BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Martes 23 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 33045
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
4519 Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.3 del 
Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado mediante Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, 
ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo y vivienda.
La Carta europea de ordenación del territorio, de 1983, conceptúa la ordenación del 
territorio  como  «la  expresión  espacial  de  la  política  económica,  social,  cultural  y 
ecológica de toda sociedad» y la define como «una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo 
objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector», además de establecer una serie de objetivos fundamentales 
de la política territorial.
La Constitución española, en su artículo 40, establece que «los poderes públicos 
promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución  de  la  renta  regional  y  personal  más  equitativa».  En  el  artículo  45  la 
Constitución española «consagra el derecho de todos a disfrutar de un medioambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona e impone a los poderes públicos la obligación 
de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, a fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente».
A la ordenación del territorio, por la fuerza misma de los principios de que trae causa, 
le corresponde el papel integrador de las distintas perspectivas y la consecución de una 
visión superadora de la parcialidad inherente a las mismas, determinando su carácter 
organizador de las funciones sectoriales, presidido por la idea central de los principios de 
colaboración y cooperación. La globalidad del fin perseguido demanda primariamente la 
articulación de una política pública integrada, capaz de darle satisfacción, y ello, en el 
marco de un ordenamiento jurídico complejo y de un Estado basado en la existencia de 
varias instancias territoriales dotadas de poder político, exige la articulación de los 
procesos de decisión en un doble sentido: asegurando la necesaria integración de las 
políticas sectoriales en el seno de cada instancia territorial y estableciendo los ejes de 
interconexión de las distintas instancias territoriales entre sí.
II
Sobre estas bases se aprobó la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del 
territorio de Galicia, que vino a completar el sistema de planificación urbanística con otro 
sistema, el de ordenación territorial, que pudiera solucionar las insuficiencias que ofrecía 
aquel, y en la cual se definieron una serie de instrumentos de ordenación del territorio 
orientados,  fundamentalmente,  a  corregir  los  desequilibrios  territoriales  y  mejorar  la  e.
coordinación de las actuaciones territoriales supramunicipales. w.b
En el año 1999, como resultado de una serie de reuniones celebradas entre los  19ww
mteirnriitsotrrioasl  eeuurrooppeeoas,  reens plao ncsuaabll esse d ee slata bolredceínaa cqiuóen  dlaesl  tpeorrliíttoicraios,  sdee  pduebsliacrór ollalo E tsetrrarittoergiaial 
hlaa bUrníaiónn  dEeu ororipeenata. rSsee gaú nc osnes ecognutire munp ldae esna rerosltleo  deoqcuuilmiberandtoo,  ye ss oimstpeonribtalen ted eal steegrruitroarrio q duee 
los tres siguientes objetivos fundamentales de la política europea se alcancen por igual
en todas las regiones de la Unión Europea: el desarrollo sostenible, la gestión inteligente 
y la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural.
En este sentido, la aportación de las políticas de desarrollo territorial consiste en 
promover  el  desarrollo  sostenible  de  la  Unión  Europea  mediante  una  estructura 
equilibrada del territorio, para lo cual se acordaron los tres principios o directrices de la 
política  de  desarrollo  territorial  de  la  Unión  Europea:  el  desarrollo  de  un  sistema 
equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre campo y ciudad; la 
garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento y el desarrollo 
sostenible; y la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural.
En el año 2011, siguiendo los objetivos establecidos en la Ley 10/1995, de 23 de 
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, se aprobaron las primeras Directrices 
de ordenación del territorio de Galicia, el instrumento de ordenación del territorio de 
rango superior que serviría de marco de referencia para el desarrollo de la planificación 
territorial y urbanística de la Comunidad Autónoma.
La consecución de los objetivos señalados por la Estrategia territorial europea y la 
necesaria  adaptación  del  contenido  de  la  Ley  10/1995,  de  23  de  noviembre,  de 
ordenación del territorio de Galicia, a los mismos, así como los años de aplicación de 
dicha ley, tras más de dos décadas de vigencia de la misma que ponen de manifiesto sus 
debilidades y fortalezas, justifican la necesidad de la revisión de la normativa vigente en 
materia de ordenación del territorio mediante la aprobación de una nueva ley que, 
basada en los principios de colaboración y cooperación interadministrativa, racionalidad 
y planificación, configura los instrumentos ordenadores que permiten obtener un marco 
territorial global y flexible, en el que se establecen las referencias básicas, las pautas 
espaciales  para  el  desarrollo  económico  y  social,  los  criterios  y  mecanismos  que 
posibilitan la armonización de los distintos elementos que conforman el territorio y la 
coordinación entre los distintos poderes y agentes económicos y sociales implicados.
Estos criterios se reflejan en numerosas políticas europeas, expresadas, entre otros 
documentos,  en  la  Estrategia  territorial  europea,  el  Libro  verde  sobre  la  cohesión 
territorial, la Agenda territorial de la Unión Europea 2020 y la Estrategia Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en la cual se 
apuesta por el fomento de las actividades que aprovechen las oportunidades que ofrece 
el territorio, sin menoscabar sus valores ambientales y culturales.
La ley explicita el tratamiento integral del territorio, de manera que, a la vez que 
armoniza todas las escalas espaciales de la planificación, establece mecanismos de 
evaluación  de  los  aspectos  ambientales,  territoriales,  paisajísticos,  económicos  y 
sociales, contribuyendo a una mayor eficiencia del hecho planificador.
Uno de los objetivos de la presente ley es incorporar la perspectiva de género como 
concepto  transversal  y  transformador,  a  los  efectos  de  conseguir  un  cambio  de 
paradigma de los modelos de ciudades, adoptando enfoques del desarrollo urbano y 
territorial sostenibles, integrados y centrados en las personas y teniendo en cuenta la 
edad y el género.
Por ello, la presente ley también atiende a los principios de igualdad entre hombres y 
mujeres, avanzando hacia una ciudad cuidadora, en la que los elementos deben atender 
a las personas y su diversidad, situarlas como elementos clave sobre las que regular el 
territorio en el que habitan. La perspectiva de género aporta la visión de que el territorio, 
las ciudades y la forma en que ordenamos el paisaje deben perseguir la idea de generar 
espacios sostenibles medioambiental y económicamente y accesibles humanamente; es 
decir, que la finalidad última de la ordenación ha de ser mejorar de forma equitativa la  s
vida de las personas teniendo en cuenta el conjunto de su diversidad y complejidad. oe.
Igualmente, las políticas de planificación territorial han de orientarse a los principios y  w.
propuestas  a  escala  europea  y  mundial,  como  son  impulsar  el  desarrollo  de  19ww
ignafrraaenstitzraurc tusrua s cvoenrsdiedse raecni ótno deons  lolas  áomrdbeintoasc iótenr ridtoerli alteesr ri(tonraioci,o ncarle, arnedgoio naasl í y ulnoac alr)e dy 
dinete mrcaonneercata edsat rdaeté lgoisc ae syp adcisioesñ addea m paayroar  lvaa lporre asmtabciióenn tadle,  puanisaa ejíxstteicnos ya  cgualtmuraa ld, ep lasneirfvicicaidoas   BOE-A-cable e
ecosistémicos y para proteger la biodiversidad, tanto de los asentamientos rurales como 
urbanos.  Del  mismo  modo  que  las  infraestructuras  tradicionales,  esta  infraestructura 
servirá para vertebrar el territorio, dotándolo de continuidad, siendo necesaria su definición 
con carácter previo a la planificación de las nuevas demandas de suelo.
Una infraestructura verde, compuesta por los espacios naturales, cursos y masas de 
agua, los espacios no urbanizados y los grandes espacios verdes de las ciudades, así 
como los corredores ecológicos  que los interconectan, permitirá mantener en buen 
estado los ecosistemas, para que puedan continuar prestando sus valiosos servicios a la 
sociedad, como son el aire limpio y el agua pura. La inversión en una infraestructura 
verde tiene una lógica económica: mantener la capacidad de la naturaleza, por ejemplo, 
para mitigar los efectos negativos del cambio climático, lo cual resulta mucho más 
rentable que reemplazar esos servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas 
mucho más costosas.
III
La  ley  se  compone  de  sesenta  y  un  artículos,  distribuidos  en  dos  títulos,  seis 
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
cuatro disposiciones finales.
El título preliminar delimita el objeto de la ley y reconoce los principios y criterios 
orientadores, así como los fines y objetivos que han de presidir la ordenación del 
territorio. Como ejes fundamentales sobre los que debe pivotar la ordenación territorial 
se contemplan el desarrollo territorial sostenible; la racionalidad territorial, que entiende 
el suelo como un bien limitado y agotable; la cohesión social y económica, el impulso y la 
dinamización demográfica y la perspectiva de género; la necesidad de tener en cuenta la 
conectividad y la restauración ecológicas y las directrices de la Estrategia estatal de 
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas; el cuidado del 
paisaje como bien de especial interés; y la atención al sistema rural y costero no urbano 
de  Galicia  como  un  conjunto  de  espacios  que  desempeñan  un  papel  territorial 
fundamental para la Comunidad Autónoma.
La ley introduce, en línea con las políticas de la Unión Europea y con las políticas 
que  se  están  desarrollando  por  la  Comunidad  Autónoma,  la  necesidad  de  que  la 
planificación  territorial  y  sectorial  que  se  realicen  por  las  administraciones  públicas 
permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas 
estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados. Así, la 
ley incorpora como marco de referencia previo para los planes que se elaboren las 
estrategias estatal y gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración 
ecológicas, que están desarrollándose por las dos administraciones.
De acuerdo con estos ejes, el capítulo I delimita el objeto de la ley y reconoce los 
principios y criterios orientadores y los fines y objetivos en materia de ordenación del 
territorio.
En el capítulo II se reconoce la competencia administrativa en materia de ordenación 
del territorio a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
establece que las relaciones entre las administraciones públicas con competencias sobre 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán por los principios de 
colaboración  y  cooperación,  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  normativa  estatal  de 
aplicación y, con respecto a esta, en la presente ley. s
Los derechos y deberes de la ciudadanía respecto a la ordenación del territorio se  e.
desarrollan en el capítulo III, garantizándose el derecho a la información territorial y la  w.
participación ciudadana. 19ww
adscErli tcoa paí tlual oc IoVn sreegjeurlíaa  ecl oInmsptietuteton tdee  eEns tmudaitoesr idae dl eTe orrridtoernioa ccioómn od oerl gtaenrrisitmoroio a yu tócnoonm eol 
toebrjreittoor iod.e  analizar,  estudiar  y  asesorar  en  materia  de  urbanismo  y  ordenación  del  BOE-A-cable e
IV
El título I desarrolla el contenido de la ordenación del territorio y los instrumentos de 
ordenación  del  territorio:  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio,  los  planes 
territoriales integrados y especiales, los planes sectoriales y los proyectos de interés 
autonómico.
En el capítulo I se establece el contenido de la ordenación del territorio, el carácter 
de las determinaciones de los distintos instrumentos de ordenación del territorio y la 
vinculación que supondrán para el planeamiento urbanístico que se vea afectado por su 
aprobación.
Resulta de especial relevancia la nueva regulación que se contempla en orden a 
garantizar  la  eficacia  de  las  determinaciones  contenidas  en  los  instrumentos  de 
ordenación  del  territorio  y  los  principios  de  celeridad,  eficacia,  simplificación 
administrativa y seguridad jurídica. A tal efecto, se contempla en la presente ley la 
posibilidad  de  que  se  tramiten  en  un  único  procedimiento,  simultáneamente,  la 
aprobación  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  y  la  modificación  del 
planeamiento  urbanístico,  respetándose,  en  todo  caso,  el  principio  de  autonomía 
municipal.
Igualmente,  se  regula  la  posibilidad  de  suspensión  cautelar  motivada  por  la 
formulación de un instrumento de ordenación del territorio, de los procedimientos de 
aprobación del planeamiento urbanístico y de sus instrumentos de gestión o ejecución, 
así como de los procedimientos de otorgamiento o la presentación de títulos habilitantes 
municipales para ámbitos determinados, así como la necesidad de sometimiento de los 
instrumentos de ordenación del territorio a evaluación ambiental estratégica ordinaria o 
simplificada, de conformidad y en los términos contemplados en la legislación básica 
estatal.
En las diferentes secciones del capítulo II se desarrolla cada uno de los instrumentos 
de ordenación del territorio, definiendo su objeto, ámbito de aplicación y funciones; su 
contenido y documentación; y la eficacia y las limitaciones de cada instrumento.
La base de los instrumentos de ordenación del territorio se toma de la Ley 10/1995, 
de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, si bien se lleva a cabo una 
importante labor de sintetización de los mismos, eliminando figuras que se contemplaban 
en aquella, como los planes de ordenación del medio físico, al estimar que existen otras 
figuras de ordenación que ya están contempladas en la legislación vigente en materia de 
espacios naturales o en otra normativa sectorial relativa al ámbito afectado, o bien que 
podría acudirse a las figuras de los planes territoriales integrados o especiales o de un 
plan sectorial para alcanzar sus fines, según sus objetivos. Igualmente, desaparece la 
regulación de los programas coordinados de actuación, dado su carácter netamente 
inversor.
Este esquema continúa permitiendo la configuración de un marco territorial global y 
flexible, que dé cabida a actuaciones tanto de carácter sectorial como integradas, sin 
excluir la posibilidad de arbitrar soluciones puntuales allí donde fuera preciso.
Las Directrices de ordenación del territorio son el instrumento que ofrece una visión 
global de la ordenación territorial de Galicia y que sirve de referencia para la formulación 
de los restantes instrumentos de ordenación del territorio y de los contemplados en la 
normativa urbanística, así como para las actuaciones con incidencia en el territorio que 
se desarrollen por las personas particulares y las administraciones públicas, con pleno 
respeto, en este último caso, a las competencias respectivas.
Dentro de la figura de los planes territoriales, se diferencian los planes territoriales  e.
integrados y los planes territoriales especiales, en función de su mayor o menor escala y  w.b
ámbito de afección territorial. 19ww
áreaAss í, gloeso pglraánfiecsa ste rristourpiaralemsu innitceigpraaledso s sqoune i,n stbruiemne ntpoosr  diripgriedsoesn ata lra  orcgaarnaicztaecríisótnic daes 
dheo mologsé nuesaoss,  bideenl  posru esluo ,t amlaasñ oa cyt irveidlaacdioense sp fruondcuicotnivaaless, , dlaesm  ainnfdraeens utrnuac tpulraansi ficya cilóons 
equipamientos de tipo comarcal y de carácter integrado.
Los planes territoriales especiales, por su parte, podrán dar soporte a requerimientos 
especiales de planificación de ámbitos en función de sus características morfológicas, 
agrícolas, ganaderas, forestales, etnográficas, productivas, paisajísticas o ecológicas 
diferenciadas, que exijan una consideración y tratamiento unitarios. Estos planes tendrán 
como  objetivo  propio  la  definición  de  un  modelo  territorial  que  haga  compatible  el 
desarrollo y la defensa del medio natural a fin de conseguir un crecimiento equilibrado y 
una mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Se  redefinen  los  planes  sectoriales,  como  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio que tienen por objeto ordenar y regular la implantación territorial de actividades 
sectoriales,  estableciendo,  en  su  caso,  las  condiciones  generales  para  las  futuras 
actuaciones que desarrollen dichos planes y definiendo los criterios de diseño y las 
características  funcionales  y  de  emplazamiento  que  garanticen  su  accesibilidad  y 
coherente distribución territorial, según su naturaleza.
Finalmente, los proyectos de interés autonómico se configuran como instrumentos de 
intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, que 
tienen  por  objeto  planificar  y  proyectar  la  ejecución  inmediata  de  actuaciones  que 
trascienden el ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, 
su magnitud o sus singulares características que las hagan portadoras de un interés 
supramunicipal cualificado, que no tengan previsión ni acomodo en el planeamiento 
urbanístico.
Dado su carácter de instrumento directamente ejecutivo, la ley regula la ejecución de 
los proyectos de interés autonómico y la posible subrogación en la posición jurídica de la 
persona o entidad promotora privada de dicho proyecto que tenga atribuida su ejecución.
El capítulo III contempla una importante novedad respecto a la regulación anterior, 
que  responde  a  los  principios  inspiradores  de  la  ley,  como  son  la  simplificación 
administrativa y el interés por alcanzar los principios de agilidad y eficacia, que consiste 
en  el  establecimiento  de  un  único  procedimiento  de  tramitación  para  todos  los 
instrumentos de ordenación del territorio, diferenciando los dos posibles supuestos de 
evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  o  simplificada,  según  corresponda, 
integrándose en el mismo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. De este 
modo, se incorpora la nueva tramitación derivada de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, lo cual responde a la necesidad de adecuar la normativa 
autonómica al marco normativo común europeo y estatal, garantizando así la unidad de 
mercado interior y la competitividad. Este procedimiento unificado se desarrollará desde 
el  principio  de  la  elaboración  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  hasta  su 
aprobación definitiva.
El capítulo IV regula la modificación de los instrumentos de ordenación del territorio, 
distinguiendo  entre  modificaciones  sustanciales  y  no  sustanciales.  Tendrán  la 
consideración de modificación sustancial aquellas que supongan una alteración general 
o fundamental del instrumento de ordenación del territorio y, en todo caso, las que 
tengan que someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria; en 
el caso de los proyectos de interés autonómico no previstos, tendrán esta consideración 
las modificaciones que afecten a los aspectos que fundamentaron la declaración de 
interés autonómico. Para su tramitación se seguirá el mismo procedimiento previsto para 
la  aprobación  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio,  que  se  modifica 
sustancialmente.
Por  otra  parte,  tendrán  la  consideración  de  modificaciones  no  sustanciales, 
tramitándose  a  través  de  un  procedimiento  específico  y  simplificado,  las  que  no  s
supongan  una  alteración  general  o  fundamental  del  instrumento  de  ordenación  del  oe.
territorio y, en todo caso, las que no impliquen una revisión de sus objetivos generales ni  w.
la alteración sustancial de los elementos esenciales de la ordenación establecida en el  19ww
mismElo .capítulo V contempla los efectos y la vigencia de los instrumentos de ordenación
Oderdl etenrarictoiórnio ,d eals Tí ecrorimtoori ola y  nPelacenseiadmadie ndteo  qUureb alnoíss tmicios mdeo sG saelic iinas.criban en el Registro de  BOE-A-cable e
V
Finalmente,  la  ley  se  completa  con  una  serie  de  disposiciones  adicionales, 
transitorias, derogatoria y finales.
En relación con las disposiciones adicionales, destaca la previsión contenida en la 
disposición  adicional  cuarta  sobre  el  procedimiento  de  otorgamiento  de  los  títulos 
habilitantes municipales de naturaleza urbanística para edificaciones que se ubiquen en 
terrenos situados en varios términos municipales. El procedimiento que se establece, 
justificado por razones de seguridad jurídica, eficacia, celeridad y buena administración, 
y que hasta ahora no contaba con una solución legal en la normativa vigente, se basa en 
un régimen de concurrencia procedimental con un único acto resolutorio, en el que el 
ayuntamiento  tramitante,  una  vez  recibida  la  solicitud  de  licencia,  dará  traslado  al 
ayuntamiento o ayuntamientos afectados para la emisión de un informe preceptivo, con 
apertura de un periodo de exposición pública por plazo de quince días hábiles.
Las disposiciones transitorias contemplan cuestiones que pueden derivarse de la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  ley,  para  obtener  el  menor  impacto  posible  como 
consecuencia de las innovaciones de la ley y garantizando la seguridad jurídica.
La disposición derogatoria contempla la derogación de la Ley 10/1995, de 23 de 
noviembre, de ordenación del territorio de Galicia; de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de 
medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia; y del 
Decreto  80/2000,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se  regulan  los  planes  y  proyectos 
sectoriales de incidencia supramunicipal; así como de cuantos preceptos de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
El texto finaliza con una serie de disposiciones finales en las cuales se contemplan, 
entre otros extremos, modificaciones normativas derivadas de la necesidad de que todos 
los instrumentos de ordenación del territorio cuenten con un informe en materia de 
paisaje o la necesidad de adaptar la regulación prevista en la legislación urbanística a los 
cambios derivados de la posible tramitación conjunta de los instrumentos de ordenación 
del territorio y de la modificación del planeamiento urbanístico que se contempla en la 
presente ley.
También  se  contemplan  otros  extremos  como  la  previsión  de  su  desarrollo 
reglamentario o su entrada en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de 
Galicia».
