BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 21879
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2827 Sala  Primera.  Sentencia  8/2021,  de  25  de  enero  de  2021.  Recurso  de 
amparo núm. 4319-2019. Promovido por doña María Pilar Moreno Monroy 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Zaragoza en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control 
judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de 
la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2021:8
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4319-2019, promovido por doña María Pilar Moreno 
Monroy, representada por la procuradora de los tribunales doña Amalia Ruiz García, y 
asistida por el letrado don Cristian Monclús Escó, contra el auto de 24 de mayo de 2019, 
dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 318-2015, que desestimó el incidente de nulidad promovido 
por la demandante. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado 
don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 10 de julio de 2019, doña María Pilar 
Moreno Monroy, representada por la procuradora de los tribunales doña Amalia Ruiz 
García, y asistida por el letrado don Cristian Monclús Escó, interpuso recurso de amparo 
contra el auto de 24 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 
2  de  Zaragoza,  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  núm.  318-2015,  que 
desestimó el incidente de nulidad promovido por la demandante.
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes:
a)  Mediante  escrito  de  fecha  22  de  septiembre  de  2015  la  entidad  mercantil 
Catalunya Banc, S.A., presentó demanda de ejecución hipotecaria contra doña María  s
Pilar Moreno Monroy y otro, como deudores hipotecarios en relación con el préstamo con  e.
garantía hipotecaria, elevado a escritura pública el 10 de junio de 2005. El motivo de la  w.
demanda era el impago de los recibos correspondientes a los intereses y amortización  27ww
ddee  c2a0p1i5ta. l Dreel actiovnofso raml idreafde rcidoon  clraé dciltáou sduelsad ere slac iscouroiata  pcroervriesstap oennd ielan tein daicl amdeas  edsec riatubrrail 
a[cnlátiucispualad as eexl tap rbéisst,a lmetora,  rde)c],l alam aenjedcou tlaan tcea nmtiadnaidfe sdtea b1a0 q1u.9e1 5d,a2b7a  €p,o ra  vqeunec idaos cdeen dfoíarm laa   BOE-A-cable e
deuda a fecha de 11 de agosto de 2015. Dicha demanda correspondió al Juzgado de 
Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, que la tramitó con el núm. 318-2015.
b)  Por auto de 5 de octubre de 2015, el juzgado despachó ejecución frente a los 
prestatarios por el indicado importe, en concepto de principal e intereses ordinarios y 
moratorios vencidos, más otros 20.300 € que se fijaban provisionalmente para intereses 
que pudieran devengarse y las costas.
c)  Por resolución de fecha l6 de marzo de 2016 se acordó convocar la subasta de 
la finca hipotecada y, ante la inexistencia de pujas, la entidad ejecutante interesó su 
adjudicación, siendo esta acordada por decreto de la letrada de la administración de 
justicia de 2 de julio de 2016.
d)  La  recurrente,  mediante  escrito  de  6  de  noviembre  de  2018,  solicitó  la 
suspensión de la ejecución y del lanzamiento señalado, argumentando que el Tribunal 
Supremo había planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión 
prejudicial relacionada con la cláusula de vencimiento anticipado que se encontraba 
pendiente de resolución. Por providencia de 21 de noviembre de 2018 se resolvió que 
«no procede acordar la suspensión solicitada» argumentando que «ya se ha producido la 
consumación de la ejecución y no cabe revisar el contrato a los efectos de la existencia 
de cláusulas abusivas».
e)  El 23 de marzo de 2019 la recurrente formuló incidente de nulidad de actuaciones 
invocando la STC 31/2019, de 28 de febrero, al considerar que se había producido una 
vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación 
con el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.1 y 3 CE), 
del derecho de acceso a la vivienda digna (art. 47 CE) y de la primacía del Derecho de la 
Unión (arts. 10.2 y 96 CE). Exponía que en el procedimiento no se había seguido la 
interpretación de la Directiva 93/13 realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en la sentencia de 26 de enero de 2017, pues no se había entrado a analizar la posible 
nulidad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado que era objeto del incidente de 
nulidad.
f)  Antes de resolver el incidente de nulidad de actuaciones, mediante providencia 
de fecha 7 de mayo de 2019, se concedió un plazo de cinco días a las partes para 
realizar alegaciones respecto al contenido de lo establecido en la STJUE de 26 de marzo 
de 2019 en relación con la posibilidad de aplicación subsidiaria de lo establecido en el 
artículo 693.2 Ley de enjuiciamiento civil (LEC). La recurrente presentó escrito el 14 de 
mayo de 2019 instando a que se resolviese el incidente de nulidad de las actuaciones 
interpuesto.
g)  Por  auto  de  24  de  mayo  de  2019  se  rechazó  la  nulidad  de  actuaciones 
pretendida por la parte recurrente y se acordó continuar el procedimiento. El auto se 
remitía a una resolución aparte en la que se daría respuesta al posible abuso de la 
cláusula, argumentando literalmente que «se plantea por la parte solicitante, que ante la 
falta de pronunciamiento por parte de este juzgado respecto de la posible abusividad de 
la cláusula de vencimiento anticipado, y aun encontrándonos ante un procedimiento de 
ejecución hipotecaria en el que se ha consumado la ejecución, el Derecho de la Unión 
nos obliga a pronunciarnos sobre las misma, entendiendo que dar respuesta a lo dicho 
se realizará en resolución aparte, ya que a fecha de 21 de enero de 2019 se dio 
respuesta en providencia que pasó a ser firme» (sic).
h)  Posteriormente se dictó una providencia, de fecha 7 de junio de 2019, por la que 
el órgano judicial se remitía a lo resuelto en la «providencia firme de 21 de enero 
de 2019, en la que se acordaba la imposibilidad de entrar de oficio a revisar la existencia  s
de cláusulas abusivas (vencimiento anticipado), dado que en los presentes autos ya se  oe.
ha producido la consumación de la ejecución restando solamente la puesta a disposición  w.
de la vivienda. Procede, ya que la sentencia de 19-3-19 TJUE nada aclara sobre el  27ww
partii)c ulaLra,  sreegcuuirrr eandteel,a nmtee dcioann teel  persoccreitod imdeie n1t4o  yd es uj udneiboi ddae c u2l0m1i9n,a ciniótenr»p u(ssioc ).recurso de
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de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y los arts. 3.1 y 5 de la 
Directiva 93/13, así como la doctrina de la STC 31/2019, por la que el deber de revisar el 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales existe hasta que el inmueble se ponga 
en posesión del adquirente. Al propio tiempo, en apoyo de su pretensión, extracta el 
contenido de la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús 
Gutiérrez García, por la que establece la obligación del tribunal de admitir el incidente de 
nulidad y conocer del posible abuso de la cláusula.
j)  Dicho recurso fue desestimado por auto de 28 de junio de 2019. En la resolución 
se cuestiona que la recurrente habitara en la vivienda hipotecada, al indicar que el 
certificado  de  empadronamiento  presentado  se  compadece  mal  con  los  varios  e 
infructuosos intentos de notificación efectuados y con la circunstancia de que los vecinos 
desconocían  que  la  recurrente  residiera  en  dicho  inmueble.  Dichas  circunstancias 
determinan, a juicio de la resolución judicial, que se trata de un supuesto distinto al 
contemplado en las resoluciones alegadas, pues «no se puede afirmar que la vivienda 
fuese destinada a uso habitual». A lo que añade que «la STJUE de 26 de enero de 2017 
hace referencia a una hipoteca que inicia el procedimiento el año 2010, sin las reformas 
posteriores que permitieron plazos de oposición, y en el presente supuesto ya existen a 
fecha de 25 de septiembre de 2015 las reformas dichas, sin que exista causa acreditada 
alguna, dado el relato de intentos de requerimiento y notificaciones a la recurrente, que 
le impidiera personarse, como ahora ha hecho» (sic).
3.  La  recurrente  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a la Justicia y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad 
(arts. 9.1 y 3 CE), el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), y el principio de primacía 
del Derecho comunitario (arts. 10.2 y 96.1 CE).
Considera que el origen de la violación se encuentra en que el juzgador en ningún 
momento previo al proceso se pronunció sobre el posible abuso de la cláusula de 
vencimiento anticipado presente en la escritura de hipoteca objeto del proceso ejecutivo. 
No consta en ningún apartado del auto despachando la ejecución que se haya producido 
ese examen de oficio. La única mención que al respecto se produce es en el momento 
de dar respuesta a la solicitud de nulidad de las actuaciones, señalando el órgano 
judicial que se dio respuesta en la providencia de 21 de enero de 2019 por la cual se 
afirma que no cabe revisar el contrato a los efectos de la existencia de cláusulas 
abusivas debido a que ya se ha producido la consumación de la ejecución.
En la demanda se indica que la vulneración conlleva asimismo la inobservancia de lo 
dispuesto en los artículos 10.2 y 96.1 CE, al no respetar la primacía del Derecho de la 
Unión pues resuelve omitiendo su aplicación. En concreto, el actuar del órgano judicial, a 
juicio de la recurrente, es contrario a la interpretación de la Directiva 93/13 efectuada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 26 de enero de 2017, 
asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García.  En dicha sentencia se establece 
la obligación por parte del juzgador de entrar a valorar ex oficio la existencia de cláusulas 
abusivas, así como a no aplicar en ningún caso la cláusula de vencimiento anticipado 
cuando considere que es abusiva. Esta doctrina es compartida por nuestro Derecho 
nacional con base en lo dispuesto en las SSTC 145/2012, de 2 de julio; 232/2015, de 5 
de noviembre; 13/2017, de 30 de enero; 75/2017, de 19 de junio, y 31/2019, de 28 de 
febrero.
Termina solicitando que se declare la nulidad de todo lo actuado desde el dictado del 
auto de fecha 24 de mayo de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de  e.
Zaragoza, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado  w.b
del mismo, para que el órgano judicial resuelva si, con todos los datos que obran en la  27ww
dcaeupsuara, dsaes d alans  lams iscmircausn, steasntcimiaasr  psair ae ds ecpirdoicr eqdueen ltaes  ccolánutisnuulaars  slao ne ajebcuuscivióans  yy,  uenna  qvueéz 
térmMineodsi.ante otrosí, «interesa la suspensión de la ejecución del lanzamiento previsto
para el día 22 de noviembre de 2019».
4.  Por providencia de 21 de septiembre de 2020, la Sala Primera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que concurría en el mismo 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional  (LOTC)]  «porque  el  órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una 
negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal y el asunto 
suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante 
y  general  repercusión  social  o  económica  [STC  155/2009,  FJ  2  f)  y  g)]»,  y  dirigir 
comunicación al órgano judicial interviniente, a fin de que en plazo que no exceda de 
diez  días  remitiera  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones 
correspondientes al procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 318-2015, y procediera 
a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente 
recurso, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en plazo de diez días 
pudieran comparecer, si lo desean.
5.  Por diligencia de ordenación de fecha 19 de noviembre de 2020, de la secretaría 
de la Sala Primera de este tribunal, se acordó, de conformidad con lo establecido en el 
art. 52.1 LOTC dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las 
alegaciones que estimaran pertinentes.
6.  El día 22 de diciembre de 2020 la recurrente de amparo presentó su escrito de 
alegaciones, en el que con referencia al recurso de amparo reiteraba la existencia de la 
vulneración denunciada.
7.  En fecha 19 de enero de 2021 presentó las alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras 
compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y concretar 
los aspectos más relevantes de la pretensión de la demandante, señala que el objeto del 
presente recurso consiste en dilucidar si el juez ha desconocido la doctrina del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en materia de revisión de las cláusulas abusivas de los 
contratos hipotecarios (STJUE de 26 de enero de 2017) y la doctrina constitucional 
(STC 31/2019, de 28 de febrero).
