BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Sábado 15 de agosto de 2020 Sec. TC.   Pág. 70735
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9785 Pleno.  Sentencia  97/2020,  de  21  de  julio  de  2020.  Recurso  de  amparo 
5196-2019. Promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los 
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su 
suspensión  como  diputado.  Supuesta  vulneración  de  los  derechos  a  las 
libertades  ideológicas  y  de  expresión,  ejercicio  del  cargo  público 
representativo, tutela judicial y presunción de inocencia y a la legalidad penal; 
interdicción  de  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos:  resoluciones 
parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión automática del 
ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1994).
ECLI:ES:TC:2020:97
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5196-2019, promovido por don Jordi Sànchez i 
Picanyol contra el acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados de 11 de junio 
de 2019, por el que se desestima la solicitud de reconsideración presentada contra el 
acuerdo del mismo órgano de gobierno de la Cámara de 24 de mayo de 2019, en 
relación  con  la  declaración  de  suspensión  como  diputado  del  recurrente.  Ha 
comparecido y presentado alegaciones el Congreso de los Diputados, representado por 
letrada de las Cortes Generales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Santiago Martínez-Vares García.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  general  del  Tribunal 
Constitucional el 12 de septiembre de 2019, el procurador de los tribunales don Carlos 
Estévez Sanz presentó recurso de amparo en representación de don Jordi Sànchez i 
Picanyol contra las resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados reseñadas 
en el encabezamiento de la presente sentencia.
A)  Los hechos expuestos en la demanda son, en síntesis, los siguientes: es
a)  El 21 de marzo de 2018, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal  w.
Supremo que instruía la causa especial 20907-2017 dictó auto de procesamiento contra,  85ww
eqnutieren ,o atrcauss apdeor sionnicaiasl,m eel ndtee mdea nsdeadnicteió,n e, nsteo nhcaellsa bdai peunt apdrois idóenl  pProavrliasimoneanlt od edsed eC ealt a1l6u ñdae, 
octubre de 2017. El procesamiento lo fue por un posible delito de rebelión.
b)  Por resolución de 12 de julio de 2018, la Primera Sala de lo Criminal del Tribunal 
Superior de Schleswig-Holstein (República Federal de Alemania) consideró inadmisible 
la  orden  europea  de  detención  y  entrega  respecto  del  anterior  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, investigado en la mentada 
causa especial. La referida orden fue emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
con base en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, en relación con los 
delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. Se observa en la demanda de 
amparo que el tribunal alemán, entre otros argumentos, apreció que, en el contexto de 
un Estado social y democrático de Derecho, el Derecho penal debe intervenir con 
mesura en las desavenencias políticas.
c)  Con fechas 25 y 26 de abril de 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó en sus opiniones 6/2019, relativa a don Jordi 
Cuixart i Navarro, don Jordi Sànchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, y 12/2019 
atinente a don Josep Rull i Andreu, don Raül Romeva i Rueda y doña Dolors Bassa i Coll 
que la encarcelación de las citadas personas era arbitraria y que se estaba persiguiendo 
políticamente a los responsables de la minoría social a la que el recurrente pertenece.
d)  El 21 de mayo de 2019 se celebraron elecciones a Cortes Generales. La Junta 
Electoral Provincial de Barcelona proclamó al señor Sànchez i Picanyol que concurrió a 
los comicios en la candidatura electoral de Junts per Catalunya diputado al Congreso. 
El 21 de mayo el recurrente concurrió a la sesión constitutiva del Congreso de los 
Diputados y participó en la votación para elegir a los miembros de la mesa de la Cámara.
e)  El  24  de  mayo,  la  mesa  del  Congreso  de  los  Diputados  acordó  declarar 
automáticamente suspendidos en el cargo y, por tanto, en los derechos y deberes 
establecidos en el Reglamento de la Cámara, con efectos desde el 21 de mayo de 2019, 
al demandante de amparo, además de a los señores Oriol Junqueras i Vies, Josep Rull i 
Andreu  y  Jordi  Turull  i  Negre,  por  concurrir  las  circunstancias  necesarias  para  la 
aplicación  del  artículo  384  bis  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal.  Se  acordó 
comunicarlo así a los afectados y al Tribunal Supremo y encomendar a la secretaría 
general de la cámara la adopción de las medidas cautelares oportunas.
f)  Contra el acuerdo anterior se presentó una solicitud de reconsideración, ampliada 
posteriormente, ante la mesa del Congreso de los Diputados, que la desestimó el 11 de 
junio de 2019.
B)  La fundamentación en Derecho de la demanda de amparo puede ser resumida 
como sigue:
a)  Se estiman infringidos los derechos reconocidos en los artículos 23.2 y 24.2 CE, 
en conexión con los artículos 9.3, 16.1, 20.1 d) [sic], 23.1, 24.1, 25, 70 y 71 de la misma 
norma fundamental. Se consideran también infringidos el artículo 10.3 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE), en relación con sus artículos 5, 10.2 y 12 y con los Protocolos 
núm. 1 y 2 a dicho Tratado, así como el artículo 3 del Protocolo adicional núm. 1 al 
Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), que, conforme al artículo 6.3 TUE, 
forma parte, como principio general, del Derecho de la Unión Europea. Se invocan, 
asimismo, el artículo 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE), el artículo 14.2 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP) y el artículo 6 del antes citado CEDH.
b)  Tras justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, la demanda 
comienza por referirse a los argumentos expuestos por la mesa del Congreso de los 
Diputados para rechazar, acuerdo de 11 de junio de 2019, la reconsideración de su  e
resolución inicial, acuerdo de 24 de mayo del mismo año, argumentos que no tienen  bo
una justificación jurídica que los avale, pues ambos acuerdos de la mesa pretenden  85ww
teesn ecor nstura sriuas tae nDtoe reench uon. aP aecrotu macáiós na dlláe  dlae  Sqaulea  edsea lso  dPeecnisailo dneels  Tdreibl uTnraibl uSnuapl rSemupor eqmueo 
asocon rdtaamdob iépno rn lual ams edsea  pelesn coo dnetrraercioh oa,  Dy eerne ctahlo  sye nvtuidlnoe eras tálons  rdeecruerrcihdoass  deenl  armecpuarrroe,n tloe 
con independencia de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional en relación con
aquellos recursos de amparo. Vulneración no solo de los derechos reconocidos en los 
artículos 23 y 24.2 CE, en relación con otros preceptos constitucionales, sino también 
de derechos reconocidos por los artículos 10.3 TUE y 48.1 CDFUE, pues este proceso 
constitucional no es ajeno al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea. 
Por lo que hace al recién citado artículo 48.1, presunción de inocencia, se cita el 
artículo 2 de la Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2016, que señala que la misma es de aplicación a las personas físicas que sean 
sospechosas o acusadas en procesos penales, de modo que el Derecho de la Unión 
es también de aplicación en el presente recurso de amparo, pues el acuerdo de la 
mesa del Congreso de 11 de junio de 2019 asegura estar ejecutando una declaración 
de suspensión implícita que habría sido adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, auto de 14 de mayo de 2019, en el marco del proceso penal que se sigue 
contra el actor. Tampoco es este proceso constitucional ajeno al ámbito de aplicación 
del Derecho de la Unión en lo relativo al derecho reconocido en el artículo 10.3 TUE, 
precepto que reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación en la vida 
democrática de la Unión, derecho al que los acuerdos impugnados privan de su efecto 
útil en relación con quien demanda, añadiéndose que el artículo 6.3 TUE también 
establece  que  los  derechos  reconocidos  en  el  Convenio  europeo  de  derechos 
humanos  forman  parte,  como  principios  generales,  del  Derecho  de  la  Unión.  Se 
vulnera este Derecho en tanto que se priva al recurrente de su participación como 
diputado al Congreso en el control del Gobierno, en lo relativo a su representación del 
Estado español en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión, en relación con lo 
previsto en el artículo 10.2 TUE. Por ello, a pesar de hallarnos ante una suspensión 
de  un  diputado  de  un  parlamento  nacional,  la  misma  no  es  ajena  al  ámbito  de 
aplicación del Derecho de la Unión, que atribuye a los parlamentos nacionales una 
participación  destacada  en  la  vida  democrática  de  la  Unión.  Esta  incidencia  es 
relevante en relación con unos acuerdos, como los impugnados, que solo pueden ser 
recurridos en amparo ante el Tribunal Constitucional, art. 42 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC) y, respecto de los cuales, este tribunal es el juez 
ordinario  de  la  Unión,  competente  para  conocer  de  los  derechos  del  recurrente 
derivados del Derecho de la Unión. Por ello, de acuerdo con el principio de primacía 
de ese Derecho, el tribunal no se puede limitar en el actual proceso, pese a lo previsto 
en el artículo 161.1 b) CE, a determinar si por la mesa del Congreso de los Diputados 
se han vulnerado exclusivamente los derechos fundamentales a los que se refiere el 
artículo 53.2 CE, sin entrar a valorar, si se han vulnerado los derechos equivalentes 
derivados del Derecho de la Unión, pues ello supondría vulnerar los principios de 
equivalencia y efectividad, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, art. 47 
CDFUE y art. 13 CEDH. Si el Tribunal Constitucional se negara a conocer de las 
acciones basadas directamente en los artículos 10.3 TUE y 48.1 CDFUE, si fuera 
necesario, con el planteamiento de la correspondiente cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ya como parámetro interpretativo, sino 
como  normas  jurídicas  directamente  aplicables,  estaría  vulnerando  el  referido 
principio de equivalencia y negando tanto el derecho de acceso a la jurisdicción como 
el también citado principio de efectividad.
c)  Se afirma que los acuerdos impugnados son nulos de pleno derecho, al no 
concurrir los presupuestos legalmente establecidos para la suspensión de los diputados 
afectados,  con  la  consiguiente  vulneración  de  los  derechos  reconocidos  en  el 
artículo 10.3 TUE y en el artículo 23 CE. Luego de transcribir los artículos 21 del  s
Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) y 384 bis de la Ley de enjuiciamiento  oe.
criminal (LECrim), se aduce que ninguno de los tres supuestos previstos en el primero de  w.
estos  preceptos  para  la  suspensión  de  un  diputado  concurrió  en  este  caso,  como  85ww
sreucsopneoncsiióó ne lc aocnu eelr dpore dteen ldai dpor oapmiap amreos dae dl ec it1a1d od ea rjutílciou lod e3 8240 1b9is, ,p seiseen dao  lotr acsulaald aacboler daóq ulaí 
elan  opreinlaiócnió dne  clao nC oeml isairótínc udleo  V9e2n.e4c iba)  soLbOreT Cla,  Lceoyn fOorrgmáen icaa  l1a5 /2cu0a1l5 , lad e s1u6s pdeen osicótnu brdee,   BOE-A-cable e
parlamentarios  resulta  problemática,  especialmente  desde  la  perspectiva  de  su 
inmunidad. Se argumenta a partir de todo ello lo siguiente:
(i)  Es  imposible  proceder  a  la  suspensión  de  un  diputado  al  Congreso  sin  la 
tramitación del correspondiente suplicatorio, habiéndose vulnerado el ius in officium del 
representante y los derechos de sus representados, art. 10.3 TUE, en relación con sus 
artículos 5, 10.2 y 12, Protocolos 1 y 2 y preceptos correspondientes del Tratado de 
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el art. 23 CE. Esta vulneración no 
es solo del Reglamento del Congreso de los Diputados, pues su artículo 21.1.2, al 
señalar que para la suspensión de los derechos de los parlamentarios es necesaria la 
concesión del suplicatorio, no hace sino aplicar el artículo 71.2 CE, inmunidad de los 
diputados electos. Aunque el artículo 384 bis LECrim no explicita esa necesidad de 
autorización de la cámara, la misma es condición sine qua non para la existencia tanto 
de un auto de procesamiento válido como de una orden válida de prisión provisional 
contra un diputado, que sí son requisitos previstos en aquel precepto. Se añade que el 
artículo 751.2 LECrim establece la obligación para el Tribunal Supremo de poner en 
conocimiento de las cámaras «la causa que existiere pendiente contra el que, estando 
procesado, hubiese sido elegido senador o diputado a Cortes», a los efectos de que 
estas  resuelvan  lo  que  tengan  por  conveniente  en  orden  a  la  concesión  de  esa 
autorización, arts. 71.2 CE y 753 LECrim y, en este sentido, el artículo 6 de la Ley de 9 
de febrero de 1912, lex posterior respecto del artículo 753 LECrim, del que prescinde 
absolutamente el auto de 14 de mayo de 2019 del Tribunal Supremo, determina que 
«mientras  el  Senado  o  el  Congreso  no  resuelvan  sobre  la  autorización  pedida,  se 
suspenderán las diligencias de las causas, excepto las encaminadas a la reforma de los 
autos y providencias en que con anterioridad se hubiese acordado la detención, prisión o 
procesamiento». Así, la proclamación como electo, que lleva aparejada la adquisición de 
la  inmunidad,  determina  necesariamente  el  levantamiento  por  el  juez  o  tribunal 
competente de cualquier auto de procesamiento o de cualquier resolución de ingreso en 
prisión de un diputado en tanto la cámara no conceda autorización para proceder contra 
el mismo, STC 90/1985, de 22 de julio, observándose que la amenaza de que el proceso 
penal sea utilizado con la intención de perturbar el funcionamiento de las cámaras o de 
alterar su composición no desaparece por el hecho de que se haya iniciado ya la fase de 
juicio oral. Las medidas cautelares se pueden acordar en cualquier momento y asimismo 
su levantamiento, añadiéndose que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó, en su opinión 6/2019, 
que el demandante de amparo se hallaba en prisión provisional por motivos políticos. 
Todo ello no se ve alterado por el hecho de que el auto del Tribunal Supremo de 14 de 
mayo  de  2019  considerara,  de  forma  inconstitucional  e  ilegal,  que  no  procedía  el 
levantamiento del procesamiento del actor. La arbitrariedad de la decisión de la mesa es 
manifiesta si se tiene en cuenta lo que señala ese auto, al que se refieren y en el que 
pretenden  fundamentar  su  declaración  los  acuerdos  impugnados,  pues  mientras  la 
resolución judicial niega la condición de «procesado» al recurrente a los efectos de 
solicitar el suplicatorio, el acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2019 sí lo considera 
«procesado» a los efectos del artículo 384 bis LECrim, de modo tal que, para la mesa, la 
condición de procesado estaría vigente para lo desfavorable, pero no para lo favorable, 
interpretación que responde a la persecución política a la que está siendo sometido el 
recurrente. En definitiva, habiendo adquirido este la condición de diputado desde su 
proclamación como tal, el auto de procesamiento dictado por el magistrado instructor 
el 21 de marzo de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de 9 de  e.
febrero de 1912, no puede tener virtualidad alguna respecto de su cargo de diputado a  w.b
los efectos del artículo 384 bis LECrim, en relación con lo previsto en el artículo 21.1.2  85ww
RreCcuDr.s oS 1e7 1c0i-t1a9 8e9l . auto  de  1  de  diciembre  de  1989  del  Tribunal  Supremo,  en
artíc(uii)lo  3N8o4  ebxisis tLeE Crerismo luecni órne lajucdióicni acl ond elcar ectoannddioc iólna  dmee ddiipduat acdaou tdeelal rs epñroerv iSstàan cehne ze il 
Picanyol. Sin perjuicio de lo que después se dirá, y asumiendo, a efectos meramente
dialécticos, que tal precepto contenga una verdadera medida cautelar, es evidente que 
tal tipo de medida en el proceso penal solo se puede decretar en resolución judicial y así 
lo habría entendido el propio Tribunal Supremo en su auto de 10 de julio de 2019 en sus 
referencias al auto de 9 de julio de 2018, del magistrado instructor. Incluso esto lo admite 
el acuerdo de la mesa de 11 de junio de 2019, al señalar que, aunque el Tribunal 
Supremo no hizo declaración de suspensión expresa, a diferencia del citado auto del 
instructor, tal declaración «cabe entenderla implícita», con lo que la mesa viene a crear 
un  nuevo  tipo  de  resolución  judicial,  la  resolución  «implícita».  Es  evidente  que  las 
cámaras no tienen potestad jurisdiccional para aplicar las normas de la legislación 
procesal sin una previa resolución judicial, siendo obvio que, a diferencia de lo que 
sucedió con el auto de 9 de julio de 2018 en relación con el Parlamento de Cataluña, el 
auto de 14 de mayo de 2019 no contiene comunicación alguna respecto de que el 
artículo 384 bis LECrim pueda resultar de aplicación al recurrente. A fin de acreditar que 
no se trata de una medida cautelar dictada en el seno de un proceso penal, se solicita 
como  prueba  que  el  tribunal  se  dirija  al  Registro  Central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que certifique si por cualquier juez o tribunal se 
ha decretado la medida prevista en el artículo 384 bis en relación con la condición de 
diputado al Congreso del recurrente. El Congreso tiene plena autoridad para aplicar el 
artículo 21.1.2 de su Reglamento, pero aquel otro precepto requiere, para su aplicación, 
de la intervención de la autoridad judicial mediante un juicio de proporcionalidad y de 
necesidad.
(iii)  El recurrente no es un «individuo rebelde» a los efectos del artículo 384 bis 
LECrim. Lo mismo cabe decir respecto de la existencia de imputación válida, que no 
puede  existir  a  estos  efectos  sin  la  existencia  de  un  auto  de  procesamiento.  Aun 
entendiendo  que  la  Cámara  viniera  vinculada  por  la  existencia  de  un  auto  de 
procesamiento, y que no era procedente el suplicatorio, el recurrente no puede ser 
considerado un individuo rebelde a estos efectos, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional. Violentando las normas penales, al actor se le imputa por el Tribunal 
Supremo un delito de rebelión como consecuencia de la organización del referéndum 
celebrado el 1 de octubre de 2017, según conoce el tribunal, ante el que penden 
decenas de recursos de amparo, de esta parte o de otros procesados en la causa 
especial  del  Tribunal  Supremo.  La  estimación  de  cualquiera  de  estos  recursos  en 
relación con la imputación de rebelión o sobre la pertinencia de la prisión provisional de 
cualquiera de los diputados afectados por los autos del instructor, de 9 de julio de 2018, y 
de  la  Sala  de  apelaciones,  de  30  de  julio  del  mismo  año,  habría  de  conllevar  la 
estimación del actual recurso, por cuanto aquella imputación y esta situación de prisión 
son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la aplicación del artículo 384 
bis,  transcribiéndose  determinados  pasajes  de  la  opinión,  ya  citada,  del  Grupo  de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, así como de la resolución de 12 de julio de 2018, del Tribunal Superior de 
Schleswig-Holstein. Se añade que este precepto legal tiene su precedente inmediato en 
el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 CE, norma que 
había perdido vigencia cuando se dictó la STC 199/1987, de 16 de diciembre, por lo que 
el tribunal declaró la desaparición sobrevenida de los recursos de inconstitucionalidad 
contra ella interpuestos. Es importante recordar que el ámbito de aplicación de aquella 
Ley Orgánica se establecía, en su artículo 1.1, de manera prácticamente idéntica al 
artículo 384 bis LECrim. Y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desatendido la  s
jurisprudencia constitucional aplicable, al llevar a cabo una interpretación del concepto  oe.
«individuos rebeldes» contraria a la interpretación de la referida sentencia constitucional,  w.
de la que se desprende con claridad que este último precepto, introducido por la Ley  85ww
Oderglitáon idcae  4r/e1b9e8l8ió,n d, es 2in5o  deú nmicaaymoe, nntoe  sae  pauqeudeello asp lqicuaer  ain cteugarleesnq ueile rcao pnrcoecpetosa ddoes  bpaonr deal 
adrem 9a dya ,3 s0i tudaec ijóunlio q «uceo nnotr ac olnocsu qrruee e —n ndiinceg uenno  edset elo sp udniptou tlaad odse mafaencdtaad—os s peo rr elocus rareu teons   BOE-A-cable e
amparo». Es cierto que la STC 199/1987 interpretaba la Ley Orgánica 9/1984, que en lo 
que respecta a su artículo 22, precedente directo del artículo 384 bis, quedó sin vigencia 
con anterioridad; pero no lo es menos que la disposición adicional única de la Ley 
Orgánica  4/1988  establece  que  «las  referencias  a  la  norma  de  desarrollo  del 
artículo 55.2 de la Constitución se entenderán hechas a esta Ley Orgánica», de tal modo 
que la jurisprudencia constitucional en relación con aquella Ley Orgánica es aplicable a 
la interpretación de esta última. La ausencia, por ello, de uno de los requisitos que 
establece  el  artículo  384  bis  (la  consideración  de  los  diputados  afectados  como 
«individuos rebeldes») ha de conllevar la nulidad de los acuerdos impugnados de la 
mesa del Congreso de los Diputados.
(iv)  El de diputado al Congreso es un cargo electo adquirido con posterioridad al 
auto de procesamiento y del tenor literal del artículo 384 bis se desprende que la 
suspensión allí establecida opera respecto de los cargos que el procesado ostentara en 
el momento en que concurran las circunstancias en él previstas, no respecto de los 
cargos electos adquiridos con posterioridad, como es el caso presente. Se reitera que 
mientras  el  auto  de  14  de  mayo  de  2019,  del  Tribunal  Supremo,  entiende  que  el 
recurrente no puede ser considerado procesado a los efectos del artículo 751 LECrim, la 
mesa del Congreso entiende que sí lo es a los efectos del artículo 384 bis.  O lo que es 
lo mismo: el recurrente es «procesado» a los efectos desfavorables, no a los favorables.
d)  El artículo 384 bis LECrim vulnera el derecho a la presunción de inocencia, así 
como el derecho a la legalidad penal.
En relación con el primero de estos derechos, se dice que la STC 71/1994, de 3 de 
marzo,  FJ  7,  desestimó  los  recursos  de  inconstitucionalidad  interpuestos  contra  la 
disposición controvertida, pero la interpretación del tribunal, según la cual la presunción 
de inocencia del art. 24.2 CE solo se puede llegar a violar por la condena sin pruebas o 
en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer sin las garantías debidas, 
se  encuentra  plenamente  superada  por  el  Derecho  de  la  Unión  Europea  y  su 
interpretación  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.  La  aplicación  del 
artículo 384 bis contiene todos los elementos de una verdadera sanción anticipada, dado 
que, como ha reconocido el instructor (auto de 9 de julio de 2018), esa llamada medida 
cautelar no tiene por objeto ninguna finalidad asociada a garantizar el proceso penal en 
el marco del cual se adopta, por lo que, en tanto que tal sanción, adoptada en este caso 
por la mesa de la cámara, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pero también 
el derecho a un proceso con todas las garantías y a la legalidad penal. Es de aplicación 
el artículo 3 de la ya citada Directiva 2016/343/UE, del Parlamento y del Consejo, por la 
que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de 
inocencia y del derecho a estar presente en el juicio, que establece que «los estados 
miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados 
hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley», lo que debe ser tomado en 
consideración  al  interpretar  el  artículo  24.2  CE.  En  este  sentido,  la  pretendida 
suspensión automática adoptada por la mesa del Congreso no cumple ninguno de los 
requisitos  establecidos  por  el  Tribunal  General  de  la  Unión  Europea  para  que  las 
medidas cautelares sean compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, 
reconocido en el artículo 6.2 CEDH, en el artículo 48.1 CDFUE y en el artículo 3 de la 
Directiva citada (sentencias de 2 de septiembre de 2009, asuntos acumulados T-37/07 y 
T-323/07; de 13 de septiembre de 2013, asunto T-592/11; de 20 de septiembre de 2016, 
asunto T-485/15, y de 20 de julio de 2017, asunto T-619/15). De acuerdo con esa 
jurisprudencia, si bien la presunción de inocencia no se opone a la adopción de medidas  e.
cautelares, sí exige que concurran tres requisitos —estar contempladas en la ley, haber  w.b
sido adoptadas por autoridad competente y estar delimitadas en el tiempo—, aquí no  85ww
ecunm spul iaduotso.  dCeo m9 od ey aju slieo  hdae  s2e0ñ1a8l andoo e, slatá s pursepveisntsaió enn  ala q lueey ,a alul dneo  erel smualtgairs dtrea daop liincsatcruiócnto ar 
Tlorsib duinpault aSduopsr eamfeoc tnaod ohsa;  tsaumsppoecnod idhoa  sciaduot ealdaormpteandtae  paol rr elac uaruretonrtied acdo mcoom dpipeutetandteo,,  psuieensd eol 
incompetente la mesa del Congreso para acordarla, y se recuerda, además, que la
causa especial 20907-2017 viene viciada de incompetencia desde su origen, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye su 
conocimiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de modo que el Tribunal 
Supremo no ha sido competente hasta el momento de la proclamación como diputado 
del recurrente; y, por último, la suspensión no se encuentra delimitada temporalmente, ya 
que, pese a que esta causa especial está vista para sentencia, lo cierto es que lo está 
desde hace meses, siendo manifiesto el incumplimiento del plazo previsto para dictar 
sentencia en el art. 203 LECrim, con la consecuencia de que no existe un verdadero 
término temporal para la suspensión o que se está extendiendo más allá del plazo 
legalmente previsto. Se añade que, pese a que la STC 71/1994, ya citada, señaló que la 
presunción de inocencia no es canon para enjuiciar una medida cautelar, la posterior 
jurisprudencia constitucional declara lo contrario (STC 33/1999, de 8 de marzo). La 
finalidad de prevención general solo es legítima y congruente con la pena, no con la 
adopción de medidas cautelares y lo que se pretende con la suspensión de los diputados 
afectados, así como con la prisión provisional, no es sino una finalidad de prevención 
general (el «acertado retorno al autogobierno», en los términos del auto del magistrado 
instructor,  de  21  de  marzo  de  2018).  Lo  que  pretende  el  instructor  es  aplicar 
anticipadamente las penas de prisión y, en el caso presente, de inhabilitación previstas 
para los condenados por rebelión (art. 473.1 del Código penal), con la consiguiente 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se añade que son trasladables a 
los autos de 9 y 30 de julio de 2018 las consideraciones del primero de los votos 
particulares a la STC 185/2016, de 3 de noviembre. Por lo demás, una interpretación no 
restrictiva del artículo 384 bis no implicaría que dichos derechos fundamentales no 
hubieran sido vulnerados, sino que determinaría la inconstitucionalidad de ese precepto, 
lo  que  obligaría  al  Tribunal  Constitucional  a  elevar  al  Pleno  la  cuestión  de 
inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC).
e)  El  artículo  384  bis  LECrim  vulnera  el  artículo  70.1  CE  en  relación  con  su 
artículo 23.2.
Se vulnera la reserva establecida en el primero de estos preceptos constitucionales, 
en la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional, y con ello los derechos 
reconocidos en el artículo 10.3 TUE y en el artículo 23.2 CE, y por ello procede elevar al 
Pleno cuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Tras citar determinado pasaje 
del FJ 6 de la STC 71/1994, se observa que este precepto legal no responde a la 
naturaleza de la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares, tal y como ha 
sido definida por el tribunal en la STC 238/1992, de 17 de diciembre, FJ 3, y así lo 
reconoce el magistrado instructor en su auto de 9 de julio de 2018, al asegurar que tal 
medida «no tiene por objeto una sujeción personal al proceso o garantizar los eventuales 
pronunciamientos  económicos  del  procedimiento»  y  que  la  regla  «no  viene  sino  a 
prescribir, en negativo, uno de los ‘requisitos’ para el mantenimiento en el ejercicio de 
una función o cargo público», lo que pone de manifiesto que se trata de una norma que 
regula el régimen de incompatibilidades de los diputados. La pretendida distinción entre 
la permanencia en el cargo público que mantendría el recurrente y la permanencia en su 
desempeño, que sería inconciliable con su situación procesal, es artificial y no modifica 
la naturaleza del artículo 384 bis.  En cualquier caso, resulta evidente que de nada sirve 
mantener formalmente el cargo si quien tiene encomendada la representación de los 
ciudadanos  se  ve  absolutamente  privado  de  desempeñarlo  (se  cita,  en  punto  a  la 
institución jurídica de la incompatibilidad, la STC 155/2014, de 25 de septiembre, FJ 2). 
Para acreditar que no se trata de una medida cautelar adoptada judicialmente, se reitera  s
la solicitud como prueba de que el tribunal se dirija al registro central de medidas  oe.
cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, tras de lo cual se concluye que el  w.
artículo controvertido supone un verdadero fraude constitucional. Su caracterización  85ww
ecostmaob lemcee deidl aa rtcícauultoe la7r0 .1d eCl Ep,r oqcuees oh ap eqnuael ridnoo  qpureet esnedae  esl inleog isbluardlaorr  elale crteosrearl veal  qquuee 
ddeetseermmpineeñ ola ssi mcauultsáanse od ed einl cmoamnpdaattiob ilpidaarlda mqueen taimriop idceonn  ad eltoesr mreinparedsaesn staitnutaecsio pnoelsít,i ccoosm eol   BOE-A-cable e
es la de prisión provisional (se cita la STC 72/1984, de 14 de junio, FJ 3). El artículo 384 
bis representa una «restricción de la representación política», en los términos de esta 
última sentencia, por más que dicha incompatibilidad no dé lugar, formalmente, a un 
derecho de opción del cargo electo, sino únicamente a la imposibilidad del desempeño 
de  ese  cargo  durante  el  tiempo  en  que  se  permanezca  en  situación  de  prisión 
provisional.  Se  trata  de  una  verdadera  causa  de  incompatibilidad,  que  solo  puede 
contenerse en la legislación electoral, no en la penal. Ninguna virtualidad tendría la 
reserva del artículo 70.1 CE si esta se pudiera burlar con la configuración de lo que es un 
supuesto de incompatibilidad como medida cautelar ex lege, siendo de recordar que 
incluso  el  cese  en  el  cargo  público  derivado  de  una  sentencia  penal  no  firme  se 
encuentra  regulado,  por  el  mismo  motivo,  como  causa  de  incompatibilidad  en  el 
artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
(LOREG), en relación con su artículo 6.4, no en el Código penal o en la Ley de 
enjuiciamiento criminal.
f)  Los acuerdos impugnados han sido dictados por un órgano manifiestamente 
incompetente:
(i)  Se señala en primer lugar que, si el artículo 384 bis se ha de caracterizar como 
medida cautelar del orden penal, según pretenden tanto el auto del instructor, de 9 de 
julio de 2018, como los acuerdos impugnados, es evidente que cualesquiera medidas 
cautelares  restrictivas  de  derechos  requieren  la  previa  adopción  de  una  resolución 
judicial, de modo que los acuerdos recurridos son arbitrarios, no tienen otra base jurídica 
que unas decisiones del Tribunal Supremo contrarias a Derecho y no cuentan con 
motivación válida alguna, vulnerándose así los derechos políticos del recurrente y los de 
los ciudadanos por los que fue elegido y a los que representa (art. 23 CE, art. 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y art. 25 PIDCP). Se observa al respecto que el auto del 
Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019 no hace referencia alguna a la suspensión de 
los  diputados  y  del  senador  afectados,  de  modo  que  deducir  del  traslado  de  esta 
resolución a las Cámaras el que debían proceder a tal suspensión requiere de una 
importante imaginación, haciéndose notar la diferencia al respecto con el auto de 9 de 
julio de 2018, que sí se refería a la suspensión en su parte dispositiva. Sorprende cómo 
la mesa del Congreso considera implícitamente equiparable lo acordado por ambos 
autos, teniendo en cuenta que en el de 9 de julio de 2018 el Tribunal Supremo se dirige 
directamente a la mesa del Parlamento de Cataluña para dar «plena efectividad» a la 
suspensión, mientras que en este caso es la mesa del Congreso la que decide en su 
acuerdo de 23 de mayo suspender al diputado en aplicación de la legislación procesal. 
Pero, más allá de que los acuerdos recurridos no tengan, como pretenden, amparo 
alguno en el auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, los mismos también 
serían nulos, en razón de que la suspensión acordada por el Tribunal Supremo, de 
existir, debería haber seguido el cauce requerido por el Reglamento del Congreso de los 
Diputados, cuyo artículo 48, apartados 2 y 3, establece que la suspensión compete al 
Pleno, previa elevación de propuesta razonada por la comisión del estatuto de los 
diputados. Cuando la mesa intenta justificar su actuación a partir de la competencia 
subsidiaria del artículo 31.1.7 RCD según el cual le corresponden aquellas funciones 
«que no estén atribuidas a un órgano específico», se obvia que la competencia del Pleno 
es clara y por ello mutatis mutandis resulta aplicable a la suspensión de derechos la 
jurisprudencia sentada por la STC 7/1992, de 16 de enero, FJ 3, en relación con la 
declaración de incompatibilidad de un diputado y sus efectos.
(ii)  En cualquier caso, la mesa no es competente para adoptar una decisión relativa  e.
a la suspensión del recurrente, decisión que afecta al núcleo del estatuto del diputado,  w.b
en contra de lo interpretado, al margen de lo previsto en el Reglamento, en el acuerdo  85ww
dseer á11n  dpeú bjulicnaios ,d dei s2p0o1n9e.  Ecol marotí ceuxlcoe 6p3c.ió1n R qCuDe,  nqou elo e ssetarábnle c«ec uqauned ola ss es etrsaiotenne sc udeesl tpiolenneos 
dcoipnucteardnoie»n, tdees  malo ddoe cqouroe  edset ela p rceácmepatroa  poa rdtee  dseu sl am pireemmbisroas d, eo  qduee  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  luons 
diputados es competencia del pleno.
g)  La  suspensión  decretada  vulnera  los  principios  de  necesidad  y 
proporcionalidad y priva del contenido esencial del derecho de sufragio al recurrente y 
a sus electores, ello sin perjuicio de la vulneración por el artículo 384 bis del derecho 
reconocido en el artículo 23 CE. La situación del diputado recurrente, que es un 
candidato opositor en prisión provisional desde hace prácticamente dos años, le ha 
impedido la asistencia a las sesiones del pleno del Congreso de los Diputados, por 
ejemplo de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Tal situación 
amenaza con introducir una distorsión absolutamente desproporcionada, impropia de 
una democracia, y con alterar, hasta la sentencia, la composición de la Cámara. Si en 
el  auto  de  9  de  julio  de  2018  el  magistrado  instructor  intentó  salvar  la 
desproporcionalidad manifiesta de la suspensión, sin conseguirlo, permitiendo contra 
legem que los cargos y funciones que correspondían a los procesados pudieran ser 
ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas 
candidaturas, de contemplarse así en el Reglamento, en este caso la desproporción 
es más evidente, si cabe. No existiendo suspensión alguna del diputado en el auto 
de 14 de mayo de 2019, la mesa es quien ha decidido dejar al Congreso con cuatro 
diputados electos menos, alterando su composición, vulnerando los derechos de esos 
diputados y de los ciudadanos a los que representan. Esta decisión, en la práctica, 
deja  sin  contenido  el  derecho  de  sufragio  pasivo  del  recurrente,  invocándose  al 
respecto jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se puede 
establecer que una persona es elegible para, acto seguido, impedirle ejercer el cargo 
y mandato; el carácter desproporcionado de esta medida vulnera no solo el artículo 23 
CE,  sino  también  el  artículo  3  del  Protocolo  adicional  1  al  CEDH,  así  como  el 
artículo 25 PIDCP (se cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de  20  de  noviembre  de  2018,  asunto  Selahattin  Demirtas  c.  Turquía).  Esta 
arbitrariedad queda de manifiesto por el hecho de que el recurrente pudo participar en 
la sesión constitutiva del Congreso, incluida la elección de la presidencia y de los 
restantes miembros de la mesa, pues, de ser la suspensión un efecto automático, por 
ministerio  de  la  ley,  como  pretende  el  acuerdo  impugnado,  resulta  difícilmente 
explicable cómo habría podido el recurrente participar en esos actos, que claramente 
se integran en el ius in officium.  Esto pone de relieve que no nos hallamos ante 
acuerdos meramente declarativos, como pretende la cámara, sino ante una verdadera 
decisión  de  la  misma  al  acordar  la  suspensión  prescindiendo  absolutamente  de 
cualquier procedimiento.
h)  La vulneración del derecho fundamental a la participación política del recurrente 
trae causa de la vulneración de los derechos de los diputados, y por extensión de sus 
electores, a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y al derecho de asociación, 
vulneraciones declaradas por el ya citado Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras invocar la STC 10/1983, 
de 21 de febrero, FJ 2, se observa que el magistrado instructor vinculó expresamente, en 
su auto de 9 de julio de 2018, confirmado por el de 30 del mismo mes, la decisión de 
mantener la prisión provisional al hecho de no haber renunciado el recurrente a su 
actividad pública e, incluso, al de haber sido candidato en las elecciones al Parlamento 
de Cataluña, de 21 de diciembre de 2017, y haber sido elegido diputado. También en el 
auto  de  21  de  marzo  de  2018  el  magistrado  instructor  aseguraba  que  la  prisión 
provisional,  como  medida  cautelar,  se  adoptaba  con  el  objetivo  de  garantizar  «el 
adecuado retorno al autogobierno». Ello pone de manifiesto la ilegitimidad constitucional 
de las medidas cautelares adoptadas con anterioridad al auto de 9 de julio de 2018, de  s
las que es corolario la pretendida suspensión como diputados al amparo del artículo 384  oe.
bis, con manifiesto desprecio de los derechos a acceder en condiciones de igualdad a  w.
los cargos y funciones públicos (art. 23.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2  85ww
CdeE )2. 0L1a8  finnoa lideasd  ndineg ulan as urseplaecnisoinóand qau eco sne  epl reptreoncdees oc opne nloasl,  asuintoos  ddee  t9ip oy  3p0o lídtiec oj:u lliao 
alteración de la composición del Congreso de los Diputados, con desprecio también de
las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad y de la propia autonomía del Congreso 
(arts. 71 y 72 CE).
i)  La suspensión decretada vulnera el artículo 12 RCD, de conformidad con el cual 
la presidencia del Congreso «una vez conocida la detención de un diputado o cualquiera 
otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, 
adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos 
y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros». Es sorprendente que la mesa, en su 
acuerdo de 11 de junio de 2019, llegue a entender que para dar cumplimiento a este 
precepto basta con remitir un escrito al Tribunal Supremo y proceder seguidamente a la 
suspensión  del  diputado,  en  contra  de  sus  derechos  y  del  propio  Reglamento  del 
Congreso de los Diputados. No ha habido en este caso ninguna actuación dirigida a 
salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros por parte de 
la presidencia; antes al contrario, habiéndose vulnerado los derechos del recurrente y de 
los ciudadanos a los que representa, en beneficio de la actuación del Tribunal Supremo 
que no ha respetado la separación de poderes ni el Estado de Derecho. Al pretender que 
el Congreso se hallaría vinculado por una supuesta declaración implícita de suspensión, 
la mesa desconoce también la propia autonomía parlamentaria, estrechamente vinculada 
a la separación de poderes, citándose al respecto la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 17 de mayo de 2016, asunto Karacsony y otros c. Hungría.
Con  cita  del  artículo  89.1  LOTC,  se  solicitó  práctica  de  prueba  documental, 
consistente  en  libramiento  de  oficio  al  Registro  Central  de  medidas  cautelares, 
requisitorias y sentencias no firmes para que se certificara si algún juez o tribunal ha 
decretado la medida prevista en el artículo 384 bis LECrim en relación con la condición 
de  diputado  del  señor  Sànchez  i  Picanyol,  así  como  de  la  documentación  que  se 
acompañaba a la demanda.
Con cita de los artículos 53 y 55 LOTC, se pretendió el otorgamiento del amparo y, 
en consecuencia, la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios impugnados 
y el reconocimiento (i) del derecho fundamental del diputado recurrente a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos, en su vertiente del derecho a ejercer su 
condición de diputado en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE); (ii) del derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
CE); (iii) del derecho del recurrente a participar en la vida democrática de la Unión 
(art. 10.3 TUE), todo ello en relación con el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH y 
con el artículo 25 PIDCP, así como de los derechos conexos invocados; y (iv) del 
derecho del recurrente a la presunción de inocencia (arts. 24.2 CE y 48.1 CDFUE), así 
como derechos conexos invocados.
En primer otrosí se interesó, con cita de los apartados 2 y 6 del artículo 56 LOTC, la 
suspensión cautelar de los acuerdos recurridos en amparo.
En segundo otrosí se solicitó que, caso de no estimarse directamente la demanda, se 
remitieran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cinco cuestiones prejudiciales 
cuyos respectivos objetos serían, en esencia, los siguientes: (i) si el artículo 10.3 TUE y 
el artículo 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH amparan el derecho de los parlamentarios 
nacionales a participar en la vida democrática de la Unión a través de los parlamentos 
nacionales, a los efectos, entre otros, de los artículos 5, 10.2 y 12 TUE y de los 
Protocolos 1 y 2, así como en los preceptos aplicables, TFUE, en particular respecto del 
control de la actuación de los gobiernos de los estados miembros en el Consejo Europeo 
y en el Consejo de la Unión y en lo relativo al control de subsidiariedad; (ii) si los 
derechos reconocidos en los artículos 10.3 TUE y 3 del Protocolo adicional 1 al CEDH,  s
en  relación  con  los  principios  de  necesidad  y  proporcionalidad,  se  oponen  a  la  oe.
suspensión de un parlamentario nacional determinante de su imposibilidad absoluta de  w.
participar  en  la  actividad  parlamentaria  para  el  ejercicio  de  las  atribuciones  antes  85ww
rDeisreecñtaivdaa s2;0 1(i6ii)/3 s4i3 /eUl Ed edreel cPhaor laam lae nptore ys udnecl ióCno ndsee join oscee onpcoian ed eal  laa rst.u s4p8e.1n sCióDnF tUemE pyo rlaal 
sdeen utenn pcaiarl;a m(ive)n stai risoe  noapcoionnea l aslo pmreintcidipoi oa  udne  perqoucievsaole pnecniaa ld aenl teDse dreec qhuoe d see  lhaa yUan dióicnt,a deon   BOE-A-cable e
relación con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 47 CDFUE, así como al 
principio  de  efectividad,  el  que  el  Tribunal  Constitucional  se  niegue  a  considerar 
autónomamente las eventuales vulneraciones de derechos derivados del Derecho de la 
Unión  equivalentes  a  los  derechos  establecidos  en  la  sección  primera  del  capítulo 
segundo del título I de la Constitución, teniendo en cuenta que es el único órgano 
jurisdiccional ante el que se puede interponer recurso contra una decisión de la mesa del 
Congreso de los Diputados; y (v) si el principio de efectividad del Derecho de la Unión, 
en relación con el derecho reconocido en el artículo 47 CDFUE, se opone a que el 
Tribunal Constitucional inadmita a trámite dicho recurso, teniendo en cuenta que contra 
dicha decisión no cabría ulterior recurso.
2.  Por  providencia  de  2  de  octubre  de  2019,  el  Pleno  acordó,  conforme  al 
artículo 10.1 n) LOTC, y a propuesta del presidente, recabar para sí el conocimiento del 
recurso de amparo, así como admitirlo a trámite, al apreciar que concurre en el mismo 
una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque plantea un problema o 
afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del Tribunal 
[STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)] y porque el asunto trasciende del caso concreto, 
porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. 
Se acordó asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, que se 
dirigiera atenta comunicación a la presidenta del Congreso de los Diputados, a fin de 
que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes a los acuerdos de la mesa del Congreso de 24 de 
mayo y 11 de junio de 2019, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento, excepto al recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo. En relación con la 
solicitud de suspensión de las resoluciones recurridas formulada en otrosí, el Pleno no 
apreció la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 LOTC que justificara 
su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la 
misma, procedía formar la oportuna pieza separada y, en ella, conceder un plazo de tres 
días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que efectuasen alegaciones 
respecto de dicha petición. Así se acordó por nueva providencia del Pleno, de la misma 
fecha.
3.  Por auto de 29 de octubre de 2019, acordó el Pleno archivar la pieza separada 
de suspensión por pérdida sobrevenida de objeto, toda vez que, disueltos el Congreso 
de los Diputados y el Senado por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, y 
habiendo perdido con ello la condición de diputado el recurrente, los efectos de los 
acuerdos  impugnados  se  han  agotado  en  el  momento  de  resolver  el  incidente  de 
suspensión.
4.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 14 de 
noviembre de 2019, la letrada de las Cortes Generales presentó alegaciones en nombre 
y representación del Congreso de los Diputados. Pueden resumirse como sigue:
A)  Se  inician  las  alegaciones  con  unas  consideraciones  generales  sobre  el 
artículo 55 CE y el artículo 384 bis LECrim:
a)  Tras observar que el fondo de la cuestión que la demanda plantea es la vigencia 
de determinados derechos fundamentales durante la situación de prisión provisional, se 
cita el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria,  e.e
del que se desprende una regla general de conservación de esos derechos pese a la  b
privación de libertad ambulatoria, pero también una previsión de excepción a la regla,  85ww
qbuaesa drae seunlt ela  icnocnocmeprnaitdiboi,l idcaidrc duen setasan cpiari vaac ióvna lcooranr  elc palseuníost igcoacmee yn teej erpcoicri oe dl ela dpelirceacdhoor 
anrotrícmualoti v3o8. 4E bsitsa  LdEisCproimsic, inóonr mleag aml eesdtiáa nstee plaa raqduae  edli alemgeistrlaaldmoer,n cteo nd ec alroá cetsetra baluetcoimdoá teicno  eyl 
sin margen de arbitrio o criterio judicial, anuda la suspensión de funciones o cargos
públicos de cualquier naturaleza a los criterios allí establecidos, cuya concurrencia es 
incuestionable en el caso que nos ocupa. Así se hizo por la mesa del Congreso, sobre la 
base del informe de la secretaría general de la Cámara, del mismo modo en que dicho 
precepto se aplicó por el auto del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018. Por lo que se 
refiere al artículo 55.2 CE, se observa que dentro de la habilitación de tal precepto cabe 
referirse a la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, cuya disposición adicional establece 
que las referencias a la norma de desarrollo del artículo 55.2 CE «se entenderán hechas 
a esta Ley Orgánica». Por lo tanto, el artículo 384 bis es un desarrollo normativo directo 
del artículo 55.2 CE. Tras citar la STC 71/1994, de 3 de marzo, se señala que el auto del 
Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018 (causa especial 20907-2017) se refiere a que 
con esta medida se persigue preservar el orden constitucional, del mismo modo que el 
auto de la Sala de Apelación de 17 de marzo de 2018 justificó la prisión provisional al 
concurrir una situación calificada de «ruptura estructural del Estado de Derecho y de la 
convivencia social». La relevancia de estas consideraciones para analizar la legalidad de 
los acuerdos de la mesa ahora impugnados es evidente, pues tales acuerdos no son 
más que la consecuencia lógica de estar la mesa sujeta al automatismo del artículo 384 
bis,  cuyos  efectos  operan  ex  lege.  El  advenimiento  de  sentencia  en  la 
causa 20907-2017 no tiene efecto alguno para el enjuiciamiento de estos acuerdos, pues 
el que la condena haya sido finalmente por sedición, no por rebelión, no afecta a la 
correcta aplicación que en su día se hizo del artículo 384 bis.
b)  También como cuestión previa, se hace referencia a la relación especial de 
sujeción en la que se encuentra el interno en prisión (arts. 3.1 y 5 de la citada Ley 
Orgánica 1/1979). Esa relación, en el caso de la prisión, se desarrolla precisamente en 
un concreto centro penitenciario, dentro del cual es necesario garantizar y velar por la 
seguridad y el buen orden regimental del centro (STC 119/1996, de 8 de junio), lo que 
implica la necesidad de ajustarse a sus normas de régimen interior (STC 140/2002, de 3 
de junio), pues el interno se integra en una institución preexistente que proyecta su 
autoridad sobre quienes ingresan en ella (STC 175/2000, de 26 de junio). Ello es 
relevante a la hora de justificar los acuerdos impugnados, ya que la mesa no puede 
ignorar, como dice el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1979, que en la situación de prisión 
preventiva el diputado interno se encuentra «retenido» a disposición de la autoridad 
judicial, como autoridad de la que inmediatamente depende.
B)  Se  examinan,  a  continuación,  las  alegaciones  de  haberse  violado  por  los 
acuerdos recurridos el Derecho europeo, alegaciones que deben rechazarse, así como 
el posible planteamiento de la cuestión prejudicial solicitada. Las competencias de la 
Unión Europea son de atribución y su Derecho solo puede invocarse en supuestos en 
que la competencia de la Unión esté afirmada, citándose la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013 en lo relativo a los artículos 6.1 
TUE  y  51.2  CDFUE.  Aplicando  esto  al  caso,  se  afirma  que  la  Unión  no  tiene 
competencias en materia penal, como las aplicadas en el proceso del que derivan los 
acuerdos recurridos. Tampoco tiene competencias la Unión respecto de las condiciones 
de ejercicio del cargo representativo, la composición y funcionamiento de las cámaras, la 
aplicación del Reglamento del Congreso de los Diputados, las situaciones excepcionales 
de  suspensión  de  derechos  fundamentales  dentro  de  los  estados  nacionales  o  la 
aplicación  ordinaria  del  Derecho  por  los  órganos  judiciales,  competencias  todas 
inequívocamente nacionales. De seguirse el criterio de la demanda, las competencias de 
la Unión se extenderían mucho más allá de lo que prevén sus propias normas, en cuanto 
el derecho a la participación en la vida democrática de la Unión del ciudadano legitimaría  e.
su intervención, y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las competencias  w.b
nacionales  citadas  y  en  otras,  sirviendo  este  punto  de  conexión  de  criterio  de  85ww
pinaterlravmenecnitóanri,a .t eUsnis  dqeureec hsoe rvdieríla c idued adaamnpol ísaim eoje rtcítiutalor  epna rlaa s inintesrtviteunciior neens  dlae  alac tUivnidióand 
edjeerricviacriíoa  deen  luan  fudnecreiócnh op oor  cpoamrlpaemteennctaiar iodse  nlaa cUionniaólne sp, airnac lsuuidpoe rvsius aer syta tduest,e rdmeibnearre se,l 
derechos  y  prerrogativas.  Los  principios  esenciales  de  las  relaciones  entre  ambos
ordenamientos  serían  vulnerados  por  una  interpretación  no  coincidente  con  la 
consolidada. Si en el caso del artículo 10.3 TUE se puede sostener que el ámbito 
subjetivo del derecho es el ciudadano de la Unión, no el parlamentario nacional, la 
referencia al artículo 48 CDFUE no es de aplicación, precisamente por no existir una 
competencia específica de la Unión en cuyo desarrollo o ejercicio puedan haberse 
vulnerado esos derechos. La simple invocación de la infracción de este artículo no puede 
crear un título competencial, pues las disposiciones de la Carta no pueden ampliar las 
competencias de la Unión. Otro tanto se dice respecto del artículo 47 CDFUE. No hay, 
por tanto, razones para el planteamiento de una cuestión prejudicial, pues no existe 
infracción del Derecho de la Unión, siendo estrictamente nacionales las cuestiones a las 
que la demanda se refiere.
C)  Considera después la alegación sobre la nulidad de los acuerdos adoptados por 
no  concurrir  los  presupuestos  legalmente  establecidos  para  la  suspensión  de  los 
diputados afectados, vulnerándose con ello los derechos reconocidos en el artículo 10.3 
TUE. Comienza por observar que esta suspensión no es una medida cautelar ordinaria 
de las previstas en el ordenamiento, como sostiene la demanda, sino una restricción de 
derechos al amparo del artículo 55.2 CE. La finalidad de la norma habilitante de la 
suspensión está claramente vinculada con la defensa del orden constitucional, en cuanto 
a cargos públicos, es decir, a personas que ejercen potestad pública. Se resuelve así la 
contradicción  entre  la  condición  de  una  persona  como  ejerciente  del  poder  que  la 
Constitución y la ley le atribuyen y las atribuciones de responsabilidades por ataque al 
citado orden que se le hacen judicialmente. La demanda no analiza en ningún momento 
esa singularidad excepcional del artículo 384 bis ni su conexión con el artículo 55.2 CE y 
parte de la base falsa de que el acuerdo de la mesa es un acuerdo de suspensión más, 
como  el  de  los  supuestos  del  artículo  21  RCD.  Se  añaden  a  ello  las  siguientes 
consideraciones:
(i)  En cuanto a la alegación de la procedencia del previo suplicatorio, con ella se 
soslaya  la  actividad  de  integración  o  relación  del  diputado  con  bandas  armadas  e 
individuos terroristas y rebeldes, lo que es esencial y deriva de la relación entre el 
precepto y el artículo 55.2 CE. La cualificación viene dada por la actividad gravísima de 
destrucción del orden constitucional, lo que impide la consideración del supuesto en el 
caso del artículo 21.1.2 RCD, norma respecto de la que es de preferente aplicación el 
artículo  384  bis,  más  aun  teniendo  en  cuenta  la  disposición  adicional  de  la  Ley 
Orgánica 4/1988. El automatismo que caracteriza la aplicación del artículo 384 bis 
significa que la suspensión es un efecto de la ley, no del Reglamento del Congreso de 
los  Diputados,  porque  la  ley  no  quiere  aplazamientos  o  dilaciones,  lo  que  es 
radicalmente incompatible con lo que supone el suplicatorio. Este último se plantea 
cuando un órgano judicial entiende que hay razones suficientes para continuar con el 
procedimiento penal y la inmunidad le impide continuar, lo que no tiene nada que ver con 
la mecánica del artículo 384 bis, en la que hay un efecto previo que no depende de la 
autorización de la cámara y que afecta no solamente a diputados, sino a los que 
ostentan función o cargo público, siendo evidente que respecto de estos últimos no hay 
suplicatorio que pedir. No existe conexión entre este precepto y el artículo 21 RCD. La 
petición del suplicatorio no tiene efecto suspensivo, de manera que intentar encajar el 
supuesto del artículo 384 bis, de suspensión automática, en el artículo 21 RCD, donde 
esta suspensión no existe, es simplemente invalidar y anular aquel precepto. La primera 
es una norma procesal; la segunda, una norma aplicable a los diputados y conforme a la 
cual, además, la suspensión es de aplicación una vez concedida la autorización, en tanto  e.
que en el artículo 384 bis se parte de una situación en la que la persona ya aparece  w.b
suspendida. Es importante reseñar que la potestad de determinar si el resultado de la  85ww
einllvoe sctoigrraecsiópno njduest isfioclao  laal  pPeotdiceiór nJ uddeic aialzl.a Emnie enlt oc ays os ep rseosliecnittae ,l afu aeu etol raizuatoc iódne  a1 4la d ceá mmaayrao 
idmep 2u0ta1r9  reels pqounes daebciliiddiaód  qau el an oC pármocaerad ías olab rpee tlaic ióinne xdies tesunpcilaic adtoer ios.u pPloicra ttaonritoo,,  pnuoe csa bseu 
otorgamiento o no por la misma depende de que se le curse la previa petición judicial.
Esta  alegación  es  ajena  al  objeto  del  recurso  y  debería  haberse  articulado  como 
impugnación del referido auto de 14 de mayo de 2019.
(ii)  En lo relativo al alegato de que no existe resolución judicial que decrete la 
suspensión, se señala que el artículo 384 bis obliga al Congreso como en su día al 
instructor de la causa, ya que la facultad de dar ejecución a un acaecimiento previsto en 
la  ley  corresponde  a  quien  tenga  la  competencia  objetiva  o  personal.  El  Tribunal 
Supremo no puede sustituir a la mesa en el ejercicio de sus competencias y esto es lo 
que viene a decir el auto de 14 de mayo de 2019. La obligación del Parlamento de 
Cataluña, bajo su responsabilidad, no dependía del auto de 9 de julio de 2018 y la del 
Congreso de los Diputados, también bajo su responsabilidad, tampoco dependía del auto 
de 14 de mayo de 2019. Es una suspensión por ministerio de la ley, que el órgano que 
tiene la competencia ejecuta, correspondiendo en ambos casos a las mesas de los 
parlamentos, al afectar a la suspensión de cargos electos. Pretender una ejecución del 
acuerdo de suspensión por el Tribunal Supremo estaría en clarísimo ultra vires, no por la 
condición especial o privilegiada de diputados y senadores, sino por la aplicación de la 
separación de poderes y del principio de competencia. La demanda sostiene que, a 
diferencia de lo que ocurrió en el caso del Parlamento de Cataluña, en este no hay 
resolución expresa de declaración de la medida cautelar, pero ya se ha señalado que la 
suspensión del artículo 384 bis ya existía en el momento en el que, según la demanda, 
había que dictar otra. La vigencia legal de un estado o situación no depende de que 
deba reiterarse por una razón u otra y por ello mismo el auto de 14 de mayo de 2019 no 
estaba obligado a contener un pronunciamiento sobre la suspensión. Este auto se le 
comunicó a la Cámara, conforme a su parte dispositiva, «a los efectos procedentes»; y 
aunque es verdad que, en esa parte dispositiva no figuraba un acuerdo como el del auto 
de 9 de julio de 2018, ello fue quizá por considerar el tribunal que no era necesario, toda 
vez que los afectados se encontraban ya suspendidos. Sin embargo, en el cuerpo del 
auto hay una clara referencia a que el tribunal considera que la medida de suspensión en 
su  día  acordada  sigue  vigente,  al  hilo  de  rechazar  la  pretensión  de  varios  de  los 
procesados  de  que  la  nueva  condición  de  diputados  electos  exigía  la  petición  de 
suplicatorio. Por tanto, según el propio auto, que fue comunicado al Congreso a los 
efectos procedentes, que no pueden ser otros sino los relativos a la ejecución, las 
medidas de suspensión seguían vigentes en la nueva situación de diputados electos.
(iii)  Es inaceptable la interpretación que hace la demanda del artículo 384 bis en lo 
relativo a la proposición «individuos rebeldes». La interpretación de la STC 199/1987 se 
refirió a los artículos 1 y 22 de la Ley Orgánica 9/1984, luego derogada, en la que 
existían diferencias sustanciales con el artículo 384 bis, ya que se refería a personas 
integradas en bandas armadas o relacionadas con actividades terroristas o rebeldes, 
mientras que el precepto en vigor se refiere a persona integrada o relacionada con 
bandas  armadas  o  individuos  terroristas  o  rebeldes  y  la  referencia  al  individuo  se 
autonomiza  con  toda  claridad  respecto  del  inicio  de  la  referencia,  adquiriendo 
sustantividad  propia.  Por  tanto,  las  consideraciones  de  la  referida  sentencia 
constitucional no son de aplicación en este caso, en cuanto la redacción ya no permite 
sostener que en todo caso es necesaria la integración en banda armada, conclusión que 
parece compartir la demanda, aunque, pese a ello, sostiene que la sentencia tendría un 
efecto interpretativo general que iría más allá de que se tratase de un precepto de la Ley 
de 1984. En cuanto a las referencias de la demanda a la resolución de 12 de julio 
de 2018, del tribunal de Schleswig-Holstein, se señala que las afirmaciones de esa 
resolución no permiten fundamentar la inexistencia del requisito de la rebelión a que se  s
refiere el artículo 384 bis, en primer lugar porque el análisis se realiza en relación con el  oe.
tipo penal aplicable en Alemania y, en segundo lugar, por no ser determinante ni tajante  w.
sobre la existencia o no de violencia y sobre el tipo penal de rebelión. 85ww
bis (nivo)  seP opr uleod qeu ere hfearcire  aa l qauleiegna toe sd ec alarg doe melaencdtoa  cdoen q upeo setel rsiourpiduaedst oa  dleal  afirrtmíceuzloa  3d8e4l 
lporso cqeusea mesieténnto e, ns es iotubasceiróvna  dqeu ep rlias isóuns ppreonvsisióionn aaul tyo mnoá tiscea  vsee  apfreocdtuacdea  rpeosrp leac taod dqeu istoicdióons   BOE-A-cable e
sobrevenida de otra función o cargo público. Al tratarse de una norma de protección del 
orden constitucional, es indiferente que el cargo se haya adquirido en el momento del 
procesamiento y prisión por los referidos delitos o después. Debe entenderse que el 
artículo 384 bis se sigue aplicando en su integridad también a partir del momento en que 
se inicia la ostentación del segundo cargo y lo contrario equivaldría a sostener que el 
precepto  se  aplica  de  manera  intermitente.  La  interpretación  en  este  punto  de  la 
demanda es contraria al espíritu de la norma, que lo que quiere es, sin distinciones entre 
el número de posibles cargos, impedir que alguien, en prisión provisional y procesado 
por los delitos mencionados, pueda ejercer un cargo público o una función pública, ello 
con el objeto de evitar un ejercicio torticero de los mismos o la reiteración de hechos 
punibles. Así deriva también del principio de conservación de los actos del Estado, 
judiciales en este caso. Debe tenerse en cuenta que los efectos de la suspensión del 
artículo 384 bis son los propios de la anticipación de la pena de suspensión de empleo o 
cargo público (art. 43 del Código penal), la cual, a diferencia de la inhabilitación absoluta 
(art. 41 del mismo cuerpo legal), solo contrae sus efectos a la suspensión del ejercicio de 
la función o cargo público y no a la incapacidad futura para acceder a otros, lo que 
explica la situación que se produce en este caso. El demandante, estando suspendido 
para un cargo, ha podido acceder a otro, porque ello no lo impide el artículo 384 bis, 
pero, una vez que accede al cargo, queda, por aplicación del precepto, automáticamente 
suspendido en su ejercicio. En todo caso, la cesación de los efectos de la suspensión 
nunca sucedería por acceder a otros cargos durante el tiempo del procesamiento, como 
pretende  el  demandante,  sino  solo  por  la  ausencia  de  la  concurrencia  de  los 
presupuestos que la legitiman: por el sobreseimiento o absolución; por la conversión en 
sentencia firme de esta medida en la pena accesoria de suspensión de empleo y sueldo 
o por el desprocesamiento o puesta en libertad del procesado. En este caso, la sentencia 
del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, en la causa 20907-2017, fue la que 
provocó  la  cesación  de  los  efectos  del  artículo  384  bis,  al  transformar  la  anterior 
suspensión en pena de inhabilitación.
D)  En cuanto al alegato de infracción de la presunción de inocencia en relación con 
la legalidad penal, se trata de un reproche dirigido a la norma art. 384 bis y no a los 
acuerdos de la mesa, lo que excede de este pleito, aunque por la confusión de la 
demanda al respecto, se entra en el análisis de la cuestión. Tras citar la STC 71/1994, se 
señala que lo que puede llegar a violar la presunción de inocencia es solo la condena sin 
pruebas o en virtud de pruebas irregularmente obtenidas o hechas valer en la causa sin 
las garantías debidas. Se añade que la impugnación se refiere a la inconstitucionalidad 
de una norma con rango de ley, supuesto en el que es de aplicación una diferente causa 
de especial trascendencia constitucional, por cierto no invocada, en cuanto que se 
considera  que  es  la  propia  norma  la  que  infringe  los  preceptos  citados,  lo  que, 
evidentemente, constituye un defecto de la demanda, en cuanto no cita este supuesto de 
especial trascendencia constitucional. Al margen de esto, no hay en la demanda un juicio 
de inconstitucionalidad referido a la propia norma que explique de qué modo se han 
producido las supuestas infracciones. Se parte de la base de que la suspensión no es 
propiamente una medida cautelar de aseguramiento, sino de preservación del orden 
constitucional,  señalándose,  que  en  la  demanda  no  se  menciona  solamente  la 
inconstitucionalidad del precepto, sino otras actuaciones, como las de la mesa de la 
Cámara o la Sala de lo Penal, por lo que existe cierta confusión de reproches. En lo que 
se refiere a la vulneración del derecho a la legalidad penal, no se sabe en qué entra en 
conflicto con el precepto, pues ninguna concreción se ofrece, salvo la referencia a la  e.
naturaleza de las medidas cautelares y a la condición de sanción, directa o indirecta. El  w.b
artículo 384 bis, aunque no sea norma penal, contiene una estructura del precepto  85ww
cdoem upnleat as iytu caocniófonr msoes atel npidrian cpipoior  duen  lpergoacliedsaadm, iseinn toq ufeir mpuee, ddae csocrnitfau ncdoirns ep erel ceisfeiócnto  yle gsainl 
dpurindcaisp ioe n dlea  liengtearlpidreatda csióen ,r ecfoienr eu naa  lnao rnmoarm vaa gpae noa la mmbaitgeuraia,l , sinno  pear julaic iop rodcee sqaule.  Eell 
artículo 384 bis es un precepto completo, en el sentido de que no requiere ninguna
determinación o remisión a otra norma, pues las condiciones de aplicación son claras y 
precisas.  Parece  que  la  demanda  está  planteando  una  suerte  de  cuestión  de 
inconstitucionalidad  sobre  la  figura  de  la  prisión  provisional  y  la  suspensión  del 
artículo 384 bis al no respetar los principios de presunción de inocencia y legalidad 
penal, en la línea de las corrientes doctrinales que abogan por su abolición, por ser una 
institución que viola los principios del Derecho penal garantista, lo cual trasciende con 
mucho el objeto de este pleito.
E)  En cuanto al alegato de infracción de la normativa sobre incompatibilidades, se 
opone que es incorrecto afirmar que un procesamiento por delitos como los que se 
imputan  en  este  caso  sea  asunto  de  incompatibilidad.  La  compatibilidad  o 
incompatibilidad se refieren a una actividad posible y lícita, no a situaciones como las 
descritas en el artículo 384 bis.  No se puede conceder o denegar la compatibilidad con 
la  situación  de  prisión  o  con  la  condición  de  procesado,  pues  son  cuestiones 
absolutamente heterogéneas. El precepto controvertido no trata de incompatibilizar la 
función parlamentaria, sino de proceder a una suspensión ex lege de una persona, 
diputado o no, por el conjunto de requisitos que el precepto menciona. No hay restricción 
derivada de actividades lícitas, pero incompatibles con el cargo por razón de conflicto de 
intereses, imparcialidad u otros motivos, sino una suspensión por razones de orden 
público constitucional, sin que, como reconoce la demanda, exista aquí derecho de 
opción. Tampoco existe concordancia con el supuesto del artículo 6.2 b) LOREG, relativo 
a un supuesto de cese en el cargo público por la existencia de sentencia no firme del 
orden penal. En este caso no hay sentencia, sino un procesamiento. La reserva del 
artículo 70 CE no se puede relacionar con las situaciones derivadas de la sujeción a 
procedimiento penal, que están mencionadas en el supuesto de suspensión, pero no en 
el  apartado  relativo  a  las  incompatibilidades  del  cargo.  Las  consecuencias  de 
determinadas  resoluciones  judiciales  no  se  pueden  integrar  en  las  actividades  del 
diputado; menos aún si se trata de la privación de libertad, pues es esta la determinante 
de la limitación al ejercicio del cargo, no al revés.
F)  Por lo que se refiere a la supuesta incompetencia del Congreso de los Diputados 
y de su mesa, se afirma que la competencia del primero viene establecida en su 
Reglamento, por mandato del artículo 72 CE. La demanda sostiene que la cámara o su 
mesa se han constituido en autoridad judicial y que los acuerdos impugnados han 
incurrido en ultra vires, pero ya se ha dicho que esta suspensión se produce por 
ministerio de la ley. Es la ley, no la mesa, la que determina la suspensión y lo que los 
autos judiciales o la mesa hacen es constatarla y en su caso notificarla a quien proceda. 
No se trata de si la mesa tiene o no competencia para acordar la suspensión, pues esta 
opera ex lege y no de otro modo cabe entender la redacción del acuerdo cuando emplea 
la expresión «declarar automáticamente suspendidos», esto es, por puro efecto del 
artículo 384 bis.  Toda la impugnación está fundada sobre un error básico, que confunde 
una  ejecución  por  un  órgano  competente  de  una  suspensión  automática  con  una 
suspensión acordada por ese órgano. Esto es así incluso para el órgano judicial. El auto 
de 9 de julio de 2018 no declara ni constituye nada, sino simplemente constata la 
producción de un efecto. Lo mismo cabe decir del acuerdo de la mesa. La competencia 
de  esta  no  es  la  de  acordar  la  suspensión,  sino  algo  completamente  diferente, 
incardinable en su competencia genérica de órgano de gobierno para «adoptar cuantas 
decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno 
interiores de la cámara» art. 31.1.1 RCD, operando la cláusula residual de ejercer 
también todas las funciones «que no estén atribuidas a un órgano específico» art. 31.1.7  s
RCD. Además, el artículo 31.1.5 RCD le atribuye la función de decidir la tramitación de  oe.
todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, entendiendo por tramitación  w.
dar el curso conforme a la ley de los citados documentos, en este caso conforme al  85ww
aadrtoícputlóo  s3u8 4a cbuise,r dcou yeons  eefjeercctoicsio v idnec utlaalb acno map leat emnceisaa .d eN oc asleifi cpauceiódne,  oallv ideaxar mqiunea ré slotas 
seusscpriteonss iódne  dloes  logsr udpiopsu tapdaorlsa msoemnteatridiooss  Pao ppruislaiór,n  Cpiruedvaednatinvoas.  Eyl  aVcouxe, rqduoe d es ocliacliitfaicbaacnió nla,   BOE-A-cable e
por otro lado, no es constitutivo. Tampoco cabe invocar que esa competencia tenga 
alguna relación con la del Pleno sobre el estatuto de los diputados, que en su mayor 
parte son resolutivas. El Pleno no tiene intervención alguna en esta cuestión, y tampoco 
la comisión del estatuto del diputado.
G)  Se examina, a continuación, la alegación de vulneración de los principios de 
necesidad  y  proporcionalidad  y  del  contenido  esencial  del  derecho  de  sufragio.  La 
demanda cita en este punto el auto de 9 de julio de 2018, en el que el instructor se 
refiere de forma incidental, y con fundamento discutible, a la posibilidad de sustitución en 
la función de manera plena y temporalmente, alegándose que esa posibilidad no se 
contempla en el auto de 14 de mayo de 2019. La demanda confunde aquí la supuesta 
proporcionalidad de los acuerdos de la mesa, que eran solo de ejecución y adopción de 
las medidas internas necesarias, con la cuestión, más compleja y polémica, que nada 
tiene que ver con los acuerdos impugnados, de la proporcionalidad y necesidad de la 
prisión provisional, sobre la que ya se pronunció de manera favorable el auto de la Sala 
de apelación de 17 de marzo de 2018, lo que no es objeto de este recurso. De nuevo en 
la  fase  de  juicio  oral  se  plantearon  solicitudes  de  libertad  provisional,  citándose  la 
STEDH en el asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, y en varias resoluciones se volvió a 
desestimar esta petición, como en los autos de 25 de enero y de 14 de mayo de 2019, 
cuyas fundamentaciones en parte se transcriben por la letrada de las Cortes Generales. 
No  cabe  sino  remitirse  a  estos  pronunciamientos  judiciales,  al  no  haber  sido  esta 
cuestión objeto de los acuerdos de la mesa. El objeto de este pleito son solo estos 
últimos acuerdos, que aunque evidentemente sean una consecuencia de las decisiones 
judiciales, se diferencian de ellas. Estos acuerdos parlamentarios no cabe considerarlos 
desproporcionados,  pues  se  limitaron  a  constatar  el  efecto  legal  producido  por  el 
artículo 384 bis y a adoptar las medidas de ejecución derivadas de ese efecto. Estas 
últimas  medidas  no  pueden  reputarse  desproporcionadas,  pues  son  las  que 
jurídicamente van asociadas a la pérdida de la condición de diputado y así se explica 
razonadamente en el informe del secretario general. En cuanto a la cuestión de la 
posible sustitución del cargo electo, también estos acuerdos son conformes a Derecho, 
sin perjuicio de que en algunos parlamentos autonómicos exista la posibilidad de una 
sustitución, lo que es una clara anomalía del ejercicio personal e indelegable del cargo. 
Ni esto es lo habitual ni tiene fundamento constitucional. La referencia a una supuesta 
intangibilidad absoluta de la composición de la Cámara que se pretendería garantizar por 
medio de la sustitución supone una clara infracción del mandato representativo, pues la 
Constitución parte de que no se vota a un partido o a una agrupación de electores, sino a 
un candidato integrado en una de esas formaciones, que no pierde su individualidad. Las 
modificaciones en la composición de la Cámara por circunstancias externas a la misma y 
causadas por el mismo diputado no se deben considerar blindadas jurídicamente frente a 
este tipo de consecuencias, pues no se establece en ningún precepto constitucional o 
legal una obligación incondicional de sustitución por otro diputado afín. La existencia de 
un derecho al ejercicio del cargo nunca ha sido incondicionada y las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las que la demanda se refiere no versan 
sobre un caso como el presente, en el que la prisión se ha producido, lo que condiciona 
su participación en la cámara. La detención o prisión es una privación justificada de la 
libertad más elemental y siempre ha regido la regla le criminel tient le civil en état, es 
decir, la primacía de la jurisdicción penal en caso de contradicción con las decisiones de 
otras  jurisdicciones.  Reconocer  una  excepción  por  la  convocatoria  a  los  trabajos 
parlamentarios sería absurdo, excepción, además, que tendría que ser general a la par  s
que discriminatoria respecto de los detenidos o preventivos que no tienen esa condición.  oe.
No se produjo la suspensión sino en el momento en que se adquiría la condición de  w.
diputado, lo que se le permitió llevar a cabo por la Sala de lo Penal y por tanto la  85ww
apdaqrtuiciirpira pclieónna emne nlate  slae scióonn deicsiótanb ad ej udsiptifuictaaddoa.  Lpoo r qluae  nneoc essei dpaude ddee  ccounmclupilrim eise nqtou ep easraa 
ainctteivrvideandceiósn d pee lrap eCtáúme alara c. itSaed aa dcqounideirceió lna  cao enfdeicctióons  dy es ete snuesrp deenrdeec haou tao mpaártitcicaipmaern eten  plaosr   BOE-A-cable e
ministerio  de  la  ley.  Respecto  de  ese  automatismo,  la  invocación  del  canon  de 
proporcionalidad  no  parece  pertinente  y  no  se  justifica  esa  afirmación  en  ningún 
momento. En cualquier caso, debe descartarse que en este supuesto la suspensión 
tuviera el efecto pernicioso de provocar alteraciones no queridas en la composición de la 
cámara, a cuyo efecto se cita el auto de 14 de mayo de 2019, FJ 2.6. También la 
imputación de arbitrariedad debe ser descartada, pues la producción de un efecto legal 
en virtud de una norma sin reproche de inconstitucionalidad no puede ser arbitraria. Lo 
que se produce es una consecuencia de una situación en la que el demandante de 
amparo se ha situado voluntariamente.
H)  En cuanto a la alegada infracción de las libertades ideológica y de expresión y 
del derecho de asociación, se observa que el efecto al que se ha venido haciendo 
referencia no se produce por la opción ideológica soberanista, sino por la integración o 
relación con individuo rebelde. El hecho de que la Constitución no determine un régimen 
de  democracia  militante  no  deroga  la  norma  penal  que,  sometida  al  principio  de 
legalidad, debe ser observada siempre y protege los bienes jurídicos más importantes. Si 
las  conductas  que  dan  lugar  a  los  procedimientos  judiciales  son  lesivas  del  orden 
constitucional, en cuanto atentan a su fundamento, nada tiene ello que ver con la libertad 
de expresión, que no ampara las situaciones de peligro anticonstitucionales (clear and 
present danger test, en el caso Schenk vs. Unitad States, de 1919, del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, con semejanzas evidentes con el caso planteado aquí). Las 
acciones que dieron lugar al reproche penal están ahí, han ocurrido y suponen un peligro 
anticonstitucional que no queda amparado por la libertad ideológica. Tampoco es un 
problema  de  la  llamada  democracia  militante,  sino  de  respeto  al  orden  objetivo 
constitucional, citándose las SSTC 48/2003, de 12 de marzo, y 52/2017, de 15 de junio. 
Se señala que algunas constituciones han regulado el abuso de derechos fundamentales 
(art. 18 de la Ley Fundamental de Bonn); y en este caso los derechos y libertades 
citados no pueden servir de justificación para las acciones que han dado lugar a la 
suspensión.  La  libertad  ideológica  no  ampara  los  hechos  que  se  refieren  en  las 
actuaciones previas que han dado lugar a la demanda de amparo, observándose que el 
límite a los derechos reconocidos en el párrafo primero del artículo 16 CE es el orden 
público protegido por la ley STC 46/2001, de 15 de febrero.
I)  Por lo que se refiere al alegato de infracción del artículo 12 RCD, en relación con 
la actuación de la presidenta del Congreso de los Diputados en orden a salvaguardar los 
derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros, se señala que lo que se hizo 
fue defender la necesidad de que la cámara actúe conforme a Derecho, que es el 
fundamento de su prerrogativa. Sin adecuación a la Constitución y a la ley no hay 
prerrogativa, ni de la cámara ni de sus miembros. La autonomía parlamentaria a la que 
hace referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 17 de 
mayo de 2016, en el asunto Karacsony y otros c. Hungría, no es una licencia para 
vulnerar el ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE). Ello determina que las facultades de la 
presidencia en relación con el artículo 12 RCD no están desvinculadas de la licitud o 
ilicitud de las actuaciones que eventualmente hubieran afectado el ejercicio del mandato 
del diputado por una actuación judicial o gubernativa.
Se concluyó con la súplica de que se desestimara en su integridad la demanda de 
amparo.
5.  Mediante escrito que tuvo entrada en el registro general del tribunal el 19 de 
noviembre de 2019 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. Pueden resumirse en 
los términos siguientes: e.
A)  Se comienza abordando las siguientes cuestiones, que pueden calificarse de  85ww
preliam) inaAruensq:ue el demandante ha perdido la condición de diputado por la disolución de
las Cortes Generales (Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre) y, posteriormente,
por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, se estima que subsiste el objeto del recurso de amparo y la necesidad de 
pronunciamiento sobre la pretensión deducida, puesto que el recurso se interpone contra 
los acuerdos de la mesa del Congreso que declararon la suspensión en el ejercicio del 
cargo que en aquel momento ostentaba, ello con independencia del alcance que, en su 
caso, pudiera tener un pronunciamiento estimatorio.
b)  El examen de la pretensión de amparo debe quedar delimitado a los actos y 
decisiones sin valor de ley emanados de los órganos de las cámaras legislativas, sin que 
quepa, por tanto, la posibilidad de entrar a enjuiciar a través de un recurso de amparo 
parlamentario  supuestas  lesiones  de  derechos  fundamentales  que  realmente  son 
atribuidas a previas decisiones o resoluciones de órganos jurisdiccionales, aunque se 
alegue que en tales decisiones puede estar el origen de las lesiones de derechos 
fundamentales  producidas,  posteriormente,  por  las  decisiones  o  acuerdos 
parlamentarios. Las decisiones o resoluciones de los órganos jurisdiccionales a las que 
se  atribuye  lesión  de  los  derechos  fundamentales  del  recurrente  solo  podrán  ser 
enjuiciadas acudiendo a la vía del artículo 44 LOTC, tras el agotamiento previo de la vía 
judicial, como ha hecho el demandante con respecto a las decisiones de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo relativas a la aplicación del artículo 384 bis LECrim, (recurso 
de amparo 5222-2018).
c)  La alegación de una supuesta vulneración del derecho a participar en la vida 
democrática de la Unión Europea (art. 10.3 TUE, en relación con el artículo 3 del 
Protocolo adicional 1 al CEDH y el artículo 25 PIDCP), que se dice en la demanda debe 
ser examinada de manera autónoma, se presenta por el propio recurrente supeditada al 
ejercicio  del  cargo  parlamentario.  De  conformidad  con  el  artículo  10.3  TUE,  los 
ciudadanos están representados en la democracia representativa que es la Unión a 
través del Parlamento Europeo y por tanto su participación en la vida democrática de la 
Unión se produce, bien directamente, si se presentan y son elegidos miembros de dicho 
Parlamento, bien a través de esos miembros elegidos por los ciudadanos. Se añade que 
la vulneración del artículo 10.3 TUE que también se alega en relación con el artículo 69 
TFUE o con el Protocolo 1 al TFUE, sobre el cometido de los parlamentos nacionales, no 
es propiamente una vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en la vida 
política de la Unión, pues estos están representados por los miembros del Parlamento 
Europeo. Lo que se plantea por el recurrente es realmente una vulneración mediata, en 
cuanto está referida a la vulneración de las funciones de colaboración o de control sobre 
sus gobiernos de los parlamentos nacionales, supuesta lesión esta cuyo examen no 
puede realizarse de manera autónoma respecto de la suspensión del ejercicio del cargo 
de diputado nacional (art. 23 CE). La supuesta vulneración del derecho a la participación 
en la vida democrática de la Unión solo podría ser admitida si se apreciase que la 
suspensión en el ejercicio del cargo de parlamentario nacional carece de legitimidad 
constitucional.
B)  Se considera, a continuación, la aducida lesión del derecho al ejercicio en 
condiciones de igualdad del cargo de representación política, enjuiciamiento que debe 
hacerse partiendo de la propia autonomía parlamentaria (art. 72 CE) y de la naturaleza 
de ese derecho fundamental como de configuración legal (art. 23.2 CE). Se señala lo 
siguiente:
a)  En cuanto a la inadecuación del procedimiento seguido para la declaración de 
suspensión y la necesidad de previa autorización de la cámara con tramitación de 
suplicatorio  (art.  21.1.2  RCD),  el  demandante  traslada  al  amparo  parlamentario  los  e
mismos argumentos esgrimidos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para  bo
solicitar la suspensión del juicio oral en tanto se solicitaba tal autorización, argumentos  85ww
dCeosnegsrteimsoa dao slo sp oerf elcat ossa lpar oecne daeuntote sd,e l o1 4q udee d imo aluyog adr ea l2 i0n1ic9io,  ndoetli feicxapdeod iae nltae  msoebsrae  dloesl 
eancu eqrudeo s uanh ordaip iumtapduog napduoesd.e S es eorb sseurvsap eqnudeid eol,  aratíccougloe  2l1o sR CsDu,p aule estsotas bldeec ern laotsu rcaalesozas 
parlamentaria,  lo  que  no  excluye  que  puedan  existir  otros  motivos  de  suspensión
legalmente previstos. Dado que en este caso la sala de lo penal rechazó que fuera 
procedente la solicitud de autorización a la cámara, no cabe estimar que la mesa debiera 
haber considerado que para la suspensión del ejercicio del cargo fuera de aplicación el 
procedimiento del artículo 21.1.2 RCD, puesto que, como se pone de manifiesto en los 
acuerdos  impugnados  y  según  el  propio  demandante  reconoce,  no  concurren  los 
presupuestos que este precepto reglamentario contempla, en particular el relativo a la 
previa autorización por la cámara del objeto de un suplicatorio. La discrepancia con la 
resolución jurisdiccional que rechaza la procedencia de formular esa autorización no 
puede ser planteada a través del recurso de amparo parlamentario, sino a través del 
cauce del artículo 44 LOTC.
b)  Se rechaza que los acuerdos de la mesa que declaran la suspensión automática 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 384 bis LECrim sean nulos, por haber sido 
adoptados en contra del Reglamento del Congreso de los Diputados, careciendo de 
competencia, con arbitrariedad o sin motivación. La mesa ha ejercido su competencia 
residual (art. 31.1.7 RCD) motivadamente, en particular en su acuerdo de 11 de junio. 
Esta declaración de suspensión producida ex lege no puede considerarse ilegítima. No 
se está ante un supuesto de suspensión de naturaleza parlamentaria. También ha de 
descartarse que estos acuerdos sean nulos porque no exista previa resolución judicial 
expresa que se pronuncie sobre la aplicabilidad de la medida de suspensión, pues 
estando vigente la suspensión establecida en el artículo 384 bis, la mesa se limitó a 
declarar esa vigencia y efectividad de la suspensión. El pronunciamiento judicial previo 
no solo debe estimarse implícito en el auto de 14 de mayo de 2019, como dice la mesa, 
sino que también cabe deducirlo de la reiteración expresa que de dicho auto se hace por 
la sala en el oficio de 22 de mayo de 2019, en contestación a la solicitud de la presidenta 
del Congreso sobre la aplicación del artículo 384 bis.
c)  En contra de los acuerdos impugnados, el recurrente alega otras cuestiones que 
resultan ajenas a la decisión parlamentaria, en las que lo que se pone de manifiesto es 
su desacuerdo con la interpretación y aplicación que del precepto procesal han hecho los 
órganos  de  la  jurisdicción  penal.  Sobre  estas  cuestiones,  interpretación  del  inciso 
«individuos rebeldes» del artículo 384 bis o su exclusiva aplicabilidad a los cargos que el 
procesado «estuviera ostentando», no cabe hacer ninguna consideración en el presente 
amparo parlamentario, debiendo ser suscitadas a través de los recursos legalmente 
procedentes frente a las resoluciones judiciales que determinaron la concurrencia de los 
presupuestos y operatividad del artículo de referencia, así lo ha hecho el recurrente en el 
recurso de amparo 5222-2018. Los acuerdos de la mesa se limitan a constatar que, 
conforme a las resoluciones del Tribunal Supremo, concurrían los presupuestos del 
artículo 384 bis, sin que le fuera dado a la Cámara entrar a revisar tales decisiones 
jurisdiccionales. Sin perjuicio de ello, en lo que concierne a la alegación sobre los cargos 
públicos  respecto  de  los  que  opera  la  medida  de  suspensión,  la  mesa  declara  la 
suspensión con efectos de 21 de mayo, que es el momento en el que el recurrente, 
procesado por delito de rebelión y en prisión preventiva, estaba ostentando de modo 
pleno el cargo de diputado, por lo que también desde el punto de vista de una aplicación 
literal y lógica se estaba suspendiendo el ejercicio del cargo que «se estaba ostentando» 
por el demandante.
d)  Tampoco los acuerdos son arbitrarios o desproporcionados. La finalidad legítima 
de  la  suspensión  que  contempla  el  artículo  384  bis  se  pone  de  manifiesto  en  la 
STC 71/1994, con arreglo a la cual la necesidad y proporcionalidad de la suspensión 
resulta  de  la  valoración  que  hace  el  legislador  sobre  el  riesgo  que  para  el  orden  s
constitucional representa la continuidad en el ejercicio de cargos y funciones públicos de  oe.
aquellos a los que formal y provisoriamente se atribuye el haber actuado gravemente  w.
contra  el  orden  democrático.  El  hecho  de  que  el  recurrente  acudiera  a  la  sesión  85ww
csoinnos tqituueti vrae sdpeo nlad eC áam loa rrae,s eule 2lt1o  dpeo rs leap stiaelma berne ,s nuo a ruetvoe «lad ela 1 n4o  dnee cjuelisoid daed  2d0e1 l8a» m [seicd]i,d aa,l 
amuatnotreiznaíra  lap asraal idqau ed eals cisetinetrraon p ae nlaitse nsceiasrioion eas l ocso npsrotitcuetsivaadso sd ecl uCyao nsgitrueascoi óon  ddeel  Spreisniaódno s ae   BOE-A-cable e
fin de hacer posible la adquisición de la condición plena de diputado o senador, cargos 
para  los  que  resultaron  electos  y  de  los  que  no  eran  privados  por  la  medida  de 
suspensión. A la mesa no le correspondía revisar la proporcionalidad y necesidad de la 
suspensión,  medida  que  no  es  desproporcionada,  pues  el  derecho  fundamental  al 
ejercicio del cargo representativo no es absoluto, transcribiéndose un pasaje del FJ 6 de 
la ya citada STC 71/1994. Por lo que hace a la cita en la demanda de la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Selahattin Demirtas c. Turquía, se 
señala que, sin perjuicio de que la misma no sea definitiva pues fue elevada a la Gran 
Cámara  el  18  de  marzo  de  2019,  la  Sala  de  lo  Penal  sí  se  pronunció  sobre  la 
proporcionalidad de la medida de prisión y descartó, en su auto de 14 de mayo de 2019, 
que la doctrina invocada fuera trasladable a los procesados, por no darse las mismas 
circunstancias objeto de examen en aquella sentencia.
C)  Se  alega,  a  continuación,  sobre  la  aducida  vulneración  del  derecho  a  la 
presunción de inocencia y del derecho a la legalidad penal (arts. 24.2 y 25.1 CE):
a)  Se reitera que la reproducción en el presente recurso de las alegaciones sobre 
lesión de derechos fundamentales atribuidas por el recurrente a los autos del Tribunal 
Supremo que se pronunciaron sobre la efectividad de la medida del artículo 384 bis debe 
considerarse una indebida utilización del amparo parlamentario. Ello no obstante, se 
argumenta sobre la atribución de tales lesiones a la mesa del Congreso.
b)  En cuanto a la indebida aplicación automática del artículo 384 bis, se observa 
que  la  doctrina  constitucional  ha  establecido  la  compatibilidad  de  la  presunción  de 
inocencia con la adopción de medidas cautelares (STC 71/1994, FJ 7). En el caso 
presente no estamos ante una medida cautelar cuya efectividad se haga depender del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional con el margen de apreciación que corresponde a 
los tribunales y sujeta al juicio racional de ponderación, sino que la apreciación sobre la 
proporcionalidad de la medida en relación con la finalidad legítima que la justifica ha sido 
realizada por el legislador. Por lo que se refiere a la invocación en la demanda de los 
artículos 6.2 CEDH, 48.1 CDFUE y 3 de la Directiva 2016/343/UE, así como de la 
jurisprudencia del Tribunal General de la Unión que no se refiere a medidas cautelares 
en un proceso penal, sino a las adoptadas por un órgano de la propia Unión, se observa 
lo siguiente:
(i)  El recurrente no alega tanto una falta de previsión legal de la medida, sino su 
desacuerdo con la aplicación, que entiende solo procede en caso de procesamiento de 
individuos rebeldes relacionados con bandas armadas. Esta alegación lo que en realidad 
supone  es  la  impugnación  de  la  interpretación  y  aplicación  hecha  por  los  órganos 
judiciales, impugnación que debe ser rechazada, no solo porque tal interpretación y 
aplicación es cuestión de legalidad ordinaria, sino porque la posible revisión de las 
mismas es ajena a las facultades de la mesa del Congreso.
(ii)  El  recurrente  reitera  la  falta  de  competencia  de  la  mesa  para  aplicar  el 
artículo 384 bis, pero la mesa se limitó a constatar la vigencia y efectividad de tal 
precepto en base a las resoluciones del Tribunal Supremo. Respecto de la alegación 
sobre la incompetencia del Tribunal Supremo para conocer de la causa especial contra el 
diputado  recurrente,  debe  descartarse  que  la  misma  pueda  ser  traída  al  presente 
recurso. Frente a las correspondientes decisiones se han podido utilizar los recursos 
procedentes, antes de acudir al amparo constitucional.
(iii)  No es cierto que la medida carezca de toda delimitación temporal. Se trata de  s
una medida provisoria cuya delimitación temporal está vinculada a la concurrencia de los  oe.
presupuestos a los que se conecta, de modo que cualquier variación en el delito por el  w.
daqeuu teo 2ms0eá1 t8ifcu. aeEm npe rnoctceue asslqainud ioee rfo e cceatnos ,o l,ac  olsami tuoma ecsideói ndp aud seqo u pedrdiesói ó mns aindn eifetieefersmctotio n aearnál   edqliu seao ulvltaeo r msdeee  dla9ids a d Ceq uojerutdelioes    2020-9785n https://ww
Generales y posteriormente tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de
octubre de 2019. Se rechaza asimismo que la medida vulnere la presunción de inocencia
por estar únicamente justificada en razones de prevención general, reiterándose que no 
se trata de una medida cautelar sujeta a la apreciación de los jueces, sino establecida de 
manera imperativa por el legislador con la finalidad legítima de garantizar que aquellos 
respecto de los que, al menos provisoriamente, concurren indicios de haber cometido 
delitos de extraordinaria gravedad que atentan contra los pilares del orden democrático, 
no puedan continuar desempeñando funciones o cargos públicos cuyo ejercicio aparece 
conectado con el interés colectivo, citándose de nuevo la STC 71/1994.
c)  En cuanto a la solicitud de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad sobre 
el propio artículo 384 bis, se indica que no cabe considerar que este precepto vulnere 
directamente los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, sin que el 
recurrente haya justificado que concurran nuevas circunstancias que justifiquen que el 
tribunal deba plantearse de nuevo un examen de constitucionalidad de la medida de 
suspensión del ejercicio de funciones o cargos públicos respecto de la ya realizada en la 
STC 71/1994. En lo que al principio de legalidad se refiere, el recurso no ofrece ningún 
argumento de desarrollo autónomo que permita conocer las razones por las que se 
considera vulnerado este derecho fundamental. Tan solo cabría poner esta supuesta 
vulneración en relación con la denuncia de falta de previsión legal de la medida de 
suspensión para garantizar la presunción de inocencia, lo que se refiere realmente a una 
discrepancia con la interpretación y aplicación judicial de los presupuestos a los que el 
precepto legal vincula la aplicación de la medida cautelar, por lo que debe igualmente 
desestimarse una vulneración del principio de legalidad.
d)  La  demanda  se  refiere  también  al  planteamiento  de  cuestión  interna  de 
inconstitucionalidad sobre el mismo artículo 384 bis por infracción de la reserva de ley 
orgánica electoral —art. 70.1 CE— para las causas de inelegibilidad e incompatibilidad 
de diputados y senadores, infracción de la que resultaría la vulneración del derecho 
enunciado en el artículo 23.2 CE. Este alegato debe rechazarse, no solo porque el 
recurrente  emplea  este  planteamiento  de  manera  alternativa  tras  sostener  que  la 
suspensión tiene naturaleza de medida cautelar que infringiría los derechos de los 
artículos 23.2, 24.2 y 25 CE, sino porque no cabe atribuir a la suspensión la naturaleza 
de una causa de incompatibilidad. Esto es así porque la suspensión que se considera no 
solo abarca todos los cargos públicos representativos, sino también todos los cargos y 
funciones públicos no representativos, sin distinción; porque, en segundo lugar, no cabe, 
como el recurrente reconoce, ejercitar derecho de opción; y porque, por último, el hecho 
de que esta suspensión no responda al libre ejercicio de la potestad jurisdiccional, al 
resultar imperativa ex lege, ni tenga como finalidad garantizar el buen fin del proceso, no 
le  otorga  la  naturaleza  de  una  causa  propia  del  régimen  de  incompatibilidades, 
citándose, de nuevo, la STC 71/1994.
D)  Por lo que se refiere al alegato de haberse violado los derechos de libertad 
ideológica, de expresión y de asociación (arts. 16.1, 20.1 y 22 CE), se señala que el 
recurrente trata, a través del amparo parlamentario, de articular una nueva instancia en 
la que exponer las supuestas vulneraciones producidas por las resoluciones judiciales, 
que no pueden ser enjuiciadas a través de un recurso como el presente, cuyo objeto son 
solo  las  decisiones  y  acuerdos  de  los  órganos  parlamentarios.  En  el  recurso  de 
amparo  4855-2018,  interpuesto  contra  los  autos  de  9  y  30  de  julio  de  2018,  los 
recurrentes  alegaron  la  vulneración  de  estos  derechos  fundamentales,  lo  que  fue 
rechazado por la fiscalía, a cuyas alegaciones se remite ahora. Sin embargo, en el 
recurso de amparo 5222-2018, interpuesto por el actual recurrente contra esos mismos  e
autos, no se alegó la vulneración de estos derechos que ahora se invocan. Esta falta de  bo
denuncia previa supone que el recurrente trataría de hacer valer per saltum dichas  85ww
alelesigoón elas , vsuinln eqruaec ióhna ydae  deesntuonsc diaedroe clhaoss m einsm laa ss oelnic iatuqdu edle r erceucrosnos iddee raacmiópna rdoe. lT aacmupeordcoo 
de 2S4e d ceo mncalyuoy ód ec o2n0 1la9 ,s qoulicei tduedc dlaer óq luae s sues pdeensseióstnim aaurtao meál trieccau.rso en la totalidad de sus
motivos.
6.  Por providencia de 21 de julio de 2020, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el mismo día, mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
Se impugnan en este recurso, por el cauce del artículo 42 LOTC, sendas resoluciones 
de la mesa del Congreso de los Diputados, dictadas, respectivamente, el 24 de mayo y 
el 11 de junio de 2019. Mediante el primero de estos acuerdos, el órgano de gobierno de 
la cámara declaró «automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y en los 
derechos y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso» a cuatro diputados, 
entre ellos a quien hoy demanda amparo, con efectos desde el 21 de mayo del mismo 
año, fecha en la que unos y otros adquirieron tal condición, por concurrir, se puntualizó las 
«circunstancias  necesarias  para  la  aplicación»  del  artículo  384  bis  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento  criminal  (LECrim),  precepto  legal  este,  importa  recordarlo  desde  un 
principio, en el que se dispone que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión 
provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o 
individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo 
público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la 
situación de prisión». Instada por el recurrente, junto a otros diputados, la reconsideración 
de  esta  decisión  con  arreglo  al  artículo  31.2  del  Reglamento  del  Congreso  de  los 
Diputados (RCD), la mesa adoptó la segunda de las resoluciones impugnadas y confirmó 
en ella su acuerdo inicial con referencia, ya expresa, al auto de 14 de mayo de 2019, 
dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 20907-2017, y 
del que se remitió testimonio «a los efectos procedentes» a la presidenta del Congreso de 
los Diputados, procedimiento penal en el que el demandante actual fue, junto a otros, 
procesado en su día, figurando a la sazón como acusado por un presunto delito de 
rebelión art. 472 y concordantes del Código penal y en el que se hallaba, y así se dispuso 
en dicho auto que siguiera, en situación de prisión provisional. Como con detalle ha 
quedado expuesto en los antecedentes de esta sentencia, ambos actos parlamentarios 
habrían deparado, a decir de la demanda, la infracción de los derechos fundamentales del 
recurrente a la presunción de inocencia y al ejercicio de su cargo de diputado de los arts. 
24.2 y 23.2 CE, en relación, este último derecho, con el enunciado en el apartado primero 
del  mismo  precepto,  así  como,  en  conexión  con  estas  lesiones  principales,  la 
conculcación, también, de otros derechos susceptibles de amparo, los enunciados en los 
artículos 16.1, 20.1 a), 22, 24.1 y 25.1 CE, preceptos junto a los que se invocan, los 
artículos 9.3, en lo que hace a la interdicción de la arbitrariedad, 70.1 y 72.2 de la misma 
norma  fundamental;  determinadas  reglas  del  Derecho  de  la  Unión  Europea  —tanto 
originario como derivado— y otras enunciadas en tratados internacionales de aquellos a 
los que remite el artículo 10.2 CE, además de los preceptos del Reglamento del Congreso 
de los Diputados que se estiman de pertinente consideración; fundamentaciones jurídicas 
del recurso, que serán en lo que sigue pormenorizadas y debidamente consideradas. 
Bastará recapitular por el momento —con remisión a los antecedentes— que en su virtud 
se pide no solo el reconocimiento de los derechos que así se dicen violentados y la 
consiguiente anulación de los actos impugnados, sino también, llegado el caso, tanto la 
promoción de cuestión interna de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC) sobre el mentado 
artículo  384  bis  LECrim  como  el  planteamiento  de  cuestiones  prejudiciales  de 
interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la acomodación  e.e
o  no  de  las  resoluciones  impugnadas,  o  del  precepto  legal  en  el  que  buscaron  b
fundamento, al Derecho de la Unión que en la demanda se invoca (art. 267 del Tratado de  85ww
funcTioannatom liae nrteop drees lean Utancióiónn  Eduerlo Cpeoan)g.reso de los Diputados como el Ministerio Fiscal han
rpeecduidrsoo,  dseeg aúmn ploasro t.é Hrmanin oesx prueessutmo,i daossim eins mloo ,q dueet earnmteincaeddaes,  loab íjencteiognrae sd feosremsatilmesa cfrieónnt ed eal 
parte de lo aducido en la demanda, reparos que afectarían no tanto a la viabilidad del
recurso  como  tal,  cuanto  a  la  procedencia  de  algunas  de  sus  fundamentaciones 
jurídicas.
Así queda trabada, en síntesis, la controversia constitucional entre las partes. No 
cabe entrar en su examen y resolución sin despejar algunas cuestiones preliminares, 
tanto de orden procesal como sustantivo.
2.  Cuestiones procesales previas.
A)  La impugnación por el recurrente de la suspensión parlamentaria en su cargo de 
diputado al Congreso no ha perdido objeto de manera sobrevenida por el hecho de que 
cesara definitivamente en esa condición tras la disolución de la Cámara y convocatoria 
de elecciones por Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, (art. 68.4 CE), antes de 
que recayera, el 14 de octubre del mismo año, sentencia del Tribunal Supremo en la 
causa especial 20907-2017, resolución judicial en la que fue condenado a nueve años de 
prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta y que hubiera deparado por sí, de no 
mediar aquella disolución, idéntico resultado. El enjuiciamiento del tribunal se concreta, 
según muy reiterada jurisprudencia, en atención al momento y circunstancias de la 
formulación  de  la  demanda  de  amparo,  a  fin  de  dilucidar  si  pervivía,  entonces,  la 
vulneración de derechos que se adujo en tal sentido (por todas, STC 3/2020, de 15 de 
enero, FJ 1).
B)  Tanto la representación del Congreso de los Diputados como el Ministerio Fiscal 
han  observado  que  el  recurso  de  amparo  incurriría,  en  cuanto  a  alguna  de  sus 
fundamentaciones jurídicas, en determinados defectos, por más que a los mismos no 
asocien consecuencias o pedimentos específicos. El tribunal, en todo caso, no comparte 
estos reparos:
a)  Señala, en particular, la letrada de las Cortes Generales que «constituye un 
defecto de la demanda» el no haberse hecho en ella mención específica, al justificar la 
especial  trascendencia  constitucional  del  recurso  (art.  49.2  LOTC),  a  la  posible 
inconstitucionalidad del artículo 384 bis LECrim, invalidez de esta norma legal que la 
representación actora no deja de aducir bien que subsidiariamente, y que supondría, 
dice la representación del Congreso de los Diputados, una «diferente causa de especial 
trascendencia constitucional» respecto de las argumentadas en la demanda. Lo que así 
se alega —con referencia implícita a la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 c)— es, a 
efectos procesales, de todo punto irrelevante. La demanda ha satisfecho la carga que 
impone el mentado artículo 49.2, precepto que de ninguna manera exige que quien 
recurra invoque todas y cada una de las causas de especial trascendencia constitucional 
que pudieran concurrir en el caso, pues también respecto del levantamiento de esta 
carga vale decir lo que el tribunal tiene declarado a propósito del presupuesto objetivo 
que fija el artículo 50.1 b) LOTC, esto es, que la especial trascendencia constitucional y 
su justificación por la parte, se exige del recurso, no de cada uno de sus concretos 
motivos [STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 2 a)] y menos aún, como con este alegato 
parece pretenderse, de unas u otras de sus fundamentaciones en Derecho.
El recurso muestra, ya en un plano objetivo, especial trascendencia constitucional en 
atención  a  lo  razonado  en  la  providencia  por  la  que  fue  admitido  a  trámite, 
(antecedente 2 de esta sentencia). Debe adicionalmente tenerse en cuenta, a estos 
efectos, la especial posición de los recursos de amparo de origen parlamentario (art. 42 
LOTC), recursos que, además de su posible repercusión general, ya constatada en 
aquella providencia, se promueven siempre sin haber contado con una vía judicial previa  s
en la que defender los derechos fundamentales que se dicen infringidos (STC 110/2019,  oe.
de 2 de octubre, FJ 1, entre otras). w.
sdeía d biinc) veonOc vabudsloneserv raaadl  poposer,d  lsioru s a pe anlarut enm ceeials dMao isdn eies ntela lro iocs á Famirstaíccraaul l oqqsuu ee1  6ar.e1lgc,u o2nn0os.s1id  edyr e2a 2rloa sC,  Eadr,et .nr eo3c 1hfu.o2es r RoqnCu eDe n,h  ossuuy    2020-9785n https://ww
acuerdo inicial de suspender a quien recurre en el ejercicio del cargo de diputado, con lo
que se da a entender que tales quejas se vendrían a formular ahora sin haber respetado
la  subsidiariedad  del  recurso  de  amparo.  Esta  objeción  no  puede  ser  tampoco 
compartida.  Es  cierto  que  la  exigencia  de  haber  agotado  las  instancias  internas 
parlamentarias deriva, conforme a la jurisprudencia constitucional, del citado principio de 
subsidiariedad, así como del debido respeto a la autonomía parlamentaria, de tal modo 
que no cabe recabar el amparo de este tribunal si la lesión pudo haber sido remediada 
mediante procedimientos parlamentarios que sin embargo no se utilizaron (STC 96/2019, 
de 15 de julio, FJ 4). Pero no lo es menos, según se advirtió en la sentencia citada, que 
la demanda muy bien puede, en esta vía de amparo, «desarrollar la argumentación 
esbozada  en  la  solicitud  de  reconsideración»,  siendo  de  tener  en  cuenta,  a  este 
respecto, que aquellos derechos fundamentales se invocan en el actual recurso, junto a 
otros, en relación o por conexión con aquellos en los que de modo principal se motiva la 
demanda, que son los declarados en los artículos 23.2 y 24.2 CE por lo que hace, en 
cuanto a este segundo precepto, a la presunción de inocencia, derechos, estos últimos, 
que sí fueron oportunamente citados en la solicitud de reconsideración en su momento 
planteada. Basta con constatarlo así para desechar este aparente reparo, ello con 
independencia de que, como se señalará en el fundamento jurídico siguiente, el tribunal 
no podrá entrar, pero por razones ya del todo distintas, en el examen de las lesiones que 
se dicen sufridas en los derechos enunciados en los artículos 16.1, 20.1 y 22 CE.
C)  No procede, en fin, la práctica de prueba que en la demanda se ha solicitado, 
con cita del artículo 89.1 LOTC, a efectos de que se librase oficio al registro central de 
medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, Real Decreto 95/2009, de 6 de 
febrero, para que por este organismo se certificara «si por cualquier juez o tribunal se ha 
decretado la medida prevista en el artículo 384 bis en relación con la condición de 
diputado» de quien recurre. No se trata solo de que, conforme a aquel artículo 89.1, el 
tribunal solo acordará la práctica de prueba «cuando lo estime necesario» y de que tal 
necesidad no sea de apreciar si los extremos sobre los que aquella hubiera de versar 
pudieran acreditarse en virtud de lo previsto en el artículo 88.1 LOTC, de conformidad 
con el cual esta jurisdicción podrá recabar de los poderes públicos y de los órganos de 
cualquier administración la remisión del expediente y de los informes y documentos 
relativos  a  la  disposición  o  acto  origen  del  proceso  constitucional  (al  respecto, 
STC 155/2017, de 21 de diciembre, FJ 2). Se trata de que lo que así se interesa en la 
demanda lo es para dilucidar o confirmar la naturaleza, cautelar o no, de la medida 
prevista en el repetido artículo 384 bis, aspecto sobre el que unas partes y otras han 
expuesto sus respectivos pareceres y que constituye, como es obvio, una quaestio iuris, 
no facti, acerca de la que el tribunal no necesitaría, si el caso llegara, de ilustración 
específica.
3.  Cuestiones sustantivas previas.
Es inexcusable, de otra parte, una depuración inicial de las censuras por lesión de 
derechos que se formulan en el recurso de amparo, reproches que, en algunos casos, se 
aducen sin argumentación jurídica alguna y que en otros sí se fundamentan, pero por 
referencia a supuestas infracciones que, a tenor de la demanda, no serían en absoluto 
imputables a los acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que se impugnan, 
únicas resoluciones aquí enjuiciables:
A)  No le corresponde a esta jurisdicción, en cuanto a lo primero, suplir o reconstruir 
las  razones  de  los  recurrentes  en  amparo  cuando  estas  no  se  aportan  al  recurso 
(SSTC 13/2016, de 1 de febrero, y 9/2020, de 28 de enero, FJ 1 de una y otra), y se  e.
incumple con ello la carga procesal de quien debe proporcionar la fundamentación  w.
fáctica y jurídica que es de esperar y que se integra en el deber de colaborar con la  85ww
ajuhsotircaia d ed etal nT rcibounnsatal nCteo ndsotcitturicniao nimalp, oSnTeC e x6c1lu/2ir0 1d9e,l  ednej u6ic idaem imenatyoo q, uFeJ  s2e.g Euilr áre eclo erdxaatmoreion 
dfuen dalam ehnitpaoletést icqau e vlear ifdiceamciaónnd ad ein voaclgau naal sm  adreg enla sd e ctoondcou lcraazcoionnaemsi endteo   judreírdeiccoh oos   BOE-A-cable e
desarrollo argumental. Así ocurre con la cita, carente de motivación, del derecho a la 
tutela judicial efectiva, sin indefensión (art. 24.1 CE); y otro tanto es obligado decir 
respecto de la mención de los derechos a la legalidad penal y a un proceso con todas las 
garantías (arts. 25.1 y 24.2 CE), derechos que la demanda viene a decir infringidos, sin 
más, a resultas o como consecuencia de la vulneración, esta sí fundamentada, de la 
presunción de inocencia del actor. Acaso la cita de aquel principio de legalidad en 
materia sancionadora, así como del derecho a un proceso con todas las garantías, en el 
que se integra la exigencia nulla poena sine iudicio (STC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 5), 
responda  tanto  al  criterio  de  la  demanda  —erróneo,  según  se  dirá—  de  que  el 
artículo 384 bis LECrim establece o anticipa una sanción penal como a las censuras que 
en  ella  se  formulan  a  las  actuaciones  judiciales  en  la  ya  citada  causa 
especial 20907-2017, tachas que pudieran guardar relación con aquella invocación del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Sobre la impropiedad en esta vía de 
unas censuras y otras se dirá algo de inmediato. Sea como fuere, a quien recurre 
correspondía aportar el razonamiento que omitió y que el tribunal, ciertamente, no ha de 
articular mediante conjeturas propias.
B)  Se encauza este recurso por la vía del artículo 42 LOTC y en él se impugnan tan 
solo actos parlamentarios de la mesa del Congreso de los Diputados que pudieran haber 
violado los derechos fundamentales del actor ya de manera inmediata, ya por haber 
aplicado  aquel  órgano  de  gobierno  una  legalidad  inconciliable  con  la  Constitución. 
Ningún acto u omisión directamente imputable a otro poder público podría ser enjuiciable 
en el presente procedimiento, lo que es en este momento de subrayar, visto que la 
demanda también censura de manera reiterada, como consta en los antecedentes, unas 
u otras de las actuaciones judiciales seguidas en la causa especial 20907-2017, y así ha 
sido advertido, con razón, por el Ministerio Fiscal y por la representación del Congreso 
de los Diputados. Reproches de tal género al Poder Judicial —cuyo cauce exclusivo 
sería el del artículo 44 LOTC— no solo empañan la necesaria claridad que cabría 
esperar de la demanda de amparo (art. 49.1 LOTC). Desvirtúan también el sentido o 
dirección de algunas de sus fundamentaciones jurídicas y causas de pedir, lo que obliga 
ahora a la consiguiente precisión y determinación sobre lo que no puede ser imputable a 
los actos impugnados ni pretendido, por tanto, en el actual recurso:
a)  Así ocurre, en primer lugar, respecto de la aducida infracción de los derechos 
fundamentales del actor a las libertades ideológica, de expresión y de asociación [arts. 
16.1, 20.1 a) CE], la demanda cita, por error, el apartado d) de este artículo, y 22.1 CE, 
derechos que se dicen conculcados por obra de resoluciones dictadas, en fase de 
instrucción, en la causa especial 20907-2017; en particular, aunque no solo, por lo que 
hace a la prisión provisional del demandante. Se afirma al respecto que tales decisiones 
judiciales se adoptaron, indebidamente, en atención a la ideología de quien recurre, al 
hecho de no haber renunciado a su actividad pública y a la circunstancia de haber sido 
candidato, y resultado elegido, en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 21 de 
diciembre de 2017, razón por la cual el auto del magistrado instructor de 9 de julio 
de 2018, confirmado en apelación por otro del día 30 del mismo mes, no perseguía sino 
una finalidad de «tipo político» al comunicar a la mesa de la cámara autonómica que el 
recurrente, entre otros, había quedado suspendido automáticamente en su cargo de 
diputado por imperio del artículo 384 bis LECrim. Es de todo punto obvio que no puede 
este tribunal, entrar en el examen de censuras tales. No se trata solo de que con ellas se 
pretenda  controvertir  una  declaración  de  suspensión  legal  en  un  cargo,  el  de 
representante en el Parlamento de Cataluña, distinto al de diputado al Congreso para  e.
cuya integridad se busca hoy amparo. Se trata de que estas supuestas lesiones de  w.b
derechos  serían  solo  imputables,  de  haberse  verificado,  a  resoluciones  del  Poder  85ww
aJurtdícicuilaol  4q4u eL OtiTeCne.n su cauce exclusivo de depuración a través de lo establecido en el
formbu)l adOat rfore tnatnet oa  sloes  haac tdoes  dimejpaur gsneandtoasd op, opr ohr arbaezrosnee ds eicdléanratidcoa se, nr eeslploesc tloa  dseu slpae qnusieójan 
como  diputado  de  quien  demanda  sin  la  previa  concesión  por  el  Congreso  de  un
suplicatorio cuyo planteamiento habría sido inexcusable en este caso, con la consiguiente 
infracción del derecho enunciado en el artículo 23.2 CE, precepto junto al que la demanda 
invoca  los  artículos  71.2  CE  y  21.1.2  RCD.  En  la  primera  de  estas  dos  últimas 
disposiciones determina la Constitución, que «durante el período de su mandato» los 
diputados «gozarán […] de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante 
delito», no pudiendo «ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara 
[…]».  La  norma  reglamentaria  también  citada  prescribe,  a  su  vez,  que  el  diputado 
«quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios» al margen supuestos 
disciplinarios, irrelevantes ahora, y la suspensión, también ajena al caso, del apartado 2 
del mismo artículo 21, a raíz de una sentencia firme de condena «cuando, concedida por 
la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se 
hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta». Entiende la demanda que 
la suspensión aquí acordada por la mesa del Congreso fue, a la luz de estas normas, 
irregular y lesiva del derecho fundamental para el que se busca amparo (art. 23.2 CE). No 
procedería esta medida de suspensión, sino para el caso de que, previamente, la Cámara 
hubiera dado su autorización al correspondiente suplicatorio; tesis que por lo demás, y 
como bien se ve, viene a afirmar —implícita, pero inequívocamente— la inaplicabilidad al 
recurrente, sin más, del artículo 384 bis: la suspensión de un diputado procesado en firme 
y en situación de prisión, en efecto, solo sería legítima —con exclusión de aquel precepto 
de ley, de alcance sin embargo general— en las circunstancias contempladas en el 
artículo 21.1.2 RCD. Sobre esta última conclusión, que afecta ya al fondo del proceso, se 
habrá de volver más adelante.
El tribunal, sin embargo, no podrá examinar en el presente recurso si, como se 
afirma, el Tribunal Supremo, venía obligado a cursar el correspondiente suplicatorio al 
Congreso. La mesa de la Cámara dijo aplicar o dar cumplimiento, en los actos que se 
impugnan, a lo dispuesto en el artículo 384 bis y es de advertir que si los presupuestos 
para la suspensión prescrita en tal norma, mantenimiento, en lo que hace al caso, tanto 
del  procesamiento  ya  firme  como  de  la  prisión  provisional  por  los  delitos  en  ella 
contemplados, hubieran requerido, en su momento, del correspondiente suplicatorio y de 
la consiguiente autorización del Congreso de los Diputados, la omisión del primero de 
estos actos, condicionante de los ulteriores, sería, en hipótesis, tan solo imputable al 
órgano judicial que no lo cursó a la Cámara debiendo haberlo hecho (al respecto, en 
términos generales, SSTC 123/2001 y 124/2001, ambas de 4 de junio), nunca a esta 
última o a cualquiera de sus órganos que, como es de todo punto obvio, solo pueden 
tramitar y pronunciarse a estos efectos cuando así se les pida, art. 750 y concordantes 
LECrim. Dicho queda con ello que a la mesa del Congreso no cabe en modo alguno 
achacarle, como se hace, la suspensión en el cargo de diputado de quien demanda 
amparo sin la previa tramitación y concesión de un suplicatorio que se dice inexcusable, 
pero que no solo no fue interesado en la causa especial 20907-2017, sino sobre cuya 
improcedencia se pronunció expresamente, con razón o sin ella, la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo en auto de 14 de mayo de 2019, confirmado en súplica por otro de 3 
de octubre del mismo año. Decisiones judiciales, que pueden ser impugnadas ante el 
Tribunal Constitucional, pero solo a través del cauce del artículo 44 LOTC, como lo ha 
hecho  el  demandante  actual,  por  lo  demás,  en  el  recurso  de  amparo  6720-2019. 
Cuestión distinta, y que sí habrá de ser considerada en esta sentencia, es la de si 
corresponde  en  exclusiva  al  Reglamento  del  Congreso  de  los  Diputados  y  a  su 
artículo  21.1.2  la  previsión  y  regulación  de  los  supuestos  en  los  que  pueda  ser 
suspendido en el ejercicio del cargo un diputado procesado y en prisión preventiva. Así  s
lo sostiene el recurrente. oe.
Cuanto antecede acota ya, en sus términos, el objeto del presente recurso de  w.
amparo, ceñido a examinar y resolver si se vulneraron o no por los actos de la mesa del  85ww
Calo negjerercsioci od,e  sloins  Dtriapbuatasd oilse gqíutiem saes ,i mdpeul gcnaarng,o lo sd ed erreepcrheosse fnutnadnatem eqnutea leoss tdeenl tóre cyu rrae nsteu 
porredseunn dceió cno dnes idineorcaecniócnia d (ea lratss.  q2u3e.2ja sy  q2u4e.2 a CntEe) .é Al sl etr idbeudnuazl clea nc o(prroers tpoodnadse,  SdTeCte r3m6i/n2a0r1 8e,l   BOE-A-cable e
de 23 de abril, FJ 2), y en este caso el enjuiciamiento se habrá de iniciar por la que tiene 
un alcance más general, esto es, por la que se fundamenta en la afirmada conculcación 
del derecho, que a todos corresponde, a la presunción de inocencia. Solo tras ello 
procedería considerar si se lesionó o no la singular posición y el específico derecho del 
recurrente como representante político. Aunque para abordar tales extremos es preciso, 
con carácter previo, recapitular sumariamente la doctrina constitucional sobre el precepto 
legal que ocupa, en las alegaciones de unas y otras de las partes, una posición central.
4.  Jurisprudencia constitucional acerca del artículo 384 bis LECrim.
Este  tribunal  ha  tenido  ya  ocasión  de  pronunciarse  sobre  el  carácter  y  la 
constitucionalidad de la medida prescrita en el precepto legal de referencia. Así lo hizo 
en  la  STC  71/1994,  de  3  de  marzo,  FFJJ  6  y  7,  dictada  en  recurso  de 
inconstitucionalidad, y otro tanto acaba de hacer —reiterando, en lo procedente, aquella 
primera resolución— en la STC 11/2020, de 28 de enero, FFJJ 7 a 9, recaída en un 
recurso  de  amparo  avocado  por  el  Pleno,  y  que  se  interpuso  contra  resoluciones 
judiciales que interpretaron y dieron cumplimiento a esta norma legal en el curso de la 
propia causa especial 20907-2017 que está en el origen de los actos parlamentarios que 
se  impugnan  en  el  presente  procedimiento.  Y  de  igual  modo  se  manifiesta  la 
STC 38/2020, de 25 de febrero, FJ 6, resolutoria de un recurso de amparo, avocado por 
el Pleno, e interpuesto en su momento, junto a otras personas, por el aquí recurrente. 
Por  ello  es  preciso  traer  ahora  a  colación  la  doctrina  sentada  en  esas  sentencias 
constitucionales, ya que la misma aportará la fundamentación precisa para la resolución 
de algunas de las cuestiones, no de todas, planteadas en este recurso de amparo. 
Procede, pues, sintetizar como sigue tal jurisprudencia, sin perjuicio de remitir ahora in 
integrum a lo razonado al efecto en una y otras resoluciones del tribunal:
A)  Por lo que hace a la naturaleza y alcance de la medida que aquí aplicó la mesa 
del Congreso de los Diputados es de recordar lo siguiente: (i) la suspensión que impone 
este precepto no tiene carácter punitivo o sancionador [SSTC 71/1994, FJ 7; 11/2020, 
FJ 9 B), y 38/2020], y constituye un efecto inmediatamente ligado por la Ley procesal a la 
adopción de sendos autos de procesamiento y de prisión provisional que afecten a 
imputados que estén integrados o relacionados con «bandas armadas o individuos 
terroristas o rebeldes» [SSTC 71/1994, FJ 6; 11/2020, FJ 7 b), y 38/2020, de 25 de 
febrero]; (ii) la medida es provisional, vinculada como está a aquellas resoluciones 
judiciales y a su mantenimiento, y surge automáticamente de la propia ley, sin dejar 
margen alguno en su aplicación a los «órganos destinatarios de la norma», más allá de 
la verificación de la concurrencia de sus presupuestos procesales (SSTC 71/1994, FJ 6; 
11/2020, FJ 8, y 30/2020, de 25 de febrero); (iii) esta suspensión ex lege del ejercicio de 
la función o cargo públicos no trae causa de lo previsto en el artículo 55 CE, en 
cualquiera de sus dos apartados (capítulo V del título primero de la Constitución: «De la 
suspensión de derechos y libertades»), sino que engarza directamente con los derechos 
del artículo 23.2 CE, en tanto que derechos de configuración legal, [SSTC 71/1994, FJ 6, 
y 11/2020, FJ 9 B) a)]; y (iv) la restricción así establecida por el legislador es también 
aplicable, conforme a su tenor literal y significado gramatical, a los procesados en firme y 
en  prisión  provisional  por  su  presunta  participación  en  un  delito  de  rebelión 
[STC 11/2020, FJ 9 B) b)].
B)  La STC 71/1994 apreció ya la constitucionalidad, en el marco de lo entonces 
planteado, del artículo 384 bis y a tal pronunciamiento se han referido, las recientes  s
SSTC 11/2020, FJ 8, y 38/2020 de 25 de febrero. La conclusión a la que llegó aquella  oe.
primera sentencia es del mayor relieve, en orden a lo que también hoy, de manera  w.
esinisndtgeirue lcdateraeb,s as teqe u aecr gohunamsbtiertáunncta iod enena  sl ceomrn uotrebasj etyrt oea,,   feaenvn o lore sdl  efpu lrnaed svaeamnlitedene tzpo drso eqcl eupderie msciiegepuntetoon ,l, e dagelag lu,c noponossr  imdmeárasat ciqciuóeens    2020-9785n https://ww
específica. Basta ahora con recordar que el tribunal valoró entonces que la norma
controvertida en aquel recurso de inconstitucionalidad no entraba en colisión con los
derechos fundamentales enunciados en los artículos 23.2, en cuanto a la permanencia 
en el ejercicio de la función o cargo público, con especial referencia a los cargos de 
naturaleza representativa y 24.2, en relación con la presunción de inocencia, de la 
Constitución: (i) constató el tribunal, por lo que refiere al primero de estos derechos, que 
la medida de suspensión impuesta en el precepto impugnado «ha de afectar, precisa y 
exclusivamente,  a  los  procesados  y  presos  que  lo  hayan  sido  por  aparecer  —sin 
perjuicio de lo que resulte del juicio oral— como integrados o relacionados ‘con bandas 
armadas o individuos terroristas o rebeldes’, es decir, previa la ‘imputación formal y 
provisional de criminalidad’ […] por delitos que conllevan ‘un desafío mismo a la esencia 
del Estado democrático’ […]», de tal modo que «[l]a excepcional amenaza que esta 
actividad criminal conlleva para nuestro Estado democrático de Derecho justifica, sin 
duda,  una  medida  provisional»  como  la  controvertida,  con  la  conclusión  de  que  el 
supuesto contemplado en el artículo 384 bis bien podía ser visto por el legislador «como 
inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de 
funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con la concesión 
de cualquier permiso de salida de prisión para la realización de actos concretos que 
supongan ejercicio de tal función o cargo»; en definitiva —añadió el Tribunal— «la regla 
enjuiciada  no  viene  sino  a  prescribir,  en  negativo,  uno  de  los  ‘requisitos’  para  el 
mantenimiento en el ejercicio de una función o cargo público, concretamente el no 
encontrarse en situación de prisión provisional como consecuencia del procesamiento» 
por tales delitos, «una condición, en suma, cuya legitimidad y proporcionalidad no la 
hace contraria al contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 23.2 
CE», FJ 6, razonamiento al que se refiere, asimismo, la STC 11/2020, FJ 8, donde se 
añade, en coherencia con lo transcrito, que «la exigencia de proporcionalidad se cumple 
en la configuración legal de los supuestos ante los que nace la restricción», de modo que 
«la exigencia de motivación de los actos aplicativos de la norma se proyecta únicamente 
sobre el juicio relativo a la existencia de sus presupuestos legales»; (ii) por lo que hace al 
examen de la norma legal a la luz de la presunción de inocencia, el tribunal, tras recordar 
que esta garantía constitucional permanece viva cuando se ha dictado un procesamiento 
y es compatible con la adopción de medidas cautelares, vino a concluir que «la norma 
constitucional que reconoce este derecho fundamental (art. 24.2 CE) no resulta canon 
adecuado  para  el  enjuiciamiento  del  art.  384  bis  LECrim,  pues  ni  la  medida  de 
suspensión en él prevista constituye pena alguna ni su adopción, por lo mismo, queda 
condicionada por la realización de actividad probatoria de cargo» FJ 7, apreciación que 
ha  de  entenderse  en  el  contexto  del  procedimiento  entonces  resuelto  y  ante  el 
argumento impugnatorio de que la medida de suspensión solo podría imponerse como 
pena accesoria y al término de un proceso en el que, mediante prueba de cargo, se 
hubiera destruido la invocada presunción de inocencia.
Es ya posible, a partir de cuanto antecede, entrar en el examen y resolución de las 
quejas planteadas en este recurso.
5.  Sobre la aducida conculcación del derecho del recurrente a la presunción de 
inocencia art. 24.2 CE.
Este derecho fundamental habría sido violado, según la demanda, tanto por las 
resoluciones de la mesa del Congreso de los Diputados que se impugnan como también, 
según un planteamiento en apariencia subsidiario, por el propio artículo 384 bis LECrim 
al que dijeron dar cumplimiento aquellos actos, apreciación que lleva a la representación 
actora a instar, que llegado el caso, se promueva cuestión interna de constitucionalidad  e
sobre el precepto legal conforme al art. 55.2 LOTC. Se aducen al respecto el artículo 6  bo
del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades  85ww
afucnudsaamdae ndtael eusn a(C iEnfDraHc)c, iópno rs ere pfereresnucmiae  ainl oncúemnteer oh a2s tad eq utael  spure ccuelpptaob: il«idTaodd ah apyear ssoidnoa 
pleoglíatilcmoesn, te(P IdDeCclPa)r,a ddae» a, neál loagrtoíc tuelon o1r,4 y.2  ddeetel rmPaincatod aisn tenronramcaiosn dael l dDe edreecrehcoh does  lcai vUilensió ny 
Europea: artículo 48.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión (CDFUE),
de  enunciado  parejo  al  de  las  anteriores  normas,  y  la  Directiva  2016/343/UE,  del 
Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso 
penal  determinados  aspectos  de  la  presunción  de  inocencia  y  el  derecho  a  estar 
presente en el juicio. Entiende en cuanto a esta última cita el recurrente que debiera este 
tribunal, de no estimar directamente el recurso de amparo, plantear cuestión prejudicial 
de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con relación a dicha 
normativa comunitaria (art. 267 TFUE).
La fundamentación en Derecho de esta queja se ciñe a la aseveración de que la 
suspensión del actor en el ejercicio de su cargo de diputado al Congreso constituyó una 
«verdadera sanción anticipada», sin que exista «distinción práctica» alguna entre tal 
medida y una pena de inhabilitación, pues la suspensión controvertida habría tenido aquí 
una finalidad —contraria a la Constitución— de retribución y de prevención general, 
según  demostrarían  determinados  incisos  y  pasajes,  que  se  citan,  de  resoluciones 
judiciales dictadas en la instrucción de la causa especial 20907-2017. Dice la demanda 
no desconocer que la ya referida STC 71/1994 apreció, FJ 4 B), que el artículo 384 bis 
no resultaba contrario a la presunción constitucional de inocencia, si bien observa que la 
interpretación  que  allí  habría  hecho  el  tribunal  de  lo  garantizado  por  este  derecho 
fundamental «se encuentra plenamente superada» por el Derecho de la Unión Europea 
conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a cuyo efecto se trae 
a colación, asimismo, la STC 33/1999, de 8 de marzo, FJ 7: «no es finalidad válida de la 
prisión  provisional,  en  atención  precisamente  a  la  presunción  de  inocencia,  ni  la 
retributiva ni la de prevención general», fines, que señaló esa sentencia y se transcribe 
ahora, que «solo son legítimos y congruentes con la pena». Se afirma, por lo demás, que 
se habría desconocido, en este caso, la doctrina del Tribunal General de la Unión relativa 
a  lo  exigible  a  las  medidas  cautelares  en  atención  al  principio  de  presunción  de 
inocencia, previsión legal, adopción por autoridad competente y limitación temporal.
Tanto la representación del Congreso de los Diputados como el Ministerio Fiscal se 
han opuesto a esta pretensión. La letrada de las Cortes Generales lo ha hecho por 
referencia —en síntesis— a lo razonado y decidido, al respecto, en la STC 71/1994. El 
Ministerio Fiscal ha argumentado que la medida de suspensión que aquí se adoptó —de 
carácter  obligado—  no  tuvo,  en  contra  de  lo  que  se  reprocha,  una  finalidad  de 
prevención general ni resultó contraria, por lo mismo, a la presunción de inocencia, en su 
vertiente de regla de tratamiento. Una y otra parte insisten en que no cabe en este 
proceso enjuiciar lo resuelto, con carácter previo, por los órganos judiciales.
A)  No es cosa de pormenorizar ahora, por innecesario, la constante y muy reiterada 
jurisprudencia de este tribunal sobre la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Baste con 
recordar en síntesis, por todas las múltiples resoluciones en este sentido, que «como 
regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha 
sido declarado así tras un previo juicio justo […] y que como regla de juicio en el ámbito 
de la jurisdicción ordinaria se configura como un derecho del acusado a no sufrir una 
condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda 
razonable» (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3; en términos análogos, STC 4/2020, 
de 15 de enero, FJ 7, en recurso de amparo promovido por quien hoy demanda). La 
doctrina del tribunal es, para una y otra de las dimensiones mencionadas, plenamente 
consecuente  con  la  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  como  impone  el 
artículo 10.2 CE, y así se ha de precisar, en particular, por lo que hace a la primera 
vertiente —regla de tratamiento—, sobre la que la demanda parece hacer singular 
énfasis (sentencia, entre otras, de 15 de octubre de 2013, asunto Gutsanovi c. Bulgaria,  e.
§ 191 y 192). Otro tanto prescribe, para tal aspecto de la presunción de inocencia, el  w.b
Derecho de la Unión Europea: el artículo 4.1 de la Directiva 2016/343/UE, recién citada y  85ww
qmueed ildaa rse pnreecseesnatraiacsió pna aract ograar ainnvtiozacar ,q duies,p monieen qtruaes  n«olo ss ee hstaaydao sp rmobieamdob rloas c ualdpoapbtialirdáand  ldaes 
luans  saoustpoericdhaodseos  op aúcbuliscaads oy c olans  arreresoglluoc aio lnae lse yj,u ldaisc iadleecsl aqraucei onnoe ss epaúnb licdaes  ceofnedcetunaad anso  psoer 
refieran a esa persona como culpable».
Ni los actos parlamentarios directamente impugnados, ni la norma legal de la que 
traen causa, han violado la presunción de inocencia del actor.
B)  Así  se  ha  de  afirmar,  en  primer  lugar,  por  lo  que  hace  a  la  interdicción 
constitucional de toda condena sin suficiente prueba de cargo, lícitamente obtenida y 
hecha valer y apreciada por el juzgador con las garantías del debido proceso. Ni el 
artículo 384 bis LECrim establece sanción o pena alguna [SSTC 71/1994, FJ 7; 11/2020, 
FJ  9  B),  y  38/2020,  de  25  de  febrero,  FJ  6,  antes  referidas]  ni  su  aplicación  o 
cumplimiento por la mesa del Congreso de los Diputados ha deparado la condena del 
demandante. El precepto legal no es norma punitiva, sino establecedora de una medida 
provisional vinculada, de manera inmediata y necesaria, a otras previas —procesamiento 
firme y prisión provisional— adoptadas por la autoridad judicial. Un tipo de previsión 
normativa no insólito, por lo demás, en nuestro ordenamiento (véase, por ejemplo, el 
artículo 383.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Más no es 
preciso añadir a este respecto.
C)  Pero tampoco ha sufrido el recurrente daño alguno en el derecho fundamental 
que invoca por haber sido tratado como culpable en las resoluciones impugnadas ni por 
conllevar tal trato, objetivamente, la propia disposición que impuso su suspensión como 
diputado. Procede, en este aspecto, puntualizar lo siguiente:
a)  El artículo 384 bis es de aplicación inmediata y necesaria cuando concurran los 
presupuestos en él fijados, presupuestos que deben ser conformes al ordenamiento y, en 
primer lugar, a la Constitución y a la presunción de inocencia del procesado con firmeza 
—por los delitos que la norma dice— para quien se dicte auto de prisión provisional, (en 
cuanto a esta medida cautelar, entre otras, y con carácter general, SSTC 67/1997, de 7 
de abril, FJ 2; 177/1998, de 14 de septiembre, FJ 3, y 5/2020, de 15 de enero, FJ 11). 
Desde luego que tal conformidad puede, en su caso, ser controvertida y enjuiciada en 
vía judicial y, cuando proceda, en amparo constitucional (art. 44 LOTC), pero en modo 
alguno controlada por el órgano que ha de llevar a término, sin más, lo prescrito en la 
norma legal y prestarle así efectividad, so pena de dar lugar con ello a una espuria 
fiscalización, no jurisdiccional, de decisiones judiciales vedada por el artículo 118 CE y 
de  privar  de  toda  eficacia  a  una  disposición  de  ley  que  demanda,  cuando  sus 
condiciones se cumplan, ejecución terminante. Más allá de la constatación de si estas 
condiciones han quedado debidamente acreditadas, el órgano en cada caso llamado a 
dar curso, en línea directa de ejecución, a lo prescrito en la norma no puede, ni desoír ni, 
como se advirtió en la STC 11/2020, FJ 8, modular su mandato, y de ello se sigue, con 
claridad plena, que, recurridos tales actos de cumplimiento en vía constitucional, no es 
posible tampoco imputar a los mismos infracciones de derechos fundamentales en que 
pudieran haber incurrido las resoluciones judiciales que son premisa de la suspensión 
que el precepto impone; vulneraciones nunca achacables —en general— a un «acto 
debido, puramente reglado» [STC 2/2020, de 15 de enero, FJ 3 c)], por más que dicho 
acto hubiera de decaer, si alguno de sus presupuestos resultara finalmente anulado.
Es necesario advertir lo que antecede porque la demanda de amparo, impugna en 
este punto las resoluciones parlamentarias mediante censuras que sin embargo dirige, 
explícitamente, a las resoluciones judiciales que acordaron, en su día, el procesamiento 
y la prisión provisional del recurrente, resoluciones a las que se reprocha, entre otras 
cosas, la pretensión de «aplicar anticipadamente, antes de que se dicte sentencia, las 
penas de prisión e inhabilitación» y de las que la suspensión declarada e impugnada 
sería «solo el corolario». Este es un recurso de amparo interpuesto por el cauce del 
artículo  42  LOTC,  de  modo  que,  conforme  a  razones  ya  expuestas  con  detalle  e.
[fundamento jurídico 3 B) que antecede], el tribunal nada ha de decir ante supuestas  w.b
infracciones de derechos fundamentales deparadas por actos judiciales. 85ww
impubg) naEnn h amyoadno c oanlgsiudneora dcoa barlí ad edmeacnird aqnutee  clauslp arbelseo dluec iiolínceitso  aplgaurlnaom eon qtaureia sse mqueeja nstee 
avaplloicraadcoió.n N eos tséu fprrióe seeln atec,t osri qlueiseiróan  daelg munaan eerna  ismup dlíecriteac, heon  ae ls perro epnioto pnrceecse ptrtaot aledgoa lc oamquoí 
inocente, no obstante la acusación que sobre él pesaba.
Así es de apreciar por lo que hace al contenido de los acuerdos de la mesa del 
Congreso de 24 de mayo y 11 de junio de 2019, actos, uno y otro, frente a cuya 
redacción o apreciaciones expresas tampoco formula la demanda reproche alguno de 
inculpación singular ni tal cosa hubiera sido, en hipótesis, de compartir. Así es con toda 
claridad, pues el primero de estos acuerdos se limitó a declarar, sin juicio de valor de tipo 
alguno, la suspensión aquí controvertida, en tanto que el segundo resolutorio de la 
solicitud de reconsideración no hizo sino exponer las razones jurídicas por las que se 
entendió necesaria tal aplicación de lo previsto en el artículo 384 bis, cuidándose la 
mesa de advertir que no le correspondía «entrar a valorar si la conducta por la que se 
encuentran  procesados  los  diputados  concernidos  encaja  o  no  en  el  tipo  penal 
correspondiente»  y  que  tampoco  le  incumbía  «pronunciarse  en  relación  con  las 
decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo en el marco del proceso». Inocuos estos 
acuerdos para la presunción de inocencia de quien recurre, sin duda también lo es, 
desde esa misma perspectiva, la propia disposición de ley entonces aplicada, pues el 
repetido artículo 384 bis establece una norma general y abstracta que se limita a asociar 
cierto  efecto  necesario  al  dictado  de  determinadas  resoluciones  judiciales  de 
procesamiento y prisión provisional, sin cualificar o intensificar con ello las sospechas o 
las apreciaciones que llevaron a los órganos judiciales a la adopción de tales actos.
D)  Se sigue, en suma, de cuanto antecede que la presunción de inocencia del 
demandante  no  fue  en  absoluto  afectada,  en  una  u  otra  de  sus  dimensiones 
constitucionales, ni por las resoluciones recurridas ni por la disposición legal en ellas 
aplicada. En absoluto quedaría esta conclusión empañada en virtud de la invocación que 
la demanda hace del artículo 48 CDFUE, referido según ya se recordó, a la presunción 
de inocencia así como, en relación con ese precepto, de determinadas resoluciones del 
Tribunal General de la Unión y, sobre todo, de la Directiva 2016/343/UE, ya varias veces 
citada.
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta, es, conforme a reiterada 
jurisprudencia  de  este  tribunal,  de  inexcusable  consideración  tanto  a  efectos 
hermenéuticos  (art.  10.2  CE)  como  cuando  haya  lugar  a  aplicar  directamente  el 
Derecho comunitario (arts. 51.1 de la propia CDFUE y 93 CE), pero desde ninguna de 
estas  perspectivas  podría  compartirse  la  tesis  de  la  demanda  según  la  cual  la 
presunción constitucional de inocencia (art. 24.2 CE) habría quedado menoscabada 
en este caso. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la cita de aquellas resoluciones 
del  Tribunal  General  de  la  Unión  relacionadas  en  el  apartado  1  B)  d)  de  los 
antecedentes de esta sentencia, bastará con señalar de acuerdo con el Ministerio 
Fiscal que todas ellas se dictaron en procesos que tuvieron por objeto actos de las 
propias  instituciones  u  órganos  de  la  Unión,  sin  referencia  relevante  alguna  al 
Derecho  de  los  estados  miembros  ni  a  sus  obligaciones  como  tales;  ello  con 
independencia de que lo destacado entonces como exigencia del artículo 48 CDFUE 
en orden a la adopción de medidas cautelares, legalidad de su previsión, competencia 
para su adopción y limitación temporal de su aplicación, se cumplió aquí en todo caso. 
Ese mismo precepto de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea 
citado en la demanda en relación con lo establecido en la Directiva 2016/343/UE, es 
de todo punto claro que, para resolver el presente recurso, el tribunal no precisa hacer 
aplicación de esa Directiva en el sentido del citado artículo 51.1 CDFUE, aplicación 
que «presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de 
la Unión y la medida nacional de que se trate de un grado superior a la proximidad de  e.
las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra», a  w.b
cuyo  efecto  se  habría  de  tener  en  cuenta  «si  la  finalidad  de  la  norma  nacional  85ww
ncoonrmtroav, esri teidsata e pse arspilgicuaer  oubnjeat idviossp odsisictiinótno sd edle  Dloesr epcrheov isdteo sl ap oUrn eiól nD,e erel cchaorá dcete lra  dUen ieósna, 
aeuspne ccuífaicnad od epl uDeedrae cahfoe cdtaer  lian dUirneicótna meenn ltae  ma aetesrtiea  úol tiqmuoe,  lya  spiu eedxias tea feucntaa r»n o(rSmTaJtUivEa 
de  22  de  enero  de  2020,  asunto  Baldonedo  Martín  c.  Ayuntamiento  de  Madrid,
C-177/18, § 58 y 59, con cita de otros pronunciamientos en el mismo sentido). Es de 
añadir que de entre las normas establecidas en esta Directiva a fin de garantizar 
«determinados  aspectos»  de  la  presunción  de  inocencia,  en  absoluto  resultarían 
aplicables en un caso como el actual, por razón del objeto, sus artículos 5 y 7, 
referidos, respectivamente, a la «Presentación de los sospechosos y acusados» y al 
«Derecho a guardar silencio» y a «no declarar contra sí mismo», como tampoco lo 
sería el artículo 6, relativo a la «carga de la prueba», disposición referida únicamente 
a la adopción de resoluciones judiciales que se pronuncien sobre la culpabilidad 
(STJUE de 28 de noviembre de 2019, asunto DK, C-653/19; § 32, 33 y 34). Pero 
tampoco se está aquí en el ámbito de aplicación del artículo 4 de la misma Directiva 
«Referencias públicas a la culpabilidad», norma que prescribe que «las declaraciones 
públicas efectuadas por autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no 
sean de condena no se refieran al ‘sospechoso o acusado’ como culpable». Lo que 
así se preserva por esta regla no guarda relación objetiva alguna con lo establecido 
en la norma general y abstracta que es el artículo 384 bis ni con lo acordado en este 
caso, al aplicar este precepto, por la mesa del Congreso de los Diputados (apartado 
C)  b)  de  este  mismo  fundamento  jurídico).  Ni  aquella  norma,  obviamente,  ni  su 
singular aplicación por la mesa en este caso incorporaron alusión o duda alguna sobre 
la inocencia o culpabilidad de los afectados, el recurrente entre ellos, en lo que aquí 
interesa, limitándose las resoluciones recurridas a apreciar la concurrencia de los 
presupuestos que el precepto exige para declarar la suspensión que en él se impone. 
Dicho queda con ello que no procede plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea cuestión prejudicial de interpretación sobre el artículo 48 CDFUE ni sobre el 
artículo 4 de la Directiva de referencia, interpretación que no tendría «relación alguna 
con la realidad o con el objeto del litigio principal» (SSTJUE, entre otras, de 4 de 
diciembre de 2018, asunto Minister for Justice and Equality y Commissioner of the 
Garda Síochána c. Workplace Relations Commission, C-378/17, § 27, y de 17 de 
octubre de 2019; asunto Caseificio Cirigliana Srl.  y otros c. Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e forestali y otros, C-569/18, § 24).
6.  Sobre la aducida conculcación del derecho del recurrente al ejercicio del cargo 
de diputado al Congreso (art. 23.2 CE).
Buena parte de la argumentación de la demanda se dedica a fundamentar esta 
lesión del derecho del actor como representante político, así como, de manera derivada, 
de  la  infligida  a  los  derechos  de  los  ciudadanos  a  cuya  representación  concurrió, 
apartados  1  y  2  del  artículo  23.2  CE,  vulneraciones  que  se  imputan  a  los  actos 
parlamentarios recurridos y para algunos aspectos, al propio artículo 384 bis del que 
estas  resoluciones  hicieron  aplicación.  Se  citan  en  apoyo  de  esta  pretensión,  el 
artículo 10.3 TUE que dispone que «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida 
democrática  de  la  Unión»,  en  relación,  por  lo  que  hace  a  las  funciones  de  los 
parlamentos nacionales, con los artículos 5, 10.2 y 12 del propio Tratado y con el 
artículo  69  TFUE,  así  como  los  Protocolos  anejos  al  TUE  números  1  «Sobre  los 
cometidos de los parlamentos nacionales en la Unión Europea» y 2 «Sobre la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad», normas todas sobre las que se 
solicita el planteamiento, en su caso, de cuestión prejudicial de interpretación ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 267 TFUE) por referencia a lo pretendido 
en el recurso. Invoca también la demanda, el artículo 3 del Protocolo adicional número 1 
al CEDH, relativo a un «derecho a elecciones libres» que, recuerda la representación  e
actora, forma parte del Derecho de la Unión como principio general (art. 6.3 TUE). En el  bo
cuerpo del escrito rector se cita el artículo 25 PIDCP, derecho de todo ciudadano a  85ww
lpibarretimcipeanrte  eenl egloidso sa, suyn tao sv optaúrb liyc osse, r deirleecgtiadmo eennte  eloe ccpioorn ems epdeiori óddiec asre pproers esnutfarangteios 
univSeorsna lm. uy heterogéneas las razones jurídicas por las que, a decir de la demanda, se
habría  vulnerado,  en  el  contexto  normativo  descrito,  el  derecho  del  recurrente  al
ejercicio, sin trabas ilegítimas, de su cargo de diputado al Congreso. Importa por ello, 
ordenar como sigue estas varias argumentaciones: (i) se aduce la inaplicabilidad en el 
caso de la suspensión prescrita en el artículo 384 bis y ello tanto porque el recurrente no 
habría sido «individuo rebelde» procesado, acusado y preso, rectius, por tal delito a los 
efectos de aquel precepto como en atención a que su suspensión no podría haberse 
acordado sino luego de la concesión del correspondiente suplicatorio por la Cámara arts. 
21.1.2 RCD y 71.2 CE, consideraciones a las que se añaden la de que aquel precepto 
legal  configuraría,  en  realidad,  una  causa  de  «incompatibilidad»,  a  regular 
exclusivamente, por la ley electoral (art. 70.1 CE), y la de que, en cualquier caso, no 
procedería la suspensión en un cargo al que, como ocurrió aquí, se accedió tras el 
procesamiento y situación de prisión cautelar que son presupuesto para lo establecido 
en el artículo 384 bis; (ii) se sostiene asimismo que la mesa del Congreso no habría sido 
nunca órgano competente para acordar la suspensión controvertida, siéndolo más bien 
ya el correspondiente órgano judicial, de considerarse esta medida de carácter cautelar, 
ya, si así no fuera, el pleno de la cámara; y (iii) se reprocha a la mesa del Congreso, en 
términos  que,  a  su  vez,  no  pueden  ser  sino  subsidiarios,  que  las  resoluciones 
impugnadas se adoptaron sin la debida motivación y con quiebra de la proporcionalidad 
debida, habiendo desconocido la presidenta, lo establecido en el artículo 12 RCD, de 
conformidad  con  el  cual  el  presidente  del  Congreso,  conocida  la  detención  de  un 
diputado «o cualquier otra actuación judicial […] que pudiera obstaculizar el ejercicio de 
su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar 
los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros».
Tanto el Ministerio Fiscal como la representación del Congreso de los Diputados se 
han opuesto, en los términos detallados en los antecedentes, a todas y cada una de 
estas argumentaciones y censuras.
A)  Tampoco para el derecho fundamental enunciado en el artículo 23.2 CE, y a 
propósito de su conexión con el reconocido en el apartado primero del mismo artículo, es 
ahora precisa una reiteración minuciosa de la consolidada y repetida jurisprudencia 
constitucional al respecto. Bastará con un recordatorio general de las líneas capitales de 
esa doctrina del tribunal, según queda la misma sintetizada en algunos de los más 
recientes pronunciamientos: SSTC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 15; 159/2019, 
de 12 de diciembre, FJ 5; 3/2020, de 15 de enero, FJ 10; 4/2020, de 15 de enero, FJ 3, 
y 9/2020, de 28 de enero, FJ 4.
a)  Desde las SSTC 10/1983, de 21 de febrero, y 32/1985, de 6 de marzo, FFJJ 2 
y 3 de una y otra, tiene declarado este tribunal que el derecho a acceder a los cargos de 
naturaleza representativa implica también el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de 
acuerdo con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas.
b)  Cuando se trata de tales cargos representativos, el derecho enunciado en el 
artículo 23.2 CE ha de ponerse en conexión con el de todos los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), pues son los representantes quienes 
actualizan aquel derecho de los ciudadanos, al margen ahora la participación directa a la 
que el propio precepto se refiere.
c)  El derecho establecido en el artículo 23.2 CE es, como se desprende del inciso 
final del precepto, de configuración legal, correspondiendo a la ley, concepto en el que se 
incluyen  los  reglamentos  parlamentarios,  ordenar  los  derechos  y  facultades  que 
correspondan a los distintos cargos públicos y que pasan así a integrarse en el estatus  e
propio de cada uno de ellos, con la consecuencia de que podrá su titular defender, al  bo
amparo de esta disposición constitucional, el ius in officium que estime ilegítimamente  85ww
consdt)r eñEidl ole og iisglnaodroard doi sppoor naec tdoes  duen  loasm ppolidoe mreasr gpeúnb lidceo sl.ibertad para regular el ejercicio
yd eal  dleorse cdheom, sáis b ideenr eccohno lsím fiutensd,a tmanetnot agleense, rcaolems,o  coremfeor iedlo rse, scpueaton daol  psrien ctirpaiota d ed eig ucaarldgaods 
representativos, a la necesaria salvaguarda de la naturaleza de la representación.
e)  El derecho fundamental de que se trata no es incondicionado o absoluto, sino 
que queda delimitado en su contenido tanto por su naturaleza como en atención a su 
función. Aunque el derecho se impone, en su contenido esencial al legislador, puede 
este establecer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese contenido 
y  los  imperativos  del  principio  de  igualdad,  se  ordenen,  desde  la  perspectiva 
constitucional, a un fin legítimo y en términos proporcionados a esa válida finalidad. 
Limitaciones y restricciones legales que habrán de aplicarse, en especial por los órganos 
judiciales, mediante resolución especialmente motivada y no incursa en desproporción 
en relación con aquella finalidad.
f)  Los criterios reseñados son según se puntualiza con detalle en las mencionadas 
sentencias constitucionales, semejantes a los que se desprenden de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 3 del Protocolo adicional 
número 1 al CEDH, jurisprudencia que constituye relevante referencia hermenéutica para 
la determinación del sentido y alcance de los derechos que la Constitución reconoce en 
su artículo 10.2.
Procede entrar ya en el examen de esta queja constitucional.
B)  El tribunal no puede compartir los argumentos que la demanda expone para 
sostener la inaplicabilidad en el caso, o, de lo contrario, la inconstitucionalidad parcial, 
del artículo 384 bis LECrim:
a)  Se ha de rechazar la interpretación que de este precepto hace la representación 
actora y conforme a la cual, a partir de un entendimiento errado de la STC 199/1987, 
de 16 de diciembre, la disposición legal no se podría aplicar a cualesquiera procesados 
por delito de rebelión, sino únicamente a aquellos que, en palabras de la demanda, 
«integren el concepto de banda armada». Esta inteligencia del sentido constitucional de 
la norma legal, según se expuso en el fundamento jurídico 4 A) que antecede, y al que 
nos remitimos, quedó ya inequívocamente desautorizada en las SSTC 71/1994, 11/2020 
y 38/2020. El artículo 384 bis no trae causa del artículo 55 CE, en su apartado segundo, 
como alega la representación del Congreso, sino de la configuración legislativa a la que 
con carácter general llama, en su último inciso, el propio artículo 23.2 CE. Tampoco 
atenta a lo que puede estimarse una recta interpretación del precepto, en su aplicación a 
los procesados en firme por un delito de rebelión que se hallen en prisión preventiva.
b)  No hay razón constitucional alguna, para objetar la aplicación al demandante del 
precepto legal por la circunstancia de que esta causa de inmediata suspensión en el 
ejercicio del cargo no figure entre las que relaciona al efecto el artículo 21 RCD, precepto 
que prevé tal medida —con independencia de supuestos disciplinarios y de los de 
sentencia firme condenatoria— para el caso de la concesión por la Cámara de la 
autorización objeto de un suplicatorio, siempre que sea firme el auto de procesamiento y 
se hallare el diputado en situación de prisión preventiva, en tanto esta dure (apartado 1.2 
de dicho artículo).
Ya  se  ha  dejado  sentado  que  en  modo  alguno  cabe  reprochar  a  los  actos 
impugnados el que declararan la suspensión que aquí se controvierte sin la previa 
concesión  de  un  suplicatorio  para  el  mantenimiento  en  prisión  del  recurrente  y  la 
prosecución de la causa penal en la que figuraba como acusado, una solicitud de 
autorización que el Tribunal Supremo consideró improcedente cursar, cualquiera que 
pudiera ser la valoración en Derecho de esa decisión judicial [fundamento jurídico 3 B) 
b)]. Lo que hay que aclarar en este momento es que la suspensión objeto de este 
recurso no fue contraria al derecho fundamental que se invoca por el mero hecho de que  e
la misma se prescribiera en un precepto de la Ley de enjuiciamiento criminal y no, como  bo
la demanda considera, en el mismo Reglamento del Congreso, tesis esta con la que se  85ww
dCao nag reenstoe nddee rl oqsu De ipeuxtisatdiroías , acqouní  luan cao rnesseecruvean ccoian sdteitu qcuioen anli nag ufanvao or tdrae lf uReengtela mnoernmtoa tdiveal 
cpoondtreíam pplare, vceorn  orterlaasc iócna uasl assu pdlieca tsourisop, eenl smióenn tdaedlo  dairptíuctualdoo 2 1d.i1s.t2in. taNso  hdaey  lfau nqduaem ehnotoy 
constitucional para semejante alegato. Los reglamentos parlamentarios, el del Congreso,
en este caso, son manifestación de la autonomía de la respectiva Cámara (art. 72.1 CE y 
SSTC 49/2008, de 9 de abril, FJ 15; 150/2017, de 21 de diciembre, FJ 10, y 96/2019, 
FJ 4). Pueden, en tal sentido, llegar a prever, siempre con respeto a la Constitución, 
causas específicas de suspensión del representante en el ejercicio de su cargo, como 
así se ha hecho, en el repetido artículo 21.1.2, toda vez que la Constitución no impone 
expresamente  esta  concreta  medida  en  su  artículo  71.2.  Pero  la  autonomía 
reglamentaria existe para ordenar la «vida interna» de las asambleas, según se señaló 
en las sentencias recién citadas, así como, entre otras, en la STC 123/2017, de 2 de 
noviembre, FJ 4 A), y en modo alguno cabe sostener que esa garantía de la posición 
institucional de una u otra cámara ampare, por vía de una reserva sin límites a la 
respectiva potestad reglamentaria, la genérica sustracción de sus miembros, más allá de 
lo que la propia Constitución dispone (art. 71), al Derecho común que sobre todos se 
impone. Respecto de la aplicación sin distingos de la ley penal, y otro tanto se ha de 
decir a propósito del artículo 384 bis, ya ha declarado este tribunal que «no es admisible 
pretender un régimen legal privilegiado e inmune de los cargos públicos representativos» 
[SSTC  4/2020,  FJ  4  b),  y  9/2020,  FJ  5  b)];  de  ello  se  sigue  que  no  puede  un 
parlamentario invocar la autonomía reglamentaria, en cuyo ejercicio participa con sus 
pares,  para  oponerse  a  la  aplicación  en  su  contra  de  un  precepto  legal  que,  sin 
menoscabar  en  sí  mismo  sus  prerrogativas  constitucionales,  afecta,  cuando  sus 
presupuestos se den, a todo titular, quienquiera que sea, de cualquier función o cargo 
públicos. Mediante el artículo 21.1.2 RCD, la propia cámara se ha impuesto, en ejercicio 
de  su  autonomía  reglamentaria,  un  deber  de  suspensión  que  la  Constitución  no 
establece para el caso de concesión de un suplicatorio (art. 71.2) e iría en contra de este 
patente sentido de la norma el ver en ella una exclusión de cualquier otra previsión 
normativa en orden a la suspensión de un diputado procesado y en situación de prisión 
preventiva.
c)  Carece por lo demás de todo fundamento la tesis según la cual el precepto legal 
aquí aplicado sería contrario a la Constitución por haberse invadido con él la reserva a la 
Ley Orgánica del régimen electoral de las causas de inelegibilidad y, específicamente, de 
incompatibilidad de diputados y senadores (art. 70.1 CE), reserva en efecto reconocida 
en la jurisprudencia constitucional [SSTC 72/1984, de 14 de junio, FJ 3, y 155/2014, 
de 25 de septiembre, FJ 2 a), claro es que solo en sus justos términos]; legitimidad de la 
previsión en el Código penal, por ejemplo, de penas de las que derive la inelegibilidad 
(SSTC 80/1987, de 27 de mayo, FJ 3; 7/1992, de 16 de enero, FJ 2; 166/1993, de 20 de 
mayo, FJ 3, y 144/1999, de 22 de julio, FJ 4). Dice a este propósito la demanda que el 
artículo  384  bis  establece  una  «situación  de  incompatibilidad»,  afirmación  que  de 
compartirse,  determinaría  no  la  plena  inconstitucionalidad,  sino,  más  bien,  la 
inaplicabilidad de la norma en este supuesto o, a lo sumo, su invalidez parcial, pero que 
es,  en  todo  caso,  por  entero  insostenible.  Al  margen  ahora  de  cualesquiera 
consideraciones sobre las diferencias obvias entre la razón de ser de este precepto y la 
que es propia de los que establecen incompatibilidades funcionales, bastará con advertir 
que estas últimas reglas afectan siempre a la titularidad del officium público de que se 
trate, por el que se opta o al que se renuncia: en lo que haría al caso, arts. 160.3 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y 19.3 RCD, algo 
que nada tiene que ver con lo establecido en el precepto que aquí se controvierte, que 
determina  directamente  por  sí,  cuando  sus  presupuestos  concurren,  la  suspensión 
temporal en el ejercicio de cargos y funciones.
d)  Tampoco  es  atendible  el  alegato  de  que  la  suspensión  impuesta  por  el  s
artículo 384 bis solo pueda afectar al cargo o función que se ostentara al tiempo de  oe.
dictarse el procesamiento y la prisión provisional, no al que se accedió con posterioridad  w.
a la adopción de tales actos. La inicial aplicación de este precepto al recurrente, a la  85ww
qsauzeó nse p rceosmou pnriceóv epnotirv oe,l  emraa goibstlirgaaddoa  inas trreuscutoltra sa  dlae  lma efsiram edzeal  Pdaer lsaum pernotoce dsea mCieantatolu, ñlao 
pmreivdói aanlt ea catuotro n di ed e9l  dcea rjguolio d dee r e2p0r1e8s,e pnotar nmteá sa uqtuoen ólam sicuos pqeunes ioócnu epnatboan cnei sd per olac etidtuelnatreid ando   BOE-A-cable e
de su derecho al acceso a otro cargo o función públicos (art. 23.2 CE), derecho que 
ejerció legítimamente y sin traba al presentarse como candidato al Congreso de los 
Diputados en las elecciones convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, 
resultando entonces elegido y adquiriendo la plena condición de diputado el 21 de mayo 
del mismo año, previa autorización judicial de salida del centro penitenciario para asistir 
a la sesión constitutiva de la cámara, auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2019, 
resolución de la que se remitió testimonio a la presidencia del Congreso y en la que se 
decidió asimismo no haber lugar a dejar sin efecto, como interesó el entonces acusado, 
su situación de prisión provisional. Es de todo punto claro que la ulterior suspensión del 
actor en el ejercicio de su nuevo cargo representativo, aquí impugnada, se declaró por la 
mesa de la cámara cuando seguían concurriendo los presupuestos que para ello marca 
el artículo 384 bis, siendo por ello un acto debido, al margen ahora las cuestiones 
pendientes aún de examen en esta sentencia y las que según se ha advertido [FJ 3 B) 
b)] no pueden ser abordadas en el presente proceso. Pretender otra cosa supone 
defender  el  imposible  jurídico  de  que  el  derecho  fundamental  cuya  titularidad  se 
conserva —art. 23.2 CE—, pese a la aplicación de la medida que impone el artículo 384 
bis, pudiera emplearse para eludir, desvirtuar o dejar sin efecto esa misma y precisa 
medida. La suspensión que aquí la ley impone se proyecta sobre cualesquiera empleos 
o cargos públicos, ya sean contemporáneos al procesamiento y prisión o adquiridos 
después, y su efectividad no ha de quedar a merced de quienes pudieran conferir al 
afectado  una  distinta  función  o  un  nuevo  cargo.  El  ejercicio  de  un  derecho  de 
participación, como el del artículo 23 CE, no puede conllevar, sin daño para el Estado de 
Derecho (art. 1.1 CE), la práctica revocación, de facto, de una medida vinculada por la 
ley a la adopción de determinadas resoluciones judiciales. Ello con independencia de 
que el mantenimiento de los efectos de alguna de tales resoluciones pudiera llegar a 
quedar condicionado por la inmunidad que correspondiera al cargo de nuevo acceso —
art. 71.2 CE— y en atención a la fase en que las actuaciones se hallaren.
e)  La aplicación por las resoluciones recurridas del artículo 384 bis no fue lesiva del 
derecho fundamental enunciado en el artículo 23.2 CE, como tampoco este precepto 
legal merece tacha alguna de inconstitucionalidad en atención a tales argumentos.
La conclusión que así se impone no podría quedar en absoluto rectificada o matizada 
ni por las genéricas censuras de falta de proporcionalidad que la demanda dirige contra 
la propia medida de suspensión establecida en la disposición legal ni en virtud de las 
citas que en el recurso se hacen del Derecho de la Unión Europea. No hay sino que 
remitirse, en cuanto a lo primero, a lo que ha quedado expuesto en el fundamento 
jurídico 4 B) de la presente sentencia por referencia a la doctrina constitucional sentada 
en la STC 71/1994; doctrina recordada en las recientes SSTC 11/2020 y 30/2020. Esta 
medida  provisional  configura  para  hipótesis  singulares  —y  en  términos  restrictivos, 
desde luego— el derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo (art. 23.2 
CE), pero no puede tildarse de desproporcionada respecto del legítimo fin al que la ley 
se orienta, que no es otro que el de prevenir el riesgo, manifiesto tras el procesamiento 
en firme y el auto de prisión, de que el cargo público así en su día confiado al afectado 
pudiera ser instrumentado, con plena perversión de su sentido, en contra de la propia 
«esencia del Estado democrático» (STC 71/1994, FJ 6), valoración que se acomoda 
asimismo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
también evocada por este tribunal [fundamento jurídico 6 A) que antecede], en punto a 
los límites de los que pueden llegar a ser objeto los derechos garantizados por el 
artículo  3  del  Protocolo  núm.  1  del  CEDH,  (por  todas,  sentencia  del  Tribunal  de  s
Estrasburgo de 30 de junio de 2009, asunto Etxeberria y otros c. España, § 46-50). El  oe.
ordenamiento de la Unión Europea tampoco puede invocarse para matizar o rectificar lo  w.
apreciado hasta ahora. Se ha de advertir que el Derecho de la Unión solo puede llegar a  85ww
sdeer  dceo npfeorrtminiednatde  ccoonns ideel raocbiójent op odr eels tare jsupriescdtiicvcoi ónp,r ofrceenstoe  ac olon sqtuiteu claio ndaelm, aqnudea  aqduuecdea, 
CgeEn éy,r iecanm loe nqtuee d aelf ipnriedsoe, netne  cpuraoncetod iaml ireenctuor sinot edree saam, ppaorro ,lo pso dr elores cahrotísc ufulonsd 5a3m.2e nyt a1l6e1s. 1q ube)   BOE-A-cable e
en él se invocan [al respecto, SSTC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a); 148/2016, de 19 
de septiembre, FJ 5, y 22/2018, de 5 de marzo, FJ 3], así como la Declaración 1/2004, 
de 13 de diciembre, FJ 6, que se refiere, al respecto, al «marco de los procedimientos 
constitucionales atribuidos al conocimiento de este tribunal». Y debe añadirse, que ni 
existe ni es concebible hoy, Derecho de la Unión Europea que discipline el concreto 
estatus de los representantes elegidos para integrar los parlamentos de los estados 
miembros, la sujeción de estos representantes a normas generales de cada estado o los 
modos  en  que  unas  u  otras  asambleas  nacionales  ejercen  el  control  sobre  los 
respectivos gobiernos, siendo hueras del todo, a este respecto, las alegaciones de la 
demanda y las citas normativas que al hilo de ello exhibe. El «derecho a participar en la 
vida democrática de la Unión» es, de una parte, uti cives de «todo ciudadano» (art. 10.3 
TUE), no de unos u otros integrantes de las asambleas representativas de los estados 
miembros, y nada dice acerca del ejercicio del cargo de parlamentario nacional y de sus 
posibles limitaciones por ley, aunque aquel derecho sí sea de procedente consideración 
si  se  llegara  a  estar  ante  una  concreta  privación  del  derecho  de  sufragio  en  las 
elecciones al Parlamento Europeo (STJUE de 6 de octubre de 2015, asunto Thierry 
Delvigne c. Commune de Lesparre Médoc y Préfet de la Gironde, C-650/13, citado, 
aunque sin razón jurídica alguna, en la demanda). De otro lado, la contribución de los 
parlamentos  nacionales  al  «buen  funcionamiento  de  la  Unión»  (art.  12  TUE  y 
Protocolos 1 y 2 anejos al Tratado, relativos, respectivamente, al «cometido de los 
parlamentos nacionales en la Unión Europea» y a la «aplicación de los principios de 
subsidiariedad  y  proporcionalidad»)  se  concreta  en  facultades  de  las  respectivas 
cámaras  representativas  —STJUE  de  25  de  julio  de  2018,  asunto  «TTL»  EOOD, 
C-553/16, § 34—, no de unos u otros de sus integrantes, facultades orgánicas, las 
primeras, sobre las que el Tribunal de Justicia tiene ya declarado que le corresponde 
comprobar, exclusivamente, el respeto de las garantías procedimentales en cada caso 
previstas [STJUE de 4 de mayo de 2016, asunto Pillbox 38 (UK) Ltd c. Secretary of State 
for Health, C-477/14, § 147, respecto del Protocolo 2, citado]. La concreta organización 
nacional de tales cometidos y facultades de los parlamentos es ajena al Derecho de la 
Unión; para nuestro ordenamiento, Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la 
comisión mixta para la Unión Europea, desarrollada por resolución de las mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de septiembre de 1995.
C)  Ya quedó dicho que la demanda no solo aduce, en los términos que se acaban 
de examinar, la inaplicabilidad, al caso, del artículo 384 bis LECrim. Sostiene asimismo 
que, de resultar aplicable este precepto, la mesa del Congreso de los Diputados no fue 
órgano  competente  para  ello,  lo  que  habría  deparado  la  vulneración  del  derecho 
fundamental del recurrente al ejercicio del cargo representativo (art. 23.2 CE). Se formula 
esta censura a partir de dos planteamientos diferentes, que vienen a corresponderse con 
la disyuntiva, según la demanda, entre otros tantos entendimientos de la suspensión 
prevista en aquel precepto legal. Se afirma, en primer lugar, que si se estuviera, con tal 
previsión,  ante  una  «verdadera  medida  cautelar»  —lo  que  se  asume  «a  efectos 
meramente dialécticos»—, la cámara habría sido «manifiestamente incompetente para el 
ejercicio de potestades jurisdiccionales», potestad que aquí no se habrían ejercido por el 
Tribunal Supremo en su auto de 14 de mayo de 2019 (causa especial núm. 20907-2017), 
resolución en la que a diferencia del auto del instructor de 9 de julio de 2018, dictado 
cuando el demandante era miembro del Parlamento de Cataluña no se hizo mención 
alguna a la suspensión en su nuevo cargo de diputado al Congreso. Y se sostiene 
asimismo, de manera alternativa, que la mesa, en todo caso, no habría sido el órgano  e.
parlamentario competente para adoptar la suspensión controvertida, competencia que  w.b
correspondería al pleno de la cámara, apartados 2 y 3 del artículo 48 RCD. Uno y otro de  85ww
eMsintoisst earrigou mFiesncatol sc, ocmomo op eonr  lloas  raenptreecseednetancteiósn s ed eelx pCuosnog, rheason.  sAidloe graenfu taamdobsa sta nptaor tpeosr  eell 
hcaarbárcíate dr ee xd alersgee  ae  laim cpoemrautnivicoa dceió nla q suues peel Tnsriibóunn dael  Slau pqrueem oa qhuizí os ed etr aatqau ey l ealu stoe ndteid o1 4q udee 
mayo a las presidencias del Congreso y del Senado. Afirman también la discutida
competencia de la mesa para la adopción de los actos que se impugnan, (apartado 7 del 
artículo 31.1 RCD y, según la letrada de las Cortes Generales, también apartado 4 del 
propio artículo).
Para  la  mejor  comprensión  de  estas  concretas  censuras  y  de  la  resolución 
constitucional de una y otra conviene, sobre la base de los antecedentes de esta 
sentencia y a partir de las actuaciones parlamentarias que aquí se siguieron, recapitular 
sumariamente lo siguiente: (i) el demandante resultó elegido diputado al Congreso en las 
elecciones celebradas el 28 de abril de 2019, teniendo ya entonces la condición de 
acusado en la causa especial y encontrándose en ella en situación de preso preventivo; 
(ii) su representación procesal en dicha causa pidió, el 8 de mayo siguiente, que la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo solicitara autorización del Congreso de los Diputados 
para la prosecución del procedimiento y que se alzara la medida cautelar de privación de 
libertad a fin de ejercer el cargo de diputado; (iii) el 14 de mayo dictó auto la sala 
juzgadora, en cuya parte dispositiva se acordó no haber lugar ni a dirigir suplicatorio al 
Congreso, ni a la suspensión del juicio oral ni a dejar sin efecto la prisión provisional del 
acusado, cuya salida del centro penitenciario se autorizó para que pudiera asistir a la 
sesión  constitutiva  de  la  cámara,  disponiéndose  que  se  remitiera,  «a  los  efectos 
procedentes», testimonio de esta misma resolución a la presidenta del Congreso; (iv) el 
hoy recurrente adquirió la condición plena de diputado en la sesión constitutiva de la 
cámara, celebrada el 21 de mayo de 2019; (v) en esta última fecha, la presidenta del 
Congreso se dirigió al presidente del Tribunal Supremo en solicitud de que se interesara 
de la Sala de lo Penal un informe sobre la aplicabilidad al hoy demandante, entre otros, 
de lo previsto en el artículo 384 bis LECrim, citándose en este escrito los artículos 12 
y 21.1.2 RCD, así como el auto de 9 de julio de 2018, del instructor de la causa, en el 
que se comunicó a la mesa del Parlamento de Cataluña que el recurrente actual, 
entonces representante autonómico, había quedado —junto a otros miembros de esa 
cámara— suspendido automáticamente en su cargo por imperio de aquel precepto legal; 
(vi) el 22 de mayo, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigió a 
la presidenta del Congreso en relación con lo así interesado, manifestando al efecto que 
«la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del 
informe requerido» y reiterando «lo que ya fue razonado en nuestro auto de 14 de mayo 
de 2019», a lo que se añadió que «la causa penal va a seguir su curso y es misión de 
esta sala salvaguardar los fines del proceso»; (vii) con fecha 21 de mayo se dirigieron a 
la mesa de la cámara tres escritos, suscritos el primero por diputado elegido en la 
candidatura de VOX y los otros dos, respectivamente, por diputados elegidos en la de 
Ciudadanos y en la del Partido Popular, solicitándose en todos ellos la suspensión de 
cuatro diputados —del demandante, entre ellos— con cita siempre del artículo 21.1.2 
RCD (y también del artículo 384 bis en el tercero de estos escritos); y (viii) previo informe 
de la secretaría general del Congreso de los Diputados, la mesa de la cámara adoptó, en 
fin, su resolución de 24 de mayo, que fue confirmada en reconsideración, tras oír a la 
junta de portavoces (art. 31.2 RCD), por la de 11 de junio, actos, uno y otro, recurridos en 
este proceso constitucional.
A  partir  de  lo  que  antecede  es  ya  posible  examinar  las  diversas  tachas  por 
incompetencia que el recurso dirige a las resoluciones impugnadas:
a)  No  puede  compartir  este  tribunal  el  reproche  que  se  aduce  frente  a  las 
resoluciones  parlamentarias  impugnadas  con  el  argumento  de  que  solo  al  órgano 
judicial, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este caso, correspondería aplicar el 
artículo 384 bis y determinar, con ello, la inmediata suspensión de quien recurre en el  e.
ejercicio de su cargo representativo. w.b
Parte esta censura del error de considerar, bien que «a efectos dialécticos», que la  85ww
pmeendaidl,a a  dtíetu lsou dspee mnseidóind ac ocanutrtoevlaerr,t iadpar edceiabcei ósne rin, seons tseun ibcales oa,  lad eluczid dideal  inpeoqr ulaív ojucrois ddiicctcaiódno 
dcoenl cpurreracenp, tyo ,d ela l os quuspee ynas ihóan  qpureodceaddeo  s«eanutatodmo áptiocra mesetnet etr»ib, ucnuaal,n qduoe  shuas  tepnriedsou pouceasstióons 
de constatar, que «la peculiaridad que presenta la medida […] reside en que surge
automáticamente ex lege, sin dejar margen alguno en su aplicación más allá de la 
verificación de la concurrencia de los presupuestos a los que la norma liga tal medida», 
sin que «los órganos llamados a aplicarla o a hacerla cumplir puedan incidir en ella o 
modularla» (STC 11/2020, FJ 8). La suspensión de que se trata no trae causa jurídica 
directa de una resolución judicial, que aquí, por tanto, no cabe echar en falta, sino de un 
mandato  legal  imperativo,  y  de  cumplimiento  inexcusable,  ligado  a  la  adopción  de 
sendas resoluciones que sí tienen aquel carácter jurisdiccional, procesamiento en firme y 
prisión provisional en las causas por los delitos que el precepto dice, de modo que a los 
órganos judiciales no les corresponde sino comunicar a quienes hayan de hacer efectiva 
la medida el dictado en el procedimiento penal de las decisiones determinantes de la 
misma o hacer lo propio, respecto de cualquier otra resolución judicial que modificara 
uno u otro de los presupuestos legales de la suspensión, suspensión que, una vez 
declarada inicialmente por quien corresponda, ha de ser de nuevo aplicada, también por 
quien proceda, si el afectado accediere a otra función o cargo público, [apartado B) d) de 
este mismo fundamento jurídico, con el matiz allí apuntado in fine]. Así se cumplió en el 
procedimiento penal que está en el origen de las resoluciones recurridas ahora. Es de 
recordar, en efecto, que el magistrado instructor de la causa dictó auto el 9 de julio 
de 2018 en el que comunicó a la mesa del Parlamento de Cataluña que el recurrente 
actual, miembro entonces de dicha cámara, había quedado, junto a otros parlamentarios 
autonómicos, suspendido «automáticamente» y «por imperio» del precepto legal de 
referencia  en  sus  funciones  y  cargos  públicos,  de  tal  modo  —se  añadió  en  esta 
resolución—  que  la  mesa  había  de  «adoptar  las  medidas  precisas  para  la  plena 
efectividad de la previsión legal», precisión esta última que denotaba muy a las claras, 
frente a lo que da a entender la demanda, que la suspensión a hacer efectiva traía causa 
inmediata del mandato del legislador, no de la autoridad del juez. Procedente así aquella 
primera  suspensión,  es  claro  que  la  misma  se  imponía  también,  no  alteradas  sus 
circunstancias  determinantes,  para  cualquier  otra  función  o  cargo  a  los  que  con 
posterioridad accediera el afectado y sin necesidad, en rigor, de una nueva y específica 
comunicación judicial al respecto, por más que la sala juzgadora del Tribunal Supremo 
se cuidara, en su auto de 14 de mayo de 2019, de remitir testimonio de esta resolución a 
la presidenta del Congreso de los Diputados, haciéndole de este modo saber, entre otros 
extremos,  las  razones  por  las  que  consideró  improcedente  cursar  el  suplicatorio  y 
también, junto a ello, lo que era por demás notorio, que el recurrente en amparo, ya 
diputado electo, seguía acusado en la causa y en situación de preso preventivo. Así las 
cosas,  son  irrelevantes,  a  los  efectos  constitucionales  que  aquí  importan,  tanto  la 
mención —criticada en el recurso— que la mesa hizo en su resolución de 11 de junio 
de 2019 a la declaración «implícita» de suspensión que entendió era de ver en aquel 
auto de 14 de mayo, como la comparación que la representación actora busca hacer, a 
estos  mismos  efectos,  entre  esta  última  resolución  judicial  y  el  ya  citado  auto  del 
instructor de 9 de julio de 2018. Ni tal previa «declaración» judicial era, por cuanto queda 
dicho,  condición  inexcusable  para  hacer  efectiva  una  medida  obligada  cuando  sus 
presupuestos  se  mantenían  ni  el  contraste  entre  una  y  otra  resolución  judicial  del 
instructor y de la sala de enjuiciamiento permite otra conclusión que la bien sencilla de 
que el primero de estos autos, no así el segundo, hubo de comunicar expresamente que 
concurrían, por vez primera, las condiciones para el cumplimiento del artículo 384 bis, 
comunicación que no era obligado reiterar, de manera explícita, ante el acceso del 
recurrente  a  la  nueva  condición  de  diputado  al  Congreso,  una  condición  aún  no 
perfeccionada cuando se dictó la última de estas resoluciones del Tribunal Supremo. s
b)  No mejor suerte ha de correr la segunda censura por incompetencia que, a modo  oe.
de alternativa, dirige el recurso contra los actos impugnados con el argumento de que  w.
hubiera debido ser el pleno de la cámara, no su mesa, el órgano que adoptara la  85ww
qdueecldaóra dciicóhno  dqeu es ulas pmeendsiidóan  eqnu ceu easqtuióí ns «es uimrgpeu ganuato. mEánt iclaa mSeTnCte  1p1o/r2 0m2in0i,s treercioié dne c liata ldeay,, 
sDinip uqtaudeo slo, se nó lrog aqnuoes  hallacme aadl ocsa soa]  appuleicdaarnla i noc idair  ehna ceelrlala  o cmumodpulilra r[leal»  C(FoJn g8r)e. sDoe  deello  loses   BOE-A-cable e
sigue, con claridad, que hubiera quedado por entero fuera de lugar someter al pleno del 
Congreso si procedía o no una declaración de suspensión que resultaba ser, acreditados 
sus  presupuestos,  de  todo  punto  insoslayable.  La  demanda  cita  al  respecto  las 
previsiones del Reglamento del Congreso de los Diputados tanto en punto a la decisión 
del pleno sobre asuntos que afecten al estatuto de los diputados (apartados 2 y 3 del 
artículo 48) como en lo relativo a la suspensión temporal en la condición de diputado 
(arts. 63.1), pero es por completo evidente que esa intervención plenaria procede solo 
cuando la resolución a adoptar comporte un cierto margen de decisión política o de 
apreciación  de  oportunidad,  suspensiones  «por  razón  de  disciplina  parlamentaria», 
según el artículo 101.1 RCD, y tal vez también en la hipótesis contemplada en el último 
inciso de su artículo 21.2, imposibilidad de ejercer la función parlamentaria a resultas del 
cumplimiento de una sentencia firme de condena, pero en ningún caso cuando se trata 
de hacer efectivo un mandato legal que no admite discusión ni debate [en términos 
análogos, aunque para supuesto diferente, STC 2/2020, FJ 3 c)]. No cabe en definitiva 
censura  jurídico-constitucional  alguna  por  el  hecho  de  que  la  mesa  de  la  cámara 
asumiera la declaración de suspensión, acto debido para cuya adopción se acomodó 
bien la condición de un órgano de gobierno que tiene cometidos, en general, de carácter 
técnico-jurídico [STC 110/2019, FJ 3 A) b), por todas], y que cuenta, como han recordado 
quienes se oponen al recurso, con competencia para cualesquiera funciones «que no 
estén atribuidas a un órgano específico» del Congreso (art. 31.1.7 RCD), competencia 
que correctamente se ejerció aquí de oficio y con independencia de las solicitudes de 
suspensión formuladas, con equivocado fundamento reglamentario (art. 21.1.2 RCD), 
por otros miembros del Congreso.
D)  No cabe acoger, por último, las quejas que en la demanda se exponen, con cita 
del artículo 23.2 CE; tanto por la supuesta desproporción y falta de motivación de las 
resoluciones que dictó la mesa del Congreso, como respecto del aducido incumplimiento 
por la presidenta de la cámara de lo establecido en el artículo 12 RCD, de conformidad 
con el cual, y según quedó ya reseñado, «el presidente del Congreso, una vez conocida 
la detención de un diputado o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que 
pudiere  obstaculizar  su  mandato,  adoptará  de  inmediato  cuantas  medidas  sean 
necesarias  para  salvaguardar  los  derechos  y  prerrogativas  de  la  cámara  y  de  sus 
miembros». Basta con recordar, en cuanto a la primera de estas censuras, que la 
exigencia de proporcionalidad en la aplicación de la medida cuestionada «se cumple en 
la configuración legal de los supuestos ante los que nace la restricción» proporcionalidad 
ya constatada por este tribunal en la STC 71/1994, FJ 6, y que, en correspondencia con 
ello, «la exigencia de motivación de los actos aplicativos se proyecta únicamente sobre 
el juicio relativo a la existencia de sus presupuestos legales» [SSTC 11/2020, FJ 8, 
y 38/2020, con cita de la misma STC 71/1994, FJ 6, así como FJ 4 B) de la presente 
sentencia], motivación que satisfizo con holgura la mesa en este caso, sobre todo en la 
segunda de las resoluciones impugnadas, de 11 de junio de 2019. Tampoco es atendible 
el reproche por la supuesta inacción de la presidenta del Congreso en orden a lo que 
dispone el transcrito artículo 12 RCD. Ni tal crítica puede dirigirse al órgano colegiado 
que es la mesa, ni es sobre todo posible considerar incumplido el precepto reglamentario 
que se invoca, cuando, como en este caso, la propia mesa apreció, con unas palabras u 
otras, que no se había producido obstáculo ilegítimo al mandato del diputado por parte 
del  Tribunal  Supremo  frente  al  que  cupiera  algún  tipo  de  defensa  o  reacción 
parlamentaria. El recurrente discrepa de esta apreciación de la mesa, pero solo sobre la 
base de una previa censura a las actuaciones del Tribunal Supremo, censuras que,  e.
como  se  ha  dicho,  pueden  llegar  a  tener  su  cauce  propio  de  impugnación  y  w.b
enjuiciamiento,  pero  que  quedan  en  todo  caso  al  margen  del  presente  recurso  de  85ww
amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Jordi Sànchez i Picanyol.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de julio de dos mil veinte.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Santiago 
Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Alfredo 
Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Firmado 
y rubricado.