BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Martes 27 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 90581
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12591 Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad 
eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II).
Tras el impacto económico de la crisis generada por la COVID-19, es necesario 
impulsar  la  reactivación  económica  en  un  conjunto  de  sectores  empresariales  que 
orienten dicha reactivación en el marco de la transición energética que necesita nuestro 
país. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  para  contribuir  al  proceso  de  reconstrucción  de  las 
economías en el mundo post-COVID, a partir de 2021.
El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar 
un volumen de inversión sin precedentes y en este contexto se aprobó el 27 de abril 
de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2021, que 
traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del 
crecimiento  económico  y  la  creación  de  empleo,  para  la  reconstrucción  económica 
sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la 
próxima década.
Este  Plan  tiene  entre  sus  objetivos  que  nuestro  país  apueste  por  la 
«descarbonización», invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite 
desde  las  energías  fósiles  hasta  un  sistema  energético  limpio,  siendo  la  transición 
ecológica uno de los cuatro ejes transversales del Plan en nuestro país.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
remitido a la Comisión Europea en mayo de 2020, proporciona el marco director del 
programa  de  inversiones  y  reformas  para  una  transición  medioambiental  justa  que 
desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde.
Las  prioridades  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  están 
completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), 
presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. 
Entre  estas  iniciativas  bandera  europeas  destaca  el  apoyo  a  la  electrificación,  la 
integración  de  energías  renovables  y  el  hidrógeno  renovable  y  el  despliegue  de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
En este contexto, deben llevarse a cabo medidas en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  que  financiará  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno, y en el que las 
ayudas  reguladas  por  esta  orden,  están  incluidas  dentro  del  pilar  de  la  transición 
ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de intervención a que se 
refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los efectos sin precedentes 
de la crisis de la COVID-19 así como los impactos económicos que conlleva. Estos  s
recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los  e.
objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se establezcan. w.
Dentro de los objetivos que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y  591ww
Rcoemsiplieonnceinat,e  u1n, aP ladne  dela sc holínqeuaes d ed em oavcilcidióand  sdoesl teinmibpluel,s ose gau rlaa  yt rcaonnseiccitóand av eenrd een toersn olas 
uerl bdaensopsl iye gmueet rompaosliitvaon odse.  Einsftraa ecsotmrupcotunrean tdee i nrcelucyaerg, ae nctroem ootr ocsla, vlae  «pinavrear seiól nim 2p»u (lCso1 . dI2e)l   BOE-A-cable e
vehículo eléctrico, la sustitución de la flota de vehículos por modelos eléctricos y el 
impulso a la innovación en la electromovilidad. Este plan de choque constituye uno de 
los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión social y 
territorial, así como para el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad 
y  la  capacidad  de  exportación  de  la  economía.  El  programa  de  incentivos  que  se 
aprueba por esta orden, contribuye a la ejecución de las actuaciones que se enmarcan 
dentro  de  la  mencionada  componente  1,  formando  parte  de  la  inversión  2  del 
Componente 1 (C1. I2), así como a la consecución de sus hitos, y será complementado 
con otros programas en el marco de la misma componente, como son los recientemente 
aprobados Programas MOVES III, mediante Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.
Adicionalmente, el 13 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 
por el que se declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y 
Conectado PERTE VEC como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial 
del vehículo eléctrico y conectado con un objetivo claro y definido: la creación del 
ecosistema necesario para que se pueda fabricar y desarrollar de manera integral el 
vehículo eléctrico y conectado en España. Con este fin, el PERTE VEC permitirá articular 
las inversiones públicas de los diferentes componentes del plan, y coordinar las acciones 
de los distintos eslabones de la cadena de valor, en aras de lograr el impacto deseado 
en términos de transformación eficiente del sector. Para ello, entre otras, en el PERTE 
VEC se recoge el programa MOVES singulares II como una de las medidas facilitadoras 
que, sin actuar directamente sobre la cadena de valor, coadyuvan tanto a la creación de 
una nueva movilidad como al desarrollo del vehículo eléctrico, en este caso, permitiendo 
impulsar la innovación y los nuevos modelos de negocio en movilidad eléctrica.
Por ello, a fin de promover la electrificación de la movilidad eléctrica en general y la 
innovación en particular, el impulso a la industria y al sector empresarial asociado, y 
siguiendo la línea de ediciones anteriores del Programa MOVES Singulares, gestionadas 
por E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., se aprueba 
un nuevo programa de incentivos dirigido a proyectos singulares, cuya singularidad es la 
innovación en la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Este programa será financiado 
con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la medida en que ha resultado 
incluido en el definitivo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por 
las instituciones europeas competentes, existiendo crédito presupuestario en el IDAE, 
transferido previamente de la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la 
promoción  de  energías  renovables,  eficiencia  energética  y  movilidad  sostenible. 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
En cuanto al campo de intervención de este programa, se corresponde con una 
contribución climática del 100 %.
En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación 
de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todos 
los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento de esta orden  s
deben  de  respetar  el  llamado  principio  de  no  causar  un  perjuicio  significativo  al  oe.
medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») y  w.
las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento de las  591ww
Icnovnedrisciióonn e2s,  eens pleac qífuicea ss ea seingmnaadrcaasn  pdreicvhisotsa sp roeyne cetlo sC, otmanptoon eenn telo  1re, fearsidí oc oaml por inecni piloa 
DapNaSrtHa,d ocso m3,o 6  ay l 8e dtieqlu deotacduom ecnlitmo ádteicl oC oym dpigointaeln, tey  deesl pPelacina.lmente las recogidas en los  BOE-A-cable e
Es por ello que, los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones darán 
respuesta a las principales prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, orientadas a la mitigación y lucha contra el cambio climático a través de 
nuevos modelos de movilidad cero emisiones vinculados a la electrificación, así como a 
un cambio de nuestro modelo productivo que nos permita acelerar la recuperación 
económica. Entre los criterios de selección de las solicitudes, se destaca que se aplicará 
el principio de no hacer un daño significativo al medio ambiente, como una de las 
prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La progresiva implementación de la generación eléctrica con energías renovables, la 
electrificación del transporte, y las medidas de eficiencia energética, serán las principales 
tecnologías que permitan «descarbonizar» el sector transporte.
Por otro lado, el segundo sector de la economía que, en cifras absolutas, debe de 
reducir más emisiones de CO  en la próxima década es el sector de la movilidad y el 
2
transporte,  con  un  objetivo  de  reducción  de  27  MtCO2eq,  lo  que  equivale  a  una 
reducción del 33 %.
El  sector  del  transporte  es  actualmente  el  mayor  emisor  de  gases  de  efecto 
invernadero en España. Esto se debe fundamentalmente a que este sector es también el 
mayor consumidor de energía, que procede en su casi totalidad de combustibles fósiles, 
derivados del petróleo. Ello hace que el transporte deba ser un sector prioritario en todas 
las estrategias de «descarbonización» de la economía y, en particular, el transporte 
terrestre.
A su vez, se debe tener en cuenta la importancia del transporte terrestre en el 
periodo 2021-2030 para alcanzar los objetivos de ahorro de energía final establecidos en 
el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre  de  2012,  relativa  a  la  eficiencia  energética,  por  la  que  se  modifican  las 
Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE 
y 2006/32/CE, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
citados.
Así  mismo,  este  programa  de  incentivos  favorecerá  un  cambio  en  el  modelo 
productivo  de  nuestro  país,  la  generación  de  empleo  y  el  impulso  a  la  actividad 
económica, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia. Cabe destacar 
el  beneficio  inducido  que  este  programa  tendrá  para  nuestro  país,  derivado  de  la 
reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas, así como de mejora de la calidad del aire.
Mediante el programa de incentivos regulado en esta orden, se da continuidad a la 
primera edición del Programa de ayudas a Proyectos Singulares en materia de movilidad 
sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares), cuyas bases reguladoras fueron 
aprobadas mediante Orden TEC/752/2019, de 8 de julio, centrando esta segunda edición 
en  proyectos  singulares  con  componente  innovadora.  La  primera  edición  de  este 
Programa fue un éxito en cuanto a solicitudes, siendo por tanto evidente la necesidad de 
seguir impulsando este tipo de proyectos innovadores y que faciliten la puesta en el 
mercado de soluciones aún no plenamente maduras.
Adicionalmente, el programa de incentivos que se aprueba mediante esta orden, se 
inscriben en el «Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: 
Hacia una movilidad sostenible y conectada» del Gobierno de España que tiene como 
objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de 
generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está  s
ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible. oe.
asmoposrvotAeiblisndaiimadbdolies s em ifmniocie,ci edianeiadtsenot et ye c  sopRonreso atglealr na Dimbpeluaecb  r(leiPcctooarom c7gióp2ranl/e2m m0da1ee 9n M tlaaOd seV  eEt1lr S5ei s mId , epeP udrflieoscbgoiorr eanarmeo sa, l a RdM eeOm aVlloo EvDsi Sleidp cIarrIoe dygt o rMea 6fmOi5caVi9esE/n2 St0ae 2  II0lIay),     2021-12591n https://www.
de 16 de junio y Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, respectivamente.
Respecto a la primera edición de MOVES Proyectos Singulares se han modificado 
determinados  aspectos  para  centrar  el  objeto  del  actual  programa  de  incentivos, 
completando así iniciativas de otros departamentos ministeriales, así como optimizando 
la gestión y concesión de las ayudas.
Para el diseño del programa de incentivos de esta orden se ha tomado como base no 
solo el resultado de la primera edición del Programa MOVES Proyectos Singulares, al 
que se presentaron 130 proyectos, sino también, el resultado de la Manifestación de 
Expresión de Interés, realizada en diciembre de 2020, relativa a movilidad eléctrica, que 
se publicó con el objetivo de identificar el estado de situación del mercado, los posibles 
actores implicados y beneficiarios de los proyectos con interés en desarrollar proyectos o 
nuevas líneas de actuación, así como los aspectos más relevantes de dichos proyectos y 
actuaciones.
A partir del análisis de esta manifestación de interés, en la que se recibieron 540 
iniciativas, sobre seis tipologías principales de actuación vinculadas a la mejora y la 
innovación  de  la  movilidad  eléctrica,  se  han  establecido  las  líneas  estratégicas  de 
actuación  de  este  programa.  Así,  junto  con  el  recientemente  aprobado  Programa 
MOVES III, se dará respuesta a la mayor parte de las tipologías de actuación detectadas 
y que contribuyen a los objetivos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Se espera que este nuevo programa de incentivos tenga un efecto incentivador de la 
actividad aún mayor que la anterior edición del programa MOVES Proyectos Singulares, 
al incrementarse su dotación presupuestaria y modularse los porcentajes de ayuda, lo 
que supone la realización de un esfuerzo adicional para fomentar el avance de la 
movilidad eléctrica.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría 
de ayudas para la protección del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de 
disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar 
de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. El artículo 36.2 del mencionado Reglamento, establece 
que las inversiones deberán cumplir una de las condiciones siguientes: a) deberán 
permitir al beneficiario incrementar el nivel de protección medioambiental derivado de 
sus actividades superando las normas de la Unión aplicables, independientemente de la 
existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las de la Unión; b) 
deberán permitir al beneficiario aumentar el nivel de protección medioambiental derivado 
de  sus  actividades  en  ausencia  de  normas  de  la  Unión.  Los  proyectos  singulares 
relacionados con el uso de vehículos eléctricos, así como con desarrollos innovadores 
en  la  recarga  de  vehículos  eléctricos,  supone,  en  todos  los  casos,  una  mejora 
medioambiental, en un contexto de un suministro eléctrico cada vez más renovable.
Se mantiene el carácter incentivador de las ayudas, por lo que solo se admitirán 
solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha 
de registro de la solicitud de ayuda.
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así 
como eficacia y eficiencia, todos ellos establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003,  s
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. oe.
Esta  orden  se  adecúa  a  los  principios  de  buena  regulación  establecidos  en  el  w.
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  591ww
cdoen lasisd eArdámndinoisster accioonnveesn Pieúnbtelic ainsc ye,n etinv apra rptircouyleacr,t oas l orse plartinivcoips ioas  ddee snaercreoslloidsa din yn eofvicaideonrceias,, 
einncelurgidíoas f inparol,y uencato ms epnilootro d, ecpoennsdigeuniecniad eon ceorng éetilcloa,  ya dmeemnáosre dse e lma irseiodnuecsc iódne  dCeOl c.onsumo de  BOE-A-cable e
2
También se adecúa al principio de proporcionalidad, en la medida en que la norma 
contiene las actuaciones imprescindibles para el fin que se persigue, estableciendo las 
bases  reguladoras  que  permiten  articular  la  concesión  de  ayudas  previstas  en  la 
normativa  vigente.  De  acuerdo  con  el  principio  de  seguridad  jurídica,  la  norma  es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Asimismo, las ayudas reguladas por esta orden tienen carácter singular derivado de la 
necesidad de minimizar la dependencia, a nivel nacional, de los productos petrolíferos en el 
transporte por carretera, con gran repercusión en la calidad del aire de nuestras ciudades, 
teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de implementar diversos instrumentos que 
incentivan  modelos  eléctricos  de  desplazamiento  tanto  urbano  como  interurbano.  En 
consecuencia, la singularidad también se fundamenta en criterios de oportunidad, que 
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos 
de «descarbonización» previstos, y la movilización en tiempo y forma de los fondos del 
Marco de Recuperación y Resiliencia para lograr los objetivos que éste prevé.
Finalmente, respecto al principio de eficacia, la iniciativa normativa no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de 
los recursos públicos.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en la que tienen cobijo 
normas  básicas  y  asimismo  previsiones  de  acciones  o  medidas  singulares  que  sean 
necesarias  para  alcanzar  los  fines  propuestos  dentro  de  la  ordenación  del  sector 
(STC 117/1992, FJ 2). Entre estas acciones o medidas singulares se encontraría este 
programa de incentivos a proyectos singulares de movilidad eléctrica, con el objetivo de 
promover la investigación técnica en el ámbito de la movilidad eléctrica, que permita obtener 
información cualitativa así como innovar en las opciones de electrificación de la movilidad, 
de ahí el título competencial fundamentado en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica, y que tiene el carácter de 
prevalente.  Se  pretende,  como  proyecto  piloto,  mejorar,  investigar  y  analizar  diversas 
opciones tecnológicas en la gestión de la movilidad eléctrica, tanto en ámbito urbano como 
metropolitano, que fomenten la utilización del vehículo eléctrico y de hidrógeno.
De este modo, el componente innovador como proyecto piloto supone un elemento 
fundamental de los programas de incentivos, lo que justifica en gran medida su razón de 
ser y conlleva, por tanto, que sea el título competencial prevalente de esta orden, así 
como justifique su gestión centralizada por parte del IDAE.
Además, estas ayudas se gestionan de forma centralizada para optimizar la gestión 
de los fondos públicos y alcanzar el objetivo de incentivar proyectos singulares, con un 
volumen de inversión significativo, que permitan un avance más notable en el desarrollo 
de la movilidad eléctrica, independientemente de la región de España desde donde se 
promuevan, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos que puedan afectar a más 
de una comunidad autónoma. La territorialización del presupuesto supondría que, en 
ciertas regiones, no se podrían incentivar determinados proyectos por superar el importe 
de la ayuda a la partida territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias 
comunidades  autónomas,  no  pudiera  realizarse  en  su  totalidad.  Resaltar  que  una 
territorialización  de  las  ayudas  requeriría  que  el  presupuesto  de  cada  Comunidad 
Autónoma estuviera limitado al inicio de las convocatorias, para evitar que se sobrepase 
la cuantía global de los fondos disponibles. Ahora bien, como la demanda de solicitudes 
de ayudas es imprevisible, la territorialización daría como resultado, por un lado, un  s
presupuesto  sobrante  en  las  Comunidades  Autónomas  con  una  baja  demanda  de  oe.
solicitudes y, por otro, un presupuesto insuficiente para aquellas con una alta demanda.  w.
Esta  situación  de  desequilibrio  solo  podría  conocerse  a  la  finalización  de  la  591ww
pcoordrreísapno snedgieunirt er ecaolinzváoncdaotsoeri as, oyliaci tuqduees .h aPsotra  taenl túol,t imsuo  cdoírar edceci ósnu,  aple rfíinoadlo  ddeel  evjiegrecniccioia, 
mreetrdaisaon tee nu nlaa  rimeapslaignntaacciióónn  ddee  floansd omse deindtares  Cdeo mauhnoidrraod eesn,e rcgoéntlilceov ayrí ad eu nl oims paohrotarnrotes   BOE-A-cable e
acumulados, así como en el cumplimiento de los exigentes plazos de ejecución previstos 
tanto  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  como  por  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De  este  modo,  atendiendo  a  los  dispuesto  en  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  13/1992,  la  gestión  centralizada  de  estas  subvenciones  resulta 
imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación 
básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por 
parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio 
tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y 
optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
En este contexto, se realizarán una o varias convocatorias a nivel nacional con una 
gestión centralizada de solicitudes por parte del IDAE, en régimen de concurrencia 
competitiva, otorgándose las ayudas a los solicitantes con mejor valoración según los 
criterios establecidos en las bases reguladoras contenidas en esta orden.
A  efectos  de  garantizar  la  coordinación  entre  la  gestión  centralizada  de  este 
Programa y las políticas autonómicas, se incluye la posibilidad de presentar un informe 
de la comunidad autónoma donde se vaya a ubicar la actuación, en el que el gobierno 
autonómico podrá valorar la adecuación del proyecto a las prioridades de su política 
autonómica.
Por otra parte, la gestión centralizada de las subvenciones ha sido informada y 
consensuada con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en la 
reunión de la Conferencia Sectorial de Energía de fecha 11 de enero de 2021, así como 
en la Comisión Consultiva del 13 de mayo de 2021.
Asimismo, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público- 
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado.
Por ello, en la tramitación de esta orden, adoptada para la ejecución del Plan de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  se  ha  aplicado  lo  previsto  por  los 
artículos 47 y 60 del citado Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose 
emitido  informes  de  la  Abogacía  del  Estado  y  de  la  Intervención  Delegada,  de 
conformidad con lo previsto en el artículo 61.2 del mismo.
Esta  orden,  además  de  lo  dispuesto  en  la  regla  15.ª  del  artículo  149.1  de  la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento y 
coordinación  general  de  la  investigación  científica  y  técnica,  que  actúa  como  título 
competencial prevalente, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª 23.ª 
y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en 
materia de legislación básica sobre protección del medioambiente, sin perjuicio de las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales e.
Artículo 1.  Objeto y finalidad. 591ww
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras
cpoarrrae slap osnedleiecnctieósn  ya lc oPnrcoegsriaómn,a  end er égInimceennt ivdoes  coan cpurroreyencctiao sc osminpgeutliativreas,  deen  lams oavyiuliddaads 
eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II).
2.  Las  ayudas  reguladas  en  esta  orden  tendrán  como  finalidad  contribuir  al 
cumplimiento de los objetivos correspondientes a la inversión 2 del componente 1 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a la «descarbonización» 
del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la 
consecución de los objetivos fijados tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima  (PNIEC)  2021-2030,  como  por  el  Programa  Nacional  de  Control  de  la 
Contaminación  Atmosférica,  promoviendo  la  realización  de  proyectos  singulares  de 
innovación en movilidad eléctrica en todo el territorio nacional.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  Lo dispuesto en esta orden será de aplicación en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 11 de enero de 2021.
2.  Asimismo,  lo  dispuesto  en  esta  orden  será  aplicable  a  las  ayudas  que  se 
convoquen con posterioridad a la publicación de las presentes bases reguladoras.
3.  Podrán ser objeto de ayuda, los proyectos relacionados con la utilización del 
vehículo eléctrico y de pila de combustible incluidos en el anexo I, de manera que se 
consiga una reducción del consumo de energía final y como consecuencia de ello una 
menor dependencia energética del petróleo y la disminución de las emisiones de CO .
2
Artículo 3.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1.  Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y serán 
entregas dinerarias sin contraprestación sujetas al cumplimiento de lo dispuesto por esta 
orden y las correspondientes convocatorias.
2.  El artículo 9 del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  dispone  que:  «la  ayuda  concedida  en  el  marco  del 
Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos 
de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo 
coste». Por tanto, las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras 
ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones públicas 
u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, siempre que no se supere 
el coste de la actividad subvencionada y se cumplan las dos condiciones siguientes:
a)  Que,  de  forma  acumulada,  no  se  superen  los  límites  establecidos  por  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b)  Que  las  ayudas  otorgadas  por  las  otras  Administraciones,  para  la  misma 
actuación, no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.
El beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable 
que acredite tanto las ayudas que ha solicitado como las que le han sido concedidas 
para la misma actuación según modelo facilitado en el anexo II.
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el régimen jurídico, la normativa específica aplicable,  e.e
requisitos y obligaciones de los beneficiarios y el procedimiento de concesión será el  b
establecido en estas bases, en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su  591ww
Rdeefgelcatmo endteo  dloe  dperesvairsrtool loe, na perosbtaa don oprmora etivl aR, easle  Daepcrliectaor á8n8 7l/a2s0 06n,o rdmea 2s 1 ddee  jdueliroe. cEhon 
adm2in. istSraetriávo d.e aplicación el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
3.  Se otorga a la persona titular de la Dirección General del IDAE la prerrogativa de 
interpretar y resolver las dudas que pudiera plantear la aplicación de las presentes 
bases.
4.  Las ayudas objeto de estas bases se otorgarán en régimen de concurrencia 
competitiva,  de  acuerdo  con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  objetividad, 
igualdad y no discriminación, así como eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 8.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y en las demás disposiciones que 
resulten de aplicación.
6.  Asimismo,  será  de  aplicación  el  Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia 
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia Las ayudas reguladas por esta Orden pueden considerarse incluidas dentro 
del pilar de transición ecológica previsto por su artículo 3 así como entre los tipos de 
intervención a que se refiere el anexo VI, todo ello con el objetivo de hacer frente a los 
efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19 así como los impactos económicos 
que conlleva. Estos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y las metas pertinentes, en los plazos que se 
establezcan.
7.  Se respetará la normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetarán 
los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la 
legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar 
de aplicación en virtud de la legislación medioambiental
Artículo 5.  Beneficiarios.
1.  Se entenderá por beneficiario a la persona jurídica que realice la inversión o 
gasto correspondiente a la actuación incentivable.
2.  Podrán  ser  beneficiarios  del  programa  de  incentivos  previsto  por  las  bases 
reguladoras establecidas por esta orden:
a)  Todo  tipo  de  empresas  con  personalidad  jurídica  propia  (Micro,  Pequeña, 
Mediana y Gran Empresa).
Se  entenderá  por  micro,  pequeña  y  mediana  empresa  lo  establecido  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.
b)  Universidades y centros privados de investigación y desarrollo, con personalidad 
jurídica propia.
c)  Consorcios y agrupaciones empresariales con o sin personalidad jurídica propia. 
En caso de no contar con personalidad jurídica propia, la ayuda se concederá a la 
entidad o persona jurídica que gestione la agrupación o consorcio.
d)  El sector publico institucional, a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las entidades de derecho 
privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y las Universidades 
Públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia.
Artículo 6.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios. es
1.  Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de  w.
alsaey u Lddeeaytse 3 rym8 /ei2nn0e 0lna3 se,  nidn ecs at1rdu7ac  dccieoo nnnevoosv cieeasmtpoberircaeí,,f  ilcaaasss íq  cquoueme f,io ge ulnar esa npe lesictnaa blcailóe rncei sdyoa clsuu cmeiónpn lei mdsetiae csno tbona cdseees silóa, nsla  dbsea q sluaeess    2021-12591n https://ww
y de cada convocatoria, comunique el IDAE en materia de ejecución, seguimiento, pago
de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto. Bc
2.  No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran 
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre. En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, 
declaración responsable que acredite no tener pendientes obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas, o en su caso el cumplimiento de las mismas, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las del resto 
de obligaciones establecidas en dicho artículo 13 (anexo II), entre ellas, hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo 
que deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22 y 24 concordantes del 
citado  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  teniendo  presente  lo 
establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales así 
como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y considerándose a este respecto 
que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al órgano 
administrativo concedente para que puedan consultar directamente dicha información de 
forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No obstante, el 
solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces 
las certificaciones correspondientes.
Los  beneficiarios  estarán  obligados  a  comunicar  de  inmediato  al  IDAE,  incluso 
durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  cualquier  modificación  de  las  condiciones 
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación 
de la ayuda.
3.  Además,  se  consideran  obligaciones  esenciales  de  los  beneficiarios  de  las 
ayudas, las siguientes:
a)  Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas  con  las  actuaciones  objeto  de  ayuda,  contando,  al  menos,  con  una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
b)  En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE 
y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos vinculados a la 
actuación subvencionada, siempre que resulte de aplicación por razón de la categoría 
del contrato y de su valor estimado.
Para el resto de supuestos, en la tramitación de los contratos a realizar para llevar a 
cabo las actuaciones incentivables, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.º  Para las contrataciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda se 
dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres, cuando ello sea posible), 
conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, 
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.º  En los documentos como, pliegos, especificaciones, anuncios y/o contratos, que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar, deberá hacerse 
constar la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de  e
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  que  se  apruebe  por  las  instituciones  bo
europeas competentes. 591ww
disc3ri.mº inNatoo risoes  op oqdureá na ltienrcelnu irl,a  pcoanrac ulrare nvcailao,r apcuiódnie nddeo  eosfetartbalse,c ecrrsitee rrieoqsu idseit osv amloírnaimcióons 
afa vcourmabplleirm peonrt elo usn oafse rotfaenrtteass  fsreienmtep rae o ytr acsu.ando éstos no puedan utilizarse para valorar
4.º  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida 
la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los 
ofertantes.
5.º  Las  obras,  servicios  o  prestación  del  servicio  contratado  deben  de  ser 
demostrable y tiene que estar verificada y aceptada de forma previa a la certificación del 
pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
c)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción 
objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así 
como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados 
del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, y particularmente 
la que se establezca en cuanto a la gestión y ejecución del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe 
por las instituciones europeas. En este contexto, se diseñará un procedimiento de control 
que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del gasto declarado por los 
beneficiarios,  así  como  verificar  sobre  el  terreno  un  conjunto  representativo  de  las 
actuaciones y operaciones realizadas.
d)  Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero 
que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la 
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión 
Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas 
con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.
e)  Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos en estas bases, y 
en particular en el artículo 19, conforme a lo establecido en el artículo 18.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con los deberes de información, comunicación y 
visibilidad que correspondan al beneficiario conforme lo establecido en el artículo 34 del 
Reglamento (UE) 2021/241.
f)  Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y de 
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto 
en el art. 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º 1046/2018), de acuerdo 
con lo que indica el art. 22.2.f) del Reglamento (UE) n.º 241/2021.
g)  Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la 
Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
h)  Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y 
aplicación de las ayudas.
4.  No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, según se 
define esta situación en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 
la  Comisión,  de  17  de  junio  de  2014.  Dicho  extremo  se  acreditará  mediante  una 
declaración responsable que se suscribirá junto con la solicitud de subvención.
5.  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en los apartados 
anteriores, será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la 
ayuda concedida.
6.  Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio de DNSH y el etiquetado 
climático,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  e
Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del  bo
Consejo,  de  12  de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  591ww
dRee clau pCeoramciisóinó ny  GRueísai liteénccniiac,a  ys osub rneo lram aaptilvicaa cdieó nd edseal rprorilnloc,i peion  dpea r«tincuol acra ulas aCro umnu pneicrajuciicóion 
Rsiegsniilfiiecnactiivao, »a seí nc omvirot ucdo nd leol  reRqeugelraidmoe ennto  lar eDlaetcivisoió na ld eM Eejceacnuicsimóno  ddeel C  Ronesceujpoe rrealcaitóivna  ay 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
Artículo 7.  Financiación.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta orden 
se realizan con cargo al presupuesto de IDAE previa transferencia desde la aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021, para lo que se consignará una dotación en el presupuesto del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que el IDAE se encuentra adscrito.
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
dado que el programa de incentivos aprobado por esta orden ha resultado incluido en el 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  aprobado  por  las  instituciones 
europeas competentes.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad, criterios de selección de operaciones, etc., cuya 
aplicación sea de obligado cumplimiento.
3.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía máxima del 
total de las ayudas a conceder mediante su resolución. Tanto la concesión como la cuantía 
de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente.
CAPÍTULO II
Requisitos de las ayudas
Artículo 8.  Actuaciones incentivables.
Se  incentivarán  aquellos  proyectos  de  desarrollo  tecnológico  y  experiencias 
innovadoras en movilidad eléctrica que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el 
vehículo eléctrico y de pila de combustible, fomentando el desarrollo de proyectos por 
parte de empresas españolas, a fin de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su 
comercialización.  Se  considerarán  proyectos  singulares  los  que  contemplen  las 
actuaciones descritas en el anexo I.
Artículo 9.  Costes subvencionables.
1.  Los proyectos que se incentiven deberán estar englobados dentro de las áreas 
elegibles que se detallan en el anexo I de estas bases.
2.  Sólo se considerarán subvencionables, y por tanto sólo podrán ser objeto de 
ayuda con cargo a este programa de incentivos, las inversiones que permitan aumentar 
el nivel de protección medioambiental derivado del impulso de la movilidad eléctrica, que 
sean derivados de actividades desarrolladas en territorio nacional y que se realicen en la 
adquisición de bienes o de servicios por parte del beneficiario de la ayuda, así como que 
puedan  justificarse  mediante  el  correspondiente  pedido  y/o  contrato  relativos  a  las 
actuaciones realizadas, con sus correspondientes facturas y justificantes de pago al 
proveedor. No se considerarán, por tanto, subvencionables los costes propios (personal, 
funcionamiento o gastos generales). s
3.  Se considerarán costes subvencionables los siguientes conceptos: la elaboración  e.
de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección  w.
facultativa, los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la  591ww
minvaetersriiaólne se lee giinbsleta lya clioosn edse  amuxoilniatarejes  dnee cleassa riinasst,a llaocsi oncoesst,e se nd es u trcaanssop;o rltoes  ye qlousip odse, 
saosliisctietundc iya  dteé clan ijcuas.t ifSicearcáiónn  tdaem lbaisé na yusduabsv.encionables  los  costes  de  la  gestión  de  la  BOE-A-cable e
4.  Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto singular, aunque la 
ayuda a otorgar no podrá superar el límite de ayuda por beneficiario que se establezca 
en la convocatoria correspondiente.
5.  Las actuaciones que se planteen deben reducir el consumo de energía final o las 
emisiones de dióxido de carbono, lo que deberá justificarse en la Memoria descriptiva del 
proyecto.  Es  por  ello  que  no  serán  elegibles  únicamente  estudios  que  no  lleven 
asociados una actuación que permita conseguir ahorros energéticos.
6.  Para  que  los  gastos  puedan  ser  considerados  elegibles,  deben  cumplir  los 
siguientes requisitos:
a)  Cumplir  la  normativa  local,  autonómica,  nacional  y  de  la  Unión  Europea 
aplicable.
b)  Deben estar relacionados de manera indubitada con la actividad objeto de la 
ayuda, ser necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en la 
convocatoria.
c)  Ser  reales  y  abonados  efectivamente  con  anterioridad  a  la  finalización  del 
período de justificación establecido en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de 
pago  diferido  (entre  otros:  cheque,  pagaré,  letra  de  cambio  aceptada)  sólo  se 
subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad 
financiera con anterioridad a la finalización del plazo citado.
d)  Debe existir constancia documental y ser verificable.
7.  No se considerarán costes elegibles los englobados en los siguientes conceptos:
a)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, 
multas, tasas, impuestos o tributos.
b)  Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites 
administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias que no 
estén enumerados en el apartado 3 del artículo 9.
c)  Coste de adquisición o arrendamiento de terrenos utilizados para el proyecto.
d)  Seguros suscritos por el solicitante.
e)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta 
en marcha.
f)  Cualesquiera costes financieros.
8.  Las  actuaciones  deberán  cumplir  con  la  normativa  vigente  que  les  sea  de 
aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados y autorizaciones 
administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
9.  A efectos de dar cumplimiento al artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativo al efecto incentivador de las ayudas, solo 
serán  elegibles  las  adquisiciones  y  actuaciones  cuya  ejecución  se  inicie  en  fecha 
posterior a la fecha de registro de la solicitud de reserva de ayuda. El hito que marcará el 
inicio de los trabajos para las empresas y entidades públicas será la publicación de los 
pliegos de licitación y en el caso de empresas privadas, la fecha del primer compromiso 
en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.
Los trabajos preparatorios para la obtención de permisos y la realización de estudios 
previos de viabilidad no influirán en la determinación de la fecha de inicio de la ejecución 
del proyecto de inversión, pudiendo por tanto haberse realizado éstos antes de la fecha 
de registro de la solicitud de reserva de ayuda.
Artículo 10.  Pago y cuantía de las ayudas. w.b
orde1n.  seL aisn satryuumdeanst aortáonr gcaodmaso  eanl taremgpaa droin edreal ripar osginr acmoan trdaep reinscteancitóivno,s q uoeb jesteo  pdeer ceibsirtaá 
yp osre e cl ebretifniqeufiecina rloios,  gcaosnt ocsa roá cctoesrt edse feinleitgivibol,e usn ian cvuerzri dsoes .verifique la ejecución del proyecto
2.  Cuando las convocatorias así lo establezcan, los beneficiarios que lo soliciten, 
mediante escrito dirigido a la Dirección General del IDAE podrán disponer de anticipos del 
importe de la ayuda concedida, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  La garantía deberá constituirse, a disposición del IDAE, y por el mismo importe 
del anticipo a otorgar, en alguna de las modalidades previstas por el artículo 12.2 del 
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Caja de Depósitos o bien mediante una línea de crédito que ofrezcan como 
garantía cualquier organismo o Administración pública española, todo ello de acuerdo 
con los artículos 48 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Dichos anticipos no superarán el 100 % del importe total de la ayuda que se 
vaya a conceder al beneficiario.
c)  Dichos anticipos deberán destinarse exclusivamente a cubrir gastos del proyecto 
objeto de subvención.
d)  De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto Ley 36/2020, 
de  30  de  diciembre,  los  beneficiarios  de  estos  anticipos  deberán  acreditar  que  se 
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados 
para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado.
e)  Asimismo, el beneficiario de dichos anticipos deberá también encontrarse al 
corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La 
acreditación de esta última circunstancia se realizará conforme a lo previsto en los 
artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, considerándose a 
este  respecto  que  el  beneficiario,  con  la  presentación  de  su  solicitud  de  anticipo, 
autorizará, al órgano administrativo concedente para que pueda consultar directamente 
dicha información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad 
Social.  No  obstante,  el  solicitante  podrá  denegar  expresamente  el  consentimiento, 
debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
3.  A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, 
todas las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras 
cargas. La intensidad de ayuda será del 40 % de los costes subvencionables, que podrá 
incrementarse  en  10  puntos  porcentuales  en  el  caso  de  las  ayudas  concedidas  a 
medianas  empresas  y  en  20  puntos  porcentuales  si  las  ayudas  van  destinadas  a 
pequeñas empresas. Para la determinación  del  coste subvencionable se tendrá en 
cuenta lo establecido en el artículo 9, así como lo establecido en el apartado 5 del 
artículo 36 del Reglamento 651/2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado.
4.  Las  convocatorias  podrán  fijar  un  límite  máximo  de  ayuda  por  proyecto  y 
beneficiario, así como una inversión mínima por proyecto, y asignar un presupuesto 
máximo por tipología de actuación.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión bo
Artíc1u. lo L1a1s.   cCoonnvvooccaattoorriaiass  yc oprlarezsop doen dpireensteenst asceió nr deea liszoalricáintu dpeosr.  el  IDAE,  mediante
raerstíocluulcoi ó2n3 .d2e  dseu  laC oLnesye jo3 8d/2e0 0A3d,m dinei s1tr7a cdióen ,n odvei ecmonbfroer,m yi deand  lcoosn  alop aertsatdaobsle c6id yo  7e nd eell   BOE-A-cable e
Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones, y serán publicadas en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las  solicitudes  para  la  participación  en  el  programa  de  incentivos  y  su 
documentación podrán presentarse en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria correspondiente en el «Boletín 
Oficial del Estado». La solicitud y la documentación a aportar con la misma se harán en 
castellano.
3.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
4.  La solicitud constará de formulario y documentación complementaria:
a)  Formulario de Solicitud de ayuda: se facilitará modelo en la sede electrónica 
de IDAE.
b)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente 
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física 
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la 
presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o 
que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se 
oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. 
Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reconoce la 
potestad  de  verificación  de  las  administraciones  públicas,  en  relación  con  los  datos 
personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos.
c)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin 
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar 
documentación  acreditativa  de  las  facultades  de  representación  de  la  persona  que 
formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, 
en su caso, en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de 
representante  de  las  entidades  solicitantes  o  beneficiarias  de  las  ayudas  exige  la 
acreditación  de  la  representación  necesaria  para  cada  actuación,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d)  En el caso de consorcios o agrupaciones empresariales, sin personalidad jurídica 
propia, documento de colaboración o instrumento análogo formalizado por representante 
debidamente facultado de las mismas que especifique la aceptación y designación expresa 
del representante único de todas ellas, que formule la solicitud y reciba el importe total de la 
ayuda otorgada (no obstante la aportación de copia del documento acreditativo de las 
facultades de representación del mismo), así como la aceptación expresa de participación 
de todas ellas en el programa de incentivos establecido por la convocatoria, asumiendo la 
totalidad  de  compromisos  y  obligaciones  derivados  del  mismo,  con  detalle  de  los 
compromisos de ejecución correspondientes a cada miembro de la agrupación así como  e.
importe de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos. Caso de disponer de personalidad  w.b
jurídica propia, deberá presentarse la escritura pública de constitución, presentada ante  591ww
nsooctaioriso ,y  qpuoerc ecnotnatjeesn ddreá  pcaortmicoip amciíónnim, doe sdiegnnoamcióinna dcieó ng,e roebnjteet oú,n idcoom, aicsiíl ioc omsooc ilaal ,c odnusrtaacniócnia, 
dpere slae ntraersáp oenl sacebriltiidfiacadd oso dlidea rinias ceri picliimónit aedna  edle  recgaidsatr ou ncoo rrdees polonsd iseoncteio sd.e lI gMuainlmisetenrtioe  dsee 
Hacienda y Función Pública, en lugar del certificado en el registro mercantil. A efectos de
identificación como PYME, los datos de empleados, volumen y balance han de ser la suma 
de cada uno de los partícipes en el proyecto.
e)  Para el sector público: En el caso de una entidad vinculada o dependiente del 
sector  público  deberá  presentar  una  declaración  responsable  donde  acredite  su 
adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, a una 
comunidad autónoma o a una entidad local.
f)  Para las empresas:
1.º  Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera 
de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda como representante 
de la empresa.
2.º  Tarjeta de identificación fiscal (NIF).
3.º  Documentación  que  acredite  la  inscripción  en  el  censo  de  Empresarios, 
Profesionales y Retenedores.
4.º  Para las Medianas y Pequeñas Empresas, acreditación de dicha condición, 
según  las  definiciones  contenidas  en  el  artículo  3  del  anexo  I,  del  Reglamento 
UE n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, aportando una Declaración 
responsable firmada por representante de la empresa que especifique: el volumen de 
negocios y cifra de balance general anual resultante de las cuentas anuales de la 
empresa solicitante y de las empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al 
último  ejercicio  contable  cerrado,  y  que  hayan  sido  depositadas  en  el  Registro 
correspondiente, el número de empleados de la empresa, así como los de las empresas 
asociadas o vinculadas y la calificación como empresa autónoma, o bien se indique las 
empresas asociadas o vinculadas incluyendo los datos de participación respectivos. Se 
facilitará modelo en la sede electrónica de IDAE.
g)  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, cuando la cuantía de la ayuda 
supere los 10.000 euros por destinatario último, conforme a lo previsto por la letra c) del 
artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  lo  que  deberá  verificarse 
conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, teniendo 
presente lo establecido por la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1.k) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y considerándose a este 
respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al 
órgano  administrativo  concedente  para  que  pueda  consultar  directamente  dicha 
información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social. No 
obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar 
entonces las certificaciones correspondientes.
h)  Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y 
modelo disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, que tendrá como mínimo, el 
siguiente contenido:
i.  Identificación, descripción y planificación de la actuación.
ii.  Presupuesto, inversión, coste elegible y ayuda solicitada. s
iii.  Ahorro de energía final anual que supone la ejecución del proyecto u otros  oe.
indicivvva.i. .d  oNVRreiiveasepb elli ildscidpeaae bddcile iítdfséiacacodrnrs ioyc sl aleoe,s  getceúcacnolna ntobiópliólmoidg idacicedao . p yyr  foginyraeancdtcooi e.drea .innovación. 2021-12591n https://www.
vii.  Generación de empleo, así como uso de cadena de valor industrial o sinergias
con ámbitos económicos.
i)  Declaración  responsable,  según  modelo  del  anexo  II,  que  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos para adquirir la condición de 
beneficiario.
j)  En su caso, informe del Gobierno autonómico donde se realice la actuación, 
indicando la adecuación de la misma a las prioridades de su política autonómica, según 
modelo facilitado en sede electrónica de IDAE (https://sede.idae.gob.es).
k)  Cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del principio de «no causar un 
perjuicio  significativo»  al  medio  ambiente  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), conforme al anexo de la Guía para el diseño y 
desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al 
medio ambiente, debidamente cumplimentado. La evaluación podrá ser realizada por el 
interesado o por una entidad independiente. El formulario está disponible en la web del 
MITECO,  «https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/
transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf y se facilitará en la sede 
electrónica del IDAE.
Artículo 12.  Tramitación electrónica del procedimiento.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para las 
personas jurídicas y resto de sujetos contemplados en el artículo 14.2, que tengan la 
consideración  de  beneficiarios,  la  tramitación  electrónica  del  procedimiento  será 
obligatoria en todas sus fases y tramitación. Las solicitudes, comunicaciones y demás 
documentación  exigible  serán  presentadas  a  través  del  correspondiente  sistema 
telemático alojado en el portal de ayudas de la sede electrónica de IDAE (https://
sede.idae.gob.es/), en el que también se contendrá la información necesaria para la 
cumplimentación de la solicitud y tramitación del expediente.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en dicho 
portal de la sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2.  El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y 
a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o 
con  DNI  electrónico.  En  el  enlace  correspondiente  habilitado  podrán  consultar  los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. La presentación de 
la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir 
todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a 
través  de  dicho  registro  electrónico  accesible  por  medio  de  la  sede  electrónica. 
Adicionalmente  a  la  puesta  a  disposición  del  interesado  de  las  comunicaciones  y 
notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que 
carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma 
segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar 
la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano 
actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, se 
publicarán en la sede electrónica del IDAE las propuestas de resolución, las resoluciones 
de  desestimación,  de  concesión  y  sus  posibles  modificaciones  y  demás  actos  del 
procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las  e.
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de  w.b
notificación por comparecencia electrónica. 591ww
elec5tr.ó nLicooss  foar mcuulmarpiolism, elnatsa r deecnl arlaacsi ondeifes rernetsepso nfsaasbelse s dye l lopsr ocdeedmimásie ndtoo,c uemsetanrtáons 
ddiesbpeornáinb leses r eonb ligeal tomreianmcieonntaed uot ilipzoardtaols  dcuea nadyuod parso cdeed al.a sede electrónica del IDAE y
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en  poder  de  las  administraciones  públicas,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  los 
artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose aportar junto con 
la solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados 
documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en 
aquella ocasión.
Artículo 13.  Instrucción del procedimiento. Evaluación y selección de las solicitudes.
1.  El órgano competente para instruir el procedimiento de concesión en el programa 
de  incentivos,  así  como  el  responsable  del  seguimiento  de  las  actuaciones 
subvencionadas será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en adelante 
órgano instructor.
2.  La evaluación y selección de las solicitudes se realizará exclusivamente sobre la 
documentación aportada por el solicitante con su solicitud y/o la que pudiera habérsele 
requerido  complementariamente  en  fase  de  subsanación.  No  obstante,  el  órgano 
instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan 
reformulación ni mejora de ésta.
3.  Por tratarse de un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva y, como tal, iniciado de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la 
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de 
la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.
4.  Será competente para evaluar las solicitudes, en los términos previstos en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como órgano colegiado, una 
Comisión Técnica de valoración integrada por:
Presidente: persona titular de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética de IDAE.
Vocales:
1)  Dos representantes designados por la Secretaría de Estado de Energía.
2)  Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3)  Un representante de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico 
del IDAE.
4)  La persona titular de la jefatura del departamento de Movilidad Sostenible 
del IDAE.
Secretario  con  voz,  pero  sin  voto:  un  técnico  del  departamento  de  Movilidad 
Sostenible y Ciudad del IDAE.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz, pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en las materias incluidas en el orden del día.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa  e.e
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión podrá ser sustituido por  b
los  suplentes  que  designe  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  del  IDAE,  a  591ww
prerosopluuecsiótan  qduee  lase p peurbsolicnaar át iteunla lra  dpeálg iónrag awneob  doe dl IirDeAccEi.ón al que pertenezcan, mediante
persEoln faulensc,io tnéacnmicieonst oy  pdree seusptau eCstoamrioissió dne ls IeDrAá Ea.tendido, en todo caso, con los medios
5.  El órgano instructor determinará, en una primera fase, las solicitudes admisibles de 
acuerdo a lo establecido en la normativa reguladora de la convocatoria de la ayuda. En esta 
fase, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, 
el órgano instructor podrá requerir al interesado para que la subsane en el plazo máximo 
improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido 
de su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6.  Una vez finalizado el proceso de subsanación se procederá a redactar el acta de 
expedientes admitidos y no admitidos que será elevado a efectos informativos al Órgano 
Instructor y publicado en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase 
de evaluación.
7.  Una vez finalizado el periodo de subsanación, la Comisión Técnica de Valoración 
procederá a la clasificación de las solicitudes que hayan resultado admitidas, conforme a 
los criterios de valoración de otorgamiento de la subvención que figuran en el anexo III. 
La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos.
8.  La metodología para clasificar las solicitudes adjudicatarias de las ayudases la 
siguiente:
a)  Se procede a la clasificación de las solicitudes de mayor a menor puntuación 
obtenida. En caso de empate en su puntuación, las solicitudes con el mismo valor se 
ordenarán en función de la fecha y hora de presentación de la solicitud.
b)  Se evaluará la lista en sentido descendente de puntuación, eliminando aquellas 
solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, se superaría el valor máximo de ayuda por 
beneficiario o actuación establecido en la convocatoria, así como aquellas solicitudes que 
no lleguen al mínimo de puntuación establecido para ser elegibles según el anexo III.
c)  Posteriormente  se  evaluará  la  lista  en  sentido  descendente  de  puntuación, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no se superen los 
límites  de  presupuesto  establecidos  en  la  convocatoria,  si  bien,  si  el  presupuesto 
disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, 
quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial.
Artículo 14.  Propuesta de resolución provisional.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente, y de la correspondiente propuesta 
que le eleve la Comisión Técnica de valoración, formulará la propuesta de resolución 
provisional de concesión de ayudas, debidamente motivada.
2.  El contenido de esta propuesta de resolución provisional incluirá al menos la 
siguiente información:
a)  La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo:
1.º  El CIF del beneficiario.
2.º  Título del proyecto.
3.º  Localización donde se realizará la actuación.
4.º  Importe de la ayuda total concedida, expresado en euros.
5.º  Puntuación obtenida.
b)  La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de la 
ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación obtenida. e.e
c)  La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión. b
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beneficiario frente a la Administración.
4.  En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en 
la sede electrónica del IDAE de la propuesta de resolución provisional, los interesados 
podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante el IDAE, a través del 
aplicativo para la tramitación de las ayudas.
5.  En caso de que algún interesado renuncie a una ayuda aprobada provisionalmente, 
se incluirá la nueva solicitud correspondiente, caso de liberarse fondos suficientes.
6.  Las  alegaciones  y  documentación  presentadas  serán  examinadas  por  la 
Comisión  Técnica  de  Valoración  quien,  en  su  caso,  procederá  a  reordenar  la 
correspondiente clasificación de las solicitudes admitidas y valoradas, elevando, en su 
caso, nueva propuesta al órgano instructor quien dictará, a la vista de la misma, la 
propuesta de resolución definitiva que elevará al Consejo de Administración y persona 
titular  de  la  presidencia  del  IDAE.  La  propuesta  de  resolución  definitiva  no  creará 
derecho alguno a favor del beneficiario frente a este Instituto.
Artículo 15.  Resolución definitiva.
1.  La persona titular de la presidencia del IDAE resolverá y notificará el procedimiento 
de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, 
de 17 de enero, en un plazo máximo de seis meses desde que se realice la publicación del 
extracto de la correspondiente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
La resolución definitiva se notificará a los interesados, dentro del mismo plazo, 
mediante su publicación en la sede electrónica del IDAE, en el plazo de diez días a partir 
de la fecha en que haya sido dictada, en los términos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación 
conforme  a  lo  establecido  en  dicho  artículo,  y  sin  perjuicio  de  la  remisión  de  la 
información correspondiente a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado la resolución, 
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la 
solicitud de concesión de la subvención.
2.  En el plazo de diez días a contar desde la publicación y notificación de la 
resolución, los interesados deberán comunicar la aceptación de la resolución definitiva 
de concesión al órgano instructor. La falta de aceptación expresa por parte de los 
interesados, en los términos y plazos previstos anteriormente, supondrá su renuncia a la 
ayuda, y la pérdida del derecho al cobro de la misma, dictándose y notificándose, a tal 
efecto, resolución de la persona titular de la presidencia del IDAE, previa resolución del 
Consejo de Administración.
3.  Contra las resoluciones anteriores, que pondrán fin a la vía administrativa según 
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 7.6 del 
Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición en los términos y plazos previstos en los 
artículos  123  y  124  de  la  citada  ley  o  recurso  contencioso-administrativo  ante  la 
jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO IV
Justificación y ejecución de las actuaciones incentivables
Artículo 16.  Plazo de justificación y documentación justificativa de realización de la  b
actuación. 591ww
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otorgado para la ejecución de la actuación.
2.  La justificación documental por parte de los beneficiarios de la ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda se realizará a través de la sede electrónica del IDAE, 
mediante escrito dirigido al órgano instructor, junto al que se aportará, con carácter 
general, la siguiente documentación:
a)  Escrito  dirigido  al  órgano  instructor,  firmado  y  sellado  por  el  beneficiario, 
comunicando la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones, así como relación 
de la documentación que se aporta.
b)  Justificación documental de la realización de las actuaciones. La justificación 
documental  de  la  realización  científico-técnica  de  las  actuaciones  debe  realizarse 
mediante  la  aportación  una  memoria  técnica  acreditativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de la 
adecuación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos siguiendo el 
formato y modelo que estará disponible en la página web del IDAE. Esta memoria 
técnica será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o 
de la dirección de la ejecución de las actuaciones.
c)  Relación certificada y copia de los pedidos y/o los contratos relativos a las 
actuaciones realizadas.
d)  Relación  certificada  y  copia  de  las  facturas,  y  de  sus  correspondientes 
justificantes bancarios de pago, correspondientes a los gastos financiables realizados y 
que respondan al presupuesto y contratos presentados. No se admitirán autofacturas. Se 
exime de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior 
a 3.000 euros.
Las  facturas  deberán  ser  detalladas  e  incluir,  suficientemente  identificados,  los 
conceptos  e  importes  correspondientes  a  las  actuaciones  objeto  de  ayuda.  Los 
conceptos que figuren en las facturas deberán corresponderse con los que figuren en el 
presupuesto presentado en la solicitud de ayuda dentro de la Memoria descriptiva, y que 
habrán servido para realizar la valoración de las solicitudes, así como formular las 
resoluciones  correspondientes.  Así  mismo,  los  justificantes  de  pago  deberán  ser 
claramente identificables y relacionables con las facturas aportadas y deberán permitir 
identificar al beneficiario siendo este el único pagador, ya sea mediante un pago directo 
por el mismo o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al 
tercero que percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida 
efectiva de los fondos del beneficiario. El IDAE no admitirá como justificación de las 
actuaciones realizadas, facturas o pagos que no respondan a estos requisitos.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando  haya  sido  satisfecho  efectivamente  con  el  correspondiente  justificante,  no 
aceptándose pagos en metálico. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta 
se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el 
concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de éste, el concepto 
abonado. En todos los justificantes de pago que se aporten, el beneficiario debe figurar 
como emisor del pago. Su fecha deberá ser, en todo caso, posterior a la fecha de 
registro de la solicitud de ayuda.
e)  Obligatoriamente, para los proyectos con un coste elegible superior a 200.000 
euros  y  opcionalmente  para  el  resto,  deberá  entregarse  cuenta  justificativa  con 
aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
El alcance y condiciones de la revisión de la cuenta justificativa será determinado por  e.
el IDAE en una «Guía para la justificación de la realización de las actuaciones», que  w.b
estará disponible en la sede electrónica de IDAE. El gasto derivado de la elaboración del  591ww
lian focramnetid daed  adued i7to.0r 0m0e enucrioons apdoor  tpernodyreác ltao .c Loan sriedaelriazcaicóinó nd ey  gpaasgtoo  dfinea dniccihaob lein,f osrinm eex pceodderár 
eEfne cctausaors dee  dauproarnttaer seel  ipneforriomdeo  dceo nacuedditiodro,  npoa rsae rpár epsreecnitsaar  llaa  adpoocrutamceiónnt adceió lno  jiunsdtiicfiacdaoti vean. 
las anteriores letras c) y d) de este apartado.
f)  Documentación justificativa de que el beneficiario o beneficiarios son titulares del 
número o números de cuenta indicados en la solicitud, así como desde las que se hayan 
realizado pagos de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
g)  Cuando la cuantía de la ayuda supere los 10.000 euros por beneficiario, se 
verificará, con anterioridad al pago de la ayuda, que el beneficiario se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
según  lo  previsto  en  el  artículo  22  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre,, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, General Tributaria. En caso de no estar obligados a 
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 18 y 19 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, se deberá hacer mención expresa del fundamento de dicha exención, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de este reglamento.
No obstante, la presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del 
solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  a  través  de 
certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente 
certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, 
debiendo aportar entonces la certificación.
h)  Declaración  responsable  que  acredite  la  existencia  de  otras  ayudas  o 
subvenciones cobradas para la misma actuación o finalidad.
i)  Documentación justificativa sobre el proceso de contratación de las actuaciones 
por parte del beneficiario.
j)  Para  los  casos  en  que  el  beneficiario  sea  una  persona  jurídica  pública, 
certificación acreditativa de la fecha de publicación de pliegos de licitación para la 
adquisición de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, expedido por órgano competente 
de  la  persona  jurídica  pública  beneficiaria  correspondiente,  o  bien,  referencia  a  la 
Plataforma de contratación donde se hubiera publicado la licitación. Para el caso en que 
el beneficiario sea una persona física o jurídica privada, copia de contrato de suministro 
de los bienes y/o servicios objeto de ayuda, formalizado por la persona física o jurídica 
privada beneficiaria correspondiente.
k)  Reportaje  fotográfico  de  las  actuaciones,  infraestructuras,  equipos  e 
instalaciones finales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así como 
de las placas de características de los mismos, y donde se muestre el cartel publicitario 
de la actuación, según el Manual de Imagen disponible en la web de IDAE. Información y 
enlace al sitio de Internet del beneficiario, en caso de que disponga de uno, donde dicho 
beneficiario informa al público del apoyo obtenido, haciendo una breve descripción de la 
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados.
l)  Información  descriptiva  de  la  existencia  de  una  contabilidad  separada  o 
diferenciada para todas las transacciones relacionadas (entre otra: ingresos y pagos, 
incluido, en su caso, el ingreso de ayudas, pagos a proveedores).
m)  Declaración  responsable,  garantizando  el  proceso  de  contratación  de  las 
actuaciones por parte del beneficiario, la existencia de una contabilidad separada o  s
diferenciada para todas las transacciones relacionadas, que se cumplen las normas  oe.
nacionales  y  comunitarias  sobre  requisitos  de  igualdad  de  oportunidades  y  no  w.
discriminación aplicables a este tipo de actuaciones, el cumplimiento de las normas  591ww
ampelidciaodaom bmieendtiadlaess  annatcifiroanuadlees  eyfi cacocemsu nyi taprrioaps,o ryc iosnoabdraes  deens aerrl oállom bsiotos tednei bglee,s tsióen  hdaenl 
proyecto objeto de ayuda (según modelo que estará disponible en Web del IDAE).
3.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
4.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la ayuda, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores, podrá suponer la pérdida del derecho a 
su percepción o el reintegro de la misma.
5.  Una vez justificada la actuación, el IDAE procederá a verificarla y, en su caso, se 
procederá al pago.
6.  El órgano instructor podrá requerir del beneficiario la aportación de cualquier 
documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuación 
de  la  actuación  ejecutada  a  la  que  fue  objeto  de  ayuda,  quedando  el  beneficiario 
obligado a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
7.  El IDAE podrá realizar verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.
8.  El órgano instructor podrá, o bien designar al personal que estime oportuno o 
bien utilizar los servicios de empresas independientes especializadas para realizar el 
seguimiento, control y verificación de las actuaciones aprobadas, no sólo en la fase final 
de comprobación, sino también en momentos intermedios, donde se puedan comprobar 
los fines sobre los cuales se conceden las ayudas.
9.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o comunitario, podrán solicitar 
al beneficiario en cualquier momento, durante un plazo de cinco años a contar desde la 
fecha de conclusión del plazo de justificación establecido, la exhibición de cualquiera de 
los documentos originales que hayan servido para el otorgamiento de la ayuda, o para 
justificar la realización de la actuación (incluyendo facturas y justificantes de pago de las 
mismas). En caso de que el beneficiario no facilitase la exhibición de los documentos 
originales solicitados en un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se le 
hubiera  requerido,  se  considerará  tal  circunstancia  como  un  incumplimiento  de  la 
obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. En este sentido, procederá, en 
su caso, el reintegro de la ayuda por parte del mismo en los términos establecidos en los 
artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
10.  Los beneficiarios de la ayuda podrán ser incluidos en una lista de beneficiarios 
qué se publicará en la página web del IDAE, así como la relación de solicitudes que no 
resultan subvencionadas, incluyendo los motivos de rechazo y, en caso de haber sido 
admitidas para la fase de valoración, la puntuación obtenida.
Artículo 17.  Plazo de ejecución de las actuaciones y modificación de la resolución.
1.  Plazo de ejecución de las actuaciones: El plazo máximo para la ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda será de 18 meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda.
2.  Podrá ampliarse el anterior plazo de ejecución de las actuaciones mediante la 
modificación de la resolución definitiva de concesión de ayuda, que habrá de ser solicitada 
por el beneficiario antes de que concluya el plazo para la realización de la actuación objeto 
de  ayuda.  La  decisión  sobre  la  aceptación  o  no  de  dicha  solicitud  de  modificación 
corresponderá a la persona titular de la Dirección General del IDAE, que dictará la 
correspondiente resolución estimando o desestimando la modificación solicitada. Esta 
modificación  únicamente  podrá  autorizarse  cuando  obedezca  a  circunstancias 
imprevisibles,  debidamente  justificadas,  que  hagan  imposible  el  cumplimiento  de  las 
mismas, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y  e.
de planificación mínima que les resultaban exigibles. En ningún caso se podrá autorizar  w.b
una ampliación del plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda que supere,  591ww
reens osluu ccióómn pduetfoin ittoivtaal ,d leo sc ovnecinetsicióuna tdroe  lma easyeusd ac.ontados desde la fecha de notificación de la
CAPÍTULO V
Reintegro y publicidad de las ayudas
Artículo  18.  Reintegro  de  la  ayuda.  Criterios  de  graduación  de  los  posibles 
incumplimientos.
1.  El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las ayudas del programa de incentivos objeto de esta orden y de las 
obligaciones  y  requisitos  esenciales  establecidos  por  estas  bases,  así  como  la 
concurrencia  de  cualquiera  de  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  37  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, serán causas suficientes para determinar la pérdida 
del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda conforme al procedimiento establecido en 
dicha ley.
2.  La realización en plazo de sólo una parte de la actuación comprometida, dará 
lugar al ajuste y perdida del derecho al cobro parcial de la ayuda otorgada, siempre que 
como mínimo se haya ejecutado el 50 % del coste elegible comprometido y lo ejecutado 
tuviera  utilidad  propia.  Caso  de  no  haberse  ejecutado  un  mínimo  del  50  %  de  la 
actuación comprometida, se procedería a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda por 
incumplimiento total del objetivo que fundamentó la concesión de la ayuda.
3.  Podrá dar lugar, así mismo, a la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la 
ayuda, el informe desfavorable de fiscalización de cualquiera de las administraciones 
correspondientes (Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de 
Cuentas, Comisión Europea), que concluya con la necesidad de devolución de la ayuda 
concedida, basado en cualquier incumplimiento de la normativa de aplicación a las 
mismas, así como, en caso de incumplimiento del principio de «no causar un perjuicio 
significativo  al  medio  ambiente»,  y  de  las  condiciones  recogidas  en  la  medida,  el 
beneficiario final deberá reintegrar las cuantías percibidas.
4.  Será de aplicación el procedimiento de revocación y reintegro previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 19.  Información, comunicación y visibilidad. Publicidad.
1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por las presentes 
bases  en  publicaciones,  actividades  de  difusión,  páginas  web  y  en  general  en 
cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el 
Manual de Imagen del Programa MOVES Proyectos Singulares II que estará disponible 
en la web del IDAE, en el que figurarán el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y el Programa MOVES Proyectos Singulares II, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, todo ello conforme a lo que se establezca al respecto, y en los términos 
previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 31 del Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio.  Asimismo,  los  proyectos  objeto  de  las  ayudas 
deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el citado manual de 
imagen.
2.  Los receptores de financiación de la Unión Europea deben de mencionar el 
origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan 
las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente,  s
efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de  oe.
comunicación y el público. w.
sSiutiob3 v.ew necPbiou nbdeleicsli  dyIa DedlA :« ELBa o (plweutwbínwli cO.iiddfiaacedia. edl dse)e  lal yEs  saatya udtdoraa»vs.é cso ndcee dliad asB asese ll edvea ráD aa tcoasb oN aa ctriaovnéasl  ddeel   2021-12591n https://ww
Artículo 20.  Protección de datos de carácter personal.
Será de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 15.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre fomento y 
coordinación  general  de  la  investigación  científica  y  técnica,  que  actúa  como  título 
competencial prevalente. También se dicta conforme a las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª que 
atribuyen, asimismo, al Estado las competencias sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de 
establecer normas adicionales de protección, y bases del régimen minero y energético, 
respectivamente.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 23 de julio de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Actuaciones incentivables
1. Proyectos singulares de innovación
Solo se podrán incentivar los proyectos que presenten un grado significativo de 
innovación  en  alguna  de  las  siguientes  áreas  y  contribuyan  a  elevar  el  nivel  de 
protección del medio ambiente:
I.  Movilidad eléctrica y aplicaciones TIC.
a)  Proyectos relativos a conectividad y comunicación entre vehículos eléctricos e 
infraestructura de recarga.
b)  Proyectos  relativos  a  interoperabilidad  de  servicios  digitales  aplicables  al 
vehículo eléctrico que permitan avanzar en los servicios de electromovilidad, permitiendo 
la interoperabilidad entre vehículo y punto de recarga, así como entre distintos modos de 
transporte.
c)  Aplicaciones innovadoras de cualquier tipo de vehículo eléctrico o de pila de 
combustible, en ámbitos urbanos y de manera especial en flotas y reparto de última 
milla, así como para la mejora de la accesibilidad y movilidad rural.
II.  Infraestructura  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  innovadora,  recarga  de 
hidrógeno para vehículos e integración con otras redes inteligentes.
a)  Recarga sin cables (estática y dinámica). s
b)  Implantación de redes inteligentes y sistemas bidireccionales de recarga: e.
i.  V2G: vehicle to grid, o utilización de las baterías para estabilizar el sistema  591ww
elécitir. icoV.2H: vehicle to home, para utilizar la batería como generador en viviendas.
iiivi..   VV22VL::  vveehhiiccllee  ttoo  lvoechailc sleit,e tsr,a pnasmrai ssiuómn idneis terloe cat rzicoindaasd  adies laudna vse dheícl uslios tae motaro e leénc tcriacsoo.
de emergencia.
c)  Integración de energías renovables y almacenamiento en la recarga de vehículos 
eléctricos.
d)  Recarga integrada con redes ferroviarias.
e)  Implantación  de  hidrogeneras  para  vehículos  de  pila  de  combustible.  Será 
requisito  dar  información  del  origen  de  producción  del  hidrógeno  siendo  sólo 
subvencionables los proyectos con hidrógeno de origen renovable. En caso de que la 
producción de hidrógeno se realice en el mismo enclave que la hidrogenera, como parte 
del proyecto y para uso exclusivo de la hidrogenera, los costes de la instalación de 
producción y almacenamiento serán elegibles
f)  Desarrollos  innovadores  en  recarga  de  vehículos  eléctricos  y  de  pila  de 
combustible, con vistas a gestión de la demanda/servicios al sistema.
III.  Aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para 
movilidad.
a)  Aplicaciones en movilidad de baterías de próxima generación.
b)  Aplicaciones  en  movilidad  relacionadas  con  nuevos  aprovechamientos  de 
baterías vehiculares (segunda vida de baterías).
IV.  Proyectos  de  desarrollo  o  innovación  de  nuevos  procesos  o  prototipos  de 
modelos o componentes de vehículos eléctricos.
No se considerarán elegibles las inversiones asociadas a aumentos de capacidad 
productiva de plantas industriales existentes.
ANEXO II
Declaración responsable
Don/doña  ....................................................................................................................., 
nacionalidad: ………………..……., con NIF/NIE: ............................, en su propio nombre 
y en representación de ..…………………………………….....…………………..., con NIF 
número  ........................,  domicilio  en:  ……………..........……........................................., 
localidad:  ………...........………………….,  CP:  …....……...,  provincia:……………..........., 
teléfono: …..…….., fax: …...……, e-mail: ………………..........………., domicilio a efectos 
de  comunicaciones  (si  es  distinto  del  anterior):  ………......................…………………., 
n.º: ....., esc: …., piso: ….., localidad: ………………………..…………., CP: ……....……., 
provincia: ………..……………………., teléfono: ………..………., fax: …………..……….., 
e-mail: …………………………………………..………….....
La representación se ostenta en virtud de …………………………………..........….
DECLARA
1.  Que ………………..........…..............………………………. (denominación entidad 
solicitante) …………, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social (táchese lo anterior, si no procede). (Nota: Solo 
aplicable en el caso de personas jurídicas públicas). Que ………………… (nombre y 
apellidos, razón social del solicitante). (Nota: Rellenar solo si procede) ……………. no 
está  obligado/a  presentar  las  declaraciones  o  documentos  a  que  se  refieren  los 
artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el  e.e
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, con fundamento legal en ………….. b
2.  Que ………………..........…..............………………………. (denominación entidad  591ww
asortlíiccuitalon 1te3) ,d en ola  sLee ye n3c8u/2e0n0tr3a,  dinec u1r7s od ee nno vnieinmgubnrea,  Gdee nlearsa l sditeu aScuiobnveens ciporneevsis, tahsa ceienn deol 
dcoen sretainr,t eagsrí om idsem oo, tqrause  sseu bevnecnuceinotnreas a l oc oarryieundtaes e nre ecli bciudmasp,l imcoiennfotor mdee  sau s loobs ligtéarcmioinnoess 
establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a 
una orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le hubiera sido 
otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior, o bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le 
vinieran atribuidas en la concesión.
3.  Que ………………..........…..............………………………. (denominación entidad 
solicitante):
a)  No  ha  solicitado  ni  recibido  otras  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de 
cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional (táchese 
lo anterior, si no procede).
b)  Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto del Programa de ayudas, de la/s 
siguiente/s  Administración/es,  organismo/s  o  entidad/es  pública/s,  nacional/es  o 
internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad concedente ……………...............………, Importe ayuda: …….........………, 
Programa: ……..........……………… Indicar Estado de la ayuda: (solicitada/concedida/
pagada) ………………………………………………………………………………………
Entidad concedente ……………...............………, Importe ayuda: …….........………, 
Programa: ……..........……………… Indicar Estado de la ayuda: (solicitada/concedida/
pagada) ………………………………………………………………………………………
(NOTA: En caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: NINGUNA)
4.  Que …………………………………… (denominación la empresa solicitante) no se 
encuentra en situación de crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias 
(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014) sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (táchese lo anterior, 
si el beneficiario no realiza actividad económica).
5.  Que  …………………….………………  (denominación  de  la  entidad  solicitante) 
(NOTA: Sólo aplicable en caso de organismos públicos vinculados o dependientes de 
entidades  locales),  no  está  incursa  en  ninguno  de  los  supuestos  regulados  en  el 
artículo 53 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni en los 
regulados en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
6.  Que  …………………….……………………….  (Nombre,  razón  social  o 
denominación de entidad solicitante), se compromete a comunicar de inmediato al IDAE 
cualquier modificación o variación de las circunstancias anteriores.
En ……………………………… a … de …………………… de …………
(Firma del solicitante o de representante de la entidad)
ANEXO III
Criterios de valoración y procedimiento de aplicación de las valoraciones
1.  Criterios excluyentes.–Son criterios excluyentes los siguientes: es
a)  La no adecuación del proyecto a los requisitos de la convocatoria. w.
figurcba))n   ePNnro oe yle eancncteouxsao dq rIua.er sseó loe li npcrlouyyeacnt oe setund ionsin.guna de las tipologías de actuación que  2021-12591n https://ww
d)  No serán elegibles aquellas actuaciones que directa o indirectamente ocasionen
un perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH», de acuerdo al artículo 17  Bc
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
e)  No alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en los criterios de valoración 
que figuran en el siguiente apartado 2.
2.  Criterios  de  valoración.–Las  solicitudes  se  valorarán  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios:
Puntuación 
Criterios de valoración
máxima
1.  Ahorro de energía final anual y reducción emisiones CO2. 20
2.  Principio de no dañar significativamente al medio ambiente: se valorará en 
base al cuestionario de autoevaluación de la Guía técnica sobre la aplicación  10
del principio.
3.  Viabilidad económico y financiera. 20
4.  Nivel de desarrollo tecnológico y grado de innovación. 15
5.  Replicabilidad y escalabilidad. 10
6.  Generación de empleo directo y sinergia con cadena de valor industrial y 
20
otros sectores económicos.
7.  Presentación de Informe del Gobierno autonómico relativo a la adecuación 
5
del proyecto a las prioridades de la política autonómica.
    Total. 100