BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 24 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 162234
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
21341 Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas correspondientes al programa de 
incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno 
renovable  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia.
I
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y 
sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea.
El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento de realizar un esfuerzo notorio y de un planteamiento innovador que impulsen 
la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea, acordó un 
paquete de medidas de gran alcance.
Como consecuencia de ese acuerdo, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 
Este mecanismo es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la 
UE y se enmarca dentro del Instrumento de Recuperación y Resiliencia que regula los 
fondos europeos «Next Generation EU».
Este Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España en torno 
a  140.000  millones  de  euros  en  forma  de  transferencias  y  préstamos  para  el 
periodo 2021-2026, se basa en tres pilares. El primero consiste en la adopción de 
instrumentos  para  apoyar  los  esfuerzos  de  los  Estados  Miembros  por  recuperarse, 
reparar los daños y salir reforzados de la crisis. El segundo consiste en la adopción de 
medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Por 
último, el tercer pilar se centra en el refuerzo de los programas clave de la Unión 
Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más 
fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
En este sentido, el Instrumento Europeo de Recuperación está alineado con las siete 
iniciativas bandera europeas (Flagship initiatives), presentadas por la Comisión en la 
Estrategia  Anual  de  Crecimiento  Sostenible  2021.  Entre  estas  iniciativas  bandera 
europeas destaca el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el 
hidrógeno  renovable  y  el  despliegue  de  infraestructura  de  recarga  de  vehículos 
eléctricos.
Con base en lo anterior, el Instrumento Europeo de Recuperación permitirá a España 
movilizar un volumen de inversión sin precedentes y, en este contexto, se aprobó el 27 
de abril de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea el 6 de julio 
de 2021. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un proyecto de país, 
que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los  e.
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Las  w.b
componentes que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  341ww
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relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluye cuatro ejes 
transversales que se dividen en un total de diez políticas palancas que van a incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social.
Uno de los cuatro ejes transversales del Plan es la Transición Ecológica. Nuestro 
país  apuesta  por  alcanzar  una  economía  neutra  en  carbono,  impulsando  la 
«descarbonización», invirtiendo en tecnologías verdes y sostenibles, para avanzar desde 
un sistema dependiente de las energías fósiles hasta un sistema energético cien por cien 
renovable.  Este  eje  transversal  encuentra  su  desarrollo,  entre  otras,  en  la  política 
palanca 3: «una transición energética justa e inclusiva», y dentro de esta, se encuentra la 
componente 9 «Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial».
Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el hidrógeno renovable se incluye 
dentro de una de las acciones estratégicas «Clima, energía y movilidad» del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023, que es el 
principal  instrumento  de  la  Administración  para  el  desarrollo  y  consecución  de  los 
objetivos  de  la  «Estrategia  Española  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de 
Innovación 2021-2027». En esta acción estratégica se menciona como línea prioritaria 
de actuación la «Hoja de Ruta del Hidrógeno» cuya apuesta por el hidrógeno renovable 
está llamada a ser una herramienta clave para la integración de los diferentes sectores 
energéticos,  favoreciendo  la  seguridad,  disponibilidad  y  flexibilidad  energética, 
situándose como una de las principales medidas destinadas a la descarbonización de la 
economía en 2050.
Según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales y se crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, corresponde a este la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo 
y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno 
frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (en adelante, MITERD) 
elaboró el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fue aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 16 de marzo de 2021, por el que se adoptó la versión final 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), que proporciona el 
marco director del programa de inversiones y reformas para una transición energética y 
ambiental que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde en nuestro 
país. El Plan de Recuperación está en línea con el PNIEC 2021-2030.
Asimismo,  el  MITERD  aprobó,  el  6  de  octubre  de  2020,  la  Hoja  de  Ruta  del 
Hidrógeno  Renovable,  que  señala  como  una  de  las  oportunidades  del  sector  la 
eliminación de las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero al 
medio ambiente en sectores o procesos difícilmente descarbonizables para alcanzar los 
objetivos de una economía climáticamente neutra en 2050. En línea con esta condición, 
gracias al cumplimiento de los objetivos marcados en 2030 para el hidrógeno renovable, 
se  prevé  reducir  las  emisiones  de  4,6  Mton  de  CO   a  la  atmósfera  en  el 
2eq
periodo 2020-2030. Igualmente, en el año 2030 se estima que se evitará emitir a la 
atmósfera 1,125 millones de toneladas de CO , lo que supone aproximadamente 
2eq
un 1 % del objetivo total de reducción de emisiones de CO  para 2030 con respecto 
2
a 2017.
En este contexto, el Gobierno lanzó una Manifestación de Expresión de Interés 
denominada  «Proyectos  tractores  para  una  transición  energética  justa  e  inclusiva:  e
Hidrógeno Renovable» en noviembre de 2020 para identificar los proyectos solventes de  bo
hidrógeno  renovable  en  España,  valorar  su  impacto  en  la  cadena  de  valor,  en  el  341ww
addfuyeeeus lrdaaoar ncrso a.cl dllLoaeo sninsiaf di pcduaresodt yroveiaasc llo teyorn  sed  ntper rlee ehsls i deetirmnpótopgalleodengoooís ay  ras ec  lnopaonr icv neiactlabilpodlea,a .ld edesef i ndMier a yan cciftoeunsatccariceóitnóa nrv  eidnle cá uEmlaxbpditraoes s oiaóblnj ed tdeiveso pI ndlieteeg rluéaess    OE-A-2021-21able en https://
Esta orden desarrolla la primera de estas categorías, denominada «Cadena de valor 
innovadora y de conocimiento (incl. actividades en I+D+i, primeros despliegues)». Esta 
línea  tiene  por  objeto  la  mejora  de  capacidades  productivas  y  de  fabricación  de 
componentes/equipos/sistemas, así como el desarrollo de prototipos y la de madurez 
tecnológica o el despliegue de aplicaciones necesarias para facilitar la introducción del 
hidrógeno renovable en actividades industriales, así como la integración del suministro 
de  hidrógeno  renovable  en  la  cadena  de  valor:  en  la  generación  eléctrica,  en  el 
transporte y en los usos térmicos. Esta línea se complementa con otros programas en el 
marco del PRTR.
Se pretende que las ayudas reguladas por esta orden tengan un efecto incentivador 
de la actividad de despliegue de una economía basada en el hidrógeno renovable en 
sectores de difícil descarbonización, al establecerse por primera vez en España una 
importante dotación presupuestaria para proyectos de cadena de valor industrial de 
hidrógeno  renovable,  lo  que  supone  la  realización  de  un  esfuerzo  adicional  para 
fomentar el avance de la descarbonización profunda de la economía. Adicionalmente, la 
medida  contribuye  sustancialmente  a  la  mitigación  del  cambio  climático  según  el 
artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
Esta orden está en línea con la finalidad que persigue la componente 9 del Plan de 
Recuperación, medida C9.I1, que no es sino la de favorecer un cambio en el modelo 
productivo  de  nuestro  país,  la  generación  de  empleo  y  el  impulso  al  crecimiento 
económico a través de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la 
mejora de la competitividad de nuestras empresas.
El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a 
cada reforma e inversión, aprobados en el marco del mismo. Esta norma contribuye a los 
hitos y objetivos número 131, 132, 135 y 136, dentro de la Componente 9 Hoja de ruta 
del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros  se  aprobó  «Proyecto  Estratégico  para  la  Recuperación  y  Transformación 
Económica  (PERTE)  de  Energías  Renovables,  Hidrógeno  Renovable  y 
Almacenamiento». Los proyectos de cadena de valor innovadora y de conocimiento del 
hidrógeno renovable constituyen las actuaciones 11, 12, 13 y 14 de dicho PERTE.
II
Las ayudas reguladas por esta orden serán financiadas con cargo al patrimonio del 
IDAE, una vez transferidos los fondos sujetos a la finalidad prevista en el Servicio 50 
«Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». Así, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2021  establece  crédito 
presupuestario en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía). Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
para la financiación de la presente convocatoria, Esta cuantía prevista en la Ley de 
Presupuestos  Generales  para  el  presente  ejercicio  podrá  verse  incrementada  en 
ejercicios futuros con cargo a los créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el 
Servicio  50  para  la  consecución  de  las  finalidades  previstas  en  el  mencionado 
componente  9,  así  como  con  cualesquiera  otros  que  pudieran  habilitarse,  s
independientemente de su origen, siempre y cuando se hubieran transferido al IDAE a tal  e.
fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a los procedimientos estatuariamente  w.
previstos para la disposición de fondos propios del IDAE. En consecuencia, la dotación  341ww
mdeil locnréedsi tod ein iecuiarlomse, npteo derás tasbeler coidbaje teon  dlae  parmespelinatcei oonredse na dmicinioisntaelreias l epno r fuvnacloiór nd ed e2 5la0 
demanda y desarrollo de los proyectos.
Los fondos transferidos al IDAE están legalmente afectados a financiar proyectos o 
líneas  de  actuación  integrados  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia. En caso de no realizarse el gasto, el IDAE deberá proceder a reintegrar al 
Tesoro Público los fondos recibidos que no vayan a destinarse a la finalidad asignada.
En cuanto al campo de intervención de este orden de bases se ha seleccionado un 
campo (i.e. 022) conforme a la Metodología de seguimiento del anexo VI para la acción 
por el clima establecida en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que prevé una reducción de las emisiones de 
CO .  Este programa contribuye al 100% al objetivo climático establecido por la Unión 
2
Europea en el marco de los Fondos Europeos.
Además, se tiene en cuenta en todo momento el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» (do not significant harm, en adelante «DNSH») a ninguno de los objetivos 
medioambientales  establecidos  en  el  Reglamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/2088  a  la  hora  de  diseñar  los  requisitos  de  valoración  y  elegibilidad  de  las 
actuaciones.
La recepción de solicitudes, ordenación, instrucción, selección, gestión, resolución, 
verificación y control y, en su caso, publicación de las convocatorias de estas ayudas 
serán realizados por la EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), M.P.
Estas ayudas se tramitan de forma centralizada por IDAE para optimizar la gestión 
de los fondos públicos e incentivar un volumen de inversión significativo en la ejecución 
de proyectos de cadena de valor industrial innovadora que permitan un avance más 
rápido en el desarrollo del hidrógeno renovable, independientemente de la región de 
España desde donde se promuevan, y permitiendo el acceso a las ayudas a proyectos 
que puedan afectar a más de una comunidad autónoma.
Asimismo,  la  centralización  de  la  gestión  de  estas  ayudas  implica  que  en  la 
valoración técnica de la selección de los proyectos a subvencionar se garantice una 
mejor  igualdad  de  acceso  si  las  valoraciones  las  realiza  la  misma  entidad.  La 
territorialización del presupuesto supondría que, en ciertas regiones, no se podrían 
incentivar  determinados  proyectos  por  superar  el  importe  de  la  ayuda  a  la  partida 
territorializada correspondiente o bien que, al afectar a varias comunidades autónomas, 
no pudiera realizarse en su totalidad.
Atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992, de 6 
de  febrero,  Recursos  de  inconstitucionalidad  542/1988  y  573/1989  (acumulados), 
promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con 
determinados preceptos y partidas presupuestarias de las Leyes 33/1987, de 23 de 
diciembre  y  37/1988,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales  del  Estado 
para  1988  y  1989,  respectivamente,  la  gestión  centralizada  de  estas  subvenciones 
resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la 
ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y 
disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando 
que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector y 
optimizando la aplicación del presupuesto disponible.
De  este  modo,  se  realizarán  convocatorias  a  nivel  nacional  con  una  gestión 
centralizada de solicitudes por parte del IDAE, mediante un procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de  s
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, otorgándose las ayudas  oe.
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Conferencia Sectorial de Energía de fecha 9 de diciembre de 2021.
Estas  ayudas  estarán  sometidas  a  los  requisitos  y  límites  establecidos  en  el 
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, sin perjuicio del resto de disposiciones 
tanto  de  derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que  pudieran  resultar  de 
aplicación, y particularmente, las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión 
tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
III
Por otra parte, esta orden se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y  Resiliencia,  con  la  finalidad  de  acometer  un  proceso  de  modernización  de  la 
Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la 
ejecución del PRTR y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público- 
privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado; estableciendo una serie 
de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con 
estos Fondos Europeos. Entre ellas, se suprime la necesidad de exigir la autorización del 
Consejo de Ministros prevista en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
Por ello, en la tramitación de esta orden de bases, adoptada para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aplicado las previsiones de 
los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose 
solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que 
hace  referencia  el  artículo  17.1,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.
Del  mismo  modo,  resulta  conforme  a  los  estándares  exigidos  por  la  Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
PRTR.
Asimismo, esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a los que se 
refiere  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  necesidad,  eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la 
norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el 
principal incentivar proyectos con desarrollos innovadores, incluyendo proyectos piloto, 
porque  se  consigue  una  reducción  del  consumo  de  energía  final,  una  menor 
dependencia energética y unas menores emisiones de CO .
2
Esta  orden  también  se  adecúa  al  principio  de  proporcionalidad,  al  contener  la 
regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, 
imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Además, esta norma cumple con el principio de seguridad jurídica, siendo coherente 
con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los 
principios de claridad y de certidumbre.
Asimismo, el programa de incentivos de proyectos de cadena de valor innovadora y 
de conocimiento también se fundamenta en criterios de oportunidad, que implican la  s
exigencia  de  establecer  actuaciones  más  idóneas  para  alcanzar  los  objetivos  de  oe.
desarrollo tecnológico previstos. w.
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El fundamento competencial de esta orden se encuentra en el artículo 149.1.13.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la  Bc
coordinación de la planificación general de la actividad económica. La Sentencia del 
Tribunal  Constitucional  117/1992,  de  16  de  septiembre,  conflicto  positivo  de 
competencia  793/1987,  promovido  por  el  Consejo  Ejecutivo  de  la  Generalidad  de 
Cataluña, en relación con los artículos 3 y 7 de la Orden de 29 de enero de 1987, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se instrumentan las ayudas 
para la compra de mantequilla por instituciones y colectividades sin fines lucrativos, en 
su fundamento jurídico 2, aclara que en este precepto tienen cobijo normas básicas y 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los 
fines propuestos dentro de la ordenación del sector. Además de lo dispuesto en la 
regla  13.ª  del  artículo  149.1  de  la  Constitución  Española,  que  actúa  como  título 
competencial prevalente, las acciones o medidas para promover la profundización y 
demostración de nuevos modelos de negocio y servicios e innovar en las opciones 
descarbonización sostenibles a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno renovable, 
encuentran  también  respaldo  en  el  título  competencial  establecido  en  el 
artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 
materia  de  fomento  y  coordinación  general  de  la  investigación  científica  y  técnica. 
Asimismo, aplica el artículo 149.1.25.ª, que establece las bases del régimen minero y 
energético.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras 
(en  adelante,  Orden  de  Bases)  para  la  selección  y  concesión,  en  régimen  de 
concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes a cuatro Programas de apoyo 
a la Cadena de Valor Industrial del Hidrógeno Renovable (Orden de Bases de Cadena de 
Valor Innovadora y de Conocimiento), que se aprueba y establece por la misma, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR):
– Programa de incentivos 1: Capacidades, Avances Tecnológicos e implantación de 
líneas de ensayo y/o fabricación;
– Programa  de  incentivos  2:  Diseño,  demostración  y  validación  de  movilidad 
propulsada por hidrógeno;
– Programa de incentivos 3: Grandes demostradores de electrólisis – proyectos 
innovadores de producción de hidrógeno renovable;
– Programa  de  incentivos  4:  Retos  de  investigación  básica-fundamental,  pilotos 
innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena de 
valor.
2.  Las ayudas reguladas en esta Orden de Bases tendrán como finalidad contribuir 
a los objetivos marcados en la Inversión 1 de Componente 9 del Plan de Recuperación 
para las PYMEs, el desarrollo de avances tecnológicos o prototipos de la cadena de 
valor del hidrógeno renovable y la implantación de instalaciones de ensayo o nuevas 
líneas de fabricación, en concreto a los siguientes hitos:
– 131.  Al menos diez pymes financiadas para mejorar y reforzar la actual cadena  bo
de valor española del hidrógeno mediante la mejora de una o varias de las siguientes  341ww
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compresores,  recipientes  de  almacenamiento,  pilas  de  combustible  y  sistemas  de
transporte basados en hidrógeno) pueden incluir avances que sean «primeros de un 
tipo»  que  permitan  validar  un  nuevo  diseño  o  prototipo  actualizado  asociado  a  la 
producción, la logística y el consumo de hidrógeno.
– 135.  Al  menos  diez  intervenciones  financiadas  para  la  mejora  de  las 
instalaciones  de  ensayo  o  la  implantación  de  nuevas  líneas  de  fabricación.  Las 
intervenciones deberán: 1) mejorar las instalaciones o laboratorios de ensayo de I+D+i 
conexos o el equipo relacionado; o 2) mejorar las instalaciones o la adquisición de 
nuevos equipos (como máquinas herramienta) o técnicas para fabricar sistemas, equipos 
o componentes relacionados con el hidrógeno y las pilas de combustible.
– 136.  Al menos 500 MW de capacidad total de electrólisis autorizada, incluida la 
infraestructura  complementaria.  Acreditación  por  uno  de  los  tres  medios  siguientes: 
inclusión en el registro del sistema nacional de garantías de origen de gases renovables 
o autorización administrativa de la planta expedida por el organismo competente o 
decisión final de inversión proporcionada por el beneficiario.
La Componente 9, en su línea 1, pretende impulsar la cadena de valor industrial 
innovadora  mediante  el  apoyo  a  empresas  y  centros  tecnológicos  para  permitirles 
incrementar sus capacidades productivas y la transferencia tecnológica.
Artículo 2.  Ámbito de aplicación y vigencia.
1.  Lo dispuesto en esta Orden de Bases será de aplicación en todo el territorio 
nacional, de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 9 de 
diciembre de 2021.
2.  Asimismo,  lo  dispuesto  en  esta  orden  será  aplicable  a  las  ayudas  que  se 
convoquen desde la entrada en vigor de la misma y hasta el 31 de diciembre de 2025. 
No  obstante,  las  ayudas  concedidas  se  seguirán  rigiendo  por  ella,  y  por  las 
convocatorias dictadas al amparo de la misma, hasta la finalización y cierre de los 
correspondientes expedientes, incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.
3.  Podrán ser objeto de ayuda los desarrollos de tecnología y capacidades en toda 
la cadena de valor del hidrógeno renovable incluidos en el anexo I de la presente Orden 
de Bases.
4.  Las  ayudas  se  concederán  solo  a  aquellas  entidades  beneficiarias  cuyos 
proyectos e inversiones asociadas se desarrollen en territorio nacional.
Artículo 3.  Características de las ayudas y régimen de compatibilidad.
1.  Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
que rigen en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  En línea con el artículo 9 del Reglamento 2021/241, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación  y  Resiliencia,  las  ayudas  reguladas  en  esta  Orden  de  Bases  serán 
compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualesquiera 
Administraciones  públicas  u  organismos  o  entes  públicos,  nacionales,  de  la  Unión  s
Europea o internacionales, siempre que no se financie el mismo coste de la actuación,  oe.
no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumpla la condición que, de  w.
f6coa5rt1me/g2ao0 ra1íca4us dm edu ellaa  dCaayo, umndoias isós nec,  osdumep pe1ar7tei bndl eel soju sn clioíomn d iteee sl2  0em1s4eta,r bcpaleodcro ide ol insq tuepero iosr re e lde enRc elaagrplaalimnc aedcneitótoen r m(UdinEea ) dlnoa.ssº    2021-21341n https://ww
artículos 107 y 108 del Tratado.
En cualquier caso, el beneficiario deberá comunicar la obtención de otras ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una 
vez  tengan  conocimiento  de  su  existencia,  y,  en  todo  caso,  con  anterioridad  a  la 
justificación  de  los  fondos  percibidos,  lo  que  podrá  originar  las  correspondientes 
minoraciones en el importe de la ayuda concedida.
El  beneficiario  suscribirá,  junto  con  la  solicitud  de  ayuda,  una  declaración 
responsable que acredite tanto las ayudas que ha solicitado como las que le han sido 
concedidas para la misma actuación según el modelo facilitado en el anexo II.
3.  La modalidad de las ayudas reguladas por esta orden ministerial reviste la forma 
de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo caso, el cumplimiento 
de las actuaciones subvencionables correspondientes.
Artículo 4.  Régimen jurídico aplicable.
1.  Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto 
en la misma y en la respectiva convocatoria y resolución de concesión, por cuantas 
normas vigentes que por su naturaleza jurídica pudieran resultar de aplicación, y, en 
particular, por lo previsto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 y en el artículo 5.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
2.  También serán de aplicación las siguientes disposiciones normativas:
a)  El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior 
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. En particular, en lo que respecta a la 
intensidad  de  ayuda  a  percibir  por  los  beneficiarios  que  realicen  alguna  actividad 
económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, sin perjuicio, del 
resto  de  disposiciones  tanto  del  derecho  nacional  como  de  la  Unión  Europea  que 
pudieran resultar de aplicación.
Cuando las ayudas se otorguen a beneficiarios que no realicen actividad económica, 
no  tendrán  la  consideración  de  ayudas  de  Estado  por  no  cumplir  los  requisitos 
establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
b)  Las  normas  que  se  aprueben  en  el  ámbito  de  la  ejecución  y  gestión  del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aprobado por el Reglamento (UE) 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en 
particular:
i.  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19.
ii.  El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021.
iii.  El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se 
aprueba el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia.
iv.  La Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de 
la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
v.  Las disposiciones operativas relativas a la aprobación de la evaluación del plan 
de recuperación y resiliencia de España.
c)  La normativa que regula la aplicación del principio de «no causar un perjuicio  e.
significativo» al medioambiente (DNSH): w.b
junioi.  dEe l 2«0R2e0g, larmeleantivtoo  (UalE e) s2t0a2b0le/8ci5m2i ednetlo P daerl aumne nmtoa rEcuor oppaeroa  yf adceilli taCro nlasse join, vdeer s1io8n dees 
sToasxtoennoibmleías» y) por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088» («Reglamento de
ii.  La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»  en  virtud  del  Reglamento  relativo  al  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión Europea»
iii.  Los  Actos  Delegados  derivados  del  Reglamento  2020/852  (Reglamento  de 
Taxonomía).
En todo caso, las actuaciones llevarán a cabo los procedimientos de evaluación 
ambiental establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
que sean de aplicación, así como otras evaluaciones y procedimientos que pudieran 
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
d)  El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la Orden HFP/1030/2021, 
de  29  de  septiembre,  por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  la  Orden  HFP/1031/2021,  de  29  de 
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento  del  cumplimiento  de  hitos  y  objetivos  y  de  ejecución  presupuestaria  y 
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.
e)  La normativa aplicable en materia de prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:
i.  En aplicación de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho penal, la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de 
febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de 
terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional;
ii.  El Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/1995 del Consejo, de 18 de diciembre 
de  1995,  relativo  a  la  protección  de  los  intereses  financieros  de  las  Comunidades 
Europeas;
iii.  El  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 
Presupuesto General de la Unión europea (Reglamento financiero).
f)  El artículo 53 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a 
los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la 
abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.
g)  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la 
ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley.
3.  Asimismo,  será  de  aplicación  la  Ley  11/2020,  de  30  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, en lo que se refiere a la vinculación legal a finalidad de los fondos 
recibidos  por  transferencia  a  IDAE  procedentes  del  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como el tipo de concurrencia, la publicación de  e.e
las bases, las obligaciones de control, el seguimiento de la ejecución y el reingreso de  b
fondos. 341ww
Ley 4.3 9/E2n0 1t5o,d od elo  1n o dper evoicsttuob reen,  edsetal  Porrdoecend simerieán dtoe  Aapdlmiciancisiótrna tliov oe sCtaobmleúcnid od ee nl alas 
ASdemctoinri sPtrúabcliicoon,e ass Pí úcobmlicoa se,n e lna sla d eLmeyá s4 0d/i2s0p1o5s,ic dioen 1e sd qeu oec rteusburelt,e dne d eR éagpilmicaecni óJnu.rídico del
Artículo 5.  Beneficiarios.
1.  Se entenderá por beneficiario a la persona jurídica que realice la inversión o 
gasto correspondiente a la actuación incentivable.
2.  Podrán ser beneficiarios de las ayudas correspondientes a las ayudas que se 
aprueban por esta orden, los siguientes:
a)  Las empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran 
empresa),  incluidas  asociaciones  empresariales.  Se  entenderá  por  micro,  pequeña, 
mediana empresa (PYME) y gran empresa lo establecido al respecto por el Reglamento 
(UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b)  Consorcios  o  agrupaciones  empresariales  de  personas  físicas  o  jurídicas, 
públicas o privadas, con o sin personalidad jurídica propia. El consorcio o la agrupación 
empresarial deberá contar con al menos una PYME participante en la solicitud de la 
ayuda,  pudiendo  incluirse  en  las  distintas  convocatorias  dentro  de  los  criterios  de 
valoración una puntuación adicional en caso de que participe un mayor número de 
PYMEs.  Las  respectivas  convocatorias  podrán  establecer  una  aportación  mínima 
correspondiente a PYMEs al presupuesto de la actuación. En caso de no contar con 
personalidad jurídica propia, deberá cumplirse con lo establecido por el artículo 67 del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
c)  El sector público institucional de cualquier Administración pública, al que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas y las Universidades Públicas y sus centros adscritos con 
personalidad jurídica propia. En el caso de los consorcios a que se refiere el capítulo VI 
del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, deberá acreditarse el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 68 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.
d)  Centros  tecnológicos  de  ámbito  estatal,  así  como  centros  de  apoyo  a  la 
innovación tecnológica de ámbito estatal, válidamente en el registro de centros regulado 
por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros 
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 
crea el Registro de tales Centros.
e)  En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, uno de los participantes 
actuará como coordinador o representante de la misma. El coordinador de la agrupación, 
actuará  como  representante  o  apoderado  único  de  la  agrupación,  con  poderes 
suficientes para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a 
la agrupación. El coordinador será el interlocutor y representante de la agrupación ante 
el IDAE y canalizará las relaciones correspondientes entre éste y los miembros de la 
agrupación.  El  coordinador  será  el  único  con  acceso  a  las  notificaciones  y 
comunicaciones de IDAE y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la 
agrupación, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento y 
justificación de las ayudas. Asimismo, el representante de la agrupación recibirá el pago 
de la ayuda concedida y será responsable de su distribución entre los miembros de la 
agrupación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
3.  En  aplicación  de  los  apartados  1  y  2  del  artículo  61  del  Reglamento  (EU, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para 
poder ser beneficiarios de las ayudas, aquellos solicitantes que, dentro de los requisitos 
de concesión de la ayuda, deban llevar a cabo actividades para evitar un conflicto de  s
intereses  potencial,  deberán  aportar  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  oe.
intereses (DACI). El modelo de DACI se suministrará con las convocatorias. 341www.
Artículo 6.  Obligaciones esenciales de los beneficiarios.
la  L1e.y  LGoesn beeranle fdicei aSriousb vdeenbceioránne sc,u maspíl irc loams oo bllaigsa ceiosntaebsl erceicdoagsi deans  eens teal  aorrtdíceunlo,  1e4n  dlea 
normativa de aplicación a la misma, las que se determinen en cada convocatoria y las 
que  figuren  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas  y  en  las  instrucciones 
específicas que, en aplicación y cumplimiento de esta orden y de cada convocatoria, 
comunique  el  IDAE  en  materia  de  ejecución,  seguimiento,  pago  de  las  ayudas, 
información y publicidad, justificación y control del gasto.
2.  No podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por esta orden quienes no 
cumplan con lo previsto en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
este contexto, las entidades beneficiarias suscribirán, junto con la solicitud de ayuda, 
declaración responsable que acredite no tener pendiente obligaciones de reintegro de 
subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas, conforme a los 
términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Los beneficiarios 
deberán encontrarse también al corriente en el cumplimiento del resto de obligaciones 
establecidas por dicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellas, 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. En caso necesario, los beneficiarios podrán ser requeridas para la presentación 
de la documentación acreditativa o en su defecto, deberán autorizar expresamente al 
órgano concedente para que pueda consultar directamente dicha información de forma 
directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social correspondiente, en los 
momentos en que sea preciso durante la tramitación del procedimiento.
3.  Los  beneficiarios  deberán  aceptar  los  términos  que  se  establezcan  en  la 
resolución de concesión, y realizar el proyecto conforme a los objetivos de la solicitud de 
ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y 
sus eventuales modificaciones.
4.  Los beneficiarios estarán obligados a comunicar de inmediato al IDAE, incluso 
durante  la  tramitación  de  la  solicitud,  cualquier  modificación  de  las  condiciones 
inicialmente informadas con la documentación que se acompaña a la solicitud. La falta 
de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la pérdida del 
derecho al cobro de la ayuda o la exigencia del reintegro de la misma.
5.  En  aplicación  del  artículo  61  del  Reglamento  (EU,  Euratom)  2018/1046  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, para poder ser beneficiarios 
de las ayudas, de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de concesión, los 
solicitantes deberán adoptar todas aquellas medidas que eviten un conflicto de intereses 
potencial  entre  sus  propios  intereses  y  los  de  la  Unión  Europea,  estableciendo, 
asimismo, las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones 
que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser 
percibidas  objetivamente  como  conflictos  de  intereses.  Resultará  de  aplicación  lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de dicho precepto al personal del órgano concedente 
que intervenga en los procesos de selección de los beneficiarios, o en los procesos de 
verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  las  solicitudes  de  ayuda 
correspondientes.
6.  Además,  se  consideran  obligaciones  esenciales  de  los  beneficiarios  de  las 
ayudas, las siguientes:
a)  Ejecutar el proyecto cumpliendo el plan de trabajo o programa de actuaciones y 
de  ejecución  de  las  mismas  establecido  en  la  memoria  descriptiva  del  proyecto 
correspondiente, que deberá acompañar junto con su solicitud de ayuda, según modelo 
que se incluirá como anexo de la convocatoria y que estará disponible en página web del 
IDAE. e.
b)  Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se  w.b
concedió  la  subvención  y  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano  341ww
dcoen clae daecntutea coi ódne ssigunbavednoc pioanraad taa l afiln ,m aesní ocso mduor agnatrea nctiiznacro  e(l5 m) aanñtoesn,i moi,e netno  ye lo pcaesraoc idóen 
lpicroetnoctiiapso sy /eon a cpurueerdboass  addeq utiierimdopso. limitado, durante el máximo tiempo permitido por las
c)  Los beneficiarios deberán llevar a cabo las actuaciones previstas en el plan de 
trabajo en el plazo establecido en el artículo 19 de esta orden.
d)  Mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones 
relacionadas  con  las  actuaciones  objeto  de  ayuda,  contando,  al  menos,  con  una 
codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
e)  Tener en cuenta, en los procesos de contratación correspondientes, cuando 
resulten  de  aplicación  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  entidad  beneficiaria,  lo 
siguiente:
1.º  En su caso, cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, respecto al proceso de adjudicación de los contratos 
vinculados a la actuación subvencionada.
Para el resto de supuestos, en las contrataciones relacionadas con las actuaciones 
objeto de ayuda, se dispondrá de suficiente concurrencia de ofertas (al menos tres, 
cuando ello sea posible), conforme al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
2.º  En los documentos como pliegos, especificaciones, anuncios y/o contratos, que 
sustenten la contratación de las obras, los bienes o servicios a prestar, deberá hacerse 
constar la financiación con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en 
consecuencia, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º  No  se  podrán  incluir  para  la  valoración  de  ofertas,  criterios  de  valoración 
discriminatorios o que alteren la concurrencia, pudiendo establecerse requisitos mínimos 
a cumplir por los ofertantes siempre y cuando éstos no puedan utilizarse para valorar 
favorablemente unas ofertas frente a otras.
4.º  Se deberá disponer de la documentación del proceso de contratación, incluida 
la justificación de la selección de la oferta más favorable y de las comunicaciones con los 
ofertantes.
5.º  Las  obras,  servicios  o  prestación  del  servicio  contratado  deben  de  ser 
demostrables y tienen que estar verificadas y aceptadas de forma previa a la certificación 
del pago, conforme a las condiciones que se establezcan en el contrato.
f)  Acreditar ante el IDAE la realización de la actividad, facilitando además las 
comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del proyecto o acción 
objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así 
como los valores de los indicadores que fueran requeridos para reportar los resultados 
del proyecto en el marco de la normativa europea y nacional aplicable, y particularmente 
la  que  se  establezca  en  cuanto  a  la  gestión  y  ejecución  del  MRR  y  del  Plan  de 
Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  En  este  contexto,  se  diseñará  un 
procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del 
gasto declarado por los beneficiarios, así como verificar sobre el terreno un conjunto 
representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
g)  Someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y  control 
financiero que pueda realizar la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención 
General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control y 
fiscalización  de  la  Comisión  Europea  y  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  e
comprobación  y/o  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  bo
competentes, tanto nacionales como de la Unión Europea, de acuerdo a lo establecido  341ww
Uenn iólan  nEourmroapteivaa,  aapploicratabnled oa  plaa rgae setlilóon  cduea nlatas  ianyfourdmasa ccióonfi nlaen csiaedaa sre qcoune rifdoan.d oEsn  dees tlae 
ecoxpnrteexstaom, ceonnte l ala  pcroensceenstaiócnió dne d leo sla d seoreliccihtuods  dy ea cacyeusdoas,  enle bceesnaerfiiocisa rpioa raac geaprtaan yti zcaorn qsuieen tlea 
Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y/o las
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control y fiscalización, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.
h) Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de información y 
publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular:
1.º  Toda referencia en cualquier medio de difusión al proyecto subvencionado, 
cualquiera que sea el canal elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos a tal 
efecto  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  el 
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  que  figuran  en  el  Manual  de  Imagen 
disponible en la web del IDAE, www.idae.es
2.º  Los perceptores de fondos de la Unión Europea deberán mencionar el origen de 
esta  financiación  y  garantizar  su  visibilidad,  en  particular  cuando  promuevan  las 
actuaciones incentivables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y 
proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y 
el público, añadiendo, cuando proceda, el emblema de la Unión y una declaración de 
financiación  adecuada  que  indique  «financiado  por  la  Unión  Europea-
NextGenerationEU», de conformidad con el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3.º  Los  beneficiarios  informarán  al  público  del  apoyo  obtenido  de  los  fondos 
haciendo  en  su  sitio  de  Internet,  en  caso  de  que  dispongan  de  uno,  una  breve 
descripción de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con 
sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
i)  Conservar los documentos originales, justificativos de la actuación realizada y de 
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de julio de 2018, de acuerdo con lo que indica el artículo 22.2.f) del 
Reglamento (UE), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
j)  Respetar las normas de subvencionalidad nacionales que pudiera establecer la 
Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
k)  Disponer de los procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y 
aplicación de las ayudas.
l)  Tendrán  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
m)  Las convocatorias podrán establecer obligaciones adicionales, en particular, 
aquellas obligaciones establecidas por la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, 
en  lo  relativo  a  la  prevención  de  los  conflictos  de  intereses  y  en  relación  con  la 
documentación e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de los 
hitos y objetivos asociados recogidos en la Propuesta de Decisión de ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España y de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación acordadas entre 
la Comisión Europea y España, con especial atención a la información contenida en la 
columna denominada Mecanismo de verificación.
7.  No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas en crisis, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17  e
de junio de 2014. Dicho extremo se acreditará mediante una declaración responsable  bo
que se suscribirá junto con la solicitud de subvención. 341ww
ante8r.io reEsl , insceurám cpalimusiean stou fdiceie cnutea lqpuairear ala d peé lradsid oab dligeal cdieorneecsh os eañla claodbaros  oe nr eloinst eagpraor tdaed olas 
ayud9a.  coLnocse dbiednae.ficiarios  garantizarán  en  todo  momento  durante  el  desarrollo  del
proyecto el respeto al principio de DNSH en todo momento durante el desarrollo del
proyecto y el cumplimiento de un coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos 
climáticos del 100%, conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, y en su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación 
de la Comisión denominada «Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» así como con lo requerido en la Propuesta de Decisión de 
Ejecución  del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto:
a)  En aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, 
en función de las características de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis 
objetivos medioambientales definidos en dicho reglamento y se comprometerán a que:
1.º  Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
generados en los proyectos de infraestructura (con exclusión de los residuos con código 
LER 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 
materiales de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE.
2.º  Los operadores limiten la generación de residuos en los procesos relacionados 
con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles  y  utilizando  la  demolición  selectiva  para  permitir  la  eliminación  y 
manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta 
calidad  mediante  la  eliminación  selectiva  de  materiales,  utilizando  los  sistemas  de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
3.º  Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyen la circularidad 
en  lo  referido  a  la  norma  ISO  20887  para  evaluar  la  capacidad  de  desmontaje  o 
adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el 
uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y 
el reciclaje.
4.º  Los componentes y materiales de construcción utilizados en el desarrollo de las 
actuaciones  previstas  en  esta  medida  no  contengan  amianto  ni  sustancias  muy 
preocupantes identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.
5.º  Adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes 
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.
b)  En aquellas actuaciones que impliquen demolición, practicarán una demolición 
selectiva.
c)  En  aquellas  actuaciones  relativas  a  equipamiento  e  instalaciones  e 
infraestructuras de IT, los beneficiarios garantizarán, en función de las características de 
la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis objetivos medioambientales 
definidos en dicho reglamento y se comprometerán a que:
1.º  Los equipos cumplan con los requisitos relacionados con el consumo energético 
y  con  la  eficiencia  de  materiales  establecidos  en  la  Directiva  2009/125/EC  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un 
marco  para  el  establecimiento  de  requisitos  de  diseño  ecológico  aplicables  a  los  e.
productos relacionados con la energía, para servidores y almacenamiento de datos, u  w.
ordenadores y servidores de ordenadores o pantallas electrónicas. 341ww
II de2 .ºl a LDoirse cetqivuaip o2s0 1n1o/6 c5o/UntEe ndgealn  Plaasr lasmusetanntoc iaEsu rroepsetroin gyi ddaesl  eCnounmseerjaod, adse  e8n  edle a njuenxioo 
de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso 
en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.
3.º  En la instalación de las infraestructuras IT, se atienda a la versión más reciente 
del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos, o en el 
documento  CEN-CENELEC  CLC  TR50600-99-1  «Instalaciones  e  infraestructuras  de 
centros de datos-Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética».
4.º  Al final de su vida útil, el equipo se someta a una preparación para operaciones 
de  reutilización,  recuperación  o  reciclaje,  o  un  tratamiento  adecuado,  incluida  la 
eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de 
la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
5.º  Las instalaciones de infraestructuras IT no afecten negativamente a las buenas 
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas ni al estado de conservación de los 
hábitats y las especies, en particular los espacios de interés de la Unión. Por ello cuando 
sea preceptivo, se realizará la Evaluación de Impacto medioambiental, de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 2011/92/EU.
10.  Adicionalmente, en cuanto a la atención de los objetivos medioambientales, se 
deberá cumplir, en particular, lo siguiente:
a)  Uso  sostenible  y  protección  del  agua  y  los  recursos  marinos:  se  aplica  la 
regulación nacional que garantiza la preservación de la calidad del agua y evita el estrés 
hídrico, además están sujetos a su estudio individualizado de impacto ambiental, de 
acuerdo a legislación ambiental aplicable.
b)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: los proyectos 
estarán sujetos a la normativa ambiental de aplicación y en vigor en el momento de 
entrada en explotación.
11.  Se ha de identificar a los perceptores finales de fondos (beneficiarios últimos de 
las ayudas, contratistas y subcontratistas que resulten adjudicatarios), incluyendo alta en 
el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente que 
refleje la actividad económica que desarrollan, así como la declaración de los mismos de 
cesión y tratamiento de los datos entre los sistemas de las ayudas y el sistema de 
Fondos Europeos, en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR.
12.  Los beneficiarios deberán declarar su compromiso con la igualdad de género 
mediante la incorporación de los elementos necesarios para lograr una representación 
equilibrada entre mujeres y hombres e impulsar la plena igualdad de oportunidades entre 
ambos.
Artículo 7.  Cambio de beneficiario por modificación estructural.
1.  Cuando una entidad beneficiaria sufriera una modificación estructural en los 
términos  contemplados  en  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones 
estructurales  de  las  sociedades  mercantiles,  deberá  solicitar  la  modificación  de  la 
resolución  de  concesión  por  cambio  de  la  entidad  beneficiaria,  que  habrá  de  ser 
autorizada  de  forma  expresa  por  el  órgano  concedente,  siempre  que  se  den  las 
siguientes condiciones:
a)  Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones de la entidad beneficiaria, 
establecidas  en  el  artículo  6  de  estas  bases  reguladoras,  incluido,  en  su  caso,  el 
reintegro de la ayuda que no haya sido debidamente justificada. e.
b)  Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda  w.b
referidos en estas bases reguladoras, y los demás establecidos en las correspondientes  341ww
convocatorias.
ayud2a. , lEa na uetlo sruizpauceiósnto a dnete qriuoer  plao dernát idqaude dbaern ceofincdiaicriiao nhaudbaie ara l as ocloicnitsatdituoc uiónn a dneti cgipaora dnetí alas 
adicionales,  que  permitan  asegurar  convenientemente  el  cumplimiento  de  las
obligaciones que la nueva entidad asume y que podrán alcanzar, en su caso, el 100 % 
del importe de la subvención concedida.
3.  Cuando el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación 
estructural sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue 
dicha solicitud o, aun habiéndola autorizado, la nueva entidad beneficiaria no constituya 
las  garantías  adicionales  que,  en  su  caso,  se  le  requieran,  la  agrupación  deberá 
proponer una nueva entidad como coordinadora, según el procedimiento y requisitos que 
se establezcan en la correspondiente convocatoria. Las garantías constituidas por la 
entidad coordinadora original no podrán ser canceladas hasta que se hayan constituido 
unas nuevas que las sustituyan, de acuerdo con la calificación financiera de la nueva 
entidad coordinadora. En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad 
coordinadora, se iniciará un procedimiento de reintegro que podrá ser total o parcial.
4.  Cuando el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación 
estructural sea participante de un proyecto y el órgano concedente de la ayuda deniegue 
dicha  solicitud,  la  agrupación,  a  través  de  su  representante  deberá  proponer  la 
sustitución de dicha entidad por otra o, en su caso, la reasignación de actividades, según 
el procedimiento y requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias.
Artículo 8.  Subcontratación.
1.  Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de las ayudas respetando los 
requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
2.  Se podrá subcontratar con terceros hasta el 50% de la actividad incentivada, de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso, se 
habrán de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el 
principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»  al  medioambiente  y  el  resto  de 
condiciones  establecidas  en  las  bases,  en  la  convocatoria  correspondiente  y  en  la 
normativa general de subvenciones.
3.  Las convocatorias establecerán los requisitos relativos a la prevención de los 
conflictos de interés en subcontratistas, de conformidad con la orden HFP 1030/2021, 
de 29 de septiembre.
4.  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actuación subvencionada frente a 
la Administración.
5.  La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas y 
subcontratistas al órgano concedente de la subvención.
Artículo 9.  Financiación.
1.  Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas por esta Orden 
de Bases, e integrados en el patrimonio de IDAE, serán transferidos desde la aplicación 
presupuestaria 23.50.420B.748 «Al IDAE. Para la promoción de energías renovables, 
eficiencia energética y movilidad sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. Esta cuantía inicialmente prevista en la Ley de Presupuestos Generales para 
el presente ejercicio podrá verse incrementada en ejercicios futuros con cargo a los 
créditos aprobados para su transferencia a IDAE en el Servicio 50 para la consecución 
de las finalidades previstas en el mencionado componente 9, así como con cualesquiera  es
otros que pudieran habilitarse, independientemente de su origen, siempre y cuando se  bo
hubieran transferido al IDAE a tal fin o se hubiera aprobado su disposición conforme a  341ww
IlooDrsdA eEpEnr.n o mcceiondniismsteeiercinuatelo npsco iera s,v taalaltou rad rdoiaetam c2ei5ón0nt e m dpielrl oecnvrieséstdo idstoe  p ieanuriacro ialsalm,  dpeiosndpteroá s eiscseitóarn bo ldbeejce idtfooa n ddeeon sa  mlparp olpipariecosisoe nndeteesl    OE-A-2021-21able en https://
adicionales en función de la demanda y desarrollo de los proyectos.
2.  Las ayudas serán financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
ya que las actuaciones incentivables objeto de las ayudas correspondientes a los cuatro 
Programas de apoyo a la Cadena de Valor Industrial del Hidrógeno Renovable ayudas 
aprobados  por  esta  Orden  de  Bases  se  incluye  en  el  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y 
control aplicables a la ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las específicas 
relativas a la información y publicidad y, entre otras disposiciones, cuya aplicación sea de 
obligado cumplimiento.
3.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  23  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones, en las convocatorias correspondientes se establecerá la cuantía máxima 
del total de las ayudas a conceder mediante su resolución. Tanto la concesión como la 
cuantía  de  las  ayudas  estarán  supeditadas  a  la  disponibilidad  del  crédito 
correspondiente.
4.  Cada programa tendrá su propia reserva de presupuesto, en caso de que uno de 
estos no agote los fondos disponibles, la convocatoria podrá establecer el reparto del 
remanente entre los otros programas u otro procedimiento de adjudicación del mismo en 
base a una bolsa común, según criterio del órgano concedente.
CAPÍTULO II
Requisitos de las ayudas
Artículo 10.  Actuaciones incentivables.
1.  Serán incentivables aquel conjunto de actuaciones dedicadas a la cadena de 
valor industrial del hidrógeno renovable, que conformen un proyecto ubicado en territorio 
nacional,  que  pueda  considerarse  proyecto  de  Cadena  de  Valor  Innovadora  y  de 
Conocimiento por contemplar la ejecución de una o varias de las acciones descritas en el 
anexo I de esta orden.
2.  El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto a desarrollar 
por  los  beneficiarios  que  opten  a  las  ayudas  reguladas  por  esta  orden  deberá  de 
contemplarse en una memoria descriptiva del proyecto y en un plan de trabajo, que se 
acompañarán  junto  con  la  solicitud  correspondiente,  conforme  con  los  formatos  y 
modelos disponibles en la página web del IDAE www.idae.es.
3.  Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto de cadena de valor 
industrial innovadora, aunque la ayuda a otorgar no podrá superar el límite de ayuda por 
beneficiario y proyecto que se establezca en la convocatoria.
4.  La ejecución de las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que 
les sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias, certificados y 
autorizaciones administrativas en el caso de que la actuación lo requiera.
5.  A  efectos  de  dar  cumplimiento  al  «efecto  incentivador»  mencionado  en  el 
artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
solo serán subvencionables los proyectos que contemplen actuaciones cuya ejecución 
se inicie en fecha posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda. El hito que 
marcará el inicio de los trabajos para las Administraciones públicas será la publicación 
de los pliegos de licitación y, en el caso de empresas privadas y del sector público 
institucional de cualquier Administración Pública, la fecha del primer compromiso en  e.e
firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión. b
dpherae bvleLaiorossss e  ad trrceeat uabvalaiiazcjobaiosidln iodpe arséed sp ctnaooorsna  itatneonfmrltuieopisrsláa  dpndea ae rslana    ellfaaen  c odhebealtt e edpnrermco iriyóneenagc cidtsioóetr n osp  udedberemv  lleaaisn  ofscesoico liyhnc aailta ubd dlreee  ,dai nelpii zcuaaidyociu eidódnenad  .loda e ep ejoesrc tuutacdniióotnos    OE-A-2021-21able en https://
Artículo 11.  Costes subvencionables.
1.  Solo se considerarán subvencionables, los desembolsos orientados al desarrollo 
de tecnología y capacidades en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable que se 
incluyan en los programas descritos en el anexo I de esta orden.
2.  Se considerarán gastos subvencionables los siguientes conceptos:
a)  Tendrán  la  consideración  de  gastos  subvencionables  aquellos  gastos  que 
satisfagan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 
artículo 83 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Los gastos de personal, funcionamiento o gastos generales relacionados con la 
actividad objeto de ayuda, sin perjuicio de lo establecido en las sucesivas convocatorias 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014.
c)  Los costes de la gestión de la solicitud y de la justificación de las ayudas. A estos 
efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos 
gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda pudieran satisfacer a empresas 
o profesionales por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud 
y/o su justificación, así como los asociados a procesos de toma de decisiones y a la 
gestión  de  procesos  participativos.  Para  que  estos  costes  se  puedan  considerar 
subvencionables deben reflejarse en el presupuesto incluido en la solicitud de ayuda y 
justificarse, junto con el resto de costes de ejecución del proyecto, mediante contrato, 
facturas y justificantes de pago. Los costes de gestión relacionados con la justificación 
podrán  efectuarse  durante  el  periodo  concedido  para  presentar  la  documentación 
justificativa. Sólo serán subvencionables los costes de gestión que no superen el 7 % del 
importe de los costes subvencionables totales sin incluir los costes definidos en este 
párrafo, con un límite máximo de 10.000 euros por expediente.
3.  No  se  considerarán  subvencionables  los  gastos  de  personal  fijo  vinculados 
estatutariamente  o  laboralmente  a  los  organismos  públicos  de  investigación, 
universidades  públicas  y  en  general  a  los  organismos  cuyos  presupuestos  son 
consolidados en los PGE o de las comunidades autónomas, así como otros gastos que 
ya estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estados o en las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas.
4.  Para que los gastos puedan ser considerados subvencionables, deben cumplir 
los siguientes requisitos:
a)  Cumplir  la  normativa  local,  autonómica,  nacional  y  de  la  Unión  Europea 
aplicable.
b)  Estar relacionados de manera inequívoca con la actividad objeto de la ayuda, ser 
necesarios para su ejecución y realizados en el plazo establecido en la convocatoria.
c)  Ser reales y estar abonados efectivamente con anterioridad a la finalización del 
período de justificación establecido en la convocatoria. Cuando se utilicen medios de 
pago  diferidos  (cheque,  pagaré,  letra  de  cambio  aceptada,  entre  otros),  sólo  se 
subvencionarán aquellos importes efectivamente cargados en cuenta a través de entidad 
financiera con anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en la 
convocatoria.
d)  Existir constancia documental y ser verificable.
5.  No se considerarán costes subvencionables los englobados en los siguientes 
conceptos: e.
a)  Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas,  341ww
multba)s , tCausaasle, simqupieureas tgoass oto tsri baustoocsia.dos a gestiones, contrataciones, consultas o trámites
aqdume innois etrsattéivno esn quumee, raaduons  seienn edlo a pnaerctaedsaor 2io sd ep easrate  laar toícbutelon.ción de permisos o licencias
c)  Coste de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos utilizados para el 
proyecto.
d)  Seguros suscritos por el solicitante.
e)  La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de puesta 
en marcha.
f)  Cualesquiera costes financieros.
6.  En  cada  convocatoria  se  podrán  incluir  las  instrucciones  u  orientaciones 
detalladas sobre los conceptos que podrán ser tenidos en cuenta para la determinación 
de los costes subvencionables.
Artículo 12.  Pago, cuantía e intensidad de las ayudas.
1.  Las ayudas reguladas por esta orden se instrumentarán como una subvención, 
que se percibirá por el beneficiario, con carácter definitivo, una vez se verifique la 
ejecución del proyecto y se acrediten los costes subvencionables incurridos.
2.  Si así se dispone en la convocatoria, podrá establecerse el pago anticipado de la 
totalidad  o  de  parte  de  la  ayuda  concedida,  que  será  atendido  en  función  de  la 
disponibilidad  presupuestaria,  teniendo  en  consideración  las  garantías  asociadas 
exigidas según lo expuesto en el artículo 13 de esta orden y en las correspondientes 
convocatorias, en los términos y condiciones regulados en los artículos 42 y siguientes 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En  el  supuesto  de  incumplimientos  imputables  al  beneficiario,  que  reduzcan  la 
cuantía de la ayuda establecida en la certificación final provisional respecto al anticipo 
abonado, procederá el reintegro parcial o total del mismo según lo establecido en esta 
orden.  El  órgano  concedente  notificará  al  beneficiario  las  cantidades  que  deba 
reembolsar del anticipo percibido.
En las convocatorias correspondientes podrá establecerse un periodo específico 
para solicitar el anticipo de la ayuda, así como la liquidación de las ayudas concedidas 
en la resolución definitiva según se define en la presente orden.
No procederá pago anticipado o final de la ayuda en tanto el beneficiario no acredite 
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o que no sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, los beneficiarios de estos anticipos deberán acreditar que se encuentran al 
corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos 
concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la 
gestión de Fondos Europeos en los Presupuestos Generales del Estado
3.  Para  tramitar  el  pago  final  de  la  ayuda  deberán  haberse  entregado  los 
documentos acreditativos de que las actuaciones del proyecto objeto de ayuda han sido 
efectivamente realizadas en las condiciones impuestas por esta orden, la normativa de 
aplicación, la convocatoria y resolución de concesión correspondiente, o en su caso en la 
resolución modificativa correspondiente, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin 
de facilitar la verificación del cumplimiento de las mismas.
El pago final y definitivo de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación 
de los costes subvencionables y la ejecución total de las actuaciones incentivables 
correspondientes.
Este pago final tendrá en cuenta, en su caso, el anticipo abonado, de la siguiente 
forma: e
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certificación final provisional de verificación por parte del IDAE, cuyo resultado será 
notificado por el órgano instructor al beneficiario a través de la sede electrónica del IDAE, 
otorgándose  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  ésta  para  formular  alegaciones. 
Transcurrido dicho plazo y examinadas, en su caso, las alegaciones presentadas, se 
formulará por el órgano instructor la certificación final definitiva de verificación, con la que 
se dará cumplimiento a la obligación de comprobación de la realización de la actividad y 
del cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la ayuda, tal y 
como se recoge en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta certificación final definitiva indicará la cuantía definitiva de la ayuda otorgada, 
así  como  cualquier  otra  información  que  la  correspondiente  convocatoria  pudiera 
especificar.
5.  El importe de la ayudas a conceder se determinará en las convocatorias, y, para 
el caso de actividades económicas, de acuerdo a las intensidades y límites establecidos 
para cada tipo de beneficiario por el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 
de junio de 2014. Además, las convocatorias podrán establecer porcentajes máximos o 
límites de intensidad de ayuda para cada actuación, así como un límite de ayuda y un 
presupuesto máximo por tipología de actuación.
A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y los costes subvencionables, todas 
las cifras empleadas se entenderán antes de cualquier deducción fiscal u otras cargas, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio 
de 2014.
6.  La ayuda base se podrá complementar con una ayuda adicional, a determinar en 
cada convocatoria. El importe de la ayuda total estará limitado por el importe máximo 
que le resulte de aplicación según el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio 
de 2014.
7.  Las convocatorias podrán fijar un límite de ayuda y/o porcentaje máximo de 
intensidad de ayuda para cada tipología o sub-tipología de actuación, un límite máximo 
de ayuda por proyecto y beneficiario, así como una inversión mínima por proyecto y 
asignar un presupuesto máximo por tipología de actuación.
Artículo 13.  Garantías relativas a los pagos anticipados.
1.  Procederá la constitución de garantías en todos los casos en los que se realice 
un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios,  salvo  en  los  supuestos  contemplados  por  el  artículo  42.2  del  Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Previo al abono del anticipo por la entidad concedente, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente convocatoria, se requerirá el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo de haber depositado dicha garantía, a favor de la 
misma.
2.  El importe a garantizar será igual a la cuantía del anticipo más los intereses 
calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía.
3.  La garantía deberá ser constituida por el beneficiario.
4.  Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, en la forma y 
procedimiento que establece el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades  e.
aseguradoras y reaseguradoras, y con los requisitos que determina su regulación. w.b
5.  La garantía deberá estar constituida al momento de la solicitud del anticipo. 341ww
finalEizla pceiórnío ddoe  dleo sv igperonyceiac tdoes  lam ágsa raunnt íap esreiorád,o  codme od mieícnioimchoo,  pmore seel sp laqzuoe  mpáoxdirmáo  sdeer 
mod6if.i caLdao  pfaolrt ala  dpero pciao ncsotnitvuoccióanto ryia .acreditación  ante  el  órgano  competente  de  las
garantías en la modalidad establecida en esta orden, previo trámite de audiencia al
beneficiario, supondrá la renuncia presunta al anticipo concedido para la realización del 
proyecto.
7.  Las garantías sobre el anticipo de la subvención se liberarán tras la certificación 
final  definitiva,  si  en  ella  se  acredita  el  cumplimiento  total  de  la  ejecución  de  las 
actuaciones y condiciones del proyecto o, en caso contrario, tras el reintegro total o 
parcial de la ayuda correspondiente.
Una vez acreditado por el beneficiario de la ayuda que el proyecto se encuentra 
totalmente finalizado en plazo y emitida la certificación final definitiva prevista en esta 
orden, el órgano concedente, de oficio, procederá a solicitar la cancelación de la garantía 
que corresponda.
En el caso de que el importe de la ayuda recogida en la certificación provisional fuera 
inferior  al  anticipo  abonado  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de  reintegro,  si  el 
beneficiario  no  efectuara  el  reintegro  correspondiente,  se  procederá  a  solicitar  la 
incautación de la garantía asociada, por el importe que corresponda al importe cobrado 
en exceso, más los intereses que correspondan.
8.  En  caso  de  otros  incumplimientos  y,  previo  el  oportuno  procedimiento  de 
reintegro,  si  el  beneficiario  no  efectuara  el  reintegro,  se  procederá  a  solicitar  la 
incautación de la garantía que corresponda.
CAPÍTULO III
Procedimiento de concesión
Artículo 14.  Convocatorias y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Las convocatorias se realizarán por el IDAE, mediante Resolución de su Consejo 
de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 
General de Subvenciones, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del IDAE, aprobado por 
Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima sexta de la Ley General de Subvenciones, y serán publicadas en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
2.  Las  solicitudes  para  la  participación  en  los  programas  de  ayudas  y  su 
documentación podrán presentarse en el plazo de dos meses, contados desde la fecha 
fijada en la correspondiente convocatoria. La solicitud y la documentación a aportar con 
la misma se harán en castellano.
3.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
4.  La solicitud constará de formulario y la siguiente documentación complementaria:
a)  Formulario de solicitud de ayuda: conforme al modelo que se establezca por la 
convocatoria correspondiente.
b)  Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente 
que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE; de la persona física 
titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la 
persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su 
aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de 
identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el  es
artículo 28 de la Ley 39/2015, se eximirá a los interesados de la presentación de  o
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido  341ww
qypPauaro ertat eepl,ac oc lraaitó addndmi saidp naeoisn sttiDrceairaóciotnioór smna  deaPinccetitoerusn aopannolt areo l ecloptsasu  veymad  aidsg meac rooalansn s,tL íusaelit yea dmrO epor gr leoáre snqc icuadaebe  ar3ere/ l2c dih0nico1tehs8ro ,e sdds ieagd diot5oac  ludenmeso ,e  dsnirceetoi ceosom.pn boPorncoeger,a   ds luaae     OE-A-2021-21able en https://
potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos 
personales que obren en su poder, para comprobar su exactitud.
c)  Las  personas  jurídicas,  públicas  o  privadas,  y  otras  entidades,  con  o  sin 
personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar 
documentación  acreditativa  de  las  facultades  de  representación  de  la  persona  que 
formule la solicitud de ayuda como su representante, debidamente inscrita, en su caso, 
en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de representante 
de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas exige la acreditación de la 
representación  necesaria  para  cada  actuación,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 5 de la Ley 39/2015.
d)  En  el  caso  de  consorcios  o  agrupaciones  empresariales,  sin  personalidad 
jurídica propia, se precisa documento de colaboración o instrumento análogo formalizado 
por representante debidamente facultado por las mismas que especifique la aceptación y 
designación expresa del representante único de todas ellas, formule la solicitud y reciba 
el  importe  total  de  la  ayuda  otorgada,  sin  perjuicio  de  la  aportación  de  copia  del 
documento acreditativo de las facultades de representación del mismo, así como la 
aceptación expresa de participación de todas ellas en la correspondiente convocatoria, 
asumiendo la totalidad de compromisos y obligaciones derivados de la misma, con 
detalle  de  los  compromisos  de  ejecución  correspondientes  a  cada  miembro  de  la 
agrupación así como importe e intensidad de la ayuda a aplicar a cada uno de ellos. 
Además, este documento de colaboración deberá incluir todos los aspectos recogidos en 
el punto 2, del artículo 67 del Real Decreto-Ley 36/2020.
e)  En caso de disponer de personalidad jurídica propia, deberá presentarse la 
escritura pública de constitución, que contendrá como mínimo denominación, objeto, 
domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación de gerente 
único, así como la constancia de la responsabilidad solidaria y limitada a la completa 
ejecución del proyecto objeto de subvención de cada uno de los socios. Igualmente, se 
presentará el certificado de inscripción en el registro correspondiente del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en lugar del certificado en el registro mercantil.
f)  Para el sector público: En el caso de una entidad vinculada o dependiente del 
sector  público,  deberá  presentar  una  declaración  responsable  donde  acredite  su 
adscripción, especificando si se refiere a la Administración General del Estado, a la 
Administración Autonómica o la Administración local.
g)  Para las empresas:
i.  Certificado del Registro Mercantil o, en su defecto, poder notarial. En cualquiera 
de los casos, deberá aparecer el firmante de la solicitud de la ayuda como representante 
de la empresa.
ii.  Número de identificación fiscal (NIF).
iii.  Documentación que acredite el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores de la AET o equivalente.
iv.  Para las Medianas y Pequeñas Empresas, acreditación de dicha condición, 
según las definiciones contenidas en el artículo 2 del anexo I, del Reglamento (UE) n.º 
651/2014, de Exención por Categorías, aportando una declaración responsable firmada 
por representante de la empresa que especifique: 1) el volumen de negocios y cifra de 
balance general anual resultante de las cuentas anuales de la empresa solicitante y de 
las  empresas  asociadas  o  vinculadas,  correspondientes  al  último  ejercicio  contable 
cerrado, y que hayan sido depositadas en el Registro correspondiente; 2) el número de  e
empleados de la empresa, así como los de las empresas asociadas o vinculadas y 3) la  bo
calificación como empresa autónoma, o bien se indique las empresas asociadas o  341ww
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h)  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, lo que deberá verificarse conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento que desarrolla la Ley General de 
Subvenciones, y teniendo presente lo establecido por la disposición adicional octava de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, y el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En este 
sentido, en caso necesario podrá ser requerido por el órgano administrativo concedente 
la acreditación de los citados requisitos. En su defecto se deberá autorizar expresamente 
al  órgano  administrativo  concedente  para  que  pueda  consultar  directamente  dicha 
información de forma directa con la Administración tributaria o de la Seguridad Social.
i)  Memoria  Descriptiva  del  proyecto  y  análisis  económico  e  impactos  de  las 
actuaciones a acometer, de acuerdo con el formato y modelo que la correspondiente 
convocatoria establezca, que tendrá como mínimo, el siguiente contenido:
i.  Identificación  de  solicitante  y  proyecto.  Descripción,  alcance,  organización, 
metodología de investigación.
ii.  Presupuesto, inversión, coste subvencionable y ayuda solicitada.
iii.  Potencial  ahorro  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  eficiencia 
energética, de contaminación y mejora de tratamiento del agua, reducción en el consumo 
de materiales y recursos; reducción y reciclaje de residuos.
iv.  Viabilidad económica y financiera, análisis de riesgos.
v.  Capacidad para difundir los resultados. Plan de Comunicación.
vi.  Replicabilidad y escalabilidad.
vii.  Generación de empleo, así como uso de cadena de valor industrial o sinergias 
con ámbitos económicos.
viii.  Plan de Trabajo o programa de ejecución de actuaciones que incluirá al menos 
la descripción detallada de las tareas y la planificación de la actuación.
j)  Declaración  responsable,  según  modelo  del  anexo  II,  que  acredite  el 
cumplimiento de los requisitos necesarios establecidos para adquirir la condición de 
beneficiario.
k)  Si el solicitante realiza actividad económica, que no se encuentra en situación de 
crisis, según lo establecido por la Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de 
julio de 2014, sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas 
en crisis.
l)  Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones  del  plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia  (PRTR),  según 
modelo incluido en anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
m)  Aquellos solicitantes que, de acuerdo con los requisitos de concesión de la 
ayuda, deban de adoptar medidas para evitar conflictos de interés, deberán aportar una 
declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), conforme al modelo que se 
establezca en la correspondiente convocatoria.
n)  Cumplimentar  debidamente  la  declaración  responsable  de  cumplimiento  con  el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente en el marco del Plan de 
Recuperación conforme al anexo IV de esta orden de bases y conforme a la «Guía para el 
diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio  e
significativo al medio ambiente». La evaluación podrá ser realizada por el interesado o por  bo
una entidad independiente. El formulario está disponible en la web del MITERD, «https:// 341ww
cwuwewst.imonitaerciood.gnosbh.mesit/eecso/mv2in0is_ttecrmio3/r0e-c5u2p9e2r1a3c.ipodnf-»tr ayn ssfoer mfaacciiloitanr-áre seilnie nlac ias/teradnes ieclieocnt-rvóenridcea/ del
IDAE.
5.  En  las  convocatorias  correspondientes  se  podrá  requerir  la  aportación  de 
documentación adicional.
Artículo 15.  Tramitación electrónica del procedimiento.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas 
jurídicas y resto de sujetos contemplados en esta orden que tengan la consideración de 
beneficiarios estarán obligados a tramitar electrónicamente su solicitud. El procedimiento 
electrónico  será  obligatorio  en  todas  sus  fases  y  tramitación.  Las  solicitudes, 
comunicaciones  y  demás  documentación  exigible  serán  presentadas  a  través  del 
sistema telemático alojado en el portal de ayudas de la sede electrónica de IDAE (https://
sede.idae.gob.es/),  que  también  contendrá  la  información  necesaria  para  la 
cumplimentación de la solicitud y tramitación del expediente.
Las notificaciones a los interesados se realizarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica del IDAE, en los términos recogidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
2.  El solicitante y el representante, en su caso, podrán acceder a sus expedientes y 
a las comunicaciones electrónicas asociadas, mediante certificado de persona física o 
con  DNI  electrónico.  En  el  enlace  correspondiente  habilitado  podrán  consultar  los 
documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. La presentación de 
la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir 
todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a 
través  de  dicho  registro  electrónico  accesible  por  medio  de  la  sede  electrónica. 
Adicionalmente  a  la  puesta  a  disposición  del  interesado  de  las  comunicaciones  y 
notificaciones a través del registro electrónico, existe un sistema complementario de 
alertas por medio de correo electrónico, de carácter meramente informativo, por lo que 
carece de efectos jurídicos respecto a su contenido y fecha de realización.
En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma 
segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar 
la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano 
actuante.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 
el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las 
subvenciones y demás ayudas públicas, se publicarán en la sede electrónica del IDAE 
las propuestas de resolución, las resoluciones de desestimación, de concesión y sus 
posibles modificaciones y demás actos del procedimiento.
4.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica.
5.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos  a  cumplimentar  en  las  diferentes  fases  del  procedimiento,  estarán 
disponibles en el portal de ayudas de la sede electrónica del IDAE y deberán ser 
obligatoriamente utilizados cuando proceda.
6.  En aquellas fases del procedimiento en las que, en aras a la simplificación 
administrativa, se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
7.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en  poder  de  las  administraciones  públicas,  de  conformidad  con  lo  previsto  por  los  e.
artículos 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, debiéndose aportar junto con la solicitud en  w.b
qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo  341ww
ccuoaml oi nudnicaa aráu toerl iznaúcmióenr op adreal  seux pcoendsieunlttae  pqoure p aler tefu dee cl oIDmAuEn.icado en aquella ocasión, así
Artículo 16.  Ordenación e instrucción del procedimiento. Evaluación y selección de las 
solicitudes.
1.  El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de 
las ayudas reguladas por esta orden, así como el responsable del seguimiento de las 
actuaciones subvencionadas, será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en 
adelante el órgano instructor.
El órgano concedente será la persona titular de la Presidencia del IDAE.
2.  La evaluación y selección de las solicitudes para cada uno de los programas de 
incentivos,  se  realizará  exclusivamente  sobre  la  documentación  aportada  por  el 
solicitante con su solicitud y/o la que pudiera habérsele requerido complementariamente 
en fase de subsanación. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones 
sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.
3.  Por tratarse de un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva y, como tal, iniciado de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la 
solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de 
la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta. Será competente para 
evaluar las solicitudes, en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley General de 
Subvenciones, como órgano colegiado, una Comisión Técnica de Valoración integrada 
por:
Presidente: La persona titular de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos 
Combustibles de la Secretaría de Estado de Energía.
Vocales:
1.  Dos  representantes  designados  por  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía, 
incluyendo un representante de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos 
Combustibles.
2.  Un representante de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3.  Dos representantes designados por la Dirección General de IDAE, uno de los 
cuales ejercerá las funciones de secretario con voz, pero sin voto.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de dicha Comisión, con voz pero sin voto, 
todas aquellas personas que sean convocadas por su Presidente, en calidad de expertos 
en  las  materias  incluidas  en  el  orden  del  día.  Adicionalmente,  en  las  respectivas 
convocatorias y cuando así lo justifique la finalidad específica de las mismas, se podrán 
incluir en la Comisión Técnica de Valoración, expertos de entidades como el Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
La pertenencia y/o asistencia a la Comisión Técnica de Valoración no conlleva 
derecho a la percepción de ninguna retribución.
En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, cualquiera de los miembros titulares de la Comisión podrá ser sustituido por 
los  suplentes  que  designe  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  del  IDAE,  a 
propuesta de la persona titular del órgano o dirección al que pertenezcan, mediante 
resolución que se publicará en la página web del IDAE.
El funcionamiento de esta Comisión será atendido, en todo caso, con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del IDAE.
4.  El órgano instructor determinará, en una primera fase, las solicitudes admisibles 
de  cada  Programa,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  normativa  reguladora  de  la  e.
convocatoria de la ayuda. En esta fase, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos  w.
en la convocatoria correspondiente, el órgano instructor podrá requerir al interesado para  341ww
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con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud,
mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.
5.  Una vez finalizado el proceso de subsanación, se procederá a redactar el acta de 
expedientes admitidos y no admitidos que será elevada al órgano instructor y publicada 
en la página web del IDAE. Este hito dará inicio a la segunda fase de evaluación.
Asimismo, finalizado el periodo de subsanación, la Comisión Técnica de Valoración 
procederá  a  la  evaluación  y  clasificación  de  las  solicitudes  que  hayan  resultado 
admitidas en el Programa de apoyo a la Cadena de Valor Industrial del hidrógeno 
renovable, conforme a los criterios de valoración de otorgamiento de la subvención que 
figuran en el Anexo III. La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango 
entre 0 y 100 puntos.
6.  La metodología para clasificar las solicitudes adjudicatarias de las ayudas, en 
cada programa de incentivos, es la siguiente:
a)  Se procede a la clasificación de las solicitudes de mayor a menor puntuación 
obtenida. A igualdad de puntuación, tendrá prioridad la solicitud que haya obtenido 
mayor puntuación en el criterio de viabilidad del proyecto. Las convocatorias podrán 
establecer otros criterios de desempate adicionales.
b)  Se evaluará la lista en sentido descendente de puntuación, eliminando aquellas 
solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, se superaría el valor máximo de ayuda por 
beneficiario o actuación establecido en la convocatoria, así como aquellas solicitudes 
que no lleguen al mínimo de puntuación establecido para ser subvencionables según el 
anexo III.
c)  Posteriormente  se  evaluará  la  lista  en  sentido  descendente  de  puntuación, 
seleccionando aquellas solicitudes para las cuales, de ser aceptadas, no superen los 
límites de presupuesto establecidos en la convocatoria. Ahora bien, si el presupuesto 
disponible no fuera suficiente para cubrir la totalidad de la ayuda de la última solicitud, 
quedará a decisión del solicitante el aceptar o renunciar a esta ayuda parcial.
Artículo 17.  Propuesta de resolución provisional.
1.  El órgano instructor, a la vista del expediente y de la propuesta que le eleve la 
Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional de 
concesión de ayudas para el Programa de apoyo a la Cadena de Valor Industrial del 
hidrógeno renovable correspondiente debidamente motivada.
2.  El contenido de esta propuesta de resolución provisional incluirá al menos la 
siguiente información:
a)  La relación de las solicitudes para las que se propone la concesión de la ayuda, 
incluyendo:
i.  El NIF del beneficiario.
ii.  El título del proyecto.
iii.  La localización donde se realizará la actuación.
iv.  El importe de la ayuda total que se propone conceder, expresado en euros.
v.  La puntuación obtenida.
b)  La relación de solicitudes admitidas para las que no se propone la concesión de 
la ayuda, incluyendo los motivos por los que no resultan beneficiarias y la puntuación 
obtenida. e.e
c)  La relación de solicitudes inadmitidas y los motivos de la inadmisión. b
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frente a la Administración.
4.  En  el  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la 
publicación de la propuesta de resolución provisional en la sede electrónica del IDAE, los 
interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante el IDAE, a 
través del aplicativo para la tramitación de las ayudas.
5.  En  caso  de  que  algún  interesado  renuncie  a  una  ayuda  aprobada 
provisionalmente en alguno de los programas de incentivos, se incluirá la nueva solicitud 
correspondiente, en caso de liberarse fondos suficientes.
6.  Las  alegaciones  y  documentación  presentadas  serán  examinadas  por  la 
Comisión Técnica de Valoración quien, en su caso, procederá a reordenar la clasificación 
de las solicitudes admitidas y valoradas, elevando, en su caso, nueva propuesta al 
órgano instructor, que formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada 
a los interesados mediante su publicación en la sede electrónica del órgano concedente, 
o el medio alternativo que pueda fijarse en la convocatoria, para que en el plazo de diez 
días  hábiles  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  su  notificación,  las  entidades 
beneficiarias propuestas comuniquen su aceptación, entendiéndose que decaen de su 
solicitud de no producirse contestación en dicho plazo.
7.  La propuesta de resolución definitiva podrá incluir una relación ordenada de 
todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con 
indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades 
beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención a la entidad o entidades solicitantes siguientes a aquél en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los 
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender, total o parcialmente, al 
menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a 
fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días 
hábiles. Una vez aceptada la propuesta por parte de la entidad o entidades solicitantes, 
el órgano competente dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
Artículo 18.  Resolución definitiva.
1.  La  persona  titular  de  la  presidencia  del  IDAE  resolverá  y  notificará  el 
procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley General 
de  Subvenciones  previa  resolución  que  dicte  el  Consejo  de  Administración  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, en un plazo 
máximo de seis meses desde la publicación del extracto de las convocatorias en el 
Boletín Oficial correspondiente, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha 
posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La  resolución  definitiva  de  cada  programa  de  incentivos  se  notificará  a  los 
interesados, dentro del mismo plazo, mediante su publicación en la sede electrónica del 
IDAE, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, surtiendo dicha 
publicación los efectos de la notificación conforme a lo establecido en dicho artículo, y 
sin perjuicio de la remisión de la información correspondiente a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. e
El vencimiento del plazo máximo establecido, sin haberse notificado la resolución,  bo
legitima  a  los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  341ww
seEosslttiaac2bitt.ulu etdocC  idddoeoen  lc terIoDann  AcelaEel  s,ar iesrótesníco  pudluoleocd  ilróa1án 1s  4iund btdeevefriepn nloiatcin viLóeaenr,  y.rqe 3uc9eu/ r2sp0oo1 np5do,r táde esftli an1t i avdo el a do evc ítraue bparoeds,mi cyiin óeinsl  teraanrtt iívlcoaus l osté e7rgm.ú6in nd oleosl    OE-A-2021-21able en https://
y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada ley o recurso contencioso-
administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO IV
Justificación y ejecución de las actuaciones incentivables
Artículo 19.  Plazo de justificación y documentación justificativa de realización de la 
actuación.
1.  Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se 
concedió  la  subvención  y  la  aplicación  de  los  fondos  percibidos  ante  el  órgano 
concedente o designado para tal fin.
2.  La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 30 y concordantes, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, 
capítulo II, de su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
conforme a los requisitos específicos que se establezcan por la normativa aplicable y en 
las correspondientes convocatorias.
3.  La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actuaciones 
que conformen el proyecto incentivable deberá realizarse ante el órgano instructor en el 
plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo 
máximo otorgado para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
4.  La justificación documental por parte de los beneficiarios de la ejecución y pago 
de las actuaciones objeto del proyecto incentivable se realizará telemáticamente, a 
través de la Sede Electrónica del órgano concedente o el medio alternativo que pudiera 
haberse establecido por la correspondiente convocatoria, mediante escrito dirigido al 
órgano  instructor,  junto  al  que  se  aportará,  con  carácter  general,  la  siguiente 
documentación:
a)  Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo  los  requisitos  establecidos  en  las  bases  y  en  las  correspondientes 
convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio  significativo»,  y 
certificando  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  acuerdo  con  los  valores  de  los 
indicadores  reflejados  en  la  resolución  de  concesión  de  las  ayudas.  Esta  cuenta 
justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por IDAE en su 
página web, será suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado de firma 
electrónica y deberá acompañarse de la siguiente información y documentación que 
formará parte integrante de la misma:
a).1  Notificación  dirigida  al  órgano  instructor  comunicando  la  documentación 
aportada, fechada y suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado de firma 
electrónica correspondiente, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE.
a).2  Declaración responsable de las entidades beneficiarias (según modelo que 
estará disponible en web del IDAE) que garantice:
i.  el proceso de contratación de las actuaciones del proyecto objeto de ayuda, la 
existencia de una contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las  s
transacciones relacionadas. oe.
ii.  el cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias sobre requisitos de  w.
igualdad de oportunidades y no discriminación, aplicables a este tipo de actuaciones, 341ww
sobriiei.  deesl acruromllop lismoisetnetnoi bdlee,  lcaosn cnroertmamase nmtee dyi oaatemnbdiieenntdaole sa l ncaocniotennaidleos  dye lc PomRTunRi,t aqruiaes ,s ey 
hsiagnn ifirceastpiveotsa deon  elol sm epdriion caipmiobsie ndtee  (DeNcoSnHo)m eína  lac iercjeuclaurc ióyn  deev iltaasd oa ctiumapcaiocntoess  llneevgaadtaivso as   BOE-A-cable e
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no ha incurrido en doble financiación y 
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de 
Estado,
iv.  el  compromiso  con  los  estándares  más  exigentes  en  relación  con  el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, habiendo adoptado las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
a).3  Justificación  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  sobre  el  proceso  de 
contratación de las actuaciones que integran el proyecto incentivado. En el caso de 
personas jurídicas públicas sometidas a la legislación de contratos del sector público, 
dicha justificación consistirá en la cumplimentación por parte de éstas de una lista de 
chequeo  relativa  al  cumplimiento  del  procedimiento  de  contratación  que  sea  de 
aplicación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, conforme al modelo publicado en la página web de IDAE. Dicha lista de 
chequeo será suscrita por la entidad beneficiaria y sellada y firmada por la persona 
auditora.
a).4  Identificación del perceptor final de fondos (beneficiarios últimos de las ayudas, 
contratistas y subcontratistas), mediante: NIF, Nombre, Domicilio, Alta en el Censo de 
Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente (si desarrollan 
actividad  económica)  y  la  Aceptación  de  la  cesión  de  estos  datos  entre  las 
Administraciones Públicas implicadas.
a).5  Informe  de  una  persona  auditora  o  empresa  de  auditoría  inscrita  como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que deberá ajustarse 
al modelo que se publique en la página web de IDAE, y a través del cual se llevará a 
cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance y metodología prevista en el 
presente apartado. En aquellos casos en que la entidad beneficiaria esté obligada a 
auditar sus cuentas anuales, este mismo auditor será el encargado de revisar la cuenta 
justificativa.  En  el  resto  de  los  casos,  el  auditor  será  designado  por  la  entidad 
beneficiaria.
Se ha de formalizar un contrato entre el auditor y la entidad beneficiaria en el que 
figurarán como mínimo los siguientes extremos:
i.  Obligación de la entidad beneficiaria de confeccionar y facilitar al auditor cuantos 
libros, registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión.
ii.  Obligación del auditor de realizar la revisión y emitir un informe de acuerdo a las 
normas especiales reguladoras de la subvención y la resolución de concesión.
iii.  Sometimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre auditoría de cuentas 
en cuanto a independencia e incompatibilidad del auditor.
iv.  Deber de confidencialidad del auditor de cuentas y del personal a su cargo y 
compromiso de la entidad beneficiaria de autorización de comunicación entre auditores.
El informe a emitir por la persona o empresa auditora debe hacer mención expresa a 
los  siguientes  extremos  de  la  revisión  de  la  cuenta  justificativa:  objeto,  naturaleza, 
alcance, resultado, fecha y firma.
El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por parte de la persona o empresa 
auditora incluirá, como mínimo, el análisis, comprobación y copia de los siguientes 
documentos e información:
1.º  La  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  e.
impuestas  para  la  concesión  del  incentivo,  conforme  a  lo  exigido  por  las  bases  w.
reguladoras, la normativa de aplicación, la convocatoria y la resolución de concesión,  341ww
sceorná i nrdeiaclaizcaiódna  dye  lsauss accrittiav idpaodre su nre atélicznaidcaos  tyit udlea dloos  creosmuplteatdeonste o bqtueen idsoesr.á E  estl aa muteomr odreial 
proyecto o el responsable de la dirección de la ejecución de las actuaciones. Además, la
memoria se realizará siguiendo el formato y modelo que estará disponible en la página 
web del IDAE.
Dicha memoria incluirá como mínimo:
i.  Información suficiente sobre el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto 
incentivado, de forma concreta y detallada, con un informe sobre la situación final del 
mismo, indicando así mismo, la fecha de comienzo y conclusión de las actuaciones. Y en 
su caso, información sobre la modificación de las condiciones técnicas declaradas en el 
momento de la solicitud en la memoria descriptiva de las actuaciones.
ii.  Información sobre los valores de indicadores energéticos e hitos y objetivos 
conseguidos y, en su caso, documentación justificativa de los mismos.
iii.  Relación de las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas con las 
que cuenta y que le sean de aplicación conforme a la normativa vigente.
iv.  Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de 
la obra, en caso de que sea preceptivo.
v.  Autorización de explotación o acta de puesta en servicio de la instalación cuando 
esta sea preceptiva y Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), de acuerdo con el 
Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  (en  instalaciones  eléctricas  de  cualquier 
tipología), emitido por la empresa instaladora y diligenciado por el órgano competente de 
la  comunidad  autónoma.  Cuando  no  sea  preceptiva  la  autorización  de  explotación, 
deberá aportarse documentación que acredite que la instalación está construida y se 
encuentra  en  condiciones  de  ser  puesta  en  tensión  y  proceder  a  su  explotación. 
Adicionalmente, se adjuntará copia del proyecto o memoria técnica de diseño (según 
proceda para la tipología de actuación) que se haya aportado al órgano competente de la 
comunidad autónoma para la obtención de la autorización de explotación o acta de 
puesta en servicio y/o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y/o certificado de la 
instalación térmica.
vi.  Reportaje  fotográfico  de  las  actuaciones,  infraestructuras,  equipos  e 
instalaciones principales objeto de la ayuda, identificando equipos y/o instalaciones, así 
como de las placas de características de los mismos, y donde se muestre, de ser 
aplicable, el cartel publicitario de la actuación.
vii.  Información y enlace al sitio de Internet de la entidad beneficiaria, en caso de 
que disponga de uno, donde dicha entidad beneficiaria informa al público del apoyo 
obtenido de los Fondos de la Unión Europea, haciendo una breve descripción de la 
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión Europea.
viii.  Informe que contenga:
viii.1  Justificación del cumplimiento por el proyecto del principio de no causar un 
perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el 
Reglamento  (UE)  2020/852  el  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  18  de  junio 
de  2020,  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones 
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. A estos efectos el 
IDAE podrá publicar guías que faciliten la elaboración de esta justificación.
viii.2  Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de 
los residuos de construcción y demolición generados en las obras civiles realizadas, se 
presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuo generado, 
clasificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se 
indique el porcentaje de valorización alcanzado. Los residuos peligrosos no valorizables  e
no se tendrán en cuenta para consecución de este objetivo. bo
2i. .º ElL eas mtaedmo orreiap reecsoennótamtiivcoa  daeb rleav tiaodtaali.d Easdt ad em eloms ograias teocso neó imnvicears iinocnleusir áin, caul rmrideonso se:n  2021-21341n https://ww
liad enrteifaicliazcaicóinó nd eld aec relaesd oar cyt idviedla ddoecsu mseunbtvoe, nscui oimnapdoarste, , fdeecbhiad adme eenmteis ióang ryu, peand osus,  cacsoon,   BOE-A-cable e
fecha de pago, así como cualquier otro extremo relacionado. Asimismo, incluirá, en su 
caso,  una  justificación  de  las  desviaciones  acaecidas  respecto  al  presupuesto 
considerado en la concesión del incentivo. En su caso, se aportará la acreditación del 
reintegro de remanentes no aplicados y la relación detallada de otros ingresos o ayudas 
percibidas que hayan financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. 
Los documentos originales acreditativos del gasto y del pago quedarán en poder de la 
entidad beneficiaria, a disposición de los órganos de comprobación y control.
Asimismo,  los  justificantes  de  pago  deberán  ser  claramente  identificables  y 
relacionables  con  las  facturas  aportadas  y  deberán  permitir  identificar  a  la  entidad 
beneficiaria siendo esta el único pagador, ya sea mediante un pago directo por el mismo 
o en su nombre (mediante la correspondiente acreditación documental), al tercero que 
percibe las cantidades pagadas y la fecha de pago (fecha valor) o salida efectiva de los 
fondos de la entidad beneficiaria.
Con carácter general, se considerará realizado el pago o gasto correspondiente 
cuando haya sido satisfecho efectivamente con anterioridad a la conclusión del plazo de 
justificación definido en la presente orden, con su correspondiente justificante, y no 
aceptándose pagos en metálico. La fecha de los justificantes de pago deberá ser, en 
todo caso, posterior a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
ii.  La  relación  de  los  pedidos  y/o  los  contratos  relativos  a  las  actuaciones 
realizadas, así como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes 
bancarios de pago y copia de los mismos.
iii.  En el caso de existir contratación pública, relación certificada y copia de los 
contratos suscritos por la entidad beneficiaria para la realización de las actuaciones 
objeto de ayuda, así como documentación justificativa del procedimiento de contratación: 
dirección web del perfil del contratante, pliegos, anuncios de licitación y formalización de 
contratos, acuerdos del órgano de contratación.
iv.  Asimismo, debe acreditar:
iv.1  La existencia de una contabilidad diferenciada que permita una adecuada pista 
de  auditoría  de  las  actuaciones  realizadas  en  el  marco  de  esta  subvención  y  el 
mantenimiento de la documentación soporte, en los términos que establezca el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión 
Europea, cuando le resulte de aplicación.
iv.2  La legalidad del procedimiento de contratación de las actuaciones a través del 
análisis y comprobación de la justificación realizada por la entidad beneficiaria sobre 
dicho proceso o de la lista de chequeo de contratación, en su caso.
iv.3  Que  dispone  de,  al  menos,  tres  ofertas  de  diferentes  proveedores  en  los 
supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una 
memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no 
haya recaído en la oferta económica más ventajosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
resuelve decimosegundo.
iv.4  El  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  impuestas  a  la  entidad 
beneficiaria,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  presente  orden  el  anterior 
artículo 7.
iv.5  Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones 
incentivadas con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia o 
no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la 
solicitada en el contexto de este Programa de incentivos, de cualquier Administración, 
organismo o entidad pública, nacional o internacional. e.
Cuando la entidad beneficiaria sea una persona jurídica pública, se podrá sustituir  w.b
esta cuenta justificativa con informe de auditor por la entrega de una cuenta justificativa  341ww
cloosn m aipsomrtoasc itóénrm dien ousn  yi ncfoonrmdiec iodnee las  qInutee rlvoesn ecsiótanb Gleecnideorsa l adnete lari omrmisemnate e pnatirdaa lda  paúpbolrictaac, ieónn 
pdree cinisfoor, msee  pdoed raáu edxitiogri,r  iyn fcourmaned doe  pauuedditao rsíae re xdtee ranpal ipcaarcaió cno. mEpnle ctaura elql uiniefor rmcaes oa,n tsei rifoure.ra
Cuando la ayuda concedida sea inferior a 100.000 euros y de manera opcional, 
podrá  sustituirse  la  cuenta  justificativa  con  el  informe  de  auditor  previsto  en  este 
apartado por la entrega de una cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real 
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  que  acredite  que  la  subvención  recibida  se  ha 
empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Orden, la normativa de aplicación y en las 
correspondientes  convocatorias,  incluyendo  el  principio  de  «no  causar  un  perjuicio 
significativo», y certificando que se han cumplido los objetivos de acuerdo con los 
valores de los indicadores reflejados en la resolución de concesión de las ayudas. Esta 
cuenta justificativa será conforme al alcance, condiciones y modelos publicados por 
IDAE en su página web, será suscrita por la entidad beneficiaria mediante el certificado 
de firma electrónica, debiendo acompañarse de la información y documentación que se 
establezca  en  las  correspondientes  convocatorias,  formando  parte  integrante  de  la 
misma.
b)  Además de la cuenta justificativa prevista en el apartado anterior, la entidad 
beneficiaria deberá presentar los siguientes documentos:
b).1  Documentación justificativa de que la entidad beneficiaria es titular del número 
o números de cuenta indicados en la solicitud y desde las que se hayan realizado pagos 
de facturas y, en su caso, el ingreso de ayudas.
b).2  Factura emitida por la persona auditora y justificante de su pago.
c)  La acreditación por parte de la entidad beneficiaria de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, que se 
sustituirá por la consulta telemática a los organismos competentes por parte del órgano 
concedente.  Se  solicitará,  en  todo  caso,  la  autorización  expresa  de  la  entidad 
beneficiaria para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de 
las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  a  través  de 
certificados  telemáticos.  No  obstante,  la  entidad  beneficiaria  podrá  denegar 
expresamente el consentimiento a esta autorización al órgano concedente, debiendo 
aportar  entonces  certificado  tributario  de  estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones  tributarias,  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
Seguridad  Social  y  certificado  tributario  de  residencia  fiscal.  En  caso  de  que  no 
estuviesen habilitados los medios técnicos necesarios para realizar dichas consultas, el 
órgano  concedente  requerirá  a  la  entidad  beneficiaria  la  presentación  de  los 
correspondientes tributarios de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y 
certificado tributario de residencia fiscal.
