado que su contenido exige, en primer lugar, 
que el órgano judicial al que se atribuye un asunto litigioso haya sido creado previamente 
por la norma jurídica, que esta le haya investido de jurisdicción y competencia con 
anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen 
orgánico  y  procesal  no  permita  calificarle  de  órgano  especial  o  excepcional.  La 
generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza 
la inexistencia de jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar 
garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la 
aplicación  de  las  reglas  competenciales  establecidas  en  las  leyes,  no  podrá  ser 
desposeído  de  su  conocimiento  en  virtud  de  decisiones  tomadas  por  órganos 
gubernativos (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4, y 199/1987, de 16 de diciembre, 
FJ 8).
En  segundo  término,  en  relación  con  quienes  lo  integran,  el  derecho  alegado 
garantiza también que la composición del órgano judicial venga determinada por la ley y, 
además, que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido 
para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente 
(SSTC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, y 93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). La garantía no 
sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran 
designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, 
van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de 
adoptarse.
A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función 
judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales, 
lo que, como analizaremos más adelante, constituye el interés directo protegido por el 
derecho  al  juez  ordinario  legalmente  predeterminado,  proclamado  también 
expresamente, aunque con distinta dicción, en el art. 14.1 del Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de 
los  derechos  humanos  y  de  las  libertades  fundamentales,  como  analizaremos  más 
adelante.
Dados los términos del debate que se plantea en la demanda, en tanto se cuestiona  s
únicamente  la  competencia  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo  para  la  oe.
investigación y enjuiciamiento de los hechos atribuidos, entre otros, al demandante,  3ww.
pgreaesrnuael tracao l onppoorceretvrui and oe q ruueenc  oaardstrauibrn utqoyu eee  xlaiagu enc qosumieemp leapt reedn ecutieanr,am  loianp aejcuriaóricnsip ódrnue dld eóenr gcsiauanb osd uejnu cdeiiócsnitae l e cntro ibmlaup nneaotle rmnhtaea    2021-1130n https://w
establecido, también desde sus primeras resoluciones, que la previsión contenida en el
art.  24.2  CE  no  va  encaminada  a  dilucidar  en  una  instancia  final  cuestiones  de
competencia o conflictos jurisdiccionales (STC 49/1983, de 1 de junio, FJ 8). No le 
corresponde a este tribunal decidir en amparo simples cuestiones de competencia entre 
órganos que pertenecen todos a la jurisdicción ordinaria, ya que la manera en que se 
apliquen los criterios legales de delimitación de competencias entre ellos no es materia 
que, por sí sola, sea objeto del derecho fundamental reconocido por el art. 24.2 CE 
(SSTC 43/1985, de 22 de marzo, FJ 2, y 93/1988, antes citada).
En tal medida, hemos reiterado que «no cabe confundir el contenido del derecho al 
juez  ordinario  predeterminado  por  la  ley  con  el  derecho  a  que  las  normas  sobre 
distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un 
determinado sentido». La atribución que el art. 117.3 CE lleva a cabo en favor de 
juzgados y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, supone 
que «la interpretación de las normas que regulan la competencia, y, por consiguiente, la 
determinación de cuál sea el órgano competente, es cuestión que corresponde en 
exclusiva a los propios tribunales de la jurisdicción ordinaria y los criterios de aplicación 
de  la  delimitación  de  competencias  entre  distintos  órganos  jurisdiccionales  no 
constituyen  por  sí  solos  materia  que  sea  objeto  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley» (STC 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, con cita de otras 
anteriores).
En este aspecto, hemos reconocido que el derecho al juez predeterminado por la ley 
puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida e injustificadamente 
de aquel al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las 
reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad. Con el fin de evitar 
tan indeseado efecto, aunque no corresponde al Tribunal Constitucional juzgar el acierto 
o desacierto del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma 
aplicable, sí le compete revisar en su análisis que la interpretación y aplicación de las 
normas de competencia realizadas por el órgano jurisdiccional ordinario sean fundadas 
en  Derecho;  esto  es,  no  resulten  arbitrarias,  manifiestamente  irrazonables  o 
consecuencia de un error patente de hecho (ATC 262/1994, de 3 de octubre, FJ 1, y 
STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 4), pues si así fuera, el efecto de tan improcedente 
aplicación de la norma desconocería el monopolio legislativo en la determinación previa 
del órgano judicial que ha de conocer del caso.
b)  Dado que forman parte de una cultura europea común, los criterios que definen 
la doctrina de este tribunal sobre la necesidad de predeterminación legal de los órganos 
judiciales, de quienes han de integrarlos y de la competencia que les corresponde, son 
semejantes  a  los  que,  desde  sus  primeras  resoluciones,  se  desprenden  de  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  La  semejanza  no  se 
extiende solo a la definición del contenido del derecho y a su fundamento, sino también 
al criterio de análisis utilizado para abordar las quejas que en esta materia le han sido 
presentadas.
De acuerdo con lo establecido en el art. 6.1 CEDH: «Toda persona tiene derecho a 
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un 
tribunal independiente e imparcial, establecido por ley». El tribunal europeo ha señalado 
que esta última expresión es reflejo del principio del Estado de Derecho, dado que un 
órgano  judicial  no  establecido  conforme  a  la  voluntad  del  legislador  carecería 
necesariamente de la legitimidad requerida en una sociedad democrática para oír la 
causa de un particular. La exigencia de previsión legal se extiende tanto al órgano mismo 
como a sus integrantes y, en tal medida, abarca la interpretación y aplicación de las  s
normas  relativas  a  los  mandatos,  las  incompatibilidades  y  la  recusación  de  los  oe.
magistrados (SSTEDH de 22 febrero de 1996, asunto Bulut c. Austria, § 29; de 22 de  w.
LjuanvioeE nndt se o c2t.r0 oL0se0 t,o panrosiaun)nu.tnoc iCamoëiemneto ys  o(tsroesn tce.n Bciéal gdicea , 5y  ddee  2o8c dtueb rneo vdieem  b2r0e1 0d,e  a2s0u0n2t,o a sDuMntDo   2021-1130n https://w
lGa RlOeyU»P , tAie.nSe.  c.p Eors loovbajeqtuoi a)a, seel gtruibraurn a«l qhuae  eslata bolergcaidnoiz qauceió nla  ejuxdpirceiasli óne n« eusntaab lescoicdioe dpaodr   BOE-A-cable e
democrática  no  dependa  de  la  discrecionalidad  del  poder  ejecutivo,  sino  que  esté 
regulada por la ley emanada del Parlamento» (asunto Zand c. Austria, informe de la 
Comisión de 12 de octubre de 1978). Incluso cuando existe una previsión legal expresa, 
la organización del sistema judicial no puede quedar a la valoración discrecional de las 
autoridades judiciales. Lo dicho no significa que los tribunales no tengan cierta libertad 
para interpretar la legislación nacional relevante (SSTEDH de 22 de junio de 2000, 
asunto Coëme y otros c. Bélgica, antes citado, § 98, y de 28 de abril de 2009, asunto 
Savino y otros c. Italia). Aunque corresponde en primer lugar a los tribunales nacionales 
la interpretación de las normas reguladoras, su incumplimiento conlleva, en principio, la 
violación del artículo 6.1 CEDH cuando se constate una violación flagrante de dichas 
previsiones, no con razón de una mera discrepancia de interpretación de las normas 
sobre competencia (sentencia de 28 de noviembre de 2002, asunto Lavents c. Letonia).
Al respecto, la Corte ha recordado que el artículo 6 CEDH no concede al imputado el 
derecho a elegir la jurisdicción que le juzgará, por lo que, en protección del derecho 
analizado,  la  tarea  que  le  corresponde  se  limita  a  examinar  si  existían  motivos 
razonables  (no  arbitrarios)  que,  conforme  a  la  previsión  legal,  justificaran  que  las 
autoridades del Estado se declarasen competentes para conocer del asunto (sentencia 
de 12 de julio de 2007, asunto Jorgic c. Alemania, § 64 a 72; referida al enjuiciamiento 
por actos de genocidio cometidos fuera de Alemania).
4.4  Resolución de la queja.
4.4.1  El análisis de la queja planteada por el demandante, que fue acusado por 
delitos de rebelión, sedición y organización criminal, pero condenado exclusivamente por 
un  delito  de  sedición,  exige  poner  de  relieve  dos  momentos  diferenciados  en  el 
desarrollo de la causa; ambos están relacionados con la adquisición por el demandante 
de la condición de diputado autonómico catalán en las elecciones del 21 de diciembre 
de 2017:
(i)  En  un  primer  momento  procesal,  el  señor  Sànchez  i  Picanyol  no  tenía  la 
condición de aforado. No la tenía cuando, el 27 de septiembre de 2017, fue denunciado 
como supuesto autor de un delito de sedición ante la Audiencia Nacional (lo que dio 
lugar a las diligencias previas núm. 82-2017, seguidas ante el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3). Tampoco cuando, mediante auto de 24 de noviembre de 2017, el 
magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por apreciar identidad 
en  los  hechos  denunciados,  reclamó  a  dicho  juzgado  la  remisión  de  aquellas 
actuaciones, para su acumulación procesal a la causa especial núm. 20907-2017.
(ii)  Sin embargo, pocas semanas después, desde que en el mes de enero de 2018 
adquirió la condición de diputado del Parlamento de Cataluña como consecuencia de las 
elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2017, el demandante mantuvo reconocido 
tal fuero especial (art. 57 EAC) hasta que, en mayo de 2019, iniciadas ya las sesiones 
del juicio oral desde febrero de 2019, adquirió la condición de diputado de las Cortes 
Generales, tras resultar elegido en las elecciones generales celebradas el 21 de abril 
de 2019; condición esta última que lleva también aparejada, ex art. 71.3 CE, la condición 
de aforado. Aunque en la sentencia condenatoria se alude adicionalmente a esta última 
circunstancia para rechazar la alegada vulneración del derecho al juez predeterminado 
por la ley, sin embargo, no fue tomada en consideración por la Sala al rechazar la 
declinatoria de jurisdicción pues, entonces, el demandante mantenía la condición de 
diputado autonómico de Cataluña. s
La secuencia temporal expuesta permite distinguir dos motivos nucleares en la queja  w.
uqinnuteaer  pdrpeeantrautceni,có inae  dlla e  dvluealmsn eanrnoadrcmaiónantse  d perclo ucdeeessrteaioclenhsao   qaucl eoju mleleozv  oaarrdorbinni taraarli romia p,a rgeifdsoterrztaeadrdoma i innasetd roui crprtaoozrr o alna a albeclyoe.r  dDalear    2021-1130n https://w
lcao naecuxomsu llaocsi ódne lditeo sc aquusea ss ep odre cnounnsciidaebraanr  ccooimncoid ceonmteest ildooss h. eEcnh osse ginuvnedsoti gtéardmosin oe,n  cealllaifsic ay   BOE-A-cable e
también como arbitraria la apreciación de que parte de los hechos imputados como 
delictivos, también incluidos en el sustrato fáctico de los escritos de acusación, hubieran 
tenido lugar fuera de Cataluña. En tal medida, el demandante entiende que, conforme al 
art. 57.2 EAC, las actuaciones penales que han dado lugar a su condena debieron 
seguirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo.
A partir de la concreta vertiente del derecho fundamental alegado por el demandante 
y la doctrina jurisprudencial que sobre su contenido ha sido expuesta en el anterior 
subepígrafe primero, la cuestión que hemos de resolver se concreta en determinar si las 
resoluciones judiciales por las que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la 
competencia para la investigación de los hechos atribuidos en la querella, la extendió a 
los no aforados por razones de conexidad procesal e inescindibilidad de la causa, y 
después, la mantuvo para el enjuiciamiento de los hechos que dieron sustento a la 
pretensión acusatoria, se apoyan en razonamientos arbitrarios, irrazonables o basados 
en un error fáctico patente que deriva de las actuaciones. Solo en este caso presentará 
relieve  constitucional  la  discrepancia  expresada  por  el  demandante,  más  allá  de 
exteriorizar una diferencia razonada de criterio con la interpretación judicial de la ley 
procesal aplicable.
4.4.2  Dada  la  delimitación  progresiva  de  su  objeto,  debemos  hacer  una 
consideración previa sobre las peculiaridades que, en torno a la determinación de la 
competencia, presenta el desarrollo del proceso penal. En nuestro ordenamiento, la 
exigencia de responsabilidad penal a cualquier investigado solo puede venir apoyada en 
una inicial atribución fáctica y delictiva que se expresa por referencia a dos parámetros: 
hechos supuestamente cometidos y su calificación jurídica provisional como delito. Sobre 
este presupuesto, los hechos atribuidos han de ser investigados, contrastados y en su 
caso, declarados probados. Por otra parte, la calificación jurídica es provisional durante 
la fase de investigación e intermedia (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 4, y 186/1990, 
de 15 de noviembre, FJ 4). Solo después de practicar contradictoriamente la prueba en 
un  juicio  público,  si  se  mantiene  la  acusación,  pueden  los  hechos  imputados  ser 
afirmados como delictivos por el órgano de enjuiciamiento, tras subsumirlos en el tipo 
penal que le haya sido alegado.
Expuesto de forma sintética el desarrollo del proceso penal, resulta indiscutible que 
la evaluación inicial de la competencia objetiva para la investigación de la causa solo 
puede tener como referencia los hechos atribuidos en la querella y su calificación jurídica 
provisional. En aquel momento procesal (auto de admisión a trámite de la querella de 31 
de octubre de 2017), salvo que se hubiese considerado que los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito (arts. 269 y 313 
LECrim), la Sala únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a la relación 
que mantuviera con la calificación jurídica provisional que se aducía por el querellante 
(delitos de rebelión, sedición, y malversación de caudales públicos). En este caso, para 
determinar  el  órgano  judicial  competente  para  su  conocimiento,  dada  la  condición 
parlamentaria  de  varias  personas  querelladas,  resultaban  determinantes  su  fuero 
especial y el lugar de comisión de los hechos imputados, a la vista de la dicción del 
art. 57.2 del Estatuto catalán.
A partir de estas consideraciones, no podemos compartir con el demandante que la 
asunción inicial de la competencia de investigación, en aplicación de los parámetros 
expuestos,  se  haya  apoyado  en  valoraciones  o  razonamientos  que  puedan  ser 
calificados como arbitrarios, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente que  s
derive de las actuaciones. oe.
Los criterios jurídicos utilizados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo – w.
ecaoxfotnersanimdseaiermanectoinó tnee s pddeeec ilsaocls r piteoalsrel ammeeennn totaasr nionte,u rcliuolegreaasrre  ast erdipbeíug irdlaaof e rdsee–g  llaa d cdaoenm  aisctriuióbenun cdtaieó ln d ddeeel it olca oy  mctoponemeteaxn idcaeiadn:    2021-1130n https://w
procesal.
Por  una  parte,  la  Sala  tuvo  en  cuenta  los  pasajes  fácticos  de  la  querella  que 
describen  los  que  denomina  «aspectos  internacionales  de  la  declaración  de 
independencia», donde se relatan como típicos hechos acaecidos fuera del territorio de 
Cataluña. En segundo término, se destaca en la resolución el carácter complejo del 
hecho  atribuido  –plurisubjetivo  y  colectivo–,  expuesto  por  el  Ministerio  Fiscal  en  la 
querella como fruto de una estrategia concertada que presenta un elemento tendencial 
notorio: declarar la independencia de una parte del territorio español.
Es  precisamente  la  afirmación  de  que  una  pluralidad  de  sujetos  intervino 
concertadamente  en  el  hecho  atribuido  lo  que  justificó  también  la  decisión  de 
interconectar en la misma causa contribuciones fácticas acaecidas dentro y fuera del 
territorio de Cataluña, pues todas ellas se presentaron al tribunal como consecuencia de 
un reparto de cometidos coincidentes en la finalidad que animó la acción denunciada. Se 
trataba de hechos diversos que no podían ser escindidos en diversos procesos sin 
desvirtuar la perspectiva global desde la que habían de ser contemplados, tanto en fase 
de averiguación, como de enjuiciamiento.
Se trata, por tanto, de razonamientos que tienen que ver con los hechos atribuidos, 
con el lugar donde supuestamente se produjeron, con la calificación jurídica provisional 
expresada  en  la  querella  y  con  la  condición  parlamentaria  de  varios  querellados 
aforados. No parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas. Y su desarrollo 
argumental no incurre en quiebras lógicas ni se aleja del tenor de la norma aplicada, sino 
que, descartando la identidad objetiva de los precedentes jurisprudenciales alegados por 
el demandante, se apoyan en otros, con expresa referencia a un acuerdo del Pleno no 
jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, ya en 2005, acogió la 
denominada «doctrina de la ubicuidad», antes descrita, aplicable a los casos en que un 
mismo  delito  se  hubiere  cometido  en  diversas  jurisdicciones  territoriales.  Que  se 
utilizaran criterios jurisprudenciales nuevos para un caso complejo como el que era 
objeto de investigación, no permite afirmar, sin más, su arbitrariedad. El demandante 
discrepa de los criterios utilizados para extender la autoría por colaboración a quienes 
realizaran tareas dirigidas al mismo fin que los denunciados, pero, dada la naturaleza y 
características de los delitos de rebelión y sedición imputados (colectivos, plurisubjetivos 
y de resultado cortado), tal discrepancia en Derecho no constituye parámetro suficiente 
para justificar la vulneración que denuncia, ni permite apreciar la arbitrariedad que alega.
Tampoco resulta fundada la discrepancia que se expresa utilizando como término de 
comparación la solución dada a anteriores acciones penales ya enjuiciadas pues, como 
extensamente ha argumentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al rechazar la 
declinatoria de jurisdicción, se trata de casos distintos, referidos a hechos diferentes, que 
no pueden ser utilizados como término de comparación válido para cuestionar la decisión 
adoptada en la presente causa. En aquellos supuestos la acusación tuvo un presupuesto 
fáctico distinto, y tampoco se extendió a los tipos penales que han sido enjuiciados en la 
presente causa penal. En todo caso, más allá de expresar su discrepancia al respecto, el 
recurrente no hace el mínimo esfuerzo argumental en relación con la respuesta expresa 
que, sobre esta cuestión, ha recibido del Tribunal Supremo.
En definitiva, en cuanto a la asunción de la competencia para la averiguación del 
delito  denunciado,  la  conclusión  alcanzada  es  consecuencia  lógica  de  las  razones 
jurídicas expuestas y no supone una manipulación arbitraria de la regla de distribución 
de competencias, por lo que la vulneración alegada ha de ser desestimada.
4.4.3  Como ha quedado expuesto, la extensión subjetiva de la competencia al 
demandante y a otras personas no aforadas sometidas a investigación, fue acordada por  s
auto del magistrado instructor de 24 de noviembre de 2017. Aunque el demandante  oe.
carecía en aquel momento de la condición de aforado, la investigación y enjuiciamiento  w.
deqexup ell oícesis thatae ybc lheeoscspe enqc ueífeli c seaenm juleeinc atieatr mipbirueeínvatinost  opcsoo rnp jlouarn  Sltaoas l aen nod reum nlao s sP odeloen  alpal r doLeceely s Tdorei b dueenn ajluol iscS iaudmperlieietmonstoo   cecosrnitmaebixnaoansl    2021-1130n https://w
lcau yaafi rimneasccióinnd iqbuileid asde  sheaac ea perne claia ddae m(aarnt.d 1a7 s.1e gyú 2n  yla a crtu. a2l 7t2a leLsE Crerigmla)s.  Ndoe  ccaobnee xcidoamdp asrotnir   BOE-A-cable e
«difícilmente comprensibles y contradictorias con pronunciamientos anteriores recientes 
del Tribunal Supremo». Se trata de normas procesales aplicadas diaria y ordinariamente 
en nuestra realidad jurídica cuando un solo hecho es cometido por dos o más personas 
reunidas, o un delito es medio para la comisión de otro o para facilitar su ejecución, o, en 
fin, cuando se aprecia la existencia de un concierto previo para la comisión de un delito 
plurisubjetivo en distintos lugares o tiempos (art. 17.1 a 3 LECrim).
4.4.4  Igual suerte desestimatoria ha de correr la vulneración que se asocia al auto 
de 27 de diciembre de 2018 que desestimó las diversas declinatorias de jurisdicción 
planteadas por los acusados. Sus razonamientos son semejantes y abundan en los que 
ya han sido expuestos. El único elemento diferencial de su análisis radica ahora en que 
la competencia de enjuiciamiento se ratificó en atención al relato fáctico que sustentaba 
las pretensiones acusatorias provisionales entonces formuladas. De forma razonada, la 
Sala mantuvo su criterio anterior al constatar que tanto la acusación por los delitos de 
rebelión y sedición, como el relato fáctico sobre el que se construye la acusación por 
malversación de caudales públicos (delito del que el demandante no fue acusado), 
incorporaban  hechos  que  desbordan  el  límite  territorial  de  la  comunidad  autónoma 
catalana.
El  mantenimiento  de  la  competencia  para  enjuiciamiento  vino  apoyado  en  todo 
momento en los elementos que, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, definen la 
regla estatutaria de atribución competencial. La consideración de que a las personas 
investigadas,  y  luego  acusadas,  se  atribuían  hechos  relevantes  para  la  calificación 
jurídica como rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, cometidos dentro y 
fuera  del  territorio  de  Cataluña,  se  apoyó  en  datos  objetivos  confirmados  por  la 
instrucción.  Esta  valoración,  que  constituye  el  elemento  nuclear  del  disentimiento 
expresado en el recurso de amparo, no vino apoyada en un razonamiento arbitrario, 
ajeno al sentido de la norma, irrazonable por su incoherencia lógica, o apoyado en un 
error patente pues, en este último sentido, no se evaluaron hechos cometidos, sino 
hechos atribuidos por los acusadores.
No era jurídicamente viable que, en dicho momento procesal, esto es, antes de 
practicarse la prueba de cargo y descargo, la sala de enjuiciamiento pudiera dejar de 
tomar  en  consideración  los  hechos  atribuidos  por  la  acusación  para  determinar  su 
competencia objetiva, pues es la acusación, salvo que carezca manifiestamente de 
justificación o sea inverosímil, la que delimita el marco objetivo a partir del cual ha de ser 
establecida la competencia.
Lo expuesto permite apreciar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
cuanto es el órgano judicial establecido por la ley para exigir responsabilidad por delito a 
los diputados autonómicos, cuando los hechos atribuidos tienen lugar fuera del territorio 
catalán, no es irrazonable que lo sea respecto a las acciones penales que contra ellos se 
dirijan en esos casos; lo que permite concluir que las resoluciones impugnadas en 
amparo no vulneraron el derecho del recurrente al juez ordinario predeterminado por la 
ley.
4.5  La desestimación del precedente motivo de amparo lleva consigo la del que, 
por conexión, denuncia la indebida limitación del derecho al doble grado jurisdiccional en 
materia penal. El demandante ha visto cómo la investigación y el enjuiciamiento de las 
imputaciones que pesaban sobre él se trasladaron ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo debido a que algunas otras personas acusadas en la misma causa tenían la 
condición necesaria para el aforamiento parlamentario previsto en el art. 57.2 EAC, y a 
que  se  apreció  identidad  fáctica  y  conexidad  procesal  entre  los  hechos  y  delitos  e.
atribuidos inicialmente a los aforados y al demandante. Posteriormente fue mantenida  w.b
tarnatse Taraidol qreyus ir cipro rlmoan ocuo nnecdxiaipcmrieóisnea nd teola sd  idspieucnthataed nocc uaiaeu stotiminóónpm u(gpicnooar. dtao,d aess,t eS StrTibCu n5a1l/ 1y9a8 5h, ad ea b1o0r ddaed oa berinl,   2021-1130n https://w
sFoJm 3e; teyr  6e4l /2fa0ll0o1 ,c odned e1n7a dtoer iom ay rzlao ,p FenJ a5 )a.n Eten  uenl lotrsib huenmalo ssu pseeñriaolra dinote qgurae  eell  ddeerreecchhoo  aal 
proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE. Sin embargo, a lo
expuesto no obsta que, en casos de aforamiento ante el Tribunal Supremo, incluso 
cuando, en atención a las reglas procesales de conexión, el enjuiciamiento en única 
instancia se extiende a personas no aforadas, la restricción de su derecho a someter la 
declaración de la pena y la culpabilidad ante un tribunal superior encuentra justificación 
suficiente.
Tal consideración se basa en dos valores constitucionalmente relevantes. De una 
parte,  la  protección  de  la  propia  prerrogativa  parlamentaria,  que  constituye  una 
salvaguarda de la independencia institucional tanto de la asamblea legislativa afectada 
como del propio Poder Judicial, de modo que preserva un cierto equilibrio entre los 
poderes y, al propio tiempo, garantiza la resistencia más eficaz frente a la eventual 
trascendencia de la resolución judicial en la composición del Parlamento, cuando es 
obligado enjuiciar la causa ante el Tribunal Supremo, órgano superior en todos los 
órdenes jurisdiccionales (STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 6). Y en segundo lugar, se 
apoya en la inescindibilidad de la causa: se atiende así a las exigencias de una buena 
administración de justicia en materia penal, entre las que se encuentra la necesidad de 
coordinar la apreciación de los hechos y de las responsabilidades de los intervinientes 
cuando la realización del delito se atribuye al concurso de una pluralidad de personas.
Como este tribunal observó en su STC 51/1985, hay determinados supuestos en que 
la garantía que ofrece el sometimiento del fallo condenatorio a un tribunal superior puede 
ser debidamente satisfecha sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo. 
En la citada resolución se estimó que «no había vulneración del derecho a la revisión de 
la condena cuando esta era pronunciada en única instancia por el Tribunal Supremo». El 
propio art. 6 CEDH no enuncia expresamente el derecho fundamental aquí considerado, 
aunque sí viene reconocido en el art. 2 de su Protocolo núm. 7 (de 22 de noviembre 
de 1984, firmado por España el 19 de marzo de 1985, cuyo Instrumento de ratificación 
de 28 de agosto de 2009, fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de 
octubre  siguiente).  Dicha  adición  recoge  el  contenido  del  derecho  plasmado  en  el 
art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, cuyo influjo ha 
sido decisivo en esta materia (STC 42/1982). Pero, al mismo tiempo que lo reconoce, el 
Protocolo establece una excepción en este caso significativa, ya que su enunciado 
admite  que  las  legislaciones  de  los  Estados  contratantes  lo  excluyan,  entre  otros 
supuestos «cuando el culpable haya sido juzgado en primera instancia por el más alto 
tribunal». Dicha circunstancia es la que aquí concurre, dado que el demandante ha sido 
juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes (art. 123 CE), contra cuyas resoluciones no cabe recurso ordinario 
alguno. Tal circunstancia justifica en este caso que no se pueda apreciar como indebida 
la denunciada limitación del derecho a la doble instancia penal.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
5.  Derechos de defensa y a no ser discriminado por razón de la lengua.
5.1  Posiciones de las partes.
El recurrente denuncia la vulneración de su derecho de defensa (arts. 24 CE y 6 
CEDH) por no haber permitido el tribunal sentenciador a los acusados y a los testigos 
declarar en el juicio oral en su lengua materna, habilitando un sistema de traducción 
simultánea. Considera también que este hecho supuso la infracción del derecho a la no 
discriminación por razón de lengua (arts. 14 CE y 14 CEDH).
En concreto, como se indica pormenorizadamente en los antecedentes de esta  s
sentencia, que ahora sintetizamos, recuerda la demanda que varias defensas solicitaron  oe.
a la Sala utilizar en el interrogatorio de sus defendidos en la vista oral el catalán, a fin de  3ww.
sspuiomcdueelsrt áivdnaee. caEl,a l rqtarurib euc noeanl l ,a msrtia.n y 1oe2rm 3bf.l2ua irdgLeoEz,C , praeimssíe   ccaoo nrmesoicdo enlaroa c ueptirrl eizefaxecpreiróennste ad maeell  nsstiiess ttqeeummeaa   loddsee p  trtrroaacddeuusccaccdiióóonns    2021-1130n https://w
tenían derecho a declarar en catalán (página 69 de la sentencia), acordó que habría de
utilizarse un sistema de traducción sucesiva, mucho menos ágil, lo que forzó a aquellos a
desistir de expresarse en su lengua vernácula. Según la defensa, su uso permite al 
procesado entender mejor las preguntas que se le hacen y responderlas con mayor 
fluidez, pero la fórmula de traducción consecutiva, cuyo empleo se justificó por la Sala 
como garantía de la publicidad del proceso, y que según el art. 123.2 LECrim solo 
procede cuando no es posible habilitar un sistema de traducción simultánea, ralentiza y 
prolonga en exceso el acto, que deviene agotador para todos los intervinientes y para la 
propia Sala, en un juicio ya de por sí extenso. Se añade que, además del menoscabo al 
derecho  de  defensa  (art.  24.1  CE),  la  negativa  a  permitir  la  traducción  simultánea 
constituye una discriminación contraria al art. 14 CE, pues, en comparación con el trato 
dispensado a cualquier ciudadano español cuya lengua propia sea el castellano, los 
ciudadanos catalanohablantes tienen que «soportar la carga (absolutamente evitable) de 
una prolongación del juicio oral», lo que se traduce en «un claro efecto desincentivador 
del ejercicio de los derechos lingüísticos».
En relación con los testigos, a quienes se impidió la posibilidad de expresarse en 
catalán, según la parte recurrente, la Sala basó su decisión en una interpretación del 
art. 231.3 LOPJ opuesta a los arts. 3.2 y 14 CE, lo que les condujo a expresarse en una 
lengua que hablan con menor fluidez, incidiendo en la credibilidad de su testimonio y 
vulnerando, por tanto, el derecho de defensa de los procesados.
El abogado del Estado rechaza el fundamento de esta queja señalando que la 
configuración, en el bloque de constitucionalidad, del régimen de cooficialidad lingüística 
impide hablar de indefensión, pues no existe el derecho a la utilización de un mecanismo 
de traducción simultánea para el desarrollo de la práctica de la prueba y las alegaciones 
en un idioma distinto del oficial. En relación con los tres testigos que pidieron declarar en 
catalán, señala que no solo tenían obligación de conocer el castellano, sino que por 
razón de sus cargos eran perfectamente conocedores de esa lengua, a lo que se suma 
que esos testimonios fueron inanes desde el punto de vista probatorio, por lo que no 
incidieron en el derecho de defensa.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox postula también la 
desestimación de este motivo de amparo. A su juicio, de la STC 74/1987, de 25 de 
mayo, se desprende que el deber de conocer el castellano, conforme se establece en el 
art. 3.1 CE, genera una presunción de conocimiento que puede ser desvirtuada cuando 
de manera verosímil se alega ignorancia o conocimiento insuficiente, lo que no se ha 
producido en este caso, siendo esto predicable tanto respecto del demandante como en 
relación con los testigos.
Por  último,  el  Ministerio  Fiscal,  que  lleva  a  cabo  un  importante  esfuerzo  de 
compilación de la doctrina constitucional, interesa también la desestimación de la queja. 
A  su  entender,  ni  siquiera  existe  infracción  de  norma  procesal  alguna,  ya  que  el 
art.  231.3  LOPJ  circunscribe  la  posibilidad  de  empleo  de  la  lengua  cooficial 
exclusivamente  a  las  actuaciones  judiciales  que  tengan  lugar  en  el  territorio  de  la 
comunidad autónoma correspondiente, a lo que se agrega que, en el caso de los 
testigos, la irrelevancia de sus declaraciones descarta la afectación del derecho de 
defensa.
5.2  Respuesta del órgano judicial.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia, que fue planteada por las 
defensas  de  varios  procesados  –concretamente  los  señores  Junqueras,  Romeva, 
Sànchez, Rull, Turull, Cuixart y la señora Forcadell– en el fundamento de Derecho A), 
apartado 3. e
Tras  un  capítulo  introductorio,  el  tribunal  sentenciador  condensa  su  respuesta  bo
señalando que «como ya anticipó in voce al resolver la audiencia preliminar, reconoció el  3w
deel rinetcehroro dgea tloorsio a csues pardaocsti caa vraa lemrseed idaenlt eid tioramdau cccaiótanlá sni,m pueltráon reeac,h aqzuóe  lhaa pborísaib eilixdigaidd od ea q luoes   2021-1130n https://w
amfieecmtabcrioósn  dqeule  treibsau nparlá clati cuat ilpizoadcriíóan c odnel leavuarirc urelasrpeesc»t.o  Ldae l rapzriónnc ip–iose dñea lap–u belicsi ddaodb»le y:  ««elal 
verdadero significado constitucional del plurilingüismo en nuestro sistema, construido
normativamente  a  partir  de  una  delimitación  espacial  o  territorial  de  su  respectiva 
vigencia».
A partir de este enunciado general, la sentencia aborda estos puntos en varios 
subapartados.
a)  El epígrafe 3.2.1 desarrolla la perspectiva del principio de publicidad procesal. 
Comienza declarando lo que sigue:
«Admitir la exigencia de auriculares como única forma de garantizar el derecho a 
expresarse en la propia lengua, habría implicado el sacrificio del principio de publicidad. 
Si entender las preguntas de los letrados y las respuestas de los acusados hubiera 
exigido  disponer  de  auriculares,  habríamos  excluido  de  forma  injustificada  a  todas 
aquellas personas que, hallándose en la sala de juicios o siguiendo la retransmisión 
televisada del proceso, no tuvieran a su alcance esos dispositivos. Habríamos también 
excluido  a  quienes  siguieran  el  juicio  a  través  de  una  señal  de  transmisión  cuyos 
responsables  no  consideraran  oportuno  o  rentable  incorporar  una  voz  en  off  que 
efectuara la traducción».
A  juicio  de  la  Sala,  «se  trataría  de  un  sacrificio  innecesario  e  injustificado». 
Argumenta que ofreció, «incluso a quienes no lo habían solicitado de forma expresa, la 
posibilidad de practicar en lengua catalana los actos procesales en los que debieran 
tener algún tipo de intervención», a cuyo fin el tribunal dispuso de dos intérpretes jurados 
de catalán. «Sin embargo, ninguno de los acusados quiso valerse de intérprete para sus 
respuestas,  renunciando  expresamente  a  lo  que  reivindicaba  como  su  derecho  y 
contestando el interrogatorio en castellano. El juicio, por tanto, se desarrolló con absoluta 
normalidad,  sin  que  durante  los  interrogatorios  se  expresara  por  las  partes  alguna 
dificultad en el entendimiento de lo que se estaba preguntando y sin que se quisiera 
hacer algún matiz impuesto o aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado».
«[M]uestra  de  la  fluidez,  la  precisión  y  el  dominio  de  la  lengua  castellana  que 
evidenciaron todos los procesados» es el soporte digital en el que consta la grabación 
del  juicio.  «Su  capacidad  argumental,  la  solidez  dialéctica  y,  en  algunos  casos,  la 
brillantez de sus exposiciones, disipan cualquier duda acerca de la alegada indefensión».
Tras insistir en que «se puso al alcance de todos los acusados que quisieran hablar 
en el idioma catalán» la posibilidad de hacerlo, sin sacrificio de la publicidad, mediante la 
alternativa del empleo de traductores jurados en interpretación sucesiva, lo que fue 
rechazado por los acusados, se niega la indefensión.
Se refiere después a la interpretación y aplicación del art. 123 LECrim [apartado 2: 
«En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la 
interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado 
anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de modo que se garantice 
suficientemente  la  defensa  del  imputado  o  acusado»].  Señala  que  «[l]a  primera 
conclusión  que  autoriza  la  lectura  de  este  precepto  es  que  el  respeto  al  derecho 
fundamental de los imputados que no hablen o entiendan el castellano o la lengua oficial 
en la que se desarrolle el plenario, no se asocia a la utilización de un método de 
traducción  simultánea.  Su  empleo  no  actúa  como  presupuesto  de  validez  de  la 
declaración de los procesados. Tan idónea, a efectos de su validez procesal, es la 
utilización  de  un  mecanismo  de  traducción  simultánea  como  el  que  se  vale  de  la 
traducción sucesiva». Y añade que, si bien es cierto que el precepto «condiciona la 
decisión  por  uno  u  otro  sistema  a  que  "[…]  no  pueda  disponerse  del  servicio  de 
interpretación simultánea" […] no fue esta la razón que llevó a la Sala a optar por la  e
segunda  alternativa.  No  han  sido  razones  económicas  […].  Tampoco  dificultades  bo
técnicas […]. La circunstancia que ha condicionado nuestra decisión está vinculada a la  3w
dsiunrgaunltaer icduaadt rdoe m eesstees p yr otecelesvois, addeos amrreodlliaadnote  esntr esaemsiionnge esn o srua leinst eqguried asde.  Chaonn sptarotalodnag, apdoor   2021-1130n https://w
htaenmtoo,s l ac aounsseidnecriaad doe  nceucaelqsuaireior  inpdreefseenrsviaórn  tdoedraivsa dlaas d evel nsitsatjeams ay  deg atrraandtuíaccsi ópnr ospuicaess idvae,l 
principio de publicidad. Todo ciudadano que haya querido seguir el desarrollo de las
sesiones del juicio oral ha podido hacerlo sin que la ausencia de auriculares a su alcance 
haya mermado su capacidad para formarse opinión de lo que estaba aconteciendo en la 
Sala».
b)  En los apartados 3.2.2 y 3.2.3 de la sentencia se trata del aspecto relativo al 
plurilingüismo en España y su dimensión procesal.
Comienza por reproducir el artículo 3 de la Constitución («1. El castellano es la 
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 
derecho  a  usarla.  2.  Las  demás  lenguas  españolas  serán  también  oficiales  en  las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las 
distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección») y señala que la Sala rechazó la petición de la defensa de 
los señores Junqueras y Romeva relativa a que los letrados pudieran formular sus 
preguntas en lengua catalana en aplicación del artículo 231.1 LOPJ que «proclama que 
el castellano, en su condición de lengua oficial del Estado, será el idioma usado en todas 
las actuaciones judiciales». Añade que «el apartado 3 de ese mismo precepto, en 
consonancia  con  la  previsión  del  art.  3  de  la  CE,  autoriza  a  las  partes,  a  sus 
representantes, a los peritos, a los testigos y a los letrados, a valerse de una lengua 
cooficial  cuando  se  trate  de  actos  procesales  practicados  en  el  territorio  de  una 
comunidad autónoma. La sede del Tribunal Supremo, fuera de ese ámbito territorial 
explica y justifica la exclusión de esa posibilidad».
En relación con la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en 
Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 (instrumento de ratificación publicado en el 
«BOE» núm. 222, de 15 de septiembre de 2001), invocada por las defensas, tras hacer 
una  exhaustiva  exposición  en  torno  a  su  artículo  9  y  al  quinto  informe  sobre  su 
cumplimiento  en  España,  elaborado  por  el  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las 
Administraciones Territoriales, el tribunal sentenciador declara que «la limitación territorial 
al ámbito de las comunidades autónomas vuelve a hacer acto de presencia, en la misma 
línea que ya proclamara el precepto constitucional y su desarrollo orgánico (arts. 3 CE 
y 231.3 LOPJ)». Esta misma restricción –añade– «está también definida, por ejemplo, en 
el informe sobre la aplicación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias 
en Cataluña, correspondiente a los años 2006-2008», así como en los apartados 2 y 5 
del artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Concluye señalando:
«Todo apunta, en consecuencia, a que ni la Constitución Española, ni el Estatuto de 
Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan un derecho 
incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en actuaciones 
procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio. El territorio, por tanto, 
opera como verdadero criterio delimitador de la oficialidad».
A continuación, se refiere a la jurisprudencia constitucional (con cita y reproducción 
de parte de las SSTC 82/1986, de 26 de junio, y 31/2010, de 28 de junio) de donde 
extrae que «[n]o existe […] el derecho a la utilización de un mecanismo de traducción 
simultánea que obligue al Tribunal Supremo a presenciar el desarrollo de la práctica de 
la prueba y las alegaciones de las partes en un idioma distinto del idioma oficial». Agrega 
que  «[e]se  derecho  tampoco  lo  reconocen  los  instrumentos  jurídicos  de  ámbito 
internacional suscritos por España para la protección de las lenguas regionales», con 
referencia al «informe explicativo del Consejo de Europa sobre su alcance (Explanatory 
Report to the European Charter for Regional or Minority Languages)», que, «en su  s
apartado 11, bajo el título "consideraciones generales", proclama que "la Carta no otorga  oe.
derechos individuales ni colectivos a los hablantes de una lengua minoritaria", solo  3ww.
cmcooiennmlcleebvdraeor sáe» l. udne rseaclhuod aab lere celafemctaor   lean  aplali casictuióanc iódne   ldoes   persiansc ipcioosm udnei dlaad eCsa rtya , dleo   qsuues   2021-1130n https://w
Pese a la «claridad del cuadro normativo», insiste, la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo «puso a disposición de las defensas […] dos traductores oficiales de la lengua
catalana y concedió a los procesados la posibilidad de hacer uso de la lengua vernácula 
en sus respuestas». Se optó, señala, «por una interpretación extensiva del derecho de 
opción lingüística que otorga el art. 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, más 
allá incluso de los límites territoriales que enmarcan su ejercicio».
Finalmente reitera que «[n]o ha habido indefensión». No existió ni en la fase de 
investigación ni en el acto del juicio oral, en el que «los acusados optaron por expresarse 
en castellano, renunciando de forma explícita al uso de la lengua vernácula» y a «valerse 
de los dos intérpretes de lengua catalana puestos a su disposición por el tribunal».
c)  El apartado 3.2.4 se refiere al argumento, que ya fue respondido en el auto de 27 
de  diciembre  de  2018  (que  desestimó  la  declinatoria  de  jurisdicción),  relativo  a  la 
conveniencia  del  desplazamiento  de  la  sala  de  enjuiciamiento  a  Barcelona  para  el 
desarrollo de las sesiones del juicio oral en esa ciudad, como única forma garantizar los 
derechos  lingüísticos  de  los  acusados.  Dice  al  respecto  que  «nuestro  sistema 
constitucional  no  concede  a  los  procesados  el  derecho  a  ser  enjuiciados  en  las 
proximidades  del  domicilio  familiar.  Ningún  sistema  procesal  contempla  la  cercanía 
domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal (cfr. arts. 14 
y concordantes de la LECrim)».
d)  Finalmente,  en  el  subepígrafe  3.2.5  se  da  respuesta  a  la  queja  planteada 
respecto de los testigos. Señala literalmente la Sala lo que sigue:
«A lo largo del juicio oral la utilización del idioma catalán por algunos de los testigos 
fue también objeto de alegación. Del ingente número de personas que prestaron su 
testimonio en las sesiones del plenario, solo tres anunciaron, en calidad de testigos, su 
deseo de expresarse en catalán. Dos de ellas lo hicieron mediante la presentación 
anticipada de un escrito en el registro general de la Sala, con el fin de hacer llegar al 
tribunal su determinación de responder a las preguntas de las acusaciones y defensas 
en catalán.
Las razones legales y jurisprudenciales apuntadas supra, interpretadas a la luz de los 
tratados internacionales de los que España forma parte, fueron determinantes para 
rechazar esa posibilidad. Se daba la circunstancia añadida de que esos tres testigos –un 
diputado nacional, un agente de policía autonómica y un abogado en ejercicio– no solo 
estaban directamente afectados por el mandato constitucional impuesto por el art. 3 de la 
CE,  sino  que,  precisamente  por  razón  de  sus  respectivos  cargos,  eran  perfectos 
conocedores de la lengua oficial en la que han de desarrollarse los actos procesales que 
se celebren en el Tribunal Supremo.
La irrelevancia probatoria de esos tres testimonios, una vez valorada por la Sala la 
prueba testifical, añade razones para descartar cualquier efecto negativo en el círculo de 
derechos, no ya de los procesados, sino de los propios declarantes».
Dentro del apartado 16 del mismo fundamento de Derecho A), en concreto en el 
apartado 16.3.6.7, a propósito de la denunciada vulneración del principio de igualdad de 
armas por el trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral, la 
sentencia se remite a lo trascrito con anterioridad para rechazar que la negativa a que 
los testigos declarasen en catalán menoscabara tal derecho.
5.3  Encuadramiento de la queja.
La demanda, de la que se ha dejado constancia más arriba, alude, como fundamento 
de  esta  queja,  a  varios  derechos  fundamentales.  Su  correcto  encuadramiento,  sin 
embargo, supone situar el motivo de amparo en el marco de los derechos reconocidos  s
en el art. 24 CE y, específicamente, en el derecho de defensa. oe.
La invocación del derecho a no sufrir discriminación (art. 14 CE) por razón de la  3ww.
elemngbuaarg oy,  alalg umnaesn caióclna radcei onloess , «adneteresc dheo se xlainmgiüníasrt iceol sfu»n ddaem elonst o pdreo ceesstaa dqouse jae.xige,  sin  2021-1130n https://w
en jau)ic ioE na  nuutielizsatrro  las isletenmguaa p rcoocoefiscaial ln eon e axicsttuea ucino ngeesn ujuindoic idaeleresc dheos daerr olollsa dinatse rfvuineirean dteesl   BOE-A-cable e
territorio  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente.  A  pesar  de  reconocer  esa 
posibilidad a los procesados, justificada explícitamente en la propia sentencia recurrida 
por haber optado por una interpretación extensiva del derecho de opción lingüística que 
otorga el art. 33.1 EAC, el Tribunal Supremo subraya que «ni la Constitución Española, 
ni el Estatuto de Autonomía del Cataluña, ni la legislación orgánica de desarrollo, otorgan 
un derecho incondicional al uso de la lengua propia de una comunidad autónoma en 
actuaciones procesales que se desarrollen fuera del territorio que le es propio».
Así es. La delimitación de la cooficialidad lingüística sobre la base del territorio en 
que tiene su sede el órgano del poder público de que se trate ha sido constante en la 
doctrina constitucional.
La STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, declaró al respecto: «según el núm. 1 del 
art. 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado, y 
entendiéndose  obviamente  aquí  por  "Estado"  el  conjunto  de  los  poderes  públicos 
españoles, con inclusión de los autónomos y locales, resulta que el castellano es lengua 
oficial  de  todos  los  poderes  públicos  y  en  todo  el  territorio  español.  Aunque  la 
Constitución no define, sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, la 
regulación  que  hace  de  la  materia  permite  afirmar  que  es  oficial  una  lengua, 
independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida 
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su 
relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de 
que en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la 
indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de 
lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano 
es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del 
Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núm. 2 del mismo art. 3 que las demás 
lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, 
se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los 
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la administración central y de otras instituciones estatales en sentido 
estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la 
cooficialidad de otras lenguas españolas el territorio, independientemente del carácter 
estatal (en sentido estricto), autonómico o local de los distintos poderes públicos».
Esta misma sentencia, como nos recuerda la STC 253/2005, de 11 de octubre, 
FJ  10,  «abordó  ya  el  tema  de  la  regulación  del  uso  de  la  lengua  dentro  de  la 
administración de justicia concluyendo que en tanto en cuanto la Constitución reserva 
como competencias exclusivas del Estado la administración de justicia (art. 149.1.5) y la 
legislación procesal (art. 149.1.6) debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas 
dentro de la administración de justicia, sin perjuicio de que las comunidades autónomas 
puedan regular el alcance inherente al concepto de cooficialidad, tal y como viene 
establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en los artículos correspondientes de los 
estatutos  de  autonomía  (STC  56/1990,  de  29  de  marzo,  FJ  40,  con  cita  de  las 
SSTC 82/1986, 83/1986 y 84/1986, todas de 26 de junio, y 123/1988, de 23 de junio)».
El uso de las lenguas en el seno de la administración de justicia se reguló en el 
art. 231 LOPJ. Respecto de este precepto, ya tuvimos ocasión de manifestar que «el 
carácter de lengua oficial de ámbito general del castellano y la obligación que todos los 
españoles tienen de conocerlo y el derecho de usarlo (art. 3.1 de la Constitución) hace 
que esta sea la lengua generalmente usada en el ámbito de la administración de justicia, 
lo  que  viene  a  ser  reconocido  por  el  art.  231.1  LOPJ.  Ahora  bien,  frente  a  esa  s
generalidad, existen comunidades autónomas con estatuto de cooficialidad lingüística,  oe.
estatuto que se traduce, entre otras cosas, en el derecho de usar la lengua propia en el  w.
rsFeeJcn o4on1 o)y.c aen eten  laloss  aadpmarintaisdtorasc i2o nye s3  pdúebl liacrat.s ,2 3lo1  qLuOeP pJa»r a( SlaT Ca d5m6i/n1i9s9tr0a,c idóen  2d9e  djues tmiciaar zsoe,   2021-1130n https://w
recoEnno cere laalc iTórnib ucnoanl  Slousp róermgaon oesl  ajrutírcisudloic c1io2n3a.1le sd ed ela  áCmonbsittoit uecsiótant,a yl,  rceosnpdeicctioó nd eq ulea   BOE-A-cable e
lengua catalana, la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 21, tomando como punto de partida 
la doctrina constitucional antes reseñada, declaró que «el criterio territorial relevante a 
los  efectos  de  la  delimitación  del  poder  público  vinculado  a  las  consecuencias  de 
principio inherentes a la cooficialidad de una lengua autonómica es el de la sede de la 
autoridad, no el del alcance territorial de su respectiva competencia, pues esto último 
implicaría  la  sujeción  de  todos  los  órganos  de  ámbito  estatal  a  los  efectos  de  la 
cooficialidad de todas las lenguas autonómicas en cualesquiera puntos del territorio 
nacional; esto es, una vinculación por principio reservada a la única lengua española 
común». Subrayó también que la actividad de estos órganos «se ejerce con referencia 
no a una determinada comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que 
no  puede  tener  cabida  en  ellos  la  cooficialidad  idiomática»,  y  reiteró  el  criterio  de 
delimitación competencial, de modo que, en  este ámbito, corresponde al legislador 
estatal  con  entera  libertad,  dentro  de  los  límites  constitucionales  (art.  3.1  CE),  el 
reconocimiento o no de eficacia jurídica a las actuaciones desarrolladas en la lengua 
cooficial.
De  ahí  que,  de  acuerdo  con  el  régimen  legal  vigente,  contenido  en  el  citado 
artículo 231 LOPJ, la posición expresada en la sentencia impugnada, según la cual los 
procesados no disponían de un derecho autónomo a declarar en lengua catalana ante el 
Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid (art. 53 LOPJ), debe ser avalada por 
este tribunal.
b)  A pesar de lo anterior y como se ha adelantado, hay que destacar que la Sala 
sentenciadora  del  Tribunal  Supremo  reconoció  expresamente  el  derecho  de  los 
procesados a emplear la lengua catalana en sus declaraciones, si bien, como explica la 
propia sentencia impugnada, acordó que, para el caso de que se hiciera uso de esta 
posibilidad, habría de emplearse un sistema de traducción consecutiva –y no simultánea, 
como pretendían las defensas–, en aras de la garantía de publicidad del proceso. No fue 
siquiera controvertido, por tanto, el pretendido derecho a usar la lengua catalana, que fue 
reconocido, sino exclusivamente el sistema que habría de habilitarse para su traducción 
al castellano, lo que, pudiendo incidir en el ámbito protegido por el derecho de defensa 
(art. 24 CE), como examinaremos después, descarta el presupuesto de la denuncia de 
discriminación por razón de la lengua (art. 14 CE).
La argumentación contenida en la demanda, que sustenta la diferencia de trato en la 
superior duración de las sesiones del juicio oral derivada del empleo del sistema de 
traducción consecutiva en los interrogatorios, para el caso de que se hubiera optado por 
la utilización de la lengua catalana, llevaría a calificar de discriminatoria no ya la decisión 
del tribunal sentenciador sobre la lengua sino sobre el método de traducción. La queja 
tiene  como  presupuesto  una  mera  hipótesis  que,  aun  aceptada  a  los  efectos  del 
discurso,  resulta  manifiestamente  insuficiente  para  integrar  un  trato  peyorativo 
jurídicamente relevante. En todo caso, esa eventual prolongación temporal del juicio 
representaría  un  gravamen  leve,  un  perjuicio  mínimo  consustancial  al  empleo  de 
cualquier mecanismo de traducción y que habría de soportar el justiciable en el ejercicio 
del derecho de defensa en las condiciones de diligencia que exige el art. 24 CE, como 
veremos a continuación.
5.4  Doctrina constitucional.
El derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes en todo proceso 
judicial constituye una de las manifestaciones del derecho fundamental a obtener la 
tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución y  e
comprende el deber de los órganos judiciales de asegurar a las partes contendientes la  bo
oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses (SSTC 25/1997,  3w
1d4e3 1/12 0d0e1 ,f edbere r1o8,  FdJe  2ju; n1i0o2, /1F9J9 38), , daes 1í 8c odme om adyeo ,r eFpJli c2a; r1 8d/ia1l9é9c9ti,c daem e2n2t ed el afes bpreorsoic, iFoJn e3s;   2021-1130n https://w
ccoonndtriacrioianse se nc oenl  elajesr cdiceimo ádse lp ainrdteissp epnroscaebslea lepsr in(cSiSpiToC d e2 /2c0o0n2tr,a ddiec c1ió4n  deen  eingeuraold, aFdJ  d2e; 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
a)  En la STC 57/2012, de 29 de marzo, el Pleno de este tribunal ha sintetizado su 
doctrina en los siguientes términos: «"[e]n el contexto del art. 24 de la Constitución la 
indefensión se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de 
defensa,  que  […]  si  se  produce  en  virtud  de  concretos  actos  de  los  órganos 
jurisdiccionales entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se 
ventilan intereses concernientes al sujeto, […], así como del derecho de realizar los 
alegatos que se estimen pertinentes para sostener ante el juez la situación que se cree 
preferible" (STC 48/1984, de 4 de abril, FJ 1). Este tribunal también ha reiterado que 
para  que  "una  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de  procedimiento 
alcance  relevancia  constitucional  debe  producir  un  perjuicio  real  y  efectivo  en  las 
posibilidades de defensa de quien las denuncie" (por todas, SSTC 233/2005, de 26 de 
septiembre,  FJ  10,  o  130/2002,  de  3  de  junio,  FJ  4)  y  que  "es  necesario  que  la 
indefensión alegada sea imputable a actos u omisiones de los órganos judiciales y que 
tenga su origen inmediato y directo en tales actos u omisiones; esto es, que sea causada 
por  la  incorrecta  actuación  del  órgano  jurisdiccional,  estando  excluida  del  ámbito 
protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, 
error  técnico  o  impericia  de  la  parte  o  de  los  profesionales  que  la  representen  o 
defiendan" (entre otras muchas, SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18 de 
diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 87/2003, de 19 de mayo, FJ 5; 5/2004, 
de 16 de enero, FJ 6; 141/2005, de 6 de junio, FJ 2;160/2009, de 29 de junio, FJ 4, 
y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 5)». «No hay vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  que  garantiza  el  art.  24.1  CE  cuando  el  propio  interesado,  ignorando  o 
despreciando las posibilidades de subsanación a su alcance, no hizo lo necesario para 
defender sus derechos e intereses, "cooperando con ello, al menoscabo de su posición 
procesal" (STC 287/2005, de 7 de noviembre, FJ 2)» (SSTC 14/2008, de 31 de enero, 
FJ 3, y 62/2009, de 9 de marzo, FJ 4).
La doctrina constitucional ha venido insistiendo en la exclusiva relevancia de la 
indefensión material: «la indefensión, que se concibe constitucionalmente como una 
negación de [l]a garantía [de la tutela judicial] y para cuya prevención se configuran los 
demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo 
y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta 
que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de un 
peligro o riesgo. Por ello hemos hablado siempre de una indefensión "material" y no 
formal para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los 
requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta, cuando se 
produce de hecho y como consecuencia de aquella. No basta, pues, la existencia de un 
defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del 
derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías "en relación con 
algún interés" de quien lo invoca (STC 90/1988)» (STC 181/1994, de 20 de junio, FJ 2). 
«Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al 
interesado  al  margen  de  toda  posibilidad  de  alegar  y  defender  en  el  proceso  sus 
derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que 
de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo 
del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses 
del afectado» (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 164/2005, de 20 de junio, FJ 2, 
y 25/2011, de 14 de marzo, FJ 7).
b)  Este tribunal se ha pronunciado también sobre la proyección en el derecho de 
defensa del desconocimiento de la lengua utilizada en juicio. En esta materia, que es la  s
aquí concernida, hemos reconocido que el derecho a ser asistido de intérprete, más allá  oe.
de su reconocimiento legal expreso –en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de  w.
ecinondmjuepifcerineasnmidóieindn;o t oey  nc sereilm  aierntx.a t2li–e4 n.d1de eC riEva a e lnod sci rueaecnstaptoma ñdeoinsltepeso  ndeqe uq eul aen  eoCn  oncnoinsntgiotúuzncc iacónan s; os udpfeuicbeieed nete epnmrtoeednnudtceei rrsseeel    2021-1130n https://w
castellano –los que no lo comprendan o no lo hablen– y no solo a los extranjeros que se
encuentren en ese caso (SSTC 74/1987, de 25 de mayo, FFJJ 3 y 4; 71/1988, de 19 de 
abril, FJ 2; 30/1989, de 7 de febrero, FJ 3, y 188/1991, de 3 de octubre, FJ 3).
En la STC 74/1987, a propósito de la constitucionalidad del art. 520.2 e) LECrim 
redactado por la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la 
asistencia de intérprete por detenidos y presos, este tribunal declaró que «la atribución 
de este derecho [a ser asistido de un intérprete, que deriva del desconocimiento del 
idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y 
formular  las  manifestaciones  que  considere  pertinentes],  a  los  españoles  que  no 
conozcan suficientemente el castellano y no solo a los extranjeros que se encuentren en 
ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación 
prohibida por el art. 14 de la Constitución. No cabe objetar que el castellano es la lengua 
española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla 
(art. 3.1 de la Constitución), ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o 
conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho 
fundamental,  cual  es  el  de  defensa».  Añadió  que  «ciertamente,  el  deber  de  los 
españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace suponer que ese conocimiento 
existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o 
preso  alega  verosímilmente  su  ignorancia  o  conocimiento  insuficiente  o  esta 
circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales» 
(STC 74/1987, de 25 de mayo, FJ 3).
De acuerdo con esta doctrina, íntegramente trasladable a la posición del procesado 
en juicio oral (la temprana STC 5/1984, de 24 de enero, FJ 2, ya reconoció que el 
derecho a la defensa comprende el derecho de toda persona acusada a ser asistida por 
un intérprete cuando no comprenda o no pueda expresarse fluidamente en el idioma 
utilizado en el tribunal), la procedencia, en cada caso, de la asistencia de intérprete, 
exige valorar no solo el derecho y deber de conocer el castellano (art. 3 CE), sino el 
hecho concreto de la ignorancia o conocimiento precario de nuestra lengua común, en 
cuanto  afecte  al  ejercicio  de  un  derecho  fundamental,  cual  es  el  de  defensa 
(STC 71/1988, de 19 de abril, FJ 2).
5.5  Resolución de la queja.
La aplicación de la doctrina que acabamos de sintetizar nos lleva a descartar el 
fundamento de la queja.
a)  El  recurrente  conoce  y  domina  la  lengua  castellana,  por  lo  que  falta  el 
presupuesto establecido por nuestra doctrina en que sustentar la alegada indefensión. 
Este es el dato determinante para rechazar la queja. La propia sentencia impugnada 
constata  que  «el  juicio  se  desarrolló  con  absoluta  normalidad,  sin  que  durante  los 
interrogatorios se expresara por las partes alguna dificultad en el entendimiento de lo 
que  se  estaba  preguntando  y  sin  que  se  quisiera  hacer  algún  matiz  impuesto  o 
aconsejado por el empleo del idioma oficial del Estado». El tribunal sentenciador, que 
cuenta con la inestimable ventaja de la inmediación, apreció «la fluidez, la precisión y el 
dominio de la lengua castellana que evidenciaron todos los procesados» así como «su 
capacidad argumental, la solidez dialéctica y, en algunos casos, la brillantez de sus 
exposiciones». Muestra de ello, dice, es el soporte digital en el que consta la grabación 
del juicio.
El discurso argumental de la demanda cae enteramente en cuanto se constata que 
toma como punto de partida un presupuesto inexistente. Como ha quedado expuesto, el  s
empleo en el interrogatorio de la lengua catalana, con la asistencia de intérprete, solo  oe.
resultaría exigible ex art. 24.1 CE en caso de ignorancia o conocimiento precario del  3ww.
cparosctbee)ls laandSooi ,s bl,oi e eqnnu tleore  ha alno tssei rdiqoour n ede esgseac daeorn.tac ulae nitnrdae efel nashióonr ain rveoccuardrean, tcea, bree haugsraergoanr  qlau ep otosdiboislid laods   2021-1130n https://w
conferida por el órgano de enjuiciamiento de declarar en catalán, siendo asistidos por un
intérprete. La indefensión que se alega –que ya hemos descartado y que si seguimos
tomando es únicamente por razones argumentativas– solo habría de imputarse a la 
conducta de la propia parte, debidamente asistida de abogado, lo que, como también 
veíamos, la excluye del ámbito protector del art. 24 CE.
El tribunal sentenciador expresa profusamente las razones por las que no acogió el 
sistema de traducción simultánea solicitado por las defensas y que habría exigido a los 
miembros del órgano judicial la utilización de auriculares, y, en su lugar, puso a su 
disposición dos traductores jurados en interpretación sucesiva. Interesa ahora destacar 
que no fueron «razones económicas ligadas a los costes del proceso» ni «tampoco 
dificultades técnicas que hicieran inviable la traducción simultánea», sino la garantía del 
principio de publicidad, que aquí cobra una especial significación por «la singularidad de 
este proceso, desarrollado en sesiones orales que se han prolongado durante cuatro 
meses y televisado mediante streaming en su integridad». Debemos subrayar que el 
tribunal de enjuiciamiento trató así de tutelar un valor esencial, que tiene en nuestra 
Constitución  la  doble  naturaleza  de  principio  procesal  (art.  120.1  CE)  y  derecho 
fundamental del justiciable en materia penal (art. 24.2 CE; art. 11 de la Declaración 
universal de derechos humanos; art. 14 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos y art. 6 CEDH). Según la doctrina de este tribunal, es el juicio oral, en el que se 
producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y 
peticiones definitivas de la acusación y la defensa, el acto procesal en que cobra todo su 
sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control 
de la Justicia por la comunidad (STC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2, con cita de la 
STC 62/1982, de 15 de octubre, haciendo suya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos expresada en las SSTEDH de 22 de febrero de 1984, asunto Sutter 
c. Suiza, y de 8 de diciembre de 1983, asuntos Pretto y otros c. Italia, y Axen c. 
Alemania, y STC 174/2001, de 26 de julio, FJ 3). Hemos de recordar que la publicidad es 
garantía del justiciable frente a una justicia secreta que escape a la fiscalización del 
público, y constituye también un medio para preservar la confianza de los ciudadanos en 
los tribunales, de forma que, al dotar de transparencia a la administración de justicia, 
contribuye a realizar los fines del derecho al proceso justo (STEDH de 8 de diciembre 
de 1983, asunto Axen c. Alemania, § 25, y STC 83/2019, de 17 de junio, FJ 3).
No  procede  dirigir  reproche  en  este  aspecto  al  Tribunal  Supremo,  pues,  no 
hallándose siguiera compelido por el art. 24.1 CE a ofrecer ningún sistema de traducción 
a los procesados, como hemos dejado sentado más arriba, atendió a tan esencial bien 
jurídico al habilitar un sistema de traducción como el citado, ponderando las superiores 
ventajas que ofrecía el mismo para la publicidad del proceso frente al inconveniente de la 
eventual superior duración de los interrogatorios. Como hemos adelantado, la aplicación 
de la doctrina constitucional sobre la indefensión conduce a afirmar que esa hipotética 
prolongación  temporal  de  los  interrogatorios  y  del  propio  juicio  constituiría  un  leve 
inconveniente que asumió la sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo y que habría 
de  soportar  el  recurrente  en  el  ejercicio  diligente  del  derecho  de  defensa,  exigible 
conforme al art. 24 CE.
c)  Respecto de las declaraciones testificales, vale lo dicho ut supra en cuanto a la 
procedencia del empleo de la lengua castellana en el juicio desarrollado en la sede del 
Tribunal Supremo.
Tampoco cabe poner en cuestión, respecto de los tres testigos que manifestaron su 
deseo de expresarse en catalán, que su grado de conocimiento de la lengua castellana 
les impidiera declarar, incidiera en el correcto entendimiento de las preguntas o en la 
emisión de las respuestas durante el interrogatorio, afectando así al ámbito protegido por  s
el derecho de defensa (art. 24.1 CE), el derecho a la prueba y a la presunción de  oe.
inocencia (art. 24.2 CE) de la parte recurrente en amparo, que es la única perspectiva  w.
mqueen Noimor  pcfolourtmiad peaaz  ertseetn ee  sreetlec  uutrrssiboou .ndael  llaa  alefirnmguaaci óinn ceidfeec tnueagdaat ievna mlae ndteem  eann dlaa  scergeúdnib illaid acuda ld leal   2021-1130n https://w
tpersotfiemsoionnioa.l idaTadn q uea paotdeíscotircaan  lodse cmlaargaicsitórand onso q usee i ntceoghraonn eesl ttari bucnoanl  dlea  juesxtipciear iqeunec iatu voy   BOE-A-cable e
encomendada la valoración de la prueba, órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). En 
todo caso, como hemos visto, el tribunal de enjuiciamiento, con inmediación, valora que 
estos tres testigos eran perfectos conocedores de la lengua castellana, hecho que, 
además, estimó que venía avalado por los cargos que ostentaban o la profesión que 
ejercían (se trataba de un diputado nacional, un agente de policía autonómica y un 
abogado en ejercicio). Y en cualquier caso, los testigos no mostraron dificultad alguna 
para comprender las preguntas que las partes les dirigieron, hasta el punto de que 
ninguno de ellos hizo indicación alguna al respecto.
Finalmente,  no  nos  dice  la  parte  recurrente  en  qué  aspecto  del  relato  fáctico, 
determinante de su condena, pudieron incidir estas tres declaraciones. El órgano judicial 
que valoró la prueba y, a partir de ella, confeccionó la relación de hechos probados, 
calificó esos testimonios de «irrelevantes». Descartada la utilidad de la prueba en sí 
misma, decae también el argumento que liga la supuesta merma de credibilidad de los 
testigos con el derecho de defensa, pues, en todo caso, de tal supuesto no derivó ningún 
resultado relevante. Rechazamos, por tanto, que la denunciada defectuosidad en estas 
declaraciones  testificales,  que  no  es  tal,  haya  podido  causar  a  la  parte  recurrente 
indefensión material proscrita por el artículo 24 de la Constitución.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de amparo.
6.  El derecho a un juez imparcial.
El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a un juez imparcial, con 
invocación expresa del art. 24 CE y del art. 6 CEDH. El planteamiento de este motivo de 
amparo se desarrolla, a su vez, en varias quejas concretas que, sin perjuicio de su 
relación  con  el  derecho  fundamental  alegado,  presentan  una  distinta  naturaleza  y 
significación, por lo que deben ser resueltas de manera individualizada.
En efecto, la vulneración alegada se basa, por un lado, en la desestimación de las 
diversas recusaciones formuladas a lo largo de todo el procedimiento y, por otro, en el 
denominado  como  «rol  inquisitivo»  asumido  por  el  presidente  de  la  sala  de 
enjuiciamiento, en uno de los interrogatorios llevados a cabo en el acto del juicio oral.
La pluralidad y heterogeneidad de las vulneraciones alegadas aconsejan, en este 
caso,  iniciar  su  análisis  mediante  la  reseña  de  la  doctrina  jurisprudencial  sobre  el 
derecho invocado.
6.1  Doctrina jurisprudencial.
6.1.1  Doctrina del Tribunal Constitucional.
El derecho al juez imparcial aparece expresamente reconocido en el art. 6.1 CEDH. 
Este precepto, bajo el epígrafe «Derecho a un proceso equitativo», garantiza a toda 
persona el «derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un 
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley […]».
Como es conocido, nuestro texto constitucional no recoge este derecho de forma 
singularizada. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que, inicialmente, se considerara 
englobado en el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (STC 47/1983, de 31 
de mayo, FJ 2). A partir de la STC 113/1987, de 3 de julio, FJ 2, y, sobre todo, de la 
STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, el derecho al juez imparcial se reconoce integrado 
en el derecho a un juicio con todas las garantías, «aunque no se cite en forma expresa» 
en el art. 24.2 CE. Se continuaba así con la progresiva confluencia (art. 10.2 CE) entre  e.e
nuestra doctrina y la desarrollada por el tribunal europeo en la interpretación del art. 6.1  b
CapslEausDnmHtoa,  dPraeie pprrsoeasscteeknr ictoa.r dmBaée lnegtniec  a–a,eq ynu tedrlee   mo2t6ora mdsee mn otuocc tuhpbaorsre – l daeesn   1Sla9Ss8 T4SE,S DaTsHEu DndtHeo   dD1e e d 2Ce4 u dobecb temurb acrye.o  B ddéeel g 11ic99a88,92 y,,    2021-11303n https://ww
adseu 2n8to  dHea uoscctuhbilrdet  cd.e  D1in9a9m8,a arcsau,n dtoe  C25a sdtiello n oAvlgieamr bcr.e E dsep a1ñ9a9,3 d, ea s2u2n tdoe H joulnmio  cd. eS u1e9c8ia9,, 
asunto Langborger c. Suecia, o más recientemente, en las SSTEDH de 6 de enero
de 2010, asunto Vera Fernández-Huidobro c. España, o de 6 de noviembre de 2018, 
asunto Otegi Mondragón y otros c. España.
Este tribunal ha conformado un cuerpo doctrinal sobre el derecho al juez imparcial 
que, de forma sistematizada y en lo que ahora interesa para la resolución de este 
recurso, puede exponerse de la siguiente manera:
a)  El derecho al juez imparcial es una garantía fundamental del sistema de justicia.
Este tribunal ha afirmado que el derecho a un juez imparcial «constituye una garantía 
fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho que condiciona su 
existencia misma, ya que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional. 
Por ello, la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales  (CEDH),  está  implícita  en  el  derecho  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías  (art.  24.2  CE),  con  una  especial  trascendencia  en  el  ámbito  penal.  El 
reconocimiento de este derecho exige, por estar en juego la confianza que los tribunales 
deben inspirar en  una sociedad democrática, que  se garantice al acusado que no 
concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el 
órgano judicial» (SSTC 205/2013, de 5 de diciembre, FJ 2, y 133/2014, de 22 de julio, 
FJ 2).
En efecto, «ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y 
someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, son notas 
esenciales  que  caracterizan  la  función  jurisdiccional  desempeñada  por  jueces  y 
magistrados» (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). «Esta sujeción estricta a la ley 
supone  que  la  libertad  de  criterio  en  que  estriba  la  independencia  judicial  no  sea 
orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e 
incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del 
Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: 
primera, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que 
no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de 
hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición 
anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2)» (STC 60/2008, de 26 
de mayo, FJ 3).
b)  La imparcialidad judicial comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva.
En línea con lo anterior, «se viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, 
que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que 
se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una 
imparcialidad objetiva; es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que 
el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él (así, 
SSTC 47/2011, de 12 de abril, FJ 9; 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3, o 26/2007, de 12 de 
febrero, FJ 4)» (STC 133/2014, de 22 de julio, FJ 2).
En el mismo sentido, se destaca que «[j]unto a la dimensión más evidente de la 
imparcialidad judicial, que es la que se refiere a la ausencia de una relación del juez con 
las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas, convive 
su vertiente objetiva […] que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que 
intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni 
prejuicios que en su ánimo pudieran quizás existir a raíz de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3). e.
ccoonn sCcei)dol  emlirtLaiogad i ooi«m  cqlpaauau er«s cradieasifal iicldisuzailagtdecn  oiiósfbinucjea  cdttiioevvraa rae sdc cettdoobes ee   dnstaeejulr  i icpnpioasontmsrduiibeeclnrecait óodin nap,c  eolqinsnut aececar iiodpóraun; e  cldapae rsaenodv  oicsaoup npcoicoóbrnnejee tdotri ve.ua nd» e ccsoiseni toahncaetons    OE-A-2021-11303able en https://ww
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad; o la intervención previa en
una  instancia  anterior  del  mismo  proceso  (SSTC  157/1993,  de  6  de  mayo,  FJ  3; 
299/1994, de 14 de noviembre, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 151/2000, 
de 12 de junio, FJ 3; STEDH de 23 de mayo de 1991, caso Oberschlick, § 48 a 52) o, 
más en general, el pronunciamiento sobre los hechos debatidos en un pleito anterior 
(SSTC 138/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 4, y SSTEDH de 7 de 
agosto de 1996, caso Ferrantelli y Santangelo, y de 26 de agosto de 1997, caso De 
Haan).  Debemos  subrayar  en  cualquier  caso  que  ni  esta  relación  de  causas  de 
parcialidad objetiva tiene el carácter de cerrada ni la concurrencia de tales supuestos 
comporta necesariamente tal tacha, cuestión que habrá de analizarse en cada caso a la 
luz de sus concretas características (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3; 162/1999, 
de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 156/2007, de 2 de julio, FJ 6).
«La concreción de esta doctrina constitucional se ha producido principalmente al 
estudiar la incompatibilidad de las facultades de instrucción y de enjuiciamiento, pero sin 
perder de vista que lo decisivo es el criterio material que anima la apreciación de la 
pérdida  de  imparcialidad  más  que  el  concreto  tipo  de  actuación  judicial  del  que 
pretendidamente se derivaría la pérdida de imparcialidad. […] "la determinación de 
cuáles son las circunstancias específicas que posibilitan en cada caso considerar como 
objetivamente justificadas las dudas sobre la imparcialidad judicial no está vinculada 
tanto con una relación nominal de actuaciones o decisiones previas que queden vedadas 
al juzgador cuanto, especialmente, con la comprobación, en cada supuesto en particular, 
de si la intervención previa en la que el interesado centra sus dudas ha sido realizada 
por  el  órgano  judicial  teniendo  que  adoptar  una  decisión  valorando  cuestiones 
sustancialmente  idénticas  o  muy  cercanas  a  aquellas  que  deben  ser  objeto  de 
pronunciamiento o resolución en el enjuiciamiento sobre el fondo. Y ello porque la 
imparcialidad  trata  de  garantizar  también  que  el  juzgador  se  mantenga  ajeno, 
específicamente, a la labor de incriminación o inculpación del acusado, aun cuando esta 
sea solo indiciaria y provisional" […] deben considerarse objetivamente justificadas las 
dudas sobre la imparcialidad judicial y, por tanto, vulnerado el derecho al juez imparcial, 
cuando  la  decisión  a  la  que  se  pretende  vincular  la  pérdida  de  imparcialidad  se 
fundamenta en valoraciones que resulten sustancialmente idénticas a las que serían 
propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal, exteriorizando, de este 
modo, un pronunciamiento anticipado al respecto» (STC 143/2006, de 8 de mayo, FJ 3).
d)  La imparcialidad judicial se presume.
Según la misma doctrina, «aun cuando es cierto que en este ámbito las apariencias 
son  muy  importantes  […],  no  basta  con  que  tales  dudas  o  sospechas  sobre  [la] 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a 
caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan 
objetiva y legítimamente justificadas (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 
140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). Por ello la imparcialidad del juez ha de presumirse 
y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de 
mayo, FJ 3; 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5) y han de fundarse en causas tasadas 
e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas» 
(STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 3).
e)  El  derecho  al  juez  imparcial  debe  hacerse  valer  a  través  del  incidente  de 
recusación.
El  instrumento  primordial  para  preservar  el  derecho  al  juez  imparcial  es  la  e.
recusación, cuya importancia resulta reforzada si se considera que estamos no solo ante  w.
duaenl jr upeercezhs oium papu aeursnct ioap lr,p orscoinecose osq aupl eúd beellli  crdoee crcueorcsnho o t odade a raesmc ulapssaa rrog s aperoa irnn tltaíea gssru,a p,r euacesosimntaoi scvmiudloon, e eerannc  eeióll  nca odrnte.t le 2dn4eid.r2oe  cCdheEol    2021-1130n https://w
(eSjeTrCce 1r 4l0a/ 2r0e0c4u,s adcei ó1n3  «diem spelipctaie mlab rree,s tFriJc c4ió).n P odre  taunntao , glaa rparnivtíaac ióens ednec ilaal  pqouseib ialidpaadre dcee   BOE-A-cable e
establecida legalmente con el fin de salvaguardar aquella imparcialidad del juzgador 
protegida constitucionalmente (SSTC 230/1992, de 14 de diciembre, FJ 4; 282/1993, 
de 27 de septiembre, FJ 2; 64/1997, de 7 de abril, FJ 3; y 229/2003, 18 de diciembre, 
FJ 10)» (STC 116/2008, de 13 de octubre, FJ 2).
f)  El incidente de recusación puede ser rechazado a limine, incluso por el órgano 
recusado.
Aunque la «regla general es […] que el órgano recusado ha de dar curso a la 
recusación para que sea examinada por un órgano distinto a aquel de quien se sospecha 
la parcialidad» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2), eso «no significa […] que en casos 
muy excepcionales la recusación no pueda rechazarse de plano por el propio órgano 
recusado, lo que resulta constitucionalmente admisible, a decir de la STC 47/1982, de 12 
de julio, cuando se propone por quien no es parte en el proceso o falta alguno de los 
presupuestos de admisibilidad, tales como que se incumplan los requisitos formales que 
afectan a la esencia del procedimiento (entre ellos, la extemporaneidad), cuando no se 
alega la causa en que legítimamente puede fundarse la recusación, o cuando no se 
establecen los hechos que le sirven de fundamento (FJ 3). […] En el mismo sentido 
dijimos en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, que "la inadmisión liminar de la 
recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de 
abstención como en su invocación arbitraria" [mientras que] en la ya citada STC 47/1982, 
de 12 de julio, analizando un supuesto de rechazo a limine de la recusación por los 
propios recusados, ya admitimos que tal rechazo "puede producirse por incumplimiento 
de los requisitos formales que afectan a la esencia del procedimiento" (FJ 3), entre los 
que, a tenor de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, ha de incluirse la formulación de la 
recusación en plazo» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 3). En esta misma resolución se 
añadía  que  el  rechazo  liminar  de  la  recusación  puede  acordarse  cuando  «la 
improcedencia de la recusación […] pueda apreciarse prima facie de modo manifiesto, 
claro y terminante y, además, que la tramitación ordinaria del incidente pueda causar 
perjuicios relevantes al proceso principal» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 6).
Finalmente, la STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, señala que «el derecho a 
plantear la recusación, inserto, a su vez, en el derecho a la imparcialidad del juzgador, 
está sujeto a configuración legal (SSTC 32/1994, de 31 de enero, FJ 4; y 137/1994, de 9 
de mayo, FJ único) en las normas orgánicas y procesales […]. Pues bien, [esa] exigencia 
legal  de  que  la  recusación  se  proponga  tan  luego  o  tan  pronto  como  se  tenga 
conocimiento de la existencia de la causa que la funde no carece de toda trascendencia 
constitucional. […] Por ello es lícito que el legislador imponga la carga de impugnar esa 
idoneidad subjetiva con premura y que, en consecuencia, limite o excluya la posibilidad 
de  la  invocación  tardía  de  la  causa  de  recusación.  […]  Resulta,  en  consecuencia, 
constitucionalmente lícita la aplicación de un criterio riguroso a la hora de enjuiciar tanto 
si la parte obró con diligencia para hacer valer la recusación en un momento anterior a la 
sentencia,  como  la  realidad  de  la  concurrencia  de  la  causa  de  recusación  que 
eventualmente se invoque».
6.1.2  Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ya hemos señalado anteriormente que la doctrina de este tribunal es semejante a la 
que, desde sus primeras resoluciones, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, como expresión de una cultura jurídica común a nivel 
europeo.  En  efecto,  aunque  se  observa  alguna  diferencia  en  los  criterios  de  e.
sistematización, tanto el método de análisis como el contenido de su doctrina son  w.
eEssepnAacñsiaía,, lm e§ne  n5lat2e   ScaTo iEn5Dc7i)Hd, e dcnoeten s6 . cditea  ndoev ieomtrabsre  adnete 2ri0o1re8s, , asseu nrteoa Oliztae gui nMao nedxrpaogsóicni óyn  odtreo sl ocs.   2021-1130n https://w
lpar isnicgiupiieons teg emnaenraelreas. en esta materia que, en lo que ahora interesa, se pueden resumir de  BOE-A-cable e
a)  La imparcialidad judicial comprende dos perspectivas: subjetiva y objetiva. El 
tribunal europeo expone que «la existencia de imparcialidad a los efectos del artículo 6.1 
[CEDH] debe ser analizada de acuerdo con un criterio subjetivo, teniendo en cuenta las 
convicciones  personales  y  el  comportamiento  de  un  juez  en  particular,  es  decir, 
analizando  si  el  juez  se  encontraba  afectado  por  cualquier  prejuicio  personal  o 
predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con un criterio 
objetivo; es decir, analizando si el tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su 
composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a 
su imparcialidad (véase, por ejemplo, SSTEDH de 15 de diciembre de 2005, asunto 
Kyprianou c. Chipre [GC], § 118, y de 15 de octubre de 2009, asunto Micallef c. Malta 
[GC], § 93)».
b)  Las vertientes subjetiva y objetiva están íntimamente relacionadas. El tribunal 
reconoce que «no hay una nítida división entre la imparcialidad subjetiva y la objetiva, 
pues el comportamiento de un juez no solo puede suscitar desconfianzas objetivas sobre 
su imparcialidad por parte del observador externo (criterio objetivo) sino también entrañar 
el  análisis  de  sus  convicciones  personales  (criterio  subjetivo)  (véase  Kyprianou, 
anteriormente citado, § 119). Por ello, en aquellos casos en los que pudiera ser difícil 
encontrar pruebas en base a las cuales rebatir la presunción de imparcialidad subjetiva 
de un juez, la exigencia de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía 
adicional (véase Pullar c. Reino Unido, de 10 de junio de 1996, § 32, Informes 1996-III)».
c)  La imparcialidad judicial se presume. En relación con el criterio subjetivo, el 
«principio  según  el  cual  a  un  tribunal  se  le  debe  presumir  carente  de  prejuicios 
personales o de parcialidad está reconocido desde antaño por la doctrina de este tribunal 
(véase Kyprianou, anteriormente citado, § 119, y Micallef, anteriormente citado, § 94). La 
imparcialidad personal de un juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario 
(véase Hauschildt c. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989, § 47, Serie A núm. 154). 
Respecto del tipo de prueba que se requiere para ello, este tribunal, por ejemplo, 
requiere que se acredite si el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones 
personales (véase De Cubber c. Bélgica, de 26 de octubre de 1984, § 25, Serie A núm. 
86)».
d)  La imparcialidad ha de analizarse en función de las circunstancias del caso 
concreto. En relación con el criterio objetivo, se deben «analizar los vínculos jerárquicos 
o  de  otra  naturaleza  que  existen  entre  el  juez  y  los  otros  protagonistas  de  un 
procedimiento (ibid.  § 97). Por lo tanto, se debe analizar en cada caso concreto si dicho 
vínculo es de tal naturaleza e intensidad como para implicar una falta de imparcialidad 
por parte del tribunal (véase Pullar, anteriormente citado, § 38)».
e)  La importancia de la apariencia de imparcialidad. Como es conocido, el tribunal 
europeo tiene declarado que «las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, 
en otras palabras, "la justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser 
aparente que se administra" (véase De Cubber, anteriormente citado, § 26). Lo que está 
en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos en una 
sociedad democrática. Por lo tanto, cualquier juez respecto del cual pueda existir un 
motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse (véase Castillo 
Algar  c.  España,  de  28  de  octubre  de  1998,  §  45,  Informes  1998-VIII;  y  Micallef, 
anteriormente citado, § 98)».
f)  Las  dudas  sobre  la  imparcialidad  han  de  estar  objetivamente  justificadas. 
Finalmente, y en todo caso, «se debe analizar si, con independencia del comportamiento 
del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad.  s
Esto supone que a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón  oe.
justificada para temer que un juez en concreto o un tribunal carecen de imparcialidad, el  w.
peMusic natdolel edtfee, r amvniisntetaarri o dresmi  leadn pitceeh rocsi otantedamo a,o f§er  c9pt6au)d»ea.d ee s cimonpsoirdtearnaters pee roob njeoti vdaemciesinvtoe.  Ljuos qtiuficea edso  de(vcéisaivsoe   2021-1130n https://w
Una vez expuesta la doctrina de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos procede abordar el análisis de las distintas quejas formuladas, siguiendo el 
orden propuesto en el escrito de demanda.
6.2  La recusación del magistrado instructor.
6.2.1  Posiciones de las partes.
La demanda cuestiona la imparcialidad del magistrado instructor, que se concreta en 
la pérdida de la necesaria equidistancia con los hechos investigados. Se basa para ello, 
esencialmente, en la expresión «la estrategia que sufrimos», que se contiene en la 
página 54 del auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018. Con esa expresión, el 
magistrado se estaría colocando a sí mismo como víctima de la infracción delictiva 
investigada, lo que determinaría la concurrencia de la causa de abstención y/o de 
recusación prevista en el art. 219.10 LOPJ; es decir, «[t]ener interés directo o indirecto 
en el pleito o causa». La misma expresión se contiene en el auto de 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por uno de los procesados.
El recurrente puso de manifiesto esta cuestión en el recurso de apelación interpuesto 
contra el auto de 12 de abril de 2018. Del mismo modo, se invocó esta vulneración por 
adhesión a los argumentos expuestos por otra de las partes, en el trámite del recurso de 
apelación interpuesto contra el auto de 9 de mayo de 2018 por el que se desestimaron 
los recursos de reforma planteados, a su vez, contra el auto de procesamiento. Esta 
pretensión fue reiterada en fecha 12 de febrero de 2019, en el trámite de cuestiones 
previas, así como en el escrito de conclusiones definitivas.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal plantea que «la recusación se hizo 
valer tardíamente al ser conocido el auto de procesamiento con su notificación el 26 de 
marzo de 2018 y no ser propuesta hasta el 16 de abril siguiente», lo que parece invocar 
el óbice procesal de inadmisión contemplado en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el 
art. 44.1 c) LOTC. No obstante, se pronuncia también sobre el fondo para descartar la 
vulneración denunciada. A juicio del fiscal, la expresión controvertida no supone un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ni muestra un interés en la condena ni aporta 
elemento alguno a la incriminación propia del auto de procesamiento, o una determinada 
orientación o sentimiento de animadversión. La abogacía del Estado señala que la 
expresión  guarda  directa  relación  con  la  descripción  que  se  hace  en  el  auto  de 
procesamiento sobre el contenido del Libro Blanco; mientras que el partido político Vox 
argumenta que el recurrente no ha sido capaz de hacer valer sus temores de parcialidad 
como objetivamente justificados.
Este motivo fue abordado en nuestra STC 23/2020, de 13 de febrero, dictada en el 
recurso de amparo avocado núm. 3807-2018, promovido por el recurrente contra el auto 
de 18 de junio de 2018. No obstante, no hubo pronunciamiento sobre el fondo, al 
apreciarse el óbice procesal consistente en la «falta de agotamiento de la vía judicial 
previa» [art. 44.1 a) LOTC].
6.2.2  Respuesta del órgano judicial.
La causa de recusación alegada fue inicialmente rechazada por la sala de recursos 
en su auto de 18 de junio de 2018, por el que se desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por el demandante contra el auto de 12 de abril de 2018, por el que se le 
denegó la libertad interesada. Decisión que fue reiterada, por remisión, en el auto de 26 
de junio de 2018, por el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos  e.e
contra el auto de 9 de mayo de 2018. La decisión de la sala de recursos fue avalada y  b
sceo nrfEeirmnm isateud  aafu  pnloodsra  lmaa resgnautlmao  edjunert íoedsnic juooif crAeia)c,m idaiopesan rtptoao deron l  al5a .s 5sa.e2lan,  tldeaen S criaealc aau hSrsoeorgasu .i nmMdpaáu sdg enelan Td craiob.nucnraelt oS,u spereñmaloa   2021-11303n https://ww
qpuoer  elal  «mqaugeijsat r[a…do]  dienssetrnufcotcoar,  yt iñdeenscdoon taesxít udaeli zfaa letal  sdeen tiidmop adrec ilaalsid eaxdp rloe siqounee sh uat ildizea dsaesr 
entendido como una percepción generalizada de la forma en que se fueron desarrollando
los acontecimientos en Cataluña, con ocasión de exponer el instructor el desarrollo de la 
estrategia secesionista que se recogía en el Libro Blanco que era objeto de explicación y 
comentario en la resolución recurrida». La expresión controvertida «ha de entenderse 
como la expresión de la incomodidad o desazón que generaba la repetición de noticias e 
imágenes que cualquier ciudadano podía percibir a diferentes horas del día relacionadas 
con la evolución del llamado procés y a las incidencias que en el día a día se iban 
produciendo. […] Sin embargo, una referencia incidental de esa índole en la redacción 
de una resolución judicial nada tiene que ver con una posible pérdida de imparcialidad a 
la hora de adoptar una decisión sobre el caso. Atribuir a una expresión de esa naturaleza 
las connotaciones propias de un signo revelador de pérdida de imparcialidad nos llevaría 
a unas consecuencias tan desmesuradas y distorsionadas que haría muy difícil celebrar 
un juicio o realizar una investigación en el ámbito judicial. Pues, de aplicarse los baremos 
que postula la defensa para valorar que existe una pérdida de imparcialidad, habría que 
anular todos aquellos procedimientos en los que la actitud poco comedida o desabrida 
de un acusado, o simplemente la pesadez o el incordio de uno de los protagonistas de 
un juicio, generara un estado de desazón o una sensación de molestia o de incomodidad 
en el juzgador que pudiera afectar a su grado de imparcialidad a la hora de enjuiciar un 
caso». Para el Tribunal Supremo, estos razonamientos permiten descartar la vulneración 
del derecho al juez imparcial por parte del magistrado instructor.
6.2.3  Resolución de la queja.
a)  La expresión controvertida («la estrategia que sufrimos») se contiene en el auto 
de procesamiento de fecha 21 de marzo de 2018. Se inserta en el marco de una 
detallada  exposición  de  los  elementos  fácticos  que  sustentaban  la  fundamentación 
jurídica del auto. Más en concreto, dentro del apartado 38 del antecedente de hecho 
único, bajo el epígrafe «una posible actividad delictiva en desarrollo, con un relevo en los 
partícipes», en la página 54. Se trataba de una descripción de la estrategia contenida en 
el denominado Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña, en el que se 
planteaban los diferentes escenarios frente a la respuesta del Estado ante la actuación 
planificada por las distintas autoridades y organizaciones sociales de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña que promovieron las actuaciones objeto de enjuiciamiento. Entre 
esos escenarios se abordaba una posible sucesión o relevo de los autores de esa 
actuación, lo que da título al apartado 38. En una frase introductoria de la parte final de 
esa estrategia se reseña la expresión controvertida: «Y termina el relato de la estrategia 
que sufrimos diciendo, inmediatamente después […]», extractando a continuación un 
párrafo  del  Libro  Blanco.  Como  ya  se  expuso,  esta  misma  expresión  se  recoge 
igualmente en el auto dictado por el magistrado instructor en fecha 12 de abril de 2018, 
por el que se deniega la libertad interesada por el recurrente.
b)  Con carácter previo al análisis de este motivo de amparo, se hace necesario 
abordar la alegación formulada por el Ministerio Fiscal en relación con la lesión invocada. 
Para el fiscal, esta causa de recusación no fue planteada en el momento procesal 
oportuno; es decir, cuando fue notificado el auto de procesamiento, en fecha 26 de 
marzo de 2018. Por el contrario, esta alegación fue invocada por el recurrente en 
fecha 16 de abril de 2018, al impugnar el auto de 12 de abril de 2018; y más tarde, por 
adhesión a lo expuesto por otra parte, en el trámite del recurso de apelación interpuesto 
contra el auto de desestimación del recurso de reforma planteado contra el auto de 
procesamiento. Ulteriormente, se volvió a invocar en el trámite de cuestiones previas, al 
inicio del juicio oral, así como en el escrito de conclusiones definitivas. e
De lo anterior se deduce que el fiscal plantea la concurrencia de la causa de  bo
inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con lo dispuesto en el art. 44.1 c)  3w
LaOrt.T 2C2.3 L.1o  qLuOeP hJa,  cduea npdoon esreseñ aelan  rqeulaec liaó nre, cau ssua cvieózn,  «codne blae rián fpraroccpioónne drsee l ota dni sppruoenstoto  ceonm eol   2021-1130n https://w
streá mteinteg»a. conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a
Efectivamente,  el  examen  de  los  motivos  que  integran  la  demanda  de  amparo 
requiere, conforme al art. 44.1 c) LOTC, que «se haya denunciado formalmente en el 
proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional, tan pronto como, 
una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello». La finalidad de esta norma es la 
de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo (por todas, SSTC 42/2010, 
de 26 de julio, FJ 2; 91/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 12/2011, de 28 de febrero, 
FJ 2). Este elemento teleológico ha guiado la interpretación de este requisito y el 
contenido  mínimo  de  la  invocación  para  que  pueda  considerarse  cumplido.  En  tal 
sentido, «el tribunal ha rechazado una interpretación literal o excesivamente rigorista de 
este requisito, aunque [no hasta el punto de] un vaciamiento absoluto de un precepto 
legal cuya ordenación responde a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo que se 
desprende claramente del art. 53.2 CE, y el titular del derecho fundamental debe facilitar 
su protección y hacer posible, con su invocación, que el órgano judicial remedie la 
presunta violación del correspondiente derecho» (STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 5). 
Por ello, este tribunal ha exigido que, al menos, la invocación formal se haga «de manera 
que se cumpla la finalidad perseguida con aquel requisito, lo que significa que se ha de 
ofrecer base suficiente para que, en la vía judicial, pueda entrarse a conocer de las 
concretas vulneraciones después aducidas en el recurso de amparo, lo que requiere, al 
menos,  una  delimitación  del  contenido  del  derecho  que  se  dice  vulnerado» 
(STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 5).
En el presente caso, tal y como apunta el Ministerio Fiscal, el motivo alegado no fue 
articulado en el momento procesal oportuno, ni a través del cauce procesal indicado por 
la ley.
Como se ha señalado, las dudas sobre la imparcialidad judicial han de hacerse valer 
a través del incidente de recusación correspondiente, hasta el punto de que la posibilidad 
de recusar se integra en el derecho a un proceso con todas las garantías (STC 116/2008, 
de 13 de octubre, FJ 2). El incidente de recusación se convierte, por tanto, en el 
instrumento idóneo para invocar una vulneración del derecho al juez imparcial. Al no 
hacerse así, no solo se renuncia al ejercicio del derecho a recusar en tiempo y forma, 
como expresión del derecho al juez imparcial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). También se impide la práctica de la prueba que se 
estime pertinente (art. 225 LOPJ), así como la instrucción y resolución del incidente por 
los órganos legalmente competentes (arts. 224 y 227 LOPJ). Del mismo modo, se 
imposibilita que el magistrado recusado pueda ofrecer las explicaciones que entienda 
procedentes sobre la cuestión sometida a controversia. El incidente de recusación es 
una  garantía  para  quien  recusa,  porque  permite  una  eventual  reparación  de  la 
vulneración alegada mediante el apartamiento del magistrado, pero también para el 
recusado, porque impide –en su caso– una indebida exclusión del conocimiento del 
asunto que legalmente le está encomendado.
El recurrente tenía que haber planteado el incidente de recusación cuando le fue 
notificado el auto de 21 de marzo de 2018 en el que se contenía la expresión discutida. 
Sin embargo, además de no plantear el incidente, ni siquiera recurrió en reforma ese 
auto por el motivo que ahora alega.
La vulneración ahora denunciada fue alegada más tarde, mediante la interposición 
de un recurso de apelación contra el auto de 12 de abril de 2018, que fue desestimado 
por medio del auto de 18 de junio de 2018, ya citado. Ulteriormente, mediante un escrito 
de 24 de mayo de 2018, se formuló una adhesión genérica al recurso de apelación 
interpuesto por la representación de doña Carme Forcadell contra el auto de 9 de mayo  s
de 2018 que resolvía el recurso de reforma frente al auto de procesamiento de 21 de  oe.
marzo de 2018. Se trataba, en todo caso, de una invocación general, inconcreta e  w.
ispneodgdirúíeanc  eteanl t qrrauerec a,u  ravradelenomtreaá,r s lla,a   scceoa nupcslaraen ttdaee ac buraee cscutioósnantc raaióh nuo.nr aaE  innre vesooscolausdc aiót énpr omdr iinsetoli nsret,a ce udlr eróe rnlgata eqn. uoDe e ju mhdoeictciivhaaol b,n aeo,l    2021-1130n https://w
apuotro o dtrea  2d6e d ela sju npiaor tdees  2r0e1c8u rsreen ltimesit,a qbuae a  «seelñ amlaerc, aennis rmesop uperosctae saa lla p vaurlan ehraacceiórn v aalleegr aldaas   BOE-A-cable e
dudas sobre la imparcialidad o las afirmaciones sobre la ausencia de la misma es la 
recusación,  que  tiene  su  propia  regulación  legal»  (fundamento  jurídico  tercero, 
apartado 2); mientras que en el fundamento jurídico séptimo, apartado 5, destacaba que 
la «cuestión relativa a la imparcialidad del instructor ya ha sido examinada».
Como es conocido (STC 154/2016, de 22 de septiembre, FJ 2, y más recientemente 
en STC 130/2018, de 12 de diciembre, FFJJ 3 a 5), los defectos insubsanables de que 
pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido 
inicialmente  admitido  a  trámite  (por  todas,  SSTC  18/2002,  de  28  de  enero,  FJ  3, 
y  158/2002,  de  16  de  septiembre,  FJ  2),  de  forma  que  la  comprobación  de  los 
presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o 
reconsiderar  en  la  sentencia,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  dando  lugar  a  un 
pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello 
constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 
LOTC (por todas, SSTC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; 89/2011, de 6 de junio, FJ 2, 
y 174/2011 de 7 de noviembre, FJ 2).
En este caso, la invocación fue extemporánea, ya que se formuló en el mes de abril 
frente a una resolución del mes de marzo, y formalmente indebida, por no haberse 
planteado a través de un incidente de recusación, pudiendo hacerlo. En consecuencia, la 
pretensión  incurre  en  causa  de  inadmisión  del  recurso  de  amparo  en  este  punto, 
conforme a lo dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con su art. 44.1 c).
c)  No obstante lo anterior, de los antecedentes descritos se deduce que tanto la 
sala  de  recursos  como  el  tribunal  sentenciador  entraron  a  valorar  el  fondo  de  la 
pretensión ahora formulada. Esto permite a este tribunal señalar que, en cualquier caso, 
el motivo no podría haber prosperado en los términos en que ha sido planteado.
(i)  Como se ha expuesto, este tribunal tiene declarado que la imparcialidad judicial 
se presume, y que las causas de recusación han de ser interpretadas restrictivamente, lo 
que implica la exigencia de que se aporte un principio de prueba del que se pueda 
derivar una duda objetiva y razonable sobre la causa de recusación invocada. Aunque en 
esta materia son importantes las apariencias, la imparcialidad del órgano jurisdiccional 
no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente, o de 
sus convicciones personales.
La causa de recusación invocada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». Como se deduce de lo expuesto en el 
ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 7, esta causa de abstención y/o recusación hace 
referencia a la relación del magistrado con el objeto del procedimiento, de manera que le 
pueda «afectar directa y especialmente», o pueda derivarse del mismo algún «beneficio 
o perjuicio». En esa resolución también se señalaba que, partiendo de la acepción de la 
palabra  «interés»  recogida  en  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  como 
«inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración», se ha afirmado 
que «las manifestaciones o expresiones de opiniones e ideas relacionadas con el objeto 
del proceso […] pueden ser exponente en algunos casos del "interés" a que se refiere el 
art. 219.10 LOPJ, y determinar por tanto la recusación del magistrado de que se trate».
El  análisis  de  la  expresión  impugnada  permite  descartar  cualquier  indicio  de 
parcialidad, sin alterar su literalidad ni el sentido o contexto en que fue utilizada. Se 
podrá  discutir  la  mayor  o  menor  fortuna  en  la  elección  del  verbo  empleado,  cuya 
pertinencia no ha podido ser explicada por el magistrado instructor, precisamente porque 
se ha omitido su informe al no haberse planteado un incidente de recusación. No 
obstante, ese verbo no puede ser necesariamente identificado con una pérdida de la  e.
imparcialidad del magistrado instructor. Es decir, la propia dimensión objetiva de la  w.b
deexp vr(eíiic)st iiómnEa ln  rdoee cplu umreredanegt iestrt araanfidsrmom aiitni rqs uutrneua cla tiom pr.aa Lglaoeb nrc aoie  «rutsnoua fe raismp qaoursi»ee  niemcli apr leidcceau  prlsaao ra cspiaualnridtceai óddn.e d uen laa  pporesmiciiósna   2021-1130n https://w
ceorrnósnteituat.i voLso sd e huencohso ds eliotobsje qtou e,d een  einl vceasstiog adcei ólan  reebsetalióbna n( arstsie. n4d7o2  yc sasli.f icCaPd)o as fecctoam aol 
orden constitucional (título vigesimoprimero del libro segundo), mientras que en el caso
de la sedición (arts. 544 y ss. CP) atenta contra el orden público (título vigesimosegundo 
del  libro  segundo).  En  ambos  supuestos,  se  estaba  en  presencia  de  infracciones 
delictivas que afectaban a bienes jurídicos colectivos, bien a todo el régimen de ejercicio 
de derechos y libertades ciudadanas, bien al funcionamiento regular de las instituciones. 
Por eso, la expresión discutida no puede implicar la asunción de la condición de víctima 
del delito, porque las figuras delictivas investigadas carecen de sujeto pasivo concreto y 
determinado.
Del mismo modo, la expresión impugnada no suponía una toma de partido por 
alguna  de  las  partes  con  la  consiguiente  animadversión  hacia  las  otras,  ni  la 
manifestación de un ánimo o interés personal sobre el sentido que debía tomar la 
resolución  final  del  procedimiento.  Lo  cual  es  compatible  con  el  hecho  de  que  el 
magistrado  instructor  vaya  asumiendo  una  progresiva  convicción  jurídica  sobre  la 
existencia de indicios delictivos y de su autoría, lo que es consustancial con su posición 
funcional  en  el  proceso,  que  no  puede  determinar,  por  sí  sola,  una  pérdida  de 
imparcialidad.
Precisamente en esta línea, también debe señalarse que se trata de una expresión 
cuya contextualización no puede analizarse al margen de la naturaleza de la extensa 
resolución judicial en que fue empleada.
(iii)  En efecto, «[e]n la STC 27/2019, de 26 de febrero, hemos recordado «la 
naturaleza  provisional  de  la  imputación  precisa  y  formal  en  que  el  procesamiento 
consiste (SSTC 41/1982, de 2 de julio, FJ 2; 104/1985, de 4 de octubre, FJ 2; 70/1986, 
de 31 de mayo, FJ 2; o 37/1989, de 15 de febrero, FJ 3), dado que no se dirige sino a 
delimitar objetiva y subjetivamente el objeto de la investigación desde que el instructor 
aprecie en la causa la existencia de indicios racionales de criminalidad». […] «[…] 
Añadíamos entonces que "el procesamiento no implica, evidentemente, la imposición de 
una pena. Constituye solo una resolución judicial de imputación formal y provisional que 
ha de ser objeto del correspondiente debate contradictorio y de la ulterior decisión, no 
implicando la culpabilidad del procesado, ni siquiera la vinculación del propio instructor, 
que puede revocar el procesamiento si desaparecen los indicios que determinaron su 
adopción"»» [STC 11/2020, de 28 de enero, FJ 9 A)].
Lo anterior supone que no todas las expresiones fácticas recogidas en un auto de 
procesamiento tienen un grado de vinculación absoluta para la delimitación del objeto del 
proceso ni para su resolución final. Lo relevante, desde la perspectiva del principio 
acusatorio y del derecho de defensa, es que se respete el núcleo esencial de los hechos 
atribuidos a la persona investigada a los efectos de formular, en su caso, la acusación; y 
que exista una correlación o coherencia, a su vez, entre el núcleo esencial de los hechos 
objeto de acusación y la sentencia que ponga fin al procedimiento (ver, por todas, 
STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 4).
d)  Por último, el recurrente pretende que la frase cuestionada lleve aparejada la 
nulidad de todo el procedimiento y, señaladamente, de una resolución completamente 
desconectada  jurídicamente;  es  decir,  distinta  y  autónoma  como  es  la  sentencia 
condenatoria. Ese hipotético grado de conexión entre la vulneración denunciada y el 
devenir final del proceso ha de ser objeto de una valoración de las circunstancias del 
caso  concreto  que,  necesariamente,  no  puede  ser  apriorística.  Como  señalaba  la 
STC 23/2016, de 15 de febrero, FJ 3, no es posible descartar que la reparación de una 
eventual lesión de un derecho fundamental mediante la nulidad con retroacción de 
actuaciones,  «entre  en  conflicto  con  otros  derechos,  bienes  y  valores  también 
constitucionales y dignos de tutela. En tales supuestos, por exigencia derivada de la  e.
eficacia propia de tales derechos y valores, así como del valor "justicia" (SSTC 160/1987,  w.b
dlFaeJ   22s7)o,  luddceei ló opncr tiunhbcaripebi,ro áF  dJe d6le ;E  5sa0tad/1do9op9 tad5re,s  deDe e 2pre3rec dhveioa   f(eSpbTorCenrd o1e,6 rFa0cJ/1i ó79n;8  177,d 3de/e 1 9l2o97s5  d, dede eor ec2tc1uh bdorese  ,n Fyo Jv ive6am) lo[b…rree]s,,    2021-1130n https://w
pcoronpsotirtcuicoinoanlaidleasd ,e yn  mcoontifvliacctoió, nc odne l rjeusicpieot od ea  psoun dceornatceinóind o(S, SobTsCe r8v5a/n1c9i9a2 d, edle p 8ri ndceip jiuon dioe, 
FJ 4, y 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 2)».
Para  este  tribunal,  la  expresión  analizada  puede  considerarse  inocua  desde  la 
perspectiva de la afectación material del derecho fundamental invocado y, por lo tanto, el 
ejercicio ponderativo no puede resolverse mediante la estimación de la pretensión del 
recurrente. El verbo empleado no fue determinante para la decisión adoptada en el auto 
de procesamiento, ni tuvo relevancia alguna para la formulación de los escritos de 
calificación provisional ni para la sentencia condenatoria. De esa expresión no se dedujo 
una desventaja para el procesado, ni una falta de equidad o una discriminación en el 
trato  dispensado  por  el  magistrado  instructor,  de  las  que  pudiera  deducirse  un 
posicionamiento en su perjuicio, indicativo de una falta de imparcialidad. Esto no significa 
que el derecho fundamental al juez imparcial requiera un resultado material para apreciar 
la lesión alegada. Pero, tal y como ha sido formulado el recurso, no basta con una mera 
interpretación de una expresión si no va acompañada de algún otro elemento fáctico del 
que, racionalmente, pueda deducirse una objetiva falta de imparcialidad.
El planteamiento del recurso es manifiestamente desproporcionado. Una sola frase 
incluida en una amplia resolución judicial en la que se exponen elementos indiciarios no 
puede suponer una quiebra del principio de imparcialidad determinante de la nulidad de 
todo el procedimiento.
Por otro lado, la demanda se refiere no solo a la actuación del magistrado instructor, 
sino que, por extensión, se dirige también contra la sala de recursos y contra el tribunal 
sentenciador,  al  desestimar  las  alegaciones  sobre  esta  cuestión.  En  la  sentencia 
impugnada [fundamento jurídico A), apartado 5.5.2] se deslizan expresiones que, de 
nuevo, son impugnadas por el recurrente. Se trata de palabras como «desazón», «tedio» 
o «atosigamiento» que el demandante considera impropias de una resolución judicial, 
porque denotan una pérdida de la debida imparcialidad.
Sin embargo, esas expresiones no suponen para este tribunal la evocación de un 
interés indebido en el objeto del proceso. La sala de enjuiciamiento se remite a las 
palabras contenidas en el auto de 18 de junio de 2018 dictado por la sala de recursos. El 
tribunal sentenciador tampoco hace suyas las palabras del magistrado instructor, sino 
que utiliza esas otras palabras con la pretensión de explicar o interpretar la locución 
impugnada. Unas expresiones que no son, en sí mismas, indicativas de una determinada 
posición procesal y que, en definitiva, no pueden suponer una pérdida de la debida 
imparcialidad.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
6.3  La recusación del magistrado de la sala de recursos, señor Monterde Ferrer.
6.3.1  Posiciones de las partes.
El  recurrente  impugna  en  su  demanda  la  desestimación  de  las  recusaciones 
formuladas contra el magistrado señor Monterde Ferrer, uno de los integrantes de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De forma sucinta, se considera 
que el magistrado no reunía las condiciones de imparcialidad, debido a que ocupaba el 
cargo de vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Esta 
asociación judicial desarrolló una campaña a través de la red social Twitter en la que 
tomó partido en contra de los procesados en esta causa. En concreto, los mensajes de 
los que se derivaría esa pérdida de imparcialidad serían los siguientes:
a)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la delegación en Cataluña de la APM, con 
expresión de su fecha y contenido:
– 29 de enero de 2018. Se muestra «preocupada» por los hechos sucedidos en  b
B«aamrc–ae rl2oill7nis atda eesl»  d,e íanq eu2re0o   dpdeide es en2p 0lta1ie 8mli.b beSrreeta  ddce r di2tiec0la 1p 7ra.o cleossa dcoiu ddaodna nJoorsd, i aS àlnocsh eqzu,e  y ssee  craeleifnicvaía  dlea   2021-11303n https://ww
infor–m 2a4ci ónd ere meitnidearo p odr eu n t2e0r1ce8r. o eSne  la cqauliefi csaen h accoem reof er«ednicniaá ma icuan  «apniqtuiceotnes gtiotulpciisotnaa»l.»
determinadas expresiones contenidas en una carta elaborada por el procesado don
Joaquín  Forn,  como  integrante  de  Junts  per  Catalunya,  del  que  formaba  parte  el 
procesado don Jordi Sànchez.
– A finales de noviembre de 2017. Se difunde un texto en inglés, cuya autoría 
pertenece a un tercero, que incluye una fotografía del procesado don Jordi Sànchez, 
altavoz  en  mano,  atribuyéndole  haber  incitado  a  miles  de  personas  a  rodear  una 
comisión judicial y destruir coches policiales.
– 24 de noviembre de 2017. Se critica a la alcaldesa de Barcelona por pedir la 
libertad de los procesados en la causa.
– 22 de noviembre de 2017. Se califica a la ANC como «brazo civil de la trama 
secesionista».
– 22 de noviembre de 2017. Se hace una referencia directa a los procesados don 
Josep Rull y don Jordi Turull, sobre su acatamiento a la Constitución, mediante la 
expresión irónica: «cómo han cambiado las cosas».
– 5 de noviembre de 2017. Se califica a la ANC como «movilizador de masas contra 
el Estado de Derecho».
– 27 de septiembre de 2017. Se reenvía un artículo de un tercero, en el que se alude 
a actuar «sin medias tintas» ante el «desafío separatista».
b)  Mensajes de la cuenta en Twitter de la Asociación Profesional de la Magistratura.
– 3 de noviembre de 2017. Se hace una referencia a la entonces magistrada de la 
Audiencia Nacional, señora. Lamela, de la que se dice irónicamente que se levantó «con 
el pie izquierdo» y decidió enviar a todos los encausados a prisión.
– 27 de octubre de 2017. Se hace un comentario sobre unas declaraciones públicas 
del exmagistrado señor Martín-Pallín, en el que se pregunta si «¿dejamos impunes a los 
delincuentes?».
Según la demanda, estos mensajes ponen de manifiesto un claro prejuicio sobre la 
culpabilidad de los procesados en la causa, de la que el magistrado recusado no podía 
ser  ajeno  por  la  relevancia  del  cargo  que  ostentaba  en  la  asociación  profesional 
promotora de esta campaña mediática.
Señala el recurrente que esta lesión se denunció en el primer recurso ante la sala de 
apelaciones y sería reiterada en recursos posteriores siempre que dicho magistrado 
formaba parte de la sala.
La queja del demandante se desarrolla en el sentido de denunciar el reiterado 
rechazo  indebido  de  esta  alegación.  A  tal  efecto,  expone  que  la  pretensión  fue 
rechazada a limine por la propia sala de recursos, de la que formaba parte el recusado, 
en su providencia de 12 de febrero de 2018, así como en la posterior de 14 de febrero, 
por la que se inadmitía el recurso de súplica interpuesto por el recurrente contra la 
anterior resolución. También fue ulteriormente desestimada en el auto de 15 de febrero 
de 2018, por el que se resolvía el recurso de apelación en cuyo trámite se planteó la 
recusación, así como en el posterior auto de 19 de abril de 2018, resolutorio del incidente 
de nulidad de actuaciones interpuesto por el demandante contra la anterior resolución. 
Por parte del recurrente, la queja fue invocada cada vez que se comunicó la intervención 
de ese magistrado, no instándose un nuevo incidente de recusación por razones de 
economía procesal, al conocerse la respuesta de la sala. Finalmente, la cuestión fue 
planteada  en  el  escrito  de  conclusiones  definitivas,  obteniendo  respuesta  en  la 
sentencia.
Sobre este motivo de amparo, el Ministerio Fiscal señala que el rechazo a limine del  s
incidente  de  recusación  contenía  un  fundamento  razonable.  Por  una  parte,  su  oe.
extemporaneidad, y por otra, la ausencia de principio de prueba sobre la vinculación del  3ww.
imdrreaargzeoicsnhtraoab daleo l  aco to unrtie glloaor sijs utmdai.ce inaEsll a ejaefebsco. tgivEaand,  ope osdrteqalu  elEín sleataa a,d rogc uoamnsseuidnmetaerca i ótaqnmu nebo ié tpanum elpado ece ocx ateslimefic pavorurslaenn eecroóidm aedol    2021-1130n https://w
apreciada por el tribunal, además de resaltar que los mensajes fueron emitidos por
personas no identificadas; mientras que Vox respondió en el mismo sentido que el 
motivo anterior, al abordar ambas alegaciones conjuntamente.
Este motivo fue abordado en nuestra STC 36/2020, de 25 de febrero, dictada en el 
recurso de amparo avocado núm. 2633-2018, promovido por el recurrente contra los 
autos de 14 de diciembre de 2017, 15 de febrero de 2018 y 19 de abril de 2018; así 
como en la STC 38/2020, de 25 de febrero, dictada en el recurso de amparo avocado 
núm. 5222-2018, promovido por el recurrente y otros procesados contra los autos de 30 
de julio de 2018 y 9 de julio de 2018. No obstante, no hubo pronunciamiento sobre el 
fondo, al apreciarse el óbice procesal consistente en la «falta de agotamiento de la vía 
judicial previa» [art. 44.1 a) LOTC].
6.3.2  Respuesta del órgano judicial.
En  el  fundamento  jurídico  A),  apartado  5.5.7,  la  resolución  ahora  impugnada 
desestima este motivo de nulidad señalando que «las defensas pretendieron alterar la 
composición de un órgano jurisdiccional –en este caso, la sala de recursos– mediante la 
invocación  de  una  causa  de  recusación  que  se  basaba,  no  en  los  mensajes  del 
magistrado afectado, no en sus opiniones, no en sus actos, sino en los mensajes 
anónimos que la defensa atribuía a magistrados no identificados, pero miembros de la 
Asociación Profesional de la Magistratura, de la que el recusado era vicepresidente. El 
rechazo a limine de ese incidente era obligado, no solo por su extemporaneidad –la 
composición de la sala de recursos se había publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 
desde el mes de diciembre de 2016–, sino porque los mensajes habían sido emitidos por 
personas no identificadas cuya vinculación con el señor Monterde exigía, al menos, 
aportar un principio de prueba».
6.3.3  Resolución de la queja.
La demanda plantea toda una serie de alegaciones que, desde el punto de vista 
metodológico, se pueden clasificar en dos grupos; procesales y materiales. Así, por un 
lado, se denuncia que el incidente de recusación nunca fue tramitado, sino que fue 
inadmitido por la misma sala de la que formaba parte el magistrado recusado, con una 
interpretación excesivamente rigorista de los requisitos para su admisión, ya que el 
incidente  fue  planteado  tan  pronto  como  se  tuvo  conocimiento  de  la  campaña 
emprendida por la asociación de jueces, con independencia de la publicación en el 
«BOE» de la composición de la sala de recursos. Y, por otro, la cuestión de fondo 
invocada pone de manifiesto que la lesión denunciada por el recurrente presenta un 
fuerte componente fáctico. Se trata de dilucidar si la condición del magistrado recusado, 
como  directivo  de  una  asociación  profesional  de  jueces,  determina  su  falta  de 
imparcialidad como consecuencia de los mensajes emitidos desde las cuentas de esa 
asociación en una concreta red social (Twitter).
a)  Empezando con las cuestiones de carácter procesal, ya hemos señalado que el 
rechazo a limine de un incidente de recusación ha sido admitido por este tribunal en sus 
SSTC 155/2002, de 22 de julio, FJ 2, y 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5, entre otras. 
Los requisitos exigidos para adoptar una resolución de ese tipo se han visto colmados 
por las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
En  efecto,  las  resoluciones  del  Tribunal  Supremo  entroncan  con  el  canon  de 
enjuiciamiento propio del derecho a una resolución motivada, tal y como ha sido descrito, 
entre otras muchas, en la STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3. Las decisiones exponen  e.e
con claridad los motivos de la inadmisión del incidente de recusación. b
dpiasrptEeu nee sll taom  pearngo ivseitldr aaedrnto.c  i2ar2e d3ceu L sO1a2dP oJd,,e  rl aefe csbharaleazr óoe  xldape or en2ce0u 1qs8ua,e cl ia«ó lnsa a pclaoo rnd deeix ctrieeómcnu pdroserolá smn, eadage.is  Tltarra aqdsuo er er efsoceruñmsaaar bdlaoo    2021-11303n https://ww
cfeocmhoa , vyic eesp rdees iddoemntien iod ep úlab lriceofe. rPidoar  aostrooc liaadcioó,n l ad acotam dpeo sviaciróions  daeñ loas s aanlate cso dmep elate pnrtees peanrtae 
la resolución de los recursos de apelación contra los autos dictados por el juez instructor
en la causa de referencia es conocida desde su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado" con fecha 30 de diciembre de 2016. Por otro lado, esta sala de apelaciones ya 
ha resuelto otro recurso en esta misma causa mediante auto de 5 de enero de 2018, 
formando parte del tribunal el magistrado recusado, en rollo de apelación 1-2017, en 
virtud de recurso interpuesto por [otro procesado] contra el auto del instructor de 4 de 
diciembre  de  2017,  dato  que  es  igualmente  conocido  por  el  recusante  [el  ahora 
recurrente],  que  compareció  en  el  mismo  como  parte  adherida  al  recurso».  Este 
razonamiento es reiterado en el auto de 19 de abril de 2018, por el que se desestima el 
incidente de nulidad planteado contra el auto de 15 de febrero de 2018, por el que, a su 
vez, se desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra el auto del magistrado 
instructor  de  14  de  diciembre  de  2017.  En  el  incidente  de  nulidad  se  alegaba  la 
vulneración del derecho al juez imparcial, por negativa injustificada a tramitar el incidente 
de recusación planteado contra el magistrado.
Por lo tanto, el incidente fue rechazado a limine por su manifiesta extemporaneidad, 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 223.1 LOPJ, lo que es conforme a la doctrina de 
este tribunal.
b)  No obstante, la inclusión del régimen de abstenciones y recusaciones en el 
ámbito propio de la configuración legal del derecho al juez imparcial, obliga a examinar 
las resoluciones del Tribunal Supremo no solo desde la perspectiva del mero control 
externo propio del canon de enjuiciamiento de una cuestión de legalidad ordinaria, sino 
desde  el  plano  de  la  efectiva  apreciación  de  los  elementos  que  sustentan  las 
pretensiones alegadas y la consiguiente protección del derecho fundamental invocado, 
que  no  puede  verse  afectado  por  interpretaciones  excesivamente  rigoristas  de  las 
normas aplicables.
En  ese  examen  se  constata  que  los  mensajes  aportados  abarcan  una  notoria 
extensión  temporal  (desde  el  mes  de  septiembre  de  2017  hasta  el  mes  de  enero 
de 2018); que la recusación fue planteada en fecha 8 de febrero de 2018 porque, según 
el recurrente, el día anterior le fue notificada la concreta composición de la sala; que ese 
mismo magistrado ya había intervenido en la resolución del recurso de apelación núm. 
1-2017, mediante auto dictado en fecha 5 de enero de 2018; y que la integración de ese 
magistrado en la sala de recursos había sido publicada en el «BOE» núm. 315, de 30 de 
diciembre de 2016 (vigente hasta el 31 de enero de 2018), y reiterada en el «BOE» núm. 
300, de 11 de diciembre de 2017 (vigente a partir del 1 de febrero de 2018), fechas en 
las que se hicieron públicos los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial de 21 
de diciembre de 2016 y 23 de noviembre de 2017, respectivamente, por los que se 
publicaban  los  acuerdos  de  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Supremo,  sobre 
composición y funcionamiento de las salas y secciones y asignación de ponencias que 
deben turnar los magistrados para los periodos 2017 y 2018. En relación con este último 
aspecto, conviene recordar que, como se afirmó en nuestra STC 116/2008, de 13 de 
octubre, FJ 3, la predeterminación de la competencia y composición de un determinado 
órgano judicial no presupone el conocimiento de los magistrados que en cada momento 
vayan  a  intervenir  en  la  resolución  de  cada  asunto,  porque  pueden  influir  factores 
diversos como traslados, permisos, licencias o situaciones administrativas. No obstante, 
una valoración conjunta de los datos obrantes en la causa permite asumir sin dificultad 
alguna la conclusión sobre la extemporaneidad del incidente de recusación y, por lo 
tanto,  la  adecuación  del  rechazo  a  limine  de  esta  pretensión  con  la  consiguiente 
ausencia de vulneración del derecho al juez imparcial.
Los datos fácticos reseñados ponen de manifiesto que el incidente de recusación no  s
fue planteado «tan pronto como» se tuvo conocimiento de la eventual existencia de  oe.
causa legal para ello, lo que justifica su inadmisión a trámite (art. 223.1 LOPJ). Existe  w.
udenemal is ininóconidt oeyr/nioat e r;de ilesontsav nímoc eiadn est ealomjessp p ofrruiamel reodrnoe s,d  iamful enmndseidanojoesss , e cnho anrsetrtdoaev sec rustaiodtcoroisa  leym sel asy ,ef espc,o hrea nl odt reeta  innlatto e,fr epecorhasanic  idódene    2021-1130n https://w
palcacnetseoó  ptaúcbhliac oa dlgeusndae  deel  ppraimrceiar limdaodm ceunaton;d yo,  feinsael mmeangties,t rlaod qou pea ertsic mipuóy e snig lnai friecasotivluoc,i ónno  dsee   BOE-A-cable e
un recurso anterior en fecha 5 de enero de 2018, en el que había intervenido la misma 
representación del recurrente, como se expuso en la providencia de 12 de febrero 
de  2018,  concurriendo  semejantes  circunstancias  a  las  que  motivaron  el  ulterior 
planteamiento del incidente. Con estos elementos, la decisión del tribunal no puede 
considerarse  como  rigorista,  sino  como  ajustada  al  necesario  examen  de  los 
presupuestos fácticos en los que pretendía fundarse la causa de recusación invocada. 
En palabras de este tribunal, la improcedencia de la recusación podía «apreciarse prima 
facie de modo manifiesto claro y terminante» (STC 155/2002, de 22 de julio, FJ 6).
En cualquier caso, la extemporaneidad de la pretensión debe ponerse en relación, a 
su vez, con el otro motivo indicado en la sentencia ahora impugnada, es decir, la 
constatación de que el magistrado recusado no había sido el autor o el difusor de los 
mensajes denunciados. Este hecho enlaza con el examen de la cuestión de fondo, que 
ha de conducir al mismo destino desestimatorio, ya que la causa de recusación fue 
invocada  de  forma  «arbitraria»  (STC  155/2002,  de  22  de  julio,  FJ  3),  es  decir, 
manifiestamente injustificada.
c)  La causa de recusación alegada es la prevista en el art. 219.10 LOPJ: «Tener 
interés directo o indirecto en el pleito o causa». La demanda reconoce que no se puede 
determinar  la  autoría  de  los  mensajes  controvertidos,  pero  considera  que  el  cargo 
asociativo del magistrado permite afirmar que conocía y compartía la «línea editorial» de 
la cuenta de la APM en la red social Twitter. La demanda también admite la libertad de 
expresión asociativa, pero dice que esos mensajes expresan «claros prejuicios respecto 
de  la  responsabilidad»  del  recurrente  y  una  «evidente  animadversión»  hacia  los 
procesados y «su ideología política».
En todo caso, la falta de imparcialidad solo puede derivarse de actos propios o 
expresiones proferidas por aquel a quien se imputa la causa de recusación. No cabe 
cuestionar la imparcialidad por manifestaciones ajenas, al margen de la conducta del 
propio recusado. Tampoco puede considerarse que cualquier mensaje enviado desde 
una cuenta de un colectivo asociativo pueda atribuirse automáticamente a cada uno de 
sus integrantes. Incluso, una posible o hipotética responsabilidad anudada a la asunción 
de un cargo asociativo no puede confundirse con la responsabilidad individual derivada 
del ejercicio profesional de la función jurisdiccional, que solo puede exigirse por las 
propias acciones.
Aun desde la perspectiva de la mera apariencia de imparcialidad, lo verdaderamente 
relevante son las conductas o expresiones del magistrado recusado. Lo cierto es que, en 
este caso, no se ha aportado elemento probatorio que permita tener por acreditado o del 
que pudiera deducirse que alguno de los mensajes referidos hubiera sido elaborado, 
difundido o asumido por aquel, o del que pudiera derivarse su posicionamiento previo 
sobre las cuestiones sometidas a su consideración y, en consecuencia, un interés por 
una determinada resolución del asunto que ponga en duda su imparcialidad.
d)  Finalmente, como ocurriera en el caso anterior, la pretensión del recurrente se 
muestra  manifiestamente  desproporcionada.  El  magistrado  recusado  actuaba  como 
integrante de una sala de recursos en la que se abordaban cuestiones procesales 
incidentales.  El  magistrado  no  tuvo  intervención  alguna  en  la  sentencia  ahora 
impugnada. En consecuencia, la actuación previa del magistrado no ofrece conexión 
alguna de antijuridicidad con la resolución cuya nulidad se pretende.
Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
6.4  La recusación de los magistrados de la sala de enjuiciamiento que formaron 
parte de la sala de admisión. e.
6.4.1  Posiciones de las partes. 3w
magEisl trraedcuorsr eqnutee  dfoernmunacroian  lap ainrtdee bdied al ain asadlma isdióen a ddem lias iórenc u(sseañcoiórne sp lManatrecahdean ac oGntóram elozs,   2021-1130n https://w
Martínez Arrieta, Berdugo y Gómez de la Torre y Varela Castro).
La demanda se queja de la pérdida de imparcialidad de aquellos magistrados de la 
sala de enjuiciamiento que habían acordado la admisión a trámite de la querella que dio 
origen al procedimiento. Para el recurrente, la parcialidad de estos magistrados no se 
deriva exclusivamente de su rol funcional en la iniciación del proceso, sino de la forma en 
que realizaron esta labor. Considera el demandante que el auto de admisión contiene un 
«amplio juicio de tipicidad» y fue «inusualmente extenso en sus razonamientos jurídico-
sustantivos». Se trataba, por tanto, de una resolución que fue más allá de un mero 
pronunciamiento sobre la procedencia de una investigación ante una notitia criminis. 
Según la demanda, estos magistrados debían tener «necesariamente prejuicios sobre la 
cuestión  de  fondo»  cuando  ejercieron  su  labor  como  integrantes  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.
En  relación  con  este  motivo  de  amparo,  el  Ministerio  Fiscal  propone  su 
desestimación. En esencia, considera que el auto de admisión a trámite de la querella se 
limita, desde el punto de vista fáctico, a aproximarse a los hechos desde una perspectiva 
de «hipotética existencia», mientras que, desde el punto de vista jurídico, la calificación 
no excede del plano hipotético. El auto se circunscribe a un control meramente formal o 
abstracto  sobre  la  regularidad  procedimental  de  la  querella,  sin  fijar  criterio  sobre 
cuestiones  fácticas  y  jurídicas.  La  Abogacía  del  Estado  se  pronuncia  en  el  mismo 
sentido. Por su parte, la representación del partido político Vox responde con el mismo 
argumento con el que rechaza todas las alegaciones sobre la vulneración del derecho al 
juez imparcial.
Este motivo fue abordado en nuestra STC 39/2019, de 26 de marzo, dictada en el 
recurso  de  amparo  avocado  núm.  5758-2018,  promovido  por  otras  personas 
investigadas contra el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, dictado por la Sala del 
art.  61  LOPJ,  en  el  que  compareció  el  ahora  demandante.  No  obstante,  no  hubo 
pronunciamiento sobre el fondo, al apreciarse el óbice procesal consistente en la «falta 
de agotamiento de la vía judicial previa» [art. 44.1 a) LOTC].
6.4.2  Respuesta del órgano judicial.
Esta queja fue extensamente respondida en la sentencia impugnada [fundamento 
jurídico A), apartado 5.5.3], como antes lo había sido por el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre, dictado por la Sala del art. 61 LOPJ en su rollo núm. 5-2018, por el que se 
desestimó el incidente de recusación planteado, por este mismo motivo, mediante escrito 
de 23 de julio de 2018.
Para  el  Tribunal  Supremo,  la  lesión  invocada  está  en  abierta  oposición  con  la 
jurisprudencia constitucional, de esa sala y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
acerca de la necesaria dualidad funcional entre quien investiga y quien juzga. Se citan, a 
tal efecto, las SSTC 162/1999, de 27 de diciembre, FJ 6; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 14 
a); 155/2002, de 22 de julio, FJ 2; 38/2003, de 27 de febrero, FJ 3; 39/2004, de 29 de 
marzo; 45/2006, de 13 de febrero, y 143/2006, de 8 de mayo, y la STS 36/2006, 19 de 
enero. También se citan las SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack c. Bélgica, 
§ 30; de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber c. Bélgica, § 24; de 25 de julio de 2002, 
caso Perote Pellón c. España, § 43, y de 17 de junio de 2003, caso Pescador Valero c. 
España, § 21.
Conforme a esta doctrina, el Tribunal Supremo entiende que lo determinante es que 
no concurra «ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones 
en el órgano judicial, incluidas aquellas que, desde una perspectiva objetiva, pueden 
producirse, entre otras consideraciones, por haber tenido el juzgador una relación o  e
contacto previo con el thema decidendi». Para ello es necesario comprobar «en cada  bo
supuesto  en  particular,  […]  si  la  intervención  previa  en  la  que  el  interesado  hace  3w
rdeescidiseiónnc ivaar lsourasn dduod cause hsatio snideos  sreuasltiaznacdiaa lmpoern etel  óidrgéannticoa jsu doi cmiaul yte cneiercnadnoa qs uae  aaqduoeplltaasr  uqnuae   2021-1130n https://w
dAesbí ehna  seorc uorbrijdeoto,  dpeo rp reojenmunpcloia,m «ieennt olo os  raeusotolusc idóen  einnc uellp eancjiuóinc iaym pieronctoe ssaombrieen etol ,f oynad os»e. 
efectúe de forma preventiva, como acaece al acordar la adopción de medidas cautelares
(STC 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 4)». Por el contrario, se ha descartado en los 
supuestos de admisión a trámite de una denuncia o querella (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). Lo relevante, según el Tribunal Supremo, es si la «participación implica 
un  pronunciamiento  sobre  los  hechos,  sobre  el  autor  de  los  mismos  y  sobre  su 
culpabilidad que no deja margen para una nueva decisión sin prejuicios sobre el fondo 
de la causa. Por lo tanto, es necesario comprobar la intensidad del juicio emitido sobre el 
objeto del proceso».
A continuación, la sentencia impugnada se remite a la decisión adoptada por la sala 
a que se refiere el artículo 61 LOPJ que, al resolver en el auto núm. 3/2018, de 13 de 
septiembre,  el  incidente  de  recusación  planteado  por  este  motivo,  apreció  que  no 
concurría la causa de recusación alegada (art. 219.11 LOPJ) porque «es claro que 
admitir a trámite la querella, acto inicial del proceso penal, no es instruir, ni mucho menos 
resolver la causa en una instancia o grado anterior del proceso». Del mismo modo, 
afirmó que los magistrados no hicieron «otra cosa que recibir la querella, constatar que 
reunía las […] condiciones requeridas y pasar el asunto al instructor a quien por turno 
correspondía. No puede decirse, así, que hayan entrado en el examen de los hechos 
reprochados en esta causa, ni efectuado valoraciones jurídicas sobre los mismos, ni 
tomado decisiones que puedan afectar a la marcha del proceso».
6.4.3  Resolución de la queja.
a)  Un análisis de este motivo de amparo remite, necesariamente, al momento de la 
incoación de la causa especial núm. 20907-2017. Este procedimiento tuvo su origen en 
una querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, don José Manuel 
Maza Martín. Tras el análisis y estudio de la querella, la sala de admisión de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo dictó un auto en fecha 31 de octubre de 2017, por el que 
se  declaraba  la  competencia  de  ese  tribunal  para  la  instrucción  y,  en  su  caso, 
enjuiciamiento de los hechos objeto de la querella, procediéndose a la designación de 
magistrado  instructor.  La  sala  de  admisión  estaba  compuesta  por  los  magistrados 
recusados y por el magistrado don Julián Sánchez Melgar, que no formó parte de la sala 
de enjuiciamiento.
Lo primero que conviene señalar es que, como se ha razonado anteriormente, la falta 
de  imparcialidad  judicial  ha  de  ponerse  de  manifiesto  a  través  de  las  causas  de 
abstención y/o recusación previstas en la norma correspondiente. En este caso, la parte 
invoca el motivo recogido en el art. 219.11 LOPJ; es decir, «[h]aber participado en la 
instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia». 
Parece claro, en línea con lo argumentado en el auto núm. 3/2018, de 13 de septiembre, 
de la Sala del art. 61 LOPJ, que la admisión a trámite de una querella no puede 
equipararse a la compleja actividad instructora de una causa penal que, además, ha sido 
ejercida en este caso por un magistrado distinto a los recusados. La instrucción requiere 
actos de imputación formal, decisiones sobre situación personal o medidas cautelares de 
carácter real, sobre la búsqueda de fuentes de prueba, así como sobre la declaración de 
la  existencia  de  indicios  de  la  comisión  de  un  hecho  delictivo  y  de  su  autor 
suficientemente sólidos como para permitir la continuación del procedimiento en fases 
ulteriores, hasta llegar al juicio oral. Nada de esto se resuelve en el auto de admisión a 
trámite de la querella. Como tampoco se puede considerar que ese auto implica la 
resolución  del  pleito  o  causa  en  anterior  instancia,  porque  no  contiene  un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
No obstante, la doctrina de este tribunal sobre la vertiente objetiva de la imparcialidad  e
judicial determina un análisis ad casum de la concreta actuación jurisdiccional que es  bo
objeto  de  controversia.  Por  ello,  aunque  hemos  declarado  que  la  «admisión  de  la  3w
FquJ er5e)l,la  e[…n ] enl o nveuclneesarari oe l edxearemcehno  adle j uelazs  imcpoanrdciciaiol»n e(Ss TCfo r4m5a/2le0s0 6o,  deex 1tr3ín sdeec afesb reqruoe,   2021-1130n https://w
qcourer epsupeodnad ed erdeuacliizrsaer  eunn ae sptree vtiipao t odmea r edseo pluacritoidnoe sd ep uloesd mena gdiesstrlaizdaorss.e E esx pdreecsiri,o anuens qduee  lnaos 
sea propio de su naturaleza, en pura hipótesis cabría considerar que los magistrados
hubieran podido introducir en el auto de admisión a trámite de la querella algunas 
manifestaciones de las que deducirse su falta de imparcialidad en el momento del 
enjuiciamiento, derivadas de una toma de postura sobre la realidad del hecho delictivo o 
de su autoría. Eso obliga a una casuística labor ponderativa que pasa por el estudio 
detallado  del  auto  controvertido.  Una  vez  más,  nos  encontramos  ante  alegaciones 
ancladas en elementos fácticos que es preciso apreciar o descartar para determinar, 
eventualmente, su relevancia a fin de valorar la vulneración del derecho fundamental 
objeto de la impugnación.
b)  El demandante señala que el auto de admisión a trámite de la querella contiene 
un amplio juicio de tipicidad y es inusualmente extenso para su finalidad. Considera que 
ese pronunciamiento implica una valoración de la relevancia jurídico penal de unos 
hechos que, sustancialmente, fueron los mismos que se sometieron al enjuiciamiento por 
estos mismos magistrados que, en tal sentido, ya habían adquirido un prejuicio que 
afectaba a su apariencia de imparcialidad.
Sin embargo, la premisa de la que parte la demanda no puede ser compartida por 
este tribunal. Como es conocido, el auto de admisión a trámite de una querella «es un 
acto  jurisdiccional  que  no  expresa  ni  exterioriza  toma  de  posición  anímica  y  está 
configurado legalmente como un juicio claramente distinto del razonamiento fáctico y 
jurídico que permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que unos hechos previstos 
en la ley como delito han sido cometidos por un acusado» (STC 162/1999, de 27 de 
diciembre, FJ 6). A través de ese auto se trata de comprobar, en los términos dispuestos 
en los arts. 269, 313 y 270 y ss. LECrim, si los hechos descritos en la querella son 
constitutivos de delito y pueden ser atribuidos a una persona concreta y determinada, 
procediendo, en consecuencia, su investigación. En ese momento procesal, la sala 
únicamente podía atender al relato fáctico de la querella y a su calificación jurídica, de 
manera que su admisión a trámite solo podría ser obviada si los hechos en que se 
fundaba eran manifiestamente falsos o no eran constitutivos de delito. No obstante, una 
admisión a trámite de una querella no prejuzga la existencia de delito ni su autoría. No 
condiciona el devenir futuro del procedimiento. No declara culpabilidad o inocencia.
El auto de la sala de admisión se mueve en ese plano funcional, y es especialmente 
riguroso en su análisis prospectivo sobre los hechos. Varias expresiones abonan esta 
tesis.
Así, en el fundamento jurídico 3 (páginas 4 y 5), se dice que:
«Las dificultades ya puestas de manifiesto se intensifican cuando la determinación de 
la competencia objetiva exige de esta sala una aproximación a los hechos que son 
objeto de querella que nunca puede ir más allá de una valoración puramente conjetural o 
hipotética de su verdadera existencia. Desde esta perspectiva, a los exclusivos efectos 
de proclamar nuestra competencia objetiva, la sala constata que el Ministerio Fiscal […] 
sitúa la ejecución de parte de los hechos imputados fuera del territorio de la comunidad 
autónoma catalana […]. [E]l relato que sirve de soporte fáctico a la querella entablada 
por el Ministerio Fiscal –cuya hipotética existencia solo se valora a los efectos de 
resolver sobre la competencia de esta sala– […]».
En el fundamento jurídico 4 (páginas 5 y 6), se recoge expresamente lo siguiente:
«En la incipiente fase del proceso en el que se inserta la presente resolución, 
constatamos que el fiscal alude a la existencia de un delito […]. Hemos dicho en 
numerosas resoluciones que el proceso penal es de cristalización progresiva. Será a lo  s
largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de  oe.
investigación acordadas por el instructor, confirmen o desmientan su realidad». 3ww.
Finalmente, el fundamento jurídico 5 (página 6) insiste en estas ideas cuando señala: 2021-1130n https://w
quer«eLllaa  daeficrimsiaó.n  Aqsuíe l oa himorpao naeco nrduaemstoros  sáem bbiatos av, acloorna tcivaor áccotemr oe xscalluas idvoe,  aednm lios ióqnu.e  Llaa 
presente resolución no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y
jurídicas que se deslizan en la acción penal entablada. Será el instructor llamado a 
asumir la investigación quien deberá acordar la práctica de las diligencias indispensables 
para el exacto conocimiento de los hechos y su inicial subsunción. Y será la instrucción 
la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta sala, 
como  sugiere  el  Ministerio  Fiscal,  el  conocimiento  de  aquellos  hechos  inicialmente 
tramitados  en  otros  órganos  jurisdiccionales,  pero  que  presenten  una  naturaleza 
inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados y, en su caso, enjuiciados».
Como se puede comprobar, el auto de admisión no contiene un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, no afirma la existencia de delito ni la culpabilidad de sus 
presuntos autores. Ni siquiera introduce matiz alguno del que se pudiera derivar un 
avance  sobre  estos  extremos.  Su  ámbito  valorativo  se  circunscribe  a  una  estricta 
comprobación de la apariencia delictiva de los hechos expuestos en la querella inicial. 
Por lo tanto, de sus términos no se deduce una toma de posición de los magistrados 
sobre los hechos objeto de su enjuiciamiento, por lo que no puede imputárseles tacha de 
parcialidad alguna.
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
6.5  La recusación de los magistrados que integran la sala de enjuiciamiento.
6.5.1  Posiciones de las partes.
Este motivo se concreta, a su vez, en dos alegaciones. Por una parte, se denuncia 
que el magistrado instructor y los integrantes de la sala de recursos forman parte de la 
propia Sala Segunda del Tribunal Supremo; es decir, del mismo órgano encargado del 
enjuiciamiento.  Para  el  recurrente,  el  hecho  de  que  las  causas  instruidas  por  un 
magistrado sean luego revisadas o juzgadas «por compañeros de la misma sala», no 
garantiza la necesaria «distancia» entre el instructor y el tribunal de apelación o de 
enjuiciamiento,  que  sí  se  garantiza  «en  cualquier  otro  procedimiento,  no  así  a  las 
personas aforadas». Esta circunstancia deriva de lo dispuesto en el art. 57.2 LOPJ, por 
lo  que  se  sugiere  de  este  tribunal  el  planteamiento  de  una  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad.
Por otro lado, se impugna la composición de la sala encargada de resolver el 
incidente de nulidad de actuaciones, que fue la misma sala de enjuiciamiento que dictó la 
sentencia recurrida. Para el demandante, obviando esta petición expresa formulada por 
otrosí  en  su  escrito  promoviendo  dicho  incidente,  no  se  garantizó  la  máxima 
imparcialidad del órgano revisor que, «como era de esperar, no advirti[ó] absolutamente 
ninguna vulneración de derechos fundamentales en la resolución que ellos mismos 
habían dictado unas semanas antes».
En  relación  con  estas  dos  alegaciones,  el  Ministerio  Fiscal  no  se  pronuncia 
expresamente sobre la segunda, mientras que propugna la desestimación de la primera, 
al entender que se trata de un planteamiento peculiar que no tiene sustento en dato 
objetivo alguno. El abogado del Estado considera que el primer motivo no aparece 
recogido en el listado de causas de abstención y recusación, mientras que si se estimara 
la alegación planteada en segundo lugar se estaría produciendo la conculcación del 
derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. En cuanto a la posición del partido 
político Vox, no cabe sino reiterar lo expuesto en apartados anteriores.
6.5.2  Respuesta del órgano judicial.
En  su  respuesta  a  la  primera  alegación,  invocada  en  el  mismo  trámite  que  la  o
expuesta  en  el  apartado  anterior,  la  sentencia  impugnada  [fundamento  jurídico  A),  3w
aemppnoaajnugreiitcsnaittadreamo»d ,i5oe r.sni5n.t. od4U,i]e  nqsnaeud ñedoa i sealatnsa  íqn l«aucc iealuó  elgqtosiuc  edaa i  feldíacle  iarl  esmecuniu strretaranezddno etenerna  l nmaeo li e epexnrxiotgiogce eeno scbeoilani gd tardeere í d aloce isalei b rm«teanir eao«mc dcibóisorntnoa»tsnr,  acddrieeaia  »rfloa  ejr amnsmatarláea qs  l udoaeesl     OE-A-2021-1130able en https://w
«nunca quedaría erosionada la relación personal entre los magistrados de un órgano 
colegiado».
En  este  punto,  la  Sala  vuelve  a  remitirse  a  lo  expuesto  en  el  auto  de  13  de 
septiembre de 2018 por la Sala del art. 61 LOPJ: «ser compañeros en un mismo órgano 
jurisdiccional no conduce necesariamente a hacer confidencias irregulares, ni menos aún 
a quebrantar los propios deberes legales y deontológicos. Para que una alegación como 
la hecha por los recusantes mereciera algún crédito, sería necesario que aportasen 
algún elemento fáctico en que basarla; algo que simplemente no han hecho».
En el apartado anterior de la sentencia (5.5.3), ya se había hecho referencia a las 
normas de reparto que distribuyen el conocimiento de los asuntos en esa sala, que 
«parten de una diferencia muy marcada entre la sala de admisión que, como su propio 
nombre sugiere, limita su papel a la admisión a trámite de la denuncia o querella, la sala 
de recursos, integrada por magistrados que no han participado en la decisión sobre 
admisión  y  que  está  llamada  a  resolver  los  recursos  contra  las  resoluciones 
interlocutorias del magistrado instructor y la sala de enjuiciamiento, integrada por los 
magistrados que, hasta ese momento, se limitaron a dar trámite a la querella y se 
apartaron de todo contacto con el objeto del proceso». Esta delimitación funcional es 
suficiente, según la Sala, para garantizar la debida imparcialidad de sus integrantes.
En cuanto a la segunda alegación, la sala de enjuiciamiento da una respuesta –que 
puede considerarse implícita– en el auto de 29 de enero de 2020, por el que resolvió el 
incidente de nulidad de actuaciones. Así, en su fundamento jurídico 1 hace referencia a 
la doctrina expuesta en su auto de 1 de marzo de 2012, en el que se razonaba que «la 
filosofía  del  nuevo  incidente  de  nulidad  de  actuaciones»  permite  que  «la  propia 
jurisdicción ordinaria pueda subsanar cualquier violación de los derechos fundamentales 
del art. 53.2 de la Constitución», con lo que «se evita, en su caso, el acceso a la 
jurisdicción constitucional cuando la ordinaria, como primer garante de tales derechos 
fundamentales, puede evitar y subsanar cualquier denuncia al respecto». Igualmente, se 
añade en el auto de 29 de enero de 2020 que, «de acuerdo con el apartado primero del 
artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será competente para conocer de 
este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido 
firmeza». En definitiva, de lo expuesto se deduce que el Tribunal Supremo considera que 
la queja carece de virtualidad alguna, porque la propia naturaleza del incidente determina 
que sea, precisamente, el órgano que dictó la resolución el que haga una revisión de 
esta.
6.5.3  Resolución de la queja.
a)  En relación con el primer motivo en el que se concreta esta impugnación, el 
planteamiento  del  recurrente  supone,  en  realidad,  una  cierta  confusión  entre  dos 
derechos fundamentales distintos: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 
(reconocido expresamente en el art. 24.2 CE), y el derecho al juez imparcial (reconocido 
implícitamente como integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías en el 
mismo art. 24.2 CE). La demanda hace depender un derecho del otro, de tal manera que 
la propia competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo (que afecta, en su caso, 
al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley) es la que determina la falta de 
imparcialidad de los integrantes de ese órgano. Es decir, la vulneración del derecho al 
juez imparcial vendría motivada, de forma automática, por la competencia del Tribunal 
Supremo para el conocimiento del asunto. En este esquema argumental, el recurrente 
sugiere a este tribunal el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad  e
sobre el art. 57.2 LOPJ. Este precepto dispone lo siguiente: «En las causas a que se  bo
refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre los  3w
pmaiertme bdreo sla  dmei slam saa plaa,r ac oennfjouricmiaer laa su»n. turno preestablecido, un instructor, que no formará  2021-1130n https://w
doctEriln ma ojutivrios pcraurdeecnec idael  cfuitnaddaam neon toim. pEomnpee zuann ddoe tepromr ilnaa údloti mdais eañleog accoiómnp efotermncuilaald ap,a rlaa 
garantizar el derecho a un juez imparcial. En consecuencia, este derecho puede ser
protegido con independencia de que los jueces y tribunales que intervienen en un asunto 
formen parte o no de un mismo órgano judicial. Lo relevante es el adecuado deslinde 
funcional entre ellos. De esta manera, el juez que instruye no puede fallar, mientras que 
los jueces que revisan las decisiones de la fase de instrucción no pueden intervenir en la 
fase de enjuiciamiento si en su labor de revisión han anticipado algún posicionamiento 
sobre la cuestión de fondo. Por su parte, los jueces que enjuician y dictan sentencia no 
han  debido  tener  participación  alguna  en  la  fase  de  investigación  previa.  Si  esos 
parámetros se cumplen, la imparcialidad judicial derivada estrictamente del rol funcional 
está garantizada. Al margen, claro está, de la posible concurrencia de otras causas de 
parcialidad de carácter subjetivo u objetivo.
La actual organización de la Sala Segunda del Tribunal Supremo permite garantizar 
el derecho al juez imparcial, porque diferencia de forma adecuada las funciones del 
magistrado  instructor,  de  la  sala  de  recursos  y  de  la  sala  de  enjuiciamiento, 
estableciendo  los  turnos  necesarios  para  evitar  cualquier  solapamiento  entre 
magistrados del que pudiera deducirse una tacha de parcialidad derivada de su relación 
funcional con el proceso. En el caso que nos ocupa, estos criterios estaban fijados y eran 
públicos con suficiente antelación a la incoación del procedimiento (ver, en tal sentido, el 
ya citado «BOE» núm. 315, de 30 de diciembre de 2016).
En realidad, lo que hace el art. 57.2 LOPJ es plasmar normativamente la regla básica 
de la imparcialidad funcional en el proceso penal, que consiste en que «el juez que 
instruye no puede fallar», derivada de nuestra STC 145/1988, de 12 de julio, FJ 5, por 
aplicación de la doctrina expuesta en la STEDH de 26 de octubre de 1984, asunto De 
Cubber c. Bélgica.  Por lo tanto, ninguna queja de inconstitucionalidad puede plantearse 
respecto de una norma que se ajusta a la doctrina sentada por este tribunal.
Descartada la procedencia del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad 
del art. 57.2 LOPJ, el resto del motivo tampoco puede prosperar.
El respeto a las normas aplicables en materia de abstenciones y recusaciones 
(art. 219 LOPJ) constituye el presupuesto normativo básico para la debida observancia 
del  derecho  al  juez  imparcial.  Cualquier  objeción  de  parcialidad  distinta  del  mero 
incumplimiento de esta norma requiere la aportación de un principio de prueba sobre la 
vulneración real y efectiva de este derecho fundamental. Las causas de abstención y/o 
recusación fijan normativamente aquellos supuestos en los que debe presumirse la 
parcialidad  del  juzgador,  pero  eso  no  significa  que  la  imparcialidad  no  pueda  ser 
desvirtuada por otros hechos o circunstancias, sobre todo cuando, como ocurre en este 
punto, se trata de analizar la vertiente objetiva de la imparcialidad judicial. No obstante, 
esos  hechos  o  circunstancias  deben  ser  de  la  misma  entidad  que  las  causas  de 
abstención y/o recusación para que, sin caer en la interpretación extensiva o analógica, 
puedan justificar el principio de prueba sobre la parcialidad que, en cualquier caso, es 
exigible. Nada de esto se ha aportado por el recurrente, que no ha reconducido el motivo 
alegado a una concreta causa de las previstas en el art. 219 LOPJ, ni siquiera a un 
motivo de similar significación.
En  realidad,  la  demanda  centra  su  impugnación  en  su  disconformidad  con  las 
normas que regulan la competencia objetiva y funcional del Tribunal Supremo. Unas 
normas que, en este caso, se han aplicado conforme a parámetros de constitucionalidad, 
y cuya falta de compatibilidad con la Constitución ya ha sido descartada en otro apartado 
de  esta  resolución.  Para  que  el  recurso  pudiera  prosperar  hubiera  sido  necesario 
establecer, al menos, una conexión lógica entre lo dispuesto en la norma y la ausencia 
de imparcialidad derivada de su estricto cumplimiento. Una vez más, el recurso omite la  s
aportación  de  algún  dato  mínimamente  objetivo.  La  única  referencia  en  tal  sentido  oe.
consiste en la alegación de un concepto difuso como es el de la ausencia de «distancia»  w.
erlaan zttaorecn haloabs lde me  paprgaeirstcetrinaadldiedoras d.q  Udueen   ccluaoa nlmcqeuepiretaor   mqreualeag,ci silólternav dapodr ooin faete ssgiouransn aútle,lt  imdoe a isnu cncl uoósnrgosa encpuoee rcsnooclneiaagsli,,a  diemonp.t rlNieco a lreoíass    2021-1130n https://w
Dmeargeicshtroa,d oass udmei eunndao  ascarlíati ciammpeidnet ea l acsu paolqsutuierraas  ddee l eresstotos  deeje srcuesr  csoule glaabso sr ocboren folar mbea sae   BOE-A-cable e
de una distorsionada concepción de un compañerismo mal entendido. La tesis del 
recurrente supondría, en definitiva, una presunción de falta de profesionalidad basada en 
percepciones  subjetivas  o  impresiones  personales  incompatibles  con  el  rigor  y 
objetividad exigibles en el planteamiento de una recusación.
b)  La segunda alegación postula que el incidente de nulidad de actuaciones no 
puede ser resuelto por el mismo órgano que dictó la sentencia que se revisa.
Los  argumentos  expuestos  en  el  apartado  anterior  pueden  ser  igualmente 
trasladables a este motivo. El recurrente hace depender una falta de imparcialidad del 
cumplimiento estricto de la normativa vigente, en este caso, sobre el incidente de nulidad 
de actuaciones. El art. 241 LOPJ no deja lugar a dudas: «Será competente para conocer 
de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere 
adquirido firmeza». Este esquema funcional responde a la coherencia del sistema de 
protección  de  derechos  fundamentales,  atribuida  en  primer  lugar  a  la  jurisdicción 
ordinaria para que pueda reparar, en su caso, la vulneración denunciada y, solo de 
manera subsidiaria, a la jurisdicción constitucional. Precisamente, la finalidad de este 
incidente es que «el juez o tribunal que dictó la sentencia o resolución firme a la que se 
imputan [determinadas vulneraciones de derechos] pueda reconsiderar lo actuado y 
subsanar, en su caso, los vicios o defectos producidos, por lo que necesariamente ha de 
ser tal órgano el que actúe, sin que el hecho de haber pronunciado una resolución previa 
suponga en tal caso –como ya dijimos en la STC 157/1993, FJ 3– un impedimento frente 
a la imparcialidad constitucionalmente exigida al juzgador» (STC 170/2002, de 30 de 
diciembre, FJ 11). Esta doctrina es coherente con la mantenida por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos para el caso de anulaciones de decisiones en vía de recurso y 
que, mutatis mutandi, puede ser aplicada al supuesto que nos ocupa. En efecto, ya 
desde su sentencia de 16 de julio de 1971, caso Ringeisen c. Austria, el tribunal declaró 
que «no podría elevarse a principio general, derivado del deber de imparcialidad, que 
una jurisdicción de recurso que anule una decisión administrativa o judicial tenga la 
obligación de remitir el asunto a otra autoridad jurisdiccional o a un órgano de esta 
autoridad compuesta de forma distinta». De lo que se deduce que no atenta al principio 
de  imparcialidad  que  el  mismo  órgano  que  cometió  una  eventual  infracción  pueda 
revisarla en un momento ulterior.
Según la tesis de la demanda, ningún magistrado sería capaz de revisar sus propias 
decisiones para apreciar una posible vulneración de derechos fundamentales, con grave 
quebranto de su deber profesional de actuar en todo momento conforme a Derecho. La 
parcialidad generalizada que se deriva de los argumentos del recurrente es incompatible 
con nuestra doctrina. Lo que se presume es la imparcialidad, no la parcialidad. Por ello, 
el motivo solo podría prosperar si se hubiera aportado algún elemento fáctico del que 
pudiera deducirse, al menos, una apariencia de parcialidad. El recurso aparece huérfano 
de toda propuesta argumental diferente a la mera afirmación de la vulneración alegada; 
en consecuencia, este motivo de amparo ha de ser desestimado.
6.6  La recusación del presidente de la sala de enjuiciamiento.
6.6.1  Posiciones de las partes.
La demanda impugna la indebida desestimación de la recusación formulada contra el 
presidente de la sala de enjuiciamiento y, por extensión, del resto de sus integrantes, a 
raíz del mensaje enviado por el senador del Partido Popular, don Ignacio Cosidó, a 
numerosas personas, afirmando que aquel «había accedido a ser nombrado presidente  s
del Tribunal Supremo a cambio de servir desde dicho puesto a los intereses de dicho  oe.
partido  político  que,  como  era  público  y  notorio,  había  reclamado  reiterada  y  3ww.
dnpeoútmbrláibcsra»am deoel n pftureen sscieidovenenartímes iimdeenalt soT  rcidobenu dnleaan l SSasau lpapr aeSrmae ogm»ui.n mdaa npdeasnete a» , nloo  qfuoerm inacr lupíaar tceo ndtero lealrla « dsei sedrae   2021-1130n https://w
La queja se formula no solo en cuanto al fondo, sino también por haberse rechazado
la prueba propuesta en el incidente de recusación, consistente en la toma de declaración
como testigo del señor Cosidó, por lo que se impidió acreditar la efectiva concurrencia de 
la causa de recusación.
En relación con esta pretensión, el Ministerio Fiscal interesa su desestimación, al 
entender que se trata de una recusación por un acto de un tercero, no del propio 
magistrado, cuya conducta permite descartar cualquier duda sobre su imparcialidad. El 
abogado del Estado se remite al auto núm. 7/2018 de la Sala del art. 61 LOPJ y al 
fundamento jurídico A), apartado 5.5.6 de la sentencia impugnada. En cuanto a la 
postura procesal del partido político Vox, no cabe sino reiterar lo expuesto en apartados 
anteriores.
6.6.2  Respuesta del órgano judicial.
Este motivo de amparo fue rechazado en el fundamento jurídico A), apartado 5.5.6 
de la sentencia ahora impugnada, con un extenso razonamiento en el que también se 
hacía una remisión expresa al auto núm. 7/2018, 5 de diciembre, de la Sala del art. 61 
LOPJ por la que se desestimó esta pretensión en el incidente de recusación en su día 
planteado. De forma resumida, estas resoluciones argumentan, en primer lugar, que la 
tacha  de  parcialidad  «solo  puede  valorarse  a  partir  de  los  actos  propios  de  ese 
magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que aparenta», pero no por 
la «opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de mensajería instantánea»; 
en segundo lugar, que el mensaje no deja de ser un «argumentario que un político utiliza 
para justificar un pacto con otra formación política y realiza afirmaciones […] en su propia 
defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario 
porque consideraban que era un mal acuerdo. El político se justifica a sí mismo y usa en 
su  defensa  cualquier  argumento  que  le  parece  adecuado.  Pero  algo  que  debe 
interpretarse como una opinión –inaceptable– realizada en el ámbito político, no es 
trasladable, sin más, al ámbito jurisdiccional»; en tercer lugar, que en el planteamiento de 
la recusación se omiten dos hechos relevantes: por un lado, que el pacto se alcanzaba 
«por los dos principales partidos políticos (PP y PSOE), cuyas diferencias ideológicas 
son evidentes» por lo que, en teoría, la designación podría derivar de su valía personal y 
profesional y su adecuación para el cargo, no de la cercanía con un partido político; y, 
por  otro,  que  el  propio  magistrado  recusado  se  había  «auto  descartado»  de  ese 
supuesto pacto, lo que no se compadece con una presunta «coincidencia de intereses».
6.6.3  Resolución de la queja.
a)  La demanda impugna la indebida desestimación de la recusación formulada 
contra el presidente de la sala de enjuiciamiento y, por extensión, contra el resto de sus 
integrantes,  a  raíz  del  mensaje  enviado  a  través  de  una  aplicación  de  mensajería 
instantánea  (Whatsapp)  por  el  entonces  senador  del  Partido  Popular,  don  Ignacio 
Cosidó, a numerosas personas.
El texto del mensaje, recogido en el auto núm. 7/2018, de 5 de diciembre, por el que 
la sala especial del art. 61 LOPJ resolvió el incidente, presentaba el siguiente tenor 
literal:
«El  pacto  previo  suponía  (10  PSOE  +  10  PP  +  el  Presidente  (Magistrado  del 
Supremo) PSOE = 21) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. = 
(12 jueces + 8 juristas de reconocido prestigio (JRP) + 1 Presidente) = 21 = ((3 jueces 
PP Congreso + 3 jueces PSOE Congreso + 3 jueces PP Senado + 3 jueces PSOE 
Senado) + (2 JRP PP Congreso + 2 JRP PSOE Congreso + 2 JRP PP Senado + 2 JRP  e.e
PSOE Senado) + 1 Presidente = 21 Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10  b
vvooobccteaanlleeessm,  o+ys  e lelo l  PmPSirOsemEsio d1 en0nu tvmeo éc=raic lea1sm0 ,+e  nyet el ,eP lpr eePsroSid OepnoEtn ee tim=e no1es1  .u 1Cn1 o Pnvr eolasc iadnleeensgt.oe c Ceiaoxccnióe npo,ct rieoalns P alPp, a qtluiaeebn refau se9,    2021-11303n https://ww
evexptaedroie npcoira  Reunb eall cSaubpar eemn o2, 0q1u3e,  pyr eashtoigraia rnáo e. lU Tnr ibpurensaild Senutper egmraon y j uerli sCtaG PcoJn,  qmuuec fhaílstaim lae 
hace,  y  con  una  capacidad  de  liderazgo  y  auctoritas  para  que  las  votaciones  no
sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y 
presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera 
línea.  Nos  jugábamos  las  renovaciones  futuras  de  2/3  del  TS  y  centenares  de 
nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España. Lo 
único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero 
el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que 
tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso, sacar a de Prada de la 
Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP. Otra 
consideración importante, es que este reparto 50% para los próximos años, supone más 
de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras 
fuerzas políticas. En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una 
ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo 
fuerte».
b)  En cuanto al rechazo de la prueba propuesta en el incidente de recusación, la 
doctrina de este tribunal sobre el derecho a la prueba es suficientemente conocida, y se 
expone con detalle en otro apartado de esta resolución. Basta ahora recordar que el 
derecho a la prueba es un derecho de configuración legal, que no confiere una facultad 
ilimitada a que se practiquen cualesquiera pruebas propuestas, sino únicamente las que 
sean pertinentes y relevantes para la resolución de la concreta pretensión planteada. De 
esta forma, la negativa a practicar una prueba no implica necesariamente la vulneración 
del derecho, salvo que vaya acompañada de una concreta indefensión que el recurrente 
debe invocar y motivar (ver, por todas, STC 165/2001, de 16 de julio, FJ 2).
En este caso, en el marco del incidente de recusación planteado contra el presidente 
de la sala de enjuiciamiento se solicitaron las siguientes pruebas: la declaración del 
remitente  del  mensaje,  señor  Cosidó;  el  cotejo  de  los  enlaces  periodísticos  que 
acreditaran la veracidad de los hechos expuestos; y la unión de un escrito planteando un 
artículo  de  previo  pronunciamiento,  con  su  documentación  adjunta.  El  magistrado 
instructor del expediente dictó un auto en fecha 3 de diciembre de 2018, por el que 
denegó la práctica de las pruebas solicitadas, razonando que «no [eran] necesarias para 
la resolución del incidente».
La función de este tribunal es realizar un control externo sobre la razonabilidad de la 
decisión  adoptada  por  el  órgano  judicial.  En  tal  sentido,  a  pesar  de  su  escueto 
argumento, un análisis de la causa invocada y de los elementos de juicio necesarios 
para su valoración conduce a estimar como razonable, lógico o no arbitrario el criterio del 
magistrado instructor del incidente de recusación.
En  efecto,  la  remisión  del  mensaje  y  la  autoría  del  remitente  nunca  fueron 
cuestionadas, de manera que la resolución del expediente solo requería una valoración 
del contenido del mensaje y su repercusión para la apariencia de imparcialidad del 
magistrado recusado. Para realizar ese análisis no era necesario citar a testigo alguno.
El recurrente señala que la declaración del señor Cosidó hubiera permitido verificar la 
realidad o no del supuesto acuerdo. Sin embargo, la cuestión a resolver no era tanto la 
realidad  o  no  del  acuerdo  como  la  afectación  del  mensaje  para  la  apariencia  de 
imparcialidad del magistrado. Y para eso, insistimos, la testifical no era necesaria. Bajo 
estas premisas, era razonable prescindir de las pruebas propuestas.
Por otro lado, el recurrente no ha justificado la eventual indefensión material que le 
produjo  esta  decisión  judicial.  Es  decir,  no  se  ha  motivado  de  forma  suficiente  la 
repercusión concreta que la denegación de la prueba tuvo para la adecuada resolución 
del incidente de recusación, o de qué forma esta resolución podría haber sido distinta en  e.
el caso de que se hubieran practicado las pruebas propuestas, por lo que el motivo debe  w.b
sperirn dcci)ep sioeEssn tiqtmruaaend doco.o nefno reml afonn dloos  dceo lnat oqruneojsa  daele gnaudeas,t rsae  dhoaccteri nnae cseosbarreio  eiln sdiestrier cehno  aalgl ujuneozs   2021-1130n https://w
impaLrac iarle, gyl aq ugee enle rreacl uresso  pqauree clea  hiambpear rocbiavliiaddaod.  judicial  se  presume.  Quien  alega  la
parcialidad debe invocar una causa de recusación prevista legalmente, o un hecho o
circunstancia de semejante entidad y significación como para presumir una falta de 
imparcialidad. Además, en cualquiera de los casos, se habrá de ofrecer un principio de 
prueba objetivo que permita entrar en el análisis de la cuestión planteada.
La imparcialidad judicial se configura como una garantía esencial del funcionamiento 
del sistema de derechos y libertades. El ciudadano debe tener la certeza de que su 
asunto será resuelto por un tribunal que no haya tenido contacto previo con las partes o 
con  el  objeto  del  proceso.  Por  eso,  en  esta  materia  son  también  importantes  las 
apariencias.  Sin  embargo,  la  duda  sobre  la  imparcialidad,  o  incluso  sobre  la  mera 
apariencia de imparcialidad, ha de estar basada en datos objetivos, de forma que se 
pueda entender como legítimamente justificada. Un sistema en que cualquier alegación 
sobre la parcialidad de un magistrado determinara su exclusión de un tribunal supondría 
un  grave  quebranto  de  las  garantías  para  el  resto  de  las  partes  implicadas  en  la 
resolución de la controversia. Eso es lo que explica que las causas de abstención y/o 
recusación hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por lo tanto, alegadas 
mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y 
ponderación. En estas coordenadas se enmarca la exigencia de que la imparcialidad de 
un magistrado solo pueda ponerse en cuestión por la conducta o las expresiones u 
opiniones del propio magistrado, no de un tercero.
En este caso, ese tercero es un miembro de un partido político que remite un 
argumentario  a  través  de  una  plataforma  de  mensajería  instantánea  que,  por  su 
contenido y su contexto temporal –de conocimiento público–, aparece inserto en una 
controversia provocada dentro de ese partido, frente a quienes no parecían satisfechos 
con un determinado pacto supuestamente alcanzado para promover la renovación de los 
vocales  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial.  El  mensaje,  por  tanto,  tenía  una 
inequívoca  naturaleza  política  y  estaba  dirigido  –aparentemente–  a  describir  las 
hipotéticas bondades de un acuerdo alcanzado con un partido político rival. En ese afán 
se deslizaba una inaceptable imagen de seguidismo incondicional de los intereses de 
una fuerza política por hacerse con el «control» de una sala de Justicia que, por otra 
parte,  es  absolutamente  incompatible  con  la  independencia  judicial  garantizada  en 
nuestro texto constitucional (arts. 117 y ss. CE). No obstante, analizado en su conjunto, 
algunos  de  los  términos  del  mensaje  podrían  entenderse,  incluso,  en  un  sentido 
completamente contrario al pretendido por el recurrente. El magistrado recusado no sería 
un instrumento de un partido político, sino un candidato de consenso entre dos fuerzas 
políticas antagónicas. Un magistrado –se dice en el mensaje– «excepcional», «gran 
jurista», con «muchísima experiencia en el Supremo», que «prestigiará» el Tribunal 
Supremo y el CGPJ, y con «capacidad de liderazgo y auctoritas».
En cualquier caso, no corresponde a este tribunal hacer una valoración política sobre 
ese mensaje. En este apartado de la demanda solo se trata de valorar si su contenido 
permite descartar, por sí mismo, la imparcialidad de un magistrado. Y la respuesta solo 
puede ser negativa.
El  demandante  no  ha  aportado  ningún  dato  objetivo  sobre  la  conducta  o  las 
opiniones o expresiones del magistrado recusado de las que se deduzca una toma de 
posición previa sobre el fondo del asunto, o un interés sobre el sentido en que deba 
resolverse la controversia sometida a su consideración, que es la causa de recusación 
alegada (art. 219.10 LOPJ). Es más, los hechos subsiguientes a la publicación de ese 
mensaje –notoriamente conocidos– indican justamente lo contrario. El magistrado emitió 
un comunicado público, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación  e.
como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me  w.b
oblig1a. n aJa hmaáces rh laes c soingcueiebnidteos e pl reejceirscioicnioe sd:e la función jurisdiccional como un instrumento  2021-1130n https://w
al se2r.v icMioi  det ruanyae cuto ortiara  ocpocmióon  pomlíatigcias tpraadrao  cohnatr oleasr teald doe sesnielamcper ed e upnre psridoicdeas o ppoern all.a
independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.
3.  El examen de las resoluciones que durante años he dictado como magistrado del 
Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la sala de admisión de las 
causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la 
aplicación del Derecho a la opción política del querellado o denunciado.
4.  Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para 
el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial».
Como se puede ver, en ese comunicado no solo se negaba toda participación en 
aquella supuesta estrategia de control de una sala de Justicia al servicio de un partido 
político, sino que se descartaba de manera firme y decidida de cualquier postulación 
para el cargo al que se aludía (presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial).
Sin embargo, el recurrente solo parece haber tenido en cuenta el mensaje de un 
tercero frente al comportamiento inequívoco del magistrado recusado, que contradice 
abiertamente las expresiones vertidas por un cargo público en un ámbito estrictamente 
político. Esa lectura parcial de lo acontecido no puede recibir amparo de este tribunal. 
Las  consecuencias  de  una  eventual  estimación  del  recurso  por  este  motivo  son 
fácilmente previsibles, al mismo tiempo que inasumibles. Cualquier mensaje emitido por 
un  tercero  podría  doblegar  la  aplicación  estricta  de  las  normas  sobre  competencia 
objetiva o funcional, o sobre el régimen de abstenciones y recusaciones. Aunque solo 
nos moviéramos en el plano de las apariencias, las dudas sobre la imparcialidad solo 
pueden provenir de los actos o conductas del magistrado, objetivamente constatables. 
Cualquier duda basada en convicciones personales o criterios subjetivos, o en hechos u 
opiniones de terceros, no puede implicar la tacha de parcialidad de un magistrado, al 
margen de su comportamiento, porque entonces se estaría reconociendo un inexistente 
derecho del ciudadano a conformar el tribunal a su conveniencia.
Por lo expuesto, el motivo no puede prosperar.
6.7  Sobre  el  rol  inquisitivo  que  se  atribuye  al  presidente  de  la  sala  de 
enjuiciamiento.
6.7.1  Posiciones de las partes.
La última alegación sobre la vulneración del derecho a un juez imparcial se refiere a 
lo sucedido en la sesión de la vista oral celebrada el día 14 de marzo de 2019, en el 
interrogatorio como testigo del mayor del cuerpo de los Mossos d"Esquadra, don Josep 
Lluis Trapero. Según se recoge en la demanda, este testigo había sido propuesto por la 
representación  de  la  acusación  popular  ejercida  por  el  partido  político  Vox.  Esta 
acusación  no  había  formulado  pregunta  alguna  sobre  una  reunión  de  la  junta  de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Cuando el Ministerio Fiscal, en su 
turno de interrogatorio, formuló una pregunta sobre el motivo y la finalidad de esa 
reunión, el presidente de la sala de enjuiciamiento, a instancias de las defensas, rechazó 
la pregunta siguiendo el criterio de que el testigo solo podía ser interrogado sobre los 
hechos establecidos por la parte que lo hubiera propuesto. Sin embargo, terminado el 
interrogatorio  del  testigo,  la  sala  formuló  la  pregunta  que  había  sido  denegada 
previamente, al amparo de lo dispuesto en el art. 708 LECrim.
Según la demanda, el tribunal no solo incurrió en una incoherencia, sino que asumió 
una función acusatoria, mediante la introducción de un hecho nuevo en el juicio, con la 
consiguiente merma de su apariencia de imparcialidad. Prueba de ello es que la sala dio  e.
traslado a las defensas para poder repreguntar al testigo, en un trámite no previsto en la  w.
eLnEtCrEeri smetla  ip ncatueraerr soetgisóatnoto sf rucioea  sddoees ln,a u« Pnyrc eqiasudieda e snpucopiaro  nlyae  l adasec efdepentfasearn  sudanesal»  i.anqsuóíl itrae csuitruraecnitóen  edne  scuo netrsacdriitcoc iódne   2021-1130n https://w
conclusiones definitivas, desde la perspectiva invocada del principio de igualdad de
armas,  aunque  con  el  consiguiente  menoscabo  de  la  imparcialidad  del  tribunal, 
obteniendo una amplia respuesta en la sentencia ahora impugnada.
La posición del Ministerio Fiscal sobre este motivo de amparo es coincidente con las 
anteriores, interesando su desestimación, ya que la pregunta se circunscribió a los 
hechos objeto de la causa, sin introducir elemento alguno que fuera ajeno al debate. 
Además, el resto de las partes no formuló protesta alguna y se dio a las defensas la 
oportunidad de repreguntar, respetándose el principio de contradicción. En el mismo 
sentido se pronuncia el abogado del Estado, que añade el dato de que ni la pregunta ni 
la respuesta pudo tener relevancia alguna para el recurrente, pues este no estaba 
presente en la citada reunión ni se trae a colación en su juicio de autoría. Por su parte, el 
partido político Vox argumenta en este punto en el mismo sentido que el Ministerio 
Fiscal.
6.7.2  Respuesta del órgano judicial.
La sala de enjuiciamiento rechaza esta pretensión en el fundamento de Derecho A), 
apartado 16.3.5. Tras hacer una reseña del art. 708 LECrim, y de las circunstancias en 
que se desarrolló el interrogatorio, se exponen algunos pronunciamientos de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo sobre la interpretación que debe darse al citado precepto, 
a fin de conjugar su aplicación con el respeto a los derechos de las partes. Se citan y 
extractan parcialmente, a tal efecto, la STS 28/2011, de 26 de enero, y otras anteriores 
de 31 de mayo de 1999 y 28 de septiembre de 1994. Para el Tribunal Supremo, «se 
impone […] la búsqueda de un equilibrio entre la actitud del juez que con su actuación 
busca suplir las deficiencias de la acusación –lo que implicaría una visible quiebra de su 
estatuto de imparcialidad– y la de aquel que solo persigue aclarar algunos de los 
aspectos sobre los que ha versado la prueba […] y que las preguntas de las partes no 
han logrado esclarecer suficientemente. Así, mientras que la primera de las actitudes 
descritas implicaría una inaceptable vulneración del principio acusatorio, en lo que tiene 
de inderogable escisión funcional entre las tareas de acusación y las labores decisorias, 
la segunda de ellas no tendría por qué merecer censura constitucional alguna». También 
se reseña parcialmente la STS 1084/2006, de 24 de octubre, en la que se destacó la 
existencia  de  facultades  similares  en  los  sistemas  procesales  de  nuestro  entorno 
(Alemania, Italia, Francia y Portugal). En la más reciente STS 205/2015, de 10 de marzo, 
se distinguía entre imparcialidad y absoluta pasividad, y se contemplaba expresamente 
el supuesto de «juicios largos con algunas dosis de lógica tensión», en las que las 
facultades de dirección del acto obligan a sostener una posición pro activa en la que 
pueden  cometerse  errores,  a  los  que  «nadie  está  sustraído»,  pero  que  no  son 
«necesariamente signo de parcialidad, ni han de interpretarse como tales, ni bastan para 
anular un juicio. Pueden ser fruto de un determinado estilo o forma de dirigir el debate. 
Para afirmar que se ha producido un desbordamiento tal de la función de la Presidencia 
que ha degenerado en parcialidad, no basta cualquier presunto exceso o desacierto».
Para la sala de enjuiciamiento, la doctrina del Tribunal Supremo está en línea con los 
pronunciamientos de este tribunal, entre los que se destacan y extractan parcialmente 
las SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, y 334/2005, de 20 de diciembre. Lo relevante 
es que las preguntas del órgano enjuiciador versen sobre los hechos objeto de la 
acusación, a los efectos de alcanzar el grado preciso de convicción para la adopción de 
una  decisión.  No  pueden  ser  manifestación  de  una  actividad  inquisitiva  encubierta, 
sustituyendo a la acusación, ni una toma de partido a favor de las tesis de esta. Tampoco 
generan indefensión si la parte pudo formular alegaciones al respecto en el acto de la  e
vista. bo
Eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, según la sentencia impugnada. Un  3w
«sojuberze  nlae cqeuseit ah laó gdicea mapelnictaer  ceoln oDceerre, cchoon.  Nlao  mpaayroerc ec ejurtreídziac apmoesinbtlee , aldam riesaiblildea dp rifváacrt icaal   2021-1130n https://w
cóurgeanntao  cjuornis sduicficciioennatel  dbea sees ale gcaule–s, tsioienmadpare i nqiuceia tlaiv am pisrmobaa etosrtiéa  c–eqñuidea e an  lonsu ehsetcroh oDse orbejcehtoo 
de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la
propia  causa,  y  que,  en  todo  caso,  se  respeten  convenientemente  el  principio  de 
contradicción y el derecho de defensa de todas las partes implicadas en el proceso. Con 
estas limitaciones, la actuación judicial no atenta contra el principio acusatorio ni el juez 
pierde por ello su necesaria imparcialidad».
6.7.3  Resolución de la queja.
a)  La última invocación de la vulneración del derecho al juez imparcial no se refiere 
a una circunstancia personal u orgánica, sino a una lesión de carácter funcional, es decir, 
causada  en  el  ejercicio  estrictamente  jurisdiccional.  El  recurrente  considera  que  el 
presidente  de  la  sala  de  enjuiciamiento  asumió  un  «rol  inquisitivo»  durante  el 
interrogatorio del señor Trapero, prestado en la sesión del juicio oral celebrada el 14 de 
marzo de 2019, al formularle una pregunta que versaba sobre el motivo, la finalidad y el 
contenido de una reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017.
La  sentencia  describe  brevemente  las  circunstancias  en  que  se  desarrolló  ese 
interrogatorio. El «testigo señor Trapero había sido propuesto por la acusación popular y 
por las defensas de los señores Sànchez, Cuixart y Forn. Tras finalizar el interrogatorio 
de la acusación popular y después de preguntar aquello que estimó conveniente, el 
Ministerio Fiscal formuló al testigo una pregunta relativa a la reunión de la junta de 
seguridad que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2017. Como quiera que la única 
acusación no había traído a colación ese encuentro durante su interrogatorio, la defensa 
del señor Forn intervino para advertir a la sala que, de conformidad con el criterio 
suscrito por la sala en la interpretación del primero de los párrafos del art. 708 de la 
LECrim, el fiscal no podía interrogar al testigo sobre ese extremo. La queja fue acogida 
por la Sala, se abrió turno para el interrogatorio de las defensas y, al terminar este, el 
presidente formuló una única pregunta, al amparo del párrafo segundo del art. 708 de la 
LECrim, sobre las razones que motivaron ese encuentro».
Expuesto lo anterior, la sentencia ahora impugnada desarrolla su argumentación para 
denegar esta pretensión. Señala, a tal efecto, lo siguiente:
«[L]a pregunta formulada por el presidente al testigo –señor Trapero– no introdujo 
elemento alguno que no hubiera sido objeto de debate cruzado entre las partes. El 
testigo había sido ampliamente interrogado sobre la reunión de la junta de seguridad 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017. Al término del interrogatorio de las partes, 
conforme consta en el soporte digital en el que fue grabada la declaración del señor 
Trapero, el presidente procedió a dar lectura al párrafo segundo del art. 708 de la LECrim 
y formuló –previa deliberación del Tribunal que así lo había acordado– la siguiente 
pregunta:
"[…]  usted  ha  declarado  sobre  una  reunión  que  promueve,  en  la  que  están 
responsables políticos […] y de la fuerza que usted dirigía. Se habló de la presencia del 
señor Castellví […] La pregunta, buscando lo que el precepto establece, […] es una 
pregunta encaminada a depurar esos hechos que han sido objeto de respuesta […] a 
instancia de su letrado. Es exactamente: ¿qué preocupación motivó la iniciativa que 
provoca que convoque o exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué 
mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? 
Exclusivamente es eso".
Una vez obtenida la respuesta del señor Trapero, la presidencia del tribunal ofreció a 
los  letrados  de  las  defensas  la  oportunidad  de  repreguntar  lo  que  a  su  derecho  e.e
conviniera. La defensa de los señores Turull, Rull y Sànchez pidió en ese momento una  b
Ealecstlraaa rdpaorce iógqnuu naetca e,a rphcoaor r dace ie vlraeto  a, uentnoo  rfíluaae  d pienr ieuccniaeatdisvi dada e cdnleai lrs aetcgriioubniudenasa  dlp eúu bnnliianc agsug nrdaaev  ípusrinomotea ds teaq  ulopieso bra recalu  msdaiesd molsao.    2021-11303n https://ww
iym rpeanrucniacliidóa ad . sLua  ddeefreencshao  dae  hloasc esre ñaolgreusn aJ upnrqeugeurnatsa .y  YR oeml elevtara tdaom pdoecl os efoñromr uFlóo prnro –teqsutea 
tampoco hizo constar ninguna protesta– dijo textualmente: "[…] creo que ya se lo había
preguntado, pero sin todo este antecedente. Una vez que ha explicado todo esto, la 
pregunta sería […]".
A juicio de la sala, esta explicación –"creo que ya se lo había preguntado"– es la 
mejor muestra de que la pregunta del presidente, amparada en el art. 708 de la LECrim, 
solo buscó lo que el precepto autoriza; esto es, depurar los hechos sobre los que el 
testigo ha declarado.  La propia defensa  reconoció que, sin la minuciosidad de las 
aclaraciones sobrevenidas, la pregunta ya había sido hecha.
Concluir  que  esa  pregunta  implicaba  la  prueba  de  un  cognitivo  pre-juicio  del 
presidente  –y  con  él,  de  toda  la  sala–  sobre  la  culpabilidad  de  cualquiera  de  los 
acusados, carece del más mínimo sentido. Cuando en un juicio oral en el que se ha 
recibido declaración a un número próximo a los cuatrocientos testigos, el origen de la 
quiebra de la imparcialidad se construye a partir de una única pregunta, el discurso 
argumental ha de ser, desde luego, más consistente. El hecho sobre el que se preguntó 
había sido introducido por un testigo anterior, en términos que podrían reputarse a priori 
no favorables para algunos de los acusados. Preguntar a otro de los asistentes a ese 
encuentro sobre el decurso de la reunión, no era tanto para acreditarla –que ya lo 
estaba, por esa y por otras declaraciones posteriores– como para esclarecer la forma en 
que se desenvolvió lo que ex ante podría, según la respuesta, beneficiar también a las 
defensas.  No  necesariamente  habría  de  ser  un  testimonio  más  incriminatorio.  Y 
podemos decir, en todo caso, que la respuesta que dio el testigo a esa pregunta es 
totalmente prescindible a efectos de construir el relato de hechos probados, en tanto que 
esa  reunión  ha  quedado  acreditada  por  varias  fuentes  de  prueba  en  términos 
esencialmente iguales».
b)  El  análisis  y  resolución  de  este  motivo  de  amparo  requiere  algunas 
consideraciones previas:
(i)  La primera se refiere al objeto de la pregunta controvertida formulada por el 
presidente de la sala de enjuiciamiento.
Los  términos  de  la  demanda,  e  incluso  de  la  propia  sentencia,  parecen  dar  a 
entender que la pregunta venía referida a una reunión de la junta de seguridad de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Sin embargo, esa reunión tuvo lugar el día 27 de 
septiembre  de  2017,  mientras  que  el  visionado  completo  de  la  declaración  del  Sr. 
Trapero pone de manifiesto que la pregunta estaba referida a otra reunión que se 
mantuvo el día 28 de septiembre de 2017 entre los mandos del cuerpo de Mossos 
d"Esquadra y los procesados señores Puigdemont, Junqueras y Forn.
(ii)  Sobre la interpretación que la sala de enjuiciamiento mantuvo en relación con 
uno de los preceptos que regulan el interrogatorio de los testigos.
En el fundamento jurídico A), apartado 16.2.2, el Tribunal Supremo expone su criterio 
sobre el alcance del interrogatorio de las partes, desde su entendimiento del tenor literal 
del  párrafo  primero  del  art.  708  LECrim.  Este  precepto  dispone  lo  siguiente:  «El 
presidente [del tribunal] preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en 
el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado 
podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán 
dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de 
sus contestaciones». La sala de enjuiciamiento describe su criterio interpretativo de la 
siguiente forma:
«La redacción originaria de la LECrim lleva a sus últimas consecuencias el verdadero  b
s–pigagernani feifcoraarmdleous l dadere l  lalpasr i lnepcyrie–pg,i ou[… ndte]a  esc l oqpnurteersa tidedinecgnciatóe n ph.o aTr  rdcaeos n dlvaaesr n opieprneotgretuu. nnTtiaedsram dp irnaea qddueoife insniud l aoins ht eparoyroar g epalr toaoprrtiu.o e,4 s3eto6s    2021-11303n https://ww
ecol ntduircnioon adne e l lajusic iod edme ápse rtpinaertnecsia.  aP qeuroe  slaes f orpmreugleunn t"aas  las vuissctae pdteib sleuss  cdoen tefostramcuiolanceisó"n. 
Solo entonces se está haciendo realidad el interrogatorio cruzado que anima y da vida al 
principio de contradicción y, con él, al derecho de defensa.
Cuando, como en este caso, la defensa propugna una interpretación en la que el 
turno de repreguntas no conozca límites, se está arriesgando a que sus testigos se 
conviertan en testigos de cargo. Para ello solo es necesario contar con la habilidad del 
Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones. Si después del interrogatorio de la 
defensa el presidente de la sala permitiera que las repreguntas del fiscal no fueran tales, 
sino  que  abordaran  aspectos  que  no  han  aflorado  en  el  examen  verificado  por  la 
defensa, se produciría una mutación de la prueba de descargo. El letrado que la hubiera 
propuesto tendría que observar con resignación y paciencia, cómo su testigo sería 
implacablemente interrogado sobre aspectos que interesaran al fiscal y que no tuvieran 
la más mínima conexión con las razones que justificaron la llamada de ese testigo como 
testigo de descargo. Bien es cierto que ese defecto podría aliviarse si se abriera un 
nuevo turno de repreguntas que diera a la defensa oportunidad para contradecir las 
respuestas ofrecidas por el declarante. Pero bastaría que cualquiera de esas preguntas 
en turno de réplica desbordara los términos del contrainterrogatorio del fiscal para tener 
que abrir un nuevo debate. Se estaría alentando así un encadenamiento dialéctico de la 
prueba  testifical  que  implicaría,  además  de  una  permanente  confrontación  ajena  al 
principio contradictorio, una vulneración del derecho de defensa».
Como se puede observar, la sala realiza una interpretación del primer párrafo del 
art.  708  LECrim  y,  más  en  concreto,  del  juicio  de  pertinencia  sobre  las  preguntas 
formuladas  a  un  testigo  en  el  «turno  de  repreguntas»,  que  se  deriva  de  las 
«contestaciones» que el testigo haya realizado a las preguntas formuladas por la parte 
que lo propuso. Conforme a la literalidad del precepto, el criterio expuesto por la sala 
determina que, si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto 
de las partes no podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido 
una previa «contestación» del testigo. Con ello se pretende preservar la vigencia estricta 
del principio de contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
La  interpretación  ofrecida  por  el  tribunal  sentenciador  no  ha  sido  objeto  de 
impugnación en este recurso, por lo que no procede hacer pronunciamiento alguno sobre 
la misma. En todo caso, se trataría de una cuestión de aplicación de la legalidad 
ordinaria, sobre la que este tribunal solo podría hacer un control meramente externo o de 
razonabilidad (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 3), sin ignorar que caben también otras 
interpretaciones alternativas, que son usuales en la práctica judicial.
No obstante, se ha considerado necesario exponer el criterio mantenido por la sala 
en  este  punto,  porque  permite  contextualizar  debidamente  las  alegaciones  del 
recurrente.
(iii)  La  demanda  invoca  la  vulneración  del  derecho  al  juez  imparcial.  Debe 
señalarse que la respuesta contenida en la sentencia impugnada es tributaria de la 
alegación formulada por el recurrente en su escrito de conclusiones definitivas, en el que 
se invocaba la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en su 
vertiente del principio de igualdad de armas (art. 24.2 CE).
En  este  recurso,  por  tanto,  se  ha  introducido  una  modificación  del  derecho 
fundamental alegado (derecho al juez imparcial)  en  comparación con la invocación 
formal  realizada  previamente  en  la  instancia  (igualdad  de  armas).  No  obstante,  la 
identidad de los «términos en que se ha planteado el debate en vía procesal», o de la 
«descripción  fáctica  de  los  datos  o  circunstancias  de  hecho»,  permiten  un 
pronunciamiento de este tribunal (STC 67/2020, de 29 de junio, FJ 2). e.
(iv)  Otro tanto puede decirse respecto de la ausencia de protesta alguna frente a la  w.b
lpar esgEaulln avt ais( 1ifoo6nr:m1a2du ola hddoear a lpaso)  sr edesel intóreinbg ucóne alleal.b rpardeag uenl t1a4  ddeel  mMainrzisot edreio  2F01is9c aplo nseo bdree  mlaa nreifiuensitóon q uyae   2021-1130n https://w
dheas csriditoa . eCxopnufeosrmtoe,  aell  ctreitsetirgioo  mnaon theanbidíao  dsiudroa nptero tpoudeos etol  dpeosra rlaro lflois cdaellí aju, icyi ol ao raacl,u qsuaec ióyan 
popular proponente no había formulado pregunta alguna sobre esa reunión. Por lo tanto,
no se podía preguntar sobre algo que no hubiera sido objeto de una contestación previa 
del  testigo.  El  representante  del  ministerio  público  hizo  constar  su  protesta  por  la 
denegación de la pregunta. No obstante, a lo largo de ese interrogatorio (16:24 horas), el 
testigo deslizó una mención a la «reunión de la que no estamos hablando», en clara 
referencia a la reunión sobre la que no se había podido preguntar. Ninguna parte formuló 
objeción alguna sobre esta mención. En su turno de intervención, el letrado del señor 
Forn sí formuló una pregunta sobre esa reunión, alegando que podía hacerlo porque el 
testigo también había sido propuesto por esa parte (17:38 horas). La sala así lo admitió y 
el resto de los intervinientes en el proceso no formuló protesta alguna. Al término del 
interrogatorio de las partes (18:53 horas), la sala hizo uso de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del art. 708 LECrim, y formuló la pregunta ahora impugnada. Nadie elevó 
protesta alguna.
Un entendimiento garantista de los presupuestos procesales del recurso de amparo 
conducirá a un pronunciamiento sobre el fondo de la vulneración alegada, prescindiendo 
de objeciones formalistas sobre la falta de invocación previa de la queja [art. 44.1 c) 
LOTC], derivada de la ausencia de protesta en el acto de la vista, toda vez que la lesión 
fue planteada en el escrito de conclusiones definitivas; es decir, al final del acto del juicio 
oral y, como hemos visto, obtuvo una respuesta en la sentencia impugnada.
(v)  La demanda se plantea en términos que permiten advertir cierto solapamiento 
entre los derechos fundamentales invocados.
La expresión «rol inquisitivo» no puede entenderse referida al principio inquisitivo que 
evoca el «viejo proceso penal […] regido por el sistema de prueba tasada en el que el 
imputado  era  considerado  como  objeto  del  proceso  penal,  [no  como]  sujeto» 
(STC 142/2009, de 15 de junio, FJ 3). En realidad, la expresión empleada en la demanda 
pretende  invocar  una  posible  vulneración  del  principio  acusatorio.  Este  principio  se 
encuentra integrado en el derecho a un proceso con todas las garantías y se conecta 
con el derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación y el derecho al 
juez imparcial, todos ellos amparados en el art. 24.2 CE.
En efecto, el principio acusatorio se manifiesta, entre otros aspectos, en la necesaria 
correlación entre la acusación y la resolución del procedimiento. De esta forma, por un 
lado, la persona a la que se imputa un delito debe tener conocimiento de los hechos 
objeto de la acusación, a fin de poder ejercer su derecho de defensa; y por otro, el 
órgano  de  enjuiciamiento  no  puede  introducir  hechos  nuevos  que  no  hayan  sido 
aportados por la acusación, es decir, no puede adoptar la doble función de juez y parte o 
llevar a cabo una «actividad inquisitiva encubierta» (en palabras de la STC 130/2002, 
de 3 de junio, FJ 3), porque entonces se estaría vulnerando también el derecho al juez 
imparcial (por todas, STC 1/2020, de 14 de enero, FJ 7). Sin embargo, para la resolución 
de  este  motivo  de  amparo  debe  tenerse  igualmente  muy  presente  el  principio  de 
inmediación judicial.
Como es conocido, la inmediación judicial deriva del derecho a un proceso justo o 
equitativo (art. 6.1 CEDH) que implica la «facultad del acusado de estar presente y ser 
oído personalmente» (STC 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 10, con cita de las 
SSTEDH de 26 de mayo de 1988, asunto Ekbatani c. Suecia, § 24 y 27; de 29 de 
octubre de 1991, asunto Helmers c. Suecia, § 31 y 32; de 27 de junio de 2000, asunto 
Constantinescu  c.  Rumanía,  §  53,  doctrina  que  se  consolida,  con  matices,  en  la 
STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15).
A su vez, la inmediación judicial también aparece conectada, de forma indisoluble, 
con el principio de libre valoración de la prueba que, en el ámbito del proceso penal,  s
figura descrito en el art. 741 LECrim, cuando establece que el tribunal, «apreciando  oe.
según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la  w.
aaPccautroas a dlcaei ólp nlje uynic aliao  v dibgeaefejnonc silaaa  sdy e gl oae rmsatena tnípaifresin scptairpdoiooce  pesosa rl neloess c demesa isr«miopo uqsbu lpiecr iodlaca edps,r auoderobasali,d  sdaeidc ,td aeirnásm asreerdoniltaleecn ieócnina  »ey.l    2021-1130n https://w
contradicción» que, junto con el principio de igualdad de armas, se configuran como
elementos estructurales del derecho a un juicio justo (STC 94/2004, de 24 de mayo, 
FJ 2, y la jurisprudencia allí citada).
La publicidad del proceso –con sus inescindibles principios de oralidad, inmediación 
y contradicción–, es una garantía de profundas raíces democráticas, porque no solo 
permite que la persona sometida a juicio pueda tener acceso a todo aquello que va a ser 
utilizado  por  el  tribunal  para  la  resolución  de  su  caso,  sino  que  contribuye  a  la 
transparencia del sistema de Justicia generando con ello la máxima confianza de los 
ciudadanos en el funcionamiento del Poder Judicial, que es fuente de su legitimidad 
constitucional (art. 117.1 CE).
De todo lo anterior se deduce la relevancia que tiene el cumplimiento de las normas 
procesales sobre la práctica de la prueba, como instrumento de garantía del derecho a 
un proceso justo. Así, este tribunal ha afirmado que la «estricta sujeción del juez a la ley 
penal sustantiva y procesal que rige sus actos y decisiones constituye la primera y más 
importante garantía del juicio justo», que «otorga […] el derecho a exigir del juez penal la 
observancia inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes 
en el proceso, lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta 
sujeción a lo que las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto 
en la ley procesal garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las 
partes en el proceso» (STC 130/2002, de 3 de junio, FJ 3).
Sin embargo, «según doctrina reiterada de este tribunal, no toda infracción de una 
norma procesal genera necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional 
de indefensión (art. 24.1 CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías 
(art.  24.2  CE).  Para  que  esa  irregularidad  procesal  o  infracción  de  las  normas  de 
procedimiento alcance relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo 
en las posibilidades de defensa de quien las denuncie, lesionando acaso su derecho a la 
tutela  judicial  efectiva  sin  padecer  indefensión  (art.  24.1  CE).  En  definitiva,  ha  de 
comportar una indefensión material y no meramente formal o, aun no causando esa 
indefensión  material,  la  irregularidad  o  infracción  de  las  normas  procesales  ha  de 
suponer una quiebra de las garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 
de mayo). Así ocurriría de haber provocado esa irregularidad o infracción de normas 
procesales  la  pérdida  de  neutralidad  del  juez  penal,  traspasando  los  límites 
constitucionales que a su obrar le imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el 
principio  acusatorio,  ocasionando  una  objetiva  ruptura  de  la  igualdad  y  equilibrio 
procesales de las partes en litigio, que el juez debe preservar aplicando con corrección 
las normas procesales que sirven justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de 
junio, FJ 4). De no hacerlo así, el juez habrá vulnerado el derecho a un proceso judicial 
con todas las garantías (art. 24.2 CE; STC 188/2000, FJ 2)» (STC 130/2002, de 3 de 
junio, FJ 4).
c)  La contextualización de los elementos fácticos y jurídicos concurrentes permiten 
abordar, ahora sí, la cuestión de fondo planteada.
El art. 708 LECrim, en su párrafo segundo, señala expresamente lo siguiente: «El 
presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir 
a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los 
que declaren».
Esta facultad debe ser considerada como una herramienta necesaria para el ejercicio 
de la inmediación judicial que, como se ha expuesto, se configura como un presupuesto 
del principio de libre valoración de la prueba, integrándose en el derecho a un proceso 
público con todas las garantías reconocidas en el art. 24.2 CE. e.
La inmediación implica la práctica de la prueba a presencia del tribunal, a fin de que  w.b
depesat reltoe  spq.u ueEeds saoe  pr peerqracuciibetiicrre ay ,q  svuianel  oploreasrr j umpicoairgo i ssdíte ram sdiuso msv aonl iodto eadzlob y ee rsgl uuafeiccneie rvdnouc idapa rc oaoblmgautoon rfaiuo e snpotrbeor pepu reoelbs tcaoot onprtioearn.  ilEdanos    2021-1130n https://w
etel sctiagsoo d dicee ,u dne tsedseti geol ,p euln ttroib duen avli sntao  dpeu eudne  mteenroe re inntceenrdtiidmuimenbtroe  lóaglgicuon.a P seorbor eta mlob qiéune  eesl 
necesario tener clara la conexión o relación entre lo que el testigo dice y los aspectos
esenciales de los hechos enjuiciados. Por tanto, forma parte de la propia naturaleza de la 
inmediación judicial que el tribunal pueda formular preguntas a un testigo sobre aquellos 
aspectos fácticos que no le hayan quedado claros como resultado del interrogatorio de 
las partes. Ese es el sentido de la expresión «depurar los hechos» contenida en el 
art. 708, párrafo segundo LECrim. Se trata de desbrozar, limpiar o aclarar los hechos 
que, en definitiva, son el objeto del juicio oral, para su adecuado discernimiento.
Esta facultad no puede confundirse con la función estricta de valoración de la prueba. 
La valoración es una actividad jurisdiccional posterior, que presupone necesariamente 
que el tribunal haya percibido con claridad lo ocurrido en el juicio oral. Nótese que el 
art. 708, en su párrafo segundo, de la Ley de enjuiciamiento criminal permite depurar 
«los hechos», no el «testimonio». El testimonio será luego objeto de valoración (o 
depuración, en cuanto a su validez, credibilidad y suficiencia para acreditar o no los 
hechos enjuiciados) conforme a lo dispuesto en el art. 741 LECrim.
En todo caso, la potestad del tribunal recogida en el precepto citado encuentra como 
límite infranqueable la vigencia del principio acusatorio. El órgano de enjuiciamiento no 
puede introducir hechos que no hayan sido objeto de acusación y sobre los que, por lo 
tanto, el procesado no haya podido ejercer su derecho de defensa en condiciones de 
igualdad con el resto de las partes. El uso de esta prerrogativa no puede suponer, en 
modo alguno, que el tribunal se convierta en acusación, en juez y parte al mismo tiempo, 
con la consiguiente pérdida de su debida imparcialidad. En consecuencia, lo relevante 
son los hechos, y estos vienen definidos por los escritos de acusación, que constituyen 
el objeto del proceso penal y, por lo tanto, del acervo probatorio propuesto por las partes.
En el presente supuesto, la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017 entre los 
mandos del cuerpo de Mossos d"Esquadra y algunos de los procesados estaba incluida 
en los escritos de calificación provisional de todas las partes acusadoras, formando parte 
del objeto de la prueba a desplegar durante la vista oral. Así, la referencia a esta reunión 
figuraba en las páginas 40 y 41 del escrito del Ministerio Fiscal, en las páginas 20 y 21 
del escrito del abogado del Estado, y en la página 20 del escrito de la acusación popular 
ejercida por el partido político Vox.
Además, la existencia y contenido de esta reunión había sido puesta de manifiesto 
en una declaración anterior del testigo señor Castellví, y la defensa del procesado señor 
Forn también había formulado una pregunta sobre el contenido de esa reunión, antes de 
que la sala hiciera uso del párrafo segundo del art. 708 LECrim.
Una vez que la reunión estaba incluida en los escritos de acusación, y que su 
celebración y contenido habían sido introducidos en el juicio oral, la iniciativa de la sala 
no puede considerarse como impropiamente inquisitiva o desconocedora del principio 
acusatorio. La sala de enjuiciamiento no introdujo un hecho nuevo. La pregunta no pudo 
conformar  una  nueva  acusación,  sino  que  esta  venía  determinada  por  los  hechos 
contenidos en los escritos de calificación provisional, en los que se hacía una referencia 
expresa a la iniciativa para celebrar la reunión, así como a su contenido y finalidad. Y, 
precisamente, la pregunta pretendía aclarar el motivo, la finalidad y el contenido de la 
reunión. No otra cosa significa preguntar acerca de la «preocupación que motivó la 
iniciativa», el «mensaje» que se quería «transmitir» y la «respuesta» obtenida. Planteada 
la pregunta en esos términos, su objetivo y finalidad quedaba englobada sin dificultad en 
los estrictos límites exigidos por el art. 708 LECrim, párrafo segundo («depurar los 
hechos»), sin infracción del principio acusatorio. Ninguna tacha de parcialidad se puede 
derivar del cumplimiento estricto de las normas procesales.
Ni siquiera puede achacarse a la sala una mera incoherencia en su actuación. Según  s
el recurrente, es incongruente denegar la pregunta al Ministerio Fiscal y, sin embargo,  oe.
formular la misma pregunta unos minutos después. w.
ndoe siamArlpr omlilclaoar ,gd peeon ru  dnseaí   mqvuiissetm ala ao ,m ruaenl ra(as  vocubolrnneter artaodcdicioóc,n ióe dnne  du uenn  c jurdiitecerireoioc d,h eoo   eifnuscntladusas mod ieumnnet ahnlis pniooi nthéeatsi c doye  e dcruorornarl cleeiónvna e)r,,l    2021-1130n https://w
nseencetesnacriiaa,m peanrteec, el ac lparreot eqnudei dlaa  a–cyt udaecsiópnro dpeo rlcaio snaalad ae–n ccuoennstercau aemncpiaar od ee nla d nousl ipdraedc edpet olas   BOE-A-cable e
legales diferentes. Los criterios valorativos para la consideración de una pregunta como 
pertinente pueden ser diferentes en función de que el interrogatorio sea formulado por 
una parte o por el tribunal. En el primer caso, la apreciación exige una ponderación sobre 
el principio de contradicción e igualdad de armas, como presupuestos del derecho a la 
defensa.  En  el  segundo,  entra  en  juego  la  inmediación  judicial  como  condición 
imprescindible para la libre valoración de la prueba, con el límite del respeto al principio 
acusatorio. Por todo ello, y conforme a la concreta interpretación del primer párrafo del 
art. 708 LECrim acogida por la sala, la pregunta podía ser denegada; mientras que el 
segundo párrafo del mismo precepto amparaba la pregunta formulada por el tribunal, 
según hemos expuesto. La diferencia de presupuestos normativos para adoptar ambas 
decisiones impide apreciar la incongruencia o incoherencia alegada y, por lo tanto, la 
vulneración invocada.
Con independencia de todo lo anterior, el carácter meramente aclaratorio de la 
pregunta formulada por la sala se pone de manifiesto cuando la sentencia señala su nula 
trascendencia desde el punto de vista del acervo probatorio utilizado para la condena. 
Efectivamente, una lectura de la resolución impugnada permite apreciar que, en el marco 
del principio de libre valoración de la prueba, valorada en su conjunto, la sentencia no 
aparece apoyada en la contestación del señor Trapero a la pregunta formulada por la 
sala; es decir, que fue inocua desde la perspectiva de la afectación material de los 
derechos del recurrente.
Mención aparte merece el hecho de que, en todo caso, la pregunta formulada por la 
sala fue seguida de la concesión de un nuevo turno para el interrogatorio de las partes, 
que fue utilizado por la defensa del señor Forn para volver a preguntar por la citada 
reunión, sin protesta alguna del resto de los intervinientes.
Ese  nuevo  turno,  no  previsto  expresamente  en  la  normativa  procesal,  permite 
descartar cualquier indefensión material para las partes derivada de la pregunta hecha 
por la sala. Con su actuación, el tribunal sentenciador no incurrió en una «insólita 
situación de contradicción entre el interrogatorio de la presidencia y las defensas», como 
se alega en el recurso. Lo que puso de manifiesto fue un escrupuloso respeto al derecho 
de defensa, a la vigencia de los principios de contradicción e igualdad de armas y, en 
definitiva, al derecho a la imparcialidad judicial integrado en el derecho a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE). Lo que conduce a la desestimación del motivo 
analizado.
7.  Derecho a la igualdad de armas en el proceso.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a esta materia en el apartado 16 del 
fundamento jurídico A).
Para  la  mejor  comprensión  del  examen  de  esta  queja,  teniendo  en  cuenta  la 
extensión de este apartado, así como que abarca aspectos ajenos a los planteados en 
esta sede por la parte recurrente, hemos optado por no reproducir íntegramente este 
fragmento de la sentencia recurrida. Tomaremos las consideraciones efectuadas en él 
por el Tribunal Supremo a medida que vayamos descendiendo a los detalles que incluye 
el análisis del motivo de amparo.
7.1  Posiciones de las partes.
La parte recurrente denuncia la vulneración del principio de igualdad de armas, por el 
trato desfavorable dispensado a las defensas en el acto del juicio oral (arts. 24 CE y 6 
CEDH), con base en que se limitó su actividad procesal en el momento de interrogar de  e.
manera mucho más estricta de lo que se hizo con las acusaciones. La demanda, de la  w.
dqaeu v ea larsi eo dsh eaen pudisneocjadiadiodosa d  aedcteaasleliagcdiudaao lcsdo adndus:r taa(nin)t ceiea en el  nde ell osisan rtaeronrrltloeogc daeetdole rjinuoti ecdsio e dlo ert aeelss qttiagu oes  essneetreñíanoncr i arTe,o vsreerel arnedtfo,i erserees    2021-1130n https://w
phearbmíait isóid ao  lparso paucuessatoc,i olon eqsu efo srme uimlapr idpiróe gau lnatsa sd eqfueen sdaess; b(oii)r dsaer opne rlmasit iróa zao lnaess a pcours alacsio qnuees   BOE-A-cable e
efectuar preguntas a los acusados o testigos sobre su afiliación política e ideología, pero 
no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos aspectos a algunos testigos, como 
a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de 
Barcelona; (iii) a los testigos de las acusaciones, como fueron los policías, se les autorizó 
a exponer valoraciones al aludir a aspectos tales como «caras de odio» –en referencia a 
los votantes– «clima hostil» o «clima insurreccional» (señor Baena), lo que se impidió a 
otros como a la señora Garcés; (iv) a algunos testigos propuestos por la acusación se les 
autorizó a consultar notas escritas, lo que fue impedido a la señora Garcés y al señor 
Matamala; (v) la reacción del tribunal frente a las manifestaciones de «desmemoria» o 
«renuencia» de algunos testigos, como la señora Sáenz de Santamaría, el señor Rajoy y 
el señor Zoido, frente a la dispensada a la señora Guix y al señor Mestre; (vi) el 
impedimento para preguntar a un inspector de policía respecto del «aparente infarto» 
sufrido por un ciudadano cuando se disponía a votar, pese a que esa circunstancia se 
mencionaba en el escrito de acusación y, previamente, se había permitido al fiscal 
interrogar al respecto; (vii) el reproche que dirigió el presidente del tribunal al letrado del 
aquí recurrente, en la sesión de 27 de abril de 2019, cuando este utilizó la expresión «ley 
de ritos» para referirse a la LECrim, porque esa expresión constituía un «insulto a los 
procesalistas».
El abogado del Estado considera que el denunciado trato peyorativo dado a las 
defensas  frente  a  las  acusaciones  no  se  ha  producido,  remitiéndose  de  modo 
pormenorizado a las respuestas contenidas en la sentencia recurrida.
Por su parte, la representación procesal del partido político Vox aduce que los 
extremos manifestados por el recurrente no son más que «minucias procesales, cuando 
no interpretaciones interesadas respecto al alegado trato desfavorable, pero que al final 
no  han  supuesto  anular  al  condenado  la  posibilidad  de  proponer  y  practicar  los 
elementos de prueba propuestos por el mismo ni tampoco afectan al sentido del fallo», 
amén de que el demandante no ha argumentado nada sobre esta relevante cuestión.
Por último, el Ministerio Fiscal, sintéticamente, aduce que la sentencia recurrida en 
amparo  [fundamento  de  Derecho  A),  apartado  16]  da  una  respuesta  a  todas  las 
supuestas muestras de desigualdad y analiza cada uno de los aspectos alegados por el 
recurrente.  A  su  juicio,  la  alegación  de  desigualdad  tiene  un  «valor  meramente 
nominalista y formulario», pues lo cuestionado no son sino decisiones adoptadas en el 
ejercicio  de  las  facultades  de  dirección  de  las  declaraciones  testificales,  que  no 
incurrieron en infracción procesal alguna (art. 683 LECrim) y que obedecieron a una 
justificación  razonable  desde  la  perspectiva  de  la  pertinencia  e  idoneidad  de  las 
preguntas y respuestas, sin alterar la igualdad de las partes ni menoscabar de modo 
sensible las facultades de alegación y contradicción entre ellas.
7.2  Doctrina constitucional.
Podemos sistematizar la doctrina constitucional sobre el derecho a la igualdad de 
armas en el proceso penal, siguiendo la ya citada STC 130/2002, de 3 de junio, y a 
riesgo de incurrir en reiteraciones, en los siguientes términos:
a)  «La primera y más importante garantía debida del proceso penal, a los efectos 
de que este pueda tenerse por un juicio justo, es indudablemente aquella que impone al 
juez (hasta el punto de constituir parte de su estatuto constitucional, art. 117.1 CE), y en 
lo que ahora interesa, al juez penal, la inquebrantable obligación de someterse de forma 
exclusiva y sin desfallecimiento o excepciones al ordenamiento jurídico. Especialmente,  s
a las normas procesales que establecen la forma en la que debe ejercer su función  oe.
jurisdiccional en los procesos penales. Pues su estricta sujeción a la Ley, en este caso, a  3ww.
lean juLLiceaiy ae msptierrinocttcaoe  sdsaueljl,e  acsigóuannr tadone qtli zujuaee  szel aa  s olaom bleejeytta ivp aied nsauad l  esxeua smtaimennpti.vaarc yia plidroacde sdael lq uree sriugleta sduos  adcet oss uy   2021-1130n https://w
decisiones constituye la primera y más importante garantía del juicio justo en la medida
en que dicha sujeción asegura a las partes en el proceso que el Juez penal es un tercero
ajeno  a  los  intereses  en  litigio  y,  por  tanto,  a  sus  titulares  y  a  las  funciones  que 
desempeñen  en  el  proceso.  Alejamiento  que  le  permite  decidir  justamente  la 
controversia, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas. Por esta 
razón le está vedado constitucionalmente asumir en el proceso funciones de parte 
(STC 18/1989, de 30 de enero, FJ 1, con cita de la STC 53/1987, de 7 de mayo, FFJJ 1 
y 2), o realizar actos en relación con el proceso y sus partes que puedan poner de 
manifiesto que ha adoptado una previa posición a favor o en contra de una de ellas, lo 
que es aún más relevante cuando se trata del imputado en el proceso penal (por todas 
STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5)» (STC 130/2002, FJ 3, y, con posterioridad, 
SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14, y 12/2011, de 28 de febrero, FJ 3).
«De ahí que la imparcialidad objetiva del juez penal resulta sin duda una garantía 
esencial y debida del proceso penal justo. El juez debe garantizar que el órgano judicial 
ha actuado de forma que se excluya toda duda legítima sobre su neutralidad. Hemos 
tenido ocasión de afirmar que en esta materia "las apariencias son muy importantes 
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los 
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos" (STC 162/1999, FJ 5)» 
(STC 130/2002, FJ 3). Muy expresivamente, «la justicia no solo debe realizarse, también 
debe verse que se realiza» [En palabras de la STEDH de 26 de octubre de 1984, De 
Cubber c. Bélgica, § 26, «según un adagio inglés citado en la sentencia Delcourt de 17 
enero 1970, […] justice must not only be done: it must also be seen to be done»; 
expresión reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (entre otras, en las 
SSTEDH  de  15  de  octubre  de  2009,  caso  Micallef  c.  Malta,  §  98,  y  de  22  de 
octubre 2019, caso Deli c. Moldavia, § 36)].
«También hemos sostenido que aquel puede traspasar el límite que le impone el 
principio acusatorio cuando, perdiendo su apariencia de juez objetivamente imparcial, ha 
llevado a cabo una actividad inquisitiva encubierta al desequilibrar la inicial igualdad 
procesal de las partes en litigio, al respaldar una petición de una de ellas formulada en 
clara conculcación de lo dispuesto en la legalidad sustantiva o procesal y que puede 
deparar un perjuicio a la otra (STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)».
«El derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), por lo tanto, 
otorga  al  acusado  y  procesado  el  derecho  a  exigir  del  juez  penal  la  observancia 
inexcusable de una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, 
lo que obviamente tiene lugar si actúa en el proceso penal con estricta sujeción a lo que 
las normas procesales establecen. Esta estricta sujeción a lo dispuesto en la ley procesal 
garantiza su neutralidad y asegura la igualdad procesal entre las partes en el proceso. 
Pues esa igualdad, que constituye un principio constitucional de todo proceso integrado 
en el objeto del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE), 
significa que los órganos judiciales vienen constitucionalmente obligados a aplicar la ley 
procesal de manera igualitaria, de modo que se garantice a todas las partes, dentro de 
las respectivas posiciones que ostentan en el proceso y de acuerdo con la organización 
que a este haya dado la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato 
favorable a ninguna de ellas en las condiciones de otorgamiento y utilización de los 
trámites comunes, a no ser que existan circunstancias singulares determinantes de que 
ese equilibrio e igualdad entre las partes solo pueda mantenerse con un tratamiento 
procesal distinto que resulte razonable, y sea adoptado con el fin precisamente de 
restablecer  dichos  equilibrio  e  igualdad  (STC  101/1989,  de  5  de  junio,  FJ  4)» 
(STC 130/2002, FJ 3).
b)  Como ya hemos expuesto, no toda infracción de una norma procesal genera  s
necesariamente una vulneración de la prohibición constitucional de indefensión (art. 24.1  oe.
CE) o del derecho a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 CE). «Para que  w.
erdeselaefe vnaisrnraec igdaue cl aoqrnuidsieatindtu  lcapisor ondcaeeln sduaenlb ceioe  p, rilonedfsruiaoccnicra ióunnnd  op deaercj uaislcaoiso  s rune oadrle myr eaecsfhe ocdt eiav  olap e rtnou ctlaeeslda i pmjouiesdinibctiiolai dl aaedlfceeacsnt idcveea    2021-1130n https://w
msina tepraiadle cye rn ion dmefeernasmióenn t(ea rtf.o 2rm4.a1l  CoE, )a. uEnn  ndoe finciatiuvsaa, nhdao  dees aco minpdoerfetanrs uiónna  minadteefreianls, iólan   BOE-A-cable e
irregularidad o infracción de las normas procesales ha de suponer una quiebra de las 
garantías esenciales del proceso justo (STC 53/1987, de 7 de mayo). Así ocurriría de 
haber provocado esa irregularidad o infracción de normas procesales la pérdida de 
neutralidad del juez penal, traspasando los límites constitucionales que a su obrar le 
imponen su obligada apariencia de imparcialidad, y el principio acusatorio, ocasionando 
una objetiva ruptura de la igualdad y equilibrio procesales de las partes en litigio, que el 
juez  debe  preservar  aplicando  con  corrección  las  normas  procesales  que  sirven 
justamente a ese propósito (STC 101/1989, de 5 de junio, FJ 4). De no hacerlo así, el 
juez  habrá  vulnerado  el  derecho  a  un  proceso  judicial  con  todas  las  garantías 
(STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2)» (STC 130/2002, FJ 4).
c)  «El régimen procesal de la prueba en el proceso penal posee una indudable 
relevancia  constitucional  habida  cuenta  de  su  estrecha  conexión  con  las  garantías 
constitucionales del acusado, y muy en particular con los derechos fundamentales a 
utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE). La estricta sujeción del juez penal al régimen procesal de la prueba en sus 
distintas fases, y muy en especial la relativa a su admisión y práctica, constituye una 
garantía  más  del  proceso  justo  (art.  24.2  CE)  en  los  términos  señalados  con 
anterioridad» (STC 130/2002, FJ 5).
La facultad de intervenir en la prueba ajena para controlar su correcta práctica y 
contradecirla  es  también  una  específica  manifestación  del  derecho  de  defensa  del 
acusado  (por  todas,  SSTC  176/1988,  de  4  de  octubre;  122/1995,  de  18  de  julio, 
y 76/1999, de 26 de abril) e incluye «interrogar o hacer interrogar a los testigos que 
declaren contra él», dando al mismo una ocasión adecuada y suficiente para discutir un 
testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un 
momento posterior del proceso (SSTC 2/2002, de 14 de enero, FJ 4, y 57/2002, de 11 de 
marzo, FJ 3, con cita de SSTEDH de 24 de noviembre de 1986, caso Unterpertinger c. 
Austria, § 31; de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski c. Holanda, § 41; de 27 de 
septiembre de 1990, caso Windisch c. Austria, § 26; de 19 de febrero de 1991, caso 
Isgrò c. Italia, § 34; de 20 de septiembre de 1993, caso Saïdi c. Francia, § 43, y de 27 de 
febrero de 2001, caso Luca c. Italia, § 40).
d)  Si bien no todas las irregularidades e infracciones del régimen legal de prueba 
poseen relevancia constitucional a los efectos de las garantías del art. 24.1 y 2 CE, «no 
es menos cierto que el impulso probatorio del órgano judicial (tanto de oficio como a 
petición de parte) puede, en ocasiones y a la vista de las circunstancias del caso, 
traspasar los límites que le imponen el debido respeto al principio acusatorio, en el 
sentido de que quien debe formular la acusación y sobrellevar la carga de la prueba 
inculpatoria  es  la  acusación  y  no  quien  ha  de  dictar  sentencia  en  el  proceso, 
menoscabando  reflejamente  aquella  apariencia  de  imparcialidad  objetiva  que  debe 
preservarse en todo momento (STC 186/1990, de 5 de noviembre, FJ 5). Por ello debe 
indagarse –a la vista de los datos objetivos que quepa extraer del modo de proceder que 
en  cada  caso  haya  observado  el  órgano  judicial–  si  tras  un  impulso  probatorio 
aparentemente neutral, incluso al abrigo de lo dispuesto en el art. 729.2 LECrim, el juez 
no ha emprendido en realidad sino una actividad inquisitiva encubierta» (STC 130/2002, 
FJ 5, con cita de la STC 188/2000, de 10 de julio, FJ 2). La observancia de tales 
principios se impone también en el interrogatorio de los testigos en el acto del juicio oral, 
como se refleja, entre otras, en la STC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 14. En todo 
caso, para determinar si se ha producido la quiebra de esta esencial igualdad de armas 
es preciso analizar las circunstancias particulares de cada caso. s
7.3 Resolución de la queja. w.b
consLiad erreascpiouneestsa: de este tribunal al motivo de amparo es consecuencia de las siguientes  2021-1130n https://w
A)  Para dar una contestación a esta queja es preciso efectuar una valoración global 
sobre el desarrollo del juicio oral y, dentro del mismo, sobre el interrogatorio de los 
testigos de cargo y de descargo.
Es fácil comprender que no resulta exigible infalibilidad ni al presidente, encargado 
de dirigir el debate (art. 683 LECrim), ni a los restantes miembros de un tribunal de 
enjuiciamiento. Las circunstancias particulares del juicio que sometemos a examen, 
desarrollado en largas sesiones de mañana y tarde durante meses y en el que fueron 
interrogados más de quinientos testigos, hace aún más asequible la comprensión de lo 
anterior. El desacierto, por tanto, en el ejercicio de las funciones procesales propias de la 
dirección del examen de los testigos a que se refieren los artículos 701 y siguientes de la 
Ley de enjuiciamiento criminal, es una posibilidad real. Con ello no queremos dar a 
entender –debemos aclarar esto de entrada– que la exigencia de sometimiento a la ley 
procesal  sea  menor  que  en  otros  casos.  Lo  que  queremos  expresar  es  que  no 
corresponde  a  este  Tribunal  Constitucional  otorgar  el  amparo  frente  a  simples 
irregularidades procesales. Hemos de insistir en esta idea. El control que compete a este 
tribunal  pasa  por  efectuar  una  valoración  externa  del  conjunto  de  la  actividad 
jurisdiccional desarrollada en el juicio para determinar si efectivamente se respetaron los 
principios de neutralidad judicial e igualdad de armas, sin olvidar que las infracciones 
procesales solo tienen relevancia constitucional cuando se produce una disminución real 
y efectiva de garantías, y que para alcanzar una convicción sobre la existencia o no de 
esa  diferencia  de  trato  jurídicamente  relevante  es  preciso  efectuar  un  juicio  de 
ponderación con arreglo a criterios cualitativos. Lo determinante no es el número de 
supuestos agravios que la parte pueda llegar a invocar (de otro modo, bastaría que la 
parte  contraria  citara  igual  número  de  afrentas  para  enervar  el  motivo),  sino  su 
importancia, puesta en relación con el comportamiento del órgano jurisdiccional respecto 
a las demás partes y en el conjunto del debate procesal.
La argumentación de la queja en la demanda, como hemos visto, está basada sobre 
determinados  episodios  del  juicio  (siete,  en  concreto)  en  los  que,  según  la  parte 
recurrente, el tribunal de enjuiciamiento se desvió de la correcta aplicación de la ley 
procesal en contra de las defensas.
Este tribunal, sin embargo, constata que no existió ese trato peyorativo hacia la 
defensa. Más allá de que todas y cada una de las valoraciones efectuadas sobre tales 
eventualidades han recibido una respuesta explícita en la sentencia recurrida, como 
veremos a continuación, del acierto de tales respuestas (en términos de ajuste a la 
norma procesal), y de que, como también constatamos, esas incidencias carecen de 
relevancia para la formación del relato fáctico del que dimana la condena, podemos ya 
adelantar que estimamos que tales acontecimientos, valorados en su conjunto y en el 
contexto de todo el juicio oral, resultan manifiestamente insuficientes para fundar la 
existencia del trato desfavorable del que se queja el recurrente.
Para alcanzar esa conclusión tomamos en consideración el desarrollo del juicio en su 
integridad, el relato de hechos probados y las razones de la condena del recurrente, de 
todo lo cual se ha dado cuenta en los antecedentes de esta resolución, así como los 
acontecimientos en que la parte demandante funda su queja y las respuestas ofrecidas 
por el Tribunal Supremo, que examinamos seguidamente. De esto se desprende que se 
trata de acontecimientos menores, incidencias o irregularidades procesales leves, a lo 
sumo, que no permiten afirmar ni quiebra de la igualdad de armas ni merma del derecho 
de defensa.
B)  El Tribunal Supremo ofrece en la sentencia recurrida una respuesta explícita  e.
frente a cada una de las protestas realizadas. w.b
perma)it ió Laa  laqsu eajcau sraeclaiotinvae sa flo rinmteurlaror gparteogruion tdaesl  dteessvtiignoc uslaedñaosr  dTeo rlraesn tr,a zsoengeúsn  ploar  clausa lq usee   2021-1130n https://w
hcoanbtíeas tsaidcioó np eroxppureessato, ,r aloz oqnuaed as ye  raimzopnidaiób lea. las defensas, recibe en la sentencia una
La respuesta parte de la interpretación que la sala efectúa del artículo 708.1 LECrim, 
primer  párrafo,  según  el  cual  «el  presidente  preguntará  al  testigo  acerca  de  las 
circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la 
parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. 
Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y 
fueren  pertinentes  en  vista  de  sus  contestaciones».  De  ella  se  ha  dejado  literal 
constancia en el fundamento precedente de esta misma sentencia, al que ahora nos 
remitimos. Cabe reiterar que con el criterio interpretativo que se maneja conforme al cual 
si la parte proponente no pregunta sobre una cuestión concreta, el resto de las partes no 
podrá formular preguntas sobre esa cuestión, porque no habría existido una previa 
«contestación» del testigo– se pretendió preservar la vigencia estricta del principio de 
contradicción y, por conexión, del derecho de defensa.
Se refiere después a la valoración concreta de la relevancia del interrogatorio del 
testigo: «si el testimonio del señor Torrent sobre lo que sucedió el día 1 de octubre era 
tan importante, no se entiende bien la razón por la que no fue propuesto como testigo 
por  las  defensas.  Con  independencia  de  ello,  mal  puede  hablarse  de  un  testigo 
indispensable para el esclarecimiento de los hechos cuando su aportación –que hasta 
ese momento había pasado desapercibida para las defensas– se limitaba a contar su 
experiencia el día 1 de octubre. Sobre el desarrollo de esa jornada, sus vicisitudes, la 
actitud de la ciudadanía y el papel de los agentes antidisturbios, han declarado más de 
un centenar de testigos. Todos ellos han contado su personal vivencia durante ese día. 
No puede hablarse, pues, de indefensión derivada de la imposibilidad del señor Torrent 
de explicar su particular experiencia sobre hechos que fueron descritos detalladamente 
por otros muchos testigos presenciales».
b)  El segundo defecto en la conducción de las pruebas testificales, que denuncia 
que se permitió a las acusaciones efectuar preguntas a los acusados o testigos sobre su 
afiliación política e ideología, pero no se autorizó a las defensas preguntar sobre dichos 
aspectos a algunos testigos, como a la letrada de la administración de justicia del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, también mereció una contestación en la 
sentencia.
Comienza valorando el Tribunal Supremo la declaración del diputado señor Rufián. 
Dice así que «la militancia política del señor Rufián es un hecho notorio»; que «durante 
su declaración como testigo hubo de ser interrumpido por el presidente de la sala al 
tratar de adentrarse en valoraciones políticas prescindibles para el tratamiento jurídico de 
los hechos» y que «quiso formular un discurso político en el momento de su declaración 
como testigo», razones por las que constituye «un despropósito» estimar que se vulneró 
el derecho del diputado a no declarar sobre sus propias convicciones ideológicas. En 
cambio, se justifica el impedimento a las defensas de los señores Junqueras y Romeva y 
de los señores Rull, Turull y Sànchez, de preguntar a la letrada de la administración de 
justicia del Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona acerca de si era «seguidora de 
páginas web de extrema derecha» en los siguientes términos:
«De lo que se trata es de preservar el derecho de todo testigo a no declarar 
públicamente acerca de su ideología, religión o creencias (art. 16.2 de la CE). Doña 
Monserrat es una funcionaria de la administración de justicia que fue llamada a juicio 
para que narrara las circunstancias que presidieron su huida de madrugada, por los 
tejados de la Consejería de Economía de la Generalitat, con ocasión de la entrada y 
registro  judicialmente  acordada  el  día  20  de  septiembre  de  2017.  Fuera  de  esos 
extremos vividos en primera persona, interrogarla, no ya acerca de la autoría de un  e.
mensaje o de un tuit, sino sobre su condición de "seguidora de páginas web de la  w.b
extreSmegaú dne erel cThraib"u, nreasl uSltuap mreamnoif ie«s[sta]ommeentteer  iam ploesr tmináesn tdee» .quinientos testigos inicialmente  2021-1130n https://w
vperordpaude,s taodse pmoárs l adse  psaur taenst iac ipuand tae sint uidtieliodlaódg,i choa bdreíal  qsuuep udeespteon udnearí afla sgur acnotme pvruolnmeirsaoc icóonn d lea 
la prohibición constitucional que proclama el art. 16.2 de la CE».
Se dan las razones por las que, sin embargo, se permitió al fiscal o al resto de las 
acusaciones preguntar a determinadas personas por su condición de miembro de la 
Asamblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural:
«[L]a condición de militante de alguna de esas asociaciones era presentada por las 
propias defensas como elemento de identificación en las respectivas listas de testigos 
ofrecidas para su citación por la sala. Es el caso, por ejemplo, de la defensa del señor 
Cuixart. Los testigos enumerados en los apartados 3 a 7 de la lista propuesta, son 
precisamente señalados por su adscripción ideológico-asociativa a esos movimientos 
sociales. Don Joan Vallvé i Ribera es presentado como vicepresidente de la entidad 
Òmnium Cultural; don Joan Ignasi Elena García es identificado como "portavoz del Pacte 
Nacional pel Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural"; doña ltziar 
González  Virós,  es  también  presentada  como  "miembro  del  Pacte  Nacional  pel 
Referéndum del que forma parte la entidad Òmnium Cultural"».
Los testigos núms. 23 y 24 –doña Silvia Prats Cortés y doña María Luisa Martínez 
Olivera– fueron descritas en la lista presentada como «voluntarias que ayudaron a 
mantener el cordón de voluntarios de la ANC el 20 de septiembre de 2017 en la 
Consejería de Economía».
Tras referir las explicaciones dadas en su declaración por el señor Cuixart sobre la 
fundación y los fines de la entidad Òmnium Cultural, que preside, agrega el órgano de 
enjuiciamiento que «es difícil entender que la pregunta de las acusaciones a algunos 
testigos acerca de si eran socios de Òmnium pueda interpretarse como una injerencia en 
el perfil político del interrogado».
c)  Sobre  la  denunciada  mayor  permisividad  de  la  presidencia  respecto  a  las 
valoraciones  efectuadas  por  los  testigos  de  las  acusaciones  cuando  se  trataba  de 
policías, la sentencia recurrida explica que «un testigo que durante su examen no ofrece 
hechos, sino valoraciones personales, está dando la espalda a la razón de su llamada al 
proceso. El testigo no opina, no valora. El testigo narra. Ha de limitar su relato a aquello 
que vio y percibió por los sentidos. El razonamiento sobre el que la defensa construye el 
menoscabo del principio de igualdad de armas gira, paradójicamente, sobre aquello que 
no interesa al órgano de enjuiciamiento. Las valoraciones personales de los testigos no 
tienen cabida en la descripción de los hechos probados». No cabe invocar indefensión 
cuando «lo que se pretende explicar es absolutamente irrelevante en términos jurídicos».
Lo anterior excusa, según continúa diciendo el Tribunal Supremo, de la necesidad de 
argumentar acerca de si los ejemplos que ofrece la defensa son o no equiparables o «si 
algunas de las frases que selecciona como expresivas de un juicio de valor lo son 
realmente, o si tienen un contenido fáctico íntimamente ligado a lo que percibieron los 
testigos por sus sentidos cuando accedieron a los centros de votación o cuando uno de 
ellos coordinaba algunas de las investigaciones policiales».
Se refiere después a la declaración de la señora Garcés. Reproduce reiteradas 
alusiones a sus percepciones personales o sentimientos («teníamos la sensación de una 
curiosidad compartida […] que entrábamos en una nueva situación política»; «en ningún 
momento tuve la sensación de inquietud […] o de alarma»; «estupefacción y sorpresa 
generalizada», «deshacer la inquietud y el miedo»; y «prohibición incomprensible y 
triste», en relación con las resoluciones del Tribunal Constitucional) en respuesta a 
preguntas que «en ningún caso, fueron declaradas impertinentes, pese a su manifiesta 
irrelevancia». Acto seguido explica la interrupción del presidente «en el momento en el 
que el testimonio llega a un punto en el que la declarante pretende explicar su grado de  e
alucinación sobre lo que aconteció el 1 de octubre ("yo aluciné")», por entender que la  bo
declaración  no  versaba  sobre  hechos  sino  sobre  valoraciones  personales,  que  no  3w
interCeosnacnl uayl ee nejusitceia ampieanrttaod.o el Tribunal Supremo con la justificación de la expresión  2021-1130n https://w
i«ncteorrrroegctaot.o rMiou cdheo l am seejoñro»r,a  eGmaprlceéasd.a  Yp osre ñlaa lap rqeuseid esnuc itae sctiumaonndioo  eful el e«trmadaon ifpieusstoa mfienn tael 
prescindible. Nada de lo que dijo, nada de lo que valoró, nada de lo que respondió […] 
ha tenido influencia en la proclamación de los hechos probados».
d)  En relación con el reproche relativo a que a algunos testigos propuestos por la 
acusación se les permitió consultar notas escritas, lo que le fue impedido a la señora 
Garcés y al señor Matamala, la sentencia recurrida en amparo, una vez trascrito el 
art. 437 LECrim («los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer la 
declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. […] Podrán, sin embargo, consultar 
algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar») expone la diferencia 
entre estos casos:
Don David Pérez, diputado del PSOE en la mesa del Parlament, fue preguntado 
inicialmente por el fiscal, quien, junto con la abogacía del Estado, había propuesto su 
declaración, sobre cuestiones referidas al contenido de los apartados d) y e) de los arts. 
37 y 11 del Reglamento del Parlament. El fiscal «indagaba acerca del alcance de las 
facultades  jurídicas  de  la  mesa  para  examinar  el  contenido  de  cualquier  iniciativa 
legislativa». En estas circunstancias, según el Tribunal Supremo, «apoyar las respuestas 
del testigo con el texto legal sobre el que se está preguntando, no puede ser, en ningún 
caso, censurable». Añade que, además, el presidente de la sala intervino para recordar 
«al  testigo  que  puede  consultar  notas,  pero  no  ofrecer  "respuestas  que  estén 
predefinidas". Se le invita a que mantenga esas notas, pero se le impone que "[…] no 
haga una lectura microliteral de lo que quiere contestar"».
En el caso de la señora Garcés, según la sentencia, no se trata del empleo de «unas 
notas que le sirvan para refrescar la memoria respecto de datos de difícil evocación», 
sino de que se valió de «un guion en el que se transcribe hasta el tiempo que hacía que 
"[…]  no  se  tomaba  un  café"  con  el  señor  Cuixart,  su  estado  febril  o  el  grado  de 
alucinación que le produjo la prohibición jurisdiccional del referéndum del 1 de octubre».
e)  La  censura  que  la  parte  recurrente  dirige  a  la  reacción  del  tribunal  de 
enjuiciamiento frente a las manifestaciones de «desmemoria» o «renuencia» de algunos 
testigos frente a la dispensada a otros, también mereció una respuesta pormenorizada.
Una vez sentado que no se indica por quien protesta «qué influencia ha podido tener 
ese hecho en la valoración probatoria», el Tribunal Supremo señala que la defensa de 
los señores Rull, Turull y Sànchez no formuló ninguna pregunta a la señora Sáenz de 
Santamaría, a la que atribuye la desmemoria. Tras ello se remite al visionado del vídeo 
«para observar la actitud de la presidencia encaminada a reforzar la claridad de las 
respuestas  a  las  preguntas  formuladas  por  la  defensa  del  señor  Forn  (cfr. 
minuto 13:24)».
En relación con el testimonio de don Ignacio Zoido, se señala que el interrogatorio –
en el que intervino la defensa del señor Forn, el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado, 
el letrado de la acusación popular y las defensas del señor Cuixart, de la señora Borràs y 
los señores Turull, Rull y Sànchez– se prolongó durante más de dos horas, la defensa 
del  recurrente  no  formuló  protesta  y,  «como  puede  observarse  a  partir  del 
minuto 2:06:36, la presidencia de la Sala intervino para exigir del señor Zoido mayor 
concreción, recordando al testigo que la pregunta era muy concreta y se "[…] podía 
contestar con un monosílabo"».
Respecto del interrogatorio del señor Rajoy, se explica que este testigo admitió que 
tuvo contactos políticos con el señor Urkullu, pero no pudo precisar si fueron contactos 
personales o mediante comunicación telefónica o telemática, lo que justificó el declarante 
por «la existencia de una pluralidad de personas con las que llegó a contactar con el 
mismo objetivo, entre ellas, el señor Ortuzar». En otros puntos de esta declaración, la  e.
presidencia exigió al testigo «una respuesta más precisa y detallada», como por ejemplo,  w.b
ahhnaatbbeíí aa«  vlsaise tgpour eeidgl oud neetsala  radroceelslorac rdaroe ldll oeju  idcsiieo  e ella nd  esstcerlesaiaróamnn itneag n»ste,e rt rihoaars b l"íopa o qcru oelma e ull nesicectañudoraor   Rcdaoejno  ylol o«ssa  dptemesrititóiigódo iqcsuo oes    2021-1130n https://w
digitEaxleasm"»in.a a continuación en detalle la testifical de la señora Guix, propuesta por las
acusaciones en su calidad de diseñadora de la página web «Pacte pel Referendum»;
persona que, según el Tribunal Supremo, por su cualificación profesional, hizo posible 
técnicamente los contenidos de la web ideada por el Gobierno de la Generalitat. Se dice 
de ella: «desde el primer momento rechazó dar respuesta a lo que le preguntaba el 
Ministerio Fiscal con un reiterativo "[…] no me acuerdo […] porque ha pasado mucho 
tiempo". La siguiente secuencia pregunta-respuesta, es especialmente ilustrativa: fiscal: 
"¿permitía  inscribirse  como  voluntario?"  Sra.  Guix:  "pues  no  lo  recuerdo";  fiscal: 
"¿permitía publicidad?" Sra. Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿permitía firmar a favor del 
referéndum?" Sra. Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿había alguna forma de recopilar 
información?" Sra. Guix: "ahora mismo no lo recuerdo"; fiscal: "¿la web la diseñó usted?" 
Sra.  Guix:  "la  diseñé  yo,  sí,  sí  […]";  fiscal:  "¿permitía  hacer  donativos  para  el 
referéndum?" Sra. Guix: "no lo recuerdo"; fiscal: "¿permitía un registro o una pestaña que 
contuviera registro de votos?" Sra. Guix: "no lo recuerdo […] a veces el diseño gráfico es 
como un pre-proyecto de una casa. Luego, si tiene veinte ventanas o tiene diez […] 
hasta que se realiza no se sabe"; fiscal: "¿tampoco recuerda su diseño?" Sra. Guix: "yo 
no lo recuerdo"». En ese momento, el presidente del órgano de enjuiciamiento pidió a la 
testigo «que tratara de recordar, al menos, los contenidos webs que ella diseñó, al 
margen de que no coincidieran con lo que luego pudo ser el resultado final la web en la 
que se publicitó el Pacte pel Referéndum».
Los supuestos, según la sentencia impugnada en amparo, no son comparables.
La declaración de don Jaume Mestre –prosigue el Tribunal Supremo–, «responsable 
de difusión institucional de la Generalitat en la fecha de los hechos, es un continuo "no 
sé nada, no me acuerdo". Una vez advertido por la presidencia de que el delito de falso 
testimonio se comete, según precisa el art. 461 del CP, no solo faltando a la verdad, sino 
también alterándola con inexactitudes y reticencias o silenciando hechos relevantes que 
fueren conocidos por el testigo, volvió a aferrarse a su desmemoria. Hasta tal punto fue 
visible su deseo de eludir las preguntas que le eran formuladas, que la defensa del señor 
Junqueras  sugirió  la  necesidad  de  que  se  tuviera  en  cuenta  que  algunas  de  las 
respuestas podían perjudicarle en un hipotético estatus de imputado por los hechos 
sobre los que estaba declarando».
Al tiempo del dictado de la sentencia impugnada en amparo, tal y como la misma 
indica, la Sala tenía pendiente decidir sobre la deducción de testimonio reclamada en 
relación con este testigo por la posible comisión de un delito contra la administración de 
justicia, lo que se haría en resolución aparte. Por providencia de 25 de junio de 2020 se 
acordó deducir el mencionado testimonio.
f)  El siguiente episodio que se tacha consiste en el impedimento de preguntar a un 
inspector de policía respecto del «aparente infarto» sufrido por un ciudadano cuando se 
disponía a votar, pese a que esa circunstancia se mencionaba en el escrito de acusación 
y, previamente, se había permitido al fiscal interrogar al respecto.
Según dice la sentencia, la intervención de la presidencia, en este caso, obedeció a 
la formulación por el letrado de la defensa, después de la intervención del fiscal, de 
«preguntas encaminadas a indagar posibles responsabilidades penales del declarante». 
Agrega que la cita de este acontecimiento en el escrito de acusación del ministerio 
público «está relacionada con la descripción del número de heridos que se produjo el 
día 1 de octubre», como se desprende de su atenta lectura y «no para indagar las 
responsabilidades individuales que fueran exigibles por uno u otro incidente», lo que 
estaba dirimiéndose en diligencias judiciales seguidas en Barcelona.
Concluye  la  Sala  el  razonamiento  atinente  a  esta  protesta  señalando  que  «el 
principio de igualdad de armas […] no se ve resentido cuando las armas que han de  s
hacerse valer en un determinado proceso se trasladan a otro, cuyo objeto no es dilucidar  oe.
las  circunstancias  de  un  incidente  sobre  las  que,  de  forma  insistente,  se  pretende  w.
einnte lragr )os geaFsrii»ón.na lmdee n2t7e ,d eel  raebprail rdoe q 2u0e1 d9ir, igciuóa enld por eessitdee unttieli zdóe  llaa  esxaplare asli ólent r«aldeoy  ddeel  rreitocus»rr epnatrea,   2021-1130n https://w
sreefnetreirnscei aa d lea  laL eSya dlae d een ljou iPcieanmaile dnetol  Tcrribimuinnaall ,S tuapmrebmiéon. cuenta con una explicación en la  BOE-A-cable e
Tras restar importancia al «reproche terminológico» de que se trata a fin de fundar la 
infracción del principio de igualdad de armas, subraya que la razón de este «no fue otra 
que  el  deseo  de  hacer  compatible  [la]  permanente  reivindicación  de  derechos 
fundamentales [por la defensa] con una visión del proceso que no estuviera anclada en 
la rancia concepción del proceso penal como una sucesión ordenada de ritos. El proceso 
penal es algo más que una mera ordenación formal de trámites. El proceso penal no se 
entiende si no se contempla como el conjunto de derechos y garantías que limitan el 
poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi.  El distanciamiento tan marcado entre 
la legítima reivindicación de derechos y la identificación de la Ley de enjuiciamiento 
criminal  como  "ley  rituaria",  es  lo  que  llevó  al  presidente  a  sugerir  un  cambio 
terminológico».  Al  tiempo,  pone  al  otro  lado  de  la  balanza  el  hecho  de  que  «la 
"Presidencia calificó como […] un abogado serio" a quien hoy se queja y llegó a referirse 
a un letrado como "extraordinario procesalista"», como pudieron comprobar los miles de 
personas que siguieron el desarrollo del juicio.
A  juicio  de  este  tribunal,  ninguno  de  estos  acontecimientos,  considerados 
aisladamente, tiene la entidad suficiente como para deducir una quiebra de la neutralidad 
judicial. Tomados conjuntamente y en el contexto del juicio, la tacha se desvanece por 
completo.
No corresponde valorar a esta jurisdicción constitucional el acierto o no de las 
anteriores consideraciones, como venimos repitiendo. Nuestro enjuiciamiento, mucho 
más limitado, se circunscribe a constatar que las quejas de la parte recurrente han 
recibido por parte del tribunal encargado del enjuiciamiento –insistimos en que, conforme 
a nuestra Constitución, se trata del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, 
salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías  constitucionales  (art.  123.1  CE)–,  una 
respuesta explícita, completa, razonada y razonable. La motivación expuesta, que cubre 
la totalidad de las protestas relativas a incidencias producidas en el debate y la dirección 
de este por el presidente, cumple con el canon constitucional de razonabilidad que 
resulta aplicable, y elimina la sospecha de arbitrariedad y de trato desfavorable que 
suscita  la  parte  recurrente.  Todas  y  cada  una  de  las  decisiones  adoptadas  por  el 
presidente en la dirección del juicio que han merecido reproche por parte de las defensas 
tienen una explicación razonada, siquiera no sea del agrado del demandante de amparo.
C)  Finalmente, las irregularidades denunciadas en la demanda de amparo no han 
causado a la parte indefensión material.
Esta conclusión, que es reiterada por el Tribunal Supremo a lo largo del citado 
apartado 16 del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida en amparo, se 
alcanza observando la relación de hechos probados, de la que se ha dejado literal 
constancia en los antecedentes de esta sentencia, y en los términos en que ha sido 
planteada la queja en la demanda, de lo que también se ha dado cuenta anteriormente. 
La parte recurrente no liga ninguna de las concretas vicisitudes en las que funda este 
motivo con algún hecho que se estimó probado o con la preterición por la sentencia de 
algún otro que, a su juicio, debiera haber integrado el relato histórico. Esto es lo que 
hubiera sido constitucionalmente relevante y justamente es lo que no consta: la mínima 
incidencia de las supuestas infracciones procesales en el resultado probatorio y, en 
definitiva, en las razones que llevaron a la condena de quien ahora recaba el amparo de 
esta jurisdicción constitucional.
En definitiva, este tribunal entiende que la igualdad de las partes en el proceso ha 
sido respetada y no se han menoscabado sus facultades de participación en la práctica  e
de la prueba testifical. bo
Procede, en consecuencia, desestimar también este motivo del recurso de amparo. 3w
8.  Derecho a la prueba. 2021-1130n https://w
quejLaas  dqeume aanbdaarc adne  aasmppeactroos c roemlaptirveonsd ae ,l ab aajdom lais iróúnb ryi cpar ádceti cdae dreec hlao p druee dbeaf.e Snes atr, avtaa rdiaesl   BOE-A-cable e
acceso a las actuaciones de la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 
núm. 13 de Barcelona, de la imposibilidad de contrastar las declaraciones testificales con 
la prueba documental videográfica y de la denegación de determinadas pruebas que, 
propuestas en tiempo y forma, la parte considera pertinentes. De todo ello se ha dejado 
detallado resumen en los antecedentes de esta resolución.
La sentencia recurrida en amparo se refiere a estas materias en los apartados 8 
y 16.1 y 10 del fundamento de Derecho A), respectivamente.
En  el  examen  de  este  motivo  del  recurso  de  amparo  comenzaremos  por  la 
exposición  de  la  doctrina  constitucional  aplicable  para  después  considerar 
separadamente  cada  uno  de  los  tres  puntos  cuestionados;  análisis  en  el  que 
valoraremos las posiciones de las partes y la respuesta dada por el Tribunal Supremo.
8.1  Doctrina constitucional.
En íntima conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y el 
derecho de defensa (art. 24.2), del que es inseparable, el derecho a la prueba «se 
integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un 
proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano 
judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del 
conflicto objeto del proceso» (STC 37/2000, de 14 de febrero, FJ 3, reproducida, entre 
otras,  en  SSTC  19/2001,  de  29  de  enero,  FJ  4;  133/2003,  de  30  de  junio,  FJ  3, 
y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4).
La doctrina de este tribunal sobre el derecho a la utilización de los medios de prueba 
pertinentes (art. 24.2 CE), puede sintetizarse, de acuerdo con la STC 165/2001, de 16 de 
julio, en los siguientes puntos:
«a)  Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el 
ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una 
actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir 
cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la 
recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 
211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de 
noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de 
junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de 
octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la 
pertinencia  como  la  relación  entre  los  hechos  probados  y  el  thema  decidendi 
(STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
b)  Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la 
prueba  se  haya  solicitado  en  la  forma  y  momento  legalmente  establecidos 
(SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de 
junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, 
FJ 2), siendo solo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento 
(SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 
131/1995; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 
de noviembre; 96/2000, FJ 2).
c)  Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia 
de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad 
desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el 
contrario,  este  tribunal  solo  es  competente  para  controlar  las  decisiones  judiciales  s
dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes  oe.
para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de  3ww.
dliame p lneuogtavabileildema abdlr  eóa,rr gbFaiJtnr ao2r ;ij au1 d3oic1 i/ai1rlr9 a(9Sz5oS,n TdaCeb  l2e13 13o d/ 1ec9 u9sa2en,pd tdoiee m l1ab4 r feda,el t aFd Jicd 2iee; m p3br5ár/e1c,t9 icF9aJ7  ,2 dd;e e3  5l2a15 / 1pd9reu9 e3fbe, abd rees re2oa9,    2021-1130n https://w
FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999,
de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, 
FJ 3).
d)  Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en 
una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en 
términos  de  defensa"  (SSTC  1/1996,  de  15  de  enero,  FJ  2;  219/1998,  de  17  de 
diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, FJ 2; 45/2000, FJ 2). El ámbito 
material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes 
no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una 
real y efectiva indefensión (SSTC 185/2007, de 10 de septiembre, FJ 2; y 258/2007, 
de 18 de diciembre, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la 
prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, 
lejos de poder ser emprendida por este tribunal mediante un examen de oficio de las 
circunstancias  concurrentes  en  cada  caso  concreto,  exige  que  el  recurrente  haya 
alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, 
habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los 
solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 
218/1997, de 4 de diciembre; y 45/2000, FJ 2).
e)  La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente 
ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se 
pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 
131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la 
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, 
argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría 
haberle  sido  favorable,  de  haberse  aceptado  y  practicado  la  prueba  objeto  de 
controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, 
FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que solo en 
tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera 
admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este 
motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, 
FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 
69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (STC 165/2001, FJ 2).
La misma doctrina es extensible respecto de la regularidad en la práctica de una 
prueba admitida (STC 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 4). En estos casos, cuando la 
queja  verse  sobre  el  modo  en  que  se  ha  desarrollado  una  determinada  diligencia 
probatoria, para que este tribunal pueda apreciar una vulneración del derecho a la 
prueba  se  exige  que  el  recurrente  demuestre  la  relación  entre  los  hechos  que  se 
quisieron y no se pudieron probar y las pruebas indebidamente practicadas; y, por otro, 
que argumente de modo convincente que, si se hubiera practicado correctamente la 
prueba  admitida,  la  resolución  final  del  proceso  hubiera  podido  ser  distinta 
(STC 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5, con cita de las SSTC 147/1987; 357/1993, de 29 
de noviembre; 1/1996 de 15 de enero; 217/1998 y 219/1998, de 16 de noviembre).
8.2  Resolución de la queja.
A fin de aplicar al caso la doctrina constitucional expuesta procedemos a efectuar un 
examen por separado de los puntos controvertidos. Son los siguientes:
8.2.1  Acceso  a  las  actuaciones  e  incorporación  de  testimonio  íntegro  de  las 
diligencias previas núm. 118-2017 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de  s
Barcelona. oe.
pqruees Sedenigmteúa nnp órlao  cbpeuaderintmea i erpenactourt rerp eodnret ele , ml lafai stiencramial,e l nspsera o lblmeavatoayrroioorní a q aud eec,  alpaboso s atcecortiunoa rmcoicoeannsetieós, n p fuodeleic  iaalapleso srt caditdeao dl aaassl    2021-1130n https://w
dinilcigoerpnocriaasc iópnre ívniatesg, rean d lea sla qsu aec etul adceiomnaensd daen telo  nqou efu ceo pnasritdee. rSa i ubniean « rinesitteruróc csiuó ns oplaicriatuledl ad»e,   BOE-A-cable e
recibió una respuesta negativa de la sala. A su juicio, la procedencia de esta prueba 
radica en que habría permitido a las partes y al tribunal analizar todas estas actuaciones, 
integradas por informes técnicos, documentos y atestados, en cuya elaboración no 
habría intervenido el recurrente al no ser parte en dicho proceso, a fin de interrogar a 
procesados y testigos sobre todo ello, en su mayoría desconocido por el demandante de 
amparo. Agrega que se ha producido una anómala situación al impedirle intervenir en 
esta «instrucción paralela», pues al no haber podido conocer y participar en actuaciones 
instructoras que pudieran beneficiarle, difícilmente pudo «proponer la práctica de medios 
de prueba, favorables a sus tesis, dimanantes de diligencias practicadas en instrucción».
El abogado del Estado considera que esta queja debe desestimarse dado que el 
bloque  probatorio  sobre  el  que  se  ha  construido  la  apreciación  del  tribunal  se  ha 
generado, de forma única y exclusiva, en el plenario. Sobre la llamada «instrucción 
paralela», trae a colación el criterio seguido por el instructor, en el auto de 15 de febrero 
de 2018, y por la Sala, en el auto de 27 de diciembre de 2018, para rechazar por 
exorbitante el criterio de incluir, dentro de la causa especial, a todos aquellos que 
prestaron su colaboración a la hora de ejecutar el plan estratégico ideado e impulsado 
por los representantes políticos y sociales, y niega que se haya impedido a las defensas 
conocer con tiempo suficiente los elementos incorporados de otras causas durante la 
instrucción. Finalmente afirma que existe un derecho de acceso a todos los documentos 
que van a ser valorados, pero no un derecho de acceso en calidad de «imputado 
preventivo» a otras causas, a fin de esclarecer si alguna actuación obrante en las 
mismas incide en el derecho de defensa.
El partido político Vox se opone al motivo de amparo negando que la instrucción 
realmente  se  llevara  a  cabo  en  las  citadas  diligencias  previas  núm.  118-2017  del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, y asumiendo, de acuerdo con la sala 
sentenciadora, que en la causa solo se tuvieron en cuenta las pruebas practicadas en el 
juicio oral.
El ministerio público entiende que la respuesta dada por el Tribunal Supremo a este 
punto es «motivada, seria, completa y razonable». Destaca el carácter genérico de la 
proposición, sin cita de documentos ni precisión de la relación con el thema decidendi, 
así como que se admitió la incorporación de documentos y piezas de convicción pero 
«no de lo que no tiene esa condición por tratarse de meras actuaciones reseñadas por 
escrito  o  declaraciones,  diligencias  y  actuaciones  procesales  o  pre  procesales  o 
policiales documentadas». Por último, sostiene que el criterio de admisión fue común 
para acusaciones y defensas, lo que descarta un trato desigual.
La respuesta de la sentencia impugnada a la protesta de que se trata está contenida 
en  el  apartado  8  del  fundamento  de  Derecho  A).  Tras  un  texto  introductorio  cuya 
reproducción omitimos, por ser sustancialmente coincidente con el contenido de la queja 
que  figura  en  la  argumentación  esgrimida  en  este  recurso  de  amparo,  el  Tribunal 
Supremo  comienza  por  refutar  el  punto  de  partida  del  planteamiento  de  la  parte 
recurrente. Razona lo que sigue:
«Parte de un equívoco. De un lado, se protesta por no haber sido llamado a declarar 
en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona, al 
que se califica de «instrucción paralela». Da la impresión de que lo que se reivindica es 
el derecho a ser imputado en un procedimiento distinto para, de esa forma, tener acceso 
a fuentes de prueba cuyo contenido, sin embargo, se desconoce. Si bien se mira, lo que 
se está reivindicando es una suerte de imputación preventiva, paralela a la que afecta a 
los acusados en este procedimiento. Se trataría así de estar en condiciones de ejercer  e.
una defensa ad cautelam por si algo de lo que pueda haber allí, pudiera servir aquí. w.b
iennv enEsintsigg euavnciiadó encn otsneed qgicuuióeidn al osps r oeacnce usesala l»dJ.ou Ysz  g«na[o…d olo]   ndhuean ncI nass idhtroau ncp cosióriqdnuo e nl lúaemml o.a bd1joe3st o  dade ep  rBleaasstr acdrei llidogenecanl acniraaosc  idóeens    2021-1130n https://w
coin[c…id]e, nnteu ecsotnro e ls qisuteem aaq upí rhoac essidaol  onboj ectoon doec ein vlae sftiigguarcai ódne y  lean ijmuicpiuatmacieiónnto p.aralela, solo
encaminada a lograr presencia en un proceso en el que no se es parte, por si algo de lo
que allí se discute –cuyo contenido no se conoce– pudiera servir de base como elemento 
de descargo. Nótese que lo que la defensa ha interesado como prueba y que ha sido 
denegado por esta Sala, no es la incorporación a la causa de uno u otro documento, sino 
el testimonio íntegro de todo el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona.
[…] Se olvida, además, que ninguno de los documentos o informes que el fiscal o las 
demás acusaciones han podido señalar para su aportación probatoria, ha irrumpido en la 
presente causa sin posibilidad de contradicción para las defensas. El bloque probatorio 
sobre el que se ha construido la apreciación de esta Sala se ha generado, de forma 
única y exclusiva, en el plenario. Nada de lo que aquí se razona para respaldar el juicio 
de autoría ha sido ajeno a la contradicción de las partes […].
Ya en nuestro auto de fecha 1 febrero 2019, al dar respuesta a esta petición, a la que 
se sumaba la solicitud de incorporación a la causa de otros dos procedimientos que se 
seguían en el Juzgado Central de instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y en el 
Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona, razonábamos en los siguientes términos: 
«carece de sentido y es contrario a las más elementales reglas de competencia y 
conexión en el proceso penal acordar la incorporación íntegra de un sumario que se 
sigue en un Juzgado Central de Instrucción por hechos que el Excmo. Sr. magistrado 
instructor y la sala de recursos no han considerado conectados, en términos procesales, 
a la presente causa. […] La declaración de impertinencia también alcanza, por las 
mismas razones, a la prueba documental propuesta en el apartado 3, consistente en que 
"[…] se recabe, de forma anticipada al acto del juicio oral, testimonio íntegro de las 
diligencias previas 1439-2017 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Barcelona para su 
incorporación  a  las  actuaciones"».  Añadíamos  que  «[…]  en  la  misma  justificación 
expuesta por la defensa para respaldar la procedencia de la incorporación de esas 
diligencias previas a la presente causa, pueden hallarse las claves que justifican nuestra 
denegación. Razona la defensa en los siguientes términos: "[…] en dicho procedimiento 
se  investigan  los  hechos  sucedidos  durante  la  jornada  del  referéndum  de 
autodeterminación tanto en lo relativo a las imputaciones efectuadas contra agentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por actuaciones lesivas no justificadas por 
el cumplimiento del deber ni cobertura legal ni basada en mandato judicial, como frente a 
ciudadanos, por lo que su objeto engloba informaciones directamente relacionadas con 
el objeto del proceso".
En efecto, no son las informaciones sino los hechos los que determinan la conexión 
procesal. En aquel procedimiento se investigan hechos sucedidos durante la celebración 
del referéndum que habrán de ser valorados y, en su caso, enjuiciados en el marco 
procesal en el que se está desarrollando la investigación. No es, por tanto, la conexión 
informativa, sino la genuina conexión procesal la que justifica el tratamiento unitario de 
unas u otras conductas».
La respuesta entonces ofrecida por la Sala, referida a la improcedencia de incorporar 
el  testimonio  íntegro  de  otros  procedimientos,  seguidos  ante  distintos  órganos 
jurisdiccionales, con una delimitación objetiva y subjetiva distinta a la que define la 
presente  causa,  fue  proclamada  como  una  regla  general  para  filtrar  la  propuesta 
probatoria de las partes. Y esta regla estaba concebida, precisamente, para garantía de 
las partes y para hacer realidad el principio de contradicción y el efectivo derecho de 
defensa.
En el fundamento de Derecho 2.1.4 del ya mencionado auto de fecha 1 de febrero 
de 2019, señalábamos lo siguiente: «[…] la lectura de la prueba documental propuesta  s
por el fiscal, la abogacía del Estado, la acusación popular y las defensas pone de  oe.
manifiesto  que  en  su  descripción,  en  no  pocos  casos,  se  mezclan  documentos,  w.
ccdaoiliungsveaicn,cc ciióaonsn.   qlLaua ep S rneaotlea nt inseionó enan dd mees iqteeu  celaa  priánucdetidesacr nr–i mpseeinrravoid rq adu ece i trahe asdnpe a slfdiodoloio a sd ,ao ircngucumomrepenontrataoddsao sds–e a  iy ne cpsuitealpz auac soi ótdrnae.    2021-1130n https://w
Pteosrt imesotnai om disem toad arasz lóans,  atcatmuapcoiocon easd smeigteu idlaa sr eacnlatem oatcroiósn ó rpgraenveons tjiuvari sed icincdioisncarliemsi.nada de  BOE-A-cable e
La Sala anticipa que solo formará convicción probatoria a partir de documentos en 
sentido estricto y piezas de convicción. En consecuencia, rechaza la cita genérica o la 
reclamación  para  su  unión  a  la  presente  causa  de  atestados  policiales,  diligencias 
preprocesales del Ministerio Fiscal o actos procesales documentados que se hayan 
generado en otros procedimientos con distinto objeto y tramitados por otros órganos 
jurisdiccionales,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  al  alcance  de  las  acusaciones  y  las 
defensas de solicitar en el plenario la lectura de aquellos documentos o el examen de las 
piezas de convicción que, filtrados entonces por el principio de contradicción, podrán 
integrar  la  apreciación  probatoria.  De  ahí  que  solo  estos  documentos  y  aquellos 
susceptibles de valoración a los exclusivos efectos previstos en los arts. 714 y 730 de la 
LECrim y, por tanto, sometidos durante el plenario al principio de contradicción y al 
derecho de defensa, serán integrados en la prueba documental. Del mismo modo, 
conforme previene el art. 726 de la LECrim, el tribunal examinará por sí mismo y 
someterá a contradicción, los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción 
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos».
En definitiva, las razones que fueron apuntadas en el auto de pertinencia de las 
pruebas propuestas para el plenario han desplegado una función saneadora que ha 
beneficiado de modo especial a las defensas. Con esa finalidad fueron filtradas las 
propuestas probatorias de las acusaciones y de las defensas. No ha habido, por tanto, 
vulneración del derecho a un proceso justo. […]».
Frente a estas respuestas dadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la 
argumentación contenida en la demanda, que ha quedado reseñada más arriba, no 
contiene crítica alguna, hasta el punto de que ni siquiera toma en consideración la 
contestación judicial trascrita ni, por consiguiente, desarrolla discurso alguno tendente a 
refutarla. Su posición, según hemos dicho, consiste, básicamente, en: (i) mantener la 
premisa de que en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción núm. 
13 de Barcelona figuran gran parte de las actuaciones policiales que posteriormente 
fueron aportadas como prueba al plenario; (ii) lamentar que, puesto que no fue parte en 
ese procedimiento, no tuvo conocimiento de ellas; (iii) y afirmar que la incorporación del 
testimonio íntegro de tales diligencias habría permitido a las partes y al tribunal analizar 
la totalidad de las actuaciones e interrogar a procesados y testigos sobre todo ello. A lo 
largo de su argumentación no se justifica la realidad de la «instrucción paralela», cuya 
existencia afirma de modo apodíctico y que la sala enjuiciadora niega; tampoco se 
atiende  a  la  distinción  efectuada  por  el  tribunal  sentenciador  entre  documentos  en 
sentido estricto, piezas de convicción y actuaciones procesales documentadas; ni se 
alude a la introducción en el plenario, bajo la vigencia del principio de contradicción, de 
dichos  documentos  y  piezas  de  convicción,  así  como  de  las  informaciones  que, 
documentadas en diligencias policiales y judiciales, habrían de introducirse por medio de 
las declaraciones de las personas que las hubieran suministrado. Tampoco se razona, 
más  allá  de  referencias  genéricas,  sobre  el  concreto  objeto  de  las  actuaciones 
preprocesales y procesales documentadas que no se incorporaron como consecuencia 
de  la  denegación  de  lo  pretendido,  y  su  pertinencia  por  su  relación  con  el  thema 
decidendi.  No nos dice el recurrente siquiera qué hecho pretendió probar con la prueba 
que propuso y que fue inadmitida.
Cabe añadir que, en el caso de don Jordi Sànchez, no puede atenderse tampoco al 
argumento según el cual la práctica totalidad de los informes y documentos referentes al 
delito de malversación provenían de las diligencias previas seguidas por el Juzgado de 
Instrucción núm. 13 de Barcelona, pues no fue condenado por ese delito. s
En definitiva, no se da en la demanda razón alguna que nos conduzca a calificar la  oe.
respuesta dada por el Tribunal Supremo como arbitraria o irrazonable, ni que determine  w.
cdqoeuncesi sltaiivt uaac uioesnenan lc teiéaxr pmdueine oslatsa  ,in dace od repdsoeerfsaetcnimisóaan.r   deEel las tlteoeg satnimtooso d neilo lev uvínalnt,ee grearonc  ióqanup edl iecslae dc eisóroneli cchidtoóe   ah lulaab  piedrruoaec btsraiidn.oa   2021-1130n https://w
8.2.2  Imposibilidad  de  contrastar  las  declaraciones  testificales  con  la  prueba
documental videográfica.
La parte recurrente considera que, tras haber permitido ese contraste con algunos 
testigos iniciales (señores Rajoy y Mas), de manera sobrevenida el tribunal adoptó la 
decisión de impedir la exhibición de la referida prueba a los testigos declarantes, a fin de 
contrastar la veracidad de sus manifestaciones orales con el contenido de las imágenes 
grabadas, si bien se permitió que a numerosos testigos se les mostraran documentos en 
soporte de papel. Tacha esta decisión de contradictoria y añade que la confrontación 
entre lo declarado por un testigo y la prueba videográfica está prevista en el art. 729.3 
LECrim y constituye una práctica absolutamente habitual en los tribunales españoles. A 
su juicio, de haberse permitido su práctica, se habría evitado que «algunos testigos 
mintieran  a  la  sala  o  exageraran  ostensiblemente  en  su  declaración»  y  se  habría 
posibilitado  que  «los  testigos  pudieran  rectificar  el  sentido  de  sus  declaraciones 
mendaces o exageradas».
Para el abogado del Estado el órgano judicial ha guardado un estricto respeto a la 
garantía de contradicción para que el acusado tenga la posibilidad de interrogar a quien 
declara  en  su  contra  y,  de  este  modo,  controvertir  su  credibilidad  conforme  a  lo 
establecido en los arts. 6.3 d) y 6.1 CEDH. Por su parte, el partido político Vox señala 
que no se alcanza a comprender en qué aspecto podría haber mejorado la valoración de 
la prueba por parte de la Sala, si se hubieran practicado la prueba videográfica y las 
testificales al unísono.
El Ministerio Fiscal considera que, también en este aspecto, la respuesta judicial es 
«motivada, completa, seria y rigurosa», sin producir indefensión material. Argumenta que 
durante el juicio oral los testigos declararon en interrogatorio cruzado sobre los extremos 
que interesaban a la acusación y defensa; y se reprodujeron los vídeos. A partir de aquí, 
los informes orales constituyen el trámite idóneo para que las partes incidan sobre todo 
este material probatorio a fin de formar la convicción del tribunal sentenciador.
La sentencia impugnada se refiere a este punto en el apartado 16.1 del fundamento 
de Derecho A). Tras una amplia referencia al significado del principio de contradicción 
con cita de jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
el Tribunal Supremo argumenta lo que sigue:
«El  compartido  error  de  las  defensas  consiste  en  identificar  el  principio  de 
contradicción con la posibilidad –en palabras del letrado de los señores Sànchez, Turull y 
Rull–, "[…] de contrastar la veracidad de los testigos declarantes". Y, sobre todo, con la 
posibilidad de exponerlo y razonarlo mientras el testigo declara.
Y no es ese el contenido material del principio de contradicción.
Contradecir supone tener la oportunidad de interrogar a todos y cada uno de los 
testigos  del  fiscal  y  de  las  acusaciones  para  neutralizar  su  testimonio.  Contradecir 
implica la posibilidad de aportar pruebas personales y documentales que debiliten el 
valor incriminatorio que las acusaciones pretenden atribuir a los testimonios y a los 
documentos  presentados  como  prueba  de  cargo.  Y,  desde  luego,  las  defensas  no 
tuvieron limitación al respecto. La presentación de centenares de testigos de descargo y 
de miles de páginas de documentos en respaldo de sus tesis, es una evidencia que ha 
quedado reflejada en la causa y en la grabación de las sesiones del juicio oral.
Contradecir  no  significa  valorar  la  credibilidad  del  testigo  mientras  este  presta 
declaración. Las inferencias probatorias sobre lo que cada uno de los testigos describe 
no precisa de una permanente puesta en contraste con el contenido de otras pruebas. 
De hecho, esa anticipada reflexión sobre la veracidad de un testimonio siempre será 
incompleta mientras la prueba propuesta no se haya desarrollado en su integridad. 
Precisamente por eso, es en el momento de las conclusiones definitivas y del informe  e.
final, cuando las partes –acusaciones y defensas– pueden extraer de cada fuente de  w.b
pvirrutueEabslaied e acld ov naptlrrooarbs jtauetr oíedrsiiac,  osd iqneu  euemn qabu aidergeraocnl,a  oarabtrcliibgióuanidr lotee .csutiaficnadlo  olo d qeu eu ns ed eosctuám ceunetsot,i osninaon dcou naon deos  llao   2021-1130n https://w
iqnuceo nsvee pnoiennete e enn d uadcoar deas r slua  iinntiecigarli deaxdh iob icsiuó na udtee ndtoicciduamde. nEtons t aqluees,  cpaosro us,n ala  us aoltara n roa ztuóvno, 
llegaron a ser cuestionados.
La mejor muestra del desenfocado entendimiento del principio de contradicción por 
alguna de las defensas, lo ofrece el hecho de que uno de los letrados llegó a contrastar 
el testimonio de un agente de policía, no con lo que reflejaba un vídeo, sino con su 
propia versión de lo que ese vídeo expresaba: "[…] es que lo estoy viendo yo", llegó a 
afirmar, convirtiendo lo que tenía que haber sido el examen de un testigo en un insólito 
careo entre el ciudadano que declara y el letrado que lo interroga.
No ha habido quiebra del principio de contradicción ni, por supuesto, limitación del 
derecho de defensa. Sobre la realidad de ese principio y de las ilimitadas posibilidades 
de defensa, basta reparar en las fuentes y en los elementos de prueba valorados por la 
Sala para formar convicción acerca de uno de los pasajes clave del relato de las 
acusaciones, a saber, lo que sucedió el día 1 de octubre. El tribunal ha tomado en 
consideración el testimonio de los agentes antidisturbios que acudieron a los centros de 
votación –testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las acusaciones para demostrar la 
oposición de la ciudadanía al cumplimiento de las resoluciones judiciales–. Ha valorado 
también la declaración de los ciudadanos que sufrieron esa intervención –testigos de 
descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia policial y la existencia 
de  una  actuación  legítima  de  desobediencia  civil–.  Y,  en  fin,  ha  proclamado  sus 
inferencias a partir de los vídeos grabados por los agentes actuantes, como reflejo de las 
dificultades de su labor, y por los ciudadanos que quisieron ofrecer pruebas de lo que 
consideraron excesos policiales.
Todas las fuentes de prueba han sido objeto del examen cruzado de acusaciones y 
defensas.
[…] La defensa de los señores Junqueras y Romeva ha insistido en que "[…] la 
pertinencia de exhibir dicho material a quienes declaren en el juicio oral reside en su 
utilidad de cara a la formación de la convicción del tribunal, que se vincula con la 
necesidad de someter a contradicción el material videográfico con la fuente de prueba 
testifical, en aquellos supuestos en que ello sea imprescindible o incluso simplemente 
útil".
Pues bien, la Sala ha proclamado el juicio histórico sin apoyarse en la versión 
excluyente de uno u otro de los testigos que depusieron acerca de lo que sucedió en los 
centros de votación del día 1 de octubre. Ninguno de ellos ha sido tomado como 
testimonio de referencia para construir el juicio de autoría. Los varios centenares de 
testigos que declararon en el plenario ofrecieron una versión filtrada por una profunda 
carga emocional. El número de personas que se concentraron en esos centros, las 
órdenes recibidas por los agentes de la autoridad y la dinámica de enfrentamiento que 
presidió su actuación, han impuesto en todos ellos –policías y ciudadanos– una memoria 
selectiva, un recuerdo parcial –consciente o inconsciente– que debilita enormemente la 
potencial carga probatoria de cada una de esas fuentes de prueba. Lo propio puede 
decirse de los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos puntos de Cataluña el 
día 20 de septiembre.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la versión de muchos de los agentes quedara 
luego en entredicho al observar el contenido de los vídeos. La afirmación de que no se 
usaron las defensas quedó, en ocasiones, desmentida por la realidad de las imágenes. 
Pero también explica que el testimonio de buena parte de los ciudadanos estuviera 
marcado por una versión absolutamente parcial de lo realmente acontecido. Sin ánimo 
exhaustivo, solo a los efectos de dar respuesta a quienes han visto vulneración del 
principio de contradicción en la práctica de la prueba testifical de las acusaciones, pero 
interpretan  la  declaración  de  los  testigos  de  las  defensas  como  el  testimonio  de  s
ciudadanos comprometidos con la verdad, valgan algunos ejemplos. oe.
El testigo don Pere Font, propuesto por la defensa de los señores Turull, Rull y  w.
sASelà  cnleac bhaoec zed,r eac afuirrnmo nmó  doaom pse rpenogtolui,cn sítaainss , d d"e[e…c isr]u  nc laoedntra au,d n"o[a…  qmu] eale ze acs oteagnbiecarim osnae  nddteae d losous e  tcnea sebtíle cczuealon ystr  ouy n dleae s lv etovetananactziaóarnso "ny.    2021-1130n https://w
hhaescthao sd etujavrolo  qcuaee rs".e rS aes idsati dloa  pciorcr uunnsata ncocinat,u ssiiónn  eemnb alar groo,d qilluae.  Lcao nt epsotisgtoe ridooriñdaa dM aa rilnoas   BOE-A-cable e
Garcés, profesora de filosofía en la universidad de Barcelona, afirmó que durante los 
incidentes del día 20 de septiembre ante la Consejería de Economía "[…] el ambiente fue 
distendido" y que "[…] nunca vio hostilidad […] solo vio a gente que cantaba, ninguna 
agresividad, sino todo lo contrario […]. Ni siquiera vio ningún tipo de inquietud, alarma o 
alerta". Don Lluis Matamala, abogado en ejercicio que acudió a alguno de los centros de 
votación habilitados en Manresa, señaló que no hubo insultos a los agentes, ni se les 
agredió, "[…] ni hubo una respuesta agresiva, nada, no vio ningún forcejeo, no vio 
ninguna patada". El testigo don Jaume Pich, abogado mediador, declaró que él estaba 
sentado en el suelo y los antidisturbios "arrancaban a la gente del suelo". Pero "nadie 
ponía resistencia […] No vio ninguna patada de los que estaban sentados, no vio ningún 
escupitajo". Doña Silvia Carmona Belmonte, también abogada mediadora, declaró, en 
relación con algunos de los incidentes acaecidos en uno de los colegios de Manresa, 
que durante el desarrollo de todos los incidentes solo oyó dos insultos, fueron los únicos: 
alguien dijo en catalán "hijos de puta". Y sobre la inflamación testicular sufrida por un 
policía –según su versión, como consecuencia de una patada–, afirmó doña Silvia que la 
causa no pudo ser una patada, nadie dio una patada. La verdadera causa hay que 
buscarla –según puntualizó– en el hecho de que, en el momento de la intervención, los 
agentes están "cuerpo con cuerpo y los escudos y las porras están muy próximos".
Son  solo  cinco  cualificados  ejemplos  del  tono  general  de  las  declaraciones 
testificales  presentadas  por  las  defensas.  El  verdadero  principio  de  contradicción 
consiste en hacer posible –como se hizo– un interrogatorio cruzado que permitiera al 
tribunal conocer los extremos fácticos que cada una de las partes quería ofrecer al 
órgano  decisorio.  Una  verdad  enriquecida  por  la  exhibición  –ya  en  la  prueba 
documental– de cerca de un centenar de vídeos sobre los hechos.
En definitiva, la práctica de la prueba se ajustó a la secuencia ordinaria de los actos 
procesales. Sin convertir el principio de preclusión en una rígida regla de ordenación del 
procedimiento, lo cierto es que la presente causa penal, después del debate inicial sobre 
vulneración  de  derechos  fundamentales,  dio  paso  a  la  práctica  ordenada  del 
interrogatorio de los procesados, el examen de los testigos y la prueba documental. La 
confrontación de las declaraciones personales con documentos fue declarada pertinente 
y  ofrecida  a  todas  las  partes  siempre  que  estuviera  en  juego  la  autenticidad  del 
documento sobre el que se formulaban las preguntas, no cuando lo que se pretendía era 
ofrecer a la sala una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos».
Como puede observarse, la queja, que tiene que ver con el modo de practicar el 
interrogatorio de testigos y no con la denegación de una determinada prueba, toma 
también un punto de partida desviado de la realidad. No se impidió contrastar las 
declaraciones testificales con la prueba documental videográfica. El contraste existió, 
pues en las sesiones del juicio oral se practicó el interrogatorio de los testigos y se 
reprodujo el material videográfico. Lo que se denegó, como se encarga de aclarar desde 
un principio el tribunal de enjuiciamiento, fue la exhibición de la prueba documental 
videográfica a los testigos en el momento de recibírseles declaración, lo que es muy 
distinto.
Al igual que en el caso anterior, tampoco en este se desarrolla una argumentación 
crítica frente a las respuestas dadas en la sentencia. Se insiste en que la decisión de 
impedir  la  exhibición  de  vídeos  a  los  testigos  se  adoptó  de  modo  sobrevenido,  a 
consecuencia de un cambio de criterio de la sala, porque a los primeros testigos sí se 
mostraron vídeos para contrastar la veracidad de sus manifestaciones con las imágenes, 
y también se les permitió mostrar documentos «en soporte papel». Y se reitera la razón  e.
de la utilidad de la práctica solicitada, que, a juicio de la parte recurrente, reside en la  w.b
psuuon sadi becicloildanarteadsc dtióaenc ic ómonne mnradinzaoaznr  oaa dl eatxe asdgteiegl roaT, dr«iaba»u .ln aTa alv liesStsua p edrxeetmr elaoms  oqismu eác ugceeonnnteassni,d , eacr oarem, copti friihcneacmrip eoalsl m sveeinsntttoied,,o  c lodanes    2021-1130n https://w
siguientes razones:
a)  Se permitió la confrontación de las declaraciones personales con documentos 
cuando lo cuestionado era su integridad o su autenticidad, pero no cuando lo que con 
ello se pretendía era poner en duda la credibilidad del testimonio. La valoración sobre la 
credibilidad de los testigos, que corresponde al tribunal enjuiciador, pertenece a un 
momento posterior a la práctica de los interrogatorios y de la totalidad de la prueba en el 
juicio oral (art. 741 LECrim), precisamente porque lo que el principio de contradicción 
exige es que tales declaraciones puedan confrontarse con las restantes pruebas. Es en 
el momento de las conclusiones definitivas y el informe final cuando la defensa pudo y 
debió hacer valer el resultado de la reproducción del material videográfico para debilitar 
el valor incriminatorio de las testificales de la acusación o para fortalecer la credibilidad 
de lo declarado por los testigos de descargo.
b)  La valoración de la fuerza de convicción o de la credibilidad de una determinada 
declaración testifical constituye un juicio instrumental previo al enjuiciamiento complejo 
que lleva al relato de hechos probados. La función del interrogatorio cruzado no es 
juzgar  al  propio  testigo,  cuyo  rasgo  característico  es  su  ajenidad  al  proceso.  Esa 
consecuencia indeseable se produciría en el caso de admitir un «insólito careo entre el 
ciudadano que declara y el letrado que lo interroga» confrontando tal declaración con 
«su propia versión» del contenido de un determinado vídeo, como apunta el Tribunal 
Supremo. Por otra parte, la posibilidad de que, a la vista de imágenes, un testigo se 
retracte o rectifique su declaración, además de remota, no redunda en una mayor utilidad 
de  esta  práctica,  pues  el  mismo  resultado  puede  alcanzarse  sin  tal  esfuerzo, 
comparando directamente su testimonio con el contenido de la prueba videográfica y 
cualesquiera otras llevadas al plenario.
c)  Ninguna declaración testifical fue determinante. El Tribunal Supremo, que adorna 
lo que dice con ejemplos bien ilustrativos, acepta de buen grado que el contenido de 
muchos testimonios quedó en entredicho con la observación de los vídeos; lo que, por 
otra parte, se explica por los diversos factores a los que también alude, presididos por la 
«profunda carga emocional» que pesaba en los declarantes. En todo caso, la convicción 
del órgano de enjuiciamiento sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en distintos 
puntos de Cataluña el día 20 de septiembre de 2017 y en los centros de votación del 
día 1 de octubre del mismo año, no es consecuencia de la valoración excluyente de una 
u otra declaración testifical, sino, como se expresa en la sentencia recurrida, el relato 
fáctico deriva de la valoración del conjunto de pruebas practicadas, y concretamente, 
sobre lo acaecido el 1 de octubre, las declaraciones de los agentes antidisturbios que 
acudieron a los centros de votación, «testigos de cargo ofrecidos por el fiscal y las 
acusaciones  para  demostrar  la  oposición  de  la  ciudadanía  al  cumplimiento  de  las 
resoluciones  judiciales»,  de  los  ciudadanos  que  sufrieron  la  intervención  de  tales 
agentes, «testigos de descargo aportados por las defensas para demostrar la violencia 
policial y la existencia de una actuación legítima de desobediencia civil», así como las 
inferencias  extraídas  de  los  vídeos  grabados  por  los  agentes  actuantes  y  por  los 
ciudadanos «que quisieron ofrecer pruebas de lo que consideraron excesos policiales».
Este tribunal entiende, a la vista de cuanto se ha expresado, que la motivación 
empleada por el Tribunal Supremo para denegar lo pretendido es suficiente y no puede 
calificarse de arbitraria o irrazonable. En todo caso, no se aprecia que el modo en que 
finalmente se practicó la prueba testifical en el juicio causara indefensión alguna a la 
parte recurrente.
8.2.3  La denegación de algunas pruebas propuestas por la defensa.
De acuerdo con la demanda de amparo, la queja se concreta en la negativa a librar  bo
oficio con el fin identificar a los titulares de dos cuentas de la red social Twitter, la  3w
sinecgourpnodraa, cloiósn  ddoec udmeteenrtmosin a4d, ocso mdporceunmseivnot odse  («etnu ictso npcurbelticoa, ddoesn tproo r ddeo nla  Jmorádsi  Sdàoncuchmeezn etanl   2021-1130n https://w
sfeecñhoar  2S0à ndceh esez petli e1m dber eo cdteu b2r0e1 d7e» ,2 70,1 q7u»e,  1in1c, lcuoían  ««mmeennssaajjeess  dpeu bTliwcaittdeors p eulb 3li cdaed oosc tupborre e»l 
y 15, que integraba la «grabación de la llamada telefónica realizada el 20 de septiembre
de 2017 por parte del programa radiofónico "El Matí de Catalunya Radio"» al mismo 
señor Sànchez), y la denegación de las testificales del rey de España don Felipe VI o, en 
su defecto, del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, don Jaime Alfonsín Alfonso, y del 
expresidente de la Generalitat de Cataluña don Carles Puigdemont.
De todo ello, y de las razones por las que la parte recurrente considera pertinentes y 
útiles dichas pruebas, así como de las posiciones de las demás partes, se ha dejado 
constancia detallada en el apartado de antecedentes de esta sentencia, al que nos 
remitimos.
También aquí el Tribunal Supremo ha expresado a lo largo de la causa las razones 
por las que acordó no admitir dichas pruebas.
a)  El apartado 10.2 d) del fundamento de Derecho A) de la sentencia recurrida se 
refiere a la solitud de las defensas para que «se requiriera a la Unidad Central de Delitos 
Informáticos de los Mossos a fin de que facilitara […] los datos del titular de la cuenta de 
la red social Facebook "Montse del Toro" y de la red social Twitter "@maquiavelo1984" y 
"@JDanielBaena"». Dice al respecto lo siguiente:
«Se pretendía así demostrar la falta de imparcialidad de algunos de los funcionarios 
que intervinieron en la fase de investigación de la presente causa. El perfil ideológico que 
se deriva de sus tuits y de los comentarios expresados en Facebook sería suficiente para 
concluir la animadversión de sus titulares respecto de los procesados.
En el auto de 1 de febrero de 2019 ya justificábamos la exclusión de esa propuesta 
probatoria al entender que la investigación de comentarios vertidos en redes sociales 
para definir el perfil ideológico de un mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado o de una letrada de la administración de justicia, desborda los límites objetivos y 
subjetivos del proceso, tal y como estos han sido delimitados. También es ajeno al objeto 
de  esta  causa  indagar  mediante  qué  procedimiento  han  obtenido  las  defensas  la 
información que permite asociar que unos datos y un nickname están vinculados a una 
determinada persona.
Sea como fuere, dos razones descartan cualquier clase de indefensión. De un lado, 
conviene recordar que don Daniel Baena y doña Monserrat del Toro acudieron a declarar 
como testigos y fueron interrogados sobre esos extremos. De otra parte, nada de lo que 
se vertió en esas redes sociales ha servido para integrar la apreciación probatoria de 
esta Sala».
Previamente, en el auto de 1 de febrero de 2019 que resolvió sobre la proposición de 
prueba, la sala de enjuiciamiento, en respuesta a solicitud similar efectuada por otra de 
las defensas, declaró lo siguiente:
«No es objeto de la presente causa enjuiciar lo que la defensa denomina "indebida 
actuación" de un teniente coronel de la Guardia Civil. Además, un previo filtro telemático 
acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad –estatales y autonómicos– no puede operar como presupuesto 
de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, 
lleven a cabo. Todo ello, claro es, sin perjuicio de la facultad que asiste a todo ofendido 
por  esos  comentarios  a  ejercer  las  acciones  legales  que  procedan  ante  el  órgano 
jurisdiccional competente».
b)  Las razones para la inadmisión de la documental indicada en segundo lugar 
(más documental segunda) se encuentran en el auto de 1 de febrero de 2019. e.e
Su razonamiento jurídico 4.4.2 expresa que tales documentos se rechazan «por  b
ermenifsjluemijcaoiras, m oei nes nimatolgil audrneeos s lom csea dshioeoscs h dvoaesl  opyrrau cepibooarn »ela.ss  prearzsoonneasle sy ao  eaxspouceiasttiavsa ss purpersac ianld irbelcehsa pzaarr al oesl   2021-11303n https://ww
recaPbreenv ialmase nitnet,e ravle pnrcoionnuensc iaersne  dseotberrem ilnaa dsooslic itmude ddioes  pdruee bcao mcounnsicisatceinótne  edne  qcuieer tsaes 
personas, titulares de cargos políticos e institucionales, se señala en este auto:
«La impertinencia se conecta a distintas consideraciones. La primera, que todas esas 
comparecencias son hechos notorios no necesitados de prueba; en segundo lugar, se 
trata de valoraciones periféricas no conectadas con el núcleo de los hechos por los que 
se formula acusación, como puede deducirse de las expresiones y giros empleados por 
la defensa en la formalización de su propuesta» (razonamiento jurídico 4.2).
c)  A las testificales indicadas se refieren los apartados 10.3 a) y b) del fundamento 
de Derecho A) de la sentencia de 14 de octubre de 2019.
(i)  En relación con la testifical de «Su Majestad el Rey y, con carácter alternativo, 
para el caso en que el monarca no aceptara declarar y se acogiera a la exención legal, el 
jefe de la Casa Real don Jaime Alfonsín», argumenta el Tribunal Supremo:
«El art. 411 de la LECrim excluye al rey del deber de declarar. Y la propuesta de un 
testigo por sustitución, formulada solo para el caso en que opere la exención prevista 
legalmente para el testigo principal, no conoce cobertura legal en nuestro sistema. Todo 
ello, con independencia de que la pretendida justificación de esa propuesta, basada en la 
necesidad de "[…] conocer el papel de la Casa Real en los hechos enjuiciados" (sic), es 
manifiestamente impertinente».
Este tribunal debe aclarar, en relación con esta prueba testifical propuesta por la 
defensa, que la razón para su rechazo por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no 
fue una errónea interpretación del art. 411 LECrim, en lo que insiste la parte recurrente 
cuando afirma que dicho precepto no prohíbe la declaración del rey. La causa de su 
inadmisión  fue  su  impertinencia;  calificación  que  no  puede  reputarse  irrazonable  o 
arbitraria. El recurrente se refiere genéricamente al «relevante papel […] [atribuido] al 
jefe del Estado en los hechos que nos ocupan» y, en particular, al «discurso emitido por 
Su Majestad el Rey» en fecha 3 de octubre de 2017. Entendemos, sin embargo, que a la 
vista del relato de hechos probados, no resulta evidente la pertinencia y utilidad de la 
testifical propuesta para abundar en unos hechos que carecen de relevancia para el 
enjuiciamiento penal –así lo estimó el tribunal sentenciador que no incluyó ninguna 
referencia en el relato histórico– y que, además, por su notoriedad, no precisan de 
prueba alguna.
(ii)  Respecto del señor Puigdemont, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
razona:
«La propuesta como testigo de quien, en la misma causa, ha sido procesado como 
autor de un delito de rebelión y otro de malversación, resulta extravagante. La LECrim no 
avala esa esquizofrenia procesal, conforme a la cual formaría parte de la normalidad ese 
inédito  desdoblamiento  del  concepto  en  el  que  alguien  es  llamado  al  proceso.  El 
argumento de que la sala ha admitido la pertinencia de la declaración de testigos que se 
hallan  imputados  en  otras  causas  penales,  es  confuso.  Esos  testigos,  que  tan 
impropiamente  quiere  identificar  la  defensa  con  la  situación  procesal  del  señor 
Puigdemont, han sido advertidos de la singularidad de su estatuto jurídico, hasta el punto 
de que algunos de ellos tuvieron a bien comparecer asistidos de letrado. Pero, en todo 
caso, son testigos/acusados en distintos procedimientos. No es este el supuesto de 
hecho que identifica la situación del señor Puigdemont, quien se halla en rebeldía y no 
ha querido comparecer voluntariamente para la investigación y conocimiento de los 
hechos que le atribuyen las acusaciones».
En el auto previo, de 1 de febrero de 2019, se rechazó esta prueba testifical por  o
cuanto «la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no  3w
iednnetejcuriSrirc oovigabeadrredtao a,r deieo ssq t udemee a lp anussienfuiñtemoos,etr a  rtPmoaudteiifongic tdteaee msmintoicogsono mt» la ep( rnaap tziocboaslneilcia dicmóaondine   ndeetexlo  pd tjreueebrssítedaigridc odao e  r3e pd.s3oeu)rc. ltlaala r ainsrc ayol amla p juoazbtigbligalead cociroóann.   dsEuel    OE-A-2021-1130able en https://w
posición procesal, hasta el punto de que la práctica de esta prueba pugnaría con las 
garantías del art. 24.2 CE.
A la vista de todo ello, concluimos que el órgano de enjuiciamiento ha dado una 
respuesta  expresa,  razonable  y  suficiente  para  fundar  su  decisión  de  inadmitir  las 
mencionadas pruebas propuestas por la defensa del ahora recurrente, cumpliendo así 
con el canon constitucionalmente exigible.
8.2.4  Inexistencia de indefensión.
A lo largo de este mismo fundamento jurídico se ha venido apuntando la misma idea. 
Este tribunal considera necesario insistir en que el recurrente no ha justificado que las 
decisiones judiciales frente a las que dirige su recurso de amparo le hayan causado 
efectiva indefensión. Esta razón sería suficiente para rechazar la queja.
La parte recurrente no razona en su demanda la relación entre los hechos que se 
quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas, ni refiere episodio alguno 
del relato fáctico contenido en la sentencia condenatoria que tales pruebas, de haber 
sido adecuadamente practicadas, hubieran conducido a refutar, como exige la doctrina 
constitucional. No expresa tampoco ningún argumento que nos lleve a considerar que la 
resolución final del proceso judicial podría haberle sido favorable de haberse admitido y 
practicado las pruebas interesadas, de modo que el fallo pudo haber sido otro, lo que 
también requiere este tribunal para otorgar el amparo a quien invoca la vulneración del 
derecho a utilizar los medios pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
En definitiva, no ha acreditado que alguna de las pruebas de que se trata (lo que 
incluye el modo que propuso para la práctica de la prueba testifical con exhibición 
simultánea del material videográfico) fuera relevante o decisiva en términos de defensa, 
de forma tal que su inadmisión o su irregular práctica haya generado una real y efectiva 
indefensión. Reiteramos que la demanda no vincula ninguna de las concretas pruebas 
que fueron inadmitidas o irregularmente practicadas (caso de la prueba testifical, según 
hemos visto) con algún hecho que se estimó probado o con la omisión por la sentencia 
de algún otro que le resultara favorable y que, a juicio de la parte recurrente en amparo, 
debiera haber integrado el relato histórico.
El tribunal concluye que no se ha lesionado el derecho del recurrente a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE).
9.  Derecho a la presunción de inocencia (dimensión extraprocesal).
9.1. Posiciones de las partes.
Esta queja, que invoca nominalmente los derechos a la presunción de inocencia 
(art.  24.2  CE)  y  a  la  tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  trae  causa  de  ciertas 
manifestaciones públicas de miembros del ejecutivo español y líderes políticos sobre los 
hechos enjuiciados. Concretamente, el demandante refiere que, mientras se desarrollaba 
el procedimiento penal ante el Tribunal Supremo, la Secretaría de Estado de la España 
Global,  órgano  dependiente  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  emprendió  una 
campaña  propagandística  para  informar  en  el  extranjero  sobre  los  hechos  que  se 
estaban enjuiciando, en cuyo contexto se efectuaron declaraciones y se elaboraron 
documentos en los que abiertamente se consideraba a los procesados culpables de los 
hechos  enjuiciados.  Se  refiere  también  a  otros  episodios  similares  acaecidos  con 
posterioridad,  incluso  después  de  la  publicación  de  la  sentencia,  como  cuando  se 
caricaturizó  a  los  acusados  como  si  fueran  ladrones.  Lo  que  reprocha  al  Tribunal  e.e
Supremo  es  la  negativa  a  amparar  a  los  procesados  frente  a  dicha  campaña  b
ghuab deSerejnagadúmon e dneetlta alal lvabudolagn aecdroaond sodtraeanl  cdEieas  setaund  dlooe,s r eqacunheteo c saee d laer neptmreesits edu ena ce ióslonta   drsaeez niontneoancdceoina c.aial . rDees pteocdtoo  eellon  slea   2021-11303n https://ww
sentencia, la queja debe desestimarse.
El partido político Vox manifiesta no entender con claridad el motivo del recurso, 
puesto que la actividad llevada a cabo por el Gobierno de España nada tiene que ver con 
las lesiones de derechos fundamentales en que la sentencia pudiera haber incurrido.
Finalmente, el ministerio fiscal considera que este motivo también debe rechazarse. 
A su juicio, el examen de las entrevistas dadas por la secretaria de Estado de la España 
Global, revela que su sentido real es dar noticia de la proximidad de la celebración del 
juicio y del desafío que ello supone para el sistema judicial español. En este contexto, la 
frase que destaca el demandante («el hecho de que haya líderes políticos que hayan 
cometido delitos que estén siendo juzgados no es algo habitual»), no puede estimarse 
como  una  manifestación  que  exceda  sobradamente  de  la  voluntad  de  informar. 
Finalmente,  en  cuanto  a  la  publicación  en  las  redes  sociales,  tras  la  condena,  de 
mensajes y vídeos en los que se habría caricaturizado a los acusados como si fueran 
ladrones, a juicio del fiscal, «el alegado menoscabo al honor e integridad moral tiene sus 
propias  vías  de  reclamación  y  no  puede  encontrar  acomodo  bajo  el  paraguas  del 
derecho a la presunción de inocencia».
9.2  Respuesta del órgano judicial.
Con anterioridad al inicio del juicio, mediante auto de 7 de febrero de 2019, la sala de 
enjuiciamiento, en respuesta al escrito en que formuló por primera vez esa queja, señaló 
que podría ser objeto de alegación en las sesiones del plenario. Culminado el mismo, la 
sentencia recurrida en amparo dedica a esta materia el apartado 9 del fundamento de 
Derecho A).
Después de repasar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
denominada dimensión extraprocesal del derecho a la presunción de inocencia y la 
propia jurisprudencia sobre esta misma materia, declara que es preciso «estar al alcance 
y al contenido concreto de esas declaraciones que se consideran vulneradoras del 
derecho  a  la  presunción  de  inocencia».  Y  prosigue  el  discurso  con  las  siguientes 
palabras, que trascribimos literalmente:
«En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  más  allá  del  acierto  o  desacierto  de  esas 
manifestaciones, mal puede entenderse que menoscaba la repetida regla de tratamiento 
quien condiciona la existencia del delito al desarrollo del juicio ("[…] delitos penales que 
están siendo juzgados"). Esas palabras, torpes en su enunciado y en su expresión, lo 
que reflejan es el deseo de subrayar el desafío que para el poder judicial iba a tener el 
enjuiciamiento de unos líderes políticos. La opinión de quien así se expresa carece, 
como es evidente, de toda capacidad para influir en la valoración probatoria que ha 
asumido esta Sala.
El  debate  sobre  la  procedencia  de  un  indulto,  cuando  todavía  ninguno  de  los 
acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y 
responsabilidad institucional. Pero está fuera de dudas que no es incompatible creer en 
la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para 
el caso en que esa inocencia no fuera judicialmente declarada.
Sea como fuere, esa anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida 
por no pocos representantes políticos, no ha tenido –no puede tener– ningún reflejo en el 
proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta Sala. Conviene marcar una 
nítida diferencia entre las vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia que 
pueden originarse en el seno del proceso y aquellas otras vulneraciones sociales de la 
presunción de inocencia, entendida ahora como regla de tratamiento. En el primer caso,  s
las  consecuencias  han  de  fijarse  atendiendo  a  la  gravedad  que  encierra  un  oe.
desbordamiento  de  los  límites  del  Estado  en  la  actuación  del  ius  puniendi.  En  el  3ww.
deseiqrgiuguiipdnaadr oaa,r   lleaas  parresop cdalaoramsc aifóocnrióm nea nsd  endla ejdu aivc uioilnn tdeeerraf iaceiuróetno  rlíada e.l le Egdl ietriramezciodhnaoad m ad ieelan  ltaop  rdeaescu tulnaacsci óidónen f dejenu sriiasnsdo iccpecaniroecnicaae.l    2021-1130n https://w
Unas  declaraciones  políticas  que  implicaran,  por  ejemplo,  la  torpe  y  anticipada
afirmación de culpabilidad de quienes están siendo enjuiciados, nunca pueden acarrear
como ineludible consecuencia la obligación del tribunal de interrumpir el enjuiciamiento y 
dictar sentencia absolutoria. Lo verdaderamente determinante es que la culpabilidad de 
los acusados sea el desenlace de una práctica probatoria desarrollada conforme a los 
principios constitucionales que enmarcan el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esto 
es lo realmente acontecido en el presente juicio».
9.3  Encuadramiento  de  la  queja:  la  dimensión  extraprocesal  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia.
Como hemos visto, el recurrente sitúa la actividad lesiva de su derecho fundamental 
en la conducta de terceras personas (en concreto, la titular de la Secretaría de Estado de 
la España Global) ajenas al tribunal sentenciador. Reprocha a la Sala no haberle dado 
amparo frente a tales conductas, una vez que fueron denunciadas por su parte. La queja 
cae, por tanto, en el ámbito de la denominada dimensión extraprocesal de la presunción 
de inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de nuestra 
Constitución dispone de una vertiente o dimensión extraprocesal que constituye «el 
derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de 
carácter delictivo o análogo a estos, sin previa resolución dictada por el poder público u 
órgano competente que así lo declare, y determina por ende el derecho a que no se 
apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza 
en las relaciones jurídicas de todo tipo» [STC 109/1986, de 24 de septiembre, FJ 1, 
seguida por SSTC 283/1994, de 24 de octubre, FJ 2; 166/1995, de 20 de noviembre, 
FJ 3, 244/2007, de 10 de diciembre, FJ 2, y STC 133/2018, de 13 de diciembre, FJ 4 a)].
Como recordó el Pleno en la citada STC 133/2018, «[e]ste tribunal ha considerado 
que la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, reconocida también por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el marco del artículo 6.2 CEDH (SSTEDH, 
de 10 de febrero de 1995, asunto Allenet de Ribemont c. Francia; de 26 de marzo 
de  2002,  asunto  Butkevicius  c.  Lituania;  de  28  de  junio  de  2011,  asunto  Lizaso 
Azconobieta  c.  España),  encuentra  específica  protección  en  nuestro  sistema  de 
derechos fundamentales a través o por medio de la tutela del derecho al honor, operando 
dicha presunción como elemento instrumental del enjuiciamiento de una posible lesión 
del derecho al honor (STC 244/2007, FJ 2). […] "[E]sta dimensión extraprocesal de la 
presunción de inocencia, no constituye por sí misma un derecho fundamental distinto o 
autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de tal modo que ha 
de ser la vulneración de estos preceptos, y señaladamente del artículo 18, lo que sirva 
de base a su protección a través del recurso de amparo, [p]orque […] la presunción de 
inocencia que garantiza el artículo 24.2 CE, alcanza el valor de derecho fundamental 
susceptible de amparo constitucional, cuando el imputado en un proceso penal, que ha 
de considerarse inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad, resulte condenado sin 
que  las  pruebas,  obtenidas  y  practicadas  con  todas  las  garantías  legal  y 
constitucionalmente exigibles, permitan destruir dicha presunción. En los demás casos 
relativos al honor y a la dignidad de la persona, que no son una presunción sino una 
cualidad consustancial inherente a la misma, serán los derechos consagrados en el 
artículo 18 CE los que, por la vía del recurso de amparo, habrán de ser preservados o 
restablecidos" (STC 166/1995, FJ 3; doctrina que reitera la STC 244/2007, FJ 2)» 
[STC 133/2018, FJ 4 a)].
9.4  Resolución de la queja. s
A la vista del planteamiento efectuado por el recurrente, que ni tan siquiera insinúa  w.
qchouaneyta elnas sta pdcoeidócindla orq aucineioc noidefirrse  cqeeun e e elt al tcráihbnaui mndaeol   leedsse i vmaauslg yúd nes  imsmup iledeme. rbSerceoh  otdr aeat  alla ad  pesr eauslanu an scmeiónantte ednreica iai nadojoecrenana, c laiaal    2021-1130n https://w
rpersopcueesost ay ,q upeo re l erestcoh amzois dmeo s, un tio mpuae edne  csoenrs ideenrjuaicciióand.a  en  esta  sede  ni  merece  más  BOE-A-cable e
La  vulneración  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  en  su  dimensión 
extraprocesal, que es lo que aquí se denuncia, no es imputable a la sentencia recurrida 
en amparo. Tampoco cabe reprochar eficazmente a dicha sentencia ni al tribunal que la 
dictó no haber tutelado el derecho de que se trata, por la sencilla razón de que no 
constituía el objeto del proceso resolver sobre esta materia ni era función del tribunal 
penal juzgador pronunciarse al respecto para, en su caso, otorgarla. En definitiva, la 
tutela del derecho fundamental invocado no tenía su cauce en el proceso penal del que 
dimana la condena ni, por tanto, integra el objeto del presente recurso de amparo.
El  juicio  que  se  nos  pide  en  la  demanda  desborda  la  noción  del  principio  de 
subsidiariedad que preside la jurisdicción constitucional de amparo [art. 53.2 CE y arts. 
43.1 y 44.1 a) LOTC]. La parte demandante dispone de cauces procesales adecuados y 
suficientes  para  la  protección  de  su  derecho  fundamental.  De  no  obtener  la  tutela 
pretendida, una vez agotada la vía judicial precedente, podrá acudir en amparo ante este 
Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de amparo.
10.  Derecho a un proceso con todas las garantías por la supuesta filtración del 
contenido de la sentencia.
10.1  Posiciones de las partes.
En la demanda de amparo, de la que se ha dejado un extenso resumen en los 
antecedentes de esta resolución, la parte recurrente se queja de que días antes de que 
se firmara y notificara la sentencia, diversos medios de comunicación anticiparon cuál iba 
a ser el sentido del fallo. La demanda se remite a las informaciones dadas por ciertos 
medios  de  comunicación  (revista  «Contexto»,  diario  «Ara»,  «La  Vanguardia»,  «El 
Mundo» y «El Español») fechadas en los días 22 de septiembre, la primera, y en los 
días 10 y 12 de octubre de 2019, en los restantes casos. Básicamente, el contenido de 
tales noticias se ciñe a publicar que previsiblemente se produciría la condena por un 
delito de sedición y a referir ciertos rasgos típicos de esta figura delictiva y del delito de 
rebelión, de mayor gravedad, por el que se había, también, formulado acusación. En 
relación con ellas, trae a colación la doctrina contenida en la STC 69/2001, de 17 de 
marzo, para poner de manifiesto que, en su opinión, tales filtraciones provocaron un 
clamor popular a favor de la condena, lo que, a su juicio, debe conducir a la invalidez del 
fallo, sin que sea exigible al denunciante una cumplida demostración de que tal hecho 
hubiera condicionado el sentido de la decisión, lo que supondría una auténtica probatio 
diabolica.
El abogado del Estado entiende que procede desestimar el motivo de amparo. 
Considera  que,  ni  la  opinión  de  los  miembros  del  tribunal  pudo  haberse  visto 
condicionada  por  la  filtración,  ni  esta  iba  encaminada  a  obtener  una  modificación 
interesada de lo ya decidido, pues cuando tal filtración se produjo ya había concluido el 
juicio oral, se había desarrollado la práctica de la prueba e, incluso, había finalizado la 
deliberación.
A juicio del partido político Vox, las coincidencias entre lo publicado previamente y el 
sentido  de  la  sentencia  no  evidencian  que  fueran  consecuencia  de  filtraciones 
procedentes de miembros del Tribunal Supremo. Y en todo caso, de haberse producido 
la filtración, tampoco habría condicionado la deliberación que llevó a la sentencia, sin 
que elucubraciones o juicios de valor, sin base fáctica alguna, puedan desvirtuar estas 
conclusiones. s
El Ministerio Fiscal aduce que, al margen de responsabilidades disciplinarias que  oe.
pueden  resultar,  siendo  la  deliberación  y  votación  de  la  sentencia  anteriores  a  su  3ww.
qrceuudaeal qceucl iieósren n ymti d«aong oids eterlax dfisaotlil»eo,n  pdeuold  piehrrienacc hhipoai ob eddree  s ialdaco r efoidlttirrtoaa ccoiióó nnc,ó  amlpgoou rnh aas bín rií asa ofiilnromf,l uaindcooió  nem nte eernmlo áisnncaaimnbtoae   ddleea    2021-1130n https://w
imparcialidad del tribunal.
10.2  Respuesta del órgano judicial.
El auto de 29 de enero de 2020, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido  contra  la  sentencia,  contesta  a  esta  queja  en  el  apartado  4.2.1,  al  dar 
respuesta a lo alegado en dicho incidente por el recurrente, don Jordi Sànchez. Dice así:
«En cuanto a la vulneración derivada de la filtración del contenido de parte de la 
sentencia, su estimación exigiría, según la doctrina del Tribunal Constitucional que el 
propio escrito cita (cfr. STC 69/2001, de 17 de marzo), que se acreditase que la opinión 
de alguno o de algunos de los integrantes de esta Sala ha podido verse condicionada 
por hechos o circunstancias externas a la propia deliberación, o que la citada "filtración" 
fue encaminada a obtener una modificación interesada de lo previamente decidido; lo 
que no consta en modo alguno».
Al resolver los incidentes de nulidad promovidos por don Jordi Turull y don Josep 
Rull, la sala sentenciadora se limita a remitirse a lo anterior en los apartados 6.2.1 
y 7.2.1, respectivamente.
10.3  Doctrina constitucional.
En las SSTC 64/2001, 65/2001 y 66/2001, todas de 17 de marzo, FFJJ 2, así como 
en la STC 69/2001, de la misma fecha, FJ 14, con remisión a lo expuesto en la 
STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 8, el Pleno de este tribunal abordó específicamente la 
cuestión relativa a si el derecho a un proceso con todas las garantías, desde la vertiente 
de derecho a la imparcialidad judicial (art. 24.2 CE), podría verse menoscabado como 
consecuencia  de  la  «filtración»  y  publicación  en  los  medios  de  comunicación  del 
contenido de la deliberación y del fallo de una sentencia antes de su notificación a las 
partes. Podemos sistematizar la doctrina sentada entonces del siguiente modo:
a)  La Constitución brinda un cierto grado de protección frente a los denominados 
«juicios paralelos» en los medios de comunicación, dado que tanto las declaraciones en 
los citados medios acerca de procesos en curso como las opiniones sobre el sentido que 
haya de tener la decisión que los resuelva pueden influir no solo en el prestigio de los 
tribunales, sino, muy especialmente, «según sea su tenor, finalidad y contexto», «pueden 
llegar a menoscabar la imparcialidad o apariencia de imparcialidad de aquellos, ya que la 
publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo 
pueden influir en la decisión que deben adoptar los jueces. Es más, a nadie puede 
ocultársele  que  la  capacidad  de  presión  e  influencia  es  mucho  mayor  cuando  las 
declaraciones  vertidas  en  los  medios  de  comunicación  sobre  procesos  en  curso 
corresponden a miembros destacados de los otros poderes públicos del Estado. Por ello, 
cuando efectivamente se dan esas circunstancias, se conculca el derecho a un proceso 
con todas las garantías, incluso sin necesidad de probar que la influencia ejercida ha 
tenido un efecto concreto en la decisión de la causa, pues, por la naturaleza de los 
valores implicados, basta la probabilidad fundada de que tal influencia ha tenido lugar 
(STEDH de 29 de agosto de 1997, caso Worm, § 54)» (STC 136/1999, de 20 de julio, 
FJ 8).
Paralelamente,  hemos  destacado  también  en  numerosas  sentencias  que  «el 
postulado que subraya la extraordinaria importancia de la opinión pública libre, dado el 
carácter esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática, se aplica 
también en el ámbito de la administración de justicia, que sirve a los intereses de toda la 
colectividad y exige la cooperación de un público instruido». Dado que los tribunales no  e.e
actúan en el vacío, su competencia para pronunciarse sobre las causas penales que  b
decoespnbeoaccnie ae lnilzajau dicjuaiarsirs,  d«einncoc l iasó ingp nrepifneicsnaaa  ql ou neeo,n  ctproeun e eadl naptneú rbidoliacriord  aeludng  oag rae ln ame ridaselm. bAoa  ttceieosmn, dpbiocie,ió nlon s sd eaeas un noet nof rsar nedqveiu sqetuaaesr    2021-11303n https://ww
lporso clíemsiotess  qjuudei cmiaalercsa,  lain rcelucitdao asd mloins istcroamcióenn tya rdioasc ióanl  dere jsupseticctioa,,  lacso nintfroibrumyaecnio nae s dsaorbleres 
conocimiento y son perfectamente compatibles con las exigencias de publicidad procesal
(arts. 24.2 CE y art. 6.1 CEDH). A esta función de los medios se añade el derecho, para 
el público, de recibirlas, y muy especialmente cuando el proceso concierne a personas 
públicas  [por  todas,  STC  46/1998  y  sentencias  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 26 de abril de 1979 (caso Sunday Times, § 65), de 24 de febrero de 1997 
(caso De Haes y Gijsels, § 37) y de 29 de agosto de 1997 (caso Worm, § 50)]».
b)  Hemos señalado también que, desde la expresada garantía de imparcialidad 
judicial, el solo dato de que desde el entorno de la sala sentenciadora se hubiera filtrado 
hipotéticamente a los medios de comunicación el sentido general del fallo de la sentencia 
antes de que la resolución fuese notificada a las partes, no repercute negativamente por 
sí sola, menoscabándola, en la imparcialidad del tribunal.
Como venimos reiterando, «para que, en garantía de la imparcialidad, un juez pueda 
ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan 
sospechas  objetivamente  justificadas;  es  decir,  exteriorizadas  y  apoyadas  en  datos 
objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que 
permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio 
de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. 
Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, 
porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los 
tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar 
a un determinado juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre 
su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, 
caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una 
consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas 
(SSTC 145/1988, de 12 de julio; 11/1989, de 24 de enero; 151/1991, de 8 de julio; 
113/1992, de 14 de septiembre; 119/1993, de 19 de abril; 299/1994, de 14 de noviembre; 
60/1995,  de  16  de  marzo;  142/1997,  de  15  de  septiembre;  y  162/1999,  de  27  de 
septiembre, FJ 5; y SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; de 26 de octubre 
de 1984, caso De Cubber; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt; de 16 de diciembre 
de 1992, caso Saint-Marie; de 24 de febrero de 1993, caso Fey; de 26 de febrero 
de 1993, caso Padovani; de 22 de abril de 1994, caso Saraiva de Carvalho; de 22 de 
febrero de 1996, caso Bulut; de 20 de mayo de 1998, caso Gautrin y otros, y de 28 de 
octubre de 1998, caso Castillo Algar)» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 a), y 
STC 69/2001, FJ 14 a)].
c)  La imparcialidad subjetiva y objetiva del tribunal deben ser presumidas mientras 
no medie prueba en contrario. La dificultad que pueda comportar esta demostración no 
hace  quebrar  tal  regla.  «En  palabras  muy  ilustrativas  de  la  sentencia  del  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 10 de junio de 1996, dictada en el caso Pullar (§ 32): 
"El principio según el cual se debe presumir que un tribunal está exento de prejuicio o de 
parcialidad refleja un elemento importante de la preeminencia del Derecho, a saber: que 
el veredicto de un tribunal es definitivo y con fuerza obligatoria, a no ser que sea 
revocado por una jurisdicción superior por vicios de procedimiento o de fondo. Este 
principio debe aplicarse de la misma forma a todas las clases de tribunales. Incluso si en 
determinados casos [...] puede resultar difícil aportar pruebas que permitan desvirtuar la 
presunción, pues el requisito de la imparcialidad objetiva supone, conviene recordarlo, 
una importante garantía adicional"» [STC 136/1999, FJ 9, citada en SSTC 64/2001, 
65/2001 y 66/2001, FFJJ 2 c), y 69/2001, FJ 14 c)].
Por tanto, «[s]olo en la medida en que se acreditase que la opinión de alguno o de 
algunos de los integrantes del tribunal haya podido verse condicionada por hechos o  s
circunstancias  externas  a  la  propia  deliberación,  o  que  la  citada  "filtración"  iba  oe.
encaminada  a  obtener  una  modificación  interesada  de  lo  previamente  decidido,  la  w.
egna rsaAun  tfvíiane  rddtieee  neimtfeep csatuurbcajiera tleiidvsaata»d .,v arelocroancoiócnid haa pno dr ee lt eanret.r s2e4 .e2n C cEu,e pnotad,r eían threa boetrroses,  vloisst os iagfueiectnatdeas   2021-1130n https://w
fmaicetmorberso: s (di)e lq turieb unnoa l pseunetdeen cciaudeosrti ocnuaarnsdeo  e«ln addeas ianvtearlaé su noab jreetliavcoi óenn p reelv iaas duen teos tdoes  cloons   BOE-A-cable e
las partes del proceso o con sus intereses»; (ii) el secreto en las deliberaciones y en el 
voto de los magistrados llamados a pronunciar un fallo de absolución o de condena 
representa también una garantía para el propio tribunal, que permite evitar que sus 
miembros se vean presionados externamente en el momento de tomar su decisión, que 
les posibilita expresar libremente sus opiniones o valoraciones sobre los hechos y que 
impide consecuencias o juicios externos sobre lo manifestado individualmente por cada 
magistrado durante los debates; (iii) el contenido de la información y el tiempo en que se 
produjo su aparición en los medios de comunicación; y, en concreto, si «ya había 
concluido el juicio oral, se había desarrollado toda la prueba e, incluso, había finalizado 
la deliberación» [SSTC 64/2001, 65/2001, 66/2001, FFJJ 2 b), y 69/2001, FJ 14 b)].
10.4  Resolución de la queja.
No podemos tener por justificada la premisa de la que parte el motivo del recurso de 
amparo. Si por «filtración» entendemos, conforme a nuestra doctrina antes reseñada, la 
transmisión de información a terceros acerca del contenido o sentido de la deliberación y 
resolución de un caso, procedente de alguno de los magistrados integrantes del tribunal, 
seguida de la publicación en los medios de comunicación, con anterioridad a la definitiva 
conformación del fallo y de su notificación a las partes, no consta acreditado en las 
actuaciones que tales circunstancias hubieran tenido lugar.
Atendida la relevancia pública de la causa penal que había sido enjuiciada, afirmar 
en  el  presente  caso  la  existencia  de  una  «filtración»,  en  el  sentido  jurídicamente 
relevante antes definido, es una inferencia no debidamente justificada, pues es notorio 
que en semanas anteriores a la publicación del fallo de la sentencia, el debate social y 
mediático giraba alrededor de una alternativa muy sencilla: si, en caso de producirse, la 
condena acogería la calificación del Ministerio Fiscal y la acusación popular (delito de 
rebelión) o la de la abogacía del Estado (delito de sedición). En tales circunstancias, 
resulta lógicamente presumible que una parte de quienes hubiesen seguido atentamente 
el juicio oral, fuesen juristas, periodistas o simples observadores, anticipasen su criterio 
de que la sentencia asumiría finalmente la acusación por sedición, llegando así a la 
misma conclusión que unánimemente alcanzaron los magistrados miembros del tribunal 
sentenciador. Este contexto permite explicar, como alternativa probable, que en los 
medios de comunicación se publicasen opiniones, previsiones o simples pronósticos 
inevitables, acertados o no, que no tenían en absoluto su origen en filtración alguna.
A  lo  expuesto  ha  de  añadirse,  a  fin  de  descartar  cualquiera  afectación  de  la 
imparcialidad judicial, la constatación de los siguientes elementos de juicio: (i) según 
hemos visto, el contenido de las noticias reseñadas en la demanda de amparo, datadas 
escasos días antes de la publicación de la sentencia, se ciñe a que previsiblemente se 
produciría la condena por un delito de sedición y a referir ciertos rasgos típicos de esta 
figura delictiva y del delito de rebelión, de mayor gravedad, por el que se había, también, 
formulado acusación; (ii) las deliberaciones se iniciaron al término del juicio oral, el 12 de 
junio de 2019, y se prolongaron hasta el 11 de octubre de ese mismo año, según dice la 
sentencia recurrida, siendo firmada la misma en fecha 14 de octubre de 2019, momento 
a partir del cual se llevó a cabo su notificación a las partes; (iii) el contenido de la 
sentencia,  que  cuenta  con  493  folios,  ha  quedado  reseñado  en  el  apartado  de 
antecedentes de esta resolución. A él nos remitimos para destacar aquí su complejidad, 
con  una  pluralidad  de  sujetos  condenados  por  diversos  delitos,  de  hechos  y  de 
cuestiones jurídicas; (iv) las incontables noticias y artículos de opinión (jurídica o no) 
aparecidas en los medios de comunicación, en foros y en revistas especializadas, antes,  e
durante y después del juicio, retrasmitido en directo, y de la publicación de la sentencia,  bo
dan cuenta del contexto social y jurídico en que se enmarca este proceso. 3w
en lEons  tmaleedsi ocsir cduen sctoamncuiansic, ancoió np opdreomceodsi eteranne r dpeo rm pierombbardoos  qduee  llaa ss anloat iceinajsu iacpiaadroercaid, ansi   2021-1130n https://w
minfuocrhmoa cimoneenso,s a l ccoonnstiedxetroa my oasl  tiejumsptiofi ceand oq ueq usee,  praotdeunjdeireonnd o(t eraml incaodnot eenl idjuoic iod eo ratla yle as 
escasos días de la finalización de una deliberación que se había prolongado durante
meses), hayan menoscabado la imparcialidad o apariencia de imparcialidad del tribunal 
sentenciador.  Tampoco  deducimos  que  dichas  noticias,  en  el  escenario  en  que 
irrumpieron, fueran detonante de un clamor popular a favor de un determinado contenido 
del fallo, «poniendo en entredicho la necesaria serenidad del tribunal o la confianza de la 
ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores» (STC 136/1999, FJ 9), cuya 
experiencia y profesionalidad, en cuanto miembros del órgano jurisdiccional superior en 
todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 
CE), ha sido ya subrayada.
En  conclusión,  los  argumentos  empleados  por  la  parte  demandante  resultan 
insuficientes para cuestionar eficazmente la imparcialidad de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que tuvo encomendado el enjuiciamiento del caso, manteniéndose 
incólume la presunción que rige en esta materia en la medida en que no existe prueba 
alguna que permita ponerla en duda.
Por lo que procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo de amparo.
11.  Derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia o insuficiente motivación de la 
individualización de la pena impuesta.
11.1  Posiciones de las partes.
En  este  motivo  de  amparo  aduce  el  recurrente  que  la  sentencia  condenatoria 
impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
manifestación  de  derecho  a  obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  dada  la 
ausencia de toda motivación en la individualización de la pena impuesta que, cuando no 
concurran atenuantes ni agravantes, ha de atender, como establece el art. 66.6 del 
Código penal, «a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor 
gravedad del hecho».
En tal sentido alega, de una parte, que la pena impuesta desborda la petición de la 
abogacía del Estado y se apoya en la mayor petición formulada por la acusación popular, 
lo que le resulta llamativo y gravemente incoherente dadas las reservas que en la propia 
sentencia se exponen sobre la participación de los partidos políticos en las causas 
penales.  En  segundo  término,  considera  que  la  sentencia  incumple  la  propia 
jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que impone un deber 
reforzado de motivación del quantum de la pena. Afirma el recurrente que al justificar su 
condena no se ha dedicado una sola línea a explicar por qué no le han sido impuestas 
las penas mínimas legalmente imponibles (de ocho años de duración) en vez de la que 
le ha sido impuesta (nueve años de prisión e inhabilitación absoluta, con accesorias); 
unas penas que considera muy cercanas a las impuestas a aquellos otros condenados 
en la misma causa que ostentaban la condición de autoridad, de la que él carece (penas 
de diez años y seis meses a once años y seis meses). Tal déficit tampoco habría sido 
reparado al resolver la solicitud de nulidad presentada, pues únicamente ha recibido una 
respuesta que se remite a lo ya expuesto. Como reparación, solicita que la sentencia 
condenatoria sea anulada en lo que respecta a la concreta pena de prisión expuesta.
Por su parte, el abogado del Estado solicita la desestimación de la queja al entender 
que la pena impuesta ha sido suficientemente motivada. Señala que, a partir del marco 
penal abstracto establecido por el legislador para la conducta imputada (de ocho a diez 
años), el criterio relativo a la gravedad del hecho, recogido en el art. 66.6 CP para 
individualizar  la  pena  en  cada  caso,  depende  de  la  intensidad  del  dolo,  de  las 
circunstancias  concurrentes,  de  la  mayor  o  menor  culpabilidad  del  sujeto,  del  mal  s
efectivamente causado y de la conducta del reo posterior a la realización del delito. Así,  oe.
destaca que el relato fáctico que sustenta la condena refleja la condición del demandante  3ww.
dclooísam sfio n2 e0las  d dseee s dueicnpi ot«ieslíomdseb,r r sese oy mc 1iao dls edtr eóo  cvctaounmbgroeu  avdreedr id2aa0»d1 qe7ur.oe ,c coonndcuecrttoard doe c loons  leopsi sdoedmioáss a accauescaiddooss  leons   2021-1130n https://w
También el Ministerio Fiscal apoya la desestimación de la queja. Entiende que, a
partir del reiterado criterio establecido por nuestra jurisprudencia sobre la obligación de
motivar la determinación de la pena concreta impuesta (STC 98/2005, de 18 de abril, 
FJ 2), la exigencia ha sido cumplida en este caso, ya que, cuando los datos básicos del 
proceso de individualización de la pena pueden inferirse de los hechos probados, no 
resultan constitucionalmente exigibles ulteriores razonamientos que los traduzcan en una 
cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo 
que, de suyo, no es susceptible de medición; situación que concurre atendido el relato de 
hechos probados, al que expresamente se remite la decisión de condena al individualizar 
la pena impuesta al demandante.
11.2  Respuesta del órgano judicial.
El recurrente ha sido condenado conforme a lo establecido en los arts. 544 y 545.1 
del Código penal. Se le imputa, como autor principal, haber inducido, sostenido o dirigido 
la sedición a que se refiere el relato fáctico de la sentencia impugnada. Según prevé el 
art. 544 CP, son reos de sedición «los que, sin estar comprendidos en el delito de 
rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las 
vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o 
funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus 
acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Las penas imponibles a sus autores aparecen establecidas en el art. 545 CP, a cuyo 
tenor: «1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en 
ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a 
diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. 
En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo».
Como ha destacado el Ministerio Fiscal, al justificar la concreta condena del señor 
Sànchez i Picanyol, la sala le diferencia de aquellos otros acusados que ostentaban la 
condición de autoridad, señalando: «[…] Su marco penal se mueve, por mandato del 
art. 545.1 del CP entre ocho y diez años de prisión, duración reservada a los que 
"hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus 
principales  autores".  En  el  juicio  histórico  hemos  reflejado  su  condición  de  líderes 
sociales  de  vanguardia  que,  concertados  en  los  fines  sediciosos  con  los  demás 
acusados, se mostraron como verdaderos conductores de los episodios acaecidos los 
días 20 de septiembre y 1 de octubre» [fundamento de Derecho D) 2].
Al rechazar la solicitud de nulidad de la sentencia, instada por el demandante con el 
mismo motivo que ahora se analiza, la sala justifica la pena impuesta remitiéndole a lo 
señalado en relación con otro coacusado a quien se impuso idéntica pena (el señor 
Cuixart  i  Navarro,  presidente  entonces  de  la  asociación  Òmnium  Cultural).  Así,  se 
destaca que es una pena proporcionada a la gravedad de la conducta que le había sido 
imputada,  en  cuanto  a  través  de  esta  se  puso  efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho. Más específicamente, se añade: 
«[l]o que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es que, a 
través  de  las  convocatorias  enjuiciadas,  se  propició  un  levantamiento,  en  plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  inconstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar 
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al 
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la 
antidemocrática norma para que, con absoluta deslealtad constitucional, el president del 
Govern,  tras  el  apoyo  del  Parlament,  declarara  formalmente  la  independencia  de  e
Cataluña, si bien suspendida segundos después. Tal fue la ostensible gravedad del ilícito  bo
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d"Esquadra  llegó  a  3w
mdeatneinfecsiótanr  deenl  eplr ejusiicdieon ot rqaul eq,u ec otnesncíaie pnrteep daera ldaos  ucno nospeecruaetinvcoi aess pdeec ísfiuc oa cptauraac liaó np, rehvuiysóib alel   2021-1130n https://w
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal».
11.3  Doctrina constitucional.
En una doctrina muy consolidada, a la que se refiere la STC 108/2001, de 23 de 
abril, este tribunal ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva 
incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada 
y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto 
la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir requerida por el art. 120.3 
CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE. Esta exigencia constitucional entronca 
de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con 
una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente 
en  el  carácter  vinculante  que  para  todo  órgano  jurisdiccional  tienen  la  ley  y  la 
Constitución.
Si  bien  la  razón  última  que  sustenta  este  deber  de  motivación,  en  tanto  que 
obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión, reside en la interdicción de la 
arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no 
es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador, sino una decisión razonada en 
términos de Derecho, la exigencia de motivación cumple una doble finalidad inmediata: 
de  un  lado,  exteriorizar  las  reflexiones  que  han  conducido  al  fallo  como  factor  de 
racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que paralelamente potencia el 
valor de la seguridad jurídica, de manera que sea posible lograr el convencimiento de las 
partes  en  el  proceso  respecto  de  la  corrección  y  justicia  de  la  decisión;  de  otro, 
garantizar  la  posibilidad  de  control  de  la  resolución  por  los  tribunales  superiores 
mediante los recursos que procedan, incluido este tribunal a través del recurso de 
amparo.
En este último concreto ámbito, el control que ejerce el Tribunal Constitucional se 
circunscribe a la mera comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la 
norma que el juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la 
argumentación jurídica de la misma. Y dado que no existe un derecho fundamental del 
justiciable a una determinada extensión de la motivación, nuestra función debe limitarse 
a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que 
contiene  constituye,  lógica  y  jurídicamente,  suficiente  motivación  de  la  decisión 
adoptada,  cualquiera  que  sea  su  brevedad  y  concisión,  incluso  en  supuestos  de 
motivación por remisión.
En precedentes resoluciones hemos exigido un canon más riguroso en la motivación 
cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra conectado con otro derecho 
fundamental. En particular, este deber reforzado de motivación se impone en el caso de 
las sentencias penales condenatorias cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se 
conecta,  directa  o  indirectamente,  con  el  derecho  a  la  libertad  personal.  En  una 
sentencia penal, el deber de motivación incluye la obligación de fundamentar los hechos 
y la calificación jurídica, así como la pena finalmente impuesta, obligación esta última a 
la que se refiere también el art. 72 CP (SSTC 193/1996, de 26 de noviembre, FJ 3; 
43/1997, de 25 de enero, FJ 2; 47/1998, de 2 de marzo, FJ 6; 136/2003, de 30 de junio, 
FJ 3; 170/2004, de 18 de octubre, FJ 2; 98/2005, de 18 de abril, FJ 2, o 91/2009, de 20 
de abril, FJ 7).
En relación con este último extremo, sin embargo, nuestro control se ciñe a examinar 
si la extensión de la pena impuesta resulta o no manifiestamente irrazonable o arbitraria, 
es decir, coherente con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los 
preceptos legales relativos a la individualización de la pena (arts. 61 a 72 CP). En efecto, 
en nuestro ordenamiento, el sistema legal de determinación de la pena se caracteriza  e.
por la estrecha vinculación del juez a la ley; el margen de arbitrio judicial se encuentra  w.b
eeenxsct rlequcuyheea nmteese tdnaet e s laeli m aeirtrbaigidtreoa  ryeie ndq auedex dpjaur edpsicoióicanol.   eAdsesp í alpacu ioera sp,c aieornna a pllairdi namcdoi ptiidovea,  cslieaór nád  jeuecdl iimsciióaanrl,g  eeyn,n   pdlaoe r m atreabdnititdroiao,    2021-1130n https://w
jduedliictoia cl odmele tqiduoe,,  lean m ceaddiad ac daeso l,a  gmocoeti vealc ijóune zc opnasratit uimcipoonnaelmr elan tpee enxaig qibulee . cPoorrre ostprao npdaar tea,l 
la decisión judicial sobre la pena concreta que haya de ser impuesta se adopta siempre
en  sentencia,  tras  la  celebración  de  un  juicio  contradictorio  con  la  consiguiente 
inmediación, y en la que ha debido argumentarse adecuadamente sobre la prueba del 
hecho delictivo, la participación que en él haya tenido el que resulte condenado y las 
diversas vicisitudes que hayan podido concurrir en el delito y en la persona a la que este 
se le imputa, características estas que son determinantes para el juicio de determinación 
de la pena, en virtud de las reglas establecidas en el art. 66 del Código penal. Así pues, 
la pena se impone siempre en una resolución en la que la existencia del delito, su 
gravedad, y la participación en él de quien resulte condenado han debido describirse y 
motivarse adecuadamente.
11.4  Resolución de la queja.
El Código penal configura un sistema de penas relativamente determinadas con 
criterios judiciales de graduación. Su objetivo es conjugar la necesidad de imponer 
límites a la discrecionalidad judicial con la necesidad de personalizar o individualizar la 
respuesta penal concreta. La determinación de la pena en los delitos dolosos se produce 
a partir del marco penal abstracto señalado por la ley para el tipo de delito consumado. 
Dicho marco penal se individualiza en atención al grado de ejecución de la conducta 
delictiva, al grado de participación del acusado y a la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal, agravante o atenuante, genérica o específica.
En la conducta del recurrente, calificada como delito doloso consumado en grado de 
autoría,  el  tribunal  sentenciador  no  ha  apreciado  la  concurrencia  de  ninguna 
circunstancia modificativa de la responsabilidad. Para estos supuestos, el art. 66.6 CP 
prevé específicamente dos criterios de graduación, pues establece que «cuando no 
concurran  atenuantes  ni  agravantes  [los  jueces  y  tribunales]  aplicarán  la  pena 
establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en 
atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad 
del hecho».
Hemos reiterado que «[los] datos básicos del proceso de individualización de la pena 
han de inferirse de los hechos probados, sin que sea constitucionalmente exigible ningún 
ulterior razonamiento que los traduzca en una cuantificación de pena exacta, dada la 
imposibilidad de sentar un criterio que mida lo que, de suyo, no es susceptible de 
medición». Nuestro control ha de ceñirse, pues, a determinar si, en el caso concreto, y a 
la vista de los datos que los hechos probados relatan, la motivación acerca del quantum 
de la pena impuesta resulta o no manifiestamente irrazonable o arbitraria (STC 47/1998, 
de 31 de marzo, FJ6, o, más recientemente, SSTC 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 7; 
40/2008, de 10 de marzo, FJ 4, y 205/2009, de 23 de noviembre, FJ 5).
La  aplicación  de  los  criterios  jurisprudenciales  expuestos,  en  relación  con  la 
exigencia de motivar la determinación de la pena que ha sido antes expuesta, justifica la 
desestimación de la presente queja.
Hemos de destacar que, para imponer al demandante la pena de nueve años de 
prisión  e  inhabilitación  absoluta,  dentro  del  estrecho  marco  penal  abstracto  que 
establece el art. 545.1 CP (entre ocho y diez años de duración), el tribunal sentenciador 
ha tomado en consideración y exteriorizado al menos tres elementos básicos: (i) su 
condición de líder social de una relevante asociación político-cultural catalana –que viene 
participando activamente en dichos ámbitos desde 2012–; (ii) la apreciación de que fue 
uno de los «verdaderos» conductores de dos de los episodios más destacados a través 
de los que se ha tratado de hacer inefectivos los mandatos judiciales, y (iii) la gravedad 
objetiva  de  la  conducta  imputada,  en  cuanto  a  través  de  la  misma  «se  puso  e
efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho». bo
La  motivación  exigida,  es  evidente,  ha  sido  expresada  tanto  al  fundamentar  la  3w
rseefnetreidnac iata nctoon dael nrealtaotroia d eco hmeoc haols  dpersoebsatdimosa,r  clao msoo liacli tujudic idoe d neu aliudtaodr íap rdeesle dnetamdaan. dVaienntee.   2021-1130n https://w
pAedneam ácus,a anpdloic an od icreocntcaumrreennt ea ltoesn ucarinteteriso sn lie aggarleasv aqnutee sd. isScoipnl incarinte lraio isn dqivuied utaielinzeanc ióqnu ed ev elar 
con las circunstancias y el rol que ha venido protagonizando el demandante; con el papel
que, según el relato factico, desempeñó en los hechos que han dado lugar a su condena; 
y, también, con la objetiva gravedad del delito por el que ha sido condenado.
Se trata de criterios explícitos y ajustados a la previsión legal, que no pueden ser 
cuestionados desde la perspectiva de su insuficiencia, pero tampoco en relación con su 
contenido razonado y no arbitrario. Frente a lo afirmado en la demanda de amparo, tal 
como dispone el art. 66 CP, a la hora de individualizar la pena, el tribunal ha tenido en 
cuenta sus circunstancias personales, su conducta y la gravedad del delito imputado, de 
la que también es expresiva la apreciación de un concierto y coordinación previa con 
diversas  autoridades  públicas  autonómicas,  también  condenadas,  que  se  dirigía  a 
dificultar o hacer ineficaces resoluciones judiciales previas, a aprobar y hacer efectiva 
una normativa autonómica cautelarmente suspendida por este tribunal y a propiciar la 
celebración  de  un  referéndum,  cuya  convocatoria  había  sido  también 
constitucionalmente cuestionada y cautelarmente suspendida.
Afirmada la inexistencia de arbitrariedad o irrazonabilidad en la motivación de las 
decisiones impugnadas, no es labor de este tribunal sustituir al juzgador en su cometido 
de determinar la pena a imponer en el caso concreto, ni reducir el margen de arbitrio que 
en dicho cometido le concede la ley. Así pues, en el presente supuesto la sala de 
enjuiciamiento ha motivado y explicitado las circunstancias legalmente previstas que ha 
tenido  en  cuenta  para  la  individualización  de  la  pena  impuesta  al  demandante  de 
amparo, habiendo tenido este la posibilidad de refutarlas al solicitar su nulidad y a través 
de este proceso de amparo, por lo que hemos de concluir que ninguna lesión cabe 
apreciar del derecho a la tutela judicial efectiva invocado en la demanda de amparo.
12.  Derecho  a  la  legalidad  sancionatoria,  en  relación  con  otros  derechos 
fundamentales sustantivos.
A continuación, se procederá a dar respuesta al bloque de quejas que se agrupan 
bajo el común denominador de aducir la vulneración del derecho a la legalidad penal 
reconocido en el art. 25.1 CE. No obstante, antes de pronunciarnos sobre las diferentes 
denuncias formuladas en relación con el derecho indicado, hemos de advertir que su 
orden de análisis no coincide exactamente con el seguido en el recurso.
En el apartado décimo de la demanda de amparo se censura la falta de taxatividad 
del delito de sedición, deficiencia esta que se atribuye específicamente al tipo penal 
descrito en el art. 544 CP. Siendo así, entendemos procedente abordar la resolución de 
esta denuncia en primer lugar pues, de ser estimada, excusaría del ulterior análisis de 
los restantes reproches que se dirigen sobre la decisión judicial en lo atinente a la 
interpretación y aplicación de la norma penal referida. Para el caso de no ser estimada 
esa vulneración, continuaríamos nuestro análisis conforme al esquema propuesto en el 
escrito de demanda.
12.1  Doctrina constitucional.
Hecha  la  anterior  precisión,  procede  compendiar  a  continuación  la  doctrina 
constitucional relativa al derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE; en especial 
la concerniente a las diferentes facetas que se anudan a las quejas formuladas en el 
recurso de amparo. El indicado artículo establece que «[n]adie puede ser condenado o 
sancionado por acciones u omisiones que en el momento del producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
A)  Según doctrina de este tribunal, el mandato enunciado contiene un derecho  e.e
fundamental subjetivo que comprende una garantía formal, anudada al rango exigible a  b
dlcaoe nn 2co4rre mdceaió  fsnea bdnrecelir oopn,r aeFdcJoe 2rpa:to,  yp oetnraal .d Ee sctaar ádcotcetrr inmaa taepraiarle, cvein sciusltaedmaa ati zlaa deax iegne nlaci aS TdCe  c2e4r/t2e0z0a4 y,   2021-11303n https://ww
«a)  El derecho a la legalidad penal, como derecho fundamental de los ciudadanos,
incorpora en primer término una garantía de orden formal, consistente en la necesaria
existencia de una norma con rango de ley como presupuesto de la actuación punitiva del 
Estado, que defina las conductas punibles y las sanciones que les corresponden. Esta 
garantía formal, como recordábamos en la STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, implica 
que solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias 
jurídicas  y  vincula  el  principio  de  legalidad  al  Estado  de  Derecho,  "esto  es,  a  la 
autolimitación que se impone el propio Estado con el objeto de impedir la arbitrariedad y 
el abuso de poder, de modo que expresa su potestad punitiva a través del instrumento 
de la ley y solo la ejercita en la medida en que está prevista en la ley".
También hemos señalado desde nuestras primeras resoluciones –STC 15/1981, de 7 
de mayo, FJ 7– que del art. 25.1 CE se deriva una "reserva absoluta" de ley en el ámbito 
penal. Y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 81.1 CE en relación con el 
art. 17.1 CE, esa ley ha de ser orgánica respecto de aquellas normas penales que 
establezcan penas privativas de libertad. En palabras de la STC 118/1992, de 16 de 
septiembre, FJ 2, "la remisión a la ley que lleva a cabo el art. 17.1 de la CE ha de 
entenderse como remisión a la ley orgánica, de manera que la imposición de una pena 
de  privación  de  libertad  prevista  en  una  norma  sin  ese  carácter  constituye  una 
vulneración de las garantías del derecho a la libertad y, por ello, una violación de ese 
derecho fundamental (SSTC 140/1986, 160/1986 y 127/1990)".
b)  Junto a la garantía formal, el principio de legalidad comprende una serie de 
garantías materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la 
exigencia  de  predeterminación  normativa  de  las  conductas  y  sus  correspondientes 
sanciones, a través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la 
descripción  que  incorpora.  En  este  sentido  hemos  declarado  –como  recuerda  la 
STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3– "que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo 
posible  en  la  definición  de  los  tipos  penales  (SSTC  62/1982,  89/1993,  53/1994 
y  151/1997),  promulgando  normas  concretas,  precisas,  claras  e  inteligibles 
(SSTC  69/1989,  34/1996  y  137/1997).  También  hemos  señalado  que  la  ley  ha  de 
describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa 
(SSTC 196/1991, 95/1992 y 14/1998). Expresado con otras palabras, el legislador ha de 
operar  con  tipos,  es  decir,  con  una  descripción  estereotipada  de  las  acciones  y 
omisiones  incriminadas,  con  indicación  de  las  simétricas  penas  o  sanciones 
(SSTC 120/1994 y 34/1996), lo que exige una concreción y precisión de los elementos 
básicos de la correspondiente figura delictiva; resultando desconocida esta exigencia 
cuando se establece un supuesto de hecho tan extensamente delimitado que no permite 
deducir  siquiera  qué  clase  de  conductas  pueden  llegar  a  ser  sancionadas 
(STC 306/1994)". Todo ello orientado a garantizar la seguridad jurídica, de modo que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3).
c)  Ambos aspectos, material y formal, son inescindibles y configuran conjuntamente 
el derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE. Por tanto, aunque la garantía 
formal se colmaría con la existencia de una norma con rango de ley (ley orgánica cuando 
se prevean penas privativas de libertad), cualquiera que fuera su contenido (aunque 
fuera absolutamente indeterminado o se limitara a remitirse a instancias normativas 
inferiores, de forma que fueran estas quienes definieran de facto lo prohibido bajo 
amenaza penal), esa cobertura meramente formal resulta insuficiente para garantizar 
materialmente que sea el Parlamento –a través de mayorías cualificadas, en su caso– 
quien defina las conductas punibles con suficiente grado de precisión o certeza para que 
los ciudadanos puedan adecuar sus comportamientos a tales previsiones». s
B)  Este tribunal ha resaltado la importancia del mandato de taxatividad que el  w.b
pfigreucreapnt oe nc loan SstTitCuc 1io4n6a/2l 0o1b5je, tdoe d 2e5 c ditea  jcuonnioti,e FnJe .2 E, qjeumep alo c odnet ienluloa csioónn  lsoes  tarargnuscmriebnetno:s que  2021-1130n https://w
trasc«eEnl depnricnicai pdioe l pdrein cleipgioa liddea ds egpuernidaal,d  ejunr ídsicua  v(aerrtt.i e9n.t3e  CmE)a tye rcioaml, proerftlae jae l mlaa nedsapteoc diael 
taxatividad o de certeza que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa
de las conductas y de sus correspondientes sanciones (lex certa), en virtud del cual el 
legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los 
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las 
consecuencias de sus acciones (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 8). De esta 
manera,  ese  principio,  no  solo  fija  el  límite  interpretativo  de  los  preceptos  en  la 
subsunción irrazonable en el tipo que resulta aplicado, bien por la interpretación que se 
realiza de la norma, bien por la operación de subsunción en sí, de manera, que de 
sobrepasarse tal límite, la sanción impuesta resultaría sorpresiva para su destinatario 
(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; y 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 5), sino que 
"impone,  por  razones  de  seguridad  jurídica  y  de  legitimidad  democrática  de  la 
intervención punitiva, no solo la sujeción de la jurisdicción sancionadora a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6)».
La garantía de certeza a que se ha hecho mención no solo opera respecto de las 
normas penales o sancionadoras (ámbito normativo), pues también se proyecta a la 
interpretación y aplicación de estas por los órganos judiciales a los concretos supuestos 
de hecho (ámbito aplicativo), como así se refleja en la reciente STC 14/2021, de 28 de 
enero, FJ 2:
«La garantía constitucional de lex certa, como faceta específica del derecho a la 
legalidad  sancionadora,  se  desenvuelve,  en  nuestra  doctrina  (vid,  por  todas,  las 
SSTC 146/2015, de 25 de junio, FJ 2; 219/2016, de 19 de diciembre, FJ 5, y 220/2016, 
de 19 de diciembre, FJ 5), en dos ámbitos distintos:
a)  Ámbito normativo. De un lado, la garantía de certeza puede resultar vulnerada 
por la insuficiente determinación ex ante de la conducta sancionable, como defecto 
inmanente  a  la  redacción  legal  del  precepto  sancionador  objeto  de  escrutinio; 
vulneración que afectaría a la calidad de la ley, esto es, a la accesibilidad y previsibilidad 
del alcance de la norma en el ámbito penal o sancionador (SSTC 184/2003, de 23 de 
octubre, FJ 3, y 261/2015, de 14 de diciembre, FJ 5).
b)  Ámbito  aplicativo.  En  cambio,  aun  cuando  la  redacción  de  la  norma 
sancionadora  resulta  suficientemente  precisa,  la  garantía  de  lex  certa  puede  verse 
afectada por la aplicación irrazonable de dicha norma, vertiente que se desdobla, a su 
vez, en dos planos, (i) el de la indebida interpretación ad casum del alcance semántico 
del precepto, más allá de su sentido literal posible (analogía in malam partem), y (ii) el de 
la subsunción irrazonable, en el precepto ya interpretado, de la conducta que ha sido 
considerada  probada.  En  estos  casos,  pese  a  la  "calidad"  de  la  ley,  su  aplicación 
irrazonable se proyecta sobre la exigencia de previsibilidad del alcance de su aplicación 
(STC 220/2016, de 19 de diciembre, FJ 5). Así, en efecto, una vez que el autor de la 
norma, el legislador, ha cumplido suficientemente con el mandato al dar una redacción 
precisa al precepto sancionador, la garantía de certeza exige igualmente de los órganos 
sancionadores que están llamados a aplicarlo "no solo la sujeción […] a los dictados de 
las leyes que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo 
la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares 
a los que sí contempla" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6, y 146/2015, de 25 de 
junio, FJ 2). Por tanto, tal y como hemos señalado en nuestra doctrina, el derecho 
fundamental  a  la  legalidad  penal,  reconocido  en  el  art.  25.1  CE,  ha  de  reputarse 
vulnerado cuando la conducta que ha sido declarada probada en la sentencia "es  e
subsumida de un modo irrazonable en el tipo penal" (SSTC 91/2009, de 20 de abril, FJ 6;  bo
153/2011, de 17 de octubre, FJ 8, y 196/2013, de 2 de diciembre, FJ 5)». 3w
concNeop toosb sjutaríndtiec,o se li ndperitnecrimpiion addeo s taox laat iuvitdiliazda cinóon  dees  uinncao tmerpmaitnibolelo gcíao nc oenl  ceiemrtpol egor addoe   2021-1130n https://w
de ambigüedad por parte del legislador, como así queda expuesto, entre otras, en la
STC 37/2018, de 23 de abril, FJ 3:
«A esa exigencia de lex certa, a la que debe responder el legislador al definir los 
tipos penales, no se opone la utilización en los tipos penales de los llamados conceptos 
jurídicos indeterminados, máxime en aquellos supuestos en que los mismos responden a 
la protección de bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacional en el que se 
inserta nuestra Constitución de acuerdo con su art. 10.2 (STC 62/1982, de 15 de 
octubre, FJ 7), como tampoco la utilización de un lenguaje relativamente vago y versátil, 
pues las "normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad" (STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3), que en 
ocasiones presenta aspectos difíciles de prever».
C)  La aplicación de la analogía in malam partem y las interpretaciones extensivas 
de  la  norma  penal,  por  parte  de  los  órganos  judiciales,  han  sido  expresamente 
reprobadas por nuestra doctrina, por contravenir el mandato del art. 25.1 CE. Esta 
censura queda reflejada, entre otras, en la STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4.
«A  este  respecto,  hemos  destacado  que  "la  garantía  material  del  principio  de 
legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce en la exigencia 
de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes 
sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino 
también para los órganos judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de las 
leyes penales, estos últimos se hallan también sometidos al principio de tipicidad, en el 
sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de sujeción estricta a la ley 
penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 
156/1996, de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 
septiembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada la 
interpretación extensiva y la analogía in malam partem (SSTC 81/1995, de 5 de junio, 
FJ 5; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; 170/2002, de 30 de 
septiembre,  FJ  12);  es  decir,  la  exégesis  y  aplicación  de  las  normas  fuera  de  los 
supuestos y de los límites que ellas mismas determinan. El que estas técnicas jurídicas, 
que tan fértiles resultados producen en otros sectores del ordenamiento jurídico, estén 
prohibidas en el ámbito penal y sancionador obedece a que en caso contrario las 
mismas se convertirían en fuente creadora de delitos y penas y, por su parte, el aplicador 
de la nueva norma así obtenida invadiría el ámbito que solo al legislador corresponde, en 
contra de los postulados del principio de división de poderes (SSTC 133/1987, de 21 de 
julio, FJ 4; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 142/1999, de 22 de julio, FJ 3; 127/2001, de 4 
de junio, FJ 4)" (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 8)».
D)  A su vez, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los 
órganos judiciales, al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal. 
Nuestra doctrina sobre ese particular queda recogida con detalle en la STC 129/2008, 
de 27 de octubre, FJ 3, en los siguientes términos:
«El  derecho  a  la  legalidad  penal  (art.  25.1  CE)  supone  que  nadie  puede  ser 
condenado  por  acciones  u  omisiones  que  no  constituyan  delito  o  falta  según  la 
legislación vigente en el momento de tales conductas. Se quiebra así el derecho cuando 
la conducta enjuiciada, la ya delimitada como probada, es subsumida de un modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena  e.
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al  w.
lvdeaegl oijsurl laiodti,ev F olJ ae  6ns) .elag udreidfaindic ijóunrí ddicea l,a sfr uctoon dduec tuansa d deelicctiisviaósn  (jpuodric tioadl aqsu,e S rToCm p1e3 7e/1l 9m97o,n odpeo 2li1o   2021-1130n https://w
penaEln e el lp erixmaemroe nd ed elo rsa zcorintearbioilsid easdt ád ec olan sstuitbusiduon cpioórn e dl ere lsopse htoe cahl otse nporor blitaedroasl  deen  lala  nnoorrmmaa,   BOE-A-cable e
"pues  el  legislador  expresa  el  mensaje  normativo  con  palabras  y  con  palabras  es 
conocido  por  sus  destinatarios.  Este  respeto  no  garantiza  siempre  una  decisión 
sancionadora acorde con las garantías esenciales de seguridad jurídica o de interdicción 
de la arbitrariedad, pues, entre otros factores, el lenguaje es relativamente vago y 
versátil, las normas son necesariamente abstractas y se remiten implícitamente a una 
realidad normativa subyacente, y dentro de ciertos límites (por todas, STC 111/1993, 
de 25 de marzo), el propio legislador puede potenciar esa labilidad para facilitar la 
adaptación de la norma a la realidad (ya en la STC 62/1982, de 15 de octubre; […] 
STC 53/1994, de 24 de febrero). Debe perseguirse, en consecuencia, algún criterio 
añadido que, a la vista de los valores de seguridad y de legitimidad en juego, pero 
también  de  la  libertad  y  la  competencia  del  juez  en  la  aplicación  de  la  legalidad 
(SSTC 89/1983, de 12 de marzo; 75/1984, de 27 de junio; 111/1993, de 25 de marzo), 
distinga entre las decisiones que forman parte del campo de decisión legítima de este y 
las que suponen una ruptura de su sujeción a la ley […] La seguridad jurídica y el 
respeto  a  las  opciones  legislativas  de  sanción  de  conductas  sitúan  la  validez 
constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio 
de legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en 
todo  caso  una  zona  indudable  de  exclusión  de  comportamientos,  como  en  su 
razonabilidad. Dicha razonabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas 
que informan nuestro texto constitucional (SSTC 159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde 
modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica […] Dicho de otro 
modo, no solo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se 
sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos 
de  la  norma  aplicada.  Son  también  constitucionalmente  rechazables  aquellas 
aplicaciones  que  por  su  soporte  metodológico  –una  argumentación  ilógica  o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios" (STC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; también, entre otras, 
SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 13/2003, de 28 de enero, FJ 3; 138/2004, 
de 13 de septiembre, FJ 3; 242/2005, de 10 de octubre, FJ 4; 9/2006, de 16 de enero, 
FJ 4; 262/2006, de 11 de septiembre, FJ 4)».
E)  También desde el prisma del derecho reconocido en el art. 25.1 CE ha sido 
objeto  de  análisis  el  principio  de  proporcionalidad  de  las  penas.  Dijimos  en  la 
STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3, que el principio de proporcionalidad puede ser 
inferido de diversos preceptos constitucionales –arts. 1.1, 9.3 y 10.1 de la Constitución–. 
Se trata de un criterio de interpretación que no constituye en nuestro ordenamiento un 
canon  de  constitucionalidad  autónomo  cuya  alegación  pueda  producirse  de  forma 
aislada, esto es, sin referencia a otros preceptos constitucionales (STC 62/1982, de 15 
de octubre, FFJJ 3 y 5; 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2, 
y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2).
El ámbito en el que normalmente y de forma muy particular resulta aplicable el 
principio de proporcionalidad es el de los derechos fundamentales, donde constituye una 
regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia 
estatal, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas. Así ha 
venido reconociéndolo este tribunal en reiteradas sentencias en las que ha declarado 
que la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo 
puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa falta  e.
de  proporción  implica  un  sacrificio  excesivo  e  innecesario  de  los  derechos  que  la  w.b
CcoomnTsoat instuutoc  aiólapn li ccgoaancrafióignnut izrjuaadc.iiócina ll eog aisdlamtiivnais dtrea tilvaas  climonitcarceitoan, ehsa nd ed elo sq udeedraerc hreodsu fcuinddaasm peonr ttaalnetso,   2021-1130n https://w
aY  laausn q uaesí ,s eid ehnatllieficna ddiari gtiadla fsin aa liudna dfi nle cgoíntimstiatu, claio lnimalimtaecnióten  lseoglíoti mseo  hqaulela práu ejudsat ifjuicsatdifiac aernla lsa. 
medida en que suponga un sacrificio del derecho fundamental estrictamente necesario
para conseguirlo y resulte proporcionado a ese fin legítimo. En términos semejantes se 
ha expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar las cláusulas que, 
en los arts. 8 a 11 del Convenio, admiten injerencias y restricciones de los derechos 
fundamentales cuando, previstas en la ley, son necesarias en una sociedad democrática 
para la satisfacción de un fin legítimo.
Dos perspectivas no excluyentes son posibles: la que tiene que ver con la naturaleza 
y extensión de la sanción impuesta y la relacionada con la conducta que se sanciona:
a)  Poniendo su atención en la sanción prevista para el delito, este tribunal delimitó 
en la STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23, en los términos que a continuación se 
exponen, cuál es el alcance de la referida exigencia en relación con la naturaleza y 
extensión de la pena asociada por el delito al tipo de comportamiento incriminado:
«El juicio de proporcionalidad respecto al tratamiento legislativo de los derechos 
fundamentales y, en concreto, en materia penal, respecto a la cantidad y calidad de la 
pena en relación con el tipo de comportamiento incriminado, debe partir en esta sede de 
"la potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos, 
los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones 
penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que 
intenta conseguirlo. En el ejercicio de dicha potestad el legislador goza, dentro de los 
límites establecidos en la Constitución, de un amplio margen de libertad que deriva de su 
posición constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática 
[...].  De  ahí  que,  en  concreto,  la  relación  de  proporción  que  deba  guardar  un 
comportamiento penalmente típico con la sanción que se le asigna será el fruto de un 
complejo juicio de oportunidad que no supone una mera ejecución o aplicación de la 
Constitución, y para el que ha de atender no solo al fin esencial y directo de protección al 
que responde la norma, sino también a otros fines legítimos que pueda perseguir con la 
pena y a las diversas formas en que la misma opera y que podrían catalogarse como sus 
funciones o fines inmediatos a las diversas formas en que la conminación abstracta de la 
pena y su aplicación influyen en el comportamiento de los destinatarios de la norma –
intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones 
éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento, resocialización, 
etc.– y que se clasifican doctrinalmente bajo las denominaciones de prevención general 
y de prevención especial. Estos efectos de la pena dependen a su vez de factores tales 
como  la  gravedad  del  comportamiento  que  se  pretende  disuadir,  las  posibilidades 
fácticas de su detección y sanción y las percepciones sociales relativas a la adecuación 
entre delito y pena (STC 55/1996, fundamento jurídico 6)" (STC 161/1997, fundamento 
jurídico 9).
El juicio que procede en esta sede de amparo, en protección de los derechos 
fundamentales, debe ser por ello muy cauteloso. Se limita a verificar que la norma penal 
no produzca "un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria 
y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona 
y al Estado de Derecho" (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una "actividad pública 
arbitraria y no respetuosa con la dignidad de la persona" (STC 55/1996, fundamento 
jurídico 9) y, con ello, de los derechos y libertades fundamentales de la misma. "Lejos 
[pues] de proceder a la evaluación de su conveniencia, de sus efectos, de su calidad o 
perfectibilidad,  o  de  su  relación  con  otras  alternativas  posibles,  hemos  de  reparar 
únicamente, cuando así se nos demande, en su encuadramiento constitucional. De ahí 
que una hipotética solución desestimatoria ante una norma penal cuestionada no afirme 
nada más ni nada menos que su sujeción a la Constitución, sin implicar, por lo tanto, en  e.
absoluto, ningún otro tipo de valoración positiva en torno a la misma" (SSTC 55/1996,  w.b
lfau npd[ra.e.m.s] eecrnavtbaoec j iuóarnfíidr mdiceao r  6bla,ie  ynp 1ero6sp 1oo/1r c9ini9ot7en,ra efluisdneadsd a qmdueee nu tnnoao j  ureerísadtcéiccnoi ó 9cno) .pnesntitaul cciounaanldmoe lnat en oprrmoasc prietorssi gnai   2021-1130n https://w
pseearsne csuocciióanlm. eLnat ep eirnreal,e vaadnetmesá,s y,  hcaubarnád od ela s peer nnae cseesaa rinias tyru, maheonrtaa lmene nutne  saepntati dpoa reas tdriicchtoa, 
proporcionada. En suma, según hemos reiterado en otras resoluciones, especialmente
en la STC 66/1995, fundamentos jurídicos 4 y 5, para determinar si el legislador ha 
incurrido en un exceso manifiesto en el rigor de las penas al introducir un sacrificio 
innecesario o desproporcionado, debemos indagar, en primer lugar, si el bien jurídico 
protegido por la norma cuestionada o, mejor, si los fines inmediatos y mediatos de 
protección de la misma, son suficientemente relevantes, puesto que la vulneración de la 
proporcionalidad podría declararse ya en un primer momento del análisis "si el sacrificio 
de la libertad que impone la norma persigue la prevención de bienes o intereses no solo, 
por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también, socialmente irrelevantes" 
(STC 55/1996, fundamento jurídico 7; en el mismo sentido, STC 111/1993, fundamento 
jurídico 9). En segundo lugar, deberá indagarse si la medida era idónea y necesaria para 
alcanzar los fines de protección que constituyen el objetivo del precepto en cuestión. Y, 
finalmente, si el precepto es desproporcionado desde la perspectiva de la comparación 
entre la entidad del delito y la entidad de la pena.
Desde la perspectiva constitucional solo cabrá calificar la norma penal o la sanción 
penal como innecesarias cuando, "a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos 
no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado 
necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta 
suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución 
igualmente  eficaz  de  las  finalidades  deseadas  por  el  legislador"  (STC  55/1996, 
fundamento jurídico 8). Y solo cabrá catalogar la norma penal o la sanción penal que 
incluye como estrictamente desproporcionada "cuando concurra un desequilibrio patente 
y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas 
axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad 
legislativa" (STC 161/1997, fundamento jurídico 12; en el mismo sentido STC 55/1996, 
fundamento jurídico 9)».
b)  Aún es posible otra perspectiva adicional de análisis, relacionada esta vez con el 
ejercicio de los derechos fundamentales a los que el recurrente anuda la conducta por la 
que ha sido penado.
La STC 177/2015 ha puesto de manifiesto los riesgos derivados de la utilización del 
ius puniendi en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio, extralimitado o no, del 
derecho a la libertad de expresión, por la desproporción que puede suponer acudir a esta 
potestad y el efecto desalentador que ello puede generar para el regular ejercicio de los 
derechos  fundamentales  (en  el  mismo  sentido  STC  112/2016).  Por  ello,  tanto  el 
legislador al definir la norma penal, como el juez al aplicarla, no pueden «reaccionar 
desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no 
constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté 
previsto legítimamente como delito en el precepto penal» (STC 110/2000, de 5 de mayo, 
FJ 5).
En  nuestra  jurisprudencia  el  juicio  de  proporcionalidad  de  las  limitaciones  de 
naturaleza penal ha sido específicamente abordado en reiteradas ocasiones en el ámbito 
de conductas relacionadas con las libertades de expresión e información, de las que –
como anticipamos– la libertad de reunión es una modalidad concreta (STC 85/1988, 
de 28 de abril, FJ 2). En la ya citada STC 110/2000, destacamos que la dimensión 
objetiva  de  los  derechos  fundamentales,  su  carácter  de  elementos  esenciales  del 
ordenamiento jurídico, permiten afirmar que «no basta con la constatación de que la 
conducta  sancionada  sobrepasa  las  fronteras  de  la  expresión  constitucionalmente 
protegida», sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación «no 
pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la  s
libertad de la que privan, o un efecto [...] disuasor o desalentador del ejercicio de los  oe.
derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada» (en el mismo sentido,  w.
jeSuxSnigiToeC, n Fc8Ji8a / 42d,0 ey0  3pla,r osdp eSo rS1c9Tio EdnDea Hlimd aaddye o c1, a3Fb Jde e 8c ,ij tuyal ir1o e8 dn7e /2e 10l 91m95i5,s ,md aeos  2us1ne tndote idT sooe lslpatto ieSym TMCbirl oe8s,5 lF/a1vJ9s 94k2)y.,   Scd.o eRb 8ree i ndlaoe    2021-1130n https://w
U53n,i dyo d, e§  2592 d ae  5fe5b; rdeero 2 d5e  d2e0 0n0o,v aiesmunbtroe  Fduee 1n9te9s9 B, aosbuon cto.  ENsiplsaeñna ,y § J 4o9h nys 5e0n) .c. Noruega, §  BOE-A-cable e
Pero tal límite no opera exclusivamente en el ámbito del art. 20.1 CE, sino en 
relación con todos los derechos fundamentales: SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, 
FJ3, sobre libertad de información y honor; 136/1999, de 20 de julio, FJ 20, sobre libertad 
de expresión y libertad ideológica en campaña electoral; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, 
sobre derecho de reunión en el ámbito de la acción sindical; 104/2011, de 20 de junio, 
sobre derecho de huelga, y 140/2016, de 21 de julio, FJ 10, sobre acceso a la justicia. Y, 
en el mismo sentido se ha pronunciado, también de forma reiterada, el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en las SSTEDH, de 22 de febrero de 1989, asunto Barfod c. 
Dinamarca, § 29; de 20 de mayo de 1999, asunto Bladet Tromsø and Stensaas c. 
Noruega, § 64; de 21 de marzo de 2002, asunto Nikula c. Finlandia, § 54; de 15 de 
diciembre de 2005, asunto Kyprianou c. Chipre, § 175, 181 a 183; de 21 de julio de 2011, 
asunto Heinisch c. Alemania, § 91 y 92; de 3 de octubre de 2013, asunto Kasparov y 
otros c. Rusia, § 84; de 15 de mayo de 2014, asunto Taranenko c. Rusia, § 95 y 96; 
de 14 de octubre de 2014, asunto Yilmaz Yildiz y otros c. Turquía, § 33; de 15 de octubre 
de 2015, asunto Gafgaz Mammadov c. Azerbayán, § 50, y, más recientemente, la 
STEDH de 4 de septiembre de 2018, asunto Fatih Taş c. Turquía –núm. 5–, § 40.
F)  Finalmente, procede reflejar el parámetro al que se debe sujetar este tribunal 
para fiscalizar la interpretación y aplicación de la norma penal por parte de los juzgados y 
tribunales, que aparece recogido, entre otras resoluciones, en la STC 38/2003, de 27 de 
febrero, FJ 8:
«[S]egún reiterada jurisprudencia constitucional, la función de interpretar y aplicar la 
legislación  vigente,  subsumiendo  en  las  normas  los  hechos  que  llevan  a  su 
conocimiento, es una función que, de acuerdo con lo establecido en el art. 117.3 CE, 
corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales ordinarios, sin que este tribunal pueda 
sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea (SSTC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 2; 89/1983, 
de 2 de noviembre, FJ 2; 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 1; 111/1993, de 25 de 
marzo, FJ 5; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 185/2000, de 10 de julio, FJ 4; 167/2001, 
de 16 de julio, FJ 3, y 228/2002, de 9 de diciembre, FJ 3, entre otras muchas). Ahora 
bien,  una  aplicación  defectuosa  de  la  ley  penal  puede  implicar,  eventualmente,  la 
vulneración  de  un  derecho  constitucionalmente  garantizado,  protegido  mediante  el 
recurso de amparo. Cuando se alega tal cosa, como en el presente caso ocurre, este 
tribunal  ha  de  analizar,  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  constitucionalmente 
garantizado, la interpretación y aplicación que el juez ordinario ha hecho de la norma 
penal (SSTC 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), sin olvidar 
que el principio de legalidad, ni puede ser entendido de forma tan mecánica que anule la 
libertad del juez, cuando en uso de esta no se crean nuevas figuras delictivas o se 
aplican penas no previstas en el ordenamiento (SSTC 89/1983, de 2 de noviembre, FJ 3; 
75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5), ni tampoco pasar por 
alto que toda norma penal admite varias interpretaciones como consecuencia natural de 
la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un 
sistema normativo relativamente complejo (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 
42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; 228/2002, de 9 de 
diciembre, FJ 3).
[…]
Precisando nuestro canon de control de constitucionalidad, cabe hablar de aplicación 
analógica o extensiva in malam partem, vulneradora de aquel principio de legalidad, 
cuando dicha aplicación resulte imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento  e
del tenor literal del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas extravagantes en  bo
relación  con  el  ordenamiento  constitucional,  sea  por  el  empleo  de  modelos  de  3w
ilnat emrportievtaacciióónn  enxop raecseapdtaad eons  lpaosr  rleas ocolumciuonniedsa dre jcuurírdriidcaas,  c(oSmSTprCo b1a3d7o/1 t9o9d7o,  edlelo  2a1  pdaer tjiur ldioe,   2021-1130n https://w
FdeJ  278;  2d3e6 s/1e9p9tie7m, dbere 2, 2F Jd 7e;  d2i5c/i1e9m9b9r,e d, eF J8  d4e;  5m6a/1rz9o9,8 F, Jd e3 ; 1164 2d/e1 9m99a,r zdoe,  2F2J  d8e;  j1u8lio9,/ 1F9J9 48;, 
174/2000, de 26 de junio, FJ 2; 195/2000, de 24 de julio, FJ 4; 278/2000, de 27 de
noviembre, FJ 11; 127/2001, de 4 de junio, FJ 4; 123/2002, de 20 de mayo, FJ 8; 
170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12; y 13/2003, de 28 de enero, FJ 3)».
Y en la ya citada STC 129/2008, FJ 3, se acota la fiscalización que corresponde 
llevar a cabo a este tribunal, en los siguientes términos:
«No compete pues a este tribunal la determinación de la interpretación última, en 
cuanto más correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los parámetros que 
delimitan los valores y principios constitucionales. Y tampoco le compete la demarcación 
de las interpretaciones posibles de tal enunciado. De un modo mucho más restringido, y 
desde la perspectiva externa que le es propia como tribunal no inserto en el proceso 
penal, nuestra tarea se constriñe a evaluar la sostenibilidad constitucional de la concreta 
interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales. Tal sostenibilidad se refiere, 
como se señalaba en el fundamento anterior, al respeto a los valores de la seguridad 
jurídica y de la autoría parlamentaria de la definición de los delitos y las penas, y se 
traduce en la razonabilidad semántica, metodológica y axiológica de la interpretación 
judicial de la norma y de la subsunción legal de los hechos en la misma. Por ello forma 
parte  del  objeto  de  nuestro  análisis  la  motivación  judicial  de  tales  interpretación  y 
subsunción, pero no la argumentación del recurrente en favor de una interpretación 
alternativa, cuya evaluación de razonabilidad per se nos es ajena y solo podrá ser 
tomada en cuenta en la medida en que incida en la irrazonabilidad de la interpretación 
judicial impugnada».
12.2  Sobre la insuficiente taxatividad del tipo penal de sedición.
12.2.1  Posiciones de las partes.
El motivo de la demanda referido a la vulneración del derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, concierne principalmente al contenido del art. 544 CP que tipifica el delito 
de  sedición;  norma  a  la  que  se  achaca  tal  grado  de  indeterminación  que  resulta 
incompatible con el principio de taxatividad. Señala el demandante que el empleo de 
términos tales como «alzarse», «tumultos», «fuerza» o «fuera de las vías legales» 
resultan extraordinariamente vagos, hasta el punto de que es muy difícil conocer con 
exactitud  qué  conductas  prohíbe  realmente  el  legislador.  También  afirma  que  esa 
inconcreción no ha podido ser remediada por la labor jurisprudencial, puesto que, en 
relación con el vigente tipo de sedición, el Tribunal Supremo solo se ha pronunciado en 
una  ocasión  (STS  de  12  de  julio  de  2005),  al  conocer  de  un  suceso  violento 
protagonizado por unas sesenta personas, que acaeció en la Asamblea de Ceuta, y que 
acabó condenando por un delito de atentado. Por último, destaca que esa inconcreción 
restringe gravemente el ejercicio del derecho de reunión y las libertades de expresión e 
ideológica, por el efecto desincentivador que provoca.
El partido político Vox rechaza que el tipo penal carezca del grado de taxatividad 
exigido y que la condena impuesta pueda resultar imprevisible para el demandante.
Por su parte, el fiscal sostiene que no se vulnera el principio de legalidad por falta de 
taxatividad, pues el tipo penal permite predecir con suficiente grado de certeza las 
conductas que constituyen el delito de sedición. Por tanto, el tipo penal respeta la 
garantía material de lex certa, sin perjuicio de que los términos utilizados por las normas 
penales para definir los tipos delictivos puedan ser concretados y precisados por los 
órganos judiciales al aplicar e interpretar las normas. En todo caso, añade que el déficit 
de taxatividad que el demandante imputa al tipo penal de sedición queda conjurado por  e.e
la propia interpretación que de los términos a los que se atribuye la indeterminación ha  b
sido precisada por el Tribunal Supremo. 2021-11303n https://ww
12.2.2  Respuesta del órgano judicial.
El tribunal sentenciador rechazó expresamente esta queja al resolver el incidente de 
nulidad de actuaciones. En el apartado 4.2.4 del auto que resuelve el referido incidente, 
se afirma lo siguiente:
«La  vulneración  del  principio  de  legalidad  penal  se  ampara  también  en  la 
indeterminación del artículo 544 CP, que vulneraría la exigencia de taxatividad de las 
normas penales.
Sobre esta cuestión nos remitimos a las consideraciones realizadas al resolver los 
incidentes de nulidad planteados por las defensas de los señores Cuixart y Forn. Los 
hechos por los que ha sido condenado el señor Sànchez son aquellos declarados 
probados  y  no  aquellos  que  este  creía  que  estaba  realizando,  algunos  de  ellos 
ejecutados cuando ya le constaba que sobre él pesaba una denuncia que incluía la 
explícita referencia al delito de sedición».
No obstante, en el apartado 2.4 del referido auto se ofrece una respuesta más 
exhaustiva:
«El  tipo  penal  de  sedición  de  los  artículos  544  y  545  CP  no  adolece  de  una 
inconcreción o imprecisión que impida conocer de antemano el ámbito de lo proscrito, 
que sería el primer nivel de análisis. Como se deriva del examen que la propia sentencia 
realiza del delito –punto primero del apartado C) de los fundamentos de Derecho–, su 
estructura típica cumple las exigencias a estos efectos. Define el comportamiento punible 
a  través  de  términos  que  son  comprensibles  y  pertenecen  al  lenguaje  común, 
concretando qué acciones son punibles y qué finalidad han de perseguir: impedir por la 
fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. La 
conducta típica está, pues, definida y el precepto cumple así las exigencias materiales de 
taxatividad derivadas del artículo 25.1 CE.
Esta conclusión es, por otro lado, perfectamente compatible con la necesidad de su 
interpretación jurisprudencial, como la que hace la sentencia que ahora se cuestiona. El 
TEDH ha señalado de forma reiterada que, en cualquier sistema jurídico, por muy clara 
que  sea  la  redacción  de  una  disposición  legal,  incluso  en  materia  penal,  existe 
inevitablemente un elemento de interpretación. De hecho, el papel de los tribunales es 
precisamente disipar las dudas que la norma puede plantear (entre otras muchas, cfr. 
sentencia de 12 de febrero de 2008, caso Kafkaris c. Cyprus, § 141)».
A su vez, en el apartado 4 del fundamento jurídico B) de la sentencia, el órgano 
enjuiciador llevó a cabo una detallada exégesis del art. 544 CP, de cuyo contenido se 
infiere  que  el  indicado  órgano  no  asume  el  criterio  del  recurrente  respecto  de  la 
ambigüedad e imprecisión del tipo penal.
12.2.3  Resolución de la queja.
Llegados a este punto, resulta oportuno recordar que, si bien con carácter general el 
recurso de amparo no ha sido concebido para el enjuiciamiento de las disposiciones de 
carácter general, sin embargo, nuestra doctrina autoriza en ocasiones tal eventualidad; 
entre otras, cuando se reprocha al propio precepto la lesión de un derecho fundamental:
«Como  hemos  recordado  en  multitud  de  ocasiones,  el  recurso  de  amparo  no  es
persigue la depuración del ordenamiento jurídico, pues su objeto se circunscribe a la  o
reparación de los derechos fundamentales lesionados por actuaciones procedentes de  3w
FlddoieJss r p3epo;co shydio cepi orofeunssnete dspra iúnombormlericmneotanastt lie vy( a ceesonn m s lacio son  nvoSse SeensTcimtuCáeon 5ns 4cv dii/an2ic,c0 iu0teal6nal ,dd rdoaee scd  u2aer7 sslo add  eenc  oolfaen  ebcSsrree TltraCao   ,vy 4Fí a0eJ /f 1ie3d9c óy8tni 2v3ea,4a  d/ l2epe0sa i13róa10n ,   imdddeeep   u2ajug8lgnn údiaoner,     OE-A-2021-1130able en https://w
marzo, FJ 1). Sin embargo, también hemos dicho que «"concurriendo esa vinculación, no
le está vedado a este tribunal entrar a examinar en un proceso de amparo el contenido 
de cualquier disposición general, ya sea para enjuiciar la interpretación que de la misma 
hayan realizado los órganos judiciales, ya lo sea para valorar si la concreta vulneración 
de  los  derechos  y  libertades  fundamentales  proviene  de  la  propia  disposición" 
(STC 34/2011, de 28 de marzo, FJ 1)» (STC 167/2013, de 7 de octubre, FJ 2).
Vistos los términos de la queja formulada, procede dilucidar si, en efecto, el art. 544 
CP  se  acomoda  o  no  a  las  exigencias  de  taxatividad  y  certeza  que  la  doctrina 
constitucional exige, no sin antes reiterar que la función de interpretar y aplicar los tipos 
penales corresponde a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, sin perder de 
vista el parámetro en que se sitúa este tribunal, para dar adecuada respuesta a la 
pretensión del recurrente procede efectuar una delimitación de la conducta típica que el 
art. 544 CP describe del siguiente modo:«[s]on reos de sedición los que, sin estar 
comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, 
por la fuerza o fuera de la vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, 
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el 
cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Este precepto asume una posición subsidiaria, pues solo prevé su aplicación cuando 
los hechos no sean constitutivos de rebelión. Su contenido positivo requiere que los 
sujetos activos «se alcen»; término este que, teniendo en cuenta el contexto en que se 
inserta, de entre las diferentes acepciones gramaticales posibles, debe ser considerado 
sinónimo del vocablo «se subleven». La acción descrita en el tipo debe trascender al 
exterior  (públicamente),  materializarse  mediante  la  actuación  alborotada  de  una 
muchedumbre (tumultuariamente), que emplea fuerza o se sirve de vías extralegales, 
siendo necesario, además, que concurra la finalidad neutralizadora que describe el tipo 
transcrito.
A vista de lo expuesto, este tribunal coincide con el criterio del órgano enjuiciador, al 
no apreciar que la norma penal adolezca de un grado de vaguedad tal que infrinja el 
mandato de taxatividad que impone el art. 25.1 CE. La infracción que el art. 544 CP 
describe resulta reconocible con un razonable grado de claridad y, por tanto, debemos 
descartar  que  su  redacción  impida  conocer  de  antemano  qué  conductas  son 
susceptibles de ser castigadas bajo su ámbito, quedando debidamente preservado el 
principio de seguridad jurídica. El hecho de que el mencionado artículo se sirva de 
conceptos jurídicos indeterminados o emplee vocablos que admiten varios significados 
no empece la conclusión alcanzada, pues como ha quedado reflejado en un apartado 
anterior, nuestra doctrina admite la utilización de esos recursos, sin que por ello se 
resienta la garantía de taxatividad que forma parte del derecho reconocido en el art. 25.1 
CE. Estas consideraciones, por si solas, descartan la pertinencia de plantear la cuestión 
interna de inconstitucionalidad que suscita el recurrente.
Queda un último punto que abordar, relativo al alegato de que la mera vigencia del 
art. 544 CP restringe el ejercicio de las libertades de expresión e ideológica, así como el 
derecho de reunión pacífica. La respuesta dada anteriormente sobre la inconcreción del 
precepto determina de por sí que esta queja decaiga, al estar vinculada a la vulneración 
del  principio  de  taxatividad.  No  obstante,  resulta  pertinente  exponer  varias 
consideraciones adicionales.
En relación con el art. 544 CP, se afirma en la demanda que «su mera vigencia 
puede restringir de modo patente el ejercicio de los derechos fundamentales». En los 
términos en que se ha formulado la denuncia, únicamente se advierte de la eventual 
causación de un perjuicio hipotético, lo cual determina que la misma deba ser rechazada.  e.
Para ello, basta recordar nuestra doctrina compendiada, entre otras resoluciones, en la  w.b
aSmTCpa 1ro7 7c/o2m00o5 u, nd em e4c daen isjumlioo,  aFdJ  cúanuitceola, men p cauray ala v tiurttuedla  ndoe  cloasb ed ecroencshiodse rfaurn deal mreecnutrasloe sd:e  2021-1130n https://w
cará«c[tCe]ro cnasutittueylaer , rneii tearlcaadnaz ad oac tprirnoat ecgoenr setivtuecnitounaalel sq ulees ioenl eres cnuors op roddeu caimdapsa r(op onro t otdieanse, 
STC 165/1999, de 27 de septiembre, FJ 8), exigiendo el inexcusable presupuesto de la
violación de los derechos o libertades públicas mencionadas en el art. 41.1 LOTC. Este 
tribunal, desde su más temprana jurisprudencia (ATC 98/1981, de 30 de septiembre, 
FJ 4; y STC 77/1982, de 20 de diciembre, FJ 1), ha requerido como presupuesto 
inexcusable de la petición de amparo que esta se formule en razón de la existencia de 
una lesión efectiva, real y concreta a un derecho fundamental, lo que no sucede cuando 
lo  que  se  contiene  en  la  demanda  es  la  mera  invocación  de  un  hipotético  daño 
potencial».
Al margen de lo expuesto, también se constata que el precepto penal no castiga la 
movilización masiva de personas cuyo propósito consista en exteriorizar de manera 
pacífica una protesta. El tipo penal exige que la actuación multitudinaria se conduzca, al 
menos, por vías extralegales y que, con ello, se persigan algunas de las finalidades 
netamente contrarias al funcionamiento medular del Estado de Derecho que el precepto 
detalla; medios y fines estos que no encuentran amparo o justificación en el ejercicio 
legítimo de ningún derecho fundamental reconocido por la Carta Magna. Por tanto, si la 
conducta descrita en el precepto no cercena ninguno de los derechos que la demanda 
cita, tampoco cabe deducir, del tenor del precepto, un «efecto desincentivador» para el 
ejercicio de estos, aspecto este sobre el que se abundará con mayor detalle en otro 
apartado posterior.
12.3  Abandono ad hoc del principio de accesoriedad limitada en la participación.
12.3.1  Posiciones de las partes.
La primera de las denuncias de este apartado se identifica como el abandono ad hoc 
del principio de accesoriedad limitada en la participación. En síntesis, la queja se articula 
del  siguiente  modo:  (i)  según  el  relato  de  hechos  probados,  la  intervención  del 
demandante sería la propia de un promotor, por haber movilizado a los ciudadanos a 
intervenir en las manifestaciones acaecidas los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
del 2017 y por haber actuado en dichas movilizaciones como «líder social»; (ii) la 
práctica totalidad de las personas que intervinieron como manifestantes y como votantes 
en los actos de 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, respectivamente, no han 
merecido  reproche  penal  alguno  y,  en  los  casos  aislados  en  que  se  ha  exigido 
responsabilidad penal «por ejercer activamente resistencia contra las fuerzas del orden, 
la propia fiscalía y la abogacía del Estado han admitido y aceptado condenas por un 
delito de atentado y lesiones leves»; (iii) se ha producido una quiebra manifiesta de las 
reglas generales sobre la participación, al considerar que en el delito de sedición todos 
los acusados fueron coautores; (iv) en el presente caso, el abandono del principio de 
«accesoriedad limitada» en la participación determina que el demandante haya sido 
condenado por dirigir el primer alzamiento sin alzados de la historia; y ello porque el 
tribunal sentenciador ha pretendido «escarmentar a los máximos líderes políticos y 
sociales del movimiento independentista».
Para la abogacía del Estado, el motivo no puede prosperar porque ello supondría 
ignorar  la  especialidad  del  art.  545  CP.  Refiere  que  el  demandante  no  ha  sido 
considerado partícipe sino autor, al evidenciarse una estrategia de conductas que cada 
uno de los acusados asumió, con dominio funcional del hecho. El partido político Vox 
sostiene en sus alegaciones que la participación del demandante en el alzamiento 
sedicioso está perfectamente acreditada, no como partícipe accesorio sino como autor 
de los hechos. Para el fiscal, la queja del demandante toma un punto de partida irreal, 
puesto que este último ha sido condenado como coautor de un delito de sedición y no  e.
como partícipe, por lo que no sería de aplicación el principio de accesoriedad en la  w.
pparinrtcicipipioa cdióen a. cPceosr oerilelod,a cdo.nsidera que no ha existido un cambio de doctrina sobre el  2021-1130n https://w
12.3.2  Respuesta del órgano judicial.
En sede judicial se dio contestación a esta queja, que fue planteada en términos 
sustancialmente coincidentes por varios condenados. Se expresa en los apartados de la 
fundamentación jurídica 3.2.2.3 B) (respecto del señor Forn), 4.2.3 (respecto del señor 
Sànchez),  6.2.3  (respecto  del  señor  Turull),  7.2.3  (respecto  del  señor  Rull)  y  9.4 
(respecto  de  la  señora  Forcadell),  del  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones. En relación con el demandante, la argumentación dada fue la siguiente:
«También ha de ser desestimada la alegación relacionada con la vulneración del 
derecho de legalidad penal derivada de un cambio injustificado de la jurisprudencia de 
esta Sala sobre el principio de accesoriedad (limitada) de la participación.
Para rechazar esta alegación basta afirmar que el señor Sànchez ha sido condenado 
como coautor de un delito de sedición y no como partícipe, por lo que no resulta 
aplicable el principio citado, que determina qué elementos deben exigirse al hecho del 
autor para castigar al partícipe.
Carece de fundamento la alegación de que esta Sala ha modificado ad hoc su 
jurisprudencia al respecto».
No  obstante,  el  grueso  de  la  argumentación  judicial  figura  en  la  letra  B)  del 
apartado 3.2.2.3 del indicado auto, cuyo tenor es el siguiente:
«Niega el incidente que pueda hablarse de dirigentes o autores principales, si antes 
no  se  declara  que  existen  sediciosos  alzados  tumultuariamente.  Y,  mucho  menos, 
inductores a la sedición, sin hecho principal, por razón de la vigencia del principio de 
accesoriedad de la participación. Y, estimando que el comportamiento observado por los 
miles de ciudadanos catalanes involucrados en los hechos no cumple, cuanto menos, el 
tipo  de  un  delito  tan  grave  como  el  de  sedición,  no  existiría  base  para  aplicar  a 
continuación el art. 545 del CP a quienes induzcan o lideren tal situación. Lo contrario 
acarrearía –según el incidente– la vulneración del principio de legalidad en los términos 
indicados.
Conviene recordar, no obstante ser lugar común en la doctrina, que la sedición se 
construye en el tipo como de naturaleza plurisubjetiva y, dentro de tal categoría, como 
unilateral o de convergencia. Los plurales autores materiales no son "partícipes" en delito 
ajeno. Todos convergen con su aportación, incluso con diversidad de funciones, a la 
consecución de la finalidad típica. Si bien eso no es incompatible con la figura del 
partícipe por inducción, los especificados en el artículo 545 como los que han "inducido, 
sostenido o dirigido" no puede equiparase a la figura del partícipe por inducción de la 
sedición que otros llevan a cabo. "Inductores" significa ahí lo que el antiguo artículo 219 
de anteriores Códigos penales tildaba de "promotores". Se refiere solamente a los que, 
concurriendo en ellos aquellas notas, también ejecutan la sedición desempeñando su 
particular papel.
En tales específicos casos de colectividad delincuente no rigen principios solamente 
predicables en caso de participación de unos en delitos de otros, como lo exigiría el 
principio de accesoriedad. Muy al contrario, en aquellos supuestos el principio rector de 
imputación es el de imputación recíproca. A todos se imputa lo que haga cualquiera de 
los coautores que actúa bajo acuerdo común.
Y ello aunque esa contribución, por parte de los que en tumulto ejecutan el elemento 
objetivo del tipo, no origine la misma responsabilidad penal o incluso no dé lugar a 
ninguna. Ya porque estos no actuaran compartiendo voluntariamente en su totalidad el  e.
sedicente programa de los otros autores, ya porque no concurra el elemento subjetivo  w.
epnxrueilgitdeibanldes i.o sYne e espn r tetaotle dcnood cmea osy oah,  ansnoe   seiesdx oap llfgiocoar m qquuuleae dn aonssu  ecpsootrrrr aela ssfpu onanccdiuóesn ad cisliueoc nicedisañ,re . s Eiann   idlnaet ecsriedfneirtr eirsn oecbniar  eoc turlayoass    2021-1130n https://w
pjurzogcaeddoims ieon totrsi buqnuael esp.u eNdoa n teensetamro ss igquuiéen dvoasloer acr onetsraas  oatrcotsu aacicounseasd, osta menp ocdois tipnatoras   BOE-A-cable e
bendecirlas o declararlas atípicas. No es superfluo recordar que la sentencia declara 
probado que los acusados concertaron como estrategia "crear una aparente cobertura 
jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría 
contribuyendo al acto fundacional de la República Independiente de Cataluña". Si eso se 
hace aprovechando la ventaja y la auctoritas de quien desempeña responsabilidades 
institucionales, tampoco podría excluirse la concurrencia de un error exonerante en 
buena parte de la ciudadanía que acudió a sendas convocatorias de los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre, en la creencia de una pretendida cobertura jurídica del acto al 
que se les invitaba con insistencia desde sedes institucionales de Cataluña.
Por ello el similar alegato de la defensa recibió la respuesta recogida en la sentencia 
al glosar el juicio de autoría [cfr. juicio de autoría; 1.–delito de sedición; c) página 301]. 
Considerando a los ciudadanos concurrentes el 20 de septiembre y el 1 de octubre 
ajenos a todo error e imputables, se nos alegaba por la defensa que ello implicaría un 
punto desde el que operaría la "prohibición de regreso" en la sucesión causal, en la que 
ya  no  incidiría  el  señor  Forn  con  posterioridad.  Como  allí  dijimos  esa  actuación 
ciudadana está lejos de ser "extraña" a los actos del señor Forn, que la preordenó y 
promovió con el acuerdo de los otros acusados. De ahí que le hayamos imputado tanto 
el riesgo y lesión del bien jurídico como la realización de los funcionales hechos-medio 
que lo causaron».
Frente al esquema argumental del recurrente, que en base al contenido del relato 
fáctico  considera  que,  todo  lo  más,  podría  ser  reputado  partícipe  en  unos  hechos 
realizados por terceros innominados, el tribunal enjuiciador refuta ese alegato bajo una 
doble consideración: (i) que el demandante no ha sido condenado como partícipe sino 
como  coautor  principal  de  un  delito  de  sedición;  (ii)  que  los  ciudadanos  que  se 
manifestaron el día 20 de septiembre y los que participaron en la votación el día 1 de 
octubre de 2017 son ajenos al presente enjuiciamiento, por lo que de su eventual 
responsabilidad penal nada cabe decir.
12.3.3  Resolución de la queja.
Antes de proceder a resolver el motivo resulta pertinente dejar constancia sobre cuál 
debe ser el alcance de nuestra respuesta. A este respecto, debemos indicar que no 
procede que nos pronunciemos de manera global sobre la constitucionalidad del grado 
de participación atribuido al demandante, pues únicamente nos compete resolver, en 
congruencia con el motivo alegado, si el tribunal sentenciador ha omitido la aplicación del 
principio de accesoriedad limitada al valorar ese aspecto y, con ello, ha generado una 
lesión susceptible de tutela en esta sede; pero no por contravenir el principio de igualdad 
en la aplicación de la ley (art. 14 CE), puesto que ni expresamente se invoca esta lesión 
en la demanda ni tampoco se ofrece un elemento de contraste (tertium comparationis), 
que permita cotejar el abandono selectivo de esa doctrina jurisprudencial consolidada, 
sino desde la perspectiva propia de la eventual vulneración del derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE.
Seguidamente, a fin de abordar la denuncia en toda su dimensión procede reflejar, 
siquiera sucintamente, el contenido de la denominada teoría de la accesoriedad limitada 
en materia de participación que ha sido reconocido por la jurisprudencia. Aun cuando es 
de fecha posterior a las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso, la 
STS  623/2020  de  la  Sala  de  lo  Penal,  de  19  de  noviembre,  FJ  3,  sistematiza 
detalladamente el contenido y alcance del consolidado principio de accesoriedad limitada  s
en la participación: oe.
pernin c«laiLp aijou i rmhisapp olrluretdgaeanndccioai a aq  usdeee r e cel ospntraisn idcSieparilaoad ,d oen c oao cmncoee csueonsraiiet adn aesdce etrsi eidanaregd ue cmno elnanc tdeaopdgtaum.a álD. tiEecl alo hm encaohy dooe,r ibtaaerq isaue eyrl    2021-1130n https://w
mobinsotárcitualroia, s sqinu e eemxbpalicrgaon,  lap acroap arreticcoipnaoccióenr  sqinu en encoe sidfaaltda nd e prreocpuurersirt aasl  pdroingcmipáioti cdaes   BOE-A-cable e
accesoriedad, argumentando que el partícipe realiza su propio injusto. Pese a todo, es 
cierto que esta Sala –en sintonía con la doctrina dominante–, ha convertido el principio 
de accesoriedad en uno de los fundamentos del castigo del partícipe y de este dato 
incuestionable hemos de partir para concluir la ausencia de la infracción legal que 
denuncia el recurrente. El principio de accesoriedad, pese a la sutil propuesta de la 
defensa del recurrente, no se explica por la relación entre el partícipe y el autor material, 
sino por la acción que uno y otro protagonizan. Para que pueda haber accesoriedad es 
indispensable que exista un hecho principal típicamente antijurídico. El que ese hecho de 
relevancia jurídico-penal pueda ser atribuido a una persona concreta o que aquella a la 
que  inicialmente  se  imputaba  resulte  absuelta,  en  nada  afecta  a  la  afirmación  de 
accesoriedad. Llevado el razonamiento de la defensa a sus últimas consecuencias, 
habríamos de aceptar que, en un supuesto, por ejemplo, de asesinato en el que hubieran 
resultado procesados el autor material y varios cooperadores necesarios, el fallecimiento 
del primero obligaría al sobreseimiento de la causa respecto de los restantes [...].
El artículo 28 del Código penal lo que exige, es que los intervinientes, ya sean los 
"considerados"  autores,  como  inductores  o  cooperadores  necesarios,  ya  sean  los 
cómplices, participen en la ejecución de un hecho. El que realiza el autor principal. Tal 
precepto  concibe  la  participación  conforme  a  la  denominada  accesoriedad  limitada. 
Basta la comisión de un hecho antijurídico, aunque su autor no sea culpable. Pero, 
doctrina  y  jurisprudencia  convienen  en  que  se  excluye  si  el  hecho  del  autor  está 
justificado. Es decir, no se admite que la participación esté condicionada, solo por una 
accesoriedad mínima [...]».
El órgano sentenciador concluyó que el recurrente no se limitó a participar en un 
delito de sedición ejecutado por un tropel de ciudadanos, pues estimó que su actuación 
encaja plenamente en la figura del coautor principal. En el juicio de autoría, que figura en 
el apartado C) 1 de la sentencia (ya sintetizado en los antecedentes de esta resolución), 
dicho órgano explicita las razones que le llevaron a colegir que el demandante es autor 
del delito de sedición, junto a otros condenados, amén del juicio singularizado que figura 
en el apartado C) 1.8. En esos apartados, se puso de relieve la creación o el incremento 
del riesgo que su conducta supuso para el bien jurídico protegido y la incidencia que tuvo 
en  relación  con  los  comportamientos  tumultuarios,  con  episodios  ocasionalmente 
violentos, que se produjeron. Esa actuación dio lugar a que fuera condenado al amparo 
de lo dispuesto en el art. 545.1 CP, precepto este que castiga a quienes «hubieren 
inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales 
autores».
Por su parte, en el auto resolutorio del incidente de nulidad se detallan los motivos 
por los que el demandante no fue considerado un mero partícipe de un delito cometido 
por otros autores; principalmente, porque su comportamiento se valora como el de un 
verdadero «promotor» del delito de sedición, al que se refería el art. 219 del anterior CP, 
lo que determinó que su obrar fuera catalogado como propio de un coautor principal que, 
conforme a ese rol, desempeñó su particular papel y, por ello, fue acreedor de la 
imputación recíproca de todo lo que hubieran realizado cualquiera de los coautores que 
actuaron bajo común acuerdo.
Por otro lado, la Sala defendió la inaplicación del referido principio de accesoriedad 
limitada en base a las consideraciones que le mereció la conducta de los ciudadanos 
que  participaron  en  la  votación,  el  día  1  de  octubre  de  2017,  y  concurrieron  a  la 
manifestación acaecida el 20 de septiembre anterior, en los términos que han sido 
reflejados. Ciertamente, no todos los intervinientes tuvieron un mismo comportamiento;  s
pero, como así se indica en la sentencia, las conductas de los individuos que participaron  oe.
en esos eventos son ajenas al juzgamiento del tribunal sentenciador, habida cuenta de  w.
iqpnuaderitv eiedsl u oaablcmjueestona tddeoe vrla apslor. erasPdeoanr t eeen pl lsoreo, dceelas  joua dqcicutuieaadl,c ópió ucnei rscm unnui slftucitreuitrdooi nnaa a rlcioaus s deaexd torese mseonos s e lat epcrrocotecaredososos   dnpeool r  qfluuaees    2021-1130n https://w
ddiem saendaic eiól np,r eense onttreo sr epcroucrseod idmei eanmtopsa.ro, ni consta tampoco que lo hayan sido, por delito  BOE-A-cable e
A la vista de lo expuesto, debemos convenir que el órgano de enjuiciamiento no ha 
vulnerado el derecho reconocido en el art. 25.1 CE por el motivo que le imputa el 
recurrente. El hecho de que la participación del demandante se considere como la propia 
de un autor en sentido estricto, con base en argumentos tales como que el delito de 
sedición  es  de  naturaleza  «plurisubjetiva»  y  de  «consumación  anticipada»;  que  el 
comportamiento de los condenados supuso un incremento del riesgo para el bien jurídico 
protegido; y que el demandante realizó, conforme a lo ideado de consuno, la aportación 
individual para la consecución de la finalidad delictiva (especialmente significativa en los 
incidentes ocurridos el 20 de septiembre de 2017, como se detalla en el apartado 9 del 
relato fáctico), de manera que a todos los autores les es imputable lo realizado por los 
otros, no son razones que quepa tildar de aberrantes, irrazonables o arbitrarias, sin que 
tampoco  se  aprecie  contrariedad  al  parámetro  de  razonabilidad  metodológica  y 
axiológica asentado por nuestra doctrina.
Por otro lado, que los terceros que participaron en los actos multitudinarios no hayan 
sido enjuiciados por los hechos que han dado lugar a la condena del demandante, no 
autoriza  a  colegir  que  actuaran  amparados  por  una  causa  de  justificación,  en  su 
acepción jurídico-penal; circunstancia esta que, de haberse apreciado respecto de los 
autores permitiría excluir la responsabilidad criminal de los partícipes, con fundamento 
en la teoría de la accesoriedad limitada. Sin embargo, como aquellos terceros no han 
estado sujetos a un procedimiento penal, cualquier valoración sobre la relevancia de su 
conducta en ese ámbito resulta improcedente, más aún en esta sede constitucional.
El hecho de que la actuación de la multitud de personas que, según se describe en el 
relato  fáctico  de  la  sentencia,  intervino  en  los  hechos  acaecidos  los  días  20  de 
septiembre y 1 de octubre de 2017, sí se haya valorado en su dimensión colectiva para 
apreciar el delito de sedición, no obsta la anterior conclusión. Como ya hemos advertido, 
el objeto de nuestro pronunciamiento respecto de este motivo no se proyecta sobre la 
problemática  que,  en  toda  su  extensión,  pueda  suscitar  el  concreto  grado  de 
participación que se atribuye al demandante. El alcance de nuestra respuesta es más 
limitado,  pues  se  circunscribe  a  dirimir  si  el  órgano  enjuiciador  ha  efectuado  una 
exclusión ad casum del principio de accesoriedad que resulte contraria al mandato del 
art. 25 CE. Y como ya se ha indicado, sobre ese concreto aspecto no se vislumbra que 
se haya producido la vulneración denunciada.
Finalmente, hemos de añadir que no le corresponde a este tribunal pronunciarse 
sobre si las respuestas dadas por el órgano judicial son las únicas que se ajustan a 
Derecho  o,  por  el  contrario,  es  posible  alumbrar  otros  planteamientos  igualmente 
plausibles o de mayor calidad, pues ello supondría adentrarse en una labor que queda 
extramuros de nuestro cometido. Ahora bien, de acuerdo con la función de control que 
nos compete, reiteramos que el tribunal sentenciador ofrece una argumentación que, de 
manera razonable, descarta que haya existido un abandono selectivo e interesado del 
principio de accesoriedad limitada en la participación, en el entendimiento de que no 
concurrieron los presupuestos para la aplicación de ese principio, al entender que el 
demandante, junto a otros encausados, fue coautor de los hechos.
12.4  Aplicación analógica del delito de sedición a los hechos enjuiciados.
12.4.1  Posiciones de las partes.
La  tercera  de  las  quejas  asociadas  al  principio  de  legalidad  en  materia  penal 
(art. 25.1 CE) concierne expresamente a la interpretación y aplicación judicial del tipo de  s
sedición (art. 544 CP), en el entendimiento de que el órgano judicial ha sobrepasado los  oe.
límites del referido artículo y ha hecho uso del instituto de la analogía in malam partem.  3ww.
qEduíla er e 1tpu rvdoieceh rooenc qt uulubegr eas er d edeli lr diginíead  ia2c 0ala d dolae b asoñero pd.t eieR mseusbbprseeu cdntoec iló d2ne0  s1leo7 s r cehofiemecroeh  otaas  nloatosc  aaqe ulcoeisd  soaesc  openrl oteddcíuaimj e2ireo0nn t doeesl    2021-1130n https://w
septiembre se aduce: (i) la falta de concreción de la sentencia sobre los hechos que
configuran  el  delito  de  sedición,  al  no  quedar  claro  si  solamente  se  tomó  en
consideración lo sucedido los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 o, por el 
contrario, se trata de un «alzamiento prolongado en el tiempo»; (ii) conforme al relato 
histórico  de  la  sentencia,  lo  que  realmente  se  desarrolló  fue  una  manifestación 
ciudadana de unas 40000 personas, en la que unos pocos participantes incurrieron en 
excesos, cuyo resultado se circunscribió a la causación de daños materiales. En esos 
incidentes, el demandante no tuvo ninguna responsabilidad, pues se limitó a convocar 
una concentración de carácter pacífico y, durante su desarrollo, acabó mostrando una 
actitud colaboradora con los agentes y desconvocó el acto cuando la comisión judicial 
alcanzó sus objetivos; (iii) la resolución judicial que debía ejecutarse en la sede del 
Departamento de Economía solo se vio dificultada por la actuación de los terceros, pero 
no se impidió que llegara a materializarse, que es lo que exige el tipo penal.
En relación con los hechos acaecidos el día 1 de octubre de 2017, la censura se 
contrae  a  los  siguientes  extremos:  (i)  el  relato  histórico  no  recoge  los  elementos 
necesarios para la apreciación del delito de sedición, toda vez que omite aspectos 
relativos a las características de los enfrentamientos y sus concretas consecuencias y, 
sobre  todo,  no  indica  quién  llevó  la  iniciativa  insurreccional,  pues  para  colmar  las 
exigencias del delito de sedición no basta la mera obstaculización, interposición física o 
los enfrentamientos con la policía; (ii) no cabe subsanar esas deficiencias apelando a los 
móviles perseguidos mediante la atribución de conductas ajenas al tipo penal; (iii) la 
voluntad  de  promover  la  inobservancia  de  los  mandatos  jurisdiccionales  tampoco 
satisface los requisitos del tipo subjetivo de sedición, que exige que el sujeto activo actúe 
por medio de una insurrección violenta o cuando menos tumultuaria; (iv) a la vista del 
relato de hechos probados, cabe afirmar que se ha aplicado analógicamente el antiguo 
tipo penal de convocatoria de referéndum regulado en el art. 506 bis CP, que fue 
derogado en el año 2005.
Para la abogacía del Estado no ha tenido lugar la aplicación analógica que se 
denuncia, toda vez que la subsunción de los hechos realizada por el órgano judicial se 
ha  verificado  de  manera  lógica  y  acorde  con  principios  interpretativos  válidos  y 
previsibles, sin contrariar el sentido literal del precepto aplicado. Afirma que existió un 
levantamiento multitudinario y generalizado, que fue proyectado de forma estratégica; 
que la autoridad del Poder Judicial fue sustituida por la voluntad de los convocantes y de 
quienes los secundaron; y que esa voluntad fue impuesta por la fuerza. Y en todos esos 
hechos, se destaca la participación relevante del promotor del amparo como responsable 
de la movilización de resistencia activa.
Para el partido político Vox, el órgano judicial no llevó a cabo una interpretación 
analógica in malam partem del delito de sedición, pues la subsunción realizada no fue 
ilógica ni irrazonable ni, por ende, pudo resultar imprevisible.
El fiscal considera que la subsunción de la conducta del recurrente en la norma penal 
es conforme con el derecho reconocido en el art. 25.1 CE, puesto que describen los 
actos y finalidad que configuran esa infracción penal y que la diferencian de otras 
infracciones  penales.  Rechaza  que  se  haya  producido  una  aplicación  extensiva  o 
analógica de la norma sancionadora, pues no se ha ido más allá del significado literal de 
los términos legales. Asimismo, los argumentos empleados son razonables y no incurren 
en quiebras lógicas o extravagancias jurídicas; y se ajustan a criterios interpretativos 
lógicos, sistemáticos y teleológicos, amén de acomodarse a las pautas metodológicas y 
axiológicas  que  impone  la  doctrina  constitucional,  siendo  destacable  la  toma  en 
consideración  de  las  alegaciones  relativas  a  los  derechos  fundamentales,  a  fin  de 
justificar el desborde y la trasgresión del ejercicio legítimo de tales derechos y constatar  s
la inexistencia del «efecto desaliento». oe.
E12n. 4e.l2 a paRretasdpou e4s.2ta.5 d edle ól raguaton or ejusdoilcuitaolr.io del incidente de nulidad, el tribunal ofrece la  2021-1130n https://w
sdiegluitioe ndtee  sreedsipciuóens:ta a la queja de la recurrente, relativa a la aplicación analógica del
«No existe en el caso de autos una aplicación analógica del delito de sedición a los 
hechos enjuiciados.
Como en el caso del señor Cuixart, partiendo del factum declarado probado –no de la 
versión  que  sobre  lo  ocurrido  continúa  sosteniendo  la  parte–  y  al  margen  de 
consideraciones relacionadas con la valoración de la prueba que, por definición, son 
ajenas a la posible vulneración del principio de legalidad, la subsunción jurídica respecto 
a la conducta imputada al señor Sànchez es lógica y acorde a criterios interpretativos 
válidos  [cfr.  punto  1.8  del  apartado  C)].  La  discrepancia  con  el  juicio  de  tipicidad 
proclamado por la Sala es tan legítima como insuficiente para justificar, por sí sola, la 
vulneración del principio de legalidad.
El juicio de autoría del señor Sànchez descansa, como declara la sentencia, "sobre 
su concertado papel con otros responsables públicos para organizar un referéndum que 
fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, para movilizar a la ciudadanía con el 
objeto  de  hacer  evidente  que  la  justicia  española  no  podía  ejecutar  sus  legítimas 
decisiones. Se apoya también en las movilizaciones ciudadanas que el día 1 de octubre 
impidieron con su oposición y fuera de las vías legales, que lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pudiera hacerse realidad".
En consecuencia, el señor Sànchez no ha sido condenado, como insiste su defensa, 
por convocar un referéndum ilegal».
Por  su  parte,  en  el  apartado  6.2.4  del  auto  mencionado  figura  el  siguiente 
razonamiento, dado en respuesta a la denuncia del señor Turull.
«Tampoco se ha producido una aplicación analógica del delito de sedición.
Como hemos destacado con anterioridad, la autoría del señor Turull "no se contrae a 
quien se suma a un alzamiento tumultuario con las finalidades previstas en el tipo penal, 
también se colma cuando se ponen las condiciones precisas para ese alzamiento. Lo 
verdaderamente relevante es oponerse de forma contumaz frente a la actuación de las 
autoridades o corporaciones que actúan en aplicación las leyes, para hacer posible la 
vigencia de las resoluciones administrativas o judiciales".
Resulta también pertinente, al hilo de las alegaciones formuladas sobre el derogado 
tipo  de  convocatoria  ilegal  de  referéndum  reiterar  la  siguiente  argumentación:  "la 
derogación de un delito no implica –no puede implicar– la voluntarista despenalización 
de  conductas  con  claro  encaje  en  otros  tipos  penales,  siempre  que  concurran  los 
elementos objetivos y subjetivos que dan vida al juicio de subsunción. La relación entre 
normas penales, de modo especial, el principio de subsidiariedad, impide lo que las 
defensas presentan como el efecto asociado a una despenalización muy concreta y de 
ámbito bien restringido, ceñida a los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código penal (cfr. 
Ley  Orgánica  2/2005,  de  22  de  junio).  Su  eficacia  derogatoria  solo  conlleva  la  no 
aplicación de un tipo penal previgente que imponía una pena de tres a cinco años de 
prisión a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum ilegal. Los 
hechos que esta Sala da por probados encierran algo más que el reproche por la 
convocatoria  de  un  referéndum  ilegal.  Se  trata,  como  venimos  reiterando,  de  una 
concertada voluntad de los miembros del Govern de la Generalitat para alumbrar una 
legalidad  paralela  que  sirviera  como  excusa  para  una  movilización  ciudadana  que 
exteriorizara la voluntad de promover la inobservancia de las leyes y obstaculizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales».
No  obstante,  dadas  las  particularidades  de  esta  queja,  en  diferentes  pasajes  s
posteriores se reflejará la contestación que el órgano judicial dio a las distintas censuras  oe.
dirigidas contra su proceder. 3ww.
12.4.3  Resolución de la queja. 2021-1130n https://w
elucAidl are, xepno nlae rm  reedsiduam iddea mloe pnotes iblloes  hteémrmosin doiss odceial dmo,o stiivgou ieqnudeo  aehl oprrao pnioo se sqcourermesap odned lae 
demanda, las consideraciones que se relacionan con los hechos que tuvieron lugar el 20
de septiembre de 2017, de aquellas otras atinentes a las circunstancias acontecidas el 
día 1 de octubre.
12.4.3.1  Aduce el demandante la falta de concreción de la sentencia sobre los 
hechos que configuran el delito de sedición, al no quedar claro si solamente se tomó en 
consideración lo sucedido los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 o, por el 
contrario, se trata de un «alzamiento prolongado en el tiempo». Al resolver sobre la 
alegada insuficiencia del relato histórico, en el apartado 3.2.2.3 A) del auto resolutorio del 
incidente de nulidad, el tribunal sentenciador razonó del siguiente modo:
«A)  La  defensa  del  señor  Forn  minimiza  lo  que  reconoce  que  ocurrió, 
considerándolo un mero enfrentamiento aislado y no significativo, dadas las dimensiones 
de la movilización, pero sin que se constaten agresiones o acometimientos masivos 
activos.
No habría habido así "alzamiento" en la simple interposición física de grupos de 
personas, que disuadían por su número a los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y que, a lo sumo, obstaculizaban y retrasaban la actuación de 
dichos agentes, sin impedirla definitivamente, cuando estos empleaban la fuerza. El 20 
de septiembre –se arguye– el objetivo de "impedir" la actuación judicial no sería lo 
perseguido por los concentrados, si por impedir se entiende realmente "imposibilitar" y no 
meramente "interferir o entorpecer" la cumplimentación de aquella resolución. Se valora 
que  el  tumulto  imputado  a  los  autores  no  pone  efectivamente  en  cuestión  el 
funcionamiento del estado democrático de Derecho. Califica de "sedición postmoderna", 
pero no típica, la movilización multitudinaria dirigida a demostrar la neutralización de la 
función constitucional atribuida a los jueces, la cual, llega a decir el penado en su 
incidente, haría del Estado una "víctima comunicativa" de su propia violencia.
No reiteraremos ahora el relato íntegro de hechos probados de la sentencia, sino 
solamente las líneas que resumen los presupuestos objetivos del tipo penal y delatan la 
artificiosa valoración que de lo ocurrido hace el incidente.
En efecto, el hecho probado, de contenido no cuestionado en ningún apartado de 
este incidente, proclama que el 20 de septiembre, las asociaciones dirigidas por los 
coacusados y penados señores Sànchez y Cuixart, sabiendo que se estaban ejecutando 
diversas  detenciones  dispuestas  para  garantizar  la  presencia  de  los  detenidos  en 
registros inmediatos por orden del juez de instrucción núm. 13 de Barcelona, convocaron 
y  lograron  concentrar  una  gran  multitud  de  ciudadanos  para  lo  que  denominaban 
eufemísticamente  "defensa"  de  las  instituciones  catalanas  y  se  motivaba  a  los 
convocados con la consigna de que, si esa convocatoria llegaba a ser multitudinaria, los 
que tenían encomendada la ejecución de la legitima orden judicial "no podrían con todos 
ellos".
Pues bien, el vaticinio de los penados se verificó casi en su totalidad. El hecho 
probado da cuenta de que los detenidos no pudieron presenciar los registros al hacer 
inviable su acceso al edificio en el que habían de realizarse. Se dificultó la extracción 
desde dicho edifico de los efectos incautados, hasta el punto de que la letrada de la 
administración de justicia hubo de abandonar el edifico horas más tarde, huyendo del 
lugar a escondidas y por lugar ajeno a la función de entrada y salida de personas.
También da cuenta el hecho probado de otros actos obstruccionistas llevados a cabo 
simultáneamente por ciudadanos concurrentes en número no escaso ese mismo día con 
ocasión del cumplimiento por funcionarios policiales y judiciales de sendas órdenes del 
ya citado Juzgado núm. 13 de Barcelona. Se impidió la salida de algún detenido durante  e
minutos, hubo que resguardar a una letrada de la administración de justicia en un coche  bo
camuflado y fue golpeado y zarandeado otro vehículo policial. 3w
de rYe ftearménbdiéunm r ecfolenjavo ecla hdeoc hpoa rpar oebl a1d od eq uoec tlau brreea, lizhaacbiíóan  sdideo a cptroosh idbeid avo ptaocri óenl , Tar imbuondaol   2021-1130n https://w
Corodnesntaitudcoi oimnaple, dyi rq quuee l ae sme aagcistotr asdea l ledveal sTer ibeufencatli vSaumpeenritoer  ad eca Jbuos.t iPcieas ed ea  Ceallota, lueñsae  dhíaab, íay 
ya desde el anterior, numerosos grupos de ciudadanos se apostaron –dice el hecho
probado–, tras la insistente convocatoria por los acusados, en los centros dedicados a 
colegio electoral. Y esos ciudadanos se enfrentaron a los agentes policiales en los casos 
en que acudieron para dar cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agentes que en numerosos casos desistieron 
de hacer cumplir aquellas órdenes judiciales ante la "obvia imposibilidad de vencer la 
resistencia de esos grupos de personas". Del enfrentamiento y resistencia se derivaron 
lesiones que en "numerosos casos" exigieron asistencia facultativa. Lo que esta Sala da 
por  probado  es  incompatible  con  la  repetida  descripción  de  una  actitud  ciudadana 
limitada a interponer pasivos sus cuerpos, sin actuación agresiva alguna contra los 
agentes policiales intervinientes.
El relato expuesto, incluso el admitido en la minimalista descripción de la defensa, 
evidencia la inviabilidad del esfuerzo argumental llamado a criticar la subsunción de tales 
hechos en el tipo penal de sedición. Es infundado el reproche de una distorsionadora 
ampliación de los supuestos del concepto típico de alzamiento tumultuario. Porque la 
sentencia conjura el riesgo de laxitud de lo tipificado añadiendo a la búsqueda de la 
finalidad típica el recurso a un medio típico restrictivo. En términos que aparecen en el 
relato de lo probado.
El programa delictivo de los penados preveía –como se proclama en el hecho 
probado  3–  la  estrategia  de  utilizar  a  multitudes  de  ciudadanos  para  "neutralizar 
cualquier manifestación de poder emanada de las autoridades judiciales y gubernativas 
del Estado". En definitiva, a la ilicitud de la finalidad perseguida por los autores se une el 
extravío del procedimiento diseñado como medio. Se decidió actuar con desafío del 
ordenamiento jurídico que fue declarado derogado, sustituido y suplantado por las Leyes 
de referéndum y desconexión 6 y 7 de septiembre de 2017. Y en la medida que para 
esto era un óbice lo que habían ordenado el Tribunal Constitucional y derivadamente los 
juzgados núm. 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llamaron 
a los ciudadanos a hacer imposible su cumplimiento. A esa actuación extraviada o fuera 
de cauce legal, se añadió un modo que implicaba el uso de "fuerza", entendiendo por tal 
el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el 
que la usa y no como pretendía el que la sufre. Con la extensión e intensidad que se 
estimaron necesarias. Criterio este el único que determinó los momentos y lugares de su 
empleo. Las defensas han pretendido equiparar lo que la sentencia califica como "abierta 
hostilidad", descrita en el hecho probado 9, y "enfrentamientos", de que da cuenta el 
hecho probado 12, con el modo de los comportamientos de mera resistencia pacífica, o 
no violencia activa.
Ello no diluiría la tipicidad de los comportamientos. Y no solamente por la diferencia 
entre los supuestos de abierta tiranía o injusto colonialismo que han estado presentes en 
los contextos históricos que legitimaron aquellos movimientos. Basta para esa conclusión 
reparar en el contenido de las leyes antidemocráticas y sedicentes aprobadas los días 6 
y 7 de septiembre de 2017, conforme al plan de los acusados como punto de partida. 
Puede ser suficiente considerar el estatuto político, social o económico que ha definido el 
entorno en que se han ejecutado los hechos o pensar, en fin, en la posición y los medios 
que a los autores del hecho concedía su integración en la estructura del Estado, cuyas 
leyes fueron derogadas y sus jueces abiertamente desobedecidos.
En  cualquier  caso,  para  satisfacer  las  exigencias  del  tipo  penal  de  sedición, 
acomodándonos al principio de legalidad, es suficiente el extravío –actuar fuera de las 
vías legales–, del procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos.
Tampoco es aceptable la miniaturización de la trascendencia de los hechos que, para  s
tratar de sustraerlos al alcance del tipo penal, se intenta por el incidente. Ni en la  oe.
interpretación del tipo la sentencia criminalizaría como sedición supuestos de actos  w.
iacgocnoleotcraatdirva oe sdn i mdeeel  nqscuiieóu ndh aeedmna nomoso sj duoizn gtaealndgtoua nnqodu oep  oaenlle  e inexctnrua cmvuípoel simdtieóieln np terool  cEdeesdt iamódiroed nedtnoee mss eogcjuruádidticiociao sl.e eNs ,ui  ncceau byeeal    2021-1130n https://w
ataque y consiguiente efectivo riesgo para el modo democrático de convivencia que se
quisieron dar todos los ciudadanos españoles, incluidos los de la comunidad en que se 
integran los movilizados.
Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos 
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
A la vista de lo relatado en los párrafos transcritos, constatamos que la respuesta 
judicial destaca de modo elocuente los aspectos en que se sustenta la apreciación del 
delito  de  sedición.  En  los  apartados  9  y  12  del  relato  de  hechos  probados  de  la 
sentencia,  se  pone  de  manifiesto  lo  que  el  tribunal  sentenciador  considera  actos 
configuradores del «alzamiento tumultuario» que exige el tipo penal, mientras que en 
apartados anteriores se detalla el desarrollo de la estrategia ideada por los acusados. 
Por tanto, la censura ahora analizada debe decaer pues, con un razonable grado de 
concreción, el órgano sentenciador ha fijado el soporte fáctico sobre el que fundamentar 
la existencia de la infracción penal y, ante la denuncia planteada en sede judicial, ha 
dispensado una respuesta acorde con las exigencias de motivación que nuestra doctrina 
requiere.
Se alega también que los hechos que tuvieron lugar el día 20 de septiembre de 2017 
no conforman el delito de sedición tipificado en el art. 544 CP. Básicamente dos son las 
razones en las que se sustenta este aserto: (i) por un lado, que fueron muy pocos los 
congregados que incurrieron en excesos que, a lo sumo, derivaron en daños materiales 
ocasionados, y que el demandante no fue responsable de los mismos (ii) y, por otra 
parte, que la actuación de aquellos dificultó la práctica de la diligencia judicial pero no 
impidió su cumplimiento, que es lo que exige el tipo para su consumación.
Coincidimos con el recurrente cuando afirma que no todos los que acudieron a las 
inmediaciones de la sede de Consellería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
(unas 40 000 personas) actuaron para impedir el desarrollo de la diligencia judicialmente 
acordada. Tampoco dice lo contrario la sentencia, puesto que en el apartado 9 del relato 
fáctico  no  se  afirma  que  la  totalidad  de  los  allí  reunidos  tratara  de  impedir  el 
cumplimiento de la resolución judicial (se relata que «coexistían gritos reivindicativos, 
contrarios a la presencia de la comisión judicial y actos lúdicos, algunos espontáneos, 
otros promovidos por los organizadores»). Sin embargo, en ese apartado sí se refleja 
con nitidez que esa movilización perturbó el normal desenvolvimiento de la diligencia 
judicial que debía ser realizada, hasta el extremo de que se impidió la introducción de los 
detenidos en el edificio a registrar, y de que la letrada de la administración de justicia 
solo pudo abandonar el lugar del registro «infiltrándola entre los espectadores que 
abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante al que hubo que acceder desde la 
azotea de los edificios», mientras que la fuerza actuante, (miembros de la Guardia Civil) 
«solo  pudieron  salir  cuando  la  manifestación  ya  se  hubo  disuelto,  haciéndolo 
concretamente en dos turnos, uno a las 04:00 de la madrugada del día 21 de septiembre 
y el otro a las 07:00 horas de esa misma fecha».
También queda reflejado en la sentencia cuál era el propósito perseguido con la 
convocatoria, así como el preeminente papel desempeñado por el demandante y el 
señor Cuixart, quienes claramente exteriorizaron la finalidad que perseguían, tanto al 
promover la movilización como al ejercitar funciones de dirección. Asimismo, en el relato 
histórico se describen los incidentes que se produjeron con ocasión de los registros en el 
domicilio de don José María Jové, en la sede del Departamento de Exteriores y en las 
naves sitas en la urbanización Can Barris, que también perturbaron y entorpecieron su  s
normal desarrollo. oe.
La secuencia de acontecimientos a que se ha hecho mención denota que, en contra  w.
dmpeoa snliobif leess,o tashcteeiómnniod sod  edp eop re irnesslo insdtaeirsm  eqanun ede alenlojte,e r,cq ieueler o dnmía uu cn2h 0od sed reed cesh eolpo tsfieu mnadlblaír mep ernenost aesln.o telEoss   tuspeveo rfl eimlucgtitaaamrra eunnn taea    2021-1130n https://w
pinadritvicidipuaors  enre uanliz aacroton  daec ptorso teidsótan.e Poesr op, acroan  imsupjeecdiiór n eal  lnoo nrmararal ddoe seenn lvao slveimntieennctoia , doet rolas   BOE-A-cable e
diligencia judicial, a los que el demandante denomina como «los muy pocos asistentes 
que incurrieron en excesos que a lo sumo derivaron en daños materiales»; aunque, 
como se explica en la sentencia, su comportamiento no solo produjo esos desperfectos. 
El tipo penal de sedición no requiere la implicación de un elevado número de alzados, ni 
que  estos  últimos  actúen  en  un  contexto  absolutamente  desvinculado  de 
manifestaciones o reuniones cuyo propósito sea reivindicativo o de protesta. Por ello, es 
perfectamente  posible  que  en  una  congregación  multitudinaria  algunos  de  los 
intervinientes lleven a cabo actos constitutivos del referido delito, que es lo que la Sala 
pone  de  manifiesto,  aunque  no  se  pueda  discriminar  quiénes  o  cuántos  de  los 
participantes actuaron de ese modo, lo cual resulta comprensible si se tienen en cuenta 
las circunstancias acontecidas.
En cualquier caso, en el apartado 9 del relato fáctico queda constancia de que el 
recurrente no se limitó a convocar a la población para una simple manifestación de 
protesta pacífica ante la sede de la Consejería de Vicepresidencia, Economía y Hacienda 
de la Generalitat. Según se recoge en el indicado relato, a través de su propia cuenta de 
Twitter y la de la organización que lideraba, en la convocatoria se comunicó el motivo por 
el que se incitaba a concurrir a dicho lugar (las detenciones practicadas por orden del 
Juzgado de Instrucción núm. 13 de Barcelona y el registro de las instalaciones de la 
Consejería)  y  se  exhortaba  a  la  ciudadanía  a  movilizarse  para  la  defensa  de  la 
instituciones catalanas y exigir la libertad de los detenidos. También se describe la 
conducta desarrollada por el demandante durante la multitudinaria reunión, caracterizada 
por su marcado carácter dirigente. Ese liderazgo sobre la muchedumbre también lo 
ejerció durante los incidentes que impidieron el desarrollo normal de la diligencia judicial, 
hasta el extremo de actuar como «interlocutor de la movilización ante los agentes 
policiales», a quienes llegó a imponer condiciones para el traslado de los detenidos. En 
suma, conforme a los hechos que la sentencia considera probados, la vinculación del 
recurrente con los disturbios a que se ha hecho mención resulta incuestionable.
El demandante también opone, respecto de la apreciación del delito de sedición, que 
aun cuando los excesos dificultaron la ejecución de la resolución judicial, sin embargo, 
no impidieron su cumplimiento, que es lo que requiere el art. 544 CP. Y ello, porque si 
bien  no  se  pudo  trasladar  a  los  detenidos  al  lugar  del  registro,  estos  renunciaron 
voluntariamente a estar presentes y, además, este requisito no es esencial para la 
validez de la diligencia (STS 463/2019). En apartado 4.5 del fundamento jurídico B) de la 
sentencia el órgano judicial concluye que la sedición ha sido concebida como un delito 
de «resultado cortado»:
«La consumación debe establecerse atendiendo a la naturaleza del tipo penal como 
de resultado cortado, en similares términos a los expuestos en relación con la rebelión. 
Lo que exige una funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, respecto 
de  la  obstaculización  del  cumplimiento  de  las  leyes  o  de  la  efectividad  de  las 
resoluciones adoptadas por la administración o el Poder Judicial.
El  impedimento  tipificado  no  tiene  pues  que  ser  logrado  efectivamente  por  los 
autores. Eso entraría ya en la fase de agotamiento, más allá de la consumación. Pero ni 
siquiera en cuanto a finalidad de los autores tiene que ser pretendido por todos ellos de 
manera absoluta. Basta que se busque obstruir o dificultar en términos tales que resulte 
funcional para el objetivo de disuadir de la persistencia en la aplicación de las leyes, en 
la  legítima  actuación  de  la  autoridad,  corporación  pública  o  funcionarios  para  el 
cumplimiento de sus resoluciones administrativas o judiciales. Porque esa pretensión 
disuasoria  implica  en  sí  misma  una  voluntad  de  impedir  definitivamente,  siquiera  e.
aplazada en el tiempo». w.b
que Phoar  ssiud op atrraten,s cernit oe le anp uanrt aadpoa rAta) d3o.2 a.2n.t3e rdioerl,  asuet op orneeso dluet orreiolie dveel  qinuceid leonst ed edtee nniduolisd ando,   2021-1130n https://w
pduilidgieenrocnia  pibreas ae nrceiaalriz laorss ere. gAisstirmoiss,m poo,r  ehna ceel rpsáer rinavfoia fbinlea ls due al ccciteasdoo  aalp eadrtifaicdioo  seen  aerlg quumee enstaa 
que: «Finalmente, la condición de la sedición como tipo penal de resultado cortado nos
lleva a atribuir funcionalidad objetiva, además de subjetivamente procurada, a los actos 
que lograron obstruir la efectividad de las órdenes emanadas del Tribunal Constitucional, 
del Juzgado núm. 13 de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Aun cuando el demandante alegue que los hechos acreditados no expresan que a la 
comisión judicial se le impidió desempeñar su cometido, ello no impide apreciar la 
consumación  del  delito  de  sedición,  pues  como  refiere  el  órgano  sentenciador,  la 
naturaleza  jurídica  de  esta  infracción  penal  –de  resultado  cortado–  no  exige  que 
efectivamente se logren las finalidades que refiere el art. 544 CP. Ciertamente, el tenor 
del precepto aplicado exige la concurrencia de ciertos elementos, tales como que se 
produzca un alzamiento público y tumultuario y que se proceda mediante fuerza o fuera 
de las vías legales; sin embargo, no se requiere la culminación de las finalidades que en 
el mismo se indican, entre ellas la de impedir el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales. Nótese que el tipo penal no emplea el vocablo «impidan» o «se impida» sino 
que utiliza el término «para impedir», al referirse a los fines que se deben perseguir. Por 
ello,  la  intelección  del  precepto  que  lleva  a  cabo  el  tribunal  sentenciador  no  debe 
considerarse contraria al derecho que garantiza el art. 25.1 CE.
12.4.3.2  El segundo bloque argumental concierne a los hechos ocurridos el día 1 
de octubre de 2017. En primer lugar, se reprocha la excesiva concisión del relato fáctico, 
por  no  explicar  en  qué  consistieron  los  enfrentamientos  y  cuáles  fueron  sus 
consecuencias,  más  allá  de  aludir  a  que  algunos  individuos  precisaron  asistencia 
facultativa.
Los extremos a que se refiere el recurrente figuran en el apartado 12 de los hechos 
declarados probados y, respecto del relato que allí se consigna cabe decir que, en 
efecto, los acontecimientos habidos se describen sucintamente y sin descender al detalle 
de ciertos aspectos, tales como la identificación de las personas y de los concretos 
lugares en que se produjeron los incidentes, así como las características particulares de 
cada uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar y las consecuencias que de ellos 
derivaron. Sin embargo, esa parquedad descriptiva no implica que se haya omitido la 
consignación de los datos imprescindibles para poder calificar los hechos como un delito 
de sedición. La sentencia de la que trae causa el presente recurso contempla la activa 
promoción  del  referéndum,  por  parte  del  demandante  y  otros  acusados,  y  del 
consiguiente llamamiento a la ciudadanía para que participara en la consulta. También 
refleja el contenido esencial del auto dictado por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 27 de septiembre de 2017, que ordenaba a 
las fuerzas policiales que llevaran a cabo una serie de actuaciones para impedir que la 
votación programada para el 1 de octubre de 2017 tuviera lugar. Asimismo, detalla el 
comportamiento desplegado por parte del señor Forn y de la señora Bassa, en relación 
con lo ordenado por la referida resolución judicial.
Tal y como se indica en el reiterado apartado, hubo dos escenarios diferenciados. En 
la  mayoría  de  los  casos,  «la  actuación  de  grupos  compactados  de  personas  que 
protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial de la 
que eran informados por los binomios de los Mossos comisionados», dio lugar a que 
estos  desistieran  de  cumplir  la  referida  orden,  ante  la  imposibilidad  de  vencer  la 
resistencia  de  esas  personas  agrupadas.  En  relación  con  la  intervención  de  los 
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se describe otra secuencia distinta: 
«[a]nte la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a la entrada de los 
centros, los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de 
la  fuerza  legalmente  prevista.  El  enfrentamiento  entre  ciudadanos  y  agentes  de  la  s
autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa».  oe.
Finalmente, se afirma que «a primeras horas de la tarde, dado que el uso de la fuerza  w.
pirneoiccdiibraíilae» r.odne veónrdire ndeess pyro psoer cvioienraodno ,i rrloesm eadgieanbtleesm ednet el af oPrzoalidcíoas  Naa cdioencalinl ayr  Gsuu aprdroiap óCsiivtoil   2021-1130n https://w
refleLjaons  aqcuoen, tdeecsimdeie netlo pso qdueer  pseú bnliacror aanu teonn óeml iincdoi csaed oh aabpíaar tpardoom doev idloos  lah eccehloesb rparcoióbna ddoesl   BOE-A-cable e
referéndum y facilitado que el mismo pudiera llevarse a cabo, con una participación, 
estimada por el entonces jefe policial de los Mossos d"Esquadra, de unos dos millones 
de  personas.  Así  pues,  teniendo  en  cuenta  los  acontecimientos  precedentes  y  la 
naturaleza del delito de sedición, cabe colegir que, pese a la brevedad de detalles que el 
relato  ofrece  respecto  de  los  enfrentamientos  producidos,  no  debe  apreciarse  la 
insuficiencia de los hechos probados que proclama el demandante. Y ello, porque el 
relato histórico consignado en la sentencia alcanza el umbral exigido para considerar 
adecuada, desde la perspectiva del art. 25.1 CE, la subsunción de los hechos en la 
norma penal de aplicación.
Además de la parquedad a que se refiere el demandante, este también reprocha que 
la sentencia no tome en consideración un factor de capital importancia; a saber, que 
quien «se alza debe llevar claramente la iniciativa insurreccional». Conforme a este 
postulado, lo que el recurrente califica como un mero enfrentamiento con la policía no 
puede  configurar  un  «alzamiento».  Este  alegato  debe  decaer,  pues  ignora  que  el 
escenario descrito en los hechos probados, dista de ser un simple enfrentamiento. La 
sentencia impugnada refleja que la multitud de personas a la que alude asumió un 
protagonismo  activo  para  que  la  votación  pudiera  llevarse  a  cabo  en  los  centros 
habilitados para ello; y ese protagonismo se exteriorizó de dos maneras diferentes: 
haciendo ostensible la inutilidad de emplear la fuerza para cumplimentar la orden judicial, 
ante el decidido empeño de persistir en el designio de no acatar lo ordenado; o bien 
mediante el enfrentamiento directo con los policías nacionales y guardias civiles.
Se indica en la demanda que la movilización ciudadana no tuvo el propósito de 
impedir la acción policial sino el de votar, cuyo llamamiento, a tal fin, data de la activación 
del mecanismo jurídico previsto en el art. 4.4 de la Ley catalana 19/2017. Por ello, el 
recurrente refiere que hay una evidente falta de conexión teleológica entre la conducta 
objetiva y la finalidad perseguida, porque ir a votar no encaja en el sentido literal del 
término «alzarse». En suma, el Tribunal Supremo contempla un alzamiento que «impide» 
cuando el tipo penal castiga alzarse para «impedir».
No se pone en cuestión lo afirmado por el demandante, cuando refiere que el 
propósito de los que participaron en la movilización ciudadana fue el de ejercer el 
sufragio, máxime si se tiene en cuenta que un número elevado de ciudadanos consiguió 
su objetivo. Sin embargo, vistos los factores concurrentes que el relato de hechos 
probados recoge, ese propósito se antoja perfectamente compatible con los fines del 
delito de sedición. Debe advertirse que para el tribunal sentenciador ese dato no ha sido 
el único elemento determinante de la apreciación de ese delito. Para dicho órgano, las 
decisiones del Tribunal Constitucional que privaron de soporte jurídico al desarrollo del 
denominado «referéndum», lo ordenado en la resolución dictada por el tribunal superior 
de justicia ya mencionado y el despliegue de las fuerzas policiales para garantizar el 
cumplimiento  del  mandato  judicial,  datos  estos  conocidos  por  el  demandante, 
constituyen un cúmulo de factores que convergen con la efectiva movilización ciudadana 
para votar, de manera que los enfrentamientos y actos de oposición a que se refiere la 
sentencia no resultan ajenos al «alzamiento público y tumultuario» y al empleo de fuerza 
o utilización de vías extralegales para, precisamente, impedir la eficacia de lo acordado 
por el Tribunal Constitucional y lo resuelto por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña.
Lo expuesto en este punto conduce a rechazar la queja del recurrente, referida a que 
la atipicidad de los hechos no puede remediarse con apelaciones a la ideología de los 
procesados o al intento de alumbrar una legalidad paralela. Esta alegación se sustenta  s
en una premisa rechazada por el órgano sentenciador, puesto que este estimó que los  oe.
incidentes surgidos con motivo de la votación son relevantes penalmente; y este tribunal  w.
reenfteieRrindedose ta aq  uqpeuo ere  salaob sco orhndesacirdh eoursna  cciúóolnntim seidose  aracasodprodesec t cocoo mnd eoen l ctmrooan nsddteitau ttoeiv sdoteesl   adarept.la  2rdt5ae.dl1ito oC,  Edce.o nscerdeitcaimóne,n eten,   2021-1130n https://w
creoanlvidoacda,t oterinad irlíeagna el ndcea rjeef eerné nedl udmer.o Sgaedgoú na rst.e 5 s0o6s tbieisn ed eel nC lóad digeom paenndaal , qeusete s apnreccioenpatob afu lea   BOE-A-cable e
configurado, como avala su génesis histórica, para sancionar casos como el presente; y 
su derogación, como se desprende de la exposición de motivos de la norma derogatoria, 
se produjo para evitar que tales hechos fueran criminalizados.
En el apartado 17.2 A) de la sentencia se aborda la temática relativa al «supuesto 
efecto exoneratorio de la derogación del delito de convocatoria de referéndum ilegal», 
que el tribunal sentenciador desechó:
«[L]o cierto es que el art. 506 bis del CP no preservaba otra cosa que el principio de 
competencia en el reparto de la potestad político/administrativa de convocatoria de un 
referéndum o consulta popular. Desde esa perspectiva, castigar la invasión competencial 
con una pena privativa de libertad de entre tres y seis años de prisión, puede resultar 
contrario  al  significado  mismo  de  un  derecho  penal  respetuoso  con  los  límites 
constitucionales.
Refuerza esta idea la referencia que el art. 506 bis hacía a "[…] consultas populares 
por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución". El 
precepto derogado, por tanto, no alteraba las reglas de solución del más que previsible 
concurso normativo cuando la vulneración de las modalidades de referéndum tuviera por 
objeto la derogación de la Constitución de 1978 y consiguiente abolición de la monarquía 
parlamentaria como forma de Estado.
En definitiva, los hechos enjuiciados son algo más que un conflicto competencial 
entre autoridades estatales –centrales y autonómicas– que pugnan por la competencia 
para organizar o prohibir una consulta popular. En el presente caso, de lo que se trataba 
era de hacer posible un referéndum que condujera, con la ayuda de la movilización 
ciudadana, a destruir las bases fijadas por el poder constituyente.
Encierra un auténtico sofisma la afirmación repetida por los procesados acerca de 
que la derogación del delito de referéndum ilegal, operada por la reforma penal de 2005, 
creaba  un  vacío  incriminatorio  que  convertía  en  lícita  la  destrucción  del  pacto 
constitucional, la derogación de la forma de Estado, la proclamación de una república y, 
entre  otros  efectos,  la  eliminación  de  la  garantía  de  inamovilidad  de  jueces  y 
magistrados. Y eso lo sabían quienes ahora alegan la licitud de su conducta, pues no 
hacía mucho esta Sala había condenado a un relevante político por no atender los 
mandatos del Tribunal Constitucional, jurista que luego asumió con rigor técnico la 
dirección letrada de varios acusados. La convocatoria de un referéndum, sin atender los 
requerimientos formulados por el Tribunal Constitucional advirtiendo de la ilegalidad de 
esa iniciativa, trascenderá siempre al derecho penal. Ya sea por la vía del castigo del 
delito de desobediencia (cfr. SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 177/2017, 22 de 
marzo),  ya  sea  por  títulos  jurídicos  más  graves,  en  función  del  medio  ejecutivo 
empleado, rebelión (art. 472 CP) o sedición (art. 544 CP)».
En el apartado 4.2.5 del auto resolutorio del incidente, transcrito en un apartado 
anterior  de  esta  resolución,  se  rechaza  que  el  demandante  fuera  condenado  por 
convocar  un  referéndum  ilegal.  Por  otro  lado,  al  analizar  las  consecuencias  de  la 
despenalización del delito convocatoria ilegal de referéndum, el órgano judicial respondió 
lo que a continuación se transcribe, tanto en el juicio singularizado de autoría que se 
formula respecto del señor Rull como en el apartado 6.2.4 del auto resolutorio del 
incidente de nulidad de actuaciones (que transcribe lo expuesto en el indicado juicio de 
autoría), en respuesta a la queja del recurrente sobre la aplicación analógica del delito de 
sedición:
«La  derogación  de  un  delito  no  implica  –no  puede  implicar–  la  voluntarista  oe.
despenalización de conductas con claro encaje en otros tipos penales, siempre que  3ww.
rlcoeo lnaqccuuióern ral aensn  ltordese  feneloenrmsmaeasns t poprsee snoeabnljeetasti,nv  odcseo  ymm sooud boej le etesivfpeoecsct oiqa ula,e se odl capinrai ndvcoidi paaio  a udl nejua i scduioeb ssdpiede iansruaieblizdsaaucdni,có inióm npm. idLueay    2021-1130n https://w
concreta y de ámbito bien restringido, ceñida a los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis del
Código penal (cfr. Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio). Su eficacia derogatoria solo
conlleva la no aplicación de un tipo penal previgente que imponía una pena de tres a 
cinco años de prisión a la autoridad o funcionario público que convocara un referéndum 
ilegal. Los hechos que esta Sala da por probados encierran algo más que el reproche 
por la convocatoria de un referéndum ilegal. Se trata, como venimos reiterando, de una 
concertada voluntad de los miembros del Govern de la Generalitat para alumbrar una 
legalidad  paralela  que  sirviera  como  excusa  para  una  movilización  ciudadana  que 
exteriorizara la voluntad de promover la inobservancia de las leyes y obstaculizar el 
cumplimiento de los mandatos judiciales».
Como se desprende de esta argumentación, la Sala descarta que, tras la derogación 
del referido precepto penal, los comportamientos enjuiciados no sean susceptibles de ser 
incardinados en norma alguna del texto punitivo. El argumento del demandante viene a 
reiterar una idea expuesta a lo largo del recurso de amparo: que los hechos acaecidos 
no son constitutivos de delito de sedición. Ahora bien, a mayor abundamiento sostiene 
que, de haber estado vigente el precepto anteriormente transcrito, sí habrían tenido 
encaje en la conducta allí descrita.
La  alegación  dada  por  el  recurrente  debe  rechazarse,  pues  ignora  importantes 
aspectos que se consignan en el relato histórico, a cuyo través el órgano enjuiciador ha 
apuntalado el delito de sedición. Pero, en cualquier caso, debemos proclamar que las 
explicaciones dadas por el referido órgano para descartar la queja del demandante se 
ajustan plenamente al canon de razonabilidad asentado por la doctrina constitucional. 
Debe advertirse que el otrora vigente precepto se limitaba a sancionar «a la autoridad o 
funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones 
para ello, convocare o autorizare la convocatoria [...] de consultas populares por vía de 
referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución». Si bien 
parece  razonable  colegir  que  la  actuación  llevada  a  cabo  desde  el  poder  público 
autonómico para convocar la consulta del día 1 de octubre de 2017 tendría acomodo en 
el referido precepto, lo cierto es que el órgano de enjuiciamiento consideró acreditada la 
concurrencia de factores adicionales que exceden del ámbito del derogado art. 506 bis 
CP y que, sin embargo, se acomodan a la descripción típica que ofrece el art. 544 CP: el 
alumbramiento de una legalidad paralela y la promoción de una movilización ciudadana 
para  provocar  la  inobservancia  de  las  leyes  y  obstaculizar  el  cumplimiento  de  los 
mandatos judiciales.
12.5  Sobre la proporcionalidad de la pena y la afectación a los derechos a las 
libertades de expresión e ideológica y al derecho de reunión.
Resta por resolver un último motivo que, en relación con el derecho reconocido en el 
art. 25.1 CE, se formula en la demanda de amparo. Aunque la queja se articula bajo el 
enunciado  de  una  única  vulneración,  lo  cierto  es  que  presenta  dos  aspectos 
diferenciados que, pese a estar relacionados entre sí, justifican un tratamiento separado.
12.5.1  Proporcionalidad de la pena privativa de libertad.
12.5.1.1  Posiciones de las partes.
La primera vertiente se asocia a la afectación del principio de legalidad en materia 
penal, dado lo desproporcionado de la pena privativa de libertad. Según se señala en la 
demanda, la pena impuesta al recurrente contraviene la doctrina de este tribunal sobre la 
exigencia de proporcionalidad (STC 136/1999) y también resulta contraria al mandato del  es
art. 49 CDFUE. No cuestiona el recurrente la necesidad de tutelar el orden público a  o
través del Derecho penal, pero siempre que dicho orden se vea gravemente perturbado.  3w
psaSuúrempbgelaúicrsnao,  n inq sdueloie cs ha na,o dne i ehniza me  slpa upuñpreoeussset eosdn toetae   d plcaoarñsiss ooióas  nc«pu»ces,a rabspdeoeo nnosaab lessps ee renrvesaatlsera  vscga órnqmatuveoeís s p iymso erea  nusp  nlrdaaee  vpq éeupnrert i usnprióoban arsa ce iqó iuennes frd gaerrcailm cyoiaiorendnr eoeonns     OE-A-2021-1130able en https://w
sumamente graves como el homicidio, delitos agravados de agresión sexual o las formas
más graves de privación de libertad ajena. Y añade que la pena impuesta excede con 
creces de la prevista para el delito de desórdenes públicos, incluso para el supuesto en 
que se esgriman armas (art. 557 bis).
También aduce que el órgano enjuiciador no tuvo en cuenta que la diligencia judicial 
pudo culminarse, finalmente, sin que nadie resultara lesionado (en referencia a los 
hechos acaecidos el día 20 de septiembre de 2017); y a su vez, pone de relieve que el 
día 1 de octubre de 2017, los efectivos policiales lograron impedir que se realizaran las 
votaciones  en  numerosos  centros.  Estas  circunstancias,  según  afirma,  al  menos 
deberían haber dado lugar a la aplicación de la forma imperfecta o de menor gravedad 
prevista en el art. 547 CP.
Para el partido político Vox no cabe apreciar la desproporción que se invoca, pues el 
orden  público  alterado  se  pretendió  preservar  con  la  sentencia  condenatoria;  y  la 
alteración de ese orden afecta a la unidad política y territorial de la Nación española, por 
lo que una pena inferior a la impuesta no hubiera sido lo suficientemente desmotivadora 
para evitar que se reiteren las mismas conductas.
El fiscal sostiene que el recurrente no efectúa ni desarrolla alegaciones de contenido 
sobre la opción del legislador de fijar la pena entre ocho y diez años para los sujetos 
mencionados en el art. 545.1 CP, lo que exime de mayor argumentación. Descarta 
también que al recurrente se le haya impuesto una pena desproporcionada, pues la 
aplicación judicial de la norma penal se acomoda a la entidad y gravedad, tanto de los 
hechos como a la responsabilidad personal en ellos del demandante.
Por consiguiente, la inaplicación del art. 547 CP y o el hecho de no rebajar, uno o dos 
grados, la pena finalmente impuesta no puede decirse que respondan a un ejercicio de 
derroche  de  coacción  penal  de  carácter  innecesario  desproporcionado,  sino  que 
simplemente se acomodan a la entidad y gravedad tanto de los hechos, como de la 
responsabilidad personal en ellos del demandante y del entorpecimiento de la autoridad 
pública ocasionado en el caso concreto.
12.5.1.2  Respuesta del órgano judicial.
En el apartado 4.2.5 del auto resolutorio del incidente de nulidad, la Sala respondió 
de este modo, respecto de la queja de desproporcionalidad de las penas impuestas: 
«[p]or último, la posible vulneración del principio de proporcionalidad también ha de ser 
desestimada».
En el apartado 2.6 de la referida resolución se argumenta más extensamente sobre 
este aspecto, al resolver el incidente de nulidad planteado por el señor Cuixart:
«La resolución dictada por esta Sala no vulnera el principio de proporcionalidad de 
las penas.
Decíamos en la sentencia cuya nulidad se insta que la concreta gravedad del delito 
de sedición "radica en su especificidad típica respecto de los otros tipos de la rúbrica". 
Esta especificidad implica que los autores han de poner efectivamente en cuestión el 
funcionamiento del Estado democrático de Derecho.
Nuestra sentencia no sanciona el mero hecho de la manifestación o de la protesta 
expresada. Lo que implica la gravedad que justifica la sanción penal proporcionada es 
que, a través de las convocatorias enjuiciadas, se propició un levantamiento, en plena 
coordinación  con  las  autoridades  autonómicas,  que  dificultaba  o  hacía  ineficaces 
resoluciones  judiciales,  implementaba  una  normativa  autonómica  anticonstitucional 
adoptada –pero ya suspendida– y lograba que el referéndum ilícito se celebrara a pesar  s
de la prohibición judicial. Se daba así paso al desplazamiento del orden constitucional, al  oe.
menos de manera formal. Se procuraba que el mismo sirviera de sustento previsto en la  3ww.
CGanaottviadeleurnmñ,a o,ct rsraái stbi cieaen l n soaurpsmopayeo np dadirdeaal  q sPueeag,ru lcanomdnoe san btd,s eodslpeuuctaléa sdr.ae Trsaale l affoultream dlaa c lmoosnetsentntitesu icblialoe n gainrl,da eveepl depanredds edidneecl inailtí  cdditeoel    2021-1130n https://w
cometido,  que  el  mando  jerárquicamente  superior  de  Mossos  d"Esquadra  llegó  a
manifestar en el juicio oral que tenía preparado un operativo específico para la previsible
detención del president que, consciente de las consecuencias de su actuación, huyó al 
extranjero, lo que sin duda es muestra de la previsibilidad de la reacción penal.
El ejercicio de ponderación para establecer el canon de proporcionalidad entre los 
hechos y las restricciones que la sentencia penal supone para los derechos de reunión y 
expresión ha de partir de esa premisa. Y pasa por los particulares que a continuación se 
expresan.
La finalidad de las convocatorias que dieron lugar a la masiva concurrencia del 20 de 
septiembre era obstaculizar una resolución judicial, la realización de un registro dirigido a 
conjurar las actividades preparatorias de un referéndum declarado ilegal. La actuación 
fue tan intensa y amedrentadora durante el registro y en actuaciones policiales previas 
de  conducción  de  detenidos  para  su  presencia  en  el  mismo,  que  se  impidió 
efectivamente  su  normal  desarrollo  y  la  disponibilidad  de  los  efectos  intervenidos, 
causando pánico en la letrada de la administración de justicia, hasta el punto de que 
hubo de llevarse a cabo una forzada evacuación de la misma.
El dominio de los convocantes sobre los miles de manifestantes allí reunidos era de 
tal naturaleza que, pese a su ilícita finalidad, los responsables de orden público, al 
tiempo  que  renunciaron  a  cualquier  intervención  que  posibilitara  el  normal 
desenvolvimiento del registro (como que pudieran acceder a los despachos registrados 
los titulares de los mismos), renunciaron al control del orden público y lo delegaron en 
uno de los convocantes, por indicación expresa del consejero señor Forn.
La  otra  convocatoria  para  la  fecha  del  1  de  octubre  por  parte  de  diversas 
organizaciones,  de  muy  diferente  impronta  e  implicación,  originó  un  levantamiento 
llevado a cabo en modo tumultuario, desplegado por todo el territorio de Cataluña. Tuvo 
por finalidad ocupar los edificios –en su gran mayoría públicos– previstos como colegios 
electorales, evitando que pudiera frenarse la celebración del ilegal referéndum, como 
había sido judicialmente ordenado, en consonancia con las múltiples resoluciones del 
Tribunal Constitucional. La celebración del referéndum fue acordada por el Govern, en el 
que se integraban los coacusados, como paso previo a la declaración de una república 
catalana independiente, reforzando el llamamiento con propaganda del mismo, cuyo 
gasto,  así  como  del  resto  de  los  preparativos  ocultaron.  Y  de  forma  individual 
parlamentarios e integrantes del mismo, lo apoyaron.
Por ende, se trataba de una conducta de máxima gravedad contra el orden público, 
pero que también afectaba al orden constitucional. Aunque la intención exclusivamente 
fuera, por este medio coactivo, lograr forzadas concesiones del Gobierno y autoridades 
estatales, en ese camino continuamente explicitado hacia la independencia.
La efectividad de la convocatoria de la población, y correlativo incremento de la 
gravedad del plan de los acusados, se garantizaba por parte de las asociaciones civiles 
OC y ANC a cuyos llamamientos acudían decenas o centenares de miles de personas, 
según la ocasión. Y por la sintonía concordada con el Parlament y el propio Govern que, 
con absoluta deslealtad democrática, abandonó la tutela del orden público y contravino la 
legalidad constitucional.
La entidad antijurídica de la conducta de los penados, que desbordó el cauce de los 
derechos de reunión y manifestación, se realza por la deslealtad institucional entre 
entidades autonómicas y el Estado, con hostilidad frente a las instituciones del Estado, 
especialmente frente al Tribunal Constitucional.
Cada Estado tipifica, en función de su historia, los atentados que cuestionan su 
propia preservación. Los supuestos de traición en España, a diferencia de múltiples 
ejemplos de Derecho comparado, solo contemplan penas de muy grave entidad en  s
conductas  relacionadas  con  la  guerra.  Pero  deviene  especialmente  sensible  a  las  oe.
asonadas  y  alzamientos  que  han  quebrado  su  orden  constitucional,  de  rara  w.
fcinuodnnicctieaomdnoap,ml aiceimiónnpto lie cdnae  ol turEonss t apedafeoísc etdisve.om  Doecc uraáehtsiíct ilooa nsd apeme niDeanestr oed cehdl ode.e  Dliltaeo   dapehr iísm etaadcmicíabió iéndn qe uq eul,ae c  oelmeny o u hnye  mpadoíessl    2021-1130n https://w
vlae cuisnuor psaec cióans tdigeu seo abúenra dneía f,o srimn am másá sa dsietavmerean etol sin.tento de secesión mediante el abuso o  BOE-A-cable e
Es cierto que los hechos no alcanzaron la funcionalidad requerida para hacer efectiva 
la independencia de Cataluña y constituirla en un emergente nuevo Estado separado de 
España. Pero ello no resta gravedad a los hechos probados que dan fundamento a la 
condena  impuesta  en  la  sentencia  cuya  nulidad  se  postula.  Fue  necesario,  tras  la 
iniciativa del Gobierno y aprobación del Senado, aplicar una singular medida de muy 
especial trascendencia política y social. Una medida prevista en el artículo 155 de la 
Constitución  Española,  cuya  redacción  presenta  semejanzas  con  el  art.  37  de  la 
Constitución Alemana. De la excepcionalidad de aquella medida habla el hecho de que 
implique una fórmula inédita en treinta y nueve años de vigencia de nuestro sistema 
democrático. Y que ese instrumento en nada haya impedido que los acusados persistan 
en sostener la legitimidad de su conducta, justificada por un abstracto "mandato del 
pueblo", que habrían obtenido a través del resultado del ilícito referéndum. Se invocan 
así las antidemocráticas normas de transitoriedad y referéndum, que se exponen en la 
declaración de hechos probados de nuestra sentencia. La invalidez de tales normas y su 
lastrada eficacia no han impedido una, cuando menos, aparente implementación de las 
mismas. Hasta el punto de haber sido determinante de que no se condenara ni se 
siguiera juicio contra los reunidos manifestantes a quienes por los acusados se les 
presentaba el levantamiento como consecuencia de la "legalidad" que derivaba de sus 
instituciones autonómicas».
12.5.1.3  Resolución de la queja.
Al exponer los aspectos más relevantes de nuestra doctrina en relación con el 
derecho reconocido en el art. 25.1 CE, reprodujimos en su literalidad los fragmentos del 
fundamento jurídico 23 de la STC 136/1999, de 20 de julio, en el que se refleja el canon 
para valorar la proporcionalidad de las penas. De suerte que, para calificar una pena 
como desproporcionada desde el prisma constitucional debe apreciarse un desequilibrio 
manifiesto y no justificable entre la sanción impuesta y la finalidad de la norma punitiva, 
desequilibrio que deberá ponderarse a partir de «pautas axiológicas constitucionalmente 
indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa». Ahora bien, tal y como 
se reconoce en la sentencia objeto de cita, el juicio que en esta sede de amparo cabe 
formular ha de ser necesariamente prudente, sin adentrarse en apartados ajenos a 
nuestra jurisdicción, tales como la oportunidad, conveniencia o las posibles alternativas 
de mayor calidad, pues no cabe perder de vista «el amplio margen de libertad de 
configuración de delitos y penas que corresponde al legislador democrático a la hora de 
la plasmación normativa de la política criminal» (STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 3).
Para responder adecuadamente a la queja suscitada por el demandante debemos 
partir del dato de que fue condenado como autor de un delito de sedición de los arts. 544 
y 545.1 CP, primer inciso, y le fueron impuestas las penas de nueve años de prisión e 
inhabilitación absoluta, las cuales están comprendidas dentro de la horquilla que el 
indicado art. 545.1 establece, concretamente de ocho a diez años de duración. En un 
motivo anterior, el recurrente reprocha que la sentencia le impusiera las penas indicadas, 
en vez del mínimo de ocho años. Respecto de esta censura, nos remitimos a lo ya 
argumentado al resolver tal motivo, por lo que en este apartado nos limitaremos a 
abordar  la  temática  de  la  proporcionalidad  en  función  de  las  quejas  a  las  que 
resumidamente se ha hecho mención.
El demandante también sustenta su denuncia en lo que considera debe ser el 
principal parámetro para calibrar la proporcionalidad de las penas: la intensidad de la 
afectación del orden público. Teniendo en cuenta este enfoque, afirma que el día 20 de  e
septiembre de 2017 nadie resultó lesionado, que tampoco se esgrimieron armas y que,  bo
finalmente, la diligencia judicial se llevó a cabo; mientras que, respecto del día 1 de  3w
oimcptuidbireer odne  2q0u1e7 ,s ese ñeafelac tquuaera ne n lansu mveortoascoiosn ceosl,e gdioasn deol ecctuomraplelism ileonst oa gean tleos  oprodleicniaaldeos   2021-1130n https://w
judicTiaamlmpeonctoe .cabe estimar la lesión que el demandante aduce con base en el principal
parámetro que este emplea para calibrar la proporcionalidad: que no se produjo una
grave afectación del orden público, porque el día 20 de septiembre de 2017 nadie resultó 
lesionado, tampoco se esgrimieron armas y, finalmente, la diligencia judicial se llevó a 
cabo; mientras que el día 1 de octubre de 2017, en numerosos colegios electorales los 
efectivos  policiales  impidieron  que  se  efectuaran  las  votaciones,  dando  efectivo 
cumplimiento  a  lo  ordenado  judicialmente.  Ninguna  de  las  circunstancias  referidas 
justifica la desproporción punitiva que se denuncia, pues no se aprecia el desequilibrio 
manifiesto y no justificable entre la sanción impuesta y la finalidad de la norma punitiva a 
que anteriormente se ha hecho referencia. El delito de sedición no prevé, en el tipo 
básico o en su modalidad agravada, la causación de lesiones o el empleo de armas; de 
manera que la ausencia de estas circunstancias no impide apreciar la comisión del 
referido delito. Por otro lado, no cabe desconocer que esa infracción penal ha sido 
catalogada por el órgano enjuiciador como un delito de «resultado cortado» o «de 
consumación anticipada», por lo que el alegato referido a que la diligencia judicial 
finalmente se llevó a cabo o que se llegó a impedir la votación en muchos centros, 
carece de relevancia a los efectos que ahora interesan.
También refutamos que la entidad de la perturbación del orden público deba ser el 
único factor a tener en cuenta. Este aserto ignora que, aun cuando el tipo se incardina 
dentro del apartado «de los delitos contra el orden público», de hecho, es la infracción 
más gravemente penada dentro de esa categoría, y que el empleo de términos tales 
como se «alcen», «tumultuariamente» y «empleen fuerza» revelan la alteración de ese 
orden en su concepción tradicional. El propósito perseguido por los autores resulta de 
capital importancia para la apreciación de la sedición, de suerte que una grave alteración 
del orden público que no persiga ninguna de las finalidades descritas en el art. 544 CP 
no podría engendrar esa modalidad delictiva. Así pues, siendo un aspecto determinante 
del delito de sedición el designio perseguido por los autores, identificar el grado de 
afectación  del  orden  público  como  único  factor  a  tener  en  cuenta  para  calibrar  la 
proporcionalidad de la respuesta penal, supone desconocer la estructura típica de esa 
infracción penal.
En lo referente a la inaplicación de una forma imperfecta de ejecución o de lo 
dispuesto en el art. 547 CP al caso debemos afirmar que esa cuestión trasciende del 
ámbito de debate en el que nos hallamos, pues lo que en realidad se reitera es la 
indebida subsunción de los hechos en la norma penal. Sin embargo, como ya pusimos 
de relieve al compendiar nuestra doctrina sobre esta cuestión, no compete a este tribunal 
sustituir a los órganos judiciales en el ejercicio de la función de subsumir los hechos en 
las normas, pues ese cometido corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales 
ordinarios, conforme a lo establecido en el art. 117.3 CE. Ello implica que, en esta sede, 
no  procede  auspiciar  alternativas  interpretativas  a  la  sustentada  por  el  tribunal 
sentenciador, incluso si se considerasen más adecuadas o de mayor fuste. Hemos de 
limitarnos, pues, a verificar un juicio externo sobre la compatibilidad de la interpretación 
realizada con el tenor literal de la norma y sobre su razonabilidad metodológica y 
axiológica. Y sobre esos aspectos, este tribunal ya se ha pronunciado. Y este tribunal 
considera que la labor de subsunción de los hechos en la norma penal aplicada se ajusta 
al canon expuesto.
12.5.2  La afectación de otros derechos fundamentales por falta de proporcionalidad 
de las penas.
12.5.2.1  Posiciones de las partes.
La segunda vertiente de la denuncia se centra en la individualización de las penas, al  oe.
afirmar el demandante que no se tuvo en cuenta «que el delito por el que el recurrente  3ww.
hcyiaau  dsaqidduoae n cooinsn cdqleuunseao d soee  lsa elzt rapibrrooundn uasjloe   seeennn cutoennn tccroaianbdtaeonxr  teohj edare c ieerenjecdroocni cotaicolie ddsoe ,d  deiermerepcchlíhcooistsa,  mefunen ndlatae m,m eeqndutiaedl ae sleo»ns,    2021-1130n https://w
que ninguno de ellos ha sido acusado por movilizarse, como reitera varias veces la
sentencia. Esta circunstancia debió dar lugar, cuando menos, a una «muy importante
atenuación  punitiva  que  pudo  vehicularse  perfectamente  a  través  del  art.  20.7  CP, 
alegado por la defensa como eximente en el acto del juicio y cuya apreciación como 
eximente  incompleta  habría  permitido  imponer  penas  muy  alejadas  de  los  castigos 
absolutamente desproporcionados que se han acabado imponiendo». Sin embargo, al 
imponerse  penas  tan  severas,  la  desproporción  punitiva  ha  originado  un  efecto 
desalentador del ejercicio de derechos fundamentales, sin que los posibles móviles 
políticos del demandante deban ser tenidos en cuenta, por ser completamente ajenos a 
la sedición, que es un delito contra el orden público.
Añade  que  el  auto  resolutorio  del  incidente  agrava  con  su  fundamentación  la 
vulneración denunciada, por sus constantes valoraciones sobre la ideología política de 
los  procesados,  dato  este  completamente  ajeno  al  delito  de  sedición,  y  porque  el 
ejercicio de derechos como la libertad ideológica, de reunión y manifestación «pasa a 
convertirse en una circunstancia agravante de la responsabilidad penal». Finalmente, 
insiste en que las penas impuestas son manifiestamente desproporcionadas, pues como 
sostiene algún autor imponen a «los organizadores de reuniones pacíficas –aun cuando 
ilegales– para la expresión de votos, opiniones o sentimientos políticos, sanciones de 
una severidad equivalente a las que el Código penal prevé para graves delitos contra la 
vida y la integridad física».
Niega la abogacía del Estado que se hayan conculcado los derechos fundamentales 
que alude el demandante. Su responsabilidad penal no trae causa de difundir opiniones 
y doctrinas contrarias a la Constitución ni por propugnar la superación del marco político 
actual. Lo que es objeto de reproche penal es haber participado en la elaboración de 
leyes  en  abierta  y  contumaz  desatención  de  los  requerimientos  del  Tribunal 
Constitucional, definir una legalidad paralela de corte constituyente y movilizar a una 
multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones legítimas de la 
autoridad  judicial,  celebrando  un  referéndum  declarado  ilegal  por  el  Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esta conducta no se ve 
amparada por ninguno de los derechos que se citan en la demanda.
Añade que la movilización alentada, a fin de que se produjera la votación prohibida 
desborda  los  lindes  del  ejercicio  legítimo  del  derecho  de  reunión,  por  lo  que  esa 
conducta no puede quedar amparada por el art. 20.7 CP. Finalmente, concluye que lo 
que se produjo fue un levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma 
estratégica, por lo que no es posible eludir la tipicidad de la sedición.
Para el fiscal, la sentencia se acomoda a las exigencias constitucionales que se 
imponen para aquellos casos en que se plantea el ejercicio de un derecho fundamental 
como causa de justificación, tanto en esa resolución como en auto que dilucida sobre el 
incidente de nulidad de actuaciones. Y ello, porque se examina la conexión de los 
comportamientos enjuiciados con el contenido de aquellos derechos fundamentales; se 
descarta que puedan encajar en un ejercicio legítimo de los mismos; se determina y 
precisa la existencia y razón de la gravedad cuantitativa y cualitativa de la extralimitación 
que sobrepasa lo amparado por el referido derecho; y una vez apreciada la intensidad de 
la  ilegitimidad  de  la  conducta  y  los  principios,  valores  y  bienes  constitucionales 
violentados, se justifica la procedencia de la respuesta penal. Y en tales términos, el 
efecto desaliento queda descartado.
12.5.2.2  Respuesta del órgano judicial.
El apartado 17.5 del fundamento A) de la sentencia da respuesta al alegato de actuar 
en  ejercicio  legítimo  de  derechos  constitucionales  como  causa  excluyente  de  la  e
antijuridicidad. Así, señala: bo
«L1a7 i.n5f.r1a ccDióenr edcehlo d ae rlae clihboe rata dla d leib eexrtparde sdióen .expresión –a juicio de las defensas– se  2021-1130n https://w
dhealb rdíais cguernseor apdoolí tdiceos dpea rlaa  fpuenrdsapmecetnivtaa ra usnuam icdoan pdoern ala sp eancauls. aEcsioan eress dtreic cciróimn innaol izpauceiódne   BOE-A-cable e
incardinarse –se aduce– en ninguna de las habilitaciones previstas por el Convenio y por 
lo tanto supone una vulneración y un grave atentado al derecho fundamental a la libertad 
de expresión del art. 10 CEDH y concordantes.
La Sala discrepa de esta afirmación.
No se ha producido en este caso un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 
expresión ni existe, desde luego, vulneración de ese derecho. Ninguno de los actos 
imputados y que ahora han sido declarados probados queda comprendido –y, por tanto, 
justificado– en el contenido material del derecho a la libertad de expresión.
[...]
A la vista de este desarrollo jurisprudencial del derecho a la libertad de expresión, 
recogido en los arts. 20.1 de la CE y 10 del CEDH, está fuera de dudas que los hechos 
que se declaran probados no implican la negación de la capacidad de los acusados para 
expresar libremente sus ideas. No se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias 
al  actual  estatus  constitucional.  Tampoco  por  propugnar  una  superación  del  marco 
político  vigente.  La  libertad  de  los  acusados,  en  este  punto,  permanece  incólume. 
Nuestro sistema no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante 
una de sus señas de identidad (cfr. SSTC 48/2003, 136/1999, 159/1986). Las mismas 
ideas  que  han  defendido  los  acusados  les  han  permitido  concurrir  a  elecciones 
legislativas.  Esas  ideas  secesionistas  son  las  que  siguen  dando  vida  al  Gobierno 
autonómico de Cataluña. Su legitimidad no se cuestiona. Lo que es objeto de reproche 
penal –y así lo hemos declarado probado– es haber pulverizado el pacto constitucional, y 
hacerlo mediante la aprobación de leyes en abierta y contumaz desatención a los 
requerimientos del Tribunal Constitucional. Lo que se sanciona, en fin, no es opinar o 
defender una opción rupturista, sino definir una legalidad paralela de corte constituyente 
y movilizar a una multitud de ciudadanos para oponerse a la ejecución de las decisiones 
legítimas de la autoridad judicial, celebrando un referéndum declarado ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyo resultado era 
la condición necesaria para la entrada vigor de la ley de transitoriedad, que implicaba la 
definitiva ruptura con la estructura del Estado.
El apartado 2 del art. 10 del CEDH considera restricciones legítimas a la libertad de 
expresión aquellas que sean "[…] medidas necesarias, en una sociedad democrática […] 
para la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención 
del delito". La simple lectura de este precepto ya pone de relieve la validez democrática 
de restricciones encaminadas a preservar otros fines constitucionalmente legítimos. Y si 
bien insistimos en la no afectación del contenido material del derecho a la libertad de 
expresión de los acusados, conviene recordar que la defensa de la integridad territorial y 
la prevención del delito son, según el precepto invocado, legítimas limitaciones a la 
libertad de expresión que, en el presente caso, tampoco han existido.
17.5.2  Derecho de reunión.
El  derecho  de  reunión  pacífica  habría  sido  también  infringido.  Los  escritos  de 
acusación contienen, a juicio de las defensas, la conversión en actos delictivos de meros 
actos  de  protesta  que  se  hallan  plenamente  incluidos  en  el  ejercicio  del  derecho 
fundamental de reunión (art. 21 CE, 21 PIDCP y 11 CEDH).
Tampoco ahora la Sala puede identificarse con esta línea de razonamiento. La 
legitimidad del derecho de reunión está fuera de controversia. Pero también lo está la 
existencia de límites al ejercicio de este derecho. Basta una lectura de los arts. 513 y 514 
del CP para constatar que el legislador español considera delictivas algunas de las  e
acciones que desbordan el ejercicio legítimo de los derechos de reunión o manifestación.  bo
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido esta idea de  3w
(licmfri.t aScTióEnD, Hsi  bdiee n1 6co dnee catab rsilu  dlee g1it9im9i1d,a dE zae llian  vci.g eFnracinac idae) l yp rain claip inoe dcee spidroapdo drceio qnuaelid ando   2021-1130n https://w
dsuep 2o0n gdae u onc ctuobnrtero ld eid e2o0l0ó5g,ic oIv asnoobvre c l.a  Bfuinlgaalidriaad,  yd ed ela s1 4m daen iffeesbtarecrioo ndees  (2c0fr0. 6S, SPTaErtDidHo 
Demócrata Cristiano Popular c. Moldavia).
En el caso presente, no se trata de calibrar si esas limitaciones se acomodaron al 
canon  constitucional  que  les  confiere  legitimidad.  Ninguno  de  los  ciudadanos  que 
asistieron a las manifestaciones que se describen en el juicio histórico ha resultado 
acusado por ese hecho. Tampoco los acusados señor Junqueras y señora Forcadell –
que reforzaron con su presencia la reivindicación que animaba la protestas ante la sede 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y el Tribunal Superior de Justicia–, ni 
los señores Cuixart y Sànchez –que desarrollaron un especial protagonismo en esos 
encuentros–, han sido acusados de un delito de reunión o manifestación ilícita.
No se han criminalizado, por tanto, actos de protesta.
Todo lo que sea mostrar la discrepancia frente a las leyes, incluso del máximo rango 
jurídico, frente a decisiones judiciales, sea cual sea el nivel del órgano del que emanan 
esas órdenes o mandatos, propugnar su modificación, denunciar sus puntos débiles, 
incluso, con críticas descarnadas o subidas de tono, agrias y descalificadoras, está al 
abrigo del derecho a la protesta o a la disidencia. Y la legitimidad de esas protestas no 
se debilita cuando tienen como destinatarios al poder central, a la máxima autoridad del 
Estado o a la misma Constitución. La Carta Magna de 1978 proporciona un sólido 
anclaje incluso a quienes la denostan. Proclamas independentistas; críticas ácidas al 
Gobierno central; discursos que tratan de convencer de que un territorio tiene derecho a 
romper amarras con el Estado español; argumentarios defendiendo para los habitantes 
de  una  determinada  comunidad  un  supuesto  derecho  de  autodeterminación; 
movilizaciones encaminadas a apoyar y promocionar esas ideas; difusión de las mismas 
en el tejido social; apoyo y colaboración con los políticos que defienden y propugnan 
idénticas ideas; protestas y manifestaciones frente a actuaciones de los poderes públicos 
que se interpretan como lesivas de esos derechos que se quieren defender, son todas 
legítimas.  Es  una  obviedad  que  esa  legitimidad  no  se  cuestiona  en  este  proceso. 
Ninguna de esas actuaciones es apta para desencadenar una reacción de tipo penal. La 
misma Constitución se estaría poniendo en entredicho si entendiésemos que alguna de 
esas conductas puede ser sancionada penalmente.
Pero la misma obviedad puede proclamarse de la idea de que nadie puede arrogarse 
el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, arrojando al ámbito de lo ilegítimo al que 
no  comparta  sus  ideas  sobre  la  autodeterminación.  Y  ello,  pese  a  los  muchos 
argumentos que se hagan valer y que están, no para vencer al que no piensa igual, ni 
para superponerlos a la legalidad basándose en la voluntarista superioridad de una 
legitimidad  frente  a  otra,  sino  para  hacerlos  valer  en  la  sociedad  democrática  y 
convencer traspasándolos, en su caso, a la legalidad. También aquellos ciudadanos que 
profesan otras concepciones sobre el llamado problema territorial gozan de iguales 
derechos. Y con iguales métodos –tanto en el plano del tejido social como en el ámbito 
de la política institucional– ha de respetarse su capacidad y derecho de oponer a esas 
ideas otras que, para ellos, son las que encarnan la legitimidad.
Pero una cosa bien distinta a la disidencia, canalizada a través de múltiples formas 
de participación política –ontológicamente distinta, pues la diferencia no es solo de grado 
o  de  intensidad,  sino  cualitativa–,  es  la  oposición  activa  y  concertada,  frente  a 
actuaciones de agentes de la autoridad con respaldo legal y constitucional encaminadas 
pura y llanamente a dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial. 
La  estrategia  desplegada  que,  en  buena  medida,  fue  estimulada  y  alentada  con 
entusiasmo y un innegable poder convictivo y movilizador por los acusados –cada uno 
de ellos en su propio ámbito de actuación– fue desplegada para lograr que la votación 
prohibida se llevase a cabo imposibilitando de hecho, mediante la interposición física, la  s
actuación de los agentes de la autoridad. Y esa actuación, es indudable, desborda  oe.
totalmente los linderos de lo que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la  w.
eaxntteijEurinroi driizdcaeidcfaiinódint i evdla ea,  tlaan qopu roept eucosetndace eo r qctaruídetiocd aaa r p laoasrm  lbapa aasrceatsud aocc oinóesnnt  idtuuecn liaoo sn acpaloeudsse adre esld  sepi sútbeelxmiccoalus,s .vióanli énddeo slea   2021-1130n https://w
para ello de una multitud de personas convocadas para obstaculizar el ejercicio de la
función jurisdiccional y que son movilizadas para hacer posible una votación declarada 
ilegal por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
17.5.3  Libertad ideológica.
El mismo rechazo hemos de suscribir al pretendido efecto exoneratorio derivado del 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad ideológica. Su contenido, tal y como ha sido 
configurado  por  la  jurisprudencia  constitucional  (cfr.  SSTC  120/1990,  137/1990, 
214/1991, 177/2015) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (cfr. sentencia de 13 
de marzo de 2018, Stern Taulats y Roura Capellera c. España), no puede abarcar los 
hechos que sustentan las imputaciones que se formulan para cada uno de los acusados.
También ahora hemos de insistir en que la libertad ideológica de los acusados ha 
permanecido incólume a lo largo del proceso. Su condición de parte pasiva nada tiene 
que ver con los postulados políticos que cada uno de ellos suscribe. De hecho, han 
podido participar incluso en campaña electoral durante el tiempo de prisión preventiva. 
Han podido difundir sus ideas y son estas ideas las que, hoy por hoy, sostienen la acción 
de gobierno de la Generalitat».
En  el  apartado  4.2.5  del  reiterado  auto  resolutorio  del  incidente  de  nulidad  se 
argumenta lo siguiente:
«En  consecuencia,  el  señor  Sànchez  no  ha  sido  condenado,  como  insiste  su 
defensa, por convocar un referéndum ilegal.
Tampoco por ejercer sus derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión 
e ideológica.
El relato de hechos probados pone de manifiesto con claridad que, como destaca la 
sentencia, su actuación desbordó los límites constitucionales. Por tanto, la subsunción 
jurídica  realizada  por  esta  Sala  respeta  los  principios  inspiradores  del  orden 
constitucional.
Por último, la posible vulneración del principio de proporcionalidad también ha de ser 
desestimada.
En  cuanto  a  la  especificidad  del  delito  de  sedición  nos  remitimos  a  las 
consideraciones realizadas al resolver los incidentes promovidos por las respectivas 
defensas de los señores Cuixart y Forn. Es patente, por otro lado, que no nos hallamos 
ante una simple perturbación del orden público, como es claro que no concurren los 
presupuestos para la aplicación de la atenuante analógica pretendida, menos aún una 
eximente incompleta, tal y como ya se resolvió en la sentencia, a la que nos remitimos 
íntegramente».
Sin embargo, es en el apartado 2.5.2.2 del auto resolutorio del incidente de nulidad 
donde se ofrece una detallada y exhaustiva respuesta sobre esta cuestión, al resolver el 
incidente interpuesto por el señor Cuixart:
«Las manifestaciones convocadas por las asociaciones civiles el día 1 de octubre 
de 2017, no se circunscribían a la mera reivindicación de un legítimo mensaje político. 
Tampoco eran la expresión de protestas que, pese a su hostilidad, tienen indudable 
encaje constitucional. Antes al contrario, eran acciones ejecutadas en un indisimulado 
lenguaje performativo. Simultáneamente a su desarrollo se implementaban apartados del 
Decreto dictado por el Govern en desarrollo de la inconstitucional normativa de secesión 
aprobada por el Parlament. Se trataba así de conferir una efectividad a esa ilegal norma 
de  cobertura,  con  desprecio  de  su  invalidez,  posibilitando  la  celebración  de  un  e.e
referéndum que eludía la eficacia de cualquier resolución judicial tendente a impedirlo.  b
eSevseot acltoaugdararai,ab c.ae ldeeb raecsitóan f odreml iale glaa lr reeafleizréancidóunm s, imenu lctáunaenato  pcoorn tlroasr ioc oan lvao ncoarnmteast ivdae  ellae catocrcaiól ny   2021-11303n https://ww
asocNiaor as ea l triantcaubmap, lipmuieesn,t od ed el au np roremqoucisióitno  daed mmineisratrsa tmivoa n–ifceosmtaoc iosnee sc ocnuteyma pilliac iteund  lases 
SSTEDH de 12 de junio de 2014, Primov y otros c. Rusia, o de 27 de enero de 2009,
Karabulut c. Turquía–. Lo que sucedió y como tal fue objeto de enjuiciamiento eran 
graves comisiones delictivas en las que, a través de una conducta coactiva, se facilitaba 
e imponía una normativa antidemocrática, adoptada con menosprecio y conculcación de 
los  derechos  de  un  relevante  número  de  parlamentarios  autonómicos  y  de  los 
ciudadanos a los que representaban, que superaban a la mitad de los votantes.
No es posible, por tanto, afirmar que la sentencia cuya nulidad se insta condena por 
convocar manifestaciones pacíficas. Menos aún, que esa condena se limita a los hechos 
acaecidos el día 20 de septiembre. Quien así argumenta trocea de forma inadmisible lo 
verdaderamente acaecido. El día 20 de septiembre el registro judicial se desarrolló en 
una  atmósfera  de  coacción,  hasta  el  punto  que  impidió  el  desplazamiento  de  los 
investigados  al  registro  de  sus  despachos,  dadas  las  concertadas  intervenciones 
intimidatorias de los convocados, ese mismo día, en diversos lugares. La propia brigada 
móvil de los Mossos (BRIMO) encontró fundados obstáculos para el desarrollo de su 
función. Ningún responsable de seguridad se comprometía a que los objetos incautados 
y la documentación intervenida durante el registro pudieran mantenerse en poder de los 
funcionarios  que  los  custodiaban,  si  estos  llegaran  a  abandonar  la  sede  de  la 
vicepresidencia con la multitud en la puerta utilizaran o no para ello el pasillo habilitado 
por los voluntarios de una de las asociaciones civiles convocantes. La letrada de la 
administración  de  justicia  tuvo  que  salir  del  edificio  de  forma  subrepticia,  bajo 
indicaciones policiales, ante el riesgo serio que corría su integridad física y la de los 
funcionarios que practicaban el registro. Los "matan", llegó a decir un responsable de 
seguridad. Tal era el ambiente coactivo en el que se desarrolló la diligencia judicial que 
cuando algunos agentes de los Mossos d"Esquadra fueron confundidos con practicantes 
del registro tuvieron que huir corriendo para refugiarse en un edificio próximo.
La actuación de los convocados iba más allá del simple y legítimo ejercicio del 
derecho de reunión. La multitud, no solo se manifestaba, sino que cumplimentaba la 
expresiva llamada por parte del recurrente "en defensa de les nostres institucions". Unas 
instituciones sobre las que, dicho sea de paso, ningún peligro se cernía, más allá del 
demoledor efecto que para su vigencia y desarrollo habría tenido, en su caso, la efectiva 
vigencia de las ilícitas leyes de transitoriedad y referéndum. Las manifestaciones objeto 
de la concurrencia pública, en modo alguno resultaban amparadas por el derecho a la 
libertad  de  expresión,  en  cuanto  conllevaban  un  levantamiento  con  el  objetivo  de 
implementar  una  normativa  antidemocrática  y  afectaban  potencialmente  y  de  forma 
mediata  a  la  integridad  territorial.  (vid.  decisión  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos de 7 de mayo de 2019, María Carmen Forcadell I Lluis y otros c. España, 
demanda núm. 75147-2017).
También  por  la  vía  coactiva  se  procuró  la  realización  del  referéndum  como 
desautorizado instrumento jurídico que obligaba, de forma automática, a la consecutiva 
proclamación de la república catalana. Y por más formal y simbólica que fuese, esa 
declaración asentaba un hito más en las vías de hecho hacia una independencia cuyo 
itinerario había sido diseñado por los autores o, al menos, asumido por estos.
Cuando se afirma en defensa de la nulidad de nuestra sentencia el hecho de que se 
han condenado ideas, se prescinde de una realidad incontrovertida, a saber, que la 
independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal. No 
lo fue cuando, como cada anualidad, el 11 de septiembre se celebró la diada, con 
asistencia –según las fuentes que se consulten– de entre trescientas cincuenta mil y un 
millón de personas. Una reunión pacífica que incluía, entre otros lemas, la afirmación de 
que "votaremos, quieran o no quieran", en directa alusión al deseo colectivo de ignorar la  s
prohibición de la celebración del referéndum que tuvo lugar unos días después. Tampoco  oe.
hubo persecución penal cuando, una y otra vez, se proclamaba la insumisión a los  w.
ternib ulEan naló ldegesic fyian  gitoiovbbasi,ee lrranv aorenss c"pi[a…u ed]s eqt aun euju esrsiostldrooi cqsc uipoiernirnaecln iap p iolroesss  cehorevncashrt oiltaus  cieniondnjiuvaiilcseiiasb dleyo  sud nehi dalaa ed sp tdraoedp oliaa  i pndasoptrciirtara"ind.aa   2021-1130n https://w
dMeal cTerdibounniaa lU Enuidrao pIelinod deen  cD.e Breuclghaorsia H, duem a2n does ,o mctaunbirfee sdtaed 2a0 0e1n,  S§t a9n7k, oavs uyn tOorsg a2n9i2z2a1c-ió9n5   BOE-A-cable e
y 29225-95. Tampoco es posible proclamar que este proceso tuviera como fin un efecto 
disuasorio de la libertad de expresión. Conviene insistir en que los hechos por los que se 
ha dictado condena fueron, desde luego, algo más que una reunión de ciudadanos que 
con  libertad  expresan  sus  reivindicaciones  ideológicas.  No  hemos  criminalizado 
opiniones y protestas. Los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre 
buscaban  implementar,  en  connivencia  las  autoridades  autonómicas  y  los  líderes 
asociativos  que  han  resultado  condenados,  una  normativa  antidemocrática  e 
inconstitucional. Un bloque jurídico –hay que insistir en ello– aprobado con desprecio de 
la mitad de las fuerzas políticas con representación en la Cámara, de los mandatos y 
advertencias del Tribunal Constitucional y de la Constitución y el Estatuto, norma rectora 
de la convivencia en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña.
De la ilicitud del referéndum es bien elocuente el hecho de que la presidencia de la 
Comisión de Venecia había comunicado, tras haberle sido notificada su celebración, que 
no puede presentarse como un referéndum democrático aquel que no se ajusta a la ley. 
Menos aún, si su finalidad es coactiva frente al Estado o su resultado se esgrime como 
una decisión suscrita por una sola parte de la población, relevante, pero solo de una 
parte que, por si fuera poco, está muy lejana a la mayoría. Una decisión, en fin, que 
incide sobre cuestiones como la integridad territorial, que es expresión del concepto 
mismo de soberanía nacional. En definitiva, la mera idea de votar, si el ejercicio de ese 
derecho se construye al margen de las previsiones legales, no resulta democráticamente 
amparable.
El  propio  preámbulo  del  Convenio  Europeo  de  Derecho  Humanos,  destaca  la 
preeminencia  del  Derecho.  Y  la  Unión  Parlamentaria  –organización  mundial  de 
parlamentos nacionales, integrada por 179 miembros–, en su Declaración Universal 
sobre la Democracia, realizada en El Cairo, precisó que la democracia está fundada en 
la primacía del Derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre (cfr. 
punto 7). En un Estado democrático, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y nadie 
está por encima de la ley.
En conclusión, aunque se redujera la imputación a los levantamientos tumultuarios 
acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre, la aplicación coactiva de las 
leyes  19  y  20  de  2017,  legítimamente  suspendidas,  en  modo  alguno  podía  estar 
amparada por el derecho de manifestación, sobre todo, tratándose de normas jurídicas 
aprobadas –insistimos– con desprecio de la legalidad democráticamente establecida y 
de una minoría parlamentaria que representaba a la mitad de los electores catalanes».
12.5.2.3  Resolución de la queja.
a)  El demandante persiste en la idea de que, al no haber sido acusados los 
ciudadanos que se alzaron, el órgano sentenciador ha estimado, implícitamente, que 
aquellos ejercieron legítimamente los derechos fundamentales antes mencionados. Este 
argumento ya se sustentó, en términos similares, en el planteamiento de la queja relativa 
al abandono selectivo del principio de la «accesoriedad limitada» en la participación. Y al 
resolver la referida queja, este tribunal consideró que esa circunstancia en absoluto 
autoriza a entender que aquellos ciudadanos hubieran actuado amparados por una 
causa de justificación pues, al no haber sido sometidos a un proceso penal, no cabe 
formular ninguna consideración de esta índole y, menos aún, en esta sede. Replanteada 
en  lo  sustancial  esa  pretensión,  la  respuesta  que  ahora  ofrecemos  coincide  en  lo 
esencial con la ya dada. Respecto de esos terceros no resulta procedente que este 
tribunal lleve a cabo valoración jurídico-penal alguna acerca del comportamiento de  e
estos últimos, a fin de asumir o rechazar que se hallaban bajo la cobertura de la  bo
eximente  que  contempla  el  art.  20.7  CP,  por  obrar  en  ejercicio  de  los  derechos  3w
feusnted ampaerntitcaulelasr , qunei  ssieq ucieitaran  eimnp llaíc idtaemmeanntdea, . pLoar  sleon tqeunec iae sretec urtrriibduan naol  traemsupeolvceo  sdoebbree   2021-1130n https://w
nporosn uvnecmiaorss es uajel troess,p esicntoo , pnoor qsuoelo a pl onro  imhapbeerar tisviod od eeln pjuriicnicaidpoios  dees ossu btesirdciearroiesd, acdu aallq quuieer 
valoración que se formule sobre esa temática sería manifiestamente inapropiada.
Sentado lo anterior, procede abordar otro aspecto de la queja, concretamente el 
denominado «efecto desalentador» que se atribuye a la desproporción en que, por su 
severidad, incurren las penas impuestas al demandante. En la STC 62/2019, de 7 de 
mayo, FJ 7 aparece recogida la doctrina sobre la incidencia en el ámbito penal del 
ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el análisis del denominado «efecto 
desaliento».
Hemos señalado que «[e]ste tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 
vinculación de las conductas con relevancia penal en el contexto del ejercicio de los 
derechos fundamentales. Concretamente, en la STC 104/2011, de 20 de junio FJ 6, 
distinguimos los supuestos en que la conducta penal constituye un ejercicio regular del 
derecho fundamental, de aquellos otros en que se produce una extralimitación en su 
ejercicio. En relación con el primero de los supuestos, sostuvimos que: «Reiteradamente 
hemos afirmado que "los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma 
contraria a los derechos fundamentales" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, 
de 5 de mayo, FJ 4; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 299/2006, de 23 de octubre, 
FJ 6, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). O desde el enfoque acogido, por ejemplo, 
en la STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2, o más recientemente en la STC 29/2009, de 26 
de enero, FJ 3, que "los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados 
como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de 
un delito". Desde la perspectiva constitucional, entonces, la legitimidad de la intervención 
penal en los casos en que la aplicación de un tipo entra en colisión con el ejercicio de 
derechos fundamentales no viene determinada por los límites del ejercicio del derecho, 
sino por la delimitación de su contenido (según hemos señalado, por ejemplo, en las 
SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 4; o 185/2003, de 27 
de octubre, FJ 5). De forma que cuando una conducta constituya, inequívocamente, un 
acto  ajustado  al  ejercicio  regular  del  derecho  fundamental,  respondiendo  por  su 
contenido, finalidad o medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia 
que el derecho otorga, no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una 
sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su 
tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 
de septiembre, FJ 3 […])».
Respecto de la segunda situación enunciada, en el referido fundamento jurídico 
figura el siguiente argumento:
«"Nuestra doctrina no se detiene en esta primera conclusión básica y previsible, 
aunque imprescindible, sino que cuestiona asimismo la aplicación de los tipos penales 
en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio 
del derecho fundamental, estos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello 
no nos referimos, como es obvio, a los supuestos en los que la invocación del derecho 
fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido 
amparo, cometer actos antijurídicos, sino a aquellos casos en los que, a pesar de que el 
comportamiento  no  resulte  plena  y  escrupulosamente  ajustado  a  las  condiciones  y 
límites del derecho fundamental, se aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en 
su  contenido  y  finalidad  y,  por  tanto,  en  la  razón  de  ser  de  su  consagración 
constitucional. En este último escenario, sin perjuicio de otras consecuencias que el 
exceso en que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa 
la  sanción  penal  supondría  una  vulneración  del  derecho,  al  implicar  un  sacrificio 
desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría 
tener un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio (STC 88/2003, de 19 de mayo,  e.
FJ 8). De otro modo, como afirmáramos en el ATC 377/2004, de 7 de octubre, "existirían  w.b
dspoeulleo d eedje oarscd imtceioirtri ersdneeo" s. l,aA ess lí  ldliobe e hrlotea mdcoeossn  sddtieteuc claeiorxanpdaroelm seieónnn tl eae  Sp rTinoCftoe rg1m1id0ao/c 2iyó0 n0e 0l ,[ addrete s l.o5   2dp0eu. n1mi baaley) ,o y,l o r edqs)u peCe cEnt]oo,    2021-1130n https://w
arel sdoelufinciiórlna , enno  lpau qeudee ns e"ñreaalacmcioons aqru dee sepl rjuoepzo racli oanpalidcaamr lean nteo rfmrean tpee anla al,c tcoo mdeo  eexlp lreegsisióland, onri 
siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en
cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal" 
(fundamento jurídico 5). O, en el mismo sentido, en un asunto relativo a la libertad 
sindical  (art.  28.1  CE):  "La  dimensión  objetiva  de  los  derechos  fundamentales,  su 
carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta 
con  la  constatación  de  que  la  conducta  sancionada  sobrepasa  las  fronteras  de  la 
protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente 
a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto [...] disuasor o desalentador 
del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada" 
(STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8 y las en ella citadas sobre el "efecto desaliento")».
De la doctrina transcrita cabe extraer las siguientes consideraciones: i) cuando una 
conducta  queda  plenamente  amparada  por  el  ejercicio  legítimo  de  un  derecho 
fundamental no puede ser reputada antijurídica, aunque tal conducta sea subsumible en 
determinado tipo penal y ii) en supuestos de exceso o extralimitación en el ejercicio de 
un  derecho  fundamental  puede  llegar  a  plantearse  la  necesidad  de  ponderar  si  la 
sanción  penal  supone  un  sacrificio  innecesario  o  desproporcionado  del  derecho  o 
libertad del que se trate y, por ello, provoca un efecto desalentador».
Con independencia de lo ya manifestado respecto de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que se movilizaron los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, 
debemos añadir que, en el contexto propio de un recurso de amparo que trae causa de 
un  procedimiento  penal  seguido  contra  el  demandante  y  otros  acusados,  no  cabe 
dilucidar sobre la eventual vulneración de los derechos fundamentales de terceros a 
quienes el procedimiento penal no les ha afectado. Y ello, porque las resoluciones 
impugnadas en el presente recurso no han podido ocasionarles lesión alguna, al no 
haberse establecido ningún tipo de responsabilidad penal respecto de ellos.
Tampoco la queja resultaría de recibo, en el entendimiento de que son los derechos 
fundamentales  del  demandante  los  afectados  por  la  sentencia,  con  motivo  de  su 
participación personal y directa en esos acontecimientos. En diferentes pasajes de las 
resoluciones impugnadas se ha puesto de relieve la intervención del recurrente en los 
hechos  determinantes  del  delito  de  sedición  por  el  que,  a  la  postre,  ha  resultado 
condenado;  siendo  especialmente  significativa  su  participación  en  los  incidentes 
acaecidos el día 20 de septiembre de 2017 en las inmediaciones de la Consellería de 
Vicepresidencia, Economía y Hacienda, mediante el liderazgo que ejerció sobre los 
movilizados, a fin de impedir el normal desarrollo del registro acordado por la autoridad 
judicial, así como la promoción que llevó a cabo de la votación que tuvo lugar el día 1 de 
octubre del citado año, fruto todo ello de la estrategia urdida por los acusados. Por tanto, 
de conformidad con lo resuelto por el tribunal sentenciador, su condena no deriva del 
ejercicio o la promoción del ejercicio del derecho de reunión.
En cuanto el ejercicio del derecho a la libertad ideológica, es cierto que la sentencia 
detalla que el demandante, al igual que otros acusados, actuó con una finalidad cuya 
naturaleza política es notoria; pero como se indica en diferentes apartados de la citada 
resolución, la ideología del recurrente no fue un factor determinante de su condena.
En suma, según se detalla en la sentencia, el comportamiento del recurrente no 
consistió en el ejercicio de los derechos de reunión, expresión o manifestación. Como 
promotor de la sedición, alentó a los ciudadanos para que se movilizaran el día 20 de 
septiembre con la finalidad indicada; y el día señalado para el referéndum los convocó 
para que acudieran a votar, con la finalidad de activar la cláusula de automaticidad 
establecida en la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana para  e.
determinar la secesión; es decir, la sustitución del legítimo marco jurídico establecido por  w.b
ltara nCEsointno asritpeitoduyacodió .dne  yla  feall taE sdtea tpurtoop odrec ioAnuatloidnaodm díea ,l apso pre neal sd iimsepñuaedsota se, nta mlab icéinta sdea  elsegyr imdee   2021-1130n https://w
cqounec elnotsra coiorngeasn izmaadsoirveass  ddee  pelars ocnoansv poacraato qriuae  vdoetla radnía,  pe1r o dneo  ioncctituabrroen  ap reojpeircciearr olna 
violencia;  y  no  obstante  ello,  las  penas  que  les  han  sido  impuestas  alcanzan  una
extraordinaria severidad, equiparables a las que se prevén para delitos graves contra la 
vida o la integridad física. En esencia, lo que el recurrente asevera es que el abierto 
reclamo de los ciudadanos para que participaran en la votación orquestada no fue más 
que una promoción del derecho de reunión, con la finalidad de llevar a cabo un acto de 
participación política que, en algunos casos, dio lugar a enfrentamientos con las fuerzas 
policiales, que no empecen el legítimo favorecimiento de ese derecho.
Esta  argumentación  parte  de  una  premisa  que  no  se  compadece  con  los 
fundamentos de su condena. Ciertamente, en la sentencia impugnada no se afirma que 
el recurrente exhortara a los ciudadanos que acudieron a votar a comportarse de manera 
violenta, de modo que la responsabilidad penal que se le atribuye tampoco dimana del 
hecho de haber inducido a los convocados a comportarse de modo agresivo.
Para refutar esta queja, procede retomar la respuesta dada por el órgano judicial al 
pronunciarse sobre el ejercicio del derecho de reunión [apartado 17.5.2 del fundamento 
A)  de  la  sentencia],  lo  que  permite  comprobar  que  la  apreciada  antijuridicidad  del 
comportamiento del demandante y otros acusados no se basó en que fomentaran la 
exteriorización  de  una  disidencia  política  o  que  promovieran  protestas  de  carácter 
multitudinario. Por el contrario, para el órgano judicial la movilización de los ciudadanos 
tuvo por objeto implementar la estrategia previamente diseñada por los acusados, a fin 
de que aquellos llevaran a cabo una actividad que trasciende netamente del contorno del 
derecho de reunión concretamente, participar en la votación declarada ilegal por el 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Por tanto, aun 
cuando los acusados no alentaran el acometimiento violento de los movilizados contra 
las fuerzas policiales, sin embargo, los enfrentamientos que se describen en el relato 
histórico de la sentencia recurrida han servido para configurar el delito de sedición que la 
referida  resolución  aprecia,  al  ser  una  consecuencia  derivada  del  desarrollo  de  la 
estrategia a que se ha hecho mención.
Si  lo  ya  expuesto  sirve  para  rechazar  que  la  actuación  del  recurrente  pudiera 
acogerse a la exención de responsabilidad penal que proclama el art. 20.7 CP, tampoco 
cabe apreciar el denominado «efecto desaliento», bajo el alegato de que las penas 
impuestas desincentivan el ejercicio de esos derechos. La conducta del recurrente no 
constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de derechos fundamentales 
pues, como así se recoge en la sentencia, lo que aquel pretendía era neutralizar las 
decisiones  adoptadas  por  este  tribunal  y  los  órganos  judiciales  sirviéndose  de  la 
movilización ciudadana para ese propósito. Por ello, tal conducta queda al margen del 
ejercicio de los mencionados derechos, de manera que no puede ampararse en un 
eventual «efecto desaliento» para tildar de desproporcionadas las penas impuestas.
b)  Al juicio favorable a la proporcionalidad de la sanción impuesta al recurrente no 
obsta que, en este caso, la conducta que se le imputa no se produjera en el ejercicio de 
un cargo público gubernamental o parlamentario. Como hemos reiterado, la sentencia 
relata en la declaración de hechos probados que la conducta del señor Sànchez formaba 
parte de una estrategia concertada, que incluía un reparto funcional de roles entre los 
miembros del Gobierno autonómico de Cataluña, la presidenta de su Parlamento y 
diversas  organizaciones  institucionales,  culturales  y  ciudadanas,  que  mantenían  un 
programa político común, en cuanto eran todas partidarias de la creación de un Estado 
catalán  independiente  en  forma  de  república.  En  tal  concierto  cobraba  especial 
relevancia la celebración de un referéndum vinculante que, en caso de obtener un 
resultado  favorable  justificaría  la  proclamación  de  Cataluña  como  un  Estado 
independiente. Para alcanzar dicho objetivo era preciso crear una cobertura jurídica  s
aparente, al margen de las previsiones establecidas en el Estatuto de Autonomía de  oe.
Cataluña  y  en  la  Constitución,  que  permitiera  movilizar  a  los  partidarios  de  la  w.
cainuudateonpndeóonm ddiceeonp,c oieass ittahararaícaniné  nscudo onvletorsitb ou cyereenen rdu, on m arele dafeicarténont efdu unlamdsa  cccoioonnrvraeols cdpaeod noud niaealn  rteeefpse úctbcooli cnpavo oirnc adetelo prGeiaonsbd, iieeqrnnutoee    2021-1130n https://w
en Cataluña.
Más específicamente, el recurrente –presidente de Asamblea Nacional Catalana– ha 
sido condenado al apreciar la Sala que, al igual que el presidente de Òmnium Cultural, 
pusieron esas organizaciones al servicio del propósito de hacer realidad dicho programa, 
que  había  sido  previamente  pactado  con  diversas  fuerzas  políticas  que  ya  tenían 
representación  parlamentaria  autonómica.  Se  afirma  también  que  la  contribución 
movilizadora de ambas organizaciones ciudadanas resultó decisiva para los fines y la 
estrategia de consecución ideados que han sido descritos.
Por tanto, en su conducta es sencillo disociar el mensaje de reivindicación y protesta 
que lo animaba, de la aceptación y promoción de los actos impeditivos que han sido 
penalmente sancionados. Es este último efecto generalizado en todo el territorio de 
Cataluña, e impeditivo del normal desarrollo de los medios de tutela del ordenamiento 
jurídico vulnerado, lo que ha dado lugar a la condena del recurrente, y no el mensaje 
reivindicativo de la independencia de Cataluña. Esa aspiración se manifiesta en la vida 
social y política catalana con plena normalidad. Desde el advenimiento de la democracia, 
tras la aprobación de la Constitución en 1978, no ha sufrido ni sufre merma alguna en su 
expresión y reivindicación, ni es el objeto de la condena penal que se cuestiona.
En  este  punto,  convenimos  con  la  fundamentación  expresada  en  la  sentencia 
cuestionada [fundamento jurídico A), 17.5.2] cuando declara la legitimidad constitucional 
de la discrepancia, de la crítica descarnada a las decisiones de los poderes públicos, de 
la reivindicación de programas políticos distintos de los previstos en la Constitución, ya 
sea el supuesto derecho de autodeterminación o el deseo de independencia de una 
parte del territorio del Estado español. Es igualmente legítimo llamar a la movilización en 
defensa de tales propuestas, incluirlas en los programas políticos y defenderlas en las 
convocatorias electorales. Ninguna de esas conductas ha sido ni debe ser perseguida 
penalmente.
Pero hemos de reiterar que, atendiendo al juicio de autoría y tipicidad expresado en 
la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el señor Sànchez ha sido 
condenado por movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, 
además de estar dirigido a impedir la aplicación de las leyes, obstaculizó de forma grave 
el  cumplimiento  de  las  decisiones  judiciales  dirigidas  a  evitar  la  celebración  de  un 
referéndum cuya base normativa y convocatoria había sido cautelarmente suspendida. 
Dicho de otro modo, se ha considerado que, con sus convocatorias públicas, promovió la 
oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional, o 
de  otros  tribunales,  dirigidas  a  tutelar  el  ordenamiento  jurídico  vigente  frente  a  las 
actuaciones encaminadas a desconocerlo o desbordarlo. Y es esa actuación, como ya 
hemos señalado en la STC 91/2021, la que ha justificado su condena y la que desborda 
con claridad los límites de lo que puede considerarse legítimo ejercicio del derecho de 
reunión para la exteriorización de la protesta o crítica por la actuación de los poderes 
públicos.
La valoración de su llamamiento público a participar en el referéndum convocado por 
el Gobierno de la Generalitat para el día 1 de octubre de 2017 no puede dejar de lado su 
contenido  (la  pretendida  independencia  unilateralmente  obtenida  al  margen  de  la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña) ni tampoco la existencia de la 
prohibición expresa de su celebración, que derivaba de diversas resoluciones de este 
Tribunal Constitucional, que han sido antes enumeradas, y del mandato judicial expreso 
emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuya efectividad 
trataba de impedir el recurrente.
La  necesidad  en  una  sociedad  democrática  de  proteger  la  efectividad  de  las  s
resoluciones de los órganos judiciales y de este tribunal, como último garante de la  oe.
Constitución, no puede ser razonadamente puesta en entredicho. No cabe ignorar que  w.
Pduinacirhllaaotm erreeafnle tdroée n dldaeu  imCnd,a eteapnleu neñdla e pqnroucgiear  aldome a as puno oytreamrbraiatto,i vreioor .ad L elala   gololbabjveieetir vnqaou  gear uajutvosentdiófaimcda icbdoae   yllaa l  app rrmeotcaelynaosmrióíaanc  idódenel    2021-1130n https://w
lhoasc etér remfeincotisv od uenl  erenfjeuriécinadmuimen itnoc ocnosntsittuitcuicoinoanla hl ad esi ddoi cahnat epsr eretesnesñiaódna .q uBea,s taan rteems itdires es ua   BOE-A-cable e
convocatoria, había realizado este tribunal en reiteradas ocasiones para expresar su 
radical disconformidad con las bases de nuestra convivencia democrática (fundamento 
jurídico tercero de esta resolución).
En conclusión, entendemos que, en términos absolutos, las penas asociadas al delito 
de sedición no incumplen los postulados establecidos por nuestra doctrina en materia de 
proporcionalidad.  Tampoco  presentan  tal  déficit  las  concretamente  impuestas  al 
recurrente. Con independencia del grado de eficacia o acierto técnico del legislador, 
aspectos que son ajenos al enjuiciamiento de este tribunal, no se constata que la 
regulación  penal  cuestionada  comporte  un  desequilibrio  manifiesto,  excesivo  o 
irrazonable entre el desvalor de la conducta penal y las sanciones a ella asociadas, de 
modo que la penalidad que cuestiona el recurrente produzca «un patente derroche inútil 
de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales 
de  justicia  inherentes  a  la  dignidad  de  la  persona  y  al  Estado  de  Derecho» 
( STC 136/1999, FJ 23). En atención a la gravedad de los intereses jurídicos tutelados en 
el  caso  presente  a  los  que  reiteradamente  hemos  hecho  referencia,  la  conclusión 
expuesta es plenamente trasladable a las concretas penas impuestas al recurrente.
Por todo lo razonado, se desestiman las quejas que aducen la vulneración del 
derecho a la legalidad penal reconocido por el art. 25 CE.
F A L L O
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por Jordi Sànchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dos de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo Enríquez Sancho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en el recurso 
de amparo avocado núm. 1406-2020
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y con el fallo de la sentencia, que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho de reunión 
(art. 21 CE), ya que se ha dado una severa respuesta penal frente al ejercicio –aunque 
fuera  extralimitado–  de  este  derecho  fundamental  generando  un  indeseado  efecto 
desaliento sobre el mismo; o, en su caso, por vulneración del derecho a la legalidad 
sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con los derechos a la libertad personal (art. 17.1 
CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE), y de reunión (art. 21 CE), ya que se ha 
impuesto una sanción desproporcionada penalmente.
Al  margen  de  nuestra  discrepancia,  entendemos  que  la  sentencia  posee  una  s
indudable calidad técnica y pone de relieve el esfuerzo del Tribunal para responder a las  oe.
muchas cuestiones planteadas, en relación con un asunto de una complejidad técnica  w.
iamnrtugeyun mcpioeórnn t eadnceció impno acn oednre   ldalae  q mmueea dnmiiafui.e eEsststort ael  asv uop tooas cpiubaeilrirtddicaoud ll,aa r t émecanny icnoaarí dataa d mdeebl siPémnlee,n rdoee.c  eSf oeer smeexu pltarraer bsuaan joc  jounniic  illoaa    2021-1130n https://w
distinto sobre la respuesta penal dispensada a los supuestos de ejercicio, aunque sea
extralimitado, del derecho fundamental de reunión, más acorde con una interpretación  Bc
evolucionada y concordante con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la 
evitación  del  efecto  desaliento  sobre  los  derechos  fundamentales  por  el  recurso  a 
sanciones penales de muy alta gravedad frente a conductas que se desenvuelven dentro 
de su ámbito material de protección. E, igualmente, de formular un juicio distinto sobre la 
proporcionalidad de las penas impuestas, más acorde con una interpretación abierta del 
principio de legalidad y en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura 
jurídica común de los países de la Unión Europea. Una visión de los derechos de reunión 
y a la legalidad sancionadora que encuentran su articulación óptima en la preservación 
del Estado de Derecho.
1.  Han sido muy diversos los derechos fundamentales invocados por el recurrente 
respecto del procedimiento penal desarrollado ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo que ha culminado con su condena a nueve años de prisión y otros tantos de 
inhabilitación absoluta por la comisión de un delito de sedición.
En sendos votos particulares que formulamos a las SSTC 91/2021, de 22 de abril, 
y 106/2021, de 11 de mayo, en relación con la condena de otros dos acusados en este 
mismo procedimiento, ya pusimos de manifiesto que nuestro principal desacuerdo con la 
posición mayoritaria en la que se sustentaban dichas resoluciones radicaba en lo que 
consideramos un análisis de constitucionalidad y una resolución final de la invocación del 
derecho a la legalidad sancionadora, especialmente en la proyección del principio de 
proporcionalidad penal a la cuantificación de la sanción impuesta por el órgano judicial 
sentenciador, alejado de la que entendemos una visión más flexible del principio de 
legalidad penal. Flexibilidad que, a su vez, vinculamos a una perspectiva en la que la 
defensa del Estado de Derecho y de los principios asociados a esta noción básica de las 
democracias modernas deben conjugarse con una protección y garantía de los derechos 
fundamentales incluso de quienes no comparten la misma visión del respeto al Estado 
de Derecho.
Recordábamos que un análisis alternativo, que nosotros consideramos de mayor 
corrección constitucional y más respetuoso con el actual estándar en el derecho nacional 
y europeo de los derechos humanos, hubiera debido desembocar en sendas sentencias 
estimatorias. Incidíamos en que, sin negar la eventual relevancia penal de la conducta 
enjuiciada, hubiera debido acordarse en ambos casos la necesidad de una cuantificación 
de la pena acorde con el principio de proporcionalidad penal en atención a la gravedad 
de la conducta enjuiciada y a su vinculación con el contexto del ejercicio de derechos 
fundamentales sustantivos.
En el presente caso, debemos remitirnos a los razonamientos expuestos en los 
citados votos particulares para insistir que también hubiera sido procedente estimar el 
presente recurso de amparo, al menos, por dicho motivo.
2.  En este recurso de amparo, además, concurren circunstancias singulares que, 
tal como también expusimos en la deliberación, abonaban la necesidad de establecer 
como causa principal de la estimación del recurso de amparo la vulneración del derecho 
de reunión (art. 21 CE) y no solo a la legalidad penal (art. 25.1 CE).
La conducta de este recurrente, habida cuenta de su condición de presidente de una 
organización de la sociedad civil y de la concreta participación en los hechos por los que 
ha sido condenado, se desenvolvía dentro del ámbito material del derecho fundamental 
de reunión con mayor claridad que la de otros condenados. Por tanto, aun considerando 
que dicha conducta se extralimitara en el ejercicio legítimo de ese derecho fundamental, 
entendemos que recurrir al derecho penal y a la imposición de una pena privativa de  e
libertad en la extensión que ha sido aplicada –nueve años de prisión y de inhabilitación  bo
absoluta–  implica  una  respuesta  indebida  que  provoca  un  efecto  desaliento  en  el  3w
einjestrictuiccioio ndael  ene sutnea  dseorceiecdhaod  fduenmdaomcreántitcaal  pilnecnoam yp aavtiabnlez acdoan.  su  relevancia  y  posición  2021-1130n https://w
delibEel rapcroiócne seos ,a regnu mpaernteta, l cqouinec indoesn thea c ollenv aedl od ea  lad epfeonsdiceiór ne smtaa ycoornitcalruias ióenn  dlau rqaunete  slea 
sustenta la sentencia. Compartimos con la posición mayoritaria el parámetro de control
de constitucionalidad establecido para el análisis de la invocación del derecho de reunión 
y la amplitud con la que se valora el ámbito material de protección de este derecho 
fundamental. Esta argumentación es la que lleva a la posición mayoritaria a defender 
que la conducta del recurrente se desenvolvía dentro de dicho ámbito material. Sin 
embargo,  disentimos  con  la  posición  mayoritaria  respecto  de  las  posibilidades  de 
injerencia legítima en este derecho mediante el recurso al derecho penal, al sostener que 
en este caso una sanción penal de la gravedad de la impuesta es una injerencia legítima 
respetuosa con el derecho de reunión.
A esos efectos, y para posibilitar la mayor claridad expositiva, aunque pueda resultar 
reiterativo con la posición expuesta por la mayoría, resulta adecuado abordar (i) el 
parámetro  o  estándar  de  constitucionalidad  vinculado  a  la  reacción  penal  frente  al 
ejercicio de un derecho fundamental sustantivo; (ii) el análisis de los supuestos de 
injerencia legítima en el ejercicio del derecho de reunión y sus límites; para finalizar con 
(iii) la proyección y aplicación que consideramos hubiera sido más adecuada en este 
caso del derecho fundamental de reunión en respeto a su posición institucional en 
nuestro sistema constitucional –y de integración en el Consejo de Europa y la Unión 
Europea– de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales.
I.  Los  problemas  de  constitucionalidad  del  uso  de  la  sanción  penal  frente  a 
conductas  desarrolladas  en  el  ámbito  material  del  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales.
3.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia acepta que, de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el parámetro de constitucionalidad que debe aplicarse en aquellos casos en 
que  se  acude  al  sistema  de  justicia  penal  para  sancionar  conductas  que  se 
desenvuelven en el ámbito material del ejercicio de derechos fundamentales cuenta con 
tres secuencias de control:
(i)  La verificación de que la conducta objeto de sanción penal se desarrolla dentro 
del ámbito sobre el que se proyecta el derecho fundamental, lo que ya implicaría, por 
razón de la materia, la necesidad de ponderar la afectación del derecho fundamental 
concernido a partir de la respuesta penal.
(ii)  La comprobación de que la conducta penalmente sancionada, en atención al 
haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga el derecho 
fundamental  concernido,  se  ha  desarrollado  plenamente  dentro  del  ámbito 
constitucionalmente protegido por este derecho –esto es, representa un ejercicio legítimo 
del derecho–, lo que implicaría una inmunidad frente a cualquier actuación e injerencia 
del poder estatal, también la derivada de la potestad sancionatoria, a partir de la premisa 
de que una conducta no puede ser a un mismo tiempo valorada como un acto de 
ejercicio  de  un  derecho  fundamental  y  como  constitutiva  de  un  ilícito  de  cualquier 
naturaleza. En tal caso la reacción sancionatoria debe ser considerada una injerencia 
injustificada en el derecho fundamental sustantivo lesiva del mismo.
(iii)  La comprobación de que la sanción penal de la conducta –incluso cuando dicha 
conducta  no  pueda  considerarse  como  legítimo  ejercicio  del  derecho  fundamental 
concernido por haberse sobrepasado sus límites de protección estricta– supone una 
injerencia en dicho derecho que, además de estar prevista expresamente como delito y 
perseguir un fin legítimo, resulta necesaria y proporcionada para la consecución de este 
fin legítimo en evitación del efecto desaliento que provocaría sobre el propio sujeto  s
sancionada y la colectividad para el ejercicio del derecho fundamental. En tal caso la  oe.
reacción penal deber ser considerada una injerencia desproporcionada en el derecho  3ww.
fund4a.m  eNnitnagl usnuas taonbtjeivcoió lens hivaay d qeul em irsemaloiz.ar a esta posición de principio aceptada por la  2021-1130n https://w
mayoría, que, por otra parte, viene a coincidir con la que ya mantuvimos en el voto
particular que formulamos a la STC 192/2020, de 17 de diciembre, en un supuesto de 
sanción penal del ejercicio de la libertad de expresión.
En  aquel  caso,  como  en  el  presente,  nuestra  discrepancia  con  la  mayoría  se 
fundamenta no tanto en la formulación general del parámetro de constitucionalidad 
aplicable en aquellos supuestos en que se acude al sistema de justicia penal para 
sancionar conductas que se desenvuelven en el contexto del ejercicio de derechos 
fundamentales como en el análisis de la amplitud del derecho fundamental concernido –
en este caso, el derecho de reunión (art. 21 CE)– y, especialmente, las posibilidades de 
injerencia en este derecho mediante el recurso de la sanción penal a las conductas que 
se desenvuelven en conexión con su ámbito de protección y la valoración concretamente 
realizada sobre la legitimidad –justificación y proporcionalidad– de la injerencia en este 
derecho en forma de la sanción penal de nueve años de prisión impuesta al recurrente 
en el presente caso.
II.  Las posibilidades de injerencia legítima –justificada y proporcional– mediante el 
recurso al sistema de justicia penal en el ejercicio del derecho de reunión.
5.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia solo aborda el análisis 
de la eventual afectación al derecho de reunión del recurrente por la imposición de la 
sanción  penal  con  ocasión  del  juicio  de  proporcionalidad  penal  como  garantía  del 
derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). Ello ha implicado que no se haya 
profundizado en determinados aspectos relevantes para el más correcto enjuiciamiento 
del  caso  desde  la  perspectiva  del  derecho  de  reunión,  sobre  los  que  ha  incidido 
especialmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha 
desarrollado un amplio y casuístico tratamiento de los supuestos de injerencia en este 
derecho. A esos efectos, es preciso destacar determinadas ideas tanto en relación con el 
propio ámbito material de protección de este derecho como, especialmente, respecto de 
la legitimidad de su injerencia mediante el recurso al sistema de justicia penal.
6.  El ámbito material de protección del derecho de reunión se extiende a cualquier 
tipo de reuniones o manifestaciones pacíficas, en el sentido de que los organizadores y 
los participantes no tengan intenciones violentas, inciten a la violencia o impliquen la 
negación de los fundamentos de una sociedad democrática (así, SSTEDH de 24 de julio 
de 2012, caso Fáber c. Hungría, § 37; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y 
otros c. Lituania, § 92; de 25 de julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, § 122, o 
de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnyy c. Rusia, § 98).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho especial incidencia en que lo 
relevante para que la reunión se desenvuelva dentro del ámbito material de protección 
de este derecho no es tanto que se hayan producido actos de violencia en el contexto de 
la reunión o manifestación, sino que, incluso tratándose de manifestaciones prohibidas, 
no quede acreditada una intención violenta en sus convocantes o participantes. Así, se 
establece que una persona no deja de disfrutar del derecho de reunión pacífica como 
resultado de violencia esporádica u otros actos punibles cometidos por otros en el curso 
de  la  manifestación  si  la  persona  en  cuestión  permanece  pacífica  en  sus  propias 
intenciones o comportamiento (SSTEDH de 12 de junio de 2014, caso Primov y otros c. 
Rusia, § 155; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 94; de 25 
de julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, § 124; o de 6 de octubre de 2020, caso 
Laguna Guzmán c. España, § 35). Igualmente, que, incluso si existe un riesgo real de 
que una manifestación pública sea la causa de disturbios debido a eventos fuera del  s
control de los organizadores, esta manifestación, por esta sola razón, no queda fuera de  oe.
la protección del este derecho, siendo exigible que cualquier restricción impuesta cumpla  3ww.
lRdaeus  s2eia0x,1i g§3e ,6 nc6ca;ia soos   ddGeeü  1nla5  y dl eoegt riotoicmstu icdb.ar eTd u ddreqe u 2lía0a 1,l i5§m,  i5cta1ac;s iodó enK  u1dd5er l eddveei črmeiucashy yoo   o(daterso í2s, 0 Sc1.T4 LE, itDcuaHasn odia eT,  a§1r 8a9 n4de)e.n kjuon ico.   2021-1130n https://w
Por lo que se refiere al contenido y objeto de la reunión o manifestación, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha establecido que queda protegido por el derecho de
reunión pacífica cualquier manifestación que puede molestar u ofender a personas que 
se oponen a las ideas que se pretenden promover por muy chocantes e inaceptables 
que puedan parecer a las autoridades determinadas opiniones (STEDH de 15 de octubre 
de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 145). Ese ámbito de protección se 
extiende también a los casos en que el objeto de la reunión o manifestación implique la 
promoción  de  cambios  constitucionales  radicales,  incluyendo  reivindicaciones 
independentistas  de  una  parte  del  territorio  (así,  decisión  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos de 7 de mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis y otros c. España, en 
relación con la STEDH de 30 de junio de 2009, caso Herri Batasuna y Batasuna c. 
España, § 79). Sin embargo, no quedan protegidas por el ámbito material de este 
derecho la promoción, aunque sea de forma no violenta, de ideas contrarias a los 
principios  materiales  de  una  sociedad  democrática  como  pueden  ser,  por  ejemplo, 
posiciones antisemitas (así, decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 
de junio de 2012, caso Partido de la Liberación y otros c. Alemania).
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también 
ha destacado que el mero hecho de que pueda existir en los convocantes o participantes 
una intención o conducta penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta, tampoco es 
suficiente para excluir el ámbito de aplicación de este derecho fundamental. Así, por 
ejemplo, en la STEDH de 15 de mayo de 2014, caso Taranenko c. Rusia, no hubo 
ninguna objeción por razón de la materia para considerar concernido el derecho de 
reunión pacífica –e incluso para concluir que fue lesionado– un supuesto de ocupación 
por manifestantes de la zona de recepción de un edificio público, en las que provocaron 
daños,  exigiendo  una  reunión  con  los  responsables  de  la  administración  pública  y 
denunciando el incumplimiento de la Constitución; como tampoco en la STEDH de 25 de 
julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, referido a la ocupación permanente de un 
inmueble de propiedad privada en protesta por su cesión a una empresa privada y hasta 
que se aclararan los aspectos relativos a la legalidad de su demolición; o en la STEDH 
de 9 de abril de 2002, caso Cisse c. Francia, ante la ocupación durante casi dos meses 
de una iglesia católica. Lo mismo sucedió en el caso de la STEDH de 15 de octubre 
de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, referido al mantenimiento del bloqueo al 
tráfico rodado de una vía pública durante tres días.
Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco ha excluido 
por razón de la materia la aplicación del parámetro de control relativo al derecho de 
reunión pacífica de aquellos supuestos en los que las manifestaciones se desarrollan en 
protesta, oposición o contradicción con resoluciones de las autoridades estatales. Así, 
por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no excluyó que se tratara de 
una reunión pacífica el llamamiento de un candidato presidencial a sus seguidores para 
que se concentraran contra las irregularidades que supuestamente habían ocurrido en el 
proceso electoral, anunciando que las elecciones no habían sido libres ni justas, a pesar 
de que la comisión electoral había ratificado el resultado de las elecciones, provocando 
con ellos la celebración de reuniones públicas masivas de protesta diarias en muchas 
ciudades del país, algunas con ocupaciones continuadas durante días de espacios 
públicos, teniendo una activa participación con la emisión de discursos dos o tres veces 
diarias a los congregados en la que pedía regularmente que continuaran las protestas 
masivas. Todo ello culminó con la dispersión por la fuerza pública de los manifestantes 
que se mantuvieron en situación de reuniones masivas en otros lugares de la ciudad 
produciéndose enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden con el resultado 
de diez muertos y numerosos heridos (STEDH de 25 de abril de 2019, caso Ter- s
Petrosyan c. Armenia, § 8 a 25 y 53). También puede citarse el supuesto de celebración  oe.
de una reunión, cuyo objetivo era denunciar y condenar la conducta de malversación de  w.
fyco ondndeco luscs opiónúntbr oldilce oc qso,un eqta unbeol e ht aeybnaíí aah nsa ifbduíona dnpa rominhveibenistdotai g( SapdoTorEq DueeHs a ldases  a a1cu2ut sodareicd jiauodnneieoss   dpyeo  l2hic0aia1bl4íea,s nc,  adllseeog  laaPd rfioims coaav lí laay    2021-1130n https://w
otros c. Rusia, § 7) o la negativa a disolver una reunión tras recibir un requerimiento
expreso  de  la  autoridad  competente,  haciendo  un  llamamiento  a  mantener  la 
concentración (STEDH de 5 de enero de 2016, caso Frumkin c. Rusia).
Otros casos relevantes en que tampoco se niega que quedan dentro del ámbito 
material de protección del derecho de reunión pacífica a pesar de ser en oposición a 
resoluciones de cortes constitucionales, son (i) el resuelto en la STEDH de 11 de octubre 
de 2018, caso Tuskia y otros c. Georgia, en que diversos manifestantes, incluyendo 
algunos  miembros  del  gran  consejo  académico  de  una  universidad,  que  había 
desaparecido  en  virtud  de  una  norma  estatal  cuya  constitucionalidad  había  sido 
confirmada por el Tribunal Constitucional, afirmaron mantener sus competencias, en 
desacato  del  mismo,  nombrando  un  nuevo  rector  de  la  universidad,  ocupando 
determinadas  dependencias  de  la  universidad  e  invadiendo  el  despacho  del  rector 
nombrado por la nueva norma estatal exigiéndole su dimisión; y (ii) el resuelto en la 
decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2019, caso 
Forcadell i Lluis y otros c. España, en que tampoco se objetó la posibilidad de analizar 
bajo la invocación del derecho de reunión la suspensión de una sesión parlamentaria en 
aplicación de una resolución de este Tribunal Constitucional.
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
se hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión, de manera más precisa y matizada lo siguiente:
(i)  El ámbito de protección material de este derecho alcanza a toda reunión o 
manifestación  pacífica,  entendiendo  por  tal  aquella  que,  con  independencia  de  la 
radicalidad del mensaje y de las reivindicaciones sostenidas, los organizadores y los 
participantes no tengan intenciones violentas, ni inciten a la violencia o impliquen la 
negación de los fundamentos de una sociedad democrática.
(ii)  El carácter pacífico de una reunión o manifestación no queda negado (a) por la 
circunstancia de que se hayan producido actos de violencia en su contexto, incluso si 
existía  un  riesgo  real  de  que  por  la  naturaleza  de  la  situación  pudieran  causarse 
disturbios, si la persona en cuestión permanece pacífica en sus propias intenciones o 
comportamiento, (b) ni por el mero hecho de que pudiera existir en los convocantes o 
participantes una intención o conducta penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta 
–ocupaciones,  pequeños  daños,  obstrucción  de  la  circulación,  etc.–  (c)  ni  que  se 
desarrollen en protesta, oposición o contradicción con resoluciones de las autoridades 
competentes, incluyendo reuniones expresamente prohibidas.
7.  La circunstancia de que una determinada conducta o acto quede dentro del 
ámbito material del derecho de reunión no implica, lógicamente, que cualquier restricción 
o  injerencia  quede  constitucionalmente  prohibida.  No  obstante,  las  eventuales 
restricciones o injerencias de que sea objeto quedan sometidas a los estrictos requisitos 
que  legitiman  este  tipo  de  limitaciones:  previsión  normativa,  persecución  de  un  fin 
legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Las injerencias o restricciones que plantean mayores problemas son, precisamente, 
las que consisten en la represión penal de las conductas que se desenvuelven en el 
ámbito  material  del  derecho  de  reunión.  Estas  injerencias,  en  principio,  no  suelen 
plantear problemas desde la perspectiva de su previsión normativa –protegida además 
por el derecho a la legalidad sancionadora– ni la persecución de un fin legítimo –
normalmente vinculado a la protección del orden público o de los intereses o valores 
constitucionalmente tutelados por el tipo penal correspondiente–. Sin embargo, deben  e
ser objeto de un muy especial e intenso escrutinio desde la perspectiva de su necesidad  bo
y proporcionalidad por suponer la más grave injerencia en el derecho de reunión en  3w
fautnednacimóne ntaa lelsa  sruasdtaicnatliivdoasd  –ldoes  qlau e rseosnp uoebsjteat o edseta tparli vaqcuióen  acfoemctoa  cao nsoetrcouse ndceiar edceh olas   2021-1130n https://w
peefencato–  yd epsoar liseun teos pye cdieasl iinncteennstiivdaaddo sr oqburee  etile pnreo ptiaon dtoe rseocbhroe  deel  rseuujneitóon  spaonrc eiol ndaedvoa sctaodmoor 
sobre  la  colectividad  en  el  ejercicio  de  una  libertad  pública  sin  la  que  no  puede
entenderse el concepto mismo de democracia constitucional. Ese escrutinio debe ser 
más estricto cuanto más severa en lo cualitativo y en lo cuantitativo es la respuesta 
sancionadora estatal.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desarrolla en este 
contexto de pensamiento, al establecer de manera reiterada que dentro del término 
restricciones o injerencias aplicables al derecho de reunión pacífica están las medidas 
punitivas adoptadas como consecuencia del desarrollo de la reunión siempre que (i) 
exista un vínculo claro y reconocido entre el ejercicio de ese derecho y la sanción 
impuesta (así, SSTEDH de 4 de diciembre de 2014, caso Navalnyy y Yashin c. Rusia, § 
52, o de 14 de enero de 2020, caso Varoğlu Atik y otros c. Turquía, § 29), que se 
extiende incluso a los casos de absolución derivado del mero hecho de la existencia de 
un procesamiento penal (SSTEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. 
Turquía, § 41, o de 18 de diciembre de 2007, caso Nurettin Aldemir y otros c. Turquía, § 
34-35), y (ii) se persiga un objetivo legítimo de preservación del orden público y/o la 
protección de los derechos y libertades de terceros (STEDH de 15 de octubre de 2015, 
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 140), lo que suele estar presente en aquellos 
supuestos en que en el ejercicio del derecho de reunión, aunque se desarrolle de 
manera pacífica, concurran intenciones que no formen parte del núcleo esencial del este 
derecho como es la obstrucción al cumplimiento de decisiones adoptadas legítimamente 
por las autoridades competentes (STEDH de 11 de octubre de 2018, caso Tuskia y otros 
c. Georgia, § 76 a 87; o la decisión de 7 de mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis y otros 
c. España, § 32 y 33).
Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incidido 
en que no basta con que la sanción impuesta persiga un fin legítimo, sino que es 
exigible, además, que sea necesaria en una sociedad democrática, lo que implica que 
exista una proporcionalidad de esta respuesta penal con el fin legítimo perseguido, en el 
sentido  de  que  se  ponderen  debidamente,  por  un  lado,  la  presencia  de  los  fines 
legitimadores de esta intervención punitiva, su necesidad para la protección los intereses 
y valores que se pretenden tutelar y, por otro, el sacrificio que todo ello implica del 
derecho de reunión (SSTEDH de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. 
Lituania, § 144; o de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnny c. Rusia, § 128).
Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
hecho especial énfasis en que cualquier injerencia en forma de intervención del sistema 
penal o de cualquier respuesta punitiva conlleva un efecto de disuasión sobre quienes 
resultan afectados por estas restricciones y sobre las personas que pudieran tener 
interés en ejercitar este derecho en el futuro –bien organizando bien participando en 
reuniones similares–, con el empobrecimiento de un debate público abierto que ello 
supone (STEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. Turquía, § 41), 
destacando que el efecto desaliento puede quedar amplificado cuando estas medidas 
represivas se dirigen a una figura pública conocida o relevante (STEDH de 31 de julio 
de 2014, caso Nemtsov c. Rusia, § 78).
Por último, también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
establecido que la naturaleza y la gravedad de las sanciones impuestas son factores que 
deben tenerse en cuenta al evaluar la proporcionalidad de la injerencia o restricción, 
incidiendo en que (i) una manifestación pacífica no debería, en principio, quedar sujeto a 
la amenaza de una sanción penal y particularmente a una pena privativa de libertad y (ii) 
las sanciones de naturaleza penal requieren una justificación particular debiendo ser 
objeto de un examen especialmente cuidadoso (SSTEDH de 15 de octubre de 2015,  s
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 146 o de 15 de noviembre de 2018, caso  oe.
Navalnny c. Rusia, § 128). En ese sentido, también el Tribunal Europeo de Derechos  w.
Hspeourlmi ccíaaon noos sisd ihetuaraa pdciuaoe ndseetsos  pcdroeom pmoo arecnli oiflianenaszdtoaa m qeiuenen  ltoloas  d imcea ppsoioessdic ridaóesn   ued neof trrleaonrsgt aaomsb jieeptneotnsoa sss i nsdi nec  apaurrsimsaiaró snle  scpiouonen deleas    2021-1130n https://w
graves (SSTEDH 19 de enero de 2016, caso Gülcü c. Turquía, § 115; de 4 de octubre
de 2016, caso Yaroslav Belousov c. Rusia, § 177 a 180, o de 30 de enero de 2018, caso 
Barabanov c. Rusia, § 74-75).
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
se hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión, de manera más precisa y matizada lo siguiente:
(i)  La sanción penal como consecuencia de la convocatoria o participación en una 
reunión pacífica es una injerencia en el derecho de reunión pacífica por lo que, además 
de ser una medida prevista legalmente, debe (a) perseguir un objetivo legítimo de 
preservación del orden público y/o la protección de los derechos y libertades de terceros; 
y (b) ser necesaria y proporcionada con el sacrificio que implica tanto para el derecho 
afectado por el contenido de la sanción impuesta como para el propio derecho de 
reunión por el efecto desaliento que puede generar sobre su ejercicio, exigiendo una 
justificación y análisis de legitimidad especialmente intensos.
(ii)  La sanción penal consistente en largas penas de prisión por la convocatoria o 
participación en reuniones pacíficas en que pueda haber enfrentamientos sin armas con 
fuerzas del orden público u otros incidentes como lanzamientos de objetos sin causar 
lesiones graves deben ser consideradas, en principio, desproporcionadas.
III.  La aplicación del parámetro de constitucionalidad del derecho de reunión a la 
conducta por la que fue condenado el recurrente a una pena de nueves años de prisión y 
de inhabilitación absoluta.
8.  Las  resoluciones  judiciales  impugnadas  en  este  recurso  de  amparo  han 
mantenido que no cabía tomar en consideración la invocación del derecho de reunión 
(art. 21 CE) con la siguiente argumentación:
(i)  La conducta del recurrente era de oposición activa y concertada, mediante la 
interposición física de las personas a las que convocaban, frente a actuaciones de 
agentes de la autoridad que contaban con respaldo legal y constitucional encaminadas a 
dar cumplimiento a un específico y muy concreto mandato judicial como era impedir que 
una votación prohibida se llevase a cabo, desbordando «totalmente los linderos de lo 
que ha de considerarse legítimo derecho de reunión para la exteriorización de la protesta 
o crítica por la actuación de los poderes públicos» (apartado 17.5.2 de la sentencia 
condenatoria impugnada).
(ii)  Según el auto impugnado en amparo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos excluye del ámbito material de protección del derecho de reunión 
pacífica, no solo la incitación a la violencia, sino también «al levantamiento (soulèvement 
en versión francesa, uprising en la versión inglesa) o a cualquier otra forma de rechazo a 
los principios democráticos»; concluyendo que «en tales supuestos de exclusión de la 
protección  del  derecho  de  reunión  o  manifestación  no  concurre  necesariamente  la 
violencia. Se presentan como una modalidad alternativa a la violencia, en cuanto que no 
resulta  amparable  la  manifestación  que  comporta  desprecio  de  los  principios 
democráticos. Esta idea se refuerza si, como en el caso que centra nuestra atención, se 
recurre  a  vías  de  hecho  que  conducen  a  la  imposición  de  una  normativa 
anticonstitucional, aprobada con desprecio de las minorías». A partir de ello, se insiste 
en que la conducta del recurrente no queda amparada en el concepto de reunión pacífica 
(apartado  2.5  del  auto  desestimatorio  del  incidente  de  nulidad  de  actuaciones 
impugnado,  al  que  se  remitiría  el  apartado  4.2.5  de  dicho  auto  para  resolver  la  e.
invocación del recurrente). w.
consPidoer rtaacnióton,  deenl  ldae rveíach jou ddicei arle uonrdióinna reias , qeule a lrag ucmonednutoc tap adrae l erxeccluurirre cnutea lqseu iedre stiapror odlleó   2021-1130n https://w
fpuaerrtaic idpea csióun á emnb iltoos  mmaitsemriaols  dcea rpercoítaenc cdióen .l aL ocso nancototasc icóonn vdoec audnoas  «proeru neiló rne cpuarcreífnictae» y,  syua 
que su objetivo era evitar de manera coactiva, mediante su capacidad de movilización
pública y masiva, la ejecución de una resolución judicial cuyo objetivo era impedir la 
imposición de una normativa antidemocrática por haber sido aprobada con desprecio a 
las reglas esenciales del derecho y el respeto a las minorías.
9.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, por el contrario, 
parece no controvertir que la conducta del recurrente se desarrollaba dentro del ámbito 
material de protección del derecho de reunión. Concentra su fuerza argumental en que el 
derecho de reunión no es un derecho absoluto y que, en este caso, la restricción que 
supone la respuesta penal supone una injerencia necesaria, ya que estaba dirigida al fin 
legítimo de la protección de la efectividad de resoluciones jurisdiccionales tendentes a 
evitar la proclamación de la independencia de una parte del territorio fuera de los cauces 
constitucionales que lo hubieran posibilitado [apartado 12.5.2.3 B)].
10.  Una recta interpretación del derecho de reunión, en línea con la efectuada por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determina que la conducta del recurrente 
queda dentro del ámbito material de protección del derecho de reunión pacífica. El 
argumento  sostenido  en  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  de  que  los  actos 
desarrollados el 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 no tienen siquiera cobertura en 
el  concepto  de  reunión  pacífica  –presupuesto  para  que  pueda  ser  tomada  en 
consideración las garantías del derecho de reunión– no es acorde con la jurisprudencia 
de este tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia.
No es controvertido por las resoluciones judiciales impugnadas que, con carácter 
general, los hechos en que se fundamenta la condena del recurrente no implicaron un 
nivel de violencia necesario para excluir su calificación de concentraciones de carácter 
pacífico a los efectos del ámbito material del derecho fundamental de reunión. De hecho, 
la condena del recurrente se basó en un precepto penal que no exige como medio 
comisivo la violencia y en la resolución impugnada se hizo especial incidencia en que el 
medio comisivo concurrente era el «extravío –actuar fuera de las vías legales–, del 
procedimiento ordenado a los ilícitos e inconstitucionales objetivos». Por otra parte, 
también  es  destacable  que  las  resoluciones  impugnadas  no  establecen  ninguna 
conexión del recurrente como convocante o participante con los esporádicos actos de 
violencia  que  pudieran  estar  presentes  en  estas  concentraciones  y  que  reconocen 
expresamente el concreto compromiso del recurrente con la no violencia y los generales 
llamamientos de los convocantes a que las concentraciones se desarrollaran de manera 
pacífica y sin enfrentamientos con los agentes de la autoridad.
Ahora bien, no se comparte la posición de la resolución judicial impugnada de incluir 
en la categoría de «reunión que de cualquier otro modo implique el rechazo a los 
fundamentos de una sociedad democrática», a la que se refiere la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para justificar que,  prima facie, queda al 
margen del ámbito material del derecho de reunión. Las razones por las que rechazamos 
esta consideración de las resoluciones impugnadas son las siguientes:
(i)  La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ya se ha 
desarrollado  anteriormente,  solo  excluye  el  carácter  pacífico  de  la  reunión  en  los 
supuestos de que las concentraciones tengan intenciones violentas, inciten a la violencia 
o impliquen la negación de los fundamentos de una sociedad democrática (así, por 
ejemplo, STEDH de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnyy c. Rusia, § 98). Las 
referencias contenidas en el auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones 
impugnado a la idea de «incitación a un levantamiento» como excluyente de reunión  s
pacífica  se  fundamenta  en  sendas  resoluciones  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  oe.
Humanos [SSTEDH de 8 de diciembre de 1999, caso Partido de la libertad y de la  3ww.
cdreoefmmeruoidncairsastc aia a(l  N(deÖepZreeDcceEhroPis )t di)ce y.   rUTeunurgnquióurníea a, pna§uc  cí4f.i 0cRa, u yms inadone i ad3,e  § d a5es4 o]f,ce iqbaurceeiór onn  odo ae p car2er0ea0cc5eió,n n c dadirseeo c tpaPamartreidtnidotoes    2021-1130n https://w
políticos y se utiliza como parámetro de control de análisis de decisiones de disoluciones
de partidos políticos con referencia directa al objetivo de subvertir el orden establecido
por medios del uso de la violencia. De hecho, esa misma referencia aparece en idénticos 
contextos en las SSTEDH 25 de mayo de 1998, caso Partido socialista y otros c. 
Turquía, § 46, y de 25 de septiembre de 2012, caso Sindicato de Trabajadores de la 
Educación y la Ciencia c. Turquía, § 75.
Por otra parte, en atención a la propia valoración que se hace en las resoluciones 
condenatorias de que la pretensión real de los condenados «era presionar al Gobierno 
de  la  Nación  para  negociar  un  referéndum,  este  sí,  susceptible  de  homologación» 
(apartado 5.2.3 del auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, con 
reproducción literal de la sentencia condenatoria), parece difícil asumir como posición de 
principio para excluir del ámbito material del derecho de reunión que la conducta del 
recurrente venía animada por la intención de incitar a un levantamiento en el sentido 
utilizado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(ii)  Tampoco cabe asumir como argumento para excluir la conducta del recurrente 
del ámbito material del derecho de reunión, el utilizado en las resoluciones judiciales 
impugnadas de que implicaba una negación de los principios democráticos, por el hecho 
de tener como telón de fondo la oposición abierta o resistencia activa a la ejecución de 
resoluciones  judiciales  cuyo  objetivo  era  impedir  la  imposición  de  una  normativa 
antidemocrática aprobada con desprecio a las reglas esenciales del derecho y el respeto 
a las minorías parlamentarias.
Ya se ha destacado anteriormente que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  utiliza  la  referencia  a  la  negación  de  los  valores  y  principios 
democráticos –con efectos equivalentes al uso o incitación de la violencia para negar el 
carácter pacífico de una reunión– a que tengan como objeto la promoción de ideas 
conexas a las que pueden ser consideradas discurso del odio. Además, es constante la 
referencia que en la jurisprudencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hace 
a que el carácter pacífico de una reunión, como presupuesto para considerar que se 
desenvuelve dentro del ámbito material de protección de este derecho, no queda negado 
por  el  mero  hecho  de  que  pudiera  existir  en  los  convocantes  o  participantes  una 
intención o conducta penalmente ilícita o que se desarrollara en protesta, oposición o 
abierta contradicción con resoluciones de las autoridades competentes, incluyendo las 
judiciales. Ya se han citado ejemplos de resoluciones del tribunal de Estrasburgo en que 
la circunstancia de que la convocatoria lo fuera en abierto desacato y contradicción con 
decisiones de cortes constitucionales no era suficiente para negarles su carácter de 
reunión pacífica, sin perjuicio de la posibilidad de que fueran objeto de restricciones 
legítimas (así, por ejemplo, STEDH de 11 de octubre de 2018, caso Tuskia y otros c. 
Georgia, o decisión de inadmisión de 7 de mayo de 2019, caso Forcadell i Lluis y otros c. 
España).
Por tanto, debemos insistir en que, con independencia de la relevancia que pueda 
tener en la valoración sobre la legitimidad de la restricción aplicada en forma de sanción 
penal,  no  resulta  posible  excluir  la  conducta  del  recurrente  del  ámbito  material  de 
afectación del derecho de reunión.
11.  Coincidimos con la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en 
que la conducta del recurrente de convocar y participar en las concentraciones de los 
días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente por estar animadas por la 
finalidad no solo de protestar contra unas concretas decisiones jurisdiccionales sino de 
impedir o, al menos, obstaculizar su efectividad, podía ser objeto de una restricción 
legítima con fundamento en razones de protección del orden público. No creemos que 
sea necesario insistir ni profundizar en ello. e.
12.  El problema central del control de constitucionalidad de la decisión judicial de  3w
icmopnovoncear toarli ar eyc uprraernticteip aucniaó np eenna l odse  hneucehvoes  adñeol sd ídae  2p0r idsieó ns eyp tdieem ibnrhea byi li1ta cdieó no cptourb rlea   2021-1130n https://w
dy ep 2ro0p1o7r ceiso,n paodra t aennt os,u d deeterermchinoa rd esi  reesuan idóenc ipsaiórna  jluad cicoianls seucpuucisóon  udneal  ionbjejeretinvoci ale ngeítcimesoa driea 
preservación de valores constitucionales prevalentes.
A esos efectos, tal como sostuvimos en la deliberación, al margen de los problemas 
de proporcionalidad estrictamente penal que planteaba la condena –en línea con lo que 
ya argumentamos en los votos particulares formulados a las SSTC 91/2021, de 22 de 
abril, y 106/2021, de 11 de mayo–, consideramos que, en las circunstancias del caso, el 
recurso mismo al sistema de justicia penal para imponer una sanción de tal gravedad al 
recurrente es desproporcionado y lesivo del derecho de reunión por el efecto desaliento 
que para el ejercicio de este derecho puede implicar. Las razones que nos llevan a 
sustentar esta conclusión son las siguientes:
(i)  El recurrente era el líder de una asociación de la sociedad civil y no un político 
en el momento de los hechos por los que ha sido condenado. La consideración del 
derecho de reunión como una de las libertades esenciales de la democracia, por su 
conexión con la garantía de asegurar un foro para el debate público y la expresión 
abierta de protesta incluso en relación con temas que puedan incomodar o molestar al 
poder, adquiere su máxima dimensión en relación con la actuación de grupos sociales y 
asociaciones,  ya  que,  como  ha  destacado  la  jurisprudencia  constitucional,  «su 
configuración como expresión del principio democrático participativo adquiere mayor 
relevancia, si cabe, al ser este derecho, en la práctica, para muchos grupos sociales 
"uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus 
ideas y reivindicaciones"» (STC 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 6). Por otra parte, el 
hecho de que fuera el máximo representante de un grupo de la sociedad civil de gran 
proyección pública y de que su condena haya sido acompañada de la del líder de otra 
organización de la sociedad civil de igual relevancia pública inciden, en los términos ya 
expuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la amplificación del efecto 
desaliento (STEDH de 31 de julio de 2014, caso Nemtsov c. Rusia, § 78).
De ese modo, si con carácter general cualquier limitación al derecho de reunión debe 
ser  objeto  de  una  interpretación  restrictiva,  en  el  recurrente  concurren  las  citadas 
circunstancias subjetivas que hubieran debido llevar a hacer un especial escrutinio sobre 
la singular afectación que su represión penal podría generar en el derecho fundamental 
de reunión.
(ii)  La circunstancia que ha legitimado la restricción del derecho de reunión del 
recurrente ha sido, en los términos expuestos por la resolución condenatoria impugnada, 
su  contribución,  dentro  de  una  actuación  concertada  con  otros  actores  políticos  y 
sociales, a la movilización ciudadana para «neutralizar cualquier manifestación de poder 
emanada de las autoridades judiciales y gubernativas del Estado» contra la efectividad 
de la cobertura jurídica creada para la consecución del acto fundacional de la República 
de Cataluña (hecho probado 3), que se había concretado, por un lado, en sucesivas 
suspensiones de normativa autonómica por el Tribunal Constitucional y, por otro, en 
diversas  decisiones  judiciales  para  hacer  efectivo  su  cumplimiento,  como  eran  una 
diligencia de entrada y registro fijada para el 20 de septiembre de 2017 en una sede de 
la administración autonómica (hecho probado 9) y la orden de incautación de todo el 
material  electoral  y  de  prohibición  de  celebración  de  los  actos  de  votación  (hecho 
probado 10).
Las conductas de «neutralización» realizadas por el recurrente, junto con el líder de 
otra organización de la sociedad civil también condenado, que se consideran punibles en 
la resolución impugnada son:
a)  El 20 de septiembre de 2017, la movilización de la ciudadanía ante la sede 
administrativa que iba a ser objeto de registro judicial publicitando por medio de las redes  e
sociales  esa  actuación  judicial,  con  el  resultado  de  que  la  alta  concentración  de  bo
personas, en la que tuvieron una activa participación directiva ambos líderes sociales,  3w
pimoplicidiaióle se l( hneocrmhoa lp rdoebsaadroro 9llo). de la diligencia y se causaron desperfectos en vehículos  2021-1130n https://w
Twitbte) r yE dl e1  ldoes  omcetudbiores  ddee  2c0o1m7u, naicleanctiaórno,n a « oac luopsa cr iulodsa dcaennotrso,s a d tera vvoétsa cdieó nm aenntseasj edse  dlae 
hora en la que estaba ordenada la intervención de la policía autonómica, y les exhortaron
a que impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura y a la 
retirada del material electoral» (hecho probado 9.2), con el resultado de que la cifra total 
de personas que fueron a votar ascendió a 2286217 (hecho probado 4) y de que «en 
diversos lugares de la geografía catalana se produjeron enfrentamientos entre miembros 
de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, 
quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la 
que eran portadores los agentes» y, en otros, las agentes policiales debieron desistir de 
su objetivo ante la imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas 
(hecho probado 12).
Este relato de hechos probados pone de manifiesto que tanto las convocatorias 
como  la  propia  participación  del  recurrente  en  ambos  días  lo  fueron  en  términos 
estrictamente pacíficos,  aunque con  esporádicos actos de violencia física que, aun 
pudiendo ser previsible en atención a la situación social e institucional concurrente en 
aquellos momentos en Cataluña, se produjeron fuera del control del recurrente que, de 
manera reconocida, permaneció pacífico en sus propias intenciones y comportamiento.
Los llamamientos a la movilización lo fueron con la finalidad expresa de promover 
una actitud desobediente a resoluciones jurisdiccionales pronunciadas en defensa del 
respeto  a  procedimientos  democráticos  de  decisión,  lo  que  posibilita  justificar  una 
restricción legítima del derecho de reunión en forma de sanción para preservar el valor 
constitucional ínsito en el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el respeto a las 
reglas democráticas. No obstante, hay que insistir en que acudir a la represión penal de 
estas conductas y a la imposición de penas privativas de libertad de tan larga duración 
como las aplicadas al recurrente en ausencia de violencia tiene un tan severo impacto 
desalentador sobre el ejercicio del derecho fundamental de reunión, que ha llevado a la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a considerar que es una 
injerencia desproporcionada (SSTEDH de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y 
otros c. Lituania, § 146 o de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnny c. Rusia, § 128).
(iii)  La consideración de que la respuesta penal a la conducta del recurrente y la 
severa limitación que ello implica de su derecho de reunión resulta proporcionada se ha 
hecho  radicar  en  la  gravedad  de  los  valores  constitucionales  lesionados  con  su 
conducta. El relato de hechos probados que ha dado lugar a la condena del recurrente 
pone de manifiesto, como ya se ha expuesto, que la real gravedad de la conducta no 
reside tanto en que las convocatorias se celebraran con la finalidad de oponerse a la 
ejecución de una resolución jurisdiccional, sino en que dicha finalidad era, además, 
instrumental para un objetivo de mayor lesividad constitucional como posibilitar dar 
efectividad a la cobertura jurídica creada para la consecución del acto fundacional de la 
Republica de Cataluña con infracción de los procedimientos constitucionales vigentes.
No  cabe  negar  la  justificación  de  una  injerencia  en  el  derecho  de  reunión  del 
recurrente  mediante  la  imposición  de  una  sanción  administrativa  derivada  de  una 
convocatoria  pública  que  tiene  el  objetivo  de  obstruir  la  ejecución  de  resoluciones 
jurisdiccionales. Sin embargo, no podemos compartir que el recurso a la represión penal 
del  recurrente  se  fundamente  en  que,  además,  resultara  necesario  tomar  en 
consideración el supuesto riesgo de que con su conducta pudiera darse efectividad, al 
margen de los mecanismos y procedimientos constitucionales establecidos al efecto, a la 
independencia de Cataluña.
El relato de hechos probados es categórico al establecer que «todos los acusados 
ahora objeto de enjuiciamiento eran conscientes de la manifiesta inviabilidad jurídica de 
un referéndum de autodeterminación que se presentaba como la vía para la construcción  e.
de la República de Cataluña. Sabían que la simple aprobación de enunciados jurídicos,  w.b
elcoon n qasubteiiteu rscteiao  ncoaofrln,e tncraíoad  picaoc dilóarín a c cciuoodnna dldauascn irrí eaag  lcuaanst  aedlsaepnmaaoc cicoroá mdtieco a sseo lbp eererjeavrniscítiaca.is oE  prlaaenrga ítc ilmoan oroe cdfeoedrlm o"rade esdr eedlce th eqoxu taoe    2021-1130n https://w
cdreecaidciiró"n,  ndoe  eurna  Esisntoa deol  ssoebñeurealon op. aBraa jou neal  immoavgiilnizaarcioió nd eqreuceh nou dnec aa udteosdeemtebromcianraíaci óenn  slae 
agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la
Nación  para  la  negociación  de  una  consulta  popular»  (hecho  probado  14).  Esta 
afirmación queda también desarrollada en la fundamentación jurídica de las resoluciones 
judiciales impugnadas cuando se menciona que la pretensión real de los condenados 
«era  presionar  al  Gobierno  de  la  nación  para  negociar  un  referéndum,  este  sí, 
susceptible de homologación» (apartado 5.2.3 del auto desestimatorio del incidente de 
nulidad de actuaciones, con reproducción literal de la sentencia condenatoria). Por tanto, 
es  el  propio  relato  de  hechos  probados  el  que  desmiente  en  la  intención  de  los 
condenados,  también  del  recurrente,  una  intención  secesionista  al  margen  de  una 
negociación con el Estado.
Por otra parte, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la preservación de esos 
valores constitucionales que pudieran haberse puesto en riesgo con la celebración del 
llamado referéndum estaba asegurada, en cuanto a la imposibilidad de desplegar efecto 
alguno, mediante la actuación del Tribunal Constitucional, que ya había suspendido 
sucesivamente la diferente normativa autonómica aprobada con esa finalidad, lo que 
impedía  la  efectividad  de  una  declaración  de  independencia  fuera  del  marco 
constitucional vigente.
De ese modo, tampoco en la gravedad del riesgo o lesión de valores constitucionales 
cabe sustentar una necesidad imperiosa en que su preservación exigiera una represión 
penal de las características de la impuesta al recurrente.
13.  En conclusión, consideramos que, en el presente caso, la injerencia en el 
derecho  de  reunión  del  recurrente  mediante  el  recurso  a  la  sanción  penal  resulta 
desproporcionada atendiendo a la triple circunstancia de que se trata de la conducta de 
(i) un líder social cuyas posibilidades de participación e interlocución en el debate público 
están  especialmente  garantizadas  por  este  derecho;  (ii)  se  desarrolló  por  medios 
estrictamente  pacíficos,  aunque  tuviera  la  finalidad  de  obstruir  la  efectividad  de 
resoluciones jurisdiccionales; y (iii) su objetivo mediato no era propiciar un levantamiento 
social que posibilitara la declaración de independencia de Cataluña, fuera de los cauces 
y procedimientos constitucionales, sino presionar al Gobierno de la Nación para la 
negociación de una consulta popular en ese sentido.
En esas circunstancias, una adecuada ponderación de todos estos hechos en el 
contexto del derecho fundamental de reunión y las posibilidades de injerencia en el 
mismo mediante el recurso al sistema de justicia penal con la finalidad de preservar 
valores constitucionales prevalentes, hubiera debido llevar a la conclusión, mantenida 
por nosotros en la deliberación, de que una sanción penal resultaba desproporcionada y 
con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental.
La respuesta penal, especialmente con la severidad de la impuesta al recurrente, 
frente a la mera convocatoria de actos que, aunque lo fueran para oponerse a la 
ejecución de resoluciones judiciales, tenían como objetivo último presionar al Gobierno 
en  favor  de  una  negociación  política  que  posibilitara  abordar  la  cuestión  de  la 
independencia de Cataluña, supone una injerencia en el derecho de reunión, con un 
devastador efecto desaliento sobre este derecho, que amenaza con empobrecer nuestra 
democracia, con alinearnos con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal 
en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos 
fundamentales y con alejarnos, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y 
aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la normal participación de la 
ciudadanía en las democracias plenas.
Madrid, a dos de junio de dos mil veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María Luisa  e
Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. bo
2021-1130n https://w