BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 272 Miércoles 14 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 87727
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
12251 Resolución  de  29  de  septiembre  de  2020,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio con el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, para la cesión de uso de los servicios de 
la plataforma de formación basada en Moodle del INAP.
El Instituto Nacional de Administración Pública y el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, han formalizado con fecha 9 de septiembre de 2020, un Convenio, para 
la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle del 
INAP, basado en un modelo normalizado que ha sido informado por la Abogacía del 
Estado y autorizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
Esta Dirección dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid,  29  de  septiembre  de  2020.–El  Director  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, Mariano Fernández Enguita.
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA CESIÓN 
DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN BASADA EN 
MOODLE DEL INAP
De una parte, don Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de 
Administración Pública (en adelante, INAP) con NIF Q2811002A, y domicilio legal, a los 
efectos del presente convenio en calle de Atocha, 106, código postal 28012 Madrid, 
nombrado por, y facultado para este acto por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6.2.f) Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.
De otra parte, doña Dionisia Manteca Marcos, Subsecretaria del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública con NIF S2833002E y domicilio legal, a los efectos del 
presente convenio en el Paseo de la Castellana, 3, 28046 Madrid, nombrada por Real 
Decreto 570/2018, de 18 de junio, y en virtud de las competencias atribuidas por el 
apartado Cuarto.6.a) de la Orden TFP/747/2020, de 28 de julio, sobre fijación de límites 
para  la  administración  de  determinados  créditos  para  gastos  y  de  delegación  de 
competencias.
Reconociéndose mutuamente la competencia y capacidad para la firma de este 
documento,
EXPONEN
I.  Que el Instituto Nacional de Administración Pública es un Organismo Autónomo 
adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de  es
Estado de Política Territorial y Función Pública, según dispone el Real Decreto 307/2020,  o
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de  251ww
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del  Estado,  la  formación  y  perfeccionamiento  de  los  empleados  públicos  de  la
Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de 
entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones 
encomienden  estas  funciones  a  otros  centros  especializados,  y  la  coordinación, 
colaboración  y  cooperación  con  los  demás  centros,  institutos  o  escuelas  de  la 
Administración General del Estado o de sus organismos públicos que realicen tareas de 
selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos.
II.  Que  el  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública,  a  través  de  su 
Subsecretaría, Secretaría General de Coordinación Territorial, y Secretaría General de 
Función  Pública  tiene  como  objetivo,  proporcionar  y  actualizar  los  conocimientos, 
habilidades  y  capacidades  del  personal  del  Ministerio,  contribuir  a  la  progresión 
profesional y la mejora de la formación y cualificación de los empleados y empleadas 
públicas, así como coadyuvar a la implantación de la gestión del conocimiento en el 
Departamento. Que, con este objetivo, realiza la elaboración, planificación y ejecución de 
los planes de formación del Departamento. En estos Planes de formación, de carácter 
anual, se incide, como uno de sus objetivos de carácter general, en la necesidad de 
ofrecer cursos online que permitan aumentar la eficiencia de los cursos de los planes de 
formación y su aprovechamiento, a través del impulso de las nuevas tecnologías y su 
uso por parte de su personal.
III.  Que el INAP tiene como objetivo impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje 
que contribuyan a dotar a las Administraciones públicas de personas competentes, con 
altas capacidades, flexibles y comprometidas con los valores del servicio público.
IV.  Que el INAP ha impulsado el proyecto «Compartir», que se inició con el estudio 
de  las  posibilidades  de  compartir  y  colaborar  entre  las  distintas  Administraciones 
públicas y cuya finalidad es racionalizar la programación de los distintos centros de 
formación y de selección y conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos disponibles.
V.  Que el INAP dispone de una plataforma de formación basada en Moodle.
VI.  Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, considera prioritario el 
uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  materia  de  formación,  para  hacer  frente  a  las 
necesidades  derivadas  de  la  situación  actual.  Asimismo,  el  Ministerio  de  Política 
Territorial y Función Pública considera necesario el uso de las nuevas tecnologías ya que 
suponen un considerable ahorro económico al reducirse las fases presenciales de los 
cursos, jornadas y seminarios al mínimo imprescindible, suprimiéndose gastos de dietas, 
desplazamientos y otros indirectos no cuantificables, como por ejemplo el mantener al 
personal en su puesto de trabajo mientras realiza las fases online de las acciones 
formativas que tenga que realizar.
