BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Sábado 31 de julio de 2021 Sec. TC.   Pág. 93287
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13017 Pleno. Sentencia 133/2021, de 24 de junio de 2021. Recursos de amparo 
4037-2015 y 4098-2015 (acumulados). Promovidos por doña Ángela Bergillos 
Alguacil y cuatro personas más respecto de la sentencia de la Sala de lo 
Penal  del  Tribunal  Supremo  que  les  condenó  por  un  delito  contra  las 
instituciones del Estado. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad 
de expresión, de reunión y manifestación, de participación política, a la tutela 
judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal: 
concentración frente a la sede del Parlamento de Cataluña con la que se 
trataba  de  impedir  el  debate  y  aprobación  de  los  presupuestos  de  la 
Generalitat. Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2021:133
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don 
Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña 
María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de amparo acumulados núms. 4037-2015 y 4098-2015, promovidos, 
respectivamente, por doña Ángela Bergillos Alguacil, don Carlos Munter Domec, don 
Rubén Molina Marín y don Francisco José Cobos García, así como por don Jordi 
Raymond Parra, contra el auto de 19 de mayo de 2015 de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la 
sentencia de 17 de marzo de 2015 de esa misma Sala del Tribunal Supremo, dictada en 
el recurso de casación núm. 1828-2014, que revocó la sentencia absolutoria de la 
Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2014, dictada 
en el rollo de sala núm. 6-2013, y condenó a los recurrentes como autores de un delito 
contra  las  instituciones  del  Estado  (art.  498  del  Código  penal).  Ha  intervenido  el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el día 16 de junio de 2015, la 
representación procesal y letrada de don Ciro Morales Rodríguez y don José María 
Vázquez  Moreno,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  e
mencionan en el encabezamiento, en el que alegó la supuesta vulneración de sus  b
derechos a un proceso con todas las garantías como consecuencia de su condena en  017ww
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esexapmtieinmabdroe,  dlae  S2e0c1c5ió, na Tceorrcdeór as due i nlaa dSmalias ióSne gau ntrdáam, imtee dpioarn taep prerocviaidr eqnuceia  idnec uferrcíah ae 8n  deel 
defecto  insubsanable  consistente  en  no  haber  satisfecho  debidamente  la  carga
consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso [art. 49.1 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)].
Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  día  7  de  julio  de  2015,  la 
representación procesal y letrada de doña Olga Álvarez Juan, interpuso demanda de 
amparo contra las mismas resoluciones, en el que alegó la supuesta vulneración de sus 
derechos a un proceso con todas las garantías, de defensa y a la presunción de 
inocencia, como consecuencia de su condena en casación (art. 24.2 CE), así como de 
sus derechos a la libertad de expresión y reunión (arts. 20 y 21 CE) y, por último, de su 
derecho a la legalidad penal y proporcionalidad de las penas (art. 25.1 CE). Registrado 
como recurso de amparo núm. 4036-2015, una vez examinado, la Sección Tercera de la 
Sala Segunda, mediante providencia de fecha 24 de noviembre de 2015, acordó su 
inadmisión a trámite por apreciar que incurría en el defecto insubsanable consistente en 
no  haber  satisfecho  en  modo  alguno  la  carga  consistente  en  justificar  la  especial 
trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC).
2.  Por medio de escrito registrado en este tribunal el día 7 de julio de 2015, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  Isabel  Alfonso  Rodríguez,  en  nombre  y 
representación de doña Ángela Bergillos Alguacil, don Carlos Munter Domec, don Rubén 
Molina Marín y don Francisco José Cobos García, con la asistencia letrada del abogado 
don Eduardo Cáliz Robles, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se 
mencionan en el encabezamiento, dando lugar al recurso de amparo núm. 4037-2015. 
Por otrosí solicitó la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas.
Mediante escrito registrado en este tribunal el día 9 de julio de 2015, la procuradora 
de los tribunales doña Isabel Alfonso Rodríguez, en nombre y representación de don 
Jordi Raymond Parra, con la asistencia letrada de la abogada doña Laia Serra Perelló, 
interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  mencionan  en  el 
encabezamiento, dando lugar al recurso de amparo núm. 4098-2015.
3.  Sintéticamente expuestos, según se deduce del contenido de las actuaciones 
recibidas, los hechos y antecedentes procesales en los que tiene su origen el presente 
recurso de amparo son los siguientes:
A)  La Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó sentencia 
núm. 31/2014, de 7 de julio, en el procedimiento abreviado núm. 6-2013, en la que 
absolvió a las diecinueve personas acusadas de los delitos contra las instituciones del 
Estado (art. 498 del Código penal, en adelante CP), atentado agravado (arts. 550 y 551.2 
CP) y asociación ilícita (art. 515.1 CP) por los que se había formulado acusación. La 
sentencia sí condenó a uno de los acusados, don José María Vázquez Moreno, como 
autor de una falta de daños del art. 625 CP, a la pena de cuatro días de localización 
permanente.
(i)  En los hechos probados consta que:
«1.  El movimiento de protesta surgido en las plazas de las grandes ciudades a lo 
largo de la primavera del año 2011, conocido como 15M, convocó los días 14 y 15 de 
junio una concentración ante el Parlament de Catalunya con ocasión de la aprobación de 
los presupuestos de la Comunidad para aquel año, en protesta por la reducción del gasto 
social. El lema de la movilización era "Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin 
retallades"  (Paremos  al/el  Parlament,  no  permitiremos  que  aprueben  recortes).  La 
manifestación fue comunicada a la autoridad por las organizaciones que la convocaban,  e.e
el movimiento L'Acampada de Barcelona y las asociaciones de vecinos de la ciudad, y  b
publicitada por varios medios, entre otros una rueda de prensa, celebrada el 10 de junio,  017ww
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manifestación.
2.  La tarde del 14 de junio unas mil personas se reunieron junto al Parc de la 
Ciutadella, pero la policía les impidió acceder a dicho espacio, que se cerró durante la 
noche. Los manifestantes acamparon en un lugar próximo, en la encrucijada del Pasaje 
Picasso y la Avenida del Marqués de Argentera. A primera hora de la mañana, la policía 
disolvió por la fuerza, en varias ocasiones, a los manifestantes para abrir la puerta 7, 
situada frente al número 37 de la Calle Pujades, única que se había decidido dejar franca 
para que accedieran los parlamentarios. En ningún momento se acotó un perímetro o se 
levantó un cordón policial para garantizar el tránsito por aquella vía.
3.  A  partir  de  las  8:00  h.  los  diputados  fueron  entrando,  algunos  encontraron 
problemas debido al número de personas allí congregadas, que en ciertos momentos 
ascendía a más de seiscientas. El inicio de la sesión estaba señalado para las 10:00 h.
4.  Hacia las 9:25 h. el president de la Generalitat D. Artur Mas i Gavarro ocupaba el 
vehículo oficial, junto a los diputados de Convergencia i Unió (CiU) D Josep María Llop i 
Rigol y don Antoni Fernández Teixidor, en una comitiva de cuatro vehículos –en uno de 
ellos  iba  la  Presidenta  del  Parlament–  y  otras  tantas  motocicletas  conducidas  por 
agentes de policía. Circulaban, por la avenida Meridiana en dirección al Parc de la 
Ciutadella con la intención de atravesar por la puerta 7; antes de llegar se encontraron 
con un grupo de manifestantes que ocupaban la calzada y obstaculizaban su marcha. 
Los automóviles no llevaban distintivo alguno. Al constatar la dificultad para atravesar por 
aquella puerta, rectificaron su dirección y regresaron por la misma vía, alejándose del 
lugar.
En el momento que cambiaban de sentido de marcha para eludir a la manifestación, 
un grupo de personas –ignorantes de qué autoridades viajaban en los vehículos– se 
aproximó a la comitiva. El encuentro entre los manifestantes y la cadena de coches duró 
escasos segundos. Un individuo levantó la mano y el brazo derecho cuando el automóvil 
presidencial giraba, otros se acercaron al vehículo, llegando a tocar la carrocería, alguien 
intentó abrir las puertas –que se hallaban aseguradas– y lanzó varios golpes. Cuando la 
comitiva abandonaba el cruce, un individuo arrojó un cono de plástico de señalización a 
la calzada. […]
5.  Hacia las 8:30 h. la diputada del grupo parlamentario del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) D.ª Monserrat Tura i Camafreita caminaba por el parque hacia el 
Parlament, dialogando con una mujer que allí se manifestaba y que le comunicaba la 
situación de sus hijos, universitarios y en paro, cuando D. José María Vázquez Moreno 
se le acercó por detrás y le pintó en la espalda de la chaqueta dos trazos negros con un 
espray, que ensuciaron también el bolso que llevaba en bandolera. La Sra. Tura reparó 
en el incidente una vez que entró en el edificio del Parlament y se quitó la prenda.
6.  El  diputado  D.  Joan  Boada  i  Masoliver,  de  Iniciativa  per  Catalunya  Verds-
Esquerra Unida (ICV-EU), se vio obligado a variar de rumbo al encontrarse, hacia 
las 9:00 h., la puerta 7 taponada por un grupo de manifestantes que le impidieron el 
paso, le increparon y siguieron. Al final, acompañado por varios agentes de la Guardia 
Urbana pudo ganar el cordón policial. No consta que D.ª Marta Pi i Morera increpara al 
parlamentario, ni siquiera que se interpusiera en su camino. Tampoco consta que D. 
Rubén  Molina  Marín  hubiera  perseguido,  bloqueado,  acometido  ni  empujado  al  Sr. 
Boada i Masoliver.
7.  Los diputados D. Gerard María Figueres Alba, de Convergencia i Unió, y D.  e.e
Alfons López i Tena, de Solidaritat Catalana, también se vieron incapaces de entrar por  b
la puerta 7 del parque. Unas cien personas les impidieron el paso, les increparon y  017ww
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Desde ese momento fueron seguidos por manifestantes, que chillaban consignas contra
los representantes políticos, hasta que fueron atendidos por agentes de policía que los 
trasladaron en coche a la sede del Parlament.
D. Francisco José López Cobos (sic, debe decir Cobos García) se interpuso con los 
brazos en cruz ante los parlamentarios, en un momento dado. No consta que les 
escupiera. Siguió al diputado autonómico Sr. López i Tena con las manos alzadas, 
gritando las consignas de la reunión. […]
D.ª Angela Bergillos Alguacil siguió, en algún momento, al Sr. López i Tena con los 
brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación. No consta 
que le hubiera empujado.
8.  Los diputados de CiU D. Josep María Llop i Rigol y D. Jordi Turull i Negre 
caminaban hacia el Parlament cuando varios manifestantes se confrontaron con ellos. D. 
Jordi Raymond Parra pedía que no les dejaran pasar, para que no votaran, al tiempo que 
desplegaba una pancarta para exhibir una leyenda; otros manifestantes le contestaron 
que solo había que hablar con los parlamentarios. Los señores Llop y Turull evitaron al 
grupo  y  se  retiraron  con  sus  acompañantes,  un  conductor  y  una  secretaria. 
Posteriormente, tuvieron un altercado con otros manifestantes, que les rodearon en la 
puerta de un garaje, y decidieron buscar la protección de agentes de policía. Llegaron al 
Parlament en un helicóptero, hacia las 10:20 h.
9.  El diputado del PSC, D. Ernest Maragall i Mira se vio obligado a atravesar entre 
un grupo nutrido de manifestantes, que con las manos abiertas y los brazos en alto 
trataban de que no llegara al Parlament. Fue ayudado por dos mossos d'esquadra que le 
escoltaron hasta el cordón policial. Entre las personas que le rodeaban y coreaban los 
lemas de la manifestación se hallaba D. Ciro Morales Rodríguez, siempre a su espalda. 
[…]
10.  La diputada de CiU, D.ª Ana Isabel Marcos i Vilar se encontró con un grupo de 
manifestantes cuando intentaba entrar al parque con otras dos parlamentarias, quienes 
salieron corriendo. Algunas personas le dirigieron gritos y le rociaron un líquido por 
encima, al tiempo que un desconocido la sujetaba del brazo. […] Cuando la diputada 
reaccionó, regresó por la misma calle y fue trasladada al Parlament en un coche policial. 
La Sra. Marcos i Vilar sufrió una crisis de ansiedad y precisó de ansiolíticos.
11.  D. Salvador Mila i Solsona, diputado de ICV-EU, intercambió opiniones con 
varios  manifestantes  mientras  caminaba  por  el  parque  hacia  el  edificio  legislativo. 
Algunos le recriminaron que entrara a votar al Parlament. […]
12.  El diputado D Santi Vila i Vicente, de CiU, se encontró con un grupo de 
manifestantes cuando se dirigía al Parlament, quienes le recriminaron las políticas de 
recortes de gasto público y le dijeron que no les representaba. Entre los que protestaban 
estaban D.ª Olga Álvarez Juan, D. Rubén Molina Marín y D. Carlos Munter Domec. 
Agentes de policía acompañaron al diputado para que superara a los manifestantes. No 
consta que fuera agredido, ni empujado».
(ii)  En relación con la prueba de los hechos y la convocatoria de la manifestación, la 
sentencia de la Audiencia Nacional expone –punto 1.2.1 del apartado de motivación– 
que fue hecha pública en una rueda de prensa que ofrecieron los portavoces de dos de 
los movimientos sociales convocantes y que su lema era «Aturem el Parlament, no 
deixarem que aprovin retallades» (Paremos el Parlamento, no dejaremos que aprueben  es
recortes). Señala, a continuación, que uno de esos portavoces, testigo de la defensa,  o
explicó que su intención era trasladar a los diputados su falta de legitimidad para acordar  017ww
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organizadores sería una manifestación pacífica, ante la que los diputados tendrían que 
decidir si entraban o no a la sesión».
Asimismo, destaca la Sala de instancia que «[e]l dispositivo de seguridad dejó abierta 
la  puerta  7  para  que  entraran  los  parlamentarios.  Por  lo  tanto,  no  fueron  los 
manifestantes quienes obstruyeron las diversas vías de acceso […]. Según el atestado, 
la entrada 7 obligaba a caminar trescientos metros hasta ganar el edificio». Concluye 
que «sin que la autoridad gubernativa adoptara hasta bien entrada la mañana la medida 
de levantar un cordón policial para permitir el tránsito de personas hacia el parlamento, 
los manifestantes se concentraron en la puerta 7, única vía abierta, y la confrontación de 
los diputados con ellos se hizo inevitable».
(iii)  Ya en el apartado 2 de la motivación de la sentencia –con el epígrafe «Derecho 
aplicable»–, el tribunal de instancia razona la decisión de absolver del delito contra las 
instituciones del Estado (art. 498 CP), conforme a un esquema argumentativo que se 
asienta en la definición del contenido de los derechos de reunión y manifestación, en 
general y en su proyección al contexto, para destacar los límites de la intervención penal 
cuando  se  refiere  a  conductas  relacionadas  con  el  ejercicio  de  tales  derechos 
fundamentales. A su juicio, esa intervención no se excluye solo frente a conductas que 
suponen el ejercicio del derecho, sino también frente a conductas que, si bien suponen 
un exceso o abuso, están íntimamente vinculadas al derecho, que se vería lesionado por 
el efecto disuasorio de la respuesta penal. Sostiene así que «la libertad de expresión y el 
derecho  de  reunión  y  manifestación,  íntimamente  vinculados  como  cauces  de  la 
democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, 
por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan "de un amplio 
espacio  exento  de  coacción,  lo  suficientemente  generoso  como  para  que  pueda 
desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor" (STC 110/2000, FJ 5). 
Cuando  los  cauces  de  expresión  y  de  acceso  al  espacio  público  se  encuentran 
controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad 
tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, 
resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o 
manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, 
como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta 
sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y 
grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en 
su título preliminar».
Desde esta premisa de partida, se excluye la relevancia penal de la mayoría de las 
conductas  que  se  declaran  probadas  por  entender  que  «solo  podemos  afirmar  su 
presencia en el lugar por donde los diputados se vieron obligados a transitar para 
acceder al Parlament y en algún caso la confrontación con ellos», de modo que se 
encuadran claramente en el ejercicio del derecho fundamental de manifestación. Entre 
ellas estarían la de los ahora recurrentes en amparo, señor Molina Marín y señor Munter 
Domec. Otras conductas, que reconoce que pudieran tener un significado añadido, como 
las realizadas por el señor Cobos García, la señora Bergillos o el señor Raymond Parra, 
deben contextualizarse en la propia dinámica de la manifestación. La sentencia aduce 
que «[s]e encuentran singularmente vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación 
en los términos en los que había sido convocada: las conductas tuvieron lugar en el 
tiempo y espacio de la protesta, estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y 
los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios y a expresar el divorcio entre 
representantes y representados; fueron actos de confrontación con los parlamentarios,  s
inevitables en el modo que la autoridad gubernativa había planteado el ejercicio del  oe.
derecho». w.
No obstante, la Sala de instancia admite que la conducta del señor Cobos García  017ww
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tribunal  se  apoya  en  una  interpretación  del  tipo  penal  acorde  con  los  derechos 
concernidos, por cuanto «son conductas íntima e inequívocamente conectadas con el 
derecho a la protesta que allí se ejercitaba» y es preciso evitar el efecto desaliento, 
desincentivador de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas 
comunes y del ejercicio de la crítica política. A su entender, incluso las acciones que se 
han atribuido al acusado señor Cobos García deben entenderse irrelevantes desde la 
perspectiva del tipo penal y, en cualquier caso, justificadas por el ejercicio fundamental 
del derecho de manifestación (art. 20.7 CP). Razona «que formalmente esas conductas 
pudieran  parecer  como  coactivas;  pero  materialmente  carecían  de  la  idoneidad 
necesaria y de la entidad suficiente como para ser consideradas típicas. Conclusión a la 
que llegamos atendiendo: 1) Al contexto de producción –una manifestación previamente 
convocada y publicitada con un lema como el señalado, Aturem el Parlament–, 2) A los 
términos del planteamiento de la autoridad gubernativa para la escenificación de la 
protesta  –cierre  de  accesos,  no  delimitación  del  espacio  y  cargas  policiales 
intermitentes– y, sobre todo, 3) A la capacidad que se supone al sujeto pasivo para 
determinar su voluntad –parlamentarios que acudían a una sesión plenaria importante, 
convencidos  de  su  posición,  sobre  la  que  previamente  habían  reflexionado 
individualmente y deliberado colectivamente, que se encuentran sometidos a la disciplina 
del grupo al que pertenecen, lo que forma parte de su hábito profesional».
Por todo ello, «[l]a prohibición de exceso aconseja una interpretación estricta del tipo 
penal ante una acción íntimamente relacionada, por su contenido y fines, con el ámbito 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental, dejando fuera de lo prohibido 
conductas de escasa lesividad, que carecen de la capacidad suficiente como para 
comprometer el bien jurídico [normal ejercicio de las funciones de los parlamentarios], ya 
que no tenían idoneidad para impedir a los diputados la asistencia a la reunión del 
Parlament o para coartar, siquiera influir, su libertad de opinión o de voto».
(iv)  La  decisión  judicial  absolutoria  viene  acompañada  de  un  voto  particular 
discrepante redactado por el presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional. Desde la valoración de toda la prueba aportada al acto del juicio 
oral, parte de la cual se excluyó por la mayoría, el magistrado hace un relato de hechos 
distinto  al  reflejado  en  la  sentencia  y  considera  acreditado  el  acuerdo  en  grupos 
minoritarios de personas para acometer física y verbalmente a distintos diputados del 
Parlament con la finalidad de impedir que acudieran al pleno o lo hicieran con un 
sentimiento  de  intranquilidad  susceptible  de  perturbar  el  correcto  desarrollo  de  sus 
responsabilidades. En el seno de esos grupos, concluye, se encontraban varios de los 
acusados, que, a su entender, debieron ser condenados como autores de un delito 
contra las instituciones del Estado del art. 498 CP, como era el caso de los ahora 
recurrentes don Rubén Molina Marín, don Francisco José Cobos García y don Carlos 
Munter Domec, si bien la conducta que les atribuye el magistrado disidente es distinta 
(físicamente más agresiva) que la descrita en los hechos probados de la sentencia de la 
Audiencia Nacional.
Por el contrario, a su entender, procedía la absolución por aquel delito del resto de 
acusados, entre los que se hallaban los ahora demandantes doña Ángela Bergillos 
Alguacil y don Jordi Raymond Parra, cuya conducta se describía por el magistrado 
discrepante  en  los  mismos  términos  que  en  el  relato  de  hechos  probados  de  la 
sentencia.
B)  Contra la sentencia absolutoria de la instancia interpusieron recurso de casación 
el  Ministerio  Fiscal  y  las  acusaciones  particulares  (Generalitat  y  Parlament  de  e.
Catalunya), que se tramitaron con el núm. 1828/2014 ante la Sala de lo Penal del  w.b
Tribunal  Supremo,  celebrándose  vista  el  día  18  de  febrero  de  2015,  en  la  que  017ww
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fiscal, por infracción de ley del art. 849.1 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim),
error de derecho por la indebida inaplicación de los arts. 498, 550, 551.2 y 77 CP, y casó 
y anuló la sentencia de la Audiencia Nacional. Dictó segunda sentencia, por la que 
condenó a los acusados José María Vázquez Moreno, Francisco José López Cobos [sic, 
debe decir Cobos García], Angela Bergillos Alguacil, Jordi Raymond Parra, Ciro Morales 
Rodríguez, Olga Álvarez Juan, Rubén Molina Marín y Carlos Munter Domec, como 
autores de un delito contra las instituciones del Estado del art. 498 CP, a la pena de tres 
años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena, manteniendo el resto de los pronunciamientos 
de la sentencia dictada en la instancia en lo que no se opusiera a la recaída en casación.
(i)  En sus razonamientos, la Sala se separa de forma expresa del razonamiento 
absolutorio de instancia afirmando que incurre en un patente error en la identificación y 
solución de los valores constitucionales en juego, a los que afecta la pretensión de 
condena penal de la conducta imputada a los acusados. Entiende que dicha errónea 
identificación se refiere al juicio de ponderación exigible entre pretensiones que se dicen 
amparadas  en  el  ejercicio  de  derechos  fundamentales,  pues  infravalora  el  peso 
constitucional del derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus 
representantes parlamentarios, libremente elegidos que reconoce el art. 23 CE, lo que se 
considera lastra la tarea jurisdiccional de ponderación efectuada. A su entender, el 
conflicto  planteado  –distinto  del  que  se  presenta  cuando  se  alza  el  honor  como 
fundamento de una pretendida limitación de la libertad de expresión– implica en este 
caso los derechos de quienes quisieron reunirse y expresar libremente su desacuerdo 
con las políticas aprobadas por el Parlament, así como el derecho de los parlamentarios 
a ejercer sin cortapisas su función representativa, destacando que ese libre ejercicio es 
presupuesto del derecho de todos sus ciudadanos a participar en los asuntos públicos 
(art. 23 CE). Se destaca que esa dimensión del derecho de participación enriquece su 
significado instrumental como medio para hacer valer otros bienes constitucionales del 
máximo rango axiológico, que conectan con principios como la libertad y el pluralismo 
político, que el art. 1 CE proclama como valores superiores del ordenamiento jurídico.
La Sala concluye que «el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho de 
reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios 
indispensables para la vigencia del sistema constitucional. Paralizar el trabajo ordinario 
del órgano legislativo supone afectar, no ya el derecho fundamental de participación 
política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino 
atacar los valores superiores del orden democrático». Y, en fin, rechaza que los hechos 
probados puedan verse amparados por la causa de justificación prevista en art. 20.7 CP, 
esto es, el ejercicio legítimo de un derecho.
(ii)  Descartada esa posibilidad, la Sala de casación afronta la queja del fiscal y las 
restantes acusaciones que denunciaron error jurídico de subsunción de los hechos, por 
no  haberse  calificado  como  constitutivos  de  un  delito  del  art.  498  CP.  Al  hacerlo, 
recuerda la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según 
la cual la anulación de una sentencia absolutoria y su sustitución por otra de condena, 
está sometida a límites estrictos que derivan de la necesidad de no transgredir el 
significado del principio de inmediación en la valoración de la prueba y la vigencia del 
derecho de defensa [FJ 4 B)]. Esa necesidad, según expresa, supone que solo en el 
caso  de  que  el  tribunal  ad  quem  aborde  cuestiones  estrictamente  jurídicas  cabe 
prescindir de la audiencia al acusado para condenarle ex novo, lo que supone que solo 
la vía casacional del art. 849.1 LECrim –que presupone el mantenimiento de los hechos 
declarados  probados  en  la  instancia–,  permite  justificar  en  casación  una  decisión  e.
condenatoria como consecuencia de la adopción de un distinto criterio jurídico. w.b
Sostiene la Sala que, corregida la errónea ponderación efectuada por la Audiencia  017ww
Nquaec iaolngauln, oesl  edxea lmose np adretí cliopse sh eecnh looss  pinrocibdaednotess,  caullyí an anrararrdaocsió cno nmoe tsieer omno edli fdiceal,it oe vpidreevnisctiao 
elons  eell eamrt.e 4n9to8s  CtíPp.i cYo, sd deesdl ed esluito c odme pforermnsai ódniv deersl ac oan fcliocmtoo d hei zdoe rleac Ahuods iesunbciyaa cNeanctieo,n dael.f iSnee 
trata, a su entender, de un delito de tendencia, que se consuma cuando se hace
destinatario a un diputado de un acto violento o intimidatorio o del empleo de fuerza o de 
una amenaza grave con la finalidad de impedir su asistencia a las sesiones o de coartar 
en ellas su libertad de expresión o de voto. Es, además, un delito pluriofensivo, en el que 
al atentado a la libertad de los diputados se suma el que incide en el derecho de 
participación reconocido en el art. 23 CE, del parlamentario y de los ciudadanos, en tanto 
la conducta se dirige a perturbar el normal funcionamiento del órgano parlamentario. Esa 
intelección del delito conduce a la Sala a descartar la autoría de todos aquellos respecto 
a los que el tribunal de instancia solo había estimado probada su presencia en el lugar 
de los hechos, sin relación directa con los incidentes que se describen en el juicio 
histórico. Sin embargo, considera autores del delito previsto en el art. 498 CP a los 
acusados que realizaron una conducta más activa. En concreto, a José María Vázquez 
Moreno, Francisco José López Cobos [sic, debe decir Cobos García], Ángela Bergillos 
Alguacil, Jordi Raymond Parra, Ciro Morales Rodríguez, Olga Álvarez Juan, Rubén 
Molina Marín y Carlos Munter Domec.
(iii)  Para ello, en el fundamento jurídico 5 G) el Tribunal Supremo afirma que el 
contexto  en  el  que  esos  altercados  se  produjeron  revela  que  la  finalidad  de  la 
manifestación  era  impedir  el  normal  desarrollo  parlamentario  y  no  expresar  el 
desacuerdo con las políticas presupuestarias restrictivas y, continúa, que ese contexto y 
finalidad  determina  la  significación  penal  de  las  actuaciones  de  los  finalmente 
condenados,  que  serían,  en  expresión  utilizada  en  la  sentencia,  concreción  del  fin 
colectivo  perseguido  por  los  manifestantes,  aportaciones  particulares  al  lema  de  la 
convocatoria. Y así, señala:
«La concentración tenía, pues, un objetivo bien claro. Así lo proclamaba el lema de 
su convocatoria: "aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retalladles (paremos el 
Parlament, no permitiremos que aprueben recortes)".
Como expresa su significado gramatical, "parar" es "detener", "impedir" el normal 
desarrollo  de  la  función  parlamentaria.  Y  hacerlo  además  con  ocasión  del  debate 
previsto para reformas presupuestarias que, a juicio de los acusados, iban a implicar un 
recorte de los derechos sociales y los servicios públicos. No se trataba, por tanto, de 
expresar  el  desacuerdo  con  las  políticas  presupuestarias  restrictivas  mediante  una 
concentración en las proximidades del Parlament. Tampoco tenía aquella manifestación 
como objetivo servir de vehículo para proclamar la indignación colectiva frente a esas 
políticas. […] Su finalidad no era otra –así lo describe el hecho probado– que provocar 
que el órgano de representación política del pueblo catalán se viera incapacitado para el 
debate y la acción política mediante la conformación de las mayorías que siguen al 
ejercicio del derecho al voto. […] Lo que perseguían los allí concentrados era atacar las 
raíces mismas del sistema democrático. […]. Despojar al órgano que expresa la voluntad 
popular  de  toda  posibilidad  de  creación  normativa  ("no  deixarem  que  aprovin  /  no 
permitiremos que aprueben").
Y esta finalidad no queda oscurecida, desde luego, por el hecho de que en una rueda 
de  prensa  celebrada  días  antes  "dos  portavoces  de  los  movimientos  sociales 
(declararan) que no pretendían impedir el funcionamiento del Parlament sino detener el 
ataque contra los derechos sociales y los servicios públicos que significaban las medidas 
presupuestarias que se iban a aprobar". Ninguna interferencia provoca esa proclamación 
fáctica para el juicio de subsunción. De una parte, porque esa afirmación acerca de la 
finalidad  que  animaba  la  convocatoria  se  pone  en  boca  de  dos  portavoces  no 
identificados, de cuya participación en los hechos nada dice el juicio histórico. De otra 
parte, porque encierra una contradicción insalvable afirmar que no se pretende impedir el  e.
funcionamiento  del  Parlament  y  añadir  inmediatamente  después  que  lo  que  w.b
verdaderamente se persigue es "detener el ataque contra los derechos sociales y los  017ww
sdeer vuicniaoss  pmúebdliicdoass  [.l.e.]g qisulaet isvea sib asinn  ai mappreodbira ru".  Yob essta qcuueli zmara le sl ef upnuceidoen aemviiteanr tloa  adperl oóbragcaiónno 
parlaSmobernet aerilo  feinn  qeul eq upee arqseugeullaíasn v alons a a sceurs aapdroosb,a edsa st.ambién claro el relato de hechos
probados cuando explica que "a primera hora de la mañana, la policía disolvió por la
fuerza, en varias ocasiones, a los manifestantes para abrir la puerta 7, situada frente al 
número 37 de la calle Pujades, única que se había decidido dejar franca para que 
accedieran  los  parlamentarios".  Fue  necesario,  en  consecuencia,  el  empleo  de  la 
compulsión personal por parte de los agentes para alejar a los manifestantes y dejar 
expedita una vía de tránsito que permitiera el acceso de los parlamentarios al edificio 
que constituye la sede del órgano legislativo. […]
El ataque al bien jurídico protegido por el art. 498 CP no puede verse minimizado por 
la comprensión que algunos de los diputados llegaron a mostrar, durante su declaración 
como testigos, a la acción desplegada por los acusados. Estamos en presencia de un 
bien  jurídico  que,  al  menos  en  su  dimensión  de  derecho  de  los  ciudadanos  a  la 
participación política que, como tal, es indisponible por quien no es titular del mismo. 
Tampoco afecta a la consumación del hecho delictivo, tal y como hemos delimitado el 
alcance típico del art. 498, el dato de que la práctica totalidad de los diputados no 
padeciera en su integridad física o porque los daños a la propiedad causados fueran de 
escasa relevancia. Y, por supuesto, el juicio de tipicidad no se ve alterado por el mayor o 
menor acierto de los agentes de la autoridad en el momento de fijar los perímetros de 
seguridad  que  podría  haber  aconsejado  la  aglomeración  de  ciudadanos  en  las 
inmediaciones del Parlament.
Son muchos los fragmentos del juicio histórico en los que la lesión del bien jurídico –
el normal funcionamiento del órgano parlamentario– se dibuja con absoluta nitidez. Así, 
en el apartado 3° se apunta el temprano inicio de la acción obstaculizadora por parte de 
los manifestantes, que generó problemas para algunos de los representantes […].
Especialmente descriptivo es el pasaje en el que se narra el intento frustrado del 
president de la Generalitat y de otros diputados de acceder por la puerta que había sido 
habilitada por los agentes. […] [E]l episodio descrito es buena muestra del clima coactivo 
creado para llevar a buen fin el lema de la convocatoria que, como venimos insistiendo, 
incluía  una  llamada  a  parar  el  Parlament  e  impedir  la  aprobación  de  medidas 
presupuestarias de carácter restrictivo. […]
Es, por tanto, en ese clima coactivo, en esa atmósfera intimidatoria descrita en el 
hecho probado, en el que se desarrollan varios intentos frustrados por acceder en 
condiciones de normalidad a la sede parlamentaria, entre ellos el del president de la 
Generalitat  y  varios  diputados.  Y  es  en  ese  contexto  en  el  que  las  acciones 
protagonizadas por algunos de los acusados adquieren significación penal».
(iv)  Singularmente, respecto a la participación de cada uno de los demandantes de 
amparo, la sentencia de casación razona como sigue:
a)  Afirma el Tribunal Supremo que el escenario intimidatorio y coactivo en el que el 
acusado  Francisco  José  Cobos  García  desplegó  la  acción  típica  está  descrito  con 
claridad en el apartado 7 del juicio fáctico. Frente a la consideración de la Audiencia 
Nacional de que la conducta es atípica, la Sala estima que, en ese entorno tumultuario 
«interponerse en el camino de dos diputados que solo pretendían acceder al órgano en 
el que habían de desplegar su función representativa, y hacerlo con los brazos en cruz, 
supone ejecutar un acto intimidatorio, que no es otra cosa que la materialización de las 
consignas difundidas por los convocantes de la manifestación. Francisco José hace 
realidad su propósito de paralizar el Parlament e impedir la aprobación de las medidas 
de recorte. Y lo hace como puede, aprovechando el escenario que le brinda la actuación 
concertada de cien personas que se han propuesto entorpecer las tareas legislativas. 
Solo así puede encontrar sentido el contumaz seguimiento que, respecto de uno de los  e
diputados, protagonizó el acusado mientras gritaba las consignas de la manifestación». bo
b)  A partir de lo consignado en el mismo apartado 7, la Sala indica que, «en esa  017ww
sqiutuea ecsiótánn d seu afrcieonrrdaola eml iheonstoti gqaume ieensttáon d pea udneacsie cnideon  lpoesr sdoonsa dsi,p aultgaudnoass,  edne  elal sm coumaelenst o– neon 
iudne nstimificpaled aasla–r dlees g eessctuupael enn,  inlac rceopnadnu cyt ad edrera lma aanc ussoabdrae  Ásunsg erolap aBse rlígqiluloidso As»lg, unaoc ipl u–eqduee  vleesr 
siguió con los brazos en alto, al tiempo que se gritan las consignas de la manifestación–.
Y afirma que «[l]a acusada sabe, porque forma parte del grupo de los cien manifestantes 
a los que se refiere el hecho probado, que está acosando a un representante ciudadano 
democráticamente elegido para desempeñar sus tareas en el órgano legislativo. Conoce 
que mientras el diputado está intentando acceder por la única vía que ha sido habilitada, 
ella le persigue y corea la consigna que da sentido a la acción ejecutada […] ejecuta su 
particular aportación al acto colectivo de obstaculización de las tareas parlamentarias».
c)  El apartado 8 del relato de hechos probados también habla por sí solo, a juicio 
de la Sala de casación, sobre la eficacia de la acción intimidatoria desplegada por el 
acusado Jordi Raymond Parra y la finalidad de entorpecimiento de las tareas legislativas. 
El acusado «sabe que está acosando a dos diputados, en unión de otras personas que 
no han sido identificadas, y pide expresamente que se les impida el paso. No lo hacía 
con cualquier finalidad ajena al lema de la convocatoria, sino "para que no votaran". Para 
rubricar la motivación de sus actos, exhibe una pancarta. […] El juicio de subsunción se 
manifiesta con absoluta nitidez. El acusado se vale de la atmósfera de coacción ejercida 
por otras cien personas, cuya identidad no ha quedado acreditada, y pide a otros 
manifestantes que obstaculicen el paso de los diputados […] para que, por su obligada 
ausencia, no puedan votar».
d)  El Tribunal Supremo recuerda que, conforme al último de los apartados del 
factum, en el momento en que un diputado se encamina hacia el Parlament por la única 
vía practicable, se topa con un grupo de manifestantes, entre los que están los dos 
recurrentes –Rubén Molina Marín y Carlos Munter Domec– junto a otra acusada también 
condenada, quienes les expresan su desacuerdo con las políticas de austeridad y le 
anuncian «que no les representaba». La superación del obstáculo representado por los 
manifestantes solo es posible como consecuencia de la actuación policial que escolta al 
diputado, no es consecuencia de la decisión de los manifestantes, una vez agotado su 
discurso de deslegitimación, por más que no conste que fuera agredido o empujado. 
Concluye que los acusados son «manifestantes concertados con un lema que filtraba 
todos sus actos y que llamaba a paralizar las actividades parlamentarias encaminadas a 
la aprobación de determinadas medidas presupuestarias e impidieron de forma coactiva 
al diputado el libre tránsito hacia el órgano depositario de la representación del pueblo 
catalán».
(v)  La  sentencia  cuenta  con  el  voto  particular  discrepante  de  uno  de  los 
magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que defiende el 
mantenimiento de la absolución por no considerar típicas las acciones descritas en los 
hechos probados a la luz del art. 498 CP, dado que no alcanzaron el estándar de 
gravedad que el delito requiere, pues no tienen en sí el marchamo de violencia o 
intimidación que demanda el tipo penal, ni puede atribuírseles por el hecho de que 
existieran  grupos  de  manifestantes  violentos  no  identificados,  cuando  los  hechos 
probados denotan la falta de un propósito de forzar, violentar, intimidar o amenazar 
gravemente.
D)  Contra la sentencia del Tribunal Supremo se promovió incidente extraordinario 
de nulidad de actuaciones por la representación procesal de, entre otros, doña Angela 
Bergillos Alguacil, don Carlos Munter Domec, don Rubén Molina Marín y don Francisco 
José Cobos García. La representación procesal de don Jordi Raymond Parra planteó 
también incidente de nulidad de actuaciones. Ambos escritos coinciden en denunciar (i) 
la vulneración de los derechos fundamentales a un proceso debido (art. 24.2 CE), (ii) a la 
libertad de expresión, de reunión y de manifestación [arts. 20.1 a) y 21 CE] y (iii) de los  e
principios de legalidad penal y de proporcionalidad (arts. 25.1 y 24.1 CE). bo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó los incidentes de nulidad de  017ww
aac utuna pciroonceess op odre abuidtoo  deen  1ta9n dtoe  smea ryeos pdeet a2n0 1e5n.  Etond oé l madoumceen qtou elo ns oh seec hleossi opnroab eald doesr eyc hseo 
qcourer iglae  cuonn ceerrnotrr adceió snu nbosu pnrceiótenn. dDieersat aimcap eqduier  elal  fsuennctieonncaima ireenvtooc daedla  Pnaor ladmecelanrtó,  spinroob aqduoe 
así lo manifestaron dos portavoces de los movimientos sociales, y la Sala se limitó a
partir del dato objetivo del fin de la manifestación conforme a su lema y a predicar su 
relevancia a los efectos de subsunción en el art. 498 CP.
Rechaza,  asimismo,  la  vulneración  de  los  derechos  de  libertad  de  expresión  y 
reunión defendiendo la corrección de su ponderación, atenta al valor del art. 23 CE, que 
en absoluto criminaliza la protesta ciudadana en la vía pública. Tampoco acoge la queja 
sobre la interpretación y aplicación del tipo penal, pues lleva a cabo una aplicación 
estricta del art. 498 CP, dado el factum de la resolución recurrida. Por lo demás, añade, 
los  términos  del  precepto  son  lo  suficientemente  claros  y  están  lo  suficientemente 
definidos  como  para  que  cualquier  persona  pueda  conocer  qué  actos  le  hacen 
penalmente responsables conforme a él.
4.  Los recurrentes denuncian en sus demandas que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales, al proceso debido en la segunda instancia en relación con el derecho de 
defensa del art. 24.2 CE, a la libertad de expresión y de reunión y manifestación de los 
arts. 20.1 a) y 21 CE y a la legalidad penal y proporcionalidad del art. 25.1, en relación 
con el art. 24.1 CE. En consecuencia, solicitan de este Tribunal Constitucional que anule 
la sentencia condenatoria acordada al resolver el recurso de casación. Lo hacen con las 
siguientes razones, esencialmente coincidentes:
a)  Vulneración del derecho a un proceso debido y con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en relación con el derecho a «un procedimiento 
debido y equitativo» [art. 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales (CEDH)]. En los dos recursos se alega que 
el Tribunal Supremo extiende indebidamente su ámbito de cognición a la revisión de los 
hechos,  y  no  solo  del  derecho  aplicado,  respecto  a  la  concurrencia  del  elemento 
subjetivo del delito contra las instituciones del Estado imputado; aspecto que forma parte 
de  la  cuestión  de  hecho,  por  más  que  sea  fruto  de  un  juicio  de  inferencia.  Los 
recurrentes denuncian que no es una cuestión de error iuris, como insiste el Tribunal 
Supremo,  sino  que  la  Sala  de  casación,  al  concluir  que  la  finalidad  de  todos  los 
participantes en la manifestación era obstaculizar y frenar la actividad parlamentaria en 
esa fecha, ha modificado de forma no declarada el relato de hechos probados, en el que 
se describe un contexto general contrario a esa finalidad. Para ello, añaden, se aparta de 
lo razonado por el tribunal de instancia y realiza una valoración alternativa de la prueba, 
con revisión de prueba personal, cual es el contenido y declaraciones testificales de los 
dos  portavoces  de  la  convocatoria.  Esa  forma  de  proceder,  concluyen,  vulnera  las 
garantías  fijadas  por  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  y  por  el  Tribunal 
Constitucional en el marco del derecho a un proceso debido (jurisprudencia de ambos 
tribunales ampliamente reflejada en el recurso de amparo núm. 4037-2015), pues no ha 
existido el debido debate público que, con participación de los acusados, les permitiera 
rebatir las cuestiones de hecho y de derecho que se estaban ventilando en relación con 
su culpabilidad e inocencia, respetando de esta forma los principios de inmediación y 
contradicción y el derecho de defensa.
b)  Vulneración del derecho a la libertad de expresión y de reunión [arts. 20.1 a) y 21 
CE y arts. 10 y 11 CEDH]. En ambas demandas de amparo se expresa discrepancia con 
la sentencia de casación en cuanto consideran que identifica erróneamente el contenido 
de los derechos de participación política (art. 23 CE) y libertad de expresión, reunión y 
manifestación (arts. 20 y 21 CE) y su mutua interrelación. Cuestionan, específicamente, 
que  se  identifique  el  derecho  de  participación  política  con  el  derecho  de  los 
parlamentarios a transitar libremente por las calles adyacentes al Parlamento, en las que  e
se desarrollaba una concentración pública y manifestación, obviando así que dichas  bo
formas de libre expresión son también formas de participación política. En tal medida,  017ww
acosunmduiecntad oq uleo sle asr ghuam seidnot oims pduet alad as feunet eenjecirac icaiob sloelguíttoimriao  ddee  lionss tdaenrceiach, odse ffiuennddaemn eqnutael elas 
reexsimeñeandteo sq yu eq ujues ttiafilc acboan sisdue raabcisóonlu dcieóbni.ó  Ldoasr  lduegmara nad aanptreesc iadre lsat accoannc utarrmenbciéian  dqeu eu nlaa 
acción de cortar el paso a alguien no es, en el contexto de una protesta política, un acto
violento, sino parte del contenido normal del derecho de manifestación y, por ello, 
relacionan  las  molestias  que  dicho  ejercicio  puede  producir  con  el  reconocimiento 
jurisprudencial  de  las  opiniones  hirientes  o  desabridas  que  expresan  protesta  y 
disidencia (STC 235/2007, de 7 de noviembre).
Al justificar su pretensión de amparo aducen jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos  Humanos  que  reconoce  el  carácter  nuclear  que  la  libertad  de  expresión 
desempeña en las sociedades democráticas. Y hacen expresa mención a la metodología 
que  emplea  cuando  analiza  pretensiones  o  quejas  sobre  supuestas  limitaciones 
indebidas de derechos fundamentales, o conflictos entre ellos, que consiste en realizar 
un juicio externo sobre la proporcionalidad de la injerencia; juicio en el que ha de 
valorarse la necesidad de la limitación en una sociedad democrática, lo que remite a 
analizar si las restricciones impuestas responden a una necesidad social imperiosa 
(SSTEDH de 8 de julio de 1999, Sürek c. Turquía; y de 10 de julio de 2008, Soulas y 
otros c. Francia).
Por último, con referencia expresa a la jurisprudencia constitucional, destacan que, 
en  sus  pronunciamientos,  el  Tribunal  Constitucional  ha  reconocido  a  la  libertad  de 
expresión, y con ella a los derechos de reunión y manifestación, un lugar preeminente en 
el  sistema  de  derechos  fundamentales,  lo  que  impone  una  rigurosa  justificación  a 
cualquier  limitación  de  su  contenido  que  se  pretenda.  Y  así,  se  refieren  a  la 
STC 192/2003, que define el espacio urbano como un ámbito de participación, y a la 
STC  236/2007  que  censuró  la  restricción  del  derecho  de  reunión  a  determinados 
ciudadanos extranjeros en España, reconociendo que es «en la práctica, uno de los 
pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y 
reivindicaciones».  Finalizan  sus  alegaciones  poniendo  de  relieve  que,  en  el  caso 
presente, los destinatarios de la protesta eran cargos públicos representativos que deben 
asumir un mayor nivel de crítica e interpelación por parte de los ciudadanos. A lo que, 
según entienden, se ha de sumar que no se produjeron hechos que desbordaran el 
ejercicio de los derechos fundamentales en los que sustentan su pretensión de amparo.
c)  Vulneración del derecho a la legalidad penal y a la proporcionalidad (art. 25.1 CE 
en relación con el art. 24.1 CE). Los recursos cuestionan la subsunción de las conductas 
probadas en el delito tipificado en el art. 498 CP, aludiendo a su escasa entidad.
En el recurso de amparo núm. 4037-2015 se denuncia la vulneración de la garantía 
material de taxatividad o mandato de certeza, que pesa sobre el legislador, pero también 
sobre el juez, para garantizar la predeterminación normativa y la previsibilidad de las 
conductas penalmente relevantes. A su juicio, siguiendo los razonamientos del voto 
particular a la sentencia del Tribunal Supremo, el órgano judicial habría incurrido en una 
aplicación analógica o extensiva in malam partem del art. 498 CP, al incluir en él las 
conductas  declaradas  probadas,  dado  que  no  son  expresivas  de  fuerza,  violencia, 
intimidación o amenaza grave, que son los verbos que describen la acción típica. El dato 
contextual de que cientos de manifestantes participaran en la protesta no permite –al 
margen de la voluntad de sus autores– transformarlas hasta alterar de manera esencial 
su naturaleza, dotándolas de un marchamo violento o intimidante que no tenían en sí 
mismas. Menos aún, remarcan, concurriría la gravedad que exige el tipo conforme a una 
interpretación atenta a la evolución del precepto desde su redacción original, que sí 
preveía como típicas, aunque de forma atenuada, las acciones de carácter no grave.
En el recurso de amparo núm. 4098-2015, se insiste asimismo en que el carácter 
leve de la conducta imputada al demandante no puede ver alterada su naturaleza por el 
hecho  de  que  concurriera  con  la  participación  en  la  protesta  de  centenares  de  s
manifestantes que realizaron conductas similares o de análoga significación. De otro  oe.
lado, se destaca que nunca había sido aplicado el art. 498 CP, de forma que no existían  w.
criterios  jurisprudenciales  previos  sobre  su  contenido  genérico.  Tal  vacío  aplicativo,  017ww
dseeg lúan l icsietu adl edgea ,s up ecromnidteu catap redcei aprr oqtuees talo, sd pardoop iqouse m eaxnisifteíasnta pnrteecse adcetnutaebsa qnu ceo nnove hnacbidíaons 
sciodnot avbaalo craodno sla  cloemgitoim piudnaidb ledse  –lalas  mreaivninifedsictaacciioónne «sR doedle «am eol vCimoinegnrteos o1»5 -eMn»  Mya sduri df–o,r msea   BOE-A-cable e
pacífica  de  expresarse,  y  sabían  –se  dice–  que  el  lema  era  simbólico,  que  la 
concentración había sido permitida por la autoridad pública y, por tanto, con ella se 
estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Todo ello, 
concluye el recurrente, revela que conocía que la actuación no podía alterar el normal 
desarrollo de las funciones parlamentarias y que la protesta se enmarcaba en un plano 
simbólico de desaprobación de la función representativa que los parlamentarios venían 
ejerciendo. Para la resolución del caso citan, como precedentes aplicables, tanto la 
STC 110/2000, de 5 de mayo, que proscribe el efecto desaliento del ejercicio de los 
derechos  fundamentales  que  se  produce  cuando  se  aplica  la  ley  penal 
desproporcionadamente  a  conductas  relacionadas  con  el  ejercicio  de  derechos 
fundamentales; como la STC 66/1995, de 8 de mayo, sobre los requisitos del juicio de 
proporcionalidad preciso para valorar la conformidad a la Constitución de las decisiones 
limitativas de derechos fundamentales (en el mismo sentido, STC 104/2011, de 20 de 
junio).
Ambas demandas cifran la especial trascendencia constitucional en la novedad de la 
delimitación de derechos fundamentales que plantea el caso analizado, relativa a los 
derechos a la libertad de manifestación y a la libertad de expresión y a la participación en 
los  asuntos  públicos,  apuntando  al  papel  del  Derecho  penal  en  estas  situaciones. 
También se remarca la trascendencia general y social del marco jurídico que se defina 
para el derecho de reunión. En el recurso núm. 4037-2015 se apunta, además, que la 
demanda ofrece la posibilidad de ajustar la doctrina constitucional sobre las garantías 
procesales de la segunda instancia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que ha condenado de forma reiterada a España en supuestos de condena en 
segunda instancia con modificación del elemento subjetivo del delito, como sería el caso.
En las demandas se solicita genéricamente, en consecuencia, la anulación de la 
sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que 
significa mantener la decisión absolutoria acordada en la instancia.
5.  La Sala Primera de este Tribunal, mediante providencias de 28 de noviembre 
de 2016, acordó admitir a trámite las demandas de amparo tras apreciar que ofrecen 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque los recursos plantean un 
problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay 
doctrina del tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)].
En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  art.  51  LOTC,  también  se  acordó  requerir 
atentamente de los órganos judiciales la remisión del testimonio de las actuaciones y el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la 
parte recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente 
proceso de amparo.
6.  En la providencia de 28 de noviembre de 2016, que acordó admitir a trámite el 
recurso de amparo núm. 4037-2015, se acordó asimismo la formación de la pieza 
separada de suspensión. Por escrito registrado en este tribunal el día 7 de diciembre 
de  2016,  la  representación  procesal  de  don  Jordi  Raymond  Parra  solicitó,  tras  la 
admisión a trámite de su recurso de amparo (núm. 4098-2015), la formación de la pieza 
separada de suspensión cautelar respecto a la pena privativa de libertad. Mediante 
AATC 2/2017 y 3/2017, de 16 de enero, la Sala Primera de este tribunal acordó denegar 
la suspensión solicitada por todos los demandantes, por cuanto en el proceso judicial 
previo se había acordado ya la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 
libertad impuesta, a la espera de la tramitación del indulto solicitado (auto de la Sala  e
Primera de la Audiencia Nacional de 16 de junio de 2015), por lo que no concurría el  bo
presupuesto del que parte el art. 56.2 LOTC para otorgar la suspensión; esto es, que la  017ww
eojceacsuiocinóanr  udne  plear jupiecinoa q uime pleu ehsatraí ae pne rldae rr essuo fliuncailóidna dim. pugnada en amparo hubiere de
7.  El día 24 de febrero de 2017, mediante diligencia de ordenación, se acordó dar
vista de las actuaciones en relación con el recurso de amparo núm. 4037-2015 y el
recurso de amparo núm. 4098-2015 a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y a las 
partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que a 
su derecho conviniera, de conformidad con el art. 52.1 LOTC. En las diligencias se indicó 
que, de conformidad con el art. 83 LOTC, podían alegar en los diez primeros días del 
plazo sobre la posible acumulación del recurso de amparo núm. 4098-2015 al recurso de 
amparo núm. 4037-2015.
8.  Por ATC 82/2017, de 22 de mayo, de conformidad con lo alegado por los 
recurrentes  y  el  Ministerio  Fiscal,  se  acordó  acumular  el  recurso  de  amparo  núm. 
4098-2015 al recurso de amparo núm. 4037-2015, por cuanto concurre la conexión que 
requiere  el  art.  83  LOTC,  dado  que,  si  bien  han  sido  interpuestos  por  distintos 
demandantes  que  actúan  bajo  una  diferente  asistencia  letrada,  impugnan  idénticas 
resoluciones judiciales con una motivación jurídica coincidente.
9.  Los recurrentes, señora Bergillos, señor Munter, Sr. Molina y señor Cobos, en 
escrito  registrado  el  día  28  de  marzo  de  2017,  se  ratificaron  en  las  alegaciones 
formuladas en su demanda de amparo y se adhirieron a las efectuadas por la parte 
demandante en el recurso de amparo núm. 4098-2015.
El recurrente señor Raymond Parra, en escrito registrado el 28 de marzo de 2017, 
ratificó las alegaciones formuladas en su demanda de amparo, con el solo añadido de 
entender que la queja se ve reforzada por estar pendientes de ser resueltas por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos dos demandas de otros condenados en la 
misma causa.
10.  La fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escritos registrados el día 28 de 
abril de 2017, interesó la estimación parcial de los recursos de amparo por vulneración 
del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con el derecho de defensa 
de los acusados (art. 24.2 CE) y por vulneración del derecho al principio de legalidad 
penal y de proporcionalidad de la pena (art. 25.1 CE), con desestimación de la alegada 
lesión de los derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y manifestación 
[arts. 20.1 a) y 21 CE]. Igualmente, solicitó la declaración de nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas.
a)  Por lo que se refiere a la alegada lesión del derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE), advierte que la sentencia de instancia, junto a los concretos 
actos realizados por los recurrentes durante su participación en la manifestación, declaró 
probados, también, otros hechos a partir de los cuales estableció el elemento subjetivo 
de  la  conducta  imputada;  hechos  que  se  refieren  a  la  finalidad  perseguida  por  la 
manifestación convocada y a las circunstancias concurrentes a su desarrollo, lo que, 
finalmente justificó su absolución al entender preponderante la finalidad de protesta. 
Esos elementos fácticos, sin embargo, son valorados por el Tribunal Supremo en sentido 
opuesto, lo que le lleva a afirmar la culpabilidad de los recurrentes, al apreciar que la 
finalidad de la manifestación, según evidencian los hechos, era alterar o impedir el 
normal  funcionamiento  del  Parlament;  finalidad  esta  que  se  atribuye  también  a  los 
recurrentes, que participaron activamente en la manifestación de protesta.
La fiscal razona que ese pronunciamiento de culpabilidad, asentado en una distinta 
valoración de elementos subjetivos, no ha cumplido debidamente con las garantías 
constitucionales que deben regir en la segunda instancia de acuerdo con la doctrina 
establecida por el Tribunal Constitucional, en cuya evolución se ha asentado como 
necesaria la garantía de audiencia del acusado para poder revocar un pronunciamiento  e.
absolutorio o para agravar una condena sobre la base de una nueva valoración del  w.
elemento subjetivo de culpabilidad de la conducta típica (SSTC 88/2013, de 11 de abril,  017ww
FseFñJaJl a8n dyo  9q,u ey  d1e7b2e/2 s0e1r6 a, pFrFeJcJia d7a  yla  8le).s iCóno ndcelul ydee reelc hMoi nfuisntedraiom eFnistacla dl es uloss  arleecguarcreionnteess 
al proceso debido, en relación con el derecho de defensa en la segunda instancia y, en
orden al restablecimiento del derecho vulnerado, procede declarar la nulidad de las 
resoluciones judiciales impugnadas dictadas por el Tribunal Supremo.
b)  Subsidiariamente, para el caso de que la anterior pretensión no fuera estimada, 
en  su  análisis,  el  Ministerio  Fiscal  descarta  la  lesión  del  derecho  a  la  libertad  de 
expresión y de los derechos de reunión y manifestación [arts. 20.1 a) y 21.1 y 2 CE], que 
se alegan por los recurrentes, en tanto coincide con la apreciación del Tribunal Supremo, 
según la cual la sentencia de instancia ha equivocado las claves de constitucionalidad 
con  las  que  ha  realizado  el  juicio  de  ponderación  de  los  derechos  fundamentales 
concurrentes. En concreto, censura que, al justificar la decisión absolutoria, lejos de 
hacer una verdadera ponderación de pretensiones en conflicto, se haya otorgado a los 
derechos  de  reunión  y  manifestación  una  prevalencia  abstracta  y  preferente  sobre 
cualquier  otro  bien  constitucionalmente  relevante;  prevalencia  que  se  apoya  en  la 
consideración de que representan formas de democracia directa, pero que no realiza una 
confrontación  con  el  valor  que  constitucionalmente  debe  otorgarse  al  derecho 
fundamental a la participación política de los ciudadanos a través de sus legítimos 
representantes, elegidos libremente en elecciones periódicas (art. 23.1 CE), que sea 
acorde  con  los  principios  constitucionales  en  los  que  se  asienta  nuestro  sistema 
democrático.
La fiscal subraya que los hechos declarados probados muestran que, en este caso, 
no estamos ante un supuesto de mera sospecha o conjetura de que el derecho de 
participación política a través de los representantes libremente elegidos pudiera haberse 
visto afectado por el ejercicio del derecho de reunión, lo que no permitiría sacrificar este 
derecho en aplicación del principio favor libertatis, como apuntaron las SSTC 170/2008, 
37/2009,  38/2009  y  96/2010  (manifestaciones  en  período  electoral,  con  posible 
incidencia  en  la  libre  conformación  de  la  voluntad  popular  en  la  elección  de  los 
representantes políticos). Por el contrario, han existido actos concretos protagonizados 
por los manifestantes que, como admitió la sentencia de instancia, supusieron un exceso 
y  abuso  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  manifestación,  y  comprometieron 
indebidamente el derecho fundamental de participación política del art. 23 CE. Concluye 
que «ante esa concurrencia de derechos fundamentales, no es posible reconocer un 
amparo constitucional prioritario al ejercicio del derecho de reunión con sacrificio del 
derecho de participación política de los ciudadanos».
Añade el Ministerio Fiscal que es constitucionalmente legítima la previsión abstracta 
de sanción penal establecida en el art. 498 CP, a través de la que el legislador ha 
establecido un límite externo del derecho de reunión y manifestación en atención a la 
garantía de la inviolabilidad de los Parlamentos (art. 66.3 CE y 55.3 del Estatuto de 
Cataluña), y en orden a preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional 
que tiene atribuida la potestad legislativa y representa la voluntad popular. A su entender, 
«la respuesta sancionadora del art. 498 CP debe considerarse necesaria para garantizar 
el correcto funcionamiento del propio sistema democrático constitucional, aún en el caso 
de que los actos sancionados se hayan producido en relación con el ejercicio de otros 
derechos fundamentales, en cuanto que los actos violentos que describe suponen un 
ataque a la participación política representativa de los ciudadanos, encarnada en las 
Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos». En apoyo de tal conclusión acerca 
de la legitimidad constitucional de la restricción, apela a la STC 112/2016, FJ 2, donde 
«se  acoge  la  legitimidad  de  la  restricción  que  supone  la  aplicación  del  delito  de 
enaltecimiento del terrorismo cuando el ejercicio de la libertad de expresión y de la 
libertad de ideología supone una manifestación del discurso de odio, que de manera  s
indirecta propicia una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o  oe.
para el propio sistema de libertades». w.
c)  Por último, al analizar la queja que denuncia la vulneración del derecho a la  017ww
Mleginaislitdeardio  pFeisncaal l ya bao rldaa p erosppoerccífioicnaamlideandte  (laar tc. o2n5c.r1e tae nr erseplauceisótna  cpoenn ael l saarnt.c io2n4a.1d oCraE )q, ueel 
chaas taecnióidno. el caso en la sentencia del Tribunal Supremo dictada al resolver el recurso de  BOE-A-cable e
De un lado, se ocupa de analizar si el razonamiento que la sentencia condenatoria 
realiza  para  subsumir  los  actos  atribuidos  a  los  recurrentes  en  el  tipo  penal  del 
artículo 498 CP ha podido infringir la garantía material del principio de legalidad, por 
suponer una aplicación extensiva de la literalidad de la norma, o bien una interpretación 
de esta que no responde a los criterios de interpretación axiológica admisibles. A juicio 
de la fiscal, «la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha realizado una atribución de 
la responsabilidad penal que establece el artículo 498 CP basada en la presencia de los 
recurrentes en algunos de los distintos grupos de manifestantes que abordaron a los 
diferentes diputados, algunos de los cuales, que no fueron identificados, desarrollaron 
actos violentos de entidad, entendiendo que era posible exigirles a los recurrentes esa 
responsabilidad por "el clima coactivo y atmósfera intimidatoria" generada por el conjunto 
de los actos que se produjeron por la actuación de distintas personas que integraban los 
grupos  de  manifestantes  que  abordaban  a  los  Diputados».  Ese  proceder,  según 
argumenta, omite una verdadera individualización de la responsabilidad penal de los 
recurrentes, como impone el canon de la responsabilidad subjetiva reforzada, que no 
admite la extensión de la responsabilidad penal por el mero hecho de participar en el 
grupo (STC 69/2016, FJ 2). En opinión de la fiscal, los actos concretos que se han 
atribuido a los recurrentes (colocarse delante de los diputados con los brazos abiertos, 
seguirles con los brazos alzados, o extender pancartas ante los mismos, al mismo 
tiempo  que  coreaban  los  lemas  de  la  manifestación  contrarios  a  los  recortes 
presupuestarios y diciendo que no les representaban) carecen de la entidad reclamada 
por el art. 498 CP, que impone una pena privativa de libertad de tres a cinco años de 
duración y tiene como presupuesto fáctico la realización de actos graves de violencia, 
intimidación o amenaza a un parlamentario con la finalidad de impedirle acudir a sus 
reuniones o coartar el ejercicio de sus responsabilidades representativas, por lo que su 
sanción puede considerarse como una aplicación extensiva y desproporcionada del tipo, 
en relación con la finalidad legítima perseguida por el mismo.
Por otra parte, si bien en íntima conexión, el Ministerio Fiscal analiza la respuesta 
sancionadora a las conductas vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales desde 
los criterios de necesidad y proporcionalidad que, en su jurisprudencia, utiliza tanto el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH 10 de julio 2008 Soulas y otros c. 
Francia, § 32 y 33; y 15 de marzo de 2011, Otegui c. España, § 51 y ss.) como el propio 
Tribunal Constitucional (STC 88/2003, FJ 8). En atención a ellos, muy singularmente, 
entiende que debe evitarse el «efecto desaliento» fruto de la severidad de la respuesta 
frente  a  conductas  que,  estando  relacionadas  con  el  ejercicio  de  derechos 
fundamentales,  sobrepasan  incluso  las  fronteras  de  la  protección  constitucional. 
Considera la fiscal que en la subsunción de la conducta en el tipo penal aplicado, que 
prevé penas privativas de libertad de tres a cinco años de prisión, la sentencia de 
casación ha prescindido de otorgar relevancia a las circunstancias concurrentes en el 
desenvolvimiento de la manifestación (déficits organizativos de la autoridad pública) o a 
cuál fue la efectiva lesión causada por los actos enjuiciados al bien jurídico protegido en 
el tipo (retraso de once minutos en el comienzo de la sesión parlamentaria y alteración 
en el tratamiento del orden del día), lo que permite concluir que la reacción penal fue 
desproporcionada.
Por lo expuesto, la fiscal interesa se dicte sentencia que estime parcialmente los 
recursos de amparo interpuestos, declarando que la sentencia condenatoria dictada en 
casación  ha  vulnerado  el  derecho  fundamental  al  proceso  debido  en  la  segunda 
instancia en relación con el derecho de defensa de los acusados del art. 24.2 CE, y el  s
derecho al principio de legalidad y proporcionalidad del art. 25.1 CE. oe.
11.  Presentado escrito de avocación al Pleno por tres magistrados el día 11 de junio  017ww
de 2019, por providencia de 13 de junio de 2019 se ha acordado su avocación.
Pum1p2i.d o HToaubrieónnd, om deedcialinntaed aoc luae prdoon ednec i2a  deel  mjuangiois tdraed 2o0 E21x cdmeol .E Sxrc.m doo.n S Cr.á pnrdeidsiod eCnoten ddee-
este tribunal y al amparo de lo dispuesto en el art. 80 LOTC en relación con el art. 206 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha sido designado como nuevo ponente de 
este recurso el Excmo. Sr. don Antonio Narváez Rodríguez.
13.  Por providencia de fecha 22 de junio de 2021, se señaló para deliberación y 
fallo de la sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones planteadas.
a)  En los presentes recursos de amparo acumulados los demandantes impugnan la 
sentencia de 17 de marzo de 2015, dictada en trámite de casación por la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo, que revocó la decisión absolutoria previa adoptada por la 
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recaída en fecha 7 de 
julio de 2014. Igualmente, han interesado la nulidad del auto de 19 de mayo de 2015 de 
la misma Sala del Tribunal Supremo, que desestimó los incidentes extraordinarios de 
nulidad  de  actuaciones  promovidos  contra  aquella  sentencia  revocatoria  de  la  de 
instancia.
Tras apreciar el órgano de casación que, en el curso de una concentración de 
protesta  en  la  vía  pública  debidamente  comunicada  a  la  autoridad  gubernativa, 
emplearon violencia o intimidación sobre varios diputados autonómicos con la finalidad 
de impedir que votaran a favor de los presupuestos anuales que, ese mismo día, se iban 
a debatir en el Parlamento de Cataluña, los recurrentes fueron condenados, como 
autores de un delito contra las instituciones del Estado del art. 498 CP, a la pena de tres 
años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena.
El precepto penal aplicado en este caso (art. 498 CP, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) castiga con pena de prisión de tres a cinco años 
a «los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un 
miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la 
libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto».
b)  Tres son las cuestiones nucleares, diferenciadas por motivos, que se plantean en 
las  demandas:  la  primera,  de  carácter  procesal  y  las  dos  restantes  de  naturaleza 
sustantiva. Son las siguientes:
(i)  En  primer  lugar,  los  límites  constitucionales  de  la  pretensión  de  revisar  en 
casación una previa decisión absolutoria (cuestión que ha sido abordada reiterada y 
recientemente por este tribunal): los demandantes, con invocación de la jurisprudencia 
constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideran vulnerado su 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por haber sido condenados 
en casación sin haber sido oídos personalmente sobre la base de estimar concurrente un 
elemento subjetivo del tipo que no había sido apreciado en la instancia; específicamente, 
el de que los acusados actuaron con la intención de impedir a los diputados autonómicos 
el acceso al Parlament de Cataluña, para que pudieran debatir sobre el proyecto de 
presupuestos de la Generalitat que figuraba en el orden del día.
(ii)  En segundo término, la delimitación de contenidos entre los derechos de libertad 
de expresión, reunión y manifestación (arts. 20.1 y 21 CE), y el derecho a la participación 
política representativa (art. 23 CE), que se le opone como límite penal propiciando la  s
sanción  de  las  conductas  que  afecten  a  su  contenido.  La  condena  impugnada  se  oe.
fundamenta en la necesidad de protección penal del normal desarrollo de la actividad  w.
adpseaurrelnactmohseo n dptaeúr blioalis,c  opqsru oeap  ioetrssa  rveeépxspr erdesees inóstnau nsdt eersel  padr eeesrjeeercnchteaorn , tdceoesn   lloliobssr e rcmeiuqedunaitsedit aoensloe qsgu ideao  sspe,a ñryat ilcetianpm alarb siée lnne  ydeloess,l    2021-13017n https://ww
las funciones anejas al cargo público representativo parlamentario que habían obtenido
en las elecciones autonómicas catalanas. Los recurrentes (cuyas conductas han sido  Bc
descritas en el antecedente tercero de esta resolución) afirman, por el contrario, que, 
como participantes en una concentración de protesta en la vía pública, se confrontaron 
con los parlamentarios, haciéndolo en el legítimo ejercicio de sus derechos de reunión y 
libre expresión, por lo que debieron ser absueltos.
(iii)  Por último, en tercer lugar y desde otra perspectiva estrechamente relacionada 
con la anterior, discuten los recurrentes la previsibilidad, necesidad e intensidad de la 
reacción penal que se impugna (arts. 24.1 y 25.1, en relación con los arts. 20 y 21 CE). 
Afirman que las conductas declaradas probadas por las que han sido condenados no 
tienen encaje en el tenor del art. 498 CP, por lo que, para justificar su condena, ese 
precepto habría sido interpretado y aplicado por el Tribunal Supremo de forma extensiva, 
in malam partem, y sin la necesaria atención a los derechos fundamentales implicados, 
lo que, en cualquier caso, hubiera exigido una respuesta penal proporcionada.
El Ministerio Fiscal interesa que se otorgue parcialmente el amparo solicitado, por 
cuanto la decisión de condena ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso con 
todas las garantías, puesto en relación con el derecho de defensa de los acusados del 
art. 24.2 CE, y, también el derecho al principio de legalidad y proporcionalidad de las 
sanciones penales (art. 25.1 CE). En consecuencia, solicita que este tribunal decrete la 
nulidad de la sentencia condenatoria dictada en casación.
Considera, en primer lugar, que la sentencia de casación ha vulnerado el derecho a 
un proceso con todas las garantías invocado por los demandantes (art. 24.2 CE) en 
cuanto, para establecer su culpabilidad y apreciar la concurrencia del elemento subjetivo 
del delito imputado (el ánimo de impedir el acceso de los diputados al Parlamento de 
Cataluña y el desarrollo de la sesión parlamentaria), se apoya en una nueva valoración 
de pruebas personales que, para garantizar el derecho de defensa contradictoria, habría 
exigido dar audiencia a los acusados absueltos en la instancia.
Por otra parte, entiende que la sentencia dictada en casación ha vulnerado también 
el derecho a la legalidad penal y el principio de proporcionalidad de las infracciones y 
sanciones (art. 25.1 CE), en la medida en que los demandantes fueron considerados 
autores de un delito previsto en el art. 498 CP pese a que, a tenor de las circunstancias 
concurrentes, las conductas declaradas probadas no alcanzaron individualizadamente el 
estándar de gravedad típica exigido, sin que el clima de violencia intimidatoria generada 
por otros pueda ser tenido en cuenta para valorar la entidad de sus conductas. En 
cuanto a la concreta respuesta penal sancionadora, considera que debe evitarse el 
efecto desaliento fruto de la severidad de la pena impuesta, lo que permite apreciar que 
la  decisión  de  condena  fue  desproporcionada  por  no  otorgar  relevancia  a  las 
circunstancias concurrentes en el desarrollo de la manifestación y a la efectiva lesión 
causada al normal desarrollo de la actividad parlamentaria.
Por el contrario, no aprecia la fiscal que hayan sido vulnerados los derechos a la 
libertad de expresión, reunión y manifestación de los demandantes. Considera que la 
previsión legislativa penal abstracta que ha sido aplicada en este caso (art. 498 CP) es 
constitucionalmente legítima, dado que el derecho fundamental a la participación política 
de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes elegidos libremente en 
elecciones  periódicas  (art.  23.1  CE),  constituye  una  finalidad  constitucionalmente 
relevante que permite limitar penalmente el derecho de reunión y manifestación. Afirma 
que, en la ponderación de los intereses en conflicto en este caso, el derecho de reunión 
y manifestación no alcanza un valor preferente por cuanto las conductas enjuiciadas 
constituyeron una extralimitación o abuso y no su ejercicio legítimo, apreciación esta 
última que, de forma errónea, fundamentó la sentencia de instancia. s
2.  Orden de análisis de los motivos de amparo. w.b
ha dLeac SlaTraCd (oP lqeuneo,)  1e4n6 /f2u0n1c7ió,n d ed e1 4l odse  idnitceieremsberse ,c FoJn s2t,i tquucieo nsael eresm eitne  aju eogtroa se ann teelr iocraesso, 
psoemrmeittied oa  ae sctoen tsriibduenraacl idóent,e srum einvaern, tnuoa ls noolov eedl aodrd ye nla d nea etuxraamleezna  ddee  lloass  mquoetijvaoss p dlaen atemapdaarso, 
aducidos, sino también, si resulta necesario o conveniente pronunciarse en la sentencia
sobre todas las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas, una vez se haya 
apreciado la concurrencia de alguna de ellas con los efectos correspondientes.
