BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300 Sábado 14 de noviembre de 2020 Sec. I.   Pág. 99895
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
14205 Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema 
financiero.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed:  Que  las  Cortes  Generales  han  aprobado  y  Yo  vengo  en  sancionar  la 
siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La  transformación  digital  de  la  economía  y  del  sector  financiero  en  particular 
representa  un  fenómeno  de  cambio  estructural,  impulsado  tanto  por  factores 
tecnológicos como por variaciones en la demanda de los servicios solicitados por el 
ciudadano  y  la  empresa.  Los  incrementos  en  la  capacidad  de  computación,  la 
digitalización de información, la conectividad global facilitada por internet, el reducido 
coste  marginal  del  almacenamiento  de  datos  y  los  avances  en  la  capacidad  de 
tratamiento de estos, están posibilitando una transformación profunda de los procesos de 
producción, comercialización y distribución de bienes y servicios en la economía.
En concreto, en el sector financiero, las nuevas tecnologías producen eficiencias al 
proveedor y a los usuarios de servicios financieros. Asimismo, crece el número y la 
calidad de los servicios prestados, adaptándose la oferta a la presión de la demanda, 
que busca flexibilidad, agilidad, eficiencia, y servicios a la carta en cualquier soporte, con 
una fuerte preferencia por los dispositivos móviles. Las nuevas tecnologías pueden 
facilitar la reducción de las asimetrías de información y contribuir a mejorar la asignación 
de riesgos en la economía, también mediante la automatización y la mejora en la 
supervisión  del  sector  financiero.  En  ese  sentido,  términos  de  uso  cada  vez  más 
habituales como fintech, insurtech o regtech, referidos a actividad financiera en general, 
actividad aseguradora o utilización de las nuevas tecnologías con fines normativos, 
reflejan los avances que están produciendo cambios sustantivos en los procesos de 
producción, en la relación con los clientes, en los modelos de negocio y en la propia 
estructura del sector, debido a la aparición de nuevos actores.
Desde la óptica de las autoridades públicas el cambio acelerado, impulsado por las 
nuevas tecnologías y por los modelos de negocio basados en las mismas, supone, en 
primer lugar, un reto de adaptación tecnológica, pero también otro más fundamental: la 
política financiera tiene que garantizar que la innovación aplicada al ámbito financiero es 
segura y beneficia al conjunto de la sociedad. Se trata de facilitar el acceso a la 
financiación como motor de la economía, asegurando que la transformación digital no 
afecte en modo alguno al nivel de protección al consumidor de servicios financieros, a la  es
estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni permita la utilización del  o
sistema  financiero  para  el  blanqueo  de  capitales  y  la  financiación  del  terrorismo.  205ww
idsAnoeddclie cicapioole nnnyajud lmniteetenorrnt ietdtoemer,li e aesnls its egpt eardmereaca niss tuifozin  aasanistnduecoagie curliraóoa n rpi  gqeauucraaeol  ndliamóa mdtpr uiacdlnasesa  fyroo  rdlpameo  aerstccuuionó nlinudo gadmadigírea istd a peld r foreoed rstutaiocdldeteiavznacsca  iayl al .a lsaP  c opacreop rhaúseclotiisdmnióaaonds,     OE-A-2020-14able en https://
resulta de especial relevancia tener en cuenta las implicaciones que la transformación
digital pueda tener en relación con los objetivos de inclusión financiera y con los retos 
demográficos, así como con el uso de los propios datos por parte de los usuarios.
En definitiva, con el conjunto de medidas incluidas en la presente Ley se trata de 
acompañar  la  transformación  digital  del  sistema  financiero  enfocándola  hacia  dos 
objetivos principales. El primero es el de garantizar que las autoridades financieras 
dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo óptimamente con sus 
funciones en el nuevo contexto digital. El segundo es el de facilitar el proceso innovador 
a fin de lograr un desarrollo más equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de 
los distintos sectores productivos y la captación de talento en un entorno tecnológico 
internacional altamente competitivo.
II
Estos  objetivos  se  explicitan  en  el  Título  I,  en  el  que  también  se  definen  los 
conceptos principales y se aclara que esta Ley no supondrá la modificación del actual 
marco de distribución de competencias entre autoridades, sin perjuicio de la colaboración 
entre todas ellas dentro del nuevo contexto digital para el buen cumplimiento de los 
principios de la política financiera.
El Título II se configura como la parte central de la Ley, ya que regula el espacio 
controlado de pruebas, es decir, con características propias, lo que en el ámbito europeo 
e  internacional  viene  llamándose  regulatory  sandbox.  Se  trata  de  un  conjunto  de 
disposiciones que amparan la realización controlada y delimitada de pruebas dentro de 
un proyecto que puede aportar una innovación financiera de base tecnológica aplicable 
en el sistema financiero, definida como aquella que pueda dar lugar a nuevos modelos 
de negocio, aplicaciones, procesos  o productos con incidencia sobre los mercados 
financieros, la prestación de todo tipo de servicios financieros y complementarios o el 
desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero. Esta definición trae causa 
de la adoptada en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability 
Board), organización internacional cuya función es la de salvaguardar la estabilidad 
financiera, y ha sido también recogida por el Comité de Basilea sobre Supervisión 
Bancaria.
Tres son los aspectos que funcionan como clave de bóveda del entorno de pruebas: 
se trata de un espacio controlado; es un instrumento supervisor; y se rige por un 
esquema ley-protocolo.
En primer lugar, como elemento principal, se trata de un espacio controlado, es decir, 
un espacio que debe ser seguro para los participantes y para el conjunto del sistema 
financiero,  en  el  que  los  potenciales  riesgos  han  sido  debidamente  mitigados  o 
eliminados. El acceso al espacio controlado de pruebas regulado en este Título o la 
realización de pruebas dentro de un proyecto piloto no supondrá en ningún caso el 
otorgamiento de una autorización para el comienzo del ejercicio de una actividad o para 
la prestación habitual de servicios financieros con carácter profesional. En consecuencia, 
los  proyectos  piloto  y  las  pruebas  propuestas  dentro  de  tales  proyectos  no  se 
encontrarán sujetas a la legislación específica aplicable a la prestación de servicios 
financieros,  debiendo  cumplir,  siempre,  con  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  en  el 
correspondiente protocolo.
En todo caso, la participación en el espacio controlado de pruebas hace necesario 
garantizar plenamente los objetivos de política pública en tres ámbitos especialmente 
sensibles: la protección de datos de carácter personal, la protección a los usuarios de  s
servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del  e.
terrorismo. Los bienes jurídicos identificados en cada una de estas tres áreas deben  w.
quedar completamente protegidos, de forma que el riesgo asumido quede mitigado o  205ww
edleim ciunaaldqou iear  tpraevréjusic dioe la e lsotsa bplaerctiicmipieannttoe sd ee nm leads idparuse cboams,p seignusaietnodrioa su pna ersaq dueejmara i nsdimemilanr easl 
ydae  ploresv qisutoe  eenl  oetjeromsp álom bpiatorasd sigemctáotriicaole se sq ulae  rleegqiusilearceiónn i gvuigaelmneten tseo lbar em áexnismaay opsr octelínccicióons.,   BOE-A-cable e
Esta trata de aumentar la calidad de la salud pública gracias a las posibilidades de la 
innovación y la investigación, sin que pueda suponer ningún tipo de desprotección para 
los pacientes, sino todo lo contrario, que sirva como mecanismo indispensable para 
evitar tratamientos y fármacos lesivos y, en general, para que la innovación se ponga al 
servicio del interés principal: curar mejor. Del mismo modo, el entorno de pruebas será 
un  espacio  controlado  por  las  autoridades  responsables  con  la  finalidad  última  de 
contribuir a facilitar el acceso a financiación como motor de la economía y a mejorar la 
regulación actual.
Es por ello que el segundo elemento esencial del espacio controlado de pruebas 
regulado en esta Ley es su importancia como instrumento regulador y supervisor que 
permitirá conocer los desarrollos y potenciales efectos de la transformación digital en la 
prestación  de  servicios  financieros  y  en  los  bienes  a  proteger  dentro  del  sistema 
financiero, en particular la protección a los usuarios y la estabilidad financiera. Al facilitar 
el mejor desempeño de la actividad de legisladores y supervisores, no solo permitirá un 
mejor conocimiento de las innovaciones financieras de base tecnológica que sitúe a las 
autoridades  en  mejor  posición  para  la  comprensión  de  las  implicaciones  de  la 
transformación  digital,  como  han  señalado,  entre  otros,  el  Consejo  de  Estabilidad 
Financiera (FSB), sino que además deberá contribuir, desde el mismo momento de su 
implantación, a un mejor control del cumplimiento de la legislación vigente.
Finalmente, como tercer elemento fundamental, el marco regulatorio que se aplicará 
al espacio controlado de pruebas está formado por las previsiones sobre dicho espacio 
contempladas en esta Ley –que regula el régimen general, incluyendo los derechos y 
obligaciones que deben contemplarse en una norma con rango legal y que garantizan 
que el espacio sea seguro- y por un protocolo de pruebas que contiene el régimen 
concreto  en  que  se  llevará  a  cabo  cada  prueba  y  que  suscribirán  las  autoridades 
encargadas del seguimiento de las pruebas y los promotores del proyecto.
Además  de  estos  rasgos  cabe  aludir  a  los  aspectos  de  detalle  sobre  el 
funcionamiento del espacio controlado de pruebas. Para ello se ha dividido el Título II en 
tres capítulos que se refieren a los distintos momentos del proceso de desarrollo de las 
pruebas en el espacio controlado, esto es, al régimen de acceso, régimen de garantías 
mientras se desarrollan los proyectos y se celebran las pruebas, y, finalmente, al régimen 
de salida y efectos posteriores a la finalización de dichas pruebas.
En cuanto al régimen de acceso, en el Capítulo I se establece un sistema de 
ventanilla financiera única para la presentación de proyectos por parte de empresas 
tecnológicas, entidades financieras, centros de investigación o cualquier otro promotor 
interesado. Los proyectos podrán recibir una evaluación favorable si se encuentran 
suficientemente avanzados y si pueden aportar valor añadido en aspectos que van 
desde la mejora del cumplimiento normativo o de los instrumentos de protección a la 
clientela, hasta el aumento de la eficiencia y la mejora de la prestación de los servicios 
financieros. Con posterioridad a esa evaluación previa, los supervisores y el promotor 
firmarán un protocolo sobre desarrollo de las pruebas que incluirá los detalles de su 
celebración y, en particular, su duración y alcance limitados. Suscrito el protocolo podrán 
comenzar las pruebas si se dan las garantías previstas en el Capítulo II.
Respecto  al  régimen  de  garantías  y  protección  a  los  participantes  durante  la 
realización  de  las  pruebas,  previsto  en  el  Capítulo  II,  se  establecen  siete  cautelas 
principales, especialmente dirigidas a las pruebas en que participen usuarios reales: 
consentimiento informado y protección de datos personales; derecho de desistimiento; 
responsabilidad del promotor; garantías que cubran la responsabilidad del promotor;  s
confidencialidad; seguimiento supervisor durante todo el ejercicio de las pruebas; y,  oe.
finalmente, posibilidad de interrupción de las pruebas, entre otros, en casos de mala  w.
práctica o incumplimiento de la legislación o del protocolo. 205ww
primEenr  cluugaanrt,o e al l erxéagmimeenn  ddee  lsoasl idreas, uelnta deol sC aqpuíetu lsoe IrIáI  sree acloiznatdeom pploarn  edlo ps roemlemoteonr todse.  lEans 
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pasarela de acceso a la actividad, que implica un aligeramiento de los trámites legal y 
reglamentariamente exigidos en caso de que sea necesaria licencia o autorización para 
el posterior ejercicio de la actividad profesional. En particular, se establece la posibilidad 
de reducción de los plazos del procedimiento, en la medida en que la agilización resulta 
de interés público. El aligeramiento de los tramites se producirá, exclusivamente, en 
aquellos supuestos en los que la actividad para la que se requiera autorización se 
pretenda  realizar  principalmente  a  través  de  la  tecnología  y  modelo  de  negocio 
probados, y las autoridades públicas con competencias para la autorización estimen que 
la realización de pruebas permite un análisis más sencillo pero igualmente riguroso del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener dicha autorización.
III
El  Título  III  recoge  otras  medidas.  En  primer  lugar,  se  contemplan  previsiones 
específicas  para  la  aplicación  del  principio  de  proporcionalidad  en  el  conjunto  de 
actuaciones de las autoridades públicas del ámbito financiero. En particular, se prevé 
que  el  aprendizaje  derivado  del  funcionamiento  del  espacio  controlado  de  pruebas 
informe el conjunto de la legislación financiera, en concreto en cuanto a la necesidad de 
calibrar mejor la correspondencia entre actividades, riesgos y regulación en el contexto 
de  la  transformación  digital,  tal  y  como  han  señalado  los  principales  organismos 
internacionales  en  la  materia.  A  este  respecto,  resulta  indispensable  garantizar  la 
igualdad  de  condiciones  entre  todos  aquellos  intermediarios  que  realicen  la  misma 
actividad.
En segundo lugar, se prevé un canal de comunicación directa con las autoridades 
supervisoras que aporte confianza a los innovadores y transparencia en las funciones 
públicas.
En tercer lugar, se establece un cauce para las consultas escritas sobre aspectos de 
la regulación y otros que pudieran surgir en la consecución de las pruebas que, por la 
dificultad  de  comprensión  o  de  anticipación  del  sentido  de  su  aplicación,  puedan 
funcionar como barreras de entrada para los distintos actores financieros o generar 
incertidumbre en los distintos destinatarios de las normas. La existencia de un complejo 
ordenamiento jurídico europeo multinivel recomienda la introducción de un instrumento 
que contribuya a mejorar la seguridad jurídica en las relaciones contractuales en lo que 
concierne a la regulación de la prestación de servicios financieros en el contexto de la 
transformación digital.
IV
Más  allá  de  los  mecanismos  previstos  en  los  títulos  II  –espacio  controlado  de 
pruebas– y III –proporcionalidad, canal de comunicación directo y consultas–, dirigidos a 
preservar los objetivos de política financiera y a facilitar la innovación que contribuya al 
refuerzo  de  dichos  objetivos,  el  Título  IV  recoge  un  conjunto  de  disposiciones 
institucionales  y  de  previsiones  de  rendición  de  cuentas.  Entre  ellas  destaca  la 
colaboración entre autoridades y la coordinación en sus actuaciones relacionadas con la 
transformación digital. La Ley prevé un marco reforzado de colaboración y coordinación 
sin alteración de la distribución y ejercicio de las respectivas competencias fijadas en las 
normas reguladoras de la arquitectura institucional del sistema financiero. Todo ello es la 
mejor garantía de que no se produce una alteración del principio de correspondencia 
entre asignación de responsabilidades y toma de decisiones. De manera concreta, para  e.
el seguimiento e impulso del espacio controlado de pruebas, de las demás medidas  w.b
previstas en la Ley y, en general, del seguimiento del proceso de transformación digital  205ww
Sdeelc rseistateríma aG feinnaenrcaile rdoe, l sTee seosrtoa blye cFei nuannac iaCcoiómni siIónnte rdnea ccioonoardl,i neanc iólan , qpurees ipdaidrati cippoarr álan 
representantes de las autoridades supervisoras o de otras instituciones del sector.
