BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2022 Sec. V-B.  Pág. 10772
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
6895 Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel, de revocación de actos administrativos de
gravamen o desfavorables al interesado.
Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y
relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las
Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de
tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su
inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Segundo.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa,
habiendo pasado a cobro en ejecutiva.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno".
Segundo.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021,
de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-
2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1,
3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.
Tercero.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que "Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa e.
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos w.b
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso- w
acodnmsienciusetrnactiiav odse  lrae nfeurleidnatde sde a la u nno rpmroac aepdliicmadiean, troes sualtnec uionan areddourc ecinón q duee ,la c poemnoa
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad". E-B-20ble en 
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas "Las
Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo
de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".
Quinto.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde
a la Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, competencia
que fue delegada para los hechos ocurridos en la provincia en el Subdelegado del
Gobierno en Teruel, por resolución de 14 de julio de 2015, relativa a la delegación
de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de
17 de julio de 2015), de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/
2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,
RESUELVO
Primero.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las
resoluciones sancionadoras emitidas.
Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, al apreciar razones de interés público.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de un
mes contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.
ANEXO RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE/ AÑO NIF/NIE
P.S. 312/2020 X9702264J
P.S. 315/2020 X9728423K
P.S. 348/2020 18454141E
P.S. 386/2020 X8435463Y s
P.S. 387/2020 53662267R w.b
P.S. 402/2020 X6208738A
P.S. 409/2020 52602437B 20n 
P.S. 414/2020 73258833S
P.S. 436/2020 50746325E
P.S. 439/2020 X2323534M
P.S. 480/2020 Y4026026M
P.S. 497/2020 X9881908G
P.S. 507/2020 18445369J
P.S. 511/2020 X2671453A
P.S. 513/2020 Y6129812G
P.S. 518/2020 18449887T
P.S. 526/2020 18431173P
P.S. 529/2020 73093311R
P.S. 534/2020 18449532J
P.S. 540/2020 Y2494270A
P.S. 571/2020 Y1086038S
P.S. 576/2020 73093311R
P.S. 584/2020 73091095Q
P.S. 590/2020 18454141E
P.S. 603/2020 26747016V
P.S. 604/2020 52396410H
P.S. 620/2020 Y0339831C
P.S. 645/2020 73260496E
P.S. 661/2020 77830368R
P.S. 666/2020 39426548V
P.S. 668/2020 18450442A
P.S. 681/2020 Y6614604W
P.S. 703/2020 X7705321E
P.S. 712/2020 18454087Z b
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P.S. 788/2020 Y0339831C
P.S. 798/2020 50226664T
P.S. 815/2020 18468761Z
P.S. 822/2020 Y7476530A
P.S. 841/2020 X2404269X
P.S. 842/2020 18061441R
P.S. 861/2020 X8435463Y
P.S. 873/2020 75103914J
P.S. 883/2020 Y6760998R
P.S. 887/2020 X7957085M
P.S. 900/2020 X8435463Y
P.S. 902/2020 X8907511W
P.S. 905/2020 X7139599P
P.S. 913/2020 18432017R
P.S. 927/2020 X8435463Y
P.S. 942/2020 18445327V
P.S. 952/2020 18172594H
P.S. 967/2020 X8218821R
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P.S. 991/2020 Y1248208N
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P.S. 1320/2020 X2768656P
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P.S. 1444/2020 Y1337427Z
P.S. 1445/2020 39920778T
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P.S. 1567/2020 47764737Q
P.S. 1576/2020 05676463V
P.S. 1590/2020 X8598871E
P.S. 1594/2020 52396410H b
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P.S. 1669/2020 Y7641736T
P.S. 1671/2020 73426754J
P.S. 1699/2020 X4421566T
P.S. 1715/2020 24373195A
P.S. 1716/2020 X8228742D
Teruel, 25 de febrero de 2022.- El Subdelegado del Gobierno, José Ramón
Morro García.
ID: A220007480-1