Como ya expusimos en los antecedentes, los recursos fueron admitidos a trámite 
después  de  apreciar  que  concurre  en  los  mismos  una  especial  trascendencia 
constitucional porque plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Dicha 
conclusión se aprecia de manera singular en las dos últimas cuestiones planteadas en 
las demandas, que tienen naturaleza sustantiva. En ellas, se impugna como indebida y 
excesiva la reacción penal frente a conductas que, según se afirma, aunque incidieron 
sobre los derechos de participación política representativa reconocidos en el art. 23.1 
CE, estaban amparadas por los derechos de libre expresión, reunión y manifestación o, 
al menos, estrechamente relacionadas con su ejercicio.
Por tanto, nuestro análisis comenzará por dichas quejas sustantivas; así lo justifica 
también su contenido material, esto es, tanto el conflicto de pretensiones amparadas en 
derechos fundamentales, que se presenta como presupuesto de la petición de amparo, 
como los pronunciamientos judiciales sobre el mismo que fundamentaron la absolución 
en la instancia y, después, la condena en la casación.
3.  Interrelación de las pretensiones sustantivas planteadas.
Como ya hemos expuesto, la impugnación sustantiva de la condena penal se realiza 
en los recursos desde dos perspectivas diferentes: (i) la de los derechos a la libertad de 
expresión, reunión, manifestación y participación política (arts. 20, 21 y 23 CE), de una 
parte, y (ii) la del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones (art. 25.1 CE), de 
otra. Al respecto, son precisas dos consideraciones adicionales:
a)  Al fundamentar su demanda, los recurrentes afirman, también, haber actuado en 
ejercicio de su derecho a la participación directa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos (art. 23.1 CE). Dicha alegación no puede considerarse autónoma, sino retórica, 
pues  solo  expresa  una  argumentación  reforzada,  que  coincide  con  la  invocada 
vulneración de las libertades de reunión, manifestación y expresión, cuyo ejercicio, en el 
presente caso, se refería a asuntos de indudable relevancia pública e interés general, 
como  lo  son  las  decisiones  políticas  y  económicas  de  ingresos  y  gastos  públicos, 
sometidas a la deliberación del Parlament a través de la ley de presupuestos.
No es posible restar importancia alguna al modelo democrático que caracteriza en 
nuestra Constitución el Estado social de Derecho, así como a la decisión que residencia 
la soberanía en el pueblo (art. 1 CE) y expresa el compromiso de los poderes públicos 
de facilitar la participación de todos en la vida política (art. 9.2 CE). Son principios y 
decisiones  constitucionales  que  permiten  interpretar  de  modo  coherente  todos  los 
institutos del ordenamiento sobre la participación de los ciudadanos en la vida política. 
Pero  aun  así,  resulta  evidente  en  este  caso  que,  por  la  finalidad  y  objeto  de  la 
convocatoria, la concentración pública de protesta no era, en principio, sino una forma de 
expresión constitucionalmente reconocida y cualificada por versar sobre asuntos de 
interés general, por lo que no es posible enjuiciar de forma autónoma la justificación de 
las conductas imputadas a partir del derecho a la participación política directa que 
reconoce  el  art.  23.1  CE  sino,  con  mayor  corrección,  como  parte  de  los  también 
alegados derechos de libre expresión, reunión y manifestación.
No en  vano,  como veremos,  este  tribunal viene reiterando desde sus primeras 
resoluciones que el derecho de reunión, en tanto es una manifestación colectiva de la  s
libertad  de  expresión,  no  solo  es  uno  de  los  derechos  inviolables  inherentes  que  oe.
focuocntnudsbbat)irm teue,yC nFeotJ amu 2nno,    eytcul  a8vou5orc/ d1eee9s nt8de 8ep t,lor  idlbpíeturii cnn2oac8 li  ypdo ieopla o a drpbteuarmnizl,i  doFsacoJrdc á 2idta)iec.l o (e axprpta.r re1tisc0ai.pr1 a eCtniv Eeo)l ,  A(sSTiSnCoT  4Cq/ 2u10e00, 18p/,1o d9r e8s 59u,   dfdiene ae lni4de arddoe,,    2021-13017n https://www.
las diferentes perspectivas sustantivas desde las que los recurrentes impugnan la decisión
de condena no responden, en principio, a una relación de consunción, de modo que una
sola de ellas abarque todo el contenido de la otra, sino que son consecuencia de la 
diversidad de valores constitucionales que cada uno de ellas incorpora: de una parte, a 
través de los arts. 20 y 21 CE, se establece la exigencia constitucional de no limitar 
indebidamente, ni disuadir, las conductas de los ciudadanos a través de las que, de forma 
verbal o simbólica, expresan públicamente sus opiniones y juicios de valor; singularmente, 
aquellas que se refieren a asuntos de interés general cuyo debate contribuye a la formación 
de una opinión pública libre; garantía esta que, como tantas veces hemos reiterado, es uno 
de los pilares de una sociedad libre y democrática (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FFJJ 6 
y  7,  y  235/2007,  de  7  de  noviembre,  FJ  4);  y  de  otra,  la  necesaria  previsibilidad  y 
proporcionalidad de las sanciones penales es una exigencia constitucional plasmada en el 
art. 25.1 CE, que atiende a la especial incidencia que la reacción penal ha de tener sobre 
los derechos fundamentales, ya sean los implicados en la conducta sancionada o los que 
tienen que ver con la naturaleza de la pena impuesta.
A pesar de la autonomía que mantienen, los argumentos que se utilizan por las partes 
sobre la exigencia de previsión legal, o acerca del carácter necesario y proporcionado de la 
limitación, son en parte coincidentes y aparecen inevitablemente relacionados, lo que exigirá 
abordarlos con una perspectiva global, atenta a los distintos intereses que unos y otros 
derechos alegados protegen. No podía ser de otra forma pues la exigencia de previsión 
legal en la limitación de los derechos fundamentales es también el rasgo esencial que 
identifica  el  contenido  del  principio  de  legalidad  sancionatoria,  y  –como  expresó  la 
STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 21–, la proporcionalidad en sentido estricto y la necesidad 
de la medida, además de exigencias constitucionales de la limitación de los derechos 
fundamentales, «constituyen dos elementos o perspectivas complementarias del principio 
de proporcionalidad de las sanciones penales», ínsito en la relación entre el art. 25.1 CE y 
los demás derechos fundamentales y libertades públicas concernidos: en este caso, la 
libertad personal del art. 17 CE –pues las penas impuestas son privativas de libertad–, y las 
alegadas libertades reconocidas en los arts. 20 y 21 CE.
4.  Delimitación de los derechos afectados: Libertades de reunión y manifestación y 
derecho de participación política.
La variedad de pretensiones sustantivas acumuladas que plantean los recurrentes (arts. 
20, 21, 23.1 y 25.1 CE), los argumentos coincidentes que fundamentaron en la instancia su 
absolución y los que, en contraposición, justificaron en casación su condena penal (arts. 
23.1,  66.3,  67.2  y  71.1  CE),  evidencian  la  necesidad  de  abordar  ordenadamente  su 
examen, dado que, como hemos expresado, los diversos motivos de amparo se sustentan 
en  ocasiones  en  argumentos  coincidentes  o  complementarios,  cuya  estimación  haría 
innecesario agotar el razonamiento sobre todos los demás planteados.
Por  ello,  debemos  proceder,  primeramente,  a  la  delimitación  de  los  derechos 
fundamentales en conflicto para luego realizar el debido juicio de ponderación entre ellos, no 
sin antes advertir que, cuando en un recurso de amparo se alega la vulneración del 
contenido  de  un  derecho  fundamental  sustantivo,  la  tarea  encomendada  al  Tribunal 
Constitucional no tiene por objeto el enjuiciamiento de la ponderación o de las valoraciones 
efectuadas por las resoluciones judiciales sometidas a nuestro control, sino el examen 
directo e inmediato de los hechos declarados probados por estas para determinar si, al 
enjuiciarlos, han sido o no respetados (SSTC 200/1998, de 14 de octubre, FJ 4, y 88/2003, 
de 19 de mayo, FJ 1), «aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los 
aplicados por los órganos jurisdiccionales, ya que sus razones no vinculan a este tribunal» 
[SSTC 23/2010, de 27 de abril, FJ 2; 176/2013, de 21 de octubre, FJ 4, y las allí citadas; así  e
como, recientemente, la STC 25/2019, de 25 de febrero, FJ 2 g)]. bo
A partir, pues, de estas consideraciones iniciales, dedicaremos este fundamento  017ww
fjuurníddiacmo enatla leesx aemn ecno nfdlicet o.la  cuestión  relativa  a  la  delimitación  de  los  derechos
a)  Los demandantes invocan de forma conjunta sus derechos a la libertad de
expresión, reunión y manifestación, garantizados por los arts. 20 y 21 CE, en cuanto que,
según  afirman,  la  concentración  pública  ante  el  Parlament  de  Cataluña,  cuya 
convocatoria había sido comunicada a las autoridades con carácter previo, se dirigía a 
expresar una protesta política sobre los criterios de gasto que, a través de la ley de 
presupuestos, se iban a debatir en sede parlamentaria. Se apoyan, para ello, en la 
fundamentación de la sentencia de la Audiencia Nacional que solo tuvo en cuenta el 
análisis del ejercicio de estos derechos para entender que los actores y el contexto en 
que se desenvolvieron sus conductas individuales estaban amparadas por el ejercicio de 
aquellos derechos y constituían una causa de justificación (fundamento jurídico 2 de la 
sentencia  de  7  de  julio  de  2014),  que,  por  no  ser  antijurídica,  exoneraba  de  toda 
responsabilidad a los recurrentes en cuanto participantes en aquel acto colectivo de 
libertad. Por el contrario, la sentencia del Tribunal Supremo contrapone al ejercicio de 
aquellos derechos de los recurrentes, el de participación política de los diputados que 
pretendían asistir al Pleno del Parlament (art. 23 CE), entendiendo que este último debe 
prevalecer sobre el anterior.
b)  Nuestro juicio de ponderación entre el ejercicio de aquellos derechos y el de 
participación  política  del  art.  23  CE  debe  partir  del  reconocimiento,  en  este  último 
derecho, de la existencia de una doble dimensión: (i) de ámbito individual, en el sentido 
de que todos y cada uno de los diputados del Parlamento de Cataluña tenían el derecho 
al libre ejercicio de sus cargos públicos y, en consecuencia, a poder acceder aquel día al 
Parlamento para desempeñar con libertad sus funciones como parlamentarios; y (ii) 
también una dimensión colectiva, toda vez que las acciones tendentes a obstruir o 
impedir la entrada a la sede parlamentaria, constituyeron un impedimento al ejercicio del 
propio derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 
representantes legítimos, toda vez que lo pretendido era impedir que el Parlamento 
pudiera desempeñar con libertad su función parlamentaria.
Al igual que la libertad de expresión, el derecho de reunión y el de manifestación son 
libertades políticas básicas sobre las que se asienta nuestro orden político (art. 10.1 CE). 
En tal medida, las limitaciones a su ejercicio deben ser interpretadas restrictivamente. En 
nuestra jurisprudencia, hemos desarrollado el contenido constitucional del derecho de 
reunión y sus límites –del que el derecho de manifestación es una vertiente– con una 
doctrina que entronca con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así, este tribunal ha expresado que el derecho de reunión es una manifestación 
colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de 
personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de 
ideas,  de  defensa  de  intereses  o  de  publicidad  de  problemas  y  reivindicaciones, 
constituyendo  un  cauce  del  principio  democrático  participativo.  Sus  elementos 
configuradores  son  el  subjetivo  (agrupación  de  personas),  el  temporal  (duración 
transitoria), el finalista (licitud de la finalidad perseguida) y el real u objetivo (lugar de 
celebración): así aparece ya en la STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2, y después, entre 
otras, en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 
170/2008, de 15 de diciembre, FJ 3; 38/2009, de 9 de febrero, FJ 2; 193/2011, de 12 de 
diciembre, FJ 3, y 172/2020, de 19 de noviembre, FJ 6 B).
Hemos resaltado también «el relieve fundamental que este derecho –cauce del 
principio democrático participativo– posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la 
objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la 
Constitución», señalando que «para muchos grupos sociales este derecho es, en la 
práctica,  uno  de  los  pocos  medios  de  los  que  disponen  para  poder  expresar 
públicamente  sus  ideas  y  reivindicaciones»  (SSTC  66/1995,  FJ  3;  196/2002,  FJ  4;  s
195/2003, FJ 3; 110/2006, FJ 3; 301/2006, FJ 2, y 170/2008, FJ 3). Es más, la libertad de  oe.
reunión, como manifestación colectiva de la libertad de expresión, está intensamente  w.
vinculada con el pluralismo político en tanto coadyuva a la formación y existencia de la  017ww
eolp ienjieórnc ipciúob dlicea o, t«rdoes  fdoerrmeach toasl  qinuhee sree nctoens vaiel rftuen ecnio unnaam iceonntod icdieó nu pnr esvisiate my an edceemsaorciará ptiacroa, 
(cSoTmCo  1lo7 0s/2o0n0 8p,r eFcJis a4m). eCnotem olo as fidrmeraemchooss e nd el ap SaTrtCic ip1a0c1i/ó2n0 0p3o,l ídtieca 2  ddee  ljousn ioc,iu FdJa d3a, n«ossin»   BOE-A-cable e
comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la 
Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y 
absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 
CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política».
Esa  caracterización  pone  de  manifiesto  el  estrecho  vínculo  que  existe  entre  el 
derecho de reunión y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], y el de ambos derechos 
con la democracia, directa y representativa. Esta conexión ha sido enfatizada por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que califica el art. 10 CEDH, que proclama la 
libertad de expresión, como lex generalis en relación con el art. 11 CEDH, que contempla 
la libertad de reunión (lex specialis).  Pese a ser un derecho autónomo con ámbito de 
aplicación propio, cuando –como ocurre en este caso– el objetivo del ejercicio del 
derecho de reunión es la expresión de opiniones propias en un foro público a través de la 
reivindicación o la protesta, su contenido debe examinarse, también, a la luz del art. 10 
CEDH (por todas, STEDH de 15 de octubre de 2015, de la Gran Sala, dictada en el 
asunto Kudrevičius y otros c. Lituania, § 85-86).
Ahora bien, ya se trate de reuniones privadas o públicas, estáticas o en forma de 
manifestación, hemos de destacar que lo que el art. 21 CE reconoce y protege es el 
derecho de reunión pacífica (lo que descarta, obviamente, el uso de armas); de esta 
forma  quedan  excluidas  de  su  ámbito  de  protección  aquellas  reuniones  o 
manifestaciones  en  las  que  sus  organizadores  o  participantes  tengan  intenciones 
violentas,  pretendan  inducir  a  otros  a  ejercerla  o,  de  otra  manera,  rechacen  los 
fundamentos de una sociedad democrática (STEDH de 20 de septiembre de 2018, 
Mushegh Saghatelyan c. Armenia, § 227).
La exigencia de que la reunión o manifestación sea pacífica y sin armas es un 
requisito constitucional de protección (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 5; 196/2002, 
de 28 de octubre, FJ 4), que puede ser evaluado antes o después de su desarrollo. De 
modo que toda reunión con intenciones violentas puede ser prohibida en tanto queda 
fuera del contenido constitucional del derecho fundamental tutelado en el art. 21 CE. De 
otra  parte,  dado  que  las  reuniones  y  manifestaciones  son,  en  muchas  ocasiones, 
espacios de visibilización de intereses no satisfechos y de reivindicación, la exigencia del 
carácter pacífico de la reunión sirve también para excluir del ámbito constitucionalmente 
tutelado  las  reuniones  y  manifestaciones  durante  las  que  se  alcancen  de  forma 
generalizada determinados niveles de ejercicio intencional de violencia, en particular, 
cuando se den excesos agresivos de cierta intensidad contra las personas o los bienes.
c)  El otro derecho fundamental que debe ser objeto de este juicio de ponderación 
es el derecho de participación política en la doble dimensión anteriormente enunciada.
El derecho del diputado miembro de una asamblea parlamentaria se extiende a la 
permanencia en el ejercicio del cargo público y a desempeñarlo de acuerdo con la ley, 
sin constricciones o perturbaciones ilegítimas [SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2; 
32/1985, de 6 de marzo, FJ 3; 220/1991, de 25 de noviembre, FJ 5; 71/1994, de 3 de 
marzo, FJ 6; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 11/2017, de 10 de enero, FJ 3 a), 
y 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 a)], pues «la norma constitucional perdería toda 
eficacia si, respetado el acceso a la función o cargo público en condiciones de igualdad, 
su  ejercicio  pudiera  resultar  mediatizado  o  impedido  sin  remedio  jurídico» 
(STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6). Esta garantía adquiere especial relevancia 
cuando  se  trata  de  representantes  parlamentarios  en  defensa  del  ejercicio  de  sus 
funciones, ya que ello comporta defender también el derecho mismo de los ciudadanos a 
participar  a  través  de  la  institución  de  la  representación  en  los  asuntos  públicos  s
reconocido en el art. 23.1 CE [STC 32/2017, de 27 de febrero, FJ 3, con cita de las  oe.
SSTC  161/1988,  de  20  de  septiembre,  FJ  6;  177/2002,  de  14  de  octubre,  FJ  3,  w.
y 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2 a)]. 017ww
art. E2n3  CefEe,c teos, tes otbrirbeu neaslt ati erneela cdiiócnh od eq udee, rceucahnodso r esceo tnroactaid does  ceanr glooss  dreopsr easpeanrttaatdivooss ,d eell 
dfuenrdeachmoe netnaul ndceia dloos e nci uedl aadratíncouslo  a2 3p.2a rCticEip haar  edne  ploosn earsseu netons  copnúebxlicióons  cpoonr  eml deedrioe chdoe   BOE-A-cable e
representantes,  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio  universal 
(art. 23.1 CE). Relación de obligada constatación si se tiene en cuenta que son los 
representantes,  justamente,  quienes  actualizan  aquel  derecho  de  los  ciudadanos  a 
participar en los asuntos públicos, al margen ahora del carácter directo que el propio 
precepto garantiza. Se trata de «dos derechos que encarnan la participación política de 
los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía 
del pueblo y el pluralismo político consagrados en el art. 1 CE», que se presuponen 
mutuamente  y  aparecen  «como  modalidades  o  variantes  del  mismo  principio  de 
representación política» [STC 185/1999, FJ 4 c), con cita de las SSTC 119/1985, de 11 
de octubre, FJ 2, y 71/1989, de 20 de abril, FJ 3; doctrina que reitera STC 139/2017, 
FJ 4 d)]. De suerte que el derecho del artículo 23.2 CE, así como indirectamente el que 
el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería 
ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado ilegalmente 
en su ejercicio [SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3; 109/2016, FJ 3 a); 11/2017, FJ 3 a); 
139/2017, FJ 4 d), y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 4].
Como tendremos ocasión de analizar, determinados diputados del Parlament de 
Cataluña, cuyos datos identificativos han quedado reflejados en el relato de hechos 
probados,  se  vieron,  en  algunos  casos,  impedidos  de  poder  acceder  a  la  cámara 
catalana  por  sus  propios  medios,  otros  hallaron  dificultades  en  dicho  acceso  y, 
finalmente, algunos de ellos tuvieron que ingresar en el Parlamento utilizando medios de 
transporte  extraordinarios  (helicóptero),  por  lo  que  la  dimensión  personalizada  e 
individual del derecho de participación política cobra aquí necesaria relevancia para el 
juicio de ponderación que debamos realizar.
La actuación de un grupo más o menos numeroso de personas concentradas frente 
a la sede parlamentaria, ya lo sea, como alegan los recurrentes, para realizar protestas 
que afectaban a sus derechos sociales o económicos, ya lo sea, como sostiene el 
Tribunal Supremo, para tratar de impedir el acceso de los diputados a sus instalaciones 
al objeto de celebrar una sesión plenaria, afecta también al derecho de participación 
política de aquellos representantes parlamentarios, que, por ello mismo, merece ser 
incluido en el juicio de ponderación de derechos que preceda al examen de los hechos.
5.  Juicio de ponderación entre los anteriores derechos.
A)  Planteamiento.
a)  En el anterior fundamento jurídico nos hemos limitado a detallar los derechos 
fundamentales que confluyen y que, incluso, han llegado a entrar en conflicto en el caso 
de autos. Se trata ahora de realizar el juicio de ponderación que corresponde a este 
tribunal en relación con aquellos derechos fundamentales que hemos identificado como 
comprometidos en su ejercicio, a partir de lo contenido en el relato de hechos probados 
de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Desde luego, hemos ya de descartar anticipadamente el planteamiento de la Sala de 
instancia,  que  únicamente  tomó  en  consideración  los  derechos  fundamentales  de 
reunión, manifestación y libertad de expresión invocados por los recurrentes, dado que 
se trataría de un visionado incompleto de la problemática constitucional sometida a 
nuestro enjuiciamiento. Por el contrario, debemos acoger, como criterio de partida de 
nuestro análisis, el mejor conformado juicio de ponderación entre los anteriores derechos 
y el de participación política al que se refirió la Sala de casación en su sentencia.
b)  Seguidamente, para poder llevar a efecto el juicio de ponderación, es preciso  s
que partamos de la descripción del contexto en que se desarrollaron los hechos y  oe.
vdaeltoeBrram) rlianCsa ord,n ettseadxmetob l aiyé  npc,eo rncsdupuáeclc ttafivusa ee  dslepa e locasícf itdcuaeamrceiecónhnto esd  iemfu pnloudstaa mdcaeinsnc taao l leorsse  cqrueurceru eirnnrveteonsct,ea snp..ara  después  2021-13017n https://www.
De los hechos declarados probados por la sentencia de la Audiencia Nacional, a los
que hemos hecho mención en los antecedentes, podemos extraer, de una parte, el
contexto  en  el  que  se  desarrollaron  los  acontecimientos  en  que  se  incardinan  las 
conductas de los recurrentes y, de otro lado, una exposición de cada una de sus propias 
conductas individuales:
a)  En este sentido, la decisión de condena considera relevante el contexto que tuvo 
lugar en la jornada del 15 de junio de 2011. Del mismo cabe destacar los siguientes 
datos: (i) la sede del Parlamento de Cataluña está situada en el interior del Parc de la 
Ciutadella de Barcelona; según se describe en la decisión de condena, los hechos 
imputados a los demandantes se produjeron en el curso de una concentración en la vía 
pública, previamente publicitada y debidamente comunicada a la autoridad, con el lema 
«Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades» –Paremos el Parlament, no 
permitiremos  que  aprueben  recortes–;  (ii)  la  concentración  fue  convocada  para  los 
días 14 y 15 de junio de 2011, fecha esta última en la que estaba prevista la primera 
votación parlamentaria sobre los presupuestos anuales de la comunidad autónoma; (iii) a 
la concentración acudieron entre seiscientas y mil personas que pasaron la noche en el 
lugar; (iv) desde las 08:00 horas del día 15, los diputados se desplazaron a pie a la sede 
del Parlamento para acceder por la puerta 7, única del Parc de la Ciutadella que, con 
custodia policial, se determinó como puerta de acceso una vez disuelta por la fuerza 
policial la concentración que había frente a ella; (v) en aquel instante, los congregados 
ocuparon  en  varias  ocasiones  la  calzada,  impidiendo  el  acceso  de  vehículos  u 
obstaculizando su marcha; (vi) al tiempo que trataban de acceder al parque en el que se 
encuentra el Parlament, varios diputados fueron increpados por los manifestantes, que 
se confrontaron personalmente con ellos expresándoles su desacuerdo con las políticas 
de gasto que se iban a someter a votación y el resultado previsto de la misma; (vii) 
paralelamente, en el curso de la protesta, cuando trató de acceder al parque, la prenda 
de abrigo de una de las diputadas fue rociada con un spray de pintura; (viii) una comitiva 
de vehículos y motocicletas en la que se desplazaban el presidente de la Generalidad y 
la del Parlament, hubo de desistir en su intento de acceder al recinto con los vehículos, 
ante la multitud congregada que ocupaba la calzada; (ix) varios diputados recabaron 
ayuda  policial  para  poder  así  acceder  a  pie  al  recinto  donde  se  ubica  la  sede 
parlamentaria, después de intentarlo infructuosamente debido a las barreras humanas 
que se formaron, alguno de cuyos componentes arrojó líquidos sobre dos diputados; (x) 
a uno de los diputados le fue arrebatado un bolso de mano que portaba, y a otro los 
documentos que llevaba en la mano, así como un paquete de tabaco y un mechero; por 
último, (xi) dos diputados tuvieron un altercado con un grupo de manifestantes, que les 
rodearon en la puerta de un garaje y tuvieron que buscar la protección de agentes de 
policía. Finalmente, llegaron al Parlament en un helicóptero, hacia las 10:20 horas.
b)  Según el relato histórico de la sentencia, la conducta individual de cada uno de 
los recurrentes fue la siguiente:
(i)  Don Francisco José Cobos García se interpuso con los brazos en cruz ante dos 
parlamentarios que habían sido antes increpados por un centenar de manifestantes 
cuando caminaban por la vía pública hacia el Parlament y, a continuación, siguió a otro 
parlamentario  con  las  manos  alzadas,  gritando  las  consignas  de  la  manifestación; 
mientras que doña Ángela Bergillos Alguacil, siguió al mismo parlamentario con las 
manos en alto, moviéndolas, y coreando las consignas de la manifestación.
(ii)  A don Jordi Raymond Parra se le imputa haberse confrontado personalmente 
con  dos  diputados  pidiendo  en  voz  alta  a  otros  manifestantes,  que  ya  les  habían 
increpado, que no les dejaran pasar al recinto donde se ubica el Parlament, desplegando  e
al tiempo una pancarta, lo que provocó que los diputados pidieran la protección de los  bo
agentes de policía para acceder al recinto donde se encuentra situado el Parlament. 017ww
grup(oiii )d eD mona nRifuebstéann tMeso lqinuae ,M cauraínn dyo  duonn  dCipaurltoasd oM usnet eern cDaommineac bsae  ael nPcaornlatrmabeannt  peonr  ulan 
úpnreicsau pvuíeas ptorsa cyt iclea bdlieje, rolen  rqeuceri,m ainpaoryoánn dlaosla sp,o alí tieclaloss  dneo  gleass troesp rpeúsbelnictaob are; caongtied aesl  neunt rildoos 
grupo  de  manifestantes,  cinco  agentes  antidisturbios  de  la  policía  acompañaron  al 
parlamentario que, con tal apoyo, superó a los manifestantes y accedió al Parlament.
C)  Juicio de ponderación.
a)  El primer motivo de amparo invoca la vulneración de las libertades de reunión, 
manifestación y expresión de los recurrentes, pues la aplicación del tipo penal a sus 
conductas contraviene el contenido constitucionalmente protegido de esas libertades. 
Atendiendo a este planteamiento, solo si esta libertad se ejerció sin exceso, teniendo en 
cuenta  que  también  se  ve  concernido,  en  lo  que  ahora  importa,  el  derecho  de 
participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, sería reconocible y 
procedería la estimación de este motivo del recurso de amparo.
Conforme a la doctrina que ya se ha expuesto, el ejercicio de las libertades de 
reunión, manifestación y expresión no es ilimitado, dado que tiene como límites los que 
exija la protección de otros bienes o valores constitucionales, entre los que, sin duda, se 
encuentran aquellos que, como los derechos de participación política del art. 23 CE, 
tienen el carácter de derechos fundamentales en sí mismos. Lo anterior hace que sea 
precisa  la  determinación  concreta  de  cuál  sea  la  situación  jurídica  de  derecho 
fundamental  que,  en  colisión  con  otra  de  la  misma  condición,  deba  prevalecer  en 
atención a las circunstancias del caso.
En  el  supuesto  enjuiciado  debemos  valorar,  como  cuestión  previa  al  juicio  de 
constitucionalidad sobre la propia aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las 
circunstancias concurrentes del caso, si la conducta enjuiciada constituyó el ejercicio 
lícito de las libertades de reunión y manifestación en íntima conexión con la libertad de 
expresión y, en consecuencia, si se justificaba por el valor predominante de esta. En tal 
examen llegamos a una conclusión negativa, pues tal conducta no quedó amparada por 
el  ejercicio  de  esos  derechos,  toda  vez  que  aquella  actuación  de  los  recurrentes, 
pretextando el ejercicio de sus derechos, afectó a los derechos de terceros (diputados 
del Parlament) que, en aquella situación, debían prevalecer, atendiendo al modo, tiempo 
y lugar en el que la protesta se hizo efectiva.
Nuestro juicio de ponderación debe atender, de una parte, al valor que las libertades 
de reunión, manifestación y expresión entrañan en una sociedad democrática, que se 
ven aquí concernidas; y, de otro lado, a las necesidades de protección de otros derechos 
fundamentales, como el de participación política, en la doble dimensión anteriormente 
enunciada del ejercicio del cargo público representativo y del derecho de los ciudadanos 
a aquella participación a través de sus representantes en una asamblea parlamentaria. Y, 
atendidas las circunstancias del caso, la puesta en valor de uno y otro derecho, el 
contexto  en  que  aquellas  circunstancias  se  desarrollaron  y  las  conductas  de  los 
acusados, debe prevalecer el derecho fundamental del art. 23 CE.
b)  Este tribunal constata que un grupo numeroso de personas se concentró frente a 
una  sede  parlamentaria  y  realizó  actos  de  protesta  y  reivindicación  que,  a  su 
programación inicial de convocatoria de reunión pública y manifestación para realizar 
críticas políticas y de carácter social en defensa de sus intereses, le siguió, en realidad, 
un contexto, descrito en el relato histórico de la sentencia de la Audiencia Nacional, con 
empleo de actos, gestos y expresiones innecesariamente coercitivas a las que se unió la 
conducta de los ahora recurrentes, igualmente recogida en los hechos probados y 
puesta de manifiesto en aquel entorno coercitivo.
Tal cúmulo de circunstancias obliga a que nuestro juicio de ponderación parta de la 
necesidad  de  decir  que  aquellos  derechos  de  libertad  que  invocan  los  recurrentes  e
admiten  limitaciones  justificadas  en  protección  de  otros  derechos  y  bienes  bo
constitucionalmente relevantes que, previstos por la ley, sean proporcionados a esa  017ww
finalcid) adC leiegríttaimmae.nte,  la  condena  penal  impuesta  a  los  recurrentes  por  los  hechos
mimapnuifteasdtoasc iósnu,p inutseor proebtajedtoivsa ma elan tleu z udnea l a rleibsetrritcacdi ódne  edxep ressuisó n,d eenre tcahnotso  tadle i ntreerufenrieónnc iay 
no solo opera cuando las reuniones son prohibidas o, una vez autorizadas, son disueltas
coercitivamente, sino también cuando, una vez finalizadas, sus organizadores o quienes 
han participado en ellas son sancionados por las conductas protagonizadas durante su 
desarrollo (SSTEDH de 26 de abril de 1991, Ezelin c. Francia; de 15 de mayo de 2014, 
Taranenko c. Rusia;de 15 de octubre de 2015, Kudrevičius y otros c. Lituania; y de 20 de 
septiembre de 2018, Mushegh Saghatelyan c. Armenia).
Para el Tribunal Supremo, las conductas de los recurrentes, individualizadas en el 
relato de hechos probados, adquirieron relevancia penal, precisamente, por haberse 
ejecutado «en un escenario y clima coactivo, en una atmósfera intimidatoria», en el que 
centenares  de  personas  abogaban  por  un  mismo  objetivo  común:  cuestionar  la 
propuesta presupuestaria dificultando y obstaculizando el acceso de los diputados al 
parque urbano en cuyo interior se encuentra ubicado el Parlament de Cataluña.
Coincidimos con la valoración expuesta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
en que la evaluación del carácter coercitivo o intimidatorio de las conductas imputadas 
no  puede  aislarse  del  contexto  en  el  que  se  desarrollaron.  Con  carácter  previo  o 
coetáneo  a  las  acciones  enjuiciadas,  otros  manifestantes  protagonizaron  otras 
específicamente  intimidatorias  (lanzamiento  de  objetos  y  líquidos  a  los  diputados, 
rociado con pintura de la prenda de abrigo de una diputada, e incluso la sustracción de 
objetos personales a otro parlamentario). Tales hechos dan cuenta de un clima de 
tensión física que no pudo pasar inadvertido a los diputados. Un clima en el cual la 
interposición de los recurrentes, su confrontación personal con los diputados, los gestos 
y aspavientos con las manos, la petición a voces a otros manifestantes para que les 
impidieran el paso, o las increpaciones personales que les dirigieron cuestionando la 
propuesta presupuestaria sometida a votación, son conductas objetivamente capaces de 
incidir  sobre  quienes  trataban  de  acceder  al  recinto,  parcialmente  bloqueado,  para 
ejercer en su sede la función parlamentaria representativa.
No cabe olvidar que, tanto por la antelación y duración con la que la concentración 
fue convocada –desde la tarde anterior a la votación–, como por el carácter hiperbólico 
de su lema –«Paremos el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes»– y por el 
número  de  personas  que  acudieron  –entre  600  y  1000–,  el  dispositivo  policial  de 
protección de la sede parlamentaria dispuso el cierre de todas las puertas de acceso al 
Parc de la Ciutadella, excepto una, por la que, en vehículo o a pie, necesariamente 
debían  transitar  los  parlamentarios  que  quedaron  así  obligados  y  expuestos  a 
confrontarse directa y personalmente con los manifestantes que se habían congregado 
en las inmediaciones de dicha puerta.
Como ha señalado el Tribunal Europeo Derechos Humanos, en las sociedades 
democráticas  modernas  no  son  infrecuentes  las  conductas  físicas  obstructivas  que 
afectan al tráfico rodado o a la libre circulación de personas, de manera que quedan 
perturbadas de forma relevante las actividades que realizan los demás. Y tampoco es 
inusual que se lleven a cabo cuando se ejerce la libertad de reunión o manifestación 
(STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 8). No obstante, se trata de conductas que no forman 
parte del núcleo de facultades de actuación que define la libertad que reconoce el 
artículo 11 CEDH; esto es, por hallarse alejadas de su fundamento, no son el objeto 
principal de protección de esta libertad pública, si bien –como hemos ya expuesto– no 
están excluidas del ámbito general de protección que el reconocimiento de tal derecho 
conlleva (STEDH de 15 de octubre de 2015, Kudrevičius y otros c. Lituania, § 97).
d)  Hemos  destacado  en  anteriores  resoluciones,  singularmente  en  la 
SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 15, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2, que la libertad de 
expresión –de la que el derecho de reunión es una manifestación colectiva–, en cuanto  s
es garantía del disentimiento razonado, otorga a todos los ciudadanos el derecho a  oe.
expresar sus juicios de valor sin sufrir intromisiones por parte de los poderes públicos  w.
que no estén apoyadas en leyes que impongan límites constitucionalmente admisibles.  017ww
iCnutearnédso  glean eorpainl,i ósnu  epsr ointesctrcuiómne natdoq udiee rep aurtnicaip amcaióyno rp oalmítipclait uod  syea  rqeufiee ree l ab aiesnu njutorsíd idceo 
tutelado por ella es la formación de una opinión pública libre.
Sin embargo, en atención a tal fundamento, no cabe considerar ejercicio legítimo de 
la libertad de expresión, reunión o manifestación a aquellos mensajes que, por su 
contenido o por la forma de expresarlos, incorporen amenazas o intimidaciones a los 
demás, es decir, aquellos casos en que los derechos se ejerciten de forma desmesurada 
y  exorbitante  en  atención  al  fin  al  cual  la  Constitución  le  concede  su  protección 
preferente (STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 6).
Ya entonces señaló este tribunal la improcedencia de intentar definir en abstracto 
qué mensajes o comunicaciones tienen carácter amenazante o intimidatorio y cuáles no. 
Es una cuestión que ha de ser abordada caso a caso, conscientes de la dificultad de 
«trazar la lábil línea divisoria entre los mensajes amenazantes y los que no lo son» 
(STC 136/1999, FJ 16). En el caso presente, sin embargo, dichas dificultades no se 
presentan por cuanto la limitación penal impuesta no trata de coartar el contenido del 
mensaje de protesta –el desacuerdo con la política de gasto pendiente de aprobación 
parlamentaria–, sino la forma exorbitante e intimidatoria en que dicho desacuerdo se hizo 
visible, esto es, dificultando con su conducta el acceso de los diputados a la sede del 
Parlamento para que este pudiera desarrollar normalmente la sesión plenaria convocada 
y  abordar  el  orden  del  día  programado,  en  el  que  figuraba  el  debate  sobre  los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma y, por ende, las decisiones anuales 
de  gasto  público,  a  cuyos  eventuales  recortes  había  orientado  sus  protestas  la 
convocatoria de la concentración.
