BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 12845
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
1622 Decreto-ley 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto-ley 
10/2020,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  nuevas  medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de 
la COVID-19.
El artículo 67.6.a) del Estatuto establece que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno de la 
Generalidad ha aprobado diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los 
efectos desfavorables que ha ocasionado esta crisis sanitaria. Entre dichas medidas 
figuran las adoptadas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado sujetas 
a las disposiciones del derecho civil catalán y en el de las juntas de propietarios de las 
comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal.
Las restricciones impuestas durante la vigencia del estado de alarma, especialmente 
con  respecto  a  la  movilidad,  podían  repercutir  negativamente  en  el  funcionamiento 
normalizado de los órganos de dichas entidades, con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones legales y estatutarias.
El Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19, 
regula, durante la vigencia del estado de alarma, la suspensión de los plazos legalmente 
establecidos para la reunión de los órganos de estas entidades; la posibilidad de aplazar 
o modificar las reuniones convocadas con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma; la posibilidad, aunque los estatutos no lo establezcan, de celebrar reuniones y 
adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o de adoptar acuerdos sin reunión, de 
acuerdo con el Código civil de Cataluña, o la ampliación del plazo para elaborar, aprobar 
y presentar las cuentas anuales.
El  Decreto-ley  26/2020,  de  23  de  junio,  de  medidas  extraordinarias  en  materia 
sanitaria y administrativa, que modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020, de 27 de 
marzo, establece, una vez finalizada la vigencia del estado de alarma, que se amplíe de 
forma temporal y extraordinaria alguna de las medidas adoptadas durante este estado 
con el fin de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales de 
las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios, y que se tengan en cuenta 
las nuevas circunstancias, y por lo tanto, la conveniencia de ajustar el alcance de la  s
regulación extraordinaria establecida por el Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo. El  oe.
citado Decreto-ley regula que el cómputo de plazos para la reunión de los órganos de las  w.
personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil  22ww
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tres meses siguientes a la finalización del mismo. Asimismo, amplía hasta el 31 de 
diciembre  de  2020,  la  reunión  de  los  órganos  y  la  adopción  de  acuerdos  por 
videoconferencia u otros medios de comunicación, así como la posibilidad de adoptar 
acuerdos sin reunión. Con respecto a la elaboración, aprobación y presentación de 
cuentas anuales, establece que los plazos suspendidos durante la vigencia del estado de 
alarma se reprendan una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha de finalización 
de  dicho  estado.  Con  respecto  a  las  juntas  de  propietarios,  la  obligatoriedad  de 
convocarlas  y  celebrarlas  queda  suspendida  hasta  el  30  de  abril  de  2021,  con  la 
posibilidad de que se puedan celebrar las juntas dentro de dicho plazo siempre que se 
atienda a las circunstancias y medidas de seguridad aplicables en cada momento, así 
como la posibilidad de que se lleven a cabo a través de los medios establecidos por el 
artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña. También establece que los presupuestos 
anuales aprobados se entienden prorrogados hasta la celebración de la junta ordinaria, 
así como la aprobación de las cuentas anteriores, la renovación de los cargos y la 
adopción de acuerdos sin reunión.
Ante la prolongación de las medidas sanitarias y la incertidumbre de la duración de la 
situación  de  pandemia,  es  necesario  prolongar  las  medidas  extraordinarias  para 
minimizar los efectos negativos de las medidas restrictivas y facilitar el funcionamiento 
ordinario  de  las  entidades.  El  presente  Decreto-ley,  que  modifica  el  artículo  4  del 
Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, en la redacción dada por el artículo 10 del 
Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y 
administrativa, establece de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
que los órganos de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones 
del  derecho  civil  catalán  se  puedan  reunir  y  puedan  adoptar  acuerdos  por 
videoconferencia o por otros medios de comunicación, así como adoptar acuerdos sin 
reunión, aunque sus estatutos no lo establezcan. Este Decreto-ley mantiene las medidas 
contenidas en el Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, sobre el cómputo de plazos 
regulados para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales. Con respecto a las 
juntas de propietarios en las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal, 
dispone que la obligación de convocarlas y celebrarlas queda suspendida hasta el 31 de 
diciembre de 2021.
Así  pues,  las  medidas  contenidas  en  este  Decreto-ley  se  dictan  al  amparo  del 
artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña y se fundamentan en la extraordinaria 
y urgente necesidad de adoptarlas para facilitar que las asociaciones, las fundaciones y 
las juntas de propietarios puedan desarrollar su actividad y hacer frente a sus obligaciones 
legales en un contexto en el que no se prevé una vuelta rápida a la normalidad.
De  acuerdo  con  el  artículo  64  del  Estatuto  de  autonomía  de  Cataluña,  de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia 
de la Generalidad y del Gobierno;
A propuesta de la consejera de Justicia y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
Artículo único.  Modificación del artículo 4 del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo.
Se modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se 
establecen  nuevas  medidas  extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  sanitario, 
económico y social del COVID-19, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4.  Medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho privado 
sujetas  a  las  disposiciones  del  derecho  civil  catalán  y  a  las  juntas  de  e.e
propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. b
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dispone el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña, aunque sus estatutos no
lo establezcan. Si no es posible utilizar estos medios, y hasta la misma fecha, 
también pueden adoptar acuerdos sin reunión, de conformidad con lo que dispone 
el  artículo  312-7  del  Código  civil  de  Cataluña,  aunque  los  estatutos  no  lo 
establezcan, siempre que lo decida la persona que los preside o que lo soliciten al 
menos dos miembros o, si se trata de la asamblea general de una asociación, un 
veinte por ciento de las personas asociadas.
4.2  El cómputo de los plazos regulados legalmente para elaborar, aprobar y 
presentar cuentas anuales y otros documentos exigibles de las personas jurídicas 
de  derecho  privado  sujetas  a  las  disposiciones  del  derecho  civil  catalán, 
suspendidos a partir de la fecha de la declaración del estado de alarma, establecido 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se reanuda una vez transcurridos 
tres meses a partir de la fecha de finalización de dicho estado de alarma.
4.3  La obligación de convocar y celebrar las juntas de propietarios en las 
comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal queda suspendida hasta 
el 31 de diciembre 2021, sin perjuicio de la posibilidad de cada comunidad de 
convocar y celebrar la junta de propietarios dentro de este plazo, de acuerdo con sus 
circunstancias y las medidas de seguridad que en cada momento sean de aplicación, 
a iniciativa de la Presidencia o si lo solicita al menos un veinte por ciento de las 
personas propietarias con derecho a voto, que representen el mismo porcentaje de 
cuotas. La celebración de la junta también se puede llevar a cabo a través de los 
medios establecidos por el artículo 312-5.2 del Código civil de Cataluña.
El  último  presupuesto  anual  aprobado  se  entiende  prorrogado  hasta  la 
celebración  de  la  junta  ordinaria,  en  la  cual  también  se  debe  proceder  a  la 
aprobación de las cuentas anteriores y a la renovación de los cargos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 553-15 del Código civil de Cataluña.
Mientras  no  se  convoque  y  celebre  la  junta  ordinaria,  se  pueden  tomar 
acuerdos sin reunión a instancia de la persona que la preside, si se cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 312-7 del Código civil de Cataluña».
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que se aplique este Decreto-ley 
cooperen en cumplirlo y que los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo 
hagan cumplir.
Barcelona, 22 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución 
de  la  Presidencia  de  la  Generalidad  y  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  Pere 
Aragonès i Garcia.–La Consejera de Justicia, Ester Capella i Farré.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8303, de 24 de diciembre de 2020. 
Convalidado por Resolución 1138/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8325, de 25 de enero de 2021)