Asimismo, el carácter marcadamente transnacional de la actividad financiera en el 
contexto  de  la  transformación  digital  hace  aconsejable  prever  mecanismos  de 
cooperación internacional entre autoridades públicas que permitan que los instrumentos 
previstos en la Ley incorporen la dimensión global, ampliando así las posibilidades de 
forjar alianzas y de responder conjuntamente a retos que superan notablemente las 
capacidades nacionales de actuación.
Por  otra  parte,  la  Ley  recoge  la  necesidad  de  que  el  cambio  cultural  que  la 
transformación  digital  requiere  en  el  seno  de  todos  los  actores  institucionales  se 
acompañe de aquellas reorganizaciones internas que resulten necesarias para alcanzar 
una más eficiente relación entre medios y fines.
Además, el conjunto de disposiciones que se incluyen en la Ley hace necesaria la 
oportuna rendición de cuentas, que se establece mediante un informe anual sobre 
transformación digital del sistema financiero que será publicado y remitido a las Cortes 
Generales  y  en  el  que  se  incluirán  las  posibilidades  de  mejora  identificadas  como 
consecuencia de la puesta en marcha de los instrumentos previstos por la Ley, en 
particular del espacio controlado de pruebas. En el informe se atenderá a los nuevos 
desarrollos tecnológicos, la evolución internacional, los efectos sobre la protección a la 
clientela de servicios financieros y la estabilidad financiera, y a aquellos aspectos de la 
regulación y la supervisión que pudieran requerir mejoras o adaptaciones.
Finalmente, la Ley incorpora dos disposiciones adicionales, en la primera habilita a la 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional para la fijación del modelo de 
solicitud  y  la  primera  fecha  de  presentación  de  solicitudes  de  acceso  al  espacio 
controlado de pruebas; en la segunda establece que la aplicación de las previsiones 
contenidas en la Ley no deberá ocasionar incremento del gasto público. Por su parte las 
cuatro disposiciones finales se refieren al objetivo y desarrollo del resultado de las 
pruebas para simplificar la legislación existente y los procedimientos pertinentes, al título 
competencial, la habilitación para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Esta Ley regula un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica 
proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el 
marco legal y supervisor, respetando en todo caso el principio de no discriminación.
Además, la Ley refuerza los instrumentos necesarios para garantizar los objetivos de 
la política financiera en el contexto de la transformación digital. A tal efecto, la Ley dota a 
las autoridades competentes y a los promotores de innovaciones de base tecnológica 
aplicables  en  el  sistema  financiero  y  a  los  usuarios  de  servicios  financieros 
de  instrumentos  que  les  ayuden  a  comprender  mejor  las  implicaciones  de  la 
transformación digital, a fin de aumentar la eficiencia, la calidad de los servicios y, 
particularmente, la seguridad y la protección frente a los nuevos riesgos tecnológicos 
financieros.
Artículo 2.  Competencias.
Lo  previsto  en  esta  Ley  no  supondrá,  en  ningún  caso,  la  alteración  de  las  es
competencias atribuidas a las autoridades públicas por su legislación específica, sin  o
lpae prjrueicsieon dtee lL deeyb ye dr eg elan ecroanl sdeec uccoilóanb odrea csiuó no bejenttore. ellas a los efectos del cumplimiento de  2020-14205n https://www.
Artículo 3.  Definiciones.
A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por:
a)  «Autoridad  competente»:  La  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación 
Internacional, las autoridades supervisoras y cualquier otra autoridad que conforme a la 
legislación  vigente  tenga  atribuidas  competencias  específicas  sobre  la  actividad 
financiera.
b)  «Autoridad  supervisora»:  La  autoridad  financiera  nacional  con  funciones 
supervisoras competente por razón de la materia, ya sea el Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomía del Banco de España, el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 4/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores y el artículo 7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
c)  «Comisión  de  coordinación»:  La  Comisión  integrada  por  las  autoridades 
competentes  que  tiene  como  competencia  la  coordinación  de  las  actuaciones  en 
aplicación de esta Ley conforme a lo previsto en el artículo 23.
d)  «Espacio controlado de pruebas»: El entorno controlado y delimitado de pruebas 
regulado por el Título II de esta Ley y por los correspondientes protocolos que amparan 
la realización de una o varias pruebas de innovación financiera de base tecnológica 
aplicable en el sistema financiero, incluidas en un proyecto piloto.
e)  «Innovación de base tecnológica aplicable en el sistema financiero»: Aquella 
actuación o conjunto de actuaciones que, mediante el uso de la tecnología, pueda dar 
lugar a nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocio con incidencia 
sobre los mercados financieros, la prestación de servicios financieros y complementarios 
o el desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero.
f)  «Monitor»:  Cada  una  de  las  personas  designadas  por  las  autoridades 
supervisoras entre su personal para el seguimiento de cada proyecto o de alguna de las 
pruebas. En ningún caso, asumirá responsabilidad por el incumplimiento por parte del 
promotor de sus obligaciones legales o contractuales.
g)  «Participante»: Cada uno de los usuarios que, después de haber firmado el 
documento informativo único previsto en esta Ley, decidan participar en una o varias de 
las pruebas.
h)  «Promotor»: Cualquier persona física o jurídica que, individual o conjuntamente 
con otras, solicite la iniciación de un proyecto piloto propio conforme a lo previsto en esta 
Ley, incluidas empresas tecnológicas, entidades financieras, administradores de crédito, 
asociaciones representativas de intereses, centros públicos o privados de investigación y 
cualquier otro interesado.
i)  «Protocolo»:  Documento  en  el  que  se  incluyen  los  términos  en  los  que  se 
realizarán  las  pruebas.  Se  suscribirá  por  el  promotor  y  la  autoridad  o  autoridades 
supervisoras que resulten competentes por razón de la materia del proyecto.
j)  «Proyecto piloto»: Innovación de base tecnológica sobre la que se realizarán un 
conjunto de pruebas experimentales amparadas por lo previsto en esta Ley y sujetas al 
seguimiento por parte de las autoridades supervisoras. En ningún caso, supondrá la 
prestación de servicios con carácter profesional y habitual, ni tendrá carácter indefinido.
k)  «Prueba»: Cada uno de los ensayos de alcance limitado que se realicen, con o 
sin participantes, dentro de un proyecto piloto. e
TÍTULO II
Espacio controlado de pruebas
CAPÍTULO I
Régimen jurídico, de acceso y de participación en el espacio controlado de pruebas
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable a las pruebas.
1.  Las pruebas se regirán por lo dispuesto en esta Ley y en el protocolo de pruebas 
aprobado conforme a lo previsto en el artículo 8.
2.  El  acceso  al  espacio  controlado  de  pruebas  regulado  en  este  Título  o  la 
realización de pruebas dentro de un proyecto piloto no supondrá en ningún caso el 
otorgamiento de autorización para el ejercicio de una actividad reservada o para la 
prestación de servicios con carácter indefinido. En consecuencia, los proyectos piloto y 
las pruebas propuestas dentro de tales proyectos no estarán sujetos a la legislación 
específica aplicable a la prestación habitual de servicios financieros, debiendo cumplir, 
en todo caso, con lo dispuesto en esta Ley y en el correspondiente protocolo.
3.  En caso de que en el proyecto piloto participen entidades que ya cuenten con 
autorización  para  el  ejercicio  de  una  actividad,  solo  quedarán  exoneradas  del 
cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación las actividades que queden 
dentro de los límites del proyecto piloto. En ningún caso, esta exención se extenderá a 
las actividades ordinarias fuera del espacio controlado de pruebas, sin perjuicio de la 
ponderación del principio de proporcionalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 19.
4.  En la aplicación de lo dispuesto en este Título, las autoridades españolas de 
supervisión tendrán en cuenta las recomendaciones sobre facilitadores identificadas por 
las autoridades europeas de supervisión financiera.
5.  En  lo  dispuesto  en  este  Título  se  aplicarán  las  disposiciones  sobre 
procedimientos iniciados a solicitud de los interesados contemplados en la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
Artículo 5.  Requisitos para el acceso al espacio controlado de pruebas.
1.  Podrán acceder al espacio controlado de pruebas regulado en este Capítulo 
aquellos proyectos promovidos por cualquier sujeto de los previstos en el artículo 3.h) de 
esta Ley, que aporten una innovación de base tecnológica aplicable en el sistema 
financiero y que se encuentren suficientemente avanzados para probarse.
2.  Se entenderá que se encuentran suficientemente avanzados aquellos proyectos 
que presenten un prototipo que ofrezca una funcionalidad mínima para comprobar su 
utilidad y, en consecuencia, permitir su viabilidad futura, aunque dicha funcionalidad esté 
incompleta respecto a posteriores versiones del mismo.
Adicionalmente, los proyectos innovadores deberán aportar, a criterio razonado de 
las autoridades competentes conforme a lo dispuesto en el artículo 7, potencial utilidad o 
valor añadido sobre los usos ya existentes en, al menos, uno de los siguientes aspectos:
a)  Facilitar el cumplimiento normativo mediante la mejora u homogeneización de 
procesos u otros instrumentos;
b)  Suponer un eventual beneficio para los usuarios de servicios financieros en  e.e
términos de reducción de los costes, de mejora de la calidad o de las condiciones de  w.b
acceso y disponibilidad de la prestación de servicios financieros, o de aumento de la  205ww
protce)c cióAnu ma elan tcalire lnat eelfaic;iencia de entidades o mercados; o,
la sudp) ervPirsoiópno rfcinioannacrie mrae.canismos para la mejora de la regulación o el mejor ejercicio de
3.  A los efectos del acceso de los proyectos al espacio controlado de pruebas, las 
autoridades  supervisoras  tendrán  en  consideración  el  impacto  que  el  proyecto  en 
cuestión pudiera tener en el sistema financiero español.
4.  En  ningún  caso  podrán  acceder  al  espacio  controlado  de  pruebas  aquellos 
proyectos  similares  a  otros  cuyos  promotores  guarden  identidad  o  tengan  una 
vinculación  jurídica  relevante  con  los  promotores  de  proyectos  que,  conforme  a  lo 
previsto en el artículo 16.1, hayan sido objeto de resolución motivada de interrupción en 
los dos años anteriores a la fecha límite de admisión de las solicitudes de acceso al 
espacio controlado que establezca la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional con arreglo a lo previsto en el artículo 6.3. El cómputo de los dos años se 
efectuará desde la fecha de la resolución por la que se interrumpan las pruebas.
Se entenderá que tienen vinculación jurídica relevante, entre otras, las personas que 
ostenten cargos de administración o dirección, las sociedades pertenecientes a su grupo 
y las personas que ostenten cargos de administración o dirección de estas últimas. A los 
efectos de esta disposición, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida 
en el artículo 42 del Código de Comercio. Asimismo, se entenderá por proyecto similar 
aquel  con  un  objeto  de  naturaleza  análoga  y  que  vaya  dirigido  a  los  mismos 
destinatarios.
5.  Por excepción a lo previsto en el apartado anterior, sí podrán acceder al espacio 
de pruebas proyectos de promotores que acrediten fehacientemente la subsanación y 
desaparición de las causas que hubieran motivado una interrupción de las pruebas 
producida en virtud del segundo párrafo del artículo 16.1 de esta Ley.
Artículo 6.  Solicitud de acceso al espacio controlado de pruebas.
1.  Las solicitudes de acceso al espacio controlado de pruebas se presentarán por 
los promotores.
2.  Las solicitudes de acceso al espacio controlado de pruebas se presentarán en la 
sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional que 
previamente aprobará y publicará en dicha sede un modelo normalizado que será de uso 
obligatorio conforme a lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Las 
solicitudes vendrán acompañadas de una memoria justificativa en la que se explicará el 
proyecto y se detallará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, y la 
forma en que, en caso de aceptación, está previsto cumplir con el régimen de garantías y 
de protección de los participantes previsto en el Capítulo II.
3.  La  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  establecerá 
semestralmente mediante resolución una fecha límite para la admisión de solicitudes que 
será publicada en su sede electrónica. Solo serán consideradas aquellas solicitudes que 
se presenten durante los treinta días anteriores a dicha fecha límite.
4.  Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo previsto sobre lenguas 
oficiales  en  el  artículo  15  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en lengua inglesa, tramitándose en 
este caso el expediente en castellano.
Artículo 7.  Evaluación previa.
1.  La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional trasladará de  es
manera inmediata las solicitudes recibidas a aquellas autoridades supervisoras que  bo
resulten competentes por razón de la materia del proyecto a fin de que puedan efectuar  205ww
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solicitudes previsto en el artículo 6.3 de esta Ley, las autoridades supervisoras evaluarán
mediante informe motivado las solicitudes que afecten a su ámbito de competencia y 
remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional el listado de 
proyectos que aporten valor añadido sobre los usos ya existentes y que cumplan con los 
demás requisitos previstos en el artículo 5. Cuando el número de candidaturas o la 
complejidad de los procedimientos lo aconseje, este plazo podrá ser prorrogado en hasta 
un mes adicional. El informe incluirá el nombre del promotor, una breve descripción del 
contenido del proyecto y el ámbito en el que aporta potencial utilidad o valor añadido. Si 
el proyecto presentado incide en el ámbito competencial propio de varias autoridades 
supervisoras  deberá  recabarse  un  único  informe  motivado  conjunto  en  el  que  se 
contengan las consideraciones de todas las autoridades competentes. La Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional podrá requerir al promotor para que 
aporte información adicional a efectos de la evaluación prevista en este apartado.
3.  La Comisión prevista en el artículo 23 se reunirá en los diez días siguientes a la 
recepción  del  listado  previsto  en  el  apartado  2  para  tomar  conocimiento  de  las 
evaluaciones  previas.  En  los  cinco  días  posteriores  a  dicha  reunión,  la  Secretaría 
General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  publicará  en  su  sede  electrónica, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el listado de 
proyectos que hayan recibido una evaluación previa favorable con indicación de la 
autoridad o autoridades supervisoras que por razón de la materia de cada proyecto 
serán responsables del seguimiento. Asimismo, se indicará el carácter provisional de 
dicha evaluación, de la cual no surtirá ningún efecto hasta la suscripción del protocolo 
previsto en el artículo 8 de esta Ley.
La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional podrá invitar, y en su 
caso, solicitar informes, a cualesquiera otras autoridades, aunque tengan competencias 
en un ámbito sectorial distinto del financiero, cuando pueda interesar su participación 
como observador en un proyecto piloto o en alguna de las pruebas a realizar en el 
mismo.
4.  La  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  desestimará 
mediante resolución motivada y expresa aquellas solicitudes sobre las cuales, cualquiera 
de las autoridades supervisoras que resulten competentes por razón de la materia, haya 
emitido informe desfavorable conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este 
artículo. El contenido desfavorable de un informe deberá estar motivado en función de lo 
dispuesto en el artículo 5.
Asimismo, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional acordará, de 
forma  motivada,  la  inadmisión  de  aquellas  solicitudes  cuyo  contenido  resulte 
manifiestamente carente de fundamento en relación con lo dispuesto en el artículo 5 en 
cuanto a los supuestos y requisitos para el acceso al espacio controlado de pruebas, así 
como aquellas que no se presenten según el modelo de solicitud aprobado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6.2.
En los supuestos previstos en este apartado la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional notificará la resolución a los interesados en el plazo de diez 
días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, por medios electrónicos, según 
lo  dispuesto  en  los  artículos  40  y  43  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, 
transcurridos tres meses desde la fecha límite para la admisión de solicitudes sin que la 
Comisión prevista en el artículo 23 haya tomado conocimiento de las evaluaciones 
previas  de  los  supervisores,  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  s
Internacional deberá notificar a los interesados que sus solicitudes deben entenderse  oe.
desestimadas. w.
5.  Las resoluciones mediante las que terminen los procedimientos recogidos en  205ww
aersttíec ualort í1c1u4lo.1 p.go)n dderá nla  fLine ya  3la9 /2v0ía1 5a, ddmei n1is dtrea tiovcat udber ec, odnefol rPmroidcaedd imcoienn ltoo  pArdemviisntios treanti veol 
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artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, ante el mismo órgano que la dictó, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9, 45 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 8.  Protocolo de pruebas.
1.  Cuando  un  proyecto  reciba  una  evaluación  previa  favorable  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 7, en el plazo de tres meses desde la publicación de la misma se 
suscribirá  un  protocolo  de  pruebas  entre  el  promotor  y  la  autoridad  o  autoridades 
supervisoras que, conforme al apartado 3 de dicho artículo, hayan sido designadas 
responsables del seguimiento del proyecto por razón de su competencia material.
Transcurrido dicho plazo sin haberse suscrito el protocolo, el proyecto decaerá. No 
obstante, las autoridades a las que se refiere el párrafo anterior podrán ampliar dicho 
plazo conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.  El protocolo establecerá las normas y condiciones a las que se sujetará el 
proyecto  piloto  en  el  que  se  desarrollarán  las  pruebas  e  incluirá,  entre  otras,  las 
siguientes cuestiones:
a)  La limitación en cuanto al volumen de usuarios y operaciones, importe de estas 
últimas y tiempo de realización de las pruebas.
b)  La forma en la que se llevará a cabo el seguimiento de las pruebas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. En particular, se detallará la información que se 
facilitará a las autoridades y el modo de acceder a dicha información.
c)  Las fases del proyecto y los objetivos a alcanzar en cada una de las fases junto 
con el alcance de cada prueba y la duración de las mismas.
d)  Los recursos con los que tendrá que contar el promotor para llevar a cabo las 
pruebas.
e)  Un completo sistema de garantías e indemnizaciones de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 3 de este artículo y en el Capítulo II del presente Título y, en concreto, el 
régimen de garantías que resulte adecuado para cubrir la eventual responsabilidad del 
promotor conforme a lo previsto en el artículo 13.
f)  En su caso, cláusulas de confidencialidad, así como disposiciones, sujetas a la 
regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos 
empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas.
g)  Cualquier otra cuestión que a juicio del promotor o de la autoridad responsable 
del seguimiento de las pruebas pueda resultar relevante para su desarrollo.
3.  En el protocolo se establecerán todas las cautelas necesarias para garantizar en 
cada  prueba  un  sistema  específico  de  protección  de  los  participantes  que  sea 
proporcionado al nivel de riesgo del proyecto, conforme a los objetivos establecidos en la 
legislación vigente en materia de protección de datos, protección de los usuarios de 
servicios financieros y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
Asimismo, se establecerán cuantas cautelas sean necesarias para garantizar que la 
realización de las pruebas no afectará a la estabilidad financiera, la integridad de los 
mercados financieros o a terceros no participantes en las pruebas.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán  s
con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento  oe.
dEfíesui rceo4asp.st eo eosLn  day al  oSet oleq sCcu ryeoe  netrasnere síeajpol  e,Gr cedetsaent  oea2 rdl7a et lr d adleatea  nlam oTbierremisln oatdorteoi v d a2ye 0  sFs1oiu6nbs,ar  ernde capliatraootcistvie óopcn eca irI ónslnaote  ndrpanerlao edctseai octyonc saiaó l p nlpae o drlsdiebor rálnea a spcl euiprsbce.luircslaaocrn ióeanns    2020-14205n https://www.
su sede electrónica ejemplos de protocolos tipo u orientaciones generales sin carácter
vinculante sobre el contenido de dichos protocolos. Bc
Los protocolos podrán modificarse en cualquiera de sus previsiones por causas 
sobrevenidas, bien a instancia de las autoridades supervisoras o bien, previo visto bueno 
de estas últimas, a petición de los promotores, siempre que dicha modificación sea 
motivada y redunde en el buen desarrollo de las pruebas.
Artículo 9.  Comienzo de las pruebas.
Una vez aprobado el protocolo de pruebas de conformidad con lo previsto en esta 
Ley, el promotor procederá a recabar el consentimiento informado de los participantes y 
a activar el sistema de garantías e indemnizaciones previsto. Acreditados estos extremos 
ante la autoridad supervisora responsable para efectuar el seguimiento, a quien se dará 
conocimiento del documento informativo único previsto en el artículo 10, podrán dar 
comienzo las pruebas integrantes del proyecto piloto según los términos recogidos en el 
protocolo y de conformidad con lo previsto en esta Ley.
CAPÍTULO II
Régimen de garantías, protección de los participantes y seguimiento de las 
pruebas
Artículo 10.  Consentimiento informado y protección de datos.
1.  Todo participante en una prueba de las previstas en esta Ley deberá aceptar las 
condiciones de participación por escrito. A tal efecto, el promotor le hará entrega de un 
documento  informativo  único,  cuyo  modelo  deberá  ser  aprobado  por  la  autoridad 
supervisora, en el que se le invitará a participar en las pruebas y en el que se detallará:
a)  La naturaleza, carácter de prueba, implicaciones, riesgos y responsabilidades 
que pudieran derivarse de su participación en las mismas, y, en particular, el régimen de 
garantías  fijado  en  el  correspondiente  protocolo  para  cubrir  la  responsabilidad  del 
promotor conforme a lo previsto en los artículos 12 y 13.
b)  El régimen de desistimiento conforme a lo previsto en el artículo 11 y en el 
protocolo que rige las pruebas.
c)  La forma en la que se tratarán sus datos personales durante la realización de las 
pruebas y sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal de 
conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
d)  En  su  caso,  el  carácter  confidencial  de  la  información  obtenida  como 
consecuencia de la participación en las pruebas, así como disposiciones, sujetas a la 
regulación específica, sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos 
empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas.
e)  El régimen de interrupción previsto en el artículo 16.
Esta información deberá estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y que 
resulte accesible al participante.
2.  Los participantes manifestarán su libre voluntad de participar en las pruebas 
mediante la firma del documento informativo único previsto en el apartado anterior que 
se llevará a cabo, preferiblemente, de forma electrónica en un formato admitido por la 
autoridad supervisora responsable para efectuar el seguimiento.
Asimismo,  en  dicho  documento  deberán  prestar  su  consentimiento  para  el 
tratamiento de sus datos de carácter personal. e.e
3.  En el documento informativo se podrá establecer que el incumplimiento por los  w.b
participantes de las responsabilidades aceptadas y, en particular, el de los deberes de  205ww
ccoonmfoid epnrecviaelrid cauda leqsutiiepru olatrdoo tsip, od éd el uregsapr oanl scaebsileid addee ss ud epraivratidciapsa.ción en las pruebas, así
Artículo 11.  Derecho de desistimiento.
1.  En todo momento un participante tendrá derecho a poner fin a su participación 
en una prueba conforme al régimen de desistimiento contemplado en el protocolo de 
pruebas y en el documento único previsto en el artículo 10.
2.  El desistimiento de un participante no generará en ningún caso derecho de 
indemnización, ni compensación alguna, para el promotor de las pruebas.
3.  La retirada del consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal 
no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
4.  En el caso de que el participante ponga fin a su participación en la prueba, el 
mismo seguirá bajo el deber de confidencialidad en los términos previstos en el propio 
protocolo.
Artículo 12.  Responsabilidad.
1.  La  responsabilidad  por  los  daños  sufridos  por  los  participantes  como 
consecuencia de su participación en las pruebas será exclusivamente del promotor 
cuando se produzcan por un incumplimiento suyo del protocolo, se deriven de riesgos no 
informados por él o cuando medie culpa o negligencia por su parte. En caso de daños 
derivados  de  fallos  técnicos  o  humanos  durante  el  transcurso  de  las  pruebas  la 
responsabilidad será igualmente del promotor.
Las autoridades que intervengan durante el desarrollo de las pruebas no serán 
responsables de los posibles daños y perjuicios que pudieran originarse.
2.  No se considerarán daños las pérdidas que deriven de la fluctuación de los 
mercados conforme a lo establecido para cada caso en el correspondiente protocolo.
3.  Los participantes serán resarcidos conforme al régimen previsto en el protocolo 
de  las  pérdidas  patrimoniales  y  otros  daños  derivados  directamente  de  dicha 
participación siempre que el promotor sea responsable del perjuicio causado conforme a 
lo previsto en este artículo.
4.  En ningún caso podrá el protocolo prever que el promotor sea resarcido por la 
Administración  de  las  pérdidas  patrimoniales  resultantes  de  su  participación  en  el 
espacio controlado de pruebas.
Artículo 13.  Garantías por daños.
En el momento de comienzo de las pruebas, los promotores dispondrán, conforme a 
lo establecido en el protocolo, de garantías financieras para cubrir la responsabilidad por 
los daños y perjuicios en los que pudieran incurrir conforme a lo previsto en el artículo 
anterior. Dichas garantías serán proporcionadas a los riesgos y podrán formalizarse o 
estar formalizadas, entre otros instrumentos, a través de seguros, avales bancarios o 
fianzas.
Artículo 14.  Garantías de confidencialidad.
1.  El protocolo previsto en el artículo 8 de esta Ley podrá incluir cláusulas de 
confidencialidad y secreto empresarial, así como disposiciones, sujetas a la regulación 
específica,  sobre  los  derechos  de  propiedad  industrial  e  intelectual  o  secretos 
empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas.
Asimismo, en el documento único de información previsto en el artículo 10 podrán 
incluirse cláusulas de confidencialidad en relación con la información a la que pudieran  e.
tener acceso como consecuencia de su participación en las pruebas. w.b
2.  El personal de las autoridades que participe en las pruebas previstas en este  205ww
Tseítcurleot oII  yo d iesncr elac ióCno cmoinsfióonrm per eav lios tap reevni setol  eanrt íeclu alort í2cu3l,o  e5s3ta.1rá2  dseulj eTteox tao  Rloesf udnedbideore dse d lae 
LLeegy isldaetilv oE s5t/a2t0u1to5 , Bdáes i3c0o  ddee lo cEtumbprele, asdion  qPuúeb lipcuoe daapnr ohbaacdeor  upsoor  deel  lRa eianlf orDmeaccreiótno 
obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. En
particular, el personal de las autoridades supervisoras estará, en todo caso, sujeto a sus 
respectivos regímenes de secreto profesional.
Artículo 15.  Seguimiento de las pruebas.
1.  La autoridad supervisora que por razón de la materia del proyecto haya sido 
designada responsable de su seguimiento conforme a lo previsto en el artículo 7.3 de 
esta Ley, designará uno o varios monitores que llevarán a cabo el seguimiento de las 
pruebas que integran el proyecto piloto. Ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 12 en cuanto a la responsabilidad exclusiva del promotor por el cumplimiento 
de lo contemplado en esta Ley y demás normativa aplicable, así como de los términos 
del protocolo de pruebas.
En caso de que el protocolo de pruebas se haya suscrito por más de una autoridad 
supervisora, todas ellas designarán, igualmente, uno o varios monitores a efectos de lo 
previsto en este artículo. Conforme a lo previsto en el artículo 22, se establecerán pautas 
de coordinación entre las autoridades que lleven a cabo el seguimiento de las pruebas. 
En todo caso, sin perjuicio de las respectivas competencias, se designará un coordinador 
de pruebas de entre dichas autoridades supervisoras para facilitar el seguimiento e 
interlocución durante la celebración de las mismas.
2.  Durante la realización de las pruebas se establecerá un diálogo continuo entre el 
promotor y la autoridad responsable del seguimiento, que podrá emitir indicaciones 
escritas a fin de cumplir con lo dispuesto en el protocolo y en esta Ley. Asimismo, la 
autoridad  responsable  podrá  instar  modificaciones  del  protocolo  mediante  escrito 
motivado en el que se razone la necesidad de dichas modificaciones para el buen 
desarrollo de las pruebas y que, para hacerse efectivo, deberá contar con la conformidad 
del promotor.
3.  Adicionalmente, la autoridad responsable del seguimiento verificará, en el ámbito 
de sus competencias, la aplicación de lo dispuesto en esta Ley y en el correspondiente 
protocolo  de  pruebas.  A  tal  fin  podrá  recabar,  puntual  o  periódicamente,  cuanta 
información  estime  pertinente  y  realizar  inspecciones  u  otras  acciones  dirigidas  al 
cumplimiento de esta Ley y del protocolo de pruebas.
4.  El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley o en el correspondiente protocolo 
dará lugar a la interrupción de las pruebas conforme a lo previsto en el artículo 16.1. 
Asimismo,  las  personas  físicas  y  jurídicas,  así  como  quienes  ostenten  cargos  de 
administración  o  dirección  en  las  mismas,  que  como  consecuencia  de  dicho 
incumplimiento  infrinjan  además  normas  de  ordenación  o  disciplina,  incurrirán  en 
responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito, el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y demás legislación 
aplicable a los sujetos que participan en los mercados financieros.
Artículo 16.  Interrupción de las pruebas.
1.  En cualquier momento del proceso, el proyecto piloto o cualquiera de las pruebas 
podrán ser suspendidas o darse por concluidas motivadamente mediante resolución de 
la autoridad responsable del seguimiento si se producen incumplimientos del régimen 
jurídico aplicable a las pruebas conforme a lo dispuesto en el artículo 4 o del deber de  es
buena fe del promotor durante la realización de las pruebas. bo
Asimismo, el proyecto piloto o cualquiera de las pruebas podrán suspenderse o  205ww
secdelsaiegtrasnubetiemi lildapiea.ondrt  ocf ioannpacrnelcuciieidero asd,  elfmaic oiientintvecagidarasidm amedan ntdeief i eelsontsa  scm aoes orrce aidtdeeor asdq aufinse,a  nolac  eieavreuontsot uroiad laleads   preirenosctegacorgcsia ópdnaa r aad  lleaal    OE-A-2020-14able en https://
En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la resolución motivada de 
interrupción del proyecto piloto o de las pruebas pondrá fin a la vía administrativa 
pudiéndose interponer contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano 
que  la  dictó,  o  bien  recurso  contencioso-administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 9, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa.
2.  Los promotores podrán suspender o dar por finalizados el proyecto piloto o 
cualquiera de las pruebas de manera motivada por razones técnicas, estratégicas o por 
cualquier otro motivo que impida su continuación o cuando, conforme a lo previsto en el 
protocolo contemplado en el artículo 8, se hayan alcanzado los objetivos fijados para 
dichas pruebas. En estos supuestos, la interrupción de las pruebas motivada por el 
promotor no generará derecho de indemnización para los participantes, excepto en el 
caso de que sufran perjuicios económicos directamente derivados de dicha interrupción.
CAPÍTULO III
Régimen de salida y efectos posteriores a la realización de pruebas
Artículo 17.  Examen de resultados.
1.  Una vez concluidas las pruebas, el promotor elaborará una memoria en la que se 
evaluarán los resultados de las mismas y del conjunto del proyecto piloto y la remitirá en 
el plazo de un mes a la autoridad supervisora que haya seguido las pruebas que la 
compartirá, sin dilación, en el marco de la Comisión de coordinación prevista en el 
artículo 23 de esta Ley.
En el protocolo se establecerá la información mínima que para cada proyecto piloto 
contendrá  dicha  memoria  cuya  confidencialidad  se  garantizará  en  todo  momento 
conforme a lo previsto en los artículos 8 y 14.
2.  En caso de que tras el examen de resultados el promotor estime conveniente 
desarrollar pruebas adicionales o complementarias podrá instar a la autoridad que haya 
sido responsable del seguimiento a que se extienda su duración, previa modificación del 
protocolo.
3.  La  autoridad  que  haya  sido  responsable  del  seguimiento  de  las  pruebas 
elaborará  un  documento  de  conclusiones  sobre  su  desarrollo  y  resultados.  Dichas 
conclusiones se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en los artículos 25 y 26, y se 
publicarán con las reservas necesarias en términos de propiedad industrial o intelectual.
Artículo 18.  Pasarela de acceso a la actividad.
1.  Una vez finalizado el proyecto piloto o durante su desarrollo conforme a lo 
dispuesto en el protocolo, el promotor podrá solicitar autorización para dar comienzo a la 
actividad, en caso de que no dispusiese de ella, o para ampliarla.
2.  En aquellos supuestos en los que se requiera autorización para el ejercicio de 
una actividad que se pretenda desempeñar principalmente a través de una innovación de 
base  tecnológica  que  haya  sido  objeto  de  prueba  en  el  espacio  controlado  y  las 
autoridades con competencias para la autorización estimen que la información y el  es
conocimiento  adquiridos  durante  la  realización  de  pruebas  permiten  un  análisis  o
stoppoicrlmadotuzoypobe liscrcfei atco,dsa  eodddl,eo  elp l  adPrc oeoracoln uecfctdoeouirdrmmmiidmipieadlindieamt ndocit e oocpn mooAtnopdd  ermldáoteen inn p iltrrsoeeetsr vda piusrtaiectvoriqoar su  eeCiasn uoi attoemoteslr ú niaznpdra rtidíreec evnuei dslfloeoato c s3sta u3 A ae ldardnmáse   l ialnplaa ia s lreptLtrgoiaecincyusdi lloaa3encr9rieiad/ó2scan 0idó P1evnú5is gb, a eldi dcneqeat ue sc1e,. a   lEddosenaes      OE-A-2020-14205able en https://www.
refiere el artículo 19.1.
TÍTULO III
Otras medidas
Artículo 19.  Proporcionalidad.
1.  Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  cuando  para  el  desarrollo  de  una  actividad 
financiera  sean  exigibles  requisitos  susceptibles  de  ponderación,  las  autoridades 
competentes  para  autorizar  efectuarán  dicha  ponderación  aplicando  el  principio  de 
proporcionalidad. Tal ponderación será motivada y podrá tener en cuenta las directrices 
establecidas  para  los  procesos  de  autorización  por  las  autoridades  europeas  con 
competencias en la materia.
2.  Las autoridades supervisoras tendrán en cuenta el desarrollo y resultado de las 
pruebas contempladas en el Título II de esta Ley a efectos de aplicar motivadamente y 
con arreglo al principio de proporcionalidad las medidas equivalentes en supuestos 
similares dentro de la discrecionalidad de que dispongan en su actividad supervisora con 
arreglo a la legislación específica aplicable. En la aplicación de proporcionalidad dentro 
de  dicho  margen  de  actuación  discrecional  tendrán  en  cuenta  las  directrices, 
recomendaciones y criterios sobre buenas prácticas supervisoras que emanen de las 
autoridades europeas con competencias de supervisión.
3.  El desarrollo y resultado de las pruebas reguladas conforme a lo previsto en el 
Título  II  se  tendrá  en  cuenta  a  efectos  de  lo  previsto  en  el  artículo  26.1  de  la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de ley y reglamentos. Igualmente se valorará la incidencia de la 
aplicación  de  las  nuevas  tecnologías  a  la  hora  de  ponderar  el  principio  de 
proporcionalidad entre actividades y riesgos en el ejercicio de la iniciativa legislativa y 
reglamentaria y en la evaluación normativa conforme a lo previsto en el artículo 129 
y 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
4.  El informe anual previsto en el artículo 25 incluirá, en un apartado específico 
sobre proporcionalidad, la información relevante sobre lo dispuesto en los apartados 
anteriores.
Artículo 20.  Cauces específicos de comunicación.
1.  Las autoridades supervisoras establecerán cauces específicos de comunicación 
directa para atender consultas relativas a nuevas aplicaciones, procesos, productos, 
modelos  de  negocio  y  otras  cuestiones  relacionadas  con  la  innovación  tecnológica 
aplicada a la prestación de servicios financieros.
2.  Las  autoridades  supervisoras  se  coordinarán  entre  sí  en  relación  con  las 
consultas  recibidas.  Asimismo,  recogerán  en  su  página  web  información  sobre  lo 
dispuesto en esta Ley, incluyendo un enlace a la sede electrónica de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional al objeto de facilitar el acceso a la 
información relacionada con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley.
Artículo 21.  Consultas escritas.
1.  Cualquier interesado podrá formular a la autoridad supervisora consultas escritas 
respecto al régimen, la clasificación o la aplicación de la normativa financiera sectorial  e.
relacionada con un caso de aplicación de la tecnología a la prestación de servicios  w.b
financieros. Las consultas se presentarán por medios electrónicos. 205ww
y la2 .r elaEcnió lna sc coonn seul ltcaass soe  dhea raápnl iccoancisótna r dlaes  ldau dteacsn qouloeg ílea  sau slac itper elas tnaocrimóna tidvea  aspelrivciacbioles 
fdinea onpciineiróons ,p aosr íp caortme od elo lsa  daeumtoárisd adda tcoosm yp eelteemnteen.tos que puedan contribuir a la formación
3.  La contestación a las consultas escritas deberá producirse a la mayor brevedad 
posible y en todo caso en el plazo máximo de dos meses desde su registro. Cuando así 
se establezca en su legislación específica, tendrá efectos vinculantes para los órganos y 
entidades de la Administración encargados de la aplicación de las correspondientes 
normas. La falta de contestación en el plazo establecido no implicará una respuesta 
afirmativa a la consulta formulada.
4.  La contestación a las consultas escritas tendrá carácter informativo para los 
interesados, que no podrán entablar recurso alguno contra dicha contestación.
5.  La  presentación  y  contestación  de  las  consultas  no  interrumpirá  los  plazos 
establecidos en los procedimientos administrativos.
6.  Las autoridades informarán a la Comisión a la que se refiere el artículo 23 de las 
cuestiones más relevantes en relación con las consultas escritas recibidas, en particular 
cuando pudiera afectar a otras autoridades competentes.
TÍTULO IV
Disposiciones institucionales y rendición de cuentas
CAPÍTULO I
Disposiciones institucionales
Artículo 22.  Colaboración entre autoridades y ejercicio de competencias.
1.  Las autoridades públicas con competencias en la materia cooperarán entre sí 
para garantizar que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, la transformación digital en el 
sistema financiero se produce con plenas garantías para la estabilidad financiera, la 
protección de la clientela y conforme a los demás principios informadores de la política 
financiera.
2.  Las autoridades públicas colaborarán a fin de lograr un adecuado funcionamiento 
del espacio controlado de pruebas previsto en el Título II y facilitarán, dentro de su 
ámbito competencial y con las garantías adecuadas, la realización de pruebas. Cuando 
varias autoridades participen conjuntamente en el seguimiento de un proyecto conforme 
a lo previsto en el protocolo establecerán entre ellas pautas de coordinación.
3.  Para  la  realización  de  pruebas  que  lo  requieran,  podrán  establecerse 
mecanismos  de  cooperación  internacional  entre  autoridades  públicas  que  permitan 
optimizar los instrumentos previstos en esta Ley mediante su interacción con espacios 
controlados de pruebas y otros facilitadores tecnológicos desarrollados en jurisdicciones 
distintas de la española. En particular, podrán suscribirse convenios según lo previsto en 
el artículo 47.2.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Artículo 23.  Comisión de coordinación.
1.  En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se constituirá 
una Comisión para la coordinación de las actuaciones en ella previstas.
2.  Entre otras funciones, en relación con el espacio controlado de pruebas previsto 
en el Título II de esta Ley, dicha Comisión tendrá por objeto:
a)  Tomar conocimiento de las solicitudes presentadas, de su evaluación previa, de  e.
la aprobación de protocolos y de las evaluaciones de resultado. w.
b)  Conocer y deliberar acerca de los contenidos de la memoria en la que se  205ww
evalcú)e n Ilnotse rrceasmulbtaiadro sc doen olacsim pireunetob ass.obre  el  contenido  de  los  protocolos  a  fin  de
establecer pautas homogéneas cuando ello sea posible.
d)  Conocer los motivos que fundamenten, en su caso, las decisiones tomadas en 
virtud de lo previsto en esta Ley y en particular de los artículos 7.4, 16.1 y 18.
e)  Conocer de cualquier otro aspecto relevante sobre el funcionamiento general del 
espacio controlado de pruebas o sobre el concreto desarrollo de los proyectos piloto.
f)  Asegurarse  de  la  participación  y  facilitar  la  coordinación  de  las  autoridades 
supervisoras y, cuando proceda, de las demás autoridades competentes.
3.  Asimismo, la Comisión de coordinación tendrá por objeto:
a)  Deliberar sobre lo dispuesto en el artículo 19 en relación con el principio de 
proporcionalidad.
b)  Tomar conocimiento de la actividad de las autoridades en ella presentes en 
relación con lo dispuesto en los artículos 20 y 21.
c)  Compartir información general entre sus miembros sobre los desarrollos de la 
innovación tecnológica aplicada al ámbito financiero.
4.  Dicha  Comisión  se  reunirá,  al  menos,  con  periodicidad  trimestral  y  en  ella 
participarán  representantes  de  las  autoridades  supervisoras.  Podrán  participar 
igualmente, cuando así lo proponga la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional,  representantes  de  otras  instituciones  del  sector.  Se  procurará  que  la 
representación  sea  equilibrada  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  54  de  la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Su 
presidencia corresponderá a un representante de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional.
5.  Podrán convocarse sesiones abiertas de la Comisión en las que intervengan, 
entre  otros,  expertos  y  representantes  de  intereses  asociativos  de  entidades  o 
consumidores a fin de mejorar el funcionamiento general del espacio controlado de 
pruebas previsto en esta Ley o aportar un mayor conocimiento sobre las implicaciones 
de la transformación digital en el sistema financiero. Dichas sesiones se celebrarán 
separadamente de aquellas en las que se traten asuntos relacionados con las funciones 
atribuidas a la Comisión en los apartados 2 y 3 de este artículo.
Artículo 24.  Recursos materiales y personal.
Las autoridades competentes dedicarán los medios materiales y el personal que 
consideren  oportunos  para  atender  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley, 
pudiendo  decidir  con  arreglo  a  su  respectivo  régimen  jurídico  sobre  el  modelo  de 
organización interna que resulte más adecuado para los propósitos anteriores en función 
de sus especificidades y de las competencias que tengan atribuidas.
CAPÍTULO II
Rendición de cuentas
Artículo 25.  Informe anual sobre transformación digital del sistema financiero.
1.  La  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Financiación  Internacional  elaborará  un 
informe anual sobre transformación digital del sistema financiero que será remitido a las 
Cortes Generales por la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y 
publicado en la página web durante el primer trimestre de cada ejercicio. es
2.  En dicho informe se atenderá, entre otras cuestiones, a los nuevos desarrollos  bo
tecnológicos, la evolución internacional, los efectos sobre la protección a la clientela de  205ww
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En el informe se incluirá, en un apartado diferenciado del resto de contenidos, un 
resumen de las actuaciones de fomento de la educación en la ciudadanía digital, en 
particular, de las de promoción del uso responsable de las nuevas tecnologías, llevadas 
a cabo en el ámbito financiero.
3.  Asimismo, en el informe anual sobre transformación digital del sistema financiero 
se rendirán cuentas sobre la realización de pruebas efectuadas conforme al Título II de 
esta Ley, en virtud de la información remitida por las autoridades supervisoras y otras 
autoridades que intervengan en dichas pruebas. El informe atenderá especialmente a lo 
dispuesto en el artículo 19, omitiendo, en el caso de la publicación en la página web, la 
información sujeta al deber de confidencialidad recogido en el artículo 14, que será 
observado en el ejercicio de sus funciones constitucionales por los miembros de las 
Cámaras.
4.  Adicionalmente, el informe incluirá las recomendaciones regulatorias derivadas 
de  los  resultados  de  los  proyectos  experimentales  llevados  a  cabo  en  el  espacio 
controlado de pruebas. El objetivo de estas recomendaciones debe ser el de adaptar la 
realidad  legislativa  a  las  innovaciones  digitales  del  sector  financiero  que  se  hayan 
mostrado útiles para la consecución de los supuestos contenidos en el artículo 5.2 de 
esta  Ley,  de  acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.
Artículo 26.  Informe sobre aplicación de la innovación tecnológica de base financiera a 
la función supervisora.
Las autoridades supervisoras previstas en el artículo 3.b) de esta Ley, incluirán en su 
memoria anual un informe sobre la aplicación de la innovación de base tecnológica a sus 
funciones supervisoras. En particular, en dicho informe se incluirá una evaluación sobre 
la  implantación  de  aquellas  innovaciones  que  hayan  sido  probadas  en  el  espacio 
controlado  de  pruebas  regulado  en  esta  Ley  y  que  resulten  aplicables  al  mejor 
desempeño de la función supervisora.
En todo caso, el contenido del informe respetará el principio de confidencialidad de 
los proyectos, salvo consentimiento expreso del promotor.
Disposición adicional primera.  Fijación del modelo de solicitud y de la primera fecha de 
presentación de solicitudes de acceso al espacio controlado de pruebas.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional aprobará el modelo de solicitud y la fecha límite a 
los que se refiere el artículo 6.
Disposición adicional segunda.  No incremento de gasto público.
La  aplicación  de  las  previsiones  contenidas  en  esta  Ley  no  deberá  ocasionar 
incremento del gasto público.
Disposición final primera.  Objetivo del desarrollo y resultado de las pruebas.
El desarrollo y resultado de las pruebas se tendrá en cuenta a los efectos de 
simplificar  la  legislación  existente,  eliminar  barreras  y  duplicidades  innecesarias, 
establecer procedimientos más ágiles y minimizar las cargas administrativas a las que se 
encuentran sometidas las entidades financieras, todo ello al objeto de seguir impulsando  e.e
un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas. w.b
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legislación mercantil; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros; y bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Disposición final tercera.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de 
lo dispuesto en esta Ley.
Se habilita a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para dictar, 
en el ámbito de sus competencias, aquellas disposiciones sobre aspectos organizativos 
o procedimentales del espacio controlado de pruebas regulado en el Título II que la 
práctica de su funcionamiento haya demostrado pertinentes, así como para desarrollar lo 
previsto en el artículo 23.
Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley.
Madrid, 13 de noviembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN