BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186 Jueves 5 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 96333
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
13461 Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para el 
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos 
colectivos  de  trabajo,  el  depósito  de  estatutos  de  las  organizaciones 
sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal.
Suscrito  el  Convenio  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  y  la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el funcionamiento por medios electrónicos 
del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de 
las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  procede  la  publicación  en  el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»  del  citado  Convenio,  que  figura  como  anexo  de  esta 
Resolución.
Madrid,  3  de  agosto  de  2021.–La  Secretaria  General  Técnica,  P.S. 
(Real Decreto 499/2020, de 28 de abril), el Subdirector General de Informes, Recursos y 
Publicaciones, Luis Navas López.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León para el funcionamiento por medios electrónicos del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de 
las organizaciones sindicales y empresariales y el registro de empresas de trabajo 
temporal
A 22 de julio de 2021.
REUNIDAS
De una parte, la Excma. señora doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de 
Ministra de Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero,  y  en  uso  de  sus  atribuciones  conferidas  en  virtud  del  artículo  61.K)  de  la 
Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público, 
con NIF S2819001E.
Y de otra parte, doña Ana Carlota Amigo Piquero, Consejera de Empleo e Industria 
de la Junta de Castilla y León, nombrada por Acuerdo 5/2020, de 28 de mayo, del 
Presidente  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (BOCyL  de  29  de  mayo  de  2020),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26.1.l), de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL del 6 julio 
de 2001), en representación de la Junta de Castilla y León con NIF S4711001J.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.
EXPONEN
Entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de 
Castilla  y  León  se  han  suscrito  varios  convenios  para  el  funcionamiento  de  las 
aplicaciones electrónicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dan soporte a:
El registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
El depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
El registro de empresas de trabajo temporal.
La entrada en funcionamiento de estas aplicaciones ha permitido que cualquier 
trámite relacionado, tanto con el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, o el registro 
de  empresas  de  trabajo  temporal  se  pueda  realizar  de  forma  electrónica,  dando 
cumpliendo así al derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones  Públicas  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, la creación, de cada una de estas aplicaciones ha permitido la existencia, 
por  primera  vez,  de  una  información  completa,  tanto  de  los  convenios  y  acuerdos 
colectivos de trabajo existentes como de las organizaciones sindicales y empresariales 
cuyos estatutos están depositados en las oficinas públicas de estatutos, como de las 
empresas de trabajo temporal registradas ante cualquier autoridad laboral del Estado.
2.  El  Real  Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 
sobre  depósito  de  estatutos  de  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  y  el 
Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 
empresas de trabajo temporal, al establecer que sus respectivos procedimientos deberán 
tramitarse a través de medios electrónicos, traen como consecuencia la necesidad de 
una aplicación informática que les dé cobertura.
Además al establecerse en cada uno de los reales decretos la constitución de una 
base de datos central, exige que la información remitida por cada autoridad laboral 
competente se efectúe siguiendo unas determinadas especificaciones técnicas.
3.  Por ello los reales decretos antes citados prevén la firma de convenios entre el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social,  y  aquellas  comunidades  autónomas  que 
deseen utilizar las correspondientes aplicaciones informáticas como soporte informático 
de los citados procedimientos.
Dichos convenios se firmaron en el momento de entrada en funcionamiento de cada 
una de las aplicaciones.
En virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el presente 
Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del Convenio.
En cumplimiento de lo previsto en:
– La disposición adicional primera del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre  b
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 461ww
depó–s iLtoa  ddeis epsotsaictuiótons a ddeic liaosn aolr gparinmizearac iodneel sR esianld Diceaclerest oy  4e1m6p/2re0s1a5r,i adlees 2.9 de mayo, sobre
que –s eL aap druisepboas iecli óRne galdaimcioennatol  údnei claas  deeml pRreeasla sD edcer etrtaob a4j1o7 t/e2m01p5o,r adle. 29 de mayo, por el
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo  y  Economía  Social  y  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León  para  el 
funcionamiento y gestión posterior del registro de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y del 
registro de empresas de trabajo temporal.
Segunda.  Uso de las aplicaciones informáticas constituidas en el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social.
Comprobadas las posibilidades de las aplicaciones informáticas gestionadas en el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, para el registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales, y el registro de empresas de trabajo temporal la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León se compromete a cumplir las especificaciones técnicas que se 
establecen  para  dichas  aplicaciones  informáticas  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y 
Economía Social.
Tercera.  Utilización de las aplicaciones informáticas por las Comunidades Autónomas.
1.  La Comunidad Autónoma albergará los datos obrantes en sus depósitos en las 
aplicaciones informáticas citadas en la cláusula anterior, gestionadas por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.
2.  La  Comunidad  Autónoma  puede  plantear  las  modificaciones  que  considere 
oportunas  para  un  mejor  funcionamiento  de  sus  depósitos  y  registros  a  través  del 
procedimiento previsto en la cláusula décima, siempre que no suponga una modificación 
del Convenio. Los cambios serán evaluados y, en caso de ser aceptados por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social se incorporarán a la aplicación correspondiente.
Cuarta.  Base de datos central.
1.  A través de la correspondiente aplicación informática, las autoridades laborales 
competentes en la materia tendrán acceso a la base de datos central que incluirá todos 
los  asientos  electrónicos  practicados  en  las  condiciones  establecidas  en  los 
reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, de 29 de mayo, y 417/2015, de 29 
de mayo.
2.  Las bases de datos se configurarán de forma que permitan enlazar digitalmente 
con los boletines oficiales correspondientes en los que figuren las resoluciones del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, del depósito de los estatutos de 
las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  del  registro  de  empresas  de  trabajo 
temporal y de los demás actos que sean objeto de publicación en los citados registros y 
depósitos.
La Comunidad Autónoma podrá utilizar las bases de datos centrales con el fin de 
realizar consultas y disponer de información sobre los convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo, las organizaciones sindicales y empresariales y las empresas de trabajo 
temporal que figuren en las mismas.
Quinta.  Acceso externo a los depósitos de estatutos y a la base de datos central.
1.  La Administración General del Estado se obliga a crear un sitio de Internet para 
cada aplicación a través de los cuales se realizará el acceso externo a los registros de  e.e
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, los depósitos de estatutos, y los registros de  w.b
empresas de trabajo temporal y a sus respectivas bases de datos centrales. 461ww
y deLpaó Csiotomsu, naidsía dc oAmuotó naoñmadai rp ocdornát epneidrsoosn aaldizicairo nsuasle sp áagjiunsatsá nddeo esen traa dlao sa  rseuqsu irseitgoisst rdoes 
dise2ñ.o  eLsotasb cleocnitdeonsid poosr  ienls Meritnaisdtoesr ioe nd ela Tsr apbáagjion ays E dceo neonmtraíad aS oac ilaols. registros y depósitos
deberán ser coherentes con la legislación vigente en materia de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y 
empresas de trabajo temporal, sin que en ningún caso puedan contravenir su aplicación, 
así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  sus  correspondientes 
desarrollos reglamentarios.
Sexta.  Acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los 
depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los 
registros de empresas de trabajo temporal.
1.  El acceso a los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, a los 
depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y a los registros 
de empresas de trabajo temporal se realizará según el perfil informático correspondiente 
al usuario.
2.  Los perfiles informáticos de acceso a dichos depósitos serán los siguientes:
a)  Perfil de autoridad laboral que utilice la aplicación informática como soporte 
informático de su registro o depósito. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en 
su registro o depósito, así como la realización de los trámites relativos a todos los actos 
registrables o depositables. Permitirá, asimismo, la explotación informática de los datos, 
de acuerdo con las posibilidades de la aplicación.
Este perfil requerirá estar registrado como usuario del sistema.
b)  Perfil de usuario legitimado con certificado digital para solicitar el registro o 
depósito. Permitirá la presentación de solicitudes de los actos registrables o depositables 
y de certificaciones conforme a lo previsto en cada real decreto.
c)  Perfil de usuario sin certificado digital. Permitirá el acceso a la información que 
se considere en cada uno de los registros o depósitos así como a la obtención de copias 
auténticas del texto de los estatutos.
3.  A  efectos  de  lo  previsto  en  esta  cláusula,  serán  válidos  los  certificados 
reconocidos por la plataforma @firma del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública.
4.  Corresponderá a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  adoptar  las  medidas 
necesarias para dar de alta como usuario administrador de cada base de datos central a 
una persona designada por cada autoridad laboral de acuerdo con el perfil asignado a 
cada uno. El acceso deberá facilitarse dentro de los quince días siguientes a la recepción 
de la solicitud.
Una vez dado de alta, corresponderá al usuario administrador gestionar los trámites 
relacionados con los usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.
Séptima.  Asistencia a los usuarios de la aplicación.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios un 
sistema  de  atención  electrónica  destinado  a  solucionar  problemas  derivados  de  la 
utilización de las aplicaciones informáticas.
Octava.  Protección de datos.
La gestión de los datos obrantes en cada uno de los registros y depósitos se llevará  bo
a cabo de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de  461ww
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Novena.  Ausencia de coste.
Este Convenio no conllevará contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía Social 
incurrir en gasto alguno ni darán lugar a repercusión presupuestaria de ningún tipo.
Décima.  Seguimiento.
Para velar por el cumplimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de 
Seguimiento  formada  por  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  y 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el 
Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o personas en 
que los mismos deleguen, así como por otros dos vocales representantes de cada 
Administración. En calidad de asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán 
incorporarse otros técnicos.
La  presidencia  de  la  Comisión  se  ejercerá  anualmente  por  cada  titular,  de  los 
señalados  anteriormente  o  en  la  persona  que  deleguen,  alternándose  con  esa 
periodicidad en el desempeño del cargo representantes de ambas administraciones. 
Actuará como secretario un vocal de la administración a la que pertenezca el presidente 
y con la misma periodicidad de éste. En caso de empate en las deliberaciones se dirimirá 
con el voto del presidente.
La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y se 
regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª subsección 2.ª 
del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
Funciones:
a)  Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de las bases de 
datos centrales y de los depósitos y registros de las autoridades laborales y, en su caso, 
proponer la introducción de cambios en las aplicaciones informáticas que supongan una 
mejora en la gestión de los registros y depósitos de las autoridades laborales, en las 
bases de datos centrales o en el sitio de Internet que les sirve de soporte, siempre que 
ello no suponga contravenir los reales decretos 713/2010, de 28 de mayo, 416/2015, 
de 29 de mayo, y 417/2015, de 29 de mayo.
b)  Recibir  las  comunicaciones  relativas  a  los  cambios  en  las  aplicaciones 
informáticas.
c)  Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.
Undécima.  Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.
Este  Convenio  tiene  naturaleza  administrativa  conforme  a  lo  dispuesto, 
especialmente para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula décima, las cuestiones 
litigiosas surgidas por la ejecución del presente Convenio serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. e.
Duodécima.  Vigencia del Convenio. 461ww
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Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición
adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su 
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», conforme lo dispuesto en la disposición 
final segunda del Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No obstante, será inscrito en el Registro General Electrónico de Convenios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia, una 
prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.
Decimotercera.  Modificación, extinción y resolución del Convenio.
1.º  La modificación podrá realizarse por acuerdo unánime de las partes.
2.º  El  Convenio  se  extinguirá  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución las siguientes:
1.  Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.
2.  Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.
3.  Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del Convenio.
4.  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora  un  requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá  resuelto  el  Convenio.  La  resolución  del  Convenio  por  esta  causa  podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
5.  Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación  mínima  de  tres  meses.  Con  el  objeto  de  que  puedan  finalizarse 
adecuadamente las actuaciones en curso que hubiera en el momento de la notificación.
6.  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
7.  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas o en otras leyes.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes a propuesta de la 
comisión de seguimiento, prevista en la cláusula décima, podrán acordar la continuación 
y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización.
La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez.–La Consejera de 
Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo Piquero.