BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 72777
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE CONSUMO
10001 Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y 
Juego, por la que se publica el Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla, 
para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.
Suscrito entre el Ministerio de Consumo y la Ciudad Autónoma de Melilla, en fecha 4 
de junio de 2021, Convenio para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que figura como anexo a esta resolución, procede su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Madrid, 7 de junio de 2021.–El Secretario General de Consumo y Juego, Rafael 
Escudero Alday.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Ciudad Autónoma de Melilla, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla
Madrid, 4 de junio de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Alberto  Carlos  Garzón  Espinosa,  Ministro  de  Consumo,  de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el 
que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia atribuida por el 
artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Y  de  otra  parte,  don  Mohamed  Mohamed  Mohand,  Consejero  de  Economía  y 
Políticas  Sociales  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  nombrado  por  Decreto  del 
Presidente, núm. 377 de fecha 13 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 42 
de 13 de diciembre de 2019), conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019 (BOME extraordinario núm. 43 de igual 
fecha), por el que se distribuyen competencias entre Consejerías de la Ciudad de Melilla 
y autorizado para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de marzo 
de 2021 (Resolución núm. 2021000210).
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y,
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa  es
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la  o
PsUersigmuuEaerrnirido oasc, d,ud ,m ealalpp  rtlsieomaxblituaeoddn  ortyeo  f lmuodnseed dll eiidamgonía ttidenme do Ralsate o ian Lltce eoDyrne eGsscteeritesnu teceoric oaoLnl neapógla,mi srealiacl  tolaicvs ao Ddp eeí1t fu/le2olno0ss  0maI7I ,i, ds dmede eollo  s1st.í 6tCu lodone s Vun, modviedielo mrLebibsrr eoy,    2021-10001n https://www.
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 3 de octubre de 2001, se constituyó la Junta Arbitral de 
Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así pues, el Ministerio de Consumo y la Consejería de Economía y Políticas Sociales 
de  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  conscientes  de  la  necesidad  de  facilitar  a  los 
consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la 
experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
capítulo VI, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y de su Disposición Adicional Octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  con  sede  en  Melilla,  cuyo  ámbito  territorial  viene 
determinado por el propio de la Ciudad Autónoma de Melilla, conocerá, con carácter 
prioritario, de las reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con 
sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y 
el procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que 
se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La Ciudad Autónoma de Melilla impulsará, en su ámbito territorial, la gestión y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un  es
año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación como entidad de  o
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3.  La Ciudad Autónoma de Melilla facilitará información sobre la designación de 
Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro dato referente a la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Economía y Políticas Sociales 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante, correspondiendo la Secretaría a un funcionario de la Dirección General de 
Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde 
su  formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes: es
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  w.
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  001ww
o sub d) enLeag adceiónnu.ncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser
mcoemseusn.icada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo mínimo de tres  BOE-A-cable e
c)  La disolución o supresión de alguna de las partes.
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en  el  presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, Alberto Carlos 
Garzón Espinosa.–El Consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed 
Mohand.