BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 9 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 151511
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20349 Resolución  de  23  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Málaga n.º 1 a inscribir el testimonio de 
una sentencia dictada en rebeldía de la parte demandada.
En el recurso interpuesto por don A. B. M. y doña L. G. A. contra la negativa del 
registrador de la Propiedad de Málaga número 1, don José Alfonso Uceda Serrano, a 
inscribir el testimonio de una sentencia dictada en rebeldía de la parte demandada.
Hechos
I
En el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga se tramitó el procedimiento 
ordinario número 536/2019 en el que recayó sentencia estimatoria de la demanda el 
día 27 de enero de 2021, declarando la adquisición por prescripción en favor de los 
demandantes del pleno dominio de la finca registral número 7.337/B del Registro de la 
Propiedad de Málaga número 1.
Dicha sentencia se dictó en rebeldía de la parte demandada.
II
Presentado testimonio de dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Málaga 
número 1, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación:
Calificado el precedente documento que se presentó en este Registro a las doce 
horas y cuarenta y cuatro minutos del día trece de julio de dos mil veintiuno, según el 
asiento 1.547 del Diario 129 de Operaciones, de conformidad con los artículos 18 y 19 
bis ambos de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, se suspende su 
inscripción, por los siguientes defectos basados en estos hechos y fundamentos de 
derechos:
Hechos:
En  la  fecha  indicada,  se  presentó  para  su  inscripción  testimonio  de  la 
sentencia 19/2021 dada en Málaga, el día 27 de enero de 2021, por el Letrado de la 
Administración de Justicia del Juzgado de 1.ª Instancia número cuatro de Málaga, por el 
que se estima la demanda interpuesta por Doña L. G. A. y Don A. B. M. contra la 
mercantil Promociones Inmobiliarias Málaga, SA, declarada en situación de rebeldía 
procesal, y en consecuencia se declara suficientemente acreditada por la actora del 
dominio de la finca registral número 7.337-B.
No se acredita que hayan transcurridos los plazos de posibles ejercicios por el  e
demandado en rebeldía de la acción de rescisión. bo
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validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte 
de ellas y de los asientos del Registro, añadiendo el artículo 21 que los documentos 
relativos a contratos o actos que deban inscribirse, expresarán, por lo menos, todas las 
circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción, y sean relativas a las 
personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
Por su parte el párrafo 2.º del artículo 98 del Reglamento dispone que del mismo 
modo el Registrador apreciará la no expresión, o la expresión sin la claridad suficiente, 
de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este Reglamento, debe contener 
la inscripción, bajo pena de nulidad.
Del artículo 3 de la Ley Hipotecaria resulta que los títulos que contengan actos o 
contratos  inscribibles  deberán  estar  consignados  en  escritura  pública,  ejecutoria,  o 
documento auténtico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en 
la forma que prescriban los reglamentos.
Además, es también reiterada la doctrina de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, sobre la necesidad de firmeza de los documentos judiciales para 
que puedan dar lugar a la práctica en el Registro de la Propiedad, de asientos de 
inscripción o cancelación, dado el carácter definitivo de los mismos.
Del testimonio presentado resulta que se trata de una Sentencia dictada en rebeldía 
de los demandados, luego para que sea firme, y por tanto inscribible, es preciso que 
hayan transcurrido (a partir de la notificación de la Sentencia) los plazos de posible 
ejercicio por aquel de la acción de rescisión que prevé el art. 502 LEC; es decir, tanto el 
de veinte días o el de cuatro meses (según se hubiera o no citado personalmente al 
demandado) como el de dieciséis meses en caso de subsistencia de la situación de 
fuerza mayor que hubiese impedido la comparecencia del rebelde al juicio. Ello sin 
perjuicio de que pueda tomarse la anotación preventiva a que se refiere el art. 524 LEC. 
Así resulta de los artículos 502 y 524-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo confirma la 
doctrina de la Dirección General de los Registro [sic] entre otras en Resoluciones de 27 
de septiembre de 2011, 28 de enero de 2013, 1 de octubre de 2014, 29 de enero 
de 2015, 21 de mayo de 2015, 7 de septiembre de 2015, 6 de noviembre de 2015, 3 de 
abril de 2017, 7 de junio de 2017 y 29 de mayo de 2018.
