BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113  Miércoles 12 de mayo de 2021  Sec. I.   Pág. 56733
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
7840 Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos 
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales.
I
Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido la virtualidad de 
transformar, en todo el mundo, las relaciones sociales, los hábitos de consumo y, con ello, 
han generado oportunidades de nuevas formas de negocio que giran, entre otros factores, 
en torno a la obtención y gestión de datos y a la oferta de servicios adaptados a esta 
nueva etapa.
Del mismo modo, los métodos de cálculo matemáticos o algoritmos se han aplicado a 
las relaciones de trabajo revolucionando la forma en que se prestan los servicios, 
optimizando recursos y resultados. Estos métodos presentan un fuerte potencial para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas. Buena muestra de ello han 
sido los resultados de una digitalización forzada o acelerada a lo largo de la crisis sanitaria, 
habilitando servicios y atención sanitaria personalizados a distancia, permitiendo el 
mantenimiento de negocios a través de servicios en línea; o garantizando la continuidad 
de las prestaciones de trabajo a distancia.
La aplicación de estos medios tecnológicos ha introducido elementos novedosos en 
las relaciones laborales, cuyas ventajas son evidentes. Las ventajas y consecuencias 
positivas sobre las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras son perfectamente 
compatibles con la finalidad del derecho del trabajo en su función reequilibradora de 
intereses, protectora de la parte más débil contractualmente o de gestión de los recursos 
humanos y mejora de la productividad de las empresas.
Esta es la fórmula de compatibilidad que garantiza que la revolución tecnológica aporte 
sus efectos positivos de forma equitativa y redunde en el progreso de la sociedad en la 
que se ha instalado. Un mercado de trabajo con derechos es garantía de una sociedad 
moderna, asentada en la cohesión social, que avanza democráticamente; un mercado 
centrado en las personas, que convierte a su tejido productivo en menos volátil y más 
resiliente ante los cambios.
A pesar de las enormes dificultades, especialmente las técnicas, que ha supuesto afrontar 
este reto, el diálogo social ha permitido que nuestro país avance de forma pionera en esta 
materia y lo haga de la mano de un diagnóstico y una solución compartida por los interlocutores 
sociales más representativos cuyas aportaciones han resultado decisivas. Este real decreto-
ley, por tanto, es fruto del Acuerdo adoptado, el pasado 10 de marzo de 2021, entre el 
Gobierno, CC. OO., UGT, CEOE y CEPYME, tras el trabajo desarrollado por la Mesa de 
Diálogo constituida, a tal efecto, el 28 de octubre de 2020.
II s
El presente real decreto-ley cuenta con un artículo y dos disposiciones finales, cuya  w.b
finalidad es la precisión del derecho de información de la representación de personas  40ww
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primer lugar, modifica el artículo 64, relativo a los derechos de información y consulta de la
representación legal de las personas trabajadoras añadiendo un nuevo párrafo d) a su 
apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por 
la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o 
sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir 
en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la 
elaboración de perfiles.
En segundo lugar, introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de 
laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o 
mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de organización, dirección y control, 
mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de 
una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del 
Estatuto de los Trabajadores.
La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
encuentra en el origen de buena parte de las sentencias que han resuelto a favor o en 
contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto 
y que han culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre.
La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el 
Tribunal Supremo en dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, 
valiéndose para ello de la prevalencia del principio de realidad en el sentido señalado por 
sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero de 1986, o STS de 20 
de enero de 2015, recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de 
adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual. En dicha sentencia se 
fundamenta lo siguiente:
«Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos asistido a 
una evolución del requisito de dependencia-subordinación. La sentencia del TS de 11 de 
mayo de 1979 ya matizó dicha exigencia, explicando que “la dependencia no implica una 
subordinación absoluta, sino sólo la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario 
de la empresa”. En la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. 
Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control 
digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva 
obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que 
deben aplicarse las normas (artículo 3.1 del Código Civil)» (FJ 7.º).
Partiendo de esta máxima, el Alto Tribunal analizó la relación entre la plataforma de 
reparto demandada y el trabajador concernido por el recurso, reiterando, como ya lo había 
establecido en numerosas ocasiones con anterioridad (por todas, SSTS de 22 de abril 
de 1996, recurso 2613/1995; y de 3 de mayo de 2005, recurso 2606/2004), que las 
facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en tal 
sentido, las notas de dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas 
diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es 
beneficiaria de sus frutos, realizando una labor de coordinación, organización o control de 
la prestación u ostentando la potestad sancionadora, y ello aunque sus prerrogativas se 
manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la gestión algorítmica, de las 
condiciones de trabajo o del servicio prestado.
A través de una nueva disposición adicional vigesimotercera, y por acuerdo adoptado 
en la mesa del diálogo social, se traslada a la ley la jurisprudencia sobre esta materia, 
con el objetivo de que el Estatuto de los Trabajadores refleje estas nuevas realidades de 
forma clara. e.e
De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades  w.b
empresariales, a las que se refiere el artículo 20 de dicha norma, pueden ser ejercidas  40ww
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que una cierta flexibilidad o libertad por parte de la persona trabajadora en la ejecución
del trabajo sea solo aparente, por llevar en realidad aparejada consecuencias o 
repercusiones en el mantenimiento de su empleo, en su volumen o en el resto de sus 
condiciones de trabajo.
Asimismo, se refuerza, a través de la invocación explícita del artículo 8.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, la importancia de valorar la naturaleza real del vínculo, el contenido 
de las prestaciones, y la configuración asimétrica y efectiva de las obligaciones asumidas 
en el acuerdo contractual, como un elemento necesario para garantizar el efecto útil y 
protector que corresponde al derecho laboral.
Los algoritmos merecen nuestra atención y análisis, por los cambios que están 
introduciendo en la gestión de los servicios y actividades empresariales, en todos los 
aspectos de las condiciones de trabajo y, sobre todo, porque dichas alteraciones se están 
dando de manera ajena al esquema tradicional de participación de las personas 
trabajadoras en la empresa. En este sentido, otra de las reflexiones compartidas por la 
mesa de diálogo social consiste en señalar que no podemos ignorar la incidencia de las 
nuevas tecnologías en el ámbito laboral y la necesidad de que la legislación laboral tenga 
en cuenta esta repercusión tanto en los derechos colectivos e individuales de las personas 
trabajadoras como en la competencia entre las empresas.
La eficacia de la nueva disposición adicional vigesimotercera, basada, como se ha 
expuesto, en la valoración de la naturaleza real del vínculo, va a depender en gran medida 
de la información verificable que se tenga acerca del desarrollo de la actividad a través de 
plataformas, que debe permitir discernir si las condiciones de prestación de servicios 
manifestadas en una relación concreta encajan en la situación descrita por dicha 
disposición, siempre desde el mayor respeto a los secretos industrial y comercial de las 
empresas conforme a la normativa, que no se ven cuestionados por esta información 
sobre las derivadas laborales de los algoritmos u otras operaciones matemáticas al 
servicio de la organización empresarial.
Por último, se incluye una disposición final primera relativa al título competencial y una 
disposición final segunda relativa a la entrada en vigor, que establece un periodo de tres 
meses, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», periodo que 
se estima necesario para posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de 
las medidas necesarias para su aplicación.
III
En relación con la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y 
urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, 
resumida en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio, conforme a 
la cual se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que 
han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», y, por otro, «la existencia 
de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta 
adoptada para subvenir a ella».
A la hora de justificar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, 
debemos referirnos a la litigiosidad comentada en esta exposición de motivos y la doctrina 
contenida en la STS 805/2020, de 25 de septiembre de 2020, que impone, de lege ferenda, 
la adopción de una solución legislativa que procure un panorama necesario de 
normalización y seguridad jurídica para personas trabajadoras y empresas.
De un lado, la urgente necesidad de articular equilibradamente una realidad económica 
nueva –en su forma de organización– con la protección de quienes son personas  s
trabajadoras que, si bien prestan servicios de un modo que se aparta del tradicional, están  oe.
sometidas a un control en su prestación, básicamente sobre los procesos y los resultados. w.
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incluidos en el Estatuto de los Trabajadores.
Resulta fundamental para conseguir este nivel de protección adoptar un concepto  Bc
material de persona trabajadora y un concepto funcional de empresa, superando elementos
instrumentales que impidan garantizar el efecto útil de un conjunto de derechos mínimos 
de los que se ocupa de manera genuina el Derecho del trabajo. De otra manera, corremos 
el riesgo de que un número creciente de personas que desempeñan su actividad en el 
contexto atípico de las plataformas digitales de reparto queden excluidas de su ámbito de 
aplicación y condenadas a una situación de extrema vulnerabilidad.
Los ingresos que perciben las personas trabajadoras, las cotizaciones a la Seguridad 
Social, la renta disponible de los hogares y otros efectos adicionales y añadidos que 
inciden en la fortaleza y capacidad de recuperación del tejido empresarial, hacen 
especialmente necesaria esta regulación, ante los retos comprometidos con la Unión 
Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por ello, es urgente contar con un medio que procure certezas, seguridad y 
previsibilidad mediante la adopción de esta nueva técnica que refleja en el texto del 
Estatuto de los Trabajadores las características de una realidad productiva altamente 
digitalizada, pero que no altera el contenido ni el alcance de las notas que definen la 
naturaleza laboral de una relación de servicios conforme a lo establecido en el artículo 1.1 
del Estatuto de los Trabajadores, ni sus consecuencias. Resulta igualmente urgente, 
además, garantizar la igualdad de trato entre las empresas «tradicionales» y las que 
utilizan medios de control digital basadas en la gestión de datos algorítmicos, sobre la 
base de una competencia transparente y leal entre unas y otras.
Todo lo anterior pone de manifiesto la urgencia de garantizar condiciones de trabajo 
justas en la economía de las plataformas digitales de reparto, a través de una presunción 
de laboralidad de las personas que prestan servicios en dicho ámbito, que asegura la 
igualdad de trato de las empresas, ya operen con formas de trabajo estándar o no 
estándar; así como procurar, por último, la efectividad de la modificación legislativa 
operada, mediante la incorporación de mecanismos para conseguir su cumplimiento y 
aplicación efectivos.
En este sentido, la aprobación y publicación de la medida otorgará seguridad jurídica 
a los operadores, que dispondrán de un plazo razonable para realizar las adaptaciones 
necesarias al nuevo marco legal, periodo de tiempo que se considera como mínimo 
indispensable a tal fin.
IV
Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se 
encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines 
perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para 
garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley 
son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habiéndose 
constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan 
menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del principio de seguridad 
jurídica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo de 
certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas afectadas. s
Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir  oe.
claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del  w.
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que, para los reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto.
Por último, en relación con el principio de eficiencia la norma no incorpora ninguna  Bc
carga administrativa adicional.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en las materias de 
legislación laboral.
La inmediatez con la que es necesario incorporar las modificaciones referidas al Estatuto 
de los Trabajadores exige la adopción de la presente norma a través del instrumento del 
decreto-ley, toda vez que la situación a la que se pretende dar respuesta no puede abordarse 
mediante el procedimiento legislativo ordinario o a través de su tramitación urgente. En este 
sentido, ha de tenerse en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, en base a la 
cual el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que 
justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata 
en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia 
para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho 
procedimiento no depende del Gobierno (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, 
de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 68/2007, 
F. 10, y 137/2011, F. 7).
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
de Trabajo y Economía Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 11 de mayo de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
Uno.  Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción:
«d)  Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en 
los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la 
toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y 
mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.»
Dos.  Se introduce una nueva disposición adicional vigesimotercera, con la siguiente 
redacción:
«Disposición adicional vigesimotercera.  Presunción de laboralidad en el ámbito de 
las plataformas digitales de reparto.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el 
ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos 
consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o 
mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de 
organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la 
gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una 
plataforma digital. es
Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.» bo
DispEosstiec iórena fli ndaelc preritmo-eleray.  seT dítiucltoa  caol mampeptaernoc idael. lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la
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Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de mayo de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN