BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Lunes 26 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 89832
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
12497 Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la inmatriculación 
practicada por el registrador de la propiedad de Padrón de una finca registral 
en dicho registro.
En el recurso interpuesto por don F. J. P. P., abogado, en nombre y representación 
del Concello de Padrón, contra la inmatriculación practicada por el registrador de la 
Propiedad de Padrón, don Luis Antonio Gallego Fernández, de una finca registral en 
dicho Registro a su cargo.
Hechos
I
Mediante escritura de compraventa autorizada el día 12 de enero de 2021 por la 
notaria de Padrón, doña Cristina Mosquera Criado, con el número 24 de protocolo, 
acompañada, como título previo, de escritura de partición de herencia de don A. C. I. 
–fallecido el día 10 de marzo de 2002–, autorizada el día 25 de mayo de 2012 por notario 
de Padrón, don Nelson Rodicio Rodicio, con el número 199 de protocolo, se inmatriculó 
7/45 partes indivisas del pleno dominio y 2/45 partes indivisas de la nuda propiedad de la 
finca con referencia catastral 2231412NH3323S0001AK, a favor de don R. A. C. L.
Y mediante escritura de pacto de mejora autorizada el día 12 de enero de 2021 por la 
notaria de Padrón, doña Cristina Mosquera Criado, con el número 25 de protocolo, 
acompañada, como títulos previos, de escritura de compraventa autorizada el día 29 de 
agosto de 2003 por notario de Rianxo, don Francisco Javier Pérez-Tabernero Olivera, 
como sustituto del notario de Padrón, don Francisco León Gómez, con el número 2.008 
de protocolo, junto con escritura de rectificación autorizada el día 25 de mayo de 2012 
por el notario de Padrón, don Nelson Rodicio Rodicio, con el número 200 de protocolo, 
se  inmatriculó  2/5  partes  indivisas  del  pleno  dominio  de  la  finca  con  referencia 
catastral 2231405NH3323S0001ZK, a favor de don R. A. C. L.
II
Contra  dichas  inmatriculaciones,  don  F.  J.  P.  P.,  abogado,  en  nombre  y 
representación del Concello de Padrón, interpuso recurso el día 8 de abril de 2021 
mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Primero.–Que en febrero de 2021 tuvo entrada en el Registro del Concello de 
Padrón  las  siguientes  comunicaciones  remitidas  por  el  Registro  de  la  Propiedad 
de Padrón: (…)
Segundo.–Que dicha inmatriculación contraviene lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y 
en lo prevenido en el propio artículo 205 de la misma, pues en el presente caso no se 
dan los presupuestos necesarios para efectuar la misma, en tanto que sobre la finca  es
descrita existe una declaración de consta declaración de titularidad [sic] pública de la  o
misma [sic] por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril de 2007.  497ww
DfSAeapicclehhalao ad  c2eiaó9 cnl oud  4eeC0r dso7oen6 pt/e2tein0esc1m i1ocb.osrone f oAdredm m2ei0 n1ais1 t,rd adetiircvetoac dh[saoi  cpt]ao, lrS  eceloc Tmciróoibn u sn2ea,  le dSne usepple rperirnoodrc ede edd imJeu ieslanti tcosia eR ndeteec nuGcrasiaoli c ddiaee,    OE-A-2021-12able en https://
Tal como consta en el fallo de la sentencia referida:
Fallamos
Estimar en parte el recurso de apelación que formula el representante procesal del 
Ayuntamiento de Padrón frente a la sentencia de 03.11.10 del titular del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo número Dos de Santiago de Compostela, que revocamos, al 
tiempo que desestimamos la demanda formulada por la representación procesal de don 
R. R. B. y declaramos conforme a derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 20.04.07, que declaró la titularidad pública de la (…) No hacemos condena en costas.
Esta sentencia es firme y contra ella no cabe formular recurso alguno (…)
En A Coruña, a trece de Octubre de 20211.
En  fecha  29.09.2011  el  TSJ  de  Galicia,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 
Sección 2.ª, dictó la sentencia 00879/2011 por la que se declaró conforme a derecho el 
acuerdo de la Junta General Local de 20/04/2007 que declaró la titularidad pública de la 
finca (…)
Dicha sentencia revocó la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número dos de Santiago de Compostela que estimó en sentencia de 03.11.2010 el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representante procesal de don R. 
R. B. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Padrón 
de 20.04.2007, que declaró la titularidad pública de la (…) y en consecuencia anula tal 
acuerdo
La  sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia  establece  que  “debe 
reiterarse que los antecedentes y la extensa instrucción del procedimiento (donde se 
aportaron numerosos testimonios y pruebas documentales y periciales), revelaba, no la 
certeza,  pero  sí  la  existencia  de  indicios  serios  de  demanialidad  del  espacio 
controvertido, lo que dio lugar al decreto de la alcaldía de 13.07.05 que ordenó iniciar el 
procedimiento, fundado en la información que ofrecía el catastro y en la existencia de 
indicios que luego se ratificarían y consolidarían, a lo que siguió la tramitación del 
procedimiento de investigación por el cauce ordenado en los artículos 46 a 53 del RBCL, 
con la publicación del acuerdo de incoación, el traslado a las administraciones estatal y 
autonómica, el ofrecimiento de alegaciones, la práctica de la prueba, la audiencia final 
y la adopción del acuerdo corporativo que finalizó por declarar la demanialidad de la (…) 
y su posterior incorporación al inventario de bienes y derechos municipales”
Añade que: “se siguió el procedimiento reglamentario, con la práctica de la prueba 
que se tuvo a bien”.
Y finalmente el fallo dispone que: “(…) y declaramos conforme a derecho el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 20/04/2007, que declaró la titularidad pública de la 
(…)”. (…)
Tercero.–El solicitante de la inmatriculación a fecha de otorgamiento de la escritura 
de Pacto de Mejora no solo era conocedor de la declaración de demanialidad pública, 
sino que además mantiene un proceso judicial pendiente de sentencia firme en la que 
discute la posesión de la finca sobre la que solicitó la inmatriculación.
Así  consta  el  procedimiento  Jvo  Juicio  Verbal  (reclamac.  posesión  250.1.4) 
0000019/2019, seguido ante el Xdo. 1.ª Inst. e Instrucción N.º 2 de Padrón, N.I.G.: 15065 
41 1 2019 0000040.
En el mismo se dictó sentencia en primera instancia, recurrida por el Concello de 
Padrón y que se encuentra pendiente de resolución.
Como se desprende de la contestación a la demanda y del recurso de apelación del 
Concello de Padrón el presunto titular registral no es ni propietario (cuestión no objeto  s
del procedimiento referido) ni lo principal en dicho procedimiento, no obstenta la poesión  oe.
[sic] de la finca que describe. w.
Además, la finca descrita no se corresponde con la totalidad de la finca declarada  497ww
bdioesn  pfiúnbclaicso  mcautnaisctirpaalel,s p uuensa r ealalm  erenfteer isdea  trpaotar  deel  doasc tofinr cacsu yqau e reafcetureanlmcieanl tec afotarmstaranl 
es 2231412NH3323S0001AK (…) y la finca colindante en la que está ubicada (…) con
referencia catastral: 15066A048005740000ZW (de ahí el nombre popular de (…) y la 
existencia del referido palco).
Cuarto.–El artículo 205 de la Ley Hipotecaria dispone que si el Registrador tuviera 
dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se 
pretende con otra u otras de dominio público que no estén inmatriculadas pero que 
aparezcan  recogidas  en  la  información  territorial  asociada  facilitada  por  las 
Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u órgano competente, 
acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca que se pretende 
inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el informe correspondiente, 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación.
En el presente caso las dudas no solo son palmarias, sino que además se fundan en 
títulos de adquisición que no permiten verificar fehacientemente la titularidad real de la 
finca objeto de solicitud e inmatriculación. Así se puede comprobar cotejando la escritura 
de pacto de mejora con la declaración de bien público adoptada en el año 2007 por el 
Concello de Padrón, en un expediente en el que fueron partes además las personas de 
las que dice derivar su derecho dominical el solicitante de la inscripción practicada.
Por ello entendemos que existen no solo dudas sobre la titularidad, sino evidencias 
consistentes  de  que  la  misma  le  corresponde  a  la  administración  pública  local,  el 
Concello de Padrón, y que además la declaración de bien público ha sido ratificada y 
declarada conforme por los tribunales de justicia, que como ya hemos indicado han 
convalidad no solo el expediente administrativo, sino que validan su contenido.
Por ello consideramos que no resulta procedente la inmatriculación en virtud del 
referido artículo 205 de la Ley Hipotecaria por no cumplirse los requisitos al existir dudas 
evidentes sobre la coincidencia con fincas de dominio público.»
III
El registrador de la Propiedad de Padrón emitió informe en el que señalaba que el 
recurso  sólo  está  previsto  para  los  supuestos  de  suspensión  o  denegación  de  las 
operaciones registrales solicitadas, pero no –como ocurre en este caso– en que la 
calificación ha sido positiva y se ha practicado la inmatriculación de la finca solicitada.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 9.3 de la Constitución Española; 1, 19 bis, 38, 40, 66, 82, 203, 
206, 207 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de mayo de 2000; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 13 de marzo y 24 de noviembre de 2014, 12 de junio de 2017, 18 de abril 
de 2018 y 25 de abril y 22 de julio de 2019, y las Resoluciones de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública 26 de febrero y 12 de noviembre de 2020.
1.  Se discute en el presente expediente si es posible interponer recurso contra la 
inmatriculación  de  una  finca  ya  practicada  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  en 
consecuencia si es posible, a la vista de las alegaciones efectuadas por el recurrente, 
anular dicha inmatriculación.
2.  Respecto de tal cuestión debe reiterarse la doctrina emanada por este Centro 
Directivo en relación con el objeto del recurso y si, en su caso, podría extenderse a  es
asientos ya practicados. o
d(nbeuale srvLEeaaosgdms ias ce tteornéanntrde mteio nclir nuu,c oaoáps nlr  edetedvosneic slilttad roi orn fee iandcn aeu dlllroi sdeasoa r t adlíacpr  yturíe Dcleosuil re l3eoon2csbt6c aj1e idód9toone b    dlioaGseb  leLyl id neg3eeya2 nrnH2ao  limy ap d osineetiega scudtleoaioe sr ni rCaetR eecysenu  egtrdrnsioeso   lta lraDco  odsiLrno eetcycyrta t riHi vdnloaieap  l o cdaatNe el iopcfnitarcauerareicaicasis.itódranoor     OE-A-2021-12497able en https://www.
Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de 
los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la 
procedencia o no de una inmatriculación ya practicada.
3.  De  acuerdo  con  lo  anterior  es  igualmente  doctrina  reiterada  que,  una  vez 
practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte 
interesada,  bien  por  los  tribunales  de  Justicia  de  acuerdo  con  los  procedimientos 
legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).
4.  A la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues 
practicados los asientos los mismos se hallan bajo la salvaguardia judicial y no es 
posible,  en  el  concreto  ámbito  de  este  expediente,  revisar,  como  se  pretende,  la 
legalidad  en  su  práctica  ni  la  calificación  positiva  previa  en  que  encuentran  su 
fundamento los efectos de legitimación que dichos asientos generan.
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, «si la 
calificación es positiva, el Registrador inscribirá y expresará en la nota de despacho, al 
pie del título, los datos identificadores del asiento, así como las afecciones o derechos 
cancelados con ocasión de su práctica» y según el tercer párrafo del mismo artículo «si 
el registrador califica negativamente el título, sea total o parcialmente, dentro o fuera del 
plazo a que se refiere el artículo 18 de la Ley, el interesado podrá recurrir ante la 
Dirección General de los Registros y del Notariado o bien instar la aplicación del cuadro 
de sustituciones previsto en el artículo 275 bis de la Ley».
Es indudable que, con base en lo expuesto, solo cabe interponer recurso ante esta 
Dirección General cuando el registrador califica negativamente el título, sea total o 
parcialmente.
En este mismo sentido el artículo 324 de la Ley Hipotecaria comienza señalando 
que «las calificaciones negativas del registrador podrán recurrirse potestativamente ante 
la Dirección General de los Registros y del Notariado en la forma y según los trámites 
previstos en los artículos siguientes (…)», añadiendo el artículo 326 que «el recurso 
deberá  recaer  exclusivamente  sobre  las  cuestiones  que  se  relacionen  directa  e 
inmediatamente  con  la  calificación  del  Registrador,  rechazándose  cualquier  otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y 
forma».
5.  De acuerdo con el último párrafo del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, conforme 
al cual se ha llevado a cabo la inmatriculación que se pretende impugnar en este caso, 
«en  caso  de  calificación  positiva  por  el  Registrador,  éste  procederá  a  extender  la 
inscripción del derecho de dominio, notificará la inmatriculación realizada, en la forma 
prevenida reglamentariamente, al poseedor de hecho, a los titulares de cargas, derechos 
o acciones que puedan gravar la finca y fueran conocidos, a los propietarios de las fincas 
registrales y catastrales colindantes en los domicilios que consten en el Registro y, caso 
de ser distintos, en cualesquiera otros que resulten de los documentos aportados, así 
como al Ayuntamiento en que esté situada la finca. Asimismo ordenará la publicación del 
edicto y utilizará el servicio en línea para creación de alertas específicas a que refiere la 
regla séptima del apartado 1 del artículo 203». Lo anterior demuestra que la publicación 
del edicto se lleva a cabo una vez que ya se ha practicado la inmatriculación de la finca,  s
con la consiguiente inscripción primera de dominio, previa la correspondiente calificación  oe.
posi–Eti vsQate ud Cee,el  nrcetorgomis Dotr iareydacot ri.vsoe  choan siidnedricaa cdoon, velan ieinntteer psoesñiacilóanr:  del  recurso  ante  este  Centro  2021-12497n https://www.
pDriarecctitcivaod an.o es el medio adecuado para manifestar la oposición a una inmatriculación ya  BOE-A-cable e
– Que  si  el  ahora  recurrente  considera  que  la  inmatriculación  practicada  es 
incorrecta y resulta lesionado por ella, puede promover la rectificación del Registro 
conforme al artículo 40 de la misma ley, el cual establece que «cuando la inexactitud 
procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y, en 
general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación 
precisará el consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. En los casos 
en que haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra 
todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y 
se sustanciará por los trámites del juicio declarativo correspondiente. Si se deniega 
totalmente la acción de rectificación ejercitada, se impondrán las costas al actor; si sólo 
se deniega en parte, decidirá el Juez a su prudente arbitrio».
– Que, en relación a los procedimientos judiciales planteados por el Concello de 
Padrón y como señala el registrador en su informe, presentados al Registro parcialmente 
y por fotocopia, no son suficientes para rectificar el Registro, ya que por un lado, el 
contenido del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se 
inserta  en  el  recurso  únicamente  resuelve,  que  la  tramitación  del  procedimiento 
administrativo que se siguió y culminó con el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal 
fue correcta o ajustada a Derecho, pero ello no implica que el órgano judicial haya 
resuelto  que  la  titularidad  de  la  finca,  a  la  que  se  refería  el  recurso  planteado, 
efectivamente corresponde al Ayuntamiento, es decir, no se trata de una sentencia 
declarativa  en  el  sentido  previsto  en  los  artículos  38.2,  40.d)  o  82.1.º  de  la  Ley 
Hipotecaria antes expuestos ni, tampoco, en el sentido del artículo 204.5.º de la Ley 
Hipotecaria para la inmatriculación de fincas y por otro lado, se hace mención –sin 
aportar documentación– de un procedimiento judicial en curso sobre posesión de la finca 
que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón con 
el número 19/2019 en el que, según se dice, se dictó una primera sentencia desfavorable 
al Ayuntamiento pero que, no obstante, ha sido recurrida por éste, estando pendiente de 
resolución.
En todo caso, la eventual resolución favorable al Ayuntamiento que pueda dictarse 
en este procedimiento no podría acceder al Registro de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley Hipotecaria.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso  y 
confirmar la nota de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de julio de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.