5.  Toda  la  documentación  justificativa  será  revisada  durante  el  proceso  de 
evaluación final para poder certificar los costes incurridos. En aquellos casos en los que 
sea necesario, se podrá completar la auditoría técnica mediante controles puntuales y 
verificaciones in situ si así lo considera el órgano concedente.
6.  La  entidad  beneficiaria  informará  proactivamente  sobre  cualquier  evento 
importante o imprevisto que pueda afectar en la consecución de los hitos y objetivos 
establecidos.
7.  En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se  e.
hubiera pagado sólo una parte de los costes en que se hubiera incurrido, a efectos de  w.
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda o, en su caso, exigencia de reintegro  341ww
corr8e.s poLnad ifeinnateliz, ascei óanp lidcea rláa  evl eprrifiniccaipciióon d ed ep rloap ionrfcoiromnaalcidióand .justificativa no constituye en
neisntgaúbnle cicdaos oe n llaa  reascoelputcaicóinó nd e dceo nccueasilóqnu iedre  sduebsvveiancciióónn . existente  con  respecto  a  lo  BOE-A-cable e
9.  La no justificación en plazo por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo 
establecido  en  los  apartados  anteriores,  supondrá  la  pérdida  del  derecho  a  su 
percepción y, en su caso, la exigencia del reintegro de la ayuda que se hubiera percibido 
hasta el momento.
10.  El órgano instructor podrá requerir a la entidad beneficiaria la aportación de 
cualquier documentación justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva 
adecuación de la actuación ejecutada a la que fue objeto de ayuda, quedando a la 
entidad beneficiaria obligada a su entrega en un plazo máximo de diez días hábiles 
desde la recepción de la comunicación que se le efectúe por parte de aquél.
11.  El órgano instructor podrá realizar las verificaciones sobre el terreno de las 
operaciones  concretas  que  se  determinen  para  la  correcta  certificación  del  gasto, 
quedando la entidad beneficiaria obligada a facilitarlas.
12.  El órgano instructor podrá, por un lado, designar al personal del IDAE que 
estime  oportuno  y/o,  por  otro,  utilizar  los  servicios  de  empresas  independientes 
especializadas o medios propios de la entidad para la que realice sus funciones para 
realizar  la  inspección  y  el  seguimiento,  control  y  verificación  de  las  actuaciones 
aprobadas,  no  sólo  en  la  fase  final  de  comprobación,  sino  también  en  momentos 
intermedios, donde se puedan comprobar el cumplimiento de los fines para los cuales se 
conceden las ayudas, así como todo lo relacionado con el procedimiento de control 
establecido.
13.  El IDAE o cualquier organismo fiscalizador, nacional o de la Unión Europea, 
podrán solicitar en cualquier momento, durante el plazo previsto de cinco años a contar 
desde la fecha de finalización del plazo establecido para la ejecución de las actuaciones 
objeto de ayuda, la exhibición de cualquiera de los documentos originales que hayan 
servido  para  el  otorgamiento  de  la  ayuda,  o  para  justificar  la  realización  de  las 
actuaciones y costes subvencionables necesarios para la ejecución de las actuaciones 
correspondiente (incluyendo facturas y justificantes de pago de las mismas).
Procederá, en su caso, la exigencia de reintegro de la ayuda o la pérdida del derecho 
a su percepción, de no facilitarse la exhibición de tales originales en un plazo máximo de 
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el órgano concedente le 
hubiera  requerido  en  tal  sentido,  considerándose  tal  circunstancia  como  un 
incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada.
14.  Con  independencia  de  lo  anterior,  el  órgano  Instructor  podrá  elaborar 
instrucciones de acreditación y justificación complementarias para los casos en los que 
la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así lo requieran.
Artículo 20.  Plazo de ejecución de las actuaciones y modificación de la resolución.
1.  El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de 
treinta y seis meses, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución 
favorable de concesión de ayuda. No obstante, la convocatoria podría establecer el 
cumplimiento  de  ciertos  hitos  intermedios  que  deberán  ser  respetados  por  los 
beneficiarios.
2.  Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas que, excepcionalmente, alteren de forma objetiva las condiciones técnicas o 
económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, la entidad beneficiaria 
podrá solicitar la modificación de la citada resolución de concesión ante el mismo órgano 
que la dictó. e.
Para la realización de cualquier cambio en el proyecto, que conllevará la modificación  w.b
de la resolución de concesión, se requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes  341ww
caosnpdeaic)c tioosQn eufsue:n deal mceanmtablieos ,n oa  alaf edcetete ram ilnoas cioóbnj edtievo lsa  peenrtsideagdu idboesn ecfiocnia rliaa , anyiu dpae,r juad iqsuues   OE-A-2021-21able en https://
derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la
determinación de la entidad beneficiaria cuando sea debido a operaciones de fusión, 
absorción o escisión de la empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa 
vigente.
b)  Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que 
no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c)  Que no suponga un incremento de la subvención concedida.
d)  Que la solicitud de la modificación se realice, al menos, tres meses antes de la 
finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el 
titular del órgano que dictó la resolución de concesión.
e)  Que no altere o comprometa el cumplimiento de los hitos y objetivos o requisitos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
f)  Las que se determinen adicionalmente en las convocatorias.
3.  La solicitud de modificación del proyecto y de la resolución de concesión, se 
acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se 
justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de 
concesión, y el cumplimiento de los requisitos previstos.
4.  El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación del proyecto 
será el órgano que dictó la resolución de concesión, quien, en su caso, deberá dictar 
resolución de modificación de la resolución de concesión correspondiente.
5.  El plazo máximo de resolución será de tres meses.
6.  En el caso de que la solicitud de modificación se deba a una ampliación del plazo 
de  ejecución,  esta  modificación  únicamente  podrá  autorizarse  cuando  obedezca  a 
circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible la ejecución 
de la ayuda otorgada, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las 
medidas técnicas y de planificación mínima que les resultaban exigibles. En ningún caso, 
se podrá autorizar una ampliación del plazo para la realización del proyecto objeto de 
ayuda que supere, en su cómputo total, los cuarenta y dos meses contados desde la 
fecha de notificación de la resolución definitiva de concesión de la ayuda.
CAPÍTULO V
Reintegro y publicidad de las ayudas
Artículo  21.  Reintegro  de  la  ayuda.  Criterios  de  graduación  de  los  posibles 
incumplimientos.
1.  El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las ayudas y de las obligaciones y requisitos esenciales establecidos por 
esta orden, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, serán causas suficientes para determinar 
la pérdida del derecho al cobro o el reintegro de la ayuda conforme al procedimiento 
establecido en dicha ley.
2.  La realización en plazo de sólo una parte de la actuación comprometida, dará 
lugar al ajuste correspondiente y pérdida del derecho al cobro parcial de la ayuda 
otorgada,  siempre  que,  como  mínimo,  se  haya  ejecutado  el  50  %  del  coste 
subvencionable  comprometido  y  lo  ejecutado  tuviera  utilidad  propia,  permita  la 
evaluación de su viabilidad y computar, al menos en igual porcentaje, al cumplimiento de 
los hitos y objetivos previstos para el proyecto en relación al PRTR y, en todo caso,  es
siempre que no se deba a causas imputables al promotor. En caso de no haberse  o
ejecutado un mínimo del 50 % de la actuación comprometida, en los términos expuestos,  341ww
aoseybu jepd3trai.ov ,co e ePqdlo ueidenrrí faáfou  randm daleaar   mlupdegéenarsdtfróa,i d valaaos  rítc aomobtanlieslc m dedesoeil,ó   danfie  sdlraceea cp llhiaézo raad cayiidluó acdn oa ddb.eerlo  d cdeuerae llcqahu oaie yaruald  cado ebp roolar  soin  ceauld mrmepiinnlitimsetgirearonc tiodo end eleasl    OE-A-2021-21able en https://
(Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, Comisión
Europea),  que  concluya  sobre  la  necesidad  de  devolución  de  la  ayuda  concedida, 
basado en cualquier incumplimiento de la normativa de aplicación a las mismas.
4.  Cuando la reducción de la ejecución del presupuesto total sea consecuencia de 
una reducción de los costes derivada de las licitaciones en el proceso de contratación de 
las actuaciones del proyecto, se procederá al ajuste automático correspondiente de la 
ayuda a percibir o, en su caso, a exigir el reintegro de las cantidades percibidas en 
exceso. Las correspondientes convocatorias podrán establecer los casos adicionales y la 
forma en que el presupuesto total del proyecto podrá ser ajustado.
5.  El  incumplimiento  de  la  obligación  de  comunicar  la  obtención  de  otras 
subvenciones o ayudas públicas será causa suficiente para la exigencia del reintegro o la 
pérdida del derecho a la percepción de la ayuda otorgada, en función de la cuantía de la 
ayuda obtenida por las actuaciones y no notificada al IDAE.
6.  El incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas por esta orden, 
la normativa de aplicación y, en su caso, la convocatoria correspondiente dará lugar a la 
exigencia del reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho a la percepción total de la 
ayuda correspondiente.
7.  Será de aplicación el procedimiento de revocación y reintegro previsto en la Ley 
General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo.
Artículo 22.  Información, comunicación y visibilidad. Publicidad.
1.  Toda referencia a la actuación objeto de las ayudas reguladas por la presente 
Orden de Bases en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en 
cualesquiera medios de difusión, debe cumplir con los requisitos que figuren en el 
Manual de Imagen del Programa de Incentivos para Cadena de Valor Industrial que 
estará disponible en la web del IDAE, en el que figurarán el MITERD y el Programa de 
Incentivos para Cadena de Valor Industrial, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello 
conforme  a  lo  que  se  establezca  al  respecto,  y  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, y el artículo 31 del Reglamento que 
la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2.  Los perceptores de financiación de la Unión Europea deben de mencionar el 
origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan 
las  actuaciones  incentivables  y  sus  resultados,  facilitando  información  coherente, 
efectiva  y  proporcionada  dirigida  a  múltiples  destinatarios,  incluidos  los  medios  de 
comunicación y el público.
3.  La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo a través del sitio web 
del IDAE (www.idae.es), y a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 
en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
4.  Adicionalmente, se aportará un plan estratégico que indique el origen o lugar de 
fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes de la instalación y su 
impacto  medioambiental,  incluyendo  el  almacenamiento,  los  criterios  de  calidad  o 
durabilidad utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de 
la instalación o su potencial para ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor 
sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el proyecto. Incluirá, además, 
estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial 
local,  regional.  Los  destinatarios  últimos  de  las  ayudas  fomentarán  la  creación  en  e.
España del empleo necesario para la realización de la actividad para la que solicitan la  w.b
subvención,  y  así  lo  reflejarán  expresamente  en  este  informe.  Adicionalmente,  las  341ww
aeunttoidnaodmesía  beesntreafticéigairciaas  y ddeibgeitraál nd em olas tUranr ióenn  Equuroép emae, daidsaí  ccoomntori bau ylae ns eagl uoribdjaedti vdoe  dlea 
ccaudaelqnuaie dr ec osmumpoinnisetnrote  teon sieunbdsois teenm cau etenctan oelól gciocnot esxetnos iinbtleer nqaucei opnuael dya l afo drmispaor npiabriltied adde  dlea 
solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y
software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea. Este documento será 
publicado por la autoridad convocante de las ayudas y deberá ser accesible desde las 
publicaciones o páginas web del destinatario último referidas en el apartado 1 de este 
artículo.
Artículo 23.  Protección de datos de carácter personal.
Será de aplicación en la presente orden de bases la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases 
y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, que actúa como 
título competencial prevalente. También se dicta conforme a las reglas 15.ª y 25.ª que 
atribuyen, asimismo, al Estado las competencias exclusivas en materia de fomento y 
coordinación  general  de  la  investigación  científica  y  técnica,  sin  perjuicio  de  las 
facultades  de  las  comunidades  autónomas  de  establecer  normas  adicionales  de 
protección, y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final segunda.  Instrucciones de cumplimiento.
El  órgano  instructor,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrá  emitir  cuantas 
instrucciones sean precisas para el cumplimiento de los requerimientos de esta orden y 
las respectivas convocatorias y para la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
objeto de ayuda y certificación de los costes subvencionables correspondientes.
Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 22 de diciembre de 2021.–La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.
ANEXO I
Actuaciones incentivables
Programas de apoyo a la cadena de valor industrial del hidrógeno renovable sobre la 
innovación y el conocimiento: capacidades, avances tecnológicos y demostradores
Los programas de incentivos aprobados por esta orden ministerial son cuatro, que 
están enfocados al desarrollo de tecnología y capacidades en toda la cadena de valor 
del hidrógeno renovable. Son elegibles los proyectos que se incluyan en alguno de los 
siguientes cuatro programas:
– Programa  1:  Capacidades,  Avances  Tecnológicos  en  líneas  de  ensayo  y/o 
fabricación.
– Programa  2:  Diseño,  demostración  y  validación  de  movilidad  propulsada  por  es
hidrógeno. bo
– Programa  3:  Grandes  demostradores  de  electrólisis-proyectos  innovadores  de  341ww
fporromd–au ccPicórioóngn er danem t ehaci dn4ro:ó loRggeeíntaooss  r hedanebo ivilnitaavbedlesotriagsa ccilóanv eb dáesinctaro-f udned laam ceandteanl,a  pdileo tvoasl oirn.novadores y la  OE-A-2021-21able en https://
Las  convocatorias  correspondientes  deberán  exigir  la  formulación  de  una  única 
solicitud por cada instalación que pretenda ser objeto de ayuda en cualquiera de los 
anteriores programas de incentivos previstos, teniendo en cuenta, además, el régimen 
de incompatibilidad entre solicitudes establecido por esta orden ministerial.
Las instalaciones financiadas por este real decreto atenderán al principio de «no 
causar perjuicio significativo» a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos 
en el Reglamento (UE) 2020/852 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio 
de  2020,  relativo  al  establecimiento  de  un  marco  para  facilitar  las  inversiones 
sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
En las diferentes convocatorias se podrá incluir una inversión mínima por proyecto, 
así como establecer requisitos mínimos en cuanto al valor numérico del TRL (Technology 
Readiness Level) de las actuaciones a apoyar.
Las actuaciones incentivables para cada uno de estos programas son:
Programa 1: Capacidades, avances tecnológicos en líneas de ensayo y fabricación. 
Los proyectos podrán referirse a uno de los eslabones de la cadena tecnológica del 
hidrógeno renovable, desde la producción hasta su uso final, de tal modo que las 
actuaciones incentivables serían aquellas relacionadas con proyectos de contenido de I
+D+i relacionados con alguna de las áreas que se detallan a continuación:
I.  Centros de fabricación de equipos y/o componentes relacionados con la cadena 
de valor del hidrógeno renovable.
II.  Mejora de las capacidades vinculadas a la I+D+i: Se incluyen instalaciones de 
ensayo de componentes, sistemas, vehículos y equipos auxiliares relacionados con el 
entorno de uso del hidrógeno renovable.
