BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292 Martes 7 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 150805
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
20243 Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Generalidad de Cataluña, sobre la 
movilidad  interadministrativa  de  los  funcionarios  de  instituciones 
penitenciarias.
Habiéndose suscrito el 24 de noviembre de 2021 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior y la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña sobre la movilidad 
interadministrativa  de  los  funcionarios  de  instituciones  penitenciarias,  procede  la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo 
a esta Resolución,
Madrid,  1  de  diciembre  de  2021.–El  Secretario  General  Técnico,  Juan  Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña sobre la movilidad interadministrativa de los funcionarios 
de instituciones penitenciarias
En Madrid, a 24 de noviembre de 2021.
REUNIDOS
De  una  parte,  don  Fernando  Grande-Marlaska  Gómez,  Ministro  del  Interior, 
nombrado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del 
Gobierno, al amparo de lo previsto en los artículos 48.2 y 61 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del 
presente Convenio en la calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y, de otra parte, la señora Lourdes Ciuró i Buldó, Consejera de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, nombrada por Decreto 22/2021, de 26 de mayo, por el que se 
nombran  el  vicepresidente  del  Gobierno  y  los  consejeros  y  las  consejeras  de  los 
departamentos de la Generalidad de Cataluña, y que actúa en representación de la 
Consejería  de  Justicia  de  la  Generalidad  de  Cataluña  en  virtud  de  la  autorización 
conferida por Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de fecha 14 de 
septiembre de 2021, según establece el artículo 26.k de la Ley 13/2008, de 5 de 
noviembre, de la presidencia de la Generalidad de Cataluña y del Gobierno, y con 
domicilio a los efectos del presente Convenio en la calle Foc, 57, 08038 de Barcelona.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para subscribir el presente 
Convenio y, a tal efecto
MANIFIESTAN es
Primero. 243www.
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Así mismo, el artículo 143 de dicha Ley establece que la formalización de relación de 
cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de 
órganos de cooperación o en convenios.
En este sentido, el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, estipula que son 
convenios  los  acuerdos  con  efectos  jurídicos  adoptados  por  las  Administraciones 
Públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  vinculados  o 
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado 
para un fin común.
Segundo.
En  virtud  del  Real  Decreto  3482/1983,  de  28  de  diciembre,  sobre  traspasos  de 
servicios  del  Estado  a  la  Generalidad  de  Cataluña  en  materia  de  administración 
penitenciaria, la Administración General del Estado transfirió a la Administración de la 
Generalidad de Cataluña las competencias relativas a la gestión de los medios materiales 
y los recursos humanos de los centros penitenciarios ubicados en el territorio de Cataluña.
Tercero.
En lo que respecta a la movilidad de los funcionarios que prestan servicios en una u 
otra administración pública, el artículo 84.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece que con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, 
la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades 
locales  establecerán  medidas  de  movilidad  interadministrativa,  preferentemente 
mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.
En  el  ámbito  de  las  administraciones  publicas  de  Cataluña  también  resulta  de 
aplicación lo establecido en el artículo 71 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la refundición de un Texto Único de los preceptos de 
determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, dispone 
que se garantiza dentro del ámbito de esta Ley, el derecho a la movilidad de los 
funcionarios, de acuerdo con las condiciones que se determinen en la relación de 
puestos de trabajo.
Cuarto.
La Administración General del Estado y la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
con la aprobación previa del Gobierno de la Generalidad mediante Acuerdo de fecha 14 de 
septiembre de 2021, en ejercicio de sus propias competencias en materia de gestión de 
recursos humanos de los centros penitenciarios que dependen de cada una de ellas, 
manifiestan su voluntad de facilitar la movilidad interadministrativa de los funcionarios de los 
Cuerpos de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y de Técnicos Especialistas, grupo 
servicios penitenciarios, que prestan servicios, respectivamente en una y otra administración 
pública. A estos efectos, ambas administraciones consideran que los procesos selectivos de 
acceso a los cuerpos citados son homologables. La movilidad administrativa se llevará a cabo 
de acuerdo con el contenido de las cláusulas de este Convenio.
CLÁUSULAS s
Primera.  Objeto del Convenio. 243www.
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facilitar  la  movilidad  interadministrativa  del  personal  funcionario  de  los  Cuerpos  de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y de Técnicos Especialistas, grupo servicios 
penitenciarios.
Segunda.  Compromisos que asume la Consejería de Justicia.
La Generalidad de Cataluña garantizará que, en el concurso general de traslados, un 
número de puestos de trabajo base no inferior a 30 que se oferten del Cuerpo de 
Técnicos Especialistas, grupo servicios penitenciarios, del grupo C1 de titulación, puedan 
ser ocupados por funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 
de la Administración del Estado, del mismo grupo de nivel de titulación. A tal efecto y con 
la finalidad de posibilitar la movilidad entre ambas administraciones, se efectuarán las 
modificaciones necesarias en la relación de puestos de trabajo. El número fijado podrá 
ser revisado de la forma establecida la cláusula cuarta.
Tercera.  Compromisos que asume el Ministerio del Interior.
Asimismo, la Administración del Estado, en el concurso general de traslados para 
proveer puestos de trabajo del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
garantizará que un número de puestos de trabajo no inferior a 30, pueda ser ocupado 
por funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas, grupo servicios penitenciarios, de 
la Generalidad de Cataluña, para lo cual efectuará las modificaciones necesarias en su 
relación  de  puestos  de  trabajo.  El  número  fijado  podrá  ser  revisado  de  la  forma 
establecida la cláusula cuarta.
Cuarta.  Coordinación de las convocatorias de los concursos generales de traslados.
La convocatoria y gestión de los concursos generales de traslados se realizará de 
forma coordinada entre ambas Administraciones para evitar las disfunciones que podrían 
producirse por la posibilidad de que los funcionarios afectados puedan, participar en los 
dos concursos simultáneamente.
La Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula décima de este Convenio podrá 
revisar, para cada proceso de provisión, el número de puestos de trabajo del Cuerpo de 
Técnicos Especialistas, grupo servicios penitenciarios, y el número de puestos de trabajo 
del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, destinados a ser ocupados por 
funcionarios de ambos cuerpos.
Quinta.  Requisitos y méritos para la provisión de los puestos.
En los concursos generales de traslados, podrá participar el personal funcionario de 
los cuerpos citados de ambas administraciones publicas, una vez que hayan transcurrido 
dos años desde su ingreso y cumplan el resto de requisitos exigidos en las respectivas 
convocatorias, para acceder a los puestos de trabajo que puedan ser ocupados por 
funcionarios de ambos cuerpos. En las bases de las respectivas convocatorias constaran 
los requisitos específicos que afecten a los funcionarios de la Administración diferente a 
la que convoca.
Las bases de los concursos deberán respetar el principio de igualdad respecto a la 
participación  del  personal  funcionario  de  una  y  otra  Administración  pública,  y  los 
requisitos que se exijan en cada una de ellas deberán ser equivalentes. A estos efectos, 
en las respectivas convocatorias, se establecerán, para cada uno de los méritos a 
valorar, las correspondientes tablas de equivalencias. e.e
Sexta.  Retribuciones. 243ww
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correspondiente al grado personal consolidado.
Séptima.  Gestión.
La gestión de los concursos citados de ambas administraciones públicas se llevará a 
cabo  por  los  órganos  competentes  de  cada  una  de  ellas,  de  la  forma  coordinada 
contemplada en la cláusula cuarta.
Octava.  Cese o supresión de puestos de trabajo.
Si un funcionario fuese a la otra administración penitenciaria en comisión de servicios 
o libre designación y cesase o se pusiera fin a esta situación administrativa por cualquier 
causa, ello determinaría el regreso a la administración penitenciaria de origen.
Novena.  Financiación del Convenio.
El presente Convenio no conlleva ningún gasto para ninguna de las partes que lo 
subscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constituida 
por dos representantes designados por cada una de las Administraciones firmantes de 
este Convenio.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que 
éstos designen.
3.  La Comisión de Seguimiento realizará las funciones previstas en la cláusula 
cuarta del presente Convenio y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que se deriven del presente Convenio.
4.  El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Portal de Transparencia.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, en su artículo 8.1.b), recoge la publicación de los convenios 
entre las obligaciones de publicidad activa.
En  el  ámbito  de  la  Generalidad  de  Cataluña  también  resulta  de  aplicación  la 
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen  gobierno.  Conforme  su  artículo  14  se  dará  publicidad  de  este  Convenio  de 
colaboración por medio del Registro de convenios de colaboración y cooperación de la 
Generalidad que se tiene que integrar en el Portal de la transparencia.
Así mismo la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento 
de las Administrativas Públicas de Cataluña, en su artículo 110.3, establece que los 
convenios y los protocolos deben publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» y en la web del Registro de convenios de colaboración y cooperación de la 
Generalidad, que es accesible desde el Portal de la Transparencia.
Duodécima.  Confidencialidad y Protección de datos.
1.  Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e  s
informaciones obtenidos de la otra parte y concernientes a la ejecución del objeto del  oe.
presente Convenio. w.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en  243ww
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py roat elcac ilóibnr ed ec liarcsu plaecrisóonn adse  fíessictaoss  edna tloo sq uye  preosr pleac tLaO a l 3tr/a2t0a1m8i,e ndteo  d5e  ddea tdoisc ipeemrsboren,a ldees   BOE-A-cable e
protección de datos personales y garantías de los derechos digitales. A estos efectos, las 
entidades  firmantes  del  Convenio  tendrán  la  consideración  de  responsables  de  los 
tratamientos  propios  en  los  que  se  incorporen  datos  de  carácter  personal 
respectivamente recabados en el ámbito de las actividades que se desarrollen. El acceso 
a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará 
con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de las actividades objeto del Convenio. Los datos de carácter 
personal  no  serán  cedidos  ni  comunicados  a  terceros,  salvo  cuando  se  cedan  a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del  presente  Convenio,  actuarán  como  responsables  del  tratamiento  la  Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Justicia de la Generalidad de 
Cataluña,  y  tendrán  por  finalidad  la  formación  continua  de  los  empleados  públicos 
dependientes de la primera.
4.  Las  partes  firmantes  están  obligadas  a  implantar  medidas  técnicas  y 
organizativas  necesarias  que  garanticen  la  seguridad  e  integridad  de  los  datos  de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las  partes  firmantes  del  Convenio  quedan  exoneradas  de  cualquier 
responsabilidad  que  se  pudiera  generar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones  asumidas,  la  entidad  que  los  hubiera  cometido  responderá  de  las 
infracciones en que hubiera incurrido.
Decimotercera.  Régimen de modificación del Convenio.
El Convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime del Ministerio del Interior y la 
Consejería  de  Justicia.  Para  ello,  habrá  de  suscribirse  la  correspondiente  adenda, 
siguiendo los trámites previstos y la autorización previa establecidos en el artículo 50 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarta.  Legislación aplicable.
Este Convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del Convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimoquinta.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  presente  Convenio  se  perfecciona  por  la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo 
de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el  s
plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». oe.
La vigencia de este Convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la  w.
vigencia  del  Convenio,  el  Ministerio  del  Interior  y  la  Consejería  de  Justicia  podrán  243ww
acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimosexta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad de aquellas actuaciones que se encuentren en 
ejecución en el momento de la resolución del Convenio. El plazo para su finalización se 
acordará por las partes en el momento de la resolución y tendrá carácter improrrogable.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Convenio en 
dos  ejemplares  originales,  igualmente  válidos,  en  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.–Por el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.–Por 
la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Lourdes Ciuró i Buldó.