VII.  Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública no dispone de una 
plataforma propia de formación, adecuada a sus necesidades y la utilización conjunta de 
esta herramienta del INAP da cumplimiento a lo previsto en el artículo 157.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
VIII.  En  el  marco  normativo  de  las  relaciones  entre  Administraciones  públicas 
establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los  convenios  se  consideran  un  instrumento,  de  uso  generalizado  por  las 
Administraciones  públicas,  los  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público 
vinculados  o  dependientes  o  las  universidades  públicas  entre  sí  o  con  sujetos  de 
derecho privado para lograr un fin común. Esta técnica de cooperación se ha acreditado 
como  especialmente  eficiente  para  la  gestión  de  los  recursos  públicos  desde  la 
perspectiva de su aprovechamiento racional, la búsqueda de sinergias y la coordinación  s
de esfuerzos entre las partes. oe.
IX.  Que es deseo de ambas instituciones, mediante el uso del instrumento del  w.
convenio, que el INAP ceda el uso de su plataforma de formación basada Moodle al  251ww
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
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partes, en la representación que ostentan, capacidad suficiente para poder formalizar 
este convenio,
ACUERDAN
Primera.  Objeto.
El objeto de este convenio es la cesión de uso al Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP.
Segunda.  Obligaciones asumidas por las partes.
1.  Cesión de uso de la plataforma Moodle.
Se ajustará a las siguientes condiciones:
a)  La cesión del uso será totalmente gratuita. El convenio no genera compromisos 
económicos ni obligaciones financieras para ninguna de las partes.
b)  La cesión del uso no supondrá, en ningún caso, la asunción de ninguna otra 
obligación para el INAP en el desarrollo y funcionamiento de las actividades formativas 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
No obstante, el INAP garantiza al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el 
uso pacífico de la citada plataforma, de tal forma que el INAP protegerá al Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública y asumirá toda responsabilidad en relación con 
cualquier reclamación de terceras personas, físicas o jurídicas, que pretendan tener 
derechos sobre una parte o sobre toda la plataforma.
c)  La cesión del uso no podrá, a su vez, ser cedida o transferida a terceros, ni 
subrogada a persona alguna, en todo o en parte.
d)  La responsabilidad de la gestión y desarrollo de las actividades formativas del 
Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública,  incluidos  el  profesorado,  los 
contenidos, las tutorías, los foros, la atención al alumnado, etc., así como la corrección 
de los contenidos que generen incidencias en los usuarios recaerá en la institución 
cesionaria.
e)  El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, como cesionario, antes de 
utilizar la plataforma deberá entregar la estimación del número y denominación de las 
actividades formativas y del máximo de alumnos que prevé que la empleen en el año en 
curso, para así realizar un dimensionamiento adecuado del sistema y evitar posibles 
problemas de rendimiento. Para ejercicios futuros, dicha estimación deberá ser remitida 
al INAP antes del 30 de octubre del año anterior. En cualquier caso, el cesionario se 
compromete  a  comunicar,  lo  antes  posible,  cualquier  cambio  significativo  que  se 
produzca en dicha estimación.
f)  El INAP, por su parte, se reserva el derecho a analizar cualquier aspecto de las 
actividades formativas del cesionario que pueda afectar al rendimiento de la plataforma y 
a realizar cuantas recomendaciones sean necesarias para la optimización de dicho 
rendimiento. Del mismo modo, en casos excepcionales, podrá clausurar un curso si, por 
causas  técnicas,  este  afecte  negativamente  al  funcionamiento  de  la  plataforma  de 
formación.
g)  El  INAP  establecerá  un  procedimiento  para  la  eliminación  de  los  cursos 
impartidos  por  el  Ministerio  de  Política  Territorial  y  Función  Pública  a  través  de  la  s
plataforma Moodle. Dicha eliminación se realizará por el Ministerio de Política Territorial y  e.
Función Pública una vez transcurridos tres meses desde su finalización del curso. Si no  w.
se  ha  eliminado  un  curso  trascurrido  este  plazo,  el  INAP  podrá  proceder  a  su  251ww
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Aantetenrcioiórnid aad U as udaicrihoas  e(ClimAUin)a.ción, pudiendo solicitar apoyo al INAP a través del Centro de  BOE-A-cable e
h)  El CAU de la plataforma será la unidad responsable de atender las consultas 
técnicas relativas a la plataforma, y exclusivamente las que tengan este carácter técnico. 
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública deberá disponer de un buzón 
electrónico al cual redirigir las consultas que se realicen al CAU en materia de trámites 
administrativos o de gestión, consultas específicas de los contenidos de los cursos, altas, 
bajas y modificaciones del alumnado, consultas dirigidas al profesorado o cualquier otra 
que no sea de índole técnica referida al funcionamiento de la plataforma, que deberá 
resolver el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
i)  La cesión se refiere únicamente al uso de la plataforma Moodle, y no a las 
plataformas de alojamiento de vídeos o herramientas de videoconferencia que pueda 
disponer el INAP.
Tercera.  Financiación.
La cesión del uso de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP será 
totalmente gratuita, tal como se dispone en la cláusula anterior.
El convenio no genera compromisos económicos ni obligaciones financieras para 
ninguna de las partes que lo suscriben.
Cuarta.  Finalidad de la cesión.
La cesión del uso de la plataforma de formación es exclusivamente para los fines 
previstos en este convenio y no supone para el INAP renuncia alguna de sus derechos.
Asimismo, la realización de actividades formativas en línea del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública a través de la citada plataforma no supone la renuncia de 
este  a  cualquiera  de  los  derechos  que  pudieran  corresponderle  respecto  a  dichas 
actividades.
Quinta.  Informes.
La institución cesionaria se compromete a facilitar al cedente un informe semestral 
acerca del funcionamiento de la plataforma Moodle en relación con las actividades 
finalizadas.
Sexta.  Comisión mixta de seguimiento.
Se crea una comisión mixta de seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
es el instrumento paritario acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y 
control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y 
resolverá, en su caso, las cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la ejecución y desarrollo de este convenio. Las decisiones de la 
Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad.
La Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y 
estará formada por el Gerente del INAP y por la Subdirectora General de Recursos 
Humanos e Inspección de Servicios o persona en quien delegue.
Séptima.  Protección de datos y transparencia. e.e
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas partes, se  251ww
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la 
que se adapta el ordenamiento jurídico español a esa norma.
Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Octava.  Información pública.
En la convocatoria de las actividades formativas que se impartan a través de la 
plataforma Moodle del INAP se hará constar la colaboración entre ambas instituciones.
Novena.  Régimen jurídico.
El presente convenio tiene naturaliza administrativa, y queda sometido al régimen 
jurídico de los convenios establecidos en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las  discrepancias  surgidas  sobre  la  interpretación,  desarrollo,  modificación, 
resolución  y  efectos  que  pudieran  derivarse  de  la  aplicación  del  convenio  deberán 
solventarse por acuerdo de las partes a través de la comisión de seguimiento. Si no se 
llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo correspondiente.
Décima.  Modificación del convenio.
La modificación de este convenio se ajustará a lo previsto en el artículo 49.g) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Requerirá acuerdo unánime de los firmantes y se recogerá 
expresamente mediante la firma de una adenda.
Undécima.  Extinción del convenio.
1.  El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2.  Son causas de resolución del convenio:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  su 
prórroga.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de Seguimiento, prevista en la cláusula sexta.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el convenio.
La resolución del convenio por esta causa no conllevará indemnización alguna para 
ninguna de las partes.
d)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e)  Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
3.  El cumplimiento y la resolución de los convenios darán lugar a su liquidación, con  oe.
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de  w.
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que no perjudique –o lo haga lo menos posible– los derechos de terceros, es decir,
alumnos y usuarios de los distintos servicios cedidos por el INAP. Las actuaciones en  Bc
curso, en todo caso, continuarán previo acuerdo de las partes, que fijarán un plazo 
improrrogable para su finalización en el seno del órgano de seguimiento. Una vez 
finalizado, se procederá a su liquidación.
5.  El convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes manifestando 
expresamente su voluntad de resolverlo con tres meses de antelación a la fecha de 
terminación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas.
Además,  la  comisión  seguimiento  decidirá  por  unanimidad  las  consecuencias 
aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
cada una de las partes del convenio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la posible indemnización por incumplimiento se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: gravedad del perjuicio causado a la otra parte, 
relación causal directa entre el incumplimiento y la producción de los daños, posibilidad 
de reparación, circunstancias concurrentes.
Duodécima.  Información pública e imagen institucional.
Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en 
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas.
A estos efectos, ambas partes se comprometen a respetar recíprocamente sus 
directrices de imagen institucional.
Decimotercera.  Efectos y duración.
Según establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se 
perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector  público  estatal,  al  que  se  refiere  la  disposición  adicional  séptima  de  la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
La duración del convenio será de cuatro años. Así mismo, podrá ser prorrogado, 
hasta un máximo de cuatro  años, por acuerdo expreso y unánime de las partes. En este 
caso la prórroga deberá ser formalizada por escrito, mediante adenda, antes de la 
expiración del plazo convenido.
En este último caso las partes se comprometen a garantizar la finalización del curso 
por parte de los alumnos.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente convenio en formato digital.–Por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, el Director, Mariano Fernández Enguita.–Por el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, la Subsecretaria, P.D. (Orden TFP/747/2020, de 28 
de julio), Dionisia Manteca Marcos.