BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Viernes 26 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 23830
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE SANIDAD
3066 Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Consumo, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Consumo y la Comunidad de Madrid, han suscrito, con fecha 15 de 
febrero de 2021, un Convenio para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Madrid, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito 
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector 
Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid,  19  de  febrero  de  2021.–La  Directora  General  de  Consumo,  Bibiana 
Medialdea García.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Consumo y la Comunidad de Madrid, para la 
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid
Madrid, 15 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, doña Bibiana Medialdea García, Directora General de Consumo, de 
acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 224/2020, de 29 de enero, por 
delegación  de  competencias  del  Ministro  de  Consumo,  efectuada  mediante  Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de 
créditos para gastos y de delegación de competencias.
Y  de  otra  parte,  don  Rodrigo  Tilve  Seoane,  Viceconsejero  de  Economía  y 
Competitividad, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Decreto 68/2020, de 26 
de agosto, del Consejo de Gobierno, por delegación de firma de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, efectuada mediante Decreto 2/2021, de 11 de enero, en relación 
con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.
Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Consumo 
y de la Comunidad de Madrid.
Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y
EXPONEN
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa  s
de  los  consumidores  y  usuarios,  protegiendo,  mediante  procedimientos  eficaces,  la  e.
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. w.
En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del Libro  66ww
UPrsiumaerrioos, ,d ealp rteoxbtaod ore fmuneddiidaon tdee  Rlae aLle Dy eGcerenteor aLl epgaisrala tlaiv oD e1f/e2n0s0a7 ,d ed elo 1s 6C odnes unmovidieomrebsr ey, 
establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno
para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así 
como el procedimiento de resolución de conflictos.
De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, estableciendo el 
cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter 
inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las 
partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas por la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje.
Finalmente,  la  Ley  7/2017,  de  2  de  noviembre,  por  la  que  se  incorpora  al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la 
ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Consumo, a 
través de la Dirección General de Consumo del, tal como se recoge en la letra b del 
artículo  3  del  Real  Decreto  495/2020,  de  28  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Consumo  y  se  modifica  el  Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales.
Mediante Convenio de fecha 5 de noviembre de 1997, se constituyó la Junta Arbitral 
de Consumo de la Comunidad de Madrid (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo en su 
ámbito territorial.
Así  pues,  el  Ministerio  de  Consumo  y  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid, conscientes de la necesidad de facilitar a los 
consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y teniendo en cuenta la 
experiencia positiva desde su constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la 
Junta Arbitral.
Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios contenida en el 
Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de su disposición adicional octava,
ACUERDAN
Primero.  Objeto.
El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Madrid, con sede en Madrid, cuyo ámbito territorial viene determinado por 
el  propio  de  la  Comunidad  de  Madrid,  conocerá,  con  carácter  prioritario,  de  las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente  reconocidos,  de  conformidad  con  los  criterios  competenciales  y  el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya.
Segundo.  Compromisos de las partes.
1.  La  Comunidad  de  Madrid  impulsará,  en  su  ámbito  territorial,  la  gestión  y 
administración  del  arbitraje  institucional  de  consumo  por  la  Junta  Arbitral, 
comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el plazo de un 
año desde la fecha de eficacia del presente Convenio, su acreditación como entidad de  e.e
resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con lo previsto en la  b
Ley 7/2017, de 2 de noviembre. 66ww
Eco2n.o mEíal , MEimnipslteeori oy  dCeo mCpoentsituivmidoa de, sutanb sleiscteermá ae dne  cionlfaobrmoraacciióónn  recocínp rloac oC opnasrae jeelr íbau deen 
funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo.
3.  La  Comunidad  de  Madrid  facilitará  información  sobre  la  designación  de 
Presidente  y  Secretario  de  la  Junta  Arbitral,  así  cualquier  otro  dato  referente  a  la 
actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes que se determinen.
4.  El Ministerio de Consumo y la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 
facilitarán el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema 
Arbitral de Consumo en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
5.  Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de 
Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes 
económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión.
Tercero.  Comisión de Seguimiento.
A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una Comisión 
de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo estas reuniones a 
través de medios telemáticos, y estará formada por un representante de cada Institución 
firmante,  correspondiendo  la  Secretaría  a  un  funcionario  de  la  Dirección  General 
de Consumo.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de Seguimiento, en lo 
no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos colegiados en la 
Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.  Modificación del Convenio.
La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito de los 
firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme a los 
requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Quinto.  No asunción de compromisos financieros.
El  presente  Convenio  configura  una  actividad  de  colaboración  que  no  genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes.
Sexto.  Vigencia del Convenio.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta cuatro años 
adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio.
El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
formalización,  en  el  Registro  Electrónico  estatal  de  Órganos  e  Instrumentos  de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptimo.  Extinción del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del Convenio las 
recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como las siguientes: es
a)  Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la Junta  w.
Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber efectuado la solicitud  66ww
o sub d) enLeag adceinóunn.cia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser
comcu)n icaLdaa d ais loal uoctriaó np aor tseu, pmreedsiiaónnt ed eel  aolpgourntuan doe p rlaesa vpisaor tceosn. un plazo mínimo de tres meses. BOE-A-cable e
d)  Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo  los  compromisos adquiridos en  el presente Convenio, se lo notificará 
mediante  comunicación  fehaciente  e  indicará  las  causas  que  originan  dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los representantes de 
la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo no 
superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la notificación. En todo caso, la 
Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la adopción inmediata de las medidas 
correctoras oportunas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el presente Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de la 
Comisión  de  seguimiento,  persistiera  el  incumplimiento,  se  entenderá  resuelto  el 
Convenio.
El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación del mismo 
con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de resolución anticipada del 
Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, conforme a lo previsto en 
el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Octavo.  Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no 
dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las partes se 
comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento 
las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las 
cuestiones  litigiosas  que  en  la  ejecución  y  cumplimiento  pudieran  aparecer  y  no 
quedasen resueltas por la Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la citada jurisdicción.
Noveno.  Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la ejecución del 
Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado por las 
partes o por sus representantes acreditados.–El Ministro de Consumo, P.D. (Orden 
CSM/940/2020, de 6 de octubre), la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea 
García.–La Presidenta de la Comunidad de Madrid, P.D. (Decreto 2/2021, de 11 de 
enero), el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Rodrigo Tilve Seoane.