BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Viernes 3 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 149451
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
20035 Resolución  de  15  de  noviembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la 
que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por doña C. J. V. F., abogada, en nombre y representación 
de  «Club  Deportivo  Badajoz,  S.A.D.»,  contra  la  nota  de  calificación  emitida  por  el 
registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Badajoz, don Juan Enrique Pérez Martín, 
por la que resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 21 de julio de 2021 por el notario Marbella, don 
Luis Plá Rubio, con el número 2.634 de protocolo, se procedió a elevar a público los 
acuerdos  adoptados  por  la  junta  general  extraordinaria  de  accionistas  de  «Club 
Deportivo  Badajoz,  S.A.D.»  celebrada  en  segunda  convocatoria  el  día  12  de  junio 
de 2021 entre los que se encontraba el concerniente a la ampliación del capital social por 
compensación de créditos por importe de 3.104.640 euros.
II
Presentada dicha escritura a inscripción en el Registro Mercantil de Badajoz, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Juan Enrique Pérez Martin, Registrador Mercantil de Badajoz, previo el consiguiente 
examen y calificación, de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción/anotación 
parcial en la fecha de la presente nota, en el: (…)
Fundamentos de Derecho (defectos)
1.  (…)
2.  Conforme al art. 301, apartados 3 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital “3. En 
la sociedad anónima, al tiempo de la convocatoria de la junta general se pondrá también 
a disposición de los accionistas en el domicilio social una certificación del auditor de 
cuentas de la sociedad que, acredite que, una vez verificada la contabilidad social, 
resultan  exactos  los  datos  ofrecidos  por  los  administradores  sobre  los  créditos  a 
compensar...”. “4. En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberá hacerse 
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social 
el informe de los administradores y, en el caso de sociedades anónimas, la certificación  e.
del  auditor  de  cuentas,  así  como  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos  w.b
documentos.”; conforme a la R.D.G.S.J.F.P. de 12 de marzo de 2020 (BOE 6 de julio)  035ww
c“.a..bdoe bme etedniaenrstee  elan  ccuoemnptae nqsuaec ióenn  cdaes oc rdéed iqtouse  edle a ulomse nstooc iporso pcuoensttroa  pluae dsao cllieevdaards,e  eal 
olebgliigslaacdióonr  addeo petam gitiar raunnt íains foersmpee cipaolers  epl aórarg laonso s odcei osa dqmuien isstera tcriaódnu cceonn  neol  scóolon teenni dlao 
específico a que se refiere el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital y que la
convocatoria haga específica mención del derecho al examen, entrega o envío de dicho 
documento por parte de los socios, sino que, al tratarse de una sociedad anónima, se 
exige  también  que,  al  tiempo  de  la  convocatoria  de  la  junta  general,  se  ponga  a 
disposición de los accionistas en el domicilio social una certificación del auditor de 
cuentas de la sociedad que acredite que, una vez verificada la contabilidad social, 
resultan  exactos  los  datos  ofrecidos  por  los  administradores  sobre  los  créditos  a 
compensar; y que en la convocatoria también se haga constar el derecho al examen, 
entrega o envío de dicha certificación por parte de los socios. Por ello, la falta de 
mención  alguna  en  la  convocatoria  del  derecho  de  información  sobre  la  referida 
certificación  del  auditor  de  cuentas  impide  tener  por  válidamente  realizada  dicha 
convocatoria, sin que los actos posteriores de la propia sociedad (consistentes en la 
incorporación del informe del órgano de administración y la certificación del auditor de 
cuentas  al  acta  de  la  junta  y  a  la  escritura  calificada)  puedan  sanar  la  infracción 
cometida. Tampoco es admisible el argumento aducido por el recurrente de que el hecho 
de que todos los acreedores hayan accedido a compensar sus créditos ha de llevar a la 
conclusión  de  que  no  existe  vulneración  de  ningún  derecho.  Dicho  argumento  es 
inadmisible por cuanto debe asegurarse el respeto del derecho de información de todos 
los socios, tanto los que fueran también acreedores sino además de los restantes, 
hubieran asistido o no a la junta. Asimismo, el argumento del recurrente según el cual los 
referidos informes de administradores y certificación del auditor estuvieron a disposición 
de los socios tampoco puede enervar la conclusión anterior tanto porque las meras 
afirmaciones de parte no tienen cabida en este procedimiento como por el hecho de que 
la doctrina de mitigación de los efectos anulatorios de los defectos formales no es de 
aplicación al supuesto de hecho tal y como se ha justificado anteriormente”. El texto 
íntegro de la convocatoria no recoge el derecho que corresponde a los accionistas a 
examinar o solicitar la certificación del Auditor de Cuentas que acredite la exactitud de 
los datos ofrecidos por los Administradores. –defecto insubsanable–.
3.  (…)
En relación con la presente calificación: (…)
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don Juan 
Enrique Pérez y Martín Registrador Mercantil de Badajoz a día once de agosto de dos 
mil veintiuno.»
III
Contra la anterior nota de calificación, doña C. J. V. F., abogada, en nombre y 
representación de «Club Deportivo Badajoz, S.A.D.», interpuso recurso el día 16 de 
agosto de 2021 mediante escrito en el que alegaba lo siguiente:
«Que,  por  medio  del  presente  escrito,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los 
artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria, interpongo recurso gubernativo ante la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, frente a la calificación negativa del 
titular del Registro Mercantil de Badajoz. Sirven de base al presente recurso el siguiente;
Hecho.
Primero.  Calificación negativa de inscripción.
El  11  de  agosto  de  2021  ha  sido  notificada  la  nota  de  calificación  negativa  e  o
icicnnoassnpcc irrtNiiapp.lccº  oii2óót6onn3r  gd4pae add realca  isa eueln  s pdcMreroialt tuortbrciateou lllldoaae r,(   …eedll e)e2lv 1aR cdeieóg nijsu talrioo  p dúMebe li2rcc0oa2 n1dt,ei l  aadnceteu  eBerald doNasoj otsazor,ic oie aDnle .s rL eyula isac iuPómnlá e cnRotuonb  diolae,    2021-20035n https://www.
Concretamente, recurrimos el fundamento de derecho segundo de la citada nota de
calificación.
El  Registrador  Mercantil  califica  de  defecto  insubsanable  la  inscripción  de  la 
ampliación de capital por compensación de créditos por importe de 3.104.640 euros, que 
ahora recurrimos, toda vez que, según afirma la nota de calificación, “el texto íntegro de 
la convocatoria no recoge el derecho que corresponde a los accionistas a examinar o 
solicitar la certificación del Auditor de Cuentas que acredite la exactitud de los datos 
ofrecidos por los Administradores”.
Segundo.  Fundamento para lo inscripción.
Sirve  de  base  para  la  calificación  negativa  de  inscripción  la  Resolución  de  la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de marzo de 2020 (…) 
supuesto que, como veremos, difiere con respecto al que nos ocupa.
La citada resolución fundamenta que la referencia en el anuncio de convocatoria de 
los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital “no pueden suplir o 
englobar el específico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos 
por aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la exigencia 
legal  del  artículo  301  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  que  prevé  un  régimen 
específico ampliado para tal supuesto (...) no cabe hacer una interpretación que permita 
tener por cumplidos los requisitos especialmente previstos por la Ley para la protección 
del derecho de información en supuestos especiales por la mera consignación de los 
requisitos previstos para supuestos generales”.
En la convocatoria del caso expuesto no se cumplían los requisitos especiales 
establecidos para la protección del derecho de información de los accionistas en casos 
de ampliación de capital por compensación de créditos, toda vez que no se hacía 
mención alguna a lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, 
sino tan solo a las disposiciones generales, estas son, artículos 272 y 287 de la Ley de 
Sociedades de Capital, circunstancia que no concurre en el presente caso.
En la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Club Deportivo 
Badajoz, S.A.D. se hace referencia expresa a lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de 
Sociedades de Capital, véase:
Asimismo, los socios disponen de un informe del Consejo de Administración sobre la 
naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, 
el número de acciones que hayan de emitirse y la cuantía del aumento. Todo ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
Extracto del BORME de 12 de abril de 2021 con la convocatoria de la Junta.
Por ello, la convocatoria de la Junta General del club al que represento cumple con 
las disposiciones especiales preceptivas para proceder a la ampliación del capital social 
por compensación de créditos, circunstancia que no se da en la resolución que sirve de 
fundamento para la calificación del registrador.
Tercero.  Conclusión.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha afirmado en reiteradas 
ocasiones que el severo régimen de exigencia formal de la convocatoria de juntas debe 
mitigarse  cuando  por  el  conjunto  de  circunstancias  concurrentes  no  resulten 
indebidamente postergados los derechos individuales del accionista. En este sentido se 
pronuncia la Resolución de 8 de febrero de 2012, “los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos 
individuales del accionista o socio”. e.e
Se debe garantizar la fluidez sin presiones formales injustificadas del tráfico jurídico y  b
evitar la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el  035ww
normPaalr afu pnocidoenra cmoinecnltuoi rd qeu lea sn soo hciae deaxdisetisd,o e nvi oelsatcei ócna sdoe,  dloesl  cdleurbe cdheo fsú tibnodli.viduales de los
Tacricbiuonnaisl taSsu,p lrae mreos odluec 2ió0n  ddee ls Cepetnietrmo bDreir edceti v2o0 0d6e,  2e0s tdaeb lmecaeyno  udnea 2 s0e1r3ie,  od ela  cSirecnutnesntcainac diaesl 
que  deben  concurrir,  como  “la  naturaleza  meramente  formal  de  los  defectos  de
convocatoria; su escasa relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho 
de que el derecho de información haya sido respetado si bien insuficientemente en la 
convocatoria; que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la 
debida claridad aunque insuficientemente; la consideración de que la omisión de uno de 
los medios de hacerlo efectivo no implica ‘per se’ una privación del mismo, pues como 
afirma el Tribunal Supremo, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el 
derecho de información de atribución legal; o incluso la circunstancia de que el resultado, 
presumiblemente, no vaya a ser alterado en una nueva junta”.
El hecho de no haber nombrado específicamente los apartados del artículo 301 de la 
Ley de Sociedades de Capital es un mero formalismo que no presenta relevancia alguna 
en relación con la convocatoria, pues ésta sí recoge el precepto de forma general.
Por  tanto,  en  la  convocatoria  no  se  ha  vulnerado  ninguno  de  los  derechos 
individuales de los socios recogidos en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital, 
prueba evidente de ello es que el certificado, de fecha anterior a la convocatoria, que se 
puso  a  disposición  de  los  accionistas  en  el  domicilio  social  del  club  se  encuentra 
protocolizado en la escritura y, que ninguno de los asistentes puso objeción alguna a la 
ampliación de capital por compensación de créditos realizada, la cual fue aprobada por 
unanimidad  de  los  accionistas,  incluidos  los  minoritarios  y,  por  ello,  cabe  una 
interpretación flexible de la norma, procediendo a la inscripción del aumento del capital 
social aprobado.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes;
Fundamentos de Derecho.
I.  Las calificaciones negativas del Registrador podrán recurrirse potestativamente 
ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en la forma y según los 
trámites establecidos en los artículos 324 y siguientes del Decreto de 8 de febrero 
de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.
II.  El  Club  Deportivo  Badajoz,  S.A.D.  ostenta  legitimación  para  interponer  el 
presente recurso gubernativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del 
Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la 
Ley Hipotecaria, toda vez que es la persona jurídica a cuyo favor se debería practicar la 
inscripción.
III.  El presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes a contar desde 
la fecha de notificación de la calificación, y contempla los requisitos que a tal fin exige el 
artículo 326 del texto legal anteriormente referenciado (…)
En su virtud,
Solicito al Registro Mercantil de Badajoz que, tenga por presentado este escrito, 
junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos y, tenga por interpuesto 
recurso gubernativo frente a la calificación negativa del Registrador Mercantil, en relación 
a la escritura de elevación a público de acuerdos sociales y aumento de capital del Club 
Deportivo Badajoz, S.A.D., y que tras los trámites legales oportunos, lo remita a la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y, una vez allí;
Solicito  a  la  Dirección  General  de  Seguridad  Jurídica  y  Fe  Pública  que  dicte 
resolución  estimando  el  recurso  y  modificando  la  calificación  registral  negativa  con 
respecto al apartado segundo de los fundamentos de derecho de la calificación, llevando 
a cabo los trámites de inscripción del aumento de capital a través de la escritura pública 
que se ha adjuntado al presente, en los términos interesados en la misma.» e.
Mediante oficio, de fecha 17 de agosto IVde 2021, al que se adjuntó el recurso, copia  2021-20035n https://ww
Mauetrocraiznatdil ad ed eB alad aejoszc reitluervaó  ceal leifxicpaeddaie yn tec oap ieas tdae D liare cncoiótan  dGee ncearlaifilc. aDceióbne,  aedl vreergtirisstera qduoer 
no consta en el expediente que se haya dado traslado del recurso al notario autorizante
de la escritura, ni figura informe del registrador, ni su declaración expresa de mantener la 
calificación negativa, requisitos exigidos por el artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 325, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 93, 197, 204, 206, 287 
y 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital; las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre de 2003, 29 de marzo de 2005, 13 de febrero 
y 20 de septiembre de 2006 y 22 de febrero de 2007; las Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 2 y 3 de agosto de 1993, 16 de noviembre 
de 2002, 8 y 26 de julio de 2005, 20 de septiembre de 2006, 8 de febrero de 2012, 23 de 
abril y 29 de noviembre de 2012, 20 de mayo y 24 de noviembre de 2013, 28 y 29 de 
septiembre de 2015, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019, y la Resolución 
de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Publica de 12 de marzo de 2020.
1.  El presente recurso se refiere a la inscripción de un acuerdo de ampliación de 
capital por compensación de créditos, aprobado por unanimidad de los asistentes a la 
junta  general  extraordinaria  de  una  sociedad  anónima  deportiva,  celebrada  con  un 
porcentaje de asistencia superior al 99%. El defecto debatido afecta a la convocatoria de 
la asamblea, en cuyo texto se incluía una «nota» del siguiente tenor literal: «Desde la 
fecha  de  publicación  de  la  presente  convocatoria,  los  accionistas  tendrán  a  su 
disposición en la sede social la información y documentación completa correspondiente a 
todos los puntos del orden del día, así como el derecho a obtener del club, de forma 
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  197  y  287  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital. Asimismo, los socios disponen de un informe del Consejo de 
Administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la 
identidad de los aportantes, el número de acciones que hayan de emitirse y la cuantía 
del aumento. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de 
Sociedades de Capital».
El defecto alegado por el registrador se centra en el mutismo de la convocatoria 
sobre el requisito adicional exigido para las sociedades anónimas por el artículo 301.3 de 
la Ley de Sociedades de Capital, sobre la puesta a disposición de los accionistas de una 
certificación del auditor de cuentas de la sociedad acreditativa de que, una vez verificada 
la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre 
los créditos a compensar, y en la falta de mención del derecho que corresponde a todos 
los socios de examinar en el domicilio social el informe de los administradores, así como 
el de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.