Tras esa acotación, el fiscal lleva a cabo una aproximación al fenómeno de la 
contratación en masa, que dio lugar a la elaboración de las condiciones generales para 
la contratación y la adhesión, por una de las partes, a las cláusulas contractuales 
elaboradas  unilateralmente  por  la  otra.  Incide  en  la  importancia  de  la 
Directiva 93/13/CEE, como instrumento de defensa de los consumidores, la cual ha sido 
transpuesta a través de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y 
otras  leyes  complementarias,  cuyo  texto  refundido  fue  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo  1/2007,  de  16  de  noviembre.  También  destaca  la  importancia  de  la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios y reestructuración de la deuda y alquiler social, en tanto que aumenta la 
protección  de  los  consumidores  y  garantiza  el  examen  ex  oficio  de  las  cláusulas 
abusivas por los tribunales.
Teniendo en cuenta ese contexto legal, el fiscal advierte que en el presente caso no 
se  trata  de  dilucidar  el  carácter  abusivo  de  la  cláusula  a  que  se  refieren  los 
demandantes, pues lo realmente denunciado es que el órgano judicial se ha negado a 
examinar si dicha cláusula reviste ese carácter, al considerar que la pretensión es 
extemporánea o improcedente. Por ello, no le compete al Tribunal Constitucional dirimir 
sobre el posible abuso de la cláusula y su nulidad, ya que ese cometido le corresponde  s
al órgano judicial, quien no solo debe pronunciarse sobre ese aspecto, sino sobre la  oe.
continuación del procedimiento sin aplicación de las cláusulas que, en su caso, deban  w.
scelarr ieEfixcxpaaudmlosinraaad  aeesn x dhleaal  umcsoatnivtetaermniaied, nont oed  eslla oc looSn TptroJaUrt oEl.a  dneo ta2b6le  didee netnidearod  ddee  h2e0c1h7o, s pcoorn  sleors  lqau em sáes   2021-2827n https://ww
someten  al  Tribunal  Constitucional,  sino  porque  la  resolución  da  una  respuesta  al
concreto momento en que es posible la decisión sobre el abuso de las cláusulas, que es
la clave de bóveda para la resolución del asunto. Tras ello examina las resoluciones 
dictadas por el órgano judicial y concluye que el juez se desvía de la resolución correcta 
al  considerar  que  ya  no  cabía  esa  posibilidad  por  haber  concluido  el  proceso  de 
ejecución, pues el mismo no había finiquitado, ya que claramente la vivienda todavía 
estaba, y está en la actualidad, en posesión de la recurrente.
Tras hacer referencia a la STC 31/2019, de 28 de febrero, que resuelve un caso 
similar, concluye que el órgano judicial erró en la toma de consideración de las normas y 
doctrina jurisprudencial, tanto europea, como nacional, pese a que fue referenciada en el 
incidente de nulidad de actuaciones por la recurrente.
Por todo ello, el fiscal considera que la inadmisión del incidente de nulidad planteado 
por  la  demandante  vulnera  su  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión 
(art. 24.1 CE), debiendo otorgarse el amparo y retrotraer las actuaciones al momento en 
que se produjo la vulneración denunciada, a fin de que resuelva sobre el carácter 
abusivo de las cláusulas denunciadas.
8.  Por providencia de fecha 21 de enero de 2021, se señaló para votación y fallo 
del presente recurso el día 25 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Resoluciones impugnadas y pretensiones de las partes.
El presente recurso se interpone exclusivamente contra el auto de 24 de mayo 
de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza. Ahora bien, superando 
sus términos literales, en aras a la eficacia del recurso, y a la vista del suplico de la 
demanda, en el que se solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado, debemos 
extender la impugnación a las resoluciones posteriores: la providencia de 7 de junio 
de 2019 y el auto de 26 de junio de 2019 del citado juzgado. Estas resoluciones también 
fueron dictadas por el mismo juzgado antes de la interposición de la demanda, y como 
en el caso del auto de 24 de mayo de 2019, tuvieron como origen el incidente de nulidad 
interpuesto por la recurrente en que se pretendía que el órgano judicial revisara el 
carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado y en cuyo rechazo se sustenta 
la vulneración de los derechos invocados.
La demandante atribuye a las resoluciones judiciales la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por rechazar la solicitud de revisión 
del eventual abuso de la cláusula de vencimiento anticipado del título de ejecución, 
incumpliendo la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.
El fiscal, con sustento en la argumentación que se recoge en los antecedentes, 
solicita la estimación del recurso de amparo.
2.  Delimitación del contenido y alcance de nuestro enjuiciamiento.
Una vez expuestas las posiciones  de  los intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta, que en ningún 
caso pretende dirimir –como bien afirma el Ministerio Fiscal– si la cláusula contractual 
identificada por la recurrente tiene o no carácter abusivo, pues esa cuestión se incardina 
con claridad dentro de los límites de la legalidad infraconstitucional y, en consecuencia, 
su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria (STC 140/2020, de 6 de octubre, 
FJ 2). Nuestro cometido será determinar si la negativa del órgano judicial a pronunciarse  e.
sobre el carácter abusivo de la cláusula aludida, so pretexto de que la finca ya ha sido  w.b
puesta a disposición de la entidad financiera y de que se habían producido reformas que  27ww
pdeerrmecithieor oan  lpal atzuotse lad ej uddeicniuanl ceiafe cdteivl ac asriánc teinrd aebfeunssivióon  d(ea rlta. s 2c4l.á1u sCuEla)s , pvour lnseur ae ov ennotu eall 
contAral dsiecrc ieósnt ec oenl  lpal adnotcetarimnaie dneto e eslt ep trrimibuenr apla.so obligado será el de recordar la doctrina
sentada por este tribunal en relación con la cuestión suscitada; para, a continuación,
proceder a enjuiciar la adecuación de la respuesta judicial a los postulados fijados en 
esta sede constitucional.
3.  Doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio 
de primacía del Derecho de la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre una cuestión sustancialmente 
similar a la que ahora se nos plantea. En efecto, en el supuesto enjuiciado por el Pleno 
en la STC 31/2019, de 28 de febrero, se resolvió sobre la vulneración del derecho a la 
tutela judicial sin indefensión (art. 24.1 CE), con motivo de la decisión, adoptada por un 
órgano judicial en un procedimiento de ejecución hipotecaria, de «inadmitir el incidente 
de nulidad formulado por la demandante de amparo, en el que se invocaba la existencia 
en  su  contrato  de  préstamo  de  una  cláusula  abusiva,  en  concreto  de  vencimiento 
anticipado  […]  al  decidirlo,  según  denuncia  la  parte,  con  base  en  una  pretendida 
preclusión de su obligación de control […]» (fundamento jurídico 1).
Más adelante, en el fundamento jurídico 4 de la citada resolución reproducimos la 
doctrina expuesta en la STC 232/2015, de 5 de noviembre, según la cual:
«(i)  a este tribunal "corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía 
del Derecho de la Unión cuando exista una interpretación auténtica efectuada por el 
propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea’ [FJ 5 c)], (ii) el desconocimiento y 
preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia, ‘puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma 
aplicable al proceso, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6)", y (iii) prescindir por "propia, 
autónoma y exclusiva decisión" del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de 
una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con 
carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el 
principio de primacía del Derecho de la Unión Europea [FJ 6 b)]».
Posteriormente, en el fundamento jurídico 5 se acoge la doctrina reflejada en la 
STJUE, de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García, 
en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró:
«La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 
norma nacional, como la que resulta del artículo 207 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
enjuiciamiento civil, modificada por la Ley 1/2013 y posteriormente por el Real Decreto-
ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria 
y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, y por el Real Decreto-
ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que impide 
al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas 
de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de 
las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo 
eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del 
contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa 
juzgada, la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, 
ante  el  cual  el  consumidor  ha  formulado,  cumpliendo  lo  exigido  por  la  norma,  un 
incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio,  e.e
cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el  b
eventual carácter abusivo de esas cláusulas». 27ww
En relación con la segunda declaración efectuada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el fundamento jurídico 6 figura el siguiente razonamiento, acerca de 
la exigencia de control judicial respecto de las cláusulas abusivas:
«Este Tribunal considera que de la segunda declaración efectuada en la STJUE 
de 26 de enero de 2017, transcrita en el fundamento jurídico anterior, se desprende que 
las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior 
control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución 
con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia 
de parte o de oficio. Como apunta el fiscal, lo determinante es si el juez estaba obligado 
al examen de oficio y cuál es el momento en que este examen le era exigible. Así que, 
declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación del órgano judicial 
de conocer, bien de oficio o a instancia de parte, del posible carácter abusivo de una 
cláusula contractual, poco importa el momento y cómo llegaron a él los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios para verse compelido a hacerlo. Por ello, el órgano 
judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición –expresión 
utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, en este caso a través de un 
incidente de nulidad, se encuentra obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la 
cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un 
anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada.
Es importante destacar, en este sentido, que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que prevé que las cláusulas abusivas no 
vincularán al consumidor, es (i) "una disposición imperativa que pretende reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las 
partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas (véanse, en 
particular, las sentencias de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, 
C-169/14,  EU:C:2014:2099,  apartado  23,  y  de  21  de  diciembre  de  2016,  Gutiérrez 
Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980, apartados 53 y 55)" 
(STJUE de 26 de enero de 2017, apartado 41) y (ii) "debe considerarse una norma 
equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, 
tienen rango de normas de orden público (véanse las sentencias de 6 de octubre 
de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartados 51 y 52, y 
de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980,  apartado  54)"  (STJUE  de  26  de  enero  de  2017,  apartado  42). 
Precisamente ha sido en este contexto en el que el Tribunal de Justicia ha declarado que 
"el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 […] tan pronto como disponga 
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias de 14 de 
marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 46 y jurisprudencia citada, y 
de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, 
EU:C:2016:980, apartado 58)" (STJUE de 26 de enero de 2017, apartado 43).
[…] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al juez nacional a apreciar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial. En este caso, la sentencia Banco Primus aportaba  e.
los elementos de hecho y de Derecho que permitían, en el caso de que así procediera,  w.b
declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado […]». 27ww
A ello debe añadirse, respecto del deber de motivación de las resoluciones judiciales, 
que este tribunal ha sostenido:
«[E]l derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de los litigantes a 
obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada, fundada en Derecho y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, que también 
puede  ser  de  inadmisión  si  concurre  causa  legal  para  ello  y  así  se  aprecia 
razonadamente por el órgano judicial (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2, y 116/2001, 
de 21 de mayo, FJ 4, entre otras muchas). Asimismo, hemos dicho que la motivación de 
las  resoluciones  judiciales,  aparte  de  venir  impuesta  en  el  art.  120.3  CE,  es  una 
exigencia derivada del art. 24.1 CE con el fin de que se puedan conocer las razones de 
la decisión que aquellas contienen, posibilitando su control mediante el sistema de los 
recursos (por todas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3, y 214/2000, de 18 de 
septiembre, FJ 4). También es doctrina reiterada la de que el derecho a obtener una 
resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad 
e  irrazonabilidad  de  los  poderes  públicos  (SSTC  112/1996,  de  24  de  junio,  FJ  2, 
y 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6).
Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los 
criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 
25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y en segundo lugar, que la motivación esté fundada en 
Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), carga que no queda cumplida con la 
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser 
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad 
(SSTC  61/1983,  de  11  de  julio,  y  5/1986,  de  21  de  enero,  entre  otras).  […]» 
(STC 172/2004, de 18 de octubre, FJ 3).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Una vez reflejado el parámetro al que debemos sujetarnos para dirimir la presente 
litis, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial.
Como  queda  expuesto  en  los  antecedentes,  las  resoluciones  que  rechazan  la 
revisión como abusiva de la cláusula, se limitan a proclamar el carácter extemporáneo de 
la revisión, bien apuntando a que la ejecución hipotecaria ya se ha consumado con la 
puesta a disposición de la vivienda, bien indicando que la recurrente no hizo uso de las 
posibilidades procesales introducidas por las reformas de la legislación procesal. Dicha 
exigua respuesta del órgano judicial frustra la expectativa revisora de la recurrente, con 
desconocimiento  de  las  mínimas  exigencias  de  motivación  y  de  la  propia  doctrina 
anteriormente expuesta, pues sin argumento explicativo alguno se enfrenta con nuestra 
doctrina en relación con el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y la 
obligación de control de oficio por el órgano judicial del eventual abuso de las cláusulas, 
que  únicamente  se  exceptúa  en  el  caso  de  que  el  carácter  abusivo  hubiera  sido 
examinado en un anterior control judicial.
En efecto, de la doctrina expuesta resulta que se residencia en el juez nacional la 
obligación de apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el 
dictado  de  una  resolución  con  fuerza  de  cosa  juzgada,  cuando  disponga  de  los 
elementos  de  hecho  y  de  Derecho  necesarios  para  ello,  siempre  que  la  cláusula 
denunciada no hubiera sido examinada previamente. Sin embargo, el órgano judicial 
rechaza realizar ese control pese a que no ha existido un anterior control judicial en  s
relación con el eventual carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado.  oe.
Rechazo que la resolución sustenta en que la ejecución hipotecaria se había consumado  w.
scpeoronnct eelans acpilaeu sed seetax i 2sat6e  dnditseeps o etsnriacesiró oln a d dreee f o2lar0m 1v7aiv  di(eCen -dl4aa2  l1eo/g1 ei4sn,l a acqsiuóuenn  tnpoor o Bchaeiznsoac ol,u  sdPoer sidmceou nslao, scS iep.nAod.s oibc .itl aidJnaetods eúlass    2021-2827n https://ww
Gutiérrez García), como la STC 31/2019, ambas invocadas por la recurrente y con las
que no dialoga en modo alguno. En efecto, en el asunto Banco Primus, S.A., el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (como recordamos en la STC 31/2019, FJ 5), se había 
pronunciado sobre la obligación de revisar el carácter eventualmente abusivo de una 
cláusula de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en el que también se había 
producido la adjudicación del bien objeto de ejecución y dicha decisión formó parte del 
objeto del debate al haber sido introducida por la recurrente.
Sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo control del 
posible  abuso  de  las  cláusulas  contractuales  de  los  contratos  celebrados  con  los 
consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional anteriormente 
expuesta. Sin embargo, en el presente caso el juzgador rehusó revisar la cláusula de 
resolución por vencimiento anticipado del título de ejecución que dio lugar a la incoación 
del procedimiento judicial, sin que tal decisión se fundara en el hecho de que, en un 
estadio procesal anterior, hubiera ya examinado, de oficio o a instancia de parte, el 
posible abuso de la referida cláusula.
En  conclusión,  las  resoluciones  impugnadas  en  esta  sede  constitucional  han 
lesionado  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin  indefensión  de  la  recurrente 
( art. 24.1 CE), no solo por la falta de motivación material a que se ha hecho mención, 
sino porque la decisión de no atender la revisión interesada por aquella «(i) infringió el 
citado  principio  de  primacía  del  Derecho  de  la  Unión  al  prescindir  por  su  propia, 
autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano 
competente  para  hacerlo  con  carácter  vinculante;  (ii)  incurrió,  por  ello,  en  una 
interpretación  irrazonable  y  arbitraria  de  una  norma  aplicada  al  proceso  […]» 
(STC 31/2019, FJ 9).
5.  Alcance del otorgamiento del amparo.
Por lo expuesto procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente 
declaración de nulidad del auto de 24 de mayo de 2019, y de la providencia y el auto 
de 7 y de 26 de junio de 2019, respectivamente, dictados por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de Zaragoza, en cuya virtud el indicado juzgado rechazó la nulidad de 
actuaciones pretendida por la parte recurrente al considerar extemporánea la pretensión 
de que se declare abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. También procede 
acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de las citadas 
resoluciones, a fin de que, en congruencia con lo interesado en el incidente de nulidad 
de actuaciones, el órgano judicial resuelva sobre el denunciado abuso de la cláusula de 
resolución por vencimiento anticipado de manera respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Pilar Moreno Monroy y, en 
su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). s
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto  e.
de 24 de mayo de 2019, y de la providencia y el auto de 7 y de 26 de junio de 2019,  w.
dictados por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Zaragoza, en el procedimiento  27ww
de ejecución hipotecaria núm. 318-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de las citadas resoluciones, para que el órgano judicial dicte una nueva 
que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.