BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 213 Viernes 7 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 66679
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
9402 Resolución  de  29  de  julio  de  2020,  del  Centro  de  Estudios  Políticos  y 
Constitucionales,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  con  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid,  para  la  elaboración  de  la  sección  sobre  el 
procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales del 
«Informe sobre la Justicia Administrativa 2020».
El  organismo  autónomo  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales  y 
la Universidad Autónoma de Madrid han suscrito, con fecha 23 de julio de 2020, un 
convenio para la elaboración de la sección sobre el procedimiento especial de protección 
de los derechos fundamentales del «Informe sobre la Justicia Administrativa 2020».
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  se  dispone  su  publicación  en  el 
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  29  de  julio  de  2020.–La  Directora  del  Centro  de  Estudios  Políticos 
y Constitucionales, Yolanda Gómez Sánchez.
CONVENIO ENTRE EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES 
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
SECCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL «INFORME SOBRE LA JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA 2020»
Madrid, 23 de julio de 2020.
REUNIDOS
De  una  parte,  doña  M.ª  Yolanda  Gómez  Sánchez,  como  Directora  del  Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales (en adelante, CEPC), organismo Autónomo 
adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, 
con CIF Q-2811010-D, y domiciliado en la Plaza de la Marina Española, 9, 28071 
de Madrid, actuando en representación del mismo, en virtud de lo establecido en el 
artículo 6.2.a) del Real Decreto 1269/97, de 24 de julio, y de su nombramiento por Real 
Decreto 931/2018, de 20 de julio.
De otra parte, don Rafael Garesse Alarcón, Rector de la Universidad Autónoma 
de Madrid, nombrado por Decreto 62/2017, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 147, de 22 de junio)
Ambas partes comparecen en nombre de las Instituciones a las que respectivamente 
representan y de modo recíproco se reconocen capacidad para formalizar el presente 
convenio y, por ello, s
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Primero.
con Qpueers eoln aClEidPaCd  jeusrí duinc aO yrg paantirsimmoo naiou tópnroopmioos ,d aed lsac Aritdom ainl iMstrinaicsitóenri oG ednee lraa lP dreels iEdsetnacdioa,,   BOE-A-cable e
Relaciones  con  las  Cortes  y  Memoria  Histórica,  y  regulado  por  el  Real 
Decreto 1269/1997, de 24 julio, que tiene como finalidad el estudio y la investigación de 
los  sistemas  sociales,  políticos,  constitucionales  y  administrativos,  y  que  tiene 
encomendadas  entre  sus  funciones  elaborar  y  promover  tareas  de  estudio  e 
investigación sobre el carácter, evolución y funcionamiento de los sistemas sociales, 
políticos,  constitucionales  y  administrativos,  tanto  en  su  dimensión  nacional  como 
internacional y desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas especializadas en las materias 
citadas.
Segundo.
Que  por  acuerdo  del  Pleno  del  Consejo  Social  de  la  Universidad  Autónoma 
de Madrid de 23 de junio de 2014 se creó el Centro de Investigación sobre Justicia 
Administrativa (en adelante, CIJA) en el seno de la Facultad de Derecho, que tiene como 
finalidad el impulso de actividades de investigación y transferencia relacionadas con 
la Justicia Administrativa, entendida como el contexto que debe garantizarse para el 
desarrollo de la actividad administrativa y el control de los resultados de la misma.
Tercero.
Que  el  CIJA  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  ha  puesto  en  marcha  la 
elaboración y publicación de un «Informe sobre la Justicia Administrativa 2020». La 
realización de este Informe constituye una de las principales actividades que anualmente 
desarrolla el Centro, tal y como está previsto en su Memoria de creación. El informe 
analizará diversos parámetros de funcionamiento de la Justicia Administrativa, teniendo 
en cuenta una perspectiva comparada e interdisciplinar. En especial, se incluirá una 
sección dedicada al análisis monográfico del procedimiento especial de protección de los 
derechos  fundamentales  en  sede  contencioso-administrativa.  Una  vez  finalizado, 
el Informe se publicará en abierto en la página web del Centro (www.cija-uam.org) y se 
podrá acceder al mismo desde la página web del CEPC, en caso de que éste lo solicite. 
Su elaboración se llevará a cabo en el primer semestre de 2020, procediéndose a la 
entrega del trabajo en formato electrónico y en papel en septiembre de 2020 con el fin de 
garantizar  la  inclusión  y  análisis  del  mayor  número  de  datos  posible  relativos  al 
año 2019.
Cuarto.
En el marco de sus competencias y conforme al principio de cooperación para la 
promoción de la investigación jurídica y la difusión de sus resultados, el CEPC está 
interesado  en  la  colaboración  con  el  CIJA  para  hacer  posible  la  elaboración  del 
mencionado Informe y, en concreto, la sección dedicada al procedimiento especial de 
protección de derechos fundamentales. Se reconoce un alto nivel de calidad científica 
al  Informe,  que  se  desprende  de  la  experiencia  del  equipo  investigador  y  de  la 
metodología empleada en la primera edición del Informe, publicada en 2015 y disponible 
en abierto en la página web del CIJA (www.cija-uam.es).
Quinto.
Ambas partes, en ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficiosa 
la colaboración en las materias de su competencia, han acordado suscribir el presente  e.e
convenio que llevan a efecto con sujeción a las siguientes w.b
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto.
Es objeto del presente convenio la colaboración para la elaboración de la sección 
sobre  el  procedimiento  especial  de  protección  de  los  derechos  fundamentales  del 
«Informe sobre la Justicia Administrativa 2020», como parte de las actividades del CIJA 
de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de analizar el funcionamiento de los 
sistemas  de  control  de  la  Administración  desde  un  punto  de  vista  eminentemente 
empírico y comparado.