2.  El tema debatido afecta exclusivamente al derecho de información requerido en 
la convocatoria, pues tanto el informe de los administradores como la certificación del 
auditor de cuentas se encuentran incorporados a la escritura y no se les achaca en la 
nota ningún defecto.
Como ha indicado esta Dirección General (cfr. Resoluciones de 28 de enero de 2019 
y 12 de marzo de 2020), la referencia en el anuncio de convocatoria a los artículos 272.2 
y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, como sucede en este caso, no puede «suplir 
o  englobar  el  específico  régimen  legalmente  establecido  para  la  modificación  de 
estatutos por aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la 
exigencia legal del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital que prevé un  e.e
régimen específico y ampliado para tal supuesto». Basta leer con atención el precepto  b
«para hacer patente la enorme importancia que el legislador le atribuye a este informe  035ww
einsfpoermciea l ddee  llooss  aaddmmiinniissttrraaddoorreess  (cpoanratr ámstoedseifi ccaocnio neel sc odnete neidstoa tduetol sa retínc ulgoe n2e8r6a l soqburee, 
uandae miánste, rlpimreittaa csióun  ámqubeit o pae rlmasit as octeiendear depso ra ncóunmimpalidso)»s.  Ploosr  orterqau pisaitrotes,  neos pceacbiael mheanceter 
previstos  por  la  ley  para  la  protección  del  derecho  de  información  en  supuestos
especiales  por  la  mera  consignación  de  los  requisitos  previstos  para  supuestos 
generales.  Si  la  ley  ha  considerado  necesario  exigir  requisitos  especiales  es, 
precisamente, porque se considera que el derecho de información no está debidamente 
protegido en tales supuestos por los requisitos generales de protección.
El derecho de información ha sido configurado por la jurisprudencia (vid. Sentencias 
citadas en «Vistos»), como un derecho esencial, instrumental respecto del derecho de 
voto, imperativo e irrenunciable, que se tiene como consecuencia de la condición de 
socio. Tal derecho permite al socio actuar de forma efectiva en el seguimiento de la 
marcha de la gestión social, controlar las decisiones del órgano de administración, actuar 
en defensa de sus intereses y tener conocimiento preciso de los puntos sometidos a 
aprobación de la junta, posibilitando una emisión consciente y reflexionada del voto. Este 
derecho  se  concreta  en  la  obligación  de  la  sociedad  de  proporcionar  datos  y 
aclaraciones relativas a los asuntos comprendidos en el orden del día (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2002, 12 de noviembre de 2003 y 22 de febrero 
de 2007).
En esta línea, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha reiterado en 
numerosas ocasiones (vid., por todas, Resoluciones de 29 de noviembre de 2012, 28 de 
enero de 2019 y 12 de marzo de 2020) que el derecho de información de los accionistas 
o  socios,  en  cuanto  unitario,  determina  que  la  ausencia  o  falta  de  alguno  de  los 
requerimientos que debe comprender la convocatoria afecta a la totalidad. Por ello, y por 
el especial rigor con que se pronuncia el legislador, la omisión total o parcial de todos o 
algunos de los requerimientos que conforman el derecho de información implica un vicio 
de la convocatoria invalidando el acuerdo que sobre el particular se pueda adoptar 
(Resolución de 16 de noviembre de 2002, entre otras muchas). Es precisamente el 
carácter «mínimo» y esencial del derecho de información del accionista o socio el que ha 
provocado una dilatada doctrina que incide sobre su trascendencia y sobre la necesidad 
de extremar el rigor en su defensa hasta el punto de que se ha afirmado reiteradamente 
que en caso de duda procede actuar en su salvaguarda rechazando la inscripción (vid., 
por todas, Resolución de 8 de julio de 2005).
No obstante, también se ha afirmado que los efectos devastadores de la nulidad 
aconsejan suavizar una rigurosa aplicación de tal doctrina, de manera que los defectos 
meramente formales pueden dispensarse siempre que, por su escasa relevancia, no 
comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de 
febrero  de  2012).  Con  este  enfoque,  se  ha  mantenido  en  casos  concretos  la 
consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente 
nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y 
la  idea  de  que  debe  evitarse  la  reiteración  de  trámites  que,  sin  aportar  mayores 
garantías,  dificultan  y  gravan  el  normal  funcionamiento  de  las  empresas  (vid. 
Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005, 29 de noviembre de 2012, 
29 de septiembre de 2015, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019). Siempre 
partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una 
merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma 
indiscutible que los accionistas o socios minoritarios hayan considerado sus derechos 
individuales violados, situaciones que impedirían cualquier consideración relativa a una 
interpretación flexible que se aleje de la misión propia del derecho de información 
(Resolución 20 de mayo de 2013).
3.  La propugnada ponderación de la equidad requiere un análisis pormenorizado de 
la situación de hecho para apreciar si los derechos individuales de los socios llamados a  s
reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el ejercicio del derecho de  oe.
voto, han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no  w.
admita corrección derivada de las circunstancias concurrentes. De la valoración conjunta  035ww
dinea dtamleissi bclierc udnes tlaonsc idaesr deechboes l leingdairvsied uaa lleas c odnec lulossió nso dceio qsu e(R neos ohlau ceióxnis tiddeo  u2n0a  dveio lmacaióyno 
dcoen v2o0c1a3t)o. riCa,i rcsuun estsacnacsiaa sr ecleovmaon cliaa  neant urrealaleczióan  mceorna mele ncoten jufonrtmo adl ed lea  lcoosn vdoecfeactotorisa , deel   BOE-A-cable e
requisito de que en la convocatoria, aunque sea insuficientemente, se haya respetado el 
derecho de información (Resolución de 24 de octubre de 2013); que el contenido del 
derecho de información se haya reflejado con la debida claridad, pese a las deficiencias 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2005 y 20 de septiembre de 2006 y 
Resolución de 23 de abril de 2012); la consideración de que la omisión de uno de los 
medios de hacerlo efectivo (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el 
envío gratuito de los documentos) no implica «per se» una privación del mismo, pues, 
como afirma el Tribunal Supremo, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al 
ser el derecho de información de atribución legal (Sentencia de 13 de febrero de 2006 y 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de septiembre 
de 2015); o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser 
alterado en una nueva junta (Resolución de 24 de octubre de 2013, entre otras).
Esta doctrina ha recibido el respaldo legal con las modificaciones introducidas por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. De acuerdo con la reforma (artículo 204.3 del texto refundido), no procede la 
impugnación  de  acuerdos  sociales  por  «la  infracción  de  requisitos  meramente 
procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del 
consejo, para la convocatoria (…)» salvo que se refieran a la «forma y plazo» para 
llevarla a cabo. El propio precepto permite corregir una aplicación indiscriminada de tales 
postulados añadiendo que son impugnables los acuerdos cuando se hayan infringido 
requisitos que por su naturaleza puedan ser considerados relevantes, determinantes o 
esenciales, circunstancia que debe resolverse incidentalmente con carácter previo al 
conocimiento del fondo del asunto (artículo 204 «in fine»). En definitiva, como se afirma 
más arriba y por lo que se refiere al objeto de este expediente, son las circunstancias 
concurrentes en el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el 
derecho de información de los socios ha sido respetado en términos tales que sus 
derechos individuales hayan recibido el trato previsto en la ley.
4.  Este Centro Directivo ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre el 
derecho de información en la convocatoria de junta para acuerdos de ampliación de 
capital por compensación de créditos; en concreto, en las Resoluciones de 28 de enero 
de 2019 y 12 de marzo de 2020.
