BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305 Miércoles 22 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 156797
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
21096 Real  Decreto-ley  29/2021,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  adoptan 
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad 
eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
I
La descarbonización de la economía, además de una necesidad imperiosa para 
limitar el cambio climático y sus efectos sobre el planeta, representa una oportunidad 
desde el punto de vista económico, tal y como ha identificado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), de forma de que los fondos destinados por Europa 
a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 sirvan, a través de reformas e 
inversiones,  para  construir  una  recuperación  económica,  social  y  ambientalmente 
sostenible.
El desarrollo e implementación del PRTR ha puesto de manifiesto la necesidad de 
acelerar el despliegue de nuevos modelos de negocio relacionados con la energía, como la 
movilidad eléctrica, el autoconsumo o las renovables innovadoras, para los cuales el marco 
normativo  vigente  en  la  actualidad  presenta  indefiniciones  y  barreras  que  dificultan 
enormemente, en algunas ocasiones llegando incluso a imposibilitar, su desarrollo.
Mediante este real decreto-ley se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético 
tendentes a eliminar las barreras normativas que impiden o dificultan un despliegue 
acelerado  de  la  movilidad  eléctrica,  el  autoconsumo  o  las  energías  renovables 
innovadoras, lo que permitirá la ejecución eficaz y diligente de los fondos del PRTR y la 
consecución  de  los  objetivos  fijados  en  el  marco  estratégico  de  energía  y  clima, 
movilizando inversiones, creando empleo y anticipando los beneficios de la transición 
hacia un modelo económico y social más sostenible.
En particular, este real decreto-ley facilitará la aplicación y despliegue de las líneas de 
actuación incluidas en el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento» 
aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 14 de diciembre de 2021.
II
En relación con la movilidad eléctrica, se actúa sobre uno de los aspectos más 
críticos para su despliegue: el desarrollo de la infraestructura de recarga pública, en 
particular  aquella  de  alta  capacidad,  que  evite  la  sensación  de  «ansiedad  de 
autonomía», que detrae a muchos compradores de la decisión de adquirir y usar los 
vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia.
El artículo 14 de la de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, establece en su apartado 1 la obligación de las Administraciones, en el 
marco  de  sus  respectivas  competencias,  de  adoptar  medidas  para  alcanzar  en  el 
año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas 
de CO , de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A estos efectos, 
2 es
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijaría para el año 2030 objetivos de  e.
penetración de vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO ,  w.
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transición  energética  establece  la  obligación  de  que  los  titulares  de  los  de  las
instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen  Bc
anual  agregado  de  ventas  de  gasolina  y  gasóleo  A  en  2019  sea  superior  o  igual 
a 10 millones de litros de instalar, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de 
potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio en 
un plazo de veintiuno meses desde la entrada en vigor de la ley.
Asimismo,  el  apartado  3  establece  la  obligación  de  instalar  al  menos  una 
infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente 
continua a los titulares cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A 
en 2019 sea superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, que 
deberá prestar servicio en un plazo de veintisiete meses desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.
Actualmente,  se  está  negociando  en  la  UE  la  propuesta  de  Reglamento  de 
Combustibles  Alternativos.  En  éste  se  contempla  una  potencia  acumulada  a  nivel 
nacional en función de parque de vehículos eléctricos e híbridos, así como una cobertura 
mínima de puntos de recarga en la RTE-T (cada 60 km y unas potencias mínimas por 
estación de 300 kW en 2026 y de 600 kW en 2031 para vehículos ligeros y de 1.400 kW 
en 2026 y de 3.500 kW en 2031 para pesados).
Es por tanto necesario promover con urgencia medidas que faciliten el despliegue de 
puntos de recarga en el entorno de las principales vías de comunicación incluyendo las 
carreteras  del  Estado.  Para  ello,  como  primera  medida,  se  facilita  el  régimen  de 
autorizaciones de estos puntos en los terrenos colindantes a dichas carreteras, en unas 
determinadas condiciones y siempre que se garantice la seguridad vial, lo que se lleva a 
cabo mediante una modificación del artículo 28 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, 
de carreteras.
Dicha modificación, a su vez, abre paso al establecimiento de las obligaciones 
concretas y los plazos para la instalación de puntos de recarga de alta capacidad, 
previstas en el referido artículo 15 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética, para el caso de las personas concesionarias de carreteras 
estatales con contratos en ejecución a la entrada en vigor de dicha ley en los que se 
incluyan instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos.
En tercer lugar, con el objetivo de reducir las cargas y barreras administrativas para 
el  despliegue  de  la  infraestructura  de  recarga,  se  modifica  el  artículo  48  de  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para incluir un nuevo apartado 5 
que establece que, para la instalación de puntos de recarga, no podrá exigirse por parte 
de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización 
previa  de  obras,  instalaciones,  de  funcionamiento  o  de  actividad,  de  carácter 
medioambiental  ni  otras  de  clase  similar  o  análogas,  que  serán  sustituidas  por 
declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. Este nuevo apartado tiene carácter básico, al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 149.1, 13.ª y 25.ª de la Constitución, en la medida en que, como 
ha señalado la doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, STC 79/2017, FJ 7), se fija 
una determinada modalidad de intervención administrativa que remueve obstáculos sin 
menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente, con la finalidad de dinamizar la 
instalación de puntos de recarga y, con ello, impulsar decididamente la transición hacia 
un modelo económico más sostenible.
En cuarto lugar, siguiendo con el fomento del despliegue de la infraestructura de 
recarga, se incorporan al ordenamiento jurídico nuevas exigencias para los edificios 
existentes de uso distinto al residencial privado y que cuenten con una zona de uso  s
aparcamiento con más de veinte plazas, que deberán contar, antes del 1 de enero  oe.
de 2023, con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos  w.
proporcionales al número total de plazas de aparcamiento. Los requisitos serán más  096ww
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existentes  no  adscritos  ni  ubicados  en  edificios.  Estas  exigencias  se  verán 
complementadas  por  las  establecidas  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  el 
Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión  para  estacionamientos  adscritos  o  no  a 
edificios de nueva construcción o sujetos a reformas en el propio estacionamiento o en el 
edificio al que estén adscritos. Estas disposiciones son una transposición parcial de la 
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios  y  la  Directiva  2012/27/UE  relativa  la  eficiencia  energética.  Con  el 
establecimiento  de  estas  exigencias  se  da  asimismo  cumplimiento  a  la  exigencia 
establecida para el 1 de enero de 2023 por el artículo 15.10 de la Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética. Asimismo, se da cumplimiento al 
componente 1 del PRTR sobre «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y 
conectada en entornos urbanos y metropolitanos» y, en concreto, al hito 2 dentro de la 
reforma C1.R1. denominada «Plan de despliegue de la infraestructura de recarga y de 
impulso del vehículo eléctrico».
En  el  ámbito  fiscal,  para  contribuir  al  despliegue  de  los  puntos  de  recarga  de 
vehículos eléctricos, se crean bonificaciones en los tributos locales, mediante la reforma 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En este sentido, se prevé la posibilidad de 
que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de 
la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan 
instalado  puntos  de  recarga  para  vehículos  eléctricos,  condicionada  a  que  las 
instalaciones  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la  Administración 
competente. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las ordenanzas locales bonifiquen 
hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente del impuesto sobre actividades 
económicas para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad 
económica y, por último, una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las 
construcciones,  instalaciones  u  obras  necesarias  para  la  instalación  de  puntos  de 
recarga para vehículos eléctricos.
Por otro lado, en distintas ocasiones se ha puesto en conocimiento del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el posible incumplimiento por parte 
de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de los diferentes plazos a los que se 
refiere  la  normativa,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  13  del  Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica, para comunicar y dar traslado al promotor de una 
infraestructura eléctrica de puntos de recarga del resultado del análisis de las solicitudes 
realizadas por estos. Solicitudes que van acompañadas de las condiciones técnico-
económicas asociadas a dicha instalación.
Por ello, al objeto de garantizar el cumplimiento de dichos plazos y reforzar el 
carácter  estratégico  de  dichas  infraestructuras,  se  incorpora  en  el  marco  legal  un 
régimen sancionador, generalizado para el posible incumplimiento de plazos por parte de 
la  distribuidora,  y  particularizado  para  el  caso  de  que  la  instalación  de  consumo 
corresponda con una infraestructura de puntos de recarga.
Este régimen sancionador está integrado por tres nuevos tipos infractores: infracción 
muy  grave  (ante  incumplimiento  reiterado  que  cause  grave  daño  a  los  intereses 
generales), infracción grave (ante incumplimiento reiterado que cause grave perjuicio a 
los consumidores finales), e infracción leve (cuando cause perjuicio a los consumidores). s
También en el ámbito sancionador, con objeto de reforzar el necesario y urgente  oe.
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 7/2021, de  w.
Cambio Climático y Transición Energética, y en este real decreto-ley, se introduce en la  096ww
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La introducción de estos nuevos tipos infractores, cuya aplicación a cada caso 
concreto se hará con gradualidad y atendiendo al perjuicio producido, la intencionalidad y 
reiteración en la comisión de la infracción, contribuirá al necesario despliegue de la 
movilidad eléctrica.
III
En lo que se refiere al autoconsumo, el Gobierno ha desarrollado una Hoja de Ruta 
que identifica el potencial y las medidas necesarias para un despliegue efectivo que 
maximice las oportunidades para el conjunto de los consumidores, así como toda la 
cadena de valor, algunas de las cuales se han revelado como especialmente urgentes 
para evitar retrasos en el despliegue de esta modalidad.
En  primer  lugar,  la  modalidad  a  través  de  la  red  es  un  camino  para  lograr  la 
optimización de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo al vincularla no 
solo a los consumidores conectados en la red interior sino también a otros consumidores 
que, sin estar directamente conectados a la red interior, se encuentran próximos a dicha 
instalación y conectados a través de las redes de transporte y distribución.
Estas instalaciones son catalogadas como «instalaciones próximas a través de la 
red». No obstante, debe de tenerse en cuenta que el autoconsumo por definición y tal y 
como recoge el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es «el consumo por 
parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 
producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos». Es precisamente 
esta proximidad la que hace que su impacto en términos de menores pérdidas, mayor 
eficiencia  y  menores  necesidad  de  redes,  y  con  todo  ello  de  menores  impactos 
ambientales,  deba  de  realizarse  con  entre  instalaciones  que  disten  una  pequeña 
distancia.  Por  este  motivo,  se  tomó  como  distancia  máxima  admisible  de  los 
consumidores a la generación, 500 metros, tomando a tal efecto la distancia entre los 
equipos de medida en su proyección ortogonal.
No obstante, la redacción del artículo 3.g).iii del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 
en su dicción original, hace que, aun respetando la distancia de 500 metros, se exija que 
los consumidores deban de estar conectados en baja tensión a las redes de transporte y 
distribución para poder realizar autoconsumo a través de la red salvo que estuvieran 
ubicados en la misma referencia catastral. Esta redacción impide en la mayor parte de 
los  casos  la  implantación  del  autoconsumo  a  través  de  la  red  para  consumidores 
conectados en alta tensión.
Por este motivo, se refuerza el actual marco de impulso del autoconsumo con una 
nueva medida, mediante la modificación del apartado 3.g).iii del Real Decreto 244/2019, 
de 5 de abril, se permite la realización de autoconsumo colectivo a través de la red para 
en aquellos casos en que la generación y los consumos se encuentren conectados a una 
distancia  inferior  a  500  metros,  con  independencia  del  nivel  de  tensión  a  que  se 
conecten.
En segundo lugar, con el fin de reducir las cargas administrativas y los costes 
asociados  al  autoconsumo  de  pequeña  potencia,  se  modifica  el  artículo  23  del 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, para eximir de la obligación de presentar 
garantías  económicas  a  las  instalaciones  de  generación  de  electricidad  de  menos 
de 100 kW asociadas a cualquiera de las modalidades de autoconsumo con excedentes. 
Esta exención, que no tiene impacto económico para el sistema, permitirá reducir las  s
cargas administrativas para estas instalaciones de pequeña potencia, contribuyendo con  e.
ello a su despliegue. w.
Finalmente, teniendo en cuenta el papel relevante de los gestores de las redes en la  096ww
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atender consultas y obtener información relativas a los expedientes de acceso a la red 
de instalaciones de autoconsumo. Así, la posibilidad de realizar un seguimiento próximo 
de los expedientes y de interponer las correspondientes quejas se configura como un 
elemento que pretender contribuir al impulso del autoconsumo y a la aceleración de su 
implantación en el territorio.
Ante el despliegue realizado, en la práctica, se ha constatado que pueden darse 
ciertas irregularidades en el cumplimiento de los plazos por parte de las empresas 
distribuidoras y comercializadoras.
Con el fin de aumentar la protección de los consumidores y seguir avanzando en la 
implantación de instalaciones y en la penetración del autoconsumo en los distintos 
ámbitos,  resulta  necesario  actualizar  el  actual  régimen  sancionador  aplicable  al 
autoconsumo creando tipos específicos para atajar los problemas existentes, entre los 
que cabe destacar el alargamiento artificial del proceso de tramitación y alta de las 
instalaciones de autoconsumo, así como la posible existencia de problemas en la gestión 
y comunicación de excedentes.
Se  trata  de  incorporar  tipos  específicos  relacionados  con  el  autoconsumo 
completando  de  esta  manera  el  régimen  sancionador  específico  contra  los 
incumplimientos de las empresas comercializadoras y distribuidoras.
Es necesario ponderar los tipos infractores en función del mayor o menor daño 
producido. Así, se la regulación de nuevas infracciones se modula en función de la 
gravedad de las mismas.
IV
Por otra parte, este real decreto-ley introduce también otro conjunto de medidas que 
contribuyen a la reducción de los costes de la factura final eléctrica y de gas natural.
En  primer  lugar,  se  procede  a  prorrogar  la  vigencia  de  determinadas  medidas 
tributarias en el sector eléctrico.
En primer término, se prorroga durante el primer trimestre de 2022 la suspensión 
temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
Mediante el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, 
y sobre  gestión del canon de regulación  y  de la  tarifa de utilización del agua, se 
estableció la suspensión temporal, para el tercer trimestre de 2021, del impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica, puesto que la evolución de precios de la 
electricidad  ya  observada  en  aquel  momento  permitía  articular  aquella  medida  sin 
menoscabo de la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.
Posteriormente, mediante el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 
medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en 
los mercados minoristas de gas y electricidad, se prolongó dicha medida durante el 
segundo semestre completo del ejercicio 2021.
Dado que la situación en relación con los precios mayoristas de la electricidad 
inusualmente elevados va a extenderse durante el primer trimestre de 2022 se considera 
oportuno prolongar tal medida durante dicho periodo, de manera que, en suma, el 
referido  Impuesto  sobre  el  valor  de  la  producción  de  la  energía  eléctrica  quedará 
suspendido durante el primer trimestre del ejercicio 2022.
De  esta  forma,  mediante  la  exoneración  del  impuesto,  los  productores  de 
electricidad, en tanto que sujetos obligados de dicho tributo, podrán volver a ofertar  s
precios más competitivos que redunden favorablemente en los consumidores al verse  e.
reducido uno de sus costes operativos. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema,  w.
se  compensará  al  sistema  eléctrico  por  el  importe  equivalente  a  la  reducción  de  096ww
recaPuodra coitóran  cpoanrtsee, cduee nfociram dae e exscteap mcieodniadla y. transitoria, se mantiene hasta el 30 de abril
Adeñ a2d0id2o2,  lean  aapdleiclaacnitóen I VdAe,l  qtiupeo  rerecdauec sidoob rdee tlo 1d0o sp loors  ccioemntpoo ndeenl tIemsp duee slato f ascotubrrae  eelél cVtarilcoar   BOE-A-cable e
para los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW cuando el precio 
medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturación haya 
superado los 45 €/MWh.
También se prorroga la aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del IVA para 
los  suministros  efectuados  a  favor  de  los  titulares  de  contratos  de  suministro  de 
electricidad que sean perceptores del bono social y, además, tengan reconocida la 
condición  de  vulnerable  severo  o  vulnerable  severo  en  riesgo  de  exclusión  social, 
durante el periodo de vigencia de este real decreto-ley, con independencia del precio de 
la electricidad del mercado mayorista.
Estas medidas han sido comunicadas mediante procedimiento escrito al Comité del 
IVA para dar cumplimiento a la normativa comunitaria con fecha de 16 de diciembre 
de 2021.
Igualmente, se considera oportuno seguir aplicando durante el primer cuatrimestre 
de 2022 los tipos impositivos mínimos exigidos por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, 
de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición 
de  los  productos  energéticos  y  de  la  electricidad,  en  el  Impuesto  Especial  sobre  la 
Electricidad. Esta misma medida ya fue recogida en el aludido Real Decreto-ley 17/2021 
de 14 de septiembre, por el que se estableció de forma excepcional y transitoria, hasta 
el 31 de diciembre de 2021, una reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
del 5,11269632 por ciento al 0,5 por ciento.
Dicho  impuesto  indirecto,  que  recae  sobre  el  consumo  de  la  electricidad,  está 
armonizado  a  nivel  comunitario  según  los  preceptos  de  la  mencionada 
Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, conforme a la cual los 
niveles mínimos de imposición no pueden ser inferiores a 0,5 euros por megavatio-hora 
si dicha electricidad se utiliza con fines profesionales, o a 1 euro por megavatio-hora en 
el resto de los casos.
Por consiguiente, si, como resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento 
sobre  la  base  imponible  del  Impuesto  Especial  sobre  la  Electricidad,  la  tributación 
efectiva era inferior a 1 euro por megavatio-hora suministrado o consumido, el importe a 
satisfacer por dicho Impuesto no podrá ser inferior a esa cuantía.
En el supuesto de la electricidad suministrada o consumida en usos industriales, 
tienen dicha consideración los efectuados en alta tensión o en plantas e instalaciones 
industriales, así como los efectuados en baja tensión con destino a riegos agrícolas, o en 
el supuesto de la electricidad suministrada o consumida en embarcaciones atracadas en 
puerto  que  no  tengan  la  condición  de  embarcaciones  privadas  de  recreo  o  en  el 
transporte por ferrocarril, el resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento sobre 
la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad no podrá ser inferior 
a 0,5 euros por megavatio-hora suministrado o consumido.
En coherencia con las medidas anteriores, se hace lo propio con los descuentos del 
bono social establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, 
de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la 
introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y 
gas natural, cuya vigencia se prorroga hasta el 30 de abril de 2022.
En el ámbito del gas natural, los altos precios del gas natural en los mercados 
internaciones, situados en niveles máximos históricos, tienen una repercusión directa en 
los costes de producción de muchos sectores industriales, obligando en muchos casos a 
reajustes en el propio funcionamiento de estas empresas, reduciendo incluso sus niveles  s
producción. En consecuencia, para tratar de limitar el impacto de esta subida inesperada  oe.
de costes de producción derivados de las altas cotizaciones del gas natural, y al igual  w.
que se hizo durante el periodo de duración del estado de alarma declarado con motivo  096ww
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la normativa vigente impone a los cambios de caudal contratado de gas natural. Además, 
estas medidas no supondrán un coste para los consumidores ni implicarán cargos 
adicionales  al  absorberse  su  impacto  económico  para  el  sistema  con  el  esperado 
superávit por unos ingresos superiores a los esperados.
Por otra parte, se mantiene, hasta el 30 de junio de 2022, la aplicación del 4 por 
ciento  del  tipo  impositivo  del  IVA  a  las  entregas,  importaciones  y  adquisiciones 
intracomunitarias  de  mascarillas  quirúrgicas  desechables,  habida  cuenta  del  uso 
generalizado  que  de  estas  se  está  viendo  obligado  a  hacer  la  población  como 
consecuencia de la prolongación de la pandemia, medida en cuya adopción se considera 
que concurre el presupuesto habilitante para el recurso al instrumento jurídico del Real 
Decreto-ley, por cuanto se estima precisa la aprobación de su prórroga de manera 
inmediata, dado que el artículo 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en 
materia tributaria, limita su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021.
A su vez, se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la aplicación de un tipo del cero 
por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos 
destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, que, 
hasta el 31 de diciembre de 2021, está regulada en la disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión 
Europea  en  las  materias  de  competencia,  prevención  del  blanqueo  de  capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación 
de  daños  medioambientales,  desplazamiento  de  trabajadores  en  la  prestación  de 
servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
De esta forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar la continuidad en la 
respuesta del sistema sanitario en el control de la pandemia y de las nuevas variantes de 
la COVID-19.
Con base en la Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa 
a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA 
respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del 
brote de COVID-19 durante el año 2020, el artículo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo, ante la necesidad de combatir la pandemia ocasionada por el COVID-19 y 
facilitar de forma prioritaria que el suministro de material sanitario se realizase de forma 
rápida y efectiva, estableció hasta el 31 de julio de 2020 la aplicación de un tipo 
impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido del cero por ciento a las entregas 
interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos 
destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.
Posteriormente, al aprobarse la Decisión (UE) 2020/1101 de la Comisión, de 23 de 
julio de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión 
de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la 
importación  de  las  mercancías  necesarias  para  combatir  los  efectos  del  brote  de 
COVID-19 durante el año 2020, prorrogando la aplicación de dicho tipo impositivo hasta 
el  31  de  octubre,  se  procedió,  mediante  el  Real  Decreto-ley  28/2020,  de  22  de 
septiembre, de trabajo a distancia, a extender hasta la citada fecha la aplicación de la 
medida.  Más  tarde,  la  aprobación  de  la  Decisión  (UE)  2020/1573  de  la  Comisión, 
de 28 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la 
concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA  s
respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del  oe.
brote de COVID-19 durante el año 2020, conllevó, mediante el artículo 6 del citado  w.
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, la ampliación temporal de los efectos de  096ww
dichCa omne pdoidsate hriaosrtidaa edl ,3 s0e d aep arborbiló d lea  2D0e2c1i.sión (UE) 2021/660 de la Comisión, de 19 de
daeb riul ndae  f2ra0n2q1u, icpioar  dlae  qdueere sceh oms oddeif iicmap loar tDaceicóinsi óyn d (eU uEn) a2 0e2xe0n/4c9ió1n,  rdeelal tIiVvaA  are lsap ceocntoc edsei ólan   BOE-A-cable e
importación  de  las  mercancías  necesarias  para  combatir  los  efectos  del  brote  de 
COVID-19 durante el año 2020, con efectos hasta 31 de diciembre de 2021; al amparo 
de la norma comunitaria, mediante la citada disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, se procedió a extender la aplicación de la medida con 
igual vigencia.
Habiéndose aprobado una nueva Decisión por la Comisión Europea, con efectos 
hasta el 30 de junio de 2022, y constatada la eficacia de la medida, se juzga conveniente 
ampliar su aplicación durante el primer semestre de 2022.
V
España se ha convertido en uno de los principales focos de atracción de inversiones 
en energía renovable del mundo. Ello es consecuencia de la apuesta decidida del 
Gobierno por la descarbonización, acompañada por las estrategias de las empresas 
energéticas, la abundancia del recurso renovable, la existencia de un sector industrial 
consolidado en toda la cadena de valor y el impulso de un marco regulatorio favorable y 
con bajo riesgo.
Debido a la reducción de costes de las tecnologías renovables, que permite que las 
instalaciones puedan competir en el mercado sin necesidad de «primas», a la referida 
abundancia del recurso y a la gran oferta de capital en los mercados, los principales 
factores  limitantes  para  la  instalación  de  nuevos  proyectos  renovables  vienen 
determinados por el acceso a la red de transporte y distribución, la capacidad de las 
Administraciones Públicas para tramitar el contingente de proyectos, tanto sustantiva 
como ambientalmente, así como la necesidad de ponderar adecuadamente, de una 
parte, las exigencias económicas y ambientales asociadas con el despliegue de las 
energías  renovables  y,  de  otra,  las  asociadas  con  la  cohesión  social  y  territorial, 
particularmente en lo que afecta a las líneas de evacuación y conexión a la red.
Pese  a  estos  factores  limitantes,  desde  el  año  2018  se  viene  observando  un 
crecimiento exponencial de proyectos renovables, en muchos casos desarrollados por 
empresas especializadas en las primeras fases de obtención de los permisos de acceso 
y autorizaciones administrativas, vendiendo los proyectos justo antes de la fase de 
construcción  a  fondos  de  inversión  o  empresas  energéticas,  que  son  los  que  los 
construirán y operarán durante su vida útil.
Los cuantiosos importes que se pagan en el mercado por estos proyectos han 
generado unos incentivos poderosísimos para acaparar permisos de acceso a la red y 
tramitar carteras de proyectos de un tamaño muy superior al que el sistema eléctrico 
español puede asimilar. Así, actualmente hay proyectos por cerca de 150 GW con 
permiso  de  acceso  y  conexión  concedido  (sumando  los  de  tramitación  estatal  y 
autonómica), mientras que el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 
recoge un incremento en torno a 35 GW de potencia hasta el año 2025 y próximo a 
los 60 GW para el año 2030.
Para poner orden en este proceso, el Gobierno viene actuando normativamente 
desde 2018. Así, en primer lugar, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, ya 
estableció algunas medidas anti-especulación, como el incremento de las garantías 
exigibles (que se duplicaron) o la exigencia de pagos y presentación por parte del 
promotor del proyecto de conexión al gestor de la red.
Posteriormente, a la vista de la evolución de la situación, el Real Decreto-ley 23/2020,  s
de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos  e.
para la reactivación económica, estableció una serie de hitos administrativos que han de  w.
cumplir los promotores de plantas de generación. Entre otros hitos, se establecen plazos  096ww
ptermoypeocrtaol,e sp apraa rlaa  loab otebntecinócnió dne  dlae  alau tdoericzlaacraiócnió and dmein iimstpraatcivtoa  parmevbiiae n(tAaAl P(D),I Ad)e  fcaovnosratrbulcec idóenl 
(aAuAtoCm) áyti cdae d ee xlopslo ptaecrmiónis o(sA AdeE )a. cEcel sinoc yu mcopnliemxiieónnt.o de estos hitos supondrá la caducidad  BOE-A-cable e
Esta norma ha contribuido a impulsar la tramitación y autorización de gran cantidad 
de los proyectos de generación que habían obtenido permisos de acceso y conexión. No 
obstante, debido al elevado volumen de proyectos que en la actualidad se encuentran en 
tramitación, podría suceder que proyectos potencialmente viables y que han demostrado 
su voluntad de construir las plantas de generación proyectadas no puedan llevar a cabo 
sus inversiones.
Esta  situación  ha  sido  puesta  de  manifiesto  por  los  sujetos  y  administraciones 
afectadas, que vienen solicitando una extensión de los plazos asociados a los hitos 
intermedios que permita la tramitación administrativa de forma ordenada del contingente 
de proyectos pendientes de acreditar el siguiente hito, realizar una evaluación ambiental 
garantista y que pueda tener en consideración los efectos acumulativos sobre el territorio 
de  los  diversos  proyectos  que  concurren  en  una  misma  zona,  así  como  evitar  la 
caducidad de permisos de acceso por causas no imputables a los promotores.
En este sentido, en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 9 de diciembre 
de 2021, las Comunidades Autónomas solicitaron de manera unánime la flexibilización 
de  los  plazos  correspondientes  a  los  hitos  intermedios,  ante  la  constatación  de  la 
imposibilidad generalizada de poder tramitar en tiempo y forma la totalidad de proyectos 
de generación en el plazo establecido en la actualidad por la normativa en vigor, en 
particular el próximo vencimiento del segundo hito, la obtención de DIA favorable, para 
todos los proyectos con permiso de acceso anterior a 2018, el próximo 25 de diciembre 
de 2021.
Por las razones expuestas, este real decreto-ley extiende por un plazo adicional de 
nueve meses las fechas previstas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para 
los hitos intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones 
administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el 
hito final de obtención de la AAE.
Complementariamente,  mediante  la  disposición  transitoria  primera,  se  da  la 
oportunidad a que los titulares o solicitantes de permisos de acceso y, en su caso, 
conexión puedan renunciar a los mismos en el plazo de un mes, procediéndose a la 
devolución  de  las  garantías  económicas  presentadas.  Esta  medida  permitirá  liberar 
capacidad de acceso a la red y recursos administrativos para la tramitación de proyectos 
con mayor madurez y viabilidad.
VI
La Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 
modifica la Directiva 2012/27/UE ha introducido el concepto de «componentes de red 
plenamente integrados», estableciendo que son aquellos componentes de red integrados 
en la red de transporte o distribución, incluidas las instalaciones de almacenamiento, que 
se utilizan al único efecto de garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la red de 
transporte o distribución, y no a efectos de balance o de gestión de congestiones.
Entre los «componentes de red plenamente integrados», la propia definición explicita 
la inclusión, no exclusiva, de las instalaciones de almacenamiento en esta tipología de 
elementos, si bien también podría ser de otros como por ejemplo los compensadores 
síncronos u otros dispositivos electrónicos, todo ello siempre que no se utilicen para el 
balance o para la gestión de congestiones.
Además de ser necesaria la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico  s
nacional, la propuesta de Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía  e.
Eléctrica Horizonte 2026 que se encuentra en sus etapas finales de aprobación incorpora  w.
activos que son susceptibles de catalogarse como elementos plenamente integrados, por  096ww
lo quPeo rr eúslutilmtao n, eecne slaa rpiaa lrate i nftirnoadl udcec iólan  ndoer mesata s feig uinrcal ueyne lna  dnoosrm daistipvao ssiceicotnoerisa l.que tienen
ceoxmpeor imoebnjetatilv oy  dpee rimnnitoirv aeciló nd,e aslagroro lelos pedceia lmpreonyteec tnoesc ecsoanr io upna rae lelav aedjoe cuccoimónp odnee nlates   BOE-A-cable e
líneas  de  apoyo  a  los  nuevos  modelos  de  negocio  y  proyectos  de  renovables 
innovadoras previstas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 
(ERHA), aprobado por el Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2021.
En primer lugar, es necesario acelerar la mejora de las capacidades de investigación 
y desarrollo en tecnologías marinas, en línea la «Hoja de Ruta para el desarrollo de la 
Eólica Marina y de las Energías del Mar en España» aprobada por el Consejo de 
Ministros  de  10  de  diciembre  de  2021.  Esta  hoja  de  ruta  fija  entre  sus  objetivos 
principales convertir a nuestro país en polo de referencia europeo para el desarrollo 
tecnológico y de I+D para el diseño, escalado y demostración de nuevas tecnologías en 
este ámbito. Por ello, para permitir la instalación de prototipos experimentales hasta la 
aprobación por el Gobierno de un nuevo marco normativo en desarrollo de lo previsto en 
la citada Hoja de Ruta, se exceptúa de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, a 
las  nuevas  solicitudes  de  autorización  administrativa  para  aquellas  instalaciones  de 
generación eólicas marinas que ya cuenten con autorización administrativa previa o que 
se refieran a la infraestructura destinada a la investigación y el desarrollo, incluida las 
infraestructuras necesarias de evacuación eléctrica.
En segundo lugar, se modifica la legislación de los bancos de prueba regulatorios 
para dotar a su regulación y procedimiento de convocatoria de la flexibilidad requerida 
por este tipo de iniciativas.
VII
La apuesta del Gobierno por el impulso de la política de empleo requiere, de manera 
urgente, que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como responsable, dentro del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la ordenación, desarrollo y seguimiento de 
los programas y medidas de la política de empleo, cuente con unos recursos humanos 
suficientes y adecuados para hacer frente a los retos planteados en el marco de las 
reformas estructurales de nuestro país.
El Servicio Público de Empleo Estatal ejerce funciones esenciales y prioritarias para 
nuestra sociedad. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la pandemia de la 
COVID-19, en la que este Organismo ha sido uno de los pilares principales para el 
mantenimiento de las empresas y de las personas que se han visto afectadas por las 
restricciones que ha sido necesario adoptar para proteger la salud de la ciudadanía.
El sobreesfuerzo de las empleadas y empleados del SEPE durante este periodo ha 
posibilitado hacer frente al ingente número de Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo, que se han tramitado desde el comienzo de la pandemia. Por ello, como 
servicio público fundamental, debe contar, de manera urgente, con los medios suficientes 
y necesarios que le permitan prestar un servicio público de calidad.
Además, en los últimos años, la plantilla del personal funcionario en el SEPE se ha visto 
reducida como consecuencia de jubilaciones y de cambios de destino, que en el seno del 
organismo dan un saldo negativo. Desde diciembre de 2010 a diciembre de 2020 se ha 
pasado de 7.002 efectivos a 4.913, en lo referente al personal funcionario de carrera, con 
una pérdida total en dicho periodo de 2.089 efectivos estructurales. Por su parte, en el 
periodo  2018-2020  han  salido  del  Organismo  por  cambio  de  destino,  excedencias  o  s
renuncias 321 personas, y se han incorporad, por cambio de destino, 101 personas. e.
Esta situación ha provocado una escasez de personal que está teniendo un impacto  w.
en la capacidad del Organismo para ofrecer los servicios que le corresponden. 096ww
consAtdaenmteá se,n l a lcoasr eúnlctiima odse  paeñrosso,n aal chreac lelenvtaaddoo  ap ourn  ienlc reinmcreenmtoe ndteo  lae xctarragoar ddinea trriaob adjoe 
procedimientos como consecuencia de la pandemia desde abril de 2020.
Ante  tal  situación  de  necesidad,  el  refuerzo  de  la  atención  a  las  personas 
demandantes de empleo, trabajadores y del tejido empresarial así como del seguimiento, 
evaluación  y  control  de  los  diferentes  servicios,  programas  y  prestaciones  por 
desempleo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha propuesto la aprobación de 
una convocatoria extraordinaria de plazas adicionales a las que prevé la Oferta de 
Empleo Público para 2021, con un total de 926 nuevas plazas, que faciliten una solución 
estructural para el funcionamiento del Organismo y que se enmarcan en las necesarias 
reformas para la transformación de la Administración Pública que se están abordando 
desde dicho departamento ministerial.
VIII
Las disposiciones finales abordan asimismo modificaciones en otros ámbitos.
Se modifica el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas  de  la  Unión  Europea  en  las  materias  de  bonos  garantizados,  distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la 
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables 
a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión,  exenciones  temporales  a  determinadas  importaciones  y  suministros,  de 
personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes. En primer lugar, se aclara uno de los requisitos que 
exige el artículo 34 del libro primero de dicho Real Decreto-ley. Se trata de la exigencia de 
remisión del folleto de emisión de los bonos garantizados o del folleto de base del 
programa correspondiente, que se hará en el caso de que la emisión esté sujeta a dichos 
requisitos conforme a la normativa europea de folletos. En segundo lugar, se ajusta la 
disposición transitoria primera y segunda para aclarar que los instrumentos emitidos antes 
de la publicación del Real decreto-ley se regirán por la Ley 2/1981 y su normativa de 
desarrollo. En todo caso, estas emisiones y las que se realicen entre la publicación del 
Real decreto-ley y el 8 de julio de 2022, deberán estar plenamente adaptadas al libro 
primero de dicho Real decreto ley a 8 de julio de 2022. Por último, se coordina la entrada 
en vigor del libro primero del Real decreto-ley y otras disposiciones complementarias con 
la disposición derogatoria, evitando en todo momento vacíos legales.
De igual manera, se procede mediante este real decreto-ley a modificar dos aspectos 
puntuales de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
con el fin de habilitar la posibilidad, ya contemplada de manera genérica en la ley, de que 
la evaluación obtenida por el personal contratado mediante el contrato de acceso al 
Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  o  que  haya  participado  en 
programas postdoctorales análogos, se tenga en cuenta a los efectos de su valoración 
en los procesos selectivos para el acceso al empleo público fijo, de forma que tendrá 
efectos de exención o compensación de parte de las pruebas o fases de evaluación 
curricular o equivalentes; estableciéndose, además, una reserva para el acceso de 
dichas personas a las Escalas de personal investigador de los Organismos Públicos de 
Investigación,  así  como  a  los  cuerpos  docentes  universitarios  y  al  profesorado 
permanente laboral.
Esta medida permite, por un lado, dar adecuado cumplimiento al apartado 3 del 
artículo 103 de la Constitución Española, que prescribe el acceso al empleo público en 
condiciones de igualdad, mérito y capacidad, así como a lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 23 de la citada Norma Fundamental, que garantiza a los ciudadanos el derecho a  s
acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos; este personal  e.
posee las notas caracterizadoras de mérito y capacidad que, junto con la necesaria  w.
igualdad,  ameritan  su  acceso  a  las  pruebas  selectivas,  de  manera  modulada  al  096ww
gqaurea nstuiz apr alart iacdipeaccuióand a evna lolaras cipórnu edbea lso s dmé éraitdoesc yu addeo  lac euvmapluliamciieónnt oa lcaa nlzaasd ap,r edveis fioornmeas 
csouns sdtieturceicohnoasle fsu nedna mmaetnetraiale dse;  peomr poletroo  plúabdloic, od, acro nc upmlepnliad ag acruaenntítaa  yd een l ocsu mcpolmimpireonmtois does   BOE-A-cable e
contenidos  en  el  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  cuyo 
componente 17, relativo a la reforma del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, prevé la creación de una carrera científica atractiva y estable, estableciendo 
las bases de un nuevo itinerario postdoctoral al que los investigadores puedan acceder 
de forma competitiva y en el que, tras la finalización del programa y una evaluación 
favorable, opten a un puesto de trabajo estable. Este modelo aportará, en definitiva, un 
horizonte de estabilidad, y redundará en mayor atracción de talento y en el retorno de 
investigadores del extranjero.
IX
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso 
de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general.
El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, 
tal  como  reiteradamente  ha  exigido  el  Tribunal  Constitucional  (sentencias  6/1983, 
de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, 
y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la 
legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos 
gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa 
inmediata  en  un  plazo  más  breve  que  el  requerido  por  la  vía  normal  o  por  el 
procedimiento  de  urgencia  para  la  tramitación  parlamentaria  de  las  leyes,  máxime 
cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la 
situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella 
(SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, 
de 3 de julio, FJ 4)».
Con el fin de dar cumplimientos al objetivo de penetración de vehículos con cero 
emisiones  y  la  necesidad  de  infraestructuras  de  recarga  asociada  en  el 
PNIEC  2021-2030,  es  necesario  promover  con  urgencia  medidas  que  faciliten  el 
despliegue de puntos de recarga en el entorno de las principales vías de comunicación 
incluyendo las carreteras del Estado.
Así, en relación con las medidas orientadas al fomento de la movilidad eléctrica 
mediante el despliegue de una infraestructura de estaciones de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, estas encuentran su justificación en la necesidad de configurar un 
marco normativo flexible, ágil e incentivador que facilite su despliegue, habida cuenta del 
papel esencial que dichas infraestructuras desempeñan en el proceso de electrificación 
del parque de vehículos que deberá producirse en los próximos años.
Esta  electrificación  del  sector  del  transporte  (que  se  engloba  dentro  del  más 
ambicioso proceso de electrificación de la economía y que afectará a todos los ámbitos 
de la sociedad: ámbito residencial, sector servicios, industria, etc.) se constituye como 
una palanca imprescindible para lograr los objetivos de descarbonización a los que se ha 
comprometido el Reino de España, dado el protagonismo actual del sector como uno de 
los  principales  responsables  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero 
producidas a nivel nacional. Por ello, resulta crucial abordar de manera omnicomprensiva 
todos  aquellos  elementos  regulatorios  que  directa  o  indirectamente  pueden  estar  s
frenando dicha transformación, siendo el despliegue de una red de infraestructuras de  e.
puntos de recarga uno de los factores críticos que permitirán lograr dicha reconversión. w.
En el ámbito europeo, el paquete legislativo «fit for 55» aprobado por la Comisión  096ww
rEeucruoppeeraa ceinó nju qliuoe d ed e2b0e2r1á  hparo sdiutucairdsoe  ltara tsra lnas iccriiósnis  esnaenrigtaértiiac ao ceans eiol ncaednatr op odre ll ap rpoacnedseom diea 
udneal C reOdV dIDe- 1p9u,n tyo se nd eé l rpeucaerdgean  sduefisctiaecnaters qeu aeq iuneclelanst ivmee ldai daadso pocriieónnt addeal sv eahl ídceuslop leielégcuteri cdoe.   BOE-A-cable e
Ejemplo de ello es la propuesta de Reglamento de Combustibles Alternativos, que revisa 
la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, y que 
aspira a reforzar los objetivos de los Estados miembro relativos al despliegue de la 
infraestructura de puntos de recarga. Es por ello que se revela como imprescindible que 
la normativa nacional se encuentre ya adaptada a los retos que supondrá la asunción de 
dichos objetivos que, si bien se encuentran pendientes de aprobación definitiva, no cabe 
ninguna duda, serán muy ambiciosos.
También,  debe  destacarse  el  esfuerzo  realizado  por  los  Estados  miembro  para 
articular instrumentos que permitan llevar a cabo la ejecución de los fondos europeos 
provenientes del Next Generation EU¸ y que en el caso español se engloban dentro del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En concreto, en materia de electromovilidad, cabe destacar el Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del vehículo 
eléctrico y conectado. Dicho PERTE, aprobado en Consejo de Ministros el 13 de julio 
de 2021 y que prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el 
periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y 
una inversión privada de 19.700 millones de euros, buscar facilitar la transformación del 
sector de la automoción promoviendo una cadena de valor asociada a la producción un 
vehículo  eléctrico  y  conectado.  En  este  contexto  de  fuerte  inversión  pública-privada 
orientada a la penetración del vehículo eléctrico, se justifica la extraordinaria y urgente 
necesidad de abordar todas aquellas reformas normativas que permitan mejorar o facilitar 
uno de los elementos clave asociados a dicha transformación, como es el necesario 
despliegue  de  una  infraestructura  de  puntos  de  recarga  acorde  a  las  previsiones  de 
penetración del vehículo eléctrico, que a su vez permita cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones comprometidos por el Reino de España.
Asimismo, para este refuerzo de la electromovilidad se establece una autorización de 
las operaciones no presupuestarias para el pago de las ayudas directas a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de 
redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del 
vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Adicionalmente y a este respecto la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
introdujo una serie de obligaciones de instalación de puntos de recarga a los titulares de 
las  instalaciones  de  suministro  de  carburante  que  cumplieran  una  serie  de 
condicionantes,  a  efectos  de  garantizar  la  existencia  de  infraestructura  de  recarga 
eléctrica  suficiente,  debiendo  estar  operativos  a  más  tardar  entre  febrero  y  agosto 
de  2023.  Con  objeto  de  reforzar  el  necesario  y  urgente  cumplimiento  de  estas 
obligaciones este real decreto-ley introduce en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos un nuevo tipo sancionador en virtud del cual se considera 
infracción grave el incumplimiento por parte de los titulares de estaciones de servicio 
instalaciones  de  suministro  de  combustibles  y  carburantes  a  vehículos  de  sus 
obligaciones de instalación de puntos de recarga eléctrica.
En cuanto a las medidas relativas al autoconsumo, los elevados precios unidos a las 
ayudas al amparo del PRTR están produciendo un fuerte despegue de las inversiones, 
ya que este escenario hace que los costes de inversión se reduzcan vía ayudas y que el 
ahorro frente a los precios actuales de la energía sea mayor. Ante esta situación y una 
vez detectados ciertos problemas tanto en las tramitaciones como en determinados  s
consumidores conectados a alta tensión y que desean realizar autoconsumo a través de  oe.
la red resulta urgente tomar medidas tanto para habilitar este consumo a través de la red  w.
en  alta  tensión,  como  agilizar  las  tramitaciones.  Así,  para  evitar  bloqueos  en  la  096ww
etrnacmuietanctiróan  srue seuxltpae dimiepnrtees cyi nddoibtaler  adyeu dinasrt raulm ceonntsousm aid olars a  acdomnioncisetrr aecl ioensetasd op aerna  qinuset ruseir 
einxcpuerrdaienn etens r estraanscoiosn iandjuosrteifsic aad olsa se ne smupsr eascatusa cdioisnterisb.u Lidao ruarsg eyn cicao emne recsiateli záamdboirtaos v ieqnuee   BOE-A-cable e
motivada por varias causas: la necesidad de ejecutar los fondos del PRTR, impulsar el 
autoconsumo  en  alta  tensión  y  evitar  que  los  retrasos  de  algunos  sujetos  en  las 
tramitaciones actuales desincentiven a los consumidores a ejecutar las inversiones en 
autoconsumo.
Por lo que respecta a los hitos administrativos, y una vez motivada la decisión 
tomada en los apartados precedentes, la urgencia que motiva la modificación del plazo 
de los hitos intermedios de obtención de la declaración de impacto ambiental y de las 
autorizaciones  administrativas  previa  y  de  construcción  es  consecuencia  de  que  la 
modificación de estos requiere de una norma de rango legal que debería aprobarse 
antes de diciembre del año 2021 fecha en la que vence el segundo hito (obtención de 
DIA) para el primer contingente de instalaciones que obtuvieron los permisos de acceso 
con anterioridad al año 2018, por lo que no habría plazo para la tramitación mediante ley 
ordinaria.
Con respecto a la introducción de la definición de elemento plenamente integrados 
en la red de transporte, la urgencia de introducir estas medidas mediante real decreto-ley 
viene motivada la próxima aprobación de la nueva planificación de horizonte 2026 en la 
que resulta necesario que se puedan recoger este tipo de dispositivos y se ofrezca una 
alternativa a esos promotores de proyectos renovables. No cabe la tramitación de esta 
medida mediante ley ordinaria puesto que no se puede retrasar la aprobación de la 
planificación de horizonte 2026, ya que por una parte es fundamental para la evacuación 
hacia los grandes centros de consumo de energías renovables y por otra porque la 
actualmente en vigor debió de ser prorrogada el pasado año una vez vencido su plazo 
de vigencia.
Como se ha señalado, este real decreto-ley contiene una prórroga de diversas 
medidas tributarias, en concreto, de la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor 
de la producción de energía eléctrica, de la aplicación del tipo impositivo del 0,5 por 
ciento en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, así como de la aplicación del tipo 
reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, para 
determinados suministros de electricidad, del tipo reducido del 4 por ciento del IVA a las 
entregas,  importaciones  y  adquisiciones  intracomunitarias  de  mascarillas  quirúrgicas 
desechables, y del tipo del 0 por ciento del IVA a las entregas interiores, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos 
destinatarios  sean  entidades  públicas,  sin  ánimo  de  lucro  y  centros  hospitalarios, 
medidas todas ellas cuya vigencia concluye el próximo 31 de diciembre.
Habida cuenta de la persistencia de las razones que justificaron la adopción de las 
medidas cuya prórroga ahora se establece, esto es, en unos casos, la reducción de los 
costes de la factura final eléctrica, por cuanto la situación de precios mayoristas de la 
electricidad inusualmente elevados va a extenderse durante el primer trimestre de 2022, 
con los efectos negativos que ello ocasiona en los consumidores de electricidad, y, en 
otros,  garantizar  una  adecuada  respuesta  del  sistema  sanitario  a  la  pandemia 
ocasionada por la COVID-19, se considera pertinente dar continuidad a dichas medidas, 
que fueron introducidas de forma excepcional y transitoria.
La inmediatez del término final de tales medidas hace ineludible el recurso a la figura 
del real decreto-ley, pues, de otro modo, esto es, su prórroga mediante una ley ordinaria, 
en ningún caso podría aprobarse, como consecuencia de los plazos de tramitación de 
aquellas, antes de la conclusión de su vigencia.
Los mismos argumentos son aplicables a la prórroga de los descuentos del bono 
social eléctrico establecidos en el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, hasta  s
el 30 de abril de 2022. oe.
En consecuencia, se entiende que en la prórroga de tales medidas concurre la  w.
extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86.1 de la Constitución española  096ww
estaEbnle cree lcaocmióon  pcreosnu plau esmtoe dhiadbai litdaen tefl epxairbail iezal rceiócnu rsdoe a  lloas f igcuornat rdaetol sre adl ed egcarest o-nleaytu.ral,
cpoaníss idaefrroanntdaor  llaa  esluebviaddaa  dcea rgpare ecicoosn ódme iclaas q cuoet iezsatcáio snuepso ndiee ngdaos p anraatu lraa iln, dreussutrlitaa  dnee ncueesastrrioo   BOE-A-cable e
tomar medidas desde el punto de vista regulatorio para eliminar con carácter de urgencia 
todas las barreras que impiden ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro 
de gas natural. De esta manera, hasta el 31 de marzo de 2022, se consigue no penalizar a 
los consumidores industriales que deseen ajustar su capacidad contratada a una situación 
de menor demanda derivada de los ajustes en su producción, generados con motivo del 
alza de las cotizaciones de gas natural. Permitir a estas industrias, de manera urgente y 
limitada en el tiempo, ajustar el escalón del peaje de acceso, modificar el caudal diario 
contratado o suspender temporalmente los contratos de suministro es imprescindible para 
no mermar la competitividad de las empresas españolas.
Los argumentos expuestos en el apartado VII justifican de manera adecuada y 
suficiente la urgente y extraordinaria necesidad de la adopción de la medida de refuerzo 
del empleo público en las oficinas de prestaciones y atención a demandantes de empleo, 
ya que como ha señalado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, corresponde 
al Gobierno apreciar cuál es el momento o la coyuntura económica más apropiada para 
adoptar medidas de política económica general, pudiendo adoptarse las mismas, cuando 
así sea preciso, mediante la aprobación de disposiciones legislativas provisionales y de 
eficacia inmediata como las contenidas en un real decreto-ley. Por tanto, en la medida 
que se adopta, relativa a la aprobación de una Oferta de Empleo Público extraordinaria 
para  reforzar  el  SEPE,  concurre,  por  su  naturaleza  y  finalidad,  la  circunstancia  de 
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española 
como presupuesto habilitante para la aprobación de un real decreto-ley.
Una vez aprobadas por la Comisión Europea las ayudas destinadas al proyecto 
estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo 
eléctrico  y  conectado,  que  será  financiado  por  el  mecanismo  de  Recuperación  y 
Resiliencia (RRF), se hace necesario llevar a cabo acciones que permitan el correcto y 
rápido desarrollo de todos los elementos que impulsen un avance en la descarbonización 
de la movilidad y la sustitución de una parte sustancial de la actual flota por vehículos 
eléctricos. Uno de dichos elementos son los puntos de recarga para vehículos eléctricos, 
así con el fin de facilitar su despliegue se incorporan a la normativa un conjunto de 
bonificaciones  voluntarias  o  potestativas  en  impuestos  municipales  tales  como  el 
Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y  el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
La modificación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de 
directivas  de  la  Unión  Europea  en  las  materias  de  bonos  garantizados,  distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la 
información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a 
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes, se efectúa con el objetivo de realizar mejoras técnicas que 
garanticen su adecuada entrada en vigor y aplicación, favoreciendo la óptima adaptación 
del sector. Concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad, ya que la exigencia 
del requisito de autorización en los términos en que está planteada, así como la derogación 
del régimen actual de bonos garantizados junto con la entrada en vigor diferida del nuevo 
régimen, paralizaría la emisión de estos instrumentos financieros, y con ello una fuente 
fundamental de financiación de las entidades de crédito, que está desempeñando un 
importante papel en la financiación de la recuperación económica.
La modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, en sus artículos 25  s
y 36, para contemplar la posibilidad de que en los Estatutos de dichas sociedades se prevea  oe.
la asistencia y participación, a distancia, de sus miembros, en la Asamblea General y en el  w.
Consejo Rector, resulta imprescindible que sea establecida de forma urgente, con el fin de  096ww
daadro petastdaab idlied amd aan euran au rgmeendteid ya  cqoune c, acráocmteor  cteomnspeocraule, npcaiara  dseu  alap lipcaacnidóenm diuar, atnutveo e sqtuoes  dsoesr 
múltaimrzoos,  daeñ omse, dai dtraasv uérsg deen teses nedxotrsa orerdailneasr idaesc preatroas h-laecyeers  f(rRenetael  aDl eimcrpeatoc-tloe ye c8o/2n0ó2m0ic, od ey  1so7c diael   BOE-A-cable e
del COVID-19, y del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes 
de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria), y cuya 
vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre; se trata, por tanto, de una medida circunscrita 
al funcionamiento, por medios digitales, de dichos órganos sociales, con la que se garantiza 
el ejercicio de los derechos de sus miembros y cuyo mantenimiento es esencial, máxime, en 
estos momentos, en los que la crisis sanitaria todavía no se ha superado.
La modificación del apartado 2 de la disposición adicional vigésima tercera del texto 
refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  permitirá  la  aplicación  de  un 
beneficio  clave  para  el  mantenimiento  del  empleo,  por  parte  de  las  empresas  de 
transporte con aeronaves de ala rotativa (helicópteros), respecto de los trabajadores que 
presten servicios en los centros de trabajo situados en el territorio de las ciudades de 
Ceuta y Melilla; resulta, por tanto, urgente aplicar al citado sector las bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad Social previstas en dicho precepto, teniendo en cuenta, además, 
que  se  trata  de  un  medio  esencial  para  la  conectividad  con  la  península,  cuyo 
mantenimiento es imprescindible, desde el punto de vista del mercado de trabajo y para 
la gestión de otros ámbitos de carácter social (sanitario, de seguridad, entre otros).
El artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, regula el denominado contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, estableciendo un contrato laboral específico para el acceso del 
personal  investigador  a  dicho  sistema,  de  manera  que  el  personal  investigador 
contratado  por  Universidades  públicas,  Organismos  Públicos  de  Investigación  de  la 
Administración  General  del  Estado  u  Organismos  de  investigación  de  otras 
Administraciones  Públicas  pueda  someter  a  evaluación  la  actividad  investigadora 
desarrollada, que de ser superada se tendrá en cuenta en los procesos selectivos de 
personal funcionario de carrera y personal laboral fijo.
Mediante la modificación normativa propuesta, y de acuerdo con los presupuestos de 
extraordinaria y urgente necesidad que se expondrán más abajo y que justifican el 
recurso a la figura constitucional del Real Decreto-ley, se pretende alcanzar un triple 
objetivo.
En primer lugar, que esta evaluación se proyecte sobre las pruebas o fases de 
valoración del currículo del personal investigador que formen parte de esos procesos 
selectivos, de forma que tendrá efectos de exención o compensación de parte de las 
pruebas o fases de evaluación curricular o equivalentes, para todas las Administraciones 
públicas.
En segundo término, que esa proyección alcance también a los investigadores que, 
de manera paralela a la regulación de los contratos de acceso, hayan superado una 
evaluación similar a la misma, o específica para investigadores consolidados realizada 
por la Agencia Estatal de Investigación, o equivalente a la del Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3) o la que la pueda 
sustituir.
Por último, establecer, en una norma con rango legal, que en las ofertas de empleo 
público, y para el acceso a las escalas de personal investigador de los Organismos 
Públicos de Investigación, se reserven un 25 % de dichas plazas al personal señalado; 
para  el  acceso  a  los  cuerpos  docentes  universitarios  y  al  profesorado  permanente 
laboral, la reserva será de un 15 %.
De acuerdo con consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada en la 
STC 29/1982, el control del presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE exige, primero, 
que el Gobierno haga una definición «explícita y razonada» de la situación concurrente. s
Mediante esta medida normativa, por tanto, el Gobierno desea subvenir lo que a  oe.
todas luces supone una indefinición normativa que, hasta la fecha, ha roto cualquier  w.
posibilidad de valoración de méritos obtenidos por el personal contratado a través de la  096ww
mmooddaalliiddaadde las bcoornatlr adcet ucaolnetsr)a,t oq udee  paecscee sao l a(o e exvpaelruieandcoi ae nh atbéirdmai ndousr asnimtei lalar evsig, ednecsidae d oet rloass 
cmoisnmcroesto e, na  elafse cAtodsm dineils atrcacceiosnoe as  lpoúsb dliicsatisn tcoosn ptrraotcaensteoss,  sneilnegcútinv oms éqruiteo  ppoosdtíearnio ramduecnitre,  esne   BOE-A-cable e
convocaran para adquirir la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo en 
dichas Administraciones públicas: se trata, por tanto, de corregir una situación de patente 
desigualdad,  ya  que  a  mayores  méritos  laborales,  profesionales  y  de  experiencia, 
ninguna diferencia tenían, en lo que se refiere al acceso a dichas posiciones de carácter 
estable, con cualesquiera otras personas que, sin haber ejercido tales experiencias, 
pudieran desear acceder a tales posiciones, lo que provocaba una quiebra manifiesta de 
los principios de mérito y capacidad en estos candidatos.
En segundo lugar, exige el máximo intérprete de la Constitución Española que exista 
además una «conexión de sentido» entre la situación definida y las medidas que en el 
decreto-ley se adopten (STC 29/1982, FJ 3; STC 189/2005, FJ 3), de manera que estas 
últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de 
afrontar (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).
En este supuesto, queda claro que lo que se efectúa sobre el apartado 3 del 
artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, supone la mínima intervención normativa 
posible en el texto de la ley, al señalar expresamente que la evaluación del personal 
investigador contratado mediante el contrato laboral de acceso al Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación se proyecte sobre las pruebas o fases de valoración 
del currículo del personal investigador que formen parte de los procesos selectivos 
ulteriores, de forma que tendrá efectos de exención o compensación de parte de las 
pruebas o fases de evaluación curricular o equivalentes, para todas las Administraciones 
públicas.
Serán, posteriormente, las distintas convocatorias que se aprueben por cada uno de 
los  agentes  públicos  que  conforman  el  Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación las que desarrollen esta premisa mínima legal, habilitando las herramientas 
precisas para dar lugar al pleno cumplimiento de lo establecido en dicho artículo y, en 
definitiva, para asegurar el acceso de todo este personal en condiciones de igualdad, 
mérito y capacidad al empleo público.
Por tanto, se considera adecuadamente acreditada la existencia de una conexión de 
sentido entre la situación fáctica, que supone la concurrencia de un hecho claro y 
manifiesto (la imposibilidad de dar lugar al acceso, en condiciones de igualdad, mérito y 
capacidad, al empleo público por parte de las personas sujetas a la relación laboral del 
contrato de acceso regulado en el artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio o 
similares,  siempre  que  cuenten  con  una  evaluación  adecuada  de  sus  méritos 
profesionales, investigadores y curriculares), y la regulación normativa contemplada en el 
presente real decreto-ley, que permitirá evitar la frustración de legítimas expectativas de 
dicho colectivo de personal investigador, que tiene derecho al reconocimiento de sus 
méritos investigadores de cara a su ulterior acceso, en condiciones de igualdad, mérito y 
capacidad, a los empleos públicos en el ámbito científico, tecnológico e investigador, 
tanto en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como en el ámbito 
universitario, en ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales y en garantía de su 
adecuado acceso al empleo público.
Junto a lo anterior, existe también la necesidad de dar adecuado cumplimiento, en 
tiempo, a los requerimientos normativos y de desarrollo administrativo previstos en el 
Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  y  concretamente  en  su 
componente 17, relativo a la reforma del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, lo que abunda en la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas 
contempladas en este real decreto-ley.
El  presente  real  decreto-ley  consta  de  un  preámbulo  y  una  parte  dispositiva,  s
estructurada  en  seis  artículos,  siete  disposiciones  adicionales,  dos  disposiciones  oe.
transitorias, y trece disposiciones finales. Tiene carácter básico y se dicta al amparo de la  w.
competencia  que  las  reglas  7.ª,  13.ª,  14.ª,  17.ª,  y  25.ª  del  artículo  149.1  de  la  096ww
Ccooonrsdtiintuacciióónn  Edsep laañ opllaa naiftirciabcuiyóenn  gaeln Eersatal ddoe  elan  amctaivteidriaad  deec olengóimsliaccai,ó nH alacbieonradla,  bgaesneesra ly, 
mleginiselraoc yió enn beárgséictaic oy,  rreésgpimecetniv aemcoennótem.ico de la Seguridad Social, y bases del régimen  BOE-A-cable e
Asimismo, se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de 
Hacienda y Función Pública, de Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica 
y  el  Reto  Demográfico,  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  de  Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y de Ciencia e Innovación, para dictar, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones y adoptar medidas que sean 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley, ya que 
es posible que por razones técnicas puedan ser necesarias algunas concreciones de lo 
previsto en este real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros o por el titular del 
departamento ministerial competente.
Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de 
buena  regulación,  exigibles  en  todo  texto  normativo,  y  que  se  contemplan  en  el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
En primer término, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, en virtud del 
interés general en el que se fundamentan las medidas, siendo el real decreto-ley el 
instrumento  más  inmediato  para  garantizar  su  consecución.  El  principio  de 
proporcionalidad  se  respeta,  puesto  que  este  real  decreto-ley  incluye  la  regulación 
imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
Asimismo,  la  norma  guarda  coherencia  con  el  ordenamiento  jurídico  vigente, 
respetando el principio de seguridad jurídica. Y, por último, en cuanto al principio de 
transparencia, esta norma, si bien está exenta de los trámites de consulta pública, 
audiencia e información pública por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el 
artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente 
sus  objetivos,  reflejados  tanto  en  su  parte  expositiva  como  en  la  memoria  que  lo 
acompaña. Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley 
se la norma tiene como uno de sus objetivos la reducción de cargas administrativas para 
los ciudadanos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de las Ministras para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, de Hacienda y Función Pública, de Trabajo y Economía Social, de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital y de Ciencia e Innovación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 21 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
TÍTULO I
Fomento de la movilidad eléctrica mediante el despliegue de la infraestructura de 
recarga
Artículo 1.  Instalación de puntos de recarga en zonas de protección de las carreteras.
Se modifica el artículo 28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, 
relativo a las zonas de protección de la carretera, que queda redactado como sigue:
«2.  En  estas  zonas  no  podrán  realizarse  obras  o  instalaciones  ni  se 
permitirán  más  usos  o  servicios  que  aquéllos  que  sean  compatibles  con  la 
seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada explotación de la carretera. e
La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las  bo
zonas de protección requiere autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad  096ww
y AgEeln Mdain Uisrtbearinoa ,d sei nT praenrjsupicoirote dse,  oMtroavsi licdoamd pye tAengceinadsa c oUnrcbuarnrean tpeosd.rá autorizar la
czoolnoac adceió dno dmei niinos tpaúlabcliicoon eys  eflá dcielm lae nztoen dae dsme olinmtaitabcleiósn e an trlae  eeld ibfiocradbeil iedxatde,r isoire mdep rlae 
que no resulten menoscabadas la seguridad viaria o la adecuada explotación de la
carretera y no se comprometa la utilización de la zona de servidumbre para los 
fines previstos en esta ley.
Lo establecido en el párrafo anterior será especialmente aplicable a los puntos 
de recarga de vehículos y a las marquesinas e instalaciones que estos precisen 
para su correcto funcionamiento, siempre que puedan considerarse fácilmente 
desmontables.
En caso de que las instalaciones antes citadas tuvieran que ser desmontadas 
por cualquier causa, el coste de su desmontaje correrá en todo caso a cargo del 
titular  de  la  instalación.  Entre  tales  causas  se  incluyen  las  necesidades  de 
ampliación,  mejora,  o  explotación  de  la  carretera  afectada,  así  como  los 
condicionantes de seguridad, en especial de seguridad vial.»
Artículo 2.  Puntos de recarga en concesiones en redes estatales de carreteras.
A efectos de lo establecido por el apartado 11 del artículo 15 de la Ley 7/2021, de 20 
de mayo, de cambio climático y transición energética, en relación con el párrafo segundo 
de su disposición final decimoquinta, las personas concesionarias de carreteras estatales 
con contratos en ejecución a 22 de mayo de 2021 en los que se incluyan instalaciones 
de  suministro  de  combustibles  y  carburantes  a  vehículos,  quedan  sometidas  a  las 
siguientes obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctrica:
a)  Instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo 
volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual 
a 10 millones de litros: instalarán al menos una infraestructura de recarga eléctrica de 
potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio en 
un plazo de catorce meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
b)  Instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo 
volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual 
a  5  millones  de  litros  y  menor  a  10  millones  de  litros:  instalarán  al  menos  una 
infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente 
continua, que deberá prestar servicio en un plazo de veinte meses a partir de la entrada 
en vigor de este real decreto-ley.
c)  En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna 
instalación de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen anual 
agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual a 5 millones de 
litros, quienes ostenten la titularidad de las instalaciones que, ordenadas de mayor a 
menor  volumen  de  ventas  anuales  agregadas  de  gasolina  y  gasóleo,  conjunta  o 
individualmente alcancen al menos el 10 % de las ventas anuales totales en las citadas 
áreas geográficas en el año 2019 instalarán, por cada una de estas instalaciones, al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en 
corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de veinte meses a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley.
d)  Quienes acometan una reforma en su instalación que requiera una revisión del 
título administrativo, independientemente del volumen anual agregado de ventas de 
gasolina y gasóleo de la instalación, instalarán al menos una infraestructura de recarga 
eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar 
servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación o finalización de la reforma 
de la misma que requiera una revisión del título administrativo.
Artículo 3.  Licencias o autorizaciones previas para la instalación de puntos de recarga. bo
SecStoer  Ealñéacdtreic ou,n c aopna lart asdigou i5e natle  arretdícaucloci ó4n8: de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del  2021-21096n https://ww
las a«d5m. inPisatrraa cliao ninesst aplúabcilóicna sd ec opmupnetotesn dtees r elac aorbgtae nncoió pno dderá l iceexnigciiras eo  paourt opraizratec idóen 
previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter
medioambiental ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del 
patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural.
Las  licencias  o  autorizaciones  previas  serán  sustituidas  por  declaraciones 
responsables,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  69  de  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, relativas al cumplimiento de las previsiones legales 
establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en 
posesión  del  justificante  de  pago  del  tributo  correspondiente  cuando  sea 
preceptivo.  La  declaración  responsable  deberá  contener  una  manifestación 
explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo 
con  la  normativa  vigente,  incluido,  en  su  caso,  estar  en  posesión  de  la 
documentación que así lo acredite.
La  declaración  responsable  permitirá  realizar  la  instalación  del  punto  de 
recarga e iniciar el servicio de recarga energética desde el día de su presentación, 
sin  perjuicio  de  las  facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  de  las 
administraciones públicas competentes.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración 
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la 
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Las administraciones públicas competentes establecerán los elementos de la 
declaración responsable que tendrán dicho carácter esencial
Lo  previsto  en  este  apartado  se  entenderá  sin  perjuicio  del  régimen  de 
autorizaciones previsto en el artículo 53.»
Artículo 4.  Dotaciones mínimas de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos 
adscritos a edificios de uso distintos al residencial o estacionamientos existentes no 
adscritos a edificios.
Antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado 
que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el 
interior o en un espacio exterior adscrito, así como en los estacionamientos existentes no 
adscritos a edificios con más de veinte plazas, deberán disponer de las siguientes 
dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos:
– Con carácter general, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de 
aparcamiento  o  fracción,  hasta  1.000  plazas,  y  una  estación  de  recarga  más  por 
cada 100 plazas adicionales o fracción.
– En los edificios que sean titularidad de la Administración General del Estado o de 
los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, se instalará una 
estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas, y 
una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
Se excluye de estas obligaciones a los edificios protegidos oficialmente por ser parte 
de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la 
medida en que el cumplimiento de la exigencia pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto, según determine la autoridad competente en materia de protección  s
del patrimonio. oe.
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Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos». Bc
TÍTULO II
Impulso al autoconsumo
Artículo 5.  Modificación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica.
Uno.  Se modifica la redacción del apartado iii de la letra g) del artículo 3 del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que queda redactado 
como sigue:
«iii.  Se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros de los 
consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de 
medida en su proyección ortogonal en planta.»
Dos.  Se  modifica  la  redacción  del  apartado  3  del  artículo  20  del  Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, que queda redactado como sigue:
«3.  La Dirección General de Política Energética y Minas facilitará el acceso 
electrónico al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica del 
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico  a  los  órganos 
competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de las 
inscripciones que afecten a su ámbito territorial, así como a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, al Instituto para Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), al operador del sistema y a las empresas distribuidoras para las 
instalaciones  conectadas  a  sus  redes,  de  forma  que  estos  puedan  tener 
conocimiento de las inscripciones y modificaciones realizadas en el registro.
Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
facilitará el acceso público y gratuito en su página web a datos agregados del 
registro de autoconsumo.»
Artículo 6.  Modificación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Se  modifica  el  apartado  segundo  del  artículo  23  del  Real  Decreto  1183/2020, 
de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica, que queda redactado como sigue:
«2.  Quedarán exentas de la presentación de la garantía a la que se refiere el 
apartado anterior, las siguientes instalaciones:
a)  Las que, de acuerdo con el artículo 17 de este real decreto, están exentas 
de obtener permisos de acceso y conexión.
b)  Las  asociadas  a  una  modalidad  de  autoconsumo  con  excedentes  de 
potencia  instalada  no  superior  a  100  kW,  salvo  que  formen  parte  de  una 
agrupación cuya potencia sea superior a 1 MW, de acuerdo con la definición de 
agrupación establecida en el artículo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.»
Disposición adicional primera.  Prórroga de medidas tributarias. e.e
1.  La aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor  096www.
eqAdlueñée acg dtsreiiedcn oaea ,r daapoc rpielóatvansin s d teamen  eeterdneni gdeeaarlgs sa,í  aruti,rmí cgyupe lonsorto et1abs cr edieo enngl  eeeRssl e táiayóm ln abD ddietoqec ulr deicsetaio cnl-iaoloe nnfyie s sd1c ae2il /ni2drte0raag2dcu1 oel,a mndceeiuór ngn2ié t4ayt ir cdiadaese  y  ju dlaene ni ot aem, rnipafeaotre rg rdíeiaael     OE-A-2021-21able en https://
utilización del agua, así como la aplicación del tipo impositivo del 0,5 por ciento del
Impuesto Especial sobre la Electricidad establecida en la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y 
electricidad, se prorrogan hasta el 30 de abril de 2022.
2.  La aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas 
quirúrgicas desechables referidas en el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios 
de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, prevista en el artículo 7 del Real 
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, así como la aplicación del tipo 
impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido contenida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas 
de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de 
daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de los consumidores, para las entregas de bienes, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de dicho real decreto-ley, 
se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022.
Disposición adicional segunda.  Determinación de la base imponible y del importe de los 
pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica 
durante el ejercicio 2022.
1.  Para el ejercicio 2022 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la 
producción de energía eléctrica estará constituida por el importe total que corresponda 
percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía 
eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo 
minorada en las retribuciones correspondiente a la electricidad incorporada al sistema 
durante el primer trimestre natural.
Los pagos fraccionados se calcularán en función del valor de la producción de 
energía eléctrica en barras de central realizada desde el inicio del período impositivo 
hasta la finalización de los tres, seis, nueve o doce meses del año minorado en el 
importe de las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema 
durante el primer trimestre natural, aplicándose el tipo impositivo previsto en el artículo 8 
de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, y deduciendo el importe de los pagos fraccionados previamente realizados.
2.  Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensará al sistema 
eléctrico por el importe equivalente a la reducción de recaudación consecuencia de la 
medida prevista en el apartado 1 anterior.
Disposición adicional tercera.  Revisión de los parámetros retributivos aplicables a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.
1.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como organismo 
encargado  de  las  liquidaciones,  llevará  a  cabo  la  liquidación  necesaria  para  la 
adaptación de la retribución procedente del régimen retributivo específico, detrayendo las 
cantidades no abonadas por las instalaciones como consecuencia de la suspensión del 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, según lo establecido en  es
la disposición adicional segunda. bo
2.  Dicha adaptación tendrá lugar en la primera liquidación en la que se disponga de  096ww
los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Disposición adicional cuarta.  Descuentos del bono social de electricidad hasta el 30 de 
abril de 2022.
Se prorrogan hasta el 30 de abril de 2022 los descuentos del bono social aplicables a 
los consumidores domésticos de energía eléctrica recogidos en el artículo 6.3 del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 
eléctrica, establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de 
medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la 
introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y 
gas natural.
Disposición  adicional  quinta.  Flexibilización  de  los  contratos  de  suministro  de  gas 
natural.
1.  Con  carácter  excepcional,  hasta  cinco  días  después  de  que  se  cumpla  la 
condición de que la cotización del producto diario con entrega a día siguiente en el Punto 
Virtual  de  Balance  (PVB)  publicada  por  el  Mercado  Ibérico  del  Gas  (MIBGAS)  se 
mantenga durante diez sesiones diarias de negociación consecutivas por debajo de 60 
€/MWh y como máximo hasta el 31 de marzo de 2022, los titulares de puntos de 
suministro de gas acogidos a escalones de peaje de red local RL4 y superiores o que 
dispongan de plantas satélites unicliente podrán solicitar a su comercializador una o 
varias de las siguientes medidas:
a.  La modificación del caudal diario contratado en los puntos de salida o de carga 
de cisternas, con un máximo de tres modificaciones durante el periodo considerado;
b.  la  inclusión  en  un  escalón  de  peaje  aplicado  en  los  puntos  de  salida  que 
corresponda a un consumo anual inferior;
c.  la suspensión temporal del contrato de suministro.
2.  Las medidas anteriores tendrán efectos desde el día siguiente a su solicitud, no 
tendrán coste para el titular del punto de suministro y podrán realizarse simultáneamente 
con cambios de titularidad.
3.  La  suspensión  del  contrato  de  suministro  tendrá  carácter  exclusivamente 
administrativo, sin corte de suministro ni puesta en seguridad de la instalación, salvo que 
resulte imprescindibles por motivos de seguridad y durante el periodo de suspensión no 
se cargará al titular del punto de suministro cantidad alguna en concepto de término fijo 
del contrato. La suspensión no afectará al resto de obligaciones económicas entre el 
titular  y  el  comercializador  como  contratos  de  mantenimiento,  regularizaciones  o 
liquidación de fraudes o con el titular de la red como inspecciones, derechos de alta y 
acometida o alquiler de contador.
La  reactivación  del  suministro,  aplicándose  la  última  modificación  de  caudal 
realizada, se realizará automáticamente al día siguiente de finalizar el periodo referido en 
el párrafo primero o antes, a solicitud del titular del punto de suministro, en cuyo caso la 
reactivación se realizará en un plazo máximo de cinco días desde la solicitud. La 
reactivación no implicará cargo alguno en concepto de derecho de alta, salvo que sea 
necesario  una  puesta  en  servicio,  consecuencia  de  un  cierre  previo  y  puesta  en 
seguridad de la instalación. El tiempo de duración de la suspensión no se computará en 
la duración del contrato de suministro.
4.  El comercializador con puntos de suministro acogidos a las medidas anteriores  e.
podrá solicitar al distribuidor o transportista la aplicación de las siguientes medidas: w.b
salidaa.   yL aa  mlao dcifaicragcai ódne d ec isctaeurndaasl .c oAnstirmatiasdmoo ,d ep olodsrá p esaojleicsit aarp lliaca daopsli caa clioósn  pduen todsic dhea 
lmoso dpieficaajecsió dne  deen tcraaduad aal ,l aa sreí dc odme otr alan sqpuoert ec oyr rdees preognadsai fiac ascuiósnp;ensiones de suministro, a
b.  el cambio de escalón de los peajes aplicados en los puntos de salida;
c.  la anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión 
temporal de contratos de acceso, por plazos de tiempo igual o inferiores al referido en el 
párrafo primero, sin ninguna restricción.
5.  Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la 
aplicación  de  las  medidas  anteriores  deberán  ser  repercutidos  íntegramente  por  el 
comercializador al titular del punto de suministro.
6.  Las modificaciones de caudal o escalón de peaje anteriores se realizarán sin que 
proceda  la  repercusión  de  coste  alguno  sobre  el  comercializador  por  parte  de 
distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del 
contrato  de  acceso  inicial  o  del  plazo  transcurrido  desde  su  firma  o  su  última 
modificación. Los cambios de caudal, de escalón de peaje o suspensión de contrato de 
acceso no alterarán la duración del contrato original.
7.  Cuando  el  punto  de  suministro  se  haya  acogido  a  alguna  de  las  medidas 
anteriores,  quedarán  sin  efectos  las  reubicaciones  y  refacturaciones  del  año  de 
gas 2023, salvo petición expresa del consumidor, realizadas según el artículo 25 de la 
Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 6/2020, de 22 de 
julio, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte, 
redes  locales  y  regasificación  de  gas  natural.  Asimismo,  los  cambios  de  caudal 
realizados conforme a esta disposición no se tendrán en consideración a los efectos del 
cómputo de los plazos para cambios de caudal o peaje referidos en el citado artículo 25.
8.  El comercializador deberá informar a los titulares de los puntos de suministro 
mediante medios telemáticos de la finalización del periodo de aplicación de las medidas 
anteriores, con una antelación mínima tres días.
Disposición  adicional  sexta.  Operaciones  no  presupuestarias  para  el  pago  de  las 
ayudas directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización 
de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en 
infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se autoriza a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia a llevar a cabo las 
operaciones no presupuestarias necesarias para realizar el pago de las ayudas directas 
a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de 
digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la 
recarga  del  vehículo  eléctrico  con  cargo  a  los  fondos  del  Plan  de  Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
La  gestión  de  estos  gastos  quedará  sometida  al  control  financiero  permanente 
realizado por la Intervención delegada competente de la General de la Administración del 
Estado. Como resultado de este control, dicha Intervención formulará un informe a la 
cuenta justificativa, que elaborará la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, 
y que será remitido junto a ésta al Tribunal de Cuentas.
Disposición  adicional  séptima.  Refuerzo  del  empleo  público  en  las  oficinas  de 
prestaciones y atención a demandantes de empleo.
1.  A fin de mejorar el empleo público en el ámbito del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) (O.A.), para prestar servicios de empleo, se autoriza la convocatoria de 926 
plazas de acceso por turno libre correspondientes al ejercicio 2021 con el siguiente desglose: s
deC ócduiegrop o Cuerpo gCenueproa l Cupo gdeisncearpaalcidad  pTlaoztaals  096www.
1122 CAdumeripnois tdrea cGióens tCióivni ld dee lla E stado. 179 13 192 OE-A-2021-21able en https://
Código  Cupo  Cupo discapacidad  Total 
Cuerpo
de cuerpo general general plazas
Cuerpo General Administrativo de la 
1135 683 51 734
Administración del Estado.
2.  Las plazas correspondientes al ejercicio de 2021 previstas en este real decreto-
ley, son adicionales a las que se refiere el artículo 19.Uno.3.O) de la Ley 11/2020, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y que se prevén 
en la Oferta de Empleo Público para el año 2021.
3.  Los procesos selectivos que se convoquen para la cobertura de las plazas 
autorizadas en virtud de este real decreto-ley, se efectuarán conforme a las previsiones 
del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021.
Disposición  transitoria  primera.  Renuncia  voluntaria  a  los  permisos  de  acceso  y 
conexión.
Los titulares de permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión que 
hubieran obtenido tales permisos antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y 
aquellos que, habiéndolo solicitado con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, aún no los hubieran obtenido, podrán renunciar a sus permisos de acceso y 
conexión o, en su caso, a la solicitud presentada, en el plazo de un mes a contar desde 
la entrada en vigor de este real decreto-ley, procediéndose a la devolución de las 
garantías económicas presentadas para tramitar la solicitud de acceso a las redes de 
transporte y distribución. Dicha renuncia será comunicada por el órgano sustantivo al 
órgano  ambiental  para  que  proceda  a  dictar  resolución  de  terminación  del 
correspondiente procedimiento.
Disposición transitoria segunda.  Procedimientos de instalación de puntos de recarga en 
tramitación.
Los  procedimientos  de  licencias  o  autorizaciones  previas  para  la  instalación  de 
puntos de recarga a los que se refiere el artículo 3, que se hubieran iniciado antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, se regirán por la normativa anterior.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos.
Se introduce una nueva letra ap) en el artículo 110 de Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos con el siguiente literal:
«ap)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  titulares  de  instalaciones  de 
suministro de combustibles y carburantes a vehículos de sus obligaciones de 
instalación de puntos de recarga eléctrica.»
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico.
Se  modifica  la  Ley  24/2013,  de  26  de  diciembre,  del  Sector  Eléctrico  en  los 
siguientes aspectos: s
Uno.  Se introduce un nuevo párrafo, entre los párrafos 5 y 6 en el artículo 34.1, con  w.
la siguiente redacción: 096ww
«De la misma forma, también se considerarán elementos constitutivos de la
irnecdl udidea tsr alanss pinosrttea lalocsio cnoems pdoen aelnmteasc ednea mreiedn dtoe,  tqraunes speorráten  apqleuneallmose nqtuee i nstee gurtaildizoasn, 
para garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la red de transporte y no a 
efectos de balance o de gestión de congestiones.»
Dos.  Se introduce un nuevo párrafo, entre los párrafos 2 y 3 en el artículo 38.2, con 
la siguiente redacción:
«De la misma forma, también se considerarán elementos constitutivos de la 
red de distribución los componentes de red de distribución plenamente integrados, 
incluidas las instalaciones de almacenamiento, que serán aquellos que se utilizan 
para garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la red de transporte y no a 
efectos de balance o de gestión de congestiones.»
Tres.  Se modifica el apartado segundo del artículo 40 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, mediante la introducción de una nueva letra u) con el 
siguiente literal:
«u)  Disponer de un servicio de atención a los titulares de instalaciones de 
autoconsumo, cualquiera que sea la modalidad de mismo que permita interponer 
quejas, reclamaciones e incidencias en relación con los expedientes de acceso a 
la red de dichas instalaciones, así como obtener información sobre cuál es el 
siguiente paso en la gestión, quién es el sujeto que debe de ejecutarlo, los plazos 
que resulten de aplicación y toda aquella información que resulte relevante y de la 
que el consumidor deba disponer para la tramitación del expediente. Asimismo, 
este servicio permitirá realizar solicitudes de información sobre el estado de los 
expedientes.  Para  la  prestación  de  este  servicio  se  habilitará  un  número  de 
teléfono gratuito, así como una dirección de correo electrónico o servicio web a 
través de los que los interesados podrán dirigirse indistintamente al gestor. El 
sistema de comunicación electrónica deberá emitir de forma automatizada un 
acuse de recibo donde quede constancia de la fecha, hora y número de solicitud.
Los gestores de red no podrán desviar llamadas realizadas al número de 
teléfono gratuito mencionado a números que impliquen un coste, ya sea vía 
telefónica, mediante mensajes de texto u otros análogos para la atención de 
quejas, reclamaciones e incidencias, así como solicitudes de información relativas 
al estado de los expedientes.»
Cuatro.  Se añaden los siguientes apartados al artículo 64 con el siguiente tenor 
literal:
«52.  Imponer  injustificadamente  condiciones,  dificultades  o  retrasos  en 
relación con la tramitación de los contratos de acceso en las modalidades de 
autoconsumo, o de los contratos de suministro de energía en las modalidades de 
autoconsumo, cuando se cause un grave daño a los intereses generales, así como 
el no disponer del servicio de servicio de atención a los titulares de instalaciones 
de autoconsumo.
53.  El Incumplimiento reiterado, por parte de los distribuidores de energía 
eléctrica, de los plazos de respuesta previstos en la normativa sectorial, imponer 
injustificadamente  condiciones,  dificultades  o  retrasos  en  relación  con  la 
tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las 
nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, cuando se cause  es
un grave daño a los intereses generales.» o
Cinco.  Se añaden los siguientes apartados al artículo 65 con el siguiente tenor  096ww
literal:
relac«i4ó4n.  coImn ploan terra minitjaucsitóifnic addea mloesn cteo ntcroantodsic idoen easc, cedsifoic uelnta dlaess  moo draeltidraasdoess  deen 
autoconsumo, o de los contratos de suministro de energía en las modalidades de
autoconsumo, cuando se cause un grave perjuicio a los consumidores, así como 
el  mal  funcionamiento  reiterado  del  servicio  de  atención  a  los  titulares  de 
instalaciones de autoconsumo.
45.  El incumplimiento reiterado, por parte de los distribuidores de energía 
eléctrica, de los plazos de respuesta previstos en la normativa sectorial, imponer 
injustificadamente  condiciones,  dificultades  o  retrasos  en  relación  con  la 
tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las 
nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, cuando se cause 
un grave perjuicio a los consumidores.»
Seis.  Se añaden los siguientes apartados al artículo 66 con el siguiente tenor literal:
«16.  El incumplimiento de los plazos máximos para comunicar al consumidor 
cualquier omisión o requisito adicional en la tramitación de los contratos de acceso 
en las modalidades de autoconsumo o de los contratos de suministro de energía 
en las modalidades de autoconsumo, siempre y cuando se causara un perjuicio al 
consumidor.
17.  El incumplimiento, por parte de los distribuidores de energía eléctrica, de 
los  plazos  de  respuesta  previstos  en  la  normativa  sectorial,  imponer 
injustificadamente  condiciones,  dificultades  o  retrasos  en  relación  con  la 
tramitación de los permisos de acceso y conexión, y entronque y conexión de las 
nuevas instalaciones a la red de los consumidores, en particular de los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y sus infraestructuras asociadas, siempre y cuando 
se causara un perjuicio al consumidor.»
Siete.  Se modifica el artículo 73.4 con la siguiente redacción:
«4.  La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, 
podrá  imponer  sanciones  por  la  comisión  de  las  infracciones  administrativas 
siguientes:
a)  Las tipificadas como muy graves en los párrafos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 37, 38 bis, 40, 41, 43, 44, 47, 
48, 49, 50, 51 y 53 del artículo 64.
b)  Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves 
y, en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 26, 27 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45 del artículo 65.
c)  Las tipificadas como leves en los párrafos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 17 del artículo 66.»
Ocho.  Se modifica la disposición adicional vigésimo tercera que pasa a tener la 
siguiente redacción:
«Disposición adicional vigésima tercera.  Bancos de pruebas regulatorios.
Al amparo de la presente ley y con el objeto de cumplir los objetivos previstos 
en  la  misma,  así  como  los  objetivos  de  energía  y  clima  y  la  sostenibilidad 
ambiental, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios en los que se  s
desarrollen proyectos piloto con el fin de facilitar la investigación e innovación en el  e.
ámbito del sector eléctrico. w.
A  tal  efecto,  mediante  real  decreto  del  Gobierno  se  desarrollará  096ww
preagrtlaicmipeanctiaórnia dmee pnrtoey eecl tomsa prciloo tog. eDniecrhaol  rdeeall  dbeacnrceoto  dceo npcrrueetabraás  erl emgualractoo rqiou ep faijrea  lalas 
peaxertniccuiolanreidsa ddees  ladse  retaglu lpaacriotinciepsa cdióenl  sye,c teonr  esléuc tcriacsoo, , sipno dpreár judiceifoin idr eld eptreinrmcipinioa ddaes   BOE-A-cable e
sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Los proyectos deberán 
tener carácter limitado en cuanto a su volumen, tiempo de realización y ámbito 
geográfico. Una vez aprobado el marco general, se celebrarán las convocatorias 
específicas mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por 
el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica.
Uno.  Se modifica la redacción de los apartados a) y b) del artículo 1.1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que quedan redactados 
como sigue:
«a)  Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 
de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:
1.º  Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 3 meses.
2.º  Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 27 meses.
3.º  Obtención de la autorización administrativa previa: 30 meses.
4.º  Obtención de la autorización administrativa de construcción: 33 meses.
5.º  Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.
b)  Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre 
de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley:
1.º  Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.
2.º  Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses.
3.º  Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses.
4.º  Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses.
5.º  Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años.»
Dos.  Se modifica la redacción del párrafo siguiente a los apartados a) y b) del 
artículo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que queda redactado como sigue:
«Todos los plazos señalados en los apartados a) y b) serán computados desde 
el 25 de junio de 2020.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en 
materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la 
tarifa de utilización del agua.
Se añade un nuevo apartado en la disposición adicional tercera del Real Decreto-
ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon 
de regulación y de la tarifa de utilización del agua, que queda redactado como sigue:
«3.  Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado 2 a las nuevas solicitudes de  es
autorización  administrativa  para  aquellas  instalaciones  de  generación  eólicas  o
marinas que ya cuenten con autorización administrativa previa o asociadas a la  096ww
edclarfesee  acpitcrnooifóstron,a t eiopps aotarrsuma cy pt aulniacruarceesivód anints aed rtce ee cqisnnuafoerrali oaeglsas ít ardusae cca ttusievroviadca aipcaduad araascs ei lóaaan   pl acre uoeleénnbcsetairrd,igce díaraea,  mdeeaóon lis cdtarsea u mc iiónacnvarie snosoa t.,vi  gainAalicc dliaueócisndit óaonyss     OE-A-2021-21able en https://
desarrollo o de innovación tecnológica, deberá contar con informes que así lo
acrediten  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  y  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P.»
Disposición final quinta.  Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se introducen las 
siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Uno.  Se añade un apartado 7 en el artículo 74, con la siguiente redacción:
«7.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por 
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se 
hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta 
bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  dispongan  de  la 
correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos 
sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.»
Dos.  Se añade una letra f) en el apartado 2 del artículo 88, con la siguiente redacción:
«f)  Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para 
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan 
de la correspondiente homologación por la Administración competente.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos 
anteriores de este apartado.»
Tres.  Se añade una letra f) en el apartado 2 del artículo 103, con la siguiente redacción:
«f)  Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que 
las  instalaciones  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la 
Administración competente.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de 
aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.»
Disposición final sexta.  Modificación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, 
de  transposición  de  directivas  de  la  Unión  Europea  en  las  materias  de  bonos 
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 
abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de 
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las 
retransmisiones  de  programas  de  radio  y  televisión,  exenciones  temporales  a 
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la 
promoción  de  vehículos  de  transporte  por  carretera  limpios  y  energéticamente 
eficientes.
El Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, queda modificado de la siguiente forma: e.e
Uno.  Se modifica la letra d) del artículo 34.2 del título I, que queda redactado con el  096ww
siguiente t«erneomr ilsitieórna,l :en su caso, del folleto de base del programa de emisión o del folleto
de emisión.»
Dos.  Se modifica la disposición transitoria primera, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de los títulos emitidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del libro primero de este real decreto-ley.
1.  Las cédulas y bonos emitidos antes de la entrada en vigor del Libro 
primero de este real decreto-ley conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de regulación del mercado hipotecario, en el artículo 34 de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y el 
artículo 13 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del 
Sistema Financiero, continuarán rigiéndose por dicha normativa hasta la entrada 
en vigor de dicho libro primero de este real decreto-ley. Posteriormente, el régimen 
jurídico de dichas cédulas y bonos será el previsto en este real decreto-ley y su 
desarrollo reglamentario.
2.  Desde la fecha de publicación de este real decreto-ley en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta la entrada en vigor de su Libro primero, las entidades 
emisoras de las cédulas y bonos señaladas en el apartado anterior desarrollarán 
las acciones necesarias para ejecutar respecto de dichos activos las obligaciones 
previstas en este real decreto-ley.
3.  Los tenedores de las cédulas y bonos previstas en el apartado 1 no 
tendrán acción alguna contra la entidad emisora para reclamar su vencimiento 
anticipado como consecuencia de esta modificación en el régimen legal.
4.  Las participaciones hipotecarias y certificados de transmisión hipotecaria 
emitidos antes de la entrada en vigor del libro primero de este real decreto-ley 
conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, y la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril,  de  fomento  de  la  financiación  empresarial  seguirán  rigiéndose  por  la 
normativa con la que se emitieron hasta su vencimiento.»
Tres.  Se modifica la disposición transitoria segunda, que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria segunda.  Asignación de los activos de cobertura a los 
títulos emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del Libro primero de este 
real decreto-ley.
Las entidades de crédito que tengan emitidos bonos garantizados conforme a 
la normativa en vigor a la fecha de entrada en vigor del Libro primero de este real 
decreto-ley articularán un procedimiento que garantice la neutralidad y la calidad 
de activos traspasados al conjunto de cobertura. Dicho procedimiento deberá 
permitir que la cartera traspasada mantenga un nivel de calidad crediticia mínimo, 
una coherencia entre los vencimientos medios de los préstamos y el vencimiento 
de los títulos en circulación, diversificación geografía y la adecuada granularidad. 
El controlador del conjunto de cobertura deberá verificar el procedimiento elegido y 
controlar que los activos traspasados cumplen los criterios establecidos por la 
entidad de crédito. Las entidades de crédito deberán facilitar a los inversores, a 
través de su página de internet, la información necesaria sobre el proceso de 
transición. Al menos, con tres meses de anterioridad a la entrada en vigor del libro 
primero de este real decreto-ley, las entidades de crédito que tengan emitidos 
bonos garantizados conforme a la normativa que deroga este real decreto-ley,  s
deberán presentar al Banco de España un órgano de control del conjunto de  oe.
cobertura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de este real decreto-ley  w.
ppórarogrgaar naosm ud ae a duceoto nretirzmoailcs diióóennl   ccyoo nrrrjueengstpisoot rndode i eccnootmbee,o r stuaórlravg oas neqoruá e dú esnlei c octro apntaejur and teola  scd écede udcluaolsba,es  rdetoumnradit iedd aeesll    2021-21096n https://ww
de un mismo tipo.»
Cuatro.  Se modifica la disposición final décima, que queda redactada como sigue:
«Disposición final décima.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», excepto en las regulaciones que a continuación se 
especifican:
a)  El  libro  primero,  las  disposiciones  adicionales  primera  a  tercera,  las 
disposiciones  finales  primera  y  cuarta  y  las  letras  a)  a  e)  de  la  disposición 
derogatoria única del presente real decreto-ley entrarán en vigor el 8 de julio 
de 2022.
b)  El libro quinto tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021.
c)  El libro sexto entrará en vigor el 28 de mayo de 2022, con la excepción de 
lo dispuesto en el apartado decimosexto del artículo 82 respecto a la modificación 
del apartado 5 del artículo 107 del texto refundido de la Ley General de Defensa 
de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que entrará en vigor el 1 de 
enero de 2022 en lo referente a la resolución del contrato prevista en el apartado 5 
del artículo 119 ter del mismo texto refundido.
d)  La  disposición  final  tercera  entrará  en  vigor  a  los  veinte  días  de  su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»
Disposición  final  séptima.  Modificación  de  la  Ley  27/1999,  de  16  de  julio,  de 
cooperativas.
La Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas queda modificada como sigue:
Uno.  Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 25 con la siguiente redacción:
«4.  Los Estatutos podrán prever la posibilidad de asistencia y participación, a 
distancia, de las personas socias y demás legitimadas en las reuniones de las 
Asambleas  Generales,  por  medios  digitales,  siempre  que  se  garanticen  los 
siguientes extremos:
a)  La identidad y legitimación de las personas socias, sus representantes y 
demás personas asistentes a la reunión.
b)  La seguridad y el contenido de las comunicaciones.
c)  La transmisión en tiempo real de la Asamblea General, con comunicación 
bidireccional de imagen y sonido para que todas las personas socias puedan 
participar en la deliberación y en la toma de acuerdos, para lo cual la cooperativa 
deberá implementar las medidas necesarias para asegurar su efectividad.
d)  El mecanismo de ejercicio del voto, la identidad de la persona emisora, y, 
en su caso, la confidencialidad del voto.
El anuncio de convocatoria informará de los trámites y procedimientos que 
habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de personas asistentes, 
para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  para  el  adecuado  reflejo  en  el  acta  del 
desarrollo de la reunión.
En el acta, el secretario deberá reflejar la acreditación de la identidad de todos 
los asistentes.» s
Dos.  Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 36, que queda redactado en los  w.
siguientes términos: 096ww
«6.  Los  Estatutos  podrán  prever  que  los  miembros  del  Consejo  Rector
plause cdoamn iasisoisnteirs ,y  cpoamrtiitcéips ayr ,c ao mdiisstioannecisa ,e jeenc ustuivsa rse, uenxiiosnteenst eys, ,e pno sr um ceadsioos,  ednig liatasl edse, 
para lo cual la cooperativa deberá poner a su disposición los medios necesarios
para  el  ejercicio  de  sus  derechos.  En  este  supuesto,  deberán  quedar 
garantizadas la identidad de las personas asistentes, la seguridad y el contenido 
de las comunicaciones, la transmisión bidireccional y en tiempo real de imagen y 
sonido,  así  como  el  mecanismo  de  ejercicio  del  derecho  de  voto  y  su 
confidencialidad.»
Disposición final octava.  Modificación del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El apartado 2 de la disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, queda redactado en los siguientes términos:
«2.  Los  empresarios,  excluida  la  Administración  Pública  y  las  entidades, 
organismos y empresas del sector público, dedicados a actividades encuadradas 
en los Sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energía y 
Agua; Comercio; Turismo; Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte 
Aéreo de ala fija, Construcción de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros 
y Actividades Inmobiliarias en las Ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de 
cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan trabajadores que 
presten actividad en las referidas ciudades, tendrán derecho a una bonificación 
del 50 por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por 
contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de 
desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.»
Disposición final novena.  Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación.
Se  modifica  la  Ley  14/2011,  de  1  de  junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la 
Innovación, en los siguientes términos:
Uno.  Se modifica el primer párrafo del apartado 3 del artículo 22, que queda 
redactado de la siguiente forma:
«3.  En los procesos selectivos que sean convocados por las Universidades 
públicas, por los Organismos Públicos de Investigación y otros Organismos de 
investigación de la Administración General del Estado, por los Organismos de 
investigación de otras Administraciones Públicas, la evaluación superada en el 
contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se 
tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como méritos investigadores en 
dichos  procesos  selectivos,  y  se  proyectara  sobre  las  pruebas  o  fases  de 
valoración  del  currículo  del  personal  investigador  que  formen  parte  de  esos 
procesos, de forma que tendrá efectos de exención o compensación de parte de 
las  pruebas  o  fases  de  evaluación  curricular  o  equivalentes,  para  todas  las 
Administraciones públicas.»
Dos.  Se modifica la disposición adicional décimo sexta, que queda redactada de la 
siguiente forma:
«Disposición adicional decimosexta.  Investigadores de los Programas Ramón y  s
Cajal,  Miguel  Servet  y  otros  programas  y  subprogramas  de  ayudas  oe.
postdoctorales. 096www.
artíc1u.l o S22e rdáen  edset aa lpelyic aalc pióenr sloons ael fiencvteosst igeasdtaobr leqcuied ohsa ypao rp alorsti caippaadrota deons p r3o gyr a4m daesl 
osi msuilabrp rao glraa mpraesv idseta  aeynu deals  aprtoícsutdloo c2to2r.a2l edse  ye qsutae  lheay,y ao  squupee rhaadyoa u snuap eevraadluoa cuinóan   BOE-A-cable e
evaluación específica para investigadores consolidados realizada por la Agencia 
Estatal de Investigación, o una evaluación equivalente a la del Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(I3) o la que la pueda sustituir.
2.  En la Oferta de Empleo Público, dentro del límite de la tasa de reposición 
correspondiente a las plazas para ingreso de las Escalas de personal investigador 
de los Organismos Públicos de Investigación:
Se establecerá una reserva de un mínimo de un 25 % de plazas para la 
incorporación de personal investigador doctor que haya participado en programas 
o subprogramas de ayudas postdoctorales y que haya superado una evaluación 
similar a la prevista en el artículo 22.2 de esta ley, o que haya superado una 
evaluación específica para investigadores consolidados realizada por la Agencia 
Estatal de Investigación, o una evaluación equivalente a la del Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(I3) o la que la pueda sustituir.
En el supuesto de que no se cubran todas las plazas previstas en las reservas 
del párrafo anterior, las plazas que queden desiertas se acumularán al resto de 
plazas ofertadas dentro de la tasa de reposición correspondiente a las plazas para 
ingreso de las Escalas de personal investigador de los Organismos Públicos de 
Investigación.
3.  En la Oferta de Empleo Público, dentro del límite de la tasa de reposición 
correspondiente los cuerpos docentes Universitarios y al Profesorado Permanente 
Laboral, se establecerá una reserva de un mínimo de un 15 % de plazas para la 
incorporación de personal investigador doctor que haya participado en programas 
o subprogramas de ayudas postdoctorales y que haya superado una evaluación 
similar a la prevista en el artículo 22.2 de esta ley, o que haya superado una 
evaluación  especifica  de  suficiencia  investigadora  convocada  por  la  Agencia 
Estatal de Investigación, o una evaluación equivalente a la del Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora 
(I3) o la que la pueda sustituir.»
Disposición final décima.  Títulos competenciales.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de la competencia que las reglas 7.ª, 13.ª, 
14.ª, 17.ª, y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española atribuyen al Estado en 
materia de legislación laboral, bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica, Hacienda general, legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social, y bases del régimen minero y energético.
Disposición final undécima.  Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y 
Función Pública, de Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y de Ciencia e Innovación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, 
aplicación y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición  final  duodécima.  Salvaguardia  del  rango  de  ciertas  disposiciones  w.b
reglamentarias. 096ww
lmeyo,d Lifpaicusae mcdiaóonnd  ifpirceoaarc liieozlan rmesseis  qmuroee,s  cpeoennc  tppoao rsatti ceurlailoasrr i ddnaeodlr  mac aolasn  teernnetigrdaload mad eeen nlto avsrii gaaosrr t ídqceuu leoe ss ste5o  nrye  ao6l b,d jepetocord ertádone-   OE-A-2021-21able en https://
efectuarse por normas con rango de real decreto.
Disposición final decimotercera.  Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN