BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 322 Jueves 10 de diciembre de 2020 Sec. III.   Pág. 113014
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
15920 Resolución  de  26  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Madrid n.º 22, por la que se suspende la 
inscripción  de  una  escritura  de  aceptación  de  herencia  y  aprobación  y 
elevación a público de cuaderno particional respecto de una herencia.
En el recurso interpuesto por don J.L.P.D. contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid número 22, don Ángel Valero Fernández-Reyes, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de aceptación de herencia y aprobación y 
elevación a público de cuaderno particional respecto de una herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada por la notaria de Madrid doña Diamar Mata Botella 
el 31 de julio de 2020 con número 1.159 de protocolo, se aceptó la herencia de doña 
C.D.S. y se aprobaron y elevaron a público las operaciones particionales de dicha 
herencia. Esta escritura fue otorgada por el cónyuge viudo y los tres hijos y herederos de 
la  causante  (uno  de  ellos  el  ahora  recurrente).  El  inventario  de  tales  operaciones 
comprende, entre otros bienes, la finca registral 16705 del Registro de la Propiedad 
número 22 de Madrid, inscrita a favor de dicha causante, con carácter privativo, en las 
inscripciones 4.ª y 5.ª, y esta finca, según dicho cuaderno particional, se adjudica al 
cónyuge viudo «en pago de sus gananciales».
II
Copia autorizada de la referida escritura fue presentada el 18 de agosto de 2020 en 
el Registro de la Propiedad de Madrid número 22, y fue objeto de calificación negativa 
por  el  registrador,  don  Ángel  Valero  Fernández-Reyes,  según  la  cual  resuelve  no 
practicar los asientos solicitados con base a los siguientes fundamentos de derecho:
«1.  La naturaleza de la liquidación de la sociedad de gananciales es la de mera 
especificación  o  concreción  de  un  derecho  abstracto  preexistente  en  el  patrimonio 
común de los cónyuges y no la de producir por sí misma desplazamientos patrimoniales 
o transmisiones entre sus respectivos patrimonios privativos, ni a efectos civiles ni a 
efectos fiscales.
Es por ello que en una escritura de liquidación de gananciales y partición de herencia 
no se pueden adjudicar al cónyuge supérstite bienes privativos del causante por el 
concepto de pago de sus derechos en la sociedad conyugal, sino que ha de expresarse 
la verdadera causa de esta adjudicación, como pudiera ser el pago de un exceso de 
adjudicación  de  bienes  gananciales  al  haber  hereditario,  una  permuta,  etc,  como 
expresamente señala la resolución de la DGRN de 4 de junio de 2012, con base en los  es
principios registrales de especialidad (art. 54.2 RH) y de expresión causal (arts. 2.1 LH  o
y 51.10 RH), que impiden la aceptación de un "totum revolutum" en las adjudicaciones  920ww
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mero negocio particional o de liquidación de una sociedad conyugal no puede justificar
cualquier  transmisión  patrimonial,  sino  que  ésta  ha  de  quedar  suficientemente 
casualizada, sin perjuicio de que pueda haber excesos o defectos de adjudicación, 
declarados o comprobados, lo que tendrá su correspondiente repercusión fiscal, que se 
obvia  la  adjudicar  en  pago  de  gananciales  un  bien  privativo  del  causante  (ver 
resoluciones de 29 de octubre de 2012 y 27 de noviembre de 2017).
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.
Contra esta calificación podrá (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por Ángel Valero 
Fernández–Reyes registrador/a de Registro Propiedad de Madrid 22 a día veintiséis de 
agosto del año dos mil veinte.»
III
Don J.L.P.D. interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito que 
entró en el referido Registro de la Propiedad el 11 de septiembre de 2020, en el que 
expresa las alegaciones siguientes:
«Primera.  Antecedentes de hecho. (…)
Segunda.  El presente recurso se formula con base en los siguientes
Motivos del recurso:
1.  Señala la resolución que se acuerda no practicar los asientos solicitados por 
considerar que en una escritura de liquidación de gananciales y partición de herencia no 
se pueden adjudicar al cónyuge supérstite bienes privativos del causante por el concepto 
de pago de sus derechos en la sociedad conyugal, sino que ha de expresarse la 
verdadera causa de esta adjudicación.
Viene a atribuir la inexistencia de causa en la escritura, lo cual no es cierto en ningún 
modo, pues la causa está debidamente establecida, que es el pago en gananciales al 
cónyuge viudo. Otra cosa es que la causa no le guste al Registrador, pero la causa 
existe y es válida.
Mantener lo que mantiene la resolución sería tanto como decir que la causa es 
inexistente  o  nula,  y  la  apreciación  de  dicha  nulidad  solo  puede  resultar  del 
correspondiente procedimiento judicial como consecuencia de la impugnación de la 
misma. Declaración de nulidad que solo le corresponde a los Tribunales, no al Registro 
de la Propiedad.
Y el art. 1255 del Código Civil, señala que «los contratantes pueden establecer los 
pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.» Supuesto de ser contrario que no 
se da en el presente.
Con la calificación emitida el Registro deja sin efecto la posibilidad de inscripción en 
el Registro de un acto válido y eficaz, consentido por todos los interesados en el mismo, 
y cuya negativa a su inscripción no afecta a la validez ni del título, ni del modo, por lo que 
el adjudicatario ha pasado a ser propietario del bien (existencia de título y modo), solo a 
la inscripción, por otro lado voluntaria en el Registro, si bien con los efectos reconocidos 
frente a terceros por el Registro de la Propiedad.
Pretender la nulidad de tal acto por el Registro supone dejar sin efecto el acto  e
realizado por las partes, sin que exista sentencia que declarar la nulidad o anulabilidad  bo
del acto, competencia de declaración de nulidad que no radica en el Registro sino en los  920ww
Telrliobsu nlaa lceista ddea  Jeussctriictuiar,a ,m fiármximadea  cpuoarn tdood onsin eglulonso,  dcoen l olos  qinuteer etasmadpoosc ov ap oad rimíapnu dgenmara nadnater 
su nCuulidaandd,o a sl eh atrbaetra  indtee rlviqeuniiddaor  elan  seollaci.edad de gananciales, como operación previa a la
partición de la herencia, se hace un total inventario que comprende tanto los bienes
gananciales como los privativos del cónyuge premuerto, y del total de todos ellos se 
deduce el importe de dichos privativos así como las cargas y deudas de la sociedad y las 
indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge (art. 1403 del Código Civil), y el 
remanente que quede constituye el haber de la sociedad de gananciales, cuyo importe 
se divide por mitad entre los cónyuges premuerto y el sobreviviente (art-1404 del C.c.).
En ningún momento ni supuesto nuestro ordenamiento jurídico prohíbe que para 
pago del importe que corresponde por sus gananciales al cónyuge sobreviviente no se le 
pueda  adjudicar  cualquiera  de  los  bienes  inventariados,  bien  sean  de  naturaleza 
ganancial o privativos del causante. Lo necesario es adjudicarle bienes inventariados 
que sumen la mitad del importe del haber ganancial.
En dicha adjudicación la ley no exige que los bienes adjudicados sean todos de 
carácter ganancial, no distinguiendo la ley a dichos efectos entre gananciales o privativos 
del premuerto, y como señala el principio general de derecho, «donde la ley no distingue 
no se puede de distinguir», por lo que en pago del haber que corresponde al cónyuge 
sobreviviente  se  le  puede  adjudicar  bienes  de  cualquier  naturaleza,  gananciales  o 
privativos.
Por  otra  parte,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  1058  del  C.c. 
«[C]uando  el  testador  no  hubiese  hecho  la  partición,  ni  encomendado  a  otro  esta 
facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, 
podrán distribuir la herencia de la manera que hagan por conveniente».
Y según la doctrina jurisprudencial, dicha facultad es tan amplia que permite a los 
coherederos  realizar  actos  particionales  más  allá  de  los  propios  divisorios  y  de  lo 
dispuesto por el causante, con lo que se trata más bien de actos de disposición que de 
partición.
Por ello los herederos mayores de edad, que tuvieran la libre administración de sus 
bienes, como en el presente caso ocurre, pueden distribuir la herencia de la manera que 
tenga  por  conveniente,  y  en  consecuencia  hacer  la  adjudicación  con  el  cónyuge 
sobreviviente de los bienes que se le adjudiquen en pago de su haber ganancial, sean 
éstos de la naturaleza que designen, sin tener que ser necesariamente gananciales.
2.  Lo que determina el art. 1404 del C.c. citado es que el remanente que resulte de 
la liquidación se divida por mitad entre los cónyuges. el premuerto y el sobreviviente, sin 
que necesariamente se hayan de adjudicar al viudo para pago de sus gananciales, 
bienes de esta naturaleza, pues del conjunto del inventario (gananciales y privativos) los 
participantes de la partición pueden elegir unos u otros para atribuir al viudo el importe 
de su mitad de gananciales, sin que la ley exija o imponga necesariamente que sean 
gananciales.
3.  La  partición  y  liquidación  de  gananciales,  al  haberlas  realizado  el  cónyuge 
sobreviviente y los herederos de común acuerdo, constituye un estado de derecho 
imposible de impugnar, al existir unanimidad por todos sus intervinientes, por lo que su 
decisión debe ser admitida sin reproche alguno. La voluntad unánime de los interesados 
ha de prevalecer frente a cualquier otra interpretación jurídica (…)».
IV
El registrador de la propiedad informó mediante escrito de 15 de septiembre de 2020 
y elevó el expediente a esta Dirección General. En dicho informe consta que se dio 
traslado del mismo a la notaria autorizante, sin que ésta formulara alegaciones.
Fundamentos de Derecho oe.
Vistos los artículos 609, 1058, 1255, 1261, 1274 y siguientes, 1323, 1344, 1354,  920ww
s1i3g5u5ie, n1t3e5s 7d, e1 3l9a7 L ye y1 4H0i4p odteelc aCróiad;i g5o1 C diveill ; R1,e g2l,a 3m, e9n,t o1 8H, i1p9o,t e2c0a, ri2o1; , l3a4s , S3e8n, t4e0n cyia 3s2 2d eyl 
lTarsib uRneaslo Sluucpiorenmeso  d(sea llaa  1D.ªi)r edcec i1ó8n  dGee jnueliora dl ed e2 0lo1s2 , R1e7g diset reonse yro  dye 2l 5N doeta raiabdriol  ddee 2 01168 d; ey 
octubre de 1998, 28 de enero y 21 de diciembre de 1999, 20 de febrero y 2 de diciembre 
de 2003, 10 de marzo de 2004, 26 de febrero y 23 de abril de 2005, 20 de julio, 1 de 
octubre y 19 de noviembre de 2007, 8 de junio de 2009, 22, 29 y 31 de marzo de 2010, 
19 de enero, 13 de junio, 3 de septiembre, 13 de noviembre y 9 de diciembre de 2011, 11 
de abril, 4 de junio y 29 de octubre de 2012, 19 de diciembre de 2013, 16 de octubre 
de 2014, 24 de noviembre de 2015, 25 de mayo y 27 de noviembre de 2017, 28 de 
febrero, 22 de mayo, 7 de julio, 2 y 31 octubre, 7 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2019, y 8 de enero, 4 y 6 de marzo, 11 de junio y 15 de septiembre de 2020 (ésta de 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública).
1.  Mediante el presente recurso se pretende la inscripción de una escritura de 
aceptación de determinada herencia y aprobación y elevación a público de cuaderno 
particional, otorgada por el cónyuge viudo y los herederos de la causante. Entre los 
bienes inventariados se incluye una finca urbana, privativa del causante, que se adjudica 
al cónyuge viudo «en pago de sus gananciales».
El registrador de la propiedad fundamenta su negativa a la inscripción en que en una 
escritura de liquidación de gananciales y partición de herencia no se pueden adjudicar al 
cónyuge supérstite bienes privativos del causante por el concepto de pago de sus 
derechos en la sociedad conyugal, sino que ha de expresarse la verdadera causa de 
esta adjudicación, como pudiera ser, por ejemplo, el pago de un exceso de adjudicación 
de bienes gananciales al haber hereditario o una permuta. Y añade que la necesaria 
causalización de las adjudicaciones hereditarias, y de las adjudicaciones en general, es 
un principio básico del derecho hipotecario español, de tal manera que el mero negocio 
particional o de liquidación de una sociedad conyugal no puede justificar cualquier 
transmisión patrimonial, sino que ésta ha de quedar suficientemente causalizada, sin 
perjuicio  de  que  pueda  haber  excesos  o  defectos  de  adjudicación,  declarados  o 
comprobados, lo que tendrá su correspondiente repercusión fiscal, que se obvia al 
adjudicar en pago de gananciales un bien privativo del causante.
