BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 289 Lunes 2 de noviembre de 2020 Sec. TC.   Pág. 95482
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13449 Sala Primera. Sentencia 120/2020, de 21 de septiembre de 2020. Recurso de 
amparo 1101-2019. Promovido por doña Mónica López del Castillo respecto 
de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, y un juzgado de esa capital, 
desestimatorias  de  su  demanda  sobre  cálculo  de  jornada  reducida. 
Vulneración  de  los  derechos  a  la  igualdad  ante  la  ley  y  a  no  padecer 
discriminación por razón de sexo: STC 79/2020 (discriminación indirecta en el 
cómputo del descanso retribuido que ignora que la reducción de jornada 
ordinaria y complementaria trae causa del ejercicio del derecho de cuidar a 
los hijos y que las guardias realizadas, bien que menor en número, son de la 
misma duración que para el resto de trabajadores).
ECLI:ES:TC:2020:120
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González 
Rivas, presidente; los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-
Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, y la 
magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
El recurso de amparo núm. 1101-2019 ha sido promovido a instancia de doña Mónica 
López del Castillo, representada por el procurador de los tribunales don Manuel María 
Martínez de Lejarza Ureña y asistida por el abogado don Jesús Manuel Guzmán Ruiz. El 
recurso fue interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Málaga, 
de 18 de mayo de 2018, en procedimiento núm. 135-2018, y contra la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 16 
de enero de 2019, que desestimó el recurso de suplicación núm. 1717-2018 formulado 
contra la anterior resolución por la demandante de amparo. Ha comparecido y formulado 
alegaciones la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol, representada por la 
procuradora doña Úrsula Cabezas Manjavacas y asistida por el letrado don Andrés 
Daniel Sedeño Ferrer. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada 
doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante  escrito  registrado  en  este  tribunal  el  21  de  febrero  de  2019,  el 
procurador de los tribunales don Manuel María Martínez de Lejarza Ureña, en nombre y 
representación de doña Mónica López del Castillo, interpuso recurso de amparo contra  e
las resoluciones judiciales que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia. b
suci2n.t amLeonst eh eecxhpouse sdtoes :los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes,  2020-13449n https://ww
rotaato)r ioL (atu rrencousr rdeen tfea ctrualtbaatijvao sc odmeo u mrgéedniccioa sd) eel ns eerlv hicoios pditea l uCrgoesntac iadse l aSdoslc drieta  Maal rtbuernllao   BOE-A-cable e
(Málaga), gestionado por la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. La 
jornada anual ordinaria para los médicos de urgencias es de 1523 horas (siete horas al 
día), a la que se suman 440 horas en concepto de jornada anual complementaria por 
realización de guardias (cuarenta y cuatro guardias de diez horas cada una). Estas 
guardias son obligatorias y generan un descanso en el día posterior –«saliente de 
guardia»– de veinticuatro horas, de las cuales computan como trabajadas siete horas por 
saliente. En las 1523 horas anuales de jornada están incluidas las horas realmente 
realizadas y las que se reconocen como trabajadas por cada saliente (308 horas, a razón 
de siete horas por cuarenta y cuatro salientes).
b)  La recurrente en amparo solicitó la reducción de jornada en un 33 por 100 por 
cuidado de sus dos hijos menores (art. 37.6 del texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y art. 23 del convenio colectivo de la agencia pública empresarial 
sanitaria Costa del Sol); es decir, pidió realizar una jornada del 67 por 100 optando por 
una reducción anual. Obtuvo de la empresa la reducción pero mediante un cálculo tal 
que no se le ha minorado el número de horas trabajadas en cada jornada diaria o en 
cada guardia, sino el número anual de días de trabajo y de guardias: en lugar de 
cuarenta y cuatro guardias realiza treinta (el 33 por 100), pero siguen siendo guardias de 
diez horas cada una y cada jornada diaria sigue siendo también de duración normal, 
siete horas, aunque el número de días de trabajo al cabo del año es un 33 por 100 
menor. La empresa calculó su jornada reducida en 879,71 horas al año.
c)  Disconforme con el cálculo de su jornada realizado por la empresa y, tras ver 
desestimada la reclamación previa, la recurrente formuló demanda en vía judicial en 
materia de reducción de jornada, a lo cual acumuló la acción de daños y perjuicios y la 
reclamación  de  tutela  de  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas.  La 
disconformidad se fundaba en que el cálculo infringía el art. 14 CE por constituir una 
desigualdad de trato entre trabajadoras a tiempo completo y trabajadoras con jornada 
reducida, pues se computaba de forma diferente los salientes de guardia aplicando a su 
caso una doble reducción. A su juicio, el cálculo de la empresa consiste en que los 
salientes de guardia se reducen también en un 33 por 100; es decir, la empresa aplica 
ese porcentaje de reducción de jornada al descanso retribuido por cada saliente. Lo 
discutido es pues el cómputo de horas que se tienen como de trabajo efectivo en los 
salientes de guardia.
La demanda fue desestimada mediante sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de 
Málaga de 18 de mayo de 2018. Señala el juzgado que la actora no había aportado en el 
juicio indicios para proceder a la inversión de la carga probatoria; se le había reconocido 
el derecho a la reducción, lo estaba disfrutando y la empresa le facilitó la conciliación al 
permitirle acumular la reducción de jornada. Según el juzgado la discrepancia derivaba 
de la discutible y compleja forma de calcular la jornada reducida y, por ello, excluía un 
ánimo vulnerador de la empresa.
d)  Frente a la sentencia del juzgado la demandante formuló recurso de suplicación, 
en el que pedía el reconocimiento de la infracción del art. 14 CE y la condena a una 
indemnización de 6250 € por daños derivados de la lesión de derecho fundamental; 
desistió del resto de los motivos del recurso. El recurso de suplicación también fue 
desestimado, mediante la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 16 de enero de 2019, que confirmó lo 
decidido en la instancia convalidando el cálculo de la jornada hecho por la empresa y 
señalando que a idéntica solución se llegaba, ya se calculase la jornada reducida en 
cómputo anual o en cómputo diario; el porcentaje aplicado para la reducción de jornada  s
debía  tener  reflejo  tanto  en  las  horas  habituales  de  trabajo  como  en  las  guardias  oe.
realizadas, es decir procedía aplicar la reducción del 33 por 100 no solo a la jornada  w.
ordinaria  sino  también  a  las  horas  de  trabajo  efectivo  reconocidas  por  saliente  de  449ww
ignufraarcdciaió. nA dl enl aor ta. p1r4e CciEar  y ddisecsreimstiinmaóc itóanm beiné ne lla  cpáeltcicuilóon,  dlae  isnadlae mdneizsaecsitóimn.ó que hubiera
3.  La demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho a la igualdad de
trato y a la no discriminación (art. 14 CE). Considera que se produce la vulneración al
calcular la empresa la jornada de las trabajadoras con reducción de jornada por cuidado 
de hijos, en tanto que obtienen una remuneración o compensación menor que el resto de 
los trabajadores por el mismo número de horas de guardia realizadas. La discrepancia 
deriva de la forma en que la empresa calcula la jornada efectiva en relación con los 
salientes de guardia. A un trabajador a tiempo completo cada guardia le genera el 
derecho a que se le computen como de trabajo siete horas de descanso; pero de los 
cálculos por la empresa de los salientes de guardia resulta que a la recurrente, debido a 
su reducción de jornada, cada guardia (de diez horas, duración igual que la de los 
trabajadores a tiempo completo) no le genera esas siete horas retribuidas, sino solo 4,69 
al aplicarse también a estas horas la reducción del 33 por 100. Ciertamente, la empresa 
toma la jornada anual, esto es, las 1523 horas anuales de trabajo, y resta los salientes 
de guardia; pero no toma los salientes que corresponderían al 100 por 100 (a razón de 
siete horas por saliente, 308 horas) sino los que corresponden al 67 por 100 (210 horas). 
Realizado ese cálculo en que los salientes han sido objeto de reducción, se aplica la 
reducción de jornada del 33 por 100 solicitada por la trabajadora, lo que supone reducir 
otra vez más los salientes de guardia. Por el mismo trabajo (diez horas de guardia) la 
recurrente percibe una retribución menor como consecuencia de haber ejercido sus 
derechos a la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, hay discriminación 
indirecta  por  razón  de  sexo  pues  afecta  especialmente  a  las  mujeres,  que  forman 
proporcionalmente el colectivo más numeroso que solicita la reducción de jornada por 
tales motivos.
4.  Por providencia de 28 de octubre de 2019 de la Sección Segunda de este 
tribunal, se admitió a trámite el recurso de amparo apreciando como causa de especial 
trascendencia constitucional [art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC)] que el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho 
fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y 
puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de 
un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]; y se dirigió a los órganos 
judiciales para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y 
emplazamiento  para  que  pudieran  comparecen  en  el  recurso  de  amparo  quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento.
5.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 18 de noviembre de 2019, la 
procuradora doña Úrsula Cabezas Manjavacas, actuando en nombre y representación 
de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol, comparece a fin de personarse 
en el presente procedimiento.
6.  Mediante escrito registrado en este tribunal el 17 de diciembre de 2019, la 
representación de la demandante de amparo formula alegaciones, ratificándose en los 
argumentos  de  la  demanda;  aporta  además  un  informe  pericial  que  analiza 
matemáticamente la discriminación que produce el cómputo de las guardias de las 
trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hijo y/o familiares. Dice el escrito 
de la recurrente que hay trabajadoras con una reducción del 50, otras del 20 y otras 
del 33 por 100; pero en todos los casos, el derecho quebrantado es el de igualdad. Se 
tratan de forma diferente, en perjuicio de la recurrente, situaciones que deberían no 
discriminar a la persona que reclama por su derecho. Pide la estimación del recurso y 
que se reconozca el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación con la 
declaración de no ser ajustadas a la Constitución las sentencias recurridas por haberlo  s
vulnerado y, en consecuencia, que se declare su nulidad y se ordene a los órganos  oe.
rajiumerddtp.iu co1cira4tcel ieCó ssnE e a,dñ  yeae  lsqajotudareorn   ayes denpa  ali amsp aodprreo  pmnlaog arae n lmoda ap dl.aree ceslama rpearnde osr,ea le aencl  ieódlne s baee nrlo tidsde os  iadnledie eqnmutenesi z lada erf o agr mulaaa rr dedicaeu  qcrráuelecnbuterlao pn dotaer   eelall    2020-13449n https://www.
7.  Con  entrada  en  el  registro  de  este  tribunal  el  3  de  enero  de  2020,  la 
representación de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol presenta escrito 
de  alegaciones.  Pide  la  desestimación  del  recurso  alegando,  en  síntesis,  que  la 
controversia planteada queda ceñida a una cuestión de cálculo matemático, por una 
interpretación diferente del número de horas efectivas de trabajo, que no incide en el 
derecho fundamental invocado. Habría sido preciso que el acto empresarial hubiera 
tenido la intención de discriminar a la demandante o, que sin tenerla, hubiera incidido en 
la esencia del derecho fundamental. Tales circunstancias no se han producido dado que 
el acto discutido no resulta arbitrario (son posibles varias interpretaciones para realizar el 
cálculo), ni aun calificándose de erróneo ha afectado al derecho de la recurrente a 
solicitar la reducción de jornada y a no ser discriminada por ello, pues en ningún 
momento se le ha denegado tal derecho. Sostiene que la demandante está exigiendo un 
derecho a la diferenciación; es decir, que por tener jornada reducida se le dispense un 
trato distinto del que se ha dado a los demás trabajadores. Insiste en que el cómputo 
practicado por la empresa no resulta erróneo, sino coherente con la reducción de jornada 
solicitada y concedida.
8.  El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 15 de enero de 2020. 
Hace una observación previa en cuanto al objeto de enjuiciamiento: aunque el amparo 
se dirige expresamente contra las sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal 
Superior de Justicia, resulta que las resoluciones judiciales se limitan a confirmar las de 
un ente de la administración pública, integrado en la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Andalucía, por tanto, lo que se imputa a las sentencias no es haber vulnerado por sí 
mismas los derechos a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de 
sexo, sino haber confirmado la vulneración ya producida en las resoluciones del ente 
público. Por ello el fiscal estima aplicable la doctrina de la STC 15/2011, de 28 febrero, 
FJ 2, tratándose el presente de un recurso de los previstos en el art. 43 LOTC, con plazo 
para interponer el recurso de amparo de veinte días. Según los datos en la causa, la 
última resolución (la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de 16 de enero de 2019) 
fue notificada a la demandante el 18 de enero, por lo cual el fiscal estima que el tiempo 
válido para interponer el recurso se extendía hasta el 16 de febrero de 2019 a las 15:00 
horas, de modo que habiéndose registrado el recurso de amparo el 29 de mayo, habría 
sido presentado fuera de plazo, siendo extemporáneo incluso si se computase el plazo 
desde la notificación al fiscal, tres días después. Procede pues, según la fiscalía ante el 
Tribunal Constitucional, acordar la inadmisión del recurso.
No obstante, para el caso de que se considerara que el recurso ha sido presentado 
en plazo, el fiscal analiza el fondo del asunto, entendiendo que, si se estima el recurso, 
deberán también anularse las resoluciones administrativas. Tras exponer la doctrina 
constitucional aplicable, argumenta que la cuestión a dilucidar es si resulta contrario al 
art. 14 CE que, trabajando los colectivos sin reducción de jornada y los que sí la tienen 
en los servicios de guardia durante diez horas ininterrumpidas en la misma franja horaria, 
sin  diferencia  alguna  en  el  servicio  que  prestan  en  cada  guardia,  sin  embargo  se 
reduzcan las horas de descanso remunerado (a quienes tienen reconocida reducción de 
jornada) en la misma proporción en que tienen reducida su jornada ordinaria. Afirma que 
el sistema de cálculo utilizado por la empresa implica una doble reducción; no solo se 
reduce en un 33 por 100 el número de guardias anuales, sino que después se vuelve a 
aplicar una reducción del 33 por 100 al calcular las horas de descanso retribuido por 
cada saliente de guardia al no retribuir a la trabajadora siete horas por guardia (como 
ocurre con los trabajadores a tiempo completo), sino solo 4,69 horas. Este cálculo obvia  e.
que las guardias tienen para todos la misma duración (diez horas), sean realizadas por  w.b
trabajadores  a  tiempo  completo  o  con  jornada  reducida,  por  lo  que  el  abono  del  449ww
jdoernscaadnas, ofu peorar  gduea crdaidaa n soe prvuiecidoe d see rg umaerndoiar  cpoanrac rleotso ,t rpaobraqjuaed oerne sc aqduae  utiennae dne r leadsu gcuciaórnd idaes 
qfisucea lr edaelizsatanc as u qjuoern aedl aa ebso ncoo mdpel ethao raal st radbea jadre slacsa nmsois mreams udnieezr ahdoor apso qr usea eliel nretes toe.s Etál 
determinado  por  las  horas  de  la  jornada  de  guardia,  es  una  remuneración  por  la
penosidad de la guardia, por lo que si una jornada de guardia no se reduce (es una 
jornada completa de diez horas) entonces no hay reducción de la penosidad y, en 
consecuencia, no hay justificación para reducir el número de horas remuneradas de la 
jornada de descanso (una jornada completa de siete horas) por haber realizado esa 
guardia.
El  fiscal  concluye  que  la  diferencia  de  trato  resulta  injustificada  porque  ambos 
colectivos, con y sin reducción de jornada, trabajan las mismas horas durante la jornada 
de guardia pero, sin embargo, con el cálculo aplicado por la empresa se abonan a la 
recurrente –y a los demás trabajadores con reducción de jornada– menos horas de 
descanso  remunerado  por  guardia  que  a  los  trabajadores  con  jornada  completa. 
Además, el fiscal considera que también concurre en este caso una discriminación 
indirecta por razón de sexo ya que, siendo las mujeres quienes principalmente se 
encargan de la atención de los menores, son las que en mayor medida utilizan la 
reducción de jornada para atender el cuidado de los hijos.
9.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 21 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El objeto de este recurso es determinar si vulnera el derecho a la igualdad y a la 
prohibición de discriminación (art. 14 CE) la decisión judicial de confirmar el cómputo de 
reducción de la jornada de trabajo por motivos de guarda legal para el cuidado de hijos 
menores, cómputo realizado por la empresa conforme al cual, aun haciéndose una 
guardia con la misma duración y condiciones que el resto de trabajadores, se produce 
una  reducción  del  número  de  horas  de  descanso  retribuido  computables  por  cada 
saliente de guardia.
Este objeto es idéntico al resuelto por el Pleno de este tribunal en la STC 79/2020, 
de  2  de  julio  («Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  207,  de  31  de  julio),  a  cuyos 
razonamientos sería necesario remitirse. No obstante, ha de examinarse antes el óbice 
de procedibilidad opuesto por el Ministerio Fiscal.
2.  Óbice de procedibilidad por extemporaneidad de la demanda.
Es necesario dar respuesta al óbice de procedibilidad opuesto por el fiscal. Pese a 
pedir la estimación del amparo, caso de ser el recurso considerado admisible, objeta a la 
admisión a trámite el haber sido presentado fuera de plazo. Observa primero que el 
amparo debe considerarse formulado por la vía del art. 43 LOTC pues aunque se dirige 
expresamente contra las sentencias del juzgado de lo social y del Tribunal Superior de 
Justicia, resulta de la demanda y de la documentación aportada que las resoluciones 
judiciales se limitan a confirmar las de la agencia pública empresarial, por tanto, en 
aplicación de la doctrina constitucional que cita (STC 15/2011, de 28 de febrero, FJ 2), el 
objeto del amparo es una actuación administrativa y no nos encontramos ante un recurso 
de los contemplados en el art. 44 LOTC, tampoco de los calificados como mixtos ya que 
no  se  imputa  a  las  resoluciones  judiciales  una  vulneración  autónoma  del  derecho 
fundamental,  sino  que  es  el  art.  43  LOTC  la  vía  específica  de  impugnación  que 
corresponde al presente recurso. La consecuencia sería que el plazo para interponerlo 
es de veinte días, pero deduce el fiscal de los datos que obran en la causa que la última  e.
resolución, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue notificada a la  w.b
demandante de amparo el 18 de enero de 2019; considera entonces que el tiempo válido  449ww
py,a srain i netmerbpaorngeor,  etul vreoc eunrstroa dsae  eexnt eenl dTíraib huansatla C eol n1s6t itduec ifoenbarel reol  sdiígau 2ie1n tdee a f elabsre 1ro5,: 0e0s  hdoercaisr 
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Ante todo ha de señalarse sobre lo anterior que, en efecto, la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía fue notificada a la representación de la demandante de 
amparo  el  día  18  de  enero  de  2019,  pero  aun  aceptando  esa  fecha  como  la  de 
referencia,  resulta  que  el  plazo  de  veinte  días  no  terminaría  el  día  16  de  febrero 
siguiente, como sostiene el fiscal, sino el día 18 a las 15:00 horas. Pero como se razona 
a continuación, esta diferencia no es relevante.
Ha de recordarse que el plazo de interposición del recurso de amparo es «de 
caducidad,  improrrogable  y  no  susceptible  de  suspensión  y,  por  consiguiente,  de 
inexorable cumplimiento», por lo que no consiente prolongaciones artificiales ni puede 
quedar al arbitrio de las partes (entre muchas, SSTC 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2, 
y 41/2009, de 9 de febrero, FJ 3). Ahora bien, para la determinación del concreto plazo 
de interposición del recurso de amparo es imprescindible analizar, primero, la naturaleza 
de la decisión que ha originado la queja de la recurrente, para dilucidar si se trata de un 
acto administrativo impugnable a través de la vía del art. 43 LOTC.
El acto al que se imputa la lesión del derecho fundamental proclamado en el art. 14 
CE emana de la agencia pública empresarial sanitaria Costa del Sol. Sin necesidad 
ahora de un estudio minucioso de la naturaleza jurídica de la Agencia ni de los actos que 
realiza, basta atender a que se trata de una entidad de Derecho público adscrita a la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, entre cuyas funciones está la gestión y 
administración del hospital Costa del Sol de Marbella [art. 6 b) 1 de los estatutos de la 
Agencia, aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril («Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» núm. 83, de 29 de abril)], el centro hospitalario en que presta sus 
servicios la recurrente en amparo. La agencia, pese a tener naturaleza pública, se rige 
por el Derecho privado en todos los actos que realiza, salvo los relacionados con la 
formación  de  la  voluntad  de  sus  órganos  y  con  el  ejercicio  de  las  potestades 
administrativas que tiene atribuidas (arts. 9, 10 y 11 de la Ley del Parlamento de 
Andalucía 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía; y 
arts. 30 y 31 de los estatutos de la Agencia). En consonancia, la agencia se rige por las 
normas procesales comunes sobre competencia y jurisdicción «aplicables a las personas 
de Derecho privado», con las especialidades que pudieran proceder en virtud de su 
naturaleza de entidad de Derecho público (art. 31.1 de sus estatutos).
La resolución inicialmente cuestionada, del director gerente de la agencia pública 
empresarial sanitaria Costa del Sol, no es fruto del ejercicio por la Agencia de potestades 
administrativas, sino que se trata de un acto de gestión del personal laboral empleado en 
los hospitales que tiene adscritos la agencia empresarial, acto regido por el estatuto de 
los trabajadores y por el convenio colectivo de la empresa. Por consiguiente, no estamos 
ante un recurso de amparo del art. 43 LOTC (contra actos de las administraciones 
públicas), sino que debe quedar encuadrado en el art. 44 LOTC ya que en la actuación 
controvertida  la  Agencia  intervino  como  empresa  empleadora,  sin  ejercer  potestad 
pública alguna (potestad de imperio), sino desarrollando las facultades de orden jurídico-
privado que le reconoce el ordenamiento laboral (en sentido similar, las SSTC 6/1988, 
de 21 de enero, FJ 1, y 26/2013, de 11 de febrero, FJ 1).
En consecuencia, aunque la lesión la haya causado originariamente la agencia 
demandada, es a los órganos judiciales a quienes hubiera correspondido (art. 53.2 CE) 
tutelar el derecho reconocido en el art. 14 CE; de modo que, al confirmar la decisión 
adoptada por la empleadora, es a ellos a quienes resulta imputable la lesión denunciada. 
Son las resoluciones judiciales el acto del poder público aquí impugnado, respecto de las 
cuales opera el plazo de interposición de treinta días (art. 44.2 LOTC). s
Como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue notificada a la  oe.
demandante de amparo el 18 de enero de 2019, el plazo de treinta días expiraba el 4 de  w.
marzo siguiente a las 15:00 horas; y como el recurso tuvo entrada en el Tribunal  449ww
Cexotnesmtiptuocriaonneaild aedl  y deíal  ób2i1c e ddee  pferobcreerdoib, ilifduaed  porpeuseesntota dpoo r deel nMtrinoi stdeerilo  pFliaszcoa.l  dNeob e hsaeyr 
desestimado.
3.  Aplicación de la jurisprudencia establecida en la STC 79/2020, de 2 de julio.
Como ha quedado señalado en el anterior fundamento jurídico 1, el objeto del 
presente recurso de amparo es idéntico al resuelto por el Pleno de este tribunal en la 
STC 79/2020, de 2 de julio, a cuyos razonamientos es necesario remitirse.
En esa sentencia se argumentó que la fórmula de cómputo de la reducción de la 
jornada de trabajo por motivos de guarda legal para el cuidado de hijos menores (i) 
vulnera el derecho a la igualdad, ya que siendo comparable la situación subjetiva de 
quienes  hacen  un  servicio  de  guardia  de  idéntica  duración,  entonces  carece  de 
justificación objetiva y razonable que se genere un descanso retribuido diferenciado, 
derivado de la realización de unas guardias que, aun en número menor por haber una 
reducción de jornada por el cuidado de hijos menores, son de la misma duración que 
para el resto de los trabajadores; y (ii) vulnera la prohibición de discriminación indirecta 
por razón de sexo porque, aunque la fórmula de cómputo es formalmente neutra, supone 
un trato peyorativo en las condiciones de trabajo de un número mayor de mujeres que de 
hombres, consecuencia del ejercicio de un derecho asociado con la maternidad como es 
el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos.
Por tanto, debe estimarse el presente recurso de amparo por vulneración del art. 14 CE, 
lo que ha de llevar consigo la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas, con 
retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la 
primera de ellas, para que se adopte una nueva resolución respetuosa con el derecho 
fundamental reconocido, sin que proceda realizar pronunciamiento alguno en este momento 
respecto  de  la  solicitud  del  reconocimiento  de  una  indemnización  por  la  vulneración 
declarada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Mónica López del Castillo y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación indirecta por razón de 
sexo (art. 14 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Málaga de 18 de mayo de 2018, dictada en 
el procedimiento núm. 135-2018, y de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 16 de enero de 2019, dictada en 
el recurso de suplicación núm. 1717-2018.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la primera de las resoluciones para que el órgano judicial adopte una 
nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil veinte.–Juan José González  e.e
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya  w.b
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y  449ww
rubricado.