BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 340  Miércoles 30 de diciembre de 2020  Sec. I.   Pág. 122868
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
17264 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 
ley orgánica:
PREÁMBULO
Como comenzaba afirmando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus 
jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el 
colectivo. Mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado 
para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia 
identidad y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, 
la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al 
mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, 
extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia 
democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la 
discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.
Esa convicción de que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso 
de un país y de sus ciudadanos y ciudadanas ha ido generalizándose en las sociedades 
contemporáneas, que se han dotado de sistemas educativos nacionales cada vez más 
desarrollados para hacer realidad sus propósitos en ese ámbito. Visto el proceso con 
perspectiva histórica, puede decirse que todos los países han prestado considerable 
atención a sus sistemas de educación y formación, buscando además cómo adecuarlos 
del mejor modo posible a las circunstancias cambiantes y a las expectativas que en ellos 
se depositaban en cada momento histórico.
En consecuencia, los sistemas educativos han experimentado una gran evolución, 
hasta llegar a presentar en la actualidad unas características claramente diferentes de las 
que tenían en el momento de su creación. Y de ahí deriva tanto su carácter dinámico como 
la necesidad de continuar actualizándolos de manera permanente.
La universalización de la enseñanza primaria, objetivo histórico temprano, ya se había 
alcanzado en algunos países a finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió 
el acceso generalizado de la población a la educación secundaria y, a finales de este, se 
convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad. A partir de ese 
momento se fueron planteando metas educativas cada vez más ambiciosas por parte de 
las organizaciones y entidades supranacionales, que se han trasladado a las diversas  s
situaciones nacionales. e.
España se ha ido sumando de modo decidido a este proceso con varias leyes  w.
educativas. La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de Financiamiento  264ww
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de obligatoriedad escolar e impulsó la formación profesional. Como consecuencia de este
proceso, a finales del siglo XX los jóvenes españoles estaban escolarizados entre los seis 
y los dieciséis años y eran muchos quienes comenzaban antes su escolarización y la 
prolongaban después.
A comienzos del siglo XXI la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación (LOCE) proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de 
calidad, planteando una serie de medidas que fueron objeto de polémica y discusión. Desde 
esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar 
la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios 
indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.
Esta convicción acerca de la necesidad de conseguir el éxito escolar de todos los 
jóvenes llevó al Ministerio de Educación y Ciencia a promover en 2004 un debate basado 
en la publicación del documento Una educación de calidad para todos y entre todos. De 
acuerdo con los resultados del debate desarrollado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
de 2006 hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a 
toda la ciudadanía en todos los niveles del sistema educativo; es decir, una educación 
basada en la combinación de los principios de calidad y equidad.
Para alcanzar ese objetivo tan ambicioso la LOE subrayó la necesidad de que todos 
los componentes de la comunidad educativa colaborasen para conseguirlo. En efecto, la 
responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no solo recae sobre el esfuerzo del 
alumnado individualmente considerado, sino también sobre el de sus familias, el 
profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, 
sobre la implicación de la sociedad en su conjunto. Es decir, para garantizar una educación 
de calidad para todos los ciudadanos es imprescindible el compromiso de todos los 
componentes de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. Una de las 
consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la 
necesidad de llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado.
La LOE también adoptó un compromiso decidido con los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea y la UNESCO. Estas instituciones proponían mejorar la 
calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, mejorar la capacitación 
de los docentes, promover la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a 
las tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los 
estudios científicos, técnicos y artísticos, aprovechar al máximo los recursos disponibles e 
incrementar la inversión en recursos humanos. Finalmente, estas instituciones proponían 
fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La UNESCO propuso desarrollar en 
todas las etapas educativas y en la formación permanente una enseñanza que garantizase 
a toda la ciudadanía capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a 
hacer y de aprender a convivir.
A fin de conseguir que estos objetivos pudieran alcanzarse, la LOE planteó la 
construcción de entornos de aprendizaje abiertos, la promoción de la ciudadanía activa, la 
igualdad de oportunidades y la cohesión social, así como la adquisición de los 
conocimientos y las competencias que permiten desarrollar los valores de la ciudadanía 
democrática, la vida en común, el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender 
por sí mismos.
Hay que destacar también que la LOE consideró imprescindible establecer 
procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, 
no sólo del alumnado. La propia Ley definió las evaluaciones que deberían realizarse 
sobre los procesos educativos y los aprendizajes del alumnado como elementos esenciales 
para conocer el funcionamiento de ambos y los resultados obtenidos por el alumnado  es
escolarizado en las etapas obligatorias. o
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Dicha actualización resulta además especialmente necesaria después de que la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
modificase algunos de los objetivos mencionados. Puede afirmarse que dicha Ley 
representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes 
visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en 
un sistema democrático y plural.
Así, la LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o 
itinerarios de desigual valor educativo para los estudiantes de educación secundaria 
obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la realización de unas 
evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios. Hay que 
señalar que tales evaluaciones finales de etapa no han llegado a aplicarse, lo que ha 
generado diversos problemas en el momento de la titulación.
Por otra parte, la LOMCE desarrolló un modelo curricular basado en la diferenciación 
de materias troncales, específicas y de libre configuración y en la introducción de 
estándares de aprendizaje, que supuso el abandono del modelo compartido tradicional de 
diseño curricular, produciendo como efecto indeseado la multiplicación de materias y 
currículos diferentes.
En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación 
de los distintos sectores de la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los 
órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una dirección escolar sobre cuya 
selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa. En esa misma 
dirección, introdujo la denominada especialización curricular de los centros educativos y 
adoptó algunas otras medidas que implicaron de hecho un aumento de las desigualdades 
entre ellos.
Finalmente, en lo que hace a la distribución de las competencias en materia de 
educación, la LOMCE rompió con el equilibrio establecido por las leyes anteriores, que 
venía atribuyendo a la Administración central un 55 % de las competencias curriculares en 
el caso de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y un 65 % en el resto. De 
hecho, la nueva distribución competencial limitaba la capacidad de decisión de las 
Comunidades Autónomas en la regulación de las materias, las metodologías, las 
evaluaciones de diagnóstico para la mejora educativa, la ordenación de las enseñanzas, 
así como en materia de promoción y titulación.
La LOMCE recibió muchas críticas y suscitó no poca controversia en el ámbito social 
y educativo, siendo muchas las personas y organizaciones que solicitaron su reversión. 
Los conflictos suscitados han llevado incluso a la no aplicación de varias de las principales 
medidas propuestas en dicha Ley, lo que ha originado algunos problemas indeseados.
En consecuencia, parece necesario proceder a revertir los cambios promovidos por la 
LOMCE, especialmente aquellos que encontraron mayor oposición. No obstante, como 
se ha señalado más arriba, no se trata simplemente de recuperar las disposiciones 
legales preexistentes a 2013. Los años transcurridos desde la aprobación de la LOE 
aconsejan revisar algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la 
educación, que compartimos con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO 
para la década 2020/2030.
Los años que han pasado entre la aprobación de la LOE (2006) y la actualidad no han 
transcurrido en balde: la crisis económica ha supuesto cambios importantes en el papel de 
la educación y en la percepción que la sociedad tiene de esta. La educación ha sufrido la 
crisis, ha padecido –especialmente la de titularidad pública– sus recortes, pero, a la vez, 
ha servido de refugio para muchas personas y ha revalorizado su papel: en un contexto de  es
muy alto paro juvenil se ha reducido significativamente la tasa de abandono temprano de  o
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sociedad y en el tejido productivo, apostando por la formación profesional y por la
revitalización de los órganos de participación y no limitar su papel a la generación de 
personas egresadas.
Asimismo, el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en 
múltiples aspectos de la vida cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión 
de la realidad y en la manera de comprometerse y participar en ella, en las capacidades 
para construir la propia personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la cultura y en la 
convivencia democráticas, entre otros. Este cambio de enfoque requiere de una 
comprensión integral del impacto personal y social de la tecnología, de cómo este impacto 
es diferente en las mujeres y los hombres y una reflexión ética acerca de la relación entre 
tecnologías, personas, economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en la 
competencia digital del alumnado como en la competencia digital docente. En consecuencia, 
se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un 
enfoque de la competencia digital más moderno y amplio, acorde con las recomendaciones 
europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente.
En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a varios 
enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los 
tiempos a que nos enfrentamos. En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de 
la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior 
del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el 
cumplimiento efectivo de sus derechos.
En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación 
y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, 
introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 
con perspectiva inclusiva y no sexista.
En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado 
tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua 
de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo 
con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la 
ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la 
totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, 
valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar 
decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como 
mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos 
del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye 
la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la 
educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin descuidar 
la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el 
alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y 
generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social.
En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que 
se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad 
educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los 
diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la 
infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, 
disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar  es
que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la  o
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comprensiva. Con ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho
humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, para que este derecho llegue 
a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La ciudadanía reclama un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, 
multilingüe y cosmopolita que desarrolle todo el potencial y talento de nuestra juventud, 
planteamientos que son ampliamente compartidos por la comunidad educativa y por la 
sociedad española. En relación al bienestar de los niños y niñas, la OMS considera que las 
escuelas y otros establecimientos educativos son instituciones privilegiadas para el 
bienestar de los niños y niñas. Por lo tanto, el bienestar nutricional de los niños y niñas en 
las escuelas debe tener una importancia capital y sentar los cimientos para el bienestar de 
los menores. Ello también es congruente con la recomendación formulada en 2004 en la 
Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta 
a los gobiernos a adoptar políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las 
escuelas. La promoción de la salud en el ámbito educativo contribuye a que los grupos de 
población más joven, independientemente de factores como clase social, género, o el nivel 
educativo alcanzado por sus padres y madres u otras figuras parentales, desarrollen una 
vida más saludable.
Pero garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una 
formación integral, que se centre en el desarrollo de las competencias, y que sea por una 
parte equilibrada, porque incorpora en su justa medida componentes formativos asociados 
a la comunicación, a la formación artística, a las humanidades, a las ciencias y la tecnología 
y a la actividad física y, por otra, en la medida en que avanza la escolaridad pueda ir 
proporcionando la formación básica imprescindible para seguir formándose. De este modo 
es necesario favorecer la ineludible presencia de aquellos elementos que, como las 
matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las lenguas en el campo de las 
humanidades y ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar 
en cada campo de conocimiento. Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene 
el necesario componente orientador, que favorece realmente todas las opciones formativas 
posteriores.
Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento 
legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que 
contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda 
generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos y no 
otros son sus objetivos centrales. Además, esta Ley pretende dar cumplimiento a las 
propuestas del ámbito educativo incluidas en el Informe de la Subcomisión del Congreso 
para un Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado el 28 de septiembre 
de 2017.
La presente ley orgánica, así como la normativa que se dicte en su desarrollo, en aras al 
respeto de las competencias y singularidades establecidas en la Constitución e incluidas en 
los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas, habrá de garantizar 
el orden competencial de cada una de las comunidades autónomas en materia educativa, 
con especial respeto a la singularidad propia derivada de los derechos históricos de los 
territorios forales, tal y como reconoce la disposición adicional primera de la Constitución.
De acuerdo con tales supuestos, la Ley se estructura en un artículo único de 
modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Este artículo 
incluye noventa y nueve apartados, en cada uno de los cuales se modifican parcialmente o 
se da nueva redacción a setenta y siete artículos de la LOE, diecinueve disposiciones 
adicionales y tres disposiciones finales, una de las cuales modifica varios artículos de la Ley  es
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Incorpora la Ley,  o
adrloedeslael  tmEapivensáau rsesino, l  atdotoíloc tsduh  eldooqse  uPad eriirsmre opslpliolmeolsa  iirdnnceiaetogarsnl cacdeimróesi nb elaa,en d nLutia cOnraiaoiEo  nc, ds aoeielsnel  pactsioañ,n slacueidiacnneicdcónioanó  ro ntiord .ma  ednEoresond igtitimofraiecrptia aollansroin  asvqt  aauyprce iroi sóirnsenec ia gsiypru  tlildíaoaci snuse  plnodyotsi rss aletoiicdnnsiat o ro fneesinlen aaes cvs siiófpg inndeo acerc.tl ooelnass     OE-A-2020-17264able en https://www.
educación, se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo
establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión 
educativa y la aplicación de los principios del Diseño universal de aprendizaje, es decir, la 
necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y 
expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta.
En relación con la organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la 
vida, se añaden unas precisiones sobre la educación básica, con el fin de garantizar la 
continuidad, coordinación y cohesión entre las dos etapas que la componen y de resaltar 
que su finalidad consiste en universalizar los conocimientos y las competencias que 
permitan aprender a todos los alumnos y alumnas a aprender a lo largo de la vida y 
faciliten su plena participación social y laboral.
Con respecto al currículo, se da una nueva redacción a su definición, sus elementos 
básicos y la distribución de competencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. 
En esta redacción, se trata de garantizar una estructura del currículo al servicio de una 
educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valore además la 
diversidad.
También se asegura una formación común, se garantiza la homologación de los títulos, 
se encomienda al Gobierno la fijación de los objetivos, las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de los aspectos básicos del currículo, que en conjunto 
constituyen lo que se conoce como enseñanzas mínimas, y a las Administraciones 
educativas el establecimiento del currículo de las distintas enseñanzas. Se recupera la 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en lo relativo 
a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, que requerirán el 50 por ciento de 
los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 
60 por ciento para aquellas que no la tengan, estableciendo asimismo la asignación de un 
porcentaje a los centros. Además, se hace referencia a la posibilidad de establecer 
currículos mixtos de enseñanzas del sistema educativo español y de otros sistemas 
educativos, conducentes a los títulos respectivos.
En el título I de la LOE, en la ordenación y los principios pedagógicos de la educación 
infantil, se incorpora el respeto a la específica cultura de la infancia que definen la 
Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. 
Asimismo, se otorga un mandato al Gobierno en colaboración con las Administraciones 
educativas para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que imparten 
el primer ciclo de esta etapa.
Se ofrece una nueva redacción para la etapa de educación primaria, en la que se 
recuperan los tres ciclos anteriormente existentes, se reordenan las áreas, que estarán 
orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado y podrán organizarse en 
ámbitos y se añade en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos, en 
la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos 
y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la 
justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, 
fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y 
los animales.
En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la 
atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta 
en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Se 
deberá dedicar un tiempo diario a la lectura y se establece que la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la creación artística, la comunicación audiovisual, la competencia  es
digital, el fomento de la creatividad y del espíritu científico se trabajarán en todas las áreas  o
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de las competencias establecidas, que constituyen los criterios para la promoción de ciclo.
Se establece que cuando el equipo docente considere que un alumno o alumna no haya 
alcanzado las competencias previstas podrá permanecer un año más en el último curso de 
este ciclo, siendo una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la 
educación primaria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de 
apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas. Por otra parte, se establece 
que cada alumno y alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su 
aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas, según dispongan las 
Administraciones educativas, a fin de garantizar una transición con las mayores garantías 
a la etapa de educación secundaria obligatoria.
En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación 
de diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas. Esta 
evaluación, responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter 
informativo, formativo y orientador para los centros, para los alumnos y sus familias y para 
el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de 
referencia lo establecido en el artículo 144.1 de esta Ley. A partir del análisis de los 
resultados de dicha evaluación, las Administraciones educativas promoverán que los 
centros educativos desarrollen planes de actuación y adopten medidas de mejora de la 
calidad y la equidad de la educación y orienten la práctica docente.
Se ofrece también una nueva redacción de los artículos dedicados a educación 
secundaria obligatoria. En esta etapa se debe propiciar el aprendizaje competencial, 
autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias que aparecen enunciadas en el 
articulado, y que podrán integrarse en ámbitos. La comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el 
fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación 
para la paz y no violencia y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso 
se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, 
la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la 
cooperación entre iguales.
En cuarto curso de educación secundaria obligatoria, se precisan las materias que 
deberá cursar todo el alumnado, además de otras tres entre un conjunto que establecerá 
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En este cuarto curso, que 
tendrá carácter orientador para el alumnado, a fin de facilitar la elección de materias por 
parte de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias 
mencionadas en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de 
bachillerato y los diversos campos de la formación profesional.
A las materias establecidas con carácter obligatorio, se añade la posibilidad de ofrecer 
materias optativas, con la novedad de que puedan configurarse como un trabajo 
monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. En uno de los 
cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos, que 
prestará especial atención a la reflexión ética e incluirá contenidos referidos al conocimiento 
y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución 
Española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la 
igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu 
crítico y la cultura de paz y no violencia.
Por otra parte, se establecen los principios pedagógicos que deben orientar las 
propuestas de los centros a su alumnado. Estas propuestas deben estar presididas por el 
principio de inclusión educativa. Se recuperan los denominados Programas de diversificación 
curricular, que permiten modificar el currículo desde el tercer curso de educación secundaria  es
obligatoria, para el alumnado que no esté en condiciones de promocionar a tercero. Los  o
omlsaeb eccjteouoStnndievsdo oearloescrgi ugaídcua oeiló abe n llslia agdp  aeeeetlcv ottíaaífrtiiplcuauaal,ao  .q c ydEui óeesln at Gos sdesr ea rcpá dolr ouocmasog dpnraaoetpim ntereueannans cE, d idfadiozeusar  cmdjecaiavsocet iriódrvrseneai sf  Sielpco eaoisnccn tuaiedónlguinderm anacrnutdiearoors sriOc a suy.b e lLlaai garla uaselmt csodatnreainaacrziá.ssa nidor áoennr eiee sdcn suotoacndba orcuesinó  laana     OE-A-2020-17264able en https://www.
promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas de forma colegiada por el
equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de 
las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 
del alumno o alumna. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo 
docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con 
éxito el curso siguiente y se considere que tiene expectativas favorables de recuperación 
y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán 
quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan 
evaluación negativa en una o dos materias. Los proyectos educativos de los centros 
regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo 
con lo establecido por las Administraciones educativas. La permanencia en el mismo curso 
debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá 
utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza 
obligatoria.
Al finalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se entregará a cada 
alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales un consejo orientador, que 
incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las 
competencias establecidas, así como una propuesta de la opción más adecuada para 
continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación 
curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
En el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán 
una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta 
evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter 
informativo, formativo y orientador para alumnos y alumnas, para los centros, para las 
familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones tendrán como 
marco de referencia lo establecido en el artículo 144.1 de esta Ley.
Por otra parte, el equipo docente podrá proponer a alumnos, alumnas y a sus padres, 
madres o tutores legales, a través del consejo orientador, la incorporación del alumno o 
alumna a un ciclo formativo de carácter básico. Estos ciclos garantizarán la adquisición de 
las competencias de la educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo 
profesional. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito 
laboral de las competencias profesionales adquiridas, quienes superen uno de estos ciclos 
recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.
Quienes no obtengan el título, recibirán una certificación académica, en la que se hará 
constar los ámbitos y módulos profesionales superados y su correspondencia con unidades 
de competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esta certificación dará 
derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Administración laboral del certificado o 
certificados de profesionalidad o acreditación parcial correspondientes.
Los ciclos formativos de grado básico concretan, así, el esfuerzo del sistema educativo 
para garantizar que ningún alumno o alumna quede fuera del mismo sin un título de 
educación secundaria obligatoria. Lo contrario implica un coste social y personal que la 
sociedad no puede ni debe permitirse. Para hacerlo posible han de proporcionarse al 
alumnado de estos ciclos las oportunidades reales de aprender que necesitan, pues los 
resultados no cambiarán si no se cambia profundamente la práctica educativa. Es preciso 
adecuar a las necesidades del grupo y de cada alumno o alumna la organización de los 
espacios, los tiempos y las metodologías, proponiendo actividades motivadoras y trabajo 
en equipo en torno a proyectos vinculados a su vida y al contexto laboral del ciclo; es 
importante también proporcionar situaciones reales y satisfactorias de aprendizaje,  es
relaciones, refuerzos y expectativas de logro reforzadoras de la autoestima. La tutoría, la  o
oaaEllrdcuieuamLncnnoatzaascacd idóiaoóonl n us laS emesrená dcconuou scmna adcyptta ieuvartaaielauc n iymOoc ninpbaearlsiosgs y fa re qeltosolueisroeiv aon a,aba njldlet  eetyteis v ra.lomacs ui cndeoaerldr al oabe  oedcrtuoaacnpca ailóca oinsób  ndcte oesnncedi scrláaiuon nnf daeeamls rt íiiataliuda looo ypb d tlaieegd lGa aetrsona rtddioauer an hfdooao rydm eaenanl     OE-A-2020-17264able en https://www.
colegiada por su profesorado. Este título permitirá acceder al bachillerato, a la formación
profesional de grado medio y, una vez superada la prueba correspondiente, a los ciclos de 
grado medio de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; 
asimismo permitirá el acceso al mundo laboral.
Es importante resaltar que todos los alumnos o alumnas que finalizan educación 
secundaria obligatoria, además de poder incorporarse al mundo laboral, deben tener 
opciones de formación posterior. Por esta razón, los alumnos y alumnas que no obtengan 
el título correspondiente recibirán una certificación oficial en la que constará el número de 
años cursados y el nivel de adquisición de las competencias. Asimismo, recibirán un 
consejo orientador individualizado que incluirá una propuesta sobre la opción u opciones 
académicas o profesionales más convenientes para continuar su proceso formativo.
Las modalidades de bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas 
y, en su caso, los centros docentes, serán las de ciencias y tecnología, humanidades y 
ciencias sociales, artes y general. El bachillerato se organizará en materias comunes, de 
modalidad y optativas, mencionándose en esta Ley las que se consideran comunes. 
Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas. 
Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo. Por otra 
parte, el Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, fijará las condiciones en las que el 
alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que 
sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.
Con respecto a la evaluación en el bachillerato, el profesorado de cada materia 
decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado 
el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y 
alumnas promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para 
obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos 
cursos de bachillerato. No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, 
el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna 
que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha 
alcanzado los objetivos vinculados a ese título, de modo análogo a los procedimientos de 
compensación que existen en la enseñanza universitaria.
Con respecto al acceso a los estudios universitarios, es conveniente resaltar que 
alumnos y alumnas deberán superar una única prueba que, junto con las calificaciones 
obtenidas en bachillerato, valorará, con carácter objetivo, la madurez académica y los 
conocimientos adquiridos en él, así como la capacidad para seguir con éxito los estudios 
universitarios. Las características básicas de las pruebas de acceso a la universidad serán 
establecidas por el Gobierno, previa consulta a la Conferencia Sectorial de Educación y a 
la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo de 
Universidades y del Consejo Escolar del Estado. Esta prueba tendrá en cuenta las 
modalidades de bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y alumnas y versará 
sobre materias del segundo curso. Las Administraciones educativas y las universidades 
organizarán la prueba de acceso y garantizarán su adecuación al currículo del bachillerato, 
así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten esa etapa.
La formación profesional es también objeto de varias revisiones, con dos finalidades; 
una de ellas, la mejora en el reconocimiento social de los itinerarios formativos de 
formación profesional, para aproximarnos a las tasas de alumnado que opta por esta vía 
en el resto de los países europeos; la segunda, la flexibilización de las enseñanzas y la 
agilización de los procesos de incorporación de nuevos contenidos. Para ello, por un lado, 
se establece que comprende los ciclos formativos de grado básico, de grado medio y de  es
grado superior, así como los cursos de especialización, todos ellos con una organización  o
mlePdoesrsoolt  dafSdeuriiásvslainetoerr ,nm srdaoeaelsef  e Nsdcr uaiaydrc maoeiocspl ni,ocó ausncl  r odrpvínearco  urCifclaeouabs ardliáeolei,fcn i ctaqeeaulsercte saio g.si nne Peetneosnegr sry reaoe Fñlt ,rloa oarnas mzpl  caaaCosrctn aieóstt,eená n l loPaoidsjgruoo ostsfí ett auNtserliáoaoó scnrai iaco dlol.nae-sa pf lroe árdxcmietgiac ecoCnisócu inaaa ldsipfe irdccoeauferacisvidoaioondsnea aassl     OE-A-2020-17264able en https://www.
Con respecto al acceso a los distintos ciclos, se establece, en primer lugar, que el 
acceso a los ciclos formativos de grado básico requerirá tener cumplidos quince años, o 
cumplirlos durante el año natural en curso, haber cursado el tercer curso de educación 
secundaria obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso y que el 
equipo docente haya propuesto a los padres, madres o tutores legales la incorporación del 
alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico.
En segundo lugar, podrán cursar la formación profesional de grado medio quienes se 
hallen en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Por 
último, podrán cursar la formación profesional de grado superior quienes se hallen en 
posesión del título de Bachiller o del título de Técnico de Grado Medio. También podrán 
acceder a la formación profesional quienes, careciendo de los requisitos académicos, 
superen una prueba de acceso regulada o un curso de formación preparatorio de acceso, 
regulados por el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas.
Asimismo, se regula el contenido y la organización de la oferta de las enseñanzas de 
formación profesional, que corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias. El currículo de las enseñanzas de formación profesional incluirá una 
fase de formación práctica en los centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos 
quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios 
profesionales cursados. Los ciclos podrán ser autorizados e implantados en los centros 
que señala esta Ley.
Finalmente, se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos, 
que se realizará por módulos profesionales y ámbitos en el caso de los ciclos formativos de 
grado básico. Y se señala que la superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales y, en su caso, ámbitos que lo compongan.
Con respecto a las titulaciones de los ciclos de formación profesional, hay que resaltar 
que los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que permitirá el acceso a 
cualquier enseñanza postobligatoria. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas 
de los ciclos formativos de grado básico, o de cada uno de los ciclos formativos de grado 
medio o superior, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y en 
su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación 
parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
La Ley incluye también algunas precisiones acerca de las enseñanzas artísticas, 
particularmente la relativa a que el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de 
música y danza o las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño obtendrá el 
título de Bachiller en su modalidad de Artes si supera las materias comunes del bachillerato, 
aunque no haya realizado el bachillerato de dicha modalidad.
En el título II de la LOE sobre Equidad en la educación se pretende subrayar que la 
educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo. Con ese propósito, 
entre otras medidas, se insiste en la atención especial que las Administraciones educativas 
deben prestar a la escuela rural, proporcionándola los medios y sistemas organizativos 
necesarios para atender a sus necesidades, y favoreciendo la permanencia en el sistema 
educativo de los jóvenes de las zonas rurales e insulares más allá de la educación básica.
Por otra parte, la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, 
equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 
educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. es
Para impulsar la equidad del sistema educativo, se fortalecen en el capítulo segundo de  o
eeebaanssdetrcuerugce euatríanrttiausvtrr laeo qlsn uol  oesaes  nlna imt ojeusbi sittjlaetuaentassi v cs poiruóaes nazr s yocdo cnlenaea assbvso ulae,,l  ncspgt erureeruaanspcb eofiionulsincdn, ieacaeisd,ón   pntqsoa uodrrecnteii oco dilsepae dasbsuc oenicócneain actl ilelveyeas vsai ad pyyra r  ecdaáune mcldstauib zibrinaatoodjle ,si lv.a a itCds ef uoriAnranid tl deoemesrllii o anye li seslipemtsrr  aeqiqncsuuaitioaeer nr rl eseaeenssl      OE-A-2020-17264able en https://www.
apoyo necesario para fomentar su máximo desarrollo educativo y social, de manera que 
todos puedan acceder a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Por otra parte, se señala que, en la admisión del alumnado en centros públicos y 
privados concertados, las Administraciones públicas garantizarán el derecho a la 
educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de 
elección de centro por padres, madres o tutores legales y atenderán a una adecuada y 
equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. Asimismo velarán para evitar la segregación del alumnado por 
razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
En el título IV de la LOE, sobre centros docentes, se establece que la programación de 
la red de centros debe asegurar la existencia de plazas públicas en todas las áreas o 
zonas de escolarización o de influencia que se establezcan, una vez considerada la oferta 
existente de centros públicos y privados concertados. Asimismo, a fin de garantizar los 
derechos y libertades de todos los interesados, los principios de programación y 
participación deben ser tenidos en cuenta en la confección de la oferta de plazas en 
centros educativos.
Con respecto a los centros privados concertados se señala que corresponde a las 
Comunidades Autónomas el desarrollo del régimen de conciertos educativos, a partir de la 
regulación general establecida por el Gobierno. El concierto establecerá los derechos y 
obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, duración, prórroga y extinción, 
número de unidades escolares concertadas y demás condiciones, con sujeción a las 
disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
Por otra parte, dado que el sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que 
plantea el cambio climático del planeta, los centros docentes han de convertirse en un lugar 
de custodia y cuidado de nuestro medio ambiente. Por ello han de promover una cultura de 
la sostenibilidad ambiental, de la cooperación social, desarrollando programas de estilos de 
vida sostenible y fomentando el reciclaje y el contacto con los espacios verdes.
En el título V de la LOE se establece que la participación de la comunidad educativa 
en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros debe ser 
garantizada por las Administraciones educativas. Se dispone que la comunidad educativa 
participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar. El profesorado 
participará también en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, 
a los órganos de coordinación docente y a los equipos de profesores y profesoras que 
impartan clase en el mismo curso.
Por otra parte, se señala que, en el ejercicio de su autonomía, los centros pueden 
adoptar experimentaciones, programas educativos, planes de trabajo, formas de 
organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario 
lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones 
educativas y cumpliendo algunas condiciones que se especifican. Se definen cuáles deben 
ser los aspectos que deben recoger los proyectos educativos de centro, relativos a los 
valores, los objetivos y las prioridades de actuación, así como algunos aspectos que deben 
necesariamente incorporar. Como novedad, se establece que el proyecto educativo debe 
incluir un plan de mejora del centro, que se revisará periódicamente.
En relación con los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los 
centros públicos, se restablece el equilibrio anterior a la LOMCE en la atribución de 
competencias entre dirección y Consejo Escolar en el gobierno de los centros, realizándose 
una nueva asignación de competencias al Consejo Escolar del centro educativo. La 
dirección de los centros educativos se identifica como factor clave para la calidad del  es
sistema educativo, y se apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinea con  o
ligcCanoeossls antritbsteiuótocicntrouia omytdnieveea onu l, drn deyaae cc lap uiol rralinsóo eoggrissiedc  asaeytd ui dó redeonle p  bldle uisdeasieslsc tr acesaremoz nebgaltr or eeoe q  dyeucu soidcltimabain rtofiiavio gmo oue ricrngzaotaar,n ecnqt iaituózarena rc ec hopaióansen   ddua, aendlg aamc ó odiggnnieriisjecsutcatrgica,óa itónrdiv n elaaa sds ddr emyee  scpi npaueiolsinddnta arsegadanót biefgviolnaiicqd ,al uaolsaeds.      OE-A-2020-17264able en https://www.
centros. La función directiva ha de ser estimulante y motivadora, de modo que los docentes
más cualificados se animen a asumir esta responsabilidad. Para ello se establece la 
necesidad de superar una formación específica por quien finalmente asuma el cargo para 
una tarea que obtendrá en todo caso el reconocimiento de la administración. Se modifica 
la regulación de los procesos de selección y nombramiento del director o directora. La 
selección será realizada en el centro por una comisión constituida por representantes del 
centro correspondiente; de estos representantes en la comisión, un tercio será profesorado 
elegido por el Claustro y otro tercio será elegido por y entre los miembros del Consejo 
Escolar que no son profesores o profesoras. Además, se establece la incorporación de la 
figura de un director o directora con experiencia y con trayectoria en el ejercicio de la 
dirección en centros similares.
En el título VI de la LOE, en relación con la finalidad de la evaluación del sistema 
educativo, se dispone que los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo, 
independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, no 
pueden ser utilizados para realizar y hacer públicas valoraciones individuales del alumnado 
o para establecer clasificaciones de los centros.
Se ofrece una nueva redacción relativa a la evaluación general del sistema educativo 
que propone como novedad que en el último curso de educación primaria y de educación 
secundaria obligatoria se llevará a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación 
de las competencias adquiridas por el alumnado. Esta evaluación tendrá carácter 
informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para el alumnado, sus 
familias y para el conjunto de la comunidad educativa.
Las evaluaciones de diagnóstico son objeto también de una nueva regulación, cuyos 
aspectos esenciales son los siguientes. Primero, los centros docentes realizarán una 
evaluación a todos sus alumnos y alumnas en cuarto curso de educación primaria y en 
segundo curso de educación secundaria obligatoria. La finalidad de esta evaluación será 
diagnóstica. El equipo docente incorporará el análisis de los resultados de esta evaluación 
para valorar la necesidad de adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Segundo, corresponde a las Administraciones educativas desarrollar y 
controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que participen los centros de ellas 
dependientes y proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos los 
centros puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones, que tendrán carácter 
formativo e interno. Dichas evaluaciones tomarán como referencia un marco común de 
evaluación que se elaborará mediante la colaboración del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa y los organismos correspondientes de las Administraciones educativas.
Asimismo, en la disposición adicional cuadragésima primera se añade la necesidad de 
que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia 
en España desde sus orígenes hasta la actualidad. El estudio y análisis de nuestra memoria 
democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas 
y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. El estudio de la memoria 
democrática deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género, haciendo 
especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía.
En las disposiciones propias de esta Ley se incluyen once disposiciones adicionales 
referentes a diversos asuntos, como los centros autorizados para impartir la modalidad de 
ciencias y tecnología en bachillerato y la vigencia de las titulaciones que pretenden la 
adaptación a las previsiones contenidas en esta Ley. Especialmente novedosas, por su 
alcance social o por responder a los actuales requerimientos profesionales, son las 
disposiciones adicionales referentes a la adaptación de los centros y extensión del primer 
ciclo de educación infantil, a la evolución de las modalidades de escolarización del  es
alumnado con necesidades educativas especiales, así como las relativas a próximas  o
rpeeteexrxrogtirgifuinetelogasnruocicaiirrioa.la, nd Isgeeo unsq a d udlleeamel    ehnClaneaustcnee e  Erdpspneirodes  artedeedñenf al ddePneejazrn orac sflsoeae ns A atoeardrntreíe  sscclta uiocTsana éc pscui,órn ninodi c rePdoildel saadl  nddes eesidsa steFer  reomConrlamol o lnoea tdsdcine iuógp cnleraao nt Pgipcvrrirooaao fm afepe sanasisuioróa ennd vas ealdi, ts ocud ocadeeocecnipmloateenarra enaydsdc  oiadód senea,l      OE-A-2020-17264able en https://www.
emergencia y en el cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030. Se establece, por último, la necesidad de incrementar el gasto público 
educativo.
Asimismo se incluyen seis disposiciones transitorias. Cuatro de ellas hacen referencia 
a los periodos de transición que se establecen entre el viejo y el nuevo sistema en relación 
a las antiguas pruebas finales de etapa, al acceso a la universidad, a la obtención del título 
de educación secundaria obligatoria al superar la formación profesional Básica, a la 
adaptación de los centros que escolarizan alumnado del primer ciclo de educación infantil 
o a la aplicación de las normas reglamentarias.
En las seis disposiciones finales propias se incorporan las modificaciones de la 
Ley 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación que es necesario 
actualizar, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (artículo 42.3) 
para adaptar el acceso a los estudios universitarios a la eliminación de la Evaluación final 
de bachillerato, así como del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional con el fin de simplificar y responder con 
mayor agilidad a la actualización de las cualificaciones profesionales identificadas en el 
sistema productivo. Se incluye también una disposición final que modifica y adapta al 
contexto educativo la recientemente aprobada Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se añaden dos 
disposiciones finales relativas a la entrada en vigor y al calendario de implantación de la 
nueva Ley que combina la conveniencia de incorporar los cambios previstos sin excesiva 
dilación con la necesidad de que las administraciones dispongan de tiempo para la 
regulación de aquellos aspectos que exigen una preparación más laboriosa.
Artículo único.  Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en los siguientes 
términos:
Uno.  Se modifica el apartado a), se añaden unos nuevos párrafos a bis) y r) y se 
modifican los apartados b), k) y l) del artículo 1 en los siguientes términos:
«a)  El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos 
facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, 
a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación 
del Estado de asegurar sus derechos.»
«a bis)  La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista 
discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o 
geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual 
o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
«b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 
igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que 
ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, 
y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de 
cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por  es
España.» o
«k)  La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y  264ww
láyaa mb curibebsisetooor asslu ecdcoxeiusó oanla l ,c p vovaiindoc alíeef ilpnc fecainri as dd oeoen   dalaoilsy,s cu famrdimmaisriiml niaaaolr c sayi,ól u snamo sycní  iraacedloa,o mcy c aoei  onrpen aecarosra pnf reoleaccn ienaterol   te aovn die oaelll ealf on.d»rcemila aa ce dones  tomo deaosltcsroa lltoaosr,    OE-A-2020-17able en https://
«l)  El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el 
respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación 
de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la 
prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la 
ciudadanía activa.»
«r)  La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social 
como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.»
Uno bis.  Se modifica la redacción de las letras b), e), i) y k) del apartado 1 y el 
apartado 2 del artículo 2, que quedan redactados como sigue:
«b)  La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, 
enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia.»
«e)  La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como 
la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los 
derechos de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 
forestales y el desarrollo sostenible.»
«i)  La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados  
de colaboración social.»
«k)  La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la 
sociedad que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.»
«2.  Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de 
factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y 
formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, 
humanos y materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y 
su entorno, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el 
fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa 
y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección 
educativa y la evaluación.»
Dos.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 2 bis con la siguiente redacción:
«1.  A los efectos de esta Ley, se entiende por Sistema Educativo Español el 
conjunto de Administraciones educativas, profesionales de la educación y otros 
agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de 
financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación 
en España, y los titulares de este derecho, así como el conjunto de relaciones, 
estructuras, medidas y acciones que se desarrollen al efecto.»
«3.  Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema 
Educativo Español contará con los órganos de participación y cooperación y con los 
instrumentos contemplados en la normativa aplicable al efecto.»
Dos bis.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 3, que quedan redactados  bo
como sigue: 264ww
form«a3t.iv osL ad ee dguracdaoc ibóáns picroim caornias,t itluay eednu lac aecdióunca sceiócnu nbdáasriciaa .obligatoria y los ciclos
4.  La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y
educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria
postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las 
enseñanzas artísticas profesionales tanto de música y de danza como de artes 
plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.»
Tres.  El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4.  La enseñanza básica.
1.  La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta Ley es 
obligatoria y gratuita para todas las personas.
2.  La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, 
de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los 
alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando 
la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que 
finalice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.
Con el fin de garantizar la continuidad, coordinación y cohesión entre las dos 
etapas de la educación básica, las Administraciones educativas adoptarán las 
oportunas medidas de carácter organizativo y curricular.
Las Administraciones públicas promoverán que los alumnos y alumnas menores 
de edad que hayan superado los 16 años reciban algún tipo de formación académica 
o profesional que puedan compatibilizar con su actividad laboral y que les permita 
continuar su formación. Asimismo favorecerán que quienes hayan alcanzado la 
edad límite para cursar la educación obligatoria sin haber obtenido el título puedan 
continuar su formación a través de distintas ofertas formativas.
3.  Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una 
educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como 
principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de 
todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como 
del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo 
requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares 
pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del 
Diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la 
infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera.
4.  La enseñanza básica persigue un doble objetivo de formación personal y de 
socialización, integrando de forma equilibrada todas las dimensiones. Debe procurar 
al alumnado los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo 
personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida, 
crear nuevas oportunidades de mejora, así como para desarrollar su socialización, 
lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente 
en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta.»
Tres bis.  Se añade un nuevo artículo 5 bis que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Artículo 5 bis.  La educación no formal.
La educación no formal en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de 
la vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación 
que se desarrollan fuera de la educación formal y que se dirigen a personas de 
cualquier edad con especial interés en la infancia y la juventud, que tienen valor  e
educativo en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer  bo
objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social tales como la capacitación  264ww
psoecrsiaoln, aml,e pjororam doec iólans  dceo nvdailcoiroense cso dmeu vniidtaar,i oasr,t íastnicima,a tceiócnn osloócgiioccau, lltúudraicl,a p oa rdtiecpipoartcivióan, 
efonrtmrea lo ytr onso.  Sfoer mparol mcoonv eerlá  plaro paórtsicituol adceió nq uye  ceosmtap lceomnetrnibtauryiead aa dl ad ea dlaq ueisdiuccióanc idóen 
competencias para un pleno desarrollo de la personalidad.»
Cuatro.  El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 6.  Currículo.
1.  A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el 
conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.
En el caso de las enseñanzas de formación profesional se considerarán parte 
del currículo los resultados de aprendizaje.
2.  El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y 
alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de 
su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos, 
de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá 
suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del 
derecho a la educación.
3.  Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los 
títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios 
de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas 
mínimas. Para la Formación Profesional fijará así mismo los resultados de 
aprendizaje correspondientes a las enseñanzas mínimas.
4.  Las enseñanzas mínimas requerirán el 50 por ciento de los horarios 
escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 60 por 
ciento para aquellas que no la tengan.
5.  Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos 
básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y 
completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de 
su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley. 
Las Administraciones educativas determinarán el porcentaje de los horarios 
escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo 
integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos 
de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos.
Las Administraciones educativas podrán, si así lo consideran, exceptuar los 
cursos de especialización de las enseñanzas de Formación Profesional de estos 
porcentajes, pudiendo establecer su oferta con una duración a partir del número de 
horas previsto en el currículo básico de cada uno de ellos.
6.  Las Administraciones educativas revisarán periódicamente los currículos 
para adecuarlos a los avances del conocimiento, así como a los cambios y nuevas 
exigencias de su ámbito local, de la sociedad española y del contexto europeo e 
internacional.
7.  El Gobierno incluirá en la estructura orgánica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional una unidad que, en cooperación con las Comunidades 
Autónomas, desarrolle las funciones a las que se refieren los apartados tercero y 
cuarto de este artículo y contribuya a la actualización permanente de los currículos 
que constituyen las enseñanzas mínimas, sin perjuicio de lo previsto para la 
actualización de currículos de enseñanzas de formación profesional y enseñanzas 
de régimen especial.
8.  Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por esta Ley serán  e.e
homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las  w.b
condiciones previstas en la legislación vigente y en las normas básicas y específicas  264ww
que 9a.l  eEfenc teol  sme adriccote nd.e la cooperación internacional en materia de educación, el
Gesotbaibelrencoe,r  dceu rarcícuuelrodso  mcoixnt olos  edset aebnlseeciñdaon ezans e ld aepl asristatedmo a1  eddeul caarttíicvuol oe s6p baiñso, lp yo ddreá 
otros sistemas educativos, conducentes a los títulos respectivos.»
Cinco.  El artículo 6 bis queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 6 bis.  Distribución de competencias.
1.  Corresponde al Gobierno:
a)  La ordenación general del sistema educativo.
b)  La programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en 
los artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación.
c)  La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior.
d)  La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los poderes públicos en esta materia.
e)  La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de los poderes públicos.
2.  Asimismo corresponden al Gobierno aquellas materias que le encomienda 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y esta 
Ley.
3.  Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias 
estatutarias en materia de educación y el desarrollo de las disposiciones de la 
presente Ley Orgánica.»
Seis.  El artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 9.  Programas de cooperación territorial.
1.  El Ministerio competente en materia de educación promoverá programas de 
cooperación territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter 
general referidos al alumnado, profesorado y centros, reforzar las competencias de 
los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por parte del alumnado de la 
riqueza cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas, así como 
contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación 
de desigualdades.
2.  Los programas a los que se refiere este artículo serán desarrollados y 
gestionados por las administraciones educativas competentes, en los términos del 
acuerdo o convenio que, en su caso y a estos efectos, se suscriba.
3.  En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como 
criterio para la distribución territorial de recursos económicos, la singularidad de 
estos programas en términos orientados a favorecer la igualdad de oportunidades. 
Se valorarán especialmente el volumen de alumnado escolarizado en relación con 
los objetivos del programa en los centros públicos y privados concertados, las zonas 
rurales o urbanas desfavorecidas socialmente, la despoblación o dispersión 
demográfica y la insularidad.»
Siete.  El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 12.  Principios generales. e.e
1.  La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que  264ww
anAtidñiemon2sid.n  eyis  Ltanro aiñnscai ñiocsaen scne oytsrn  one seidñ duqoacusdae det ieavsa scedosn ejact roneem l  dncoeea  crcmoeim anynit eresonerstaio s d r heeaa gñesuodtlasua  crldo adescub isóreaenrnái sitnn ea f sañeenol rtsc il aa.duleet onerddizaaardido.o ess pcoolra lra as   OE-A-2020-17able en https://
3.  La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así 
como la educación en valores cívicos para la convivencia.
4.  Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y 
padres o tutores legales en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán 
estrechamente con ellos.
5.  La programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil 
atenderán, en todo caso, a la compensación de los efectos que las desigualdades 
de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y evolución infantil, 
así como a la detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de 
apoyo educativo.»
Siete bis.  Se modifica el apartado e) del artículo 13 y se añade un nuevo apartado h, 
con la siguiente redacción:
«e)  Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la 
empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.»
«h)  Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la 
igualdad de género.»
Ocho.  Se modifican los apartados 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 14 y se añade un nuevo 
apartado 8, con la siguiente redacción:
«2.  El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido en una propuesta 
pedagógica por todos los centros que impartan educación infantil.
3.  En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 
desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control 
corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del 
entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y 
sociales del medio en el que viven. También se incluirán la educación en valores, la 
educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación 
para la salud. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí 
mismos positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal.»
«5.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los 
lenguajes y modos de percepción específicos de estas edades para desarrollar el 
conjunto de sus potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que 
definen la Convención sobre los derechos del Niño y las Observaciones Generales 
de su Comité. Con esta finalidad, y sin que resulte exigible para afrontar la educación 
primaria, podrán favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así 
como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 
tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical y 
en cualesquiera otras que las administraciones educativas autonómicas determinen.
Corresponde asimismo a las Administraciones educativas fomentar una primera 
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
educación infantil, especialmente en el último año.
6.  Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias de 
aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y se aplicarán en  s
un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social  oe.
y el establecimiento de un apego seguro. w.
lporse vc7ios. ntote Eenl niGd eoolsb  pieerdrenusoce,an ettienv  occsoa ldpaeíbtluo plroari.cm Aióesnri m ccioicsnlmo l aods,e  r Cleaog emudluaunrcáiad acloidósen rs ei nAqfuuatinóstinitloo dsme da aesc,  utdieteurtldeaorcm icóionnn ad rloeá    2020-17264n https://ww
sus profesionales y los que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo,
relativos, en todo caso, a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones  Bc
y al número de puestos escolares.
8.  Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y 
evolución positiva de todo el alumnado, se reflejará en el desarrollo curricular la 
necesaria continuidad entre esta etapa y la Educación Primaria, lo que requerirá la 
estrecha coordinación entre el profesorado de ambas etapas. A tal fin, al finalizar la 
etapa el tutor o tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y necesidades de cada 
alumno o alumna.»
Ocho bis.  Se modifica el artículo 15 con la siguiente redacción:
«1.  Las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de 
plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de 
escolarización de la población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordinarán 
las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta 
educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán 
establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y 
entidades privadas sin fines de lucro. Todos los centros habrán de estar autorizados 
por la Administración educativa correspondiente y supervisados por ella.
2.  El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender las 
demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta 
suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en 
el contexto de su programación educativa.
3.  Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo 
o ambos. En todo caso, las Administraciones educativas promoverán la existencia 
de centros públicos que incorporen la educación infantil con otras etapas educativas 
posteriores.
4.  De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, el 
primer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo 
completo o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta sea de al menos un 
año completo del citado ciclo deberán incluir en su proyecto educativo la propuesta 
pedagógica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y deberán contar con el 
personal cualificado en los términos recogidos en el artículo 92.
5.  Las Administraciones educativas asegurarán la coordinación entre los 
equipos pedagógicos de los centros que actualmente imparten distintos ciclos y de 
estos con los centros de educación primaria.»
Nueve.  Se modifica el apartado 3 del artículo 16 con la siguiente redacción:
«3.  La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado con una perspectiva global y se adaptará 
a sus ritmos de trabajo.»
