BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Sábado 11 de septiembre de 2021 Sec. III.   Pág. 110842
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
14817 Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas 
urbanas  comerciales,  comercio  no  sedentario  y  canales  cortos  de 
comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
I
El comercio es un sector estratégico para la economía española, representando 
el 12,6 por ciento del PIB a nivel nacional y el 15,5 por ciento del total de los ocupados 
de la economía en 2020.
El sector comercial está constituido por la actividad de ventas y reparación de 
vehículos a motor, el comercio al por mayor y el comercio al por menor. A pesar de la 
importante  aportación  del  sector  comercial  a  la  economía,  este  sector  presenta 
importantes disparidades en el uso de nuevas tecnologías, en su adaptación a los 
actuales hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los clientes, tanto entre los 
diferentes subsectores como entre las empresas de un mismo subsector.
El sector comercial se caracteriza por estar conformado en un 99 por cien por pymes, 
de  las  cuales  alrededor  del  96  por  ciento  se  encuadran  en  la  categoría  de 
microempresas.
Tras  la  declaración  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  de  la  pandemia 
internacional provocada por la COVID-19 el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros 
de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para 
proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.
Estas medidas han tenido un drástico impacto económico y social en el conjunto de 
los países de la Unión Europea, habiendo influido directamente en la actividad comercial 
habitual de nuestros pueblos y ciudades. Este impacto ha motivado la necesidad de 
reaccionar de forma rápida adoptando medidas urgentes y contundentes con el objetivo 
de amortiguar el efecto de esta crisis sin precedentes e impulsar la pronta recuperación 
económica, sentando con ello las bases del crecimiento de las próximas décadas.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este 
momento  histórico  de  un  esfuerzo  singular  y  de  un  planteamiento  innovador  que 
impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó 
un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación 
de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, 
compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
(en adelante, MRR), y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-EU).
Como  consecuencia  de  esos  acuerdos,  la  Unión  Europea  ha  adoptado  el 
Reglamento (UE) número 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el 
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 y el Reglamento (UE) número 2021/241 del  s
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el  e.
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo es el eje central de las  w.
medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea. 817ww
econLóam  fiicnoasn cyia csioócni alaeysu ddaer ál aa  palonsd eEmsitaa dporso vmocieamdobsro sp oar  lah aCceOr VfIrDe-n1te9 , ag alroasn teizfaencdtoos, 
masáims issomsote, nqibulee ss uys r eescioliennotmesía, sc oenm ipnrveenrdsaionn elass q turaen asciceiolenreesn  elac orelócguipcae rayc dióigni tya l repfaurear cseenr   BOE-A-cable e
el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con 
pequeñas y medianas empresas (pymes) solidas, que puedan aumentar la capacidad de 
respuesta y afrontar otros retos.
II
Con  base  en  lo  anterior,  el  Gobierno  de  España  ha  elaborado  el  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de 
Recuperación),  que  incluye  diez  políticas  tractoras  o  palancas  que  van  a  incidir 
directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación 
del tejido económico y social. El Plan de Recuperación ha sido aprobado por el Consejo 
el pasado 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021.
De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido 
industrial  y  de  la  pyme,  recuperación  del  turismo  e  impulso  a  una  España  nación 
emprendedora», se centra esencialmente en la competitividad industrial y de las pymes.
Los  proyectos  que  constituyen  dicho  Plan  de  Recuperación,  alineados  con  los 
objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la transición verde y digital, 
permitirán  la  realización  de  reformas  estructurales  en  los  próximos  años,  mediante 
cambios normativos e inversiones que permitan, por un lado, un cambio del modelo 
productivo  para  la  recuperación  de  la  economía  tras  la  pandemia  causada  por  la 
COVID-19  y,  por  otro,  una  transformación  hacia  una  estructura  más  resiliente  que 
permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos en 
el futuro.
La  mayoría  de  las  actividades  de  apoyo  del  Plan  de  Recuperación  se  van  a 
desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en 
hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una 
oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.
Para el sector del comercio, si la digitalización era ya un reto ineludible para las 
empresas, especialmente para las más pequeñas, la irrupción de la crisis por los efectos 
de la COVID-19 ha convertido dicha exigencia, además, en inaplazable.
La línea de ayudas que se regula por esta orden se incardina en el Componente 13 
del Plan de Recuperación, denominado «Impulso a la PYME», en la inversión 4, apoyo al 
sector del comercio en la economía local, por su generación de empleo y cohesión 
social, para la financiación de proyectos de impulso a la competitividad, innovación y 
modernización  de  los  canales  de  distribución,  mercados  municipales,  de  las  áreas 
comerciales  urbanas,  del  comercio  no  sedentario  y  de  los  canales  cortos  de 
comercialización, áreas sobre las que ostentan competencias y contribuyan a aumentar 
su capacidad de innovación y a reducir su dependencia a un ámbito territorial concreto, 
diversificando las cadenas de suministro a través de la transformación digital.
Los  proyectos  promoverán  a  través  de  la  digitalización  el  desarrollo  de 
infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones y centros de innovación digital y 
soluciones digitales abiertas; garantizando la igualdad de posibilidades de obtención y 
disfrute de los potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, sin distinción de 
territorios como base de la ordenación económica general y con una incidencia directa 
en la actividad económica sin menoscabo de las competencias autonómicas.
De  esta  manera,  y  alineados  con  los  objetivos  marcados  en  el  Mecanismo  de  s
Recuperación y Resiliencia y en el Plan de Recuperación, esta línea de ayuda tiene por  e.
objetivo  específico  subvencionar  proyectos  que  desarrollen  actuaciones  dirigidas  a  w.
actualizar y modernizar al sector comercial minorista adaptándolo a los nuevos hábitos  817ww
dcoen ctroibnusyuamno a,  floam menetjaorr al ad eim lpal esmosetnetnaicbiiólind adde,  lnau eefvicaise ntceican, ollao gpíraosm yo cdióen s doelul crioenciecsla jqeu ey 
rseeuntsiliibzailicziaócni ódne e rne asimduboass  áerne aloss. establecimientos comerciales, así como la formación y  BOE-A-cable e
Por otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en 
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio 
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del  Consejo  relativa  a  la  aprobación  de  la  evaluación  del  plan  de  recuperación  y 
resiliencia de España, todas las actuaciones financiadas que se llevarán a cabo en 
cumplimiento de la presente orden, deben de respetar el llamado principio de no causar 
un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, Do 
No  Significant  Harm).  Ello  incluye  el  cumplimiento  de  las  condiciones  específicas 
previstas en la Componente 13, Inversión 4, 2.1 en la que se enmarca, tanto en lo 
referido al principio DNSH, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del 
documento del Componente del Plan.
La presente orden se estructura por razones sistemáticas en tres capítulos. En el 
primer capítulo se contiene una disposición de carácter general referente al objeto de las 
ayudas. En el segundo capítulo se recogen las disposiciones de carácter general que 
constituyen las bases reguladoras de las ayudas, y que se refieren a aspectos como los 
objetivos  generales,  los  tipos  de  actuaciones  financiables,  los  beneficiarios,  las 
características de la financiación y sus límites. El tercer capítulo regula la convocatoria 
de ayudas para el año 2021.
Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas 
todas las solicitudes de ayuda al procedimiento ordinario de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento definidas para él en dicha 
normativa.
En atención a la necesaria urgencia para otorgar ayudas en el marco de los fondos 
europeos «Next Generation EU» y de conformidad con el artículo 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta orden incorpora la convocatoria de las 
ayudas para el ejercicio 2021.
III
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª de la 
Constitución  Española,  que  atribuye  al  Estado  la  competencia  sobre  bases  y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, en cuyo ámbito se 
incluye  el  comercio  (y  su  fomento)  en  cuanto  sector  estratégico  para  la  economía 
española.
La competencia estatal sobre la base del artículo 149.1.13 CE tiene un «carácter 
transversal»,  en  el  sentido  recogido  en  la  jurisprudencia  constitucional  (por  todas, 
STC 74/2014, de 8 de mayo, FJ 3) de manera que «aun existiendo una competencia 
sobre  un  subsector  económico  que  una  Comunidad  Autónoma  ha  asumido  como 
«exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia 
estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio 
autonómico  de  esta  competencia  exclusiva  puede  estar  condicionado  por  medidas  s
estatales,  que  en  ejercicio  de  una  competencia  propia  y  diferenciada  pueden  e.
desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias». siempre que el fin  w.
perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica. 817ww
«exiEgset ed etíctuislioo nreess puonnidtaer iaas  laq u«en eacseesgaurriae nc ouhne rterantcaima iednet ol au npiofolírtimcae  edceo ndóemteicrma»in, aqduoes 
pserocbtolerimala] sy  eenv itoer dqeune ,a d laad cao lnas iencteurcdióenp edned deincchioas d oeb ljaesti vaocstu [adcei opnoelísti cllae veacdoansó am cicaab gol oebna lla os   BOE-A-cable e
distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» 
(STC 186/1988, F.J. II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, F.J. 5). 
El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y 
forma  de  instrumentación,  orientadas  a  garantizar  la  «unidad  de  mercado» 
(SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la 
«unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, 
FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).
En su seno, se enmarcan tanto las normas estatales que fijan las líneas directrices y 
los criterios globales de la economía o referidos a la ordenación de un sector concreto, 
como  aquellas  acciones  o  medidas  singulares  necesarias  para  alcanzar  los  fines 
propuestos dentro de dichos ámbitos. Por ejemplo, líneas de ayudas como las reguladas 
en esta orden, destinadas a impulsar los mercados locales y a facilitar su transición 
digital en el marco de la garantía de la unidad de mercado.
La competencia transversal del Estado concurre, en el caso que nos ocupa, con la 
atribución estatutaria de las comunidades autónomas en materia de comercio y ferias. 
Por otro lado, los municipios son competentes en materia de ferias, abastos, mercados, 
lonjas y comercio ambulante, dentro de los márgenes de la ley estatal y autonómica 
[artículo 25.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local]. Se trata de un ámbito, por lo tanto, en el que concurren títulos competenciales del 
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Partiendo de esa concurrencia de títulos competenciales, hay que recordar que, como 
señaló el Tribunal Constitucional en la STC 31/10, en relación con la competencia exclusiva 
recogida en el Estatuto de Cataluña sobre comercio y ferias, que ésta «no impide ni 
menoscaba el ejercicio de la competencia estatal del artículo 149.1.13.ª CE» (FJ 68).
Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las 
comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la 
consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, 
(FJ 8) cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas 
competencias  exclusivas  sobre  la  materia  en  que  recaen  las  subvenciones,  éstas 
pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del 
Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada 
de  las  partidas  presupuestarias  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado».  No 
obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, 
genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra 
doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad 
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas 
posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el 
territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la 
medida de fomento de que se trate».