Segunda.  Compromisos para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
El  CEPC  se  compromete  a  colaborar  en  la  financiación  del  informe  objeto 
de  este  convenio  con  una  aportación  de  1.500  euros  con  cargo  a  la 
aplicación  25.101.462M.240.02  de  su  presupuesto  de  gastos  para  2020  y  en  su 
posterior difusión, a través de sus propios medios.
Tercera.  Compromisos para el Centro de Investigación sobre la Justicia Administrativa 
de la Universidad Autónoma de Madrid.
El  CIJA  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  se  compromete  a  elaborar  el 
«Informe sobre la Justicia Administrativa 2020», incluyendo una sección dedicada al 
procedimiento  especial  de  protección  de  los  derechos  fundamentales  en  sede 
contencioso-administrativa, de forma que quede garantizada su calidad y una adecuada 
distribución. Tanto en la edición electrónica como en la edición en papel del Informe se 
hará figurar la colaboración prestada en la edición por el CEPC.
Por otro lado, el CIJA se compromete a facilitar diez ejemplares de la edición 
del Informe al CEPC para su difusión, sin ningún coste para el CEPC, así como el 
acceso directo a la obra objeto del Convenio desde la web del CEPC.
Cuarta.  Comisión de Seguimiento, vigilancia y control.
Para  el  seguimiento  de  la  ejecución  del  presente  Convenio  se  establece 
una Comisión que estará integrada por un representante del CEPC y otro representante 
del CIJA de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Comisión se reunirá al menos una vez al año y cuantas veces sea preciso para la 
buena marcha de la ejecución del Convenio.
Los acuerdos se tomarán de común acuerdo.
Quinta.  Vigencia y efectos del Convenio.
El presente convenio producirá efectos una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público  Estatal  y 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», y estará vigente hasta el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por las partes relativos a la elaboración del Informe, cuya 
publicación se prevé que tendrá lugar en septiembre de 2020 y, en todo caso, hasta el 31 
de diciembre de 2020.
Sexta.  Modificación del convenio. es
En caso de resultar necesario, la modificación del contenido del convenio requerirá  w.
acuerdo unánime de las partes. 02ww
Séptima.  Causas de resolución.
Sin perjuicio de su extinción por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto, el presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes 
causas:
a)  Expiración de su vigencia y efectos.
b)  Mutuo acuerdo de las partes.
c)  Incumplimiento de sus fines.
d)  Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio
f)  Por las demás establecidas en la legislación vigente.
Octava.  Incumplimiento del convenio.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada 
una de las partes se requerirá a la parte incumplidora para que, en un plazo de un mes, 
cumpla con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Si trascurrido el plazo indicado, desde la notificación por escrito del requerimiento, 
persistiera  el  incumplimiento,  el  convenio  deberá  liquidarse,  y  se  dará  traslado  a 
la Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio quien, 
además,  determinará,  en  su  caso,  la  posible  indemnización  a  satisfacer  por  dicho 
incumplimiento.
Novena.  Financiación.
El CEPC se compromete a colaborar en la elaboración de la obra con la cantidad 
de 1.500 euros, sobre un presupuesto total, recogido en un anexo al convenio, estimado 
en 25.700 euros, que se harán efectivos a través del pago por el CEPC al CIJA, de las 
retribuciones que el CIJA considere pertinentes a los colaboradores del Informe. El CIJA, 
que hará frente a todos los demás gastos derivados de la elaboración del Informe como 
consecuencia de la colaboración que mantiene con el CGPJ y la UAM, se compromete a 
suministrar al CEPC todos los datos necesarios para llevar a cabo dicho pago.
El pago del CEPC se realizará a la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en virtud de lo previsto en el artículo 13.4 del Reglamento de régimen interno 
del CIJA, aprobado por el Acuerdo 1/CG de 13 de junio de 2014, y publicado en el 
«Boletín Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid» de 23 de julio.
Décima.  Protección de datos.
El presente convenio se aplicará con respecto a cuantas exigencias establece la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  en  lo  que  corresponde  a  la 
confidencialidad de la información y los resultados, aplicando las medidas de carácter 
técnico, administrativo, informático y organizativo que resulten necesarias para cumplir 
los requisitos legales y, en particular, garantizar la seguridad e integridad de los datos y 
su protección frente a alteraciones, pérdidas, tratamientos o accesos no autorizados.
Todos  los  afectados  por  el  presente  convenio  devendrán  obligados  por  las 
disposiciones  y  exigencias  de  la  normativa  reguladora  de  la  Protección  de  Datos 
de Carácter Personal, en especial el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en  e
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos  bo
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de  02ww
ddea tlooss)  dye lrae cLheoys 3 d/2ig0i1ta8l,e sd.e 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
Undécima.  Naturaleza.
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza interadministrativa y está 
regulado por el capítulo VI del título preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre 
las  partes,  todo  ello  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  1  y  2  de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares los firmantes, suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha en 
el encabezamiento indicados.
Por  el  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales,  M.ª  Yolanda  Gómez 
Sánchez.–Por la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse Alarcón.
ANEXO
Presupuesto estimado de gastos
  Euros
1.  Autores, dirección, coordinación y gestión. 13.800
2.  Colaboradores análisis de jurisprudencia. 3.000
3.  Gastos de maquetación, edición y presentación. 6.200
4.  Cánones UAM y FUAM. 2.700
    Total gastos. 25.700