BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 207 Viernes 31 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 61113
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8896 Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil y de bienes muebles de Girona II, por la que se 
deniega  la  inscripción  de  una  escritura  de  pignoración  de  los  derechos 
derivados de un plan de pensiones.
En el recurso interpuesto por don A.L.S. contra la nota de calificación del Registrador 
Mercantil y de Bienes Muebles de Girona II don Jaime Sansa Torres por la que se 
deniega la inscripción de una escritura de pignoración de los derechos derivados de un 
plan de pensiones.
Hechos
I
Mediante  escritura  de  reconocimiento  de  deuda  y  constitución  de  prenda  sin 
desplazamiento de fecha 7 de noviembre de 2019 autorizada por la notaria de Girona 
doña Belén Mayoral del Barrio, número 2208 de protocolo, se pignoran los derechos 
consolidados de determinados planes de pensiones de sistema individual pertenecientes 
al pignorante.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la propiedad de Girona II fue objeto de 
la siguiente nota de calificación: «Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los 
créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente 
título de constitución autoricen su enajenación a un tercero conforme al art. 1 y 54 
LHMPSD.  En  consecuencia,  las  personas  que  constituyan  la  prenda  o  la  hipoteca 
deberán tener la libre disposición de sus bienes. Por tanto, sería requisito necesario para 
poder constituir un derecho de prenda sobre los derechos consolidados de un plan de 
pensiones, que éstos pudieran hacerse líquidos, una vez vencida la obligación principal, 
para  poder  pagar  al  acreedor.  Sin  embargo,  si  bien  la  titularidad  de  los  derechos 
consolidados corresponde al partícipe, los citados derechos están fuera del comercio 
puesto que aquél no tiene la libre disposición sobre los mismos hasta que no cause 
derecho a la prestación. Muestra de ello es lo dispuesto en el art. 17.4 del RPFP que 
dispone que "A instancia de los partícipes deberán expedirse certificados de pertenencia 
a los planes de pensiones que, en ningún caso, serán transmisibles." Por su propia 
naturaleza, los derechos consolidados no pueden ser enajenados y sólo pueden hacerse 
efectivos cuando acaezca alguna de las contingencias cubiertas por el plan o, en caso, 
cuando se de alguno de los supuestos excepcionales de liquidez. Por este motivo, una 
vez vencida la obligación principal, el acreedor no podría hacer efectivo su derecho de 
crédito sobre la cosa pignorada ya que los derechos consolidados sólo pueden hacerse  e.e
líquidos cuando se de alguno de los supuestos que la normativa de planes y fondos de  b
pensiones prevé para su cobro. (Resolución de la Dirección General de Seguros y  96ww
Fdeo n2d0o1s9 .d Fed Po.e Jnasiimonee Ss adnes af eTcohrare s2»0. de enero de 2010) (…). Girona a 27 de diciembre
III
Contra la anterior nota de calificación, don A.L.S. interpone recurso en virtud de 
escrito de fecha 5 de febrero de 2020 en base en resumen a los siguientes argumentos: 
Que  no  se  están  enajenando  ni  transmitiendo  los  derechos  consolidados,  sino 
constituyendo prenda sin desplazamiento de posesión en garantía de unas obligaciones 
del pignorante sobre los derechos de crédito al amparo del artículo 54 de la ley de 
hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión; que en ningún momento 
se estipula que en caso de vencimiento de la obligación principal hayan de hacerse 
efectivos los derechos de crédito; que los derechos consolidados del pignorante no están 
excluidos de su patrimonio a los efectos del artículo 1911 del Código Civil; que el 
pignorante adquirirá la edad de 60 años durante la vigencia de la prenda, por lo que ya 
podrá disponer de sus derechos consolidados y ser líquidos para pagar al acreedor; que 
la prenda no es un acto de disposición actual, como no lo es la movilización del plan de 
pensiones; que sí caben anotaciones de embargo y por tanto prendas de derechos 
consolidados de fondos de pensiones aunque no se podrá hacer efectiva la traba hasta 
que sean derechos disponibles.
IV
El registrador emitió informe el día 21 de febrero de 2020, mantuvo la nota de 
calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Visto el artículo 54 apartados segundo y tercero de la Ley de hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento de posesión; los artículos 8 y 9 del texto refundido de la Ley de 
regulación  de  los  planes  y  fondos  de  pensiones,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en la redacción dada por la disposición adicional 
decimotercera  de  la  Ley  2/2011,  de  4  de  marzo,  de  Economía  Sostenible  y  por  la 
disposición final primera de la ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican 
normas tributarias; el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, que modificó el Reglamento 
de planes y fondos de pensiones aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero; la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19; la Sentencia del tribunal constitucional 88/2009, de 20 de 
abril de 2009; y la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
de fecha 20 de enero de 2010, así como las resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 18 de enero de 1963, 9 de junio de 2012, 17 de marzo 
de 2017, 28 de marzo de 2017 y 27 de febrero de 2019.
I.  Se debate en el presente recurso si es inscribible en el Registro de Bienes Muebles 
una  escritura  de  constitución  de  prenda  sin  desplazamiento  sobre  los  derechos 
consolidados de determinados planes de pensiones de sistema individual pertenecientes al 
pignorante. El registrador entiende que no por tratarse de derechos indisponibles, mientras 
que el recurrente considera que nada obsta a la pignoración, en la medida que no se 
transmiten los derechos, sino que se establece prenda sin desplazamiento de posesión.
II.  El artículo 8 apartado 8 –inciso final–, del texto refundido de la Ley de regulación 
de los planes y fondos de pensiones, dispone que: «Los derechos consolidados del  es
partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o  o
acthredaarmgntiaYsfinimn ci easiesltd friebopaclsáteit vrisvrada»o,ef. so h Y  eap nnseeut rlal teope vseáne lres  rmnua9cpfo oiuama eñ1 esa0antd  octeolsoo   nesdqc neulp u eqely aun«enefa eed  srsimicen i esedctndeaada unodspc  eeiqga nure asedl ivo ed«en eL lerooaes ssdc   heqpposurae eeramst,í  tclaapiepc lenpieoo rsen n dseidentsae g lcbdaúieeróngr n láao cno sad   esupeonrlxaa, p qncesueiódeesnir r dá»sseeen.     OE-A-2020-8896able en https://www.
pensiones deberán ser abonadas al beneficiario o beneficiarios previstos o designados,
salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso se estará a lo 
que disponga el mandamiento correspondiente».
Por su parte el artículo 9 regula los supuestos excepcionales de liquidez y determina 
que: «1. Excepcionalmente, los derechos consolidados en los planes de pensiones podrán 
hacerse efectivos en su totalidad o en parte en los supuestos de enfermedad grave o 
desempleo de larga duración de acuerdo con lo previsto en este artículo, siempre que lo 
contemplen  expresamente  las  especificaciones  del  plan  de  pensiones  y  con  las 
condiciones y limitaciones que éstas establezcan. 2. Las especificaciones de planes de 
pensiones  podrán  prever  la  facultad  del  partícipe  de  hacer  efectivos  sus  derechos 
consolidados en el caso de que se vea afectado por una enfermedad grave bien su 
cónyuge, bien alguno de los ascendientes o descendientes de aquéllos en primer grado o 
persona que, en régimen de tutela o acogimiento, conviva con el partícipe o de él 
dependa.  Se  considera  enfermedad  grave  a  estos  efectos  (…).  3.  Los  derechos 
consolidados en los planes de pensiones podrán hacerse efectivos en el supuesto de 
desempleo de larga duración. A los efectos previstos en este artículo se considera que el 
partícipe se halla en situación de desempleo de larga duración (…) 4. Los partícipes de los 
planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer anticipadamente 
del importe, total o parcial, de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones 
realizadas con al menos diez años de antigüedad».
A su vez el apartado 4 del artículo 17 del Reglamento de Fondos de Pensiones en su 
última redacción llevada a cabo por el art. 2.8 del Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, 
disponen lo siguiente: «A instancia de los partícipes deberán expedirse certificados de 
pertenencia a los planes de pensiones que, en ningún caso, serán transmisibles».
Y el apartado 7 del artículo 22 dispone que «los derechos consolidados del partícipe 
en  un  plan  de  pensiones  no  podrán  ser  objeto  de  embargo,  traba  judicial  o 
administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o puedan 
ser disponibles o efectivos conforme a lo previsto en el artículo 9. En los términos del 
artículo 8, apartados 8 y 10, del texto refundido de la ley, cuando el derecho a las 
prestaciones del partícipe en un plan de pensiones sea objeto de embargo o traba, 
judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que 
se cause el derecho a la prestación o puedan hacerse efectivos o disponibles conforme a 
lo previsto en el artículo 9.
Producidas  tales  circunstancias,  la  entidad  gestora  ordenará  el  traspaso  de  los 
fondos correspondientes a las prestaciones o derechos consolidados a quien proceda, 
en cumplimiento de la orden de embargo. En caso de que el partícipe o beneficiario sea 
titular de varios planes de pensiones serán embargables, en primer lugar, los del sistema 
individual y asociado, y en último término, los planes del sistema de empleo. Cuando el 
partícipe o beneficiario sea titular de derechos en planes de pensiones, planes de 
previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la disposición adicional octava de este reglamento».
Por su parte, la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19 bajo la rúbrica de «Disponibilidad de los 
planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», amplía el elenco de supuestos legales 
de disponibilidad de los derechos consolidados al disponer lo siguiente:
«1.  Durante  el  plazo  de  seis  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la  e.
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de  w.b
los  planes  de  pensiones  podrán,  excepcionalmente,  hacer  efectivos  sus  derechos  96ww
consolidados en los siguientes supuestos:
expead) ienEtnec doen trreagrsuela ceiónn  steitmuapcoiróanl  dlee geaml pdleeo  ddeersiveamdpol edoe  lcao smitou accioónns deec ucerniscisia s adneit aruian 
ocasionada por el COVID-19.
b)  Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida  como  consecuencia  de  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
c)  En  el  caso  de  los  trabajadores  por  cuenta  propia  que  hubieran  estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan 
cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
2.  El importe de los derechos consolidados disponible no podrá́ ser superior a:
a)  Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente 
de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).
b)  Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se 
mantenga  la  suspensión  de  apertura  al  público  para  el  supuesto  recogido  en  el 
apartado 1.b).
c)  Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se 
mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto 
recogido en el apartado 1.c).
Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los 
partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos 
consolidados.
3.  Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán 
hacerse  efectivos  los  derechos  consolidados  en  los  supuestos  indicados  en  el 
apartado 1. En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará́ efectivo a 
solicitud del participe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de 
los planes de pensiones. El reembolso deberá́ efectuarse dentro del plazo máximo de 
siete  días  hábiles  desde  que  el  participe  presente  la  documentación  acreditativa 
correspondiente.
4.  Lo dispuesto en esta disposición será́ igualmente aplicable a los asegurados de 
los  planes  de  previsión  asegurados,  planes  de  previsión  social  empresarial  y 
mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5.  El  Gobierno,  a  propuesta  de  la  Ministra  de  Asuntos  Económicos  y 
Transformación Digital, podrá́ ampliar el plazo previsto en el apartado 1 para solicitar el 
cobro  de  los  planes  de  pensiones,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  renta 
disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica 
provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19».
III.  De  la  interpretación  conjunta  de  estos  preceptos  resulta  que  los  derechos 
consolidados de los fondos de pensiones, aunque puedan ser embargables, y por tanto 
pignorables, no cabe que puedan ser ejecutados salvo que se traten de derechos 
consolidados en situación de disponibilidad por encontrarse en un supuesto de liquidez. 
La  regla  general  es  la  indisponibilidad  anticipada.  Los  derechos  consolidados  del 
participe no podrán ser transmitidos hasta el momento en que se cause derecho a la 
prestación o que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo 
de larga duración y demás supuestos de liquidez o disponibilidad. Producidas tales 
circunstancias, la gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las 
prestaciones  a  quien  proceda,  en  cumplimiento  de  la  orden  de  embargo  o  de  e.
adjudicación en la ejecución. w.
IV.  Es cierto que el artículo 54 apartados segundo y tercero de la ley de hipoteca  96ww
pmroebnidliaa risai ny  dperesnpdlaaz asmini ednetsop llaozsa mcriéednittoo sd ey  pdoesmesáisó nd, edriescphoonse  qquuee  «coprordersápno nsduajent aars elo as 
qtituuela rlae sL edye  oc oenlt rcaotorrse, slpicoenndcieianst,e  ctoítnucloe sdioen ecso nos tistuucbióvenn aciuotnoerisc eand msuin eisntraajetivnaasc iósnie ma puren   BOE-A-cable e
tercero.  Una  vez  constituida  la  prenda,  el  Registrador  comunicará  de  oficio  esta 
circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al 
efecto. Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los 
efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, 
podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución 
deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles».
Pero nuevamente la ley exige que los créditos futuros sean disponibles.
Como ha reiterado este Centro Directivo al admitir la pignoración de derechos futuros 
–como son los derivados de licencias de taxi o de farmacia– es preciso que se acredite 
su titularidad y sean transmisibles (véase por todas, la resolución de 28 de marzo 
de 2017).
V.  Igualmente  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de  Pensiones,  en 
Resolución-Consulta de 20 de enero de 2010, excluye la posibilidad de dar en prenda, 
habrá que entender tanto ordinaria como sin desplazamiento, los derechos consolidados 
de los fondos de pensiones por estar fuera del comercio y carecer el pignorante de poder 
de disposición sobre los mismos. Resolución que hay que interpretar en el sentido 
indicado de que, en el supuesto de pignoración o embargo, no podrán ser ejecutados 
hasta que el deudor embargado o pignorante alcance ese poder de disposición.
VI.  También el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 
materia en la Sentencia 88/2009, de 20 de abril de 2009, cuando en su fundamento de 
Derecho segundo dice lo siguiente: «En consecuencia no puede acogerse la tesis del 
Auto de planteamiento de la presente cuestión, según la cual "los derechos consolidados 
constituyen un activo patrimonial… y como tal susceptible de embargo". Aunque es 
indudable que el derecho consolidado de un partícipe en un plan de pensiones puede 
valorarse en dinero, el partícipe no puede a voluntad ni enajenar ni gravar ni rescatar tal 
derecho porque la Ley lo prohíbe.»
Debe tenerse en cuenta que la norma vigente en el momento de dictarse esta 
sentencia  se  refería  a  derechos  consolidados  ya  dispuestos  («Los  derechos 
consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, 
traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la 
prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos de enfermedad grave o 
desempleo de larga duración»), mientras que en la actualidad se refiere a derechos 
consolidados  disponibles  («Los  derechos  consolidados  del  partícipe  en  un  plan  de 
pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el 
momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en los 
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración o por corresponder a 
aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad»), por lo que la recta 
interpretación en el momento del otorgamiento de la escritura objeto de calificación debe 
hacerse en el sentido de que en la actualidad los derechos consolidados disponibles son 
embargables y por asimilación susceptibles de prenda sin desplazamiento.
VII.  Por tanto nada impide que se puedan embargar y, por tanto, pignorar los 
derechos consolidados de los fondos de pensiones si se subordina su ejecución a que 
tales derechos sean disponibles. Ahora bien, mientras no quede claro en la escritura de 
pignoración que se pignoran los derechos futuros derivados del plan de pensiones una 
vez que sean disponibles, o al menos que quede subordinada la efectividad de la traba y 
su ejecución a que se alcance tal disponibilidad, procede la confirmación de la nota de  s
calificación. oe.
VIII.  Este es el criterio que este Centro Directivo ha seguido en supuestos similares  w.
como es el caso de hipoteca de inmuebles sujetos a prohibición de disponer (véase  96ww
eRne slaoslu cdieó n9 d dee e sjutan ioD idreec c2i0ó1n2 G, e1n7e drael  dmea r1z8o  ddee e 2n0e1ro7  dye  2179 6d3e,  fpeobsrteerroio drme e2n0te1 9r)e, iteenra udno 
spuopduíae sintos csriibmirislaer  eanl  deel lR pergeissternot ed ee xlap ePdroiepnieted aedn  uenla q eusec rsiteu rpal adnet eparbéast alam ocu ceosnti ógna rdaen tísai   BOE-A-cable e
hipotecaria y que recaía sobre una finca que aparecía gravada con una prohibición de no 
venderla durante un plazo de diez años, impuesta en acto a título gratuito (en aquél caso 
en testamento), supuesto en el que la controversia planteada giraba igualmente sobre si 
la hipoteca constituida se encontraba dentro del ámbito de la citada prohibición.
Pues bien, la citada Resolución resolvió dicha controversia en sentido afirmativo 
razonando que «si bien dentro del concepto de venta no se comprende el de constitución 
de hipoteca, toda vez que, conforme declaró la Resolución de 18 de abril de 1952, en 
este último derecho, el ius distrahendi tiene lugar únicamente en el caso de que se 
incumpla la obligación asegurada, en previsión de esta posibilidad, acreedor y deudor 
habrán de convenir subordinar su ejercicio hasta que el dominio de la finca quede libre 
de la traba impuesta por la causante, pues, de otra forma, se lograría por vía indirecta 
burlar la prohibición impuesta, al no conservarse los bienes dentro del patrimonio durante 
el plazo señalado y quedaría desvirtuada la voluntad de la testadora por lo que, al no 
reunir el préstamo hipotecario concluido las anteriores condiciones, existe un obstáculo 
registral que impide su inscripción».
La misma solución aplicó más recientemente este Centro Directivo en su Resolución 
de 9 de junio de 2012, con expresa invocación de la anterior cuya doctrina declara 
expresamente  vigente,  en  un  supuesto  en  que  se  pretendía  la  inscripción  de  una 
escritura de hipoteca sobre tres fincas respecto de las que constan vigentes sendas 
anotaciones de prohibición de enajenación ordenadas en procedimiento judicial, con la 
particularidad de que en la propia escritura de constitución de la hipoteca, convenían 
acreedor y deudor que, en caso de que no fuese satisfecha la deuda a su vencimiento, 
no podría ejecutarse la hipoteca mientras no quedasen resueltas las anotaciones de 
prohibición  referidas.  Explica  la  citada  Resolución  que,  si  bien  la  prohibición  de 
enajenación (no prohibición de disponer con carácter general), debe interpretarse en el 
sentido de que sólo queda vedado el acceso al Registro de los actos traslativos del 
dominio de las fincas afectadas por las mismas, pero no de aquellos actos que, aun 
siendo dispositivos, no impliquen enajenación, como la constitución de derechos reales a 
favor de terceros, en el caso de las hipotecas en garantía de un préstamo, como ya 
había señalado la Resolución de 18 de enero de 1963, a través del impago del préstamo 
por parte del propietario de las fincas afectadas por la prohibición de enajenación podría 
forzarse la ejecución de la hipoteca y la consiguiente venta forzosa de los bienes, 
defraudando por esta vía la finalidad perseguida en el proceso y publicada legítimamente 
en el Registro.
No  obstante,  esta  eventualidad  quedaba  salvada  suficientemente  en  el  caso 
examinado  por  la  citada  Resolución  de  9  de  junio  de  2012  a  través  del  pacto 
expresamente  convenido  entre  acreedor  y  deudor  relativo  a  la  «imposibilidad  de 
proceder  a  la  ejecución  de  la  garantía  en  tanto  no  se  resuelvan  las  prohibiciones 
vigentes, pacto que debe ser interpretado a modo de conditio iuris de su eficacia».
Por tanto, nuevamente este Centro Directivo admitió, a efectos de acceder a la 
inscripción de la hipoteca, como alternativa a la prestación del consentimiento por parte 
del testador o donante a la propia constitución de la hipoteca, la estipulación en la 
escritura de hipoteca del pacto de demorar su eventual ejecución a un momento ya 
posterior a la resolución o extinción de la prohibición.
Finalmente,  la  misma  solución  se  aplica  «mutatis  mutandis»  por  la  reciente 
Resolución de 17 de marzo de 2017, en la que se discutía la posibilidad de constituir un 
derecho de opción de compra de aprovechamiento sobre una finca que estaba gravada 
por una prohibición de enajenación por los herederos durante un determinado plazo a  s
partir del fallecimiento del causante. También en este caso la solución fue la de entender  oe.
no admisible la inscripción de dicha opción (a pesar de considerar que ésta no entra en  w.
el concepto estricto de enajenación) hasta que la finca quede libre de la prohibición,  96ww
aserg cuommepnrteannddeo  qeul ed e« ccioenrtsatmituecnióten,  dsei b uienn d, edreencthroo  ddeel  coopnccióenp tdoe e csotrmicptora d, et oednaa jveenza cqiuóen  enno 
lelesgteu eú ltaim eoje drceitraercsheo, , mlaá se npaajeran aqcuióen p tuieendea  lruegsaurl túanr iccoammpeanttieb leen c eoln c laas por odhei bqiuceió nla,  aompcbióans   BOE-A-cable e
partes habrán de pactar demorar su ejercicio hasta que el dominio de la finca quede libre 
de la traba impuesta por la causante, pues de otra forma se burlaría la prohibición 
impuesta,  al  no  conservarse  los  bienes  dentro  del  patrimonio  durante  el  plazo  de 
limitación y quedaría frustrada la voluntad de la testadora, por lo que al no cumplir el 
título  presentado  tales  condiciones,  debe  denegarse  su  inscripción  por  vulnerar  la 
prohibición de disponer inscrita, constituyendo un defecto insubsanable (…)».
IX.  Siendo ésta la solución acogida por este Centro Directivo para los casos de 
constitución de hipoteca inmobiliaria (y de opción de compra) debe seguirse el mismo 
criterio respecto de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión de 
bienes sujetos a prohibición de disponer, de manera que acreedor y deudor habrán de 
convenir subordinar el ejercicio de la garantía prendaria a que los derechos consolidados 
derivados del plan de pensiones sean disponibles, sin que baste el mero certificado de 
pertenencia actual de tales derechos al pignorante.
X.  En definitiva, será inscribible la escritura de pignoración objeto de este recurso si 
se aclara –defecto fácilmente subsanable– que se pignoran los derechos consolidados 
derivados  del  plan  de  pensiones  pero  que  se  subordina  su  ejecución  a  que  sean 
disponibles.
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho 
expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota 
de calificación del registrador.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 10 de junio de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.