BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. TC.   Pág. 62299
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8952 Sala Segunda. Sentencia 71/2020, de 29 de junio de 2020. Recurso de 
amparo 6369-2018. Promovido por doña María Teresa Gil Baranda respecto 
de la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao y 
las resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que le denegaron 
el disfrute de un permiso de trabajo. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación  por  razón  de  sexo:  denegación  de  permiso  de  trabajo 
solicitado para atender a una familiar hospitalizada por parto.
ECLI:ES:TC:2020:71
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca 
Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y 
don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 6369-2018, promovido a instancias de doña María 
Teresa Gil Baranda, representada por la procuradora de los tribunales doña Yolanda 
Cortajanera Martínez y asistida por el letrado don Itxaso Andrino Ropero, contra la 
sentencia  núm.  408/2018  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  6  de 
Bilbao, dictada el 29 de octubre de 2018 en el procedimiento abreviado núm. 4104-2017. 
Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentando en el registro general de este Tribunal el 30 de 
noviembre de 2018, la procuradora de los tribunales doña Yolanda Cortajanera Martínez, 
actuando  en  nombre  y  representación  de  doña  María  Teresa  Gil  Baranda,  bajo  la 
defensa del letrado don Itxaso Andrino Ropero, interpuso demanda contra la resolución 
arriba mencionada.
2.  Los  hechos  en  los  que  se  funda  el  presente  proceso  de  amparo  son, 
sucintamente expuestos, los siguientes:
a)  La  demandante  de  amparo,  trabajadora  con  vínculo  estatutario  fijo  como 
enfermera  del  hospital  de  Galdakao  (dependiente  del  Servicio  Vasco  de  Salud-
Osakidetza), solicitó el 2 de mayo de 2017 la concesión de dos días de licencia por 
hospitalización de su hermana por razón de parto, aportando justificante de la situación  s
de hospitalización e invocando el art. 47 del Decreto 235/2007, de 18 de diciembre, por  e.
el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en el Servicio  w.
Vasco  de  Salud.  Esta  disposición,  que  regula  la  «licencia  por  enfermedad  grave,  52ww
hdoossp ditíaalisz adceió nlic oe nfacilale criemtriiebnutiod ad e« epna riceanstoess »d, ee shtaobslpeictael izeanc sióun  aop aertnafdeorm 1e dc)a de l gdrearveec»h od ea 
fhaemchilioasr  qdueen tlroo  mdoetli vsaeng usned por ogdruacdeon  dae  mcáosn sdaen 1g5u0in ikdialódm (eyt rodso sd edlí alusg ahrá dbeile rse smidáesn, csiai  dloesl   BOE-A-cable e
solicitante), exigiendo como único requisito el de aportar justificante de hospitalización 
del familiar.
b)  La licencia le fue denegada por carta de 3 de mayo de la dirección de personal 
del hospital, por entender que el parto no está incluido en las previsiones del art. 47 del 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud, por lo 
que tendría que acreditar la existencia de causa para la hospitalización o la concurrencia 
de  enfermedad  grave.  Contra  la  denegación  interpuso  reclamación  ante  el  director 
gerente del hospital en la que alegaba, en esencia, que era nula de pleno derecho por 
incurrir en discriminación, puesto que la interpretación del art. 47 del acuerdo regulador 
de las condiciones de trabajo en la que se basa, trata la hospitalización de la mujer por 
razón de maternidad de peor forma que la hospitalización de un hombre. La reclamación 
fue desestimada por resolución núm. 902-2017, de 12 de junio de 2017, que confirmó 
que no procede la concesión de dicha licencia en el caso de que el motivo de la 
hospitalización del familiar sea únicamente por alumbramiento, y que en este caso no se 
había producido discriminación por razón de sexo sino que se habían aplicado los 
criterios de interpretación de dicha disposición acordados por la comisión paritaria del 
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, en reunión celebrada el día 13 de 
febrero de 2004, según los cuales «se considera que existe hospitalización cuando ésta 
sea asimilada a la enfermedad grave y originada por esta», y que «en el caso de parto, 
no se cumple con dicho requisito ya que la hospitalización no está originada por una 
enfermedad grave, sino por alumbramiento». Invoca, asimismo, la sentencia dictada en 
un  caso  semejante  el  11  de  mayo  de  2016  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo n.º 6 de Bilbao (núm. 110/2016), en la que se declara que solo si como 
consecuencia  del  alumbramiento  se  entrara  en  un  supuesto  de  enfermedad  grave, 
cesárea, u otros, la administración «deberá ponderar caso por caso la procedencia de la 
aplicación del art. 47 del acuerdo regulador». Contra la misma la demandante interpuso 
recurso de alzada que fue desestimado por resolución núm. 1255-2017, de 10 de 
octubre de 2017, de la directora general de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud con la 
misma argumentación.
c)  Agotada la vía administrativa, la Sra. Gil Baranda presentó recurso contencioso-
administrativo por procedimiento abreviado contra dichas resoluciones del Servicio Vasco 
de Salud, alegando que la hospitalización por alumbramiento de su hermana debió dar 
lugar a la concesión de la licencia establecida en el art. 47 del acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo para familiares de segundo grado, solicitando el reconocimiento 
de la misma y la compensación por las 22 horas trabajadas los días en los que debió 
disfrutarla. El recurso fue desestimado por sentencia núm. 408/2018, de 29 de octubre 
de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, que 
motiva su decisión por remisión a la sentencia 110/2016, de 11 de mayo de 2016, dictada 
por el mismo juzgado, en la que se argumenta, literalmente, lo siguiente: «[E]s evidente 
que en el presente caso, el recurrente como cuñado, en ningún caso hubiere disfrutado 
de este permiso por hospitalización por alumbramiento invocando los art. 44.4 y 45, pues 
estos artículos reservan este permiso para el padre y los abuelos únicamente. De ahí 
que se invoque el art. 47 y la administración le denegara dicho permiso. Y nada tiene 
que ver con ello, el hecho que el alumbramiento se configure como una enfermedad, 
cuestión ésta, que está suficientemente tratada en la jurisprudencia y que concluye de 
forma categórica con su negativa. Ahora bien, si como consecuencia del alumbramiento, 
se entrara en un supuesto de enfermedad grave, cesárea u otros, la administración 
ponderar caso por caso la procedencia de la aplicación del art. 47 del acuerdo regulador  s
de  las  condiciones  de  trabajo,  tal  y  como  se  resolvió  por  este  juzgado  en  el  oe.
procedimiento  abreviado  525-2014».  A  la  luz  de  dicha  fundamentación,  el  juzgado  w.
concluye en la sentencia núm. 408/2018 que «una interpretación armónica de tales  52ww
caortnícteumlops,la dinot eegnr aedlo raar t. d4e7 , lonso  smeias maopsli,c aabcleo nas elojas,  squupeu esetlo st édrem ihnoos phitoaslipziatacliiózna cpióonr 
alumbramiento  –al  menos  en  los  casos  de  alumbramientos  ordinarios–  pues  este
supuesto acoge una interpretación ajustada a su naturaleza en los art. 44 y 45 del 
acuerdo».
