BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22059
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2918 Sala  Primera.  Sentencia  3/2022,  de  24  de  enero  de  2022.  Recurso  de 
amparo 4765-2019. Promovido por doña Concepción Martín Núñez respecto 
de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la  Audiencia  Nacional  en  proceso  sobre  adecuación  de  pensiones. 
Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (intangibilidad): 
resoluciones judiciales que desatienden el efecto positivo de la cosa juzgada 
material al ignorar pronunciamientos firmes anteriores con incidencia en los 
haberes reguladores que habían de tenerse en cuenta para el cálculo de la 
pensión de jubilación de la recurrente (SSTC 204/2003 y 173/2021).
ECLI:ES:TC:2022:3
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Pedro 
José González-Trevijano Sánchez, presidente; los magistrados don Santiago Martínez-
Vares García y don Ricardo Enríquez Sancho, y las magistradas doña María Luisa 
Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4765-2019, promovido por doña Concepción Martín 
Núñez, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, Sección Séptima, de 4 de junio de 2018, y contra el auto de la misma Sala y 
Sección de la Audiencia Nacional, de 7 de junio de 2019, que desestimó el incidente de 
nulidad  de  actuaciones  promovido  contra  la  anterior  resolución.  Han  intervenido  el 
abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo 
Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de julio 
de 2019, la procuradora de los tribunales doña Isabel Juliá Corujo, actuando en nombre 
y representación de doña Concepción Martín Núñez, bajo la defensa del letrado don 
Raúl Bocanegra Sierra, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones arriba 
mencionadas.
2. Los hechos con relevancia para la resolución del presente recurso de amparo y a 
los que se refiere la demanda presentada, son los siguientes:
A) Actuaciones anteriores a la STC 204/2003, de 1 de diciembre: s
Para el adecuado enjuiciamiento de la presente demanda hemos de remontarnos en  w.b
primer  lugar  a  las  actuaciones  administrativas  y  judiciales  que  dieron  lugar  a  la  18ww
2in9te1r2p-o1s9i9c9ió,n e, le cnutrael  ofutrea sr epseuresloton apso pr onru leas atrqau íS dTeCm 2a0n4d/a2n0t0e3, ,d deel r e1c duers od idciee mambrpea. roD incúhmas. 
actuaciones  quedaron  reflejadas  en  el  antecedente  2  de  esta  última,  que  por  su 
importancia se transcriben a continuación en lo que importa al presente recurso:
«a) Con fecha 9 de junio de 1994 doña María Teresa Pérez Ariño, don Vicente 
Fernández Sainz, doña Yolanda Gutiérrez Fernández, don Francisco Javier Membrado 
López, doña Teresa González del Valle, doña Fuencisla Perlado Jimeno, don Emilio 
Gómez Muñoz, doña María Concepción Martín Núñez, doña Estilita Cañas Orejudo y 
otros, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de la Dirección General de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, denegatoria de la solicitud de 
reconocimiento de derecho de clasificación de los demandantes en el grupo A de la 
función  pública  docente,  adscritos  a  los  servicios  de  apoyo  psicopedagógico  y 
orientación educativa [SAPOE] dependientes del indicado departamento ministerial. Este 
recurso fue tramitado con el número 683-1994 y resuelto por sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el día 16 de 
febrero de 1995, en cuya parte dispositiva se declara: “El derecho de los recurrentes a 
ser integrados en el grupo A, con todos los efectos derivados de tal asignación que 
tendrá eficacia desde la fecha de sus nombramientos definitivos para sus respectivos 
puestos de trabajo”.
[…]
c) Habiendo ganado firmeza [la sentencia], la dirección provincial de Cantabria del 
Ministerio de Educación y Cultura dictó una resolución el día 22 de septiembre de 1997 
por la que se daba traslado a los ahora demandantes de amparo del acuerdo de la 
Dirección General de Personal y Servicios de dicho Ministerio en el que se indicaba que 
“en relación a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
relativa al recurso contencioso-administrativo número 683-1994 [...] la sentencia estima 
el derecho de los recurrentes [...] a ser integrados en el grupo A, integración que tendrá 
eficacia desde la fecha de sus nombramientos definitivos para sus respectivos puestos 
de trabajo [...] A la vista de la documentación aportada por esa dirección provincial, los 
profesores incluidos en dicha sentencia se encuentran desempeñando estos puestos en 
comisión de servicios, no habiendo sido en ningún momento nombrados con carácter 
definitivo para ocupar los mismos [...] Por tanto, ante dicha situación, esa dirección 
provincial  deberá  dejar  de  acreditar  las  retribuciones  básicas  correspondientes  al 
grupo  A  a  todos  aquellos  profesores  que,  incluidos  en  la  citada  sentencia,  están 
desempeñando  su  puesto  de  trabajo  en  comisión  de  servicios  en  el  SAPOE, 
manteniendo las mismas únicamente para aquellos que teniendo destino definitivo en el 
SAPOE, perdieron –en su momento– la plaza de origen como profesores de EGB (ahora 
cuerpo de maestros). Por todo lo anterior, le comunico que con efectos económicos [...] 
dejará  de  percibir  en  sus  retribuciones  básicas  las  correspondientes  al  cuerpo  A, 
pasando a percibir las del cuerpo al que pertenece, esto es, al de maestros (B)”. Esta 
nueva resolución fue notificada a todos los ahora solicitantes de amparo.
d) Los afectados promovieron respectivos incidentes en ejecución de las sentencias 
mencionadas,  declarando  la  Sala  sentenciadora  no  haber  lugar  a  los  mismos,  al 
considerar el acuerdo de 22 de septiembre de 1997 como un acto nuevo y distinto del 
que fue objeto de recurso, cuya anulación no podía llevarse a cabo en ejecución de 
sentencia.
e) Al margen de ello, quienes fueron codemandantes en el recurso contencioso-
administrativo núm. 683-1994 recurrieron la resolución de 22 de septiembre de 1997  s
ante la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia.  e.
Esta  impugnación  fue  inadmitida  por  nueva  resolución  de  28  de  julio  de  1998,  w.
emplazándose a los recurrentes al correspondiente incidente de ejecución de sentencia. 18ww
[g…) ] Los  beneficiados  por  la  sentencia  recaída  en  el  proceso  contencioso-
aaddmmiinniissttrraattiivvoo  traanmteit adlao  csoanla e l cnoúrrme.s p6o8n3d-1ie9n9t4e  indteelr puTsriibeuronna ln uSeuvpoe rreiocru rdsoe  cJounstetincciaio sdoe-  BOE-A-cable e
Cantabria, recurso al que le correspondió el núm. 1652-1998. […]
h) Los recursos acumulados [el interpuesto entre otros por la aquí demandante de 
amparo,  y  el  promovido  por  otros  tres  funcionarios  con  el  mismo  objeto]  fueron 
desestimados por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria de 27 de abril de 1999, cuya nulidad se solicita en el 
presente recurso de amparo. En su fundamento de derecho cuarto recoge los siguientes 
razonamientos: “Sin embargo tales consideraciones deben ser replanteadas a la luz de 
reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1999, que viene a resolver 
definitivamente la cuestión, al estimar el recurso de casación en interés de ley promovido 
por el señor abogado del Estado contra la sentencia de esta Sala de 29 de septiembre 
de 1992, que estimaba el recurso contra la denegación presunta, en virtud de silencio 
administrativo, de la solicitud de los recurrentes relativa al reconocimiento del derecho a 
pertenecer al grupo A previsto en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por 
pertenecer a los servicios de orientación escolar y vocacional, dependientes del Ministerio 
de  Educación  y  Ciencia”.  En  el  fundamento  quinto  se  continúa  afirmando  que  “en 
aplicación de esta doctrina general, la cual se ve reforzada por el hecho de que los 
recurrentes no han accedido al puesto de trabajo que ocupaba[n] en virtud de un concurso 
de méritos sino a través de las listas de interinos del Ministerio de Educación y Ciencia, 
aunque en el mismo se haya dado valor preponderante a la titulación correspondiente a 
los cuerpos del grupo superior, pero no exigida en el ingreso en el cuerpo de procedencia, 
no cabe hablar de que con el sistema de acceso para el servicio de orientación se hubiera 
configurado, como señala el Tribunal Supremo, ‘dentro del cuerpo de profesores de EGB 
[educación general básica] una clase específica e individualizada para la que se exige el 
título  superior,  que  da  derecho  a  la  clasificación  en  el  grupo  A’,  debe  continuar 
perteneciendo al cuerpo de maestros, pues lo contrario supondría confundir la titulación 
exigida para acceder a determinados puestos de trabajo con la que se exige para el 
ingreso en un determinado cuerpo funcionarial. En consecuencia, y desestimándose en 
recursos análogos la pretensión inicial, de inclusión en el grupo A, la cual es directamente 
aplicable a los recurrentes, no es dable un pronunciamiento sobre la pretensión retributiva, 
en tanto que dirigida al reconocimiento de una situación jurídica individualizada que no es 
posible atender si el acto del que deriva la misma no es declarado disconforme con el 
ordenamiento jurídico, cual es el recurrido por los titulares en propiedad de la plaza que en 
sucesivos recursos ante esta Sala solicitaron la inclusión en el grupo A, y a los cuales les 
fueron denegadas sus pretensiones de abono de diferencias retributivas”.»
B) Resolución del recurso de amparo núm. 2912-1999 por la STC 204/2003, de 1 
de diciembre:
Contra la indicada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 27 de 
abril de 1999, promovieron recurso de amparo los entonces recurrentes –entre ellos, se 
insiste, la aquí actora–, en cuya demanda se alegó la vulneración del derecho a la tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  la  intangibilidad  o 
inmutabilidad de las resoluciones judiciales firmes, al no haber respetado la impugnada 
el reconocimiento de su condición de funcionarios del grupo A, «a todos los efectos, 
económicos y administrativos», declarada en tales términos por sentencias firmes del 
mismo Tribunal Superior de Justicia de 16 de febrero de 1995 –en lo que hace a la aquí 
recurrente– y 17 de enero de 1996, en concreto en orden al reconocimiento de sus 
retribuciones básicas. También se alegó la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva 
por defecto de motivación y racionalidad de la sentencia impugnada.