El recurrente alega: que «la causa de la adjudicación está debidamente establecida, 
que es el pago en gananciales al cónyuge viudo»; que la calificación impugnada impide 
la inscripción de un acto válido y eficaz, consentido por todos los interesados, por lo que 
el adjudicatario ha pasado a ser propietario del bien mediante título y modo; que el 
ordenamiento jurídico no prohíbe que para pago del importe que corresponde por sus 
gananciales al cónyuge sobreviviente se le pueda adjudicar cualquiera de los bienes 
inventariados, bien sean de naturaleza ganancial o privativos del causante, pues lo 
necesario es adjudicarle bienes inventariados que sumen la mitad del importe del haber 
ganancial; y que, al haberse realizado tal adjudicación por los herederos mayores de 
edad, que tuvieran la libre administración de sus bienes (artículo 1058 del Código Civil), 
como en el presente caso ocurre, debe admitirse sin reproche alguno.
2.  Disuelta la sociedad de gananciales, pero no liquidada, no corresponde a los 
cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que lo 
integran, y de la que pueda disponerse separadamente, sino que, por el contrario, la 
participación de aquéllos se predica globalmente respecto de la masa ganancial en 
cuanto patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio 
ámbito  de  responsabilidad  y  con  un  régimen  específico  de  gestión,  disposición  y 
liquidación, que presupone la actuación conjunta de ambos cónyuges o, en su caso, de 
sus respectivos herederos, y solamente cuando concluyan las operaciones liquidatorias 
esa cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades singulares y concretas que a 
cada uno de ellos se le adjudiquen en las citadas operaciones liquidatorias. e.
Con la liquidación de la sociedad de gananciales no se hace sino fijar el haber que – w.b
después de pagar a los acreedores y, en su caso, a los propios cónyuges– ha de ser  920ww
Patorirb eulildoo,  epno rc amsiota dd ea  falollse cciómniyeungtoe sd eo  aslugsu nhoe rdeed eloros sc ó(vniydu. gaertsíc, ucloon 1 c3a4r4á cdteerl  Cgeóndeigroa l,C pivairl)a. 
dgeatnearnmciinaaler se, ll oh qaubee rs uhpeorendei tlaar idoe,  elass  nreelcaecsioanrieas  lcar épdrietov-iad eluiqduaid eanctiróen  lodse  bliae nseosc cieodmaudn dees 
y los privativos de los esposos, ya que solo después de tal liquidación es posible
determinar el caudal partible previo inventario de los bienes. No obstante, este Centro 
Directivo ha puesto de relieve (cfr. Resoluciones de 20 de julio, 1 de octubre y 19 de 
noviembre de 2007 y 28 de febrero y 7 de noviembre de 2019 y 11 de junio de 2020, 
entre  otras)  que  hay  casos  –aunque  no  sea  el  del  presente  recurso–,  en  los  que 
concurriendo todos los interesados –cónyuge viudo y herederos de los causantes en su 
caso– a dar cumplimiento a una disposición testamentaria, no resultaría necesario, 
aunque el bien que se pretenda inscribir aparezca inscrito como ganancial, determinar 
previamente  mediante  la  liquidación  formal  de  la  sociedad  de  gananciales,  qué 
participación del mismo correspondería a cada interesado, por cuanto los derechos 
vienen configurados en su naturaleza, contenido y extensión por el título material que los 
origina, lo que unido al ámbito de autonomía que se reconoce a la voluntad privada –
artículo 1255 del Código Civil–, determina que para la correcta constatación en los libros 
registrales de las titularidades reales concurriendo varios títulos adquisitivos a favor del 
mismo sujeto, todos ellos determinantes de titularidades idénticas en su modo de ser y 
coincidentes en el objeto, bastaría a efectos del principio de especialidad, con la fijación 
de las cuotas recibidas por cada uno de los partícipes en la comunidad hereditaria, para 
que la titularidad global quede fielmente reflejada.
3.  Este  Centro  Directivo,  reiterando  otros  pronunciamientos  anteriores,  en  la 
Resolución de 22 de marzo de 2010, posteriormente confirmada por las de 13 de junio 
y 3 de septiembre de 2011, de 11 de abril de 2012, entre otras como las más recientes 
de 2 y 31 octubre y 11 de diciembre 2019 y 8 de enero de 2020, ha puesto de relieve que 
respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad 
de transmisión de bienes cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del Código 
Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal 
preexistente  puedan  intercambiarse  bienes  privativos.  Pero  no  siempre  esas 
transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro 
tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en 
ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del 
remanente  consorcial  se  compense  con  esa  adjudicación  –a  su  favor–  de  bienes 
privativos  del  otro  cónyuge  o,  simplemente,  negocios  adicionales  a  la  liquidación, 
independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa.
Indudablemente,  el  negocio  de  que  se  trate  ha  de  tener  su  adecuado  reflejo 
documental, siendo preciso plasmarlo así, nítidamente, en el correspondiente documento 
(cfr. artículos 1397 y 1404 del Código Civil y 18 de la Ley Hipotecaria).
En este sentido, es doctrina reiterada de esta Dirección General (vid., Resoluciones 
citadas  en  los  «Vistos»)  que  son  válidos  y  eficaces  cualesquiera  desplazamientos 
patrimoniales entre los cónyuges, y, por ende, entre sus patrimonios privativos y el 
consorcial (vid. artículo 1323 del Código Civil), siempre que aquéllos se produzcan por 
cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto (vid. artículo 609 del Código Civil), 
entre los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos 
a una comunidad de bienes, no personalizada jurídicamente o de comunicación de 
bienes  como  categoría  autónoma  y  diferenciada  con  sus  propios  elementos  y 
características. Estos desplazamientos patrimoniales se someterán al régimen jurídico 
determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites 
legales (cfr. artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la 
normativa del Código Civil. En todo caso, han de quedar debidamente exteriorizados y 
precisados en el título inscribible los elementos constitutivos del negocio de aportación 
por el que se produce el desplazamiento entre los patrimonios privativos y el consorcial,  s
y  especialmente  su  causa,  que  no  puede  presumirse  a  efectos  registrales  (vid.  oe.
artículos 1261.3.º y 1274 y siguientes del Código Civil). La especificación de la causa es  w.
imprescindible para acceder a la registración de cualquier acto traslativo, tanto por  920ww
neexicgeirsloa rioe l paprrain qciupeio e ld Re egdiesttreardmoinr apcuióend a rceugmisptrlairl ,c ocno mlao f upnociró ns ecra lifpicreasduoprau,e syt od eslópguicéos 
practicar debidamente los asientos que procedan (vide artículos 9 de la Ley Hipotecaria,
y 51 y 193.2 de su Reglamento, y Resoluciones de 20 de febrero de 2003, 10 de marzo 
de 2004, 8 de junio de 2009, 29 y 31 de marzo de 2010 y 19 de enero de 2011).
En un caso en que los cónyuges, en la escritura de liquidación de la sociedad de 
gananciales, al inventariar los bienes no sólo incluyeron los de carácter ganancial, sino 
que  añadieron  otros  privativos  de  ambos  y,  una  vez  concluido  el  inventario,  se 
adjudicaron los bienes inventariados atribuyendo al marido no sólo un bien que hasta 
entonces había sido ganancial sino otros bienes que era privativos de la esposa, y a ésta 
el otro bien ganancial y un inmueble que era privativo del marido, esta Dirección General 
afirmó lo siguiente en Resolución de 16 de octubre de 1998 (cfr., en la misma línea la 
de 21 de diciembre de 1999):
«Proclamada  en  nuestro  Derecho  la  posibilidad  de  transmisión  de  bienes  entre 
cónyuges por cualquier título (cfr. art. 1323 del Código Civil), nada se opone a que éstos, 
con  ocasión  de  la  liquidación  de  la  sociedad  conyugal  preexistente,  puedan 
intercambiarse bienes privativos; ahora bien, puesto que el objeto de la liquidación es 
exclusivamente  la  división  por  mitad  del  haber  resultante  después  de  pagados  los 
acreedores consorciales (cfr. art. 1404 del Código Civil), no puede entenderse que esas 
transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro 
tengan como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio; habrá en ocasiones, un 
negocio complejo en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial 
se compense con esa adjudicación, a su favor, de bienes privativos del otro cónyuge, o 
simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de 
ésta,  con  su  propia  causa,  ya  onerosa  (permuta,  compraventa,  etc.),  ya  gratuita 
(donación), pero, tanto en uno como en otro caso, será preciso su adecuado reflejo 
documental, a fin de posibilitar la inscripción, siendo preciso plasmar nítidamente, en el 
correspondiente  documento,  los  contratos  y  negocios  realizados  con  todos  sus 
elementos esenciales en consideración a las siguientes circunstancias: a) La exigencia 
de una causa lícita y suficiente para todo negocio traslativo (cfr. arts. 1274 y siguientes 
del  Código  Civil),  b)  La  extensión  de  la  calificación  registral  a  todos  los  extremos 
determinantes de la validez del negocio inscribible (art. 18 de la Ley Hipotecaria), c) La 
necesidad de reflejar en el Registro de la Propiedad el negocio jurídico determinante del 
derecho  real  a  inscribir  (cfr.  arts.  9  de  la  Ley  Hipotecaria  y  51  del  Reglamento 
Hipotecario, d) Las distintas exigencias en cuanto a validez de los diferentes tipos 
negociales, así como las específicas repercusiones que el concreto negocio adquisitivo 
tiene en el régimen jurídico del derecho adquirido (adviértase las diferencias entre la 
adquisición a título oneroso y las realizadas a título gratuito), así en parte a su protección 
–cfr. arts. 34 de la Ley Hipotecaria y 1297 del Código Civil– como en su firmeza –cfr. arts. 
644 y ss. del Código Civil–».
Y en términos análogos se ha pronunciado más recientemente este Centro Directivo, 
en relación con la partición de la herencia, en Resolución de 27 de noviembre de 2017, 
que tuvo en cuenta el artículo 1058 del Código Civil (según el cual los herederos 
mayores de edad que tengan la libre administración de sus bienes y capaces pueden 
verificar la partición del modo que tengan por conveniente) citado por el recurrente.
4.  En el presente caso no puede entenderse que el negocio jurídico celebrado 
tenga su adecuado reflejo documental, habida cuenta de que en el cuaderno particional 
los otorgantes se limitan a adjudicar al cónyuge viudo «en pago de sus gananciales» un 
bien privativo de la causante.
Una vez disuelta la sociedad de gananciales y constante la comunidad postganancial 
(o postmatrimonial), lo que no cabe en modo alguno es un trasvase injustificado de una  e.
masa patrimonial a otra y con una causa negocial por completo ajena a la liquidación del  w.b
patrimonio común adquirido en atención al matrimonio. Y es que lo contrario implicaría la  920ww
ppoosstibgialindaandc iadle,  aalgpoo rtqaur e usne rbíaie nc onptrriavdaitcivtoor ioa  cloan  mlaa snaa tuqruaele zian tepgrorap ial a declo macutnoi ddaed 
lqiquuei dpaecrimónit,e yn  plaar atr alon qsfueer eennc ima oednot rael geuln poa etrsim poonsiibol ep rtrivaaetri vao  cyo lagcainóann lcaisa lm eisnm vaidsa r adzeo nleoss 
partícipes, constante la sociedad de gananciales.
Tiene por ello razón el registrador en su calificación cuando indica que la naturaleza 
de  la  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales  es  la  de  mera  especificación  o 
concreción  de  un  derecho  abstracto  preexistente  en  el  patrimonio  común  de  los 
cónyuges,  y  no  puede  producir  por  sí  misma  desplazamientos  patrimoniales  o 
transmisiones entre sus respectivos patrimonios privativos, ni a efectos civiles ni a 
efectos fiscales. Por ello, en una escritura de liquidación de gananciales y partición de 
herencia no se pueden adjudicar al cónyuge supérstite, sin más, bienes privativos del 
causante por el concepto de pago de sus derechos en la sociedad conyugal, sino que 
habrá de expresarse la verdadera causa de esta adjudicación, algo que en la escritura 
calificada en este caso no sucede, pues ni aparece expresado el título de la adjudicación 
con claridad, ni reflejada la causa del mismo de forma patente e indubitada. Aparte –
excepción hecha de la salvedad antes apuntada por este Centro Directivo– el error 
conceptual que supone considerar liquidación de la sociedad de gananciales y partición 
de herencia como una única operación jurídica, con bienes y derechos intercambiables 
entre sí sin más. Y es que, como acertadamente puso de relieve un destacado civilista, 
hay una clara nota diferencial entre la liquidación de la sociedad gananciales y la de una 
herencia, pues en aquella –y antes de iniciarse la división propiamente dicha– han de 
analizarse y liquidarse, por lo general, las repercusiones de los hechos, actos y negocios 
de los cónyuges realizados constante matrimonio, en la economía común; y han de 
precisarse, tras la disolución, relaciones que durante largo tiempo permanecieron sin 
cualificación específica.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 26 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.