BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Miércoles 20 de octubre de 2021 Sec. TC.   Pág. 127902
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
17099 Sala Segunda. Sentencia 150/2021, de 13 de septiembre de 2021. Recurso 
de  amparo  3866-2019.  Promovido  por  doña  Norma  del  Consuelo  López 
Collahuazo respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia 
de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del 
Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). 
Voto particular.
ECLI:ES:TC:2021:150
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez  y  don  Ricardo  Enríquez  Sancho,  ha 
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3866-2019, promovido por doña Norma del Consuelo 
López Collahuazo, representada por la procuradora de los tribunales doña María Teresa 
Marcos Moreno, bajo la asistencia del letrado don Juan Carlos Rois Alonso, contra el 
auto de 24 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de 
Madrid, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 592-2015. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal y la entidad financiera ejecutante. Ha sido ponente la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 20 de junio de 2019, doña Norma del 
Consuelo López Collahuazo, representada por la procuradora de los tribunales doña 
María  Teresa  Marcos  Moreno,  bajo  la  asistencia  del  letrado  don  Juan  Carlos  Rois 
Alonso, interpuso recurso de amparo contra la resolución a la que se hace referencia en 
el encabezamiento, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid, en 
el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 592-2015, alegando la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una 
resolución motivada y fundada en Derecho, en relación con el principio de primacía del 
Derecho de la Unión (arts. 10.2 y 96.1 CE), el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el 
derecho a una vivienda digna (art. 47 CE).
2.  Los hechos relevantes, que se desprenden de la demanda de amparo y de las  o
actuaciones que la acompañan, son los siguientes: 099www.
de eaj)e cuLcai óenn tihdiapdo tefincaarniaci ecroan Btraan kdioañ, aS .AN.o, rpmreas ednetló ,C eoln dsíuae 9lo  dLeó jpuelioz  dCeo 2lla0h1u5a, zdoe mya nddoan 
Gdeelr acordnotr aJetos údse  Cprruézs tMamejoía c, ocno mgaor daenutídao hreipso, tpeocar reial ,i moptoarggoa ddoe  eslu 9s  odbel idgiaccieiomnberse d deeri v2a0d0a3s,   BOE-A-cable e
que fue objeto de novación en escritura pública, fechada el 6 de junio de 2011. El crédito 
hipotecario gravaba la vivienda sita en la calle Albaida 78, 1.º-B de Madrid.
Entre las cláusulas contenidas en la escritura del préstamo hipotecario figuraban la 
sexta, relativa al interés de demora, y la sexta bis, sobre la resolución anticipada del 
crédito.
b)  Con fecha de 1 de septiembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 
de Madrid dictó auto despachando ejecución y por decreto de la misma fecha se requirió 
de pago a los ejecutados.
En cuanto a la demanda ejecutiva y el título de ejecución el auto declara que «[l]a 
demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos en el art. 685 de la LEC, y el título 
que se acompaña es susceptible de ejecución, conforme al art. 517.1.4 de la misma ley, 
por lo que procede, en virtud de lo dispuesto en los artículos 681 y siguientes en 
concordancia con el artículo 551 de la LEC, dictar la presente orden general de ejecución 
y despacho de la misma a favor de la ejecutante frente al deudor».
c)  Intentada sin éxito la notificación a los ejecutados el día 21 de septiembre 
de 2015, se procuró la averiguación de otros posibles domicilios con resultado negativo, 
razón por la cual, a solicitud de la entidad ejecutante, por diligencia de ordenación de 20 
de octubre de 2015 se acordó la notificación por edictos.
d)  Por decreto de 9 de marzo de 2016 se decidió celebrar la subasta de forma 
telemática  en  el  portal  de  subastas  electrónicas,  que  fue  declarada  desierta, 
acordándose la adjudicación del inmueble a la entidad ejecutante por el 50 por 100 de su 
valor, mediante decreto de 21 de junio de 2016.
e)  El 10 de octubre de 2016 se notificó personalmente a la ahora recurrente la 
diligencia de liquidación de intereses y tasación de costas, teniéndosela por personada 
mediante diligencia de ordenación de 25 de octubre de 2016.
f)  Por escrito de 30 de noviembre de 2016, doña Norma del Consuelo López 
Collahuazo presentó escrito solicitando la nulidad de todas las actuaciones practicadas 
desde el auto de despacho de ejecución alegando la falta de diligencia del órgano 
jurisdiccional en procurar la notificación personal a los ejecutados.
g)  El incidente excepcional de nulidad de actuaciones fue desestimado por auto 
de 9 de enero de 2017, por extemporaneidad.
h)  Interpuesto recurso de amparo núm. 658-2017 contra la resolución antedicha, 
fue inadmitido por providencia de la Sección Primera del Tribunal Constitucional, dictada 
el 19 de octubre de 2017, por «no haber satisfecho debidamente la carga consistente en 
justificar la especial trascendencia constitucional del recurso (art. 49.1 LOTC)».
i)  Por escrito de 10 de marzo de 2017, la recurrente instó la nulidad de actuaciones 
y de la cláusula de vencimiento anticipado por su carácter abusivo y, subsidiariamente, la 
suspensión del procedimiento hasta la resolución de una cuestión prejudicial planteada 
por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa a los 
efectos de la declaración de abusividad sobre la cláusula de vencimiento anticipado.
j)  Mediante auto de fecha 25 de abril de 2017, el Juzgado de Primera Instancia 
núm.  31  de  Madrid  denegó  tanto  la  nulidad  del  procedimiento  y  de  la  cláusula 
cuestionada, reiterando el argumento fundado en la extemporaneidad de la solicitud, 
como también la solicitud de suspensión al considerar que se infringiría el principio de 
preclusión  y  la  cosa  juzgada  por  cuanto,  según  se  razona,  «no  existe  en  este 
procedimiento  ninguna  resolución  pendiente  de  dictar  sobre  la  cuestión  prejudicial 
aludida por la solicitante».
k)  Por decreto de 14 de junio de 2018, se acordó la adjudicación de la finca y la  s
cancelación de la hipoteca en favor de la ejecutante, poniéndola a su disposición, en  oe.
virtud de diligencia de ordenación de 16 de enero de 2019. w.
l)  La recurrente presentó escrito, de fecha 19 de marzo de 2019, solicitando que el  099ww
óarl giannteor éjusr isddei cdcieomnaolr as,e  yp rsoenxutnac ibairsa,  ssoobbrree  lala a breussoivluidcaiódn d ea nlaticsi pcaláduas udlaesl  csreéxdtait,o ,r edlaet ivlaa 
ceusacrlqituuriear  doetr ap rqéuseta meno  ehjeiprocitceicoa drieo  lqause f asciruvlitóa ddees  fpurnod caomnesnutmo itao rlea  teiejenceu ceiló jnu,z g«aadsoí ,c ao mfion   BOE-A-cable e
de declarar su abusividad y expulsión del contrato, con las consecuencias que dicha 
declaración ha de conllevar, con arreglo a la jurisprudencia del TJUE y que son el archivo 
de las actuaciones», con apoyo en la STC 31/2019, de 28 de febrero, interesando 
subsidiariamente la nulidad de actuaciones.
m)  El incidente fue desestimado por auto de 24 de mayo de 2019, en que el 
juzgado cuestionó la vía utilizada, un nuevo incidente de nulidad de actuaciones «fuera 
de los cauces de impugnación y de los recursos ordinarios frente a las correspondientes 
resoluciones judiciales»; cuando, además, resultaría aplicable el efecto de cosa juzgada 
creado por anteriores resoluciones firmes en que ya se habría dado respuesta a esas 
peticiones. En particular, los razonamientos precedentes se consideran aplicables «al 
auto que despachó ejecución tras efectuar la revisión de oficio del art. 552.1 de la LEC, 
sin considerar abusivas las clausulas invocadas, que no fue impugnado en el oportuno 
incidente de oposición previsto en el art 551.4 en relación con el art. 695.1 de la LEC».
3.  En la demanda de amparo, la recurrente invoca la vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución 
motivada y fundada en Derecho, en relación con el principio de primacía del Derecho de 
la Unión (arts. 10.2 y 96.1 CE) y el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a una 
vivienda digna (art. 47 CE), en que habría incurrido el juez al desestimar el incidente 
excepcional de nulidad formulado, apartándose de la doctrina jurisprudencial emanada 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 26 de enero de 2017, asunto 
Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García) y, especialmente, la STC 31/2019, de 28 
de febrero, según la cual resulta preceptiva la revisión, de oficio o a instancia de parte, 
de  las  cláusulas  cuestionadas  por  su  carácter  abusivo,  en  cualquier  momento  del 
procedimiento, en tanto no finalice, como ocurría en las presentes actuaciones.
Termina solicitando que se declare la nulidad del auto impugnado, retrotrayendo las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esa resolución, para que 
el órgano judicial resuelva con pleno respeto de los derechos fundamentales vulnerados, 
procediendo a efectuar el control de abusividad de las cláusulas discutidas.
Amén de lo anterior y como primer otrosí digo, la recurrente interesa la suspensión 
de la ejecución de la resolución recurrida, ya que dicha ejecución haría perder al amparo 
su finalidad, al haberse decretado ya por el juzgado la diligencia de lanzamiento de la 
vivienda.
4.  Por providencia de 25 de noviembre de 2019, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el asunto suscitado trasciende del 
caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión 
social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)].
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera 
Instancia núm. 31 de Madrid, a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada de 
las actuaciones correspondiente al procedimiento ejecución hipotecaria núm. 592-2015, 
debiendo  emplazar  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  para  que 
comparecieran en estas actuaciones, si así lo desean, excepto a la parte recurrente en 
amparo.
5.  Con igual fecha se acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del 
incidente sobre suspensión y conforme al art. 56 LOTC, conceder un plazo común a la  s
parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimaran pertinente  oe.
sobre dicha suspensión. 099www.
ratifi6c.a ndCoo ns uf epcehtiac ió1n0 d ed es udsipceienmsibórne,  idnete r2e0s1a9n,d ola a dseomlicáitsa nlate a naomtapcliióó n spurse vaelnetgivaac idoen elas 
ddiecmieamnbdrae  ddee  2a0m1p9a, rsoe e mn aenl ifResetgói sftarovo draeb llea  aP rloap pieridmaedr.a E dl ef islacsa lm, eedni dsaus .e Fscinriatolm deen t1e7,  pdoer   BOE-A-cable e
auto  de  15  de  junio  de  2020,  el  Tribunal  acordó  tanto  la  suspensión  cautelar  del 
lanzamiento  de  la  finca,  como  la  referida  anotación  preventiva  de  la  demanda  de 
amparo.
7.  Representada por la procuradora de los tribunales doña Elena Medina Cuadros, 
la entidad ejecutante, Bankia, S.A., se personó en el procedimiento el 27 de diciembre 
de 2019.
8.  El  día  29  de  julio  de  2020  se  presentó  escrito  firmado  conjuntamente  por 
ejecutante y ejecutados solicitando la suspensión por sesenta días del plazo conferido 
para formular alegaciones por posible acuerdo extrajudicial.
9.  Mediante  diligencia  de  ordenación  de  17  de  diciembre  de  2020,  «habiendo 
transcurrido con exceso el plazo solicitado», se acordó dar vista de las actuaciones al 
Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, dentro de un plazo común de veinte 
días, presentaran las alegaciones que estimaran convenientes.
10.  Con fecha 22 de enero de 2021, el Ministerio Fiscal se ratificó íntegramente en 
las alegaciones ya presentadas por escrito el 9 de septiembre de 2020, en sentido 
favorable a la estimación de la demanda de amparo.
En tales alegaciones, tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró 
de interés al caso y concretar los aspectos más relevantes de la pretensión de la 
demandante, el fiscal señala que el objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el 
juez ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE), 
incurriendo  en  una  errónea  motivación,  al  desconocer  lo  dispuesto  en  la 
Directiva 93/13/CEE y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia 
de  revisión  de  las  cláusulas  abusivas  de  los  contratos  de  préstamo  con  garantía 
hipotecaria, contenida en la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A., 
c. Jesús Gutiérrez García, así como la doctrina constitucional aplicable, expuesta en la 
STC 31/2019, de 28 de febrero.
En concreto, destaca el fiscal, que lo que se cuestiona en el recurso de amparo es la 
negativa a anular la cláusula de vencimiento anticipado, no siendo determinante al 
respecto «si los recurrentes solicitaron o no esa nulidad, ya que el órgano judicial viene 
obligado  a  un  examen  ex  oficio  del  contenido  del  contrato  para  expulsar  aquellas 
condiciones  que  incurran  en  abusividad,  según  los  parámetros  jurisprudencialmente 
fijados»; como tampoco es concluyente el momento en que se planteó la revisión y la 
preclusividad de los plazos a que se refiere el juzgado, «ya que la doctrina legal del 
Tribunal Europeo y de los altos tribunales españoles, ha señalado la posibilidad de 
revisión mientras el procedimiento siga vivo, hasta su definitivo archivo, lo que no ha 
ocurrido en este caso por el hecho de que no se ha llevado a cabo el lanzamiento de los 
ocupantes de la vivienda, en cuya posesión siguen».
El Ministerio Fiscal concluye que no se acomoda a la doctrina aplicable que la 
resolución  impugnada  rechace  la  solicitud  de  examen  del  carácter  abusivo  de  las 
cláusulas incorporadas al contrato de préstamo hipotecario, al que está obligado incluso 
de oficio, por el hecho de haber precluido el plazo para formular la oposición, pues tal 
posibilidad no se agota en ese trámite procesal. Igualmente, rechaza que semejante 
revisión se efectuara en la admisión a trámite de la demanda ejecutiva, pues nada se 
dice en el auto despachando la ejecución, sin que quepa la «declaración de validez 
tácita» que se sugiere en la resolución impugnada, pues infringe el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales. e.
11.  El 13 de mayo de 2021, Bankia, S.A., presentó escrito de oposición al recurso  099ww
ednet enadmiepnadroo,  quceo ndseidbeer aonpdeora r seul feicfeiecntote mdee nctoes a mjuoztgivaaddaa,  polar  cureasnotolu ceiló ónr gaimnop ujugdniacdiaal  yay 
Cseo npsrotitnuucniocnióa ls oubnrae  deel mcaarnádcate rd ea baumsipvoa rod ef olarms ucllaáduasu plaosr,  lhaa baiheonrdao r eincaudrmreintitdeo  ceol nT rsibimunilaarl 
fundamento, amén de que se estima que el recurrente lleva a cabo una interpretación
errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal 
Constitucional, cuya aplicación invoca.
12.  Por providencia de fecha 9 de septiembre de 2021 se señaló para votación y 
fallo del presente recurso el día 13 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso tiene por objeto el auto de 24 de mayo de 2019, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 592-2015.
La demandante de amparo atribuye a la resolución impugnada la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, en relación con el principio de primacía del 
Derecho de la Unión (arts. 10.2 y 96.1 CE), el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el 
derecho a una vivienda digna (art. 47 CE), por haber omitido el preceptivo control de 
abusividad de las cláusulas del contrato de préstamo suscrito entre la ejecutante y la 
ejecutada, al que venía obligado el órgano jurisdiccional y que le fue solicitado por esa 
última, apartándose de la doctrina europea y constitucional aplicable.
El fiscal confirma la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y solicita la 
estimación del recurso de amparo, remitiéndose a la doctrina mencionada, al haberse 
desechado la revisión de oficio de las cláusulas contractuales, como fue interesada, y al 
no poder limitarse temporalmente las posibilidades de alegación de la abusividad de una 
cláusula contractual, meramente, al trámite de oposición a la ejecución.
La ejecutante, Bankia, S.A., se opone a la estimación de la demanda de amparo al 
considerar suficiente la motivación contenida en la resolución impugnada a efectos de 
rechazar el control de abusividad solicitado.
2.  Delimitación del contenido y alcance de nuestro enjuiciamiento.
Una vez  expuestas  las  posiciones de  los  intervinientes en el presente recurso, 
procede fijar, a continuación, el alcance y contenido de nuestra respuesta que, en ningún 
caso, pretende dirimir si las cláusulas contractuales identificadas por la recurrente, en 
particular la relativa al vencimiento anticipado del préstamo, tienen o no carácter abusivo, 
pues  esa  cuestión  se  incardina  con  claridad  dentro  de  los  límites  de  la  legalidad 
infraconstitucional y, en consecuencia, su conocimiento corresponde a la jurisdicción 
ordinaria (STC 140/2020, de 6 de octubre, FJ 2).
Nuestro  cometido  se  ciñe  a  determinar  si  la  negativa  del  órgano  judicial  a 
pronunciarse sobre el carácter abusivo de las cláusulas aludidas, so pretexto de la 
extemporaneidad de la petición y de que el control de abusividad de las cláusulas del 
contrato de préstamo se había efectuado de oficio, ha vulnerado o no el derecho a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por su eventual contradicción con la 
doctrina de este tribunal.
Al ser este el planteamiento, el primer paso obligado debe ser recordar nuestra 
doctrina en relación con la cuestión debatida para, después, analizar la adecuación de la 
respuesta judicial a los postulados fijados en esta sede constitucional.
3.  Doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio  e
de primacía del Derecho de la Unión Europea. bo
leal  sruEeplc uuPerlresetnono t eed,n ejule itncrii baeudlno a eql nuy eal,a  s Sael T pCrigo 3un1au/ln 2c0qió1u 9es, o dbaerhe o2 ru8an ,d ae ec lfu eebósrrtegióraonn, o sq uujseut,da inpccriaeialc limsdaeemnctiedeni óste,i m, eiinlnav ro eucnna    2021-17099n https://ww
procedimiento de ejecución hipotecaria, inadmitir el incidente de nulidad formulado por la
demandante de amparo, en el que se alegaba la existencia de una cláusula abusiva en
su contrato de préstamo, la de vencimiento anticipado del crédito, con fundamento en 
una supuesta preclusión de su obligación de control.
En la citada resolución recordamos la STC 232/2015, de 5 de noviembre, relativa a la 
función de este tribunal de «(i) velar por el respeto del principio de primacía del Derecho 
de la Unión cuando ‘exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea’ [fundamento jurídico 5 c)]; (ii) el desconocimiento y 
preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el 
Tribunal de Justicia, ‘puede suponer una selección irrazonable y arbitraria de una norma 
aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6) [fundamento jurídico 5 c)]; y (iii) 
prescindir  por  ‘propia,  autónoma  y  exclusiva  decisión’  del  órgano  judicial,  de  la 
interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano 
competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea 
[fundamento jurídico 6 b)]» (STC 31/2019, FJ 4).
A continuación, exponíamos la doctrina contenida en la STJUE de 26 de enero 
de 2017, asunto Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García; sentencia en la que el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  confirmó  la  compatibilidad  de  la 
Directiva 93/13/CEE con normas nacionales, tales como el art. 207 LEC, que impide un 
nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existiera 
sobre esta cuestión un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada. En ella se afirma 
que:  «en  caso  de  que  existan  una  o  varias  cláusulas  contractuales  cuyo  eventual 
carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato 
controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la 
Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el cual 
el  consumidor  ha  formulado,  cumpliendo  lo  exigido  por  la  norma,  un  incidente  de 
oposición,  está  obligado  a  apreciar,  a  instancia  de  las  partes  o  de  oficio,  cuando 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual 
carácter abusivo de esas cláusulas» (FJ 5).
Y  es  que,  como  también  destacamos  en  la  STC  31/2019,  rememorando  el 
apartado 42 de la STJUE de 26 de enero de 2017, no se nos puede escapar que la falta 
de vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas ex art. 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13/CEE, constituye «una disposición imperativa que pretende reemplazar el 
equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las 
partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas», y que «debe 
considerarse  una  norma  equivalente  a  las  disposiciones  nacionales  que,  en  el 
ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público» (FJ 6).
En síntesis, el juez nacional estará obligado a apreciar el eventual carácter abusivo 
de una cláusula en cuanto disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
para ello, con la condición de que la cláusula denunciada no hubiera sido examinada con 
anterioridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «por supuesto, permite que el 
consumidor pueda formular un incidente de oposición cumpliendo con lo que disponga la 
norma, lo que no exime de la obligación de control de oficio por el órgano judicial» (FJ 6).
Claro  está,  tal  obligación  de  control  de  las  cláusulas  abusivas  se  encontrará 
condicionada por la pendencia del proceso, aspecto en relación con el cual nuestra 
sentencia se remite a la propia STJUE de 26 de enero de 2017, cuando sostiene que el 
procedimiento de ejecución hipotecaria no concluye y continúa hasta que el inmueble se 
ponga en posesión del adquirente (FJ 7). s
Más  allá  de  las  cuestiones  eminentemente  procesales,  en  la  STC  31/2019  oe.
abordamos el cumplimiento del requisito sustantivo previsto en la STJUE de 26 de enero  w.
de 2017 para que resulte admisible un control posterior de una cláusula abusiva, pese a  099ww
jhuadbiceirasl e pdreicvtiaod oa lu nreaq ureesroimluiecinótno  fiinrmstea,d oo , peonr  olatr apsa prtael,a bcroams,o « seix cseep ecifóenc tuaó  suun  ccoonnttrrooll 
posterior, sobre la cláusula de vencimiento anticipado» (FJ 8).
Acerca  de  este  punto,  con  carácter  ejemplificativo  para  la  presente  causa, 
declaramos también que no basta para acreditar la existencia de ese control judicial 
previo con que la resolución por la que se despacha la ejecución afirme, en sentido 
genérico y literalmente, que «[l]a demanda ejecutiva cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 685 de la LEC, y el título que se acompaña es susceptible de ejecución, 
conforme al artículo 517.1.4 de la misma ley, por lo que procede, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 681 y siguientes en concordancia con el artículo 551 de la 
LEC, dictar la presente orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de la 
ejecutante frente al deudor, al haber acreditado aquel su condición de acreedor en el 
título ejecutivo presentado» (FJ 8).
Aunque,  como  en  aquel  asunto,  siguiendo  las  indicaciones  del  fiscal,  «podría 
entenderse que el silencio sobre cada una de las cláusulas se producía precisamente 
como consecuencia del carácter adecuado de las mismas, […] no lo es menos que la 
motivación  esgrimida  por  el  órgano  judicial  en  el  auto  despachando  ejecución  es 
insuficiente a los efectos de considerar que, sin género de dudas, se realizó dicho 
control, máxime cuando de dicha argumentación se va hacer depender el acceso a un 
pronunciamiento de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la 
Unión, debe proceder de oficio de haber razones para ello» (FJ 8).
