BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 29 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 166312
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
21744 Resolución  de  13  de  diciembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación de la registradora mercantil accidental XV de Madrid, a propósito 
de  una  escritura  de  elevación  a  público  de  acuerdos  sociales  de  una 
compañía.
En el recurso interpuesto por don Ricardo Cabanas Trejo, notario de Fuenlabrada, 
contra la nota de calificación emitida por la registradora Mercantil accidental XV de 
Madrid, doña Emma Rojo Iglesias, a propósito de una escritura de elevación a público de 
acuerdos sociales de la compañía «Talleres Hnos. López Navarro, S.L.».
Hechos
I
Mediante  escritura,  autorizada  el  día  12  de  agosto  de  2020  por  el  notario  de 
Fuenlabrada, don Ricardo Cabanas Trejo, con el número 1.148 de protocolo, se procedió 
a elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la junta general extraordinaria 
de socios de la compañía «Talleres Hnos. López Navarro, S.L.» celebrada el día 30 de 
julio de 2020, consistentes en el cese de un administrador, cambio de estructura del 
órgano de administración y nombramiento de administrador único.
II
Presentada el día 9 de septiembre de 2021 dicha escritura en el Registro Mercantil 
de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Emma  Rojo  Iglesias,  Registradora  Mercantil  Accidental  de  Madrid,  previo  el 
consiguiente examen y calificación, de conformidad con los artículos 18 del Código de 
Comercio  y  6  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil,  he  resuelto  no  practicar  la 
inscripción solicitada conforme a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
Hechos
Diario/Asiento: 3162/80
F. presentación: 09/09/2021
Entrada: 1/2021/134333,0
Sociedad: Talleres Hnos López Navarro SL
Hoja: M-332107
Autorizante: Cabanas Trejo Ricardo
Protocolo: 2020/1148 de 12/08/2021
Fundamentos de Derecho (defectos)
– Subsanables:
– 1) Deben indicarse tas mayorías con que han sido adoptados los acuerdos (art. 97  e.
y 112 RRM). w.b
– 2) Debe acreditarse, en su caso, que el texto íntegro de la convocatoria fue  744ww
rseomciiatildeos  ya  llaa  atonttaelliadcaidó nd dee l olas  csoomciuons iccaocnifóonrm (aer tasl.  p9r7o yc e1d1i2m RieRntMo  py rReveissotolu ecino nloess  edset a2t0u tdoes 
daeb r2il 0d1e3 2).000, 6 de abril y 16 de septiembre de 2011, 18 de abril de 2012 y 16 de febrero
En relación con la presente calificación: (…)
Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 del R.R.M. contando la 
presente nota de calificación con la conformidad de los cotitulares del Registro.
Madrid, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. La registradora, Emma Rojo 
Iglesias».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  don  Ricardo  Cabanas  Trejo,  notario  de 
Fuenlabrada, interpuso recurso el día 22 de septiembre de 2021 mediante escrito con las 
siguientes alegaciones:
«Que, por medio del presente escrito, en tiempo y forma, vengo en interponer 
recurso  gubernativo  contra  la  calificación  negativa  formulada  por  la  Registradora 
Mercantil Accidental de Madrid Doña Emma Rojo Iglesias, respecto de la escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales por mí autorizada el día 12/08/2020, con el 
número 1148 de mi protocolo, basándome, para ello, en los siguientes,
Hechos
1.º Que en la fecha indicada autoricé la escritura (…)
2.º Que dicha escritura fue presentada en el Registro Mercantil –RM– competente el 
día 08/09/2021, con el número de Diario 3162/80 y de entrada 1/2021/134333,0, según 
consta en la nota de calificación (...)
3.º  Que  fue  objeto  de  calificación  negativa  en  fecha  13/09/2021,  notificada  el 
día 20/09/2021 (…)
4.º Que no estando de acuerdo con dicha calificación interpongo recurso gubernativo 
sobre la base de los siguientes,
Fundamentos de Derecho
I.  Sobre la indicación de las mayorías con que han sido adoptados los acuerdos.
Según  la  calificación  del  RM  “deben  indicarse  las  mayorías  con  que  han  sido 
adoptados los acuerdos”, y cita en su apoyo los arts. 97 y 112 del Reglamento del 
Registro  Mercantil  –RRM–.  Sin  embargo,  en  la  lista  de  asistentes  transcrita  en  la 
certificación incorporada a la escritura expresamente se indica que los dos únicos socios 
asistentes representan conjuntamente el 80 % del capital social, teniendo todas las 
participaciones sociales el mismo valor nominal y confiriendo el derecho a emitir un voto 
cada una de alias. En la misma certificación se dice que los acuerdos se adoptaron “sin 
oposición alguna”, no desando los asistentes ni siquiera debatir sobre dichos extremos, 
es decir, por unanimidad de los presentes, que del mismo modo aprueban el acta.
