BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69 Lunes 22 de marzo de 2021 Sec. TC.   Pág. 32832
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4501 Sala Segunda. Sentencia 26/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de 
amparo 6079-2019. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L.,  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera 
instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva:  STC  40/2020 
[inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de 
comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber 
de las personas jurídicas de relacionarse con la administración de justicia por 
medio  de  comunicaciones  electrónicas  con  la  regulación  del  primer 
emplazamiento en los procesos civiles].
ECLI:ES:TC:2021:26
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  6079-2019,  promovido  por  Euroinversiones 
Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  contra  el  auto  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e 
Instrucción núm. 5 de Lorca, de 21 de septiembre de 2018, que inadmitió la demanda de 
oposición a la ejecución formulada por dicha mercantil, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 284-2018 instado por la entidad Banco de Sabadell, S.A., y contra el 
auto del mismo juzgado, de 10 de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra la anterior resolución. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Se ha personado la entidad Pera Assets Designated Activity Company, actuando como 
sucesora procesal del banco ejecutante. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 25 de 
octubre de 2019, la procuradora de los tribunales doña Blanca Berriatua Horta, actuando 
en nombre y representación de Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., bajo la 
defensa del letrado don Marcelino Gilabert García, interpuso demanda de amparo contra 
las resoluciones arriba mencionadas. e
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  b
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes: 01ww
bienae)s  hLipao teenctaiddaods  cBoanntcrao  ladse  mSearbcaadnetillle, sS E.Au.r,o iinnvteerrpsiuosnoe sd Ienmmaonbdilaia rdiaes  eCjeocsutac iSónu r,s Sob.Lr.e, 
y Penrei Inversiones, S.L., en relación con la finca registral 43.403 sita en el término
municipal de Lorca, resultando la primera de las demandadas la deudora hipotecaria y, la 
segunda, titular de un derecho de uso y disfrute sobre dicho inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, al que correspondió 
el conocimiento del proceso, dictó auto el 7 de mayo de 2018 por el que acordó el 
despacho  de  ejecución  (procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  284-2018), 
requiriendo de pago a las ejecutadas y alternativo derecho a oponerse a la ejecución en 
el plazo de diez días.
b)  El 9 de mayo de 2018, el servicio de notificaciones electrónicas de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre remitió un correo al buzón de la dirección electrónica 
habilitada de la entidad aquí recurrente en amparo, avisándole de una notificación del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca relativa al proceso «EJH/0000284/2018», 
notificación a la que podía acceder entre los días 9 de mayo a 24 de junio de 2018.
c)  Sin que conste que se hubiere accedido al enlace habilitado en el anterior 
mensaje, el día 23 de junio de 2018 el servicio de notificaciones electrónicas mencionado 
remitió un nuevo correo al buzón de la dirección electrónica habilitada de la recurrente en 
amparo, recordándole el anterior aviso y la posibilidad de acceder a la notificación en el 
enlace indicado, hasta las 23:59 horas del día siguiente, 24 de junio de 2018.
d)  El día 24 de junio de 2018, por personal de la recurrente se accedió al enlace 
remitido por la dirección electrónica habilitada y, con ello, a la notificación enviada por el 
juzgado de primera instancia ejecutor en relación con el procedimiento hipotecario núm. 
284-2018. También en esa fecha, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió un 
certificado  electrónico  que  obra  en  las  actuaciones  del  proceso  (al  igual  que  los 
anteriores correos), dejando constancia de que la notificación había sido «aceptada».
e)  El 9 de julio de 2018, el representante procesal de la demandante de amparo 
formalizó ante el juzgado a quo el escrito de oposición al despacho de ejecución.
f)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca dictó auto el 21 de 
septiembre de 2018, con esta dispositiva:
«Acuerdo:
1.  Inadmitir  a  trámite  la  oposición  formulada  por  la  parte  ejecutada  Penrei 
Inversiones, S.L., Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., representada por el 
procurador don Antonio Serrano Caro por estar presentada fuera de plazo, contra Banco 
de Sabadell, S.A.
2.  Mandar seguir con la presente ejecución y en los términos ya acordados.»
En cuanto a la inadmisión del escrito de oposición a la ejecución, el auto razonó en 
su fundamento de Derecho único lo que sigue:
«Único.–Se establece en el artículo 134 LEC, la improrrogabilidad de los plazos 
establecidos en la misma, y en el artículo 136 LEC, que transcurrido o pasado el término 
señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se 
perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate.
Establece el artículo 695 LEC, que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho 
de ejecución en los términos previstos en dicho artículo y en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del auto y del decreto. Constando en el 
presente supuesto que la parte ejecutada se ha opuesto una vez transcurrido el plazo 
que legalmente se le otorga, debe ser inadmitida su oposición por extemporánea, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos citados.»
Como pie de recurso, se ofrecía «recurso de reposición en el plazo de cinco días  b
ante este tribunal». 01ww
de  gre) poPsiocri óenl  rceopnretrsae netal naten teprrioocre saault od.e  Elan d eeml arencduarnstoe  ddee faemndpióa roq usee  inlate rnpoutisfioc areccióunr soy 
reeleqcuterórinmiciean rteom  diteid ap ya gnoo  atunvtoe s,l usgieanr docu daensddoe  aecnctoendcióe s aql uceo cnatebníaid coo mdep utlaar  neol tpifliaczaoc iódne 
diez días del art. 556 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Con invocación también de
los arts. 135, 152.1.2, párrafo tercero, 155.2, 162 y 273 LEC, y doctrina de este Tribunal 
Constitucional sobre el derecho a no padecer indefensión y la importancia de los actos 
de comunicación procesal, afirmó que de no tener el juzgado por formulada su demanda 
de oposición al despacho de ejecución, se vulneraría su derecho a la tutela judicial 
efectiva y sin indefensión, quedando denunciado a esos efectos.
h)  El juzgado ejecutor dictó auto el 10 de septiembre de 2019 en desestimación del 
recurso de reposición, con los argumentos que expuso en su razonamiento jurídico 
segundo:
«El  recurso  debe  ser  desestimado  pues  ninguna  infracción  se  comete  en  la 
resolución recurrida. En el presente caso, siendo indiscutible la condición de personas 
jurídicas de las recurrentes (sic), las mismas desde el 1 de enero de 2017 (disposición 
transitoria  cuarta  de  la  Ley  42/2015,  de  5  de  octubre,  de  reforma  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento civil) están obligadas a relacionarse con la administración de justicia por 
medios electrónicos [art. 14.2 a) de la Ley 39/2015 LPACAP y art. 273.3 a) LEC].
Interpretan  las  recurrentes  de  forma  errónea  la  normativa  aplicable.  Así  el 
artículo 162.2 LEC en cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, 
cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por 
los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su 
contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando 
plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de 
acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera 
a causas técnicas y estas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el 
acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En 
cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que 
conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se 
entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo 
acreditativo de su recepción.
En este sentido los artículos 33.2 y 34 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de 
justicia  establecen  que  las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  se 
realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y serán 
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifique con la autenticación que sea 
exigible al remitente y al destinatario de las mismas; el sistema de notificación permitirá 
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del 
interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido. En caso 
de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se 
procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la 
práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e 
incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de 
comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, 
el  destinatario  del  acto  de  comunicación  tendrá  derecho  a  obtener  copia  de  la 
documentación recibida en formato electrónico.
A su vez el artículo 11.2 del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la administración de justicia en el ámbito territorial del  e.
Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet determina que será de  w.b
aplicación a los actos de comunicación realizados a través de la sede judicial electrónica  01ww
lo diAsp tuaelessto e efenc etol sa rrteícsuulolta 1 6c2la.r2if idcea dlao rL eeyl  adceu eenrdjuoic niaom jiuernistod iccicviiol.nal del Pleno de la Sala
Ccounasrttaan dceial  Tdreib ulan acl oSrruepcrteam roe mdeis i6ó nd ed ejul lioa cdtoe  2d0e1 6co (mLau nLiceayc 7ió2n8 6y6 /t2ra0n1s6c):u "rCrauna ntrdeos  hdaíyaas 
hábiles sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación
ha  sido  efectuada  con  plenos  efectos  procesales.  Por  tanto,  constando  correcta  la 
remisión de la comunicación tal y como se constata por el letrado de la administración de 
justicia, el hecho de que el destinatario no hubiera accedido al contenido sino hasta el 9 
de  diciembre  de  2017  no  es  determinante  de  nulidad  de  actos  por  cuanto  la 
comunicación se entiende efectuada con plenos efectos procesales. Por todo ello se 
desestima el recurso […]".
En  el  presente  caso,  consta  que  la  notificación  se  puso  a  disposición  de  las 
recurrentes en fecha 09 de mayo de 2018 no accediendo al contenido hasta el día 24 de 
junio de 2018 (fuera de los tres días que establece la normativa procesal), presentando 
los escritos de oposición a la ejecución en fecha 09 de julio de 2018 claramente fuera del 
plazo legalmente establecido en el art. 556.1 LEC (dentro de los diez días siguientes al 
de la notificación del auto despachando ejecución,) y siendo que, conforme al art. 136 
LEC, transcurrido o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal 
de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que 
se trate, es claro que dichas oposiciones son extemporáneas siendo la consecuencia 
legal la inadmisión.»
Como pie de recurso, el auto indicaba que dicha resolución «es firme, y contra la 
misma no cabe recurso alguno». Tanto este auto como el anterior de 21 de septiembre 
de 2018, fueron notificados por el juzgado al procurador de la demandante de amparo a 
través del sistema Lexnet, tal como obra en las actuaciones.
Notificado así el auto de 10 de septiembre de 2019, por la indicada mercantil se 
interpuso el presente recurso.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  las  resoluciones  judiciales  impugnadas 
causaron, en primer lugar, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de la entidad 
recurrente, al haberse efectuado su emplazamiento como ejecutada en el procedimiento 
hipotecario de referencia a través de un correo electrónico remitido por un servicio de 
notificaciones electrónicas, y no mediante entrega de la documentación correspondiente 
en papel en la sede de su domicilio social, tratándose de su primer emplazamiento 
judicial en el proceso, como establece el art. 273 LEC, en relación con los arts. 135, 152, 
162 y en especial el art. 155.1 de esta ley, objetando también que el juzgado haya hecho 
el cómputo del plazo para oponerse, desde la fecha del envío del correo a la dirección 
electrónica habilitada y no del acceso a la notificación, inadmitiendo así su escrito.
Sobre el auto del 10 de septiembre de 2019 que desestimó el recurso de reposición 
promovido contra la anterior resolución —y del que se han expuesto sus argumentos—, 
se rechaza por la recurrente que el juzgado haya fundamentado su segunda decisión en 
la  Ley  de  procedimiento  administrativo  común,  que  considera  inaplicable  al  ámbito 
procesal civil. Precisa que, en materia de notificación de actos procesales existe una 
normativa  propia  detallada  en  la  Ley  de  enjuiciamiento  civil  según  ha  expuesto, 
ensamblada en el haz de garantías que se derivan del art. 24 CE.
Alega también la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en cuanto a un proceso de defensa contradictoria, y del derecho a la 
asistencia letrada (art. 24.2 CE), aunque sin concreción al caso. Y solicita la estimación 
del amparo, con nulidad de los dos autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al 
momento previo al dictado de la primera de aquellas, a fin de que el juzgado a quo 
admita a trámite la oposición al despacho de ejecución formulada.
Por medio de un «segundo otrosí digo», el escrito de demanda argumentó «que la  e
continuación de la ejecución derivadas (sic) de los pronunciamientos judiciales que han  bo
sido objeto de impugnación, con la celebración de subasta y la eventual adjudicación a  01ww
tseurscpeeronss,i ópnu eddee nla h acocenrti npueardcieórn a ld erel cpurroscoe ddeim aiemnptoa rod es ue jfeincaulcidióand , hpipoor teloc aqruiae  s2o8l4ic-i2to0 1l8a 
sseeag urideosu aenlttoe  eell  Jpurzegsaednote d ree Pcurirmsoe rad eI nasmtapnacirao ,e  pInosntiréuncdcoiólon  ennú mc.o 5n odceim Lioernctao,  hdaesl tóar tgaanntoo 
judicial».
4.  Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Cuarta de este tribunal dictó 
providencia el 27 de enero de 2020 por la que acordó: (i) admitir a trámite el recurso, 
«apreciando  que  concurre  en  el  mismo  una  especial  trascendencia  constitucional 
(art. 50.1 LOTC) toda vez que el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2, b)]»; (ii) 
constatar la existencia en el tribunal del testimonio de las actuaciones de la ejecución 
hipotecaria 284-2018 por haber sido remitidas por el órgano ejecutor a requerimiento de 
la secretaría de justicia de este tribunal y emplazar a quienes hubieran sido parte en el 
proceso de ejecución, excepto a la recurrente en amparo, para poder comparecer en el 
presente  proceso  constitucional  en  del  plazo  de  diez  días,  a  efecto  de  formular 
alegaciones; y (iii) formar la correspondiente pieza separada de suspensión».
5.  Por escrito presentado en el registro de este tribunal el 26 de febrero de 2020, la 
procuradora de los tribunales doña María Claudia Munteanu, con la asistencia letrada de 
don Alejandro Ingram Solís, actuando en nombre y representación de la entidad Pera 
Assets Designated Activity Company, solicitó se tuviera a esta última como personada y 
parte recurrida en lugar de la ejecutante Banco de Sabadell, S.A., entendiéndose con 
dicha procuradora las actuaciones sucesivas de este proceso. Justificaba su petición en 
la escritura de cesión onerosa de créditos hipotecarios suscrita con Banco de Sabadell, 
S.A., como cedente, otorgada el 23 de julio de 2019, y en su efectiva personación en el 
proceso de ejecución donde fue acordado su emplazamiento ante este tribunal.
6.  Mediante diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sección 
Cuarta  de  1  de  octubre  de  2020  se  acordó:  (i)  tener  por  personada  y  parte  a  la 
procuradora señora Munteanu en nombre y representación de la sociedad indicada y (ii) 
dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por 
plazo común de veinte días para presentar alegaciones de conformidad con lo previsto 
en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
7.  La  representante  procesal  de  la  entidad  recurrente  presentó  su  escrito  de 
alegaciones  el  3  de  noviembre  de  2020,  por  el  que  interesó  se  dictara  resolución 
estimatoria del recurso de amparo, haciendo mención a la STC 40/2020, del Pleno del 
Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de amparo 5377-2018 interpuesto por la 
misma recurrente «en un asunto prácticamente igual al del presente recurso de amparo» 
que refuerza las exigencias para llevar a efecto el primer emplazamiento.
8.  El fiscal ante este Tribunal Constitucional presentó escrito de alegaciones el 16 
de  noviembre  de  2020,  por  el  que  interesó  de  este  tribunal  que  dictara  sentencia 
otorgando el amparo a la recurrente, con reconocimiento de la vulneración de su derecho 
a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), nulidad de «todo lo actuado 
desde  la  notificación  efectuada  electrónicamente  del  auto  despachando  ejecución 
acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lorca, en el juicio 
de  ejecución  hipotecaria  284-2018»,  y  retroacción  de  las  actuaciones  al  momento 
inmediato anterior a aquella notificación, «para que se le dé al recurrente posibilidad de 
formular oposición a la ejecución».
Identifica el recurso «como uno de los que componen la serie de los interpuestos por 
Euroinversiones  Inmobiliarias  Costa  Sur,  S.L.,  y  Penrei  Inversiones,  S.L.,  frente  a 
diversos  autos  dictados  en  procedimientos  hipotecarios  tramitados  por  diferentes 
juzgados de primera instancia de Lorca, por idénticas vulneraciones» y recuerda, con  e.
cita de la STC 40/2020, del Pleno, de 27 de febrero, y de la STC 43/2020, de 9 de  w.
marzo, que algunos ya han sido resueltos por lo que, al concurrir identidad fáctica y  01ww
jurídica, procedería aplicar la doctrina sentada en dichas resoluciones.
ning9ú.n  eNsoc rictoo ndset aa lpergeasceionntaedso d ed elan teron tiddeald p Plaezroa  Adessl eatrst .D 5e2s igLnOaTteCd,  Ao cctiovnity p Coosmtepriaonriyd.ad,
10.  Respecto de la solicitud de suspensión formulada por la recurrente en amparo 
mediante otrosí de su escrito de demanda, por auto de la Sala Segunda de este tribunal 
núm.  30/2020,  de  24  de  febrero,  se  acordó:  «1.º  Denegar  la  suspensión  cautelar 
solicitada […]; 2.º Ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el 
registro de la propiedad, a cuyo efecto el referido juzgado ha de expedir el mandamiento 
oportuno, para que pueda practicarse la misma en relación con el inmueble a que se 
refieren las presentes actuaciones».
11.  Por  la  secretaría  de  justicia  se  ha  dictado  diligencia  el  18  de  noviembre 
de 2020, dejando constancia de la presentación de los escritos de alegaciones del 
Ministerio Fiscal, del representante procesal de la recurrente en amparo y de su falta de 
presentación por la entidad recurrida, quedando el asunto concluso y pendiente para 
deliberación cuando por turno correspondiera.
12.  Mediante  providencia  de  fecha  11  de  febrero  de  2021  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 6/2019, 47/2019 y 40/2020.
La presente demanda se integra en la serie de recursos de amparo interpuestos por 
dos entidades, una de ellas la aquí recurrente, demandadas en procesos ejecutivos 
hipotecarios seguidos ante diversos juzgados de primera instancia de Lorca, los cuales, 
tras emplazarlas por vía electrónica a través del servicio de notificaciones electrónicas y 
de dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han 
inadmitido a trámite los escritos de oposición a la ejecución presentados por aquéllas, al 
considerarlos extemporáneos mediante un cómputo de plazo realizado con arreglo a 
normas del procedimiento administrativo común.
En concreto, en el presente recurso la entidad Euroinversiones Inmobiliarias Costa 
Sur, S.L., impugna los autos del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lorca, de 21 de 
septiembre de 2018 y 10 de septiembre de 2019, recaídos en el proceso hipotecario 
núm. 284-2018.
La demanda de amparo alega la vulneración del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), en sus vertientes de derecho a no padecer indefensión y a 
obtener  una  resolución  fundada  en  Derecho,  al  no  haberse  efectuado  aquel 
emplazamiento  de  manera  personal  y  con  entrega  en  papel  de  la  documentación 
correspondiente, tal y como establecen las normas de la Ley de enjuiciamiento civil. 
Aduce otras dos quejas por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE), en su faceta de defensa contradictoria; y el derecho a la asistencia letrada 
(art. 24.2 CE), ambas sin embargo carentes de soporte argumental propio. El Ministerio 
Fiscal, por su parte, interesa la estimación del amparo por el primer motivo, mientras que 
la entidad recurrida no ha efectuado alegaciones.
Planteado en estos términos el debate, debe indicarse que el Pleno de este tribunal 
ha dictado, como afirma en trámite de alegaciones la recurrente en amparo y subraya el 
Ministerio Fiscal, la STC 40/2020, de 25 de febrero, en la que ha tenido la oportunidad de 
resolver el recurso de amparo cabecera de esta serie, promovido contra dos autos de 
coincidente contenido con los que ahora se impugnan, y donde dio respuesta a los 
mismos argumentos que defienden aquí las partes, con fallo estimatorio de la demanda.  s
Descartada  aquí  la  concurrencia  de  algún  elemento  distintivo  que  obligue  a  una  oe.
fundamentación o resultado distinto a lo declarado entonces, procede por tanto que  w.
hparogcaEemns aotals lp  asoperl nifcataildtcaoió ,d nleu d eaegg oloa td acemit adiedenast posee jdnaetre  elnanc  viaeía l 4 fj0uu/nd2di0ca2ima0l .epnrteov ijau raídl icaom 2p acruoa [laqrut.ie 4r 4p.1o saib) leL OóTbCic]e,   2021-4501n https://ww
al no caber recurso contra el auto desestimatorio de la reposición y así indicarlo el pie de
recurso de este, y no ser tampoco el amparo prematuro por interponerse sin esperar a la  Bc
finalización  del  proceso  ejecutivo  hipotecario  a  quo,  se  aborda  en  el  fundamento 
jurídico 3 el examen de la queja de fondo por lesión del art. 24.1 CE derivada de la 
inadmisión  del  escrito  de  oposición  a  la  ejecución,  advirtiéndose  que  resulta  de 
aplicación al caso la doctrina de este tribunal plasmada en sus SSTC 6/2019, de 17 de 
enero, FJ 4 a), dictada en sede de cuestión de inconstitucionalidad, y 47/2019, de 8 de 
abril,  FJ  4  a),  recaída  en  proceso  de  amparo,  «en  relación  con  la  garantía  de 
emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en esta 
materia por la Ley de enjuiciamiento civil (directa o supletoriamente), como primera 
comunicación con el órgano judicial competente, sin que pueda ser sustituida por una 
comunicación electrónica», como puede ser el caso de la efectuada a través de la 
dirección electrónica habilitada. Tal emplazamiento personal se exige en el art. 155.1 
LEC, y lo complementa la regla del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las 
copias de los escritos y documentos para ese primer emplazamiento. El incumplimiento 
de este deber del órgano judicial, «acarrea por tanto la conculcación de aquel derecho 
fundamental», tal y como ya ha declarado este tribunal en varios recursos de amparo 
referidos a procesos laborales, civiles y concursales, que se especifican en el mismo 
fundamento jurídico 3, precisamente en aplicación de la doctrina de referencia.
Constata  entonces  la  STC  40/2020,  en  su  fundamento  jurídico  4,  como  ha  de 
hacerse también ahora, que las dos resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, al no proceder a su emplazamiento 
personal  en  el  proceso  a  quo  a  efectos  de  requerirla  de  pago  o  alternativamente 
permitirle presentar su oposición a la ejecución, optando en cambio el juzgado por un 
emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección 
electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no previsto en la 
normativa procesal y que apenas consistía en un aviso remitiendo a un enlace de 
internet para poder conocer el contenido de la notificación. Además, computó el plazo 
para  presentar  el  escrito  de  oposición  invocando  normas  del  procedimiento 
administrativo  común,  que  son  ajenas  al  ámbito  jurisdiccional  en  el  que  nos 
encontramos, en alegal conjunción con el plazo del art. 556 LEC. Todo lo cual determina 
la estimación del amparo por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (art.24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
Procede por ello acordar la nulidad de los autos impugnados y de todo lo actuado en 
el  procedimiento  hipotecario  a  quo  desde  el  momento  en  que  se  proveyó  a  su 
emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, con retroacción de las 
actuaciones para que el juzgado practique dicho emplazamiento en los términos exigidos 
por la ley (art. 155.1 y 273.4 LEC), de manera respetuosa con el derecho fundamental de 
la demandante.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, 
S.L., por vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer 
indefensión (art. 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar  la  nulidad  de  los  autos  de  21  de  septiembre  de  2018  y  10  de  e.
septiembre de 2019, dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5  w.b
de Lorca en el proceso de ejecución hipotecaria núm. 284-2018, así como la nulidad de  01ww
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última  por  el  juzgado  ejecutor,  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.