BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Viernes 3 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 47060
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7203 Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora de la propiedad de Palencia n.º 1 a inscribir una escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia.
En el recurso interpuesto por don Fernando Puente de la Fuente notario de Burgos 
contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Palencia número 1, doña Marta 
Polvorosa Mies, a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 25 de septiembre de 2019 por el notario de 
Burgos, don Fernando Puente de la Fuente, bajo el número 1.407 de protocolo, se 
formalizó la aceptación y adjudicación de determinada herencia. A los efectos que 
interesan  en  este  expediente,  en  la  comparecencia  se  hizo  constar  el  estado  civil 
(soltero, casado, o separado judicialmente) de los herederos adjudicatarios, pero sin 
expresión del régimen económico-matrimonial de aquellos que se encontraban casados.
II
Presentada el día 22 de octubre de 2019 copia autorizada de la referida escritura en 
el Registro de la Propiedad de Palencia número 1, fue objeto de la siguiente nota de 
calificación:
«Calificación registral.
Antecedentes de hecho.
Con fecha veintidós de Octubre de dos mil diecinueve, fue presentado en este 
Registro  cuatro  copias  autorizadas  del  precedente  documento,  que  causó  el 
asiento 1567 del diario 160, habiéndose aportado el día treinta de octubre pasado, 
testimonio expedido el día 29 de octubre de 2019 por el mismo Notario autorizante, de 
diligencia de subsanación expedida ese mismo día por el mismo Notario, junto con las 
cartas de pago de la autoliquidación del impuesto.
Fundamentos jurídicos.
I.  Conforme el art. 18.1 de la Ley Hipotecaria los registradores calificarán, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, 
en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la 
validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte 
de ellas y de los asientos del Registro. s
II.  Los defectos que impiden la inscripción: oe.
"No consta el régimen económico matrimonial de los otorgantes casados que, según  03ww
eell  laergt.a 1l 5o9 p daectl aRd.oN....," s.e expresará en todo caso, debiendo también constar si el mismo es
artícCuolon c5r1e,t9a,nad) od ella R  neogrlammae nctoon tHeinpiodtae ceanri o eel xaigretí cquuloe  e9n,4 l.aª  indsec rliap cLióeny  seH ihpaogteac acroian,s taerl   BOE-A-cable e
"Si se trata de personas físicas... si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o 
divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos 
presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el 
nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge..."
En coherencia con tales exigencias, dispone el artículo 159 del Reglamento Notarial 
que "...si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado, y el acto o 
contrato afectase o pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su 
matrimonio actual, o en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del 
cónyuge  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen  económico 
matrimonial. Las circunstancias a que se refiere este artículo se harán constar por el 
notario por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes. Se expresará, 
en todo caso, el régimen económico de los casados no separados judicialmente. Si fuere 
el legal bastará la declaración del otorgante. Si fuese el establecido en capitulaciones 
matrimoniales será suficiente, a todos los efectos legales, que se le acredite al notario su 
otorgamiento en forma auténtica. El notario identificará la escritura de Capitulaciones y 
en su caso, su constancia registral, y testimoniará, brevemente, el régimen acreditado, 
salvo que fuere alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál 
de ellos es...".
De la interpretación literal de tales preceptos (artículo 3 C.c.), resulta que si la 
persona a cuyo favor se ha de practicar la inscripción es una persona física casada, hay 
que determinar si el acto o contrato va a afectar o no a los derechos presentes o futuros 
de la sociedad conyugal. Para poder concluir si el acto o contrato inscribible va a afectar 
o no a tales derechos, lo primero que hay que conocer es cuál es el régimen económico 
al que se someten las relaciones patrimoniales de ese matrimonio para, de tal manera, 
poder determinar si la normativa (legal o pactada) aplicable a ese régimen provoca que 
el acto o contrato afecte o no a los derechos conyugales, exigiéndose, en el caso de que 
así lo fuera, la identidad del otro cónyuge. Así pues el primer paso es saber el régimen 
económico matrimonial de esa persona física casada a cuyo favor se va a practicar la 
inscripción. La determinación de cuál es el régimen que rige ese matrimonio exige que 
"el notario… despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es 
el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos..." (Resolución de 15 de 
junio 2009).
III.  La presente nota de calificación se expide por duplicado, para su notificación al 
presentador del documento, y al funcionario autorizante, de conformidad con lo dispuesto 
en  el  artículo  322  L.H.  y  artículos  40  y  ss.  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Parte dispositiva.
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación:
Doña Marta Polvorosa Mies, Registradora de la Propiedad de Palencia 1, acuerda:
1.º  Calificar  el  documento  presentado  en  los  términos  que  resultas  de  los 
Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho reseñados.
2.º  Suspender, en consecuencia, el despacho del documento presentado.
3.º  Prorrogar el asiento de presentación de conformidad con el art. 323 de la Ley 
Hipotecaria de forma automática por un plazo de sesenta días contados desde la fecha 
de la última notificación, plazo durante el cual podrá solicitarse la anotación preventiva a  e.e
que se refiere el art 42.9 de la Ley Hipotecaria. b
CPaolnetnrac ieal  ap rseieseten tdee a ncouveiredmob dree  cdael ifdicoasc mióinl  d(…iec)inueve. La Registradora (firma ilegible)
Fdo. Marta Polvorosa Mies.»
III
Don  Fernando  Puente  de  la  Fuente,  notario  de  Burgos,  solicitó  el  día  14  de 
noviembre de 2019 calificación conforme al cuadro de sustituciones, correspondiéndole 
al registrador de la Propiedad de Tordesillas, don Santiago Blasco Lorenzo, quien emitió 
la siguiente calificación:
«(…) Fundamentos de Derecho:
I
El  único  defecto  alegado  por  la  Registradora  de  la  Propiedad  en  su  nota  de 
calificación es que "No consta el régimen económico matrimonial de los otorgantes 
casados que, según el art. 159 del R.N., se expresará en todo caso, debiendo también 
constar si el mismo es el legal o pactado..."
II
Por su parte, el instante de la calificación sustitutoria fundamenta su pretensión de 
revisión en que no es preceptiva la constancia de dicho régimen, "dado su domicilio en 
territorio de derecho común y todo ello de conformidad con las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 27 de abril de 1999 y 16 de 
julio de 2009".
III
Dispone el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario que en la inscripción se haga 
constar "Si se trata de personas físicas... si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado 
o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a las derechos 
presentes o futuros de la sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el 
nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge..."
Por su parte, el artículo 159 del Reglamento Notarial señala que "...si el otorgante 
fuere casado, separado judicialmente, o divorciado, y el acto o contrato afectase o 
pudiese afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual, o 
en su caso, anterior, se hará constar el nombre y apellidos del cónyuge a quien afectase 
o pudiese afectar, así como el régimen económico matrimonial. Las circunstancias a que 
se  refiere  este  artículo  se  harán  constar  por  el  notario  por  lo  que  resulte  de  las 
manifestaciones  de  los  comparecientes.  Se  expresará,  en  todo  caso,  el  régimen 
económico de los casados no separados judicialmente. Si fuere el legal bastará la 
declaración del otorgante. Si fuese el establecido en capitulaciones matrimoniales será 
suficiente, a todos los efectos legales, que se le acredite al notario su otorgamiento en 
forma auténtica. El notario identificará la escritura de capitulaciones y en su caso, su 
constancia registral, y testimoniará, brevemente, el régimen acreditado; salvo que fuere 
alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es...".
Como señala la nota de calificación que es objeto de esta calificación sustitutoria: "De la 
interpretación literal de tales preceptos (artículo 3 C.c.), resulta que si la persona a cuyo 
favor se ha de practicar la inscripción es una persona física casada, hay que determinar si el 
acto o contrato va a afectar o no a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal. Para poder concluir si el acto o contrato inscribible va a afectar o no a tales 
derechos, lo primero que hay que conocer es cuál es el régimen económico al que se 
someten  las  relaciones  patrimoniales  de  ese  matrimonio  para,  de  tal  manera,  poder 
determinar si la normativa (legal o pactada) aplicable a ese régimen provoca que-el acto o 
contrato afecte o no a los derechos conyugales, exigiéndose, en el caso de que así lo fuera, 
la identidad del otro cónyuge. Así pues el primer paso es saber el régimen económico  s
matrimonial de esa persona física casada a cuyo favor se va a practicar la inscripción. La  oe.
determinación de cuál es el régimen que rige ese matrimonio exige que ‘el notario...  w.
edceosnpIVóliemgiuceo  mlaa mtrimayoonr iadl ilqigueen rcigiae  aeln rtreefl elojasr e esnp oeslo sd.o..c’ u(Rmeesnotolu caióunto drieza 1d5o  dceu jáuln eios 2 e0l0 r9é)g."imen  2020-7203n https://ww
Debemos partir de la base de que no existe una presunción legal que, ya sea por
razón del lugar del otorgamiento del documento en el que se contiene el acto o negocio
inscribible, o ya sea por razón del domicilio de los otorgantes, permita concluir cuál es el 
régimen concreto aplicable a un determinado matrimonio. En este sentido se manifestó 
la Resolución de 2 de junio de 2010. Se trata pues, como reconoce la jurisprudencia, de 
realizar, por parte del autorizante del título inscribible una labor de investigación, al 
tiempo que de asesoramiento, que permita concluir, de manera indubitada, cuál es el 
régimen económico al que quedan sometidas las relaciones patrimoniales que nacen o 
han  nacido  del  matrimonio.  Esta  labor  debe  tener  su  correspondiente  reflejo  en  la 
redacción del instrumento, en el que necesariamente deberá expresarse el régimen 
económico que rige el matrimonio del compareciente casado, y, así, desde el punto de 
vista positivo, se podrá concluir sí el acto contrato afecta o no a los derechos de la 
sociedad  conyugal  y,  desde  el  punto  de  vista  negativo,  se  eliminarán  las  posibles 
incertidumbres que, en otro caso, podrían concurrir.
Así,  no  cabe  presumir  que  el  régimen  económico  matrimonial  de  los  casados 
comparecientes con domicilio en territorio de derecho común es el de gananciales. Lo que 
la ley determina, en el ámbito del derecho común, es que el régimen económico matrimonial 
es el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales (artículo. 1.315 C.c.) y 
sólo en caso de ausencia de pacto o de ineficacia del mismo, rige entre los cónyuges la 
sociedad de gananciales (artículo 1.316 C.c.). Así pues, no hay presunción, sino que lo que 
existe es una previsión de aplicación supletoria. Junto a ello, tampoco existe una presunción 
de sometimiento de los otorgantes de un documento al derecho común, por el hecho de 
haberse  otorgado  tal  documento  en  territorio  sujeto  a  derecho  común,  pues,  tras  la 
anulación por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo 2008 del artículo 161 del 
Reglamento Notarial en cuanto a la previsión que en el mismo se contenía respecto a la 
presunción de vecindad civil de tos otorgantes por razón del lugar de otorgamiento de la 
escritura, la referida previsión ha quedado inaplicable.
Tampoco cabe presumir que al tratarse depila herencia la adquisición tendrá carácter 
privativo. A este respecto, el hecho de que la adquisición se realice por título hereditario no 
conlleva necesariamente que la misma tenga carácter privativo, pues puede hallarse vigente 
entre los cónyuges un régimen de comunidad universal, paccionado o, incluso, supletorio.
Evidentemente tampoco cabe presumir la existencia de una Comunidad universal. No 
hay previsión legal de presunción de existencia de comunidad universal, como tampoco la 
hay en sentido contrario. En realidad, el núcleo del debate no se encuentra en la existencia 
o inexistencia de presunciones en uno u otro sentido, sino en el hecho de tener la certeza 
de cuál es el régimen económico que rige en determinado matrimonio.
Por otro lado, las Resoluciones citadas y algunas más (no sólo de la DG, así la de 5 
de marzo de 2010, sino también judiciales, como la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valladolid de 3 de mayo de 2005), restan valor al supuesto apoyo jurisprudencial 
alegado por el instante de la calificación sustitutoria.
En atención a todo lo expuesto; al amparo del artículo 18 de la Ley Hipotecaria y de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 19-bis de la Ley Hipotecaria,
Confirmo en su integridad la nota de calificación negativa extendida el día 7 de 
noviembre de 2019 por la Sra. Registradora de la Propiedad de Palencia 1, Dña. Marta 
Polvorosa Mies, en relación con la escritura autorizada el día 25 de septiembre de 2019 
por el Sr. Notario de Burgos, Don Fernando Puente de 14 Puente, número 1.407 de su 
protocolo (…)
Este  documento  ha  sido  firmado  con  firma  electrónica  cualificada  por  Santiago 
Blasco  Lorenzo  registrador/a  de  Registro  Propiedad  de  Tordesillas  a  día  cinco  de 
diciembre del año dos mil diecinueve.» s
IV 03www.
de BCuorngtorsa,  lian tneorptau sdoe  rceacluifricroa ceiól nd íasu 1s9ti tdueid ad,i cdieomn bFreer ndaen 2d0o1 P9 umeendteia dnete l ae sFcurieton teen,  neol tqaurieo 
alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
"Estoy en desacuerdo con la calificación de la Sra. Registradora titular del Registro 
de la Propiedad número uno de Palencia, por los siguientes motivos y fundamentos de 
derecho:
Primero  El fundamento de la calificación que se recurre radica en que la señora 
Registradora considera que, compareciendo en la escritura una persona casada, debe 
consignarse en todo caso el régimen económico de su matrimonio. Para ello se apoya en 
la "interpretación literal", dice, de los artículos 59.1.a del Reglamento Hipotecario y 
del 159 del Reglamento Notarial. Sin embargo, lo cierto es que indicados preceptos no 
avalan la interpretación que de los mismos hace la Registradora, sino que "literalmente 
establecen una excepción, de forma que no en todo supuesto en el que comparezca una 
persona casada debe consignarse el régimen económico de su matrimonio, sino solo 
cuando el acto o contrato que se inscriba afecte a los derechos presentes y futuros de la 
sociedad conyugal.
Así, el artículo 51, 9, a) del Reglamento Hipotecario exige que en la inscripción se 
haga constar "Si se trata de personas físicas..., si el sujeto es soltero, casado, viudo, 
separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato que se inscriba a los 
derechos  presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal,  el  régimen  económico 
matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro cónyuge...". En los mismos 
términos se manifiesta el artículo 159 del RN.
Por consiguiente, no en todo caso, como deduce la Registradora en su calificación, 
sino solo cuando afecte a los derechos de la sociedad conyugal de una persona casada, 
procede reflejar su régimen económico matrimonial y el nombre del cónyuge.
Segundo.  La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
sobre la cuestión objeto del presente recurso, avala sin paliativos la no necesidad de 
consignar el régimen económico matrimonial y el nombre del otro cónyuge, en aquellos 
supuestos de comparecencia de una persona casada en una escritura, cuando el acto o 
contrato a otorgar no afecte a los derechos de la sociedad conyugal, como sucede 
cuando se trata de una adquisición mortis causa.
Así se desprende de las Resoluciones de dicho Centro Directivo de fechas 28 de 
abril de 1999 y 16 de Julio de 2009, en las cuales se recoge un supuesto de hecho 
idéntico al del presente recurso, esto es, el otorgamiento de una escritura de herencia, 
en la que comparece como heredera una persona casada y en la que no se consigna ni 
el régimen económico matrimonial del heredero, ni el nombre y apellidos de su cónyuge, 
y  el  Registrador  correspondiente  suspende  la  inscripción  por  no  constar  dichas 
circunstancias. Dicha suspensión es revocada por la DGRN.
La primera de las Resoluciones citadas revoca el defecto, y establece literalmente lo 
siguiente: "Se apoya el defecto en una interpretación maximalista de la exigencia del 
artículo 59.1.a del RH.... En el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la 
base de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquélla exigencia 
del artículo 51.9 del RH, del mismo modo que el artículo 159 del RN, que al regular la 
comparecencia  impone  que  conste  el  estado  civil...."  Y  continúa  diciendo:  "Caben 
ciertamente  supuestos  excepcionales  en  los  que  por  ley  o  pacto  exista  entre  los 
cónyuges una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de 
ser  objeto  del  mismo  tratamiento,  de  suerte  que  es  lo  excepcional  lo  que  ha  de 
declararse y no la exclusión de lo ordinario".
La segunda de las Resoluciones citadas revoca igualmente el defecto, y establece 
literalmente, con contundencia, lo siguiente: "...que al no concurrir el cónyuge a la  s
aceptación  de  la  herencia,  se  hace  innecesario  dato  alguno  en  la  escritura,  tanto  oe.
respecto del régimen económico, como respecto al nombre y apellidos del cónyuge de la  w.
heredera". 03ww
RegTisetrrcaedroor.a  cPoomr os suo ppoarrttee ,d ela  sRu DaGrgRuNm edneta c1ió5n  dye  cjaulnifiicoa cdieó n2 n0e0g9a, tipvare, sneon tsaed as opsotire nlae 
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una escritura de adjudicación de herencia, sino de una escritura de compraventa (que 
efectivamente puede afectar a los derechos de la sociedad conyugal de la compradora), 
y en la calificación registral no se cuestiona la consignación o no en la escritura del 
régimen económico matrimonial, que sí figura, sino que lo que se discute es la necesidad 
de reflejar si constituye un régimen legal o paccionado. Con especial relevancia en este 
caso, dado que se manifestó que el régimen matrimonial era el de gananciales, cuando 
en ese momento en Valencia, el legal supletorio era el de separación de bienes.
Pero poco tiene que ver todo esto con el supuesto que nos ocupa, que se trata de 
una adjudicación de herencia y no de una compraventa, por lo que no sirve corno 
argumento y soporte para la interpretación que la registradora hace de los señalados 
artículos del RH y del RN en su nota de defectos.
Lo mismo puede decirse de las Resoluciones citadas por el Registrador sustituto, 
para confirmar la calificación de la Registradora, pues se refieren también a escrituras de 
compraventa y no de adjudicación de herencia.
Cuarto.  Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe señalar que la doctrina sentada por 
la Dirección General de los Registros y del Notariado a la que se dirige este escrito, 
concluye  que  no  es  preciso  consignar  en  la  escritura  de  adjudicación  de  herencia 
otorgada por un heredero casado, ni el régimen económico de su matrimonio, ni el 
nombre y apellidos del cónyuge, toda vez que dicha adjudicación hereditaria no afecta a 
los derechos de la sociedad conyugal del casado compareciente, tal y como establecen 
los artículos 59.1.a del RH y 159 del RN para ese supuesto".
V
Mediante escrito, de fecha 3 de enero de 2020, la registradora de la Propiedad elevó 
el expediente, con su informe, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9, apartados 2 y 3, y 12, apartado 6, del Código Civil; 36, 51.9.ª 
y 117 del Reglamento Hipotecario; 159 del Reglamento Notarial, y las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de abril de 1999, 15 de junio 
y 16 de julio de 2009, 20 de diciembre de 2011 y 6 de mayo de 2015.
1.  En  este  expediente  debe  decidirse  si  en  una  escritura  de  manifestación  y 
adjudicación de herencia aceptada pura y simplemente por quienes son casados y tienen 
vecindad civil de Derecho común, en territorio en que es éste de aplicación, es o no 
necesario expresar el régimen económico matrimonial de tales herederos.
La registradora de la Propiedad considera que debe hacerse constar el régimen 
económico que rige el matrimonio de los herederos casados, como presupuesto para 
determinar si, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 51.9.a) del Reglamento 
Hipotecario  y  159  del  Reglamento  Notarial,  la  adquisición  hereditaria  afecta  a  los 
derechos presentes o futuros de los cónyuges.
2.  Según el artículo 51.9.a) del Reglamento Hipotecario, «si se trata de personas 
físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de identidad; si es 
mayor de edad o, en otro caso, la edad que tuviera, precisando, de estar emancipado, la 
causa; si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y 
afectar el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la 
sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio 
del  otro  cónyuge;  la  nacionalidad  y  la  vecindad  civil  del  sujeto  si  se  acreditan  o  e.
manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo concreten"; y, según el 159 del  w.b
Reglamento Notarial, "si el otorgante fuere casado, separado judicialmente o divorciado,  03ww
py aetrli maocntoia leos  cdoen strua tmo aatrfiemcotansioe  aoc tupaul,d oie seen  saufe ccatasro , eann teerl iofru, tsuero h aar ál acso ncsotanrs eecl uneonmcbiares 
ey coanpóemllidicoos  mdaetlr imcóonnyiaulg»e.  a  quien  afectase  o  pudiese  afectar,  así  como  el  régimen
3.  La cuestión objeto de debate ha sido resuelta por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en sus Resoluciones de 27 de abril de 1999 y 16 de julio 
de 2009.
Según la primera, «en el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la 
base de que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella exigencia 
del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el artículo 159 del 
Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia impone que conste el estado civil, 
tan solo exige la constancia del nombre y apellidos del cónyuge en el supuesto de que el 
acto o contrato afectare a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. 
Caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los que por ley o pacto exista entre los 
cónyuges una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de 
ser  objeto  del  mismo  tratamiento,  de  suerte  que  es  lo  excepcional  lo  que  ha  de 
declararse y no la exclusión de lo ordinario».
De la Resolución de 16 de julio de 2009 resulta que la expresión tanto del nombre del 
cónyuge  del  adquirente  de  bienes  a  título  hereditario  como  del  régimen  económico-
matrimonial de los mismos, tan sólo es preceptiva en los casos en que concurra el cónyuge 
en la aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 995 del Código Civil, al 
referirse -a contrario- a la eventual responsabilidad que afecta al patrimonio conyugal en las 
hipótesis de aceptación sin beneficio de inventario si concurre el cónyuge a la aceptación. 
Ello sin perjuicio de la gestión o responsabilidad de la sociedad de gananciales respecto del 
patrimonio privativo de un consorte, en cuanto quedaría incluido en la obligación de mutua 
información de los esposos y cogestores, conforme al artículo 1383 del Código Civil al igual 
que ocurre en los patrimonios privativos de otra procedencia.
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.