La Sala Primera de este Tribunal Constitucional, por sentencia núm. 204/2003, de 1 de  e.e
diciembre, otorgó el amparo solicitado reconociendo el derecho de los demandantes a la  w.b
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), vulnerado en su faceta de derecho a  18ww
laac onrod ainndvoa rliaa bniulidlidaadd  ddee  leasst ar eys loal urecitoronaecsc ijóund idceia lleass  aficrmtueasc iopnoers  laal  mseonmteennctioa  ainmtepruiogrn aad sau, 
fduicntdaadmo,e pnataral  rqeuceo neonc siduo l.u gLaors s era pzroonnaumncieianrtao su ndae n eusetvaa  sdeenctiesinócnia q usee rráens poebtajesteo  edl ed ecreitcah oy 
examen en el posterior fundamento jurídico 2 de la presente resolución.
C) Actuaciones posteriores a la STC 204/2003, de 1 de diciembre:
a) A la aquí demandante de amparo le fue reconocida una pensión de jubilación por 
resolución de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas de 13 de septiembre 
de 2007, calculada conforme a su pertenencia al cuerpo de maestros grupo A2 de la 
función pública. La recurrente solicitó su revisión el 12 de enero de 2012 al entender que 
el importe debía ser superior dado que los servicios prestados por ella correspondían al 
grupo A1, en el que fue integrada primero por sentencia firme del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, de 16 de febrero de 1995, y después y en ejecución de la 
STC 204/2003, de 1 de diciembre, por una nueva sentencia de aquel Tribunal Superior 
de Justicia, de 13 de febrero de 2004.
La solicitud de revisión al alza del importe de la pensión se denegó por resolución de 
la propia Dirección General de 3 de agosto de 2012, al entender en primer lugar que la 
resolución de 2007 devino acto firme y consentido, al no ser impugnado en plazo, y en 
todo caso porque «para el cálculo de la correspondiente pensión, ha de tomarse en 
consideración el haber regulador que cada año la correspondiente ley de presupuestos 
asigne  al  cuerpo  o  cuerpo,  escala  plaza  o  empleo  a  los  que  haya  pertenecido  el 
funcionario jubilado, estableciendo de ese modo un sistema específico en el que quedan 
desvinculados los posibles derechos económicos que puedan reconocerse al funcionario 
«en activo» del cálculo de la[s] pensiones del régimen de clases pasivas, por lo que la 
ejecución de la sentencia reconociendo una serie de derechos económicos vinculados a 
una prestación de servicios no puede comportar el cambio de grupo de clasificación –del 
A2 al A1–, ni, por tanto, el sistema de cálculo de la pensión a reconocer […]. Este criterio 
ha sido confirmado por el Tribunal Supremo, en la sentencia de 19 de abril de 1996, 
dictada en recurso de casación en interés de ley».
Dicha decisión fue recurrida en reposición, siendo desestimada por el mismo órgano 
el  17  de  octubre  de  2012,  reiterando  en  esencia  los  argumentos  ya  expuestos. 
Promovida el 23 de noviembre de 2012 reclamación económico-administrativa ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Central (núm. 00/08787/2012), este no resolvió en 
plazo de manera expresa.
b) Interpuso entonces la recurrente recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación por silencio de su reclamación económico-administrativa y contra las 
resoluciones expresas de la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas que se 
han citado, correspondiendo su conocimiento a la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  procedimiento  ordinario  núm. 
997-2016.
En el escrito de demanda se invocó y reprodujeron pasajes de la STC 204/2003, de 1 
de diciembre, alegando que la integración de la recurrente en el grupo A1 con todos los 
efectos derivados de tal asignación, reconocida por sentencia firme del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Cantabria  y  también  por  este  Tribunal  Constitucional  (derecho  a  la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, art. 24.1 CE), comprendía también los 
derechos pasivos en orden al cálculo de la pensión de jubilación. Adujo además la lesión 
del  derecho  a  la  igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  (art.  14  CE),  puesto  que  la 
administración había dictado una resolución favorable a similar solicitud a un compañero 
de la recurrente, también demandante de aquel amparo resuelto por la STC 204/2003.
Hechas  las  anteriores  consideraciones  sobre  el  fondo,  la  demanda  aprovecha 
también  para  rechazar  el  argumento  de  la  resolución  administrativa  que  había 
considerado firme y consentido el acto original de reconocimiento de la pensión, al  s
entender aplicable los supuestos del art. 13 del Real Decreto 5/1993, apartados 1  e.
(cuando el acto reconociendo el derecho a la pensión le asigne «una cuantía inferior a la  w.
que legal o reglamentariamente corresponda») y 2 (cuando «con posterioridad a la  18ww
rdeoscoulumceiónnto sd el oe xpeedleiemneten tsoes  apporrotebna toar iloas  admquinei straacciróend,i tepno r chueaclqhuoise r migendoiora, dnouse voos 
insuEficni eenl teemscerintote s jeu sstiufipclaicdóo sa  elna  eSl amlao mqueen tdoi cdtea sdeic uhnaa r esseonlutecniócnia» )e.stimatoria declarando  BOE-A-cable e
nulas las resoluciones impugnadas y que ordenase a la administración se le computaran
a efectos del cálculo de la pensión de jubilación los servicios prestados en el grupo A de 
clasificación  («ahora  A1»),  desde  su  toma  de  posesión  en  el  servicio  de  apoyo 
psicopedagógico  y  orientación  educativa,  con  abono  de  las  cantidades  dejadas  de 
percibir desde la fecha de jubilación, más intereses legales y moratorios.
c) Con fecha 28 de septiembre de 2017, el Tribunal Económico-Administrativo 
Central dictó resolución expresa desestimando la reclamación que había interpuesto la 
demandante de amparo.
Sostiene la resolución que el acuerdo de 13 de septiembre de 2007 de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas es un acto firme, al no constar su 
impugnación en plazo, ni concurrir alguno de los supuestos previstos para su revisión 
posterior en el art. 13 del Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, sobre revalorización y 
complementos de pensiones de clases pasivas para 1993 y otras normas en materia de 
clases pasivas. Descarta en tal sentido que puedan resultar circunstancias sobrevenidas 
válidas que habiliten a esa revisión ex art. 13 del Real Decreto 5/1993, tal como alegó la 
recurrente en su escrito de reclamación, las SSTC 204/2003, de 1 de diciembre (que 
reconoció el efecto de cosa juzgada –derecho a la invariabilidad de las resoluciones 
judiciales firmes, art. 24.1 CE– de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, de 16 de febrero de 1995, respecto de las retribuciones básicas a percibir por 
la recurrente y otros compañeros, por su integración «a todos los efectos» en el grupo 
A1), y 216/2009, de 14 de diciembre (recurso de amparo en el que la aquí recurrente no 
era parte, pero donde se estima también por lesión del derecho a la invariabilidad del 
art.  24.1  CE,  la  necesidad  de  respetar  el  pronunciamiento  firme  derivado  de  la 
integración en dicho cuerpo funcionarial «a todos los efectos», ahora respecto de una 
solicitud de revisión de la pensión de jubilación, que es lo que plantea la aquí recurrente). 
Por tanto concluye el Tribunal Económico-Administrativo Central la imposibilidad de 
revisión de la resolución de 13 de septiembre de 2007, sin más consideraciones.
Solicitada  la  acumulación  de  dicha  resolución  al  acto  presunto  objeto  del 
proceso 997-2016, la Sala y Sección juzgadora dictó auto el 16 de enero de 2018 
acordando la acumulación ex art. 36 LJCA.
d) La  Sección  Séptima  competente  desestimó  el  recurso  interpuesto  por  la 
recurrente  por  sentencia  de  4  de  junio  de  2018  que  confirmó  las  resoluciones 
impugnadas. A tal efecto, señaló en el fundamento jurídico segundo que el asunto 
planteado ya había sido resuelto por la Sección en virtud de sentencias de 28 de 
noviembre de 2017 y 22 de octubre de 2012, las cuales reprodujo en algunos de sus 
pasajes y en las que, a su vez, además de otras sentencias suyas y del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, se menciona una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, Sección Primera, de 19 de abril de 1996, recaída esta en recurso de casación 
en interés de ley y en la que, respetando la situación jurídica particular derivada de la 
sentencia ahí impugnada (del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 29 de 
septiembre de 1992), declaró que los funcionarios públicos pertenecientes a los servicios 
de orientación escolar y vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia no tienen 
derecho a pertenecer a título personal al grupo A, ni por tanto la tienen al reconocimiento 
de los derechos que se derivarían de esa situación.
Tras esa cita literal de sus sentencias, y sin ningún otro razonamiento, la sentencia 
aquí  impugnada  de  la  Audiencia  Nacional  concluyó  al  final  del  mismo  fundamento 
jurídico lo siguiente:
«Por tanto, la pretensión así deducida carece de fundamento. Porque como puso de  e.e
manifiesto el centro gestor de clases pasivas, el haber regulador se establece en la Ley  w.b
de presupuestos generales del estado, conforme al art. 30, apartado 1, y 31 del texto  18ww
reexfpurnedsiad ol ad ere slao lLuecyió nd eim cplausgensa pdaas yiv alas ,A ebno gfuanccíaió nd edl eE slata tditou,l ancoió nb,a syt aennd eos cteo ns eanletigdaor  slae 
eaxl igsrtuepnoc iaA .de una equiparación reflejada en sentencia «a todos los efectos» con respecto
En este sentido ha de reconocerse que la actora no ha desvirtuado los fundamentos 
de la resolución impugnada.
Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso jurisdiccional planteado y 
confirmar la resolución impugnada.»
e) Contra la sentencia de 4 de junio de 2018 la recurrente presentó escrito de 
preparación  de  recurso  de  casación  en  el  que  alegó,  en  lo  que  aquí  importa:  (i) 
«Infracción  del  art.  24.1  CE  en  su  vertiente  de  intangibilidad  de  las  resoluciones 
judiciales firmes e infracción de la sentencia del Tribunal Constitucional 204/2003, de 1 
de diciembre, dictada en el recurso de amparo 2912-1999»; y (ii) «Infracción del art. 24.1 
CE en su vertiente de falta de motivación suficiente y razonable capaz de exteriorizar las 
reflexiones que condujeron al fallo», argumentando después la existencia de interés 
casacional objetivo del asunto.
La Sala y Sección de la Audiencia Nacional competente tuvo por preparada la 
casación por auto de 10 de septiembre de 2018, con remisión de las actuaciones a la 
Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  y  emplazamiento  de  las  partes  para  su 
comparecencia ante ella en el plazo legal de treinta días.
