BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Martes 15 de junio de 2021 Sec. TC.   Pág. 72814
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10007 Sala Segunda. Sentencia 94/2021, de 10 de mayo de 2021. Recurso de 
amparo 3987-2019. Promovido por don Fernando Ruiz Fernández en relación 
con  las  resoluciones  dictadas  por  un  juzgado  de  primera  instancia  e 
instrucción  de  Santoña  (Cantabria)  en  juicio  verbal  por  desahucio. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos sin agotar las posibilidades de comunicación personal (STC 
62/2020).
ECLI:ES:TC:2021:94
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  núm.  3987-2019,  promovido  por  don  Fernando  Ruiz 
Fernández, representado por la procuradora de los tribunales doña Carolina Beatriz 
Yustos Capilla y asistido por el letrado don Juan Pablo Huerta Sánchez, contra el auto 
de 27 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Santoña, en el juicio verbal por desahucio núm. 638-2018. Han intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 26 de junio de 2019, don Fernando 
Ruiz Fernández, representado por la procuradora de los tribunales doña Carolina Beatriz 
Yustos Capilla y bajo la asistencia del letrado don Juan Pablo Huerta Sánchez, interpuso 
recurso  de  amparo  contra  la  resolución  a  la  que  se  hace  referencia  en  el 
encabezamiento, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 
Santoña, en el juicio verbal por desahucio núm. 638-2018, alegando la vulneración de su 
derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión (artículo 24.1 CE).
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son los siguientes:
a)  El recurrente en amparo y doña Ida Palacio González concertaron, en fecha 18 
de marzo de 2014, contrato de arrendamiento mediante el cual se cedía al primero el uso  s
del local sito en el Barrio Maeda, núm. 16 (bar-restaurante Maeda), en San Mames de  e.
Meruelo (Cantabria). w.
b)  El día 23 de noviembre de 2018, la arrendadora presentó contra el demandante  007ww
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Meruelo  (Cantabria);  y,  subsidiariamente,  la  que  constaba  en  el  contrato  de 
arrendamiento de la calle Maestro Mediavilla, núm. 5, de Torrelavega (Cantabria).
La  demanda  fue  admitida  a  trámite  por  decreto  de  12  de  diciembre  de  2018, 
dirigiéndose  exhorto  al  Juzgado  de  Paz  de  Bárcena  de  Cicero  a  efectos  de  su 
notificación al recurrente en el local arrendado. El juzgado requerido, mediante diligencia 
de ordenación de 26 de diciembre de 2018, rehusó dar cumplimiento al mismo, indicando 
que «recibido el presente exhorto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santoña, 
en el que se interesaba practicar diligencias don Fernando Ruiz Fernández, se informa 
que en virtud de otros exhortos el mismo hace tiempo que no reside en Meruelo y el bar 
se encuentra cerrado, por lo que se devuelve el presente exhorto sin cumplimentar».
c)  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Santoña, sin más 
trámites,  acordó,  mediante  diligencia  de  ordenación  de  7  de  enero  de  2019,  la 
notificación de la demanda por edictos. Así se expresa: «Por recibida en este juzgado, 
procedente del sistema centralizado de notificaciones electrónicas, la anterior diligencia 
de requerimiento a la demanda, en desahucio por falta de pago, únase a los autos de su 
razón, y, visto su resultado negativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 
párrafo 4 de la LEC, procédase a requerir y citar a la parte demandada, fijándose sin 
más trámites la cédula de requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial».
d)  Por  decreto  de  24  de  enero  de  2019,  se  dio  por  resuelto  el  contrato  de 
arrendamiento,  consumándose  el  lanzamiento  el  día  13  de  marzo  de  2019.  En  la 
diligencia de entrega de posesión al actor se hizo constar que «el bar-restaurante se 
encuentra  en  buenas  condiciones.  Todos  los  muebles  cocina,  nevera  y  demás 
electrodomésticos, así como productos de comida, según la Ley de enjuiciamiento civil, 
se dan por abandonados».
e)  Según expone el recurrente, el día 15 de marzo de 2019, al encontrarse con la 
cerradura del bar cambiada y tras contactar con el arrendador, se personó en las 
actuaciones, solicitando copia íntegra del procedimiento.
f)  Con fecha 12 de abril de 2019, el recurrente promovió incidente de nulidad de 
actuaciones por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(artículo 24.1 CE), así como a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE), con 
indicación de la doctrina constitucional relativa a la notificación por edictos, solicitando la 
nulidad de la diligencia de ordenación de 7 de enero de 2019.
g)  Por auto de 27 de mayo de 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Santoña desestimó el incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Para 
alcanzar este fallo razonó que «el procedimiento seguido es el correcto y no puede ser 
causa de nulidad. El artículo 164 en su párrafo 4 permite la posibilidad de emplazar por 
edictos cuando la citación no haya sido posible en los domicilios designados conforme al 
artículo  155.3  LEC.  Efectivamente  en  el  contrato  figuran  dos  domicilios  el  del 
arrendatario y el del local objeto del contrato conforme a la estipulación 14 del mismo 
pero no existe regulación específica en la que se disponga que el emplazamiento deba 
realizarse obligatoriamente en las dos o en una y si esta es fallida, en la otra. La reforma 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) llevada a cabo por la Ley 4/2013 modificó el 
artículo 164 ‘Comunicación edictal’, estableciendo que en los procesos de desahucio por 
falta de pago de rentas o cantidades debidas, en el desahucio por finalización del 
término convenido o en los procedimientos de reclamación de rentas, cuando no pudiera 
hallarse o efectuarle la citación al inquilino en el domicilio que hubiese designado en el 
contrato o en su defecto (si no lo hubiese hecho) en la finca arrendada, ‘se procederá a 
fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios del juzgado’. Si no se  s
le encuentra en el domicilio fijado en el contrato o en su defecto en el de la finca  oe.
arrendada, se publicará directamente la citación por edictos en el tablón de anuncios del  w.
tribunal» (FJ 2). 007ww
recuArs oe lldoe s neu alidñaadd ep:r e«vPisotro s ei nlo e al anrtetírciuolro n 2o2 f8u eLsEeC s eusfi cuine nretec uhrasyo  qeuxetr ateonrdeinr aernio c quueen tsae  quutieli zeal 
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la resolución o desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión. 
Tomando como fecha de conocimiento la del lanzamiento el dies a quo sería el 13 de marzo 
y el escrito alegando la nulidad es de fecha 12 de abril 2019 por tanto habrían transcurrido 
veintidós días hábiles y el recurso estaría fuera de plazo» (FJ 3).
3.  El  recurrente  invoca  la  vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(artículo 24.1 CE), «en su esfera de garantía de contradicción y defensa», por la falta de 
diligencia del juzgado en su emplazamiento personal. Reprocha al órgano jurisdiccional 
haber acudido a la notificación edictal, sin intentar previamente la notificación en el 
segundo domicilio consignado en la demanda y sin desplegar las medidas para intentar 
su localización, previstas en la ley, tal como exige la jurisprudencia constitucional.
Asimismo,  se  opone  a  la  consideración  del  planteamiento  extemporáneo  del 
incidente de nulidad de actuaciones, pues, a su juicio, no cabe fijar como dies a quo para 
su cómputo la fecha del lanzamiento, en la que no se encontraba presente y no tenía 
conocimiento de la infracción cometida, sino que debe tomarse la de la fecha en que se 
personó en las actuaciones, es decir, el día 15 de marzo de 2019. En consecuencia, 
habiéndose promovido el incidente el 12 de abril de 2019, estaba dentro del plazo de 
veinte días estipulado en el artículo 228 LEC.
Por todo ello, solicita que se declare la nulidad del auto impugnado y de todas las 
actuaciones practicadas desde la diligencia de ordenación de 7 de enero de 2019, 
retrotrayéndose las actuaciones al momento inmediatamente anterior a esta resolución al 
objeto de tener la oportunidad de comparecer en el procedimiento en defensa de sus 
intereses.
4.  Por providencia de 17 de septiembre de 2020, la Sala Segunda de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, apreciando que concurría en el mismo 
especial trascendencia constitucional [artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC)] como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
Constando  ya  testimonio  de  las  actuaciones  correspondientes  al  procedimiento 
verbal núm. 638-2018, en la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación al 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Santoña,  al  objeto  de  que 
procediera a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el 
presente recurso, para que pudieran comparecer en estas actuaciones, si así lo desean, 
excepto a la parte recurrente en amparo.
5.  Por  diligencia  de  ordenación  de  la  secretaría  de  la  Sala  Segunda  de  este 
tribunal, de 4 de diciembre de 2020, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la 
parte  recurrente  y  al  Ministerio  Fiscal,  para  que  presentaran  las  alegaciones  que 
estimaran pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 LOTC.
6.  El Ministerio Fiscal presentó alegaciones por escrito, en fecha de 19 de enero 
de 2021, en sentido favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión del demandante, señala que el 
objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el juez ha vulnerado el derecho a la 
tutela judicial efectiva de los recurrentes (artículo 24.1 CE), «por haberse seguido el 
proceso sin haberse emplazado personalmente a la ejecutada, ya que el órgano judicial 
acudió al emplazamiento por edictos sin haber agotado, previamente, los mecanismos  e.
previstos en el artículo 156 LEC para intentar su localización personal, tal y como así  w.
exige la jurisprudencia constitucional». 007ww
que Terla sre rseupltaasdaor  olab dteoncitdroin ae nc olan sctiittaucciióonn aml aepdliiacnatbel ee axhl ocartsoos,  fluae f isnceagla etisvtoim, eal  qJuuez guandao v deez 
Pexriimgiebrlea  dInesstdaen claia p ee rIsnpsetrcutcivcaió dne nl dúemr.e c2h doe a S laa ntutoteñlaa  «jundoic diaels epfleecgtóiv ala  (aarcttíicvuidloa d2 4q.u1e C leE )e, raal   BOE-A-cable e
objeto  de  notificar  debidamente  al  demandante  de  amparo  la  existencia  del 
procedimiento», pues, a pesar de estar consignada otra dirección en la demanda a 
efectos de notificación, no se intentó la comunicación en ese domicilio, ni se practicó 
averiguación domiciliaria alguna a tales efectos. A ello añade que la aplicación literal del 
artículo 164 LEC en que el juzgado fundamenta su rechazo del incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones contradice abiertamente la doctrina de este tribunal.
Finalmente, la fiscal coincide con el recurrente en los motivos para rebatir el segundo 
de  los  argumentos  expuestos  en  el  auto  impugnado,  relativo  a  que  el  incidente 
excepcional de nulidad se había promovido fuera de plazo. A su juicio, al situar en la 
fecha en que se realizó el lanzamiento el dies a quo para el cómputo del plazo para la 
interposición del incidente excepcional de nulidad de actuaciones, el juzgado cometió un 
claro error, pues el demandante de amparo no estuvo presente en aquella diligencia, no 
personándose en las actuaciones hasta el 15 de marzo de 2019, fecha de la que se ha 
de partir para el referido cómputo. Y concluye: «[s]iendo así, el plazo finalizó el día 12 de 
abril que fue el día en el que efectivamente fue presentado el incidente».
7.  Por providencia de 6 de mayo de 2021, se señaló para deliberación y votación de 
la presente sentencia el día 10 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.
La demanda de amparo impugna el auto de 27 de mayo de 2019, dictado por el 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Santoña,  que  desestima  el 
incidente excepcional de nulidad de actuaciones planteado por el recurrente, en el 
procedimiento de juicio verbal de desahucio núm. 638-2018, por entender vulnerado su 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por la falta de emplazamiento 
personal. Sobre el particular, sostiene que el juzgado vulneró tal derecho fundamental al 
haber acudido a la notificación edictal sin haber intentado la notificación en el segundo 
domicilio consignado en la demanda y sin desplegar las medidas para su localización 
previstas en la ley, tal y como exige nuestra jurisprudencia.
Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar 
que el citado derecho fundamental ha sido vulnerado, por las mismas razones expuestas 
por el recurrente y dado que el artículo 164 LEC debe ser interpretado de conformidad 
con la doctrina constitucional que exige expresamente al órgano judicial llevar a cabo 
una previa averiguación domiciliaria en los procedimientos de desahucio, antes de acudir 
a la vía edictal, so pena de vulnerar su derecho de acceso a la jurisdicción y causarle 
indefensión (artículo 24.1 CE).
Antes de entrar en el fondo de la cuestión debatida, procede dar somera respuesta al 
óbice de extemporaneidad, alegado por el órgano judicial en la resolución impugnada. 
En efecto el auto de 27 de mayo de 2019 que desestimó el incidente excepcional de 
actuaciones promovido por el recurrente toma como inicio del cómputo del plazo de los 
veinte días que otorga el artículo 228 LEC, el de la fecha en que el demandante tuvo 
conocimiento del lanzamiento, esto es el 13 de marzo de 2019. Dado que el escrito de 
nulidad es de fecha 12 de abril de 2019, habían transcurrido veintidós días hábiles y el 
recurso sería extemporáneo.
Pues bien, asiste la razón al recurrente y al Ministerio Fiscal cuando ponen de 
manifiesto el error padecido por el órgano judicial, dado que aquel no estuvo presente en  es
la diligencia de lanzamiento, sino que se personó en las actuaciones con fecha 19 de  bo
marzo de 2019, por lo que el escrito de nulidad fue presentado en plazo. 007ww
impeEdni tivcoo ndseel caucecenscoia ,a  lhaa j urdised icrceicóhna czoanrsseti tulcai oncaoln.currencia  de  este  óbice  procesal
2.  Doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación procesal en 
los procesos arrendaticios.
Como acertadamente exponen tanto el demandante de amparo, como el Ministerio 
Fiscal, este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión planteada en 
numerosas resoluciones.
Parafraseando la STC 20/2021, de 15 de febrero: «[a]si, en la reciente STC 62/2020, 
de 15 de junio, FJ 2, pero también en muchas anteriores relativas a los procedimientos 
arrendaticios (SSTC 30/2014, de 24 de febrero; 181/2015, de 7 de septiembre; 39/2018, 
de 25 de abril, y 123/2019, de 28 de octubre), hemos subrayado la gran relevancia que 
posee ‘la correcta constitución de la relación jurídica procesal para garantizar el derecho 
de defensa reconocido en el artículo 24 CE, que implica la posibilidad de un juicio 
contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. 
De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las 
partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede 
ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario 
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 
la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el referido derecho fundamental, salvo que la situación de incomunicación 
sea  imputable  a  la  propia  conducta  del  afectado  por  haberse  situado  voluntaria  o 
negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios 
distintos de su existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, 
descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa 
judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, ‘no 
puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que 
debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de 
indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 182/2000, de 16 de mayo, FJ 5)’ 
(STC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4)’» (FJ 2).
Y sigue: «[e]n todas estas resoluciones, hemos insistido en que sobre los órganos 
judiciales no solo recae el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de 
comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven al 
propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. ‘Ello comporta, en lo posible, 
la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la 
limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que, tras 
intentar su averiguación, no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien 
se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que cuando del examen de los 
autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un 
domicilio  que  haga  factible  practicar  de  forma  personal  los  actos  de  comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a 
la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, 
de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)’ […]» (FJ 2).
Concluyendo que: «[a]hora una vez más, como hemos hecho cada vez que se nos 
ha planteado este supuesto, hemos de recordar que frente a esta doctrina, no cabe que 
la Ley de enjuiciamiento civil no exija realizar mayores averiguaciones tras la reforma del 
artículo 164 LEC llevada a cabo mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de 
medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los 
edificios. ‘Semejante argumentación es la que pone de relieve, precisamente, la especial  e.
trascendencia  constitucional  del  presente  recurso,  pues  hemos  reiterado  en  la  w.b
jurisprudencia  reseñada  que  dicho  cambio  normativo  no  permite  obviar  la  doctrina  007ww
(cSoTnCst i6tu2c/i2o0n2a0l , dpere 1c5e ddeen jtuen, ioq, uFeJ  2l)e»  (FfuJe 2 ).expresamente  alegada  por  el  recurrente’
demEann dsaídnate stoism, eq uceo neosc imtaireenato  fudned alam ceanutasla  dye lt eónrggaann ol aj uorpisodritcucnioidnaadl  adsee sgeurr aor ídqause  elna 
defensa  de  sus  intereses,  para  lo  cual  debe  procurar  que  las  notificaciones  sean
efectivas. A tal fin debe acomodarse la interpretación de las disposiciones legales, 
limitándose el empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en que no haya sido 
posible la notificación personal tras haberse agotado todas la posibilidades razonables 
de comunicación en el domicilio indicado, eventualmente, por la parte contraria o en 
otros que fueran descubiertos por constar en las actuaciones o por haberse accedido a 
ellos tras haberse desplegado las oportunas diligencias de averiguación domiciliaria.
3.  Aplicación de la doctrina al caso.
Es indiscutible que la doctrina constitucional expuesta resulta aplicable al supuesto 
que ahora se enjuicia, de manera que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Santoña, una vez fracasado el primer intento de notificación personal en el 
inmueble arrendado, debió acudir al segundo domicilio consignado en la demanda, 
agotando, en su caso, los medios de averiguación domiciliaria que indica la legislación 
procesal, antes de proceder a realizar la comunicación por medio de edictos.
Asimismo,  resulta  patente  que  el  auto  impugnado,  de  27  de  mayo  de  2019, 
desestimatorio del incidente de nulidad, hizo caso omiso de nuestra doctrina, pues no 
efectúa esa interpretación secundum constitutionem a la que acabamos de referirnos, 
sino antes al contrario, mantiene la especificidad introducida para el juicio de desahucio 
por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal 
del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, que dio nueva redacción al 
artículo 155.3 LEC y añadió un párrafo concordado con este al artículo 164 LEC, 
optando por una interpretación literal de estos preceptos.
En  efecto,  este  tribunal  no  puede  más  que  declarar  que  se  ha  producido  la 
vulneración constitucional alegada por el demandante de amparo. En primer término, por 
el automatismo del órgano judicial al acudir al requerimiento y notificación edictal, sin 
realizar  otros  intentos  en  el  segundo  domicilio  que  figuraba  en  la  demanda  y  sin 
averiguación domiciliaria alguna. Y, en segundo término, porque la respuesta ofrecida en 
el auto resolutorio del incidente de nulidad prescinde de las alegaciones del demandante, 
no repara en la doctrina constitucional invocada y mantiene una interpretación rigorista 
de los artículos 155.3 y 164 LEC, incompatible con esta, sin dedicar argumento alguno a 
su aplicación o procedencia en el caso sometido a su consideración. Con ello, además, 
se  pone  de  manifiesto  la  concurrencia  del  motivo  de  la  especial  trascendencia 
constitucional apreciado en el trámite de admisión [STC 155/2009, FJ 2 f)], y no solo 
porque  se  aparta  de  la  doctrina  establecida  por  este  tribunal  en  materia  de 
emplazamientos y notificaciones, sino porque, como así se refleja en los antecedentes 
de esta resolución, el recurrente la invocó expresamente en el incidente de nulidad de 
actuaciones, sin que la juzgadora la tuviera en cuenta al resolver.
La  aplicación  de  nuestra  reiterada  doctrina  al  presente  supuesto  conlleva  que 
declaremos  vulnerado  el  derecho  del  demandante  a  la  tutela  judicial  efectiva  sin 
indefensión (artículo 24.1 CE) y, consiguientemente, estimemos el presente recurso de 
amparo. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 LOTC, procede 
declarar la nulidad del auto de 27 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Santoña,  por  el  que  se  desestimó  el  incidente 
excepcional  de  nulidad  planteado,  acordando  la  retroacción  de  las  actuaciones  al 
momento en que deba de efectuarse el emplazamiento del demandado por los medios 
previstos en la Ley de enjuiciamiento civil.
FALLO e.e
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD  007ww
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Fernando Ruiz Fernández y, en su 
virtud:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin padecer indefensión (artículo 24.1 CE), con reconocimiento de tal derecho.
2.º  Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del auto de fecha 
de 27 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. 2 de Santoña, en el proceso de juicio verbal de desahucio núm. 638-2018.
3.º  Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a la diligencia 
de ordenación de 7 de enero de 2019, debiendo llevarse a cabo el emplazamiento de la 
parte  demandada  de  forma  que  resulte  respetuosa  con  el  derecho  fundamental 
reconocido.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diez de mayo de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca Trías.–
Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio  Narváez 
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.