BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127911
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17100 Sala Segunda. Sentencia 151/2021, de 13 de septiembre de 2021. Recurso 
de amparo 5197-2019. Promovido por don Marin Sorocean respecto de las 
resoluciones  dictadas  por  las  salas  de  lo  contencioso-administrativo  del 
Tribunal  Supremo  y  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cantabria  en 
procedimiento de expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a 
la  tutela  judicial  efectiva:  resoluciones  judiciales  que  no  ponderaron 
adecuadamente las circunstancias personales y familiares al ratificar la orden 
de expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016).
ECLI:ES:TC:2021:151
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5197-2019, promovido por don Marin Sorocean 
contra, en primer lugar, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 22 de octubre de 2018, que estimó el 
recurso de apelación promovido por el abogado del Estado y confirmó la validez de las 
dos resoluciones dictadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria el 6 de julio y 17 
de octubre de 2017, acordando la expulsión del territorio nacional del recurrente y la 
prohibición de regreso al mismo, salvo en la reducción de esta última a un año frente al 
plazo original de cinco años fijado por aquellas resoluciones; y en segundo lugar, contra 
la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2019, que inadmitió a trámite el recurso de casación 
promovido  por  el  aquí  recurrente  contra  la  sentencia  de  apelación.  Ha  actuado  el 
abogado del Estado e intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don 
Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 12 de 
septiembre  de  2019,  el  procurador  de  los  tribunales  don  Santiago  Tesorero  Díaz, 
actuando en nombre y representación de don Marin Sorocean, bajo la defensa de la 
letrada  doña  Ana  María  Uría  Pelayo,  interpuso  demanda  de  amparo  contra  las 
resoluciones arriba mencionadas. e
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Moldavia nacido el 7 de marzo de 1997 y con NIE Y0568136G, al entender que concurría 
sobre él la causa de expulsión del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (en adelante, LOEx), en la 
redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, esto es, 
por haber sido condenado por dos delitos dolosos castigados con pena privativa de 
libertad superior a un año, y no estar los antecedentes penales cancelados. A este 
respecto, se indica en el acuerdo de incoación que:
«El citado ciudadano extranjero se encuentra en la actualidad cumpliendo condena 
como penado, en virtud de ejecutoria 132/2016 del J. Penal n.º cuatro de Santander a 
dos años de Prisión como autor de un delito de robo con violencia e intimidación y 
ejecutoria 547/2015 del J. Penal núm. 2 de Santander a un año de Prisión como autor de 
un delito de robo con violencia e intimidación. Consultadas las Bases de Datos de 
Antecedentes  de  la  DGP,  le  constan  detenciones  por  los  Delitos  mencionados. 
Consultadas las Bases de Datos de Extranjeros consta Autorización de Residencia 
Temporal por Reagrupación Familiar».
b)  Con fecha 16 de junio de 2017, la letrada del Colegio de Abogados de Cantabria 
doña Patricia Burgada Saiz, presentó escrito de alegaciones en nombre del recurrente, 
solicitando a la autoridad instructora el archivo del procedimiento. Tras reconocer la 
existencia de las dos sentencias de condena que reseña el acuerdo de incoación, se 
exponen las razones personales y de arraigo familiar del recurrente que justifican como 
preferente la solución del archivo:
«Así, en primer lugar, debemos partir del hecho de que se trata de una persona muy 
joven, que ni siquiera había cumplido los 20 años cuando cometió los hechos por los que 
ha sido condenado. Además, ambos delitos fueron cometidos en un breve espacio de 
tiempo, fruto de un problema de alcoholismo que padecía en aquellos momentos y de 
una serie de mala[s] decisiones de las que está completamente arrepentido, sin que 
antes ni después haya vuelto a tener problema alguno con la justicia. Además, también 
debe  tenerse  en  cuenta  que  ambas  sentencias  condenatorias  fueron  dictadas  de 
conformidad y que la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos ya ha sido 
abonada en su integridad, lo que acredita que Marin está asumiendo sus errores con una 
madurez infrecuente en una persona tan joven.
Finalmente, señalar que ya ha sido sancionado por su conducta, puesto que lleva 
año y medio cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de El Dueso, donde su 
comportamiento desde su ingreso está siendo ejemplar, lo que le ha llevado a disfrutar 
de diversos permisos de salida y a que le concedan varias recompensas. Durante todo 
este tiempo no ha recibido sanción alguna y no solo está realizando las actividades 
prioritarias que se han establecido en el PIT (entre ellas, el tratamiento de su problema 
de  alcoholismo,  que  está  llevando  a  cabo  en  Proyecto  Hombre  con  excelentes 
resultados), sino que también está realizando diversas actividades complementarias, 
como informática y deporte terapéutico, todas ellas con un aprovechamiento "excelente" 
y "destacado" […]. Por otro lado, el dicente residía hasta el momento de su ingreso en 
prisión con sus padres y su hermana. Toda la familia lleva más de siete años residiendo 
de forma legal en España y ambos progenitores tienen trabajo estable, con un contrato 
de trabajo indefinido. En cuanto a Marin, antes de sus problemas con la Justicia, se 
encontraba cursando estudios de gestión administrativa en el Centro de Estudios de 
Formación Profesional Hernán Cortés y entrenaba a un equipo de fútbol infantil […]. e.
De todo ello se desprende que tanto el dicente como su familia tiene una vida  w.
perfectamente asentada en España, por lo que la expulsión de Marin supondría un grave  100ww
pqruoeb, leam sau sp aarpae tnoadso s2 0e llaoñso, sy ad eq ueed,a od , baieúnn  lenso  ohbal igcaormíap lae taadboa nsduosn aers teusdtieo sp ayí sd, eppueensdtoe 
eseco pnuóemdicaa mhaecnetre  cdaer gsou sd pea dérl,e so,  sbinie nq udee tjeanrígaa  anl indgicuennat efa emnil iau nean  esuvi dpeaníste d es itouraigceiónn q duee   BOE-A-cable e
desamparo y sin medios para subsistir, ya que todo su arraigo familiar y social está en 
España, donde lleva viviendo desde que era un niño, sin que a día de hoy tenga ya 
ningún vínculo con su país de origen».
También en el escrito se defiende que no procedería imponer la expulsión, con cita 
del art. 57.5 d) LOEx, al ser beneficiario de una prestación económica asistencial de 
carácter público, pues luego de su excarcelación el recurrente recibirá el subsidio para 
liberados de prisión, al no tener derecho a su vez a recibir, añade, un subsidio por 
desempleo.
Junto con el escrito de alegaciones se consignaron, entre otros documentos:
(i)  La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Santander, el 25 de 
noviembre  de  2015  (juicio  rápido  núm.  314-2015),  por  la  que  se  condenó  al  aquí 
recurrente como autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, a la pena 
de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio durante el tiempo de la condena, y por un delito leve de lesiones, a la pena de 
dos meses y un día de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, más la 
condena por responsabilidad civil a pagar a la víctima un importe de 550 € por las 
lesiones sufridas, y lo que se fijase en fase de ejecución por los daños causados en el 
bolso que aquella portaba. Se declaran como hechos probados, que el 14 de noviembre 
de 2015 a las 02:50 horas, en una vía pública de la ciudad el acusado arrebató a la 
víctima el bolso que esta llevaba, «tirando violentamente del mismo […] causando así la 
caída  al  suelo»  de  la  víctima,  iniciando  entonces  el  acusado  su  huida  aunque 
«inmediatamente»  resultó  aprehendido  por  agentes  de  la  policía  nacional  que 
presenciaron los hechos. En la misma sentencia consta acordada por el magistrado-juez 
la medida de suspensión de la pena de prisión, con las condiciones para su vigencia.
(ii)  La sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Santander, de 2 de febrero 
de 2016 (juicio rápido núm. 352-2015), que condenó al recurrente y a otro acusado, 
como autores  de un  delito  de robo con  violencia  y otro de lesiones leves, con la 
atenuante de reparación del daño, y la agravante en el aquí recurrente de reincidencia, a 
la pena a este último de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la 
obligación de indemnizar a la víctima de manera solidaria. Se recogen como hechos 
probados, que el 23 de diciembre de 2015, sobre la 01:15 horas, al momento de acceder 
la  víctima  al  portal  de  su  vivienda  fue  abordada  por  el  otro  coacusado  quien  tiró 
violentamente  del  bolso  que  portaba  colgado  del  hombro,  forcejeando  con  ella  y 
arrastrándola por el suelo, hasta que el aquí recurrente previo concierto con aquel 
intervino en su ayuda logrando que la víctima soltara su bolso, «dándose a la fuga y 
haciendo  suyo  el  botín,  hasta  que  fueron  detenidos  en  las  inmediaciones  por  una 
dotación policial». En la misma sentencia se acordó denegar la suspensión de la pena de 
prisión al aquí recurrente.
(iii)  Informes varios de la junta de tratamiento del centro penitenciario en el que 
estaba interno el recurrente, valorando positivamente diversas actividades realizadas por 
éste en prisión; y
(iv)  Certificaciones del padrón municipal del Ayuntamiento de Santander de 21 de 
febrero de 2017, constando como fecha de alta del recurrente, su padre y hermana, el 10 
de septiembre de 2009; y de su madre desde el 21 de mayo de 2008.
c)  Con fecha 6 de julio de 2017, la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la 
Delegación  del  Gobierno  en  Cantabria,  actuando  por  delegación  de  competencias,  e
acordó imponer al recurrente: bo
OEsrgpá«an[ñLiac]a ay   e4sx/u2p 0uin0lst0ei,óg nrda ecd ieó1l1n   tesdorerc itieoanrl,ieo er one,  ssspuoa bñrreoedl ,a dcpecorieró cnah pvolisigc eaync tileóib,n e crdotaendl  elaas r ptdírceou hlloiob sic5 i7eó.xn2t r dadene je erlnaot sraL edenay    2021-17100n https://ww
por el tiempo de 5 años, y se decreta así mismo la extinción de la autorización de
residencia permanente de la que es titular en aplicación del art. 57.4 de la citada 
LO 4/2000 y el artículo 245.3 del RD 557/20[0]1».
Como hechos probados, la resolución mantiene los mismos que ya indicaba el 
acuerdo  de  incoación  de  expediente:  las  dos  condenas  penales  referenciadas,  la 
existencia de antecedentes penales no cancelados, y que consta la autorización de 
residencia temporal por reagrupación familiar, añadiendo a esto último: «2.ª renovación».
En el fundamento de Derecho cuarto, la resolución contesta a los motivos esgrimidos 
por el recurrente en el trámite de alegaciones, señalando la autoridad administrativa lo 
que sigue:
«El expedientado es titular de una residencia temporal por reagrupación familiar 2.ª 
renovación concedida por esta Delegación de Gobierno el 08 de mayo de 2013, para la 
plena efectividad de la aplicación del art. 57.4 de la LO 4/2000, en su redacción vigente, 
[que] establece que: "la expulsión conllevará, en todo caso la extinción de cualquier 
autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier 
procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España el 
extranjero expulsado".
Sobre  lo  manifestado  por  la  letrada  en  que  su  patrocinado  lleva  residiendo  en 
España 7 años junto a sus familiares (residentes legales): Sobre este caso concreto, ha 
tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia 2765/2011, de 28 
de abril, […] en su fundamento de derecho séptimo […]».
En este punto, la resolución resume lo declarado en esa sentencia del Alto Tribunal, 
en la que se negó que con base en las circunstancias del caso concreto procediera tener 
en cuenta la situación de arraigo del interesado a efectos de no aplicar la expulsión 
prevista en el art. 57.2 LOEx. Sigue diciendo entonces la resolución administrativa en su 
fundamento de Derecho cuatro:
«La conducta por la que el expedientado fue condenado es acreedora de un especial 
reproche social puesto que se trata de un delito contra las personas, sin que sea en 
modo alguno desdeñable el hecho de que para su comisión se sirvió de su condición de 
residente legal en España, por lo que el mantenimiento de dicha condición representa 
una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
Respecto a la afirmación de la letrada de que el expedientado en el momento de su 
excarcelación tendrá derecho a cobrar un subsidio de liberado de prisión, por lo que en 
base al art. 57.5.d) no le podrá ser impuesta la orden de expulsión. Si bien dicho art. de 
la L.O. 4/2000, no se podrá imponer la expulsión, salvo que la infracción sea la prevista 
en el art. 54.1 a) o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de 
una sanción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, e [sic] los extranjeros 
que perciban una prestación por desempleo, matiza dicho precepto que habrá de ser de 
carácter contributivo. Se adjunta copia de la Diligencia de Informe del GOE de 27 de 
junio de 2017.»
d)  Contra la resolución de 6 de julio de 2017, la letrada que actuaba en nombre del 
aquí recurrente interpuso recurso de reposición.
En dicho escrito se formula ante todo una puntualización, y es que «se está partiendo 
de la base de que Marin es titular de una autorización de Residencia Temporal por 
Reagrupación  Familiar,  cuando  lo  cierto  es  que  su  autorización  debería  ser  la  de 
Residente de […] Larga Duración», situación que ya tiene su madre, por lo que es  e.e
extensible a aquel conforme al art. 58 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que  b
aprueba el Reglamento de la LOEx; además, «en el momento de la comisión de los  100ww
dleegliatolms epnoter  leons  Equspea hñaa , scidoon  cloo nqdueen asduop»e, raebl ar eeclu rprelanztoe  ldleev acbinac os ieatñeo sa ñqouse  remsaidricean deol 
atordt.o 1 4e8llo.1  adseíl,  mprisomsiog uree,g laalm reencutor rpeanrtea  cleo necse daeprl iclaa baluet oerli zaarcti.ó 5n7 d.5e  lLaOrgEax d, uerna ccióuna.n Stoie an dlao 
obligación de  la  autoridad competente de  ponderar las circunstancias personales y
familiares de los residentes de larga duración que indica dicho precepto, antes de poder 
acordar su expulsión, no siendo por tanto dicha medida automática.
Se reiteran a continuación las razones ya ofrecidas en el trámite de alegaciones tras 
la incoación del expediente, para justificar el arraigo y el comportamiento positivo del 
recurrente  en  prisión,  añadiendo  más  documental  relativa  a  cursos  de  formación 
aprobados por él. En la alegación cuarta, el escrito de la defensa denunció como 
vulnerados, además de preceptos legales, los arts. «24, 26 y 106 de la Constitución», y 
se objetó que la resolución no ha «motivado ni graduado la sanción impuesta». Insiste en 
que el recurrente «prácticamente no conoce otra vida que la que ha tenido en España, a 
donde vino siendo un niño, y no mantiene ningún vínculo familiar o afectivo con su país 
de origen. Toda su familia y su vida están en España»; el recurrente no es un «peligro 
real y grave para el orden público».
e)  Con fecha 17 de octubre de 2017, por la misma autoridad administrativa se dictó 
resolución desestimando el recurso de reposición interpuesto. Los motivos que sustentan 
la decisión, algunos con simple reiteración de los que incluye la resolución impugnada, 
fueron los siguientes:
(i)  «[…] se hace constar que dicha solicitud [como residente de larga autorización] 
ha sido inadmitida a trámite por esta Delegación de Gobierno el 29 de agosto de 2017».
(ii)  «[…] la petición de que se le imponga una sanción de multa en lugar de la 
expulsión no cabe en el presente expediente ya que el art. 57.2 solo cabe [sic] una 
resolución de expulsión».
(iii)  Se  reiteran  las  dos  sentencias  penales  de  condena  que  ha  recibido  el 
recurrente.
(iv)  Para desvirtuar el hecho de que lleva residiendo en España siete años, se 
reitera la cita de la sentencia del Tribunal Supremo 2765/2011, de 28 de abril.
(v)  Finalmente, se apunta que del recurso de reposición «en su contenido no se 
observa ninguna circunstancia nueva, ni datos de interés distintos a los que se tuvieron 
en cuenta durante la tramitación del expediente. En el expediente se han respetado los 
derechos constitucionales […]; los hechos se encuentran suficientemente motivados al 
igual que la sanción a imponer».
f)  Contra las dos resoluciones administrativas mencionadas, interpuso el recurrente 
demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de la ciudad de Santander, 
en cuyo suplico solicitó que tras la tramitación del procedimiento, el tribunal encargado 
dictara  sentencia  estimando  una  doble  pretensión:  «declarando  no  ser  conforme  a 
derecho  la  resolución  recurrida  y  acordando  la  renovación  de  la  autorización  de 
residencia y trabajo de recurrente».
En la demanda se defiende, en línea con los escritos de la vía administrativa previa, 
el cumplimiento por el recurrente de los requisitos para obtener la residencia de larga 
duración; se invoca la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre, para el retorno de 
nacionales  de  terceros  países  en  situación  irregular,  instrumento  que  exige  un 
tratamiento individualizado, así como lo dispuesto en sus arts. 5 (la medida de expulsión 
requiere tener en cuenta la vida familiar del afectado) y 6 (posibilidad de otorgar la 
residencia por razones humanitarias), puesto todo ello en relación con la protección de la 
familia del art. 39 CE. Alega también la aplicación de los arts. 16 y ss. LOEx sobre la 
protección de la reagrupación familiar y cita luego la Directiva 2003/109/CE, referida al 
estatuto de los residentes de larga duración. Añade que no procede la medida de 
expulsión de manera automática conforme al art. 57.2 LOEx; sin que baste la condena  e
penal del recurrente sino que hay que valorar si él representa en la actualidad una  bo
«amenaza real y suficientemente grave para el orden público», ponderando «todas las  100ww
circuCnosntatinncúiaa se dsetal  caarsgou mcoennctarectioó n( airnrvaoigcoa,n vdidoa l afa smeinliater,n icnitae gdrealc Tiórnib eunn alal  dseo cJieudsatidci,a e tdce.) »la.
Usenñióanla E duerobpee eax diset ir7  udnea d ivcaielomrabcreió dne i n2d0i1v7id,u qauliez aedna r edlea cliaósn  acilr rceusnidsteanntcei adse  dlaer glaa  dpuerrascoinóan 
antes de decidirse sobre su expulsión: la duración de su residencia en el territorio, la
edad, consecuencias que tiene tal medida para ella y su familia, los vínculos con el país 
de  residencia  o  la  ausencia  de  vínculos  con  el  país  de  origen;  y  cita  también  la 
Circular 7/2015, de la Fiscalía General del Estado, sobre la expulsión de ciudadanos 
extranjeros como medida sustitutiva de la pena de prisión tras la reforma operada por la 
Ley Orgánica 1/2015, de modificación del Código penal (CP), y la posibilidad que brinda 
el art. 89.4, de que no se acuerde esa sustitución a la vista de las circunstancias 
personales del autor. El requisito de la proporcionalidad exige valorar el impacto que el 
cumplimiento  de  la  medida  tendría  en  la  vida  privada  y  familiar  del  extranjero,  la 
gravedad del hecho cometido; su arraigo compromete el derecho a la intimidad personal 
y familiar del art. 18.1 CE, y el derecho a la vida privada y familiar del art. 8 Convenio 
europeo de derechos humanos (CEDH). Añade que a su parecer estas circunstancias se 
tuvieron en cuenta por el Ministerio Fiscal que intervino en las dos causas penales contra 
el recurrente, por cuanto en ninguno pidió la sustitución de la prisión por la expulsión. 
Recapitula en este punto la demanda todos los factores que ha alegado en contra de la 
medida de expulsión adoptada por las resoluciones recurridas, y el inevitable perjuicio 
que su ejecución le causaría al recurrente y a su familia.
La demanda suplica al juzgado, como se adelantó, que tras la admisión de la 
demanda y tramitación del procedimiento respectivo, dicte sentencia estimando las dos 
pretensiones deducidas: «declarando no ser conforme a derecho la resolución recurrida 
y acordando la renovación de la autorización de residencia y trabajo del recurrente».
g)  El  conocimiento  de  la  causa  recayó  en  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Santander (procedimiento abreviado núm. 33-2018). Tras la 
admisión de la demanda, se celebró vista con asistencia de las partes y práctica de la 
prueba el 18 de abril de 2018, y con fecha 29 de mayo del mismo año el juzgado dictó 
sentencia con la siguiente dispositiva:
«Estimar el recurso interpuesto contra la resolución de 6 de julio de 2017 en la que 
se acuerda imponer al recurrente la expulsión del territorio nacional con prohibición de 
entrada por el período de cinco años y extinción de la residencia de larga duración en 
aplicación del art 57. 2 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y 
libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social[,]  confirmada  por 
resolución de 17 de octubre de 2017 al no ser ajustado a Derecho con imposición de las 
costas procesales a la administración con la limitación de 500 euros por todos los 
conceptos.»
La ratio decidendi de la sentencia se localiza en el fundamento de Derecho tercero, 
donde el juzgado resuelve lo siguiente:
«Así, respecto al primer motivo del recurso, no puede prosperar. El motivo es que, 
con independencia de las circunstancias de hecho y poder ser merecedor de la misma 
por el tiempo de residencia legal que lleva en España, lo cierto es que no cuenta con 
ninguna autorización de residencia en vigor y de la que disfrutaba se extinguió el 6 de 
julio de 2017 el mismo día que la resolución recurrida. Por lo tanto, no puede valorarse 
como erróneo un hecho objetivo y debe desestimarse tal motivo de nulidad.
Y en cuanto a los otros dos motivos del segundo, sí se comparten plenamente los 
argumentos  del  recurrente  y  deben  prosperar.  Los  motivos  son  que  la  resolución 
recurrida  no  explica  ni  motiva  por  qué  constituye  y  una  amenaza  real,  actual  y 
suficientemente grave para el orden público sino que se ha realizado un[a] aplicación 
automática del art. 57.2 de la LO sin valorar las circunstancias concurrentes. En pocas  s
palabras,  se  ha  limitado  a  reproducir  que  los  delitos  cometidos  fueron  contra  las  oe.
prhreeeasfr eissdroieidenganau dsaido  yuo e n dne ec lE  accssaropirtá aedcñreitaoe c  r7o ev nasiodtñaleoebnsnlae tjo ucd.in deAto otd r aeee msns  uaáu ñsfn,oa afsmr  edsilnieeatn e p(t erraeins slicaóiid anae  lpndeotegerlas  tc TrliáeóSfgni ca 2odl7e ed6s e)s5  u/sd2 erl0eo 1ltegr1a a pdsda.aer t dic2ei8p q adu qeeu  leale bsvreail    2021-17100n https://www.
En este sentido, el art. 57.2 de la LO obliga a tomar en consideración lo siguiente.
Por un lado, el tiempo de su residencia en España sin que pueda entenderse cumplido al
participarle  una  Sentencia  del  TS  referida  a  otro  delito  sin  explicar  el  por  qué  es 
irrelevante que haya llegado a España siendo menor de edad y lleve 7 años. Por otro, los 
vínculos creados sin que tampoco se puede entender como cumplido la omisión absoluta 
a su participación en distintas actividades formativas y deportivas. Por otro, a su edad sin 
que se entienda cumplida con la omisión total que se produce sobre todo si se tiene en 
cuenta su juventud. Por otro, las consecuencias para el interesado y para los miembros 
de su familia sin que se entiende tampoco la omisión a sus padres y hermano. Y por 
otro, los vínculos con el país al que va a ser expulsado que tampoco se dice nada al 
respecto y que solo puede interpretarse como falta de motivación porque no es posible 
tal desentendimiento respecto a las condiciones en las que se quedaría.
De hecho, el argumento real se limita a reseñar la existencia de las condenas previas 
por lo que el encartado "representa una amenaza real y suficientemente grave para el 
orden público o la seguridad pública".
A todo lo anterior se añade que, frente a tal afirmación, resulta que ni la Fiscalía 
había solicitado su expulsión durante el procedimiento penal por desproporcionada y que 
el Juzgado de Vigilancia penitencia le ha otorgado el tercer grado precisamente por su 
buena conducta y perspectivas de reinserción.
Llegados a este punto es inevitable preguntarse, ¿en qué quedamos?; ¿es realmente 
una amenaza real y suficientemente grave para el orden público el recurrente cuando 
todos los informes del centro penitenciario, una resolución judicial previa y firme y el 
Ministerio Fiscal dicen lo contrario?
Parece obvio que no porque lo contrario sería equivalente a dar por bueno tanto el 
automatismo como a ignorar la existencia de las resoluciones de dicho Juzgado y los 
informes de los especialistas que descartan la existencia de tal riesgo.
Por lo tanto, desvirtuado que constituye una amenaza real y grave para el orden 
público, debe estimarse el recurso y anularse la resolución recurrida».
h)  Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el abogado del Estado, 
mediante escrito fechado el 18 de junio de 2018, por el que interesó la revocación 
íntegra de aquella resolución y que se confirmase el acto administrativo impugnado.
En tal sentido, tras hacer cita del art. 57.2 LOEx, aplicada al aquí recurrente al 
constatarse que había sido condenado a dos años de prisión por delito de robo con 
violencia; advierte el abogado del Estado del carácter no sancionador de la medida, y el 
hecho de que don Marin Sorocean no tenía concedida al momento de resolverse la 
expulsión  la  residencia  de  larga  duración  sino  solo  una  autorización  temporal  por 
reagrupación familiar, con efectos desde el 8 de mayo de 2013 hasta el 7 de mayo 
de 2018, no teniendo tampoco derecho a que se le concediese dicha residencia de larga 
duración, lo que impedía la aplicación del art. 57.5 b) de la misma ley orgánica, no 
estando por otro lado cancelados los antecedentes penales. De este modo, la expulsión 
«no puede eludirse por arraigo familiar o económico, no concurriendo tampoco, alguno 
de los supuestos que impiden la expulsión de conformidad con el artículo 57.5 de la 
citada Ley». Como no concurre tampoco, prosigue diciendo, el supuesto del art. 15 del 
Real Decreto 240/2007 (limitaciones a la libertad de circulación de ciudadanos de la 
Unión Europea) en cuanto a la exigencia de verificar si el recurrente constituye una 
amenaza real, actual y «suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la 
sociedad». Cita luego el abogado del Estado la sentencia de la Sección Quinta de la 
Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  de  31  de  mayo  de  2018  (recurso  de 
casación  1321-2017)  donde  se  acoge  la  noción  de  pena  abstracta  o  «pena  tipo» 
respecto del delito por el que ha sido condenada la persona y que ha de ser superior a  e.
un  año  de  prisión,  a  efectos  de  la  aplicación  del  art.  57.2  LOEx,  sin  que  a  la  w.b
administración le quepa hacer ninguna otra valoración que la ya efectuada por el tribunal  100ww
preecnuarlr ecnotme peestteán tcea. sTteignaiednod poo er setol  aernt.  c2u4e2n taC,P c ocnocnl uuynea,  repseunlata  dqeu ed oesl  dae lcition caot riabñuoidso  dael 
prisión, lo que hace procedente la medida de expulsión.
Admitido a trámite el escrito de apelación se dio traslado al aquí recurrente, que a 
través de su representante procesal presentó escrito de impugnación al recurso el 17 de 
julio de 2018, donde:
(i)  Se reitera que aquel sí es residente de larga duración, «aunque es posible que 
aún no se le haya reconocido de forma oficial la condición», pero cumplía en el momento 
de  la  incoación  del  expediente  de  expulsión  con  los  requisitos  necesarios  para  su 
obtención,  reiterando  en  este  punto  las  circunstancias  familiares  ya  esgrimidas  en 
trámites anteriores, con cita del art. 148 del Reglamento de la LOEx, cuando además, 
añade, la resolución impugnada de 6 de julio de 2017 «no solo no cuestiona que mi 
mandante sea un residente de larga duración, sino que incluso admite en su fundamento 
de Derecho tercero que resulta de aplicación la Directiva 2003/109, relativa al estatuto de 
los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Por lo tanto, es evidente 
que implícitamente se le están reconociendo tal condición».
(ii)  Respecto a la afirmación del abogado del Estado de que no cabe valorar las 
circunstancias concretas del caso, se sostiene que la misma ha sido rebatida por la 
sentencia que se impugna, la cual «argumenta extensamente la necesidad de ponderar 
las circunstancias relativas al extranjero que se pretende expulsar antes de adoptar la 
decisión». Considera que este tipo de decisiones siempre entraña afectación a los 
derechos  fundamentales,  y  alega  que  no  resulta  aquí  de  aplicación  la 
Directiva 2008/115/CE –la cual habría impedido realizar el juicio de proporcionalidad, 
según entiende–. Cita luego la STJUE de 7 de diciembre de 2017, que sí establece la 
necesidad de ponderar las circunstancias concretas, por lo cual no cabe una aplicación 
automática de la expulsión ex art. 57.2 LOEx.
(iii)  También alega que en el proceso de instancia quedó acreditado con la prueba 
documental y testifical practicada, que el apelado tiene arraigo suficiente en España, 
desgranando dicha prueba, lo que ha supuesto que ni siquiera esta cuestión haya sido 
contradicha por el abogado del Estado en su recurso; y
(iv)  finalmente,  se  pone  de  manifiesto  que  no  se  ha  acreditado  que  el  aquí 
recurrente represente un peligro actual y grave para la sociedad, reiterando las negativas 
circunstancias personales que rodeaban al recurrente cuando cometió los hechos por los 
que fue condenado, y se rechaza en definitiva que resulte procedente la medida de 
expulsión, tachando a su vez de «totalmente desproporcionada» la orden de prohibición 
de regreso a España en el plazo de cinco años que lleva aparejada la expulsión.
Se solicita por todo ello que «se confirme íntegramente la sentencia recurrida, con 
expresa imposición de costas a la parte recurrente».
i)  La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, tras la tramitación del procedimiento (recurso de apelación núm. 170-2018), 
dictó sentencia el 22 de diciembre de 2018 con la siguiente dispositiva:
«Fallamos.–Se  estima  parcialmente  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 
Delegación del Gobierno en Cantabria contra la sentencia, de 29/05/2015, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Santander dictada en el PA 33/18, y 
revocando parcialmente la sentencia, se estima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Marin Sorocean contra la resolución de la Dirección del Área de 
Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Cantabria de fecha 17 de 
octubre de 2017, exclusivamente en la duración del plazo de prohibición de entrada en 
España, que se fija en un año. No se hace imposición de costas en ninguna de las dos  s
instancias.» oe.
En el fundamento de Derecho tercero se formula una advertencia previa por la Sala  100ww
cporens eenl tfaind od ep odr eelilm rietaprr elsae cnotanntrtoev deersl iaa qeuní  reesceu rgrerandteo  ejunr iasdpieclcaicoinóanl , nyo  ehsa  qimuep uegln easdcor itloa 
dseen ltae ndceima adned par, imy eqruae  insset acnocrriae sepno nedl ep acrotnic uulnaar  pdoer  laesl  qduoes  epsretate dnesnioengeós  edle pdruimciedra sm eonti vlao   BOE-A-cable e
instancia, en cuanto declaró que no quedaba acreditado que aquel dispusiera de una 
autorización de residencia de larga duración. Siendo esto así, precisa la Sala que:
«[N]o cabe en la segunda instancia examinar pronunciamientos de la sentencia 
apelada que han devenido firmes. Consecuentemente, la controversia habrá de ser 
analizada en los términos en los que fue resuelta en la instancia, es decir partiendo de la 
base de una autorización de residencia temporal.»
En el fundamento de Derecho cuarto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
se sostiene, tal y como alega el abogado del Estado en su escrito, que al tener la 
condición de residente temporal no resulta aplicable al caso ni el art. 15.1 del Real 
Decreto  240/2007,  «ya  que  el  recurrente  no  es  ciudadano  comunitario  (art.  1  del 
RD 240/2007) ni familiar de un ciudadano comunitario (arts. 2 y 2 bis de la misma 
norma)» y por tanto no es necesario acreditar la existencia de motivos graves de orden 
público o seguridad pública para justificar la expulsión; como tampoco le es de aplicación 
el  art.  12.3  de  la  Directiva  2003/109/CE  referida  a  nacionales  de  terceros  países 
residentes de larga duración.
Ya  en  el  fundamento  de  Derecho  quinto,  la  Sala  recuerda  la  condena  al  aquí 
recurrente por dos delitos de «robo con intimidación a 1 y 2 años de prisión y que los 
antecedentes no están cancelados», siendo su parecer que la expulsión se justifica en la 
resolución  administrativa,  «por  la  gravedad  del  delito  y  la  entidad  de  los  derechos 
personales afectados». Tomando en consideración, continúa razonando, que la doctrina 
del Tribunal Supremo es que a efectos del art. 57.2 LOEx la pena del delito superior a un 
año se refiere a la pena prevista en abstracto por el Código penal, y que en este caso el 
robo con violencia o intimidación se sanciona en el art. 242 CP con pena de prisión de 
dos a cinco años, colige la Sala que:
«Procede, por todo lo expuesto, estimar el recurso y revocar la sentencia apelada, 
pues las circunstancias de arraigo personal, familiar o social son intrascendentes ante la 
causa legal de expulsión.
Los anteriores pronunciamientos no agotan, sin embargo, la controversia, ya que los 
efectos de la expulsión, regulados en el art. 58 de la LOEx se determinan por las 
concretas circunstancias del caso. La administración establece, al amparo del art. 59.1 
que la LOEx, el máximo legal de prohibición de entrada en el espacio Schengen y no 
explica las razones por las que impone dicho plazo de prohibición de entrada.
La Sala estima que las circunstancias personales, familiares y sociales reflejadas en 
la sentencia apelada no son compatibles con dicha medida temporal.
En efecto, la juventud del actor, el hecho de que su familia resida en España y que 
esté integrado en el país determina que el plazo de prohibición de entrada a España se 
fije en 1 año».
Lo cual comporta, como declara el fundamento de Derecho sexto de la sentencia, 
«una estimación parcial de la apelación y del recurso contencioso-administrativo […]».
j)  Contra  la  sentencia  de  apelación  interpuso  recurso  de  casación  el  aquí 
recurrente. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo  (recurso  de  casación  núm.  1016-2019),  dictó  providencia  el  27  de  junio 
de  2019  por  la  que  inadmitió  a  trámite  el  recurso  por  dos  motivos:  1)  «falta  de 
fundamentación suficiente, con singular referencia al caso, sobre la concurrencia de los 
supuestos» legales justificativos de interés casacional objetivo, y 2) «carencia de interés 
casacional objetivo en los términos en los que ha sido preparado el recurso, teniendo en  e.
cuenta además que las cuestiones de hecho y su valoración probatoria están excluidas  w.
de la casación, como es el caso respecto de la acreditación de situación de arraigo del  100ww
r[peocur rtroednates,,  aS SloT Sq udee  s5e  daeñ ajudleio q duee  2s0o1b8re  –lrae ccuuressot ió3n7 0c0o/n1t7ro–v ye r1ti9d ad ee xfiestber ejurori sdper u2d0e1n9c ia–
recurso 5607/17–)».
k)  Notificada esta última resolución, por la parte recurrente se formalizó el presente 
recurso de amparo.
3.  La  demanda  de  amparo  alega  que  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que impugna, 
vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente por haber 
revocado sin el debido enjuiciamiento de las circunstancias relevantes del caso, la 
sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 2 de Santander que le había sido favorable, confirmando con ello la validez de las 
resoluciones dictadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria que decretaron su 
expulsión del territorio nacional. La demanda también se refiere como impugnada a la 
providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en cuanto 
al inadmitir su recurso de casación trajo consigo la confirmación de la sentencia de 
apelación.
Centrándose el escrito de demanda en esta última sentencia, tras hacer repaso de 
los antecedentes de la causa se reprocha a dicha resolución judicial el haber sostenido 
que la expulsión del recurrente, acordada ex art. 57.2 LOEx, no permitía ponderar sus 
circunstancias personales y familiares en orden a la no adopción de la medida, tal y 
como prevé el art. 57.5 de la misma ley y el art. 3 de la Directiva 2003/109/CE, por 
considerar el tribunal superior de justicia que aquel no estaba en posesión de una 
autorización de residencia de larga duración, sino solamente temporal. Se explica por la 
demanda,  en  tal  sentido,  que  «el  supuesto  concreto  es  más  complejo»  porque  el 
recurrente fue un menor reagrupado por su madre (residente ella de larga duración) y 
por tanto con residencia legal en España desde el 27 de agosto de 2009; en total tres 
autorizaciones de residencia en ocho años, hasta su extinción por la resolución de la 
Delegación del Gobierno en Cantabria de 6 de julio de 2017. La normativa de extranjería 
exige cinco años de residencia legal para obtener aquel estatus (larga duración), la 
propia resolución que le expulsa reconoce que extinguía una autorización de residencia 
de larga duración.
Alega a continuación la demanda, respecto del recurrente, «su grado de reinserción, 
vinculación familiar, elevada integración social en nuestro país y nula vinculación con su 
país de origen más allá de su nacionalidad, tal como consta en la sentencia de instancia 
y fue valorado», y añade que la sentencia de apelación impugnada ha obviado la 
valoración de su arraigo familiar, y con ello no se ha tenido en cuenta la jurisprudencia de 
este Tribunal Constitucional en el ámbito de las expulsiones del art. 57.2 LOEx, la cual 
exige en todo supuesto «se[a] cual sea el tipo de residencia […] todas las circunstancias 
personales, familiares y de arraigo social con carácter previo a la imposición de la 
expulsión, ya que este tipo de acto administrativo, o resolución judicial en su caso, 
limitan el ejercicio o disfrute del [sic] derechos fundamentales como son la intimidad 
familiar (artículo 18.1 CE), el derecho a la igualdad (artículo 14 CE) y el derecho a la vida 
digna e integridad física (artículo 15 CE)». Cita al efecto las SSTC 131/2016, de 18 de 
julio; 201/2016, de 28 de noviembre, y 14/2017, de 30 de enero; pasando a reproducir 
parte de los fundamentos jurídicos 5 y 6 de la primera de ellas.
Asimismo, afirma la demanda que la sentencia impugnada no ha tenido en cuenta los 
siguientes pronunciamientos del Tribunal Europeo Derechos Humanos: 1) la Decisión 
de 17 de marzo de 2015, asunto G.V.A. c. España, por la que el Estado español se 
comprometió a que en el futuro, antes de adoptarse la medida de expulsión por el motivo 
del art. 57.2 LOEx, tomaría en consideración el tiempo de su residencia en España, los 
vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de  e.
su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado; 2) la STEDH de 16 de  w.b
abril de 2013, asunto Udeh c. Suiza, que obliga a los Estados a ponderar la afectación  100ww
lqauzeo sla d eex epsutles ióconn t ielan ceo smoubnreid laad i netnim laid qaude p veirvseo nsael  ion tfeagmrail ieanr  dlae ln ioncteiórens daed ov,i dean p cruivaandtao  dloesl 
marits. m8 aC lEínDeHa , ayn t3e)r iloar ,S aTnEteDsH d dee a 1co5r ddaer  nlao veiexmpublrseió dne h 2a0y1 q2u, ea svuanlotora Sr hlaa lsai tuc.a cSiuóinz afa, menil ialar 
del afectado, la duración del matrimonio y otros factores que reflejen la realidad de su
vida familiar, como el interés y bienestar de los hijos; sentencia que, añade, instauró una 
inversión de la carga de la prueba cuando consta como cierto el arraigo y es que las 
autoridades han de acreditar mediante razones pertinentes y suficientes que existía la 
necesidad social imperiosa de acordar la medida, y que esta guardaba proporción con el 
propósito legítimo perseguido con su imposición.
Finaliza el escrito de demanda solicitando que este tribunal tenga por interpuesto 
recurso de amparo contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria 
de 17 de octubre de 2017, que confirmó la anterior de ese despacho de 6 de julio 
de 2017 acordando su expulsión y la prohibición de retorno al mismo, así como también 
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, de 22 de octubre de 2018, que excepto en la reducción del plazo 
de  retorno  confirmó  aquellas  resoluciones  administrativas,  con  revocación  de  la 
sentencia de primera instancia, y que tras la tramitación del proceso dictemos sentencia 
«por la que se reconozca el derecho de amparo de D. Marin Sorocean, de nacionalidad 
moldava, con NIE Y-568136-G, por vulneración del derecho fundamental de tutela judicial 
efectiva».
4.  Mediante diligencia de ordenación de la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este 
Tribunal Constitucional, de 25 de septiembre de 2019, se acordó requerir al procurador 
de la parte recurrente para que en el plazo de diez días aportase copia de la sentencia 
recaída en apelación que impugna, con la advertencia de que su incumplimiento daría 
lugar  a  que  la  Sección  pudiera  inadmitir  el  recurso.  El  requerimiento  resultó 
cumplimentado por escrito del representante procesal del recurrente, presentado en el 
registro de este tribunal el 11 de octubre de 2019, aportando copia de dicha sentencia.
5.  La Sección Cuarta de este tribunal dictó providencia el 20 de julio de 2020, por la 
que acordó admitir a trámite el recurso, «apreciando que concurre en el mismo una 
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar 
ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso 
de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]». En la misma resolución se acordó: «en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, diríjase atenta comunicación al Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera y al Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo y fin de que, en plazo 
que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones 
correspondientes  al  recurso  de  casación  n.º  1016-2019  y  recurso  de  apelación  n.º 
170-2018, respectivamente.
Diríjase  igualmente  atenta  comunicación  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º 2 de Santander, a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, 
remita  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  al 
procedimiento abreviado n.º 33-2018; debiendo previamente emplazarse, para que en el 
plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo».
6.  Con fecha 2 de septiembre de 2019, se presentó en el registro de este tribunal 
un escrito del abogado del Estado por el que dijo personarse en la representación que 
ostenta, solicitando se le tuviese por personado y parte en este proceso, entendiéndose 
con él las sucesivas actuaciones.
7.  Con fecha 8 de septiembre de 2020, la Secretaría de Justicia de la Sección 
Cuarta de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que, de un lado, decidió  e.
tener por personado y parte en el procedimiento al abogado del Estado, y de otro lado  w.
acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por  100ww
epslatizmoa sceonm úpne rtdinee nvteeisn,t ec odnífaosrm, ea  cfionn  dloe  pqreuvei sptou deine raenl  aprtr.e 5s2e.n1t adr el alas  Laeleyg Oacrgioánneicsa  qdueel 
Tribunal Constitucional (LOTC).
8.  El  teniente  fiscal  ante  este  Tribunal  Constitucional  presentó  escrito  de 
alegaciones el 6 de octubre de 2020, por el que interesó de este tribunal que dictara 
sentencia «por la que: 1.º Se declare vulnerado el derecho del demandante a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE).–2.º Se le restablezca en su derecho, y, a tal fin, se anule 
la sentencia núm. 415/2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria de fecha 22 de octubre de 2018, dictada en el recurso 
de apelación núm. 170-2018.–3.º Se declare la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  103/2018  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Santander de fecha 29 de mayo de 2018, pronunciada en el 
procedimiento abreviado núm. 33-2018».
Tras hacer un resumen de los antecedentes del proceso a quo, así como de los 
motivos de la demanda de amparo, aborda el teniente fiscal ante este tribunal el examen 
de la pretensión de fondo, lo que le conduce en primer lugar a hacer un recordatorio de 
la doctrina constitucional sobre la medida de expulsión prevista en el art. 57.2 LOEx y la 
ponderación del arraigo de la persona afectada. Cita a este respecto, en primer lugar, las 
SSTC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6; 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, y 14/2017, 
de 30 de enero, FJ 5, dictadas en relación con residentes de larga duración. El escrito de 
alegaciones se detiene en el examen de las circunstancias de cada uno de los casos 
enjuiciados y lo que declaró este tribunal en esas sentencias, destacando de ellas la 
dimensión constitucional del deber de motivar este tipo de resoluciones por la autoridad 
administrativa competente, en cuanto restringen el ejercicio de derechos fundamentales, 
debiendo ponderar las circunstancias personales y familiares del afectado, si bien el 
incumplimiento de ese deber no supone la vulneración del art. 24.1 CE; y el deber 
también  de  los  órganos  judiciales,  de  motivar  su  control  sobre  aquellas  mismas 
resoluciones ponderando las circunstancias descritas, cuyo incumplimiento sí acarrea la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y añade la cita de la STC 42/2020, 
de 9 de marzo, FJ 4, «en un caso de denegación de solicitud de obtención de tarjeta de 
residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea».
Sentado esto, se alega que el presente recurso de amparo presenta elementos de 
coincidencia con los supuestos enjuiciados en aquellas sentencias, al denunciarse la 
vulneración del deber de motivación (art. 24.1 CE) por no haber tenido en cuenta la 
sentencia  de  apelación  impugnada  las  circunstancias  de  arraigo  del  recurrente  de 
amparo que constaban en las actuaciones; defecto de motivación que también atribuye 
el teniente fiscal a las resoluciones administrativas de 6 de julio y 17 de octubre de 2017, 
tal y como vino a entenderlo la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo, el 
cual rechazó la aplicación automática de la expulsión prevista en el art. 57.2 LOEx 
efectuada por la Delegación del Gobierno, y ponderó las circunstancias personales 
alegadas por el recurrente, tanto aquellas que explican la comisión de los ilícitos penales 
por los que fue condenado, su conducta posterior, y el arraigo familiar en España y su 
falta de él respecto de su país de origen. En cambio no lo consideró así la sentencia de 
apelación  impugnada,  cuyo  contenido  resume,  aunque  esta  sí  redujo  el  tiempo  de 
prohibición de retorno al país a un año, valorando a esos efectos tales circunstancias.
Colige el escrito de alegaciones que el presente caso presenta «en esencia los 
mismos  déficits  de  motivación  y  de  ponderación  de  las  circunstancias  de  arraigo 
personal, familiar y social que fueron apreciados por la doctrina constitucional en las 
SSTC 131/2016, 201/2016 y 14/2017». El elemento diferenciador del presente caso con 
el  resuelto  en  aquellas  sentencias  es  que  aquí  el  recurrente  no  dispone  de  una 
autorización de residencia de larga duración, y en ello se ha fundado la no aplicación del  e.
art. 57.2 en relación con el 57.5 LOEx, y el art. 3 de la Directiva 2003/109/CE. Este dato  w.b
conduce  al  teniente  fiscal  a  proponer  la  «eventual  modificación  o  aclaración  de  la  100ww
dreoscptreincato»  dceo nresstiitduecniotneas l dyea  leaxrgpau edsutara, cyiaó nq,u sei na qoulveidllaasr  qtruees  esel natret.n 5c7ia sL OseE xh afune d mictoaddiofic saodloo 
enna ci2o0n0a9le sp adrea  teinrcceorropso rpaar íseel sm reasniddaetnot edse dl ea rlat.r g1a2  dduera caióqnu,e lqlau ed oirebcligtivaa a,  preolnadtiveara ra s il oesl 
afectado representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la
seguridad  pública,  y  la  toma  en  consideración  de  sus  circunstancias  personales  y 
familiares, su arraigo en el país de residencia y en el de origen.
A juicio del fiscal, dicha doctrina debe extenderse a los demás casos donde la 
persona no disponga de esta clase de autorización de residencia, por tres razones: (i) 
porque de hecho así lo ha declarado también este tribunal en otras sentencias; (ii) se 
acomodaría más a la jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos, contra la 
que  chocan  tanto  las  resoluciones  administrativas  como  la  sentencia  de  apelación 
impugnadas en este recurso; y (iii) por suponer un «significativo contrasentido que a la 
vista del art. 89.4 CP, la medida de expulsión acordada en sustitución de una pena haya 
de resultar proporcionada tras valorar en todos los casos de extranjeros –residentes de 
carácter temporal o no–, entre otras, las circunstancias que tienen que ver con el arraigo 
personal,  familiar  y  social  del  afectado,  mientras  en  el  ámbito  administrativo  y 
contencioso-administrativo de aplicación del art. 57.2 LOEx los órganos competentes 
solo  tendrían  que  valorar  dichas  circunstancias  para  la  expulsión  si  se  está  ante 
residentes de larga duración acogidos por la Directiva 2003/109/CE».
Pasa a desglosar el teniente fiscal cada una de estas tres consideraciones:
a)  En cuanto a precedentes favorables a dicha extensión, cita la STC 29/2017, 
de 27 de febrero, que trató de la ponderación de aquellas circunstancias personales y 
familiares al dictarse la expulsión sustitutiva del art. 89 CP, en aquel caso afectante a un 
residente de larga duración aunque ello no fuese en sí relevante. Lo cierto, destaca, es 
que en esa sentencia, fundamento jurídico 3, el tribunal recordaba su doctrina favorable 
a exigir tanto a la administración como a los órganos judiciales dicha ponderación, al 
estar en juego el derecho a la intimidad familiar (art. 18 CE), el mandato de protección a 
la familia del art. 39 CE en relación con el art. 10.2 CE, y lo dispuesto en instrumentos 
internacionales de protección en el caso de derechos del niño. Dicha STC 29/2017 citaba 
en su apoyo a las anteriores SSTC 46/2014, de 7 de abril, FJ 6, dictada en un supuesto 
de denegación de solicitud de renovación de un permiso de trabajo que implicaba 
estancia irregular sobrevenida; y las ya mencionadas 131/2016, 201/2016 y 14/2017.
Añade a continuación el escrito de alegaciones la cita de la STC 186/2013, de 4 de 
noviembre, en la que, de un lado el tribunal declaró que el derecho a la vida familiar de 
los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea no 
estaba comprendido dentro del contenido del derecho a la intimidad familiar ex art. 18.1 
CE. De otro lado, señaló en todo caso que la protección del derecho a la vida familiar 
encuentra cobertura en los principios del art. 10.1 CE, y el mandato de los arts. 39.1 
(familia) y 39.4 (niños) CE. Y si bien su efectividad no puede exigirse en un recurso de 
amparo por no hallarse dentro de los derechos incluidos en el art. 53.2 CE, sin embargo 
y conforme al art. 53.3 CE, los jueces ordinarios han de tenerlos presentes al interpretar 
y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando la proporcionalidad de la expulsión, dado el 
sacrificio  que  conlleva  para  la  convivencia  familiar  frente  al  fin  perseguido  con  su 
imposición, que es el de asegurar el orden público y la seguridad ciudadana. Así las 
cosas, dice el teniente fiscal que «este pronunciamiento anterior no se realizó en un caso 
de residente de larga duración ni tiene sentido que se limite a dicho tipo de migrante, 
pues desde la perspectiva de los principios e intereses constitucionales reseñados que 
se  hallan  concernidos  en  toda  decisión  de  expulsión,  la  distinción  de  trato  entre 
residentes  temporales  y  de  larga  duración  carece  de  mayor  fundamento,  debiendo 
estarse a las circunstancias específicas del caso para valorar la proporcionalidad de la 
medida y desterrar cualquier exceso, lo que necesariamente conlleva valorar el arraigo 
personal, familiar y social que la persona en cuestión presente en España». e.
b)  En segundo lugar, por lo que concierne al Tribunal Europeo Derechos Humanos,  w.b
se  insiste  en  el  escrito  de  alegaciones  que  «la  exigencia  de  ponderación  de  las  100ww
cjuirdciucinasl,t aqnuceia sim dpel iqaurrea igdoir epcetars oon ainl,d ifraemctialiamr eyn tseo claia ls eanlid tao ddae lm teedrriidtoar,i oa dnmaicniiosntraalt ivdae  yu/on 
ejuxrtisrapnrujedreon creias iddeenl tTer,i bsuenaa lo E nuoro pdeeo  laDregrae cdhuorsa cHióunm, aenso sla  qsuoel uhcaió nv emniádso  saicgonridfieca cnodno  llaa 
necesidad de empleo de toda una serie de criterios que han de servir de referente para
valorar si una orden de expulsión y/o de prohibición de reentrada en el territorio nacional 
es  necesaria  en  una  sociedad  democrática  y  proporcionada  a  la  finalidad  legítima 
perseguida en virtud del art. 8.2 del CEDH, una vez que todo migrante asentado tiene el 
derecho  al  respeto  a  su  vida  personal  y  familiar  ex  art.  8.1  CEDH».  Se  citan  a 
continuación una serie de resoluciones del tribunal europeo que han examinado la falta 
de ponderación de las circunstancias personales y familiares de la persona objeto de una 
expulsión, desde la óptica del art. 8 CEDH: sentencias de 2 de agosto de 2001, asunto 
Boultif c. Suiza, § 40; 18 de octubre de 2006, asunto Üner c. Países Bajos, § 57 a 60; 23 
de junio de 2008, asunto Maslov c. Austria, § 68 a 76; 10 de abril de 2012, asunto 
Balogun c. Reino Unido, § 43 a 53, y 20 de septiembre de 2011, asunto A.A. c. Reino 
Unido.
Añade que las resoluciones del Tribunal Europeo Derechos Humanos que cita la 
demanda de amparo «no vienen sino a reiterar la doctrina reseñada»; y que en la 
Decisión de 17 de marzo de 2015 (acuerdo amistoso), asunto G.V.A. c. España, nuestro 
país se comprometió específicamente ante el Tribunal de Estrasburgo que en el futuro la 
interpretación del art. 57.2 LOEx se realizaría conforme a los criterios del art. 57.5 b) de 
la misma ley orgánica. Esto es, precisa el teniente fiscal, «sin restricciones en cuanto al 
ámbito subjetivo por tipo de residente», aunque este último precepto se refiera a los 
residentes de larga duración. Advierte que a pesar de ello España resultó de nuevo 
condenada en la STEDH de 18 de diciembre de 2018, asunto Saber y Boughassal c. 
España, donde dicho tribunal «constató la posición del Tribunal Constitucional en la 
STC 186/2013», recordando aquel compromiso manifestado en el asunto  G.V.A. c. 
España; sentencia cuya fundamentación el escrito de alegaciones detalla.
Tras hacerlo, se concluye que «es evidente» que la actuación de la administración y 
de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Cantabria resulta «manifiestamente contraria a las exigencias» del Tribunal Europeo 
Derechos Humanos sobre los derechos del art. 8.1 CEDH y las condiciones para su 
injerencia en el art. 8.2 CEDH. Ni «tampoco se ajusta en lo más mínimo al compromiso 
adquirido  por  nuestro  país  a  partir  de  la  Decisión  del  Tribunal  Europeo  Derechos 
Humanos de 17 de marzo de 2015, n.º 35765/14 (acuerdo amistoso) –asunto G.V.A. 
contra España– en cumplimiento de la jurisprudencia europea reseñada». «E incluso 
cabe  pronosticar  –con  bastante  seguridad  a  la  vista  de  los  pronunciamientos  aquí 
resaltados  de  toda  esta  doctrina  europea–  que  si  el  Tribunal  Europeo  Derechos 
Humanos  tuviese  que  llegar  eventualmente  a  analizar  […]  la  orden  de  expulsión 
adoptada en el caso del presente recurso de amparo […] la conclusión sería que se ha 
violado  el  derecho  a  la  vida  privada  y  familiar  del  demandante»,  reiterando  las 
circunstancias personales y familiares de este.
c)  En  tercer  y  último  lugar,  reitera  el  escrito  de  alegaciones  que  resulta  un 
contrasentido que el art. 89 CP obligue a realizar un test de proporcionalidad para 
acordar la medida de expulsión en él prevista, y para todos los casos de extranjeros 
«asentados temporalmente o no en España», y que ello no se predique de la expulsión 
del art. 57.2 LOEx sino solamente en residentes de larga duración a los que acoge la 
Directiva 2003/109/CE «por un entendimiento circunscrito a que la doctrina constitucional 
de las SSTC 131/2016, 201/2016 y 14/2017 únicamente lo requiere respecto de los 
mismos». Añade que la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 7/2015, de 17 de 
noviembre, «insistió en recalcar en las actuaciones de los miembros del Ministerio Fiscal 
el deber de asegurar que la expulsión que se acuerde en sustitución de una pena 
conforme al art. 89.4 CP –tal y como ordena su primer párrafo– resulte proporcionada»,  s
valorando «el impacto que el cumplimiento de la medida tendría en la vida privada y  oe.
familiar del extranjero, así como la gravedad del hecho por el que ha sido condenado».  w.
Señala el teniente fiscal que «si esto es así para las sustituciones de pena por la medida  100ww
deen  evixrptuudls dióenl ,a nrto.  e5x7i.s2t eLnO rEaxz,o cnueyso p faurnad naom eexnitgoi,r lop ersees pae clato n daetu lraasle ezxap audlsmioinneisstr aatcivoard daed alas 
bmaesdaidrsae,  perne slae nctao necvuidrreenntcei ac odinec pidreenvciaias  scuosntdaenncaiasl  cpoenn alale ssu»s; tictuocmióon  tdaeml paorct.o 8 9se.4  jCusPti fpicoar   BOE-A-cable e
dicha diferencia de tratamiento «desde la perspectiva de los derechos fundamentales y 
los  intereses  constitucionales  en  juego  que  pueden  resultar  concernidos  por  una 
expulsión del territorio nacional y/o una prohibición de reentrada en el mismo»; «sin 
distinguir supuestos en función de la posesión de estatuto formal de residente de larga 
duración. La expulsión, por tanto, no debe aplicarse, en ninguna de sus modalidades, si 
resulta desproporcionada».
Tras la toma en consideración de estos criterios, el escrito de alegaciones sostiene 
que el presente caso lleva a «estimar vulnerado el art. 24.1 CE, al no haberse ponderado 
las circunstancias personales, familiares y sociales del recurrente que fueron aportadas y 
objeto de prueba en el caso, siendo que estaban en juego, además del referido art. 24 
CE, el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), junto al de protección 
social, económica y jurídica de la familia (art. 39 CE), en el entendimiento que procede 
integrar en nuestra doctrina constitucional conforme al art. 10.2 CE. Si bien no ha sido 
alegado como vulnerado el derecho del art. 18 CE y aunque se siga entendiendo que 
este no recoge en toda su dimensión el contenido que la jurisprudencia europea otorga 
al art. 8 CEDH (STC 186/2013, de 4 de noviembre, FJ 7) […], se debió en todo caso 
"ponderar las circunstancias de cada supuesto" y "tener en cuenta la gravedad de los 
hechos" (SSTC 46/2014, de 7 de abril; 131/2016, de 18 de junio, FJ 6; 201/2016, de 28 
de noviembre de 2016, FJ 3, y 42/2020, de 9 de marzo, FJ 4)». Ni la administración ni el 
órgano  judicial  de  apelación  tomaron  en  consideración  los  criterios  exigidos  por  la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  en  cuanto  a  ponderar  las 
circunstancias concurrentes y la falta de proporcionalidad de la expulsión del recurrente, 
incurriendo en un «derroche innecesario de rigor en la aplicación del art. 57.2 LOEx, con 
una  consiguiente  grave  afección  de  los  derechos  fundamentales  e  intereses 
constitucionales  asociados»,  pasando  en  este  punto  del  relato,  a  reiterar  las 
circunstancias  personales  y  familiares  alegadas  por  el  recurrente,  indicando  que  la 
«consideración  como  amenaza  real  para  la  comunidad  y  el  orden  público»  del 
recurrente, «carece de bases sólidas».
Considera  por  tanto  el  teniente  fiscal  que  debe  otorgarse  el  amparo,  y  en  su 
consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de apelación impugnada, «lo que 
comportaría  la  firmeza  de  la  sentencia»  de  primera  instancia,  la  cual  anuló  las 
resoluciones de la Delegación del Gobierno en Cantabria, «anulación que quedaría así 
definitivamente ratificada». Con arreglo a ello enunció el suplico de su escrito, del que ya 
al principio se hizo debida transcripción.
9.  Con fecha 8 de octubre de 2020 tuvo entrada en el registro de este tribunal el 
escrito de alegaciones del abogado del Estado, interesando de este tribunal que dicte 
sentencia «por la que desestime totalmente la demanda de amparo».
Tras hacer un resumen de los antecedentes del proceso a quo, el abogado del 
Estado afirma que a su juicio tanto la administración competente como la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al dictar las 
resoluciones impugnadas, actuaron de manera ajustada a la Constitución, en la medida 
en que el art. 57.2 LOEx «fue adecuadamente aplicado en sede de jurisdicción ordinaria 
a cuyo tenor se debe ajustar la actuación administrativa, como asimismo el órgano 
jurisdiccional que lo aplicó al caso, dentro del conjunto del ordenamiento y en la medida 
en que debe llevarse a cabo a la vez una interpretación siempre en concordancia con los 
preceptos constitucionales»; así como también ha actuado correctamente «la Sala III del 
Tribunal Supremo, en su decisión de inadmisión» del recurso de casación promovido por  e
el recurrente contra aquella sentencia de segunda instancia. bo
En este caso, razona el escrito, se cumple el supuesto de aplicación del art. 57.2  100ww
lLaO SEaxl,a s Tieenrcdeor ala ( cSoencdceiónna  Qpeuninatal f)i rdmeel  Tlari búunnicaal  Scauupsream doe  elan e sxup uslesniótenn, cyi ah anbúimen. d1o1 3a5cl/a2r0a1d8o, 
pdree v3i sdtae  ejunl ioe l dCeó 2d0ig1o8 ,p eqnuael ,l a« cpoenn au nqau ep ehnaa  dseu pteernioerr sae  uenn  acñuoe ndtea  caá recsetlo ysa e efenc tsous  treasm lao 
mínimo». Por ello tiene razón la sentencia de apelación impugnada cuando afirma que
las circunstancias de arraigo personal, familiar o social son intrascendentes en este 
caso, al tratarse de un residente temporal y no de larga duración, que es donde operan 
los factores del art. 57.5 b) LOEx. Tiene también razón la sentencia, prosigue, cuando 
considera inaplicable lo dispuesto en el art. 15.1 del Real Decreto 240/2007 al no ser el 
recurrente ciudadano comunitario, ni el art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, que se 
refiere a los residentes de larga duración.
Alega el abogado del Estado que cuando el art. 57.2 LOEx señala que se impondrá 
la expulsión «previa tramitación del correspondiente expediente», esto último no significa 
que quepan hacer valoraciones ajenas al presupuesto de la medida, sino que en este, 
como en todo procedimiento administrativo, rige la garantía de la defensa y contradicción 
del expedientado, aquí en orden a acreditar «la realidad y alcance de la sentencia penal 
habida, la existencia o no, como dice el precepto, de antecedentes cancelados o no; y 
las generales: dar audiencia al interesado», garantías que, añade, han de tener todos los 
expedientes en materia de extranjería, ex art. 20.2 LOEx. Reitera que el recurrente no 
gozaba  de  una  autorización  de  residente  de  larga  duración,  que  consta  en  las 
actuaciones que había formulado dicha solicitud pero no se le había concedido, por tanto 
al no entrar en juego las circunstancias del art. 57.5 b), la orden de expulsión acarreaba 
las demás consecuencias que prevé el art. 57.4 LOEx: prohibición de retorno al territorio 
nacional y la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España 
que tuviera.
Cita asimismo el escrito de alegaciones la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11 de junio de 2020, asunto C-448/19, resolviendo una cuestión 
prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, respecto 
a que la aplicación del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2003, la valoración de las circunstancias personales y familiares del 
expedientado antes de acordarse la expulsión de uno de los Estados miembros, se 
reconoce a las personas titulares de permisos de residencia de larga duración, lo mismo 
que la doctrina constitucional en su STC 201/2016, FJ 3, como ya destacó la sentencia 
impugnada. Cita también la STC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, y 145/2017 [rectius: 
14/2017], de 30 de enero, las cuales enjuician casos de residentes de larga duración, y 
la  afectación  al  deber  de  motivación  (art.  24.1  CE)  aunque  no  sea  una  medida 
sancionadora estrictamente hablando. Defiende que en el caso del recurrente –residente 
temporal– la medida de expulsión del art. 57.2 LOEx es una consecuencia aflictiva de la 
sanción penal impuesta, donde el legislador ha dejado un margen muy reducido «de 
ajuste o valoración al órgano competente (administrativo o judicial)» y «menos margen 
aun de corrección le quedaría, en nuestra opinión, a ese Tribunal Constitucional, en la 
medida en que este no es juez de la adecuación o corrección, o no, de la aplicación de la 
ley ordinaria, entendida esta como norma infraconstitucional aun, claro, como todas, 
incluidas las internacionales, subordinadas a la Constitución».
Alega el abogado del Estado que todas las resoluciones dictadas en este caso, tanto 
las  administrativas  como  las  judiciales,  al  margen  del  signo  de  su  decisión  están 
debidamente motivadas, también por tanto la sentencia de apelación impugnada. El 
recurrente no ha padecido indefensión ni se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24  CE),  al  haber  podido  interponer  recurso  de  reposición  contra  la 
resolución administrativa inicial, y después acceder a la justicia, actuando después en 
apelación y casación. No hay tampoco vulneración de otros derechos fundamentales, 
pues la limitación del «posible derecho a la intimidad personal o familiar (art. 18.1 CE) 
conforma un efecto necesario o ínsito en la medida legal adoptada», lo mismo respecto  s
del  derecho  del  art.  17  CE.  Los  derechos  fundamentales  pueden  ser  afectados  o  oe.
constreñidos, «según el nivel de consideración que merezcan según la Constitución», sin  w.
que  ello  suponga  privación  o  degradación  «de  la  condición  constitucional  de  los  100ww
dereEcnh ocsu ya nlitboe rata dlae si nrveoccoancoicóind oqsu»e.  Nhinagcúen l ad edreecmhaon fduan ddaeml eanrtta. l 1e0s. 2il imCiEta,d eol. escrito de
aploerg faincaiolindeasd  ceitxaa mdoincatrrin laa  coobnssetritvuacniocniaa lp qeur es ed edcela lroas  qtueex toesl  riencteurrnsaoc dioen aalmesp asrion on os otlioe nloe   BOE-A-cable e
que establece aquel precepto constitucional. En todo caso, advierte el abogado del 
Estado, para que deban tenerse en consideración esos textos resulta necesario que su 
interpretación resulte ineludible por la coincidencia entre el caso concreto y el criterio 
internacional de contraste, y también sobre los límites y alcance de la protección que 
brinda  la  Constitución  y  el  convenio  de  que  se  trate.  Así  las  cosas,  de  entre  los 
pronunciamientos del Tribunal Europeo Derechos Humanos que invoca la demanda, solo 
la decisión de 17 de marzo de 2015, asunto G.V.A. c. España, trata de la aplicación de la 
ley interna española, pero en un supuesto de carencia del permiso de residencia, que 
terminó en acuerdo amistoso. Los distintos permisos de residencia –temporal y de larga 
duración–  «son  lo  suficientemente  distintos  en  su  alcance  y  condiciones,  en  sus 
requisitos y, en fin, en su naturaleza, desde la perspectiva propia de la política estatal 
relativa u ordenadora de la inmigración desde terceros países», como para sostener una 
identidad  de  razón  o  una  interpretación  analógica  entre  ellos,  para  ponderar  las 
circunstancias que determinan la expulsión en cada uno. Esa misma diferencia comporta 
la  interpretación  conforme  con  la  Constitución,  de  las  distintas  circunstancias  de 
ponderación establecidas por el legislador y por la normativa europea «(básicamente la 
Directiva  2003/109/CE)».  Termina  diciendo  el  abogado  del  Estado  que  no  existe 
«fundamentación jurídica suficiente para estimar supuestamente el amparo, en tanto que 
la clara distinción de supuestos y de sus consecuencias jurídicas que la ley efectúa entre 
la situación personal de una persona extranjera titular de un permiso de residencia 
temporal y otra, titular de uno de residencia de larga duración, resulta ser un dato o 
circunstancia de suficiente relevancia, desde la perspectiva del ordenamiento aplicable». 
Tras ello formuló el suplico antes indicado.
10.  Por último, con fecha 13 de octubre de 2020 el representante procesal del aquí 
recurrente en amparo presentó sus alegaciones, en el sentido de reiterar las ya vertidas 
en el escrito de demanda, incidiendo en que la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva en cuanto al deber de motivación en las expulsiones del art. 57.2 LOEx que 
garantiza  la  jurisprudencia  constitucional  ya  invocada,  se  produce  tanto  por  las 
resoluciones administrativas dictadas, como por la sentencia de apelación de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Cita de manera novedosa las SSTJUE de 7 de diciembre de 2017, asunto C-636/16, 
Wilber López Pastuzano c. Delegación del Gobierno en Navarra –reproduciendo sus 
fundamentos jurídicos 22 a 29–, y la de 3 de septiembre de 2020 –de la que reproduce el 
fallo–, ambas en cuanto a la aplicación de la Directiva 2003/109/CE, para los residentes 
de larga duración. Critica además que la sentencia de apelación impugnada no haya 
valorado las circunstancias personales y familiares del recurrente respecto de la medida 
de expulsión pero sí para la fijación del plazo de expiración de la prohibición de retorno, 
pues una vez expulsado, «solo podrá regresar cuando se le cancelen sus antecedentes 
penales y un empresario español quiera contratarle en origen. Futuro incierto y que solo 
garantiza desarraigo».
En el suplico del escrito se solicita tanto la nulidad de las resoluciones administrativa 
y judicial ya identificadas, como que este tribunal en su sentencia confirme la sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander, de 29 de mayo 
de 2018.
11.  La Secretaría de Justicia dictó diligencia el 14 de octubre de 2020 para hacer 
constar que se habían presentado escritos de alegaciones por el Ministerio Fiscal, el 
abogado  del  Estado  y  el  representante  del  recurrente,  quedando  concluso  el  e
procedimiento. bo
y vo1ta2c. iónM deed ilaan ptere psreonvtied esnecnitae ndcei a9 e dl ed ísae 1p3ti edmelb mrei sdmeo 2 m02e1s,  ys ea ñsoe.ñaló para deliberación  2021-17100n https://ww
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del proceso y consideraciones previas al análisis de la queja de fondo:
a)  La  demanda  de  amparo  alega  que  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, estimatoria en 
parte del recurso de apelación promovido por el abogado del Estado contra la sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander que había sido 
favorable al recurrente, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE), al haber confirmado con aquella estimación parcial, la validez de las resoluciones 
de 6 de julio y 17 de octubre de 2017 –esta última, confirmatoria en reposición de la 
anterior– dictadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, que, en aplicación de lo 
dispuesto  en  el  art.  57.2  LOEx  y  al  acreditarse  que  le  habían  sido  impuestas  al 
recurrente dos condenas penales por sendos delitos de robo con violencia y lesiones 
leves, acordaron su expulsión del territorio nacional y la extinción de la autorización de 
residencia temporal de la que disfrutaba, si bien la sentencia de apelación redujo el plazo 
original de cinco años de la medida de prohibición de retorno, a un año.
La demanda sostiene que para acordar su expulsión se exigía la previa ponderación 
de  las  circunstancias  personales  y  familiares  del  recurrente,  las  cuales  ha  venido 
alegando en sus distintos escritos de defensa –tal y como se ha dejado constancia en los 
antecedentes de esta sentencia y se volverá sobre ello más adelante–, ya que el 
art. 57.2 LOEx debe ponerse en relación con el art. 57.5 b) de la misma ley orgánica, 
precepto que se refiere a la ponderación de dichas circunstancias y que a su parecer no 
opera solo respecto de los residentes de larga duración. Al no haberlo hecho así ni las 
resoluciones administrativas ni la sentencia de apelación, negando las tres la posibilidad 
de  tal  ponderación  de  circunstancias,  infringieron  todas  ellas  su  derecho  de  tutela 
judicial,  en  su  vertiente  de  derecho  a  la  debida  motivación.  La  demanda  también 
impugna por este motivo la providencia ulterior de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
que al inadmitir el recurso de casación interpuesto por el recurrente contra aquella 
sentencia, comportó que la misma deviniera firme.
El abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, ha formulado 
alegaciones solicitando la desestimación de la demanda de amparo por entender que las 
resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, mientras que el teniente fiscal ante 
este tribunal ha interesado su estimación afirmando que a aquellas les era exigible la 
ponderación de las circunstancias personales y familiares del recurrente, de todo lo cual 
se ha hecho resumen en los antecedentes. Ninguno de los dos ha opuesto óbices 
procesales al fondo.
Procede de una vez indicar que el art. 57 LOEx, aplicado por todas las resoluciones 
dictadas en el proceso a quo, y sobre las que han vertido sus consideraciones las partes, 
es el resultante de su redacción por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de 
reforma  de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  con  el  fin  declarado  en  el  epígrafe  IV  de  su 
preámbulo, de incorporar la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, transponer 
diversas directivas comunitarias en materia de inmigración que estaban pendientes, y 
adaptar la ley orgánica a la realidad migratoria en España. Entre esas directivas aparece 
la núm. 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, «relativa al Estatuto de 
los  nacionales  de  terceros  países  residentes  de  larga  duración»,  cuyo  art.  12.3 
condiciona la decisión de expulsión de esta clase de residentes a la previa toma en 
consideración de sus circunstancias personales y familiares («[a]ntes de adoptar una 
decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán  e
tomar en consideración los elementos siguientes: a) la duración de la residencia en el  bo
territorio; b) la edad de la persona implicada; c) las consecuencias para él y para los  100ww
mvíniecmulborso sc odne e ls up afías mdieli ao;r idg)e nlo»s).  Evísntcausl ocsir ccuonns taenl cpiaasís s ed eh arne sriedceongciidao  oc olan  uanu sceonncteian iddeo 
simiAlasrí ,e enn e pl arirmt.e 5r7 lu.5g abr),  LeOl aErxt.,  5c7o.m2 oL OahEoxr ap rseec eveprtúáa.:
«Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente 
expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una 
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de 
libertad  superior  a  un  año,  salvo  que  los  antecedentes  penales  hubieran  sido 
cancelados.»
Por su lado, el art. 57.5 b) señala:
«La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida 
sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la 
comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable 
con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:
[…].
b)  Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de 
un  residente  de  larga  duración,  deberá  tomarse  en  consideración  el  tiempo  de  su 
residencia  en  España  y  los  vínculos  creados,  su  edad,  las  consecuencias  para  el 
interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser 
expulsado.»
b)  Expuesto  así  el  núcleo  del  debate  planteado,  debemos  formular  algunas 
precisiones para la correcta delimitación del objeto de nuestro enjuiciamiento, antes de 
abordar  la  doctrina  que  resultaría  de  aplicación  para  resolver  la  queja  de  fondo 
planteada:
(i)  Aunque la demanda se articula formalmente como un recurso de amparo mixto 
en el que se impugnan resoluciones administrativas y judiciales, en realidad, dado que el 
único derecho fundamental que se alega como vulnerado es el de tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), en su faceta de derecho a la motivación, nos encontramos materialmente 
ante un recurso de amparo del art. 44 LOTC, solo contra lesiones producidas de manera 
directa por resoluciones judiciales, sin que constituya objeto del presente recurso el 
pronunciarnos sobre la nulidad de los actos administrativos del proceso a quo.
En el presente caso, además, sucede que las dos sentencias de instancia han fallado 
de  modo  contradictorio,  anulando  una  las  resoluciones  administrativas  impugnadas 
(juzgado  de  lo  contencioso-administrativo),  y  otra  confirmando  su  validez  (Sala 
competente del Tribunal Superior de Justicia), de modo que el examen de la queja del 
recurrente finalmente deparará la confirmación de una de esas decisiones judiciales, lo 
que  traerá  siempre  consigo  una  consecuencia  directa  para  las  resoluciones 
administrativas cuya fiscalización ambas acometieron.
(ii)  Puesto que en ejercicio de su derecho dispositivo sobre el objeto de este 
amparo, la parte recurrente ha invocado exclusivamente como vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva, como se ha dicho, queda fuera de este proceso el examen de las 
resoluciones impugnadas desde la perspectiva de la lesión del derecho a la intimidad del 
art. 18.1 CE. Ello sin perjuicio de que resulte criterio relevante en la ponderación que 
habremos de acometer del caso ex art. 24.1 CE, como luego se verá, la consideración 
de las circunstancias personales y familiares del demandante.
(iii)  Pese a las alusiones que contiene el escrito de demanda de amparo a que el 
recurrente reunía los requisitos necesarios para obtener una autorización como residente 
de  larga  duración,  el  tratamiento  que  ha  de  dársele  en  este  amparo  ha  de  ser 
necesariamente el de un residente de carácter temporal por reagrupación familiar, con  e.e
segunda  renovación  concedida  el  8  de  mayo  de  2013.  Esta  es  la  única  situación  b
administrativa  acreditada  en  las  actuaciones  al  tiempo  de  decretarse  su  expulsión,  100ww
hcoemcheon zparonbdaod op oúrn liaco r,e ys ofuluncdiaómn ednet o6 d dee D jeurleioc hdoe  c2u0a1rt7o )(,a pnetesece adle enrtreo rd me ahteerciahlo e pnr ieml eqruoe, 
eesxttain ciniócnu rdree  lean a suuto priazratcei ódnis dpeo srietisviad eanl cfiiaja pr ecrommaon eunntoe  ddee  lloas q eufee cetso sti tudlea rl»a.  eExrprourl smióant,e «rilaal 
que repite la resolución de 17 de octubre al referirse a lo acordado por aquella, pero que
expresamente rechaza entre los fundamentos para desestimar la reposición, precisando 
que la solicitud de residente de larga duración le había sido «inadmitida a trámite por 
esta Delegación del Gobierno el 29 de agosto de 2017».
Tal  extremo  de  las  resoluciones  administrativas,  además,  fue  impugnado  como 
primer motivo de la demanda de instancia que suponía una de las dos pretensiones 
deducidas,  de  hecho  resultaba  un  condicionante  de  la  segunda  (la  nulidad  de  la 
expulsión al no haber sido tratado como residente de larga duración), pero dicho primer 
motivo resultó rechazado por la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo 
en su fundamento de Derecho tercero. Contra esta sentencia el aquí recurrente se 
aquietó, limitándose a presentar un escrito de impugnación del recurso de apelación 
formalizado  por  el  abogado  del  Estado  –tal  y  como  dejamos  constancia  en  los 
antecedentes de esta sentencia–, quedando así firme también ese pronunciamiento de la 
sentencia de primera instancia, como por cierto se encargó de advertir a su vez el 
fundamento de Derecho tercero de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, al 
delimitar el objeto del recurso del que debía conocer. Desde esta perspectiva, pues, y 
con independencia del juicio que nos merezca la sentencia de apelación en aquello que 
esta sí resolvió, lo que se analizará después, es evidente que el debate de segunda 
instancia había quedado ya cerrado por las iniciativas y el contenido de los escritos de 
las partes personadas.
Cuestión firme que, consecuentemente, nos vincula en esta jurisdicción constitucional a 
tenor del art. 44.1 b) in fine LOTC.
(iv)  Finalmente, queda fuera del debate de este proceso constitucional, como ya lo 
ha sido en la vía previa, la interpretación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  diciembre  de  2008,  «relativa  a  normas  y 
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular» (también conocida como directiva retorno), y los 
pronunciamientos que sobre esta ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en sus sentencias de 23 de abril de 2015, asunto C-38/14, Subdelegación del Gobierno 
en Gipuzkoa – Extranjería c. Samir Zaizoune, y 8 de octubre de 2020, asunto C-568/19, 
MO c. Subdelegación del Gobierno en Toledo, en cuanto a la sustitución de la expulsión 
por multa en supuestos de estancia irregular [arts. 53.1 a) y 57.1 LOEx].
Sentadas estas consideraciones previas, nos encontramos en condiciones de iniciar 
el estudio de la queja de la demanda por vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva  (art.  24.1  CE)  contra  la  sentencia  de  apelación  impugnada,  al  no  haber 
ponderado esta las circunstancias personales y familiares del recurrente en orden a 
revisar la procedencia de la expulsión y demás medidas acordadas en su contra por la 
Delegación del Gobierno.
2.  La doctrina sobre el deber de motivación de las resoluciones que acuerdan la 
salida del territorio nacional  de un  ciudadano  extranjero no comunitario. Supuestos 
reconocidos:
Este  tribunal  tiene  fijada  doctrina  en  diversos  ámbitos  de  aplicación  de  la  Ley 
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España donde resultan 
afectados los derechos a la libertad de residencia y circulación (art. 19 CE) y a la 
intimidad familiar (art. 18.1 CE) de un ciudadano extranjero en España, además de otros 
bienes jurídicos constitucionalmente protegibles como la familia (art. 39.1 CE) y los 
menores de edad (art. 39.4 CE), bien porque se acuerde su expulsión del país y  s
consiguiente  prohibición  de  retorno  dentro  de  un  plazo,  en  atención  a  diversas  oe.
ctcíiotrucmluoPpn aehsrtataeab nnilttcioetiad,a nasat ;de emb psieiaannr ias dp tsrivoauerc qrrióseuinsedi  adysde et nr idclbeieua  in.msaupleposun egdsaet  ojlusa s ohtibceilmaig,oa nsco ió vnpe undeiedd oad niac ah caeo xsrigdaialri dr qaou  acelo  nnlafoi r maeuxatiros treiirds aaydas    2021-17100n https://www.
medidas sin haber efectuado antes una valoración de las circunstancias personales y
familiares de la persona afectada, lo que implica efectuar un juicio de proporcionalidad
de la medida entre sus consecuencias para el expedientado y su núcleo familiar, y la 
finalidad perseguida por la ley con su ejecución, con el posible resultado de que tal 
medida resulte no ser procedente en el caso concreto.
Un juicio de ponderación necesario que debe de plasmarse en la resolución que se 
dicte de modo específico y no mediante frases abstractas o estereotipadas; enumerando 
las circunstancias que corresponden al afectado y que ha de corresponderse con los 
datos y pruebas recabados en las actuaciones, e hilvanando en términos lógicos el 
razonamiento que conecta el enunciado de esas circunstancias con la norma habilitante, 
y la conclusión a favor o en contra de adoptar la medida. Caso de no hacerse así, hemos 
considerado que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de 
derecho a la motivación (art. 24.1 CE), si en tal déficit incurre la sentencia de primera 
instancia o grado superior de la jurisdicción que revisan la decisión previa administrativa.
Adelantamos ya que ninguno de esos ámbitos hasta ahora reconocidos incluye el del 
supuesto planteado en el presente recurso de amparo. Por ello mismo, sin embargo, 
procede identificarlos a fin de determinar a continuación si es posible extrapolar al mismo 
las razones que sustentan la doctrina establecida:
a)  Denegación de tarjeta de trabajo y residencia: la STC 46/2014, de 7 de abril, 
resolvió la demanda de amparo del entonces recurrente quien, tras serle denegada por 
la  administración  la  renovación  del  permiso  de  trabajo  y  residencia  al  constar  la 
existencia de antecedentes penales, se le impuso en aplicación del art. 28.3 c) LOEx la 
obligación de abandonar el territorio español en un plazo máximo de quince días. El 
tribunal en su sentencia reprocha en primer lugar a la administración no haber tenido en 
cuenta  «las  diferentes  circunstancias  personales  y  familiares  que  concurrían»,  ya 
alegadas por la parte en la alzada, relativas «a su propio esfuerzo de integración y 
arraigo», a que «el recurrente carecía de otros antecedentes penales distintos de los ya 
expuestos», «tenía un contrato de trabajo indefinido», así como su «arraigo familiar (la 
madre del recurrente reside en Valencia con una autorización de residencia permanente), 
y que atañen, en fin, a dos menores (uno de los cuales es español, ambos son de corta 
edad […])». Tras indicar en todo caso que al no ser resoluciones sancionadoras estas no 
pueden vulnerar el art. 24 CE, declaramos en cambio en el fundamento jurídico 7, en lo 
que aquí nos importa:
«[S]in embargo, sí lo han hecho en el presente supuesto los órganos judiciales que 
en su labor de fiscalización de los actos administrativos recurridos se han opuesto a la 
ponderación de las circunstancias personales del recurrente bajo una interpretación de la 
norma que no respeta el canon constitucional de motivación del derecho a la tutela 
judicial efectiva. Así, las Sentencias también impugnadas en esta sede, se han limitado a 
confirmar las resoluciones administrativas sin ponderar las especiales circunstancias 
personales del demandante de amparo, cuando la norma legal aplicable consentía una 
interpretación que hubiera permitido tal ponderación.
Procede  por  tanto,  otorgar  el  amparo  solicitado,  puesto  que  las  resoluciones 
judiciales han vulnerado el art. 24.1 CE, al no ponderar las circunstancias personales 
puestas  de  manifiesto  en  la  tramitación  del  expediente,  cuando  estaban  en  juego, 
además del art. 24 CE, el derecho a la intimidad familiar (art. 18 CE), junto al de 
protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39 CE) en relación al mandato 
del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de 
noviembre de 1989, de derechos del niño.»
b)  Expulsión del territorio nacional de residente de larga duración, en aplicación del  oe.
cadporeetn r. mcr5erae7snt.iod2e,e n LneteOcl –iaaE,r  xtq.d: u 5eet7r  e.cl5aso r nbgsd)ae i dcneditoe unlnaraac  mcilaaióis sni mms eap–  otlahesmaiycn bioó irénogn cád unelpli acaaamdq,ou ar ededlafleae  srpir domeorce  oadlra idtd iataaursdl a qmrreueisnesti  rsdeitcerxta iivuscatnieósa n  du,a enur  tedopserriierdzeceacenchpicóotiaons     2021-17100n https://www.
a la previa consideración de las circunstancias personales y familiares de la persona
afectada (respecto de la valoración de los factores previstos a su vez en el art. 12.3 de la
Directiva 2003/109/CE, ver por todas las SSTJUE de 7 de diciembre de 2017, asunto 
C-636/16, Wilber López Pastuzano c. Delegación del Gobierno en Navarra, y 11 de junio 
de 2020, asunto C-448/19, WT c. Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, así como 
las anteriores que en ambas se indican).
Así, en primer lugar, en la STC 131/2016, de 18 de julio, luego de recordar que el 
deber de motivación de las resoluciones administrativas en esta materia responde no 
solo  a  mandatos  de  legalidad  ordinaria,  como  opera  en  todo  procedimiento 
administrativo, sino que reviste una dimensión constitucional añadida en cuanto son 
actos que limitan o restringen el ejercicio de derechos fundamentales y la actuación de la 
administración por ello mismo –y conforme a doctrina general que se cita– «es tan grave 
que necesita encontrar una especial causalización y el hecho o el conjunto de hechos 
que lo justifican deben explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las 
razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó», 
aunque no concluyéramos entonces que por ello dichas resoluciones vulnerasen el 
art. 24.1 CE, sí razonamos en relación con las resoluciones judiciales, en el fundamento 
jurídico 6:
«[E]l  deber  de  motivación  del  art.  24.1  CE  alcanzaría  ineludiblemente  a  las 
resoluciones  judiciales  que  han  enjuiciado  la  actuación  administrativa,  y,  más  en 
concreto, a la dictada en apelación que, bajo el entendimiento de que el art. 57.2 LOEx 
contempla una medida adoptada legítimamente por el Estado español en el marco de su 
política  de  extranjería,  sin  que  sea  aplicable  lo  establecido  en  la  LOEx  para  las 
sanciones, y, en particular, el art. 57.5, ni tampoco el art. 55.3 sobre el principio de 
proporcionalidad, consideró que no cabía valorar las circunstancias personales del actor 
ni su arraigo, porque tal circunstancia no tiene "ninguna relevancia respecto a ese motivo 
de expulsión". Es decir, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana ha incurrido efectivamente en la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del demandante de amparo, al haberse opuesto, en su labor de fiscalización de 
los actos administrativos recurridos, a la ponderación de las circunstancias personales 
del recurrente bajo una interpretación de la norma que no respeta el canon constitucional 
de motivación del citado derecho fundamental.
Al estar en juego, asociados a derechos fundamentales como los contemplados en 
los  arts.  18.1  y  24.2  CE  (STC  46/2014,  FJ  7),  una  pluralidad  de  intereses 
constitucionales como el de protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 
CE) en relación con el mandato del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención 
de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, sobre los derechos del niño, al que 
conduce  la  previsión  del  art.  39.4  CE,  el  órgano  judicial  debió  ponderar  las 
"circunstancias de cada supuesto" y "tener en cuenta la gravedad de los hechos", sin que 
pudiera ampararse, como hizo, en la imposibilidad legal de realizar tal ponderación 
(STC 46/2014, FJ 7).
En el mismo sentido se pronuncia la STC 186/2013, de 4 de noviembre, FJ 7, que en 
un caso similar, ante la presencia de derechos e intereses constitucionales de esa 
naturaleza, entre los que se incluían el derecho a la vida familiar derivado de los art. 8.1 
CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que se 
encuentra, dentro de nuestro sistema constitucional "en los principios de nuestra Carta 
Magna  que  garantizan  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad  (art.  10.1  CE)  y  que 
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) y de los 
niños (art. 39.4 CE)", manifestó que "los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente 
presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si,  e.
dadas  las  circunstancias  del  caso  concreto,  la  decisión  de  expulsión  del  territorio  w.b
nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que  100ww
odricdhean  mpúebdliidcao  pye rlsai gsueeg, uqriudea dn oc iueds aodtaron ae, ne enl  ccoahseor ednecl iaa rtc. o5n7 .l2a  LDOirEexc tiqvuae  2a0s0e1g/4u0ra/Cr Ee,l 
de 28 de mayo de 2001 del Consejo" […].»
Esta doctrina concreta de la STC 131/2016 ha resultado de aplicación a su vez en las 
SSTC 201/2016, de 28 de noviembre, FJ 3, y 14/2017, de 30 de enero, FJ 5, ambas 
también a propósito de residentes de larga duración, siendo estimado el amparo en los 
tres casos por vulneración del art. 24.1 CE.
c)  Sustitución por el juez penal de la pena de prisión por la medida de expulsión, en 
aplicación del art. 89 del Código penal: a la fecha en que se dictó la sentencia del 
juzgado de lo penal (19 de diciembre de 2013) que impuso a la entonces recurrente de 
amparo  la  sustitución  de  la  pena  de  prisión  y  multa  de  diez  meses  a  la  que  fue 
condenada por un delito de falsedad en documento público, por la de expulsión del 
territorio nacional con prohibición de entrada durante seis años, el art. 89 CP, precepto 
habilitante de la medida, no incluía ningún apartado en el que se impusiera al juez el 
deber de valoración de su proporcionalidad conforme a las circunstancias personales o 
familiares del condenado. Esa regla de ponderación fue incorporada posteriormente con 
la reforma del apartado cuarto del mismo art. 89 CP, por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo. Pese a la imposibilidad de aplicar este apartado al supuesto de autos, según 
advirtió la STC 29/2017, de 27 de febrero, FJ 5, ello no impidió al tribunal extender en 
dicha sentencia la garantía de ponderación de las circunstancias personales y familiares 
de la persona afectada al ejercicio de esta potestad jurisdiccional sustitutoria. Con base 
en los pronunciamientos ya dictados y que conciernen a ámbitos distintos del derecho de 
extranjería, razonamos en el fundamento jurídico 3:
«[E]l tribunal ha reiterado, específicamente en lo que se refiere a las alegaciones en 
vía  judicial  sobre  la  existencia  de  arraigo  social  y  familiar  respecto  de  aquellas 
instituciones que implican directa o indirectamente la salida del territorio nacional, que 
deben ser ponderadas tanto por la Administración como por los órganos judiciales en vía 
de recurso "al estar en juego el derecho a la intimidad familiar (art. 18 CE), junto al de 
protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39 CE) en relación al mandato 
del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de 
noviembre de 1989, de derechos del niño" (así, STC 46/2014, de 7 de abril, FJ 6, en 
relación con la denegación de una solicitud de renovación de un permiso de trabajo que 
implicaba una situación de irregularidad sobrevenidas; y SSTC 131/2016, de 18 de julio, 
FJ  6,  y  201/2016,  de  28  de  noviembre,  FJ  3,  en  relación  con  las  decisiones 
administrativas de expulsión y prohibición de entrada impuestas al amparo del art. 57.2 
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).»
Tras constatar que las resoluciones judiciales impugnadas incurrían en ese defecto 
de motivación, el fundamento jurídico 5 concedió el amparo por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 CE), «en su concreta dimensión del 
derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho».
d)  Denegación de la tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión 
Europea: finalmente, ha de recordarse en este recorrido jurisprudencial el dictado de la 
STC 42/2020, de 9 de marzo, en relación con un caso de denegación y archivo de una 
solicitud de expedición de tarjeta de residencia como familiar extracomunitario de un 
ciudadano de la Unión Europea (en este caso, el recurrente estaba casado con una 
española).  La  regulación  de  esta  materia  se  contiene  en  los  arts.  7  y  8  del  Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, «sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte  en  el  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo»,  el  cual  traspone  la 
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,  e
«relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a  bo
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros», dictada a su vez en  100ww
tmeondoirf icvaigceiónnte  ye dnetornocgeasc iódne  dees adsi vdeirsspao sniociromnaetsiv, as ed ed elan eUgnóió anl.  rEencu errl ecnateso e, l yo ctoorngfaomrmieen taol 
dmee dlaio sc iteacdoan ótamrijceotas  dsuef icreiesnidteesn cpiaa raa l mnaon theanbeer ra a acmrebdoitsa dyo q quuee p osru  taenstpoo séal  ndoi sspeorníaía u ndae 
carga para la asistencia social del Estado, dejando sin embargo la administración y los
tribunales actuantes de ponderar, tal como pedía el recurrente, que tal requisito era 
innecesario  porque  había  acreditado  la  tenencia  de  recursos  económicos  propios 
suficientes.
Así, en el fundamento jurídico 3 se hizo recordatorio de la doctrina acuñada en 
sentencias que ya se han citado, en concreto las SSTC 46/2014, FJ 7; 131/2016, FJ 6, 
y 29/2017, FJ 3, y tras declarar en el FJ 4 a) la lesión del art. 14 CE (dado el trato 
desigual no justificado entre los cónyuges), la STC 42/2020 vuelve a referirse a aquella 
doctrina en el FJ 4, apartado b), haciendo ya aplicación de ella para apreciar la lesión del 
art. 24.1 CE en su vertiente de derecho a la motivación, al faltar la ponderación judicial 
de la suficiencia de recursos del recurrente, toda vez que «[…] también hemos puesto de 
manifiesto en la STC 131/2016, de 18 de julio, FJ 6, en relación con la medida de 
expulsión del territorio nacional contemplada en el art. 57.2 de la Ley 4/2000, que 
aunque esa medida pudiera no tener carácter sancionador, cabe la posible lesión del 
art. 24 CE si la revisión judicial del acto administrativo en cuestión no contiene la debida 
motivación  de  las  circunstancias  personales  del  recurrente,  cuando  están  en  juego 
"asociados a derechos fundamentales como los contemplados en los artículos 18.1 
y 24.1 CE (STC 46/2014, FJ 7) una pluralidad de intereses constitucionales como el de 
protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) en relación con el 
mandato del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención de Naciones Unidas 
de 20 de noviembre de 1989, sobre los derechos del niño, al que conduce la previsión 
del art. 39.4 CE, el órgano judicial debió ponderar las ‘circunstancias de cada supuesto’ y 
‘tener en cuenta la gravedad de los hechos’, sin que pudiera ampararse, como hizo, en la 
imposibilidad legal de realizar tal ponderación" (STC 46/2014, FJ 7). Esa doctrina ha sido 
reiterada en lo esencial, en nuestras SSTC 201/2016, de 28 de noviembre, FFJJ 4 y 5, 
y 14/2017, de 30 de enero, FJ 5».
En este caso se otorgó el amparo por la lesión de ambos derechos fundamentales 
(arts. 14 y 24.1 CE), con nulidad de las resoluciones judiciales dictadas.
3.  Extensión de la anterior doctrina a las expulsiones acordadas en aplicación del 
art. 57.2 LOEx, respecto de quienes carecen de la autorización como residentes de larga 
duración:
Si bien hasta la fecha este tribunal no ha tenido la oportunidad de aplicar la doctrina 
citada en el fundamento jurídico anterior, a ciudadanos extranjeros que carecen de 
autorización de residencia de larga duración y se consideran por la administración 
merecedores  de  la  expulsión  del  territorio  nacional  ex  art.  57.2  LOEx  (haber  sido 
condenado por delito doloso a pena superior a un año de prisión, y no estar cancelado 
ese  antecedente),  entendemos  que  concurren  razones  suficientes  para  la  posible 
extensión  de  dicha  doctrina,  lo  que  implica  que  la  medida  en  cuestión  no  puede 
imponerse –o confirmarse– nunca de manera automática.
Las razones de la extensión de aquella doctrina sobre el art. 57.2 LOEx, son las 
siguientes:
A)  Este tribunal, en la STC 186/2013, de 4 de noviembre, conoció del caso de una 
ciudadana extranjera, doña G.V.A., a la que tras la apertura y tramitación del respectivo 
expediente se le impuso por la Subdelegación del Gobierno competente la orden de 
expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada por plazo de diez años, por 
aplicación simultánea de los arts. 53 a) [hoy 53.1 a)] y 57.2 LOEx, toda vez que se 
hallaba sin título alguno de residencia en España y constaba que cumplía en ese  s
momento una pena privativa de libertad superior a un año por conducta dolosa. La  oe.
pmd(areeeq dttuerieednlsalsa  iaó dñnreeo  ddeseux, p jmolua al senrielót ecnpnu lerfaurrzee oun  cnteoda ne drf eeirp lmaqrocuaihedói anbs  iecpsi eoópnrno t linamddseee s nreatraenralgt e crsneoucsn io aau srnra ad  ciegciu oinpd crfaiaomdm aeainrlñiaoao  rise n()ssm,p taaadndñecroseiale   ysdy tei rmae upsaniendaldia ron ce iióñlllnaaa     2021-17100n https://www.
en la casa de la madre de su pareja), al considerar las resoluciones judiciales que si bien
el factor de arraigo podía servir para enervar la expulsión como sanción [art. 53 a)], en
cambio el art. 57.2 de la Ley Orgánica no permitía esa valoración a efectos de la medida 
prevista en él.
La recurrente interpuso recurso de amparo, actuando en nombre de los derechos de 
su hija menor en cuanto a los perjuicios que para esta tendría la expulsión de su madre 
tanto si la niña se quedaba en España como si no, invocando únicamente la vulneración 
de los arts. 18.1 (intimidad familiar) y 19 (libertad de residencia) CE. Planteado en estos 
términos  el  debate  fue  resuelto  por  la  STC  186/2013  en  sentido  finalmente 
desestimatorio al considerar en ese caso concreto, no solo las circunstancias de la 
recurrente  sino  las  posibilidades  de  protección  de  la  menor  por  el  entorno  familiar 
paterno.
En lo que importa al presente amparo, en el último fundamento de la sentencia 
(fundamento jurídico 7) luego de recordarse que el derecho a la vida familiar del art. 8.1 
CEDH  –y  consiguiente  jurisprudencia  interpretativa  del  Tribunal  Europeo  Derechos 
Humanos– no se consideraba integrable en el contenido del derecho a la intimidad 
familiar del art. 18.1 CE, ni por tanto exigible en un recurso de amparo, aunque sí 
protegible por los principios constitucionales de los arts. 10.1, 39.1 y 39.4, se añadió lo 
siguiente:
«[S]in perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informará la práctica 
judicial  (art.  53.3  CE),  lo  que  supone  que  los  jueces  ordinarios  han  de  tenerlos 
especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, 
verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del 
territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional 
al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que 
asegurar  el  orden  público  y  la  seguridad  ciudadana,  en  coherencia  con  la 
Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo.»
La Directiva última que se cita, por cierto, «relativa al reconocimiento mutuo de las 
decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países», tiene por objeto 
según su art. 1, «permitir el reconocimiento de una decisión de expulsión adoptada por 
una autoridad competente de un Estado miembro, denominado en lo sucesivo "Estado 
miembro autor", contra un nacional de un tercer país que se encuentre en el territorio de 
otro Estado miembro, denominado en lo sucesivo "Estado miembro de ejecución"». 
Ahora bien, como ha recordado a efectos interpretativos la reciente STJUE de 11 de 
junio de 2020, asunto C-448/19, WT c. Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, 
«esta Directiva no regula los requisitos para que un Estado miembro adopte tal decisión 
con  respecto  a  un  nacional  de  un  tercer  país  residente  de  larga  duración  que  se 
encuentre en su propio territorio» (fundamento jurídico 24), de modo que no contiene la 
obligación de dictar esa medida en todo caso. Lógicamente, tampoco en personas con 
distinta situación de residencia a la de larga duración.
Este Tribunal Constitucional, por tanto, sentó en la STC 186/2013, FJ 7, el deber judicial 
de ponderación de la proporcionalidad de la medida de expulsión prevista en el art. 57.2 
LOEx, con arreglo a las circunstancias concretas de la persona afectada y su núcleo 
familiar, sin hacer distinción en cuanto a su situación legal o no de residencia (el supuesto 
de hecho que enjuició era un caso de estancia irregular). Siendo así, ese deber de 
ponderación engendra consecuentemente el correlativo el deber de explicar esa decisión en 
la resolución judicial que fiscaliza el acto administrativo impugnado. Su incumplimiento 
acarrea, no solo una omisión de pronunciamiento, sino la conculcación del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente del derecho a la motivación. e
Así lo ha venido a entender la posterior STC 131/2016, FJ 6, ya citada, al hilo de razonar  bo
la necesidad del juicio de proporcionalidad en un caso de residencia de larga duración con la  100ww
ecistac reitoxp dree saale, geanctrieo noetrsa ds,e dl aer et. s5a2 S LTOCT C18, 6c/o2m01o3 s (eq rueec ohgaeb íean in evl oacnatdeoce edl eMnitnei s9t)e:rio Fiscal en su
«En el mismo sentido se pronuncia la STC 186/2013, de 4 de noviembre, FJ 7, que
en  un  caso  similar  […]  manifestó  que  "los  jueces  ordinarios  han  de  tenerlos
especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, 
verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del 
territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional 
al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que 
asegurar  el  orden  público  y  la  seguridad  ciudadana,  en  coherencia  con  la 
Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo".»
B)  Esta  doctrina  enunciada  en  la  STC  186/2013,  ha  sido  reconocida  también 
expresamente por el Tribunal Europeo Derechos Humanos:
a)  En primer lugar, ha de explicarse que precisamente la recurrente del proceso de 
amparo resuelto por la citada STC 186/2013, insatisfecha con su resultado formalizó 
demanda el 30 de abril de 2014 ante el Tribunal de Estrasburgo, alegando que las 
resoluciones dictadas habían conculcado los arts. 8 (derecho a la vida familiar) y 13 
(derecho a un recurso interno efectivo) del Convenio europeo de derechos humanos. 
Abierto el procedimiento (demanda núm. 35765-14, G.V.A. c. España), con fecha 27 de 
noviembre de 2014 el abogado del Estado-jefe del área de derechos humanos del 
servicio jurídico del Estado (Ministerio de Justicia), remitió al señor secretario de la 
Sección  Tercera  del  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  encargada  del  caso,  un 
escrito formulando «solicitud de archivo de las actuaciones en virtud de declaración 
unilateral del Reino de España».
Dicha declaración unilateral, tras una relación de antecedentes del procedimiento, se 
componía de cuatro bloques de fundamentos jurídicos: «I. La declaración unilateral como 
modo de terminación del procedimiento» (apartados 1 a 5); «II. Declaración unilateral 
que ofrece el Reino de España» (apartado 6); «III.–Oferta de satisfacción equitativa 
integrante de la declaración unilateral» (apartado 7) y «IV.–Procedencia del archivo del 
procedimiento» (apartados 8 a 22 inclusive), con un suplico final en orden a que se 
tuviera por ofrecida esa declaración unilateral, incluyendo la obligación de revocar y dejar 
sin efecto el acto administrativo de expulsión de la demandante, y el pago de una 
indemnización a su favor.
En lo que importa al presente amparo hay que señalar que en el apartado 6 de la 
declaración  unilateral,  además  del  reconocimiento  de  que  se  habían  vulnerado  los 
derechos  denunciados  por  la  demandante,  se  contenía  la  siguiente  declaración  de 
carácter general:
«6.  […] El remedio en el futuro de esta segunda vulneración [derecho a un recurso 
efectivo, art. 13 CEDH] en casos análogos consiste en la declaración formulada por el 
Tribunal  Constitucional  Español,  en  el  fundamento  jurídico  séptimo  de  su 
sentencia 186/2013, de 4 de noviembre, dictada en este caso, [que] ya reconoce la 
obligación de la jurisdicción ordinaria de respetar la necesaria interpretación integrada de 
ambos  preceptos  cuando  afirma  que,  en  estos  supuestos,  se  debe  enjuiciar:  "[…] 
verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del 
territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional 
al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art 57.2 LOEx que 
asegurar  el  orden  público  y  la  seguridad  ciudadana,  en  coherencia  con  la 
Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo, del Consejo".
Este  criterio  del  Tribunal  Constitucional  vincula  en  lo  sucesivo  a  los  jueces  y 
tribunales ordinarios, conforme a lo que dispone el art 5.1 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. s
La presente declaración será publicada, para su general conocimiento, en el Boletín  oe.
Oprfoiccieadl imdieeln toM.»inisterio  de  Justicia,  una  vez  producido  el  archivo  del  presente  2021-17100n https://www.
Y más adelante, en la fundamentación de la solicitud de archivo, apartados 13 y 22, 
el escrito decía:
«13.  Por  último,  en  el  futuro  la  interpretación  del  artículo  57.2  de  la  Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, se realizará puesta en relación con los criterios que 
recoge el art. 57.5 b) de la misma Ley Orgánica, de conformidad al art. 8 CEDH y se 
tutelará de manera efectiva por la jurisdicción ordinaria, por haberlo así ordenado el 
Tribunal Constitucional en su sentencia 186/2013, de 4 de noviembre, dictada en el 
recurso de amparo recaído en este asunto […].»
«22.  Aunque, como ya se ha expuesto, la solución de este problema interpretativo 
de la ley ha sido ya resuelto por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia se encuentra 
gratuitamente a disposición del público y de los jueces y magistrados en las página [sic] 
web www.tribunalconstitucional.es, la declaración unilateral ofrece, como medio adicional 
de publicidad, la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia. 
Es en este boletín donde se publican las traducciones al castellano de las resoluciones 
judiciales del Tribunal Europeo Derechos Humanos.»
Aceptados  por  la  parte  demandante  los  términos  de  la  declaración  unilateral 
formulada por el Estado, y no existiendo obstáculo a su reconocimiento, la Sección 
Tercera del Tribunal Europeo Derechos Humanos dictó el 17 de marzo de 2015 la 
Decisión, asunto G.V.A. c. España, en la que constatando que se había llegado a un 
acuerdo amistoso entre las partes, del que se levantó acta, dispuso el archivo de las 
actuaciones conforme a lo previsto en el art. 39 CEDH, lo que dispensó al Tribunal 
Europeo de entrar en el examen del fondo de las quejas de la demanda. En lo que 
importa a este amparo, en el apartado de antecedentes y procedimiento de la decisión 
se recoge un resumen de la declaración unilateral del abogado del Estado, incluyendo la 
siguiente mención:
«El Gobierno afirma que "en el futuro la interpretación del artículo 57.2 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, se realizará puesta en relación con los criterios que 
recoge el artículo 57.5 b) de la misma Ley Orgánica, en conformidad con el artículo 8 del 
Convenio y se tutelará de manera efectiva por la jurisdicción ordinaria, por haberlo así 
ordenado el Tribunal Constitucional en su sentencia 186/2013, de 4 de noviembre, 
dictada en el recurso de amparo recaído en este asunto".»
Un extracto de la declaración unilateral, con mención incluida de la STC 186/2013, se 
publicó en el «Boletín Oficial del Ministerio de Justicia», número de julio de 2015.
b)  Fuera ya de lo resuelto en el mencionado asunto V.G.A. c. España, alguna 
decisión posterior del Tribunal Europeo Derechos Humanos evidencia que se ha tomado 
debida nota de aquella declaración unilateral. Así, en la sentencia de 18 de diciembre 
de 2018, asunto Saber y Boughassal c. España, en la que se declaran contrarias al art. 8 
CEDH las expulsiones ex art. 57.2 LOEx dictadas por la autoridad administrativa el 11 de 
noviembre de 2010 y 1 de agosto de 2011 sobre los dos demandantes, ciudadanos 
marroquíes residentes de larga duración en nuestro país, se cita en los apartados 20 
y 21 relativos al Derecho y las prácticas internas del Estado miembro, a la STC 186/2013 
y al texto del apartado 13 de la declaración unilateral formulada por la abogacía del 
Estado en aquel otro asunto:
«20.  En  una  sentencia  de  4  de  noviembre  de  2013  (186/2013),  el  Tribunal  b
Constitucional  subrayó  que  el  contenido  del  artículo  18.1  de  la  Constitución,  que  100ww
eCsotnavbelencioe,  eyl  dqeuree cphoor  nao l ain incltuimir ideal dd efaremcihlioa r,a n loa  cvoidinac fiadme iclioanr,  eels cteo nútletinmidoo n doe le asrtátí cpuolor  t8a ndteol 
pporor teogtriodso  pproinrc eipl ioresc cuornsost idtuec iaomnaplaerso (. pAoñr aedjeióm, pnloo,  oebl satratínctuel,o  q3u9e. 1e dsete  lad eCroenchstoit,u pcrióonte, gqiudeo 
asegura la protección social, económica y jurídica de la familia), debería ser tomado en
consideración por los tribunales administrativos al aplicar el artículo 57.2 de la LOEx para 
determinar  si  una  orden  de  expulsión  es  proporcionada  o  no  en  relación  con  las 
circunstancias particulares del caso, incluido especialmente el sacrificio que supone con 
respecto a la vida familiar.
21.  En el asunto G.V.A. c. España (decisión), núm. 35765/14 (acuerdo amistoso), 
de  17  de  marzo  de  2015,  el  Gobierno  se  remitió  a  esta  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional para argumentar que "en el futuro la interpretación del artículo 57.2 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, se realizará puesta en relación con los criterios que 
recoge el artículo 57.5 b) de la misma Ley Orgánica, de conformidad con el artículo 8 del 
Convenio y se tutelará de manera efectiva por la jurisdicción ordinaria, por haberlo así 
ordenado el Tribunal Constitucional en su sentencia 186/2013, de 4 de noviembre, 
dictada en el recurso de amparo recaído en este asunto" […].»
c)  A la vista de este reconocimiento hecho por el Tribunal Europeo Derechos 
Humanos, ha de aclararse el alcance de la declaración unilateral formulada por el 
representante del Reino de España el 27 de noviembre de 2014, no ya en lo que 
respecta a los términos del arreglo amistoso con la demandante para poner fin al 
procedimiento, ámbito en el que actuaba sin duda dentro de sus atribuciones, sino en 
cuanto a la declaración general que incluye y que ya se ha transcrito.
De dicha declaración unilateral no puede extraerse per se un efecto vinculante para 
la actuación de los tribunales españoles. Primero, porque ninguna de las normas que 
regulan la actuación del servicio jurídico del Estado, sea o no ante la jurisdicción del 
Tribunal Europeo Derechos Humanos, contempla semejante potestad (art. 551 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al 
Estado e instituciones públicas, en particular su art. 7; Reglamento 997/2003, de 25 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento del servicio jurídico del Estado; o en fin, el 
art. 62 del Reglamento de procedimiento del Tribunal Europeo Derechos Humanos, de 1 
de agosto de 2018, que recoge la posible terminación de la causa por acuerdo amistoso 
entre las partes). Y segundo y no menos importante, porque tal efecto vinculante sería 
contrario  al  principio  constitucional  de  independencia  de  los  juzgados  y  tribunales 
españoles (art. 117.1 CE).
Por otro lado, la referencia que hace la declaración unilateral a la aplicación judicial 
en todos los casos del art. 57.5 b) LOEx, es un pronunciamiento que no contiene la 
STC 186/2013, en la que no se hace cita de tal precepto referido solo a los residentes de 
larga duración; por ello mismo, su aplicación directa cabe exigirla únicamente para 
quienes gocen precisamente de esa situación administrativa.
Sentado todo esto, el auténtico valor de esta declaración de carácter general que 
incluye  la  decisión  unilateral  del  representante  del  Reino  de  España  radica  en  la 
información  dada  al  Tribunal  Europeo  Derechos  Humanos  de  que  este  Tribunal 
Constitucional, en su STC 186/2013, FJ 7, declaró que la imposición de una expulsión de 
un ciudadano extranjero ex art. 57.2 LOEx, exige siempre la superación de un juicio de 
proporcionalidad de la medida en la que se ponderen las circunstancias del afectado y su 
núcleo familiar. Doctrina que sí es vinculante para los tribunales españoles –como se 
añade en la misma declaración unilateral– por mor de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial («[l]a Constitución es la norma suprema del ordenamiento 
jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las 
leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal  e.
Constitucional en todo tipo de procesos»). w.b
de jCus) ticSiae – hya a vseí nliod oh aonp ohneiechnod ot aemn blaié pnr álacsti crae spoolur claio andems iinmispturagcnióand ays d eivne ressotes  tarimbupnaarole–s, 
aqrute.  5la7 .i2m pLoOsEibxi,l idaa cdi uddea edxaingoirs u enx jturaicnioje droes  pqroupeo nrcoi otineanleidna do tdoerg laad ma elad idreas didee necxipau dlseió lna rdgeal 
duración, resulta de la letra exclusiva y excluyente del art. 57.5 b) de la misma Ley 
Orgánica, y de la falta de previsión en otros apartados del precepto.
Este argumento, sin embargo, carece de solidez a poco que se repare en el hecho 
cierto, que ya hemos destacado antes, de que el citado precepto [art. 57.5 b)] fue 
introducido por la Ley Orgánica 2/2009, de reforma de la LOEx, para trasponer en este 
punto al art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, del Consejo, relativa a la expulsión de 
residentes  de  larga  duración  en  los  Estados  miembros.  De  modo  que  no  se  trata 
propiamente  de  una  renuncia  del  legislador  interno  a  recabar  aquel  juicio  de 
proporcionalidad para los extranjeros que se hallen en distinta situación de residencia, 
juicio  que  puede  sustentarse  en  la  doctrina  que  venimos  defendiendo  en  este 
fundamento jurídico mediante una interpretación directa del art. 57.2 LOEx. Se trata, en 
todo caso, de que los residentes de larga duración disponen de una protección reforzada 
que brinda el requerimiento expreso a la proporcionalidad de la decisión, ex art. 57.5 b), 
el cual complementa, no sustituye, al art. 57.2 LOEx.
Tiene por otro lado razón el Ministerio Fiscal, cuando en su escrito de alegaciones ha 
puesto de relieve el contrasentido de que se dispense un tratamiento constitucional 
distinto a la medida de expulsión que se acuerda en aplicación del art. 57.2 LOEx, 
respecto  de  la  expulsión  sustitutiva  de  la  prisión  que  puede  acordar  el  juez  penal 
conforme  con  el  art.  89  CP  y  en  la  que  ha  de  atenderse  siempre  al  juicio  de 
proporcionalidad (sobre este requisito, son de interés las consideraciones vertidas en el 
apartado 4.2 de la Circular 7/2015, de la Fiscalía General del Estado «sobre la expulsión 
de ciudadanos extranjeros como medida sustitutiva de la pena de prisión tras la reforma 
operada por [la Ley Orgánica] 1/2015»). En ambos casos el presupuesto de aplicación 
es el mismo, la condena por la comisión de un delito castigado con pena superior a un 
año de privación de libertad, aunque en la expulsión del art. 89 CP también estén 
comprometidos los fines de prevención general y especial del sistema penal.
En definitiva, la protección que corresponde a la administración y a los tribunales de 
justicia  en  cuanto  a  los  derechos  fundamentales  (arts.  18  y  19  CE)  y  bienes 
constitucionalmente reconocidos (arts. 10.1, 39.1 y 39.4 CE) que quedan afectados con 
la adopción de una medida tan drástica para la persona y su entorno familiar, como es la 
expulsión del territorio nacional y la prohibición aneja de retornar en un determinado 
plazo, se imponen a cualquier consideración de legalidad ordinaria sobre la literalidad de 
los arts. 57.2 y 57.5 LOEx que resulte impeditiva de la aplicación del principio de 
proporcionalidad, con independencia de la situación legal de residencia del ciudadano 
extranjero en España.
La doctrina asentada así por la STC 186/2013, FJ 7, a propósito de un supuesto de 
estancia irregular; seguida de las SSTC 131/2016, FJ 6, y 201/2016, FJ 3 para los 
residentes  de  larga  duración,  se  ve  ahora  completada  con  la  presente  sentencia, 
extendiendo la exigibilidad de la proporcionalidad de la medida de expulsión a los 
extranjeros con autorización de estancia temporal, lo que supone el examen de sus 
circunstancias personales (edad, gravedad de los hechos objeto de condena, asunción 
de su castigo) y familiares, en especial el dato del arraigo en España y el que podría 
tener en su país de origen.
Queda así homologado a los demás ámbitos de nuestro Derecho de extranjería, 
donde este Tribunal Constitucional en las sentencias citadas en el fundamento jurídico 
anterior, había considerado esta garantía como esencial e inexcusable también en ellos.
4.  Aplicación de la doctrina al caso aquí planteado:
La aplicación de la doctrina de referencia conduce a la apreciación de que se ha  bo
producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del  100ww
aredcmuirnreisntrtea,t ivean  las ud evfeenrtsiean dtee  ddoenl  dMearreinch Soo rao cleaa nm ofotirvmauclióó na ledgeabcidioan. eEs nt raesfe lcat oin, ceona civóína 
del  expediente,  aduciendo  tanto  circunstancias  personales  como  familiares,  que
resultaban por su naturaleza atendibles en orden al juicio de ponderación de la medida 
de expulsión:
(i)  De las del primer tipo, la juventud de aquel y su problema con el alcoholismo que 
le llevó a delinquir en un espacio breve de tiempo por dos veces; la asunción de los 
efectos derivados de su condena cumpliendo con la responsabilidad civil a cuyo pago 
también  fue  obligado;  su  buena  conducta  en  prisión  y  las  calificaciones  favorables 
recibidas de los equipos técnicos del centro, así como también su interés por completar 
su formación profesional.
(ii)  Del segundo tipo, las familiares, el dato de su arraigo que se explica por la 
existencia de un núcleo familiar que conforma junto con sus padres y su hermana, el 
haber llegado a España en el año 2009 siendo muy joven (doce años), gozando desde 
entonces de la autorización de residencia por reagrupación familiar renovada dos veces, 
de hecho al tiempo de ser dictada su expulsión apenas había cumplido los veinte años, y 
la alegada carencia de arraigo en su país de origen, Moldavia. Todo ello lo ha ido 
reiterando después en el recurso de reposición, y en sus escritos procesales en la vía 
judicial posterior.
Frente a este conjunto de factores, contrastables y que por cierto no han sido 
negados ni por las resoluciones impugnadas, ni por el abogado del Estado interviniente 
en  este  proceso  constitucional,  la  respuesta  tanto  de  la  Delegación  del  Gobierno 
competente, como del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en sede de apelación, 
fue rechazar la posibilidad de la ponderación de aquellas circunstancias personales y 
familiares en relación con la expulsión, es decir, de realizar el juicio de proporcionalidad 
exigible, limitándose a constatar, de un lado, que ello solo es posible en los residentes de 
larga duración, por lo que dice el art. 57.5 b) LOEx y por lo que no dice aquel art. 57.2; y 
de otro lado, por la realidad de las dos sentencias de condena penal impuestas al 
recurrente y la gravedad de la pena asignada por el Código penal al delito de robo con 
violencia.
Que la pena a tener en cuenta a estos efectos sea la abstracta de la ley penal y no la 
concreta individualizada judicialmente, conforme a jurisprudencia de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, es materia de legalidad ordinaria en la que no procede inmiscuirnos. 
Mas en todo caso lo que se esgrime por la Delegación y por la Sala de apelación es un 
hecho jurídico que constituye el presupuesto de la expulsión, resultando por sí solo 
insuficiente  para  soportar  el  juicio  de  proporcionalidad  de  la  medida  en  este  o  en 
cualquier otro caso.
Descartado el automatismo en la aplicación del art. 57.2 LOEx respecto de cualquier 
régimen de estancia del ciudadano extranjero afectado, como se ha venido exponiendo, 
resulta a los efectos de este recurso de amparo que la sentencia de apelación recurrida 
incurrió en una omisión de pronunciamiento, en cuanto al juicio de proporcionalidad de la 
medida de expulsión (ausente ponderación de aquellas circunstancias personales y 
familiares del recurrente), con el consecuente defecto de motivación de su decisión en 
este punto.
Un juicio de proporcionalidad que sí llevó a cabo la sentencia de segunda instancia 
para reducir el plazo de prohibición de retorno al territorio nacional de cinco años a uno, 
pero tras confirmar la expulsión. Esto solo hubiera resultado correcto si, previamente, 
hubiera empleado ese mismo juicio de proporcionalidad y los datos alegados por el 
recurrente  para  calibrar  la  necesidad  de  la  expulsión  adoptada  por  la  autoridad 
administrativa y, de tal guisa, hubiese concluido la Sala con una argumentación razonada  e
y razonable que en efecto la expulsión era conforme a Derecho y que los razonamientos  bo
de la sentencia de primera instancia no eran acertados, pasando entonces sí a ocuparse  100ww
dcoem loos h dae pmroácse deifdeoc.tos legales inherentes a la expulsión ex art. 58 LOEx. No del modo
aquíL así  adcet umaacinóenr ad ere slap eStuaolas ad ec oanp eella dceiórenc sheo  mfuunedsatmrae nptoarl  deellol  reacnutirtéretinctae  a(a rlat.  c2u4m.1p ClidEa),, 
por el juzgado de lo contencioso-administrativo a quo el cual acometió y motivó el
correspondiente juicio de proporcionalidad de la expulsión, decantándose por la nulidad 
de las resoluciones administrativas impugnadas.
Ha de estimarse por todo ello la presente demanda de amparo.
5.  Efectos de la estimación del presente recurso:
Corresponde ahora precisar los efectos que trae consigo la declaración con lugar de 
la pretensión actora, conforme a lo dispuesto en el art. 55 de nuestra Ley Orgánica 
reguladora.
Además  del  reconocimiento  del  derecho  fundamental  del  recurrente  a  la  tutela 
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  en  su  vertiente  de  derecho  a  la  motivación  de  las 
resoluciones judiciales, procede imponer las siguientes medidas en orden a su efectiva 
reparación:
a)  Declaramos la nulidad de la sentencia dictada en apelación por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el 22 de 
octubre de 2018.
b)  Declaramos  también  la  nulidad  de  la  providencia  dictada  el  27  de  octubre 
de 2019 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, por cuanto al inadmitir el recurso de casación promovido por el aquí recurrente 
contra aquella sentencia, comportó la firmeza de esta última.
c)  Por unidad de criterio con la solución dada en un supuesto similar al presente en 
la STC 131/2016, de 18 de julio, se declara firme la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander, de 29 de mayo de 2018, que anuló 
las resoluciones dictadas el 6 de julio de 2017 y 17 de octubre de 2017 por la Delegación 
del Gobierno en Cantabria.
No obstante, dado que en el fundamento jurídico tercero –donde se resuelve la 
controversia– y en el fallo de dicha sentencia de primera instancia no se concretan los 
efectos derivados de la nulidad de ambos actos administrativos, procede especificarlos 
ahora: (i) la nulidad alcanza en primer lugar a la orden de expulsión dictada contra el 
recurrente (art. 57.2 LOEx); (ii) alcanza la nulidad, asimismo, a la medida de prohibición 
de retorno a España (art. 58.1 LOEx), y (iii) alcanza dicha nulidad, por último, al 
acuerdo  de  extinción  de  la  autorización  de  residencia  (art.  57.4  LOEx)  que  tenía 
concedida el recurrente al tiempo de recaer las resoluciones administrativas objeto de 
impugnación  judicial,  toda  vez  que  anulada  la  orden  de  expulsión  queda  también 
anulado el efecto inmediato de esta que es la extinción del periodo de residencia del 
que disponía.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º  Estimar la demanda presentada por don Marin Sorocean, por vulneración de su 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), 
con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Declarar la nulidad de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  bo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 22 de octubre de 2018 (recurso de  100ww
aPopcritemulabecrreaió  dnde en 2 úl0ma1 .9S 1 a(7rlea0c -2ud0res1 ol8o )d ;e Ca ocsaní stceaoncmcióioon s tnoaú-mAmbd.im é1ni0n 1lias6 t-rn2au0tilv1ido9a )d.d edle T lraib purnoavli dSeunpcriae mdeo , lad eS e2c7c iódne   OE-A-2021-17able en https://
3.º  Declarar firme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
2 de Santander, de 29 de mayo de 2018 (procedimiento abreviado núm. 33-2018), con 
los efectos que se especifican en el anterior fundamento jurídico 5 c) de la presente 
sentencia.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.