BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 48151
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7358 Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Nules n.º 3, por la que se suspende la 
práctica de un asiento de rectificación.
En  el  recurso  interpuesto  por  don  Wenceslao  Alós  Valls,  alcalde-presidente  del 
Ayuntamiento de Moncofa, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad 
de Nules número 3, don Alberto Manuel Adán García, por la que se suspende la práctica 
de un asiento de rectificación.
Hechos
I
Mediante  escrito  suscrito  por  el  Ayuntamiento  de  Moncofa,  de  fecha  de  12  de 
noviembre de 2019, se solicitaba del registrador de la Propiedad de Nules número 3 la 
aplicación del artículo 213 de la Ley Hipotecaria a fin de subsanar el error material 
existente en la afección de la finca registral número 28.879 del Registro de la Propiedad 
de Nules número 3, en tanto que el gravamen según cuenta de liquidación provisional en 
los términos del artículo 19.1 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística, asciende a 39.836,20 euros, que no a 39,83 euros.
II
Presentado dicho escrito en el Registro de la Propiedad de Nules número 3, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario:
El  Registrador  de  la  Propiedad  que  suscribe,  previo  examen  y  calificación  del 
documento presentado por Don/Doña Ayuntamiento de Moncofa, el día 13/11/2019, bajo 
el asiento número 1217, del tomo 165 del Libro Diario y número de entrada 4071, que 
corresponde  al  documento  otorgado  por  el  notario  de  Moncofar  Ayuntamiento  de 
Moncofar, con el número 5238/2019 de su protocolo, de fecha 12/11/2019, ha resuelto no 
practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de 
Derecho:
Hechos:
Presentado escrito del Ayuntamiento de Moncofa, resultan los siguientes hechos:
1.  El  5  de  noviembre  de  2007  se  practicó  la  inscripción  1.º  de  la  finca  e
registral 28879 de Moncofa, en virtud de título administrativo de reparcelación. bo
2.  - En dicho asiento se estableció, como carga urbanística, la afección real al pago  58ww
del saldo resultante de la cuenta de liquidación provisional por un importe de 39,83 €.
3.  Constan como asientos posteriores:
A)  Hipoteca de la inscripción 2.ª, modificada por la 3.ª y 4.ª, y transmitida por la 5.ª 
a favor de la Sareb.
En relación a la misma, es fundamental para la presente petición, el especificar que 
con fecha 22 de febrero de 2016, se expidió certificación de dominio y cargas dentro del 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido en el JPI n.º 1 de Nules 623/2015. Se 
practicó nota marginal.
B)  Anotación preventiva letra A, a favor de de [sic] la Diputación Provincial de 
Castellón. Esta anotación se practicó como anotación preventiva ordinaria, a pesar que 
se solicitaba su práctica como derivada de la ejecución de la afección real por cuotas de 
urbanización. Así se notificó al presentante, con la nota de suspensión correspondiente, 
que no fue objeto de recurso gubernativo.
C)  Anotación preventiva letra B, a favor de de [sic] la Diputación Provincial de 
Castellón.  Esta  anotación  sí  se  practicó  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  la 
afección real por cuotas de urbanización, siendo de carácter preferente a la inscripción 
de hipoteca y a la anotación letra A. No obstante, el importe total reclamado expresado 
en la misma es el de 4012.79 €.
D)  Anotación preventiva embargo letra C: Practicada el 27 de diciembre de 2018, 
más de cuatro años después de la caducidad de la afección real por cargas urbanísticas, 
y por tanto con la prioridad derivada exclusivamente de su fecha. Así fue notificado al 
presentante, con la nota de calificación correspondiente E) Anotación letra d de prórroga 
de las anotaciones A y B.
4.  Del ejemplar de la certificación administrativa del proyecto de reparcelación 
archivado en el Registro resulta que la afección real de esta finca al pago del saldo 
definitivo de la cuota de urbanización fue de 39.836,20 € y no de 39,83.
5.  Por tanto, resulta claro la comisión de un error en el Registro al tiempo de la 
práctica del asiento de inscripción.
Por todo lo expuesto, como Registrador de Nules 3, deniego la rectificación solicitada 
por el Ayuntamiento de Moncofa, por los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
– Aun reconociendo que se trata de un error cometido por el registrador en la 
práctica del asiento de inscripción, y que se trata de una equivocación en la cantidad al 
copiarla del título, no puede ser considerada un error material, sino de concepto.
– Podría haber sido considerada un error material, y ser rectificada por el registrador, 
sin el consentimiento de los demás interesados, si:
1.  La hipoteca de la inscripción 2.ª no hubiera sido objeto de cesión a un tercero: la 
Sareb. De hecho, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante fue parte del 
procedimiento  de  reparcelación,  como  interesado,  ya  que  la  hipoteca  gravaba 
inicialmente  las  fincas  de  origen,  por  lo  que  tuvo  conocimiento  del  proyecto  de 
reparcelación y de las cantidades por las que debía haberse constituido la afección real 
sobre esta finca.
Pero, la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración Bancaria 
S.A. es un tercero que al tiempo de aceptar la cesión del crédito sobre esta finca no pudo 
conocer la existencia del presente error. Por lo que su consentimiento es esencial para 
practicar la rectificación solicitada. es
2.  De  igual  modo,  la  hipoteca  objeto  de  cesión  a  la  Sareb,  es  objeto  de  un  o
procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que se expidió en su día certificación  58ww
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Fundamentos de Derecho:
Artículo 18 de la Ley Hipotecaria.
Artículos 211 y ss. de la Ley Hipotecaria.
Y por considerarlo un defecto subsanable se procede a la suspensión de los asientos 
solicitados del documento mencionado.
No  se  toma  anotación  preventiva  por  defectos  subsanables  por  no  haberse 
solicitado.
Contra esta decisión (…)
Nules, a catorce de noviembre del año dos mil diecinueve. El Registrador de la 
Propiedad, Fdo: Alberto Adán García.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Wenceslao Alós Valls, alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Moncofa, interpuso recurso el día 20 de diciembre de 2019 en virtud 
de escrito en el que señalaba lo siguiente:
«(…) Con carácter general, y en virtud de lo previsto en el Art. 326 L.H, el presente 
recurso se interpone contra la resolución del Sr. Registrador de la Propiedad núm. 3 de 
Nules  de  fecha  M  de  noviembre  de  2019,  en  tanto  que  como  a  continuación  se 
determinará, los motivos impugnatorios recaen de modo exclusivo sobre cuestiones 
directa e inmediatamente relacionadas con la calificación del Registrador.
Tal y como ya efectuamos en el informe que sirvió de motivación del Decreto núm. 
2979/19 de 12 de noviembre, los Registradores deben acudir a lo dispuesto en el Art. 
213 L.H en aquellos casos de asientos de inscripción cuyos títulos se conserven en el 
Registro  -cuál  es  nuestro  caso  a  tenor  de  lo  previsto  en  el  Art.  2.3  del  Real 
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística- o en aquellos en los que aun no obrando 
en la oficina del Registro, la inscripción principal respectiva baste para dar a conocer el 
error y sea posible rectificarlo por ella.
Como vemos el precepto resulta claro, nos encontramos ante un error de naturaleza 
material tipificado en el A-t. 212 L.H cuando “se equivoquen (...) las cantidades al 
copiarlas del título, sin cambiar por ello el sentido general de la inscripción o asiento de 
que se trate, ni el de ninguno de sus conceptos”.
Siendo que además de lo anterior, no se exige la participación de los interesados, 
cuando concurran los presupuestos objetivos que previene el propio Art. 213, a saber
a)  “Asientos de inscripción, anotación preventiva o cancelación, cuyos respectivos 
títulos se conserven en el Registro.
b)  Asientos  de  presentación,  notas  marginales  e  indicaciones  de  referencias, 
aunque los títulos no obren en la oficina del Registro, siempre que la inscripción principal 
respectiva baste para dar a conocer el error y sea posible rectificarlo por ella”.
No  obstante  lo  anterior,  el  Sr.  Registrador  de  la  Propiedad  estima  que  “Aun 
reconociendo que se trata de un error cometido por el registrador en la práctica del 
asiento de inscripción, y que se trata de una equivocación en la cantidad al copiarla del  s
título, no puede ser considerada un error material, sino de concepto”. o
Sentado  su  parecer  sobre  la  naturaleza  del  error  como  de  concepto,  viene  a  w.
fcuuonnn dseaermnroteirmn tiamerna tetoem rdpiaeel ,lr oos,y   einnpte oqrreu séta acdnaotsoso . phoadbreíar  hsaidboe r sreidcoti fcicoandsoid eproard ae tla l Reeqguiisvtorcaadcoiró ns cino meol   2020-7358n https://ww
Y tal caso es que “la hipoteca de la inscripción 2.ª no hubiera sido objeto de cesión a
un terccro”, en nuestro caso a la Sareb; lo que conlleva, en criterio del Registrador, que
el  consentimiento  de  ésta  -la  Sareb-  resulta  esencial  para  practicar  la  rectificación 
solicitada.
A juicio de quienes suscriben, y como más adelante abordaremos, la incidencia de la 
certificación de dominio y cargas expedida en fecha 22 de febrero de 2016 resulta 
intrascedente [sic], en tanto que la Sareb adquirió la hipoteca 3 años antes de la 
expedición de esta certificación y a mayor abundamiento, con conocimiento expreso de 
que el saldo resultante de la cuenta de liquidación provisional era de 39.836,20 €, no 
de 39,83 €.
Pero  es  que  aún  con  esto,  el  Art.  213  L.H  no  establece  la  concurrencia  de 
presupuestos  subjetivos  a  la  hora  de  definir  cuándo  resulta  o  no  necesaria  la 
concurrencia del consentimiento de los demás interesados a fin de rectificar un error de 
tal naturaleza.
Nótese, que de acuerdo con la tesis sostenida por el Registrador “podría haber sido 
considerada un error material, y ser rectificada por el Registrador, sin el consentimiento 
de los demás interesados, si la hipoteca de la inscripción 2.ª no hubiera sido objeto de 
transmisión a un tercero”.
Como vemos el Registrador no niega el carácter material de tal rectificación en 
cuanto a la concurrencia de los presupuestos objetivos que establece el Art. 212 L.H y a 
la no necesidad de más consentimiento en los casos del Art. 213 L.H.
Sin embargo introduce determinada condición:
“Siempre y cuando la hipoteca no hubiera sido objeto de cesión a un tercero”, 
condición que entendemos carece de fundamento a fin de excluir la aplicación de tales 
preceptos.
La cuestión se entiende mejor desde una lectura sensu contrario del pronunciamiento 
denegatorio del Sr. Registrador, a saber:
“Si la hipoteca que grava la finca no hubiera sido objeto de cesión a un tercero nos 
encontraríamos ante un error material que además no requeriría del consentimiento de 
los demás interesado”.
Sin embargo, no debe soslayarse que tal cesión (en tanto que transmisión) de la 
hipoteca carece de virtualidad en el juego aplicativo de los Arts. 212 y 213, en tanto que 
la cesión de uno de los derechos reales que afecta al inmueble -la hipoteca- no desvirtúa 
la concurrencia de los presupuestos objetivos que fundamentan la aplicación de los Arts. 
212 y 213 de la Ley Hipotecaria.
Y entendemos que carece de trascendencia jurídica por sendas razones:
a)  De un lado porque el Art. 212 y 213 L.H establecen de manera expresa, clara y 
no dispositiva los casos en los que nos encontramos ante un error material -Art. 212- y 
dentro de éstos, los casos en los que no se requiere el consentimiento de terceros –Art. 
213 L.H–.
b)  De otro, porque ni el Art. 212, 213, 216 ni 217 L.H previenen que todo error que 
alcanza a terceros adquirentes (¿de buena fe?) de un derecho real que afecta a un 
inmueble  inscrito  es  necesariamente  un  error  de  concepto  que  requiera  para  su 
rectificación el consentimiento de los interesados. (Insistimos llegados a este punto, en el 
hecho de que no nos encontramos ante la adquisición de un derecho por un tercero de 
buena fe, aunque este extremo se desarrollará con posterioridad).
En suma, compartimos con el Sr. Registrador que nos encontramos ante un error 
material que no requiere el consentimiento de terceros interesados, pero discrepamos  e.
abiertamente en que por el hecho de concurrir la cesión a un tercero de determinada  w.
hipoteca, dicho error deje de ostentar tal naturaleza -material- y requiera además el  58ww
consDeicnhtiam iteenstios  dseu pteorncderríoas a.sumir que los errores a los que se refiere el Art. 211 L.H -
mtearcteerrioasle, sd ey  sduee rcteo nqcueep tou-n  peurerodre nm airt emriault apnudeod es uo sntaetnutraarl etazal  neantu fruanleczióan h daest aa cqtuoes  duen   BOE-A-cable e
tercero efectúa determinado acto, a partir del cual, ese mismo error viene a ostentar la 
naturaleza de conceptual. O viceversa.
Fíjese que en nuestro caso, la asunción de tal tesis supondría asumir el siguiente 
calendario y efectos:
a)  El error en la tipificación del montante de la Cuenta de liquidación provisional fue 
Material desde su inscripción hasta que la hipoteca objeto de la inscripción segunda fue 
objeto de cesión. Esto es, del 2 de agosto de 2007 hasta el 25 de septiembre de 2013 
nos encontrábamos ante un Error Material.
b)  Mientras que desde el 25 de septiembre de 2013 hasta la actualidad, ese mismo 
error, en esos mismos términos, modifica su naturaleza y pasa a convertirse en un Error 
de Concepto.
Tal tesis no puede compartirse por lo ya señalado.
La regulación de los errores del Art. 212 L.H no responde de la concurrencia de 
elementos de carácter subjetivo, sino de los mentados elementos objetivos que aparecen 
tasados en los preceptos citados.
Sin perjuicio de cuanto antecede, conviene abordar ahora la revisión del presente 
motivo impugnatorio desde el prisma señalado por el Sr. Registrador, esto es, partiendo 
de la concepción del error objeto del presente, como error de concepto.
Recordemos a estos efectos, que el Art. 216 L.H define el error de concepto como a 
aquel que se produce “cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en 
el título se altere o varíe su verdadero sentido”.
Como vemos, la naturaleza de un error “de concepto”, requiere la concurrencia de 
dos requisitos, a saber:
a)  Uno Temporal, que se produce en el momento mismo de la inscripción (ni antes, 
ni después): “cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título”. 
Esto es, en el momento mismo de la inscripción.
b)  Otro objetivo, que se produce cuando se altera o varía el verdadero sentido de 
alguno de los contenidos de la inscripción.
Si, según el Sr. Registrador, el matiz que hubiera permitido la conceptualización del 
error como material quiebra en el momento en que la hipoteca de la inscripción 2.ª es 
objeto de transmisión a un tercero, debe resultar evidente que tal momento (2013) 
resulta posterior a la inscripción misma del saldo de la cuenta de liquidación provisional y 
de la finca registral misma (2007).
En suma, no puede compartirse la tesis del Sr. Registrador según la cual la cesión de 
la hipoteca llevada a cabo 6 años después de la inscripción de la parcela y del error del 
entonces Registrador en la tipificación numérica del saldo de la Cuenta de Liquidación 
Provisional puede convertir un error material en otro de concepto.
Por todo ello, si el error “nació” material, la transmisión de la hipoteca no puede 
mutar tal naturaleza, en tanto que el error ostenta su naturaleza -material o conceptual- 
desde su comisión, no atendiendo a acontecimientos posteriores.
Continuando con esta visión del Registrador del error objeto del presente como error 
de concepto, debiera resultar pacífico que el error cuya rectificación se, instó es el 
consistente en la equivocación del entonces Registrador en la trascripción del saldo de la 
cuenta de liquidación provisional contenido en el título reparcelatorio al asiento registral.
Estamos pues sin ambages, ante una equivocación de la cantidad al copiarla del 
título, título que, como bien conocemos, se continúa conservando en el Registro de la  e.
Propiedad, lo que nos lleva a entender como ya sostuvimos en el informe que motivó el  w.
decreto 2979/2019, que nos encontramos ante un error material. 58ww
copiNarola o bdsetal nttíetu lloo  enxop upeusetod,e e l sRere gcisotnrasdidoerr acdoan siudne rae rlrao re qmuiavtoecraiacl iósni neon  dlae  cacnotnidcaedp toa,l 
rdeecrtiivfiácnadcoiósne,  dneel cceosnasreianmtimenieten toa d es ula  cSraitreerbio.  de  lo  anterior,  la  concurrencia  para  su  BOE-A-cable e
También en relación con este extremo debemos manifestar nuestra discrepancia con 
el criterio del Registrador en lo que a la necesidad del consentimiento de los interesados 
se refiere, y es que aun considerando que estamos ante un error material en el que 
concurren los presupuestos objetivos que determinan la no exigencia de la participación 
de aquellos, de ser considerado el error como de concepto, aquel podría igualmente ser 
rectificado de oficio por el registrador sin necesidad de tal consentimiento.»
IV
El registrador de la Propiedad suscribió informe el día 23 de diciembre de 2019 y 
elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 1, 20, 40, 66, 82, 211 a 220 y 324 y siguientes de la Ley 
Hipotecaria; 314 a 331 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 10 de marzo y 5 de mayo de 1978, 6 de 
noviembre de 1980, 20 de agosto de 1982, 26 noviembre de 1992, 12 de julio de 2001, 
23 de marzo de 2002, 30 de mayo de 2003, 29 de diciembre de 2004, 18 de febrero y 29 
de diciembre de 2005, 23 de enero y 28 de noviembre de 2006, 2 de julio de 2007, 8 de 
mayo, 10 de junio y 9 y 11 de noviembre de 2009, 7 de marzo, 15 de octubre y 2 de 
diciembre de 2011, 18 de enero y 3 de octubre de 2012, 13 de febrero de 2017, 18 de 
julio de 2017 y 29 de noviembre de 2019.
1.  Se discute en este expediente si es posible rectificar el contenido del Registro en 
virtud de un escrito suscrito por el Ayuntamiento de Moncofa en el que hace constar que 
hubo un error al practicar la inscripción de la finca registral núm. 28.879 en tanto que el 
gravamen según cuenta de liquidación provisional, asciende a 39.836,20 euros, que no 
a 39,83 euros.
El  registrador  suspende  la  inscripción  señalando  como  defecto  la  falta  del 
consentimiento del «Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración 
Bancaria  S.A.»  para  practicar  la  rectificación,  ya  que  según  historial  registral  hay 
asientos  posteriores  que  pueden  verse  perjudicados,  concretamente  una  cesión  de 
hipoteca a favor del «Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración 
Bancaria S.A.» según inscripción 5.ª
El recurrente señala que no es necesario contar con dicho consentimiento ya que se 
trata de un error material que puede rectificar por sí solo el registrador.
2.  Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento 
Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del 
Registro parte del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la 
salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria).
La  rectificación  registral  se  practica  conforme  indica  el  artículo  40  de  la  Ley 
Hipotecaria, que: «La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del 
dominio o derecho real que no esté inscrito, que lo esté erróneamente o que resulte 
lesionado por el asiento inexacto, y se practicará con arreglo a las siguientes normas: a) 
Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación 
jurídica inmobiliaria, la rectificación tendrá lugar: primero, por la toma de razón del título 
correspondiente, si hubiere lugar a ello; segundo, por la reanudación del tracto sucesivo,  e.e
con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de esta Ley, y tercero, por resolución judicial,  b
ordenando la rectificación. b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de  58ww
acalgnúcne ldaeciróenc,h oe fiencstcuraitdoa o  caonnoftoardmoe,  laa  reloc tifdicisapcuióens tos e ehna ráe l mTeídtuialon teIV l a oc oerrne svpiortnuddi endteel 
plurgoacre dpiomri ennutloid daed  loib eerrarocrió nd eq uaelg úens taabslieecneto e, l sTeí tureloc tiVfiIc.a crá)  Ceul aRnedgoi sltaro i neenx alcat itfuodrm tuav qieuree 
determina el Título VII. d) Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o
defecto del título que hubiere motivado el asiento y, en general, de cualquier otra causa 
de las no especificadas anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del 
titular o, en su defecto, resolución judicial. En los casos en que haya de solicitarse 
judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el 
asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y se sustanciará por los 
trámites del juicio declarativo correspondiente. Si se deniega totalmente la acción de 
rectificación ejercitada, se impondrán las costas al actor; si sólo se deniega en parte, 
decidirá el Juez a su prudente arbitrio. La acción de rectificación será inseparable del 
dominio o derecho real de que se derive. En ningún caso la rectificación del Registro 
perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título oneroso de buena fe durante la 
vigencia del asiento que se declare inexacto.
3.  Como ha quedado expuesto, uno de los supuestos de inexactitud registral puede 
venir motivado por la existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del 
asiento.
El artículo 40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso el 
Registro se rectificará en la forma determinada en el Título VII.
El artículo 212 de la Ley Hipotecaria exige para considerar un error como material 
que con el mismo no se cambie el sentido general de la inscripción ni de ninguno de sus 
conceptos; por otra parte, el artículo 216 de la misma ley señala que se comete error de 
concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos en el título se 
altere  o  varíe  su  verdadero  sentido;  asimismo,  el  artículo  327  del  Reglamento 
Hipotecario determina que se considera el error de concepto de los comprendidos en el 
párrafo  primero  del  artículo  217  de  la  Ley  Hipotecaria  (es  decir,  los  cometidos  en 
inscripciones,  anotaciones  o  cancelaciones,  o  en  otros  asientos  referentes  a  ellas, 
cuando no resulte claramente de las mismas), el contenido en algún asiento por la 
apreciación equivocada de los datos obrantes en el Registro.
A diferencia de lo que ocurre con la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o 
defecto del título que hubiere motivado el asiento, cuya rectificación, como señala el 
artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria no exige el consentimiento del registrador, en el caso 
de la rectificación de errores materiales, esta intervención es necesaria.
Esto es así porque, en caso de error, la inexactitud viene provocada por la actuación 
equivocada del registrador al extender los asientos, de forma que lo que publica el 
Registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en el título, 
mientras que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad o defecto del 
título  que  hubiere  motivado  el  asiento,  la  rectificación  del  Registro  precisará  el 
consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún 
derecho, pero no del registrador cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud. 
En ambos casos, si no hay acuerdo de todas las personas que, según cada supuesto, 
deban intervenir será necesaria la oportuna resolución judicial.
4.  En el presente expediente, la primera cuestión que se plantea es determinar si 
estamos ante un error material o de concepto.
No es fácil en la práctica establecer esta distinción. De los artículos 212 y 216 de la 
Ley Hipotecaria debe entenderse que hay error de concepto cuando «(…) alguno de los 
contenidos en el título se altere o varíe su verdadero sentido» (cfr. artículo 216) por lo 
que se cambia el sentido general de la inscripción o asiento de que se trate o el de sus 
conceptos (cfr. artículo 212).
En cualquier caso, el artículo 40 párrafo último de la Ley Hipotecaria determina, y 
esto se extiende también a la rectificación de errores, sean materiales o de concepto,  s
que en ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos adquiridos por  oe.
tercero a título oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare  w.
inexacto. 58ww
hipoPteocra lroio q ucoen psoier netas tae nv íala  sree cllteifgicaa cai ólan  coo nscel udsiilóunci ddee  elan  nveícae jsuiddaicdia dl ee nq uper oecle adcimreieednotor 
dirigido contra él.
Consecuentemente, la rectificación deberá realizarse en la forma determinada en el 
artículo 329 del Reglamento Hipotecario, es decir, si estuvieran conformes todos los 
interesados  y  el  registrador,  mediante  el  acta  prevista  en  el  artículo  326.2  del 
Reglamento Hipotecario. Si hubiera oposición por parte del registrador o de cualquiera 
de los interesados, se estará a lo que dispone el artículo 218 de la ley, todo ello sin 
perjuicio  de  la  responsabilidad  del  registrador,  que  pueda  decretarse,  por  el  error 
cometido.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.