BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 26 de marzo de 2020 Sec. TC.   Pág. 27286
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4117 Sala Segunda. Sentencia 32/2020, de 24 de febrero de 2020. Recurso de 
amparo 4046-2018. Promovido por don Fernando Peraita Lechosa respecto 
de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Santoña 
en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la 
tutela  judicial  sin  indefensión:  resolución  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones que no repara la indefensión padecida en un proceso en el que 
no pudo personarse el interesado a quien se le requirió judicialmente el pago.
ECLI:ES:TC:2020:32
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don 
Juan  Antonio  Xiol  Ríos,  don  Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez,  don  Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4046-2018, promovido por don Fernando Peraita 
Lechosa contra el auto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de Santoña (Cantabria), que desestimó el recurso de reposición interpuesto por aquel 
contra la providencia de 17 de abril de 2018 del mismo juzgado que había acordado 
inadmitir el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones promovido por el actor en 
solicitud de que fuera declarado nulo de pleno derecho el procedimiento de ejecución 
hipotecaria núm. 433-2015, seguido en dicho juzgado contra el mismo a instancia de la 
entidad Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. Ha sido parte 
la mercantil Unicaja Banco, S.A. (antes Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, 
S.A.U.), ejecutante en el procedimiento judicial. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente el magistrado don Antonio Narváez Rodríguez.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 13 de julio de 2018, la 
procuradora  de  los  tribunales  doña  María  Leocadia  García  Cornejo,  en  nombre  y 
representación de don Fernando Peraita Lechosa, interpuso recurso de amparo por 
vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las 
garantías, contra el auto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
1 de Santoña (Cantabria), que desestimó el recurso de reposición interpuesto por aquel 
contra la providencia de 17 de abril de 2018 del mismo juzgado, que había acordado 
inadmitir el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones promovido por el actor en  e
solicitud de que fuera declarado nulo de pleno derecho el procedimiento de ejecución  bo
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2.  La demanda, en lo que ahora es de interés, trae causa de los siguientes hechos:
a)  En fecha 9 de julio de 2007, el demandante de amparo don Fernado Peraita 
Lechosa suscribió dos escrituras públicas de subrogación de préstamo con garantía 
hipotecaria a favor de la entidad Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y 
Soria,  S.A.U.»  (en  adelante,  Caja  España),  para  la  adquisición,  por  contrato  de 
compraventa  a  una  promotora  inmobiliaria,  de  dos  viviendas  unifamiliares  y  otros 
inmuebles, sitos todos ellos en la localidad de Ajo, perteneciente al término municipal de 
Barayo (Cantabria). La primera de las escrituras se refería a la finca registral núm. 
10.516  (vivienda  unifamiliar),  mientras  que  la  segunda  correspondía  a  las  fincas 
registrales núms. 10.478, 10.525 y 10.530 (vivienda unifamiliar, garaje y trastero anejos a 
la misma). Ambos préstamos fueron modificados mediante novación a través de otra 
escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 2011.
b)  Años  más  tarde  la  entidad  acreedora,  ante  el  impago  de  los  préstamos 
concertados, pretendió la notificación y requerimiento de pago del saldo deudor, de 
acuerdo  con  los  documentos  fehacientes  de  liquidación  instrumentados  en  actas 
notariales de 22 de agosto de 2014 y de 11 de febrero de 2015, que intentaron ser 
notificadas al deudor en diferentes domicilios, con resultado infructuoso.
Por ello y, en vista de que no había obtenido la satisfacción de sus créditos, Caja 
España presentó, en fecha 3 de junio de 2015, demanda de ejecución hipotecaria contra 
don Fernando Peraita Lechosa ante los juzgados de primera instancia de Santoña 
(Cantabria).
c)  El procedimiento de ejecución quedó registrado con el núm. 433-2015 de los de 
su clase, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de 
Santoña, que dictó auto de 3 de julio de 2015, por el que despachó orden de ejecución a 
favor de la mercantil Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. 
(en adelante, Caja España), contra el ahora recurrente de amparo, don Fernando Peraita 
Lechosa,  en  reclamación  de  la  suma  total  de  433.621  €  (principal  e  intereses 
devengados  y  no  satisfechos  así  como  los  que  pudieran  devengarse  durante  la 
ejecución, gastos y costas) por impago del préstamo con garantía hipotecaria, contraído 
por el ahora demandante de amparo para la adquisición de la finca núm. 10.516 [la 
demanda había incluido las otras tres fincas registrales que se citan en el apartado a) de 
estos antecedentes, pero el auto la limitó en exclusiva a aquella]. En su resolución el 
juzgado requería al ejecutado para que abonara la «cantidad reclamada en concepto de 
principal», indicándole que, «transcurridos treinta días desde este requerimiento», se 
procedería, «a instancia de parte, a la subasta del bien hipotecado». Este auto fue 
aclarado por decreto posterior de 8 de julio de 2015 en el sentido de corregir el nombre y 
los apellidos del ejecutado.
d)  Para cumplimentar aquella resolución, el juzgado libró exhorto a la agrupación 
de juzgados de paz de Ribamontan al Mar (Cantabria) para que le fuera notificado el 
requerimiento al señor Peraita Lechosa, citando como domicilios de este, a efectos de su 
cumplimiento, los de dos calles de una urbanización de la localidad de Ajo, que eran los 
que, respectivamente, habían sido consignados como domicilios, principal y subsidiario 
en la demanda de ejecución. Intentada la notificación en aquellos domicilios, que, según 
consta en la diligencia judicial de cumplimentación era uno solo, la actuación resultó 
infructuosa porque una persona que vivía en régimen de alquiler en la vivienda afirmó 
que, si bien era de la propiedad del ejecutado, este no vivía en la misma y apuntó que el 
mismo residía en Madrid.
e)  A la vista de lo anteriormente actuado, el juzgado de Santoña, mediante exhorto  e.
dirigido a los homónimos de Madrid, interesó la notificación al interesado del anterior  w.b
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ssien oe nlac omnatrdarbea d aeul seejencteu teand oe,l  qmuoem aednetmo ádse  plaa snaobtiafi c«alcairógna.s temporadas fuera de Madrid» y
f)  El juzgado de Santoña intentó llevar a efecto una tercera notificación en una 
nueva dirección que había obtenido a través del punto neutro judicial, para lo que remitió 
exhorto  a  los  juzgados  de  Sevilla,  interesando  el  cumplimiento  de  aquel  acto  de 
comunicación en un inmueble sito en la localidad de Mairena del Aljarafe, que, asimismo, 
resultó fallido dado que, en la diligencia negativa extendida, se destacaba que no se 
respondía a las llamadas efectuadas y que únicamente se podía determinar, a través de 
un vecino, que dijo saber que «allí vive un Fernando», sin mayor precisión.
g)  Realizadas  todas  las  mencionadas  actuaciones  con  resultado  negativo,  el 
juzgado interesó de la entidad bancaria ejecutante que instara lo que a su derecho 
conviniere, respondiendo esta, mediante escrito que tuvo entrada en el juzgado el día 23 
de mayo de 2016, que se efectuara la diligencia de notificación y requerimiento «en la 
finca objeto de autos y, simultáneamente, por medio de edictos a publicar en el tablón de 
anuncios del tribunal», de conformidad con lo dispuesto en los arts. 156.4, 157.1 y 164 
de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
Mediante diligencia de ordenación del día 7 de junio siguiente, el juzgado acordó la 
correspondiente comunicación edictal, haciéndose efectiva mediante edicto fijado en el 
tablón de anuncios del juzgado en el que, de modo erróneo, se notificaba y requería a 
don «Juan Fernando Peraita Fernández» para que abonara la suma establecida en el 
auto y manifestara si la finca objeto de ejecución se encontraba ocupada por persona 
distinta a los ejecutados.
h)  A partir de esta última resolución, se siguieron sucesivas actuaciones judiciales 
que  fueron  notificadas  mediante  edictos  al  demandado  señor  Peraita  Lechosa:  (i) 
Primeramente, un decreto de 4 de noviembre de 2016, por el que, a instancia de la parte 
ejecutante,  se  adicionaron  otras  tres  fincas  registrales  (las  núm.  10.478,  10.525 
y 10.530), que habían sido mencionadas en la demanda de ejecución pero que no fueron 
incluidas en el auto de 3 de julio de 2015, y se anunció subasta electrónica para la 
enajenación de dichas fincas. (ii) Posteriormente, a instancia de la mercantil ejecutante, 
un decreto de 30 de noviembre de 2016, limitó la subasta a las fincas registrales núms. 
10.478 y 10.516. (iii) Por diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2017, el juzgado 
declaró desierta la subasta y requirió a la parte actora para cumplimentar el trámite del 
art. 671 LEC, lo que así efectuó la entidad bancaria ejecutante solicitando la adjudicación 
de los inmuebles subastados por el 50 por 100 de su valor. (iv) Seguidamente, por 
decreto de 9 de marzo de 2017, el juzgado adjudicó los inmuebles a la demandante y 
mediante diligencia de ordenación del 21 de abril siguiente, dispuso librar mandamiento 
de cancelación de cargas. (v) Por diligencia de ordenación de fecha 19 de diciembre 
de 2017, el juzgado, a solicitud de la parte ejecutante, accedió a poner en posesión 
judicial a su favor los dos inmuebles adjudicados, con notificación a la parte demandada 
(lo que no llegó a efectuarse) y señalando el día 5 de febrero de 2018 para la efectiva 
toma de posesión de aquellos. (vi) Llegada la fecha del citado día 5 de febrero y 
personada la comisión judicial en una de las dos fincas adjudicadas (la núm. 10.516), 
halló en la misma a otra persona que ocupaba la vivienda en calidad de arrendatario de 
la misma y, en la diligencia extendida al efecto, éste último se comprometió a abandonar 
la vivienda, lo que tuvo lugar el día 14 de marzo de 2018, mediante comparecencia del 
letrado que representaba al arrendatario y que entregó las llaves de la vivienda en el 
juzgado.
i)  Días más tarde, mediante escrito presentado el 10 de abril de 2018 en el juzgado 
ejecutante, compareció el ahora demandante de amparo don Fernando Peraita Lechosa 
promoviendo incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, a fin de que fuera  s
declarado nulo todo el procedimiento de ejecución instado por la entidad Caja España,  oe.
desde la notificación del inicial auto de 3 de julio de 2015 hasta su finalización, por  w.
tterunavtmoe niqtadudeeor   avebusaltnene dsroainnd aoqr u seeul   dhdíuaeb ri1ee4cra hd oete  anm idalaor z tcouo tdneeola c2 i0jmu1die8icn litaao l  vdeivefiele cmntdiivsaam ,y o ea nhs aí cssuteaa  nloqt uoce oq meulee a nrhtróae,bn sídaina  tsaqidruiooe    2020-4117n https://w
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posibilidades  de  averiguación  de  su  verdadero  domicilio  y  entendió  que,  en 
consecuencia, no se había cumplido debidamente la doctrina constitucional en relación 
con  esta  exigencia,  señalando  al  efecto  diferentes  resoluciones  de  este  Tribunal 
(SSTC 126/2014, de 21 de julio, y 200/2016, de 28 de noviembre).
Además,  puso  de  relieve  al  juzgado  que  la  entidad  ejecutante  tenía  pleno 
conocimiento de su correcta localización y disponía de su dirección y demás datos para 
ser notificado en su domicilio, pues señala que, mucho antes de que Caja España 
hubiera instado el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, el señor Peraita 
Lechosa  había  formalizado  demanda  contra  aquella  entidad  bancaria  solicitando  la 
nulidad de determinadas cláusulas de la condiciones contractuales de los préstamos con 
garantía hipotecaria que había suscrito con aquella y que su reclamación había dado 
lugar al inicio del procedimiento ordinario núm. 1983-2014, seguido ante el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Sevilla.
A tal fin, acompañó diversa documentación al escrito de promoción del incidente con 
la que trataba de acreditar sus afirmaciones, adjuntando, entre otros y como documento 
núm. 6, una copia de la demanda de juicio ordinario presentada el día 26 de septiembre 
de 2014 en el Juzgado Decano de Sevilla contra la mercantil Caja España, en ejercicio 
de una acción declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación, al 
entender que eran abusivas algunas de las cláusulas contractuales de las hipotecas 
suscritas por el actor con la precitada entidad, referidas a las fincas registrales objeto de 
la ejecución. En dicha demanda se hacía constar que el domicilio del señor Peraita 
Lechosa se encontraba en Sevilla, en una calle que se mencionaba de modo expreso en 
el escrito. Igualmente, como documentos núms. 8 y 9, aportó sendas copias de los 
decretos de fechas 31 de julio y 23 de octubre de 2015 del Juzgado de lo Mercantil núm. 
1 de Sevilla, acordando, respectivamente, la admisión a trámite de aquella demanda y 
tener por parte personada en calidad de demandada a la entidad Caja España.
Con todo ello, el actor trataba de hacer llegar al juzgado de Santoña la convicción de 
que Caja España conocía perfectamente el domicilio de aquel y que, sin embargo, no lo 
puso en conocimiento del juzgado, omitiendo toda referencia al mismo.
j)  Por  Providencia  de  17  de  abril  de  2018,  el  juzgado  de  Santoña  tuvo  por 
personado y parte al señor Peraita Lechosa, si bien acordó no haber lugar «a admitir a 
trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones ya que, de acuerdo con el 
art. 228.1 LEC, debió denunciarse con anterioridad, máxime cuando el inmueble ha sido 
ya  entregado  a  disposición  de  la  ejecutante».  En  la  providencia  se  hacía  expresa 
indicación de que, contra la misma, cabía interponer recurso de reposición ante el mismo 
órgano judicial dentro del plazo de cinco días.
k)  La  representación  del  señor  Peraita  Lechosa  hizo  uso  de  esta  habilitación 
impugnatoria y el día 24 de abril de 2018 presentó recurso de reposición contra la 
anterior providencia que fue finalmente desestimado por medio de auto de 30 de mayo 
de 2018. En el fundamento jurídico único de su resolución el juzgado razonó que «aun 
cuando se hubiera admitido a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, 
este  no  hubiera  podido  prosperar:  Primero,  porque  se  ha  [sic]  cumplido 
escrupulosamente las normas procesales relativas al requerimiento del ejecutado; y 
segundo, porque en la ejecución de bienes hipotecados el art. 682.2.2 LEC prevé como 
domicilio válido a efectos de requerimientos y notificaciones, el que el deudor haga 
constar en la escritura, debiendo el deudor en su caso, (art. 683 LEC), comunicar 
cualquier cambio de domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones».
3.  El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la denunciada vulneración  e.
de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del  w.b
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indefensión en la medida en que no ha tenido conocimiento de la existencia de ese
proceso hasta que el inquilino, al que tenía arrendada una de las viviendas objeto de la 
ejecución, hubo de entregar las llaves al juzgado cuando fue requerido para abandonarla 
en beneficio de la entidad bancaria ejecutante, a la que le había sido adjudicada por 
impago del préstamo suscrito por el actor con Caja España.
Afirma, al respecto, que todas y cada una de las sentencias de este Tribunal y la 
fundamentación que expone en la demanda, fueron planteadas al juzgado en los mismos 
términos «y ello, a fin de dejar constancia de que: i) dicho juzgado de Santoña, incurre 
en una negativa manifiesta del deber que tiene de acatar tal doctrina constitucional y ii) 
que ya no solo es que no acatase tal doctrina, sino que ni tan siquiera justificó el porqué 
de tal proceder, pues ni admitió la nulidad de actuaciones fundada en la misma, y ello, 
aun  cuando  había  indicios  claros  de  que  se  podía  haber  transgredido  un  derecho 
fundamental  y  que  el  único  medio  para  decidir  procesalmente  sobre  esa  posible 
transgresión era ese incidente que se negó a tramitar». Cita y transcribe, en parte, las 
resoluciones invocadas en el incidente de nulidad (SSTC 122/2013, de 20 de mayo; 
126/2014, de 21 de julio, y 200/2016, de 28 de noviembre) y considera que «trasladando 
esa doctrina al caso concreto que ahora nos ocupa, es difícil, por no decir imposible que 
pueda entenderse que la misma se haya cumplido, pues, como ahora veremos, las 
escasas actuaciones habidas en autos para intentar la notificación a mi representado ni 
mucho menos agotan las posibilidades de localización de mi mandante y además, el 
resultado infructuoso de las mismas puso inequívocamente de manifiesto que allí donde 
aquellas  se  realizaban,  mi  mandante  no  vivía,  lo  cual,  obligaba  a  intentar  otras 
alternativas  para  cumplir  con  ese  agotamiento  de  las  vías  de  notificación  procesal 
exigido constitucionalmente».
Reconoce los intentos realizados por el juzgado pero considera que «no se llevó a 
cabo ni un solo trámite de averiguación domiciliaria ni tampoco realizar gestión alguna al 
respecto». Añade que la ejecutante debía conocer tanto su dirección como otros datos 
de localización tras la interposición ante el juzgado de lo mercantil de Sevilla del proceso 
ordinario promovido contra ella, que han sido recogidos en el antecedente 2 de esta 
sentencia.
b)  Alega vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías porque 
entiende que la inicial notificación edictal que le requería al pago de las cantidades 
denunciadas como adeudadas en concepto de préstamo es nula.
Al respecto, precisa que si el juzgado entendió el edicto como mecanismo válido para 
comunicar el emplazamiento, «el despacho de la ejecución y el requerimiento de pago, 
no contiene la identificación correcta del mismo», pues lo nombra como don Juan 
Fernando Peraita Fernández. Y además, va referido solamente a una de las fincas objeto 
de  la  ejecución,  cuando  lo  cierto  es  que  esta  tuvo  lugar  frente  a  dos  fincas,  que 
finalmente acabaron adjudicadas en pago al propio banco. Entiende, por ello, que este 
hecho objetivo constituye una transgresión del artículo 24.2 CE, en tanto que el proceso 
debe  desarrollarse  con  las  debidas  garantías,  siendo  inadmisible,  desde  esta 
perspectiva, que un edicto, que de por sí es el medio más excepcional para efectuar los 
actos de comunicación procesal, no cumpla con las más mínimas exigencias, dentro de 
las cuales está la de identificar correctamente al ejecutado y la de referirse debidamente 
al despacho frente a los dos inmuebles ejecutados.
c)  A continuación, invoca nuevamente su derecho a la tutela judicial efectiva del 
art. 24.1 CE y, en esta ocasión, denuncia su vulneración porque estima que el hecho de 
que la ejecución hipotecaria haya finalizado con la adjudicación del inmueble al propio 
ejecutante nada tiene que ver, ni puede determinar, la admisión del incidente y ni tan  s
siquiera,  verificada  aquella,  su  desestimación.  Considera,  también,  inmotivada  la  oe.
providencia de inadmisión pues nada se dice sobre el momento en que pudo y debió  w.
eprenroc umlaros iovne.frra tcecmiópno dráen esua mdeenretec heol  ian claid etuntteel.a P juodr iecilalol , eefenctiteivnad ee nq useu  evle jrutziegnatdeo d hea a icncceusrori daol   2020-4117n https://w
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recurso de reposición que había interpuesto contra la inicial providencia de inadmisión 
del incidente de nulidad previamente formalizado por el actor.
En este caso, se queja de que «la escasísima fundamentación absolutamente nada 
tiene que ver con la inadmisión del incidente, sino que tiene que ver, en su caso, con la 
desestimación»,  pues  «no  estamos  ante  una  motivación  irracional  o  materialmente 
errónea, sino ante una ausencia total de la misma en tanto absolutamente nada se dice 
de la inadmisión». Concluye alertando que «la transgresión del derecho a la tutela 
judicial efectiva viene a producirse aquí, en este motivo, por una doble vía: por una parte, 
porque deniega el acceso de don Fernando a la nulidad de actuaciones sin motivación 
alguna, lo que, en aplicación de toda la doctrina antes invocada, ya debe dar lugar al 
amparo; y por otra, por la propia falta de motivación del auto resolutorio de la reposición, 
que en sí misma es también una vulneración del artículo 24.1 CE».
Seguidamente, en la demanda de amparo se citan hasta tres causas que justificarían 
la especial transcendencia constitucional de este recurso: (i) Primeramente, porque se 
plantea una cuestión sobre la que no hay doctrina consolidada, toda vez que este 
Tribunal  no  ha  resuelto  si  la  sustanciación  de  todo  un  procedimiento  de  ejecución 
hipotecaria, en que el edicto de emplazamiento al ejecutado, despachando ejecución y 
requiriendo  de  pago,  contiene  errores  materiales  y,  en  concreto,  la  incorrecta 
identificación del ejecutado, así como la falta de toda referencia a uno de los dos 
inmuebles objeto de tal ejecución, puede o no considerarse como una vulneración del 
art. 24.2 CE, por lo que entiende que, en el caso de autos, concurre el supuesto del 
apartado a) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009. (ii) En segundo término, 
sostiene  que  la  doctrina  de  este  Tribunal,  citada  en  el  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, sobre la exigencia del debido cumplimiento de los actos de comunicación y 
de agotamiento de todas las posibilidades, antes de acudir a la notificación por edictos, 
está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, y, en el 
caso de autos, según refiere, con clara evidencia de su desconocimiento por parte del 
juzgado  [supuesto  recogido  en  el  apartado  e)  del  fundamento  jurídico  2  de  la 
STC 155/2009]. Y (iii) considera que el juzgado de Santoña incurrió en una negativa 
manifiesta a acatar la doctrina constitucional que se le invocó en relación a la notificación 
edictal, pues, «a pesar de que en el incidente de nulidad le fue planteado su contenido 
invocando sentencias de este Tribunal, que evidencian su irregular actuación en lo 
relativo a la práctica de las referidas comunicaciones edictales, desoye y desatiende toda 
esa doctrina y ni tan siquiera fundamenta o dice el porqué de tal proceder, pues inadmite 
el repetido incidente».
Por otrosí la demanda solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la medida cautelar consistente en la 
anotación preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad de 
Santoña, una vez fuera admitida a trámite la misma.
Finalmente, en el suplico, el actor solicita la estimación del recurso, la anulación de la 
providencia de 17 de abril y el posterior auto de 30 de mayo, ambos de 2018, del 
juzgado de Santoña y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente 
anterior al del emplazamiento, despacho de la ejecución y requerimiento de pago. De 
modo subsidiario a esta pretensión principal, solicita la declaración de nulidad de las dos 
resoluciones impugnadas, con la consiguiente nulidad de todas las posteriores y la 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la providencia 
de 17 de abril de 2018.
4.  Por medio de providencia de 3 de junio de 2019, la Sección Cuarta de este  e.
Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo  w.b
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emplazara  a  los  que  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento  para  que  pudieran
comparecer en el recurso de amparo, excepto la parte demandante. Igualmente, se 
acordó la formación de la oportuna pieza separada para la sustanciación de la medida 
cautelar solicitada.
Dado  que,  con  anterioridad,  este  Tribunal  ya  había  interesado  la  remisión  de 
testimonio de las actuaciones, no se reiteró esta solicitud.
5.  En virtud de providencia de 3 de junio de 2019, la Sala acordó formar la pieza 
separada para la tramitación de la medida cautelar solicitada por la parte demandante de 
amparo y, a tal fin, se acordó abrir plazo de audiencia por tres días para alegaciones a la 
parte  recurrente  y  al  Ministerio  Fiscal,  que  fueron,  respectivamente,  evacuados  en 
fechas 10 y 17 de junio de 2019, en los que la primera reiteró su solicitud de anotación 
preventiva de la demanda de amparo en el registro de la propiedad de Santoña, y el 
segundo también informó en sentido favorable a la adopción de dicha medida cautelar.
Por medio de auto 66/2019, de 1 de julio, la Sala Segunda acordó «ordenar la 
anotación preventiva de la demanda de amparo núm. 4046-2018 en el registro de la 
propiedad, a cuyo fin el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Santoña 
ha de expedir los mandamientos oportunos, para que pueda practicarse la misma en 
relación con los inmuebles a que se refieren las presentes actuaciones».
6.  El día 4 de octubre de 2019 ingresó en el registro de este Tribunal un escrito 
presentado por la procuradora de los tribunales doña Marta Delcura Antón, en nombre y 
representación de la mercantil Unicaja Banco, S.A. (antes Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.), solicitando que se le tuviera por personada y 
parte demandada en el procedimiento, bajo la dirección del letrado don Darío Fuertes 
Cabero.
Por virtud de diligencia de ordenación de 16 de octubre siguiente, se tuvo por 
personada  y  parte  a  la  mercantil  Unicaja  Banco,  S.A.,  representada  por  la  citada 
procuradora y, al mismo tiempo, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes 
personadas y al Ministerio Fiscal para que, por plazo común de veinte días, pudieran 
presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52 
LOTC.
7.  Por escrito que tuvo entrada en el registro de este Tribunal el día 8 de noviembre 
de 2019, el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones, que, resumidamente, se exponen 
a continuación:
a)  Después de describir los antecedentes de hecho, se detiene el fiscal en la 
argumentación jurídica de los fundamentos de derecho que estima procedentes para la 
resolución de este recurso. A este respecto, comienza destacando que procede, en 
primer lugar, «fijar los límites en que debe moverse la resolución de este recurso de 
amparo» y, después de identificar las dos resoluciones del juzgado de Santoña que son 
impugnadas, esto es la providencia de 17 de abril y el posterior auto de 30 de mayo 
de 2018, señala que son cuatro las vulneraciones que la parte demandante denuncia y 
que detalla a continuación, teniendo en cuenta lo que se recoge en la demanda.
b)  Seguidamente, apunta la posibilidad de que el demandante de amparo pudiera 
haber incurrido en extemporaneidad a la hora de presentar la demanda de amparo por 
alargamiento indebido de la vía judicial previa, toda vez que, contra la providencia de 
inadmisión a trámite del incidente extraordinario de nulidad que había formalizado, no 
cabe recurso alguno, de tal manera que debería haber acudido directamente a este 
Tribunal en solicitud de amparo, en lugar de haber interpuesto previamente un recurso  e.
de reposición que no está previsto en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  w.
(cóLorOgnavPniJco)c ,ij óunndi  ictdaiaeml  eqpluo qecuo e lae l enp  iaenrldt eiac rónt,.o  e2 ri2rnó8cn uLerEarimóC .ee nSnt eint,a  lela m epxbotaserimbgiolpi,do areadl n dfeiseidc iaandlt e llrpepogoranq,eu rfei np arfuelmevi eaenmlt eep,n rtoaep  ieloal    2020-4117n https://w
ceistatad oc aruescau rdseo  indaed rmeipsoiósnic.ión. Por ello, concluye el fiscal que el recurso no adolece de  BOE-A-cable e
c)  A continuación, después de exponer los argumentos del demandante sobre la 
invocada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 
CE, que aquel denuncia sobre la base de haber sido emplazado por medio de edictos y 
no en su propio domicilio, cuando la mercantil ejecutante conocía perfectamente su 
paradero, amén de que el juzgado de Santoña tampoco hubo extremado la diligencia 
necesaria  para  averiguar  el  verdadero  domicilio  del  actor,  señala  el  fiscal  que  nos 
encontramos ante un nuevo supuesto de notificación edictal en un juicio de ejecución 
hipotecaria, cuestión esta que ha sido analizada con reiteración por este Tribunal y a 
cuya doctrina se refiere y cita con detalle, haciendo mención en diferentes apartados a lo 
declarado en las SSTC 78/2008, de 7 de julio, FJ 2; 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 2, 
y 122/2013, de 20 de mayo, FJ 5, que reproduce en diferentes pasajes.
d)  Pasando ya al estudio del supuesto de autos, parte de la doctrina de este 
Tribunal sobre la exigencia de que los actos de comunicación y, particularmente, las 
notificaciones  a  las  partes  de  las  diferentes  actuaciones  judiciales  lleguen  al 
conocimiento efectivo de aquellas. A tal efecto, se pregunta si la nueva redacción del 
art. 686.3 LEC, introducida por la reforma legislativa operada por la Ley 19/2009, de 23 
de noviembre, ha determinado o no una modificación en el alcance y contenido de la 
misma. En este sentido, afirma que «la reforma operada en el año 2009 no conlleva una 
alteración de la doctrina constitucional en materia de emplazamientos» insistiendo en el 
deber que incumbe a los órganos judiciales de extremar su diligencia en la averiguación 
del domicilio de los demandados, en especial cuando se trata de procedimientos de 
ejecución hipotecaria, debiendo procurar el emplazamiento personal, de tal manera que 
«se supedita el acudir a los edictos a que la oficina judicial realice las averiguaciones 
pertinentes para determinar el domicilio del deudor, dando rango de norma escrita a lo 
que se estableció con anterioridad por la doctrina reiterada de este Tribunal».
A partir de estas consideraciones, entiende el fiscal que procede la estimación de la 
demanda de amparo «pues el órgano jurisdiccional acudió a la vía edictal», no de modo 
automático  pues,  previamente,  había  intentado  el  emplazamiento  del  señor  Peraita 
Lechosa hasta en tres ocasiones y en domicilios diferentes, «pero desatendió esa doble 
función  que  le  compete,  que  no  se  limita  a  constatar  que  se  han  seguido  las 
formalidades legales sobre las posibles modalidades de notificación, sino que debe 
constatar que en el caso concreto cumplieron su función de hacer llegar al destinatario la 
noticia judicial que se le quiso transmitir, lo que no ocurrió en el caso concreto».
Agrega a lo expuesto que, en el incidente de nulidad de actuaciones, «el juez tuvo la 
certeza  de  que  el  ejecutado  no  pudo  defenderse  por  no  haberse  enterado  de  la 
pendencia del pleito, constatando documentalmente que habría bastado con pedir al 
ejecutante que aportara otro domicilio, ya que a este le constaba por razones obvias al 
ser denunciado en otro proceso». El órgano judicial no restauró la vulneración del 
derecho fundamental denunciado, sino que se limitó a rechazar la prosperabilidad de la 
pretensión del actor declarándola extemporánea, «cuando es evidente que el ejecutado 
la planteó cuando la conoció».
En  conclusión,  el  fiscal  considera  que  «el  órgano  judicial  no  cumplió  con  las 
exigencias  derivadas  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional,  que  concibe  el 
emplazamiento edictal como último remedio, subsidiario respecto a la citación personal» 
y no intentó realizar una actividad de averiguación eficaz del domicilio del ejecutado, ni 
siquiera cuando en el trámite del incidente de nulidad este le puso de manifiesto cuál era 
su domicilio y no restauró la vulneración de la tutela judicial efectiva reclamada.
Por todo ello, entiende el Ministerio Fiscal que procede otorgar el amparo, estimar  e.
que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, declarar la  w.b
mnuolimdaedn tod ea nlatesr iroers aoll ureciqouneersim imienptuog dnea dpaasg oy  aolr ddeenmaarn ldaa rnetter odaec caimónp adreo .las actuaciones al  2020-4117n https://w
aleg8a.c ioEnle ds íap r1e2se dneta ndoov pieomr blar er edper e2s0e1n9ta qcuióend dóe rle dgeismtraanddoa ennte e dsete a Tmrpibaurnoa, ls eelñ eosr cPrietora ditea 
Lechosa, que ratifica íntegramente los hechos, fundamentos y pretensiones recogidas en 
la demanda de amparo, dando por reproducido el contenido de la misma.
9.  En fecha 22 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el registro de este Tribunal el 
escrito  de  alegaciones  de  la  entidad  Unicaja  Banco,  S.A.,  oponiéndose  al  amparo 
solicitado por el recurrente al tiempo que, también, aportó diferente documentación en 
apoyo de sus pretensiones.
Los argumentos de esta parte pueden resumirse del siguiente modo:
a)  Con  carácter  previo,  destaca  que  las  dos  fincas  registrales,  núms.  10.478 
y 10.516, objeto del proceso de ejecución hipotecaria de autos, han sido adquiridas por 
terceros de buena fe mediante respectivos contratos de compraventa y en virtud de 
sendas escrituras públicas otorgadas a su favor por la entidad Unicaja Banco, S.A., en 
fechas 30 de enero y 20 de marzo de 2019, por lo que las personas ajenas a este 
procedimiento de ejecución, que adquirieron por compra estos inmuebles, gozan de la 
protección registral que les confiere el art. 34 de la Ley hipotecaria (LH), en su condición 
de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, haciendo irreivindicables las 
fincas de referencia. De ahí que, a su parecer, «la demanda de amparo ha de ser 
inadmitida a trámite».
b)  En segundo término, propone, también, la inadmisión de la demanda porque, si 
la argumentación sostenida por el recurrente para alegar vulneración de sus derechos 
fundamentales se apoya en la tesis de que no fue el juzgado de Santoña el que 
eventualmente pudo haber ocasionado aquella indefensión, sino que fue la entidad 
bancaria la que ocultó al órgano judicial el verdadero domicilio del ejecutado que aquella 
conocía desde fecha anterior (26 de septiembre de 2014) por la demanda ante los 
juzgados de lo mercantil de Sevilla que el señor Peraita Lechosa había interpuesto 
contra la misma, no se daría el presupuesto del art. 44.1 b) LOTC que exige que la 
violación de la libertad o del derecho fundamental invocado «sea imputable de modo 
inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los 
hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron», de tal manera que 
aquella vulneración no se habría debido a la inactividad del juzgado en la investigación 
del domicilio del ejecutado.
Además, según señala la parte, «el ejecutado tuvo la oportunidad de conocer y 
denunciar formalmente, en el proceso, y con anterioridad a la fecha en que refiere 
(marzo de 2018) la vulneración del derecho constitucional que alega y, sin embargo, no 
lo hizo optando cuanto menos por una actitud pasiva y falta de diligencia, que perjudica 
los derechos del acreedor». El escrito de la entidad bancaria sostiene que el actor era 
consciente de que el impago de los préstamos contraídos era «grave y reiterado». 
Además,  las  actas  notariales  de  liquidación  del  saldo  de  los  préstamos  de  agosto 
de 2014 y de febrero de 2015 acreditan que, ya desde aquellas fechas, el recurrente «no 
podía ignorar que la entidad bancaria, antes o después le exigiría lo debido, primero 
amistosa  y  extrajudicialmente;  y  posteriormente  vía  judicial».  Cita,  al  respecto,  las 
SSTC 26/1999, de 8 de marzo, FJ 5; 20/2000, de 31 de enero, FJ 5, y 102/2003, de 2 de 
junio, FJ 3.
Por último, destaca la entidad demandada que, «del examen de las actuaciones 
cuanto menos hay indicios sobre la actuación del ejecutado que ponen de manifiesto una 
serie de maniobras dilatorias tendentes a perjudicar los derechos del acreedor». Señala, 
al respecto, que don Fernando Peraita Lechosa, como arrendador, formalizó sendos 
contratos de arrendamiento con terceras personas (6 de marzo de 2015, respecto de la  e
finca 10.478, y 23 de agosto de 2016, en relación con la finca 10.516) figurando unos  bo
domicilios en Madrid y en Sevilla y, «a pesar de conocer que está incumpliendo de forma  w
tpootasilb yil idaabdso ldueta  qsuue c olan teranttoid daed  pleré svtaaymao  ah ipeoxtigeicra reiol  cduemsdpeli meile anñtoo,  2o0 1q4u, en oin ccolunssoid eyraa  lloa   2020-4117n https://w
aelsqtuuivlaierr alo se xinigmieunedbol,e sp ehriop ostienc eamdobsa, rgloo  qcuoen  efenc uhna  fpuotusrteor i(otar l ayl  icnocmumo pluliemgieon etofe [c…tiv]a dmeecnidtee 
ocurrió) dificultaría la toma de posesión de esos inmuebles hipotecados».
En todo caso, a la parte le «cuesta creer» que, si el auto de despacho de la ejecución 
es de fecha 3 de julio de 2015, el actor no llegara a tener conocimiento del proceso de 
ejecución  hasta  el  14  de  marzo  de  2018,  en  que  los  inquilinos  le  comunicaron  la 
existencia del procedimiento.
Por todo ello, entiende que el recurso debe ser inadmitido.
c)  Para  el  caso  de  que  este  Tribunal  considerara  que  no  es  procedente  la 
inadmisión del recurso, plantea, de modo subsidiario, su desestimación porque entiende 
que no se ha causado la vulneración de los derechos fundamentales denunciada.
En este sentido, respecto de la alegada infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva,  cometida  en  la  práctica  de  los  actos  de  comunicación  edictal  en  el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, afirma que, de conformidad con lo dispuesto en 
el  art.  683  LEC,  se  fue  intentando,  primero,  notificar  al  demandante  las  actas  de 
liquidación de los préstamos con garantía hipotecaria impagados y, después, el auto de 3 
de julio de 2015 de requerimiento de pago, en todos los domicilios que figuraban en las 
escrituras públicas de 9 de julio de 2007, por las que el señor Peraita Lechosa se había 
subrogado en los préstamos inicialmente contraídos por la promotora que le había 
vendido las viviendas objeto de la ejecución, así como en el que figuraba en la escritura 
de novación de dichos préstamos, suscrita por el actor en 2011, sin que en ningún caso 
hubieran  llegado  a  hacerse  efectivos  aquellos  intentos,  por  lo  que,  agotada  toda 
posibilidad  de  conocimiento  de  otros  domicilios,  el  juzgado  hubo  de  optar  por  la 
notificación  por  edictos,  al  haber  apurado  todas  las  posibilidades  de  realizar  una 
notificación personal del procedimiento.
Por todo ello, entiende la parte que la eventual situación de indefensión en que 
manifiesta el actor que se ha encontrado se ha debido a su propia falta de diligencia, 
pues tuvo conocimiento extraprocesal de la existencia del procedimiento de ejecución 
hipotecaria seguido contra el mismo.
d)  Respecto  de  la  alegada  vulneración  referida  a  los  errores  de  identificación 
cometidos por el auto de 3 de julio de 2015, en que el juzgado de Santoña equivocó el 
nombre  y  uno  de  los  apellidos  del  ejecutado,  esta  irregularidad  fue  ulteriormente 
corregida por el juzgado a instancia de la propia parte ejecutante, por lo que tampoco se 
ha generado ninguna indefensión para el demandante.
e)  Otro  tanto  sucede,  según  entiende  esta  parte,  con  la  denunciada  falta  de 
motivación de la providencia de 17 de abril de 2018 de inadmisión del incidente de 
nulidad  de  actuaciones  que  promovió  el  demandante,  pues  contiene  elementos  o 
razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios fundamentadores de 
la decisión y, además, el señor registrador de la propiedad de Santoña ha practicado la 
correspondiente inscripción de adjudicación de los bienes subastados a favor de la 
entidad bancaria ejecutante, lo que determina que la resolución ahora impugnada no 
esté incursa en arbitrariedad, manifiesta irracionalidad o en error patente. Esta misma 
argumentación la hace extensiva la parte a la denunciada falta de motivación del auto 
de 30 de mayo de 2018, que desestimó el recurso de reposición contra la precedente 
providencia de inadmisión, pues el órgano judicial se remitió en este caso a lo dispuesto 
en el art. 682.2 LEC para denegar la impugnación.
f)  El  escrito  de  la  entidad  bancaria  demandada  dedica  un  último  apartado  a 
rechazar las tres causas de especial transcendencia constitucional que invocó el actor 
para solicitar la admisión a trámite de su recurso. En este sentido, responde a lo alegado 
por la representación del señor Peraita afirmando: (i) Respecto de la primera, que la cita 
en el propio escrito de alegaciones de diferentes sentencias de este Tribunal que aluden  s
a la exigencia de extremar los órganos judiciales su diligencia procesal a la hora de  oe.
cumplimentar los actos de comunicación con las partes y la necesidad de agotar la  w.
icpnoovndesestrti itgullacecivoiaónrnala l  dcaeo ln espfoealcridatoad dedareo  s modbeor deloo e ssp tedere sesoxtintnraaeltm aerosio.  s(rie i)id teEer nal adresal  adyc,iil óigpneo nrc cotianan slat o ds, eey ganu onetdixfiaics,at erce iófdenor cidptraain raaal    2020-4117n https://w
«nduelidsacodn oncoi mpieunetdoe  desle rju zugna dmore rdoe  tlraá mdoitcet ripnaar ac onresmtiteudciiaorn alla  solebsreió nq udee e ll oins ciddeernetech does   BOE-A-cable e
fundamentales», entiende la parte que ya la ha contestado al referirse al apartado que 
dedicó a impugnar la falta de motivación de la providencia de inadmisión del incidente de 
nulidad que había promovido el demandante de amparo. (iii) Finalmente, respecto a la 
negativa del juzgador a acatar la doctrina jurisprudencial invocada sobre notificación 
edictal, entiende que no se da el necesario elemento volitivo o intencional que exige este 
Tribunal para que se cumpla este supuesto, sin que pueda identificarse con la errónea 
interpretación o aplicación de la jurisprudencia. A tal efecto, hace una extensa cita del 
voto particular suscrito por un magistrado de este Tribunal a la STC 83/2018, de 16 de 
julio, FJ 3.
Con fundamento, pues, en todas las consideraciones expuestas, el escrito de la 
entidad bancaria demandada solicita la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, la 
desestimación del mismo.
10.  Por providencia de 20 de febrero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 24 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Pretensiones de las partes.
El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de 30 de mayo de 2018 del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  1  de  Santoña  (Cantabria),  que 
desestimó el recurso de reposición contra la precedente providencia de 17 de abril del 
mismo juzgado y año, que había inadmitido el incidente extraordinario de nulidad de 
actuaciones promovido por la representación del ahora demandante de amparo respecto 
del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 433-2015, seguido contra el mismo por 
impago de dos préstamos con garantía hipotecaria, así como contra las actuaciones 
comprendidas en dicho procedimiento, desde el momento del requerimiento de pago 
llevado a cabo por medio de edictos hasta su finalización con la adjudicación de los 
bienes a la entidad bancaria ejecutante.
La demanda de amparo invoca la vulneración de los derechos fundamentales a la 
tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, que estructura en cuatro 
motivos, que, detallados en los antecedentes de esta resolución, pueden resumirse en 
los siguientes:
(i)  Vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues el 
procedimiento de ejecución hipotecaria del que trae causa este proceso de amparo se 
sustanció y resolvió en su totalidad, hasta llegar a la ejecución de los bienes hipotecados 
y a la adjudicación de los mismos a la entidad bancaria ejecutante, sin que el actor 
hubiera llegado a tener conocimiento de su existencia hasta que, con posterioridad a la 
finalización del proceso, el arrendatario de una de las viviendas objeto de la ejecución le 
hubo  comunicado  que  había  tenido  que  abandonarla  como  consecuencia  de  la 
reclamación formulada por la entidad bancaria ejecutante y adjudicataria de la misma. 
Considera, pues, que el órgano judicial, sin haber observado la debida diligencia en la 
averiguación de su domicilio para realizar el emplazamiento personal, acudió a los 
edictos para efectuar todas las notificaciones que se fueron sucediendo, desde el inicial 
auto de 3 de julio de 2015, de requerimiento de pago, hasta la finalización del proceso 
con adjudicación final de los inmuebles a la mercantil bancaria Caja España (hoy Unicaja 
Banco, S.A.) ejecutante. s
(ii)  Vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2  oe.
CE, porque el emplazamiento por edictos del requerimiento de pago y despacho de  w.
eednjeet cildauascd ióf inne cjnaeosc  ufoutabenj eetetloa  bydo,e rla apddroeo mccoeárssroe,  cynt aonm oec aon ntelate,s nt oídado as u vqneuaze  q ifduineean eltmilf ieecadncitceiót ofnu  iebcraoo rnrer efaecdrtaijdu odd icaea lu dnadase  usado ollaar    2020-4117n https://w
demandado en el proceso, pues constaban errores en el nombre y en el segundo
apellido del ahora recurrente. Bc
(iii) Vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, porque 
entiende que la providencia de 17 de abril de 2018 «carece de motivación» y, a tal 
efecto, combate las dos razones por las que entiende que la que proporciona esta 
resolución judicial no obedece a base, premisa o presupuesto lógico, por los argumentos 
que se explicitan en los antecedentes.
(iv)  Vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues el 
auto de 30 de mayo de 2018, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto por el 
actor  contra  la  anterior  providencia  de  inadmisión  del  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones, adolece también de falta de motivación. Igualmente, en los antecedentes se 
recoge el desarrollo de la argumentación que sustenta este motivo de amparo.
Por todo ello, la demanda solicita, como pretensión principal, la estimación del 
recurso de amparo, la declaración de haber sido vulnerados los derechos fundamentales 
invocados, la nulidad de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones 
al momento del emplazamiento personal que ha de seguir al requerimiento de pago y 
despacho de ejecución acordado por el juzgado mediante auto de 3 de julio de 2015. 
Subsidiariamente, solicita la nulidad de la providencia de 17 de abril de 2018 y de las 
actuaciones que siguieron a la misma, con retroacción al momento inmediatamente 
anterior al de dicha resolución.
El Ministerio Fiscal muestra su conformidad con la pretensión principal del recurrente 
e interesa el otorgamiento del amparo por considerar vulnerado el derecho de aquel a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). A tal efecto, solicita la anulación de 
las dos resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento del 
emplazamiento personal del actor, como consecuencia del requerimiento de pago y 
despacho de ejecución acordado por el juzgado.
Por último, la entidad Unicaja Banco, S.A. solicita la inadmisión del recurso por las 
siguientes razones: (i) porque las dos fincas que le fueron adjudicadas a consecuencia 
del proceso de ejecución hipotecaria han sido ya enajenadas a terceros adquirentes de 
buena fe y a título oneroso, habiéndose otorgado las oportunas escrituras públicas de 
venta, por lo que estos últimos se hallan protegidos por la fe pública registral del art. 34 
LH, lo que hace a dichos bienes inmuebles irreivindicables, «perdiendo el presente 
recurso de amparo su finalidad». (ii) La denunciada vulneración de la tutela judicial 
efectiva del recurrente por haber sido emplazado por edictos no es consecuencia de la 
falta de diligencia del juzgado de Santoña que, hasta en tres ocasiones, intentó la 
notificación personal al ejecutado del requerimiento de pago, acudiendo después a la vía 
de los edictos, por lo que actuó con la debida diligencia en la averiguación del paradero 
del señor Peraita Lechosa y, si no llegó a cumplimentar el acto de comunicación, fue 
debido a la falta de diligencia procesal de este último. En consecuencia, no hubo una 
violación directa o inmediata del derecho a la tutela del recurrente causada por el órgano 
judicial. Y (iii) considera que el recurso carece de especial transcendencia constitucional 
y, a tal efecto, argumenta de contrario sobre los tres supuestos que ha alegado la 
demanda de amparo para justificar este presupuesto.
De modo subsidiario, esta parte demandada interesa la desestimación del recurso y, 
a tal efecto, impugna los cuatro motivos de amparo que ha invocado el recurrente.
2.  Óbices procesales.
Comenzando  por  el  análisis  de  los  óbices  procesales  propuestos  por  la  parte 
demandada, que han sido expresamente detallados en los antecedentes y resumidos en  s
el fundamento jurídico anterior, la representación de la entidad Unicaja, S.A., señala  oe.
hasta tres obstáculos procesales que deberían conducir a la inadmisión de este recurso: w.
admais) ibiElidna dp,r imdee rq ulueg anro,  choan cduer res eeñna laersstee  caabs oin ietilo  reqquueis ietol  parleogcaedsaol  cdoeml oa rtó. b4ic4e.1  dbe)   2020-4117n https://w
nLoO TsCe  phoar qdueeb ildao d ean uunnaci aadcac ivóunl nienrmaecidóina tad eyl  ddeirreeccthao  dae lla j utuztgealad oju ddiec iaSl aenfetocñtiav,a  sdineol  aac tolar   BOE-A-cable e
indiligencia del demandante y entonces ejecutado para situarse en una situación de 
desconocimiento del proceso de ejecución, por no haber realizado este el acto de 
notificación personal del requerimiento de pago y despacho de ejecución, no puede ser 
acogido por dos razones: En primer lugar, porque la demanda destaca con claridad en el 
encabezamiento y en el suplico que las dos resoluciones del juzgado de Santoña que 
cita de modo expreso son las que, a su juicio, han causado tal vulneración. Y, en 
segundo término, porque cosa distinta a lo que opone como óbice es que la parte ahora 
demandada entienda que el juzgado actuó en este caso correctamente y extremó su 
diligencia  en  la  averiguación  del  domicilio  del  actor  para  cumplimentar  el  acto  de 
comunicación y que solo recurrió a los edictos cuando, a instancia de la propia parte 
ejecutante en el procedimiento, se vio imposibilitada de llevarlo a efecto de aquella 
manera. Pero tal argumentación se encamina a impugnar la cuestión de fondo suscitada 
en este recurso, porque lo que ofrece es una argumentación de contrario para instar la 
denegación  de  la  queja  suscitada  por  el  recurrente  respecto  de  su  denunciada 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva generadora de indefensión, en la 
medida en que, según recoge en sus alegaciones, tal eventual indefensión del recurrente 
habría provenido de su propia falta de diligencia.
Por todo ello, este óbice debe ser desestimado.
b)  Tampoco puede prosperar el óbice referido a que los bienes inmuebles objeto del 
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  sean  irreivindicables  por  gozar  los  terceros 
adquirentes de los mismos de la protección del art. 34 LH.
Este óbice debe ser desestimado por las siguientes razones: (i) En primer lugar, 
porque,  en  esta  sede  constitucional,  lo  que  se  dilucida  es  el  enjuiciamiento  de  la 
denunciada vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano que alega no 
haber  tenido  conocimiento  de  la  apertura,  sustanciación  y  resolución  de  un 
procedimiento de ejecución hipotecaria seguido contra el mismo, del que ha desconocido 
su existencia hasta después de su finalización y por una vía extrajudicial ajena a dicho 
procedimiento, de tal manera que nuestro análisis debe limitarse en exclusiva a este 
objeto, con independencia de que, en la sede judicial, haya de resolverse el problema de 
la titularidad dominical o por otro concepto de los indicados bienes. (ii) Y, en segundo 
término, porque, en todo caso, la tutela de los derechos e intereses legítimos de los 
terceros que pudieran resultar afectados por la decisión que se adopte en este proceso 
constitucional de amparo, en cuanto adquirentes de buena fe y a título oneroso de los 
inmuebles objeto del procedimiento de ejecución, deberá ser hecha efectiva por el 
órgano judicial, conforme a las pruebas que acrediten su titularidad y de acuerdo con las 
leyes de procedimiento, a fin de que «tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, 
y ejercer la defensa» de los mismos (STC 43/2010, de 12 de agosto, FJ 2).
Por tanto, este óbice debe ser también desestimado.
c)  Finalmente, también debe ser rechazado el tercero de los óbices alegados por la 
entidad  bancaria  demandada,  que  invoca  la  falta  de  especial  transcendencia 
constitucional del recurso. Este Tribunal ha declarado de modo reiterado que «es a este 
Tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión 
sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, que ‘encuentra su 
momento procesal idóneo en el trámite de admisión contemplado en el art. 50.1 LOTC 
(STC 192/2012, de 29 de octubre, FJ 2)’ (STC 21/2015, de 16 de febrero, FJ 2)» [por 
todas, las SSTC 37/2019, de 26 de marzo, FJ 3, y 59/2019, de 6 de mayo, FJ 3 b)].
En su providencia de 3 de junio de 2019, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó 
admitir a trámite el recurso de amparo apreciando que en el mismo concurre «una  s
especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el  oe.
órgano  judicial  pudiera  haber  incurrido  en  una  negativa  manifiesta  del  deber  de  w.
tdarecaa netsancmterenie dnleotons  cdtiraee  slca os dnuospctuitteruisnctaioo snd aeql  uedese tella  T redricebumurnsaaonl,d  [aSe sThtCea b 1Tía5r i5bp/u2ron0pa0ul9,e , vsFatoJlo  2pr aafn)r]ad» o.j u Dlsoet i ftiaacllae mrg alaadn oee rsapp oeqrcu ieea,ll    2020-4117n https://w
adcettoerr myi nalad od eoncu smu ernetsaocluiócnió nq.ue  adjuntaba,  consideró  que  concurría  el  supuesto  así  BOE-A-cable e
En todo caso, no está de más volver a reiterar que, para que concurra el supuesto de 
la negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional señalado en 
la STC 155/2009, FJ 2 f), que ha sido el apreciado en este recurso de amparo, son 
necesarios los siguientes requisitos característicos: (i) que no puede ser identificada con 
«la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si fuera objetivable y 
verificable en el caso concreto» (STC 106/2017, de 18 de septiembre, FJ 2), sino como 
«la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o dicho en otras palabras, a una 
decisión  consciente  de  soslayarla»  (STC  83/2018,  de  16  de  julio,  FJ  3);  (ii)  el 
incumplimiento  por  sí  solo  de  la  doctrina  dictada  por  este  Tribunal  no  puede  ser 
considerado como un supuesto de especial trascendencia constitucional, pero una vez 
advertida la cualidad que hace del mismo un supuesto de trascendencia constitucional 
(es decir, la existencia de una negativa manifiesta), este Tribunal debe conocer del 
recurso y aplicar su doctrina al caso concreto; (iii) procede apreciar la concurrencia de 
dicho elemento intencional en supuestos en los que el órgano judicial, aun conociendo la 
doctrina constitucional, dado que había sido citada y extractada en lo fundamental en el 
escrito por el que se hubo promovido el incidente de nulidad de actuaciones, lo resolvió 
sin hacer consideración alguna sobre ella (STC 5/2018, de 22 de enero, FJ 2, por todas); 
y (iv) en todo caso, la cita de la doctrina constitucional ha de ser concreta y precisa, «no 
siendo suficiente cualquier pronunciamiento jurisprudencial que se entienda incumplido» 
(STC 106/2017, de 18 de septiembre, FJ 2).
En el caso de autos, como se ha indicado en los antecedentes, la representación del 
señor Peraita Lechosa promovió incidente de nulidad de actuaciones denunciando la 
indefensión que le había ocasionado la sustanciación de un procedimiento de ejecución 
hipotecaria, seguido contra el mismo sin que hubiera llegado a tener conocimiento de su 
existencia y citó de modo expreso la doctrina de este Tribunal (SSTC 122/2013, de 20 de 
mayo; 126/2014, de 21 de julio, y 200/2016, de 28 de noviembre) sobre la necesidad de 
que los órganos judiciales extremen su diligencia en la averiguación del domicilio del 
deudor hasta el extremo de que únicamente se haga uso de la notificación por edictos 
cuando no haya sido posible la puesta en el conocimiento personal de la resolución 
dictada.
En  consecuencia,  la  demanda  de  amparo,  no  solo  ha  justificado  la  especial 
transcendencia constitucional del recurso alegando de modo expreso la concurrencia de 
este supuesto, sino que este Tribunal ha constatado también su existencia, después de 
haber examinado el incidente de nulidad de actuaciones que el recurrente promovió ante 
el juzgado y la respuesta del mismo a su solicitud.
Así pues, este óbice debe ser también desestimado.
3.  Delimitación del objeto del recurso.
Como se ha recogido pormenorizadamente en los antecedentes y resumido en el 
fundamento jurídico primero, la demanda de amparo invoca hasta cuatro vulneraciones 
de derechos fundamentales, eventualmente cometidas por el juzgado de Santoña, que le 
han generado indefensión, de las que tres de ellas hacen referencia a su derecho a la 
tutela judicial efectiva y la cuarta a su derecho a un proceso con todas las garantías. 
Además, resulta, asimismo, necesario delimitar el alcance de la pretensión de amparo 
que se insta, dado que el suplico de la demanda solicita, de modo principal, la anulación 
de  todo  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  seguido  contra  el  actor  y, 
subsidiariamente,  que  se  deje  sin  efecto,  por  reputarlas  nulas,  las  resoluciones 
identificadas en el escrito de formalización, además de la propia tramitación del incidente  e
de nulidad de actuaciones. bo
(caornt.ca r2)e 4t.a2Pr  oCqru Eel)o,   laqq uuaeele  lgaaa tddaeañm ev aunalnd ealar a scepiñórianml aed recalo  dmdeeor e slcaehsgo u canu dueons t miporonoteicvseo s sodu ecs ocainmta tpdoaadrsao,s  y el asqs u nege accrieañsneat íreaions    2020-4117n https://w
exclusiva a los errores advertidos en el edicto fijado en el tablón de anuncios del juzgado
de Santoña, referidos a la identificación del deudor ejecutado y de los bienes objeto del
procedimiento, no presenta en sí mismo una irregularidad generadora de indefensión 
que pueda añadirse a la principalmente denunciada, pues aquella queda englobada en 
esta.
En efecto, si lo que el demandante denuncia en su recurso es la indefensión que le 
ha generado no saber que fue iniciado, sustanciado y resuelto un procedimiento de 
ejecución hipotecaria contra el mismo, por no haber extremado el juzgado su diligencia 
en la averiguación de su domicilio y haber utilizado el sistema edictal para cumplimentar 
el acto de notificación, que ha resultado ineficaz para comunicarle que se seguía un 
procedimiento judicial contra el mismo, las irregularidades que hayan podido advertirse 
en el contenido del edicto que informaba del auto de 3 de julio de 2015, de requerimiento 
de pago y despacho de ejecución y la indefensión que aquellas deficiencias hayan 
podido generarle al señor Peraita Lechosa se encuentran integradas en la que este 
invoca como causada por el sistema de notificación por edictos que le fue aplicado, sin 
que aquellas irregularidades en el edicto publicado le hayan supuesto un plus añadido, 
que tenga alguna autonomía respecto de la queja general que aduce en su demanda.
Por otro lado, las vulneraciones de su derecho a la tutela judicial efectiva que incluye 
en  su  demanda  de  amparo  quedan  reducidas  a  dos:  De  una  parte,  la  eventual 
indefensión que le haya podido generar al actor el desconocimiento del proceso de 
ejecución hipotecaria seguido contra el mismo, por no haber observado el órgano judicial 
la debida diligencia en la averiguación de su domicilio y haber utilizado indebidamente el 
sistema de notificación edictal para cumplimentar el trámite. Y, de otro lado, la falta de 
motivación de las dos resoluciones dictadas en el incidente de nulidad, al haberse 
servido el juzgado de unos argumentos que el actor considera como insuficientes y 
manifiestamente erróneos, hasta el punto de causarle una real y efectiva indefensión.
b)  En lo que atañe a la segunda de las cuestiones suscitadas, la demanda propone 
una doble extensión del alcance del amparo invocado: (i) La primera, que abarcaría, no 
solo la providencia de 17 de abril y el auto de 30 de mayo de 2018 del juzgado de 
Santoña, expresamente citados en el suplico de la demanda, sino que se extendería, 
también,  al  procedimiento  de  ejecución  hipotecario  seguido  contra  el  mismo,  con 
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior al auto de 3 de julio 
de 2015, que acordó el requerimiento de pago de los dos préstamos con garantía 
hipotecaria  denunciados  como  impagados  por  la  entidad  bancaria  acreedora  y  el 
subsiguiente despacho de ejecución. (ii) La segunda, subsidiaria de la anterior, lo sería 
de  alcance  mucho  más  reducido,  limitado  en  exclusiva  al  incidente  de  nulidad  de 
actuaciones,  de  tal  manera  que  únicamente  fueran  anuladas  las  dos  resoluciones 
impugnadas y el órgano judicial acogiera la invocada indefensión del recurrente y le diera 
oportunidad de intervenir como parte en el procedimiento de ejecución.
Dado  que  la  pretensión  principal  del  demandante  de  amparo  reclama  la  tutela 
efectiva de su derecho a no sufrir indefensión, como consecuencia de la afirmada 
existencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria seguido contra el mismo, sin 
que haya llegado a tener conocimiento de su existencia hasta después de que el juzgado 
hubo adjudicado los bienes  a la entidad  bancaria acreedora, sin haber podido, en 
consecuencia, personarse a tiempo en las actuaciones, contradecir lo pretendido por 
esta  y  ejercitado  su  derecho  de  defensa  en  la  misma,  habremos  de  analizar  la 
vulneración invocada desde la perspectiva de su derecho a la tutela judicial efectiva y, 
más concretamente, de la aplicación por parte del órgano judicial actuante de la norma 
contenida en el art. 686.3 LEC, que es el que regula el régimen de los actos de 
notificación al ejecutado en aquel tipo de procedimientos, estableciendo la exigencia de  s
que la oficina judicial, una vez fallida la notificación del requerimiento en el domicilio que  oe.
resulte  del  registro  de  la  propiedad,  realice  las  averiguaciones  pertinentes  para  w.
d«emtaeAyrmdoerin mareárltsor,o,  aascnigctueióisen nd»de o qa ucleau  dvdirio eacn tlerai n peaum bdpliecle aaecnsiódteno   dTeers ibeteud nicaTtolr,is b.huanbarl á (SqTuCe  a1c8u0d/2ir0 1a5l ,c rditee ri7o  ddee   2020-4117n https://w
sdeep ptireomspberera, rF, Jd e3t)e rym qinuaer íiamnp llaic are ctroonaccecdióenr  par iuonri dmaodm ael netxoa pmroecne dsea l aaqnuteerlliaosr,  cloa uqsuaes  hqaureía,   BOE-A-cable e
innecesario  un  pronunciamiento  sobre  las  restantes  (SSTC  90/2010,  de  15  de 
noviembre, FJ 2, y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 2, y las que en ellas se citan). Por ello, 
hemos  de  examinar  los  defectos  denunciados  en  aquella  resolución  cuya  posible 
declaración de nulidad provocara una retroacción mayor en el tiempo, lo que lleva a 
analizar, en primer lugar, la denuncia de violación de la tutela judicial efectiva cometida 
en la práctica de los actos de comunicación.
En el caso de autos, hemos de remontar nuestro enjuiciamiento al momento procesal 
en que, según la demanda, habría sufrido el actor la indefensión que denuncia, esto es, 
al tiempo en que el órgano judicial dictó el requerimiento de pago y despacho de 
ejecución, a instancia de la entidad ejecutante, pues, a partir de ese momento, se fueron 
sucediendo una serie de intentos de notificación personal que resultaron infructuosos 
hasta culminar con la notificación edictal para suplir la personal.
4.  Doctrina constitucional sobre los actos de notificación en los procedimientos de 
ejecución hipotecaria.
Este Tribunal, desde su inicial STC 122/2013, de 20 de mayo, «se ha pronunciado en 
reiteradas ocasiones sobre el problema constitucional que, desde la perspectiva del 
artículo  24.1  CE,  ha  planteado  la  redacción  del  art.  686.3  LEC  introducida  por  la 
Ley  13/2009,  de  3  de  noviembre,  de  reforma  de  la  legislación  procesal  para  la 
implantación de la nueva oficina judicial, sobre la comunicación del procedimiento de 
ejecución hipotecaria en el caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de 
pago en el domicilio que consta en el registro de la propiedad y, más concretamente, 
sobre la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del 
domicilio real antes de acudir a notificación por edictos (así, SSTC 131/2014, de 21 de 
julio; 137/2014, de 8 de septiembre; 169/2014, 22 de octubre; 89/2015, de 11 de mayo; 
151/2016, de 19 de septiembre; 5 y 6/2017, de 16 de enero; 106/2017, de 18 de 
septiembre; 137/2017, de 27 de noviembre, o 5/2018, de 22 de enero)» (STC 123/2019, 
de 28 de octubre, FJ 3).
En las citadas sentencias se ha afirmado que (i) «cuando del examen de los autos o 
de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio 
que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el 
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación 
por edictos» (STC 122/2013, FJ 3), y que (ii) incluso cuando no conste ese domicilio en 
las actuaciones, habría que realizar otras gestiones en orden a la averiguación del 
domicilio real, siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor 
investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación (entre otras, STC 131/2014, 
de 21 de julio, FJ 2).
Finalmente,  es  preciso  reiterar  que  «[p]ara  este  Tribunal,  ‘desde  una  estricta 
perspectiva constitucional, procede realizar una interpretación secundum constitutionem 
del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC, 
precepto rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de 
este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, que tiene su 
fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la 
comunicación  por  edictos  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  solo  puede 
utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor 
o ejecutado’ (STC 122/2013, FJ 5)» (STC 83/2018, de 16 de julio, FJ 4).
5.  Aplicación de la anterior doctrina al caso. s
Para llevar a efecto la aplicación, al caso de autos, de la doctrina constitucional  w.
cciitracudnas taennc iaesl : fundamento  jurídico  anterior  es  preciso  destacar  sus  particulares  2020-4117n https://w
nulidAa)d  dEen  apcritmuaecri olungeasr ,p loar qpuroev iedle ónrcgiaa ndoe  ju1d7i cdiael  aebnrtiel nddei ó2 0q1u8e  ineal demscitriióto e dl ein cpirdoemnotec iódne 
del  mismo  era  extemporáneo,  toda  vez  que,  sin  mayor  desarrollo  argumentativo,
destacaba, como única razón de ese pronunciamiento, el siguiente tenor literal «de 
acuerdo con el art. 228.1 LEC, debió de denunciarse con anterioridad, máxime cuando el 
inmueble ha sido ya entregado a disposición del ejecutante». Sin embargo, cuando el 
juzgado  habilita  al  actor  para  interponer  un  recurso  de  reposición  contra  aquella 
providencia, el posterior auto de 30 de mayo, que lo desestima, modifica sustancialmente 
la argumentación y, con mención de los arts. 682.2.2 y 683 LEC, razona que el órgano 
judicial «ha cumplido escrupulosamente las normas procesales relativas al requerimiento 
del  ejecutado»,  en  referencia  a  que  había  tratado  de  cumplimentar  el  trámite  de 
notificación  en  el  domicilio  que  figuraba  en  la  escritura  del  préstamo  sin  haberlo 
conseguido y que, en todo caso, de haberse domiciliado en otro lugar, era obligación del 
deudor  «comunicar  cualquier  cambio  de  domicilio»  a  efectos  de  requerimientos  y 
notificaciones.
Tales argumentaciones deben llevarnos a hacer una valoración de los hechos que, 
de modo detallado, se han descrito en los antecedentes:
a)  En  relación  con  la  extemporaneidad  a  la  que  el  órgano  judicial  se  refiere 
inicialmente para acordar la inadmisión del incidente de nulidad, no es posible determinar 
sobre qué presupuesto de hecho asienta tal afirmación el juzgado, pues no ofrece más 
desarrollo argumentativo.
Tal razonamiento no puede satisfacer la necesidad de tutela efectiva de los derechos 
de la parte ejecutada porque si, como afirmó el ahora demandante de amparo en su 
escrito  de  solicitud  de  la  nulidad  de  actuaciones,  se  había  enterado  por  una  vía 
extrajudicial y a través del arrendatario de una de las fincas adjudicadas de que el 
proceso  de  ejecución  hipotecaria  se  había  tramitado  y  resuelto  inaudita  parte,  la 
respuesta ofrecida por el juzgado no sana la indefensión alegada por el actor. Si lo que 
argumenta el órgano judicial es que ya era muy tarde para instar la nulidad, debería 
haber expresado las razones justificativas de esa apreciada extemporaneidad y tardanza 
para instar aquella nulidad.
A menos que, desde la fecha de aquel conocimiento extraprocesal que defendía la 
parte, hubiera transcurrido el plazo de veinte días previsto en el art. 228.1 LEC para 
promover el incidente de nulidad, porque el juzgado dispusiera de información acreditada 
en las actuaciones de que el ejecutado habría tenido conocimiento del procedimiento en 
fecha  muy  anterior  a  la  que  aquel  había  sostenido  en  su  escrito,  lo  que  habría 
determinado una extemporaneidad automática que, sin embargo, no es confirmada por 
el auto posterior de 30 de mayo de 2018 la indefensión que eventualmente denuncia 
haber sufrido el actor requeriría que el órgano judicial hubiera valorado con mayor 
detenimiento los argumentos que el ejecutado ofrecía en el incidente y los antecedentes 
de  las  actuaciones  realizadas  en  el  procedimiento  para  llegar  finalmente  a  aquella 
decisión. No puede acogerse la tesis de que, por el mero hecho de estar ya finalizado el 
proceso  de  ejecución,  la  situación  pudiera  devenir  en  irreversible,  dado  que, 
precisamente, el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones de los arts. 241 
LOPJ y 228 LEC ha sido previsto por el legislador para satisfacer las exigencias de tutela 
en los casos de indefensión material efectivamente producida, que tiene que ver con que 
no exista otro recurso o remedio procesal legalmente previsto para restañarle de aquella 
indefensión.
b)  Respecto de la segunda argumentación, distinta de la inicialmente adoptada, es 
ofrecida por el auto de 30 de mayo de 2018 para confirmar la precedente decisión de 
inadmitir el incidente. En la resolución del recurso de reposición el juzgado se limita a 
afirmar  que  han  sido  cumplidas  «escrupulosamente»  las  normas  procesales  (arts.  e.
682.2.2 y 683 LEC) relativas al requerimiento del ejecutado, lo que, de haber sido cierto,  w.b
heseastñbear ílaaa rrjegumustmoifsiec naat doco o nqtatuimneudbaaiécnni ó nse.al trisefcehcahzaos  dlea sl a enxuigliednacdi ainss tdaed at.u Steinla  edmebl arrgeocu, rtraemntpeo, coc ocmono   2020-4117n https://w
B)  Cierto es que el juzgado de Santoña, durante la tramitación del procedimiento de
ejecución hipotecaria, actuó con toda la diligencia procesal que le era legalmente exigible
(citados  arts.  682.2.2  y  683  LEC)  para  intentar  cumplimentar  de  modo  efectivo  la 
notificación en el domicilio del deudor ejecutado y hacer llegar a su conocimiento la 
existencia del proceso que se seguía contra el mismo. Como queda reflejado en los 
antecedentes, el órgano judicial intentó llevar a efecto el acto de comunicación en el 
domicilio de la localidad de Ajo que figuraba en las escrituras de subrogación del 
préstamo hipotecario suscrito. Posteriormente, lo trató de hacer en otro domicilio de 
Sevilla, que había facilitado la entidad bancaria acreedora en su demanda. Y, por último, 
lo intentó nuevamente en el de la localidad de Mairena del Aljarafe (Sevilla), que había 
obtenido a través del punto neutro judicial, sin que en ninguna de las tres ocasiones 
hubiera llegado a practicar de modo efectivo la notificación personal.
Sin embargo, finalizado ya el procedimiento de ejecución y adjudicadas a la entidad 
acreedora las fincas previamente subastadas, el ahora demandante de amparo aportó 
una  documentación  adjunta  al  escrito  de  promoción  del  incidente  de  nulidad  que 
acreditaba la existencia paralela de otro procedimiento declarativo, seguido ante un 
juzgado de lo mercantil de Sevilla, por el que el actor reclamaba la nulidad, por abusivas, 
de determinadas cláusulas contenidas en los contratos subrogados de préstamo que 
aquel había suscrito con la misma entidad bancaria acreedora, en los que la garantía 
hipotecaria pesaba sobre las mismas fincas que le fueron adjudicadas a la mercantil 
acreedora en el proceso de ejecución del que trae causa este de amparo.
En  la  citada  documentación  el  señor  Peraita  Lechosa  aportó  una  copia  de  la 
demanda iniciadora del procedimiento declarativo seguido en Sevilla, en la que constaba 
su domicilio efectivo, sito en aquella capital y al que nunca se había dirigido el juzgado 
de Santoña para notificarle las actuaciones del proceso de ejecución que se seguía 
contra el mismo.
Ciertamente, hasta aquel momento, en que se puso de manifiesto por el actor la 
existencia de su verdadero domicilio, no consta en las actuaciones que el juzgado de 
Santoña tuviera conocimiento efectivo de aquel, pese a que, de aquella existencia, 
necesariamente tenía que tener constancia la entidad Caja España acreedora, pues, con 
anterioridad a la presentación de su demanda de ejecución contra el señor Peraita 
Lechosa,  que  lo  fue  el  día  3  de  junio  de  2015,  este,  en  fecha  muy  anterior, 
concretamente el día 26 de septiembre de 2014, había ya formalizado su demanda 
contra la entidad acreedora de referencia ante los juzgados de lo mercantil de Sevilla. 
Además, a partir de los días 31 de julio y 23 de octubre de 2015, el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Sevilla había acordado, respectivamente, la admisión a trámite de 
aquella demanda y tener por parte personada en calidad de demandada a la entidad 
Caja España, con lo que necesariamente tenía que haber llegado a su conocimiento la 
demanda que había formalizado el señor Peraita Lechosa contra la misma, pues allí 
figuraba su actual domicilio. En aquellas fechas, el procedimiento de ejecución, aunque 
iniciado, todavía no había llegado a la subasta de los inmuebles.
En consecuencia, el juzgado de Santoña, en el incidente de nulidad de actuaciones, 
dispuso de la documentación que le había aportado el deudor ejecutado para percatarse 
de  que  las  diligencias  de  notificación  no  habían  sido  practicadas  en  su  verdadero 
domicilio.  Además,  tampoco  consta  en  las  actuaciones  que,  hasta  el  momento  de 
presentar  el  incidente  de  nulidad,  el  ejecutado  hubiera  conocido,  judicial  o 
extrajudicialmente, la existencia del procedimiento de ejecución seguido contra el mismo, 
sin que, a estos efectos, pueda acogerse el argumento de la entidad Unicaja de que, 
forzosamente, el señor Peraita Lechosa tenía que saber que aquella había iniciado un 
proceso de ejecución hipotecaria contra él por el impago de los préstamos contraídos,  s
pues, que este tuviera conocimiento cierto de que no estaba abonando los diferentes  oe.
plazos de los préstamos y que, por tanto, la mercantil acreedora podía, en cualquier  w.
ecmoso nmocceoinsmatoi e, ndintisoict idinaetra   scuoa n etqrxauis eete l ndmciciiashm,o n oi p utranom cpeprdooiccmoei sedone tjolu  mdsiocemia leh dnuetbo i erdereacl  aaymqaua ecilin óiincni iacpdiooor,   aqyqu uene eol s im tluopv aiqeguroae,    2020-4117n https://w
ahora constituye el objeto de nuestro enjuiciamiento.
A través del incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, el juzgado debería 
haber  valorado  aquella  documentación  y  comprobado  si  el  actor  había  sufrido 
indefensión al no haber podido personarse en las actuaciones al tiempo en que el órgano 
judicial dictó el auto de 3 de julio de 2015 requiriéndole de pago.
El motivo de amparo por denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, generadora de indefensión debe ser estimado y el amparo otorgado.
6.  Alcance del amparo.
En lo que respecta al alcance del amparo, deberá este comportar la declaración de 
nulidad de la providencia y del auto impugnado, debiendo retrotraerse las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior al de la resolución del incidente de nulidad promovido 
por el actor, pues fue en dicho momento procesal en el que le fue causada la indefensión 
que aprecia este Tribunal.
Sin embargo, a diferencia de lo resuelto en otros procesos anteriores (STC 83/2018, 
de 16 de julio), el alcance del amparo no podrá extenderse a todo el proceso de 
ejecución hipotecaria, toda vez que, hasta la promoción del incidente de nulidad, el 
órgano judicial actuó con la diligencia procesal que le era exigible en la averiguación del 
domicilio del ejecutado, para, de ese modo, notificarle la existencia del procedimiento. 
Tan solo, a partir del momento en que la representación del actor le expresó cuál era su 
dirección,  acreditándolo  con  la  documentación  que  había  adjuntado  al  escrito  del 
incidente, es cuando el órgano judicial debería haber tutelado los derechos del ejecutado 
y, a través del incidente de nulidad, haber acordado lo procedente, a la vista de las 
alegaciones presentadas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Fernando Peraita 
Lechosa y, en consecuencia, procede:
1.º  Declarar que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º  Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia 
de 17 de abril de 2018 y del auto de 30 de mayo de 2018, dictados por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Santoña y recaídos en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria núm. 433-2015, así como de todo lo actuado a partir del escrito de 
promoción del incidente de nulidad de actuaciones, presentado por la representación del 
demandante.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  posterior  al  de  la 
presentación del citado escrito de promoción del incidente para que sea resuelto por el 
órgano judicial de modo respetuoso con el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva invocado.
4.º  Desestimar el recurso en todo lo demás. oe.
PDuabdlaíq ueens eM easdtraid s, ean tevneciniati ceuna etrlo « Bdoel efteínb rOerfoic iadle d edlo Es stmadil ov»e.inte.–Encarnación Roca  2020-4117n https://w
TTrríeavsij.a–nFoe rSnaánndchoe zV.–aAldnétso niDo aNl-aRrévá.–eJzu aRno drAígnutoenzi.o– RXiciaorl doR Eíonsr.í–qPueedzr oS anJcohsoé. –FGiormnzaádloe zy-
rubricado.