BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Viernes 24 de enero de 2020 Sec. TC.   Pág. 7457
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1108 Sala Segunda. Sentencia 164/2019, de 16 de diciembre de 2019. Recurso de 
amparo  5794-2013.  Promovido  por  doña  Sandra  Verónica  Arancibia 
Torrealba  respecto  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  en  proceso  por 
responsabilidad de la administración de justicia. Vulneración de los derechos 
a la igualdad y a la presunción de inocencia: STC 125/2019 (denegación de 
indemnización resultante de la aplicación del precepto legal anulado por la 
STC 85/2019, de 19 de junio).
ECLI:ES:TC:2019:164
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5794-2013, promovido por doña Sandra Verónica 
Arancibia Torrealba, contra los siguientes actos de los poderes públicos: (i) la resolución 
del Ministerio de Justicia, de 24 de octubre de 2011, que desestimó la solicitud de 
indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración pública, por el tiempo 
pasado en prisión preventiva en causa judicial de la que resultó finalmente absuelto; 
(ii) la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de 26 de febrero de 2013, que desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la resolución anterior; y (iii) el auto de la misma Sala y 
Sección, de 19 de julio de 2013, por el que se desestimó a su vez la solicitud de nulidad 
de dicha sentencia. Ha actuado como parte el abogado del Estado. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 9 de 
octubre de 2013, el procurador de los tribunales don Fernando Anaya García, actuando 
en nombre y representación de doña Sandra Verónica Arancibia Torrealba, bajo la 
defensa del letrado don José Valero Alarcón, interpuso demanda de amparo contra las 
resoluciones arriba mencionadas.
2.  Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a  es
los que se refiere la demanda presentada son los siguientes: o
dpeu eMsat)aa d erEindn ,  psereli s maiócanor crpdoróo d vleais  lidaoesnt aealn,c ctpuieóarncm idoaenn eelasc  irseeencgduuorir depanrsitve pa eodlra  1 ed6l e Jd uleizb gmearatdayodo   dpdeoe r I 2nu0sn0tr 8up ceycr iisoóudn o pn odúsemt e.5 r03io35r    2020-1108n https://w
dMíaads.r idP,o re sne nfetecnhcai a 1d icdtea doac ptuobr rlea  Sdee cc2i0ó0n9 D  (epcriomcoesdéimptiiemnato d eo rldai nAaurdioie n5c9i-a2 0P0ro8v),i nrceiaslu dlteó   BOE-A-cable e
absuelta del delito contra la salud pública del que se le acusaba, por aplicación del 
principio in dubio pro reo y por no acreditarse tampoco la existencia del hecho delictivo, 
acordándose su excarcelación. En concreto, la sentencia señaló en el fundamento de 
Derecho primero:
«[T]enemos la versión de la acusada que niega tener conocimiento de lo que había 
en  el  interior  de  las  maletas.  Los  guardias  civiles  actuantes  manifestaron  que  no 
recordaban lo que había dicho la acusada en el momento de la apertura sobre si sabía o 
no lo que había en el interior de las mismas. Todos ellos añadieron que sin el scanner, no 
era perceptible lo [que] contenía el interior y que en todo caso ellos que estaban 
acostumbrados podrían ver que uno de los laterales de la maleta estaba más duro, pero 
que a simple vista era imperceptible […]. La única posibilidad que se le ofrecía a la 
acusada para poder acreditar que ella no tenía conocimiento de lo que transportaba era 
haber hecho una entrega controlada, para así detener a la persona que recogiera la 
maleta y de esta forma averiguar que conocimiento tenía él sobre este hecho. Pero nada 
de esto se hizo, perdiéndose el juzgado de instrucción en recabar el listado de llamadas 
que nada ha aportado.
[…] Ante todo esto y ante la prueba de descargo que pudo practicarse y que no se 
hizo, surge una duda razonable sobre el conocimiento que la acusada tenía de que 
estaba transportando droga, ya que ella lo ha negado desde un principio, denunciando 
que  fue  objeto  de  un  engaño  por  parte  de  la  persona  que  le  prestó  las  maletas 
ofreciendo, como acabamos de decir, una formar de contrastar su inocencia por medio 
de la llamada, naturalmente controlada por la policía, a la persona que recogería las 
maletas.
Es más, a mayor abundamiento igualmente entendemos que no ha existido prueba 
de cargo válida de que la sustancia que transportaba era cocaína, ya que la prueba 
pericial de farmacia no nos genera la suficiente convicción […]. De manera que el 
resultado de dicho análisis de contenido imposible, pues no puede ser que el neto pese 
más  que  el  bruto,  no  ofrece  suficiente  convicción  sobre  cuál  fue  la  razón  de  la 
discrepancia, si la manifestada por la perita u otra distinta, como por ejemplo que se 
hubiese podido confundir el decomiso, lo que hace que no podamos dar validez a la 
pericia no solo en el pesaje, sino también en el análisis de la sustancia, no quedando 
acreditados por tanto que ésta fuera cocaína. Por todo lo expuesto entendemos que no 
han quedado acreditados los elementos objetivos ni los subjetivos del tipo, procediendo 
consecuentemente, a la absolución de Sandra Verónica Arancibia Torrealba con todos 
los pronunciamiento[s] favorables.»
b)  Con fecha 1 de octubre de 2010, la recurrente en amparo presentó una solicitud 
ante el Ministerio de Justicia, solicitando la cantidad de doscientos sesenta y nueve mil 
ochocientos quince euros (269.815 €) en concepto de indemnización por responsabilidad 
patrimonial del Estado, por el tiempo sufrido en situación de prisión provisional.
El expediente (núm. 464-2010) fue resuelto por resolución del secretario de Estado 
de Justicia, de fecha 24 de octubre de 2011, desestimando lo solicitado. Como apoyo de 
la decisión se citó el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el dictamen 
del Consejo de Estado recabado para el caso, concluyendo que «el pronunciamiento 
absolutorio no se basa o deriva de la inexistencia del hecho imputado a la ahora 
reclamante,  de  modo  que  no  concurren  los  requisitos  previstos  por  el  referido 
artículo 294 para poder acoger la pretensión indemnizatoria de la reclamante».
c)  Contra  la  resolución  administrativa  mencionada  se  interpuso  recurso  e
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia  bo
Nacional, recayendo el asunto en su Sección Tercera (recurso ordinario núm. 728-2011).  w
dTera 2s0 la1 3tr, admesiteasctióimna dnedl op erol creecduimrsieon.to, esta última dictó sentencia con fecha 26 de febrero  2020-1108n https://w
de lCa oSmaola  bTaesrec epraar ad eslu T driebcuinsiaóln S, ulap rSeamlao  saig puaiór tier l dceri tdeoriso  sseenntteandcoi apso rd ilcat ajudraissp erul d2e3n cdiea 
noviembre de 2010, modificando el Alto Tribunal su criterio precedente, al apreciar a
partir  de  entonces  que  solo  cabe  indemnización  por  el  tiempo  pasado  en  prisión 
preventiva, ex del art. 294 LOPJ, en los casos de absolución o sobreseimiento por 
inexistencia objetiva del hecho, no en los demás casos. Por tanto, se deniega en dicho 
recurso, teniendo en cuenta en su fundamento de Derecho sexto que:
«a los efectos que ahora interesan, la sentencia no llega a la conclusión de que los 
hechos no existieran o de que no fueran constitutivos de delito, por lo que no concurre el 
presupuesto básico establecido por el art. 294 LOPJ, interpretado conforme a la más 
reciente y reiterada jurisprudencia […]; resulta claro que no estamos ante un supuesto de 
inexistencia del hecho imputado, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
más reciente que, abandonando una anterior interpretación más amplia de los términos 
del art. 294 LOPJ, limita su aplicación a casos en que, o bien el hecho no ha existido o 
bien no constituye delito, quedando excluidos de indemnización los supuestos que no 
encajen en esas categorías, entre los que se incluye el ahora enjuiciado.»
d)  Contra la sentencia dictada se interpuso incidente de nulidad de actuaciones por 
escrito  de  14  de  mayo  de  2013,  denunciando  en  él  la  vulneración  del  derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al carecer la sentencia de «una 
motivación razonable que elude dar una respuesta al fondo de la cuestión planteada, 
apoyándose en un cambio jurisprudencial acontecido tras el inicio de la reclamación en 
vía administrativa».
e)  Por auto de la misma Sala y Sección, de 19 de julio de 2013, se desestimó la 
nulidad «por cuanto la sentencia resolvió todas las cuestiones planteadas, y el incidente 
del art. 241 LOPJ no es una especie de recurso de súplica tendente a pedir la revisión de 
la sentencia, ni una nueva instancia».
3.  La demanda de amparo alega en primer lugar la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al entender que la aplicación por las resoluciones 
recurridas de una nueva doctrina, sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a 
partir de dos sentencias suyas de 23 de noviembre de 2010, deja sin contestar la 
pretensión actora, pues la reclamación de la recurrente se formuló ante el Ministerio de 
Justicia en fecha anterior, y no le es aplicable dicho cambio de criterio.
Precisa además la repercusión que tiene esto sobre el derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), puesto que la «gran paradoja de la cuestión que estamos 
tratando es que el cambio de la Jurisprudencia se produce tras la corrección efectuada 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenaron a nuestro país por 
vulnerar el principio de presunción de inocencia del artículo 6.2 del Convenio, que 
provocó, entendemos que ilógicamente, se produjera una interpretación restrictiva del 
artículo 294 LOPJ». Y añade sobre esta misma repercusión, que han «sido numerosas 
las voces que se han alzado en contra [del cambio de jurisprudencia], siendo muestras 
los distintos votos particulares de ilustrísimos magistrados de la Audiencia Nacional, 
tanto de la Sección que conoce el presente proceso como de la Primera», en el sentido 
de que la no indemnización por todos los supuestos de prisión provisional seguida de 
absolución  penal,  vulnera  el  art.  6.2  del  Convenio  europeo  de  derechos  humanos 
(CEDH), y por ende el art. 24.2 CE.
4.  La Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia el 23 de octubre de 2014 
por la que acordó admitir a trámite el recurso. En la misma resolución se acordó dirigir 
atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, con el fin de que en el plazo que no excediera de diez días  e.
remitiese  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al  w.
edpnírao sca,e mdai pmqauireioen ntoe– sy7 a2h 8up-b2ei0ers1rao1nn,  adsdeidabo–ie , pnadproot erp sr seeiv nia qemule eprníratoenc  eedmciompmliaepznaatrore,, c eeenxr  ceeel pnpt loa ezalo   lpanr oep ssaeurtnpete err eiocpru raorr cedenisetoez    2020-1108n https://w
cpoanras tituqcuioen alr.e Imguitaielmrae ntcee srteif iacacociródnó  diori girf oattoecnotap iaco maudnvicearacdióan  adl eM inilsatse rioa dcteu aJcuisotniceias   BOE-A-cable e
correspondientes  al  expediente  administrativo  de  la  causa.  Con  la  advertencia  al 
procurador de la recurrente, para que en el plazo de diez días aportara el poder de 
pleitos original acreditativo de su representación. Esto último tuvo lugar por escrito de 
dicho  profesional,  presentado  el  31  de  octubre  de  2014,  solicitando  el  desglose  y 
devolución del original, a lo que se proveyó por diligencia de la secretaría de justicia de 3 
de noviembre de 2014.
5.  El abogado del Estado presentó escrito el 3 de noviembre de 2014, por el que se 
personó  en  el  recurso,  solicitando  se  le  tuviera  por  personado  y  parte  en  la 
representación que ostenta, debiendo entenderse con él los posteriores trámites del 
procedimiento.
A esto se accedió por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia de la Sala 
Segunda de este Tribunal, de fecha 19 de diciembre de 2014, acordando además dar 
vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común 
de  veinte  días,  a  fin  de  que  pudieran  presentar  las  alegaciones  que  estimasen 
pertinentes, conforme con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC).
6.  Por escrito presentado el 26 de enero de 2015, consignó sus alegaciones el 
abogado  del  Estado  (designado  para  ese  trámite),  por  el  que  interesó  se  dictase 
sentencia desestimando la demanda de amparo. Señala al respecto, que la sentencia 
dictada no ha incurrido en falta de motivación, «ya que ésta se limita a aplicar la nueva 
jurisprudencia del Tribunal Supremo surgida a raíz de la sentencia del Tribunal de 
derechos humanos antes citada» (se refiere a las SSTEDH recaídas en los asuntos 
«Puig Panella contra España», y «Tendam contra España»). Añade que la referida 
sentencia «analiza, en cuanto al fondo, el caso enjuiciado y considera que no procede la 
indemnización por la vía específica del art. 294 LOPJ al no concurrir un supuesto de 
inexistencia  objetiva  del  hecho,  único  que  permite  la  indemnización  conforme  a  la 
redacción del art. 294 LOPJ». A continuación cita la STC 178/2014, FJ 3 –que transcribe 
en parte–, en relación con el derecho a la motivación de las sentencias, e insiste que en 
este caso se trata de una sentencia motivada, por lo que no ha habido vulneración de 
derechos  de  la  recurrente  (cita  también  sobre  la  garantía  de  motivación,  las 
SSTC 192/1994, FJ 2, y 76/2005, FJ 2, que reproduce en parte.
7.  Con fecha 27 de enero de 2015, el procurador de la recurrente en amparo 
presentó escrito con la «alegación única» de dar por reproducidos «todos los hechos y 
fundamentos de derecho consignados en el escrito de demanda, así como el suplico de 
la  misma».  Con  solicitud  de  que  se  tuvieran  por  efectuadas  las  manifestaciones 
contenidas en él, y por evacuado el trámite conferido.
8.  Por su parte, el fiscal jefe ante este Tribunal presentó el 9 de febrero de 2015 sus 
alegaciones por escrito, interesando que dictáramos sentencia «por la que se desestime 
por completo el recurso de amparo entablado». Tras compendiar los antecedentes de 
hecho  relevantes  y  resumir  la  demanda  interpuesta,  el  fiscal  afirma  que  no  hay 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque la sentencia 
objeto del recurso de amparo «da una respuesta de fondo a la pretensión formulada por 
la demandante en el proceso subyacente y lo hace con una motivación suficiente e 
incluso detallada que puede considerarse fundada en Derecho en la medida en que se 
razona la respuesta judicial y no contiene una exégesis irracional del ordenamiento 
jurídico». e.
Precisa más adelante que la sentencia impugnada no elude pronunciarse sobre la  w.
npcooren etcesen duseniór n su idnpedu eelams trnoei zcdauecr r‘iieónnnet xeic,s ot«ensn incaoiar r poerbgejlceoit sivaaaml  deaenrlt teh.  ea2csh9eo4g’ u yrL apOro Pqr Jue,el l oec elo cnnatfioseronm ddeee   qlaaul  ed cneaomm pabrnoidoca enddteee    2020-1108n https://w
jsuernistpernucdiaesn cdiea  2o3p deera ndoov ieemn blrae  dSea 2la0 1T0e»r.c eDrea  adllíe ql uTer imbuannatel nSeru plar edmemo aan dpaa «rqtiru ed eel los euss   BOE-A-cable e
una motivación insuficiente es manifiestamente improcedente. Sostener que es una 
motivación no razonada es inapropiado». Además, «en la hipótesis de que no hubiera 
cambiado la jurisprudencia, tampoco el art. 294 LOPJ hubiera sido considerado aplicable 
por el órgano judicial al caso de la demandante ya que su supuesto no era incardinable 
en la inexistencia subjetiva o por probada falta de participación, que era el que sí se 
estimaba susceptible de indemnización por esta vía y cauce según la jurisprudencia 
previa a las SSTS de 23 de noviembre de 2010». Por otro lado, considera inadecuado 
que  «la  demanda  de  amparo  refiere  y  reproduzca  el  contenido  de  diversos  votos 
discrepantes formulados respecto de determinadas sentencias de la Audiencia Nacional 
parecería  avalar  que  lo  que  se  pretende  es  una  mutación  de  la  decisión  y  fondo 
favorable  a  su  interés  como  la  que  preconizan  los  votos».  Y  recuerda  que  según 
reiterada doctrina de este Tribunal, el art. 121 CE no proclama un derecho fundamental, 
sino que es de configuración legal y desarrollado por los arts. 292 y siguientes LOPJ, 
aspecto no cuestionado por la STEDH asunto Puig Panella contra España.  Y que 
tampoco  «del  CEDH  y  la  jurisprudencia  del  TEDH  cabe  deducir  un  automatismo 
aplicativo que necesariamente lleve a incluir en el art. 294 LOPJ todos los supuestos de 
absolución cualquiera que sea la causa», sea por la vía del art. 6.2 del convenio o de 
cualquier otra de sus cláusulas. Se detiene luego el escrito de alegaciones del fiscal a 
explicar el contenido de la jurisprudencia sentada por las antedichas sentencias de 23 de 
noviembre de 2010 del Tribunal Supremo, indicando finalmente la procedencia del cauce 
del art. 293 LOPJ (error judicial) para casos como el de la recurrente, correspondiendo la 
última palabra al orden contencioso-administrativo.
9.  Mediante  escrito  presentado  el  4  de  diciembre  de  2018,  el  representante 
procesal de la recurrente solicitó el impulso procesal con el fin de que el Tribunal 
resolviera el recurso presentado. Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de 
este  Tribunal,  de  10  de  diciembre  de  2018,  se  acordó  unir  dicho  escrito  a  las 
actuaciones.
10.  Mediante  providencia  de  fecha  12  de  diciembre  de  2019,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 16 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  Remisión a las SSTC 85/2019 y 125/2019.
El recurso de amparo tiene por objeto el auto de 19 de julio de 2013 de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que 
desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de 26 de 
febrero de 2013 de la misma Sala y Sección, desestimatoria del recurso contencioso-
administrativo núm. 728-2011 interpuesto contra la resolución del secretario de Estado 
de Justicia de 24 de octubre de 2011, recaída en el expediente núm. 464-2010, que 
había  rechazado  la  reclamación  formulada  por  la  recurrente  de  responsabilidad 
patrimonial  del  Estado  por  haber  sufrido  prisión  provisional  y  ser  posteriormente 
absuelto.
Tanto  el  objeto  del  presente  proceso  constitucional  como  los  planteamientos 
introducidos  por  las  partes  en  el  debate  son  sustancialmente  coincidentes  con  los 
abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en la reciente STC 125/2019, de 31 
de  octubre  (recurso  de  amparo  núm.  4035-2012),  a  cuyos  fundamentos  jurídicos  es
debemos remitirnos. En concreto, en su fundamento jurídico 4 se determinaron los  o
efectos sobre el recurso de amparo de la declaración de inconstitucionalidad de los  w
iqadnupecel iilsc aoa pscLr ieoó«ycnp e oOddrre egi n áeondxtiioccisrahgte aadn rec nli eoaPlr  modadeamelt irhvp eaJac urohd– oiac e iiamnlal  p ptuaoqtnrua tedloa o  »aS« tlTeyaCn s«d  p8ireo5err/so 2oen0ls u1tlca9oi ,os m ndeieóss rm1g 9aaa n hdcooeasr u ajsu aaldiiom»m,  pdipnueaiglsr ntaara ractdt.oi av2nso9c s4l du.e1iyr     OE-A-2020-1108able en https://w
judiciales por estar entonces vigente– materializan la misma vulneración del derecho a la
igualdad y del derecho a la presunción de inocencia (arts. 14 y 24.2 CE) que apreciamos 
en la norma en la que tienen su fuente».
En consecuencia, procede estimar el presente recurso de amparo y reconocer el 
derecho del recurrente a que la decisión sobre su solicitud de indemnización se adopte, 
en cuanto a sus criterios rectores, de acuerdo con las exigencias constitucionales del 
art.  14  CE  y  del  art.  24.2  CE  señaladas  en  las  SSTC  85/2019,  de  19  de  junio, 
y 125/2019, de 31 de octubre. Por ello, la retroacción debe remontarse al momento 
anterior a dictarse la resolución del secretario de Estado de Justicia de 24 de octubre 
de  2011,  que  denegó  la  indemnización  y  que  origina  la  lesión  de  los  derechos 
fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia, para que la administración 
resuelva de nuevo la cuestión planteada conforme a las exigencias de los arts. 14 y 24.2 
CE en los términos indicados en las STC 85/2019, FJ 13, y STC 125/2019, FJ 5.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar  el  recurso  de  amparo  interpuesto  por  doña  Sandra  Verónica  Arancibia 
Torrealba y, en consecuencia:
1.º  Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
2.º  Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de 19 de 
julio de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional; de la sentencia de 26 de febrero de 2013 de la indicada Sección 
Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 728-2011, y de la resolución del secretario de 
Estado de Justicia de 24 de octubre de 2011, recaída en el expediente núm. 464-2010.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución 
citada para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma 
respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.–Encarnación Roca 
Trías.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-
Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y 
rubricado.
2020-1108n https://w