BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 265 Miércoles 7 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 85235
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
11922 Resolución  de  16  de  septiembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación extendida por el registrador titular del registro de la propiedad de 
Cebreros, por la que se suspende la inscripción de un testimonio del Decreto 
de adjudicación, al que se acompaña el correspondiente mandamiento de 
cancelación de cargas, dictado en un procedimiento de ejecución hipotecaria.
En el recurso interpuesto por Doña E. M. M. C., Procuradora de los Tribunales, 
actuando en nombre y representación de CaixaBank SA, contra la nota de calificación 
extendida por el registrador titular del Registro de la Propiedad de Cebreros, don Javier 
Álvarez de Mon y Pan de Soraluce, por la que suspende la inscripción de un testimonio 
del Decreto de adjudicación, al que se acompaña el correspondiente mandamiento de 
cancelación de cargas, dictado en un procedimiento de Ejecución Hipotecaria.
Hechos
I
En procedimiento de ejecución hipotecaria 55 /2013 se dicta decreto de adjudicación 
a favor de la entidad Buildingcenter S.A. La demanda de ejecución hipotecaria se dirigió 
contra don P. J. N. G. y contra doña M. P. T. R., ambos como deudores hipotecantes. 
Dichos señores fallecieron el día 4 de febrero de 2015 y el 10 de enero de 2014 
respectivamente, siguiéndose la ejecución contra la herencia yacente de los citados 
causantes.
II
Presentada testimonio del citado decreto expedido el día 11 de octubre de 2017 por 
el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Arenas de San Pedro acompañado de mandamiento de cancelación de cargas en el 
Registro  de  la  Propiedad  de  Cebreros,  fue  objeto  de  la  siguiente  calificación: 
«Presentado nuevamente en este registro, el día 28 de Febrero de 2019 bajo el asiento 
…., testimonio del Decreto de adjudicación, firme, expedido el once de Octubre de dos 
mil diecisiete, por el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Arenas de San 
Pedro,  procedimiento  de  Ejecución  Hipotecaria  55/2013,  al  que  se  acompaña  el 
correspondiente mandamiento de cancelación de cargas por duplicado, así como por 
instancia suscrita por la adjudicataria … en la que se pone de manifiesto la situación 
arrendaticia de la finca objeto de inscripción; y habiendo sido acredita la correspondiente 
liquidación  el  impuesto  y  cumplida  la  acreditación  sobre  el  IIVTNU;  se  extiende  la 
siguiente  nota  de  calificación:  En  una  primera  presentación  del  citado  documento, 
realizada el día 12 de enero de 2018… se extendió nota de calificación de fecha 2 de 
febrero de 2018, en la que, en su párrafo tercero se indica que: "En los supuestos de las 
ejecuciones seguidas contra las herencias yacentes, es doctrina de la DGRN, a través  e.e
de distintas resoluciones, entre ellas, la más reciente, de fecha 18 de diciembre de 2017,  b
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procedimientos  seguidos  contra  la  herencia  yacente,  que  no  evita  la  necesidad  de
nombrar administrador el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que 
conste haberse otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, 
pues, mediante la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta pasa a los 
siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados de 
defender los intereses en la herencia. "Para finalmente añadir "distinto sería el caso de 
que la renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento 
de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les había hecho en éste, pues 
en este caso, si habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de 
la  herencia";  y  en  su  párrafo  cuarto  se  dispuso  que:  "Analizando  esta  doctrina  y 
aplicando la misma al supuesto que nos ocupa, se observa que la renuncia de las 
herederas ha tenido lugar con anterioridad a su intervención en el procedimiento por lo 
que cuando ésta se produce, ya no representan los intereses de la herencia a la que 
previamente habían renunciado, y de ahí la necesidad de nombrar un administrador 
judicial que pueda velar por tales intereses, por lo tanto, y a la espera del nombramiento 
del administrador judicial, se suspende la inscripción solicitada."
En segunda presentación bajo al asiento …, fue devuelto a este Registro, el citado 
documento acompañado por diligencia de ordenación expedida el día seis de marzo de 
dos mil dieciocho, en la que se fundamentaba la no necesidad de nombramiento de 
administrador judicial de la herencia. En aquella ocasión los documentos volvieron a ser 
objeto de calificación, extendiéndose una nueva nota, de fecha tres de abril de dos mil 
dieciocho, en la que se indicó que: "En dicha diligencia, se fundamenta la no necesidad 
de nombramiento de administrador judicial, en que han intervenido sucesores legítimos 
renunciando a la herencia.Como resulta de la primera nota de calificación, la intervención 
de los sucesores en el procedimiento, es posterior a la renuncia de la herencia, no 
ostentando entonces la condición de herederos A la vista de ello, este Registrador reitera 
la anterior nota de calificación...".Con ocasión de esta nueva presentación, se añade a 
los citados documentos, testimonio de comparecencia de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil quince, en la que se recoge la comparecencia de una heredera que ya se 
recogía en detalle en el primer documento original, no aportando nada nuevo; por lo que 
se entiende que no ha sido subsanado el defecto indicado de "nombramiento de un 
administrador judicial, en los términos previsto en el art. 790 LEC y siguientes"; y por lo 
tanto se reiteran las notas de calificación que en su día se emitieron, dándose aquí por 
reproducidas  en  todo  lo  no  transcrito  anteriormente;  suspendiéndose  la  inscripción 
solicitada hasta la subsanación de dicho defecto. No se toma anotación preventiva por 
no  haber  sido  solicitada,  conforme  al  Art.  65  de  la  Ley  Hipotecaria.  Sigue  pie  de 
recurso… diecisiete de marzo del año dos mil veinte, firmado electrónicamente por el 
registrador».
III
Contra  la  anterior  nota  de  calificación,  Doña  E.  M.  M.  C.,  Procuradora  de  los 
Tribunales, actuando en nombre y representación de CaixaBank SA, interpone recurso 
en base a las siguientes alegaciones. Primero. El Sr. Registrador de la Propiedad califica 
negativamente el documento judicial, por considerar que se ha infringido la doctrina de la 
DGRN  respecto  de  las  herencias  yacentes,  (reproduce  parcialmente  la  nota  de 
calificación) Segundo. Constan como hitos principales en lo que aquí interesa de la 
ejecución hipotecaria que: 1. La demanda de ejecución hipotecaria se dirigió contra don 
P.J. N. G. y contra doña M. P. T. R., ambos como deudores hipotecantes. 2. Ambos  s
fueron requeridos de pago y notificados del auto despachando ejecución el día 19 de  e.
septiembre de 2013, a las 10:50 horas, de forma personal y por el funcionario de la  w.
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señalado con indicación de que era el arrendatario de la finca. Consta, por último, en el 
decreto de adjudicación (documento número 2) que doña M. P. T. R., falleció el día 10 de 
enero de 2014 y don P. J. N. G. el día 4 de febrero de 2015; que doña S. N. T. renunció a 
la herencia el día 6 de abril de 2015 y doña S.M. el día 8 de julio de 2015. Tercero. De la 
correcta interpretación de la doctrina de la DGRN sobre herencias yacentes. Se ha 
exigido, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria y 166.1 del Reglamento Hipotecario, por analogía), el nombramiento judicial 
de un administrador de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra 
herederos  indeterminados  del  titular  registral.  Y  se  había  justificado  esta  exigencia 
precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción 
la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le 
originaría indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24 de la Constitución). Sin embargo, con posterioridad se ha aclarado, 
para adecuar esa doctrina a los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia (véase, 
por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2010 y 10 de enero de 2011) que la 
exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe 
convertirse  en  una  exigencia  formal  excesivamente  gravosa,  de  manera  que  la 
suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal 
nombramiento y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a 
aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente 
genérico y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas 
como posibles herederos, siempre que de los documentos presentados resulte que el 
juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. En el 
presente caso, es obvio que la demanda se ha dirigido contra los titulares registrales, no 
siendo indeterminados, los cuales fueron requeridos de pago. Ninguna indefensión se ha 
producido, por tanto, pudiendo los titulares registrales en fecha oponerse a la ejecución, 
así como verificar cualquier extremo del título y del procedimiento. Cuarto. Posibilidad de 
intervención  en  el  procedimiento  antes  de  la  renuncia.  En  el  caso  concreto  que 
examinamos, el fallecimiento de los titulares registrales se ha producido durante la 
ejecución y sucesivamente. La herencia yacente existe desde el día 10 de enero de 2014 
(fallecimiento  de  doña  M.  P.).  Desde  ese  día,  las  herederas  (hijas)  podían  haber 
intervenido. Por lo tanto, no estamos en un supuesto de que la renuncia se haya 
producido  antes  de  poder  intervenir.  Recordamos  que  la  comparecencia  de  las 
herederas el 4 de noviembre de 2015 se produce motu proprio. Ningún requerimiento se 
había realizado por el Juzgado con posterioridad al requerimiento de pago a los titulares 
registrales,  ni  siquiera  se  había  convocado  subasta.  Además,  hay  un  dato  en  la 
comparecencia que acredita el pleno conocimiento por las hijas sobre el procedimiento: 
indican "que se tenga en cuenta el escrito presentado por A.G. C. con fecha 24/09/13", 
arrendatario.  Quinto.  Es  claro  que  este  es  un  supuesto  que  se  dan  todas  las 
circunstancias para evidenciar una aplicación menos rigurosa a la hora de exigir el 
nombramiento de un administrador judicial: requeridos de pagos los titulares registrales, 
ambos  fallecidos  en  distintas  fechas,  las  hijas  comparecen  en  sede  judicial  sin 
requerimiento ni noticia previa y acreditan un conocimiento no sólo de la existencia de 
los autos sino un conocimiento exhaustivo del mismo. Por tanto, la lógica impone que 
ambas pudieron intervenir en el proceso desde, al menos, el 10 de enero de 2014, 
siendo la renuncia posterior y no causando, por tanto, indefensión.
IV es
El registrador, emite su informe confirmando su calificación y forma expediente que  w.
eleva a esta Dirección. 2020-1192n https://w
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución Española; 2, 3, 18, 20, 38, 40, 82, 199, 201, 
202, 325, 326 y 327 de la Ley Hipotecaria; 496 y siguientes, 524 y 790 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; 100 y 272 y siguientes del Reglamento Hipotecario; las 
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de junio, y 21 de octubre de 2013, 
relativas al alcance de la calificación, de 7 de abril de 1992, 7 de julio de 2005, 12 de 
junio de 2008 y 3 de marzo de 2011, relativas a la herencia yacente, y de 21 de 
noviembre de 2017, en cuanto a los documentos no presentados para la calificación en 
tiempo y forma, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 27 de noviembre de 2002, 7 y 8 de abril de 2003, 23 de marzo y 22 de junio 
de 2007, 29 de mayo y 26 de agosto de 2008, 6 de junio y 11 de julio de 2009, 8 de 
noviembre de 2010, 2 de septiembre de 2011, 11 de mayo de 2012, 28 de enero, 27 de 
mayo y 12 de julio de 2013, 29 de enero, 8 de mayo y 2 de octubre de 2014, 29 de 
enero, 11 de febrero, 5 de marzo, 16 y 29 de abril, 21 de mayo, 17 de julio, 22 de octubre 
y 9 de diciembre de 2015, 17 de marzo, 17 de mayo, 8 y 23 de septiembre, 4 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, 22 de mayo, 18 de octubre y 18 de diciembre de 2017, 15 
de febrero, 9, 10 y 20 de julio y 28 de noviembre de 2018 y 17 de enero, 8 de mayo y 5 
de octubre de 2019.
1.  El presente expediente tiene por objeto la inscripción de un testimonio de decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de ejecución 
hipotecaria seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arenas de San 
Pedro, contra la herencia yacente y los desconocidos herederos del titular registral. Son 
datos a tener en cuenta para su resolución los siguientes:
– La demanda de ejecución hipotecaria se dirigió contra don P.J. N. G. y contra doña 
M. P. T. R., ambos como deudores hipotecantes, los cuales fueron requeridos de pago y 
notificados del auto despachando ejecución.
– Doña M. P. T. R. falleció el día 10 de enero de 2014 y don P.J. N. G., el 4 de 
febrero de 2015.
– La hija de ambos, doña Su. M. N. T., compareció en el juzgado ante la Letrada de 
la Administración de Justicia el día 4 de noviembre de 2015, a fin de hacer constar que 
ella y su hermana doña S. M. N. T., renunciaron notarialmente a la herencia de los 
causantes  los  días  6  de  abril  de  2015  y  8  de  julio  de  2015  respectivamente, 
acompañando  las  escrituras  de  renuncia  y  los  certificados  de  defunción  de  los 
causantes. En dicha comparecencia además solicita la citada señora que se tenga en 
cuenta el escrito presentado por A.G. C. con fecha 24 de septiembre de 2013, como 
arrendatario.
– A la vista de dicha comparecencia, se dicta diligencia de ordenación en la misma 
fecha en la que se acuerda seguir el procedimiento contra la herencia yacente de los 
deudores.
– El  registrador  sostiene  que  el  hecho  de  que  la  renuncia  se  efectuase  con 
anterioridad a su comparecencia en el procedimiento, no evita la necesidad de nombrar 
administrador pues, mediante la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, ésta 
pasa  a  los  siguientes  en  orden,  sean  testados  o  intestados,  quienes  serán  los 
encargados  de  defender  los  intereses  en  la  herencia  o  en  su  defecto  habrá  de 
nombrarse un defensor judicial.
– La recurrente expone que las herederas pudieron intervenir en el procedimiento  s
desde el fallecimiento de su madre, produciéndose la renuncia mucho después y que  oe.
tuvieron  perfecto  conocimiento  del  mismo,  como  demuestra  el  hecho  de  que  se  2ww.
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Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el ámbito registral 
el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de 
la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral 
de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este  principio  deriva  a  su  vez  de  la  legitimación  registral  pues  si  conforme  al 
artículo 38 de la Ley Hipotecaria la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de 
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio 
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados 
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que 
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro 
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del 
Reglamento Hipotecario.
El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los 
registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero 
no es menos cierto, conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la 
de  nuestro  Tribunal  Supremo  en  la  Sentencias  relacionadas  en  «Vistos»,  que  el 
registrador  tiene,  sobre  tales  resoluciones,  la  obligación  de  calificar  determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en 
el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún 
derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión 
proscrita, como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución 
Española), ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al 
registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido 
parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.
Como bien recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de 
octubre de 2013, el registrador «(...) debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 
LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los 
Registros  públicos,  deben  acatar  y  cumplir  lo  que  se  disponga  en  las  sentencias 
constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que 
existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica. Y 
como tiene proclamado esta Sala, por todas, la STS núm. 295/2006, de 21 de marzo, 
«no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia 
de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en 
que haya sido parte”».
También hay que citar entre los fallos más recientes la Sentencia del Pleno de la Sala 
Primera  del  Tribunal  Supremo  de  21  de  noviembre  de  2017  que,  de  una  forma 
contundente, afirma lo siguiente: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la 
función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y 
más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el 
art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su 
responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud 
se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos 
dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los 
asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el 
art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado 
o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se  s
hubiera  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado  y  a  los  oe.
obstáculos que surjan del Registro. Está función calificadora no le permite al registrador  w.
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cparensceerlvaacnió nlo sse  doerrdeecnhao sp odr ee l lotrsib utintualal»r.es de los derechos inscritos en el Registro cuya  BOE-A-cable e
Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la Sentencia número 266/2015, de 14 
de diciembre, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española) y al 
proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  de  la  Constitución  Española)  de  la 
demandante,  titular  registral,  en  los  siguientes  términos:  «(...)  el  reconocimiento  de 
circunstancias favorables a la acusación particular (...) no puede deparar efectos inaudita 
parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna 
de alegar y probar en la causa penal, por más que el disponente registral pudiera serlo o 
no en una realidad extra registral que a aquel le era desconocida. El órgano judicial venia 
particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que, 
confiando  en  la  verdad  registral,  pudieran  ver  perjudicados  sus  intereses  por  la 
estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios 
en conflicto con aquellos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de los 
suyos propios».
3.  En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro 
Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse 
bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en 
los  artículos  790  y  siguientes  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  bien  mediante  la 
intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente 
(Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo 
de 2015 y demás citadas en los «Vistos»).
Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de 
considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los 
casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no 
haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento 
considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 790 y 
siguientes exige la adopción de medidas de aseguramiento del caudal hereditario en los 
procedimientos judiciales de división de herencia –entre ellas el nombramiento de un 
administrador judicial ex artículo 795 del Código Civil– cuando fallecido el causante no 
conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. Atribuye, por tanto –en los 
supuestos de herencia yacente– gran importancia a la posibilidad o no de intervención 
de posibles llamados a la herencia.
En este sentido no cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial (citada en 
los «Vistos»), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de 
un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por 
supuesto su aceptación. Solo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera 
parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera 
genérica a los posibles herederos del titular registral sería pertinente la designación de 
un administrador judicial.
Por  eso  es  razonable  restringir  la  exigencia  de  nombramiento  de  administrador 
judicial,  al  efecto  de  calificación  registral  del  tracto  sucesivo,  a  los  supuestos  de 
demandas  a  ignorados  herederos;  pero  considerar  suficiente  el  emplazamiento 
efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia.
Por otro lado, las peculiaridades derivadas de la presentación de una demanda 
contra una herencia yacente no impiden que se deba procurar la localización de quien 
pueda ostentar su representación en juicio como paso previo a una posterior declaración 
en rebeldía; en este sentido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 3 de marzo  s
de 2011, en un caso en que, como en el que se resuelve en este expediente, se  oe.
demandó a la herencia yacente o ignorados herederos si bien en ese supuesto también  w.
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indefensión  consiste  en  la  privación  o  limitación  no  imputable  al  justiciable  de 
cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del proceso, y la 
hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción (Sentencias del Tribunal 
Constitucional números 64/1986, de 21 de mayo, 98/1987, de 10 de junio, 26/1993, 
de 25 de enero, 101/2001, de 23 de abril, 143/2001, de 14 de junio, etc.). Como resulta 
de los fundamentos de Derecho tercero y cuarto de la citada Sentencia, para evitar la 
indefensión  es  preciso  que  se  haya  cumplido  con  la  obligación  de  averiguar  los 
domicilios de los desconocidos herederos demandados, por lo que la citación por medio 
de edictos fijados en el tablón de anuncios e incluso la notificación de la sentencia de 
primera instancia a través de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» requiere 
que, previamente, se hubieran agotado todos los medios de averiguación que la Ley de 
Enjuiciamiento Civil impone. Y en el caso de la herencia yacente, aunque sea una masa 
patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación 
en juicio.
4.  Como  resulta  de  la  doctrina  de  este  Centro  Directivo  antes  expuesta,  el 
nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un 
trámite excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a 
los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la 
herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la 
legitimación pasiva de la herencia yacente.
También ha aclarado esta Dirección General, respecto a la incidencia de la renuncia 
de  los  herederos  en  los  supuestos  de  procedimientos  seguidos  contra  la  herencia 
yacente, que no evita la necesidad de nombrar administrador el hecho de que haya un 
pronunciamiento judicial en el que conste haberse otorgado escritura de renuncia a la 
herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente 
llamados a la herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, 
quienes  serán  los  encargados  de  defender  los  intereses  de  la  herencia;  así  en 
Resolución de 19 de septiembre de 2015. Distinto sería el caso de que la renuncia de los 
herederos se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como 
consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este caso sí 
habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses de la herencia 
(Resolución de 15 de noviembre de 2016).
5.  En el supuesto de este expediente, cuando la hija de los causantes se persona 
voluntariamente y sin requerimiento previo en el procedimiento, ya se ha producido la 
renuncia a los derechos hereditarios tanto por su parte como por la de su hermana como 
acreditó ante el juzgado, siguiéndose, precisamente a raíz de su comparecencia, el 
procedimiento contra la herencia yacente de los deudores. En consecuencia y tal y como 
se ha dicho anteriormente, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la 
herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán 
los encargados de defender los intereses de la herencia, y en este sentido seria correcta 
la nota de calificación del registrador.
No obstante lo anterior, no pueden desconocerse las circunstancias de este concreto 
supuesto. La deudora, doña M. P. T. R. falleció el día 10 de enero de 2014 y don P.J. N. 
G., el 4 de febrero de 2015, por lo tanto, la situación de herencia yacente se produjo con 
el primer fallecimiento, ampliándose dicha situación respecto de la herencia del segundo 
deudor a la muerte de este. No es hasta los días 6 de abril de 2015 y 8 de julio de 2015 
cuando se produce la renuncia a la herencia por parte de las herederas, que si bien no 
habían sido requeridas, si tenían conocimiento del procedimiento y pudieron intervenir en  s
este, como prueba que el día 4 de noviembre de 2015 comparecieran en el juzgado a fin  oe.
de  dar  conocimiento  de  su  renuncia  y  solicitar  que  se  tenga  en  cuenta  el  escrito  w.
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sucesores legítimos que han renunciado a la herencia por lo que decide que no procede 
el nombramiento de defensor judicial, sin que se haya producido impugnación alguna de 
la citada resolución.
En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
nota  de  calificación  del  registrador  en  los  términos  que  resultan  de  las  anteriores 
consideraciones.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 16 de septiembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.
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