Es doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que la existencia 
de la fuerza mayor que justifique la falta de comparecencia, puede continuar durante 
todo el procedimiento e incluso después de dictada la sentencia, luego una interpretación 
lógica de la norma, que no conduzca al absurdo, exige interpretarla en el sentido de que 
para poder practicar la inscripción es preciso que transcurra el plazo de dieciséis meses 
a partir de la notificación de la Sentencia, no constando en el titulo calificado cuando se 
ha  producido  dicha  notificación,  todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  pueda  tomarse  la 
anotación preventiva a que se refiere el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, se procede 
a notificar esta nota de calificación negativa al presentante y al Notario autorizante del 
Título o a la Autoridad Judicial que ha expedido el mandamiento, en la fecha y por los 
medios que se indicarán en las notas puestas al margen del asiento de presentación.
Esta nota de calificación negativa, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 323 de 
la Ley Hipotecaria, lleva consigo la prórroga automática del asiento de presentación por 
plazo de sesenta días a contar desde la fecha de la última notificación a que se refiere el 
párrafo precedente.
De conformidad con el artículo 19-bis, párrafo 4.º de la Ley Hipotecaria, se hace 
constar el derecho que tienen los interesados a solicitar del Registrador el cuadro de  s
sustituciones correspondiente, la calificación del título presentado, dentro del plazo de  oe.
los quince días siguientes a la notificación de la precedente nota de calificación negativa,  w.
mediante  la  aportación  al  Registrador  Sustituto  del  texto  íntegro  del  documento  349ww
Rpreegsiesntrtoa daon.t eE cnu yeol  tmituolmare pnutoe ddae e jienrsctaerrssee .la aplicación de dicho cuadro, se indicará el
No  se  toma  anotación  preventiva  de  suspensión  dado  que  no  se  ha  solicitado 
expresamente conforme a los artículos 19, 42. 9.º, 65 y 323 párrafo 3.º de la Ley 
Hipotecaria.
Contra la precedente calificación los interesados podrán (…)
Málaga a la misma fecha de la firma electrónica El Registrador José Alfonso Uceda 
Serrano Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por José 
Alfonso Uceda Serrano registrador/a de Registro Propiedad de Málaga 1 a día tres de 
agosto del dos mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. B. M. y doña L. G. A. interpusieron 
recurso el día 9 de septiembre de 2021 en virtud de escrito en el que señalaban lo 
siguiente:
«Motivos:
Primero.  El Sr. Registrador de la Propiedad califica negativamente el testimonio de 
la firmeza de la sentencia, por considerar que no se acredita que hayan transcurridos los 
plazos de los posibles ejercicios de la acción de rescisión del demandado rebelde en 
virtud del art. 502 LEC.
Segundo.  En primer lugar conviene resaltar que el art. 18 LH nada dice al respecto 
y que el art. 100 RH precisamente limita la actividad de calificación de los Registradores 
con el siguiente tenor literal “La calificación por los Registradores de los documentos 
expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a 
la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del 
Registro”.
Por tanto, y para que quede perfectamente claro, la Registradora [sic] únicamente 
podrá revisar lo siguiente:
1.  Competencia  del  Juzgado  o  Tribunal:  nada  se  ha  dicho,  aparte  de  que  el 
Juzgado y la Audiencia Provincial, de forma firme ya se pronunciaron sobre ello.
2.  La congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiera 
dictado: nada se ha dicho, aparte de que el Juzgado y la Audiencia Provincial, de forma 
firme ya se pronunciaron sobre ello.
3.  Formalidades extrínsecas: la R.A.E. define el adjetivo extrínseco, como “externo, 
no esencial”, por tanto, con formalidades extrínsecas, debe entenderse, justamente eso, 
formalidades externas y no internas, ya que obviamente a quien corresponde enjuiciar el 
cumplimiento de dichas formalidades internas, son, en cualquier caso, a los órganos de 
la Administración de Justicia y no a los órganos registrales, como parece desprenderse 
de la calificación negativa de la Registradora [sic].
Por otro lado, conviene resaltar y que la Registradora [sic] lo tenga en cuenta, que el 
RH se trata de un Decreto, por lo que, en caso de contradicción con una norma de rango 
superior, como podrían ser la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial (en 
adelante “LOPJ”) o la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (en 
lo sucesivo “CP”), deberá primar por el principio de jerarquía normativa éstas 2 últimas. s
Y  ello  lo  digo  porque  dicho  normas  contienen  normas  claras,  contundentes  e 
imperativas que la Registradora [sic], al igual que cualquier ciudadano, debe cumplir 
escrupulosamente, como lo son las siguientes:
Art. 1 LOPJ.
“La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.”
Art. 2 LOPJ.
“1.  El  ejercicio  de  la  potestad  jurisdiccional,  juzgando  y  haciendo  ejecutar  lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los tratados internacionales.
2.  Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el 
párrafo anterior, y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía 
de cualquier derecho.”
Art. 3 LOPJ.
“1.  La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en 
esta Ley (...).”
Art. 4 LOPJ.
“La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el 
territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.”
Art. 6 LOPJ.
“Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición 
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.”
Es más, no sólo resulta evidente que los Registradores no podrán supervisar la 
labora [sic] de la administración de justicia, sino que de acuerdo al art. 8 de la LOPJ, son 
los tribunales quienes controlan la legalidad de la actuación administrativa:
Art. 8 LOPJ.
“Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.”
Y tampoco tenemos que olvidar que el apartado 4 del art. 9 de la LOPJ establece 
que  los  Juzgados  –los  del  orden  contencioso-administrativo–  conocerán  “las 
pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza 
de la actividad o el tipo de relación de que se derive.
Tercero.  Se trata nuevamente de dilucidar en este recurso, si es inscribible una 
sentencia  recaída  en  procedimiento  ordinario  en  la  que  se  declara  adquirida  por 
usucapión  una  determinada  finca  registral  (7337-B)  y  que  se  ha  seguido  contra  la 
promotora “Proimasa”, titular registral, cuando los demandados han sido declarados en  e.e
rebeldía procesal. w.b
Es  doctrina  consolidada  de  la  Dirección  General.  que  la  usucapión  reconocida  349ww
jyu deilc hiaelcmheon dtee  are fcaaveorr  sdoeb rloes u ancat ofirnecsa  cinosncsrtiittau yeen  sainb sdouludtao  uimn ptiídtuel oq uaep,t otr apsa rlaa  alad qinusicsricipiócnió ne 
itnesrccerirpoc imóne dpiaonr tep alart ep odseels itóitnu ldaer l riengmisuterabll ep eune dlaas  pcaosnadri caio nseesr  edsuteañbole cpidoar su psourc alap ilóeny,  uyan 
que la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad no dota al mismo de 
imprescriptibilidad (artículo 36 de la Ley Hipotecaria).
La prescripción extraordinaria se consuma por el transcurso del tiempo con los 
requisitos legalmente establecidos, pero aun cuando para buena parte de la doctrina 
opera de forma automática, no puede ser declarada por el juez de oficio, sino que 
necesita de un procedimiento que culmine con su declaración. Cuando la prescripción 
adquisitiva se alega como contestación a una acción reivindicatoria por quien considera 
ser el legítimo dueño de la finca es evidente que existe un conflicto litigioso que debe ser 
resuelto judicialmente, sin embargo, cuando el usucapiente pretende que se declare su 
adquisición como demandante, la designación del demandado le corresponde a él y no 
es infrecuente que la parte demandada se allane o simplemente no comparezca. Pero no 
por ello la declaración judicial de adquisición por usucapión puede asimilarse a priori o 
con carácter general a un reconocimiento de derecho que a nadie perjudica que no tiene 
encaje en nuestro sistema de transmisión del dominio eminentemente causalista, ni en el 
sistema registral español que exige títulos perfectos no claudicantes, así como –desde la 
perspectiva  no  solo  formal  sino  también  material–  un  acreditado  tracto  sucesivo 
(artículos  20  y  33  de  la  Ley  Hipotecaria),  ya  que  precisamente  para  evitar  una 
transmisión abstracta basada en el mero reconocimiento del dominio por consentimiento 
de las partes, se requiere una resolución judicial resultante de un procedimiento donde 
no solo se dé oportunidad de oposición a los demandados sino del que resulte probado 
el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el pronunciamiento favorable a 
las pretensiones del demandante.
En este sentido, cabe plantearse a la vista de lo anterior si la sentencia declarativa 
de usucapión en tanto medio de rectificación del Registro es en cierta manera, una 
especialidad o excepción del principio de tracto sucesivo recogido en el artículo 20 de la 
Ley Hipotecaria. En el caso de la usucapión extraordinaria aun cuando no será necesaria 
la  acreditación  en  el  procedimiento  de  la  existencia  o  la  validez  de  los  títulos  de 
hipotéticos adquirentes posteriores, pues precisamente dicha modalidad de prescripción 
adquisitiva no precisa ni de buena fe ni de justo título siendo únicamente necesario 
acreditar la posesión en concepto de dueño, publica, pacífica y no interrumpida, dado 
que la declaración que le ponga fin alterará el contenido de los libros del Registro deberá 
ser entablado, en todo caso, contra el titular registral para evitar su indefensión.
Esta exigencia entronca con el principio de tracto sucesivo establecido en el citado 
artículo  20  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  intenta  evitar  la  indefensión  proscrita  en  el 
artículo 24 de la Constitución Española. Este principio, en su aplicación procesal y 
registral, implica que los procedimientos, incluidos aquellos en los que se pretenda la 
declaración de haberse adquirido por usucapión en los temimos antes expresados, 
deben ir dirigidos contra el titular registral o sus herederos, y que esta circunstancia debe 
ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro del ámbito de calificación 
de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Como ha afirmado de forma reiterada la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los 
jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por 
ende  los  registradores  de  la  Propiedad,  la  obligación  de  cumplir  las  resoluciones 
judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la 
obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 
resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con  s
objeto de evitar su indefensión, proscrita por el artículo 24 de la Constitución Española y  oe.
su corolario registral del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Es doctrina reiterada de este  w.
Centro  Directivo,  apoyada  en  la  de  nuestro  Tribunal  Supremo  en  la  Sentencias  349ww
reexliagceionnciaad daes  terna c“tVo isatuons ”c, uqauned oe l sree gtrisattrea ddoer  dpouceudmee yn tdoesb jeu dcicailaifliecsa,r  ysai  sqeu eh ap rceucmisapmlideon tlae 
ejul daicrtiíaclu l“olo 1s0 0o dbestl áRceuglolas mqeuneto  Hsuiprjoatne cadreiol  pReermgiistetr oa”l,  reyg isetnratrdeo r eclalolisfi caser  deeln dcouceunmtrae ntloa   BOE-A-cable e
imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular 
registral en el correspondiente procedimiento judicial.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos legales 
se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su 
titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción que está 
bajo  la  salvaguardia  de  los  tribunales  (cfr.  artículo  1,  párrafo  tercero,  de  la  Ley 
Hipotecaria),  por  lo  que  el  titular  registral  debe  ser  demandado  en  el  mismo 
procedimiento,  al  objeto  de  evitar  que  sea  condenado  sin  haber  sido  demandado, 
generando  una  situación  de  indefensión  proscrita  por  nuestra  Constitución  (cfr. 
artículo 24 de la Constitución Española).
En estos casos, como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de 21 de octubre de 2013, el registrador “(…) debía tener en cuenta lo que 
dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las 
encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las 
sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, 
salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación 
específica. Y como tiene proclamado esta Sala. por todas. la STS núm. 295/2006, de 21 
de marzo, ‘no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho 
la eficacia de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento 
judicial en que haya sido parte’”.
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  que,  de  una  forma 
contundente, afirma lo siguiente: “Esta función revisora debe hacerse en el marco de la 
función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y 
más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el 
art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud 
se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los 
asientos registrales. Y. en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el 
art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del Juzgado 
o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal”.
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al 
proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución  Española)  de  la 
demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  “(...)  el  reconocimiento  de 
circunstancias  favorables  a  la  acusación  particular,  (...)  no  puede  deparar  efectos 
inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad 
alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera 
serlo o no en una realidad extra registral que a aquél le era desconocida. El órgano  s
judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos  oe.
terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses  w.
por  la  estimación  de  una  petición  acusatoria  que  interesaba  hacer  valer  derechos  349ww
dpeofseenssoari odse  leons  csounyoflisc tpor ocpoions a”.quéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en
de eCnoemroo,  preasrau letav idtaer  lloas i nfudnedfeanmsieónnt oess  dpere Dciesroe cqhuoe  dsee  lhaa cyiata cduam Spelindtoe ncocina  l1a9 o/2b0lig2a1c, idóen  d2e7   BOE-A-cable e
averiguar los domicilios de los desconocidos demandados, por lo que la citación por 
medio de edictos fijados en el tablón de anuncios e incluso la notificación de la sentencia 
de Primera Instancia a través de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” 
requiere que, previamente, se hubieran agotado todos los medios de averiguación que la 
Ley de Enjuiciamiento Civil impone, hechos que constan más que acreditados en los 
autos de juicio ordinario seguidos en el Juzgado de Primera Instancia 4 de Málaga.
En el supuesto de este expediente, del testimonio de la sentencia presentado y 
objeto de calificación resulta que la notificación edictal y se agotaron los medios de 
averiguación domiciliaria de la mercantil demandada, pero no que se haya llevado a 
cabo una investigación razonable, no cabe por tanto confirmar el defecto observado.
Cuarto.  El siguiente obstáculo apreciado por la registradora [sic] consiste en que no 
se  acredita  el  transcurso  de  los  plazos  previstos  en  el  artículo  502  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil para que una sentencia dictada en rebeldía pueda ser objeto de 
inscripción. El defecto debe confirmarse. Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los 
demandados,  tal  y  como  consta  en  la  propia  resolución,  resulta  de  aplicación  lo 
dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: “Mientras 
no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley 
para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá 
la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o 
cancelación de asientos en Registros públicos”.
La Ley de Enjuiciamiento Civil señala tres plazos de caducidad para el ejercicio de la 
acción de rescisión de las sentencias dictadas en rebeldía, a contar desde la notificación 
de la sentencia: un primero de veinte días, para el caso de que dicha sentencia se 
hubiera notificado personalmente; un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de 
que la notificación no hubiera sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de 
dieciséis meses para el supuesto de que el demandado no hubiera podido ejercitar la 
acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la causa de fuerza mayor 
que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.
Por otra parte, no corresponde al registrador qué plazo es el aplicable ya que las 
circunstancias que determinen la aplicación de uno u otro deben resultar del propio 
documento presentado a la calificación o bien de otro documento que lo complemente, 
pues es el juzgado ante el que se haya seguido el procedimiento el único que podrá 
hacer tal aseveración, sin que pueda el registrador calificar o valorar si han transcurrido o 
no los plazos.
Por último, en relación con la petición que realiza la recurrente en el escrito de 
recurso  para  que  se  tome  anotación  preventiva  por  defecto  subsanable,  ha  de 
recordarse que, según la doctrina de este Centro Directivo, el fundamento de esta 
anotación preventiva radica en la necesidad racional de ampliar el plazo de vigencia del 
asiento  de  presentación  de  un  título  calificado  con  defectos  subsanables,  pues  la 
duración de tal asiento puede ser insuficiente para la subsanación que se pretende. Esta 
anotación tiene una doble cara, pues, si desde un punto de vista tiene el juego del 
asiento de presentación, desde otro, es como un adelanto del asiento definitivo para el 
caso de que se subsanen los defectos. Por lo que se refiere a los efectos de tal 
anotación, son los mismos del asiento de presentación, y también los mismos del asiento 
que preparan.
Quinto.  De todo lo anterior resulta que, a la vista de lo actuado en los autos de 
juicio ordinario seguidos en el Juzgado de Primera Instancia 4 de Málaga, de la que trae 
causa la sentencia 19/2021, de 27 de enero, los plazos exigibles a los comparecientes  s
no serían en modo alguno los recogidos en el último apartado del art. 502 LEC (16  oe.
meses) y sí los de 4 meses, según la notificación practicada mediante la publicación en  w.
el BOPMA de la referida sentencia, por lo que habiendo transcurrido con creces el plazo  349ww
pdreo p4ie dmaeds.»es,  de  debe  de  proceder  a  la  inscripción  sin  falta  de  nuestro  título  de
IV
El registrador de la Propiedad suscribió informe el día 22 de septiembre de 2021 y 
elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 134, 501, 502 y 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 1 y 9 de la 
Ley Hipotecaria; 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 30 de abril de 1999, 11 de julio de 2003, 8 
y 11 de octubre de 2005, 17 de mayo y 20 de noviembre de 2007, 2 de octubre y 6 de 
noviembre de 2008, 10 y 14 de junio de 2010, 22 de marzo y 27 de septiembre de 2011, 
28 de enero de 2013, 1 de octubre de 2014, 29 de enero, 21 de mayo, 16 de abril, 7 de 
septiembre y 29 de octubre de 2015, 12 de mayo de 2016, 18 de enero, 7 de junio y 3 de 
noviembre de 2017, 29 de mayo y 28 de noviembre de 2018 y 17 de enero, 6 de febrero, 
20 de mayo, 14 y 21 de junio y 18 de octubre de 2019, y la Resolución de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3 de junio de 2020.
1.  Es objeto de este expediente determinar si es inscribible el testimonio de una 
sentencia dictada en juicio ordinario, por la que se declara que los demandantes son 
propietarios del pleno dominio de una finca registral, habiéndose declarado la parte 
demandada en situación de rebeldía procesal y sin que conste, en el mismo testimonio, 
el transcurso de los plazos indicados en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para el ejercicio de la acción de rescisión, pese a constar la firmeza de la misma.
El registrador suspende la inscripción por no haberse acreditado el transcurso de los 
referidos plazos y en particular, el extraordinario de dieciséis meses para poder practicar 
la inscripción, sin perjuicio de que se pueda tomar anotación preventiva.
Los recurrentes alegan que el plazo aplicable es el de los cuatros meses a partir de 
la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme, si ésta no se notificó 
personalmente, conforme al artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que dicho 
plazo ya ha transcurrido.
2.  Como ha reiterado este Centro Directivo, es principio básico de nuestro sistema 
registral que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el 
titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 de la Ley 
Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito registral 
el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de 
la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral 
de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este  principio  deriva  a  su  vez  de  la  legitimación  registral  pues  si  conforme  al 
artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de 
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio 
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados 
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que 
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro 
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario.
El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los 
registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. es
Pero no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo,  bo
apoyada en la de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en «Vistos»,  349ww
eqedxule terpree recomhlc oorees dgq,i miuesentire tarpnedot oodlo rr hsítai aec nnus eeas,rli e dsasoof  ebnecroemt ae tpdsalotaláe z spae odlr refo oslsano  dlausoqce uidnoeetnel lenolascs ,i r aelaa,s   ocqoolubunilcei ginóoaenbcs,jie ó ptenoel   rdodRe ees  cíge aievslliit ftridacoera   rcse oudxn aeicmtneedirdnmeeafie rna naslsgid iúeóonnns     OE-A-2021-20able en https://
proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución
Española), ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido 
parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
Como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de 
octubre de 2013, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 
LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los 
Registros  públicos,  deben  acatar  y  cumplir  lo  que  se  disponga  en  las  sentencias 
constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que 
existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y 
como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, “no 
puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de 
los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que 
haya sido parte”».
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  que,  de  una  forma 
contundente, afirma lo siguiente: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la 
función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y 
más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el 
art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud 
se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los 
asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el 
art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado 
o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se 
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los 
obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador 
revisar  el  fondo  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  basa  el  mandamiento  de 
cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el 
mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 
preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el Registro cuya 
cancelación se ordena por el tribunal».
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al 
proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución  Española)  de  la 
demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el  reconocimiento  de 
circunstancias favorables a la acusación particular (...) no puede deparar efectos inaudita 
parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna 
de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o 
no en una realidad extra registral que a aquel le era desconocida. El órgano judicial venia 
particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, 
confiando  en  la  verdad  registral,  pudieran  ver  perjudicados  sus  intereses  por  la 
estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios 
en conflicto con aquellos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de los 
suyos propios».
Consecuentemente cuando el registrador suspende la inscripción por entender que  s
en el testimonio del auto judicial existe obstáculo que impide el acceso al Registro, está  oe.
actuando dentro del ámbito de sus facultades de calificación y no vulnera la obligación  w.
general de respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales. 349ww
ConSsteit utrcaiótan,  eEns pdaeñfoinlaiti)v aq,u dieen  tugtoezlaar  ldoes  dlae rpercehsousn cdieóln t itduela re rxeisgtiesntrcaila  (ayr títcituulloa r2id4a dd ed leal 
Dsaelrveacghuoa rdinias cdrieto l,o sp trroibteugniadloe,s .c Conofnosremceu eanlc iaa rdtíec udloic h1o  pdrein cliap ioL edye  leHgipitoimteaccaiórina , repgoisr tralal   BOE-A-cable e
es el de tracto sucesivo (artículo 20 y últimos apartados del artículo 38 de la Ley 
Hipotecaria).
3.  El  único  defecto  que  hay  que  analizar  consiste  en  que  no  se  acredita  el 
transcurso de los plazos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que una 
sentencia  dictada  en  rebeldía  pueda  ser  objeto  de  inscripción,  procede  reiterar  la 
doctrina sentada por este Centro Directivo en numerosas Resoluciones.
Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en 
la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la 
sentencia dictada en rebeldía, solo procederá la anotación preventiva de las sentencias 
que,  dispongan  o  permitan  la  inscripción  o  cancelación  de  asientos  en  Registros 
públicos».
Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, 
es aplicable la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en 
los «Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es 
preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al 
rebelde. No cabe pues la inscripción, ni siquiera haciendo constar la posibilidad de 
rescisión.
La ley procesal civil no exige la presencia de todas las partes litigantes para la válida 
continuación del proceso hasta que se resuelva mediante sentencia o concluya con otra 
resolución. El demandado no está obligado jurídicamente a comparecer y actuar en el 
proceso, las causas de su incomparecencia pueden ser voluntarias o provocadas por 
fuerza mayor, pero ello es indiferente para declararle en situación de rebeldía procesal 
puesto que no se entra en los motivos o causas de la inactividad. En cualquiera de los 
casos tras ser declarado rebelde, el proceso continúa, sin que pueda asimilarse su 
inactividad al allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, conforme al 
artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En consecuencia, con lo anterior, los declarados rebeldes que han permanecido en 
esa situación desde el inicio del proceso hasta su finalización mediante sentencia firme 
tienen el derecho a ejercitar la acción de rescisión de la misma. El artículo 501.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil recoge los presupuestos objetivos para que tenga lugar la 
rescisión de la sentencia firme. Además de la permanencia constante en rebeldía del 
demandado, el artículo exige que se encuentre en una de las tres siguientes situaciones: 
«1.º  De  fuerza  mayor  ininterrumpida,  que  impidió  al  rebelde  comparecer  en  todo 
momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado 
en forma. 2.º De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o 
emplazamiento se hubieren practicado por cédula, a tenor del artículo 161, pero ésta no 
hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable. 3.º 
De desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido 
citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido 
el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos 
Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos».
Para ejercitar la acción de impugnación de la sentencia firme en su ausencia, la ley 
procesal civil exige que el rebelde se encuentre en uno de los tres casos previstos en el 
artículo 502. Dicho artículo establece: «1. La rescisión de sentencia firme a instancia del 
demandado rebelde sólo procederá si se solicita dentro de los plazos siguientes: 1.º De 
veinte días, a partir de la notificación de la sentencia firme, si dicha notificación se  s
hubiere practicado personalmente. 2.º De cuatro meses, a partir de la publicación del  oe.
edicto de notificación de la sentencia firme, si ésta no se notificó personalmente. 2. Los  w.
plazos a que se refiere el apartado anterior podrán prolongarse, conforme al apartado  349ww
slae gcoumndpoa rdeecle anrctíicau, lpoe 1ro3 4s,i ns iq suueb esnis ntieinrgaú lna  cfuaesroz aq umeapyao er jeqruceit ahru lbai earcac iiómnp deed irdeos cails rióenb euldnea 
vez transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia».
Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento 
presentado a la calificación o bien de otro documento que lo complemente, indicando la 
imposibilidad de ejercicio del procedente recurso por transcurso del plazo aplicable al 
supuesto concreto.
4.  En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el transcurso de los 
plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los artículos 501 y 502 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a 
partir de las cuales se cuentan dichos plazos, constando exclusivamente en el testimonio 
presentado  a  inscripción  que  la  sentencia  es  firme,  que  se  emplazó  a  la  parte 
demandada mediante edictos en el tablón de anuncios del Juzgado, que la sentencia ha 
sido notificada mediante edictos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», y que 
dicha  parte  ha  permanecido  en  situación  de  rebeldía  procesal  durante  todo  el 
procedimiento, todo ello a los efectos que fueran oportunos según las advertencias 
contenidas en los artículos 501, 502 y 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y por otra 
parte, dadas las fechas de la sentencia (27 de enero de 2021), del testimonio (18 de 
junio de 2021) y de su presentación en el Registro (13 de julio de 2021), tampoco habría 
transcurrido el plazo de dieciséis meses para el caso de existencia de fuerza mayor.
Debe recordarse la doctrina emanada de este Centro Directivo respecto de la falta de 
competencia del registrador para apreciar la posible concurrencia de la mencionada 
fuerza mayor y por tanto para la fijación del plazo para el ejercicio de la acción de 
rescisión, cuestión que deberá ser apreciada por el letrado de la Administración de 
Justicia, correspondiendo por tanto al propio Juzgado la determinación del transcurso o 
no del oportuno plazo de la acción de rescisión. Así, la Resolución de 12 de mayo 
de 2016 dispuso que «el artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pone en 
relación  con  el  número  2  del  artículo  134,  que  excepciona  la  regla  general  de  la 
improrrogabilidad permitiendo la interrupción de los plazos y de mora de los términos si 
existe fuerza mayor que impida cumplirlos. En este supuesto, la concurrencia de fuerza 
mayor habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia mediante 
decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. Por 
lo tanto, no caben deducciones presuntivas respecto a la existencia o no de fuerza 
mayor.  Ciertamente  la  jurisprudencia  ha  marcado  la  necesidad  de  interpretación 
restringida de la posibilidad de rescisión por su naturaleza de extraordinaria y por cuanto 
vulnera el principio riguroso y casi absoluto de irrevocabilidad de los fallos que hayan 
ganado firmeza (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 y 3 de febrero de 1999), ya que 
en caso contrario el principio de seguridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española quedarla totalmente enervado (Sentencias de 12 de mayo y 30 de 
octubre de 1899), pero no corresponde al registrador su valoración, ni la posibilidad de 
prolongación del plazo de ejercicio de la acción por la existencia de fuerza mayor, ni, 
como se ha dicho, puede presumirse su inexistencia del hecho de haberse notificado 
personalmente la sentencia. En definitiva, como ha afirmado reiteradamente este Centro 
Directivo (vid. “Vistos”), sólo el juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá 
aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en 
su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o no la 
acción rescisoria».
Todas estas circunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto 
que según el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que hace referencia 
expresa la sentencia citada, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada 
no es inscribible sino solamente susceptible de anotación preventiva. s
Los recurrentes afirman que dada la fecha de la sentencia y el tiempo transcurrido  oe.
desde  la  misma  hasta  la  expedición  de  testimonio  judicial  que  la  reproduce,  con  w.
expresión de que es firme, implica que también han transcurrido los plazos establecidos  349ww
paaccraió lna  dceo mrepsacriescióenn,c ipae droe l tarel baerlgduem, ye nptoor  ntaon stoe  hpau deedcea sídoos teeln pelra, zpoo pr alara d eicl ceiójenr cliicteiora dl ed leal 
palratízcou ldoe 5 v0e2i,n atep adrítaasd, oe n2 ,c qauseo  cdoen nteomtifpiclaa cliaó np rpoelorsnognaacli,ó cno dmeo l oesl  dpela czuoas trpor emviesstoess,  etann ctoa seol   BOE-A-cable e
de notificación edictal. El artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pone en 
relación con el número 2 del artículo 134 de la misma ley, que excepciona la regla 
general de la improrrogabilidad permitiendo la interrupción de los plazos y de mora de los 
términos si existe fuerza mayor que impida cumplirlos. En este supuesto, la concurrencia 
de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el letrado de la Administración de Justicia 
mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las 
demás. Por lo tanto, no caben deducciones presuntivas respecto a la existencia o no de 
fuerza mayor.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 23 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.