BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104598
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14908 Resolución  de  5  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la 
calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 17, por la que 
se suspende la inscripción de una escritura de partición de herencia.
En el recurso interpuesto por don Joaquín Sapena Davó, notario de Valencia, contra 
la calificación de la registradora de la propiedad número 17 de Valencia, doña Pilar 
Romero Payá, por la que se suspende la inscripción de una escritura de partición de 
herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por el notario de Valencia don Joaquín Sapena Davó, 
de  fecha  5  de  noviembre  de  2019,  se  otorgaron  las  operaciones  particionales 
ocasionadas por el fallecimiento de doña RAG, que había fallecido el 27 de marzo 
de 2019, en estado de viuda y dejando de su matrimonio una única hija viva llamada 
doña MPMA; de sus otras tres hijas premuertas, deja tres nietas, llamadas doña PGM –
hija de doña M-, doña LM –hija de don My–, doña LMM –hija de doña R-. Ocurrió su 
óbito bajo la vigencia de su último testamento ante el notario de Benetússer (Valencia) 
don Tobías Calvo Escamilla, de fecha 25 de enero de 2006, en el cual interesa a efectos 
de este expediente que instituyó herederas universales por partes iguales a su hija doña 
MPMA  y  a  su  nieta  doña  PGM  sustituidas  vulgarmente  por  sus  respectivos 
descendientes. En la cláusula segunda, «Deshereda expresamente a sus nietas doña 
LM y doña LMM por las causas recogidas en el Código Civil».
En la citada escritura de partición de herencia, intervienen la hija heredera y la nieta 
heredera junto con las dos nietas desheredadas; se expresa que, si bien la causante las 
desheredó, todas las comparecientes reconocen que no ha lugar la desheredación 
impuesta, por lo que a cada una de estas dos nietas les corresponde la legítima estricta. 
Las dos herederas aceptan la herencia causada y parten el caudal relicto entre ambas 
por partes iguales. Las dos nietas desheredadas, «renuncian a la legítima estricta que 
con  arreglo  a  derecho  les  corresponde  y  prestan  su  conformidad  a  las  presentes 
operaciones particionales, sin que nada tengan que reclamar por ello».
II
La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad número 17 de 
Valencia el día 15 de junio de 2020, y fue objeto de calificación negativa de 30 de junio y 
notificada el 17 de julio, que a continuación se transcribe en lo pertinente:
«Hechos: Se pretende la inscripción de una escritura de herencia en la que doña L. 
M. M. D. y doña L. M. M., nietas y llamadas como legitimarlas a la sucesión de doña R.  es
A. G. por fallecimiento de sus padres son desheredadas por la causante. Sin embargo, a  o
pesar de la desheredación comparecen en el documento que nos ocupa junto con doña  908ww
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Serán los hijos y descendientes de las desheredadas si los hubiere los que deberían 
comparecer, siendo precisa su intervención en la escritura pública en que se realizan las 
operaciones particionales de la herencia del causante.
Fundamentos de derecho: De conformidad con lo indicado por la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en Resolución de 6 de marzo de 2012, hay que 
entender eficaz la desheredación ordenada por el testador cuando se funda en justa 
causa expresada en el testamento y la certeza de dicha causa no ha sido contradicha 
por los desheredados (cfr. artículos 850 y 851 del Código Civil): en el presente caso, al 
no  constar  que  haya  sido  negada  por  las  desheredadas,  en  la  vía  judicial 
correspondiente, la causa de desheredación expresada por el testador, ha de pasarse 
por ella. Como ya ha declarado reiteradamente el DGRN, la privación de eficacia del 
contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de 
todos  los  afectados,  una  previa  declaración  judicial  que,  tras  un  procedimiento 
contencioso Instado por quien esté legitimado para ello, provoque su pérdida de eficacia 
(total o parcial); y ello porque el principio constitucional de salvaguarda judicial de los 
derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) en conjunción con el valor de ley 
de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido (cfr. artículo 658 del Código 
Civil), conduce Inexorablemente a la necesidad de una declaración judicial para privar de 
efectos a un testamento que no Incurra en caducidad ni en vicios sustanciales de forma 
(Resolución de 13 de septiembre de 2001).
En consecuencia, la cualidad de legitimarlo pasa a los hijos de éste, de conformidad 
con lo que establece el artículo 857 del Código Civil. Corolario de lo anterior es que los 
hijos del descendiente desheredado ha de Intervenir en la partición, pues como también 
ha indicado la Dirección General (Resolución de 25 de febrero de 2008), la especial 
cualidad del legitimarlo en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, 
hace Imprescindible su concurrencia, para la adjudicación y partición de la herencia, a 
falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de 
herencia (artículo 1057.1 del Código Civil), de las que resulte que no perjudica la legítima 
de  los  herederos  forzosos.  En  efecto,  la  legítima  en  nuestro  Derecho  común  (y  a 
diferencia de otros ordenamientos jurídicos españoles) se configura generalmente como 
una "pars bonorum" (en todo caso el Código Civil habla de "porción de bienes", cfr. 
artículo 806), y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título 
debe recibir el legitimarlo, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor 
económico  ("pars  valorls  bonorum").  De  ahí,  que  se  imponga  la  intervención  del 
legitimarlo en la partición, dado que tanto el Inventarlo de bienes, como el avalúo y el 
cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimarlo, 
para preservar la intangibilidad de su legítima.
Como consecuencia de lo anterior:
A)  si las desheredadas carecen de hijos y descendientes, deberá manifestarse así 
expresamente  por  los  otorgantes  del  precedente  documento  para  proceder  a  la 
inscripción interesada;
B)  en otro caso, esto es, si las desheredadas tienen hijos y descendientes, deberá 
acreditarse (mediante acta de notoriedad o cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho) quiénes son los mismos, manifestando expresamente que son los únicos hijos 
y descendientes de la misma y siendo precisa su intervención en la escritura pública en 
que se realizan las operaciones particionales de la herencia del causante (o, incluso, su 
ratificación de las operaciones ya practicadas en el precedente documento).
Son de aplicación los artículos 806, 850, 851, 857, 885, 1.057 y 1.058 del Código  bo
Civil; 14, 15 y 18 de la Ley Hipotecaria y 80 de su Reglamento; así como, entre otras, las  908ww
Rnoevsioelmucbiroen edse  2d0e0 1la,  3D1 irdeec cmióanr zoG ednee 2ra0l0 5d,e 1  ldoes  mRaergzios tdroes 2 0y0 6d,e 2l 5N doeta freiabdreor od ed e 1220 0d8e, 
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Artículo 857 Código Civil: Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su 
lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.
Dicho defecto se considera SUBSANABLE. No se practica anotación preventiva de 
suspensión  por  no  haberse  solicitado.  Contra  la  precedente  Nota…  (Oferta  de 
recursos)».
III
No se solicitó calificación sustitutoria.
IV
El día 11 de agosto, don Joaquín Sapena Davó, notario de valencia, interpuso 
recurso contra la calificación, en el que en síntesis alega lo siguiente:
«1.  Inexistencia de causa de desheredación. Cláusula en la que se ordena la 
desheredación. En la escritura se protocoliza testimonio de la copia autorizada del 
testamento otorgado por la citada causante, siendo la cláusula segunda la que motiva 
este recurso al ordenar la testadora que "Deshereda expresamente a sus nietas Doña… 
y Doña… por las causas recogidas en el Código Civil".
Se trata, de forma incontestable, de una desheredación sin expresión de justa causa. 
No hay justa causa expresada en el testamento como se asevera en la calificación 
registral. La remisión al Código Civil, en una sanción de tal importancia en nuestro 
sistema  legitimario  como  es  la  desheredación,  no  sirve  para  entender  que  la 
desheredación ha sido bien ordenada por la testadora. Define V. G. la desheredación 
como un acto formal por el cual el testador, invocando una causa legal y cierta, excluye 
de su derecho a un legitimarlo. En la cláusula transcrita no hay invocación de una 
cláusula legal y cierta, hay una remisión al Código Civil y tal remisión no es suficiente 
como para poder hablar de una desheredación.
No hay, como se dice en la calificación, una causa de desheredación expresada por 
la testadora que ha de pasarse por ella. La remisión sin más al Código Civil no permite 
hablar de certeza en la causa de desheredación que, caso de impugnación, pueda ser 
probada.
¿Cuántas causas habría que probar en un supuesto como el que nos ocupa cuando 
las desheredadas se opusiesen sin más? ¿Las seis? Por todo ello, la desheredación 
hecha por la testadora es injusta al no expresar su causa, lo que así fundamento a 
continuación por invocación: de los preceptos del Código Civil que son de aplicación, de 
la doctrina del Tribunal Supremo y de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y de la interpretación que del testamento se hace al otorgar la escritura de 
partición.
2.  Preceptos del Código Civil que resultan de aplicación. Son, en total, seis las 
justas causas de desheredación que el Código admite: las dos del artículo 853 y las 
señaladas en el artículo 756 con los números 2, 3, 5 y 6. Pues bien, según el tenor literal 
de la desheredación, las dos nietas habían incurrido al tiempo de otorgar testamento la 
causante -25 de enero de 2006- en las seis, sin exclusión de ninguna. Nietas que 
contaban en el año del testamento con 22 y 19 años respectivamente, como así resulta 
de los DNI exhibidos y cuyo escaneo custodio. Edad que no resulta de la escritura, que 
la Registradora desconoce, pero que estimo oportuno mencionar en este momento 
consciente  de  que  no  puede  ni  necesita  ser  argumento  que  fundamente  la  e.e
desheredación injusta. A mi leal entender, no hay justa causa de desheredación por no  b
cumplir con los requisitos que imponen los artículos siguientes del Código Civil: 848: "La  908ww
sdeeñsahlear elad alecyió”.n 8 4s9ó:lo " Lpao dderás heterneedra cliuógna sr óploo rp oadlgráu nhaa cdeers ela esn  cteasutsaamse nqtuoe,  eexxpprreessaanmdoe netne 
éelx plare sciaóuns dae  lecaguasl ae ny  pqoure l os tea nftuon sdee ”i.n cCuommpole  dloe  dlias pculeásutsou lean  teral nasrtcícriutalo  r8e5s1u ltdae l nmo ishmaoy 
cuerpo  legal:  "La  desheredación  hecha  sin  expresión  de  causa,  o  por  causa  cuya
certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los 
cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al 
desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias 
en lo que no perjudiquen a dicha legítima"
3.  Tribunal Supremo y Dirección General de los Registros y del Notariado.
3.a)  El Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo Civil de 15 de junio 
de 1990 (RO.) 10969/1990) proclama que "el carácter solemne de la desheredación 
requiere que se manifieste en testamento, que exista alguna de las causas tasadas 
previstas en la Ley, y que se indique por el testador la aplicada, pero en ningún caso se 
exige concretar o descubrir los hechos constitutivos de la desheredación, sin perjuicio de 
que pueda el desheredado negarla y, en tal caso, ha de demostrarse en juicio la 
existencia de la causa". En nuestro caso, la testadora no indica la causa aplicada, la 
remisión sin más al Código Civil, no es suficiente.
En la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1975 (Ar.3583) se dice que las causas 
de desheredación "deben interpresa restrictivamente por obligación del principio odiosa 
sunt restringida y porque de otra forma podría darse al traste con todo el sistema 
legitimarlo". Y la Sentencia de 9 de julio de 1974 (Ar.3.556) requiere que "se exprese la 
causa legal en que se funde la decisión del testador (art. 849 del referido Código) 
indicándola con claridad, aun cuando no sea imprescindible su reseña circunstanciada, 
siempre que se haga factible su individualización y no se impida la posibilidad de 
impugnarla”.
3.b)  Las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado que 
deben invocarse son las siguientes:
– Resolución  de  23  de  mayo  de  2012,  fundamento  sexto:  "La  desheredación 
requiere que se le atribuya al desheredado una acción (u omisión) que la Ley tipifique 
como bastante para privarle de la legítima, y que haya ocurrido antes de que se otorgue 
el testamento. Pero, en realidad, esta exigencia conlleva, además de la identificación del 
legitimarlo afectado y la expresión la causa desheredationis (aunque no que sea preciso 
inicialmente acreditar su certeza)”.
– Resolución  de  1  septiembre  2016,  fundamento  segundo:  "la  desheredación 
constituye un acto de voluntad testamentaría de apartar a un legitimarlo de la sucesión. 
Pero ha de ser una voluntad no solo explicitada, sino bien determinada. Esta exigencia 
de determinación se proyecta en un doble sentido: por una parte, impone la expresión de 
una causa legal, que, si no ha de ser probada por el testador, al menos ha de ser 
alegada como fundamento de la privación sucesoria, ya por referencia a la norma que la 
tipifica ya mediante la imputación de la conducta tipificada”.
– Y RDGRN 3 de  octubre de 2019, fundamento primero: "la desheredación es una 
institución mediante la cual el testador, en virtud de un acto o declaración testamentaria 
expresa, priva voluntariamente de su legítima a un heredero forzoso, en base a una de 
las causas tasadas establecidas en la Ley, sí bien ha de ser una voluntad no sólo 
explicitada, sino bien determinada, exigencia de determinación que se proyecta en un 
doble sentido: -por una parte, impone la expresión de una causa legal, que, si no ha de 
ser probada por el testador, al menos ha de ser alegada como fundamento de la 
privación sucesoria, ya por referencia a la norma que la tipifica ya mediante la imputación 
de la conducta tipificada (en el presente supuesto, se indica que la desheredación tiene 
lugar por la causa establecida en el artículo 853.2° del Código Civil, en la interpretación 
sentada por el Tribunal Supremo).
– y, por otra, también requiere la identificación del sujeto (...)". e.
4.  Interpretación del testamento. La interpretación del testamento que contiene la  908ww
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taepsataremzecnat aclraíara mdeebneterá q ueen tfeuned oetrrsae  lae nvo elul nstaedn tdideol  telitsetaradlo dr.e E nsu csa spoa ldaeb rdausd, aa s en oo bsseerr vqauráe 
lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo
testamento”. Tradicionalmente se ha reconocido que es el formalismo testamentario, 
línea objetiva, el que debe primar en la interpretación del testamento que no impide, si 
resulta  posible,  una  interpretación  subjetiva.  Este  es  el  criterio  del  que  parte  el 
artículo 675 que reconoce la posibilidad de tener que acudir a una línea subjetiva o 
espiritualista cuando establece que "En caso de duda se observará lo que aparezca más 
conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento”. Así, por 
ejemplo, el artículo 773 permite en su párrafo primero que "el error en el nombre, apellido 
o cualidades del heredero no vicia la institución cuando de otra manera puede saberse 
ciertamente cuál sea la persona nombrada”. Reconoce el legislador que cabe acudir a 
los medios extrínsecos cuando éstos puedan salvar la eficacia de una cláusula.
Pero, ¿qué ocurre en la cláusula testamentaría punitiva que motiva este recurso? 
Que no hay interpretación posible que pueda mantener una desheredación sin expresión 
de causa. La cláusula contradice lo que la Ley exige -como ha interpretado el Tribunal 
Supremo y la Dirección General de los Registros y del Notariado- para que pueda 
hablarse de una desheredación justa. Que los herederos pueden ejercer esa labor 
interpretativa  del  testamento,  lo  ha  proclamado  recientemente  la  Resolución  de  la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 19 de febrero de 2020, al 
tratar de la interpretación del testamento y decir lo siguiente: “En cuanto a quien puede 
realizar la interpretación de las disposiciones testamentarias, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado se ha manifestado en la Resolución de 30 de abril de 2014, 
que resuelve un supuesto de interpretación de testamento redactado de forma confusa, 
vinculando sus disposiciones al acaecimiento de hechos que no se sabía si habían 
ocurrido,  y  con  legados  de  bienes  de  dudosa  identificación.  Afirma  como  doctrina 
reiterada que “es posible que todos los interesados en la sucesión, si fueren claramente 
determinados  y  conocidos,  acepten  una  concreta  interpretación  del  testamento.  En 
algunos casos, matizados y perfilados asimismo jurisprudencia/mente, podrá también el 
albacea, máxime si en él además confluye la condición de contador-partidor, interpretar 
la voluntad del testador.”. “ En cuanto a la interpretación hecha por los herederos, ha 
puesto de relieve el mismo Centro Directivo en Resolución de 19 de mayo de 2005, que 
«en la interpretación del testamento ha de estarse a su literalidad, y a las palabras ha de 
otorgárselas el sentido que de ellas se desprende (...) Ante una posible duda, esta ha de 
decidirse a favor del que se halle obligado a ejecutar la disposición -los herederos en 
este caso-, dado que el obligado debe entenderse obligado a lo menos.... Son los 
herederos, cuando lo son "in locus et in ius", quienes han de realizar en primer término 
esa labor interpretativ”. Y siendo los herederos los que interpretan, el Notario, en el 
ejercicio de la jurisdicción de voluntaria que el legislador le reconoce, velando por el 
control  de  legalidad  que  le  compete,  debe  dar  forma  documental  a  lo  por  ellos 
manifestado  y  el  Registrador,  calificando  el  documento  público,  practicar  las 
inscripciones que se soliciten. Como Notario autorizante de la escritura, acepté autorizar 
la partición con la concurrencia de las únicas que debían otorgarla: las herederas y las 
injustamente desheredadas. No hace falta acreditar que las desheredadas tienen hijos, o 
que,  si  los  tienen,  éstos  deban  concurrir.  Lo  que  por  la  Registradora  se  solicita, 
únicamente  sería  necesario  cuando  la  desheredación,  institución  sancionadora  de 
privación de la legítima que debe ser estrictamente interpretada, cumple los requisitos 
exigidos por el legislador en la forma que nos recuerdan las Sentencias y Resoluciones 
citadas.  Pero  no  es  nuestro  caso,  por  lo  que  no  procede  la  invocación  que  la 
Registradora hace de las resoluciones que ella cita como fundamento de su calificación 
denegatoria y que no pueden ser tenidas en cuenta en el supuesto de una cláusula  s
testamentaria como la que se ha transcrito. O, mejor dicho, deben ser tenidas en cuenta  oe.
para fundamentar la injusta desheredación. Pensemos por un momento que, ante una  w.
falta de entendimiento entre las interesadas en la herencia, hubiese que probar la  908ww
adrets. h8e5r0e)d. a¿cPióonr  clou áql udee  claosrr essepiso ncdaeu saa sl adse shheerereddearacisó ns ís ela  cdoemsiheenrzead?a d¿aP olar  lanse gsaeries  a(c flar. 
mveazl,  fpoormr euclaodnao my ílaa sp úronciceassa lq?u Neo d, etobdeon  ecso nmcuársr isr epnacriall or:e lcao ndoecsehrelore sdoanc iólans  eqsu ein joutsotrag,a ens tláa   BOE-A-cable e
escritura las hijas herederas y las nietas injustamente desheredadas. Y el Notario, en su 
condición de profesional del derecho y funcionario público, acepta la interpretación hecha 
que permite autorizar la escritura que puede ser inscrita. ¿Qué otra interpretación puede 
ser admisible para salvar una desheredación sin expresión de causa? Ninguna. ¿Pueden 
las herederas y las desheredadas así reconocerlo? Pueden. Únicamente sería necesario 
conocer sí las desheredadas tienen descendientes y, si los hubiese, pedir su intervención 
en el supuesto de que la desheredación se hubiese hecho con expresión de causa por 
su carácter punitivo. Pero la lógica jurídica es aplastante: no hay una desheredación bien 
hecha, la desheredación es injusta.
Conclusión. Estamos ante una incorrecta expresión de la causa de desheredación 
que conlleva la nulidad de la cláusula testamentaria.
Estamos ante una ineficacia automática y provocada, una nulidad de pleno derecho a 
tenor del artículo 6.3 del mismo Código Civil.
La desheredación ordenada por la testadora no es apta para producir efecto alguno.
El error en la desheredación, en la invocación de los motivos de la desheredación, no 
puede ser salvado de ninguna forma.
Y las herederas, como ocurre en la escritura que motiva este recurso, interpretan el 
testamento, y dejan sin eficacia una cláusula radicalmente nula.
La Registradora, al solicitar que se manifieste si hay o no descendientes, incurre en 
el error interpretativo de dar validez a una cláusula testamentaria que no la merece y de 
ahí la invocación errónea que hace de las resoluciones de la D.G.R.N. No hace falta una 
sentencia que declare la ineficacia por nulidad de la cláusula que nos ocupa. Como en 
tantas particiones, no es precisa una sentencia ante la interpretación que los herederos 
hagan de un testamento.
El  ejercicio  de  la  jurisdicción  voluntaria,  el  control  de  legalidad  que  Notarios  y 
Registradores cumplen, es suficiente.»
V
Mediante escrito con fecha de 18 de agosto, la registradora de la Propiedad emitió 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada el mismo 
día).
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 658, 806, 814, 850, 851, 857, 885, 1.057 y 1.058 del Código Civil; 
14, 15 y 18 de la Ley Hipotecaria y 80 del Reglamento Hipotecario; las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1981, 23 de enero de 1959, 17 de junio de 1967, 
24  de  octubre  de  1972,  31  de  octubre  de  1995  y  29  de  noviembre  de  2012;  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo 
de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de agosto 
de 1959, 4 de mayo de 1999, 13 de septiembre y 12 de noviembre de 2001, 31 de marzo 
de 2005, 1 de marzo de 2006, 25 de febrero de 2008, 22 de mayo de 2009, 29 de 
septiembre de 2010, 6 de marzo y 23 de mayo de 2012, 21 de noviembre de 2014, 6 de 
marzo y 23 de mayo de 2012, 6 de marzo de 2013, 6 de mayo y 1 de septiembre 
de 2016, 25 de mayo de 2017, 2 de agosto y 5 de octubre de 2018, 6 de marzo, 1 y 3 de 
octubre de 2019; y la Resolución de esta Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 11 de junio de 2020.
1.  Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de  b
adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante  908ww
fúanllieccai óh iejal  v2i7v ad ey  tmreasr znoie dtaes ,2 0u1n9a,  deen  ceasdtaa duon ad ed ev iuladsa  oytr adse jtarneds oh idjaes  spur emmauterirmtaosn; ioe nu nsau 
iúglutimaloe st eas staum heijnat oy , ad uen 2a5 d ed es uesn enrieot adse  y2 «0D06e,s hinesrteitduay óe xhperreesdaemraesn tuen aiv seurssa nleiest apso dr opñaart e…s 
y doña … por las causas recogidas en el Código Civil»; en la escritura de partición de
herencia,  intervienen  la  hija  heredera  y  la  nieta  heredera  junto  con  las  dos  nietas 
desheredadas; se expresa que, si bien la causante desheredó a las dos últimas, todas 
las comparecientes reconocen que no ha lugar la desheredación impuesta, por lo que a 
cada una de estas dos nietas les corresponde la legítima estricta. Las dos herederas 
aceptan la herencia causada y parten el caudal relicto entre ambas por partes iguales. 
Las  dos  nietas  desheredadas,  «renuncian  a  la  legítima  estricta  que  con  arreglo  a 
derecho  les  corresponde  y  prestan  su  conformidad  a  las  presentes  operaciones 
particionales, sin que nada tengan que reclamar por ello».
La  registradora  señala  como  defecto  que,  al  no  constar  que  la  causa  de 
desheredación  haya  sido  negada  por  las  desheredadas  en  la  vía  judicial 
correspondiente,  ha  de  pasarse  por  ella  y  serán  los  hijos  y  descendientes  de  las 
desheredadas,  si  los  hubiere,  los  que  deberían  comparecer,  siendo  precisa  su 
intervención en la escritura pública en que se realizan las operaciones particionales de la 
herencia del causante.
El notario recurrente alega lo siguiente: que se trata de una desheredación sin 
expresión de justa causa, ya que no hay una invocación a una causa legal y cierta; que 
no basta la mera remisión al Código Civil sin expresión de causa, pues esa falta de 
certeza  hace  inviable  que  se  pueda  probar  la  causa  de  la  desheredación;  que  es 
imprescindible la expresión de una causa legal, que, si no ha de ser probada por el 
testador, al menos ha de ser alegada como fundamento de la privación sucesoria, ya por 
referencia a la norma que la tipifica ya mediante la imputación de la conducta tipificada; 
que  la  interpretación  del  testamento  compete  a  las  herederas  quienes,  con  las 
legitimarias,  no  pueden  más  que  concluir  en  que  se  trata  de  una  desheredación 
patentemente mal hecha y por tanto injusta; que existe una incorrecta expresión de la 
causa  de  desheredación  que  conlleva  la  nulidad  de  la  cláusula  testamentaria  que 
produce una ineficacia automática y provocada y una nulidad de pleno derecho de la 
desheredación, que no es apta para producir efecto alguno; que el error en la invocación 
de los motivos de la desheredación no puede ser salvado de ninguna forma; que, en 
definitiva, las herederas, en su interpretación del testamento, han concluido que la 
desheredación está mal hecha por falta absoluta de expresión y certeza de la causa y 
esto deja sin eficacia una cláusula radicalmente nula.
2.  El artículo 851 del Código Civil establece lo siguiente: «La desheredación hecha 
sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o 
que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución 
de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y 
demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima».
Para resolver la concreta cuestión que plantea la registradora en su calificación debe 
recordarse que este Centro Directivo se ha pronunciado recientemente sobre la cuestión 
de la anulación de las disposiciones testamentarias, si bien referida a la existencia de 
preterición, en la Resolución de 2 de agosto de 2018, que ha decidido si en una partición 
es o no necesaria, a efectos registrales, la declaración judicial previa de nulidad del 
testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por causa de 
preterición de alguno de los herederos forzosos y para la determinación del carácter de 
la preterición como errónea o intencional. El criterio mantenido en la citada Resolución 
fue  favorable  a  la  necesidad  de  dicha  declaración  judicial  previa  con  base  en  los 
argumentos ya expresados por la Resolución de 13 de septiembre de 2001 que afirmó 
que: «Por todo lo expuesto habrá de concluirse que en el caso debatido, no podrá 
prescindirse, sin consentimiento de los beneficiarios, o sin la pertinente declaración  s
judicial de ineficacia, del testamento cuestionado a la hora de formular la partición, y ello  oe.
sin  necesidad  de  prejuzgar  ahora  si  en  el  pleito  consiguiente  la  carga  probatoria  w.
corresponde a la que alega la intencionalidad de la preterición, o, dada la significación de  908ww
la noE sretavso caRceiósno lduecli otensetsa mennot o,c aoln qtruaed ipcreente nldaa  sduo icnterifnicaa cidae» . este  Centro  Directivo
m(Raeysoo ldueci o1n9e5s0 ,d e1 42 0d ed ea gmoasytoo  ddee  11899589,)  3c0o nd ea rjurengiolo d ae  l1a9 1cu0a, l3 1se d ea dmmaityeo  ldae v 1a9lid3e1z,  1d0e  dlea   BOE-A-cable e
partición por los herederos sin necesidad de la previa declaración de nulidad de la 
institución  en  el  caso  de  preterición  si  concurre  acuerdo  expreso  entre  todos  los 
herederos (instituidos y preteridos), ya que para prescindir de la correspondiente acción 
judicial de nulidad se exige dicho convenio entre los interesados.
Así, la Resolución de 4 de mayo de 1999, consideró innecesaria la impugnación y la 
previa declaración de herederos abintestato para la validez de una partición efectuada 
por la viuda y el hijo que había sido omitido en el testamento otorgado antes de que 
naciese.
Esta resolución afirma que: «2. Ciertamente es doctrina reiterada tanto del Tribunal 
Supremo como de esta Dirección General (vid. sentencias de 27 de mayo de 1909, 7 de 
noviembre de 1935; Resoluciones de 20 de mayo de 1948, 30 de junio de 1910, 31 de 
enero de 1913, 10 de mayo de 1950 y 14 de agosto de 1959), que si bien la preterición 
de alguno de los herederos forzosos en línea recta determina -conforme al artículo 814 
del  Código  Civil,  en  su  redacción  anterior  a  la  reforma  de  1981-  la  nulidad  de  la 
institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando los 
herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos reconozcan a los 
preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir con ellos no impugnar la 
partición  hereditaria,  y  en  distribuir  y  adjudicar  los  bienes  en  la  proporción  que 
legítimamente les hubiera correspondido, si se hubiere abierto la sucesión intestada, por 
lo que no cabe rechazar la inscripción de la partición en esta forma efectuada, bajo el 
supuesto de no poder concederse validez legal al testamento que lo origina, pues "los 
interesados pueden de común acuerdo prescindir de las disposiciones testamentarias y 
crear una situación jurídica de plena y absoluta eficacia", y, por otra parte, con tal 
proceder  se  subsana  el  descuido  o  imprevisión  del  testador,  se  acata  e  interpreta 
racionalmente su institución presunta, se salvaguardan los derechos de los legitimarios y 
se evitan dilaciones y gastos que pueden consumir buena parte de la propia herencia».
A dicha doctrina se ha referido este Centro también respecto de la desheredación 
(cfr. Resoluciones de 5 de octubre de 2018 y 6 de marzo y 3 de octubre de 2019) para 
recordar que es también doctrina reiterada del mismo, respecto de la existencia de 
legitimarios  desheredados  como  motivo  de  la  suspensión  de  la  inscripción,  que  la 
privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, «a 
falta de conformidad de todos los afectados,» una previa declaración judicial que, tras un 
procedimiento contencioso instado por quien esté legitimado para ello, provoque su 
pérdida  de  eficacia  (total  o  parcial);  y  ello  porque  el  principio  constitucional  de 
salvaguarda judicial de los derechos (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) en 
conjunción con el valor de ley de la sucesión que tiene el testamento formalmente válido 
(cfr. artículo 658 del Código Civil), conduce inexorablemente a la necesidad de una 
declaración judicial para privar de efectos a un testamento que no incurra en caducidad 
ni en vicios sustanciales de forma (Resolución de 13 de septiembre de 2001). En 
consecuencia, concurriendo esa conformidad de todos los interesados, no es necesaria 
la declaración judicial de privación de eficacia de la cláusula de desheredación.
En  el  presente  caso  comparecen  y  consienten  en  la  escritura  las  dos  hijas 
legitimarias que han contradicho la causa de desheredación por falta de expresión legal, 
lo que ha sido corroborado por las herederas que aceptan la legítima de ambas. La 
cuestión que se ha de resolver ahora es si ambas nietas legitimarias constituyen todo el 
elenco de «afectados que tienen que dar su conformidad» como consecuencia de la 
privación de la eficacia del contenido económico del testamento.
La  registradora  afirma  que  la  cualidad  de  legitimarios  pasa  a  los  hijos  y  s
descendientes de las desheredadas y por lo tanto han de intervenir en la partición, de  oe.
manera que si las desheredadas carecen de hijos y descendientes, deberá manifestarse  w.
así expresamente por los otorgantes, y, en otro caso, esto es, si las desheredadas tienen  908ww
hmijeodsi oy  ddees cpernudeiebnat esa,d dmeitbideorá  eancr eDdietarersceh o(m) eqduiaiénntees a cstao nd el onso tomriiesdmaods ,o  cmuaanlqifueisetra ontdroo 
expresamente que son los únicos hijos y descendientes de la misma y siendo precisa su
intervención en la escritura pública en que se realizan las operaciones particionales de la 
herencia del causante o, la ratificación de las operaciones ya practicadas.
Respecto de la cuestión relativa a la intervención de los descendientes de los hijos 
desheredados, el artículo 857 del Código Civil establece que «Los hijos o descendientes 
del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos 
respecto a la legítima». Por ello, es doctrina de este Centro Directivo que en los casos en 
que la causa de desheredación haya sido contradicha sin utilizar la vía judicial, los hijos o 
descendientes de los desheredados deben ser considerados como «afectados» a los 
efectos de prestar la conformidad que evite la resolución judicial; y ello porque se 
produce la extinción de su acción para reclamar la legítima, como consecuencia del 
acuerdo sobre la falta de certeza de la causa de desheredación.
3.  No obstante, en el caso del presente recurso las anteriores consideraciones no 
deben  impedir  la  inscripción  de  la  escritura  calificada  porque  falta  uno  de  los 
presupuestos para que sea exigible la intervención de los hijos o descendientes de las 
desheredadas, cual es -como sostiene el recurrente y aun cuando la registradora no se 
refiere a esta cuestión- que la desheredación no cumple los requisitos formales para que 
produzca efectos.
