BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Miércoles 4 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 96391
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
13601 Resolución  de  22  de  octubre  de  2020,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Sanidad,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  para  el  año  2020  entre  la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad 
Castilla y León, en materia de drogodependencias con cargo al fondo de 
bienes decomisados.
Suscrito el 20 de octubre de 2020, Convenio entre la Delegación del Gobierno para el 
Plan  Nacional  sobre  Drogas  y  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  en  materia  de 
drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  de  dicho 
convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 22 de octubre de 2020.–La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón 
Fernández.
ANEXO
Convenio para el año 2020 entre la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia 
de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados
En Madrid, a 20 de octubre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, doña Silvia Calzón Fernández, Secretaria de Estado de Sanidad, 
nombrada por Real Decreto 765/2020, de 5 de agosto (BOE n.º 212 de 6 de agosto), en 
nombre y representación del Ministerio de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público y en virtud de lo recogido en la Orden de 20 de julio del Ministro de 
Sanidad  de  delegación  de  firma  en  la  persona  titular  de  la  Secretaría  General  de 
Sanidad.
De  otra,  doña  María  Isabel  Blanco  Llamas,  nombrada  Consejera  de  Familia  e 
Igualdad de Oportunidades por Acuerdo 14/2019, de 16 de julio, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, por el que se nombran titulares de las Consejerías de la Junta 
de Castilla y León, publicado en el BOCyL de fecha 17 de julio de 2019, y Presidenta del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en 
nombre  y  representación  del  citado  organismo  público  adscrito  a  la  Consejería  de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Castilla y León, y en ejercicio 
de las atribuciones conferidas en el artículo 12.3.d) del Decreto 2/1998, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León. es
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según lo dispuesto en los artículos 2 y 6 del Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por
el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Sanidad,  y  se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León desarrolla las competencias en esta 
materia.
Que la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, en reunión celebrada el 6 de julio 
de 2020, con base a las atribuciones conferidas en el artículo 6 de la Ley 17/2003, de 29 
de mayo, acordó asignar a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la cantidad 
de 825.000,00 euros procedentes del Fondo de bienes decomisados.
En virtud de ello,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo para el 
desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. La Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los referidos programas y 
la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  asume  el  compromiso  material  de  su 
ejecución, siendo éste el objeto del presente convenio.
Segundo.  Obligaciones de las partes.
Que la actuación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en el 
año 2020 se concretará en el desarrollo de los programas:
– Programa de integración social y laboral de drogodependientes: 450.000,00 €.
– Prevención familiar del consumo de alcohol y de otras drogas e intervenciones 
preventivas con menores en riesgo: 375.000,00 €.
Que el Ministerio de Sanidad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas) financiará la realización de estos programas, según lo acordado por la Mesa de 
Coordinación  de  Adjudicaciones,  con  un  total  de  825.000,00  euros  con  cargo  al 
concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, 
en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora de este 
Fondo. El abono de esta cantidad se realizará a partir de que el convenio surta efectos, 
es  decir,  desde  la  inscripción  en  el  Registro  Electrónico  Estatal  de  Órganos  e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicación en el BOE, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Que durante el primer  trimestre del próximo ejercicio, la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León remitirá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones un 
informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada 
y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.
Tercero.  Vigencia y efectos.
La vigencia del presente Convenio se establece desde su inscripción en el Registro 
Electrónico  Estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de  Cooperación  del  Sector  Público 
Estatal y una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado con una duración hasta el 31  es
de diciembre de 2020, surtiendo los efectos en los términos previstos en el apartado 8  o
del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  601ww
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Cuarto.  Extinción del Convenio.
El  presente  Convenio  se  extinguirá  por  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución de las previstas en el 
artículo 51.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinto.  Comisión de Seguimiento.
Para  el  seguimiento  de  lo  previsto  en  el  presente  Convenio  se  constituye  una 
Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las 
partes firmantes, que será presidida por un representante de una de las partes, actuando 
el otro representante como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
– Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del 
presente convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello.
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del convenio.
La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco 
dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Sexto.  Resolución de controversias.
Ambas partes se comprometen a solventar las controversias que pudieran suscitarse 
en la interpretación o ejecución del presente Convenio a través de la Comisión de 
Seguimiento. En su defecto las mismas serán de la competencia de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
Séptimo.  Incumplimiento de obligaciones y compromisos.
Tal y como establece el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  y 
compromisos  asumidos  por  cada  una  de  las  partes  tendrá  como  consecuencia  la 
extinción del Convenio.
Octavo.  Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre 
que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas 
en el Convenio.
Esta se hará durante la vigencia del convenio, y mediante la correspondiente Adenda 
de modificación.
Noveno.  Régimen jurídico.
El contenido del presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. e
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