BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Sábado 29 de febrero de 2020 Sec. TC.   Pág. 21463
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2936 Pleno. Sentencia 9/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de amparo 
2327-2018. Promovido por don Oriol Junqueras i Vies en relación con los 
autos dictados por el magistrado instructor de causa especial y la sala de 
recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que denegaron su 
solicitud de permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlamento de 
Cataluña.  Supuesta  vulneración  del  derecho  al  ejercicio  de  los  cargos 
públicos  representativos:  resoluciones  judiciales  que  ponderaron 
adecuadamente  la  concurrencia  de  un  riesgo  relevante  de  reiteración 
delictiva,  inadmisión  parcial  del  recurso  de  amparo  (SSTC  155/2019  y 
4/2020). Voto particular.
ECLI:ES:TC:2020:9
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José 
González  Rivas,  presidente;  la  magistrada  doña  Encarnación  Roca  Trías;  los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago 
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don 
Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En  el  recurso  de  amparo  avocado  núm.  2327-2018,  promovido  por  don  Oriol 
Junqueras i Vies, representado por la procuradora de los Tribunales doña Celia López 
Ariza y bajo la asistencia del letrado don Andreu Van den Eynde, contra el auto de la sala 
de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018 por el 
que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto del magistrado 
instructor de 12 de enero de 2018, dictados en la causa especial núm. 20907-2017. Han 
comparecido el partido político Vox, representado por la procuradora de los tribunales 
doña María del Pilar Hidalgo López y bajo la asistencia de letrado don Pedro Fernández 
Hernández; y doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna Simó i Castelló, representadas 
por el procurador de los tribunales don Emilio Martínez Benítez y bajo la asistencia de la 
letrada doña Olga Arderiu Ripoll. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el 
magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, que expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1.  Don Oriol Junqueras i Vies, representado por la procuradora de los tribunales 
doña Celia López Ariza y bajo la dirección del letrado don Andreu Van den Eynde,  e
interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se mencionan en el  bo
encabezamiento de esta sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de  36ww
abril de 2018.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  El demandante de amparo fue elegido diputado en las elecciones al Parlamento 
de Cataluña celebradas el 27 de septiembre de 2015 como integrante de la candidatura 
presentada en la circunscripción de Barcelona por la coalición electoral Junts pel Sí, 
formada por los partidos políticos Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra 
Republicana de Cataluña, Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres [«Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña» (DOGC) núm. 6947, de 1 de septiembre de 2015]. 
En esa XI Legislatura fue nombrado titular del Departamento de Economía y Hacienda y 
vicepresidente  del  Gobierno  de  la  Generalitat  (DOGC  núm.  7037,  de  14  de  enero 
de 2016).
b)  El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por escrito de 22 de septiembre de 2017, 
formuló denuncia por determinados hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre 
de 2017 en la zona de la Rambla-Gran Vía de Barcelona en el transcurso de la práctica 
de una diligencia judicial de entrada y registro en la Consejería de Economía de la 
Generalitat. La denuncia fue turnada al Juzgado Central de Instrucción núm. 3, que 
acordó por auto de 27 de septiembre de 2017 la incoación de diligencias previas, que se 
tramitaron con el número 82-2017.
c)  El Consejo de Ministros, al no tener por atendido el requerimiento planteado al 
presidente de la Generalitat de Cataluña para que confirmase «si alguna autoridad de la 
Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña y/o si su declaración 
de 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento implica la declaración de 
independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor», aprobó el acuerdo 
de 21 de octubre de 2017, por el que se dispone, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 155 de la Constitución, tener por no atendido el requerimiento planteado al M.H. 
presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones 
gravemente contrarias al interés general, y se propone al Senado para su aprobación las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales 
y para la protección del mencionado interés general, que fue publicado por Orden PRA/
1034/2017, de 27 de octubre [«Boletín Oficial del Estado» (BOE) núm. 260, de 27 de 
octubre de 2017].
En las medidas a adoptar estaban las dirigidas al presidente de la Generalitat de 
Cataluña, al vicepresidente y al Consejo de Gobierno, entre las que se dispone que «se 
autoriza al Gobierno de la Nación a proceder al cese del presidente de la Generalitat de 
Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de 
la  Generalitat  de  Cataluña»  (medida  A);  las  dirigidas  a  la  administración  de  la 
Generalitat, entre las que se  establece que  «acordado el cese del Presidente, del 
Vicepresidente y de los Consejeros de Gobierno, la administración de la Generalitat de 
Cataluña actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados 
por el Gobierno de la Nación en sustitución de aquellos» (medida B), y las medidas 
singulares sobre determinados ámbitos de actividad administrativa, que en lo que se 
refiere a la seguridad y orden públicos, dispone que «acordado el cese del Presidente de 
la Generalitat de Cataluña y del Consejero titular del Departamento de Interior en el 
ejercicio de las funciones previstas en el artículo 164 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, y en su caso, de las autoridades dependientes, el ejercicio de dichas funciones 
corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la 
Nación,  que  podrán  dictar  instrucciones  directas  y  de  obligado  cumplimiento  a  los 
miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña-Mossos d’Esquadra./ Los órganos  e.
o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación podrán acordar el  w.b
despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando  36ww
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SMeogsusroids add ’Edesql uEasdtarad o»se (rmáne dsiduas tCitu.1id).o sE l paocru eerfdeoc tdivisopso ndee  qluaes  «Flause rmzaesd idya sC cuoenrpteonsi ddaes 
en  este  acuerdo  se  mantendrán  vigentes  y  serán  de  aplicación  hasta  la  toma  de
posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las 
correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña» (medida E.9).
El  Pleno  del  Senado  por  acuerdo  de  27  de  octubre  de  2017  aprobó  con 
modificaciones que no afectaron a los aspectos señalados, las medidas requeridas por el 
Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, que fue publicado por resolución 
de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado (BOE núm. 260, de 27 de 
octubre de 2017).
d)  El demandante de amparo, por Real Decreto 943/2017, de 27 de octubre, por el 
que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 
por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del 
artículo 155 de la Constitución, el cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y 
de los consejeros integrantes del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, fue 
cesado de su cargo de titular del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y 
Hacienda del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña (BOE núm. 261, de 27 
de octubre de 2017).
Por  Real  Decreto  946/2017,  de  27  de  octubre,  se  convocaron  elecciones  al 
Parlamento  de  Cataluña,  a  celebrar  el  21  de  diciembre  de  2017,  y  se  disolvió  el 
Parlamento de Cataluña elegido el 27 de septiembre de 2015 (BOE núm. 261, de 27 de 
octubre de 2017).
e)  El fiscal general del Estado, por escrito de 30 de octubre de 2017, formuló 
querella ante el juzgado central de instrucción de guardia de la Audiencia Nacional 
contra todos los que fueron miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, incluyendo al ahora demandante de amparo, en relación con la adopción de 
diversas  decisiones  que  culminaron  con  la  celebración  ilegal  de  un  referéndum  de 
autodeterminación de Cataluña el 1 de octubre de 2017, en que se produjeron diversos 
incidentes, y una declaración unilateral de independencia el 10 de octubre de 2017 en el 
Parlamento de Cataluña. En la querella del Ministerio Fiscal se señala que los hechos 
relatados son, en principio, constitutivos de un delito de rebelión [art. 472 del Código 
penal (CP)] –o, subsidiariamente, de un delito de sedición previsto en el artículo 544 y 
ss. CP– y un delito de malversación de caudales públicos (art. 432 y ss. CP); y se 
interesa que se incoen las correspondientes diligencias judiciales para la investigación 
de los hechos. El asunto fue turnado al Juzgado Central de Instrucción núm. 3 para su 
acumulación a las diligencias previas número 82-2017. Por auto de 2 de noviembre 
de 2017 se acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza del demandante de 
amparo.
f)  El fiscal general del Estado, por escrito de 30 de octubre de 2017, también 
formuló querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra diversos miembros 
de la mesa del Parlamento de Cataluña en atención a su condición de aforados por los 
mismos hechos y calificación jurídica por los que ese mismo día formuló la querella 
contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la 
Audiencia Nacional, formándose por providencia de 30 de octubre de 2017 el rollo de 
sala núm. 20907-2017. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, constituida como sala 
de admisión, por auto de 31 de octubre de 2017 acordó declarar su competencia para el 
enjuiciamiento de los querellados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
g)  El  demandante  encabezó  la  candidatura  del  partido  político  Esquerra 
Republicana-Catalunya SÍ (ERC-CatSi) por la circunscripción de Barcelona para las 
elecciones al Parlamento de Cataluña a celebrar el 21 de diciembre de 2017, que fue 
proclamada por acuerdo de la Junta Electoral de Barcelona de 24 de noviembre de 2017  s
(BOE núm. 287, de 25 de noviembre de 2017). oe.
h)  El magistrado instructor de la causa especial 20907-2017, por auto de 24 de  w.
noviembre  de  2017,  acordó  ampliar  el  espacio  subjetivo  de  investigación  de  las  36ww
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epnretrveia ost r8o2s-, 2c0o1n7 e tl rdaemmitaanddaas npteo rd ee la Jmupzagraod.o Central de Instrucción núm. 3 en relación,  BOE-A-cable e
El magistrado instructor acordó, por auto de 4 de diciembre de 2017, mantener la 
situación de prisión provisional del ahora demandante de amparo, argumentando que si 
bien no concurrían los riesgos de sustracción a la acción de la justicia ni de destrucción 
del patrimonio probatorio, sí persistían los de reiteración delictiva ya que (i) todos los 
investigados comparten «la voluntad de que el territorio de la comunidad autónoma en la 
que residen constituya la base territorial de una nueva república», y (ii) «la posibilidad de 
que su comportamiento desembocara en la intervención de la comunidad autónoma por 
parte del Estado es una eventualidad que ya habían contemplado los investigados, 
habiendo concluido que en tal coyuntura habían de perseverar en su determinación» 
(razonamiento jurídico cuarto.4).
En  concreto,  respecto  del  demandante,  se  afirma  la  existencia  de  datos  en  la 
investigación  que  ponen  de  manifiesto  que  sus  «aportaciones  están  directamente 
vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o 
de  satisfacción  a  quienes  se  vean  alcanzados  por  ella»;  concluyendo  que  en  el 
demandante, entre otros, «el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que 
puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la 
comunidad. De esta manera, el peligro no desaparece con la formal afirmación de que 
abandonan su estrategia de actuación y con la determinación judicial de reevaluar su 
situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces, sino que exige constatar que 
la  posibilidad  de  nuevos  ataques  haya  efectivamente  desaparecido,  o  que 
paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real […]. 
Y  la  rebaja  de  las  cautelas  no  puede  precipitarse  bajo  el  argumento  de  que  los 
investigados –con posterioridad a la adopción de la medida cautelar– hayan asumido su 
participación como candidatos en unos comicios democráticos. El riesgo de reiteración 
delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran y el 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  recuerda  que  el  artículo  3  del  Protocolo 
adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales,  si  bien  establece  elecciones  ‘libres’,  organizadas  ‘a  intervalos 
razonables’, ‘con escrutinio secreto’ y en ‘condiciones que garanticen la libre expresión 
de la opinión del pueblo’, conduciendo así a los derechos subjetivos de voto y de 
elegibilidad,  no  son  sin  embargo  derechos  absolutos  por  importantes  que  sean.  El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha proclamado que el artículo 3, sin enunciarlo 
de un modo expreso y definido, incorpora ‘limitaciones implícitas’ a los derechos de voto 
y elegibilidad (más aún, por tanto, al más limitado derecho de participación en una 
campaña  electoral)  que  cada  Estado  contratante  puede  modular,  siempre  que  la 
participación democrática no pierda su efectividad, y que las limitaciones respondan a 
fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan» 
(razonamiento jurídico cuarto.6).
i)  Las elecciones al Parlamento de Cataluña se celebraron el 21 de diciembre 
de 2017, siendo proclamado el demandante diputado electo por la circunscripción de 
Barcelona por la Junta Electoral Provincial de Barcelona en sesión de 27 de diciembre 
de 2017 [«Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña» (BOPC) núm. 1, de 19 de enero 
de 2018].
j)  La situación de prisión provisional del demandante fue confirmada por auto de la 
sala de recursos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2018, 
que  desestimó  el  recurso  de  apelación  interpuesto,  argumentando,  respecto  de  la 
incidencia del mantenimiento de la situación de prisión provisional en los derechos de 
representación política del demandante como diputado del Parlamento de Cataluña, que  s
«es de toda evidencia que se trata de un derecho muy básico en una democracia. Pero  oe.
también lo es que su efectividad no puede dejar sin efecto las consecuencias propias de  w.
un  proceso  penal,  menos  aun  cuando  se  incoa  imputando  delitos  muy  graves.  El  36ww
rpeacrutircriepnatceió na lpeoglaít icqau ey  lae l reEpsrteasdeon tadcei ónD edree cqhuoie neexsig elo  hlaa nl ibeelertgaiddo .p Sarina  egmabraanrgtioza, re slea 
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de  esa  comisión,  que,  en  ocasiones,  pueden  determinar  la  adopción  de  medidas 
cautelares limitativas o privativas de derechos». Se agrega que «la existencia de una 
causa penal no es incompatible de forma absoluta con el ejercicio del derecho a la 
participación  política,  aunque  en  algunos  aspectos  puede  suponer  limitaciones 
importantes. El recurrente concurrió a las elecciones, pudo votar y ha resultado elegido. 
Además, la proporcionalidad de la medida en relación con el ejercicio del derecho 
alegado podrá ser tenida en cuenta por el instructor en el momento de adoptar las 
decisiones  que  resulten  pertinentes,  en  momentos  puntuales  y  en  función  de  las 
circunstancias que se presenten en cada uno de ellos». También se reitera que no puede 
calificarse al recurrente como un preso político, destacando que cuando concurrió a las 
elecciones, «tanto él como el partido político al que pertenece, ya sabían de la incoación 
del proceso penal y, por lo tanto, conocían sobradamente que su actividad política podía 
verse limitada en algunos aspectos por las consecuencias derivadas de aquel», y se 
termina  subrayando  que  «es  evidente  que  las  consecuencias  de  la  posición  de 
investigado, procesado, inculpado o acusado en un proceso penal no pueden sortearse 
mediante  la  designación  del  interesado  como  candidato  en  unas  elecciones» 
(razonamiento de Derecho quinto).
El demandante interpuso recurso de amparo contra estas resoluciones, que fue 
tramitado  por  este  Tribunal  con  el  núm.  814-2018,  siendo  desestimado  por 
STC 155/2019, de 28 de noviembre.
k)  Los resultados electorales y la relación de diputados electos fueron publicados 
por acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de enero de 2018 (BOE núm. 11, de 12 
de enero de 2018; DOGC núm. 7534, de 12 de enero de 2018).
l)  El recurrente, mediante escrito registrado el 11 de enero de 2018, solicitó al 
magistrado instructor (i) su traslado a un centro penitenciario de Barcelona y (ii) que, al 
amparo de los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), 
autorizara su salida del centro penitenciario para asistir a la sesión de constitución del 
Parlamento a celebrar el 17 de enero de 2018, así como a una posterior sesión de 
investidura del presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Por auto de 12 de enero de 2018 se acordó lo siguiente:
«Denegar  la  petición  de traslado de centro penitenciario cursada por don Oriol 
Junqueras i Vies, sin perjuicio de que tal reclamación pueda ser cursada a la autoridad 
penitenciaria competente.
Acordar que por el Parlamento de Cataluña se habiliten los instrumentos precisos 
para que don Oriol Junqueras i Vies, así como los investigados don Jordi Sanchez 
Picanyol  y  don  Joaquim  Forn  i  Chiarello,  puedan  acceder  a  su  condición  de 
parlamentarios, en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento del Parlamento 
(RPC), pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, en la que 
actualmente se encuentran.
Declarar la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber 
de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña, por lo 
que, si los investigados lo solicitaran, corresponde a la Mesa del Parlamento arbitrar –en 
la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello–, 
el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su 
situación de prisión provisional.»
En el auto se expone, en primer lugar, la jurisprudencia constitucional sobre el  s
contenido  material  del  derecho  a  acceder  a  las  funciones  y  cargos  públicos,  oe.
especialmente en lo referido al ejercicio de la función representativa, destacando que el  w.
«acolrotn.s f2 ig3rue.2rqa uCcisiEóitn oe ssl etaqgbualele,  csceeo ñqrrauelese pneo l nlaadcsic eelnesdyooe  sya» e , jlealor c leiqcyuio e o drdede eltonesarm rc ialnorags  osdsue p rceúacbrhliácocosts e yrd  edfabece u daletjaurdesectahsr osq edu eea    2020-2936n https://ww
conciernen a los distintos cargos públicos. No obstante, también se destaca que, pese al
amplio margen de libertad que se confiere al legislador para regular el ejercicio de este
derecho, no puede eludirse que es un derecho fundamental cuya regulación y ejercicio 
están sujetos a limitaciones generales que derivan del principio de igualdad y de los 
derechos  fundamentales  que  la  Constitución  garantiza,  así  como  a  limitaciones 
concretas surgidas, cuando se trata de cargos públicos representativos, de la necesidad 
de salvaguardar su propia naturaleza, siendo esta dimensión esencial, y no cualquier 
derecho  o  facultad  reconocida  en  el  estatuto  del  parlamentario,  la  que  justifica  la 
protección constitucional como derecho fundamental, por lo que solo los derechos y 
facultades  que  forman  parte  del  núcleo  de  la  función  representativa,  como  son, 
principalmente,  los  que  tienen  relación  directa  con  el  ejercicio  de  las  potestades 
legislativas y de control de la acción de gobierno, ofrecen la consideración de derecho 
fundamental y justifican una singular salvaguarda (razonamiento jurídico segundo). En 
relación  con  ello,  en  el  auto  también  se  incide  en  que,  de  conformidad  con  la 
jurisprudencia constitucional, las limitaciones que atañen al contenido esencial de este 
derecho fundamental, entre las que destacan aquellas que presentan relación directa 
con el ejercicio de las potestades legislativas y de control de la acción del gobierno o con 
el proceso de formación de la voluntad de una cámara, deben estar asentadas en 
finalidades constitucionalmente legítimas, que presenten una correspondencia razonable 
en su intensidad, haciendo cita expresa de la STC 71/1994, de 3 de marzo, que se 
refiere  a  que  «esta  limitación  o  suspensión  de  derechos  fundamentales  en  una 
democracia,  solo  se  justifica  en  aras  de  la  defensa  de  los  propios  derechos 
fundamentales cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de hecho 
su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, 
ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado 
democrático» (razonamiento jurídico tercero).
En el auto se expone, en segundo lugar, que, en atención a la excepcionalidad que 
debe regir la limitación de los derechos fundamentales, las disposiciones legales que 
perfilan el contenido de este derecho fijan una graduación en las condiciones que 
pueden afectar al derecho de representación, de modo tal que la pérdida definitiva de la 
representación  se  coloca  en  el  extremo  de  máximo  sometimiento  o  restricción, 
representada  por el art. 24  RPC, en  que se  regulan las causas de pérdida de la 
condición de parlamentario, como son la existencia de una sentencia judicial firme que 
anule  la  elección  o  proclamación  del  parlamentario,  la  incapacidad  declarada  por 
sentencia judicial firme; la extinción del mandato por disolverse el Parlamento, con la 
excepción de los miembros de la Diputación Permanente y de los que representan a la 
Generalitat en el Senado, los cuales mantienen su condición hasta la constitución del 
nuevo Parlamento; así como la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una 
sentencia  judicial  firme.  Los  supuestos  de  suspensión  del  derecho  por  causas  de 
imposibilidad  temporal  de  ejercer  las  funciones  propias  del  parlamentario  aparecen 
regulados en el art 25 RPC, en el que se establecen como causas de suspensión la 
sentencia  firme  que,  imponiendo  una  pena  privativa  de  libertad,  imposibilite  al 
parlamentario asistir a las sesiones plenarias, siempre que lo acuerde el Pleno por 
mayoría absoluta y el auto firme de procesamiento o de apertura de juicio oral, siempre 
que el Pleno del Parlamento lo acuerde por mayoría absoluta, en atención la naturaleza 
de los hechos imputados; a los que hay que añadir el supuesto contemplado en el 
artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) para los casos de presos 
preventivos procesados por delito cometido por persona integrada o relacionada con 
bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. En relación con ello, en el auto se 
expone que «se dirá que el propio precepto evidencia que no puede suspenderse a  s
quien, por más que se encuentre en prisión provisional por uno de estos delitos, no ha  oe.
sido procesado, sino que se muestra como mero investigado. Ello es así. En todo caso,  w.
no  analizamos  la  cuestión  de  si  procede  o  no  la  suspensión  de  los  derechos  de  36ww
rreepprreesseennttaacciióónn.  Ddieclh os edñeo or troJ umnoqduoe,r aess,  esviindoe nteel  qumeo ndoo  pcroocmeod e hlaa  sudsep enesjeiórcne rd e elosas 
dloe rqeuceh osse  dseu srceiptare esse nstia ceinó ne ld ees utand poa prlraomceesnatal raioc tpurael,s op uqeudee  nfoija hrsae s uidnoa  prreoscteriscacdióon,  ap esruo   BOE-A-cable e
derecho de representación de menor rigor que la suspensión, o bien, por el contrario, 
debe desactivarse la operatividad de la medida cautelar de prisión cada vez que esta 
perturbe sus funciones de representación, tal y como su defensa reclama». A lo que 
añade que «se trata así de evaluar si por debajo de la pérdida de la condición de 
parlamentario, y aún por debajo de la suspensión del derecho a ejercer sus funciones de 
representación, existe base legal, y justificación constitucional, para fijar un tercer nivel de 
limitación del derecho fundamental de representación, o si, por el contrario, la imposibilidad 
legal de suspender temporalmente al encausado del pleno ejercicio de sus funciones, 
comporta  que  la  medida  cautelar  de  prisión  –que  también  responde  a  una  finalidad 
constitucionalmente legítima–, deba decaer frente a unas funciones parlamentarias que 
siempre se entenderán preeminentes» (razonamiento jurídico cuarto).
La solicitud, en lo que se refiere a los permisos penitenciaros, fue desestimada con el 
argumento de que «la ley no establece que las funciones parlamentarias, pese a su 
radical importancia en una sociedad democrática, hayan de prevalecer sobre otros fines 
constitucionalmente  legítimos  que  puedan  entrar  en  conflicto,  por  lo  que  es  la 
ponderación  judicial  de  los  intereses  en  juego,  la  que  debe  regir  la  concesión  o 
denegación del permiso de excarcelación que el artículo 48 de la Ley Orgánica general 
penitenciaria  (LOGP)  atribuye  al  juez  instructor»  (razonamiento  jurídico  quinto).  Se 
señala que en esa ponderación de intereses son factores a evaluar (i) la existencia de 
una  pacífica  doctrina  constitucional  sobre  la  inexistencia  de  un  derecho  ilimitado  a 
disfrutar  de  permisos  penitenciarios,  (ii)  el  art.  384  bis  LECrim  que  determina  la 
suspensión  de  funciones  públicas  en  casos  de  presos  preventivos  procesados  por 
delitos, entre otros, de rebelión, de modo tal que en este caso «se observa que el auto 
de procesamiento –que solo una opción forense lleva a que se realice al final de la fase 
de investigación y no como el inicial acto de inculpación que establece la ley procesal– 
descansa solo en la concurrencia de unos indicios racionales de criminalidad, los cuales 
se han apreciado existentes en el investigado con ocasión de adoptarse la medida 
cautelar de prisión y han sido recientemente refrendados por la sala de apelación de este 
Tribunal, en auto de 5 de enero de 2018. Así pues, las condiciones de gravedad que 
contempla  el  artículo  384  bis  de  la  LECrim,  a  la  hora  de  restringir  el  derecho  de 
representación, aparecen bien marcadas en el caso enjuiciado y ofrecen un parámetro 
estable para evaluar la proporcionalidad de restricciones más limitadas» (razonamiento 
jurídico quinto), y (iii) la existencia de una previsión legal habilitante para restringir el 
derecho de representación con actuaciones más limitadas que su suspensión, como es 
el art. 3.1 LOGP, que establece que los internos podrán ejercitar los derechos políticos, 
sin exclusión del derecho de sufragio, salvo cuando su ejercicio fuera incompatible con el 
objeto de su detención o con el cumplimiento de la condena.
También  se  argumenta  que  la  finalidad  constitucional  que  justificó  la  prisión 
provisional  fue  «evitar  el  riesgo  de  una  reiteración  delictiva  que  venía  marcada, 
precisamente, por el mantenimiento de las funciones de representación que detentaba el 
investigado cuando se perpetraron los hechos que se investigan, y por la posibilidad de 
que  su  liderazgo  volviera  a  manifestarse  con  movilizaciones  ciudadanas  colectivas 
violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia» y que esta medida se 
desactivaría  «con  particular  riesgo,  si  los  investigados  ejercieran  su  representación 
política recientemente adquirida, mediante la excarcelación que se peticiona», ya que «el 
comportamiento delictivo que se investiga se ha caracterizado, no solo por desatender 
cuantas órdenes judiciales se les han dirigido, sino por llamar a la ciudadanía a replicar 
masivamente su desobediencia, lo que se ha hecho respecto de las decisiones del  s
Tribunal  Constitucional,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  de  diversos  oe.
juzgados  de  instrucción  que  han  conocido  de  distintas  causas  judiciales  o  de  las  w.
decisiones del Gobierno del Estado. Se ha impulsado, también, a que importantes  36ww
sye cfutoerrezsa sd ed peo bslaecgiuórnid raeds isdtieelr aEn sota sdeo e. nNfroe nthaara nfa alt audnoa  nuuntari dae xapcltíuciatac iójna cdtea nlocsia c udeer psous 
ndueetesrtmrain caocnióvniv ey npceiars, eavpeeralánncdiao,s ea saí  cuonmao r udpet unroa  seosmtreutcetursrea l.a  Yla sq uneo reml assu smtráasto b ádsei craiess dgeo   BOE-A-cable e
subsiste hoy, se visualiza tanto por un extendido apoyo social a los investigados que han 
huido  del  ejercicio  jurisdiccional  de  este  instructor,  como  por  haberse  impulsado 
movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las 
medidas cautelares adoptadas en este proceso». De todo ello concluye que «afrontar 
unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas 
determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con la 
garantía de que se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que 
puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su 
apoyo incondicional, es algo que este instructor no percibe con la garantía que reclama 
el mantenimiento de la pacífica convivencia que precisamente justificó la adopción de la 
medida cautelar» (razonamiento jurídico sexto).
Por último, en el auto se expone que «la naturaleza fundamental del derecho de 
representación  que  se  analiza,  no  solo  obliga  a  garantizar  su  ejercicio.  Cualquier 
limitación derivada de la privación de libertad en la que se encuentran los investigados, 
no puede suponer la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la 
voluntad de las urnas». A esos efectos, se destaca que «el propio Reglamento del 
Parlamento ofrece un instrumento que restringe el derecho de representación en menor 
grado que su suspensión, pues posibilita su ejercicio parcial, sin alterar la voluntad 
mayoritaria en las votaciones», reproduciendo al contenido del art. 93 RPC en que se 
regula la posibilidad de delegar el voto cuando los diputados con motivo de una baja por 
maternidad o paternidad o en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o 
incapacidad prolongada debidamente acreditadas no puedan cumplir el deber de asistir a 
los debates y votaciones del Pleno. En relación con ello, se afirma que «ponderando la 
adecuada protección de los intereses constitucionales en conflicto en la manera que se 
ha expuesto, se aprecia una incapacidad legal de que los investigados en situación de 
prisión preventiva –que no otros–, puedan ejercer su derecho de representación de 
manera prologada e indefinida. En todo caso, se constata: 1) Que su limitación puede 
aminorarse mediante el instrumento de la delegación del voto que contempla su propio 
estatuto, y 2) Que la minoración resulta obligada precisamente por la especial relevancia 
de la función parlamentaria encomendada. Por ello, a pesar de que es a la mesa del 
Parlamento a la que concierne ‘establecer los criterios generales para delimitar los 
supuestos  que  permiten  la  delegación’  (art.  93.2  in  fine  RPC),  pero  puesto  que 
corresponde a este instructor, por las razones expuestas, resolver el concreto conflicto 
de intereses constitucionales comprometidos por el ejercicio concreto de los derechos de 
los  investigados,  se  reconoce  a  estos  la  posibilidad  de  delegar  su  voto,  debiendo 
administrarse su ejercicio por la mesa del Parlamento (art. 93.3 RPC), si bien con 
expresa exclusión judicial del voto telemático, dada la situación de sujeción especial que 
comporta el régimen penitenciario que les afecta» (razonamiento jurídico séptimo).
m)  El auto fue recurrido en reforma por don Jordi Sanchez Picanyol y don Joaquim 
Forn i Chiarello, adhiriéndose al mismo, entre otros, el ahora demandante de amparo. El 
magistrado instructor, por auto de 29 de enero de 2018, acordó lo siguiente:
«Desestimar el recurso de reforma interpuesto por don Jordi Sánchez i Picanyol y 
don Joaquim Forn Chiariello, y al que se adhirieron don Oriol Junqueras i Vies, así como 
don Joan Josep Nuet i Pujáis, contra el auto dictado por este instructor el 12 de enero 
de 2017.
Denegar el permiso extraordinario de salida del establecimiento penitenciario, que 
para  asistir  a  la  sesión  de  investidura  del  candidato  a  Presidente  del  Consejo  de 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña prevista en el Parlamento de Cataluña para el  e.
día 30 de enero de 2018, ha sido solicitado por don Jordi Sánchez i Picanyol, don  w.b
Joaquim Forn Chiariello y don Oriol Junqueras i Vies.» 36ww
En el auto se expone que «el hecho de que la resolución recurrida venga referida a la
dVeiense, gya cqiuóen  ldae p ruent epnesrimónis roe cehxatrzaaodrad insaer ipor odyee cstael idsoab sreo liucnit addeor epcohro d ionnd ivOidriuoal l,J umnuqeusetrraas l ai 
falta de legitimación del resto de recurrentes para impugnar la respuesta dada ante este
concreto pedimento. En todo caso, la resolución establecía un mecanismo para que los 
investigados que tenían la condición de parlamentarios y que estaban privados de 
libertad por esta causa, pudieran delegar su voto en las sesiones parlamentarias, por lo 
que deben analizarse aquellas objeciones de los recurrentes que vienen referidas a la 
decisión de delegación de su voto, así como aquellos argumentos que están orientados 
a mostrar la pertinencia de concedérseles –en lugar del mecanismo de la delegación– un 
permiso extraordinario que les permita salir del centro penitenciario el día 30 de enero 
de 2018 y poder asistir a la sesión que tendrá lugar en el Parlamento de Cataluña y en la 
que se designará al futuro presidente del Consejo de Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña» (fundamento de Derecho segundo).
El auto pone de manifiesto que los recurrentes se oponen al criterio del instructor de 
que su derecho de representación como parlamentarios y los objetivos que se persiguen 
con su prisión provisional, se concilien mediante el mecanismo del voto delegado y no 
mediante la aprobación de los permisos extraordinarios de salida del centro penitenciario 
que vienen recogidos en los artículos 47.1 y 48, con fundamento en que la denegación 
de  estos  permisos  supone  una  vulneración  de  los  derechos  fundamentales  a  la 
participación política (art. 23.2 CE), considerando que la asistencia al Parlamento de 
Cataluña para ejercer los actos propios de la condición de diputado, es un motivo 
suficientemente  importante  como  para  otorgar  el  permiso  solicitado,  sin  que  pueda 
denegarse por la posibilidad de que el permiso pueda impulsar manifestaciones pacíficas 
de protesta. En relación con ello, se afirma que esta es una «argumentación sobre la 
que, ex novo, se peticiona la concesión de un permiso para asistir a la primera de las 
sesiones del parlamento que están por venir, concretamente a la que tendrá lugar el 
día 30 de enero de 2018 y que tiene por objeto elegir al futuro presidente del Consejo del 
Consejo de Gobierno de Cataluña; solicitud que ha quedado limitada a la posible de 
asistencia de don Jordi Sánchez i Picanyol y don Oriol Junqueras i Vies, dado que don 
Joaquim Forn Chiariello ha renunciado a su escaño durante la tramitación de este 
recurso» (fundamento de Derecho cuarto).
La desestimación del recurso se sustenta, por un lado, en que (i) «se ha respetado 
también, por no existir razón parlamentaria que se haya opuesto a la delegación de voto, 
que los recurrentes hayan podido conformar la voluntad de la cámara, sin alteración 
ninguna  de  la  aritmética  parlamentaria  y  ejerciendo  su  opción  con  sujeción  a  las 
limitaciones que fija el propio Reglamento del Parlamento de Cataluña, al establecer en 
su artículo 93.3 que ‘la delegación de voto debe hacerse mediante un escrito dirigido a la 
mesa del Parlamento, en el que deben constar los nombres de la persona que delega el 
voto y de la que recibe la delegación, así como los debates y votaciones en que debe 
ejercerse o, si procede, la duración de la delegación’» (fundamento de Derecho sexto); y, 
por  otro,  en  que  (ii)  «es  evidente  que  la  adopción  de  la  medida  cautelar  incide 
directamente sobre el aspecto de la representación con el que resulta incompatible, 
concretamente con la asistencia al debate parlamentario […]. Esa es la persistencia y 
reiteración delictiva que trata de conjurar la medida cautelar de prisión provisional, y su 
trascendente finalidad, medida por el democrático orden jurídico que busca preservarse 
y por el riesgo que –desde lo ya acontecido– puede introducir la actuación social y 
política de los recurrentes, resulta inconciliable con el permiso que reclaman, justificando 
la desestimación del recurso» (fundamento de Derecho séptimo).
n)  El demandante interpuso recurso de apelación contra el auto de 12 de enero 
de 2018 alegando, entre otras cuestiones, la vulneración de su derecho a la participación 
política por la imposibilidad que ello supone del pleno ejercicio de su ius in officium como  s
diputado del Parlamento de Cataluña. oe.
El recurso fue desestimado por auto de la sala de recursos de la Sala de lo Penal del  w.
Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018 destacando que «esta sala comparte en su  36ww
idnete pgarirdtaicdip ealc ieónnc upmolbítricaam, iednatdoa  yl ala r erepleervcaunscióian  qquuee  ottioerngea  elan  peal reteje rreciccuiorr eyn tdee saal rdroelrleoc hdoe 
ointhroesr edneteresc ah ousn f uEnsdtaamdoe nstoacleiasl  yy  edne mlao cvrigáeticnoc iad ed eD etordeochs ol.o sA hporirnac ibpiieons , cloon qsutiteu csiío ndaelbees   BOE-A-cable e
tener  también  muy  en  consideración  el  impugnante  es  que  todos  esos  derechos 
fundamentales y principios que ahora encumbra y ensalza como básicos en nuestro 
sistema  jurídico  constitucional,  son  los  que,  indiciariamente,  y  a  tenor  de  las 
imputaciones  de  hechos  punibles  que  le  hace  el  magistrado  instructor,  denostó, 
arrinconó  y  contravino  el  investigado  cuando,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  de 
diputado electo, los instrumentalizó para realizar los presuntos graves delitos que ahora 
se le imputan. Pues lo cierto es que las conductas delictivas que se le atribuyen fueron 
indiciariamente ejecutadas mediante reiteradas vulneraciones del legítimo ejercicio del 
derecho de participación política, de forma que toda la enjundia de esos derechos y la 
incuestionable trascendencia que alcanzan para sostener y apuntalar un Estado de 
Derecho fueron utilizados, a tenor de las imputaciones que figuran en la causa, para 
vulnerar  gravemente  la  propia  Constitución  y  las  leyes  que  la  desarrollan,  y  para 
desobedecer de forma reiterada y con ostentación pública las resoluciones del Tribunal 
que  es  considerado  jurídicamente  como  el  supremo  intérprete  de  las  normas 
constitucionales,  desobediencia  que  se  extendió  también  a  las  sentencias  de  los 
tribunales de la jurisdicción ordinaria» (fundamento de Derecho cuarto).
Igualmente, se destaca que «no debe extrañar al recurrente que el magistrado 
instructor centre la medida cautelar de la prisión provisional en el objetivo de evitar el 
riesgo  de  una  reiteración  delictiva,  pues  los  presuntos  hechos  delictivos  no  fueron 
cometidos en unas pocas fechas o en una aislada acción que pudiera decirse que fue 
fruto de un mal entendimiento o de una errónea interpretación de los límites del ejercicio 
de la función parlamentaria, sino que todo viene indiciariamente a constatar que fueron 
hechos  dilatados  en  el  tiempo,  debidamente  planificados  y  orientados  a  lo  que  el 
magistrado denomina ‘ruptura estructural’ del Estado de derecho y de la convivencia 
social, generando un clima de desasosiego en la ciudadanía, que asistió estupefacta a lo 
que consideraba un incumplimiento permanente, reiterado y público de las normas más 
elementales del ordenamiento jurídico y de las decisiones de los tribunales con mayores 
competencias para hacer cumplir su observancia» (fundamento de Derecho cuarto).
En relación con ello, se afirma que «en un escenario con estas connotaciones, esta 
sala no puede estimar que el magistrado instructor haya errado en sus argumentos y 
decisión  cuando  afirma  en  la  resolución  recurrida  que,  dada  la  jactancia  de  la 
determinación  de  los  investigados  y  la  perseverancia  en  sus  graves  conductas 
presuntamente punibles, el nivel de riesgo de reiteración delictiva subsiste a día de hoy, 
a tenor de cómo se han proseguido desarrollando los acontecimientos y del apoyo de 
algunos sectores a los investigados que han huido una vez que han sido citados por el 
órgano  judicial  competente»;  concluyendo  que  «así  pues,  no  puede  calificarse  de 
desproporcionada o desmedida la decisión del Instructor de no permitir el retorno del 
recurrente al escenario donde se perpetraron los hechos presuntamente delictivos, para 
que pueda operar con los mismos instrumentos jurídicos que en su día, indiciariamente, 
utilizó  para  combatir  el  Estado  de  Derecho  y  vulnerar  la  norma  constitucional  que 
legitimaba su nombramiento como diputado electo del Parlamento de Cataluña. Unos 
permisos penitenciarios como los que se solicitan pondrían en riesgo la vigencia del 
ordenamiento jurídico en el contexto social y político en el que actuó el investigado, y 
alterarían muy probablemente la convivencia ciudadana con posibles movilizaciones 
orientadas  a  una  fragmentación  social  y  a  un  encrespamiento  de  la  ciudadanía» 
(fundamento de Derecho cuarto).
En el auto resolutorio de la apelación también se afirma que «no resulta factible 
compatibilizar la asistencia a los plenos parlamentarios con la cumplimentación de los  s
fines de la prisión provisional, y más en concreto con la conjuración del grave riesgo de  oe.
reiteración delictiva que se generaría con la sola presencia del recurrente en el lugar de  w.
los hechos objeto del procedimiento, debido a las incitaciones que el propio investigado  36ww
creaaulsizaó,  eanl  isnuc udmíap leimn ieenl tcou rgseon deera sl ud ealc toivrdideanda mpoielíntitcoa ,j usreídgiúcno  ceosntasttaal  iyn daicuitaorniaómmeicnote y e an  llaa 
fimrapcltaunrataccióiónn  tdeerr ituonraia l vídae  unuinla teesratal ddoe  dined e4p7e nmdeillnocniae sq udee  llceivuadbaad anneocse, sacroianm  teondtoes  al olas   BOE-A-cable e
gravísimos riesgos que ello entrañaba tanto dentro de la autonomía en que actuaba 
como diputado electo, como en el resto del Estado en que se halla integrada. Así las 
cosas,  a  la  hora  de  compulsar  derechos  e  intereses  y  de  sopesar  los  valores 
constitucionales en juego, figura de un lado el derecho fundamental de participación 
política de un ciudadano que, con motivo de actuar como diputado autonómico y como 
Vicepresidente  del  Gobierno  de  Cataluña  en  la  legislatura  anterior  a  la  actual, 
instrumentalizó el ejercicio del derecho de participación política para subvertir y cuartear 
el  Estado  de  Derecho  –argumentando  siempre  desde  una  dimensión  indiciaria–, 
contribuyendo de forma destacada a implantar un ordenamiento jurídico paralelo que se 
oponía y vulneraba frontalmente las normas capitales y las instituciones del Estado que 
habían  legitimado  su  elección  parlamentaria  y  el  ejercicio  de  su  labor  de  diputado 
autonómico. Intervenía así en conductas provisionalmente subsumibles en los delitos de 
rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, además de en otros posibles 
tipos penales de menor enjundia. De otro lado, deben sopesarse los bienes jurídicos 
tutelados por las normas penales aplicables (el orden constitucional, el orden público, el 
funcionamiento de los servicios y la tutela del patrimonio público, y otros), así como el 
riesgo de que vuelvan a ponerse en peligro con nuevas conductas que los menoscaben 
con graves consecuencias para la convivencia ciudadana y la paz pública. Ante un 
conflicto de valores y bienes jurídicos de esa naturaleza, no puede afirmarse que el 
magistrado instructor haya errado al denegar los permisos penitenciarios para que el 
investigado acuda a los Plenos del Parlamento de Cataluña» (fundamento de Derecho 
quinto.1).
Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de voto delegado, se afirma que «resulta 
incuestionable que se está limitando a exponer meras sugerencias sobre diferentes 
posibilidades de aminorar o aliviar los inconvenientes que genera la situación de prisión 
provisional de los investigados, en un intento de restringir lo menos posible el ejercicio de 
sus funciones parlamentarias. Por lo tanto, nada más lejos de la intención del magistrado 
instructor y de esta Sala que pretender adoptar decisiones o marcar líneas sobre la 
forma en que ha de solventar un Parlamento los problemas que genera la restricción del 
ejercicio del derecho de participación política de sus parlamentarios cuando entra en 
colisión  con  una  medida  cautelar  acordada  en  un  proceso  penal»  (fundamento  de 
Derecho quinto.2)
ñ) Los diputados proclamados electos se reunieron el 17 de enero de 2018 en la 
sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña de la XII legislatura (BOPC núm. 1, de 19 
de enero de 2018), sin la asistencia personal del demandante de amparo por encontrase 
en prisión provisional. El demandante de amparo ejerció su derecho a voto en esa sesión 
mediante delegación al considerar la mesa de edad del Parlamento de Cataluña que 
concurría en el demandante de amparo la causa de incapacidad prolongada establecida 
en el artículo 93.2 RPC [«Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña» (DSPC) núm. 
1, de 17 de enero de 2018].
o)  El Parlamento de Cataluña celebró sesiones de investidura el 22 de marzo 
de 2018 (BOPC núm. 41, de 22 de marzo de 2018) y el 12 de mayo de 2018 (BOPC 
núm. 75, de 11 de mayo de 2018), sin la asistencia personal del demandante de amparo 
por encontrarse en prisión provisional. El demandante de amparo ejerció su derecho al 
voto en sendas sesiones por medio de delegación al haber sido así aprobado por la 
mesa del Parlamento de Cataluña el 29 enero de 2018.
p)  El 2 de junio de 2018 tomó posesión el nuevo Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña de la XII legislatura (DOGC núm. 7633, de 2 de junio de 2018), dando lugar al  s
cese automático de las medidas adoptadas en aplicación del art. 155 CE. oe.
q)  El demandante de amparo, tras acordarse la firmeza del auto de procesamiento  w.
contra su persona, fue suspendido por auto del magistrado instructor de 9 de julio  36ww
adret .2 308148  beins  lLaEsC furinmc,i osnieensd yo  ccaorngfoirsm paúdbali cdoicsh qau seu esspteanbsaió dne pseomr apuetñoa dned ola p soar laa pdliec arecicóunr sdoesl 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2018. Estas resoluciones
son objeto del recurso de amparo avocado 4855-2018, pendiente de resolución por este 
Tribunal.
3.  El demandante aduce que se han producido las vulneraciones de los derechos 
fundamentales al juez predeterminado por la ley y al juez imparcial (art. 24.2 CE), a la 
participación política (art. 23 CE) y a la libertad ideológica (art. 16 CE) y solicita, además 
de  la  declaración  de  nulidad  de  las  resoluciones  impugnadas,  que  «se  autorice  la 
participación en los plenos del Parlament de Catalunya al diputado Ilmo. señor Oriol 
Junqueras i Vies y a tal fin su traslado a un centro penitenciario próximo a la cámara 
legislativa así como el otorgamiento de los permisos de salida necesarios para su 
asistencia  a  los  plenos  de  la  cámara  con  las  medidas  de  seguridad  que  fuese 
convenientes».
A)  Bajo la rúbrica «Juez ordinario predeterminado por la ley y juez imparcial», 
denuncia la demanda la imposibilidad de recusación de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, la violación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la 
violación del derecho a la doble instancia penal.
a)  El demandante alega que esta vulneración se produce por la imposibilidad de 
recusar de forma efectiva a los magistrados del Tribunal Constitucional. La alegación se 
funda en que «los procesos judiciales relacionados con lo que se ha denominado el 
‘proceso de independencia de Catalunya’ parten o se fundamentan en imputaciones 
vinculadas con actos de supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional»; que este 
mismo Tribunal, mediante una «valoración jurídico penal de las conductas» de, entre 
otras personas, el ahora recurrente, «ha determinado en distintas ocasiones deducir 
testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la formulación de acciones 
penales».  Añade  el  demandante  «la  imposibilidad  de  articular  de  forma  efectiva 
mecanismos de recusación ante el propio Tribunal Constitucional».
b)  El demandante también sostiene la falta de competencia objetiva del Tribunal 
Supremo para investigar o enjuiciar los hechos que se atribuyen al demandante, ya que 
al  no  haberse  cometido  ningún  delito  fuera  del  territorio  catalán,  la  competencia 
corresponde  al  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña,  dada  su  condición  de 
parlamentario de esa comunidad autónoma, en aplicación del art. 57.2 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC).
Argumenta la demanda que los delitos de rebelión y sedición se consuman con el 
alzamiento  y  tales  presuntos  alzamientos,  cuya  existencia  solo  acepta  a  título  de 
hipótesis retórica a los fines de determinar la competencia, se habrían producido en 
Barcelona u otros lugares de Cataluña, es decir, donde se hubieran producido esas 
supuestas insurrecciones violentas. No hay noticia de que se haya cometido ninguna 
fuera  de  este  territorio.  Continúa  señalando  que  con  la  malversación  sucede  algo 
análogo: si se han materializado, también a título de mera hipótesis, disposiciones 
indebidas de dinero público, ha sido del presupuesto de la Generalitat y no constan 
cometidas en ningún otro lugar que no sea Cataluña. Cita el precedente constituido por 
el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, que 
rechazó la competencia del Alto Tribunal para conocer de la querella formulada contra 
representantes políticos catalanes con ocasión del referéndum o consulta que se llevó a 
cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. En este caso, a su juicio, el Tribunal 
Supremo, al asumir la competencia sobre los hechos objeto de querella, lleva a cabo una 
argumentación errónea al confundir el resultado del delito con sus efectos y, al mismo  s
tiempo, contraria a sus propios precedentes de forma imprevisible. Termina indicando  oe.
que «el motivo de residenciar en el Tribunal Supremo la jurisdicción no es otro que  w.
apfolrtroemcralaivr,  eae  lal a sssis uptsere mpvarise itloeengneassilo  cdnoeen scs, otiumtunpc iefootneruanmlcei sas»sh. oyp bpuinsgc acro pnotrra reiol ,M cinoimstoe rnioo  Fpisuceadle u sne rfo droe  motáras   2020-2936n https://ww
c)  El demandante también afirma que la indebida atribución de competencia al
Tribunal Supremo anula las posibilidades del demandante de obtener una revisión de sus
decisiones,  perdiendo  radicalmente  la  doble  instancia  en  instrucción  y  juicio  oral, 
vulnerándose con ello los derechos al juez natural, a la tutela judicial efectiva, al proceso 
con todas las garantías, al juicio justo y a la doble instancia penal.
B)  El  demandante  argumenta,  respecto  del  derecho  a  la  participación  y  a  la 
representación política (art. 23 CE), que las resoluciones impugnadas destruyen los 
derechos  políticos  de  un  parlamentario  y  de  la  ciudadanía  a  quien  representa.  El 
demandante considera que es víctima de una discriminación y preterición infundada de 
sus derechos de acceso al cargo público representativo, con lesión del derecho a la 
igualdad (STC 298/2006, de 23 de octubre). El art. 23.2 CE garantiza, asimismo, el 
mantenimiento en el cargo representativo sin perturbaciones ilegítimas, no pudiendo ser 
removido sino por causas y conforme al procedimiento legalmente establecidos. El juez 
no puede imponer restricciones al ejercicio-permanencia en el cargo más allá de los 
imperativos del principio de igualdad y del fin legítimo (STC 71/1994, de 3 de marzo, 
FJ 6).
El demandante destaca que es el Reglamento del Parlamento de Cataluña (RPC) el 
que ordena los derechos y atribuciones de los parlamentarios, previendo supuestos 
tasados de suspensión o privación en el ejercicio de los mismos. Una vez adquirida la 
condición de diputado, solo prevé que pueda suspenderse de dicha condición en dos 
supuestos: (i) siendo firme el auto de procesamiento o de apertura del juicio oral, 
decidiendo el Pleno por mayoría absoluta en función de los hechos imputados; y (ii) por 
acuerdo  del  Pleno,  adoptado  por  mayoría  absoluta,  si  concurre  sentencia  firme 
condenatoria a pena privativa de libertad que imposibilite la asistencia a las sesiones 
plenarias  [art.  25.1  b)  RPC].  A  esos  efectos,  se  expone  que  la  jurisprudencia 
constitucional ha señalado que solo poseen relevancia constitucional los derechos o 
facultades  atribuidas  al  representante  que  pertenezcan  al  núcleo  de  su  función 
representativa,  que  materializa  lo  esencial  de  la  actividad  parlamentaria  como,  por 
ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la interrogación, a tramitar propuestas, 
a presentar enmiendas, etc., y que «es precisamente el ejercicio de tales funciones, y 
otras que podrían significarse, las que han sido privadas al señor Oriol Junqueras i Vies 
por una decisión judicial como la que es objeto de impugnación, que le impide ejercer 
sus derechos como parlamentario y concretamente la posibilidad de acudir al primero de 
los plenos del parlamento catalán y ello pese a haber adquirido plenamente la condición 
de diputado del Parlamento de Cataluña ex art. 23 de su Reglamento, además de que no 
existe ningún tipo de impedimento por parte de un órgano de la cámara que impida o 
coarte legítimamente su práctica». Se afirma que no es un obstáculo para sostener esa 
conclusión «la remisión a supuestas posibilidades de ‘ejercicio’ de los derechos del 
parlamentario que pudiesen ser autorizadas por el órgano judicial y que finalmente se 
concretan  en  las  resoluciones  recurridas  en  la  creación  de  una  novedosa  figura 
equivalente a una ‘incapacitación legal’ inédita y la compulsión a la delegación de voto 
del parlamentario». Así, se concluye que «si a un candidato proclamado electo no se le 
permite acceder a su cargo ni participar de los plenos, circunstancia que concurre en mi 
representado, al ser mantenido su privación de libertad con impedimento de asistir a 
determinadas sesiones de los diferentes órganos del Parlamento de Cataluña de los que 
es miembro, o incluso se le está privando de la posibilidad de desarrollar la función para 
la  que  ha  sido  elegido,  se  está  vulnerando  su  derecho  de  sufragio  pasivo  como 
candidato electo, y también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que, 
con su voto, contribuyeron a su elección», ya que los representantes «no son de quienes 
los votaron, sino del conjunto del cuerpo electoral» (STC 10/1983, de 21 de febrero),  e.
generándose en el caso un daño ciudadano que afecta al derecho de estos a verse  w.b
representados a través de aquel (STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4). 36ww
concCu)l caE ld dee mfoarmndaa ndtiere, cetna  reol aicnidóinre ccotan,  lay ali beqrutea de idl eporloócgeicdaim (iaernt.t o1 6p CenEa),l  aqduuec es eq uee sstáe 
ddeessdaerr odlelatnedrmo ineasd torisb usteacrtioo redse  puonlaít iccoriss isy  jcuoríndsictiotusc sioen haal  eimn plau erestlaoc uiónna  Cinatetarplurñeata-cEisópna dñea  lay 
Constitución por la que no cabría estar en desacuerdo con el texto constitucional ni
alcanzar un pacto político para realizar una consulta vinculante, previa al ejercicio de la 
facultad que la propia Constitución reconoce a los Parlamentos autonómicos de iniciar 
una reforma constitucional, de modo tal que permita conocer «el apoyo real a la opción 
de crear un Estado propio en Cataluña, de forma análoga a lo acontecido en el Reino 
Unido con Escocia».
Las  sucesivas  decisiones  del  Tribunal  Constitucional  están  afectando  al  núcleo 
esencial de las funciones del Parlamento catalán, al prohibir la tramitación y debate de 
iniciativas parlamentarias, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional sostiene que 
«todas  las  opciones  políticas  son  legítimas,  siempre  que  respeten  los  principios 
democráticos  y  los  derechos  fundamentales».  Proscribir  el  debate  de  las  ideas  es 
incompatible con la democracia, habiendo defendido el citado Tribunal el derecho a 
promover el libre debate, al no estar ante una democracia militante.
El demandante concluye afirmando que no se está enjuiciando exclusivamente la 
comisión de presuntos ilícitos penales, sino sus ideas independentistas: aun cuando 
pueda generar incomprensión, no es delito pretender modificar el principio de unidad 
política que consagra el art. 2 CE. Tener determinadas ideas políticas y defenderlas 
nunca  puede  ser  perseguible  penalmente,  ya  que,  como  ha  declarado  el  Tribunal 
Constitucional, la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas y opiniones 
indiferentes  o  favorables,  «sino  también  para  aquellas  que  contraríen,  choquen  o 
inquieten al Estado o a una parte cualquiera de la población (STC 235/2007 y STEDH 
de 24 de febrero de 1997)». Del mismo modo se destaca que la defensa de estas ideas 
debe entenderse amparada en la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias con cita del 
art. 57 EAC y de las SSTC 36/1981, de 12 de noviembre; 243/1988, de 19 de diciembre; 
136/1999, de 20 de julio, y 177/2015, de 22 de julio; y SSTEDH de 27 de febrero 
de 2001, asunto Jerusalén c. Austria, y 16 de septiembre de 2014, asunto Szél y otros c. 
Hungría.
4.  El Pleno de este Tribunal, por sendas providencias de 9 de mayo de 2018, 
acordó, a propuesta del presidente y de conformidad con lo que establece el art. 10.1 n) 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabar para sí el conocimiento 
del presente recurso de amparo; y la admisión a trámite de la demanda de amparo, 
apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) 
porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental 
sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)] y, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Penal del 
Tribunal  Supremo  a  fin  de  que,  en  plazo  que  no  exceda  de  diez  días,  remitiera 
certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes  a  la  causa 
especial núm. 20907-2017; debiendo previamente emplazarse a quienes sean parte en 
el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez 
días pudieran comparecer en el recurso de amparo.
5.  La secretaria de justicia del Pleno de este Tribunal, por diligencia de ordenación 
de 6 de junio de 2018, acordó tener por recibido el testimonio de las actuaciones 
solicitadas; tener por personado y parte en el procedimiento a la procuradora doña María 
del Pilar Hidalgo López, en representación del partido político Vox, y al procurador don 
Emilio Martínez Benítez, en representación de doña Carme Forcadell i Lluis y doña Anna 
Simó i Castelló; y, con arreglo al art. 52 LOTC, conceder a las partes personadas y al 
Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, con vista de las actuaciones, 
formulasen alegaciones. e
6.  La  procuradora  de  los  tribunales  doña  María  del  Pilar  Hidalgo  López,  en  w.
lsraeospl ircreeitssóeo nllaut acdcioeiónnnee sgd ajeucldi óipcnai adrlteeidsl o ai mmppopulaígtrionc.oa  dEVanos e xcl, o epmnoocra  «beeeslcz araiutmoto ie rdneetgo il sadt resa addloaic  hdeoel   e6as pcdereliat ocj uióslieno   diddeee nl at2i fS0ic1aa8lan,    2020-2936n https://ww
Segunda del Tribunal Supremo de fecha 5 de enero de 2018 y contra el auto del Excmo.
Sr. instructor de la Sala Penal del mismo Tribunal de fecha de 4 de diciembre de 2017».
Esta parte comienza alegando sobre la inadmisibilidad de la demanda de amparo. A 
su juicio, el recurso incurre en el óbice de falta de agotamiento de la vía judicial previa al 
recurso de amparo [art. 44.1 a) LOTC], al no haber acudido la parte recurrente al 
incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ).  Si  los  recurrentes  deducían  que  la  actuación  y  resoluciones  del  Tribunal 
Supremo habían incurrido en lesiones de derechos procesales del art. 24 CE, en tanto 
las resoluciones impugnadas no eran susceptibles de recurso alguno, los solicitantes 
deberían haber interpuesto respecto a tales irregularidades, al menos, a la postre, un 
incidente de nulidad de actuaciones para concluir correctamente la vía judicial previa 
antes de acudir en amparo. Procedería, por tanto, la inadmisión de la demanda de 
amparo o, en su caso, al menos, «la inadmisión del recurso en todo lo que se refiere a 
las supuestas irregularidades del art. 24 CE (derecho al juez imparcial, derecho a la 
tutela judicial efectiva, derecho a un proceso con todas las garantías, derecho a un juicio 
justo, derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, derecho a la doble instancia 
penal, derecho a la defensa y derecho a la presunción de inocencia)». Tampoco procede, 
a su juicio, entrar a conocer de «todo lo que se refiere a la supuesta lesión de los arts. 17 
y  16.1  CE,  por  cuanto  no  consta  que  se  hayan  denunciado  y  recurrido  dichas 
vulneraciones formalmente en las actuaciones anteriores que obran en el expediente en 
los términos que establece el art. 44.1 c) LOTC».
a)  Esta parte aduce, respecto del derecho al juez imparcial, en primer lugar, que no 
es  imposible  la  recusación  de  los  magistrados  del  Tribunal  Constitucional,  como 
demuestra que el art. 80 LOTC remite a las reglas de la LOPJ para su solicitud, y los 
casos en que se ha producido (ATC 26/2007, de 5 de febrero), siendo incluso posible la 
espera  a  la  renovación  del  Tribunal  Constitucional  para  el  conocimiento  de  un 
determinado recurso de amparo (STC 133/2013, de 2 de julio). En cualquier caso, no se 
hace  expresa  referencia  a  la  concreta  causa  de  recusación  prevista  en  la  LOPJ, 
remitiéndose al ATC 119/2017, de 7 de septiembre.
b)  En  relación  con  la  aducida  vulneración  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), sostiene que la atribución del conocimiento de 
un asunto a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Cataluña  es  una  materia  de  legalidad  ordinaria  y 
extraña, por tanto, a la jurisdicción constitucional. Las dudas relativas a la interpretación 
de las normas sobre atribución de competencias a los órganos jurisdiccionales son 
cuestiones de mera legalidad ordinaria y ajenas, por tanto, al derecho al juez ordinario 
predeterminado  por  la  ley,  salvo  que  esa  interpretación  suponga  una  manipulación 
manifiestamente  arbitraria  de  las  reglas  legales  sobre  atribución  de  competencias 
(STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 9). No puede confundirse, por tanto, el contenido de 
este  derecho  fundamental  con  el  derecho  a  que  las  normas  sobre  distribución  de 
competencias  entre  los  órganos  jurisdiccionales  se  interpreten  en  un  determinado 
sentido (entre muchas, SSTC 238/1998, de 15 de diciembre, FJ 3; 49/1999, de 5 de abril, 
FJ 2; 183/1999, de 11 de octubre, FJ 2, y 164/2008, de 15 de diciembre, FJ 4). A su 
juicio,  no  hay  vulneración,  pues  el  mismo  art.  57.2  EAC,  que  se  dice  infringido, 
expresamente  recoge  la  competencia  jurisdiccional  del  Tribunal  Supremo,  en 
concordancia con la normativa procesal general de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c)  Respecto de la alegada vulneración del derecho a la doble instancia penal, a 
juicio de esta parte, además de que no ha quedado determinado si se ha cumplido con el 
requisito de la invocación [art. 44.1 c) LOTC], en todo caso, cabe recordar que por ser 
aforado el recurrente no goza del derecho a doble instancia reconocido también en el  e.
art.  2  del  protocolo  VII  del  Convenio  europeo  para  la  protección  de  los  derechos  w.b
humanos, lo que también ha sido validado por el Tribunal Constitucional (SSTC 51/1985,  36ww
de 1d0)  deE anb rreill,a yc i1ó3n6 c/1o9n9 l9a,  vdueln 2e0r adceió jnu lidoe).l derecho a la participación política (art. 23 CE),
suenñaa elax cqeupec inóon ,h acoy mdoe redcehteorsm iilnimai tlaad porso py iaq uCeo enls dtietureccióhno  aful nddisapmoneenrta ql udee l «aerlt .c 2o3n dCeEn andoo e as 
pena  de  prisión  que  estuviere  cumpliendo  la  misma  gozará  de  los  derechos
fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria» 
(art. 25.2 CE). En cuanto al derecho de sufragio pasivo, se trata de un derecho limitable, 
como demuestran algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del régimen electoral general [arts. 6.2 a) y b)], la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, general penitenciaria (art. 3.1) y la Ley de enjuiciamiento criminal 
(art. 384 bis).
Para esta parte, la Constitución no reconoce un derecho fundamental ni de otro tipo 
del reo a poder disfrutar y exigir una salida extraordinaria del centro penitenciario sea 
para el ejercicio de derechos reconocidos en el art. 23 CE u otros de rango fundamental, 
como el derecho de asociación, asistencia a manifestaciones de culto u otros que la 
misma  Constitución  reconoce.  En  cambio,  la  Ley  Orgánica  general  penitenciaria  sí 
reconoce  a  presos,  en  situación  preventiva  y  provisional,  el  derecho  a  solicitar  un 
permiso (art. 48 y artículo 159 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento penitenciario), quedando al arbitrio del juez la concesión de este. 
La decisión judicial sobre dichos permisos penitenciarios no tiene rango constitucional, 
sino legal, razón por la cual queda fuera del marco de apreciación de la jurisdicción 
constitucional.  En  este  mismo  sentido  de  ausencia  de  relevancia  constitucional  se 
pronuncia el auto del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2018, recordando la doctrina 
del Tribunal Constitucional (SSTC 23/2006, de 30 de enero, y 81/1997, de 22 de abril).
También se destaca que, «como muestra este mismo ATS de 12 de enero de 2018, a 
mayor garantía de los derechos políticos del recurrente, el magistrado instructor ha 
posibilitado que este pueda incluso seguir realizando sus objetivos políticos por vía de 
delegación de su voto, de conformidad al art. 93.1 del Reglamento del Parlamento de 
Cataluña». Añade que la concesión de este tipo de permiso al recurrente, obviando 
todas las premisas constitucionales y legales aludidas, sería una irregularidad contraria 
al art. 14 CE.
e)  Finalmente, en cuanto al derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE), en opinión 
de esta parte, no queda claro en qué sentido los autos recurridos lesionan este derecho 
fundamental. No explica la demanda en qué forma constriñe aquí el Tribunal Supremo el 
derecho a la libertad ideológica del recurrente y, a partir de la mención al Tribunal 
Constitucional –diciendo que sus decisiones «están afectando al núcleo esencial de las 
funciones del Parlamento»–, el escrito solamente reconduce la restricción del derecho a 
la libertad de participación política y a la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional 
ha tenido ocasión de delimitar bajo qué premisas una actuación pública atenta contra 
dicho derecho, al apreciar una lesión de la libertad ideológica «cuando menos precisa, 
de una parte, que aquell[a]s perturben o impidan de algún modo la adopción o el 
mantenimiento  en  libertad  de  una  determinada  ideología  o  pensamiento,  y  no 
simplemente que se incida en la expresión de determinados criterios. De otra, se exige 
que entre el contenido y sostenimiento de estos y lo dispuesto en los actos que se 
combatan quepa apreciar una relación de causalidad» (STC 137/1990, de 19 de julio, 
FJ 8, y ATC 19/1992, de 27 de enero, FJ 2). Por tanto, a su juicio, la lesión del derecho a 
la libertad ideológica ni está suficientemente explicada y aclarada en los términos del 
art. 49.1 LOTC, ni se cumple la premisa de que sea imputable de modo inmediato y 
directo a una acción u omisión del órgano judicial [art. 44.1 b) LOTC].
Añade que «en lo que se refiere a la supuesta lesión paralela de la libertad de 
expresión que se contiene también en este punto, en tanto, realmente, en el petitum del 
recurso se refiere a la garantía de los derechos de los arts. 16, 17, 23, 24 y 25 CE, sin  s
citar el art. 20 CE, no procede entrar a conocer si hubo o no lesión del mismo». oe.
f)  El escrito de alegaciones incluye también unos apartados dirigidos a analizar  w.
unas supuestas vulneraciones de los derechos a la libertad (apartado tercero); a la  36ww
dleeyf epnesnaa l( a(appaartrataddoo q sueinxttoo));,  yq uae l an ole ghaalnid saidd,o p inrevsoucnacdioósn  edne  einsotec ernecciuar syo p dreev aismibpilaidraod y  dqeu ela, 
además, se dirigen contra las decisiones juridiciales en que se acordó el mantenimiento
de la prisión provisional del demandante de amparo, que no son objeto de este recurso, 
razón por la cual no se exponen.
7.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  19  de  julio  de  2018,  formuló 
alegaciones interesando, con carácter principal, la inadmisión del recurso de amparo por 
falta  de  justificación  de  la  especial  transcendencia  constitucional  del  recurso; 
subsidiariamente, la inadmisión de los motivos de amparo relativos a los derechos de 
naturaleza procesal del art. 24 CE «por concurrencia de los óbices procesales de falta de 
invocación y agotamiento de los medios de impugnación disponibles en la vía judicial 
previa»;  y,  subsidiariamente,  la  completa  desestimación  de  los  motivos  de  amparo 
alegados.
A)  El  Ministerio  Fiscal,  tras  analizar  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  el 
particular,  afirma  que  «entiende  procedente  plantear  al  Tribunal  la  inadmisión  en 
sentencia del presente recurso de amparo por concurrir el óbice procesal de no haberse 
cumplimentado  adecuada  y  suficientemente  la  carga  de  justificar  la  especial 
trascendencia constitucional, incumpliendo lo dispuesto en el art. 49. 1 in fine LOTC, sin 
perjuicio  de,  subsidiariamente,  someter  a  criterio  y  consideración  del  Tribunal  la 
apreciación de los elementos anteriormente identificados como valorables en términos 
de flexibilidad aplicativa de dicho presupuesto procesal». A esos efectos plantea que la 
demanda carece de un apartado dedicado a la justificación de la especial transcendencia 
constitucional y tampoco aparece ninguna mención a este requisito o a los criterios de 
referencia del art. 50.1 b) LOTC o a los supuestos del fundamento jurídico 2 de la 
STC 155/2009 o a la jurisprudencia relacionada con este requisito procesal, por lo que 
no cabe apreciar (i) que se despliegue el esfuerzo argumental que ponga en conexión 
las vulneraciones constitucionales alegadas con los criterios del art. 50.1 b) LOTC, 
explicitando  la  «proyección  objetiva  del  amparo  solicitado»;  y  (ii)  que  se  disocie 
adecuada y suficientemente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la 
lesión  de  un  derecho  fundamental  y  los  razonamientos  específicamente  dirigidos  a 
justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional, que no puede 
quedar suplida por la exposición sobre la lesión del derecho.
No obstante, el Ministerio Fiscal afirma (i) que «es plenamente consciente de que el 
recurso de amparo en sí materialmente presenta especial trascendencia constitucional y 
no solo no pretende desconocerla o minimizarla sino que por el contrario la propugna 
con convicción plena, como mínimo, en relación con los supuestos a) y g) reconocidos 
en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009, por cuanto, a su entender, plantea un 
problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que 
no hay doctrina del Tribunal Constitucional –puesto que resulta novedoso, cuanto menos, 
desde el planteamiento de la afectación del art. 23.2 CE en conexión con la prohibición 
de  excesos  en  las  restricciones  asociadas  a  situaciones  de  prisión  preventiva  sin 
procesamiento de un representante político–; y porque trasciende del caso concreto al 
plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o 
tenga  unas  consecuencias  políticas  generales  (en  la  medida  en  que,  amén  de 
contextualizarse en una situación de cuestionamiento al orden constitucional, puede 
tener repercusión en el funcionamiento del Parlamento de una comunidad autónoma y 
sobre  los  derechos  in  officium  propios  y  de  otros  terceros  también  representantes 
políticos también electos en el mismo proceso electoral)»; (ii) que no desconoce que el 
Tribunal Constitucional ha flexibilizado su criterio en determinadas ocasiones en que se 
ponía de manifiesto la existencia de una justificación implícita; y (iii) que si se optase por  e
ponderar la flexibilización en los cánones aplicables en el presente recurso «ciertamente  bo
en  el  desarrollo  de  la  argumentación  destinada  en  la  demanda  a  justificar  las  36ww
vriuelsngeora dceio nqeuse  dpeu eldoas  tdildearersceh ocso mfuon deasmfueenrztaol eos  einjevroccicaiod oisn teclaebcetu, aal upnroqsucer itcoo, rerinecnodnot raerl 
laal gpurnoayse cacfiiórmn aocbiojenteivsa  –qauuen qvueerd caideertraammeennttee  ptiaerncea se–l  reenc ularss oq’ uye  reelq uTireibreu nlaal  Lpeoyd rOíar g‘háanlilcaar 
del  Tribunal  Constitucional,  pese  a  no  aparecer  claramente  disociadas  de  otras
argumentaciones».  A  esos  efectos  cita  dos  elementos,  como  son  (i)  la  referencia 
contenida en el apartado inicial de consideraciones previas a la eliminación de los 
derechos políticos de un representante electo que se encuentra en situación de prisión 
provisional, «lo que permite vincular el motivo al que se refiere (vulneración del art. 23.2 
CE) con el planteamiento de un problema o una faceta de un derecho fundamental sobre 
el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional, y por ello resulta novedoso en el 
sentido del apartado a) del fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009 por la razón ya 
aludida supra –afectación del art. 23.2 CE en conexión con la prohibición de excesos en 
las restricciones asociadas a situaciones de prisión preventiva sin procesamiento de un 
representante político–»; y (ii) la referencia al carácter tributario del procedimiento del 
que trae causa el presente recurso de la crisis constitucional que experimenta la relación 
Cataluña-España, «lo que cabría encajar en la letra g) del fundamento jurídico 2 de la 
STC 155/2009, como supuesto que transciende al caso concreto al plantear una cuestión 
jurídica  de  relevante  y  general  repercusión  social  o  con  consecuencias  políticas 
generales».
B)  El Ministerio Fiscal, en relación con el motivo que denuncia la vulneración del 
derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial, tras resumir las 
alegaciones contenidas en la demanda, expone los siguientes razonamientos:
a)  La queja relativa a la vulneración del derecho al juez imparcial, sustentada en la 
imposibilidad  de  cuestionar  la  imparcialidad  de  los  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional, no puede acogerse porque el demandante se ha abstenido de haber 
intentado temporáneamente, en el presente proceso de amparo, la recusación de los 
magistrados  del  Tribunal  Constitucional,  lo  que  es  imprescindible  para  el  correcto 
agotamiento. Tampoco especifica la demanda cuál de las causas de recusación previstas 
legalmente entiende concurrentes y, además, la queja, huérfana de toda argumentación 
y concreción, aparece como ajena por completo al objeto específico de la demanda de 
amparo rectora del presente proceso constitucional.
b)  La queja referida al juez ordinario predeterminado por la ley, que se fundamenta 
en la ausencia de competencia del Tribunal Supremo para investigar o enjuiciar los 
hechos atribuidos al demandante, tampoco, a juicio del Ministerio Fiscal, puede ser 
examinada por incurrir en causa de inadmisión, dado que no ha sido aducida en la vía 
judicial previa y es por completo ajena a las resoluciones judiciales que se cuestionan en 
el presente recurso de amparo. La asunción de competencia por parte del Tribunal 
Supremo no fue cuestionada por el ahora demandante. La vulneración, por tanto, se 
esgrime ex novo en la demanda de amparo y no ha sido analizada por las resoluciones 
cuestionadas. Al margen de ello, el Ministerio Fiscal considera que esta invocación debe 
desestimarse, ya que la argumentación en que se ha sustentado en vía judicial la 
competencia del Tribunal Supremo para la instrucción y enjuiciamiento que están siendo 
objeto  de  la  presente  causa  especial  «no  puede  tildarse  de  ‘manipulación 
manifiestamente arbitraria de las reglas legales sobre atribución de competencias’, sino 
que  responde  a  una  exégesis  racional  y  razonable  de  las  normas  de  atribución 
competencia previstas en el art. 57.2 EAC, dada la afirmación de una ejecución de parte 
de los hechos delictivos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña al 
haber sido cometidos en el extranjero, esto es, fuera de todo el territorio nacional del 
Estado español».
c)  La  queja  sobre  la  doble  instancia  penal,  según  el  fiscal,  tampoco  ha  sido 
esgrimida ante los órganos judiciales y se aduce también ex novo en la demanda de 
amparo. Añade que esa denominada doble instancia instructora o la necesidad del doble  e.
grado  en  dicha  fase  procesal,  carece  de  todo  fundamento  legal  y  reconocimiento  w.b
constitucional y también tal deficiencia acaecería si la causa fuese instruida por el  36ww
dTeri biunneaxli sSteunpceiraio dr ed ela C saetagluunñdaa,  cionmstoa nsceia p rreetveisnodrea  edne l ala d ecmonadnednaa.  Ppoern laol , daedmeámsá, sla  dqeu enjao 
hhaab perro dsuidcoid aod.ucida, es prematura, pues tal posible enjuiciamiento y condena aún no se
C)  El Ministerio Fiscal, en relación con la invocación del derecho a la participación y 
a la representación política (art. 23 CE), afirma que, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, «se aprecia la trascendencia del derecho del art. 23.2 CE, su conexión 
con el derecho del art. 23. 1 CE y el alcance de su contenido al mantenimiento en el 
ejercicio de las funciones representativas con arreglo a la ley sin sufrir limitaciones, 
constricciones o perturbaciones ilegítimas, pero también se desprende: (i) que se trata 
de un derecho que no es absoluto ni ilimitado o ilimitable; (ii) que la permanencia y 
ejercicio se definen conforme a un ‘status’ legal con ‘condiciones determinadas por la 
propia voluntad democrática del Estado’; y que, en dicha medida, (iii) cabe que los 
titulares de este derecho padezcan limitaciones o restricciones legítimas provenientes de 
las normas y de quienes las aplican, si bien deben responder a un fin legítimo y 
producirse en términos proporcionados a dicha finalidad». A partir de ello, sostiene que 
«a criterio de este Ministerio Fiscal, una completa operación de verificación de la total 
satisfacción  de  las  exigencias  derivadas  de  los  principios  de  proporcionalidad  y 
prohibición de excesos –en su alcance más amplio– supone comprobar en el proceder 
judicial restrictivo del derecho fundamental la concurrencia tanto del presupuesto de 
legalidad que constituye postulado básico de su legitimidad democrática y garantía de 
previsibilidad de la actuación de los poderes públicos, como del presupuesto material de 
justificación teleológica o finalidad legítima que introduce en el juicio de la admisibilidad 
de la injerencia los valores que trata de salvaguardar la autoridad actuante –y que 
precisan gozar de la fuerza constitucional suficiente para enfrentarse a los valores 
representados por el derecho fundamental restringido–, así como testar la satisfacción 
de  los  requisitos  de  motivación  suficiente  y  de  idoneidad,  necesidad  y  ponderada 
proporcionalidad estricta de la medida en relación con el fin legítimo perseguido».
El Ministerio Fiscal argumenta que las resoluciones judiciales impugnadas, ante la 
inexistencia de una disposición normativa que establezca la preeminencia del derecho 
de representación política y del ejercicio de las funciones parlamentarias frente a otros 
fines constitucionalmente legítimos, pese a su indiscutida importancia en una sociedad 
democrática, ha optado por la ponderación de los intereses en juego, concluyendo que el 
rechazo de la salida del centro penitenciario es una medida que se ha ajustado a la 
legalidad, responde a una finalidad legítima, cuenta con una motivación reforzada y 
respeta los requisitos intrínsecos del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
estricta.
a)  El Ministerio Fiscal destaca que la decisión judicial se ha ajustado a la legalidad, 
ya que del art. 3 LOGP «se deriva que si bien la regla general respecto de los internos 
en centros penitenciarios es el ejercicio de los derechos políticos (aspecto que destaca la 
representación procesal del recurrente en favor de su pretensión a lo largo de su 
actuación procesal), cabe establecer excepciones en supuestos de incompatibilidad con 
el objeto de su detención, como finalmente se estima en el caso concreto, lógicamente 
en función de las circunstancias concurrentes en el sometido a prisión y en los hechos 
(por su naturaleza, gravedad, características, bienes o valores jurídicamente protegidos, 
etc…). Y lo cierto es que el escrutinio de las resoluciones judiciales confirma que es 
precisamente  la  incompatibilidad  del  ejercicio  de  tales  derechos  con  el  riesgo  de 
reiteración del delito que constituye el fundamento que sustenta su situación de privación 
de libertad, la ratio decidendi de su mantenimiento como preso preventivo en el centro 
penitenciario y, por tanto, el motivo objetivo de su condición de interno, lo que determina 
la restricción o limitación judicial con base en una motivación que tiene como hilo 
conductor la idea nuclear de que aquel ejercicio precisamente favorecería el peligro que  e.
se  pretende  conjurar  con  la  adopción  de  la  medida  cautelar  personal  de  prisión  w.b
preventiva y que el delito cuya reiteración se teme generaría una grave repercusión  36ww
cdoen nsuisetsetnrote  Eesnta ldao q dueiemborac rdáetic loo sy  plar inccoinpvioivse, ndceiare ccihuodsa dya nvaa lojurnetso  dae ll ao prdaezn p cúobnlicsatit.u Yc ioenlloa,l 
ao rieenntteancdióenr  dmela Fteisricaal l,d neo  lpau endoerm sain oe nc aqlifuicea resnec cuoemntora u nb asseagmuiemniteon teol  npor odceesdveiard oju ddiec ilaal 
limitativo».
b)  El Ministerio Fiscal expone que la decisión impugnada responde a una finalidad 
legítima, ya que (i) el auto del magistrado instructor «revela que la justificación limitativa 
que se maneja –transversal e individualizadamente– es la necesidad de preservar ‘el 
ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático’, los 
derechos de la mayoría de los ciudadanos y ‘el mantenimiento de la pacífica convivencia 
que  precisamente  justificó  la  adopción  de  la  medida  cautelar’  frente  al  ‘grave 
enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión de los traslados 
de unos presos que suscitan su apoyo incondicional’, esto es, salvaguardar en definitiva 
el orden constitucional, los derechos, principios y valores básicos del Estado de Derecho 
que están en el basamento de nuestra democracia y, con ellos, los derechos de todos y 
hasta  la  integridad  y  convivencia  pacífica  ciudadana  frente  a  nuevos  hechos  que 
quiebren o desafíen sus presupuestos y generen un conflicto o incluso un violento 
estallido  social»;  y  (ii)  en  el  auto  de  apelación  «también  individualizada  y 
transversalmente aparece una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, 
palmariamente relacionada con la preservación de delitos atentatorios precisamente 
contra la Constitución y el elenco de principios, derechos y valores que constituyen la 
esencia del ordenamiento constitucional vigente con el que se ha dotado el Estado social 
y democrático de Derecho (art. 1 CE), a cuya ruptura estructural junto con la quiebra de 
la convivencia social se entiende ir orientada la estrategia en la que se inserta la 
actividad y contribución del recurrente».
c)  El Ministerio Fiscal afirma que la decisión impugnada cumple las exigencias de 
motivación reforzada, ya que «con la simple lectura de la fundamentación fáctica y 
jurídica plasmada en tales resoluciones puede comprobarse sin mayor dificultad que ya 
desde el auto del magistrado instructor el argumento que se emplea predominantemente 
para  la  denegación  de  los  permisos  penitenciarios  para  asistir  a  las  sesiones 
parlamentarias es el riesgo de reiteración delictiva dadas las particulares circunstancias 
concurrentes en los hechos y en el indiciariamente responsable de los mismos aquí 
recurrente. Y no es extraño que sobre este peligro gire la resolución judicial puesto que 
es el que sirve de fundamento precisamente a su situación de privación de libertad en un 
centro penitenciario a la que va asociada la limitación a los otros derechos aludidos en el 
art. 3.1 LOGP».
d)  El Ministerio Fiscal argumenta que la decisión impugnada cumple los requisitos 
intrínsecos del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Así, señala, (i) 
respecto del juicio de idoneidad, que «no ofrece duda que la no concesión del permiso 
resulta útil, apta y eficaz para preservar la finalidad legitima perseguida, puesto que 
impide absolutamente que el investigado preso –que ha mostrado una inquebrantable 
determinación y persistencia en su acción y objetivos– pueda utilizar su condición de 
diputado, la acción parlamentaria, su dominio sobre instrumentos jurídicos e instituciones 
y su liderazgo o antecedente sobre el movimiento ciudadano afecto incondicionalmente 
al independentismo catalán en la estrategia de combate ilegítimo al Estado de Derecho y 
la Constitución e incluso emplee la movilización violenta para la reiteración en el delito de 
rebelión»; (ii) respecto del juicio de necesidad, que «un pronóstico razonable ad casum 
descarta que la concesión de los permisos penitenciarios, disponiendo e implementando 
medidas de acompañamiento, cautela y de conducción segura del recurrente a cargo de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pudiera preservar con suficiente y mínima 
garantía  la  salvaguarda  del  fin  legítimo  con  las  mismas,  semejantes,  próximas  o 
aceptables condiciones de aptitud  y eficacia que  la  ahora enjuiciada. Más bien, el 
escrutinio de las circunstancias no solo subjetivas –del recurrente–, sino también de las  s
objetivas  –de  los  hechos–  e  incluso  el  clima  reinante  en  la  ciudadanía  y  en  las  oe.
instituciones  ejecutivas  y  legislativas  en  la  Comunidad  de  Cataluña  con  claridad  w.
apuntaban, al tiempo de la toma de la decisión, en la dirección de que una medida de tal  36ww
ccoonmtoe nitdaom nboié hnu bdieer as sui dop asrutifcicipieanctieómn etnetlee mapáttaic ap aroa  lopgorra rv eidl emoicsomnofe preronpcióas itaol  lesgeírti muon»a, 
paofescibtoilsid aald p qroupeó «siytoa  ienrdae pmeanndifeienstitsatma eyn stee  rceuveesltaiobnaa adlata mpoern ltoes p grorubpleoms áptiacrala, mamenétna rdioes  sneor   BOE-A-cable e
un aspecto discutible hasta qué punto un órgano judicial del orden jurisdiccional penal 
puede  incidir  en  supuestos  como  el  presente  sobre  el  contenido  de  los  derechos 
fundamentales de terceros»; y, (iii) respecto del juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto, el Ministerio Fiscal destaca que «en este contexto conflictual, precisamente lo 
exigible conforme al interés general es el sacrificio del interés individual del encausado, 
puesto que de la medida restrictiva se derivan, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre los bienes o 
valores en conflicto correspondientes al recurrente y a quienes votaron o no opciones 
cercanas a la aspiración independentista en el proceso de elecciones autonómicas que 
culminó el 21 de diciembre de 2017».
D)  El Ministerio Fiscal, en relación con la invocación del derecho a la libertad 
ideológica y de expresión de opiniones políticas (arts. 16 y 20.1 CE), afirma que las 
resoluciones cuestionadas se acomodan a la jurisprudencia constitucional, ya que, frente 
a las afirmaciones que se hacen en la demanda, no hay elemento en las mismas que 
permita sostener que es la ideología del demandante la que ha determinado que se 
adopte la decisión de denegar el permiso solicitado, «sino que lo que ha llevado a la 
restricción  denunciada  ha  sido  la  pluralidad  de  actos  constitutivos  de  delito, 
perfectamente  planificados,  que  ha  ejecutado  –entre  otros–  el  recurrente  y  se  han 
sucedido a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, desde sus responsabilidades 
institucionales en el Consejo de Gobierno y en el Parlamento de Cataluña, en actuación 
acompañada de incitaciones directas o indirectas a la movilización popular para alcanzar 
la proclamación de la independencia, acudiendo a vías de hecho e incitando a sus 
partidarios a oponerse a la acción del Estado mediante actuaciones en las que se ha 
desplegado  una  creciente  violencia.  Dicho  en  otros  términos,  el  fundamento  de  la 
restricción no se encuentra en la ideología del recurrente sino en que el ejercicio del 
derecho que se peticiona supone favorecer la reiteración que trata de conjurarse, visto 
que la actividad delictiva, que se teme sea reiterada, se desplegó –precisamente– ‘desde 
actuaciones  legislativas  y  ejecutivas  claramente  ilegales,  desatendiendo  de  manera 
flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro 
ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido 
excluida y sigue respaldándose de presente’, tal y como expresa el auto de 9 de marzo 
de 2018 del magistrado instructor».
Agrega que «en nuestro sistema jurídico no existe ninguna prohibición o limitación 
para sostener tesis independentistas en distintos territorios del Estado, ni para constituir 
partidos políticos que acojan dicho ideario independentista, ni para su expresión pública, 
lo que resulta de toda evidencia, dada la ideología del partido político a que pertenece el 
demandante y con el que ha concurrido a las elecciones al Parlamento catalán con 
reiteración, partido que despliega su actividad sin ningún tipo de cortapisa».
8.  El demandante y el procurador don Emilio Martínez Benítez no presentaron 
escrito de alegaciones.
9.  Mediante providencia de 28 de enero de 2020, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Delimitación del objeto del recurso. s
El objeto de este recurso de amparo es determinar si las resoluciones judiciales  w.b
impugnadas –auto del magistrado instructor de 12 de enero de 2018 y auto de la sala de  36ww
erenc ulars coasu dsea  leas Spaelcai adl en lúom P. e2n0a9l 0d7e-l2 T0r1ib7u–n haal nS uvpurlenmeroa ddoe  l1o4s  ddee rmecahrzoos  dfuen 2d0a1m8e, ndtiaclteasd oasl 
(juaertz.  2p3re CdeEt)e yrm ai nlaa dliboe protard la id leeoy lóy gaicl aju e(azr ti.m 1p6a).rcial (art. 24.2 CE), a la participación política
Las vulneraciones denunciadas se habrían producido por denegar al demandante de 
amparo, diputado autonómico en situación procesal de prisión preventiva, su traslado a 
un  centro  penitenciario  de  Barcelona  y  el  otorgamiento  de  los  permisos  de  salida 
necesarios para su asistencia a los plenos de la cámara con las medidas de seguridad 
que fuesen convenientes, especialmente para asistir a la sesión de constitución del 
Parlamento convocada para el 17 de enero de 2018, así como a una posterior sesión de 
investidura del presidente del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El 
recurrente se encontraba ya cautelarmente privado de libertad en la citada causa penal 
cuando  decidió  concurrir  a  las  elecciones  autonómicas  al  Parlamento  de  Cataluña 
celebradas el 21 de diciembre de 2017 y también cuando fue elegido diputado por la 
circunscripción de Barcelona.
Dada la incidencia nuclear que la situación cautelar de prisión provisional ha tenido 
en la solicitud de los permisos penitenciarios y en su denegación, el objeto de esta 
demanda está conectado con el del recurso de amparo avocado núm. 814-2018, que fue 
desestimado por STC 155/2019, de 28 de noviembre. En dicho recurso el demandante 
de amparo impugnó el auto de 4 de diciembre de 2017 (ratificado en apelación por auto 
de 5 de enero de 2018), por el que el magistrado instructor de la causa denegó su 
petición de libertad y, en consecuencia, mantuvo la prisión provisional comunicada y sin 
fianza acordada inicialmente el 2 de noviembre de 2017, por el Juzgado Central de 
Instrucción núm. 3.
No  obstante,  en  el  presente  recurso  de  amparo  no  resulta  controvertida  la 
constitucionalidad  del  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  del  demandante  de 
amparo. Por lo tanto, el enjuiciamiento de la denunciada vulneración del derecho al 
cargo  representativo  obtenido  tiene  como  presupuesto  que  la  situación  de  prisión 
provisional en la que se encontraba no era contraria a sus derechos fundamentales, tal y 
como hemos establecido en la citada STC 155/2019. Esta conexión obligará, en su caso, 
a remitirnos a lo expresado en esa resolución.
Por otra parte, para mayor precisión en la determinación del objeto de este recurso, 
es necesario destacar, en primer lugar, que, en relación con la denegación del traslado a 
un centro penitenciario de Barcelona, la respuesta otorgada en la vía judicial –en el 
sentido  de  que  tal  reclamación  debe  ser  cursada  a  la  autoridad  penitenciaria 
competente– no ha sido controvertida en la demanda de amparo mediante el necesario 
soporte argumental que hubiera permitido a este Tribunal conocer las razones de su 
impugnación. Por tanto, cabe entender que en el solicito de la demanda, al incluirse la 
petición de que «se autorice la participación en los plenos del Parlament de Catalunya al 
diputado  Ilmo.  señor  Oriol  Junqueras  i  Vies  y  a  tal  fin  su  traslado  a  un  centro 
penitenciario próximo a la cámara», la referencia al traslado a un centro penitenciario de 
Barcelona es meramente instrumental y dirigida a facilitar el ejercicio del derecho de 
representación política ante una eventual autorización de la participación del recurrente 
en las sesiones del Parlamento de Cataluña, por lo que es una cuestión que queda 
vinculada como presupuesto necesario a la resolución de esta cuestión.
Del mismo modo, también resulta confusa en la demanda de amparo la pretensión 
del recurrente en la medida en que, en el solicito, junto a la petición de anulación de las 
resoluciones impugnadas, se insta de este Tribunal a autorizar la participación en los 
plenos del Parlamento de Cataluña al recurrente, lo que parece dar a entender que lo 
impugnado  es  una  genérica  negativa  a  que  sistemáticamente  se  autorizara  su 
participación  en  cualquier  pleno.  Sin  perjuicio  de  la  consolidada  jurisprudencia 
constitucional sobre la imposibilidad de reconstrucción de oficio de las demandas de  s
amparo (así, STC 39/2016, de 3 de marzo, FJ 2), se considera que, en este caso, tal  oe.
como también ha entendido el Ministerio Fiscal en su informe, dicha solicitud quedaba  w.
limitada a la denegación de la asistencia al pleno constitutivo de la legislatura y al de la  36ww
ys erseisóune dltea  einnv elas tvidíau rjau,d iycaia ql upere avisaí  esen  ldaesr irveas otalunctoio ndees l aim cpoungcnreacdiaósn  edne  elal  ppreetsiceinótne  cruercsuardsao 
de amparo, como de la propia fundamentación desarrollada en la demanda de amparo
en que se hace expresa referencia a la posibilidad de acudir al primero de los plenos del 
Parlamento catalán.
En conclusión, por lo expuesto, el objeto de este recurso de amparo queda limitado a 
analizar si se ha incurrido en la vulneración de los derechos invocados cuando las 
resoluciones judiciales denegaron la autorización al demandante de amparo, que estaba 
entonces  cumpliendo  una  medida  cautelar  de  prisión  provisional,  para  que  en  su 
entonces  condición  de  diputado  del  Parlamento  de  Cataluña  acudiera  a  la  sesión 
constitutiva  de  la  XII  legislatura  y  a  la  sesión  de  investidura  del  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña.
2.  La imposibilidad de recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
El demandante de amparo, al igual que ya hiciera en el recurso de amparo 814-2018, 
dentro de la invocación del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, alega la 
imposibilidad  de  recusar  de  manera  efectiva  a  los  magistrados  del  Tribunal 
Constitucional. Sostiene que estarían incursos en una causa de recusación porque los 
procesos judiciales penales relacionados con lo que se ha denominado el «proceso de 
independencia  de  Catalunya»  parten  de  la  supuesta  desobediencia  al  Tribunal 
Constitucional  y  este  habría  llevado  a  cabo  una  «valoración  jurídico  penal  de  las 
conductas» de, entre otras personas, la del ahora recurrente, al deducir testimonio de 
actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la formulación de acciones penales.
Remitiéndonos a lo razonado en el fundamento jurídico 2 de la citada STC 155/2019, 
esta  alegación  debe  ser  rechazada,  ya  que  carece  de  una  base  objetiva  de 
fundamentación, pues el demandante no ha intentado la recusación de los magistrados 
de este Tribunal Constitucional, lo que formalmente era posible de acuerdo con el 
art. 223 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales en virtud del art. 80 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC).
3.  Los requisitos formales de admisibilidad de la demanda de amparo.
a)  El Ministerio Fiscal interesa en su escrito de alegaciones como petición principal 
que se inadmita el presente recurso de amparo por incumplimiento de la exigencia de la 
justificación  de  la  especial  transcendencia  constitucional  del  recurso.  No  obstante, 
también pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones: (i) la 
existencia de una jurisprudencia constitucional sobre la flexibilización de esta exigencia; 
(ii) que en el presente caso esos elementos de justificación aparecen contenidos en el 
texto de la demanda a través de las referencias a la eliminación de los derechos políticos 
de un representante electo que se encuentra en situación de prisión provisional y al 
carácter  tributario  del  procedimiento  del  que  trae  causa  el  presente  recurso  de  la 
situación institucional existente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que permite 
su vinculación con las causas de especial transcendencia constitucional relativas al 
carácter novedoso de la cuestión constitucional planteada y al planteamiento de una 
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o con consecuencias políticas 
generales; y (iii) el reconocimiento de que el recurso de amparo presenta materialmente 
una especial trascendencia constitucional por ambas razones.
Este  motivo  de  inadmisión  debe  ser  rechazado.  Las  propias  apreciaciones  del 
Ministerio  Fiscal  sobre  (i)  la  jurisprudencia  constitucional  que  incide  en  que  la 
justificación de la especial trascendencia constitucional puede quedar satisfecha en la 
demanda  de  amparo  con  un  razonamiento  que  permita  al  Tribunal  conectar  e.
materialmente la invocación de derechos fundamentales con alguno de los supuestos en  w.
los que cabe apreciar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo  36ww
FenJ  3ra; z8ó8n/ 2d0e1 5s,u  dees p1e1c diael  tmraasycoe,n FdJe n2c;i a2 0c0o/n2s0ti1tu6c, iodnea 2l 8(S dSeT Cno 9vi9e/m20b1re4,,  FdeJ  22,3  yd e1 /2ju0n1io9,, 
daem p1a4r od es oebnreer eol,  pFrJo b2l)e my a(i ic) olnasst idtuivceiorsnaasl  qcuoen ssied eprlaacnitoenaebsa  ceonn rteelnaicdiaósn  ecno nl ae ld eejmeracnicdioa  ddeel   BOE-A-cable e
derecho de representación política del recurrente son las que sirvieron en este caso al 
Pleno del Tribunal Constitucional en su providencia de 9 de mayo de 2018 para acordar 
la admisión del presente recurso de amparo por considerar que planteaba un problema o 
afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este 
Tribunal [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)].
Tampoco se puede obviar que este Tribunal ha afirmado que «ese deber de justificar 
de modo suficiente la especial trascendencia constitucional del recurso ‘tiene un alcance 
instrumental, en cuanto se dirige a proporcionar al Tribunal elementos de juicio para 
decidir sobre la admisibilidad de la demanda’, razón por la cual ‘si ab initio el Tribunal se 
consideró suficientemente ilustrado, no cabe sino hacer un uso prudente de la facultad 
de inadmitir posteriormente la demanda por meros defectos en el modo de redactarla’ 
(SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2, y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 2), de 
manera que solo se modificará al dictar sentencia la apreciación inicial al admitir la 
demanda cuando existan razones que así lo exijan [SSTC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 4; 
183/2011, de 21 de noviembre, FJ 2; 27/2013, de 11 de febrero, FJ 2, y 127/2013, de 16 
de diciembre, FJ 2 a)]» [(STC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1 d)].
b)  La única parte comparecida que ha efectuado alegaciones también solicita la 
inadmisión del presente recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial 
previa al no haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones. Remitiéndonos a la 
jurisprudencia constitucional y los razonamientos expuestos en el fundamento jurídico 4 
de la citada STC 155/2019, en que esta parte articula la misma petición, debemos 
rechazarla, ya que la totalidad de las vulneraciones de derechos fundamentales se ha 
dirigido originariamente a la resolución dictada por el magistrado instructor y, por ello, el 
agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo solo exigía la interposición de 
recurso de apelación, que fue el medio de impugnación que efectivamente utilizó el 
demandante de amparo haciendo efectivo el requisito de la subsidiariedad al permitir que 
el Tribunal Supremo se pronunciara sobre las infracciones denunciadas con ocasión de 
aquel recurso.
c)  Por  lo  que  se  refiere  a  las  invocaciones  (i)  del  derecho  al  juez  ordinario 
predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) –vinculado tanto a la falta de competencia 
objetiva del Tribunal Supremo para investigar o enjuiciar los hechos que se atribuyen al 
demandante como a que la indebida atribución de competencia al Tribunal Supremo 
anula  las  posibilidades  de  obtener  una  revisión  de  sus  decisiones,  perdiendo 
radicalmente la doble instancia en instrucción y juico oral– y (ii) del derecho a la libertad 
ideológica (art. 16.1 CE), se alega que están incursas en las causas de inadmisión de 
falta de invocación [art. 44.1 c) LOTC] y/o en su carácter prematuro [art. 44.1 a) LOTC].
Remitiéndonos a la jurisprudencia constitucional y los razonamientos expuestos en 
los fundamentos jurídicos 5 y 6 de la citada STC 155/2019, en que se articulaban estas 
mismas peticiones, debemos concluir que: (i) la argumentación dirigida a sustentar una 
eventual vulneración del derecho a la doble instancia penal y la aducida vulneración del 
derecho a la libertad ideológica están incursas en la causa de inadmisión de falta de 
invocación [art. 44.1 c) LOTC], toda vez que no fueron suscitadas en la vía judicial 
previa, impidiendo con ello un pronunciamiento y eventual restablecimiento temprano de 
su supuesta lesión; y (ii) la argumentación dirigida a cuestionar la competencia del 
Tribunal Supremo para el conocimiento de los delitos por los que se ha procesado al 
recurrente está incursa en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía 
judicial previa [art. 44.1 a) LOTC], toda vez que, en el momento en que se presentó esta 
demanda de amparo, el demandante tenía todavía la oportunidad procesal de debatir  s
dentro de la vía judicial previa esta competencia, como efectivamente se hizo mediante  oe.
el planteamiento al Tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo pronunciamiento,  w.
de una declinatoria de jurisdicción que fue resuelta por el auto de 27 de diciembre  36ww
de 2018.
4.  La invocación del derecho a la participación y a la representación política 
(art. 23 CE): jurisprudencia constitucional sobre su contenido y límites.
El demandante de amparo invoca el derecho a la participación y a la representación 
política frente a la decisión judicial impugnada de negarle la excarcelación para asistir a 
la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña y a la de investidura de presidente de 
la Generalitat de Cataluña con un desarrollo argumental semejante al expuesto frente a 
la decisión judicial de mantenimiento de su prisión provisional que fue objeto de la ya 
citada STC 155/2019.
El demandante de amparo argumenta que las resoluciones judiciales impugnadas 
destruyen sus derechos políticos y los de la ciudadanía a quien representa y que ha sido 
víctima de una discriminación infundada en su derecho de acceso al cargo público 
representativo (art. 23.2 CE) y privado del ejercicio de las funciones propias de este, 
pese a haber adquirido plenamente la condición de diputado. También destaca que el 
artículo  23.2  CE  garantiza  el  mantenimiento  en  el  cargo  representativo  sin 
perturbaciones  ilegítimas,  por  lo  que  los  órganos  judiciales  no  pueden  imponer 
restricciones a su ejercicio más allá de los imperativos del principio de igualdad y del fin 
legítimo (STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6), de modo que el demandante solo puede 
ser  removido  del  cargo  público  al  que  ha  accedido  por  las  causas  y  conforme  al 
procedimiento legalmente establecido. Es el Reglamento del Parlamento de Cataluña, a 
juicio del demandante en amparo, el que ordena los derechos y atribuciones de los 
parlamentarios, previendo supuestos tasados de suspensión o privación en su ejercicio. 
Una vez adquirida la condición de diputado, el art. 25.1 b) RPC solo prevé que pueda 
suspenderse dicha condición en dos supuestos que resultan ajenos a las decisiones 
judiciales origen de este recurso de amparo y añade que por auto de 12 de enero 
de  2018  el  instructor  ha  venido  a  imposibilitarle  ejercer  cualquier  atribución  de 
parlamentario, aplicando una «incapacitación legal» que interpreta el Reglamento del 
Parlamento de Cataluña contra todo precedente.
Así expuesta, esta invocación resulta muy similar a la alegada por otro de los 
diputados autonómicos electos en el recurso de amparo 2228-2018, con la singularidad 
de que, además, en aquel caso la petición de excarcelación lo era para asistir al Pleno 
del Parlamento de Cataluña a exponer su programa de gobierno, debatirlo y someter a 
votación su investidura como presidente de la Generalitat, y que fue desestimada por la 
STC 4/2020, de 15 de enero. De esta última resolución se extrae el contenido de la 
jurisprudencia constitucional aplicable a este tipo de supuestos, que es la siguiente:
El análisis sobre si se ha producido la denunciada lesión del derecho de acceso a los 
cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos a través de representantes libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal (art. 23.1 CE), exige tomar en consideración la reiterada 
doctrina  constitucional  sobre  el  contenido  y  la  vinculación  existente  entre  ambos 
derechos fundamentales, que ha sido expuesta recientemente en la STC 155/2019, 
de  28  de  noviembre,  en  relación  con  la  decisión  cautelar  de  privación  de  libertad 
adoptada en la misma causa penal en relación con otro de los investigados.
De sus pronunciamientos (FJ 15), a los cuales hemos de remitirnos íntegramente, 
cabe extractar las siguientes conclusiones, que son necesarias para el análisis de la 
presente queja:
a)  El derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa implica también,  s
necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley, sin  oe.
constricciones  o  perturbaciones  ilegítimas  [SSTC  10/1983,  de  21  de  febrero,  FJ  2;  w.
31n20o/9v1i/e92m8051b,6r e,d ,de e F 6J7   dd4ee   ajmu)n]a.i rozE,o sF, tJaF  3Jú  al3t)i;;m  12a12 /02g/0a11r9a79n,1 td,í aed  e1a 0d2 idc5ie o dneean le nrrooev,s iFeumJlt a3b  rade)e, ,  FypJ a1 r35t9i;c /u72l10a/1r1 79r,9 ed4lee,v  2Fa9nJ  cd6iea;    2020-2936n https://ww
cuando, como ocurre en el presente caso, la petición de amparo se presenta por un
representante parlamentario en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que, en tal
supuesto, resulta también afectado el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos  públicos  a  través  de  sus  representantes,  reconocido  en  el  art.  23.1  CE 
[SSTC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 181/1989, de 3 de noviembre, FJ 4; 
177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, y 47/2018, de 26 de 
abril, FJ 3 a)]. De esta suerte, el derecho del art. 23.2 CE, así como indirectamente el 
que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería 
ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado ilegalmente 
en su ejercicio [SSTC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3; 109/2016, de 7 de junio, FJ 3 a); 
11/2017, de 30 de enero, FJ 3 a); 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 4 d), y 49/2018, 
de 10 de mayo, FJ 4].
b)  El derecho de acceso a los cargos públicos es un derecho de configuración 
legal.  Corresponde  a  la  ley  (concepto  en  el  que  se  incluyen  los  reglamentos 
parlamentarios)  ordenar  los  derechos  y  facultades  que  pueden  ejercer  los  distintos 
cargos públicos, pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados 
en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que sus titulares podrán 
defender, al amparo del art. 23.2 CE, el ius in officium que consideren ilegítimamente 
constreñido o ignorado por actos de los poderes públicos [SSTC 27/2000, de 31 de 
enero, FJ 4; 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5; 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B); 143/2016, 
de 19 de septiembre, FJ 3; 224/2016, de 19 de diciembre, FJ 2 b); 11/2017, de 30 de 
enero, FJ 3 b); 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 b), y 49/2018, de 10 de mayo, FJ 4]. El 
desarrollo legal de estos derechos ha de respetar el principio de igualdad y los derechos 
fundamentales  que  la  Constitución  garantiza,  así  como  salvaguardar  su  naturaleza 
[STC 185/1999, de 11 de octubre, FJ 4 a), con cita de las SSTC 10/1983, de 21 de 
febrero, FJ 2, y 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2].
c)  El  derecho  a  acceder,  mantenerse  y  desempeñar  los  cargos  públicos 
representativos no es incondicionado o absoluto, no es ilimitado en la más usual de las 
formulaciones; «es, por el contrario, un derecho delimitado [en su contenido tanto] por su 
naturaleza como por su función» (STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 6). El legislador 
puede regularlo e imponer limitaciones y restricciones a su ejercicio que, respetando ese 
contenido y los imperativos del principio de igualdad, se ordenen desde la perspectiva 
constitucional a un fin legítimo, en términos proporcionados a dicha válida finalidad. Las 
limitaciones y restricciones al ejercicio del derecho pueden provenir de las normas 
legales que lo regulen o incidan en él, y, por tanto, también de los aplicadores de dichas 
normas y, en especial, de los órganos judiciales, si bien en este caso tales injerencias, de 
conformidad con la doctrina constitucional sobre los límites o restricciones que pueden 
sufrir los derechos fundamentales, han de estar previstas por la ley, han de responder a 
un fin constitucionalmente legítimo, han de ser adoptadas mediante resolución judicial 
especialmente motivada y, en fin, no han de manifestarse desproporcionadas en relación 
con  la  finalidad  perseguida  por  ellas  (SSTC  207/1996,  de  16  de  diciembre,  FJ  4; 
25/2005, de 14 de febrero, FJ 6; 900 11/2006, de 16 de enero, FJ 2, y 96/2012, de 7 de 
mayo, FJ 7).
d)  Los criterios reseñados de la jurisprudencia de este Tribunal en relación con el 
contenido y límites del derecho de acceso a los cargos públicos son semejantes a los 
que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) sobre el art. 3 del Protocolo núm. 1 al Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades públicas (CEDH). Esta jurisprudencia, por mor del 
art. 10.2 CE, constituye un relevante elemento hermenéutico en la determinación del 
sentido  y  alcance  de  los  derechos  y  libertades  que  la  Constitución  reconoce  s
(SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8; 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5, y 8/2017,  oe.
de 19 de enero, FJ 4). w.
5.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional expuesta: consideraciones previas.
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al objeto del presente proceso de 
amparo exige destacar las dos siguientes consideraciones previas:
a)  La  condición  parlamentaria  del  recurrente  y,  por  tanto,  el  derecho  de 
representación política que conlleva, no son obstáculo para que, cuando concurran las 
condiciones constitucionales y legales necesarias, pueda acordarse y mantenerse en el 
tiempo su prisión provisional, pese a las restricciones de diversa naturaleza que le son 
inherentes [STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 20 A)].
En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que 
los derechos garantizados por el art. 3 del Protocolo núm. 1 CEDH no son absolutos 
(STEDH de 30 de junio de 2009, asunto Etxeberria y otros c. España, § 40), sino que 
pueden estar sometidos a «limitaciones implícitas», disponiendo los Estados de un 
amplio margen de apreciación al respecto (STEDH de 2 de marzo de 1987, asunto 
Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica, § 52). Descendiendo al concreto supuesto que nos 
ocupa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene manifestado que el Convenio no 
prohíbe la aplicación de la medida de privación cautelar de libertad a un diputado o 
candidato en unas elecciones legislativas ni su mantenimiento en prisión provisional, así 
como que estas decisiones no implican automáticamente una violación del art. 3 del 
Protocolo núm.1 CEDH, ni siquiera en el caso de que la privación de libertad fuera 
considerada contraria al art. 5.3 CEDH (STEDH de 28 de noviembre de 2018, asunto 
Selahattin Demirtas c. Turquía, § 231).
En aplicación de dicha doctrina, la citada STC 155/2019 declaró constitucionalmente 
legítimo el mantenimiento de la prisión cautelar del demandante. En dicha resolución se 
apreció  que  el  mantenimiento  de  la  prisión  provisional  decretada  vino  apoyado  en 
indicios de criminalidad basados en datos objetivos, se fundamentó en una finalidad 
constitucionalmente legítima razonadamente apreciada (conjurar el riesgo de reiteración 
delictiva concurrente) y superaba el juicio de proporcionalidad de la limitación de los 
derechos  fundamentales  en  juego,  tanto  la  libertad  personal  como  el  derecho  de 
representación política que derivaba de su condición de diputado autonómico electo.
Sirva esta primera aproximación para poner de relieve que, pese a que es indudable 
que la decisión denegatoria de un permiso de salida solicitado por un cargo público para 
ejercer  funciones  propias  del  mismo  supone  una  injerencia  en  el  contenido  de  su 
derecho, tal injerencia no puede considerarse en sí misma una vulneración si responde a 
una finalidad legítima y ha sido exteriorizada en una resolución motivada que tome en 
consideración  los  intereses  concernidos  concluyendo  razonadamente  en  la 
proporcionalidad de la decisión denegatoria adoptada.
b)  Como  se  acaba  de  exponer,  es  la  ley  la  que  configura  el  ejercicio  de  los 
derechos aludidos, pero, en términos de ciudadanía, pese a la indudable relevancia que 
en una sociedad democrática presenta la representación parlamentaria, no es admisible 
pretender un régimen legal privilegiado e inmune de los cargos públicos representativos 
frente a la aplicación de la ley penal, cuando esta actúa en defensa y tutela de intereses 
dignos de protección.
A lo que se ha de añadir que la situación cautelar privativa de libertad en la que el 
demandante  se  encontraba  al  concurrir  a  las  elecciones  autonómicas  y  en  la  que 
continuaba, una vez elegido, al solicitar los permisos penitenciarios, no le ha supuesto al 
recurrente la pérdida de su condición de parlamentario ni le ha suspendido en el ejercicio 
de sus funciones, que en parte ha podido seguir ejerciendo a través del voto delegado,  e
por más que haya introducido severas restricciones en el modo de ejercicio de algunas  bo
otras que son características del cargo obtenido, singularmente, las que solo pueden  36ww
reejesrtrcieccrsioen edse  sofonr mcoan sperceuseenncciaia ld, irefucetara d ed elal  pcéerndtirdoa  dpee nlait elinbceiratarido . dePaemrob uelasttoarsia  úelnti mquaes 
la mPeodrid taa nctaou, ttealal ry  ccoonmsios teex.presamos en el ATC 55/2018, de 22 de mayo, FJ 5, hemos
de  reiterar  que  de  la  situación  cautelar  de  prisión  provisional  derivan,  de  forma
indefectible,  limitaciones  del  contenido  del  derecho  a  ejercer  el  cargo  público 
representativo obtenido. Así, pusimos entonces de relieve cómo «parte de las facultades 
de representación política anejas al cargo, singularmente aquellas que tienen como 
presupuesto su ejercicio en situación de libertad personal, quedan afectadas, y en algún 
caso limitadas decisivamente, por la situación de prisión provisional» [STC 155/2019, 
FJ 20 B)].
En consecuencia, las decisiones judiciales cuestionadas en este proceso de amparo, 
por las que se denegó al recurrente la autorización solicitada para ser excarcelado y 
asistir al Parlamento de Cataluña para su sesión constitutiva y la de investidura, no son 
la fuente directa de las limitaciones que fundamentan su queja, sino que estas derivan de 
una previa y legítima situación de prisión provisional; por más que el modo de ejercicio 
de tales funciones representativas se haya mantenido restringido, y en esta medida 
afectado, como consecuencia de la denegación que se cuestiona.
En la STC 155/2019, FJ 20, al valorar la proporcionalidad de la prisión provisional, 
destacamos cómo la posibilidad legal de adoptar en momentos concretos, y en función 
de las circunstancias concurrentes, medidas penitenciarias de excarcelación como la 
solicitada, permite hacer menos gravosa la injerencia de la prisión provisional en el 
ejercicio  de  su  derecho  al  cargo  representativo.  Tal  posibilidad  fue  evaluada  como 
favorable  por  la  sala  de  recursos  del  Tribunal  Supremo  al  pronunciarse  sobre  el 
mantenimiento de la prisión provisional del demandante y otros investigados en la misma 
causa penal (auto de 5 de enero de 2018). Pero, como entonces expusimos y hemos 
reiterado en la STC 3/2020, de 15 de enero, al justificar la desestimación del recurso de 
amparo formulado por otro de los investigados contra el mantenimiento de su prisión 
provisional, se trata de una facultad legal que ha de ser valorada judicialmente en 
función de las circunstancias concurrentes en el momento en el que la petición de 
excarcelación se solicita y de la finalidad que justifica la privación cautelar de libertad. 
Por ello, como veremos, no son consideraciones de tipo penitenciario, sino procesales y 
de tutela de los bienes jurídicos afectados por los hechos investigados, las que han de 
ser valoradas caso a caso para activar este régimen menos restrictivo de protección 
cautelar del proceso.
Tal  conexión  mediata  entre  el  contenido  del  derecho  de  representación  política 
parlamentaria y la previsión legal de permisos penitenciarios, dota objetivamente de 
especial trascendencia constitucional a la cuestión planteada en este recurso. Su análisis 
impone un desarrollo adicional en torno a la relevancia de los permisos penitenciarios y 
su encuadramiento constitucional, con especial referencia a los supuestos en que sus 
solicitantes no son penados, sino presos preventivos.
6.  Sobre los permisos penitenciarios y su relación con los derechos fundamentales 
afectados por la privación de libertad.
a)  La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria (LOGP), 
conformando uno de los principios generales que caracterizan nuestro ordenamiento 
jurídico penitenciario, establece un mandato, dirigido a sus aplicadores, según el cual la 
actividad penitenciaria se ha de ejercer «respetando, en todo caso, la personalidad 
humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados 
por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, 
creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga 
naturaleza»  (art.  3  LOGP).  Como  consecuencia,  con  mayor  concreción,  el  mismo 
precepto  establece  como  corolario  que  los  internos  pueden  «ejercitar  los  derechos  e
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio,  bo
salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la  36ww
condLean nao»r.ma extiende así su mandato de optimización a los presos preventivos objeto
ddee redcehteonsc nióon s ey,r áa pl omsiisbmleo c utiaenmdpoo n, oe sretasbulletec ec ounnc illiíambiltee  ceosnp elac íffinicaol:id eald  eqjeurec ihcaio j udseti fiecsatdoos 
la privación de libertad.
De su enunciado cabe colegir que, en la medida en que sea materialmente posible, 
la norma se dirige a hacer compatibles la finalidad de las medidas cautelares y penas 
privativas de libertad con el resto de los derechos que definen el estatus jurídico en 
prisión de los internos. No cabe duda de que dichos principios y reglas no son sino 
expresión legal del art. 25.2 CE, conforme al cual «el condenado a pena de prisión que 
estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, 
a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria».
b)  Como se ha recogido en la citada STC 4/2020, FJ 5 B), hasta ese momento, 
salvo en la STC 87/2005, de 18 de abril –que abordó exclusivamente el derecho de 
acceso a los recursos en esta materia–, este Tribunal no había tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre la relevancia constitucional de los permisos extraordinarios de salida 
previstos en el art. 47.1 LOGP y regulados en el art. 155 de su reglamento de desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (RP).
Sin embargo, en el ámbito del cumplimiento de las penas privativas de libertad, la 
jurisprudencia  constitucional  sí  ha  abordado  diversas  quejas  relacionadas  con  los 
beneficios penitenciarios que, en atención a la concurrencia de factores positivos en la 
evolución del interno, significan acortamiento de condena –ya sea la redención de penas 
por el trabajo, el adelantamiento de la libertad condicional o la petición de un indulto 
particular–, o se refieren a la aplicación de previsiones legales que permiten modular la 
forma en que la ejecución de una privación de libertad se llevará a cabo –permisos 
ordinarios  de  salida,  clasificación  en  grado  o  concesión  de  la  libertad  condicional 
(SSTC 48/1996, de 25 de marzo, 112/1996, de 24 de junio; 2/1997 de 13 de enero; 1030 
81/1997,  de  22  de  abril;  79/1998,  de  1  de  abril;  163/2002,  de  16  de  septiembre; 
167/2005,  de  20  de  junio;  320/2006,  de  15  de  noviembre,  y  226/2015,  de  2  de 
noviembre).
En  las  resoluciones  citadas,  el  Tribunal  ha  descartado  que  las  vulneraciones 
denunciadas  expresen  en  sentido  propio  una  vulneración  del  derecho  a  la  libertad 
personal establecido en el art. 17 CE, pues existe ya un título legítimo previo que ha 
justificado dicha limitación. No obstante, en esos casos que modalizan la forma en que la 
ejecución de una restricción de libertad se lleva a cabo, se ha declarado que debe 
entenderse reforzado el canon de motivación exigible en relación con el general, que 
deriva del derecho recogido en el art. 24.1 CE (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3, 
y 43/2008, de 10 de marzo, FJ 4). De esta manera, no es suficiente la mera expresión de 
las razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales, 
fundamentadores  de  la  decisión,  sino  que  la  motivación  debe  extenderse  a  las 
circunstancias que constitucionalmente justifican la situación de privación de libertad. 
Son exigibles, por tanto, motivaciones concordantes con los supuestos en los que la 
Constitución permite la afectación de la libertad contemplada como valor superior del 
ordenamiento (STC 2/1997, de 13 de enero, FJ 3).
Dicho parámetro constitucional de motivación particularmente riguroso es trasladable 
por entero a los permisos penitenciarios de salida extraordinarios a través de los que se 
pretende ejercer funciones propias de un cargo representativo. En atención a la finalidad 
perseguida  en  este  caso,  las  decisiones  judiciales  no  pueden  dejar  de  tomar  en 
consideración los intereses concernidos, tanto los que, relacionados con su derecho de 
participación política trata de satisfacer el solicitante (art. 23 CE), como aquellos otros 
que justificaron su privación cautelar de libertad.
En todo caso, tanto la existencia de un derecho subjetivo a la obtención de tales  s
permisos como los requisitos y condiciones de su disfrute dependen, ante todo, de los  oe.
términos en que dicha institución está regulada en la norma legal aplicada. De esta  w.
forma, resulta oportuno recoger ahora la dicción literal de los preceptos reguladores: el  36ww
paartd. r4e7s,. 1c óLnOyGugPe ,d ihsipjoosn,e  hqeurme a«neons  cya sootr adse  pfearllseocnimasie níntoti moa menefnetrem evidnacdu lagdraavse  codne  llooss 
icnotenr nlaoss m, aeludmidabsra dmei esnetgou dreid alad e asdpeocsuaa, daassí ,c soem coo pnocre idmepráonrt apnetrems isyo cso mdep rsoabliaddao, ss amlvooti vqouse,   BOE-A-cable e
concurran circunstancias excepcionales». Por su parte, el art. 155.1 RP, reproduce el 
enunciado al establecer que «en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los 
padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los 
internos o de alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado 
por similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de 
análoga naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su 
caso,  permisos  de  salida  extraordinarios,  salvo  que  concurran  circunstancias 
excepcionales que lo impidan». A las finalidades expuestas se unen aquellos supuestos 
en que sea necesaria la asistencia médica extrapenitenciaria (art. 155.4 RP).
La propia calificación como extraordinarios de este tipo de permisos, su regulación y 
la puesta en relación con los permisos ordinarios dirigidos a favorecer la preparación de 
la vida en libertad de los penados, dan cuenta de una previsión legal dirigida a atender 
necesidades excepcionales en casos en los que, conforme a los usos sociales, se 
considera relevante facilitar que, con o sin medidas de seguridad, el interno asista 
presencialmente a determinados actos de la vida ordinaria.
Tal excepcionalidad no se corresponde con la pretensión de ejercicio continuado de 
funciones que hayan de realizarse en régimen de excarcelación, pues la finalidad de 
ejercicio continuado de funciones en el tiempo, aun si no fuera incompatible con los 
bienes que la reacción penal protege a través del proceso, habrá de canalizarse, en caso 
de prisión preventiva, reclamando una atenuación de la tutela cautelar impuesta; o, en 
caso de cumplimiento de condena, solicitando la progresión de grado con acceso a un 
régimen de cumplimiento en semilibertad.
No obstante, no es a este Tribunal sino a los órganos de la jurisdicción ordinaria a 
quienes en primer lugar compete determinar en cada caso, atendidas las circunstancias 
concurrentes, cuáles son esos otros «importantes y comprobados motivos» que pueden 
dar  lugar  a  la  concesión  de  permisos  extraordinarios.  En  este  aspecto  particular, 
conviene destacar que las resoluciones judiciales impugnadas no niegan la posibilidad 
abstracta de obtener permisos extraordinarios de salida para ejercer funciones propias 
del  cargo  representativo  obtenido,  sino  que,  en  este  caso,  la  denegación  de  su 
autorización se fundamenta en atención a las circunstancias objetivas concurrentes, a la 
naturaleza de los delitos que se imputan al recurrente y a la apreciación actualizada de 
riesgo de reiteración delictiva.
A los efectos de nuestro análisis, interesa ahora destacar que la regulación legal 
contempla  la  posibilidad  de  extender  los  permisos  extraordinarios  a  los  internos 
preventivos (arts. 48 LOGP y 159 RP), pero con un relevante requisito adicional: no es el 
juez de vigilancia penitenciaria, sino el órgano judicial a cuya disposición procesal se 
encuentre el preso preventivo, quien deberá aprobar dichos permisos con carácter previo 
a su disfrute.
Dicho requisito adicional pone de manifiesto que las consideraciones de carácter 
penitenciario  no  son  en  sí  mismas  suficientes  para  hacer  efectivo  un  permiso 
extraordinario de salida, sino que, en concordancia con el art. 3.1 LOGP, cualquiera que 
sea la finalidad que justifique la petición, también cuando se halle conectada con el 
ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales, es el juez o 
tribunal de la causa penal en la que se ha decretado la prisión provisional del interno 
quien ha de valorar si el permiso es o no compatible con el objeto de su detención; esto 
es, con las finalidades que la legitiman, pues son estos órganos judiciales quienes, por 
su relación con el proceso de investigación, son también responsables de su tutela.
c)  En  definitiva,  el  análisis  de  la  queja  planteada  en  amparo  debe  iniciarse  s
descartando  que  la  obtención  de  un  permiso  de  salida  ordinario  o  extraordinario  oe.
constituya parte del contenido de cualquiera de los derechos fundamentales que se ven  w.
afectados por la prisión provisional. 36ww
prevNeon tiovbos ptaenrtme,it ee na mlap lmiaer deidl as taetnu sq ulibee lrata taisu tdoeri zsaucsió nb ednee fitcailaersio sp e–rmsiqisuoise raa  puunn tpuraels oy 
t(etammpboiéranlm  eeln ted–e  preerpmreitsiéenndtaocleiósn  cpoonl ítmicaa yoqru ee xthean sisóind o ele xepjerercsiacmio endtee  saulse gaddeore),c hsous   BOE-A-cable e
denegación ha de estar fundada en criterios que resulten conformes con el contenido de 
los  mismos  y  los  principios  legales  y  constitucionales  a  los  que  está  orientada  la 
institución, de forma que pueda ser calificada como proporcionada al interés que la 
justifica.
A partir de estos parámetros generales, y de las circunstancias del caso concreto 
sometido  a  nuestra  consideración,  que  han  sido  detalladamente  expuestas  en  el 
antecedente segundo de esta resolución, abordaremos a continuación el análisis de las 
quejas formuladas por el recurrente.
7.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al caso concreto.
a)  Las resoluciones judiciales impugnadas, tal como ya se ha expuesto, apoyan la 
justificación de la denegación de la solicitud del demandante en la necesidad de evitar 
una actualización del riesgo de reiteración delictiva y de alteración de la convivencia 
ciudadana con las posibles movilizaciones que podrían desarrollarse con motivo de la 
salida del centro penitenciario. La incompatibilidad entre esta finalidad y la concesión de 
la salida del centro penitenciario solicitada es deducida en las resoluciones impugnadas, 
en un juicio de pronóstico específico, del comportamiento del demandante de amparo 
que  es  objeto  de  investigación  y  en  el  que  se  sustenta  la  medida  cautelar.  Este 
comportamiento  consiste:  (i)  en  desobedecer  las  órdenes  judiciales  que  se  le  han 
dirigido;  (ii)  en  llamar  a  la  ciudadanía  a  esa  desobediencia;  (iii)  en  impulsar  que 
importantes sectores de la población resistieran o se enfrentaran a la actuación de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y (iv) en jactarse explícitamente en la 
determinación y perseverancia de su actuación, así como en no someterse a las normas 
básicas  de  convivencia,  apelando  a  la  ruptura  estructural  del  Estado.  Los  órganos 
judiciales  afirman  la  subsistencia  actual  de  ese  riesgo  de  reiteración  delictiva  con 
fundamento en que (i) existe un extendido apoyo social a los investigados que han huido 
de la justicia y (ii) se han impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos 
que rechazan explícitamente las medidas cautelares de prisión provisional adoptadas 
para parte de los investigados.
Frente a tales razonamientos, el recurrente ha fundamentado en su demanda de 
amparo la invocación del art. 23.2 CE, de manera idéntica a como lo hizo en el recurso 
de  amparo  avocado  núm.  814-2018  respecto  de  la  decisión  de  acordar  su  prisión 
provisional, alegando que esta situación personal de privación de libertad, en cuyo 
contexto  se  solicitó  el  permiso  judicial  para  acudir  a  determinadas  sesiones  del 
Parlamento  de  Cataluña,  es  incompatible  con  aquel  derecho  fundamental.  Más  en 
concreto, en la demanda de amparo la pretensión del recurrente fue, junto a la anulación 
de las resoluciones impugnadas, una genérica autorización de la participación en los 
plenos del Parlamento de Cataluña al recurrente. De hecho, en el desarrollo argumental 
de la invocación del art. 23 CE solo se menciona que al recurrente se le «impide ejercer 
sus derechos como parlamentario y concretamente la posibilidad de acudir al primero de 
los plenos del Parlamento catalán y ello pese a haber adquirido plenamente la condición 
de diputado del Parlamento de Cataluña ex art. 23 CE». Sin embargo, no entra a 
analizar, a considerar o a rebatir ninguna de las razones en las que los órganos judiciales 
han sustentado, previo juicio de proporcionalidad de los derechos e intereses en juego, 
la decisión de denegar el concreto permiso penitenciario solicitado para acudir a unas 
también concretas sesiones del Parlamento de Cataluña. Esto es, el demandante de 
amparo no solo no formula reproche alguno a la fundamentación de las resoluciones 
judiciales recurridas, sino que ni siquiera lleva a cabo un alegato singularizado en  e
relación con el juicio de proporcionalidad de la decisión judicial de denegarle su salida  bo
del centro penitenciario. 36ww
no hAa  lafo vrmistuala ddeol  caolengteanciidoon edse  alad iqciuoenjaal eesx,p preosra mdoo re dne lal  adret.m 5a2n.1d aL,O dTaCdo,  uqnuae  evel rze qcuurer ehnatne 
dqeuceidsaiodnoe si djeundtiicfiicaaledsa si mppourg neald arse,c udreresnatrero llealr edmeores chao  cofunntidnaumaceinótna l eli nvaoncáalidsios   yd e lalas 
constitucionalidad de dicha denegación conforme al parámetro de control antes expuesto
que,  como  señala  el  Ministerio  Fiscal  en  sus  alegaciones,  exige  ahora  analizar  la 
legalidad y proporcionalidad de las decisiones adoptadas en las resoluciones judiciales 
impugnadas.
b)  A esos efectos, conviene destacar de nuevo:
(i)  que, conforme a la previsión legal, la decisión de denegar la salida temporal del 
centro penitenciario del demandante de amparo tiene amparo en el art. 3.1 LOGP, que 
somete la posibilidad del ejercicio de los derechos políticos de los recluidos a que no 
fuese incompatible con el objeto de su detención;
(ii)  que con esta decisión únicamente se mantuvo la imposibilidad ya decretada de 
que el recurrente ejerciera presencialmente labores que configuran el ius in officium 
parlamentario;
(iii)  que,  al  adoptar  dicha  decisión,  los  órganos  judiciales  identificaron  como 
fundamento  unos  fines  constitucionalmente  legítimos,  como  lo  son  evitar  una 
actualización del riesgo de reiteración delictiva que habían justificado antes la situación 
de prisión preventiva del demandante y, a través de él, la protección de aquellos bienes 
jurídicos que justifican la penalización de las conductas indiciariamente atribuidas al 
demandante, y
(iv)  que el hecho de que un permiso extraordinario permita alzar temporalmente las 
restricciones del ejercicio presencial de los derechos políticos que son consecuencia de 
la prisión provisional decretada, no hace preceptiva su autorización.
A  partir  de  estas  consideraciones,  cabe  anticipar  que  la  apreciación  como 
legitimadores de los fines tomados en consideración por las resoluciones judiciales 
impugnadas es coherente con la previsión legal y expresa una adecuada ponderación de 
los derechos e intereses constitucionales en juego.
Ya hemos visto como las resoluciones judiciales impugnadas, al igual que para 
justificar la prisión provisional del recurrente, apoyaron su decisión denegatoria en una 
sola razón: la necesidad de conjurar el riesgo de reiteración delictiva. Se trata de una 
finalidad que, en el caso del recurrente, hemos declarado suficientemente expresada y 
razonablemente  apreciada  en  la  citada  STC  155/2019.  La  circunstancia  de  que  la 
puntual conducción del demandante de amparo a la sede del Parlamento de Cataluña 
para asistir a unas concretas sesiones pudiera suponer una actualización de los riesgos 
de reiteración delictiva que justificaron la adopción de la prisión provisional conecta 
directamente con la previsión legal y las funciones de tutela que la ley procesal atribuye 
al magistrado instructor de la causa, pues la pretensión de disfrute de los derechos 
políticos, según expresa el art. 3.1 LOGP, no ha de interferir con el objeto de su 
detención preventiva.
Al igual que hemos señalado en la STC 155/2019, de 28 de noviembre, FJ 13, 
hemos de reiterar ahora que tal apreciación no solo se funda en datos objetivos, sino que 
lo determinante del peligro de reiteración delictiva que se aprecia no es que el recurrente 
mantenga  su  aspiración  de  que  Cataluña  alcance  la  independencia,  sino  la 
perseverancia en el modo ilegal con el que ese designio se pretende lograr, con las 
consecuencias que ello comportaría para el orden constitucional.
En  el  mismo  sentido,  cabe  concluir  que  la  ponderación  efectuada  por  las 
resoluciones judiciales impugnadas es conforme con las exigencias de proporcionalidad 
en la afectación a los derechos fundamentales. Estimamos que, de conformidad con la 
motivación desarrollada –que toma en consideración, por un lado, la relevancia del 
derecho fundamental subjetivo limitado y su conexión con intereses objetivos esenciales  e
en un sistema de democracia parlamentaria y, por otro, los intereses constitucionales que  bo
la decisión está llamada a salvaguardar– es preciso concluir que la prevalencia de estos  36ww
dúelti mlooss  pdreimteermroins ay,  adteen ddieesnedcoh aar l alas  cpirocsuibnislitdaandc iadse  dheal bcaesrsoe,  laa cnceecdeidsoid aad  ldae  suonli csiatucdri fidceiol 
demEaln jduaicnitoe .sobre los hechos que dan lugar a la valoración de la concurrencia de un
determinado  interés  de  relevancia  constitucional  que  justifique  la  limitación  de  un
derecho fundamental es, con carácter general, una labor que corresponde efectuar a los 
órganos judiciales, respecto de los que la jurisdicción constitucional de amparo debe 
limitarse a efectuar un control externo.
El Tribunal considera que los órganos judiciales, con la inmediación que es propia en 
el ejercicio de sus funciones, han ponderado de manera constitucionalmente adecuada 
la concurrencia de datos objetivos y constatables que permite fundamentar la existencia 
de un riesgo relevante de reiteración delictiva. Asimismo, el Tribunal observa que, en el 
presente caso, también se fundamenta en evidencias de hechos objetivos y constatables 
la afirmación de la posibilidad de que la concesión de la autorización instada por el 
recurrente, y las conducciones que esto comportaría entre el centro penitenciario y el 
Parlamento de Cataluña, pudieran suponer una alteración de la seguridad pública cuya 
magnitud permite justificar una privación al demandante del ejercicio de su función 
representativa en actos que estaba previsto desarrollar, pese a su trascendencia y 
singularidad especial en el orden parlamentario.
A esos efectos, consideramos que no es un dato irrelevante la proximidad de fechas 
entre la decisión de adopción de la medida cautelar de prisión preventiva, las ahora 
recurridas en amparo y los hechos investigados en la causa penal. Del mismo modo, no 
puede  dejar  de  tomarse  en  consideración  la  finalidad  perseguida  con  el  permiso 
solicitado, pues, tal y como se expresa en las resoluciones impugnadas, la imputación 
indiciaria que llevó a decretar la prisión provisional del recurrente le atribuye la ejecución 
de hechos dilatados en el tiempo, debidamente planificados, y orientados a una ruptura 
estructural del Estado de derecho y de la convivencia social a la que habría contribuido 
de forma destacada, como miembro del Parlamento de Cataluña y vicepresidente de la 
Generalitat de Cataluña. Dicha actuación se habría producido en concierto previo con 
otros partidos políticos y entidades sociales soberanistas, sirviéndose de una mayoría 
parlamentaria a través de la cual impulsaron y promulgaron una aparente legislación que 
debía servir de soporte al proceso de independencia con la finalidad de implantar un 
ordenamiento  jurídico  paralelo  que  se  oponía  y  vulneraba  frontalmente  las  normas 
capitales y las instituciones del Estado que legitiman su actual elección parlamentaria y 
el ejercicio de su labor de diputado autonómico.
La circunstancia de que la conducción y asistencia del demandante de amparo a 
unas  concretas  sesiones  del  Parlamento  de  Cataluña  pudiera  suponer  una  grave 
alteración de la convivencia ciudadana a consecuencia de las posibles movilizaciones 
que  podrían  desarrollarse  con  este  motivo,  debe  considerarse  como  un  elemento 
adicional  que,  en  el  juicio  de  proporcionalidad,  se  impone  también  de  manera 
concluyente al derecho de representación política del recurrente. Esto excluye por sí la 
consideración de posibles alternativas en consecución de un equilibrio entre todos los 
intereses en conflicto.
Al margen de lo anterior, también ha de ser valorado que las resoluciones judiciales 
impugnadas ponderaron la repercusión que la decisión de denegar la autorización a los 
investigados para asistir a las sesiones del Pleno del Parlamento de Cataluña pudiera 
tener  sobre  una  conformación  de  la  voluntad  de  ese  órgano  respetuosa  con  los 
resultados electorales, por lo que se permitió que por el Parlamento de Cataluña se 
habilitasen  los  instrumentos  precisos  para  que  el  demandante  de  amparo  pudiera 
acceder  a  la  condición  de  diputado  a  pesar  de  la  situación  de  prisión  provisional, 
comunicada y sin fianza en la que se encontraba, así como para que pudiera delegar su 
voto, si la mesa de la cámara no encontraba motivo alguno para oponerse a ello.
Por tanto, debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas no han vulnerado  s
el derecho del recurrente a ejercer las funciones representativas con los requisitos que  oe.
señalan las leyes (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar 
en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Oriol Junqueras i Vies en lo 
que respecta a la vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas con los 
requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE) en relación con el derecho de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Inadmitir el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Juan José González 
Rivas.–Encarnación  Roca  Trías.–Andrés  Ollero  Tassara.–Fernando  Valdés  Dal-Ré.–
Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–
Alfredo Montoya Melgar.–Ricardo Enríquez Sancho.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–
María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formulan los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan 
Antonio Xiol Ríos y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón respecto de la 
sentencia pronunciada en el recurso de amparo avocado núm. 2327-2018
Con el máximo respeto a nuestros compañeros del Tribunal, manifestamos nuestra 
discrepancia  con  la  fundamentación  jurídica  y  con  el  fallo  de  la  sentencia,  que 
consideramos que debería haber sido estimatorio por vulneración del derecho a ejercer 
las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE), en 
relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través 
de sus representantes (art. 23.1 CE), a causa de no haberse realizado la ponderación 
requerida por la afectación de este derecho.
El presente recurso de amparo avocado por el Pleno plantea de nuevo la cuestión de 
la  afectación  al  derecho  de  representación  política  de  un  diputado  autonómico  en 
situación de prisión preventiva por la adopción de una decisión denegatoria de un 
permiso de salida para ejercer de manera presencial en la sede parlamentaria concretas 
funciones  propias  del  cargo  de  diputado.  Por  tanto,  su  objeto  es  similar  al  de  la 
STC 4/2020, de 15 de enero, en que se desestimó el recurso de amparo planteado por 
otro diputado autonómico, también en situación de prisión preventiva, por la negativa a 
concederle un permiso penitenciario para acudir personalmente a la sede parlamentaria 
de defender e intervenir en el debate sobre su propia investidura como presidente de la 
Generalitat de Cataluña, respecto de la que ya se formuló un voto particular.
Igualmente, su objeto está también íntimamente conectado con el resuelto en la 
STC  155/2019,  de  28  de  noviembre,  en  que  se  desestimó  el  recurso  de  amparo 
interpuesto por el ahora demandante de amparo contra la decisión de mantenimiento de 
su situación de prisión provisional cuando ya había accedido a la condición de diputado  e.
electo al Parlamento de Cataluña, en la que, igualmente, se formuló voto particular. En  w.
este  último  voto  particular  se  desarrollaron  (apartado  primero)  los  aspectos  36ww
cporonvsitsitiounciaoln daele sm qieumeb croosn sdidee lraásb acmámosa rraesle lveagnistelast ivpaasra a ruetsoonlóvmeri claoss  dsuepsduee sltao sp edres ppercistiióvan 
dlae ml aerdt.i d2a3  eCnE q yu eq usee,  tmrautata dties  umnuat adnedciiss,i ósno nq utaem sbigiéune  adfee catpalnicdaoc iaó nla a sl ipturaecsieónnt ed ere pcruivrsaoc ióenn   BOE-A-cable e
de libertad de un diputado autonómico que le impide el ejercicio de su derecho de 
representación política. Nos remitimos a lo allí afirmado y nos limitaremos en el presente 
voto particular a exponer las razones por las que consideramos que en este caso 
tampoco  la  decisión  de  denegar  al  recurrente  el  permiso  para  acudir  a  la  sesión 
constitutiva  de  la  XII  legislatura  y  a  la  sesión  de  investidura  del  presidente  de  la 
Generalitat de Cataluña ha respondido a la ponderación constitucionalmente requerida 
por el derecho a la representación política.
1.  El juicio de proporcionalidad realizado en las resoluciones judiciales impugnadas: 
Las resoluciones judiciales impugnadas tenían como objeto resolver sobre la solicitud del 
recurrente,  diputado  electo  del  Parlamento  de  Cataluña  en  situación  de  prisión 
provisional, de que se autorizara su asistencia a la sesión de constitución del Parlamento 
en su XII legislatura, así como a una posterior sesión de investidura del presidente de la 
Generalitat de Cataluña.
La  denegación  de  esta  solicitud  se  fundamentó  en  la  necesidad  de  evitar  una 
actualización  del  riesgo  de  reiteración  delictiva  y  de  alteración  de  la  convivencia 
ciudadana con las posibles movilizaciones que podrían desarrollarse con motivo de la 
salida del centro penitenciario. La incompatibilidad entre esta finalidad y la concesión de 
la  salida  del  centro  penitenciario  solicitada  aparece  justificada  en  las  resoluciones 
impugnadas en el comportamiento del demandante de amparo, que había dado lugar a 
su situación de prisión preventiva, consistente en (i) desobedecer las órdenes judiciales 
que se le había dirigido; (ii) llamar a la ciudadanía a esa desobediencia; (iii) impulsar que 
importantes sectores de la población resistieran o se enfrentaran a la actuación de las 
fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado;  y  (iv)  jactarse  explícitamente  en  la 
determinación y perseverancia de su actuación, así como en no someterse a las normas 
básicas de convivencia, apelando a la ruptura del Estado. Los órganos judiciales afirman 
la subsistencia actual de ese riesgo de reiteración delictiva con fundamento en que (i) 
existe un extendido apoyo social a los investigados que han huido de la justicia y (ii) en 
que se han impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan 
explícitamente las medidas cautelares de prisión provisional adoptadas para parte de los 
investigados.
En las resoluciones judiciales impugnadas también se atiende al propósito de que la 
privación de libertad en la que se encuentran algunos de los investigados, incluyendo al 
ahora  demandante,  no  suponga  una  alteración  de  la  aritmética  parlamentaria 
configurada por la voluntad de las urnas, aludiendo a la existencia de instrumentos 
parlamentarios tendentes a posibilitar, por ejemplo, la delegación de voto.
2.  Aspectos  constitucionalmente  relevantes  del  juicio  de  proporcionalidad:  La 
función de este Tribunal en los procedimientos de amparo cuando se invoca un derecho 
sustantivo no se agota en un mero control externo del razonamiento de las resoluciones 
impugnadas, sino que, como máximo interprete en materia de garantías constitucionales 
[art. 123.1 CE, en relación con los arts. 53.2 y 161.1 b) CE, art. 5.1 LOPJ y art. 1 LOTC], 
tiene plena jurisdicción para establecer el parámetro de protección de ese derecho. De 
este  modo,  parece  adecuado  incluir  una  reflexión  sobre  los  diversos  criterios  o 
elementos  constitucionalmente  relevantes  que  deberían  haber  estado  presentes  al 
realizar el necesario juicio de proporcionalidad y que se analizaron en la primera parte 
del voto particular formulado en la citada STC 155/2019. A esos efectos, y sin ánimo 
exhaustivo, cabe mencionar lo siguiente:
(i)  La relevancia en abstracto de los intereses constitucionales en conflicto: No es  e
fácil  establecer  dentro  de  los  intereses  constitucionales  una  ordenación  axiológica.  bo
Priorizar en abstracto unos frente a otros es un complejo ejercicio habida cuenta de que  36ww
lcoosa idnyteurveasne se c oinntsetriatucctúioanna leesn tsree  deellsoesn vduee lvmeann deeran treoq dueili burna dmai.s mNoo  soisbtesmtaan tey,,  pnoor  tacanbtoe, 
irnetneurensceiasr  eenn  ceol njfuliicctioo  cdoem por oupno reciloenmaelindtaod  maá sv adloerla rra czuoánla mesie netl op. eEsno  eels pperecsífeicnote d cea sloos, 
como se ha venido señalando, concurrían, por un lado, el derecho de representación
política del recurrente y, por otro, el interés público en enervar los riesgos derivados de 
una posible reiteración delictiva y la producción de eventuales alteraciones de la normal 
convivencia ciudadana.
El derecho fundamental de representación política tiene una dimensión institucional 
al ser también instrumental del correcto funcionamiento del sistema de democracia 
parlamentaria. Su importancia estructural es de tal magnitud e intensidad que cuenta 
dentro del propio diseño constitucional y estatutario con específicas instituciones de 
protección frente a eventuales interferencias de otros poderes del Estado, como son las 
prerrogativas parlamentarias, justificadas precisamente porque su sacrificio supone una 
efectiva y real incidencia en el ejercicio del derecho.
(ii)  La  intensidad  de  la  afectación  al  interés  constitucional  sacrificado:  En  el 
presente caso, el recurrente era un diputado autonómico electo y, por tanto, la afectación 
de su derecho de representación política era especialmente intensa en lo subjetivo y en 
lo institucional, pues se impedía al recurrente el ejercicio de funciones para las que es 
consustancial su presencia personal y se estaba privando al Parlamento de Cataluña de 
la participación en sus procesos deliberativos y decisorios de uno de sus miembros de 
especial relevancia política, habida cuenta de su condición de presidente de un partido 
político y candidato a la presidencia de la Generalitat.
También es de destacar que la decisión judicial controvertida impidió al demandante 
de  amparo  acudir  a  la  sesión  constitutiva  del  Parlamento  de  Cataluña  de  la  XII 
legislatura, en donde, bajo la presidencia de la mesa de edad, se procedía a la elección 
de los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña (art. 2 RPC); y a la sesión de 
investidura del presidente de la Generalitat de Cataluña, en cuyo marco se decide sobre 
el otorgamiento de la confianza a uno de los diputados para ejercer la presidencia del 
ejecutivo autonómico tras exponer este su programa de gobierno (art. 149 RPC). Es 
altamente relevante que se esté en presencia de dos actos especialmente cualificados y 
de  la  más  elevada  significación  en  el  normal  desarrollo  de  una  democracia 
parlamentaria, los cuales, además, tienen carácter singular, ya que las cámaras se 
constituyen una sola vez por legislatura y la sesión de investidura solo tiene lugar con la 
elección del presidente del ejecutivo.
(iii)  La  justificación  de  la  limitación  del  derecho  de  representación  política  del 
recurrente: como se ha dicho, los fines justificativos que se han considerado prevalentes 
para sacrificar determinadas manifestaciones de este derecho del recurrente al adoptar 
la decisión judicial controvertida ha sido la de enervar los riesgos de reiteración delictiva 
y prevenir la producción de eventuales alteraciones de la normal convivencia ciudadana 
que podrían tener lugar en caso de concederse el permiso penitenciario.
a)  La circunstancia de que la puntual conducción del demandante de amparo a la 
sede del Parlamento de Cataluña para asistir a unas concretas y singulares sesiones 
parlamentarias pudiera suponer una actualización de los riesgos de reiteración delictiva 
que justificaron la adopción de la prisión preventiva –y, por tanto, que pueda ahora ser 
utilizada también como un elemento de denegación de la salida del centro penitenciario– 
debe ponerse en relación con el hecho de que, si bien la finalidad de evitar ese riesgo es 
un fin constitucionalmente relevante para la adopción de una medida limitativa de la 
libertad personal, el derecho fundamental que ahora se estaba ponderando es el de 
representación política. La sala de recursos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al 
confirmar  la  decisión  del  mantenimiento  de  la  situación  de  prisión  preventiva  del 
demandante de amparo en su auto de 5 de enero de 2018, a los efectos de ponderar la 
incidencia de esta medida cautelar en el derecho de representación política, afirmó que  e.
«la existencia de una causa penal no es incompatible de forma absoluta con el ejercicio  w.b
del  derecho  de  participación  política,  aunque  en  algunos  aspectos  puede  suponer  36ww
leiml ditearceiocnheos »a leyg qaudeo »la  ppueerdsap e«cstievra  tdeen id«ala  epnro cpuoercnitoan aploidr aedl  dInes tlaru cmtoerd iedna  eenl  mreolamceiónnto c doen 
laadso pctiarcr ulanss tdaencciisaiso nqeuse q usee  repsreuslteennt epne rteinne nctaedsa,  eunn mo odmee netolloss p»u n(rtuaazolensa ym eienn tfou ncjuiórínd idceo 
quinto).
Este  Tribunal,  en  la  citada  STC  155/2019,  otorga  una  especial  relevancia  para 
superar  el  juicio  de  proporcionalidad  sobre  la  incidencia  que  en  el  derecho  a  la 
representación política tiene la decisión del mantenimiento en prisión provisional del 
demandante de amparo a la circunstancia de que «al ponderar la incidencia de la prisión 
provisional en el ejercicio del derecho del recurrente al acceso al cargo público, la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo ha tomado en consideración que ha concurrido como 
candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña y que ha resultado elegido. 
Afirmada  su  condición  de  electo,  no  descarta  la  posibilidad  de  que  por  parte  del 
magistrado instructor se lleguen a adoptar las decisiones pertinentes, en función de las 
concretas  circunstancias  que  puedan  presentarse  en  momentos  puntuales,  para 
garantizar la proporcionalidad de la injerencia de la medida cautelar de prisión en el 
ejercicio del cargo al que ha accedido. De modo que no cabría excluir, en principio, que 
concurriendo esos requisitos se pudieran tomar en determinados momentos medidas 
que pudieran llegar a remover o paliar los obstáculos que por su situación de prisión 
impiden y dificultan al recurrente el ejercicio de las funciones de diputado» (FJ 16).
Por tanto, la existencia del riesgo de reiteración delictiva fue considerada en su 
momento por estos mismos órganos judiciales como justificativa de la decisión de prisión 
preventiva, pero no impeditiva de que pudieran adoptarse medidas penitenciarias para 
hacer efectivo en momentos puntuales el ejercicio del derecho a la representación 
política. Eso excluye que pueda ser considerado como suficiente el argumento vinculado 
a las limitaciones derivadas de la situación de prisión provisional desde el punto de vista 
de los requisitos de motivación exigible en este tipo de resoluciones sobre medidas 
penitenciarias facilitadoras del derecho de representación política, pues es un argumento 
que no discrimina suficientemente si se trata de un riesgo que, una vez neutralizado a 
través de la situación de prisión provisional a la que está sujeta el demandante, puede 
enervarse o no, como la Sala había considerado, con la adopción, en su caso, de las 
cautelas adicionales de control que se estimen necesarias durante las conducciones que 
pudieran acordarse.
b)  La circunstancia de que la conducción y asistencia del demandante de amparo a 
unas  concretas  sesiones  del  Parlamento  de  Cataluña  pudiera  suponer  una  grave 
alteración de la convivencia ciudadana a consecuencia de las posibles movilizaciones 
que  podrían  desarrollarse  con  este  motivo  tampoco  puede  considerarse  como  un 
elemento que en el juicio de proporcionalidad se impone de manera concluyente al 
derecho de representación política del recurrente y al principio democrático con el que 
necesariamente está conectado y excluye por sí la consideración de posibles alternativas 
en consecución de un equilibrio entre todos los intereses en conflicto.
El juicio sobre los hechos que dan lugar a la valoración de la concurrencia de un 
determinado  interés  de  relevancia  constitucional  que  justifique  la  limitación  de  un 
derecho fundamental es, con carácter general, una labor que corresponde efectuar a los 
órganos judiciales, respecto de los que la jurisdicción constitucional de amparo debe 
limitarse a efectuar un control externo. A esos efectos de control externo, se observa 
que, en el presente caso, la afirmación de la posibilidad de que la concesión de la 
autorización instada por el recurrente y las conducciones que esto comportaría entre el 
centro penitenciario y el Parlamento de Cataluña pudieran suponer una alteración de la 
seguridad pública de tan extraordinaria magnitud como para justificar una privación al 
demandante del ejercicio de su función representativa en actos que, como se ha visto, 
son  de  una  trascendencia  y  singularidad  especial  en  el  orden  parlamentario,  se 
fundamenta en evidencias de hechos que o bien (i) han acontecido en un contexto  s
político jurídico diferente al del momento en que se dictaron las resoluciones ahora  oe.
impugnadas, o bien (ii) con posterioridad, no han evidenciado supuestos de alteración de  w.
tal relevancia como para justificar una medida restrictiva del derecho de representación  36ww
polítLicaa  rdees oelsutcaisó nc adraec tienrsítsatniccaias  seinn cpuoesnibtrilait alra  aeltevirdneanticviaas  pmaáras  eaqfiurmilibarra dlaa sr.eal y efectiva
ceixuidstaednacniaa  edne  cuans or ideesg loa  pduen tguraal vseasl idaalt edrealc cioennetrso  dpeeln ioterndceina ripoú dbelicl ore cyu rlrae nctoen, vpiovre nucniaa   BOE-A-cable e
parte,  en  la  conducta  desarrollada  por  el  demandante  respecto  de  los  hechos 
acontecidos que han dado lugar a la incoación del proceso penal y, por otro, en que, 
atendiendo a una conducta caracterizada por desatender cuantas órdenes judiciales se 
han dirigido a los investigados y llamar a la ciudadanía a replicar masivamente su 
desobediencia, subsiste un sustrato de riesgo «tanto por un extendido apoyo social a los 
investigados  que  han  huido  del  ejercicio  jurisdiccional  de  este  instructor,  como  por 
haberse impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan 
explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este proceso».
Por  su  parte,  en  la  resolución  de  apelación,  se  insiste  en  que  el  demandante 
instrumentalizó el ejercicio de su derecho a la representación política para realizar los 
presuntos graves delitos que ahora se le imputan y que los supuestos hechos delictivos 
fueron cometidos de una manera dilatada en el tiempo mediante un incumplimiento 
permanente,  reiterado  y  público  de  las  normas  más  elementales  del  ordenamiento 
jurídico  y  de  las  decisiones  de  los  tribunales,  concluyendo  de  ello  que  resulta 
proporcionado «no permitir el retorno del recurrente al escenario donde se perpetraron 
los  hechos  presuntamente  delictivos,  para  que  pueda  operar  con  los  mismos 
instrumentos jurídicos que en su día, indiciariamente, utilizó para combatir el Estado de 
Derecho  y  vulnerar  la  norma  constitucional  que  legitimaba  su  nombramiento  como 
diputado electo del Parlamento de Cataluña. Unos permisos penitenciarios como los que 
se solicitan pondrían en riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico en el contexto social 
y político en el que actuó el investigado, y alterarían muy probablemente la convivencia 
ciudadana con posibles movilizaciones orientadas a una fragmentación social y a un 
encrespamiento de la ciudadanía» (fundamento de Derecho cuarto).
En  relación  con  los  altercados  violentos  a  los  que  se  refieren  las  resoluciones 
impugnadas –que son los que estarían dando lugar a considerar indiciariamente la 
comisión de los delitos que han justificado la prisión preventiva– y con la utilización del 
demandante de amparo de su condición de representante político para su comisión, se 
advierte que no parece haberse ponderado de manera adecuada que en el momento 
temporal al que se acotaba la salida del centro penitenciario el demandante ya no 
ostentaba ningún cargo ejecutivo en la Generalitat y persistía todavía la aplicación del 
art. 155 CE, que entró en vigor el 27 de octubre de 2017 y se extendía hasta la 
conformación de un nuevo Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
c)  Ciertamente, es posible considerar que los órganos judiciales no hayan tomado 
como elemento determinante el contexto jurídico-político en el momento en que se 
dictaron las resoluciones judiciales impugnadas, sino el riesgo de que este contexto, por 
las razones expuestas en su razonamiento, pudiera reproducirse con la salida del centro 
penitenciario del demandante de amparo. Igualmente, también puede ser que no fuera 
un dato irrelevante la proximidad de fechas entre la decisión de adopción de la medida 
cautelar de prisión preventiva del recurrente con fundamento en el riesgo de reiteración 
delictiva y las ahora recurridas en amparo. Del mismo modo, es posible ser receptivo a 
que las conductas delictuales por las que el recurrente en amparo estaba en aquel 
momento siendo investigado las hubiera cometido tanto en el ejercicio de su condición 
de vicepresidente del Gobierno como en su actuación como miembro de la cámara.
No obstante, en relación con la posible capacidad del demandante de amparo de 
alteración de la convivencia ciudadana y desobediencia a los mandatos jurisdiccionales 
mostrada cuando era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y con la circunstancia 
de que en ese momento la competencia de seguridad y orden público era ejercida por el 
ejecutivo de la Generalitat, no cabe desconocer que (i) el demandante de amparo  s
solicitaba la autorización exclusivamente para el ejercicio del cargo de diputado pero,  oe.
además, lo hacía en relación con unas concretas sesiones parlamentarias cuyo objeto  w.
institucional –constitución de la cámara y la elección del presidente y de los demás  36ww
amdieemcubardoas sd ep alara m lae sae vye natsuiastl ernecitiae raa cliaó ns edseió nla ds ec ionnvdeusctitdausr ap–o nr ol apsa rqeucee  qeustea breas usliteanradno 
rinevseidsetingcaidaob;a  yl a( iir)e lsap coonmsapbeiltiednacdi aú letinm ma adtee rqiau ed en os esgeu rpidroaddu yje roar dneinn gpuúnbal icgora, veen  alalt eqruaec iósne   BOE-A-cable e
de la convivencia ciudadana que se intentaba prevenir denegando la salida del centro 
penitenciario solicitada, dependía de manera directa e incontrovertible del Gobierno de la 
Nación por la aplicación del art. 155 CE.
Todas  estas  circunstancias  no  se  reflejan  en  la  ponderación  efectuada  por  las 
resoluciones  impugnadas  para  valorar  y  contextualizar  la  probabilidad  real  de 
actualización  de  los  riesgos  en  que  fundamentar  una  decisión  de  la  trascendencia 
subjetiva para el recurrente y sustancial para el normal desarrollo de la democracia 
parlamentaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña como la controvertida en este 
recurso de amparo o, al menos, para posibilitar una alternativa más equilibrada de todos 
los intereses en conflicto.
(iv)  La  posibilidad  de  protección  del  interés  constitucional  prevalente  con 
alternativas menos lesivas para el interés constitucional sacrificado: El análisis de la 
decisión controvertida en el presente recurso de amparo, desde la perspectiva del juicio 
de proporcionalidad por la afectación del art. 23.2 CE, no consistía en valorar solo si la 
denegación del permiso solicitado era necesaria en interés de la protección de bienes 
jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de reiteración delictiva o de alteración 
de la normal convivencia ciudadana, sino también el de analizar si existían alternativas 
más equilibradas. Esto es, si era posible adoptar una decisión que, aun no enervando 
totalmente el riesgo que se intentaba controlar con la decisión de denegar el permiso de 
salida, fuera menos lesiva para los intereses constitucionales vinculados al derecho de 
representación política del recurrente.
Así, en relación con los riesgos que podían derivarse del traslado del demandante de 
amparo a la sede del Parlamento de Cataluña desde el centro penitenciario donde 
cumplía la medida cautelar para que pudiera participar en las sesiones constitutiva y de 
investidura, no cabe desconocer la posibilidad de ponderar la adopción de otras posibles 
medidas alternativas o complementarias capaces de evitar o disminuir estos riesgos, 
como son las relativas tanto al momento y la forma de las conducciones del demandante 
para  posibilitar  el  ejercicio  de  su  función  parlamentaria  a  través,  en  su  caso,  del 
despliegue de dispositivos preventivos articulados para enervar los riesgos sopesados 
en las resoluciones judiciales impugnadas, teniendo en cuenta la esencial consideración 
de que, en aquel momento, tanto las funciones como la dirección personal de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad tanto del Estado como de la comunidad autónoma eran ejercidas 
por el Gobierno de la Nación. Es también de destacar que, con carácter previo a la 
denegación de la solicitud del recurrente con fundamento en este riesgo de alteración, no 
se hubieran instado de los órganos competentes en materia de seguridad y orden 
público los pertinentes informes técnicos sobre la viabilidad de esa conducción sin 
graves alteraciones del orden público.
Del  mismo  modo,  la  conclusión  adoptada  no  excluía  la  posibilidad  de  que  las 
medidas  ordenadas  pudieran  ser  revocadas  en  cualquier  momento  si,  una  vez 
autorizado el desplazamiento, surgían indicios objetivos de una actualización del riesgo 
de  alteración  del  orden  público  constitucional  con  motivo  de  la  asistencia  del 
demandante de amparo a la sede del Parlamento de Cataluña.
Estas consideraciones, como ya sucediera en relación con la citada STC 155/2019, 
nos llevan a entender que hubiera sido procedente, a nuestro juicio, estimar el amparo y 
anular  las  resoluciones  impugnadas  por  no  haber  realizado  un  adecuado  juicio  de 
proporcionalidad en relación con la incidencia que sobre el derecho de participación y 
representación política tenía la denegación de la salida del centro penitenciario. Somos 
conscientes, desde luego, de que la estimación del recurso de amparo no hubiera podido  e.
ir más allá de la mera declaración del derecho fundamental invocado en el recurso,  w.b
puesto que dichas sesiones parlamentarias ya habían sido celebradas. 36ww
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representación  política  en  el  sistema  de  democracia  parlamentaria  que  constituye
nuestro habitat constitucional, hemos considerado un deber que nuestra discrepancia 
quedara  plasmada  con  todos  los  matices  que  aporta  este  voto  particular.  Son  las 
consideraciones expuestas las que nos han llevado a tomar la decisión de disentir 
respetuosamente con la desestimación del presente recurso de amparo exclusivamente 
en lo que respecta a la insuficiente ponderación del derecho de representación política.
Madrid, a veintiocho de enero de dos mil veinte.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan 
Antonio Xiol Ríos.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.