Programa  2:  Diseño,  demostración  y  validación  de  movilidad  propulsada  por 
hidrógeno. Diseño y desarrollo de movilidad en general, con especial interés en pesada, 
propulsada por hidrógeno incluyendo destinos tales como la carretera, el ferroviario, 
marítimo o aéreo. Son incentivables las actuaciones en innovación tecnológica incluido el 
impulso al desarrollo de prototipos y avanzar en la madurez de los diseños.
Los proyectos pueden centrarse en las innovaciones relativas a los distintos equipos 
que  consuman  exclusivamente  hidrógeno  renovable,  como  depósitos,  pilas  de 
combustible,  motores  de  combustión  interna  alternativos,  turbinas,  sistemas  de 
producción de hidrógeno renovable a bordo, buques o aeronaves tripuladas o no (UAVs, 
drones)  y  servicios  auxiliares  en  entornos  portuarios,  aeroportuarios  (vehículos  de 
servicios, APUs de aviones) y ferroviarios, entre otros susceptibles de ser integrados en 
los medios de transporte actuales y en la demostración de nuevos medios de transporte 
propulsados por hidrógeno innovadores en su entorno sectorial de uso, permitiendo su 
inclusión en más de una tipología de vehículo.
Además  de  la  validación  del  diseño  de  estos  nuevos  medios,  se  enfocan  las 
cuestiones  de  mantenimiento,  confiabilidad  y  seguridad  de  los  mismos,  así  como 
acciones  tendentes  a  eliminar  barreras  en  el  ámbito  de  explotación/operativo  (pre-
regulatorio).
Este  eje  tiene  como  objetivo  fomentar  actuaciones  de  innovación,  así  como  la 
obtención de medios de transporte innovadores pilotos. Los proyectos de despliegue de 
medios de transporte no serían elegibles.
Programa  3:  Demostración  de  electrolizadores  a  gran  escala.  Proyectos 
demostradores de electrólisis a gran escala, en línea con los retos asociados con la I+D  s
y la industrialización de electrolizadores para producir hidrógeno renovable, el despliegue  oe.
sdcdeueera   esnelotelo lpcu trcraiimoo lnieazersaospd  eeoycnr t  soqeusus  etiand  itenáe crgeflruaaayb,c arsiió cieenaln eccdimóoonem l nopytsol/e osot  abdd jeeeist nieav ñvocaoosn  ntccateeonx mtrtoeoo sse p ll iaednsced tsuodas eratrrmlio aelolleossts tadr. adeEco uil o dnpne rpelo rsyaim erdtceeetr o  ap gcdrtroeuatbaoneltd irpeeíaons     2021-21341n https://www.
electrolizadores en contextos reales y operacionales en aplicaciones industriales donde
haya un alto consumo de hidrógeno o para usos energéticos en demandas térmicas de
alta  temperatura  para  la  sustitución  de  combustibles  fósiles.  Se  prestará  especial 
atención a proyectos de integración sectorial inteligente y su despliegue en entornos 
industriales.
En este sentido este programa se subdividirá a su vez en dos subprogramas que 
responden a dos retos distintos, aunque complementarios:
a)  Reto de desarrollo y fabricación de un electrolizador de alta potencia instalada, 
un primer prototipo de electrolizador a gran escala que incluya elementos de avance 
respecto  al  estado  del  arte  actual,  principalmente  en  cuanto  al  incremento  de  la 
capacidad de los stacks;
b)  Reto de integración real y efectiva de un electrolizador de alta potencia instalada 
en un contexto operativo industrial como demostrador de la viabilidad de la producción 
masiva de hidrógeno renovable.
En  las  diferentes  convocatorias  se  podrá  establecer  una  potencia  mínima  de 
electrólisis.
Programa  4:  Retos  de  investigación  básica-fundamental,  investigación  industrial, 
pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena 
de valor. Proyectos de innovación en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, 
desde la generación hasta el almacenamiento, al transporte y la distribución, así como 
las aplicaciones finales. Las diferentes convocatorias podrán incluir dentro de su alcance 
I+D+i que siente las bases de un futuro desarrollo en tecnologías habilitadoras clave y 
pueda impulsar cambios disruptivos.
Estas actuaciones podrían contemplar, entre otros, el avance en electrolizadores, 
tanto en tecnologías PEM o SOEC con un margen amplio de mejora, así como las 
prestaciones en tecnologías menos maduras como la AEM, el desarrollo de sistemas o 
aplicaciones  para  la  producción  de  hidrógeno  en  base  a  bio-procesos,  fotosíntesis 
artificial (foto-electro catálisis-PEC), avances en materiales, nuevas pilas de combustible, 
uso  de  hidrógeno  como  combustible  en  motores  térmicos  para  propulsión  o  para 
generación combinada de energía eléctrica y mecánica, aplicaciones tecnológicas que 
faciliten la utilización del hidrógeno renovable, sistemas basados en la combustión limpia 
de hidrógeno y/o amoniaco, sistemas de diagnóstico (IA, DT) para evaluar el estado de 
salud de las pilas de combustible, así como sistemas de almacenamiento novedosos e 
innovadores de hidrógeno, transformación y uso de carriers de hidrógeno y sus mezclas 
y sistemas para el uso del hidrógeno para producción de amoniaco en entornos marinos, 
siempre que supongan un importante avance más allá del estado del arte actual. Las 
respectivas convocatorias podrán establecer valores mínimos de TRL a la finalización del 
proyecto.
En este Programa se prestará especial atención a los proyectos colaborativos en 
formato consorciado entre el sector empresarial (ámbito privado) con especial énfasis en 
Pymes, asociaciones empresariales y la comunidad científica (Centros tecnológicos y/o 
de  I+D,  Laboratorios,  Universidades,  Centros  de  Excelencia,  etc.).  Estos  proyectos 
serían inversiones en conocimientos de hoy para habilitar innovaciones del mañana, 
intentando establecer puentes sólidos entre la investigación y las aplicaciones prácticas 
que  cubran  todo  el  ámbito  amplio  de  la  cadena  de  valor  completa  del  hidrógeno 
renovable y las pilas de combustible.
Dentro de este eje y por su vinculación con la investigación y la innovación, las 
diferentes  convocatorias  podrán  incluir  los  aspectos  educativos  y  de  formación  en 
(nuevas) habilidades y competencias profesionales. e
ANEXO II
Declaración responsable
Don/Doña  ..............................................,  nacionalidad:  .............................con 
NIF/NIE:  ...........,  en  su  propio  nombre  y  en  representación  de  ................con  NIF 
número.................................,domicilio  en  ........,localidad:  ...................................., 
CP:  ............,  provincia:  ..........................................,  teléfono:  ................................., 
fax:  ................................  e-mail:  ....................................  Domicilio  a  efectos  de 
comunicaciones (si es distinto del anterior): ...................................... n.º: ........, esc: ......, 
piso:.........localidad:..................,  CP:  .............,  provincia:  ....................., 
teléfono .....................,  fax: ......................, e-mail: ........................................................
La representación se ostenta en virtud de ................................
DECLARA
1.  Que  .................................................  (denominación  entidad  solicitante),  no  se 
encuentra  incurso  en  ninguna  de  las  situaciones  previstas  en  el  artículo  13  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, haciendo constar, así 
mismo,  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  de 
reintegro  de  otras  subvenciones  o  ayudas  recibidas,  conforme  a  los  términos 
establecidos en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no encontrándose sujeta a 
una orden de recuperación pendiente, sobre cualquier subvención que le hubiera sido 
otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado interior, o bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le 
vinieran atribuidas en la concesión.
2.  Que ................................................. (denominación entidad solicitante):
a)  No  ha  solicitado  ni  recibido  otras  subvenciones  o  ayudas  para  la  misma 
actuación o finalidad que la solicitada en el contexto de este Programa de ayudas, de 
cualquier Administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional (táchese 
lo anterior, si no procede).
b)  Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para la misma 
actuación o finalidad que la solicitada para el Programa de Incentivos para Proyectos 
Pioneros y Singulares, de la/s siguiente/s Administración/es, organismo/s o entidad/es 
pública/s, nacional/es o internacional/es, por el importe/s que asimismo se especifica/n:
Entidad  concedente:  ....................................,    importe  ayuda:  ..................  , 
programa:........................... indicar estado de la ayuda: (solicitada/concedida/pagada)
Entidad  concedente:  ....................................,    importe  ayuda:  ..................  , 
programa:........................... indicar estado de la ayuda: (solicitada/concedida/pagada)
(Nota: En caso de no haber solicitado ni recibido ayudas indicar: Ninguna)
3.  Que ................................................. [(denominación la empresa solicitante) no se 
encuentra en situación de crisis, según lo establecido por las Directrices Comunitarias 
(Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014) sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (táchese lo anterior, 
si el beneficiario no realiza actividad económica].
4.  Que  .................................................  (denominación  de  la  entidad  solicitante)  e
(Nota: Solo aplicable en caso de organismos públicos vinculados o dependientes de  bo
entidades  locales),  a  efectos  del  régimen  de  autorización  de  operaciones  de  341ww
ednedl eTeuxdtaom rieefnutnod, indoo  edset ála i nLceuyr sRae egnu lnaidnogruan od ed ela slo sH asucipeunedsatso sL roecgaulelasd nois  eenn  loesl  arretígcuullaod 5o3s 
ePnre seulp uaertsítcaurlioa  y1 S3o.5s tedneib illaid aLde Fyi naOnrcgiáenraic.a  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
5.  Que ................................................. (nombre, razón social o denominación de 
entidad  solicitante),  se  compromete  a  comunicar  de  inmediato  al  IDAE  cualquier 
modificación o variación de las circunstancias anteriores.
En ..........................................., a ...... de .................................... de .........
(Firma del solicitante o de representante de la entidad)
ANEXO III
Criterios de valoración y procedimiento de aplicación de las valoraciones
1.  Criterios excluyentes. Son criterios excluyentes los siguientes:
a)  La no adecuación del proyecto a los requisitos de la convocatoria.
b)  No encuadrarse el proyecto en ninguna de las tipologías de actuación que 
figuran en el anexo I.
c)  Proyectos que sólo incluyan estudios.
d)  No serán elegibles aquellas actuaciones que ocasionen un perjuicio significativo 
al medioambiente (principio DNSH), de acuerdo al artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles.
e)  No alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en los criterios de valoración 
que figuran en el siguiente apartado 2.
2.  Criterios  de  valoración.  Las  solicitudes  se  valorarán  de  acuerdo  con  los 
siguientes criterios.
Criterio Ponderación
Características técnicas.
1.  Relevancia de los objetivos del proyecto.
2.  Nivel de madurez de la tecnología: se incentivará el desarrollo de tecnologías  0-30 %
en función de su TRL y del eje objetivo.
3.  Innovación.
Viabilidad económica.
1.  Presupuesto, previsión de ingresos y costes.
2.  Rentabilidad esperada.
0-30 %
3.  Plan de financiación del proyecto (relación de fondos propios vs. externos).
4.  Financiación privada.
5.  Cuentas anuales de los últimos 3 años de las empresas participantes.
Viabilidad del proyecto.
1.  Memoria descriptiva.
2.  Análisis de Riesgos. 0-50 %
3.  Equipo/Consorcio. Participación PYMES.
4.  Demanda asegurada del «producto» del proyecto.
Escalabilidad tecnológica y potencial de mercado.
1.  Replicabilidad/escalabilidad tecnológica.
2.  Relevancia del Modelo de Negocio.
3.  Potencial de mercado de las nuevas tecnologías y seguridad en la cadena de  0-20 % es
suministro. oe.
4.  Creación y divulgación del conocimiento adquirido en el proyecto. w.
5.  Derechos de propiedad intelectual o patentes generados. 341ww
Criterio Ponderación
Externalidades.
1.  Generación de empleo, impacto social y de género.
2.  Transición Justa y Reto Demográfico. 0-30 %
3.  Mejoras ambientales y Economía Circular.
4.  Formación y capacitación.
ANEXO IV
Declaración responsable del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH)
D./D.ª ........................................................................, con NIF .........................., por sí 
mismo/a  o  en  representación  de  la  entidad  .......................................,  con 
CIF .........................., en calidad de .......................................................
EXPONE
Que  ha  presentado  su  solicitud  a  la  convocatoria  de  subvenciones  dirigidas 
al  .....................................................  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y ha resultado beneficiario de una ayuda para la ejecución 
del  proyecto  ..............................................................  en  el  municipio 
de .............................., y al objeto de asegurar que dicho proyecto cumple el principio de 
no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH) en las seis dimensiones 
definidas por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al establecimiento de un marco para las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 («Reglamento de Taxonomía»),
DECLARA
Que el proyecto por el que se ha resultado beneficiario cumple expresamente los 
siguientes requisitos, en la medida en que le sean de aplicación en función de la 
naturaleza de la actuación subvencionable:
A.  Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  mismo  no  ocasionan  un  perjuicio 
significativo  a  los  siguientes  objetivos  medioambientales,  según  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones  sostenibles  mediante  la  implantación  de  un  sistema  de  clasificación  (o 
«taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
1.  Mitigación del cambio climático.
2.  Adaptación al cambio climático.
3.  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4.  Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
5.  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
6.  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B.  Las actividades se adecúan, en su caso, a las características y condiciones  b
fijadas para la medida y submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de  341ww
RecCup. erLaacsió na, cTtirvaindsafdoerms aqcuióen  ys eR edseilsieanrrcoialla.n  en  el  proyecto  cumplirán  la  normativa
medDio. amLbaise natcatli vviidgaednetes  qquuee  rsees udletes adrero allapnlic naoc ióenst.án excluidas para su financiación por el
Plan conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España 
y a su correspondiente anexo.
1.  Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos 
que impliquen la extracción de petróleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de 
mitigación del cambio climático.
2.  Actividades  relacionadas  con  los  combustibles  fósiles,  incluida  la  utilización 
ulterior  de  los  mismos,  excepto  los  proyectos  relacionados  con  la  generación  de 
electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de transporte 
y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el anexo III de la 
Guía Técnica de la Comisión Europea.
3.  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de 
gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los 
parámetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de 
efecto  invernadero  provocadas  por  la  actividad  subvencionada  no  van  a  ser 
significativamente  inferiores  a  los  parámetros  de  referencia,  deberá  facilitarse  una 
explicación motivada al respecto.
4.  Compensación de los costes indirectos del RCDE.
5.  Actividades  relacionadas  con  vertederos  de  residuos  e  incineradoras,  esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento 
de  residuos  peligrosos  no  reciclables,  ni  en  las  plantas  existentes,  cuando  dichas 
acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de 
escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar materiales de las cenizas de 
incineración, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de 
tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongación de su vida útil; estos 
pormenores deberán justificarse documentalmente para cada planta.
6.  Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico, esta 
exclusión no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecánico-biológico 
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética 
o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el 
compostaje y la digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 
prolongación de su vida útil; estos pormenores deberán justificarse documentalmente 
para cada planta.
7.  Actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda causar 
daños al medio ambiente.
E.  Las  actividades  que  se  desarrollan  no  causan  efectos  directos  sobre  el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo 
como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la 
actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración 
dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y los intereses de 
demora correspondientes.
Fecha: s
Firmado: w.