En ambos casos, los anuncios correspondientes tan sólo hacían constar, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, la puesta a 
disposición de los socios, en la sede social, de la información y documentación completa 
correspondiente a las modificaciones estatutarias propuestas, así como el derecho a 
obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la 
junta. Y en las dos ocasiones ha sido confirmada la nota de calificación del registrador 
por  estimarse  que  con  tales  menciones  generales  no  quedan  cumplidos  los 
requerimientos especiales de información que, para las ampliaciones de capital por 
compensación de créditos, exige el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin  embargo,  las  circunstancias  concurrentes  en  esta  oportunidad  presentan 
disparidades que inducen a adoptar una solución diferente.
En relación con la convocatoria de junta general para la ampliación de capital por 
compensación de créditos, el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital incluye, 
para  las  sociedades  anónimas,  tres  requerimientos  informativos  especiales:  1)  «un 
informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos 
a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de 
acciones  que  hayan  de  crearse  o  emitirse  y  la  cuantía  del  aumento,  en  el  que  s
expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la  oe.
contabilidad social»; 2) «una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que,  w.
acredite  que,  una  vez  verificada  la  contabilidad  social,  resultan  exactos  los  datos  035ww
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socios  de  examinar  en  el  domicilio  social  el  informe  de  los  administradores  y  la
certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de 
dichos documentos.
Pues bien, a diferencia de las convocatorias examinadas en las dos Resoluciones 
referidas, donde no se incluía ninguna mención especialmente dirigida a ilustrar a los 
socios sobre las particularidades de la ampliación de capital por compensación de 
créditos, en la coyuntura aquí analizada se hace expresa referencia al documento que 
contiene los pormenores de la operación. En concreto, en la «nota» incluida en la 
convocatoria, tras el aviso genérico de la puesta a disposición de los accionistas de los 
documentos sometidos a la aprobación de la junta, se incluye la siguiente indicación: 
«Asimismo, los socios disponen de un informe del Consejo de Administración sobre la 
naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, 
el número de acciones que hayan de emitirse y la cuantía del aumento. Todo ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital». Por 
tanto, de las tres particularidades informativas demandadas, la convocatoria cumple 
claramente con la atinente al informe de los administradores, implícitamente reconoce, 
en relación con este documento, el derecho de examen y envío de los socios, y omite la 
referencia a la certificación del auditor de cuentas; además, residualmente, efectúa una 
declaración manifiesta de sometimiento al artículo 301 de la Ley de Sociedades de 
Capital.
Como se ha señalado más arriba, el artículo 204.3.b) de la Ley de Sociedades de 
Capital,  para  que  las  deficiencias  observadas  en  la  convocatoria  puedan  tener 
trascendencia  invalidante  del  acuerdo  correspondiente,  exige  que  «la  información 
incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del 
accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de 
participación». En definitiva, lo que demanda del intérprete es un análisis sobre la 
relevancia de la información omitida para que, objetivamente, un accionista medio pueda 
adoptar una decisión fundada sobre el ejercicio de los derechos sociales; en este caso, 
el de asistencia y voto. Y a este respecto, debe tenerse en cuenta que las características 
identificadoras de la ampliación de capital por compensación de créditos son las que, por 
mandato del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, debe incluir el informe de 
los administradores, mientras que la certificación del auditor, no tiene otra misión que la 
auxiliar de constatar la adecuación de la operación propuesta a los datos contables. Por 
ello, no debe reconocerse relevancia invalidante a la mera falta de mención, en el texto 
de la convocatoria, de la puesta a disposición de los socios de tal certificación.
A lo anterior debe añadirse que el acuerdo fue adoptado por unanimidad de todos los 
asistentes a la junta, que representaban más del 99% del capital de la sociedad, de 
suerte que los socios que no votaron a favor, menos del 1% del capital, carecen de 
legitimación para impugnar el acuerdo (artículo 206.1 de la Ley de la Sociedades de 
Capital).
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y 
revocar la nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 15 de noviembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe  oe.
Pública, Sofía Puente Santiago. 035www.