BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Viernes 4 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 68356
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9316 Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador  mercantil  y  de  bienes  muebles  IX  de  Barcelona  a  inscribir 
determinadas cláusulas de los estatutos sociales de una entidad.
En el recurso interpuesto por don B. J. G. L., como administrador único de la 
sociedad «Inversiones Iris Grupo Jara, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil 
y de Bienes Muebles IX de Barcelona, don Luis Miguel de Sanmillán Farnós, a inscribir 
determinadas cláusulas de los estatutos sociales de dicha entidad.
Hechos
I
Mediante escritura autorizada el día 17 de diciembre de 2020 por el notario de 
Barcelona,  don  Camilo  José  Sexto  Presas,  con  el  número  3.158  de  protocolo,  se 
elevaron  a  público  los  acuerdos  adoptados  por  unanimidad  en  junta  general, 
extraordinaria y universal de la sociedad «Inversiones Iris Grupo Jara, S.L.», el día 3 de 
diciembre de 2020, por los que se modificaban los estatutos sociales, de modo que los 
artículos 9 y 21 de éstos quedan redactados, en lo que en este expediente interesa, de la 
forma siguiente:
«Artículo  9.  Limitaciones  a  la  transmisión  de  las  participaciones  sociales:  La 
transmisión de participaciones sociales quedará sometida a las siguientes normas:
1.  Transmisión  voluntaria  inter  vivos:  En  todo  caso  será  totalmente  libre  la 
transmisión voluntaria de participaciones por actos inter-vivos, a favor de cualquier otro 
socio, o de quien ostente el carácter de cónyuge, ascendiente o descendiente del 
transmitente o sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.
En  cualquier  otro  caso,  la  transmisión  voluntaria  inter-vivos  de  participaciones 
sociales se regirá por las siguientes reglas:
a)  El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá 
comunicarlo  por  escrito  a  los  administradores,  haciendo  constar  el  número  y 
características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente 
y el precio y demás condiciones de la transmisión.
b)  La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se 
expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden 
del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley.
c)  La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, 
por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la 
totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al transmitente 
si  concurrió  a  la  junta  general  donde  se  adoptaron  dichos  acuerdos.  Los  socios  s
concurrentes a la junta general tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los  oe.
socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre  w.
taoddqouCsiu reealnlnotdesos a  d npeor o lasrr eatoatat ap dloidesa isbdul ed p eac orlatmisc iuppnaaiccrtiaiócrni p leaan cii doeenl nectasid,p ailtada  lj udsnoetc aui agnl.eon oe ravla prioodsr ás oaccioorsd aor  tqeurece sreoas   2021-9316n https://ww
la  propia  sociedad  la  que  adquiera  las  participaciones  que  ningún  socio  o  tercero
aceptado por la Junta quiera adquirir. Bc
d)  El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la 
operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. 
Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de 
transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una 
entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado.
En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la 
compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo 
por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se 
hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor 
razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, 
designado a tal efecto por los administradores de ésta.
En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se 
entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por el 
experto independiente nombrado por el registrador mercantil (…)
2.  Transmisión forzosa inter vivos:
La  transmisión  forzosa  inter  vivos  de  participaciones  sociales  se  regirá  por  las 
siguientes reglas:
a)  Notificado a la Sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o 
judicial de embargo de las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la 
sociedad  que  tuviera  como  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera 
desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la Sociedad, a través del órgano 
de  administración,  podrá  adquirir  la  totalidad  de  las  participaciones  embargadas, 
debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la 
notificación a la sociedad del procedimiento de embargo. En tal caso, podrá la Sociedad 
a través de su órgano de administración adquirirlas para sí misma siempre que se 
cumplan los requisitos legales de las participaciones en autocartera, o bien adquirirlas 
con el fin de amortizarlas en un acuerdo de reducción de capital.
b)  Si la Sociedad no hubiera ejercitado este derecho, el órgano de administración, 
en un plazo máximo de cinco días a contar desde el acuerdo por el que rehúse la 
adquisición en los términos anteriormente establecidos, o desde el vencimiento del plazo 
reseñado en el párrafo anterior, pondrá en conocimiento de todos los socios su derecho 
a adquirir las participaciones embargadas, quienes dispondrán de un plazo máximo de 
veinte días a contar desde la notificación efectuada por el órgano de administración para 
notificar a la sociedad el ejercicio de dicho derecho. Si todos o alguno de los socios 
comunican su intención de adquirir las citadas participaciones, éstas se adjudicarán en 
proporción  a  su  participación  en  el  capital  social  recalculado  sin  computar  las 
participaciones objeto de embargo ni, en su caso, las participaciones de los socios no 
interesados en la adquisición.
c)  En caso de adquisición de las participaciones sociales por la propia Sociedad o 
por  los  socios  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  los  párrafos  anteriores,  el  precio  de  la 
transmisión  se  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las  participaciones, 
entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance 
aprobado por la Junta.
d)  En caso de que ni la Sociedad ni ninguno de los socios ejercitasen su derecho 
de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes Estatutos en materia 
de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano  s
de administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta  oe.
circunstancia, a fin de que proceda a la adjudicación de las participaciones en los  w.
térm3in. osT rleagnaslmmiesinótne  pmreovritsisto sc.ausa:  La  adquisición  de  alguna  participación  social  por  2021-9316n https://ww
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adquirente ostentara la condición de socio, o fuere ascendiente o descendiente del 
causante (…)
En cualquier otro supuesto, los restantes socios y, en su defecto, la propia sociedad, 
gozarán  de  un  derecho  de  adquisición  de  las  participaciones  del  socio  fallecido, 
apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio, cuyo 
precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en esta ley para los 
casos de separación de socios y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la 
adquisición hereditaria (…)
Artículo  21.  Separación  y  exclusión  de  los  socios.  Los  socios  tendrán  derecho  a 
separarse de la sociedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 346 y siguientes 
de la Ley de Sociedades de Capital.
Serán causas de exclusión de la Sociedad las previstas por la Ley. Así mismo, será 
causa de exclusión de la Sociedad el inicio de un procedimiento administrativo o judicial 
que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total 
o parcial. No obstante, dicha exclusión deberá ser acordada por la Junta General. 
Iniciado  el  proceso  de  exclusión  de  la  Sociedad,  ésta  procederá  a  amortizar  las 
participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de 
su  contraprestación  corresponderá  con  el  valor  razonable  de  las  participaciones 
afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta».
II
Presentada el día 24 de diciembre de 2020 la referida escritura en el Registro 
Mercantil de Barcelona, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Empresario: "Inversiones Grupo Jara SL"
Documento: escritura otorgada el día 17/12/2020 ante el notario C. J. Sexto Presas 
número 3158 de protocolo.
Presentación: el documento que antecede ha sido presentado en fecha 24/12/2020 
causando  el  asiento  364  del  Diario  1343.  De  conformidad  con  el  artículo  55  del 
Reglamento del Registro Mercantil se considera como fecha de inscripción la del asiento 
de presentación:
Inscripción:  previo  examen  y  calificación  del  documento  por  el  Registrador  que 
subscribe, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 del Código de Comercio y 6 
del Reglamento del Registro Mercantil, en fecha 19 de enero de 2021, ha quedado 
inscrito parcialmente, con la excepción que se dirá, en el Tomo 32564, Folio 48, Hoja 
B215543, inscripción 6.