Presente la relevancia constitucional de una adecuada y suficiente motivación de las 
resoluciones judiciales para el control de la actividad jurisdiccional y para mejorar las 
posibilidades de defensa de los ciudadanos (SSTC 209/1993, de 28 de junio, FJ 1, 
o 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3), y su vinculación con los principios nucleares de un 
Estado de Derecho (STC 329/2006, de 20 de noviembre, FJ 7), en la STC 31/2019 
trajimos a colación también nuestra doctrina, según la cual «hemos declarado que ‘el 
canon constitucional de la motivación suficiente no se ve satisfecho mediante la simple 
exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o 
inferencia’ (STC 8/2014, de 27 de enero, FJ 4). Aún más, en este caso, cuando el 
artículo 51 CE impone a los poderes públicos en general la obligación de garantizar la 
defensa de los consumidores y usuarios» (FJ 8).
Todo lo anterior, en aquel caso, nos llevó a concluir que el juzgado había vulnerado, 
«con su inmotivada contestación acerca de la existencia de un control de la cláusula 
previo a la denuncia» (FJ 8), el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 
CE) de la demandante de amparo, «pues ‘[m]al se puede realizar un control –ni siquiera 
externo– de lo que carece de un razonamiento expreso’ (STC 135/2017, de 27 de 
noviembre, FJ 4)» (FJ 8). La recurrente, pues, «se vio privada de un pronunciamiento de 
fondo sobre la eventual abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida 
en su contrato de préstamo hipotecario, al que el órgano judicial se encontraba obligado 
de acuerdo con la STJUE de 26 de enero de 2017» (FJ 8).
4.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Una vez reflejado el parámetro al que debemos sujetarnos para enjuiciar el presente 
recurso de amparo, procede analizar la respuesta dada por el órgano judicial, para 
valorar si –como alega la demandante– ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva ex art. 24.1 CE.
Como queda expuesto en los antecedentes de esta resolución, el auto impugnado se 
remite a una supuesta revisión de oficio practicada en el trámite del despacho de 
ejecución, con arreglo a lo dispuesto en el art. 552.1 LEC, «sin considerar abusivas las 
cláusulas  invocadas»,  resolución  que  no  fue  impugnada  en  forma;  así  como  a  la  e
improcedencia de la vía utilizada para hacer valer su pretensión, «fuera de los cauces de  bo
impugnación y de los recursos ordinarios frente a las correspondientes resoluciones  099ww
judicAiamlebsa,s m juesdtiiafincatec iuonn ensu eevnoc ueesnctrritaon d ree snpuuliedsatda  deen  alact uSaTcCio n3e1s/2»0.19, cuyos fundamentos
se hAasní ,r eepnr olod uqcuied os ee nre efile arep aarlt apdriom perreoc deed elonste m. otivos esgrimidos para rechazar el control
de  abusividad  solicitado,  con  la  excusa  de  que  ya  se  había  efectuado  en  el  auto
despachando ejecución, hemos de situar esa actuación en las comprobaciones previas a 
la admisión de la demanda y al despacho de ejecución, propiamente dicho. Sin embargo, 
examinado el concreto auto de despacho, de 1 de septiembre de 2015, resulta evidente 
que no recoge declaración alguna acerca de este extremo, reproduciéndose literalmente 
el  mismo  pronunciamiento  cuya  insuficiencia  a  tales  efectos  ya  se  declaró  en  la 
STC 31/2019, como se ha expuesto más arriba.
Pues  bien,  al  igual  que  sostuvimos  en  aquella  sentencia,  semejante  tipo  de 
declaración  no  es  suficiente  para  considerar  «sin  género  de  dudas»  que  se  haya 
realizado tal revisión, por lo que no se puede entender cumplido dicho examen, «máxime 
cuando de dicha argumentación se va a hacer depender el acceso a un pronunciamiento 
de fondo al que el órgano judicial, de acuerdo con el Derecho de la Unión, debe proceder 
de oficio de haber razones para ello» (FJ 8). En tal sentido, la decisión de excluir la 
necesidad de un examen de las cláusulas contractuales al que venía obligado el juzgado 
carece de suficiente motivación, vulnerando, de este modo, el derecho a la tutela judicial 
efectiva de la recurrente.
En cuanto a la segunda de las justificaciones, basada en la preclusión del plazo de 
oposición, resulta también meridiana su contravención del principio asentado por la 
doctrina de este tribunal, en la citada STC 31/2019, y de la jurisprudencia Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, según la cual carece de relevancia el momento o el cauce 
procesal  que  se  utilice  para  solicitar  el  control  de  las  cláusulas  contractuales  que 
potencialmente  pudieran  resultar  abusivas,  siempre  que  el  procedimiento  aún  se 
encuentre  pendiente,  incluso  si  la  petición  se  produce  tras  haberse  dictado  una 
resolución  con  fuerza  de  cosa  juzgada,  con  la  única  salvedad  de  que  la  cláusula 
denunciada hubiera sido ya examinada.
En el caso sometido a la valoración de este tribunal, ni la cláusula de intereses de 
demora, ni la de vencimiento anticipado fueron controladas judicialmente y, puesto que el 
procedimiento aún estaba en tramitación, y que no se ha consumado el lanzamiento de 
los ocupantes del inmueble, ni efectuado su definitivo archivo ex art. 570 LEC, no 
podemos  aceptar  que  el  plazo  para  denunciar  la  existencia  de  cláusulas  abusivas 
estuviera precluido, solo porque la parte ejecutada no formulase oposición a la ejecución. 
Por ello, hemos de entender que la resolución impugnada vulneró el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE).
En conclusión, hemos de declarar que la resolución impugnada ha lesionado el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente (art. 24.1 CE), pues 
tanto por la falta de motivación material de la misma, en cuanto a la justificación de que 
se  había  efectuado  una  revisión  de  oficio  de  todas  las  cláusulas  del  contrato  de 
préstamo, como por la decisión de no atender la revisión interesada por la recurrente por 
extemporaneidad, el auto de 24 de mayo de 2019 infringió el principio de primacía del 
Derecho de la Unión. Dicho de otro modo: «al prescindir por su propia, autónoma y 
exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente 
para hacerlo con carácter vinculante», incurrió «en una interpretación irrazonable y 
arbitraria de una norma aplicada al proceso» y, «consiguientemente, vulneró, de este 
modo, el derecho la tutela judicial efectiva de la recurrente» (STC 31/2019, FJ 9).
Por lo expuesto, procede estimar el presente recurso de amparo, con la consecuente 
declaración de nulidad del auto de 24 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 31 de Madrid, y acordar la retroacción de las actuaciones al 
momento  previo  al  dictado  de  esa  decisión,  a  fin  de  que,  en  congruencia  con  lo 
interesado en el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, el órgano judicial  s
resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. oe.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Norma del Consuelo López 
Collahuazo y, en su virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de 
amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
2.º  Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
de 24 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de Madrid 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 592-2015.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento de dicho auto, para que el órgano judicial dicte una nueva resolución 
que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Ricardo 
Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho a la sentencia 
dictada en el recurso de amparo núm. 3866-2019
En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría, formulo el 
presente voto particular por discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia 
recaída  en  el  recurso  de  amparo  núm.  3866-2019,  el  cual  a  mi  juicio  debió  ser 
desestimado.
Las razones de mi discrepancia han quedado detalladamente expuestas en el voto 
particular formulado a la sentencia 31/2019, de 28 de febrero, que resolvió una demanda 
de amparo sustancialmente idéntica a la presente, al que por tanto me remito.
Y en tal sentido emito mi voto particular.
Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno.–Ricardo Enríquez Sancho.–
Firmado y rubricado.