VI
La  presente  ley  se  ajusta  a  los  principios  de  buena  regulación  previstos  en  el 
artículo 37.a) de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público autonómico, en el cual se exige que «en todas las iniciativas normativas se 
justificará la adecuación de las mismas a los principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y accesibilidad, simplicidad y eficacia».
Así, el principio de necesidad de la presente iniciativa legislativa viene determinado 
no solo porque es preciso abordar una actualización normativa en la materia que procure 
ofrecer soluciones a las problemáticas detectadas, sino también por cuanto las medidas 
propuestas únicamente pueden ser introducidas mediante una norma con rango de ley, 
bien por afectar a materias que están reservadas a este tipo de norma, bien por requerir 
la modificación integrada y coordinada de otras normas.
Se respeta el principio de proporcionalidad, ya que para alcanzar los objetivos de la 
ley no se imponen con carácter general nuevas obligaciones o cargas administrativas,  e.e
sino que se realiza un esfuerzo de simplificación e integración de la normativa vigente. b
Se presta especial atención a  la  efectividad del principio de seguridad jurídica,  19ww
odrirdeecntaammeiennteto  cjuornídeicctoa dvoi geconnte , lad ei nftoergmraac ióqnu e ceolh ereresnutleta ddoe  selaa  nuune vma arncoor mnao rmeant iveol 
emsátas balem, pclliaar op,a irntitceigpraacdióon y  ddee  lace crtiuidduamdbarneía;  ye anl  gperinnecripailo y ,d ee ntr apnasrtpicaurleanr,c idae,  plorosm oopveireanddoor elas 
técnicos y jurídicos implicados en la materia, tanto en la elaboración de la propia ley
como en la de los instrumentos de ordenación contemplados en la misma; así como al 
principio de accesibilidad, garantizando el acceso a toda la información documental y 
gráfica de que disponga la Administración en la materia objeto de regulación.
Finalmente, en virtud de los principios de simplicidad y eficacia, y dentro del objetivo 
de simplificación administrativa y de la normativa de aplicación, se evitan las cargas 
administrativas  innecesarias  o  accesorias,  lo  que  supone  la  racionalización  de  los 
recursos  públicos  asociados  a  la  tramitación  de  los  procedimientos  administrativos 
relacionados con las mismas.
En la tramitación del anteproyecto de ley se han observado todas las garantías 
exigidas por la legislación vigente en materia de participación pública, promoviendo una 
participación pública real y efectiva a lo largo de todo el procedimiento de tramitación.
El texto del anteproyecto de ley fue objeto del dictamen preceptivo del Consejo 
Económico y Social de Galicia.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia ha aprobado y yo, de conformidad con 
el  artículo  13.2  del  Estatuto  de  autonomía  de  Galicia  y  con  el  artículo  24  de  la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, 
promulgo en nombre del Rey la Ley de ordenación del territorio de Galicia.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto, al amparo de la competencia autonómica en materia 
de ordenación del territorio y dentro del obligado respeto a las competencias de las 
restantes  administraciones,  establecer  los  principios  objetivos  y  criterios  básicos  y 
regular los instrumentos necesarios para la articulación de la política territorial y la 
ordenación del espacio físico en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 2.  Principios y criterios orientadores.
1.  La ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirá por 
los  principios  de  coordinación,  cooperación  y  colaboración  interadministrativas,  en 
procura de la coherencia en la actuación de las administraciones públicas, y de garantía 
de la participación social. Estos principios se observarán en la elaboración, aprobación, 
ejecución y seguimiento de los instrumentos regulados en la presente ley.
2.  La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia orientará sus 
políticas de actuación, en el ámbito del desarrollo sostenible, a favorecer la utilización 
racional y equilibrada del territorio bajo el principio del desarrollo territorial sostenible a 
que se refiere el artículo 4, de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  La ordenación territorial como función pública desde una perspectiva de género 
e inclusiva, en los términos previstos en el artículo 6.
b)  La  sostenibilidad  ambiental  y  la  armonización  de  los  requerimientos  del  e.e
desarrollo social y económico con la preservación y mejora del medioambiente urbano,  b
rural y natural. 19ww
suelAo  ye setlo dse esfaercrotollso,  rsaec ipornoacl uyr aerqáu illaib oracduop adceió lans,  ealc tuivsiod ayd leas  ceonn estl rtuecrcriitóonri os,o gsaterannibtliezas nddeol 
psuro dduivcetirvsididaadd  poy teónpctiiaml.o P  aarpar oevleloc,h saem iteenntdor ád een  accuueenrtdao,  ecno nfu nscuió na pdteitu lda  ensactaulraa l dey  losus 
diferentes  instrumentos  de  ordenación  del  territorio,  la  Estrategia  gallega  de
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas, con carácter previo 
a la ordenación de usos y actividades en el territorio, según lo dispuesto en el artículo 9.
c)  La solidaridad intergeneracional, cuya finalidad será garantizar la calidad de vida 
de las generaciones presentes y futuras, teniendo en cuenta la consideración del suelo 
como recurso natural no renovable.
d)  La protección del medio natural y de los procesos ecológicos propios del suelo, 
la preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, garantizando su recuperación.
e)  La protección del patrimonio natural, histórico y cultural.
f)  La promoción de la cohesión e integración sociales, en los términos señalados en 
el artículo 6, así como la solidaridad autonómica, intermunicipal y municipal.
g)  La  accesibilidad,  garantizando  un  acceso  equivalente,  eficaz  y  sostenible  a 
infraestructuras, equipamientos y servicios, en especial mediante redes de transporte 
integrado sostenibles.
h)  La garantía al derecho a la igualdad por parte de las personas con discapacidad 
a  través  de  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  la  accesibilidad  universal, 
erradicando cualquier forma de discriminación al respecto.
i)  La  publicidad  y  la  garantía  de  participación  de  la  ciudadanía  en  los 
procedimientos de ordenación territorial.
Artículo 3.  Fines y objetivos fundamentales en materia de ordenación del territorio.
Son fines y objetivos fundamentales de la ordenación del territorio:
a)  Definir, proteger y mejorar la estructura del territorio, en orden a alcanzar un 
desarrollo equilibrado en la Comunidad Autónoma de Galicia y su conexión con los 
principales núcleos nacionales e internacionales de la actividad, así como su integración 
en el espacio nacional y europeo.
b)  Mejorar  la  calidad  de  vida  y  procurar  el  máximo  bienestar  de  la  población, 
facilitándole la accesibilidad a las infraestructuras y equipamientos de toda índole, teniendo 
en cuenta la dispersión geográfica y sus efectos sobre la ciudadanía y, especialmente, en la 
vida de las mujeres, con la finalidad de evitar las discriminaciones que se produzcan por 
razón del género y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
c)  Promover una gestión prudente y eficaz de los recursos naturales, que coordine 
las necesidades del desarrollo socioeconómico con las obligaciones de conservación y 
mejora del medioambiente y de los parajes y construcciones de interés cultural y natural.
d)  Promover el impulso y la dinamización demográfica de Galicia a través del 
desarrollo sostenible y el equilibrio territorial y social, de forma que se creen entornos 
favorables para el asentamiento de la población.
e)  La fijación de los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, 
tengan que constituirse en impulsores del desarrollo socioeconómico de una zona, evitando 
la despoblación del medio rural, en atención a lo previsto en el artículo 8.
f)  La  adecuación  de  la  planificación  territorial  de  las  dotaciones,  los  recursos 
mineros y los suelos productivos a su función vertebradora, definiendo los criterios de 
diseño,  las  características  funcionales  y  el  emplazamiento  que  garanticen  la 
accesibilidad y la inserción de la totalidad del territorio en una racional disponibilidad de 
dichos elementos estructurantes, promoviendo un modelo de movilidad sostenible.
g)  La compatibilización del desarrollo del sistema productivo, la urbanización y la 
ordenación turística con la racional utilización de los recursos naturales, sobre todo en lo  e
referente al litoral, los recursos hidráulicos, el paisaje y la calidad del aire. bo
Igualmente,  la  planificación  de  la  ordenación  territorial  y  la  explotación  y  19ww
meanpeerdorhigvo)eé actmihLcboaaism e,pn iertoenmm.toeo drciaaiócnintoe n daefleól srm ddeuesla alsor rso clrlooem cueprcasootinbsó leamsgi craocr oioyns  , sfloaoc reiapslrt aealse estr,rv aamvcéiinósen r odsey,l   efmxotmerajeocnrtaitvo o sdd eeyl    OE-A-2021-45able en https://
actividades productivas y generadoras de empleo estable.
i)  Identificar las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la 
explotación agrícola, forestal, ganadera, energética o minera, o por su riqueza natural o 
cultural, hayan de ser objeto de especial protección, garantizando su uso racional y su 
conservación, coordinando las acciones que se proyecten o ejecuten en cada ámbito 
territorial o empleando fórmulas de colaboración o cooperación de tratarse de acciones 
estatales.
j)  La recuperación y conservación y la puesta en valor del paisaje, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7, como elemento de bienestar individual y colectivo con 
valores estéticos y ambientales y dimensión económica, cultural, social, patrimonial e 
identitaria, en orden a integrarlo en la planificación territorial y sectorial con incidencia 
sobre el mismo.
k)  La preservación del patrimonio natural de Galicia incluido en alguna de las 
categorías de espacios naturales protegidos, impidiendo la destrucción, el deterioro o la 
transformación de los hábitats, las especies y/o la geodiversidad que motivaron su 
declaración e impulsando la mejora de su estado de conservación, de acuerdo con la 
normativa específica.
l)  La preservación del patrimonio cultural de Galicia, impidiendo su destrucción, 
deterioro o transformaciones e impulsando su recuperación y rehabilitación, de acuerdo 
con su normativa específica.
m)  La lucha contra el cambio climático, favoreciendo la adopción de medidas de 
mitigación y adaptación, aprovechando la transversalidad de la ordenación del territorio.
n)  Procurar la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la 
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de 
áreas  estratégicas  para  la  conectividad  territorial  entre  los  diferentes  elementos 
constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y 
sus riberas y a los humedales, para preservar los recursos hídricos en el marco de una 
gestión integral del agua, así como a los demás corredores ecológicos, y la restauración 
de ecosistemas degradados.
ñ)  La prevención adecuada de los riesgos para la seguridad y la salud públicas y la 
eliminación efectiva de las perturbaciones que pudieran generarse.
o)  El establecimiento, en aplicación de los principios de coordinación, cooperación y 
colaboración interadministrativas, de los criterios y procedimientos necesarios en procura 
de la coherencia de las acciones con incidencia territorial que corresponda desarrollar a 
las diferentes administraciones públicas y su integración en una visión del conjunto del 
territorio. En estos términos, se garantizará la coherencia de la política territorial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia con la Estrategia territorial europea y con la actuación 
territorial del Estado en Galicia.
p)  La  integración  de  las  perspectivas  de  género,  autonomía  personal  y  edad, 
empleando mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación de la 
ciudadanía en el proceso de ordenación territorial para conseguir que la misma responda 
a las aspiraciones y necesidades de la población.
q)  Cualquier otro que, en el marco de los principios generales de la ordenación 
territorial, en particular del principio de desarrollo territorial sostenible previsto en el 
artículo siguiente, tienda a conseguir una equilibrada, coordinada e integrada relación 
entre el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, su población, el medioambiente, 
las actividades económicas, el patrimonio natural y cultural y los equipamientos, servicios 
e infraestructuras.
Artículo 4.  El desarrollo territorial sostenible. e.
1.  El  desarrollo  territorial  sostenible  se  define  como  la  utilización  racional  del  19ww
pterrersiteorrvioa cyió ne l dme elad iobaiomdbivieenrsteid apda rya  lac ogmeboidniavre rlsaisd ande yc edseid alodse sr edceu rscores cnimatieunratole sc oyn  lolas 
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a necesidades reales y objetivas, de forma que se justifique la ocupación racional y 
sostenible del suelo y el consumo sostenible de recursos naturales y energéticos.
2.  El desarrollo territorial sostenible atenderá al principio de accesibilidad universal 
con carácter general, cumpliendo las condiciones necesarias que faciliten el acceso y la 
utilización del mismo por todas las personas, con independencia de sus capacidades y 
limitaciones en su movilidad o en su percepción y comprensión del entorno.
3.  Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  tendrán  en  cuenta  las 
determinaciones  establecidas  en  los  instrumentos  de  planificación  de  los  espacios 
naturales  protegidos,  así  como  en  las  estrategias  de  infraestructura  verde  y  de  la 
conectividad y restauración ecológicas.
Artículo 5.  La racionalidad territorial.
En atención al carácter de recurso natural no renovable del suelo, el desarrollo 
territorial sostenible conllevará la configuración de modelos de ocupación de suelo que 
eviten la dispersión de la urbanización y de las edificaciones en el territorio, dando 
prioridad a la culminación de los desarrollos existentes, favoreciendo la cohesión y el 
equilibrio territorial, la compactación de las ciudades y la rehabilitación, regeneración y 
renovación del suelo urbano, en atención a la preservación y mejora de los sistemas de 
vida tradicionales en las áreas rurales, favoreciendo la interdependencia entre lo urbano 
y lo rural y consolidando un modelo de territorio globalmente eficiente.
Artículo 6.  La cohesión social y económica y la perspectiva de género.
1.  La  ordenación  territorial  procurará  las  condiciones  necesarias  para  alcanzar 
ciudades socialmente integradas, evitando soluciones espaciales discriminatorias que 
generen  áreas  marginales  y  ambientes  de  exclusión  social,  propiciando  la 
interdependencia  entre  núcleos  urbanos  y  asentamientos  rurales  y  favoreciendo  la 
complementariedad  de  funciones  entre  los  mismos,  así  como  la  integración  de  los 
sistemas e infraestructuras de transporte y la previsión de las dotaciones necesarias en 
condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad.
2.  Las políticas y los planes en materia de ordenación del territorio han de incluir 
medidas tendentes a hacer efectivo el principio de igualdad entre las personas. En este 
sentido, la ordenación del territorio tendrá en cuenta el impacto de los roles de género en 
el uso diferenciado del territorio por mujeres y hombres.
3.  La  ordenación  territorial  estará  orientada  a  procurar  el  máximo  grado  de 
cohesión social y económica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, arbitrando 
los mecanismos necesarios para alcanzar un equilibrio territorial basado en su modelo 
de asentamientos y apoyado en las áreas funcionales que se definan.
4.  La ordenación del territorio debe facilitar, garantizar y mejorar la accesibilidad 
universal a los servicios públicos y los derechos ciudadanos, como el derecho a la 
vivienda, el empleo, la movilidad o un entorno saludable, en todo el territorio gallego.
Artículo 7.  El paisaje.
1.  Los instrumentos de ordenación del territorio tomarán en consideración el paisaje 
en atención a su carácter de elemento diferencial y activo de singular valor para la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
2.  Los instrumentos de ordenación habrán de preservar y proteger el paisaje y el  s
derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  entorno  cultural,  social  y  ambientalmente  oe.
significativo, además de promover la responsabilidad colectiva de proteger este bien  w.
común. 19ww
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Artículo 8.  El sistema rural y costero no urbano de Galicia.
1.  Los instrumentos de ordenación del territorio prestarán una especial atención al 
medio rural y costero no urbano de Galicia, con el objetivo de promover el equilibrio 
territorial y desarrollar medidas de impulso demográfico que aseguren la permanencia en 
el territorio de su población, contribuyendo a la viabilidad de las actividades económicas 
que puedan desarrollarse en el mismo que sean compatibles con la defensa de sus 
valores sociales, económicos, culturales y medioambientales.
2.  Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  tendrán  en  cuenta  las  formas 
territoriales  históricas  de  nuestro  territorio,  procurando  estrategias  que  preserven  y 
mantengan la coherencia con las mismas, asumiendo la identidad territorial como factor 
positivo de referencia, creación, respeto e innovación.
Artículo 9.  La infraestructura verde.
1.  La infraestructura verde constituye un sistema territorial básico, compuesto por 
los ámbitos de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas 
críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la 
comunidad;  y  los  corredores  ecológicos  y  conexiones  funcionales  que  pongan  en 
relación todos los elementos anteriores.
La  infraestructura  verde  se  extenderá  a  los  suelos  urbanos  y  urbanizables, 
comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más 
relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión.
2.  Los instrumentos de ordenación del territorio tendrán en cuenta, en función de su 
escala, las determinaciones de la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la 
conectividad y restauración ecológicas, así como la que se desarrolle por la Comunidad 
Autónoma de Galicia. A estos efectos, los instrumentos de ordenación del territorio 
contemplarán la identificación y caracterización de los espacios de la Estrategia gallega 
de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas que se elabore 
por la Comunidad Autónoma de Galicia.
3.  La infraestructura verde estará integrada por determinados espacios y elementos 
que desempeñan una función ambiental y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos 
por una regulación específica como otros que no poseen esa protección. En ambos 
casos  los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  regularán  los  usos  y 
aprovechamientos que resulten compatibles con el mantenimiento de la estructura y la 
funcionalidad de dicha infraestructura.
4.  Las funciones de la infraestructura verde son las siguientes:
a)  Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural y 
de sus bienes y servicios ambientales y culturales.
b)  Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 
biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje.
c)  Proporcionar  una  metodología  para  el  diseño  eficiente  del  territorio  y  una 
gradación de preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos.
d)  Orientar  de  manera  preferente  las  posibles  alternativas  de  los  desarrollos 
urbanísticos hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo.
e)  Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos 
naturales e inducidos, de carácter significativo.
f)  Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. s
g)  Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico  oe.
del territorio, así como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e  w.
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y fomentar una ordenación sostenible del medio urbano.
CAPÍTULO II
Competencia, colaboración y cooperación administrativas
Artículo 10.  Competencia administrativa.
La titularidad de la competencia en materia de ordenación del territorio corresponde a 
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, que la desarrollará con 
respeto de las que son propias de otras administraciones públicas, promoviendo con las 
mismas la participación de la iniciativa privada, en los términos previstos en la legislación 
vigente.
Artículo 11.  Colaboración y cooperación entre administraciones públicas.
1.  En el ejercicio de la competencia en materia de ordenación del territorio, las 
relaciones de la Administración autonómica con las restantes administraciones públicas 
con competencias sobre el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán 
por  los  principios  de  colaboración  y  cooperación,  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la 
normativa estatal de aplicación y, con respecto a esta, en la presente ley.
2.  Asimismo, dentro del necesario respeto a la normativa sectorial de aplicación, en 
la aprobación de instrumentos, planes y proyectos por otras administraciones públicas 
que tengan incidencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia se procurará 
el  empleo  de  fórmulas  de  colaboración  y  cooperación  para  la  articulación  de  las 
correspondientes competencias sectoriales con las competencias autonómicas.
CAPÍTULO III
La transparencia y la participación ciudadana
Artículo 12.  Derechos y deberes de la ciudadanía.
1.  El  reconocimiento,  respeto  y  protección  de  los  derechos  de  la  ciudadanía 
informará la actuación de la Administración general de la Comunidad Autónoma en el 
ejercicio de sus competencias en materia de ordenación del territorio, promoviéndose el 
disfrute, entre otros, de los siguientes derechos:
a)  Derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, tanto en el entorno urbano como en el medio natural, mediante una ordenación 
racional equilibrada y sostenible de los usos del suelo y las dotaciones urbanísticas.
b)  Derecho a usar y disfrutar de los terrenos por las personas titulares de los 
mismos en los términos previstos en la normativa vigente.
c)  Derecho a disfrutar del patrimonio cultural y a que se adopten las medidas 
necesarias para garantizar su protección, conservación y mejora.
d)  Derecho a participar en la elaboración y tramitación de los instrumentos de 
ordenación del territorio.
e)  Derecho a acceder a toda la información de que disponga la Administración 
general  de  la  Comunidad  Autónoma  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  sin 
necesidad de acreditar la existencia de un interés determinado y sin más limitaciones 
que las establecidas en la presente ley y demás normativa que resulte de aplicación, 
singularmente  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  es
personal. o
2.  Para la consecución de los fines que la presente ley encomienda a la actividad  19ww
dpeúbbelicreas :de ordenación del territorio, la ciudadanía habrá de observar los siguientes
a)  Contribuir a la preservación y mejora del medioambiente natural y urbano.
b)  Respetar y proteger el patrimonio cultural.
c)  Utilizar de forma correcta y adecuada, en atención a sus características, los 
bienes de dominio público y los equipamientos, infraestructuras y servicios urbanos.
d)  Evitar acciones que conlleven riesgos para el medioambiente natural y urbano, 
así como para los bienes públicos o de terceros o para la salud y seguridad de las 
personas,  salvo  en  los  casos  en  que  tales  acciones  tuviesen  amparo  normativo, 
debiendo,  en  tales  casos,  cumplirse  los  requisitos  exigibles  y  adoptar  las  medidas 
correctoras que pudieran establecerse.
e)  Respetar  las  limitaciones  de  usos  y  de  edificación  que  la  legislación  o  el 
planeamiento territorial y urbanístico impongan sobre los terrenos de los que sean 
titulares.
f)  Colaborar en la actuación pública de ordenación del territorio en las condiciones 
previstas en la presente ley.
g)  Colaborar con las administraciones públicas de Galicia en la conservación y 
mejora  de  los  valores  paisajísticos  existentes,  mediante  la  adecuada  integración 
paisajística de las actuaciones individuales y colectivas en el territorio.
Artículo 13.  La participación ciudadana.
1.  Las  administraciones  públicas  de  Galicia  velarán  para  que  la  actividad  de 
ordenación del territorio se desarrolle promoviendo la más amplia participación social, 
garantizando los derechos de información y de iniciativa de las personas particulares. 
Dicha participación habrá de ser fomentada y facilitada por la administración competente 
en materia de ordenación del territorio, integrando las perspectivas de género y edad, 
empleando mecanismos que fomenten, garanticen y favorezcan la participación de la 
ciudadanía en general y de las mujeres en particular en el proceso de ordenación 
territorial.
2.  La ciudadanía tiene el derecho a participar en los procedimientos de elaboración 
y tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio, singularmente mediante la 
formulación  de  alegaciones  durante  el  periodo  de  información  pública  a  que 
preceptivamente aquellos hayan de ser sometidos.
Artículo 14.  Derecho de acceso a la información territorial.
1.  Se garantizará el acceso de la ciudadanía a los documentos que integran los 
instrumentos de ordenación del territorio, así como a la restante información territorial 
durante los periodos de información pública y con posterioridad a su aprobación, en los 
términos previstos en la normativa estatal de aplicación y en la presente ley.
2.  Las administraciones públicas de Galicia adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el acceso a la información territorial de su competencia a todas las personas, 
físicas y jurídicas, sin necesidad de que acrediten un interés determinado y con garantía 
de confidencialidad sobre su identidad, sin aplicación de otros límites que los previstos 
en la presente ley y demás normativa de aplicación.
3.  Al  objeto  de  facilitar  la  disponibilidad  y  el  uso  de  la  información  territorial 
mediante el empleo de nuevas tecnologías, las administraciones públicas de Galicia 
promoverán las medidas oportunas que permitan la presentación y utilización de toda la 
documentación  de  ordenación  territorial  en  formato  digital.  En  este  caso,  las 
administraciones garantizarán la accesibilidad universal de los soportes electrónicos a 
través  de  sistemas  que  permitan  obtener  la  información  de  manera  segura  y 
comprensible por toda la ciudadanía. es
4.  Con arreglo a la normativa básica estatal, las solicitudes de información territorial  bo
habrán de ser resueltas en el plazo máximo de un mes, que podrá ampliarse por otro  19ww
mhiceise reann  cnaescoe sdaer iqou, ep reelv ivao nluomtifeicna oc iólan  caol msoplliecjiitdaandte d.e la información que se solicita así lo
CAPÍTULO IV
El Instituto de Estudios del Territorio
Artículo 15.  Naturaleza de la entidad y adscripción.
1.  El Instituto de Estudios del Territorio es un organismo autónomo de los regulados 
en la sección 2.ª del capítulo II del título III de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de 
organización  y  funcionamiento  de  la  Administración  general  y  del  sector  público 
autonómico de Galicia.
2.  Estará  adscrito  orgánicamente  a  la  consejería  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio.
Artículo 16.  Objeto y fines generales.
1.  El  Instituto  de  Estudios  del  Territorio  tiene  por  objeto  el  análisis,  estudio  y 
asesoramiento en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
2.  Las funciones del Instituto de Estudios del Territorio serán las siguientes:
a)  Realizar trabajos de investigación, análisis, estudio y difusión sobre urbanismo y 
ordenación del territorio.
b)  Prestar  asistencia  y  asesoramiento  a  los  ayuntamientos  de  Galicia  para  la 
elaboración del planeamiento urbanístico y la gestión y ejecución del planeamiento, a fin 
de implementar las políticas del paisaje en la planificación urbanística y territorial.
c)  Prestar apoyo a la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación 
del territorio.
d)  La recopilación y el tratamiento de la información del territorio gallego, así como 
la producción cartográfica para las diferentes consejerías y organismos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, especialmente en materia agraria y de desarrollo rural.
e)  El apoyo y asesoramiento a la Xunta de Galicia en materia de paisaje y de 
colaboración y coordinación con otras administraciones y sectores de la sociedad.
f)  Delimitar  las  grandes  áreas  paisajísticas  sobre  las  que  se  desarrollarán  los 
catálogos del paisaje y elaborar los catálogos del paisaje de Galicia.
g)  Formar, sensibilizar y concienciar a la sociedad gallega en la necesidad de 
proteger y gestionar debidamente nuestros paisajes.
h)  Evaluar  el  estado  de  conservación  de  los  paisajes  de  Galicia,  analizar  sus 
transformaciones y previsible evolución y realizar estudios y propuestas en materia de paisaje.
i)  Promover  la  colaboración  y  cooperación  en  materia  de  paisaje,  sobre  todo 
mediante asistencia científica y técnica mutua, e intercambios de experiencias con fines 
de formación e información.
j)  El seguimiento de iniciativas de investigación y difusión de conocimientos de 
ámbito estatal, europeo e internacional en materia de paisaje.
k)  Fomentar el intercambio de información y experiencias, así como la asistencia 
científica y técnica mutua en materia de paisajes transfronterizos.
l)  Elaborar cada cuatro años un informe sobre el estado del paisaje en Galicia, que 
la Xunta de Galicia presentará al Parlamento de Galicia.
3.  Las funciones atribuidas al Instituto de Estudios del Territorio se entenderán sin 
perjuicio de las que correspondiesen a los órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 17.  Régimen jurídico. bo
Asudsm 1ei.ns itsaEtrtual tcIonióssn tyi ta ulutaotso  dnneóo mrEmiscataus.d aiopsl icdaebl lTeesr rait oloriso  osreg aringies mpoosr  laou dtóisnpoumeossto  deenp elan dpireensteenst ed ele lya,   2021-4519n https://ww
2.  Los actos de los órganos de gobierno del Instituto de Estudios del Territorio
dictados en el ejercicio de sus competencias ponen fin a la vía administrativa. Bc
TÍTULO I
La ordenación del territorio
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 18.  Contenido de la ordenación del territorio.
1.  A los efectos de lo previsto en la presente ley, se entiende por ordenación del 
territorio el conjunto de técnicas, normas, planes y criterios expresamente formulados 
que orienten y regulen las actuaciones y los asentamientos sobre el territorio, a fin de 
conseguir  una  adecuada  interrelación  entre  medioambiente,  población,  actividades, 
servicios e infraestructuras con el territorio gallego en que se implantan, procurando la 
coherencia  de  las  actuaciones  sobre  este  de  los  distintos  órganos  y  diferentes 
administraciones  públicas,  dentro  del  necesario  respeto  a  las  competencias  de  las 
mismas.
2.  Igualmente, la ordenación territorial comprende la elaboración, aprobación y, en 
su  caso,  ejecución  de  los  instrumentos  necesarios  para  planificar  y  plasmar  en  el 
territorio  las  políticas  económicas,  sociales,  medioambientales  y  culturales  de  la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3.  De conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 4 del texto refundido 
de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real decreto legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de 
acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de 
propiedad del suelo conforme al destino del mismo.
Artículo 19.  Instrumentos de ordenación del territorio.
1.  Sin perjuicio de la utilización de los instrumentos de ordenación urbanística y de 
los establecidos en la legislación sectorial que rige las diversas actividades con impacto 
territorial, la ordenación del territorio de Galicia se realizará a través de los siguientes 
instrumentos:
a)  Directrices de ordenación del territorio.
b)  Planes territoriales:
1.º  Planes territoriales integrados.
2.º  Planes territoriales especiales.
c)  Planes sectoriales.
d)  Proyectos de interés autonómico.
2.  En aplicación de los principios de cooperación y colaboración, los organismos 
públicos prestarán su apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación del 
territorio,  facilitando,  al  efecto,  a  las  personas  encargadas  de  su  redacción  los 
documentos e información necesarios.
3.  La redacción de los instrumentos de ordenación del territorio se efectuará por 
facultativos o facultativas con la correspondiente titulación universitaria, en función de la  e.
materia objeto de regulación. w.b
Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  que  impliquen  la  transformación  19ww
ulorsb acnuíaslteicsa a dl eml esnuoeslo u hnaob dráen s dues  rmedieamctbarrosse  dpeobre preár sseorn aasrq ou ieteqcutiop oos a mrquultitideicstcai pol ininagreens,ie eron 
oe quinivgaelneinetrea  qduee  hcaabmiliitneo psa, raca enl aelejesr ciyc iop udeer tdoicsh, aos,  peronf essuio nceass.o,  disponer  de  titulación
La identidad y titulación de los distintos profesionales que intervienen en la redacción 
de los instrumentos de ordenación del territorio ha de constar en los documentos que 
elaboren.
Artículo 20.  Vinculación de las determinaciones de los instrumentos de ordenación del 
territorio.
1.  Los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  y  urbanísticos  conforman  un 
sistema integrado que se articula según los principios de competencia, especialidad y 
coordinación.
En todo caso, las competencias en materia de ordenación del territorio habrán de 
ejercerse sin perjuicio de las que se deriven de las diferentes normativas sectoriales que 
resulten de aplicación.
2.  Los instrumentos de ordenación del territorio habrán de redactarse de forma que 
quede garantizada la coherencia entre todos ellos, teniendo en cuenta el alcance y grado 
de vinculación de sus determinaciones, que pueden ser las siguientes:
a)  Determinaciones de aplicación directa, que serán inmediatamente aplicables a 
los terrenos sobre los que incidan y que, como determinaciones de ordenación territorial, 
prevalecerán sobre las previsiones contrarias del planeamiento municipal.
b)  Determinaciones vinculantes para el planeamiento, que no tendrán aplicación 
directa e inmediata, pero obligan a atenerse a su contenido al elaborar, aprobar y 
modificar la planificación urbanística local, bien sea cuando se decida llevarla a cabo, 
bien sea en el plazo previsto en la propia determinación.
c)  Determinaciones orientativas, que constituirán criterios, directrices y guías de 
actuación de carácter no vinculante, informadores de las pautas que la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia estima adecuadas para la actuación 
territorial de los poderes públicos.
3.  Los instrumentos de ordenación del territorio, en congruencia con su escala 
territorial y con los fines perseguidos, podrán modificar, justificadamente, el régimen de 
usos y condiciones de la edificación previstos en la normativa urbanística vigente para el 
suelo rústico.
4.  En los supuestos previstos en la presente ley y con pleno respeto a la autonomía 
municipal, a fin de garantizar la eficacia de las determinaciones contempladas en los 
instrumentos  de  ordenación  del  territorio  y  los  principios  de  celeridad,  eficacia, 
simplificación  administrativa  y  seguridad  jurídica,  se  tramitarán  simultáneamente, 
mediante uno de los procedimientos contemplados en el capítulo III de la presente ley, la 
aprobación  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  y  la  modificación  del 
planeamiento  urbanístico,  en  los  extremos  estrictamente  afectados  por  las 
determinaciones  del  instrumento  de  ordenación  territorial  y  para  garantizar  su 
efectividad.
Artículo 21.  Suspensión cautelar motivada por la formulación de un instrumento de 
ordenación del territorio.
1.  Acordada la iniciación del procedimiento de elaboración de cualquiera de los 
instrumentos de ordenación del territorio contemplados en el artículo 19.1 de la presente 
ley, la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, de forma motivada, podrá suspender cautelarmente los procedimientos de  e.
aprobación del planeamiento urbanístico y de los instrumentos de gestión o ejecución del  w.b
planeamiento, así como el procedimiento de otorgamiento de licencias y la presentación  19ww
ddee teormtroinsa dtoítsu,l ocso nh albai litfainnatleidsa dm  udnei cispaalvleasg udaerd anr atluarsa leczoam puertbeanncíiastsic aa utpoanróam  iácmasb itdoes 
ordenación del territorio.
El acuerdo de suspensión, en el que habrán de identificarse gráficamente las áreas o 
zonas afectadas por la misma, no afectará a las siguientes actuaciones:
a)  Las obras de mantenimiento, conservación y reforma, salvo en el caso de obras 
de rehabilitación integral que sean equiparables a la reconstrucción total del edificio no 
justificadas en razones de urgencia o que supongan un aumento del volumen edificado.
b)  Las licencias de primera ocupación.
c)  Los proyectos que cumplan simultáneamente el instrumento de planeamiento en 
vigor y lo previsto en el instrumento de ordenación del territorio, siempre que este 
estuviera aprobado inicialmente.
d)  Los actos sujetos al trámite de comunicación previa, siempre y cuando se trate 
de obras o actos para la implantación de usos o actividades autorizados por la nueva 
ordenación proyectada.
2.  Con carácter previo a la adopción del acuerdo de suspensión, se dará audiencia 
al  ayuntamiento  o  ayuntamientos  afectados  por  plazo  de  un  mes.  Durante  dicha 
audiencia, los ayuntamientos habrán de informar de las licencias solicitadas que se 
verían afectadas por la suspensión.
3.  El acuerdo de suspensión y sus eventuales modificaciones deberán publicarse 
en el «Diario Oficial de Galicia». Igualmente, se notificará de forma individualizada a las 
personas peticionarias de licencias pendientes de otorgamiento que pudieran resultar 
afectadas, relacionadas en el informe o informes referidos en el número anterior, que 
tendrán derecho a ser indemnizadas del coste oficial de los proyectos y a la devolución, 
en  su  caso,  de  las  cantidades  correspondientes  a  los  tributos  municipales,  en  los 
términos señalados en el artículo 47 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia.
4.  Durante  el  procedimiento  de  aprobación  del  instrumento  de  ordenación  del 
territorio  podrán  modificarse  los  ámbitos  territoriales  y  materiales  de  la  suspensión 
acordada, sin que tal circunstancia altere la duración máxima prevista en el número 
siguiente.
5.  La suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento de 
ordenación del territorio que motivó su adopción y, en todo caso, por el transcurso del 
plazo de dos años, a contar desde la fecha del acuerdo de suspensión.
6.  Extinguidos los efectos de la suspensión con arreglo a lo dispuesto en este 
artículo, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el mismo ámbito y por idéntica 
finalidad en el plazo de cuatro años.
Artículo 22.  Evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación del territorio.
1.  Serán  objeto  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los  siguientes 
instrumentos de ordenación del territorio, así como sus modificaciones:
a)  Las Directrices de ordenación del territorio.
b)  Los planes territoriales integrados.
c)  Los planes sectoriales.
d)  Los proyectos de interés autonómico y los planes territoriales especiales que 
requieran  una  evaluación  por  establecer  el  marco  para  la  futura  autorización  de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, en los términos 
previstos en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental; y los planes territoriales especiales y los proyectos de interés autonómico que  e.
requieran una evaluación por afectar a espacios de la Red Natura 2000, en los términos  w.b
previstos  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  patrimonio  natural  y  de  la  19ww
biodeiv) ersLiodsa dc.omprendidos en el número siguiente, cuando así se decidiese, caso por
dcaesteor,m pinoar seel  póorrg ealn óor gaamnob iaemntbaile netna l,e al  sinofloicrmitued  adme blaie pnetarsl oensat rpartoémgioctoo roa .cuando así se
2.  Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)  Las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación del territorio 
mencionados en el número anterior.
b)  Los planes territoriales especiales y los proyectos de interés autonómico y sus 
modificaciones, con las salvedades contempladas en el número anterior.
3.  En  todo  caso,  en  el  supuesto  de  proyectos  de  interés  autonómico  que 
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos, estos proyectos habrán de 
someterse al procedimiento de declaración de impacto ambiental, pudiendo adoptarse, a 
favor del principio de eficacia, la incorporación de trámites y actos administrativos del 
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  en  otros  procedimientos  de 
evaluación ambiental, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
CAPÍTULO II
Instrumentos de ordenación del territorio
Sección 1.ª Las Directrices de ordenación del territorio
Artículo 23.  Objeto, ámbito y funciones de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Las Directrices de ordenación del territorio son el instrumento de ordenación 
estructural que sirve para proteger, dirigir y coordinar los fines y objetivos de la política 
territorial  de  la  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia, 
constituyendo el principal elemento de planificación territorial y la base del desarrollo de 
las actuaciones con incidencia en el territorio que hayan de producirse en la Comunidad 
Autónoma,  dentro  del  necesario  respeto  a  las  competencias  de  las  distintas 
administraciones públicas.
En el marco de la presente ley, las Directrices de ordenación del territorio son el 
instrumento que ofrece una visión global de la ordenación territorial de Galicia y sirve de 
referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación del territorio y 
urbanísticos,  que  habrán  de  justificar  su  coherencia  y  conformidad  con  sus 
determinaciones, así como para las actuaciones con incidencia en el territorio que se 
desarrollen por las personas particulares y las administraciones públicas, con pleno 
respeto, en este último caso, a las competencias respectivas.
2.  El ámbito de las Directrices de ordenación del territorio será la totalidad del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3.  Corresponden  a  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio  las  siguientes 
funciones:
a)  Formular,  con  carácter  global  e  interrelacionado,  y  en  el  marco  del  plan 
económico-social de la Comunidad Autónoma, el conjunto de criterios y normas que 
orienten  y  regulen  los  procesos  de  asentamiento  en  el  territorio  de  las  distintas 
actividades económicas y sociales de los agentes públicos y privados que operen en 
dicho  territorio,  dentro  del  necesario  respeto  a  las  competencias  de  las  distintas 
administraciones públicas.
b)  Construir un marco general de referencia para la formulación de los restantes 
instrumentos de ordenación del territorio, así como de los instrumentos previstos en la  e.
normativa  urbanística,  y  para  la  formulación  y  ejecución  de  las  distintas  políticas  w.
sectoriales de la Administración general de la Comunidad Autónoma, al que habrán de  19ww
apcuodmieoradna rdsees alrorso llaprlasen epso, r plar oAgdrmaminaisst rayc ióancc aiountoensó mcoicna , inlacsid eenntcidiaa deesn  loecl alteesrr idtoer iGo alqicuiae 
yg alraasn teiznatrid uandae sa dpeúcbulaicdaas c ovionrcduinlaadcaiósn  oy  cdoempepnadtiibeinlizteasc iódne  daeq tuoedlalas  ey lladse. estas, a fin de  BOE-A-cable e
c)  Proponer las acciones territoriales que requieran la actuación conjunta con otras 
comunidades autónomas y restantes administraciones públicas, ofreciendo las bases 
suficientes para celebrar los convenios o acuerdos de cooperación, previo cumplimiento 
de las exigencias impuestas por la normativa de aplicación.
d)  Identificar  las  grandes  oportunidades  del  territorio  y  proponer  las  acciones 
necesarias para su aprovechamiento racional y sostenible.
e)  Integrar  de  forma  coordinada  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio  de 
Galicia con las estrategias territoriales propias de las regiones de la Unión Europea, de 
acuerdo con la estrategia territorial común de la misma.
f)  Identificar y señalar áreas que hayan de estar sujetas a medidas especiales de 
protección, conservación, ordenación o mejora.
Artículo 24.  Contenido de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Las  Directrices  de  ordenación  del  territorio  contendrán  las  siguientes 
determinaciones:
a)  Definición del modelo territorial para Galicia.
b)  Descripción e interpretación de las características propias del territorio de la 
Comunidad  Autónoma,  formulando  una  diagnosis  de  la  problemática  existente  y 
potencial, en relación con los asentamientos urbanos y productivos, el medio físico y los 
recursos naturales y con las pautas de desarrollo territorial manifestadas o previsibles.
c)  Definición  de  los  criterios  que  hayan  de  adoptarse  en  relación  con  la 
problemática objeto de diagnosis, de acuerdo con los objetivos referidos en el apartado 
siguiente.
d)  Planteamiento de los objetivos sociales, económicos y ambientales relacionados 
con el territorio, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios de desarrollo territorial 
sostenible,  impulso  demográfico,  accesibilidad  universal  y  lucha  contra  el  cambio 
climático.
e)  Planteamiento, a partir de los distintos elementos de las políticas sectoriales, de 
propuestas de ordenación del territorio destinadas a reorientar o, en su caso, regular las 
actuaciones públicas y privadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con  los  objetivos  señalados  en  el  apartado  precedente,  como  marco  de  referencia 
pública para la actuación de los agentes sociales y económicos que operen en dicho 
ámbito,  dentro  del  necesario  respeto  a  las  competencias  de  las  distintas 
administraciones públicas.
f)  Proposición de las relaciones entre las distintas administraciones y organismos 
públicos que intervengan en el territorio de la Comunidad Autónoma, formulando las 
propuestas relativas a los procedimientos e instancias a través de los que hayan de 
resolverse los conflictos que pudieran surgir en la fijación o ejecución de las actividades 
a desarrollar, dejando a salvo en todo caso las facultades que al Estado reconoce la 
normativa vigente.
g)  Establecimiento de los sistemas de información recíproca entre las distintas 
administraciones y organismos públicos capaces de facilitar a unos y otros los datos 
necesarios  para  la  correcta  elaboración  de  sus  planes  y  programas  y  procurar  su 
coherencia con el marco territorial de referencia que las directrices establecen.
h)  Delimitación de ámbitos a desarrollar mediante planes territoriales especiales, 
cuando las Directrices de ordenación del territorio lo estimasen necesario en función de 
sus  características  morfológicas,  agrícolas,  ganaderas,  forestales,  etnográficas,  e
productivas, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una consideración y  bo
tratamiento unitarios en ese ámbito, sin perjuicio de las delimitaciones específicas que  19ww
pgeualadllbeiIeoggrruaaea n dlm preeoe arinn ltifzelraaa,  reslCsaetsor  eumDncut iuarnerpiadcli atcrvdaice ceridAóse nu d tdyóe en d ooleamr  dllaeae g ncidasoeclan ióceGnicó tanivdl iiscedeilaa cd tteo cryrori iamtrole orcsi oota rsruiiedsrsateepcnmoitóinfanidc  aieedrcneáot neló e.glsaipc aaEcssi otqrsau teeq gusieae    OE-A-2021-45able en https://
garanticen la conectividad ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos a escala
regional, contemplando las determinaciones que resulten necesarias para su correcta 
gestión y ordenación.
i)  Propuesta de pautas y medidas para la preservación de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural y paisajístico.
j)  Delimitación  de  áreas  geográficas  supramunicipales  que,  bien  por  presentar 
características homogéneas, bien por su tamaño y relaciones funcionales, demanden 
una  planificación  de  los  usos  del  suelo,  actividades  productivas,  infraestructuras  y 
equipamientos  de  tipo  comarcal  y  de  carácter  integrado,  que  podrán  desarrollarse 
mediante planes territoriales integrados.
k)  Fijación de los criterios para la cuantificación, emplazamiento, diseño y ejecución 
de  las  infraestructuras  y  equipamientos  de  carácter  supramunicipal,  procurando  la 
mejora  de  su  accesibilidad  y  considerando  las  previsiones  de  los  instrumentos  de 
planeamiento urbanístico y la planificación sectorial, así como el necesario respeto a las 
competencias estatales.
l)  Señalamiento de las condiciones a que hayan de someterse las propuestas de 
desarrollo urbano, industrial, terciario o agrario, en función de la disponibilidad de los 
recursos energéticos, hidráulicos y de saneamiento correspondientes.
m)  Criterios para establecer las condiciones a que habrá de sujetarse la ubicación 
de viviendas sometidas a algún régimen de protección o de las que se incorporen a 
programas de rehabilitación, tomando en consideración las previsiones que en este 
orden se contemplen en el planeamiento local y la restante normativa de aplicación.
n)  Criterios  de  actuación  en  áreas  desfavorecidas  por  el  declive  económico  o 
demográfico, situaciones de incomunicación, otras desventajas objetivas o la existencia 
de riesgos naturales o tecnológicos.
ñ)  Señalamiento de las causas y supuestos que vayan a determinar la modificación 
sustancial o no de las Directrices de ordenación del territorio, en función de la aparición 
de necesidades no previstas en las mismas o de los cambios introducidos en la política 
económica o social a desarrollar por las administraciones públicas implicadas.
A tal efecto, las Directrices contendrán los indicadores y criterios para el análisis de 
la evolución territorial de la Comunidad Autónoma.
2.  Las determinaciones previstas en el número anterior tienen carácter enunciativo 
y no limitativo, por lo que las Directrices de ordenación del territorio podrán contemplar 
cuantas otras sean congruentes con las funciones previstas en el artículo anterior.
En todo caso, las Directrices de ordenación del territorio respetarán la autonomía de 
las administraciones locales para la gestión de sus intereses propios, así como las 
competencias estatales.
Artículo 25.  Documentación de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Las Directrices de ordenación del territorio contendrán los documentos gráficos y 
escritos que reflejen adecuadamente los contenidos expuestos en el artículo anterior, 
con el grado de precisión apropiado a sus funciones, y, como mínimo, los siguientes:
a)  Una memoria en la que se identifiquen y expliquen los objetivos, fortalezas, 
debilidades y conflictos territoriales, así como las medidas propuestas y los criterios y 
opciones previstos.
b)  La documentación gráfica precisa para plasmar el estado del territorio y las 
cuestiones fundamentales de la ordenación y las previsiones a que se refieran las  s
Directrices de ordenación del territorio. oe.
c)  Determinaciones. w.
de))   SLaín dteoscius my ecnotnaccliuósni oanmebs iednetl apl reoxciegsidoa d ceo pna artrirceipgaloc iaó nla p leúgbilsiclaac.ión vigente. 2021-4519n https://ww
2.  Para su difusión pública, se elaborará un documento resumen no técnico de las 
Directrices de ordenación del territorio, que facilite el conocimiento de los aspectos 
esenciales de su contenido.
Artículo 26.  Borrador de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Corresponde  al  Consello  de  la  Xunta  de  Galicia  acordar  la  iniciación  del 
procedimiento de elaboración de las Directrices de ordenación del territorio. El acuerdo, 
que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia», será motivado, señalará las 
causas que lo justifiquen y determinará el plazo de formulación del correspondiente 
borrador de las Directrices de ordenación del territorio.
2.  Corresponden a la consejería competente en materia de ordenación del territorio 
la  tramitación  e  impulso  del  procedimiento  de  elaboración  de  las  Directrices  de 
ordenación del territorio y la preparación del borrador de las Directrices de ordenación 
del territorio. Las consejerías con competencias con proyección territorial formularán las 
previsiones  y  determinaciones  que  les  correspondan  respecto  a  los  contenidos 
sectoriales de las Directrices, a los efectos de su integración efectiva en el borrador. 
Dicha formulación se hará en el plazo de tres meses, a contar desde su petición por la 
consejería tramitadora del procedimiento.
Con  la  misma  finalidad,  se  solicitará  de  la  Administración  del  Estado  y  de  las 
administraciones  locales  la  formulación  de  propuestas  en  las  materias  de  su 
competencia, que emitirán en igual plazo al expresado en el párrafo anterior.
3.  En cualquier caso, para la elaboración del borrador de directrices, la consejería 
tramitadora  del  procedimiento  recabará  de  los  órganos  y  entidades  mencionados 
cuantos datos e informaciones sean necesarios para la más correcta redacción de dicho 
documento, que habrán de ser aportados en el plazo de dos meses a partir del momento 
en que les sean solicitados. Igualmente, dichos órganos y entidades podrán aportar 
cuantas informaciones y sugerencias estimasen convenientes para los mismos fines.
4.  El borrador de las Directrices se remitirá a las administraciones y órganos citados 
en los números anteriores y a las entidades públicas y privadas que se consideren 
interesadas,  para  que  en  el  plazo  de  tres  meses  aporten  cuantas  observaciones, 
propuestas y alternativas estimen oportunas. Asimismo, será remitido al Parlamento de 
Galicia para su conocimiento y valoración.
5.  Una  vez  realizados  los  trámites  señalados  en  este  artículo,  se  seguirá  el 
procedimiento previsto en el artículo 54.
Artículo 27.  Eficacia de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Las determinaciones contenidas en las Directrices de ordenación del territorio 
tendrán, en todo caso, la eficacia que sea congruente con su función de instrumento 
directriz. A este efecto, expresarán de forma clara e inequívoca el alcance concreto con 
que habrán de operar todas y cada una de sus determinaciones, según lo previsto en el 
artículo 20.
2.  Las Directrices de ordenación del territorio no podrán clasificar suelo ni sustituir 
en ningún caso el planeamiento urbanístico en las funciones que le son propias, de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia.
Artículo 28.  Control parlamentario de las Directrices de ordenación del territorio.
1.  Se determinará por decreto del Consello de la Xunta de Galicia el procedimiento  oe.
que regule el seguimiento de los objetivos y determinaciones de las Directrices de  w.
ordenación  del  territorio  de  Galicia  y  el  seguimiento  de  los  efectos  sobre  el  19ww
med2io. amLab ieAndtme idneis ltara acpiólinc aacuiótonn oó mejieccau rceiómnit idráe  dailc Phaarsl admireecnttroic dees .Galicia, cada tres años,
udnea la ms eDmireocritari cdees  sdeeg uoirmdeiennatcoi ódne ld gerl atedror itdoeri od edsea Grroalllioci ad.e los objetivos y determinaciones  BOE-A-cable e
Sección 2.ª Los planes territoriales
Subsección 1.ª  Planes territoriales integrados
Artículo 29.  Objeto, ámbito y funciones de los planes territoriales integrados.
1.  Los planes territoriales integrados son instrumentos dirigidos a la organización de 
áreas  geográficas  supramunicipales  que,  bien  por  presentar  características 
homogéneas, bien por su tamaño y relaciones funcionales, demanden una planificación 
de los usos del suelo, actividades productivas, infraestructuras y equipamientos de tipo 
comarcal y de carácter integrado.
2.  Como norma general, el ámbito de un plan territorial integrado será una de las 
áreas  geográficas  supramunicipales  definidas  en  las  Directrices  de  ordenación  del 
territorio.
3.  Cuando circunstancias no previstas en las Directrices de ordenación del territorio 
lo aconsejasen por darse los requisitos previstos en el número 1, el Consello de la Xunta 
de Galicia podrá acordar la elaboración de un plan territorial integrado, señalando su 
ámbito territorial y los objetivos a alcanzar, a propuesta de la persona titular de la 
consejería competente por razón del objeto y en función de la materia sobre la que verse 
dicho  instrumento,  y  previo  informe  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio.
El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y notificado a 
los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados, será motivado, señalará las 
causas que lo justifiquen y determinará la consejería competente para la tramitación del 
procedimiento de elaboración del plan, así como aquellos otros órganos que tengan que 
participar en el mismo.
4.  Los  planes  territoriales  integrados  solo  podrán  promoverse  por  la  iniciativa 
pública,  entendiendo  por  tal,  a  efectos  de  lo  establecido  en  la  presente  ley,  las 
administraciones  públicas,  las  entidades  de  derecho  público  dependientes  de  las 
mismas, las sociedades en cuyo capital social sea total o mayoritaria la participación 
directa  o  indirecta  de  dichas  administraciones  y  entidades  y  los  consorcios  con 
participación  de  alguna  de  las  anteriores  administraciones  públicas  y  entidades  de 
derecho público dependientes.
5.  Son funciones de los planes territoriales integrados, entre otras:
a)  Desarrollar y completar determinados aspectos de las Directrices de ordenación 
del territorio en el ámbito territorial objeto del plan.
b)  Establecer los elementos básicos para la organización y articulación del territorio 
comprendido en el ámbito.
c)  Impulsar un desarrollo del territorio ordenado y eficiente, contribuyendo a una 
planificación adecuada, racional y equilibrada de los usos del suelo en cuanto recurso 
natural  no  renovable,  identificando  las  áreas  funcionales  presentes  en  su  ámbito 
territorial y definiendo los usos más idóneos en coherencia con el modelo territorial que 
se plantea y con los diagnósticos de partida.
d)  Procurar la coherencia en las políticas sectoriales y urbanísticas de interés, para 
garantizar un desarrollo territorial sostenible y equilibrado, con el necesario respeto a las 
competencias estatales.
e)  Constituir el marco de referencia para la formulación, desarrollo y coherencia de 
las políticas, planes, programas y proyectos de las administraciones y entidades públicas  e.e
en el ámbito, así como para el desarrollo de las actividades de las personas particulares,  b
con incidencia en el mismo, con el necesario respeto a las competencias estatales. 19ww
Artículo 30.  Contenido de los planes territoriales integrados.
Los  planes  territoriales  integrados  contendrán,  como  mínimo,  las  siguientes 
determinaciones:
a)  Identificación y, en su caso, delimitación del ámbito geográfico concreto de 
actuación, con indicación de los municipios afectados.
b)  Diagnosis territorial del área, en especial en lo referente a los recursos naturales, 
población, planeamiento vigente y situación socioeconómica, con delimitación de las 
áreas merecedoras de especial protección por sus valores o por tratarse de zonas 
susceptibles de riesgos naturales o de otro tipo, que habrán de identificarse.
c)  Identificación de las áreas funcionales presentes en su ámbito territorial, en 
función de sus características y los objetivos de la ordenación.
d)  Orientación de los usos del suelo de manera racional, en consonancia con las 
áreas funcionales que se identifiquen.
e)  Establecimiento de relaciones entre los paisajes y las áreas funcionales que se 
identifiquen,  teniendo  en  cuenta  los  instrumentos  aprobados  en  desarrollo  de  la 
normativa de aplicación en materia de paisaje.
f)  Identificación de la infraestructura verde precisa para mitigar, entre otros, la 
alteración, pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y 
servicios ecosistémicos, así como el incremento de los riesgos naturales.
g)  Definición de los objetivos de la ordenación, con especial atención al estudio de 
las posibilidades de desarrollo socioeconómico. Esquema de distribución espacial de las 
grandes áreas de actividad y, en su caso, criterios para la implantación de las mismas, 
en consonancia con las áreas funcionales identificadas.
h)  Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las infraestructuras 
estratégicas, determinando el emplazamiento y las características de las mismas que 
hayan de crearse o modificarse para potenciar el desarrollo socioeconómico del área.
i)  Definición del emplazamiento de los equipamientos de interés común para el área 
o la zona objeto del plan.
j)  Criterios, principios y normas generales que constituyan el referente para la 
ordenación urbanística municipal.
k)  Medidas para su articulación con el planeamiento urbanístico y con los demás 
instrumentos de ordenación del territorio.
l)  Recomendaciones y propuestas relativas a los espacios que hayan de ser objeto 
de  remodelación,  regeneración  o  rehabilitación,  a  fin  de  evitar  su  degradación  o 
conseguir su recuperación.
m)  Principios y criterios generales para el uso y protección del patrimonio cultural 
de interés en el ámbito.
n)  Determinaciones  tendentes  a  evitar  desequilibrios  funcionales  en  zonas 
limítrofes de distintos ayuntamientos.
ñ)  Propuesta de posibles medidas de apoyo encaminadas a incentivar actuaciones 
que favorezcan la consecución de los objetivos fijados en las Directrices de ordenación 
del territorio y en el propio plan, y que contribuyan a alcanzar un desarrollo territorial 
eficiente y racional.
o)  Pautas y directrices para una eficaz coordinación, colaboración y cooperación 
administrativa.
p)  Supuestos de modificación del plan territorial integrado y normas específicas 
para su seguimiento. e
q)  Criterios,  normas  y  principios  necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  bo
determinaciones. 19ww
Artículo 31.  Documentación de los planes territoriales integrados.
Los planes territoriales integrados contendrán los documentos gráficos y escritos que 
reflejen adecuadamente las determinaciones expuestas en el artículo anterior, con el 
grado de precisión apropiado a sus funciones, y, como mínimo, los siguientes:
a)  Una memoria descriptiva, en la cual se detallen:
1.º  Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación.
2.º  Descripción del ámbito territorial objeto de la actuación.
3.º  Identificación y explicación de los objetivos, fortalezas, debilidades y conflictos 
territoriales, así como las medidas propuestas, los criterios y las opciones previstas.
4.º  Anexos en que se detallen los estudios elaborados.
b)  Una memoria urbanística que contenga un análisis de la relación del contenido 
del plan territorial integrado con el planeamiento urbanístico vigente, incluyendo las 
determinaciones relativas a los suelos cuya clasificación o calificación se contemplará en 
el plan con prevalencia a la contenida en el planeamiento urbanístico o, en su caso, 
determinando las posibles discrepancias y justificando las determinaciones de dicho 
planeamiento que hayan de ser modificadas posteriormente.
En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan 
territorial integrado y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, 
de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  número  4  del  artículo  20,  se  elaborará  la 
documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la 
modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
En este caso, el plan territorial integrado habrá de contemplar, respecto a la clase o 
categoría de suelo que defina, las determinaciones que resulten exigibles con arreglo a 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En  todo  caso,  la  previsión,  por  el  plan  territorial  integrado  que  proceda  a  la 
clasificación y categorización del suelo, de protección especial para determinados suelos 
o la modificación de la protección especial que los mismos tuvieran reconocida exigirá 
informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes 
requisitos exigibles.
c)  Una  justificación  de  la  adecuación  del  plan  territorial  integrado  a  las 
determinaciones de las Directrices de ordenación del territorio. En este sentido, se 
incluirá el análisis de compatibilidad para garantizar la coherencia de la planificación en 
cascada y la consideración de la prevención y minimización de los posibles efectos 
adversos que el plan pudiera generar en el medioambiente.
d)  La documentación gráfica precisa para plasmar el estado del territorio y las 
cuestiones fundamentales de la ordenación a que se refiera el plan, a una escala 
adecuada para la correcta lectura y difusión de su contenido.
e)  Disposiciones normativas que pudieran resultar necesarias.
f)  Estudio de viabilidad económico-financiera de las actuaciones derivadas del plan.
g)  Plan de seguimiento.
h)  Síntesis y conclusiones del proceso de participación pública.
i)  Documentación ambiental con arreglo a la legislación aplicable.
Subsección 2.ª  Planes territoriales especiales
Artículo 32.  Objeto, ámbito y funciones de los planes territoriales especiales. oe.
1.  Los planes territoriales especiales tienen por objeto desarrollar las Directrices de  19ww
odred esnuasc iócna rdaeclt eterírsrittiocraios  emn olorfso láómgibcaitos,s  eang rqícuoel aasq, ueglalansa dloe reassti,m  feonr ensetacleessa, rioe,t neong fruánficciaósn, 
cporondsuidcetirvaacsió, np ya ttrriamtaomniiaelnetso,  upnaitiasraiojíss teicna se soe  áemcboiltóog.icas  diferenciadas,  que  exijan  una
2.  Cuando circunstancias no previstas en las Directrices de ordenación del territorio 
lo aconsejasen, por concurrir los requisitos previstos en el número 1, el Consello de la 
Xunta podrá acordar la elaboración de un plan territorial especial para la protección de 
determinados  espacios  o  la  ordenación  de  áreas  singulares,  señalando  su  ámbito 
territorial y los principales objetivos a alcanzar, a propuesta de la persona titular de la 
consejería competente por razón del objeto y en función de la materia sobre la que verse 
dicho  instrumento,  y  previo  informe  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio.
El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y notificado a 
los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados, será motivado, señalará las 
causas que lo justifiquen y determinará la consejería competente para la tramitación del 
procedimiento de elaboración del plan, así como aquellos otros órganos que tengan que 
participar en el mismo.
3.  Los  planes  territoriales  especiales  solo  podrán  promoverse  por  la  iniciativa 
pública, en los términos señalados en el número 4 del artículo 29.
Artículo 33.  Contenido y documentación de los planes territoriales especiales.
1.  Los  planes  territoriales  especiales  contendrán  cuantas  determinaciones 
resultasen precisas en función de su objeto y, como mínimo, las siguientes:
a)  Descripción  del  ámbito  objeto  de  ordenación  y  de  las  características 
diferenciadas, señaladas en el número 1 del artículo anterior, con indicación de sus 
valores naturales o patrimoniales y potencialidades como soporte de usos y actividades.
b)  Diagnosis sobre la problemática suscitada por los usos existentes en el ámbito y 
las tendencias previsibles de los mismos, analizando su adecuación o inadecuación a las 
exigencias de uso, protección o explotación de los recursos naturales.
c)  Señalamiento  de  las  zonas  que  presenten  características  homogéneas  y 
establecimiento de las medidas y normas de protección y de las actuaciones públicas o 
privadas necesarias para la ordenación, preservación, restauración o mejora de las 
mismas.
d)  Identificación de las infraestructuras verdes precisas para mitigar, entre otros, la 
alteración, pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y 
servicios ecosistémicos, así como el incremento de los riesgos naturales.
e)  Señalamiento  de  la  ubicación,  magnitud  y  carácter  de  las  construcciones 
vinculadas al disfrute y explotación de los recursos naturales y definición, en su caso, de 
las infraestructuras y equipamientos correspondientes.
f)  Normativa reguladora de los usos y actividades previstos.
g)  Estudio económico, en el cual se analice la coherencia entre las normas y las 
actuaciones propuestas y la disponibilidad de recursos.
h)  Planteamiento, en su caso, de los programas de inversiones públicas vinculadas 
al desarrollo de las actuaciones de ordenación, preservación, restauración o mejora de 
las diferentes zonas, estableciendo las prioridades de las distintas actuaciones previstas.
2.  Los planes territoriales especiales contendrán los documentos gráficos y escritos 
necesarios  para  reflejar  el  contenido  de  sus  determinaciones  y,  en  todo  caso,  los 
siguientes:
a)  Memoria descriptiva en la cual se justifique la coherencia y oportunidad para su 
formulación,  el  ámbito  territorial  sobre  el  que  se  va  a  actuar  y  los  criterios  de  la  e.
ordenación, con análisis de la situación actual, descripción de los objetivos y medidas de  w.b
actuación. 19ww
terribto)r iaMl emesopreiac iaulr bacnoísnt icae, l enp llaan ecuaaml iesnet oa naulircbea nlaís triceola cióvnig ednetle ,c onintecnluidyoe nddeol  pllaans 
deel tpelramn incaocni opnreesv arelelantciviaa sa  al alo cso snuteenloids ac ueyna  ecll apslaifinceaacmióine not oc aulirfbicaancíisótnic ose o c, oennte omtrpola cráa seon, 
determinando las posibles discrepancias y justificando las determinaciones de dicho 
planeamiento que hayan de ser modificadas posteriormente.
En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan 
territorial especial y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  número  4  del  artículo  20,  se  elaborará  la 
documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la 
modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
En este caso, el plan territorial especial habrá de contemplar, respecto a la clase o 
categoría de suelo que defina, las determinaciones que en cada caso resulten exigibles 
con arreglo a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En  todo  caso,  la  previsión,  por  el  plan  territorial  especial  que  proceda  a  la 
clasificación y categorización del suelo, de protección especial para determinados suelos 
o la modificación de la protección especial que los mismos tuvieran reconocida exigirá 
informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes 
requisitos exigibles.
c)  Documentación  gráfica  con  planos  de  información  y  ordenación  a  escala 
adecuada.
d)  Disposiciones normativas que pudieran resultar necesarias.
e)  Documentación ambiental con arreglo a la legislación aplicable.
f)  Memoria  económica,  en  la  cual  se  estime  y  ordene  la  programación  de 
actuaciones planificadas.
g)  Síntesis y conclusión del proceso participativo.
Subsección 3.ª  Eficacia de los planes territoriales
Artículo 34.  Eficacia de los planes territoriales.
1.  Las determinaciones de los planes territoriales tendrán, en todo caso, la eficacia 
que sea congruente con su funcionalidad, expresando de forma clara e inequívoca el 
alcance con que habrán de operar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.
2.  Cuando los planes territoriales contengan determinaciones de aplicación directa 
o  vinculantes  para  el  planeamiento  urbanístico  existente,  el  decreto  de  aprobación 
definitiva de los mismos precisará, necesaria y respectivamente, los puntos concretos en 
que  sus  determinaciones  prevalecerán  sobre  las  previsiones  del  planeamiento  o  el 
momento  o  los  plazos  en  que  los  ayuntamientos  habrán  de  adaptarse  a  dichas 
determinaciones.
A tal efecto, los planes territoriales podrán establecer la clasificación y categorización 
del suelo de los ámbitos delimitados, cuando sea condición misma para su efectividad.
3.  En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan 
territorial  y  de  la  modificación  del  planeamiento  urbanístico  municipal  vigente,  de 
conformidad con lo previsto en el número 4 del artículo 20, el decreto de aprobación 
definitiva del mismo tendrá por objeto también la aprobación definitiva de la modificación 
del instrumento de planeamiento urbanístico.
Sección 3.ª Los planes sectoriales
Artículo 35.  Objeto, ámbito y funciones de los planes sectoriales.
1.  Los planes sectoriales son instrumentos de ordenación del territorio que tienen  e.
por objeto ordenar y regular la implantación territorial de las actividades sectoriales que  w.b
se señalan en el número 2, estableciendo, en su caso, las condiciones generales para  19ww
yla sla fsu tcuararasc atecrtíusaticciaosn efusn qcuioen daelessa ryro dllee ne dmicphlaozsa pmlaiennetso  yq udee fignaiernadnotic leons  csruit earciocse sdieb ildidisaedñ oy 
coherente distribución territorial, según su naturaleza.
2.  A los efectos de lo señalado en el número anterior, podrán formularse planes 
sectoriales referidos a los siguientes ámbitos o sectores:
a)  Abastecimiento y saneamiento.
b)  Gestión de residuos.
c)  Producción, transporte y distribución de energía.
d)  Infraestructuras de transporte y comunicación.
e)  Viviendas de protección.
f)  Actividades económicas, agroforestales y turísticas.
g)  Creación y desarrollo de suelo empresarial.
h)  Red de equipamientos de carácter supramunicipal.
i)  Instalaciones de acuicultura y de apoyo a la misma.
j)  Actividades extractivas.
k)  Puertos deportivos.
3.  La formulación de un plan sectorial tendrá carácter integrador, refiriéndose, por 
tanto, al conjunto de actuaciones que, por su función o destino, requieran de una 
planificación u ordenación conjunta.
A tal efecto, el ámbito territorial de los planes sectoriales será la totalidad del territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo que por su especificidad sea preciso 
delimitar un ámbito menor.
4.  Los  planes  sectoriales  solo  podrán  promoverse  por  la  iniciativa  pública, 
entendiendo por tal las administraciones y entidades descritas en el artículo 29.4.
5.  Los  planes  sectoriales  se  desarrollarán  por  medio  de  proyectos  de  interés 
autonómico.
6.  Son funciones de los planes sectoriales, entre otras:
a)  La planificación de los sectores de actividad señalados en el número 2 que, por 
tener  incidencia  territorial,  requieren  de  un  instrumento  técnico  de  apoyo  para  la 
expresión y formulación de las correspondientes políticas sectoriales.
b)  Procurar la coherencia de las planificaciones sectoriales y urbanísticas de interés 
autonómico  antes  señaladas,  para  alcanzar  un  desarrollo  territorial  sostenible  y 
equilibrado  y  la  planificación  de  infraestructuras  y  equipamientos  de  ámbito 
supramunicipal.
c)  Concretar y completar los objetivos, principios, criterios y propuestas de carácter 
sectorial  de  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio,  adaptándolos  a  la  realidad 
territorial.
d)  Establecer los objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones 
sectoriales supramunicipales de las administraciones públicas que se concretan en este 
artículo, dentro del respeto a las competencias respectivas.
e)  Propiciar la utilización adecuada, racional y equilibrada del territorio, en cuanto 
recurso natural no renovable y soporte obligado de las actividades sectoriales realizadas 
por agentes públicos y privados con incidencia en el mismo.
f)  Proponer acciones, proyectos, directrices y fórmulas de actuación territorial para 
asegurar  un  desarrollo  territorial  eficiente  y  racional  de  las  actividades  sectoriales 
señaladas en este artículo.
Artículo 36.  Contenido de los planes sectoriales.
Los planes sectoriales contendrán las siguientes determinaciones: e.
a)  Definición y justificación del ámbito espacial del plan, con indicación de los  19ww
mAuutnóincoipmioas.  a  que  afecte,  en  caso  de  no  referirse  a  la  totalidad  de  la  Comunidad
con bla)  mIadyeonrt icfilcaarcidióand  dpeols iábrleea d eo  ostercotso ra fdinee asc yti vsiedñaadl asnudjeot ola  ar eolardceiónna ccioónn ,l odsi smtinisgmuoiésn.dolo
c)  Justificación de su necesidad para el sector de que se trate y el ámbito territorial 
delimitado.
d)  Establecimiento de criterios de coordinación con otros sectores y con el marco 
general de la ordenación territorial establecido por las Directrices de ordenación del 
territorio, y con los planes territoriales integrados vigentes en el ámbito, en su caso.
e)  Descripción de la problemática territorial presentada por el sector y análisis del 
impacto de las actuaciones públicas y privadas producidas en el pasado y previstas para 
el futuro dentro del ámbito sectorial.
f)  Definir  los  objetivos,  principios  y  criterios  territoriales  para  las  actuaciones 
sectoriales supramunicipales de las administraciones públicas objeto del plan, de forma 
que se ejecuten con carácter integrado.
g)  Proponer las medidas y los proyectos concretos que contribuyan a alcanzar un 
desarrollo territorial eficiente y racional, en relación con el ámbito de la materia sectorial 
objeto del plan.
h)  Delimitación, en su caso, de los ámbitos territoriales en que podrán asentarse las 
actuaciones que desarrollen el plan a través de proyectos de interés autonómico.
A tal efecto, el plan sectorial podrá establecer la clasificación y categorización del 
suelo de dichos ámbitos delimitados, cuando fuese condición misma para su efectividad.
En este caso, el plan sectorial habrá de contemplar, respecto a la clase o categoría 
de suelo que defina, las determinaciones que en cada caso resulten exigibles con arreglo 
a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
En todo caso, la previsión, por el plan sectorial que proceda a la clasificación y 
categorización  del  suelo,  de  protección  especial  para  determinados  suelos  o  la 
modificación  de  la  protección  especial  que  los  mismos  tuvieran  reconocida  exigirá 
informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes 
requisitos exigibles.
i)  Descripción de las características generales de las actuaciones que desarrollen el 
plan.
j)  En su caso, directrices para la redacción de los proyectos de interés autonómico 
que desarrollen el contenido del propio plan sectorial.
k)  Medidas para su articulación con el planeamiento urbanístico y con los demás 
instrumentos de ordenación del territorio.
l)  Medidas de protección del medioambiente, el patrimonio cultural y el paisaje, de 
acuerdo con la normativa vigente.
m)  Identificación de las infraestructuras verdes precisas para mitigar, entre otros, la 
alteración, pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y 
servicios ecosistémicos, así como el incremento de los riesgos naturales.
n)  Determinación de las prioridades de actuación y definición de estándares y 
normas de distribución territorial, en su caso.
ñ)  Pautas y directrices para una eficaz coordinación, colaboración y cooperación 
administrativa.
o)  Supuestos  de  modificación  del  plan  sectorial  y  normas  específicas  para  su 
seguimiento.
Artículo 37.  Documentación de los planes sectoriales.
Los planes sectoriales contendrán, al menos, los siguientes documentos:
a)  Una memoria descriptiva, en la cual se detalle: e
1.º  Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación. w.
refe23ri..dººo   aADl nedáseclsisraiipsrrc oiyóll ond  ddiaeeg  llnaaósss  dctiaecrtoea rcmdteeirnlí asátcircioeanase  dsoe  cl soáenmctetbonirtio d adtese r eriantoc ertiilva aild roatíbdcj ueltsoou  ajdenetot el ara ioa rc.oturdaecnióanc.ión,  2021-4519n https://ww
4.º  Justificación de la ordenación y de sus alternativas, en su caso, definiendo
objetivos y criterios para su posterior desarrollo. Bc
5.º  Justificación  de  la  idoneidad  de  los  emplazamientos  elegidos  para  futuras 
actuaciones de desarrollo, en su caso.
6.º  Definición  de  las  características  técnicas  de  las  posibles  actuaciones  que 
desarrollen el plan.
7.º  Estudio de la incidencia territorial del plan, especialmente sobre los núcleos de 
población, usos del suelo, infraestructuras, equipamientos y servicios, protecciones y 
afecciones  urbanísticas  y  ambientales,  con  previsión  de  los  medios  adecuados  de 
corrección o minimización de impactos.
8.º  Anexos en que se detallen los estudios elaborados.
b)  Una memoria urbanística que contenga un análisis de la relación del contenido 
del  plan  sectorial  con  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  incluyendo  las 
determinaciones relativas a los suelos cuya clasificación o calificación se contemplará en 
el plan con prevalencia a la contenida en el planeamiento urbanístico, en su caso, o los 
criterios orientadores para la posterior clasificación o calificación del suelo cuando se 
desarrolle a través de proyectos de interés autonómico.
En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan 
sectorial  y  de  la  modificación  del  planeamiento  urbanístico  municipal  vigente,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  el  número  4  del  artículo  20,  se  elaborará  la 
documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la 
modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
c)  Justificación del acomodo del plan sectorial a los instrumentos de ordenación del 
territorio vigentes. En este sentido, se incluirá el análisis de compatibilidad estratégica 
para garantizar la coherencia de la planificación en cascada y la consideración de la 
prevención y minimización de los posibles efectos adversos que el plan pudiera generar 
en el medioambiente.
d)  Documentación gráfica comprensiva de la diagnosis y la ordenación, a escala 
adecuada para la correcta lectura y difusión de su contenido, que incluirá estudios y 
planos de información, y planos de delimitación de su ámbito territorial, así como planos 
de clasificación y calificación de los terrenos, obtenidos del planeamiento urbanístico 
vigente  en  las  zonas  afectadas,  y  los  correspondientes  a  la  nueva  clasificación  y 
calificación del suelo cuando corresponda.
e)  Régimen normativo de aplicación.
f)  Memoria económica, con estimación de las acciones comprendidas en el plan y 
orden de prioridad de ejecución de las mismas, en su caso, y estudio de viabilidad 
económico-financiera de las actuaciones derivadas del plan.
g)  Síntesis y conclusiones del proceso de participación pública.
h)  Documentación ambiental necesaria, de acuerdo con la normativa vigente en la 
materia.
Artículo 38.  Eficacia de los planes sectoriales.
1.  Las determinaciones de los planes sectoriales tendrán, en todo caso, la eficacia 
que sea congruente con su funcionalidad, expresando de forma clara e inequívoca el 
alcance con que habrán de operar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.
2.  Cuando los planes sectoriales contengan determinaciones de aplicación directa o 
vinculantes  para  el  planeamiento  urbanístico  existente,  el  decreto  de  aprobación 
definitiva de los mismos precisará, necesaria y respectivamente, los puntos concretos en 
que las determinaciones del plan prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico o el  e
momento  o  los  plazos  en  que  los  ayuntamientos  habrán  de  adaptarse  a  dichas  bo
determinaciones. 19ww
msceoiscnmtf3oo.orr im alEit denayn  ddlo rdsáce  os nupl apol uro e mopsotbroedjesvif tiiosdct aeoc t taireóamnnmb  eiidtéal encal  iórltpanícl  asuanilmope rauo2mltb0áia,en cneeiótla on,d   eeundcr rebeefalit nonmi ítsiidvsteiamc  ooa d ppemrr ooublcanae iccdmiióipmnaoi lde dinfveitciofgain,ec idnitóietvenla , p  dldadeenell     OE-A-2021-45able en https://
instrumento de planeamiento urbanístico.
Artículo 39.  Carácter limitativo de los planes sectoriales.
1.  Cuando se apruebe un plan sectorial solo podrán formularse, dentro del objeto y 
del  ámbito  delimitados  por  el  mismo,  los  proyectos  de  interés  autonómico  que 
desarrollen dicho plan sectorial.
2.  Como consecuencia de lo anterior, la realización, dentro del objeto y del ámbito 
delimitados por un plan sectorial, de una actuación no prevista en el mismo requerirá de 
su modificación.
Sección 4.ª Los proyectos de interés autonómico
Subsección 1.ª  Disposiciones generales
Artículo 40.  Objeto, ámbito y funciones de los proyectos de interés autonómico.
1.  Los proyectos de interés autonómico son los instrumentos de intervención directa 
en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma que tienen por objeto planificar 
y proyectar las siguientes actuaciones, siempre que trasciendan el ámbito municipal por 
su  incidencia  territorial,  económica,  social  o  cultural,  su  magnitud  o  sus  singulares 
características que las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado:
a)  Implantación de dotaciones urbanísticas (equipamientos e infraestructuras).
b)  Creación de suelo destinado a viviendas protegidas.
c)  Creación de suelo destinado a la realización de actividades económicas.
2.  De acuerdo con lo establecido en el número anterior, se consideran:
a)  Dotaciones urbanísticas: son el conjunto de instalaciones y servicios destinados 
a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Pueden ser de uso y titularidad 
públicos o privados y comprenden las infraestructuras de transporte y comunicación, las 
redes de servicios de telecomunicaciones, de ejecución de la política energética, de 
suministro de energía eléctrica y de gas, de abastecimiento de agua y de evacuación de 
aguas  residuales  y  depuración  y  de  tratamiento  y  eliminación  de  residuos,  las 
instalaciones destinadas a la lucha contra la contaminación y a la protección de la 
naturaleza y los grandes equipamientos de uso sanitario-asistencial, educativo, cultural, 
deportivo,  administrativo-institucional  y  de  servicios  públicos,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en los artículos 65, 71 y 72 del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre.
b)  Suelo destinado a viviendas protegidas: es el constituido por los ámbitos que 
sean objeto de actuaciones de transformación urbanística promovidas y desarrolladas 
por la consejería competente en materia de vivienda a través del Instituto Gallego de la 
Vivienda  y  Suelo  y  por  el  sector  público  autonómico  con  destino  mayoritario  a  la 
construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, por la 
necesidad demostrada de fuerte demanda social.
c)  Suelo destinado a la realización de actividades económicas: es el constituido por 
los ámbitos que sean objeto de actuaciones de transformación urbanística con destino a 
la creación de suelos para el desarrollo de actividades primarias, industriales o terciarias 
que  tengan  por  objeto  la  producción,  distribución  o  comercialización  de  bienes  y 
servicios, incluida la urbanización complementaria que precisen.
3.  En función de su objeto, se diferencian los siguientes tipos: b
pprrooyybaee))cc  ttaaPPrr  rrllooaayy  eeeejjcceettccoouusscc  diidóóeenn    iddnineetet  eaarréccésttsuu  aaaauccutiioootonnnneeóóssmm  pnicirocoe o pvn irseoptv rapeissrv teieasvnstios  uestonn, s  pnq, liuqaneung e úst nieet icnpetelnoanerni na ps lp eovocri grto oeorbnibajtejele.t.oto  ppllaanniiffiiccaarr  yy   OE-A-2021-45able en https://
En este caso, el proyecto habrá de ajustarse a los criterios y objetivos generales que 
establezcan  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio,  debiendo  ser  congruente  y 
ajustarse al contenido de los instrumentos de ordenación del territorio vigentes con que 
pudiera concurrir por el ámbito territorial o el contenido del proyecto.
4.  Una vez aprobado un plan sectorial, no podrán aprobarse, dentro del objeto y del 
ámbito delimitados por dicho plan, proyectos de interés autonómico no previstos que 
planifiquen y proyecten la implantación de actuaciones diferentes de las previstas en 
dicho plan sectorial, debiendo procederse, en su caso, a la modificación del mismo.
5.  Los proyectos de interés autonómico podrán promoverse y desarrollarse por 
iniciativa pública o privada.
6.  En el caso de proyectos de iniciativa privada que impliquen la transformación 
urbanística del suelo, la persona promotora habrá de acreditar la aceptación por las 
personas propietarias que representen más del 50 % de la superficie total del ámbito de 
actuación del proyecto.
7.  Los  proyectos  de  interés  autonómico  definirán  los  criterios  de  diseño,  las 
características funcionales y el emplazamiento de las actuaciones objeto del proyecto 
que garanticen la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental de tales actuaciones.
Igualmente, garantizarán la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones que 
constituyan su objeto, su conexión con las redes y con los servicios correspondientes sin 
menoscabo de la funcionalidad de los existentes mediante la realización de cuantas 
obras fueran precisas, su adaptación al entorno en que se ubiquen y su articulación con 
las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente.
8.  Todas las obras, servicios públicos, infraestructuras e instalaciones previstas en 
el proyecto se ajustarán a las dimensiones y características exigidas por la legislación 
sectorial que les sea de aplicación.
Artículo 41.  Declaración de interés autonómico.
1.  En el caso de proyectos de interés autonómico no previstos, será necesaria, 
como requisito previo al inicio del procedimiento de aprobación, la declaración de interés 
autonómico de la actuación que constituya su objeto.
2.  A los efectos de lo señalado en el número anterior, las personas o las entidades 
promotoras  de  la  actuación  solicitarán  a  la  consejería  competente  por  razón  de  la 
materia  la  declaración  de  interés  autonómico,  para  lo  cual  habrán  de  aportar  una 
propuesta de actuación en la cual se indiquen, al menos, los siguientes extremos:
a)  Descripción del tipo de actuación que se pretende llevar a cabo, de acuerdo con 
lo establecido en los números 1 y 2 del artículo 40.
b)  Ubicación justificada y ordenación de la actuación propuesta.
c)  Características  en  que  se  fundamenta  el  interés  autonómico,  justificando  y 
motivando los siguientes extremos:
1.º  Que las actuaciones previstas trasciendan el ámbito municipal por su incidencia 
territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características, que 
las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado, sin que sea suficiente 
justificación su emplazamiento en terrenos de varios términos municipales.
2.º  Que las actuaciones previstas posean una función vertebradora y estructurante 
del territorio, de impulso y de dinamización demográfica, o que sirvan para desarrollar, 
implantar o ejecutar políticas sectoriales previstas en la legislación sectorial, o que la  e.
declaración de interés autonómico es necesaria para garantizar la adecuada inserción en  w.b
el territorio de las actuaciones que constituyen su objeto, su conexión con las redes y  19ww
asedravpictaiocsió nco arlr eesnptoornndoie ennte qsu es isne  mubeinqousecna.bo de la funcionalidad de los existentes o su
d)  En su caso, la inadecuación de la actuación al planeamiento urbanístico vigente 
y la imposibilidad de desarrollar la actuación al amparo del mismo por falta de previsión o 
incompatibilidad con sus determinaciones.
e)  Justificación de su adecuación a las Directrices de ordenación del territorio y a 
otros instrumentos de ordenación del territorio vigentes en el ámbito en que se desarrolle 
el proyecto.
f)  Medios económicos que garanticen la viabilidad del proyecto.
g)  Aspectos ambientales a tener en cuenta.
Artículo 42.  Procedimiento de declaración de interés autonómico.
1.  El procedimiento de declaración de interés autonómico podrá iniciarse de oficio, 
por acuerdo de la consejería competente por razón de la materia relacionada con la 
actuación, en el cual habrá de motivarse expresamente la procedencia de la declaración, 
o a solicitud de las personas o entidades promotoras, en los términos previstos en el 
artículo anterior.
En  el  supuesto  de  inicio  a  solicitud  de  la  persona  interesada,  la  consejería 
competente por razón de la materia habrá de emitir informe sobre la procedencia de la 
declaración solicitada en el plazo de dos meses.
Tanto en el caso de iniciación del procedimiento de oficio como a solicitud de persona 
interesada se solicitará informe a la consejería competente en materia de ordenación del 
territorio sobre la coherencia de la propuesta de actuación con las determinaciones de 
las Directrices de ordenación del territorio y de los restantes instrumentos de ordenación 
del territorio vigentes que afecten al ámbito del proyecto, que habrá de ser emitido en el 
plazo de dos meses.
2.  Una vez cumplimentados los trámites anteriores, se dará audiencia por plazo de 
dos meses a los ayuntamientos y demás administraciones públicas cuyas funciones 
pudieran resultar afectadas por la actuación.
3.  A la vista del resultado de las actuaciones señaladas, la consejería competente 
por razón de la materia formulará una propuesta de resolución, remitiéndola, junto con el 
resto del expediente, al Consello de la Xunta para que este proceda, en su caso, a la 
declaración  del  interés  autonómico,  así  como  a  la  determinación  de  la  consejería 
competente para la tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto y de 
aquellas que, en su caso, hayan de colaborar en dicha tramitación.
4.  El acuerdo del Consello de la Xunta por el que se apruebe la declaración de 
interés autonómico se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el boletín oficial de 
la provincia correspondiente.
5.  La  declaración  de  interés  autonómico  no  condicionará  en  caso  alguno  la 
resolución que ponga fin al procedimiento de aprobación del proyecto.
Artículo 43.  Caducidad de la declaración de interés autonómico.
1.  Acordada la declaración de interés autonómico, la persona promotora dispondrá 
de un plazo de un año para la presentación de la documentación necesaria para iniciar la 
tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto. El mismo plazo resultará de 
aplicación para el supuesto de inicio del procedimiento de aprobación del proyecto de 
oficio. Si no se iniciase el procedimiento en dicho plazo, la declaración de interés 
autonómico  quedará  sin  efectos,  declarándose  su  caducidad,  previa  audiencia  a  la 
persona promotora. es
2.  Transcurridos tres años desde la aprobación de la declaración sin que se hubiera  bo
publicado  en  el  «Diario  Oficial  de  Galicia»  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  19ww
dpsiirncoh y3oqe. uc titeeoS m isd petero a  hhinnuustebcburiieeérrrrsaai e  asrepuecutnoab nítldiróceoams da icaocoñ u,oee srnsd e do ee pdls redo« edaD upeiacrloi rriabáoca  uclOaeió frincdca oiiand ldiu cecida iedal  adpdGero la bdplaiercoc iayiaó»eqn cu teeionll. liacai,a clsu adelervdlo op  qroduyeee  cestuon    OE-A-2021-45able en https://
aprobación definitiva, se producirá la caducidad de la declaración de interés autonómico,
salvo que antes de finalizar el plazo señalado se hubiera acordado una prórroga por un 
periodo no superior a dos años. En este último caso, se producirá la caducidad de la 
declaración si, transcurrida la prórroga, no se hubiera publicado en el «Diario Oficial de 
Galicia» el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto.
4.  En los supuestos previstos en los números anteriores la caducidad se declarará 
por acuerdo del Consello de la Xunta, que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».
Artículo 44.  Contenido de los proyectos de interés autonómico.
1.  Los proyectos de interés autonómico detallarán las determinaciones del plan 
sectorial  que  desarrollen,  en  su  caso,  contemplando,  como  mínimo,  las  siguientes 
determinaciones:
a)  Identificación completa de la administración pública, entidad mercantil, persona 
física o jurídica promotora del proyecto y responsable de su ejecución.
b)  Identificación del emplazamiento de las actuaciones objeto del proyecto, de 
acuerdo con la delimitación establecida en el correspondiente plan sectorial, en su caso, 
o delimitación del ámbito en caso de un proyecto de interés autonómico no previsto, y 
descripción de los terrenos comprendidos en el mismo y de sus características, usos del 
suelo y aprovechamientos existentes y previstos para su adecuado funcionamiento.
En  caso  de  proyectos  de  interés  autonómico  previstos  en  un  plan  sectorial,  el 
proyecto podrá, justificadamente, reajustar el ámbito delimitado por el plan, siempre que 
no suponga una alteración superior al 10 % del mismo, incluso cuando el reajuste 
afectase a la clasificación urbanística del suelo. En todo caso, en el procedimiento de 
aprobación del proyecto habrá de darse audiencia a las personas propietarias afectadas.
c)  Descripción detallada de la ordenación y de las características técnicas de la 
actuación objeto del proyecto.
d)  Justificación  de  la  coherencia  entre  las  actuaciones  proyectadas  y  las 
previsiones  contenidas  en  las  Directrices  de  ordenación  del  territorio  y  en  otros 
instrumentos de ordenación del territorio vigentes en el ámbito.
e)  Incidencia  en  el  planeamiento  municipal  vigente  en  el  término  o  términos 
municipales en que se asiente la actuación, con indicación de las determinaciones de 
dicho planeamiento que resultarán modificadas conjuntamente con la aprobación del 
proyecto de interés autonómico.
f)  Determinación de la nueva clasificación y calificación del suelo, así como las 
determinaciones de carácter general y pormenorizado que, en su caso, sean precisas 
según la clase y categoría de suelo.
g)  Duración temporal estimada de su ejecución y plazos de inicio y finalización de 
las  obras,  desde  la  entrada  en  vigor  del  proyecto  de  interés  autonómico,  con 
determinación, en su caso, de las fases en que se divida dicha ejecución.
h)  Recursos económicos afectados a la actuación.
i)  Estudio  de  la  incidencia  sobre  el  territorio  físico,  afecciones  ambientales  y 
paisajísticas y medios de corrección o minimización de las mismas.
j)  Identificación de las infraestructuras verdes precisas para mitigar, entre otros, la 
alteración, pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y 
servicios ecosistémicos, así como el incremento de los riesgos naturales.
k)  En el caso de actuaciones de iniciativa privada, obligaciones asumidas por la 
persona promotora del proyecto y garantías que, en su caso, se presten y constituyan, 
en cualquiera de las formas admitidas en derecho, y que habrán de incluir, como mínimo,  e
las correspondientes a las obligaciones legales derivadas del régimen de la clase de  bo
suelo resultante del proyecto. 19ww
psceorecsvttAoeis r ttidaaaelsl    celaeofesnrrc  eoteosbl,p r aploasrn o pdeyei eerincnstfotorena .aeo s,p treruoncm tsuourtao csraa n sdeoec,b elesara áer isadtsea pbpolaesrciatiad lraa u  ienmxapp flriaeansntazamac ieóennqt uediv epa lolaersn  ltaae c antulo a5rmc %ioa ntdieveasl    OE-A-2021-45able en https://
l)  Los proyectos de interés autonómico que impliquen la transformación urbanística 
del suelo habrán de contener, además de las determinaciones exigidas en este artículo, 
las que se indican en el artículo 68 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, para los planes parciales.
m)  En caso de que el proyecto de interés autonómico se refiera a la implantación 
de equipamientos o suelos destinados a viviendas protegidas o a la realización de 
actividades económicas, justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos 
para el suelo urbanizable, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa urbanística 
vigente.
n)  Cualquier otra que viniera impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
2.  Cuando,  por  razón  de  su  objeto,  la  inclusión  de  alguno  de  los  anteriores 
extremos resulte imposible o innecesaria para el proyecto de interés autonómico de que 
se trate, habrá de justificarse debidamente dicha circunstancia.
Artículo 45.  Documentación de los proyectos de interés autonómico.
1.  Los proyectos de interés autonómico incluirán las determinaciones expuestas en 
el artículo anterior, conteniendo, como mínimo, los siguientes documentos:
a)  La  declaración  de  interés  autonómico,  en  caso  de  proyectos  de  interés 
autonómico no previstos.
b)  Una memoria en la cual se detallen:
1.º  Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación y del interés 
público y utilidad social de la actuación.
2.º  Justificación de la idoneidad del emplazamiento elegido en el caso de proyectos 
de interés autonómico no previstos o de acomodo al plan sectorial que desarrolla el 
proyecto.
En el caso de proyectos de interés autonómico no previstos se incluirá un análisis de 
compatibilidad estratégica para garantizar la coherencia de la planificación en cascada y 
la consideración de la prevención y minimización de los posibles efectos adversos que el 
proyecto pudiera generar en el medioambiente.
3.º  Descripción de las características técnicas de las actuaciones objeto del plan, 
así como del ámbito territorial afectado.
4.º  Estudio de la incidencia territorial de la actuación prevista, especialmente sobre 
los núcleos de población, protecciones y afecciones urbanísticas y ambientales y medios 
de corrección o de minimización de impactos.
5.º  Justificación del cumplimiento de las normas de aplicación directa contenidas en 
los artículos 91 y 92 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y, en su 
caso, de los estándares urbanísticos correspondientes a las clases de suelo que resulten 
de la nueva ordenación.
6.º  Análisis de la relación del contenido del proyecto de interés autonómico con el 
planeamiento urbanístico vigente.
c)  Documentación  gráfica  a  escala  adecuada  para  la  correcta  medición  e 
identificación de sus determinaciones y difusión de su contenido, que incluirá, al menos:
1.º  Planos de información expresivos de las características naturales, físicas y 
topográficas actuales de los terrenos afectados por el proyecto, así como de la estructura  es
de  la  propiedad  y  de  la  clasificación  y  calificación  urbanística  de  acuerdo  con  el  o
eppuslrraobtrnyau2eenc.acºíts utmotrii,caPe olln iasdctn ooeeo mnxsvtiois ifgidt ceeaeann  nlttaoeed rs,odd . eeintlnaacallsulca yidódeanen, td eeyorx m dpleairnes ascrecirviidpoo tnsidve eods se i,n c clfoaroar rneoe srsedtplre uogncnrataducdireioóan nstd  eevus ir adbrteaaiasnnsaíts orrty oic aldalo e  lpmsaru eáfovsicir sidesteaenn rtevaei,cnc dii óoeensll     OE-A-2021-4519able en https://www.
objeto del proyecto y de todas las obras necesarias para su correcta ejecución. En su
caso, habrán de definir todas las obras necesarias para la eficaz conexión del proyecto 
con las correspondientes redes generales de servicios y las igualmente necesarias para 
mantener  la  operatividad  y  calidad  del  servicio  prestado  por  las  infraestructuras 
existentes.
d)  Normativa.
1.º  Reglamentación  detallada  del  uso  pormenorizado,  volumen,  características 
técnicas y funcionales y condiciones de diseño y adaptación al medioambiente de las 
actuaciones objeto del proyecto de interés autonómico.
2.º  Documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de 
la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.
e)  Documentación exigida por la legislación de evaluación ambiental.
f)  Memoria económica.
1.º  Estudio económico y financiero justificativo de la viabilidad del proyecto, en 
términos de rentabilidad, así como, en todo caso, la identificación de las fuentes de 
financiación y de los medios con que cuente la persona promotora para hacer frente al 
coste total previsto para la ejecución del proyecto.
2.º  Informe de sostenibilidad económica, en el cual se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el 
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación 
de los servicios resultantes, así como, en su caso, la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos. También se contemplará la eventual constitución ulterior 
de una entidad urbanística de conservación de la urbanización.
3.º  Presupuesto.
g)  Documento de asunción expresa, fehaciente y en firme, por parte de la persona 
promotora del proyecto de interés autonómico, de las obligaciones que, en su caso, 
conlleve la ejecución de la actuación.
h)  En el caso de proyectos de interés autonómico que supongan transformación 
urbanística del suelo, habrán de contener, además de la documentación exigida en este 
artículo, la que se indica en el artículo 69 de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia, para los 
planes parciales.
i)  Síntesis y conclusiones del proceso de participación pública.
j)  Cualquier otra documentación que pudiera venir establecida en el plan sectorial 
que desarrollen, en caso de los proyectos de interés autonómico previstos.
2.  Los proyectos de interés autonómico podrán contemplar su desarrollo mediante 
los  instrumentos  técnicos  de  ordenación  necesarios  para  formalizar  con  claridad  y 
precisión las determinaciones a que se refiere el número anterior, en función de su 
aplicación a la clase de suelo y al destino final previsto en la actuación.
A tal efecto, la actuación podrá definirse con el detalle suficiente para que pueda 
llevarse a cabo su ejecución directamente, o bien remitirse a uno o varios proyectos de 
urbanización de desarrollo posterior.
Artículo 46.  Relación con otros instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos.
1.  Los proyectos de interés autonómico no podrán vulnerar las determinaciones  s
contenidas en otros instrumentos de ordenación del territorio regulados en la presente  e.
ley. w.
2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los otros instrumentos de ordenación territorial  19ww
dpere ivnistetoréss e anu ltao npóremsiecon tpeo ledyrá yn  ddee sloa rqroulela srsee d eisnp counael qeuni eerl  cnlaúsmee droe  ssiugeulioe.nte, los proyectos
terre3n. osN  coo onb svtaalonrtee sl oq udeis psueeasnto  oebnje teol  ndúem  perroot eacnctióenri orp, ocr ulaan dleog irselasucilótans eanp laicfaebctlea,d olas   BOE-A-cable e
aprobación  del  proyecto  exigirá  contar  con  el  informe  favorable  del  órgano 
sectorialmente competente en función de los valores objeto de protección.
4.  Los  proyectos  que  tengan  por  objeto  actuaciones  que  impliquen  la 
transformación urbanística del suelo rústico y su consiguiente cambio de clasificación o 
calificación habrán de cumplir las condiciones y los estándares de reservas mínimas 
para  zonas  verdes,  equipamientos,  arbolado  y  aparcamientos  que  establezca  la 
normativa urbanística en vigor para el suelo urbanizable.
5.  Las dotaciones públicas objeto de un proyecto de interés autonómico serán 
calificadas como sistemas generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72.2 
del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, aprobado por 
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, para los equipamientos de ámbito funcional 
superior al del plan general.
Artículo 47.  Iniciación del procedimiento de aprobación de los proyectos de interés 
autonómico.
1.  En el caso de proyectos de interés autonómico previstos, el procedimiento de 
aprobación podrá iniciarse bien de oficio por acuerdo de la consejería competente en la 
materia objeto del proyecto o bien a solicitud de las personas o entidades promotoras del 
proyecto, la cual habrá de acompañarse del proyecto redactado por personal técnico 
competente y dirigirse a la consejería competente por razón de la materia objeto del 
proyecto. Una vez iniciado el procedimiento, se seguirán los trámites previstos en el 
capítulo III del título I.
2.  Conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, en caso de proyectos no 
previstos será necesaria la previa declaración de interés autonómico. Producida dicha 
declaración y determinada por el Consello de la Xunta la consejería competente para la 
tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto así como, en su caso, las 
consejerías que habrán de colaborar en dicha tramitación, la persona o la entidad 
promotora  habrá  de  presentar  un  borrador  de  proyecto  dirigido  a  la  consejería 
competente para la tramitación del procedimiento de aprobación del plan. En caso de 
iniciarse de oficio, una vez presentado el borrador del proyecto, se seguirán los trámites 
previstos en el capítulo III del título I.
Artículo 48.  Eficacia de los proyectos de interés autonómico.
1.  Las  determinaciones  contempladas  en  los  proyectos  de  interés  autonómico 
tendrán la eficacia correspondiente según lo establecido en el artículo 20.
2.  La aprobación definitiva de los proyectos de interés autonómico determinará el 
régimen de derechos y deberes aplicable para su ejecución, de conformidad con la clase 
de suelo que los mismos determinen y según lo dispuesto en la normativa urbanística de 
aplicación.
3.  Los municipios serán beneficiarios de las cesiones de suelo y aprovechamiento 
urbanístico que se deriven de la ejecución de proyectos de interés autonómico, con 
arreglo a la normativa urbanística de aplicación.
4.  Cuando los proyectos de interés autonómico consistan en la implantación de 
actuaciones  concretas  para  dotaciones  públicas  que  no  supongan  actuaciones  de 
transformación urbanística definidas en la legislación básica estatal en materia del suelo, 
y en las cuales no resultasen aprovechamientos lucrativos, no será de aplicación lo 
dispuesto en el número anterior. es
5.  Los proyectos de urbanización de carácter público que desarrollen un proyecto  bo
de interés autonómico se autorizarán por la consejería tramitadora del procedimiento de  19ww
iannpoter oer6ébs.st aa canLióudantoso   dnsoeóublmj ermaticasisos me  sa oe inl,ri cáspetnraen lcavcaiicaaliio  faiuncuraebddsai aenpsníús cebtiiaxcli pcadra eenslsi   aadayme unfeininnntigadteuma nscieo odn mdetoeota   oldlol aeasd y maaucmantrtoeacsnam tddeieoe n e cctnoao srnuá tnacr ofteepl crrp ottaryeedervroceitstono.rt iidvaoel,    OE-A-2021-45able en https://
municipal,  sin  perjuicio  de  la  obligatoriedad  del  cumplimiento  de  la  normativa  de
aplicación exigible. En este caso, con carácter previo al inicio de las obras, se remitirá a 
los ayuntamientos en que se asiente la actuación un ejemplar del proyecto técnico de las 
mismas.
7.  Los proyectos de urbanización de carácter privado que desarrollen un proyecto 
de interés autonómico habrán de obtener la aprobación del ayuntamiento en que se 
desarrollen, cuando los mismos afecten a un único término municipal.
En  caso  de  que  se  desarrollen  en  más  de  un  ayuntamiento,  el  proyecto  de 
urbanización habrá de ser aprobado por cada uno de los ayuntamientos afectados, al 
objeto de disponer de una aprobación conjunta del mismo.
A  estos  efectos,  los  ayuntamientos  habrán  de  instrumentar  los  mecanismos  de 
colaboración previstos en la legislación vigente, a fin de coordinar los criterios a que 
habrá  de  ajustarse  la  actuación  objeto  de  licencia,  unificar  la  tramitación  de  los 
expedientes de aprobación de dicha actuación y determinar el procedimiento para recibir 
las obras de urbanización, así como establecer las bases del procedimiento a seguir en 
la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanísticos afectados y el grado de 
participación  de  cada  ayuntamiento  en  los  gastos  e  ingresos  generados  por  dicha 
gestión y los que pudieran generarse en función de la concesión de los correspondientes 
títulos administrativos habilitantes de obras y actividades en el ámbito.
8.  En el caso de las edificaciones que se ubiquen en terrenos situados en varios 
términos municipales, el otorgamiento o, en su caso, la presentación del correspondiente 
título habilitante municipal de naturaleza urbanística se resolverá de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional cuarta.
Artículo 49.  Vigencia y caducidad de los proyectos de interés autonómico.
1.  Los proyectos de interés autonómico tendrán vigencia indefinida.
2.  No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Consello de la Xunta, de oficio 
o a instancia de persona interesada, podrá acordar la caducidad de un proyecto de 
interés autonómico en el supuesto de que, por causa imputable al promotor del proyecto, 
se incumpliesen los plazos previstos para su inicio o finalización, salvo que, respecto a 
alguno o algunos de tales plazos, se hubiese concedido prórroga por la consejería que 
hubiera tramitado el procedimiento de aprobación del proyecto, la cual no podrá ser 
superior a la mitad del plazo correspondiente fijado en el proyecto.
Artículo 50.  Declaración de caducidad.
1.  El procedimiento de declaración de caducidad podrá iniciarse de oficio o a 
petición de un ayuntamiento afectado o de cualquier persona interesada.
2.  La declaración de caducidad corresponderá al Consello de la Xunta de Galicia, a 
propuesta y previo informe de la consejería competente por razón de la materia que 
tramitó el proyecto de interés autonómico, previos:
a)  Informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio.
b)  Audiencia de las personas interesadas por plazo de un mes. En caso de que el 
procedimiento no se hubiera iniciado a petición del ayuntamiento afectado, se le dará 
también audiencia por el mismo plazo.
3.  Declarada  la  caducidad  de  un  proyecto  de  interés  autonómico  de  iniciativa 
particular, se producirán automáticamente los siguientes efectos:
a)  Los terrenos afectados recuperarán su clasificación y calificación originaria. bo
b)  La persona física o jurídica responsable de la ejecución del proyecto habrá de  19ww
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términos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de expropiación forzosa.
4.  La  declaración  de  caducidad  indicará,  en  su  caso,  las  determinaciones  del 
planeamiento urbanístico municipal que hayan de ser modificadas, las condiciones a que 
queden sometidas las construcciones y las instalaciones ya realizadas y aquellas otras 
que resultasen adecuadas para corregir o eliminar los impactos que pudieran producirse 
en el medio físico.
5.  La declaración de caducidad no dará lugar, por sí sola, a indemnización alguna.
Subsección 2.ª  Gestión y ejecución de los proyectos de interés autonómico
Artículo 51.  Gestión de los proyectos de interés autonómico.
1.  Cuando la gestión de los proyectos de interés autonómico lo precise, se llevará a 
cabo por el procedimiento de expropiación forzosa, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente en materia de expropiación forzosa. En otro caso, podrán emplearse 
los sistemas de actuación previstos en la normativa urbanística vigente.
2.  Los instrumentos de gestión urbanística no pueden vulnerar las determinaciones 
de los instrumentos de ordenación del territorio.
3.  Corresponden  a  la  Administración  autonómica,  a  través  de  la  consejería 
competente por razón de la materia a que se refiera el proyecto, las siguientes funciones:
a)  Ejercer  la  supervisión  y  tutela  de  la  ejecución  de  los  proyectos  de  interés 
autonómico.
b)  Ejercer la potestad expropiatoria a favor de la persona beneficiaria y adoptar 
todas las resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin perjuicio de la 
intervención, las facultades y las obligaciones que legalmente corresponden a la persona 
beneficiaria.
A tal efecto, tendrá la consideración de persona beneficiaria de la expropiación la 
persona o personas naturales o jurídicas promotoras de la actuación.
c)  Prestar la colaboración requerida por la persona promotora y los ayuntamientos 
interesados  para  llevar  a  buen  término  las  actuaciones  del  proyecto  de  interés 
autonómico.
4.  El  procedimiento  de  expropiación  forzosa  se  tramitará  por  la  consejería 
competente por razón de la materia a que se refiere el proyecto. El justiprecio de los 
bienes y de los derechos expropiados se fijará mediante expediente individualizado o por 
el procedimiento de tasación conjunta. La valoración de los bienes y de los derechos se 
ajustará a los criterios establecidos al respecto en la legislación vigente aplicable.
Artículo 52.  Ejecución de los proyectos de interés autonómico.
1.  La ejecución de los proyectos de interés autonómico corresponde a la persona 
promotora. A estos efectos, se entiende por persona promotora la administración pública 
o la persona física o jurídica que ostente tal condición en el momento de su aprobación 
definitiva.  La  identificación  de  la  persona  promotora  se  efectuará  en  el  decreto  de 
aprobación definitiva del proyecto.
2.  La persona promotora del proyecto de interés autonómico habrá de cumplir los 
deberes inherentes a la clase de suelo resultante del proyecto, así como los que, en su 
caso, sean asumidos por la misma con carácter voluntario. Igualmente, la persona 
promotora de un proyecto de interés autonómico está obligada a la completa realización  s
de las obras e instalaciones previstas en el mismo. e.
3.  Los actos de edificación necesarios para la ejecución de los proyectos de interés  w.
autonómico que corresponda llevar a cabo a la persona promotora se realizarán sobre la  19ww
binasstael acyi oncoens fqourme,e e na sl up craosyoe,c stoe ano  pprerociyseocst.os  técnicos  que  concreten  las  obras  o
Dichos proyectos técnicos se remitirán a los ayuntamientos afectados a los efectos 
de disponer del correspondiente título habilitante, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 48.
4.  La recepción de las obras de urbanización y de los suelos que sirvan de soporte 
a las oportunas infraestructuras se formalizará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa urbanística vigente.
5.  El proyecto de interés autonómico podrá contemplar que, una vez recibidas las 
obras de urbanización y los suelos que les sirvan de soporte, se constituya una entidad 
urbanística de conservación que asuma su mantenimiento durante un plazo máximo de 
diez años. Las entidades urbanísticas de conservación se sujetarán a lo previsto en la 
normativa urbanística.
6.  En caso de incumplimiento en la ejecución, el Consello de la Xunta, a propuesta 
de la consejería competente en la materia correspondiente, podrá declarar la caducidad 
de  un  proyecto  de  interés  autonómico,  con  las  condiciones  establecidas  en  los 
artículos 49 y 50.
Artículo 53.  Subrogación en la posición jurídica de la persona o de la entidad promotora 
privada del proyecto de interés autonómico.
1.  La persona o la entidad promotora a que se refiere el número 1 del artículo 
anterior a la cual el decreto de aprobación definitiva atribuyese la responsabilidad de la 
ejecución de un proyecto de interés autonómico estará obligada a la completa realización 
de las obras e instalaciones previstas en el mismo.
2.  Excepcionalmente,  en  virtud  de  circunstancias  sobrevenidas,  cuando  fuese 
indispensable para  asegurarse de  la conclusión  de  la ejecución y por acuerdo del 
Consello de la Xunta adoptado a instancia de persona interesada en la ejecución del 
proyecto, podrá autorizarse el reemplazo, total o parcial, de la persona promotora en los 
derechos y obligaciones derivados del decreto de aprobación definitiva de un proyecto 
de interés autonómico y relativos, por tanto, a su ejecución. No será necesario el 
acuerdo del Consello de la Xunta en el supuesto de que la persona promotora sea una 
administración pública o cualquiera de sus entidades instrumentales.
3.  A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, habrá de presentarse ante la 
consejería competente en la materia de ordenación del territorio la correspondiente 
solicitud acompañada de copia de la escritura pública del acuerdo suscrito entre las 
partes,  en  el  cual  habrá  de  identificarse  a  la  persona  o  personas  que  pretendan 
subrogarse,  total  o  parcialmente,  en  la  posición  jurídica  de  la  persona  promotora, 
expresarse todas y cada una de las condiciones en que se verificaría la subrogación y 
contemplarse el compromiso de la persona o personas que pretendan subrogarse en la 
posición  de  prestar  garantías  suficientes  y,  como  mínimo,  equivalentes  a  las  ya 
constituidas.
4.  El Consello de la Xunta resolverá las solicitudes a que se refiere el número 
anterior en el plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en el registro del 
órgano competente para su tramitación, a propuesta de la persona titular de la consejería 
competente en la materia objeto del ámbito del proyecto de interés autonómico y previo 
informe  de  la  Comisión  Superior  de  Urbanismo,  en  atención  en  todo  caso  a  la 
persistencia del interés público en la ejecución del proyecto de que se trate, el grado de 
cumplimiento por parte de la persona promotora en dicha ejecución, la situación del 
mismo y de las obras y la solvencia económica, técnica y profesional de la persona o 
personas que pretendan asumir, por subrogación, la ulterior realización del proyecto. e.
El transcurso de dicho plazo permitirá entender desestimada la solicitud. w.b
En todo caso, la autorización de dicha subrogación conllevará la pérdida de la  19ww
Agaurtaónntoíam aq udee  hGuabliieciraa,   perne sltaa dpor oapnotrec iólna  qAudem  irneipstrreasceiónnte ng elanse raolb rdaes   plae nCdioemntuensi ddaed 
ejecución sobre el total de las previstas en el proyecto.
CAPÍTULO III
Procedimiento de aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio
Artículo  54.  Procedimiento  de  aprobación  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio que hayan de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1.  El órgano sustantivo, según lo señalado en la presente ley, remitirá al órgano 
ambiental  una  solicitud  de  inicio  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria, 
acompañada  de  un  borrador  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  y  de  un 
documento inicial estratégico, con el contenido previsto en la normativa básica estatal en 
materia de evaluación ambiental.
El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la 
solicitud de inicio incluye los documentos preceptivos, requiriendo, si no fuese así, al 
órgano sustantivo que subsane dichas deficiencias, acompañando la documentación 
señalada.
2.  El órgano ambiental, en el plazo de tres meses, a contar desde la recepción de la 
documentación completa, formulará el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico,  tras  someter  el  borrador  de  instrumento  de  ordenación  territorial  y  el 
documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas y 
las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo de dos meses desde 
su  recepción.  En  caso  de  que  la  consejería  tramitadora  no  fuese  la  consejería 
competente en materia de ordenación del territorio, esta habrá de ser consultada en este 
momento.
El documento de alcance del estudio ambiental estratégico estará a disposición del 
público a través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. 
Este documento determinará las administraciones públicas afectadas y las personas 
interesadas que hayan de ser consultadas en el seno del procedimiento de aprobación 
del  instrumento  de  ordenación  territorial,  incluyendo,  como  mínimo,  todas  aquellas 
administraciones públicas que hayan de emitir informe sectorial, de conformidad con la 
normativa de aplicación.
3.  La persona promotora del instrumento de ordenación del territorio elaborará el 
estudio ambiental estratégico, en atención a los criterios contenidos en el documento de 
alcance y de conformidad con el contenido exigible por la normativa vigente.
4.  La persona promotora elaborará la versión inicial del instrumento de ordenación 
del  territorio  teniendo  en  cuenta  el  estudio  ambiental  estratégico,  procediendo  la 
consejería tramitadora a su aprobación inicial y sometiéndolo a información pública 
durante el plazo de dos meses, mediante anuncio que se publicará en el «Diario Oficial 
de Galicia», en los boletines oficiales de la provincia correspondientes y en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia. El acceso a dicha sede podrá efectuarse a través del 
Portal de transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
La documentación sometida a información pública abarcará todos los documentos 
integrantes  del  expediente  tramitado,  incluidos  un  resumen  ejecutivo,  el  estudio 
ambiental estratégico y un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.
Igualmente, se dará audiencia a las diputaciones provinciales y a las entidades 
locales sobre las que incida el instrumento de ordenación del territorio, se harán las 
consultas previstas en el documento de alcance y se solicitarán a las administraciones 
públicas competentes los informes sectoriales preceptivos, sin perjuicio de la solicitud en 
otro  momento  procedimental  de  los  informes  sectoriales  que  procediesen,  de  e
conformidad con lo previsto en su normativa reguladora. bo
En el caso de los proyectos de interés autonómico se notificará individualmente a  19ww
ltionosfdo arSsmsei mlreav usiacl t piáolaenssre s eaeoxmmnisaeptsner etnteisttu eaalssal   rtsyeru áspmm creiiantvetiasi sdsttrtoears adi,nlo efqrsoau rsdme e sa holcoabisóbr enrtáe  lpnrarú  edsbneuloic fsieac mi,ae fhnietaiccrbiltaoar á dde oedns e .le asls o pliinlcafirztaaoer ssmetr,áu excintmu sroau s dc eya  sduoen,    OE-A-2021-45able en https://
mes.
Transcurrido el plazo de tres meses sin que se hubieran comunicado los informes 
sectoriales autonómicos y municipales solicitados, se entenderán emitidos con carácter 
favorable.
5.  A la vista del resultado de los trámites de audiencia y de información pública, así 
como de los informes emitidos, se introducirán las modificaciones o las correcciones que 
procedan en el instrumento tramitado y, en su caso, en el estudio ambiental estratégico, 
elaborándose la propuesta final del instrumento de ordenación del territorio.
En caso de que se introdujeran modificaciones que determinen un cambio sustancial 
del documento inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo trámite de información pública.
6.  El expediente de evaluación ambiental estratégica completo, de conformidad con 
la legislación vigente, será remitido al órgano ambiental, que realizará un análisis técnico 
del expediente y un análisis de los efectos significativos de la aplicación del instrumento 
de ordenación del territorio en el medioambiente. Si durante el referido análisis el órgano 
ambiental estimase que la información pública o las consultas no se han realizado 
conforme a lo establecido en el documento de alcance y en la normativa en materia de 
evaluación ambiental, instará al órgano competente para la tramitación del procedimiento 
para que subsane el expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo 
de tres meses. En este supuesto se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación 
de la declaración ambiental estratégica.
Si, transcurridos tres meses desde el requerimiento del órgano ambiental, no se 
hubiera  remitido  el  expediente  subsanado  o,  si  una  vez  presentado,  resultase 
insuficiente, el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica, 
notificando  al  órgano  competente  para  la  tramitación  del  procedimiento,  y,  si  fuera 
persona distinta, a la persona promotora, la resolución de terminación.
El  órgano  ambiental  continuará  el  procedimiento  siempre  que  disponga  de  los 
elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental estratégica, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal en materia de evaluación 
ambiental.
7.  El órgano ambiental formulará la declaración ambiental estratégica en el plazo de 
tres meses, a contar desde la recepción del expediente completo, prorrogable por un 
mes más por razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al órgano 
tramitador y a la persona promotora. La declaración ambiental estratégica habrá de ser 
publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y en la sede electrónica del órgano ambiental, 
teniendo la naturaleza de informe preceptivo y determinante.
8.  Cumplimentados  los  trámites  señalados  en  los  números  precedentes,  se 
incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el instrumento de 
ordenación del territorio, se elaborará un extracto con el contenido señalado en la 
normativa básica estatal en materia de evaluación ambiental y se indicarán las medidas 
adoptadas para el seguimiento de los efectos de su aplicación en el medioambiente.
9.  La  persona  titular  de  la  consejería  competente  para  la  tramitación  del 
procedimiento acordará la aprobación provisional del instrumento de ordenación del 
territorio,  previo  informe  preceptivo  de  la  consejería  competente  en  materia  de 
ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo de dos meses.
10.  El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería tramitadora del 
procedimiento,  aprobará  definitivamente  el  instrumento  de  ordenación  del  territorio, 
mediante acuerdo en caso de los proyectos de interés autonómico y mediante decreto en 
los demás casos, que habrán de ser publicados en el «Diario Oficial de Galicia».
En el caso de las Directrices de ordenación del territorio, el Consello de la Xunta dará  s
traslado de las mismas al Parlamento de Galicia para su tramitación de acuerdo con lo  oe.
dispuesto para los planes y programas remitidos por la Xunta en el Reglamento del  w.
Parlamento de Galicia. Al finalizar el procedimiento señalado, el Parlamento remitirá el  19ww
dpoucbulicmaerán teon a el l C«oDniasreiollo O dfieci alal  dXeu Gntaali,c iqau»e. lo aprobará con la forma de decreto, que se
11.  La  eficacia  del  decreto  de  aprobación  definitiva  y  la  entrada  en  vigor  del 
instrumento de ordenación del territorio estarán condicionadas al cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 58.
Artículo  55.  Procedimiento  de  aprobación  de  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio que hayan de someterse a evaluación ambiental estratégica simplificada.
1.  El órgano sustantivo, según lo señalado en la presente ley, remitirá al órgano 
ambiental una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, 
acompañada  de  un  borrador  del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  y  de  un 
documento inicial estratégico, con el contenido previsto en la normativa básica estatal en 
materia de evaluación ambiental.
El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la 
solicitud de inicio incluye los documentos preceptivos, requiriendo, si no fuese así, al 
órgano sustantivo que subsane dichas deficiencias, acompañando la documentación 
señalada.
2.  El órgano ambiental, en el plazo de tres meses, a contar desde la recepción de la 
documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, tras identificar y 
consultar a las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, que se 
pronunciarán en el plazo máximo de dos meses.
En caso de que la consejería tramitadora no fuese la consejería competente en 
materia de ordenación del territorio, esta habrá de ser consultada en este momento.
3.  El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, 
determinará en el informe ambiental estratégico si el instrumento de ordenación del 
territorio  tiene  o  no  efectos  significativos  sobre  el  medioambiente.  En  caso  de  no 
contemplar efectos significativos, dicho instrumento podrá aprobarse en los términos que 
el propio informe establezca, previos los trámites previstos en los números 4 a 8 de este 
precepto.
En caso de que el instrumento de ordenación del territorio pudiera tener efectos 
significativos  sobre  el  medioambiente,  el  órgano  ambiental  determinará  que  debe 
someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. En este caso, el órgano 
ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo 
en cuenta el resultado de las consultas realizadas, notificando esta decisión a la persona 
promotora, junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas realizadas, 
para que elabore el estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista 
en los números 3 y siguientes del artículo anterior.
4.  El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles 
para su publicación en el «Diario Oficial de Galicia», sin perjuicio de su publicación en la 
sede electrónica del órgano ambiental.
5.  La consejería tramitadora del instrumento de ordenación del territorio procederá 
a su aprobación inicial y lo someterá a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante anuncio que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», en el boletín oficial 
de la provincia correspondiente y en el Portal de transparencia y Gobierno abierto de la 
Xunta de Galicia.
La documentación sometida a información pública abarcará todos los documentos 
integrantes del expediente tramitado.
6.  Igualmente,  se  notificará  individualmente  a  todas  las  personas  titulares 
catastrales de los terrenos afectados y se dará audiencia a las diputaciones provinciales 
y  a  las  entidades  locales  sobre  las  que  incida  el  instrumento,  solicitándose  a  las  e.
administraciones públicas competentes los informes sectoriales preceptivos, sin perjuicio  w.b
de  la  solicitud  en  otro  momento  procedimental  de  los  informes  sectoriales  que  19ww
procSeidmieuslteánn,e daem ceonntefo arml tirdáamd itceo nd elo i npfroervmisatoci óenn  psuú bnliocram, ahtaivbar ár edgeu lsaodloicriata.rse, en su caso,
ilnofso rsmerev iac iolass  eexmispterensteass  syu pmreinvisisttroasd,o qrause  shoabbrerá lna  dseu fiecmieniticrilao  deen  leals  pinlafrzaoe smtráuxcitmuroa sd ey  duen 
mes.
Transcurrido el plazo de tres meses sin que se hubieran comunicado los informes 
autonómicos y municipales solicitados, se entenderán emitidos con carácter favorable.
7.  A la vista del resultado de los trámites de audiencia y de información pública, así 
como de los informes emitidos, se introducirán las modificaciones o las correcciones que 
procedan en el instrumento tramitado, elaborándose la propuesta final del instrumento de 
ordenación del territorio.
En caso de que se introdujeran modificaciones que determinen un cambio sustancial 
del documento inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo trámite de información pública.
8.  Cumplimentados  los  trámites  de  los  números  anteriores,  se  procederá  de 
acuerdo con lo establecido en los números 9 y siguientes del artículo anterior.
CAPÍTULO IV
Modificación de los instrumentos de ordenación del territorio
Artículo 56.  Modificación de los instrumentos de ordenación del territorio.
1.  Los instrumentos de ordenación del territorio podrán someterse a las siguientes 
alteraciones respecto a su contenido:
a)  Modificación sustancial: cuando los cambios supongan una alteración general o 
fundamental de dicho instrumento. En todo caso, tendrá el carácter de sustancial la 
modificación  que  haya  de  someterse  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental 
estratégica ordinaria, y, en el caso de los proyectos de interés autonómico no previstos, 
aquellas  que  afecten  a  los  aspectos  que  fundamentaron  la  declaración  de  interés 
autonómico.
Para su tramitación se seguirá el mismo procedimiento previsto para la aprobación 
del instrumento de ordenación del territorio que se modifica sustancialmente.
b)  Modificación  no  sustancial:  cuando  los  cambios  propuestos  no  supongan 
alteración general o fundamental de dicho instrumento. El carácter de no sustancial de la 
modificación habrá de justificarse convenientemente, de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley, siguiéndose para tal modificación el procedimiento simplificado previsto en 
el artículo siguiente.
2.  Los instrumentos de ordenación del territorio deberán definir con claridad qué 
modificaciones  tendrán  el  carácter  de  no  sustanciales.  En  todo  caso,  tendrán  este 
carácter, siempre que no concurriesen los supuestos del apartado a) del número 1, las 
modificaciones que no impliquen una revisión de los objetivos generales del instrumento 
de ordenación territorial ni la alteración sustancial de los elementos esenciales de la 
ordenación establecida en el mismo.
3.  A los efectos señalados en este artículo y antes del inicio del procedimiento 
previsto en el artículo siguiente, la consejería que hubiera tramitado el instrumento de 
ordenación del territorio que se pretende modificar solicitará a la consejería competente 
en materia de ordenación del territorio informe sobre el carácter no sustancial de la 
modificación, que habrá de emitirse en el plazo de un mes.
Artículo  57.  Procedimiento  de  modificación  no  sustancial  de  los  instrumentos  de 
ordenación del territorio.
1.  En caso de que la modificación sea considerada no sustancial, de acuerdo con lo  e.e
señalado en el artículo anterior, la consejería que hubiera tramitado el instrumento de  w.b
ordenación  del  territorio  remitirá  al  órgano  ambiental  una  solicitud  de  inicio  de  la  19ww
mevoadluifaiccaiócinó na mdebli einntsatrl umesetnratoté gdicea  orsdimenpalicfiicóand ad,e la cteormritpoariñoa dean  deel  cuuna l bsoer rajudsotirf iqduee   elal 
ccoanrátectneidr on por esvuissttoa necni alal  ndoer mlaa timvais bmáas icya  edset autanl  edno mcuamteerniato d ein eicviaallu aecsitórna taémgicboie, ntcaol.n  el
El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la 
solicitud de inicio incluye los documentos preceptivos, requiriendo, si no fuese así, a la 
consejería promotora que subsane dichas deficiencias, acompañando la documentación 
señalada.
2.  El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la 
documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, tras identificar y 
consultar a las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, que se 
pronunciarán en el plazo máximo de un mes.
3.  El  órgano  ambiental,  teniendo  en  cuenta  el  resultado  de  las  consultas, 
determinará en el informe ambiental estratégico si la modificación tiene o no efectos 
significativos sobre el medioambiente. En caso de no contemplar efectos significativos, la 
modificación podrá aprobarse en los términos que el propio informe establezca, previos 
los trámites previstos en los números 4 a 8 de este precepto.
En otro caso, deberá seguirse el procedimiento previsto en el artículo 54 para la 
aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio que hayan de someterse a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria.
4.  El informe ambiental estratégico se remitirá en el plazo de quince días hábiles 
para su publicación en el «Diario Oficial de Galicia» y en la sede electrónica del órgano 
ambiental.
5.  La consejería tramitadora procederá a la aprobación inicial de la modificación no 
sustancial y la someterá a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio 
que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el Portal de transparencia y 
Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
Durante el plazo de información pública las distintas administraciones y entidades 
públicas  y  privadas,  y  cualquier  persona  interesada,  podrán  aportar  cuantas 
observaciones  y  sugerencias  estimen  convenientes,  quedando  expuesta  la 
documentación de la modificación en los lugares que al efecto se señalen.
6.  Igualmente, se dará audiencia a las entidades locales sobre las que incida el 
instrumento objeto de la modificación y se solicitarán a las administraciones públicas 
competentes los informes sectoriales que resulten preceptivos teniendo en cuenta el 
objeto  de  la  modificación  propuesta,  sin  perjuicio  de  la  solicitud  en  otro  momento 
conforme a lo exigido por la respectiva normativa sectorial que resulte de aplicación.
Transcurrido el plazo de un mes sin que se hubieran comunicado los informes 
sectoriales autonómicos y municipales solicitados, se entenderán emitidos con carácter 
favorable.
7.  A la vista del resultado de los trámites de audiencia y de información pública, así 
como de los informes emitidos, se introducirán las modificaciones o las correcciones que 
procedan  en  el  documento,  elaborándose  la  propuesta  final  de  la  modificación  del 
instrumento  de  ordenación  del  territorio,  que  se  aprobará  provisionalmente  por  la 
consejería competente para la tramitación, previo informe preceptivo de la consejería 
competente en materia de ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo 
de un mes.
8.  El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consejería tramitadora del 
procedimiento, aprobará definitivamente la modificación del instrumento de ordenación 
del territorio mediante decreto, que habrá de ser publicado del «Diario Oficial de Galicia».
9.  La eficacia del decreto de aprobación definitiva y la entrada en vigor de la 
modificación aprobada del instrumento de ordenación del territorio estarán condicionadas 
al cumplimiento de lo previsto en el artículo siguiente. s
CAPÍTULO V
Efectos y vigencia de los instrumentos de ordenación del territorio
Artículo 58.  Eficacia de los instrumentos de ordenación del territorio.
1.  La  eficacia  de  los  instrumentos  de  ordenación  del  territorio  requerirá  de  la 
publicación del decreto de aprobación definitiva y de sus disposiciones normativas según 
lo previsto en el artículo 60.
2.  En el caso de tramitación simultánea en un único procedimiento del instrumento 
de ordenación del territorio y de la modificación del planeamiento urbanístico según lo 
dispuesto en el número 4 del artículo 20, el decreto adoptado por el Consello de la Xunta 
tendrá  por  objeto  tanto  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  de  ordenación  del 
territorio como la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento urbanístico.
Artículo 59.  Declaración de utilidad pública e interés social.
1.  La aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio conllevará la 
declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación de los bienes 
y adquisición de derechos afectados, a fines de expropiación, de ocupación temporal o 
de imposición o modificación de servidumbres, cuando dichos instrumentos habiliten 
para su ejecución y la misma haya de producirse por expropiación.
2.  Igualmente, esa aprobación determinará la declaración de prevalencia de los 
usos previstos en el instrumento de ordenación del territorio sobre cualquier otro uso 
posible  del  suelo  incluido  en  su  ámbito,  sin  perjuicio  del  necesario  respeto  a  las 
competencias  estatales  y  a  la  prevalencia  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  de 
aplicación, tengan otros planes o instrumentos sectoriales.
3.  Cuando para la ejecución del instrumento no fuese necesaria la expropiación del 
dominio y baste la constitución de alguna servidumbre, podrá imponerse, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la normativa en materia de expropiación forzosa. 
Igualmente, cuando hayan de modificarse o suprimirse servidumbres privadas por estar 
en contradicción con las determinaciones del instrumento de ordenación del territorio, 
podrán expropiarse según el procedimiento establecido en la citada normativa.
4.  La declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación se 
referirán a los proyectos que se realicen en ejecución directa de los instrumentos de 
ordenación  del  territorio  y  también  a  los  bienes  y  derechos  comprendidos  en  los 
replanteos de los proyectos y en las modificaciones de obra que pudieran aprobarse 
posteriormente.
5.  A los efectos indicados en los números anteriores, los proyectos de las obras y 
sus  modificaciones  deberán  comprender  la  definición  de  su  emplazamiento  y  la 
determinación concreta e individualizada de los terrenos, construcciones u otros bienes o 
derechos  que  se  estime  preciso  ocupar  o  adquirir  para  la  construcción,  defensa, 
seguridad o servicio de las mismas.
Artículo 60.  Vigencia de los instrumentos de ordenación del territorio.
1.  Los instrumentos de ordenación del territorio tendrán vigencia indefinida, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 49 y 50 respecto a la caducidad de los 
proyectos de interés autonómico.
2.  En el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de un instrumento de  e.
ordenación del territorio, habrán de ser objeto de publicación en el «Diario Oficial de  w.b
Galicia» y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia: 19ww
deinc hsaou)   icnasEstrlo ud,m edceern eltatoo  m ddeoe do airfpdicreaoncbaiaóccniói ódnne. ld pelfainnietiavam ideenlt oin sutrrbuamneísntticoo d me uonrdiceipnaalc, ióy nla d neol rtemrarittiovraio d ye,   OE-A-2021-45able en https://
A tal efecto, en los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, 
del  instrumento  de  ordenación  del  territorio  y  de  la  modificación  del  planeamiento 
urbanístico municipal vigente, el decreto adoptado por el Consello de la Xunta tendrá por 
objeto tanto la aprobación definitiva del instrumento de ordenación del territorio como la 
aprobación definitiva de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico. En 
este último caso, habrá de publicarse también la normativa relativa a la modificación del 
planeamiento  urbanístico  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  correspondiente,  de 
conformidad con lo previsto al efecto en la legislación vigente en materia de régimen 
local.
b)  La dirección electrónica en que el público pueda consultar el contenido íntegro 
del instrumento.
c)  Los extremos exigidos por la normativa en materia de evaluación ambiental.
3.  En todo caso, la eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor 
del instrumento aprobado y, en su caso, de la modificación del planeamiento urbanístico 
que  se  apruebe  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  quedan  condicionadas  a  su 
publicación de conformidad con lo establecido en este artículo, previa inscripción en el 
Registro  de  Ordenación  del  Territorio  y  Planeamiento  Urbanístico  de  Galicia  del 
instrumento de ordenación del territorio aprobado definitivamente y, en su caso, de la 
modificación del planeamiento urbanístico.
Artículo 61.  Registro de los instrumentos de ordenación del territorio.
1.  Los instrumentos de ordenación del territorio y sus modificaciones, una vez 
aprobados  definitivamente,  habrán  de  inscribirse  en  el  Registro  de  Ordenación  del 
Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia.
2.  La consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, a 
instancia  de  la  consejería  impulsora,  inscribirá  los  instrumentos  de  ordenación  del 
territorio y sus modificaciones en el registro a que se refiere este artículo, con carácter 
previo a su publicación en los términos del artículo anterior.
Disposición adicional primera.  Modificación del Registro de Planeamiento Urbanístico 
de Galicia.
El Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia, regulado en la Ley 2/2016, de 10 
de febrero, del suelo de Galicia, y en el capítulo X del título II del reglamento de dicha ley, 
aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, pasará a denominarse Registro 
de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia.
Disposición adicional segunda.  Sociedad pública Suelo Empresarial del Atlántico, S.L.
La sociedad pública estatal Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., para llevar a cabo 
sus actuaciones y adquisiciones de suelo mediante expropiación, dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, tendrá la condición de beneficiaria en los términos 
previstos en la normativa vigente en materia de expropiación forzosa, correspondiendo la 
potestad expropiatoria a cualquiera de las administraciones públicas competentes.
Igualmente,  podrá  adjudicársele  directamente  la  formulación  y  ejecución  de 
proyectos de interés autonómico, planes parciales y, en general, cualquier plan de 
ordenación  y  la  gestión  de  sus  patrimonios  de  suelo  mediante  los  acuerdos  o  las 
concesiones que, a tal efecto, se establezcan con las administraciones correspondientes. e.
Disposición adicional tercera.  Bienes adquiridos mediante el ejercicio de la potestad  19ww
instrEeuxnmp erloonpsto iasst uodpreiua oe prsadtoreasn  asdeceiró  dnee jdseetricln itacedioror istdo eari lo tl aryá  fupicrobota ejunsrítsaídtdiicc ooes xp praertogripumilaaotdnooiraisal . epna lraa  plrae seejnetceu lceióy ny  deen   OE-A-2021-45able en https://
la legislación del suelo, respectivamente, promovidos o desarrollados por la iniciativa
pública, la adquisición de los bienes no implicará su afectación implícita a un uso general 
o a un servicio público cuando el instrumento de ordenación del territorio o urbanístico 
aprobado contemple que su destino sea devolverlos al tráfico jurídico patrimonial.
Disposición adicional cuarta.  Títulos habilitantes municipales para las edificaciones que 
se ubican en varios términos municipales.
El otorgamiento o, en su caso, la presentación del correspondiente título habilitante 
municipal de naturaleza urbanística en el supuesto de edificaciones que se ubiquen en 
terrenos situados en varios términos municipales se resolverán de acuerdo con los 
siguientes criterios:
a)  El título habilitante municipal será otorgado o, en su caso, presentado en el 
ayuntamiento  en  que  se  ubique  la  mayor  parte  de  la  superficie  construida  de  la 
edificación objeto del proyecto.
A tal efecto, en el procedimiento de otorgamiento de la licencia habrá de emitirse 
informe previo por los otros ayuntamientos afectados y abrirse un periodo de información 
pública por plazo de quince días hábiles.
b)  A los efectos del cómputo de la superficie de la parcela a fin de determinar si 
esta es edificable, se computará la totalidad de la superficie de la misma, siempre que se 
correspondiese con la misma clase de suelo, considerando la parcela unitariamente y 
aplicando en cada subámbito los parámetros urbanísticos que correspondan.
c)  Tanto el acceso como el suministro de los servicios podrán realizarse desde 
cualquiera de los términos municipales sobre los que se desarrolle el proyecto.
Disposición  adicional  quinta.  Planes  sectoriales  y  proyectos  de  interés  autonómico 
relativos a parques empresariales y parques eólicos.
1.  Los  planes  y  proyectos  sectoriales  y  los  proyectos  de  interés  autonómico 
relativos  al  desarrollo  de  suelo  empresarial  se  regularán  íntegramente  por  las 
disposiciones  contenidas  en  la  Ley  5/2017,  de  19  de  octubre,  de  fomento  de  la 
implantación de iniciativas empresariales en Galicia, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto  en  la  presente  ley  para  las  cuestiones  que  no  estuvieran  expresamente 
reguladas en la ley señalada.
2.  Los proyectos de interés autonómico y los proyectos sectoriales relativos a 
parques  eólicos  se  regularán  íntegramente  por  las  disposiciones  contenidas  en  la 
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en 
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
En todo caso, resultará de aplicación lo previsto en la presente ley en relación con 
sus efectos, vigencia y caducidad, gestión y ejecución de los referidos instrumentos de 
ordenación del territorio.
Disposición adicional sexta.  Normas técnicas.
Se emplearán en los instrumentos de ordenación del territorio los criterios contenidos 
en  las  Normas  técnicas  de  planeamiento  urbanístico  de  Galicia,  aprobadas  por  la 
persona titular de la consejería competente en materia de urbanismo.
Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación del territorio en los  bo
que se hubiera formulado el informe ambiental estratégico antes de la entrada en vigor  19ww
paddrreeor  eyGlgaeal colpti coraeisa ls o,se  eydn citesetonp r ulieeaeyll se Dtpsoe o dcedernre á itlnnoac   Li8cde0oey/nn2 t1c0ini00au/0 1as,9r u d9pse5ru a,2  mdt3reua d nm2ei3ci t miadpceaai lór.nznoo v,h ipeaomsrta be rles q,u ud aeep  osreord breaencgaiuóclniaó nnd  eldofesinl  iptteilvararni teocsro iony    OE-A-2021-45able en https://
Disposición transitoria segunda.  Determinaciones de las Directrices de ordenación del 
territorio.
A  fin  de  coordinar  los  tipos  de  determinaciones  establecidos  por  las  actuales 
Directrices  de  ordenación  del  territorio  con  los  establecidos  en  el  artículo  20,  se 
entenderá que:
a)  Las determinaciones definidas como «excluyentes» en las actuales Directrices 
de  ordenación  del  territorio  tendrán  el  carácter  de  «determinaciones  de  aplicación 
directa», según lo establecido en el artículo 20.
b)  Las determinaciones definidas como «orientativas» en las actuales Directrices de 
ordenación del territorio tendrán el carácter de «vinculantes», según lo establecido en el 
artículo 20, cuando se refieran a aspectos relativos al planeamiento.
Disposición  transitoria  tercera.  Proyectos  sectoriales  de  incidencia  supramunicipal, 
planes de ordenación del medio físico y programas coordinados de actuación.
1.  Las referencias y las remisiones de la legislación y de los instrumentos de 
ordenación del territorio a los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal y a los 
planes de ordenación del medio físico previstos en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, 
de ordenación del territorio de Galicia, podrán considerarse realizadas, respectivamente, 
a los proyectos de interés autonómico y a los planes territoriales especiales definidos en 
la presente ley.
2.  Sin perjuicio de lo señalado en el número anterior, los ámbitos para los que las 
Directrices de ordenación del territorio remiten su ordenación a los denominados planes 
de ordenación del medio físico o a los programas coordinados de actuación en la 
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, podrán ser 
desarrollados por las figuras de ordenación establecidas en la legislación vigente en 
materia  de  espacios  naturales  o  en  la  materia  sectorial  relacionada  con  el  ámbito 
afectado, o bien a través de un plan territorial integrado, un plan sectorial o un plan 
territorial especial, según sus objetivos concretos.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogados la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio 
de Galicia; la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
del territorio y del litoral de Galicia; el Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se 
regulan  los  planes  y  proyectos  sectoriales  de  incidencia  supramunicipal;  y  cuantos 
preceptos de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del 
paisaje de Galicia.
Se modifica el artículo 7 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de 
Galicia, quedando redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7.  Cooperación en materia de paisaje.
1.  La  Administración  general  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia 
impulsará  la  cooperación  con  todas  las  administraciones  públicas  con  s
competencia en el territorio, especialmente con las administraciones locales, a fin  oe.
de  promover  el  desarrollo  de  políticas  comunes,  debidamente  coordinadas  y  w.
pprroegs2er.an mteLa oldesay .sp, lqaunee sa sgeegnuerreanle esl  cduem polridmeiennatcoió dne  mlousn fiicniepsa lq uye  loses  cinosnttreummpelannto se nd lea   2021-4519n https://ww
ordenación del territorio, tras su aprobación inicial, habrán de someterse a informe
del órgano competente en materia de paisaje, que versará sobre los aspectos 
paisajísticos del plan o instrumento.
El informe habrá de emitirse en el plazo de tres meses; transcurrido este, se 
entenderá  favorable.  En  caso  de  ser  desfavorable,  el  informe  indicará 
expresamente, en su caso, las normas vulneradas.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia.
Se modifica el número 5 del artículo 83 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, quedando redactado como sigue:
«5.  La revisión del planeamiento y las modificaciones de cualquiera de sus 
elementos  se  sujetarán  a  las  mismas  disposiciones  enunciadas  para  su 
tramitación  y  aprobación,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  legislación  de 
ordenación  del  territorio  para  el  supuesto  de  tramitación  simultánea  de  la 
aprobación del instrumento de ordenación del territorio y de la modificación del 
instrumento de planeamiento urbanístico.»
Disposición final tercera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Diario Oficial de 
Galicia».
Santiago de Compostela, 8 de enero de 2021.–El Presidente, Alberto Núñez Feijóo.
(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 8, de 14 de enero de 2021)