Suspendida la inscripción del apartado 2.º del artículo 9.º y el artículo 21.º de los 
estatutos sociales, conforme a los siguientes:
Hechos:
Se modifican en el título los artículos 9.2 (Limitaciones a la transmisión forzosa inter 
vivos de las participaciones sociales) y 21 (Separación y exclusión de los socios) que, en 
aras a la brevedad, se dan aquí por reproducidos, estableciendo en ambos supuestos  e
que el precio o valor se corresponderá con el valor razonable de las participaciones,  bo
entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance  16ww
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Fundamentos de Derecho
La previsión estatutaria que regula el derecho de la sociedad y de los socios a evitar 
el ingreso de nuevos miembros mediante el abono del valor de las participaciones, no es 
incompatible con las normas de procedimiento, como resulta de los artículos 635 L.e.c., 
28 y 109 L.S.C. y  1255 C.c. Sin  embargo,  tal previsión no puede ser contraria o 
impeditiva del derecho del socio o de los acreedores a obtener el verdadero valor de las 
participaciones. La adquisición por un valor inferior al real, implica un enriquecimiento 
injusto en favor de quien haya ejercido el derecho de adquisición preferente o de la 
sociedad. En este sentido el art.º 123.6 R.R.M impide la inscripción en el Registro de las 
restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones.
Las cláusulas estatutarias de tal preemtio [sic] han de garantizar en todo caso la 
objetividad  y  adecuación  al  valor  real  de  la  participación  que  debe  transmitirse 
forzosamente.
La anterior tesis tiene su apoyo en los siguientes argumentos:
I.  Divergencia entre valor real y valor contable.
Si el valor de una entidad mercantil es igual a la suma del valor de sus activos y 
estos se contabilizan por su valor de mercado, existe una coincidencia entre el valor el 
real y el valor contable. No obstante, las incertidumbres a que está sometida la actividad 
de la toda entidad mercantil, explican que, con el paso del tiempo, el valor contable y el 
valor de mercado diverjan. En definitiva, el valor contable del último balance es una foto 
fija que, por la propia dinámica del mercado, no coincide con el valor real.
II.  Cálculo del valor razonable.
Como  establece  la  R.D.G.R.N.  de  15  de  noviembre  de  2016,  en  las  cláusulas 
estatutarias que atribuyen un derecho de adquisición preferente a los socios o a la 
sociedad, deben rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de 
modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad, en 
tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta General.
Es necesario, pues, acudir a un sistema que reúna o regule el método de cálculo 
bajo esos dos criterios de imparcialidad y objetividad.
En este sentido, el valor razonable es igual al valor de mercado, pero, al no existir 
propiamente un mercado de participaciones sociales, dicho valor debe determinarse por 
aproximación, según las normas contables. Así, la Norma Internacional de Información 
Financiera 13, define el valor razonable y los modos o técnicas de la valoración. Con 
arreglo  a  la  misma,  para  aquellos  elementos  respecto  de  los  cuales  no  exista  un 
mercado activo, el valor razonable se obtendrá, en su caso, mediante la aplicación de 
modelos y técnicas de valoración, entre los que se incluyen el empleo de referencias a 
transacciones  recientes  en  condiciones  de  independencia  mutua  entre  partes 
interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias 
al  valor  razonable  de  otros  activos  que  sean  sustancialmente  iguales,  métodos  de 
descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados 
para valorar opciones.
Con la finalidad de armonización internacional en materia contable, en base a la 
normativa  de  la  Unión  Europea,  esta  norma  ha  sido  recogida  por  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. e.e
Es claro, como reconocen las Resoluciones D.G.R.N. de 15 de noviembre de 2016  b
y 27 de febrero de 2020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que  16ww
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autonomía de los particulares, como señala el artículo 1255 C.c., no puede exceder del
marco legal, por lo que, en sede de valoración no puede alterarse o modificarse el 
concepto de valor razonable y los métodos de su cálculo establecidos por la norma antes 
citada.
En este sentido, serían de aplicación las Normas Técnicas de Auditoría establecidas 
en Resolución de 3 de enero de 1991 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC).
En consecuencia, una norma estatutaria como la que es objeto de esta calificación, 
no sería suficiente para enervar la conditio derivada del enriquecimiento injusto o sin 
causa en favor de los restantes socios o de la sociedad, cuando el valor contable sea 
inferior al valor razonable.
Así, la STS de 10 de marzo de 1986 admite la revisión judicial de la valoración 
cuando no se tiene en cuenta el valor de mercado (valor cotizado) o el mercado de 
referencia  no  está  suficientemente  activo;  cuando  se  fija  en  función  que  del  valor 
meramente contable, sin perjuicio de que el valor patrimonial contable valga como 
criterio de contraste o como suelo de aplicación de otros métodos.
III.  El valor no puede ser fijado unilateralmente por la sociedad.
En cuantas ocasiones contempla nuestro ordenamiento la hipótesis de transmisión 
de un derecho sin necesidad del concurso de la voluntad del transmitente, articula 
diferentes procedimientos o garantías a fin de que quien se va a ver privado de su 
derecho perciba el valor real de su derecho. En este sentido, sin ánimo de exhaustividad, 
los  artículos  24  y  siguientes  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa,  que  regulan  el 
justiprecio; los artículos 637 y siguientes y 682.2 L.e.c., en cuanto determinan, como 
trámite previo a la subasta, la valoración del bien por peritos tasadores, salvo que 
ejecutante y ejecutado se han puesto de acuerdo sobre el valor y, en concreto, con 
relación a la materia que nos ocupa, los artículos 107, 109 y 353 L.S.C. Por su parte el 
C.c., en su art.º 1448 establece criterios objetivos a los que pueden remitirse las partes 
para la fijación del precio cierto, por referencia al que tuvieren los bienes en determinado 
día en bolsa, feria o mercado y, finalmente, sujeta la actuación de árbitros o amigables 
componedores a criterios objetivos de reparto, como sucede en los artículos 402 y 1690. 
Todos los supuestos citados están amparados en el art.º 33 C.E.
En esta línea, las RR.D.G.R.N. de 15 de noviembre de 1991 y 7 de junio de 1994 que 
el derecho de la sociedad y los socios a impedir la entrada de nuevos socios no 
deseados,  no  puede  producirse  en  detrimento  del  derecho  del  socio  que  pretende 
desprenderse de su condición, a obtener el valor real de su participación social. Son 
rechazables todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e 
inequívoco a las exigencias de imparcialidad y objetividad. Afirman estas Resoluciones 
que el cometido de fijar el precio al que ha de sujetarse el ejercicio del tanteo, aunque 
deba hacerlo conforme a balance, no satisface dichas exigencias.
IV.  Posición de la jurisprudencia y de la Dirección General
La STS 29 de mayo de 2012, resume de forma certera la doctrina en esta materia al 
afirmar  que  "ha  de  tenerse  en  cuenta  que  las  restricciones  estatutarias  a  la  libre 
transmisibilidad de las acciones deben respetar las exigencias imperativas del principio 
de ejecución forzosa (régimen de la responsabilidad patrimonial universal -cfr. art. 1911 
CC-), y por ello no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la sociedad 
sustituir el precio ya obtenido por otro inferior previsto en los estatutos, de modo que en 
detrimento de los acreedores ejecutantes, quede en beneficio injustificado de los socios  e.
parte de valor de los bienes que responden de la deuda ejecutada; como tampoco cabe,  w.
sin norma especial que imponga otra cosa, que el ejercicio del derecho de retracto pueda  16ww
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se pretende, pues ni puede decirse que sea plenamente respetuosa con la seriedad que 
debe  rodear  a  las  enajenaciones  forzosas;  ni  con  el  principio  de  responsabilidad 
patrimonial universal, ya que no garantiza al acreedor la realización del íntegro valor en 
cambio de las acciones por ejecutar (que puede ser superior al valor potencial de las 
mismas determinado según el procedimiento estatutario que se cuestiona), tampoco 
asegura la indemnidad patrimonial del accionista cuyo derecho se ejecuta en caso de 
que se ejercite ese derecho de adquisición preferente, ni, en fin, impide a sus consocios 
y demás titulares de este derecho colocarse en una posición ventajosa frente a los 
demás postores a la hora de la subasta."
En el mismo sentido las STS de 10 de marzo de 1986, 18 de mayo y 2 de noviembre 
de 2012 y 18 de febrero de 2014 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 
de diciembre de 2017, entre otras.
Es cierto que R. D.G.R.N. de 20 de agosto de 1993 admitió la inscripción de la 
cláusula estatutaria según la cual, para el supuesto de que se ejercite el derecho de 
adquisición preferente que se atribuye a la sociedad y a los accionistas, en caso de que 
alguno pretenda enajenar sus acciones, el precio de éstas no puede ser menor al 
correspondiente al valor teórico contable que resulte del último balance consolidado, 
pues más que fijar el precio por el que se podrá ejercitar el derecho de adquisición 
preferente, previene únicamente un límite mínimo a dicho precio.
En general, la doctrina de la Dirección General siempre admitió la inscripción de la 
cláusula estatutaria que determina que el valor mínimo en caso de transmisión de las 
participaciones no puede ser inferior al valor técnico contable. Así, además de la ya 
citada, las RR. D.G.R.N. de 6 de junio de 1990, 9 de octubre de 1992, 23 de febrero 
de 1993, 7 y 30 de junio de 1994, 9 de enero y 2 de febrero de 1995, entre otras, 
admiten la inscripción de una cláusula estatutaria que establece en favor de los socios 
un derecho de adquisición preferente para el caso de que uno de ellos proyecte la 
enajenación por cualquier título inter vivos, incluso tratándose de ventas judiciales o 
administrativas,  pero  es  requisito  indispensable  que  el  ejercicio  de  tal  derecho  de 
adquisición preferente se efectúe por un precio que alcance el valor real de las acciones.
En línea con la actual redacción del art.º 109.3, la Resolución de 2 de diciembre 
de 1991 señala que deben respetarse la [sic] exigencias imperativas del principio de 
ejecución forzosa, por lo que no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la 
sociedad  la  sustitución  del  precio  ya  obtenido  por  otro  inferior  en  perjuicio  de  los 
acreedores ejecutantes o del rematante. De igual modo, a tenor de la Resolución de 
octubre de 1993, no puede dejarse al arbitrio de los demás socios o de la sociedad la 
sustitución del precio ya obtenido en la subasta por otro inferior previsto en los estatutos, 
en perjuicio del ejecutante, como tampoco cabe que el ejercicio del derecho de retracto 
pueda significar perjuicio para el rematante, como previenen las Resoluciones de 9 de 
abril de 1990 y 2 de diciembre de 1991.
En Resolución de 4 de mayo de 2005, entendió que aunque el artículo 188 del 
Reglamento del Registro Mercantil en relación con las participaciones de sociedades de 
responsabilidad limitada no recoja una prohibición como la que se establece en el 
artículo 123.6, debe respetarse el «principio de responder o buscar el valor real o el 
‘valor razonable’" y, por tanto, la doctrina de Resoluciones como las de 7 de junio 
de 1994 o 30 de marzo de 1999 según las cuales «el valor resultante del balance no 
puede  equipararse  al  valor  real,  ni  hoy  día  al  valor  razonable,  por  cuanto  la 
contabilización  en  el  balance  está  sujeto  a  una  serie  de  principios,  tales  como  la 
prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de comercio no  s
adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de comercio), o la obligación de  oe.
hacerlo  con  otros  elementos  esenciales  del  activo  por  el  precio  de  adquisición  w.
(artículo 38.1,f), y en general el de prudencia que si impide la inclusión de beneficios  16ww
p(aortte. n3c8i.a1le,cs)  yo qbuligea s i as onh alócgeircloo s ceonn  culaasn top éar doitdroass  fiyn esri edseg oinst erqéuse p útebnlicgoa,n e nta el spceacráiaclt elar 
protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de proteger el derecho del
socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se fija en atención de los 
datos contables».
Los defectos consignados tienen carácter subsanable.
Contra la presente calificación puede (…)
Barcelona, a 19 de enero de 2021.–El Registrador (firma ilegible y sello del Registro 
con el nombre y apellidos del registrador)».
III
Contra la anterior nota de calificación, don B. J. G. L., como administrador único de la 
sociedad «Inversiones Iris Grupo Jara, S.L.», interpuso recurso el día 18 de febrero 
de 2021 mediante escrito en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
«Primero.  El  Registrador  considera,  en  primer  lugar,  que  de  acuerdo  con  la 
Resolución de la DGRN de 15 de noviembre de 2016, establecer como valor de la 
participación el valor razonable, entendido como el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta, se trata de un sistema de tasación que debe rechazarse 
al no responder de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad 
y objetividad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la 
Junta General. Además, afirma que la norma estatutaria objeto de la presente no sería 
suficiente para enervar la conditio derivada del enriquecimiento injusto o sin causa a 
favor de los restantes socios o de la sociedad, cuando el valor contable sea inferior al 
valor razonable.
Pero, esta parte, quiere recalcar que la Resolución de la DGRN de 15 de noviembre 
de 2016, mencionada por el Registrador, no afirma lo anterior, sino que, muy al contrario, 
admite la inscripción de la cláusula estatutaria que establece como valor razonable el 
valor contable resultante del último balance de la Junta General. Y, más recientemente, 
la Resolución de la DGRN de 9 de mayo de 2019, ha admitido también la inscripción de 
las cláusulas estatutarias que establecen como valor razonable el valor contable del 
último balance de la Junta General en sede de transmisión forzosa y de exclusión del 
socio, cláusulas que han sido reproducidas en nuestro caso de forma idéntica y, por el 
contrario,  el  Registrador  ha  inadmitido  su  inscripción.  Por  tanto,  no  solo  ambas 
Resoluciones admiten el sistema de tasación objeto de la presente, consistente en 
establecer como valor razonable el valor contable, sino que, además, la Resolución de 9 
de mayo de 2019, admite la inscripción de las cláusulas estatutarias que ha pretendido 
inscribir de forma idéntica esta parte.
La Resolución de la DGRN 9 de mayo de 2019, en remisión a la Resolución de la 
DGRN de 15 de noviembre de 2016, admitió las cláusulas estatutarias objeto de la 
presente, admitiendo el método de valoración de las participaciones comentado, con 
base a los siguientes motivos:
«No existe ninguna limitación legal que prohíba pactar como precio o valor de las 
participaciones el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta 
General. Es cierto que, respecto de la transmisión de acciones, el artículo 123.6 del 
Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en tal Registro 
las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las 
acciones. Y esta Dirección General, en la Resolución de 4 de mayo de 2005, entendió 
que, aunque el artículo 188 del Reglamento del Registro Mercantil en relación con las  e.
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada no recoja una prohibición  w.b
como la que se establece en el artículo 123.6, debe respetarse el principio de responder  16ww
o buDsecabre  eal dvamloitrir sreea ll ao  veal lvidaelozr  rdaez olan acblláeu.sula estatutaria siempre que, por asegurar al
laec ccoionnvisietart ala e rna uzonnaa sbulee rpteo sdieb iplidriasido ndeer otr adnes smuisti rt ístuulso sa.cciones. no pueda entenderse que
Asimismo, en Resolución de 2 de noviembre de 2010, este Centro Directivo ha 
admitido la inscripción de cláusulas de valoración de participaciones sociales de las 
mismas cuando no coincida dicho valor con el valor razonable determinado por auditor 
de cuentas, por entender que no rebasan los límites generales de la autonomía de la 
voluntad y que su acceso al Registro Mercantil tiene apoyo claro en la norma del 
artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil siempre que no perturben la 
realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que sea 
prácticamente insalvable.»
De  acuerdo  con  este  razonamiento,  las  Resoluciones  reseñadas  admiten  la 
inscripción de las cláusulas estatutarias que establecen el método de tasación de las 
participaciones comentado al concluir que «una cláusula como la que es objeto de la 
presente no puede reputarse como prohibición Indirecta de disponer, pues no impide ex 
ante y objetivamente obtener el valor razonable, o un valor que será más o menos 
próximo a aquel según las circunstancias y resultados de la sociedad. Por ello, no puede 
afirmarse que la cláusula debatida tenga objetivamente carácter expropiatorio o sea 
leonina  para  el  socio  transmitente,  y,  aun  cuando  en  el  momento  de  realizar  la 
transmisión el valor contable fuera inferior al valor razonable, tampoco puede afirmarse 
que comporte enriquecimiento injusto o sin causa a favor de los restantes socios o de la 
sociedad, en tanto que responde a lo pactado y aceptado previamente por todos los 
socios» (…)
Segundo.  La calificación impugnada en este caso se remite a las Resoluciones de 
la DGRN de 15 de noviembre de 1991 y 7 de Junio de 1994 para afirmar que el derecho 
de la sociedad y los socios a impedir la entrada de nuevos socios no deseados no puede 
producirse  en  detrimento  del  derecho  del  socio  que  pretende  desprenderse  de  su 
condición, a obtener el valor real de su participación, considerando que la Junta ha fijado 
el valor de forma unilateral.
Por lo contrario, esta parte, ve necesario traer a colación de nuevo la Resolución de 
la DGRN de 9 de mayo de 2019, más reciente que las mencionadas por el Registrador, 
donde se admiten las cláusulas estatutarias objeto del presente recurso tras entender 
que la cláusula objeto de la presenta [sic] se pacta en el marco de la autonomía de la 
voluntad,  no  siendo,  por  tanto,  fijada  de  forma  unilateral  por  la  Junta  General. 
Concretamente, dicha Resolución dice:
«Admitidos  los  privilegios  respecto  de  los  derechos  económicos  de  las 
participaciones  sociales,  en  el  reparto  de  las  ganancias  sociales  y  en  la  cuota  de 
liquidación del socio, deben admitirse también cláusulas como la que es objeto de la 
presente, en el marco de la autonomía privada, con los límites generales derivados de la 
prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros. Tales cláusulas no hacen más 
que delimitar el contenido económico del derecho del socio a percibir el valor de sus 
participaciones en caso de transmisión voluntaria».
Además, la Resolución referenciada en el párrafo anterior profundiza todavía más y 
hace referencia a los casos en los que se establece como valor razonable el valor 
contable en sede de transmisión forzosa o exclusión de los socios, como el caso que nos 
ocupa, y afirma que:
«Debe  tenerse  en  cuenta  que,  respecto  del  régimen  de  transmisión  de 
participaciones sociales en caso de procedimiento administrativo o judicial de embargo, 
el artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital establece la suspensión del remate y 
de la adjudicación de las participaciones sociales embargadas y el derecho de los socios  e
y, en su defecto de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante (...). bo
Pero este régimen legal no impide que, con base en el principio de autonomía de la  16ww
evostluanbtleacdi,d opsu eedna nlo sp reesvteantuirtsoes  oebnj elotos  dees tlaat uctaolsif icsaoccióianle ism psiusgtenmadaas  qaultee,r neant ivcoass oc doem oin ilcoios 
daed juudnic parcoiócne daim qiueen tsoe d ree fieemreb aerl gcoit a-deon  aurntíac uflaos e1 0a9n dteer iloar  Lae yla d seu Sspoecinesdióand edse dl er eCmaaptieta ol- 
atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir las participaciones por su
valor razonable, con la previsión añadida de que, en defecto de ejercicio de tal derecho 
de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio afectado por 
el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente 
amortización de las participaciones del socio afectado por la exclusión».
De este modo, en un caso como el presente, «ejercitado el derecho de adquisición o 
excluido el socio cuyas participaciones están afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, el precio de la transmisión o la cuota de liquidación del socio excluido 
sustituye a las participaciones sociales cuyo embargo se pretendía iniciar. Y. por ello, la 
calificación del registrador no puede confirmarse en cuanto, admitiendo como admite 
tanto  la  configuración  estatutaria  del  precio  derecho  de  adquisición  en  favor  de  la 
sociedad y los socios como la causa de exclusión del socio consistente en el inicio del 
procedimiento de embargo. no resulta aplicable la norma del artículo 109.3 de la Ley de 
Sociedades de Capital que, para el supuesto específico en ella contemplado, establece 
que la sociedad o los socios que se subroguen en lugar del rematante o, en su caso, del 
acreedor, deben consignar íntegramente el importe del remate o, en su caso, de la 
adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados».
En conclusión, habiendo sido admitido por la Dirección General del Registro y del 
Notariado [sic], en sus Resoluciones de 15 de noviembre de 2016 y de 9 de mayo 
de 2019, el sistema de tasación de las participaciones sociales consistente en establecer 
como valor razonable el valor contable de las mismas, ningún reparo podría oponerse a 
las cláusulas estatutarias modificadas en virtud de la Escritura Pública otorgada ante el 
Notario de Cataluña, Don Camilo-José Sexto Presas, con número de protocolo 3158, por 
la que se elevan a público los acuerdos sociales de la compañía Inversiones Iris Grupo 
Jara SL, cláusulas cuya redacción es idéntica a las cláusulas cuya inscripción fue 
admitida en la Resolución de la DGRN de 9 de mayo de 2019.
En virtud de todo lo expuesto,
A la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública solicito que se tenga por 
presentado este escrito, así como los documentos que al mismo se acompañan y 
teniendo por interpuesto recurso contra la Calificación negativa del Registrador Mercantil 
de  Barcelona  de  fecha  19  de  enero  de  2021,  se  acuerde  revocar  la  calificación 
impugnada y, como consecuencia de ello, se inscriban en el Registro Mercantil las 
cláusulas  estatutarias  cuya  inscripción  ha  sido  suspendida  por  la  Calificación 
impugnada».
IV
Mediante escrito, de fecha 24 de febrero de 2021, el registrador elevó el expediente, 
con su informe, a esta Dirección General.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 33 y 117 de la Constitución Española; 1 y 57 del Código de 
Comercio; 7, 348, 1255, 1256, 1258, 1281 a 1289, 1291, 1787, 1789 y 1911 del Código 
Civil; 23.f), 28, 73.2, 74.2 83, 93, 94, 96, 107, 108, 109, 123.2, 127, 132, 133, 148.a), 
159.1, 188, 190, 206.4, 275, 346, 351, 352, 353, 389 y 392.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital; 13 y 16 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; 15 y 16 
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles; 1, 551, 587, 621 y siguientes, 635, 637 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento  e.e
Civil; 74 y 75 de la Ley del Notariado; la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, de 10  b
de octubre, reguladora de la jurisdicción social; los artículos 123.6, 175.2.b), 186.6 y 188  16ww
pdoerl  Reelg laqmuee ntsoe  dealp Rrueegbisat roe lM  eRrecgalnatmil; e8n0to.6  dGeel nReeraall  Ddeec reRteoc 9a3u9d/a2c0ió0n5;,  d9e9 2 9d edle  jRuelioa,l 
RDeeccareutdoa 1c4ió1n5 /d2e0 0l4a,  Sdeeg 1u1ri ddaed  juSnoicoi,a lp; olra se l Sqeunet esnec iaasp rudeebl aT reibl uRneagl laSmupernetmo oG ednee 1ra0l  ddee 
marzo de 1986, 30 de septiembre de 1997, 3 de marzo de 2002, 15 de noviembre
de 2011, 18 y 29 de mayo y 2 de noviembre de 2012, 14 de marzo y 27 de mayo de 2013 
y 12 de noviembre de 2014; las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de 
julio de 2015 y 13 de diciembre de 2017; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 16 de mayo de 1989, 30 de marzo, 17 de mayo y 20 de 
agosto de 1993, 7 de junio de 1994, 30 de marzo y 8 y 28 de julio de 1999, 21 de marzo 
de 2001, 25 de septiembre, 15 de octubre y 1 de diciembre de 2003, 4 de mayo de 2005, 
2 de noviembre de 2010, 19 de agosto de 2011, 28 de enero de 2012, 23 de abril y 23 de 
julio de 2015, 15 de noviembre de 2016 y 9 y 23 de mayo de 2019, y las Resoluciones de 
la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 y 27 de febrero y 23 de 
noviembre de 2020.
1.  Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se elevaron a público 
los acuerdos adoptados por unanimidad en junta general universal de una sociedad de 
responsabilidad limitada en cuyos estatutos sociales se dispone que, notificado a la 
sociedad el inicio o apertura de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de 
las participaciones sociales frente a cualquiera de los socios de la sociedad que tuviera 
como  objeto  la  inmovilización  de  las  mismas  que  pudiera  desembocar  en  un 
procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, 
podrá  adquirir  la  totalidad  de  las  participaciones  embargadas,  debiendo  ejercitar  el 
derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación a la sociedad 
del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este derecho, todos los socios 
podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo máximo de veinte días. 
Además, se dispone que, en todos los casos anteriores, «el precio de la transmisión se 
corresponderá con el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por valor 
razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».
También se dispone que será causa de exclusión de la sociedad -que deberá ser 
acordada por la junta general- el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que 
acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total o 
parcial, debiendo proceder la sociedad «a amortizar las participaciones sociales del socio 
afectado  por  la  exclusión,  cuya  valoración  a  efectos  de  su  contraprestación 
corresponderá con el valor razonable de las participaciones afectadas, entendiéndose 
por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la 
Junta».
Es relevante el hecho de que para las transmisiones voluntarias por acto «inter 
vivos» y para las transmisiones «mortis causa», así como para la exclusión de socios por 
causas diferentes al inicio de procedimiento de embargo, se establece un sistema de 
valoración de las participaciones (valor razonable de terminado por auditor de cuentas) 
diferente al consistente en el valor contable.
Interesa  dejar  constancia  de  que  los  artículos  estatutarios  que  han  quedado 
transcritos -en lo relativo a la trasmisión forzosa «inter vivos» de participaciones y la 
exclusión del socio por inicio de procedimiento de embargo- son reproducción literal de 
los incorporados a la escritura pública que fue objeto del recurso resuelto, en el sentido 
de declararlos inscribibles, por este Centro Directivo mediante la Resolución de 23 de 
mayo  de  2019  (que,  a  su  vez,  coinciden  casi  en  su  totalidad  con  los  que  fueron 
examinados en la Resolución de 9 de mayo de 2019) y por las Resoluciones de 6 y 27 
de febrero de 2020.
El registrador resuelve no practicar la inscripción de dichas disposiciones por los 
argumentos  que  expone  por  extenso  en  la  calificación  transcrita  «supra».  Esas 
objeciones  se  basan  en  razones  no  fueron  desconocidas  en  las  mencionadas  s
Resoluciones  cuya  doctrina  debe  reiterarse  ahora,  con  las  matizaciones  que  se  oe.
expresarán. w.
2.  En relación con el derecho de adquisición preferente en caso de inicio o apertura  16ww
deest eu nC pernotcroe dDimireiecntitvoo a ednm liansis ctriatatidvaos o R juedsiocliuacl idoen eesm dbea r9g oy  d2e3  ldaes  mpaarytioc ipdaec 2io0n1e9s  ysao caifairlmesó, 
qsoucei adleebs ee tne ncearssoe  deen  pcruoecnetdai mquieen, troe sapdemcitnoi sdteral triévgoi mo ejund dicei atrl adnes memisbióanr gdoe,  peal ratirctiípcaucloio 1n0e9s   BOE-A-cable e
de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  establece  la  suspensión  del  remate  y  de  la 
adjudicación de las participaciones sociales embargadas y el derecho de los socios y, en 
su defecto -sólo si los estatutos le atribuyen en su favor el derecho de adquisición 
preferente-, de la sociedad, a subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del 
acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la 
consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor 
y de todos los gastos causados. Pero este régimen legal no impide que, con base en el 
principio de autonomía de la voluntad (cfr. artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital), puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los 
establecidos en los estatutos objeto de la calificación impugnada, que, en caso de inicio 
de un procedimiento de embargo -en una fase anterior a la suspensión del remate o 
adjudicación a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Sociedades de Capital- 
atribuye a la sociedad y a los socios el derecho de adquirir tales participaciones por su 
valor razonable (con la correlativa obligación del socio de transmitirlas -cfr. artículo 188.3 
del Reglamento de Registro Mercantil-), con la previsión añadida de que, en defecto de 
ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de 
excluir  al  socio  afectado  por  el  inicio  de  ese  procedimiento  de  embargo  de  las 
participaciones,  con  la  consiguiente  amortización  de  las  participaciones  del  socio 
afectado por la exclusión.
No puede desconocerse la peculiar naturaleza jurídica de la participación social en 
cuanto que no representa una realidad física económicamente autónoma, sino una 
completa posición social cuyo contenido y características vienen definidos por la norma 
estatutaria rectora de la vida y funcionamiento de la sociedad, de modo que siempre que 
dicha norma permanezca dentro de los cauces legales preestablecidos, a ella deberá 
estarse para resolver las incidencias que se planteen en su actuación y tráfico (y también 
a  la  hora  de  determinar  lo  que  debe  quedar  en  el  ámbito  propio  del  principio  de 
responsabilidad universal por las deudas con todos los bienes y derechos del obligado al 
pago, atendiendo a los diferentes intereses en juego).
Así lo puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 13 de octubre de 1998 
(reiterando el criterio de la Resolución de 6 de junio de 1990), según la cual, aunque es 
cierto que las normas procesales no tienen, en principio, carácter dispositivo y que no 
pueden alterarse por vía convencional los trámites del procedimiento de apremio, es 
también  cierto  que  no  puede  afirmarse  la  ejecutabilidad  incondicionada  de  la 
participación con menoscabo de su contenido jurídico específico; y añade que «del 
mismo modo que en las Sociedades personalistas la posición del socio colectivo, al ser 
intransmisible sin el conocimiento de los demás (artículo 143 del Código de Comercio), 
no resulta embargable por deudas particulares suyas, sino que la traba ha de contraerse 
a los beneficios y a la cuota de liquidación (artículo 174 del Código de Comercio), si bien 
el acreedor, por la vía subrogatoria, puede solicitar la disolución anticipada si la Sociedad 
se constituye por tiempo indefinido (artículo 224 del Código de Comercio), y la quiebra 
del socio colectivo provoca la disolución de la Sociedad (artículo 222.3. o del Código de 
Comercio), en las Sociedades de capital en las que al amparo de la previsión legal (vid. 
artículos 46 de la Ley de Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1951, y 20 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada) se estipule estatutariamente el derecho de 
la Sociedad y de los socios a evitar el ingreso de nuevos miembros mediante el abono 
del valor de las acciones o participaciones, tal previsión, en cuanto contribuye a definir el 
contenido jurídico de la posición social representada por la participación social, deberá 
tener las consiguientes repercusiones en el ámbito procedimental, de modo que su  s
respeto quede garantizado en el caso de ejecución de acciones por deudas del socio (sin  oe.
que pueda estimarse que en esos supuestos y dado el orden procesal vigente, el  w.
derecho de adquisición preferente haya de operar siempre «a posteriori», como derecho  16ww
jduerí dsuicbor ocgoamcpióanti beinliz eal  elul gdaerr edcehl oa ddjued aicdaqtuairsioic)i ópnu edse,  cpaorrá ucntear  pparertveio,  eclo mn ilsoms oc aosrdoes ndaem vieennttoa 
jauddqicuiiasli c-iaósní ,p oerl  eal rttiípcou lofij a1d.o6 4p0a rdae lla  Csuóbdaigsota C eivviitlá, npdooslieb iqliutae barla ndtuoe qñuoe ú letil  ooc aasli odniarerícato s,i  elal   BOE-A-cable e
tanteo cediese en favor del retracto y el remate lo fuera por un importe superior al tipo de 
salida; igualmente el artículo 592 del Código de Comercio-, y especialmente, aunque por 
razón temporal no sea aplicable al caso debatido, el propio artículo 31.2 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 y, por otra, no puede desconocerse el 
carácter  subordinado  del  ordenamiento  procesal  en  cuanto  ha  de  dar  cauces  de 
actuación judicial de los derechos sustantivos (…)».
La previsión estatutaria como la debatida en el presente caso, que establece el 
derecho de la sociedad y de los socios a evitar el ingreso de nuevos miembros mediante 
el abono del valor de las participaciones, contribuye a definir el contenido jurídico de la 
posición social representada por aquéllas, y no resulta incompatible con las normas 
procedimentales, cuyo carácter subordinado -en cuanto deben dar cauces de actuación 
de  los  derechos  sustantivos-  no  puede  desconocerse  (cfr.,  especialmente,  el 
artículo 635.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual -y para la fase propiamente 
de realización de bienes embargados-, si lo embargado fueren participaciones sociales, 
la  realización  se  hará  atendiendo  a  las  disposiciones  estatutarias  y  legales  sobre 
enajenación de participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente; 
vid., también, la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social -«en lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (…)»-; artículo 80.6 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación;  y  artículo  99  del  Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social). De este modo, en un caso como el presente, 
ejercitado el derecho de adquisición o excluido el socio cuyas participaciones están 
afectadas por el inicio de un procedimiento de embargo, el precio de la transmisión o la 
cuota de liquidación del socio excluido sustituye a las participaciones sociales cuyo 
embargo  se  pretendía  iniciar.  Como  indicó  la  citada  Resolución  de  13  de  octubre 
de  1998,  el  embargo  de  las  participaciones  sociales  se  contraerá  a  los  derechos 
económicos (a que se refiere el artículo 174 del Código de Comercio respecto del socio 
colectivo) que, en caso de ejercicio del derecho de adquisición por la sociedad o por los 
socios o en el supuesto de exclusión, recaerá sobre el derecho del socio deudor al valor 
de aquéllas (su valor razonable determinado en la forma pactada en los estatutos). Debe 
advertirse que, al gozar los estatutos de publicidad registral, el acreedor instante de la 
ejecución  tiene  conocimiento  del  verdadero  objeto  de  la  realización  por  la  vía  de 
apremio.
Así lo ha reiterado recientemente este Centro Directivo en Resolución de 23 de 
noviembre de 2020.
En  el  presente  caso  el  registrador  admite  en  su  calificación  que  la  previsión 
estatutaria que regula el derecho de la sociedad y de los socios a evitar el ingreso de 
nuevos miembros mediante el abono del valor de las participaciones no es incompatible 
con las normas de procedimiento, como resulta de los artículos 635 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, 28 y 109 de la Ley de Sociedades de Capital y 1255 del Código 
Civil; pero añade que, a su juicio, tal previsión no puede ser contraria o impeditiva del 
derecho  del  socio  o  de  los  acreedores  a  obtener  el  verdadero  valor  de  las 
participaciones; y que la adquisición por un valor inferior al real (como puede ser en 
ocasiones el valor contable) implica un enriquecimiento injusto en favor de quien haya 
ejercido el derecho de adquisición preferente o de la sociedad.
3.  Respecto de la forma de valoración de las participaciones del socio excluido 
deben  recordarse  las  consideraciones  de  este  Centro  Directivo  en  las  citadas  s
Resoluciones de 9 y 23 de mayo de 2019, confirmadas -como se ha expresado- en  oe.
Resoluciones de 6 y 27 de febrero de 2020. w.
En relación con el régimen de transmisión voluntaria de participaciones sociales por  16ww
adcet o1 5« indteer  nvoivvoies»m, bare  títduelo  2o0n1e6r,o saod mo itgióra t-ueinto , veías tad eD irpercinccióipnio Gs-e nlae rainl,s cernip cRióens olduec iólan 
pdrisepfeorseicnitóen q ueest ahtaubtaríraia d ep oerj elrac itqaurese s peo ra etrli bvuaílao r ar alzoosn asobcleio dse  ulans  dpearreticchipoa cdieo naedsq dueis cicuióyna   BOE-A-cable e
transmisión se tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado 
por la junta (o el precio comunicado a la sociedad por el socio comprador si fuera inferior 
a ese valor contable).
Según dicha Resolución, se puede afirmar que el valor razonable es el valor de 
mercado, sin bien, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales y -
salvo  en  el  caso  de  sociedades  abiertas-  tampoco  de  acciones,  dicho  valor  debe 
determinarse por aproximación, según la normativa contable. Conforme a la Primera 
Parte,  apartado  6.2,  del  Plan  General  de  Contabilidad  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, «valor razonable es el importe por el que puede 
ser  intercambiado  un  activo  o  liquidado  un  pasivo,  entre  partes  interesadas  y 
debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua». Y la Norma Técnica de elaboración del informe especial del auditor de cuentas 
para  estos  casos  publicada  mediante  Resolución  de  23  de  octubre  de  1991,  del 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere a algunos 
métodos de valoración dinámicos que se consideran más adecuados respecto de las 
acciones de una sociedad que sigue en marcha, con criterios de flexibilidad, pues según 
reconoce dicha Norma «sólo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables». 
Por ello, generalmente, el valor contable no será equivalente al valor razonable o de 
mercado de las participaciones sociales.
El régimen de transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos «inter 
vivos» únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los 
principios configuradores del tipo social elegido (artículo 28 de la Ley de Sociedades de 
Capital) así como a las limitaciones específicas establecidas en el artículo 108 de la 
misma ley.
Entre tales limitaciones legales no existe ninguna que prohíba pactar como precio o 
valor de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente el valor contable 
que resulte del último balance aprobado por la junta general.
Es  cierto  que,  respecto  de  la  transmisión  de  acciones,  el  artículo  123.6  del 
Reglamento del Registro Mercantil establece que no podrán inscribirse en tal Registro 
«las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las 
acciones». Y esta Dirección General, en la Resolución de 4 de mayo de 2005, entendió 
que aunque el artículo 188 del Reglamento del Registro Mercantil en relación con las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada no recoja una prohibición 
como  la  que  se  establece  en  el  artículo  123.6,  debe  respetarse  el  «principio  de 
responder o buscar el valor real o el «valor razonable»» y, por tanto, la doctrina de 
Resoluciones como las de 7 de junio de 1994 o 30 de marzo de 1999 según las cuales 
«el valor resultante del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día al valor 
razonable,  por  cuanto  la  contabilización  en  el  balance  está  sujeto  a  una  serie  de 
principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser 
el fondo de comercio no adquirido a título oneroso (cfr. artículo 39.6 del Código de 
comercio), o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el 
precio de adquisición (artículo 38.1, f), y en general el de prudencia que si impide la 
inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y riesgos que 
tengan tal carácter (art. 38.1, c) y que si son lógicos en cuanto a otros fines de interés 
público, en especial la protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de 
proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se 
fija en atención de los datos contables». En la citada Resolución de 2005, ese Centro 
Directivo pone de relieve que otra solución implicaría para el socio una prohibición  s
indirecta de disponer sin las garantías establecidas en la Ley (vigente artículo 108.3 de la  oe.
Ley de Sociedades de Capital) o la atribución de los demás socios de la facultad de  w.
obtener  un  enriquecimiento  injusto  o  sin  causa,  contrario  a  uno  de  los  principios  16ww
geneSrianl edsu qduae,  inefsotrams anc onnuseidsetrroa coirodneensa mdieebneton  juvraídloicroa.rse  para  determinar  si  es  o  no
idnesrcercibhiob led ed eatdeqrumisinicaidóan  cplráeufesruelan teso. bPreer oe,l  speregcúino  pou vsaol odre d ree lliaesv ep aersttieci pCaecniotrnoe Ds iorebcjetitvoo  deenl   BOE-A-cable e
la  citada  Resolución  de  15  de  noviembre  de  2016,  no  pueden  considerarse 
determinantes para impedir la inscripción de una cláusula estatutaria según la cual, en 
caso de transmisión voluntaria de participaciones sociales por acto «inter vivos», el valor 
razonable para ejercitar el derecho de adquisición preferente coincidirá con el valor 
contable que resulte del último balance aprobado por la junta. Este mismo Centro 
Directivo ha entendido que los «límites dentro de los cuales han de quedar encuadradas 
las  restricciones  estatutarias  a  la  transmisibilidad  de  las  acciones  cobran  especial 
importancia respecto de la fijación del precio que los titulares del derecho de adquisición 
preferente en que tales restricciones se traduzcan habrán de satisfacer en caso de 
discrepancia sobre tal importe con el accionista afectado. En este extremo, según el 
criterio  de  esta  Dirección  General  (cfr.,  por  todas,  la  Resolución  de  20  de  marzo 
de 2001), debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por asegurar 
al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse 
que le convierta en una suerte de «prisionero de sus títulos». Así, una cláusula que por 
el sistema de fijación de dicho precio impida, prima facie, al accionista obtener el valor 
razonable de las acciones ha de reputarse nula conforme al artículo 63.2 de la Ley de 
Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 123.2 de la Ley de Sociedades de Capital) 
en tanto en cuanto haga prácticamente intransmisible la acción. Éste es el sentido que, 
en consideración a su rango normativo, debe darse a la norma del artículo 123.6 del 
Reglamento del Registro Mercantil y, por ende, no pueden proscribir los pactos que, 
amparados en la autonomía de la voluntad de los socios, no contradigan el mencionado 
precepto legal» (Resolución de 1 de diciembre de 2003).
Asimismo, en Resolución de 2 de noviembre de 2010, este mismo Centro Directivo 
ha admitido la inscripción de cláusulas de valoración de participaciones sociales para el 
caso de transmisión voluntaria por acto «inter vivos» de las mismas aun cuando no 
coincida dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de cuentas, por 
entender que no rebasan los límites generales de la autonomía de la voluntad (cfr. 
artículos 1255 y 1258 del Código Civil y 28 de Ley de Sociedades de Capital), y que su 
acceso al Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del artículo 175.2.b) del 
Reglamento del Registro Mercantil, introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de 
febrero,  siempre  que  no  perturben  la  realización  del  valor  patrimonial  de  las 
participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable, máxime si 
se tiene en cuenta que, al ser aplicadas, deben respetarse los límites impuestos por los 
usos, la buena fe y la prohibición de abuso del derecho -cfr. artículos 1 y 57 del Código 
de Comercio y 7, 1258, 1287 y 1291 del Código Civil-.
Debe tenerse en cuenta, también, que la elaboración de las cuentas no puede 
quedar a la libérrima decisión de la sociedad, sino que está sujeta a estrictas normas 
contables e incluso penales. Por otra parte, si por las circunstancias del caso concreto, la 
fijación del valor de las participaciones pudiese implicar para el socio una vinculación 
excesiva o abusiva, o un perjuicio para terceros, quedará a salvo el eventual control 
judicial de este extremo, atendiendo a tales circunstancias.
Por lo demás, admitidos los privilegios respecto de los derechos económicos de las 
participaciones  sociales,  en  el  reparto  de  las  ganancias  sociales  y  en  la  cuota  de 
liquidación del socio (cfr. artículos 95, 275 y 392.1 de Ley de Sociedades de Capital), 
deben admitirse también cláusulas como la enjuiciada en la citada Resolución de 15 de 
noviembre de 2016, en el marco de la autonomía privada, con los límites generales 
derivados de la prohibición de pactos leoninos y perjudiciales a terceros. Tales cláusulas 
no hacen más que delimitar el contenido económico del derecho del socio a percibir el  s
valor de sus participaciones sociales en caso de transmisión voluntaria. Una cláusula  oe.
como la entonces permitida no puede reputarse como prohibición indirecta de disponer,  w.
pues no impide «ex ante» y objetivamente obtener el valor razonable, o un valor que  16ww
sseorcáie dmaáds,  aos ím ceonmoos  dperló hxeimchoo  ad ea qquuéel  ssee hgaúyna nla sre tceirnciduon sota nnoc ilaass  yg alnoasn rceiassu.l tPadoor se lldoe,  nloa 
lpeuoendinea  afpiramraa rseel  qsuoeci od ictrhaan scmláiutesnutlea.  teYn, gaau no bjceutiavnadmoe neten  ceal rámctoemr eenxtpor odpeia toreriaol izoa rs elaa   BOE-A-cable e
transmisión el valor contable fuera inferior al valor razonable, tampoco puede afirmarse 
que comporte enriquecimiento injusto o sin causa en favor de los restantes socios o de la 
sociedad, en tanto que responde a lo pactado y aceptado previamente por todos los 
socios. Además, si el acuerdo sobre la referida disposición estatutaria ha sido adoptado 
por  unanimidad  de  los  socios  en  junta  general  universal,  se  cumple  el  requisito 
establecido en el citado artículo 175.2.b) del Reglamento del Registro Mercantil para la 
inscripción  del  «pacto  unánime  de  los  socios  de  los  criterios  y  sistemas  para  la 
determinación del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso 
de transmisiones «inter vivos» o «mortis causa» (…)».
En definitiva, como admite determinado sector doctrinal, las normas relativas a la 
fijación del valor de las participaciones en caso de ejercicio del derecho de adquisición 
preferente para las transmisiones forzosas por acto inter vivos sólo son aplicables en 
caso de que no exista otra previsión estatutaria que establezca alternativas al embargo -
como es la exclusión del socio afectado-, con posibilidad de aplicar cláusulas de avalúo 
atendiendo al valor contable de las participaciones o sistemas de limitación de valor, 
siempre -y esto es fundamental- que no estén referidos tales sistemas sólo a los casos 
de embargo, sino que sean aplicables con carácter general en los casos de liquidación 
de la participación. En tales casos, el socio afectado, quienes ejerciten el derecho de 
adquisición preferente y los acreedores están obligados a pasar por tal valor, de modo 
que estos dos últimos recibirán lo mismo que recibiría el socio, y ese es el valor real de 
las participaciones. Así, el valor de liquidación de la participación determinado de tal 
forma es el valor del que se beneficiaría el socio y con el que debieron contar los 
acreedores en el momento del embargo.
Este  tipo  de  cláusulas  no  contravienen  normas  imperativas  ni  los  principios 
configuradores  del  tipo  social  elegido,  como  lo  demuestra  el  hecho  de  que  están 
expresamente admitidas para la sociedades profesionales, toda vez que el artículo 16.1 
de la Ley 2/2007 se remite al contrato social para «establecer libremente criterios de 
valoración o cálculo con arreglo a los cuales haya de fijarse el importe de la cuota de 
liquidación  que  corresponda  a  las  participaciones  del  socio  profesional  separado  o 
excluido, así como en los casos de transmisión mortis causa y forzosa cuando proceda».
No puede entenderse que esta norma sea una excepción a una pretendida regla 
general  según  la  cual  el  criterio  del  valor  razonable  determinado  por  auditor  sería 
imperativo para las sociedades no profesionales, igual que el hecho de que en la misma 
Ley 2/2007 se reconozca expresamente al socio el derecho de separación «ad nutum» 
(artículo 13) y no en la Ley de Sociedades de Capital no ha impedido que se admita 
configurar estatutariamente esta causa de separación (cfr., entre otras, Sentencias del 
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2002, 15 de noviembre de 2011 y 14 de marzo 
de 2013 y Resoluciones de esta Dirección General de 25 de septiembre de 2003 y 2 de 
noviembre de 2010).
4.  No son atendibles las alegaciones del recurrente basadas en las sentencias que 
cita, pues no tratan del mismo supuesto ni la doctrina que contienen es aplicable en el 
presente caso.
Así, lo único que ha mantenido el Tribunal Supremo en la citada Sentencia de 29 de 
mayo de 2012 es que en el sistema de la Ley de Sociedades de Capital respecto del 
embargo de acciones el criterio del valor razonable prevalece sobre el precio del remate 
o el valor de adjudicación. Esta Sentencia transcribe lo siguiente de la de apelación que 
se confirma: «el sistema de la LSA no es absurdo ni irrazonable, sino que «quiere 
asegurar a los socios o, en su caso, a la sociedad que siempre podrá hacer valer este  s
derecho de adquisición por un precio o valor razonable, sin que pueda quedar fuera de  oe.
tal acceso en los supuestos en que el precio del remate sea desorbitadamente superior  w.
al valor razonable»». Y añade el Alto tribunal que «la imposición del valor razonable  16ww
pcorimncoip cioriste rgioe nae rsaelegsu ird eels  duenrae cohpoc isóonc lieegtaisriloa ticvuaa qnudeo  nroe scualtbae  qtuaech alors  dees ctaotnuttroasr iad ea  llaoss 
psoecrmieidteand etsa natnoó anli maacrse geodzoar nq udee  paucebplictaid alad  preregnisdtara ld ye,  acoccmioon seusc ceodme oe ng aerl apnrteíase cnutea nctaos oa,l   BOE-A-cable e
socio deudor conocer los riesgos que asumen en caso de ejecución forzosa de la prenda 
y  adjudicación  final  al  acreedor  por  la  totalidad  del  importe  del  crédito».  Pero  lo 
fundamental es que en el caso analizado debía aplicarse la norma legal supletoria 
relativa al «valor razonable» del artículo 64 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual 
artículo 125 en relación con el artículo 124 de la Ley de Sociedades de Capital), sin que 
se  planteara  la  cuestión  relativa  a  la  admisibilidad  de  otra  regulación  estatutaria 
diferente, que en dicho caso no existía.
Por el contrario, cabe traer a colación la sentencia número 216/2015, de 24 de julio, 
de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un caso de impugnación judicial de una 
calificación registral, considera admisible e inscribible la siguiente cláusula estatutaria: 
«En los casos de separación o de exclusión de socios se considerará valor razonable de 
las participaciones sociales el valor neto contable de las mismas, en atención al régimen 
de prestaciones accesorias establecido en el artículo 8 de los presentes estatutos. A 
todos los efectos, el presente artículo tendrá el valor de acuerdo entre la sociedad y el 
socio afectado».
Según esta sentencia:
«El artículo 353 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital no impide 
que los estatutos puedan regular la liquidación de la cuota del socio que causa baja en la 
sociedad lo que no deja de ser expresión del principio general de libertad contractual del 
artículo 1.255 del Código Civil que proclama la propia Ley de Sociedades de Capital en 
su artículo 28 cuando señala que: «En la escritura y en los estatutos se podrán incluir, 
además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente 
establecer,  siempre  que  no  se  opongan  a  las  leyes  ni  contradigan  los  principios 
configuradores del tipo social elegido». El acuerdo de los socios, expresado en los 
estatutos  aprobados  por  unanimidad,  de  entender  como  valor  razonable  de  las 
participaciones sociales en caso de separación o de exclusión de socios, el valor neto 
contable de las mismas, haciéndolo con carácter general, ni se opone a las leyes ni 
contradice los principios configuradores de las sociedades de responsabilidad limitada 
(…) La cláusula estatutaria no implica la renuncia anticipada de derecho alguno del socio 
excluido o que se separa, ni tampoco del propio derecho de separación, sino que 
delimita  el  contenido  económico  del  derecho  del  socio  a  percibir  el  valor  de  sus 
participaciones sociales en caso de separación o exclusión. Por lo demás, la fijación del 
valor neto contable como valor de la participación del socio, no implica por sí misma la 
expropiación de la cuota del socio pues dicho valor dependerá y será más o menos 
próximo al valor neto contable en función de los resultados de la sociedad y de si se han 
retenido o no las ganancias obtenidas. Todos los socios han aceptado que en caso de 
separación o exclusión de alguno de ellos se valorará su participación conforme al valor 
neto contable y que tal previsión tiene la consideración de acuerdo entre la sociedad y el 
socio, por lo que en caso de separación o exclusión deberá estarse a lo libremente 
aceptado por el socio al modificarse los estatutos por unanimidad o incorporarse con 
posterioridad a la sociedad asumiendo los estatutos sociales. Aun cuando el valor neto 
contable fuera inferior al valor razonable al tiempo de la separación o exclusión de un 
socio, ello no implicaría enriquecimiento injusto en favor de la sociedad en tanto que 
respondería  a  lo  pactado  y  aceptado  previamente  por  todos  los  socios  (…)  dicha 
cláusula sí tiene la ventaja para la sociedad y los socios de facilitar que la determinación 
del valor de su participación, por así haberlo aceptado todos los socios, se realice 
conforme a un sistema de fácil fijación evitando, a falta del difícil acuerdo entre la 
sociedad y el socio una vez surgido el conflicto, las dificultades y gastos vinculados al  e.
cálculo del valor razonable, así como la inevitable dilación e incertidumbre en caso de  w.b
que se discuta judicialmente su determinación». 16ww
gene5r. al Said mseis tióienn epno r eens tceu Cenetnat rloa sD icreocntsividoe draec iloan ienss carinptceiórino rdmee nlat ed iesxpporseicsiaódna es sstaotburtea rilaa 
psoabrtricei puanc iodneeresc, hqou ed see raídaq eul isviaclioórn  copnretafebrleen rtees ueljtearnctieta bdleel  úplotimr oe l bvaalalonrc era azpornoabbaldeo d peo rl alas 
junta (y lo mismo puede admitirse respecto de la cuota de liquidación del socio separado
o excluido), no puede confirmarse la concreta objeción que opone el registrador en 
cuanto rechaza que para determinar el valor razonable que haya de satisfacerse al socio 
en caso de ejercicio del derecho estatutario de adquisición previa de las participaciones 
o en el supuesto de exclusión de dicho socio, sea con carácter general coincidente con 
el valor contable.
No  obstante,  y  toda  vez  que  también  fundamenta  su  calificación  en  el  posible 
perjuicio de los acreedores, deben considerarse no inscribibles las cláusulas debatidas 
en tanto en cuanto, como se ha expresado, el criterio del valor contable no se aplica para 
las transmisiones voluntarias por acto inter vivos y para las transmisiones mortis causa, 
así como para la exclusión de socios por causas diferentes al inicio de procedimiento de 
embargo (casos para los que se establece el criterio de valor razonable determinado por 
auditor de cuentas).
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de 
dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 
27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.
Madrid, 17 de mayo de 2021.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.