BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 298  Jueves 12 de noviembre de 2020  Sec. III.   Pág. 99032
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
14075 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Calanda, para el cumplimiento de penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 5 de agosto de 2020 el Convenio entre el Ministerio del Interior, 
a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento 
de Calanda para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura 
como anexo a esta resolución.
Madrid, 4 de noviembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y el Ayuntamiento de Calanda para el cumplimiento de 
penas de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 5 de agosto de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del/la secretario/a de Estado de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el 
artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 
28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Alberto Herrero Bono, alcalde del Ayuntamiento de Calanda 
(Teruel) (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de 
fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de 
las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en la plaza de España, 1, 44570 Calanda (Teruel).
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto s
EXPONEN 075www.
Primero.
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Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten 
las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el 
citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse 
sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en 
determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de ejecución se 
mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio 
de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como 
establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y 
el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución 
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será 
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer 
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración 
penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, 
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional; 
y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los municipios, entre 
otras, como competencia propia, la evaluación e información de las situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión  e.
social. w.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica y  075ww
acodmmuinniisdtaradteivsa a euntótrneo mlaa Asd, mtainntios teranc isóenr vlioccioasl  ylo claasle as dcmominois teranc aiosnuensto dse dl eE isnttaedréos y c doem úlans, 
se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios 
administrativos que suscriban.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por 
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Calanda para el 
efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la 
prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito 
competencial.
Segunda.  Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo 
desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección 
de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «… la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo 
ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento.
Tercera.  Compromisos que asume el Ayuntamiento.
1.  El Ayuntamiento de Calanda se compromete a facilitar un número de plazas a los 
penados a trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el 
artículo 49 del Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  El Ayuntamiento, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por 
los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la 
realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya 
existentes y de futuro del Ayuntamiento. s
4.  El Ayuntamiento deberá facilitar el anexo I cumplimentado, con los datos que se  oe.
indican, a los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría  w.
General de Instituciones Penitenciarias. 2020-14075n https://ww
Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  El Ayuntamiento de Calanda deberá remitir a los servicios de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el anexo II 
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican.
2.  Los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la actividad 
más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas existentes, con indicación 
expresa de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, conforme al 
catálogo de plazas que haya remitido el Ayuntamiento de acuerdo con el anexo II de este 
convenio.
3.  Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los servicios 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, trasladarán al Ayuntamiento de la información necesaria para el adecuado 
desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo posible, 
el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena 
impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para el Ayuntamiento de Calanda.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la autoridad judicial competente y de los servicios de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias del Ayuntamiento 
de Calanda.
2.  El Ayuntamiento informará a los servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que 
vaya siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan 
en el desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos servicios se comunique 
lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible. e.e
c)  Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del  b
responsable de la ocupación. 075ww
mandte) neCrluea ennd loa  smui scmoan.ducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a
Igualmente, el Ayuntamiento deberá informar a los servicios de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos.
1.  El Ayuntamiento de Calanda se compromete a mantener en secreto todos los 
datos e informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, 
será considerado como información confidencial todos los datos relativos al penado, 
debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla 
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
del presente convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras administraciones 
públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento. Los datos objeto de tratamiento tendrán 
por finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán 
en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de 
condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4.  Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de seguimiento. bo
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general de Instituciones Penitenciarias y por su alcalde, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que estos 
designen.
3.  La presidencia de la comisión de seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que 
actuará con voz pero sin voto.
4.  La comisión de seguimiento resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.  El funcionamiento de la comisión de seguimiento se adecuará en lo previsto, para 
los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Calanda.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
comisión de seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y tras su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia  del  convenio,  la  Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias  y 
el Ayuntamiento de Calanda podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por 
otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del convenio, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Alcalde de Calanda, 
Alberto Herrero Bono. e.e
ANEXO I
Datos del Ayuntamiento
 
PERSONA DE CONTACTO 
 
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD   
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C. POSTAL   
 
   
ANEXO II
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Ninguno    Diplomado Universitario o equivalente   
* (2)  Estudios Primarios      Licenciado Universitario o equivalente   
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD   
C. POSTAL     
(1)  Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos. 
(2)  Marcar el nivel mínimo requerido o «ninguno» si no se requiere especial cualificación.  es