En la conducta desarrollada por los demandantes es sencillo disociar el mensaje de 
protesta y los actos impeditivos que se sancionan penalmente, de forma tal que dichos 
actos, en cuanto objetivamente intimidatorios, pueden ser objeto de limitación, incluso 
penal, si concurren en ellos los elementos que conforman el delito tipificado por la ley y 
si, además, su aplicación no produce, por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado  de  la  libertad  concernida  o  un  efecto  que,  en  otras  muchas 
resoluciones anteriores, hemos calificado de desalentador del ejercicio de los derechos 
fundamentales implicados en las conductas sancionadas [STC 177/2015, de 22 de julio, 
FJ 2 d)]; efecto que puede llevar a los ciudadanos a no ejercer plena y libremente sus 
derechos ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente sancionada.
D)  Desestimación.
En  el  caso  de  autos,  después  de  haber  realizado  este  necesario  juicio  de 
ponderación entre los derechos fundamentales invocados por los recurrentes y los del 
art. 23 CE, para determinar si la conducta sometida a enjuiciamiento constituye un 
ejercicio lícito de las libertades de reunión, manifestación y expresión, en confrontación 
con el derecho a la participación política de los diputados del Parlament, hemos llegado 
a la conclusión de que no es posible reconocer el ejercicio legítimo de aquellos derechos 
por parte de los recurrentes, a la vista de las diversas circunstancias concurrentes en el 
caso, de los actos individuales de cada uno de ellos, así como del contexto en que estos 
fueron realizados, por lo que aquellas conductas no se encontraban dentro del ámbito 
objetivo de protección de dichas libertades que decían ejercitar.
Por todo ello, esta primera queja del recurso de amparo ha de ser desestimada.
6.  Derecho a la legalidad penal.
A)  Planteamiento.
El segundo de los motivos de amparo, denunciado por ambos recursos acumulados  e.e
bajo la invocada vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), engloba, en  b
realidad, dos quejas: (i) De una parte, se cuestiona la subsunción de las conductas de  017ww
dloess crreitcausr ree nimtepsu teand aesl  ati pcoa dpae unnaol  ddee l eallorts.  e4n9 8e l CrePl,a tdoe hbiisdtoó riac ol ad eel sccaassoa.  Seengtiúdna de xdpeo nleans 
ulansa  daepmlicaancdiaósn  aaqnuaelóllgaisc ac oo nedxutcetnassi vear adne l atitpípoi cdaesl  ya rte. l 4T9r8ib uCnPa. l (iSi)u Dpere motoro  hlaad ion,c suerr iadloe gean, 
también, la infracción del principio de proporcionalidad de las penas, al considerar que
las privativas de libertad impuestas a aquellos, tres años de prisión para cada uno de los 
cinco recurrentes, resultan desproporcionadas, lo que, a su vez, genera un «efecto 
desaliento» del ejercicio de derechos fundamentales cuando se aplica la ley penal de 
forma desproporcionada.
A continuación y en apartados separados, examinaremos ambas quejas.
B)  Invocada vulneración de la garantía material (taxatividad o mandato de certeza).
a)  En relación con este motivo de amparo, no se quejan los recurrentes de la norma 
penal en abstracto, esto es del tipo penal del art. 498 CP en sí mismo considerado y de 
la garantía formal anudada al principio de legalidad, que es propia de las normas 
penales. Por el contrario, la pretensión de amparo se localiza en la garantía material de 
este derecho fundamental reconocido en el art. 25.1 CE. Más concretamente, en la 
aplicación judicial al caso concreto del referido precepto penal, que las dos demandas 
plantean desde una doble perspectiva: (i) de una parte, denuncian que, en la medida en 
que es la primera vez que ha sido aplicado el tipo penal a un supuesto concreto y no 
haber jurisprudencia anterior sobre su configuración penal, adolecería aquel ámbito 
material de falta de previsibilidad y de adecuación de la conducta a lo que es conforme a 
la norma de prohibición que contiene este tipo penal; (ii) y, como se ha anticipado, la 
levedad de las conductas individuales de cada uno de los recurrentes tendría que haber 
llevado a un pronunciamiento final absolutorio de la Sala de casación por atipicidad de 
aquellas conductas.
b)  Descartada,  pues,  toda  impugnación  relacionada  con  la  garantía  formal  del 
principio de legalidad penal y centradas las quejas en la garantía material de aquel 
derecho  fundamental,  hemos  de  recordar  que  este  tribunal  ha  declarado  muy 
recientemente  que  «el  principio  de  legalidad  comprende  una  serie  de  garantías 
materiales que, en relación con el legislador, comportan fundamentalmente la exigencia 
de predeterminación normativa de las conductas y sus correspondientes sanciones, a 
través de una tipificación precisa dotada de la adecuada concreción en la descripción 
que incorpora. En este sentido hemos declarado –como recuerda la STC 142/1999, 
de 22 de julio, FJ 3– "que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo posible en la 
definición  de  los  tipos  penales  (SSTC  62/1982,  89/1993,  53/1994  y  151/1997), 
promulgando normas concretas, precisas, claras e inteligibles (SSTC 69/1989, 34/1996 
y 137/1997). También hemos señalado que la ley ha de describir ex ante el supuesto de 
hecho al que anuda la sanción y la punición correlativa (SSTC 196/1991, 95/1992 
y 14/1998). Expresado con otras palabras, el legislador ha de operar con tipos; es decir, 
con  una  descripción  estereotipada  de  las  acciones  y  omisiones  incriminadas,  con 
indicación de las simétricas penas o sanciones (SSTC 120/1994 y 34/1996), lo que exige 
una  concreción  y  precisión  de  los  elementos  básicos  de  la  correspondiente  figura 
delictiva; resultando desconocida esta exigencia cuando se establece un supuesto de 
hecho  tan  extensamente  delimitado  que  no  permite  deducir  siquiera  qué  clase  de 
conductas pueden llegar a ser sancionadas (STC 306/1994)". Todo ello orientado a 
garantizar  la  seguridad  jurídica,  de  modo  que  los  ciudadanos  puedan  conocer  de 
antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus acciones 
(STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 3)» [STC 91/2021, de 22 de abril, FJ 11.1 A) b)].
También, este tribunal ha insistido en la importancia del «mandato de taxatividad» y, 
con cita de su doctrina reiterada, que ahora resumimos (en especial de la STC 146/2015, 
de 25 de junio, FJ 2), se afirma que aquel mandato de certeza o taxatividad «se traduce 
en  la  exigencia  de  predeterminación  normativa  de  las  conductas  y  de  sus  e
correspondientes sanciones (lex certa), en virtud del cual el legislador debe promulgar  bo
normas  concretas,  precisas,  claras  e  inteligibles,  para  que  los  ciudadanos  puedan  017ww
acoccnioocneers d (eS TaCnt e1m85a/n2o0 1e4l,  ádme b6i tdoe d neo vloie pmrobsrec,r iFtoJ  y8 )p»r.e [vSeTr,C a 9s1í,/ 2la0s2 1c,o FnJs e1c1u.1e nBc)i]a.s de sus
sancAiodneamdáosr,a sta l (gáamrbaintotí an doerm caetritveoz)a, , p«uneos  sotalom boipéenr as ree sppreocyteoc dtae  laa sl an oirnmtearsp rpeetancaiólens  oy 
aplicación de estas por los órganos judiciales a los concretos supuestos de hecho
(ámbito aplicativo), como así se refleja en la reciente STC 14/2021, de 28 de enero, 
FJ 2» [STC 91/2021, FJ 11.1 B), ya citado]. En este sentido, los órganos judiciales 
deberán huir de la interpretación extensiva o de la analogía in malam partem (por todas, 
STC 229/2007, de 5 de noviembre, FJ 4, a la que nos remitimos).
Igualmente, este tribunal ha precisado las exigencias a que se deben sujetar los 
órganos judiciales, al verificar la labor de subsunción de los hechos en la norma penal, 
habiendo afirmado (con cita de la STC 129/2008, de 27 de octubre, FJ 3, a la que, 
igualmente, nos remitimos) que el derecho a la legalidad penal se quiebra «cuando la 
conducta  enjuiciada,  la  ya  delimitada  como  probada,  es  subsumida  de  un  modo 
irrazonable en el tipo penal que resulta aplicado, bien por la interpretación que se realiza 
de la norma, bien por la operación de subsunción en sí. En tales supuestos la condena 
resulta sorpresiva para su destinatario y la intervención penal es, amén de contraria al 
valor de la seguridad jurídica, fruto de una decisión judicial que rompe el monopolio 
legislativo en la definición de las conductas delictivas (por todas, STC 137/1997, de 21 
de julio, FJ 6)» [STC.91/2021, FJ 11.1 D)].
También hemos declarado que la razonabilidad de la subsunción de los hechos 
probados en la norma penal obedece a una serie de criterios, que ahora exponemos de 
modo  resumido:  (i)  «respeto  al  tenor  literal  de  la  norma»,  lo  que  implica  que  la 
subsunción del supuesto de hecho en el tipo penal aplicable no debe ser ajeno al 
significado posible de los términos de la norma aplicada; (ii) razonabilidad del discurso 
lógico, que «habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro 
texto constitucional […] y desde modelos de argumentación aceptados por la propia 
comunidad jurídica». (iii) Finalmente, «[s]on también constitucionalmente rechazables 
aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico –una argumentación ilógica o 
indiscutiblemente extravagante– o axiológico –una base valorativa ajena a los criterios 
que  informan  nuestro  ordenamiento  constitucional–  conduzcan  a  soluciones 
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles 
para sus destinatarios» [STC 91/2021, FJ 11.1 D)].
Por último, señalar que no compete a este tribunal sustituir a los órganos judiciales en el 
ejercicio de la función de subsumir los hechos en las normas, pues se trata de una labor 
que  «corresponde  en  exclusiva  a  los  jueces  y  tribunales  ordinarios,  conforme  a  lo 
establecido en el art. 117.3 CE. Ello implica que, en esta sede, no procede auspiciar 
alternativas  interpretativas  a  la  sustentada  por  el  tribunal  sentenciador,  incluso  si  se 
considerasen más adecuadas o de mayor fuste. Hemos de limitarnos, pues, a verificar un 
juicio externo sobre la compatibilidad de la interpretación realizada con el tenor literal de la 
norma y sobre su razonabilidad metodológica y axiológica». [STC 91/2021, FJ 11.1 F)].
c)  En el caso de autos, el tipo penal aparece redactado en términos claros y 
precisos, toda vez que sanciona el empleo de una serie de medios coercitivos, físicos y 
psicológicos –a fuerza, la violencia física, la intimidación o la amenaza grave– como 
instrumentos destinados a una serie de fines típicos recogidos en el precepto. En el caso 
de  autos,  el  relato  histórico  revela  que  aquellas  actuaciones  de  las  personas 
concentradas frente al Parlament, entre las que se encontraban los recurrentes, estaban 
encaminadas a «impedir» a los diputados el acceso a la sede parlamentaria catalana con 
el objetivo de que no se constituyera el pleno de la cámara y no resultaran aprobados los 
presupuestos de la comunidad autónoma.
Establecida en el juicio de ponderación la prevalencia del derecho de participación 
política de los parlamentarios catalanes y descartado, por otra parte, el ejercicio de los 
derechos  de  reunión,  manifestación  y  libertad  de  expresión  que  pretextaban  los  s
recurrentes para legitimar constitucionalmente su acción, el lema de la pancarta que  oe.
había  originado  la  convocatoria  «aturem  el  Parlament,  no  deixarem  que  aprovin  w.
retallades» es lo suficientemente expresivo de aquel objetivo perseguido como para  017ww
tarcaotagbear  c«odne n aetuxrparleidsaadr  lae lt edsiess daec ulae rSdoa lac doen  lol aPse npaol lídtiecla Tsr ibpurneaslu Spuuepsretamrioa sd er eqsuteri cntoiv saes 
mmeadniiafensttea cuinóan  ccoonmcoe notbrajectiióvno  esne rlvaisr  dpero xviemhiídcaudloe sp adreal  Ppraorclalammeanrt . laT aimndpigoncoa ctieónní ac oalqeucetivllaa   BOE-A-cable e
frente a esas políticas», sino que su finalidad era la de «provocar que el órgano de 
representación política del pueblo catalán se viera incapacitado para el debate y la 
acción política», y en definitiva subrayar que «[l]o que perseguían los allí concentrados 
era atacar las raíces mismas del sistema democrático. Despojar al órgano que expresa la 
voluntad  popular  de  toda  posibilidad  de  creación  normativa  («no  deixarem  que 
aprovin/no permitiremos que aprueben»)».
Este tribunal aprecia, de conformidad con lo argumentado por el Tribunal Supremo, 
que el tipo penal del art. 498 CP protege, no solo la libertad individual de los diputados y 
el derecho de estos, en cuanto representantes de la voluntad popular, a acceder a la 
sede parlamentaria para desempeñar con plenitud sus funciones parlamentarias, sino 
también, se orienta a evitar que determinadas concentraciones o manifestaciones ante 
las instituciones parlamentarias, utilizando los medios coactivos expresados en el tipo, 
tengan como objetivo impedir «el normal funcionamiento del órgano parlamentario, con 
el consiguiente menoscabo del derecho de participación reconocido en el art. 23 de la 
CE» [FJ 5 F) de la STS de 17 de marzo de 2015, impugnada], a lo que debe añadirse la 
especial significación constitucional que tiene la sede que alberga el poder legislativo en 
un  sistema  de  democracia  parlamentaria  como  el  que  ha  diseñado  la  Constitución 
de 1978, en el que, como sucede en este caso, el Parlamento catalán y su sede 
constituyen el órgano representativo de la voluntad popular de los ciudadanos catalanes, 
en  donde  «se  expresa  preferentemente  el  pluralismo  y  se  hace  público  el  debate 
político»  (art.  55  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Cataluña,  aprobado  mediante  Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio).
d)  Por lo demás, como ya hemos dicho, no compete a este tribunal sustituir a los 
órganos judiciales en el ejercicio de la función de subsumir los hechos en las normas, 
pues  ese  cometido  corresponde  en  exclusiva  a  los  jueces  y  tribunales  ordinarios, 
conforme a lo establecido en el art. 117.3 CE. Hemos de limitarnos, pues, a verificar un 
juicio externo sobre la compatibilidad de la interpretación realizada con el tenor literal de 
la norma y sobre su razonabilidad metodológica y axiológica. Y este tribunal considera 
que la labor de subsunción de los hechos en la norma penal aplicada se ajusta al canon 
expuesto.
La  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo,  con  apoyo  en  el  relato  de  hechos 
probados, aporta hasta diez elementos de hecho, además del lema de la convocatoria, 
para deducir la existencia de un contexto de coerción destinado a impedir a los diputados 
que llegaran hasta la sede del Parlament, que fue de la suficiente entidad sobre el ánimo 
de los parlamentarios que algunos de ellos se vieron en dificultades para acceder a la 
Cámara,  otros  tuvieron  que  abrirse  paso  auxiliados  por  las  fuerzas  policiales  y, 
finalmente, otros tuvieron que acudir al Parlamento utilizando medios extraordinarios de 
transporte. Igualmente, se describe la conducta de cada uno de los ahora recurrentes de 
amparo, dentro de aquel contexto y en sintonía con el mismo [fundamento jurídico 6 B) 
de esta sentencia], por lo que, desde el juicio externo de razonabilidad que corresponde 
realizar a este tribunal, la argumentación de la Sala Penal respeta la literalidad del 
precepto penal aplicado, su razonamiento se ajusta a las reglas de la lógica y no se 
aparta  de  la  orientación  material  de  la  norma  y  de  los  elementos  típicos  que  la 
configuran.
En consecuencia, la denuncia por alegada infracción del principio de taxatividad de la 
norma penal y, por tanto, del principio de legalidad penal debe ser desestimada.
7.  Principio de proporcionalidad.
7.1  Planteamiento. bo
vpurilnncLeiaprasioc  ióddnee  mdpearoln pddoaersrce iocndhaeol  idfuaanmdd,p aeamnroe  rnetlaaalcc uaióm nlua cl aolednga aslo lisd dadeden rpueencnchiaoalsn,  ,e funnt ademasmbteieé ncnat,a sloeu snr aed sep sereecgutoun nióddnea,l    2021-13017n https://ww
manifestación y libertad de expresión que invocan en su ejercicio.
En concreto, alegan, en primer lugar, la aplicación de penas desproporcionadas, toda 
vez  que  sostienen  la  levedad  de  las  conductas  cometidas  y,  por  ello,  las  penas 
impuestas han resultado desproporcionadas en función de aquellas conductas y de los 
derechos fundamentales expresados. En el parecer de los actores, la condena a cada 
uno de ellos de una pena de tres años de prisión resulta desproporcionada teniendo en 
cuenta la eventual participación individual que, según el relato histórico, habrían tenido 
en los hechos. Y, en segundo término, que la reacción punitiva aplicada por la sentencia 
del Tribunal Supremo produce un «efecto desalentador» en el ejercicio de los derechos 
fundamentales, reiteradamente proscrito por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y por la doctrina de este tribunal.
Así pues, aunque la queja se articule bajo el enunciado de una única vulneración, lo 
cierto es que presenta dos aspectos diferenciados que, pese a estar relacionados entre 
sí, justifican un tratamiento separado: (i) el de la proporcionalidad de las penas privativas 
de  libertad  impuestas,  teniendo  en  cuenta  la  levedad  de  las  conductas  de  los 
recurrentes; (ii) la afectación de los derechos fundamentales a las libertades de reunión, 
manifestación y expresión por la falta de proporcionalidad de las penas impuestas.
Por razones metodológicas, nuestro análisis invertirá el orden de enjuiciamiento de 
los  dos  aspectos  del  principio  de  proporcionalidad  de  las  penas  alegado  por  los 
recurrentes, toda vez que, de modo principal, vinculan aquellos la vulneración de su 
derecho a la legalidad penal con el ejercicio de los derechos fundamentales a las 
libertades de reunión, manifestación y expresión.
7.2  Afectación de otros derechos fundamentales por la falta de proporcionalidad de 
las penas.
7.2.1  Doctrina constitucional.
a)  Determinar si la decisión de condena penal privativa de libertad impugnada ha 
vulnerado  materialmente  el  art.  25.1  CE,  requiere  analizar  las  exigencias  de 
proporcionalidad  que  se  proyectan  sobre  la  limitación  de  las  libertades  de  reunión 
pacífica, manifestación, expresión y, en última instancia, a través de la pena impuesta, 
sobre la libertad personal.
Este tribunal declaró en la STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3, que el principio de 
proporcionalidad puede ser inferido de diversos preceptos constitucionales –arts. 1.1, 9.3 
y 10.1 CE–. Se trata de un criterio de interpretación que no constituye en nuestro 
ordenamiento  un  canon  de  constitucionalidad  autónomo  cuya  alegación  pueda 
producirse de forma aislada, esto es, sin referencia a otros preceptos constitucionales 
(STC 62/1982, de 15 de octubre, FFJJ 3 y 5; 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 
177/2015, de 22 de julio, FJ 2, y 112/2016, de 20 de junio, FJ 2).
El ámbito en el que normalmente y de forma muy particular resulta aplicable el 
principio de proporcionalidad es el de los derechos fundamentales, donde constituye una 
regla de interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia 
estatal, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y negativas. Así, ha 
venido reconociéndolo este tribunal, que ha declarado que la desproporción entre el fin 
perseguido  y  los  medios  empleados  para  conseguirlo  puede  dar  lugar  a  un 
enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional cuando esa falta de proporción implica 
un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza.
Por lo expuesto, tanto la configuración legislativa de las limitaciones de los derechos 
fundamentales, como su aplicación judicial o administrativa concreta, han de quedar  s
reducida a las que se hallen dirigidas a un fin constitucionalmente legítimo que pueda  oe.
jetjuuésssrtmttriiiffciiincctaaoamdsrl aaess ne.te meYn e n jaealaucn entems saae rsdsiío,eid   piadha earena ent icfx iocpqnaruesdesea ag dutsaoiurl l poefo ilnny a Tgrlraieidb sauuudnlnt ae lel  spgEaríotucipmrrioofaiprc,cei oiool a n ddaleiedml o Di tdaaeec reireóescnceh h osfosion  l oHflue ungsmdeíta iammhnaooel.sln a Etraaánll     2021-13017n https://www.
interpretar las cláusulas que, en el convenio, admiten restricciones de los derechos
fundamentales cuando, previstas en la ley, son necesarias en una sociedad democrática
para  la  satisfacción  de  un  fin  legítimo  (SSTEDH  de  13  de  julio  de  1995,  Tolstoy 
Milovslasky c. Reino Unido, § 52 a 55; de 25 de noviembre de 1999, Nilsen y Johnsen c. 
Noruega, § 53 y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 49 y 50).
b)  A partir de las anteriores consideraciones generales, este tribunal ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre la vinculación de las conductas de relevancia penal en el 
contexto  del  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales.  En  concreto,  en  las 
SSTC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6, y 62/2019, de 7 de mayo, FJ 7, ha concretado los 
criterios que, de modo resumido, pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:
(1)  Conducta que «constituye un ejercicio regular del derecho fundamental». En 
tales casos, el Tribunal ha declarado que:
(i)  «[L]os tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los 
derechos fundamentales» [SSTC 299/2006, de 23 de octubre, FJ 6, o 108/2008, de 22 
de septiembre, FJ 3]. También, se ha afirmado en este punto que «los hechos probados 
no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho 
fundamental y como conductas constitutivas de un delito» [SSTC 2/2001, de 15 de 
enero, FJ 2, o 29/2009, de 26 de enero, FJ 3].
(ii)  «La legitimidad de la intervención penal en los casos en que la aplicación de un 
tipo entra en colisión con el ejercicio de derechos fundamentales no viene determinada 
por los límites del ejercicio del derecho, sino por la delimitación de su contenido (según 
hemos señalado, por ejemplo, en las SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, 
de 5 de mayo, FJ 4, o 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5)» [STC 62/2019. FJ 7].
(iii)  «Cuando  una  conducta  constituya,  inequívocamente,  un  acto  ajustado  al 
ejercicio regular del derecho fundamental, respondiendo por su contenido, finalidad o 
medios empleados a las posibilidades de actuación o resistencia que el derecho otorga, 
no resultará constitucionalmente legítima la imposición de una sanción penal, aunque la 
subsunción de los hechos en la norma fuera conforme a su tenor literal (en ese sentido, 
SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3)».
(iv)  En resumen, «cuando una conducta queda amparada por el ejercicio legítimo 
de un derecho no puede ser reputada antijurídica, aunque tal conducta sea subsumible 
en un tipo penal» [STC 62/2019, FJ 7].
(2)  Conducta  en  que  se  aprecien  excesos  en  el  ejercicio  de  un  derecho 
fundamental, aunque tales excesos no alcancen a «desnaturalizarlo o desfigurarlo»: La 
doctrina de este tribunal ha prescrito que:
(i)  Se trata de los supuestos en que «se aprecie inequívocamente que el acto se 
encuadra en su contenido y finalidad y, por tanto, en la razón de ser de su consagración 
constitucional». En estos casos, «sin perjuicio de otras consecuencias que el exceso en 
que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa la sanción 
penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado 
e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto 
disuasorio  o  desalentador  de  su  ejercicio  (STC  88/2003,  de  19  de  mayo,  FJ  8)» 
[STC 62/2019, FJ 7].
(ii)  En estos supuestos «puede llegar a plantearse la necesidad de ponderar si la 
sanción  penal  supone  un  sacrificio  innecesario  o  desproporcionado  del  derecho  o 
libertad del que se trate y, por ello, provoca un efecto desalentador» [STC 62/2019, FJ 7].
(3)  Supuestos que quedan excluidos de la protección del derecho fundamental, que  e.e
son aquellos «en los que la invocación del derecho fundamental se convierte en un mero  b
pretexto  o  subterfugio  para,  a  su  pretendido  amparo,  cometer  actos  antijurídicos»  017ww
[cSoTnC in 6d2e/p2e0n1d9e, nFcJia 7 ]d. e« Elol  ainlestgraudmoe nptoor  peel nraelc usorrleon stee,r áp uceodnas tiatuficrmionaarslme eqnutee  elícsittaom cousa nsdoolo, 
pfroern tseu a  cuonn taepnaidreon, tpeo er jelarc ifcinioa ldidea du na d elare qchuoe  fsuen doarmieenntata lo y  pqoure l olas  cmonedduiocsta e emnpjuleicaiaddoas,, 
desnaturaliza el ejercicio del derecho y se sitúa objetivamente, al margen del contenido
propio del mismo y, por ello, en su caso, en el ámbito de lo potencialmente punible» 
[STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5].
7.2.2  Enjuiciamiento y desestimación.
Podemos adelantar ya que, de los tres supuestos anteriormente expuestos, el de 
autos hemos de situarlo en el tercero de ellos, esto es en el de que la invocación del 
derecho  fundamental  se  convierte  en  un  pretexto  para  la  comisión  de  un  hecho 
antijurídico.
En el fundamento jurídico 6 hemos realizado un juicio de ponderación entre los 
derechos fundamentales que, de una parte, han invocado los recurrentes, el ejercicio de 
sus libertades de reunión, manifestación y expresión; y, de otro lado, el de participación 
política que quedó doblemente afectado, en los términos allí expuestos. Y hemos llegado 
a la conclusión de que, como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo, la 
concentración tenía «un objetivo bien claro» [FJ 5 G) de la STS de 17 de marzo 
de 2015], el que aparecía recogido en el lema que guiaba a los concentrados, entre los 
que se encontraban los recurrentes.
El relato de hechos probados pone de manifiesto la constatación de un escenario en 
la mañana del día 15 de junio de 2011, horas antes de que el Parlament de Cataluña 
celebrara sesión plenaria para el debate del proyecto de ley de presupuestos de aquella 
comunidad autónoma, en que un grupo numeroso de personas, entre seiscientas y mil, 
del  que  formaban  parte  los  recurrentes,  se  concentraron  frente  a  las  puertas  del 
Parlament  atendiendo  al  lema  de  «Aturem  el  Parlament,  no  deixarem  que  aprovin 
retallades» (Paremos el Parlamento, no permitiremos que aprueben recortes).
Según precisa la sentencia del Tribunal Supremo, con aquella concentración y con el 
contexto  coercitivo  recogido  en  el  relato  histórico  (referenciado  en  el  fundamento 
jurídico 6 B de nuestra sentencia), se trataba de impedirles a los diputados el acceso a la 
sede parlamentaria, ocupando en varias ocasiones la calzada, impidiendo el acceso de 
vehículos  u  obstaculizando  su  marcha,  increpando  verbalmente  a  algunos  de  los 
parlamentarios, rociando con un spray de pintura la prenda de abrigo de una diputada, 
haciendo desistir de su intento de acceder al recinto al presidente de la Generalitat y a 
otros diputados que trataban de hacerlo en vehículos oficiales. Aquella obstrucción llegó 
al punto de que algunos de los representantes populares tuvieron que recurrir a servirse 
de un helicóptero para poder evitar el cerco de los que rodeaban el Parlamento y 
acceder así al interior de la Cámara.
Hemos de coincidir con la sentencia del Tribunal Supremo en la apreciación de que 
el lema de la convocatoria de la concentración fue decisivo para determinar el objetivo 
perseguido  por  la  conducta  antijurídica  de  los  recurrentes.  Aquel  lema  revelaba  la 
verdadera finalidad de la convocatoria y de los que la secundaron. La sentencia del Alto 
Tribunal  explica  con  precisión  que,  pese  a  lo  pretextado  por  dos  portavoces  no 
identificados en el relato de hechos probados y pese, también, a que la convocatoria con 
el lema había sido comunicada a la autoridad gubernativa, se recogía en los hechos que 
lo que verdaderamente se perseguía era «detener el ataque contra los derechos sociales 
y los servicios públicos […] que se iban a aprobar». Es decir, impedir que el Pleno del 
Parlament  pudiera  constituirse,  debatir  y,  en  su  caso,  aprobar  el  proyecto  de 
presupuestos que figuraba en el orden del día de la sesión. En el auto resolviendo el 
incidente de nulidad de actuaciones, se destaca precisamente «la relevancia» que el 
contenido de estas declaraciones tuvo «para la calificación penal de los hechos», en el 
enjuiciamiento que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho del relato histórico  e
proporcionado por la sentencia de instancia. bo
Así pues, no nos hallamos, ni en un supuesto de ejercicio legítimo de un derecho, ni  017ww
ptaamrtpícoipceos e nd ee la dqeu eullna  ecxocnecseon tdrea caióqnu,e lt eenjeíarc uicnio o, bpjueetisv ola,  eclo dned u«cptaa rdaer  ealq Puealrlloasm, eennt »c,u aensttoo 
iebsa  eal  dcee leimbpraerd uirn e pl lfeunnoc ioenna eml iqeuneto  sneo ribmaa al  ddee lbaa Ctirá umnaar ad ey,  laads einmicáisa,t ihvaasc elerlog iscluaatinvdaos  mesátas 
importantes de todo curso político como es la del proyecto de ley de presupuestos de 
aquella comunidad autónoma.
Para ello, se trataba de poner obstáculos al acceso de los diputados al interior de la 
Cámara. Como destaca la sentencia, no estaban allí los concentrados y los recurrentes 
entre ellos, para mostrar su rechazo a determinadas iniciativas presupuestarias que 
pudieran  suponer  recortes  de  derechos  sociales  y  de  servicios  públicos,  sino  para 
«provocar» que la Cámara catalana se viera «incapacitad[a] para el debate y la acción 
política».
Ante este relato histórico, hemos de reiterar que no puede hablarse del ejercicio 
legítimo de un derecho y de la concurrencia de una causa de justificación que exonerara 
a los recurrentes de la conducta antijurídica cometida; tampoco es posible hablar de un 
exceso en el ejercicio de aquel derecho, desde el punto y hora en que el objetivo de la 
concentración convocada era el de paralizar la actividad de la Cámara y que el proyecto 
de presupuestos no fuera aprobado. Para ello, todas las actuaciones realizadas por los 
recurrentes, que aparecen recogidas en los hechos probados y el contexto en que se 
produjeron, tendían a obstaculizar e impedir el acceso de los diputados a la sede de la 
Cámara.
En consecuencia, debe ser desestimado este primer aspecto de la queja de los 
demandantes, referida a la eventual desproporción de las penas impuestas por hallarse 
en el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o, al menos, en una situación de 
exceso en aquel ejercicio, lo que impide también la apreciación de que la condena penal 
haya  podido  generar  un  «efecto  desalentador»  del  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales  en  las  conductas  sancionadas.  Más  bien,  a  falta  de  la  cobertura 
constitucional  que  proporcionan  los  derechos  fundamentales,  las  penas  impuestas 
cumplen la finalidad de prevención, general y especial, que es característica propia de la 
respuesta del estado de derecho a la realización de hechos delictivos.
7.3  El principio de proporcionalidad de las penas:
7.3.1  Doctrina constitucional sobre el principio de proporcionalidad de las penas.
Descartada  la  anterior  queja,  procede  ahora  el  análisis  de  la  segunda  de  las 
alegadas en las demandas acumuladas, que está referida, en este caso, a la denunciada 
desproporción entre las penas impuestas a los recurrentes y la entidad de sus actos, 
teniendo en cuenta, según afirman, la levedad de las conductas apreciadas en los 
hechos probados. Para ello, comenzaremos por exponer, en breve síntesis, la doctrina 
de este tribunal sobre el principio de proporcionalidad de las penas.
a)  El juicio de proporcionalidad de la pena, que constituye un elemento esencial 
para la configuración de la tipología penal de los hechos delictivos, fue objeto de estudio 
por la ya lejana STC 136/1999, de 20 de julio, cuya doctrina es, sin embargo, de plena 
actualidad por haber sido ratificada por este Tribunal recientemente [SSTC 91/2021, 
de 22 de abril, FJ 11.5.1.3, y 106/2021, de 11 de mayo, FJ 11 E), entre otras]. Son, 
resumidamente, expuestos los criterios configuradores de esa doctrina los siguientes 
(STC 136/1999, FJ 23):
(i)  Es potestad exclusiva del legislador la configuración de «los bienes penalmente 
protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las 
sanciones penales, y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas 
con las que intenta conseguirlo». Con los límites establecidos por la Constitución, el  e.e
legislador  goza  de  un  amplio  margen  de  libertad  «que  deriva  de  su  posición  b
constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática». 017ww
típic(oii )c on« Llaa  srealnacciióónn  qduee  psreo pleo racsióignn aq usee rdáe ebla f rugtuoa rddea ru nu nc ocmopmlepjoor tjaumiciioe ndtoe  oppeonratlumneidnated 
qauteen dneor »s uaplo «nfein u ensae nmceiaral  ye jdeicreucctióon d oe  approlitceacccióiónn  dael  lqau Ce ornesstpitouncdióen ,la y  npoarrmaa e»l  yq uae  «hoat rdoes 
fines legítimos que pueda perseguir con la pena», así como «a las diversas formas en
que la misma opera y que podrían catalogarse como sus funciones o fines inmediatos a 
las diversas formas en que la conminación abstracta de la pena y su aplicación influyen 
en el comportamiento de los destinatarios de la norma –intimidación, eliminación de la 
venganza  privada,  consolidación  de  las  convicciones  éticas  generales,  refuerzo  del 
sentimiento  de  fidelidad  al  ordenamiento,  resocialización,  etc.–  y  que  se  clasifican 
doctrinalmente  bajo  las  denominaciones  de  prevención  general  y  de  prevención 
especial».
(iii)  Estos efectos de la pena dependerán, a su vez, «de factores tales como la 
gravedad del comportamiento que se pretende disuadir, las posibilidades fácticas de su 
detección y sanción y las percepciones sociales relativas a la adecuación entre delito y 
pena».
(iv)  El juicio en sede de amparo, en protección de derechos fundamentales, «debe 
ser por ello muy cauteloso. Debe limitarse a verificar que la norma penal no produzca "un 
patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los 
principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de 
Derecho" (STC 55/1996, fundamento jurídico 8) o una "actividad pública arbitraria y no 
respetuosa con la dignidad de la persona" (STC 55/1996, fundamento jurídico 9) y, con 
ello, de los derechos y libertades fundamentales de la misma».
(v)  La reacción penal es proporcionada «cuando la norma persiga la preservación 
de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente 
irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución. La 
pena, además, habrá de ser necesaria y, ahora en un sentido estricto, proporcionada.». 
Y lo será «si el bien jurídico protegido por la norma cuestionada o, mejor, si los fines 
inmediatos y mediatos de protección de la misma, son suficientemente relevantes». 
Además, «deberá indagarse si la medida era idónea y necesaria para alcanzar los fines 
de protección que constituyen el objetivo del precepto en cuestión. Y, finalmente, si el 
precepto es desproporcionado desde la perspectiva de la comparación entre la entidad 
del delito y la entidad de la pena».
(vi)  La norma penal o la sanción penal incluida en el precepto debe calificarse de 
«innecesaria» cuando «resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo 
menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades 
deseadas por el legislador». «Y solo cabrá catalogar la norma penal o la sanción penal 
que incluye como estrictamente desproporcionada "cuando concurra un desequilibrio 
patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las 
pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia 
actividad legislativa"».
7.3.2  Enjuiciamiento y desestimación.
a)  La aplicación de los criterios expuestos a las pretensiones de amparo planteadas 
se dirige a analizar si la decisión de condena acordada en este caso, en cuanto es 
privativa de libertad, lo fue en protección de un fin constitucionalmente legítimo (lo que 
parece  incontestable)  y  si,  además,  representó  un  sacrificio  útil,  necesario  y 
proporcionado a la consecución de dicho fin (art. 25.1 CE).
Desde la perspectiva del art. 25.1 de la Constitución, lo que se cuestiona en los 
recursos acumulados no es la norma penal, ni tampoco la pena prevista en abstracto 
para el tipo del art. 498 CP (tres a cinco años de prisión), sino su aplicación judicial al 
caso concreto. Dicho de otra forma, la cuestión constitucional planteada en los recursos 
no tiene que ver con la previsión legal abstracta recogida en el art. 498 CP, dado que los  e
bienes jurídicos que protege son suficientemente relevantes para merecer protección  bo
penal, sino con la proporcionalidad en sentido estricto de la concreta respuesta penal  017ww
adopbt)a dCa oemn oe saten tcicaispoa.mos, la norma penal aplicada persigue un fin legítimo, no es
irnadzeotnearmdain naid raa zyo neasbtále  pcraebveis tsao berne  llaa  rleelye vdaen cfoiarm y ale agcitcimesidibalde  dye  plare fvinisaiblidlea.d N dinegl tuipnoa  pdeundaal 
aplicado, pues se dirige a proteger el desarrollo normal y sin coacciones de la actividad
parlamentaria representativa. En pronunciamientos recientes cuyo contenido debemos 
aquí reiterar (SSTC 19/2019, de 12 de febrero, FJ 5, y 45/2019, de 27 de marzo, FJ 6) ha 
destacado este tribunal la importancia de la sede del Parlamento como espacio que 
garantiza que los diputados puedan ejercer su función representativa sin perturbaciones; 
hemos añadido allí que la sede del Parlamento «cumple también una función simbólica, 
al ser ese el único lugar en el que el sujeto inmaterial que es el pueblo se hace presente 
ante la ciudadanía como unidad de imputación y se evidencia la centralidad de esta 
institución; […] es la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo político y se 
hace público el debate político». En esa medida, el bien jurídico protegido por la norma 
penal constituye, sin duda, un interés público esencial.
Por otra parte, la dicción del art. 498 CP es accesible y previsible, dado que expresa 
un mandato claro de no impedir asistir a sus reuniones, mediante fuerza, violencia, 
intimidación o amenaza grave a un miembro de una asamblea legislativa de comunidad 
autónoma, o no coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto.
c)  Por ello, nuestro análisis se centrará en la proporcionalidad de la sanción penal 
impuesta,  criterio  de  juicio  que,  con  énfasis,  ha  sido  también  cuestionado  por  los 
recurrentes en sus alegaciones, puesto que entienden que la pena impuesta no se 
corresponde, en términos de proporcionalidad, con la levedad de las conductas que, 
respecto de cada uno de ellos, queda reflejada en el relato de hechos probados de la 
sentencia de la Audiencia Nacional, que es el que ha tomado en cuenta el Tribunal 
Supremo para apreciar su participación en los hechos. Además, denuncian que a todos 
se les ha impuesto la misma pena, sin que, incluso, sus conductas reflejadas en aquel 
relato hayan sido idénticas.
En  consecuencia,  deberemos  hacer  una  serie  de  consideraciones  de  carácter 
general antes de abordar el enjuiciamiento de esta queja:
(i)  En primer lugar, habiendo desestimado la pretensión anterior de los recurrentes, 
relativa a la denunciada vulneración del principio de legalidad penal y de la imposición de 
una pena por hallarse en el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, o, al menos, 
de modo subsidiario, en un supuesto de exceso en el ejercicio de aquellos derechos, el 
punto de partida de nuestro análisis no puede ser otro que el de entender que aquellas 
conductas fueron realizadas bajo la pretextada apariencia del ejercicio de derechos 
fundamentales  que  no  pueden  servir  de  causa  de  justificación  de  las  acciones 
antijurídicas que hayan podido realizar los recurrentes.
(ii)  En segundo término, que el juicio de subsunción de las conductas reflejadas en 
el relato de hechos probados dentro del delito del art. 498 CP, la concurrencia de los 
elementos del tipo, la delimitación de sus partícipes y la determinación del grado de 
participación individualizada, así como la penalidad impuesta a cada uno de ellos es, en 
principio, una tarea que corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, en este caso 
al Tribunal Supremo, en su exclusiva potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
(art. 117.3 CE). En relación con estos aspectos no nos corresponde hacer un juicio sobre 
la constitucionalidad del grado de participación de cada uno de los recurrentes y sobre si, 
en función de aquel grado participativo, la pena impuesta a cada uno ellos ha resultado 
proporcionada a su grado de participación. Nuestro juicio debe limitarse únicamente a 
valorar si los razonamientos ofrecidos por la sentencia del Tribunal Supremo son o no 
arbitrarios, manifiestamente irrazonables, pueden ser tildados de aberrantes o se aprecia 
contrariedad al parámetro de razonabilidad axiológica asentado por nuestra doctrina.
(iii)  Finalmente, la demanda no cuestiona la constitucionalidad del art. 498 CP ni de 
la pena prevista en abstracto. Tampoco invita al Tribunal Constitucional a plantearse una  e.
cuestión (interna) de inconstitucionalidad. Por lo tanto, el respeto a los hechos probados  w.b
impide apreciar la concurrencia de un ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de  017ww
edxep urensai óenx,i mreeunnteió no  od em uannaif eastetancuióann,t elo,  qquuee ,c ao rsreus vpeozn,d neorí ap,e ermn ittoed aop rceacsioa,r  ala l ac ojunrcisudrrieccnicóina 
oerjedrinciacrioia .d Ce oumn od esree crehcou ye rudnaa e cno nlad puoctnae dnecilaic,t ilvoas. hechos no pueden ser, al mismo tiempo,
Sobre la base de las anteriores consideraciones generales debemos ahora realizar el 
análisis de la queja planteada. Así, podemos advertir que:
(i)  La Sala de casación descarta la autoría por este delito «de todos aquellos 
respecto de los que la Audiencia Nacional solo ha estimado probada su presencia en el 
lugar de los hechos, sin relación directa con los incidentes que en el juicio histórico se 
describen». Por tanto, establece una preliminar delimitación entre las personas que, 
estando presentes en la concentración, no quedó acreditada su participación en los 
hechos delictivos, y a las que sí se hizo referencia en los mismos.
(ii)  En la descripción de los distintos elementos del tipo, los apartados F) y G) del 
fundamento  jurídico  5  de  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  determinan,  para  el 
supuesto típico enjuiciado, la configuración legal del delito del art. 498 CP, como delito de 
tendencia, esto es como tipo delictivo que, para su consumación, no exige la producción 
del resultado querido o esperado por los partícipes en el hecho delictivo, sino que, por 
decisión legislativa, se anticipa la protección penal de los bienes jurídicos protegidos 
bastando  la  mera  acreditación  de  aquel  fin  u  objetivo.  Se  constata,  igualmente,  la 
utilización de los instrumentos de violencia física y psíquica que caracterizan la acción 
típica; y, posteriormente, sobre la base del relato de hechos probados, la sentencia 
identifica  los  autores  del  tipo  penal  entre  los  que  incluye  a  los  cinco  recurrentes, 
haciendo, más adelante, una relación detallada e individualizada de los actos singulares 
que, en el contexto de «clima coactivo» y en la «atmósfera intimidatoria descrita en el 
hecho probado», realizaron cada uno de los demandantes de amparo, con la misma 
finalidad  en  todos  ellos  de  tratar  de  «paralizar  las  actividades  parlamentarias  que 
preveían la aprobación de medidas presupuestarias de restricción del gasto público».
(iii)  Igualmente, la sentencia del Tribunal Supremo ha reputado autores del delito 
del art. 498 CP a los cinco recurrentes. En cuanto a la valoración sobre la concreta 
conducta de cada uno de los recurrentes, la propia descripción típica recogida en el 
art. 498 CP nos sitúa ante lo que la doctrina denomina «tipos colectivos». En ocasiones, 
el legislador utiliza expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias 
del mismo tenor. De esta forma, con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito, 
de modo que su repetición o la concurrencia de varios sujetos activos no implica otro/s 
delito/s a añadir. Por eso, en este caso, no procede hacer distinciones sobre la mayor o 
menor incidencia de la participación individual. La acción de cada uno de ellos contribuye 
a la comisión del hecho, porque con su conducta coactiva ejercida en un contexto 
general  de  intimidación  ambiental,  contribuyen  causalmente  a  la  realización  de  la 
conducta típica. La sentencia pone de relieve que los ahora recurrentes actuaron bajo 
acuerdo común y con el mismo objetivo, el de evitar que los diputados entraran en la 
sede del Parlament para que la Cámara no pudiera desarrollar con normalidad su 
actividad legislativa.
En cualquier caso, la falta de una individualización concreta de la participación de 
cada uno de los recurrentes puede considerarse inocua desde la perspectiva de la 
proporcionalidad de la pena, por cuanto se ha impuesto la pena mínima a todos ellos, 
esto es la de tres años de prisión.
(iv)  Por lo que se refiere a la gravedad intrínseca de la pena de tres años de prisión 
impuesta a cada uno de ellos, se trata de la pena mínima y se corresponde con la 
relevancia del bien jurídico protegido al que hemos hecho mención anteriormente. No ha 
de olvidarse que las sedes parlamentarias «revisten una doble trascendencia que las 
hace dignas de protección jurídica. Por un lado albergan el desenvolvimiento efectivo de 
las funciones representativas por medio del funcionamiento del órgano legislativo en sus  e.
distintas formas y composiciones. Por otro lado, resulta inherente a ellas, incluso cuando  w.b
están inactivas, su carácter de representación institucional de la voluntad popular, de  017ww
mdeo d1o9  dqeu en ocvoienmstbitruey,e FnJ  u6n C s) ícm)]b.olo del más alto valor constitucional» [STC 172/2020,
signEifilc aticpioó n dye lr ealervt.a n4c9ia8  pCaPra  plar oaterqguei teucntu rcao cnojunnsttoit udcieo nbaile dneels  Ejsutraíddoic odse mdoec reástipcoe cdiael 
Derecho y para el sistema de democracia parlamentaria diseñado por la Constitución
de 1978. De ahí que la pena privativa de libertad prevista para ese delito tenga en 
abstracto una determinada gravedad, entre tres y cinco años, que en el catálogo de 
penas del art. 33.3 CP alcanza la condición de pena menos grave, con una carga 
punitiva intermedia. La sentencia ha reputado como autores de este delito a los cinco 
recurrentes y les ha impuesto la pena mínima prevista para los mismos, por lo que, 
desde la estricta perspectiva de la reacción del poder punitivo del Estado, la respuesta 
penal aplicada por la sentencia del Tribunal Supremo al delito cometido ha sido la 
mínima.
(v)  Por último, desde la perspectiva del juicio y control externo de constitucionalidad 
que a este tribunal incumbe, hemos de llegar a la conclusión de que la sentencia del 
Tribunal Supremo ha ofrecido una argumentación que, de manera razonable, ha hecho 
un juicio de calificación jurídica de los hechos, ha apreciado la concurrencia en los cinco 
recurrentes de un acuerdo común de actuar en pos de un mismo objetivo, el de tratar de 
impedir el acceso al recinto parlamentario de los diputados que cada uno de ellos 
encontró; ha asumido el relato de hechos probados que proporcionó la sentencia de 
instancia y, sobre la base de aquel relato histórico, ha individualizado los actos de fuerza 
e intimidación que, en el seno del contexto igualmente descrito en el relato histórico, 
realizaron cada uno de los recurrentes, siendo razonado y razonable que el análisis 
individual de aquellas conductas se realice en el precitado contexto colectivo.
Por todo ello, resulta razonable también que la pena a imponer sea la misma, habida 
cuenta de que a todos ellos se les ha calificado jurídicamente con la misma categoría 
participativa como autores de aquel delito, tratándose, además, de la pena mínima 
prevista por la norma penal para su comisión.
En consecuencia, debemos desestimar esta última queja vinculada al principio de 
legalidad penal y al de proporcionalidad de las penas.
8.  Derecho a un proceso con todas las garantías y derecho de defensa.
A)  Planteamiento.
a)  Junto a las pretensiones sustantivas ya analizadas, los demandantes aducen 
otra vulneración de naturaleza procesal. Denuncian en sus demandas que la decisión de 
condena ha desconocido sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con el derecho a «un procedimiento 
debido y equitativo» (art. 6 CEDH).
En ambos recursos acumulados se alega que el Tribunal Supremo ha extendido 
indebidamente su ámbito de cognición a la revisión de los hechos imputados al apreciar 
la concurrencia del elemento subjetivo del delito contra las instituciones del Estado por el 
que han sido condenados. Entienden que, al concluir que la finalidad de todos los 
participantes  en  la  manifestación  era  impedir  el  normal  desarrollo  de  la  actividad 
parlamentaria convocada para el día 15 de junio de 2011, ha modificado de forma no 
declarada el relato de hechos probados de instancia, que describe un contexto general 
contrario a esa finalidad. Añaden que, de esta forma, se ha realizado un juicio fáctico 
alternativo  que  valora  las  pruebas  personales  practicadas,  singularmente  las 
declaraciones  testificales  de  los  dos  portavoces  de  las  organizaciones  sociales 
convocantes de la protesta.
Tal  forma  de  proceder,  concluyen,  vulnera  las  garantías  fijadas  por  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional en el marco del derecho 
a un proceso justo, pues no ha existido en el proceso de casación el obligado debate  e.
público  que,  con  participación  de  los  acusados,  les  hubiera  permitido  contestar  w.
personalmente  las  cuestiones  de  hecho  y  de  Derecho  que,  en  relación  con  su  017ww
ccualbpea bciolildeagdir  ed ein eoscteen rcaizao, nsaumstieennttaob, alan  rleofse rreenccuiras oasl  ddeer eccahsoa cai ólan  pqruees uimncpióung ndaer oinno. cCeonmcioa 
no es autónoma, sino un simple refuerzo nominal argumentativo de la lesión denunciada.
b)  El Ministerio Fiscal apoya esta pretensión de amparo. Considera que la Sala de 
casación, en sentido opuesto a la sentencia de instancia, ha valorado los elementos 
fácticos que le permiten inferir el propósito que guiaba la actuación de los demandantes. 
Mientras la sentencia de instancia aprecia como preponderante la finalidad de protesta, 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afirma la culpabilidad de los recurrentes tras 
apreciar que tanto su intención, como la finalidad de la manifestación, no eran otra que 
alterar  o  impedir  el  normal  funcionamiento  del  Parlament.  Para  la  fiscal,  dicho 
pronunciamiento desborda los límites de la posibilidad de revisión en casación de una 
decisión absolutoria por no haber dado audiencia personal a los acusados absueltos, 
razón por la que solicita la nulidad de las resoluciones impugnadas dictadas por el 
Tribunal Supremo.
B)  Doctrina constitucional.
a)  La reciente STC 18/2021, de 15 de febrero, hace una detallada exposición de la 
doctrina de este Tribunal sobre «las exigencias que debe reunir una condena penal o 
agravación en segunda o ulteriores instancias para respetar el derecho a un proceso con 
todas las garantías. En la reciente STC 35/2020, de 25 de febrero, FJ 2, el Pleno de este 
tribunal recuerda haberla resumido en las SSTC 88/2013, de 11 de abril, FFJJ 7 a 9; 
146/2017, de 14 de diciembre, FFJJ 6 y 7, y 1/2020, de 14 de enero, FJ 4. En todas ellas 
se pone de relieve que la cuestión ha sido objeto de un detenido y extenso análisis en 
numerosas resoluciones –inspiradas en los pronunciamientos del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos– que arrancan de la STC 167/2002, de 18 de diciembre, FFJJ 9 
a  11.  Entonces,  este  tribunal  en  pleno  declaró  que  el  respeto  a  los  principios  de 
publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un 
proceso  con  todas  las  garantías  (art.  24.2  CE),  impone  inexorablemente  que  toda 
condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria 
que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público en 
el que se respete la posibilidad de contradicción. Esta doctrina fue complementada con 
la STC 184/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, en la que señalamos que también en estos 
casos se debe igualmente atender a la exigencia de la audiencia personal del acusado 
como garantía específica vinculada al derecho de defensa (art. 24.2 CE)» (FJ 3).
La indicada STC 18/2021 resume, en este sentido, los aspectos más relevantes, 
fijando los márgenes de la revisión: «(i) Vulnera el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene 
a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva 
valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados 
probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia 
pública en la que se desarrolle la necesaria actividad probatoria con las garantías de 
publicidad,  inmediación  y  contradicción  que  le  son  propias  y  se  dé  al  acusado  la 
posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal. (ii) No cabe efectuar este 
reproche constitucional cuando la condena o la agravación de la situación, a pesar de no 
haberse celebrado vista pública, tenga origen en una controversia estrictamente jurídica 
entre  los  órganos  judiciales  de  primera  y  segunda  instancia  en  la  que  no  estén 
implicadas  las  garantías  de  publicidad,  inmediación  y  contradicción  y  para  cuya 
resolución  no  resulte  necesario  oír  al  acusado.  Ninguna  incidencia  podría  tener  la 
audiencia  en  la  decisión  que  pudiera  adoptarse  y  la  posición  de  la  parte  puede 
entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado» (FJ 3).
Descendiendo hasta planos más concretos de la revisión y teniendo en cuenta que el  e
objeto principal de la queja formulada por los recurrentes en el caso de autos se localiza  bo
en el elemento subjetivo del injusto, característico del tipo penal del art. 498 CP, toda vez  017ww
hqiusetó reicnoti edned elan  seanqtueenllcoias  dqeu ela  lAa uSdiaelnac idae N caacsioancaiól,n h, aa eufne cstuina dhoa buenra  mnuoedvifaic avadloo raecl iórenl adteo 
rlaesc uprrsuoe qbuaes  spee rcseolenbarleós e, ns ienl  Thraibbuenr adl aSduop raeumdoie,n tcaima baié lno sla  rSecTuCrr 3e5n/t2e0s 2e0n,  dlae  2v5is tdae  oferablr edreol 
ha declarado que «[e]n relación con la cuestión relativa a la subsunción de los elementos
subjetivos  del  delito,  el  tribunal  ha  afirmado  que  "el  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos ha dejado claro que todo el juicio de inferencia sobre el elemento subjetivo del 
delito, el ánimo de delinquir, es cuestión de hecho que cuando está articulado a partir de 
los datos extraídos de pruebas personales, exige la celebración de vista cuando se trata 
de revocar una sentencia absolutoria o empeorar la condena. Esta jurisprudencia resulta 
de aplicación incluso si el control se hace en casación y la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo aduce que no puede celebrar vista, lo que ha traído consigo que precisamente 
resoluciones del Tribunal Supremo, y de este Tribunal Constitucional que las confirmaban, 
hayan sido declaradas contrarias al art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, por ejemplo, en las SSTEDH de 22 
de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España; 20 marzo 2012, asunto 
Serrano Contreras c. España, o 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova Goterris y Llop 
García c. España.  Estas mismas resoluciones señalan que el derecho a la inmediación 
supone una vista con práctica de esa prueba personal. Así se afirma que "no es posible 
proceder  a  valorar  jurídicamente  la  actuación  del  acusado  sin  tratar  de  acreditar 
previamente  la  realidad  de  dicha  actuación,  lo  que  implica  necesariamente  la 
comprobación de la intención del acusado en relación con los hechos que se le imputan" 
(SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 47, o 20 
marzo 2012, asunto Serrano Contreras c. España; § 38); que "las cuestiones que deben 
ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitan la valoración directa del testimonio del 
imputado o de otros testigos" (STEDH 20 marzo 2012, asunto Serrano Contreras c. 
España, § 40); o que "el imputado no fue oído personalmente sobre una cuestión de 
hecho determinante para la valoración de su credibilidad" (SSTEDH 20 marzo 2012, 
asunto Serrano Contreras c. España; § 41, o 27 de noviembre de 2012, asunto Vilanova 
Goterris y Llop García c. España, § 35)» (SSTC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 8, 
y 1/2020, de 14 de febrero, FJ 4).
Por  último,  también  la  jurisprudencia  constitucional  ha  destacado  que  no  cabe 
efectuar reproche constitucional alguno por el hecho de que la condena pronunciada en 
la segunda instancia o la agravación de la situación, a pesar de no haberse celebrado 
vista pública, traiga causa de una controversia sobre la subsunción de los elementos 
subjetivos del tipo cuando dicha controversia se basa en erróneas consideraciones 
jurídicas  sobre  su  necesaria  concurrencia,  es  decir,  si  se  trata  de  errores  en  la 
calificación jurídica (STC 125/2017, de 13 de noviembre, FJ 6)» (FJ 2).
Precisamente, en esta última tesis ha insistido la más reciente STC 18/2021, antes 
citada, cuando, después de recoger la doctrina general anteriormente expuesta, ha 
señalado  que  «[n]o  obstante,  debe  distinguirse  el  enjuiciamiento  relativo  a  la 
concurrencia del hecho subjetivo de la estricta calificación jurídica que deba asignarse a 
ese  hecho  una  vez  acreditada  su  existencia.  No  cabe  objeción  constitucional  a  la 
condena o la agravación en vía de recurso, a pesar de no haberse celebrado vista 
pública, en tanto traiga causa de erróneas consideraciones jurídicas sobre su necesaria 
concurrencia, es decir, si se trata de la corrección de errores de subsunción jurídica a 
partir de los elementos fácticos reflejados en la resolución impugnada (SSTC 125/2017, 
FJ 6, y 35/2020, FJ 2). En tal caso, el debate desarrollado en la jurisdicción revisora no 
atañe a cuestiones de hecho y de Derecho, donde sería precisa la celebración de 
audiencia pública con participación del acusado, sino a aspectos puramente jurídicos, 
objeto de la contradicción imprescindible para el derecho de defensa a través de la 
intervención de su abogado (SSTEDH de 22 de octubre de 2013, caso Naranjo Acevedo 
c. España, § 17 a 19, y de 23 de febrero de 2016, caso Pérez Martínez c. España, § 37,  s
39 y 40)» (FJ 3). oe.
C)  Enjuiciamiento: Desestimación. 017ww
a)  La doctrina de este tribunal, que tuvo su origen en la ya añeja STC 167/2002,
edner iq1u8e cdidea  sceopnt iedmifebrreen, teFsJ  el9e,m  ye ntqouse  vahlao ravteivnoidso,  esni ernadzoó n reai tceirracduan stya nscuiacse sciovanmcreentates 
concurrentes  en  los  supuestos  suscitados,  revela  como  aspecto  importante  del
enjuiciamiento el de su profundo casuismo y el de su necesario ajuste a aquellas 
circunstancias específicas.
Ciertamente, los criterios generales de la doctrina de este tribunal han permanecido 
invariables  desde  entonces,  habiendo  sido,  además,  fortalecidos  con  importantes 
aclaraciones, diferentes matizaciones o incluso complementarias puntualizaciones, que 
han contribuido a reforzar la vigencia y efectividad de la garantía de la inmediación como 
manifestación y soporte esencial del derecho a un proceso con todas las garantías 
dentro, en este caso, del ámbito del proceso penal. Esta doctrina, por otra parte, ha 
venido siendo asumida, como no podría ser de otra forma (art. 5.1 LOPJ), por los 
juzgados y tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lo que no impide 
que, en algunos supuestos, se vuelvan a reproducir denuncias por vulneración de este 
derecho fundamental en determinados procesos, como consecuencia de la aplicación de 
dicha doctrina al caso concreto.
Particular significación, por las peculiaridades propias del recurso de casación ante la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo derivadas de la naturaleza procesal de aquel 
medio de impugnación, ha tenido el enjuiciamiento por este Tribunal Constitucional de 
las quejas suscitadas por recurrentes de amparo, en relación con la vigencia del principio 
de inmediación y la efectividad del derecho a un proceso con todas las garantías, cuando 
el objeto de su impugnación han sido las sentencias dictadas por aquel Alto Tribunal, que 
hayan sido revocatorias de las previamente absolutorias de los tribunales inferiores 
pronunciadas en la instancia (STC 172/2016, de 17 de octubre, FJ 8). La ejecución y 
llevanza  a  la  práctica  forense  de  los  fallos  dictados  por  el  Tribunal  Constitucional, 
estimando la vulneración del derecho fundamental, ha suscitado paralelamente notables 
problemas en su aplicación (STC 146/2017, de 14 de diciembre).
En consecuencia, la aplicación de nuestra doctrina general como, también, la de los 
supuestos en que no opera el principio de inmediación por tratarse de juicios de revisión 
de carácter jurídico, en lo que no queden afectadas cuestiones de hecho suscitadas, 
debe ajustarse a las circunstancias del caso concreto sometido a su enjuiciamiento y 
realizar una valoración específica de lo actuado por el tribunal superior (de apelación o 
casación), en relación con el pronunciamiento dictado por el órgano judicial inferior.
Singular  dificultad  supone,  además,  delimitar  la  aplicación  de  la  garantía  de  la 
inmediación y determinar si el juicio de revisión del tribunal superior ha entrañado una 
nueva valoración de la prueba, para lo que debería haberse exigido la previa audiencia 
del acusado con celebración de vista, o, por el contrario, ha versado sobre una cuestión 
jurídica, en cuyo caso, no habría precisado de vista. Aquellos supuestos en que el objeto 
de la cuestión controvertida radica en la apreciación de los elementos subjetivos del tipo 
penal,  de  modo  particular  en  aquellos  delitos  en  que,  por  su  configuración  legal, 
solamente admiten una culpabilidad dolosa, se plantea una dificultad añadida que exige 
de la máxima precisión para determinar caso por caso si la resolución impugnada ha 
incurrido o no en vulneración de la precitada garantía de la inmediación. Por ello, las 
soluciones ofrecidas por este Tribunal han sido contrarias, en función de la problemática 
constitucional suscitada en cada caso. En ocasiones el pronunciamiento de este tribunal 
ha  sido  estimatorio  de  las  vulneraciones  del  derecho  fundamental  denunciadas 
(SSTC 172/2016, de 17 de octubre; 125/2017, de 13 de noviembre; 146/2017, de 14 de 
diciembre; 149/2019, de 25 de noviembre, o 172/2019, de 16 de diciembre), mientras 
que en otros supuestos lo ha sido en sentido desestimatorio (SSTC 1/2020, de 14 de 
enero; 35/2020, de 25 de febrero, o 18/2021, de 15 de febrero).
b)  A partir de las anteriores consideraciones generales, debemos ya analizar el  s
supuesto de hecho al que se refiere el presente recurso de amparo. oe.
La sentencia de 17 de marzo de 2015 del Tribunal Supremo ahora impugnada, casa  w.
y anula la precedente sentencia absolutoria de 7 de julio de 2014 de la Audiencia  017ww
MNainciisotnearilo,  aF pisacratilr  adle  alam epsatriom adceió nlo p adricsipaul edset ou nd eml oatirvto.  d8e4 9c.1a saLcEióCnr,im p,r oqmuoev iddoe npuonrc ieól 
iinnafrpalciccaiócnió nd,e  enletrye  pootrro se,r rdoer l daer t.d e4r9e8c hCoP .s uEsrtreonr taqduoe  eeln  filsac,a la  los uh izeon teenxtdeenrd, eirn dae buindaa   BOE-A-cable e
eventualmente incorrecta aplicación de la causa de justificación prevista en el art. 20.7 
CP, en cuanto que la sala de instancia hubo entendido la concurrencia del ejercicio 
legítimo  de  derechos  fundamentales,  en  concreto  de  las  libertades  de  reunión, 
manifestación y expresión, que habrían excluido la antijuridicidad de la conducta y, en 
consecuencia, la exención de responsabilidad penal de los actores.
A partir del relato histórico de la sentencia de instancia y, sin modificarlo ni alterarlo, 
el Tribunal Supremo hace un doble juicio de aquellos hechos:
(i)  En primer lugar, un juicio de ponderación de los derechos fundamentales en 
conflicto como consecuencia de los hechos enjuiciados. Según refiere el Alto Tribunal, la 
sentencia de la Audiencia Nacional únicamente había tenido en cuenta los derechos 
fundamentales  invocados  por  los  recurrentes,  esto  es  las  libertades  de  reunión, 
manifestación y expresión, para, sobre la base de su reconocimiento, limitar su labor de 
enjuiciamiento a afirmar que la actuación de los entonces acusados estaba fundamentada 
sobre el ejercicio de aquellos derechos que habían invocado y, por tanto, amparada 
constitucionalmente por los arts. 20.1 a) y 21 CE. Había apoyado su valoración en que la 
convocatoria de la concentración ante la sede del Parlament de Cataluña fue comunicada 
previamente a la autoridad gubernativa correspondiente, que no había puesto reparos a su 
celebración, así como a las declaraciones de dos personas promotoras de la convocatoria 
que, pese al lema «Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades» (Paremos 
al/el  Parlament,  no  permitiremos  que  aprueben  recortes)  que  iba  a  presidir  la 
concentración, el sentido del acto colectivo tenía dos mensajes precisos, el del rechazo de 
los recortes económicos previstos en el proyecto de ley de presupuestos que se iba a 
debatir y, posiblemente, aprobar en la sede parlamentaria, y la afirmación de que los 
diputados que adoptaran aquellas decisiones no les representaban ya.
En el criterio de la Sala de casación, la sentencia de instancia incurrió «en un patente 
error a la hora de solucionar el conflicto surgido», pues entiende que hubo «un llamativo 
desenfoque»  acerca  de  los  valores  constitucionales  en  juego.  El  Tribunal  Supremo 
considera que la sentencia precedente debería haber efectuado un juicio de ponderación 
en el que, además de los derechos fundamentales invocados por los recurrentes, tendría 
que haber sido objeto de valoración, también, el derecho de participación política del 
art. 23 CE, en la doble dimensión analizada supra, de los diputados del Parlament de 
Cataluña, que fueron objeto de los actos descritos en el factum de la sentencia de 
instancia.
(ii)  Un juicio, según refiere la sentencia de casación, de subsunción del elemento 
subjetivo del tipo penal relativo al fin perseguido por los acusados, pues, a diferencia de 
lo dicho por aquella, el verdadero objetivo de los ahora demandantes de amparo, que 
acudieron a aquella convocatoria era el de la propia dicción del lema que les había 
llevado  a  situarse  frente  a  la  sede  parlamentaria,  esto  es,  el  de  «aturem  el 
Parlament»/parar el Parlamento y para ello impedir que los diputados pudieran acceder a 
la Cámara e iniciar la sesión plenaria del debate presupuestario.
c)  De los dos juicios valorativos realizados por la sentencia del Tribunal Supremo, 
es el segundo de los citados el que ahora es de interés para resolver la queja de los 
recurrentes, toda vez que, de una parte, es en este en el que localizan el fundamento de 
su denunciada vulneración del derecho fundamental al proceso con todas las garantías, 
anudado al derecho de defensa y a la presunción de inocencia; y, de otro lado, hemos 
resuelto ya las quejas específicamente dirigidas por las demandas de amparo contra el 
primero  de  los  actos  de  enjuiciamiento  (juicio  de  ponderación  entre  derechos  e
fundamentales) realizados por la sentencia de casación. bo
Pues bien, ya podemos adelantar que no nos hallamos ante una nueva valoración de  017ww
alar t.p r4u9e8b aC sPi,n or eaanliztea duon  paocrt oe dl et risbuubnsaul nscuiópne rdioerl  ae lepmaertnirt od eslu bpjreotipvioo  dreella ttiop od ep ehneacl hdoesl 
plórgoibcaad eonst rdee e lla r esleantote hnicsitaó rdiceol  óyr glaa ncoa lijfuicdaicciiaóln i njuferírdioicr.a  Adqeu elol sp hueecdheo rse, vdisea rm laan ceorah eqrueen,c isai 
del propio relato se infiere la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo que no haya
sido apreciada por el órgano a quo, la sentencia de instancia puede y debe ser revisada. 
La apreciación del elemento subjetivo se convierte, así en una cuestión jurídica.
En efecto, a diferencia de otros supuestos que ha tenido ocasión de analizar este 
tribunal, en los que la Sala de apelación o, en su caso, la de casación, dedujo el 
elemento subjetivo del tipo, sin modificar el relato de hechos probados de la sentencia 
del órgano inferior, pero extrayendo de aquel relato el elemento subjetivo del tipo o la 
culpabilidad de los acusados sin que en dicho relato constara expresamente tal ánimo 
tendencial o culpabilidad de los recurrentes, en el caso de autos se da, sin embargo, una 
particular situación y es que aquel ánimo tendencial que configura el elemento subjetivo 
del tipo del art. 498 CP viene también explicitado en el propio relato de hechos probados 
de la sentencia.
Ilustra muy bien este razonamiento la cita de la STC 125/2017, de 13 de noviembre, 
en la que este tribunal estimó la vulneración del derecho a un proceso con todas las 
garantías  por  infracción  del  principio  de  inmediación  porque  el  órgano  judicial  de 
casación  revocó  la  inicial  sentencia  absolutoria  y  condenó  por  delito  de  falsedad 
documental imprudente, afirmando la culpa del acusado (ni siquiera esbozada en el 
relato de hechos probados), a partir de unos elementos objetivos del carácter falaz del 
documento (que sí venían expresados en el relato de hechos probados). Lo que había 
hecho  en  este  caso  el  Tribunal  Supremo  y  de  ahí  la  infracción  del  principio  de 
inmediación, fue que puso en relación el propio relato de hechos probados con otros 
elementos probatorios de carácter personal (testigos), de tal manera que dedujo la 
culpabilidad imprudente del delito de falsedad documental incorporando un elemento 
valorativo, el de la culpa del acusado, que no venía expresado en el relato de hechos 
probados.
Otro tanto sucede con el supuesto de hecho analizado en la STC 149/2019, de 25 de 
noviembre, también con fallo estimatorio de este tribunal y de apreciada vulneración del 
derecho fundamental de referencia. Al igual que en el anterior supuesto, en este caso la 
Sala de apelación, sin estar explicitado en el relato de hechos probados de la sentencia 
del  órgano  a  quo  el  ánimo  tendencial  delictivo  del  acusado,  revocó  el  inicial 
pronunciamiento absolutorio y lo sustituyó por otro condenatorio, haciéndolo a partir de 
una nueva valoración de las pruebas, documental (un vídeo) y personal.
Pues bien, a diferencia de los anteriores, en el caso de autos el elemento subjetivo 
del tipo penal, esto es el ánimo u objetivo de «impedir» a los parlamentarios entrar en la 
sede parlamentaria para la celebración de una sesión plenaria, mediante el empleo de la 
fuerza física o intimidatoria, está recogido expresamente en el relato de hechos probados 
de la sentencia de instancia, de tal manera que el órgano de casación no ha tenido 
necesidad de hacer una nueva valoración de la prueba, sino que simplemente se ha 
limitado a señalar que el tenor literal de lo allí expresado en el relato de hechos probados 
identifica expresamente la concurrencia del elemento subjetivo del injusto exigido por el 
art.  498  CP.  La  labor,  pues,  del  Tribunal  Supremo  en  este  caso  ha  consistido 
simplemente  en  recoger  ese  ánimo  tendencial  expreso  en  los  hechos  probados  y 
entender que el mismo cubre la exigencia típica del elemento subjetivo de este delito.
La sentencia de casación no ha tenido nada que añadir o deducir. El lema de la 
convocatoria, ya repetido reiteradas veces, «Aturem el Parlament», que recoge el relato 
de hechos probados de la sentencia de instancia, es en sí mismo lo suficientemente 
elocuente y refleja el sentido de la llamada a los que se concentraran ante la sede del 
Parlament que no es necesario hacer juicio valorativo alguno, descartado como ha hecho 
el Tribunal Supremo en su precedente juicio de ponderación de la pretextada invocación  s
del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y expresión por  oe.
parte de los recurrentes. A lo expuesto y como complemento de lo anterior, la segunda  w.
parte del lema de la convocatoria afianza aún más ese ánimo tendencial de que el  017ww
porbejestuivpou edseto lso.s  Laocsu stéardmoisn oesr a« inmop deediixr aqrueem  eql uPea ralapmroevnint  preutdailelarad easp/nroob paer reml itpirreomyeocst oq duee 
approrupeiob ceonn treenciodrote gsr»a,m naot icraelq, ureieflreejna nd yea  neinn gsuí nmai svmaolosr aecsieó ná npimroob atetonrdiae,n csiianlo. que, por su  BOE-A-cable e
Por tanto, a diferencia de otros supuestos en que el órgano judicial que resolvió el 
recurso, hubo de deducir el elemento subjetivo del tipo o la culpabilidad de los acusados 
del relato de hechos probados agregando a este su propia valoración de la prueba 
practicada,  en  el  presente  caso  ese  ánimo  tendencial  configurador  del  elemento 
subjetivo  del  injusto  típico  aparece  reflejado  expresamente  en  los  propios  hechos 
probados, de tal manera que el Tribunal Supremo no ha tenido que realizar ninguna 
valoración, sino simplemente un acto de calificación jurídica consistente en subsumir 
todos los elementos, objetivos y subjetivos, del tipo del art. 498 CP, reflejados en los 
hechos probados, y entender que, en cuanto que se han cumplido todos ellos, los 
recurrentes  son  autores  del  art.  498  CP,  por  lo  que  ha  llegado  finalmente  a  un 
pronunciamiento revocatorio de la sentencia de instancia.
d)  No obstante lo anterior, este tribunal, en su labor de extremar el análisis de la 
queja formulada por los recurrentes, no puede detener su examen en lo hasta ahora 
afirmado, sino que, en aras de agotar toda posibilidad de determinar si la sentencia de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo llevó a efecto finalmente esa tarea de subsunción 
del elemento subjetivo del tipo a partir de los hechos probados o, por el contrario, realizó 
una nueva valoración de la prueba practicada, no puede dejar pasar por alto el propio 
relato de hechos probados y, en concreto, la referencia a que la convocatoria de la 
concentración  con  el  lema  de  la  misma  había  sido  comunicada  a  la  autoridad 
gubernativa, sin que se hubiera adoptado medida alguna por parte de esta última; y a 
que en la rueda de prensa celebrada antes del día de los hechos, los dos portavoces de 
los movimientos sociales convocantes hubieran declarado que no pretendían impedir el 
funcionamiento del Parlament.
A partir de esta descripción, que aparece en el apartado primero de los hechos 
probados, esta subsunción del elemento subjetivo del tipo «no queda oscurecida», como 
señala la sentencia del Tribunal Supremo, por la parte del relato de hechos citada:
(i)  En primer lugar, porque transcurre un lapso de tiempo lo suficientemente amplio, 
cinco días entre la celebración de la rueda de prensa y el de la concentración (del 10 
al 15 de junio de 2011), que si no se pierde, al menos puede difuminarse el vínculo entre 
los deseos e intenciones de los convocantes manifestados en aquel acto comunicativo y 
lo que sucedió en días posteriores y a raíz de la propia convocatoria difundida. Además, 
tampoco  el  contenido  de  lo  allí  manifestado  se  apartaba  del  propio  lema  de  la 
convocatoria,  pues  aquellos  portavoces  hablaron  de  «detener  el  ataque  contra  los 
derechos sociales y los servicios públicos que significaban las medidas presupuestarias 
que se iban a aprobar».
(ii)  En segundo lugar, la intensidad de los términos del lema de la convocatoria 
«aturem  el  Parlament»  era  lo  suficientemente  expresiva  como  para  exteriorizar  un 
objetivo a alcanzar con la concentración, que difería sustancialmente de la intención 
inicial que cinco días antes pudieran albergar los promotores de la convocatoria. Buena 
prueba de ello fue la posterior secuencia de hechos que, descritos en los apartados 
segundo  al  décimo  segundo  del  relato  histórico,  siguieron  a  aquel  lema,  que  se 
corresponden directamente con el objetivo expresado en el propio lema.
(iii)  Por si hubiera algún resquicio de duda sobre el objetivo de la convocatoria, 
otros términos completaban la razón de ser de la concentración; el lema inicial se 
completaba  con  la  frase  «no  deixarem  que  aprovin  retallades/no  permitiremos  que 
aprueben recortes», que clarifican las razones por las que se pretendía «parar» el 
Parlament.
(iv)  La comunicación previa de la convocatoria a la autoridad gubernativa y el que,  e.
como señalan los hechos probados, aquella no hubiere adoptado medida alguna para  w.b
regular el correcto discurrir de la concentración, en nada atenúa la constatación del  017ww
cáonnim ola t enedveenntcuiaall  aapcreccióiand oo e nin ealc lceimóna  ddee  lal am isamutao,r itdoadda  vgeuzb qeurnea ltaiv cau eqsutieó n sriegluaicói onaa dlaa 
tceonmeur nluicgaacri ódnía sre dceibsidpau ésso fbreren tee l al elam sae ddee  dlae l cPoanrvlaomcaetonrt,ia n oy  alafe cctoan pceanratr ancaidóan  aq uceo miboa s ea 
fuera a desarrollar aquella actuación colectiva, pues, en todo caso, se trataría de una
cuestión afectante a terceros y ajena a los recurrentes, cuya única consecuencia a que 
hubiera podido conducir es a que, en su caso, la eventual inacción de la autoridad 
gubernativa hubiera contribuido a facilitar el objetivo de aquella concentración, que venía 
expresado  en  el  lema  de  la  convocatoria.  Sin  embargo,  la  acreditación  de  que  la 
concentración fue comunicada días antes a la autoridad competente no confiere ninguna 
legitimidad  constitucional  al  contenido  del  mensaje  difundido  con  aquel  lema,  cuyo 
objetivo, hemos de reiterar, fue tratado de ser llevado a la práctica, entre otros, por los 
recurrentes.
En consecuencia, la queja de los recurrentes relativa a la denunciada vulneración del 
derecho  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  debe  ser  también  desestimada. 
Igualmente, procede desestimar las invocadas del derecho de defensa y a la presunción 
de inocencia que, por estar asociadas a la anterior y no haber ofrecido las demandas de 
amparo carga argumental autónoma, deben conducir al mismo resultado desestimatorio.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ángela Bergillos Alguacil, don 
Carlos Munter Domec, don Rubén Molina Marín, don Francisco José Cobos García y don 
Jordi Raymond Parra, contra la sentencia de 17 de marzo de 2015 de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo y contra el posterior auto de 19 de mayo de 2015, de la misma 
Sala.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares 
García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo Montoya Melgar.–
Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-Pumpido  Tourón.–María  Luisa  Balaguer 
Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular discrepante que formula la magistrada doña Encarnación Roca Trías a la 
sentencia dictada en los recursos de amparo avocados núms. 4037 y 4098 -2015
En el ejercicio de la facultad que me reconoce el art. 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el mayor respeto a la opinión de la mayoría, expreso mi 
discrepancia con la decisión de desestimación de los recursos de amparo formulados. 
Considero, por el contrario, que debieron ser estimados por vulnerar el derecho a un 
proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de los demandantes de amparo, dado que 
la revisión de la absolución en casación exigía haberles dado previa audiencia.
Me remito a la doctrina constitucional y europea expuesta en la sentencia de la que 
discrepo. No obstante, quiero resaltar un párrafo en concreto de la STEDH de 22 de 
noviembre de 2011, asunto Lacadena Calero c. España, § 47: «En opinión del tribunal, el 
Tribunal  Supremo  se  apartó  de  la  sentencia  de  instancia  después  de  haberse 
pronunciado sobre elementos de hecho y de derecho que le permitieron determinar la  s
culpabilidad  del  acusado.  A  este  respecto,  es  obligado  constatar  que,  cuando  la  oe.
alaiancc ftteeuurxaaeiccnsiitcóóeinnan , c ddilaoee   luq dnuae ec tru diibsomaulopdn loaiec lav she iannn e ttucehaenalsi)bd,ae ornri  aroetm rlaaeetcsnai ótdpenoo   lscapio brvnelee ver iialpfeimrcmoaececneniótdtenoe  srdd  seeau   lbplaajr e oitnvbivataeolorns rc la(aiócc oniórm endao elj ilude raanícdd eui cssdataee d  dcoeea s estlnaoa     2021-13017n https://www.
relación con los hechos que se le imputan».
Para la sentencia de la mayoría, en este caso, «no nos hallamos ante una nueva 
valoración de la prueba sino ante un acto de subsunción del elemento subjetivo del tipo 
penal del art. 498 CP, realizado por el tribunal superior a partir del propio relato de 
hechos probados de la sentencia del órgano judicial inferior», de manera tal, que, «si del 
propio relato se infiere la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo que no haya 
sido apreciada por el órgano a quo, la sentencia de instancia puede y debe ser revisada. 
La apreciación del elemento subjetivo se convierte, así, en una cuestión jurídica» [FJ 8 
C) c)]. Se da, por tanto, «una particular situación», que es que «aquel ánimo tendencial 
que configura el elemento subjetivo del tipo del art. 498 CP viene también explicitado en 
el propio relato de hechos probados de la sentencia» [FJ 8 C) c)].
La mayoría de los magistrados considera que el elemento subjetivo del ánimo de 
impedir a los parlamentarios entrar en la sede parlamentaria para la celebración de una 
sesión plenaria se encontraba recogido expresamente en el relato de hechos probados 
al  desprenderse  del  lema  de  la  convocatoria:  «Aturem  el  Parlament»  (paremos  el 
Parlament), así como de otras expresiones o lemas como «no deixarem que aprovin 
retallades» (no permitiremos que aprueben recortes). Sin embargo, este tribunal ha dicho 
que «en cuanto los elementos anímicos se infieren de la conducta del autor, esto es, de 
su manifestación externa en un contexto determinado, la apreciación de su concurrencia 
no solo expresa una valoración fáctica necesitada usualmente de publicidad, inmediación 
y contradicción, sino que, en todo caso, ha de ofrecerse al acusado, que niega haber 
cometido el hecho que se le imputa, la posibilidad de estar presente en un debate 
público donde pueda defender sus intereses contradictoriamente» (SSTC 125/2017, 
de 13 de noviembre, FJ 6, y 149/2019, de 25 de noviembre, FJ 2). A mi juicio, en 
consonancia con lo expuesto, el ánimo tendencial de los demandantes de amparo no 
puede deducirse únicamente del «propio contenido gramatical» [FJ 8 C) c)] del lema de 
la  convocatoria  que,  hay  que  tenerlo  en  cuenta,  fue  autorizada  por  la  autoridad 
gubernativa  correspondiente.  Necesitaba,  aunque  el  ánimo  de  delinquir  estuviera 
articulado a partir de los datos que constan en los hechos probados, de un debate 
público en el que los acusados hubieran podido intervenir.
Como se advierte en la sentencia a la que se formula este voto particular, la doctrina 
de  este  Tribunal  revela  como  aspecto  importante  del  enjuiciamiento  de  quejas 
planteadas en relación con la aplicación del principio de inmediación y la efectividad del 
derecho a un proceso con todas las garantías, «el de su profundo casuismo y el de su 
necesario ajuste a aquellas circunstancias específicas» [FJ 8 C) a)]. En este caso, y con 
independencia de las peculiaridades propias del recurso de casación penal, considero 
que las circunstancias del caso obligaban a la previa audiencia de los acusados antes de 
condenarles tras haber sido absueltos en la instancia, ofreciéndoles la posibilidad de 
defender sus intereses contradictoriamente. No creo que se pueda inferir, sin hacer juicio 
valorativo alguno acerca del comportamiento de cada uno de ellos, cuál era realmente su 
intención, más allá de constatar, en su caso, que hubo fuerza, violencia, intimidación o 
amenaza grave. Argumentos tales como que las declaraciones de dos portavoces de los 
movimientos sociales convocantes realizadas en rueda de prensa, en la que se afirmaba 
que no pretendían impedir el funcionamiento del Parlament, fueron realizadas en un 
lapso de tiempo suficiente –cinco días antes de la concentración– como para difuminar el 
vínculo entre sus intenciones y lo ocurrido, o la intensidad de los términos empleados en 
la convocatoria y en las frases que los completaban, no permiten, a mi juicio, al margen 
de  su  suficiencia  o  insuficiencia  para  inferir  el  elemento  subjetivo,  apreciar  la 
intencionalidad  de  los  recurrentes  sin  antes  haberles  oído,  como  exige  nuestra  s
jurisprudencia en consonancia con la del Tribunal Europeo Derechos Humanos. oe.
Así  pues,  y  por  los  motivos  expuestos,  considero  que  la  queja  denunciada  de  w.
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho de defensa  017ww
a(abrst.o lu2c4i.ó2n  CeEn ) lad einbsitóa nsceiar , elas tcimonacduar repnocr iaa pdreel ceialer mlae nstoe nstuebnjceitaiv od ed ecl adsealictoió nim, ptruatas dola, 
feusntoci óens ,p alar lainmteennctaiórina ,d sein  lolas  parecvuisaa aduodsi ednec iaa ltdeer alor so c oimndpeendaird eols .n Soirnm daal rdleess,a proror lltoa ndtoe,  llaa   BOE-A-cable e
oportunidad de exponer su versión personal sobre su participación en los hechos. Dicha 
estimación hacía innecesario conocer de las restantes quejas invocadas que, a mi juicio, 
debían ser resueltas tras su previo enjuiciamiento.
Y en este sentido emito mi voto particular.
Madrid,  a  veinticuatro  de  junio  de  dos  mil  veintiuno.–Encarnación  Roca  Trías.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la sentencia pronunciada en los 
recursos de amparo avocados acumulados núms. 4037-2015 y 4098-2015
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración de los derechos a un 
proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que se 
ha  producido  una  condena  en  segunda  instancia  con  revocación  de  una  previa 
absolución sin dar la oportunidad a las personas demandantes de amparo de dirigirse al 
tribunal que las ha condenado; y, en todo caso, por vulneración del derecho de reunión 
(art. 21 CE), ya que se ha dado una severa respuesta penal frente al ejercicio –aunque 
fuera  extralimitado–  de  este  derecho  fundamental  generando  un  indeseado  efecto 
desaliento.
1.  Las razones por las que consideramos que en el presente caso se ha producido 
una vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción 
de inocencia (art. 24.2 CE), con motivo de la condena sufrida en el recurso de casación 
con anulación de la sentencia absolutoria impugnada sin haberse dado la posibilidad a 
las  personas  demandantes  de  amparo  de  dirigirse  al  órgano  judicial  que  las  ha 
condenado, responden a lo que entendemos hubiera debido ser una correcta aplicación 
de la jurisprudencia constitucional (así, entre las últimas, SSTC 125/2017, de 13 de 
noviembre; 36/2018 y 37/2018, de 23 de abril; 59/2018, de 4 de junio; 73/2019, de 20 de 
mayo; 88/2019, de 1 de julio; 172/2019, de 16 de diciembre; 1/2020, de 14 de enero) y 
del Tribunal Europeo Derechos Humanos, que ha condenado a España en sucesivas 
ocasiones por este motivo (así, entre las últimas, SSTEDH de 8 de marzo de 2016, caso 
Porcel Terribas y otros c. España; de 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. 
España; de 13 de junio de 2017, caso Atutxa Mendiola y otros c. España; de 24 de 
septiembre de 2019, caso Camacho Camacho c. España; de 14 de enero de 2020, caso 
Pardo Campoy y Lozano Rodríguez c. España; o de 8 de septiembre de 2020, caso 
Romero García c. España).
La exposición desarrollada en el voto particular a esta sentencia por el magistrado 
don  Cándido  Conde-Pumpido  Tourón  es  suficientemente  clarificadora  sobre  este 
particular. A sus razonamientos nos remitimos para expresar nuestra discrepancia con la 
posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia por la desestimación de esta 
concreta invocación.
2.  La  anterior  vulneración,  por  el  efecto  anulatorio  que  hubiera  tenido  de  la 
sentencia condenatoria impugnada y confirmatorio de la absolución acordada en la 
sentencia de instancia, habría sido suficiente para no tener que analizar la invocación del 
derecho de reunión (art. 21 CE). No obstante, como la opinión mayoritaria en la que se  s
sustenta la sentencia también ha desestimado la invocación de este derecho, resulta  oe.
necesario  hacer  algunas  consideraciones  para  exponer  nuestra  disidencia  con  esta  w.
dcoenricvElaus tsdaieó n nlea.c jeusriisdpardu deesn tcaian tcoo mnsátistu acciouncaial nqtuee p, oern  loe l qtruaeta ampireenctioa mdeo sla ess c ounndae pnraeso cpuepnaanletes   2021-13017n https://ww
por conductas que se desarrollan en el ámbito material de los derechos a la libertad de
expresión y de reunión, parece alejarse cada vez más de la jurisprudencia del Tribunal  Bc
Europeo Derechos Humanos, como ya hemos puesto de manifiesto en sucesivos votos 
particulares (así, por ejemplo, SSTC 190/2020, de 15 de diciembre; 192/2020, de 17 de 
diciembre; 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio). El abusivo recurso al sistema de justicia 
penal  en  detrimento  de  otras  respuestas  menos  desalentadoras  de  derechos  tan 
vinculados a la esencia misma de un sistema constitucional plenamente consolidado 
supone un objetivo empobrecimiento de la calidad de nuestra democracia. Así parecen 
confirmarlo las sucesivas condenas a España por parte del Tribunal Europeo Derechos 
Humanos en estas materias (así, por ejemplo, SSTEDH de 14 de junio de 2016, caso 
Jiménez Losantos c. España; de 13 de marzo de 2018, caso Stern Taulats y Roura 
Capellera c. España; de 20 de noviembre de 2018, caso Toranzo Gómez c. España; de 9 
de marzo de 2021, caso Benítez Moriana e Íñigo Fernández c. España; de 22 junio 
de 2021, caso Erkizia Almandoz c. España).
Recientemente hemos hecho pública nuestra discrepancia, mediante sendos votos 
particulares formulados a las SSTC 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, acerca del 
análisis de la constitucionalidad de la injerencia que sobre el derecho de reunión supone 
la sanción penal de las conductas que, aunque de manera extralimitada, se desarrollan 
dentro del ámbito material de este derecho. En coherencia con la posición mantenida en 
aquellos  votos  particulares,  creemos  preciso  reiterar  ahora  algunas  de  las  ideas 
fundamentales que allí se establecían antes de entrar en la exposición de las razones 
por las que consideramos que también en este caso concreto se ha producido una 
vulneración del derecho de reunión de las personas demandantes de amparo.
I.  Los  problemas  de  constitucionalidad  del  uso  de  la  sanción  penal  frente  a 
conductas  desarrolladas  en  el  ámbito  material  del  ejercicio  de  los  derechos 
fundamentales.
3.  La jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo Derechos Humanos ha 
establecido que el parámetro de constitucionalidad a aplicar en aquellos casos en que se 
recurre al sistema de justicia penal para sancionar conductas que se desenvuelven en el 
ámbito material del ejercicio de derechos fundamentales cuenta con tres secuencias de 
control:
(i)  La verificación de que la conducta objeto de sanción penal se desarrolla dentro 
del ámbito de protección del derecho fundamental, lo que ya implicaría, por razón de la 
materia, la necesidad de ponderar la afectación del derecho fundamental concernido a 
partir de la respuesta penal.
(ii)  La comprobación de que la conducta penalmente sancionada, en atención al 
haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga el derecho 
fundamental  concernido,  se  ha  desarrollado  plenamente  dentro  del  ámbito 
constitucionalmente protegido por este derecho –esto es, representa un ejercicio legítimo 
del derecho–, lo que implicaría una inmunidad frente a cualquier actuación e injerencia 
del poder estatal, también la derivada de la potestad sancionatoria, a partir de la premisa 
de que una conducta no puede ser a un mismo tiempo valorada como un acto de 
ejercicio  de  un  derecho  fundamental  y  como  constitutiva  de  un  ilícito  de  cualquier 
naturaleza. En tal caso la reacción sancionatoria debe ser considerada una injerencia 
injustificada en el derecho fundamental sustantivo lesiva del mismo.
(iii)  La comprobación de que la sanción penal de la conducta –incluso cuando dicha 
conducta  no  pueda  considerarse  como  legítimo  ejercicio  del  derecho  fundamental 
concernido por haberse sobrepasado sus límites de protección estricta– supone una  s
injerencia en dicho derecho. En estos supuestos aunque la conducta realizada no pueda  oe.
csmcouaan sntsoiigifrdiiaegerserstanaer   slaeaecn  acu omdenilep dnaeudrjcaeotdra caa ip cl puiodon eri brdeeleelc l d hneoroer  efpteceerhnindogao alf ,u  cdnsoeadnrlaveemocx heióeonnn,t  a aasl,luq ga uule entlxarlaot rtcsaao lricnsma eeis taldo desá o mce obneni tjoedlo ruscpc irctqoaiuotsee  gq niuddoeeo    ptpfioeuornerm edeneal     2021-13017n https://www.
derecho fundamental. De no ser así, la reacción penal deber ser considerada una
injerencia desproporcionada en el derecho fundamental sustantivo lesiva del mismo
incompatible con el efecto desaliento que provocaría sobre el propio sujeto sancionado y 
la colectividad para el ejercicio del derecho fundamental.
4.  En el presente caso, nuestra discrepancia con la posición mayoritaria en la que 
se  sustenta  la  sentencia  se  fundamenta  en  el  análisis  de  la  amplitud  del  derecho 
fundamental  concernido  –en  este  caso,  el  derecho  de  reunión  (art.  21  CE)–  y, 
especialmente, en las posibilidades de injerencia en este derecho mediante el recurso a 
la sanción penal de las conductas que se desenvuelven en conexión con su ámbito de 
protección y la valoración concretamente realizada sobre la legitimidad –justificación y 
proporcionalidad– de la injerencia en este derecho en forma de la sanción penal de tres 
años de prisión impuesta a las personas demandantes de amparo, a pesar del eventual 
conflicto  que  se  pudiera  plantear  con  el  derecho  de  representación  política  de  los 
entonces diputados del Parlamento de Cataluña.
II.  Las posibilidades de injerencia legítima –justificada y proporcional– mediante el 
recurso al sistema de justicia penal en el ejercicio del derecho de reunión.
5.  La posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia expone el ámbito 
constitucional de protección del derecho de reunión (art. 21 CE) incidiendo en alguno de 
sus aspectos esenciales: (i) El carácter básico de este derecho, que se constituye como 
un  pilar  fundamental  de  una  sociedad  democrática;  (ii)  su  configuración  como  una 
manifestación colectiva de la libertad de expresión al servicio del libre intercambio de 
ideas y reivindicaciones en el contexto de una democracia participativa; (iii) un ámbito 
material de protección vinculado al carácter pacífico de la reunión; (iv) la posibilidad de 
limitaciones o injerencias proporcionadas en el ejercicio del derecho justificada en la 
prevalencia de otros intereses o valores constitucionales, y (v) la necesidad de que las 
limitaciones a su ejercicio sean interpretadas y aplicadas restrictivamente.
Sin embargo, a nuestro juicio, hubiera sido preciso profundizar en determinados 
aspectos relevantes para el más correcto enjuiciamiento del caso, sobre los que ha 
incidido especialmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, que 
ha desarrollado un amplio y casuístico tratamiento de los supuestos de injerencia en este 
derecho. A esos efectos, es preciso destacar determinadas ideas tanto en relación con el 
propio ámbito material de protección de este derecho como, especialmente, respecto de 
la legitimidad de su injerencia mediante el recurso al sistema de justicia penal.
6.  El ámbito material de protección del derecho de reunión se extiende a cualquier 
tipo de reuniones o manifestaciones pacíficas, en el sentido de que los organizadores y 
los participantes no tengan intenciones violentas, inciten a la violencia o impliquen la 
negación de los fundamentos de una sociedad democrática (así, SSTEDH de 24 de julio 
de 2012, caso Fáber c. Hungría, § 37; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y 
otros c. Lituania, § 92; de 25 de julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, § 122; o 
de 15 de noviembre de 2018, caso Navalnyy c. Rusia, § 98).
El Tribunal Europeo Derechos Humanos ha hecho especial incidencia en que lo 
relevante para que la reunión se desenvuelva dentro del ámbito material de protección 
de este derecho no es tanto que se hayan producido actos de violencia en el contexto de 
la reunión o manifestación, sino que, incluso tratándose de manifestaciones prohibidas, 
no quede acreditada una intención violenta en sus convocantes o participantes. Así, se 
establece que una persona no deja de disfrutar del derecho de reunión pacífica como 
resultado de violencia esporádica u otros actos punibles cometidos por otros en el curso 
de  la  manifestación  si  la  persona  en  cuestión  permanece  pacífica  en  sus  propias  e.
intenciones o comportamiento (SSTEDH de 12 de junio de 2014, caso Primov y otros c.  w.
Rusia, § 155; de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 94; de 25  017ww
Ldaeg juulnioa  dGeu 2z0m1á7n,  cca.s Eo sApnanñean, k§o v3 5y) o. tIrgousa clm. Renutseia, ,q §u e1,2 4in;c olu dseo  6s id eex oisctteu burne  rdiees 2g0o2 0re, acla dsoe 
cqounet ruonl ad em loasn iofergstaanciizóand oprúebsl,i ceas tsae ma alan ifceasutascai ódne,  pdoisr teusrbtaio sso dlae braidzoó na,  neov eqnuteodsa f ufueerara  ddeel   BOE-A-cable e
la protección del este derecho, siendo exigible que cualquier restricción impuesta cumpla 
las exigencias de la legitimidad de la limitación del derecho (así, STEDH de 18 de junio 
de 2013, caso Gün y otros c. Turquía, § 51; de 15 de mayo de 2014, caso Taranenko c. 
Rusia, § 66; o de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 94).
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos también ha 
destacado que el mero hecho de que pueda existir en los convocantes o participantes 
una intención o conducta penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta, tampoco es 
suficiente para excluir el ámbito de aplicación de este derecho fundamental. Así, por 
ejemplo, en la STEDH de 15 de mayo de 2014, caso Taranenko c. Rusia, no hubo 
ninguna objeción por razón de la materia para considerar concernido el derecho de 
reunión pacífica –e incluso para concluir que fue lesionado– un supuesto de ocupación 
por manifestantes de la zona de recepción de un edificio público, en las que provocaron 
daños,  exigiendo  una  reunión  con  los  responsables  de  la  administración  pública  y 
denunciando el incumplimiento de la Constitución; como tampoco en la STEDH de 25 de 
julio de 2017, caso Annenkov y otros c. Rusia, referido a la ocupación permanente de un 
inmueble de propiedad privada en protesta por su cesión a una empresa privada y hasta 
que se aclararan los aspectos relativos a la legalidad de su demolición; o en la STEDH 
de 9 de abril de 2002, caso Cisse c. Francia, ante la ocupación durante casi dos meses 
de una iglesia católica. Lo mismo sucedió en el caso de la STEDH de 15 de octubre 
de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, referido al mantenimiento del bloqueo al 
tráfico rodado de una vía pública durante tres días.
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, que se 
hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión en lo que respecta a su ámbito material de protección, de manera 
más precisa y matizada lo siguiente:
(i)  El ámbito de protección material de este derecho alcanza a toda reunión o 
manifestación  pacífica,  entendiendo  por  tal  aquella  que,  con  independencia  de  la 
radicalidad del mensaje y de las reivindicaciones sostenidas, los organizadores y los 
participantes  no  tengan  intenciones  violentas,  inciten  a  la  violencia  o  impliquen  la 
negación de los fundamentos de una sociedad democrática.
(ii)  El carácter pacífico de una reunión o manifestación no queda negado; (a) por la 
circunstancia de que se hayan producido actos de violencia en su contexto, incluso si 
existía  un  riesgo  real  de  que  por  la  naturaleza  de  la  situación  pudieran  causarse 
disturbios, si la persona en cuestión permanece pacífica en sus propias intenciones o 
comportamiento; (b) ni por el mero hecho de que pudiera existir en los convocantes o 
participantes una intención o conducta penalmente ilícita, siempre que no resulte violenta 
–ocupaciones,  pequeños  daños,  obstrucción  de  la  circulación,  etc.–;  (c)  ni  que  se 
desarrollen en protesta, oposición o contradicción con resoluciones de las autoridades 
competentes, incluyendo reuniones expresamente prohibidas.
7.  La circunstancia de que una determinada conducta o acto quede dentro del 
ámbito material del derecho de reunión no implica, lógicamente, que cualquier restricción 
o  injerencia  quede  constitucionalmente  prohibida.  No  obstante,  las  eventuales 
restricciones o injerencias de que sea objeto quedan sometidas a los estrictos requisitos 
que  legitiman  este  tipo  de  limitaciones:  previsión  normativa,  persecución  de  un  fin 
legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Las injerencias o restricciones que plantean mayores problemas son, precisamente,  e
las que consisten en la represión penal de las conductas que se desenvuelven en el  bo
ámbito  material  del  derecho  de  reunión.  Estas  injerencias,  en  principio,  no  suelen  017ww
ppolarn teela rd eprreocbhleom aa sl ad elesdgea lildaa dp esrsapnecciotinvaad doera s–u  npi relav ispióenrs encourmcióantiv ad e– purno tefigni dlae gaídtimemo á–s
ncoonrmstaitlumceionntea lmviennctuel atduote laa dlao sp rpootre cecli ótinp od eple onradl ecno rprúebsplicoon doie ndtee –lo. sS iinnt eermesbeasr goo , vdaelobreens 
ser objeto de un muy especial e intenso escrutinio desde la perspectiva de su necesidad
y proporcionalidad por suponer la más graves injerencia en el derecho de reunión en 
atención  a  la  radicalidad  de  la  respuesta  estatal  que  afecta  a  otros  derechos 
fundamentales sustantivos –los que son objeto de privación como consecuencia de la 
pena– y por su especial intensidad sobre el propio derecho de reunión por el devastador 
efecto desaliento y desincentivador que tiene tanto sobre el sujeto sancionado como 
sobre  la  colectividad  en  el  ejercicio  de  una  libertad  pública  sin  la  que  no  puede 
entenderse el concepto mismo de democracia constitucional. Ese escrutinio debe ser 
más estricto cuanto más severa en lo cualitativo y en lo cuantitativo es la respuesta 
sancionadora estatal.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos se desarrolla en este 
contexto de pensamiento, al establecer de manera reiterada que dentro del término 
restricciones o injerencias aplicables al derecho de reunión pacífica están las medidas 
punitivas adoptadas como consecuencia del desarrollo de la reunión siempre que (i) 
exista un vínculo claro y reconocido entre el ejercicio de ese derecho y la sanción 
impuesta (así, SSTEH de 4 de diciembre de 2014, caso Navalnyy y Yashin c. Rusia, § 
52, o de 14 de enero de 2020, caso Varoğlu Atik y otros c, Turquía, § 29), que se 
extiende incluso a los casos de absolución derivado del mero hecho de la existencia de 
un procesamiento penal (SSTEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. 
Turquía, § 41, o de 18 de diciembre de 2007, caso Nurettin Aldemir y otros c. Turquía, § 
34-35); y (ii) se persiga un objetivo legítimo de preservación del orden público y/o la 
protección de los derechos y libertades de terceros (STEDH de 15 de octubre de 2015, 
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 140), lo que suele estar presente en aquellos 
supuestos en que en el ejercicio del derecho de reunión, aunque se desarrolle de 
manera pacífica, concurran intenciones que no formen parte del núcleo esencial del este 
derecho, como pueden ser aquellas conductas que, para llamar la atención sobre los 
elementos o ideas a reivindicar, tienen el objetivo inmediato de entorpecer e incluso 
impedir el normal desarrollo del ejercicio de derechos fundamentales de terceros como 
pueden ser, por ejemplo, la ocupación de la zona de recepción de un edificio público 
impidiendo labores políticas y administrativas (STEDH de 15 de mayo de 2014, caso 
Taranenko c. Rusia), de una iglesia católica, dificultando el ejercicio de la libertad de 
culto (STEDH de 9 de abril de 2002, caso Cisse c. Francia), de instalaciones y despacho 
de una autoridad académica para impedirle desarrollar su trabajo (STEDH de 11 de 
octubre de 2018, caso Tuskia y otros c. Georgia) o el bloqueo del tráfico rodado (STEDH 
de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania).
Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos ha incidido en 
que no basta con que la sanción impuesta persiga un fin legítimo, sino que es exigible, 
además, que sea necesaria en una sociedad democrática, lo que implica que exista una 
proporcionalidad de esta respuesta penal con el fin legítimo perseguido, en el sentido de 
que se ponderen debidamente, por un lado, la presencia de los fines legitimadores de 
esta intervención punitiva, su necesidad para la protección los intereses y valores que se 
pretenden tutelar y, por otro, el sacrificio que todo ello implica del derecho de reunión 
(SSTEDH de 15 de octubre de 2015, caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 144, o de 15 
de noviembre de 2018, caso Navalnny c. Rusia, § 128).
Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos ha 
hecho especial énfasis en que cualquier injerencia en forma de intervención del sistema 
penal o de cualquier respuesta punitiva conlleva un efecto de disuasión sobre quienes 
resultan afectados por estas restricciones y sobre las personas que pudieran tener 
interés en ejercitar este derecho en el futuro –bien organizando bien participando en  s
reuniones similares–, con el empobrecimiento de un debate público abierto que ello  oe.
supone (STEDH de 29 de noviembre de 2007, caso Balçık y otros c. Turquía, § 41). w.
Por último, también la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos ha  017ww
edsetbaebnle cteidnoe rqsuee  elan  ncauteunratale zaal  ye vlaa lguraarv lead apdro dpeo rlcaiso nsaalnidcaiodn edse  imlap uinejesrtaesn csioan o f arcetsotrreicsc qióune, 
lian caidmieenndaoz ae nd eq uuen a(i )s aunncai ómna pneifneaslt ayc pióanr tpicauclaífricmae nnote d ae buenraía p, eenna p prrinivcaiptiivoa,  qduee ldibaerr tsaudje yto ( iai)   BOE-A-cable e
las sanciones de naturaleza penal requieren una justificación particular debiendo ser 
objeto de un examen especialmente cuidadoso (SSTEDH de 15 de octubre de 2015, 
caso Kudrevičius y otros c. Lituania, § 146, o de 15 de noviembre de 2018, caso 
Navalnny c. Rusia, § 128). En ese sentido, también el Tribunal Europeo Derechos 
Humanos ha puesto de manifiesto que la imposición de largas penas de prisión puede 
ser considerada desproporcionada en los casos de enfrentamientos sin armas con la 
policía o situaciones como el lanzamiento de piedras u otros objetos sin causar lesiones 
graves (SSTEDH 19 de enero de 2016, caso Gülcü c. Turquía, § 115; de 4 de octubre 
de 2016, caso Yaroslav Belousov c. Rusia, § 177 a 180, o de 30 de enero de 2018, caso 
Barabanov c. Rusia, § 74-75).
En conclusión, a nuestro juicio, habría sido necesario, con fundamento en el art. 10.2 
CE, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, que se 
hubiera concretado, dentro del parámetro de control de constitucionalidad relativo al 
derecho de reunión en lo que respecta al juicio de proporcionalidad de las medidas de 
injerencia consistente en sanciones penales, de manera más precisa y matizada lo 
siguiente:
a)  La sanción de penal como consecuencia de la convocatoria o participación en 
una reunión pacífica es una injerencia en el derecho de reunión pacífica por lo que, 
además de ser una medida prevista legalmente, debe (i) perseguir un objetivo legítimo 
de preservación del orden público y/o la protección de los derechos y libertades de 
terceros; y (ii) ser necesaria y proporcionada con el sacrificio que implica tanto para el 
derecho afectado por el contenido de la sanción impuesta como para el propio derecho 
de reunión por el efecto desaliento que puede generar sobre su ejercicio, exigiendo una 
justificación y análisis de legitimidad especialmente intensos.
b)  La sanción penal consistente en largas penas de prisión por la convocatoria o 
participación en reuniones pacíficas en que pueda haber enfrentamientos sin armas con 
fuerzas del orden público u otros incidentes como lanzamientos de objetos sin causar 
lesiones graves deben ser consideradas, en principio, desproporcionadas.
III.  La aplicación del parámetro de constitucionalidad del derecho de reunión a la 
conducta por la que fueron condenadas las personas demandantes de amparo a penas 
de tres años de prisión e inhabilitación.
8.  Consideramos que una recta interpretación del derecho de reunión, en línea con 
la efectuada por la jurisprudencia del tribunal y del Tribunal Europeo Derechos Humanos, 
hubiera  debido  determinar  que  se  estableciera  que  la  conducta  de  las  personas 
demandantes de amparo quedaba dentro del ámbito material de protección del derecho 
de reunión pacífica.
No parece que pueda ser razonablemente controvertido el hecho de que la conducta 
por las que fueron finalmente condenadas las personas demandantes de amparo se 
desarrollaba en el contexto y en íntima vinculación con el ámbito material de protección 
del derecho de reunión pacífica, por las razones siguientes:
(i)  La concentración en la que se producen las conductas objeto de condena, en los 
términos expuestos en la propia declaración de hechos probados, fue debidamente 
comunicada por las organizaciones convocantes a la autoridad competente, que no 
consideró necesario adoptar ninguna medida especial en relación con los términos de la 
convocatoria –fecha, hora o lugar–, que fue publicitada por diversos medios y objeto de 
una rueda de prensa en la que se dio noticia y explicación pública de sus objetivos. Por  e.
tanto, se trata de un supuesto de ejercicio del derecho de reunión en que para su  w.
convocatoria  se  dio  estricto  cumplimiento  a  las  exigencias  previstas  en  la  Ley  017ww
Orgá(ini)i caL 9a/ 1co9n8v3o, cdaet o1r5ia d, ee nju lloios,  tréergmuilnaodso rtaa mdebli édne reexcphuoe dseto rse eunn ilóan d.eclaración de hechos
Ppraorblaamdoesn toq udee  dCioa tlaulguañra  ac olans  occoansdióenn adse,  tlean íaap rcoobmaoci óonb jedteo  lousn ap rceosnucpeunetrsatocisó nd ea ndtiec heal   BOE-A-cable e
comunidad autónoma en protesta por la pretendida reducción del gasto social. El lema 
de la movilización era «Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retalladles» 
(Paremos al/el Parlamento, no permitiremos que aprueben recortes). Días antes se 
celebró  una  rueda  de  prensa  en  la  que  los  convocantes  hicieron  expreso  que  no 
pretendían impedir el funcionamiento del Parlamento sino detener el ataque contra los 
derechos sociales y los servicios públicos que significaban las medidas presupuestarias 
que se iban a aprobar. Por tanto, se trata de un supuesto en que también es concluyente 
que la reunión tiene un objetivo y pretensiones de desarrollo de carácter pacífico.
(iii)  En  el  concreto  desarrollo  de  la  concentración  se  produjeron  determinadas 
situaciones de obstaculización del paso de los diputados a la sede del Parlamento, se les 
gritó e increpó y se llegó a derramar líquidos u otras sustancias sobre la ropa de los 
diputados y arrojar objetos no peligrosos a alguno de los coches que intentaron acceder 
a la sede. Esta situación se produce, tal como también reconoce el relato de hechos 
probados que da lugar a las condenas, en un contexto en que, por decisión de la propia 
autoridad pública, de los diversos accesos a la sede parlamentaria solo se deja franca 
una de las puertas para que accedieran los diputados y «en ningún momento se acotó 
un perímetro o se levantó un cordón policial para garantizar el tránsito por aquella vía». 
La participación de las personas demandantes de amparo en concretos y puntuales 
actos de obstaculización, que se precisarán más adelante, son las que provocan su 
condena penal a tres años de prisión. Por tanto, si bien ha quedado acreditado que 
existieron actos esporádicos de presión singular sobre determinados diputados por parte 
de los concentrados, ello no impide considerar que la concentración tenía en su origen y 
desarrollo un carácter pacífico en el sentido afirmado por la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo Derechos Humanos.
A este respecto, es necesario hacer una precisión en relación con algunas de las 
consideraciones que se hacen tanto en la sentencia impugnada como por parte de la 
posición mayoritaria a partir de las cuales parece considerarse que se excluye, a priori, el 
carácter pacífico de la concentración. Nos referimos a la afirmación de que el propio 
lema de la convocatoria, al hacer referencia a parar el Parlamento, en tanto que su 
significado  gramatical  es  detener  e  impedir  el  normal  desarrollo  de  la  función 
parlamentaria,  evidenciaba  que  su  objetivo  no  era  expresar  el  desacuerdo  con  las 
políticas presupuestarias restrictivas mediante una concentración en las proximidades 
del Parlamento o servir de vehículo para proclamar la indignación colectiva frente a esas 
políticas; sino «provocar que el órgano de representación política del pueblo catalán se 
viera incapacitado para el debate y la acción política mediante la conformación de las 
mayorías que siguen al ejercicio del derecho al voto», lo que supone «atacar las raíces 
mismas  del  sistema  democrático.  […]  Despojar  al  órgano  que  expresa  la  voluntad 
popular de toda posibilidad de creación normativa».
No podemos compartir una apreciación de esta naturaleza. (a) Resulta contradictoria 
con otras afirmaciones reconocidas en la propia declaración de hechos probados que 
desembocó en las condenas, que niegan esa finalidad, y sobre todo con el hecho 
probado de que, al menos en lo que se refiere a las personas demandantes de amparo, 
su conducta en ningún caso fue obstructiva del acceso de los diputados a la sede 
parlamentaria, sino, como se detallará más adelante, simplemente recriminatoria de su 
eventual apoyo a los presupuestos. (b) Parte de un simplista análisis gramatical que 
ignora el lenguaje hiperbólico, exagerado y excesivo propio de los lemas y eslóganes 
utilizados en el ejercicio del derecho de reunión. (c) Además, implica una profunda 
censura para la propia autoridad gubernativa a la que se comunicó la concentración. En  s
última instancia, si tanto la sentencia impugnada como la posición mayoritaria en la que  oe.
se sustenta la sentencia, afirman que el propio lema de la convocatoria, que ya era  w.
conocido con anterioridad por la autoridad a la que se debía comunicar la celebración de  017ww
clao ncfroonnctaednotr accioónn , epl onaírat.   d4e9 8 mCaPn,i fieessttoa  daefi rmmaacnióenra  soubpjoentiev a acshua ccaarr áucnte r mdaenliifcietivsoto, 
iensctuamblpelcime iqeuneto l ad ea uloto prirdeavdis gtou beenr neal taivrat.  s5u as)p edned lear áci tlaads ar eLuenyi oOnregsá «ncicuaa n9d/1o9 s8e3 ,c eonn sqidueer esne   BOE-A-cable e
ilícitas de conformidad con las leyes penales». (d) Por otra parte, tampoco parece 
constitucionalmente  correcto  transmitir  lo  que  podrían  ser  intenciones  de  los 
convocantes, que son los que determinan el lema de la convocatoria al que tanta 
importancia otorgan la sentencia condenatoria y la posición mayoritaria en la que se 
sustenta la sentencia, a las personas condenadas que, al menos en atención a la 
declaración de hechos probados, eran meras participantes de la concentración y no sus 
convocantes.
9.  A partir de lo anterior, consideramos que el problema central del control de 
constitucionalidad de la decisión judicial de imponer a las personas demandantes de 
amparo una pena de tres años de prisión y de inhabilitación por las conductas que 
desarrollaron como participantes en la concentración convocada es determinar si esa 
decisión judicial supuso una injerencia necesaria y proporcionada en su derecho de 
reunión  para  la  consecución  del  objetivo  legítimo  de  preservación  de  valores 
constitucionales prevalentes como era, este caso, el derecho a la participación política 
de  los  diputados  del  Parlamento  de  Cataluña  y  el  normal  funcionamiento  de  esa 
institución.
A esos efectos, tal como sostuvimos en la deliberación, consideramos que, en las 
circunstancias del caso, el recurso mismo al sistema de justicia penal para imponer una 
sanción de tal gravedad a las personas demandantes de amparo es desproporcionado y 
lesivo del derecho de reunión por el efecto desaliento que para el ejercicio de este 
derecho puede implicar. Las razones que nos llevan a sustentar esta conclusión son las 
siguientes:
(i)  La consideración del derecho de reunión como una de las libertades esenciales 
de la democracia, por su conexión con la garantía de asegurar un foro para el debate 
público y la expresión abierta de protesta incluso en relación con temas que puedan 
incomodar  o  molestar  al  poder,  adquiere  su  máxima  dimensión  en  relación  con  la 
actuación  de  grupos  sociales  y  asociaciones,  ya  que,  como  ha  destacado  la 
jurisprudencia constitucional, «su configuración como expresión del principio democrático 
participativo adquiere mayor relevancia, si cabe, al ser este derecho, en la práctica, para 
muchos grupos sociales "uno de los pocos medios de los que disponen para poder 
expresar  públicamente  sus  ideas  y  reivindicaciones"»  (STC  172/2020,  de  19  de 
noviembre, FJ 6). En el presente caso, las personas demandantes de amparo contaban 
con el ejercicio del derecho de reunión como uno de los instrumentos de conformación 
de la opinión colectiva respecto de un asunto de interés colectivo: la aprobación de los 
presupuestos autonómicos. Por tanto, si con carácter general cualquier limitación al 
derecho de reunión debe ser objeto de una interpretación restrictiva, en las personas 
condenadas concurran las citadas circunstancias que hubieran debido llevar a hacer un 
especial escrutinio sobre la singular afectación que su represión penal podría generar en 
el derecho fundamental de reunión.
(ii)  Las  concretas  conductas  desarrolladas  por  cada  una  de  las  personas 
demandantes  de  amparo  que  en  la  resolución  impugnada  se  han  considerado 
merecedoras de una sanción penal de tres años de prisión como pretendidamente 
necesarias en una sociedad democrática han sido, según la declaración de hechos 
probados de la sentencia condenatoria, las siguientes:
(a)  La demandante de amparo doña Ángela Bergillos Alguacil siguió, en algún 
momento, a uno de los diputados que pretendían acceder a la sede parlamentaria «con  s
los brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación. No  oe.
cMloosan rs(ídnbtia p)s  uqetuLa eeodn solec so d hneautmlrb aiqaebunraaedn  ae «nemltneept srure ejd acuedrn iom a»gmi.rnupaparooro nd  edla omsn  apCnoaiflíertlisoctsaa snM tedusen  tceroern cD oloortsme sqe ucd eey   sdgeoa ensnt oRc oupnbútérbónli  coMotr ooyl i ndlaee    2021-13017n https://www.
dijeron que no les representaba. […] No consta que fuera agredido, ni empujado».
(c)  El demandante de amparo don Francisco José Cobos García «se interpuso con 
los brazos en cruz ante los parlamentarios, en un momento dado. No consta que les 
escupiera».  Siguió  a  uno  de  los  diputados  «con  las  manos  alzadas,  gritando  las 
consignas de la reunión».
(d)  El  demandante  de  amparo  don  Jordi  Raymond  Parra  pedía  a  varios 
manifestantes,  respecto  de  los  diputados  que  pretendían  acceder  a  la  sede 
parlamentaria «que no les dejaran pasar, para que no votaran, al tiempo que desplegaba 
una pancarta para exhibir una leyenda».
No consideramos que estas conductas, aisladamente valoradas ni tampoco en el 
contexto general de la concentración, revistan la gravedad objetiva necesaria como para 
que la defensa de una sociedad democrática exija el recurso a una injerencia en el 
ámbito de protección del derecho de reunión de tal naturaleza restrictiva como la que 
representa  el  derecho  penal.  Se  trata,  con  carácter  general,  de  conductas  que  no 
parecen exceder de lo que puede ser propio del ejercicio de un derecho de conflicto 
como en algunas ocasiones, y el presente caso es un ejemplo, puede transmutarse el 
derecho de reunión. De hecho, en los términos ya expuestos, la jurisprudencia del 
Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  ha  establecido  que  debe  considerarse 
desproporcionada la imposición de penas de prisión en los casos de enfrentamientos sin 
armas o situaciones como el lanzamiento de otros objetos sin causar lesiones graves en 
situaciones de mayor tensión que las generadas en el presente caso (SSTEDH 19 de 
enero de 2016, caso Gülcü c. Turquía, § 115; de 4 de octubre de 2016, caso Yaroslav 
Belousov c. Rusia, § 177 a 180, o de 30 de enero de 2018, caso Barabanov c. Rusia, § 
74-75). Por tanto, la situación obstructiva que se pudo generar para el acceso a la sede 
parlamentaria a partir de la confluencia del número de los manifestantes concentrados, 
las conductas de algunos de ellos y la decisión de la autoridad de que el acceso quedara 
limitado a una sola puerta y sin la debida protección a los diputados que debían transitar 
por la misma, hubiera posibilitado la intervención estatal para dejar expedito el acceso a 
la sede parlamentaria –tal como se afirma en el relato de hechos probados que sucedió 
a primera hora de la mañana de aquel día para abrir la puerta de acceso–. Más allá de 
ello, la injerencia en el derecho de reunión de las personas demandantes de amparo en 
forma de una severa respuesta penal, confrontada con las concretas conductas que 
fueron  desarrolladas  por  cada  una  de  ellas,  aparece  como  innecesaria, 
desproporcionada y desalentadora para el ejercicio del derecho de reunión.
(iii)  La consideración de que la respuesta penal a las conductas de las personas 
demandantes de amparo y la severa limitación que ello implica de sus derechos de 
reunión resulta proporcionada se ha hecho también radicar de manera coincidente en la 
sentencia impugnada y por la posición mayoritaria en la que se sustenta la sentencia en 
la gravedad de los valores constitucionales lesionados con la conducta desarrollada por 
las  personas  condenadas:  la  lesión  del  derecho  de  representación  política  de  las 
diputados del Parlamento de Cataluña y el propio funcionamiento de esta institución 
legislativa. En concreto, se incide en que la gravedad penal de la conducta reside en que 
su  real  finalidad  era  incapacitar  la  acción  legislativa  de  este  órgano  impidiendo  la 
conformación de las mayorías que siguen al ejercicio del derecho al voto y, por tanto, 
despojarlo «de toda posibilidad de creación normativa», obstruyendo el acceso de los 
diputados.
No  podemos  compartir  que  el  recurso  a  la  represión  penal  de  las  personas 
demandantes  de  amparo  se  fundamente  en  que  resultara  necesario  desvalorar  un 
supuesto  riesgo  de  que  con  su  conducta  pudiera  darse  efectividad  al  despojo  del  e.
Parlamento de Cataluña de su capacidad de creación normativa por la vía de impedir el  w.b
acceso  a  los  diputados  para  conformar  un  quorum  suficiente  en  la  aprobación  del  017ww
psere shuap ureeistetora adnou, aql.u Eel  rlae lactoon ddeu chteac hdoes  lapsro bpaedrsoosn eass  ccaotengdóernicaod aasl  eesrtaa belesceenrc, iatalml ceonmteo  dyae 
rceopnrvoocchaed aa,  lpoesr od ipnuot adpouse,d ean  lorse cqouneo cesers ele  qgureit abpaonr   csoun spiganrtaes  sdee  elaje ccuotnacraenn traacctióons 
concluyentes de obstrucción física a la sede parlamentaria ni otras acciones que por su
componente violento o intimidatorio supusieran una concreta e individual compulsión 
sobre diputados singulares. Del mismo modo, y ya en relación con la celebración de la 
sesión  parlamentaria,  también  se  constata,  como  pone  de  relieve  la  sentencia 
absolutoria, que la perturbación generada en la sesión consistió en que sufrió el inicio de 
la sesión se retrasó once minutos y hubo de alterarse el orden del día.
De ese modo, tampoco en la gravedad del riesgo o lesión de valores constitucionales 
cabe sustentar una necesidad imperiosa en que su preservación exigiera una represión 
penal de las características de las impuestas a las personas demandantes de amparo.
10.  En conclusión, consideramos que, en el presente caso, la injerencia en el 
derecho de reunión de las personas demandantes de amparo mediante el recurso a la 
sanción penal resulta desproporcionada atendiendo a las circunstancias de que (i) la 
concentración  tenía  unos  objetivos  y  características  de  desarrollo  que  habían  sido 
debidamente comunicada a la autoridad competente que pudo adoptar las medidas 
preventivas que considerara necesarias en protección de otros intereses constitucionales 
prevalentes incluidos aquellos tendentes a garantizar el acceso a la sede parlamentaria; 
(ii)  la  concentración,  con  carácter  general,  tuvo  un  carácter  pacífico  tanto  en  su 
convocatoria como en su desarrollo al margen de situaciones esporádicas de tensión; (iii) 
la conducta de las personas condenadas a prisión no era propiciar una paralización de la 
acción legislativa sino mostrar a los representantes políticos su disconformidad con las 
líneas ideológicas en que se sustentaba el proyecto de presupuestos a aprobar, tal como 
se deriva que la concreta actuación desarrollada por cada uno de ellos, que se concretó 
en emitir reproches a los diputados en línea con las ideas que llevaron a la convocatoria 
de la concentración pero sin que se aprecien actos concluyentes de obstrucción o 
impedimento violento para el acceso a la sede parlamentaria, y (iv) la concentración tuvo 
como consecuencia respecto de la sesión parlamentaria un mero retraso no significativo 
y una alteración del orden del día que no impidió su normal desarrollo.
En esas circunstancias, una adecuada ponderación de todos estos hechos en el 
contexto del derecho fundamental de reunión y las posibilidades de injerencia en el 
mismo mediante el recurso al sistema de justicia penal con la finalidad de preservar 
valores constitucionales prevalentes, hubiera debido llevar a la conclusión, mantenida 
por nosotros en la deliberación, de que una sanción penal resultaba desproporcionada y 
con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental.
Una respuesta penal, máxime de la severidad de las impuestas a las personas 
demandantes de amparo, que por su extensión implican un efectivo cumplimiento de 
prisión, frente a los concretos actos que estas desarrollaron durante su participación en 
la  concentración,  supone  una  injerencia  en  el  derecho  de  reunión,  que,  como  ya 
incidimos en los votos particulares a las SSTC 121/2021 y 122/2021, de 2 de junio, tiene 
un devastador efecto desaliento sobre el mismo, empobrece nuestra democracia, nos 
alinea con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de 
conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales y nos 
alejan, en definitiva, de la necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de 
aquellos  derechos  que  posibilitan  la  normal  participación  de  la  ciudadanía  en  las 
democracias plenas. A esa reflexión debemos añadir ahora que el cercenar de una 
forma tan radical el único medio de expresión colectivo que tiene la ciudadanía al 
margen de los cauces participativos propios de las democracias representativas, no solo 
puede implicar el ya mencionado efecto desaliento para los propios afectados y el resto 
de la ciudadanía para el ejercicio del derecho de reunión sino el más paradójico de 
propiciar  y  fomentar  un  indeseable  desapego  hacia  un  sistema  político  en  cuya  e.
protección se ha pretendido justificar en este caso la imposición de la sanción penal. w.b
LuisMa aBdarliadg, uae rv eCinatlliecujóant.r–oF direm jaudnoio y  dreu bdriocsa dmoi.l veintiuno.–Juan Antonio Xiol Ríos.–María
Voto particular que formula el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón a la 
sentencia dictada en los recursos de amparo acumulados núms. 4037 y 4098-2015
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión expresada por la mayoría, 
formulo el presente voto particular por discrepar tanto de la fundamentación como del 
fallo de la sentencia recaída en el presente proceso.
Mi discrepancia con la opinión de la mayoría no es de matiz, sino básica y radical, en 
cuanto considero que expresa una concepción de los derechos fundamentales alegados 
y del método de análisis constitucional de las pretensiones en liza que se aleja de 
anteriores pronunciamientos consolidados por la jurisprudencia constitucional. Fue esta 
la razón que me llevó a declinar la ponencia que me había sido asignada, tras no ser 
aceptadas las soluciones propuestas al Pleno que, alejadas de la que ha sido finalmente 
adoptada, hubieran justificado la estimación del amparo solicitado.
Mi disconformidad se extiende a las cuatro conclusiones en las que se apoya la 
decisión desestimatoria, en cuanto considera que la condena penal de los recurrentes 
como autores de un delito contra las instituciones del Estado (art. 498 del Código penal): 
(i) es respetuosa con las exigencias de tipicidad que impone el principio de legalidad 
penal (art. 25.1 CE); (ii) se refiere a conductas que no forman parte del ámbito objetivo 
de  protección  de  los  derechos  de  libertad  de  expresión,  reunión  y  manifestación 
alegados (art. 20 y 21 CE); (iii) es en sí misma proporcionada y, finalmente; (iv) ha sido 
declarada por primera vez en casación con pleno respeto al derecho de defensa de los 
acusados y las garantías que conforman su derecho a un proceso justo (art. 24.2 CE).
No obstante, para facilitar la lectura de esta opinión discordante seguiré el orden de 
análisis expuesto en la sentencia desestimatoria. En ella, para justificar la asunción 
acrítica y la ratificación íntegra de las conclusiones y razonamientos de la decisión 
condenatoria acordada en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la 
mayoría se apoya en un presupuesto común que no puedo compartir: según se afirma, a 
partir de lema con el que se convocó la manifestación en cuyo curso se produjeron los 
actos enjuiciados, resulta procesal y materialmente ajustado a Derecho declarar que la 
finalidad  de  la  convocatoria  y  el  objetivo  de  todos  los  asistentes  fue  «paralizar  la 
actividad de la Cámara [autonómica de Cataluña] y que el proyecto de presupuestos no 
fuera aprobado», o, como afirma otro pasaje de la resolución: «provocar que la Cámara 
catalana se viera incapacitada para el debate y la acción política».
1.  Sobre la relación de las conductas enjuiciadas con el ejercicio de las libertades 
de expresión, reunión y manifestación: método de análisis constitucional y conclusión 
desestimatoria.
1.1  Con referencia a la jurisprudencia anterior, en la reciente STC 122/2021, de 2 
de  junio  (FJ  9.4.2),  el  Pleno  ha  expuesto  los  diversos  momentos  de  análisis  que 
metodológicamente han de recorrerse para resolver las pretensiones de amparo en las 
que, como justificación de su conducta frente a una condena penal, los recurrentes 
alegan la indebida limitación de sus derechos fundamentales sustantivos.
En coherencia con dicho pronunciamiento, el proceso de análisis de los recursos 
analizados debió ser el siguiente, y debió llevarse a cabo íntegramente:
a)  A partir de los hechos declarados probados por los órganos judiciales y del 
contenido  de  los  derechos  fundamentales  sustantivos  alegados,  el  examen  debió 
centrarse, en primer lugar, en las conductas que son presupuesto fáctico de la condena,  e.
para determinar si por su naturaleza, por la finalidad a que se orientan o por los medios  w.
empleados, pueden encuadrarse en el ámbito de protección propio de los derechos y  017ww
cliboenrctraedtoe se qjeureci chiaon s uspiduos oa leog naod ousn,a a el xmtraarligmeinta dceió nc.u aNloq usiee rt rcaotnas, iedne reasctieó np raimceerrc am odme esni tsou, 
ddeet earnmailnizaar r yl adse lliimmiittaarc ieoln ceosn ote nreidsotr iyc cfiionnaelisd apdo dsiebll edse raelc heoje rdceic iroe udneiól nd eyr emchaon,if essintaoc idóen   BOE-A-cable e
alegados. Tal escrutinio permite identificar y excluir aquellos supuestos en los que la 
invocación del derecho fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, 
a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos; lo que puede ocurrir cuando se 
desnaturaliza el ejercicio del derecho situándose, objetivamente, al margen del contenido 
propio del mismo (SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, y 104/2011, de 20 de junio, 
FJ 6).
b)  En segundo término, si concluyéramos que las conductas enjuiciadas forman 
parte del ámbito de protección propio del derecho alegado, será preciso examinar si, por 
ser ejercicio plenamente legítimo de su contenido, tal circunstancia opera materialmente 
como causa excluyente de su antijuridicidad. El análisis se dirige entonces a determinar 
si la conducta sancionada se sitúa inequívocamente en el ámbito del contenido del 
derecho  y,  además,  respeta  los  límites  establecidos  para  su  ejercicio  (entre  otras, 
SSTC 111/1993, de 25 de marzo, FFJJ 5 y 6; 137/1997, de 21 de julio, FJ 2; 110/2000, 
de 5 de mayo, FJ 4; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8; 299/2006, de 23 de octubre, FJ 6; 
104/2011, de 20 de junio, FJ 6, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2).
En caso afirmativo, las conductas enjuiciadas no podrían sufrir reproche jurídico 
alguno;  tampoco  debido  a  la  aplicación  de  previsiones  legales  de  naturaleza 
sancionadora  cuya  finalidad  sea  la  protección  de  otros  derechos  o  bienes 
constitucionalmente reconocidos, aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera 
conforme a su tenor literal (en ese sentido, SSTC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5, 
y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3).
Dicha doctrina, elaborada inicialmente en el marco del conflicto entre los derechos 
fundamentales al honor y las libertades de expresión e información (SSTC 104/1986, 
de 17 de julio, FJ 6; 107/1988, de 8 de junio, FJ 2, o 20/1990, de 15 de febrero, FJ 2), se 
ha trasladado también al examen de la respuesta penal a comportamientos relacionados 
con el ejercicio de otros derechos fundamentales (SSTC 254/1988, de 21 de diciembre, 
FJ 3, delito de coacciones en un contexto de huelga; 137/1997, de 21 de julio, FJ 3, falta 
de  coacciones  y  derecho  de  huelga;  104/2011,  de  20  de  junio,  FJ  6,  delito  de 
desobediencia y derecho a la huelga; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 6, injurias y libertad 
sindical) y, en particular, con el derecho de reunión pacífica (SSTC 196/2002, de 28 de 
octubre, FFJJ 5 y 6, delito electoral, y STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, allanamiento 
del domicilio de persona jurídico-pública en el contexto de una asamblea sindical). Por lo 
demás, la relación de exclusión entre el ejercicio legítimo de un derecho fundamental y 
su castigo orienta asimismo en los pronunciamientos que se han analizado la legitimidad 
de sanciones no penales vinculadas al ejercicio del derecho de reunión (SSTC 42/2002, 
de 14 de febrero, FJ 5; 124/2005, de 23 de mayo, FJ 3, y 110/2006, de 3 de abril, FJ 4).
c)  De concluir que la conducta analizada no es ejercicio plenamente legítimo del 
derecho  de  reunión  aducido  sino  una  extralimitación  de  su  ejercicio,  el  análisis 
constitucional de las quejas planteadas en la demanda no puede detenerse ni resolverse 
únicamente  con  un  debate  sobre  si  los  derechos  fundamentales  alegados,  así 
ejercitados, tienen o no valor preferente frente al fin de protección de la norma penal 
aplicada. Tan limitado examen aboca como soluciones únicas de la controversia a una 
decisión absolutoria, o a una de condena conforme con la extensión prevista legalmente 
en la previsión penal abstracta, lo que evita y dificulta analizar y graduar la necesidad e 
intensidad de la reacción penal dirigida a proteger su legítima finalidad. Para evitar tal 
simplificación, en tales casos resulta obligado efectuar otras consideraciones que son 
complementarias a las anteriores, que únicamente analizaban su carácter plenamente 
legítimo o antijurídico. s
El  análisis  constitucional  debe  dirigirse  entonces  a  determinar  si,  en  las  oe.
circunstancias del caso, la sanción penal, atendida su naturaleza y su extensión, puede  w.
ser considerada una reacción proporcionada a las necesidades de protección que la  017ww
jYu setinfi céal nd. eEsne mespteeñ tae rucne rp mapoeml ednetcoi seivl oe xealm jueinci os es odbersep llaaz ap rdoep olarc cioonnadliudcatda  ad ela l ali mreitaacccióiónn. 
spue nsael.v eSruid eavda uluna csiaócnr ifsicei od iirnignee cae sgaarriaon oti zdaer sqpureo plao rccioonndaednoa  dpee nlaa ll ibneor tpaude daa l ap rqoudeu caifre pcotar   BOE-A-cable e
o,  aún  más  allá,  un  efecto  disuasorio  o  desalentador  del  legítimo  ejercicio  de  los 
derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada.
En efecto, de apreciar que la conducta imputada debe ser calificada como una 
extralimitación  en  el  ejercicio  de  la  libertad  o  derechos  alegados,  el  examen  debe 
centrarse entonces en la limitación impuesta, esto es, en la decisión de condena, dado 
que  únicamente  serán  constitucionalmente  admisibles  aquellas  limitaciones  que  (i) 
previstas por la ley (ii) persigan una finalidad legítima, y (iii) sean proporcionadas al fin de 
protección que las justifica (SSTC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 7, y 85/1992, de 8 de 
junio, FJ 4).
d)  En  estrecha  relación  con  este  último  análisis  puede  ser  preciso  tomar  en 
consideración otras perspectivas de valoración con relevancia constitucional que, en 
parte coincidentes, derivan de la naturaleza penal de la limitación impuesta (art. 25.1 
CE). Así lo propugna el recurrente en el presente caso: se trata de contenidos de 
protección específicos que conforman el derecho a la legalidad de las infracciones y 
sanciones, pues la Constitución impone a los poderes públicos exigencias adicionales de 
previsibilidad y proporcionalidad de la reacción cuando se trata de limitaciones del 
ejercicio de derechos fundamentales que derivan del ejercicio del ius puniendi estatal 
(SSTC 104/1986, 107/1988, 137/1997, 110/2000, 88/2003, y 104/2011, ya citadas, así 
como ATC 4/2008, de 9 de enero).
1.2  Expresado de esta forma el método de análisis que considero debimos seguir y 
agotar,  es  ya  momento  de  destacar  que  la  decisión  mayoritaria  ha  detenido 
indebidamente su examen en el primer momento de los que han sido descritos, tras 
considerar [FJ 5, c) y FJ 7.2.2] que por la finalidad a que se orientaba la manifestación –
que no sería otra que paralizar la actividad del Parlamento de Cataluña y que los 
presupuestos no fueran aprobados–, la conducta de los recurrentes no formaba parte, ni 
tan siquiera, del ámbito de protección de los derechos fundamentales alegados porque 
afectó a los derechos de terceros (los diputados autonómicos) cuya protección «debe 
prevalecer»  sobre  aquellos,  de  manera  que  el  alegado  ejercicio  de  derechos 
fundamentales no es sino un pretexto o subterfugio para la comisión de un hecho 
antijurídico.
En  mi  opinión,  como  expresé  durante  la  deliberación,  si  bien  las  conductas 
enjuiciadas no constituyen ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y 
manifestación alegadas, están encuadradas sin duda alguna en el ámbito de protección 
de dichas libertades, por lo que era preciso continuar nuestro análisis para determinar si 
la posibilidad de limitación penal estaba prevista en la ley, era idónea y necesaria, y 
supuso una actuación proporcionada de protección del interés jurídico que constituye el 
objeto del tipo penal aplicado.
a)  Coincido con la mayoría en que las conductas enjuiciadas en la causa penal 
previa no son ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y manifestación 
alegadas. Dicha apreciación de su carácter antijurídico se apoya en constatar que la 
limitación penal impuesta no trata de coartar el contenido del mensaje de protesta –el 
desacuerdo con la política de gasto pendiente de aprobación parlamentaria–, sino la 
forma exorbitante e intimidatoria en que dicho desacuerdo se hizo visible, esto es, 
dificultando con su conducta el normal desarrollo de la sesión parlamentaria en la que se 
iniciaba el debate sobre dichas decisiones anuales de gasto público. Es por tanto posible 
disociar  el  mensaje  de  protesta  y  los  actos  impeditivos  que  fueron  penalmente 
sancionados. e
b)  Pero,  muy  al  contrario  que  la  mayoría  de  mis  compañeros  del  colegio  de  bo
magistrados, entiendo que, como sostiene el ministerio fiscal, dichas conductas solo  017ww
dpeureedcehno ss edre c pornosteidsetara pdoalsít iecxac eens oqsu ein dniecceens faurniodsa ros ee.xtralimitaciones en el ejercicio de los
Dado el momento y contexto en que se produjeron, así como su simple descripción,
considero que las conductas que les han sido imputadas a los recurrentes constituyeron
actos de protesta y reivindicación extralimitados que, pese a su naturaleza verbal y 
gestual innecesariamente coercitiva, se encuentran directamente relacionados con las 
críticas políticas y de carácter social que justificaron la convocatoria de la reunión pública 
y manifestación ante el Parlamento de Cataluña. Por esta razón no quedan fuera del 
marco  general  de  protección  que  la  Constitución  otorga  a  los  derechos  de  libre 
expresión, reunión y manifestación. La condena penal impuesta a los recurrentes por los 
hechos imputados supuso objetivamente una restricción de sus derechos de reunión y 
manifestación, interpretados a la luz de la libertad de expresión, en tanto tal interferencia 
no solo opera cuando las reuniones son prohibidas o, una vez autorizadas, son disueltas 
coercitivamente, sino también cuando, una vez finalizadas, sus organizadores o quienes 
han participado en ellas son sancionados por las conductas protagonizadas durante su 
desarrollo (SSTEDH de 26 de abril de 1991, Ezelin c. Francia; de 15 de mayo de 2014, 
Taranenko c. Rusia;de 15 de octubre de 2015, Kudrevičius y otros c. Lituania; y de 20 de 
septiembre de 2018, Mushegh Saghatelyan c. Armenia).
Tal y como reiteradamente ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en relación con el derecho de reunión pacífica, únicamente quedan excluidas de su 
ámbito de protección aquellas reuniones o manifestaciones en las que sus organizadores 
o  participantes  tengan  intenciones  violentas,  pretendan  inducir  a  otros  a  ejercer  la 
violencia  o,  socaven  de  cualquier  otra  manera  los  fundamentos  de  una  sociedad 
democrática.  Esta  última  expresión  ha  sido  siempre  vinculada  en  la  casuística 
jurisprudencia del tribunal europeo a llamamientos a la violencia, al odio o a la misma 
insurrección armada [SSTEDH de 20 de octubre de 2005 (asunto Stankov y United 
Macedonian Organization Ilinden c. Bulgaria, y United Macedonian Organization Ilinden e 
Ivanov c. Bulgaria), § 99; de 23 de octubre de 2008 (asunto Sergey Kuznetsov c. Rusia), 
§ 45; de 21 de octubre de 2010 (asunto Alekseyev c. Rusia), § 80, o de 20 de septiembre 
de  2018  (asunto  Mushegh  Saghatelyan  c.  Armenia),  §  227].  Ninguna  de  estas 
circunstancias concurre en el caso analizado, por lo que la incidencia del contenido del 
derecho alegado sobre la respuesta penal cuestionada imponía realizar consideraciones 
complementarias que han sido eludidas en la decisión mayoritaria de la que discrepo.
Por esta razón, nuestro análisis de la condena penal no debió detenerse en el 
carácter justificado o antijurídico de las conductas enjuiciadas, sino que debió analizar si 
concurren en ellas los elementos que conforman el delito tipificado por la ley y si, 
además,  por  su  severidad,  su  aplicación  produce  o  no  un  sacrificio  innecesario  o 
desproporcionado  de  la  libertad  concernida  o  un  efecto  que,  en  otras  muchas 
resoluciones anteriores, hemos calificado de disuasorio o desalentador del ejercicio de 
los derechos fundamentales implicados en las conductas sancionadas [STC 177/2015, 
de 22 de julio, FJ 2, d)]; efecto que puede llevar a los ciudadanos a no ejercer plena y 
libremente sus derechos ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente 
sancionada. Analizaré estos extremos al examinar la proporcionalidad de la concreta 
condena impuesta.
2.  Sobre el carácter típico de las conductas enjuiciadas, a partir de la previsión legal 
establecida en el art. 498 del Código Penal.
Dejando ahora al margen la alegada vulneración de los arts. 20 y 21 CE, los 
recurrentes,  por  referencia  al  voto  particular  disidente  de  la  sentencia  dictada  en 
casación, denuncian también en sus recursos de amparo la vulneración de la garantía 
material del derecho a la legalidad de las infracciones y sanciones (art. 25.1 CE), en 
cuanto reconoce el principio de tipicidad, que impone al aplicador del Derecho una  e
sujeción estricta a la ley penal, de forma que quedan vedadas tanto la interpretación  bo
extensiva como la aplicación analógica in malam partem de las normas penales, esto es,  017ww
stoud eaxsé, gSeTsCis 1 y3 a7p/1li9c9a7c,ió dne f u2e1r dae d jeu llioos,  FsuJ p6u)e.stos y de los límites que ellas determinan (por
violePnacriaa , lionsti mriedcaucriórenn toe sa,m  seunsa zaco gnrdauvcet»a sd irnigoi dae xap riemspaend ier la  eumn ppleaorl amdee nutanraio  «afsuisetrizr aa, 
sus reuniones o coartar la emisión de su voto. Rechazan, como lo hace el Ministerio
Fiscal, que las conductas por ellos protagonizadas respondan a las exigencias típicas del 
precepto,  ni  tan  siquiera  en  atención  al  contexto  de  protesta  colectiva  en  que  se 
desarrollaron. Entienden que el contexto no puede alterar hasta tal punto su naturaleza 
atribuyéndoles,  al  margen  de  la  voluntad  de  sus  autores,  rasgos  de  violencia  o 
intimidación grave que no tenían. El Ministerio Fiscal coincide en esta apreciación y 
propone también, por esta razón, la estimación de la pretensión de amparo.
La conclusión de la mayoría, desestimatoria de esta queja, se apoya en un juicio de 
razonabilidad (FJ 6 in fine) que lleva a considerar que son suficientes los elementos de 
hecho tomados en consideración por el tribunal de casación para deducir la existencia de 
un contexto de coerción destinado a impedir a los diputados que llegaran a la sede del 
Parlamento; contexto que tuvo la suficiente entidad sobre el ánimo de los parlamentarios, 
algunos de los cuales se vieron en dificultades para acceder a la Cámara, otros lo 
hicieron con auxilio policial, y otros tuvieron que asistir a la reunión utilizando medios 
extraordinarios de transporte.
En este punto coincido con el Ministerio Fiscal en que se ha producido una aplicación 
extensiva de la norma penal. Considero que, excediendo de su significado gramatical y 
del uso común del lenguaje, ha sido indebidamente aplicada a supuestos que, por su 
menor entidad, no están comprendidos en su ámbito a partir del tenor literal de la norma 
penal, que exige la utilización de medios comisivos aptos para producir fuerza, violencia, 
intimidación o amenaza grave. Tampoco se respetan las pautas axiológicas que informan 
nuestro  texto  constitucional  en  relación  con  los  derechos  de  expresión,  reunión  y 
manifestación pacífica sin armas, en tanto garantizan la posibilidad de expresar de forma 
simbólica, incluso desabrida e hiriente, el desacuerdo con las políticas presupuestarias y 
sociales  que  habían  de  ser  sometidas  a  escrutinio  parlamentario.  Estos  valores 
fundamentales no han tenido ninguna incidencia sobre la decisión de condena y su 
ratificación en esta sede.
Para  apoyar  esta  apreciación  considero  que  debieran  haber  sido  tomados  en 
consideración de manera relevante los siguientes aspectos: (i) la menor gravedad de las 
conductas individuales protagonizadas por los recurrentes [que se describen en el FJ 5 
B) b) de la decisión desestimatoria]; (ii) que no sido declarado probado un concierto 
previo entre los recurrentes, ni entre estos y el resto de los manifestantes, para cometer 
actos violentos o de hostigamiento grave a los parlamentarios; (iii) que, pese a su lema, 
tan  relevante  para  la  mayoría,  la  manifestación  no  fue  prohibida  por  la  autoridad 
gubernativa, ni fueron perseguidos sus convocantes; (iv) en fin, por más relevancia que 
para valorar las conductas sancionadas se dé al contexto en que se produjeron (la 
denominada intimidación ambiental), tal extrapolación no puede conducir a justificar la 
responsabilidad individual mediante su integración colectiva en los actos de coerción 
realizados por otras personas no identificadas, pues, en cualquier caso, solo se puede 
responder penalmente por los actos propios y no por los ajenos [SSTC 131/1987, de 20 
de julio, FJ 6; 219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 5; 
246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 
de mayo, FJ 1, y 137/1997, de 21 de julio, FJ 5].
3.  Sobre la proporcionalidad de la reacción penal cuestionada.
A las razones expuestas en el epígrafe anterior, se suman otras jurisprudenciales y 
de hecho que, en mi opinión, permiten apreciar que la condena privativa de libertad 
impuesta a cada uno de los recurrentes, de tres años de duración, es objetivamente 
desproporcionada, en atención a las conductas que protagonizaron y al contexto de  e
protesta política en que se desarrollaron. bo
ddeerl ei3uc.sh1 o p uaLn aliae S nliTdbCie er t1na7 dl7a d/ 2ree0 se1px5up hereass tpaióu nee,ss tptaoot ard lle aa  mndteaesn puifrnioe epsvtooer cnloitóusn ar lqi eeusjege orpcsui cedidoee,r i evsxautdpraoolsnim ediret aa ldacou u dotiir lin zaoa ,ec sdióteanl    2021-13017n https://ww
potestad  y  el  efecto  desaliento  que  ello  puede  generar  (en  el  mismo  sentido
STC 112/2016). Por ello, tanto el legislador al definir la norma penal, como el juez al
aplicarla, no pueden «reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni 
siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en 
cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal» 
(STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5).
En  nuestra  jurisprudencia  el  juicio  de  proporcionalidad  de  las  limitaciones  de 
naturaleza penal ha sido específicamente abordado en reiteradas ocasiones en el ámbito 
de conductas relacionadas con las libertades de expresión e información, de las que la 
libertad de reunión es una modalidad concreta (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2). En la 
ya  citada  STC  110/2000,  destacamos  que  la  dimensión  objetiva  de  los  derechos 
fundamentales, su carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico, permite 
afirmar que «no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las 
fronteras de la expresión constitucionalmente protegida», sino que ha de garantizarse 
que la reacción frente a dicha extralimitación «no pueda producir por su severidad, un 
sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto [...] 
disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la 
conducta sancionada» (en el mismo sentido, SSTC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, 
y 187/2015, de 21 de septiembre, FJ 4). Sobre la exigencia de proporcionalidad cabe 
citar en el mismo sentido la STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y las SSTEDH de 13 de 
julio de 1995, Tolstoy Milovslasky c. Reino Unido, § 52 a 55; de 25 de noviembre 
de 1999, Nilsen y Johnsen c. Noruega, § 53, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo 
c. España, § 49 y 50).
Pero tal límite no opera exclusivamente en el ámbito del art. 20.1 CE, sino en 
relación con todos los derechos fundamentales: SSTC 190/1996, de 25 de noviembre, 
FJ3, sobre libertad de información y honor; 136/1999, de 20 de julio, FJ 20, sobre libertad 
de expresión y libertad ideológica en campaña electoral; 88/2003, de 19 de mayo, FJ 8, 
sobre derecho de reunión en el ámbito de la acción sindical; 104/2011, de 20 de junio, 
sobre derecho de huelga; 140/2016, de 21 de julio, FJ 10, sobre acceso a la justicia; 
91/2021, de 22 de abril y 122/2021, de 2 de junio, sobre los mismos derechos y 
libertades alegadas en esta causa.
En  el  mismo  sentido  se  ha  pronunciado,  también  de  forma  reiterada,  el  Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en las SSTEDH, de 22 de febrero de 1989, Barfod c. 
Noruega, § 29; de 20 de mayo de 1999, Bladet Tromsø and Stensaas c. Noruega, § 64; 
de 21 de marzo de 2002, Nikula c. Finlandia, § 54; de 15 de diciembre de 2005, Kyprianou 
c. Chipre, § 175, 181 a 183; de 21 de julio de 2011, Heinisch c. Alemania, § 91 y 92; de 3 de 
octubre de 2013, Kasparov y otros c. Rusia, § 84; de 15 de mayo de 2014, Taranenko c. 
Rusia, § 95 y 96; de 14 de octubre de 2014, Yilmaz Yildiz y otros c. Turquía, § 33; de 15 de 
octubre de 2015, Gafgaz Mammadov c. Azerbayán, § 50; y, más recientemente, la STEDH 
de 4 de septiembre de 2018, Fatih Taş c. Turquía (núm. 5), § 40.
3.2  En las SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 9, y 161/1997, de 2 de octubre, 
FJ 12, hemos señalado que una sanción penal legalmente prevista puede ser catalogada 
como  estrictamente  desproporcionada  «cuando  concurra  un  desequilibrio  patente  y 
excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma, a partir de las pautas 
axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad 
legislativa».
Examinar  si  una  concreta  condena  privativa  de  libertad  se  ha  ajustado  o  ha 
desconocido el principio de proporcionalidad exige determinar si, por su naturaleza y 
extensión, es necesaria para la protección del fin perseguido por la norma penal. Tal 
juicio valorativo ha de poner en relación la pena impuesta con su fin de protección, a  s
partir de la entidad del delito imputado. Como se destacó ya en la STC 62/1982, de 15  oe.
de octubre (primera que abordó esta cuestión) no es posible ignorar la dificultad de  w.
aplicar  a  un  caso  concreto  un  principio  general  del  Derecho  que,  formulado  como  017ww
rceocnocneopctoid oju erínd icfaov oinr ddeete rjmueincaeds oy,  ptreibrumnitaele su,n  am qaurigeenne sd eco rarpersepcoiancdieó nt aqmubei éhna l ad etu tseelar 
general de los derechos fundamentales y libertades públicas.
En todo caso, desde la perspectiva constitucional que nos es propia, hay en el caso 
presente diversas circunstancias objetivas que debieron tomarse en cuenta al valorar la 
proporcionalidad de la concreta sanción impuesta:
(i)  Cabe destacar, en primer lugar, que no hay en la decisión de condena juicio de 
proporcionalidad alguno que relacione la extensión de la pena impuesta con la entidad 
de las conductas imputadas, ni tampoco sobre la eventual menor antijuridicidad de estas 
que pudiera derivar del contexto de protesta pública en el que se produjeron. A todos los 
demandantes, cuyas conductas no son idénticas, se les ha impuesto la misma pena: tres 
años de privación de libertad, coincidente con la cuantía mínima de la previsión penal 
legal abstracta. En el fundamento de derecho único de la sentencia condenatoria dictada 
como  consecuencia  de  la  de  casación,  tras  calificar  los  hechos  probados  como 
constitutivos de un delito contra las instituciones del Estado, previsto y penado en el 
art. 498 CP, se expone lacónicamente: «La sala estima que procede la imposición de las 
penas mínimas previstas en el indicado precepto». Eso es todo.
Ya sea por entender que es adecuado y suficiente el juicio de proporcionalidad 
abstracto hecho por el legislador al fijar la cuantía mínima de la pena abstracta prevista, 
o por considerar que la relación de las conductas imputadas con el ejercicio de las 
libertades  de  expresión,  reunión  y  manifestación  no  aporta  nada  a  su  concreta 
determinación, o ya se trate de una simple omisión, entiendo que no es posible realizar 
un juicio externo sobre las razones que la sala ha tomado en consideración, al no haber 
sido explicitadas. Tampoco de la fundamentación de la sentencia de casación puede 
extraerse ninguna conclusión específica sobre este aspecto.
(ii)  La pena impuesta es privativa de libertad. Y lo es en una extensión significativa 
–tres años de duración– que conforme a la legislación aplicable (art. 80 CP) no admite la 
suspensión de su ejecución; esto es, se trata de una pena de prisión de cumplimiento 
obligado.
La naturaleza privativa de libertad de la pena impuesta es un elemento que, en sí 
mismo, no puede dejar de ser tomado en consideración en el juicio de proporcionalidad 
de las injerencias que afectan a la libertad de expresión (SSTEDH de 23 de septiembre 
de 1994, § 35, Jersild c. Dinamarca; de 11 de abril de 2006, § 43, Brasilier c. Francia; 
de 23 de abril de 2015, § 176, Morice c. Francia [Gran Sala], y de 12 de julio de 2016, § 
73, Reichman c. Francia). Conforme a los parámetros utilizados por el Tribunal Europeo 
Derechos Humanos en el contexto de actos relacionados con la libertad de expresión, se 
trata de una pena que ha de ser calificada como severa. Así se conceptúa una pena de 
un año y once meses de prisión (STEDH de 17 de julio de 2018, Mariya Alekhina y otras 
c. Rusia, § 215) e incluso una pena de nueve meses multa, con responsabilidad personal 
subsidiaria para el caso de impago (STEDH de 12 de enero de 2016, Rodríguez Ravelo 
c. España, § 44). También en la STEDH de 15 de mayo de 2014, Taranenko c. Rusia, § 
94 y 95, el tribunal europeo ha calificado como inusual y excepcionalmente severa, y por 
ende desproporcionada, una pena de prisión de tres años (suspendida en su ejecución) 
impuesta como consecuencia de acceder un grupo de cuarenta personas, apartando al 
guardia  que  intentaba  impedirles  el  paso,  al  interior  del  edificio  que  alberga 
dependencias administrativas de la Presidencia del Gobierno, y permanecer encerrados 
durante horas en un despacho.
En definitiva, por la severidad de la pena impuesta a los demandantes, no puede 
excluirse un efecto desalentador sobre futuros actos de protesta política.
(iii)  Destacaba antes que la decisión de condena, y su ratificación por la mayoría, 
ha  otorgado  de  forma  decisiva  relevancia  penal  a  las  conductas  individuales  e.
protagonizadas  por  cada  uno  de  los  demandantes  en  tanto  se  ejecutaron  «en  un  w.b
escenario y clima coactivo, en una atmósfera intimidatoria» generada por la participación  017ww
fdoer mcae netennéargreicsa ,d ee nm aonciafessiotannetse sd eesna blari dpar oete sitlíac,i taa,l gusun o ddees alcouse rcduoa lecso ne xlap repsraorpoune sdtae 
presAulp vuaelsotraarri ala d perl ogpoobriceironnoa lcidaatadl ádne q luae m ibead iad as ecro snocmreetati ddae  ap edneab aqtuee p aserl ahmae dnetaterriom.inado
como reacción penal, no es posible dejar de tomar en consideración que las conductas
individualmente imputadas a cada uno de los recurrentes no constituyeron actos de 
agresión física o acometimiento personal, sino de confrontación verbal y gestual con los 
parlamentarios.
La concentración pública en el lugar y día elegido fue debidamente comunicada y 
permitida por la autoridad gubernativa, que adoptó las medidas de prevención del orden 
público que consideró adecuadas. Su desarrollo fue mayoritariamente pacífico, aunque 
en la mañana del 15 de junio, durante el momento de acceso de los diputados al recinto 
donde se ubica la sede del Parlament, se registraron algunos actos violentos. La protesta 
era funcional al objetivo de canalizar reivindicaciones sociales que se consideraban 
legítimas sobre las que cabe toda controversia en una sociedad abierta. No consta que 
alguno  de  los  recurrentes  colaborara  en  los  actos  más  violentos  ya  descritos  que 
acaecieron durante la protesta, ni se ha declarado probado que hubiera existido un 
aprovechamiento intencional por parte de los recurrentes del clima intimidatorio aludido, 
ni tampoco que actuaran concertadamente con tal fin.
(iv)  Pese a que la exigencia de proporcionalidad de la limitación penal de un 
derecho fundamental pone en relación su fin de protección con el sacrificio que impone 
al derecho afectado, ha de convenirse con el Ministerio Fiscal cuando alega que, en la 
sentencia impugnada, no hay tampoco mención ni toma en consideración alguna a la 
efectiva incidencia que las conductas sancionadas tuvieron sobre el desenvolvimiento de 
la actividad parlamentaria programada para el día 15 de junio de 2011.
En tal sentido, la sentencia condenatoria declara consumado el delito con los actos 
realizados por los recurrentes, en cuanto califica el tipo penal aplicado como «un delito 
de tendencia […] [que] no exige para su consumación que, como efecto de los medios 
empleados,  el  diputado  no  haya  podido  asistir  a  las  reuniones,  no  haya  votado 
efectivamente  o  haya  experimentado  una  restricción  efectiva  de  su  libertad  de 
expresión». Se trata de una calificación jurídico-penal razonada y no arbitraria que no 
nos corresponde cuestionar por ser su determinación función exclusiva de los jueces y 
tribunales. No obstante, hemos de poner de relieve que, sin perjuicio de coincidir con la 
sentencia de casación en que se vio alterado el normal funcionamiento de la Cámara 
representativa por las dificultades de acceso reseñadas, apreciamos que, en orden a 
establecer la intensidad de la reacción penal, debió ser un elemento a considerar el 
efecto  real  que  los  actos  de  protesta  imputados  produjeron  sobre  la  sesión 
parlamentaria, dado que, según reflejaron entonces los medios de comunicación, tal y 
como estaba programado, el debate y votación se desarrollaron en el día de la fecha –
incluido el relativo a las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley de presupuestos–, 
y pudo celebrarse pocos minutos después del horario previsto.
(v)  En el proceso judicial previo, la consideración de que las conductas enjuiciadas 
constituían ejercicio legítimo de las libertades alegadas fue precisamente la ratio de la 
sentencia absolutoria de instancia pues, sin realizar juicio alguno de tipicidad, apreció 
como causa de justificación la de obrar en ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7 CP). 
La decisión fue posteriormente revocada en casación cuestionando la ponderación de 
intereses hecha en la decisión absolutoria.
Ya he señalado antes que, por su contenido coercitivo, las conductas imputadas no 
pueden  ser  consideradas  ejercicio  plenamente  legítimo  del  derecho  de  reunión  y 
manifestación; esto es, no constituyeron un ejercicio lícito de las libertades alegadas, por 
lo que pueden merecer sanción penal.
En  consecuencia,  considero  que  la  sentencia  de  instancia  sobredimensionó  el 
contenido constitucional del derecho de reunión y manifestación alegado, incluyendo en  s
su  ejercicio  plenamente  legítimo  conductas  que,  atendidas  sus  características  y  el  oe.
contexto en que se produjeron, constituyeron una extralimitación de las facultades de  w.
actuación que reconoce. 017ww
estaNboa no bdsirtaencttaem, leans tec onredluacctioans aednajus icciaodna se le xetjeerricoircizioa bdaen  ulonsa  dperoretecshtoas p ofulíntidcaa mye snotaclieasl, 
aselengtaednocisa,  sdine  qcuaes easctióan r epleavraan tdee cteirrcmuninsatar nlcaia  pheanyaa  simidop otnoimblaed. aN eon  ccounessitdioenraoc ióqnu ee nl alas   BOE-A-cable e
conductas protagonizadas por los recurrentes hayan sido previstas y declaradas como 
delictivas, pero sí el quantum de la respuesta penal acordada, atendida su naturaleza 
privativa de libertad.
En tal sentido, cabe apreciar que la decisión de la mayoría de la que disiento, al igual 
que hizo la sentencia de casación, minusvaloran el contenido del derecho fundamental 
alegado, no reconociéndole efecto alguno al determinar la pena aplicable. Sin embargo, 
la relación de las conductas imputadas con las facultades de actuación que el derecho 
de reunión y manifestación reconoce, junto con el resto de las circunstancias que hemos 
analizado, permite en este caso apreciar en ellas una menor antijuridicidad, un menor 
contenido lesivo que, de haber sido tenido en cuenta al valorar jurídico-penalmente la 
conducta de los recurrentes, hubiera llevado a atenuar la duración concreta de la pena 
privativa de libertad impuesta por debajo del mínimo legal abstracto establecido.
Nuestro  sistema  jurídico  penal  es  especialmente  idóneo  para  materializar  las 
exigencias de proporcionalidad que hemos analizado en aquellos supuestos en que las 
conductas imputadas supongan una extralimitación de un derecho fundamental. No solo 
porque la ley prevé para ellas una pena no determinada de extensión variable –un arco 
penológico que va desde un mínimo hasta un máximo–; un marco legal necesitado de 
concreción caso a caso en el que el juez puede apreciar «la mayor o menor gravedad del 
hecho» (art. 66.6 CP), sino porque a través de las reglas de aplicación de la pena es 
exigible graduar la respuesta cuando concurran plena o parcialmente circunstancias de 
atenuación o exención que así lo justifique.
Para responder proporcionadamente a conductas relacionadas con el ejercicio de 
derechos fundamentales, el aplicador debe apreciar la exención de responsabilidad 
excluyendo la antijuridicidad de la conducta cuando esta es ejercicio legítimo de un 
derecho (art. 20.7 CP); lo que conllevará la absolución. En el mismo sentido, el art. 21 
CP contempla como atenuantes las causas de exención «cuando no concurrieren todos 
los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos», 
previsión legal a la que el art. 68 CP anuda como exigencia la imposición de «la pena 
inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley», graduación que, a su vez, 
depende  del  «número  y  la  entidad  de  los  requisitos  que  falten  o  concurran  y  las 
circunstancias personales de su autor». A través de dicha previsión legal, atendidas las 
circunstancias del presente caso, no solo era posible, sino exigido, individualizar y 
atemperar la reacción penal a la antijuridicidad de las conductas valoradas, dada la 
limitada intensidad coercitiva de las mismas, el contexto de protesta política en el que se 
desarrollaron, su relación con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, y la 
real afección que produjeron al desarrollo de la sesión parlamentaria. Sin embargo, dicha 
posibilidad legal no fue examinada en la decisión de condena al determinar la pena que 
debía ser impuesta.
En definitiva, la toma en consideración de los criterios y circunstancias expuestas me 
permite concluir que, al imponer a los recurrentes a la pena de prisión de tres años de 
duración  sin  apreciar  la  concurrencia  de  la  citadas  posibilidades  de  atenuación,  la 
decisión de condena impuesta en la sentencia de casación impugnada, por su naturaleza 
y duración, no puede ser considerada proporcionada al objetivo legítimo perseguido por 
la norma penal aplicada; esto es, no expresa un justo equilibrio entre los derechos 
fundamentales alegados y los fines de protección que han justificado la condena. De lo 
que resulta que, atendiendo parcialmente las pretensiones de los recurrentes, apoyadas 
por el Ministerio Fiscal, entienda que debíamos haber declarado vulnerado el principio de 
legalidad penal (art. 25.1 CE) en cuanto comprensivo de la proscripción constitucional de  s
penas desproporcionadas. oe.
Expresada de esta forma mi discrepancia con los motivos sustantivos alegados por  w.
los recurrentes (arts. 20, 21 y 25 CE), me resta por abordar un motivo de discrepancia  017ww
qlau dee, cpiessióen a m sauy noarittuarraiale dzea  lpar oqcuees dails, ireenstuol.t aT ieenn eig quuael  mveerd icdoan r eelle hveacnhteo  pdaer aq uaep alar tadremcies idóen 
duen ac pornedveian as ehnatyean csiaid aob essotlaubtolericai.da al resolver un recurso de casación formulado contra  BOE-A-cable e
4.  Sobre los límites constitucionales de la revisión en casación de la decisión 
absolutoria adoptada en la instancia (art. 24.2 CE).
Considero que la opinión de la mayoría reflejada en la sentencia dictada en el 
presente recurso ha incurrido en una errónea aplicación de la consolidada doctrina 
constitucional que este tribunal ha venido desarrollando desde la STC 167/2002 en 
relación  con  la  imposibilidad  procesal  de  apreciar  en  casación  la  concurrencia  de 
elementos subjetivos del delito.
4.1  Para facilitar la comprensión de mi desacuerdo resulta oportuno destacar que la 
inicial decisión absolutoria excluyó la antijuridicidad de la conducta de los acusados 
entendiendo que era ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación, 
razonamiento  este  al  que  dedicó  su  principal  esfuerzo  argumentativo.  Es  relevante 
reseñar que el análisis de la sentencia de instancia se detuvo en dicha consideración y, 
al descartar su antijuridicidad, obvió en su fundamentación el análisis sobre la tipicidad 
de las conductas que fundamentaron la acusación. En el relato de hechos probados no 
se recoge referencia alguna a la finalidad que pudiera animar a los recurrentes. Pese a 
ello, en su fundamentación jurídica, al razonar sobre la legitimidad de la conducta de los 
recurrentes (FJ 2.1.1) sí se afirma que la convocatoria y la acción colectiva de protesta 
tenían  como  finalidad  «divulgar  mensajes  de  protesta  en  relación  a  las  decisiones 
legislativas, y para ello se trataba de ocupar los alrededores del edificio parlamentario 
para dirigir a los diputados, a los medios de comunicación y a la sociedad el rechazo de 
tales medidas de recorte del gasto social en detrimento de los servicios públicos y de la 
efectividad de los derechos sociales». Se afirma también que el lema de la convocatoria 
–«Paremos  el  Parlamento,  no  permitiremos  que  aprueben  recortes»–  aunque 
problemático,  era  simbólico  y  contenía  dos  mensajes  precisos,  pues  «quienes 
protestaban  no  querían  las  restricciones  económicas  de  las  prestaciones  y  de  los 
servicios públicos; y quienes adoptaban tales decisiones ya no les representaban».
Por  el  contrario,  tras  descartar  que  las  conductas  imputadas  a  los  recurrentes 
pudieran  ser  calificadas  como  ejercicio  legítimo  de  los  derechos  de  reunión  y 
manifestación, la sentencia de casación se enfrenta por primera vez a la tarea –ahora 
imprescindible– de subsumir las conductas declaradas probadas en el delito previsto y 
penado en el art. 498 CP, el cual califica como un «delito de tendencia», para cuya 
consumación basta que se realice la conducta típica con la finalidad de impedir la 
asistencia de los diputados a las sesiones parlamentarias programadas. Al subsumir las 
conductas de los demandantes en el delito en cuestión, el Tribunal Supremo afirma: (i) 
que las conductas tienen suficiente entidad, en atención al contexto, para ser calificadas 
como empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave, y (ii) que estaban 
animadas por la finalidad de impedir a los parlamentarios asistir a las reuniones de la 
asamblea legislativa. Tal finalidad impeditiva la deduce del contexto coactivo descrito en 
el relato de hechos probados y del propio lema de la convocatoria. A partir de ambos 
factores,  se  afirma  que  la  intención  que  guiaba  la  conducta  de  cada  uno  de  los 
recurrentes no era protestar sino impedir a los diputados su asistencia al Parlament. De 
esta forma, quedan equiparadas la finalidad de la manifestación con la concreta finalidad 
que anima las acciones de los demandantes finalmente condenados, quienes realizaron 
aportaciones  particulares  al  acto  colectivo  de  obstaculización  de  las  tareas 
parlamentarias.
4.2  Mi  discrepancia  con  la  decisión  mayoritaria  no  se  refiere  a  la  doctrina 
constitucional que se expresa en el fundamento jurídico 8 B) de la decisión mayoritaria,  e
sino a su defectuosa aplicación que lleva a apreciar indebidamente que la audiencia  bo
personal de los acusados no era precisa en este caso por haber sido deducida la  017ww
cinotnetnecxióton  cqoueer caintiivmoa bean  lqau ceo nedsutac tas ed ep lroosd urejoc,u rdraetnotse sq dueel  lseem ad edsec rlaib emna neinfe setla crieólna toy  ddeel 
hechMoes  pparorebcaed oesv iyd esnet eco qnuseid eurnaan  voebzj emtiváoss,  lya,  pcoure setlilóon v aqluoera sbele psl aennt ecaa seanc ieósnt.e motivo de
amparo no es otra que la vulneración de las garantías procesales que, frente al acusado
que niega haber realizado el hecho con la intención que se le imputa, deben observarse 
al resolver el recurso de casación  para poder atender una pretensión de condena 
formulada contra una decisión absolutoria acordada en la instancia.
Como detalladamente se expone en la STC 125/2017, de 13 de noviembre, FJ 3, el 
contenido de tales garantías procesales ha sido abordado por este tribunal en una 
jurisprudencia reiterada, complementaria y progresivamente ampliada que, rectificando 
pronunciamientos anteriores, tiene su momento inicial en la STC 167/2002 de 18 de 
septiembre (FFJJ 9 a 11). La doctrina fue ampliada a partir de la STEDH de 10 de marzo 
de 2009, Igual Coll c. España, que puso de manifiesto la insuficiencia de la inicial 
perspectiva jurisprudencial. El Tribunal Europeo Derechos Humanos había declarado 
que cuando una instancia de revisión debe conocer un asunto de hecho y en Derecho y 
tiene la facultad de estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o de la 
inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir estas cuestiones sin 
valoración directa de los medios de prueba presentados en persona por el acusado que 
afirma no haber cometido el acto considerado penalmente ilícito.
La plena recepción de dicho criterio por este tribunal se inició en la STC 184/2009, 
de 7 de septiembre, FJ 3, conforme a cuya doctrina, lo constitucionalmente relevante es 
evaluar si la jurisdicción de revisión «efectúa una nueva apreciación de los hechos 
estimados probados en primera instancia y los reconsidera», situándose así más allá de 
consideraciones estrictamente jurídicas; lo cual ocurre siempre que la revisión exprese 
«una toma de posición sobre hechos decisivos para la determinación de la culpabilidad 
del demandante», esto es, se pronuncie sobre circunstancias subjetivas del acusado. Y 
así hemos señalado que «cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos 
subjetivos (como, en este caso concreto, la finalidad que guiaba la conducta de los 
recurrentes), no es posible proceder a la valoración jurídica del comportamiento del 
acusado sin haber previamente intentado probar la realidad de este comportamiento, lo 
que implica necesariamente la comprobación de la intención del acusado con relación a 
los hechos que se le imputan» (SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, Lacadena Calero 
c. España, § 38; de 20 de marzo de 2012, Serrano Contreras c. España, § 31; de 13 de 
junio de 2017, Atutxa Mendiola y otros c. España, § 43, y de 24 de septiembre de 2019, 
Camacho Camacho c. España, § 30).
Resumiendo el doble contenido de dicha doctrina, la sentencia del Pleno 88/2013, 
de 11 de abril, concluyó que «de conformidad con la doctrina constitucional establecida 
en las SSTC 167/2002 y 184/2009, vulnera el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2 CE) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a 
quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva 
valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados 
probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia 
pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de 
publicidad,  inmediación  y  contradicción  que  le  son  propias,  y  se  dé  al  acusado  la 
posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal» (FJ 9).
Dicha  evolución  ha  tenido  una  especial  incidencia  sobre  el  tratamiento  de  las 
decisiones de condena que revocan un pronunciamiento absolutorio con fundamento en 
la reconsideración de la concurrencia de los elementos subjetivos del delito (aquellos 
que tienen que ver con la intención que guía a su autor o el grado de compromiso con la 
acción ejecutada que cabe reprocharle). Si bien en un primer momento (STC 167/2002), 
cuando se apoyaban en prueba documental, los debates en torno a su concurrencia 
fueron  valorados  como  «debates  jurídicos»  no  necesitados  de  vista  pública  o  s
inmediación ni de la presencia del acusado, la toma en consideración de la STEDH  oe.
dictada en el caso Igual Coll modificó el sentido de los pronunciamientos de este tribunal  w.
(SSTC 184/2009, de 7 de septiembre, 45/2011, de 11 de abril, y 142/2011, de 26 de  017ww
seelepmtieemntborse )a. nDímeiscdoes  esnet oinnfcieerse,n v deen imlao cso anfdirumctaan ddoe l raeuitetorra, deasmtoe netse,  qduee s, u« emna ncuifeasnttaoc ilóons 
uenxtae rvnaalo eranc uiónn  cfáocnttiecxat on edceetesirtmadinaa udsou, alalm aepnrteec idaec ipóunb dlieci dsaud c, oinnmcuerdreianccióian  nyo c soonltora edxicpcrieósna,   BOE-A-cable e
sino que, en todo caso, ha de ofrecerse al acusado, que niega haber cometido el hecho 
que se le imputa, la posibilidad de estar presente en un debate público donde pueda 
defender  sus  intereses  contradictoriamente;  exigencias  estas  que,  en  nuestro 
ordenamiento jurídico, no se cohonestan con la actual estructura procesal del recurso de 
apelación y casación penal, cuyo ámbito de cognición ha quedado así delimitado» 
(STC  125/2017,  FJ  6).  Criterio  consolidado  y  reiterado,  entre  las  sentencias  más 
recientes, en la STC 149/2019, de 25 de noviembre, FJ 2.
En  definitiva,  constituye  un  criterio  totalmente  asentado  en  nuestra  doctrina  y 
coincidente con la consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la 
revisión de los elementos subjetivos del delito constituye una cuestión de hecho y no una 
cuestión  de  calificación  jurídica.  Y,  por  ello,  al  margen  de  ser  una  inferencia 
razonadamente justificada, precisa siempre de la audiencia al acusado (SSTEDH de 29 
de marzo de 2016, asunto Gómez Olmeda c.  España; 13 de junio de 2017, asunto 
Atutxa Mendiola c. España, 13 de marzo de 2018, asunto Vilches Coronado y otros c. 
España; y 24 de septiembre de 2019, asunto Camacho Camacho c. España.
Como ha señalado de modo reciente la sentencia 149/2019, de 25 de noviembre, en 
palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «cuando el razonamiento de un 
tribunal se basa en elementos subjetivos, […] es imposible proceder a la valoración 
jurídica del comportamiento del acusado sin haber tratado previamente de probar la 
realidad de dicho comportamiento, lo que implica necesariamente la comprobación de la 
intencionalidad del acusado en relación con los hechos que le son imputados» (por 
todas,  asunto  Lacadena  Calero  c.  España,  §  47).  O,  dicho  con  nuestras  propias 
palabras, «en cuanto los elementos anímicos se infieren de la conducta del autor, esto 
es, de su manifestación externa en un contexto determinado, la apreciación de su 
concurrencia  no  solo  expresa  una  valoración  fáctica  necesitada  usualmente  de 
publicidad, inmediación y contradicción, sino que, en todo caso, ha de ofrecerse al 
acusado, que niega haber cometido el hecho que se le imputa, la posibilidad de estar 
presente en un debate público donde pueda defender sus intereses contradictoriamente 
(STC 125/2017, FJ 6)».
4.3  En mi opinión, la aplicación de los criterios expuestos al presente caso permite 
apreciar la existencia de la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
y del derecho de defensa (art. 24.2 CE), debido a la estimación realizada en la sentencia 
de casación recurrida de la concurrencia del elemento subjetivo del delito imputado: la 
intención de los acusados de impedir el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.
Tal  y  como  expresan  los  demandantes  y  sostiene  el  Ministerio  Fiscal  en  las 
alegaciones presentadas en este proceso constitucional, hemos de tener en cuenta que 
la doble afirmación realizada por la Sala Penal del Tribunal Supremo para justificar su 
condena [FJ 5 G)] –según la cual la manifestación y los participantes en ella tenían como 
finalidad  impedir  la  actividad  parlamentaria,  y  que  ese  era  el  concreto  fin  de  los 
recurrentes pues actuaban en el marco de una suerte de acuerdo general de cometer las 
acciones típicas–, supone dar por probados elementos que no se contemplan en el relato 
factico de instancia y que, además, difieren de la valoración radicalmente discrepante allí 
efectuada.
Por lo demás, el examen por el Tribunal Supremo de esos tres elementos –finalidad 
de la manifestación, intención de los recurrentes y existencia de un acuerdo implícito– no 
puede ser considerado como un pronunciamiento referido a cuestiones de Derecho, tal y 
como sostiene la decisión mayoritaria, en tanto implica valorar hechos que son decisivos 
para la determinación de la culpabilidad de los demandantes sobre los que se apoya la  s
afirmación del significado coactivo y típico de su conducta. Se trata de una cuestión  oe.
sobre la que no existía pronunciamiento previo del tribunal de primera instancia (al igual  w.
que en el caso Igual Coll c. España, § 35). En ningún momento la sentencia de la  017ww
dAeu dlaie naccitaiv iNdaadc iopnaarlla ampernetcaiari ac, onmi os iqdueifeinrait oimriop udteal  afi nla d ceo nlac emnatrnaicfeiósnta ucnióan  oebl jeimtivpae deifmiceanctiao 
intimidatoria. De hecho, asume la afirmación de los portavoces de las organizaciones
convocantes según la cual «no pretendían paralizar la actividad parlamentaria pero sí 
tratar de impedir la aprobación del proyecto de presupuestos».
Con tal proceder, el Tribunal Supremo, en vez de devolver la causa al tribunal de 
instancia para que completara su análisis realizando el juicio de tipicidad, ha efectuado 
una nueva valoración de los hechos, a los que otorga un significado y un peso específico 
diverso al que les confirió la sentencia de instancia y, a partir de ellos, ha realizado un 
pronunciamiento afirmativo sobre la culpabilidad de los acusados previamente absueltos. 
En  tales  condiciones,  su  audiencia  personal  era  constitucionalmente  obligada.  La 
afirmación del Tribunal Supremo admitida por la mayoría, según la cual se respeta el 
factum de instancia y se trata solo de una cuestión de subsunción estrictamente jurídica, 
no se compadece con la dimensión de su intervención, donde –cuando menos– se 
produce una modificación inferencial del elemento subjetivo del delito que lleva a afirmar 
la culpabilidad de los recurrentes, por más que no se modifiquen explícitamente los 
hechos probados.
En definitiva, tal y como concluimos en la STC 146/2017, de 14 de diciembre, FJ 8, 
para afirmar su culpabilidad, el razonamiento del Tribunal Supremo se extendió también 
en este caso a evaluar la intención de los acusados, que se infiere de los hechos 
probados completados y reinterpretados, por lo que la cuestión no podía ser resuelta sin 
darles la posibilidad de ser oídos personalmente.
En  consecuencia,  considero  que  debía  haber  sido  estimada  la  vulneración 
denunciada del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho 
de defensa, de la que se sigue necesariamente en el caso actual, de conformidad con la 
doctrina jurisprudencial, la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia, ya que la condena dictada en casación se fundamenta, de modo esencial y 
exclusivo, en la reconsideración de la actividad probatoria practicada en la primera 
instancia, para declarar la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo que no había 
sido apreciado anteriormente por el tribunal sentenciador.
En conclusión, mi discrepancia se extiende a la valoración que la mayoría hace de 
los tres motivos de amparo que han sido expuestos: entiendo que la conducta de los 
acusados  enjuiciada,  por  su  menor  lesividad,  no  puede  ser  considerada  típica  sin 
desbordar los límites interpretativos que a los órganos jurisdiccionales corresponden 
(art. 25.1 CE); considero que la pena privativa de libertad impuesta, en la cuantía que lo 
ha  sido,  es  manifiestamente  desproporcionada,  dada  la  evidente  relación  de  las 
conductas enjuiciadas con el contenido de los derechos de reunión y manifestación 
alegados (art. 21 CE); aprecio, por fin, que no era constitucionalmente posible acordar en 
casación la condena de los recurrentes sin vulnerar sus derechos a un proceso con 
todas las garantías y de defensa (art. 24.1 y 2 CE), pues su audiencia personal era 
exigida para poder imputarles una intención delictiva que no había sido apreciada en la 
instancia. El amparo solicitado debió ser otorgado y, como efecto, debió ser declarada la 
nulidad de la sentencia condenatoria dictada en casación.
Madrid,  a  veinticuatro  de  junio  de  dos  mil  veintiuno.–Cándido  Conde-Pumpido 
Tourón.–Firmado y rubricado.