BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 41 Miércoles 17 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 18524
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
2436 Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, 
autorización  administrativa  previa  y  autorización  administrativa  de 
construcción del proyecto Subestación de Castellar de la Frontera 400 kV, en 
el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), y se declara, en 
concreto, su utilidad pública.
Red Eléctrica de España, S.A.U, (en lo sucesivo REE) solicitó, mediante escrito de 
fecha  16  de  diciembre  de  2019,  autorización  administrativa  previa,  autorización 
administrativa de construcción, y declaración, en concreto, de utilidad pública para el 
proyecto de la Subestación de Castellar de la Frontera 400 kV, situada en el término 
municipal de Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz, y que formará parte de la Red 
de Transporte de energía eléctrica.
El  expediente  fue  incoado  en  la  Dependencia  de  Industria  y  Energía  de  la 
Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
El  expediente  se  inició  y  tramitó  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones  de  energía  eléctrica,  y  con  las  disposiciones  adicionales  duodécima, 
segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas.
La Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
emite informe de conformidad y aceptación del proyecto. REE toma razón y acepta el 
contenido del mismo.
El Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa favorablemente en 
cuanto a la normativa urbanística. REE toma razón y acepta el contenido del mismo.
El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa que la instalación referida 
no afecta a ninguna infraestructura viaria de competencia autonómica. REE toma razón y 
acepta el contenido del mismo.
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería 
de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  (Delegación  Territorial 
en  Cádiz)  remite  informe  emitido  por  la  Dirección  General  del  Medio  Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos de esa Consejería, en el que se insta al promotor a 
ampliar la documentación ambiental del proyecto, así como establecer las medidas 
preventivas a adoptar durante la ejecución y funcionamiento del mismo, con el objetivo 
de justificar la no afección del mismo a Red Natura 2000 y en especial sus prioridades de 
conservación con la ejecución de la actuación, y a concluir con garantías si la actuación 
pretendida debiera ser objeto del procedimiento de evaluación ambiental simplificada de  s
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2.b) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de  e.
evaluación  ambiental,  y  del  procedimiento  de  Autorización  Ambiental  Unificada.  w.
Posteriormente, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático remite  36ww
cinofnosrmidee raecmiointiedso  adpiocrio nlaa leDs eal etegnaeciró enn  cTueerrnittoar ipaol r eenl  prCoámdoizto r,d een trees ao troCso, nlase njeercíae sidcaodn 
ednee argnéatliiczaasr  perl eiemxpisatcetnot essin yé rlagsic oq uye  apcreuvmisuilbalteivmoe ndteel  spero syuemctaor ácno na  ofutrtuarso ,i nyf reale dstisruecñtou rdaes   BOE-A-cable e
medidas correctoras y compensatorias. REE contesta presentado informe de evaluación 
de repercusiones sobre los lugares de Red Natura 2000, en el que se incluyen apartados 
de  evaluación  de  impactos  sinérgicos  y  acumulativos,  y  de  medidas  preventivas, 
correctoras y compensatorias. De este informe se da traslado a la Dirección General de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, quien contesta considerando adecuadas tanto la información 
aportada  para  analizar  los  impactos  sinérgicos  y  acumulativos  como  las  medidas 
correctoras de instalación de salvapájaros; respecto a las medidas compensatorias, 
facilita los datos de contacto del coordinador del Plan de Recuperación y Conservación 
de Aves Necrófagas, con objeto de que el promotor proceda a contactar con él al efecto 
de consensuar y planificar dichas medidas. Se remite el citado escrito al promotor, quien 
toma razón de su contenido y se compromete a contactar con el coordinador del Plan 
de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas.
El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera y el Servicio de Minas de la Subdirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
(Delegación Territorial en Cádiz) no contestan, tras la preceptiva reiteración, por lo que 
se  entiende  su  conformidad  con  el  proyecto  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  los 
artículos 127.2, 131.2 y 146.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La solicitud de Red Eléctrica de España, S.A.U., fue sometida a información pública 
(BOE núm. 13, de 15 de enero de 2020; BOP de Cádiz núm. 19, de 29 de enero 
de 2020; «Diario de Cádiz», de 16 de enero de 2020; publicación en el tabón de edictos 
del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, habiéndose recibido 
una alegación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
En  dicha  alegación,  ADIF  expone  que  parte  de  los  terrenos  de  la  parcela  38, 
polígono 3, del término municipal de Castellar de la Frontera, indicados por REE en su 
proyecto como «Ocupación de pleno dominio», son necesarios para la construcción de la 
Subestación  eléctrica  de  tracción  de  Marchenilla  de  ADIF,  de  los  cuales  ADIF  ha 
Informado su necesidad de expropiación definitiva. Por tanto, ADIF solicita que REE 
modifique las superficies de ocupación de pleno dominio contempladas en su proyecto 
«Nueva subestación Castellar de la Frontera (anteriormente denominada Marchenilla)», 
teniendo en consideración la ubicación de la Subestación de tracción de Marchenilla 
de ADIF. De esta alegación se da traslado al promotor, quien contesta indicando que 
REE ha tenido en cuenta la última implantación presentada de la subestación de ADIF, 
de tal forma que la subestación de Castellar de la Frontera 400 kV quedaría pegada valla 
con valla con la subestación de ADIF, lo que permitiría a ambas partes construir una 
plataforma conjunta única, minimizando de esta forma el movimiento de tierras y la 
afección patrimonial a fincas colindantes. De esta respuesta se da traslado a ADIF, sin 
que conste respuesta posterior por su parte.
Con  fecha  de  14  de  octubre  de  2020,  el  Área  de  Industria  y  Energía  de 
la Subdelegación del Gobierno en Sevilla procede a emitir informe en relación con la 
autorización  administrativa  previa,  autorización  administrativa  de  construcción  y 
declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones proyectadas.
La citada instalación se encuentra recogida en el documento de modificación de 
aspectos  puntuales  de  la  «Planificación  Energética.  Plan  de  Desarrollo  de  la  Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020», aprobado por Consejo de Ministros de 
fecha  27  de  julio  de  2018,  si  bien  bajo  su  antigua  denominación  de  subestación 
Marchenilla 400 kV. s
La sala de supervisión regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y  oe.
la Competencia, en su sesión de fecha 5 de noviembre de 2020, aprobó el expediente  w.
INF/DE/030/20 donde se informa favorablemente la propuesta de resolución remitida por  36ww
estaD Dei raeccuceiórnd oG ceonne ralol.s artículos 128, 131 y 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
dpiacriae mrebsroel,v eers teal  pDrioreccecdiiómni eGnteon edrea la udteo rPizoalcítiiócna  aEdnmeirngiséttricaati vya  pMrienvaias  creosnu dlteac lcaormacpióente, neten   BOE-A-cable e
concreto,  de  utilidad  pública  y  autorización  administrativa  de  construcción  de  las 
actuaciones objeto de esta resolución.
La  citada  autorización  se  va  a  conceder  sin  perjuicio  de  las  concesiones  y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias legalmente establecidas en el citado 
Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  esta  Dirección  General  de  Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Red Eléctrica de España, S.A.U., autorización administrativa previa para el 
parque de 400 kV de la «Subestación Castellar de la Frontera 400kV», en el término 
municipal  de  Castellar  de  la  Frontera,  provincia  de  Cádiz,  cuyas  características 
principales son:
– Tensión nominal 400 kV.
– Tensión más elevada para el material (Um) 420 kV.
– Tecnología: AIS.
– Instalación: Convencional Exterior.
– Configuración: Interruptor y medio.
– Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA.
Configuración y disposición general de la instalación:
– Calle 1: Reserva / Reserva
– Calle 2: Jordana / Reserva (2 interruptores)
– Calle 3: Pinar de Rey / Reserva (2 interruptores)
– Calle 4: Adif 1 / Adif 2 (3 interruptores).
Segundo.
Otorgar  a  Red  Eléctrica  de  España,  S.A.U.,  autorización  administrativa  de 
construcción del parque de 400 kV de la «Subestación Castellar de la Frontera 400 kV», 
en las condiciones especiales contendidas en el anexo de la presente resolución.
La  finalidad  principal  de  esta  actuación  es  suministrar  energía  eléctrica  a  las 
infraestructuras ferroviarias de la red de alta velocidad.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública del parque de 400 kV de la «Subestación 
Castellar de la Frontera 400 kV», a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energía en el plazo de  s
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». oe.
Madrid, 3 de febrero de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas,  36ww
Manuel García Hernández.
ANEXO
La aprobación del proyecto de construcción se concede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones especiales 
siguientes:
1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.ª  El plazo para la emisión de la autorización de explotación será de dieciocho 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente 
resolución.
3.ª  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las 
obras  al  Órgano  competente  provincial,  a  efectos  de  reconocimiento  definitivo  y 
extensión de la Autorización de Explotación.
4.ª  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de 
la  necesaria  obtención  por  parte  del  titular  de  la  instalación  de  cualesquiera 
autorizaciones adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la obtención de 
las autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) 
que, en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o 
puesta en marcha, puedan venir exigidas por la legislación de seguridad industrial y ser 
atribuidas a la competencia de las distintas comunidades autónomas.
5.ª  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
6.ª  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su 
conocimiento y aceptadas expresamente por él.