BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Lunes 28 de septiembre de 2020 Sec. III.   Pág. 81661
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11324 Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador titular del registro de la propiedad de Madrid n.º 
29, por la que suspende la inscripción de una instancia suscrita por una 
sociedad en la que se solicita que se inscriba a su nombre un solar edificable 
sito en Madrid.
En el recurso interpuesto por don P. S. C., como apoderado de la mercantil RKV, 
S.L., contra la nota de calificación extendida por el registrador titular del Registro de la 
Propiedad  de  Madrid  n.º  29,  don  Javier  Stampa  Piñeiro,  por  la  que  suspende  la 
inscripción de una instancia suscrita por la citada sociedad en la que se solicita que se 
inscriba a su nombre un solar edificable sito en Madrid.
Hechos
I
En instancia de fecha 26 de febrero de 2020, suscrita por P. S. C., como apoderado 
de la mercantil RKV, S.L, en la que se solicita que se inscriba a favor de esta sociedad la 
finca registral 5006, que figura inscrita a favor de la sociedad Edificio Agustín de Foxa 2 
S.A., que fue absorbida por la citada RKV, S.L. En la citada instancia consta que la 
referida absorción se acogió al régimen tributario especial establecido en el Capítulo VIII 
del Título VIII de la entonces vigente Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de Impuesto 
sobre Sociedades, cuya Disposición Adicional Octava, punto 3, dispone:
«No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el 
capítulo VIII de Título VIII de la presente Ley, con excepción de las previstas en el 
artículo 108. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que 
el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en el capítulo VIII del Título VIII. No será de aplicación lo establecido en el 
artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.»
II
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Madrid n.º 
29, fue objeto de la siguiente calificación: El Registrador de la Propiedad que suscribe, 
previo  examen  y  calificación  del  documento  precedente,  de  conformidad  con  los 
artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 de su Reglamento Suspende la inscripción 
del mismo por los siguientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos: No se acredita  es
comunicación o pago al Ayuntamiento de Madrid a los efectos del Impuesto sobre el  o
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ya que se alega la exención  4w
Srdneeoes  xopstllaiuue csndivdeóao nll ía aqr e Luqgeeuiy ses t 2erda2 ecd/2biota0er  0 eicn6onv, m odfucpenae d4rtsea denme taee jn nutptleioao sre a.dl   eFól aurCg nacadanpaloimitfa iecelinadnccatoaidósr ng yd a ddedee oD   rtdeaéerlge  ilecmaxh eleoiqnn: u cDEiidóissanppc,e oióccsinoiac mlid ódoene   l saAMe dmñaicadisilroamidn a laay,l     OE-A-2020-1132able en https://w
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, 8.0.C.M. de 18 de diciembre de 2006. Resolución Dirección 
General de los Registros y Notariado de 27 de noviembre de 2014 que dice lo siguiente: 
«Ahora  bien,  no  concurriendo  circunstancias  de  realización  de  especial  tarea  de 
cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) 
ni resultando supuestos de expresa no sujeción al Impuesto (apartados 2. a 4. del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de 
clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la aceptación de una hipoteca 
unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social (Resolución de 23 
de abril de 2007}–, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto 
de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente 
declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso 
al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a 
este Centro Directivo, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no 
sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si 
para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, 
prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes –en este 
caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación 
impuesta por ley». Contra esta calificación registral negativa puede…Madrid, 12 de mayo 
de 2020, el Registrador.
III
Contra la anterior nota de calificación, don P. S. C., como apoderado de la mercantil 
RKV,  S.L.,  interpone  recurso  en  base  a  las  siguientes  alegaciones:  Primera.  -  La 
calificación registral incurre en error patente. El Registro de la Propiedad ha suspendido 
la inscripción porque considera erróneamente que en nuestra Instancia alegamos la 
«exención» de la plusvalía municipal. No es así. Alegamos que la adquisición de un bien 
inmueble urbano mediante fusión de sociedades es una operación «no sujeta», que es 
cuestión bien diferente. El Registro de la Propiedad confunde «exención» con «no 
sujeción». Una operación puede estar «sujeta» al Impuesto, pero «exenta» por los 
motivos establecidos por el legislador y, por tanto, en ese caso el contribuyente, al estar 
la operación «sujeta» sí que tiene obligación de pagar o comunicar al Ayuntamiento el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ahora 
bien, si el legislador ha establecido que la operación «no está sujeta» o, dicho de otra 
forma, que el Impuesto «no se devenga», el contribuyente no tiene ninguna obligación de 
pagar o comunicar al Ayuntamiento la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; y, por lo tanto, tampoco tiene la obligación 
de  aportar  referida  documentación  al  Registro  de  la  Propiedad  para  inscribir  la 
transmisión efectuada. A los contribuyentes, solamente se les puede exigir que cumplan 
los requisitos establecidos por la ley cuando las operaciones están «sujetas», pero en 
ningún caso, se les puede exigir cumplimentarlos cuando «no están sujetas». Segunda. - 
Las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Con carácter subsidiario a la 
alegación anterior, queremos dejar constancia que la operación de fusión por la cual se 
transfirió el inmueble objeto de inscripción a RKV SL es de fecha 17/12/1998, es decir, 
de hace aproximadamente 22 años. En consecuencia, consideramos que no es ajustado 
a derecho fundamentar la denegación de la inscripción en el Registro de la Propiedad, 
en base a lo dispuesto en la Ley 22/2006, de 4 de julio, que entró en vigor ocho años 
después de haberse producido la transmisión del solar a mi representada Tercero. - Las  s
Resoluciones de la DGRN no pueden aplicarse con carácter retroactivo. La denegación  e.
de inscripción se fundamenta también en lo resuelto por la DGRN de 27 de diciembre  w.
adre esl ao2 l0pu1rci4mió (nep raaard tamel eidngeias lctariaó ctniuv, aadl  eprebupeermdoaod sus cemer )aa, npAilfi eceasstdtaear   rcneousnep sectcaratroá  dcyit,se tcra ormnefbtorioérmanc icdtiovanod   caca ournán caqt ueoerp  selaura brcseiiófdeniar iddrieoa    2020-1132n https://w
pfuossióibnle q ruees psoen rseaabliizlidóa 1d6 d aeñl ores gaisnttreasd odre.  Fqiunea lmaqeunetella,  ys eta dmicbtiaérna .c oCnu acratorá. c-t eInr esxuisbtseidnicaiari od ae   BOE-A-cable e
la primera alegación, consideramos que, en el caso que nos ocupa, el registrador no 
puede  justificar  su  decisión  con  el  argumento  de  que  quiere  salvar  su  posible 
responsabilidad  por  inscribir  el  solar  sin  que  se  le  justifique  la  «exención»  o  «no 
sujeción» del impuesto, pues resulta obvio que ninguna responsabilidad se le podría 
exigir por inscribir una transmisión de un solar realizada hace aproximadamente 22 años. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que también la DGRN en su Resolución de 20 de 
octubre de 2017 (posterior a la que sustenta la calificación registral impugnada) también 
ha dicho que no se le puede imponer al interesado a la hora de solicitar la inscripción la 
«exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida», 
como acontece en el caso que nos ocupa, pues es obvio, que cumplimentar ahora ante 
el Ayuntamiento de Madrid unos trámites que no existían en 1998 cuando se fusionaron 
las sociedades (fecha adquisición del solar) conllevará, sin lugar a dudas, dilaciones en 
el tiempo indebidas
IV
El registrador, emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que 
eleva a esta Dirección.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  3,  9  y  254.5  de  la  Ley  Hipotecaria;  51  del  Reglamento 
Hipotecario; Disposición Adicional Sexta de la Ley 22/2006, de 4 de julio de Capitalidad y 
de régimen Especial de Madrid y Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 8.0.C.M. de 18 de diciembre 
de 2006 y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 22 de febrero de 2006, 5 de diciembre de 2011, 30 de enero, 3 y 10 de octubre y 27 
de noviembre de 2014, 5 de marzo, 17 de julio y 28 de agosto de 2015 y 7 de enero 
de 2016, 3 de abril de 2018 y 9 de enero de 2020.
1.  En instancia de fecha 26 de febrero de 2020, suscrita por P. S. C., como 
apoderado de la mercantil RKV, S.L, se solicita que se inscriba a favor de esta sociedad 
determinada finca, que figura inscrita a favor de la sociedad Edificio Agustín de Foxa 2 
S.A., que fue absorbida por la citada RKV, S.L.
En la citada instancia consta que la referida absorción se acogió al régimen tributario 
especial  establecido  en  el  Capítulo  VIII  del  Título  VIII  de  la  entonces  vigente 
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de Impuesto sobre Sociedades, cuya Disposición 
Adicional Octava, punto 3, dispone:
«No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el 
capítulo VIII de Título VIII de la presente Ley, con excepción de las previstas en el 
artículo 108. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que 
el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en el capítulo VIII del título VIII. No será de aplicación lo establecido en el 
artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.»
El Registrador considera que debe liquidarse o comunicarse el acto al órgano de  o
liquidación municipal por razón del impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de  4ww.
rsaloeucscjte ooTc neieoórncnree  onrs  ouelsa x  cednaneosc  oiNós unacj,toe uyncr i aeólllnea r zseda ce auUll rerargebcanatoctnei ao iqm ncuepoesun  ne qoslau top ei,r n osvaceolee cdgaeeacs nittóiadmnlo  el iqqnauu,d eiedp maopcrráqioósuc neel and  iae inl la ea Rnpcoe liscmguaisu btncirlaaiicddsaaoocd ri  ódddneee  d nbeloael     OE-A-2020-1132able en https://w
normativa actual que no existía al tiempo de la fusión.
2.  Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado 
el  alcance  del  denominado  cierre  registral  por  no  acreditar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones fiscales, tanto en relación a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  de  Sucesiones  y  Donaciones,  como 
respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(Plusvalía).
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se hará en el 
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir». Más específicamente el mismo artículo establece en su punto 5: 
«El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que 
se  acredite  previamente  haber  presentado  la  autoliquidación  o,  en  su  caso,  la 
declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 
del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo». Y a los efectos de 
aclarar en qué consiste este cierre registral, el artículo 255, párrafo primero, de la misma 
ley establece: «No obstante lo previsto en el artículo anterior, podrá extenderse el 
asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; más en tal caso 
se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el 
título  al  que  lo  haya  presentado,  a  fin  de  que  se  satisfaga  dicho  impuesto».  En 
consecuencia, la falta de acreditación de la liquidación del Impuesto de Plusvalía supone 
el cierre del Registro (salvo en lo relativo a la práctica del asiento de presentación) y la 
suspensión de la calificación del documento.
3.  La  doctrina  mantenida  por  este  Centro  Directivo  ha  establecido  que  el 
registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de 
calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la 
valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no 
le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, 
será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de 
que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso 
negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o 
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel consideró aplicable, de modo que 
el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción 
fiscal  del  acto  inscribible,  evitando  una  multiplicación  injustificada  de  los  trámites 
pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral. Ahora 
bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con 
la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni resultando 
supuestos  de  expresa  e  indubitada  no  sujeción  al  Impuesto  (apartados  2  a  4  del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de 
clara causa legal de exención fiscal, imponer al registrador la calificación de la sujeción o 
no al Impuesto de ciertos actos contenidos en el documento presentado a inscripción 
supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea 
con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera 
del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de modo que, aunque 
es  posible  que  el  registrador  aprecie  la  no  sujeción  de  determinado  acto  a  las 
obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad  s
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán  oe.
de ser los órganos tributarios competentes -en este caso, municipales- los que podrán  w.
aem jeaemnsitpfael osD,t aicrrefsrc.e c aaiórlt nírc euGslpoee n1ce1tro8a  la dele lr  elpacr ioCbnioru nlnasc tciiatourmcsieóu,nn a)ic  oan cotir óaentxa iirsmstiepr  udreaesz touann pe sosu rp sleuuype,es stroiion re qenus  eep l caqoruarre ee ssllepo o e(npsdotéar    2020-1132n https://w
idniclaucriróienn idnod eebnid ala. exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una  BOE-A-cable e
4.  En  el  supuesto  de  este  expediente,  la  instancia  presentada  justifica  la  no 
acreditación del pago del Impuesto Municipal de Plusvalía por haberse acogido la fusión 
por absorción que origina la transmisión de la finca a la al régimen tributario especial 
establecido en la Disposición Adicional Octava de la entonces vigente Ley 43/1995, 
de 27 de diciembre, de Impuesto sobre Sociedades, transcrita en el fundamento primero, 
pero debe notarse que la no sujeción al Impuesto no es absoluta ya que se refiere a 
operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VIII 
de Título VIII de la presente Ley, con excepción de las previstas en el artículo 108, por lo 
tanto no resultando un supuestos de expresa e indubitada no sujeción al Impuesto, la 
decisión de si la operación en concreto estaba no sujeta es una declaración tributaria a la 
que el registrador no está obligado.
Tampoco lo está para apreciar la prescripción del Impuesto. Como ha declarado este 
Centro Directivo reiteradamente, el hecho de la prescripción no es una cuestión que 
pueda  ser  apreciada  directamente  por  el  Registrador;  cuestión  distinta  es  que  se 
establezcan legalmente procedimientos especiales para facilitar la liberación de cargas, 
como el prevenido en el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
5.  Por último, tampoco puede acogerse favorablemente el argumento de que el 
requisito de acreditación de la no sujeción al Impuesto no es aplicable al presente caso 
por ser la escritura de absorción de 11 de febrero de 2014. Por un lado en ese momento 
ya estaba en vigor la reforma del artículo 254 de la Ley Hipotecaria operada por la citada 
Ley 16/2002, de 27 de diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2013, y por lo tanto 
igualmente hubiera procedido el cierre registral, por otro lado cabe recordar que este 
cierre es aplicable con independencia de la fecha del título traslativo, pues lo relevante a 
estos efectos es la fecha en que se presentó en el Registro y en este caso la instancia a 
la que se acompaña el citado título se presentó el 2 de marzo de 2020.
En este sentido cabe recordar la doctrina sentada en la Resolución de 23 de julio 
de 2012, reiterada por las Resoluciones de 21 de marzo de 2013, 2 de abril de 2014 y 
sostenida igualmente por las más recientes de 13 de diciembre de 2017 y 3 de abril 
de 2018, que al diferenciar entre normas de naturaleza material o sustantiva y las de 
carácter procedimental o adjetivas, declara: «(...) cuando, se plantean problemas de 
derecho  intertemporal  o  transitorio  –a  la  hora  de  fijar  las  reglas  y  requisitos 
procedimentales que hay que cumplir para practicar el asiento– procede atenerse por 
analogía –a falta de norma explícita en las leyes especiales, que disponga otra cosa– al 
principio que con toda claridad resulta de la disposición transitoria cuarta del Código 
Civil, en cuya virtud los derechos nacidos y no ejercitados (en este caso, no inscritos) 
ciertamente subsisten con la extensión y en los términos que les reconoce la legislación 
precedente; pero han de sujetarse para hacerlos valer (en éste, para inscribirlos) al 
procedimiento dispuesto en la legislación vigente (que lo regula) en el momento en que 
el asiento se solicite».
Ello no implica una eventual aplicación retroactiva de normas actuales a hechos 
pretéritos, pues el curso del procedimiento registral se desarrolla bajo la vigencia de la 
nueva norma sobre requisitos de inscripción y esta misma se remite a la correspondiente 
normativa sustantiva (en este caso de naturaleza tributaria) que resulte de aplicación 
conforme  a  las  normas  transitorias  particulares  y  principios  generales  del  derecho 
intertemporal, por tanto, deberá atenderse a cada requisito particular, en este caso un 
requisito fiscal para comprobar si efectivamente resulta de aplicación, conforme a su 
régimen normativo específico. Conforme a esta doctrina, la actuación del registrador fue 
correcta aplicando una norma, el párrafo quinto del artículo 254 de la Ley Hipotecaria,  s
que estaba en vigor al tiempo de la presentación del documento en el Registro, y que  oe.
obliga a aplicar la citada medida del cierre registral hasta que queden integrados y  w.
acreEdsittaad oDsir eacncteió enl  rGeegnisetrraadl ohra l oasc roerqduaidsoit odse sseeñsatilmadaor se al llríe ecsutrasbol eyc idcoosn fpiromr aerl  lleag nisolatad odre.  2020-1132n https://w
ccaolnifsicidaecrióanci ondeesl.  registrador  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de agosto de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
2020-1132n https://w