Obviamente, de la certificación ha de resultar el porcentaje de voto favorable a la 
adopción de los acuerdos, pero basta con que dicho porcentaje se desprenda con 
claridad de la misma, aunque no se haga una proclamación expresa en ese sentido. De 
gran interés resulta la Res. de 13/10/2015, aunque en el caso confirme la nota de 
calificación: “en el caso objeto del presente recurso resulta de la documentación la 
expresión  de  que  los  acuerdos  cuya  inscripción  se  pretende  fueron  adoptados  por 
‘mayoría’, aunque sin especificar, en concreto, cuál sea ésta, y con el voto en contra de 
una serie de socios, que se citan por sus nombres. En cuanto a los votos en contra tiene  s
plena  razón  el  recurrente  respecto  de  que  se  trata  de  mera  cuestión  aritmética:  o
ccccooaiennpnstittrtaoaal r ndioode so atc e ealnonpts ailt aa a lcc liacusdoteaanr d tdrouaesnr ,iaoo su  iands aetse  usnlo itmeassd p osl–eopt cacsiiluoó ymsn  .ca –oE nmpnoe omre mlri encitcaaeots igvcoaeo, m nueoenl cnp e3trero3  pe,4silo 8et o ñaptacaoltalra  dd–coe ieqs vn–uot éotc o.pu soEy roync   etcvanuontaattoonje  top fud oeaer     2021-21744n https://www.
los votos positivos o favorables el acuerdo, se comparte la afirmación del recurrente en
el sentido de que el artículo 97.1.4.ª y 7.ª del Reglamento puede entenderse cumplido si
de los datos que figuren en la documentación presentada puede llegar a saberse con 
certeza cuál es el porcentaje de aquéllos. Y así hubiera sido, en el presente caso, si en 
el acta se hubiera hecho constar que votaron a favor todos los demás socios que 
constaban en la lista de asistentes (puesto que constaban sus porcentajes en el capital, 
tal y como previenen el artículo 192 de la Ley de Sociedades de capital, para las 
sociedades  de  responsabilidad  limitada,  y  971.4.ª  del  Reglamento  del  Registro 
Mercantil), a excepción de los que votaron en contra, o que la mayoría estaba constituida 
por todos los restantes socios reseñados. Pero lo cierto es que en el acta sólo consta la 
escueta expresión de que los acuerdos se adoptan por “mayoría”, sin ninguna otra 
especificación ni concreción. Teniendo en cuenta que no pueden computarse los votos 
en blanco, la simple expresión por ‘mayoría’ no permite ni suponer razonablemente, ni 
calcular de modo aritmético, que los votos a favor fueran los de todos los demás socios 
inicialmente reseñados en la lista de asistentes, como alega el recurrente. Si a ello se 
añade  que  los  votos  afirmativos  han  de  ser,  como  mínimo,  los  señalados  por  el 
artículo  198  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital:  votos  válidamente  emitidos  que 
representen el menos un tercio de los totales votos posibles y que dicha circunstancia 
que ha de ser calificada por el registrador como modo de comprobar si se alcanzó el 
quórum  necesario  para  una  válida  adopción  del  acuerdo,  la  especificación  de  las 
concretas mayorías, bien sea de modo numérico, bien porcentual, o bien por referencia –
expresa y no supuesta– a las socios votantes cuyo porcentaje resulte especificado en te 
lista de asistentes, resulta insoslayable”. Por consiguiente, basta con que el porcentaje 
de voto resulte de una mera operación aritmética, siempre que la certificación ofrezca 
toda la información necesaria para ello.
En nuestro caso consta que los acuerdos se adoptaron sin oposición alguna, siendo 
solo dos los posibles votantes, sin indicación de que, al margen de la inexistencia de 
votos en contra, alguno de ellos se abstuviera o votara en blanco no parece necesario 
mucho más para concluir que los acuerdos se han adoptado por el 100 % del capital 
presente, es decir, por unanimidad, y que éste representa el 80% del capital total.
II.  La acreditación de la convocatoria.
Exige el RM la acreditación de que el texto íntegro de la convocatoria fue remitido a 
la totalidad de los socios conforme al procedimiento previsto en los estatutos y la 
antelación de la comunicación. Como se indica en la certificación, y después se reitera 
en la escritura, la sociedad solo cuenta con tres socios, de los cuales dos de ellos, en 
concreto los dos que asistieron a la reunión de la junta se dieron por convocados 
personalmente por el órgano de administración, renunciando a que se les hiciera una 
comunicación escrita. Al tercer socio se le comunica la convocatoria por burofax el 
día 14/07/2020, cuyo justificante de imposición consta incorporado a la escritura.
El  defecto  de  convocatoria  respecto  de  los  dos  socios  asistentas  resulta  así 
irrelevante,  por  cuanto  se  dieron  por  convocados  personalmente  y  aceptaron  la 
celebración de la junta, votando favor de sus acuerdos, según consta en la certificación 
(Res. de 08/09/2015, “no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria 
pueda entenderse irrelevante si consta indubitadamente la aceptación a que la junta se 
lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los derechos individuales de los 
socios”).  En  cuanto  al  otro  socio,  figura  en  la  escritura  la  forma  y  la  fecha  de  la 
convocatoria, así que no es preciso acreditar nada más. Cuestión distinta es que el 
sistema empleado pueda no corresponderse con el previsto en los estatutos sociales, 
pero éste no ha sido el defecto formulado por el RM. e
Por  todo  esto,  solicito  se  sirva  admitir  este  recurso  y  ordene,  si  procede,  la  bo
revocación de dicha calificación». 744ww
IV
La  registradora  Mercantil  accidental  de  Madrid  emitió  el  informe  previsto  en  el
artículo 327 de la Ley Hipotecaria el día 27 de septiembre de 2021, manteniendo la
calificación impugnada, y elevó el expediente a esta Dirección General. Debe reiterarse 
una  vez  más  que  este  informe  no  es  el  trámite  procesal  adecuado  para  formular 
alegaciones en defensa de la nota de calificación, lo que causa indefensión en el 
recurrente.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 173, 176, 204 y 206 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 97 
y 112 del Reglamento del Registro Mercantil, y las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005, 8 de 
febrero y 29 de noviembre de 2012, 20 de mayo de 2013, 9 y 29 de septiembre y 13 de 
octubre de 2015, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019.
1.  Debe  considerarse  inicialmente  la  primera  de  las  faltas  advertidas  por  la 
registradora, la que, invocando los artículos 97 y 112 del Reglamento del Registro 
Mercantil, encuentra a faltar las menciones relativas a las mayorías con que han sido 
aprobados los acuerdos.
Efectivamente,  el  artículo  97.1.7.ª  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  exige 
respecto del contenido del acta de una junta o asamblea «la indicación del resultado de 
las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de los 
acuerdos»,  y  el  artículo  112.3  del  mismo  texto  reglamentario  reclama  para  las 
certificaciones análogas citas con algún aligeramiento formal.
En la certificación protocolizada con la escritura únicamente consta que a la junta 
asistieron dos socios, titulares respectivamente del 20% y del 60% del capital social, 
dividido en participaciones sociales de idéntico valor nominal atributivas del derecho a 
emitir un voto, y que los acuerdos se adoptaron «sin oposición alguna».
Ciertamente, como se reconoció en la Resolución de 13 de octubre de 2015, no es 
necesario que en la certificación consten de manera directa y explícita las mayorías con 
que se hubieran adoptado los correspondientes acuerdos, bastando con que este dato 
se desprenda con claridad de sus términos. Pero en este caso, al igual que sucedió en el 
examinado en la Resolución citada, el extremo requerido no aparece reflejado con 
claridad  en  su  texto,  donde  únicamente  figura  que  asistieron  dos  socios,  titulares 
del 80% de los derechos de voto, y que las decisiones se tomaron «sin oposición 
alguna», conjetura en la que cabe tanto el supuesto de que los dos socios hayan votado 
a favor como el de que alguno de ellos lo haya hecho en blanco o se haya abstenido. En 
consecuencia, este motivo del recurso debe ser desestimado y confirmada la nota de 
calificación en relación con el primer defecto.
2.  El segundo defecto aducido en la nota de calificación se refiere a la circunstancia 
de no constar acreditada la remisión del texto íntegro de la convocatoria de junta a la 
totalidad de los socios conforme al procedimiento previsto en los estatutos y la antelación 
de la comunicación.
Según consta en la certificación protocolizada, y se refleja también en la escritura, la 
sociedad cuenta tan sólo con tres socios; a uno de ellos, el que no asistió a la reunión, 
se le notificó la convocatoria por burofax el día 14 de julio de 2020, cuyo justificante de 
imposición consta incorporado a la escritura; y a los otros dos, precisamente los que 
concurren a la asamblea, «se les comunicó con anterioridad a la convocatoria de manera 
personal, y aceptaron reunirse de acuerdo con la convocatoria, por lo tanto, no fue 
necesaria la comunicación escrita». e.e
Esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas ocasiones y  b
entornos legislativos sobre la trascendencia del derecho de información en orden a la  744ww
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mitigarse para que los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su
escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio 
(Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en 
casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no 
sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones 
formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin 
aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas 
(vid. Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005, 29 de noviembre 
de 2012, 29 de septiembre de 2015, 28 de febrero de 2018 y 25 y 28 de enero de 2019). 
Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran 
una merma en condiciones tales que puedan considerarse postergados ni resulte de 
forma  indiscutible  que  los  accionistas  o  socios  minoritarios  hayan  considerado  sus 
derechos individuales violados, situaciones estas que impiden cualquier consideración 
relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional de este Centro 
Directivo (Resolución 20 de mayo de 2013).
La propugnada ponderación de la equidad requiere un análisis pormenorizado de la 
situación de hecho para apreciar si los derechos individuales de los socios llamados a 
reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el ejercicio del derecho de 
voto, han sido violentados de forma tal que la rigurosa previsión del ordenamiento no 
admita corrección derivada de las circunstancias concurrentes. De la valoración conjunta 
de tales circunstancias debe llegarse a la conclusión de que no ha existido una violación 
inadmisible de los derechos individuales de los socios (Resolución de 20 de mayo 
de 2013).
Esta orientación ha recibido respaldo legal con las modificaciones introducidas por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. De acuerdo con la reforma [artículo 204.3.a) del texto refundido], no procede la 
impugnación  de  acuerdos  sociales  por  «la  infracción  de  requisitos  meramente 
procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del 
consejo, para la convocatoria», si bien, a renglón seguido, excepciona esa exclusión de 
carácter general, reintroduciendo en el círculo de infracciones impugnables las referentes 
a «la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del 
órgano  o  a  las  mayorías  necesarias  para  la  adopción  de  los  acuerdos,  así  como 
cualquier otra que tenga carácter relevante». En definitiva, la disposición se dirige a 
limitar el efecto invalidante a las infracciones formales que hayan impedido o restringido 
el ejercicio de los derechos de socio.
Con esta perspectiva, la trascendencia de las infracciones referentes a la forma y 
plazo previo de la convocatoria (artículos 173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, 
respectivamente) habrá de apreciarse en función de la ocultación que hayan causado 
sobre el emplazamiento para celebrar la asamblea, los temas a tratar o la antelación de 
la  puesta  en  conocimiento.  Acorde  con  tal  orientación,  en  la  Resolución  de  esta 
Dirección General de 9 de septiembre de 2015 ya se indicó que «no cabe descartar la 
posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta 
indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan 
perjuicio a los derechos individuales de los socios». Además, en cuanto a la eventual 
impugnación de los acuerdos, el artículo 206.5 de la Ley de Sociedades de Capital priva 
de legitimación para hacerlo a quienes, habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el 
momento oportuno, no lo hubieran hecho.
En el caso analizado en este expediente, consta en la certificación y en la escritura 
que a los dos socios asistentes se les citó de manera personal con anterioridad a la  s
convocatoria, que concurrieron a la junta y que tomaron parte en las decisiones «sin  oe.
oposición alguna», es decir, sin haber denunciado ningún defecto de convocatoria. En  w.
consecuencia, el segundo defecto opuesto en la nota de calificación debe ser revocado. 744ww
En virtud de lo expuesto, esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el
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convocatoria.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 13 de diciembre de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.