Nueve bis.  Se modifican los apartados a), c), d), i) k), l) y n) del artículo 17 con la 
siguiente redacción:
«a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de 
la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 
una sociedad democrática.»
«c)  Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 
de la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar  e
y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. bo
d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias  264ww
ey nlatr en loa sd pisecrrsimoninaasc, ilóan i gduea lpdeards odnea dse rpeocrh moso yti voopso rdtuen eidtnaidae, so driee nhtoamcióbnre so  yid menutjeidraeds 
sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones.»
«i)  Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 
utilización,  para  el  aprendizaje,  desarrollando  un  espíritu  crítico  ante  su 
funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.»
«k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l)  Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.»
«n)  Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, 
fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico.»
Diez.  El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 18.  Organización.
1.  La etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años 
académicos cada uno y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e 
integrador, estarán orientadas al desarrollo de las competencias del alumnado y 
podrán organizarse en ámbitos.
2.  Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:
a)  Conocimiento del Medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
b)  Educación Artística, que se podrá desdoblar en Educación Plástica y Visual, 
por una parte, y Música y Danza, por otra.
c)  Educación Física.
d)  Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua propia y Literatura.
e)  Lengua Extranjera.
f)  Matemáticas.
3.  A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los 
cursos del tercer ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos. En esta área se 
incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto 
de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo 
sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor 
del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu 
crítico y la cultura de paz y no violencia.
4.  Las Administraciones educativas podrán añadir una segunda lengua 
extranjera u otra lengua cooficial o una materia de carácter transversal.
5.  Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de 
otras competencias recibirán especial consideración.
6.  En el conjunto de la etapa, la orientación y la acción tutorial acompañarán el 
proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Asimismo, se fomentará en 
la etapa el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con especial atención a la 
igualdad de género.
7.  En el área Lengua propia y Literatura en aquellas comunidades autónomas 
que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones 
de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la 
normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Propia y Literatura recibirá  e.
el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen, garantizando,  w.b
en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas  264ww
oficiales.»
Once.  El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 19.  Principios pedagógicos.
1.  En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión 
educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de 
aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, 
alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten 
cualquiera de estas situaciones.
2.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico 
y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, se trabajarán 
la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo 
responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la 
afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y 
en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 
competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión.
3.  A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura todos los centros 
educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su 
proyecto educativo.
Con objeto de facilitar dicha práctica, las Administraciones educativas 
promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos medios, 
tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las 
familias y del voluntariado, así como el intercambio de buenas prácticas.
4.  Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 
alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 
autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
5.  Las Administraciones educativas impulsarán que los centros establezcan 
medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los 
espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar 
y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado.
6.  Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 
la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificultades en 
su comprensión y expresión. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en 
el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.»
Doce.  El artículo 20 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 20.  Evaluación durante la etapa.
1.  La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su 
progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
2.  Las Administraciones educativas desarrollarán orientaciones para que los 
centros docentes puedan elaborar planes de refuerzo o de enriquecimiento curricular 
que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera.
3.  Al finalizar cada uno de los ciclos el tutor o tutora emitirá un informe sobre el  e.
grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en  w.b
su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo o etapa  264ww
siguSiein eten. algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes,
aadperecnudaidzaajse y d peel raslounmanlioz aod aalsu mpanraa,  astee ncdoenrs eidl edreas qfausee d ceubreri cpuelarmr oa nlaesc edrif iucnu latañdoe ms dáes 
en el mismo curso, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante
ese  curso  pueda  alcanzar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 
correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y 
tendrá, en todo caso, carácter excepcional.
4.  Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del 
alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre 
su  evolución  y  las  competencias  desarrolladas,  según  dispongan  las 
Administraciones  educativas. Asimismo,  las Administraciones  educativas 
establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación entre los centros de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria.
5.  Los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de 
ciclo o etapa.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
6.  En aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial 
de acuerdo con sus Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la 
evaluación del área Lengua Propia y Literatura según la normativa autonómica 
correspondiente.»
Doce bis.  Se añade un artículo 20 bis nuevo que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Artículo 20 bis.  Atención a las diferencias individuales.
En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada a los 
alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el establecimiento de 
mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar, particularmente 
en entornos socialmente desfavorecidos. En dichos entornos las Administraciones 
procederán a un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de 
estas estrategias pedagógicas.»
Trece.  El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 21.  Evaluación de diagnóstico.
En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una 
evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por su alumnado. Esta 
evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá 
carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, 
para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas 
evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de referencia el establecido 
en el artículo 144.1 de esta Ley.
En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir 
del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones 
educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que 
contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan 
adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la 
práctica docente.» e
artícCualoto 2r2c« ec2.o . nS lLaea  s mfiignouadileiidfniactead n rd eeldo lasa c aEcpidóaunrc:taacdioósn  s2e, c3u nyd 5a ryia  sceo nasñisatdee e un nlo nguraerv qou aep loasrt aadluom 8n oasl   2020-17264n https://www.
ya sapluemctnoass h audmqaunieírsatnic olo, sa ertleísmticeon,t ocsi ebnátsíficicoos- tdeec nlao lócuglitcuora y,  emspoetrcizia; lmdeensater reonll asru ys   BOE-A-cable e
consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo; así como hábitos de vida
saludables, preparándoles para su incorporación a estudios posteriores, para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la 
vida como ciudadanos.
3.  En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la 
perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas 
específicas del alumnado con discapacidad.»
«5.  Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las 
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 
flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas 
de refuerzo y medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.»
«8.  Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje 
de carácter significativo para el desarrollo de las competencias que promuevan la 
autonomía y la reflexión.»
Catorce bis.  Se modifican las letras e) y k) del artículo 23 quedando redactadas como 
sigue:
«e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Desarrollar  las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización.»
«k)  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 
los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.»
Quince.  Se suprime el artículo 23 bis.
Dieciséis.  El artículo 24 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 24.  Organización de los cursos primero a tercero de educación 
secundaria obligatoria.
1.  Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán 
agrupar en ámbitos, serán las siguientes:
a)  Biología y Geología.
b)  Educación Física.
c)  Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
d)  Física y Química.
e)  Geografía e Historia.
f)  Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
g)  Lengua Extranjera.
h)  Matemáticas.
i)  Música.
j)  Tecnología y Digitalización. e
emnattreL2era.  ilaas ssAE  smdnimg acutiaenierdisinaattrs eau sacn: ioloan sde qesu  eleod ssu ecc aurterivfsiaeosrse  p teoosddtroeás na  ploinascr tlaaudilruo mu.nnao ss eyg uanludma nleansg ucau resxatrráann jelaras   2020-17264n https://www.
a)  Biología y Geología y/o Física y Química. BOE-A-cable e
b)  Educación Física.
c)  Geografía e Historia.
d)  Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
e)  Lengua Extranjera.
f)  Matemáticas.
Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una 
materia del ámbito artístico.
3.  Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas cursarán 
alguna materia optativa, que también podrá configurarse como un trabajo 
monográfico o un proyecto interdisciplinar o de colaboración con un servicio a la 
comunidad. Las Administraciones educativas regularán esta oferta, que deberá 
incluir, al menos, Cultura Clásica, una segunda Lengua Extranjera y una materia 
para el desarrollo de la competencia digital. En el caso de la segunda Lengua 
Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos.
4.  Para favorecer la transición entre educación primaria y educación 
secundaria obligatoria, en la organización de esta última, las Administraciones 
educativas procurarán que los alumnos y alumnas de primero y segundo cursen un 
máximo de una materia más que las áreas que compongan el último ciclo de 
educación primaria.
5.  Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores y la creatividad se trabajarán en todas las 
materias. En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la 
salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
6.  Los centros educativos podrán organizar, de acuerdo con lo que regulen las 
Administraciones educativas, programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular, 
así como otras medidas educativas para el alumnado que lo requiera para poder 
seguir con éxito las enseñanzas de educación secundaria.
7.  Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que 
impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de 
acuerdo con su proyecto educativo.
8.  En el área Lengua propia y Literatura en aquellas comunidades autónomas 
que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones 
de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la 
normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Propia y Literatura recibirá 
el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen garantizando, 
en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas 
oficiales.»
Diecisiete.  El artículo 25 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 25.  Organización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria.
1.  Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4.º curso serán las 
siguientes:
a)  Educación Física.
b)  Geografía e Historia. e.
c)  Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.  w.b
Lengua Extranjera. 264ww
d)  Matemáticas, con dos opciones diferenciadas.
alum2n. asA ddeebmeárás nd ecu larssa mr taretesr imasa teenruiams edrea duans c eonn jeuln atop aqrutaed eos atanbtelericoer,r álo esl  aGluombineornso y, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas.
3.  Los alumnos y las alumnas podrán cursar una o más materias optativas de 
acuerdo con el marco que establezcan las Administraciones educativas, que tendrá 
en cuenta, en su caso, la continuidad de las materias a las que se refiere el 
artículo 24.3. Estas materias podrán configurarse como un trabajo monográfico o un 
proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad.
4.  Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios 
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la 
elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las 
materias mencionadas en el apartado segundo en distintas opciones, orientadas 
hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la 
formación profesional, fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las 
diferentes ramas de estudio. En todo caso, el alumnado deberá poder alcanzar el 
nivel de adquisición de las competencias establecido para educación secundaria 
obligatoria por cualquiera de las opciones que se establezcan.
5.  Los centros deberán ofrecer la totalidad de las opciones citadas en el 
apartado segundo. Solo se podrá limitar la elección de los alumnos y alumnas 
cuando haya un número insuficiente de los mismos para alguna de las materias u 
opciones, determinado a partir de criterios objetivos establecidos previamente por la 
Administración educativa correspondiente.
6.  Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera trasversal 
la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación para la sostenibilidad y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
7.  En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia 
de Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial 
atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución 
española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la 
igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social 
de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz 
y no violencia.
8.  En el área Lengua propia y Literatura en aquellas comunidades autónomas 
que posean dicha lengua propia con carácter oficial, podrán establecerse exenciones 
de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones previstas en la 
normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Propia y Literatura recibirá 
el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen garantizando, 
en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas 
oficiales.»
Dieciocho.  Se modifican los apartados 1, 2 y 6 del artículo 26, quedando redactados 
en los siguientes términos:
«1.  Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado 
de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. e.e
Las Administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en  w.b
que podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el  264ww
avelurm bneandeofi coia adl oa lduem ensot eo  maloudmon.a para quienes se considere que su avance se puede
desa2r.r olElon d ees ltaas  ectoampap esteen pciraess teasrtáa bulnecai daatse nyc sióen  foemspeenctaiarál  ala  lac oarrdeqcutais iecxiópnre syi óenl 
oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, 
se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.
Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y 
a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, 
la reflexión y la responsabilidad.»
«6.  La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en 
el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se 
priorizarán la comprensión y la expresión oral.
Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de las lenguas extranjeras para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y 
expresión.»
Diecinueve.  El artículo 27 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 27.  Programas de diversificación curricular.
1.  El Gobierno y las Administraciones educativas definirán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las condiciones para establecer la modificación y la 
adaptación del currículo desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria, 
para el alumnado que lo requiera tras la oportuna valoración. En este supuesto, los 
objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una 
metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de 
conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la 
establecida con carácter general.
2.  Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la 
consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte 
de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en 
su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida 
de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título.
3.  Al finalizar el segundo curso, quienes no estén en condiciones de 
promocionar a tercero podrán incorporarse, una vez oído el propio alumno o alumna 
y sus padres, madres o tutores legales, a un programa de diversificación curricular, 
tras la oportuna evaluación.
4.  Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades 
educativas especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, 
con carácter general, se prevean para este alumnado en el Sistema Educativo 
Español.»
Veinte.  El artículo 28 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 28.  Evaluación y promoción.
1.  La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de 
educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora.
2.  Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán 
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución 
de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. e
3.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas  bo
promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de  264ww
lqause m tieanteer ieaxsp neoc tsautipvearsa fdaavso rlaeb pleesrm dieta r esceugpueirr accoinó né yx iqtou ee l dciuchrsao p sroigmuioecnióten  yb esen eefsictiiamráe 
soub jeevtiovolusc idóen  laacsa mdéamteirciaas.  Eon á tmodboit ocsa scou rpsraodmoosc oio tneanrgáann q euvieanlueasc hióany anne aglactaivnaz aedno u lnoas 
o dos materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones
del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por 
las Administraciones educativas.
4.  Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los 
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente 
la aplicación personalizada de los mismos en diferentes momentos del curso 
académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
planes, de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta 
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos 
en los apartados anteriores.
5.  La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter 
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo 
caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Independientemente de 
que se hayan agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el 
cuarto curso se podrá permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente 
considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas 
para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se 
refiere el apartado 2 del artículo 4.
6.  En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera 
que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén 
orientadas a la superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se 
recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren 
adecuadas para este alumnado.
7.  Quienes al finalizar el cuarto curso de educación secundaria obligatoria no 
hayan obtenido la titulación establecida en el artículo 31.1 de esta ley podrán 
alcanzarla a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo 
establecido por la Administración educativa competente.
8.  Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación 
curricular a los que se refiere el artículo 27 serán evaluados de conformidad con los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los 
respectivos programas.
9.  Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores 
legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un 
informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en 
su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su 
formación, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación 
curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
10.  Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.»
Veintiuno.  El artículo 29 queda redactado de la siguiente manera: e.
«Artículo 29.  Evaluación de diagnóstico. 264ww
raeluamliEznnaar áednlo  s.u eEngasu tnaed veaovl uacaulucraisóocni ó ddnee,   eqddiuauegc nasócesirótáinc o rse edscepu olnandss aacrboiaimli dopabedlti egdnaecto ialrasias  a tAlocddamonszin alidosastrs ac cpeionortn resouss    OE-A-2020-17able en https://
educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para
el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad 
educativa. Estas evaluaciones, de carácter censal, tendrán como marco de 
referencia el establecido en el artículo 144.1 de esta Ley.
En el marco de los planes de mejora a los que se refiere el artículo 121 y a partir 
del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico, las Administraciones 
educativas promoverán que los centros elaboren propuestas de actuación que 
contribuyan a que el alumnado alcance las competencias establecidas, permitan 
adoptar medidas de mejora de la calidad y la equidad de la educación y orienten la 
práctica docente.»
Veintidós.  El artículo 30 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 30.  Ciclos formativos de grado básico.
1.  El equipo docente podrá proponer a padres, madres o tutores legales y al 
propio alumno o alumna, a través del consejo orientador, su incorporación a un ciclo 
formativo de grado básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o 
alumna así lo aconseje, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el 
artículo 41.1 de esta Ley. Las Administraciones educativas determinarán la 
intervención del propio alumnado, sus familias y los equipos o servicios de 
orientación en este proceso. Los ciclos formativos de grado básico irán dirigidos 
preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de 
alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno 
vinculado al mundo profesional, velando para evitar la segregación del alumnado 
por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo de prepararlos 
para la continuación de su formación.
2.  Los ciclos formativos de grado básico facilitarán la adquisición de las 
competencias de educación secundaria obligatoria a través de enseñanzas 
organizadas en los siguientes ámbitos:
a)  Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes 
materias: 1.º Lengua Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º 
Ciencias Sociales. 4.º En su caso, Lengua Cooficial.
b)  Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º 
Matemáticas Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas.
c)  Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para 
obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Asimismo, se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de 
las competencias.
3.  Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas 
formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del 
alumnado, adoptando una organización del currículo desde una perspectiva 
aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el 
trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán 
una especial consideración, realizando un acompañamiento socioeducativo 
personalizado. Las Administraciones educativas promoverán la cooperación y  e.
participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades,  w.b
especialmente las Corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las  264ww
opragraan eizl adceisoanreros llnoo d geu ebsetornsa pmroegnrtaamlesa sy. otras entidades empresariales y sindicales,
bási4c.o  cLoan dsuucpierára aci ólan  odbet elan ctoiótanl iddeald  tídtuel olo sd eá mGbraitdousa indcol ueidno Esd eunc aucni ócnic Sloe dceu ngdraardiao 
Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias
profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá 
asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.
5.  Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del 
currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.»
Veintitrés.  El artículo 31 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 31.  Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1.  Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 
alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan 
adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28. En cualquier caso, 
todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la educación 
secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años 
cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta certificación 
será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación del 
aprendizaje a lo largo de la vida.
Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán adoptadas 
de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna.
2.  El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá 
acceder al bachillerato, a la formación profesional de grado medio y, superando, en 
su caso, la prueba correspondiente, a los ciclos de grado medio de artes plásticas y 
diseño y a las enseñanzas deportivas de grado medio; asimismo permitirá el acceso 
al mundo laboral.
3.  Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá 
una propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales 
más convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado 
encuentre una opción adecuada para su futuro formativo.
4.  Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán 
las partes de la prueba que tiene superadas cada uno de los aspirantes de acuerdo 
con su historia académica previa.»
Veinticuatro.  Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 32 en los siguientes 
términos:
«1.  El bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y logro de las 
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional y capacitar para 
el acceso a la educación superior.»
«2.  Podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en  e.
posesión de cualquiera de los títulos de formación profesional, de artes plásticas y  w.b
diseño o de Enseñanzas Deportivas y aquellos otros casos previstos en la Ley.» 264ww
difer«e3n.t esE, ls bea ocrhgiallenrizaatorá c doem mproednod efle dxoibsl ec yu,r seons s, us ec adseos, aernro dlliasrtáin teans  vmíaosd,a ali dfiand dees 
qcoune  spuuse dpae rosfpreeccetirv ausn ae  pinretepraersaecsió dne e fsoprmecaiacilóizna doa p ae rlmosit aa lulam inncoosr py oarlaucmiónna sa  alac ovriddae 
activa una vez finalizado el mismo.
El Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, fijará las 
condiciones en las que el alumnado pueda realizar el bachillerato en tres cursos, en 
régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o 
transitorias, lo aconsejen. En este caso se contemplará la posibilidad de que el 
alumnado curse simultáneamente materias de ambos cursos de bachillerato.»
Veinticinco.  Se modifican las letras b), c), m) y n) y se añade una nueva letra o) al 
artículo 33 quedando redactado de este modo:
«b)  Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares 
y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
«m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer 
el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.
n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable.
o)  Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.»
Veintiséis.  El artículo 34 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 34.  Organización general del bachillerato.
1.  Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones 
educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:
a)  Ciencias y Tecnología.
b)  Humanidades y Ciencias Sociales.
c)  Artes.
d)  General.
2.  El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de 
modalidad y en materias optativas.
3.  El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la 
estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el 
número de estas materias que deben cursar los alumnos y alumnas.
4.  Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de 
modalidad establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en 
distintas vías que faciliten una especialización del alumnado para su incorporación 
a los estudios posteriores o a la vida laboral. Los centros ofrecerán la totalidad de 
las materias y, en su caso, vías de cada modalidad. Solo se podrá limitar la elección 
de materias y vías por parte de los alumnos y alumnas cuando haya un número  es
insuficiente de los mismos, según los criterios objetivos establecidos previamente  o
poprougrea 5ldan.asi zn Aa Ctdcivumuaarissnn,adi slraot rs aal Aalcg diouomnnfeeianrs tis amet rdadautececi oarmintaiaev tsaee sner.id aoustc raeotnsiv  aucsne  nfactecroinlisttar oorá  qnmu qeeuddeiea l onlistme a itlluaamd amn oopsdo yar  laridaluazmodnn deaess    2020-17264n https://www.
educación a distancia.
6.  Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
a)  Educación Física.
b)  Filosofía.
c)  Historia de la Filosofía.
d)  Historia de España.
e)  Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
f)  Lengua Extranjera.
7.  Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las 
materias optativas. Los centros podrán hacer propuestas de otras optativas propias, 
que requerirán la aprobación previa por parte de la Administración educativa 
correspondiente.
8.  El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará el 
régimen de reconocimiento recíproco entre los estudios de bachillerato y los ciclos 
formativos de grado medio de formación profesional, de enseñanzas artísticas y de 
enseñanzas deportivas, a fin de que puedan ser tenidos en cuenta los estudios 
superados, aun cuando no se haya alcanzado la titulación correspondiente.
9.  Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en 
la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y 
expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 
las calificaciones obtenidas.»
Veintisiete.  Se suprime el artículo 34 bis.
Veintiocho.  Se suprime el artículo 34 ter.
Veintiocho bis.  Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 35 que quedan 
redactados en los siguientes términos:
«1.  Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de 
género.»
«3.  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 
atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A 
estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las 
medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de 
este alumnado.»
Veintinueve.  El artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 36.  Evaluación y promoción.
1.  La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 
según las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del 
curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado 
grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con  es
necesidad específica de apoyo educativo. o
cmlausaa tnme2dr.a ioat esLh,ro aiacsyos aa mnplu oesm numdnpáioeexsrnai mytde aoosl  .ul daEmesn  nm patroasimd tpeoerr oricaomas. s oLcocuo,i orsdsn eacabdereanárstnár  oodns e t me epnadrgitumracicenaur teoliavv oarass lseu e daegecnubió nesndre áongn eud gneoad rbgtoiaav ccanhu izeirlaslneor r d aldoateoss     2020-17264n https://www.
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
3.  Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las 
materias que no hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones 
educativas.
4.  En aquellas Comunidades Autónomas que posean más de una lengua 
oficial de acuerdo con sus Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la 
evaluación de la materia Lengua Propia y Literatura según la normativa autonómica 
correspondiente.»
Treinta.  Se suprime el artículo 36 bis.
Treinta y uno.  El artículo 37 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 37.  Título de Bachiller.
1.  Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 
todas las materias de los dos cursos de bachillerato. El Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para 
que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de 
Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, 
siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no 
justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados 
a ese título.
2.  No obstante lo anterior, el alumnado que tenga el título de Técnico o Técnica 
en Formación Profesional podrá obtener el título de Bachiller por la superación de 
las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales del bachillerato, 
que serán determinadas en todo caso por el Gobierno en los términos recogidos en 
el artículo 44 de la presente Ley.
3.  Asimismo, podrán obtener el título de Bachiller quienes tengan el título de 
Técnico en Artes Plásticas y Diseño y superen las materias necesarias para alcanzar 
los objetivos generales del bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el 
Gobierno, de acuerdo con el régimen de convalidaciones regulado para cada una de 
las citadas enseñanzas.
4.  También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes 
quienes hayan superado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza y las 
materias comunes del bachillerato.
5.  El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que 
constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5.»
Treinta y dos.  El artículo 38 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 38.  Prueba de acceso a la universidad.
1.  Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de 
una prueba que, junto con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, con 
carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos adquiridos en él, así 
como la capacidad para seguir con éxito los estudios universitarios.
2.  Podrán presentarse a la prueba de acceso a la universidad quienes estén 
en posesión del título de Bachiller, con independencia de la modalidad y de la vía 
cursadas. La prueba tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las 
universidades españolas.
3.  El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá  e
las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta  bo
a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo  264ww
de U4n. iveLrassid Aaddmesin yis dtrealc Cioonnesse ejod Eucsactoivlaars d ye ll aEss utandivoe.rsidades organizarán la prueba
dael c aucrcríecsuolo y d geal rbaanctihziallreárna tloa,  aadseí ccuoamcoió nla d ceo loar dminisamciaó na  elanst rceo lmasp eutneinvceirassid vaidnecus layd loass 
centros que imparten bachillerato para su organización y realización.
5.  La prueba de acceso a la universidad se realizará adoptando las medidas 
necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad que se presenten.
6.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, y el apartado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá la normativa 
básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de 
quienes hayan superado la prueba de acceso. Podrá participar en estos 
procedimientos, en igualdad de condiciones, todo el alumnado que cumpla las 
condiciones para el acceso, con independencia de donde haya realizado sus 
estudios previos, de la matriculación e incorporación de los mismos a la universidad 
de su elección, así como de si presentan necesidad específica de apoyo educativo 
o discapacidad.»
Treinta y tres.  Se modifica el artículo 39, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«1.  La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas 
que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las 
enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y 
reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente 
de las competencias profesionales. La regulación contenida en la presente Ley se 
refiere a la formación profesional que forma parte del sistema educativo.
2.  La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 
preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 
vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática 
y pacífica, y permitir su progresión en el sistema educativo, en el marco del 
aprendizaje a lo largo de la vida.
3.  La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos 
formativos de grado básico, de grado medio y de grado superior, así como los 
cursos de especialización. Todos ellos tendrán una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico- prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales.
Asimismo, el Gobierno podrá aprobar la inclusión en la formación profesional del 
sistema educativo de otros programas formativos.
4.  Los títulos de formación profesional estarán referidos, con carácter general, 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El currículo de estas 
enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el artículo 6.4 de la 
presente Ley, con la excepción de los cursos de especialización, para los cuales 
cada administración educativa tendrá capacidad para aplicar o no el citado 
artículo 6.4.
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten 
necesarias para permitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y 
convalidación, de los certificados de profesionalidad, a los que se refiere al artículo 
8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación  e.e
profesional, con los títulos de formación profesional del sistema educativo a través  w.b
de las unidades de competencia acreditadas. 264ww
reali5z.a rsLeo tsa netos teund ilooss  cdeen trfoosrm eadcuicóanti vporso qfeusei oenna el llrae sgeu lraedgousla ne nc oemsota e nL eloys  pceondtrráons 
iendteugcraatidvoass  yc,o cmopne cteanrátecste, re ne xcceenptcroiosn dael  prerefevriae nacuiato nriazcaicoinóanl .de las administraciones
6.  El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá 
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. Aquellos aspectos del 
currículo, regulados por normativa básica, de los títulos de la formación profesional 
que requieran revisión y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, previo informe del Consejo General de la 
Formación Profesional y del Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso 
el carácter básico del currículo resultante de dicha actualización.
Las Comunidades Autónomas establecerán los procedimientos de detección de 
las necesidades de formación profesional en los sectores productivos existentes en 
sus respectivos ámbitos territoriales, que serán tenidos en cuenta con el fin de que 
el Gobierno garantice el diseño de las titulaciones bajo los principios de eficacia y 
agilidad de los procedimientos y de adecuación al tejido productivo autonómico.
7.  En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a 
los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, manteniendo 
como uno de los principios de estas enseñanzas la inclusión educativa. A estos 
efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas 
de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado.»
Treinta y cuatro.  Se modifica la letra h) y se añade una nueva letra k) al apartado 1 y 
se modifica el apartado 2 del artículo 40 en los siguientes términos:
«1.  (…)
h)  Desarrollar las competencias de innovación y emprendimiento que 
favorezcan su empleabilidad y desarrollo profesional.»
«k)  Preparar al alumnado en materia de digitalización en su sector productivo.»
«2.  Los ciclos formativos de grado básico contribuirán, además, a que el 
alumnado adquiera las competencias de educación secundaria obligatoria.»
Treinta y cinco.  El artículo 41 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 41.  Condiciones de acceso y admisión
1.  El acceso a los ciclos formativos de grado básico requerirá el cumplimiento 
simultáneo de las siguientes condiciones:
a)  Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso.
b)  Haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.
c)  Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
la incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 30.
2.  El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá una de las siguientes 
condiciones:
a)  Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.
b)  Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el  s
acceso a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la  e.
administración educativa. w.
c)  Haber superado una prueba de acceso. 264ww
d)  Estar en posesión del título de Técnico Básico.
diecEisnie ltoes a sñuopsu ceosmtoos  mdeín aimccoe, scou malp alidmopsa eron  deel  alañso  ldeetr aresa bliz) ayc ció)n,  sdee  rleaq pureureirbáa t.ener
3.  El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las 
siguientes condiciones:
a)  Estar en posesión del título de Bachiller.
b)  Poseer el título de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional.
c)  Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el 
acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la 
administración educativa.
d)  Haber superado una prueba de acceso.
e)  Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional 
o grado universitario.
En los supuestos de acceso al amparo de las letras c) y d), se requerirá tener 
diecinueve años como mínimo, cumplidos en el año de realización de la prueba.
4.  Las Administraciones educativas convocarán periódicamente las pruebas 
de acceso a las que se refieren los apartados 2 y 3 para todos los ciclos formativos 
que oferten. Estas pruebas deberán acreditar, para la formación profesional de 
grado medio, las competencias de educación secundaria obligatoria y, para la 
formación profesional de grado superior, la madurez en relación con las 
competencias de la educación secundaria postobligatoria. Estas pruebas se 
realizarán adoptando las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad que 
se presenten, incluida la realización de ajustes razonables.
En el caso de alumnado que, habiendo cursado la formación profesional básica, 
no hubiera superado el ciclo en su totalidad, pero sí todos los módulos del ámbito 
profesional, las Administraciones educativas podrán establecer una prueba de 
acceso de carácter específico adaptada al perfil profesional del ciclo formativo.
5.  Las Administraciones educativas ofertarán cursos de formación específicos 
preparatorios para el acceso a la formación profesional de grado medio y grado 
superior, destinados a alumnos y alumnas que carezcan de los requisitos de acceso, 
que respetarán los principios de accesibilidad y no discriminación. La superación de 
la totalidad o de parte de estos cursos tendrá efectos de exenciones totales o 
parciales de la prueba de acceso. Asimismo, se tendrá en cuenta a efectos de 
exención estar en posesión de un certificado de profesionalidad relacionado con el 
ciclo formativo que se pretende cursar o acreditar una determinada cualificación o 
experiencia laboral.
6.  Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las pruebas de evaluación se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
7.  Podrán acceder a un curso de especialización de formación profesional 
quienes estén en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior asociados 
al mismo o cumplan los requisitos que para cada curso de especialización se 
determinen.»
Treinta y seis.  El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 42.  Contenido y organización de la oferta.
1.  Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus  e.
competencias, programar la oferta de las enseñanzas de formación profesional. w.b
Los estudios de formación profesional contemplados en esta Ley podrán  264ww
rinetaelgizraardsoes e dne lo fso rcmenatcroiósn e pdruocfaetsivioonsa ql uae  loens  eqlulae  ssee r eregfuielarne,  eals aí crtoícmuolo e 1n1 l odse c lean tLreosy 
OPrrogfáensiiocnaa 5l./2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 
establecerá los requisitos básicos que deberán reunir los centros que impartan 
ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación 
profesional.
El Gobierno promoverá que los centros autorizados para impartir formación 
profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan 
impartir formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo recogido en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional.
2.  Los ciclos formativos de grado básico constarán de tres ámbitos, tal como 
establece el artículo 30.2 de la presente Ley. El ámbito Profesional incluirá una serie 
de módulos profesionales que incluirán, al menos, las unidades de competencia 
correspondientes a una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.
Los ciclos formativos de grado medio y de grado superior y cursos de 
especialización tendrán carácter modular.
Todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual de formación en los 
centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos quienes acrediten una 
experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados. 
Las Administraciones educativas regularán esta fase y la mencionada exención.
Los cursos de especialización complementarán o profundizarán en las 
competencias de quienes ya dispongan de un título de formación profesional o 
cumplan las condiciones de acceso que para cada uno se determine.
3.  La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera las 
competencias relacionadas con la digitalización, las habilidades para la gestión de 
la carrera, la innovación, el emprendimiento, la versatilidad tecnológica, la gestión 
del conocimiento y de su proyecto profesional, el compromiso con el desarrollo 
sostenible y la prevención de riesgos laborales y medioambientales y la 
responsabilidad profesional.
4.  Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo formativo, 
con carácter general, durante un tiempo máximo que no supere el doble de los 
cursos asignados al ciclo.
Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidad 
específica de apoyo educativo lo aconsejen para la consecución de los objetivos de 
estas enseñanzas, este alumnado podrá contar con un curso adicional, así como 
con la matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas circunstancias podrán ser 
permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas.
Asimismo, se establecerán adaptaciones del currículo, basadas en medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, en la enseñanza y evaluación de la 
lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión y comprensión, en 
cuyo caso la evaluación tendrá como referencia la adaptación realizada.
5.  Las Administraciones educativas podrán organizar ofertas específicas de 
ciclos formativos de grado básico dirigidas al alumnado con necesidades educativas 
especiales, destinadas a aquellos casos en que no sea posible su inclusión en ofertas 
ordinarias y sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de 
atención a la diversidad, pudiendo escolarizarse al menos hasta los 21 años. es
6.  Las Administraciones educativas podrán autorizar y organizar programas  o
fetcuoíoltn runimsdlsoisaat taddteirevem ols ofas osd  r eeemms dcpóauoedccmciuaóílptfnoiiecv spoot eprs onrs odficenfeieas scsi toauiionnsanaaolidalcf ioloiceasa sdd c aaesi ósu pun pean,er las crCoa ocnadneato ársestli o lfmy igcf,i aaoneyc  nNdoi ósreaneu c sp iaco edcanreasma do1li é,td7 imsre laue iñCc scoa uols,aar  erq leionfuisbc eplata eoac nnqbiocduanieenóen dnssco e.idna eha c aruoornánn     OE-A-2020-17264able en https://www.
Igualmente, las Administraciones educativas podrán autorizar excepcionalmente 
ciclos formativos de grado básico específicos para quienes hayan cumplido al 
menos 17 años cuando concurran circunstancias de historia escolar que lo 
aconsejen.
6 bis.  Las Administraciones educativas podrán organizar programas formativos 
de actualización profesional que respondan a las necesidades emergentes del 
sistema productivo, que tendrán validez en su ámbito territorial hasta su inclusión en 
el Catálogo de titulaciones y acreditaciones de Formación Profesional aprobadas 
por el Gobierno.
7.  En el marco de lo establecido en los aspectos básicos del currículo de cada 
título y de la organización modular de los ciclos formativos y cursos de 
especialización de formación profesional, las Administraciones educativas 
promoverán la flexibilidad y la especialización de su oferta formativa con el objetivo 
de promover la innovación y la empleabilidad.
8.  El Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el 
desarrollo de las modalidades semipresencial y a distancia de la formación 
profesional.
9.  Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar un sistema de 
orientación profesional ajustado y eficaz, que contribuya a la consideración de todo 
tipo de opciones formativas y profesionales y fomente la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
10.  El Gobierno promoverá la transferencia de innovación y experiencias de 
éxito, y el avance de la calidad de las enseñanzas de formación profesional.»
Treinta y seis bis.  Se modifica el apartado 2 del artículo 42 bis, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«2.  El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, regulará las 
condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo por las Administraciones 
educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del sistema educativo.»
Treinta y siete.  El artículo 43 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43.  Evaluación.
1.  La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo 
desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje. En el caso de los 
ciclos formativos de grado básico la evaluación se realizará por ámbitos.
2.  La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos 
los módulos profesionales o en los ámbitos que lo componen y, en el caso de las 
organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, de todos los 
resultados de aprendizaje, y las competencias profesionales, personales y sociales 
que en ellos se incluyen.»
Treinta y ocho.  El artículo 44 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 44.  Títulos y convalidaciones.
1.  Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico  s
recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. e.
Aquellos que obtengan este título tras superar un ciclo formativo de grado básico  w.
recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente. 264ww
de l2a.  foLromsa acliuómn nporso fye sailounmanl arse cqiubeir ásnu peelr etínt ulolos  dceic loTsé cfonrimcoa toiv oTsé dcen icgara ddoe lm peedrifoil 
profesional correspondiente.
El título de Técnico o Técnica de Formación Profesional permitirá el acceso a los 
ciclos formativos de grado superior de la formación profesional del sistema educativo 
y de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
3.  Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado superior 
de la formación profesional obtendrán el título de Técnico o Técnica Superior.
El título de Técnico o Técnica Superior permitirá el acceso, previa superación de 
un procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado.
4.  Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos 
de grado básico, medio o superior, o cursos de especialización, recibirán una 
certificación académica de los módulos profesionales y de las competencias 
adquiridas y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos 
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias adquiridas en 
relación con el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición 
por la Administración competente del certificado o acreditaciones profesionales 
correspondientes.
5.  El Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre 
los ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto 
de enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados. 
En todo caso, se respetará lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de 
marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican 
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación 
profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en materia de colaboración entre la formación profesional superior y la 
enseñanza universitaria.
6.  El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un 
procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado, así como a las 
convalidaciones de los créditos universitarios que correspondan.»
Treinta y nueve.  El artículo 46 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 46.  Ordenación de las enseñanzas.
1.  El currículo de las enseñanzas artísticas profesionales será definido por el 
procedimiento establecido en el artículo 6 de esta Ley.
2.  La definición del contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así 
como la evaluación de las mismas, se hará en el contexto de la ordenación de la 
educación superior española en el marco europeo y con la participación del Consejo 
Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Universidades.
3.  El Gobierno mantendrá la actualización de los aspectos básicos del currículo 
de las distintas enseñanzas artísticas. Aquellos aspectos del currículo, regulados 
por normativa básica, de los títulos de enseñanzas artísticas que requieran revisión 
y actualización podrán ser modificados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, previo informe del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y del 
Consejo Escolar del Estado, manteniendo en todo caso el carácter básico del 
currículo resultante de dicha actualización.»
Cuarenta.  El artículo 50 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50.  Titulaciones. e.
1.  La superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza dará  264ww
dere2c.h oE al  laal uombtneandcioó nq udee l ftiíntualloic per olafess eionnsael ñcaonrrzeassp opnrodfieensitoen.ales de música o de
dcoanndziac iopnoedsr áe sotabbtelenceidra es l etnít uell oa pdaer taBdaoc 4h idlleerl  aertníc usulo  m37o ddea leidsatad  Ldeey .»Artes en las
Cuarenta y uno.  Se modifican los apartados 2 y 5 del artículo 52 quedando 
redactados en los siguientes términos:
«2.  Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes 
tengan el título de Bachiller o el de Técnico o Técnica de Formación Profesional y 
superen una prueba que permita demostrar las aptitudes necesarias para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas de que se trate. Asimismo, podrán acceder a 
estas enseñanzas quienes estén en posesión del título de Técnico o Técnica de 
Artes Plásticas y Diseño.»
«5.  Las Administraciones educativas regularán las pruebas mencionadas en 
los apartados anteriores y las exenciones de la parte que proceda de las pruebas 
previstas para el acceso sin reunir los requisitos académicos.
Las Administraciones educativas podrán programar y ofertar cursos destinados 
a la preparación de las pruebas para el acceso a un ciclo de grado medio por parte 
de quienes no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Las calificaciones obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en 
la nota final de la respectiva prueba de acceso.»
Cuarenta y dos.  Se modifican los apartados 1, 2 y 4 del artículo 53 quedando 
redactado en los siguientes términos:
«1.  El alumnado que supere el grado medio de artes plásticas y diseño recibirá 
el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad 
correspondiente. El título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño permite 
el acceso a los ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de 
artes plásticas y diseño y de las enseñanzas de la formación profesional del sistema 
educativo.»
«2.  El alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de grado medio de 
artes plásticas y diseño obtendrá el título de Bachiller en su modalidad de Artes en 
las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 37 de esta Ley.»
«4.  El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará el régimen de 
convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño.»
Cuarenta y tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 54 quedando redactado en los 
siguientes términos:
«3.  El alumnado que haya superado los estudios superiores de Música o de 
Danza obtendrá el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música 
o Danza en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los 
efectos, al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija 
estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple este 
requisito quien esté en posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música o Danza.»
Cuarenta y cuatro.  Se modifica el apartado 3 del artículo 55 quedando redactado en 
los siguientes términos:
«3.  El alumnado que haya superado las enseñanzas de arte dramático 
obtendrá el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático  es
en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al  o
tpqAíoutrutsieeleo nDs  uieróansnmti évdáe eetrinlsc  itoptíat.ou»rsliooe  sudinóein vg edrreasldi tTaoír.ti uoSl oide edm eGp Grraerad qdouo, e se enla  eE nnntoserenmñdaaentriázv aaqs ua Aepr ltciícusatmibcplaelse  e Sexusijptaee  rerieosqrtaeusris  editoen    2020-17264n https://www.
Cuarenta y cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 56 quedando redactado en 
los siguientes términos:
«2.  El alumnado que haya superado estos estudios obtendrá el Título de 
Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales en la especialidad que corresponda, que será equivalente, a 
todos los efectos, al título universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable 
exija estar en posesión del título universitario de Grado, se entenderá que cumple 
este requisito quien esté en posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.»
Cuarenta y seis.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 57, quedando 
redactados en los siguientes términos:
«3.  Los estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que se incluyen los 
estudios superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio, conducirán al 
Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Plásticas en la 
especialidad que corresponda, que será equivalente, a todos los efectos, al título 
universitario de grado. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del 
título universitario de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en 
posesión del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Plásticas.
4.  Los estudios superiores de Diseño conducirán al Título de Grado en 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en la especialidad que corresponda, 
que será equivalente, a todos los efectos, al título universitario de grado. Siempre 
que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de Grado, 
se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del Título de Grado 
en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.»
Cuarenta y siete.  Se modifica el apartado 4 del artículo 63 quedando redactado en 
los siguientes términos:
«4.  El currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias 
derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo 
establecido en el artículo 6.3 de la presente Ley.»
Cuarenta y ocho.  Se modifican los apartados 2 y 3 y se incluye un nuevo apartado 6 
del artículo 64 en los siguientes términos:
«2.  Para acceder a las enseñanzas de grado medio será necesario estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder 
al grado superior será necesario estar en posesión del título de Técnico Deportivo, 
en la modalidad o especialidad deportiva que se determine por vía reglamentaria, y 
además de, al menos, uno de los siguientes títulos:
a)  título de Bachiller.
b)  título de Técnico Superior.
c)  título universitario.
También podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas 
quienes, careciendo de los títulos o certificados indicados en el párrafo anterior, 
superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Para  e.e
acceder por esta vía al grado medio se requerirá tener la edad de diecisiete años y  b
diecinueve para el grado superior, cumplidos en el año de realización de la prueba,  264ww
scoiermrepsrpeo nqduiee nstee  macordeadliitdea ed sota ers epne cpiaolsideasdió dne dpeolr ttivítau.lo de Técnico Deportivo de la
paraL aesl  gprraudeob ams ead iloa sl oqsu ec osneo creimfieieren toesl  pyá rhraabfoil idaandteersio rs udfeicbieernátens p ye rpmaitriar  aecl rgerdaitdaor 
superior la madurez en relación con los objetivos del bachillerato, para cursar con
aprovechamiento dichas enseñanzas, de acuerdo con los criterios que establezca el 
Gobierno.»
«3.  En el caso de determinadas modalidades o especialidades deportivas, 
podrá requerirse además la superación de una prueba específica realizada por las 
Administraciones educativas, acreditar méritos deportivos, experiencia profesional o 
deportiva, o las tres condiciones de forma conjunta. El Gobierno, en colaboración 
con las Comunidades Autónomas, regulará las características de la prueba, de los 
méritos deportivos y de la experiencia profesional o deportiva, de tal manera que se 
demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas correspondientes, así como la convalidación de los mismos por 
experiencia profesional, deportiva o formación acreditada.»
«6.  Aquellos aspectos del currículo, regulados por normativa básica, de los 
títulos de enseñanzas deportivas que requieran revisión y actualización podrán ser 
modificados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previo informe 
del Consejo Superior de Deportes y del Consejo Escolar del Estado, manteniendo 
en todo caso el carácter básico del currículo resultante de dicha actualización.»
Cuarenta y ocho bis.  Se modifica la letra h) y se añade una letra i) nueva al apartado 3 
del artículo 66 en los siguientes términos:
«h)  Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para la creación de empresas y para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales, de la economía de los cuidados, de la colaboración social 
y de compromiso ciudadano.
i)  Desarrollar actitudes y adquirir conocimientos vinculados al desarrollo 
sostenible y a los efectos del cambio climático y las crisis ambientales, de salud o 
económicas y promover la salud y los hábitos saludables de alimentación, 
reduciendo el sedentarismo.»
Cuarenta y ocho ter.  Se modifica el apartado 1 del artículo 67 y se añade un nuevo 
apartado 10, quedando la redacción en los siguientes términos:
«1.  Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan 
dieciocho años en el año en que comience el curso.
Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas 
enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato 
laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o 
sean deportistas de alto rendimiento. Asimismo, las administraciones educativas 
podrán autorizar excepcionalmente el acceso a estas enseñanzas a los y las 
mayores de dieciséis años, en los que concurran circunstancias que les impidan 
acudir a centros educativos ordinarios y que estén debidamente acreditadas y 
reguladas, y a quienes no hubieran estado escolarizados en el sistema educativo 
español.»
«10.  Las  Administraciones  educativas,  en  colaboración  con  las 
administraciones competentes en materia de empleo, impulsarán medidas de 
orientación profesional que fomenten el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora 
de la cualificación de las personas adultas, garantizando las ofertas de formación 
necesarias.»
Cuarenta y nueve.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 68 quedando  e.
redactados en los siguientes términos: w.b
com«p2e.t enCcioarsr,e soprgoanndieza ar  plaesri óAddicmaminiesntrtea cpioruneebsa es dpuacraat iqvuaes , laesn  peelr sáomnbaist om daey osruess 
dSee cduiencdiaorcihao O abñliogsa ptoureiad.an obtener directamente el título de Graduado en Educación
Además, las Administraciones educativas velarán por que se adopten las 
medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social y la accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad que se presenten a dichas pruebas.»
«3.  Para quienes hayan cumplido al menos dieciocho años en el año de inicio 
del curso, las Administraciones educativas podrán establecer ciclos formativos de 
grado básico.»
Cuarenta y nueve bis.  Se añade un artículo 70 bis que queda redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 70 bis.  Tecnologías digitales y formación de adultos.
1.  Con el fin de lograr, en las enseñanzas de adultos, una mejor adaptación a 
las necesidades personales de formación y a los ritmos individuales de aprendizaje 
con garantías de calidad, los poderes públicos impulsarán el desarrollo de formas 
de enseñanza que resulten de la aplicación preferente de las tecnologías digitales a 
la educación.
2.  En concordancia con lo anterior, se potenciará el desarrollo de iniciativas 
formativas y la elaboración de materiales didácticos en soporte electrónico. Se 
facilitarán la extensión de las enseñanzas a distancia y su acceso a través de las 
tecnologías digitales.»
Cuarenta y nueve ter.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 71 quedando la 
redacción en los siguientes términos:
«1.  Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 
que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente 
Ley.
2.  Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 
retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por 
trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo 
o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado.»
Cuarenta y nueve quáter.  Se modifica el apartado 5 del artículo 72 quedando la 
redacción en los siguientes términos:
«5.  Las  Administraciones  educativas  podrán  colaborar  con  otras 
Administraciones o entidades públicas o privadas, instituciones o asociaciones, para 
facilitar la escolarización, una mejor incorporación de este alumnado al centro 
educativo, la promoción del éxito educativo y la prevención del abandono escolar  es
temprano.» o
Cuarenta y nueve quinquies.  Se modifica el artículo 73, quedando la redacción en los 
siguientes términos:
«Artículo 73.  Ámbito.
1.  Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 
aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 
aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo.
2.  El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para la detección 
precoz de los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o 
permanentes, y para que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter 
general para todos los alumnos. A tal efecto, las Administraciones educativas 
dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización 
o de la detección de su necesidad.»
Cincuenta.  Se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74 quedando redactados 
en los siguientes términos:
«2.  La identificación y valoración de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales 
especialistas y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En 
este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o 
tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los 
procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre 
teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que 
muestren su preferencia por el régimen más inclusivo.
3.  Al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos 
establecidos de manera individual para cada alumno. Dicha evaluación permitirá 
proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así 
como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión 
o la permanencia del alumnado en el más inclusivo.
4.  Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización 
en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas 
especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros 
de educación primaria y secundaria obligatoria.
Para atender adecuadamente a dicha escolarización, la relación numérica entre 
profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general.
5.  Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el 
alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización 
de manera adecuada en todos los niveles educativos pre y postobligatorios; adaptar 
las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas 
personas con discapacidad que así lo requieran; proporcionar los recursos y apoyos 
complementarios necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.»
Cincuenta bis.  Se modifica el artículo 75 que queda redactado en los siguientes 
términos: e.
«Artículo 75.  Inclusión educativa, social y laboral. 264ww
edu1ca. tivCausa nedsop elacsia cleirscu lnos taacnocniasse jpeenr spoanraale lsa d ceol nasluemcunoci óo na lduem nloas c oonb jneeticveossi ddaed elas 
enseñanza básica, este alumnado podrá contar con un curso adicional. Estas
circunstancias  podrán  ser  permanentes  o  transitorias  y  deberán  estar 
suficientemente acreditadas.
2.  Con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones 
educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas.
3.  Con la finalidad de facilitar la inclusión social y laboral del alumnado con 
necesidades educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la 
educación obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas 
adaptadas a sus necesidades específicas.
4.  Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las 
enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad.»
Cincuenta ter.  Se modifica el título del Capítulo II del Título II y el artículo 80, 
quedando redactados en los siguientes términos:
«CAPÍTULO II
Equidad y compensación de las desigualdades en educación
Artículo 80.  Principios.
1.  Con el fin de hacer efectivo el principio de equidad en el ejercicio del 
derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones 
dirigidas hacia las personas, grupos, entornos sociales y ámbitos territoriales que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural con el objetivo 
de eliminar las barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 
aprendizaje, asegurando con ello los ajustes razonables en función de sus 
necesidades individuales y prestando el apoyo necesario para fomentar su máximo 
desarrollo educativo y social, de manera que puedan acceder a una educación 
inclusiva, en igualdad de condiciones con los demás.
2.  Las políticas de compensación reforzarán la acción del sistema educativo 
de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.
3.  Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos 
ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios a fin de lograr una educación 
de mayor equidad.»
Cincuenta quáter.  Se modifica el artículo 81 quedando redactado en los siguientes 
términos:
«Artículo 81.  Escolarización.
1.  Corresponde a las Administraciones educativas asegurar una actuación 
preventiva y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la 
escolarización de todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan 
una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. La 
escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá 
por los principios de participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni 
segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. Con este fin, las Administraciones educativas adoptarán las medidas 
necesarias para actuar de forma preventiva con el alumnado en situación de  es
vulnerabilidad socioeducativa con objeto de favorecer su éxito escolar. bo
2.  En aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los  264ww
cscsoouoccamiilooepeesedd nuuesccxaaairstt iitvveaaas s,tc  aloca onssnc iAjteuundnamttrcaaiisnóc inisaó.t  nrnaA icv dieoeeln  stetaeeslru  riemftiodnnru iaacsdlae otc i vopeanosn dl  ardssáei ntsAu adaermcrsoiitónlalnaibs rtláerdancec e iinorv inucaelinacsett iulvroaaacbcsaii ollpeidnasae radys     OE-A-2020-17able en https://
entidades sociales, incluyendo una especial atención a la oferta educativa
extraescolar y de ocio educativo, así como acciones de acompañamiento y 
tutorización con el alumnado que se encuentre en esta situación y con sus familias.
Dichas iniciativas y actuaciones se realizarán de manera que se evite la 
segregación de este alumnado dentro de los centros educativos.
3.  Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para 
desarrollar acciones de acompañamiento y tutorización con el alumnado que se 
encuentre en esta situación y con sus familias.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de este mismo título, las 
Administraciones educativas dotarán a los centros públicos y privados concertados 
de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de 
los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos 
educativos, debido a sus condiciones sociales.»
Cincuenta y uno.  Se modifica el título, los apartados 1 y 2 y se añaden nuevos 
apartados 3 a 6 al artículo 82 quedando redactados en los siguientes términos:
«Artículo 82.  Igualdad de oportunidades en el ámbito rural.
1.  Las Administraciones educativas prestarán especial atención a los centros 
educativos en el ámbito rural, considerando las peculiaridades de su entorno 
educativo y la necesidad de favorecer la permanencia en el sistema educativo del 
alumnado de las zonas rurales más allá de la enseñanza básica. A tal efecto, las 
Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter específico de la escuela 
rural proporcionándole los medios y sistemas organizativos necesarios para atender 
a sus necesidades particulares y garantizar la igualdad de oportunidades.
2.  En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a 
todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de 
escolarización establecida.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en la educación básica, en 
aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los 
niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la 
enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma 
gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
La planificación del transporte del alumnado a su centro se realizará minimizando 
el tiempo de desplazamiento.
3.  Las Administraciones  educativas  impulsarán  el  incremento  de  la 
escolarización del alumnado de zona rural en las enseñanzas no obligatorias. Así 
mismo procurarán una oferta diversificada de estas enseñanzas, relacionada con 
las necesidades del entorno, adoptando las oportunas medidas para que dicha 
oferta proporcione una formación de calidad, especialmente con programas de 
formación profesional vinculados a las actividades y recursos del entorno, en los 
centros de educación secundaria y formación profesional de las áreas rurales.
4.  Para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito rural, se realizará 
un ajuste razonable de los criterios para la organización de la optatividad del 
alumnado de educación secundaria en los centros que por su tamaño pudieran verla 
restringida.
5.  Las administraciones educativas facilitarán la dotación de los centros del 
ámbito rural con recursos humanos suficientes y fomentarán la formación específica 
del profesorado de las zonas rurales, favoreciendo su vinculación e identificación  es
con los proyectos educativos del centro. Asimismo, dotarán a la escuela rural de  bo
materiales de aprendizaje y de recursos educativos en Internet. 264ww
dreecl umP6r.soe ord sLoio eat rrc opuo lrlnaaaóndl mipofio ciscraeo cp siiaóm srntupe dfu icdelsie eala nre átese tslsuac d poriealaaarnralitiz ezeaasl c cmuiióónanninv  etedenrens  liipamtarsáir eizconotsitnco yaa d ssde  ere ul nafro  alrrolemesds a c ddceeienó bctnree oprnsárt or ecofdeosusn rictuoaarnrat aicvleloo.sns,    OE-A-2020-17able en https://
el transporte y comedor del alumnado que lo requiera y el equipamiento con 
dispositivos y redes informáticas y de telecomunicación y acceso a Internet.»
Cincuenta y dos.  Se modifican los apartados 2, 3 y 4 y se añaden nuevos apartados 5 
y 6 al artículo 83, quedando redactados en los siguientes términos:
«2.  El Estado establecerá, con cargo a sus presupuestos generales, y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, un sistema general 
de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con 
independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el 
ejercicio del derecho a la educación.
Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos de 
autonomía, podrán regular su propio sistema de becas y ayudas al estudio, cuando 
se desarrollen con cargo a su propio presupuesto en ejercicio de sus competencias.
3.  A estos efectos, el Gobierno regulará de forma básica con carácter de 
mínimos, las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se 
refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que hayan de 
reunir los beneficiarios, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, 
reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso 
a las citadas becas y ayudas, preservando las competencias de las Comunidades 
Autónomas que, con cargo a sus presupuestos, regulen y gestionen un sistema de 
becas y ayudas al estudio.
4.  Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas 
y ayudas concedidas y de coordinar las becas y ayudas con otras políticas dirigidas 
a la compensación de las desigualdades en la educación, se establecerán los 
procedimientos necesarios de información, coordinación y cooperación entre las 
diferentes Administraciones educativas.»
5.  Las convocatorias que se realicen del sistema general de becas respetarán 
el derecho subjetivo a recibirlas por parte de aquellos beneficiarios que cumplan las 
condiciones económicas y académicas que se determinen, sin que se pueda 
establecer un límite al número de las mismas. 6.  Con independencia del sistema 
general de becas a que se refieren los párrafos anteriores, las comunidades 
autónomas podrán ofertar becas y ayudas para el fomento del estudio con cargo a 
sus fondos propios, conforme a lo establecido en sus correspondientes Estatutos de 
Autonomía.»
Cincuenta y tres.  Se modifican los apartados 1 a 7 del artículo 84, quedando 
redactados en los siguientes términos:
«1.  Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y 
alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el 
derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de 
elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se 
dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por 
motivos socioeconómicos o de otra naturaleza. En todo caso, se atenderá a una 
adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo.
2.  Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 6 y 7 de este artículo, 
cuando no existan plazas suficientes el proceso de admisión se regirá por los  s
criterios prioritarios de existencia de hermanos o hermanas matriculados en el  oe.
centro; proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres,  w.
mtceoanndddrrieács ieó non   ctlueutgeoanrelt asd  qeleu gfeaa mlloeissli  apy a nldaur merese,n rmtoasa apd,er erd sec á oap tliuutamto drneeas dl aloe  gunanaliecdisad dotr  afdabema jipelianar r.et onA  smeilmú clitesipmnlteoro,,  ,d sleae    2020-17264n https://ww
familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumno o alumna, la
concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres,  Bc
madres o hermanos y hermanas y la condición de víctima de violencia de género o
de terrorismo. Ninguno de estos criterios tendrá carácter excluyente ni podrá 
suponer más del 30 % del total de la puntuación máxima, salvo la proximidad al 
domicilio que podrá superar ese límite.
3.  En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual 
o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
4.  Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras 
instancias administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los 
interesados y los centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.
5.  Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento 
y las condiciones para la adscripción de centros públicos, respetando la posibilidad 
de libre elección de centro. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos 
que impartan etapas diferentes se considerarán centros únicos a efectos de 
aplicación de los criterios de admisión del alumnado establecidos en la presente 
Ley. Asimismo, en los centros públicos que ofrezcan varias etapas educativas el 
procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a 
la menor edad.
6.  En los procedimientos de admisión de alumnos y alumnas en centros 
públicos que impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria o 
bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, tendrán prioridad quienes 
procedan de los centros de educación infantil, educación primaria o educación 
secundaria obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de los 
centros privados concertados se seguirá un procedimiento análogo, siempre que 
dichas enseñanzas estén concertadas.
7.  Asimismo, tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que 
corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus 
padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización 
en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la 
unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o 
tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la 
familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género.»
Cincuenta y cuatro.  Se modifica el artículo 86 que queda redactado en los siguientes 
términos:
«1.  Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación 
de las normas de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas 
de escolarización o influencia para los centros públicos y privados concertados, de 
un mismo municipio o ámbito territorial, en función de las enseñanzas que imparten 
y de los puestos escolares autorizados.
Las áreas de influencia se determinarán, oídas las administraciones locales, de 
modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de 
proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente 
heterogénea.
En ningún caso las características propias de un centro o de su oferta educativa, 
tales como las derivadas del hecho de que el centro imparta enseñanzas plurilingües, 
de que hubiera tenido reconocida una especialización curricular o hubiera 
participado en una acción destinada a fomentar la calidad, podrán suponer 
modificación de los criterios de admisión. e.e
2.  Sin perjuicio de las competencias que les son propias, las Administraciones  w.b
educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión que  264ww
deedbuecarátinv,o e dne tlo ádmo bciatoso d, ec oancsttuitauciriósen  cduea nlad oc olam diseiómna snudpae dree  plala ozfaesr tean,  ianlcglúunid caesn ltaros 
pcolamzaissio rneesse rrveacdibaisrá pna drae  elol sa lcuemnntraodso t ocdoan  lnae cinefsoirdmaadceisó nd ey  adpoocyuom eednutaccaiótivno p. rEesctiasas 
para el ejercicio de estas funciones y supervisarán el proceso de admisión del
alumnado, el cumplimiento de las normas que lo regulan, especialmente las relativas 
a evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra 
naturaleza, y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que 
estimen adecuadas. Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en 
situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos 
públicos de su ámbito de actuación. Estas comisiones u órganos estarán integrados 
por representantes de la Administración educativa, de la Administración local, de las 
familias, del profesorado, del alumnado en su caso y de los centros públicos y 
privados concertados, designados por las organizaciones de estos colectivos o 
instituciones, debiendo promover, en su composición, el principio de representación 
equilibrada de mujeres y hombres.
3.  Las familias podrán presentar al centro en que deseen escolarizar a sus 
hijos e hijas, ante la comisión u órgano de garantías de admisión o ante la 
administración educativa, las solicitudes de admisión, que, en todo caso, deberán 
ser tramitadas. Los centros docentes deberán ser informados de las solicitudes de 
admisión que les afecten.»
Cincuenta y cinco.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 87 en los siguientes 
términos:
«1.  Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y 
la igualdad de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y 
equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del 
alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Para ello, establecerán 
una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados 
concertados y garantizarán los recursos personales y económicos necesarios a los 
centros para ofrecer dicho apoyo. Asimismo, establecerán las medidas que se 
deban adoptar cuando se concentre una elevada proporción de alumnado de tales 
características en un centro educativo, que irán dirigidas a garantizar el derecho a 
la educación en condiciones de igualdad de todos los alumnos y alumnas.
2.  Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones 
educativas deberán reservarle hasta el final del período de preinscripción y 
matrículas, derivadas tanto de la evaluación ordinaria como extraordinaria, una 
parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros 
privados concertados. Dicha reserva podrá mantenerse hasta el inicio del curso 
escolar.
Asimismo, autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número 
máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados 
concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del 
alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por 
traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a 
la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido 
al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.»
Cincuenta y cinco bis.  Se modifica el artículo 88 quedando redactado en los  es
siguientes términos: bo
«Art1íc. uloP 8a8ra.  gGaararanntitzíaasr  dlae  gproastiubidiliadda.d de escolarizar a todos los alumnos sin  2020-17264n https://ww
dpúisbclricimosin aoc piórinv apdoors m cootnivcoesrt asdoocsio epceorcnióbmir iccaonst,i deand ensin gdúen l acsa sfaom piloiadsr ápno rlo rse cciebnirt rloass 
enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, 
asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las 
familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan 
excluidas de esta categoría las actividades extraescolares y los servicios escolares, 
que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. Las actividades complementarias 
que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse 
y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos.
Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar 
parte del horario escolar del centro.
2.  Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos 
necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se 
declaran gratuitas y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del 
alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias 
y los servicios escolares. Las Administraciones educativas supervisarán el 
cumplimiento por parte de los centros educativos del presente artículo.»
Cincuenta y cinco ter.  Se modifica el apartado 1, letras a) y g), del artículo 91 
quedando redactado en los siguientes términos:
«1.  Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a)  La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos 
curriculares que tengan encomendados.»
«g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima 
de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 
alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz.»
Cincuenta y cinco quater.  Se modifica el artículo 94 quedando redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 94.  Profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato.
Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de 
bachillerato será necesario tener el título de Grado universitario o titulación 
equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la 
habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el 
Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.»
Cincuenta y cinco quinquies.  Se modifica el artículo 95, quedando redactado en los 
siguientes términos:
«Artículo 95.  Profesorado de formación profesional.
1.  Para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos 
requisitos de titulación y formación establecidos en el artículo anterior para la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
2.  Las administraciones educativas podrán, con carácter excepcional, atribuir 
docencia en el ámbito de la formación profesional, cuando así se requiera, como 
profesores especialistas a quienes estén en posesión de una titulación de Técnico o  e.e
Técnica de Formación Profesional, Técnico o Técnica Superior de Formación  b
Profesional, Técnico o Técnica Auxiliar o Técnico o Técnica Especialista de Formación  264ww
ProfAessiiomniasml yo, ,e yn  csoun c eals mo,i sdme oo tcraarsá tcittuelra, csioen peosd arás oactriaibduaisr  dao lcae fnacmiail iean p erol fáemsibointoa ld.e la
fcoorrmreascpióonn dpireonfetes.ional a profesionales del sector productivo asociado al título o curso
3.  El Gobierno regulará reglamentariamente las condiciones de acceso y 
desempeño de las funciones docentes del profesorado especialista que prestará 
sus servicios en régimen de contratación laboral.
4.  El  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  determinará 
reglamentariamente los requisitos específicos y condiciones para el desempeño de 
actividades docentes de los profesores especialistas.»
Cincuenta y cinco sexies.  Se modifica el apartado 1 del artículo 96 quedando 
redactado en los siguientes términos:
«1.  Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar 
en posesión del título de Grado universitario o titulación equivalente a efectos de 
docencia, sin perjuicio de la intervención educativa de otros profesionales en el caso 
de las enseñanzas de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior 
y de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera 
establecer el Gobierno para determinados módulos, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas. En el caso de las enseñanzas artísticas profesionales se 
requerirá, asimismo, la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100 de esta Ley.»
Cincuenta y cinco septies.  Se modifica el apartado 1 del artículo 98 quedando 
redactado en los siguientes términos:
«1.  Para ejercer la docencia en las enseñanzas deportivas será necesario 
estar en posesión del título de Grado universitario o titulación equivalente a efectos 
de docencia. Se requerirá asimismo la formación pedagógica y didáctica a la que se 
refiere el artículo 100 de esta Ley. El Gobierno habilitará otras titulaciones para la 
docencia en determinados módulos y bloques previa consulta a las Comunidades 
Autónomas.»
Cincuenta y cinco octies.  Se añade un apartado 5 al artículo 100 que queda 
redactado en los siguientes términos:
«5.  El  Ministerio  competente  en  enseñanza  universitaria  junto  a  las 
Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos de coordinación 
universitaria, la oferta de formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
apartado 2, de modo que quede asegurado que el sistema educativo dispone de 
suficientes profesionales en todas las enseñanzas y especialidades, así como el 
derecho de toda la ciudadanía al acceso al empleo público de acuerdo con los 
principios constitucionales de mérito y capacidad.»
Cincuenta y cinco nonies.  Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un nuevo 
apartado 5 al artículo 102, quedando redactado en los siguientes términos:
«2.  Los programas de formación permanente deberán contemplar la 
adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las 
didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, 
orientación, tutoría, educación inclusiva, atención a la diversidad y organización 
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los 
centros. Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad en  s
los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de  e.
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así  w.
como formación específica en materia de acoso y malos tratos en el ámbito de los  264ww
cperenvteronsc iódno,c deentteecsc.i óDn eyl  amctiusamcoió nm forednot ed ae blae rváionle innccialu ciro nfotrram laac iinófnan ecisap.ecífica en
tecn3o.l ogLíaass d eA dlam ininfoisrmtraacciióonn ye sla  ecodmucuanticivaacsió np yro lam foovrmeraácnió nla ta nuttoil iezna cdiióginta ldizea clióans   BOE-A-cable e
como en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su
especialidad, estableciendo programas específicos de formación en estos ámbitos. 
Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e innovación, 
impulsando el trabajo colaborativo y las redes profesionales y de centros para el 
fomento de la formación, la autoevaluación y la mejora de la actividad docente.»
«5.  Las Administraciones educativas impulsarán acuerdos con los Colegios 
Profesionales u otras instituciones que contribuyan a mejorar la calidad de la 
formación permanente del profesorado.»
Cincuenta y cinco decies.  Se modifica el apartado 4 del artículo 106 que queda 
redactado en los siguientes términos:
«4.  Corresponde  a  las  Administraciones  educativas  disponer  los 
procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean 
tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en el 
desarrollo profesional docente junto con las actividades de formación, investigación 
e innovación.»
Cincuenta y seis.  El artículo 109 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 109.  Programación de la red de centros.
1.  En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas 
armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes 
públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta 
suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales 
de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.
En todo caso, se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración de 
la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa.
2.  Las  enseñanzas  reguladas  en  esta  Ley  se  programarán  por  las 
Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros 
públicos y la autorizada en los centros privados concertados, asegurando el derecho 
a la educación y articulando el principio de participación efectiva de los sectores 
afectados como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y 
libertades y la elección de todos los interesados. Los principios de programación y 
participación son correlativos y cooperantes en la elaboración de la oferta que 
conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, como garantía de la equidad y calidad de la 
enseñanza.
3.  En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo 
con los principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta 
educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, 
especialmente en las zonas de nueva población.
4.  Las  Administraciones  educativas  deberán  tener  en  cuenta  las 
consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia 
en el uso de los recursos públicos.
5.  Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de 
puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.»
Cincuenta y seis bis.  Se modifica el título del artículo 110 y se añaden dos nuevos 
apartados 3 y 4, en los siguientes términos: e
«Artículo 110.  Accesibilidad, sostenibilidad y relaciones con el entorno.» 264www.
coop«3e.r acCióonn  seol cfiina ld pea prrao mproovteerg uenr an cuuelstutrraa  dbeio dlai vseorsstiednaidb,il idlaasd  Aadmmbiineinsttarla yc iodne elas 
esud uecnattoivrnaos , falav osroescteernáibni,l ideand c odoer dloinsa cceiónntr ocso,n s lua sr einlasctiitóunc icoonne se yl  moregdaion iznaactuiornael sy  dsue   BOE-A-cable e
adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático. Asimismo
garantizarán los caminos escolares seguros y promoverán desplazamientos 
sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como fuente de experiencia y 
aprendizaje vital.
4.  Los centros, como espacios abiertos a la sociedad de los que son elemento 
nuclear, promoverán el trabajo y la coordinación con las administraciones, entidades 
y asociaciones de su entorno inmediato, creando comunidades educativas abiertas, 
motores de la transformación social y comunitaria.»
Cincuenta y seis ter.  Se modifica el apartado 1 del artículo 111 que queda redactado 
en los siguientes términos:
«1.  Los centros públicos que ofrecen educación infantil se denominarán 
escuelas infantiles, los que ofrecen educación primaria, colegios de educación 
primaria, los que ofrecen educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional, institutos de educación secundaria. Los centros que ofrecen únicamente 
enseñanzas de formación profesional se denominarán institutos de formación 
profesional, y centros integrados cuando impartan todas las ofertas formativas de 
formación profesional.»
Cincuenta y siete.  Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 111 bis y 
se añade un último párrafo a dicho apartado; se modifican los apartados 2, 3, 5 y 6 y se 
añade un nuevo apartado 7, en los siguientes términos:
«1.  El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, los estándares que garanticen la 
interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema 
Educativo Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto 
en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.»
(...)
«En el marco de la implantación de las citadas medidas, dentro de los sistemas 
de información propios de la gestión académica y administrativa se regulará un 
número identificativo para cada alumno o alumna, a fin de facilitar el intercambio de 
la  información  relevante,  el  seguimiento  de  las  trayectorias  educativas 
individualizadas, incluyendo las medidas educativas que en su caso se hubieran 
podido aplicar, y atender demandas de la estadística estatal e internacional y de las 
estrategias europeas para los sistemas de educación y formación. En cualquier 
caso, dicha regulación atenderá a la normativa relativa a la privacidad y protección 
de datos personales.»
«2.  Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes 
educativos específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos 
concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula en 
el tiempo y en el espacio. Por ello deberán, respetando los estándares de 
interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier sitio 
y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los centros 
docentes en los que estudien, con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa 
aplicable en materia de propiedad intelectual, privacidad y protección de datos 
personales. Así mismo promoverán los principios de accesibilidad universal y diseño  s
para todas las personas, tanto en formatos y contenidos como en herramientas y  oe.
entornos virtuales de aprendizaje.» w.
cpounesd«ua3ln.t a s eEar l  lsaMosip nCoisrottamedruioons i ddpeao drE eladssu  Achuaetcrórióannmo miye anFstao, srlma y a ceconimótonpr naPotirsbo ifvleiidrstauiodan ldeasel   idlmoesp a ufpolsrreamnráad,it zopasrj eeq vueiane    2020-17264n https://ww
el ámbito de los contenidos educativos digitales públicos, con el objeto de facilitar su
uso con independencia de la plataforma tecnológica en la que se alberguen.» Bc
«5.  Las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros 
promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de 
enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las 
condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones 
de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a 
las situaciones de violencia en la red. Se fomentará la confianza y seguridad en el 
uso de las tecnologías prestando especial atención a la desaparición de estereotipos 
de género que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de 
igualdad.»
«6.  El Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la 
competencia digital que orienten la formación inicial y permanente del profesorado 
y faciliten el desarrollo de una cultura digital en los centros y en las aulas.»
«7.  Las Administraciones públicas velarán por el acceso de todos los 
estudiantes a los recursos digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del 
derecho a la educación de todos los niños y niñas en igualdad de condiciones.
En todo caso, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
recursos didácticos que se empleen, se ajustarán a la normativa reguladora de los 
servicios y sociedad de la información y de los derechos de propiedad intelectual, 
concienciando en el respeto de los derechos de terceros.»
Cincuenta y ocho.  Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 6 al 
artículo 112 con la siguiente redacción:
«3.  Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona 
en la que se ubiquen, recibirán los recursos complementarios humanos y materiales 
necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. A tal fin, la proporción de 
alumnado por profesor podrá ser inferior a la establecida en el apartado 1 del 
artículo 157.»
«6.  Las Administraciones educativas podrán establecer compromisos con 
aquellos centros que, en uso de su autonomía y basándose en el análisis de sus 
evaluaciones internas o externas, adopten decisiones o proyectos que sean 
valorados por dichas administraciones de especial interés para el contexto 
socioeconómico del centro, para el desarrollo del currículo o para su organización y 
para la inclusión y la atención a la diversidad del alumnado. Las Administraciones 
educativas y los centros harán un seguimiento y valoración de los resultados 
obtenidos tomando como referencia los objetivos propuestos.»
Cincuenta y nueve.  Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 6 y se suprime el apartado 8 
del artículo 116 en los siguientes términos:
«1.  Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en 
esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el marco de lo dispuesto en 
los artículos 108 y 109, podrán acogerse al régimen de conciertos educativos en los 
términos legalmente establecidos. Los centros que accedan al régimen de 
concertación educativa deberán formalizar con la Administración educativa que 
proceda el correspondiente concierto.» s
«2.  Entre los centros que cumplan los requisitos establecidos en el apartado  oe.
anterior, tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que  w.
aqfoutmieene rdneataenlinc  aela np  eeosxbcplaoeclraiioerinnzeacisca ióse nsd cedo eilna ptreerorséx sidm epi edcdaoadng dyói cgloiiocsno qe pusae re aec soetnlé ósnim sctieocmnassat i dteuedisdufocasav toyivr afoub,n lleocsiso ,nq leuones    2020-17264n https://ww
en régimen de cooperativa, cuya especificidad será objeto de reconocimiento en la
normativa correspondiente.» Bc
«4.  Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas necesarias 
para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto 
en el presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109. El 
concierto establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a régimen 
económico, duración, prórroga y extinción del mismo, número de unidades escolares 
concertadas, rendición de cuentas, planes de actuación y adopción de medidas en 
función de los resultados académicos obtenidos, y demás condiciones, con sujeción 
a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. En todo caso, las 
Administraciones educativas recogerán en sus normativas específicas lo dispuesto 
en el apartado segundo de este artículo.»
«6.  Las Administraciones educativas podrán concertar, con carácter preferente, 
las enseñanzas de ciclos formativos de grado básico que, conforme a lo previsto en 
la presente Ley, los centros privados concertados de educación secundaria 
obligatoria impartan a su alumnado. Dichos conciertos tendrán carácter general.»
Sesenta.  Se modifican los apartados 1, 2 y 5 del artículo 119 quedando redactados 
en los siguientes términos:
«1.  Las Administraciones educativas garantizarán la participación activa de la 
comunidad educativa en las cuestiones relevantes de la organización, el gobierno, 
el funcionamiento y la evaluación de los centros, fomentando dicha participación 
especialmente en el caso del alumnado, como parte de su proceso de formación.»
«2.  La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través 
de su Consejo Escolar. El profesorado participará también en la toma de decisiones 
pedagógicas que corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente 
y a los equipos de profesores y profesoras que impartan clase en el mismo curso o 
ciclo.»
«5.  Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de 
gobierno: Consejo Escolar y Claustro del profesorado. En la composición del Consejo 
Escolar se deberá promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres.»
Sesenta y uno.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 120 quedando 
redactados en los siguientes términos:
«3.  Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros 
de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta 
y viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización que elaboren, 
una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos 
con fondos públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos.»
«4.  Los  centros,  en  el  ejercicio  de  su  autonomía,  pueden  adoptar 
experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de 
trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario 
escolar o del horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que 
establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que 
permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga 
discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni 
exigencias para las Administraciones educativas.»
Sesenta y dos.  Se modifican los apartados 1 y 2, se añaden dos nuevos apartados 2 
bis y 2 ter y se suprimen los apartados 7 y 8 del artículo 121, quedando redactados en los  e.
siguientes términos: w.b
prior«id1a. deEsl  dper oaycetcutaoc ieódnu, cinactoivrop odraerl ác elan tcroon crereccoigóenr ád el oloss v caulorrríecsu,l olso se sfitnaebsle cyi dlaoss 
pimopr ulals aArdám yin disetrsaacriróonll aerdáu lcoast ipvari,n cqiupeio sc,o rorebsjeptoivnodse  yf ijmare tyo daoplroogbíaar  parlo Cpiloasu sdtreo ,u ne 
aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo
incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo 
sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no 
discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del 
acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.
El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.»
«2.  Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en 
cuenta las características del entorno social, económico, natural y cultural del 
alumnado del centro, así como las relaciones con agentes educativos, sociales, 
económicos y culturales del entorno. El proyecto recogerá, al menos, la forma de 
atención a la diversidad del alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, los 
planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación, especificando medidas académicas 
que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad particularmente de mujeres 
y hombres.»
«2 bis.  Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las 
carencias que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, en 
lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, tomando como referencia 
el análisis realizado previamente e incluyendo dicho análisis y tales medidas en su 
proyecto educativo.
Las Administraciones educativas adoptarán las iniciativas necesarias para 
facilitar a los centros la aplicación de dichas medidas.»
«2 ter.  El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará 
periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de 
evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y 
actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos 
de coordinación y de relación con las familias y el entorno.»
Sesenta y tres.  Se modifica el apartado 3 del artículo 122 quedando redactado en los 
siguientes términos:
«3.  Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, 
previa aprobación de su Consejo Escolar, en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, dentro de los límites que la normativa vigente 
establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por 
las asociaciones de padres, madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de 
sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las 
Administraciones educativas establezcan.»
Sesenta y cuatro.  Se suprimen los apartados 3, 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del 
artículo 122 bis en los siguientes términos:
«2.  Las Administraciones educativas fomentarán acciones de calidad educativa 
que podrán dirigirse, de manera específica, a aspectos de una etapa o enseñanza 
de las impartidas por el centro o, de manera general, a aspectos asociados a una 
consideración integral del centro y podrán tomar como referencia diversos modelos 
de análisis y gestión. A tal fin, los centros docentes que desarrollen estas acciones  s
deberán presentar una planificación estratégica que incluirá los objetivos  oe.
perseguidos, los resultados que se pretenden obtener, la gestión que se ha de  w.
daesís acLorarm orleolaa erl ilzc maocnai órlacnos d  cteeo mrlarpesos apracocln iyod nliaee npst redoseg m rcaaemldidaidacaidós ne p ddauerca aa ltcoivtgiavria deras ldtoaesrs ár.e ssoumltaedtiodsa  eas rpeenrdaidcioósn,   2020-17264n https://ww
de cuentas por el centro docente.»
Sesenta y cinco.  Se modifica el apartado 2 del artículo 123, quedando redactado en 
los siguientes términos:
«2.  Las Administraciones públicas podrán delegar en los órganos de gobierno 
de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y 
suministros, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y, en su caso, con la legislación autonómica en materia de 
contratación del sector público, y con los límites que en la normativa correspondiente 
se fijen. El ejercicio de la autonomía de los centros para administrar estos recursos 
estará sometido a las disposiciones que las Administraciones públicas establezcan 
para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto.»
Sesenta y seis.  Se añade el apartado 5 del artículo 124, quedando redactado en los 
siguientes términos:
«5.  Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación 
frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y 
cualquier otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones 
que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que 
debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su 
titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se 
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos 
de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones 
previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los derechos de las 
personas afectadas.»
Sesenta y siete.  Se modifica el apartado 5 y se incluye un nuevo apartado 9 del 
artículo 126 quedando redactado de la siguiente manera:
«5.  El alumnado podrá ser elegido miembro del Consejo Escolar a partir del 
primer curso de educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos y las 
alumnas de los dos primeros cursos de educación secundaria obligatoria no podrán 
participar en la selección o el cese de quien ejerza la dirección. El alumnado de 
educación primaria participará en el Consejo Escolar del centro en los términos que 
establezcan las Administraciones educativas.»
«9.  Sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado en relación 
con la planificación y organización docente, las decisiones que adopte el Consejo 
Escolar deberán aprobarse preferiblemente por consenso. Para los casos en los 
que no resulte posible alcanzar dicho consenso, las Administraciones educativas 
regularán las mayorías necesarias para la adopción de decisiones por el Consejo 
Escolar, a la vez que determinarán la necesidad de aprobación por mayoría 
cualificada de aquellas decisiones con especial incidencia en la comunidad 
educativa.»
Sesenta y ocho.  El artículo 127 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 127.  Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: e.
a)  Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el  264ww
capíbtu) lo AIIp droebl atírtu ylo e vVa dluea lra l ap rpersoegnratem Laecyió.n general anual del centro, sin perjuicio de
loarsg acnoimzapceiótenn dcoiacse ndteel. Claustro del profesorado en relación con la planificación y
c)  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.
d)  Participar en la selección del director o directora del centro en los términos 
que la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los 
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director o directora.
e)  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en 
esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
f)  Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.
g)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, 
la convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social.
h)  Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las 
medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la 
normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o 
directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores 
legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, 
en su caso, las medidas oportunas.
i)  Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones 
y equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la 
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3.
j)  Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
k)  Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 
que participe el centro.
l)  Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 
calidad de la misma.
m)  Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»
Sesenta y nueve.  El artículo 131 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 131.  El equipo directivo.
1.  La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad 
institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la 
gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque 
colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas.
2.  El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, 
estará integrado por el director o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o  es
secretaria y cuantos cargos determinen las Administraciones educativas. bo
3.  El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus  264ww
feCusonpnce4sico.e ínjfoiecE saEl, ss d cclierooegnlacaftrolo,m rrfmo eornem td eauir  leealascrátstao  bprinalreos, ctppriudureeacvscsit.iaao  ncdeoesm  nduonemilc bdaricariemócnite oanrlt  ooC  ylda ciureesstcretoo  arda el a y pA rldaomsfe isfnuoinsretcrsiao cyni óeansl    OE-A-2020-17able en https://
educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario o secretaria de entre el 
profesorado con destino en dicho centro.
5.  Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término 
de su mandato o cuando se produzca el cese del director o directora.
6.  Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función 
directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan 
mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el personal y los 
recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación.»
Setenta.  El artículo 132 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 132.  Competencias del director o directora.
Son competencias del director o directora:
a)  Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y 
necesidades de la comunidad educativa.
b)  Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c)  Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 
impulsar planes para la consecución de los fines del proyecto educativo del centro.
d)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e)  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f)  Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a 
los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, 
se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos 
en los centros.
g)  Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h)  Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado.
i)  Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar 
y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el 
ámbito de sus competencias.
j)  Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y 
visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con 
lo que establezcan las Administraciones educativas.
k)  Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al 
Consejo Escolar del centro.
l)  Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas 
educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, 
ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, de  s
acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4. oe.
m)  Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la  w.
ipnrvoegnsr)ta igmaDacciisóióennñ,  algare  elnaxe ppraelalr niaminfieucnaatcla.icóinó ny  yo lrag ainnnizoavcaicóinó nd oecdeunctaet ivdae le cne enlt rcoe,n rteroc.ogida en la  2020-17264n https://ww
ñ)  Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración
educativa.» Bc
Setenta y uno.  Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 134, que 
quedan redactadas en los siguientes términos:
«b)  Haber ejercido funciones docentes como funcionario de carrera, durante 
un período de al menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece 
el centro al que se opta.
c)  Las Administraciones Educativas podrán considerar como requisito la 
formación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 135.»
Setenta y dos.  El artículo 135 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 135.  Procedimiento de selección.
1.  Para la selección de los directores o directoras en los centros públicos, a 
excepción de los Centros Integrados de Formación Profesional, las Administraciones 
educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y 
el procedimiento de valoración del proyecto presentado y de los méritos del 
candidato, entre los que incluirán la superación de un programa de formación sobre 
el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional o por las Administraciones educativas de las Comunidades 
Autónomas, con validez en todo el territorio nacional.
2.  La selección será realizada en el centro por una comisión constituida por 
representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
3.  Corresponde a las Administraciones educativas determinar el número total 
de vocales de las comisiones. Al menos un tercio de los miembros de la comisión 
será profesorado elegido por el claustro y otro tercio será elegido por y entre los 
miembros del consejo escolar que no son docentes. Además, entre los miembros de 
la comisión deberá haber, al menos, un director o directora en activo en centros que 
impartan las mismas enseñanzas que aquel en que se desarrolla el procedimiento 
de selección, con uno o más periodos de ejercicio con evaluación positiva del trabajo 
desarrollado.
4.  La selección del director o directora, que tendrá en cuenta la valoración 
objetiva de los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y 
la valoración del proyecto de dirección orientado a lograr el éxito escolar de todo el 
alumnado, que deberá incluir, entre otros, contenidos en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género, será 
decidida democráticamente por los miembros de la comisión, de acuerdo con los 
criterios establecidos por las Administraciones educativas.
5.  La selección se realizará valorando especialmente las candidaturas del 
profesorado del centro.
6.  Quienes hayan superado el procedimiento de selección deberán superar un 
programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función 
directiva, de manera previa a su nombramiento. Las características de esta 
formación  serán  establecidas  por  el  Gobierno,  en  colaboración  con  las 
Administraciones educativas, y tendrá validez en todo el Estado. Asimismo, se 
establecerán las excepciones que corresponda a los aspirantes que hayan realizado 
cursos de formación de estas características antes de la presentación de su 
candidatura o acrediten experiencia en el ejercicio de la función directiva con 
evaluación positiva de su trabajo. s
Las Administraciones educativas también podrán establecer las condiciones en  oe.
que los directores y directoras deban realizar módulos de actualización en el  w.
desempeño de la función directiva.» 2020-17264n https://ww
Setenta y tres.  El artículo 136 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 136.  Nombramiento.
1.  La Administración educativa nombrará director o directora del centro que 
corresponda, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, por un periodo de 
cuatro años, a quien haya superado el programa de formación al que se refiere el 
apartado sexto del artículo 135 de esta Ley.
2.  El nombramiento de los directores o directoras podrá renovarse, por 
periodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al 
final de los mismos, oído el Consejo Escolar. Los criterios y procedimientos de esta 
evaluación serán públicos. Las Administraciones educativas podrán fijar un límite 
máximo para la renovación de los mandatos.»
Setenta y tres bis.  El artículo 137 queda redactado en los siguientes términos:
«En ausencia de candidaturas, en el caso de centros de nueva creación o 
cuando la comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y la normativa que la 
desarrolla, la Administración educativa, oído el Consejo Escolar, nombrará director 
o directora por un período máximo de cuatro años a un funcionario o funcionaria 
docente, que deberá superar el programa de formación sobre el desarrollo de la 
función directiva previsto en el artículo 135.1.»
Setenta y cuatro.  Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 140 quedando redactado 
en los siguientes términos:
«2.  La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los 
resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del 
ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados 
para valoraciones individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los 
centros.»
Setenta y cuatro bis.  El artículo 141 queda redactado en los siguientes términos:
«La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta 
Ley y se aplicará sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados, 
sobre el contexto educativo, con especial referencia a la escolarización y admisión 
del alumnado, a los recursos educativos, a la actividad del profesorado, a la función 
directiva, al funcionamiento de los centros educativos, a la inspección y a las propias 
Administraciones educativas.»
Setenta y cinco.  El artículo 143 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 143.  Evaluación general del sistema educativo.
1.  El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema 
educativo, realizará las evaluaciones que permitan obtener datos representativos,  s
tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades Autónomas como del  oe.
conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competencias  w.
establecidas en el currículo y se desarrollarán en la enseñanza primaria y  264ww
seevacluunadcaiorniae.s  Lsea  rCeaolnicfeenr ecnocni ac riSteerciotso rdiael  hdoem oEgdeunceaidcaiódn. velará para que estas
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Comunidades Autónomas, los estándares básicos metodológicos y científicos que 
garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones.
Los departamentos y órganos de evaluación educativa de las Comunidades 
Autónomas llevarán a cabo en sus respectivos ámbitos de competencia la aplicación 
de las evaluaciones acordadas, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa.
2.  A tal fin, en el último curso de educación primaria y de educación secundaria 
obligatoria, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y los organismos 
correspondientes de las Administraciones educativas, y de acuerdo con lo establecido 
en el apartado anterior, llevarán a cabo, con carácter muestral y plurianual, una 
evaluación de las competencias adquiridas por los alumnos o alumnas. Esta 
evaluación tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros e 
informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.
3.  El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones  educativas,  coordinará  la  participación  española  en  las 
evaluaciones internacionales.
4.  El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores básicos de 
la Educación, que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la 
toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados 
en la educación. Dichos indicadores de evaluación, desagregados por sexo, incluirán 
incluirán información que permitirá valorar el grado de equidad alcanzado por el 
sistema educativo y de su evolución a lo largo de los cursos. Los datos necesarios 
para su elaboración deberán ser facilitados al Ministerio de Educación y Formación 
Profesional por las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.
Del mismo modo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional aportará 
a las Administraciones Educativas autonómicas la información correspondiente a su 
ámbito de competencia en materia de evaluación educativa, en particular aquella 
derivada de las evaluaciones muestrales previstas en el apartado 1, incluidas las 
bases de datos. Asimismo, pondrá a disposición de las comunidades autónomas los 
métodos y procedimientos llevados a cabo para su análisis y para la presentación 
de resultados.
5.  Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e 
implantación de medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español, el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con las 
Administraciones educativas, arbitrará los mecanismos para posibilitar la 
incorporación de información adicional al tratamiento estadístico conjunto, que 
permita un mejor análisis de los factores que afectan a las trayectorias y al 
rendimiento educativo y la comparación basada en el valor añadido.»
Setenta y seis.  El artículo 144 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 144.  Evaluaciones de diagnóstico.
1.  El  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa  y  los  organismos 
correspondientes de las Administraciones educativas colaborarán en la realización 
de un marco común de evaluación que sirva como referencia de las evaluaciones de 
diagnóstico contempladas en los artículos 21 y 29 de esta Ley. Los centros docentes 
realizarán una evaluación a todos sus alumnos y alumnas en cuarto curso de  es
educación primaria y en segundo curso de educación secundaria obligatoria, según  bo
dispongan las Administraciones educativas. La finalidad de esta evaluación será  264ww
detdeinean  gcdmonreámójnsou treinacnia.c  acyuc eieónnn te alilnl alog ssüe írs ectisocumal tpya rddooebs al ardá ce oa eml smptaeesnt eoensvc aeiallu  gmarcaaidoteonm edsáe t eidcnoa m.e Lli nodisios  cedeñeno lt ardo ecso  semudpsu ecptaleatninvceoiass    OE-A-2020-17able en https://
2.  En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las 
Administraciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico 
en las que participen los centros de ellas dependientes y proporcionar los modelos 
y apoyos pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar de modo 
adecuado estas evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno.
3.  Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los 
resultados de estas evaluaciones de diagnóstico que realizan los centros, así como 
los planes de actuación que se deriven de las mismas, deban ser puestos en 
conocimiento de la comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de estas 
evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los 
centros.
4.  Estas evaluaciones, así como las reguladas en el artículo anterior, tendrán 
en cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad, incluyendo, en las condiciones de realización de dichas evaluaciones, 
las adaptaciones y recursos que hubiera tenido.»
Setenta y seis bis.  Se añade un apartado 2 al artículo 146 en los siguientes términos, 
pasándose a numerar como apartado 1 el párrafo existente:
«2.  La evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas 
será realizada por el cuerpo de inspectores de educación y formará parte de sus 
competencias.»
Setenta y siete.  Se modifica el apartado 2 del artículo 147, quedando redactado en 
los siguientes términos:
«2.  El  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional  publicará 
periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas 
por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en colaboración con las 
Administraciones educativas y dará a conocer la información que ofrezca 
periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores.»
Setenta y siete bis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 148, que queda redactado 
en los siguientes términos:
«1.  Es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección, 
supervisión y evaluación del sistema educativo.»
Setenta y siete ter.  Se modifica el artículo 149, que queda redactado en los siguientes 
términos:
«Artículo 149.  Ámbito.
Corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el 
cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en 
las  Comunidades Autónomas,  la  observancia  de  los  principios  y  normas 
constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 
de la Constitución.»
Setenta y siete quáter.  Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 150 
quedando redactado en los siguientes términos: es
«e)  Verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas  w.
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a los criterios  264ww
generales que establezcan las disposiciones del Estado.»
Setenta y siete quinquies.  Se modifican las letras a) y h) del artículo 151 que quedan 
redactadas en los siguientes términos:
«a)  Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y 
organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y 
programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía que esta Ley 
ampara.»
«h)  Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas 
que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la 
resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los 
procesos de mediación.»
Setenta y siete sexies.  Se modifican los apartados a) y d) del artículo 153 y se 
añaden dos apartados nuevos e) y f), en los siguientes términos:
«a)  Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en 
los centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso.»
«d)  Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación 
docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la Ley les 
reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se 
determine.
e)  Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos 
en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a 
instancias de la autoridad administrativa correspondiente.
f)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones 
educativas, dentro del ámbito de sus competencias.»
Setenta y siete septies.  Se añade un nuevo artículo 153 bis que queda redactado en 
los siguientes términos:
«Artículo 153 bis.  Principios de actuación de la inspección educativa.
a)  Respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa 
del interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que 
pueda generar discriminación por razón de origen, género, orientación sexual, 
religión opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
b)  Profesionalidad e independencia de criterio técnico.
c)  Imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados.
d)  Transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y 
las técnicas utilizados.»
Setenta y ocho.  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional segunda, que 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  En el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional 
de cultura de las religiones.»
Setenta y ocho bis.  Se modifica el apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 de la 
disposición adicional tercera que quedan redactados en los siguientes términos:
«1.  Los profesores que impartan la enseñanza confesional de las religiones  bo
deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas  264ww
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públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto
de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La 
regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes 
del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, 
mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan 
en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos.»
Setenta y ocho ter.  Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta que 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es 
competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso 
ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de 
elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por 
el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en 
la presente ley.»
Setenta y nueve.  La disposición adicional quinta queda redactada en los siguientes 
términos:
«Disposición adicional quinta.  Calendario escolar.
El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, 
comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.»
Setenta y nueve bis.  Se modifican la letra c) y los dos últimos párrafos del apartado 1 
de la disposición adicional séptima, que quedan redactados en los siguientes términos:
«c)  El cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, que 
desempeñará sus funciones en la formación profesional y, excepcionalmente, en las 
condiciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria.»
(…)
«El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer 
las condiciones y los requisitos para que los funcionarios pertenecientes a alguno de 
los cuerpos docentes recogidos en el apartado anterior puedan excepcionalmente 
desempeñar funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las 
asignadas a su cuerpo con carácter general. Para tal desempeño se determinará la 
titulación, formación o experiencia que se consideren necesarias. En todo caso se 
considerará a estos efectos al profesorado de los centros que impartan 
conjuntamente enseñanzas de educación primaria y educación secundaria.
Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por la presente ley, así como por 
normas anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo, se regirán por lo establecido en aquellas 
disposiciones, siéndoles de aplicación lo señalado a efectos de movilidad en la 
disposición adicional duodécima de esta Ley.»
Setenta y nueve ter.  Se modifica la disposición adicional novena que queda redactada 
en los siguientes términos:
«Disposición adicional novena.  Requisitos para el ingreso en los cuerpos de 
funcionarios docentes.
1.  Para el ingreso en el cuerpo de maestros serán requisitos indispensables  bo
estar en posesión del título de Maestro o el título de Grado correspondiente y  264ww
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refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.
3.  Para el ingreso a los cuerpos de profesores de música y artes escénicas y 
de catedráticos de música y artes escénicas será necesario estar en posesión del 
título de Grado universitario o titulación equivalente a efectos de docencia, además 
de, en el caso del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, excepto en las 
especialidades propias de Arte Dramático, la formación pedagógica y didáctica a la 
que se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente 
proceso selectivo. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
establecerá las condiciones para permitir el ingreso en el cuerpo de catedráticos de 
música y artes escénicas, mediante concurso de méritos, a personalidades de 
reconocido prestigio en sus respectivos campos profesionales.
4.  Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño, será 
necesario estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente a efectos de 
docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso selectivo.
5.  Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y 
diseño será necesario estar en posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica 
a la que se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente 
proceso selectivo.
6.  Para el ingreso en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas 
será necesario estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente a 
efectos de docencia, además de la formación pedagógica y didáctica a la que se 
refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.
7.  Para el ingreso en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el 
caso de materias o áreas de especial relevancia para la formación profesional, para 
el ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño en el caso de 
materias de especial relevancia para la formación específica artístico-plástica y 
diseño, así como para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller en el caso de 
determinadas áreas o materias, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas podrá determinar, a efectos de docencia, la equivalencia de otras 
titulaciones distintas a las exigidas en esta disposición adicional. En el caso de que 
el ingreso sea al cuerpo de maestros de taller, podrá exigirse, además una 
experiencia profesional en un campo laboral relacionado con la materia o área a las 
que se aspire.»
Ochenta.  Se modifica la disposición adicional décima, quedando redactada del 
siguiente modo:
«Disposición adicional décima.  Requisitos para el acceso a los Cuerpos de 
catedráticos e inspectores.
1.  Para acceder al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, será 
necesario pertenecer al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y estar en 
posesión del título de Grado universitario correspondiente o titulación equivalente a 
efectos de docencia, así como superar el correspondiente proceso selectivo. es
2.  Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño será  bo
necesario pertenecer al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño y estar en  264ww
peseofersáce3t son. iseó cndPe eads readalro  itocaíte cupncleoecr iddtaeee,n r a Geascrílea  ccrdo uoame l urcopnu oisev uerdppresoe i rctdaaaerrt i eeopdl r corcoáofertrirscreeoossrspep odson endd deieei esenncsttuecee uo plea trlsiaot uscol eaofisccfoiiicóa isnalee leesleq sdc udteiivev aio dild.eioinomtmea,as as,    OE-A-2020-17able en https://
y estar en posesión del título de Grado universitario correspondiente o titulación
equivalente, a efectos de docencia, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.
4.  Sin perjuicio de la posibilidad de ingreso regulado en la disposición adicional 
novena, apartado 4, para acceder al cuerpo de catedráticos de música y artes 
escénicas, será necesario pertenecer al cuerpo de profesores de música y artes 
escénicas y estar en posesión del título de Grado Universitario correspondiente o 
titulación equivalente, a efectos de docencia, así como superar el correspondiente 
proceso selectivo.
5.  Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario 
pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con al 
menos una experiencia de ocho años en los mismos y estar en posesión del título 
de Doctorado, Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título 
equivalente y superar el correspondiente proceso selectivo, así como, en su caso, 
acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de 
destino, de acuerdo con su normativa.»
Ochenta y uno.  Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional duodécima.
«4.  El acceso al cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante 
concurso- oposición. Los aspirantes deberán contar con una antigüedad mínima de 
ocho años en alguno de los cuerpos que integran la función pública docente y una 
experiencia docente de igual duración. Las Administraciones educativas convocarán 
el concurso-oposición correspondiente con sujeción a los siguientes criterios:
a)  En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los 
candidatos y sus méritos específicos como docentes, el desempeño de cargos 
directivos con evaluación positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos de 
catedráticos a los que se refiere esta Ley.
b)  La fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo 
pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de 
los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y 
legislación educativa para el desempeño de la misma.
c)  En  las  convocatorias  de  acceso  al  cuerpo  de  inspectores,  las 
Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la 
provisión mediante concurso de méritos destinado al profesorado que, reuniendo los 
requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres 
mandatos, el cargo de director o directora.
Los candidatos seleccionados mediante el concurso-oposición deberán realizar 
para su adecuada preparación un periodo de prácticas de carácter selectivo, al 
finalizar el cual serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera del cuerpo de 
Inspectores de educación.»
Ochenta y uno bis.  Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta 
que queda redactado en los siguientes términos:
«4.  Los  municipios  cooperarán  con  las Administraciones  educativas 
correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de 
nuevos centros docentes públicos.»
Ochenta y dos.  La disposición adicional decimoctava queda redactada en los  o
siguientes términos: 264www.
«Disposición adicional decimoctava.  Procedimientos de consulta.
ComLuansi draedfeerse nAcuitaósn oemn aesl  saert iecnutliaednod edne  reesatlaiz aLdeays  ae nla esl  csoennsou ldtaes l ap rCeovniafesr ean lcaias 
Sectorial.
Asimismo la negociación colectiva, consulta y acuerdo en los asuntos que lo 
precisen se entenderán realizadas respectivamente a través de las mesas 
sectoriales de negociación de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada.»
Ochenta y dos bis.  Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional vigésima 
tercera que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional vigésima tercera.  Datos personales de los alumnos.
2.  Los padres o tutores y los propios alumnos deberán colaborar en la 
obtención de la información a la que hace referencia este artículo. La incorporación 
de un alumno a un centro docente supondrá el tratamiento de sus datos y, en su 
caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera estado 
escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre 
protección de datos. En todo caso, la información a la que se refiere este apartado 
será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo 
tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.»
Ochenta y tres.  La disposición adicional vigésima quinta queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional vigésima quinta.  Fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.
1.  Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o 
totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas 
las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al 
alumnado por su género.
2.  Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, para 
garantizar la efectividad del principio contenido en el apartado l) del artículo 1, los 
centros educativos incorporarán medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.
3.  Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su 
proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad 
en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la 
violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su 
diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad.
4.  En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el incremento de 
la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación 
profesional con menor demanda femenina. Del mismo modo, las Administraciones 
educativas también promoverán la presencia de alumnado masculino en aquellos 
estudios en los que exista de forma notoria una mayor matrícula de mujeres que de 
hombres.
5.  Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los libros 
de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y 
hombres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios.
Asimismo, incluirán estos contenidos en los programas de formación inicial del  e
profesorado.» bo
noveOncah eqnutea  qyu etrdeas  rbeidsa. ctSadea m eond liofisc as igeul iaepnatertsa tdéor m2i ndoes :la disposición adicional vigésimo  2020-17264n https://ww
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en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de
los módulos de concierto que valore el coste total de la impartición de las 
enseñanzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones deberán incorporarse 
en el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 y contemplado 
en la disposición adicional octava de la presente Ley. »
Ochenta y cuatro.  La disposición adicional trigésima segunda queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima segunda.  Procedimientos para el reconocimiento 
y la acreditación de las competencias profesionales.
El Gobierno impulsará, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas,  los  procedimientos  de  reconocimiento  y  acreditación  de  las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
aprendizajes no formales e informales, de forma que permita a todos los ciudadanos 
la obtención de una acreditación de sus competencias profesionales. A tal fin las 
administraciones competentes promoverán un incremento de los procedimientos 
para el reconocimiento y la agilización y la flexibilización de los procesos. Estos se 
basarán en los principios de simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia y adecuación de los 
medios a los fines institucionales.
De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, las administraciones 
competentes promoverán la oferta de programas específicos de formación dirigidos 
a las personas que, una vez acreditadas determinadas competencias profesionales, 
quieran completar la formación y titulación que les prepare y facilite su inserción 
laboral.»
Ochenta y cinco.  La disposición adicional trigésima tercera queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima tercera.  Exención de la prueba de acceso a la 
universidad.
1.  Podrán acceder a la universidad sin necesidad de realizar la prueba de 
acceso regulada en el artículo 38 de esta Ley:
a)  Los alumnos y alumnas que hayan obtenido un título de Técnico Superior 
de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y 
Técnico Deportivo Superior, a que se refieren los artículos 44, 53 y 65.
b)  Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados 
miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito 
acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso a la universidad, en 
régimen de reciprocidad, siempre que dicho alumnado cumpla los requisitos 
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
c)  En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se 
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de 
junio de 1994, los estudiantes que se encuentren en posesión del título de 
Bachillerato Europeo.
d)  Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional,  es
expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra  o
(Suiza). 264www.
de c2a. lificEal cMioinniesste rqiou ed es eE duuticliazaciróán e yn F eolr macacceiósno  Par olafe usnioivnearl sriedgaudl apraár laa  eelq uailvuamlennacdiao 
mencionado en las letras b), c) y d) del apartado anterior.
3.  El alumnado al que se refiere el apartado primero participará en los procesos 
de admisión en los términos establecidos en el apartado sexto del artículo 38 de 
esta Ley.»
Ochenta y seis.  La disposición adicional trigésima cuarta queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima cuarta.  Becas y ayudas al estudio convocadas 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
1.  Las notificaciones y publicaciones que deban efectuarse con ocasión de la 
tramitación de los procedimientos de otorgamiento, resolución de recursos 
administrativos, revocación, revisión de oficio y reintegro de ingresos indebidos 
sobre becas y ayudas al estudio, financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado y cuya competencia esté atribuida al Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, se practicarán por medios electrónicos en la forma que se 
establezca reglamentariamente en aplicación de lo previsto en el Capítulo II del 
Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo previsto en dicho Capítulo II, las notificaciones que se 
practiquen en relación con los procedimientos sobre becas y ayudas al estudio a 
que se refiere el párrafo anterior, irán precedidas de un aviso a las personas 
interesadas por los medios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, 
de la puesta a disposición de dicha notificación.
Transcurridos diez días naturales desde que la notificación se hubiese puesto a 
disposición del interesado sin que haya accedido a su contenido, se entenderá 
rechazada,  dándose  por  cumplido  dicho  trámite  y  continuándose  con  el 
procedimiento.
2.  Las becas y ayudas al estudio que se concedan para cursar estudios 
universitarios o no universitarios con validez académica oficial serán inembargables 
en todos los casos.
3.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de becas y 
ayudas al estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.i) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en aquellos casos en 
los que las personas beneficiarias no reunieran alguno o algunos de los requisitos 
establecidos para la obtención de las becas o ayudas o no los hubieran acreditado 
debidamente.
4.  La identificación de los solicitantes de becas y ayudas del sistema estatal de 
becas así como de los miembros computables de su unidad familiar, a que se refiere 
el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrá efectuarse mediante la consignación 
en la solicitud de beca, en la sede electrónica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, de los datos del DNI o NIE que establezca la convocatoria. 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional podrá verificar la autenticidad 
de dichos datos mediante consulta a la Dirección General de la Policía o requerir al 
solicitante y a los miembros computables de su unidad familiar, la presentación del 
documento identificativo original.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la referida Ley 39/2015, 
el anterior sistema de identificación será asimismo admitido como sistema de firma  es
tanto de la solicitud de beca y ayuda como de la autorización para obtener de las  bo
administraciones públicas la información que resulte precisa para la determinación,  264ww
crpeoasntirdoimecnoimcniiiaoe, n dateoc a loyds é cmmoiimceompsrb oyrb ofaasm ccioóilimna rpeduset a dlbeolles s sod dlaiecti otsasun  tudene, i adisadíde c nfoatimmficoila idaceri.ó »lons,  dpaetrosso ndea lreesn, tad ey   OE-A-2020-17able en https://
Ochenta y seis bis.  Se modifica la disposición adicional trigésimo quinta que queda 
redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima quinta.  Promoción de la investigación e innovación 
educativas.
El Ministerio responsable de Educación y las administraciones educativas 
facilitarán la identificación de grupos de investigación e innovación educativas, 
fomentarán la creación de bases unificadas de conocimiento, evidencias y buenas 
prácticas, y promoverán el desarrollo de centros de investigación que sean 
referentes especializados, con el fin de mejorar las prácticas docentes y los procesos 
educativos, elevar los resultados y asegurar la calidad de la educación con mayor 
equidad e inclusión.
Así mismo promoverán la difusión de experiencias y el intercambio de los 
resultados relevantes de la investigación e innovación educativas entre redes de 
centros educativos y las universidades.»
Ochenta y siete.  La disposición adicional trigésima sexta queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima sexta.  Acceso y admisión de alumnos y alumnas 
a la universidad en posesión de un título, diploma o estudio de sistemas 
educativos extranjeros homologados o declarados equivalentes al título de 
Bachiller.
1.  El Gobierno establecerá la normativa básica que regule el acceso y admisión 
a la universidad del alumnado en posesión de un título, diploma o estudio equivalente 
al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de países 
extranjeros no incluidos en las letras b), c) y d) de la disposición adicional trigésima 
tercera. Los alumnos que pueden acogerse a esta disposición adicional trigésima 
sexta son:
a)  Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, 
obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros 
de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales 
aplicables en materia de acceso a la universidad en régimen de reciprocidad, 
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo 
Español.
b)  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al 
título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas 
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con 
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables en materia de acceso 
a la universidad, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan 
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus 
universidades.
c)  Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o 
declarados equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 
Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas 
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no  e
se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de  bo
Bachiller en régimen de reciprocidad. 264ww
adic2io. naPl atrraig séus iamcace ssoe xat ala,  duneibveerrási dcaudm, pell ira lulomsn raedqou riseictoogs ideos teanb leesctaid odiss ppoasriaci ólan 
homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero.
3.  Estos estudiantes deberán superar una prueba de acceso cuya estructura y 
calificación será establecida por el Gobierno teniendo en cuenta las características 
de este alumnado. Asimismo, el Gobierno regulará el procedimiento de cálculo de la 
calificación para el acceso a la universidad para los alumnos mencionados en esta 
disposición.
4.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, y el apartado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá la normativa 
básica que permita a las universidades fijar los procedimientos de admisión de 
quienes hayan superado la prueba de acceso.»
Ochenta y ocho.  La disposición adicional trigésima séptima queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima séptima.  Profesorado visitante.
El Gobierno regulará los requisitos, funciones y régimen del profesorado 
visitante procedente de los países con los que haya suscrito el correspondiente 
convenio y que con carácter temporal se incorpore a los centros docentes.»
Ochenta y nueve.  La disposición adicional trigésima octava, queda redactada en los 
siguientes términos:
«Disposición adicional trigésima octava.  Lengua castellana, lenguas cooficiales y 
lenguas que gocen de protección legal.
1.  Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y 
las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales 
en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los 
Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.
2.  Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán 
alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la 
lengua cooficial correspondiente.
3.  Las Administraciones educativas aplicarán los instrumentos de control, 
evaluación y mejora propios del sistema educativo y promoverán la realización de 
análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todo el alumnado 
alcance la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su 
caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido. Asimismo, impulsarán la 
adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las 
carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas.
4.  Tanto la materia Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y 
Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes.
5.  Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas cooficiales 
que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de 
protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa 
reguladora.»
Noventa.  La disposición adicional trigésima novena queda redactada del siguiente 
modo:
«Disposición adicional trigésimo novena.  Centros dependientes de otras  s
Administraciones públicas. e.
1.  El Gobierno regulará las condiciones de aplicación, en los centros  264ww
dLeepy eyn deine nlate sL edye  Ootrrgaásn Aicdam 8in/1is9t8ra5c,i odnee s3  pdúeb jluiclaios,,  pdaer alo  loess taóbrgleacnidoos  edne  lgao pbrieesrneon tey 
part2ic.i paLcoiósn c ednet rlooss  cdeoncteronste ps úmbilliictaorse.s, autorizados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, que dispongan de núcleos de formación profesional que
impartan enseñanzas de formación profesional del sistema educativo se regirán por 
la presente Ley, por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y lo 
establecido por la normativa específica en lo referente a su denominación, normas 
internas de organización, funcionamiento, gobierno y autonomía. Asimismo, se 
establecerán mecanismos de coordinación entre los Ministerios correspondientes, 
con el objetivo de definir las necesidades y los requisitos precisos, todo ello 
encaminado al cumplimiento del currículo de los títulos de formación profesional.
3.  El Gobierno determinará las condiciones de experiencia y formación 
pedagógica para que el personal de la Escala de Suboficiales de las Fuerzas 
Armadas pueda impartir enseñanzas de formación profesional como Profesor 
Técnico para determinados ciclos formativos relacionados con su especialidad, 
exclusivamente dentro del ámbito del Ministerio de Defensa en los Centros Docentes 
Militares.»
Noventa y uno.  La disposición adicional cuadragésima queda redactada de la 
siguiente manera:
«Disposición adicional cuadragésima.  Sistema de ayudas y préstamo de libros de 
texto y otros materiales curriculares.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional promoverá, en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Educación, programas que faciliten la disponibilidad de 
forma gratuita de libros de texto y otros materiales curriculares a través de un 
sistema de préstamo o de ayudas.»
Noventa y dos.  La disposición adicional cuadragésima primera queda redactada de 
la siguiente manera:
«Disposición  adicional  cuadragésima  primera.  Valores  que  sustentan  la 
democracia y los derechos humanos y prevención y resolución pacífica de 
conflictos.
En el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se atenderá al 
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y 
los derechos humanos, que debe incluir, en todo caso, la igualdad entre mujeres y 
hombres, la igualdad de trato y la no discriminación, así como la prevención de la 
violencia de género y el acoso escolar o cualquier otra manifestación de violencia. 
Se recogerá asimismo el conocimiento de la historia de la democracia en España 
desde sus orígenes a la actualidad y su contribución al fortalecimiento de los 
principios y valores democráticos definidos en la Constitución española.
De la misma forma, se considerará el estudio y respeto de otras culturas, 
particularmente la propia del pueblo gitano y la de otros grupos y colectivos, 
contribuyendo  a  la  valoración  de  las  diferencias  culturales,  así  como  el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes 
en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. Se atenderá 
también al conocimiento de hechos históricos y conflictos que han atentado 
gravemente contra los derechos humanos, como el Holocausto judío y la historia de 
lucha por los derechos de las mujeres.»
Noventa y tres.  Se añade una disposición adicional cuadragésima cuarta que queda  o
redactada del siguiente modo: 264www.
«Disdpiroescitcoiró on  dairdeicctioornaa dl ec ucaednrtraogsé psúimblaic ocsu.arta.  Requisitos para ser nombrado
Las habilitaciones y acreditaciones de directores o directoras de centros públicos
expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se considerarán
equivalentes a la certificación acreditativa de haber superado el programa de 
formación sobre el desarrollo de la función directiva, indicada en el apartado 1 del 
artículo 135 y en el apartado 1 del artículo 136 de esta Ley.»
Noventa y cuatro.  Se añade una disposición adicional cuadragésima quinta que 
queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional cuadragésima quinta.  Pruebas de acceso a la universidad 
establecidas en normativas anteriores.
Quienes hayan superado las pruebas de acceso a la universidad establecidas 
en normativas anteriores mantendrán la calificación obtenida en su momento según 
los criterios y condiciones que establezca el Gobierno, si bien podrán presentarse a 
los procedimientos de admisión fijados por las universidades para elevar dicha 
calificación.»
Noventa y cinco.  Se añade una disposición adicional cuadragésima sexta que queda 
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional cuadragésima sexta.  Promoción de la actividad física y la 
alimentación saludable.
Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física 
y la alimentación saludable formen parte del comportamiento infantil y juvenil. Con 
el  objetivo  de  fomentar  y  consolidar  hábitos  de  vida  saludables,  dichas 
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida sana y autónoma, para promover 
hábitos saludables de alimentación y la movilidad activa, reduciendo el sedentarismo.
Los centros impulsarán el desarrollo de actividades docentes en espacios 
abiertos y entornos naturales. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas 
que a estos efectos se adopten serán asumidos por el profesorado con cualificación 
o especialización adecuada en estos ámbitos.»
Noventa y seis.  Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima séptima, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima séptima.  Estudios incompletos.
El Gobierno regulará las condiciones de promoción de un curso que no hubiera 
sido superado en su totalidad al siguiente, cuando entre uno y otro se apliquen las 
modificaciones introducidas por esta Ley relativas al currículo, la organización y 
objetivos.»
Noventa y seis bis.  Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima octava, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima octava.  Cambio de las funciones del 
personal docente.
Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones  e.
para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte  w.b
inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que  264ww
ndoe  ruenq ueixepraend ieantetenc cióonn tdrairdeiccttao rcioo nq eule a fliunmalnicaed oco. Lna u rneam eovcaióluna hcaió dne n seegra ctiovnas reecaulieznacdiaa 
por la inspección educativa.»
Noventa y seis ter.  Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima novena, 
con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima novena.  Programas y estrategias de atención 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Las Administraciones educativas y la Administración local podrán desarrollar 
programas y estrategias de atención educativa complementaria de apoyo a la 
escolarización para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
mediante fórmulas no contractuales, con entidades privadas sin ánimo de lucro, 
instituciones o asociaciones.»
Noventa y siete.  La disposición final tercera queda redactada en los siguientes 
términos:
«Disposición final tercera.  Referencias contenidas en esta Ley.
1.  Todas las referencias contenidas en las disposiciones vigentes a las 
enseñanzas comunes, se entenderán realizadas a los aspectos básicos del currículo 
que constituyen las enseñanzas mínimas.
2.  Todas las referencias contenidas en las disposiciones vigentes a los títulos 
de Graduado se entenderán referidas tanto a Graduado como a Graduada. 
Asimismo las referencias a los títulos de Técnico se entenderán referidas tanto a 
Técnico como a Técnica.»
Noventa y ocho.  La disposición final quinta queda redactada en los siguientes 
términos
«Disposición final quinta.  Título competencial.
1.  La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia 
que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la 
Constitución. Se exceptúan del referido carácter básico los siguientes preceptos: 
artículos 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 12.4; 14.6; 15.3; 18.4; 18.5; 22.8; 24.6; 24.7; 
26.1; 26.2; 35; 42.3; 47; 58.4, 58.5, 58.6, 58.7 y 58.8; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 
67.3, 67.6, 67.7 y 67.8; 68.3; 72.4 y 72.5; 89; 90; 100.3; 101; 102.3 y 102.4; 103.1; 
105.2; 106.2 y 106.3; 111 bis.4; 112.2, 112.4; 112.5 y 112.6; 113.3 y 113.4; 122.2 y 
122.3; 122 bis; 123.2, 123.3, 123.4 y 123.5; 124.1, 124.2 y 124.4; 125; 130.1; 131.2 
y 131.5; 144.3; 145; 146; 147.2; 154; disposición adicional decimoquinta, apartados 
1,  4,  5  y  7;  disposición  adicional  trigésima  cuarta,  disposición  adicional 
cuadragésima, disposición adicional cuadragésima primera, disposición final tercera 
y disposición final cuarta.
2.  Los artículos 30.4; 31.1 y 2; 37; 39.6, primer inciso; 41.2 y 3; 44.1, 2 y 3; 50; 
53; 54.2 y 3; 55.2 y 3; 56; 57.2, 3 y 4; 65, se dictan al amparo de la competencia 
exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición 
y homologación de títulos académicos y profesionales.»
Noventa y nueve.  La disposición final séptima queda redactada en los siguientes 
términos:
«Disposición final séptima.  Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley. es
Tienen carácter de Ley Orgánica el capítulo I del título preliminar; los artículos 3;  w.
4; 5.1, 5.2; el capítulo III del título preliminar; los artículos 16; 17; 18.1,18.2, 18.3;  264ww
1b9is.;1 8; 02;2 8; 12.33;  y2 48;1 2.45;;  8227;;  8330;;  8342.;1 3, 38;4 3.24,;  8346.;3 3, 88;4 3.49,;  8440.;5 4, 18;4 4.63,;  4844;. 76,8 8; 47.18;  y7 844; .798; ;8 759; 
81266; .827; ;1 12078; ;1 12089; ;1 12190; ;1 13115;; 1 e3l 2c;a 1p3ít3u;l o1 4IV8;  d1e4l 9t;í t1u5lo0 I;V 1;5 l1o;s  1a5r2tí;c 1u5lo3s;  1la1s8 d; i1s1p9o;s 1ic2io6n.1e sy   BOE-A-cable e
adicionales decimosexta, decimoséptima, trigésima tercera y trigésima sexta; el
apartado uno de la disposición adicional trigésima novena; la disposición transitoria 
sexta, apartado tercero; la disposición transitoria décima; las disposiciones finales 
primera, sexta y séptima, y la disposición derogatoria única.»
Disposición adicional primera.  Centros autorizados para impartir la modalidad de 
ciencias y tecnología en bachillerato.
Los centros docentes privados de bachillerato que a la entrada en vigor de la presente 
Ley impartan la modalidad de ciencias, quedarán automáticamente autorizados para 
impartir la modalidad de ciencias y tecnología, establecida en esta Ley.
Disposición adicional segunda.  Vigencia de las titulaciones.
1.  El título Profesional Básico de las enseñanzas de formación profesional regulado 
por la Ley Orgánica 3/2006, de Educación tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa, será equivalente a efectos laborales 
al título de Técnico Básico regulado en el artículo 30 de esta Ley.
2.  El título de Técnico o Técnica de las Enseñanzas Profesionales de Música o de 
Danza regulado por la Ley Orgánica 3/2006, de Educación tras la redacción de la Ley 
8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa, será equivalente a todos 
los efectos al título profesional al que se refiere el apartado 1 del artículo 50 de esta Ley.
Disposición adicional tercera.  Extensión de la educación infantil.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en 
colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de 
duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance 
hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su 
carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su 
gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización.
Disposición adicional cuarta.  Evolución de la escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización 
garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o 
alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El 
Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para 
que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento 
del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios 
cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al 
alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el 
apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de 
escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, 
desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Disposición adicional quinta.  Prioridades en los Programas de cooperación territorial.
A fin de alcanzar las metas del objetivo 4 de la Agenda 2030, el Gobierno, en  b
colaboración con las Administraciones educativas, promoverá durante el periodo de  264ww
idmep alacntutaacciióónn ,d ceo ens etas pLeecyi alol sa tpernocgiróanm aa sm deejo craoro ploesr anciivóenle tse rdrieto reiascl ocloamrizoa lcínióena  aecsctreastiébgleic ay 
apsroemquoibveler  eenl  edle psraimrreorl lcoi cdloe  dlea se dcuocmacpieótne nincfaianst,il  yla e end fourcmacaicóiónn i npcrolufessivioan, alla,  apsríe cvoemncoi ópna ray 
reducción del abandono temprano de la educación y la formación, el plurilingüismo, el 
fortalecimiento de la escuela rural e insular y el desarrollo profesional docente.
Disposición adicional sexta.  Educación para el desarrollo sostenible y para la 
ciudadanía mundial.
Tal como se establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 
2030, la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se tendrá en 
cuenta en los procesos de formación del profesorado y en el acceso a la función docente. 
De acuerdo con lo anterior, para el año 2022 los conocimientos, habilidades y actitudes 
relativos a la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial habrán 
sido incorporados al sistema de acceso a la función docente. Asimismo, en 2025 todo el 
personal docente deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la 
Agenda 2030.
Disposición adicional séptima.  Normativa sobre el desarrollo de la profesión docente.
A fin de que el sistema educativo pueda afrontar en mejores condiciones los nuevos 
retos demandados por la sociedad e impulsar el desarrollo de la profesión docente, el 
Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y los representantes del profesorado, 
presentará, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una propuesta 
normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso y 
el desarrollo profesional docente.
Disposición adicional octava.  Plan de incremento del gasto público educativo.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley para dotar al 
conjunto del sistema educativo de los recursos económicos vinculados a los objetivos 
previstos en la misma, el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 
se formulará en el plazo de dos años a partir del momento de entrada en vigor de la Ley. 
En todo caso, dicho plan contemplará el incremento del gasto público educativo 
mencionado hasta un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto.
Disposición adicional novena.  Regulación de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa 
consulta a las comunidades autónomas, al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y 
oído el Consejo de Universidades, presentará una propuesta normativa para la regulación 
de las condiciones básicas para la organización de las enseñanzas artísticas superiores 
previstas en el artículo 58, además de las que se refieren a las titulaciones y requisitos del 
profesorado derivados de las condiciones de inserción de estas enseñanzas en el marco 
de la educación superior.
Del mismo modo el Gobierno incluirá en dicha propuesta la organización y 
equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales y su relación con el Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
Disposición adicional décima.  Plan de Contingencia para situaciones de emergencia.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con las 
administraciones educativas definirán un modelo de Plan de Contingencia para dar  e
continuidad a la actividad educativa, de modo que garantice el derecho a la educación del  b
alumnado en cualquier circunstancia. Así mismo, velarán por su desarrollo, cumplimiento  264ww
y acEtusatleiz aPcliaónn  einnc tloudiroás  laossp ceecntotrso so erdguacnaiztiavotisv.os y de funcionamiento del centro, la
cfaocoilridteinna lcai ócno mdeu nliocsa cóiórgna cnoons  ldae c ogmobuineirdnaod y e dduec caotiovrad.i nAascimióinsm doo,c reenctoeg ye rláa,s e mn esdui dcaass oq,u lae 
participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en la mitigación y 
respuesta ante la situación de emergencia.
De igual modo, contendrá las medidas que garanticen la competencia digital del 
alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso y uso, 
y las previsiones para la revisión de los elementos del currículo y de las programaciones 
didácticas centradas en los aspectos más competenciales del currículo.
A tal fin el Gobierno regulará las normas necesarias para la aplicación de las medidas 
excepcionales y transitorias derivadas del Plan de Contingencia para situaciones de 
emergencia.
Disposición adicional undécima.  Profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional.
1.  Se  integran  en  el  cuerpo  de  profesores  de  enseñanza  secundaria  las 
especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores 
técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la 
normativa vigente.
2.  El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el 
procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del 
profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente 
a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen.
3.  Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación 
profesional que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, 
permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional. 
Estos profesores mantendrán su especialidad y la atribución docente reconocida por la 
normativa vigente.
Disposición transitoria primera.  Pruebas finales de etapa.
1.  Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación de 
medidas de mejora de la calidad del sistema educativo español, y en tanto no se implanten 
las evaluaciones generales del sistema educativo previstas en el artículo 143 de esta ley, 
el Gobierno regulará el calendario y las características de dichas pruebas de Educación 
Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes a este periodo.
2.  Hasta el inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, la evaluación 
de bachillerato para el acceso a los estudios universitarios tendrá las siguientes 
características:
a)  La evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad, 
pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller.
b)  Podrá presentarse a la evaluación el alumnado que esté en posesión del título de 
Bachiller, así como el alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
contempladas en la disposición adicional tercera del Real Decreto 310/2016, de 29 de 
julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato.
c)  Las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, de 
acuerdo con sus competencias en materia de acceso a la universidad, que asumirán las  es
mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso  o
a la Universidad, organizarán la realización material de la prueba para el acceso a la  264www.
uosaubcnscsiv etueasnrnosit veiade, a rlcasdasi dd ydaa idg sAeatidsnra mteannistni  ziltsaiatt urrraáleacnaci lóiilozanna  eeacdisdó uendcc eadu tleaaiv cslaai ó u ppnnor iuvddeeerárb s laadid. e amDlidmiiceshimstaa ear  es eapvlla a alñculcuoaarlcarníisócc.nue l otde end delar  ábc aovclaahlbiidloleerzara cptioóa.nr a Nd eoel    OE-A-2020-17able en https://
d)  La adquisición de las competencias se evaluará a través de las materias de 
segundo curso y, en su caso, de la materia Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que 
quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias de 
opción del bloque de las asignaturas de modalidad de segundo curso.
3.  Hasta la aplicación de las modificaciones introducidas en esta Ley en relación con 
las condiciones de titulación en educación secundaria obligatoria y bachillerato, para la 
obtención de los títulos correspondientes no será necesaria la superación de las 
evaluaciones finales de estas etapas.
Disposición transitoria segunda.  Acceso a la universidad.
Hasta la implantación de las modificaciones previstas en esta Ley en relación con el 
acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, se realizará de la 
siguiente forma:
a)  Los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del 
alumnado que hayan obtenido el título de Bachiller serán los siguientes:
La calificación obtenida en la prueba que realicen los alumnos que quieran acceder a 
la universidad a la que se refiere el artículo 36 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo tras la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, será la media 
aritmética de las calificaciones numéricas de cada una de las materias y, en su caso, de la 
materia Lengua Cooficial y Literatura, expresada en una escala de 0 a 10 con dos cifras 
decimales y redondeada a la centésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a 4 
puntos, para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado.
La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado se calculará 
ponderando un 40 por 100 la calificación de la prueba señalada en el párrafo anterior y un 
60 por 100 la calificación final de la etapa. Se entenderá que se reúnen los requisitos de 
acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos.
La calificación obtenida en cada una de las materias de modalidad de la prueba 
señalada anteriormente podrá ser tenida en cuenta para la admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado cuando tenga lugar un procedimiento de concurrencia 
competitiva.
Las Administraciones educativas, en colaboración con las universidades, de acuerdo 
con sus competencias en materia de acceso a la universidad, asumirán las mismas 
funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a la 
Universidad, organizarán la realización material de la prueba señalada en el párrafo 
anterior para el acceso a la universidad y garantizarán la adecuación de la misma al 
currículo de bachillerato. No obstante, cada Administración educativa podrá delimitar el 
alcance de la colaboración de sus universidades en la realización de la prueba. Dicha 
evaluación tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades 
españolas.
b)  Podrá acceder a la universidad sin necesidad de realizar las pruebas finales 
reguladas en el apartado tres de la disposición transitoria primera el alumnado al que se 
refiere la disposición adicional trigésima tercera.
Disposición transitoria segunda bis.  Estándares de aprendizaje evaluables. e.e
Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas al  264ww
coamubretrlíijrcgoíuacralutoo l dor6ie,a    bllyaai s  bc,oa atrclrgiahdasialnl delia zrea adrtceouid,óc alanoct sicvy eia óso,n tbtá ejdnenedtdi avrlaároe nsLs  c eddayeer á  Oaecprtdgerueár cnnoadircciiezaióan 8njtea/ 2 tpei0vvro1iam.3lu,a ardbiaele , 9se , ddaeu l codasicc qiieóumne  bssreee cr, eupfniaedrraae r lieaal    OE-A-2020-17able en https://
Disposición transitoria tercera.  Obtención del título de Educación Secundaria 
Obligatoria al superar la Formación Profesional Básica.
Hasta la implantación de las modificaciones introducidas en esta Ley relativas a la 
evaluación y titulación de los ciclos formativos básicos el alumnado que obtenga el título 
Profesional Básico podrá lograr el título de Graduado o Graduada en Educación 
Secundaria Obligatoria, siempre que haya superado las enseñanzas de los bloques y 
módulos en los que están organizados estos ciclos y el equipo docente considere que se 
han alcanzado los objetivos de educación secundaria obligatoria y adquirido las 
competencias correspondientes.
Disposición transitoria cuarta.  Adaptación de los centros.
Los centros que atiendan de manera regular a niños y niñas menores de tres años y 
que a la entrada en vigor de esta Ley no estén autorizados como centros de educación 
infantil, dispondrán para adaptarse a los requisitos mínimos previstos en el artículo 14.7 
del plazo máximo que se establezca.
Disposición transitoria quinta.  Aplicación de las normas reglamentarias.
En las materias cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores disposiciones 
reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación en cada caso las 
normas de este rango hasta ahora vigentes.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa
1.  Queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa.
2.  Queda derogado el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
3.  Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación.
Se modifican los siguientes artículos y disposiciones de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedando redactado de la siguiente 
manera:
Uno.  Artículo cuarto.
«1.  Los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos e 
hijas o pupilos y pupilas, tienen los siguientes derechos:
a)  A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme 
con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 
Autonomía y en las leyes educativas.
b)  A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los 
poderes públicos. e.e
c)  A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus  w.b
propias convicciones. 264ww
educda) tivAa  edset asru sin hfoijroms aed hoisja sso.bre el progreso del aprendizaje e integración socio-
ef))   AA  ppaarrttiicciippaarr  eenn  elal  porrogcaensizoa dceió enn, sfuenñcainoznaa my iaepnrteon, dgiozabjiee rdneo  syu se vhaijlousa cei óhnij adse.l
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
g)  A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica 
y profesional de sus hijos e hijas.
2.  Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas 
o pupilos y pupilas, les corresponde:
a)  Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 
caso de dificultad, para que sus hijos e hijas o pupilos y pupilas cursen las 
enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
b)  Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. Asimismo, deberán informar de las 
dificultades que puedan tener sus hijos o hijas en sus procesos de aprendizaje o 
socialización.
c)  Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden.
d)  Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 
de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos e hijas.
e)  Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con el profesorado y los centros.
f)  Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad 
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
g)  Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
h)  Participar de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas que se les 
propongan desde el centro educativo.»
Dos.  Apartado 5 del artículo quinto.
«Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 
asociación de madres y padres, así como la formación de federaciones y 
confederaciones.»
Tres.  Artículo sexto.
«1.  Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes, sin 
más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
2.  Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer la 
Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse 
en los valores y principios reconocidos en ellos.
3.  Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos:
a)  A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad.
b)  A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.
c)  A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
con objetividad.
d)  A recibir orientación educativa y profesional.
e)  A una educación inclusiva y de calidad.
f)  A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 
convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. es
g)  A la protección contra toda intimidación, discriminación y situación de  o
vrceieopnluethrtnoa)c .ciaióA no   eadxcepo lrsaeoss  eadsre cmsouálassr  .poeprisnoionnase,s e lnib erel mmaernctoe ,d ere lsaps entoarnmdaos  ldoes  cdoenrveicvehnocsi ay d leal   2020-17264n https://www.
i)  A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con
lo dispuesto en las normas vigentes.
j)  A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 
desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente 
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
k)  A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 
familiar o accidente.
4.  Son deberes básicos de los alumnos y las alumnas:
a)  Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades.
b)  Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
en las complementarias gratuitas.
c)  Seguir las directrices del profesorado.
d)  Asistir a clase con puntualidad.
e)  Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho 
de sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y orientaciones del 
profesorado.
f)  Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 
la diversidad, dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa.
g)  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
educativo,
h)  Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos.»
Cuatro.  El apartado 3 del artículo séptimo queda redactado en los siguientes 
términos:
«3.  Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 
asociación de los alumnos y alumnas, así como la formación de federaciones y 
confederaciones.»
Cinco.  El último párrafo del artículo octavo queda redactado en los siguientes 
términos:
«A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado en los 
centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos 
establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las 
condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En los 
términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas 
que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria 
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas 
de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del 
ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del 
centro.»
Seis.  El artículo vigésimo quinto queda redactado en los siguientes términos:
«Dentro de las disposiciones de la presente Ley y normas que la desarrollan, los  e.
centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen  w.
interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la  264ww
ldeeg ilsalas cnióenc evsigideandtee,s e slaobcoiarlaers e yl  perdouyceacttiov aesd udcea tsivuos,  aolrugmanniozsa ry l aa ljuomrnnaadsa,  eanm fpulniacri óenl 
halourmarnioa dleoc, teivsota dbele cáerer alass  on omrmataesri adse,  cdoentevirvmeinncaira  eyl  dperfoincier dsium rieéngtiom edne  eacdomniósmióinc od.»el  BOE-A-cable e
Siete.  El artículo quincuagésimo queda redactado en los siguientes términos:
«Los centros concertados cuya titularidad sea reconocida como entidad sin 
ánimo de lucro o en régimen de cooperativa se considerarán asimilados a las 
fundaciones benéfico-docentes a efectos de la aplicación a los mismos de los 
beneficios, fiscales y no fiscales, que estén reconocidos a las citadas entidades, con 
independencia de cuantos otros pudieran corresponderles en consideración a la 
actividad educativa que desarrollan.»
Ocho.  El apartado 2 del artículo quincuagésimo cuarto queda redactado en los 
siguientes términos:
«2.  Las facultades del director o directora serán:
a)  Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las funciones del Consejo Escolar 
del centro.
b)  Ejercer la jefatura del personal docente.
c)  Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los 
órganos colegiados del centro.
d)  Visar las certificaciones y documentos académicos del centro.
e)  Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus 
facultades.
f)  Imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas 
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al consejo escolar
g)  Cuantas otras facultades le atribuyan las normas de organización y 
funcionamiento del centro.»
Nueve.  El apartado 1 del artículo quincuagésimo sexto queda redactado en los 
siguientes términos:
«1.  El Consejo Escolar de los centros privados concertados estará constituido por:
El director o directora.
Tres representantes del titular del centro. Cuatro representantes del profesorado.
Cuatro representantes de los padres, madres o tutores de los alumnos y 
alumnas, elegidos por y entre ellos.
Dos representantes del alumnado elegidos por y entre el mismo, a partir del 
primer curso de educación secundaria obligatoria.
Un representante del personal de administración y servicios.
Un representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado 
el centro, en las condiciones que dispongan las Administraciones educativas.
En la composición del Consejo Escolar se deberá promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres.
Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará una persona 
que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres y la prevención de la violencia de género, promoviendo los instrumentos 
necesarios para hacer un seguimiento de las posibles situaciones de violencia de  s
género que se puedan dar en el centro. e.
Además, en los centros específicos de educación especial y en aquellos que  w.
tengan aulas especializadas, formará parte también del Consejo Escolar un  264ww
reprUesneon dtaen ltoes  dreelp preesrseonntaanl tdees  adtee nlacsió fanm eidliuacsa etinv ae lc Comonpsleemjo eEnstcaorilaa.r será designado
por Alas aimsoiscmiaoc,i ólons d cee mntarodsre cso yn cpeardtaredso sm qáuse r eimprpeasretannta ftoivram eanc ieóln c pernotfreos.ional podrán  BOE-A-cable e
incorporar a su Consejo Escolar un representante del mundo de la empresa,
designado por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el procedimiento 
que las Administraciones educativas establezcan.»
Diez.  El artículo quincuagésimo séptimo tendrá la siguiente redacción en sus 
apartados c), d), f) y n), añadiéndose un nuevo apartado d bis):
«c)  Participar en el proceso de admisión del alumnado, garantizando la 
sujeción a las normas sobre el mismo.
d)  Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad.
d bis)  Conocer las conductas contrarias a la convivencia en el centro y la 
aplicación de las medidas correctoras, velando por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de madres, padres o tutores, podrá 
valorar la situación y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
f)  Informar y evaluar la programación general del centro que con carácter 
anual elaborará el equipo directivo.
n)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 
la igualdad de trato y la no discriminación, la igualdad de mujeres y hombres, la 
prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.»
Once.  El apartado 1 del artículo quincuagésimo noveno queda redactado en los 
siguientes términos:
«1.  El director o directora de los centros concertados será nombrado por el 
titular, de entre el profesorado del centro con un año de permanencia en el mismo o 
tres de docencia en otro centro docente de la misma entidad titular, previo informe 
del Consejo Escolar del centro, que será adoptado por mayoría de sus miembros.»
Doce.  El artículo sexagésimo queda redactado en los siguientes términos:
«1.  Las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros 
concertados se anunciarán públicamente.
2.  A efectos de su provisión, el Consejo Escolar del centro, a propuesta del 
titular, establecerá los criterios de selección, que atenderán básicamente a los 
principios de mérito y capacidad en relación al puesto docente que vayan a ocupar.
3.  El titular del centro junto con el director o directora procederá a la selección 
del personal, de acuerdo con los criterios de selección establecidos.
4.  El titular del centro dará cuenta al Consejo Escolar del mismo de la provisión 
de profesores o profesoras que efectúe.
5.  La extinción de la relación laboral de profesores o profesoras de los centros 
concertados deberá ser comunicada al Consejo Escolar del centro para que, en su 
caso, puedan establecerse los procesos de conciliación necesarios.
6.  La Administración educativa competente verificará que los procedimientos 
de selección y extinción de la relación laboral del profesorado se realice de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa y procedimientos que resulten de aplicación.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  e
de Universidades. bo
dicieSmeb mreo, dqifuicea qnu leodsa anp raerdtaadcotasd 2o sy  c3o dmeol  asrigtíuceu:lo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de  2020-17264n https://ww
de B«2a.c hiPllearr ao e le aqcuciveasole an tlea  uyn hivaebrseird asdu pseerraád noe clae sparruioe ebsat aar  elan  pqousee ssieó nr edfeiel rtíetu elol   BOE-A-cable e
artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.»
«3.  Corresponde al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de 
Política Universitaria, establecer las normas básicas para la admisión de los 
estudiantes que soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto 
a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en todo caso de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 38 y las disposiciones adicionales trigésima tercera y 
trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.»
Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Se modifican los siguientes artículos y disposiciones de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, quedando redactados de la 
siguiente manera:
Uno.  El apartado 1.a) del artículo cuarto queda redactado en los siguientes términos:
«a)  El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordenará las 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas 
para  el  ejercicio  profesional  que  sean  susceptibles  de  reconocimiento  y 
acreditación.»
Dos.  El apartado 3 del artículo 5 queda redactado en los siguientes términos:
«3.  El Instituto Nacional de las Cualificaciones, creado por Real Decreto 
375/1999, de 5 de marzo, es el órgano técnico de apoyo al Consejo General de la 
Formación Profesional responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.»
Tres.  Los apartados 1, 3 y 4.a) del artículo 7 quedan redactados en los siguientes 
términos:
«1.  Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la 
formación profesional y los requerimientos de cualificación del sistema productivo, 
así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la 
unidad de mercado laboral, se crea el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aplicable a todo el territorio nacional, que estará constituido por las 
cualificaciones identificadas en el sistema productivo.
Asimismo, existirá un Catálogo Modular de formación profesional, que 
incorporará la formación asociada a las unidades de competencia de las 
cualificaciones profesionales. Estará organizado en módulos de formación asociada 
y constituirá el referente para el diseño de los títulos de formación profesional del 
sistema educativo, los certificados de profesionalidad y otras formaciones que 
contemple el sistema de formación profesional.»
«3.  El Ministerio de Educación y Formación Profesional adecuará los módulos 
de los títulos de formación profesional y de los certificados de profesionalidad, así 
como cualquier otra formación, a las modificaciones de aspectos puntuales de las 
cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales aprobadas, previa consulta al Consejo General de la 
Formación Profesional.»
«4.a)  Cualificación profesional: el conjunto de estándares de competencia con  s
significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular  oe.
u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral.» 264www.
quedCau aretrdoa. ctaSdeo  seunp lroims es igeul iaepnatertsa tdéorm 5i nyo ss:e modifica el apartado 1 del artículo 10, que
«1.  La Administración General del Estado, de conformidad con lo que se
establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos, los certificados 
de profesionalidad y demás ofertas formativas, que constituirán las ofertas de 
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad podrán 
incluir formaciones complementarias no asociadas al Catálogo para cumplir con 
otros objetivos específicos de estas enseñanzas o las recomendaciones de la Unión 
Europea.»
Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El artículo 83.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales queda redactado de la siguiente manera:
«1.  El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y 
seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia 
social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad 
personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas 
en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al 
alumnado con necesidades educativas especiales.
Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la 
competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos 
relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 
las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.»
Disposición final quinta.  Calendario de implantación.
1.  A la entrada en vigor de esta Ley se aplicarán las modificaciones relativas a:
a)  La participación y competencias de Consejo Escolar, Claustro y director o 
directora.
b)  La autonomía de los centros docentes.
c)  La selección del director o directora en los centros públicos.
d)  La admisión de alumnos.
Los procesos relativos a los apartados c) y d) que se hubieran iniciado con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en el momento de 
iniciarse.
2.  Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta Ley se implantarán:
a)  Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de 
las diferentes etapas educativas.
b)  Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de educación 
secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato.
c)  La titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza.
d)  Las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.
3.  Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de  s
educación primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso  oe.
escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley, y para los  w.
ceunrtrs4ao.ds a s Leeangs uv nimgdooord., ifcicuaacrtioo nye ss eixnttoro ednu ceidl acsu rseon  qeul ec usrer ícinuicloie,  ldao os ragñaonsiz adceisópnu, éosb djeet ivdoicsh ay   2020-17264n https://ww
programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos primero y
tercero en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta  Bc
Ley, y para los cursos segundo y cuarto en el curso que se inicie dos años después de 
dicha entrada en vigor.
5.  Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de 
bachillerato se implantarán para el primer curso en el curso escolar que se inicie un año 
después de la entrada en vigor de esta Ley, y para el segundo curso en el curso que se 
inicie dos años después de dicha entrada en vigor.
6.  Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los 
ciclos formativos de grado básico se implantarán en el curso que se inicie un año después 
de la entrada en vigor de esta Ley. En este curso se suprimirá la oferta de módulos 
obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes. El segundo 
curso de los ciclos formativos de grado básico se implantará en el curso que se inicie dos 
años después de dicha entrada en vigor. En este curso se suprimirá la oferta de módulos 
voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes.
7.  Las modificaciones que se introducen en el artículo 38 de esta Ley, relativas al 
acceso y admisión a la universidad se aplicarán en el curso escolar en el que se implante 
el segundo curso de bachillerato.
8.  Las evaluaciones de diagnóstico a las que se refieren los artículos 21 y 29 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación comenzarán a aplicarse en el curso 
escolar en el que se implanten los cursos cuarto de educación primaria y segundo de 
educación secundaria obligatoria.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley orgánica.
Madrid, 29 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN