BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Martes 7 de septiembre de 2021 Sec. I.   Pág. 108115
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
14603 Decreto-ley 7/2021, de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020, 
de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador específico 
para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
I
Desde  la  calificación  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  como  pandemia 
internacional, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 
ha evolucionado, tanto a nivel nacional como mundial, con enorme rapidez y esto ha 
puesto de relieve una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar 
los efectos, especialmente a partir de la declaración del estado de alarma, llevada a cabo 
por el Gobierno central mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Nos encontramos ante una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria 
amplitud y gravedad, tanto por el riesgo extraordinario de contagio y por el elevado 
número  de  personas  afectadas,  con  la  consiguiente  presión  sobre  los  servicios 
sanitarios,  como  por  el  alto  coste  social  y  económico  derivado  de  las  medidas 
extraordinarias  de  contención  adoptadas  internacionalmente.  La  evolución  de  la 
pandemia ha exigido la adopción de sucesivas medidas adicionales para afrontar y para 
garantizar la gestión eficaz de esta emergencia sanitaria, contener la propagación de la 
enfermedad y preservar y garantizar la respuesta de nuestro sistema de salud.
Los efectos de la pandemia han sido considerablemente controlados en las Illes 
Balears,  gracias  a  las  medidas  de  contención  adoptadas.  Desgraciadamente,  sin 
embargo, en el momento actual nos encontramos nuevamente inmersos en una nueva 
oleada que afecta de una manera agravada a la población más joven y que se ha 
expandido muy rápidamente, a partir del momento en que se han levantado todas las 
restricciones a la movilidad y a las reuniones sociales y familiares.
La evolución de la pandemia en la actualidad se caracteriza en que la mayoría de los 
nuevos casos identificados están afectando a población joven no vacunada, y se asocian 
a la celebración de acontecimientos de gran diseminación, donde grupos numerosos de 
personas  pasan  tiempos  prolongados  en  situaciones  de  elevada  probabilidad  de 
incumplimiento de las medidas de prevención de la transmisión (uso de mascarilla o 
mantenimiento de distancia).
Esta nueva situación de gravedad en la transmisión del virus debe ser cortada con 
objeto de preservar el derecho a la salud. La evidencia y los datos demuestran que la 
propagación de los contagios se ha extendido y que la vacunación, aunque sigue a buen 
ritmo, no exime de la probabilidad de contagio. Si bien proporciona a la inmensa mayoría 
de las personas vacunadas una buena protección frente a la enfermedad grave y frente a 
la  hospitalización,  la  efectividad  para  prevenir  la  infección  asintomática  y  evitar  la 
transmisión de la enfermedad a otras personas es más baja.
La naturaleza y evolución imprevisible de esta enfermedad, en relación con las 
formas de contagio y con la propagación del virus, hace que se hayan adoptado o se  s
adopten medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que deben permitir  e.
seguir afrontando y controlando la pandemia, una vez expirada la vigencia del estado de  w.
alarma y de las medidas derivadas de aquel, en la medida en que la pandemia subsiste y  603ww
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modificar el Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, por el cual se establece un régimen 
sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, para tipificar 
específicamente  como  infracciones,  la  participación  en  aquello  que  se  denominan 
botellones,  actualmente  prohibidos  en  todos  los  lugares  de  las  Illes  Balears,  como 
también la venta de alcohol fuera del horario en que esta no está permitida.
II
Este Decreto-ley modifica el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se 
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 
las  disposiciones  dictadas  para  paliar  los  efectos  de  la  crisis  ocasionada  por  la 
COVID-19, para tipificar como falta grave, además de la venta de alcohol fuera del 
horario permitido, la participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto 
esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios públicos o privados, 
cuando se ha recibido un diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 y se ha interrumpido la 
obligación de cuarentena que comporta y establece también que en el primer caso 
(personas con diagnóstico positivo que interrumpen la obligación de aislamiento), la 
sanción que se imponga debe ser, como mínimo, de cinco mil euros y en el segundo 
caso (personas que han sido contacto estrecho de una persona positiva que interrumpen 
la obligación de cuarentena) la sanción que se imponga tiene que ser, como mínimo, de 
dos mil euros. También se propone una sanción mínima de cinco mil euros, por la venta 
de alcohol fuera del horario permitido.
Asimismo, se tipifica como falta leve la participación en reuniones, fiestas o cualquier 
otro tipo de acto esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios 
públicos o privados, en los cuales se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten 
la adopción de las medidas sanitarias de prevención cuando no suponga falta grave; la 
sanción que se imponga debe ser, como mínimo, de mil euros.
Respecto de los incumplimientos relacionados con fiestas o reuniones y otros tipos 
de situaciones que puedan suponer aglomeraciones, se introduce un párrafo en el 
artículo 8, para establecer criterios específicos de gradación, con la confianza de que 
producirá efectos disuasorios.
Finalmente, se modifica el apartado 4 del artículo 9 en el sentido de considerar 
personas responsables de las infracciones a los propietarios de las viviendas o de los 
espacios en los cuales se lleven a cabo las actividades infractoras tipificadas en los 
artículos 3.b) y 4.b) de este Decreto-ley; son responsables de la infracción cometida en 
caso de que no comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el 
alojamiento de la vivienda o del espacio en el cual se haya cometido la infracción, si es el 
caso.
III
Las modificaciones que se llevan a cabo mediante este Decreto-ley se consideran 
urgentes  y  necesarias,  en  atención  a  su  efecto  disuasorio,  para  garantizar  el 
cumplimiento de las medidas que, con el fin de asegurar la salud de las personas, 
establecen las autoridades sanitarias.
En la actual situación de pandemia declarada debido a la COVID-19, el Tribunal 
Constitucional ha declarado que nos encontramos en un escenario en que los límites al 
ejercicio de los derechos, que indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de  e.
proteger otros bienes y derechos constitucionales también dignos de protección, como  w.b
son la integridad física, la salud y la vida de todas las personas (artículos 15 y 43 de la  603ww
TCCon 4s0ti/t2u0c2ió0n,) d, ea s3í0  cdoem aob rlial) .necesidad de evitar el colapso del sistema sanitario (Auto
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acudir a la excepcionalidad constitucional que implica la declaración de un estado de 
alarma, si bien con respecto al principio de reserva de ley (orgánica u ordinaria) siempre 
que la limitación se encuentre suficientemente determinada en la disposición legal de 
habilitación en cuanto a los supuestos y las finalidades que persigue, y esté justificada 
en la protección de otros bienes o derechos constitucionales. Además, hay que recordar 
la doctrina de este Tribunal, entre otras, en la Sentencia 53/2002, de 27 de febrero, que 
distingue entre restricciones directas a un derecho fundamental, que se tienen que 
vehicular mediante una ley orgánica, y restricciones a la manera, el tiempo y el lugar del 
ejercicio del derecho fundamental, que se pueden llevar a cabo mediante ley ordinaria. 
Por todo ello, el contenido de este Decreto-ley se ajusta a la doctrina constitucional sobre 
la materia, y se ampara en el marco legal estatal, orgánico y básico, aplicable, y las 
medidas que se puedan adoptar al amparo de esta modificación legal estarán sujetas al 
debido de control judicial.
IV
Este Decreto-ley se estructura en un solo artículo y tres disposiciones finales.
El artículo único recoge las modificaciones de los artículos 4, 5, 6, 8 y 9 del Decreto-
ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador específico para 
hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19, en el sentido expuesto en el apartado III.
La disposición final primera modifica el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 3/2020, 
de 29 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2021, en el sentido de dar el mismo tratamiento a la contratación del 
personal estatutario temporal y del personal laboral temporal que lleva a cabo la entidad 
pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears, en atención a la 
situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
La  disposición  final  segunda  introduce  una  norma  específica  en  materia  de 
contabilización de los ingresos que se reciban de la Administración del Estado para 
financiar proyectos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en virtud 
de  la  cual  estos  ingresos  se  pueden  imputar  inicialmente  en  la  contabilidad  no 
presupuestaria, y deben ir aplicándose posteriormente, año tras año, al presupuesto de 
ingresos en función del ritmo de ejecución de los proyectos, con la finalidad esencial de 
agilizar la ejecución de estos proyectos. De esta manera, el importe de las anualidades 
de un mismo proyecto que se prevea ejecutar a lo largo de cada año se puede prever ya 
desde un principio en los estados iniciales de gastos del presupuesto corriente de cada 
uno de los años de vida del proyecto, con la subsiguiente correlación e imputación 
cuantitativa en el presupuesto de ingresos, sin necesidad, por tanto, de tener que pasar 
por la vía de la incorporación de los remanentes de crédito con financiación afectada; 
todo ello, claramente, sin perjuicio de la eventual generación de créditos a que se refiere 
el artículo 59 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, en el hipotético caso de falta de previsión suficiente en los 
créditos iniciales del presupuesto de cada ejercicio.
La disposición final tercera establece la vigencia.
V
Las medidas que contiene este Decreto-ley deben acometerse sin dilaciones, por lo 
cual se debe hacer uso de la figura del Decreto-ley, en atención al carácter extraordinario  e.
y excepcional de la grave situación de crisis sanitaria planteada, que requiere adoptar  w.b
con urgencia y de manera inaplazable la centralización del ejercicio de la potestad  603ww
sancLiao naaddooprcai óanu tdoen óemstiec aD.ecreto-ley se adecúa a las previsiones que se contienen en el
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extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten los derechos establecidos 
en el Estatuto de Autonomía, las materias objeto de leyes de desarrollo básico de este, 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el 
régimen electoral ni el ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.
Los motivos de oportunidad que se han expuesto, como también las medidas que se 
adoptan en este Decreto-ley, justifican amplia y motivadamente la adopción de esta 
norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
De conformidad con lo que dispone el artículo 49 de Ley 1/2019, de 31 de enero, del 
Gobierno de las Illes Balears, este Decreto-ley se ajusta a los principios de buena 
regulación, atendiendo los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se 
fundamenta en el interés general para hacer frente a la crisis de salud pública provocada 
por la COVID-19.
La norma se adecúa también a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad 
y eficiencia, establece una norma clara que asegura la mejor protección de los derechos 
de los ciudadanos y proporciona certeza y agilidad a los procedimientos, sin imponer 
cargas  administrativas  no  justificadas,  y  la  regulación  que  contiene  resulta 
proporcionada,  en  atención  a  la  particular  situación  existente  y  a  la  necesidad  de 
garantizar el principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas.
En cuanto al principio de transparencia, vista la urgencia para la aprobación de esta 
norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia e información 
públicas, en conformidad con lo que dispone el artículo 55.2.c) y h) de la Ley 1/2019. Por 
lo tanto, por su naturaleza y finalidad, concurren en este caso las circunstancias de 
extraordinaria  y  urgente  necesidad  que  exigen  los  artículos  86  de  la  Constitución 
española y 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, como presupuestos que 
habilitan la aprobación de este Decreto-ley, por lo cual el Gobierno de las Illes Balears 
considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las 
disposiciones que se han descrito, dado que responde a la exigencia que haya una 
conexión  de  sentido  o  relación  de  adecuación  entre  la  situación  excepcional  y  las 
medidas que se pretenden adoptar, que son idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
Por todo esto, al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía, a propuesta de 
las Consejeras de Presidencia, Función Pública e Igualdad, y de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 20 de 
julio de 2021, se aprueba el siguiente Decreto-Ley:
Artículo único.  Modificaciones del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se 
establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos 
de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 
COVID-19.
1.  Se añaden tres nuevas letras, como letras d), e) y f), al artículo 4 del Decreto-
ley 11/2020, de 10 de julio, con la redacción siguiente:
«d)  La  participación  en  reuniones,  fiestas  o  cualquier  otro  tipo  de  acto 
esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios públicos o 
privados, cuando se ha recibido un diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 y se ha 
interrumpido la obligación de aislamiento que comporta.
e)  La  participación  en  reuniones,  fiestas  o  cualquier  otro  tipo  de  acto  s
esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios públicos o  oe.
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2.  Las letras d), e), f) y g) del artículo 4 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, 
pasan a ser letras g), h), i) y j), respectivamente.
3.  Se añade una nueva letra, como letra b), al artículo 5 del Decreto-ley 11/2020, 
de 10 de julio, con la redacción siguiente:
«b)  La  participación  en  reuniones,  fiestas  o  cualquier  otro  tipo  de  acto 
esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios públicos o 
privados, en los cuales se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la 
adopción  de  las  medidas  sanitarias  de  prevención,  cuando  no  suponga  falta 
grave.»
4.  Las letras b), c), d) y e) del artículo 5 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, 
pasan a ser letras c), d), e) y f), respectivamente.
5.  Se modifica el apartado 4 del artículo 6 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, 
que pasa a tener la redacción siguiente:
«4.  No obstante lo que disponen los apartados anteriores:
a)  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  uso  de  mascarillas  y  el 
incumplimiento de la prohibición de consumir tabaco y asimilados solo podrá 
sancionarse, como máximo, con una multa de 100 euros.
b)  El incumplimiento de no participación en reuniones, fiestas o cualquier otro 
tipo de acto esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios 
públicos o privados, en los cuales se produzcan aglomeraciones que impidan o 
dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, cuando no suponga 
falta grave, se sancionará, como mínimo, con una multa de 1.000 euros.
c)  El incumplimiento de no participación en reuniones, fiestas o cualquier otro 
tipo de acto esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios 
públicos o privados, cuando se ha sido contacto estrecho de una persona que 
haya resultado positiva de SARS-CoV-2, y se ha interrumpido la obligación de 
cuarentena que comporta, se tiene que sancionar, como mínimo, con una multa 
de 2.000 euros.
d)  El incumplimiento de no participación en reuniones, fiestas o cualquier otro 
tipo de acto esporádico o eventual, de carácter público o privado, en espacios 
públicos o privados, cuando se ha recibido un diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 
y se ha interrumpido la obligación de aislamiento que comporta, se sancionará, 
como mínimo, con una multa de 5.000 euros.
e)  La  venta  de  alcohol  fuera  del  horario  permitido  se  sancionará,  como 
mínimo, con una multa de 5.000 euros.»
6.  Se añade un nuevo apartado (el 2) al artículo 8 del Decreto-ley 11/2020, de 10 
de julio, con la redacción siguiente:
«2.  La imposición de las sanciones relacionadas con reuniones, fiestas o 
cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, de carácter público o privado, en 
espacios públicos o privados, en los cuales se produzcan aglomeraciones que 
impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención tiene que 
tener en cuenta el hecho que puedan producir un daño grave o muy grave para la 
salud de la población.
A  estos  efectos,  se  entiende  que  se  produce  un  daño  grave  cuando  el  es
incumplimiento puede poner en riesgo a más de cincuenta personas y muy grave  o
cuando puede poner en riesgo a más de ciento cincuenta personas. 603ww
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7.  El primer párrafo del artículo 8 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, debe 
enumerarse con el ordinal 1.
8.  Se modifica el apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, 
que pasa a tener la redacción siguiente:
«4.  Los propietarios de las viviendas o de los espacios en los cuales se 
lleven a cabo las actividades infractoras tipificadas en los artículos 3.b) y 4.b) de 
este Decreto-ley son responsables de la infracción cometida en caso de que no 
comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el alojamiento de 
la vivienda o del espacio en el cual se haya cometido la infracción, si es el caso.»
9.  El apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio pasa a ser el 
apartado 5.
Disposición  final  primera.  Modificación  del  apartado  3  del  artículo  19  de  la 
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para el año 2021.
Se modifica el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, que 
pasa a tener la redacción siguiente:
«3.  En  el  caso  de  nombramientos  de  personal  estatutario  temporal  del 
Servicio de Salud de las Illes Balears cuya justificación sea la necesidad urgente e 
inaplazable, la autorización previa corresponde al director general del Servicio de 
Salud  o  al  órgano  en  que  delegue,  el  cual  comprobará  la  disponibilidad 
presupuestaria, la legalidad de la modalidad de nombramiento temporal que se 
proponga y la justificación de la necesidad urgente e inaplazable.
En  el  caso  de  nombramientos  de  personal  estatutario  temporal  o  de 
contrataciones laborales temporales de la entidad pública empresarial Gestión 
Sanitaria  y  Asistencial  de  las  Illes  Balears  en  atención  a  la  situación  de 
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, la justificación de los cuales 
sea la necesidad urgente e inaplazable, la autorización previa corresponde al 
director gerente de la entidad pública empresarial o al órgano en que delegue, el 
cual comprobará la disponibilidad presupuestaria, la legalidad de la modalidad del 
nombramiento temporal que se proponga y la justificación de la necesidad urgente 
e inaplazable.
Las gerencias y los centros del Servicio de Salud de las Illes Balears y de la 
entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears no 
pueden realizar ninguna propuesta de nombramiento de carácter temporal si no 
queda acreditada la dotación presupuestaria correspondiente.
Con periodicidad mensual, la Dirección de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales del Servicio de Salud de las Illes Balears y el órgano competente de la 
entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears 
enviarán a la Dirección General de Presupuestos y a la Dirección General de 
Función Pública y Administraciones Públicas un certificado en el que se hagan 
constar  el  número  total  de  nombramientos  temporales  y  las  prórrogas,  por 
categorías, con indicación de la modalidad –interino, eventual o de sustitución– 
para cada centro o gerencia del mes inmediatamente anterior, con especificación 
del  gasto  correspondiente  al  personal  estatutario  temporal  eventual  y  de  e.
sustitución.» w.b
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears para el 
año 2021.
Se añade un nuevo capítulo, el capítulo IV, en el título VI de la Ley 3/2020, de 29 de 
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2021, con la redacción siguiente:
«CAPÍTULO IV
Normas sobre imputación contable de determinados ingresos
Artículo 54 bis.  Imputación contable de determinados ingresos.
1.  Los fondos que se reciban de la Administración del Estado para financiar 
proyectos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se pueden 
imputar a la contabilidad no presupuestaria y deben aplicarse al presupuesto de 
ingresos de cada ejercicio de conformidad con la previsión de ejecución de cada 
proyecto.
2.  En el ejercicio en que se reciban los fondos, y de conformidad con la 
propuesta  que  haga  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  la  Intervención 
General  de  la  Comunidad  Autónoma  aplicará  al  presupuesto  de  ingresos  el 
importe de las anualidades de los proyectos que se prevean ejecutar en el mismo 
ejercicio, aunque el incremento de activo se produzca íntegramente en el ejercicio 
citado.
3.  En  cada  uno  de  los  ejercicios  sucesivos,  la  Dirección  General  de 
Presupuestos ha de incluir en el Anteproyecto de Presupuestos generales de la 
Comunidad  Autónoma  la  previsión  de  ingresos  y  gastos  de  la  anualidad 
correspondiente de los proyectos que prevea ejecutar en el ejercicio.
Asimismo, la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a propuesta de 
la Dirección General de Presupuestos, aplicará al presupuesto de ingresos, en 
formalización, la parte de ingresos imputados a la contabilidad no presupuestaria 
que correspondan a la anualidad de los proyectos que se hayan de ejecutar en el 
ejercicio.
4.  En todo caso, los ingresos a los que hace referencia este artículo pueden 
generar crédito en el presupuesto de gastos siempre que estos no estén previstos 
en los créditos iniciales, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 14/2014, 
de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.»
Disposición final tercera.  Vigencia.
Este Decreto-ley entra en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears».
Palma, 20 de julio de 2021.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.–La 
Consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez.–La 
Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 97, de 20 de julio de 2021. Corrección de erratas 
publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 98, de 22 de julio de 2021. Corrección de errores  s
publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 100, de 27 de julio de 2021. Convalidado por  e.
Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»  w.b
número 102, de 31 de julio de 2021) 603ww