BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Viernes 14 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 14680
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2248 Pleno. Sentencia 3/2020, de 15 de enero de 2020. Recurso de amparo 
2226-2018. Promovido por don Jordi Sánchez i Picanyol respecto de los 
autos  dictados  en  causa  especial  por  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal 
Supremo manteniendo la medida cautelar de prisión provisional. Supuesta 
vulneración de los derechos a las libertades ideológica y personal y a la 
participación  política,  tutela  judicial  efectiva  y  presunción  de  inocencia: 
resoluciones judiciales que valoran adecuadamente el riesgo de reiteración 
delictiva y la incidencia de la medida cautelar personal en el ejercicio de un 
cargo público representativo. Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:3
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano 
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2226-2018, promovido por don Jordi Sánchez i 
Picanyol, representado por el procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, 
y asistido por el letrado don Jordi Pina Massachs, contra el auto de 20 de marzo 
de 2018, dictado por la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por 
el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 6 de febrero 
de 2018, dictado por el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907-2017. Han 
sido parte el partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales doña 
María del Pilar Hidalgo López, y doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i 
Castelló, representadas por el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez, 
y ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Alfredo Montoya 
Melgar.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 24 de abril 
de 2018, don Aníbal Bordallo Huidobro, procurador de los tribunales, en nombre y 
representación de don Jordi Sánchez i Picanyol, interpuso recurso de amparo contra las 
resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento. e
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de 27 de septiembre de 2017, incoó las diligencias previas 82-2017, por delito de 
sedición.
b)  El 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado presentó, en el registro 
general  del  Tribunal  Supremo,  querella  por  los  delitos  de  rebelión,  sedición  y 
malversación, contra determinadas personas en su condición, excepto una de ellas, de 
miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, dando lugar, tras su 
admisión, a la causa especial núm. 20907-2017.
c)  Por auto del instructor de 24 de noviembre de 2017, se acordó, en la causa 
especial 20907-2017, ampliar el espacio subjetivo de la investigación y reclamar al 
Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional  las  actuaciones 
obrantes en sus diligencias previas 82-2017.
d)  Por auto de 4 de diciembre de 2017 se decidió mantener la prisión provisional 
comunicada y sin fianza acordada en las diligencias previas 82-2017, del Juzgado de 
Instrucción Central núm. 3, respecto de don Oriol Junqueras i Vies, don Joaquim Forn i 
Chiariello y don Jordi Sánchez i Picanyol, pues «en estos investigados el riesgo de 
reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, 
inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad». Afirma el auto que «el 
peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de 
actuación y con la determinación judicial de reevaluar su situación personal si sus 
afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos 
ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando 
que el cambio de voluntad es verdadero y real. Sólo entonces se justificará rebajar la 
intensidad de la medida cautelar adoptada contra estos inculpados».
e)  Mediante escrito de 11 de enero de 2018, por la defensa de don Jordi Sánchez i 
Picanyol se solicitó del instructor se dejase sin efecto la medida cautelar de prisión 
provisional. El recurrente alegó, en síntesis, la irrelevancia penal de los hechos cuya 
comisión se le atribuye, así como la ausencia de fumus boni iuris, en relación con dichos 
hechos, y la desaparición sobrevenida del periculum in mora motivada por un sensible 
cambio de circunstancias en sus condiciones personales, consecuencia de su elección 
como diputado al Parlamento de Cataluña en los comicios del 21 de diciembre de 2017.
Dicha petición fue denegada por auto de 6 de febrero de 2018. Con respecto al 
riesgo de reiteración delictiva, señala el auto que el señor Sánchez «no solo no ha 
renunciado  a  una  actividad  pública  que  -desde  diversos  frentes-  ha  servido  de 
instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso 
integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica 
política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este 
proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del art. 155 CE. Y a la hora 
de pronosticar cuál podría ser el futuro comportamiento del investigado, no solo debe 
atenderse a este elemento, sino a la marcada determinación que la que el encausado ha 
perseguido  la  consecución  de  sus  objetivos,  lo  que  se  refleja  en  su  impulso  de 
movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que –como se dijo en el auto de 4 de 
diciembre de 2017– favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o 
asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la 
convivencia y contra la organización territorial del Estado».
f)  Don Jordi Sánchez i Picanyol interpuso recurso de apelación contra el precedente 
auto, alegando vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a 
la libertad personal, a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos.
El recurso fue desestimado por auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  s
de 20 de marzo de 2018. El auto considera que el magistrado instructor contó con  oe.
indicios suficientes y apariencia de buen derecho, concretados en los actos en que se  w.
vieron implicados el recurrente y la Asamblea Nacional Catalana que presidía, que no se  48ww
lmimoivtailrizoanc iaó nl ac icuodnacdeanntara ccióonm od eu n2 0 edleem esenptoti eemsbtrraet édgeic o2 0p1a7r,a  dilraig idcoons seac upcroiómno vdeer  llaa 
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actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El auto del instructor –
concluye la Sala– aportó una motivación precisa, que fue respetuosa de la presunción de 
inocencia, la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad (FD 3).
Sobre la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica 
y de participación en los asuntos públicos, el auto la niega, señalando que «no existen 
presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido 
indiciariamente  delitos  gravísimos  de  rebelión  y  sedición  entre  otros,  donde,  no 
existiendo  víctimas  individualizadas,  son  atacados  los  bienes  jurídicos  colectivos 
protegidos. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus 
propósitos  de  sustitución  de  la  legalidad  constitucional  por  otra  distinta  y  espuria, 
segregar de España una parte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la 
Constitución española».
En relación con el riesgo de reiteración delictiva como finalidad legítima de la prisión 
provisional,  el  auto  argumenta  que  el  Convenio  europeo  para  la  protección  de  los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) ha admitido el fin de 
evitación de la reiteración delictiva como fundamento de algunas medidas cautelares, 
singularmente la prisión preventiva, pues así lo reconoce su art. 5.1 c) al autorizar la 
prisión preventiva cuando se estime necesario para impedir que la persona privada de 
libertad cometa una infracción. Afirma el auto que «el juicio de reiteración delictiva surge 
nítido en atención a los parámetros exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de previsible continuación prolongada de actos punibles, gravedad de los 
perjuicios sufridos por las víctimas con la crisis política, económica y constitucional 
abierta en Cataluña por el intento de segregación violenta de ese territorio de la unidad 
nacional, la personalidad del acusado como icono […] de asociaciones expertas en 
movilizaciones populares, la perturbación del orden público provocada por la infracción 
penal, la experiencia y el grado de capacidad del imputado para facilitar la repetición de 
los actos delictivos, o las exigencias del interés público en atención a las particulares 
circunstancias del caso».
3.  La demanda de amparo se dirige contra las resoluciones que acuerdan y ratifican 
la adopción de la medida cautelar de prisión provisional respecto del actor. Las quejas 
articuladas por el recurrente son las siguientes:
a)  Se  alega  vulneración  de  los  derechos  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  a  la 
presunción de inocencia (art. 24 CE), a la libertad personal (art. 17 CE), a la libertad 
ideológica  (art.  16  CE)  y  a  la  participación  en  los  asuntos  públicos  (art.  23  CE). 
Considera el recurrente que las resoluciones dictadas vulneran estos derechos porque el 
riesgo de reiteración delictiva que esgrimen como justificación de la prisión provisional se 
apoya en indicios insuficientes e inidóneos, y no satisfacen las exigencias del juicio de 
proporcionalidad. Se pretende convertir en indicios de futuros delitos lo que en realidad 
son  manifestaciones  del  ejercicio  de  derechos  cívicos  y  políticos  por  parte  de  un 
ciudadano inocente.
b)  En relación con los indicios que considera erróneamente ponderados, afirma que 
en el auto de 6 de febrero de 2018 se viene a sostener claramente que podría recuperar 
su  libertad  si  abjura  públicamente  de  sus  ideas  políticas  pasando  a  profesar  una 
«ideología contraria», lo que se opone al art. 16 CE. A su juicio, el instructor no logra 
citar un solo dato, indicio o prueba que avale la grave afirmación de que la candidatura 
del señor Sánchez propugna la comisión futura de delitos de sedición o rebelión. No 
tendría, por tanto, fundamento la afirmación de que la candidatura en la que se integró  e
en las elecciones del 21 de diciembre propugna la comisión futura de delitos de rebelión  bo
y sedición, sin aportar ninguna prueba empírica ni al menos una cita. El programa  48ww
ienldeectpoeranld ednec «iaJ.u nAtdse pmeár sC, astoaslutineynae»  enlo  rceocnutreremnptela  qeul er,e ciunrcsluos oa,  las ev ías uugnieilarete reanl  heal ciaau tlao 
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señor Sánchez ha expresado su aceptación del vigente marco constitucional al jurar o 
prometer acatar la Constitución española y el estatuto de autonomía.
Los datos sobre la ideología del recurrente, su decisión de concurrir a las elecciones 
al Parlamento de Cataluña y su elección como diputado no pueden legitimar –prosigue la 
demanda– la prisión provisional acordada, pues su mera consideración como factor 
criminógeno contradice los arts. 16 y 23 CE. Su condición de líder de la Asamblea 
Nacional  Catalana  (ANC)  tampoco  puede  servir  de  fundamento  a  las  resoluciones 
impugnadas, pues sus circunstancias han cambiado, ya que dejó de ser presidente de 
dicha asociación que, por lo demás, tiene un comportamiento pacífico.
En síntesis, considera el recurrente que los autos recurridos sostienen la existencia 
de riesgo de reiteración a partir de tres elementos, a saber, la ideología del señor 
Sánchez, su decisión de concurrir a las elecciones y su elección como diputado y, 
finalmente, su antigua condición de líder de la ANC. Sin embargo, a su juicio, ninguno de 
estos elementos aisladamente, ni la suma de todos ellos, debió resultar suficiente para 
legitimar una decisión tan grave como es privar a un ciudadano inocente de su libertad 
personal. Afirma que dar a entender a un diputado elegido democráticamente que su 
ideología  y  militancia  políticas  son  las  razones  de  su  privación  de  libertad  y  que 
eventualmente solo podrá salir de prisión si renuncia a ellas y a su escaño es una forma 
de  proceder  impropia  de  un  Estado  mínimamente  respetuoso  con  los  derechos 
humanos, civiles y políticos. Por ello, considera que las resoluciones recurridas han 
vulnerado los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la representación 
política, además del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho de 
libertad,  por  basarse  las  decisiones  cuestionadas  en  una  motivación  abiertamente 
irrazonable de los motivos por los que se le mantiene en prisión.
c)  Por lo que se refiere a la proporcionalidad de la medida, argumenta el recurrente 
que la prisión acordada no resiste el necesario juicio de proporcionalidad a la luz de los 
arts. 17, 24.2 y 23 CE, pues con la prisión provisional se ven afectados también los 
derechos  políticos  que  reconocen  los  arts.  23  CE  y  25  del  Pacto  internacional  de 
derechos civiles y políticos (PIDCP). La prisión preventiva le impide el ejercicio de sus 
derechos políticos como diputado, ya que no puede asistir a los plenos parlamentarios, 
tiene que votar por delegación y se le ha impedido dos veces defender su candidatura 
como presidente de la Generalitat, pese a haber sido propuesto por la presidencia del 
Parlamento, lo que ha motivado la presentación de una denuncia ante el Comité de 
Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  y  el  otorgamiento  de  medidas  cautelares. 
También, a su juicio, se vulneran los derechos de los votantes y de la propia cámara, que 
se ve privada de la posibilidad de ejercer funciones tan básicas como la designación de 
presidente del ejecutivo del candidato que cuente con mayor respaldo.
El recurrente alega que la lesión de estos derechos e intereses no puede verse 
justificada por la voluntad de prevenir unos riesgos absolutamente difusos, inconcretos e 
inmotivados de reiteración delictiva, máxime cuando el instructor tiene a su alcance otros 
medios cautelares que parecen igualmente adecuados para evitar dicha reiteración, y 
teniendo en cuenta que siempre puede revertir la situación de libertad provisional si 
incurre en nuevos comportamientos penales.
La demanda de amparo justifica la especial transcendencia constitucional en un 
apartado  específico  (págs.  7  a  9),  exponiendo  que  «las  resoluciones  cuestionadas 
permitirán a la Excma. Sala aclarar su doctrina en materia de prisión preventiva y, más 
concretamente, delimitar en qué casos y con qué requisitos es posible acordar la prisión 
provisional  de  un  ciudadano  inocente  por  supuesto  riesgo  de  reiteración  delictiva,  s
valorando  en  tal  sentido  hasta  qué  punto  la  ideología  política  de  un  ciudadano  oe.
investigado por delito puede ser ponderada como un elemento a tener en cuenta para  w.
mantenerse privado de su libertad, especialmente cuando se trata de un representante  48ww
pdoelríeticchoo sq»u.e,  al  menos,  teóricamente,  se  encuentra  en  el  pleno  ejercicio  de  sus
Por medio de otrosí, el demandante solicitó la suspensión de la medida de prisión 
provisional cuya constitucionalidad se cuestiona, al amparo de lo previsto en el art. 56.2 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), del modo más urgente posible.
4.  Mediante providencia de 25 de abril de 2018, a propuesta de la Sala Primera, y 
conforme establece el artículo 10.1 n) LOTC, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó 
recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.
5.  Por providencia de 8 de mayo de 2018, el Pleno de este Tribunal acordó la 
admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un 
problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina 
de este Tribunal [STC 155/2019, FJ 2 a)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 51 LOTC, se acordó dirigir comunicación a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia 
adverada de las actuaciones correspondientes a la causa especial núm. 20907-2017; 
debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran de ser parte en el procedimiento, 
excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer, si lo desearan, en el presente recurso de amparo.
En relación con la solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formulada 
en la demanda de amparo mediante otrosí, el Pleno no apreció la urgencia excepcional a 
la que se refiere el art. 56.6 LOTC, que justificaría su adopción inaudita parte inmotivada, 
por lo que, a fin de resolver sobre la misma, acordó formar la oportuna pieza separada.
6.  Mediante providencia de igual fecha, se formó la correspondiente pieza separada 
de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, se concedió un 
plazo común de tres días al ministerio fiscal y al solicitante de amparo para que pudieran 
alegar lo que estimaran pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. 
Una vez formuladas las correspondientes alegaciones, por ATC 54/2018, de 22 de mayo, 
se denegó la suspensión solicitada.
7.  Al amparo de lo establecido en el art. 57 LOTC, por escritos presentados el 26 y 
el 29 de noviembre de 2018, se solicitó de nuevo la suspensión cautelar, invocando 
como circunstancia sobrevenida la STEDH de 20 de noviembre de 2018, dictada en el 
asunto Selahattin Demirtaş c. Turquía. Por Auto 21/2019, de 26 marzo de 2019, se 
denegó la petición de suspensión.
8.  A través de escrito presentado el 23 de mayo de 2018, la procuradora de los 
tribunales doña María del Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido 
político Vox, se personó en el presente recurso de amparo, bajo la dirección letrada de 
don Pedro Fernández Hernández. Asimismo, por escrito registrado el 1 de junio de 2018, 
se personó en el recurso de amparo el procurador de los tribunales don Emilio Martínez 
Benítez, en nombre y representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó 
i Castelló.
9.  Por diligencia de ordenación de la secretaria de justicia del Pleno de 6 de junio 
de 2018, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora 
doña María del Pilar Hidalgo López en representación del partido político Vox y al 
procurador don Emilio Martínez Benítez en representación de doña Carme Forcadell i 
Lluis y doña Anna Simó i Castelló. A tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se  es
acordó dar vista de las actuaciones al ministerio fiscal y a las partes personadas, por  o
plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que a su  48ww
dere1c0h.o  cEoln mviinniiesrtae.rio fiscal presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 27
de  junio  de  2018,  en  el  que  solicitó  la  denegación  del  amparo.  Tras  exponer
extensamente  los  antecedentes  del  caso,  señala  que  las  distintas  vulneraciones 
esgrimidas deben ser reconducidas a la vulneración del derecho de libertad.
Expone el fiscal que, tanto en el auto de 6 de febrero de 2018 como en el precedente 
auto de 4 de diciembre de 2017, se describe de forma conveniente la actividad delictiva 
que se imputa al demandante, consistente en una actuación desplegada y ejecutada a lo 
largo  de  años  para  obtener  la  independencia  de  Cataluña.  En  tal  actividad  el 
demandante  tuvo  una  intervención  medular  durante  todo  el  proceso,  que  alcanzó 
además una notable repercusión derivada de su propio liderazgo, que afloró en cada una 
de las fases del proceso alcanzando enorme trascendencia social.
Afirma el fiscal que la actuación del ahora recurrente no se redujo a su extensa 
actividad  pública  como  presidente  de  la  Asamblea  Nacional  de  Cataluña  y  a  su 
participación activa en las actuaciones y movilizaciones desplegadas por ella, sino que, 
de  la  diversa  documentación  intervenida,  se  puede  constatar  la  importancia  de  su 
actuación  para  conseguir  el  objetivo  pretendido,  al  ser  uno  de  los  miembros  del 
denominado comité estratégico, que tenía como función definir cómo y cuándo llevar a 
término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de los actos de 
violencia y tumultuarios que se llevaron a cabo.
Entiende el fiscal que el instructor parte de esta posición de liderazgo en los hechos 
objeto de investigación para apreciar el riesgo de reiteración delictiva. Así, el instructor 
parte  de  que  los  propios  planes  independentistas,  expuestos  en  la  documentación 
intervenida, reflejan el riesgo de permanencia en el delito. Señala el fiscal que la decisión 
del  recurrente  de  continuar  en  dicha  actividad  política,  asumiendo  funciones  de 
liderazgo, llevó al instructor a considerar dicho riesgo de reiteración delictiva, pues 
subsistían los motivos que habían impulsado la realización del delito y las circunstancias 
que lo habían propiciado, ya que el ahora demandante había perseguido la consecución 
de los objetivos delictivos con una muy marcada determinación.
Esta motivación, a juicio del fiscal, debe entenderse suficiente y razonable, al ser el 
resultado de la ponderación de los intereses en juego, esto es, la realización de la 
justicia penal y la evitación de hechos delictivos por un lado y la libertad del demandante 
cuya inocencia se presume por otro.
Para el fiscal no ha sido por tanto la ideología del ahora demandante la que ha 
cimentado  la  consideración  del  riesgo  de  reiteración  delictiva,  como  el  mismo 
demandante acaba por reconocer al admitir que había otros diputados electos en la 
misma causa que gozaban de libertad y que alguna persona que había abandonado la 
actividad política seguía presa.
Por lo demás, señala el fiscal, las limitaciones que se derivan de la situación de 
prisión provisional para el ejercicio del derecho fundamental a la participación en asuntos 
políticos son las que vienen contempladas en la legislación.
Concluye el fiscal que la prisión provisional ha sido mantenida en una resolución 
judicial debidamente motivada, en la que se ha puesto de manifiesto el presupuesto 
habilitante de la medida, que en la demanda no se cuestiona, y se ha ponderado 
adecuadamente la concurrencia de un fin constitucionalmente legítimo que la justifica.
11.  El 6 de julio de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el 
escrito de alegaciones presentado por la procuradora de los tribunales doña María del 
Pilar Hidalgo López, en nombre y representación del partido político Vox, en el que 
interesa la denegación del amparo.
En primer lugar, plantea que la demanda de amparo debe ser inadmitida por falta de 
agotamiento  de  la  vía  judicial,  pues  si  el  recurrente  deduce  que  la  actuación  y  e.
resoluciones del Tribunal Supremo habían incurrido en lesiones de derechos procesales  w.b
del art. 24 CE, debería haber interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones antes  48ww
ddeic ieamcubdrier  deen  2a0m17p,a eron.  cTuayma bviéirntu da leelg ma aqguiset raedl ore icnusrtrruecnttoer  nmoa nimtupvuog lnaó p reisl ióanu top rodvei s4io ndael 
anteCrioonrmsiednetrea  atacomrbdiaédna  qreusep eelc troe cduerls doe mcaarnedcaen dtee. especial trascendencia constitucional
porque la petición de admisión se basa en una solicitud de interpretación de las reglas
del art. 503 y conexos de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), relativos a la prisión 
provisional  contra  Constitutionem.  A  su  juicio,  todo  el  recurso  se  basa  en  la 
reclamación de que es un preso digno de un trato especial por su situación personal, 
como preso de un estamento exclusivo; es decir, todo se basa sobre conjeturas de la 
defensa totalmente extrajurídicas. Por lo tanto, añade, al estar basado el recurso en 
afirmaciones de tipo extrajurídico, no estrictamente centradas en los autos que recurre, 
el cumplimiento de los requisitos del art. 49.1 LOTC es muy defectuoso, omitiendo gran 
parte de los datos concretos de la lesión de cada uno de los derechos fundamentales 
alegados.
A continuación, explica por qué, a su juicio, no se han vulnerado los derechos 
fundamentales  a  la  libertad  personal,  a  la  libertad  ideológica,  a  la  participación  en 
asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia; y pone de 
manifiesto lo extraño que resulta explicar la lesión de derechos fundamentales haciendo 
una referencia genérica a las lesiones y aludiendo en bloque a los supuestos derechos, 
sin referirse circunstanciadamente a cada uno de ellos y a la acción judicial concreta de 
la que deviene la infracción.
Afirma que el recurrente de amparo no está en prisión provisional por sus ideas y que 
no hay lesión del art. 16 CE. El recurrente estaría en esa circunstancia por haber 
incurrido en el tipo penal determinado en los arts. 472 y 544 del Código penal (CP), en 
los que está ínsito un elemento de violencia obvio, pues no de otra forma se puede 
calificar  la  derogación  y  suspensión  de  la  Constitución  española  en  una  parte  del 
territorio nacional, con la consiguiente subversión del régimen de derechos y libertades 
que  forma  la  base  de  todo  el  Estado,  del  ordenamiento  jurídico  y  la  convivencia. 
Respecto al grado de participación, señala que más allá de las ideas, la propia defensa 
hace exaltación de su «capacidad de movilización» desde su antigua condición de 
presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Por lo que se refiere al derecho a la libertad ideológica del art. 16 CE, el mismo 
escrito de alegaciones indica que no queda claro en qué sentido los autos recurridos 
lesionan el derecho a la libertad ideológica, pues, por un lado, el recurrente interpreta la 
resolución recurrida como si fuera una advertencia de que debe abandonar sus ideas, y, 
por otro, reconoce su capacidad de movilización como exjefe de la ANC, lo cual, lejos de 
desdecir el ejercicio de su derecho a la libertad ideológica, demuestra su vigencia. De 
ello concluye que los autos recurridos están suficientemente motivados y que el recurso 
solo transmite la opinión personal del recurrente.
Respecto a la vulneración del derecho a la participación política, afirma que es la que 
menos explicada está en el recurso y que, en todo caso, la limitación de este derecho no 
conlleva una restricción ilegítima de derechos políticos sino que se trata de una cuestión 
de legalidad ordinaria. Esta restricción de derechos queda justificada, a su juicio, por el 
art. 25.2 CE y por el art. 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general 
penitenciaria, que determina claramente que los internos podrán ejercitar los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, 
salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la 
condena. Y señala que hay que tener en cuenta que al recurrente le es aplicable también 
el art. 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Insiste en que la Constitución española no reconoce un derecho fundamental ni de 
otro  tipo  del  reo  a  poder  disfrutar  y  exigir  una  salida  extraordinaria  del  centro 
penitenciario, sea para el ejercicio de derechos reconocidos en el art. 23 CE u otros de 
rango fundamental, como los derechos de asociación, asistencia a manifestaciones de  s
culto u otros que la Constitución española reconoce. En cambio, la Ley Orgánica general  oe.
penitenciaria sí reconoce, también a presos en situación preventiva y provisional, el  w.
derecho a solicitar un permiso, quedando al arbitrio del juez la concesión o no de éste,  48ww
rdeeop ennod cieonndlloe vdae  ulan ai nrveesstrtiicgcaicóinó nil.e Pgíotirm taa ndtoe,  saufisr mdae,r elac hdoesl impoitlaítcicióons,  dsein eos qteu ed esroelcahmoe ndteel 
tseurpmoinnea ciuónn  dreet alard oin sdtreu clcaió np.o sEinbtiliiednadde  deel  psaur tidcoo npcoelsítiiócno,  deen  retafenrteon csiae  qpureo cleod qeu ea  hlaa   BOE-A-cable e
destruido  la  posibilidad  de  disfrute  de  distintos  derechos  del  recurrente  ha  sido  la 
comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación, en el grado que determine a 
la postre la sentencia, no los autos recurridos, ni la actuación del juez instructor; pues, 
cuando termine esta fase, el recurrente gozará de la posibilidad de petición de permisos 
en los mismos términos que reconoce el Reglamento penitenciario. Además, recuerda 
que el auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018 ha posibilitado que el 
recurrente pueda incluso seguir cumpliendo sus objetivos políticos por vía de delegación 
de su voto, de conformidad con el art. 93.1 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
En cuanto a la lesión del Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales y del Pacto internacional de derechos civiles 
y  políticos  que  denuncia  el  recurrente,  sostiene  que  es  verdad  que  ambos  textos 
reconocen el derecho de participación pública, pero también reconocen la posibilidad de 
privación de libertad de acuerdo con las previsiones de la ley. Ni en la Constitución 
española  ni  en  el  Convenio  europeo  ni  en  el  Pacto  internacional  se  reconoce 
expresamente un pretendido derecho del recluso a gozar de permisos especiales sobre 
la base de sus circunstancias personales. A su entender, la concesión de licencias 
especiales al preso para que pueda salir y desempeñar funciones políticas, sobre la base 
de circunstancias subjetivas y de oportunidad, significaría, simplemente, la concesión de 
prerrogativas y privilegios al reo contrarios al art. 14 CE. Por medio de otrosí, se solicita 
la celebración de vista, al amparo de lo dispuesto en el art. 52.2 LOTC.
12.  El 27 de julio de 2018 se registró escrito de la representación del demandante 
de amparo, en el que se solicitaba que se dote a la tramitación del presente recurso de 
amparo del impulso procesal oportuno y, en tal sentido, que se habilitara el mes de 
agosto para su trámite. En el escrito se señalaba también que, de no accederse a ello, 
denunciaría  la  vulneración  de  los  arts.  24  CE  y  6  CEDH,  porque  el  Tribunal 
Constitucional está admitiendo a trámite de forma rutinaria todos los recursos de amparo 
que presenta la defensa de los diputados imputados en aquella causa, y sin embargo no 
procede  a  otorgar  ninguna  medida  cautelar,  ni  a  resolverlos  tampoco  en  un  plazo 
razonable, ello aun cuando están siendo afectados tanto los derechos a la libertad de los 
diputados  encausados  como  sus  derechos  políticos  y  los  derechos  de  quienes  les 
votaron,  viéndose  afectado  incluso  el  normal  funcionamiento  del  Parlamento  de 
Cataluña.
13.  Por medio de escrito registrado el 16 de octubre de 2018, se reitera la petición 
efectuada el 27 de julio y se procede a denunciar la vulneración de los arts. 24 CE y 6 
CEDH  por  los  motivos  señalados  en  el  escrito  de  27  de  julio.  Por  diligencia  de 
ordenación de 17 de octubre de 2018 se acordó unir el anterior escrito y pasar a dar 
cuenta del mismo.
14.  Idénticos  pedimentos  se  formularon  en  escrito  de  la  representación  del 
recurrente registrado el 14 de noviembre de 2018, del cual se dio cuenta por diligencia 
de ordenación de la misma fecha.
15.  Por escrito presentado el 9 de enero de 2019 se solicita de nuevo que se dote a 
la  tramitación  del  presente  recurso  de  amparo  del  impulso  procesal  oportuno.  Por 
diligencia de ordenación de 10 de enero de 2019 se acuerda unir el anterior escrito y dar 
cuenta.
16.  Por escrito presentado el 6 de septiembre de 2019 se solicita de nuevo que se  e.e
dote a la tramitación del presente recurso de amparo del impulso procesal oportuno. Por  b
diligencia de ordenación de la misma fecha se acuerda unir el anterior escrito y dar  48ww
vcoutean1ct7iaó.. n dPeo rla p prorevsideennteci as ednete 1n4c idae e le dníear o1 5d ed e2l 0m2i0s mseo  amceosr dyó a sñeoñ.alar para deliberación y  OE-A-2020-22able en https://
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y posiciones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra las siguientes resoluciones recaídas 
en la causa especial núm. 20907-2017: el auto de fecha 6 de febrero de 2018, por el que 
el magistrado instructor de la causa deniega la libertad provisional interesada por don 
Jordi Sánchez i Picanyol y, en consecuencia, mantiene la medida de prisión provisional 
comunicada y sin fianza que fue acordada el 16 de octubre de 2017 por el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3, y confirmada por auto de fecha 4 de diciembre del 2017, 
dictado por el magistrado instructor de la causa arriba referida; y el auto de fecha 20 de 
marzo de 2018, por el que la sala de recursos de la Sala de lo Penal Tribunal Supremo 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la resolución indicada en primer 
lugar.
El demandante de amparo alega la vulneración de los siguientes derechos: a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 
CE), a la libertad personal (art. 17 CE), a la libertad ideológica (art. 16 CE) y a la 
participación política (art. 23 CE). En primer lugar advierte que el riesgo de reiteración 
delictiva  apreciado  por  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  se  basa  en  indicios 
insuficientes e inidóneos que contravienen lo preceptuado en los arts. 16, 17, 23 y 24 
CE. Y ello, porque carece de cualquier justificación razonable y empírica la explicación 
dada para fundar ese riesgo, habida cuenta de que la ANC, que en su día lideró, no ha 
auspiciado levantamientos violentos, sino simples manifestaciones pacíficas, y el propio 
recurrente  expresó  su  voluntad  de  acatar  la  Constitución.  También  afirma  que  la 
argumentación judicial dada para justificar el riesgo de comisión de futuros delitos no es 
más que un pronóstico sobre el ejercicio venidero de derechos cívicos y políticos, tales 
como profesar una determinada ideología, concurrir a las elecciones autonómicas como 
candidato y volver a liderar la ANC.
En  segundo  término,  expone  que  la  prisión  provisional  adoptada  no  resiste  el 
necesario juicio de proporcionalidad, a la luz del contenido de los arts. 17, 24.2 y 23 CE. 
En  esencia,  aduce  que  la  prisión  provisional  adoptada  afecta  negativamente  a  los 
derechos políticos que le reconoce el art. 23 CE y el art 25 PIDCP, toda vez que se le 
veda  la  asistencia  a  los  plenos  parlamentarios  y  se  le  ha  impedido  defender  su 
candidatura a la presidencia de la Generalitat. En suma, sostiene que sus derechos e 
intereses políticos no pueden verse limitados por una medida cautelar sustentada en un 
riesgo de reiteración delictiva difuso, inconcreto e inmotivado.
Para  el  ministerio  fiscal,  las  quejas  que  formula  el  demandante  deben  ser 
reconducidas a una única: la vulneración del derecho a la libertad (art. 17 CE). Efectuada 
la anterior consideración previa, el fiscal interesa la desestimación del recurso, ya que la 
prisión provisional acordada cuenta con un presupuesto habilitante que el demandante 
no  cuestiona  (la  concurrencia  de  indicios  de  criminalidad)  y  persigue  una  finalidad 
constitucionalmente legítima (evitar el riesgo de reiteración delictiva), amén de estar 
suficientemente motivada.
El partido político Vox interesa la inadmisión de la demanda por no haber planteado 
el  recurrente  la  nulidad  de  las  resoluciones  ante  el  propio  Tribunal  Supremo, 
incumpliendo así lo preceptuado en el art. 44.1 LOTC, precepto que requiere la denuncia 
formal de la lesión tan pronto como se produzca, una vez conocida y hubiera lugar para 
ello. También alega que el recurrente no impugnó el auto de 4 de diciembre de 2017, en 
cuya  virtud  el  magistrado  instructor  mantuvo  la  prisión  provisional  anteriormente  e
acordada respecto del demandante. bo
Afirma que el presente recurso carece de especial trascendencia constitucional, toda  48ww
veeszta mqueen tloo  qeuxcel udseivmoa, nldoa  qeul er ecreusrrueltnat ec elasr aumne tnrateta mcoienntrtaor ieos pael cdiael repcohr op eart elnae cigeur aald audn 
aremcpoanrooc iadlo c eonn seidl earrat.r  1q4u eC Eel.  dSeumbsainddiaarniatem neon tese,  inetnecrueesnat rlaa  dperesseos tpimora csiuósn  iddeela rse pcuorlístioc adse, 
sino por su presunta participación en los delitos tipificados en los arts. 472 y 544 CP.
Rechaza  las  censuras  que  aquel  formula  respecto  de  la  apreciación  del  riesgo  de 
reiteración delictiva; finalmente, sostiene que las limitaciones que el demandante sufre 
en  el  ejercicio  de  los  derechos  políticos  son  inherentes  a  su  condición  de  preso 
provisional, poniendo de relieve que ni la normativa interna ni la internacional le confieren 
derecho a disfrutar de salidas excepcionales para ejercer sus derechos políticos.
Por otra parte, la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de 
octubre de 2019, dictada en la citada causa especial núm. 20907-2017, ha dejado sin 
efecto la situación de prisión provisional que se cuestiona en el presente recurso de 
amparo, lo que, sin embargo, como ya hemos tenido ocasión de declarar en un supuesto 
similar en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 1, no provoca la extinción del mismo 
por pérdida sobrevenida de su objeto. La razón, de acuerdo con la doctrina de este 
Tribunal, es que la citada sentencia no ha supuesto la reparación por el propio órgano 
judicial de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados en amparo. 
Nuestro  enjuiciamiento  se  concreta  al  momento  temporal  de  la  formulación  de  la 
demanda de amparo, atendiendo a las circunstancias concurrentes en esta ocasión a 
efectos de dilucidar si existió vulneración de tales derechos fundamentales (por todas, 
STC 83/29019, de 17 de junio, FJ 8, con cita de la STC 167/2005, de 20 de junio).
2.  Requisitos de admisibilidad.
Antes de resolver las vulneraciones denunciadas en el escrito de demanda procede 
dar respuesta a los óbices suscitados por la representación procesal del partido político 
Vox. Como ha reiterado este Tribunal, la apreciación de una causa de inadmisibilidad 
«no resulta impedida por el momento procesal en el que nos encontramos, pues es 
doctrina reiterada de este Tribunal que los defectos insubsanables de que pudiera estar 
afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido 
inicialmente  admitida  a  trámite»,  lo  que  determina  que  «la  comprobación  de  los 
presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volverse a abordar o 
reconsiderarse en la sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar, en su caso, 
a  un  pronunciamiento  de  inadmisión  por  falta  de  tales  presupuestos»  (por  todas, 
SSTC 7/2007, de 15 de enero, FJ 2; 28/2011, de 14 de marzo, FJ 3; 29/2011 de 14 de 
marzo, FJ 3, y 101/2018, de 1 de octubre, FJ 3).
3.  La falta de agotamiento de la vía judicial previa y de la invocación de los 
derechos fundamentales alegados.
El primero de los óbices engloba una doble censura: por una parte, la falta de 
agotamiento de la vía judicial, por no haber interesado el recurrente la nulidad ante el 
propio Tribunal Supremo; y por otra, el hecho de no haber recurrido el auto de 4 de 
diciembre de 2017 que, como ha quedado expuesto, mantuvo la prisión provisional 
acordada respecto al recurrente. Ambos aspectos serán objeto de análisis diferenciado.
a)  En relación con la falta de agotamiento, debe tenerse presente que, frente al 
auto de fecha 6 de febrero de 2018, que desestimó la solicitud de libertad formulada por 
el recurrente en fecha 11 de enero de 2018, aquel interpuso recurso de apelación en el 
que invocó la vulneración de los derechos fundamentales que también alega en la 
presente demanda de amparo. Y dicho recurso fue desestimado por auto de 23 de 
marzo de 2018.
Como dijimos en el ATC 200/2010, de 21 de diciembre, FJ 2 b) «[e]l incidente de 
nulidad de actuaciones, en todo caso, no se propone para volver a discutir sobre el tema  e.e
en litigio a modo de una nueva instancia, sino que se articula por la ley como un  b
mecanismo impugnatorio especial, dotado de un objeto de cognición propio, autónomo y  48ww
lcimueitsatdioon. aLdoa , qeuse q suee  elex apmidien ee yn  reesstuoesl vcaa ssoobs rea l laó rvgualnneor ajucdióicni adl eal udteorre cdheo  lafu nredsaomluecniótanl 
rqauzeo nsaem aiechnatocsa  cao netsetnai dúolsti mean  (snoos téan n dineg ulan ad eoctirsaió rne saodloupcitóand)a, , ay  lpaa lruaz  ddaer  alossí  rceosnpcureestotas 
en el auto resolutorio a los motivos de impugnación específicos que haya vertido el 
afectado en su escrito de solicitud de nulidad».
Más  recientemente,  en  relación  con  este  mismo  óbice,  hemos  expuesto  en  la 
STC 50/2019, de 9 de abril, que ha de tenerse en cuenta que el incidente de nulidad de 
actuaciones constituye un instrumento procesal que, en la vía jurisdiccional ordinaria, 
sirve para remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que 
no hayan «podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y 
siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» 
(art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ), de modo que su función en 
materia  de  tutela  de  derechos  es  esencialmente  la  misma  que  cumple  la  propia 
interposición  de  un  recurso  ordinario  (STC  153/2012,  de  16  de  julio,  FJ  3).  En 
consecuencia, en el caso de que la ley conceda recurso, ordinario o extraordinario, frente 
a la resolución que la parte estime lesiva de su derecho, es este medio de impugnación 
el que deberá ser interpuesto por el interesado, sin que, tras el agotamiento de la cadena 
de recursos que legalmente quepan frente a la decisión adoptada, sea ya necesario que 
el recurrente reitere la queja a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una 
vulneración  ya  denunciada  con  anterioridad  en  el  procedimiento,  deviene 
manifiestamente improcedente a tenor del propio art. 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2).
Conforme a lo expuesto, hemos de convenir que el recurrente agotó debidamente la 
vía judicial previa, preservando así la necesaria subsidiariedad del recurso de amparo. 
Según se ha detallado, mediante la interposición del recurso de apelación intentó reparar 
las lesiones de los derechos fundamentales que, a su entender, le causó la resolución 
que mantuvo la vigencia de la medida de prisión provisional; de ahí que la interposición 
del incidente de nulidad habría resultado innecesaria.
b)  Desde otra perspectiva diferente, lo que se reprocha al demandante es la falta 
de  invocación  temprana  de  los  derechos  fundamentales  vulnerados,  al  no  haber 
recurrido el auto de fecha 4 de diciembre de 2017, que resolvió su mantenimiento en 
situación de prisión provisional. Esa objeción tampoco merece acogida, por las razones 
que a continuación se exponen.
Conforme a una reiterada doctrina constitucional, las decisiones sobre la situación 
personal son susceptibles de replanteamiento en cualquier momento, de manera que el 
efecto de su firmeza queda relativizado, pues «ni la situación de prisión preventiva, ni la 
de libertad provisional, ni la cuantía de la fianza que permite acceder a la misma, 
constituyen situaciones jurídicas intangibles o consolidadas y por ello inmodificables, 
sino que, de conformidad con lo previsto en el art. 539 de la Ley de enjuiciamiento 
criminal (LECrim), los autos de prisión y libertad provisionales serán reformables durante 
todo el curso de la causa. Dicho precepto faculta, indiscutiblemente, a los órganos 
judiciales a modificar una situación anterior (de prisión o de libertad) ‘cuantas veces sea 
procedente’ y a modificar la cuantía de la fianza ‘en lo que resulte necesario para 
asegurar las consecuencias del juicio’. Como recordábamos en la STC 66/1997, de 7 de 
abril, FJ 1, la incidencia del paso del tiempo en el sustento de la medida de prisión 
provisional  ‘obliga  a  posibilitar  en  todo  momento  el  replanteamiento  procesal  de  la 
situación personal del imputado y, por así expresarlo, a relativizar o circunscribir el efecto 
de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto con la integración del factor tiempo 
en el objeto del incidente’. La particular característica de que los autos referidos a la 
situación personal del imputado no alcancen en ningún caso la eficacia de cosa juzgada 
(ATC  668/1986,  de  30  de  julio,  FJ  1)  conlleva  que  las  partes  puedan  reiterar  sus  s
peticiones  en  esta  materia  –por  más  que  hubieran  sido  ya  total  o  parcialmente  oe.
denegadas–, obligando al juzgador a realizar una nueva reflexión sobre la cuestión ya  w.
decidida. Esta facultad de las partes de reiterar su pretensión –aun después de haber  48ww
haegcohtaodso e lno se lp cousribsloe sd erel cpurorscoess–o ,n noi  easutná  ssiuqpueiedriata ad ala p aopr olart alecyió anl  daed vneuneimvoies netole mdee nntuoesv does 
jaunicteior ioori daadrg.umentaciones  distintas  de  las  que  ya  hubieran  sido  expuestas  con  BOE-A-cable e
Naturalmente, sin perjuicio de la referida facultad de las partes, el art. 539 LECrim no 
proporciona cobertura a modificaciones arbitrarias de la situación personal del imputado, 
por lo que en última instancia será necesario que la decisión judicial sí tenga su sustento 
en el acaecimiento de nuevas circunstancias en el curso del proceso, en la valoración de 
alegaciones  no  formuladas  con  anterioridad,  o  incluso  en  una  reconsideración  –
plasmada en la resolución judicial– de las circunstancias ya concurrentes pero que, a 
juicio del propio órgano judicial, fueron erróneamente apreciadas en la resolución que se 
modifica» (STC 66/2008, de 29 de mayo, FJ 3).
Así pues, el hecho de no haber impugnado el auto de 4 de diciembre de 2017 no 
impide  que,  ulteriormente,  el  demandante  pudiera  cuestionar  en  sede  judicial  la 
denegación de su petición de libertad formulada el 11 de enero de 2018 ni, por ende, que 
este Tribunal resuelva sobre el fondo del presente recurso de amparo.
4.  La especial trascendencia constitucional del recurso.
El  último  óbice  que  se  alega  es  la  pretendida  falta  de  especial  trascendencia 
constitucional del presente recurso. El motivo por el que se refuta la concurrencia de ese 
requisito se anuda a las razones de fondo que el referido partido político opone a la 
estimación del recurso, al considerar que lo pretendido por el demandante es contrario al 
derecho  fundamental  reconocido  en  el  art.  14  CE.  Sin  embargo,  tal  argumento  no 
empece a la causa de especial trascendencia apreciada por este Tribunal al resolver 
sobre la admisión a trámite del presente recurso, pues aquel alegato va dirigido a 
contrarrestar las lesiones denunciadas en el escrito de demanda, pero nada obsta a que 
el recurso plantee un problema o afecte a una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina de este Tribunal, que fue el motivo apreciado en la providencia de 
admisión. En cualquier caso, no resulta ocioso recordar que «es a este Tribunal a quien 
corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en 
razón de su especial trascendencia constitucional, que encuentra su momento procesal 
idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC» (STC 192/2012, 
de 29 de octubre, FJ 2).
5.  Los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
Despejados  los  anteriores  óbices,  procede  abordar  las  quejas  de  fondo  que  el 
recurrente formula. En el escrito de demanda se alega la vulneración del derecho a la 
libertad ideológica (art. 16 CE), a la libertad personal (art. 17 CE), a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la participación 
política y a la participación en asuntos públicos (art. 23 CE).
Aunque el ministerio fiscal reconduce todas las quejas a la vulneración del derecho 
fundamental a la libertad personal (art. 17 CE), previamente este Tribunal debe dilucidar 
acerca de las denuncias de lesión que realmente tienen la sustantividad necesaria para 
ser acreedoras de una respuesta individualizada y específica. En primer lugar, debemos 
negar  tal  condición  a  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (art. 24.1 CE), pues como hemos puesto de manifiesto, entre otras, en la 
STC  66/2008,de  29  de  mayo,  FJ  4  d)  «[l]a  falta  de  motivación,  en  los  términos 
anteriormente expuestos, de la resolución judicial afecta primordialmente, por la vía de 
uno  de  sus  requisitos  formales  esenciales,  a  la  propia  existencia  del  presupuesto 
habilitante  para  la  privación  de  la  libertad  y,  por  lo  tanto,  al  derecho  a  la  misma 
consagrado en el art. 17 CE (128/1995, de 26 de julio FJ 4; 47/2000, de 17 de febrero, 
FJ 3; 29/2001, de 29 de enero, FJ 2, y 138/2002, de 3 de junio, FJ 3). Conforme a  e.
reiterados  pronunciamientos  de  este  Tribunal,  los  problemas  de  motivación  en  las  w.
resoluciones que acuerdan medidas limitativas de derechos fundamentales conciernen  48ww
daiuretócntaommeanmtee ntea,  alla d elreescihóon  a dlae l tupterloap ijou dicdiaelr eecfheoc tivafu. nUdanma ednetcails iósnu sretasntrtiicvtoiv a yd e nuon, 
duenrae crheos ofuluncdióanm ejundtaicl iasul sctaunytaiv of,u ncdoammoe ensta ceinó ne snteo  casosolo  ecl odlemree cheol  ad elab elrib egretande,r aelx idgee   BOE-A-cable e
motivación  que  es  inherente  a  la  tutela  judicial  efectiva,  sino  que,  además,  ha  de 
extenderse  a  la  justificación  de  su  legitimidad  constitucional,  ponderando  las 
circunstancias  concretas  que,  de  acuerdo  con  el  presupuesto  legal  y  la  finalidad 
constitucionalmente  legítima,  permitan  la  adopción  de  dicha  decisión  (por  todas, 
SSTC 47/2000, de 17 de febrero, FJ 7, y 29/2001, de 29 de enero, FJ 2). Por ello, el 
análisis  de  la  insuficiencia  de  motivación  desde  el  enfoque  del  deber  genérico  de 
fundamentación de las resoluciones judiciales queda desplazado por un análisis desde la 
perspectiva del deber más estricto de fundamentación para la adopción de medidas 
restrictivas del derecho a la libertad».
Por otro lado, también debemos descartar la lesión del derecho a la presunción de 
inocencia. Este Tribunal ha sostenido que este derecho «no puede resultar vulnerado por 
unas resoluciones judiciales que se limitan a imponer una medida cautelar en el seno de 
un proceso penal en el que el demandante de amparo no había sido aún juzgado, ni se 
había producido ninguna declaración de culpabilidad, por lo que falta el presupuesto para 
considerar  conculcado  el  referido  derecho  (SSTC  128/1995,  de  26  de  julio,  FJ  2; 
127/1998, de 15 de junio, FJ 4, y 179/2005, de 4 de julio, FJ 2). Y si lo que se cuestiona 
con  la  invocación  de  este  derecho  fundamental  es  la  existencia  del  presupuesto 
habilitante de la medida adoptada –la existencia de indicios racionales de criminalidad–, 
la queja ha de reconducirse a las relativas al derecho a la libertad (SSTC 66/1997, de 7 
de abril, FJ 4, y 47/2000, de 17 de febrero, FJ 6)» (STC 65/2008, de 29 de mayo FJ 2).
6.  Doctrina jurisprudencial sobre la libertad personal.
Una  vez  despejadas  las  anteriores  cuestiones,  procede  analizar  las  restantes 
denuncias de vulneración de los derechos fundamentales, lo que se hace conforme al 
siguiente esquema: i) en relación con la queja referida al derecho a la libertad del art. 17 
CE, resolvemos sobre si el riesgo de reiteración delictiva apreciado por los órganos 
judiciales es acorde con los postulados fijados por nuestra doctrina; ii) en relación con el 
referido  riesgo,  también  procede  esclarecer  si  con  el  mantenimiento  de  la  prisión 
provisional se ha conculcado el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de 
participación política (art. 23 CE), pues, para el demandante, la apreciación del peligro 
de  reiteración  delictiva  se  infiere  de  su  ideología  y  del  ejercicio  del  derecho  a  la 
participación  política  de  modo  acorde  con  el  ideario  que  profesa;  iii)  finalmente, 
trataremos de la lesión del derecho a la participación en asuntos públicos (art. 23 CE), 
por la falta de proporcionalidad que el recurrente reprocha a la medida cautelar que le ha 
sido impuesta.
De acuerdo con el esquema anteriormente expuesto, ha de darse respuesta a la 
queja de la lesión del art. 17 CE, para lo cual procede traer a colación previamente lo 
expuesto en la STC 62/2019, de 7 de mayo, FJ 5, y reiterado más recientemente en la 
STC 155/2019, FJ 11, sobre la prisión provisional y el canon de control que aplica este 
Tribunal respecto de las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en esa materia: 
«hemos de dar por reproducida la exposición de la doctrina general de este Tribunal en 
el fundamento jurídico 3 de la ya citada STC 29/2019, de 28 de febrero, en lo relativo a 
los  principios  de  legalidad,  jurisdiccionalidad,  excepcionalidad,  modificabilidad  y 
limitación  temporal  de  la  prisión  provisional  [letra  a)],  al  presupuesto  de  la  prisión 
provisional, que es la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho 
delictivo [letra b)], y, finalmente, a la imprescindible presencia de un fin constitucional 
legítimo, como pueden ser el de evitación del riesgo de fuga o sustracción de la acción 
de la administración de justicia, la prevención del riesgo de obstrucción en la instrucción  e
del proceso y la necesidad de conjurar el peligro de reiteración delictiva [letra c)]». bo
En  cuanto  al  canon  de  control  al  que  se  sujeta  este  Tribunal  al  enjuiciar  las  48ww
dfuencdisaimoneenst o jujudriícdiiacloe s3  cq)u ed e alac umerednacnio nlaa daim speonstiecniócnia  daefi rmeasma oms:e «dcid) aD ecbaeumteolasr ,r eeitne raer,l 
aarsti.m 1is7m CoE,  edle c laan ofunn deasmtaebnletacicdióon e dne n uuneas trdae cdiosciótrnin caa uptaerlaa rr edvei sparris liaó nc opnrofovrismioidnaadl.  cCoonm eol 
hemos  señalado  ‘al  Tribunal  Constitucional  le  compete  supervisar  la  existencia  de
motivación suficiente –en el doble sentido de resolución fundada y razonada, a la que ya 
nos hemos referido– y su razonabilidad, entendiendo por tal que al adoptar y mantener 
esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su 
adopción y que esta ponderación o, si se quiere, que esta subsunción, no sea arbitraria, 
en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y, muy 
especialmente, con los fines que justifican la institución de la prisión provisional. No 
corresponde, pues, al Tribunal Constitucional determinar en cada caso si concurren o no 
las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional, 
sino únicamente el control externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado 
de  forma  fundada,  razonada,  completa  y  acorde  con  los  fines  de  la  institución’ 
[STC 128/1995, FJ 4 b)]».
Una vez sintetizada la doctrina de referencia, pasamos a resolver las quejas de fondo 
formuladas en el escrito de demanda.
7.  El riesgo de reiteración delictiva.
Verificado lo anterior, hemos de indicar que, aun cuando el recurrente de amparo no 
impugnó el auto de fecha 4 de diciembre de 2017 –así se reconoce, incluso, en el escrito 
de demanda–, necesariamente han de tomarse en cuenta los razonamientos de esa 
resolución, toda vez que en la misma se detallan los motivos por los que el magistrado 
instructor considera que el riesgo de reiteración delictiva justifica el mantenimiento de la 
prisión provisional anteriormente acordada. Como se señala en el indicado auto, ese 
riesgo se aprecia respecto de todos los investigados; sin embargo, mientras que para 
algunos de ellos se consideró suficiente la fijación de una medida cautelar menos 
gravosa (prisión eludible mediante la prestación de fianza), para el demandante y otros 
investigados,  el  órgano  judicial  estimó  pertinente  mantener  la  prisión  provisional 
incondicional anteriormente acordada. Las razones dadas en ese sentido fueron las 
siguientes:
«No ocurre lo mismo respecto a alguno de los investigados que hoy se contemplan, 
concretamente respecto de D […], D […], D. Jordi Sánchez Pincanyol y D […], cuyas 
aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, 
no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella.
El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de 
rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el 
derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto 
despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de 
manera irreparable, no solo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo 
económico y laboral, sino la propia integridad física […] ‘De un lado, el documento 
Enfocats refleja (pg. 40) la existencia de un grupo de individuos (comité estratégico) que 
han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una 
de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos que 
se detallaron en la anterior resolución (movilización ciudadana creciente, conforme a lo 
antes expuesto), y que son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de 
rebelión o de sedición que se investigan. Un grupo de individuos cuya intervención 
consistía  precisamente  –y  así  se  dice–  en  orientar  y  dirigir  estratégicamente  la 
implantación del plan, alineando a todos los actores implicados y haciendo que se 
movilicen los recursos humanos y financieros necesarios’, y en ‘encomendar la ejecución 
de las tareas concretas al comité ejecutivo y validar las propuestas del comité ejecutivo’.  s
Un comité estratégico en el que se integraban D […] D. Jordi Sánchez Picanyol y D […].  oe.
pero no el resto […]. De otro lado, su capacidad de decidir sobre la idoneidad y el  w.
mipnrcoolmcuèseson,– to s uleapn o vneieol  lqeduniertai g eirre axl apcsloo nsmivóeonnv iileisznoatceci iaodln eesqspu leeq guacero  npctauedsmiaep rluoannmo o esdn,e   rhlioeassb giceoon md–opo o rlmlteaagmtaeideriona tloizesas rdtooensl    2020-2248n https://ww
encausados incluso a intervenir en su ejecución material. En el caso de D. Jordi Sánchez
Picanyol y D […], por la movilización pública […]. De hecho, ellos mismos participaron en
la convocatoria del asedio que decenas de miles de manifestantes hicieron a la comisión 
judicial que ejecutó el registro de las instalaciones de la Consejería de Economía de la 
Generalitat en Barcelona, y dirigieron también a las masas durante las 19 horas que duró 
el cerco, modulando los actos de violencia que se desplegaron y facilitando finalmente la 
salida de la comisión judicial gracias a un pleno dominio de lo acontecido. Unos hechos 
violentos a los que acudió el propio D… y que se vieron propiciados porque las fuerzas 
encargadas del orden público […] favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que 
pudiera ponerles término […].Y esta posición de dominio se constata en otras muchas de 
las  movilizaciones  sociales  sufridas,  como  la  que  impidió  el  registro  en  la  entidad 
Unipost, o las que cortaron carreteras o constituyeron murallas humanas que defendían 
de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos 
policiales, apedreando sus vehículos o forzando a los agentes a emplear una fuerza que 
hubiera resultado innecesario de otro modo. Así como aquellas que cortaron vías de 
comunicación ferroviaria o asediaron los hoteles donde se alojaban los integrantes de las 
fuerzas del orden o amenazaron a los empresarios que prestaban soporte a los servicios 
del Estado.
Por ello, en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad 
de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias 
para la comunidad. De esta manera, el peligro no desaparece con la formal afirmación 
de  que  abandonan  su  estrategia  de  actuación  y  con  la  determinación  judicial  de 
reevaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige 
constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que 
paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real 
[…]».
Por su parte, en el fundamento jurídico segundo del combatido auto de fecha 6 de 
febrero de 2018, el magistrado instructor detalla las razones por las que el riesgo de 
reiteración delictiva permanece. Según se expone, lo verdaderamente relevante para 
determinar la concurrencia de ese peligro no es si subsisten las circunstancias existentes 
en el momento en que acaecieron los hechos que dieron lugar a la formación de la causa 
penal, sino si razonablemente cabe apreciar que el recurrente podría participar en una 
reproducción  de  tales  hechos.  Para  el  magistrado  instructor  ese  factor  de  riesgo 
permanece,  no  porque  aquel  mantenga  un  ideario  soberanista  sino  porque  de  su 
pretérita  conducta  presuntamente  delictiva,  respecto  de  la  cual  se  destaca  la 
preeminente posición que ostentó en relación con las movilizaciones multitudinarias que 
tuvieron  lugar,  en  los  términos  ya  relatados,  el  magistrado  instructor  elabora  unas 
previsiones sobre el comportamiento futuro del demandante, teniendo en cuenta que ha 
revalidado  su  compromiso  de  reestablecer  la  dinámica  política  que  dio  lugar  a  la 
incoación de un proceso penal, según lo razonado en el auto último citado. En suma, 
para el órgano judicial, el riesgo de reiteración delictiva apreciado en el auto de fecha 4 
de diciembre de 2017 permanece inalterado en el momento en que se dicta la resolución 
de 6 de febrero de 2018, por las razones anteriormente sintetizadas.
Opone el demandante que el juicio de valor efectuado en sede judicial carece de 
base  empírica  e,  incluso,  se  funda  en  una  supuesta  tendencia  criminógena  del 
recurrente. También señala que, en la actualidad, ya no es el presidente de la ANC y que 
esta asociación no ha promovido movilizaciones violentas, para finalmente indicar que 
públicamente ha manifestado su acatamiento al marco constitucional. Frente a esos 
alegatos, lo cierto es que el magistrado instructor se ha limitado a formular un juicio de 
pronóstico sobre el riesgo de reiteración delictiva, que se sustenta racionalmente en la  s
concurrencia de los factores anteriormente expuestos; lo cual, conforme a la doctrina  oe.
constitucional  a  la  que  nos  hemos  remitido,  basta  para  considerar  que  la  prisión  w.
provisional persigue una finalidad legítima. 48ww
sujePtaomr oost,r on ol andoos,  choemmpoeste  dpero nauñnacdiiar rnqouse ,c ocno neflo armlcaen cael  pcaronpoino  ddee  ucnoan itnrsotla nacl iaq ujued incoiasl 
rrieevsigsoor aa,lc apnuzeas  eslo ulom bhreaml does  sduef icdieiluncciidaa yr  rsaiz olan aabrgiliudmade natla qcuióen s oef rreecfiiedrae  npuaeras trfau nddoacrt riensae.   BOE-A-cable e
Desde ese prisma, debemos desechar la queja planteada en la demanda, pues los 
argumentos ofrecidos para sustentar el referido peligro de reiteración delictiva no pueden 
considerarse irrazonables, voluntaristas, carentes de individualización o de la necesaria 
extensión argumental, de manera que contravengan los postulados fijados por nuestra 
doctrina.
8.  Los derechos a la libertad ideológica y a la participación política en la apreciación 
del riesgo de reiteración delictiva.
Dentro  del  cuestionamiento  del  riesgo  de  reiteración  delictiva  que  el  recurrente 
efectúa, procede abordar a continuación las quejas relativas a la vulneración del derecho 
a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la participación política (art. 23 CE), con motivo 
de la apreciación de ese peligro para fundar el mantenimiento de la situación de prisión 
provisional. Según la demanda, que ha sido ya resumida en el apartado de antecedentes 
de  esta  sentencia,  las  resoluciones  impugnadas  vulneran  los  citados  derechos 
fundamentales porque el riesgo de reiteración delictiva que esgrimen, como justificación 
de  la  prisión  provisional  del  actor,  se  apoya  en  indicios  inadecuados  como  son  la 
ideología del recurrente, su decisión de concurrir a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña, su elección como diputado y su antigua condición de líder de la ANC. A su 
juicio,  se  consideran  como  indicios  de  futuros  delitos  lo  que  en  realidad  son 
manifestaciones del ejercicio de derechos cívicos y políticos por parte de un ciudadano 
inocente, lo que vulnera tales derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 
CE) y a la participación en asuntos públicos (art. 23 CE).
En la demanda se extractan algunos pasajes de los razonamientos jurídicos del auto 
del magistrado instructor de 6 de febrero de 2018, para destacar que el mismo sostiene 
claramente que el recurrente podría recuperar su libertad si abjura públicamente de sus 
ideas  políticas  y  pasa  a  profesar  una  ideología  contraria  a  la  suya;  afirma  que  la 
candidatura en la que se integró en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 propugna 
la  comisión  futura  de  delitos  de  rebelión  y  sedición,  e  incluso  sugiere  que  podría 
recuperar su libertad si renunciara a su condición de diputado.
Como ha quedado expuesto, el ministerio fiscal entiende que de la motivación de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  se  desprende  que  no  ha  sido  la  ideología  del 
demandante la que ha cimentado la consideración del riesgo de reiteración delictiva, 
como él mismo acaba por reconocer al admitir que había otros diputados electos en la 
misma causa que gozaban de libertad y que alguna persona que había abandonado la 
actividad política seguía presa. Por su parte, el partido político Vox señala que no queda 
claro en qué sentido los autos recurridos lesionan el derecho a la libertad ideológica del 
recurrente, pues por un lado interpreta la resolución del magistrado instructor como si 
fuera una advertencia de que debe abandonar sus ideas e, inmediatamente, reconoce la 
capacidad de movilización del recurrente como anterior dirigente de la ANC, lo cual, lejos 
de desdecir el ejercicio de su derecho a la libertad ideológica, demuestra su vigencia.
En  orden  a  determinar  si  se  ha  producido  la  denunciada  lesión  de  la  libertad 
ideológica (art. 16.1 CE), es necesario recordar que este Tribunal ha venido señalando 
que  la  misma  no  se  agota  en  una  dimensión  interna  del  derecho  a  adoptar  una 
determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o 
enjuiciar la realidad según personales convicciones, sino que «comprende, además, una 
dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello 
sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos» 
(STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 10). Como señaló la STC 141/2000, de 29 de mayo,  e
FJ 4, esta dimensión externa impone a terceros, sean estos el propio Estado o los  bo
particulares, «la observancia de un deber de abstenerse de interferir en nuestra libertad  48ww
drees tcrirnegeennc iaals »m, adrgee nm ood coo nq uinef ralocsc iópno ddeere lso sp lúímbliitceoss  qcuoen clau lCcaornásnt itduiccihóan  hliab eprtraedv is«tosi;  ola, 
laau na dcoupacniódno,  aeml pmaarennte nsuims ieancttoo so e lna  deixcphroess ilóímn itdees , dsei tpeermrtuinrabdaans o c irmeepnidceians d ceu aalngdúon  emxoisdtoa 
un nexo causal entre la actuación de los poderes públicos y dichas restricciones y éstas
resulten de todo punto desproporcionadas (SSTC 120/1990 y 137/1998; SSTEDH de 23 
de junio de 1993, asunto Hoffmann c. Austria, § 36; de 26 de septiembre de 1996, asunto 
Manoussakis y otros c. Grecia, §§ 47, 51, 53; de 24 de febrero de 1998, asunto Larissis y 
otros c. Grecia, § 54)».
De acuerdo con la doctrina constitucional, «para que los actos de los poderes 
públicos puedan ser anulados por violaciones de la libertad ideológica reconocida en el 
art. 16.1 C.E. es cuando menos preciso, de una parte, que aquellos perturben o impidan 
de algún modo la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada ideología 
o pensamiento y no simplemente que se incida en la expresión de determinados criterios 
–por más que ello pueda tener relevancia ex art. 20.1 CE–. De otra, se exige que entre el 
contenido y sostenimiento de estos y lo dispuesto en los actos que se combatan quepa 
apreciar una relación de causalidad suficiente para articular la imputación del ilícito 
constitucional» (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 10, seguida por SSTC 137/1990, 
de 19 de julio, FJ 8, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 5).
A la vista de lo expuesto, este Tribunal desestima la queja objeto de análisis con 
base en las siguientes consideraciones:
a)  En primer término, debe repararse en que la denuncia de lesión parece recaer 
exclusivamente sobre el auto de magistrado instructor, pues ningún reproche se hace a 
la resolución dictada en apelación. De esa primera resolución judicial se extractan por el 
recurrente algunas expresiones para sostener la vulneración denunciada, atribuyéndoles 
un determinado sentido que, sin embargo, se desvanece al valorar el texto de tal 
resolución en su conjunto.
b)  Con  argumentos  que  son  ajenos  a  la  consideración  de  la  ideología  del 
demandante, el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
de 20 de marzo de 2018, niega la vulneración denunciada señalando que «no existen 
presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido 
indiciariamente  delitos  gravísimos  de  rebelión  y  sedición  entre  otros,  donde,  no 
existiendo  víctimas  individualizadas,  son  atacados  los  bienes  jurídicos  colectivos 
protegidos. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus 
propósitos  de  sustitución  de  la  legalidad  constitucional  por  otra  distinta  y  espuria, 
segregar de España una parte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la 
Constitución española».
c)  Frente a las afirmaciones que se hacen en la demanda, no hay en el caso que 
examinamos elemento alguno en las resoluciones impugnadas que permita sostener que 
es la ideología del demandante la que ha determinado que se adopte la medida cautelar. 
Por el contrario, de dichas resoluciones se desprende que el pronóstico de reiteración 
delictiva no se ha formado con base en la ideología política del recurrente, sino en su 
posición en cuanto a los medios para conseguir sus propósitos. Para ello se parte de un 
relato circunstanciado de su conducta pasada y se infieren unas conclusiones sobre su 
comportamiento futuro. Sin ignorar la problemática que entraña un juicio prospectivo de 
esta naturaleza, por lo demás inevitable en decisiones como la que nos ocupa, ya hemos 
dejado señalado, al tratar de la denunciada lesión del derecho a la libertad personal 
(art. 17.1 CE), que ese juicio aparece suficientemente razonado en las resoluciones 
impugnadas. Con esta constatación se agota el control que compete ejercer a este 
Tribunal.
d)  La valoración de la situación del recurrente, de sus capacidades, de su cargo 
como diputado autonómico y del liderazgo que ostentaba en la ANC, así como de su 
comportamiento en el pasado, no supone en modo alguno censura ni impide o perturba  e.
el ejercicio de sus derechos de libertad ideológica y de participación en los asuntos  w.b
públicos. Por el contrario, obedece exclusivamente a la necesidad de explicitar las  48ww
fruatzuornoe se np oqru ela st ieqnuee  slaus  adseiecnistioo nleas  fijnuadliicdiaadle sc ofunnstditaunc ioenl aplrmoennótseti cloe gdíteim cao mdep olrata mpriiesniótno 
cparouvteisliaorn. aHl; efimnaolsid adde  cuinysais rteira leidna dq ufuee  alap rveaclioardaac iyó nq udee ju slatisfi ccai rlcau andsotapnccióians  dee xlap rmeseaddidaas 
respecto del ahora recurrente no solo no lesiona sus derechos fundamentales, sino que
responde a un mandato constitucional ex art. 17 CE, dirigido a la resolución judicial que 
acuerda la prisión provisional, tal y como hemos señalado más arriba. En lugar de 
vulnerar los derechos de libertad ideológica y de participación en los asuntos públicos 
que invoca el demandante, sirve al fin de salvaguardar su derecho fundamental a la 
libertad personal. Procede, en consecuencia, desestimar este motivo del recurso de 
amparo.
9. Derecho de participación y representación políticas (art. 23 CE).
El demandante de amparo sostiene que con el mantenimiento de la medida cautelar 
de prisión provisional no solo se ve afectado su derecho a la libertad (art. 17 CE), sino 
también  los  derechos  políticos  que  le  reconocen  los  arts.  23  CE  y  25  del  Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), ya que aquella medida imposibilita 
el pleno ejercicio de sus derechos como diputado del Parlamento de Cataluña, pues no 
puede asistir a las sesiones plenarias de la cámara, tiene que votar por delegación y se 
le ha impedido por dos veces, dada su condición de preso preventivo, defender su 
candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El ministerio fiscal considera que las limitaciones que se derivan de la situación de 
prisión provisional del recurrente en amparo para el ejercicio de su derecho fundamental 
a  la  participación  en  los  asuntos  públicos  son  las  que  vienen  contempladas  en  la 
legislación. Por su parte, la representación letrada del partido político Vox entiende que 
la restricción que puede padecer en el ejercicio de sus derechos políticos encuentra 
cobertura en el art. 25.2 CE y en el art. 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, general penitenciaria, precepto este último que prevé que los internos en 
centros  penitenciarios  podrán  ejercitar  los  derechos  civiles,  políticos,  sociales, 
económicos  y  culturales,  sin  exclusión  del  derecho  de  sufragio,  salvo  que  fuesen 
incompatibles con el objeto de su detención o con el cumplimiento de la condena.
10.  Jurisprudencia  constitucional  sobre  el  derecho  a  la  participación  y 
representación políticas (art. 23 CE).
a)  En la reciente STC 155/2019, FJ 11, han quedado expuestas, al enjuiciar un 
supuesto  sustancialmente  idéntico  al  ahora  considerado,  la  jurisprudencia  de  este 
Tribunal sobre el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con 
el  derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  de 
representantes  libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio  universal 
(art. 23.1 CE), y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 3 
del protocolo núm. 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, más 
concretamente, con ocasión de la imposición en una causa penal de la medida cautelar 
de prisión provisional y su mantenimiento a un parlamentario durante el ejercicio de su 
mandato (STEDH de 20 de noviembre de 2018, asunto Selahattin Demirtas c. Turquía). 
A la referida jurisprudencia y doctrina, así como al mencionado fundamento jurídico, 
hemos de remitirnos en su integridad a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
En síntesis, y en lo que ahora importa, dijimos entonces que «[d]e conformidad con la 
jurisprudencia constitucional expuesta y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos que se acaba de reseñar, las decisiones judiciales que acuerden la imposición 
o el mantenimiento de una privación cautelar de libertad a un parlamentario o a un 
candidato en unas elecciones legislativas han de estar suficiente y razonablemente 
motivadas, en el sentido de que han de ponderar la injerencia de la medida adoptada en 
el derecho fundamental a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y  e.
con los requisitos que señalen las leyes» [FJ 16 A)]. w.
En cuanto al control que a esta jurisdicción le compete respecto de dichas decisiones  48ww
jcuodrirceiaspleosn, ddee, celanr apmrinocsi pqiou,e  c«o[nas] taetsater  eTnr ibsuun fauln, cdióensd feis claa lipzeardsopreac tsivi aa qquueell ales  eress oplruocpiioan, eles 
jcuodnicsitaitluecsi onsaalt isdfaec emno tiov acnioó,n  eenn  lloas  adtéorpmciinóons  dey  lpaa rmámedeidtrao sl iminitdaictiavad oos , relas treicxtiigvae ndceial   BOE-A-cable e
derecho fundamental y si, atendiendo a las circunstancias del caso, dicha motivación 
resulta respetuosa con su contenido esencial» (ibidem).
b)  Al igual que en el supuesto abordado en la STC 155/2019, el examen de la 
vulneración del art. 23 CE que el demandante de amparo imputa a las resoluciones 
judiciales impugnadas ha de partir de la consideración, según ha quedado ya expuesto 
en los precedentes fundamentos jurídicos de esta sentencia (FFJJ 8 y 9), de que no ha 
existido  una  lesión  del  derecho  a  la  libertad  personal  (at.  17  CE)  derivada  de  la 
insuficiencia de las razones dadas por los órganos judiciales para mantener la privación 
de libertad del recurrente. En efecto, las resoluciones judiciales impugnadas explicitan 
cuál es el presupuesto por el que se mantiene la prisión provisional en su día acordada, 
a saber, los indicios racionales de la intervención del demandante en unos hechos 
presuntamente constitutivos de delitos graves. Por otro lado, fundan el mantenimiento de 
la medida cautelar en la consecución de una finalidad constitucionalmente legítima, 
como es la de precaver el riesgo de reiteración delictiva.
11.  La prisión provisional y la condición de diputado del Parlamento de Cataluña.
Para  el  enjuiciamiento  de  la  queja  que  ahora  nos  ocupa,  resulta  relevante  la 
determinación del momento en el que se acordó su prisión provisional y de aquel en el 
que adquirió la condición de diputado del Parlamento de Cataluña, así como los avatares 
acaecidos durante y después de ese lapso de tiempo (STC 155/2019, FJ 17).
a)  El 16 de octubre de 2017 el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la 
Audiencia Nacional en las diligencias previas núm. 82-2017 incoadas por supuesto delito 
de sedición acordó convocar la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim para la 
eventual adopción de medidas cautelares contra, entre otros, el demandante de amparo. 
El Juzgado Central de Instrucción núm. 3, por auto de esa misma fecha, acordó su 
prisión comunicada y sin fianza. Decisión que fue confirmada en apelación por auto de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 6 de noviembre 
de 2017.
Reclamadas las actuaciones por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la 
causa especial núm. 20907-2017, incoada por supuestos delitos de rebelión, sedición y 
malversación, el magistrado instructor por auto de 4 de diciembre de 2017 acordó 
mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza, entre otros, del recurrente en 
amparo.
El demandante de amparo, por escrito de fecha 11 de enero de 2018, solicitó la 
libertad provisional, que le fue denegada por auto del magistrado instructor de 6 de 
febrero  de  2018,  en  el  que  se  acordó  el  mantenimiento  de  la  medida  cautelar  ya 
decretada. Esta decisión fue confirmada en apelación por auto de la sala de recursos de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 20 de marzo de 2018. Ambas resoluciones 
judiciales son objeto de impugnación en este recurso de amparo.
b)  De otra parte, por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, se disolvió el 
Parlamento  de  Cataluña  y  se  convocaron  elecciones  para  el  día  21  de  diciembre 
de 2017, en uso de las atribuciones conferidas a la presidencia del Gobierno como 
consecuencia de las medidas propuestas por el Consejo de Ministros en aplicación del 
art. 155 CE, autorizadas por el Senado, al no tener por atendido el requerimiento 
planteado al presidente de la Generalitat de Cataluña para que confirmase «si alguna 
autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si 
su declaración de 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la  s
declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor»  oe.
[apartado A del anexo de la orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se  w.
apepul rlbiecliqacucaei óernilm  adieceun letoor  ddpoilsa pdnueteel asCtdooo ne asnle  Mejol  .Hadre.t í pcMrueilnosii sd1te5ron5st ed  dede el a 2l a1C  Godnees ntoeitcurtaculiibótarnet,   dsdeee   Ct2iea0nt1ae7l u,p ñoparo,  rnp oea lr aaqt euqneud,e ide loan    2020-2248n https://ww
Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y
a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se propone
al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general 
(«BOE» núm. 260, de 27 de octubre de 2017)].
La aplicación del art. 155 CE fue considerada conforme a la Constitución en las 
SSTC 89/2019 y 90/2019, de 2 de julio, que rechazaron en los extremos que atañen al 
presente recurso de amparo  las impugnaciones  efectuadas en sendos recursos de 
inconstitucionalidad promovidos respecto del acuerdo del Pleno del Senado de 27 de 
octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al 
amparo del artículo 155 de la Constitución.
C)  El demandante de amparo, encontrándose en situación de prisión provisional, 
formó parte de la candidatura presentada por Junts per Catalunya en la circunscripción 
de Barcelona a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el día 21 de 
diciembre de 2017. Candidatura que fue proclamada por acuerdo de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona de 24 de noviembre de 2017 («BOE» núm. 287, de 25 de 
noviembre de 2017).
Celebrada  la  votación,  fue  proclamado  diputado  electo  en  la  circunscripción  de 
Barcelona por la Junta Electoral Provincial de Barcelona en sesión de 27 de diciembre 
de 2017 («BOPC» núm. 1, de 19 de enero de 2018). Los resultados electorales y la 
relación de diputados electos fueron publicados por acuerdo de la Junta Electoral Central 
de 11 de enero de 2018 («BOPC», núm. 1, de 19 de enero de 2018).
Los diputados proclamados electos se reunieron el día 17 de enero de 2018 en la 
sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura («BOPC», núm. 1, 
de 19 de enero de 2018). El demandante de amparo no pudo asistir a esta sesión por 
encontrase en prisión provisional, acordando el magistrado instructor por auto de 12 de 
enero de 2018 que por el Parlamento de Cataluña se habilitasen los instrumentos 
precisos para que pudiera acceder a la condición de diputado pese a la situación de 
prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraba.
El recurrente en amparo fue propuesto por el presidente del Parlamento de Cataluña 
como candidato a la presidencia de la Generalitat en dos ocasiones. Ambas propuestas 
son cronológicamente posteriores (5 de marzo y 9 de abril de 2018, respectivamente) 
tanto al escrito en el que solicitó la libertad provisional (11 de enero de 2018), que fue 
desestimada por auto del magistrado instructor de 6 de febrero de 2018, como al recurso 
de apelación que interpuso contra el referido auto (9 de febrero de 2018), que fue 
desestimado por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
de 20 de marzo de 2018. Es conveniente dejar sentado ya, para delimitar en términos 
adecuados la queja actora, que las resoluciones judiciales ahora impugnadas no se 
pronuncian  sobre  ninguna  petición  en  relación  con  aquellas  propuestas,  pues  el 
demandante de amparo ninguna formuló ni en el escrito de solicitud de la libertad 
provisional, ni en el recurso de apelación. Han sido otras decisiones judiciales, distintas a 
las  aquí  recurridas,  las  que  han  versado  sobre  las  peticiones  efectuadas  por  el 
recurrente para defender su candidatura a la presidencia de la Generalitat, que son 
objeto  de  sendos  recursos  de  amparo  (recursos  de  amparo  núms.  2228-2018 
y 3807-2018) diferentes al ahora enjuiciado. Por consiguiente, no cabe reclamar ningún 
pronunciamiento de este Tribunal en este momento sobre dicha cuestión por ser ajena a 
este proceso.
Con efectos de 17 de mayo de 2018, el demandante de amparo renunció a la 
condición de diputado del Parlamento de Cataluña («BOPC» núm. 340, de 22 de mayo 
de 2018). s
Con posterioridad a la apertura del juicio oral en el Tribunal Supremo, el demandante  oe.
de amparo se presentó como candidato a las elecciones al Congreso de los Diputados  w.
celebradas el día 28 de abril de 2019. Fue proclamado diputado electo y adquirió la  48ww
cmoanydoic idóen  2d0e1 m9,i eam blar oq dueel  fCuoen garuetosori zdaed olo sa  Daispiusttaird poosr e anu stou  sdees ilóan S caolnas tditeu tliova P deen a2l1  ddeel 
aTcriubeurndaol  dSeu p2r4e mdeo  mdea y1o4 d dee 2 m01a9y,o l ed es u2s0p1e9n.d Lióa  emne esla e djeerlc Cicoion dgerel scoa rdgeo .los Diputados, por  BOE-A-cable e
12.  La posibilidad de recurrir la prisión provisional y la valoración de los intereses 
concernidos.
a)  Como ya ha quedado constatado, el mantenimiento de la prisión provisional del 
recurrente en amparo, acordado en las resoluciones judiciales impugnadas, cumple las 
exigencias del principio de legalidad y responde a un fin constitucionalmente legítimo. Es 
preciso examinar ahora, como hemos hecho en la STC 155/2019, «si aquella medida 
cautelar satisface también el requisito de la proporcionalidad desde la perspectiva del 
derecho fundamental al acceso y al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE)» [FJ 18 A)].
Como dijimos en esa sentencia, «[u]no de los factores a tomar en consideración […] 
al objeto de determinar si la prisión provisional de un parlamentario o de un candidato en 
unas elecciones legislativas es una medida proporcionada desde la perspectiva del 
derecho de sufragio pasivo es la previsión de un recurso mediante el que se pueda 
impugnar de forma efectiva aquella prisión, de modo que los tribunales puedan valorar 
los intereses de la persona afectada y de la sociedad protegidos por el citado derecho, 
así  como  los  del  buen  funcionamiento  de  la  justicia  para  ordenar  y/o  mantener  la 
privación cautelar de libertad» (ibidem).
En el presente caso, el recurrente en amparo pudo impugnar e impugnó, cuando aún 
no era candidato a diputado del Parlamento de Cataluña, la prisión comunicada y sin 
fianza decretada por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional 
por auto de 16 de octubre de 2017 en las diligencias previas núm. 82-2017. Decisión que 
fue confirmada en apelación por auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, de 6 de noviembre de 2017.
Proclamado candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para 
el día 21 de diciembre de 2017, solicitó la modificación de la medida cautelar acordada 
por  el  Juzgado  Central  de  Instrucción  núm.  3  de  la  Audiencia  Nacional,  cuyo 
mantenimiento dispuso el magistrado instructor por auto de 4 de diciembre de 2017. El 
demandante de amparo no interpuso recurso de apelación contra este auto, pero se 
adhirió  al  presentado  por  otro  de  los  investigados  que  se  encontraba  en  prisión 
provisional y que concurría también como candidato a las elecciones al Parlamento de 
Cataluña, que fue desestimado por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, de 5 de enero de 2018.
El demandante de amparo, mediante escrito de fecha 11 de enero de 2018, volvió a 
solicitar la libertad provisional, que fue denegada por auto del magistrado instructor de 6 
de febrero de 2018, en cuya parte dispositiva se acuerda el mantenimiento de la medida 
cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza decretada por auto del Juzgado 
Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2017, y 
confirmada por auto del magistrado instructor de 4 de diciembre de 2017. La sala de 
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por auto de 20 de marzo de 2018, 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto del magistrado instructor 
de 6 de febrero de 2018.
Así pues, el demandante de amparo, en el plazo de poco más de tres meses desde 
que fue proclamado candidato, impugnó e instó hasta en dos ocasiones la modificación 
de la prisión provisional contra él adoptada.
b)  Sin  embargo,  como  hemos  señalado  en  la  STC  155/2019,  «un  juicio  de 
proporcionalidad de esta medida no se satisface con la mera posibilidad de poder recurrir 
la privación cautelar de libertad, sino que es necesario, además, que esa impugnación 
haya sido efectiva, en el sentido de que los órganos judiciales valoren los intereses 
concernidos por la decisión de ordenar y/o mantener la prisión provisional» [FJ 18 B)]. e.
Situados en este plano, el extenso y amplio contenido de las resoluciones judiciales  w.b
que se acaban de citar en el apartado anterior es suficiente por sí mismo para constatar  48ww
qcauuet eelal r dedme apnrdisainótne  yd eq uaem ploasr o óhrgaa npoosd idjuod iicmiapleusg nhaar nd ev amloarandeora  seufse cptirveat elnas iomneedsi day 
cpoonncdeerrnaiddoo,s e, nta antteon lcoisó nd eal  lraesc ucorrnecnrteet acso mciroc ulonss tdaen claia sso dceiel dcaads,o ,e lnotsre d eelrleocsh, oesl  dee irnetcehreos dees 
aquel al ejercicio del cargo público (art. 23.2 CE). La afectación de este derecho por la
situación de prisión provisional se justifica en las resoluciones ahora impugnadas en 
amparo, que reproducen y se remiten a los precedentes pronunciamientos relativos al 
mantenimiento de la medida cautelar, por los graves hechos que en esta fase de la 
causa se le imputaban y el riesgo de reiteración delictiva, pues, a juicio de los órganos 
judiciales, no puede estimarse suficientemente acreditada, a diferencia de otro grupo de 
personas encausadas, la renuncia del recurrente a una actividad pública que, desde 
diversos frentes, ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos investigados, 
resaltando  la  «marcada  determinación  con  la  que  el  encausado  ha  perseguido  la 
consecución  de  sus  objetivos,  lo  que  se  refleja  en  su  impulso  a  movilizaciones 
multitudinarias de ciudadanos que –como se dijo en el auto de 4 de diciembre de 2017– 
favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo 
de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la 
organización  territorial  del  Estado»  (auto  del  magistrado  instructor  de  6  de  febrero 
de 2018, fundamento de Derecho segundo).
Criterio  que  confirma  la  sala  de  recursos  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal 
Supremo, en su auto, ahora impugnado, de 20 de marzo de 2018, al afirmar, como ya 
hemos tenido ocasión de señalar, que «[n]o existen presos políticos en esta causa, sino 
políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de 
rebelión  y  sedición  entre  otros,  donde,  no  existiendo  victimas  individualizadas,  son 
atacados  los  bienes  jurídicos  colectivos  protegidos.  Pretendían,  con  violencia, 
absolutamente  imprescindible  para  consumar  sus  propósitos  de  sustitución  de  la 
legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su 
territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española» (fundamento de 
Derecho cuarto).
Desde la perspectiva de control que a este Tribunal corresponde, ha de concluirse 
que el demandante de amparo contó con la posibilidad, de la que efectivamente hizo 
uso,  de  impugnar  a  través  de  los  recursos  o  los  remedios  procesales  legalmente 
previstos  la  medida  cautelar  de  prisión  provisional,  y  que  en  respuesta  a  sus 
pretensiones  los  órganos  judiciales  han  ponderado  los  derechos  e  intereses  del 
demandante y de la sociedad en materia de participación política, así como los del buen 
funcionamiento de la justicia, en unos términos que no pueden merecer, desde la óptica 
ahora considerada, reproche constitucional alguno. Una valoración de la incidencia de la 
prisión  provisional  en  el  derecho  del  recurrente  al  ejercicio  del  cargo  público  que 
ostentaba cuando se dictaron las resoluciones judiciales impugnadas la abordaremos en 
un posterior fundamento jurídico.
13.  La delimitación temporal de la medida cautelar de prisión provisional.
a)  «La duración de la prisión provisional es otro factor a considerar a los efectos de 
ponderar la injerencia de la medida cautelar en el derecho al acceso y al ejercicio del 
cargo público» [STC 155/2018, FJ 19 A)].
En el caso ahora enjuiciado, en el momento inicial de adoptarse la prisión provisional 
del demandante de amparo –16 de octubre de 2017–, este no era titular de ningún cargo 
público, ni aún era candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas 
para el 21 de diciembre de 2017.
Sin embargo, cuando el magistrado instructor ratificó esa medida cautelar –auto de 4 
de diciembre de 2017, confirmado en apelación por auto de la sala de recursos de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2018–, así como cuando se 
dictaron las resoluciones ahora recurridas en amparo que desestimaron su solicitud de  e
libertad  provisional  y  mantienen  aquella  medida,  el  demandante  o  era  candidato  a  bo
diputado, o era diputado electo o, en fin, había adquirido la condición plena de diputado  48ww
del PEal rplaemrioednoto d dee t iCematpaolu ñtraa.nscurrido entre el momento en que fue proclamado diputado
e–n2 4e dl eq uneo viseem dbircet ad ela 2 0ú1lt7im–a,  ernecsoonlutrcáiónnd,o saeh oerna  siimtupaucgiónna ddae,  perins iólan  pqruoev issieo naacl,u ye radqau eell 
mantenimiento de tal situación –20 de marzo de 2018– es de casi cuatro meses.
Este  tiempo  en  que  el  demandante  permaneció  en  prisión  provisional  con 
fundamento en las resoluciones citadas, incluidas las ahora recurridas en amparo, no 
puede considerarse desproporcionado por su injerencia en el derecho de acceso a los 
cargos públicos (art. 23.2 CE), si se tiene en cuenta tanto que las referidas resoluciones 
se dictaron en momentos iniciales de la causa, como la entidad de los hechos delictivos 
que se le imputaban, así como los motivos y fines, ya expuestos a los largo de esta 
sentencia, en los que los órganos judiciales han fundado la decisión de mantenerle en 
prisión provisional. A estas consideraciones cabe añadir las concretas repercusiones que 
dichas resoluciones han podido tener en el desempeño del cargo público al que ha 
accedido el recurrente, a las que nos referiremos en el siguiente fundamento jurídico.
b)  Al  examinar  el  factor  temporal  de  la  medida  cautelar  no  puede  dejar  de 
considerarse que, además de por las resoluciones que han precedido a las ahora 
impugnadas, a algunas de las cuales ya hemos hecho mención, la prisión del recurrente 
ha sido revisada también por resoluciones judiciales posteriores [STC 155/2019, FJ 19 
B)].
El magistrado instructor ha dictado, entre otros, los autos de 21 de marzo, 9 de 
mayo, confirmatorio del anterior en reforma, y 9 de julio de 2018. Por su parte, la sala de 
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado, también entre otros, los 
autos de 26 de junio y 30 de julio 2018.
Y,  en  fin,  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo,  a  la  que  correspondió  el 
enjuiciamiento de la causa, por autos de 25 de enero, 11 de abril y 14 de mayo de 2019, 
ha  resuelto  las  peticiones  de,  entre  otros  encausados,  el  demandante  de  amparo, 
solicitando  su  libertad  provisional  o  la  sustitución  de  la  medida  cautelar  de  prisión 
preventiva por otros tipos de medidas menos gravosas.
Así pues, a la vista de las consideraciones expuestas, ha de concluirse que la 
duración de la medida cautelar de prisión provisional, desde que el demandante fue 
proclamado candidato al Parlamento de Cataluña en las elecciones convocadas para 
el  21  de  diciembre  de  2017  hasta  que  se  dictaron  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas,  no  puede  considerarse  desproporcionada,  en  razón  de  las  concretas 
circunstancias, ya referidas, que en el mismo concurren.
14.  La incidencia de la prisión provisional en el derecho fundamental al ejercicio del 
cargo público.
a)  «El  juicio  de  proporcionalidad  de  la  injerencia  que  una  medida  de  prisión 
provisional puede implicar en el derecho de acceso a un cargo público representativo 
(art. 23.2 CE) requiere también considerar sus concretas repercusiones en el ejercicio de 
este derecho» [STC 155/2019, 20 A)].
En este sentido, hemos declarado en la citada sentencia que «el derecho a acceder 
a los cargos públicos representativos ‘no es, ante todo, y al igual que ocurre con el resto 
de los derechos fundamentales, incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más 
usual  de  sus  afirmaciones;  es,  por  el  contrario  […]  un  derecho  delimitado  en  su 
contenido, delimitado tanto por su naturaleza como por su función’ (STC 71/1994, FJ 6)». 
Asimismo, en aquella sentencia se ha dejado constancia de la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, según la cual los derechos garantizados por el art. 3 del 
protocolo núm. 1 CEDH «no son absolutos [STEDH de 30 de junio de 2009 (asunto 
Etxeberria y otros c. España, § 40)], sino que pueden estar sometidos a «limitaciones 
implícitas», disponiendo los Estados de un amplio margen de apreciación al respecto 
[STEDH de 2 de marzo de 1987, (asunto Mathieu-Mohin y Clearfayt c. Bélgica, §52)]».  e
Más concretamente, «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene manifestado que  bo
el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades  48ww
fuunn ddaipmuetandtaol eos  cnaon dpirdoahtíob ee nla u anpalsic aecleiócnc iodnee lsa  lmegeisdliadtaiv daes  npir ivsauc mióann cteanuitmeliaern dtoe  elinb eprrtiasdió an 
dperol vaisrito. n3a ld, eals íp rcootmocoo lqou neú ems.t a1s  CdeEcDisHio, nneis  sniqou iiemrpal iceann  eal uctoamsoá tdicea mqueen tela  upnraiv avcioiólanc iódne 
libertad fuera contraria al art. 5.3 CEDH [STEDH de 20 de noviembre de 2018 (asunto 
Selahattin Demirtas c. Turquía, § 231)]».
b)  El demandante de amparo considera que las resoluciones judiciales impugnadas 
lesionan  su  derecho  al  cargo  público  representativo  (art.  23.2  CE),  ya  que  el 
mantenimiento de la medida de prisión provisional le impide el pleno ejercicio de sus 
derechos políticos como diputado del Parlamento de Cataluña.
El examen de la queja del recurrente ha de partir de la consideración de que las 
limitaciones  que  denuncia  en  el  desempeño  de  sus  funciones  como  parlamentario 
«derivan, indefectiblemente, de su situación de privación de libertad, ya que, como 
hemos reconocido en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, ‘parte de las facultades de 
representación  política  anejas  al  cargo  singularmente  aquellas  que  tienen  como 
presupuesto su ejercicio en situación de libertad personal’, quedan afectadas y, en algún 
caso limitadas decisivamente, por la situación de prisión provisional. De lo que se trata 
ahora de determinar es si esas limitaciones que denuncia el recurrente respetan las 
exigencias derivadas del principio de proporcionalidad desde la perspectiva de aquel 
derecho fundamental» [STC 155/2019, FJ 20 B)].
En este plano, el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, de 20 de marzo de 2018, recurrido en amparo, lleva a cabo una ponderación 
entre el derecho al ejercicio del cargo representativo del demandante de amparo y los 
«delitos  gravísimos  de  rebelión  y  sedición,  entre  otros»  que  indiciariamente  se  le 
imputan, que constituyen, en opinión del órgano judicial, «un gravísimo delito contra la 
Constitución española», así como entre aquel derecho y los bienes jurídicos colectivos 
atacados. En esta ponderación, la Sala llega a la conclusión, con remisión a su auto 
de  15  de  febrero  de  2018,  del  carácter  respetuoso  de  la  prisión  provisional  del 
demandante de amparo con su derecho a participar en los asuntos públicos «de acuerdo 
con las limitaciones implícitas que cada Estado puede modular de conformidad con el 
artículo  3  del  protocolo  adicional  del  Convenio  europeo  de  derechos  humanos  y 
libertades públicas, dado que el derecho de representación que se le reconoce no hace 
perder efectividad a la participación democrática ni modifica la aritmética parlamentaria 
de  la  Asamblea  Legislativa  de  la  comunidad  autónoma»  (fundamento  de  Derecho 
cuarto).
En este contexto, es preciso tener presente, al valorar la incidencia de la prisión 
provisional en el derecho del recurrente al ejercicio del cargo público representativo, que 
la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto de 5 de enero 
de 2018, que resuelve el recurso de apelación al que se adhirió el ahora demandante de 
amparo contra el auto del magistrado instructor que acordó el mantenimiento de su 
prisión  provisional  y  la  de  otros  investigados,  no  descartó  que,  respecto  a  los 
investigados que se encontraban en prisión preventiva y habían adquirido la condición de 
diputado,  se  pudiera  llegar  a  tomar  las  decisiones  pertinentes,  en  función  de  las 
concretas  circunstancias  que  pudieran  presentarse  en  momentos  puntuales,  para 
garantizar la proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de prisión en el 
ejercicio del cargo (auto de 5 de enero de 2018, razonamiento jurídico quinto). Como 
hemos dicho en la STC 155/2019, «no se excluía que concurriendo esos requisitos se 
pudieran tomar en determinados momentos medidas que pudieran llegar a remover o 
paliar  los  obstáculos  que  por  su  situación  de  prisión  impidieron  y  dificultaban  al 
recurrente el ejercicio de las funciones de diputado».
Asimismo, ya hemos tenido ocasión de señalar que a esta finalidad responde la 
decisión del magistrado instructor de permitir que por el Parlamento de Cataluña se  s
habilitasen  los  instrumentos  precisos  para  que  el  demandante  de  amparo  pudiera  oe.
acceder  a  la  condición  de  diputado  a  pesar  de  la  situación  de  prisión  provisional,  w.
comunicada y sin fianza en la que se encontraba, así como para que pudiera delegar su  48ww
vdoet o1,2 s di ela e mneersoa  ddee  2l0a1 c8á, mcoanrafi rnmoa deon ceonn trreafboarm mao ptivoor  aaulgtou ndoe  p2a9r ad eo peonneerors ed ea  2e0ll1o8  (ya ueton 
daep e1la4c dióen m paorrz aou dtoe  2d0e1 l8a) .s Caloam doe  sree cduercsloasr ad een l ae lS aaulato  ddee ll om Paegnisatrl addeol  iTnrsibtruuncatol rS duep r2e9m doe,   BOE-A-cable e
enero, que desestima el recurso de reforma promovido, entre otros, por el demandante 
de  amparo  contra  el  auto  de  12  de  enero,  con  ambas  medidas  se  trataba, 
respectivamente, de preservar «el contenido mismo o esencial del derecho de sufragio 
pasivo, que hubiera quedado desproporcionadamente eliminado si –antes de la condena 
penal firme– se hubiera impedido a un candidato electo acceder a la condición para la 
que fue elegido y contribuir con ello a la formación del cuerpo legislativo objeto de las 
elecciones […]»; y de respetar «por no existir razón parlamentaria que se haya opuesto a 
la delegación de voto, que los recurrentes hayan podido conformar la voluntad de la 
cámara, sin alteración ninguna de la aritmética parlamentaria y ejerciendo su opción con 
sujeción a las limitaciones que fija el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña 
[…]» (fundamento de Derecho sexto). A los efectos que ahora interesan, es suficiente 
con constatar que el motivo de adopción de una y otra medida es paliar la injerencia de 
la privación de libertad en el ejercicio del derecho al cargo representativo del recurrente 
en amparo, sin que proceda por parte de este Tribunal efectuar aquí ningún otro tipo de 
consideración respecto a las mismas.
De lo expuesto hemos de concluir que no cabe calificar de desproporcionada la 
injerencia  de  la  medida  de  prisión  provisional,  desde  la  perspectiva  del  derecho 
reconocido en el art. 23.2 CE, en el ejercicio del derecho del recurrente al cargo público 
representativo, considerando el momento en el que se han dictado las resoluciones 
referidas y las circunstancias concurrentes en este caso, relativas a la entidad de los 
hechos investigados y a la participación en los mismos del recurrente, así como a los 
motivos y fines en los que los órganos judiciales basaron la medida cautelar adoptada.
Con base en las consideraciones expuestas, tampoco puede estimarse que las 
resoluciones judiciales impugnadas no hayan satisfecho las exigencias ponderativas 
propias del art. 23.2 CE en cuanto a la repercusión de la medida cautelar de prisión 
provisional  del  recurrente  en  el  ejercicio  de  su  función  parlamentaria,  ni  que  esta 
injerencia, atendiendo a las circunstancias concurrentes en este caso, pueda tildarse de 
desproporcionada.
15.  Medidas alternativas a la prisión provisional.
El último factor a analizar, como declaramos en la STC 155/2019, al objeto de 
verificar si la prisión provisional del demandante de amparo satisface la exigencia de 
proporcionalidad  desde  la  perspectiva  del  derecho  fundamental  al  acceso  al  cargo 
público representativo (art. 23.2 CE), «estriba en constatar si los órganos judiciales han 
valorado  la  adopción  de  medidas  alternativas  que  pudieran  suponer  una  menor 
injerencia en aquel derecho» (FJ 21).
El magistrado instructor en el auto de 4 de diciembre de 2017, confirmado en 
apelación por el auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
de 5 de enero de 2018, resoluciones que invoca y a las que se remite el auto del 
magistrado instructor de 6 de febrero de 2018, ahora impugnado en amparo, consideró la 
posibilidad de aplicar a los investigados a los que se refiere aquella primera resolución 
medidas alternativas a la prisión provisional. Como ya hemos tenido ocasión de poner de 
manifiesto en la STC 155/2019, aunque el magistrado instructor estima que en todos los 
investigados objeto de dicha resolución «concurre el riesgo de reincidir en la actividad 
delictiva, aprecia, sin embargo, un grado de lesividad distinto en la reiteración de unos y 
otros, motivo por el que modificó la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y 
sin  fianza  por  la  de  prisión  eludible  mediante  fianza  a  aquellos  investigados  cuya 
participación en los hechos no supuso ‘una irreparable puesta en riesgo de los derechos  e
esenciales  que  otros  partícipes  si  contrariaron’  y  cuya  actuación  se  ha  limitado  ‘a  bo
favorecer la proclamación de una falsa legislación paralela’. Descarta, sin embargo, que  48ww
ecinrc ruenlasctaiónnc iacos n qeul ed epmearmnditaienrtaen d em aomdipficaaror  yla o trmoes dinidvae sctiaguatdeolasr  codnec uprrriiseiróann  lparso vmisisiomnaasl, 
preoitreqruaer sseu,s  n‘aop odrteajcaino nemsa ergsetánn  ddiere cctoarmreecnctieó nv inoc udlaed assa ati sufnaacc eióxnp loas ióqnu vieionleesn tas eq uev,e daen 
alcanzados  por  ella’.  Respecto  de  este  grupo  de  investigados,  en  el  que  sitúa  al
recurrente, entendió que se imponía ‘un mayor grado de rigor y cautela’, tras conjugar su 
derecho a la libertad y el derecho de la comunidad a desarrollar su actividad cotidiana en 
un contexto despojado de violencia. El magistrado instructor concluyó que a este grupo 
de investigados no se le podía rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada por 
haber asumido su participación como candidatos en las elecciones autonómicas, pues 
‘[e]l  riesgo  de  reiteración  delictiva  va  expresamente  unido  a  las  responsabilidades 
políticas a las que aspiran’ (fundamento jurídico cuarto)» [ibidem].
Así pues, en las resoluciones judiciales impugnadas, por remisión a los precedentes 
autos de 4 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018, se asumen los concretos e 
individualizados razonamientos contenidos en dichos autos sobre la exclusión de la 
aplicación al demandante de amparo de medidas alternativas menos graves a la prisión 
provisional y sobre el mantenimiento de ésta. De otra parte, la argumentación en la que 
se sustenta la decisión judicial, básicamente que el riesgo de reiteración delictiva en el 
que se fundó la medida cautelar de prisión provisional estaba directamente conectado a 
una actividad pública a la que no ha renunciado y que desde diversos frentes ha servido 
de  instrumento  para  la  ejecución  de  los  hechos  investigados  sin  que  resultase 
suficientemente acreditada su voluntad de abandonar la conducta desplegada, satisface, 
en atención a las circunstancias concurrentes, la exigencia de proporcionalidad que la 
injerencia de la privación de libertad supuso en el ejercicio de su derecho al cargo 
representativo.
Con base en las precedentes consideraciones ha de ser desestimada la denunciada 
vulneración del derecho a acceder a los cargos públicos (art. 23.2 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Sánchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares  García.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio  Narváez  Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez 
Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan 
Antonio Xiol Ríos respecto de la sentencia pronunciada en el recurso de amparo 
avocado núm. 2226-2018
Con el máximo respeto a nuestros compañeros de Pleno, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través  s
de sus representantes (art. 23.1 CE), al no haberse realizado la ponderación requerida  oe.
por la afectación de este derecho. w.
aadfeocpEtacl icóipónrn ed seae ln utdneea r redecechcuoirss ióodn e  ddreee  pmaremasnpetanertnoai mciaóievnon ctpoao ddloíet i cspaul a dnseitte uaua ncdi óedn i pdnueuta epdvroois  iaólaun t opcnuroóevmsitsiicóioonn  apdlo.e rP  ollaar    2020-2248n https://ww
tanto, su objeto es similar al de la STC 155/2019, de 28 de noviembre, respecto de la
que  ya  formulamos  un  voto  particular  en  cuyo  apartado  primero  desarrollamos  los  Bc
aspectos constitucionales que considerábamos relevantes para resolver los supuestos 
de prisión provisional de miembros de las cámaras legislativas autonómicas desde la 
perspectiva del art. 23 CE. Para evitar reiteraciones, nos remitimos íntegramente a lo allí 
afirmando y nos limitaremos en el presente voto particular a exponer las razones por las 
que consideramos que en este caso tampoco la decisión de mantener la situación de 
prisión provisional del recurrente ha respondido a la ponderación constitucionalmente 
requerida por el derecho a la representación política.
1. El juicio de proporcionalidad realizado en el auto de instancia en relación con el 
derecho de representación política: El auto del magistrado-instructor de 6 de febrero 
de 2018 tenía por objeto pronunciarse sobre la modificación de la medida cautelar de 
prisión  provisional  que  venía  cumpliendo  el  recurrente  y  que  este  había  solicitado 
alegando,  entre  otras  razones,  su  condición  de  diputado  electo  del  Parlamento  de 
Cataluña por la circunscripción de Barcelona proclamada por la Junta Electoral Provincial 
de Barcelona en sesión de 27 de diciembre de 2017 («BOPC» núm. 1, de 19 de enero 
de  2018),  como  consecuencia  de  las  elecciones  autonómicas  celebrados  el  21  de 
diciembre de 2017, a los que había concurrido como el segundo titular de la candidatura 
de Junts per Catalunya (JuntsxCat) por dicha circunscripción.
Este auto no contiene ningún análisis específico sobre la afectación al derecho de 
representación política del recurrente derivada de su acceso a la condición de diputado 
autonómico,  quedando  limitado  su  análisis  a  insistir  en  la  existencia  de  indicios 
racionales de criminalidad contra el recurrente (fundamento de Derecho primero) y la 
persistencia  de  un  riesgo  de  reiteración  delictiva  como  fin  constitucionalmente 
legitimador de la medida cautelar (fundamento de Derecho segundo). De hecho, la única 
referencia que en este auto se hace de manera velada al acceso a la condición de 
diputado autonómico del recurrente lo es a los efectos de poner de manifiesto que 
aquella supone una confirmación del riesgo de reiteración delictiva. Así, se afirma en 
este auto que «como ya ha ocurrido con el resto de investigados, el solicitante mantiene 
su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el 
convencimiento  de  imposible  reiteración  delictiva  que  se  tendría  respecto  de  quien 
profese  la  ideología  contraria.  Pero  a  diferencia  de  algunos  investigados,  el  señor 
Sánchez, no solo no ha renunciado a una actividad pública que –desde diversos frentes– 
ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su 
compromiso integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la 
dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades 
que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 
CE»(fundamento de Derecho segundo).
Podría considerarse que este razonamiento incide implícitamente en la posibilidad de 
afectación del derecho de representación política y en la identificación del conflicto entre 
el fin legitimador perseguido por la medida –riesgo de reiteración delictiva vinculado al 
ejercicio del derecho de representación política– y una concreta dimensión del derecho 
de representación política que es el ejercicio de su función como diputado. Sin embargo, 
más allá de esta referencia, se omite cualquier consideración que pudiera entenderse 
como constitutiva del necesario juicio de proporcionalidad exigido por la invocación del 
derecho de representación política. Por ello, hay que considerar que esta resolución no 
contiene la ponderación constitucionalmente requerida para justificar la afectación del 
derecho de representación política.
2.  El juicio de proporcionalidad realizado en el auto de apelación en relación con el  e
derecho de representación política: El análisis realizado en el auto de apelación tampoco  bo
responde a la ponderación constitucionalmente requerida por la afectación del invocado  48ww
dereEclh aou dtoe  dpea rltaic sipaalac iódne  preoclíutircsao.s de 20 de marzo de 2018, en respuesta a la invocación
ddeip ulotasd doe areuctohnoós mai clao  lqibueer tiandc luidseoo hlóagbicíaa  syi ddoe  prreopprueessetnot apcoiór ne lp porleítsicidae dnete q dueiel nP ayrala emrae nutno 
de Cataluña como candidato a la presidencia de la Generalitat el 6 de marzo de 2018,
quedó limitada a la siguiente referencia contenida en su fundamento jurídico cuarto: «Por 
lo que se refiere a los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos 
públicos no hay vulneración alguna. No existen presos políticos en esta causa, sino 
políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de 
rebelión  y  sedición  entre  otros,  donde,  no  existiendo  víctimas  individualizadas,  son 
atacados  los  bienes  jurídicos  colectivos  protegidos.  Pretendían,  con  violencia, 
absolutamente  imprescindible  para  consumar  sus  propósitos  de  sustitución  de  la 
legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España una parte de su 
territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la CE»; añadiendo que «en el reciente auto 
de esta Sala de 14 de febrero de 2018, que ha rechazado promover una cuestión 
prejudicial europea sobre los artículos 47 y 48 del RP [Reglamento del Parlamento de 
Cataluña] y su forma de interpretarlos por el auto del instructor de 14 de diciembre 
de 2017, hemos resaltado el carácter respetuoso de esa resolución con los derechos de 
participación en asuntos públicos del recurrente preso, de acuerdo con las limitaciones 
implícitas que cada Estado puede modular de conformidad con el artículo 3 del protocolo 
adicional al Convenio de derechos humanos y libertades públicas, dado que el derecho 
de representación que se le reconoce no hace perder efectividad a la participación 
democrática ni modifica la aritmética parlamentaria de la Asamblea Legislativa de la 
comunidad autónoma».
Estos  razonamientos  no  satisfacen  tampoco  el  deber  de  ponderación  con  la 
intensidad constitucionalmente exigible cuando concurren los intereses constitucionales 
vinculados al derecho de representación política que estaban siendo sacrificados en este 
caso, ya que la mera referencia a la efectiva participación democrática, que parece 
vinculada en esa argumentación a la posibilidad de haberse presentado como candidato 
a las elecciones, y a que no se modifica la aritmética parlamentaria de la Asamblea 
Legislativa de la comunidad autónoma, no se extienden a la cuestión concretamente 
planteada sobre la adopción de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva 
que permitieran al recurrente hacer efectivo el ejercicio de su ius in officium como 
diputado autonómico mientras se mantenía su sometimiento a un proceso penal en el 
que todavía no había sido condenado y que forma también parte del necesario juicio de 
proporcionalidad cuando es invocado el derecho de representación política en supuestos 
como el presente.
3.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad  que 
deberían haber sido valorados: La función de este Tribunal en los procedimientos de 
amparo cuando se invoca un derecho sustantivo no se agota en un mero control externo 
del razonamiento de las resoluciones impugnadas, sino que, como máximo intérprete en 
materia de garantías constitucionales [art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 
y 161.1 b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], tiene una plenitud de jurisdicción para 
establecer el parámetro de protección de ese derecho sustantivo. De este modo, parece 
adecuado  incluir  una  última  reflexión  sobre  los  diversos  criterios  o  elementos 
constitucionalmente  relevantes  que  deberían  haber  estado  presentes  al  realizar  el 
necesario juicio de proporcionalidad y que ya se fueron desgranando en la primera parte 
del voto particular formulado a la ya citada STC 155/2019. A esos efectos, y sin ánimo 
exhaustivo, cabe mencionar lo siguiente:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es 
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica. 
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que  e
los intereses constitucionales se desenvuelven dentro de un mismo sistema y, por tanto,  bo
coadyuvan  e  interactúan  entre  ellos  de  manera  equilibrada.  No  obstante,  no  cabe  48ww
rinetneurensceiasr  eenn  ceol njfuliicctioo  cdoem por oupno reciloenmaelindtaod  maá sv adloerla rra czuoánla mesie netl op. eEsno  eels pperecsífeicnote d cea sloos, 
cpoomlítoic as ed ehl ar evceunrrideon tes eyñ, aplaonr dootr,o c, oenl cinutreríraéns,  ppúobrl icuon  eland eon, eerlv adre rloesc hroie sdgeo sre dpererisveandtoasc iódne 
una posible reiteración delictiva.
El derecho fundamental de representación política, como también se ha destacado, 
tiene una dimensión institucional al ser también instrumental del correcto funcionamiento 
del sistema de democracia parlamentaria. Su importancia estructural es de tal magnitud 
e  intensidad  que  cuenta  dentro  del  propio  diseño  constitucional  y  estatutario  con 
específicas  instituciones  de  protección  frente  a  eventuales  interferencias  de  otros 
poderes del Estado, como son las prerrogativas parlamentarias. Además, su eventual 
sacrificio supone una efectiva y actual incidencia en el ejercicio del derecho.
Por su parte, la finalidad de enervar los riesgos de reiteración delictiva es un interés 
constitucionalmente relevante en consideración a la protección de los bienes jurídicos 
que estarían en riesgo en caso de verificarse la reiteración del delito. Es un juicio de 
prognosis, por lo que su eventual sacrificio no supone un daño actual, sino meramente 
potencial, ya que la única consecuencia inmediata es que se mantendría la situación de 
riesgo para esos bienes jurídicos, pero no su lesión. Además, al estar asociado con una 
medida cautelar en el marco de una instrucción penal, la afirmación del riesgo de 
reiteración delictiva no se hace sobre la certeza de que se haya cometido un delito que 
pueda reiterarse, pues esta solo puede constatarse una vez que exista una sentencia 
condenatoria firme.
(ii)  La  intensidad  de  la  afectación  al  interés  constitucional  sacrificado:  En  el 
presente caso, el recurrente era un diputado autonómico electo y, por tanto, la afectación 
de su derecho de representación política era especialmente intensa en lo subjetivo y en 
lo institucional, pues se impedía al recurrente el ejercicio de funciones para las que es 
consustancial su presencia personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña de 
la participación en sus procesos deliberativos y decisorios de uno de sus miembros de 
especial relevancia política, habida cuenta de que, como ya se ha señalado, incluso 
había sido propuesto por el presidente del Parlamento de Cataluña como candidato a la 
presidencia de la Generalitat.
(iii)  La  posibilidad  de  protección  del  interés  constitucional  prevalente  con 
alternativas menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la 
decisión controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio 
de proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no era solo si el mantenimiento de 
la prisión provisional del recurrente era necesario en interés de la protección de bienes 
jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de reiteración delictiva, sino también si 
existían alternativas más equilibradas. Esto es, si era posible adoptar una decisión que, 
aun no enervando totalmente el riesgo que se intentaba controlar con el mantenimiento 
de  la  prisión  provisional,  fuera  menos  lesiva  para  los  intereses  constitucionales 
vinculados al derecho de representación política del recurrente.
Las decisiones adoptadas por el magistrado-instructor y por la sala de recursos 
maximizaron  el  control  sobre  los  riesgos  de  reiteración  delictiva  a  través  del 
sometimiento al recurrente a un control prácticamente absoluto mediante la privación de 
libertad. Puede decirse, pues, que el derecho de representación política del recurrente se 
veía anulado. En un contexto como este parecía indispensable un razonamiento acerca 
de que la posibilidad de que se hubieran adoptado algunas de las medidas de control 
previstas en la legislación procesal penal para los sometidos a procedimiento no tenía 
suficiente  eficacia  para  mantener  un  control  suficientemente  intenso  del  riesgo  de 
reiteración delictiva dentro de la menor afectación posible del derecho de representación 
política.  Parecía,  además,  necesario  valorar  –para  apreciar  la  necesidad  de 
desincentivar cualquier hipótesis de reiteración de las conductas que estaban siendo 
objeto de la instrucción penal– el hecho de que la decisión debía tomarse en un contexto  s
en  que  aquellas  conductas  habían  provocado  ya  la  excepcional  aplicación  del  oe.
mecanismo del art. 155 CE y que el recurrente había renunciado a la presidencia de la  w.
Asamblea Nacional Catalana, que era el cargo al que en buena medida se había  48ww
avifneccutalacdióon  edl erile sdgeore dceh or editee rarecpiórne sdeenlticatcivióan;  yp oplríeticgau ndtaerls ere sciu, rerenn cteo rrceolna cieósnt acso nm eeldloid, alas 
oafltreercníaa,t ivaassi mpisomdroía,  csoemr os unsececepstiabrleio ,d eco nusni dáemrabr itoco nd ee lc osnusfitcriicecnitóen  dmeteanlloes,  tianlt ecnosmo.o  Slea   BOE-A-cable e
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige, si era posible adoptar 
medidas  alternativas  que  paliaran  la  restricción  del  ejercicio  del  derecho  de 
representación política respetando el principio de proporcionalidad con respecto a la 
necesidad de salvaguardar los fines del proceso penal. Era, finalmente, procedente, en 
cualquier  caso,  la  consideración  de  si  la  eventual  insuficiencia  de  estas  medidas 
alternativas para conseguir el fin constitucionalmente relevante de enervar los riesgos de 
reiteración delictiva podía ser objeto de alteración progresiva en orden a la adopción de 
medidas de mayor control en función de que su eventual insuficiencia fuera confirmada 
por la sucesión de acontecimientos.
Estas consideraciones, como ya sucediera en relación con la citada STC 155/2019, 
nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro juicio, estimar el amparo y 
anular las resoluciones impugnadas con la finalidad de que la sala de recursos del 
Tribunal Supremo, a su libre criterio, efectuara una nueva valoración ponderando los 
elementos que han quedado señalados en este voto particular, y cualesquiera otros que 
pudieran ser relevantes para completar el juicio de proporcionalidad, o bien defiriera esta 
valoración al magistrado instructor con indicación de pautas o parámetros, con el fin de 
que se adoptara una nueva resolución acerca de las medidas que en su caso procedía 
adoptar respecto del entonces investigado. Somos conscientes, desde luego, de que la 
estimación del recurso de amparo no podría ir en este momento más allá de la mera 
declaración del derecho fundamental invocado en el recurso, puesto que, como es bien 
sabido, en la actualidad existe una sentencia firme de condena que pone fin a la 
situación de prisión provisional.
Hacemos abstracción de la trascendencia política y social del caso, pero no podemos 
sustraernos a su trascendencia jurídica, pues el derecho controvertido, como hemos 
expuesto especialmente en el voto particular que sirve de antecedente a este, afecta a la 
estructura del sistema democrático. Dado, pues, el carácter novedoso del problema 
planteado y la esencial relevancia que tiene el derecho a la representación política en el 
sistema  de  democracia  parlamentaria  que  constituye  nuestro  hábitat  constitucional, 
hemos considerado un deber que nuestra discrepancia quedara plasmada con todos los 
matices que aporta este voto particular. Son las consideraciones expuestas las que nos 
han llevado a tomar la decisión de disentir respetuosamente con la desestimación del 
presente  recurso  de  amparo  exclusivamente  en  lo  que  respecta  a  la  insuficiente 
ponderación del derecho de representación política.
Madrid, a quince de enero de dos mil veinte.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio 
Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.