BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 77  Miércoles 31 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 36487
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
5032 Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios 
electrónicos con las administraciones públicas, simplificando el acceso a los mismos, y 
refuerzan el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las 
administraciones públicas, tanto para mejorar la eficiencia de su gestión como para 
potenciar y favorecer las relaciones de colaboración y cooperación entre ellas.
Ambas leyes recogen los elementos que conforman el marco jurídico para el 
funcionamiento electrónico de las Administraciones Públicas introduciendo un nuevo 
paradigma que supera la concepción que inspiró la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su desarrollo reglamentario parcial 
en la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o 
dependientes a través del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, según la cual la 
tramitación electrónica no era sino una forma de gestión de los procedimientos.
En este sentido, la Ley 11/2007, de 22 de junio, respondiendo a las nuevas realidades, 
exigencias y experiencias que se habían puesto de manifiesto, al propio desarrollo de la 
sociedad de la información y al cambio de circunstancias tecnológicas y sociales, entre 
otros factores, reconocía el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con 
las Administraciones Públicas, y no solo la posibilidad como se preveía en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La Ley 11/2007, de 22 de junio admitía incluso que, 
por vía reglamentaria, se estableciese la obligatoriedad de comunicarse con las 
Administraciones Públicas por medios electrónicos cuando las personas interesadas 
fuesen personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad 
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tuviesen 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
En este contexto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, han 
dado respuesta a la demanda actual en el sentido de que la tramitación electrónica de los 
procedimientos debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, y no 
solamente ser una forma especial de gestión de los mismos. En consecuencia, se prevé que las 
relaciones de las Administraciones entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades 
vinculados o dependientes se realizará a través de medios electrónicos, y se establece la 
obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración para las personas 
jurídicas, entes sin personalidad y, en algunos supuestos, para las personas físicas, y ello sin 
perjuicio de la posibilidad de extender esta obligación a otros colectivos, por vía reglamentaria.
Con estos antecedentes, era necesario desarrollar y concretar las previsiones legales 
con el fin, entre otros aspectos, de facilitar a los agentes involucrados en el uso de medios  s
tecnológicos su utilización efectiva, aclarando y precisando, al mismo tiempo, aquellas  oe.
materias reguladas en estas leyes que permiten un margen de actuación reglamentaria. w.
La satisfacción del interesado, por tanto, en el uso de los servicios públicos digitales es  32ww
foubnlidgaamcieonnteasl  peanr as ug raerlaanctiiózna rc aodne lcausa Addammiennistetr ascuiso ndeesr ePcúhbolsic ays e. lP courm epllloim, eiesn tpor iodreit asruios 
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sea fácil, intuitiva, efectiva, eficiente y no discriminatoria.
Por otra parte, a lo largo de las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de 
España han ido adoptando programas para el avance digital alineados con las agendas 
digitales europeas, en todos los cuales ha estado presente el eje de mejora de la 
Administración electrónica. Fruto de estos programas, España cuenta con una posición 
muy favorable para abordar la siguiente fase del proceso de Transformación digital de 
nuestro país y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los 
países más avanzados de la Unión Europea, lo que se ha logrado gracias al esfuerzo 
continuado de las Administraciones Públicas en la adaptación de sus servicios electrónicos 
para ofrecer cada vez mejores servicios, más adaptados a las demandas de la ciudadanía 
y las empresas, y más eficientes. En este esfuerzo, la estrategia de España se ha basado 
en el impulso de los fundamentos que permiten una tramitación electrónica completa, y en 
el desarrollo de servicios que pueden ser utilizados libremente por todas las Administraciones 
Públicas, y que están alineados con los esquemas de interoperabilidad europeos.
Los cambios que se están produciendo con la maduración de tecnologías disruptivas 
y su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los 
nuevos modelos de relación de la ciudadanía y empresas con las Administraciones y la 
reutilización eficiente de la información son grandes desafíos que para ser afrontados con 
éxito y para que coadyuven a la Transformación digital exigen como presupuesto contar 
con un marco regulatorio adecuado, tanto con rango de ley como con rango reglamentario, 
que garantizando la seguridad jurídica para todos los intervinientes sirva a los objetivos de 
mejorar la eficiencia administrativa para hacer efectiva una Administración totalmente 
electrónica e interconectada, incrementar la transparencia de la actuación administrativa y 
la participación de las personas en la Administración Electrónica y garantizar servicios 
digitales fácilmente utilizables.
En este sentido, la Agenda España Digital 2025 contiene un eje estratégico específico 
sobre la Transformación Digital del Sector Público, cuya plasmación se concreta en el 
cumplimiento de un conjunto de medidas entre las que se encuentra la mejora del marco 
regulatorio de la Administración digital y específicamente en la aprobación de este real 
decreto. Por su parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España 
Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento 
sostenible e inclusivo, lograr una Administración modernizada a través de su digitalización, 
tanto a nivel transversal como en ámbitos estratégicos, que actúe como tractor de los 
cambios tecnológicos. El último hito en estrategia transformadora lo constituye el Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 -2025, que supone un salto decisivo 
en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, en la transparencia y 
eliminación de trabas administrativas a través de la automatización de la gestión, en una 
mayor orientación a la personalización de servicios y a la experiencia de usuario, actuando 
todo ello de elemento catalizador de la innovación tecnológica de nuestro país desde el 
ámbito público.
En definitiva, el Reglamento que aprueba este real decreto persigue los cuatro grandes 
objetivos mencionados: mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la 
participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.
En primer lugar, persigue mejorar la eficiencia administrativa para hacer efectiva una 
Administración totalmente electrónica e interconectada. Así, se desarrolla y concreta el empleo 
de los medios electrónicos establecidos en las leyes 39/2015, de 1 de octubre, y 40/2015, 
de 1 de octubre, para garantizar, por una parte, que los procedimientos administrativos se 
tramiten electrónicamente por la Administración y, por otra, que la ciudadanía se relacione 
con ella por estos medios en los supuestos en que sea establecido con carácter obligatorio  es
o aquellos lo decidan voluntariamente. o
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los registros electrónicos.
En tercer lugar, el Reglamento persigue garantizar servicios digitales fácilmente 
utilizables de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la 
Administración sea fácil, intuitiva y efectiva cuando use el canal electrónico.
Por último, busca mejorar la seguridad jurídica. Así, se elimina la superposición de 
regímenes jurídicos distintos, se adapta e integra en el Reglamento que aprueba este real 
decreto la regulación que aún permanecía vigente del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, procediendo, por ello, a su derogación definitiva y se adecua la regulación al 
nuevo marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El real decreto consta de un artículo único que aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, dos disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
Entre las cinco disposiciones finales hay dos que modifican normas vigentes y las tres 
restantes regulan el título competencial, la habilitación reglamentaria para el desarrollo y 
ejecución del real decreto y la entrada en vigor. Respecto de las disposiciones 
modificativas, estas afectan al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y al 
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo. Así, en primer lugar, con relación al Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, su artículo 29 establece que el Esquema Nacional de Interoperabilidad se 
desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo en paralelo al progreso de los servicios 
de Administración electrónica, la evolución tecnológica y a medida que vayan 
consolidándose las infraestructuras que lo apoyan. Por ello, la rápida evolución de las 
tecnologías, la experiencia derivada de la aplicación del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad desde su aprobación hace 10 años, las previsiones de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativas a la interoperabilidad entre las 
Administraciones Públicas y sus órganos, organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes, más la necesidad de adecuarse a lo previsto en el 
Reglamento n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión no 
1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, determinan la necesidad de 
proceder a modificar ciertos aspectos de su redacción actual. En consecuencia, se 
modifican los artículos, 9, 11, 14, 16, 17, y 18, así como la disposición adicional primera y 
el anexo de glosario, a la vez que se suprimen el artículo 19 y las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta.
En segundo lugar, se modifica el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, para 
incorporar en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo el análisis de la incidencia en 
los gastos en medios o servicios de la Administración digital dentro del impacto 
presupuestario de los proyectos y, por otra parte, para incluir dentro del apartado de «Otros 
impactos» el que tendrá para las personas destinatarias de la norma y para la organización 
y funcionamiento de la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la 
Administración digital que conlleve la aplicación de la normativa proyectada.
Por su parte, el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por 
medios electrónicos que aprueba el real decreto consta de 65 artículos distribuidos en 
cuatro títulos, diez disposiciones adicionales y un anexo de definiciones.
El título preliminar del Reglamento comprende las disposiciones generales regulando  es
el objeto y ámbito de aplicación de la norma (que se remite al ámbito del artículo 2 tanto  o
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necesarias para relacionarse con las Administraciones Públicas por parte de las
personas interesadas y por el propio sector público, como la libertad para desarrollar e 
implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado; el principio de 
accesibilidad, para promover que el diseño de los servicios electrónicos garantice la 
igualdad y no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular, de las 
personas discapacitadas y de las personas mayores; el principio de facilidad de uso, que 
determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas 
usuarias para minimizar el grado de conocimiento tecnológico necesario para el uso del 
servicio, el principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas 
de información y,por ende, de los procedimientos a los que estos dan soporte, de 
compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos; el principio de 
proporcionalidad, para que las medidas de seguridad y garantías que se exijan sean 
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones 
electrónicos y, por último, el principio de personalización y proactividad, entendido como 
la capacidad de las Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento 
adquirido del usuario final del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se 
anticipe a las posibles necesidades de los mismos.
Asimismo el título preliminar regula el derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas, en aplicación del artículo 14 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los canales a través de los cuales las Administraciones 
Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas 
interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito.
El título I regula los portales de internet, el PAGe, las sedes electrónicas y sedes 
electrónicas asociadas (características, creación y supresión, contenido y servicios, y 
responsabilidad) y el área personalizada a través de la cual cada interesado podrá acceder 
a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las 
notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente, 
que en el ámbito estatal se denomina «Carpeta Ciudadana».
El título II se subdivide en tres capítulos y regula el procedimiento administrativo por 
medios electrónicos. Así, el capítulo I, sobre «Disposiciones generales» aborda la 
tramitación administrativa automatizada y el régimen de subsanaciones. Por su parte el 
capítulo II regula la identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y de las 
personas interesadas y se subdivide en cuatro Secciones: la 1ª aborda las disposiciones 
comunes a la identificación y autenticación y condiciones de interoperabilidad (incluyendo 
la plataforma de verificación de certificados electrónicos y otros sistemas de identificación), 
la 2.ª regula la «Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y la 
autenticación del ejercicio de su competencia», que comprende la identificación de las 
sedes electrónicas y sedes asociadas, la identificación mediante sello electrónico basado 
en certificado electrónico cualificado, los sistemas de firma electrónica para la actuación 
administrativa automatizada, la identificación y firma del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (incluidos los certificados de empleado público con número de 
identificación profesional) y la autenticación e identificación de las Administraciones 
emisoras y receptoras en intercambio de datos a través de entornos cerrados de 
comunicación. La sección 3ª desarrolla la regulación de la identificación y firma de las 
personas interesadas y, por último, la sección 4ª regula la acreditación de la representación 
de las personas interesadas (regulando, entre otros extremos, el registro electrónico de 
apoderamientos).
El título II se cierra con el capítulo III, que en sus dos secciones regula los Registros 
electrónicos, las notificaciones electrónicas y los otros actos de comunicación electrónicos.  es
Así, la sección 1ª regula los registros electrónicos (entre otros aspectos, el Registro  o
EeAaedlnldeem mcrcettirnirgnóóiisnisnstitirctcraroaoat  i ovacGa  illóesaann ssae    pcrlGaaoeslemr s dnpopeeene rrcatsaeasolnd  nicandai taeAses ldri  nemdEtseeisanr tdleiaasasstdars aoO ddc)afi isióscyt niip nn oylatao rsl  asm sd  dpeeeerdc e ailcsoasiessóisn  nenttea loenc2tcicifªótiir canóra  neeycing ictor oumansltea aa(s amt elocairte isopan su tdc bodeol eid cmr eaceu ocgdnimioosicncutrueanomscisc)i ea odyncne itlóe aolansss      OE-A-2021-5032able en https://www.
notificaciones electrónicas (incluyendo las reglas generales de la práctica de las
notificaciones electrónicas, el aviso de puesta a disposición de la notificación, la notificación 
a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHu) y la notificación electrónica en 
sede electrónica o sede electrónica asociada).
El título III regula el expediente electrónico y se divide en dos capítulos. El capítulo I 
regula el documento administrativo electrónico y los requisitos y la emisión de copias 
auténticas de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean 
originales o copias auténticas de originales; la formación del expediente administrativo 
electrónico y el ejercicio de acceso al mismo y a la obtención de copias y la destrucción de 
documentos. Por su parte, el capítulo II regula la conservación de documentos electrónicos 
y la definición de archivo electrónico único.
Por último, el título IV se divide en dos capítulos y regula las relaciones y colaboración 
entre Administraciones Públicas para el funcionamiento electrónico del sector público. Así, 
el capítulo I aborda la colaboración entre las Administraciones Públicas para la actuación 
administrativa por medios electrónicos e incluye las obligadas relaciones interadministrativas 
e interorgánicas por medios electrónicos en el ejercicio de sus competencias, las 
comunicaciones en la Administración General del Estado, la posibilidad de adhesión a 
sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y la regulación del Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR), a través del cual deberán realizarse las interconexiones 
entre Registros de las Administraciones Públicas, que deberán ser interoperables entre sí 
y, en el caso de la Administración General del Estado, lo que supone una novedad, también 
con los sistemas de gestión de expedientes.
El capítulo I del título IV regula también las transmisiones de datos a las que se refiere 
el artículo 155 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, las plataformas de intermediación de 
datos (con mención especial a la de ámbito estatal), la remisión electrónica de expedientes 
administrativos en el ámbito de las Administraciones públicas mediante puesta a 
disposición, a través de un nodo de interoperabilidad, de la dirección electrónica o 
localizador que dé acceso al expediente electrónico completo y, por último, las previsiones 
el intercambio automático de datos o documentos a nivel europeo previstos en el 
Reglamento (UE) n.º 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre 
de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, 
procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 1024/2012.
El título IV finaliza con el capítulo II, que regula la transferencia y uso compartido de 
tecnologías entre Administraciones Públicas, abordando, por una parte, la reutilización de 
sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas y, por otra, la adhesión a las 
plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado
La parte final del Reglamento consta de diez disposiciones adicionales y un anexo de 
definiciones. Las primeras regulan la obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los 
procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la Administración 
General del Estado; la promoción de la formación del personal al servicio de la 
Administración General del Estado para garantizar el derecho de las personas interesadas 
a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración 
Pública; la creación del nodo de interoperabilidad para la identificación electrónica del 
Reino de España para el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre Estados 
miembros de la Unión Europea; la adhesión de las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, en el ejercicio de 
potestades administrativas, a las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y 
sistema de firma y notificaciones electrónicas aplicables; la adhesión de los órganos  es
constitucionales al uso de las plataformas, registros o servicios electrónicos de la  o
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octubre y, por último, las especialidades por razón de materia.
El Reglamento concluye con un Anexo terminológico que retoma la buena praxis que 
incluía la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, en una materia de especial complejidad por la imbricación de categorías 
jurídicas y conceptos tecnológicos en permanente evolución.
El real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), en tanto que persigue un interés general al 
concretar determinados aspectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, que van a facilitar el uso efectivo de los medios electrónicos de la 
Administración, y el desarrollo necesario de las citadas leyes. La norma es acorde con el 
principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad 
jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estableciéndose un 
marco normativo estable, integrado y claro. Asimismo, durante el procedimiento de 
elaboración de la norma, se han formalizado los trámites de consulta pública previa e 
información pública, que establece la Ley en cumplimiento del principio de transparencia, 
quedando además justificados en el preámbulo los objetivos que persigue este real 
decreto. Por último, en virtud del principio de eficiencia la norma no introduce ninguna 
variación, en materia de cargas administrativas, respecto de las leyes que con esta norma 
se desarrollan.
Asimismo, el proyecto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de 
Datos y se ha sometido a consulta a las comunidades autónomas y a la Federación 
Española de Municipios y Provincias a través de la Comisión Sectorial de Administración 
Electrónica y a informe de los diferentes ministerios.
El real decreto se dicta en ejercicio de la habilitación normativa contenida en la 
disposición final sexta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la disposición final 
decimoquinta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para llevar a cabo su desarrollo 
reglamentario en lo referido a la gestión electrónica de los procedimientos y el 
funcionamiento electrónico del sector público y garantizar, así, la efectiva aplicación e 
implantación de las previsiones que ambas leyes establecen, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Los artículos 15,16, 23, 26, 28.2, 
28.3 y 29.4 y la disposición adicional tercera del Reglamento, en cuanto a su relación con 
la ciberseguridad y su impacto en la seguridad de las redes y sistemas de información se 
dictan, además, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149.1.21.ª y 149.1.29.ª de la 
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de 
telecomunicaciones y en materia de seguridad pública, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
y del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Aprobación del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 
público por medios electrónicos.
Se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por 
medios electrónicos, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición transitoria primera.  Destrucción de documentos en soporte no electrónico. oe.
1.  Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, los  32ww
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expediente electrónico, podrán ser eliminados en las mismas condiciones que establece 
este real decreto.
Para ello será necesaria la comunicación previa a la autoridad calificadora 
correspondiente, que irá acompañada de un análisis de riesgos, con la especificación de 
las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos 
electrónicos, establezca el Esquema Nacional de Seguridad, la normativa de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, la legislación de archivos y patrimonio 
histórico y cultural y la normativa específica que sea de aplicación.
2.  Asimismo, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto 
podrán destruirse las copias en papel de los documentos previstos en el artículo 49 del 
Reglamento que se encuentren en las oficinas de registro y de las que se haya obtenido 
en su momento la correspondiente copia electrónica.
Disposición transitoria segunda.  Portales de internet existentes y aplicaciones específicas 
en el ámbito estatal.
1.  La supresión de los portales de internet creados en el ámbito estatal antes de la 
entrada en vigor de este real decreto se regirá por las reglas aplicables en el momento de 
su creación.
2.  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, en el 
ámbito de cada ministerio se analizará la oportunidad del mantenimiento de sus portales de 
internet existentes y los de sus organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes respectivos, así como de las páginas web promocionales 
(«microsites»). Para ese análisis se aplicarán los mismos criterios previstos en el artículo 6 
para la creación de nuevos portales y se decidirá acerca de su mantenimiento o su 
supresión.
En caso de que se decida la supresión, se valorará si es pertinente o no incorporar en 
el PAGe de la Administración General del Estado la información que se ha contenido en 
dichos portales hasta la supresión.
3.  Realizado el proceso previsto en el apartado anterior, en el plazo máximo de un 
año desde la entrada en vigor de este real decreto se publicará en el PAGe de la 
Administración General del Estado una Resolución del Secretario General de Función 
Pública, en la que figurará el listado de portales de internet activos de la Administración 
General del Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de esta.
4.  En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto, y a 
partir de la información facilitada por los ministerios, la Secretaría General de Administración 
Digital realizará el censo de aplicaciones específicas diseñadas para dispositivos móviles 
(«app») para su utilización en los procedimientos de la Administración General del Estado.
5.  En el ámbito de la Administración General del Estado, los portales de internet muy 
reconocidos e identificables por los usuarios, creados antes de la entrada en vigor de este 
real decreto se regirán por las reglas aplicables en el momento de su creación en cuanto 
a nomenclatura, sin necesidad de que modifiquen el nombre del dominio de segundo nivel.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto y, en concreto, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de  e.e
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso  b
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 32ww
Disposición final primera.  Títulos competenciales.
1.  Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
procedimiento administrativo común y para dictar las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas.
2.  Los artículos 15, 16, 23, 26, 28.2, 28.3 y 29.4 y la disposición adicional tercera del 
Reglamento que aprueba este real decreto, en cuanto a su relación con la ciberseguridad 
y su impacto en la seguridad de las redes y sistemas de información se dictan, además, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149.1.21.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones y en 
materia de seguridad pública, respectivamente.
3.  No tiene carácter básico y será de aplicación únicamente en el ámbito estatal lo 
dispuesto en:
a)  La disposición transitoria segunda y la disposición final tercera de este real 
decreto.
b)  El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 3, los artículos 6, 7.4, 8, 10.3, 10.4, 
13.2, 17, 18.2, 19.3, 19.4, 21.4, 23.2, 24, 25.4, 28.3, 30.2, 31, 33, 36, 38.1, el segundo 
párrafo del apartado 4 del artículo 39, los artículos 40, 42.5, 48, 53.5, 55.2, 57, 60.3, 62.2 
y las disposiciones adicionales primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, el segundo 
apartado de la disposición adicional séptima del Reglamento que aprueba este real 
decreto.
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.
El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica queda modificado como 
sigue:
Uno.  El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9.  Inventarios de información administrativa.
1.  Cada Administración Pública mantendrá actualizado el conjunto de sus 
inventarios de información administrativa que incluirá, al menos:
a)  La relación de los procedimientos administrativos y servicios prestados de 
forma clasificada y estructurada. Las Administraciones Públicas conectarán 
electrónicamente sus inventarios con el Sistema de Información Administrativa 
gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración 
con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
b)  La relación de sus órganos administrativos y oficinas orientadas al público y 
sus relaciones entre ellos. Dicho inventario se conectará electrónicamente con el 
Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, gestionado por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, que proveerá una codificación unívoca.
2.  Cada Administración Pública regulará la creación y mantenimiento de estos 
dos inventarios, en las condiciones que se determinen, con carácter general, por las 
normas  técnicas  de  interoperabilidad  correspondientes;  en  su  caso,  las 
Administraciones Públicas podrán hacer uso de los citados Sistema de Información  s
Administrativa y Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas para la  oe.
creación y mantenimiento de sus propios inventarios. Para la descripción y  w.
msoopdoertlaizna csieórná  ddee  alopslic parcoiócne dloim pireenvtiostso  asdombrien iesstrtaátnivdoasre ys  edne  ello asr tpícroulcoe 1s1o.s» que los  2021-5032n https://ww
Dos.  El párrafo a) del artículo 11.3, queda redactado como sigue:
«a)  El uso de las especificaciones técnicas de las TIC en la contratación 
pública junto con las definiciones de norma y especificación técnica establecidos en 
el Reglamento n.º 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, sobre normalización europea.»
Tres.  Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14.  Plan de direccionamiento de la Administración.
Las Administraciones Públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e 
interconexión de redes en la Administración, desarrollado en la norma técnica de 
interoperabilidad correspondiente, para su interconexión a través de las redes de 
comunicaciones.»
Cuatro.  Se modifica el artículo 16, que queda redactado como sigue:
«Artículo 16.  Condiciones de licenciamiento aplicables.
1.  Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones informáticas, 
documentación asociada, y cualquier otro objeto de información cuya titularidad de 
los derechos de la propiedad intelectual sea de una Administración Pública y permita 
su puesta a disposición de otra Administración y de los ciudadanos tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:
a)  El fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización de recursos 
públicos.
b)  La completa protección contra su apropiación exclusiva o parcial por parte 
de terceros.
c)  La exención de responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte 
del cesionario.
d)  La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del 
cedente.
e)  La ausencia total de responsabilidad por parte del cedente con respecto al 
cesionario en caso de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
f)  El licenciamiento se realizará por defecto sin contraprestación y sin 
necesidad de establecer convenio alguno. Sólo se podrá acordar la repercusión 
parcial del coste de adquisición o desarrollo de las aplicaciones cedidas en aquellos 
casos en los que este pago repercuta directamente en el incremento de 
funcionalidades del activo cedido, incluya adaptaciones concretas para su uso en el 
organismo cesionario, o impliquen el suministro de servicios de asistencia o soporte 
para su reutilización en el organismo cesionario.
2.  Las Administraciones Públicas utilizarán para las aplicaciones informáticas, 
documentación asociada, y cualquier otro objeto de información declarados como 
de fuentes abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o 
información cumplen los siguientes requisitos:
a)  Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
b)  Permiten conocer su código fuente. es
c)  Pueden modificarse o mejorarse. bo
d)  Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la  32ww
obra3 .d erPivaardaa e mstaen ftienn sgea  persotcausr cauráa tlrao  agpalricaanctíiaósn. de la Licencia Pública de la Unión
Eexupruoepsetao,s  seinn  lpoes rajupiacriota ddoes  o1t rya s2 .licencias que garanticen los mismos derechos  BOE-A-cable e
4.  A efectos de facilitar el establecimiento de las condiciones de licenciamiento, 
las Administraciones Públicas incluirán en los pliegos de cláusulas técnicas de 
aquellos contratos que tengan por finalidad el desarrollo de nuevas aplicaciones 
informáticas, los siguientes aspectos:
a)  Que la Administración contratante adquiera los derechos completos de 
propiedad intelectual de las aplicaciones y cualquier otro objeto de información que 
se desarrollen como objeto de ese contrato.
b)  Que en el caso de reutilizar activos previamente existentes, la Administración 
contratante reciba un producto que pueda ofrecer para su reutilización posterior a 
otras Administraciones Públicas. Además, en el caso de partir de productos de 
fuentes abiertas, que sea posible declarar como de fuentes abiertas la futura 
aplicación desarrollada.»
Cinco.  Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17.  Directorios de aplicaciones reutilizables.
1.  La Administración General del Estado mantendrá el Directorio general de 
aplicaciones para su libre reutilización, de acuerdo al artículo 158 de la Ley 40/2015, 
de 1 octubre, a través del Centro de Transferencia de Tecnología. Este directorio 
podrá ser utilizado por otras Administraciones Públicas. En el caso de disponer de 
un directorio propio, deberá garantizar que las aplicaciones disponibles en ese 
directorio propio se pueden consultar también a través del Centro de Transferencia 
de Tecnología.
2.  Las Administraciones Públicas conectarán los directorios de aplicaciones 
para su libre reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la 
Unión Europea.
3.  Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, en 
modo producto o en modo servicio, en los directorios de aplicaciones para su libre 
reutilización, con al menos el siguiente contenido:
a)  Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables 
en modo producto y haber sido declaradas de fuentes abiertas.
b)  Documentación asociada.
c)  Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser 
reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser 
reutilizables en modo servicio.
d)  Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.
4.  Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de 
aquellas modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que 
se haya obtenido desde un directorio de aplicaciones reutilizables.»
Seis.  Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue:
«Artículo 18.  Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados.
1.  La Administración General del Estado definirá una política de firma 
electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para 
el reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas basadas en certificados de  e.e
documentos administrativos en las Administraciones Públicas. b
Todos los organismos y entidades de derecho público de la Administración  32ww
Gsee rneefriearl ed eell  pEásrtraadfoo  aanptleicraiorár.n L ala  npoo alítpicliaca dceió fnir mdea  deiclehcatr póonliíctiac ay  ddeeb ceerárt isfiecra djuossti faic qaudea 
pAodrm einl iósrtrgaacnióon u D oigrgitaanl.ismo competente y autorizada por la Secretaría General de
2.  Las restantes Administraciones Públicas podrán acogerse a la política de 
firma electrónica y de certificados a que hace referencia el apartado anterior.
3.  Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas podrán aprobar otras políticas de firma electrónica dentro de sus 
respectivos ámbitos competenciales.
Las políticas de firma electrónica que aprueben las Administraciones Públicas 
partirán de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional 
primera, de los estándares técnicos existentes, y deberán ser interoperables con la 
política marco de firma electrónica mencionada en el apartado 1, en particular, con 
sus ficheros de implementación. La Administración Pública proponente de una 
política de firma electrónica particular garantizará su interoperabilidad con la citada 
política marco de firma electrónica y con sus correspondientes ficheros de 
implementación según las condiciones establecidas en la norma técnica de 
interoperabilidad recogida a tal efecto en la disposición adicional primera.
4.  Al objeto de garantizar la interoperabilidad de las firmas electrónicas emitidas 
conforme a las políticas establecidas, las políticas de firma electrónica que las 
Administraciones Públicas aprueben deberán ser comunicadas, junto con sus 
correspondientes  ficheros  de  implementación,  a  la  Secretaría  General  de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
5.  Las Administraciones Públicas receptoras de documentos electrónicos 
firmados, siempre que hayan admitido con anterioridad la política de firma del 
emisor, permitirán la validación de las firmas electrónicas según la política de firma 
indicada en la firma del documento electrónico.
6.  Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por la 
política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre 
las aplicaciones usuarias, de manera que tanto la identificación como la firma 
electrónica generada a partir de estos perfiles comunes puedan ser reconocidos por 
las aplicaciones de las distintas Administraciones Públicas sin ningún tipo de 
restricción técnica, semántica u organizativa.
7.  Los procedimientos en los que se utilicen certificados de firma electrónica 
deberán atenerse a la política de firma electrónica y de certificados aplicable en su 
ámbito, particularmente en la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las 
reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y 
longitudes de clave mínimas aplicables.»
Siete.  Se elimina el artículo 19.
Ocho.  Se modifica la disposición adicional primera, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional primera.  Desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
1.  Se desarrollarán las siguientes normas técnicas de interoperabilidad que 
serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:
a)  Norma Técnica de Catálogo de estándares: establecerá un conjunto de 
estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con 
indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados.
b)  Norma Técnica de Documento electrónico: tratará los metadatos mínimos 
obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, 
así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento. s
c)  Norma Técnica de Digitalización de documentos: tratará los formatos y  oe.
estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los  w.
mfoermtadad)t aot,oN asos arím scooacm iTaodé ocdsne i aclala sp  rdeoesc peEesxcopi fdieceda icdeiiongntiteea sliez dlaeecc itólronós.n siceorv: ictrioasta dráe  rdeem sisuió ne syt rpuucetusrtaa  ay   2021-5032n https://ww
disposición.
e)  Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados de la  Bc
Administración: Tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el
anexo, aquellas que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, 
los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y 
validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las 
referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la 
representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en 
las relaciones entre las Administraciones Públicas.
f)  Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos: tratará las 
especificaciones de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la 
integración y reutilización de servicios en las Administraciones Públicas y que serán 
de aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios.
g)  Norma Técnica de Relación de modelos de datos que tengan el carácter de 
comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a 
intercambio de información con los ciudadanos y otras Administraciones.
h)  Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos: incluirá 
directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como 
profesionales, y la definición de los programas, procesos y controles de gestión de 
documentos y administración de los repositorios electrónicos, y la documentación 
de los mismos, a desarrollar por las Administraciones Públicas y por los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquéllas.
i)  Norma Técnica de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de 
las Administraciones Públicas españolas.
j)  Norma Técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre 
documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos 
electrónicos.
k)  Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre 
las Entidades Registrales: tratará de aspectos funcionales y técnicos para el 
intercambio de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de 
anexos, requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos.
l)  Norma Técnica de Reutilización de recursos de información: tratará de las 
normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los 
recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos 
para su reutilización.
m)  Norma Técnica de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos 
administrativos:  tratará  las  reglas  relativas  a  la  codificación  de  objetos 
administrativos, así como la conexión entre los inventarios correspondientes, 
incluyendo, por un lado, las unidades orgánicas y oficinas de la Administración, y, 
por otro lado, la información administrativa de procedimientos y servicios.
n)  Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de 
documentos y expedientes electrónicos: tratará los requisitos y condiciones relativos 
a la transferencia de agrupaciones documentales en formato electrónico, 
documentos y expedientes electrónicos, junto con los metadatos asociados, entre 
sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de archivo electrónico.
ñ)  Norma Técnica de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de 
documentos y expedientes electrónicos: tratará las condiciones y requisitos relativos 
a la valoración de los documentos y expedientes electrónicos para establecimiento 
de plazos de conservación, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o 
parcial.
o)  Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación  es
electrónica: tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de los  o
dcydo eocn codfpuniad)sm teeonersNvcn:aio attcrorlmiiadsótaa na d rTefá,íél s edcilciacnsastpirc  yoóac nno ldóinibegcdi ilocIiidncsaati  oeddnrpe oyea p lsotrer asarya  z dbragoeiblacqiidulruiaadmidsanei dttdnoi,ez tsao a tssrrraíe   ytcla asosmtuumiv i ecooano slutan oat t pee ylrxn aoptt otricee.cocsidcneiasróvednar,,vc  raieóicncniutó depnege  drrbiaeadc sailóeadnss,     OE-A-2021-5032able en https://www.
bases de datos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad,
disponibilidad  y  trazabilidad,  y  permitiendo  la  protección,  recuperación  y 
conservación física y lógica de los datos y su contexto.
q)  Norma Técnica de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento: tratará 
reglas aplicables a la asignación y requisitos de direccionamiento IP para garantizar 
la correcta administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones 
Públicas españolas y evitar el uso de direcciones duplicadas.
r)  Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo 
producto y en modo servicio: tratará los requisitos y condiciones para facilitar la 
reutilización de activos tanto en modo producto como en modo servicio por las 
Administraciones Públicas españolas.
s)  Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de 
interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados: tratará los aspectos 
funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos 
de funcionarios habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la 
interconexión de estos a las sedes electrónicas.
t)  Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de 
interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos: tratará los 
aspectos funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros 
electrónicos de apoderamientos pertenecientes a las Administraciones, así como la 
interconexión de estos a las sedes electrónicas, A los registros mercantiles, de la 
propiedad, y a los protocolos notariales.
u)  Norma Técnica de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de 
documentos y repositorios de confianza: tratará los requisitos técnicos que deberán 
cumplir las referencias a documentos al ser intercambiadas, de forma que se evite 
trasladar documentación de forma innecesaria.
v)  Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito 
estatal: tratará las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de 
certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación, organizadas 
alrededor de los conceptos de generación y validación de firma e incluirá los perfiles 
interoperables de los medios de identificación de las Administraciones Públicas 
previstos en Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a propuesta 
de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica prevista en la disposición 
adicional novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante 
Resolución de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
3.  Para la redacción y actualización de las normas técnicas de interoperabilidad 
indicadas en el apartado 1 y las futuras que pueda aprobar el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital que sean necesarias para garantizar el 
adecuado nivel de interoperabilidad como consecuencia del nivel de desarrollo 
tecnológico, los compromisos internacionales o el marco normativo aplicable, se 
constituirán los correspondientes grupos de trabajo en los órganos colegiados con 
competencias en materia de Administración electrónica.
Para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y 
criptografía, en relación con la aplicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
administración electrónica, el órgano competente será el Centro Criptológico  s
Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia. e.
4.  Se desarrollarán los siguientes instrumentos para la interoperabilidad: w.
ady odccmouanimn)  iisentndrSatiacitsciavticóeoinsmó ,np as ú debderlvi ecisac ui,Io  ncnsof iovnpretrmeel nsdaiteecan idóidnonofso   irnAymf dooamrtmtriaiznasaic csiaóitórcnant udt, iaevac aslioo:í  snc Imeonsmvis eamond otimnasfr ionciorliasm stdraiafeicctii avópdanras oa  pqccoueeredr cf iumagn eicdenieoen nrtleoaensss     OE-A-2021-50able en https://
interfaces al objeto de favorecer la interacción o en su caso la integración de los procesos.
b)  Centro de interoperabilidad semántica de la Administración: Almacenará, 
publicará y difundirá los modelos de datos de los servicios de interoperabilidad entre 
Administraciones Públicas y de estas con los ciudadanos, tanto comunes como 
sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, además 
de las especificaciones semánticas y codificaciones relacionadas. Su propósito es 
facilitar la comprensión semántica de los servicios de intercambio de datos de las 
Administraciones y maximizar la reutilización de activos semánticos en la 
construcción de éstos. Se conectará con otros instrumentos equivalentes de las 
Administraciones Públicas y del ámbito de la Unión Europea.
c)  Centro de Transferencia de Tecnología: Directorio de aplicaciones para su 
libre reutilización que contendrá la relación de aplicaciones para su libre reutilización, 
incluyendo, al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, 
breve descripción de sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales 
estándares abiertos aplicados, y estado de desarrollo.
d)  Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones 
Públicas: Instrumento que permitirá la sincronización de los sistemas que traten la 
información de inventariado, codificación y evolución de unidades orgánicas y 
oficinas en diferentes modalidades de integración para garantizar la flexibilidad tanto 
en el consumo como en la provisión de información relacionada.»
Nueve.  Se suprime la disposición adicional tercera.
Diez.  Se suprime la disposición adicional cuarta.
Once.  Se modifica el anexo de la forma siguiente:
1.  Se suprime el término « Familia».
2.  A continuación del término «Índice electrónico» se sustituye el vigente término 
«Infraestructuras y servicios comunes» por el término «Infraestructura o servicio común» 
con la siguiente redacción:
«Infraestructura o servicio común: capacidad organizativa y técnica que satisface 
necesidades comunes de los usuarios en diversos ámbitos de la Administración, junto 
con su gobernanza operativa de apoyo, que pueden tener carácter horizontal o sectorial, 
con diversos modos de provisión, como servicio o como producto, o integración a modo 
de plataforma, que facilitan la interoperabilidad, la seguridad, las economías de escala, 
la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa.»
3.  A continuación del término «Estándar abierto» se introduce el término «Ficheros 
de implementación de las políticas de firma« con la siguiente redacción:
«Ficheros de implementación de las políticas de firma: Son la representación en 
lenguaje formal (XML o ASN.1) de las condiciones establecidas en la política de firma, 
acorde a las normas técnicas establecidas por los organismos de estandarización.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, 
por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Se modifican el párrafo segundo de la letra d) y la letra g) del apartado 1 del artículo 2 
del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo, que quedan redactados como sigue:
«2.º  El Impacto presupuestario comprenderá, al menos, una referencia a los  es
efectos en los ingresos y gastos públicos e incluirá la incidencia en los gastos de  o
pAedrms«iognni)s atOrl,at rcdoióosn tai mdcigipoiatnacelt osos  c:o u Laralee tmsrqibeumuiecoriaori nao etrdsoe,s l  ggaaanssáttlooisssi s a el dnsee  rmivmiecpdioai ocdsteo l  osn eoscremtorarv tipcivúioob sliic nodc.el»u irlaá   2021-5032n https://www.
cpureaslqtauniedro o etrsop eecxitarel matoe nqcuióen p au dloiesr aim spearc rteolse vdaen ctea raá cctreitre sroioc idael ly ó mrgeadniooa pmrobpieonnteanl,t ea,l   BOE-A-cable e
impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la 
ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de 
la Administración digital que conlleve la norma.»
Disposición final cuarta.  Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a 
la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el 
ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto y del Reglamento que 
aprueba, así como para modificar el anexo del mismo.
Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día 2 de abril de 2021.
Dado en Madrid, el 30 de marzo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS
Título preliminar.  Disposiciones generales.
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2.  Principios generales.
Artículo 3.  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas.
Artículo 4.  Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos.
Título I.  Portales de internet, Punto de Acceso General electrónico y sedes 
electrónicas.
Artículo 5.  Portales de Internet de las Administraciones Públicas.
Artículo 6.  Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal
Artículo 7.  Punto de Acceso General electrónico.
Artículo 8.  Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
Artículo 9.  Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.
Artículo 10.  Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas 
asociadas.
Artículo 11.  Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes electrónicas 
asociadas.
Artículo 12.  Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada.
Título II.  Procedimiento administrativo por medios electrónicos.
Capítulo I.  Disposiciones generales.
Artículo 13.  Actuación administrativa automatizada.
Artículo 14.  Régimen de subsanaciones.
Capítulo II.  De la identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y las 
personas interesadas.
Sección 1.ª  Disposiciones comunes a la identificación y autenticación y condiciones 
de interoperabilidad.
Artículo 15.  Sistemas de identificación, firma y verificación.
Artículo 16.  Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros 
sistemas de identificación.
Artículo 17.  Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.
Sección 2.ª  Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación 
del ejercicio de su competencia.
Artículo 18.  Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas 
asociadas.
Artículo 19.  Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico 
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Artículo 20.  Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada. e.
Artículo 21.  Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la  w.b
actuación administrativa automatizada. 32ww
AdmAinrtisíctrualcoi o2ne2s.  PSúbislitceams.as de firma electrónica del personal al servicio de las
idenAtifritcíacucilóon  2p3ro. fesCioenratilf.icados electrónicos de empleado público con número de
Artículo 24.  Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de 
la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes.
Artículo 25.  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
Sección 3.ª  Identificación y firma de las personas interesadas.
Artículo 26.  Sistemas de identificación de las personas interesadas en el 
procedimiento.
Artículo 27.  Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para 
la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas.
Artículo 28.  Sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las 
personas interesadas.
Artículo 29.  Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por 
las Administraciones Públicas y régimen de uso.
Artículo 30.  Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante 
personal funcionario público habilitado.
Artículo 31.  Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del 
Estado.
Sección 4.ª  Acreditación de la representación de las personas interesadas.
Artículo 32.  Acreditación en la actuación por medio de representante.
Artículo 33.  Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 
Estado.
Artículo 34.  Acreditación de la representación mediante certificado electrónico 
cualificado de representante.
Artículo 35.  Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un 
documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil.
Artículo 36.  Autorización de representantes de terceros por la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes.
Capítulo III.  Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Sección 1.ª  Registros electrónicos.
Artículo 37.  Registro electrónico.
Artículo 38.  Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.
Artículo 39.  Presentación y tratamiento de documentos en registro.
Artículo 40.  Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la 
Administración General del Estado.
Sección 2.ª  Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Artículo 41.  Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios 
electrónicos.
Artículo 42.  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
Artículo 43.  Aviso de puesta a disposición de la notificación.
Artículo 44.  Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
Artículo 45.  Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada. e.e
Título III.  Expediente administrativo electrónico. 32ww
Capítulo I.  Documento administrativo electrónico y copias
AArrttííccuulloo  4476..   RDeoqcuumisietonsto d aed vmaliindiestzr ayt ievfoic ealceicat rdóen liacos .copias auténticas de documentos.
Artículo 48.  Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de 
documentos en el ámbito estatal.
Artículo 49.  Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado.
Artículo 50.  Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos.
Artículo 51.  Configuración del expediente administrativo electrónico.
Artículo 52.  Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de 
copias de los documentos electrónicos.
Artículo 53.  Tiempo de conservación y destrucción de documentos.
Capítulo II.  Archivo electrónico de documentos.
Artículo 54.  Conservación de documentos electrónicos.
Artículo 55.  Archivo electrónico único.
Título IV.  De las relaciones y colaboración entre las Administraciones Públicas para 
el funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Capítulo I.  Colaboración entre las Administraciones Públicas para la actuación 
administrativa por medios electrónicos.
Artículo 56.  Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos.
Artículo 57.  Comunicaciones en la Administración General del Estado.
Artículo 58.  Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.
Artículo 59.  Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
Artículo 60.  Sistema de interconexión de Registros.
Artículo 61.  Transmisiones de datos.
Artículo 62.  Plataformas de intermediación de datos.
Artículo 63.  Remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de las 
Administraciones públicas mediante puesta a disposición.
Capítulo II.  Transferencia y uso compartido de tecnologías entre Administraciones 
Públicas.
Artículo 64.  Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones 
Públicas.
Artículo 65.  Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado.
Disposición adicional primera.  Obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los 
procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la Administración 
General del Estado.
Disposición adicional segunda.  Formación de empleados y empleadas públicos de la 
Administración General del Estado.
Disposición adicional tercera.  Nodo de interoperabilidad de identificación electrónica 
del Reino de España.
Disposición adicional cuarta.  Adhesión de las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado en el ejercicio de 
potestades administrativas a las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y 
sistema de firma y notificaciones electrónicas aplicables.
Disposición adicional quinta.  Adhesión de los órganos constitucionales al uso de las 
plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado. s
Disposición adicional sexta.  Situación de las sedes electrónicas y subsedes  e.
electrónicas en el ámbito estatal existentes a la entrada en vigor de este real decreto. w.
Disposición adicional séptima.  Interoperabilidad de los registros electrónicos de  32ww
apodDeisrapmosieicniótons a.dicional octava.  Supletoriedad en Registro Civil.
prevDisitsopso esnic eiól na rtaícduicloio 9n.a2l. cn) oyv deen lao.s  sAisutetomraizsa dceió fnir mdae  plroesv isstiostse emna esl  adretí ciudleon 1t0if.i2ca.cc)i óden   BOE-A-cable e
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional décima.  Especialidades por razón de materia.
Anexo. Definiciones.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la 
actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.
2.  El ámbito subjetivo de aplicación es el establecido en el artículo 2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Artículo 2.  Principios generales.
El sector público deberá respetar los siguientes principios en sus actuaciones y 
relaciones electrónicas:
a)  Los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las 
tecnologías y sistemas de comunicaciones electrónicas, para garantizar tanto la 
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas necesarias para relacionarse 
con las Administraciones Públicas por parte de las personas interesadas y por el propio 
sector público, como la libertad para desarrollar e implantar los avances tecnológicos en 
un ámbito de libre mercado. A estos efectos, el sector público utilizará estándares abiertos, 
así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso 
generalizado.
Las herramientas y dispositivos que deban utilizarse para la comunicación por medios 
electrónicos, así como sus características técnicas, serán no discriminatorios, estarán 
disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso 
general.
b)  El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas 
que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos 
para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, 
en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
c)  El principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios 
electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de 
conocimiento necesario para el uso del servicio.
d)  El principio de interoperabilidad, entendido como la capacidad de los sistemas de 
información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir 
datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
e)  El principio de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y 
medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites 
y actuaciones electrónicos.
f)  El principio de personalización y proactividad, entendido como la capacidad de las 
Administraciones Públicas para que, partiendo del conocimiento adquirido del usuario final 
del servicio, proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles  e.
necesidades de los mismos. w.
ArtícPuúlob l3ic. asD. erecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
1.  Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
2.  Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 
con  las Administraciones  Públicas  podrán  ejercitar  su  derecho  a  relacionarse 
electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento 
y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de 
forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse 
electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado 
anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien 
deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En 
ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil 
siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido 
constancia de la misma.
3.  De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá establecerse 
reglamentariamente por las Administraciones Públicas para determinados procedimientos 
y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
A tal efecto, en el ámbito estatal la mencionada obligatoriedad de relacionarse por 
medios electrónicos con sus órganos, organismos y entidades de derecho público podrá 
ser establecida por real decreto acordado en Consejo de Ministros o por orden de la 
persona titular del Departamento competente respecto de los procedimientos de que se 
trate que afecten al ámbito competencial de uno o varios Ministerios cuya regulación no 
requiera de norma con rango de real decreto. Asimismo, se publicará en el Punto de 
Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y en la sede 
electrónica o sede asociada que corresponda.
Artículo 4.  Canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos.
Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso 
de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito 
competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales:
a)  Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen.
b)  Portales de internet y sedes electrónicas.
c)  Redes sociales.
d)  Telefónico.
e)  Correo electrónico.
f)  Cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
TÍTULO I
Portales de internet, Punto de Acceso General electrónico y sedes electrónicas
Artículo 5.  Portales de internet de las Administraciones Públicas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se  s
entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda  oe.
a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite  w.
eell eacc2trc.ó ensiCoc aaa d atarsa oAvcédiasmd diane ic siontrrtareecrsniópenot  napd oliaed nirntáef o.drmetaecrmiónin ay,r  elno ss uc ocnatseon, iad olas  sye dcea nealelecstr ómníicnaim oo sse ddee   2021-5032n https://ww
atención a las personas interesadas y de difusión y prestación de servicios que deban
tener sus portales, así como criterios obligatorios de imagen institucional. En cualquier  Bc
caso, deberán tenerse en cuenta los contenidos, formatos y funcionalidades que en la 
normativa de reutilización, accesibilidad y transparencia se establezcan como obligatorios 
para los sitios web.
3.  Los portales de internet dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento 
de medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.
Artículo 6.  Creación y supresión de portales de internet en el ámbito estatal.
1.  En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales se llevará a cabo por 
orden de la persona titular del ministerio correspondiente o por resolución de la persona 
titular del órgano superior, en el caso de la Administración General del Estado, y por 
resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección en el caso de sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
La creación requerirá informe favorable de la Comisión Ministerial de Administración 
Digital respectiva y posterior comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Para obtener 
dicho informe favorable, la propuesta de creación del nuevo portal se deberá justificar en 
términos de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos e interés 
prioritario para la implantación de una política pública o la aplicación de la normativa de la 
Unión Europea o nacional y a tal efecto el órgano promotor de la creación del nuevo portal 
remitirá una memoria justificativa y económica.
La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.
2.  El acto o resolución de creación de un nuevo portal previsto en el apartado anterior 
contendrá, al menos, la identificación de su dirección electrónica, que deberá incluir el 
nombre de dominio de segundo nivel «.gob.es», su ámbito funcional y, en su caso, 
orgánico y la finalidad para la que se crea. Para facilitar su identificación, seguirán las 
disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la 
Administración General del Estado.
3.  En el ámbito estatal los portales de internet a los que se refiere este artículo 
deberán estar referenciados en el PAGe de la Administración General del Estado.
Artículo 7.  Punto de Acceso General electrónico.
1.  Las Administraciones Públicas contarán con un Punto de Acceso General 
electrónico (PAGe).
2.  El PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, 
trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes de la Administración Pública correspondiente.
3.  El PAGe dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder 
a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública 
correspondiente.
Además, esta sede podrá incluir un área personalizada a través de la cual cada 
interesado,  mediante  procedimientos  seguros  que  garanticen  la  integridad  y 
confidencialidad de sus datos personales, podrá acceder a su información, al seguimiento 
de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el  e.e
ámbito de la Administración Pública competente. b
4.  El PAGe de la Administración General del Estado y su sede electrónica serán  32ww
glae sSteiocnreatdaorsía p Gore enle Mrailn disete Aridom dien iPstoralítcicióan T Derigriittoarli adle yl  FMuinnicsitóenri oP údbel icAas uennt ocso lEabcoornaócmióinc ocso ny 
TranEsnfo drmicahcai ósne dDeig eitlaelc.trónica está alojada la Dirección Electrónica Habilitada única a la
que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El PAGe de la Administración General del Estado, a través de su sede, permitirá la 
comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector 
público estatal a través del Código Seguro de Verificación o de cualquier otro sistema de 
firma o sello basado en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su 
generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.
5.  El PAGe de la Administración General del Estado podrá interoperar con portales 
web oficiales de la Unión Europea.
Artículo 8.  Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
1.  La Carpeta Ciudadana es el área personalizada de las personas interesadas a que 
se refiere el artículo 7.3 en su relación con el sector público estatal. Además del interesado 
podrán acceder a la Carpeta Ciudadana:
a)  Sus representantes legales.
b)  Quien ostente un poder general previsto en el artículo 6.4.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, otorgado por el interesado e inscrito en el Registro Electrónico de 
Apoderamientos.
2.  La Carpeta Ciudadana será accesible a través de la sede electrónica del PAGe de 
la Administración General del Estado y podrá ofrecer, entre otras, las funcionalidades 
siguientes para el interesado o sus representantes:
a)  Permitir el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos en que 
sea interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/ 2015, de 1 
de octubre.
b)  Permitir el acceso a sus comunicaciones y notificaciones.
c)  Conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal, sin perjuicio 
de las limitaciones que establezca la normativa vigente.
d)  Facilitar la obtención de certificaciones administrativas exigidas por la normativa 
correspondiente.
3.  El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de 
identificación a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  El interesado deberá asegurar el buen uso de los sistemas de identificación y velar 
por que el acceso a su carpeta Ciudadana solo se haga por sí mismo o por tercero 
autorizado.
Artículo 9.  Sedes electrónicas de las Administraciones Públicas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por 
medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán 
todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la 
identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica 
de las personas interesadas.
2.  La titularidad de la sede electrónica corresponde a una Administración Pública, o 
bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ámbito de 
sus competencias.
Artículo 10.  Creación y supresión de las sedes electrónicas y sedes electrónicas  bo
asociadas. 32ww
aten1d. ienSdeo p ao drraázno cnreesa rt uéncna icoa vsa ryia os rsgeadneizsa etlievcatsr.ó nLiaca sse adseo ceialedcatrsó an iucnaa a sseodceia edleac ttreónndicráa 
cons2i.d erEalc iaócnt od eo  sreedseo leulceicótnró dneic ac rae atocdióons  loo ss eufpercetsoisó.n de una sede electrónica o sede  BOE-A-cable e
electrónica asociada será publicado en el boletín oficial que corresponda en función de
cuál sea la Administración Pública titular de la sede o sede asociada y también en el 
directorio del Punto de Acceso General Electrónico que corresponda. En el caso de las 
entidades locales, el boletín oficial será el de la provincia al que pertenezca la entidad.
El acto o resolución de creación determinará, al menos:
a)  El ámbito de aplicación de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
b)  La identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede electrónica o 
sede electrónica asociada que se cree, así como de las direcciones electrónicas de las 
sedes electrónicas que desde el momento de la creación ya sean asociadas de aquella. 
Las sedes electrónicas asociadas con posterioridad a la publicación del instrumento de 
creación se referenciarán en la mencionada dirección electrónica.
c)  La identificación de su titular.
d)  La identificación del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios 
puestos a disposición en la misma.
3.  En el ámbito estatal, tanto la creación o supresión de una sede electrónica 
asociada a la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado como la 
creación o supresión de sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas de los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se hará 
mediante orden de la persona titular del Departamento competente o por resolución de la 
persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo o entidad de derecho 
público competente, con el informe previo favorable del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
4.  Para obtener los informes previos favorables a que se refiere el apartado anterior, 
la propuesta de creación de la nueva sede electrónica o, en su caso, sede electrónica 
asociada se tendrá que justificar, en términos de eficiencia en la asignación y utilización de 
recursos públicos. A tal efecto, el órgano promotor de la creación de la sede electrónica 
remitirá una memoria justificativa y económica en que se explicite el volumen de trámites 
que está previsto gestionar a través de la misma, los efectos presupuestarios y económicos 
de su establecimiento, su incidencia en la reducción del tiempo de resolución de los 
procedimientos y de cargas administrativas para las personas interesadas y cualquier otra 
razón de interés general que justifique su creación.
Artículo 11.  Contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas.
1.  Toda sede electrónica o sede electrónica asociada dispondrá del siguiente 
contenido mínimo a disposición de las personas interesadas:
a)  La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del 
órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la 
información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
b)  La identificación del acto o disposición de creación y el acceso al mismo, 
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
c)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, 
incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de 
navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad 
intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
d)   La relación de sistemas de identificación y firma electrónica que sean admitidos o 
utilizados en la misma. s
e)  La normativa reguladora del Registro al que se acceda a través de la sede  oe.
electrónica. w.
f)  La fecha y hora oficial, así como el calendario de días inhábiles a efectos del  32ww
cpóúmblpicuot oo  deen tpidlaazdo sd ea pdleicraebchleo  ap úlab Alicdom vininiscturalacdióon o e dne qpueen dsiee nintete qguree  esel aó rtgitaunlaor,  doerg laan sisemdoe 
elecgtr)ó niIcnafo orm saecdieó ne laeccetrrócnai cdae  acsuoaclqiaudiear. incidencia técnica que acontezca e imposibilite el  BOE-A-cable e
funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, así como de la
ampliación del plazo no vencido que, en su caso, haya acordado el órgano competente 
debido a dicha circunstancia.
h)  Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles
i)  Relación actualizada de las actuaciones administrativas automatizadas vinculadas 
a los servicios, procedimientos y trámites descritos en la letra anterior. Cada una se 
acompañará de la descripción de su diseño y funcionamiento, los mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencia, así como los datos utilizados en su configuración y aprendizaje.
2.  Las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas dispondrán, al menos, de 
los siguientes servicios a disposición de las personas interesadas:
a)  Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede 
electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los 
procedimientos, excluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, 
pudiera acordar el órgano competente.
b)  Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en 
cada caso resulten competentes.
c)  Los mecanismos de comunicación y procedimiento de reclamación establecidos al 
respecto de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del 
sector público.
d)  Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica.
e)  Un sistema de verificación de los sellos electrónicos de los órganos, organismos 
públicos o entidades de derecho público que abarque la sede electrónica o sede electrónica 
asociada.
f)  Un servicio de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos 
emitidos por los órganos, organismos públicos o entidades de derecho público 
comprendidos en el ámbito de la sede electrónica, que hayan sido firmados por cualquiera 
de los sistemas de firma conformes a la Ley 40/2015, 1 de octubre, y para los cuales se 
haya generado un código seguro de verificación.
g)  Un acceso a los modelos, y sistemas de presentación masiva, de uso voluntario, 
que permitan a las personas interesadas presentar simultáneamente varias solicitudes en 
la forma que establezca, en su caso, cada Administración, organismo público o entidad de 
derecho público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
h)  El acceso a los modelos normalizados de presentación de solicitudes que 
establezca, en su caso, cada Administración u organismo público o entidad de derecho 
público titular de la sede electrónica o sede electrónica asociada.
i)  Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia en 
materia de registros, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de 
consulta.
3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica 
correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes de sus órganos, 
centros o unidades administrativas.
Artículo 12.  Responsabilidad sobre la sede electrónica o sede electrónica asociada.
1.  El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada, será 
responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de  s
su competencia a los que pueda accederse a través de la misma. oe.
2.  En caso de que la sede electrónica o sede electrónica asociada contenga un  w.
enlace o vínculo a otra sede o sede asociada, será el titular de esta última el responsable  32ww
deen  llaa  imntiesgmriad,a sdi,n v peerarjcuiidcaiod  dye a clatu daelibziadcaió dni ldigee nlac iian fodreml taitcuiólanr  od ep rloac perdimimeieran troess pqeucet ofi gduer elna 
inco3rp. orEacni ócna dseo  ldoes  cqounete unnidao ss eedne l ae mleicstmróan.ica o sede electrónica asociada contenga  BOE-A-cable e
procedimientos, servicios o ambos, cuya competencia corresponda a otro órgano
administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, 
sea de la misma o de diferente Administración, el titular de la competencia será responsable 
de la integridad, veracidad y actualización de lo relativo a dichos procedimientos, servicios 
o ambos sin perjuicio de la debida diligencia del titular de la sede electrónica o sede 
electrónica asociada respecto de la incorporación de los contenidos en la misma.
TÍTULO II
Procedimiento administrativo por medios electrónicos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 13.  Actuación administrativa automatizada.
1.  La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, 
entre otras formas, de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  En el ámbito estatal la determinación de una actuación administrativa como 
automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano administrativo competente 
por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de 
derecho público, según corresponda, y se publicará en la sede electrónica o sede 
electrónica asociada. La resolución expresará los recursos que procedan contra la 
actuación, el órgano administrativo o judicial, en su caso, ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno y establecerá medidas adecuadas 
para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas 
interesadas.
3.  En el ámbito de las Entidades Locales, en caso de actuación administrativa 
automatizada se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Artículo 14.  Régimen de subsanación.
1.  Si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios 
electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el 
ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado, 
o en su caso su representante, que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de 
diez días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su 
derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a 
relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate.
Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación 
se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con  es
el artículo 68.4 de dicha ley. bo
2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este Reglamento, en el caso  32ww
dqdaeuidc evhqe oudr eteri dbelaoeqs ruá eiAsnndi  tamoloj uissns eitst éatlrerrasm ceriei nolqoonussee  sder ioPsráctúa ubpbmlailceeracansi td qohosuas ey p,ea renensn  dle oeenstlte  aaprdmlraotíizscno uap lddoooers    leo6dls 8iei .nfz1ot e,rd mrcíeauassatao,n dssdo uyo, b  sessise ate nástenrtaed et aeilrn  eddcseue fma eu cplnotloaes     OE-A-2021-50able en https://
solicitud de iniciación, y 73.2, cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido 
de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, 
respectivamente.
3.  En el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro 
defecto subsanable, por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
artículos 66, 67 y 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o por la falta de otros requisitos 
exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su subsanación en el plazo de 
diez días, en los términos de los artículos 68.1 y 73.1 de la citada ley. Este plazo podrá ser 
ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la 
aportación de los documentos requeridos, en su caso, presente dificultades especiales, 
siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
CAPÍTULO II
De la identificación y autenticación de las Administraciones Públicas y las 
personas interesadas
Sección 1.ª  Disposiciones comunes a la identificación y autenticación y condiciones de 
interoperabilidad
Artículo 15.  Sistemas de identificación, firma y verificación.
1.  Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios 
electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la 
normativa vigente sobre firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la 
identificación de las personas interesadas y, en su caso, la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos.
2.  Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su 
identificación electrónica y para garantizar el origen e integridad de los documentos 
electrónicos:
a)  Sistemas de identificación de las sedes electrónicas y sedes electrónicas 
asociadas.
b)  Sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado y que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
c)  Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
d)  Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
e)  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme 
a lo específicamente acordado entre las partes.
3.  Las personas interesadas podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación 
y firma en sus relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas:
a)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas 
a través de los sistemas descritos en las letras a), b) y c) de dicho artículo. En este último 
supuesto los sistemas deberán ser autorizados previamente por la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que  s
solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la  oe.
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. w.
Aded mlabi n)L iestyAr as3ci9mio/2ins0em1s5o P,,  dúsebe l1i c cadosen  losocisdt uesbirsartereá.mna sv áplrideoviss toas  eefne clatoss l edtrea sf iarm), ab )e yl ecc)t rdóenl iacratí caunlote 1 0la.2s   2021-5032n https://ww
c)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
cuando  así  lo  disponga  expresamente  la  normativa  reguladora  aplicable,  las  Bc
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha
ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la 
voluntad y consentimiento de los interesados.
4.  La Administración no será responsable de la utilización por terceras personas de 
los medios de identificación personal y firma electrónica del interesado, salvo que 
concurran los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
para la exigencia de responsabilidad patrimonial.
Artículo 16.  Plataformas de verificación de certificados electrónicos y de otros sistemas 
de identificación.
1.  La Administración General del Estado dispondrá de una plataforma para la 
verificación de la vigencia y del contenido de los certificados cualificados admitidos en el 
sector público. El sistema deberá permitir que tal verificación se pueda llevar a cabo de 
forma libre y gratuita, para el sector público.
La Secretaría General de Administración Digital será el órgano responsable de esta 
plataforma, que estará disponible para todo el sector público previa formalización del 
correspondiente instrumento de adhesión.
2.  Esta plataforma dispondrá de una declaración de prácticas de validación en la que 
se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir tanto la plataforma como las 
personas usuarias de la misma en relación con los servicios de verificación. Esta 
declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito.
3.  Los prestadores cualificados de servicios de confianza deberán facilitar a esta 
plataforma el acceso electrónico y gratuito para la verificación de la vigencia de los 
certificados electrónicos emitidos por aquellos en virtud de su cualificación de acuerdo con 
la legislación aplicable en materia de servicios electrónicos de confianza.
Artículo 17.  Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal.
1.  La política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal, está 
constituida por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y 
firma electrónica.
2.  Sin perjuicio de las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza 
previstas en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos de confianza y resto de normativa vigente, la política de firma 
electrónica y certificados deberá contener en todo caso:
a)  La definición de su ámbito de aplicación.
b)  Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la 
Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes.
c)  Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los 
servicios de confianza asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de 
la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y entidades vinculados 
o dependientes recogidas en este Reglamento.
3.  La política de firma electrónica y certificados en el ámbito estatal será aprobada 
por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede 
electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. e.e
Sección 2.ª  Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación 
del ejercicio de su competencia
Artículo 18.  Identificación de las sedes electrónicas y de las sedes electrónicas 
asociadas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas utilizarán, para identificarse y garantizar 
una comunicación segura con las mismas, certificados cualificados de autenticación de 
sitio web o medio equivalente. Dichos certificados electrónicos se ajustarán a lo señalado 
en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, y la normativa vigente en materia de identidad y firma electrónica.
2.  En el ámbito estatal las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas se 
identificarán mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.
Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos y ciudadanas 
dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Las direcciones electrónicas que tengan 
la condición de sede electrónica o sede electrónica asociada deberán hacerlo constar de 
forma visible e inequívoca. Para facilitar su identificación, seguirán las disposiciones 
generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del 
Estado y su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio «.gob.es».
Artículo 19.  Identificación mediante sello electrónico basado en certificado electrónico 
cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico 
basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la 
legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de 
identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad 
de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
2.  La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, 
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los 
expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos, publicándose en la sede 
electrónica o sede asociada o en el portal de internet correspondiente. Además, cada 
Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de 
sus sellos electrónicos.
3.  En el ámbito estatal, la creación de sellos electrónicos se realizará mediante 
resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de 
la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, que se publicará en la sede electrónica o sede electrónica 
asociada correspondiente. En dicha resolución deberá constar:
a)  El órgano, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente 
titular del sello, que será el responsable de su utilización, con indicación de su Ministerio 
de adscripción, vinculación o dependencia.
b)  Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable.
c)  Servicio de validación para la verificación del certificado.
d)  Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado. es
4.  Los certificados de sello electrónico en el ámbito estatal tendrán, al menos, los  w.
siguientes contenidos: 32ww
a)  Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello electrónico».
bc))   NNúommebrroe  ddee l idsuesnctirfiipcatocri.ón fiscal del suscriptor.
Artículo 20.  Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en 
la tramitación administrativa automatizada de los procedimientos, cada Administración 
Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma 
electrónica:
a)  Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad 
de derecho público, a que se refiere el artículo 19 de este Reglamento, basado en 
certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de 
firma electrónica.
b)  Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, 
organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones 
establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento 
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
2.  Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en 
las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes cuando estas tramiten 
procedimientos de forma automatizada en el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 21.  Sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación 
administrativa automatizada.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
las Administraciones Públicas podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de 
documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas.
Dicho código vinculará al órgano, organismo público o entidad de derecho público y, en 
su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación 
de la integridad del documento en la sede electrónica o sede electrónica asociada 
correspondiente mediante un procedimiento de verificación directo y gratuito para las 
personas interesadas.
2.  El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso:
a)  El origen e integridad de los documentos mediante el acceso a la sede electrónica 
o sede electrónica asociada correspondiente.
b)  El carácter único del código generado para cada documento.
c)  Su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante. El código 
seguro de verificación y la dirección electrónica de acceso a la sede electrónica o sede 
electrónica asociada deberán integrarse preferentemente en todas las páginas del 
documento firmado con dicho código. Cualquier modificación del documento generado 
dará lugar a un nuevo documento con un código seguro de verificación diferente.
d)  La posibilidad de verificar el documento en la sede electrónica o sede electrónica 
asociada, como mínimo, por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la 
utilización de este procedimiento. Una vez que el documento deje de estar disponible en 
la sede electrónica o sede electrónica asociada, su disponibilidad por otros cauces se 
regirá por lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada por cada Administración 
Pública a través de su política de gestión documental.
e)  Un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de 
verificación, sin perjuicio de las garantías adicionales que se puedan establecer.
3.  En las comunicaciones de documentos electrónicos a otros órganos, organismos  bo
o entidades y cuando así lo determinen las partes implicadas, la interoperabilidad se  32ww
gemellaeeercccattanrróóntinnizsiiaccmoroáo sd   meed neelo  dlsvoia espnr rittfeéeicvr mialsacti noiósosun sep  nqae uurepetloo  aemsrsiácttíaictóibucnllaeo  a zd4cl e2ac l  ódlaode ri Ngilgaooe  rLnsme eyaeg   u4Tin0réot/c2e nd0gi1ecri5a dv, a deddere i f dIi1cne at edclreoioó spon ec dtrdouaebcb uriuelmidn, a ecsdnoe mtdolloeos     OE-A-2021-50able en https://
Documento Electrónico.
4.  En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la 
persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia 
o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o 
dependiente, previo informe del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de 
Administración Digital.
La orden o resolución de creación deberá incluir:
a)  Actuaciones a las que es de aplicación el sistema.
b)  Órganos responsables de la aplicación del sistema.
c)  Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.
d)  Sede electrónica o sede electrónica asociada a la que pueden acceder las 
personas interesadas para la verificación del contenido de la actuación o documento.
e)  Plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede 
electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento. Este 
plazo será al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la 
materia se prevea un plazo superior. Transcurrido este tiempo, será necesario solicitarlo al 
órgano de la Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que 
emitió el documento. En este caso, cuando utilice medios electrónicos, la certificación de 
la verificación se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano competente o 
del empleado o empleada público que tenga atribuida la actuación por aquel órgano.
Artículo 22.  Sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin 
perjuicio de lo previsto en los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento, la actuación de 
una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, cuando 
utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano 
competente o del empleado o empleada público a través del que se ejerza la competencia.
2.  Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que 
debe utilizar su personal. Estos sistemas podrán identificar de forma conjunta al titular del 
puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.
3.  Los certificados electrónicos de empleado público serán cualificados y se ajustarán 
a lo señalado en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y la legislación vigente en 
materia de identidad y firma electrónica.
4.  Cada Administración determinará los medios admitidos para la firma electrónica en 
las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de esta cuando tramiten 
procedimientos en el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 23.  Certificados electrónicos de empleado público con número de identificación 
profesional.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22.3 de este Reglamento, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los prestadores 
cualificados de servicios de confianza podrán consignar un número de identificación 
profesional en el certificado electrónico de empleado público, a petición de la Administración 
en la que presta servicios el empleado o empleada de que se trate, si dicho certificado se 
va a utilizar en actuaciones que afecten a información clasificada, a la seguridad pública, 
a la defensa nacional o a otras actuaciones para cuya realización esté legalmente  es
justificado el anonimato. Estos certificados se denominarán «certificados electrónicos de  o
empleado público con número de identificación profesional». 32www.
iSodruegbna2stni.ef iisccmraEecotnai  ópreínúal  b ápdlimrceoolb f emiotso inie oiensntstaiedtalra itdodae  lod l c eeao m drlraeep rslpeepecaohrdsnoood  npeoaúr  ábetl iitmscuoolpal lierec niadt adeera l l a lqap uP úecrb oeplniscrsieodisg etanne ac lsaicae i órpovne i cdrdiseoeo sl na uea nDl   teinirtmeuúclpmaclereió ardnode  od d eleoal     OE-A-2021-50able en https://
empleada público.
3.  La Administración solicitante del certificado conservará la documentación 
acreditativa de la identidad del titular.
4.  Los certificados electrónicos de empleado público con número de identificación 
profesional serán cualificados y se ajustarán a lo previsto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y la legislación vigente en materia de identidad y firma electrónica y 
tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado 
público, aunque limitados a las actuaciones que justificaron su emisión.
5.  Las autoridades públicas competentes y los órganos judiciales, en el ejercicio de 
sus funciones y de acuerdo con la normativa vigente, podrán solicitar la revelación de la 
identidad del titular de un certificado de empleado público con número de identificación 
profesional mediante petición oficial dirigida a la Administración responsable de su 
custodia.
Artículo 24.  Sistemas de identificación y firma electrónica del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes.
1.  El personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrá identificarse 
con aquellos sistemas que, entre los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
establezcan en función del nivel de seguridad que corresponda al trámite de que se trate 
de acuerdo al Esquema Nacional de Seguridad.
2.  Dicho personal podrá firmar mediante sistemas de firma electrónica basados en 
certificados electrónicos cualificados facilitados específicamente a sus empleados y 
empleadas. Estos sistemas podrán ser utilizados por estos en el desempeño efectivo de 
su puesto de trabajo, para los trámites y actuaciones que realicen por razón del mismo, o 
para relacionarse con las Administraciones públicas cuando estas lo admitan.
3.  Se podrá disponer de sistemas de identificación de personal basados en 
repositorios de empleados públicos que permitan la relación de los empleados y empleadas 
públicos con servicios y aplicaciones necesarios para el ejercicio de sus funciones que en 
todo caso garanticen lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad.
4.  Los registros de personal de la Administración General del Estado podrán recoger 
los datos para la identificación electrónica de los empleados y empleadas públicos, así 
como su cesión a sistemas de identificación de personal basados en repositorios de 
identidades de empleados públicos.
Artículo 25.  Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los 
documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones 
establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades 
de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación 
de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.
2.  Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma 
Administración Pública, esta establecerá las condiciones y garantías por las que se regirá, 
que comprenderán, al menos, la relación de emisores y receptores autorizados y la 
naturaleza de los datos a intercambiar.
3.  Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones Públicas, las 
condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio  e.e
suscrito entre aquellas. b
4.  En el ámbito estatal, las condiciones y garantías a que se refiere el apartado 2  32ww
será5n.  esEtanb letocdidoa sc paosro l ad Seebcerreáta rgíaa rGanentiezraarls dee  lAad mseingisutrriadcaiódn  dDeigl iteanl.torno cerrado de
ceosmtaubnleiccaidcoiosn eens  eyl  Elas pqruoetmecac iNóna cdioen laols d dea Stoesg quuried asde transmitan conforme a los requisitos
Sección 3.ª  Identificación y firma de las personas interesadas
Artículo 26.  Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento.
1.  De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados 
podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de 
cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar 
su identidad.
2.  En particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica:
a)  Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados 
de servicios de confianza».
b)  Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico 
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados 
de servicios de confianza».
c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones 
Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que 
cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, previa 
autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por motivos 
de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los 
sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando 
se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c).
Artículo 27.  Atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la 
identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas.
1.  Los sistemas basados en certificados cualificados de firma electrónica admitidos 
por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona física a que 
se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de la 
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener como atributos, al menos, su nombre 
y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de 
Extranjero o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca. 
La comprobación de la identidad y otras circunstancias de los solicitantes del certificado, 
se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, de 11 de 
noviembre.
2.  Los certificados electrónicos cualificados de representante de persona jurídica 
deberán contener, como mínimo, la denominación y el Número de Identificación Fiscal de 
la persona jurídica y el nombre y apellidos y número de Documento Nacional de Identidad, 
o Número de Identificación de Extranjero o Número de Identificación Fiscal de la persona 
que actúa como representante.
3.  Los sistemas basados en certificados cualificados de sello electrónico admitidos 
por las Administraciones Públicas para la identificación electrónica de persona jurídica a 
que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos al amparo de  s
la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, deberán contener, como mínimo, su denominación y  e.
su Número de Identificación Fiscal. w.
Artícpuelros o2n8a.s  inStiesrteesmaadsa sd.e clave concertada y otros sistemas de identificación de las
1.  Los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema que las Administraciones
Públicas consideren válidos, admitidos para la identificación electrónica de persona física
de conformidad con el artículo 9.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán ajustarse 
a lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad y contener, como mínimo, el nombre y 
apellidos y el número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de 
Extranjero, Número de Identificación Fiscal y, para los casos en que así se establezca en 
la definición del sistema, el número de pasaporte.
2.  Los sistemas de identificación a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
autorizados previamente por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser denegada por 
motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior.
3.  En el ámbito estatal, la creación de los nuevos sistemas de identificación será 
aprobada por orden de la persona titular del Ministerio o, en su caso, resolución de la 
persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de 
derecho público vinculado o dependiente por razón del ámbito material en que se vaya a 
utilizar, previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital a que se 
refiere el apartado anterior.
Cuando el nuevo sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del 
Estado se requerirá Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este caso, este sistema 
deberá estar accesible a través de la Plataforma común del Sector Público Administrativo 
Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves 
concertadas.
Artículo 29.  Sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las 
Administraciones Públicas y régimen de uso.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
a)  Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
b)  Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados 
en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de 
confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
c)  Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los 
términos y condiciones que se establezca, siempre que cuente con un registro previo 
como usuario que permita garantizar su identidad.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los 
sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todos los procedimientos en todos 
sus trámites, aun cuando adicionalmente se permita alguno de los previstos al amparo de 
lo dispuesto en la letra c).
2.  El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o 
comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del 
representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que 
le sea aplicable. s
3.  Los sistemas de firma electrónica que usen las personas interesadas permitirán  oe.
que las Administraciones Públicas puedan verificar los datos consignados de la firma, de  w.
manera que se pueda vincular su identidad con el acto de firma. 32ww
cont4a.r  cLoons  las isptreemviaas a dueto fririzmaac ióenle cdteró lnai cSae pcrreevtaisrtíoas G eenn lear alel tdrae  cA) ddmeiln aisptarartcaiódno  1D idgeitbael rdáenl 
Mpoinr imstoetriivoo dse d Ae ssuengtuorsi dEacdo pnúóbmliiccao,s p yr eTvriaon isnffoorrmmaec vióinnc Duliagnitatel,  dqeu ela s Soeloc rpeotadrríáa  sdeer  Edesntaedgoa ddae   BOE-A-cable e
Seguridad del Ministerio del Interior. Asimismo, deberán cumplir con lo previsto en el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero.
5.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
cuando  así  lo  disponga  expresamente  la  normativa  reguladora  aplicable,  las 
Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación previstos en dicha 
ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la 
voluntad y consentimiento de las personas interesadas.
Artículo 30.  Identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante 
personal funcionario público habilitado.
1.  De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, si algún interesado no incluido en los apartados 2 y 3 del 
artículo 14 de la ley no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su 
identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo, estas podrán ser 
válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del 
sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario 
que el interesado se identifique ante el funcionario o funcionaria y preste su consentimiento 
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia por escrito para los 
casos de discrepancia o litigio.
El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del 
trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso 
cumplimentado y firmado, cuyo formulario estará disponible en el Punto de Acceso General 
Electrónico de la respectiva Administración
2.  En el ámbito estatal la identificación y firma electrónica del interesado conforme al 
procedimiento descrito en el apartado anterior se realizará necesariamente por un 
funcionario público inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la 
Administración General del Estado.
La identificación o firma electrónica en el procedimiento por personal funcionario 
público habilitado sólo será válida para los trámites y actuaciones que haya determinado 
con carácter previo cada ministerio, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente y en los términos que se especifiquen mediante orden conjunta 
de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de la persona 
titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el PAGe de la 
Administración General del Estado y en las sedes electrónicas asociadas de cada 
ministerio o en la sede electrónica o sede asociada del organismo público o entidad de 
derecho público en su ámbito de competencia, se mantendrá una relación pública, 
permanentemente actualizada, de dichos trámites y actuaciones.
Artículo 31.  Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del 
Estado.
1.  Se crea el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes, en el que constarán inscritos:
a)  El personal funcionario habilitado para la identificación y firma electrónica de las 
personas interesadas en aquellos trámites y procedimientos que se determinen por el 
ministerio, organismo o entidad competente para su tramitación. s
b)  El personal funcionario habilitado para la expedición de copias auténticas. Esta  oe.
habilitación será conferida por los órganos a los que corresponda la emisión de los  w.
documentos originales, su custodia, el archivo de documentos o que en sus normas de  32ww
comcp)e teEnlc piae rassoín sael  fhuanycaio pnraerviois htoa.bilitado que presta servicio en las oficinas de asistencia
epna ram laat eidriean dtiefic raecgióisntr oy sf irdmea l ae lAecdtmróinniisctar adceió lna sG peenresoranla dse iln Etesrteasdaod, aqsu een e asqtaureál lohsa btriálitmaditeoss   BOE-A-cable e
y procedimientos que se determinen y para la expedición de copias auténticas electrónicas
de cualquier documento que estas presenten para que se remita desde la Oficina a la 
unidad competente para su incorporación a un expediente administrativo.
2.  El Registro de Funcionarios Habilitados será gestionado por la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este Registro será 
interoperable con los sistemas equivalentes que ya existan en el ámbito de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes.
3.  Este Registro deberá ser plenamente interoperable con los registros u otros 
sistemas equivalentes que se creen por las comunidades autónomas y las entidades 
locales a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.
4.  Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se regulará el funcionamiento del Registro de Funcionarios 
Habilitados
Sección 4.ª  Acreditación de la representación de las personas interesadas
Artículo 32.  Acreditación en la actuación por medio de representante.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar ante las Administraciones 
Públicas por medio de representante, bien sea una persona física con capacidad de obrar 
bien sea una persona jurídica cuando así esté previsto en sus Estatutos.
2.  Los representantes de las personas interesadas obligadas a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas están obligados a relacionarse 
electrónicamente en el ejercicio de dicha representación, de acuerdo con el artículo 14.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.  La representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho 
que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros:
a)  Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal en las 
oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada.
b)  Mediante  acreditación  de  su  inscripción  en  el  registro  electrónico  de 
apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares 
de apoderamientos.
c)  Mediante un certificado electrónico cualificado de representante.
d)  Mediante documento público cuya matriz conste en un archivo notarial o de una 
inscripción practicada en un registro mercantil.
4.  En el caso de actuaciones en nombre de persona jurídica, la capacidad de 
representación podrá acreditarse también mediante certificado electrónico cualificado de 
representante, entendiéndose en tal caso que el poder de representación abarca cualquier 
actuación ante cualquier Administración Pública.
5.  Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones  e
por medios electrónicos en representación de las personas interesadas. En la sede  bo
electrónica o sede electrónica asociada de cada una de las Administraciones Públicas se  32ww
publicarán los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación.
Artículo 33.  Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 
Estado.
1.  A los efectos previstos en el artículo anterior y de acuerdo con el artículo 6 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la 
Administración General del Estado se inscribirán los apoderamientos de carácter general 
previstos en el artículo 6.4.a) de dicha ley otorgados «apud acta» a favor de representante, 
presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un 
procedimiento administrativo para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 6.4.b) de la ley para 
actuar ante la Administración General del Estado o ante un organismo público o entidad de 
Derecho Público vinculado o dependiente de la misma que no cuente con un registro 
electrónico de apoderamientos particular. Por último, podrán inscribirse los poderes 
previstos en el artículo 6.4.c) de la ley otorgados para realizar determinados trámites y 
actuaciones especificados en el poder ante los órganos de la Administración General del 
Estado o ante un organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente 
de dicha Administración que no cuente con el citado registro particular.
Constará en el Registro el bastanteo del poder realizado por los servicios jurídicos 
correspondientes, sin perjuicio de la apreciación concreta de su suficiencia en la actuación, 
trámite o procedimiento en que se emplee.
2.  El Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 
Estado será gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con la 
colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y será 
accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado así 
como desde las sedes y sedes electrónicas asociadas de la Administración General del 
Estado y de los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes.
3.  Sin perjuicio de este registro general de apoderamientos, cada organismo público 
o entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del 
Estado podrá disponer de un registro particular de apoderamientos en el que se inscriban 
los poderes otorgados por quien ostente la condición de interesado para realizar los 
trámites específicos de su competencia y cuya gestión corresponderá al propio organismo 
o entidad.
En estos registros particulares no podrán inscribirse los poderes previstos en el artículo 
6.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  El Registro Electrónico de Apoderamientos y los registros particulares deberán ser 
interoperables y no tienen carácter público, por lo que el interesado sólo podrá acceder a 
la información de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado.
5.  Mediante orden conjunta de la persona titular del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública y de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital se regularán los requisitos y condiciones de funcionamiento del 
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
Artículo 34.  Acreditación de la representación mediante certificado electrónico cualificado 
de representante.
1.  La representación podrá acreditarse ante la Administración con un certificado 
electrónico cualificado de representante de persona jurídica que sea acorde a lo previsto 
en el artículo 28 y el Anexo I del al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y  e.e
del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios  b
de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se  32ww
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2.  La aceptación de certificados electrónicos cualificados de representante de 
persona jurídica de alcance no general estará sujeta al Reglamento eIDAS, a la Política 
Marco de Firma Electrónica y de Certificados a que hace referencia el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y además, a los requisitos que disponga cada Administración.
Artículo 35.  Acreditación y verificación de las representaciones que resulten de un 
documento público notarial o certificación de un Registro Mercantil.
1.  Cuando la representación alegada resulte de un documento público notarial, o de 
una certificación expedida por un registro mercantil, el interesado deberá aportar la 
certificación registral electrónica correspondiente o al menos expresar el código seguro u 
otro sistema de acceso y verificación del documento electrónico.
2.  Las Administraciones Públicas efectuarán la verificación de la autenticidad e 
integridad del traslado a papel y el acceso a los metadatos necesarios para la tramitación 
automatizada de la certificación registral electrónica, mediante el acceso electrónico y 
gratuito a la dirección electrónica que el Consejo General del Notariado o el Colegio de 
Registradores, respectivamente, habrán de tener habilitada a tales efectos.
3.  Asimismo, las Administraciones Públicas, cuando necesiten comprobar la vigencia, 
revocación o cese de representaciones inscritas en el Registro Mercantil, consultarán 
electrónicamente y de modo gratuito el Registro Mercantil.
Artículo 36.  Autorización de representantes de terceros por la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes.
1.  La Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.7 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán habilitar con carácter general o específico a 
personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones 
electrónicas en representación de las personas interesadas.
2.  La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el Ministerio, 
organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente competente y la 
organización o corporación de que se trate, de acuerdo de lo previsto en el capítulo VI del 
título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. El convenio deberá especificar, al 
menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y 
obligaciones aplicables tanto a la entidad firmante del convenio, como a las personas 
físicas o jurídicas habilitadas y determinará la presunción de validez de la representación.
A estos efectos, podrá acordarse un modelo normalizado de convenio que permita dar 
soporte a esta habilitación en los términos y condiciones que las partes acuerden, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y que incluya como anexo el 
modelo individualizado de adhesión al convenio que, previendo expresamente la 
aceptación de su contenido íntegro, deben suscribir las personas físicas o jurídicas 
miembros de las organizaciones o corporaciones firmantes que se adhieran al mismo.
3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.5, en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes, los trámites electrónicos que podrán realizarse con esta representación 
se publicarán en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado y 
en las respectivas sedes electrónicas o sedes electrónicas asociadas.
CAPÍTULO III
Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas
Sección 1.ª  Registros electrónicos
Artículo 37.  Registro electrónico.
1.  Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la 
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser 
plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
y en el artículo 60 de este Reglamento.
2.  Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará 
el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano 
administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. 
Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente 
interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a 
la que estén vinculados o de la que dependan.
3.  Los registros electrónicos admitirán:
a)  Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, 
procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de 
creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.
b)  Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el 
párrafo anterior dirigido a cualquier Administración Pública.
4.  De acuerdo con el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se tendrán 
por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial 
establezca otra forma de presentación. En estos supuestos, el órgano administrativo 
competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al 
interesado e informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable
Artículo 38.  Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.
1.  El Registro Electrónico General de la Administración General del Estado será 
gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se configura como el conjunto 
agregado de:
a)  Los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las 
unidades que realicen anotaciones en registro.
b)  Las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte 
a procedimientos específicos.
c)  Las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la 
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos 
normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que 
vayan dirigidos. Dicho servicio electrónico será accesible desde la sede electrónica del  es
PAGe de la Administración General del Estado. bo
2.  Las anotaciones en el Registro General de la Administración General del Estado  32ww
tendrán plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas.
Artículo 39.  Presentación y tratamiento de documentos en registro.
1.  Las Administraciones Públicas podrán determinar los formatos y estándares a los 
que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el 
registro siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
y normativa correspondiente.
2.  En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o 
seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su 
subsanación al interesado que los haya aportado de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 
de este Reglamento.
3.  Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas 
de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o 
copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados 
conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, 
tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel 
con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte papel, 
conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4.  Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda la capacidad que se 
determine para el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), su remisión a la 
Administración y órgano al que van dirigidos podrá sustituirse por la puesta a disposición 
de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.
En ámbito de la Administración General del Estado dicho repositorio de intercambio de 
ficheros será de titularidad pública y tanto los documentos depositados como los datos que 
estos contengan no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la normativa 
que regule el procedimiento para el que han sido objeto de registro.
5.  Los documentos presentados en las oficinas de asistencia en materia de registro 
serán devueltos a las personas interesadas inmediatamente tras su digitalización o, en 
caso contrario, se les aplicará lo previsto en el artículo 53 de este Reglamento.
6.  El archivo de los documentos intercambiados por registro corresponderá al órgano 
competente para la tramitación del procedimiento, de acuerdo al plazo que determine su 
normativa.
Artículo 40.  Oficinas de asistencia en materia de registros en el ámbito de la 
Administración General del Estado.
1.  Las Oficinas de asistencia en materia de registros tienen naturaleza de órgano 
administrativo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.
La creación de nuevas Oficinas, así como la modificación o supresión de las existentes 
se realizará conforme a lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
2.  La Administración General del Estado contará con un directorio geográfico de las 
Oficinas de asistencia en materia de registros que será gestionado por el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. A tal efecto, el órgano del que dependa la correspondiente Oficina 
de asistencia deberá comunicar de forma inmediata al citado Ministerio la aprobación de la 
norma por la que se cree, modifique o suprima dicha oficina, de acuerdo con lo establecido en 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad, garantizando su actualización permanente.
3.  Las Oficinas de asistencia en materia de registros desarrollarán las siguientes 
funciones:
a)  La digitalización de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se  o
presenten o sean recibidos en la Oficina y se dirijan a cualquier órgano, organismo público  32ww
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lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c)  La emisión del correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación 
de solicitudes, comunicaciones y documentos que presenten las personas interesadas.
d)  La expedición de copias electrónicas auténticas tras la digitalización de cualquier 
documento original o copia auténtica que presenten las personas interesadas y que se 
vaya a incorporar a un expediente administrativo a través de dicha oficina en el registro 
electrónico correspondiente.
e)  La información en materia de identificación y firma electrónica, para la presentación 
de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites 
y procedimientos para los que se haya conferido habilitación.
f)  La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona 
no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos 
administrativos para los que se haya previsto habilitación.
g)  La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando el 
interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite 
la comunicación o notificación personal en ese momento.
h)  La comunicación a las personas interesadas del código de identificación del 
órgano, organismo público o entidad a la que se dirige la solicitud, escrito o comunicación.
i)  La iniciación de la tramitación del apoderamiento presencial apud acta en los 
términos previstos en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
j)  Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
Sección 2.ª  Comunicaciones y notificaciones electrónicas
Artículo 41.  Comunicaciones administrativas a las personas interesadas por medios 
electrónicos.
Cuando de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
la relación de las personas interesadas con las Administraciones Públicas deba realizarse 
por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios 
electrónicos, al menos:
a)  La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de 
cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro 
electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
b)  La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo 
máximo para resolver el procedimiento y para la práctica de la notificación de los actos que 
le pongan término, así como de los efectos del silencio administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c)  La solicitud de pronunciamiento previo y preceptivo a un órgano de la Unión 
Europea y la notificación del pronunciamiento de ese órgano de la Unión Europea a la 
Administración instructora de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)  La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento 
no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido 
de la resolución, así como la finalización de dicho procedimiento de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 22.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
e)  La solicitud de un informe preceptivo a un órgano de la misma o distinta 
Administración y la recepción, en su caso, de dicho informe, de acuerdo con lo previsto en  e.
el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. w.b
f)  La solicitud de previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, cuando este  32ww
speroan uinndciisapmeinesnatob lceu apnadrao  llaa  Aredsmoilnuicsitóranc dióenl  apcrotucaendtiem tieenngtoa,  laas cí ocnosmtaon ceial  cdoenl tmenisidmoo  ddeel 
acuegr)d o Lcao nr leoa plirzeavcisióton  edne el l arertqícuuelori m22ie.1n.tgo)  ddee  laa Lneuyla 3c9ió/2n0 1o5 ,r deev i1s ióden  odcetu barcet.os entre
administraciones previsto en el artículo 22.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así
como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo.
Artículo 42.  Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la 
sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, organismo público o 
entidad de derecho público vinculado o dependiente actuante, a través de la Dirección 
Electrónica Habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, 
debiendo quedar constancia de la fecha y hora del acceso al contenido de la misma, o del 
rechazo de la notificación.
En caso de que la Administración, organismo o entidad actuante lleve a cabo la puesta 
a disposición de las notificaciones por ambos sistemas, para el cómputo de plazos y el 
resto de efectos jurídicos se tomará la fecha y hora de acceso al contenido o el rechazo de 
la notificación por el interesado o su representante en el sistema en el que haya ocurrido 
en primer lugar. A tal efecto se habrá de disponer de los medios electrónicos necesarios 
para sincronizar de forma automatizada en uno y otro sistema la información sobre el 
estado de la notificación con objeto de garantizar la eficacia y seguridad jurídica en la 
tramitación del procedimiento.
2.  Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se 
le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o la de 
su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, organismo 
público o entidad de derecho público vinculado o dependiente o a través de la Dirección 
Electrónica Habilitada única, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el 
rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.
3.  La notificación por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica 
asociada y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única conlleva la puesta a 
disposición del interesado de un acuse de recibo que permita justificar bien el acceso al 
contenido de la notificación, bien el rechazo del interesado a recibirla.
El acuse contendrá, como mínimo, la identificación del acto notificado y la persona 
destinataria, la fecha y hora en la que se produjo la puesta a disposición y la fecha y hora 
del acceso a su contenido o del rechazo.
4.  En los supuestos de sucesión de personas físicas o jurídicas, inter vivos o mortis 
causa, la persona o entidad que sucede al interesado comunicará la sucesión al órgano 
competente de la tramitación del procedimiento de cuya existencia tenga conocimiento. 
Dicha comunicación deberá efectuarse tras la efectividad de la sucesión o desde la 
inscripción de la defunción en el Registro Civil, en el caso de fallecimiento de persona física.
El órgano responsable de la tramitación procederá, en su caso, en procedimientos no 
finalizados, a autorizar a la persona o entidad sucesora el acceso a las notificaciones 
electrónicas ya practicadas desde la fecha del hecho causante de la sucesión y a practicar 
a dicha persona o entidad sucesora las notificaciones electrónicas que se produzcan en lo 
sucesivo. En el caso en el que la persona física sucesora no estuviera obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración y no opte por este cauce de relación, 
las notificaciones que se produzcan en lo sucesivo deberán practicarse en papel, sin 
perjuicio de la garantía de acceso al expediente completo.
La persona o entidad que suceda al interesado en un procedimiento del que conozca  e.
su existencia debe comunicar, conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, la  w.
sucesión a la Administración Pública a la que corresponda la tramitación de aquel, en el  32ww
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hubieran acaecido con anterioridad a dicha comunicación, le serán imputables al interesado;
dándose por cumplida por la Administración, a todos los efectos, la obligación de puesta a 
disposición de la notificación electrónica en la sede electrónica o sede electrónica asociada, 
a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o ambas, según proceda, a la persona 
jurídica o persona física cuya sucesión el interesado no ha hecho valer.
5.  Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el 
artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la 
Dirección Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán 
notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria a la 
puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única.
Artículo 43.  Aviso de puesta a disposición de la notificación.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las 
Administraciones Públicas, organismos públicos o entidades de derecho público vinculados 
o dependientes enviarán al interesado o, en su caso, a su representante, aviso 
informándole de la puesta a disposición de la notificación bien en la Dirección Electrónica 
Habilitada única, bien en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la 
Administración, u Organismo o Entidad o, en su caso, en ambas.
La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que 
la notificación sea considerada plenamente válida.
El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el 
interesado haya comunicado voluntariamente al efecto, o a ambos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El interesado se hace responsable, por la comunicación a la Administración, organismo 
público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, de que dispone de acceso 
al dispositivo o dirección de correo electrónico designados. En caso de que dejen de estar 
operativos o pierda la posibilidad de acceso, el interesado está obligado a comunicar a la 
Administración que no se realice el aviso en tales medios. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del interesado no conllevará responsabilidad alguna para la 
Administración por los avisos efectuados a dichos medios no operativos.
El aviso regulado en este apartado sólo se practicará en caso de que el interesado o 
su representante hayan comunicado a la Administración un dispositivo electrónico o 
dirección de correo electrónico al efecto.
2.  Cuando el interesado sea un sujeto obligado a relacionarse por medios electrónicos 
y la Administración emisora de la notificación no disponga de datos de contacto electrónicos 
para practicar el aviso de su puesta a disposición, en los procedimientos iniciados de oficio 
la primera notificación que efectúe la Administración, organismo o entidad se realizará en 
papel en la forma determinada por el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
advirtiendo al interesado en esa primera notificación que las sucesivas se practicarán en 
forma electrónica por comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada 
que corresponda o, en su caso, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única según 
haya dispuesto para sus notificaciones la Administración, organismo o entidad respectivo, 
y dándole a conocer que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, puede identificar un dispositivo electrónico, una dirección de correo 
electrónico o ambos para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones 
electrónicas posteriores.
3.  Las Administraciones podrán crear bases de datos de contacto electrónico para la  e.
práctica de los avisos de puesta a disposición de notificaciones en su respectivo ámbito. w.
Artículo 44.  Notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
notif1ic. acLióan  Deilreecctrcóiónnic aE lceucytraó ngiecsat ióHna bciolirtraedsap oúnndicea a el sM einl isstiesrtieom dae  dAes uinnftoorsm Eaccoiónnó mpaicroas  lay 
Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública.
2.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.4, la Dirección Electrónica Habilitada 
única se aloja en la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado.
3.  La adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única se realizará en los términos 
previstos en el artículo 65.
Todas las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes colaborarán para establecer sistemas interoperables 
que permitan que las personas físicas y jurídicas puedan acceder a todas sus notificaciones 
a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, tal como establece el artículo 43 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Esta previsión será aplicable con independencia de cuál sea la Administración que 
practica la notificación y si las notificaciones se han practicado en papel o por medios 
electrónicos.
4.  Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario de la 
Dirección Electrónica Habilitada única, una vez comunicada dicha incidencia a los órganos, 
organismos o entidades emisores que la utilicen como medio de notificación, estos podrán 
determinar una ampliación del plazo no vencido para comparecer y acceder a las 
notificaciones emitidas. En caso de que también pongan a disposición las notificaciones en 
su sede electrónica o sede electrónica asociada, deberán publicar también en esta tanto 
la incidencia técnica acontecida en la Dirección Electrónica Habilitada única como la 
ampliación concreta, en su caso, del plazo no vencido.
5.  Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición 
del interesado en la Dirección Electrónica Habilitada única, este será informado de que de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dicho 
acceso al contenido, el rechazo expreso de la notificación o bien la presunción de rechazo 
por haber transcurrido el plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin acceder al contenido de la misma, dará por efectuado el trámite de 
notificación y se continuará el procedimiento.
6.  Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la Dirección 
Electrónica Habilitada única deberá quedar constancia, con indicación de fecha y hora, del 
momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la misma o del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El estado del trámite de notificación en la Dirección Electrónica Habilitada única se 
sincronizará automáticamente con la sede electrónica o sede electrónica asociada en la 
que, en su caso, la notificación también se hubiera puesto a disposición del interesado.
Artículo 45.  Notificación electrónica en sede electrónica o sede electrónica asociada.
1.  Con carácter previo al acceso al contenido de la notificación puesta a disposición 
del interesado en la sede electrónica o sede electrónica asociada del emisor de la misma, 
este será informado de que de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia y acceso al contenido, el rechazo expreso 
de la notificación o bien la presunción de rechazo por haber transcurrido el plazo de diez 
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin acceder al contenido de 
la misma dará por efectuado el trámite de notificación y se continuará el procedimiento.
2.  Para dar por efectuado el trámite de notificación a efectos jurídicos, en la sede 
electrónica o sede electrónica asociada deberá quedar constancia, con indicación de fecha 
y hora, del momento del acceso al contenido de la notificación, del rechazo expreso de la  e.
misma o del vencimiento del plazo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de  w.
octubre. 32ww
se sEinl ecrsotandizoa dráe l atruátmomiteá dtiec anmoteifnictaec icóonn e lna  laD sireedcec ieólne cEtrólencictraó noi csae dHe aebleilcittaródnai cúan aicsao csiai dlaa 
notif3ic. acDióen  tcaomnbfoiérmn isdea dhu cboienr ae pl uaertsítcou alo  d4is3p.o3s diceió nla  dLeel yin t3e9re/2s0a1d5o,  edne a 1qu deella o.ctubre, se  BOE-A-cable e
entenderá cumplida la obligación de notificar en plazo por parte de la Administración, a que
se refiere el artículo 40.4 de dicha ley, con la puesta a disposición de la notificación en la 
sede o en la dirección electrónica habilitada única.
TÍTULO III
Expediente administrativo electrónico
CAPÍTULO I
Documento administrativo electrónico y copias
Artículo 46.  Documento administrativo electrónico.
1.  Se entiende por documento administrativo electrónico la información de cualquier 
naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico, según un formato 
determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido 
generada, recibida o incorporada por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
funciones sujetas a Derecho administrativo.
2.  Cuando en el marco de un procedimiento administrativo tramitado por medios 
electrónicos el órgano actuante esté obligado a facilitar al interesado un ejemplar de un 
documento administrativo electrónico, dicho documento se podrá sustituir por la entrega 
de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados.
Artículo 47.  Requisitos de validez y eficacia de las copias auténticas de documentos.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
tendrá la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o 
privado original o de otra copia auténtica, la realizada, cualquiera que sea su soporte, por 
los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada 
la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
2.  Las copias auténticas se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia 
auténtica y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
Artículo 48.  Órganos competentes para la emisión de copias auténticas de documentos 
en el ámbito estatal.
1.  En el ámbito estatal, serán competentes para la expedición de copias auténticas 
de documentos públicos administrativos o documentos privados, que sean documentos 
originales o copias auténticas de documento original los siguientes órganos:
a)  Los órganos a los que corresponda la emisión de los documentos originales.
b)  Los órganos a los que corresponda la custodia y archivo de documentos.
c)  Los órganos que hayan previsto sus normas de competencia.
d)  Las oficinas de asistencia en materia de registros, respecto de los documentos 
originales o copias auténticas presentados por las personas interesadas para que se 
remitan desde la Oficina a la unidad competente para su incorporación a un expediente 
administrativo.
2.  La expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos o  s
documentos privados, que sean documentos originales o copias auténticas de documento  e.
original, podrá llevarse a cabo mediante actuación administrativa automatizada o por  w.
personal funcionario habilitado inscrito en el Registro de Funcionarios Habilitados de la  32ww
Adm3i.n isLtroasc iótintu Glaerense rdael  dloesl  Eósrgtaadnoo sa l qquuee  ssee  rreelfaiecrieo neal na retínc ulloos 3 p1á drrea feosst ea R), ebg)l acm) eyn dto) .del
aepmairstiaódno  d1e d ela ess tceo apritaícsu leol edcetsriógnniacraásn  aa ulotésn futicnaciso,n aqruioes  sye f ulnlecvioanráar iaa sc haabboil itmadeodsia pnatrea  elal   BOE-A-cable e
correspondiente proceso de digitalización.
Artículo 49.  Emisión de copias de documentos aportados en papel por el interesado.
Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público 
administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente administrativo, 
el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una copia electrónica 
que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel.
Artículo 50.  Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos.
1.  Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una 
de las siguientes modalidades de referencia temporal, de acuerdo con lo que determinen 
las normas reguladoras de los respectivos procedimientos:
a)  Marca de tiempo, entendiendo por tal la asignación por medios electrónicos de la 
fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico.
b)  Sello electrónico cualificado de tiempo, entendiendo por tal la asignación por 
medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención 
de un prestador cualificado de servicios de confianza que asegure la exactitud e integridad 
de la marca de tiempo del documento. Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados 
serán asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.
2.  La marca de tiempo será utilizada en todos aquellos casos en los que las normas 
reguladoras no establezcan la utilización de un sello electrónico cualificado de tiempo
La información relativa a las marcas y sellos electrónicos cualificados de tiempo se 
asociará a los documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y normativa correspondiente.
3.  La relación de prestadores cualificados de servicios de confianza que prestan 
servicios de sellado de tiempo en el sector público deberá estar incluida en la «Lista de 
confianza de prestadores cualificados de servicios de confianza».
Artículo 51.  Configuración del expediente administrativo electrónico.
1.  El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo 
mediante un índice electrónico autenticado que garantizará la integridad del expediente y 
permitirá su recuperación siempre que sea preciso.
2.  Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes 
administrativos.
3.  El índice electrónico autenticado será firmado por el titular del órgano que 
conforme el expediente para su tramitación o bien podrá ser sellado electrónicamente en 
el caso de expedientes electrónicos que se formen de manera automática, a través de un 
sistema que garantice su integridad.
Artículo 52.  Ejercicio del derecho de acceso al expediente electrónico y obtención de 
copias de los documentos electrónicos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el 
derecho de acceso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con 
las Administraciones Públicas al expediente electrónico y, en su caso, a la obtención de 
copia total o parcial del mismo, se entenderá satisfecho mediante la puesta a disposición 
de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración  es
competente o en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda. bo
A tal efecto, la Administración destinataria de la solicitud remitirá al interesado o, en su  32ww
cedaaceleustceoetr rrmadó onisn iucce oo rlen app  eucrlee odssrirecteontas taapm noedtnenids, dp ielaeon  sdvtieaicr liepoócornacl,íi ctógiicónaan re  aedlenmect itizgtriaóednnsoidt cipóoaon  rao  dlq aleou a ceduallotlaiocz ruaeidmdl aoaedrcn  qcctoaeuslseif o iedc léade ducaortcarrcóanen tcseicoo ore rasle  l stseipeixeompmnepdpdoirei eeqn nudteteee,     OE-A-2021-50able en https://
y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal y de transparencia y acceso a la información pública y de patrimonio documental, 
histórico y cultural.
Artículo 53.  Tiempo de conservación y destrucción de documentos
1.  Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier 
circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez 
digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda 
recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o 
de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la 
Administración correspondiente establezca un plazo mayor.
2.  Los documentos presentados por el interesado en formato electrónico dentro de 
un dispositivo, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento 
de su presentación, una vez incorporados al expediente serán conservados a su 
disposición durante seis meses para que pueda recogerlos, independientemente del 
procedimiento administrativo al que se incorporen o de la Administración Pública a que 
vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la Administración correspondiente 
establezca un plazo mayor.
3.  Transcurrido el plazo previsto en los apartados anteriores, la destrucción de los 
documentos se realizará de acuerdo con las competencias del Ministerio de Cultura y 
Deporte o del órgano competente de la comunidad autónoma, y siempre que no se trate 
de documentos con valor histórico, artístico u otro relevante o de documentos en los que 
la firma u otras expresiones manuscritas o mecánicas confieran al documento un valor 
especial.
4.  Cuando la generación de copias electrónicas auténticas se realice a partir de 
documentos originales o copias auténticas de documentos en soporte no electrónico que 
se conserven formando parte de sus correspondientes expedientes y series documentales 
en cualesquiera de las oficinas, archivos o dependencias de cualquier organismo de las 
Administraciones públicas, dichos documentos originales o copias auténticas de 
documentos en soporte no electrónico se restituirán a sus oficinas, archivos o dependencias 
de origen, donde les será de aplicación la normativa específica en materia de archivos y 
conservación del patrimonio documental en su respectivo ámbito y siguiendo lo establecido 
por las autoridades calificadoras que correspondan.
5.  En el ámbito estatal, se estará a lo preceptuado en el Real Decreto 1164/2002, de 
8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor 
histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público y la conservación de 
documentos administrativos en soporte distinto al original.
CAPÍTULO II
Archivo electrónico de documentos
Artículo 54.  Conservación de documentos electrónicos.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
Administraciones Públicas, así como sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes, deberán conservar en soporte electrónico todos los 
documentos que formen parte de un expediente administrativo y todos aquellos 
documentos con valor probatorio creados al margen de un procedimiento administrativo. e.
La copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la  w.b
Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la consideración de patrimonio documental a efectos  32ww
dneo rampalitcivaac ióanu tdoen ólam Liceay  c1o6r/1re9s8p5o, nddei e2n5t ed, es jiuennidoo,  deell  pPeartiroimdoo ndioe  Hciostnósreicrov aEcsiópna ñdoel  ol olas 
docu2m. eCntaodsa e Al edsmtainbilsetcraidcoió pno Pr úlabsli caau,t orerigdualdaerás  cloasli fpiceardíoodraoss  qmuíen icmoorrse dspeo cnodnasne.rvación de
los documentos electrónicos, que formen parte del expediente de un procedimiento cuya
tramitación haya concluido, conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio 
documental.
Cuando se tenga conocimiento por la Administración Pública, organismo o entidad de 
la existencia de procedimientos judiciales que afecten o puedan afectar a documentos 
electrónicos, estos deberán conservarse a disposición de los órganos jurisdiccionales, 
hasta tanto exista constancia de la terminación del procedimiento judicial correspondiente 
en las sucesivas instancias, por haber recaído resolución no susceptible de recurso o 
procedimiento alguno ante órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales.
3.  La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que 
permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, 
firma, estructura y formato.
También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, 
en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o 
modelos electrónicos origen de los documentos, así como para la comprobación de la 
identificación o firma electrónica de dichos datos.
Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los mismos plazos 
establecidos para los correspondientes documentos electrónicos.
4.  Para asegurar la conservación, acceso y consulta de los documentos electrónicos 
archivados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, se podrán 
trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes 
aplicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre y en la normativa específica de archivos y patrimonio documental, histórico y 
cultural.
Asimismo, se planificarán las actuaciones de preservación digital que garanticen la 
conservación a largo plazo de los documentos digitales y permitan de esta forma dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior
5.  En todo caso, bajo la supervisión de los responsables de la seguridad y de los 
responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las 
unidades productoras de la documentación se establecerán los planes y se habilitarán los 
medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que 
permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al 
documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.
Artículo 55.  Archivo electrónico único.
1.  El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y 
servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes 
electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez 
finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.
2.  En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán 
accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una 
vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos de acuerdo con lo que se desarrolle 
reglamentariamente.
La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y 
documentos almacenados, así como su acceso, en las condiciones exigidas por el  e.e
Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la  b
normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la  32ww
lseegais dlaec aiópnli cdaec iaórnc,h diveo sa cyu epradtroim coonn iolo  hqiusteó rsieco d ey scaurlrtoulrlea l rye gplaomr lean ntaorrimamateivnate e.specífica que
TÍTULO IV
De las relaciones y colaboración entre las Administraciones Públicas para el 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos
CAPÍTULO I
Colaboración entre las Administraciones Públicas para la actuación administrativa 
por medios electrónicos
Artículo 56.  Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las 
Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, estarán obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos 
públicos y entidades vinculados o dependientes.
Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio 
de potestades administrativas.
Artículo 57.  Comunicaciones en la Administración General del Estado.
Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de esta deberán utilizar medios 
electrónicos para comunicarse entre sí.
Las comunicaciones se efectuarán a través del Registro Electrónico General de la 
Administración General del Estado o registro del organismo público o entidad de derecho 
público de que se trate, o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia 
de su recepción.
Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio 
de potestades administrativas.
Artículo 58.  Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas.
Las Administraciones Públicas y los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes podrán adherirse voluntariamente, mediante la 
formalización del correspondiente instrumento de adhesión, a las sedes electrónicas o 
sedes asociadas disponibles de titularidad de la misma Administración u otra Administración 
Pública, sin que se constituya como sede electrónica asociada.
Artículo 59.  Adhesión a la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.
Las Administraciones Públicas podrán integrar sus respectivas áreas personalizadas o 
carpetas ciudadanas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7.3 de este 
Reglamento, si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas, con la Carpeta 
Ciudadana prevista en el artículo 8 de este Reglamento, de forma que el interesado pueda 
acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que 
garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, 
independientemente de cuál haya sido su punto de acceso. es
Artículo 60.  Sistema de interconexión de Registros. w.
Elec1tr. ónLicaos  Gaepnliecaracli odnee csa od as iAsdtemminaiss trdaec iiónnfo, ramsía ccioómn op aderal  reelg tisratrtoa melieecnttroó ndiceol  Rdee gcisatdroa 
oinrtgearonpisemraob lpeúsb.lico o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán ser  BOE-A-cable e
2.  Las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán 
realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR) gestionado por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública de acuerdo con lo previsto en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente Norma Técnica.
3.  En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes las aplicaciones o sistemas de 
información para el tratamiento del Registro Electrónico General de la Administración 
General del Estado, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad 
de derecho público vinculado o dependiente, deberán permitir la interoperabilidad con los 
sistemas de gestión de expedientes de las unidades de tramitación correspondientes.
Artículo 61.  Transmisiones de datos.
1.  Las transmisiones de datos a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, realizadas a través de redes corporativas de las Administraciones Públicas 
para el envío de documentos elaborados por cualquier Administración, mediante consulta 
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto, tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el 
procedimiento o actuación administrativa.
2.  Cuando las personas interesadas no aporten datos y/o documentos que ya obren 
en poder de las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, se seguirán las siguientes reglas:
a)  Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, puede 
acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente. 
Quedará constancia en los ficheros del órgano, organismo público o entidad de derecho 
público cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo 
cesionario.
b)  Excepcionalmente, en caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a 
los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros 
medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la 
circunstancia que imposibilitó dicho acceso electrónico, incorporándola al expediente.
3.  Toda transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora 
en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la finalidad para la 
que se requieren. Además, si en la petición de datos interviene un empleado o empleada 
público se incluirá la identificación de este en la petición.
4.  El órgano, organismo público o entidad de derecho público cesionario será 
responsable del correcto acceso electrónico a los datos cuya titularidad corresponda a otro 
órgano, organismo público o entidad de derecho público, así como de su utilización, en 
particular, cuando los datos a los que se accede tengan un régimen de especial protección. 
Asimismo, cuando para dicho acceso se requiera el consentimiento del interesado, el 
cesionario será responsable del requerimiento de dicho consentimiento.
5.  La cesión de datos dentro de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, 
entre otras formas, de manera automatizada, entendiéndose por tal la consulta realizada 
íntegramente a través de medios telemáticos en la que no haya intervenido de forma  es
directa un empleado o empleada público. o
6.  Las transmisiones de datos que se realicen en virtud del artículo 14 del Reglamento  32ww
(ry(eUU slEEaet))ri  vvnnoic.. ººiao   12sla0 0d 21cer48 ea//2a1s0c7isi12ót2e4n n  nddceoeia  lu  ryePn qaraeu rpsleaaormsliuraáecrnnieó tlnapo  r ddeEeivgu iipsrtoaruopla búelilnozeia mcyca ai óddsnee y l   adpCceooc rlen oesssloe  q djaoua ,ei tno dsfsoee r  pmm2o aodrc depiió faioncrc,at etp ue rdbol eRrcelee  dugdislemau mia2er0enio1nto 8toos,     OE-A-2021-50able en https://
usuaria solicitante para proceder a su uso por parte del órgano o entidad tramitadora.
Artículo 62.  Plataformas de intermediación de datos.
1.  Las plataformas de intermediación de datos dejarán constancia de la fecha y hora 
en que se produjo la transmisión, así como del procedimiento administrativo, trámite o 
actuación al que se refiere la consulta. Las plataformas de intermediación, o sistema 
electrónico equivalente, existentes en el sector público deberán ser interoperables con la 
Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y entre ellas.
La adhesión a las plataformas de intermediación de datos requerirá que se garantice 
el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes de la 
información para el tratamiento de datos por parte de la plataforma encargada del 
tratamiento de dichos datos y de los cesionarios de los mismos.
2.  En el ámbito estatal, se dispondrá de la Plataforma de Intermediación de 
Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes a que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dicha 
Plataforma será gestionada la Secretaría General de Administración Digital y actuará como 
un punto a través del cual cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho 
público podrá consultar los datos o documentos asociados al procedimiento de que se 
trate, con independencia de que la presentación de los citados datos o documentos tenga 
carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate.
3.  La Plataforma de Intermediación de la Administración General del Estado 
actuará como punto de conexión con el sistema técnico regulado por el Reglamento 
(UE) n.º 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, para 
el intercambio automático de datos o documentos a nivel europeo.
Artículo 63.  Remisión electrónica de expedientes administrativos en el ámbito de las 
Administraciones públicas mediante puesta a disposición.
1.  Cuando desde una Administración Pública se solicite a otra un expediente 
electrónico, la remisión por esta, a través de un nodo de interoperabilidad, de la dirección 
electrónica o localizador que dé acceso al expediente electrónico puesto a disposición de 
la primera equivaldrá a la remisión del mismo, siempre que se garantice la integridad del 
acceso a lo largo del tiempo que determine la correspondiente política de gestión de 
documentos electrónicos y el cumplimiento de la normativa de interoperabilidad aplicable 
al tipo de expediente.
2.  El mismo procedimiento previsto en el apartado anterior se podrá utilizar cuando 
la solicitud se produzca dentro del ámbito de una misma Administración Pública.
CAPÍTULO II
Transferencia y uso compartido de tecnologías entre Administraciones Públicas
Artículo 64.  Reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
las Administraciones Públicas pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite 
las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación 
y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la 
que estén asociadas sea objeto de especial protección por estar previsto en una norma.  s
Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de  e.
adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. w.
2.  A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 40/2015, de 1  32ww
dapel iocactcuiobnree,s  lapsa rAa dsmui nliisbtrrea crieounteilsiz aPcúióbnli ceans  mmoadnote npdrorádnu cdtoir eoc teonri oms oadcotu saelirzvaicdioos,  ddee 
confEosrmtoisd addir eccotno rlioo sd disepbueersátno  seenr  epll eEnsaqmueemntae  iNnatecrioopnearla dbele Isn,t edreo pmeordaob iqliduaed s.e garantice su  BOE-A-cable e
compatibilidad informática e interconexión, con el Directorio general de aplicaciones de la
Administración General del Estado para su libre reutilización previsto en el artículo 17 del 
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
3.  Las condiciones de licenciamiento de los sistemas y aplicaciones de las 
Administraciones públicas y el uso y funcionamiento de los directorios de aplicaciones 
reutilizables deberán ajustarse a lo previsto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
4.  Las Administraciones públicas procurarán la construcción de aplicaciones 
reutilizables, bien en modo producto o en modo servicio, con el fin de favorecer las 
actuaciones de compartir, reutilizar y colaborar, en beneficio de una mejor eficiencia y para 
atender de forma efectiva las solicitudes recibidas en virtud del artículo 157 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
5.  Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al 
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con 
medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar 
en el Directorio general de aplicaciones de la Administración General del Estado para su 
libre reutilización, si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan 
satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se 
pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad 
así lo permitan.
Las conclusiones con respecto al resultado de dicha consulta al directorio general se 
incorporarán en el expediente de contratación y reflejarán, en su caso, que no existen 
soluciones disponibles para su reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente las 
necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir.
En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, la 
justificación de la no reutilización se realizará en términos de eficiencia conforme a lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Artículo 65.  Adhesión a las plataformas de la Administración General del Estado.
1.  La adhesión al uso de las plataformas, registros o servicios electrónicos de la 
Administración General del Estado prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en este Reglamento, así como a aquellos otros que 
puedan facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en estas normas se realizará mediante 
adhesión por el órgano competente de la Administración Pública que corresponda, en el 
que se dejará constancia de la voluntad de este de adherirse a las plataformas, registros 
o servicios electrónicos y de aceptar en su integridad las condiciones de uso determinadas 
por el órgano titular de la plataforma o servicio, incluyendo el comienzo efectivo del mismo.
A tal efecto, los modelos de adhesión a las plataformas, registros o servicios, que 
incluirán los términos de prestación del servicio y de la contribución al sostenimiento del 
mismo, se aprobarán mediante Resolución de la Secretaría General de Administración 
Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o, en su caso, del 
órgano directivo, organismo público o entidad de derecho público que sea competente de 
las plataformas, registros o servicios de que se trate.
2.  La adhesión a una plataforma, registro o servicio electrónico de la Administración 
General del Estado no supondrá un cambio de la titularidad sobre las actuaciones 
administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de que se trate, que 
corresponderá a la Administración competente para su tramitación. Si la plataforma provee 
un servicio que requiere el intercambio de información entre dos entidades usuarias de la 
misma o de distinta plataforma, la autenticación de la entidad solicitante puede acreditarse,  e.
ante la entidad cedente, mediante un sello electrónico cualificado del órgano, organismo  w.
público o entidad de derecho público que gestiona la plataforma en cuestión de la que es  32ww
uensutidaaridae lsa  aednhteidriaddo ss oqluicei taacnttúea, nq cuoem aoc tsuoalircáit aennt enso.mbre de los órganos y organismos o
se cLuam apdlahne slaiósn c oan udnicai opnlaetsa dfoer mseag dueri dlaa dA demxiginidisatrsa pcoiórn l oGs ecneedreanl tdeesl  dEes tlaad inof orermquaecriiórán .que  BOE-A-cable e
3.  Los órganos competentes para la gestión del procedimiento administrativo de las 
Administraciones que se adhieran a estas plataformas, registros o servicios electrónicos se 
responsabilizarán del uso que hagan de las mismas en el ejercicio de sus competencias, 
correspondiendo al órgano responsable de la plataforma su gestión y mantenimiento. En el 
supuesto de que una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario del sistema o 
aplicación que corresponda, y sin perjuicio de la ampliación de plazos a que se refiere el artículo 
32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cada Administración pública será responsable de la 
continuación de la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios a la ciudadanía.
4.  La adhesión de las comunidades autónomas o entidades locales a las plataformas 
estatales o registros previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, es voluntaria, si bien la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia 
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se enviará el correspondiente 
informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que deberá 
incluirse la justificación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, 
de plataformas, registros o servicios electrónicos que se utilicen, de modo que se garantice 
su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes plataformas.
Disposición adicional primera.  Obligatoriedad de uso de medios electrónicos en los 
procesos selectivos para el acceso al empleo público en el ámbito de la Administración 
General del Estado.
Las personas participantes en procesos selectivos convocados por la Administración 
General del Estado, sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes a la misma, deberán realizar la presentación de las solicitudes y 
documentación y, en su caso, la subsanación y los procedimientos de impugnación de las 
actuaciones de estos procesos selectivos a través de medios electrónicos.
Disposición adicional segunda.  Formación de empleados y empleadas públicos de la 
Administración General del Estado.
La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su 
servicio para garantizar el derecho de las personas interesadas a ser asistidas en el uso 
de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración Pública, establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición adicional tercera.  Nodo de interoperabilidad de identificación electrónica del 
Reino de España.
1.  Se crea el nodo de interoperabilidad de identificación electrónica del Reino de 
España para el reconocimiento mutuo de identidades electrónicas entre los Estados 
miembros, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior.
2.  El nodo de interoperabilidad de identificación electrónica del Reino de España se 
gestionará por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
3.  Las entidades pertenecientes al sector público deberán definir y publicar en su  es
sede electrónica el nivel de seguridad en la identificación electrónica exigido en los  o
pndla.er ºolb  9csa1eiss0det/ei2 mmd0ei1ael4  nda, tedno eásin l 2ifsyo3i sr dms edea erjcuv iróliicioeni os dqgseuo  e2sq 0,us 1ode4pe .o  gEaretscastue teei onlr ndipvaoreo nlc c,do eednd s eimee lgia eEucnrsutidoqea urodde  osmee narc v loaNicn iaido cee isnole tni Rfadicele agdtceleiaró mmnSi eneegalneurtcáort i rdsó(aonUbdicEr eay)     2021-5032n https://www.
normativa correspondiente.
4.  Las entidades pertenecientes al sector público deberán admitir en todo caso, en el 
acceso electrónico a sus procedimientos y servicios los esquemas de identificación 
notificados por otros Estados Miembros al amparo del Reglamento (UE) n.º 910/2014, 
de 23 de julio de 2014, siempre que se den estas dos condiciones:
a)  El esquema de identificación utilizado tenga un nivel de seguridad en la 
identificación electrónica sustancial o alto.
b)  El nivel de seguridad de dicho esquema sea igual o superior al nivel de seguridad 
exigido por el procedimiento o servicio de acuerdo con el apartado 3.
Disposición adicional cuarta.  Adhesión de las entidades de derecho privado vinculadas o 
dependientes de la Administración General del Estado en el ejercicio de potestades 
administrativas a las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y sistema de 
firma y notificaciones electrónicas aplicables.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
el artículo 2.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando las entidades de derecho 
privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado ejerzan 
potestades administrativas y, en consecuencia, les sea de aplicación este Reglamento, se 
observarán las siguientes disposiciones:
a)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 58, las entidades de derecho privado 
tendrán que adherirse a la sede electrónica asociada del ministerio con el que mantengan 
la vinculación o dependencia o, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica 
asociada del organismo de derecho público con el que mantengan la misma, en ambos 
casos mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión.
Las personas interesadas obligadas a relacionarse electrónicamente con las entidades 
de derecho privado en el ejercicio de dichas potestades realizarán los trámites del 
procedimiento mediante los modelos normalizados que estarán disponibles en la sede 
electrónica asociada o, en su caso, sede electrónica a la que se haya adherido la entidad. 
El mismo régimen se aplicará a los sujetos no obligados que hayan optado por medios 
electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de este Reglamento.
b)  Según lo previsto en los artículos 20.2 y 22.4, mediante orden de la persona titular 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se determinarán 
reglamentariamente los medios admitidos para la firma electrónica en los procedimientos 
tramitados en el ejercicio de potestades administrativas por parte de las entidades de 
derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.
c)  De conformidad con lo previsto en el artículo 42, las notificaciones electrónicas 
que las entidades de derecho privado tengan que practicar se llevarán a cabo en la misma 
forma que el responsable de la sede electrónica asociada o sede electrónica a la que esté 
adherida la entidad haya dispuesto para sus propias notificaciones.
Disposición adicional quinta.  Adhesión de los órganos constitucionales al uso de las 
plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado.
1.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 65 de este Reglamento, los órganos 
constitucionales podrán adherirse al uso de las plataformas, registros o servicios 
electrónicos de la Administración General del Estado y aquellos otros que puedan facilitar 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, y en este Reglamento. e
2.  La adhesión se realizará mediante un acuerdo o acto de adhesión en el que la  bo
autoridad competente de las instituciones u órganos anteriores dejará constancia de la  32ww
vaocelupnttaard e dne s ue sitnet edgeri daaddh elarisr sceo nad liacsio npelast adfoe rmusaos ,d eretegrismtrinoasd oa ss eprovri ceiol só reglaencotr ótintuiclaors  dye  dlae 
plataPfaorram ae lo e ssetruvdicioio ,d ien csluuy evinadboil iedla cdo, mreiemnzitoir áe fceocntiv coa dreálc mteirs mproe.vio al Ministerio al que
pertenezca el órgano titular de la plataforma o servicio una memoria justificativa y económica
en que se explicite el volumen de trámites que estaría previsto realizar a través de la 
plataforma, el registro o servicio electrónico de que se trate, los efectos presupuestarios y 
económicos y cualquier otra razón de interés general que justifique su adhesión.
3.  La adhesión a una plataforma, registro o servicio electrónico de la Administración 
General del Estado no supondrá un cambio de la titularidad sobre las actuaciones 
administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de que se trate, que 
corresponderá a la Administración competente para su tramitación.
Si la plataforma, registro o servicio electrónico provee un servicio que requiere el 
intercambio de información entre dos entidades usuarias de la misma o distinta plataforma, 
la autenticación de la entidad solicitante puede acreditarse ante la entidad cedente 
mediante un sello electrónico cualificado del órgano, organismo público o entidad de 
derecho público que gestiona la plataforma.
4.  La adhesión a una plataforma de la Administración General del Estado requerirá 
que se cumplan las condiciones de seguridad exigidas por los cedentes de la información.
5.  Los  órganos  competentes  en  las  instituciones  u  órganos  adheridos  se 
responsabilizarán del uso que hagan de las plataformas en el ejercicio de sus 
competencias, correspondiendo al órgano responsable de la plataforma su gestión y 
mantenimiento. En el supuesto de una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento 
ordinario del sistema o aplicación que corresponda, los órganos competentes en las 
instituciones u órganos adheridos serán responsables de la continuación de la tramitación 
de sus procedimientos administrativos.
Disposición adicional sexta.  Situación de las sedes electrónicas y subsedes electrónicas 
en el ámbito estatal existentes a la entrada en vigor de este real decreto.
1.  En aplicación de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
las sedes electrónicas existentes en la Administración General del Estado en la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto pasan a tener naturaleza de sedes electrónicas 
asociadas de la sede electrónica de la Administración General del Estado, que es la sede 
del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado, 
sin necesidad de modificar su instrumento de creación. Las subsedes electrónicas 
existentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto pasarán también a tener 
naturaleza de sedes electrónicas asociadas.
2.  Las sedes electrónicas de los organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes existentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto 
mantendrán su naturaleza de sede electrónica. Las subsedes electrónicas de estos 
pasarán a tener naturaleza de sedes electrónicas asociadas.
Disposición adicional séptima.  Interoperabilidad de los registros electrónicos de 
apoderamientos.
1.  En aplicación de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, la Norma Técnica de 
Interoperabilidad establecerá el modelo de datos y las condiciones de interoperabilidad de 
los registros electrónicos de apoderamientos, abordando los aspectos funcionales y 
técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos 
pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes 
electrónicas, a los registros mercantiles, de la propiedad y a los protocolos notariales. e.e
2.  En el ámbito de la Administración General del Estado, el cumplimiento de las  b
previsiones del artículo 33.2 del Reglamento sobre el acceso al Registro Electrónico de  32ww
Aapploicdaecriaómn ideen tloas N doer mlaa A Tdémcinniicsatr aac qióune G seen reerfaiel rdee el lE asptaadrtoa deos t1á  avnintceuriloard.o a la aprobación y
Disposición adicional octava.  Supletoriedad en Registro Civil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 y en la Disposición final primera de 
la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, este Reglamento será de aplicación 
supletoria en lo no previsto en dicha Ley y su normativa de desarrollo específica, en cuanto 
a todo lo relacionado con la tramitación administrativa de los procedimientos específicos 
de Registro Civil.
Disposición adicional novena.  Autorización de los sistemas de identificación previstos en 
el artículo 9.2.c) y de los sistemas de firma previstos en el artículo 10.2.c) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.
1.  Los sistemas de identificación a que se refiere el artículo 9.2.c) y los sistemas de 
firma a que se refiere el artículo 10.2.c) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, que, en ambos 
casos, se hubieran puesto en servicio hasta el 6 de noviembre de 2019, fecha de entrada 
en vigor de la modificación de dichos artículos en virtud del Real Decreto-ley 14/2019, 
de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad 
pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones, no requerirán la autorización de la Secretaría General de 
Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, siempre y cuando no hayan sido modificados tras dicha fecha.
2.  Los sistemas que, tras el 6 de noviembre de 2019, hayan sido autorizados en 
aplicación de las previsiones de los artículos 9.2.c) y 10.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y sean modificados posteriormente, deberán ser objeto de una nueva autorización 
previa a su puesta en servicio.
Disposición adicional décima.  Especialidades por razón de materia.
1.  De acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la 
materia que no exijan alguno de los trámites previstos en la citada ley o regulen trámites 
adicionales o distintos se regirán, respecto a estos, por lo dispuesto en dichas leyes 
especiales.
2.  Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica 
y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
a)  Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria 
y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
b)  Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, 
impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y desempleo.
c)  Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, 
en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
d)  Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.
3.  De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, la Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su 
legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con 
su legislación específica por lo previsto en dicha Ley. El acceso, la cesión o la comunicación 
de información de naturaleza tributaria se regirán en todo caso por su legislación  e.e
específica. w.b
ANEXO
Definiciones
– Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que 
permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y 
de redistribuir copias a otras personas usuarias.
– Archivo electrónico único de cada Administración: Conjunto de sistemas y servicios 
que sustente la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes 
electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez 
finalizados los procedimientos o actuaciones correspondientes.
– Autenticación: Procedimiento de verificación de la identidad digital de un sujeto en 
sus interacciones en el ámbito digital, típicamente mediante factores tales como «algo que 
se sabe»(contraseñas o claves concertadas), «algo que se tiene» sean componentes 
lógicos (como certificados software) o dispositivos físicos (en expresión inglesa, tokens), o 
«algo que se es» (elementos biométricos), factores utilizados de manera aislada o 
combinados.
– Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien 
dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
– Canal: Estructura o medio de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el 
canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad 
o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, etc.).
– Certificado electrónico: Documento emitido y firmado por la Autoridad de Certificación 
que identifica una clave pública con su propietario. Cada certificado está identificado por 
un número de serie único y tiene un periodo de validez que está incluido en el certificado.
– Certificado cualificado: Un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por 
un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos 
en el anexo I del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 
de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE.
– Certificado cualificado de sello electrónico: Certificado de sello electrónico que ha 
sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los 
requisitos establecidos en el anexo III del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones, electrónicas en el mercado interior y por la 
que se deroga la Directiva 1999/93/CE
– Código malicioso: Tipo de software de carácter dañino que crea o aprovecha 
vulnerabilidades en dispositivos, sistemas y archivos informáticos que permiten el acceso 
remoto no autorizado, la generación de puertas traseras, el robo o exfiltración de datos, la 
destrucción de información, u otras acciones perjudiciales.
– Código Seguro de Verificación (CSV): Código que identifica a un documento 
electrónico y cuya finalidad es garantizar el origen e integridad de los documentos 
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente; el carácter único del código 
generado para cada documento; su vinculación con el documento generado, de forma que 
cualquier modificación del documento generado dará lugar a un nuevo documento con un 
código seguro de verificación diferente; la posibilidad de verificar el documento en la sede 
electrónica como mínimo por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la 
aplicación de este procedimiento; así como un acceso al documento restringido a quien  e.e
disponga del código seguro de verificación. w.b
– Confidencialidad: Propiedad o característica consistente en que la información ni se  32ww
pone–  aC doipspiao saicuitóénn,t incia s:e T reenvderlaá  ala i ncdoivnisdiudoesr,a ecniótnid addee sc oop piaro acuestéonst incoa  adueto urinz addoocsu.mento
pqúubel isceoa a sdum sinoipsotrrateti,v poo or  plorsiv óardgoa noorisg icnoaml op edtee notteras  cdoep liaas a Audtémnitnicisat,r alac iroenaelisz aPdúab,l iccuaasl qeuni elaras 
que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido
– Copia autorizada electrónica: documento notarial electrónico generado por el notario 
que autorizó la escritura, con el mismo valor y efectos que la copia en papel y al cual se le 
atribuye también valor de documento público.
– Digitalización: Proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte 
papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen 
la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
– Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que 
se provee de información o servicios en una red de comunicaciones
– Directorio de aplicaciones reutilizables: instrumento que contiene la relación de 
aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo, al menos, los datos descriptivos 
relativos a nombre de la aplicación, breve descripción de sus funcionalidades, uso y 
características, licencia, principales estándares abiertos aplicados, y estado de desarrollo.
– Disponibilidad: Propiedad o característica de los activos consistente en que las 
entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.
– Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento diferenciado.
– Entorno cerrado de comunicación: escenario de comunicaciones delimitado, 
controlado y protegido en el que los participantes se relacionan a través de medios 
electrónicos, según unas garantías y condiciones determinadas que incluyen la relación de 
emisores y receptores autorizados, la naturaleza de los datos a intercambiar y las medidas 
de seguridad y protección de datos.
– Especificación técnica: Según el Reglamento n.º 1025/2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre normalización europea, 
documento en el que se prescriben los requisitos técnicos que debe reunir un producto, 
proceso, servicio o sistema y que establece uno o más de los aspectos siguientes:
• Las características que debe tener un producto, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad, protección del medio ambiente, salud y seguridad y sus 
dimensiones, así como los requisitos aplicables al producto en lo que respecta a la 
denominación con la que se vende, la terminología, los símbolos, los ensayos y los 
métodos de ensayo, el embalaje, el marcado o el etiquetado y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad;
• los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas, definidos en 
el artículo 38, apartado 1, del TFUE, de los productos destinados a la alimentación humana 
y animal y de los medicamentos, así como los métodos y procedimientos de producción 
relacionados con los demás productos, en caso de que estos influyan en sus 
características;
• las características que debe tener un servicio, como los niveles de calidad, 
rendimiento, interoperabilidad, protección del medio ambiente, salud o seguridad, así como 
los requisitos aplicables al proveedor en lo que respecta a la información que debe facilitarse 
a la persona destinataria, tal como se especifica en el artículo 22, apartados 1 a 3, de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 
relativa a los servicios en el mercado interior.
• los métodos y los criterios para evaluar el rendimiento de los productos de 
construcción, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de  s
construcción, en relación con sus características esenciales. e.
– Esquema Nacional de Interoperabilidad: Instrumento que comprende el conjunto de  32ww
cinrfitoerrmioasc yió rne, cdoem leons dfoarcmioanteoss  eyn d me alates raiap dlicea sceiognuersid aqdu,e c doenbseerrávna csieórn  tye nniodroms aelniz accuieónnt ad ep olar 
lianste Arodpmeirnaibsitlriadcaido.nes Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la
– Esquema Nacional de Seguridad: Instrumento que tiene por objeto establecer la 
política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está constituido 
por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad 
de la información tratada.
– Expediente administrativo: Conjunto ordenado de documentos y actuaciones 
relativos a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
– Firma electrónica: Los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos 
o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar.
– Firma electrónica avanzada: La firma electrónica que cumple los requisitos 
contemplados en el artículo 26 del Reglamento eIDAS.
– Firma electrónica cualificada: Una firma electrónica avanzada que se crea mediante 
un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado 
cualificado de firma electrónica.
– Formato de documento: Conjunto de reglas (algoritmo) que define la manera 
correcta de intercambiar o almacenar datos en memoria. Se corresponde habitualmente 
con una especificación técnica.
– Identificación: Procedimiento para reconocer de forma única la identidad de un 
sujeto que culmina tras un registro previo con la asignación de un elemento identificador 
singular en formato electrónico que representa de forma única a una persona física o 
jurídica o a una persona física que representa a una persona jurídica para interacción en 
el entorno digital.
– Infraestructura o servicio común: Capacidad organizativa y técnica que satisface 
necesidades comunes de las personas usuarias en diversos ámbitos de la Administración, 
junto con su gobernanza operativa de apoyo, que pueden tener carácter horizontal o 
sectorial, con diversos modos de provisión, como servicio o como producto, o integración 
a modo de plataforma, que facilitan la interoperabilidad, la seguridad, las economías de 
escala, la racionalización y la simplificación de la actuación administrativa.
– Integridad: Propiedad o característica consistente en que el activo de información no 
ha sido alterado de manera no autorizada.
– Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los 
procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio 
de información entre ellos.
– Licenciamiento: Condiciones aplicables a la reutilización de cualquier tipo de material 
en formato electrónico que pueda ser empleado de forma recurrente.
– Marca de tiempo: La asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, 
la hora a un documento electrónico.
– Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de 
metadatos según su aplicación.
– Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada 
que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el 
contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, 
autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y 
los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.
– Nodo de interoperabilidad: Entidad que presta servicios de interconexión técnica, 
organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones 
Públicas bajo las condiciones que estas fijen.
– Política de firma electrónica: Conjunto de directrices y normas técnicas aplicables a  es
la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación. o
ddpreiersosfpippn–ooie ann Psiusb.ona lelLabísta ii clo iadapr ga olodadlí enetlai icszgra agee cossni tóed iónc ena ulp  patdairneeurtma eo db plaoaao c , cl uaadrmle e came oacnáoicótsuornd es ai rynldet aoolgec  ecincóstoirtnvnióóe,  nnlla ai cdpsdoel eisfncu :atd nrOcoocici róoiduennmen,e  tesslaan ucy tpioo oaersngcr evtaaiisvuns itiidoézóa annddct iieyciróes ong csq,et, ru syifceit aie aóblsesnl e i gqssdnuo eneayl      OE-A-2021-5032able en https://www.
programa de tratamiento de los documentos a través de su ciclo de vida.
– Portal de internet de una Administración Pública: Se entiende por portal de internet 
el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, 
organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet 
a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
– Prestador de Servicios de Confianza: Persona física o jurídica que presta uno o más 
servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de 
servicios de confianza, según lo previsto en el Reglamento eIDAS.
– Punto de Acceso General: Portal de internet que facilita el acceso a los servicios, 
trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o 
dependientes de la Administración Pública correspondiente y aglutina o conduce a las 
sedes electrónicas asociadas de sus órganos y las sedes electrónicas de sus organismos 
públicos y entidades de derecho público.
– Sello electrónico: Datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato 
electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la 
integridad de estos últimos.
–  Sello  electrónico  avanzado:  Sello  electrónico  que  cumple  los  siguientes 
requisitos: 1) estar vinculado al creador del sello de manera única; 2) permitir la 
identificación del creador del sello; 3) haber sido creado utilizando datos de creación del 
sello electrónico que el creador del sello puede utilizar para la creación de un sello 
electrónico, con un alto nivel de confianza, bajo su control, y 4) estar vinculado con los 
datos a que se refiere de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea 
detectable.
– Sello electrónico cualificado: Sello electrónico avanzado que se crea mediante un 
dispositivo cualificado de creación de sellos electrónicos y que se basa en un certificado 
cualificado de sello electrónico.
– Sede electrónica: Dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de 
redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, 
o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio 
de sus competencias.
– Sede electrónica asociada: Sede electrónica disponible para la ciudadanía a través 
de redes de telecomunicaciones que se crea por razones organizativas o técnicas 
vinculada a la sede electrónica de una Administración Pública o a la sede electrónica de 
un organismo público o entidad de derecho público.
– Sello de tiempo: Asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un 
documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que 
asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento
– Sistema de Interconexión de Registros: Infraestructura básica que permite el 
intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas.
– Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen de un documento en las distintas 
fases de su producción, pudiendo determinar en qué fase y por quién se han producido, en 
su caso, las modificaciones del documento original.