Este Centro Directivo ha afirmado (cfr. las Resoluciones de 25 de mayo de 2017 y 3 
de  octubre  de  2019,  entre  otras  citadas  en  los  «Vistos»  de  la  presente)  que  «la 
desheredación es una institución mediante la cual el testador, en virtud de un acto o 
declaración testamentaria expresa, priva voluntariamente de su legítima a un heredero 
forzoso, en base a una de las causas tasadas establecidas en la ley. Es decir, la 
desheredación constituye un acto de voluntad testamentaria de apartar a un legitimario 
de la sucesión. Pero ha de ser una voluntad no sólo explicitada, sino bien determinada. 
Esta exigencia de determinación se proyecta en un doble sentido: por una parte, impone 
la expresión de una causa legal, que, si no ha de ser probada por el testador, al menos 
ha de ser alegada como fundamento de la privación sucesoria, ya por referencia a la 
norma que la tipifica ya mediante la imputación de la conducta tipificada. Y por otra, 
también requiere la identificación del sujeto, del legitimario, al que se imputa la conducta 
legalmente relevante para justificar su apartamiento. Aunque la jurisprudencia ha sido 
flexible en cuando al modo de indicación de la razón de la desheredación, ha de resultar 
una imputación en términos que no dejen duda de quién incurrió en la causa, o cometió 
el  hecho  constitutivo  de  la  misma,  evitando  las  referencias  genéricas  que,  por  su 
ambigüedad,  crean  inseguridad.  Por  eso  se  plantea  como  un  requisito  de  la 
desheredación la perfecta identificación del sujeto que sufre la privación de su legítima, 
al menos con el mismo rigor que se exige para la designación de heredero «por su 
nombre y apellidos» (cfr. artículo 772 del Código Civil). Subsidiariamente habrán de ser 
perfectamente determinables, por estar designados de manera que no pueda dudarse de 
quien sea el sujeto afectado».
En el concreto supuesto de este expediente se cumplen dos de los parámetros: las 
desheredadas están identificadas y eran susceptibles de imputación al tiempo de la 
desheredación. Pero no se cumple la exigencia de la expresión determinante de al 
menos una de las causas de desheredación recogidas en el Código Civil.
Es también doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. las citadas Resoluciones 
de 25 de mayo de 2017 y 3 de octubre de 2019, que siguen la línea de otras anteriores) 
que «(…) es cierto que en nuestro sistema, de conformidad con una reiterada doctrina 
jurisprudencial,  basta  para  que  la  desheredación  sea  eficaz  la  simple  expresión 
testamentaria de la causa legal, o de la conducta tipificada como tal, que se imputa al  s
sujeto desheredado, sin que, a diferencia de lo que ocurre con la indignidad, sea precisa  oe.
ex ante la prueba de la certeza de la causa desheredationis. Esta prueba sólo se  w.
impone, a cargo del favorecido por la desheredación, cuando el privado de la legítima  908ww
icmapráucgtnear sgee nlae radli speons iceiló ná mtebsittoa meexntrtaarjuiad.i cEianl  gcoonzaserácnu edneci ap, lecnaab ee frieccaocniao cleors  qauceto sc ony 
laotsri budceiroencehso sp alretigciitoimnaalreioss q, ume iseen tarajuss tenno  atle tnegsata mluegnatro , laa unimqupeu gcnoancllieóvne nju edxiccilauls iódne  dlea   BOE-A-cable e
disposición testamentaria que priva de la legítima (…) Sin embargo, esta doctrina no 
empece para que se niegue ab initio eficacia a las desheredaciones que no se funden en 
una causa de las tipificadas en la ley, o que se refieran a personas inexistentes al tiempo 
del otorgamiento del testamento, o a personas que, de modo patente e indubitado (por 
ejemplo, un recién nacido) resulte que no tienen aptitud ni las mínimas condiciones de 
idoneidad para poder haber realizado o ser responsables de la conducta que se les 
imputa.  También  debe  poder  deducirse  del  título  de  la  sucesión,  o  del  documento 
atributivo de la herencia, la aptitud genérica del desheredado para serlo (…) Por ello (…) 
si bien los llamados en testamento (o, en defecto de llamamiento testamentario, por ley) 
pueden, por si solos, realizar la adjudicación o partición de herencia, sin necesidad del 
concurso de los desheredados expresamente, es preciso que la autorización de la 
correspondiente  escritura  pública  de  herencia,  otorgada  sin  la  concurrencia  de  los 
expresamente desheredados, debe contener los datos suficientes para deducir, en los 
términos expresados, la plena legitimación de los otorgantes».
Por los razonamientos precedentes debe concluirse que en este caso debe negarse 
eficacia a la desheredación, pues la testadora no menciona de manera expresa la 
concreta causa legal en que se funda para desheredar a sus nietas (arts. 848 y 849 el 
Código Civil) y se limitó a indicar que las deshereda «por las causas recogidas en el 
Código Civil», mención que es a todas luces insuficiente según la doctrina del Tribunal 
Supremo y de esta Dirección General.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto 
en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.