BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. TC.   Pág. 22054
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2838 Pleno. Auto 7/2021, de 27 de enero de 2021. Recurso de inconstitucionalidad 
5739-2020. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5739-2020, 
interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
en relación con la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por 
la que se modifica el art. 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
ECLI:ES:TC:2021:7A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente,  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías,  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan 
Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho y don Cándido 
Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, en el 
recurso de inconstitucionalidad número 5739-2020, interpuesto por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, ha dictado el siguiente
AUTO
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 24 de noviembre de 2020, más de 
cincuenta  diputados  del  Grupo  Parlamentario  Popular  interpusieron  recurso  de 
inconstitucionalidad contra la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por 
la  que  se  modifica  el  artículo  324  de  la  Ley  de  enjuiciamiento  criminal  (LECrim) 
solicitando su declaración de inconstitucionalidad y nulidad.
La norma recurrida establece:
«Disposición transitoria.  Procesos en tramitación.
La modificación del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal contenida en el 
artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la 
presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial 
para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquel».
2.  En el escrito de interposición del recurso, en el epígrafe dedicado a los hechos, 
se  expone  que  la  Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  de  modificación  de  la  Ley  de 
enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales modificó el artículo 324 LECrim y estableció una duración máxima 
de la fase de instrucción penal. También se señala que el Real Decreto 463/2020, por el 
que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, acordó, entre otras medidas, la suspensión, con carácter 
general, de los términos y plazos previstos en las leyes procesales, por lo que los plazos 
de  instrucción  de  los  procedimientos  penales  previstos  en  el  artículo  324  LECrim  e.
estuvieron suspendidos mientras que duró el estado el alarma declarado por el citado  w.b
Real Decreto 463/2020. Cuando se levantó la suspensión de estos plazos se volvieron a  38ww
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tramitándose con anterioridad a la declaración del estado de alarma, esto es, antes 
del 13 de marzo de 2020 (así lo interpretó el Ministerio Fiscal en su informe de 30 de 
abril 2020). A su juicio, el reinicio de estos plazos afectó al derecho de los encausados a 
un procedimiento sin dilaciones indebidas que garantiza el artículo 24.2 CE.
Se señala también que a los dos meses de que se produjera el reinicio de los plazos 
al que se acaba de aludir se aprueba la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica 
el artículo 324 LECrim ampliando el plazo de instrucción a doce meses y permitiendo 
que este plazo pueda ser prorrogado mediante resolución motivada. Esta ley, establece 
una disposición transitoria, que es la norma impugnada en este proceso constitucional, 
que establece un segundo reinicio de los plazos de instrucción, al disponer que la 
modificación de este precepto «será de aplicación a los procesos en tramitación a la 
entrada en vigor de la presente ley», estableciendo, además, que «[a] tal efecto, el día 
de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos 
máximos de instrucción establecidos por aquel». Los recurrentes alegan que lo que 
califican de «reinicio doble» de los plazos máximos de instrucción (el que tuvo lugar en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 16/2020 y el que se produce 
como  consecuencia  de  la  disposición  transitoria  impugnada  en  este  proceso 
constitucional)  conlleva  una  infracción  de  los  principios  de  seguridad  jurídica  e 
irretroactividad  de  las  disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de 
derechos individuales y, en último término, del derecho fundamental de los ciudadanos a 
un proceso sin dilaciones indebidas.
Alegan que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, «la irretroactividad será 
inconstitucional solo cuando se trate de disposiciones sancionadoras no favorables» 
(STC 27/1987, de 20 de julio) y cuando sea «aplicable a los derechos consolidados, 
asumidos, integrados en el patrimonio del sujeto» (STC 99/1987, de 11 de junio). Invocan 
la  STS  número  992/2011,  de  16  de  enero  de  la  Sala  Primera,  (recurso  número 
1413-2008, FJ 5) que recoge la doctrina constitucional. Citan, asimismo, el artículo 2.3 
que  establece  que  «[l]as  leyes  no  tendrán  efecto  retroactivo,  si  no  dispusieren  lo 
contrario». Junto a ello señalan que, conforme a la jurisprudencia de este tribunal (se cita 
la STC 112/2006, de 5 de abril, FJ 17) hay que distinguir entre la retroactividad que 
afecta  a  situaciones  de  hecho  producidas  con  anterioridad  ya  consumadas 
(retroactividad auténtica), supuestos en los que la prohibición de retroactividad operaría 
plenamente  y  solo  exigencias  cualificadas  del  bien  común  podrían  imponerse 
excepcionalmente  a  tal  principio,  y  las  que  inciden  sobre  situaciones  o  relaciones 
jurídicas actuales aún no concluidas (retroactividad impropia), casos en los que la licitud 
o ilicitud de la disposición resultaría de una disposición de bienes llevada a cabo caso 
por caso.
A juicio de los demandantes, la disposición transitoria recurrida tiene retroactividad 
auténtica. Entienden que el momento para la configuración del concreto estatuto de 
derechos fundamentales del procesado es cuando da comienzo el proceso penal. En su 
opinión, esta conclusión es acorde con lo dispuesto en el artículo 118 LECrim que 
establece la obligación de informar de los derechos de los sujetos sometidos a un 
proceso penal en el momento en que se les comunique la existencia del proceso. Por 
ello,  sostienen  que  la  configuración  legal  del  derecho  a  un  proceso  sin  dilaciones 
indebidas (artículo 24.2 CE) se incorpora de forma irrevocable al haz de derechos y 
garantías del justiciable en el momento en que se inicia un proceso penal contra él. Por 
esta  razón  consideran  que  como  la  norma  impugnada  incide  en  situaciones  ya 
consumadas  —afecta  a  situaciones  consolidadas  como  es  el  concreto  estatuto  de  s
derechos del investigado— tiene retroactividad «auténtica» o «propia», por lo que para  oe.
ser acorde con el artículo 9.3 CE, sus efectos retroactivos tendrían que estar justificados  w.
en una exigencia cualificada del interés general, lo que no sucede en este caso. 38ww
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retroactividad que establece la disposición transitoria es claramente desfavorable a los 
derechos  de  los  justiciables  a  un  procedimiento  sin  dilaciones  indebidas,  a  la  no 
extensión  de  los  plazos  máximos  de  instrucción  por  motivos  no  justificados  en 
consideraciones de interés público y a la seguridad jurídica. Señalan también que, 
aunque esta norma expresa con claridad el derecho aplicable, introduce «perplejidades 
difícilmente salvables» (STC 46/1990, de 15 de marzo) en cuanto a las consecuencias 
derivadas de la aplicación de la norma vigente, pues conlleva que aquellos investigados 
que, en el momento que fueran informados de sus derechos tuvieran garantizado un 
plazo de instrucción máximo de seis meses (dieciocho en las causas complejas) y estos 
plazos no hubieran transcurrido en el momento de la entrada en vigor la disposición 
transitoria recurrida, les resultaría aplicable esta norma y se ampliarían los plazos de 
instrucción. Los recurrentes sostienen que, al no existir ninguna exigencia de interés 
público  que  justifique  en  estos  casos  la  ampliación  de  estos  plazos,  los  efectos 
retroactivos que tiene la disposición recurrida, incluso aunque se consideren que su 
retroactividad es de carácter «impropio», no se encuentran justificados y determinan que 
la norma sea arbitraria y contraria al principio de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras, desfavorables o restrictivas de derechos individuales (artículo 9.3 CE) y 
al derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas (artículo 24.2 CE).
Por último, se aduce que la ley, al establecer la retroacción de los plazos máximos de 
instrucción del artículo 324 LECrim sin excluir a aquellos que afectan a la posición 
jurídica del investigado, es ostensiblemente gravosa y, por tanto, inconciliable con el 
principio de proporcionalidad (se cita la STC 55/1996).
Por todo ello, solicitan al tribunal que admita este recurso y que, tras los trámites que 
correspondan,  dicte  sentencia  declarando  la  inconstitucionalidad  y  nulidad  de  la 
disposición transitoria de la Ley 2/2020, por la que se modifica el artículo 324 LECrim. 
Por otrosí se pide que se acuerde la tramitación prioritaria y urgente del presente recurso 
de inconstitucionalidad dada la gravedad de los efectos que una resolución tardía podría 
tener  sobre  los  derechos  fundamentales  de  los  investigados  en  procedimientos  de 
instrucción;  sobre  el  adecuado  funcionamiento  y  desempeño  de  su  función  de  la 
jurisdicción penal y sobre el principio de seguridad jurídica.
II. Fundamentos jurídicos
Único.  El artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) dispone 
que el recurso de inconstitucionalidad se formulará en el plazo de tres meses a partir de 
la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley. En el presente caso el 
recurso de inconstitucionalidad se ha interpuesto una vez transcurrido dicho plazo, por lo 
que es extemporáneo. En efecto, la Ley 2/2020, de 27 de julio, fue publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» (BOE) el 28 de julio de 2020 y el recurso se formuló el 24 de 
noviembre de 2020, una vez transcurrido, por tanto, el referido plazo de tres meses.
Este plazo se computa de fecha a fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 
LOTC en relación con los artículos 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 133.3 de 
la Ley de enjuiciamiento civil. Durante el mes de agosto corren los plazos señalados para 
iniciar los procesos de competencia del tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 2 
del Acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
aprueban las normas que han de regir el funcionamiento del Tribunal durante el período 
de vacaciones (BOE número 157, de 2 de julio), en la redacción dada por el acuerdo 
de 17 de junio de 1999 (BOE número 148, de 22 de junio): «Solo correrán durante el  s
período de vacaciones, los plazos señalados para iniciar los distintos procesos atribuidos  e.
a la competencia de este tribunal, salvo los señalados por días en los artículos 43.2  w.
y 44.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional». 38ww
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extemporáneo. El incumplimiento de este requisito procesal no es susceptible de ser 
subsanado tras haberse formalizado el recurso (en sentido análogo ATC 86/2010, de 14 
de julio, FJ único). En consecuencia, el presente recurso de inconstitucionalidad ha de 
ser inadmitido a trámite.
Por lo expuesto, el Pleno
ACUERDA
Inadmitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese este auto en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno.–Juan José González Rivas.–
Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan 
Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Alfredo  Montoya  Melgar.–Ricardo  Enríquez  Sancho.–Cándido  Conde-
Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.