BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 101 Sábado 11 de abril de 2020 Sec. I.   Pág. 28849
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
4412 Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y 
modifican  sendos  programas  de  ayuda  del  Plan  Estatal  de  Vivienda 
2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró el estado de alarma en todo 
el  territorio  nacional  con  el  fin  de  afrontar  la  crisis  sanitaria,  mediante  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La pandemia de COVID–19 está generando un fuerte impacto económico y social 
que, entre otros ámbitos, está afectando a los ingresos de muchos ciudadanos que, en 
calidad de arrendatarios, vienen ocupando sus viviendas habituales con los que hacían 
frente  al  pago  de  sus  alquileres.  Este  impacto  afectará,  sin  duda  también,  a 
determinados colectivos especialmente vulnerables para los que se hace necesaria la 
readaptación y ajuste del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, implementando ayudas 
para soluciones habitacionales más rápidas y fomentando el incremento del parque 
público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso.
El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL 11/2020), por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 se hace eco de esta problemática y establece determinadas medidas 
encaminadas a su solución. Una de ellas estriba en proporcionar a las comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y de Melilla, las herramientas necesarias para 
hacer frente a las consecuencias de esta crisis en los arrendatarios de su vivienda 
habitual. A ellas se une una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación a arrendamientos en situación de vulnerabilidad social y económica que 
posibilitará, a todos aquellos arrendatarios que se encuentren en tal situación, el acceso 
a ayudas transitorias de financiación en forma de préstamos sin gastos ni intereses para 
ellos. Estos préstamos a devolver en un plazo de hasta 6 años prorrogable 4 años más, 
les  permitirá  atender  de  manera  tempestiva  el  pago  de  sus  alquileres  de  vivienda 
habitual  y  proporcionará  tanto  a  arrendadores  como  a  arrendatarios  la  necesaria 
tranquilidad que precisan hasta tanto se recupere la actividad económica afectada por el 
impacto del COVID-19. Este programa podría resultar, no obstante, insuficiente para 
hacer frente a circunstancias urgentes, o de extrema vulnerabilidad de aquéllas familias 
cuya situación ni siquiera con ese préstamo avalado pudieran resolver su situación de 
precariedad para hacer frente al pago del alquiler.
Por ello, adicionalmente, en el ámbito del Plan Estatal de Vivienda, el Real Decreto-
ley 11/2020 mandata en sus artículos 10, 11 y 12 al Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana para que dicte una Orden en la que se incorpore el «programa de  s
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los  oe.
alquileres de vivienda habitual»; se sustituya el programa de ayudas a las personas en  w.
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modifique puntualmente el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Se
pretende con ello habilitar o modificar estos programas para poder adaptarse a las  Bc
situaciones para las que los actuales programas del Plan Estatal de Vivienda no estaban 
preparados.
En cumplimiento del referido mandato, esta Orden incorpora de forma inmediata al 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social  del  COVID-19  en  los  alquileres  de  vivienda  habitual.  Este  programa  habilita 
ayudas para hacer frente a las situaciones más acentuadas de vulnerabilidad social y 
económica  que  no  sean  resueltas  con  las  mencionadas  ayudas  transitorias  de 
financiación, así como para ayudar al pago de dicho préstamo (concedido en su caso al 
amparo  del  artículo  9  del  Real  Decreto-ley  11/2020)  al  que  hayan  accedido  los 
arrendatarios. Por ello, dentro de la necesaria flexibilidad en la gestión de este programa 
que se concede a las administraciones competentes, sí es necesario prever la relación 
de las ayudas que se otorguen al amparo del mismo, con los créditos avalados ya 
mencionados.
La  sustitución  y  modificación  de  los  otros  dos  programas  del  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021, tiene como objetivo proporcionar a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla herramientas para acelerar la disposición de soluciones 
habitacionales, mediante ayudas directas, en su caso, para aquellas situaciones que se 
hayan exacerbado como consecuencia del impacto del COVID-19, y no puedan esperar 
a la gestión ordinaria de las ayudas del Plan.
El nuevo «programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto 
de  desahucio  de  su  vivienda  habitual,  personas  sin  hogar  y  otras  personas 
especialmente  vulnerables»,  permitirá  hacer  frente  a  estas  situaciones  de  extrema 
urgencia, que hasta el momento no eran resueltas con el programa al que sustituye, por 
ser ineficaz en su diseño para abordar el impacto de la pandemia que se está sufriendo, 
y que con seguridad va a prolongarse más allá de la suspensión de los lanzamientos 
aprobada  en  el  Real  Decreto-ley  11/2020.  Se  debe,  por  tanto  sustituir,  para  ganar 
inmediatez en la solución a esa nueva realidad.
Por otro lado, a las nuevas situaciones de vulnerabilidad como consecuencia del 
COVID-19  y  del  estado  de  alarma,  se  suma  la  parálisis  sobrevenida  del  mercado 
inmobiliario.  Esto  hace  imprescindible  proporcionar  aún  más,  si  cabe,  soluciones 
habitacionales que puedan implementarse de forma rápida y mediante adjudicación 
directa cuando así sea necesario, de acuerdo con la valoración de los servicios sociales 
correspondientes.  Para  ello,  se  incorporan  nuevos  perfiles  de  vulnerabilidad  en  el 
programa anterior, y se habilita a la administración competente para adjudicar estas 
ayudas conforme al criterio de especial vulnerabilidad que ellas definan; y finalmente se 
modifica puntualmente el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler, con el 
objeto de que, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla y sus 
entidades públicas vinculadas, puedan adquirir viviendas con cargo a este programa, 
incrementando  así  el  parque  público  de  vivienda  con  cierta  celeridad  y,  como 
consecuencia,  soluciones  habitacionales  que  sin  duda,  en  algunos  casos  serán 
ocupadas por personas afectadas por la pandemia.
Por su parte la Disposición final décima del Real Decreto-ley 11/2020 habilita a la 
persona titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para dictar 
cuantas disposiciones resulten necesarias para la modificación parcial de lo dispuesto en 
el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, siempre y cuando se respeten los compromisos adquiridos por el 
anterior Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas y las ciudades de  s
Ceuta  y  Melilla  en  los  convenios  suscritos  para  la  ejecución  de  dicho  Plan  y  las  oe.
modificaciones que tengan por objeto contribuir a minimizar los efectos económicos y  w.
sociales del COVID-19. 12ww
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alquiler,  ya  de  por  sí  tensionado  con  anterioridad  en  muchos  lugares  de  nuestra 
geografía.
En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real 
Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-19, 
dispongo:
Artículo 1.  Nuevo programa de ayudas al alquiler.
Se incorpora de forma inmediata al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo 
«programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».
Artículo 2.  Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
1.  Objeto del programa.
Este  programa  tiene  por  objeto  la  concesión  de  ayudas  al  alquiler,  mediante 
adjudicación  directa,  a  las  personas  arrendatarias  de  vivienda  habitual  que,  como 
consecuencia  del  impacto  económico  y  social  del  COVID–19  tengan  problemas 
transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.
Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para 
hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el 
artículo  9  del  Real  Decreto-ley  11/2020,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y 
contraídas por arrendatarios de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer 
frente.
Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino 
que el pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas 
transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.
2.  Beneficiarios.
Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su 
condición  de  arrendatarios  de  vivienda  habitual,  acrediten  estar  en  situación  de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.
Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla determinarán los 
supuestos  de  «situación  de  vulnerabilidad  económica  y  social  sobrevenida  a 
consecuencia del COVID-19» que posibilitarán adquirir la condición de beneficiarios de 
las ayudas de este programa, que incluirán en todo caso y como mínimo los definidos en 
el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, con los límites del apartado 3 del citado 
precepto legal, así como los medios a través de los cuales podrán acreditarse, que 
incluirán en todo caso y también como mínimo los establecidos por el artículo 6 del 
citado Real Decreto-ley.
Los beneficiarios deberán acreditar, además:
a)  Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual 
y permanente en la vivienda arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado 
de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la condición de arrendador de  s
la vivienda. o
b)  Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual  w.
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Ciudades de Ceuta y de Melilla que les haya reconocido la ayuda cualquier modificación 
de las condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de que 
el órgano competente resuelva que la modificación es causa de la pérdida sobrevenida 
del derecho a la ayuda, limitará en su resolución el plazo de concesión de la misma 
hasta la fecha en que se considere efectiva dicha pérdida.
No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas quienes 
incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
3.  Solicitud de la ayuda.
La  ayuda  habrá  de  ser  solicitada  por  la  persona  arrendataria  a  la  comunidad 
autónoma o a la ciudad de Ceuta o de Melilla correspondiente, como máximo hasta el 30 
de septiembre de 2020.
Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla concretarán el plazo 
y forma de presentación de solicitudes, mediante resolución o acuerdo, que será objeto 
de publicidad, a la mayor brevedad posible.
En el caso de que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla 
no determinen supuestos adicionales o complementarios de «situación de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19» serán de aplicación los 
definidos  en  el  artículo  5  del  Real  Decreto-ley  11/2020;  asimismo,  mientras  no 
determinen la documentación para la acreditación de dichos supuestos adicionales o 
complementarios, será de aplicación lo establecido en el artículo 6 del citado Real 
Decreto-ley.
La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia completa del contrato de 
arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona 
arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que 
el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago 
desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, en su 
caso,  la  ayuda  pueda  ser  pagada  de  forma  directa  al  arrendador  por  cuenta  del 
arrendatario.
4.  Cuantía de la ayuda y plazo de la ayuda.
La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y 
del 100% de la renta arrendaticia. Se podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses, 
pudiendo  incluirse  como  primera  mensualidad  la  correspondiente  al  mes  de  abril 
de 2020.
En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas 
en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 la ayuda podrá llegar hasta un importe 
máximo de 5.400 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta 
de la vivienda habitual.
Serán los órganos competentes de cada comunidad autónoma y de las ciudades de 
Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los 
límites establecidos para este programa, para lo que podrán establecer los medios 
necesarios para que la concesión de las ayudas se produzca teniendo en cuenta el 
grado  de  vulnerabilidad  de  los  solicitantes.  A  estos  efectos  podrán  solicitar 
asesoramiento  de  los  servicios  sociales  autonómicos  o  locales  correspondientes,  o 
habilitar cualquier otro mecanismo que les permita ponderar el grado de vulnerabilidad 
para proponer, en su caso, el importe de la ayuda y/o las mensualidades a las que se  e.
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este programa, así como la gestión del abono de las mismas una vez que se haya
reconocido  por  dichas  administraciones  públicas  el  derecho  de  las  personas 
beneficiarias a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el Real 
Decreto-ley  11/2020,  en  esta  orden  ministerial  y  en  el  propio  Plan  Estatal  de 
Vivienda 2018-2021.
6.  Pago de la ayuda.
Una vez resuelta por cada comunidad autónoma o por las ciudades de Ceuta y de 
Melilla la concesión de la ayuda y verificados por las mismas el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones necesarios para su pago de acuerdo con lo dispuesto por 
aquéllas, será el órgano competente correspondiente quien proceda a dicho pago al 
beneficiario.
No obstante lo anterior, podrá acordarse que el pago se realice directamente al 
arrendador por cuenta del arrendatario en el supuesto de que no se hubiera satisfecho el 
pago del alquiler por el arrendatario, salvo que se haya suscrito un préstamo mediante 
las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-
ley  11/2020  y  el  período  de  las  mensualidades  y  las  cuantías  cubiertas  fueran 
coincidentes.
En  todo  caso,  cuando  se  haya  concedido  un  préstamo  mediante  las  ayudas 
transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 la 
cuantía  de  la  ayuda  concedida  deberá  destinarse  a  la  amortización  del  préstamo. 
Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, siendo el importe de 
éste inferior al de la ayuda concedida en aplicación de este programa, podrá destinarse a 
cubrir el pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores de la misma 
hasta alcanzar el total de la ayuda recibida.
La  ayuda  se  pagará  de  una  sola  vez  o  por  partes,  mediante  abonos  con  la 
periodicidad e importes que defina cada comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y 
de Melilla.
7.  Compatibilidad de la ayuda.
La ayuda de este programa, con independencia de que se haya suscrito o no un 
préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, es compatible con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere 
percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% del 
importe  del  alquiler  del  mismo  período.  En  caso  de  superarlo,  si  la  ayuda 
correspondiente a este programa fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria 
hasta cumplir con dicho límite.
8.  Exención de cofinanciación autonómica.
Los apartados 2 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, no serán de aplicación a los fondos 
estatales  que  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla 
comprometan en este programa.
Artículo 3.  Supresión y sustitución del programa de ayuda a las personas en situación 
de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual.
Se suprime el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o  e.
lanzamiento  de  su  vivienda  habitual  regulado  en  el  capítulo  IV  del  Real  w.
Decreto  106/2018,  de  9  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de  12ww
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otras personas especialmente vulnerables regulado en artículo siguiente.
Artículo 4.  Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto 
de  desahucio  de  su  vivienda  habitual,  personas  sin  hogar  y  otras  personas 
especialmente vulnerables.
1.  Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las 
personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su 
vivienda  habitual,  a  las  personas  sin  hogar  y  a  otras  personas  especialmente 
vulnerables.
2.  Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas víctimas de 
violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las 
mismas, las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de 
lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.
A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  1  se  considerarán  personas 
especialmente vulnerables aquellas que ostenten dicha consideración por los servicios 
sociales de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las 
administraciones locales correspondientes.
No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispongan de una vivienda en 
propiedad o en régimen de usufructo, que puedan ocupar tras la acreditación de la 
condición de víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda habitual o la 
consideración de especialmente vulnerable y cuya ocupación sea compatible con dichas 
situaciones.
3.  Solución habitacional.
Las  comunidades  autónomas  y  las  ciudades  de  Ceuta  y  de  Melilla  pondrán  a 
disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido 
cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, 
adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser 
ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación 
temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda 
podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier 
alojamiento  o  dotación  residencial  susceptible  de  ser  ocupada  por  las  personas 
beneficiarias, en los mismos regímenes.
4.  Cuantía de la ayuda.
La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este programa y atendiendo a 
las circunstancias personales de la persona beneficiaria, podrá alcanzar los siguientes 
importes:
a.  Hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del 
inmueble, establecido. En supuestos debidamente justificados por el órgano concedente 
de la ayuda, podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio 
de ocupación, establecido. e
b.  Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y  bo
suministros básicos con el límite del 100% de los mismos. 12ww
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administración local correspondiente.
5.  Plazo de la ayuda.
Las ayudas referidas en el apartado anterior se podrán conceder por un plazo 
máximo  de  cinco  años,  pudiendo  acumularse  a  los  plazos  anteriores,  con  efectos 
retroactivos, la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los gastos de 
mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores a los que 
la persona beneficiaria, en su caso, no hubiera podido hacer frente.
6.  Gestión.
Las comunidades autónomas o las ciudades de Ceuta y Melilla podrán conceder 
estas  ayudas  de  forma  inmediata,  mediante  adjudicación  directa,  a  las  personas 
beneficiarias  o  por  cuenta  de  estas  a  las  administraciones,  empresas  o  entidades 
referidas en el punto 2 de este artículo, con la sola acreditación de la condición de 
víctima de violencia de género, del desahucio o lanzamiento, inminente o ya realizado, 
de la vivienda habitual, de la condición de persona sin hogar o de la condición de 
persona especialmente vulnerable. A tal efecto se adjuntará un informe de los servicios 
sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atiendan y valoren las 
circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda.
Artículo 5.  Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler 
regulado en el capítulo V del Real Decreto 106/2018 por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021.
1.  Se añade el siguiente párrafo al artículo 25 del Real Decreto 106/2018 por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:
«Asimismo  podrán  obtener  financiación  con  cargo  a  las  ayudas  de  este 
programa las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas 
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de 
derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector 
sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el parque público y social de 
viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso».
2.  Se añade el siguiente párrafo al artículo 26 del Real Decreto 106/2018 por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:
«En el supuesto de adquisición de viviendas para incrementar el parque de 
vivienda  pública  y  social  destinada  al  alquiler  o  cesión  en  uso  podrán  ser 
beneficiarios: las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás 
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del 
tercer sector sin ánimo de lucro».
3.  El segundo párrafo del artículo 27 del Real Decreto 106/2018 por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 queda redactado como sigue:
«Con carácter previo al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento, las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las previsiones de las 
actuaciones o adquisiciones acompañadas de una memoria-programa, que defina 
cada actuación o adquisición en todos sus extremos y justifique su viabilidad  es
económica». bo
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proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 400
euros  por  metro  cuadrado  de  superficie  útil.  La  cuantía  máxima  de  esta 
subvención no podrá superar el 60% del precio o coste de adquisición incluidos 
impuestos, tasas, tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto 
inherente a la adquisición. Esta subvención es compatible con cualquiera otra 
subvención concedida por otras Administraciones Públicas para el mismo objeto».
5.  Se añade un apartado 5 al artículo 29 del Real Decreto 106/2018 por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, conforme sigue:
«5.  El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas públicas y 
sociales destinadas al alquiler adquiridas con ayudas de este programa habrá de 
ser limitado. Esta limitación la podrá establecer la Comunidad Autónoma o las 
Ciudades  de  Ceuta  y  de  Melilla,  siendo  en  todo  caso  inferior  a  5,5  euros 
mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, 
un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje 
o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún 
caso, de superficies de elementos comunes. La actualización anual de este precio 
máximo será determinada por la Comunidad Autónoma o por las Ciudades de 
Ceuta y de Melilla con la periodicidad que consideren y de conformidad con la 
normativa estatal y autonómica de aplicación.»
6.  Se añade el siguiente párrafo al artículo 30 del Real Decreto 106/2018 por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:
«En el supuesto de adquisición de vivienda para incrementar el parque público 
y social de vivienda destinado al alquiler o cesión en uso la ayuda se podrá 
conceder mediante adjudicación directa y se pagará al beneficiario con carácter 
previo a la formalización de la escritura pública de compraventa, estando el pago 
expresamente condicionado a la efectiva formalización de la compraventa».
7.  Se modifica el título del artículo 31 del Real Decreto 106/2018 por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siendo el nuevo título: «Artículo 31. Plazo 
de ejecución de las actuaciones o adquisiciones», añadiéndose, además, el siguiente 
párrafo:
«La adquisición de viviendas habrá de ser formalizada en el plazo máximo de 
seis meses desde el reconocimiento de la ayuda y de tres meses desde el pago 
condicionado de la misma».
8.  Se añade el siguiente párrafo al artículo 32 del Real Decreto 106/2018 por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:
«Las viviendas públicas y sociales cuya adquisición ha sido financiada con 
cargo a las ayudas de este programa solo podrán ser alquiladas o cedidas en uso 
a personas cuyos ingresos, incluyendo los de todas las personas que constituyen 
la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Este umbral será de 
cuatro veces el IPREM si se trata una familia numerosa de categoría general o de 
personas con discapacidad y de cinco veces el IPREM cuando se trate de familias 
numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad de alguno de 
los siguientes tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad 
mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del  e.
desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o ii)  w.b
personas  con  discapacidad  física  o  sensorial,  con  un  grado  de  discapacidad  12ww
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apuetroiondóicmidicaad  deq uaep liccaocniósind.e»ren  y  de  conformidad  con  la  normativa  estatal  y
Artículo 6.  Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».
Madrid, 9 de abril de 2020.–El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos Meco.