La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia 
del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas 
circunstancias  y  para  valorar  la  participación  en  ese  proceso  de  las  comunidades 
autónomas (STC 31/10, F.J. 62).
A estos efectos, y en primer lugar, la situación crítica que vive el sector como 
consecuencia de la pandemia, y la urgencia requerida en el despliegue homogéneo de 
las  ayudas  en  todo  el  territorio  en  el  menor  plazo  de  tiempo  posible,  justifican  s
fundadamente el carácter imprescindible de la presente orden de bases reguladoras y  oe.
convocatoria de ayudas para garantizar la plena efectividad de las medidas en el sector. w.
En España, como ya se ha señalado, el comercio representa el 12,6 por ciento del  817ww
PocIBu paa dnoisv.e El snpaeccioífnicaal m(deanttoes,  yC eonn tlaob qiliudea dre s2p0e1c9t)a  ya l ecl o1m5e,5rc ipoo mr icnioernistota ,d seul ptoontael  edle 1 2lo,8s 
por ciento del total de empresas existentes en nuestro país, representa el 14,1 por ciento
del total de establecimientos, el 5,2 por ciento del PIB, el 10 por ciento del total del total 
de ocupados de la economía y el 58,2 por ciento del sector del comercio.
Es, por lo tanto, un componente de ordenación económica y social esencial de 
ámbito nacional, no sólo por las cifras, sino por su importancia en la vida cotidiana de 
multitud  de  municipios  de  tamaño  medio  y  pequeño.  Es  un  elemento  clave  en  el 
desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, actuando como vertebrador y dinamizador de 
la  actividad  social,  económica  y  cultural,  y  favoreciendo  la  cohesión  social,  la 
sostenibilidad y afrontar el reto demográfico.
El sector del comercio minorista es, por otro lado, un sector muy atomizado, más que 
su homólogo europeo y, por tanto, más vulnerable ante la crisis, lo que exige impulsar 
proyectos cuyo fin sea aumentar la competitividad y acelerar su digitalización hacía un 
modelo resiliente que perdure en el tiempo, recupere la confianza del consumidor y 
facilite la apertura de un sector a nuevos canales de distribución, transformándose para 
llegar a territorios fuera de su ámbito tradicional de venta y más sostenible.
El impacto de la elevada incidencia de la COVID-19 y de las medidas adoptadas se 
ha dejado notar con intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector. De 
acuerdo con los índices de comercio al por menor del INE, en el conjunto del año 2020 
las ventas minoristas disminuyeron un 7,1 %. Igualmente, la tasa de ocupación en el 
comercio minorista, según el INE, disminuyó durante 2020 en un 3,6 por ciento.
Todo ello ha puesto en riesgo a un sector con alta incidencia de autónomos y 
micropymes y con una función económica y social esencial para la cohesión económica 
y social de nuestro país.
En efecto, el cierre de establecimientos comerciales repercute negativamente no solo 
sobre los ingresos y empleo del propio sector, sino que tiene un efecto arrastre negativo 
muy considerable sobre otros sectores de la economía. Según el documento «El sector 
comercio en la Economía Española», elaborado por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) en 2019, el efecto arrastre del sector comercial 
sobre el resto de sectores de la economía es muy elevado. Si se tienen en cuenta los 
efectos directos, inducidos e indirectos, por cada euro que se reduce la demanda en 
comercio, la producción final se reduce en 2,50 euros y el VAB desciende en 1,35 euros 
sobre el conjunto de la economía española. Además, por cada millón de euros de caída 
de la demanda final en comercio, se perderían 27,29 empleos en la economía española, 
al tener en cuenta efectos directos, indirectos e inducidos.
El impacto provocado por los cierres de los establecimientos comerciales, además, 
es muy difícil de revertir, por lo que es urgente apoyar la modernización del comercio 
local a la mayor brevedad, reforzando el tejido que todavía permanece activo.
Por todo ello, concurren en este caso las circunstancias para centralizar la convocatoria 
de las ayudas por el Estado: la grave crisis en la que se encuentra inmerso el comercio 
interior como consecuencia de la COVID-19 que hace imperativo un revulsivo inmediato que 
le permita recobrar su actividad, reactivando las economías municipales y el propio pulso de 
los ecosistemas locales, también desde el punto de vista social.
El esquema centralizado para la asignación de los fondos es imprescindible para la 
efectividad inmediata por varias razones.
Por un lado, se garantizaría el despliegue simultáneo de las ayudas, contribuyendo a 
una acción única, homogénea y sincronizada de revitalización del comercio interior y se 
evitaría la potencial falta de sincronía por posibles diferencias en plazos de tramitación 
entre las diecisiete comunidades autónomas.
La  necesidad  de  un  despliegue  inmediato  y  sincronizado,  que  refuerce  la  s
competitividad de los mercados locales en el corto plazo en todo el territorio, exige que  oe.
los plazos y criterios aplicados sean idénticos en todo el territorio nacional, lo que se  w.
alcanza con una tramitación de la recepción de solicitudes, selección y pago única. El  817ww
efrnefnotqeu ae  laa dsoitupatacdióon  pdeer murigtee npcoian earc teuna l mdea rfcohrma au unn pívrooccae.dimiento homogéneo que haga
Por otro lado, esta propuesta de gestión permite alcanzar de manera inmediata el 
objetivo perseguido, limitando los retrasos que pudieran derivarse de las dificultades de 
establecer unos criterios de reparto.
Como se ha señalado, se pretende reforzar la competitividad de los mercados locales 
en todo el territorio, independientemente de su pertenencia a una u otra comunidad, 
basándose tan sólo a las cualidades de los proyectos que presenten las entidades locales 
en la que se encuentren. Este objetivo entra en conflicto con la necesidad de definir un 
criterio de distribución objetivo entre las comunidades autónomas que sirviese al mismo fin 
en el caso de que se procediese a la gestión territorializada, porque el nivel del reparto 
para definir la cantidad asignada a cada una de éstas debería fijarse en función de 
criterios cuantitativos ligados al ámbito autonómico (sea el PIB, la población, los datos 
turísticos o el número de mercados en el territorio, lo que no se puede hacer corresponder 
con proyectos de modernización, que no se pueden conocer a priori) siendo además un 
requisito imprescindible el de la rapidez en el despliegue de las ayudas para maximizar el 
impacto de las medidas, clave en el actual contexto económico.
Esto último enlaza precisamente con el segundo elemento al que hace referencia la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional: el carácter imprescindible de la presente orden 
de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para garantizar las mismas posibilidades 
de obtención y disfrute por los posibles beneficiarios en todo el territorio nacional y, por 
ende, para revitalizar el comercio local de forma sincronizada en todo el Estado. Ninguna 
otra opción de las posibles permitiría atender mejor a ese objetivo primordial.
Los  potenciales  beneficiarios  de  las  subvenciones,  los  municipios,  diputaciones 
provinciales o forales, cabildos o consejos insulares, comarcas, mancomunidades de 
municipios o consejos comarcales, presentan características diversas y variadas en sus 
dimensiones y estructura, así como en el grado tecnológico alcanzado en el sector 
comercial ubicado en su demarcación, lo que aconseja un procedimiento de tramitación y 
valoración único.
En  resumen,  la  necesaria  coherencia  de  la  política  económica  en  las  actuales 
circunstancias  económicas  excepcionales  y  la  gravedad  y  urgencia  de  la  situación 
aconsejan el que se articule un sistema que permita una actuación rápida y uniforme en 
todo  el  territorio,  garantizando  la  plena  efectividad  de  las  medidas  dentro  de  la 
ordenación básica del sector y las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte 
de todos sus potenciales destinatarios, lo que justifica el que de manera excepcional se 
haya articulado un mecanismo que asegura la homogeneidad y la plena información y 
coordinación en un sistema de concurrencia competitiva, que prima la agilidad, pero al 
mismo  tiempo  garantiza  la  debida  coherencia  de  los  proyectos  con  las  políticas 
sectoriales de cada comunidad o ciudad autónoma, a través de los órganos de gobierno 
diseñados al efecto.
Se trata, además, de una medida de fomento puntual, justificada por la gravedad de 
la crisis y la necesidad de una respuesta inmediata, que no afecta al espacio normativo 
de las comunidades autónomas, que pueden llevar a cabo sus políticas sectoriales 
propias,  ya  que  el  Estado  no  establece  una  regulación  básica  con  vocación  de 
permanencia sino que adopta una medida singular, puntual y aislada, que se agotara con 
su ejecución en el marco del Plan de Recuperación, y para el ejercicio por las entidades 
locales de competencias propias de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Por  otro  lado,  la  preservación  de  esta  «unidad  económica»,  aunando  intereses 
divergentes o contrapuestos de las comunidades autónomas, no obsta a respetar el 
margen suficiente y legítimo de su participación en la instrucción del procedimiento de  s
tramitación de las subvenciones a través de la valoración de los proyectos presentados  oe.
en su ámbito geográfico territorial, tal y como se recoge en la presente orden en los  w.
artículos 17 y 18. 817ww
IV
Todo lo anterior se reconduce, como se ha explicado con anterioridad, al escenario 
de la crisis económica provocada por la COVID-19 y de las medidas adoptadas al 
amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021.
Las  líneas  de  ayudas  reguladas  en  esta  orden  de  bases  se  encuentran  pues 
acogidas al Componente 13, «Impulso a la PYME», en su inversión 4 «Impulsar el sector 
del comercio» en el objetivo de reforzar la cohesión social y territorial de ciudades y 
pueblos, garantizando la movilidad y entrega de los productos; fortalecer y estrechar las 
relaciones productivas y de comunicación entre el sector del comercio, la administración 
y otras entidades de promoción; y mejorar la competitividad del sector del comercio 
apostando  por  un  modelo  más  sostenible.  La  inversión  4.2.1  tiene  una  dotación 
de 199.395.506 euros para tres años (2021-2023) dentro del concepto «Modernización 
de mercados municipales y áreas comerciales».
La consecución de los objetivos vinculados a dichos proyectos, indicados con el 
código 211 en la Country Implementing Decision, y de acuerdo con los principios de 
gestión previstos en el artículo 3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, 
agilidad,  celeridad  y  claridad  en  los  procedimientos,  objetividad  y  más  eficiente 
asignación  de  los  fondos  europeos,  permitirá  maximizar  sus  beneficios  en  todo  el 
territorio nacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de 
Comercio, es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la 
propuesta y ejecución de la política comercial del Estado en lo que se refiere al comercio 
exterior e interior.
Específicamente, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye a la 
Secretaria de Estado de Comercio, a través de la Dirección General de Política Comercial, 
entre otras, las funciones de propuesta de acciones para el desarrollo del comercio 
interior, cooperación con otras Administraciones en materia de distribución comercial, el 
fomento de la productividad y competitividad de las empresas de dicho sector o la 
elaboración de planes generales de apoyo al comercio minorista, incluyendo la promoción 
e impulso de nuevas formas de comercialización, en particular, del comercio digital.
Desde el punto de vista de ayudas de Estado, teniendo en cuenta que se trata de 
una  transferencia  de  fondos  por  parte  del  Estado  a  las  Entidades  Locales,  como 
beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, no constituiría ayuda de Estado en 
los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), dado que las Entidades Locales no realizan actividad económica 
en un mercado en competencia.
Esta norma se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas.  En  este  sentido,  se  garantizan  los  principios  de 
necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen, siendo el principal, dar respuesta a las necesidades del 
sector comercial, a través de las entidades locales.
La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación 
imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo 
solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.
Cumple el principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la  e.
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y  w.b
de certidumbre,  que facilite su conocimiento  y  comprensión y, en consecuencia, la  817ww
actuPaocrió lno  yd etommáas ,d lea  dneocrmisiao neess  cdoeh elarse netme pcroens aloss. principios de eficiencia, en tanto que la
lnleogrmana  daes eugnuar am laan emraá xáimgial  ae ftiocadcoisa  lodse  bseunse pficoisatruiolasd, oins cpoarprao ragnadraon etizna sr uq useen loa sla a pyruodpaias 
convocatoria. En cuanto al principio de transparencia, esta norma establece unos criterios
de evaluación de las solicitudes que son objetivos, públicos y conocidos previamente, y 
garantiza una amplia participación a sus potenciales destinatarios en su elaboración.
En  la  elaboración  de  la  presente  orden  se  ha  consultado  a  las  comunidades 
autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de la cual se ha informado en conferencia sectorial, y han 
emitido informe sobre el mismo el Servicio Jurídico y la Intervención Delegada en el 
Departamento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Artículo 1.  Objeto y finalidad.
1.  La  presente  orden  tiene  por  objeto  aprobar  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones destinadas a apoyar e impulsar mejoras en la modernización, a través de 
la  transformación  digital  y  sostenible,  de  los  canales  de  distribución,  mercados 
municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de 
comercialización,  que  acometan  entidades  locales,  así  como  la  convocatoria 
correspondiente a 2021.
2.  Se entenderá por áreas comerciales los centros comerciales abiertos y centros 
comerciales urbanos reconocidos oficialmente por la comunidad autónoma o aquellas 
zonas o vías urbanas con alta ocupación de establecimientos comerciales expresado en 
porcentaje del espacio comercial en m2 sobre el espacio total del área de actuación, que 
deberá ser superior al 50 por ciento.
3.  La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo, por entidades locales, de 
planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador y de sostenibilidad, así como de 
mejora de equipamientos, dirigidos al sector comercial que se encuentra ubicado en su 
demarcación.
4.  Los proyectos subvencionables en el marco de este Programa incluirán:
a)  Proyectos para la adopción de herramientas de información de clientes basadas 
en macrodatos u otras tecnologías.
b)  Proyectos  de  transformación  digital  de  mercados  que  mejoren  el  mercado 
omnicanal y la experiencia de compras.
c)  Proyectos destinados a la transformación digital del comercio callejero y los 
canales cortos de comercialización.
d)  Proyectos de obras y reacondicionamiento para mejorar las instalaciones, su 
accesibilidad, equipamiento y adecuación, de las zonas ocupadas por los mercados 
municipales,  áreas  comerciales  y  mercados  no  sedentarios,  así  como  sus  zonas 
adyacentes.
e)  Proyectos para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y la 
sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente.
f)  Instalación de puntos de entrega inteligentes.
g)  Proyectos de mejora de la eficiencia energética.
h)  Acciones que promuevan la prevención de residuos (incluida la reutilización), la 
separación en origen de los residuos y la preparación para la reutilización y el reciclado.
i)  Sensibilización y formación en competencias tecnológicas. es
5.  Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden se enmarcan en la  w.
inversión 4, apoyo al comercio, del Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de  817ww
RGeocbuieprenroa cdióen ,E sTpraanñsaf,o rym acocinótnri byu irRáens ialile nccuima p(leimn ieandteol adnete ,l oPs laonb jedteiv oRse causpoecriaacdioósn )a d elal 
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CAPÍTULO II
Bases reguladoras
Artículo 2.  Procedimiento de concesión.
1.  El  procedimiento  de  concesión  se  tramitará,  de  conformidad  con  los 
artículos 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, y se iniciará de oficio mediante convocatoria 
pública.
2.  El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre y a su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3.  La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 3.  Beneficiarios.
Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las siguientes entidades 
locales:
a)  Los municipios, representados por sus respectivos ayuntamientos.
b)  Las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y forales, los 
cabildos y consejos insulares.
c)  Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por 
las  comunidades  autónomas  de  conformidad  con  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  y  los  correspondientes  Estatutos  de 
Autonomía.
d)  Las  mancomunidades  de  municipios,  siempre  y  cuando  los  municipios  de 
población superior a 100.000 habitantes no representen más del sesenta por ciento del 
total de la población de la mancomunidad.
Artículo 4.  Requisitos de los beneficiarios.
Las entidades locales beneficiarias deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)  La condición de beneficiario de la ayuda implica que asume, frente a la entidad 
convocante, la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
b)  Las acciones que realicen los beneficiarios tendrán que cumplir con lo estipulado 
en estas bases reguladoras.
c)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades en las que concurra 
alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.
d)  No podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas por 
reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. s
Artículo 5.  Obligaciones de los beneficiarios.
Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria las señaladas en 
el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adicionalmente y en particular, 
las siguientes:
a)  En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, 
comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la 
certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la 
resolución  de  concesión,  procediendo  a  la  devolución  voluntaria  conforme  con  lo 
establecido en el artículo 90 del reglamento de la ley General de Subvenciones, aprobado 
por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b)  Mantener la inversión durante un plazo de cinco años desde la finalización de la 
ejecución  del  proyecto,  sin  que  sufra  una  modificación  sustancial  que  afecte  a  su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución y aprobación. Serán considerados cambios 
sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o resultado de la subvención. El 
cumplimiento de este requisito estará sujeto a comprobaciones a criterio del órgano 
gestor de las ayudas.
c)  Conservar los documentos en formato electrónico durante un periodo de cinco 
años a partir de la operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican  los  Reglamentos  (UE)  n.º  o  1296/2013,  (UE)  n.º  o  1301/2013,  (UE)  n.º 
o 1303/2013, (UE) n.º o 1304/2013, (UE) n.º o 1309/2013, (UE) n.º o 1316/2013, (UE) n.º 
o 223/2014 y (UE) n.º o 283/2014 y la Decisión n.º o 541/2014/UE y por el que se deroga 
el Reglamento (UE, Euratom) n.º o 966/2012.
d)  Cumplir con cualquier otra obligación que se establezca en las convocatorias o 
las órdenes de concesión.
e)  En  el  diseño  y  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  las  entidades 
beneficiarias garantizarán el respeto al principio de «no causar un perjuicio significativo», 
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la 
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.
Artículo 6.  Subcontratación.
1.  El  beneficiario  podrá  subcontratar  hasta  el  100  por  ciento  del  proyecto,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En 
dicho caso, los beneficiarios, dada su condición de Administraciones Públicas, deben 
sujetarse a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 
así como a la normativa en materia de ayudas de Estado.
2.  El solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a  s
la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en  oe.
rcdeoicsnhocEaleun drc eieeósnlno t lecu,adc sqeióou n ec d oerenes  csdqeoeuslvceióel anrnrá,ao  ds esooleb  barbee en plnaeoe fsimfciibciiasilaermir oipao.r  eessnoe elniclt iaptarla ráez ol  lcdaoe n adturiaetotzor i dzcíaaocsni.ó  Enca nr páercle tcveairas  poar del evói oqr guaae n eloal    2021-14817n https://www.
órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada.
3.  Se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación exclusivamente 
derivados del proyecto o actuación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No podrá realizarse la subcontratación con personas 
o  entidades  en  quienes  concurra  alguna  de  las  circunstancias  consignadas  en  el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4.  En  el  contrato  o  convenio  suscrito  para  acordar  la  subcontratación,  deberá 
acreditarse que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de 
carácter  personal,  debiendo  incluir  las  cláusulas  necesarias  para  su  cumplimiento 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
5.  En caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la 
totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos 
para  asegurar  que  los  subcontratistas  cumplan  con  el  principio  de  «no  causar  un 
perjuicio significativo al medio ambiente».
Artículo 7.  Gastos subvencionables.
1.  Los potenciales beneficiarios deberán presentar una solicitud de ayuda única que 
podrá desglosarse en anualidades, y englobar una o varias de las categorías de gastos 
indicados a continuación.
2.  Gastos dirigidos a la transformación digital.
a)  Mejora de la atención, relación y conocimiento de cliente, y su fidelización, 
mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada.
b)  Inversión  en  la  transformación  digital  de  los  mercados  municipales,  áreas 
comerciales, y canales cortos de comercialización para incorporar, mantener o mejorar 
las  funcionalidades  de  la  venta  a  través  de  canales  digitales  que  fomenten  la 
omnicanalidad de los modelos de negocio y mejoren la experiencia de compra en el 
entorno digital de los clientes.
c)  Publicidad, comunicación y visibilidad en diferentes medios o soportes digitales 
mediante la utilización de nuevas tecnologías.
d)  Métricas y análisis sobre el mercado, la competencia o el SEO.
e)  Soluciones en ciberseguridad.
3.  Gastos referidos a transformación del punto de venta.
a)  Digitalización de la gestión en el comercio, mediante la optimización, integración 
o automatización de una o varias operaciones de gestión interna del negocio, incluyendo 
desde la relación con proveedores hasta el cliente final.
b)  Adquisición de herramientas tecnológicas para la realización de autodiagnósticos 
sobre la viabilidad del negocio, su potencial transmisión o relevo generacional.
c)  La  transformación  digital  del  comercio  ambulante  y  canales  cortos  de 
comercialización.
d)  Mejoras en el proceso  de venta que, mediante  la incorporación de nuevas 
tecnologías, faciliten tanto la recogida de pedidos en el establecimiento a través de 
fórmulas omnicanal, como el proceso de compra y pago de los productos adquiridos, 
evitando colas y aglomeraciones en los establecimientos comerciales.
Se subvencionarán los gastos relacionados con la obra y reforma de los espacios 
públicos para la puesta en marcha de estos servicios, en su caso. e.
e)  Inversión en obra y reforma para mejorar las instalaciones, su accesibilidad,  w.b
equipamientos y adecuación de las zonas ocupadas por mercados municipales, áreas  817ww
comerciales y mercados no sedentarios, y sus áreas colindantes.
4.  Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular.
a)  Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los 
consumidores en sus establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas 
más respetuosas con el medio ambiente.
b)  Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución 
del producto o del residuo cuando proceda, mediante la adopción de nuevas tecnologías 
y ecosistemas colaborativos que disminuyan los costes y el impacto medioambiental, 
prestando especial atención a la última milla.
1.º  Modelos sostenibles de reparto de la compra a domicilio. Será subvencionable 
la adquisición de vehículos para la realización de dichas actuaciones, así como puntos 
de recarga en zonas de carga y descarga de mercados, áreas comerciales y espacios 
para venta no sedentaria.
2.º  Creación de almacenes estratégicos que mejoren la logística en zonas urbanas.
3.º  Digitalización de la gestión de zonas de carga y descarga y de reserva de zonas 
de aparcamiento a pie de calle cercanos a mercados o áreas comerciales.
4.º  Instalación de puntos de entrega inteligentes.
c)  Soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el consumo energético y de 
otros suministros en los establecimientos comerciales, instauración de procesos con 
base  tecnológica,  eco-eficientes  o  para  la  correcta  separación  de  los  residuos 
(biorresiduos, papel, plástico, vidrio, etc) para su posterior reciclado y valorización.
d)  Instalación de fuentes de energía renovables y sustitución por tecnologías que 
utilicen  gases  refrigerantes  fluorados  de  alto  potencial  de  calentamiento  por  otras 
tecnologías de nulo o bajo potencial de calentamiento atmosférico para la climatización 
de los edificios de uso comercial.
e)  Otras  actuaciones  y  soluciones  dirigidas  a  incrementar  la  sostenibilidad,  la 
adaptación al cambio climático y la eficiencia y que impliquen un avance hacia una 
economía resiliente y baja en carbono, la reducción en la generación de residuos, incluido 
el fomento de la reutilización de productos, la economía circular y el desperdicio cero.
5.  Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad:
a)  Plataformas colaborativas productor local, pyme comercial y distribuidor que 
garanticen su interacción y colaboración.
b)  Gastos para impulsar la integración de proveedores locales o de «Km 0» en las 
webs de comercio electrónico de los distribuidores.
c)  Inversiones  en  nuevas  tecnologías  que  permitan  conocer  la  trazabilidad  del 
producto u otras características del mismo en todo el canal de distribución.
6.  Gastos de sensibilización y formación.
a)  Sensibilización y formación teórica y práctica de habilidades, uso y gestión de 
herramientas tecnológicas en el comercio, marketing digital, explotación y análisis de 
datos vinculados con la venta online independientemente del canal elegido para ello.
b)  Formación en idiomas.
c)  Formación,  sensibilización  y  campañas  para  el  fomento  de  estrategias  de 
economía circular, reciclado y reutilización de productos en el modelo de negocio del 
sector comercial. s
Dentro de este concepto tendrán consideración de gastos subvencionables: oe.
1.º  Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. 817ww
mism2.aº s.Alquiler de mobiliario y de los equipos necesario para la realización de las
cuan3d.ºo  laS uabcctiovnidtraadt ascuióbnc odnetr autand tae rccoenr oe lp taerrac elrao  rneoa lsizuapceióren  edl e8 0la pso mr cisiemnatos , dseile immpproer tey 
de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre. Queda fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo 
de la actividad subvencionada.
En estos casos, el beneficiario deberá adjuntar los partes horarios firmados por los 
empleados que impartan tales actuaciones.
4.º  Honorarios de los ponentes.
En ningún caso serán subvencionables los equipos o material para los asistentes, 
gastos  vinculados  a  merchandising  ni  los  gastos  imputables  para  conocer  las 
necesidades del sector previo a la realización de los talleres o jornadas.
7.  Otros gastos subvencionables.
a)  Implantación de redes WiFi en zonas comerciales.
b)  Aplicaciones  que  faciliten  información  sobre  los  mercados  municipales, 
mercadillos  y/o  venta  itinerante,  junto  con  elementos  del  patrimonio  arquitectónico, 
histórico o cultural próximos al lugar o la convocatoria de eventos culturales o artísticos, 
con el fin de fomentar el turismo gastronómico, cultural y de compras.
c)  Señalética integrada de la oferta comercial.
d)  Acciones de potenciación de centros comerciales abiertos.
8.  Se apoyarán, para cualquiera de los gastos enumerados en el presente artículo, 
aquellas  actuaciones  que  sean  consideradas  como  indispensables  para  la  correcta 
implantación de las soluciones tecnológicas, permitiendo conocer la situación de partida, 
pertinencia de las actuaciones y necesidades del sector comercial, así como el diseño 
del plan de acción, y que conduzcan a realizar una mejor selección y adaptación de las 
acciones a emprender por parte del beneficiario.
En ningún caso se subvencionará el seguimiento, mantenimiento o cualquier otro 
gasto relacionado con el funcionamiento y mejora de la solución tecnológica tras su 
implementación.
9.  No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la financiación, 
en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se realice el gasto al que 
se destinan las presentes ayudas:
a)  Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior).
b)  Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) 
con emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas que no sean sustancialmente 
inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación gratuita.
c)  El  tratamiento  de  los  residuos  generados  mediante  tratamiento  mecánico-
biológico (TMB), incineración o vertido.
d)  Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares).
Asimismo,  se  exigirá  que  solo  puedan  seleccionarse  aquellas  actividades  que 
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente. es
10.  En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos. o
11.  No serán subvencionables los gastos financieros, reestructuraciones de pasivo  817ww
obre acnruec1pfa2ienr.ir aoanscDc idóieaen c  aicocuonua eelqcsrdo,u omiec rpicr ectoiupnnlos aa lnodct eieeó  osnypt.a  eborAaltesrccoíi óisdn mo i amisespmní u coeeo slm ntaooors t a ícqsoueu loretáa llns7o a sds sq euu qbeluav ege  Lenensceiyeo arne1na1n b/ s2aleu0uss2to c0fel,ao pcdstti eub rlgea3asc0s i ótddonees.    OE-A-2021-14able en https://
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37
del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a 
estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o líneas de acción que 
se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 8.  Presupuesto y límites de las ayudas a conceder.
1.  Los proyectos de inversión que se presenten para ser objeto de financiación 
deberán llevarse a cabo en el territorio nacional, y enmarcarse en, al menos, una de las 
categorías de gasto contempladas en el artículo 7 de la presente orden.
2.  La inversión mínima a realizar dependerá del número de habitantes que los 
beneficiarios  indicados  en  el  artículo  3  de  la  presente  orden  tengan  dentro  de  su 
demarcación, conforme a los datos del Real Decreto por el que se declaran oficiales las 
cifras  de  población  resultantes  de  la  revisión  del  Padrón  municipal  vigente  en  el 
momento de presentar la solicitud:
a)  Municipios de más de 300.000 habitantes: inversión mínima de 1.000.000,00 de euros.
b)  Municipios  de  entre  100.000  y  300.000  habitantes:  inversión  mínima 
de 500.000,00 euros.
c)  Municipios de menos de 100.000 habitantes: inversión mínima de 200.000,00 euros.
A efectos de la determinación de la inversión mínima a realizar por los solicitantes de 
ámbito supramunicipal, se tendrá en cuenta la población media de los municipios de su 
demarcación donde se desarrollen las actuaciones subvencionables.
3.  La  ayuda  que  se  conceda  se  imputará  a  la  aplicación  presupuestaria  del 
programa  20.50.430A.76301  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  cada 
ejercicio, de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  procedentes  del  Mecanismo  para  la  Recuperación  y  Resiliencia,  o  su 
equivalente en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
4.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
5.  El proyecto podrá ser cofinanciado por el beneficiario de la ayuda y por la 
comunidad autónoma en el que se encuentre ubicado, pudiendo alcanzar este apoyo 
hasta el 40 % del presupuesto financiable del proyecto.
6.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del 
proyecto que haya sido considerado financiable.
7.  En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación.
Artículo 9.  Régimen de garantías.
No será preciso constituir ninguna garantía.
Artículo  10.  Órganos  competentes  para  instruir  y  resolver  el  procedimiento  de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.
1.  Será competente para resolver la concesión de las ayudas reguladas en esta 
orden, la persona titular de la Secretaría de Estado de Comercio, sin perjuicio de las 
delegaciones vigentes sobre la materia.
2.  El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es  e
la Dirección General de Política Comercial, dependiente de la Secretaría de Estado de  bo
Comercio. 817ww
sdeegl u34fri..ma  uieCdLneaot, no D  tcdoiareder aálcascc stieó laarn sc g teuGpnaeeecnrrisoeaonlr naeyal s ds d feienq a aucPneuc oeiilanrítddtiecoaar svc .eoCnnog lmaanse  rnecoinar ml easl se preárso tcaeebl dleiómcrgiideaannstoo p  adrereas  plsaoe nplesrceacvbieólenn c diódenel    OE-A-2021-14able en https://
beneficiarios y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en
este  objetivo  a  través  de  una  declaración  de  ausencia  de  conflicto  de  intereses, 
comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación 
respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
Artículo 11.  Tramitación electrónica.
1.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
tramitación  electrónica  será  obligatoria  en  todas  las  fases  del  procedimiento.  Las 
solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del 
Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://sede.serviciosmin.gob.es/
registroelectronico).
2.  El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a 
la  sede  electrónica  del  ministerio  (https://sede.serviciosmin.gob.es),  donde  podrá 
consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente.
3.  La  práctica  de  notificaciones  electrónicas  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Adicionalmente,  se  pondrá  a  disposición  del  interesado  un  sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En la sede del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo los interesados, tras identificarse electrónicamente de 
forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y 
efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el 
órgano actuante.
5.  La publicación de las propuestas de resolución provisional y definitiva, así como 
de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y 
demás actos del procedimiento, tendrán lugar en la sede electrónica del Ministerio 
(https://sede.serviciosmin.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada 
según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con 
los procedimientos de concurrencia competitiva.
6.  En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre.
7.  Los  formularios,  las  declaraciones  responsables  y  los  demás  documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles 
en la sede electrónica y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando proceda.
8.  En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada  documentación,  dichas  declaraciones  deberán  presentarse  en  formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.
9.  Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren 
en poder del órgano competente para la concesión, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar 
específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del 
expediente que le fue comunicado entonces, siempre que no hayan transcurrido más de 
cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimiento 
del Reglamento (UE) número 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de  e.
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  w.b
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se  817ww
dpeorro pgaar tlea  dDeilr emcitnivisat e9r5io/4 d6e/C loEs,  dsaet osso liinccitlauriád oesl  ceonn esle cnutiemsiteionntoa reiox pproers eol  bpeanrae feicl iatrraiota. mEine nlotos 
smuapnuifeessttoasr ad ela  imnepgoastiibviali dpaadr am laat ecroianls udleta  odbete snuesr  edla tdoosc udme ecnatroá cote cr upaenrdsoo neall , inetle órergsaadnoo 
competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por 
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Artículo 12.  Representación.
1.  Las  personas  físicas  que  realicen  la  firma  o  la  presentación  electrónica  de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias, deberán 
ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos 
en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre y con la legislación de 
régimen local.
2.  El firmante de la solicitud deberá acreditar que en el momento de la presentación 
de la misma ostenta poder bastante en derecho para actuar en nombre y representación 
de  la  persona  jurídica  solicitante.  El  incumplimiento  de  esta  obligación,  de  no 
subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 13.  Plazo de presentación de solicitudes.
1.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  como  máximo  de  dos  meses 
contados  desde  el  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la  orden  de 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Para la convocatoria de 2021 se estará a 
lo que dispone el artículo 32 de la presente orden.
2.  Las  solicitudes  presentadas  fuera  del  plazo  establecido  darán  lugar  a  su 
inadmisión.
Artículo 14. Formalización y presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes para la obtención de ayuda se dirigirán a la Dirección General de 
Política Comercial, órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento, cuyos 
formularios de solicitud estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en 
el  portal  de  ayudas  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  (https://
www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), donde se dispondrán los medios electrónicos de 
ayuda necesarios.
2.  Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a)  Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente  y  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas),  que  incluirá  una  declaración  de  otras 
ayudas concurrentes con la inversión presentada.
b)  Memoria descriptiva de la inversión, firmada electrónicamente, que se ajustará al 
modelo establecido en el anexo I. En caso de que entre las actuaciones a realizar por el 
potencial beneficiario se encuentren algunas de las enumeradas en el artículo 7.3, 
deberá presentar junto con la memoria descriptiva una memoria técnica.
c)  Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
d)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la 
Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, salvo que el solicitante autorice a que el órgano concedente obtenga de 
forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos. e.
e)  Declaración responsable del compromiso de cofinanciación por el solicitante de  w.b
la ayuda, en la que se especifique el porcentaje de cofinanciación sobre el presupuesto  817ww
finanf)c iaDbleec dlaerla pcrióony ercetosp.onsable en el que el solicitante haga constar las ayudas que
hfinaayalidna ds oyl icoibtajedtoo  yo  spue rccuibaindtoía ,d aes ío ctroams oA cdomminpirsotmraectieornsees  ao i nefonrtmidaard edse  lpaasr aq ulea  pmudisiemraa 
solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones.
g)  Declaración responsable de no tener deudas por reintegro de ayudas, préstamos 
o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente 
tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado común.
h)  Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones a 
las  que  se  refiere  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
i)  Declaración responsable de que el solicitante cumplirá toda la normativa nacional 
y  de  la  Unión  Europea  que  resulte  de  aplicación  (en  particular,  en  materia  de 
competencia, contratación y adjudicación de obras y suministros y medio ambiente), y de 
que se compromete a presentar, en el momento de disponer de ellas, todas las licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.
j)  Declaración  de  no  causar  perjuicio  significativo  a  los  seis  objetivos 
medioambientales, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de 
un  marco  para  facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el 
Reglamento (UE) 2019/2088 según el modelo establecido en el anexo III de la presente 
orden de bases.
k)  Datos de la cuenta bancaria única del beneficiario de la ayuda.
l)  Compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para 
garantizar  que  la  Comisión,  la  OLAF,  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía 
Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
m)  En  caso  de  que  algunas  de  las  actuaciones  a  realizar  incorporen  ideas 
ganadoras o seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, deberá indicarse la convocatoria, categoría del concurso 
en la que se presentó y si obtuvo reconocimiento, así como la denominación de la idea.
n)  Cuando alguna de las actuaciones que realice el beneficiario estén dirigidas a un 
área  comercial  dentro  de  su  demarcación,  deberá  presentar  la  documentación  que 
justifique que dicho área cumple con los requisitos indicados en el artículo 1.2 de la 
presente orden de bases.
ñ)  Otras  declaraciones  responsables  cuyos  modelos  sean  aprobados  por  las 
autoridades  competentes  conforme  a  la  normativa  nacional  y  europea,  dando 
cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación
3.  Los  interesados  presentarán  la  solicitud  de  financiación  y  el  resto  de  la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de  representación  suficiente. 
Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de 
las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud.
4.  Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa 
resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la 
representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para  e.
aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la  w.b
comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente  817ww
perna ectl iceaxdpaesd ielanst en.otificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure
6.  En caso de inclusión de talleres y jornadas:
a)  Calendario de las jornadas que se van a realizar, detallando en cada una de ellas 
el objetivo, la fecha y lugar donde tendrán lugar, su duración, contenido y ponentes.
b)  Curriculum  Vitae  de  los  ponentes  o  cualquier  otro  medio  que  se  considere 
oportuno para valorar la pertinencia y experiencia de los mismos.
c)  Presupuesto desglosado para la realización de las jornadas o facturas proformas 
cuando incurra en gastos subvencionables.
d)  Número de potenciales asistentes a cada una de las jornadas y talleres según la 
temática.
e)  En caso de subcontratación de un tercero para la organización de la actividad se 
deberá presentar, además de lo anterior, un informe motivado sobre la elección del 
mismo para su organización y el presupuesto y/o factura proforma de las acciones 
realizadas.
Artículo 15.  Compatibilidad de las ayudas.
1.  El importe de la financiación a conceder según estas bases reguladoras será de 
un mínimo del 60 por ciento y un máximo del 100 por ciento sobre el presupuesto del 
proyecto que haya sido considerado financiable, pudiendo ser cofinanciado hasta en 
un 40 por ciento.
2.  La percepción de las subvenciones previstas en esta orden será compatible con 
la de cualesquiera otras que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras 
administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o 
locales, siempre que la suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad 
subvencionada. Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con 
otras ayudas procedentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 9 del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021.
3.  Las entidades beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o 
percibido por parte de otras Administraciones o entidades para la misma finalidad y 
objeto,  tanto  en  el  momento  de  la  presentación  de  la  solicitud  como  durante  la 
tramitación del procedimiento.
Artículo 16.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
1.  La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes por tratarse de procedimientos de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva.
2.  Serán de aplicación los siguientes criterios:
a)  Calidad técnica de la propuesta o actuación presentada. Se valorará la Calidad 
de la documentación presentada, la exposición de la misma y los parámetros técnicos 
utilizados (0 a 5 puntos).
b)  Adaptabilidad de la propuesta como solución al problema y/o necesidad que se 
busca resolver. Se valorará la exposición del problema, calidad del diagnóstico y claridad 
en la identificación del problema y las necesidades que se espera resolver y cómo el 
proyecto actuará de forma positiva sobre el problema en su totalidad o en parte. (0 a 5 
puntos).
c)  Número de actuaciones de la solicitud de ayuda alineadas con los pilares del  e.
Mecanismo  de  Recuperación  y  Resiliencia  de  la  Unión  Europea,  el  Plan  de  w.b
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y con los Objetivos de Desarrollo  817ww
Sostenible (ODS) (0 a 10 puntos).
12..ºº   SSii  iinncclluuyyee  12  aaccttuuaacciióonn:e 1s:  p2u pnuton.tos.
3.º  Si incluye 3 actuaciones: 3 puntos.
4.º  Si incluye 4 actuaciones: 4 puntos.
5.º  Si incluye 5 actuaciones: 5 puntos.
6.º  Si incluye 6 actuaciones: 6 puntos.
7.º  Si incluye 7 actuaciones: 7 puntos.
8.º  Si incluye 8 actuaciones: 8 puntos.
9.º  Si incluye 9 actuaciones: 9 puntos.
10.º  Si incluye 10 o más actuaciones: 10 puntos.
d)  Capacidad  del  proyecto  para  la  Generación  de  empleo/Relevo  generacional, 
entendido como el potencial incremento del número de afiliados a la Seguridad Social sobre 
el total de afiliados en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda (0 a 5 puntos).
e)  Capacidad del proyecto de dinamizar, incorporar nuevas tecnologías, actualizar y 
enriquecer la oferta comercial del municipio, o impulsar y revitalizar la actividad comercial 
en  zonas  que  hayan  sufrido  un  importante  descenso  de  la  misma.  Se  valorará  la 
exposición y justificación de los objetivos (0 a 10 puntos).
f)  Capacidad de los proyectos para innovar y mejorar la productividad del sector. Se 
valorará la exposición y justificación de los objetivos (0 a 5 puntos).
g)  Contribución de los proyectos a la mejora de la calidad ambiental, la eficiencia 
energética  y  la  economía  circular.  Se  valorará  la  exposición  y  justificación  de  los 
objetivos (0 a 10 puntos):
1.º  Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los 
consumidores en sus establecimientos, y la sustitución de éstos por otras alternativas 
más respetuosas con el medio ambiente: 2 puntos.
2.º  Optimización de las operaciones de distribución comercial, entrega y devolución 
del producto mediante la adopción de nuevas tecnologías y ecosistemas colaborativos 
que disminuyan los costes y el impacto medioambiental, prestando especial atención a la 
última milla: 2 puntos.
3.º  Implementación de soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia en el 
consumo  energético  y  de  otros  suministros  en  los  establecimientos  comerciales, 
instauración  de  procesos  con  base  tecnológica,  eco-eficientes,  de  reciclado  y 
reutilización de residuos: 2 puntos.
4.º  Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad y la 
eficiencia y que impliquen un avance hacia una economía baja en carbono, la reducción 
en la generación de residuos, la economía circular y el desperdicio cero: 2 puntos.
5.º  Por la combinación de 2 o más de los puntos anteriores: 10 puntos.
h)  Capacidad de mejorar la experiencia de compra del usuario online y físico. Se 
valorará la exposición y la justificación de cómo el proyecto actuará de forma positiva en 
el objetivo propuesto. (0 a 5 puntos).
i)  Inversión en vías públicas de alta actividad comercial y mejora de la accesibilidad. 
Se  valorará  la  realización  de  inversiones  en  vías  públicas  donde  se  desarrolle  la 
actividad comercial del municipio y que la realización de las mismas (tanto desde un 
punto  de  vista  material  o  de  mobiliario,  pero  también  por  la  aplicación  de  nuevas 
tecnologías) favorezcan la accesibilidad de clientes con alguna discapacidad. (0 a 10 
puntos).
j)  Proyectos integrales que conlleven varios tipos de inversiones: Integración en los 
proyectos de varias categorías de gasto de entre los establecidos en los apartados 2 a 7 
del artículo 7 (0 a 5 puntos): s
1.º  Si  el  proyecto  incluye  actuaciones  de  al  menos  2  categorías  de  gastos  w.
subvencionables: 1 punto. 817ww
23..ºº   SSii  iinncclluuyyee  aaccttuuaacciioonneess  ddee  aall  mmeennooss  34  ccaatteeggoorrííaass  ddee  ggaassttoo  ssuubbvveenncciioonnaabblleess::  23  ppuunnttooss..
45..ºº   SSii  ininccluluyyee a actcutaucaicoinoense dse d ael  lmase n6o csa 5t ecgaotergíaosr íadse  dgea sgtaos tsou sbuvbevnecniocinoanbalbelse:s :5 4 p puunntotoss.. BOE-A-cable e
k)  Porcentaje de comercios potencialmente beneficiarios de las actuaciones sobre 
el total de comercios dentro de la demarcación territorial del beneficiario (0 a 5 puntos):
1.º  De hasta el 20 %: 0 puntos.
2.º  Entre el 20,01 % y el 40 %: 2 puntos.
3.º  Entre el 40,01 % y el 60 %: 3 puntos.
4.º  Entre el 60,01 % y el 80 %: 4 puntos.
5.º  Entre el 80,01 % y el 100 %: 5 puntos.
l)  Proyectos que incorporen tecnologías que mejoren el grado de digitalización y la 
adaptación a los nuevos hábitos de consumo del sector comercial (0 a 5 puntos).
m)  Se valorará que los proyectos incorporen algunas de las ideas ganadoras o 
seleccionadas en los concursos de ideas promovidos por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (5 puntos).
n)  Se  valorará  que  los  proyectos  cuenten  con  un  plan  de  viabilidad  mediante 
informe elaborado o suscrito por tercera persona independiente del solicitante, titulado 
competente; o que se trate de Proyectos de Compra Pública de Innovación llevados a 
cabo por los ayuntamientos con impacto directo en el sector comercial. (0 a 5 puntos)
ñ)  Se valorará la contribución a la financiación del proyecto por la entidad local o la 
comunidad o ciudad autónoma en la que se ubique cuando estas aportaciones superen, 
en al menos el 10 %, el coste del proyecto, con el siguiente desglose:
1.º  Si la cofinanciación es igual o superior a 40 %: 10 puntos
2.º  Si la cofinanciación es entre 30 y 39,99 %: 8 puntos
3.º  Si la cofinanciación es entre 20 y 29,99 %: 6 puntos
4.º  Si la cofinanciación es entre 10 y 19,99 %: 4 puntos
5.º  Si no hay cofinanciación o es inferior al 9,99 %: 0 puntos
Los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos.
3.  Para la resolución de las situaciones de empate de puntuación, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios de prioridad, en el orden que se indica:
a)  Se dará prioridad a los proyectos que tengan un mayor impacto en el número de 
comercios que se vean beneficiados y el porcentaje que éstos representan sobre la 
totalidad tejido comercial del municipio.
b)  Si aún persistiera el empate se dará prioridad a los proyectos que integren 
gastos subvencionables de varios conceptos de los establecidos en el artículo 8.
c)  Si aún persiste el empate se dará prioridad a aquellos proyectos en los que 
exista mayor cofinanciación a nivel autonómica y local.
Artículo 17.  Instrucción del procedimiento y comisión de evaluación.
1.  La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Política 
Comercial, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.
2.  La Comisión de evaluación estará compuesta por:
a)  Presidente: el titular de la Dirección General de Política Comercial.
b)  Vocales:  Diecinueve  representantes,  uno  por  cada  comunidad  o  ciudad  e.e
autónoma, designados por el titular de Dirección General competente en materia de  w.b
comercio. 817ww
Comcp) etiStievicdraedta rdioe:l  Puenq uefuñnoc Cioonmareiorc iod,e d elsai gnSaudbod ipreocr ceiól nti tuGlaer ndeer alal  Ddiere cAcipóony oG enae rlaal 
de Política Comercial, sin voz y voto.
3.  Esta Comisión de evaluación estará asistida por un equipo técnico de gestión de 
la ayuda convocada, bajo la dirección del órgano instructor y conforme a lo establecido en 
el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, compuesto por 3 funcionarios 
adscritos a la Subdirección General de Apoyo a la Competitividad del Pequeño Comercio, 
designados por el titular de la Dirección General de Política Comercial.
Este  equipo  técnico,  bajo  la  dirección  del  órgano  instructor  y  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, realizará un 
análisis  de  los  proyectos  recibidos  de  las  entidades  locales,  la  comprobación  del 
cumplimiento de los requisitos de las convocatorias, su evaluación en base a los criterios 
de  evaluación  aprobados  y  trasladará  las  propuestas  al  representante  de  cada 
comunidad  o  ciudad  autónoma,  designado  por  el  titular  de  la  Dirección  General 
competente en materia de comercio en el marco de estas ayudas, a los efectos de 
garantizar  la  integración  de  los  proyectos  presentados  en  las  políticas  sectoriales 
territoriales en el marco de cada Comunidad Autónoma.
Las propuestas así evaluadas serán finalmente evaluadas en su conjunto en el 
marco de la Comisión de Evaluación. El órgano colegiado deberá emitir informe en el 
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4.  El  funcionamiento  de  la  Comisión  de  valoración  se  ajustará  al  régimen 
establecido para los órganos colegiados en el capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.  Los miembros de la Comisión de evaluación no percibirán remuneración alguna 
por el ejercicio de sus funciones en el mismo.
6.  De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los 
miembros de la Comisión de evaluación reforzarán su implicación en este objetivo a 
través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a 
mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la 
declaración original, pasando a cesar como vocal.
7.  Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado deberá emitir informe en 
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada
8.  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de 
evaluación, elaborará la propuesta de resolución provisional que deberá contener una 
lista de solicitantes para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como otra lista de 
los solicitantes excluidos especificando el motivo de dicha exclusión.
9.  La propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados para que 
en el plazo de diez días hábiles formulen las alegaciones que estimen convenientes.
10.  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el 
órgano de instrucción formulará la propuesta de concesión de la subvención, que será 
notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en 
el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación 
propuesta. Dicha propuesta deberá expresar la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación. El 
órgano  instructor  la  elevará  como  propuesta  de  resolución  definitiva  al  órgano 
concedente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  22.1  y  24.4  de  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno 
en favor de los beneficiarios propuestos.
Artículo 18.  Resolución de concesión. s
1.  En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  w.b
noviembre, el órgano competente para resolver el procedimiento será la la persona titular  817ww
dmea tlae rSiae. cErent aurní ap ldaez oE sdtea dqou idnece C doímase rhcáiob,i lesisn  dpeesrdjueic liao  fdeec hlaas d dee elelegvaaccioiónne sd ev ilgae pnrteosp ueens tlaa 
Ldeey  r3e8s/o2l0u0c3ió,n d ed 1e7fin diteiv nao, vdieem bcroen,f oarpmroidbaadd o cpoonr  Reel aal rDtíecucrloe to6 838 7d/e2l0 0R6e, gdlaem 2e1n dtoe  judleio , lay 
con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará la resolución definitiva de 
adjudicación de las subvenciones, resolviendo de este modo el procedimiento.
2.  Dado que la selección de proyectos está sometida a un régimen de concurrencia 
competitiva, la evaluación de las solicitudes dará lugar al establecimiento de una prelación 
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración descritos en el artículo 16. Se 
seleccionarán aquellas que hayan obtenido mayor puntuación hasta agotar el límite del 
crédito disponible en la convocatoria. En caso de renuncia previa a la resolución definitiva 
podrán seleccionarse otros proyectos en función de la puntuación obtenida.
3.  La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la ayuda y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas  y  técnicas  establecidas  en  las  bases  reguladoras  para  adquirir  la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de evaluación previstos en la misma.
4.  Las  propuestas  de  resolución  provisional  y  definitiva  y  la  resolución  del 
procedimiento de concesión de ayuda se publicarán en el portal de ayudas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de 
tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el 
formulario de solicitud.
5.  La  resolución  de  concesión  se  remitirá  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de 
Subvenciones para su publicación en dicho portal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
6.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 
seis meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.
7.  Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y publicado 
resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25.5 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la 
obligación legal de resolver.
Artículo 19.  Pago y justificación de las ayudas.
1.  El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado por el 100 por 
ciento de la ayuda concedida, tramitándose de oficio por el órgano instructor, tras la 
notificación de la concesión de la subvención.
Conforme al artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los 
beneficiarios  deberán  acreditar  que  se  encuentran  al  corriente  del  pago  de  las 
obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de 
fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. Corresponde a la Dirección 
General de Política Comercial comprobar el cumplimiento de tales condiciones con 
anterioridad al pago, exigiendo a tal efecto, cuando no pueda acreditarse de otro modo, 
una certificación de la entidad local beneficiaria.
2.  En virtud de lo establecido en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241, 
de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018) la 
percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará condicionada a que  e.
se presente compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios  w.b
para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía  817ww
Euro3p. eaT yra lanss cauurtroidriod aedle sp lnaazcoi oneaslteasb lceocmidpoe tseinnt ehsa ebjeerrszaen  psruess econmtapdeot elnac idaos cduem ceonnttarocil.ón
jiumsptirfoicrarotigvaab alen tdee e ql óuringcaen od ícaosm hpáebtielenste s, eeas tper eresqeunetaridráa ,a cl obne naepfeicricaibriiom pieanrato q duee  qeune e lla p flaalztao 
de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.  La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión 
Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.  La justificación documental de la realización de las actuaciones financiadas se 
realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
6.  Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con lo 
establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo de 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.
La  presentación  electrónica  de  la  documentación  justificativa,  se  entenderá  que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas por el órgano instructor a los beneficiarios.
La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales 
de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, u otros, por si les fueran 
requeridos posteriormente por el órgano instructor y responsable del seguimiento o, al 
realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.
7.  La justificación de las ayudas deberá contener siempre, independientemente de 
la acción realizada, la siguiente documentación:
a)  Memoria de actuación justificativa firmada del cumplimiento de las condiciones y 
la finalidad para la que se concedió la subvención, en la que se describan de manera 
detallada  cada  una  de  las  acciones  realizadas  indicando  el  correspondiente  gasto 
incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento.
b)  Facturas o certificaciones conformadas debidamente y aprobadas por el órgano 
municipal competente u órgano equivalente en el caso de otro beneficiario, que acrediten 
la realización en tiempo y forma de la inversión subvencionable. Las facturas deberán 
estar  fechadas  dentro  del  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  siendo  necesaria  la 
conformidad de estas y su correspondiente aprobación por el órgano competente.
c)  Justificación de pago efectivo de los gastos realizados, mediante certificado de la 
Intervención municipal u órgano similar en el caso de otro beneficiario de los pagos 
realizados, en el que deberá especificarse la identificación del acreedor, la fecha de 
liquidación del gasto, número de factura e importe o justificantes bancarios de salida de 
fondos, todo ello acompañado de las facturas.
d)  En caso de subcontratación, documentación acreditativa de haber cumplido las 
disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos de conformidad con la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (incluyendo los pliegos y publicaciones en boletines 
correspondientes, documentos contables en relación con el gasto e informes de mesas 
de  contratación  en  relación  con  la  adjudicación,  adjudicaciones  definitivas  y 
presupuestos de otras ofertas). En el caso de que, por cualquier circunstancia ajustada a 
derecho,  no  sea  obligatorio  la  realización  del  correspondiente  procedimiento  de 
adjudicación, aportar documentación justificativa que acredite tal circunstancia e informe 
técnico responsable en el que se justifique la oferta seleccionada.
e)  En  el  caso  de  que  la  adjudicación  haya  sido  por  contrato  menor,  justificar 
adecuadamente por qué se ha llevado a cabo ese tipo de adjudicación. e.
f)  Certificado del Secretario del Ayuntamiento o figura equivalente, de la realización  w.b
de las actuaciones que han sido financiadas con cargo a la subvención, en el que se  817ww
consgi)g naCruáanl qlousie imr pootrrate sd oecjeucmuetandtaocsi ócno rrjuesstpifoicnadtiievan teos  ian floarsm meiss mqause. de acuerdo con la
normativa nacional o europea resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación.
8.  No obstante, se podrá requerir documentación justificativa complementaria para 
la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso 
para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos 
que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de 
la financiación y los objetivos
9.  Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 20.  Modificación de la resolución de concesión.
1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2.  Las circunstancias específicas que pueden dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión son:
a)  Causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud, y 
que no fuesen previsibles con anterioridad.
b)  Necesidad  de  ajustar  la  actividad  a  especificaciones  técnicas,  de  salud, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad,  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación de la ayuda.
c)  La modificación del desglose del importe total subvencionado de las distintas 
categorías de gastos, siempre y cuando sea presupuestariamente posible y no suponga 
incremento de la cuantía inicialmente concedida y esté debidamente motivada.
3.  En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, los 
objetivos  perseguidos  con  la  ayuda  concedida,  ni  alterar  la  actividad,  programa, 
actuación  o  comportamiento  para  los  que  se  concedió,  ni  elevar  la  cuantía  de  la 
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión, ni prorrogar el plazo de 
ejecución de los proyectos. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos 
propuestos u ofertados por el beneficiario que fueron razón de su concreto otorgamiento.
4.  Cualquier modificación requerirá la previa solicitud del interesado. El plazo para 
la presentación de solicitudes concluirá quince días hábiles antes de que finalice el plazo 
de  ejecución  de  los  gastos  inicialmente  previstos  y  deberá  ser  aceptado  de  forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado. 
En caso de no recibir notificación de la aceptación por el órgano que dictó la resolución 
de concesión en un plazo de diez días, se entenderá como desestimada la modificación.
5.  La  sustitución  de  elementos  del  presupuesto  financiable  por  otros  con 
funcionalidad  y  objetivo  equivalente  no  requerirá  la  solicitud  de  modificación  de  la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan las condiciones que se especifican:
a)  En  el  caso  de  gastos  relacionados  con  la  implementación  de  soluciones 
tecnológicas y sostenibles, las sustituidas deberán desempeñar la misma función dentro 
del proyecto, pudiendo diferir las características técnicas.
b)  En  el  caso  de  colaboraciones  externas,  podrá  sustituirse  el  colaborador 
inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean 
las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad de acometerlas. e.
c)  En todos los casos, el importe financiable de la categoría de gasto considerado  w.b
debe permanecer igual que en la resolución de concesión. Además, deberán justificarse  817ww
laarstí csuulos t1it9u.ciones  efectuadas  en  la  documentación  justificativa  que  se  exige  en  el
6.  La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas).
7.  Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión se tuviera un 
exceso de ayuda concedida, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento 
de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
Artículo 21.  Publicidad e información.
Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes obligaciones en 
materia de publicidad e información:
a)  Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular, y en 
defecto de que se apruebe una previsión más específica al respecto por orden ministerial 
de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en las medidas de 
información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web,  anuncios  e  inserciones  en  prensa,  certificados,  etc.),  se  deberán  incluir  los 
siguientes logos:
1.º  El emblema de la Unión Europea,
2.º  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 
Europea – Next Generation EU»;
3.º  Se  tendrán  en  cuenta  las  normas  gráficas  y  los  colores  normalizados 
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de 
transferencia  y  gestión  de  las  contribuciones  del  programa,  la  presentación  de 
información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las  características  técnicas  de  las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro 
y el almacenamiento de datos. También se puede consultar la siguiente página web: 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos del 
emblema en: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download.
b)  Las establecidas en artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este 
sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el 
artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija 
en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Así mismo, podrá ser causa 
de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 
de  noviembre  y  artículo  93  de  su  Reglamento  de  desarrollo,  aprobado  por 
real decreto 887/2006, de 21 de julio.
c)  Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones aprobadas 
deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación, «España Puede».
d)  En  caso  de  cofinanciación  por  otra  administración,  tal  circunstancia  deberá 
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y  e.
de acceso al público. w.b
Artículo 22.  Control de la ayuda.
con 1.p osTtearniotor ideand la  afa sées tdee,  ceoln cóergsiaónno d ec olansc eadyeundtaes,  caosmí oc eonm loa  dloes p aógrgoa dneo sla sd me iscmonatsr ool 
competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241,
de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 de 18 de julio de 2018, podrán realizar todos aquellos controles e 
inspecciones que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la 
ayuda concedida, estando los solicitantes obligados a prestar colaboración y proporcionar 
cualquier otra documentación e información que se estime necesaria para la verificación 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, los 
beneficiarios se comprometen a facilitar las inspecciones y comprobaciones que, en su 
caso, se efectúen. La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones 
podrá  constituir  causa  de  reintegro  de  la  ayuda,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  del 
correspondiente procedimiento sancionador.
2.  El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a prevenir, 
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de intereses 
y la doble financiación.
3.  La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán acceder a 
la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así como a cualquier 
otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar dichos datos sobre los 
titulares reales.
4.  A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la información 
entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas subvenciones con los 
Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 23.  Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.  El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido 
en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la obligación de devolver la 
ayuda percibida más los intereses de demora correspondientes, en el momento de 
detectarse  el  incumplimiento,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  77  de  la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.  Serán causa de reintegro total o parcial, las previstas en el artículo 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Asimismo, el incumplimiento de las condiciones asociadas al principio «no causar un 
perjuicio significativo» por parte de las entidades beneficiarias de la ayuda también 
supondrá el reintegro de las cuantías percibidas.
3.  El procedimiento de comprobación y control se detallará en las convocatorias y 
se regirá, así mismo, de acuerdo con las instrucciones y normativa que se establezcan 
desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia
4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, y el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en caso de 
no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las entidades beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro 
Público de manera total o parcial, en cada caso. El procedimiento de reintegro deberá 
ajustarse a lo contenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
6.  El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la ayuda  e.
afectada. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado  w.b
podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de  817ww
quin7c.e  dCíaosrr heáspboilensd edreás ddiec tdairc lhaa r ensootilfuiccaiócnió dne.l expediente al órgano concedente, debiendo
saecru enrodtoif idcea dinai caial ciinótne.r eLsaa rdeos oelunc iuónn  ipnldaizcoa rám qáuxiiémno e sd ela  dpoecreso nmae soebsli gdaedsad ael  rleai nfteecghrao , dlaesl 
obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el apartado 
segundo de este artículo y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.
8.  De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 
General  de  Subvenciones,  se  entiende  por  devolución  voluntaria  aquella  que  es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado, modificada por la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo.
El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria 
y su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, para hacer efectivo el pago.
Artículo 24.  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.  El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
2.  Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se 
tendrá en cuenta el siguiente criterio:
a)  El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la 
realización de la inversión financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro  del  pago  anticipado  más  los  intereses  de  demora,  en  el  porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
b)  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.
A efectos de calcular el anterior porcentaje, se entiende como inversión no realizada 
la que no esté acreditada documentalmente, la que acredite conceptos no financiables, 
la que no respete el desglose de partidas de la resolución de concesión, y la no 
facturada y/o pagada.
3.  En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:
a)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.
b)  Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c)  La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 
desarrollo de la actividad financiada.
CAPÍTULO III
Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2021
Artículo 25.  Objeto de la convocatoria, condiciones y finalidad de la concesión. e.e
1.  Se convocan ayudas para el año 2021, en los términos establecidos en las bases  817ww
cámreoreegmjauoeslrara cdsioac roleaizmnsa  ecilrnaiócc inalmu,l eioqdsdua,ee sr  anemcinzoe amreccliea óctdnaao npsd í eetun dltloioed s aI Id cvedaesenn  latoealcse atsal ne doose .rd sedenisd,t erdinbetusactriiinóaan d, aym s eacrac aanpdaooleyssa  rm ceuo nriimtcoippsu allsedaser,    OE-A-2021-14able en https://
2.  La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo, por entidades locales, de 
planes y proyectos de contenido tecnológico, innovador o de sostenibilidad, así como de 
mejora de equipamientos, dirigidos al sector comercial que se encuentra ubicado en su 
demarcación.
3.  La  convocatoria  se  enmarca  en  la  inversión  4,  apoyo  al  comercio,  del 
Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan de Recuperación, y contribuirá a los 
objetivos asociados a la misma, de acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo 
de recuperación y resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional.
4.  El pago de la ayuda tendrá el carácter de anticipado por importe del 100 por 
ciento de la ayuda concedida.
5.  La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la orden de concesión.
Artículo 26.  Financiación.
1.  El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 66.446.861,52 
euros con cargo a la partida presupuestaria 20.50.430A.76301.
2.  Esta  convocatoria  está  financiada  por  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de febrero de 2021.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación 
correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar los proyectos o 
líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación.
Artículo 27.  Procedimiento de concesión de las ayudas.
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, 
entre las solicitudes presentadas por los potenciales beneficiarios establecidos en el 
artículo  3,  conforme  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  igualdad  y  no 
discriminación.
Los criterios para evaluación de las solicitudes serán los señalados en el artículo 16 
de la presente orden.
Artículo 28.  Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
En cuanto a los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos se 
estará a lo dispuesto en los artículos 4 y 14 de la presente orden.
Artículo 29.  Obligaciones de los beneficiarios.
1.  Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 5 de esta orden.
2.  Las  entidades  beneficiarias  deberán  cumplir,  además,  con  las  obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:
a)  Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en  bo
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del  817ww
ReCleoegncbltsar)eó mjnoeiR cdnoeeto,c  1a la(2bUs a dEcreáa)  ntfe2e, g0bao2r er1eír/ao2fes.4 c1ato rmds eodln ePiz aaardulaadmsit oedrneíat od  ayE toucsor oncptoreonolt e dym epdl leauld sCaos o dneesn e fejooln  addreotí sc1 u2ylo   de2en2  .ff2eo.brdmr)e adroteo.l    OE-A-2021-14able en https://
Dichos datos serán incorporados en una base de datos única.
c)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.
d)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación.
e)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones 
realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la 
documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la normativa 
nacional y de la Unión Europea.
En este sentido, los perceptores de la ayuda deberán conservar los documentos 
justificativos  y  demás  documentación  concerniente  a  la  financiación,  en  formato 
electrónico, durante un período de cinco años a partir de la operación. Este período será 
de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
f)  Tienen  la  obligación  de  asegurar  la  regularidad  del  gasto  subyacente  y  la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
g)  En  la  ejecución  de  las  actuaciones  subvencionadas,  no  perjudicarán 
significativamente  al  medio  ambiente,  de  acuerdo  con  el  artículo  17  del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio 
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
3.  Asimismo,  deben  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad 
indicadas en el artículo 21.
Artículo 30.  Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Por lo que se refiere a los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la presente orden.
Artículo 31.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 30 de septiembre de 2021.
Artículo 32.  Plazo de resolución y notificación.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la presente orden.
Artículo 33.  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
Los documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición serán los 
establecidos en el artículo 14 de la presente orden.
Artículo 34.  Resolución de concesión.
Contra  la  resolución  de  concesión,  podrá  interponerse  con  carácter  potestativo 
recurso de reposición ante el propio órgano que la hubiese dictado, en el plazo de un  s
mes, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,  oe.
computados ambos plazos desde el día siguiente al de la notificación de la misma. w.
Artículo 35.  Criterios de evaluación de las solicitudes.
el arEtínc ucluoa 1n6to d ea  llao sp rcersiteenritoes  odred eenv.aluación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en
Artículo 36.  Medios de notificación y publicación.
Por lo que se refiere a los medios de notificación y publicación de las órdenes de 
concesión, se estará a lo establecido en los artículos 11, 17 y 18 de la presente orden.
Artículo 37.  Período de realización de los proyectos y actuaciones subvencionables.
En los proyectos que se presenten a esta convocatoria podrán financiarse gastos 
devengados y pagados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La 
realización del proyecto presentado para su financiación deberá estar finalizado en dicha 
fecha. Quedan excluidos aquellos proyectos terminados a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.
Artículo 38.  Justificación de las ayudas.
Se  establece  un  plazo  de  tres  meses  desde  la  finalización  de  las  actuaciones 
subvencionadas,  de  acuerdo  con  el  cronograma  presentado  en  la  solicitud,  para 
presentar la justificación de los gastos realizados y, en todo caso, antes del 31 de marzo 
de 2023.
Artículo 39.  Recursos.
1.  Los actos dictados en el procedimiento de concesión de las ayudas podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Contra  la 
resolución expresa, o en su caso, la desestimación presunta de la solicitud, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  computados  desde  el  día 
siguiente al de su notificación en el caso de que haya dictado un acto expreso, y en el 
segundo caso, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto; sin perjuicio de cuantos otros recursos se 
estime oportuno deducir
2.  La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, a través del Registro Electrónico del mismo.
Disposición adicional única.  Régimen jurídico aplicable.
En  todo  lo  no  previsto  en  esta  orden  será  de  aplicación  lo  establecido  en  la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Asimismo, resultan aplicables a estas ayudas el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de  febrero  de  2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia, así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y  es
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas. bo
DispEosstiac ióonrd feinna l sper imdiecrtaa.  alT íatumlop acroom dpee telon cdiaisl.puesto en el artículo 149. 1. 13.ª de la
cCooonrsdtiintuacciióónn  dEes plaa ñpolalan,i fiqcuaec ióantr igbeunyeer aal l dEes ltaa daoct ivlaid caodm epceotneónmciiac ae.n materia de bases y  BOE-A-cable e
Disposición final segunda.  Salvaguarda del rango no reglamentario.
Las  disposiciones  incluidas  en  el  Capítulo  III  de  la  presente  orden,  sobre  la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2021, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.
Disposición final tercera Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 10 de septiembre de 2021.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
María Reyes Maroto Illera.
ANEXO I
Contenido de la memoria descriptiva de la inversión
Parte 1. Identificación del proyecto
Esta parte tendrá carácter introductorio, y su objetivo es proporcionar información 
general sobre el proyecto, con el objetivo de situar en contexto las actuaciones que 
plantea en la solicitud de inversión.
1.  Nombre descriptivo del proyecto:
2.  Actuación/es financiable/s de las descritas en el artículo 5:
3.  Breve descripción/resumen del proyecto:
4.  Impacto generado por el proyecto:
i)  Número de comercios beneficiados y porcentaje sobre el tejido comercial del 
municipio (efecto previsto).
ii)  En la mejora de la accesibilidad y adecuación de las áreas o ejes comerciales 
colindantes.
iii)  En el grado de digitalización del sector comercial (efecto previsto).
5.  Fecha de inicio o fecha prevista:
6.  Fecha finalización prevista:
7.  Presupuesto de inversión total (Desglosado por cada una de las actuaciones a 
realizar):
8.  Presupuesto de inversión en la anualidad en curso:
9.  Fuentes  de  financiación  (Se  deberá  indicar  específicamente  si  existe 
cofinanciación y las cantidades y porcentajes):
Parte 2. Justificación del proyecto
El objetivo de esta parte es justificar la idoneidad del proyecto.
1.  Antecedentes. Especificar si el proyecto se enmarca en algún plan estratégico o 
desarrollo  del  Municipio  o  de  la  Comunidad,  o  sí  es  una  necesidad  sobrevenida. 
Asimismo, también se detallarán aquellas acciones que permitan conocer la situación de 
partida, pertinencia de las actuaciones a realizar, necesidades del sector comercial,  s
incluidas o no en un plan de viabilidad, o el diseño del plan de acción. Todas ellas  oe.
deimempbpoe2rrr.et áannndJ teuecrs o rtpienfoiadcrlu aipzccaaiirórr t neea  l dd pereerllo  abpyleirezoncayetroe fi,cc utqionau/araéi oc :pmtureoajbcoilóre nms ae(L leoac  pjcurioósbtnifl eicyma caaisód nab pubtsuacscació arne  rsedoselvp eolrna, dsqe uraé cp scoeiroq nqueuésie  eraes    2021-14817n https://www.
realizar y cuáles son los beneficios que se buscan obtener con el proyecto):
3.  Objetivo/s general/es: Bc
4.  Objetivo/s especifico/s:
5.  Grado de alineación de la propuesta con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España 
(Se deberá indicar de manera motivada la concordancia de la propuesta con las políticas 
indicadas):
6.  Grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Se deberá 
indicar  de  manera  motivada  las  metas  y  objetivos  de  los  ODS  que  contribuye  a 
conseguir):
7.  Capacidad del proyecto de dinamizar, incorporar nuevas tecnologías, actualizar y 
enriquecer la oferta comercial del municipio, así como de revitalizar la actividad comercial 
en zonas que hayan sufrido un importante descenso de la misma:
8.  Capacidad del proyecto para innovar y mejorar la productividad del sector:
9.  Capacidad  del  proyecto  para  mejorar  la  calidad  ambiental,  la  eficiencia 
energética y la economía circular:
10.  Capacidad de mejorar la experiencia de compra del usuario online y en el 
establecimiento físico:
Parte 3. Descripción del proyecto
1.  Descripción completa del proyecto/actuación financiable:
2.  Cronograma de ejecución de actuaciones según el modelo indicado en el anexo II:
3.  Presupuesto total que se solicita para la actuación financiable (€):
4.  Desglose  del  presupuesto  por  partidas  de  gastos  indicando  las  fuentes  de 
financiación:
5.  Análisis del principio sobre «no perjuicio significativo» para los seis objetivos 
medioambientales  del  Reglamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo:
a)  mitigación del cambio climático;
b)  adaptación al cambio climático;
c)  uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d)  transición hacia una economía circular;
e)  prevención y control de la contaminación;
f)  protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
ANEXO II
Cronograma de ejecución de actuaciones
Actuaciones del Proyecto de inversión correspondientes a la anualidad: ☐ 2021                  ☐ 2022                     ☐  2023 
EELL en la que se desarrolla la actuación: 
Importe de 
Concepto/s de  Fecha de  Importe de la 
Categoría  Fecha de inicio  la inversión  IVA  
N.º  Actuación  gasto de cada  finalización  inversión prevista 
de gasto*  (MM-AAAA)   prevista (con  (€) 
actuación**   (MM-AAAA)   (sin IVA) (€) 
IVA) (€) 
           
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
IMPORTE TOTAL   
COFINANCIACIÓN AUTONÓMICA (%)   
COFINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO (%)   
* Transformación digital, transformación del punto de venta, sostenibilidad y economía circular, cadena de 
suministro y trazabilidad, sensibilización y formación.
** Una actuación puede incluir varios conceptos de gasto.
ANEXO III
Modelo de declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de no 
perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) en el sentido 
del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852
El declarante:
Don/doña:
En calidad de (1):
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:
(1)  Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: e.
Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del  817ww
cfiincalol  ddee  visdua  dveidl ap roúytiel,c tcou om apclitriáv idcaodn  a edl esparirnrocilplaior,  taDnNtoS Hdu rdaen te« nsou  imcapulasnatra cuinó n pceormjuoic iaol 
significativo» exigido por el Reglamento (UE) 2021/241, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:
1.  NO  CAUSA  UN  PERJUICIO  SIGNIFICATIVO  A  LOS  SEIS  OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852(2), que se enumeran 
a continuación:
a)  Mitigación  del  cambio  climático  –se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
b)  Adaptación  al  cambio  climático  –se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, 
sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
c)  Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de 
los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial 
ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen 
estado ecológico de las aguas marinas.
d)  Economía  circular,  incluidos  la  prevención  y  el  reciclado  de  residuos  –se 
considera  que  una  actividad  causa  un  perjuicio  significativo  a  la  economía  circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el 
uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un 
aumento significativo de la generación de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la, 
incineración o el depósito en vertedero de residuos; o si la eliminación de residuos a largo 
plazo puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.
e)  Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo –se 
considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control 
de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.
f)  Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas –se considera que 
una actividad causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad 
y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la 
resiliencia de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats 
y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.
(2)  Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088.
2.  LA  ENTIDAD  SOLICITANTE  NO  DESARROLLA  ACTIVIDADES  EXCLUIDAS 
según lo indicado por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia.
Las actividades excluidas son:
– Refinerías de petróleo.
– Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.
– Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados 
con su infraestructura de transporte y distribución. e.e
– Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a  w.b
largo plazo al medioambiente). 817ww
inve–rs iIonnveesrs ieonn esp laennta sin sdtea latcraiotanmesie nptaor ab iolaló gdiecpoo smiceiócánn idceo   (rMesBidTu)o sq ueen  imvpelritqeudeenro  uno 
apuemligeronstoo sd neo s rue ccicalpaabcleidsa).d o de su vida útil (salvo plantas de tratamiento de residuos
– Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(según el anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
3.  LA  ENTIDAD  SOLICITANTE  NO  PREVÉ  EFECTOS  DIRECTOS  DEL 
PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS 
PRIMARIOS,  entendiendo  como  tales  aquéllos  que  pudieran  materializarse  tras  su 
finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración 
dará, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las 
ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes.