BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Lunes 22 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 143115
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
19165 Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador de la propiedad de Barcelona n.º 11, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de disolución de comunidad.
En el recurso interpuesto por don Ildefonso Sánchez Prat, notario de Barcelona, 
contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, 
don Nicolás Nogueroles Peiró, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
disolución de comunidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 5 de marzo de 2020 por el notario de Barcelona, 
don Ildefonso Sánchez Prat, con el número 584 de protocolo, doña L. S. y don I. D. 
disolvieron la comunidad ordinaria existente entre ellos por mitades indivisas sobre tres 
fincas situadas en Barcelona, pertenecientes al distrito hipotecario del Registro de la 
Propiedad de Barcelona número 11 –si bien no constaba inscrito todavía ningún derecho 
sobre las mismas a favor de don I. D., según se dirá, pues se encontraba pendiente de 
inscripción el título adquisitivo de su mitad indivisa–, adjudicándose la plena propiedad 
de  la  totalidad  de  las  fincas  don  I.  D.,  quien,  en  compensación  por  el  exceso  de 
adjudicación en su favor, compensaba a doña L. S. mediante la adjudicación a ésta de 
una finca que le pertenecía situada en Roda de Bará, distrito hipotecario del Registro de 
la Propiedad de El Vendrell número 2, dándose ambos comuneros por pagados de sus 
respectivos derechos en la comunidad con las citadas adjudicaciones.
II
Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de 
Barcelona número 11 –es necesario precisar que, aunque como se verá la nota de 
calificación habla de que «se aportó en este Registro, documentación complementaria de 
la escritura (…)», parece ser una imprecisión o falta de claridad en la nota, pues no se ha 
aportado  ninguna  otra  documentación  para  la  resolución  de  este  expediente  y  el 
registrador no menciona en su informe ninguna otra documentación complementaria, y 
en cambio menciona que «se presentó en este Registro, copia en papel de la escritura 
(…)», de modo que no parece haber ninguna otra documentación complementaria que 
haya sido tenido en cuenta para la calificación ni por tanto la hay para la resolución de 
este expediente–, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Referencia:
Número de entrada: 2119/2021. s
Asiento 1494. oe.
Diario 155. w.
Calificación negativa/resolución. 165ww
De  conformidad  con  lo  tipificado  en  los  artículos  18,  19  bis  y  322  de  la  Ley
oHciptuobterec,a rdiae,l  aPsrío ccoemdimo iceonnto l oA pdrmevinisistotr aetniv loo sC aormtícúunl odse 3 l9a sy  A40d mdien ilsat rLaecyio 3n9e/s2 0P1ú5b,l idcea s1,  dsee 
ha procedido a suspender la inscripción del documento que se dirá, por adolecer de 
defectos.
Antecedentes de hecho.
1.º  Con  fecha  tres  de  mayo  de  dos  mil  veinte,  se  aportó  en  este  Registro, 
documentación complementaria de la escritura de Disolución de Comunidad autorizada 
el cinco de marzo de dos mil veinte por el notario de Barcelona don Ildefonso Sánchez 
Prat con el número de protocolo 584, cuya escritura motivó el asiento de presentación 29 
del Diario 154, mediante la cual se disuelve la sociedad existente entre doña L. S. y don 
I. D., y se adjudica a éste último, las fincas: 1- Departamento (…), sito en esta ciudad, 
calle (…), finca número 60985-N de este Registro. 2- Departamento (…), sito en esta 
ciudad, calle (…) finca número 60893-N de este Registro. y, 4- Departamento (…), sito 
en esta ciudad, calle (…), finca número 60937-N de este Registro.
2.º  Las indicadas fincas no constan inscrita a favor de don I. D.
3.º  De  la  documentación  presentada  no  resulta  acreditada  la  liquidación  del 
Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
4.º  No consta que el régimen matrimonial de don I. D. se [sic] “legal”.
5.º  No consta que la vivienda sea vivienda común con terceros ni familiar.
6.º  Falta la liquidación del I.R.P.F., una de las partes vive fuera de España.
Fundamentos de Derecho.
1.º  El  artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria,  en  su  número  1  señala  que  los 
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas 
de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
2.º  El  artículo  98  del  Reglamento  Hipotecario  establece  que  el  Registrador 
considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, como faltas de legalidad 
en las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la 
inscripción, las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan 
la forma de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o 
puedan conocerse por la simple inspección de ellos; y del mismo modo apreciará la no 
expresión, o la expresión sin la claridad suficiente, de cualquiera de las circunstancias 
que, según la Ley y este Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad.
3.º  El principio registral de especialidad, consagrado en los artículos 9 de la Ley 
Hipotecaria y 51 de su Reglamento, exige una correcta determinación del sujeto, objeto y 
derecho recogidos en los asientos registrales.
4.º  El artículo 20.1.º de la Ley Hipotecaria, establece “que para inscribir o anotar 
títulos por los que se declaren, transmiten, graven, modifiquen o extingan el dominio y 
demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado 
el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos 
referidos”. En el presente caso el prinicipio [sic] de tracto exige una concatenación causal 
entre los asientos.
5.º  El artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria establece que “El Registro de la Propiedad 
no practicará la inscripción correspondiente de ningún documento que contenga acto o 
contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente haber 
presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación  e.
a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley  w.
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004,  165ww
Vdea l5o rd dee m Taerrzreon.”o.  Ldae  ONradteunraalnezzaa  FUisrbcaanl ad enl oA yfaucnutaltam aiel nstuoj edteo  Bpaarsciveolo ndae  slaosb rtrea nInscmreismioennetos  ddee 
idmispouluecsitóon d ed ein ccreommeunntiod adde  vcaolno r dcoem teprerennsoasc idóen  neactuornaólemziac au rbreaanlaiz.ar  la  comunicación  del  BOE-A-cable e
6.º  Según lo establecido en el apartado 2 del artículo 234-3 del Libro II del Código 
Civil de Catalunya, en relación al artículo 231-9 de dicho Libro II del Código Civil de 
Catalunya,  relativa  a  la  “Disposición  de  la  vivienda  familiar,  con  independencia  del 
régimen económico matrimonial aplicable, el cónyuges titular, sin el consentimiento del 
otro,  no  puede  hacer  ningún  acto  de  transmisión,  de  gravamen  o,  en  general,  de 
disposición de su derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario 
que comprometa el uso, aunque se refiera a cuotas indivisas. Este consentimiento no 
puede  excluirse  por  pacto  ni  otorgamiento  con  carácter  general.  Si  falta  el 
consentimiento, la autorizada judicial por autorizar el acto, teniendo en cuenta el interés 
de la familia, y también si se da otra causa justa.”.
7.º  El artículo 14 del Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, del Reglamento del 
Impuesto sobre Renta de no Residentes, modificado por el Real Decreto 1576/2006, 
de 22 de diciembre, no se acredita la liquidación correspondiente a los residentes fuera 
de España.
Resolución.
En consecuencia, se suspende la inscripción del documento presentado porque:
1.  Las indicadas fincas no constan inscrita a favor de don I. D.
2.  En la disolución de comunidad hay compensación económica. Y no se acredita la 
liquidación del Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana.
3.  No se acredita la liquidación Impuesto sobre el incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.
4.  No consta que el régimen matrimonial de don I. D. sea “legal”.
5.  No consta que la vivienda sea vivienda común con terceros ni familiar.
6.  Y, por faltar la liquidación del I.R.P.F., una de las partes vive fuera de España.
Anotación preventiva por defectos subsanables (Vid. Art. 323 de la Ley Hipotecaria).
No se ha practicado la inscripción que establecen los artículos 42.9 y 69 del referido 
cuerpo legal, por no haber sido solicitada.
Notificación. Autoridad e interesado.
Se procederá a la notificación formal de la aludida calificación con indicación de los 
recursos  y  de  la  posibilidad  de  solicitar  la  aplicación  del  cuadro  de  sustituciones 
pertinentes, por los medios admitidos, al Notario autorizante y a la parte interesada.
Prórroga de la vigencia del asiento.
Por causa de la suspensión de la inscripción del documento, su respectivo asiento de 
presentación ha quedado prorrogado durante un plazo de sesenta días.
Contra la presente calificación cabe: (…)
Barcelona,  a  dieciséis  de  junio  de  dos  mil  veintiuno.  El  Registrador.  Firmado 
digitalmente (…) por el Registrador: don Nicolás Nogueroles Peiró.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don Ildefonso Sánchez Prat, notario de Barcelona, 
interpuso recurso el día 27 de julio de 2021 mediante escrito en los siguientes términos:
«Se interpone este recurso en virtud de los siguientes hechos y con Base en los  e.
siguientes fundamentos de Derecho: w.
de dHIi.s eoclQuhcuoieós n.c odne  fceocnhdao 5m idneio m eanr zlao  qduee 2 D0o2ñ0a a Lu.t oSri.c yé,  cDoonn e Il.  nD.º.,  5a8m4b does  mdei  pnraoctoiocnoalolid easdc rriutusraa,   OE-A-2021-19able en https://
resolvían el existente entre ellos sobre diversas fincas sitas en Barcelona y Roda de Bará
(Tarragona; correspondientes las de Barcelona al Registro de dicha ciudad n.º 11 y, la de 
Roda de Bará, al Registro n.º 2 de los del El Vendrell, habiendo recibido el ahora recurrente 
calificación negativa sólo del Registro de Barcelona (…)
II.  Que en dicha escritura se adjudica cada uno de los dos comparecientes la propiedad 
de alguna/s de las fincas que tenían en condominio ordinario sin que resultaran excesos de 
adjudicación y, por lo tanto, sin que procedieran compensaciones pecuniarias entre ellos.
III.  Que la escritura fue calificada por el registrador titular del Registro n.º 11 de los 
de la Propiedad de Barcelona el siete de junio de 2021 con nota en los siguientes 
términos en lo que al objeto de este recurso afecta:
“En consecuencia, se suspende la inscripción del documento presentado porque:
1.  Las indicadas fincas no constan inscritas a favor de don I. D.
2.  En la disolución de comunidad hay compensación económica. Y no se acredita la 
liquidación del Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
3.  No se acredita incremento del Valor.
4.  No consta que el régimen matrimonial de don I. D. se (sic) 'legal'.
5.  No consta que la vivienda sea vivienda común con terceros ni familiar.
6.  Y, por faltar la liquidación del IRPF, una de las partes vive fuera de España."
Es  de  hacer  notar  que  la  nota  de  calificación  recurrida  encabeza  su  apartado 
“Antecedentes de hecho” aludiendo a una documentación complementaria presentada 
en el Registro que no identifica y que este notario desconoce, lo que no parece que 
pueda  alterar  la  argumentación  que  luego  se  hará  en  contra  de  los  defectos 
efectivamente  recurridos  ahora.  No  obstante,  entiende  esta  parte  que  la  Dirección 
General debe recordar al registrador la necesidad de que en su nota se recojan todos los 
elementos documentales de que haya dispuesto el registrador para calificar, so pena de 
poner al administrado y al notario autorizante en riesgo de indefensión.»
IV
Que  el  aquí  firmante,  discrepando  del  contenido  de  dicha  nota  registral  de 
calificación, viene a interponer contra ella recurso gubernativo basado en los siguientes
Fundamentos de Derecho.
«Primero.  Competencia funcional para la resolución de este recurso.
Considera el Seguridad Jurídica competente recurrente a la Dirección General de y Fe 
Pública como el órgano legalmente para la resolución del presente recurso toda vez que:
La escritura calificada en absoluto hace referencia a impedimentos provenientes de 
normas derivadas o exclusivas del Derecho Especial de Cataluña.
– La  base  legal  que  aduce  la  nota  para  estimar  la  existencia  de  defectos 
obstaculizadores  de  la  inscripción  viene  constituida  esencialmente  por  preceptos 
procedentes  de  la  Ley  y  el  Reglamento  Hipotecarios.  Y  toda  vez  que  tal  [sic] 
disposiciones  son  normas  de  ámbito  estatal,  queda  a  mi  juicio  confirmada  la 
competencia funcional que viene deducida de las razones antes alegadas.
Por último, y en congruencia con el caso planteado en la Resolución de la D.G.R. y  es
del N. de 18-6-2004, y tal y como en dicha resolución se afirmó, "la materia objeto de  o
debate..." "se refiere a la ordenación de los registros e instrumentos públicos… que son  165ww
aecurstteíács utailootrn ib1eu4si9 d,o1r .ea8s .eeª srdvteea  dClaae sCn toroan  sDtiiltraue ccitócivnoo my",.p peoter necniad e, eexl ccluosniovcai mideenlt o Edestl ardeoc,u rscoo innftoerrmpuee staol   OE-A-2021-19able en https://
En todo caso, esta parte se aviene a que, si la Dirección General, no obstante, las 
razones anteriores, se considerara incompetente para la resolución de este recurso, se 
sirva remitirlo al órgano que a su entender corresponda.
En cuanto al plazo de presentación, la de este recurso cumple la normativa aplicable 
toda vez que la calificación recurrida ha sido notificada por fax al notario recurrente con 
fecha 5 de julio de 2021, según es de ver en la parte superior de la nota que se 
acompaña.
Segundo.  Objeto del recurso.
El presente recurso se limitará únicamente a los «defectos» 2, 3, 4, 5 y 6 de la nota, 
toda vez que el numerado como 1 ("Las indicadas fincas no constan inscritas a favor de don 
I. D.") alude en realidad a cuestiones fácticas que trascienden del contenido de la escritura y 
respecto de las cuales carece este notario de datos suficientes, y ello porque la titularidad el 
sr. D. respecto de las fincas a que se refiere la calificación, resulta de una escritura previa 
de donación a su favor, ignorando este notario si dicha escritura se presentó a inscripción 
(sí que lo fue telemáticamente) y, si se presentó, por qué motivo no está inscrita, puesto que 
no le ha llegado notificación alguna de calificación de dicha escritura.
Respecto del motivo n.º 4, es pertinente hacer constar que de la misma escritura 
resulta que el señor D. se comprometió a justificar su régimen económico matrimonial 
donde procediera, ignorando este notario si lo ha hecho o no y no manifestando la nota 
si tal justificación era procedente ante el registro y en base a qué norma.
A este respecto, sin embargo, es de hacer notar que, procediendo la propiedad del 
sr. D. sobre las fincas objeto de esta calificación, de donación, y constando su régimen 
económico matrimonial en la inscripción previa a su favor en el Registro Vendrell-2, 
resulta para esta parte superflua la exigencia de justificación del mismo, según se 
desarrollará después.
Tercero.  Insuficiencia de motivación.
A juicio del recurrente la nota infringe lo ordenado en el art. 19 bis, de la Ley 
Hipotecaria, toda vez que no contiene motivación jurídica alguna de la [sic] supuestas 
infracciones que considera causa de denegación de la inscripción de la escritura, a 
reseña numérica de disposiciones legales de carácter general, sin explicitar los motivos 
por los que éstas inciden en el caso hasta el punto de impedir la prestación del servicio 
registral ni, mucho menos, respecto del defecto n.º 5, los argumentos por los que el 
registrador calificante no considera la declaración de los otorgantes contenida en la 
escritura y sobre la que luego se volverá suficiente para tener por declarado que la 
vivienda no es común familiar ni con terceros, ni la norma legal o reglamentaria que en 
que se basa dicha exigencia, todo lo cual induce a pensar en una calificación superficial 
y formularia de la escritura impropia de la importancia de la función calificadora y del 
respeto al derecho del ciudadano a obtener el servicio público que demanda.
También es especialmente evidente la falta de motivación del defecto n.º 7 [sic], 
puesto que no se menciona la norma legal o reglamentaria en que se basa ni la razón 
por la que constituye un obstáculo para la inscripción, y más que insuficiente respecto 
del resto de los defectos impugnados, además de la inadecuación a Derecho de todos 
ellos, tal como se argumentará después.
De la anterior tacha de falta de motivación queda exento el defecto n 1, toda vez que 
la alusión al principio de tracto sucesivo registral y a su norma reguladora (art. 20.1 L 
Hipotecaria) son, a juicio de esta parte, suficientemente expresivas de la procedencia del  e.
defecto mientras no se produzca dicha inscripción previa. A tal respecto, se hace constar  w.
que este notario no tiene noticia alguna de que haya recaído calificación sobre dicho  165ww
ddoecbuemríae nhtaob perre vsiiod od en odtoifnicaacdióon p (onr. ºe 5l 8s3r.  dreeg misit rpardootor–c odloe  dmeo 2d0o2 q0u) e– csaolibfircea ceisóen  ddaet ola  eqsutee 
lrae cnuortrae nqtuee c aahreocrae  idmep uingfonram. ación para que poder aceptar o rechazar el defecto n.º 1 de  BOE-A-cable e
Respecto del defecto n.º 4 No consta que el régimen matrimonial de don I. D. se (sic) 
«legal», no solo la falta de motivación es absoluta, sino que la redacción misma de la 
nota es desconcertante ya que de ella sólo se desprende que la falta de expresión “legal” 
induce al registrador a considerar que el régimen alegado por el compareciente podría 
ser «ilegal». Dado que ello no es razonablemente presumible, la redacción de la nota 
sume al recurrente en la más absoluta confusión ya que no le permite saber cuál es el 
fundamento de esa petición del registrador ni, menos aún, su base normativa.
Por último, respecto del defecto n.º 2 y 3 –tratados conjuntamente aquí por su 
práctica identidad de contenido–, la motivación basada en el mandato del art. 254.5 L. 
Hipotecaria,  no  sólo  motiva  del  efecto,  sino  que  resulta  demostrativa  de  su 
improcedencia ya que se objeta que no se ha presentado la “liquidación” del Impuesto 
sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuando del propio 
defecto invocado resulta que lo único exigible es la demostración de su comunicación al 
órgano competente, dato que sí consta explícitamente en la copia calificada. Además de 
ello, resulta confusa la frase final del Fundamento de Derecho n.º 5 de la nota según la 
cual  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  no  «faculta»  al  sujeto  pasivo  "para  realizar  la 
comunicación del impuesto" Si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Barcelona no 
faculta al sujeto pasivo "de las transmisiones de disolución de comunidad..." (sic) para 
hacer esa comunicación. Tanto si se refiere al adjudicatario de la finca como al otro 
antiguo condueño, ¿a quién considera con mejor derecho para ello? No es verosímil que 
la Ordenanza Fiscal diga tal cosa y menos en los ininteligibles términos en que lo 
asegura la nota registral. Saldríamos de dudas si la nota, en cumplimiento del deber de 
ofrecer  clara  motivación,  citara  al  menos  la  norma  de  la  Ordenanza  Fiscal  del 
Ayuntamiento  de  Barcelona  que,  según  el  registrador,  establece  tan  estrafalaria 
prohibición.
Desde el punto de vista del ejercicio del legítimo derecho de defensa, esa insuficiente 
motivación, además de constituir una infracción a las obligaciones que la ley y reiterada 
doctrina  de  la  Dirección  General  imponen  al  calificante,  deja  al  interesado  en  una 
situación de desconcierto toda vez que se ve obligado a articular su defensa sin disponer 
de todos los elementos de juicio, deduciendo a tientas cuáles puedan ser en el juicio del 
registrador los motivos y argumentos que le llevan a negar al ciudadano la prestación del 
servicio público al que aquel sirve y al que éste tiene derecho y solicita. Ante tal 
parquedad en la calificación, el notario se ve ante la alternativa de no poder recurrir, o 
tener que hacerlo eligiendo a ciegas el camino que deben seguir sus alegaciones porque 
no conoce la razón real de la decisión registral. Así pues, tal situación de desconcierto 
genera  el  inconcebible  albur  –en  un  ámbito  que,  precisamente  tiene  por  norte  la 
seguridad jurídica– de que sus posibilidades de defensa radiquen en la fortuna de 
acertar en la suposición de los ocultos motivos del funcionario calificante, cayendo en la 
más absoluta indefensión en caso contrario.
Aún con esas incertidumbres derivadas de la falta de la debida motivación de las 
objeciones registrales, se interpone este recurso fin de evitar en la medida de lo posible 
mayores dilaciones y los consiguientes perjuicios, no obstante considerar que la falta de 
motivación suficiente, congruente e inteligible debe ser, por sí sola, motivo suficiente 
para la revocación de la nota de calificación recurrida, y así se solicita expresamente.
Tercero.  Sobre la improcedencia de los defectos n.º 2 y 3 de la nota de calificación.
Dice la nota registral que "2.  En la disolución de comunidad hay compensación 
económica. Y no se acredita la liquidación del Impuesto sobre el incremento del Valor de  e
los Terrenos de Naturaleza Urbana. 3.  No se acredita la liquidación del Impuesto sobre  bo
el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana". 165ww
consSteitu yterant aunn o csoonljou,n tcaamreecnieten doa mdbeo esx pplirceatceinódni dsous  nudmefeercatcoisó n psoerpqaurea,d ae nq uer epaalidreacde, 
dciercbuidnas taan cicaa ylif ioctarocsió dne tparlleecsi pditea dlaa n oyt a.superficial,  impresión  a  la  que  inducen  esta
El defecto introduce una contradicción jurídica en sí misma, toda vez que considera 
la posibilidad de que en una disolución de comunidad pueda no existir compensación 
económica. Ello es contrario a la naturaleza jurídica del contrato escriturado ya que la 
disolución de condominio presupone la compensación del derecho que cada parte tenía 
originariamente sobre la cosa común. En otro caso estaríamos ante una donación, 
supuesto en el cual la disolución de la comunidad se produce por la confusión de 
derechos que implica este diferente modo de adquirir. Dicho de otra manera; el negocio 
jurídico de disolución de condominio es, por esencia, oneroso, puesto que implica la 
cobertura de la cuota de cada uno de los condueños con una especificación de la misma 
en los bienes que estaban en comunidad.
Como no puede razonablemente pensarse que semejante diferencia jurídica pase 
desapercibida al registrador, sólo puede interpretarse que no ha leído bien la escritura y 
ha considerado que existe una compensación pecuniaria de un supuesto exceso de 
adjudicación. Pero de la lectura correcta del documento se desprende que no es así en 
absoluto sino que cada parte concreta su cuota en bienes determinados, sin que existan 
excesos de adjudicación a compensar dinerariamente entre ellas.
Partiendo de aquí, debería decaer el defecto.
Sin embargo, la segunda parte del párrafo el defecto n.º 2 y el n.º 3 parecen poner en 
relación esa "compensación" con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
terrenos Urbanos. Tampoco en ese extremo es sostenible la nota desde el momento en 
que exige que se acredite la "liquidación del Impuesto".
Ello resulta incompatible con la dicción de la norma legal que la propia nota aduce en 
apoyo del defecto señalado pues el art 254.5 de la Ley Hipotecaria no exige que se 
acredite  la  liquidación  del  impuesto  sino  simplemente  la  comunicación  del  hecho 
imponible al órgano competente (art 110, letra b) del apartado 6 de la Ley de Haciendas 
Locales), comunicación que consta efectuada por el propio notario autorizante en las 
diligencias que figuran en la copia autorizada calificada, así como su recepción por el 
Ayuntamiento.
La doctrina de la Dirección General de Tributos al respecto es tan reiterada que 
supondría una absurda inflación argumental reproducirla aquí. Baste para ello la remisión 
a las Resoluciones de la DG Tributos de 13 de junio de 2016 –"Por ello, en el caso de 
una comunidad de bienes constituida por dos o más personas que adquirieron en común 
un único bien inmueble urbano y que deciden extinguir el condominio adjudicando el bien 
inmueble a uno de ellos, con la obligación de compensar económicamente al otro/s, no 
se  produce  la  sujeción  al  IIVTNU,  dado  que  no  se  realiza  el  hecho  imponible  del 
impuesto, por no existir una transmisión de la propiedad entre los comuneros, ni civil ni 
fiscalmente, sino que se trata de una mera especificación o concreción de un derecho 
abstracto preexistente que ya ostentaba cada uno de los comuneros"– y de 23 de junio 
de 2020 –"La división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero 
en  proporción  a  su  interés  en  la  comunidad  de  las  partes  resultantes  no  es  una 
transmisión patrimonial propiamente dicha –ni a efectos civiles ni a efectos fiscales– sino 
una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente.
Por tanto, bajo este supuesto, no se produce la sujeción al IIVTNU, dado que no se 
realiza  el  hecho  imponible  del  impuesto  al  no  haber  transmisión  del  derecho  de 
propiedad".
Obsérvese, además, que la doctrina fiscal considera la disolución de condominio 
como acto no sujeto al IIVTU, no como acto sujeto pero exento, por lo que, en propiedad, 
ni siquiera se daría el hecho imponible preciso para la comunicación obligatoria de la  s
operación al Ayuntamiento o administración correspondiente, y menos aún para exigir la  oe.
prueba de su liquidación, por no encontrarnos ante una real transmisión sino de una  w.
mera  especificación  de  un  derecho  abstracto  que  ya  ostentaba  previamente  cada  165ww
comYu netarmo.bién  la  doctrina  de  la  DGSJyFP  confirma  la  improcedencia  de  exigir  la
Gliqeunidearacli ódne  d1e4l  Idmep juuensioto d. eB 2a0s2te1  pqaurea,  prerocboagrielon dlao  rleac dieonctter inRae sdoel uncuiómne rdoes adsic hreas oDluirceicocnióens   BOE-A-cable e
anteriores,  establece:  4.  En  cuanto  a  las  distintas  formas  de  presentación  de  la 
declaración a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza  Urbana,  se  ha  considerado  suficiente  por  este  Centro  Directivo  (vid. 
Resoluciones de 3 de junio de 2013 y 6 de febrero de 2015) acreditar la remisión del 
documento  correspondiente  a  través  de  cualquiera  de  las  oficinas  que  señala  el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, entre ellas las oficinas de Correos a las que se 
encomienda la prestación del servicio postal universal, siempre que se cumplan las 
formalidades previstas en los en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de 
diciembre. Justificado por cualquiera de tales medios la iniciación del procedimiento de 
gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza 
Urbana (artículo 118 de la Ley General Tributaria), el legislador ha considerado suficiente 
su acreditación para el levantamiento del cierre registral previsto en el apartado primero 
del artículo 254 de la Ley Hipotecaria por considerar que las vicisitudes posteriores del 
procedimiento tributario no deben afectar al procedimiento de inscripción en el Registro. 
Sin embargo, como también ha recordado esta Dirección General (vid. la Resolución 
de 9 de diciembre de 2015), fuera del caso de comunicación, no basta acreditar la mera 
remisión de un documento de autoliquidación o de declaración, sino que es preciso, 
como resulta de del texto del propio artículo 254. 5, que la acreditación comprenda el 
hecho de la recepción por la Administración Tributaria competente (vid. Resolución de 3 
de marzo de 2012, entre otras, en relación con los artículos 119 y 120 de la Ley General 
Tributaria). Y este último requisito se puede entender cumplido en el supuesto que 
motiva este recurso.
De las diligencias que acompañan la copia auténtica de la escritura calificada se 
desprende el cumplimiento de todos los requisitos que al efecto establece el Órgano 
Directivo. Y, por lo tanto, la improcedencia del cierre registral que supone la calificación 
recurrida.
A la vista de todo lo anterior, y dado que, aunque pudiera resultar innecesaria, está 
perfectamente  probada  en  la  propia  escritura  la  comunicación  del  hecho  imponible 
(aunque no lo sea en propiedad técnica) al Ayuntamiento de Barcelona y su recepción 
por éste, debe decaer este defecto.
Cuarto.  Sobre el defecto n.º 4 de la nota de calificación: "No consta que el régimen 
matrimonial de don I. D. se (sic) 'legal'".
Como ya se ha dicho anteriormente, este defecto se impugna por su absoluta 
ininteligibilidad y ausencia de motivación, tanto argumental corno de Derecho Positivo. 
La corrección de la función calificadora y el respeto al derecho del ciudadano a recibir 
información clara y suficiente de los motivos por los que se le niega la prestación de un 
servicio público, así corno la concreción de la base legal de la negativa del funcionario, 
exigen una expresión suficiente e inteligible que no se ofrece en la nota de calificación.
Dicha absoluta falta de motivación debe ser, por sí sola, causa suficiente para la 
revocación del defecto.
Pero es que, además, en este caso concurre otra causa para la revocación del 
defecto  ya  que  la  titularidad  del  interesado  procede  de  una  donación  y  consta  al 
registrador por la nota del Registro n.º 2 de El Vendrell unida a la misma escritura que las 
fincas de este último registro incluidas en la misma escritura también le pertenecen con 
carácter  privativo  «en  régimen  de  separación  de  bienes»,  asiento  del  Registro  del 
Vendrell que está, corno todas las inscripciones registrales, bajo la salvaguarda de los  e
tribunales y que conoce el registrador del n.º 11 de Barcelona por estar unida a la  bo
escritura calificada la nota simple informativa del Registro n.º 2 de El Vendrell cuyo  165ww
cdoen tloesn idBoa, rcaedleomnaá,s ,t aplu ceodme oy  dreeibteer,a sdia tmieennet ed utideanse,  cdoicnhsou ltlaar  DelG tSituJl ayr  dFePl.  RPeogri sttorod ons. º lo11s 
Rpreosnouluncciióanm ideen t3o0s  deen  otaclt usbernet iddeo  2d0e1 2la  eDnG la,  sqeu et rasee  lae ec: o«la..c.eióllno  pnoor  esxuim cela arild Rade geisl trdaed olar 
del deber de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el propio 
interesado  le  debería  entregar  pero  a  la  que  él  puede  acceder  con  facilidad,  no 
paralizando así el procedimiento y sirviendo, en consecuencia, al principio de celeridad y, 
en último término, a la satisfacción del interés general. Una circunstancia que claramente 
se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y 
sea fácilmente accesible. ¡Cuánto más en este caso en que la propia escritura contiene 
la noticia del asiento registral en que se contiene la circunstancia concreta que el 
registrador necesita! Y todo ello porque, sigue ilustrando la citada Resolución: «7. Así 
deriva de los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad y, en particular, los 
constitucionales de eficacia, legalidad y tutela del interés público, plenamente aplicables, 
como no podía ser de otro modo, a todos los procedimientos, como es el caso de los de 
inscripción en los registros de la propiedad, de aplicación del Derecho en el ejercicio de 
funciones públicas».
Y no se alegue que el compareciente ha ofrecido justificar su régimen económico 
matrimonial  «donde  proceda»  pues,  por  la  razón  anterior,  ese  lugar  donde  pueda 
proceder tal justificación, no será nunca el registro de la propiedad n.º 11 de Barcelona, 
ya que ante él está plenamente justificado por el asiento previo del Registro de El 
Vendrell.
Quinto.  Sobre la improcedencia del defecto n.º 5 de la nota de calificación:
5.  No consta que la vivienda sea vivienda común con terceros ni familiar."
La expresión de este defecto obvia el hecho de que en Expositivo I de esta escritura, 
ambos  comparecientes  atienden  el  requisito  legal  que  el  registrador  echa  en  falta 
diciendo  expresamente  que  «respecto  de  la  vivienda  declaran  no  encontrarse  en 
situación alguna que implique la necesidad legal de recabar consentimiento ajeno para 
esta operación», manifestación que a juicio de este recurrente, recoge sobradamente la 
declaración pretendida por el registrador, puesto por su carácter absoluto impide la 
posibilidad de que escapen a su ámbito las situaciones de habitualidad y carácter familiar 
de la vivienda que pudieran darse con cónyuges o, como apunta la nota, con terceros.
Tal manifestación, hecha con la información y el asesoramiento que es exigible y, por 
ello, presumible, del notario que autoriza la escritura salvo calumnia flagrante a su 
actuación, no deja lugar a otra interpretación que la de incluir –sin perjuicio de otras 
situaciones que no son del caso, como las que pudieran derivar de otros eventuales 
derechos  de  terceros  sobre  la  vivienda  conforme  al  derecho  español  o  al  de  los 
otorgantes  –la  manifestación  exigida–  por  nuestro  derecho  hipotecario  a  la  que  el 
registrador alude. Los términos absolutos de la expresión excluyen conceptualmente 
cualquier atisbo de imprecisión, además de que ésta sólo podría alegarse sobre la base 
de probar que de dichos puede entenderse otra cosa –que el registrador debería explicar 
para no dejar su calificación en una indefinición pendiente de una interpretación a la que 
la imaginación del notario autorizante ni, según espera este recurrente, tampoco la de la 
Dirección General, es capaz de llegar.
Y por demás está decir que la prestación de un servicio de seguridad jurídica no 
puede basarse en conjeturas, prevenciones y suposiciones vagas o sospechas cuyo 
fundamento ni tan siquiera se atisbe en la motivación contenida en la nota y que carecen 
de apoyo objetivo alguno en la literalidad de la manifestación ni en el Derecho.
La exigencia legal no incluye ni la formulación de una frase sacramental a sus solos 
efectos, ni la prohibición de que esa exigencia se declare cumplida juntamente con otras  s
–procedentes del derecho español o de la ley personal de los otorgantes– diferentes de  oe.
lqclaaou  nedhvdeaiarvbi viieftauundeataerl a , fd adeeme rllgi aláoi amc ro,sb nici tdoolionc dsisóe ien oln atdto aecr  goveamilvn pitteeeenstrecd neaecr sohiat aá (brncei ótgunmiasyaltu rnfagailef.me  Lsiolati aa nnnr oody,ro, m  psaoeq rgue úelxon i g nteaeo nl q tuDose,ee   crseuei cynlhaaco  uvc eiavanlipietfrlinicacdanaac b ióeleenns)     2021-19165n https://www.
situación legal alguna que implique la necesidad legal recabar consentimientos ajenos,
están cumpliendo la exigencia legal sin dejar resquicio a la duda y, menos aun cuando
esa duda infundada conduce a la negación del servicio público solicitado. Bajo ningún 
concepto puede considerarse insuficiente o imprecisa la declaración que la escritura 
contiene. Y el hecho de tener un contenido ampliable a situaciones distintas de las que 
atañen a la legislación hipotecaria no implica bajo ninguna lógica que no comprenda 
estas últimas.
Sexto.  Sobre la improcedencia del defecto n.º 6 de la nota de calificación: "6. Y, por 
faltar la liquidación del IRPF, una de las partes vive fuera de España".
La parquedad de la redacción de este defecto y de su motivación en la nota registral 
obliga al recurrente a suponer que se refiere a la retención del 3% del precio que la 
regulación del Impuesto sobre la Renta de No residentes impone al adquirente de un no 
residente Cabe indicar también que, contra lo que dice la nota, de la simple lectura de la 
comparecencia de la escritura se desprende que no es una de las partes, sino las dos 
las que residen fuera de España.
Pues bien, dos razones existen, a juicio del recurrente, para revocar este defecto:
1.  una  de  naturaleza  hipotecaria:  la  falta  de  constancia  en  la  escritura  de  no 
haberse  producido  dicha  retención  (se  entiende,  siendo  legalmente  procedente)  no 
constituye nunca un defecto que impida la inscripción, sino que simplemente obliga al 
registrador a dejar constancia de tal hecho mediante nota marginal. Así lo establece el 
art 14,5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (RD 1776/2004, 
de 30 de julio), según el cual:
"5.  Si la retención o el ingreso a cuenta referido anteriormente no se hubiesen 
ingresado, los bienes transmitidos quedarán afectos al pago del importe que resulte 
menor entre dicha retención o ingreso a cuenta y el impuesto correspondiente, y el 
registrador de la propiedad así lo hará constar por nota al margen de la inscripción 
respectiva, señalando la cantidad de que responda la finca. Esta nota se cancelará, en 
su caso, por caducidad o mediante la presentación de la carta de pago o certificación 
administrativa que acredite la no sujeción o la prescripción de la deuda."
Por lo tanto, es incorrecta su calificación de defecto que comporte la suspensión de 
la inscripción.
2.  Otra de naturaleza fiscal, que atañe directamente a la procedencia en este caso 
de la obligación de retener.
En efecto, el art. 25.2 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de mayo (texto 
refundido de la ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establece que deberá 
hacerse tal retención en los casos de "transmisión..." (2. Tratándose de transmisiones de 
bienes  inmuebles  situados  en  territorio  español  por  contribuyentes  que  actúen  sin 
establecimiento permanente, el adquirente estará obligado a retener e ingresar el 3 por 
ciento,  o  a  efectuar  el  ingreso  a  cuenta  correspondiente,  de  la  contraprestación 
acordada, en concepto de pago a cuenta del impuesto correspondiente a aquéllos.), 
reiterando la obligación de retener en los casos de transmisiones de inmuebles el art. 36 
n.º 3 del mismo texto legal. Y ya se ha demostrado anteriormente en este recurso que en 
el negocio de disolución de condominio no existe transmisión sino mera especificación 
de derechos, por lo que no se produce el presupuesto legal para que proceda la 
obligación de retener por el adquirente.
Y ello, además, es congruente con el hecho de que, según la propia normativa fiscal, 
en la disolución de condominio sin compensación pecuniaria de excesos de adjudicación  e.e
no se considera existente una alteración del patrimonio del sujeto pasivo que implique un  b
incremento de valor sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ni  165ww
orebsliigdaecnitóens  dnei  nroe treenseidr eimntpeuse).s Yta,  saile anddqou liare pnrtoet,e dcceicóane d ées etas ea li mnop ueexsistoti re dl efuvnednagmo efinstcoa ld qeu lea 
parboutnedgaenr.t íLsaim dao. cAtr itnítau lod ed ela e Djeimrepclcoió, ny  sGine nqeurea l ladse  mTerinbcuitoonsa sdoabsr ere plar ecsueenstetiónn,  ae sp ecslaarra d ey 
su número, sino una pequeña muestra del total de la Resoluciones Vinculantes de la
Dirección General de Tributos sobre la materia, se recuerdan las siguientes, todas ellas 
unánimes y congruentes en su contenido: Resoluciones DGT de 21-2-2007, 22-2-2011, 4 
de junio de 2012, 28-1-2013, 13-3-2015, 9 de marzo de 2017, 12 de junio de 2017, 11 de 
mayo de 2018, 27 de junio de 2018, 22 de julio de 2019, 8 de octubre de 2019, y muchas 
otras, todas ellas recogiendo la doctrina antes indicada.
Y esa doctrina tiene su base en lo dispuesto en el art. 33-1 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre según el cual no existe alteración del patrimonio del sujeto pasivo en los 
supuestos de disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de 
comuneros.
Y, congruentemente, el art. 61 del Reglamento del ITP y AJD (RD 828/1995, de 29 de 
mayo), sujeta la disolución de comunidades como la que es objeto de la escritura 
calificada al Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados y no al de Transmisiones 
Patrimoniales: 2. La disolución de comunidades de bienes que no hayan realizado 
actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden la debida proporción 
con  las  cuotas  de  titularidad,  sólo  tributarán,  en  su  caso,  por  Actos  Jurídicos 
Documentados».
Séptimo.
Artículos 19 bis, 324 a 327 Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento y 
cuantas otras disposiciones, doctrina y jurisprudencia resulten mencionadas en el texto 
de este recurso y las demás que sean de aplicación a juicio de la Dirección General.
Por  todo  lo  anterior,  solicito  la  admisión  del  presente  recurso  y,  previa  su 
correspondiente tramitación, su estimación, disponiendo, en consecuencia, la revocación 
de la calificación negativa en cuanto a los defectos recurridos y ordenando la práctica de 
la inscripción denegada en caso de haberse cumplido ya o cumplirse en el futuro la 
exigencia de tracto sucesivo que se refiere el defecto n.º 1 no recurrido aquí.»
IV
El registrador de la Propiedad de Barcelona número 11, don Nicolás Nogueroles 
Peiró, emitió informe confirmando la nota de calificación en todos sus extremos, salvo en 
lo relativo al defecto señalado con el número 6, haciendo constar en el informe que con 
fecha 3 de agosto de 2021 se rectificó la calificación en cuanto a dicho defecto, y elevó el 
expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 148.1.8.ª de la Constitución Española; 9, 10, 12 y 16 del Código 
Civil; 9, 18, 19 bis, 21, 222, 225, 254, 255 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 51, 
90, 91 y siguientes y 98 del Reglamento Hipotecario; 148 y 159 del Reglamento Notarial; 
231-9 y 234-3 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de 
Cataluña,  relativo  a  la  persona  y  la  familia;  104,  106  y  110  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; 4, 11, 13 y 15 de la Ordenanza Fiscal del 
Ayuntamiento de Barcelona relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana; 1, 2 y 3 de la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos 
contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de  s
derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de  e.
bienes muebles de Cataluña; la Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/2014,  w.
de  16  de  enero;  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  165ww
Njuontiaor idaed o2 0d0e9 2,  5d ey  o1c4tu dbere a dber il1, 989 8d,e 2 m2 adyeo m, 2a rdzeo  djuen i2o0 y0 13,  2d5e  ddeic oiecmtubbrree  ddee  22001007,,  2165  ddee 
jeunlieor,o 8 y d 2e0 o dcteu bdricei eym 1b2r,e 1 d6e,  1270 1y1 2, 02 8d ed ed ifceiebmrebrore,  2d2e  d2e0 1m3a, y1o0  yy  2109  ddee  jmulaiorz doe,  1200 1d2e,  j9u ndioe   BOE-A-cable e
y 10 de octubre de 2014, 2 de febrero y 5 de marzo de 2015, 7 de enero y 12 de febrero 
de 2016, 20 de abril, 29 de mayo, 9 de junio, 21 de septiembre, 20 de octubre y 27 de 
noviembre de 2017, 5 de marzo de 2018, 31 de enero, 1 de marzo, 20 de junio, 29 de 
agosto y 21 de noviembre de 2019 y 7 y 9 de enero de 2020, y las Resoluciones de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 de marzo, 22 y 29 de octubre 
y 3 y 23 de diciembre de 2020 y 18 de febrero, 18 de marzo y 28 de julio de 2021.
1.  Se plantea en este expediente, si son conforme a Derecho una serie de defectos 
calificados  por  el  registrador  para  la  inscripción  de  una  escritura  de  disolución  de 
comunidad sobre tres fincas registrales, radicantes en la demarcación del Registro de la 
Propiedad de Barcelona número 11 a su cargo.
De los seis defectos advertidos por el registrador, solo son objeto de recurso los 
señalados en la nota de calificación con los números 2, 3, 4, 5 y 6 –no el defecto señalado 
con el número 1 («las indicadas fincas no constan inscritas a favor de don I. D.»), aunque, 
como señala el registrador en su informe, basta el mantenimiento de este primer defecto, la 
falta de tracto, para que los derechos contenidos en el documento no puedan ser inscritos– 
y además, el registrador ha rectificado su nota de calificación en cuanto a este último 
defecto señalado con el número 6.
Son por tanto cuatro –en realidad tres, como se dirá– los defectos sobre los que se 
ha de pronunciar esta Dirección General en el presente expediente.
2.  Como cuestión previa, esta Dirección General debe decidir sobre su propia 
competencia para resolver el presente recurso.
Hay que afirmar que este Centro Directivo es el único organismo competente para 
resolverlo, por lo que procede reiterar y reafirmar la doctrina sentada sobre esta cuestión 
(cfr., por todas, Resoluciones de 29 de agosto de 2019 y 22 de octubre de 2020).
Esa doctrina de este Centro Directivo ha sido clara al establecer, en aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, parcialmente 
derogada por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de enero, 
que  la  Dirección  General  de  Derecho  y  Entidades  Jurídicas  de  la  Generalidad  de 
Cataluña es competente para la resolución de los recursos contra la calificación registral 
únicamente cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten de 
forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción», mientras que «la 
competencia para resolver recursos mixtos, es decir, basados en cuestiones específicas 
de derecho catalán como, además, en cuestiones de derecho común u otros derechos 
corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado».
La citada sentencia del Tribunal Constitucional resuelve lo siguiente:
«(…) Encuadrado el debate en los términos expuestos, según se desprende del 
artículo 3.4 antes transcrito, el órgano administrativo competente para conocer de los 
recursos gubernativos varía dependiendo de la invocación que, en cualquiera de ellos, 
se  haga  de  la  normativa  estatal  o  autonómica.  Se  establece  una  regla  sobre  la 
acumulación de recursos gubernativos dirigidos contra una misma calificación registral 
negativa que impone, por el solo hecho de que uno de ellos se base en normas de 
Derecho catalán o en su infracción, una vis atractiva a favor de la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, habilitándola para sustanciarlos todos 
en una sola pieza, incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del Derecho 
catalán.
Es evidente que tal atribución excede de la competencia estatutariamente asumida 
por la Comunidad Autónoma de Cataluña para resolver estos recursos gubernativos, que  e
se circunscribe estrictamente a la “calificación de los títulos o las cláusulas concretas en  bo
materia de derecho catalán” (art. 147.2 EAC), siendo su finalidad, tal y como se declara  165ww
perne slae revxapr oys icpiróonte dgee rm eol tDiveorse cdheo l ac adtea lálan .L eEys  digeul aPlmarelanmtee netvoid deen teC aqtuaelu ñeas t5a/ 2h0a0b9il,i talac iódne 
efosrtaalteust aor iae snpoe ciniaclleusy,e n –i dnei lp Doderríeac hinoc lcuiviri–l  clao mpúrens.ervación o protección de otros Derechos
(…) En conclusión, resulta contrario al bloque de la constitucionalidad el artículo 3.4 
impugnado, en cuanto atribuye a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas 
de  la  Generalitat  la  competencia  para  resolver  los  recursos  cuando  las  cuestiones 
registrales planteadas exceden del marco estricto del Derecho civil catalán. Incurre así el 
precepto en inconstitucionalidad y nulidad en los incisos “y al menos uno se basa en 
normas del Derecho catalán o en su infracción” e “incluidos los que no aleguen la 
infracción de una norma del Derecho catalán” (…).»
Y más clara no puede ser la postura de esta Dirección General, expresada en 
Resolución de 21 de septiembre de 2017 (en línea con anteriores pronunciamientos 
de 29 de mayo y 9 de junio de 2017, también seguida en Resolución de 5 de marzo 
de 2018), y que no cabe sino ratificar y reiterar: «Según el artículo 324 de la Ley 
Hipotecaria  “las  calificaciones  negativas  del  registrador  podrán  recurrirse 
potestativamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en la forma 
y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o ser impugnadas directamente 
ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté 
situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose, en 
la medida en que le sean aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 328 de 
esta  Ley.  Cuando  el  conocimiento  del  recurso  esté  atribuido  por  los  Estatutos  de 
Autonomía a los órganos jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autónoma en que 
esté demarcado el Registro de la Propiedad, el recurso se interpondrá ante el órgano 
jurisdiccional  competente.  Si  se  hubiera  interpuesto  ante  la  mencionada  Dirección 
General, esta lo remitirá a dicho órgano”.
Por su parte, el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la 
calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de Derecho catalán que 
deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de 
Cataluña, competencia desarrollada por la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de 
Cataluña, que, tras su anulación parcial por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
número 4/2014, de 16 de enero, atribuye a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques  de  la  Generalitat  de  Cataluña  la  resolución  de  los  recursos  contra  la 
calificación registral únicamente cuando “las calificaciones impugnadas o los recursos se 
fundamenten de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción” 
(artículos 1 y 3.4); añadiendo el apartado 3 del artículo 3 de la misma Ley que “si la 
persona que presenta el recurso en el Registro lo interpone ante la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, y el registrador o registradora, manteniendo la calificación, 
entiende  que,  en  aplicación  del  artículo  1,  es  competente  la  Dirección  General  de 
Derecho  y  de  Entidades  Jurídicas,  deberá  formar  expediente  en  los  términos 
establecidos legalmente y elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel 
hecho”.
Ello es así porque la citada Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero 
de 2014 en el recurso de inconstitucionalidad número 107/2010 planteado contra la Ley 
catalana 5/2009 entendió que todo lo no incluido en los términos estrictos del precepto 
competencial estatutario constituye competencia exclusiva e indisponible del Estado, que 
no puede ser menoscabada a partir de la competencia de la Comunidad Autónoma para 
la  conservación,  modificación  y  desarrollo  de  su  Derecho  civil  propio,  aun  cuando 
hubiera sido objeto de regulación en el Derecho civil catalán; por lo que se concluye que 
la  competencia  para  resolver  recursos  mixtos,  es  decir,  basados  en  cuestiones 
específicas de derecho catalán comprendiendo, además, otras cuestiones de derecho  e.
común u otro tipo de derecho –registral, consumo, etc.–, corresponde a esta Dirección  w.b
General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Por  tanto,  cuando  las  calificaciones  165ww
icmaptaulágnn aod aesn  os ulo sin frreaccucrisóons,  lsoes  fruengdisatmraednotreens,  ddeeb feorrámna  reexmciltuirs ievla e, xepne ndoiernmtea sf odrem Dadeore ac hlao 
iDnitreercpcuióe stGoe naenrtael  edset aD rDeitr ei ccdi’óEnn tiGtaetsn eJruarl íddiqeu eloss  deR eCgaisttarolusñ ay,  aduenl  Ncuoatanrdiaod os.e  Phoary aenl 
contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten, además, o
exclusivamente, en otras normas o en motivos ajenos al Derecho catalán, como es el 
caso presente, el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley 
Hipotecaria y remitir el expediente formado a esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la Ley Hipotecaria. Con base en todo 
lo expuesto este Centro Directivo se considera competente para resolver el presento 
recurso ya que la materia discutida no es de Derecho especial catalán, sino de Derecho 
registral como es la referente a los medios de rectificación del Registro de la Propiedad».
A mayor abundamiento, en el presente caso no se debate sobre la aplicación de 
normas  sustantivas  de  Derecho  especial  catalán,  sino  que  debe  decidirse  si  en  la 
aplicación de tales normas se ha respetado lo establecido en la legislación hipotecaria 
respecto de los títulos inscribibles en el Registro de la Propiedad (cabe recordar que la 
ordenación de los registros e instrumentos públicos y a las normas para resolver los 
conflictos de leyes, que son cuestiones reservadas a la competencia exclusiva del 
Estado, conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, tal como también expone el 
recurrente en su escrito).
3.  Respecto de las alegaciones del recurrente relativas a la falta de motivación de 
la calificación impugnada, debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según la 
cual cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los 
principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los 
defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también 
una  motivación  suficiente  de  los  mismos,  con  el  desarrollo  necesario  para  que  el 
interesado  pueda  conocer  con  claridad  los  defectos  aducidos  y  con  suficiencia  los 
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley 
Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril 
de 2010, 26 de enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril 
y 19 de junio de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo de 2019, 7 de enero 
de 2020 y 18 de febrero y 18 de marzo de 2021, entre otras muchas).
Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, 
quien  al  conocer  en  el  momento  inicial  los  argumentos  en  que  el  registrador  funda 
jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de 
Derecho  en  los  que  apoye  su  tesis  impugnatoria,  a  la  vista  ya  de  los  hechos  y 
razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la Resolución 
del  recurso.  También  ha  mantenido  esta  Dirección  General  (vid.,  por  todas,  las 
Resoluciones de 25 de octubre de 2007 y 28 de febrero y 20 de julio de 2012) que no basta 
con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de este Centro Directivo), 
sino que es necesario justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de 
aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse 
respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la 
calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.
No obstante, conviene tener en cuenta que es también doctrina del indicado Centro 
Directivo (Resoluciones de 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre 
de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015, 12 de diciembre 
de 2017, 20 de junio de 2019, 29 de octubre de 2020 y 18 de febrero de 2021, entre 
otras) que aun cuando la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido 
expresada de modo escueto, cabe la tramitación del expediente y entrar en el fondo del 
asunto si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el contenido  s
del escrito de interposición del recurso. oe.
En el presente caso el registrador ha expresado con claridad los defectos y ha  w.
fundado aquellos en diversos preceptos, por lo que no cabe concluir que haya incurrido  165ww
en uLnaa  msiotutiavcaicóinó nd eh afa sltiad od es umficoiteivnatecimóne njuterí deixcpar.esiva de la razón que justifica su negativa
sau l ad einfsecnrsipac, icóonm, doe l om doedmo uqeusetr eal  erel ccounrrteenntied oh ad epl oedsicdroit oa ldeeg aimr cpuuagnntaoc lieó nh.a convenido para  BOE-A-cable e
En particular, alega el recurrente con relación a los defectos señalados con los 
números 2 y 3 que no se especifica la norma de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento 
de Barcelona relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana que prohíbe realizar la comunicación de dicho impuesto, cuando lo 
señalado  por  el  registrador  en  su  nota  de  calificación  es  que  –en  relación  con  el 
artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria, esto es, a efectos de levantar el cierre registral por 
no acreditarse previamente la liquidación del citado impuesto– dicha ordenanza fiscal no 
faculta  al  sujeto  pasivo  de  las  transmisiones  de  disolución  de  comunidad  con 
compensación económica realizar la comunicación del impuesto de incremento de valor 
de terrenos de naturaleza urbana, de modo que resultaría posible al recurrente, sobre 
todo teniendo en cuenta que se trata de un experto en Derecho como lo son los notarios, 
argumentar si dicha Ordenanza contempla o no esa facultad.
En relación con el defecto señalado con el número 4, su fundamento principal es una 
norma de la legislación notarial, por lo que es especialmente señalada la obligación del 
recurrente  de  conocerla  y  en  consecuencia  no  puede  alegar  al  respecto  falta  de 
motivación en la nota de calificación cuando se refiere a un requisito que debería él 
mismo haber cumplido al autorizar la escritura, si bien es cierto que el registrador debió 
hacer constar este fundamento en su nota de calificación.
Por último, en relación con el defecto señalado con el número 5, se trata del mismo 
defecto señalado por el mismo registrador para suspender la inscripción de una escritura 
autorizada por el mismo notario en la que se empleaba idéntica expresión a la que 
contiene la escritura que ha motivado este expediente, defecto que fue objeto de recurso 
ante esta Dirección General mediante Resolución de 28 de julio de 2021, en la que ya se 
argumentó que no procedía entender que había habido falta de motivación, a lo cual se 
une que tras aquellas nota de calificación, recurso contra la misma y Resolución dictada 
por esta Dirección General, el recurrente tenía medios más que suficientes para conocer 
la motivación.
4.  Entrando en el fondo de las cuestiones planteadas, los defectos a los que el 
registrador y el recurrente se refieren con los números 2 y 3 se pueden tratar como uno 
solo, consistente en si, a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, es necesario en este caso acreditar o no la declaración 
o autoliquidación de dicho impuesto, por contener el documento presentado actos o 
contratos determinantes de las obligaciones tributarias por dicho impuesto, y en su caso, 
si basta para poder practicar la inscripción con acreditar la comunicación al Ayuntamiento 
de Barcelona de la realización del hecho imponible de dicho Impuesto.
Entiende el recurrente que la disolución de comunidad que se realiza en la escritura 
es un acto o contrato no sujeto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, sobre la base de distintas Resoluciones de la Dirección General 
de  Tributos,  por  no  existir  una  transmisión  patrimonial  propiamente  dicha  entre  los 
comuneros, ni civil ni fiscalmente, sino que se trata de una mera especificación o 
concreción de un derecho abstracto preexistente que ya ostentaba cada uno de los 
comuneros.
Además, considera el recurrente que aun en el caso de que fuese un acto o contrato 
sujeto al impuesto, basta con la comunicación de la realización del hecho imponible del 
impuesto que se ha efectuado al Ayuntamiento de Barcelona, mediante la remisión al 
mismo de copia simple de la escritura.
A diferencia de lo que defiende el recurrente, la disolución de una comunidad sobre 
fincas urbanas no siempre es un acto no sujeto al Impuesto sobre el Incremento de Valor  s
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. oe.
Así, la Consulta Vinculante número V1001-18, de 18 de abril de 2018, de la Dirección  w.
General de Tributos –que recoge el criterio de otras consultas generales anteriores,  165ww
«coemn oe ll acsa nsúom deer ousn 2a9 -c1o7m, udnei d1a9d  ddee s ebpietineemsb rceo,n ys ti2tu1i-d1a8 , pdoer  1d7o sd eo  ambráils–  epsetrasbolneacse  qquuee 
addeqciudierine roenx tinegnu icro eml úcno n[pdoorm iancioto sa dijnutdeirc-avnivdoos ] eul nb ieúnn icinom buieebnl ei nam uuneob led eu reblalonso,  cyo nq ulea   BOE-A-cable e
obligación de compensar económicamente al otro/s, no se produce la sujeción al IIVTNU, 
dado que no se realiza el hecho imponible del impuesto, por no existir una transmisión 
de la propiedad entre los comuneros, ni civil ni fiscalmente, sino que se trata de una 
mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente que ya ostentaba 
cada uno de los comuneros. En el caso de que existan dos o más bienes inmuebles 
urbanos en la comunidad de bienes [como es este supuesto], hay que atender al 
conjunto de los bienes que integren la misma para determinar la indivisibilidad, ya que, 
aunque cada uno de los bienes individualmente considerados puedan ser calificados de 
indivisibles, el conjunto de todos sí puede ser susceptible de división, por lo que el 
reparto o adjudicación de los bienes entre los comuneros deberá hacerse mediante la 
formación de lotes lo más equivalentes posibles, evitando los excesos de adjudicación. 
Así, si no es posible otra adjudicación distinta de los bienes más equitativa entre los 
comuneros, no se produce la sujeción al impuesto. Por el contrario, si es posible otra 
adjudicación distinta de los bienes más equitativa entre los comuneros, sí existe una 
transmisión  de  la  propiedad  de  un  comunero  a  otro,  que  determina  la  sujeción  al 
impuesto, así, por ejemplo, si se adjudican todos los bienes a un solo comunero, con 
compensación económica a los demás, sí que se producirá la sujeción al IIVTNU, ya que 
aunque dichos bienes individualmente considerados sean indivisibles, el conjunto de 
todos ellos sí era susceptible de división».
Es  más,  la  misma  Consulta  Vinculante  establece  que  si  se  disuelven 
simultáneamente no una, sino varias comunidades de bienes distintas sobre inmuebles 
urbanos  en  las  que  se  produzcan  excesos  de  adjudicación  y  se  originen 
compensaciones entre los comuneros, debe tenerse en cuenta que, al tratarse de actos 
jurídicos independientes, dichas compensaciones deben ser en metálico, sin compensar 
con  bienes  que  formen  parte  de  otra  comunidad,  de  modo  que  si  los  comuneros 
intercambiasen  inmuebles  de  una  y  otra  comunidad,  tal  intercambio  tendría  la 
consideración de permuta, la cual es una forma de transmisión de la propiedad de los 
mismos, y por lo tanto da lugar a la sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
En este supuesto se disuelve una única comunidad sobre inmuebles urbanos, pero 
se adjudican todos ellos a uno solo de los comuneros, el cual compensa el exceso de 
adjudicación a su favor mediante la adjudicación a la otra comunera de un inmueble de 
su propiedad exclusiva situado en otro municipio.
Por tanto, si en la disolución simultánea de varias comunidades la adjudicación de un 
inmueble perteneciente a otra comunidad para compensar el exceso de adjudicación en 
la disolución de una de las comunidades se considera una permuta sujeta al Impuesto 
sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  pudiera 
considerarse como acto sujeto a dicho Impuesto la transmisión de la propiedad de un 
inmueble como medio de pago del exceso de adjudicación producido en la disolución de 
una comunidad sobre otros inmuebles.
5.  En cualquier caso, no corresponde ni al registrador ni a esta Dirección General 
decidir en último término si se trata o no de un acto sujeto al Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado el 
alcance del denominado cierre registral por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, tanto en relación con los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y 
Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, como respecto al Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. s
El artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «Ninguna inscripción se hará en el  oe.
Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos  w.
establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que  165ww
se pMreátes nedsap iencsícfircibaimr»ente el mismo artículo establece en su punto 5: «El Registro de la
Pcoronpteiendgaad  acntoo  op rcaocntictraartáo  dlae teinrmscinriapncitóen d ec olarrse sopbolnigdaiecinotnee sd etr ibnuintagrúians  dpoocr ueml eImntpou eqsutoe   BOE-A-cable e
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite 
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del 
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo».
La doctrina mantenida por este Centro Directivo ha establecido que el registrador, 
ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su 
validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a los impuestos señalados; la 
valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no 
le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, 
será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de 
que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso 
negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o 
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel consideró aplicable, de modo que 
el registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción 
fiscal  del  acto  inscribible,  evitando  una  multiplicación  injustificada  de  los  trámites 
pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.
Sin embargo, como tiene declarado la Dirección General de los Registros y del 
Notariado,  no  concurriendo  circunstancias  de  realización  de  especial  tarea  de 
cooperación con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) 
ni  resultando  supuestos  de  expresa  no  sujeción  al  Impuesto  (apartados  2  a  4  del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de 
clara causa legal de exención fiscal (artículo 105) –como ocurre en la aceptación de una 
hipoteca  unilateral  efectuada  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social 
(Resolución de 23 de abril de 2007)–, imponer al registrador la calificación de la sujeción 
o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar 
inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de 
facilitar  el  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad)  quedan  fuera  del  ámbito  de  la 
competencia reconocida a este Centro Directivo.
Aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a 
las obligaciones fiscales, si por tener dudas de su sujeción o no y para salvar su 
responsabilidad, exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no 
sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– 
los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por Ley, sin 
que  corresponda  a  esta  Dirección  General  el  pronunciarse,  a  no  existir  razones 
superiores para ello (por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un 
supuesto en el que se esté incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado 
que pueda producir una dilación indebida.
En el presente caso, el registrador alberga dudas sobre el alcance de la no sujeción, 
considerándolo  en  cambio  como  un  acto  determinante  de  las  obligaciones  tributarias 
impuestas por el impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, sin que 
se trata de un supuesto de no sujeción de los recogidos expresamente en el apartado 2 del 
artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
6.  Determinado por tanto el hecho de que es correcta la actuación del registrador al 
exigir en este caso para poder practicar la inscripción que se cumpla con la exigencia 
impuesta por el apartado 5 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, queda por dilucidar si 
basta para ello con la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del 
artículo 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al  s
Ayuntamiento de Barcelona, o si por el contrario, como mantiene el registrador, no basta  oe.
con dicha comunicación, sino que es necesario acreditar previamente haber presentado  w.
la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del Impuesto sobre el Incremento de  165ww
BVaalrocre dloen alo.s Terrenos de Naturaleza Urbana correspondiente a los inmuebles situados en
RegEislt raor tíac ulloos  25d4o.c5u mdee nltao sL eqyu eH ipcootnetceanrgiaa np raecstcorsib eo,  ccoomntora thoesm  doest evrimstoin,a enlt ecsi erdree  dlaesl   BOE-A-cable e
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana en caso de que no se acredite previamente haber presentado la 
autoliquidación o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se 
refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de 
marzo.
Este artículo 110.6.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas 
Locales establece que «con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo  [que  se  refiere  a  la  obligación  de  los  sujetos  pasivos  a  presentar  ante  el 
ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la 
liquidación procedente], están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la 
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: (…) b) En 
los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo [106], el adquirente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate». El 
mencionado párrafo b) del artículo 106.1 se refiere por su parte a las transmisiones de 
terrenos o a la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio a título oneroso.
El registrador considera que es necesario acreditar la liquidación del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana porque la Ordenanza Fiscal 
del Ayuntamiento de Barcelona relativa a dicho impuesto no faculta al sujeto pasivo de 
las transmisiones en los supuestos de disolución de comunidad con compensación 
económica realizar la comunicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.
7.  La Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, que con las modificaciones 
aprobadas para el ejercicio 2021 y sucesivos fue publicada en el «Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Barcelona»  de  fecha  24  de  diciembre  de  2020,  con  el  número  de 
registro 2020039112, establece en los dos primeros apartados de su artículo 11 que:
«1.  El sujeto pasivo debe practicar la autoliquidación de acuerdo con la forma y los 
efectos establecidos en la Ordenanza fiscal general, salvo en el supuesto de que el 
terreno no tenga determinado el valor catastral en el momento de la transmisión. Cuando 
el referido valor catastral sea determinado, el Ayuntamiento practicará la liquidación 
refiriendo dicho valor al momento del devengo. En caso de que la Administración no 
facilite, al serle solicitada, la valoración imprescindible para practicar la autoliquidación, el 
sujeto pasivo deberá presentar la declaración de la transmisión correspondiente. 2. Se 
debe presentar una autoliquidación o, en su caso, una declaración para cada una de las 
fincas  o  derechos  transferidos,  incluso  en  el  caso  de  que  se  haya  formalizado  la 
transmisión  en  un  solo  instrumento,  haciendo  constar  expresamente  la  referencia 
catastral de cada uno de los bienes inmuebles. Se adjuntará a la autoliquidación o la 
declaración el documento que tenga consignados los actos o contratos que originen la 
imposición,  así  como  los  justificantes  de  los  elementos  tributarios  necesarios  para 
practicar  la  liquidación  correspondiente  y  los  que  acrediten  las  exenciones  y 
bonificaciones que el sujeto pasivo ha solicitado.»
El artículo 13 de la Ordenanza establece por su parte que:
«Igualmente, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: a. En los supuestos previstos  s
por la letra a) del artículo 5 de esta Ordenanza, siempre que se haya constituido por  oe.
[nOreeernadg le ordenceiaao lnq idjzuuaaerdí, d s qiescu eote r ia rnestteofei.enr vbr ei.lva  Eosasn  ,t  lrloeoaslsn  d sssomuunppiasuuinoeetnesset tooosss  l  adpp erpre eetvverissirsortteononsas o  pqseo unroe  l  alcala o l enlcetsrotatrnia tubs ty)bi ta)du  ecodli  eótarln ar taníocrs tumítclrouait alnmo s eem4ln .idc1seii oórdneneac  hddloeao     2021-19165n https://www.
derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, pues de lo contrario la
remisión sería incongruente y además se advierte que el error en la remisión se arrastra
desde la modificación de la Ordenanza en el año 2016, cuando el artículo 4 relativo a las 
exenciones se convirtió en el artículo 8 y el artículo 5 se convirtió en consecuencia en el 
artículo 4, sin que se modificase en cambio el artículo 13, cuyo contenido permanece 
inalterado, pero que en realidad pretende por ello remitirse al que es ahora el artículo 4], 
el adquirente o la persona a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.»
Es decir, regula la obligación del adquirente a título oneroso de inmuebles urbanos –
que no es el sujeto pasivo de este impuesto, pues lo es el transmitente–, supuesto en el 
que nos encontramos en este caso, de comunicar al Ayuntamiento la realización del 
hecho imponible del impuesto, con independencia de la obligación de autoliquidación o 
declaración del impuesto de dicho sujeto pasivo, de manera semejante a lo establecido 
por el artículo 110.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por otro lado, el artículo 15 de la Ordenanza dispone que:
«Será requisito previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los hechos, 
actos  o  negocios  jurídicos,  la  presentación  de  la  correspondiente  autoliquidación  o 
declaración a que se refieren los artículos 11 y 13 de esta ordenanza, de conformidad 
con el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria, texto refundido según decreto de 8 de febrero 
de 1946, en la redacción dada por la disposición final cuarta de la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.»
Aunque este artículo habla de autoliquidación o declaración, se remite al artículo 11 
de la Ordenanza, donde se regula la autoliquidación o declaración del Impuesto por el 
sujeto pasivo, pero también al artículo 13, que es el que regula, como hemos visto, la 
obligación del adquirente de inmuebles a título oneroso de comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible del Impuesto –al margen de la obligación del sujeto 
pasivo, el transmitente, de autoliquidar o declarar el Impuesto–.
Por  tanto,  este  artículo  15  dispone  que  basta  dicha  comunicación  para  poder 
practicar la inscripción el Registro de la Propiedad en los casos de transmisiones de 
inmuebles  urbanos  o  de  constitución  o  transmisión  de  derechos  reales  de  goce 
limitativos del dominio sobre los mismos, a título oneroso.
De lo contrario quedaría sin contenido la remisión del artículo 15 de la Ordenanza al 
artículo 11 de la misma.
Refuerza esta conclusión además el hecho de que este mismo artículo 15 dispone en 
su inciso final que se establece esa norma «de conformidad con el artículo 254.5 de la 
Ley Hipotecaria», que como hemos visto también exige para la inscripción acreditar 
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del 
impuesto, o la comunicación a que se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
De hecho, la sola previsión de este artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria de permitir 
levantar el cierre del Registro si se acredita la comunicación al Ayuntamiento por el 
adquirente de la realización del hecho imponible en los supuestos de transmisiones a 
título oneroso, unido al hecho de que el artículo 110.4 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ha sido declarado inconstitucional por Sentencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional número 59/2017, de 11 de mayo, siendo dicho 
artículo 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según 
interpretación  dada  por  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  Sección  s
Segunda, número 1163/2018, de 9 de julio, de acuerdo con la mencionada Sentencia del  oe.
tpdTíteeruir blmloua ni otriarneíle aaCrnliozo sdanoecs titpóeitanrumr cadii onelenal varh alq,en ucitnaehcr o bo eanilm sscttpiaietou rcnrceoiibo ndlne ela alld   Rceyoe l nmgimuiuslpotnru iocee.ansc tiotóo nde onp  oclora sse ols  au(dipnqucueoisrnetsontsitte ud caeiol  ntAraaylunidnsamtadim stioióetnan lt)ao,    2021-19165n https://www.
En su informe el registrador sostiene que en este caso ambos comuneros son
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana y cita las Resoluciones de este Centro Directivo de 10 de octubre de 2014, en las 
que se ha establecido que, toda vez que la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se refiere concretamente 
–por  remisión  al  artículo  106.1.b)–,  a  las  transmisiones  a  título  oneroso,  las 
transmisiones  a  título  lucrativo  entre  vivos,  descritas  en  el  artículo  106.1.a)  y 
relacionadas en el artículo 110.6.a) –todos ellos del mismo cuerpo legal– no pueden 
liberarse del cierre mediante la comunicación al Ayuntamiento, siendo imprescindible 
para ello acreditar la liquidación o autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de Bienes de Naturaleza Urbana, puesto que el alzamiento del cierre mediante 
acreditación  de  la  comunicación  constituye  una  medida  excepcional  concedida  al 
adquirente en las transmisiones onerosas el cual, al no ser sujeto pasivo del Impuesto 
podría verse perjudicado en su derecho a la registración de su adquisición en el caso de 
que  el  transmitente,  sujeto  pasivo  legal  del  impuesto,  decidiera  no  proceder  a  la 
liquidación o autoliquidación del mismo con el consiguiente cierre registral.
Pero lo cierto es que en este caso nos encontramos con un supuesto de sujeción al 
Impuesto por transmisión a título oneroso, pues existe un exceso de adjudicación a favor 
del adjudicatario que este compensa mediante la adjudicación al otro comunero de un 
inmueble de su propiedad, por lo que debe admitirse la comunicación al Ayuntamiento de 
Barcelona por el adquirente de la realización del hecho imponible –siempre que esa 
comunicación se haya hecho correctamente, algo que no ha cuestionado el registrador 
en su nota de calificación– para poder practicar las correspondientes inscripciones en el 
Registro de la Propiedad. Además, si bien ambos comuneros podrían ser sujetos pasivos 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para 
las fincas situadas en Barcelona el sujeto pasivo no sería el adjudicatario de las mismas, 
interesado en la inscripción, motivo por el cual se debe admitir la comunicación para la 
inscripción de las fincas situadas en Barcelona precisamente por los motivos señalados 
en las citadas Resoluciones de esta Dirección General que menciona el registrador.
Debe revocarse por tanto la nota de calificación en cuanto a estos defectos –uno en 
realidad– señalados con los números 2 y 3.
8.  Por  lo  que  se  refiere  al  defecto  señalado  como  número  4  en  la  nota  de 
calificación del registrador, este consiste en que no consta que el régimen matrimonial de 
don I. D. sea «legal».
En  la  comparecencia  de  la  escritura  de  disolución  de  comunidad  objeto  de 
calificación consta que el citado don I. D., de nacionalidad rusa, está «casado en 
régimen de separación de bienes, según manifiesta y se compromete a justificar donde 
proceda».
El  artículo  159  del  Reglamento  Notarial,  al  regular  las  circunstancias  de  los 
comparecientes que deben constar en la escritura, establece en su párrafo quinto que 
«se expresará, en todo caso, el régimen económico de los casados no separados 
judicialmente.  Si  fuere  el  legal  bastará  la  declaración  del  otorgante.  Si  fuese  el 
establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente que se le acredite al notario 
su otorgamiento en forma auténtica. El notario identificará la escritura de capitulaciones y 
en su caso, su constancia registral, y testimoniará el régimen acreditado, salvo que fuere 
alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es».
Por ello, no se comprende que el notario autorizante de la escritura en su escrito de 
recurso contraponga el adjetivo «legal» referido a un régimen matrimonial a «ilegal» y 
alegue que «dado que ello no es razonablemente presumible, la redacción de la nota 
sume al recurrente en la más absoluta confusión ya que no le permite saber cuál es el  s
fundamento de esa petición del registrador ni, menos aún, su base normativa». oe.
Del contenido del artículo 159 del Reglamento Notarial transcrito resulta con claridad,  w.
que el régimen económico-matrimonial legal es el establecido por la Ley como supletorio  165ww
paa fcatlatad od ep opr alocsto m disem looss  ceónn cyaupgietusl,a ceino nceosn mtraaptroimsiocinóina leasl .régimen económico-matrimonial
de loAs  srue gvíemze, neens  laesc ocnaópmituicloa-cmioanterism monaitarliemso tnípiaicleoss  prueegdueland oess tpaobrle lcae Lr eloy,s  ccoónn yreumgeissi óunn ao   BOE-A-cable e
las normas reguladoras del mismo, aunque no sea el supletorio, que es a lo que se 
refiere como régimen regulado en la ley el último inciso del mencionado párrafo.
Por otro lado, el mismo artículo establece que el régimen pactado en capitulaciones 
matrimoniales ha de ser acreditado al notario autorizante de la escritura.
En  este  caso,  de  la  escritura  no  resulta  de  manera  expresa  que  el  régimen 
económico-matrimonial de don I. D. sea un régimen paccionado, pero el hecho de que se 
mencione que está casado en régimen de separación de bienes «según manifiesta y se 
compromete a justificar donde proceda» da a entender que así es.
No se comprende tampoco en consecuencia que el notario recurrente afirme en su 
escrito que «ese lugar donde pueda proceder tal justificación, no será nunca el registro 
de la propiedad n.º 11 de Barcelona», por cuanto donde debería haberse acreditado el 
régimen económico-matrimonial, en caso de que fuese el pactado en capitulaciones 
matrimoniales, es en el momento de otorgamiento de la escritura y al notario autorizante 
de la misma, y si fuese el régimen económico-matrimonial legal supletorio también 
debería el notario autorizante haberlo expresado así en la escritura, tras haber efectuado 
las indagaciones procedentes para determinar la ley material aplicable a los efectos de 
su matrimonio, teniendo en cuenta además que en este caso el adjudicatario es de 
nacionalidad rusa.
9.  La  Resolución  de  esta  Dirección  General  de  20  de  diciembre  de  2011  ya 
estableció que si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla determinar 
cuál es el régimen económico-matrimonial legal supletorio, es necesario que el notario, a 
la  hora  de  redactar  el  instrumento  público  conforme  a  la  voluntad  común  de  los 
otorgantes  –que  deberá  indagar,  interpretar  y  adecuar  al  ordenamiento  jurídico–, 
despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen 
económico-matrimonial que rige entre los esposos.
En tal sentido, establece el artículo 159 del Reglamento Notarial que si dicho régimen 
fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido 
de que el notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con 
base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos 
como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de 
celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –cfr. artículos 9.2 
y 16.3 del Código Civil–), concluirá que su régimen económico-matrimonial, en defecto 
de  capítulos,  será  el  legal  supletorio  que  corresponda,  debiendo  por  tanto  hacer 
referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la 
manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate. De este modo, 
quedan suficientemente cubiertas, fuera del proceso, las necesidades del tráfico jurídico.
Por  lo  demás,  el  criterio  anteriormente  expuesto  (fijado  previamente  por  esta 
Dirección General en las Resoluciones de 15 de junio de 2009 y 5 de marzo y 2 de junio 
de 2010) tiene una clara confirmación en el último párrafo del apartado quinto del citado 
artículo 159 del Reglamento Notarial que, al referirse al posible régimen económico-
matrimonial de origen capitular, establece que el notario «identificará la escritura de 
capitulaciones y en su caso, su constancia registral, y testimoniará, brevemente, el 
régimen acreditado, salvo que fuere alguno de los regulados en la ley, en que bastará 
con hacer constar cuál de ellos es».
Y es que no tendría sentido que si, en este supuesto, el notario debe precisar el tipo 
elegido entre los posibles regímenes convencionales, no haya de hacer una precisión 
equivalente –la relativa a su carácter legal– cuando tal régimen derive de la aplicación de 
las  normas  que  disciplinan  los  posibles  conflictos  de  Derecho  interregional  o  s
internacional, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional del  oe.
régimen económico-matrimonial reseñado en la escritura. w.
Por otro lado, tampoco basta para acreditar que el régimen económico-matrimonial  165ww
edxet ednodnid aI.  Dal.  peise  edle dl etí tsuelop aorbajceitóon  ddee  cbaielifniceasc ieóln  htercahso  lad ein sqcureip caisóín  cdoenls tme isemn ola  enno teal 
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acaban de exponer; porque el contenido de los asientos del Registro de la Propiedad 
solo puede acreditarse en perjuicio de tercero mediante certificación (artículo 225 de la 
Ley Hipotecaria), no por nota simple, que tiene un valor puramente informativo y no da fe 
del contenido de los asientos (artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria), ni tampoco por la 
nota de despacho al pie del título, que precisamente se ha de acompañar de nota simple 
en los supuestos legalmente previstos; y porque el registrador puede consultar los 
asientos del Registro Mercantil como medio de calificación, como ha establecido esta 
Dirección General entre otras en la Resolución de 30 de octubre de 2012 que cita el 
recurrente,  como  medio  de  acreditar  alguno  de  los  extremos  necesarios  para  la 
inscripción, pero entre los «asientos del Registro» como medio de calificación a que se 
refiere el artículo 18 de la Ley Hipotecaria no se encuentran los asientos practicados en 
otros  Registros  de  la  Propiedad  distintos  de  aquel  en  que  se  ha  de  practicar  la 
inscripción  como  medio  para  acreditar  el  régimen  económico-matrimonial  de  una 
persona, pues el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción de los actos y 
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y no los 
hechos y actos que se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias de las 
personas físicas, que es el objeto propio del Registro Civil (artículos 2 y 4 de la Ley del 
Registro Civil), y por tanto serían los asientos del Registro Civil los que podría consultar 
el registrador para acreditar este hecho, y sin embargo los registradores no tienen 
acceso al Registro Civil para calificar los documentos presentados a inscripción, sin que 
se pueda exigir al registrador que consulte archivos de diferentes Administraciones con 
las que no existe conexión alguna que permita su acceso a tal documentación (cfr. 
Resolución de 31 de enero de 2019).
Debe confirmarse por tanto este defecto señalado con el número 4 en la nota de 
calificación, sin que se pueda entrar a valorar en este expediente, por no constar inscrito 
todavía derecho alguno sobre las fincas registrales respecto de las que se disuelve la 
comunidad a favor de don I. D. y por no haberse hecho alegación ni manifestación 
alguna al respecto ni por el registrador en su nota ni por el recurrente en su escrito, si 
será necesario o no en este caso para poder practicar la inscripción, dado que el 
artículo 159 del Reglamento Notarial solo exige la constancia del régimen económico-
matrimonial del compareciente si «el acto o contrato afectase o pudiese afectar en el 
futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio actual» y en el mismo sentido 
el artículo 51.9.ªa) solo exige la constancia del régimen económico-matrimonial de la 
persona física a cuyo favor se practique la inscripción en caso de ser casado y «afectar 
el acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal», que conste y en su caso se aclare y acredite cuál es el régimen económico-
matrimonial de don I. D.
10.  En cuanto al último defecto que ha sido objeto de recurso, el señalado con el 
número 5 en la nota de calificación del registrador, consistente en que no consta que la 
vivienda sobre la que se disuelve la comunidad no sea vivienda común con terceros ni 
familiar,  entendiendo  el  recurrente  que  el  requisito  legal  exigido  al  respecto  queda 
cumplido en la escritura al manifestar expresamente en la misma los comparecientes 
que «respecto de la vivienda declaran no encontrarse en situación alguna que implique 
la necesidad legal de recabar consentimiento ajeno para esta operación», esta cuestión 
ya ha sido resuelta por esta Dirección General, entre otras por la reciente Resolución 
de 28 de julio de 2021.
La  ley  protege  especialmente  la  vivienda  familiar  habitual,  trátese  de  vivienda 
simplemente conyugal, trátese de vivienda en la que, además de los cónyuges vivan los  s
hijos comunes o los que cada cónyuge hubiera habido antes del matrimonio. Entre las  oe.
técnicas de tutela de la vivienda familiar figura la que establece el artículo 1320 del  w.
Código Civil. Este artículo, en la redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo,  165ww
dpere cuespot úoar dqinuaer, io« pdaera l ad isfapmonileiar,  daeu nloqsu dee traelcehso sd esroebcrheo sla  pveivriteenndeaz chaanb iatu auln yo  losos lom udeeb lleoss 
cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial»,
añadiendo que «la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la 
vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe».
Con esta norma legal se introdujo en el Derecho español una singular protección de 
la vivienda familiar en situación de normalidad matrimonial.
Pero no se trata de una norma específica del Derecho civil común, sino que la 
misma, con variantes, existe también en otros Derechos civiles de España, como es el 
caso del Derecho civil aragonés (artículo 190 del Código del Derecho Foral de Aragón) y 
Derecho civil catalán, éste aplicable en el presente caso.
Así, según el artículo 231-9 del Código Civil de Cataluña –aplicable también a las 
parejas estables según el artículo 234-3 del mismo– «1. Con independencia del régimen 
económico matrimonial aplicable, el cónyuge titular, sin el consentimiento del otro, no 
puede hacer acto alguno de enajenación, gravamen o, en general, disposición de su 
derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario que comprometa 
su uso, aunque se refiera a cuotas indivisas (…)», que como se puede observar contiene 
la  especialidad  de  exigir  tal  consentimiento  aun  cuando  el  acto  de  disposición, 
enajenación o gravamen sobre la vivienda familiar que comprometa su uso se refiera a 
cuotas indivisas.
11.  Con la finalidad de evitar que ingresen en el Registro actos impugnables y, a la 
vez, con la de contribuir a la realización de los fines pretendidos con la norma sustantiva, 
el artículo 91 del Reglamento Hipotecario exige –para la inscripción del acto dispositivo 
que  recaiga  sobre  un  inmueble  apto  para  vivienda  y  en  el  que  no  concurra  el 
consentimiento de ambos cónyuges, o en su caso autorización judicial supletoria, cuando 
sea exigible para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia según la 
ley aplicable– bien la justificación de que el inmueble no tiene el carácter de vivienda 
habitual de la familia, bien que el disponente lo manifieste así.
Este precepto reglamentario, habida cuenta de la dificultad calificadora respecto de 
esa circunstancia de hecho –ser o no vivienda habitual familiar– en virtud de la limitación 
de los medios que en tal cometido puede utilizar el registrador (artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria), exige la manifestación negativa para acceder a la inscripción, sin perjuicio 
de que pueda justificarse fehacientemente de otro modo que la vivienda transmitida no 
es la habitual de la familia.
Con  esta  manifestación  se  obtiene  garantía  suficiente,  a  los  solos  efectos  de 
practicar  la  inscripción,  de  la  no  concurrencia  de  aquella  circunstancia  y  de  la 
consiguiente validez del acto dispositivo unilateral.
Como afirmó este Centro Directivo en Resolución de 6 de marzo de 2020, debe 
atenderse a la finalidad de tales normas protectoras de la vivienda habitual familiar, de 
modo que el cumplimiento de las mismas quede asegurado inequívocamente.
Por la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (cfr. 
artículo 148 del Reglamento Notarial), habida cuenta de sus efectos, y especialmente de 
la trascendencia que la ley atribuye hoy a la manifestación sobre el carácter de vivienda 
habitual de la familia en los actos dispositivos sobre la misma, debe exigirse rigor en su 
constancia en el instrumento público.
Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas no puede entenderse 
que en la escritura se hayan cumplido adecuadamente con las exigencias legales y 
reglamentarias referidas.
En el presente caso, no puede entenderse que la referida norma del artículo 91 del 
Reglamento Hipotecario, en cuanto exige una manifestación específica sobre un hecho 
concreto (que la finca no sea vivienda habitual de la familia), quede cumplida con la  s
genérica afirmación de que los comuneros no se encuentran «en situación alguna que  oe.
implique la necesidad legal de recabar el consentimiento ajeno para esta operación»;  w.
igual que no que sería suficiente, por ejemplo, la mera afirmación de que el acto  165ww
dispositivo cumple todos los requisitos legales.
notaE dne c coanlsifeiccauceiónnci ap,o er slota q Duiere scec iróenfi eGreen ae rloasl  hdae afeccotrodsa sdeoñ easlatidmoasr  ee li dreecnutirfsicoa dy orse veonc aers tlae 
expediente con los números 2 y 3, y desestimar el recurso y confirmar por ello la nota de 
calificación por lo que se refiere a los defectos señalados con los números 4 y 5.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 25 de octubre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.