BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 193 Miércoles 15 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 51290
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
7864 Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión 
directa  de  determinadas  subvenciones  en  el  ámbito  del  empleo  y  de  la 
formación profesional para el empleo, para el ejercicio presupuestario 2020.
El  texto  refundido  de  la  Ley  de  Empleo,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, dispone, en su artículo 1, que, teniendo en cuenta 
lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Española, la política de empleo 
es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas 
que  tienen  por  finalidad  el  desarrollo  de  programas  y  medidas  tendentes  a  la 
consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación 
cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida 
protección de las situaciones de desempleo.
De la misma manera, el citado texto refundido de la Ley de Empleo determina, en su 
artículo 15, que el Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo autónomo de la 
Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y 
seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, determinándose sus 
competencias en el artículo 18.
El  presente  real  decreto  tiene  por  finalidad  hacer  efectivas  políticas  activas  de 
empleo, de amplio espectro y de diverso contenido, si bien por razones de eficiencia y 
oportunidad, se considera adecuado incluirlas en una misma norma. Además, en todos 
los supuestos se trata de una colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal, bien 
con otros organismos de la Administración General del Estado, bien con organismos de 
la Administración Autonómica de Canarias, y en todos los casos la finalidad última es 
mejorar las condiciones de acceso al empleo de personas desempleadas.
Así, el artículo 18, en su letra h), recoge la gestión de los servicios y programas 
financiados con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.
Dentro de los supuestos regulados para ser financiados con cargo a la reserva de 
crédito se recogen los servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes 
de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la 
colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración 
General  del  Estado  o  sus  organismos  autónomos,  para  la  realización  de  acciones 
formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de 
calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando 
se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y 
ejecución de obras y servicios de interés general y social relativos a competencias 
exclusivas del Estado.
Estos  programas  y  servicios  se  recogen  también  en  la  disposición  adicional 
centésima vigésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018.
En este caso, se pretende la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con 
organismos  de  la  Administración  General  del  Estado,  que  no  pueden  realizar  esta 
colaboración  con  las  administraciones  autonómicas.  Además,  en  determinados  s
supuestos  las  competencias  a  realizar  no  han  sido  objeto  de  traspaso  a  ninguna  oe.
Comunidad Autónoma, como en el caso de las funciones realizadas por el Consejo de  w.
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Audiovisuales, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, el Instituto de la
Juventud, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por ello, el Servicio  Bc
Público de Empleo Estatal, es el organismo competente para ejecutar las subvenciones 
previstas para colaborar con estos organismos y entes.
Por su parte, en la letra l) del artículo 18 del texto refundido de la Ley de Empleo se 
establece que el Servicio Público de Empleo Estatal asumirá las restantes competencias 
que legal o reglamentariamente se le atribuyan. Así, en la disposición adicional tercera 
del texto refundido de la Ley de Empleo se señala que, considerando la situación 
económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica 
derivada de su insularidad y lejanía reconocida por el artículo 138.1 de la Constitución 
Española y por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Estado podrá participar en la financiación de un Plan Integral de Empleo que se dotará, 
de forma diferenciada, en el estado de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, 
para su gestión directa por dicha comunidad autónoma, y no integrado en la reserva de 
crédito anteriormente citada.
La disposición adicional centésima vigésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2018,  prorrogada  para  2020, 
establece, de conformidad con la disposición adicional tercera del texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, relativa 
al Plan Integral de Empleo de Canarias, que el Estado aportará la cantidad de 42 
millones de euros, para la realización de medidas que incrementen el empleo durante el 
año 2018, y que las medidas concretas a desarrollar, así como la aportación citada para 
el Plan Especial de Empleo de Canarias, se instrumentarán mediante un Convenio a 
celebrar  entre  la  Administración  General  del  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias.
En este caso, la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal deriva de la 
necesidad de formalizar un Plan de Empleo específico en una región con características 
muy  especiales  (catalogada  como  región  «ultraperiférica»),  que  exige  una  dotación 
financiera adicional a las cantidades que se asignan en base a criterios establecidos en 
la respectiva Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. En los presupuestos 
de este organismos existe una dotación para financiar el citado Plan y por tanto, el 
Servicio Público de Empleo Estatal es el único que puede hacer efectivo el abono de la 
cantidad que corresponde al mismo.
Siendo la subvención el instrumento jurídico adecuado para articular la financiación 
de los programas y servicios señalados, se ha de proceder a su análisis para justificar la 
necesidad de este real decreto. El artículo 22 apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones  posibilita  la  concesión  de  forma  directa  de 
subvenciones  en  tres  casos:  para  subvenciones  nominativamente  previstas  en  los 
Presupuestos Generales del Estado; aquellas subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía 
venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal; o cuando con carácter 
excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitaria, u 
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Así, las excepcionales circunstancias en las que se ejecutan los citados programas, que 
sólo pueden realizarse por determinados organismos o Administraciones por su propia 
esencia y su carácter eminentemente social, determinan su carácter extraordinario. En este 
sentido se debe tener en cuenta que la interrupción de estos programas durante una parte 
de 2020, supone un perjuicio para las personas contratadas con cargo a los mismos, así 
como para las Administraciones que los gestionan que deberán finalizar unos contratos 
antes de finalizar los respectivos proyectos, para volver a incorporar a los trabajadores en 
un programa que se inicie en cuestión de un lapso muy breve de tiempo. Para evitar este  s
perjuicio, se posibilita la aplicación este real decreto, de forma que se dé cobertura a las  oe.
actuaciones realizadas entre el 1 de enero y la fecha de publicación de esta norma en el  w.
«Boletín Oficial del Estado». 64ww
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la realización de tareas, obras o servicios de interés general y social, con la intención de
mejorar la atención que estos prestan a los ciudadanos, con los siguientes organismos 
de la Administración General del Estado:
– El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
– La  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  la  Entidad  Estatal  Trabajo  Penitenciario  y 
Formación para el Empleo, dependientes del Ministerio del Interior
– El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y la Música, dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte
– El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
– El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
Los programas públicos de empleo y formación de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo se desarrollan desde hace veinticuatro años por el Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática y en el que personas desempleadas adquieren 
formación  y  experiencia  profesional  que  les  capacita  para  incorporarse  al  mercado 
laboral.
Por lo que respecta a la participación del Estado, a través del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en la financiación de un Plan Integral de Empleo de Canarias para 2020, 
se debe tener en cuenta que la tasa de paro del tercer trimestre de 2019 es del 21,19 % 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, frente al 13,92 % de la media nacional. Es 
además, la cuarta Comunidad Autónoma con mayor tasa de paro y la segunda con 
mayor incremento del paro en términos anuales. Asimismo es importante destacar la 
importancia de poner en marcha cuanto antes un Plan Integral de Empleo de Canarias 
que incluirá medidas para combatir el paro y trabajar por la recuperación del empleo en 
una Comunidad especialmente castigada por el impacto del COVID-19 en la fuente 
principal de su actividad económica que es el turismo.
Por último, la disposición adicional segunda de la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se regula el Programa de 
Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos 
Programas, prevé el desarrollo del Programa de Escuelas-Taller en territorio extranjero, 
en el ámbito de la colaboración internacional en los términos que se acuerden entre el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  y  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores 
(actualmente Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, respectivamente).
La gestión de este tipo de ayudas se ha venido realizando desde el año de su 
establecimiento  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el 
Desarrollo, mediante la suscripción de convenios anuales con el Servicio Público de 
Empleo Estatal, estando actualmente vigente y hasta el 31 de diciembre de 2020 el 
convenio suscrito el 12 de septiembre de 2017.
A pesar de sus diferencias, todos los programas o servicios mencionados presentan 
como  característica  común  las  excepcionales  circunstancias  que  se  encuentran  las 
personas desempleadas que serán beneficiarias en última instancia de los mismos, ya 
que su participación les permitirá adquirir una mayor formación, en su caso acompañada 
de un período de experiencia profesional o sólo esta última, además en determinados  e
supuestos la ejecución de estos programas mejora la atención que recibe la ciudadanía  bo
en general. 64ww
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normativa  correspondiente.  Estas  especiales  características  hacen  que  sólo  las
entidades enumeradas puedan ejecutar las acciones objeto de subvención, lo que impide 
la convocatoria pública de este tipo de subvenciones mediante el procedimiento ordinario 
de concurrencia competitiva.
Este real decreto regula por tanto el otorgamiento de una serie de subvenciones que, 
de un lado, tienen su precedente en actuaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
que viene realizando de manera recurrente en los ejercicios precedentes y que se 
incluían en los presupuestos ordinarios de cada ejercicio (la última inclusión fue en 2018) 
y, de otro, estaban están dentro de las competencias de dicho Servicio Público de 
Empleo Estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.h) del texto refundido de 
la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Es  necesario  mantener  la  financiación  de  estas  actuaciones  para  garantizar  la 
efectividad de las indicadas políticas de empleo y de formación para el mismo que viene 
desarrollando el Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco de 
las competencias de Formación para el Empleo que tiene atribuidas, se hace necesario 
acudir al tercer mecanismo que la Ley General de Subvenciones contempla en su 
artículo 22.2.c).
Por  ello,  el  interés  público,  social,  económico  o  humanitario  que  justifica  la 
adjudicación directa de estas subvenciones mediante su aprobación a través de este real 
decreto, es el mismo que cuando se hace por el mecanismo de su aprobación como 
subvenciones nominativas, vía presupuesto, que ahora resulta imposible, por razón de la 
técnica presupuestaria. Asimismo, no cabe aplicar los mecanismos de la concurrencia en 
el otorgamiento porque se trata de subvenciones nominativas, que tratan de financiar 
actuaciones concretas que se reiteran plurianualmente en las entidades beneficiarias. Se 
garantiza así la continuidad de las actuaciones públicas de políticas activas de empleo 
que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal que regula este real decreto.
Por todo ello, en las subvenciones contempladas en este real decreto se dan las 
circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones que 
justifican su concesión directa.
El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa  y  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas  actuarán  de 
acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia.
La adecuación de la presente norma a los principios de necesidad y eficacia deriva 
de  la  defensa  del  interés  general,  materializado  en  la  necesidad  de  mejorar  las 
posibilidades de inserción futura de las personas desempleadas.
Esta norma responde al principio de proporcionalidad conteniendo la regulación 
imprescindible para garantizar que se alcance con el objetivo de proporcionar una mejor 
formación, una experiencia profesional o una combinación de ambos a las personas 
desempleadas.
La norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, debido a que requiere aplicar 
lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
No  obstante,  como  su  objeto  se  circunscribe  a  posibilitar  el  otorgamiento  de 
subvenciones  exclusivamente  durante  2020,  a  otros  entes  y  organismos  de  la 
Administración General del Estado y de la Administración Autonómica de Canarias, esta 
norma no supone un desarrollo ni del citado texto refundido, ni de la Ley 30/2015, de 9 
de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo  s
en el ámbito Laboral. oe.
De la misma manera en aplicación del principio de transparencia se han definido  w.
claramente  el  alcance  y  objetivo;  y  de  acuerdo  con  el  principio  de  eficiencia,  se  64ww
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El presente real decreto tiene como antecedente el Real Decreto 305/2019, de 26 de 
abril, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el 
ámbito  del  empleo  y  de  la  formación  profesional  para  el  empleo,  para  el  ejercicio 
presupuestario 2019.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª 
y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades  autónomas,  y  la  competencia  exclusiva  para  regular  las  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este  real  decreto  tiene  por  objeto  regular  la  concesión  directa,  con  carácter 
excepcional y por razones de interés público de las aportaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal, destinadas a la ejecución para 2020 de programas de fomento del 
empleo, y de la formación profesional para el empleo del ámbito de competencias de 
dicho Servicio Público, o de una combinación de ambos, desarrollados por:
a)  El  Consejo  de  Administración  del  Patrimonio  Nacional,  dependiente  del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
b)  La  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  la  Entidad  Estatal  Trabajo  Penitenciario  y 
Formación para el Empleo, dependientes del Ministerio del Interior.
c)  El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, y el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y la Música, dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte.
d)  El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
e)  El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.
f)  La  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
g)  La Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 2.  Régimen jurídico específico de las subvenciones.
1.  Estas subvenciones se regirán en todo caso por lo dispuesto en el presente real 
decreto.
2.  En el caso de los Programas de Escuelas Taller y talleres de empleo gestionados 
por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, se regirán también por lo previsto en los 
convenios que regulen la ejecución de los proyectos concretos a realizar con cargo a las 
aportaciones  reguladas  en  el  presente  real  decreto,  y  de  forma  supletoria  por  lo  s
establecido en la Resolución de 7 de julio de 1995, del Instituto Nacional de Empleo, y la  oe.
Orden de 14 de noviembre de 2001, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por las  w.
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febrero, por el que se establece el programa de talleres de empleo, y en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 2001, por la que se  Bc
desarrolla dicho real decreto y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas a dichos programas y demás normativa de aplicación a estos 
programas.
3.  En el caso de los programas de fomento del empleo gestionados por la Jefatura 
Central de Tráfico, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la Música, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por el 
Instituto de la Juventud, se regirán también por lo previsto en la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de 
Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del 
Estado  y  sus  organismos  autónomos,  comunidades  autónomas,  universidades  e 
instituciones  sin  ánimo  de  lucro,  que  contraten  trabajadores  desempleados  para  la 
realización de obras y servicios de interés general y social.
4.  En el caso del Plan Integral de Empleo de Canarias, se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en lo que se 
establezca en el convenio que firmen la citada comunidad autónoma y el Servicio Público 
de Empleo Estatal para desarrollar las acciones concretas a ejecutar.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Artículo 3.  Procedimiento de concesión.
1.  Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, 
atendiendo a su carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en 
que  ha  de  realizarse  la  actividad  subvencionada,  así  como  la  singularidad  de  las 
entidades que de forma única pueden ejecutar los programas y servicios objeto de las 
mismas.  Dado  que  concurren  razones  de  interés  público  que  determinan  la 
improcedencia de su convocatoria pública, se procederá a su concesión directa a las 
entidades y organismos beneficiarios, mencionados en el artículo 1.
2.  La concesión de las subvenciones a la Jefatura Central de Tráfico, al Instituto de 
la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, al Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y la Música, a la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de la Juventud, se realizará 
mediante resolución del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, en la que se detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución de los 
programas  de  fomento  del  empleo  a  ejecutar  en  cada  organismo  o  entidad,  las 
actuaciones concretas a financiar y se determinará el plazo de presentación de la 
memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artículo 8. Cada una de las entidades 
mencionadas debe presentar con carácter previo a la emisión de la resolución citada, 
una solicitud de subvención.
3.  El plazo máximo para dictar la resolución será de un mes a partir del momento 
en que el órgano otorgante disponga de la documentación a que se refiere este real 
decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a 
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención. e.e
4.  La resolución de concesión de las subvenciones no agota la vía administrativa,  b
de conformidad con lo establecido en el artículo 82.uno.4.a) de la Ley 50/1998, de 30 de  64ww
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.  La  concesión  de  subvenciones  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  se 
instrumentará mediante la firma de un convenio con el Servicio Público de Empleo 
Estatal. En el citado convenio se detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución 
de los programas a ejecutar, las actuaciones a financiar, y se determinará el plazo de 
presentación de la memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artículo 8.
6.  En los casos del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la concesión de subvenciones 
se realizará mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, de acuerdo con las condiciones recogidas en los convenios 
actualmente en vigor.
Artículo 4.  Publicidad y medidas de difusión.
1.  La concesión de las subvenciones se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme establece el artículo 20.4 de 
la Ley General de Subvenciones y el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de 
marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad 
de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2.  Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que sean objeto de la 
subvención, en los términos establecidos en la normativa aplicable a cada una de las 
subvenciones recogida en el artículo 2 y/o en el respectivo instrumento de concesión de 
las subvenciones previsto en el artículo.
Artículo 5.  Beneficiarios de las subvenciones.
1.  Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:
a)  La Jefatura Central de Tráfico, el Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, la Entidad Estatal 
Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  Empleo,  el  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas y el Instituto de la Juventud, para el desarrollo de programas 
en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal que tengan como objetivo la 
generación  de  empleo  de  calidad  y  la  mejora  de  oportunidades  de  las  personas 
trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o 
programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés general y social 
relativos a competencias exclusivas del Estado.
b)  El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y la Agencia Española de 
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  para  el  desarrollo  de  programas  de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo, en el ámbito de sus competencias respectivas.
c)  La Comunidad Autónoma de Canarias, para la ejecución del Plan Integral de 
Empleo previsto en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley de 
Empleo.
2.  Las entidades, organismos y Administraciones beneficiaras de las subvenciones 
reguladas en la presente norma, deben acreditar en todo caso el requisito de estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  así  como  de  hallarse  al  corriente  de  pago  de  e.
obligaciones por reintegro de subvenciones previamente percibidas, de acuerdo con lo  w.b
dispuesto en el artículo 21 del citado Reglamento. 64ww
Pres3u. puLeassto  sduebl vSeenrcviiocnioe sP úrebglicuola ddea sE menp leeos tEe srteaatal l.decreto se financiarán con cargo al
Artículo 6.  Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1.  Estas entidades y Administraciones, en coordinación con el Servicio Público de 
Empleo Estatal, desarrollarán las siguientes actuaciones:
a)  Por lo que se refiere a los programas de fomento del empleo a desarrollar por 
organismos  de  la  Administración  General  del  Estado.  Financiación  de  los  costes 
salariales de los trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados en el artículo sexto de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, sean 
contratados para la ejecución de las obras y servicios de interés general y social, 
incluidos los originados por las cuotas a cargo del empleador a la Seguridad Social por 
todos los conceptos, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
Las obras y servicios a ejecutar se deben prestar en régimen de administración 
directa;  y  en  su  ejecución  o  prestación  se  favorecerá  la  formación  y  práctica 
profesionales de las personas desempleadas contratadas.
Las actuaciones concretas a desarrollar en cada caso, se detallarán en la resolución 
de concesión, de acuerdo a las solicitudes que hubieran presentado cada uno de los 
entes u organismos beneficiarios.
b)  Por lo que se refiere a los programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo a 
desarrollar  por  el  Consejo  de  Administración  del  Patrimonio  Nacional  y  la  Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
1.º  Financiación de los costes salariales del personal directivo, docente y de apoyo 
que hayan sido seleccionados y contratados para los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo, incluidos los originados por las cuotas a cargo del empleador a la 
Seguridad Social por todos los conceptos, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional. No se subvencionarán, en ningún caso, las indemnizaciones por 
fallecimiento  y  las  correspondientes  a  traslados,  suspensiones,  despidos,  ceses  o 
finalizaciones de contrato.
2.º  Financiación de los demás costes de formación y funcionamiento que pudieran 
ocasionarse en la ejecución del programa.
3.º  Financiación de los costes salariales derivados de los contratos que suscriban 
los alumnos- trabajadores en los proyectos, así como la totalidad de las cuotas a cargo 
del  empleador,  correspondientes  a  la  Seguridad  Social,  fondo  de  garantía  salarial, 
desempleo y formación profesional establecidas para dichos contratos en su normativa 
específica.
En ambos casos se atenderá a los proyectos concretos que se desarrollarán en base 
al convenio firmado entre el Servicio Público de Empleo Estatal y cada una de las 
entidades u organismos antes mencionados
c)  Por lo que se refiere al Plan Integral de Empleo de Canarias:
1.º  Actuaciones de formación profesional para el empleo dirigidas al aprendizaje, 
formación,  recualificación  o  reciclaje  profesional,  así  como  de  formación  dual  y  en 
alternancia con la actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o 
mejorar  su  experiencia  profesional,  para  incrementar  su  cualificación  y  facilitar  su 
inserción laboral. Tanto para trabajadores desempleados como para ocupados.
En especial, se podrá dar cobertura a Planes de Formación Específicos para los 
Sectores Económicos más afectados por la crisis del COVID-19, turismo, transporte, 
comercio,  o  de  carácter  intersectorial  como  formación  en  idiomas  o  competencias  e.e
digitales. b
2.º  Actuaciones  que  tengan  por  objeto  incentivar  la  creación  de  empleo  o  el  64ww
mtieannetne nmimaiyeonrt od ifdiceu lltoasd  epnu eesl taocsc deeso t roa bpaejrom, aensepnecciaia elmne enl tme ipsmaroa. aquellos colectivos que
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la situación de crisis sanitaria por el COVID-19.
4.º  Incentivos a la contratación para pymes y autónomos cuya actividad se haya 
visto afectada de la declaración del estado de alarma la situación de crisis sanitaria por 
el COVID-19.
5.º  Incentivos a la contratación para el afloramiento de la económica sumergida.
6.º  Acciones de promoción de la movilidad para el empleo a residentes en Canarias.
7.º  Desarrollar un plan extraordinario de empleo de transición ecológica (PETE), 
para la contratación de trabajadoras y trabajadores en proyectos generadores de empleo 
en el ámbito de la Energía y el Clima, Energías Renovables, Agricultura Ecológica, etc.
8.º  Desarrollo de Planes de Empleo social en actuaciones coordinadas con las 
distintas Administraciones Públicas de Canarias al objeto de mejorar la empleabilidad de 
los colectivos especialmente vulnerables.
9.º  Apoyo para la contratación y creación de equipos expertos en desarrollo local que 
generen material sobre el empleo local, la capacidad de transformación de los municipios. Y 
aplicación de los nuevos modelos económicos en el ámbito local (economía circular, la 
economía del bien común, la economía colaborativa, economía social, etc).
10.º  Actuaciones para la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo y de 
servicios de apoyo a la creación de empresas.
11.º  Actuaciones  de  información,  orientación  profesional,  motivación, 
asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, 
diseño  y  gestión  de  la  trayectoria  individual  de  aprendizaje,  búsqueda  de  empleo, 
intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las 
personas desempleadas.
12.º  Actuaciones de mejora e impulso a la modernización de los sistemas públicos 
de empleo que redunden en una mayor eficacia de los servicios, situando a las oficinas 
de empleo como unidades centrales operativas dedicadas a la gestión y coordinación en 
la dimensión de lo local.
13.º  Actuaciones dirigidas a la mejora continua y adaptación del Servicio Público de 
Empleo  en  Canarias  para  incrementar  su  capacidad  de  intermediación,  la  atención 
personalizada, tanto presencial como electrónica, y la introducción de herramientas de 
análisis  para  la  identificación  y  clasificación  de  los  desempleados  respecto  a  sus 
necesidades para la mejora de su empleabilidad.
14.º  Acciones y medidas destinadas a incrementar la tasa de empleo femenina, la 
integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión y ausentes del mercado de 
trabajo y la integración laboral de las personas con discapacidad en aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades.
15.º  Acciones para el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la 
experiencia laboral y aquellos que impulsen la formación modular y la teleformación.
16.º  Actuaciones  que  fomenten  la  práctica  profesional  en  un  entorno  laboral, 
prioritariamente para aquellos desempleados en busca de su primera experiencia en su 
perfil profesional.
17.º  Planes  específicos  de  empleo  y  formación  para  jóvenes  y  parados  de  larga 
duración, dentro de las medidas del Plan de Choque por el Empleo Joven (2019-2021), 
aprobado en el Consejo de Ministros el 7 de diciembre de 2019, y el Plan REINCORPORA-T 
(2019-2021), aprobado en el Consejo de Ministros el 5 de abril de 2019.
Sin perjuicio que en el Convenio que se formalice entre el Servicio Público de 
Empleo Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se pudieran 
añadir actuaciones no incluidas en las anteriores.
2.  El período de ejecución de las actividades subvencionadas comprenderá desde  e.
el 1 de enero de 2020 hasta el plazo que se determine en el respectivo instrumento de  w.b
concesión de las subvenciones previsto en el artículo 3. 64ww
CAPÍTULO III
Financiación
Artículo 7.  Cuantía y financiación.
1.  El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a)  La Jefatura Central de Tráfico: 216,48 miles de euros.
b)  El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales: 149,82 miles de euros.
c)  El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música: 105,87 miles de euros.
d)  La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: 57,05 
miles de euros
e)  El Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 282,09 miles de euros.
f)  El Instituto de la Juventud: 1.000,00 miles de euros
g)  El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional: 6.501,38 miles de euros
h)  La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 1.155,60 
miles de euros.
i)  La Comunidad Autónoma de Canarias: 42.000,00 miles de euros.
2.  Será  de  aplicación  el  régimen  de  compatibilidades  o  incompatibilidades 
establecido  en  la  normativa  supletoria  aplicable  a  cada  una  de  las  subvenciones 
recogida en el artículo 2.
Artículo 8.  Pago de la subvención.
1.  El pago de las subvenciones en todos los casos se efectuará una vez dictada la 
resolución de concesión o firmado el respectivo convenio, en los términos expuestos en 
la resolución o convenio.
2.  Como los beneficiarios de estas subvenciones serán entidades y organismos de 
la Administración General del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se permite el pago anticipado de la totalidad del importe consignado para 
financiar  estas  subvenciones  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  las 
resoluciones o convenios.
3.  A los efectos de este artículo, la valoración del cumplimiento por el beneficiario de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de que no es deudor por resolución 
de procedencia de reintegro, así como su forma de acreditación, se efectuará en los términos 
previstos en el artículo 4.3 sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario.
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 22 y 24, según proceda, del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9.  Modificación de la resolución.
1.  En los casos en los que exista, podrá modificarse la resolución de concesión 
como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada 
concesión y, particularmente, en el supuesto de variación de las cuantías inicialmente 
asignadas por la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
2.  La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular de la  s
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta modificación no podrá  oe.
suponer  en  ningún  caso  la  asunción  de  compromisos  financieros  superiores  a  los  w.
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Esta  modificación  no  podrá  suponer  en  ningún  caso  la  asunción  de  compromisos
financieros superiores a los inicialmente alcanzados en el convenio inicial. Bc
CAPÍTULO IV
Obligaciones de los beneficiarios
Artículo 10.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Con carácter general, las entidades, organismos y Administraciones beneficiarias de 
estas subvenciones deberán:
a)  Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se 
fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos 
en  la  resolución  de  concesión,  o  en  el  convenio  respectivo,  aportando  los  datos 
cuantitativos  necesarios  para  la  correcta  evaluación  de  las  actuaciones  al  Servicio 
Público de Empleo Estatal.
b)  Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el 
contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
c)  Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los 
fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y 
a la evaluación continua y final por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, así 
como  al  control  financiero  de  los  mismos  por  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. No obstante, en el caso del Plan 
Integral  de  Canarias  el  control  se  realizará  por  la  Intervención  de  la  respectiva 
Comunidad Autónoma, y en el caso de existir por su órgano de control externo.
d)  Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos 
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control.
e)  Devolver al Servicio Público de Empleo Estatal las cantidades anticipadas, que 
no se hubieran utilizado en la ejecución de la actividad o actividades objeto de la 
subvención,  en  los  plazos  y  condiciones  previstos  en  los  respectivos  convenios  o 
resoluciones de concesión
Artículo 11.  Memoria y cuenta justificativa final.
Las entidades, organismos y Administraciones beneficiarias de las subvenciones 
reguladas en la presente norma, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante el 
Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  la  aplicación  de  la  subvención  percibida  y 
presentarán una memoria y una cuenta justificativa final que acredite el cumplimiento del 
objeto de la subvención.
La resolución de concesión o el respectivo convenio de colaboración determinarán el 
plazo de presentación de esta memoria final y los requisitos que ha de cumplir la 
documentación acreditativa de las actividades realizadas y de los gastos efectuados, así 
como la forma que revestirá la misma.
Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros.
1.  Procederá  el  reintegro  de  las  cantidades  percibidas  y,  en  su  caso,  de  los 
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.  En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser  e
reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en  bo
cuenta  el  hecho  de  que  el  citado  incumplimiento  se  aproxime  significativamente  al  64ww
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Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el 
titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera.  Normativa supletoria aplicable.
En lo no particularmente previsto en este real decreto, estas subvenciones se regirán 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como a la demás legislación aplicable.
Disposición final segunda.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª y 13.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas, y la competencia exclusiva para regular las bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final tercera.  Aplicación.
Se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para adoptar, en el ámbito de sus 
funciones y competencias, cuantos actos y medidas se precisen para la aplicación de 
este real decreto.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de julio de 2020.
FELIPE R.
La Ministra de Trabajo y Economía Social,
YOLANDA DÍAZ PÉREZ