BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Miércoles 16 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 19800
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
2512 Resolución de 19 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Terrassa n.º 5, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia.
En el recurso interpuesto por doña Lorea Vázquez Romero, notaria de Fuentes de 
Andalucía, contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Terrassa número 5, 
doña María del Pilar Blanco Cerezo, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 30 de abril de 2021 por la notaria de Fuentes de 
Andalucía, doña Lorea Vázquez Romero, se otorgaron las operaciones de aceptación y 
adjudicación de la herencia causada por el fallecimiento de don A. M. M. Interesa a los 
efectos de este expediente que, como título sucesorio se mencionaba lo siguiente: «(…) 
se  tramitó,  ante  la  Notario  de  Écija  doña  María  de  los  Ángeles  García  Ortiz,  la 
correspondiente acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, otorgada 
en Écija, el día 11 de noviembre de 2014, con el número 1.048 de protocolo, en la que 
fueron declarados herederos abintestatos, sus ocho hijos: Don J. A., don F., doña R., 
doña M., doña M., doña M. E., don A. y doña S. M. P., sin perjuicio de la cuota legal 
usufructuaria  correspondiente  al  cónyuge  viudo,  doña  R.  P.  C.  y  lo  expuesto 
anteriormente (…) resulta del acta de notoriedad de declaración de herederos autorizada 
en Écija, el día 11 de noviembre de 2014, ante el Notario doña María de los Ángeles 
García Ortiz, con el número 1.048 de protocolo, antes reseñada. Copia autorizada de la 
mencionada declaración de herederos me exhiben y devuelvo a los comparecientes, 
todo ello de acuerdo con el criterio establecido por la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, entre otras en Resolución de 22 de enero de 2018».
Mediante diligencia de 17 de septiembre de 2021, se hacía constar en dicha escritura 
lo siguiente: «(…) según resulta del acta de declaración de herederos autorizada por mi 
compañera de Écija, doña María de los Ángeles García Ortiz, el día 11 de noviembre 
de 2014, número 1.048 de protocolo, que tuve a la vista al tiempo del otorgamiento de la 
escritura que se complementa, fueron declarados herederos por partes iguales los ocho 
hijos del causante de dicha herencia, estableciéndose la cuota usufructuaria de una 
tercera parte en favor del viudo».
II
Presentada el día 25 de julio de 2021 la referida escritura en el Registro de la 
Propiedad de Terrassa número 5, retirada y nuevamente presentada, fue objeto de la 
siguiente nota de calificación. e.
«Presentando: Vázquez Romero, Lorea. 12ww
AFesicehnato d: e6 0e4n/t1ra2d1a.: 25/07/2021.
AAucttuoaricdiaodn:e Lso/Preroat oVcáozloq:u 7e7z 1R/2o0m2e1r.o.
Fecha del documento: 30/04/2021.
Pilar Blanco Cerezo, Registradora de la Propiedad de Terrassa n.º 5, le comunico 
que calificado el título antes señalado, resultan los siguientes defectos que impiden su 
inscripción:
Hechos:
Se presenta escritura de manifestación y adjudicación de herencia intestada, por 
fallecimiento de A. M. M. Dicho causante, no otorgó testamento ni disposición alguna de 
última voluntad, por lo que se tramitó acta de notoriedad de declaración de herederos 
abintestato ante la Notaria de Écija, María de los Ángeles García Ortiz, el día 11 de 
noviembre de 2014, declarando herederos universales a sus ocho hijos J. A., F., R., M., 
M., M. E., A. y S. M. P., sin perjuicio del usufructo correspondiente al cónyuge vuido [sic] 
R. P. C.
Debe aportarse copias auténticas de dichas actas, y certificados originales de Actos 
de Última Voluntad y de defunción del causante.
Fundamentos de Derecho:
Vistos los artículos 1, 2, 3, 9, 14 y 18 de la Ley Hipotecaria y 51, 76, 78 y 98 de su 
Reglamento.
En la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se harán constar las 
disposiciones de la declaración de herederos, la fecha del fallecimiento del causante, 
tomada de la certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General 
de Actos de Última Voluntad. En el presente supuesto no se acompañan las actas de 
declaración de herederos abintestato, ni los certificados de Actos de Última Voluntad, ni 
de defunción del causante.
Por todo esto suspendo la inscripción solicitada conforme la presente calificación.
La  notificación  de  la  presente  calificación  negativa  comportará  la  prórroga  de 
vigencia del asiento de presentación, conforme el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. 
Durante este plazo podrá, en su caso, solicitarse la anotación preventiva de suspensión 
prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria.
Ante esta calificación podrá: (…)
Terrassa, La Registradora Este documento ha sido firmado con firma electrónica 
cualificada por Pilar Blanco Cerezo registrador/a de Registro Propiedad de Terrassa 5 a 
día trece de octubre del dos mil veintiuno».
III
Contra la anterior nota de calificación, doña Lorea Vázquez Romero, notaria de 
Fuentes de Andalucía, interpuso recurso el día 12 de noviembre de 2021 en el que 
alegaba lo siguiente:
«I. En primer lugar, llama la atención el incumplimiento de uno de los requisitos 
esenciales de la calificación, que ha sido reiteradísimo por la propia Dirección General a 
la que me dirijo (en adelante DG), y cuyo fundamento está en la protección de quien ve 
suspendida la inscripción de su derecho: la necesaria suficiencia. La nota se limita a 
reproducir preceptos de la Ley Hipotecaria, que en muchos casos nada tienen que ver 
realmente con el asunto.
Debería concedérsele más importancia a la calificación, toda vez que su corrección,  es
claridad y suficiencia son esenciales para que el interesado pueda conocer la causa de  bo
la suspensión o denegación del asiento, y en consecuencia alegar lo que proceda en su  12ww
dcpcaiertealriecf ierccuahptdotiono.  arPr”ei.oasr   dedelel o u anlap  plDirceGacc eeiópnnt o re yliet eglraaa ld, iansstien Rrop erqesuotaeluc ceióison n perqesu ceais dovd ieejulr stetmi fiqicsuamer o l“ an hora abczaeós nte apl  coforu nnla cl aiqo umneae rrieoal    OE-A-2022-25able en https://
La suspensión de una inscripción no puede ser despachada con una calificación 
parca y sin fundamentos concretos, que parece obviar la importancia que para el propio 
interesado y para la agilización del tráfico jurídico y económico puede tener aquella. No 
hay que olvidar que ello supone rechazar un derecho de todo ciudadano: la inscripción 
en el registro para poder así obtener la importante protección que dicha institución le 
brinda.
III. Entrando en el fondo del asunto, lo cierto es que el recurso podría haberse 
evitado si la registradora se hubiera molestado en leer la Resolución de la DG de 22 de 
enero de 2018, que la Notaría que suscribe hizo constar expresamente en la escritura, y 
la registradora ni menciona en su calificación.
Y no es solo la Resolución referida, sino muchas otras como la de 8 de Julio 
de 2005, 22 de Julio de 2005, 7 de julio de 2011, 2 de agosto de 2011 o 12 de noviembre 
de 2011 las que sientan una doctrina clara: basta consignar en la escritura de herencia 
los particulares de la declaración de herederos, sin necesidad de acompañar la misma.
Por mucho que la calificación, señale en su breve fundamento que “en la inscripción 
de bienes adquiridos por herencia intestada se harán constar las disposiciones de la 
declaración  de  herederos,  la  fecha  de  fallecimiento  del  causante,  tomada  de  la 
certificación respectiva, y el contenido del certificado del registro general de Actos de 
última Voluntad.”, lo que realmente dice el artículo 76 del Reglamento Hipotecario, que 
es uno de 10 preceptos que menciona sin más, es que “en la inscripción de bienes 
adquiridos  por  herencia  testada  se  harán  constar  las  disposiciones  testamentarias 
pertinentes, la fecha del fallecimiento del causante, tomada de la certificación respectiva, 
y el contenido del certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad”.
Resulta sorprendente que en la calificación se reproduzca el párrafo primero del 
precepto  indicado,  pero  cambiando  las  expresiones  “testada”  y  “disposiciones 
testamentarias”  que  utiliza  el  artículo  del  reglamento,  por  “herencia  intestada”  y 
“disposiciones de la declaración de herederos”, cuando no existe un precepto semejante 
respecto a la sucesión intestada, sino que al contario, el propio artículo 76, en su párrafo 
segundo, al referirse a dicha sucesión intestada, que es el caso que nos ocupa, señala 
expresamente que “en la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se 
consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos” que es lo que la 
notaría que suscribe hizo en la escritura.
Ningún  precepto  exige,  como  afirma  la  calificación  alterando  los  términos  del 
artículo 76 del Reglamento, acompañar el acta de declaración de herederos, ni los 
certificados de última Voluntad o de defunción del causante (que, en su caso, estarían 
incorporados al acta, por lo que no habría que acompañarlos), sino que simplemente se 
exige “consignar” los particulares.
En esta línea, señala la DG en Resolución de 12 de noviembre de 2011 que, a 
diferencia de la sucesión testada, en el ámbito de lo sucesión intestada,
“la doctrina de este Centro Directivo es que ‘basta con que el Notario relacione los 
particulares del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro 
de la Propiedad’ (cfr. Resolución de 5 de julio de 2005)”.
De todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o 
actas de declaración de herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su 
calificación e inscripción con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo 
todos los que permitan alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los 
llamamientos  hereditarios  operados  por  la  ley-,  ello  no  impide  que  la  constatación 
documental de tales particulares pueda ser realizada por el notario autorizante, bien  es
mediante una trascripción total o parcial de los mismo o bien mediante un testimonio en  o
reapelralltoaríct cPiuciloóaulorn la  ,e3 rúlxe odlitsgsiem  e rclenoaucc, a Loiallegea yis dd  Hroqeesiu gp edioesdotntearc acnulada md orieeeraasn  e( ctcasrefitctrneu.i ó  rRmanse,u o s asdocuionlaut oéblci nfaiiqótcjiounca e acdla  ieós pf niem3a   rpdpnaleúo e b mlaalcib ceuranieinl t ssnedtco eioret ian1pxra9icgia 9ióel5l,an  )as  .paseotusisrfttiafcaabirec leinléaccn iidcadao o psdieeean   c dlooeensll     OE-A-2022-2512able en https://www.
acta de declaración de herederos abintestato, tal como ocurrió en el supuesto de hecho
planteado en la Resolución referida de 12 de noviembre de 2011, que en este punto 
señala:
“En el presente caso, no cuestiona la registradora en su calificación la suficiencia de 
los particulares incluidos en el testimonio en relación recogido en el título particional, sino 
que, a su juicio, es necesario aportar el título sucesorio integrado por copia completa del 
acta de declaración de herederos abintestato. Y en tales términos la calificación indicada, 
a  la  vista  de  la  reseñada  doctrina  de  esta  Dirección  General,  que  no  se  puede 
desconocer, no puede ser mantenida.”».
IV
Mediante escrito, de fecha 18 de noviembre de 2021, la registradora de la Propiedad 
emitió informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 609, 657, 658, 670, 912, 913 y 945 del Código Civil; 1, 3, 9, 14, 
16, 18, 19 bis y 65 de la Ley Hipotecaria; 33, 51, 76, 78 y 98 del Reglamento Hipotecario; 
979  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil;  209  y  209  bis  del  Reglamento  Notarial;  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964; las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 enero 1941, 5 de diciembre 
de 1945, 3 de abril de 1995, 8 y 22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 19 de 
junio de 2013, 12 y 16 de noviembre de 2015, 22 de enero, 1 de junio y 5 de octubre 
de 2018 y 15 y 23 de enero de 2020, así como, respecto de la motivación de la 
calificación, las de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo y 12 de noviembre de 2001, 28 de 
diciembre de 2004, 2 de abril y 18 de noviembre de 2005, 25 de octubre de 2007, 14 de 
abril de 2010, 26 de enero de 2011, 28 de febrero y 20 de julio de 2012, 5 de marzo 
de 2014, 12 y 16 de noviembre de 2015, 12 de febrero y 28 de septiembre de 2016, 26 
de abril, 19 de junio, 4 de octubre y 20 de diciembre de 2017, 22 de enero, 1 y 4 de junio, 
17 de septiembre, 26 de octubre y 21 de noviembre de 2018, 13 de febrero, 1 de marzo, 
4 de abril y 16 de septiembre de 2019 y 15 y 23 de enero de 2020, y la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 30 de noviembre de 2021, así 
como, respecto de la motivación de la calificación, las de 18 de febrero y 14 de octubre 
y 30 de noviembre de 2021.
1. Debe  decidirse  en  este  expediente  si  es  o  no  inscribible  una  escritura  de 
aceptación y adjudicación parcial de herencia en la que concurren las circunstancias 
siguientes: la escritura es de fecha 30 de abril de 2021; respecto del título sucesorio se 
menciona lo siguiente:
«(…) se tramitó, ante la Notario de Écija doña María de los Ángeles García Ortiz, la 
correspondiente acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, otorgada 
en Écija, el día 11 de noviembre de 2014, con el número 1.048 de protocolo, en la que 
fueron declarados herederos abintestatos, sus ocho hijos: Don J. A., don F., doña R., 
doña M., doña M., doña M. E., don A. y doña S. M. P., sin perjuicio de la cuota legal 
usufructuaria  correspondiente  al  cónyuge  viudo,  doña  R.  P.  C.  y  lo  expuesto 
anteriormente (…) resulta del acta de notoriedad de declaración de herederos autorizada 
en Écija, el día 11 de noviembre de 2014, ante el Notario doña María de los Ángeles 
García Ortiz, con el número 1.048 de protocolo, antes reseñada. Copia autorizada de la  e
mencionada declaración de herederos me exhiben y devuelvo a los comparecientes,  bo
todo ello de acuerdo con el criterio establecido por la Dirección General de los Registros  12ww
clyoo  dmseiMgpl Nuaeiñdoeeitnaartnareit a:e dd« edo( …i,lÉ ieg)cne isjtnareec,g i adoú otndrña eras e1  seM7un lad tRareí ea dss eedolpe luat icceloitmóasn  bd Árdeene  g dd2eee2lc e 2ldsa0e r2Ga e1can,i órescnreío a dh  deOae crh te2eiz 0rc,e1 ode8nel»s r.dtoaísar   ea1nu1 t dodirceizh aand oeavs ipecormirtub mrraei    OE-A-2022-25able en https://
de 2014, número 1.048 de protocolo, que tuve a la vista al tiempo del otorgamiento de la
escritura que se complementa, fueron declarados herederos por partes iguales los ocho 
hijos del causante de dicha herencia, estableciéndose la cuota usufructuaria de una 
tercera parte en favor del viudo».
La registradora señala como defecto que deben aportarse copias auténticas de 
dichas actas, y certificados originales del Registro General de Actos de Última Voluntad y 
de defunción del causante.
La notaria recurrente alega lo siguiente: que la calificación es parca y de motivación 
insuficiente para justificar la aplicación de los preceptos señalados; que basta consignar 
en la escritura de herencia los particulares de la declaración de herederos, sin necesidad 
de acompañar la misma, tal como se recoge en la doctrina de esta Dirección General 
que se menciona en la escritura específicamente; que resulta sorprendente que en la 
calificación se reproduzca el párrafo primero del artículo 76 de la Ley Hipotecaria, pero 
cambiando las expresiones «testada» y «disposiciones testamentarias» que utiliza el 
artículo del Reglamento, por «herencia intestada» y «disposiciones de la declaración de 
herederos», cuando no existe un precepto semejante respecto a la sucesión intestada; 
que la constatación documental de los particulares del acta de notoriedad puede ser 
realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los 
mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo 
la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica 
para la inscripción establecida por la ley; que la registradora no cuestiona la suficiencia 
de los particulares incluidos en el testimonio en relación recogido en el título particional, 
sino  que,  a  su  juicio,  es  necesario  aportar  el  título  sucesorio  integrado  por  copia 
completa del acta de declaración de herederos abintestato.
2. Previamente,  respecto  de  la  alegación  de  insuficiente  motivación  de  la 
calificación, debe recordarse la doctrina de este Centro Directivo según la cual cuando la 
calificación  del  registrador  sea  desfavorable  es  exigible,  conforme  a  los  principios 
básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos 
jurídicos en los que se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y 
Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de 
enero de 2011, 20 de julio de 2012, 12 de febrero de 2016, 26 de abril y 19 de junio 
de 2017, 21 de noviembre de 2018, 1 de marzo y 4 de abril de 2019 y 18 de febrero 
de 2021, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las 
garantías  del  interesado  recurrente,  quien  al  conocer  en  el  momento  inicial  los 
argumentos  en  que  el  registrador  funda  jurídicamente  su  negativa  a  la  inscripción 
solicitada  podrá  alegar  los  fundamentos  de  derecho  en  los  que  apoye  su  tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador 
que pudieran ser relevantes para la Resolución del recurso. También ha mantenido esta 
Dirección General (vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman 
las de 28 de febrero y de 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita rutinaria de 
un precepto legal (o de Resoluciones de este Centro Directivo), sino que es preciso 
justificar  la  razón  por  la  que  el  precepto  de  que  se  trate  es  de  aplicación  y  la 
interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de 
las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación 
dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma. s
Debe recordarse que también es doctrina reiterada de esta Dirección General (vid.,  e.
entre otras muchas, las Resoluciones de 17 de septiembre y 15 y 19 de octubre de 2004,  w.
20 de abril y 23 de mayo de 2005, 20 de enero de 2006, 31 de enero de 2007, 11 de  12ww
fye 1b2re droe  ddeic 2ie0m08b,r e1 3d ed e2 0d1ic7i)e mqubere e dl em 2o0m1e0n, to7  pdreo jcuelidoi mdee n2t0a1l,1 ú, n1ic6o d ee  isdeópnteieom, berne  edl eq 2u0e1 e4l 
rdeegnisetgraadr olar  phraá cdteic ae xdpeol naesri etondtoa ss oyli cciataddao  uensa e dl ed ela lsa  rcaazliofinceasc ióqnu e( amrtoíctuivlaon 1 9su b idse dceis ilóan L deey   BOE-A-cable e
Hipotecaria) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en cuenta las que pueda
introducir en su informe, toda vez que, si el registrador retrasa la exposición de sus 
argumentos a dicho informe, el interesado o legitimado para recurrir se ve privado de su 
derecho, pues desconocerá la razón última de la decisión recurrida y no podrá exponer 
adecuadamente al órgano competente para conocer de su recurso sus argumentos. 
Igualmente, se ha expuesto que en dicho informe no cabe aducir nuevos fundamentos o 
razones en defensa de la nota de calificación pues, por el mismo trámite del recurso 
frente  a  la  calificación,  el  interesado  desconocerá  las  razones  añadidas  por  el 
registrador.
No  obstante,  conviene  tener  en  cuenta  es  igualmente  doctrina  de  este  Centro 
Directivo (vid. Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de 
abril y 13 de octubre de 2005, 8 de mayo y 3 de diciembre de 2010, 28 de febrero, 22 de 
mayo y 20 de julio de 2012, 9 de julio, 8 de octubre y 12, 16, 17, y 20 de diciembre 
de 2013, 19 de marzo y 10 de junio de 2014, 2 de febrero de 2015 y 12 de diciembre 
de 2017, entre otras) que aun cuando la argumentación en que se fundamenta la 
calificación haya sido expresada de modo escueto, cabe la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado 
ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el contenido del escrito 
de interposición del recurso.
En este caso, aunque en la escritura se hace constar específicamente la doctrina 
referida de este Centro Directivo para no aportar el acta de notoriedad, no se expresa en 
la nota de calificación los aspectos y extremos que hayan quedado incumplidos, sin que 
en el informe pueda subsanarse esta carencia –como pretende la registradora-, pues la 
recurrente no ha tenido posibilidad de contradicción. No obstante, la cuestión planteada 
por la registradora en su nota de calificación ha podido ser objeto de alegaciones 
suficientes por la recurrente, y por ello procede entrar en el fondo del asunto, si bien no 
puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido calificatorio que, de modo 
extemporáneo, alega la registradora en su informe.
3. Entrando en el fondo del expediente, según el artículo 14 de la Ley Hipotecaria 
en su párrafo primero (modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, 
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la 
Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil) «el 
título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato 
sucesorio,  el  acta  de  notoriedad  para  la  declaración  de  herederos  abintestato  y  la 
declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su 
caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento 
(UE) n.º 650/2012» (asimismo, según el texto de este mismo artículo anterior a la 
referida reforma, es título sucesorio la declaración judicial de herederos abintestato).
Conforme al párrafo primero del artículo 76 del Reglamento Hipotecario, «en la 
inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán constar las disposiciones 
testamentarias  pertinentes,  la  fecha  del  fallecimiento  del  causante,  tomada  de  la 
certificación respectiva, y el contenido del certificado del Registro General de Actos de 
Ultima Voluntad». Y el párrafo segundo del mismo precepto reglamentario añade que 
«en  la  inscripción  de  bienes  adquiridos  por  herencia  intestada  se  consignarán  los 
particulares  de  la  declaración  judicial  de  herederos»  (lo  mismo  debe  entenderse 
actualmente respecto del acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato).
Como puso de relieve este Centro Directivo en la Resolución de 12 de noviembre 
de 2011, la diferencia entre el testamento o el contrato sucesorio y la declaración judicial 
o acta de declaración de herederos abintestato, como títulos sucesorios atributivos o  es
sustantivos,  es  sustancial.  En  estas  últimas  lo  relevante  es  la  constatación  de  o
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a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente “ope legis”». Por ello,
concluía esta Dirección General que, en definitiva, el llamamiento al heredero lo hace la 
ley (cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta notarial 
se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que las separe de esta 
finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado 
por el registrador. Así lo entendió ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de 
diciembre de 1945.
Por  el  contrario,  en  la  delación  testamentaria  lo  prevalente  es  la  voluntad  del 
causante. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de la 
voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 658 del Código 
Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la 
Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional, serán los 
vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos 
puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, 
con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados 
en el mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en 
el caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la legalidad de las 
formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas 
testamentarias.
Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este Centro Directivo 
admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los efectos del 
Registro, que al ser el testamento el título fundamental en la sucesión testamentaria y 
conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, aquél ha de aportarse al Registro, bien sea 
en copia autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la escritura 
de partición, pero en este último caso no basta con que el notario relacione sucintamente 
las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo 
relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen cláusulas que 
amplíen o modifiquen lo inserto.
En el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que 
puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los 
particulares del documento (la declaración judicial o acta de declaración de herederos 
abintestato) necesarios para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, 
los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la 
exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el artículo 3 de 
la Ley Hipotecaria. En efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que 
el Notario relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e 
inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 2005, 
confirmada por la sentencia firme número 220/2008 de 18 de diciembre, de la Audiencia 
Provincial de Teruel.).
Como añadió la citada Resolución de 12 de noviembre de 2011, de todo ello se 
deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción 
con todos los particulares necesarios para ésta –incluyendo todos los que permitan 
alcanzar el corolario de la determinación individualizada de los llamamientos hereditarios 
operados por la ley-, ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o 
parcial de los mismos o bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de 
este  modo  bajo  la  fe  pública  notarial,  satisfaciéndose  con  ello  la  exigencia  de 
documentación  auténtica  para  la  inscripción  establecida  en  el  artículo  3  de  la  Ley  es
Hipotecaria  (cfr.  Resolución  de  3  de  abril  de  1995.  Según  esta  última  Resolución,  o
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judicial o notarial de herederos –cfr. párrafo segundo del artículo 76 del Reglamento
Hipotecario-. Como puso de relieve dicha Resolución, «la diferencia de régimen es 
perfectamente explicable a la vista de que la declaración de herederos abintestato 
presupone forzosamente que al órgano competente se habrán aportado esos certificados 
de  defunción  y  del  Registro  General  de  Actos  de  Última  Voluntad»).  De  dicha 
transcripción  o  testimonio  del  título  sucesorio  deben  resultar  los  elementos 
imprescindibles para la calificación en los términos que a continuación se exponen.
Según se afirmó en Resolución de 20 de diciembre de 2017, cabe tener en cuenta la 
doctrina de esta Dirección General sobre calificación registral de la declaración judicial 
de herederos como acto de jurisdicción voluntaria, predicable igualmente respecto del 
acta de notoriedad sobre declaración de herederos abintestato (vid. las Resoluciones 
de 12 de noviembre de 2011 y 12 de junio de 2012, cuyo criterio ha sido reiterado en las 
Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015 y en otras posteriores).
La vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, confirma lo expuesto. En su 
artículo 22.2, delimita claramente el ámbito de la calificación registral respecto de los 
expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, 
al manifestar, que «la calificación de los Registradores se limitará a la competencia del 
Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se 
hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que 
surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las actas de jurisdicción 
voluntaria autorizados notarialmente, no hay precepto semejante, pero debe tomarse en 
consideración dicho artículo 22. 2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria puesto que el 
notario ejerce aquí la función de jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también 
a los jueces– en exclusiva, y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado 
y 18 de la Ley Hipotecaria.
Como se expresa en las citadas Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, 
«(…) la calificación registral de las actas notariales de declaraciones de herederos 
abintestato abarcará la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta 
con  el  expediente  –incluyendo  la  congruencia  respecto  del  grupo  de  parientes 
declarados herederos-, las formalidades extrínsecas y los obstáculos que surjan del 
Registro. En este sentido, recordar que al Registro solo pueden acceder títulos en 
apariencia válidos y perfectos, debiendo ser rechazados los títulos claudicantes, es decir 
los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución susceptible de impugnación 
(cfr. artículos 18, 33, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). Sólo así 
puede garantizarse la seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene 
su apoyo basilar en el instrumento público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, 
como ya expresara el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de octubre de 2000, Sala 
Tercera, “a notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un 
juicio de legalidad, que, recae, respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son 
objeto  del  instrumento  público,  o  sobre  los  títulos  inscribibles”.  Pero  debe  también 
tomarse en consideración que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria delimita el ámbito 
objetivo de la calificación al establecer que los registradores calificarán “…la legalidad de 
las formas extrínsecas de los documentos de toda clase,... así como la capacidad de los 
otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas…”. 
Ciertamente, en el procedimiento registral no se ejerce una función de carácter judicial 
respecto de la cual el título presentado sea un mero medio de prueba, sino que se trata 
de hacer compatible la efectividad del derecho a la inscripción del título con la necesidad 
de impedir que los actos que estén viciados accedan al Registro, dada la eficacia 
protectora de este». es
En los supuestos de estas dos Resoluciones, la respectiva acta de cierre de la  o
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causante, con expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de
órdenes y grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos 
abintestato,  siendo  congruente  el  acta  respecto  del  grupo  de  parientes  declarados 
herederos, por lo que este Centro Directivo concluyó que no podía exigirse que se 
aportara, además, el acta previa en que se documentó el inicial requerimiento al notario 
autorizante (Resolución de 12 de noviembre de 2015) ni el certificado de defunción y el 
certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, pues el notario manifiesta 
que dichos certificados se encuentran incorporados al acta, constatando de este modo 
un hecho que queda amparada por la fe pública notarial –cfr. artículos 1 y 17 bis de la 
Ley del Notariado y 1 y 143 de su Reglamento– (Resolución de 16 de noviembre 
de 2015).
4. En la escritura cuya calificación motiva el presente recurso se reseña el acta de 
notoriedad  de  declaración  de  herederos  abintestato,  con  indicación  de  la  notaria 
autorizante, fecha de autorización, el nombre y apellidos de los ocho hijos que fueron 
declarados herederos por partes iguales, así como el nombre y apellidos del cónyuge 
viudo a quien se reconoce la cuota usufructuaria de legítima.
No  se  indican,  por  tanto,  todos  los  datos  que,  como  ha  reiterado  este  Centro 
Directivo (vid., por todas, Resoluciones de 12 y 16 de noviembre de 2015, 20 de 
diciembre  de  2017  y  15  de  enero  de  2020),  son  necesarios  para  la  calificación  e 
inscripción relativos a la apertura de la sucesión, los particulares de la prueba practicada 
en que se apoya la declaración de notoriedad, la competencia del notario, fecha de 
nacimiento y de fallecimiento del causante, la ley reguladora de la sucesión, estado civil 
y cónyuge, número e identificación de los hijos, último domicilio del causante, con 
expresión de los parientes concretos que gozan de la preferencia legal de órdenes y 
grados de sucesión con la específica y nominativa declaración de herederos abintestato, 
siendo congruente el acta respecto del grupo de parientes declarados herederos.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 
nota de calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 19 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.