BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95378
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13436 Sala Segunda. Sentencia 107/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso 
de amparo 5909-2018. Promovido por la Junta de Extremadura respecto de 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación 
por  infracción  de  normativa  autonómica  en  procedimiento  abreviado  en 
materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(acceso al recurso): STC 99/2020 (resoluciones judiciales que inadmiten, sin 
causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas 
autonómicas). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2020:107
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta; y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5909-2018, promovido por la Junta de Extremadura, 
contra  el  auto  núm.  6/2018,  de  10  de  septiembre,  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que inadmitió a trámite 
el  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa  autonómica  preparado  por  la 
institución  ahora  recurrente  contra  la  precedente  sentencia  núm.  33/2018,  de  2  de 
marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, que había 
estimado  íntegramente  el  recurso  interpuesto  por  la  contraparte  contra  anteriores 
resoluciones del Servicio Extremeño de Salud, denegatorias de una reclamación de un 
complemento retributivo; así como contra la providencia de 11 de octubre de 2018 de la 
misma sala, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, igualmente 
promovido por la institución autonómica. Ha sido parte doña María Redondo Moreno. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Antonio Narváez 
Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este tribunal el día 12 de noviembre 
de  2018,  la  procuradora  de  los  tribunales  doña  Aurora  Gómez-Villaboa  Mandri,  en 
nombre y representación de la Junta de Extremadura, defendida por la letrada de sus 
servicios  jurídicos  doña  Ana  Cristina  Sánchez-Barriga  Leiton,  interpuso  recurso  de 
amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  que  se  citan  en  el  encabezamiento,  por  e
vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y la igualdad en la  b
aplicación de la ley. 436ww
2.  La demanda trae causa de los siguientes hechos:
procae)d imPioern tov iratubdre vdiaed os ennútmen. c1ia5 6-n2ú0m17. , 3e3l /J2u0z1g8a, dod ed e2 l o dCe onmteanrczioo,s or-eAcdamídian isterna tiveol   BOE-A-cable e
núm. 1 de Mérida estimó íntegramente el recurso interpuesto por doña María Redondo 
Moreno contra la resolución de 20 de febrero de 2017, rectificada por otra resolución 
de 6 de marzo siguiente, del director gerente del Servicio Extremeño de Salud, que había 
desestimado el recurso de alzada formalizado por aquella contra otra resolución anterior 
del gerente de área, que había rechazado su reclamación consistente en el abono del 
complemento  específico  denominado  «de  comunidad  autónoma»,  establecido  como 
retribución  complementaria  para  el  personal  estatutario  sanitario  del  grupo  A1,  con 
efectos del 1 de septiembre de 2012, en las cuantías aprobadas para cada período, más 
los intereses legalmente aplicables sobre cada una de las mensualidades adeudadas 
hasta el completo pago.
En el pie de la sentencia se indicaba que, contra la misma, no cabía interponer 
recurso alguno. Sin embargo, mediante ulterior auto de 9 de mayo de 2018, el juzgado 
aclaró en su parte dispositiva que, si bien no era posible interponer recurso de apelación 
«al ser la cuantía del procedimiento inferior a 30 000 €», sí era «susceptible de recurso 
de casación conforme al artículo 86 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa (LJCA), al contener doctrina que se estima gravemente dañosa para los 
intereses generales y es susceptible de extensión de efectos».
b)  La  Junta  de  Extremadura  preparó  recurso  de  casación  contra  la  anterior 
sentencia alegando infracción de la normativa autonómica correspondiente; a tal efecto, 
presentó el correspondiente escrito para su remisión ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En lo que ahora es de interés, en el escrito de preparación del recurso, se expresó el 
conjunto de la normativa autonómica que, a juicio de la parte, había sido infringida y que 
era relevante para la resolución del proceso, así como el cumplimiento de los demás 
requisitos procesales para la admisión, de modo particular, que el recurso presentaba 
interés casacional objetivo.
Asimismo,  dentro  del  apartado  correspondiente,  se  ponía  de  manifiesto  que  el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Mérida había dictado las sentencias 
núms. 127/2017, 128/2017, 131/2017 y 133/2017, todas ellas de 24 de octubre de 2017, 
por las que, a través de la argumentación que se sostenía en las mismas, había llegado 
a la solución contraria a la que hubo establecido la sentencia ahora impugnada, siendo 
desestimatorios los pronunciamientos realizados en aquellas.
Por todo ello, el escrito de la Junta de Extremadura entendía que la sentencia 
impugnada  podría  establecer  una  doctrina  gravemente  dañosa  para  los  intereses 
generales y, además, susceptible de extender sus efectos a otros supuestos semejantes, 
en la medida en que se trataba de cuestiones de personal.
c)  Por medio de auto núm. 6/2018, de 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  acordó  inadmitir  a 
trámite el recurso preparado.
En su resolución, el tribunal destacó los siguientes argumentos para la inadmisión a 
trámite del recurso:
(i)  Que el art. 86.1 LJCA únicamente admite la procedencia del recurso de casación 
y su conocimiento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
«frente a las sentencias dictadas en única instancia por juzgados de lo contencioso-
administrativo».
(ii)  La ausencia de preceptos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en la 
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa que permitan la procedencia 
de este recurso de casación contra las indicadas sentencias de los juzgados de lo  e.
contencioso-administrativo, por infracción de normativa autonómica. A tal efecto, hace  w.b
cita expresa del art. 74 LOPJ para sustentar este argumento y, a continuación, señala  436ww
pqaurea  lousn aifirctsa.c i9ó9n  yd 1e0 1d oLcJtCrinAa,  qyu ee,n r einspteercétsiv adme elnat el,e yre, ghualanb asnid olo sd ererocguarsdooss  dpeo cr alsaa cLióeny 
Oderg mánoidcoa  q7u/2e0 t1a5le,s d ree c2u1r sdoes  j«unlioo ,e dxeis tmeno daicfitcuaaclimóne ndtee »l.a Ley Orgánica del Poder Judicial,
(iii)  Que el art. 86.3, párrafo segundo, LJCA, que es el que regula el recurso de 
casación por infracción de normativa autonómica, «por un lado, no menciona como 
susceptibles  de  ser  recurridas  en  casación  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo» y, «por otro, el precepto ha sido redactado por la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio», por la que se modifica la Ley 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin que dicha disposición final 
tenga rango de ley orgánica sino de ley ordinaria, según prevé la disposición final quinta 
de la Ley Orgánica 7/2015.
En el criterio de la sala, la competencia para el conocimiento del recurso de casación 
en tales supuestos «debe regularse en norma con rango de ley orgánica y no en una ley 
ordinaria, conforme al art. 122.1 CE. La reserva de ley orgánica debe comprender, como 
mínimo,  además  de  la  institución  de  los  diferentes  órdenes  jurisdiccionales,  la 
configuración definitiva de los tribunales de Justicia y la definición genérica de su ámbito 
de conocimiento litigioso».
(iv)  Que, salvo la mención que se hace en el art. 86.3 LJCA, no existe ninguna otra 
referencia  al  procedimiento  del  recurso  de  casación  por  infracción  de  normativa 
autonómica, dado que el «trámite procedimental de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa está previsto en su integridad para la tramitación del recurso 
de  casación  ante  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  sin  que  exista  regulación 
alguna» de la tramitación de este recurso ante las salas de lo contencioso-administrativo 
de los tribunales superiores de justicia.
d)  La Junta de Extremadura decidió promover incidente de nulidad de actuaciones 
contra el anterior auto y defendía en su escrito la vulneración de los siguientes derechos 
fundamentales:
(i)  De su derecho a la tutela judicial efectiva, al entender que el órgano judicial le 
hubo negado el derecho «a entablar un recurso de casación configurado legalmente». 
Desarrollaba  esta  denuncia  aportando  una  serie  de  argumentos  apoyados  en  una 
interpretación de los apartados 1 y 3 del art. 86 LJCA, en el silencio del art. 74 LOPJ y en 
la no exigencia del carácter de ley orgánica para el establecimiento de esta modalidad 
impugnativa, así como en diferentes resoluciones de otras salas de lo contencioso-
administrativo de los tribunales superiores de justicia que habían admitido la procedencia 
de este recurso en tales casos (autos de 11 de abril de 2017, recurso 1-2016, del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y de 12 de febrero de 2018, recurso 1-2018, del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco).
(ii)  De su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener 
una resolución judicial motivada y congruente con las pretensiones ejercitadas en su 
escrito de preparación del recurso de casación, pues entiende que la sala incurrió en 
incongruencia omisiva, al no haber dado respuesta a algunas de las cuestiones que le 
fueron propuestas en el trámite de preparación del recurso de casación. Sin embargo, la 
parte no hace ninguna referencia a qué cuestiones fueron planteadas y no resueltas por 
el tribunal.
(iii) Del derecho de defensa, como consecuencia de la precedente infracción que se 
denuncia de su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse acogido «la doctrina 
contenida en la STS de 16 de diciembre de 2010 de admisión del recurso de casación, al 
cerrarse la vía del interés casacional objetivo del art. 88.2 y 3 de la LJCA».
(iv)  Del principio de igualdad en la aplicación de la ley, puesto en relación con la 
anterior vulneración denunciada del derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en  e
que la sala no ha valorado que los tribunales superiores de justicia de otras comunidades  bo
autónomas hayan «puesto soluciones a la falta de regulación normativa». 436ww
Admei)n istPraotri vmo eddeiol  dTer ibpuronvaild eSnucpiae rdioer  1d1e d eJ uoscttiucibar ed dee  E2x0t1re8m, laad Suraala  ddeec ildoi óC oinnatednmciitoirs oa-
trámite el incidente de nulidad de actuaciones.
En su resolución, después de señalar que la parte promotora del incidente, «no 
modifica la fundamentación jurídica del auto de inadmisión del recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica», destaca que «[s]e trata de un recurso que no está 
previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa al no indicarse 
expresamente  que  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo 
puedan ser objeto de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura».
Agrega que no se indica en qué resoluciones y en qué supuestos las decisiones de 
los juzgados pueden ser objeto de recurso de casación y no existe regulación procesal 
alguna para este tipo de recurso ante las salas correspondientes de los tribunales 
superiores de justicia. De modo textual dice que, «[r]espetando las decisiones de otros 
Tribunales Superiores de Justicia, no es posible que un recurso de casación pueda 
admitirse, decidirse en qué supuestos cabe y tramitarse cuando existe una absoluta falta 
de regulación en la LJCA. Lo mismo sucede, como se expone en el auto, en la LOPJ».
3.  La demanda de amparo, después de identificar las dos resoluciones judiciales 
recurridas, esto es el auto núm. 6/2018, de 10 de septiembre, y la providencia de 11 de 
octubre, ambos de 2018, dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, fundamenta su recurso en la alegada 
vulneración de los siguientes derechos fundamentales:
a)  En primer lugar, denuncia la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva 
en su vertiente del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE), porque entiende que el 
órgano judicial le ha denegado a la recurrente su derecho a recurrir en casación, al 
considerar que el legislador no lo ha previsto para supuestos como el de autos. Señala 
que, a diferencia de lo que sostienen las resoluciones impugnadas, lo que pretendía 
recurrir en casación, por estimarlo así procedente, era una sentencia dictada por un 
juzgado de lo contencioso-administrativo, en la que, a su entender, concurría interés 
casacional objetivo, era gravemente dañosa para el interés general y susceptible de 
extender sus efectos a otros casos semejantes.
En  la  medida  en  que,  a  su  juicio,  el  legislador  ha  previsto  este  recurso  para 
supuestos  de  sentencias  de  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo  cuando 
concurran los requisitos legalmente previstos, se ha vulnerado su derecho de acceso al 
recurso, pues la decisión judicial de inadmisión del preparado por la parte contraviene 
aquella previsión legislativa. La demanda, a este respecto, hace expresa mención de la 
STC 9/1992, de 16 de enero, con cita textual de parte de su fundamentación, para aludir 
a la doctrina de este tribunal sobre el derecho de acceso al recurso.
Asimismo, desarrolla la argumentación de esta queja por remisión a los precedentes 
escritos de preparación del recurso de casación y de promoción del incidente de nulidad 
de actuaciones, que presentó ante el órgano judicial, en los que hace un pormenorizado 
análisis de las razones por las que entiende que el legislador ha previsto la procedencia 
del recurso de casación en supuestos como el de autos. Así, destaca que el nuevo 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica, introducido por la Ley 
Orgánica 7/2015, tiene la finalidad de «intensificar las garantías en la protección de los 
derechos de los ciudadanos; este nuevo recurso tiene su fundamento en la necesidad de 
facilitar la unificación de la jurisprudencia y potenciar la función nomofiláctica atribuida al 
Tribunal Supremo […]». A continuación, señala que «este modelo prevé un recurso de 
casación autonómica (subrayado en el texto del escrito de la parte) encomendado a las 
salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia en línea  e
con el art. 152.1 CE respecto del ordenamiento autonómico, con la misma finalidad que  bo
el recurso de casación ante el Tribunal Supremo». 436ww
reguMlaácsió and ceolamnptele, tlaa  dleetr aedstaa  dme olad aJliudnatda  cdaes Eacxitorenmala «doubrali geax pao anpel iqcaure  alan aaluósgeicnacmiae dnete u lnaas 
dcoisrpreosspicoionndeiesn treesla ativdaasp taa cliao nceass aacl ióánm bciotom úanu toon aónmteic oe,l  aTlr ihbaubnearl sSeu ipnrfreinmgoid, ore laal inzaonrmdoa tilvaas 
autonómica».
Igualmente, pone de manifiesto el escrito que el «silencio del legislador orgánico (en 
referencia al art. 74 LOPJ) y la creación del recurso por ley ordinaria no parecen 
comportar violación de la reserva de ley orgánica que establece el artículo 122 de la 
Constitución  para  materias  de  “constitución  y  funcionamiento”  de  los  juzgados  y 
tribunales». Como apoyo a su tesis, menciona diferentes resoluciones de este tribunal 
(SSTC 224/1993, de 1 de julio; 254/1994, de 15 de septiembre; 213/1996, de 19 de 
diciembre, y 12/2011, de 7 de julio) en las que se recoge su doctrina sobre la reserva de 
ley orgánica para determinadas materias, concluyendo más tarde con la afirmación de 
que «resulta lícito en términos constitucionales» la atribución del conocimiento de ciertos 
asuntos o recursos a un orden jurisdiccional por parte de una ley ordinaria, integrando 
los genéricos enunciados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «siempre que no 
contradiga el diseño que de los distintos órdenes jurisdiccionales haya establecido» la 
citada ley orgánica.
A partir de la anterior afirmación, la actora sostiene que la modificación introducida 
por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, cuyo rango es de ley ordinaria, 
según prevé su disposición final quinta, apartado primero, «se puede encuadrar en lo 
que se ha denominado la colaboración entre ley orgánica y ley ordinaria».
Por otro lado, defiende que la carencia de la oportuna regulación de requisitos, 
procedimiento y objeto «no puede conducir a negar, sin más, la virtualidad de este 
recurso  de  casación,  cuando  […]  resulta  posible  colmarla  mediante  la  aplicación 
analógica de la regulación propia del recurso de casación ante el Tribunal Supremo», 
integrando su régimen jurídico con fundamento en lo previsto en los arts. 86 a 93 LJCA, 
con las adaptaciones necesarias y lógicas a la naturaleza y finalidad del recurso de 
casación  autonómica  y  a  la  configuración  orgánica  y  funcional  de  las  salas  de  lo 
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia.
Todas las consideraciones expuestas son conectadas en el escrito con el derecho a 
la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso al recurso de casación y, 
si bien parte de la idea de que, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
el régimen jurídico de esta modalidad impugnativa extraordinaria es de configuración 
legal, entiende que la interpretación de las «restricciones a ese recurso debe ser siempre 
la más favorable a su admisibilidad, como se deduce de lo dispuesto en el art. 6.1 del 
Convenio  europeo  de  derechos  humanos»,  con  observancia  del  principio  de 
proporcionalidad, en lo que se refiere a las causas de inadmisibilidad del recurso.
Por todo ello, sostiene la procedencia del recurso de casación por infracción de 
normativa autonómica contra sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso-
administrativo, si bien deberá corresponder a los órganos judiciales la apreciación de la 
concurrencia, en cada supuesto de hecho, de los requisitos legalmente establecidos para 
su admisión.
En este apartado finaliza el recurso con la afirmación de que el caso que ahora se 
analiza no es semejante al que ya fue abordado por este tribunal en su ATC 41/2018, 
de 16 de abril, pues en el enjuiciado por este tribunal, se estudiaba la procedencia del 
recurso de casación por infracción de normativa autonómica contra anterior sentencia de 
la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, mientras que ahora la cuestión a abordar es la posibilidad de recurrir en 
casación  una  sentencia  dictada  por  un  órgano  judicial  unipersonal  de  la  misma 
jurisdicción y territorio.
b)  En segundo término, aunque en íntima conexión con el anterior, el escrito invoca 
nuevamente la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso  s
porque entiende que el órgano judicial, pese a estar sometido al imperio de la ley, «ha  oe.
inaplicado el contenido del art. 86.3 LJCA», al considerar que no era procedente tal  w.
aplicación, «sin entrar a valorar si es adecuado o no nuestras alegaciones expuestas en  436ww
edle le sccitraitdoo  daer tp. r8e6p.a3r aqcuieó nd dae lla r epcousrisboili d[…ad]  dsael tpálnadnotesaer  seinl  mmeonticviaocniaódno a rlgeucunras oe»l .c oPnotre neildloo, 
ednet ilean ledye  (qaurtes .h 1a1 7s.i1d oC vEu yln 1e rLaOdoP J«)e»l. deber de los jueces de actuar sometidos al imperio  BOE-A-cable e
c)  Seguidamente, la demanda invoca una tercera vulneración, también del derecho 
a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso al recurso, si bien en 
este caso la asocia al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
Su argumentación se centra en torno a la idea de que la sala extremeña ha acordado 
la inadmisión a trámite del recurso de casación con fundamento en un requisito que, a su 
parecer, no está contemplado en la ley. Entiende que el órgano judicial «ha llegado a una 
interpretación contraria a la mayor efectividad del derecho fundamental al recurso, lo que 
ha conducido a un resultado desproporcionado y ello porque la decisión de inadmisión 
no se acompasa con el principio de interpretación más favorable a la efectividad del 
derecho al recurso. No se estudia la procedencia o no del recurso de casación por 
infracción  de  normativa  autonómica,  sino  que  de  plano  se  establece  que  el  citado 
recurso no es aplicable a esta Comunidad de Extremadura». En apoyo de su tesis cita 
diversas resoluciones de este tribunal que recogen su doctrina sobre el derecho de 
acceso al recurso (STC 7/2015, de 22 de enero, y otras anteriores), así como también 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 28 de octubre de 2003, asunto 
Stone Court Shipping Company, S.A. c. España; de 9 de noviembre de 2004, asunto 
Sáez Maeso c. España, y de 15 de diciembre de 2009, asunto Llavador Carretero c. 
España).
d)  Por último, alega también vulneración del principio de igualdad en la aplicación 
de la ley (art. 14 CE), en relación con el art. 24.1 CE.
Apoya esta queja en el argumento de que las resoluciones impugnadas le han 
producido indefensión a la actora, al no entrar a valorar el recurso formalizado por esta 
«en comparación con las soluciones contempladas en otras comunidades autónomas, 
que han puesto soluciones a la falta de regulación normativa». Señala más adelante que, 
en el caso de autos, no se aplica el art. 86.3 LJCA «basándose en que el recurso de 
casación  no  es  admisible  ante  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura», 
poniendo de manifiesto que, en este caso, se da «la existencia de pronunciamientos de 
dos órganos jurisdiccionales unipersonales radicalmente opuestos ante una situación de 
empleados públicos iguales», en referencia a las sentencias desestimatorias dictadas 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Mérida, de sentido contrario 
al  estimatorio  pronunciado  por  la  resolución  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 1 de la misma ciudad, que pretendía ser objeto de impugnación a 
través del recurso de casación inadmitido.
La demanda justificó la especial trascendencia constitucional del recurso en los 
supuestos c) y g) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, de 25 de junio, esto es, 
de que, de una parte, la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga 
de la ley o de una disposición de carácter general; y, de otro lado, a que el asunto 
trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general 
repercusión social.
Por medio de otrosí y, al amparo de lo dispuesto en el art. 56.2 LOTC, la demanda 
solicitó la suspensión cautelar de las dos resoluciones impugnadas así como de los 
efectos derivados de la ejecución de la sentencia núm. 33/2018, de 22 de marzo, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, contra la que la 
actora  pretendía  formalizar  el  recurso  de  casación  que  fue  inadmitido  por  las  dos 
resoluciones judiciales ahora impugnadas.
4.  Por medio de providencia de 6 de mayo de 2019, la Sección Cuarta de este 
tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo 
concurre «una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso  e.
suscitado trasciende del caso concreto y plantea una cuestión jurídica de relevante y  w.b
general  repercusión  social  o  económica  [STC  155/2009,  FJ  2  g)]».  En  la  misma  436ww
Aprdomviidneisntrcaiati vsoe  doerl dTernibaubnaa le nSvuiapre raioter ndtae  cJoumstuicniaic adceió nE xatr elam aSdaulraa  dpea ralo  qCuoen treenmciitoiesroa-
ccaesrtaifcicióanci óanu toon ócmoipcioa  naúdmv.e 6ra-2d0a1 8d. eIg ulaaslm  aecnttuea, csieo naecso rdcóo rdreirsigpior niddéienntitceas  coaml urencicuarcsioó nd ael 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mérida, a fin de que, en el plazo de
diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al 
procedimiento abreviado núm. 156-2017, debiendo emplazarse, para que, en el plazo de 
diez días, pudieran comparecer en el recurso de amparo quienes hubieran sido parte en 
el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Por último, se acordó la formación de la pieza separada de suspensión.
5.  En la pieza de suspensión, en evacuación del traslado conferido a las partes por 
un plazo común de tres días a efectos de alegaciones conforme al art. 56 LOTC, el 
Ministerio Fiscal presentó escrito el día 25 de mayo de 2019, en el que solicitó la 
desestimación de la medida cautelar de suspensión solicitada.
La Sala Segunda de este tribunal, por medio de ATC 67/2019, de 1 de julio, acordó 
desestimar la suspensión cautelar de las resoluciones judiciales impugnadas, toda vez 
que, por ser de contenido negativo, el otorgamiento de aquella suspensión supondría 
una anticipación de la solicitud de amparo. Y, por otro lado, también acordó rechazar la 
suspensión de los efectos de la ejecución de la sentencia del juzgado, pues, como 
razonó en su fundamentación jurídica, lo que la actora pretendía con dicha suspensión 
era, no tanto, «la suspensión de las resoluciones impugnadas en amparo –la providencia 
de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones y el auto inadmitiendo el recurso 
de casación– sino, más bien, la de los pronunciamientos de la sentencia dictada en 
instancia, que ha ganado firmeza, a la que no se achaca, en la demanda de amparo, 
vulneración constitucional alguna».
6.  Con fecha 29 de mayo de 2019 tuvo entrada en el registro de este tribunal 
escrito presentado por el procurador de los tribunales don Luis Mena Velasco, en nombre 
y representación de doña María Redondo Moreno, asistida por el letrado don Diego 
Castillo Guijarro.
7.  Por diligencia de ordenación de 18 de septiembre de 2019, la secretaría de 
Justicia  de  la  Sala  Segunda  tuvo  por  personado  y  parte  en  el  procedimiento  al 
procurador de los tribunales don Luis Mena Velasco, en nombre y representación de 
doña María Redondo Moreno, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dispuso dar vista de 
las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte 
días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
8.  En fecha 4 de octubre de 2019, la letrada de los servicios jurídicos de la Junta de 
Extremadura presentó escrito de alegaciones en el registro de este tribunal ratificándose 
en el contenido de su demanda y en su solicitud de que sea estimado el recurso de 
amparo y anuladas las resoluciones judiciales impugnadas.
9.  El día 8 de octubre de 2019, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones en el 
registro general de este tribunal y solicitó la estimación del recurso de amparo, por 
entender vulnerado el derecho de la Junta de Extremadura a la tutela judicial efectiva, en 
su vertiente del derecho de acceso al recurso; asimismo, solicitó que se acordara la 
anulación  de  las  dos  resoluciones  impugnadas  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con retroacción de las 
actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al auto núm. 6/2018, de 10 de 
septiembre, para que el órgano judicial dicte nueva resolución que sea respetuosa con el 
derecho fundamental vulnerado.
Los argumentos del Ministerio Fiscal quedan resumidos en los siguientes apartados: e.e
a)  Primeramente,  el  fiscal,  luego  de  hacer  una  detallada  exposición  de  los  436ww
amovunbaltjneneeticforieea dscdetieoónl,nt  e lamsds ie dstlmer eld osre, e qrceusuceerhjñsaoaos l, a qancu odelmoa s, i eetan urlzte eafrli aees rsuepju nead caritcg oaiua qml queueenelf et,da cectsirivóie ancb,h  ijoeue nrnpí d ulieraceda ae plcniado raqntedu  ,ela da saldeereg grlúaiemn si uutampncoaiidón anetsr  i dpdeeleenl     OE-A-2020-13able en https://
una, que es la de la alegada violación del derecho a la tutela judicial efectiva, en su
vertiente del derecho de acceso al recurso de casación. A la anterior, la parte ha añadido 
la de la infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley.
b)  A continuación, después de poner de manifiesto que el análisis de las dos 
resoluciones impugnadas debe comenzar por aquella que, de estimarse el amparo, 
pudiera suponer una mayor retroacción de actuaciones, esto es por el auto núm. 6/2018, 
de 10 de septiembre, inicia su argumentación respecto de la denunciada vulneración del 
derecho de acceso al recurso, recogiendo la doctrina general de este tribunal sobre este 
derecho, con cita de la STC 7/2015, de 22 de enero, y el ATC 41/2018, de 16 de abril.
A este respecto, destaca que se trata de un derecho que, salvo en el caso de la 
jurisdicción  penal,  solo  surge  de  las  leyes  procesales  que  regulan  los  medios  de 
impugnación,  teniendo,  en  consecuencia,  libertad  el  legislador  para  establecer  su 
procedencia, los supuestos en que puede ejercitarse y los requisitos de admisibilidad. Y 
corresponde a este tribunal un control externo de la resolución judicial, de tal manera 
que,  únicamente,  cuando  la  decisión  de  inadmitir  sea  arbitraria,  manifiestamente 
irracional o incursa en error patente, podrá este tribunal apreciar la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva de la parte.
Sobre el recurso de casación por infracción de norma autonómica, el fiscal hace una 
extensa cita del ATC 41/2018, de 16 de abril, y de la posterior STC 128/2018, de 29 de 
noviembre, en relación con la nueva configuración del recurso de casación por infracción 
de normativa autonómica, la finalidad unificadora de la aplicación judicial de la misma y 
de la reunión en un recurso de las tres modalidades del recurso de casación que, hasta 
la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  Orgánica  7/2015,  existían  ante  el  Tribunal  Supremo 
(casación, casación para unificación de la doctrina y casación en interés de ley).
c)  Seguidamente  y,  en  sucesivos  apartados,  el  fiscal,  con  extensa  cita  de  la 
STC 128/2018, recoge la doctrina de este tribunal sobre la naturaleza funcional y no 
orgánica de las secciones de las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores de justicia, a la hora de afrontar el enjuiciamiento del recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica previsto en el art. 86.3 LJCA; igualmente, se refiere 
a las resoluciones recurribles en esta modalidad de impugnación casacional para llegar a 
la conclusión de que el precepto legal cuestionado (art. 86.3 LJCA) no conlleva una 
quiebra del principio de seguridad jurídica, pues una interpretación sistemática del mismo 
permite acotar su sentido y determinar las resoluciones que pueden ser objeto de este 
recurso y del órgano judicial que ha de resolverlo, por analogía con el recurso de 
casación por infracción de norma estatal o de la Unión Europea. Finalmente, desde la 
perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, insiste el fiscal en 
que la STC 128/2018 también se refiere a que una interpretación lógica y coherente 
proporciona un sentido útil a la casación autonómica, ya que la unificación del Derecho 
autonómico corresponde a los tribunales superiores de justicia; igualmente, tampoco la 
nueva  configuración  de  este  recurso  exige  el  carácter  de  ley  orgánica  para  su 
introducción normativa.
d)  A continuación, el fiscal, aplicando las consideraciones anteriores, llega a la 
conclusión de que la nueva normativa, introducida por la Ley Orgánica 7/2015, ha 
establecido una doble vía casacional, según la normativa que resulte aplicable a cada 
caso, correspondiendo a las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales 
superiores de justicia el conocimiento de los recursos de casación cuando se denuncie la 
infracción de normativa autonómica y, según la doctrina de este tribunal, si de lo que se 
trata es de que esta vía impugnativa cumpla su genuina función unificadora del derecho 
y  de  que,  a  través  de  una  interpretación  sistemática  de  las  normas  propias  de  la  s
casación estatal, sea posible integrar los vacíos normativos que presenta la actual  oe.
regulación de la casación autonómica, habrá que llegar a la conclusión de que el recurso  w.
de casación autonómico tiene un régimen jurídico paralelo al estatal y el órgano judicial  436ww
ceonrcraersgpaodnod ideen tere tsriobluvenralol s, uepne rlaiosr  dmeis jmusatisc iaco.ndiciones que el Tribunal Supremo, será el
unánEismtee,,  pdoifer roetnrtae sp arertseo, luecsi oenle sc rditeer idoi sqtiuneta ss isgauleans,  ddee  lom coodnot egnecnioesraol-iazdamdoin iasutrnaqtiuveo  ndoe   BOE-A-cable e
los tribunales superiores de justicia (cita, al respecto, diversos autos de los tribunales 
superiores de justicia de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Galicia, País Vasco y Navarra).
e)  De todas las consideraciones anteriores, el fiscal extrae la consecuencia de que 
«la  interpretación  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  excluyendo 
radicalmente la posibilidad de recurso de casación autonómico respecto del juzgado de 
lo contencioso-administrativo elimina la posibilidad de esta perspectiva de unificación de 
la aplicación de la normativa autonómica atribuida al Tribunal Superior de Justicia, 
produciendo, desde esta óptica, un vacío respecto de esta legislación, incoherente con el 
sistema establecido para la normativa estatal y europea atribuida al Tribunal Supremo 
[…] sin que exista una explicación de esa exclusión ni una concreta cobertura legal, que 
responde  a  la  culminación  de  la  organización  judicial  tanto  en  el  ámbito  nacional 
(Tribunal Supremo) como en el ámbito autonómico (Tribunal Superior de Justicia)».
Por todo ello, concluye el fiscal proponiendo la estimación de la queja por vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de acceso al recurso 
de  casación,  que,  a  su  parecer,  debe  ser  imputado  a  las  resoluciones  judiciales 
impugnadas.
f)  El último apartado de sus alegaciones lo dedica al análisis de la denunciada 
infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que entiende que debe ser 
rechazado porque la demanda no ha proporcionado un término de comparación, «en 
relación  con  el  mismo  órgano  judicial  del  que  se  derive  un  cambio  arbitrario  e 
injustificado del criterio aplicado en otros supuestos con los que exista identidad». Por 
todo ello, propone la desestimación del recurso por este motivo de amparo.
10.  El día 16 de octubre de 2019, presentó sus alegaciones en el registro de este 
tribunal  la  representación  de  doña  María  Redondo  Moreno,  en  las  que  solicita  la 
desestimación del recurso de amparo.
El escrito parte de la cita del ATC 41/2018, de 16 de abril, pues entiende que «el 
contenido  y  argumentos  de  dicha  resolución,  que  resolvió  inadmitir  el  recurso,  es 
trasladable, mutatis mutandi, al presente caso», en que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha inadmitido, también, 
el recurso de casación por infracción de normativa autonómica, preparado por la Junta 
de Extremadura, «en base a una interpretación literal del precepto que recoge qué tipo 
de resoluciones y de qué órganos son recurribles mediante el extraordinario recurso de 
casación».
A tal fin, el escrito incluye una extensa cita de los fundamentos jurídicos 3 a 5 del 
ATC 41/2018, para llegar después a las siguientes consideraciones:
a)  En primer lugar, respecto de la alegada vulneración del principio de igualdad en 
la aplicación de la ley, entiende que no hay término válido de comparación, pues los 
diferentes criterios interpretativos de ciertas normas reglamentarias, son sostenidos por 
dos juzgados diferentes (en referencia a las resoluciones del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Mérida, que llegó a una solución contraria a la sostenida por el 
Juzgado núm. 1 de la misma jurisdicción y ciudad), debiendo ser en tales casos el de la 
razonabilidad el único parámetro de constitucionalidad el que podría proyectarse sobre 
tales  resoluciones,  para  determinar  si  han  incurrido  en  vulneración  de  un  derecho 
fundamental.
b)  Igualmente, entiende que debe ser desestimada la queja del derecho a la tutela 
judicial efectiva que ha planteado la Junta de Extremadura, pues el derecho de acceso al  e
recurso es de configuración legal y «[s]i un determinado recurso contra sentencias está  bo
meramente previsto en el ordenamiento jurídico pero carece de desarrollo legal, sin duda  436ww
Ssue geúfenc stievñidaalad,  q«ueel ddae naopmlaiznaaddao  mreiceunrtsraos d en oc assea pciróond uazuctao nlóam nieccoe essatráia s orelog uplraecvióisnto l,e egna l»e.l 
Jaurtsíctiuclioa »8, 6p.e3r o[L nJoC Acu],a ncodnot rlaa  rseesnotleunccióians d diceta dlaas  sseaal alsa  ddee  ulons j uTzrgibaudnoa dlees  loS ucpoenrteionrceiso sdoe-
administrativo.
Agrega que «ello no se debe, como dice la demandante en amparo, a un olvido del 
legislador […] sino que la posibilidad de recurso de las sentencias de los órganos 
unipersonales que solo se basan en normativa autonómica y, además, reglamentaria, 
debe estar mucho más restringida que la de los órganos colegiados, que pueden sentar 
jurisprudencia […]», pues las exigencias establecidas por el art. 86.1 LJCA para la 
casación estatal (grave perjuicio para los intereses generales y posibilidad de extensión 
de efectos) concurre «con mayor trascendencia cuando se interpreta normativa estatal y 
afectante  a  todo  el  territorio  nacional  que  cuando  se  interpreta  o  aplica  normativa 
reglamentaria autonómica».
11.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Aplicación de la doctrina establecida en la STC 99/2020, de 22 de julio.
A)  Objeto y pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo guarda total semejanza con el supuesto de hecho 
enjuiciado por la STC 99/2020, de 22 de julio, dictada por el Pleno de este tribunal en el 
recurso de amparo núm. 5905-2018. En consecuencia, la presente sentencia es de 
aplicación de la doctrina establecida en aquella resolución.
En el caso de autos, la demanda de amparo se dirige contra el auto núm. 6/2018, 
de 10 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, que inadmitió a trámite el recurso de casación preparado por 
la Junta de Extremadura, ahora demandante, contra una precedente sentencia de un 
juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  de  Mérida,  que  no  es  objeto  de  este 
procedimiento de amparo. Igualmente, la demanda impugna la providencia de 11 de 
octubre de 2018 de la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que 
acordó la inadmisión a trámite del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones 
promovido por la actora contra el precedente auto.
La institución del Gobierno extremeño invoca en su demanda la vulneración de su 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  desde  un  triple  plano  que  se  describe  en  los 
antecedentes de esta sentencia: (i) indefensión por haberle sido inadmitido a trámite un 
recurso  de  casación  previsto  en  la  ley;  (ii)  incumplimiento  del  deber  judicial  de 
sometimiento al imperio de la ley; y (iii) acceso al recurso en relación con el principio de 
seguridad jurídica. De modo resumido, la demandante entiende que procede aquel 
recurso frente a la declaración judicial de inadmisión que han decidido las resoluciones 
impugnadas.
Asimismo, la demanda alega la infracción del principio de igualdad en la aplicación 
de la ley, pues sostiene que la tesis de la sala extremeña es contraria a la que defiende 
la  generalidad  de  las  mismas  salas  de  otros  tribunales  superiores  de  justicia,  que 
consideran  que  son  recurribles  en  casación  las  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo de sus respectivos territorios, cuando concurran los requisitos 
procesales legalmente previstos.
El Ministerio Fiscal propugna, también, la estimación del recurso de amparo por la 
denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación del 
derecho de acceso al recurso, pero no así por la queja atinente a la igualdad en la  s
aplicación de la ley. Por el contrario, la representación de doña María Redondo Moreno,  oe.
que  obtuvo  un  pronunciamiento  estimatorio  y  favorable  a  sus  pretensiones  en  la  w.
saemnpteanroc iya  sdoelilc jiutaz gsaud doe, simesptuimgancaidóan .por la Junta de Extremadura, se opone al recurso de  2020-13436n https://ww
B)  Doctrina constitucional sobre el derecho de acceso al recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica.
La STC 99/2020, de 22 de julio, FJ 2, a la que ahora nos remitimos, expone 
detalladamente la doctrina de este tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en 
su vertiente del derecho de acceso al recurso extraordinario de casación por infracción 
de normativa autonómica, en supuestos en que la impugnación pretenda dirigirse contra 
sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo 
que contengan doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales y 
sean susceptibles de extensión de efectos (art. 86.1 y 3 LJCA).
Con fundamento en la doctrina establecida por la precedente STC 128/2018, de 29 
de noviembre, a la que han seguido las SSTC 18/2019, de 11 de febrero, y 26/2019, 
de  25  de  febrero,  este  tribunal  ha  declarado  que  «la  regulación  contenida  en  los 
preceptos  cuestionados  […]  no  impide  una  interpretación  lógica  y  coherente  que 
proporcione un sentido útil a la casación autonómica, ya que la unificación del Derecho 
autonómico corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia mediante un recurso de 
casación paralelo al establecido en el Tribunal Supremo para el Derecho estatal o de la 
Unión Europea, a cuya regulación se remite implícitamente el recurso de casación 
autonómico [FJ 7 a)]» (STC 99/2020, FJ 2).
C)  Aplicación al caso.
Como hemos anticipado, el supuesto de hecho ahora enjuiciado es semejante al ya 
resuelto por la STC 99/2020, en la que este tribunal apreció que las resoluciones de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
entonces impugnadas, habían vulnerado el derecho de la Junta de Extremadura a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso al recurso de casación por 
infracción de normativa autonómica. Frente a la decisión judicial de entender que no 
procedía  la  interposición  de  este  recurso  contra  sentencias  de  los  juzgados  de  lo 
contencioso-administrativo, en los términos del art. 86.1 LJCA, cuando se invocara por la 
parte la infracción de aquella normativa, este tribunal consideró que la sala de instancia 
había acordado la inadmisión a trámite de aquel recurso sin que existiera una causa 
legal que así lo impidiera.
Los razonamientos expuestos en la STC 99/2020, FJ 3, de aplicación al caso de 
autos, son los siguientes:
a)  «El art. 86.3 LJCA no contraviene ni el rango de ley orgánica ni tampoco el 
art.  122.1  CE,  ya  que  (i)  la  composición  de  las  secciones  de  casación  debe  ser 
conceptuada como referida a secciones ‘‘funcionales’’ y ‘‘no orgánicas’’, de modo que 
‘‘no  constituyen  órganos  judiciales  distintos  a  los  efectos  de  nuestra  doctrina 
constitucional sobre el alcance de la reserva de ley orgánica que deriva del artículo 122.1 
CE’’ [STC 128/2018, FJ 4 b)]; y (ii) no se trata de una novedad en la normativa procesal, 
pues la composición de las secciones de casación del art. 86.3 LJCA sigue siendo la 
misma  que  la  que  el  art.  16.4  LJCA,  que  continúa  en  vigor,  preveía  para  los 
desaparecidos recursos de casación en interés de la ley y para la unificación de la 
doctrina [STC 128/2018, FJ 4 b)]. Del mismo modo, en la STC 128/2018 se ha declarado 
que (i) ‘‘la regulación contenida en los preceptos cuestionados […] [art. 86.3, párrafos 
segundo  y  tercero,  LJCA]  no  impide  una  interpretación  lógica  y  coherente  que 
proporcione  un  sentido  útil  a  la  casación  autonómica’,  cumpliendo  una  función 
nomofiláctica y unificadora del derecho autonómico [FJ 7 a)] y (ii) el recurso de casación  e.
por infracción de normativa autonómica se conforma como ‘‘un recurso de casación  w.
paralelo’’ al establecido en el Tribunal Supremo respecto de la denunciada infracción del  436ww
rDeemreitceh iom pelsíctaittaaml eon tdee’  [FlaJ  U7 naió)]n»  (ESuTrCop 9e9a/,2 0a2d0e,m FáJs 3 d).e afirmar que a su ‘‘regulación se
puesb ) no« [iLn]cau rdree ceisnió nq udieebl róarsg alóngoi cjuads iceianl , seun  asríg ummisemnata ccioónns i(dSeTraCd a2,1 n4o/1 9e9s9 i,r radzeo n2a9b dlee,   BOE-A-cable e
noviembre, FJ 4); tampoco es arbitraria, al no ser una ‘‘simple expresión de voluntad’’ 
(STC 71/2003, de 23 de abril, FJ 5) –la sentencia expone las razones por las que 
considera que las resoluciones dictadas por los juzgados de lo contencioso no son 
recurribles en casación– ni tampoco contiene errores patentes. No obstante, el órgano 
judicial, al inadmitir el recurso de casación en virtud de una interpretación literal del 
art. 86.3 LJCA ha llegado a un resultado materialmente contrario al derecho de acceso al 
recurso que consagra el art. 24.1 CE. En efecto, la decisión adoptada, al no tomar en 
consideración que el art. 86.3 LJCA, al regular el recurso de casación autonómico, 
contiene una remisión implícita a la regulación del recurso de casación por vulneración 
del Derecho estatal o de la Unión Europea (STC 128/2018, FFJJ 6 y 7) y excluir del 
recurso de casación autonómico a las resoluciones de los juzgados de lo contencioso-
administrativo en los supuestos en los que, de acuerdo con lo previsto en el art. 86.1, 
apartado  segundo,  LJCA,  serían  susceptibles  de  casación,  está  inadmitiendo  este 
recurso sin que exista una causa legal en la que se prevea esta consecuencia, lo que, de 
acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, determina la vulneración del derecho que 
garantiza el art. 24.1 CE» (STC 99/2020, FJ 3).
Finalmente, «[l]a estimación del presente recurso de amparo por este motivo hace 
innecesario el análisis de la invocación del art. 14 CE y determina la nulidad de las 
resoluciones  judiciales  impugnadas  y  la  retroacción  de  actuaciones  para  que  se 
pronuncie una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado» 
(STC 99/2020, FJ 3).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  la  Junta  de  Extremadura  y,  en 
consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, en su 
vertiente del derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto núm. 
6/2018, de 10 de septiembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura,  recaído  en  el  recurso  de  casación 
autonómico núm. 6-2018, que decidió tener por no preparado el recurso de casación que 
la  Junta  de  Extremadura  pretendía  interponer  contra  la  precedente  sentencia  núm. 
33/2018, de 2 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Mérida, recaída en el procedimiento abreviado núm. 156-2017. Asimismo, declarar la 
nulidad de la providencia de 11 de octubre de 2018, del mismo órgano judicial, que 
inadmitió a trámite el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones formalizado 
contra el anterior auto.
3.º  Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del auto núm. 
6/2018,  de  10  de  septiembre  de  2018,  para  que  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Extremadura  se  dicte  nueva  s
resolución  que  sea  respetuosa  con  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  la  e.
recurrente. w.
TríaPDs.ua–bdJlauíq auenen As Men taeodsntriaoid  s,X eaion lt veReníicnoitsaiu. –enAno n etdlo e«n Biosoe Nlpeattiíernvm áObefrzice iR adol edd erdílg oEusse tzma.d–ilo Rv»ice.ainrtdeo.– EEnnrcíqaurneazc Sióann cRhooc.–a  OE-A-2020-13able en https://
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sentencia 
pronunciada en el recurso de amparo núm. 5909-2018
Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que 
se  sustenta  la  sentencia,  he  de  reiterar  mi  discrepancia  con  la  parte  de  la 
fundamentación jurídica que toma como presupuesto la declaración de constitucionalidad 
del art. 86.3 LJCA establecida en la STC 128/2018, de 29 de noviembre. Los motivos de 
mi disentimiento con esta posición de partida ya los hice expresos en el voto particular 
que formulé a la citada STC 128/2018, al que me remito.
Madrid,  a  veintiuno  de  septiembre  de  dos  mil  veinte.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–
Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 5909-2018
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de una parte de la fundamentación de la sentencia 
recaída en el recurso de amparo núm. 5909-2018, que ha conducido a la estimación de 
la demanda.
Las razones de mi discrepancia son idénticas a las expresadas en el voto particular 
que suscribí a la STC 99/2020, de 22 de julio, en la que se resolvió el recurso de amparo 
cabecera de esta misma serie, por lo que me remito a lo expuesto entonces.
Y en tal sentido emito mi voto particular al presente recurso.
Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.