En ejercicio de sus potestades, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Alto Tribunal dictó providencia el 21 de marzo de 2019 inadmitiendo a 
trámite el recurso de casación, razonando que no se había fundamentado de forma 
suficiente en el escrito de preparación la concurrencia de alguno de los supuestos de 
interés casacional objetivo, como tampoco la conveniencia de un pronunciamiento sobre 
su asunto por dicha Sala, como exige el art. 89.2 f) de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (LJCA), no acreditándose en todo caso la necesidad de ese 
pronunciamiento.
f) Tras la notificación de esta providencia de inadmisión, la recurrente promovió 
ante la Sala y Sección de instancia un incidente de nulidad de actuaciones contra la 
sentencia dictada por esta el 4 de junio de 2018, alegando la vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por diversos motivos: (i) lesión de la vertiente de 
intangibilidad de las sentencias judiciales firmes, incluida la STC 204/2003, de 1 de 
diciembre; (ii) desconocimiento del derecho subjetivo a la pensión de jubilación por los 
servicios prestados en el grupo A que deriva de aquel reconocimiento judicial firme, con 
infracción de la proscripción de indefensión; (iii) infracción de la doctrina vinculante 
contenida en aquella sentencia de este Tribunal Constitucional, y (iv) por incurrir la 
sentencia en «notoria falta de motivación suficiente y razonable capaz de exteriorizar las 
reflexiones que condujeron al fallo».
Una vez tramitado el incidente, la Sala y Sección juzgadora dictó auto el 7 de junio 
de 2019 desestimando la pretensión anulatoria. Luego de indicar que la parte recurrente 
alega cuestiones ya resueltas en la sentencia impugnada, y que el incidente lo ha 
planteado  tras  la  inadmisión  del  recurso  de  casación  interpuesto  ante  el  Tribunal 
Supremo, entra en el fondo de la queja alegada en el escrito, razonando que:
«En el caso presente no se ha vulnerado la tutela judicial, el órgano judicial le ha 
resuelto las pretensiones que había suscitado y en una sentencia congruente en relación 
con lo pedido. En el caso contemplado no hay causa de nulidad. La pretensión de la parte 
es obtener una resolución que satisfaga sus intereses. La sentencia contiene la motivación 
suficiente y la actora ha construido una anómala pretensión de nulidad en todo punto 
desestimable.  No  existen  razones  fundamentales  que  provoquen  una  nulidad  de 
actuaciones. No hay vulneración de derecho fundamental alguno. No se ha generado  e.e
indefensión a la recurrente. Basta la lectura de los escritos [de] demanda y conclusiones  w.b
para verificar que, en lo sustancial, no existe incongruencia omisiva. La actora ha utilizado  18ww
ctoodna asr rlaesg lofa ac udlteardeecsh op. rEocse psoarl eesll od qeu qeu see  driescphoanzíaa  lya  spere ltee nhsaió rne dsuee nltuol idlaa dc udees aticótnu ascuioscnietasd.»a
Al pie de recurso se ofrecía la posibilidad de impugnación mediante recurso de
reposición en el plazo de cinco días desde la notificación de dicha resolución.
g) Notificado  el  auto  de  7  de  junio  de  2019,  la  parte  recurrente  interpone 
directamente el presente recurso de amparo.
3. La demanda ante este tribunal se dirige únicamente contra las resoluciones 
judiciales dictadas por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, tanto la sentencia como el auto que desestimó el incidente de 
nulidad contra ella, y a las que achaca la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE) en tres de sus vertientes:
a) Vulneración del principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, 
«incluida la intangibilidad de la sentencia misma del Tribunal Constitucional 204/2003, 
de 1 de diciembre, dictada en el recurso de amparo 2912-1999»:
Se refiere en primer lugar la demanda a esta vertiente del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que dice es vinculante para todos los jueces y 
tribunales, y por mor de la cual las resoluciones judiciales firmes no pueden ser alteradas 
o modificadas fuera de los cauces legales previstos para ello. Esa vulneración se ha 
dado por la sentencia impugnada al reabrir un proceso ya resuelto por sentencia firme, 
alterando  y  modificando  lo  establecido  en  esta,  firmeza  que  además  había  sido 
confirmada  por  la  STC  citada  que  otorgó  el  amparo  a  la  recurrente,  precisamente 
anulando la sentencia que había vulnerado en ese momento tal derecho. La sentencia 
impugnada  desconoció  así  el  efecto  de  firmeza,  al  fundarse  en  una  sentencia  del 
Tribunal Supremo dictada en recurso en interés de ley cuyo razonamiento se declaró 
nulo por aquella misma sentencia de este Tribunal Constitucional, incurriendo la ahora 
impugnada además en incongruencia omisiva y falta de motivación suficiente al no 
explicar por qué el reconocimiento de su integración en el grupo A no lo es «a todos los 
efectos», «pese a decirlo así las tres sentencias firmes». Esto choca frontalmente, 
señala, con la intangibilidad también del fallo de la propia STC que declara nula una 
sentencia que «viene a ser prácticamente reproducida, en gran parte, ahora, por la 
dictada  por  la  Sala  de  la  Audiencia  Nacional  que  se  recurre».  Se  reproduce  a 
continuación el fundamento jurídico 3 de la STC 204/2003, en relación con la doctrina 
sobre el contenido del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes; el 
fundamento jurídico 4, en el que se enjuician las resoluciones ahí impugnadas y cuyas 
consideraciones para la demanda son aplicables a la sentencia ahora recurrida; y el 
fundamento  jurídico  5,  en  el  que  se  declara  lesionado  el  derecho  fundamental 
concernido. Añade que desde el dictado de dicha STC 204/2003 nada ha cambiado en la 
situación jurídica de la recurrente, y que el paso del tiempo les ha conducido a ella y a 
sus compañeros a la jubilación pero sin que quepa ninguna solución diferente, pues «los 
efectos pasivos de la condición funcionarial constituyen solo “un efecto” de entre todos 
los que componen la integración “a todos los efectos” en el grupo A». Reitera que la 
sentencia  impugnada  ha  desconocido  la  doctrina  de  este  Tribunal  Constitucional, 
poniendo por encima doctrina suya propia solo para mantener la seguridad jurídica 
mediante la unidad de doctrina con otras resoluciones anteriores; incumpliendo con ello 
el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en cuanto al valor vinculante de 
las resoluciones del Tribunal Constitucional, y concluye afirmando de nuevo que se ha 
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho a la invariabilidad 
de las resoluciones judiciales firmes salvo por los cauces legalmente previstos.
b) Incongruencia omisiva, «al no resolver la pretensión sostenida en la demanda de  s
que  la  ilegalidad  cometida  por  la  administración  y  por  el  Tribunal  Económico- oe.
Administrativo Central lo fue en infracción de la doctrina constitucional del Tribunal  w.
cCoonntsratidtuicciiéonndaol lya  yd eeln pfrreonptiáon dfaolsloe  dae e lllaa »S:TC 204/2003, de 1 de diciembre, ignorándola,  2022-2918n https://ww
septAie mtabl reefe (cdtioc,t alad ad esmobarned uan h parcoec ecsitoa  c–oennt eenscei oosrod-eand–m dinei sltarsa tSivSo TyC q 2u7e8 t/r2a0ta0 6u,n d cea 2s5o  ddee 
incongruencia extra petita, si bien enuncia doctrina sobre las diferentes modalidades de
la incongruencia); 186/2002, de 14 de octubre, FJ 3, y 193/2005, de 18 de julio, FJ 3 –
con  reproducción  de  pasajes  de  estos  dos  últimos–,  sobre  cuándo  se  incurre  en 
incongruencia omisiva con relevancia constitucional, sin añadir ninguna consideración en 
relación con la sentencia aquí impugnada.
c) «Notoria falta de motivación suficiente y razonable capaz de exteriorizar las 
reflexiones que condujeron al fallo»:
Como tercer y último motivo de amparo, la demanda reprocha que la Sala de 
instancia justificara la prevalencia de su propia doctrina frente a la de este Tribunal 
Constitucional, «por razones de unidad de doctrina y de seguridad jurídica e igualdad en 
la aplicación de la ley», sin razonar nada más, lo que ha de entenderse «claramente 
insuficiente para superar los estándares que el Tribunal Constitucional ha establecido en 
relación con la motivación de las sentencias judiciales». No se explica por qué esos fines 
deben imponerse al derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes y al 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, utilizando argumentos ya anulados 
por la sentencia de este Tribunal Constitucional. La sentencia impugnada es, por eso, 
«puro decisionismo sin motivación suficiente y razonable que sea capaz de exteriorizar 
las  reflexiones  que  condujeron  al  fallo  –ninguna  reflexión–,  y  acarrea  una  nueva 
infracción del art. 24.1 CE desde otra perspectiva, ahora por falta de motivación». 
Desconoce la sentencia impugnada, continúa, los pronunciamientos de las sentencias 
firmes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  y  la  STC  204/2003  que 
reconocieron la integración de la recurrente en el grupo A, «con todos los efectos 
derivados de tal asignación», dando simplemente por supuesto que ello no es así, «sin 
explicación  o  motivación  alguna»,  y  que  aquella  equiparación  solo  opera  para  la 
situación de servicio activo pero no para las clases pasivas. Reproduce en su apoyo 
parte  del  fundamento  jurídico  5  de  aquella  STC  204/2003,  insistiendo  en  que  el 
reconocimiento de derechos abarca «efectos retributivos activos y de clases pasivas».
Finaliza el escrito de demanda pidiendo que este Tribunal Constitucional declare la 
vulneración por la sentencia de instancia impugnada del derecho a la tutela judicial 
efectiva en las diferentes vertientes alegadas, con nulidad de la misma y que se ordene a 
la Sala y Sección competente que «la sustituya por otra, o dictándola directamente este 
tribunal», en la que se reconozca a la recurrente su pertenencia al grupo A, «a todos los 
efectos  derivados  de  tal  asignación»,  «incluidos  los  efectos  pasivos,  a  la  hora  de 
establecer las bases para el cálculo de su pensión de jubilación como grupo A desde el 
momento en que fue nombrado para la prestación de servicios de orientación escolar 
hasta la fecha de su jubilación, así como que reconozca, desde esta inalterable premisa, la 
procedencia  de  la  pretensión  de  pensión  de  jubilación  calculada  sobre  los  servicios 
prestados como grupo A en los servicios de orientación escolar durante el tiempo que ha 
quedado señalado».
4. La Secretaría de Justicia de la Sección Primera, Sala Primera, de este Tribunal 
Constitucional, dictó diligencia de ordenación el 31 de julio de 2019 por la que acordó 
requerir a la procuradora de la parte recurrente para que en el plazo de diez días 
acreditara fehacientemente la fecha de notificación de la sentencia de la Audiencia 
Nacional  impugnada,  lo  que  fue  cumplimentado  por  escrito  de  dicha  representante 
procesal presentado en el registro de este tribunal el 16 de septiembre de 2019.
En virtud de una nueva diligencia de ordenación de la misma secretaría de justicia, 
de 17 de septiembre de 2019, se requirió a la procuradora de la recurrente para que en el  es
plazo de diez días aportara copia del auto resolutorio de la nulidad de actuaciones recaído  bo
en el procedimiento ordinario 997-2016, acreditando además la fecha de notificación de  18ww
pdricohcau rraedsoorluac piórens jeundtiacidaol.  eTna melb rieégni setsrote g reenqeurearli mel ie3n dtoe  foucetu sbarteis dfeec 2h0o1 p9o.r escrito de la citada
5. La Sección Primera de este tribunal dictó providencia el 19 de octubre de 2020
por la que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo  Bc
una especial trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] porque el recurso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o 
cambiar  su  doctrina,  como  consecuencia  de  un  proceso  de  reflexión  interna 
[STC 155/2009, FJ 2 b)]».
En la misma resolución se acordó también dirigir atenta comunicación a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que en un plazo no superior 
a  diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  del 
procedimiento ordinario núm. 997-2016, y a que procediera a emplazar en el plazo de diez 
días a quienes hubieran sido parte en el procedimiento referenciado, excepto a la parte 
recurrente en amparo, por si querían comparecer en el presente proceso constitucional.
Con notificación de dicha resolución al abogado del Estado, en representación de la 
administración interesada, «que le servirá de emplazamiento, para que en el plazo diez 
días pueda comparecer, si lo estima pertinente en este proceso constitucional, con 
traslado asimismo y a dichos efectos de copia de la demanda presentada».
6. Por escrito presentado en el registro general de este tribunal el 5 de noviembre 
de 2020, el abogado del Estado manifestó que se personaba en la representación que 
ostenta, solicitando se le tuviera por personado y parte en el presente recurso, y que se 
entendieran con él todos los posteriores trámites del procedimiento.
7. Con fecha 23 de noviembre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sala Primera 
de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió tener por 
personado y parte al abogado del Estado en la representación que ostenta, y de otro 
lado acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, 
por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes conforme con lo previsto en el art. 52 LOTC.
8. Con fecha 28 de diciembre de 2020, el abogado del Estado presentó su escrito 
de alegaciones en el que interesó que este tribunal dictase sentencia desestimando 
íntegramente el recurso de amparo interpuesto.
Luego de un resumen de los antecedentes del proceso a quo que se entienden 
relevantes, el escrito de alegaciones afirma que se está ante «una disputa o debate 
jurídico de legalidad ordinaria que, no obstante, la parte recurrente transmuta o trata de 
transmutar en hipotética pretensión de orden constitucionalidad [sic] para así poder o 
intentar articular un recurso de amparo como si de una nueva o ulterior instancia se 
tratara, es decir, forzando el contenido del art. 24 de la CE, en su modalidad de respeto a 
la intangibilidad de las sentencias firmes emitidas por los tribunales de justicia».
Entiende en tal sentido, que el «criterio que subyace, sin embargo, a las resoluciones 
administrativas denegatorias de la pretensión de clases pasivas, resoluciones luego 
confirmadas en sus fundamentos y decisión por la sentencia de la Audiencia Nacional 
de 4 de junio de 2018, consiste o parte de la diferenciación jurídica entre la pertenencia a 
un cuerpo de funcionarios del grupo A o B, según prevé el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de medidas urgentes para la reforma de la función pública, y otra que 
perteneciendo  a  un  cuerpo  integrado  en  el  grupo  B,  se  le  otorgara  justamente  al 
funcionario o funcionarios en tanto que ejecutante de funciones propias de un cuerpo del 
grupo A, el reconocimiento de derechos retributivos, derechos activos: sueldo base y 
complementos, propios legalmente atribuidos a dicho cuerpo, a título personal, en tanto 
que ejerciente de las funciones específicas de otro cuerpo, de un cuerpo del grupo A, sin 
pertenecer a él (no del suyo propio, clasificado dentro de los del grupo B); ejercicio  es
ocasional  de  funciones  por  razón  o  título  legal  que  fuese:  habilitación  ocasional,  bo
adscripción provisional… que ofrezca o provea al efecto la legislación de funcionarios  18ww
ppcmielvaerizdlseaoiassn,n  atnael e  ccfsioeners nradeteresina pccsoiu aneb dn(riSie r snatutleae m scT.ap esoErocrsa,e tlermma ,oef utnSievteea c,de colpi ó ocenrr l iltPope,err iirmaoío  esdlreuoag  )av mdel áezqs , u1 pe9oo   rdsm eelae nsnat óobr sraie lz lloda nerTge ro1isb,9  ud9dne6ea  tlepe morSmluíittiipindcraaaed  mdeaoens     OE-A-2022-29able en https://
estimación de (el entonces) recurso en casación interés de ley», la cual resulta aplicable
al presente caso porque no se trata de no afectar a las situaciones jurídicas particulares 
derivadas de la resolución objeto de aquel recurso de casación en interés de ley.
En este caso, prosigue, el debate estriba en «cuál fue el alcance objetivo o material de 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995», si 
se extendía solo a las retribuciones propiamente dichas, «como se refiere textualmente la 
propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria», o si afecta también a «los 
eventuales derechos pasivos»; problema interpretativo de un fallo («todos los efectos 
derivados  de  tal  asignación»)  y  no  un  debate  sobre  el  respeto  a  «situaciones 
particularizadas».  Y  así  planteado,  niega  que  quepa  equiparar  «sin  una  declaración 
explícita al efecto, la asignación de derechos retributivos (derechos activos) con los 
derechos  pasivos»,  recordando  las  consecuencias  negativas  que  conllevaría  para  el 
sistema de acceso a la función pública la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 
recurso de casación en interés de la ley, si se permitiese el pase de funcionarios de un 
cuerpo a otro clasificado en un nivel superior. Esto mismo es lo que se razona tanto en las 
resoluciones administrativas como en la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora se 
impugna,  la  cual  precisamente  hace  aplicación  del  criterio  de  aquella  sentencia  del 
Tribunal Supremo, de 19 de abril de 1996. No cabe por ello argüir lesión del derecho a la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE), porque las resoluciones 
que invoca la recurrente, «cabe entender –y así lo sostenemos nosotros– no se referían al 
aspecto de los derechos pasivos, sino al derecho de los funcionarios a percibir las 
retribuciones propias del grupo A». La recurrente lo que pretende es obviar la diferencia de 
la cuantía resultante del distinto nivel de cotización y el régimen jurídico de unos y otros 
derechos económicos, cuestiones propias del «plano de la legalidad ordinaria».
Reitera el abogado del Estado que las resoluciones de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, confirmadas por el Tribunal Económico-
Administrativo Central y en vía judicial por la sentencia y auto que se impugnan, no son 
«contradictorias o reformadoras» de la «STSJ de Cantabria de 16 de febrero de 1995, 
porque, como dice la sentencia recurrida, aquella resolvió sobre derechos retributivos, 
mientras que ahora se trata de los derechos pasivos, la cuantía de la jubilación, «aspecto 
no referido en la citada sentencia de 16 de febrero de 1995». Acceder a lo que pide la 
recurrente comportaría la quiebra del sistema de acceso a la función pública alertada por 
la «STS de 19 de abril de 1996 –si bien para el caso del en su momento declarado 
derecho [a] la integración en cuerpos y escalas–».
Alega a continuación el abogado del Estado que no cabe invocar, como expresiva de 
la lesión del derecho a la intangibilidad (art. 24.1 CE), la STC 204/2003, de 1 de 
diciembre, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 27 de 
abril de 1999, impugnada en ese recurso de amparo, en efecto contrariaba a otra 
anterior de 16 de febrero de 1995, en cuanto a las retribuciones del grupo A que dicha 
sentencia ya le había reconocido. El alcance de la STC 204/2003 se limita a amparar por 
vulneración  de  la  intangibilidad  el  devengo  y  percepción  de  derechos  activos 
(equiparación de retribuciones), no de los pasivos. Por ello la demanda de amparo no 
cita ni una sola línea o expresión de la STC 204/2003 que aluda a derechos pasivos, 
poniendo el escrito de alegaciones como ejemplo el fundamento jurídico 5 de la misma.
Finalmente, señala el abogado del Estado que tampoco concurre «infracción del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  en  sus  modalidades  de  falta  de  motivación  o 
motivación  arbitraria  o  manifiestamente  errónea,  ni  de  incongruencia  omisiva,  pues 
partiendo del criterio defendido en este escrito de alegaciones sobre la inexistencia, por 
la[s] razones expuestas, de vulneración de la intangibilidad de las sentencias, esto es,  es
partiendo de la base que las sentencias contrastadas no eran coincidentes ya que la del  o
TfNnmuoraoni bctcsiuivieoona nnlaceaali  ólrh Sinoaqu snusp  euhce fuorifcirnuoite ear dn ddetooeerb  ef yjaceJ chrtuoauos zl ttiodaacned iaallea  dsa d aimpen re tpoeCnacg arerroaens cltaaafiloócebrnisrómi  andeu  enclna  ododene ol  afe,eg blnr laapusr rpacodoa bde bleA ea 4m, s  lulaoad  s pes so udesjsueniccnrtieietióoancn dhc.doi oaLe,s  a y ds2 pea 0ac  1usllaai8ev  ,sroA etsicuco oudndnrieeertesin e nlcndotieeaes      OE-A-2022-2918able en https://www.
apreciación  jurídica  de  la  parte  ahora  recurrente  en  amparo,  sobre  la  base  de  su
pretensión  de  anulación,  suscitadas  en  la  demanda  de  recurso  contencioso  fueron 
resueltas en dicha sentencia».
9. Por  su  parte,  con  fecha  20  de  enero  de  2021  el  fiscal  ante  este  Tribunal 
Constitucional presentó escrito de alegaciones por el que interesó de este tribunal que 
dictara sentencia «en que se otorgue el amparo solicitado por doña Concepción Martín 
Núñez y en su virtud se acuerde:
1. Declarar vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, en su 
vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE).
2. Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 4 
de  junio  de  2018  dictada  por  la  Sección  Séptima  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso de procedimiento ordinario 997-2016), 
así como del auto de 7 de junio de 2019 desestimatorio del incidente de nulidad de 
actuaciones.
3. Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia de 4 de 
junio  de  2018  dictada  por  la  Sección  Séptima  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso de procedimiento ordinario 997-2016), a 
fin de que por el órgano judicial se dicte una nueva resolución en la que se respete el 
derecho fundamental de la recurrente a la intangibilidad de las resoluciones judiciales 
firmes (art. 24.1 CE)».
a) Luego de resumir los antecedentes del proceso a quo que considera de interés, 
el fiscal inicia sus consideraciones jurídicas precisando, en cuanto al objeto del presente 
recurso, que si bien este se dirige de manera exclusiva contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional, de 4 de junio de 2018, «es lo cierto que la principal lesión que se 
atribuye en la demanda de amparo –vulneración del derecho a la intangibilidad de las 
resoluciones  judiciales  firmes–  derivaría  ya,  en  primer  lugar,  de  las  resoluciones 
administrativas origen del posterior recurso contencioso-administrativo», las cuales cita; 
por lo que aplicando lo resuelto en la STC 216/2009, FJ 2, resulta aconsejable para 
resolver esta queja que sean objeto de consideración conjunta tanto las resoluciones 
administrativas como la sentencia.
Por  otro  lado,  en  cuanto  al  orden  de  enjuiciamiento  de  las  vulneraciones 
denunciadas, el fiscal cita doctrina constitucional (SSTC 167/2014, de 22 de octubre, 
FJ 3; 186/2015, de 21 de septiembre, FJ 2, y 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 2) 
conforme  a  la  cual  debe  iniciarse  el  examen  por  aquella  queja  de  la  que  pudiera 
derivarse una mayor retroacción de actuaciones, lo que supone comenzar en este caso 
por la lesión del principio de intangibilidad (art. 24.1 CE).
Se refiere también el fiscal al agotamiento de la vía judicial previa a la interposición 
de la demanda de amparo, para aclarar que el incidente de nulidad de actuaciones 
promovido por la recurrente ante la Sala y Sección de instancia contra su sentencia, tras 
la inadmisión del recurso de casación presentado contra dicha resolución por el Tribunal 
Supremo, no debe considerarse un agotamiento defectuoso de dicha vía en cuanto a 
dilatar indebidamente el momento de acudir en amparo, trayendo a colación a este 
respecto lo asentado en la STC 112/2019, de 3 de octubre, FJ 3. Añade también doctrina 
de este tribunal (SSTC 195/2015, de 21 de septiembre, FJ 4) conforme a la cual, en todo 
caso, aunque fuera improcedente la interposición del incidente, no habría aquel óbice 
procesal porque la Sección juzgadora entró a resolver el fondo del escrito, y doctrina 
sobre  la  importancia  asignada  al  incidente  de  nulidad  de  actuaciones  como  cauce  es
reparador  de  las  lesiones  de  derechos  fundamentales  en  la  jurisdicción  ordinaria  bo
(SSTC 65/2016, de 11 de abril, FJ 3, y 102/2020, de 21 de septiembre, FJ 4). 18ww
vedunel  n2cAe0ucr1aala8ncr,it aóomdn o aind naitrtdoeemdncotidiat eame  sepetnolo tr,er  el adac itupcrreirbso uovei iddld aeef ins accc ilaaaals   dsaqeecunli óetTen rn–pibc auiysan a and loe aS   lruaeep xpAraaeumrmdaiinodea andr c epiae o2 nrN1   aecdcule iaoc mninttaaaodlr  zodao el  a d4fuoe tndo 2de 0o dj1 ue9«n  lil–aoa    OE-A-2022-29able en https://
Audiencia Nacional de 7 de junio de 2019».
b) Así, en cuanto a la primera queja de la demanda, por vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes, el fiscal comienza por citar doctrina sobre el contenido de este derecho 
fundamental  específico  (SSTC  35/2018,  de  23  de  abril,  FJ  3),  refiriéndose  a 
continuación, ya en cuanto a la situación de la recurrente, a la STC 204/2003, de 1 de 
diciembre,  FFJJ  4  y  5,  que  reproduce  parcialmente,  señalando  a  continuación  la 
«STC 216/2019, de 14 de diciembre [rectius: STC 216/2009, de 14 de diciembre] en un 
supuesto  que  guarda,  a  nuestro  juicio,  una  marcada  analogía  con  el  ahora 
contemplado», reproduciendo parte de su fundamento jurídico 4. Recapitula luego el 
fiscal los argumentos de la sentencia de la Audiencia Nacional aquí impugnada, en la 
que se invoca a su vez la dictada por la Sala Tercera, Sección Primera, del Tribunal 
Supremo, el 19 de abril de 1996. Entiende sin embargo el fiscal que la conclusión 
alcanzada por la sentencia recurrida no tiene en cuenta lo resuelto por la sentencia firme 
del Tribunal  Superior de Justicia de  Cantabria,  de 16 de febrero de 1995, la cual 
reconoció el derecho de la recurrente a ser integrada en el grupo A con todos los 
efectos, tal como declaró la STC 204/2003 aunque se tratase del reconocimiento en ese 
momento de la percepción de retribuciones básicas, precisando además esta última –
advierte el fiscal– que la sentencia impugnada en amparo se había excedido en su 
competencia  «para  determinar  el  alcance  que  cabe  atribuir  a  sus  anteriores 
pronunciamientos  declarativos  firmes».  Y  en  términos  similares,  en  cuanto  al 
reconocimiento de derechos pasivos, se pronunció la STC 216/2009, FJ 4. De todo ello 
colige el fiscal el reconocimiento a la recurrente de los derechos pasivos que también se 
derivan de su integración en aquel grupo. Alega así que:
«En definitiva, por tanto, la sentencia de la Audiencia Nacional impugnada:
– Se  excedió  en  su  competencia  al  limitar  el  sentido  del  fallo  de  la  STSJ  de 
Cantabria que no tenía ningún condicionante, excluyendo la inclusión de los derechos 
pasivos e ignorando el efecto prejudicial de la cosa juzgada.
– Se determinó una confusión entre el alcance de la STSJ de 16 de febrero de 1995 
y el acceso y la pertenencia a un cuerpo superior, que estaba expresamente descartado 
en aquella resolución judicial, en cuanto no existía ni siquiera creado.
– Se  desconocía  así  la  estricta  dependencia  que  la  sentencia  de  la  Audiencia 
Nacional debía respetar por vinculación a la fuerza de cosa juzgada de la STSJ de 
Cantabria que había declarado la situación jurídica individual.
– Y todo ello se hacía fuera de las vías legales, esto es, en aplicación retroactiva del 
criterio establecido por la doctrina emanada de la STS de 19 de abril de 1996, posterior a 
la que era objeto de aplicación y al efecto prejudicial de la cosa juzgada.
Todo lo cual comporta, en fin, con una interpretación que se aparta de la doctrina 
establecida en supuestos análogos por las SSTC 204/2003 y 216/2009.
Por todo lo cual, en definitiva, procede el otorgamiento del amparo solicitado por la 
recurrente, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.»
c) Por lo que respecta a la segunda queja de la demanda, la incongruencia omisiva 
(lesión del art. 24.1 CE) achacable a la sentencia recurrida, considera el fiscal que la 
misma  está  afectada  del  óbice  de  falta  de  invocación  temporánea  de  la  lesión  ex 
art. 44.1 c) LOTC, al no haberse aludido a ella ni en el escrito de preparación del recurso  s
de casación, ni en el escrito solicitando incidente de nulidad de actuaciones contra la  oe.
sentencia. Cita doctrina sobre la exigibilidad del mencionado requisito de denuncia en  w.
ocduceta uanbmtroep ,sa FeroJ ,t  i3el)an,  eyq  uccoeonjnaco lcuaiydmeoi leqenucteeo   addle eh  aflaabl etavru sdelne ed reianncvuioóncnca iacddieóoln  ,ed septroaer c lehloso i óq(nuS eeT xC« n s2ou1v 1oe/ x2ea0nm0 l7ae, n d dedeme ba8en rddíaea    2022-2918n https://ww
quedar al margen del recurso de amparo».
Para el caso de que no estimara dicho óbice este tribunal, el escrito de alegaciones 
entra al estudio de la queja, citando ante todo doctrina constitucional sobre el concepto 
general de incongruencia (STC 144/2007, de 18 de junio, FJ 4) y sobre la incongruencia 
omisiva o ex silentio (SSTC 128/2017, de 4 de noviembre, FJ 8, y 165/2008, de 15 de 
diciembre, FJ 2). En su aplicación al caso, el fiscal dice que «no resulta posible apreciar 
la vulneración alegada», porque si bien la recurrente planteó en su demanda que se 
había conculcado la doctrina constitucional ya citada, la sentencia impugnada sí dio 
respuesta a esta cuestión, lo que incluso se evidencia de los términos de la propia 
demanda al articular tanto su queja de lesión de la intangibilidad como la de motivación 
insuficiente o no razonable de la sentencia dicha. Para el fiscal, no es que no responda 
la Sala a la posible inconstitucionalidad de las resoluciones administrativas y al acto 
expreso  del  Tribunal  Económico-Administrativo  Central,  «sino  que  lo  que  hace, 
realmente, es asumir, a partir de su propia doctrina, y en particular, de la STS de 19 de 
abril de 1996 en interés de ley, una aplicación e interpretación de las resoluciones del 
Tribunal  Constitucional  coincidente  con  la  argumentación  de  las  resoluciones 
administrativas, lo que significa dar una respuesta, aun tácita, descartando la infracción 
de aquella doctrina constitucional y, por tanto, su aplicación».
d) La  última  queja  de  la  demanda,  relativa  a  los  defectos  de  motivación  y 
racionalidad de los razonamientos de la sentencia impugnada, debe ser al parecer del 
fiscal ante este tribunal desestimada. Tras la cita de la STC 102/2014, de 23 de junio, 
FJ 2, sobre el deber de motivación de las resoluciones judiciales, afirma que en realidad 
esta queja queda subsumida en aquella otra de vulneración de la intangibilidad, como ya 
se pronunció la STC 204/2003, FJ 2, ante una doble argumentación similar, calificando la 
queja de falta de motivación como meramente instrumental. Y siendo así, entiende el 
fiscal que «su ponderación queda incluida dentro de la vulneración del principio de 
intangibilidad, ya examinada, sin que podamos considerarla como una vulneración con 
autonomía propia».
Concluye  el  Ministerio  Fiscal  sus  valoraciones  jurídicas  afirmando  «que  se  ha 
producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, pues la sentencia de la Audiencia 
Nacional impugnada otorga preferencia [a] la doctrina emanada de la STS de 19 de abril 
de 1996, con el efecto de excluir así la eficacia de los pronunciamientos de la STSJ de 
Cantabria de 16 de febrero de 1995, ya firme, no acomodándose a los pronunciamientos 
interpretativos de las SSTC 204/2003 y 216/2009, lo que determina la vulneración del 
art. 24.1 CE, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, por lo 
que es procedente el otorgamiento de amparo por este motivo».
10. Por diligencia de la secretaría de justicia de 2 de marzo de 2021 se hizo constar 
haberse recibido los escritos de alegaciones del Ministerio Fiscal y del abogado del 
Estado, quedando el presente recurso de amparo pendiente de deliberación cuando por 
turno le correspondiera.
11. Mediante  providencia  de  fecha  20  de  enero  de  2022,  se  señaló  para 
deliberación y votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Delimitación  del  objeto  del  presente  recurso.  Estimación  de  un  óbice  a  su 
admisibilidad parcial. e.e
El presente recurso de amparo se interpone contra la sentencia de la Sección  18www.
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Tribunal  Contencioso-Administrativo  Central,  que  desestimaron  la  solicitud  de  la
recurrente  de  revisión  del  importe  de  su  pensión  de  jubilación  que  le  había  sido 
reconocida años antes. También se dirige la demanda contra el auto de la misma Sala y 
Sección que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquella 
sentencia.
A ambas resoluciones judiciales, y únicamente a ellas, la recurrente atribuye la lesión 
de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en tres de sus 
vertientes:
(i) Derecho a la invariabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, 
al no haberse respetado el pronunciamiento firme dictado por la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de 
febrero  de  1995,  por  mor  de  la  cual  se  declaró  la  integración  de  un  grupo  de 
funcionarios, entre ellos la recurrente, en el grupo A1 «a todos los efectos», entonces en 
cuanto al aumento de sus retribuciones básicas. Señala que la lesión de ese derecho ya 
fue producida por sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia de 27 de abril 
de 1999, que fue declarada nula por la STC 204/2003, de 1 de diciembre, que reconoció 
el efecto positivo de la cosa juzgada material derivada de la citada sentencia de 1995. 
Entiende  la  recurrente  que  aunque  entonces  se  juzgó  sobre  sus  derechos  como 
funcionaria  en  activo,  ese  mismo  efecto  vinculante  opera  para  el  reconocimiento  y 
cálculo  de  sus  derechos  pasivos,  sin  que  pueda  prevalecer,  como  argumenta  la 
sentencia de la Audiencia Nacional aquí impugnada, el criterio sentado por la sentencia 
de la Sección Primera, Sala Tercera, del Tribunal Supremo, de 19 de abril de 1996, 
dictada  en  interés  de  ley,  que  es  contraria  a  la  integración  en  aquel  cuerpo  de 
funcionarios del grupo A1 a todos los efectos.
(ii) Derecho  a  una  resolución  judicial  congruente  que  resuelva  todas  las 
pretensiones planteadas, por no dar respuesta a las alegaciones sobre la incidencia de 
la STC 204/2003 y el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes, 
limitándose a transcribir resoluciones suyas anteriores; y,
(iii) Derecho  a  una  resolución  judicial  motivada  y  fundada  en  Derecho  (no 
irrazonable),  en  cuanto  a  lo  resuelto  precisamente  por  la  Audiencia  Nacional  para 
desestimar  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  las  resoluciones 
administrativas y del Tribunal Económico-Administrativo Central que desestimaron su 
solicitud de revisión del importe de la pensión.
El  abogado  del  Estado,  personado  con  la  legitimación  que  legalmente  ostenta, 
interesó la desestimación de la demanda, con los argumentos que se resumen en los 
antecedentes de esta sentencia, mientras que el Ministerio Fiscal opuso como óbice a su 
admisibilidad parcial la falta de denuncia temporánea de la segunda queja deducida por 
la recurrente, y en todo caso la estimación de la demanda solo por la primera de dichas 
quejas, también con base en los argumentos que se resumen en los antecedentes.
Planteadas  en  tales  términos  las  pretensiones  de  las  partes  de  este  proceso, 
procede realizar unas consideraciones previas con el fin de delimitar la controversia, 
dando además respuesta al óbice procesal alegado por el fiscal ante este tribunal:
A) En primer lugar y tomando como base nuestra reciente STC 173/2021, de 25 de 
octubre, que ha conocido de un caso esencialmente idéntico al que aquí se plantea y con 
similares argumentos en la respectiva demanda de amparo, procede decir respecto a 
cuáles son las resoluciones que han de considerarse realmente impugnadas y por ello 
materia de nuestro examen, que si bien este tribunal tiene formulada doctrina según la  es
cual «cuando se impugna una resolución judicial confirmatoria de otras resoluciones  bo
anteriores, sean administrativas o judiciales, que han sido lógica y cronológicamente  18ww
pd2(Sre0eTc/2sCisu0 ip0o1u1n7e,e 3ssd/t 2eo0c  2o2d1n9e,f   irdFmaeJq a ued2ena,le slacr, o,o ,an hu FacnJniq t au7d e, de ye n  c1olo1a n9sls o/2iS d0Seh1raT2ayC,r as dne1e  8 st24ai/d m1do9be 9i ée0jnux,  npdirroeee,s c a1uFm5rJr  iedd1nae)ts,e    nelonaev snie  esmpetrelb e rcrceeea, dcsuFeornJ s tsoe2i»ns;     OE-A-2022-29able en https://
embargo  ha  de  considerarse  prevalente  la  imposibilidad  de  reconstruir  de  oficio  la
demanda de amparo (STC 173/2021, FJ 2, con cita de la STC 21/2021, de 15 de febrero, 
FJ 3), y dado que esta únicamente impugna las resoluciones judiciales de instancia, 
pese a que el derecho a la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes –que se 
erige  en  su  queja  principal–  se  proyecta  sobre  todo  tipo  de  resoluciones,  no  solo 
judiciales, y que en origen dicha lesión cabría predicarla de las resoluciones dictadas por 
la Dirección General de Costes y Pensiones Públicas, no obstante todo ello, ha de 
circunscribirse nuestro objeto de control en este amparo a la indicada sentencia y auto 
de la Sala y Sección competentes de la Audiencia Nacional (STC 173/2021, FJ 2).
Esta decisión acarrea por cierto una consecuencia añadida en este caso. Como se 
indicó en los antecedentes, uno de los motivos por los que se denegó la solicitud de 
revisión del importe de la pensión de jubilación de la recurrente por las resoluciones de la 
Dirección  General  mencionada,  fue  el  entendimiento  de  que  el  acto  original  de 
reconocimiento de dicha prestación, dictado en septiembre de 2007, era un acto firme y 
consentido y no resultaban de aplicación las causas del art. 13 del Real Decreto 5/1993, 
de 8 de enero, que permitían tal revisión. Ese motivo, posteriormente, fue el único tenido 
en cuenta por la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo Central para 
desestimar la reclamación interpuesta por la aquí actora. Así las cosas, la demanda 
contencioso-administrativa defendió que cabía la revisión de aquel acto, ex art. 13, 
apartados 1 y 2, de dicho Real Decreto 5/1993. La sentencia aquí impugnada no se 
pronunció expresamente sobre esta cuestión y, por tanto, no apreció que el carácter 
firme de la resolución originaria de cálculo de la pensión fuera un motivo para desestimar 
la demanda interpuesta, como tampoco nada dijo el posterior auto de rechazo del 
incidente de nulidad de actuaciones. Por el contrario, la sentencia pasó directamente al 
examen de las alegaciones relativas a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva 
contenidas en dicho escrito, lo que presuponía reconocer la posibilidad de revisión de la 
pensión, pudiendo entenderse en lógica esto como una estimación tácita de aquel motivo 
del recurso. Todo lo dicho permite, en resumen, que enjuiciemos las quejas de fondo de 
la demanda de amparo, con la salvedad de una de ellas por la circunstancia de diversa 
índole a la que se aludirá en el apartado siguiente.
B) En segundo lugar, con el mismo resultado que en la citada STC 173/2021, de 25 
de octubre, ha de estimarse aquí el óbice planteado por el fiscal ante este tribunal en su 
escrito de alegaciones del art. 52 LOTC, relativo a la falta de denuncia temporánea de la 
segunda queja de la demanda, la que aduce la supuesta incongruencia omisiva de la 
sentencia de instancia recurrida. Dicha vulneración no fue invocada durante la vía judicial 
tras el dictado de aquella sentencia, en concreto no hizo referencia a ella el escrito de 
preparación del recurso de casación promovido contra la sentencia, ni tampoco el ulterior 
escrito en solicitud del incidente de nulidad de actuaciones. La STC 173/2021, FJ 3, tras 
hacer cita de doctrina de este tribunal en relación con la importancia del requisito 
procesal  de  denuncia  temporánea  de  la  lesión,  a  fin  de  salvaguardar  el  carácter 
subsidiario de esta jurisdicción [con cita de las SSTC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1; 
123/2018, de 12 de noviembre, FJ 2, y 1/2019, de 14 de enero, FJ 2 a)], y sin perjuicio 
de su interpretación flexible (con cita de las SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; 
62/1999, de 26 de abril, FJ 3; 88/2005, de 18 de abril, FJ 3; 161/2005, de 20 de junio, 
FJ 2, y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 3), concluyó, como ha de hacerse aquí, que 
«habiéndose planteado dicha queja por primera vez en sede de este recurso de amparo, 
no se ha satisfecho por la actora la exigencia del art. 44.1 c) LOTC, por lo que su 
pretensión incurre en causa de inadmisión del recurso en este punto, conforme a lo 
dispuesto en el art. 50.1 a) LOTC». es
C) También en relación con los requisitos procesales para la interposición de la  o
sledhaenea n mbienteealt renanlercrdp tia.aos  4 siddd4iecoe.i 1 ó an inmano )stpp itLfaaoicOrnroa cTl,dai Cada ,,e r  elebaaclen  ua tinhergraa eoldcanteam termpis sreiodieó penuni tna oua p nSd oc eario n lnallcaas i  dyivdSe íeaSanr lteajaeucc  dcTidóiiecóenirn a csn le oauprbualrierdt oevdar iedeaal l    addcTleue rai m bamdupcicpnltihuamaaarl io ceS,rin oeuatnsop oep rdelsruoem cpcl ioóopó snrndeit,tr evoati  rs dsatleuaos      OE-A-2022-2918able en https://www.
recurso de casación interpuesto previamente contra la misma sentencia, hecho del que
da cuenta por cierto el fiscal en su escrito de alegaciones para opinar que no hubo 
agotamiento defectuoso de la vía judicial previa por tal motivo. No es impedimento, 
desde luego, para ocuparnos de esta cuestión que el proceso se halle ya en trámite de 
sentencia, pues conforme a nuestra reiterada doctrina cabe, de oficio o a instancia de 
parte, reconsiderar en este momento la concurrencia de los presupuestos procesales 
para la viabilidad del recurso de amparo, dando lugar en su caso a un pronunciamiento 
de inadmisión (entre otras recientes, SSTC 139/2021, de 12 de julio, FJ 2; 149/2021, 
de 13 de septiembre, FJ 2; 174/2021, de 25 de octubre, FJ 2, y las que en ellas se citan).
Pues  bien,  hemos  de  dar  la  razón  al  fiscal  cuando  considera  aplicable  a  este 
supuesto (interposición de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal de 
instancia, tras la inadmisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación promovido 
contra la misma resolución) la doctrina sentada por nuestra STC 112/2019, de 3 de 
octubre, donde hemos declarado que, si bien de «la normativa procesal que regula el 
incidente de nulidad de actuaciones no cabe deducir que en supuestos como el que 
ahora se examina proceda de manera clara su interposición» [FJ 3 d)], lo cierto es que 
«una cosa es que no exista una exigencia constitucional o legal de la que se derive la 
necesidad de interponer este incidente para poder recurrir en amparo ante este tribunal 
en estos supuestos y otra que la interposición de este incidente cuando concurren estas 
circunstancias pueda considerarse un recurso manifiestamente improcedente […]; [l]a 
improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones en este tipo de casos no deriva 
de manera terminante, clara e inequívoca del art. 241.1 LOPJ» [FJ 3 e)]; de modo que 
«con  el  fin  de  garantizar  la  tutela  judicial  frente  a  las  vulneraciones  de  derechos 
fundamentales que ocasionen los órganos judiciales cuando sus decisiones no son 
susceptibles de recurso, ha de interpretarse que cabe interponer este incidente también 
en los casos en los que el recurso interpuesto contra la resolución que se considera 
lesiva  de  derechos  fundamentales  ha  sido  inadmitido  por  razones  procesales  no 
imputables a la falta de diligencia de la parte» [FJ 3 f)].
En este caso, como se dejó constancia en el antecedente 2 C) e) de la presente 
sentencia, la Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo inadmitió a 
trámite el recurso de casación presentado por la recurrente, al entender que el escrito no 
había  fundamentado  suficientemente  la  concurrencia  de  los  supuestos  de  interés 
casacional objetivo, o la necesidad de un pronunciamiento de fondo por la Sala. Pero no 
por la ausencia de esa argumentación –el escrito, de hecho, dedica un apartado a esta 
cuestión  y  se  tuvo  por  preparado  por  la  Sala  y  Sección  a  quo–,  o  bien  por  otra 
circunstancia de índole estrictamente formal reprochable a la parte recurrente.
Al resultar pues de aplicación la doctrina citada de la STC 112/2019 para considerar 
bien agotada la vía judicial, no es necesario acudir a la doctrina también esgrimida por el 
fiscal en su escrito, relativa a la desactivación del indicado óbice cuando el órgano 
judicial ha respondido al fondo de las quejas deducidas en el escrito de impugnación de 
que se trate. Doctrina que resulta aplicable cuando se califica la vía judicial utilizada por 
el recurrente como manifiestamente improcedente por ley, lo que aquí por lo expuesto no 
sucede. Por lo demás, es evidente que la Audiencia Nacional contestó en efecto al fondo 
de las quejas vertidas en el escrito de nulidad, aunque con resultado desestimatorio.
No hay tampoco defecto de agotamiento, en fin, porque el auto de 7 de junio de 2019 
ofreciera como pie de recurso el de reposición ante la misma Sección en el plazo de 
cinco días, sin que conste que la parte lo hubiere interpuesto. Conforme a doctrina de 
este tribunal el justiciable no está vinculado por la indicación positiva efectuada por un 
pie de recurso, si la considera errónea, «pudiendo en tal caso promover la demanda de  es
amparo ante este tribunal contra la resolución que entiende que agota la vía judicial  o
lja(pauSmr deTivpvcCíaiiaaa r2  lo s4je uil1nand/ s 2inac 0ecqia0ocul6en e,sssl lieadid c eariun ed2ess 0ntdur ceuldti acaeicn s ijt qóuequnlruiope,e ,o s  npsFieeeuJn rd d 3ieeeo;q lr  eúaurnenniv ci eocdualcer ósmmrio vie saaonmlr  tseroeee  si msmdteieempn dulataiitodra  i obnpe ldrSeroersSócb nTeeidesCnaaa  t l 6af ai3llna l/ctd 2aai0i cnsd1aode6d i ca,oa ald g cpreoeioó tc1arnu 1me r rljdi ueeóednnr itgtaceoabi  anedrlio»nel,      OE-A-2022-2918able en https://www.
FJ 3, y 15/2019, de 11 de febrero, FJ 3). En este caso, tratándose de un auto que
resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, es clara la dicción del art. 241.2 in fine 
LOPJ cuando dice que contra dicha resolución «no cabrá recurso alguno».
D) Por último, con carácter previo al estudio de fondo de las quejas que quedan en 
pie de la demanda, en lo que concierne al orden para su enjuiciamiento hemos de traer a 
nuestra  consideración  lo  decidido  en  la  STC  173/2021,  ahora  en  su  fundamento 
jurídico 4, en la que se dijo:
a) Que el tribunal tiene dictada doctrina constitucional que aconseja empezar por el 
examen de la queja que suponga un mayor nivel de retroacción de las actuaciones si la 
misma se estimara.
b) Que  tal  doctrina  sin  embargo  no  resulta  determinante  en  este  caso  pues 
cualquiera de las dos quejas aquí deducidas que no están afectadas de un óbice (las 
quejas primera –lesión del derecho a la invariabilidad– y tercera –lesión del derecho a la 
motivación  y  a  una  resolución  fundada  en  Derecho–)  supondrían,  si  se  estimara 
cualquiera de ellas, la retroacción de las actuaciones al mismo momento procesal, el 
dictado de la sentencia de instancia para su sustitución por otra que resultara respetuosa 
con el derecho.
c) Que aun así, no es menos cierto sin embargo y como también afirmamos en el 
fundamento jurídico 4 de dicha STC 173/2021, que existe una «diferencia de matiz» 
entre ellas pues mientras «la estimación de la segunda queja tan solo obligaría al órgano 
judicial a completar la motivación de su sentencia, en la hipótesis de que se apreciara la 
primera quedaría descalificada la argumentación misma de la sentencia impugnada por 
no haber respetado el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora, que le obligaba a 
la observancia de los pronunciamientos obtenidos por aquella en previas resoluciones 
firmes, en cuyo caso, la nueva sentencia a dictar debería incluir una fundamentación 
nueva y distinta, que fuera respetuosa con el derecho fundamental reconocido. Por 
consiguiente,  la  lógica  impone  comenzar  nuestro  estudio  por  esta,  dada  su  mayor 
incidencia sobre la sentencia impugnada. En todo caso, y a mayor abundamiento, la 
denuncia de falta de motivación se encuentra estrechamente conectada con la primera 
queja, tal y como señala acertadamente el Ministerio Fiscal, puesto que lo que se arguye 
es que la sentencia de la Audiencia Nacional no explica por qué se aparta de lo fallado 
en  las  previas  resoluciones  firmes,  especialmente  de  la  doctrina  establecida  en  la 
STC 204/2003, de modo que esta queja quedaría en gran medida absorbida por la otra».
Así ha de entenderse también aquí, por lo que ha de iniciarse nuestro examen por la 
primera queja, referida a la lesión del derecho a la invariabilidad de las resoluciones 
judiciales firmes.
2. Decisión  sobre  el  fondo.  Aplicación  de  la  doctrina  sentada  por  las 
SSTC 204/2003, de 1 de diciembre, y 216/2009, de 23 de noviembre, ya aplicada por la 
STC 173/2021, de 25 de octubre
a) Para resolver la primera de las quejas de la demanda, relativa a la vulneración 
del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE), ha de 
partirse  de  los  pronunciamientos  efectuados  por  este  tribunal  sobre  este  derecho 
fundamental, de un lado, en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, que ya conoció de una 
queja similar planteada por un grupo de funcionarios, entre ellos –como ya se ha 
destacado– la aquí demandante de amparo, debatiéndose entonces la fijación de las 
retribuciones básicas a las que tenía derecho estando en servicio activo. De otro lado, en  s
la STC 216/2009, de 14 de diciembre, donde la recurrente de turno adujo la lesión del  oe.
efecto  positivo  de  cosa  juzgada  de  resoluciones  judiciales  firmes  –en  aquel  caso,  w.
aqd uicpetra odcpaoósisn ipctoiod rde le a c lSao nas laola liyc  ifStouerdmc cduieóla nrde acvo ismpióopnre  tdleaen lt aeimq dupeío l rdTteer imbduean nlaadl a pSnetuenp seidóreino  rda deme jp uJaburioslat,i ccihióaan cd, ieep nrMedtaoed nresidisó–tna,    2022-2918n https://ww
segunda sentencia aplicación ya de aquella STC 204/2003.
Recientemente, también sobre revisión del importe de la pensión y aplicando la 
doctrina sentada por las SSTC 204/2003 y 216/2009, la STC 173/2021, de 25 de 
octubre, ha enjuiciado la demanda de amparo promovida por otra funcionaria que fue 
recurrente en el procedimiento resuelto por la sentencia del Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 16 de febrero de 1995, 
que invoca en el proceso a quo la aquí demandante, también ahora por la denegación de 
la solicitud de revisión del importe de su pensión por sentencia de la propia Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que 
empleó argumentos similares a los incluidos en la sentencia aquí impugnada. Siendo 
que  el  amparo  ha  sido  otorgado  en  los  tres  casos  al  apreciarse  la  vulneración 
denunciada, se adelanta que así ha de serlo también en el presente recurso. A fin de 
evitar repeticiones innecesarias, bastará a tal efecto con reproducir los razonamientos 
efectuados en el fundamento jurídico 7 de la citada STC 173/2021 para resolver la 
pretensión  ahí  planteada,  tras  recordar  en  el  fundamento  jurídico  5  –al  que  nos 
remitimos–  nuestra  doctrina  general  sobre  el  derecho  a  la  intangibilidad  de  las 
resoluciones judiciales firmes. Declaramos entonces en aquel fundamento jurídico 7:
«Pues bien, la situación en este caso ha sido prácticamente idéntica, pues tanto la 
Dirección de Costes y Pensiones Públicas como la Audiencia Nacional, en la sentencia 
impugnada, han rechazado que el reconocimiento por la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 del derecho de la recurrente a ser 
integrada en el grupo A “con todos los efectos derivados de tal asignación” incluyera los 
derechos pasivos, a pesar de que esa declaración es idéntica a la efectuada por la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de octubre de 1995, cuyo 
desconocimiento  constituyó  el  objeto  del  recurso  de  amparo  resuelto  por  la 
STC 216/2009. Y lo hacen, además, apoyándose en la doctrina establecida por la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996, dictada en casación en interés 
de  ley,  a  pesar  de  que  este  Tribunal  Constitucional  ya  dijo  expresamente  en  su 
STC 204/2003, FJ 5, que esa doctrina no podía aplicarse retroactivamente para alterar lo 
fallado con carácter firme por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Para rechazar que se hayan desconocido los derechos de la actora reconocidos en 
anteriores pronunciamientos judiciales, arguye el auto de la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 31 de octubre de 2018, 
resolutorio del incidente de nulidad de actuaciones promovido por la actora contra la 
sentencia de 11 de diciembre de 2017, que el reconocimiento de la integración de la 
demandante lo fue a título personal y a los efectos de la reclamación de diferencias 
salariales deducidas en el correspondiente proceso, pero que ello no determinó su 
inclusión en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, sino que continuó en el 
cuerpo de maestros. Añade que no estamos en presencia del supuesto contemplado en 
la STC 216/2009, en el cual se precisó en ejecución de sentencia que el reconocimiento 
de la clasificación en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos 
pasivos de los funcionarios litigantes, que empezaron a cotizar dentro de dicho grupo, 
mientras que en este caso ni se ha reconocido en la sentencia que el reconocimiento de 
la clasificación en el grupo A lo sea a los efectos de derechos pasivos ni consta que la 
demandante cotizara en momento alguno dentro de ese grupo, ni en ejecución de 
sentencia se  acordó extender  los  efectos del pronunciamiento judicial a cuestiones 
distintas de las relativas a las remuneraciones.
En cuanto a tales argumentos, hay que objetar, en primer lugar, que lo que se  s
ventilaba en el procedimiento seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  e.
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  no  era  simplemente  una  pretensión  de  w.
alcance retributivo como se afirma en el auto. Lo que los recurrentes en aquel proceso  18ww
prerecotennodcíiamni eenrtao,  dceol mdoe reqcuheod aa  rleac iongcilduos ióenn  elan  esle ngtreunpcoi aA  ddee  1lo6s  dree cfuerbrerenrtoe sd, ea d1s9c9ri5to, s“ eal 
Mlosin issteerrvioic dioes  Eddeu caacpioóyno y  Cpsieicnocpiae”d, ayg lóog qicuoe  lya  Soarilean ataccoiródnó  feudeu, ccaotmivoa  ydae hpae nsdidieon rteelsa taddeol   BOE-A-cable e
reiteradamente,  el  derecho  a  la  integración  en  el  grupo  A,  “con  todos  los  efectos
derivados de tal asignación” –volvemos a recalcarlo–, y, además, como otro derecho 
inherente a su situación, no agotador de los efectos que debía producir la integración, “el 
derecho al abono de las diferencias retributivas dejadas de percibir desde la fecha de su 
nombramiento” (FJ 3, último párrafo).
Por otra parte, el reconocimiento de ese derecho de integración en el grupo A se 
acuerda “con independencia de la falta de creación formal de un cuerpo funcionarial de 
apoyo  psicopedagógico  y  orientación  vocacional,  pues  no  puede  desconocerse  la 
realidad fáctica del desempeño de tales funciones, a las que han sido adscritos los 
recurrentes a través de una irregular e indefinida comisión de servicios”. No se niega que 
el reconocimiento del derecho no ha implicado la inclusión en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria, ni en ningún otro, por la irregular actuación administrativa puesta 
de relieve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Pero, como 
advierte  acertadamente  el  Ministerio  Fiscal,  ello  no  puede  ser  un  obstáculo  para 
entender que en ella quedaban incluidos los derechos pasivos, pues así lo dispuso la 
STC 216/2009, al afirmar en su FJ 4 que el fallo que allí se invocaba los incluía “con 
independencia de que los entonces recurrentes siguiesen formando parte del cuerpo de 
maestros, pues lo que se les había reconocido era la integración en el grupo A, a título 
personal.  Y,  al  desestimar  la  pretensión  de  la  recurrente  por  considerar  que  solo 
correspondería si perteneciese al cuerpo de profesores de secundaria, las resoluciones 
impugnadas modificaron la situación jurídica creada por una sentencia firme al margen 
de los procedimientos legalmente establecidos a tal efecto y sin ninguna razón que 
justifique dicha alteración”.
No  puede  aceptarse  tampoco  como  argumento  para  excluir  la  aplicación  de  la 
doctrina establecida en la STC 216/2009 el dato de que en el supuesto al que esta se 
refiere se precisara en ejecución de sentencia que el reconocimiento de la clasificación 
en el grupo A producía efectos también en relación con los derechos pasivos de los 
funcionarios, y que estos empezaran a cotizar dentro de dicho grupo. En cuanto al primer 
extremo, porque los pronunciamientos emitidos en ejecución de sentencia se limitan a 
precisar  el  alcance  de  esta,  pero  no  pueden  alterar  lo  fallado,  ampliándolo  o 
reduciéndolo. En efecto, es doctrina reiterada de este tribunal que “el derecho a la 
ejecución de las sentencias en sus propios términos impide que en fase de ejecución los 
órganos judiciales lleven a cabo interpretaciones de los fallos que, por alterarlos o 
apartarse de ellos, incurran en arbitrariedad, incongruencia, irrazonabilidad o error. Y ello 
incluso aunque la variación o revisión de la resolución que debe ser ejecutada se 
produzca en supuestos en los que los órganos judiciales ejecutantes entendieren con 
posterioridad que la decisión adoptada no se ajusta a la legalidad, pues constituye una 
manifestación tanto del principio de seguridad jurídica como del derecho a la tutela 
judicial efectiva que las resoluciones judiciales firmes no pueden ser modificadas al 
margen de los supuestos y cauces taxativamente establecidos en la ley. Esta regla 
general  encuentra,  no  obstante,  una  excepción,  pues  ni  la  seguridad  jurídica  ni  la 
efectividad de la tutela judicial alcanzan a integrar un supuesto derecho a beneficiarse de 
simples errores materiales o de evidentes omisiones en la redacción o trascripción de la 
sentencia  que  puedan  deducirse,  con  toda  certeza,  del  propio  texto  de  la  misma” 
(STC 211/2013, de 16 de diciembre, FJ 3, y las que en ella se citan). Por consiguiente, 
hay que partir del pronunciamiento primigenio de la sentencia de cuya ejecución se trata, 
que es idéntico en este supuesto y en el resuelto por la STC 216/2009.
Finalmente, en lo tocante a la cuestión de la cotización, hay que dar la razón al fiscal 
cuando afirma que se trataría de una irregularidad achacable a la propia administración y  es
no a la funcionaria recurrente, circunstancia que ya se percibe en otros aspectos en la  o
“dpfoserirontmep Erraieamnlc   idsonecenao noduntcaencismn l uccfisueuiaiennó rtcndpoi,eoo  d n elf1eau 6s lno  cssadi eo edtnn retafareevernbiécacrshlei,a o rda ose   iil mdnaueh pna euad1rg es9incnr9rart5eiedp,gs acu c iaólua ndlara e n desmde aoii tsn leomdsnseead  ff”iióurn.e nidfcieaeiol r ecn oapamrrio oilnsasui  óanfnalc  lidtdaaeem s dieseeemn rtcpvorie ceñiaofoicrs mi,ód neey     OE-A-2022-2918able en https://www.
contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero
de  1995,  emitiendo  otro  en  sentido  frontalmente  contrario  y  que  ignora  el  efecto 
prejudicial o positivo de la cosa juzgada material de las resoluciones firmes, en relación 
con el derecho de la demandante de amparo a ser integrada en el grupo A, “con todos 
los efectos derivados de tal asignación”; derecho reconocido que vinculaba al órgano 
judicial en virtud de las exigencias del art. 24.1 CE, y con el que guarda una relación de 
estricta dependencia la cuestión relativa a la determinación de qué haberes reguladores 
(grupo A o grupo B) deben tenerse en cuenta para calcular la pensión de jubilación de la 
demandante  de  amparo.  Y  todo  ello,  al  margen  de  una  vía  legal,  y  mediante  la 
improcedente  aplicación  retroactiva  del  criterio  establecido  con  posterioridad  en  la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1996 en interés de ley, en contra de lo 
resuelto sobre el particular en la STC 204/2003, de 1 de diciembre, FJ 5, e ignorando la 
doctrina establecida en esta última sentencia y en la STC 216/2009, de 14 de diciembre. 
Por todo ello, hemos de concluir que la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de diciembre de 2017, ha 
vulnerado el derecho fundamental de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, 
en la vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.»
La aplicación de esta doctrina conduce, como ya se adelantó, a la estimación de la 
presente demanda de amparo por haber ocasionado la sentencia y auto de la Audiencia 
Nacional impugnados, la lesión del derecho a la intangibilidad de resoluciones judiciales 
firmes favorables a la recurrente (sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 16 de febrero de 1995 y de 13 de 
febrero  de  2004,  dictada  esta  última  en  ejecución  de  lo  dispuesto  por  nuestra 
STC 204/2003, de 1 de diciembre), vertiente de su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Ello exime a este tribunal de tener que entrar en el examen de la otra queja de la 
demanda, por insuficiente motivación y lesión del derecho a una resolución jurídicamente 
fundada (art. 24.1 CE) de la sentencia recurrida, de modo similar a como acordó su 
dispensa la STC 173/2021, FJ 7, dado que además «quedaba en gran medida absorbida 
por la que ha sido objeto de nuestra detallada consideración».
b) Como efectos derivados de la estimación de la demanda de amparo, procede 
declarar únicamente la nulidad de la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 4 de junio de 2018, y del auto 
de la misma Sala y Sección, de 7 de junio de 2019, que desestimó el incidente de 
nulidad de actuaciones y confirmó aquella; ordenando la retroacción del procedimiento al 
momento inmediatamente anterior al dictado de la referida sentencia, para que en su 
lugar se pronuncie otra que resulte respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por doña Concepción Martín 
Núñez y, en consecuencia:
1.º Inadmitir la queja de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva  e
(art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva. bo
2.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de  18ww
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Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
procedimiento ordinario 997-2016.
4.º Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse 
la primera de dichas resoluciones, para que el órgano judicial pronuncie una nueva que 
sea respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.–Pedro José González-
Trevijano Sánchez.–Santiago Martínez-Vares García.–Ricardo Enríquez Sancho.–María 
Luisa Balaguer Callejón.–Inmaculada Montalbán Huertas.–Firmado y rubricado.