3.  En su demanda de amparo la parte recurrente sostiene que la sentencia de 29 
de octubre de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, que 
confirma las resoluciones administrativas del Servicio Vasco de Salud denegando la 
licencia, infringe su derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo 
(art.  14  CE),  tanto  de  forma  directa  como  indirecta:  de  forma  directa  porque  el 
alumbramiento  se  produce  únicamente  por  mujeres  a  quienes  se  les  deniega  la 
protección y cuidado de sus familiares al impedirles a estos últimos el acceso a la 
licencia destinada a procurar su cuidado y atención durante la hospitalización, y que está 
prevista para tal fin en el art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo; 
y de forma indirecta por cuanto que si el familiar por quien el trabajador o trabajadora del 
Servicio Vasco de Salud solicita el permiso de hospitalización es una mujer la dirección 
del centro correspondiente pregunta por el motivo del ingreso hospitalario, mientras que 
si la misma licencia se solicita por hospitalización de un familiar hombre la dirección no 
pregunta por el motivo, bastándole el certificado de hospitalización. La demanda alega, 
asimismo, que la citada sentencia ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), por avalar una interpretación de la disposición en cuestión contraria al 
art. 14 CE.
En apoyo de que la interpretación del art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo aplicada por la Administración corroborada por el juzgado es 
discriminatoria, la demanda argumenta que el tenor del art. 47.1 c) es muy similar al 
art. 37.3 b) del estatuto de los trabajadores (que en la redacción que recibe del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dispone que el trabajador, previo aviso y 
justificación, podrá ausentarse del trabajo dos días, con derecho a remuneración, entre 
otros supuestos por enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad), y que esta disposición ha sido interpretada por la 
sentencia núm. 4425/2009, de 23 de abril de 2009 del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de 
lo Social, en el sentido de que cuando la licencia se refiere a hospitalización, sin hacer 
ninguna otra precisión, la empresa no puede entrar a valorar la causa que origina la 
misma, sin que sea posible excluir la hospitalización producida por el alumbramiento, ya 
que lo contrario supondría una vulneración del principio constitucional de igualdad de 
trato amparada por el art. 14 CE y las normas que lo desarrollan, privando a las mujeres, 
únicas que ingresan por alumbramiento de la protección y cuidado de sus familiares 
durante estos ingresos hospitalarios.
En  consecuencia,  la  recurrente  solicita  que  este  Tribunal  Constitucional  dicte 
sentencia por la que: i) se otorgue a la demandante el amparo solicitado; ii) se declare la 
nulidad de la sentencia número 408/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 6 de Bilbao; iii) se reconozca a la recurrente su derecho a la igualdad de trato y 
no discriminación por razón de sexo en el disfrute de la licencia por hospitalización de 
familiar de segundo grado solicitada en su día y, en su virtud, se reconozca su derecho a 
ser compensada con tiempo libre por las veintidós horas trabajadas los días 3 y 4 de 
mayo de 2017 (a disfrutar a partir del momento de la obtención de sentencia firme) o, en 
el  caso  de  que  ese  disfrute  resultara  imposible,  a  ser  compensada  con  una 
indemnización de 266,02 € a cargo de la organización sanitaria integrada de Barrualde-
Galdakao de Osakidetza.
4.  Por providencia de 15 de julio de 2019, la Sala Segunda, Sección Cuarta, de  e
este tribunal, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que  bo
concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), porque  52ww
erel laesvuannttoe  syu gsecnitaedraol  trreapsecriecunsdieó nd eslo ccaiaslo y c eocnocnreótmo ipcoar q[SuTeC p l1a5n5te/2a0 u0n9a,  FcuJe 2s tgió)n]» j.u Aríddeicma ádse, 
e(LnO aTpCli)c,a caicóonr ddóe  ltoa mprbeiévnis tod ireigni re la atertn. ta5 1c doem luan iLceayc iOónrg áanl icJau zdgeald Tor ibduen alol  CCoonnstteitnucciioosnoa-l
Administrativo núm. 6 de Bilbao, a fin de que en el plazo de diez días remitiesen,
respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes 
al procedimiento abreviado núm. 4104-2017. Interesándose al mismo tiempo al referido 
juzgado, que emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento de instancia, 
excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran 
comparecer en dicho recurso de amparo, si así lo deseaban.
5.  Por escrito presentado en el registro de este Tribunal el día 9 de septiembre 
de 2019, don José Luis Martín Jaureguibeitia, procurador de los tribunales, actuando en 
nombre y representación del Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, suplicó se le tuviera 
por personada en el procedimiento.
6.  Con fecha de 24 de septiembre de 2019, la secretaría de justicia de la Sala 
Segunda de este tribunal dictó diligencia de ordenación por la que acordó, de un lado, 
tener por personada y parte en el procedimiento al procurador de los tribunales don José 
Luis Martín Laureguibeitia, acordándose tener con él las sucesivas actuaciones. Y de 
otro lado, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal por plazo común de veinte días, para que dentro de dicho término pudiesen 
presentar las alegaciones que a su derecho conviniese, conforme determina el art. 52.1 
LOTC.
7.  Mediante escrito registrado en este tribunal del 23 de octubre de 2019, el fiscal 
ante  este  Tribunal  Constitucional  evacuó  el  trámite  de  alegaciones  interesando  el 
otorgamiento  del  amparo  por  vulneración  del  derecho  de  la  demandante  a  no  ser 
discriminada por razón de sexo (art. 14 CE).
Tras  exponer  los  antecedentes  de  hecho  relevantes,  y  resumir  la  demanda 
interpuesta, señala que el recurso ha de entenderse formulado por el cauce del art. 43 
LOTC y no por el previsto en el art. 44 LOTC, pese a dirigirse formalmente en el 
encabezamiento y suplico de la demanda contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo  Contencioso-Administrativo  número  6  de  Bilbao  en  el  procedimiento  abreviado 
número 4104-2017, dictada el 29 de octubre de 2018. De una parte, porque la infracción 
constitucional que principalmente se denuncia (la relativa al art. 14 CE), tiene su fuente 
directa en las resoluciones recaídas en la vía administrativa; y, de otra parte, porque del 
examen del escrito de demanda se puede concluir sin dificultad que no existe en realidad 
reproche autónomo contra la sentencia judicial que agotaría la vía judicial previa, habida 
cuenta de que toda la argumentación realizada por la parte recurrente se dirige a criticar 
que aquella sentencia no reparara la lesión producida en vía administrativa. De hecho, la 
propia parte recurrente ha situado la cuestión dentro del ámbito del artículo 43 LOTC.
A continuación pasa a analizar las alegaciones. Considera el fiscal, en primer lugar, 
que la recurrente tiene razón cuando sostiene que la regulación del art. 47 del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo es semejante a la del art. 37.3 b) del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores. Considera, en consecuencia, en línea con la demandante, 
que esta cuestión fue ya resuelta (si bien en el ámbito laboral) por la sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 23 de abril de 2009 (recurso de casación 
número 44-2007), planteada en el marco de un conflicto colectivo, y en la que el Tribunal 
Supremo declaró discriminatoria una interpretación que se apartaba del tenor literal de la 
ley y del espíritu de la misma al pretender hacer distinciones que sólo perjudican a la 
madre trabajadora y no a cualquier hombre que es hospitalizado, y que «basta con la 
hospitalización para que se genere el derecho a la licencia cuestionada, sin que sea  s
precisa la enfermedad más o menos grave de la mujer parturienta». Por otra parte, el  oe.
Ministerio Fiscal examina el marco normativo aplicable a los empleados públicos y  w.
cqeoul nqesu steae t saae pq rrueuege ubelala  aner ltl o.t es4x 8«to.p1 er aerm)fu dinsedoli sdR ode ead lel oD lsae  fcLureneycto iod Lneeal greiiosstslaa tptuiúvtoob  lib5cá/o2ss0i»c1,o5 n ,d ode esl  ee3 m0co pdnleetea omdcopt ulpabú rcbeol,i mcpooo,r  e taenll    2020-8952n https://ww
un permiso por hospitalización de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
Procede acto seguido a recordar la doctrina constitucional sobre el art. 14 CE, 
siguiendo la síntesis que lleva a cabo la reciente STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4. A la 
luz de la jurisprudencia del Tribunal, llega a la conclusión de que la interpretación del 
art.  47.l  c)  del  acuerdo  regulador  de  las  condiciones  de  trabajo  que  efectúa  la 
administración sanitaria autonómica implica una consideración de la mujer hospitalizada 
por  alumbramiento  completamente  diferente  de  la  que  se  otorgaría  al  hombre 
hospitalizado, siendo así que en ambos casos se trata de personas que están sufriendo 
una hospitalización. Del mismo modo, considera innegable que tal interpretación ha 
determinado causalmente la decisión que sobre la licencia solicitada por la demandante 
de  amparo  tenía  que  adoptar  esa  administración  autonómica,  privando  a  la  aquí 
recurrente  de  toda  posibilidad  de  auxilio  a  su  hermana  hospitalizada.  Argumenta, 
además, que del tenor de la norma aplicada –el artículo 47.l c) del acuerdo regulador de 
las  condiciones  de  trabajo–  no  se  desprende  necesariamente  una  resolución 
denegatoria, por lo que se trata de «un caso evidente de discriminación indirecta, habida 
cuenta de que ha sido una interpretación o aplicación de la norma la que ha producido 
los efectos desfavorables, sin que los poderes públicos hayan podido probar que la 
norma que dispensa una diferencia de trato responde a una medida de política social, 
justificada por razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo».
Por todo lo anterior, concluye el escrito del Ministerio Fiscal interesando que se 
otorgue  el  amparo  solicitado  por  vulneración  del  derecho  fundamental  a  la  no 
discriminación (art. 14 CE), y que se disponga la nulidad de las siguientes resoluciones: 
i) de la resolución núm. 902-2017, de 12 de junio, del director gerente de la organización 
sanitaria  integrada  de  Barrualde-Galdakao  de  Osakidetza,  ii)  de  la  resolución  núm. 
1255-2017, de 10 de octubre, de la directora general de Osakidetza, que desestimó el 
recuro de alzada contra dicha resolución, y iii) de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao en el procedimiento abreviado núm. 
4104-2017 con fecha 29 de octubre de 2018, que desestimó íntegramente el recurso 
contencioso-administrativo entablado contra aquellas resoluciones administrativas.
8.  Mediante escrito registrado el día 23 de octubre de 2019, la recurrente en 
amparo presentó alegaciones en las que reitera las vulneraciones denunciadas en su 
demanda, que atribuye tanto a las resoluciones administrativas como a la resolución 
judicial  que  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  las 
mismas, solicitando la estimación del recurso en sentencia.
9.  El  procurador  de  los  tribunales  don  José  Luis  Martín  Laureguibeitia,  en 
representación de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, evacuó trámite de alegaciones 
conferido mediante escrito registrado el 27 de octubre de 2019, interesando de este 
tribunal que dictase sentencia desestimando el recurso de amparo.
Tras exponer sucintamente los hechos, se remite a los conceptos de discriminación 
directa y discriminación indirecta contenidos en los apartados 1 y 2 del art. 6 y en el 
art. 8, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y cita también doctrina constitucional (la STC 182/2005, de 4 de julio) para 
afirmar que en este caso no se está ante ninguno de esos tipos de discriminación.
A  continuación  se  refiere  a  la  regulación  de  las  licencias  de  los  trabajadores 
establecidas en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de Osakidetza-
servicio vasco de salud, y distingue entre las licencias en caso de alumbramiento (la 
licencia en caso de alumbramiento de descendientes en primer grado de consanguinidad 
o afinidad previstas en el art. 44.4 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, y  e
la licencia de paternidad por nacimiento, acogimiento y adopción prevista en el art. 45 del  bo
acuerdo regulador de las condiciones de trabajo), diferenciándolas de la licencia por  52ww
eennf esrmu edaapda rgtaradvoe , 1h ocs)p iteasliztaabclieócne,  o ufanlale cliimceiennctiao  ddee p adrioesn tedsí apsr evhiásbtail eesn  eel na rtc. a4s7o,  qudee 
h«ohsopsiptaitlaizliazcaicóinó nc eroti ficeandfoe rqmueed juasdt ifiqguraev dei»c,h a dceirbciuennsdtoa ncaiap.ortarse  en  los  casos  de
A la luz de estas disposiciones defiende la interpretación dada por la administración 
vasca, según la cual esta última licencia no resulta de aplicación al presente caso ya que 
para el supuesto de parto o alumbramiento existe una regulación específica que regula 
de forma expresa y clara las licencias para estos casos y quien tiene derecho a ello (esto 
es, los arts. 44 y 45 ya citados). Alega en relación con dichas disposiciones que se aplica 
el principio de que «la norma especial prevalece sobre la general (lex specialis derogat 
legi generali), o la ley especial o específica deroga la general».
Considera, asimismo, que el art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo, en tanto que se refiere a la licencia por hospitalización «no está pensando en el 
parto o alumbramiento, que por cierto puede o no conllevar hospitalización según los 
deseos de la parturienta, aunque esto sea lo recomendable, sino que se trata de un 
concepto  de  hospitalización  derivado  de  un  proceso  de  enfermedad,  intervención 
quirúrgica, [...] supuestos estos que no se dan en el caso de parto, en cuanto que el 
parto no es una enfermedad, ni la parturienta es una persona enferma». Cita en tal 
sentido la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2008 
(7165/2008). Argumenta que la referencia que hace la demanda de amparo a la ulterior 
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2009, no es relevante en este caso, 
porque «se dicta para personal laboral en el ámbito de la jurisdicción social y para un 
colectivo de trabajadores (Alcampo) que se rigen por su propio convenio colectivo, el de 
grandes almacenes».
Concluye que no cabe entender que las resoluciones objeto del recurso de amparo 
incurran en discriminación alguna conforme al artículo 14 CE y la jurisprudencia que lo 
interpreta, por cuanto Osakidetza aplica por igual a hombres y mujeres el régimen de 
licencias previsto en los arts. 39 y ss. del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo,  y  no  se  ha  acreditado  diferencia  de  trato  en  su  aplicación,  con  resultado 
peyorativo  para  la  mujer,  ni  se  han  visto  limitados  sus  derechos  o  sus  legítimas 
expectativas por la concurrencia de un factor discriminatorio, que lleve aparejado un 
tratamiento peyorativo.
10.  La secretaría de justicia de la Sala Segunda de este tribunal dictó diligencia 
el 24 de octubre de 2019 haciendo constar la recepción de los escritos de alegaciones 
del Ministerio Fiscal, la procuradora de la recurrente en amparo y el procurador del 
servicio  vasco  de  salud-Osakidetza,  «quedando  el  presente  recurso  de  amparo 
pendiente para deliberación cuando por turno corresponda», de lo que pasó a dar 
cuenta.
11.  Por providencia de 25 de junio de 2020 se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 29 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Es objeto del presente recurso la sentencia núm. 408/2018, de 29 de octubre 
de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao, en la 
que  se  desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  promovido  contra  las 
resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que denegaron a la demandante la 
licencia para supuestos de hospitalización de familiar dentro del segundo grado de 
consanguinidad que regula el 47.1 c) en el del Decreto 235/2007, de 19 de diciembre, 
por el que se aprueba el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo en Osakidetza.
Como se ha explicado con más detalle en los antecedentes de hecho, la demandante  es
solicitó dicha licencia con motivo de la hospitalización de su hermana por razón de parto,  bo
siendo denegada por el Servicio Vasco de Salud al entender que la hospitalización por  52ww
alrvaeulussl nmocelbuorrcanairdóm insci uieor nnedtecoeus rn rerdocide hea os t rteaaánb  i alnadjco ils.tu uciLtdreaiaml a aie ncjnaut ocdlairiócasni  a pal drleeeirgvfeeaiscc ittovaivnu aelen s e( airdnaredtc.li i róae2nrc4t t..ad1 4 e 7Cpl  oaEdrr)e t .lr  aaa1lz c4ónu noeC  rEddre oepp  aroserreag xirunloalca,  udeyrorn rir  p dsolaeur     OE-A-2020-89able en https://
derecho.
El  Ministerio  Fiscal  propone  la  estimación  del  recurso,  por  apreciar  que  las 
resoluciones dictadas en este caso por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza han 
incurrido en una discriminación indirecta por razón de sexo proscrita por el art. 14 CE.
El representante del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza interesa, por el contrario, la 
desestimación del recurso alegando que las resoluciones en cuestión no incurren en 
discriminación alguna.
2.  Antes de entrar en el análisis de las quejas articuladas en la demanda, ha de 
efectuarse una consideración previa para la correcta delimitación del objeto del presente 
pronunciamiento. Como ha señalado el fiscal en sus alegaciones, el presente recurso de 
amparo ha de entenderse formulado por el cauce del art. 43 LOTC, y no del art. 44 
LOTC, pese a dirigirse formalmente en el encabezamiento y suplico de la demanda 
contra la sentencia dictada el 29 de octubre de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Bilbao. De hecho, de la lectura de la demanda se infiere 
claramente que las lesiones del art. 14 CE que se denuncian se atribuyen en primer 
término, de modo inmediato y directo, a la actuación administrativa del Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza, y no a la resolución judicial que se limitó a confirmar la decisión de la 
Administración. No existe, además, un reproche autónomo contra la sentencia que agotó 
la vía judicial previa, a la que solo se imputa no haber reparado la lesión que la demanda 
atribuye claramente a la administración.
En este tipo de supuestos el Tribunal ha venido destacando «el carácter instrumental 
que tiene la vía previa al amparo constitucional en relación con el acto que produjo la 
vulneración del derecho, en tanto que ‘las decisiones producidas en esta vía judicial no 
han de ser objeto de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión 
deducida por el recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación 
jurídica creada por el acto de la Administración presuntamente lesivo de un derecho 
fundamental y no son, por tanto, en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación 
llevaría a entender, en definitiva, que no hay más actos u omisiones atacables en vía de 
amparo  constitucional  que  los  actos  u  omisiones  de  los  órganos  judiciales’  […]» 
(STC 75/2019, de 22 de mayo, FJ 3, que cita la STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2, y el 
ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 1).
3.  Una vez delimitado el objeto del recurso, y dado que la demandante alega que 
las resoluciones que son objeto del mismo por incurrir en discriminación por razón de 
sexo tanto directa como indirecta, procede sintetizar la doctrina constitucional sobre el 
principio de igualdad y la prohibición de discriminación (art. 14 CE), y en concreto sobre 
la  discriminación  por  razón  de  sexo  y  las  distintas  manifestaciones  de  dicha 
discriminación reconocidas por dicha jurisprudencia:
a)  El Tribunal ha declarado, en relación con la cláusula de no discriminación por 
razón de sexo del art. 14 CE que, «a diferencia del principio genérico de igualdad, que 
no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la 
diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 
CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex constitutione, 
que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo 
pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación 
jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un 
canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales 
de proporcionalidad» (STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5, y más recientemente la  s
STC 108/2019, de 30 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas). oe.
Es necesario recordar, una vez más, que la expresa exclusión de la discriminación  w.
cpsoooncr isartlia tyuz yójuenrn ítddeiec d ae,s  estexeo rhm acibnoíanart  eccnooildonac a lade onh  iase tólla r iacmrati t.a sdi1t u4da ecC ilóaEn  p rodebesl painocfinóednrei.o  rPiade asldea   aed nee ltqleour, mea,i  ndeaínac  ióldane   vhiddoeayl    2020-8952n https://ww
las mujeres aún soportan situaciones de desigualdad y dificultades específicas que se
traducen, entre otras consecuencias, en una menor incorporación de la mujer al trabajo o
en una mayor dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral, particularmente 
por razón de la maternidad. Ante esta realidad el Tribunal ha declarado en su reciente 
STC 108/2019, FJ 3, que es necesario –tal y como reclama la sociedad y se refleja en la 
intervenciones  del  legislador–  «abundar  en  esa  protección,  ampliar  y  desplegar  su 
sentido profundo ligado a la dignidad de la persona y valor de todo ser, y tutelar y 
favorecer  el  cambio  de  conciencia  y  convivencia  que  solo  la  paridad  garantiza, 
fortaleciendo la tutela siempre que se constate (como señalara el Pleno de este Tribunal 
hace escasas fechas en la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 10) una desigualdad histórica 
que  pueda  calificarse  de  ‘estructural’,  pues  la  igualdad  sustantiva  es  un  elemento 
definidor de la noción de ciudadanía en nuestro orden constitucional (STC 12/2008, 
de 29 de enero, FJ 4). En definitiva, como señala la STC 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2, 
‘la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo 
determina que se habrá producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que 
el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio 
laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos 
que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio’».
b)  Por lo que se refiere a las distintas formas de discriminación por razón de sexo 
que  ha  abordado  la  doctrina  constitucional,  estas  se  sintetizan  en  la  reciente 
STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, en los siguientes términos: «Desde la STC 145/1991, 
de 1 de julio, este Tribunal incluye en la prohibición de discriminación del art. 14 CE tanto 
la discriminación directa como la discriminación indirecta. La primera consiste en un 
tratamiento perjudicial en razón del sexo en el que el sexo es objeto de consideración 
directa.  Y  respecto  a  la  discriminación  indirecta  por  razón  de  sexo,  la  doctrina 
constitucional ha asumido el concepto elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, para referirse a aquellas medidas que, aunque formuladas 
de manera neutra, perjudican a un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres: 
tales medidas están prohibidas salvo que estén justificadas por factores objetivos ajenos 
a cualquier discriminación por razón de sexo (SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 4; 
240/1999, de 20 de diciembre, FJ 6, y 253/2004, ya citada, FJ 7)».
En la actualidad ambos conceptos se encuentran también expresamente recogidos 
tanto en el Derecho de la Unión Europea [art. 2.1) de la Directiva 2006/54/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación] como en el ordenamiento interno (art. 6 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ley 
que incorpora el acervo comunitario sobre igualdad de sexos). La discriminación directa 
se define en el apartado primero del art. 6 de la Ley Orgánica 3/2007 como «la situación 
en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención 
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable». Y el art. 8 de 
la misma Ley especifica que «constituye discriminación directa por razón de sexo todo 
trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad». Mientras 
que el apartado 2 del art. 6 define la discriminación indirecta como «la situación en que 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo 
en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados».
Con relación a la discriminación directa, el Tribunal ha declarado de forma reiterada y 
constante, como recuerda la STC 108/2019, FJ 3, que «comprende no solo aquellos  s
tratamientos peyorativos que encuentren su fundamento en la pura y simple constatación  oe.
del sexo de la persona perjudicada, sino también los que se funden en la concurrencia  w.
de condiciones que tengan con el sexo de la persona una relación de conexión directa e  52ww
tinéermquinívoosc, aS T(Cpo 2r /2to0d1a7s, ,d ey  1p6o rd ere efenreirrnoo, sF Ja 5 )la, sv inúclutimlanad qou pea rltoic ualfairrmmae neten  ceosno ess teos útrlitcimtoos 
terla etam bdaer azuon  y eslue minecnidteon coia  efanc tloars  cdoinfedriecniocniaels  dqeu et,r abeanj o tdaen tloa  mquujee r, htoedcah ov ebz ioqluóeg icsoe   BOE-A-cable e
incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. En este sentido, se afirma 
que ‘la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de 
ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la 
minusvaloración  o  el  perjuicio  causado  por  el  embarazo  o  la  sucesiva  maternidad 
constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo’ (en el mismo 
sentido, por ejemplo, STC 162/2016, de 3 de octubre, FJ 6)».
También ha precisado que «el artículo 14 CE no consagra la promoción de la 
maternidad o de la natalidad (STC 182/2005, de 4 de julio, FJ 4), pero sí excluye toda 
distinción, trato peyorativo y limitación de derechos o legítimas expectativas de la mujer 
en la relación laboral fundado en dichas circunstancias, por lo que puede causar una 
vulneración del art. 14 CE la restricción de los derechos asociados con la maternidad o la 
asignación de consecuencias laborales negativas al hecho de su legítimo ejercicio, visto 
que el reconocimiento de esos derechos y sus garantías aparejadas están legalmente 
contemplados para compensar las dificultades y desventajas que agravan de modo 
principal la posición laboral de la mujer trabajadora» (STC 233/2007, FJ 6, reiterada 
posteriormente por las ya citadas SSTC 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2; 162/2016, FJ 4; 
2/2017, de 3 de octubre, FJ 5, y 108/2019, FJ 2).
Por lo que se refiere a la discriminación indirecta, la STC 91/2019, de 3 de julio, FJ 4, 
reitera que «cuando se denuncia una discriminación indirecta por razón de sexo, no se 
exige aportar como término de comparación la existencia de un trato más beneficioso 
atribuido única y exclusivamente a los varones, sino que exista, en primer lugar, una 
norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables 
para  un  grupo  formado  mayoritariamente,  aunque  no  necesariamente  de  forma 
exclusiva, por mujeres. Y, en segundo lugar, se requiere que los poderes públicos no 
puedan probar que la norma que dispensa una diferencia de trato responde a una 
medida de política social, justificada por razones objetivas y ajenas a toda discriminación 
por razón de sexo. En suma, como afirmamos en la STC 253/2004, ‘en estos supuestos, 
para  que  quepa  considerar  vulnerado  el  derecho  y  mandato  antidiscriminatorio 
consagrado en el art. 14 CE debe producirse un tratamiento distinto y perjudicial de un 
grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes 
relevantes  y  sin  que  exista  justificación  constitucional  suficiente  que  pueda  ser 
contemplada como posible límite al referido derecho (FJ 7)’.
La incorporación de la discriminación indirecta como contenido proscrito por el art. 14 
CE repercute en la forma de abordar el análisis de este tipo de discriminaciones, pues 
deberá  atenderse  necesariamente  a  los  datos  revelados  por  la  estadística 
(STC 128/1987, de 14 de julio, FJ 6), ya sean datos estadísticos aportados por el órgano 
judicial promotor de la respectiva cuestión de inconstitucionalidad o datos estadísticos 
actualizados de oficio por el Tribunal (STC 253/2004, FJ 8)».
4.  Una vez expuesta la doctrina constitucional sobre el alcance del derecho a no 
sufrir  discriminación  por  razón  de  sexo,  y  las  distintas  formas  en  las  que  puede 
manifestarse dicha discriminación, procede ahora enjuiciar la cuestión de fondo de este 
recurso,  esto  es,  si  las  resoluciones  del  Servicio  Vasco  de  Salud-Osakidetza  han 
vulnerado el derecho fundamental invocado.
En este caso concurren unas series de circunstancias singulares que es necesario 
analizar  para  determinar  si  las  restricciones  o  perjuicios  que  hayan  causado  en  el 
patrimonio jurídico de la recurrente puedan amparar, en los términos que alega, una 
pretensión de discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta.
a)  Como se ha indicado en los antecedentes, el art. 47 del acuerdo regulador de las  bo
condiciones  de  trabajo  regula  la  «licencia  por  enfermedad  grave,  hospitalización  o  52ww
lfiaclelencciima iernettori bdueid paa r«ieennt ecsa»s, oys  edseta bhloescpei teanliz sauc ióanp aort aednof e1r mce) deal dd egrreacvheo»  ad deo sfa mdíialisa rdees 
dentLrao  ddeelm saengduanndtoe  garlaedgoa. que las resoluciones del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza
en las que se deniega la licencia solicitada con motivo de la hospitalización de su
hermana, por entender que el art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo no incluye la hospitalización el parto, vulneran el derecho a la igualdad amparado 
por el art. 14 CE por incurrir tanto en discriminación directa como indirecta por razón de 
sexo. Argumenta, en concreto, que incurre en la primera forma de discriminación al 
introducir un criterio diferenciador que afecta únicamente a las mujeres, a quienes se les 
deniega la protección y cuidado de sus familiares al impedirles a estos últimos el acceso 
a la licencia destinada a procurar su cuidado y atención durante la hospitalización 
prevista en el art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. Considera 
que también incurre en discriminación indirecta porque cuando el familiar por quien el 
trabajador  o  trabajadora  del  Servicio  Vasco  de  Salud  solicita  el  permiso  de 
hospitalización es una mujer la dirección del centro correspondiente pregunta por el 
motivo  del  ingreso  hospitalario,  mientras  que  si  la  misma  licencia  se  solicita  por 
hospitalización de un familiar hombre basta con el certificado de hospitalización.
b)  En  este  caso,  la  administración  sanitaria  autonómica  lleva  a  cabo  una 
interpretación del art. 47.l c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo que 
implica, como constata el Ministerio Fiscal, un trato de la mujer hospitalizada por razón 
de alumbramiento que es diferente del que se otorga al hombre hospitalizado. Trato 
desigual que se fundamenta en un hecho biológico, el parto, directamente asociado al 
embarazo y la maternidad y que, por tanto, incide de forma exclusiva sobre las mujeres.
Tal interpretación trae causa de los criterios adoptados en la reunión de la comisión 
paritaria del acuerdo celebrada el día 13 de febrero de 2004, que considera que «existe 
hospitalización cuando ésta sea asimilada a la enfermedad grave», y en virtud de los 
cuales el Servicio Vasco de Salud considera que entre los supuestos que dan derecho a 
la licencia del art. 47 acuerdo regulador de las condiciones de trabajo no está incluida la 
hospitalización por parto, salvo que se acredite que a raíz del mismo concurre otra causa 
para la hospitalización o una enfermedad grave. Ello pese a que el art. 47.1 c) del 
acuerdo  regulador  de  las  condiciones  de  trabajo  recoge  como  dos  supuestos 
diferenciados por los que solicitar la licencia, por una parte, la enfermedad grave y, por 
otra,  la  hospitalización,  sin  distinguir  entre  las  causas  que  motivan  esta  última  ni 
condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito. De modo que del 
tenor literal de la misma no se infiere que quepa interpretar que la hospitalización ha de 
serlo por enfermedad, y que se excluye la hospitalización por parto, por no ser el parto 
una enfermedad.
Su aplicación en estos términos supone una diferenciación que implica un trato 
menos favorable tanto para las mujeres hospitalizadas como para los empleados o 
empleadas del Servicio Vasco de Salud que solicitan la licencia por hospitalización de 
mujeres de su familia. A diferencia de lo que ocurre cuando se solicita la licencia por 
hospitalización de un hombre, cuando un empleado o empleada solicita la licencia por 
hospitalización de una mujer la Administración requiere que se justifique no solo el 
ingreso  hospitalario  del  familiar,  sino  también  el  motivo  de  dicho  ingreso  a  fin  de 
determinar si se trata de un caso de hospitalización por alumbramiento en el que no 
concurra enfermedad grave de la mujer, y denegar la licencia en estos casos. De modo 
que, por una parte, se priva en estos supuestos a los empleados y empleadas del 
Servicio de Salud Vasco de una licencia a la que tiene derecho conforme al acuerdo 
regulador vigente. Por otra, a las mujeres hospitalizadas por esta razón se les priva de 
que sus familiares puedan facilitarles asistencia durante la hospitalización por parto, con 
el apoyo de esta medida.
El criterio que utiliza la Administración en la interpretación y aplicación de esta norma  s
se basa en uno de los motivos de diferenciación prohibidos por el art. 14 CE por lo que,  oe.
conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico tercero, a), se le aplica un  w.
juicio de irrazonabilidad ex constitutione. En contra de lo que argumenta el servicio vasco  52ww
dhee cshaol udde,  qnuoe  peuxeisdtaen e onttreansd leicresnec iqause p alar ad liofesr ecnacsioas  ddee  tarlautmo bersatmá iejunsttoif,i cdaed laa sp qour ee yl am seoron 
lboesn aebfiuciealroios s( abrite. n4 4e.l 4p adder ee s(taer ta. c4u5e drdeol )a. cEusetrad oa rrgeugmuleandtoarc dióen  lanso  ctioenndei ceionn ceuse dneta t rqaubea,j oc)o on   BOE-A-cable e
independencia de esas otras licencias, en ésta la única razón por la que se excluye su 
aplicación a los familiares de la madre es que bajo el concepto de hospitalización se 
cubren todos los supuestos en que una persona debe ser ingresada en un hospital, 
excepto aquel en que la hospitalización tenga como causa el alumbramiento de la mujer 
que necesita esa ayuda.
c)  En este caso, sin embargo, la lesión del art. 14 CE por discriminación por razón 
de sexo que alega la recurrente no encaja fácilmente en las categorías de discriminación 
directa o indirecta conforme a la doctrina expuesta en el fundamento jurídico tercero, b), 
por las razones que exponemos a continuación:
(i)  Comenzando por la discriminación indirecta, como se ha puesto de relieve en los 
antecedentes el Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso por considerar que se 
trata de «un caso evidente de discriminación indirecta, habida cuenta de que ha sido una 
interpretación o aplicación de la norma la que ha producido los efectos desfavorables». 
Sin embargo, la interpretación y aplicación del art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo no puede categorizarse como una discriminación indirecta a la luz 
de la doctrina constitucional ya expuesta, ni de la definición que de dicho concepto hace 
el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007. En este caso no se está ante una interpretación o 
criterio formulado de manera neutra ni «aparentemente neutra», pero que perjudique a 
un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres. De hecho, el criterio seguido 
por el Servicio Vasco de Salud para denegar a la recurrente el derecho a la licencia del 
art. 47 del citado acuerdo regulador no es, en absoluto, neutro o aparentemente neutro. 
Muy al contrario, excluye abiertamente la aplicación de esta medida a los supuestos de 
hospitalización  por  razón  de  parto  cuando,  obviamente,  solo  las  mujeres  son 
hospitalizadas por esta razón para recibir la asistencia médica necesaria.
Se  trata,  en  definitiva,  de  una  interpretación  que  se  fundamenta  en  un  motivo 
directamente relacionado con el embarazo y la maternidad y que, en principio, implica 
una discriminación directa de la mujer hospitalizada conforme al art. 8 de la Ley Orgánica 
de igualdad y a la doctrina constitucional ya expuesta sobre el art. 14 CE.
(ii)  Ahora bien, aquí la característica o condición que conlleva la discriminación 
directa por razón de sexo (el alumbramiento) no se sitúa en la persona que solicita 
acogerse a la licencia como medida, sino que la discriminación tiene lugar por razón del 
sexo de su familiar hospitalizado: en efecto, la interpretación del art. 47 del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo en cuestión se aplica indistintamente a las 
mujeres  y  hombres  empleados  por  el  Servicio  Vasco  de  Salud  que  soliciten  dicha 
licencia. De modo que la recurrente no es discriminada por razón de su condición como 
mujer, sino por razón de la condición de mujer de su hermana hospitalizada, al excluirse 
los  supuestos  de  alumbramiento  en  la  concesión  de  dicha  licencia.  De  hecho,  tal 
circunstancia lleva al Ministerio Fiscal a excluir que la recurrente –que podría haber sido 
igualmente un hombre– haya sufrido ella misma una discriminación directa por razón de 
sexo.
d)  Estas circunstancias especiales no obstan para concluir que se ha vulnerado el 
art. 14 CE por incurrir la Administración en una discriminación directa por razón de sexo. 
La particularidad de este caso reside en que lo determinante en las decisiones de la 
Administración por las que se denegó la licencia a la recurrente es una interpretación del 
art. 47.1 c) del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo que se funda en un 
criterio directamente discriminatorio por razón de sexo en relación con los supuestos de 
hospitalización  que  dan  derecho  a  dicha  licencia  (al  excluir  la  hospitalización  por  e
alumbramiento y, en definitiva, por causa de maternidad, un valor protegido conforme a  bo
nuestra jurisprudencia). Como ya se ha advertido, tal discriminación proyecta también  52ww
Scoenrvsiecciou eVnacsiacos  ndeeg Sataivluads  qou pee rsjouldicicitiaanle sla,  alidceenmcáias , psoorb ares islatisr  eam spul epaadraiesn ote e hmopslpeiatadloizsa ddae.l 
pSoes ibleilsid adde ndieeg aac oagseí,r sep oar  duinch am loictievnoc idai spcarrima ipnraetostraior lepsr oshui baidyuod ap,o rm eenl oasrcta. b1a4n dCo Ea,  slua 
vez sus derechos. En definitiva, dichos familiares sufren las consecuencias de una
discriminación por razón de sexo prohibida por el art. 14 CE, de manera refleja, por su 
vinculación familiar con la mujer que está hospitalizada por parto.
A la luz de las peculiaridades de este caso, es pertinente tener en consideración que 
tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, han admitido que se incurre en discriminación refleja cuando una persona es 
tratada de forma menos favorable por causa de su vinculación o asociación con otra que 
posee uno de los rasgos o características protegidas (o las causas de discriminación 
prohibidas), pese a no poseer dicha característica en quien alega el trato discriminatorio.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
en su sentencia de 17 de julio de 2008 (asunto C-303/06, Coleman) ha procedido a una 
interpretación  amplia  del  alcance  de  los  supuestos  protegidos  por  la 
Directiva  2000/78/CE  del  Consejo,  de  27  de  noviembre  de  2000,  relativa  al 
establecimiento  de  un  marco  general  para  la  igualdad  de  trato  en  el  empleo  y  la 
ocupación, al declarar que se incurre en discriminación directa cuando una persona es 
tratada de forma menos favorable por razón de uno de los rasgos o características 
protegidos, aunque no concurran en ella misma, si el motivo del trato menos favorable se 
fundamenta en dicha característica. En el mencionado asunto Coleman, en el que la 
Gran Sala aborda en concreto un supuesto de discriminación por razón de discapacidad, 
se declara que los objetivos y el efecto útil de esta Directiva «se verían comprometidos si 
un trabajador que se encuentre en una situación como la de la demandante en el litigio 
principal no pudiera invocar la prohibición de discriminación directa establecida en el 
artículo 2, apartado 2, letra a), de la misma Directiva cuando se haya probado que ha 
recibido un trato menos favorable que el que recibe, ha recibido o podría recibir otro 
trabajador en situación análoga, a causa de la discapacidad de un hijo suyo, y ello 
aunque el propio trabajador no sea discapacitado» (párrafo 48).
De igual forma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en su 
sentencia de 22 de marzo de 2016 (asunto Guberina contra Croacia, parágrafo 79) que 
el trato menos favorable recibido por el recurrente por causa de la discapacidad del hijo a 
su cuidado es una forma de discriminación por razón de discapacidad, prohibida por el 
art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos, aunque el propio recurrente no 
sufra de discapacidad alguna.
e)  En el supuesto objeto de este recurso de amparo se da la circunstancia de que 
el factor prohibido (la discriminación por razón de sexo) constituye el fundamento de la 
denegación de la licencia solicitada por la recurrente conforme al art. 47.1 c) del acuerdo 
regulador de las condiciones de trabajo, ocasionándole también un perjuicio laboral 
aunque no sea en ella, sino en su hermana, en quien concurra la condición que da lugar 
a la discriminación (la hospitalización por razón de parto). En esas circunstancias, y para 
hacer efectiva la prohibición de discriminación por razón de sexo contenida en el art. 14 
CE, es preciso una vez más «abundar en esa protección, ampliar y desplegar su sentido 
profundo» (STC 108/2019, FJ 3) concluyendo, en consecuencia, que la aplicación en 
estos términos del art. 47.1 c) del acuerdo tantas veces citado por el Servicio Vasco de 
Salud  en  las  resoluciones  por  las  que  denegó  a  la  recurrente  la  licencia  por 
hospitalización de su hermana, es contraria a la prohibición constitucional específica de 
actos discriminatorios por razón de sexo, lesionando a su vez de manera refleja el 
derecho de la recurrente a la igualdad y a la no discriminación.
5.  Procede, pues, declarar que se vulneró el derecho de la demandante de amparo 
a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo. La actuación del servicio 
vasco de salud le ocasionó una discriminación contraria al art. 14 CE, en tanto que  e.
deriva de la aplicación de un criterio directamente discriminatorio por razón del sexo de  w.b
su hermana hospitalizada que, a su vez, proyecta efectos perjudiciales en el patrimonio  52ww
jsuur ídfaicmoi ldiaer  lhao rsepcituarlriezandtea ,a lp doer neengteanrldee lra  qaudem ninois strea ctiióenn ela d leicreenchcioa  as ollaic imtaidsma ap acruaa ansdiost ilra as 
fhuonsdpaitmaleiznatcoisó nin ceosm ppoart irbalezsó nc odne  epl asretog.u Endno d ienfcinisitoiv ad,e la a lrat.  r1e4c uCrrEe nstue  dseer elec hiom paild dióis, frcuoten 
de la licencia que regula el art. 47.l c) del acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo, en los casos de hospitalización de familiares dentro del segundo grado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Otorgar el amparo a doña María Teresa Gil Baranda y, en su virtud:
1.º  Declarar  que  se  ha  vulnerado  el  derecho  de  la  recurrente  a  no  padecer 
discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º  Anular, en consecuencia, la sentencia de 29 de octubre de 2018, del Juzgado 
de  lo  Contencioso-Administrativo  núm.  6  de  Bilbao,  dictada  en  el  procedimiento 
abreviado número 4104/2017, así como la resolución núm. 902-2017, de 12 de junio, del 
director  gerente  de  la  organización  sanitaria  integrada  de  Barrualde-Galdakao  de 
Osakidetza; y la resolución núm. 1255-2017, de 10 de octubre, de la directora general de 
Osakidetza.
3.º  Ordenar el restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho con 
la adopción de las medidas apropiadas
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–
Fernando  Valdés  Dal-Ré.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano 
Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.