BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309  Miércoles 25 de noviembre de 2020  Sec. III.   Pág. 104826
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
14938 Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Aproscom, para el cumplimiento de penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad.
Habiéndose suscrito el 3 de septiembre de 2020 el Convenio entre el Ministerio del 
Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la fundación 
Aproscom para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, procede 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo 
a esta Resolución.
Madrid, 16 de noviembre de 2020.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio 
Puigserver Martínez.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Aproscom para el cumplimiento de la 
pena de trabajo en beneficio de la comunidad
Madrid, a 3 de septiembre de 2020.
REUNIDOS
De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/ 2018, de 18 de 
junio, actuando por delegación de competencias del/la Secretario/a de Estado de 
Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.3 de la Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se 
aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 
62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con 
domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, don Pedro Suñer Sureda, en nombre y representación de la Fundación 
Aproscom como Presidente, elegido por la Asamblea de fecha 18 de febrero de 2014 y 
facultado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Presidente 
según los Estatutos de la Fundación en su artículo 18 y facultado para este acto mediante 
poder otorgado en Manacor ante el Notario Enrique Cases Bergón. Inscrita en el Registro 
Único de Fundaciones de las Islas Baleares con número 100000000330 y con domicilio a 
los efectos del presente convenio en Carrer Es Canyar, s/n, (07500) Manacor. Islas 
Baleares.
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto es
EXPONEN 938ww
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en 
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos 
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, 
remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose 
en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán 
imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de 
ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de 
las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen 
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las 
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución 
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será 
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer 
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración 
Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que 
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, 
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, 
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional; 
y la acción social penitenciaria.
Quinto.
Que la Fundación Aproscom tiene entre sus fines defender los derechos y mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por  b
las siguientes 938ww
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación para el efectivo 
cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación 
por los penados de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.
Segunda.  Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1.  El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 
corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo 
desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto  782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala 
que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad 
productiva ni remunerada, en los siguientes términos: «…la protección que en este caso 
se dispensa a los penados, es al modo como se protegen las prestaciones personales 
obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional». Todo 
ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas, le corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante 
contactos con los responsables del trabajo de la Fundación.
Tercera.  Compromisos que asume la Fundación.
1.  La Fundación se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 del 
Código Penal y en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
2.  La Fundación, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se 
compromete a impartir los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por 
los penados pueda ser cumplida eficazmente, y facilitará el material necesario para la 
realización de la tarea encomendada.
3.  La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya 
existentes y de futuro de la Fundación.
4.  La Fundación deberá facilitar el Anexo I cumplimentado, con los datos que se 
indican, a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias.
Cuarta.  Distribución de las plazas.
1.  La Fundación deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas  e.
Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Anexo II  w.
cumplimentado con los datos sobre las plazas que se indican. 938ww
de I2n.s titLuocsio Sneesrv Piceionsi tdeen cGiaersiatisó,n v daelo Praernáans  ayl  Mpeendaiddaos  cAoltne renla ftiinv adse d dee late Srmecinraetra lraía a Gcteivnideraadl 
mexápsr easdae dcuea sdua  ceo minefotirdmoa yrá dne al lh moriasmrioo  edne  qlause  ddiesbtinetraásn  prelaazliazsa re lxais atecntitveids,a dc,o nc oinnfdoicrmacei óanl   BOE-A-cable e
catálogo de plazas que haya remitido la Fundación de acuerdo con el Anexo II de este 
convenio.
3.  Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios 
de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, trasladarán a la Fundación de la información necesaria para el adecuado 
desenvolvimiento de las actividades asignadas.
Quinta.  Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los 
Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, deberán atender al principio de flexibilidad que recoge el 6.2 
del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar, en la medida de lo posible, 
el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena 
impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta.  Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.  La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.  En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de 
carácter estatutario, como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con 
motivo del presente convenio, ni para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
ni para la Fundación.
Séptima.  Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.  Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones 
recibidas de la Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto 
al desarrollo de las tareas a realizar, el penado deberá seguir las directrices de la unidad 
en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y competencias de la Fundación.
2.  La Fundación informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que vaya siendo 
desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes que se produzcan en el 
desenvolvimiento del plan de ejecución, para que por dichos servicios se comunique lo 
oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a)  Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b)  Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
c)  Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del 
responsable de la ocupación.
d)  Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a 
mantenerle en la misma.
Igualmente, la Fundación deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la 
finalización del plan de ejecución.
Octava.  Confidencialidad y protección de datos. e.e
1.  La Fundación se compromete a mantener en secreto todos los datos e  938www.
isclnaoef onaFrsnumi ndcadeocarnaicocdinóeoenr nsc mi oefmaancntoeitl esiitn anafdeo orrl amsd  iaepccjhoeiaróc  nulian cc fiSoóorennmc fidrdaeeectlina óocrníbiaa je el Gnttoo erd endoseeserl a rlpovl rasde  edys a eIsntneostcsetir  trecuetocolani otyvinv eneonossi o  Pra.e le Evpneneilt anepranaladcr iotadic,re uida lneasibr n,yi ge sunqenduraoeá     OE-A-2020-14able en https://
forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente 
convenio.
2.  Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades  competentes  para  fines  de  prevención,  investigación,  detección  o 
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre 
circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del 
Consejo, y en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte, se 
realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la 
finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los datos de 
carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
3.  En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la Fundación. Los datos objeto de tratamiento tendrán por 
finalidad la ejecución de sanciones penales, al amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, y se clasificarán en 
las siguientes categorías de: nombre y apellidos del penado, DNI y número de jornadas de 
condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4.  Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
5.  Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido.
Novena.  Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima.  Comisión de Seguimiento.
1.  Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida por 
dos representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos 
representantes de la Fundación que serán nombrados por el Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias y por su Presidente/Presidenta, respectivamente.
2.  Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos 
designen.
3.  La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, así como la designación del secretario, que  e.e
actuará con voz pero sin voto. b
4.  La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y  938ww
cum5p.l imEiel nfuton cqiuoen asme ideenrtoiv edne  dlae Cl pormesiseiónnte d ceo Snveegnuiiom.iento se adecuará en lo previsto, para
lRoés góimrgeann oJsu rcídoilceog idaedlo Sse, cetno rl oPsú balritcícou.los 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Undécima.  Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la Fundación.
Duodécima.  Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, 
modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la 
Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera.  Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal 
de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y tras su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 
vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación 
podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta.  Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones 
que se encuentren en ejecución en el momento de la resolución del convenio, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.–El Secretario 
General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Presidente de la 
Fundación Aproscom, Pedro Suñer Sureda.
ANEXO I
Datos de la Fundación
PERSONA DE CONTACTO   
CARGO   
 
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
 
DIRECCIÓN DE LA 
 
ENTIDAD 
PROVINCIA   
LOCALIDAD    C. POSTAL   
 
   
 
ANEXO II
 
Oferta de plazas
ANEXO DE PLAZAS   
DATOS DE LA PLAZA   
TIPO DE ACTIVIDAD   
NÚMERO DE PLAZAS     
CARACTERÍSTICAS   
JORNADA DE  PERIODICIDAD   HORARIO   
Mañana    De lunes a viernes   
* (1)  Tarde    Fines de semana     
Noche    Toda la semana   
ESTUDIOS   
Diplomado Universitario o 
Ninguno     
equivalente 
* (2)    Licenciado Universitario o 
Estudios Primarios     
equivalente 
Educación Secundaria o equivalente    Idiomas   
OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS   
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA   
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE   
TELÉFONO    MÓVIL    FAX   
E-MAIL   
DATOS DE UBICACIÓN   
PROVINCIA    LOCALIDAD    e.e
((C12.))   P  UMOnaSarTc jaAorrL ne al dnaiv,e ul nma í npilmazoa r. eJqourneariddao  doe “ Nminagñuannoa” y s ti  anrod es ed areráq uluiegraer  eas dpoesc iaanl ceuxaolsif idciasctiinótno.s .  OE-A-2020-14938able en https://ww