BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 28 Martes 2 de febrero de 2021 Sec. I.   Pág. 12163
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
1478 Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular 
la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de 
alojamiento en régimen de alquiler.
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad.
De conformidad con el que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, 
de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el 
Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de la Generalidad 
de Cataluña;
De acuerdo con eso, promulgo el siguiente Decreto-ley
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, aprobada al amparo 
del  artículo  137.1  del  Estatuto  de  autonomía  de  Cataluña,  regula  el  derecho  a  la 
vivienda, entendida como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna 
que sea adecuada, y constituye el eje a partir del cual se estructuran todas las políticas 
públicas en esta materia. Una norma que en los últimos años ha sido complementada y 
desplegada por otras disposiciones legales o reglamentarias.
Entre las disposiciones aprobadas este último año destacan el Decreto-ley 17/2019, 
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y la 
Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de 
rentas  en  los  contratos  de  arrendamiento  de  vivienda.  Ambas  focalizadas, 
respectivamente, a fomentar la promoción de vivienda protegida y contener los precios 
de alquiler con el fin de incrementar el parque de vivienda protegida y también la oferta 
general de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles.
A pesar de las disposiciones adoptadas en los últimos meses, la crisis sanitaria en 
que vive inmersa Cataluña y el conjunto de la población mundial como consecuencia de 
la pandemia del Covid-19 ha agravado todavía más el acceso a una vivienda digna y 
adecuada de una parte importante de la población, situación que ha desembocado en 
una importante crisis económica y social. En este sentido, todavía es demasiado pronto 
para tener los datos que reflejen con exactitud el alcance de la crisis social y su impacto, 
pero  parece  evidente  que  la  bajada  de  ingresos  como  consecuencia  de  la  crisis 
económica puede derivar en una situación económica insostenible en muchos hogares. 
Un problema que puede agravar las dificultades, preexistentes a la crisis, de acceso a 
una vivienda si tenemos en cuenta que una parte importante del gasto mensual de 
muchos hogares se destina a esta finalidad −el 42,7 % en Barcelona ciudad y el 45,1 % 
en  el  resto  del  Área  metropolitana,  según  datos  del  Informe  del  Observatorio 
Metropolitano de la Vivienda (O-HB), correspondiente al 2018.
Así  lo  apunta  la  encuesta  «Habitante  en  confinamiento»,  realizada  por  el  e.
Observatorio Metropolitano de la Vivienda (julio de 2020) a partir de 6.000 respuestas,  w.b
donde se estima que durante los primeros dos meses de confinamiento, en el 42,9 % de  78ww
lsoitsu ahcoiógna reecso dneólm Áicrae,a y  msóeltoro epno leitla 1n,a9  %de  dBea lorcse hloongaa rsees  hhaa  mpreojodruacdidoo l au enc orentoromcíeas dou erann tlae 
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empeorado la situación en contraposición al 44,9 % de los hogares que pagan hipoteca.
En este contexto resulta imprescindible reforzar hoy, de manera inmediata, la doble 
estrategia, definida en el Decreto-ley 17/2019, de incrementar el parque de vivienda 
protegida y facilitar el acceso a la vivienda de alquiler en todos sus niveles (social, 
asequible o libre), y garantizar, asimismo, la aplicación efectiva de la Ley 11/2020, de 18 
de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos 
de arrendamiento de vivienda.
Por este motivo, el Decreto-ley aborda tres de los elementos que pueden ayudar a 
remover los obstáculos y hacerlo posible: la actualización de los precios de venta y las 
rentas máximos de las viviendas con protección oficial no regidas por el sistema de 
determinación  de  precios  y  rentas  establecido  por  el  Decreto-ley  17/2019,  para 
garantizar  su  viabilidad;  la  configuración  jurídica  de  los  alojamientos  con  espacios 
comunes complementarios, para dar respuesta a la demanda de vivienda con elementos 
de uso compartido, la incorporación de la obligación legal de las administraciones que 
dispongan de datos o de documentación sobre rentas de alquiler, de cederlas a las 
administraciones competentes para ejercer actuaciones de inspección y control de la 
Ley 11/2020, de contención de rentas y la adición de una medida de contención de les 
rentas de alquiler. Las tres regulaciones tienen que facilitar la ampliación del parque 
actualmente existente de vivienda con protección oficial y también de las viviendas de 
alquiler de precio asequible.
Las  medidas  que  se  adoptan  emanan  de  varias  mociones  y  resoluciones  del 
Parlamento de Cataluña aprobadas los últimos meses. Es el caso de la Moción 180/XII 
del Parlamento de Cataluña, de 24 de julio de 2020, sobre la estrategia para garantizar el 
derecho  a  la  vivienda,  que  apostaba  por  impulsar  la  construcción  de  alojamientos 
dotacionales y poner en marcha los mecanismos adecuados para incrementar el parque 
público de vivienda, especialmente de alquiler, y asimilarlo, cuando menos, a la media 
europea. Así como la Moción 140/XII del Parlamento de Cataluña, de 19 de diciembre 
de 2019, sobre la vivienda, que pedía impulsar un pacto autonómico que fijara como 
objetivos el incremento del parque público de vivienda destinado a alquiler social y 
asequible y un cambio del modelo de acceso a la vivienda protegido basado en la 
propiedad por un modelo basado en el alquiler asequible o cesión de uso, con el impulso 
de las cooperativas y las sociedades de arrendamiento, tanto públicas como privadas. 
Como también la Resolución 902/XII del Parlamento de Cataluña, de 23 de julio de 2020, 
sobre la vivienda con perspectiva juvenil, que apostaba por crear programas de apoyo y 
promoción de nuevas formas de tenencia de vivienda, como las cooperativas de cesión 
de uso, la copropiedad, la masovería urbana y la covivienda intergeneracional.
En este contexto, las disposiciones contempladas en el Decreto-ley tendrían que 
permitir desatascar con carácter inmediato el desarrollo de muchas de las promociones 
de vivienda con protección oficial que, con los actuales precios de alquiler y venta, 
vigentes del 2008, resultan hoy inviables si se atiende al hecho de que, de acuerdo con 
los  datos  del  Boletín  Económico  de  la  Construcción,  el  incremento  de  coste  de 
construcción que se ha producido entre el 2008 y el 2020 ha sido del 19,84 %.
Asimismo,  la  nueva  regulación  de  los  alojamientos  con  espacios  comunes 
complementarios debe permitir desarrollar nuevas fórmulas de vivienda de alquiler, con 
una importante demanda, pero que hoy no tienen encaje en el actual marco normativo 
porque no las prevé. Estas nuevas tipologías de vivienda compartida, esencialmente el 
régimen de alquiler, tienen que abaratar el coste de la emancipación de los jóvenes y dar 
respuesta a la creciente movilidad laboral y formativa, pero también permitir nuevas 
modalidades residenciales de otras franjas de población como las personas mayores. s
Finalmente, la necesidad de aplicar las medidas que la Ley 11/2020 ha incorporado  oe.
en el régimen de control y sancionador de la Ley 18/2007, para paliar las situaciones de  w.
exclusión residencial y dar respuesta efectiva al derecho al acceso a una vivienda digna  78ww
ya dmasineiqsutriabcleio, nmeso tqivuae  tdaismpboiénng anla  dnee dcaetsoids aod  ddee d oinccuomrpeonrtaarc iólan  soobblirgea creiónnta sle gdael  adlqeu illears, 
de cederlas a las administraciones competentes para ejercer actuaciones de inspección
y control en materia de contención de rentas y añadir una medida de contención de las 
rentas de alquiler.
El despliegue inmediato de las tres medidas, vehiculadas a través de este Decreto-
ley, resulta de extraordinaria y urgente necesidad considerando el actual contexto, y 
suponen reforzar y facilitar la ejecución de alguna de las medidas establecidas por el 
Decreto-ley 17/2019 o por la Ley 11/2020 para facilitar el acceso a la vivienda, tal como 
se ha apuntado.
II
El Decreto-ley se estructura en cuatro artículos que modifican, respectivamente, el 
Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a 
la vivienda, la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y el texto 
refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, y la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
contención de rendes en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación 
de la Ley 18/2207, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del 
derecho a la vivienda. El articulado se cierra con una disposición derogatoria y una 
disposición final.
El artículo 1 añade una nueva disposición transitoria, la quinta bis, en el Decreto-
ley 17/2019 para regular algunos aspectos relativos a los precios de venta y las rentas 
máximos  de  las  viviendas  con  protección  oficial  sujetas  a  regímenes  anteriores  al 
Decreto-ley  17/2019.  La  nueva  disposición  transitoria  quinta  bis  se  articula  en  tres 
apartados. En el primero de ellos se regulan los precios de venta y las rentas máximos 
que regirán para las viviendas con protección oficial de régimen general y especial que 
se califiquen a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley y que, de acuerdo con la 
disposición  transitoria  quinta  del  Decreto-ley  17/2019,  estén  sujetos  al  sistema  de 
determinación de precios de venta y de rentas máximos establecido por el régimen 
anterior. El artículo incorpora un cuadro con los precios y rentas de las viviendas y sus 
anexos, distinguiendo los importes entre régimen general y especial en las cuatro zonas 
geográficas (A, B, C y D) que regula el Decreto 75/2014, del Plan para el derecho a la 
vivienda. En el segundo apartado se determina la actualización anual automática que 
tendrán los mencionados precios de acuerdo con la variación experimentada por el 
índice de precios al consumo, y en el tercero se establecen los límites a que queda 
sujeta la actualización de precios y de rentas máximos en las segundas y posteriores 
transmisiones, alquileres o cesiones del uso de las viviendas con protección oficial 
cualificadas de conformidad con cualquiera de los regímenes anteriores al presente 
Decreto-ley.
El artículo 2 se articula en siete apartados diferentes, a través de los cuales se 
modifican y se añaden diferentes artículos a la Ley del derecho a la vivienda con la 
finalidad de dar respuesta urgente al incremento de la demanda de viviendas de alquiler.
En los cuatro primeros apartados se añaden o se modifican disposiciones de la Ley 
del  derecho  a  la  vivienda  para  regular,  como  una  tipología  más  de  vivienda,  los 
alojamientos con espacios comunes complementarios y definir también los espacios 
comunes complementarios. Los alojamientos con espacios comunes se caracterizan 
porque, a pesar de tener una superficie del espacio privativo inferior a la fijada para el 
resto de tipologías de vivienda, la suma del espacio privativo y la parte proporcional que 
le corresponde de los espacios comunes complementarios no puede ser inferior a la  s
superficie mínima establecida en la normativa de habitabilidad. Por otra parte, en esta  e.
nueva tipología de viviendas se prohíbe la división en propiedad horizontal, lo que  w.
propiciará que se destinen al mercado de alquiler. 78ww
dereEcnh oe la q ulain vtoiv iaepnadrata pdaor,a s eq uaeñ aladse  audnm niuneisvtroa caipoanretasd poú 7b leicna se ly a lratísc uelon ti1d3a0d edse  dlae lL seeyc dtoerl 
spoúbbrliec or eqnutea,s p doer  laaslq fuuinlecri odnee sv iqvuieen tdieanse lna sa trcibeudiadna sa,  dreisqpuoenreimn ideen tod adtoes  lya  daodcmumineisntrtaacciióónn   BOE-A-cable e
competente para el ejercicio de las tareas del régimen de control y sancionador que 
establece el título VI en materia de contención de rentas y que debe permitir la aplicación 
del régimen de control y sancionador introducido por la Ley 11/2020.
En el sexto apartado se añade una nueva disposición transitoria a la Ley del derecho 
a la vivienda, la décima, para establecer las condiciones mínimas de habitabilidad de los 
espacios comunes complementarios de las viviendas y de los alojamientos hasta la 
adaptación  del  Decreto  141/2012,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad, a la 
nueva normativa del presente Decreto-ley. Con respecto a las superficies mínimas de los 
alojamientos, se mantienen las establecidas reglamentariamente, si bien, mediante las 
nuevas previsiones legales, parte de la superficie se puede destinar a espacios comunes 
complementarios.
En el séptimo y último apartado se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 
del derecho a la vivienda, la undécima, para regular las condiciones de los precios y 
rentas  máximos  aplicables  a  las  viviendas  y  alojamientos  con  espacios  comunes 
complementarios con protección oficial hasta la adaptación del Plan para el derecho a la 
vivienda a este Decreto-ley.
En el artículo 3, se modifica el apartado 2 del artículo 100 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo en que se regulan las modificaciones de las figuras de planeamiento 
urbanístico que requieren un incremento de las reservas para sistemas urbanísticos. La 
nueva regulación, pensada para facilitar la implantación de los alojamientos con espacios 
comunes complementarios, exime a estos de la reserva de sistemas de espacios libres y 
equipamientos cuando se incorporen mediante una modificación de planeamiento, en 
términos análogos a las viviendas de protección pública, sin rebasar el número de 
viviendas que resulta de aplicar el módulo de 70 m2 al techo. Con esta prevención, se 
considera que no se produce un incremento potencial del número de habitantes que exija 
un correlativo incremento de las reservas para sistemas urbanísticos.
Finalmente,  mediante  el  artículo  4,  se  modifica  la  Ley  11/2020  para  evitar  la 
repercusión a la parte arrendataria de gastos generales y servicios individuales que no 
hubiesen sido previstos en los contratos de arrendamiento de viviendas arrendadas 
dentro de los cinco años anteriores a la entrada en vigor de la mencionada Ley.
El  Decreto-ley  se  cierra  con  una  disposición  derogatoria  que  deroga  varias 
disposiciones  del  Decreto  141/2012,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad, y del 
Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, así como con 
una disposición final que determina que su entrada en vigor será el día siguiente al de la 
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, y de 
acuerdo con el Gobierno, decreto:
Artículo 1.  Modificación del Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas 
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
Se añade una disposición transitoria, la quinta bis, en el Decreto-ley 17/2019, de 23 
de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  mejorar  el  acceso  a  la  vivienda,  con  la 
redacción siguiente:
«Quinta bis.  Precios de venta y rentas máximos de acuerdo con el régimen  e.e
anterior. b
sgaiecsunteee1mrr.d aaol  C ydc ueoea nsnd pdeeeotlc e rdiraémelg  iicqnmouaenecnf ioós rnaem n dcitdeeaar liidfoloi qrcs,u o lepannrs el  aacv i diovpiissae prndotdiersa  idcsvie eóc nnolat nat r  eapynnr tsodriatteeod cralicaa is eóq nnur  eivonniftgtiaaco isear  sldm  eaeánpl x lDiircméeagocbisrmlee ted oene-l    OE-A-2021-14able en https://
ley 50/2020, de 9 de diciembre, se sujetan a los precios y a las rentas máximos 
por metro cuadrado de superficie útil siguientes:
Régimen General Venta Régimen General Alquiler/Cesión Uso
(€/m2) (€/m2)
Zona
Vivienda Anexos Vivienda Anexos
A 2.385,63 1.192,81 8,95 4,48
B 1.938,32 969,16 7,27 3,63
C 1.714,67 857,33 6,43 3,21
D 1.491,02 745,51 5,59 2,80
Régimen Especial Venta Régimen Especial Alquiler/Cesión Uso
(€/m2) (€/m2)
Zona
Vivienda Anexos Vivienda Anexos
A 2.096,74 1.048,37 7,87 3,93
B 1.817,18 908,59 6,81 3,41
C 1.607,50 803,75 6,02 3,01
D 1.397,83 698,91 5,24 2,62
2.  Los precios y las rentas a que hace referencia el apartado 1 se actualizan 
automáticamente el primero de enero de cada año, empezando el 1 de enero 
de 2022, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de 
precios al consumo en la fecha de la actualización. La Agencia de la Vivienda de 
Cataluña  tiene  que  publicar  anualmente  los  precios  y  las  rentas  máximos 
actualizados.
3.  Son aplicables a las segundas y posteriores transmisiones, alquileres o 
cesiones del uso de las viviendas con protección oficial calificadas de conformidad 
con cualquiera de los regímenes anteriores al Decreto-ley presente, los precios de 
venta y las rentas máximos que constan en la calificación definitiva, actualizados 
con el índice de precios al consumo, entre el año de la calificación y el de la 
suscripción del contrato, sin que se puedan superar los importes resultantes de 
aplicar el sistema de actualización de precios previsto en la normativa en base a la 
cual se han calificado las viviendas.»
Artículo 2.  Modificaciones de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda.
2.1  Se añaden dos nuevas letras, la p y la q en el artículo 3 de la Ley del derecho a 
la vivienda, con la redacción siguiente:
«p)  Alojamiento con espacios comunes complementarios: la vivienda que, de 
acuerdo  con  la  normativa  de  habitabilidad,  tiene  una  superficie  del  espacio 
privativo inferior a la fijada para el resto de tipologías de vivienda y que dispone de 
unos espacios comunes complementarios ajustados a los requisitos mínimos y de  e.
calidad establecidos en la normativa mencionada.» w.
un e«dqif)i cioE, soptarocsio qsu ceo lmosu neelesm ceonmtopsle cmoemnutanreioss e: slotasb elescpidaocsio cso dmeo u osbol icgoamtopriaorst idpoo rd lea 
hnaobrmitaabtiivliad aqdu, ec,o mdep leamcueenrtdaon  ceol nu seol  yn diviesfl rudtee  dcael ildoasd e sepxaigciidoos  pproivr altaiv onso rdmea ttoivdao sd eo 
parte de las viviendas o alojamientos que comprende el edificio.»
2.2  Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 18 de la Ley del derecho en la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«7.  La normativa de habitabilidad tiene que determinar los niveles de calidad 
mínima exigibles a los alojamientos dotacionales teniendo en cuenta la variedad 
de formas que pueden adoptar para satisfacer las necesidades de habitación 
temporal.»
2.3  Se añade un nuevo artículo, el 18 bis, a la Ley del derecho a la vivienda, con la 
redacción siguiente:
«Artículo 18 bis.
Los alojamientos con espacios comunes complementarios:
1.  Los alojamientos con espacios comunes complementarios, definidos en el 
artículo  3.p,  pueden  construirse  en  suelo  destinado  por  el  planeamiento 
urbanístico a usos de vivienda.
2.  La normativa de habitabilidad tiene que determinar la superficie mínima 
que  debe  tener  tanto  el  espacio  privativo  como  los  espacios  comunes 
complementarios  que  deben  tener  los  alojamientos  a  que  hace  referencia  el 
apartado  1.  La  suma  del  espacio  privativo  y  la  parte  proporcional  que  le 
corresponde de los espacios comunes complementarios no puede ser inferior a la 
superficie mínima establecida en la normativa de habitabilidad para las viviendas 
completas.
3.  Cuando los alojamientos con espacios comunes complementarios ocupan 
la totalidad de un edificio, este edificio no se puede dividir en propiedad horizontal. 
En caso de que ocupen una parte de un edificio en propiedad horizontal, esta 
parte tiene que configurarse como un solo elemento privativo diferenciado de los 
otros elementos que se integran en el mismo régimen de propiedad horizontal, 
como viviendas, locales o aparcamientos.»
2.4  Se modifica el apartado 7 del artículo 26 de la Ley del derecho en la vivienda, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«7.  Las  viviendas  con  actividades  económicas  y  los  alojamientos  con 
espacios comunes complementarios quedan también sujetos a la exigencia de la 
cédula de habitabilidad.»
2.5  Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 130 de la Ley del derecho en la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«Las administraciones públicas y las entidades del sector público que, por las 
funciones que tienen atribuidas, disponen de datos y documentación relativos a 
rentas de alquiler de viviendas tienen la obligación de cederlas a requerimiento de 
la administración competente para el ejercicio de las tareas del régimen de control 
y sancionador que establece el título VI en materia de contención de rentas.»
2.6  Se añade una nueva disposición transitoria, la décima, a la Ley del derecho a la 
vivienda, con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria décima.  Disposiciones aplicables hasta la adaptación del  o
Decreto 141/2012. 78ww
reguHlaans tlaa sla c oanddaipctiaocnieósn  mdeínl imDeacsr edteo  h1a4b1it/a2b0i1li2d,a dd ed e3 0la ds ev iovcietunbdraes,  yp olar  eclé dcuulaal  dsee 
hdaisbpiotasbiciliiodnaeds,  saigl uDieencterest:o-ley  50/2020,  de  9  de  diciembre,  son  aplicables  las  BOE-A-cable e
1.  Los  espacios  comunes  complementarios  de  las  viviendas  y  de  los 
alojamientos tienen que cumplir los requisitos siguientes:
a)  Tienen que tener una superficie superior a 6 m2  útiles y se tiene que 
poder inscribir un círculo de 2,45 m de diámetro.
b)  Pueden  constituir  un  espacio  no  segregado  o  independizado  de  los 
elementos comunes obligatorios que establece la normativa aplicable, siempre 
que los espacios comunes complementarios cumplan los requisitos de la letra a.
c)  Cuando  sean  semiabiertos  o  cubiertos  se  tiene  que  aplicar  lo  que 
disponga la normativa urbanística en cuanto al cómputo de superficies útiles.
d)  Quedan  sujetos  a  lo  que  establece  el  apartado  3.9  del  Anexo  1  del 
Decreto 141/2012, relativo a ventilación e iluminación natural.
2.  El cálculo de la superficie útil de los espacios comunes complementarios 
que se atribuye a cada vivienda o alojamiento se tiene que hacer de forma 
proporcional a la superficie útil de las viviendas del edificio, o al grupo al cual se 
atribuye aquel espacio. En la cédula habitabilidad se tiene que hacer constar la 
superficie útil total de uso compartido de que disfruta cada vivienda.
3.  La superficie mínima del conjunto de espacios que integran la zona de uso 
común, sala de estar (E), comedor (M), cocina (C), a la que hace referencia el 
apartado 3.7.1 del Anexo 1 del Decreto 141/2012, no puede ser inferior a 4m² por 
persona, según el umbral máximo de ocupación que establece el artículo 4 del 
mencionado Decreto, con un mínimo de 20 m² por vivienda.
4.  Los  alojamientos  con  espacios  comunes  complementarios  y  los 
alojamientos dotacionales de nueva construcción tienen que cumplir los requisitos 
mínimos del Anexo 1 del Decreto 141/2012, con las excepciones siguientes:
a)  Queda excluido del cumplimiento obligatorio el apartado 2.6 del Anexo 1, 
relativo a las dotaciones comunitarias.
b)  Con respecto al apartado 3.12 del Anexo 1, se admite que el espacio para 
lavar la ropa esté ubicado en una zona comunitaria practicable donde se pueda 
acceder  a  través  de  un  itinerario  accesible  y  con  las  mismas  excepciones 
establecidas en el Anexo 1.
c)  Con respecto  al  apartado  3.1. del Anexo 1, relativo  a habitabilidad y 
ocupación:
1.º  En el caso de los alojamientos con espacios comunes complementarios, 
el espacio privativo tiene que tener una superficie útil interior no inferior a 24 m2 y 
los espacios comunes complementarios una superficie útil no inferior a 6 m2 por 
alojamiento, si bien, en ningún caso, el sumatorio de ambas superficies útiles 
puede ser inferior a 36 m2.
2.º  En el caso de alojamientos dotacionales mediante una vivienda completa, 
la superficie útil interior no puede ser inferior a 30 m2.
3.º  En  el  caso  de  alojamientos  dotacionales  con  espacios  comunes 
complementarios, el espacio privativo de cada alojamiento tiene que tener una 
superficie útil interior no inferior a 24 m2 y los espacios comunes complementarios 
una superficie útil no inferior a los 6 m2 por alojamiento.
4.º  Cuando la estancia privativa sea un único espacio, este tiene que permitir 
la compartimentación de una habitación de 6 m², sin que la sala de estar ni la  s
habitación pierdan sus requisitos obligatorios. e.
5.º  Cuando los alojamientos con espacios comunes complementarios y los  w.
alojamientos  dotacionales  se  generen  en  edificios  existentes  también  es  de  78ww
arepsliuclatacniótens e dl ea nlaesx oin t4e rrveelantcivioon ae sl adse  croenhdaibciiloitnaecsió nd eo  hgarabnita rbeihlidaabdili tdaeci ólans d vei veiednifdicaios 
existente y el artículo 6 relativo a los principios generales de las intervenciones de
rehabilitación o gran rehabilitación de edificios existentes que se destinan al uso 
de vivienda.»
2.7  Se añade una nueva disposición transitoria, la undécima, a la Ley del derecho a 
la vivienda, con la redacción siguiente:
«Disposición transitoria undécima.  Disposición aplicable hasta la adaptación del 
Decreto 75/2014.
Hasta la adaptación del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el 
derecho a la vivienda, al Decreto-ley 50/2020, de 9 de diciembre, para calcular los 
precios  y  las  rentas  máximos  aplicables  a  las  viviendas  y  alojamientos  con 
espacios comunes complementarios con protección oficial de acuerdo con los 
establecidos  por  metro  cuadrado  por  las  viviendas  protegidas,  se  pueden 
repercutir proporcionalmente sobre las superficies privativas la superficie de los 
espacios comunes complementarios con las limitaciones siguientes:
a)  En el caso de los alojamientos, la suma de la superficie privativa y la 
repercusión de la superficie de los espacios comunes complementarios no puede 
superar al doble de la superficie privativa.
b)  En el caso de las viviendas, la suma de la superficie privativa y la de los 
espacios comunes complementarios no puede superar los 90 m2.»
Artículo 3.  Modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.
Se modifica el apartado 2 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de urbanismo, 
que queda redactado de la manera siguiente:
«2.  Cuando la modificación del planeamiento comporta el aumento de la 
densidad del uso residencial, sin incremento de la edificabilidad, se tiene que 
prever una reserva complementaria de terrenos para sistemas de espacios libres y 
equipamientos de 10 m², como mínimo, por cada nueva vivienda, a menos que el 
aumento de densidad se destine a:
a)  Viviendas de protección pública y no rebase el número de viviendas que 
resulta de aplicar el módulo de 70 m² al techo con este destino.
b)  Alojamientos  con  espacios  comunes  complementarios,  regulados  en 
legislación aplicable en materia de vivienda, y no rebase el número de viviendas 
que resulta de aplicar el módulo de 70 m² al techo, incluidos los espacios comunes 
complementarios, con este destino.
En caso de que esta reserva complementaria, por razones de imposibilidad 
material, no se pueda emplazar en el mismo ámbito de actuación, se puede 
sustituir  por  el  equivalente  de  su  valor  económico,  que  el  ayuntamiento 
competente tiene que destinar a alimentar un fondo constituido para adquirir zonas 
verdes o espacios libres públicos de nueva creación en el municipio.»
Artículo 4.  Modificación de la Ley 11/2020, de 18 de setiembre, de medidas urgentes en 
materia de contención de rentas en los contractos de arrendamiento de vivienda y de 
modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la  e.
protección del derecho a la vivienda. w.
setieSme bareñ,a cdoen  ulan r enduaecvcoió na psaigrutaiednot,e :el 3, al artículo 9 de la Ley 11/2020, de 18 de
«3.  En  los  contratos  de  arrendamiento  de  viviendas  que  habían  estado
arrendadas dentro de los cinco años anteriores a la entrada en vigor de esta ley,
es nulo el pacto que obliga la parte arrendataria a asumir los gastos generales y 
de  servicios  individuales  que  no  habían  sido  previstos  en  el  contrato  de 
arrendamiento anterior.»
Disposición derogatoria.
Se derogan todas las normas del mismo rango o inferior que se opongan a lo que 
establece este Decreto-ley y, específicamente, las disposiciones siguientes:
a)  El apartado 3.7.1 del Anexo 1 y el Anexo 3 del Decreto 141/2012, de 30 de 
octubre, por el cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas 
y la cédula de habitabilidad.
b)  Los  artículos  58  y  59  y  la  letra  a  de  la  disposición  final  tercera  del 
Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda.
Disposición final.  Entrada en vigor.
Este Decreto-ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por  lo  tanto,  ordeno  que  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  a  los  cuales  sea 
aplicable  este  Decreto-ley  cooperen  en  su  cumplimiento  y  que  los  tribunales  y  las 
autoridades a los cuales corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 9 de diciembre de 2020.–El Vicepresidente del Gobierno en sustitución de 
la Presidencia de la Generalidad y Consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès i 
Garcia.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitad de Cataluña» número 8292, de 11 de diciembre de 2020. 
Convalidado por Resolución 1135/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitad de Cataluña» número 8319, de 18 de enero de 2021)