BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 24 Martes 28 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 8171
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA
1201 Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) 
tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, 
desempeñando una importante labor para contribuir a la consolidación de las cuentas 
públicas, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar los servicios públicos.
Para  ello,  la  Agencia  Tributaria  tiene  establecidos  como  objetivos  estratégicos 
fundamentales y permanentes desde su creación tanto la prevención como la lucha 
contra el fraude fiscal.
Durante 2019 se ha trabajado en la elaboración de un Plan Estratégico que recoge la 
orientación  de  la  actuación  de  la  Agencia  Tributaria  en  los  próximos  años  y  que 
constituirá, dada su visión global y su carácter plurianual, el instrumento esencial de 
planificación. En dicho Plan se incluyen las principales líneas estratégicas que seguirá la 
Agencia en materia de asistencia, prevención y control del fraude tributario y aduanero. 
Igualmente,  también  contiene  un  elenco  de  indicadores  estratégicos  de  alcance 
plurianual que permitirán evaluar la actuación de la Agencia en el medio plazo.
Este Plan Estratégico es fruto de la reflexión del conjunto de la organización y 
constituye, por tanto, el marco en el que se van a incardinar los restantes instrumentos 
de planificación de la Agencia.
Así, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero desglosa las actuaciones a llevar 
a cabo por la organización en el ejercicio 2020 en línea con lo establecido en el Plan 
Estratégico.
En  este  sentido,  la  Agencia  Tributaria  pretende  continuar  reforzando  todas  las 
actuaciones dirigidas a mejorar el cumplimiento tributario, mediante la transparencia de 
la  información,  las  actuaciones  dirigidas  a  la  depuración  y  asistencia  censal  al 
contribuyente, la mejora en las medidas de prevención y gestión recaudatoria o el 
desarrollo de Códigos de Buenas Prácticas Tributarias, buscando, de esta manera, 
orientar  su  actuación  mediante  la  utilización  de  actuaciones  preventivas  previas  o 
simultáneas a la presentación de las autoliquidaciones.
Igualmente, se desarrollarán actuaciones de comprobación e investigación sobre los 
obligados tributarios en los que concurran perfiles de riesgo, lo que requiere la definición 
previa de los criterios básicos y de las áreas de riesgo fiscal que se consideren de 
atención prioritaria para el ejercicio.
Estos perfiles de riesgo se definen en los instrumentos de planificación y, más 
concretamente,  en  el  Plan  de  Control  Tributario  y  Aduanero,  al  que  se  refiere  el 
artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tiene carácter 
reservado sin perjuicio de la necesaria publicidad a través de las directrices generales 
que lo informan.
Igualmente, la Agencia Tributaria impulsará un nuevo modelo de asistencia integral, 
implantando medidas que favorezcan el cumplimiento voluntario y llevando a cabo una  s
intensificación de las actuaciones de lucha contra el fraude más complejo. oe.
Así pues, las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2020  w.
cafroñanoutsdie,e nu qenun me u esnceaa  cnroeisnfemsrioed nedcreaia nr e cmfouánescr rzreoet laey  vaca onlantsse oslíl,in dseai acbsiióe dnne  dc eao cnltasustai tcauicyótenun a,dc eaio l pnigreeusva edl neqcsuiaeór nreo nyll  alcodosan sútr lyotialm  deoensl    2020-1201n https://ww
años anteriores, a la vez que incorporan otras nuevas, adaptadas al contexto económico-
social y normativo en el que la Agencia Tributaria desarrolla su actividad habitual,  Bc
garantizando de este modo la continuidad y la uniformidad de las tareas habituales de 
comprobación e investigación del fraude que desarrolla con generalidad.
Estas  directrices  siguen  la  misma  estructura  que  otro  de  los  instrumentos  de 
planificación de la Agencia como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno a cinco 
grandes pilares:
– Información y asistencia.
– Prevención  de  los  incumplimientos.  El  fomento  del  cumplimiento  voluntario  y 
prevención del fraude.
– La  investigación  y  las  actuaciones  de  comprobación  del  fraude  tributario  y 
aduanero.
– El control del fraude en fase recaudatoria.
– La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me están conferidas, he 
acordado:
Aprobar las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2020 que, a continuación, se enuncian y ordenar su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», así como su difusión por cualquier medio que resulte adecuado para su 
general conocimiento.
I. Información y asistencia
La Agencia Tributaria tiene establecido como objetivo estratégico, además de la 
lucha contra el fraude fiscal, la prevención del mismo. Y ello exige el diseño de una 
estrategia de asistencia integral que consiga reducir las cargas administrativas a las que 
deben hacer frente los contribuyentes y favorecer el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias y, con ello, prevenir el incumplimiento.
En 2020 se pretende continuar potenciando tanto la diversidad como la calidad de los 
servicios de información y asistencia prestados a los contribuyentes, priorizando el uso 
de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial, 
para  conseguir  una  mayor  eficacia  y  permitir  una  asignación  más  eficiente  de  los 
recursos  materiales  y  humanos  disponibles.  De  este  modo,  se  garantizará  a  los 
contribuyentes la realización de trámites de forma más ágil y eficaz, gracias a los 
sistemas telemáticos de asistencia y a la disponibilidad de medios de identificación y de 
comunicación electrónicos.
Así, la Agencia Tributaria pretende desarrollar un nuevo modelo de asistencia al 
contribuyente, que se materializará en las siguientes actuaciones:
a)  Creación de las denominadas «Administraciones de asistencia Digital Integral» 
(ADIs), como plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por 
medios  electrónicos,  mediante  la  utilización  de  canales  de  comunicación  virtuales 
(Asistente Virtual en IVA - AVIVA, Asistente Censal, correo electrónico, llamada saliente 
especializada...) que permitirán adecuar estas tareas al perfil y necesidades de los 
contribuyentes. Se realizará una prueba piloto a partir del cuarto trimestre de 2020.
b)  Tras  la  implantación  y  consolidación  del  Asistente  Virtual  del  sistema  de 
Suministro  Inmediato  de  Información  durante  el  año  2018,  es  preciso  asegurar  su 
correcto funcionamiento mediante la actualización de sus contenidos en el 2020. Por lo  e.
que se refiere a la nueva asistencia on-line en IVA, esta se presta a través del Asistente  w.b
Virtual y de las siguientes herramientas complementarias: 01ww
– El  localizador  de  entregas  de  bienes  y  de  prestaciones  de  servicios  que  se
ceanmcubeionstr ad ey laa  neonr mfautnivcaio cnoammuiennittaor iay ,q uqeu ee ndtreabráenrá e na cvtiguoarli zeanr s2e0 2p1a.ra  adecuarse  a  los
– El calificador inmobiliario. Este servicio ya se encuentra en funcionamiento estando 
prevista su mejora en el año 2020 mediante la incorporación de información procedente 
de las distintas CCAA en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
– La ayuda a la confección del modelo 303 para arrendadores. El servicio ya está en 
funcionamiento y en 2020 se avanzará en su mejora mediante el lanzamiento de nuevas 
versiones.
– La  calculadora  de  plazos  de  modificación  de  bases  imponibles  y  otras 
rectificaciones.  Este  servicio  se  encuentra  ya  en  funcionamiento  y  en  2020  se 
desarrollarán tareas de consolidación de esta herramienta.
– La calculadora de plazos del SII. El servicio ya en funcionamiento y se impulsará 
su mejora en 2020 mediante la incorporación de cálculos sobre facturas rectificativas.
– Asistentes virtuales del SII. En 2020 se desarrollarán tareas de actualización.
– AVIVA.  En  el  primer  trimestre  de  2020  se  finalizará  el  desarrollo  de  esta 
herramienta. Durante el resto del año se efectuarán tareas de mejora mediante la 
realización de controles de calidad y actualización de acuerdo con las modificaciones 
normativas que se produzcan.
Finalmente, se evaluará la posibilidad de desarrollar herramientas complementarias 
adicionales a las anteriores (calculadora de prorratas).
c)  Diseño y desarrollo del denominado «Asistente censal», como herramienta de 
ayuda para la formalización y presentación de la declaración censal, con incorporación 
de información necesaria para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 
que en su caso se podrían derivar, con un primer bloque dirigido a personas físicas que 
actualmente deben presentar el modelo 037, cuyo inicio está previsto para el primer 
trimestre de 2020, y desarrollo del resto de los bloques de los modelos censales a lo 
largo del año, ofreciendo información adicional sobre la situación tributaria y obligaciones 
que conlleva el ejercicio de las actividades económicas a realizar. Se trata de una 
herramienta que, partiendo de la información que consta en nuestra base de datos y de 
la facilitada por el contribuyente, a través de un sistema de navegación muy intuitivo, 
consigue realizar todos los trámites solicitados para la presentación de los diferentes 
modelos  censales.  Esta  herramienta  se  complementa  con  el  Informador  censal, 
herramienta de información que permite resolver las dudas del contribuyente en materia 
censal. La información se ofrece estructurada en bloques de temas que el contribuyente 
va desplegando hasta obtener la respuesta final.
d)  Consolidación de la aplicación móvil «Agencia Tributaria» que ofrece servicios 
personalizados a los contribuyentes, como canal de relación con los mismos para el 
conocimiento y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
e)  Asistencia en la campaña de Renta. En la campaña del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas del ejercicio 2019, se continuará avanzando en el servicio de 
Renta WEB con la mejora de la versión del programa de cartera de valores utilizando el 
incremento de datos facilitados por la modificación del modelo 189. Otra novedad a 
destacar es la modificación del apartado correspondiente a rendimientos de capital 
inmobiliario, con desglose de la partida de gastos y de cada uno de los datos necesarios 
para  el  cálculo  de  las  amortizaciones,  con  la  finalidad  de  facilitar  el  cumplimiento 
voluntario e intensificar las actuaciones de asistencia. Asimismo, la Orden HAC/773/2019 
de 28 de julio permite que los libros registro del IRPF puedan ser compatibles con los 
requeridos en el IVA, a través de un formato informático único plenamente consistente 
con la normativa y con el modelo de declaración de IRPF, reduciendo las obligaciones 
formales a casi un millón y medio de contribuyentes que podrán llevar unos únicos libros  e.
registro válidos tanto en el ámbito del IRPF como en el de IVA. w.b
f)  Se potenciarán los avisos en el documento de datos fiscales del IRPF de todas  01ww
caoqnuoeclliamsi efnuteon ctoens  edl efi n rdeen tiam ptualnstaor  eiln cteurmnapsli mcieonmtoo  voinlutenrtnaaricoi.onales  de  que  se  tenga
solicgit)u dIegsu daelm reenctteif icsaec ipórne tdeen daeu tcoolinqsuoidliadcairo nlaess  hpearrraa mfaiceinlittaars  udnea  atrnaámlisitiasc yió nc oyn rtreoslo dluec ilóans 
más ágil. Sin perjuicio de que dichas herramientas pueden afectar a varias figuras
tributarias,  destaca  la  introducción  en  el  impuesto  sobre  Sociedades  2019  de  la 
posibilidad de formular la solicitud utilizando el modelo de autoliquidación del Impuesto.
h)  La Agencia Tributaria pretende avanzar en la puesta a disposición de los datos 
fiscales  al  contribuyente,  introduciéndolos  como  novedad  en  el  Impuesto  sobre 
Sociedades, y el PRE-303 en el caso de IVA. En concreto:
1)  Se pondrán a disposición de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
datos  fiscales  para  facilitar  el  cumplimiento  voluntario.  Esta  información  no  incluirá 
únicamente datos que forman parte de la mecánica de autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades, como los pagos fraccionados realizados, las retenciones soportadas 
o los importes pendientes de aplicar procedentes de ejercicios anteriores de los diversos 
conceptos previstos en la normativa del Impuesto, sino que también incluirá información 
con posible trascendencia a efectos del cálculo del resultado contable, como los importes 
imputados correspondientes a las retenciones soportadas o las sanciones y recargos 
generados por la AEAT y notificados al contribuyente en el ejercicio 2019, así como otra 
información y avisos que puedan resultar relevantes para la correcta cumplimentación 
del modelo 200.
2)  El PRE-303 es un servicio de ayuda para la cumplimentación del modelo 303. En 
esencia,  y  sin  perjuicio  de  otras  funcionalidades,  el  citado  servicio  consiste  en  lo 
siguiente:
a.  En  primer  lugar,  se  pone  a  disposición  de  determinados  contribuyentes  los 
denominados  «Libros  agregados  (LLAA)»  que  consisten  en  una  agrupación  de  los 
importes  consignados  en  sus  Libros  registro  de  IVA  llevados  a  través  de  la  Sede 
electrónica de la AEAT. Estos Libros Agregados permitirán conocer los importes que les 
correspondería declarar en el modelo 303.
b. Desde estos Libros Agregados el contribuyente podrá trasladar la información 
mostrada a las correspondientes casillas del apartado de «Liquidación» del modelo 303 
y, si lo considera conveniente, modificarlas antes de hacer la presentación.
c. En el año 2020 el PRE-303 se ofrecerá a determinados empresarios incluidos en 
el Suministro Inmediato de Información (SII), en concreto aquellos dados de alta en el 
Registro de devolución mensual (REDEME) que no sean gran empresa (volumen de 
ventas en el año anterior inferior a 6.010.121,04 €) excepto:
– Empresarios  que  tributen  por  alguno  de  los  siguientes  regímenes  especiales: 
criterio de caja, agencias de viajes, bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colección, oro de inversión o grupos.
– Empresarios  que  sean  destinatarios  de  operaciones  en  régimen  especial  de 
criterio de caja.
– Empresarios que apliquen la regla de prorrata o tengan sectores diferenciados de 
actividad.
Progresivamente se irá ampliando el número de empresas que podrán beneficiarse 
de este servicio.
En  definitiva,  la  estrategia  de  la  Agencia  se  dirige  a  la  utilización  de  nuevas 
herramientas y sistemas de asistencia dirigidos a la mejora del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en período voluntario, promoviendo un ensanchamiento de las 
bases imponibles declaradas.
II. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y  oe.
prevención del fraude w.
asis1te. ncCiae, nlas op:r eEvle cnecniósno  ye esl  lcao nbtarosel t adnet ola in itnefnosrmivoa ccioómn od ee xltae nAsgiveon.cia Tributaria para la
TribuEtla griraa nd inseúñmee rloos d seis steomcieads addee sc ocnotnroslt idtueidl aces nesno  Edsep faoñrma ah aqcuee  perle ccuismo pqliumei elan toA gdeen claias 
obligaciones tributarias formales, derivadas de una correcta cumplimentación de los 
modelos 036 y 037, se realice de un modo adecuado.
Es cierto que dentro del colectivo societario existe una parte significativa constituida 
por sociedades inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales sociedades han 
sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos 
jurídicos que el ordenamiento prevé para los casos de terminación, extinción y disolución 
de la persona jurídica.
Ese tipo de actitudes, perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos que la 
Agencia Tributaria destina al control, obliga a atender a un colectivo de potenciales 
obligados  tributarios  mucho  mayor  del  que,  efectivamente,  realiza  actividades 
económicas. Además, pueden dar lugar a defraudaciones utilizando, de uno u otro modo, 
estas sociedades aparentemente inactivas. Por último, la OCDE, considera que estas 
personas  jurídicas  inactivas  resultan  potencialmente  ocultadoras  de  la  verdadera 
titularidad de bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan con ello 
la transparencia de nuestro sistema en el conocimiento y comunicación del Beneficiario 
Efectivo.
El ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos 
comportamientos:
– El cierre de la página del Registro Mercantil que es, además de la consecuencia 
del  incumplimiento  de  ciertas  obligaciones  registrales,  una  sanción  que  deriva  del 
incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja 
en el Índice de Entidades. Así mismo, el cierre registral puede ser consecuencia de la 
revocación del NIF.
– Revocación del NIF, la cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad 
misma, que se encuentra regulada en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de 
la Ley General Tributaria y en el artículo 147 del Reglamento General de aplicación de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Tales medidas, que la Agencia Tributaria ha venido empleando en el pasado, van a 
ser continuadas durante el ejercicio 2020. Con ello se pretende asegurar una adecuada 
depuración  de  los  censos,  de  forma  que  solo  aquellas  sociedades  que  realmente 
intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal.
Destacar que todas estas medidas afectan no solo a sociedades mercantiles sino 
también a otras formas jurídicas.
Por otro lado, las nuevas estrategias de carácter preventivo que la Agencia Tributaria 
está impulsando en relación con el fomento del cumplimiento tributario no deben olvidar, 
en consonancia con los más modernos proyectos de la OCDE conocidos como «Right 
from  the  start»  (atención  al  contribuyente  desde  su  primer  registro),  a  aquellos 
contribuyentes, particularmente con forma societaria, que cada año causan alta en los 
registros tributarios. Acompañar a estos desde el primer momento es, no solo una 
obligación de asistencia e información al contribuyente, sino también la mejor forma de 
asegurar el cumplimiento fiscal desde los primeros estadios de la actividad económica. 
De forma especial se presta apoyo a los emprendedores que sean personas físicas 
facilitándoles el inicio de su labor y su correcta inclusión en el censo a través de los 
asistentes censales mencionados en el punto anterior.
Asimismo, están previstas otras medidas de mejora de la información censal como la 
realización  de  un  control  temprano  a  través  de  un  mapa  de  riesgos  de  carácter  e
preventivo que permita detectar situaciones de riesgo censal a la entrada en el censo de  bo
nuevos contribuyentes, en particular posibles incursiones de entidades controladas de  01ww
msoabnreer a leofse ctqivuae p osr ec onptrriebtueynednet esr ecaolniz acor nduunc tasse tgriubiumtaierinatso  repparorach apbrleesv eennir  el ppoassiabdleos, 
incuUmnp lismeigeunntodso  tráibmubtaitroio sd efu tnuartousr.aleza censal al que se dirigirán los esfuerzos de la
Agencia Tributaria durante el año 2020, en relación con las sociedades mercantiles, es el
relativo a la información declarada en modelos 036, 303, 322, 390, 220 y 200. El objetivo 
será  asegurar  la  correcta  declaración,  por  parte  de  aquéllas,  de  los  elementos 
identificativos o censales que resultan de capital importancia para un adecuado proceso 
de la información fiscal. Este proceso condiciona las posteriores labores de análisis de 
riesgos y las revisiones sectoriales impidiendo, cuando la información no es correcta, 
una asignación eficiente de los recursos de control en interés de los ciudadanos.
Por eso, tanto los planes específicos del área de Gestión y de Inspección en la ayuda 
a las Grandes Empresas y en los planes de visitas que anualmente se realizan, incluirán 
un módulo de control y verificación censal que asegurará la corrección de los datos 
declarados en relación entre otros con los epígrafes de actividad económica, los socios y 
partícipes, los administradores o los domicilios en los que se desarrolla la actividad.
2.  Cumplimiento de presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas: 
Las actuaciones de depuración del censo permitirán que las acciones de control sobre el 
cumplimiento de la presentación de autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza  tributaria  se  dirijan  sobre  aquellos  contribuyentes  activos  que  no  hayan 
cumplido sus obligaciones tributarias, posibilitando una detección más precisa de los 
incumplimientos y una utilización más eficiente de los recursos que la Agencia Tributaria 
destina para hacer frente a estas actuaciones.
3.  Calidad de la información: La información constituye un elemento esencial con el 
que cuenta la Agencia Tributaria para el desarrollo de sus actuaciones y la consecución 
de  sus  objetivos,  siendo  un  aspecto  clave  que  la  información  se  asigne  a  cada 
contribuyente minimizando errores y evitando faltas de identificación de los titulares.
En el ámbito interno, la información sobre los bienes, derechos, rentas o actividades 
económicas  de  los  ciudadanos  se  obtiene,  fundamentalmente,  a  partir  de  las 
declaraciones  presentadas  por  éstos,  y  la  información  derivada  de  declaraciones 
informativas de terceros.
El  sistema  de  presentación  de  declaraciones  informativas,  TGVI-online,  y  la 
generalización del formulario como sistema de presentación puesto en marcha en 2019, 
favorecerán un incremento de la calidad de los datos incorporados y de la validación de 
los mismos. Estas medidas se acompañarán con la intensificación de la campaña de 
depuración de errores, lo que permitirá promover la obtención de una información más 
exacta en relación a los contribuyentes.
En  el  ámbito  internacional,  destaca  el  incremento  de  la  transparencia  en  la 
información y la consolidación de todos los intercambios de información impulsados en la 
Unión  Europea  y  en  el  ámbito  de  la  OCDE.  Toda  esta  información  se  ha  ido 
completando, en los últimos años, con otras fuentes muy relevantes, como la información 
de cuentas financieras obtenida por la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional con 
la  implementación  de  la  Foreign  Account  Tax  Compliance  Act-FATCA  (Ley  de 
cumplimiento  tributario  de  cuentas  extranjeras),  del  Acuerdo  Multilateral  entre 
Autoridades  Competentes  sobre  intercambio  automático  de  información  de  cuentas 
financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014 (CRS) o, en el ámbito de la Unión 
Europea, la intercambiada al amparo de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 2014 (conocida como DAC 2), que modifica la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad directa.
En particular, el intercambio automático de información de cuentas financieras en el 
extranjero  titularidad  de  residentes  en  España  ha  aumentado  en  los  últimos  años  s
significativamente, en la medida en que a partir del año 2018 un número muy relevante  oe.
de jurisdicciones se ha incorporado al proyecto CRS (Common Reporting Standard),  w.
desarrollado  por  la  OCDE  e  impulsado  por  el  Foro  Global  de  Transparencia  e  01ww
pInrtimerecra minbteiorc adme bIniof,o ramfeacctiaónnd. oA a p 4a9rt ijru rdised i3c0c iodnee ss.e pEtnie mel bareñ od 2e0 21081, 7d icEhsopsa ñinat errecaalmizbói oesl 
se  extendieron  a  100  jurisdicciones,  y  por  lo  que  respecta  al  año  2019,  estos
intercambios han afectado ya a 102 jurisdicciones, de acuerdo con los compromisos 
internacionales asumidos para la implementación del CRS.
La  generalización  de  los  intercambios  automáticos  de  información  a  nivel 
internacional  exige  a  la  Agencia  Tributaria  la  puesta  en  marcha  de  herramientas 
informáticas de depuración de la información recibida del exterior con el objeto de que 
pueda  ser  utilizada  en  las  actuaciones  de  prevención  y,  en  su  caso,  control  del 
cumplimiento tributario. Durante el año 2020, el Foro Global sobre Transparencia e 
Intercambio de Información para Fines Tributarios de la OCDE evaluará a España, junto 
al  resto  de  países  y  jurisdicciones  participantes  en  el  intercambio  automático  de 
información de cuentas financieras, en relación con la observancia de las obligaciones 
derivadas del CRS. Se analizará el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida 
por parte de las Instituciones Financieras que deben seguir al objeto de identificar la 
residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas 
cuentas financieras para asegurar con ello el conocimiento del beneficiario efectivo, así 
como el correcto cumplimiento de su obligación de información a la Agencia Tributaria.
4.  Prevención en materia de Aduanas e Impuestos Especiales: El 29 de marzo 
de 2017 Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en base al cual, el 30 de marzo de 2019 se produciría su salida efectiva de la 
Unión Europea, abandonando el mercado único y la unión aduanera (BREXIT). Pese a 
que, de acuerdo con los últimos acontecimientos, resulta improbable la salida del Reino 
Unido sin que se alcance un acuerdo de retirada que contemple un período transitorio, la 
Agencia Tributaria ha de continuar trabajando en los distintos escenarios, por lo que 
continuará  realizando  las  adaptaciones  necesarias  en  los  sistemas  informáticos  y 
adoptando  medidas  de  contingencia  que  garanticen  en  cualquier  caso  la  normal 
tramitación aduanera y un adecuado nivel de control tras la salida.
Por otro lado, la aduana española inició hace años el camino hacia la implantación 
de mecanismos informáticos que permiten una mejor coordinación con otros servicios de 
inspección que actúan en las aduanas. Durante el año 2020, tras la consolidación del 
uso de las pre-declaraciones aduaneras, se continuará trabajando en la mejora del 
sistema y de la coordinación con el resto de autoridades afectadas utilizando, en la 
medida de lo posible, herramientas informáticas, anticipando el control y reduciendo en 
gran parte los costes del despacho de mercancías. Adicionalmente, en base a esta 
información  previa  a  la  llegada  de  las  mercancías,  se  implantará  el  pre-despacho 
aduanero que permitirá que los controles documentales a que queden sujetas las pre-
declaraciones  aduaneras  se  realicen  de  forma  previa  a  la  llegada,  aumentando  el 
período  de  análisis  por  parte  de  las  aduanas  y,  al  mismo  tiempo,  agilizando  las 
tramitaciones, especialmente en relación con tráficos fuera del horario de despacho de 
las oficinas.
La normativa de la Unión Europea establece la liquidación de los derechos de 
importación por parte de las autoridades aduaneras a partir de la presentación de una 
declaración por el operador, sobre la que la aduana puede realizar las comprobaciones 
necesarias para garantizar que el importe de los derechos se ajuste a las disposiciones 
vigentes, a cuyo fin debe realizar un proceso de análisis de riesgo de las declaraciones 
aduaneras eficaz que permita identificar las operaciones sospechosas y determinar la 
acción de control adecuada en cada caso.
Así, las actuaciones de control en el recinto aduanero se dirigen a evitar actividades 
irregulares  organizadas  para  la  reducción  o  eliminación  de  la  tributación.  Además, 
representan una importante herramienta para el fomento del cumplimiento voluntario, al  s
permitir que los operadores ajusten su actuación en aquellos casos en los que puedan  oe.
concurrir errores en la confección de sus declaraciones, traduciéndose todo ello en una  w.
reducción del fraude aduanero. Obviamente, estas actuaciones de control en recinto  01ww
deeqbueilinb rcioo mepnlterme elnat afrascei lictaocni ócno mdperlo bcaocmioenreciso  a qpuoes tetoridoari , Abudsmciannisdtroa csiióenm pmreo deel nrneac edseabrieo 
perno qcuurea lro ys  cuonn ntriovleels d dee cboennt rsoel ra rdeeacliuzaaddoos,  spealreac csiuo nmaanydoor  teafnictaoc eial .nivel como el momento  BOE-A-cable e
Durante el año 2020 continuará la mejora del sistema de análisis de riesgo a fin de 
concentrar los controles en recinto en las operaciones más sospechosas o de más difícil 
control a posteriori. En particular, se prestará especial atención a las empresas que 
comiencen su actividad importadora, incluyendo en su caso labores de información con 
el objeto de garantizar el cumplimiento voluntario.
Igualmente, la introducción de mercancías procedentes de terceros países, junto a la 
obligación de pago de los derechos de importación, está sujeta a otras condiciones 
asociadas a la seguridad y protección de los ciudadanos y que tienen importancia 
creciente en la actividad aduanera en los países de nuestro entorno socioeconómico, en 
los que se produce una progresiva reducción de los aranceles exigibles pero una mayor 
exigencia en cuanto a las condiciones que han de cumplir las mercancías para que 
puedan ser importadas, evitando circunstancias potencialmente peligrosas para la salud 
de los consumidores o el medio ambiente. A este fin contribuirá un análisis de riesgo 
específicamente orientado a garantizar el cumplimiento de las condiciones no tributarias 
exigidas,  de  forma  análoga  al  destinado  a  controlar  el  correcto  pago  tributario 
correspondiente a la importación.
Los controles en los recintos aduaneros juegan, en consecuencia, un papel clave, 
tanto para garantizar la correcta liquidación de los tributos correspondientes como para 
evitar la entrada de mercancías que puedan suponer riesgos para los ciudadanos y, por 
ello se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
a)  Refuerzo  de las actuaciones  de control  de  la importación y exportación de 
mercancías sujetas a controles adicionales, cuando no a prohibiciones específicas, como 
alimentos,  medicamentos,  material  radiactivo,  productos  o  residuos  peligrosos, 
precursores  de  estupefacientes,  material  de  defensa  y  de  doble  uso,  mercancías 
falsificadas, especies de la fauna y flora silvestres en peligro de extinción amparadas por 
el Convenio CITES, etc.
Para ello, se utilizarán técnicas de análisis de riesgo y se efectuarán reconocimientos 
físicos de las mercancías o mediante escáneres.
b)  Control de las declaraciones aduaneras y de los elementos de las mismas con 
incidencia directa en la liquidación de los tributos asociados a la introducción de las 
mercancías en el territorio aduanero de la Unión Europea, con especial seguimiento de 
la  declaración  de  valores  en  aduana  llamativamente  bajos,  la  realización  de 
verificaciones físicas y documentales que aseguren la correcta clasificación arancelaria 
de la mercancía a efectos de la aplicación de los derechos de importación o, en su caso, 
de los derechos antidumping que puedan proceder, la comprobación de la correcta 
aportación de los documentos necesarios para acogerse a preferencias arancelarias y 
exenciones o reducciones de los derechos antidumping, la utilización de las franquicias 
aduaneras y fiscales tanto en relación con las mercancías transportadas por viajeros 
como en los envíos entre particulares efectuados por vía postal o a través de empresas 
de  mensajería,  las  operaciones  de  comercio  electrónico,  la  adecuación  de  las 
declaraciones  a  las  informaciones  arancelarias  vinculantes,  las  declaraciones  de 
exportación cuyo contenido puede implicar la liquidación de derechos arancelarios y el 
control  de  la  correcta  aplicación  de  regímenes  aduaneros  especiales  como  el 
perfeccionamiento, la importación temporal o el destino final.
También en el ámbito preventivo, la Intervención de Impuestos Especiales, como en 
años  previos,  continuará  con  el  control  específico  del  movimiento  y  existencias  de 
productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales, en relación con los  e
Impuestos Especiales de Fabricación. bo
Por otro lado, la aplicación de novedades normativas en Impuestos Especiales,  01ww
iunnfliudiarád edse  sfeo rmcean tdreacráisniv ean e enl  eclu cmopnltirmoli ednet ola dse u nlaids aodbelsig daeci oInnteesrv deen cloiósn .c Loan trtaibrueyae dnete ess yta as 
allesveagnuzraar  deel  cluoms plilbimroies ndtoe  dCeo lnatsa bniolidveadda ddee sE nxoisrmteantciviaass  dceo nl orse sppreocdtou cato lsa  oobbjleigtoa cdióen  ldoes 
Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención,
que deberá ser realizado a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, 
mediante el suministro electrónico de los asientos contables tal y como determina la 
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre.
Ello supone, no solo programas informáticos adaptados para la llevanza electrónica 
de los Libros de Contabilidad de Existencias, sino que el control por parte de las 
unidades  de  intervención,  será  realizado  a  través  de  los  mensajes  electrónicos 
generados por parte de los operadores, lo que permitirá el control de los productos en 
tiempo  real  respecto  a  los  establecimientos  de  IIEE  para  los  que  es  de  obligado 
cumplimiento el nuevo sistema de llevanza de libros.
5.  Otras actuaciones preventivas: Igualmente se consideran de gran relevancia las 
actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias y a 
otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Así, se prevé continuar, en línea con 
años anteriores, con la política de fomento de los Acuerdos Previos de Valoración en 
materia de precios de transferencia y reparto de costes o beneficios, tanto de carácter 
unilateral como, particularmente, los de carácter bilateral y multilateral, en sintonía con lo 
que sucede en países de nuestro entorno. Con este tipo de actuaciones se pretende dar 
certidumbre  a  las  relaciones  jurídico-tributarias  internacionales  evitando  costosas 
actuaciones inspectoras y futuras controversias, no sólo con los contribuyentes en sede 
de Tribunales, sino también con las Administraciones de otros países a través del 
sistema de resolución de discrepancias por medio de los procedimientos amistosos, 
garantizando así una tributación acorde con el principio de libre competencia.
En  el  caso  concreto  de  los  acuerdos  previos  de  valoración  de  precios  de 
transferencia, la gestión de la práctica totalidad de los mismos se centraliza en personal 
especializado, con lo que se facilita una mayor homogeneidad en los criterios aplicados, 
así como una mayor eficiencia administrativa.
En este terreno, la Administración tributaria española unirá sus esfuerzos a los de la 
comunidad internacional en la búsqueda de iniciativas que permitan mejorar el desarrollo 
de estos procedimientos y, en particular, las tendentes a la agilización de la resolución de 
los acuerdos previos de valoración bilaterales y multilaterales, en la medida en que lo 
permitan los recursos disponibles.
III. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero
Conseguir  la  mejora  del  cumplimiento  íntegro  voluntario  de  las  obligaciones 
tributarias constituye el objetivo último de toda la actuación de la Agencia Tributaria, para 
ello la investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero 
suponen una herramienta esencial, ya que con las actuaciones de control no solo se 
persigue  la  regularización  de  las  conductas  defraudatorias  de  los  contribuyentes 
incumplidores, sino que se busca también una mejora general en el cumplimento del 
conjunto de los obligados tributarios.
En este sentido hay que indicar, que el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria, 
tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el  análisis  completo  de  los  resultados  de  las 
actuaciones de control por lo que se introduce como novedad, y gracias a la experiencia 
adquirida en los últimos años, la mejora de la medición del impacto de las mismas, 
atendiendo a los efectos que estas inducen, de forma directa o indirecta, sobre el 
comportamiento fiscal de los contribuyentes. Esta medición implica apostar de forma 
decidida por conseguir que las regularizaciones tributarias sean una herramienta para 
conseguir una mejora en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes comprobados  s
o no comprobados. e.
Así,  durante  2019,  se  inició  el  proceso  de  análisis  de  los  impactos  en  el  w.
comportamiento  tributario  de  diversas  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  la  Agencia  01ww
lTorsib umtaericaa, ntaisrmeaoss  qudee  sem ceudlimciiónna rádne  enlo 2s0 2r0e scuolnta dlao se stainnddiraerciztoasc iónd ey  elasstr ucatcutruaaccióionn dees 
daeustoamrráotlliacodsa sd ep soer gulaim  Aiegneton cdiae,  obloje tqivuoes  ccoornpdouractiriváo sa.  su  integración  en  los  sistemas  BOE-A-cable e
En  relación  con  el  impacto  de  las  acciones  de  control,  el  empleo  de  planes 
específicos  diseñados  para  ofrecer  a  los  obligados  tributarios  una  oportunidad  de 
mejorar su comportamiento  fiscal  sin  el  desarrollo de  procedimientos completos de 
Inspección o de Gestión tributaria, es un reto para la orientación de nuestro sistema. Por 
ello, en 2020, está prevista la consolidación de un conjunto de acciones de asistencia y 
control, que van desde las de información y transparentación de datos fiscales, hasta las 
de  comprobación  inspectora,  pasando  por  las  denominadas  «visitas  censales»  del 
tradicional Plan de Visitas.
Se pretende con ellas generar, con el mínimo coste para el contribuyente, y para la 
propia Administración, un impacto sectorial positivo en forma de ensanchamiento de 
bases y mejora de las cantidades autoliquidadas.
En 2020, por ejemplo, se insistirá en el empleo de cartas informativas individuales, 
que aportan información a partir de una serie de indicadores de riesgo que ofrecen 
dudas a los órganos de control de la Agencia, comunicando incluso los datos que 
justifican dichas dudas, junto con información de qué otras acciones están previstas para 
atajar los riesgos mencionados. Este tipo de comunicaciones, que son habituales en 
países de nuestro entorno, permiten fomentar el cumplimiento por medio del traslado a 
los obligados tributarios de informaciones sobre su situación fiscal en relación con la de 
su entorno sectorial.
En 2019 se puso en marcha, por vez primera, un modelo de envío de «ratios 
calculadas de actividad económica» contrastadas con las ratios que la Agencia Tributaria 
considera representativas del sector y segmento económico correspondiente. En 2020, 
en el contexto de interlocución permanente, prevista en el Plan estratégico, con las 
organizaciones  representativas  de  autónomos  y  pymes  para  explorar  fórmulas 
compartidas que mejoren la aplicación del sistema tributario y el cumplimiento voluntario, 
así como la lucha contra la economía sumergida generadora de competencia desleal, se 
trabajará en la incorporación de nuevos colectivos con actividad económica (empresarial 
o profesional) en la medida en que, como destinatarios de estas cartas informativas, 
presenten  discrepancias  evidentes  entre  su  capacidad  económica  calculada, 
determinada por medio de signos externos, de actividad financiera o de otros factores, y 
la que se derive de la serie histórica de sus rendimientos declarados.
Asimismo, en 2020 la Agencia ha previsto realizar un Plan especial de comprobación 
en relación con aquellos contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus 
declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de 
aplicar en el Impuesto sobre Sociedades. El incremento de dichos saldos y el riesgo que 
ello implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros hace necesario 
verificar con mayor intensidad la procedencia de los mismos.
El uso eficiente de los recursos humanos adscritos al Área de Inspección de la 
Agencia Tributaria es una preocupación constante para esta. Por otro lado, existen 
obligados tributarios que, de forma deliberadamente falsaria, cambian su residencia con 
objeto de conseguir una disminución indebida de su contribución fiscal. Por ambas 
razones,  se  intensificará  la  utilización  del  mecanismo  excepcional  regulado  en  el 
apartado  Cuatro.3.3.4  y  Once  de  la  Resolución  de  24  de  marzo  de  1992,  sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la 
competencia  del  Departamento  de  Inspección  Financiera  y  Tributaria,  denominado 
«extensión  de  competencias  inspectoras»  que  permite  flexibilizar,  bajo  determinada 
condiciones,  las  reglas  de  competencia,  asegurando  en  cada  lugar  la  adecuada 
cobertura de los riesgos de incumplimiento más relevantes. s
Por otro lado, y en el contexto de digitalización de las actividades administrativas en  oe.
el que se mueve la Inspección de Hacienda, 2020 será el año en el que cobre impulso un  w.
nuevo sistema informático capaz de permitir interactuar a los representantes y asesores  01ww
ódreg alonso  cinosnptericbtuoyre anctetusa nctoen.  Llaa sI nesxpiteocscaisó np rusienb anse cdeesl isdiasdte mdea , dqeusep lianzcaluryseen a u nlaa  csoendeex idóenl 
por vídeo, abren la puerta al uso de las nuevas tecnologías como vía para "acercar" a los
contribuyentes a la oficina encargada de la tramitación administrativa sin que tengan que 
desplazarse a la sede física de la misma.
Igualmente, el año 2020 será el año en el que vea la luz un proyecto largamente 
perfilado en el área de Inspección de la Agencia Tributaria. Se trata del desarrollo de la 
gestión  interna  informatizada  del  conocimiento  de  los  motivos  que  llevan  a  la 
regularización de los obligados tributarios incluidos en los planes de control.
Esa información, que actualmente solo se conoce de forma parcial e individualizada, 
va a poder recuperarse de forma estructurada una vez que entre en aplicación un nuevo 
sistema, asociado al seguimiento de las actuaciones de Inspección, que se encuentra en 
desarrollo. Con dicha información será posible conocer no solo la cantidad regularizada, 
sino también evaluar más adecuadamente su relevancia cualitativa. Se trata con ello de 
avanzar  en  la  valoración  de  las  acciones  de  control,  ayudando  así  a  las  labores 
periódicas de planificación futura, que se orientarán a los programas, perfiles o riesgos 
que resulten de más interés para reducir los incumplimientos.
El uso completo de la información que se deriva del análisis de los motivos de 
regularización va a ser una realidad en el año 2020. Si bien se espera que el sistema no 
esté consolidado hasta el año 2022 dentro del marco de la estrategia global de la 
planificación tributaria, se empezará a aplicar de hecho en el año 2020 a medida que se 
vayan finalizando expedientes de comprobación de los distintos equipos y unidades de la 
inspección financiera y tributaria.
Finalmente, no se puede olvidar que la digitalización de la sociedad está produciendo 
importantes  modificaciones  en  la  forma  de  organizar  el  trabajo  de  las  grandes 
organizaciones y, especialmente, en lo que se refiere a la economía y la empresa. 
Naturalmente,  la  Agencia  Tributaria  no  puede  permanecer  al  margen  de  estas 
modificaciones  y  para  2020  redoblará  sus  esfuerzos  en  las  siguientes  líneas: 
implantación de Libros Registro estructurados de forma predefinida que permitan una 
gestión más sencilla de las obligaciones tributarias, lucha contra el uso de sistemas de 
procesamiento de la información empresarial que, instalados especialmente en las cajas 
registradoras,  permitan  la  ocultación  de  las  ventas  verdaderas  de  una  actividad,  y 
atención específica a la actividad de las plataformas de Internet dedicadas a la venta de 
bienes o servicios.
Las líneas de actuación prioritaria serán las siguientes:
1.  Fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos: La 
información  sobre  los  bienes,  derechos,  rentas  o  actividades  económicas  de  los 
ciudadanos, tras efectuar los procesos de depuración y validación, sirve como punto de 
partida para efectuar las tareas de análisis de riesgos por la Administración tributaria.
La  información  disponible  con  origen  interno,  derivada  de  las  obligaciones  de 
suministro, de los modelos tributarios y de la que procede de otros organismos públicos, 
es completada mediante las actuaciones desarrolladas anualmente bajo la coordinación 
de  la  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  a  través  del  Plan  Nacional  de 
Captación  de  Información  y  mediante  la  información  basada  en  la  obligación  de 
información  que  tienen  las  personas  físicas  o  jurídicas  a  través  de  requerimientos 
individualizados conforme al artículo 93 de la Ley General Tributaria.
Dicha información se ha ido completando, en los últimos años, con otras fuentes de 
información muy relevantes, entre las que debe destacarse la relativa a la titularidad de 
los bienes y derechos en el exterior, declarados a través del modelo 720, y la información 
disponible  a  través  del  análisis  de  los  datos  declarados  en  el  modelo  750 
correspondiente a la Declaración Tributaria Especial. e.
En 2020 se continuará, como no podía ser de otra manera, con la utilización de esta  w.b
información, tanto para las actuaciones de planificación como para el desarrollo de las  01ww
propIgiausa clmomenptreo bdaecsiotanceas  tlraib uintacorirapso.ración a las bases de datos de la Administración
tdreib utotadraia la,  dfaecstduer aecli ó1n d eem juitliidoa d ye r e2c0i1b7id, ad ep ourn l aims epnotritdaandtee sv oinlutemgerand daes  iennfo erml SaIcI idóen  IaV Apa. rLtair 
importancia  y  el  volumen  de  la  información  recibida  permiten  realizar  procesos
novedosos  de  análisis  de  riesgo,  especialmente  en  relación  con  contribuyentes  no 
obligados al suministro de dichos registros, pero receptores o emisores de facturas por 
contribuyentes que sí están obligados al suministro de los mismos. Se facilita así a los 
órganos  de  control  la  detección  de  patrones  de  conducta  que  puedan  poner  de 
manifiesto inconsistencias en los comportamientos.
En  el  ámbito  internacional,  consecuencia  del  nuevo  estándar  internacional  de 
intercambio de información impulsado desde el Foro Global de Transparencia, destaca el 
esfuerzo de explotación de la información internacional. Estos intercambios automáticos, 
a diferencia de los reglados con normativa interna, van a permitir que, en el año 2020, se 
sigan  desarrollando,  en  el  seno  de  la  Agencia  Tributaria,  trabajos  de  análisis  y 
optimización de la información obtenida, de forma que la transparencia que pretende 
esta medida se convierta en una realidad, y todo ello conlleve una mayor dificultad para 
la ocultación de activos, así como una mayor garantía de la correcta tributación y 
declaración de las rentas procedentes de los diferentes activos financieros situados en el 
exterior.
La información recibida por la Agencia Tributaria se ha incrementado debido a la 
presentación del denominado «Informe País por País» que forma parte del Proyecto 
OCDE/G20 para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(conocido como «BEPS», Base Erosion and Profit Shifting). En el ámbito de la Unión 
Europea,  el  intercambio  automático  de  esta  información  se  realiza  en  virtud  de  la 
Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016 (conocida como DAC 4), 
que  modifica  la  Directiva  2011/16/UE.  Dicho  Informe,  especialmente  dirigido  a  las 
grandes corporaciones multinacionales, recoge las magnitudes esenciales de la actividad 
de las mismas en todos los territorios en los que operan. El primer intercambio tuvo lugar 
en junio de 2018, y en 2019 continuaron estos intercambios. Durante el año 2020 
seguirán desarrollándose los trabajos de análisis de riesgos dirigidos a la detección de 
prácticas  de  erosión  fiscal  que  deban  ser  combatidas  de  acuerdo  con  los  nuevos 
estándares internacionales derivados del citado proyecto BEPS.
La importancia de todas estas fuentes de información determina el desarrollo de una 
estrategia integral de la Agencia Tributaria que permite avanzar en la explotación de la 
información mediante el uso intensivo de tecnologías de análisis de datos que faciliten la 
detección de incumplimientos tributarios graves.
En 2020 se completará la implantación de una herramienta de gestión de riesgos que 
sistematiza  todos  los  existentes,  delimita  colectivos  de  riesgos  y  permite  un  mejor 
seguimiento del resultado de las actuaciones llevadas a cabo.
En esta línea, hay que destacar los trabajos desarrollados para analizar el valor de 
los activos y la existencia de riesgos fiscales en personas físicas que son titulares, 
directa o indirectamente, de patrimonios relevantes significativos.
La Agencia Tributaria continúa trabajando en el desarrollo de modelos de análisis de 
riesgo  que  permitan  anticipar  y  optimizar  el  uso  que  haya  de  darse  a  la  nueva 
información internacional que se reciba, a partir del momento de su recepción, siendo 
especialmente relevante la experiencia acumulada por la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional.
Por  último,  en  2020  se  implementará  en  la  Unión  Europea  la  obligación  de 
declaración de mecanismos de planificación agresiva y otras técnicas de ocultación de la 
titularidad de rentas y activos, derivada de la transposición a nuestra normativa interna 
de  la  Directiva  2011/16/UE  del  Consejo,  de  15  de  febrero  de  2011,  relativa  a  la 
cooperación  administrativa  en  materia  de  la  fiscalidad,  y  por  la  que  se  deroga  la  s
Directiva 77/799/CEE, conocida como DAC 6. Así, cualquier intermediario, consultor o  oe.
asesor estará obligado por ella. Esta nueva fuente de información contribuirá a una  w.
mayor  transparencia,  facilitando  tanto  la  prevención  como  la  corrección  de  01ww
comportamientos evasores o elusivos.
2.  Control de tributos internos.
A.  Actuaciones de comprobación.
A.1  Grupos multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales: Dentro de las 
actividades previstas en el año 2020 para la consecución del objetivo general de la 
Agencia Tributaria en relación con los grupos multinacionales y las grandes empresas, 
además de las actuaciones preventivas, las actuaciones de control se centrarán en los 
ámbitos que se indican a continuación.
Los controles simultáneos y las inspecciones coordinadas son instrumentos que 
tendrán presencia en el Plan de 2020 en busca de una mayor eficacia administrativa, así 
como de una reducción de los costes de cumplimiento de los contribuyentes. Estos 
controles  permiten  la  obtención  de  mejor  información,  necesaria  para  el  adecuado 
control de los grandes grupos multinacionales, a la par que facilitan la coordinación con 
otros países, reduciendo el riesgo de futuras controversias. Se proporciona, de esta 
forma,  una  solución  más  coordinada  a  nivel  internacional  reduciendo  el  coste  que 
representaría  para  los  contribuyentes  la  realización  de  sucesivas  actuaciones 
inspectoras en diversos países y sobre un mismo grupo empresarial.
Asimismo,  especial  trascendencia  para  los  grupos  multinacionales  tienen  los 
Procedimientos  Amistosos  («MAP»,  por  sus  siglas  en  inglés:  «Mutual  Agreement 
Procedure»),  que  constituyen  un  mecanismo  de  solución  de  conflictos  entre  dos 
Administraciones tributarias cuando la actuación de una, o de ambas, produzca una 
imposición no conforme con el Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) suscrito 
entre ambos Estados. Este mecanismo de solución internacional de controversias, ya 
sea regulado por la Unión Europea en el Convenio de Arbitraje 90/436/CEE, como 
convenido por los propios Estados con países terceros por medio del artículo 25 de los 
CDI  ratificados  al  amparo  del  Modelo  de  Convenio  de  la  OCDE,  ha  crecido  muy 
significativamente  en  los  últimos  años  y  se  erige  en  una  de  las  principales  vías 
internacionales para la resolución de este tipo de controversias para un gran número de 
regularizaciones de alcance transnacional.
A los mecanismos de resolución de conflictos indicados, debe unirse en 2020 el 
derivado de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, lo que 
reforzará las opciones disponibles para resolver las disputas que puedan surgir entre 
Estados miembros de la Unión Europea y eliminar la doble imposición.
La Agencia Tributaria contribuirá en dicho ejercicio a facilitar la difusión de las 
posibilidades de acceso a todos estos mecanismos, ampliado la información que al 
respecto proporciona a todos los contribuyentes a través de Internet.
Como segunda gran línea de actuación destaca la lucha directa contra el fraude a 
través  de  actuaciones  directas  de  comprobación,  siendo  conveniente  incidir 
decididamente en la fase de selección de casos a comprobar para optimizar el uso de los 
recursos especializados que esta actividad consume.
En 2020 se llevará a cabo la puesta en práctica de un nuevo sistema automatizado 
de  análisis  de  riesgos  en  precios  de  transferencia  basado  en  todo  el  conjunto  de 
información disponible sobre operaciones vinculadas con el que actualmente cuenta la 
Administración tributaria, haciendo un uso efectivo de la información a disposición de la 
Inspección como consecuencia del proyecto BEPS tanto en el ámbito de la OCDE como 
en el de la Unión Europea, entre la que destacan los intercambios automáticos de 
información  sobre  diversas  rentas,  los  referidos  a  acuerdos  unilaterales  con 
Administraciones tributarias, y así como la información derivada del Informe País por  e
País (Country-by-Country report) aprobado en desarrollo de la Acción 13 del citado  bo
Proyecto BEPS. Ello unido al mejor conocimiento de los grupos internacionales y de los  01ww
csoencttororeless  esnim louslt áqnueeo so, pdeera nlo,s  eAn cbuueerdnoas  pParretev iogsra cdiea sV aal olara ciniófonr,m daec iólons  dPerroivcaeddaim dieen tlooss 
iAnmteirsntoascoiosn ayl,   pdeer muitniraá   ucna dam evjoerz  anmáaliysoisr  dees preiecsiagloizsa caió ntr aevéns  mdea telari a eladbeo rfaisccióanli dadde 
indicadores, índices y modelos, y de la identificación de pautas de comportamiento de
alto riesgo fiscal. El examen de dichas pautas de comportamiento debería beneficiarse 
también en 2020, como se ha indicado en el apartado 1 anterior, de la información sobre 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva a los que se 
refiere la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 2018, conocida como DAC 6.
La transposición de la Directiva (UE) 2018/822 que modifica la Directiva 2011/16/UE 
del  Consejo  (DAC  6),  tendrá  sin  duda  una  especial  incidencia  en  la  información 
disponible respecto de informaciones de los grandes grupos multinacionales.
También se continuará con la valoración multilateral del riesgo realizada en el marco 
del denominado programa ICAP (por sus siglas en inglés: «International Compliance 
Assurance Programme») y con el análisis de los informes de transparencia previstos en 
el Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Con todo ello se consigue el doble objetivo de aliviar los costes de cumplimiento de 
los contribuyentes con menor riesgo e incrementar las actuaciones de comprobación en 
los contribuyentes con potenciales contingencias fiscales más relevantes.
Por  lo  que  se  refiere  a  las  actuaciones  directas  de  control  los  funcionarios 
especializados  de  la  Oficina  Nacional  de  Fiscalidad  Internacional  seguirán 
desempeñando un papel dinamizador, emitiendo criterios y colaborando directamente en 
las comprobaciones de esta naturaleza. Por ello, el desarrollo de las actuaciones de 
comprobación en materia de grupos multinacionales estará guiado, en los temas de 
mayor trascendencia y complejidad, por expertos en materia de fiscalidad internacional 
con la finalidad de hacer un uso eficiente del conocimiento, de lograr un tratamiento 
homogéneo  de  situaciones  similares  y  de  garantizar  unos  elevados  estándares  de 
calidad en esas actuaciones.
Las principales áreas sobre las que versarán las actuaciones, sin perjuicio de las 
adaptaciones a la evolución de los niveles de riesgo que se puedan producir durante el 
ejercicio, se pueden resumir en las siguientes:
a)  Medidas antielusión: En 2018 entró en vigor el Convenio Multilateral para aplicar 
las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases 
imponibles  y  el  traslado  de  beneficios,  lo  que  permitirá  de  modo  progresivo  la 
implantación de todas aquellas medidas derivadas de los trabajos del proyecto BEPS 
que requieren la modificación de Convenios internacionales. Con ellas se pretende 
eliminar  que  la  interacción  de  determinadas  cláusulas  de  los  Convenios  de  doble 
imposición, junto con determinadas normas nacionales, facilite situaciones de doble no 
imposición y de elusión fiscal. Asimismo, tanto la normativa de la Unión Europea como la 
norma doméstica han ido incluyendo y adaptando diversas normas dirigidas a frenar y 
erradicar conductas elusivas.
Las actuaciones de inspección velarán por la aplicación efectiva de dichas normas 
cuando la mera existencia de las mismas no haya sido suficiente para eliminar tales 
conductas.
b)  Precios de transferencia y operaciones transnacionales: La internacionalización 
e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las 
operaciones vinculadas tengan una importancia sustancial en la economía actual. Ello 
unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones hace que se trate de un ámbito 
prioritario  para  las  actuaciones  inspectoras  en  2020.  En  este  terreno,  se  prestará 
especial atención en 2020 al cumplimiento de las obligaciones de documentación e 
información en materia de precios de transferencia, sin perjuicio del análisis sustancial 
de la valoración de funciones, activos y riesgos contenidos en dicha documentación.
En este sentido, los ámbitos que, por su importancia relativa o por su riesgo fiscal,  e.
serán objeto de atención singular en 2020 en precios de transferencia son los siguientes:  w.b
las  reestructuraciones  empresariales,  la  valoración  de  transmisiones  intragrupo  de  01ww
deirsotsiniotonsa ra scitgivnoifsic, asteivñaamlaednatem elan tbea sloes  imintpaonngibiblele,s c, olam od elodsu cpcaiógno sd ep opr acrátidnaosn eqsu dee priuveaddeons 
rdeeit elara dcaess.ión  de  intangibles  o  por  servicios  intragrupo  o  la  existencia  de  pérdidas
Del  mismo  modo,  se  comprobarán  las  actividades  realizadas  por  entidades 
amparadas en estructuras funcionales de bajo riesgo empresarial declarado e importante 
presencia en la economía, tanto en el ámbito de la fabricación como de la distribución, 
así como la adecuada elección y aplicación de los métodos de valoración en estos 
escenarios.
A  la  espera  de  los  resultados  que  pueda  arrojar  el  proyecto  G20/OCDE  sobre 
Digitalización  de  la  Economía,  se  continuará  con  las  actividades  de  control  de  la 
tributación en España de nuevos modelos de negocio altamente digitalizados.
Por otro lado, no sólo las minoraciones de gastos en la base imponible serán tenidas 
en cuenta a la hora de guiar las actuaciones inspectoras, sino que la falta de declaración 
de ingresos, como los que se puedan derivar de prestaciones de servicios, de cesiones 
de activos intangibles no repercutidos o de la indebida aplicación de la reducción de 
rentas procedentes de dichos activos, gozarán de atención prioritaria. También la recibirá 
la erosión de bases imponibles causada por el establecimiento de estructuras en el 
exterior en las que se remansen beneficios que deben tributar en España.
Si bien existen normas específicas dirigidas a combatir la elusión en el ámbito de las 
operaciones financieras, siguen existiendo riesgos fiscales propios de las operaciones 
fiscalmente vinculadas de carácter financiero que serán objeto de atención preferente.
c)  Establecimientos permanentes: Se seguirá, como en años anteriores, poniendo 
énfasis en la detección de establecimientos permanentes no declarados debido a la 
inmediata  merma  de  ingresos  tributarios  que  ello  produce.  No  obstante,  como 
consecuencia del fortalecimiento de las normas internacionales para evitar la elusión de 
la  figura  del  establecimiento  permanente  tras  el  Proyecto  BEPS,  se  atenderá 
especialmente a la correcta atribución de resultados, incluidos los financieros, a este tipo 
de operativas para evitar situaciones de elusión consistentes en la declaración de la 
existencia de establecimiento permanente, pero comportando una mínima tributación no 
acorde a la legalidad vigente.
d)  Paraísos fiscales y regímenes preferenciales: Junto con la actividad que desde 
un punto de vista de política tributaria se realiza a través de la participación en los 
Organismos Internacionales que lideran la lucha contra estos territorios y regímenes 
favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras velarán por 
la correcta aplicación de las normas anti-paraíso existentes en la normativa. Se pondrá 
especialmente el foco en la identificación de estructuras y pautas de comportamiento que 
se beneficien indebidamente de la baja fiscalidad de este tipo de territorios y regímenes, 
y que puedan ser o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una 
pluralidad de contribuyentes.
e)  Control sobre grupos fiscales y de entidades: En relación con los contribuyentes 
acogidos al régimen especial de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades o al 
régimen  especial  del  grupo  de  entidades  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  el 
constante  crecimiento  del  número  de  los  grupos  que  optan  por  tributar  bajo  estos 
regímenes especiales, así como la trascendencia que tiene el hecho de que una parte 
muy significativa de las bases imponibles y de la recaudación derivada de estos tributos 
proceda de los obligados tributarios acogidos a estos regímenes especiales, aconseja 
mantener el enfoque en un control tributario específico sobre la aplicación de los citados 
regímenes.
Se pretende con ello maximizar la eficiencia de los procesos de selección de los 
grupos  mediante  una  adecuación  de  dichos  procesos  a  los  distintos  objetivos 
perseguidos con las actuaciones de carácter general y con las de carácter parcial, y a las  s
diferentes características y dimensión de los grupos en los que se aprecien perfiles de  oe.
riesgo fiscal. w.
Se busca con ello que pueda alcanzarse un adecuado equilibrio en el control de  01ww
ttaomdoasñ loo sy  gdriumpeonss qióune,  tyri beuvtiatann bdaoj,o p eosrt oostr rae gpíamrteen, eqsu ee slpae pcoiasleibsle,  cuobni cinadcieópne nedne unncoia  ud eo tsrou 
territorio  por  parte  de  la  entidad  representante  del  grupo  pueda  condicionar
artificialmente el desarrollo de las competencias de control propias de la Administración 
tributaria.
Junto al control que tradicionalmente se desarrolla respecto de los grupos fiscales del 
Impuesto sobre Sociedades que tienen una mayor dimensión y estructura, que deberán 
continuar siendo un objetivo prioritario de control, la creciente existencia de numerosos 
grupos en el censo de contribuyentes acogidos al régimen de consolidación fiscal que no 
responden a los comentados parámetros de dimensión y estructura, aconseja que las 
actuaciones de control sobre los grupos continúen extendiéndose también a grupos 
fiscales  con  características  particulares  que  exigen  adaptar  a  las  mismas  los 
procedimientos  de  control,  de  manera  que  pueda  alcanzarse  un  tratamiento  más 
homogéneo del control de todos los grupos fiscales.
En concreto se trata de pequeños grupos fiscales con reducida cifra de negocios 
consolidada, con un número muy limitado de entidades integrantes del grupo y en los 
que, en general, no existen las operaciones internas entre las sociedades del grupo que 
son objeto de las eliminaciones propias del régimen de consolidación fiscal.
Los ámbitos prioritarios de actuación serán, entre otros, los siguientes:
– Especial atención, por lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades de los grupos 
fiscales, a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, en 
particular a las bases pendientes de compensación respecto de las cuales el derecho de 
la Administración para iniciar el procedimiento de su comprobación prescribe a los diez 
años.
– Contribuyentes integrados en los grupos que aplican el régimen del grupo de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, con especial atención a los grupos de 
entidades incluidos en la modalidad avanzada del régimen especial, utilizando para ello 
la información que aporta el SII, al que están obligados.
A.2  Análisis  Patrimonial:  La  Agencia  Tributaria  potenciará  las  actuaciones  de 
análisis  de  información  e  investigación  mediante  diferentes  líneas  de  acción 
encaminadas, en última instancia, al objetivo común de la detección de bienes, derechos 
ocultos y rentas no declaradas con el objeto de regularizar la situación tributaria de los 
contribuyentes incursos en actuaciones calificadas como defraudatorias.
En este sentido, la concurrencia de riesgos fiscales asociados a la titularidad y la 
capacidad de gestión de grandes patrimonios, especialmente cuando una parte de los 
mismos pueda estar ubicada en el exterior, o está amparada por el uso de figuras 
societarias  interpuestas  que  favorecen  la  opacidad  de  rentas  y  patrimonios,  ha 
constituido  una  referencia  básica  en  el  marco  de  los  planes  de  control  que  viene 
desarrollando la Agencia Tributaria desde su creación. Ello no impide que sea preciso 
continuar revisando los mecanismos de organización y planificación interna encaminados 
a mejorar el conjunto de actuaciones de comprobación que se puedan desarrollar sobre 
los obligados tributarios que se puedan encontrar bajo ese perfil de riesgo.
Las  especiales  características  de  estos  contribuyentes  requieren  el  uso  de 
mecanismos de análisis sofisticado para investigar y comprender complejos entramados 
financieros y societarios controlados por los mismos, lo que ha supuesto un importante 
esfuerzo en el desarrollo de herramientas informáticas específicas.
Durante los años 2017 y 2018 comenzaron los trabajos de sistematización de las 
actuaciones de lucha contra el fraude presente en grandes patrimonios y se iniciaron 
también  las  comprobaciones  inspectoras  vinculadas  con  la  nueva  herramienta  de 
selección. A lo largo de 2020 se ampliará el número de contribuyentes propuestos para  e
inspección, a partir de un mayor número de riesgos fiscales analizados mediante la  bo
nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes  01ww
rsaosbgroes g rdaen doepsa pciadtaridm oon idoess mloceadliiaznatceió lan .u Dtileiz aecsiótan  fdoerm caa,u csees  adfeia innzvae setilg acocinótnro el srpeefocrízfiacdoos 
paraE pne refisletes  qáumeb aitsoí,  lola d eUmnaidnadde nC. entral  de  Coordinación  del  Control  de  Patrimonios
Relevantes (UCCCPR), creada en el seno de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude, tiene, como principal objetivo, el de coordinar e impulsar, en todo el territorio, las 
iniciativas que se realicen en este campo.
Esta Unidad aportará su labor, no solo mediante la coordinación en las actuaciones 
que le son atribuidas, sino que también realizará actuaciones de investigación directa, y 
de  propuesta,  impulso  y  seguimiento  de  nuevas  líneas  de  selección  de  obligados 
tributarios que cuentan con un patrimonio relevante y muestran determinados perfiles de 
riesgo fiscal.
Asimismo, entre otras funciones de la UCCCPR se encuentran las de obtención, 
mejora, depuración, ampliación y tratamiento de la información ya existente, y de la 
nueva.
Desde la UCCCPR se colabora en el desarrollo de nuevas herramientas informáticas 
y  también  en  la  mejora  de  las  ya  existentes,  perfeccionando  la  herramienta  de 
identificación de titulares reales de sociedades opacas titulares de bienes y/o derechos 
sitos, o que pudieran ejercitarse o cumplirse, en territorio español.
De igual modo, se continuarán las actuaciones puestas en marcha para procesar y 
explotar  la  información  recibida  de  forma  automática  de  los  distintos  países  y 
jurisdicciones  en  aplicación  de  las  normas  en  vigor  en  materia  de  intercambio  de 
información para asegurar su uso eficiente, teniendo en cuenta el número cada vez 
mayor de países y jurisdicciones de los que se reciben los datos, la mejora en la calidad 
de  la  información  obtenida  y  la  experiencia  acumulada  en  los  últimos  años  en  el 
procesamiento y explotación de dicha información.
En particular, se proseguirá con el perfeccionamiento de los mecanismos internos 
existentes que permiten un rápido tratamiento de la información fiscal recibida de forma 
automática de la administración fiscal correspondiente en el marco del CRS (Common 
Reporting  Standard),  respecto  de  las  cuentas  financieras  que  se  mantienen  en  el 
extranjero por contribuyentes con residencia fiscal en España, así como el de otras 
rentas y bienes procedentes o situados en el exterior y que también son objeto de 
intercambio en el ámbito internacional.
En el ámbito específico del CRS, el año 2019 ha supuesto el aumento en el número 
de  países  y  jurisdicciones  de  las  que  se  ha  recibido  de  forma  automática  dicha 
información, por lo que durante 2020 esta área será objeto de una especial atención. No 
cabe duda de que la información relativa a la titularidad de activos financieros en el 
extranjero constituye una potente herramienta en poder de la Administración tributaria 
que permite descubrir posibles ocultamientos de titularidad de activos fuera de España y 
de las rentas e ingresos generados por estos, todo ello sin perjuicio del reforzamiento 
que conlleva en cuanto al cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. En 
efecto, la trascendencia de la información suministrada y de las obligaciones asumidas, 
tanto por las instituciones financieras como por las distintas jurisdicciones implicadas en 
estos procesos, va a llevar necesariamente a que, en el año 2020, como se ha señalado 
anteriormente en el apartado I, la Agencia Tributaria continúe con los trabajos de análisis 
y optimización de la información obtenida, poniendo esas informaciones en conocimiento 
de los obligados tributarios, de manera que la mejora de la transparencia que busca esta 
medida se consolide como mecanismo para prevenir los incumplimientos.
Asimismo, se continuarán perfeccionando las herramientas existentes para explotar 
información de otra naturaleza, también obtenida de forma automática de otros países y 
jurisdicciones, como pueden ser rendimientos del trabajo, pago de pensiones, etc., con 
idéntica finalidad de evitar la ocultación de rendimientos obtenidos y patrimonios situados 
en el exterior. s
Además  de  estos  intercambios  automáticos  de  información,  también  resulta  oe.
especialmente  relevante  a  efectos  de  control  la  explotación  de  otras  informaciones  w.
procedentes de comunicaciones espontáneas de otros Estados, ya sean singulares o  01ww
qlause b aafseecste inm pao nuinbale sm duelti plolisc idcoandt rdibeu yceonntterisb uqyueen toecsu letesnp asñuo pleast,r imquoen iop edrem iatacnu eerdnos acnocnh aerl 
principio de renta mundial.
Por otro lado, para mantener un adecuado nivel de reciprocidad, es imprescindible 
que se efectúen todas las tareas que sean necesarias para que España cumpla de un 
modo  efectivo  con  sus  compromisos  internacionales  en  materia  de  intercambio  de 
información en general, facilitando dichos datos a los demás Estados signatarios de 
acuerdos y Convenios de intercambio de información, tanto en lo que se refiere a las 
citadas cuentas financieras («CRS»), como a otras rentas y modalidades de información 
establecidas al efecto.
La  Oficina  Nacional  de  Investigación  del  Fraude  continuará  con  el  desarrollo  e 
impulso de actuaciones de investigación de aquellos fraudes complejos, organizados, 
financieros  y  de  cuantía  económica  relevante.  Concretamente,  se  continuarán 
impulsando las investigaciones de conductas de fraude fiscal concretas que suponen 
una desimposición derivada de la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio 
español,  así  como  la  investigación  de  todos  aquellos  esquemas  de  ocultación 
instrumentados que permitan sustraer de tributación la obtención de rentas o posesión 
de patrimonios en España, sin olvidar en ningún caso las actuaciones de investigación 
sobre todos aquellos facilitadores de las mencionadas estructuras.
A.3  Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de 
sociedades: La ocultación en el marco de las actividades económicas de parámetros con 
relevancia tributaria por parte de los obligados tributarios, siempre ha sido uno de los 
elementos de manifestación de riqueza sobre los que la Administración tributaria ha 
aplicado los diferentes mecanismos de corrección que permitan garantizar un adecuado 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos.
Los citados mecanismos adquieren mayor eficacia cuando se utilizan para conseguir 
un efecto preventivo por medio de una actuación conjunta, coordinada y sucesiva sobre 
un sector económico y simultáneamente se habilitan mecanismos de seguimiento que 
garanticen  que,  si  se  produce  una  corrección  de  comportamientos,  no  sea  preciso 
reincidir con nuevas actuaciones administrativas, centrando los esfuerzos en aquellos 
obligados  tributarios  que  mantengan  un  claro  incumplimiento  de  su  obligación  de 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de un modo acorde con su capacidad 
económica.
Adicionalmente, junto a las actuaciones de comprobación, en el año 2020 se van a 
potenciar las operaciones coordinadas de lucha contra la actividad no declarada y la 
economía sumergida realizadas con el concurso de las unidades de auditoría informática 
que, gracias al refuerzo de personal del Departamento de Informática, particularmente 
por medio de la Unidad de Auditoría Forense, a la constante mejora en las aplicaciones 
informáticas disponibles y a la formación técnica de los empleados de la Administración 
tributaria, permiten garantizar una mayor eficacia a estas actividades.
Es indudable que, cuando se reconoce la existencia de signos externos de riqueza o 
de determinados niveles de rentabilidad financiera inconsistentes con los indicadores de 
actividad que resultan poco acordes a los niveles de rentas declaradas, es preciso 
abordar con todas las técnicas recogidas en párrafos anteriores la tradicional tarea de 
regularización  de  las  divergencias  y  contingencias  fiscales  de  los  contribuyentes 
afectados por éstas.
Por todo ello, conviene reiterar como en años anteriores que la utilización de las 
formas societarias y las relaciones de éstas con los socios, trabajadores, administradores 
o personas vinculadas con ellos, así como con otras sociedades controladas por las 
mismas personas, también será objeto de análisis con el fin de verificar si se está 
produciendo una minoración improcedente de la correcta tributación de la actividad  s
desarrollada. oe.
En  definitiva,  la  interposición  de  personas  jurídicas  cuya  principal  significación  w.
económica sea la de servir como instrumento para canalizar rentas de personas físicas  01ww
icmupyao sittriivbousta sceiógnu irsáe s iveen droe doubcjeidtoa  ddee s emgoudimoi einrrteog guelanre rpaol,r  slian  paecrtjuuaicl iod difeer aetnecniad edr ea  otitpraoss 
pirreergsounlaarliedsa ddees l ocso msooc iloas i nndoe rbeidlaac iionncaodrpoosr accoinó né sat alo.s resultados de la actividad de gastos  BOE-A-cable e
Por todo ello, la Agencia Tributaria mantendrá, a lo largo de 2020, la ejecución de 
una estrategia coordinada, sucesiva e intensa de lucha contra la ocultación de ingresos, 
reiterando las siguientes líneas prioritarias de comprobación:
a)  Presencia de la Administración en aquellos sectores y modelos de negocio en 
los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción 
social.
b)  Personación en las sedes donde se  realiza, de modo efectivo, la actividad 
económica  para  intentar  acabar  con  todas  aquellas  irregularidades  de  carácter 
meramente  formal,  como  sin  duda  alguna  con  aquellos  supuestos  más  graves 
relacionados  con  la  falta  de  ingresos  declarados  y,  en  general,  cualquier  otro 
incumplimiento susceptible de regularización.
c)  Continuación de la lucha contra el uso de sistemas de procesamiento de la 
información  empresarial  que,  instalados  especialmente  en  las  cajas  registradoras, 
permitan la omisión, interpolación o alteración de operaciones ocultando las ventas 
verdaderas de una actividad.
d)  Ejecutar, en el entorno de aquellas actividades económicas en las que se detecte 
una presencia intensiva de consumidores finales, las actuaciones de control que resulten 
precisas para evitar que se produzca una falta de repercusión efectiva en la última fase 
de la cadena del IVA.
e)  La existencia de sociedades carentes de una estructura productiva real sigue 
siendo un modo de facilitar la ocultación de rentas efectivamente obtenidas por personas 
físicas. Por ello se programarán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la 
personalidad jurídica con la principal finalidad de canalizar rentas o realizar gastos 
personales de personas físicas, de manera que se reduzcan improcedentemente los 
tipos impositivos aplicables.
f)  Los contribuyentes que hayan sido objeto de regularizaciones tributarias deberán 
modificar los importes declarados y, de no ser así, debe perseverarse por parte de la 
Administración en las tareas de control hasta consolidar el cambio en el comportamiento 
del contribuyente.
g)  Análisis  de  supuestos  de  sociedades  vinculadas  con  una  persona  o  grupo 
familiar  con  el  fin  de  evaluar  de  modo  conjunto  las  operaciones  económicas 
desarrolladas y los efectos que, entre ellas, se puedan derivar en una minoración en las 
rentas o bases declaradas.
h)  Análisis  globales  del  conjunto  patrimonial,  tanto  personal  como  del  entorno 
familiar, de aquellos contribuyentes cuyo perfil de riesgo se pueda asociar a supuestos 
de  división  artificial  de  la  actividad  que  buscan  minorar  indebidamente  su  nivel  de 
tributación directa.
i)  Atención específica a la actividad de las plataformas de venta por internet de 
bienes o servicios. Dicha atención incluirá los aspectos técnicos y jurídicos conducentes 
a la aplicación de la normativa europea en la materia, que va a experimentar importantes 
modificaciones en los próximos años, pero también los que se refieren al acceso a la 
información cruzada disponible en las mismas, que permita asegurar el cumplimiento 
tributario de los que utilizan estas plataformas y del propio titular.
Asimismo, las actuaciones de comprobación se completarán con otras actuaciones 
de información y asistencia a sectores económicos donde existe un mayor riesgo de 
ocultación de ingresos, incluyendo la celebración de reuniones con las asociaciones más 
representativas de dichos sectores. e
A.4  Control de actividades económicas. w.
supu1e. stoA,c etuna lcai opnráecst icdae,  ceol dnetrsoal rrreollaloti vdaes u anl  nIuVeAv:o L sais etenmtraa ddae  econn fturonlc dioenl aIVmAie, ndteor ivdaedl oS dIIe h laa 
cdeelsearirdroaldlo y d cea cliodmadp rdoeb alocsio dnaetso sp rdóex icmoanstr aasl tme oombteenntiod odse,  scuir creuanlsiztaanccióians e qfeucet ivhaa.n requerido el  BOE-A-cable e
Como consecuencia de todo ello, el control del IVA supondrá, respecto de los riesgos 
fiscales que se hayan detectado, la ejecución de un proceso de evaluación constante de 
los datos y de la información disponibles que permita detectar la existencia de sujetos 
pasivos que están obligados a presentar declaraciones y que, pese a los indicios claros 
del desarrollo de actividades económicas, no están cumpliendo con sus obligaciones 
fiscales. Todo ello vinculado también a una estrategia de asistencia previa, de agilización 
del control de devoluciones y de intensificación del control de otro tipo de declaraciones.
El  contraste  entre  los  datos  declarados  por  los  contribuyentes  y  la  información 
periódica derivada del SII permitirá la toma de decisiones a partir de las conclusiones 
derivadas  de  la  información  disponible  respecto  del  censo  de  contribuyentes  que 
presentan la información de sus facturas a través del SII. La detección en el sector del 
comercio minorista de supuestos de elusión del recargo de equivalencia, es un buen 
ejemplo de la potencialidad de estos contrastes.
Los comerciantes minoristas cuyos clientes son principalmente consumidores finales 
tienen  unos  regímenes  fiscales  especiales  que  pretenden  reducir  sus  costes  de 
cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, además de 
soportar las cuotas de IVA que les han de repercutir sus proveedores, están obligados a 
soportar el recargo de equivalencia como compensación por quedar exonerados de 
presentar  posteriormente  autoliquidaciones  trimestrales  del  impuesto.  Para  que  el 
régimen funcione, los comerciantes minoristas deben identificarse ante sus proveedores 
como sujetos incluidos en este régimen de recargo de equivalencia. No hacerlo supone 
no sólo una falta de pago del impuesto sino una posible competencia desleal en la 
medida en que sus costes de aprovisionamiento se reducen frente a los que sí cumplen 
con esta obligación.
Los órganos de control de la Agencia Tributaria desarrollarán actuaciones tendentes 
a comprobar la correcta aplicación del régimen de recargo de equivalencia del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.
Estas actuaciones afectarán por una parte a los proveedores de estos comerciantes 
minoristas para verificar que han repercutido el recargo y, en caso contrario, exigirles el 
ingreso de los recargos no repercutidos. Y, por otra parte, se realizarán actuaciones 
directamente  sobre  los  propios  comerciantes  minoristas  para  verificar  que  figuran 
correctamente censados en el régimen de recargo de equivalencia, y que comunican su 
condición de comerciante minorista a efectos de la inclusión en las facturas emitidas por 
sus proveedores del recargo correspondiente.
Con el apoyo de las nuevas tecnologías se está procediendo de forma paulatina a 
una mejora de los sistemas de análisis de la información que permiten la ejecución de 
procesos de contraste de datos, utilizando tecnología BIG DATA, los cuales facilitan la 
detección temprana de conductas graves de defraudación, tales como las presuntas 
cantidades dejadas de ingresar y la presencia de economía sumergida, en la que el IVA 
tiene una especial relevancia.
2.  Actuaciones de control relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades: En el 
ámbito de este Impuesto algunas sociedades declarantes acumulan saldos a compensar 
de bases imponibles negativas que el control fiscal no puede dejar de atender. Tales 
saldos, que pueden ser compensados en sede de la sociedad que los generó o en otras 
que continúen su actividad, generarán en el futuro una disminución significativa de los 
ingresos tributarios por este Impuesto.
Por ello, durante el año 2020, junto con el tradicional control sectorial de sociedades, 
las actuaciones más cualificadas contra la economía sumergida y las actuaciones de  s
control sobre sociedades de baja cifra de negocios, la Inspección incidirá, mediante el  oe.
desarrollo de un Plan especial, en expedientes en los que existan bases imponibles  w.
negativas, para verificar la existencia del saldo, su exactitud, el origen del mismo y, en la  01ww
mcoemdpidrao bapre rdmicithidaas  pboars eesl  imarptíocnuilbol e2s6 .n5e gdaeti valas  Ldeeyc ladreald aIsm pyuae satpol icsaodbarse  oS oqcuieed aedsteésn, 
pendientes de compensación.
El procedimiento regulado en la Ley General Tributaria en materia de Inspección 
constituye un cuerpo muy sólido, exigente y garantista de normas. Este procedimiento, 
debido a su larga duración, con frecuencia se emplea en complejas revisiones contables 
de sociedades con importes netos de cifras de negocio medianos o grandes.
Junto con esta realidad, a la que la Inspección no puede dejar de atender, convive 
una segunda realidad, que es el mundo de las sociedades con importe neto de cifra de 
negocios reducido. Aun considerando que una parte de estas sociedades están inactivas 
de  facto,  existe  otro  colectivo,  igualmente  numeroso,  de  pequeñas  sociedades 
comerciales o industriales que son empresarios cualitativamente avanzados que no 
pueden dejar de someterse a un control proporcionado.
Para el ejercicio 2020 la Agencia Tributaria ha previsto incrementar la realización de 
actuaciones conjuntas de las áreas de Gestión y de Inspección sobre dicho colectivo. 
Los perfiles de la actuación pretenden combinar actuaciones de carácter extensivo, 
fundamentalmente  con  visitas  domiciliarias  y  comprobaciones  limitadas,  con 
comprobaciones de carácter intensivo a través de unidades de inspección.
Ambas modalidades de comprobación están inspiradas por una finalidad común, y se 
coordinarán  a  nivel  central  desde  donde,  una  vez  definidos  los  riesgos  de  cada 
segmento, se distribuirán de la forma más eficiente para el cumplimiento del objetivo 
estratégico, que consiste en la mejora global del comportamiento tributario de estas 
microempresas,  incluidas  aquellas  que,  pese  a  su  escaso  tamaño,  se  acojan  a  la 
tributación consolidada y presenten el modelo 220.
Las actuaciones a desarrollar sobre este segmento de sociedades serán de alguno 
de los tipos siguientes:
a)  Actuaciones  extensivas  iniciadas  por  el  área  de  Gestión  por  medio  del 
procedimiento de comprobación limitada regulado en los artículos 136 a 140 de la Ley 
General Tributaria.
b)  Actuaciones trasladadas desde el área de Gestión al área de Inspección en 
aquellos supuestos en los que el procedimiento inspector sea la forma de terminar el 
procedimiento de comprobación limitada. En particular, se prestará atención a aquellos 
contribuyentes que obstruyan la comprobación limitada, así como a aquellos otros que, 
por tener una contabilidad desarrollada, no puedan ser adecuadamente revisados por 
medio de ésta.
c)  Actuaciones inspectoras seleccionadas autónomamente para comprobación en 
función de rangos de actividad, de beneficios, de ventas o de cobros que se reputen 
incoherentes con un nivel de cumplimiento tributario adecuado para el sector y que por 
ello hagan oportuna la comprobación.
Para ello, la Agencia Tributaria tratará de que sean conocidos por aquellos obligados 
tributarios que deban saberlos, cuáles son esas ratios consideradas como críticos por 
parte de los servicios de Inspección, facilitando de este modo una mayor comprensión de 
sus  obligaciones  que  conduzcan  a  incrementar  las  bases  imponibles  declaradas 
haciéndolas más adecuadas a su nivel real de actividad.
d)  Actuaciones seleccionadas en función de riesgos concretos de incumplimiento 
que,  por  su  naturaleza,  pueden  ser  comprobados  por  medio  de  procedimientos 
inspectores abreviados.
La continuación de este proyecto dentro de la actividad de Inspección Tributaria ha 
exigido una modificación en la estructura organizativa de las Dependencias que ha 
permitido a éstas disponer de unidades de actuación mucho más flexibles, y dotadas de  e
personal con una cualificación adecuada a esta finalidad del control abreviado. bo
La presencia en los locales de actividad del obligado tributario resulta en este punto  01ww
peaseunlactiianla, ,y ap eqruoe f ierml per,o yeenc teol  tcrautma,p mlimedieianntote g uennae rmala ydoerl  pcroensjeunnctoia ,d dee l ainsd uscoicr ieudnaad mese jodreal 
colectivo objeto de análisis.
3.  Potenciación  del  control  de  las  actividades  económicas  y  los  tributos 
empresariales mediante la consolidación de herramientas de análisis de libros registro de 
IVA no SII y actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  basados  en  los  nuevos  formatos  de  libros  registro.  Se  procederá  a  la 
implantación  de  sistemas  de  trabajo  digitales  que  permitan  la  interacción  con  los 
obligados tributarios en un formato único. Para ello, se trabajará en la implantación de 
Libros Registro estructurados de forma predefinida que, al menos para las personas 
físicas  y  microempresas,  permitirán  una  gestión  más  sencilla  de  las  obligaciones 
tributarias, tanto formales como materiales, a la vez que simplifican la gestión de la 
información  en  la  Agencia  Tributaria.  Este  tipo  de  libros  contribuirá  a  completar  la 
información  cruzada  obtenida  a  través  del  Sistema  de  Suministro  Inmediato  de 
Información, que tradicionalmente ha venido siendo la columna vertebral del control 
tributario del mundo empresarial.
A.5  Otras actuaciones de control sobre el cumplimiento de la normativa interna. Se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones.
1.  Actuaciones generales de control.
a)  Potenciación y mejora del control de los contribuyentes no declarantes de:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anticipando el control gracias a 
las fuentes de información interna e internacional.
– Impuesto sobre Sociedades. Esta mejora en la actuación de control se encuentra 
vinculada a la depuración del índice de entidades mencionado en el apartado relativo al 
censo.
– IVA:  las  actuaciones  de  control  se  acompañarán  de  actuaciones  previas  de 
depuración censal para incrementar la calidad de las mismas.
b)  Diseño y desarrollo de una herramienta de control de retenciones en sede del 
retenedor ampliando las contingencias objeto de comprobación mediante la herramienta 
de gestión de riesgos, lo que permitirá un enfoque integral del control de IRPF, partiendo 
de la fuente de renta.
c)  Respecto del control en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se llevarán a cabo, además de los controles basados en fuentes de información 
interna, nuevos controles basados en información internacional (DAC), control de rentas 
inmobiliarias basadas en nuevas fuentes de información (modelo 179) y control de 
ganancias patrimoniales basados en información notarial y registral.
d)  Actuaciones de colaboración con la Inspección de trabajo y la Seguridad Social 
en el marco de Planes de control comunes y coordinados para la lucha contra el fraude 
fiscal y aduanero, por un lado, y para la lucha contra el fraude en la cotización y 
reducción de las cuotas de la Seguridad Social por otro.
Para ello se establecen, como elementos nucleares de la colaboración a desarrollar 
entre  ambos  organismos,  la  definición  de  áreas  comunes  de  riesgo  y  planes  de 
actuación con especial énfasis sobre la economía sumergida; el establecimiento de 
procedimientos de actuación coordinada y la agilización del acceso a la información 
necesaria para la gestión e inspección tributaria y de la Seguridad Social.
La colaboración prevista puede extenderse a la identificación de los perfiles de 
empresas que defraudan, al reconocimiento de conductas fraudulentas y al diseño de 
planes de control con elementos comunes y coordinación funcional de su ejecución. e.e
Especialmente durante el año 2020 se atenderá a las implicaciones fiscales en IVA e  b
IRPF de las relaciones jurídicas pretendidamente mercantiles entre empresa y trabajador  01ww
cuaned) o lIan tceanlsifiifcicaaccióiónn a ddee clausa daac tpuaarcaio tnaeless  dree lacocinotnroels t esnedae lan tdees  are claocmiopnreosb alarb eol raadleesc.uado
créugmimpleimn iefinstcoa l dees ploesc iarle qduei slaitos se netsidpaedceífsic ossin  pfrineevsis tlousc raptaivrao s,l ac ucaonrrdeoc tsau  aapclitcivaicdiaódn  sdeeal 
económica  (tanto  en  lo  referente  al  IVA  de  los  bienes  y  servicios  entregados  con
contraprestación  como  al  Impuesto  sobre  Sociedades  de  los  beneficios  de  las 
operaciones  de  esta  naturaleza),  en  particular,  se  prestará  especial  atención  a  la 
investigación de bienes que aparecen ocultos en cuanto a su titularidad real dentro de la 
información relacionada con las actividades propias de las fundaciones.
En este marco, se prestará especial atención a la información que pueda ser remitida 
por  las  entidades  públicas  que  ejerzan  funciones  de  patronazgo  sobre  las  citadas 
entidades.
f)  En  2020  se  intensificará  el  control  de  las  rentas  obtenidas  por  artistas  y 
deportistas  no  residentes  que  actúan  en  territorio  español.  España  es  lugar  de 
celebración de competiciones deportivas internacionales y de organización de eventos 
artísticos  de  diversa  naturaleza.  En  estas  actividades  participan,  ya  sea  de  forma 
colectiva  o  individual,  profesionales  no  residentes  que  pueden  obtener  importantes 
rentas vinculadas a su participación, que en muchos casos deben quedar sujetas a 
tributación por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Las rentas objeto de control van más allá de las rentas percibidas por la actuación 
profesional de los artistas y deportistas, incluyéndose otro tipo de rentas estrechamente 
vinculadas a la participación en España.
Las actuaciones de control incluirán la obtención de información de los eventos que 
se  organizan  en  territorio  español  para  recabar  la  información  de  los  promotores, 
organizadores y participantes en los mismos. Dado el amplio espectro de actividades 
que pueden quedar incluidas en este ámbito, se realizarán actuaciones coordinadas 
entre los Departamentos de la AEAT que tienen competencias en materia de control, con 
la colaboración de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y la Oficina Nacional 
de Gestión Tributaria.
2.  Actuaciones de control en el marco de las relaciones con las Haciendas forales: 
Otro eje importante de actuación en el marco del conjunto de la Administración tributaria 
es el relativo a la verificación del adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes ante la Administración Tributaria del Estado, las Diputaciones Forales 
del  País  Vasco  y  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  derivadas  de  la  existencia  del 
Concierto  y  Convenio  Económico  con  las  citadas  Comunidades,  en  especial  para 
comprobar los domicilios fiscales declarados, la correcta determinación del lugar de 
realización de las operaciones de acuerdo con los puntos de conexión y la correcta 
presentación de los diferentes tributos ante la Administración competente.
Además,  la  nueva  redacción  del  Concierto  Económico  introducida  por  la 
Ley 10/2017, de 28 de diciembre, implica necesariamente que se debe proceder a 
analizar los riesgos correspondientes a la tributación de los grupos fiscales sometidos a 
normativa estatal, comprobando el volumen de operaciones realizado en cada territorio 
por el grupo en su conjunto, así como comprobar la correcta regularización de las 
proporciones  de  tributación  de  IVA  declaradas  en  periodos  previos  al  inicio  de  la 
realización  habitual  de  la  actividad,  en  relación  con  el  nuevo  procedimiento  de 
regularización de cuotas de IVA devueltas con anterioridad al inicio de la realización 
habitual de operaciones por una entidad.
Todo ello con el fin de asegurar que la aplicación del Concierto Económico por los 
contribuyentes cumple su cometido de repartir competencias entre las Administraciones 
Tributarias y no permite la obtención de ventajas fiscales para los mismos.
Más  allá  de  las  normas  contenidas  en  Concierto  y  Convenio  Económico,  la 
permanente mejora de las relaciones interadministrativas y la coordinación exigida por el 
artículo 103 de la Constitución Española, exige de la Agencia Tributaria un esfuerzo por  e.
asegurar un nivel equilibrado de control en el territorio Común y en los territorios Forales,  w.b
desde  el  punto  de  vista  cuantitativo  pero  también  cualitativo,  y  particularmente  en  01ww
raetrlaibcuióidno  cao nca adqau Teellrorsit ocroion streibauny deen teexsa qcuceió np ocro msup avrotliudma.en de ventas y por el porcentaje
lo reIglaucaiolmneandtoe ,c soen  ilnatse ntrsaifmicaasrá  dlae  lfurachuad ec odnet rIaV Ael,  frreaauldizea nodrgoa nuinz aedsop eyc eianl  psaergtuiciumlaiern ttood oy 
control a los contribuyentes del sector de hidrocarburos y del sector de importación 
paralela de vehículos automóviles.
Se agilizarán los intercambios de la información disponible para la realización de las 
actuaciones de control, tanto en la fase de selección previa de candidatos a inspeccionar 
como en desarrollo de las propias actuaciones, estableciendo las medidas necesarias a 
través de solicitudes individualizadas, acuerdos y convenios en el marco del artículo 5 de 
la Ley del Convenio Económico y el artículo 4 de la Ley del Concierto Económico.
Además, la necesaria conexión entre las diferentes administraciones implicadas se 
pone  de  manifiesto  a  través  de  una  adecuada  coordinación  de  los  intercambios 
internacionales  de  información,  dado  que  existen  obligados  tributarios  en  territorios 
forales que deben presentar declaraciones con información a transmitir al exterior y, por 
otro lado, la información recibida por la Agencia Tributaria procedente de otros países es 
de interés para las administraciones tributarias forales.
Las  medidas  que  se  puedan  tomar  para  disminuir  la  litigiosidad  en  las  Juntas 
Arbitrales del Concierto y el Convenio Económico permitirán garantizar la seguridad 
jurídica de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la adecuada relación 
financiera entre administraciones, y de este modo facilitar y evitar posteriores recursos 
ante el Tribunal Supremo de las administraciones tributarias implicadas.
En determinados sectores de alto riesgo fiscal se llevarán a cabo actuaciones de 
auditoría informática simultáneamente en distintos locales de negocio y en coordinación 
con las Haciendas Forales vascas y la Hacienda Tributaria de Navarra, al objeto de 
optimizar los recursos, aprovechar sinergias y preservar el necesario efecto sorpresa que 
requieren estas actuaciones.
En los casos de actuaciones concretas de comprobación sobre grupos de empresas 
con tributación en territorio común y foral, se establecerán los adecuados mecanismos 
de  coordinación  continua  que  permitan  obtener  unos  resultados  satisfactorios 
aprovechando el trabajo de los diversos órganos de control de las administraciones 
tributarias.
A.6  Comprobaciones formales: La planificación de las actuaciones tendentes a 
regularizar las diferentes contingencias tributarias, que se detectan por medio de las 
técnicas de análisis de riesgos, aplica las modalidades de comprobación que en cada 
caso  puedan  resultar  más  adecuadas  para  intentar  conseguir  una  mejora  en  el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
Existen múltiples modos de actuar en la lucha contra el fraude fiscal y, por ello, una 
decisión estratégica es intentar establecer mecanismos de análisis que permitan mejorar 
el grado de acierto a la hora de adaptar, para cada tipo de actuación, el procedimiento 
más  acorde  a  las  características  del  contribuyente,  del  fraude  perseguido  y  de  la 
gravedad y consecuencias de los posibles incumplimientos que se hayan detectado.
Desde hace unos años la Agencia Tributaria viene utilizando la visita al contribuyente 
como  una  vía  de  acercamiento  al  obligado  tributario.  Por  medio  de  ellas  se  han 
detectado incongruencias entre los datos declarados por este o por los terceros que se 
relacionan con él, directa e indirectamente, en el marco de su actividad económica.
Así, las visitas que se efectúan sobre el obligado tributario se constituyen como una 
importante fuente de información, en la que pueden aclararse preventivamente aspectos 
que  no  requieran  del  inicio  de  los  tradicionales  procedimientos  de  comprobación 
inspectora. Estos, por sus características están más enfocados a las regularizaciones 
más complejas y en las que deban efectuarse análisis y contrastes de información en el 
marco de un procedimiento administrativo de mayor complejidad. e.
A.7  Actuaciones de análisis de la información: La investigación en Internet y la  w.b
obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica,  01ww
eAsgpeencciiaal mTreibnuteta reian.  comercio  electrónico,  siguen  constituyendo  una  prioridad  para  la
Como  continuación  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  años  anteriores,  se 
realizarán nuevos estudios sobre determinados modelos de negocio que, por su novedad 
o pujanza en la actualidad, puedan presentar un mayor riesgo tributario.
En los nuevos modelos de negocio, en especial en aquellos en los que la información 
de las relaciones comerciales no se encuentra en su totalidad en territorio nacional, 
como  es  el  caso  de  una  parte  significativa  del  comercio  electrónico,  es  necesario 
desarrollar diferentes vías de obtención de información que permitan a la Administración 
tributaria disponer tanto del importe, como de la naturaleza y la identificación de las 
partes que forman parte de la operación comercial realizada. Por ello, se continuarán las 
actuaciones de captura y análisis de información de fuentes abiertas.
En relación con los riesgos fiscales observados en las operaciones realizadas con 
criptomonedas, durante el año 2020 se continuarán las actuaciones iniciadas en años 
anteriores.
En concreto se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
a)  Obtención de información sobre operaciones realizadas con criptomonedas.
b)  Sistematización y estudio de la información obtenida, a efectos de diseñar las 
actuaciones  de  control  adecuadas  para  garantizar  la  correcta  tributación  de  las 
operaciones señaladas, así como el origen de los fondos utilizados en la adquisición de 
las mismas.
A.8  Otras  actuaciones:  Se  continuará  con  la  realización  de  actuaciones 
centralizadas  de  comprobación  en  relación  con  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  No 
Residentes y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de no residentes por la Oficina 
Nacional de Gestión Tributaria.
B.  Actuaciones  de  investigación,  tramas  y  auxilio  judicial:  Se  intensificarán  las 
actuaciones de control vinculadas a la existencia de tramas de IVA.
En los últimos años el IVA ha sido una de las principales preocupaciones de la Unión 
Europea en materia fiscal, lo que ha supuesto que dentro del Plan de Acción IVA 
aprobado por la Comisión en el año 2016 se plantearan nuevas medidas para combatir 
el fraude al IVA en el ámbito de la Unión Europea.
En el marco de este Plan, en el año 2018 se modificó el Reglamento (UE) 904/2010 
del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, con la finalidad de 
reforzar la cooperación administrativa en el IVA, lo que conllevará una participación más 
activa y estrecha entre los distintos países de la Unión Europea para combatir de manera 
más eficaz el fraude transfronterizo del IVA.
En este contexto se plantea un nuevo reto en cuanto a la realización de investigaciones 
administrativas conjuntas y al establecimiento de una colaboración más estrecha con otras 
administraciones tributarias y autoridades de control de la Unión Europea.
Asimismo, también dentro del Plan de Acción IVA, a finales de 2018 se aprobaron las 
denominadas «VAT Quick Fixes» que en breve serán incorporadas a nuestra normativa 
interna.  El  objetivo  que  se  persigue  con  estas  medidas  es  lograr  un  tratamiento 
armonizado en todos los Estados Miembros de determinadas operaciones de comercio 
transfronterizo para conseguir una tributación simplificada y uniforme.
Por último, dentro de este Plan de Acción, aunque a medio plazo, se ha propuesto 
poner  fin  al  régimen  transitorio  de  tributación  en  destino  de  las  operaciones 
intracomunitarias, implementando un régimen definitivo en el que el proveedor será el  s
responsable del pago del IVA por la entrega dentro de la Unión, a menos que el  oe.
adquirente sea un «sujeto pasivo certificado», en cuyo caso el sujeto pasivo certificado  w.
eanssoturámm asiritáeiv naed nop  laosnubt jeedateo uc dlnae rn auacenióvánoli  sedisse,c  ecIVonAna r illoaa   eflininq auelilid dcaaocdni ótdrnoe l  ddaeen lt iefcrsiaptuead ri emla apslu  IneVusAeto vin.a tsEra smctoaom dmuaonlidditaaifdircieoas cq iuódene    2020-1201n https://ww
fraude al IVA que puedan surgir con este nuevo sistema de tributación.
Más  allá  de  la  estrecha  colaboración  existente  entre  las  distintas  autoridades 
tributarias de los países de la UE y del análisis de las nuevas modalidades de fraude que 
puedan  surgir  con  el  nuevo  escenario  de  la  tributación  de  las  operaciones 
transfronterizas, se seguirá impulsando la coordinación y gestión del control de tramas 
de fraude organizado en relación con el IVA a nivel nacional, tanto en lo que se refiere a 
su prevención como a su represión.
Las medidas de control abarcan un amplio espectro que se inicia con la correcta 
gestión de los censos de operadores intracomunitarios, pasa por el intercambio activo de 
información con los demás Estados miembros de la Unión Europea y por la realización 
de visitas preventivas en las empresas de logística utilizadas, y culmina, cuando es 
necesario,  con  las  actuaciones  de  investigación  dirigidas  a  la  formulación  de  las 
«denuncias tempranas» ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial que pongan de 
manifiesto  la  comisión  de  delitos  y  sirvan  para  el  desmantelamiento  de  las 
organizaciones criminales que hay detrás del fraude, además de asegurar la máxima 
recuperación  de  las  cantidades  defraudadas.  En  esta  fase  de  la  investigación  es 
importante el trabajo conjunto con los servicios de Vigilancia Aduanera, así como la 
coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por el valor añadido 
que aportan a las investigaciones judiciales.
La  estrategia  nacional  de  lucha  contra  las  tramas,  por  lo  que  se  refiere  al 
ejercicio 2020, incluye como objeto de especial seguimiento las siguientes operaciones:
a)  Sostenimiento de las medidas de control preventivo del Registro de Operadores 
Intracomunitarios (ROI) para depurar el mismo, permitiendo el acceso exclusivamente de 
aquellos operadores con actividad económica real que no participen de las prácticas 
irregulares.
b)  Mayor control del censo de entidades con la finalidad de excluir aquellas que son 
potenciales  clientes  para  ser  utilizados  por  las  organizaciones  criminales  para  la 
comisión de delitos.
c)  Control de tramas de fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones 
intracomunitarias  y  en  aquéllas  directamente  vinculadas  a  las  primeras  entregas 
posteriores a las importaciones referidas al material y componentes electrónicos no 
amparados por la inversión del sujeto pasivo. Se atenderá adicionalmente a los servicios 
transmisibles,  como  los  minutos  de  telefonía.  En  relación  con  tales  sectores,  se 
procederá  a  la  detección  temprana  de  los  operadores  instrumentales  de  tramas, 
utilizando  para  ello  los  procedimientos  previstos  en  la  normativa  comunitaria  y  los 
análisis  de  información  y  herramientas  propias.  Merece  especial  mención  la  nueva 
herramienta TNA (Transaction National Analysis) que se pondrá a disposición de los 
países de la Unión Europea en el año 2020 para facilitar la lucha contra el fraude al IVA, 
permitiendo la detección temprana de redes sospechosas.
d)  Control sobre las tramas de fraude al IVA intracomunitario que operan en el 
sector de vehículos.
e)  Comprobación e investigación combinadas de las importaciones de productos de 
consumo, textiles y otros con origen asiático. Para ello, se coordinarán las acciones de 
inspección con otras de tipo preventivo y de inducción al cumplimiento. Se trata, con ello, 
de limitar el fraude originado por importaciones infravaloradas seguidas de ventas en 
economía sumergida de multitud de productos de consumo.
f)  Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos, mediante la coordinación 
de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del régimen de 
depósitos fiscales en materia de IVA, incorporando las modificaciones normativas que  e.
sean posibles en orden a asegurar el régimen de salidas de depósito de los operadores  w.b
que no se encuentren debidamente registrados al efecto. 01ww
evitagr)  laC uotniltirzoalc sióonb red elo es sdtoesp órseigtoíms efinsceasl ecso ny  dfienpeóss idtoes  edliusstiinótno sf isdcea llo. sE and upaanrteicruolsa rp, asrea 
aenstaalibzlaercáim  liae ntionsfo rrmesapceiócnto  pae lraió dreicpae rcau ssióunm idneis tlraasr  cpuoort asp adrete  lodse  Imlopsu etsittuolsa rEess pedcei alleoss 
con aplicación, en su caso, de los supuestos de responsabilidad regulados en la norma.
h)  Control  del  reembolso  del  IVA  soportado  en  las  adquisiciones  de  bienes 
efectuadas por los viajeros no residentes en el territorio de aplicación del impuesto.
3.  Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales.
A.  Actuaciones de comprobación: En este ámbito se realizarán actuaciones de 
comprobación e investigación centradas en los sectores de mayor riesgo tributario. En 
particular, se prestará especial atención a la manipulación de la documentación adjunta a 
las declaraciones aduaneras o que permita la aplicación de un régimen suspensivo o 
exenciones en materia de Impuestos Especiales o Medioambientales, con la finalidad de 
conocer  la  realidad  de  las  transacciones  más  allá  de  la  documentación  formal 
presentada a la Administración Tributaria.
A estos efectos, en los supuestos de mayor riesgo potencial o cuando la naturaleza 
de la información así lo exija, se reforzará la actuación presencial de la Administración 
Tributaria en las instalaciones de los obligados.
Asimismo, continuará la coordinación de las distintas áreas funcionales de la Agencia 
Tributaria  en  organizaciones  que  aúnen  la  lucha  contra  el  fraude  aduanero  o  de 
Impuestos  Especiales  y  Medioambientales  y  la  defraudación  en  otros  tributos,  en 
particular en el contexto de tramas de IVA en sectores sujetos también a tributos sobre el 
comercio exterior, Impuestos Especiales y Medioambientales.
A.1  Actuaciones  de  comercio  exterior  posteriores  a  la  importación:  Una  vez 
introducidas las mercancías en el territorio aduanero de la Unión, los controles irán 
dirigidos a verificar el origen, clasificación arancelaria y valor en aduana declarados con 
motivo de la importación de mercancías, que actuarán a título de complemento de los 
controles realizados en recinto, si bien incidiendo en aquellas cuestiones que por sus 
características permitan una mayor eficacia mediante el control a posteriori, bien por 
disponer de mayor información o por requerir de análisis más detallados de imposible 
realización en el momento del despacho aduanero, todo ello con objeto de impedir la 
elusión de derechos arancelarios, derechos antidumping o el Impuesto sobre el Valor 
Añadido a la importación aplicables.
En este punto se prestará especial atención a los siguientes riesgos tributarios:
a)  Control del valor en aduana declarado, en especial la incidencia que los precios 
de  transferencia  y,  en  general,  todas  las  operaciones  dentro  de  un  mismo  grupo 
empresarial, pueden tener en la determinación del valor en aduana de las mercancías. 
Asimismo, se comprobarán los ajustes sobre el valor de transacción.
b)  Control del origen declarado y su correlación con el conjunto de información 
disponible para la Administración tributaria con especial atención a las preferencias 
arancelarias aplicadas y al riesgo de elusión de los derechos antidumping.
c)  Control de la clasificación arancelaria de las mercancías.
d)  Control de los gravámenes adicionales adoptados por la Unión Europea para la 
importación de determinadas mercancías originarias de Estados Unidos.
e)  Control de los despachos a libre práctica de bienes para su posterior entrega en 
otro Estado miembro.
f)  Investigación de las tramas de fraude organizado especialmente en los casos en 
los que se haya detectado que está ocultando toda o una parte de la cadena de 
transmisión  comercial  desde  la  importación  hasta  la  venta  al  consumidor  final.  En 
particular, continuarán las actuaciones de control del valor en aduana declarado desde el 
momento mismo del despacho aduanero, así como las labores de investigación de las  e.
actividades de distribución de mercancías en territorio español, incluso si las mercancías  w.
hubiesen  sido  objeto  de  importación  en  otros  Estados  miembros,  participando  01ww
acoctoivrdaimnaednate e netnre  llaoss  Einsitcaiadtoivsa ms ieqmueb ropsu.eda  impulsar  la  Comisión  para  una  actuación
Comgi)s ióCn oennt reoll emsa rdceor idvaed souss  dceo mlopse treenscuialtas.dos de las investigaciones realizadas por la  BOE-A-cable e
h)  Control de la correcta aplicación de los regímenes especiales.
i)  Se mantendrán en este ámbito las actuaciones de control con los representantes 
indirectos de los importadores.
j)  Realización,  cuando  proceda,  de  actuaciones  de  comprobación  sobre  las 
declaraciones complementarias presentadas por operadores autorizados a acogerse al 
procedimiento  de  declaración  simplificada,  a  fin  de  asegurar  que  se  ajustan  a  los 
términos  de  la  autorización  y  la  correcta  tributación  de  las  operaciones  una  vez 
conocidos todos los datos.
A.2  Actuaciones  en  materia  de  Impuestos  Especiales:  En  el  ámbito  de  los 
Impuestos Especiales, se potenciarán los siguientes controles:
a)  En el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, se reforzará el control de la 
correcta aplicación de las exenciones, tipos reducidos y destinos exentos. Asimismo, se 
potenciarán las actividades de control e investigación de la distribución de hidrocarburos 
al margen de la red de depósitos fiscales y los procedimientos legales de circulación 
intracomunitaria, con la consiguiente elusión del Impuesto Especial.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, 
continuarán las actuaciones de control de la correcta declaración de bases imponibles y 
aplicación  de  las  exenciones  y  supuestos  de  no  sujeción  previstos  legalmente. 
Asimismo, se comprobará la correcta declaración del tipo impositivo, en particular en 
aquellos casos en los que el mismo se vincule al nivel de emisiones.
c)  Control de los productos sujetos a los Impuestos Especiales con objeto de 
detectar las posibles ventas no declaradas de los mismos y la consiguiente defraudación 
tanto  de  los  propios  Impuestos  Especiales  como  del  IVA  y  los  impuestos  directos 
correspondientes a los beneficios obtenidos. En particular, se prestará especial atención 
al desvío de productos del régimen suspensivo, ya sea por envío entre establecimientos 
autorizados ya sea por exportación, así como a los envíos desde depósitos fiscales a 
distribuidores.
d)  Control de tramas activas en el sector de hidrocarburos ya sea para la elusión 
del propio impuesto especial o el IVA correspondiente a la distribución una vez que los 
productos  abandonan  el  régimen  suspensivo,  en  este  último  caso  mediante  la 
coordinación de las áreas de control de Aduanas e Inspección, evitando el abuso del 
régimen de depósitos fiscales en materia de IVA.
e)  Control de la correcta declaración de bases imponibles del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad.
A.3  Actuaciones en materia de Impuestos Medioambientales: En relación con el 
Impuesto  sobre  los  Gases  Fluorados  de  Efecto  Invernadero,  se  desarrollarán  las 
siguientes actuaciones, a cuyo fin se explotarán los datos facilitados a la AEAT en virtud 
de la nueva información prevista en el modelo 586:
a)  Comprobación de las operaciones no sujetas con el fin de detectar hechos 
imponibles incorrectamente declarados.
b)  Control de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto adquiridos 
por personas o entidades no inscritas en el Registro Territorial del Impuesto sobre los 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
c)  Control de las recepciones y expediciones exentas de gases fluorados de efecto 
invernadero imputados y declarados por los revendedores.
d)  Control de las autoliquidaciones y declaraciones de operaciones que deben  e.
presentar los revendedores de gases fluorados de efecto invernadero. w.
e)  Control de determinadas adquisiciones intracomunitarias de gases fluorados de  01ww
efecft)o  inCvoenrtnraodl edreo  laesfe vcetunatadsa sy  peonr trreevgeansd deed olores sp.roductos incluidos en el ámbito objetivo
dcueml pImlimpiueenstoto  dseo blraes  loobs ligGaacisoense sF lturiobruatdaorisa s dein hEerfeecnttoe s Inav edrnicahdaesr o opye rdaecilo nceosrr. ecSteo   BOE-A-cable e
prestará especial atención a las operaciones intracomunitarias de adquisición de gases 
sujetos al impuesto.
g)  Control de los importadores de Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
h)  Investigación de canales de distribución oculta de Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica, se desarrollarán preferentemente actuaciones tendentes a la comprobación de 
la correspondencia entre las autoliquidaciones relativas a los pagos fraccionados y la 
autoliquidación anual.
B.  Control de autorizaciones y obligaciones formales: En relación con el necesario 
seguimiento de las autorizaciones aduaneras, tras finalizar en 2019 los procedimientos 
de revaluación obligatoria exigidos por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código 
aduanero de la Unión (CAU), a partir de 2020 el control se centrará en el uso de dichas 
autorizaciones, para garantizar un adecuado nivel de cumplimiento.
En relación con las simplificaciones aduaneras, durante 2020 se implantarán nuevos 
procedimientos simplificados a la exportación para afrontar los retos a que se enfrentan 
las empresas exportadoras que requieren cada día una mayor agilidad y un alto grado de 
predictibilidad en sus operaciones.
Las autorizaciones revaluadas o concedidas por parte de las autoridades aduaneras 
se  apoyan  en  las  garantías  que  ofrecen  determinados  operadores  permitiendo  la 
facilitación de los trámites aduaneros.
Sin perjuicio de la relación de confianza que existe entre la Administración y estos 
operadores, estas autorizaciones son objeto de control por las autoridades aduaneras 
para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de los requisitos 
exigidos en la autorización.
Así, se realizarán actuaciones integrales de control sobre los productos vinculados a 
depósito aduanero o depósito distinto del aduanero. Se llevarán a cabo mediante el 
seguimiento de los movimientos de mercancías en los establecimientos autorizados. 
Asimismo, se reforzará el control de las obligaciones que incumben a los titulares de los 
establecimientos, revocando las autorizaciones en caso de incumplimiento.
Serán objeto de control:
a)  Los  almacenes  de  depósito  temporal,  otros  lugares  autorizados  para  la 
presentación  de  las  mercancías,  otros  lugares  autorizados  para  el  depósito  de  las 
mercancías  y  locales  autorizados  para  la  exportación  donde  se  introducen  las 
mercancías en tanto reciban un destino aduanero.
b)  Los depósitos aduaneros.
c)  Los expedidores y destinatarios autorizados a efectos de tránsito de la Unión, los 
destinatarios autorizados a efectos de operaciones TIR, el empleo de precintos de un 
tipo especial en el régimen de tránsito.
d)  Las autorizaciones de estatuto de expedidor autorizado de prueba de estatuto 
aduanero.
e)  Los operadores económicos autorizados y los operadores que se benefician del uso 
de los procedimientos simplificados previstos en el Código aduanero de la Unión y, en 
especial, las empresas autorizadas a la simplificación de inscripción en registros contables.
f)  Las autorizaciones de garantía global incluyendo su posible reducción o dispensa, así  s
como las autorizaciones de aplazamiento de pago de los derechos exigibles. oe.
Por  otro  lado,  en  el  año  2019  se  aprobó  la  Orden  PCI/933/2019,  de  11  de  01ww
pseeprfteiecmciobnrea,m  rieenlattoiv aa ctaiv ol,a  dea uptoerrifzeaccciióonn admeie nlotos  praesgiívmoe yn edse  aimdupaonrtearcoiósn  etespmepcoiaralel sq udee, 
etondtroes  lootsra rse gcíumeesntieosn ecsit,a daotrsib.uye a la Agencia Tributaria la competencia para autorizar  BOE-A-cable e
Esta  competencia,  previamente  compartida  con  la  Secretaría  de  Estado  de 
Comercio, así como la obligación de que todas las autorizaciones se realicen por vía 
telemática,  va  a  permitir  mejorar  el  control  sobre  estos  regímenes  al  aumentar 
considerablemente la información disponible en las bases de datos de la Agencia.
Por  ese  motivo,  durante  el  año  2020  se  prestará  especial  atención  en  las 
autorizaciones  que  se  concedan,  fijando  en  las  autorizaciones  las  condiciones 
necesarias para garantizar un adecuado control aduanero fomentando, cuando proceda, 
las  visitas  a  los  establecimientos  donde  se  vayan  a  realizar  las  operaciones  de 
transformación.
En relación a las autorizaciones y obligaciones formales en Impuestos Especiales, se 
potenciarán los siguientes controles:
a)  En lo referente a los Impuestos Especiales de Fabricación, se continuará con las 
actuaciones y controles tradicionales para su correcto cumplimiento tanto referido a la 
actualización de los censos como al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
carácter formal. Asimismo, se realizarán actuaciones de control de la correcta aplicación 
de  los  beneficios  fiscales  previstos  legalmente.  En  particular,  en  relación  con  los 
productos en régimen suspensivo, exento y a tipo reducido que circulen amparados en 
un documento administrativo electrónico, se potenciará la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones tanto del expedidor como del destinatario en el ámbito comunitario 
externo  y  en  el  ámbito  interno,  así  como  el  control  de  la  ultimación  del  régimen 
suspensivo  mediante  operaciones  de  exportación.  Asimismo,  se  comprobarán  las 
solicitudes de devolución originadas por este motivo.
Se efectuará el control de las condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la 
vigencia  de  las  autorizaciones  de  los  establecimientos  sujetos  a  los  Impuestos 
Especiales de Fabricación, con el fin de proceder a la revocación de las autorizaciones 
concedidas en caso de incumplimiento.
b)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre la Electricidad, se llevarán a cabo la 
depuración y actualización del censo, realizando actuaciones de comprobación y, en su 
caso,  regularización  tributaria  sobre  todas  aquellas  empresas  que,  desarrollando 
actividades susceptibles de gravamen por el impuesto, no se encuentren debidamente 
identificadas a efectos del mismo.
c)  En el ámbito del Impuesto Especial sobre el Carbón, se procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias inherentes a tal impuesto.
En materia de Impuestos Medioambientales, y por lo que se refiere al Impuesto sobre 
el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, se desarrollarán actuaciones de 
verificación del requisito de presentación del modelo de declaración, comprensivo de los 
importes satisfechos a los contribuyentes del Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica en relación con la producción e incorporación al sistema eléctrico de 
energía eléctrica.
Asimismo,  se  impulsará  la  comprobación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias derivadas de los Impuestos sobre la Producción de Combustible Nuclear 
gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, 
y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en 
instalaciones centralizadas, con especial incidencia en la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones formales derivadas de estos impuestos.
C.  Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. 
Actuaciones de Vigilancia Aduanera: Para la consecución del objetivo general de la  e
Agencia  Tributaria  en  relación  con  la  prevención  y  represión  del  contrabando,  bo
narcotráfico y blanqueo de capitales durante el año 2020 se llevarán a cabo diversas  01ww
amcutuchaociso ndees e qllouse ,c oamunpqleume erenftearriidaass p oar  dlae leitostsr edcihstain rteolsa,c sióonn  qeune  tgoudaor dcaans oe nptrrieo rsitía.rias y en
activEidna dre, lpaociró onr dceonn  deel  imcopnotrrtaabnacniad,o d, eel lc rtrimáfeicno  odrgea ndirzoagdaos  ecno Entsinpúaañ as, ieenn daot elnac iópnri mae srua 
volumen, a la importancia de las ganancias obtenidas por los grupos criminales y al
impacto negativo que genera en la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud 
pública  como  desde  el  de  la  seguridad  pública  y  el  deterioro  del  tejido  social  en 
determinadas zonas del territorio español.
Por su parte, el comercio ilícito de productos del tabaco es otro de los ámbitos 
prioritarios,  ya  que  no  solo  influye  negativamente  en  la  recaudación  del  Estado  y 
perjudica a los operadores comerciales legítimos, sino que aumenta la accesibilidad y 
asequibilidad  de  dichos  productos,  socavando  las  medidas  de  control  y  sanitarias 
aplicables a los mismos. Además de las modalidades tradicionales de contrabando de 
cigarrillos, en los últimos años, han tenido un rápido desarrollo las nuevas modalidades 
de  contrabando  de  hoja  de  tabaco  picada  o  fraccionada  y,  subsiguientemente,  la 
fabricación clandestina de cigarrillos, así como el desvío ilegal de hoja de tabaco con 
destino a consumidores finales. La salida del Reino Unido de la UE (BREXIT) y las 
condiciones en las que la misma se produzca pueden tener, también, consecuencias en 
el contrabando de cigarrillos, especialmente del procedente de la colonia de Gibraltar. 
Por todo ello, las actuaciones encaminadas a la lucha contra el contrabando de tabaco 
constituyen uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria.
El desmantelamiento financiero de cualquier red delictiva tiene un efecto represivo 
mayor que la intervención de los efectos del contrabando en sí o, incluso, la propia 
detención y puesta a disposición judicial de los culpables, por lo que el objetivo de lucha 
contra el contrabando no se limita a tales actuaciones, sino que comprende también la 
ejecución  de  todas  las  acciones  de  investigación  patrimonial  necesarias  para  la 
intervención  los  bienes  y  ganancias  ilícitas  de  los  responsables,  atacando  así  la 
estructura logística y financiera de las organizaciones, para su completa desarticulación.
Coherentemente con lo expuesto, durante el año 2020 la Agencia Tributaria continuará 
con la labor de prevención y represión del contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de 
capitales procedente de dichos ilícitos desarrollando, principalmente, las siguientes:
a)  En materia de tráfico de drogas, las áreas de control prioritario seguirán siendo el 
tráfico de cocaína y de hachís, procedentes de Sudamérica y el Caribe, así como del 
norte de África.
En los últimos años ha habido un aumento importante de disponibilidad de fentanilos 
en el mercado de narcóticos en Europa, como resultado de su producción a granel en 
China y su venta online. También han aumentado sustancialmente las informaciones de 
muertes relacionadas con esta droga. Por lo tanto, a lo largo del año 2020 se impulsarán 
las actuaciones frente a las drogas de síntesis y las nuevas sustancias psicoactivas, 
especialmente de aquellas más significativas por los graves daños que causan a la 
salud.
Debido al incremento de las aprehensiones de metanfetamina detectado en 2019, se 
prestará especial atención por las unidades de análisis de riesgo de la Agencia Tributaria 
al contrabando que tenga por objeto esta sustancia.
Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de lucha frente a la proliferación de 
plantaciones clandestinas de marihuana en territorio nacional.
b)  De acuerdo con los cambios experimentados en las tipologías del comercio ilícito 
del tabaco, se desarrollarán actuaciones prioritarias frente a la venta ilegal de hoja de 
tabaco, el desvío a gran escala de hoja de tabaco con destino a consumidores finales y 
la fabricación ilícita de cigarrillos en instalaciones clandestinas.
En relación con Gibraltar, la introducción irregular de tabaco se realiza mediante su 
contrabando en sentido estricto y mediante el abuso del derecho a la franquicia de 
derechos de aduanas y a las exenciones de impuestos a la importación establecido en la  e.
normativa aduanera y tributaria. Para tratar de corregir ambos fenómenos, se seguirán  w.b
reforzando las actividades de control en frontera e investigaciones sobre las redes  01ww
contcr)a baLnad icsotansfi.guración geoestratégica de nuestro país otorga al medio marítimo una
erescpoencoiacle i menp olart aEnsctiraa teeng iala  dluec Sheag cuorindtarad  eMl acroítnimtraab Nanadcioo nya ol.t rPoosr  terállfoic, orse siulícltiato ess, ecnocmiaol  usne 
conocimiento global del entorno marítimo en el que desarrolla gran parte de la actividad 
operativa la Agencia Tributaria.
Para ello, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a través de la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha implementado y desarrollado una estructura 
de Oficinas de Inteligencia Marítima que facilita un intercambio de información ágil, 
permitiendo disponer de una visión más integral y eficiente de la actividad marítima, 
procurando una respuesta ágil a la constante evolución tecnológica en este ámbito.
Además, para hacer frente adecuadamente a las amenazas y retos que se presentan 
en  el  ámbito  marítimo,  se  prestará  especial  atención  a  los  criterios  y  directrices 
establecidas en el Plan de Acción de Seguridad Marítima aprobado por el Consejo de 
Seguridad Marítima Nacional.
d)  El  Real  Decreto-ley  16/2018,  de  26  de  octubre,  por  el  que  se  adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en 
relación  con  las  embarcaciones  utilizadas,  estableció  una  serie  de  prohibiciones  y 
limitaciones de uso en relación con las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta 
velocidad, como medida para la lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías. 
Durante 2019 se han instruido gran número de expedientes de infracción administrativa 
de contrabando y de atestados por delitos de contrabando causados por el uso ilícito de 
dicho tipo de embarcaciones. Durante el año 2020 continuarán las acciones de control 
en este ámbito, reforzando las acciones operativas y la vigilancia marítima en las zonas 
de más riesgo, principalmente el litoral de Andalucía y Levante.
e)  Para 2020 se mantienen las actuaciones encaminadas a perseguir determinados 
procedimientos  peculiares  de  tráfico  ilícito  de  cocaína  por  vía  marítima,  como  los 
denominados «drop-off» y «rip-off», así como el impulso de actuaciones de colaboración 
público privada con las autoridades portuarias y las terminales de contenedores con el 
objetivo de reforzar la seguridad de los procedimientos que se aplican en el ámbito 
portuario.
f)  La  función  de  protección  y  seguridad  constituye  una  de  las  misiones 
fundamentales de las autoridades aduaneras de la Unión Europea. En este sentido, y de 
forma  coordinada  con  otros  organismos  nacionales,  europeos  e  internacionales,  se 
potenciarán las actuaciones de análisis de riesgos y de investigación relativas a tráficos 
ilícitos que afecten a la seguridad global o de los ciudadanos y al medio ambiente, como 
el  comercio  ilícito  de  especies  protegidas,  el  tráfico  ilícito  de  productos  nocivos, 
prohibidos o restringidos, residuos peligrosos o tóxicos, armas, material de defensa y de 
doble uso, etc.
g)  Con el objetivo de neutralizar las estructuras económicas y financieras de las 
organizaciones criminales vinculadas al contrabando y narcotráfico, se intensificarán las 
actuaciones  y  mecanismos  para  localizar  e  intervenir  los  beneficios  de  dichas 
organizaciones, mediante la mejora de los acuerdos de coordinación e intercambio de 
información celebrados con organismos nacionales e internacionales, así como mediante 
la  colaboración  con  la  Oficina  de  Recuperación  y  Gestión  de  Activos  (ORGA).  Se 
llevarán a cabo igualmente planes sobre monitorización de los movimientos de efectivo, 
y otros asociados a manifestaciones patrimoniales no justificadas o inusuales.
h)  Los avances tecnológicos que facilitan la utilización por el crimen organizado de 
la internet profunda para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el 
empleo de criptomonedas como medios de pago, continúan representando uno de los 
desafíos más exigentes en la actualidad. Se impulsarán iniciativas para reforzar la 
colaboración con los prestadores de servicios y comercio electrónico, así como acciones  s
de adiestramiento y formación que garanticen la correcta preparación en esta materia del  oe.
personal de las unidades operativas. w.
IV. Control del fraude en fase recaudatoria
Las directrices generales del Plan de Control del área de Recaudación establecen las 
líneas de actuación básicas que inspirarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de 
Control Tributario para 2020.
La  actividad  de  control  en  fase  de  recaudación  se  realiza  mediante  un  amplio 
catálogo de medidas, prioritarias para el área, que tienen como fin último el cobro 
efectivo de las deudas, aunque dicho cobro no se materialice de forma inmediata. Estas 
actuaciones son necesarias para la prevención y el control del fraude fiscal.
Reiterando en las actuaciones que se han revelado como muy eficaces en 2019 y en 
años anteriores para el cobro y para la lucha contra el fraude en fase de recaudación, 
para el año 2020 se continuará incidiendo en las mismas, especialmente en aquellas que 
tienen mayor impacto en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por los 
contribuyentes con un efecto directo sobre los deudores, y sin perder de vista el carácter 
preventivo  de  estas  actuaciones  por  los  efectos  indirectos  que  provocan  en  los 
comportamientos de los contribuyentes a futuro.
En consecuencia, se pretende enfocar la gestión recaudatoria con una perspectiva 
que  incorpore  una  visión  de  futuro,  donde  el  análisis  de  riesgos  constituya  una 
herramienta fundamental para definir actuaciones a realizar en la búsqueda de dichos 
efectos directos e indirectos. No cabe duda que una recaudación ejecutiva exigente no 
solo supone un incremento en la eficacia cobratoria de deuda, sino que, además, incide 
a medio y largo plazo en el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes.
En este sentido, se desarrollarán las siguientes líneas de actuación en las diferentes 
fases del procedimiento recaudatorio.
1.  Medidas de prevención y control del fraude fiscal.
A.  Mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio: Una definición de riesgos 
recaudatorios cada vez más depurada permitirá planificar y enfocar con mayor eficacia y 
eficiencia la gestión recaudatoria tanto en relación a aquellos deudores donde hasta 
ahora se seguía un enfoque más tradicional dirigido exclusivamente hacia la deuda, 
como respecto a aquellos con una gestión más compleja, donde se revela como una 
herramienta crucial para la detección de comportamientos de riesgo recaudatorio.
B.  Persecución del delito contra la Hacienda Pública y contrabando: Se continuarán 
utilizando todas las posibilidades que ofrece la Ley General Tributaria para exaccionar 
las deudas por responsabilidad civil y penas de multa cuyo cobro se encomiende a la 
Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito a que se refiere el Título VI 
de  la  Ley  General  Tributaria,  realizándose  cuantas  actuaciones  recaudatorias  sean 
necesarias.
Se realizará una especial vigilancia patrimonial de estos deudores con la finalidad de 
prevenir y detectar conductas de vaciamiento patrimonial que pudieran calificarse incluso 
como  posibles  insolvencias  punibles.  Este  seguimiento  permitirá,  además,  informar 
adecuadamente de la vertiente recaudatoria de las propuestas de conformidad.
Los órganos de recaudación prestarán especial atención a las conductas de los 
condenados por delito contra la Hacienda Pública y contrabando por si hubiese que 
ponerlas en conocimiento de los órganos judiciales solicitando, en su caso, la revocación 
de  la  suspensión  de  la  pena  de  ingreso  en  prisión  ante  el  incumplimiento  de  sus 
obligaciones de pago sin ser insolventes. s
C.  Adopción de derivaciones de responsabilidad: Una de las herramientas que se  oe.
ha mostrado más eficaz en los últimos años como instrumento de prevención y control  w.
dceoexnilg  ferlaanuscd iaae c deteun a dfcaeiosuend earses c daae ut deiarnctvoeerrsioatsi g.h aaPc osiórid neo l dlolair, i gdeiesdr aipvsra iocari óitinad redione t iqfriuecesap,r  odanu srtaaenbrctileeid r2ao0ds2  yr0,e , esspneo  gncesonanebtrilnaeúls,e  lnua    2020-1201n https://ww
otras personas a cuyo cargo la Ley impone la obligación de pago, y a acreditar la
concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de 
las deudas.
D.  Adopción de medidas cautelares: Igualmente, para prevenir y combatir el riesgo 
de impago como consecuencia de conductas de vaciamiento patrimonial u otras que 
puedan poner en peligro el cobro de las deudas, se acudirá a la adopción de las medidas 
cautelares previstas legalmente.
E.  Presencia de los funcionarios de Recaudación: Se impulsará la presencia de los 
funcionarios de recaudación mediante visitas y personaciones para realizar actuaciones 
ejecutivas  y  de  obtención  de  información  en  relación  con  determinados  grupos  de 
deudores que no muestran intención de regularizar su situación, y que continúan en 
muchos casos ejerciendo una actividad económica sin minorar sus deudas o incluso 
incrementando las mismas. Se buscará con estas actuaciones tanto los efectos directos 
del cobro como los indirectos en otros deudores con el mismo perfil. Se efectuarán las 
personaciones que se consideren más efectivas, tanto en locales de negocios como en 
aquellos otros que la normativa exige la previa autorización judicial para realizar estas 
actuaciones.
2.  Otras medidas de gestión recaudatoria en el ámbito del control recaudatorio.
A.  Seguimiento  de  insolvencias  aparentes:  Se  investigará  especialmente  la 
participación  de  deudores  aparentemente  insolventes  en  la  creación  de  sucesivas 
sociedades mercantiles que incumplen el pago de sus obligaciones tributarias corrientes, 
comportamiento que dificulta la recuperación de las deudas pendientes de cobro.
Las actuaciones a realizar se dirigirán, por un lado, a obtener pruebas dirigidas a la 
acreditación de supuestos de insolvencia punibles y, por otro, a la adopción anticipada de 
las medidas de aseguramiento del cobro de las deudas que sean procedentes.
Estas  actuaciones  se  complementarán  con  el  control  de  deudores  fallidos  para 
detectar posibles supuestos en los que proceda la revisión de los mismos y, en su caso, 
la rehabilitación de los créditos previamente declarados incobrables para continuar con 
las actuaciones de gestión recaudatoria.
B.  Cooperación con otras Administraciones Públicas: Está prevista la puesta en 
marcha  de  un  mecanismo  de  cooperación  con  otras  Administraciones  Públicas 
denominado  Punto  Neutro.  Este  mecanismo  permitirá  cruzar  los  pagos  de  las 
Administraciones Públicas con las diligencias de embargo que ellas mismas pudieran 
dictar contra aquellos contribuyentes que fueran simultáneamente acreedores de dichos 
pagos y deudores de cualquiera de aquéllas previsto en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 25/2013, de 27 diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público.
A tal efecto está pendiente de aprobación el Real Decreto que desarrolle dicha 
disposición adicional y el inicio de su funcionamiento. Una vez aprobada la norma, se 
incorporarán a este sistema un gran número de Administraciones Públicas, teniendo las 
restantes un plazo de 3 años para adherirse desde la entrada en vigor del Real Decreto 
que apruebe este mecanismo.
Como complemento de todo lo anterior y al objeto de perseverar en la mejora del 
control del estado y de la evolución de la gestión recaudatoria, se pretende agilizar e 
impulsar ésta mediante campañas de revisión que incidan positivamente en la misma, en 
especial en la fase de embargo, disminuyendo así en lo posible los tiempos de gestión 
de las deudas con el fin de anticipar los resultados y atenuar los riesgos de cobro 
asociados al simple transcurso del tiempo. e
Por  otro  lado,  también  se  persigue  la  optimización  de  recursos  y  mejora  de  bo
procedimientos en el ámbito de la gestión recaudatoria. 01ww
permCa. neCnoten tdroel  lad ed elau ddae puednad ipeennted,i eennt ep aerntic uplearri,o ddeo  lae jedceuutdivao :e nS fea sree adliez aermá buanrg oco, nyt rsoel 
pprroocmeodveerráá na  lraesv iascatru laac idoenuedsa q pueen cdoiennllteev, efnu nad aumnae nrteadlmucecnióten  ldae m laá sm aisnmtigau. aP, adrea  melalon, esrea 
que se agilice la finalización del procedimiento de apremio.
D.  Control  de  deudas  suspendidas:  Se  realizarán  actuaciones  de  control  y 
seguimiento de las deudas suspendidas por recurso o reclamación con el fin de agilizar 
la  ejecución  de  sentencias  y  resoluciones  firmes,  continuando  en  su  caso  con  el 
procedimiento de cobro de las deudas afectadas.
E.  Control  de  garantías  ofrecidas:  Dicho  control  se  efectuará  tanto  sobre  las 
garantías aportadas en el caso de aplazamientos y fraccionamientos de pago, como en 
los supuestos de suspensión de deudas objeto de cualquier recurso o reclamación. Este 
control supondrá la realización de un seguimiento sobre la grabación de las garantías, el 
mantenimiento de las mismas y finalmente la calidad.
F.  Procedimiento  de  enajenación:  subastas:  Con  la  integración  prevista  del 
procedimiento  de  subasta  en  el  Portal  del  Boletín  Oficial  del  Estado,  se  pretende 
impulsar el sistema electrónico de subastas al objeto de lograr la optimización de los 
recursos y del personal de la Agencia Tributaria –con el consiguiente ahorro de costes-, 
así como aumentar la afluencia de licitadores, tanto por la mayor publicidad de las 
subastas de la Agencia Tributaria respecto de la que tiene actualmente en la Sede 
electrónica de la Agencia, como por las características del procedimiento de subasta y la 
concesión de más días para la presentación de ofertas.
G.  Eficacia de las actuaciones de control recaudatorio: Durante el año 2020 se 
efectuará  un  seguimiento  específico  de  los  efectos  inducidos  directos  e  indirectos 
derivados de las actuaciones de control del fraude tributario en el ámbito de recaudación, 
especialmente los vinculados a las actuaciones de exigencia de deudas a terceros, 
adopción de medidas cautelares, personaciones y procedimientos de enajenación.
V. Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las 
Comunidades Autónomas
En cuanto a las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía (en adelante, Comunidades Autónomas), la colaboración entre la 
Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas resulta esencial para 
el adecuado control de los tributos cedidos, sean gestionados por la Agencia Tributaria o 
por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado.
La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 
de  las  Comunidades  Autónomas  de  régimen  común  y  Ciudades  con  Estatuto  de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, cede a las Comunidades 
Autónomas  el  rendimiento  total  o  parcial  en  su  territorio  de  una  serie  de  tributos 
estatales, y delega la competencia para la gestión de una parte de esos tributos –
asumida por las Comunidades Autónomas-, concretamente, la gestión de los Impuestos 
sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y de determinados Tributos sobre el Juego.
La  citada  Ley  consagra  como  principio  esencial  la  colaboración  entre  las 
Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en particular, 
el fomento y desarrollo de intercambios de información y la planificación coordinada de 
las actuaciones de control sobre los tributos cedidos.
De acuerdo con dicha ley, el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la 
Gestión Tributaria –y los correspondientes Consejos Territoriales en el ámbito de cada 
Comunidad-,  es  el  órgano  colegiado  de  coordinación  de  la  gestión  de  los  tributos 
cedidos, integrado por representantes de la Administración tributaria del Estado y de las 
Comunidades Autónomas al que se atribuyen, entre otras, las funciones de concretar  s
criterios uniformes y procedimientos comunes de intercambio de información y acordar  e.
las líneas básicas y directrices de ejecución de programas de control sobre los tributos  w.
cedidos. 01ww
ConLsae joA Sgeunpceiraio rT ryi bdueta lroias,  Ceonn seelj oms aTrecrori todreia lleoss  paacruae lrad oDsir eacdcoiópnta yd oCso oernd ineal csióenn od ed elal 
tGriebsuttiaórnia  Ternibtureta rliaas,   Apodtmeninciisatrráa ciolonse si nTterribcuatmarbiaioss  ddeel  Einsftoardmoa cyi ónd e colans   tCraosmcuenniddeandceias   BOE-A-cable e
Autónomas con la finalidad de incrementar la eficacia de la gestión tributaria, mejorar la 
asistencia a los contribuyentes y, singularmente, potenciar la lucha contra el fraude fiscal 
y la economía sumergida.
Así, continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más 
relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de 
datos consolidada de información censal obtenida por las Administraciones Tributarias 
autonómicas y estatal.
Se  fomentará  igualmente  la  transmisión  periódica  a  la  Agencia  Tributaria  de  la 
información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos cedidos 
gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los 
tributos  estatales  sobre  el  juego  gestionados  por  las  Comunidades  Autónomas  por 
delegación del Estado, dado que dicha información pone de relieve la existencia de otros 
posibles  hechos  imponibles,  especialmente,  en  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2020, continuará el suministro por las Comunidades Autónomas a la Agencia 
Tributaria de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad. 
Esta información resulta necesaria para la tramitación de los pagos anticipados de las 
deducciones por familias numerosas y grados de discapacidad previstas en el artículo 81 
bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a las Administraciones 
Tributarias autonómicas acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea 
necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Además  de  estos  intercambios  de  información  generales,  se  potenciarán  los 
intercambios  de  información  específicos  sobre  determinados  hechos,  operaciones, 
valores, bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la 
gestión tributaria de cualquiera de las Administraciones, especialmente para la lucha 
contra  el  fraude.  En  particular,  durante  2020,  se  intensificará  el  intercambio  de 
información para la mejora de la gestión recaudatoria de los importes adeudados a las 
Administraciones Tributarias.
Se  fomentará  la  transmisión  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas  de 
información sobre los valores reales de transmisión de bienes y derechos en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones que hayan sido comprobados por las Administraciones 
Tributarias autonómicas en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de 
este valor comprobado en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
Sociedades gestionados por la Agencia Tributaria.
Del  mismo  modo,  se  potenciará  la  remisión  de  información  por  parte  de  las 
Comunidades  Autónomas  sobre  la  constitución  de  rentas  vitalicias,  operaciones  de 
disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o 
derechos  de  la  sociedad  a  sus  socios,  préstamos  entre  particulares  y  pagos 
presupuestarios  antes  de  su  realización,  a  efectos  de  proceder  al  embargo  del 
correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas 
pendientes de pago con la Agencia Tributaria.
Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la 
colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas 
en  la  transmisión  de  la  información  obtenida  en  los  procedimientos  de  control  s
desarrollados por cada una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras  oe.
figuras impositivas gestionadas por otra Administración. w.
La planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes  01ww
pqruoem soevreárná  oqbujee,t op odre p aarctteu adcei olan eAsg ednec ciao nTtrrioblu tsaerriaá  soetr ad eá lrae ain fdoerm aatecniócnió cno rprreesfpeorenndtiee nyt es ae 
través de los Consejos Territoriales. En este ámbito, destacan:
a)  Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobadas por las distintas Comunidades Autónomas, 
partiendo especialmente de la información suministrada por dichas Comunidades.
b)  Asimismo,  se  utilizará  intensivamente  la  información  remitida  por  las 
Comunidades Autónomas en materia de discapacidad y familia numerosa para el control 
de la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c)  Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su 
relación  con  el  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  mediante  el  cruce  de 
información  sobre  la  titularidad  de  bienes  y  derechos,  incluidos  los  situados  en  el 
extranjero, y la identificación de contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que 
estén obligados a presentar declaración.
d)  Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones 
Patrimoniales  Onerosas»  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados.
e)  Operaciones  societarias  más  relevantes  no  sujetas  del  Impuesto  sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido al 
régimen fiscal especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.
f)  Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales 
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a través de la comprobación de la 
principal fuente de renta.
g)  Cumplimiento  de  los  requisitos  para  la  aplicación  del  régimen  fiscal  de  las 
cooperativas.
h)  Domicilios declarados y sus modificaciones.
i)  Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del 
Impuesto  Especial  sobre  Determinados  Medios  de  Transporte  por  adquisición  de 
vehículos por minusválidos y familias numerosas.
Finalmente, por lo que se refiere a las Comunidades de régimen foral, tanto el 
Concierto  Económico  con  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  (aprobado  por 
Ley 12/2002, de 23 de mayo), como el Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad  Foral  de  Navarra  (aprobado  por  Ley  28/1990,  de  26  de  diciembre), 
contemplan entre sus principios esenciales los de coordinación y colaboración mutua 
entre dichas Comunidades y el Estado en la aplicación de sus respectivos regímenes 
tributarios.
La línea fundamental de colaboración entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra y las Diputaciones Forales del País Vasco vendrá constituida por el intercambio 
de la información necesaria para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones  tributarias  y  luchar  contra  el  fraude  fiscal,  especialmente  aquél  que 
pretende aprovecharse de las diferencias normativas en los distintos territorios o de la 
existencia  de  Administraciones  Tributarias  diferentes,  mediante  fórmulas  de 
deslocalización  o  planificaciones  fiscales  abusivas.  Igualmente  se  intercambiará 
información sobre operaciones realizadas por los obligados a remitir sus registros de 
facturación a través del SII cuando la información recibida resulta de interés para otra 
Administración tributaria competente.
Madrid,  21  de  enero  de  2020.–El  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán. e