BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Miércoles 23 de febrero de 2022 Sec. TC.   Pág. 22109
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2921 Sala Segunda. Sentencia 6/2022, de 24 de enero de 2022. Recurso de 
amparo 5789-2020. Promovido por doña María Jesús Meneses Sigüenza en 
relación con las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Palma 
de Mallorca y un juzgado de primera instancia de Manacor en procedimiento 
de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas 
abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
ECLI:ES:TC:2022:6
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
Antonio Xiol Ríos, presidente; los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ramón Sáez Valcárcel y don Enrique Arnaldo 
Alcubilla, y la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 5789-2020, interpuesto por el procurador de los 
tribunales don Bartolomé Quetglás Mesquida, en nombre y representación de doña 
María Jesús Meneses Sigüenza, asistido por el abogado don Antonio Juliá Barceló, 
contra los autos de 10 de septiembre y 13 de octubre de 2020 dictados por la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el recurso de apelación núm. 
49-2020, y frente a la providencia de 20 de mayo de 2019 y el auto de 13 de junio 
de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 323-2014. Ha comparecido la entidad Banco de Santander, 
S.A., representada por el procurador de los tribunales don Miguel Ángel Montero Reiter y 
asistida por la abogada doña Cristina Regany Terradellas. Ha intervenido el Ministerio 
Fiscal. Ha sido ponente el magistrado don Enrique Arnaldo Alcubilla.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 26 de 
noviembre  de  2020,  doña  María  Jesús  Meneses  Sigüenza,  representada  por  el 
procurador de los tribunales don Bartolomé Quetglás Mesquida, interpuso recurso de 
amparo  contra  las  resoluciones  judiciales  a  las  que  se  ha  hecho  mención  en  el 
encabezamiento de esta sentencia.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los  e
que seguidamente se relacionan. bo
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Popular Español, S.A.), se dictó auto de fecha 29 de enero de 2015 despachando
ejecución y requiriendo de pago a la ejecutada, quien se opuso a la ejecución. El  Bc
incidente de oposición a la ejecución fue desestimado por auto del juzgado de 18 de 
diciembre de 2015.
b) Por escrito de 5 de abril de 2019 la demandante de amparo promovió un nuevo 
incidente de oposición a la ejecución, alegando la falta de análisis judicial del carácter 
abusivo de la cláusula tercera del contrato de préstamo hipotecario, relativa a la tasación 
del inmueble objeto de la garantía hipotecaria a los efectos de la fijación del tipo de la 
subasta. La oposición fue rechazada por providencia de 20 de mayo de 2019 del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor. El juzgado declaró que no procedía 
tener por presentada la nueva oposición «por haber precluido en exceso el plazo legal, 
siendo firmes los autos de despacho de ejecución (29 de enero de 2015), e1 auto que 
desestimó el incidente de oposición a la ejecución (18 de diciembre de 2015) y auto de la 
Audiencia Provincial de 19 de mayo de 2015, ello en estricta aplicación del principio 
preclusivo del art. 136 LEC y la firmeza de las resoluciones judiciales, art. 207 LEC». 
Añade que «resulta inaplicable la nueva solicitud al amparo de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017, por cuanto en nuestro supuesto 
ya se realizó un examen exhaustivo de las cláusulas del contrato y su posible abusividad 
en el incidente de oposición habido en el año 2015 en cuyo auto de 18 de diciembre 
de 2015 la magistrada estudió todo el clausulado general del contrato a 1a luz de la 
Directiva  93/2013  (así,  en  concreto  la  de  intereses  moratorios,  las  cláusulas  de 
vencimiento anticipado, la de intereses ordinarios, la de redondeo al alza en intereses, la 
cláusula suelo, el anatocismo...)».
Contra esta providencia la demandante de amparo interpuso recurso de reposición, 
que  fue  desestimado  por  auto  de  13  de  junio  de  2019,  reiterando  el  juzgado  los 
razonamientos expresados en la providencia.
c) Interpuesto contra el anterior auto recurso de apelación, fue desestimado por 
auto de 10 de septiembre de 2020 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Palma de Mallorca. Argumenta este órgano judicial que «se ha producido un efectivo 
control  de las cláusulas  contractuales que  pudiesen  ser consideradas abusivas, en 
primer lugar y de oficio, por la juzgadora de primera instancia en lo referente a los 
intereses moratorios; en segundo lugar, por los ejecutados y en particular por la señora 
Meneses, que provista de letrado y procurador, planteó incidente de oposición a la 
ejecución sobre aquellas cláusulas contractuales que consideró abusivas, no habiéndolo 
hecho sobre la relativa a la tasación de la finca hipotecada a efectos de subasta, no 
obstante tener elementos y datos necesarios para hacerlo, habiéndose pronunciado el 
juzgado sobre la abusividad de las cláusulas concretas que los ejecutados consideraron 
abusivas». Añade que no procede la interpretación radical al amparo de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2017 que pretende la 
recurrente, «obviando su propia oposición a la ejecución que ya quedó resuelta, pues 
ello supondría que los ejecutados podrían reservarse una o varias cláusulas para ir 
produciendo  distintos  incidentes  de  oposición,  retrasando  así  sine  die  la  propia 
ejecución, aparte de que en el auto resolutorio del recurso de reposición, cuyo criterio 
compartimos, ya se pronuncia la juzgadora sobre esta cláusula».
Por auto de 13 de octubre de 2020 fue denegada la aclaración de la anterior 
resolución, solicitada por la demandante de amparo.
3. La demanda de amparo se interpone contra la providencia de 20 de mayo 
de 2019 y el auto de 13 de junio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
Manacor, (procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 323-2014), así como frente a los  s
autos de 10 de septiembre y 13 de octubre de 2020 de la Sección Cuarta de la Audiencia  e.
Provincial de Palma de Mallorca (recurso de apelación núm. 49-2020), alegándose la  w.
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el  21ww
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Gutiérrez García, asunto C-421/14) y en la STC 31/2019, de 28 de febrero, se concreta
en la ausencia de control judicial sobre el carácter abusivo de la cláusula relativa a la 
tasación del inmueble objeto de la garantía hipotecaria a los efectos de la fijación del tipo 
de la subasta. Solicita por ello la recurrente que se declaren nulas las resoluciones 
judiciales impugnadas y se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la referida 
providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor, para que se dicta 
nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 
Mediante  otrosí  solicitó  la  suspensión  cautelar  del  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria.
4. Por providencia de 10 de marzo de 2021, la Sección Cuarta de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
LOTC), por cuanto el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, 
FJ 2 g)]. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se ordena dirigir 
atenta  comunicación  a  la  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia  Provincial  de  Palma  de 
Mallorca y al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor, para que, en plazo que 
no exceda de diez días, remitan respectivamente certificación o fotocopia adverada de 
las  actuaciones  correspondientes  al  recurso  de  apelación  núm.  49-2020  y  al 
procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 323-2014, debiendo asimismo emplazar a 
quienes hubieran sido parte en dicho procedimiento, excepto a la recurrente en amparo, 
a fin de que puedan comparecer, si lo desean, en el presente proceso constitucional.
Se acordó igualmente formar la correspondiente pieza separada de suspensión. 
Tramitada esta, por ATC 44/2021, de 19 de abril, se acordó la suspensión cautelar del 
lanzamiento decretado en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
5. La secretaría de justicia de la Sala Primera de este tribunal, por diligencia de 
ordenación de 13 de mayo de 2021, acordó tener por personado y parte en el presente 
proceso constitucional al procurador de los tribunales don Miguel Ángel Montero Reiter 
en nombre y representación de la entidad Banco de Santander, S.A. Acordó asimismo 
dar vista de las actuaciones recibidas de los órganos judiciales a las partes personadas y 
al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que 
estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 22 de junio de 2021.
Tras resumir los antecedentes procesales relevantes para caso y acotar la pretensión 
de la demandante de amparo, señala que el objeto del presente recurso consiste en 
dilucidar si el juez ha desconocido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en materia de revisión de las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios 
(STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García) 
y la doctrina constitucional al respecto (STC 31/2019, de 28 de febrero, reiterada en 
otras posteriores). No se trata, pues, de un caso original que se plantee ante el Tribunal 
Constitucional, sino de un asunto más de una serie en la que ya existe una consolidada 
doctrina constitucional, de aplicación al caso.
Partiendo de esta premisa, el Ministerio Fiscal recuerda los pronunciamientos más 
relevantes de la citada STC 31/2019 y concluye que la aplicación de esta doctrina al 
presente caso conduce al otorgamiento del amparo solicitado. El Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Manacor debió examinar si la doctrina de la STJUE de 26 de enero  s
de 2017 era aplicable al supuesto sometido a su consideración, lo que implicaba llegar a  oe.
la conclusión de que debió proceder al control que solicitaba la recurrente sobre el  w.
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el  presente  caso.  El  juzgado  no  puede  escudarse,  para  eludir  ese  control,  en  el
argumento de que la recurrente, al formular inicialmente su oposición a la ejecución no  Bc
alegó la abusividad de esa concreta cláusula; ello supone olvidar que, conforme a la 
jurisprudencia citada, es obligado llevar a cabo el control judicial incluso de oficio, 
mientras el proceso de ejecución no haya concluido.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que se ha vulnerado el derecho de la 
recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), debiendo acordarse 
la  nulidad  de  las  resoluciones  judiciales  impugnadas  en  amparo  y  retrotraer  las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la providencia de 20 de 
mayo de 2019, a fin de que el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor dicte 
una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
7. El 17 de junio de 2021 tuvo entrada en el registro de este tribunal el escrito de 
alegaciones  presentado  por  la  representación  procesal  de  la  entidad  Banco  de 
Santander, S.A., que solicita la desestimación de la demanda de amparo.
Sostiene que no ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la 
demandante de amparo, puesto que los órganos judiciales han dado respuesta expresa 
y ampliamente motivada a sus alegaciones en la oposición a la ejecución. Tampoco se 
vulnera  la  primacía  del  derecho  comunitario,  ni  la  especial  protección  de  los 
consumidores  y  usuarios,  puesto  que  no  estamos  ante  la  denuncia  de  la  posible 
abusividad de una cláusula que no ha sido previamente examinada, sino ante un posible 
defecto  procesal  subsanable  cuyo  trámite  ahora  ha  precluido.  No  cabe  invocar  el 
supuesto carácter abusivo de la cláusula relativa al valor de tasación de la finca, sino que 
lo que procedía era alegar el posible defecto procesal subsanable del art. 682.2.1 de la 
Ley de enjuiciamiento civil (LEC), esto es, que el valor de tasación pactado no sea 
inferior  al  75  por  100  del  valor  señalado  en  la  tasación  realizada  en  virtud  de  la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
8. La  representación  procesal  de  la  demandante  de  amparo  no  formuló 
alegaciones.
9. Por  providencia  de  20  de  enero  de  2022  se  señaló  para  la  deliberación  y 
votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto del recurso de amparo.
La demandante sostiene que las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han 
vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por cuanto 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 323-2014, se ha mostrado contrario a controlar la abusividad de una 
cláusula del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con una entidad de 
crédito,  decisión  confirmada  en  apelación  por  la  Sección  Cuarta  de  la  Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca.
El Ministerio Fiscal solicita la estimación del recurso de amparo, en tanto que la 
representación  procesal  de  la  entidad  Banco  de  Santander,  S.A.,  interesa  la 
desestimación,  por  las  razones  que  han  quedado  resumidas  en  el  relato  de 
antecedentes.
2. Doctrina constitucional aplicable (STC 31/2019, de 28 de febrero).
Este tribunal en ningún caso puede dirimir si la cláusula contractual denunciada por  bo
la demandante de amparo (relativa a la tasación del inmueble hipotecado a los efectos  21ww
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(confirmada por la Audiencia Provincial) a pronunciarse sobre el carácter abusivo de la
cláusula aludida, so pretexto de que la ejecutada ya tuvo ocasión de alegar sobre el 
carácter abusivo de las cláusulas cuando formuló la oposición a la ejecución y no lo hizo 
respecto de la referida a la tasación del inmueble objeto de la garantía hipotecaria a los 
efectos de la fijación del tipo de la subasta, vulnera o no el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Para  dar  respuesta  a  esta  cuestión  habremos  de  tener  en  cuenta  la  doctrina 
constitucional sentada por el Pleno en la referida STC 31/2019, de 28 de febrero, 
reiterada en ulteriores pronunciamientos de este tribunal. La STC 31/2019 resolvió un 
asunto en el que, con base en el Derecho de la Unión Europea (Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo,  de  5  de  abril,  sobre  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con 
consumidores y STJUE de 26 de enero de 2017, Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez 
García, asunto C-421/14), se instaba el control del carácter abusivo del clausulado de un 
contrato  de  préstamo  con  garantía  hipotecaria  (en  concreto,  de  la  cláusula  de 
«vencimiento anticipado»).
La STC 31/2019 recuerda que una selección irrazonable y arbitraria de la norma 
aplicable al proceso vulnera el derecho fundamental del demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Con cita de doctrina precedente, advierte que el 
desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido 
interpretada  por  el  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  puede  suponer  una 
selección irrazonable y arbitraria de la norma aplicable al proceso, lo cual puede dar 
lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 31/2019, FJ 4).
En lo que interesa específicamente al presente recurso, la STC 31/2019, FJ 6, 
subraya que, de la Directiva 93/13/CEE, conforme a la interpretación realizada por parte 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 26 de enero de 2017, asunto 
Banco Primus, S.A.), se desprende que el juez nacional viene obligado «a apreciar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula, incluso tras el dictado de una resolución con 
fuerza de cosa juzgada, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, siempre que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada 
previamente. Y, por supuesto, permite que el consumidor pueda formular un incidente de 
oposición cumpliendo con lo que disponga la norma, lo que no exime de la obligación de 
control de oficio por el órgano judicial […]».
Así pues, sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo 
control del posible abuso de las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con 
los consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional referida.
3. Resolución del asunto.
La  aplicación  de  esta  doctrina  constitucional  al  presente  caso  conduce  al 
otorgamiento del amparo solicitado.
Como ha quedado expuesto, para rechazar la revisión sobre la abusividad de la 
cláusula relativa a la tasación del inmueble hipotecado a los efectos de la fijación del tipo 
de la subasta los órganos judiciales se limitan a proclamar el carácter extemporáneo de 
la solicitud de revisión, indicando que la recurrente no hizo uso oportunamente de las 
posibilidades  procesales  para  denunciar  esa  concreta  cláusula  como  abusiva.  Esta 
respuesta judicial no satisface las exigencias de motivación que dimanan de la doctrina 
constitucional referida, pues desconoce las exigencias del principio de primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la obligación de control de oficio por los órganos 
judiciales del eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos de préstamo 
hipotecario, que únicamente se exceptúa en el caso de que esa posible abusividad del  e.e
clausulado hubiera sido examinada en un anterior control judicial, lo que no sucede en el  w.b
presente caso respecto de la cláusula referida a la tasación del inmueble hipotecado a  21ww
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cláusula contractual.
Por consiguiente, las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han vulnerado 
el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), pues 
la decisión de no pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de la cláusula relativa 
a la tasación del inmueble hipotecado a los efectos de la fijación del tipo de la subasta 
infringe el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, «al prescindir el 
juzgado de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo 
con carácter vinculante», incurriendo, por ello, «en  una interpretación irrazonable y 
arbitraria de una norma aplicada al proceso» (STC 31/2019, FJ 9). Procede por ello el 
otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de las resoluciones judiciales 
impugnadas y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno, a fin de que 
el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Manacor, con plenitud de jurisdicción, dicte 
una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña María Jesús Meneses Sigüenza 
y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los autos de 10 de 
septiembre y 13 de octubre de 2020 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Palma de Mallorca, en el recurso de apelación núm. 49-2020, y de la providencia de 20 
de mayo de 2019 y el auto de 13 de junio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia 
núm. 5 de Manacor, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 323-2014.
3.º Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de la providencia de 20 de mayo de 2019, para que el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de Manacor dicte una nueva resolución que sea respetuosa 
con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticuatro de enero dos mil veintidós.–Juan Antonio Xiol Ríos.–
Antonio Narváez Rodríguez.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–Ramón Sáez Valcárcel.–
Enrique Arnaldo Alcubilla.–Concepción Espejel Jorquera.–Firmado y rubricado.