BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. I.   Pág. 137971
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
18286 Real Decreto 970/2021, de 8 de noviembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorización 
administrativa  y  requisitos  de  solvencia  de  las  sociedades  de 
reafianzamiento, el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
cambio  de  moneda  extranjera  en  establecimientos  abiertos  al  público 
distintos de las entidades de crédito, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de 
febrero,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
I
En respuesta a la crisis financiera que se desencadenó en 2007-2008 y de los 
mecanismos procíclicos que contribuyeron a provocarla y agravaron sus efectos, el 
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) publicó un nuevo marco global sobre 
la adecuación del capital de los bancos (Acuerdo de Basilea III).
Estos  nuevos  estándares  internacionales  fueron  incorporados  al  ordenamiento 
jurídico  de  la  Unión  Europea  (UE)  mediante  varias  normas  como  son:  la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la 
Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (Directiva de 
Requisitos de Capital) y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 
crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.° 648/2012 (Reglamento de Requisitos de Capital).
La crisis financiera afectó de manera particular a la Eurozona en forma de crisis de 
deuda  soberana,  debido  al  efecto  de  fragmentación  de  los  mercados  financieros 
europeos.
En este contexto, se hizo necesario adoptar medidas para evitar que una futura crisis 
pudiera  volver  a  desencadenar  una  crisis  de  deuda  soberana,  para  solucionar  la 
ausencia  de  un  mecanismo  de  asunción  compartida  de  riesgos  de  las  entidades 
financieras en el ámbito de la Eurozona. Desde entonces, se han ido adoptando diversas 
medidas en el proceso de consolidación de la Unión Bancaria.
Actualmente, la Unión Bancaria se compone del Mecanismo Único de Supervisión 
(MUS), el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y el código normativo único. El MUS, 
primer pilar de la Unión Bancaria, entró en funcionamiento en noviembre de 2014. La 
supervisión se lleva a cabo de manera integrada por una autoridad supranacional, el 
Banco  Central  Europeo,  y  por  las  autoridades  nacionales  de  supervisión.  El  MUR, 
segundo pilar de la Unión Bancaria, está plenamente operativo desde enero de 2016 y 
está compuesto por la Junta Única de Resolución (JUR), las autoridades nacionales de 
resolución y por el Fondo Único de Resolución (FUR). La JUR es la responsable de la  e.
aplicación uniforme del régimen de resolución, incluyendo los instrumentos de resolución  w.b
y el uso del FUR. El FUR es un fondo establecido a escala supranacional, financiado por  286ww
laals r écgoinmtreibnu dcieo nreesso plurocigórne,s iyv aqsu ee np ueel dtiee muptiloiz, adressed pea eran elaro r edseo 2lu0c1ió6n,  ddee  ednictihdaasd eesn tsiduajedteass 
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normativo único sobre los requisitos prudenciales, la prevención y la gestión de las 
quiebras y la protección de los depositantes.
La reforma del marco legislativo aplicable a entidades de crédito que tuvo lugar 
en 2013 y 2014, así como la de la arquitectura bancaria europea sobre supervisión y 
gestión de crisis bancarias, han constituido pasos necesarios para garantizar una mayor 
resiliencia del sistema financiero y avanzar en el proceso de la Unión Bancaria.
No obstante, con objeto de seguir avanzando en la consecución de ambos objetivos, 
la  Comisión  Europea  presentó  en  noviembre  de  2016  un  paquete  legislativo  que 
comprendía modificaciones al código normativo único y en particular a la Directiva y 
Reglamento  de  Requisitos  de  Capital,  así  como  de  la  Directiva  2014/59/UE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un 
marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y 
las  Directivas  2001/24/CE,  2002/47/CE,  2004/25/CE,  2005/56/CE,  2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 
648/2012  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  (Directiva  de  Recuperación  y 
Resolución Bancaria en adelante), y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas 
uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de 
determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único 
de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 
1093/2010 (Reglamento de Recuperación y Resolución Bancaria en adelante). Esta 
reforma legislativa incorporaba al ordenamiento jurídico los últimos elementos acordados 
por el CSBB y el Consejo de Estabilidad Financiera relativos al proceso de reforma 
regulatoria  bancaria  comenzado  tras  el  desencadenamiento  de  la  crisis  financiera 
internacional.  En  particular,  la  ratio  de  apalancamiento  obligatorio  para  todas  las 
entidades, el requisito de financiación estable neta obligatorio para todas las entidades, 
así como el requisito de capacidad de absorción de pérdidas obligatorio para todas las 
entidades de importancia sistémica mundial.
Además  de  incorporar  los  últimos  elementos  de  Basilea  III  y  otros  estándares 
internacionales  (en  particular,  el  requisito  de  capacidad  de  absorción  de  pérdidas 
obligatorio para todas las entidades de importancia sistémica mundial), la propuesta de 
la Comisión también incorporó ajustes a la normativa para adaptarla a las características 
específicas del mercado de la Unión Europea.
Así, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado los 
actos jurídicos oportunos.
Por un lado, en relación con el Reglamento y la Directiva de Resolución, se aprobó el 
Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la 
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y la Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en 
relación  con  la  capacidad  de  absorción  de  pérdidas  y  de  recapitalización  de  las 
entidades  de  crédito  y  empresas  de  servicios  de  inversión,  así  como  la 
Directiva 98/26/CE.
Por otro lado, en relación con el Reglamento y la Directiva de Requisitos de Capital, 
se aprobó el Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se  s
refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos  oe.
de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de  w.
mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a  286ww
oprrgeasennistmacoiós n dye d ivinuvlgearsciióónn  dceo liencfotirvmaa, cliaósn , yg realn Rdeegs laemxepnotsoi c(iUonEe) sn .ºy  64lo8s/2 0re1q2u, iassitío cso mdeo 
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exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera, las remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas 
de conservación del capital.
Partiendo  de  todas  estas  consideraciones,  este  real  decreto,  de  naturaleza 
modificativa,  y  la  subsiguiente  Circular  del  Banco  de  España,  completarán  la 
transposición de la Directiva (UE) 2019/878, de 20 de mayo de 2019, al ordenamiento 
jurídico español, para lo que se introducen las modificaciones oportunas en el Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Asimismo, se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativa a la supervisión prudencial 
de  las  empresas  de  servicios  de  inversión,  y  por  la  que  se  modifican  las 
Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 2014/65/UE 
en particular la modificación del artículo 111 de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio 
de 2013.
II
Este  real  decreto  contiene  tres  artículos,  una  disposición  derogatoria  y  dos 
disposiciones finales.
El artículo primero modifica el Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a 
las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de 
reafianzamiento, para adecuar su redacción a las modificaciones introducidas mediante 
la incorporación de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que 
se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE al derecho español. 
Con su trasposición se simplificó el régimen de idoneidad de los altos cargos de las 
entidades de pago y dinero electrónico. En esta línea, es conveniente simplificar y 
equiparar el régimen de las sociedades de reafianzamiento reduciendo el colectivo sujeto 
al régimen de idoneidad a su órgano de administración y al director general responsable 
del negocio (acudiendo a la terminología empleada en la regulación de entidades de 
pago), así como los requisitos del régimen de idoneidad aplicables a estos, además de 
eliminar las referencias a «sociedades dominantes».
Asimismo,  el  artículo  segundo  modifica  el  Real  Decreto  2660/1998,  de  14  de 
diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público 
distintos de las entidades de crédito, para incorporar la reforma en el mismo sentido que 
lo establecido en el artículo segundo respecto de dichos establecimientos.
Por  su  parte,  el  artículo  tercero  introduce  varias  modificaciones  en  el  Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero.
El  real  decreto  modifica  la  sección  1.ª  del  capítulo  I  del  título  I,  relativa  a  la 
autorización y registro de bancos.
En tanto la actividad de intermediación bancaria está sujeta a reserva de actividad 
por su vital importancia dentro del sector financiero y los efectos de desbordamiento que 
su  actividad  tiene  en  la  economía  real,  su  ejercicio  está  sujeto  a  un  trámite  de 
autorización. Para que la concesión de esta autorización se otorgue sobre la base de 
información  conveniente  y  suficiente,  se  introducen  diferentes  modificaciones  en  la 
información a remitir por parte de las entidades.
Primero, se matiza que la información relativa a la organización administrativa que  s
las entidades deben aportar a la hora de solicitar la autorización deberá incluir una  e.
indicación  de  las  empresas  matrices,  las  sociedades  financieras  de  cartera  y  las  w.
sociedades financieras mixtas de cartera que componen el grupo. 286ww
autoSriezgaucniódno ,d es eu neas tadbelseccreip cqióune  dlaes  loesn tisdisatdeemsa sd,e bperorácne diamcioemntpoasñ ayr  mlae casonliiscmituods   ddee 
gobierno corporativo aplicables a sus actividades.
Tercero, se amplía la información que se debe aportar en el caso de socios que 
vayan a poseer una participación significativa, equiparándola a la exigida en el marco de 
adquisiciones de participaciones significativas.
Cuarto,  se  incluye  la  necesidad  de  motivar  por  parte  del  Banco  de  España  la 
consideración  de  que  los  sistemas,  procedimientos  y  mecanismos  de  gobierno 
corporativo descritos son inadecuados para garantizar una gestión prudente y adecuada 
por parte de la entidad será motivo de denegación de la solicitud de autorización.
Finalmente, se especifica que constituirá un motivo de denegación de la citada 
autorización la consideración por parte del Banco de España de la falta de idoneidad de 
los accionistas que vayan a ostentar una participación significativa o, en ausencia de 
accionistas con participaciones significativas, los veinte mayores accionistas.
Se crea un nuevo capítulo I bis dentro del título I, relativo al régimen de aprobación 
de las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera.
Concretamente, se introduce en el nuevo artículo 22 bis la información que deberá 
ser suministrada por las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera al Banco de España con el fin de que esta autoridad pueda valorar el 
cumplimiento de las condiciones para la aprobación a la exención de la aprobación de 
estas entidades.
Se  modifica  la  sección  4.ª  del  capítulo  II  del  título  I,  relativa  a  la  actuación 
transfronteriza, al objeto de introducir nuevos requisitos de información a efectos de 
reforzar la supervisión, por parte del Banco de España, de la actividad de las sucursales 
de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea. Si bien 
se introduce un listado de elementos informativos que las sucursales deberán remitir al 
Banco de España, al menos una vez al año, esto no impide que éste pueda solicitar otra 
información que considere oportuna y con una frecuencia mayor a la anual con el 
objetivo de asegurar una supervisión exhaustiva.
Se modifica el capítulo II del título I, relativo a las participaciones significativas.
En relación con la evaluación de las adquisiciones propuestas de participaciones 
significativas, se determina que los requisitos a la hora de valorar la concurrencia de la 
debida  honorabilidad  comercial  y  profesional  del  potencial  adquirente  será  aquéllos 
previstos en el artículo 30 y que, en todo caso, se presumirán cumplidos cuando el 
potencial adquirente sea una Administración Pública o un ente que dependa de estas. 
Estas  modificaciones  están  en  línea  con  el  concepto  de  honorabilidad  comercial  y 
profesional que ya recoge el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero actualmente en 
vigor, no solo en el artículo 30, sino también en su artículo 6, en el que se establece la 
presunción de honorabilidad de las Administraciones Públicas.
Asimismo,  se  determinan  las  peculiaridades  procedimentales  que  deberán 
observarse en el caso de que la evaluación de una propuesta de adquisición de una 
participación  significativa  tenga  lugar  al  mismo  tiempo  que  el  procedimiento  de 
aprobación de una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de 
cartera.
El capítulo III del título I, relativo a la idoneidad, incompatibilidades y registro de altos 
cargos, se reforma en relación con la valoración por parte del Banco de España o del 
Banco Central Europeo de la idoneidad cuando resulte necesario valorar si ésta se 
mantiene en relación con los miembros en funciones. De este modo, se matiza que 
deberá realizarse  cuando existan  indicios  razonables para sospechar que se están 
realizando o intentando realizar, o se han realizado o intentado realizar, operaciones de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. s
En lo que se refiere a la capacidad para ejercer un buen gobierno de la entidad, se  oe.
introduce  que  ser  miembro  de  sociedades  vinculadas  o  de  entes  vinculados  no  w.
constituirá en sí mismo un obstáculo para tomar decisiones de forma independiente. 286ww
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Efaucriolitpaedaa. por las entidades sobre la brecha salarial de género a la Autoridad Bancaria  BOE-A-cable e
El capítulo I del título II, relativo a los sistemas, procedimientos y mecanismos de 
gestión de riesgos y a la autoevaluación del capital, se modifica en relación con el 
régimen de las filiales de entidades de crédito españolas situadas en centros financieros 
extraterritoriales, las cuales pasan a estar incluidas en la obligación de contar con 
sistemas,  estrategias,  procedimientos  y  mecanismos  equivalentes  salvo  que  la 
legislación del país donde esté situada la filial lo prohíba.
En relación con la gestión del riesgo de tipos de interés derivado de actividades 
ajenas a la cartera de negociación las modificaciones introducen varios deberes a: en 
primer lugar, el de implantar sistemas internos o, en su lugar, utilizar el método estándar 
o el método estándar simplificado previsto para entidades pequeñas y no complejas; en 
segundo lugar, el de establecer sistemas para evaluar y controlar los riesgos derivados 
de posibles variaciones de los diferenciales crediticios que incidan tanto en el valor 
económico del patrimonio neto como en los ingresos netos por intereses procedentes de 
las actividades ajenas a la cartera de negociación de una entidad; por último, el Banco 
de España podrá exigir a una entidad que emplee el método estándar cuando sus 
sistemas internos no sean satisfactorios y a una entidad pequeña y no compleja que 
emplee el método estándar cuando considere que el método estándar simplificado no es 
adecuado para este riesgo de tipo de interés.
Los riesgos derivados de la delegación de la prestación de servicios o del ejercicio de 
funciones de las entidades de crédito en un tercero se incluyen explícitamente entre las 
políticas y procedimientos para evaluar y gestionar la exposición al riesgo operacional 
que las entidades deben aplicar.
Asimismo, la situación en que, si ha lugar, el déficit de recursos propios sea inferior al 
requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento, se incluye como excepción a la 
adopción de medidas para retornar al cumplimiento de las normas de solvencia de 
conformidad con el artículo 57.1 y si se diera esta circunstancia se obligará a la entidad a 
elaborar un plan de conservación de capital.
Se modifica el capítulo II del título II, relativo a los colchones de capital.
El principio según el cual el capital de nivel 1 ordinario que las entidades mantengan 
para satisfacer alguno de los elementos que componen su requisito combinado de 
colchones de capital habrá de ser distinto y, por tanto, adicional, al empleado para 
satisfacer cualquier otro de sus elementos ha sido eliminado del real decreto para 
incorporarse en la Ley 10/2014, de 26 de junio.
El Banco de España es la autoridad designada para fijar el porcentaje de colchón 
anticíclico con carácter trimestral y deberá evaluar el riesgo cíclico de carácter sistémico 
a la hora de fijar o ajustar el porcentaje de colchón anticíclico.
Asimismo,  el  Banco  de  España  deberá  establecer  un  método  adicional  de 
identificación de entidades de importancia sistémica mundial. A partir de esta puntuación 
adicional,  el  Banco  de  España  podrá,  teniendo  en  cuenta  el  Mecanismo  Único  de 
Resolución, reclasificar una EISM a una subcategoría inferior.
Se ha adaptado el marco relativo a la constitución de un colchón para riesgos 
sistémicos. Como novedad, el Banco de España podrá exigir este colchón a uno o varios 
subconjuntos de entidades para todas las exposiciones o un subconjunto de las mismas. 
El  colchón  para  riesgos  sistémicos  se  exigirá  para  prevenir  y  paliar  los  riesgos 
macroprudenciales o sistémicos no cubiertos ni por el Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, ni por el colchón para entidades de importancia sistémica ni por el 
colchón anticíclico. A su vez, se elimina el porcentaje mínimo del 1%.
En relación con la publicidad de los colchones contra riesgos sistémicos se prevé  s
que  no  se  publicará  la  justificación  de  su  definición  o  redefinición  cuando  dicha  oe.
publicación pudiera, a juicio del Banco de España, hacer peligrar la estabilidad del  w.
sistema financiero. 286ww
se  pRreesvpée cqtuoe a lu rne ccoonlochciómni ecnoton tdrae  urine spgoorsc esnitsatéjem diceo cso lpcahróan  ecnotnidtraad reies sgaousto sriizsatédmasic oesn, 
rEiesspgaoñsa  rseisctoénmoicciodso  paoprli ceal dBoa npcoor  dées tEe spmaisñma op,u esdieam sperre  cquumeu lacutivbora cno nri eesl gcooslc hdóifne rceonntetrsa.   BOE-A-cable e
Asimismo, cuando el Banco de España sea el que fije un porcentaje de colchón contra 
riesgos sistémicos, podrá solicitar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico que dirija una 
recomendación a uno o varios de los Estados miembros que puedan reconocerlo.
Se introducen ciertos ajustes en el método de cálculo del importe máximo distribuible 
(IMD)  que  las  entidades  deberán  calcular  en  caso  de  incumplimiento  del  requisito 
combinado  de  colchón.  Asimismo,  se  determina  el  método  de  cálculo  del  importe 
máximo distribuible relacionado con la ratio de apalancamiento y las obligaciones en 
caso de incumplimiento del requisito de colchón de ratio de apalancamiento.
Por último, se introduce que, cuando una entidad no cumpla con su requisito de 
colchón de ratio de apalancamiento, deberá elaborar un plan de conservación de capital.
El capítulo I del título III, relativo al ámbito objetivo de la función supervisora, se 
modifica respecto del l contenido de la revisión y evaluación supervisoras, por un lado, 
se introduce explícitamente la obligación para el Banco de España de aplicar el principio 
de proporcionalidad; por otro lado, se prevé que el Banco de España pueda adaptar las 
metodologías para la aplicación de la revisión y evaluación supervisora al objeto de que 
pueda tomarse en consideración las similitudes entre los riesgos de las entidades.
En el capítulo II del título III, relativo al ámbito subjetivo de la función supervisora, se 
introducen modificaciones al objeto de dotar de mayor detalle la determinación del Banco 
de España como autoridad competente de la supervisión en base consolidada de los 
grupos consolidables de entidades de crédito.
El capítulo III del título III, relativo a la colaboración entre autoridades de supervisión, 
se modifica, en relación con la determinación de cualquier orientación sobre recursos 
propios  adicionales,  para  por  un  lado  introducir  que  deberá  tomarse  una  decisión 
conjunta en el plazo de cuatro meses a contar desde la presentación de un informe que 
incluya la evaluación de los riesgos del grupo de entidades por parte del supervisor en 
base consolidada que podrá ser, o no, el Banco de España; y por otro lado, prever que 
cualquier decisión conjunta deberá tomar debidamente en consideración la evaluación 
de riesgos de las filiales realizada por las autoridades pertinentes.
Se recogen las condiciones y reglas que deberán observarse a la hora de tomar 
decisiones conjuntas en relación con la aprobación, la exención de la aprobación y las 
medidas  de  supervisión  aplicables  a  las  sociedades  financieras  de  cartera  y  las 
sociedades financieras mixtas de cartera. En el caso de las sociedades financieras 
mixtas de cartera, será preciso, si ha lugar, el acuerdo con el coordinador determinado 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los 
conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.
El real decreto introduce un nuevo capítulo V dentro del título III, relativo a las 
medidas de supervisión prudencial.
En dicho capítulo en relación con el l requisito de fondos propios adicionales se 
establecen las reglas que el Banco de España debe observar a la hora de determinarlo. 
También se introduce el principio de aditividad, de forma que los fondos propios que se 
empleen para cumplir el requisito de fondos propios adicionales para afrontar el riesgo 
de apalancamiento excesivo o riesgos distintos de éste, no será empleado para cubrir 
otros requisitos previstos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, y en la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.
En relación con la orientación sobre recursos propios adicionales, se introduce el 
principio de aditividad en términos análogos al requisito de fondos propios adicionales, 
siendo conveniente destacar que no podrá cubrir los riesgos que afronte este último, 
salvo en la medida en que cubra aspectos de dichos riesgos aún no cubiertos en virtud  s
de dicho requisito. oe.
La disposición derogatoria establece la derogación de las normas de igual o inferior  w.
rango que se opongan a este real decreto. 286ww
la ULnaió dni sEpuorsoipceióan. final primera los recoge la declaración de incorporación de Derecho de
caráLcate dr isgpeonseircaiól,n s fein parl osdeugcuirnád aa  elossta vbeleinctee  ldaí aesn tdraed asu e np uvbiglicoar cdióen e estne  erel a«lB doelectríent oO. fCicoianl   BOE-A-cable e
del  Estado».  No  obstante,  las  disposiciones  relativas  a  las  restricciones  de  las 
distribuciones  en  caso  de  incumplimiento  del  requisito  de  colchón  de  ratio  de 
apalancamiento entrarán en vigor el 1 de enero de 2022, alineándose con la Directiva 
(UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019.
III
Esta norma se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, a los que debe sujetarse el ejercicio de la 
potestad reglamentaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª 
de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 
«bases de la ordenación de crédito, banca y seguros», y «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica, respectivamente».
El presente real decreto se dicta en virtud de las siguientes habilitaciones. En primer 
lugar, la del artículo primero, que modifica el Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, 
se encuentra en la disposición adicional primera de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre 
el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca; en segundo lugar, la del 
artículo segundo, que modifica el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, se 
encuentra en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de  Orden  Social,  en  cuyo  artículo  178  se  establecen  las  líneas  generales  de  la 
regulación del cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público y en 
cuya disposición final séptima se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la ley; finalmente, la del artículo 
tercero, que modifica el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, se encuentra en la 
disposición final decimotercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, que es la norma legal 
que desarrolla el real decreto modificado, así como en las numerosas remisiones a un 
posterior desarrollo reglamentario de la mencionada ley.
Este real decreto está contenido en el Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado para 2021 como desarrollo de la Ley de transposición de la Directiva 
(UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019.
En relación con la tramitación de la norma, se han recabado informes del Banco de 
España en distintas fases de la tramitación del real decreto. También se ha recabado 
informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del FROB, de los Ministerios de 
Interior, Justicia e Igualdad.
Además, se solicitó informe a la Agencia Española de Protección de Datos de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 57.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y 5.b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real 
Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto no impone 
carga  administrativa  alguna  adicional  que  no  sea  estrictamente  necesaria  para  dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas de las normas que transpone o adapta, lo que 
no hace sino redundar en su mayor eficiencia. s
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación  e.
Digital, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de  w.
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su  286ww
reunión del día 8 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo primero.  Modificación del Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo 
a  las  normas  de  autorización  administrativa  y  requisitos  de  solvencia  de  las 
sociedades de reafianzamiento.
La letra d) del artículo 4 del Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las 
normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de 
reafianzamiento, queda modificado como sigue:
«d)  Contar con un Consejo de Administración formado por no menos de tres 
miembros. Todos ellos serán personas de reconocida honorabilidad comercial y 
profesional, debiendo poseer, al menos dos de ellos, conocimientos y experiencia 
adecuados  para  ejercer  sus  funciones  Tales  honorabilidad,  conocimientos  y 
experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, 
así como en las personas físicas que representen a las personas jurídicas que 
sean consejeros.
En este sentido, la valoración de la honorabilidad comercial y profesional se 
ajustará a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 30 del Real 
Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 
de junio.»
Artículo segundo.  Modificación del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, 
sobre  el  cambio  de  moneda  extranjera  en  establecimientos  abiertos  al  público 
distintos de las entidades de crédito.
El apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el 
cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las 
entidades de crédito, queda modificado como sigue:
«1.  Serán requisitos para obtener y conservar la autorización para realizar 
operaciones de compra de billetes extranjeros o cheques de viajeros, con pago en 
euros,  que  los  titulares  de  los  establecimientos  y,  en  su  caso,  los  socios  y 
administradores,  así  como  el  director  general  responsable  del  negocio,  sean 
personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional.
A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de 
administración,  así  como  del  director  general  responsable  del  negocio  del 
establecimiento,  se  ajustará  a  los  criterios  y  procedimientos  de  control  de  la 
honorabilidad establecidos en el artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades crédito.»
Artículo tercero.  Modificación del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que 
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito.
El Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, queda 
modificado como sigue:
Uno.  Se modifican las letras f) y g) del artículo 4, que pasan a tener el siguiente  oe.
tenor literal: 286www.
miem«fb) roCs.o Lnotasr  mcioenm burno sc doenls ceojon sdeejo  addem aindimstirnaicsitóranc ifóonrm, loasd od irpeocrt oarel sm geennoesr acleinsc oo 
asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos
clave de la entidad deberán cumplir los requisitos de idoneidad previstos en el 
capítulo III.»
«g)  Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así 
como con sistemas de gobierno corporativo y procedimientos de control interno 
adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, 
el  consejo  de  administración  deberá  establecer  normas  de  funcionamiento  y 
procedimientos adecuados para facilitar que sus miembros puedan cumplir, en 
todo  momento,  sus  obligaciones  y  asumir  las  responsabilidades  que  les 
correspondan  de  acuerdo  con  las  normas  de  ordenación  y  disciplina  de  las 
entidades de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de  julio,  u  otras 
disposiciones que sean de aplicación.»
Dos.  Se modifica el artículo 5, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 5.  Requisitos de la solicitud.
La solicitud de autorización para la creación de un banco se dirigirá al Banco 
de España y deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a)  Proyecto de estatutos sociales, acompañado de una certificación registral 
negativa de la denominación social propuesta.
b)  Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el 
tipo de operaciones que se pretenden realizar, la organización administrativa y 
contable, los procedimientos de control interno, los procedimientos previstos para 
atender las quejas y reclamaciones que presenten sus clientes, procedimientos y 
órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e 
impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo así como la estructura organizativa con indicación de 
las empresas matrices, las sociedades financieras de cartera y las sociedades 
financieras mixtas de cartera del grupo.
c)  Una  descripción  de  los  sistemas,  procedimientos  y  mecanismos  de 
gobierno corporativo a que se refiere el artículo 29.1 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio.
d)  Relación de socios que han de constituir la sociedad, con indicación de 
sus  participaciones  en  el  capital  social.  Tratándose  de  socios  que  tengan  la 
condición de personas jurídicas, se indicarán las participaciones en su capital o 
derechos de voto que representen un porcentaje superior al 5 por ciento.
En el caso de socios que vayan a poseer una participación significativa, se 
aportará la documentación prevista en el artículo 24.2.
En defecto de socios que vayan a poseer una participación significativa, la 
información anterior se facilitará respecto de los veinte mayores accionistas.
e)  Relación  de  personas  que  hayan  de  integrar  el  primer  consejo  de 
administración  y  de  quienes  hayan  de  ejercer  como  directores  generales  o 
asimilados, así como de los responsables de las funciones de control interno y 
otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, con 
información detallada sobre los requisitos de idoneidad aplicables y exigidos de 
conformidad con el capítulo III.
f)  Justificación de haber constituido un depósito en metálico en el Banco de  s
España o justificación de haber inmovilizado valores de deuda pública a favor del  oe.
mpBraíonnmiDcmoouot rod aerenes tsteEa  bslcaplue aiacnñnisdattoor us pec oncdr i aeóutlno na s dri,tem ícli npupfolrooorrt cmeae nedetseiqm ruiooiiev rn.aatlneotn eetcel eB daaeln n2ct0oe  sdp eos reE  cscipeoannñtsoai  dpdeoerdle rncá a npeeixtaicgel irss aaor cliooiassl    2021-18286n https://www.
para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en este
real decreto.» Bc
Tres.  Se modifica el artículo 6, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 6.  Denegación de la solicitud.
1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  del  Banco  Central  Europeo  para 
denegar la solicitud de autorización propuesta por el Banco de España, este 
último, mediante resolución motivada, denegará la autorización de creación de un 
banco cuando:
a)  No se cumplan los requisitos de los artículos 4 y 5,
b)  No quede acreditado que los sistemas, procedimientos y mecanismos de 
gobierno corporativo a que se refiere el artículo 29.1 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, permiten una gestión adecuada y eficaz por parte de esa entidad; y,
c)  No se considere acreditada, atendiendo a la necesidad de garantizar una 
gestión  adecuada  y  prudente  de  la  entidad  proyectada,  la  idoneidad  de  los 
accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa o, en ausencia 
de accionistas con participación significativa, de los veinte mayores accionistas.
d)  Se considere que el buen ejercicio de la supervisión de la entidad puede 
ser obstaculizado por los vínculos estrechos que la misma mantenga con otras 
personas  físicas  o  jurídicas,  en  aplicación  de  las  disposiciones  legales, 
reglamentarias o administrativas del país a cuyo derecho esté sujeta alguna de 
dichas personas físicas o jurídicas, o por problemas relacionados con la aplicación 
de dichas disposiciones.
A estos efectos, se entenderá que existen vínculos estrechos cuando dos o 
más personas físicas o jurídicas estén unidas mediante:
1.º  Un vínculo de control en el sentido que determina el artículo 42 del 
Código de Comercio, o;
2.º  El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un vínculo 
de control, el 20 por ciento o más de los derechos de voto o del capital de una 
empresa o entidad.
2.  A efectos del apartado 1.c) se entenderá por participación significativa en 
un banco aquella que cumpla con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, y en la evaluación de la idoneidad se atenderá, en particular, a los 
criterios previstos en el artículo 25.1, así como a lo dispuesto en el artículo 25.9 
cuando el procedimiento de autorización tenga lugar a la vez que la aprobación de 
una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera.
En este sentido, el informe previo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales previsto en el artículo 3.1 deberá contener 
una valoración adecuada del criterio contenido en la letra e) del artículo 25.1. A tal 
fin, el Banco de España remitirá al Servicio Ejecutivo cuanta información haya 
recibido del accionista con participación significativa o disponga en ejercicio de sus 
competencias que pueda ser relevante para la valoración.
3.  A la resolución de denegación de la autorización se aplicará el régimen de 
impugnación previsto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, y en la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas. Denegada la solicitud, el Banco de España remitirá al Banco Central 
Europeo copia de la misma y procederá a la devolución del depósito efectuado  e.e
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.f). Asimismo, procederá su devolución  b
en el supuesto de desistimiento de la solicitud.» 286ww
Cuatro.  Se modifica el artículo 17, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 17.  Apertura de sucursales y prestación de servicios sin sucursal en 
España por entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la 
Unión Europea.
1.  El  establecimiento  en  España  de  sucursales  de  entidades  de  crédito 
autorizadas en Estados que no sean miembros de la Unión Europea requerirá la 
autorización del Banco de España. Se observarán al efecto los artículos 3 a 9 en 
lo que resulte de aplicación, con las particularidades siguientes:
a)  Por  capital  social  mínimo  se  entenderá  la  dotación  mantenida  por  la 
entidad  en  España  de  fondos  de  carácter  permanente  y  duración  indefinida, 
disponibles para la cobertura de pérdidas de la sucursal.
b)  No serán de aplicación el artículo 4.a), d), e) y f), el artículo 5.d), ni la 
referencia a los componentes del consejo del artículo 5.e). La mención al proyecto 
de Estatutos a que se refiere el artículo 5.a) se entenderá referida al proyecto de 
escritura de constitución de la sucursal y a los propios estatutos vigentes de la 
entidad de crédito, debiéndose informar al Banco de España de los cambios que 
posteriormente se produzcan en ambos.
c)  Deberán contar al menos con dos personas que determinen de modo 
efectivo la orientación de la sucursal y sean responsables directos de la gestión. 
Serán exigibles a ambas la honorabilidad, conocimientos y experiencia a que se 
refiere el capítulo III.
d)  El objeto social de la sucursal no podrá contener actividades no permitidas 
a la entidad en su país de origen.
e)  La documentación que acompañe la solicitud contendrá la información 
necesaria para conocer con exactitud las características jurídicas y de gestión de 
la  entidad  de  crédito  extranjera  solicitante,  así  como  su  situación  financiera. 
También se incluirá una descripción de la estructura organizativa de la entidad y 
del grupo en la que esta eventualmente se integre. Asimismo, se acreditará que 
está en posesión de las autorizaciones de su país de origen para abrir la sucursal, 
cuando este las exija, o la certificación negativa si no fueran precisas.
La autorización podrá ser también denegada por aplicación del principio de 
reciprocidad. A efectos de lo dispuesto en la letra anterior, deberá acompañarse a 
la solicitud la siguiente documentación:
1.º  Un  programa  de  actividades  en  el  que  se  indique,  en  particular,  las 
operaciones  que  pretende  realizar  y  la  estructura  de  la  organización  de  la 
sucursal.
2.º  El domicilio en España donde pueda ser requerida a la sucursal toda la 
información necesaria.
3.º  El nombre y toda la información necesaria para valorar su honorabilidad, 
conocimiento y experiencia de los directivos responsables de la sucursal.
4.º  El importe de los recursos propios, así como el coeficiente de solvencia 
de la entidad de crédito y del grupo consolidable en el que eventualmente se 
integre.
5.º  Información detallada sobre cualquier sistema de garantía de depósitos 
que tenga por finalidad asegurar la protección de los depositantes de la sucursal  s
junto con el resto de información prevista en el apartado 3 siguiente. oe.
2.  Si, una vez abierta la sucursal, la entidad de crédito extranjera pretendiera  286ww
mpáordraiffiocas r 1.e°,l  2c.o°,n t3e.n° idoo 5 .d° ela  alelgtruan ae ) ddee l laapsa ritnafdoorm aanctieornioers  dereblearcáio cnoamdausn iceanr lol oasl 
sBuapnecrov isdoer aE, sapla mñae,n osisn  upne mrjueicsi oa ndtee sl ad ec oemfeucntuicaarc eiól nc aqmubei op,r oac feind ad ea  qsuue  aeul tBoraidnacod 
de España pueda pronunciarse y actuar conforme a lo previsto en los párrafos 
anteriores. También se deberá comunicar al Banco de España el cierre de la 
sucursal, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista para ello, que 
aceptará o denegará el cierre en los términos previstos en el artículo 12.3 a 5.
3.  Las sucursales de entidades de crédito autorizadas deberán comunicar al 
Banco de España, al menos una vez al año, la siguiente información:
a)  El total de los activos correspondientes a las actividades de la sucursal 
autorizada;
b)  Los activos líquidos a disposición de la sucursal, en particular los activos 
líquidos disponibles en monedas de Estados miembros;
c)  Los fondos propios que estén a disposición de la sucursal;
d)  los  mecanismos  de  protección  de  los  depósitos  a  disposición  de  los 
depositantes de la sucursal;
e)  Los mecanismos de gestión de riesgos;
f)  Los  sistemas  de  gobierno  corporativo,  incluidos  los  titulares  de  las 
funciones clave de las actividades de la sucursal;
g)  Los planes de recuperación en los que esté incluida la sucursal.
El Banco de España podrá exigir a las sucursales de entidades de crédito 
autorizadas de conformidad con el apartado 1 cualquier otra información que 
estime necesario para permitir una supervisión exhaustiva de las actividades de la 
sucursal.
4.  De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
cuando una entidad de crédito autorizada en un Estado no miembro de la Unión 
Europea,  pretenda  prestar  servicios  sin  sucursal  en  España,  deberá  solicitar 
autorización previamente al Banco de España, indicando las actividades que van a 
ser realizadas. El Banco de España podrá pedir una ampliación de la información 
suministrada, así como denegar el ejercicio de esas actividades, o de alguna de 
ellas,  o  condicionar  la  autorización  al  cumplimiento  de  requisitos  adicionales, 
cuando así resulte necesario para garantizar el respeto de las normas dictadas por 
razones de interés general.»
Cinco.  Se crea un nuevo capítulo I bis dentro del título I, con el siguiente contenido:
«CAPÍTULO I BIS
Régimen de aprobación de las sociedades financieras de cartera 
y las sociedades financieras mixtas de cartera
Artículo 22 bis.  Deberes de información.
De conformidad con el artículo 15 quinquies.1 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, a efectos de valorar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
artículos 15 bis.3 y 15 ter.1 de dicha ley las sociedades financieras de cartera y las 
sociedades financieras mixtas de cartera deberán facilitar al Banco de España y, 
según  corresponda,  al  supervisor  en  base  consolidada  o  a  la  autoridad 
competente de la jurisdicción donde estén establecidas la siguiente información:
a)  La estructura organizativa del grupo del que la sociedad financiera de  e
cartera o la sociedad financiera mixta de cartera sea parte, con indicación precisa  bo
de las filiales y, en su caso, de las empresas matrices, así como de su ubicación y  286ww
fddinierailj antbinpc)  ioe drdIanee f  omamrcmixtaitavnaice didróaaend    qceraueferelatc edttirivevaaas  e ya mlaal p l nescoñoumacm ibcepardlaidammadi i euenfnnitnotooa  d ndedce ei leo lrosaas l e  nrdmeteeqe sunc iodsaseirt tonedstrr oaoqs  du oeep l e eglrasrs utoapsnbooalc;esic eeqd uaeedl    OE-A-2021-18able en https://
artículo  24.1  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  sobre  la  idoneidad  de  sus 
administradores;
c)  Información relativa a la identidad y al cumplimiento de los criterios de 
idoneidad  de  los  socios  que  vayan  a  poseer  una  participación  significativa 
establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, sobre los 
accionistas y socios, cuando la sociedad financiera de cartera o la sociedad 
financiera mixta de cartera tengan como filial una entidad de crédito;
d)  La organización interna y la asignación de funciones dentro del grupo;
e)  Cualquier otra información que pueda ser necesaria para llevar a cabo la 
evaluación de las condiciones a que se refieren los artículos 15 bis.3 y 15 ter.1 de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Seis.  Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 y se introduce un nuevo 
apartado 9 en el artículo 25, con el siguiente contenido:
«a)  La honorabilidad comercial y profesional del adquirente potencial, en el 
sentido previsto en el artículo 30. Esta honorabilidad se presumirá siempre que los 
accionistas sean Administraciones Públicas o entes de ellas dependientes.
b)  El cumplimiento de los requisitos de idoneidad establecidos en el capítulo 
III de este título por parte de los miembros del consejo de administración que 
vayan a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la 
adquisición propuesta.»
«9.  Cuando la evaluación de las adquisiciones propuestas de participaciones 
significativas tenga lugar a la vez que la aprobación de una sociedad financiera de 
cartera  o  una  sociedad  financiera  mixta  de  cartera  de  conformidad  con  el 
artículo  15  bis  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  el  Banco  de  España  se 
coordinará, si ha lugar, con el supervisor en base consolidada y, si son distintos, 
con la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecida la 
sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera.»
Siete.  Se introduce un nuevo artículo 26.4 con el siguiente contenido:
«4.  En el supuesto contemplado en el artículo 25.9, la evaluación de las 
adquisiciones propuestas de participaciones significativas se suspenderá, como 
mínimo,  por  un  plazo  de  20  días  hábiles  y  hasta  que  haya  finalizado  el 
procedimiento de aprobación de la sociedad financiera de cartera o la sociedad 
financiera mixta de cartera.»
Ocho.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1.  Los miembros del consejo de administración, así como los directores 
generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y 
otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad de 
crédito, deberán cumplir con los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen 
gobierno establecidos en el título I, capítulo IV de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
También  deberán  cumplir  dichos  requisitos  los  miembros  del  consejo  de 
administración, así como los directores generales o asimilados y los responsables 
de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario  s
de la actividad de las sociedades financieras de cartera o sociedades financieras  oe.
mixtas de cartera. A la hora de valorar dichos requisitos, se tendrá en cuenta la  w.
naturaleza,  escala  y  complejidad  de  las  funciones  desempeñadas  por  estas  286ww
personas respecto a la entidad de crédito.
2.  La valoración de los requisitos a los que se refiere el apartado anterior se 
realizará:
a)  Por la propia entidad o, cuando proceda, por sus promotores, con ocasión 
de la solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad de la entidad de 
crédito o de aprobación de la sociedad financiera de cartera o sociedad financiera 
mixta de cartera, cuando se proceda a nuevos nombramientos, y siempre que se 
produzcan  circunstancias  que  aconsejen  volver  a  valorar  la  idoneidad  en 
aplicación de los procedimientos previstos en el artículo 33.
b)  Por  el  adquirente  de  una  participación  significativa,  cuando  de  la 
adquisición de dicha participación se deriven nuevos nombramientos, sin perjuicio 
de la valoración posterior realizada por la entidad.
Si la valoración de la idoneidad de los cargos previstas en las letras a) y b) 
anteriores resultase negativa, la entidad deberá abstenerse de nombrar o dar 
posesión en el cargo a dicha persona, o en caso de tratarse de una circunstancia 
sobrevenida,  deberá  adoptar  las  medidas  oportunas  para  subsanar  las 
deficiencias identificadas y, cuando resulte necesario, disponer su suspensión 
temporal o cese definitivo.
c)  Por el Banco de España o, en su caso, el Banco Central Europeo en los 
casos y plazos siguientes:
1.º  Con ocasión de la autorización de la creación o de la adquisición de la 
entidad de crédito, en el plazo previsto en el artículo 3 o de la aprobación de la 
sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera en el plazo 
establecido en artículo 15 quáter de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
2.º  Con ocasión de la adquisición de una participación significativa de la que 
se deriven nuevos nombramientos, en el plazo previsto en el artículo 25.
3.º  Tras la notificación de la propuesta de nuevos nombramientos prevista en 
el artículo 33.3, en un plazo de tres meses, contado desde dicha notificación. A 
falta de notificación en este plazo, se entenderá que la valoración es positiva.
4.º  Cuando, en presencia de indicios fundados, resulte necesario valorar si la 
idoneidad se mantiene en relación con los miembros en funciones, especialmente, 
cuando existan indicios razonables para sospechar que se están realizando o 
intentando  realizar,  o  se  han  realizado  o  intentado  realizar,  operaciones  de 
blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo o que hay un mayor riesgo 
de que se efectúen tales operaciones en relación con dicha entidad, sociedad 
financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera.»
Nueve.  Se modifica el artículo 32.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1.  Para valorar la capacidad de los miembros del consejo de administración 
de ejercer un buen gobierno de la entidad, en virtud de lo exigido por el artículo 24 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, se tendrá en cuenta:
a)  La presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias 
indebidas de terceros derivados de:
1.º  Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma 
entidad o en otras organizaciones privadas o públicas,
2.º  Una relación personal, profesional o económica con otros miembros del  es
consejo de administración de la entidad, de su matriz o de sus filiales, o
3.º  Una relación personal, profesional o económica con los accionistas que  286ww
ostebn)t enL eal  ccoanptarocli ddaed l ad een tdideaddic, adre  seul  mtieamtrpizo o  sduef iscuiesn ftieli apleasr.a  llevar  a  cabo  las
funciones correspondientes.
c)  Ser  miembro  de  sociedades  vinculadas  o  de  entes  vinculados  no 
constituirá  en  sí  mismo  un  obstáculo  para  tomar  decisiones  de  forma 
independiente.»
Diez.  Se modifica el artículo 33, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 33.  Selección, control y evaluación de los requisitos de idoneidad por 
parte de las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y 
sociedades financieras mixtas de cartera.
1.  Las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito no 
autorizadas  en  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  deberán  contar,  en 
condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, 
con unidades y procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección 
y evaluación continua de los miembros de su consejo de administración y de sus 
directores generales o asimilados, y de los responsables de funciones de control 
interno y otros puestos clave en la entidad.
2.  Asimismo, las entidades de crédito deberán identificar los puestos clave 
para el desarrollo diario de su actividad y los responsables de las funciones de 
control interno, manteniendo a disposición del Banco de España una relación 
actualizada de las personas que los desempeñan, la valoración de la idoneidad 
realizada por la entidad y la documentación que acredite la misma.
3.  Las  entidades  de  crédito  deberán  notificar  al  Banco  de  España  la 
propuesta de nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración y 
de directores generales o asimilados.
4.  Las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas 
de cartera deberán notificar al Banco de España la propuesta de nombramiento de 
nuevos  miembros  del  consejo  de  administración  y  de  directores  generales  o 
asimilados.»
Once.  Se modifica el artículo 34.2, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«2.  Además de la gestión del Registro de altos cargos, corresponderá al 
Banco de España la creación y gestión de un registro de consejeros y directores 
generales  o  asimilados  de  las  sociedades  financieras  de  cartera  y  de  las 
sociedades  financieras  mixtas  de  cartera  aprobadas  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y sujetas a 
supervisión en base consolidada por parte del Banco de España. En dicho registro 
deberán  inscribirse  obligatoriamente  los  consejeros,  directores  generales  y 
asimilados de aquéllas.
Para la inscripción, la entidad deberá comunicar su nombramiento dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la aceptación del cargo, incluyendo los datos 
personales y profesionales que establezca, con carácter general, el Banco de 
España y declarar expresamente, en el documento que acredite la aceptación del 
cargo que los mismos cumplen los requisitos establecidos en las letras a) y b) del 
apartado anterior.»
Doce.  Se modifica el artículo 40, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 40.  Vigilancia de las políticas remunerativas. e
hiinn)ff,oo rrEimm) l aaBycc aiikóón)nnc   odpf aeducleb il liREitcaseadpgdaalaa ñ pmpaoo errr ne ltcaloaas sb  (eaUenrnEátit )diyd a antdrd.eaºe sns 5s s7mdo5eibt/ i2rrceá0o  1nala3f o ,la br mdrAeeiucd thao2adr6 i d scadaodelna   Breijaual lnn aidcoraet,í r cigaaués loEní  ue4crr5ooo0mp. .eE1oa. sg tll)aaa,     2021-18286n https://www.
información será utilizada por el Banco de España para comparar las tendencias y
prácticas en materia de remuneración.
En el caso de la información sobre el número de personas físicas en cada 
entidad que reciban remuneraciones de 1 millón de euros o más por ejercicio, se 
incluirá igualmente sus responsabilidades en el cargo que ocupa, el ámbito de 
negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las 
primas a largo plazo y la contribución a la pensión.»
Trece.  Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 43, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio,  las  entidades  de  crédito  deberán  contar  en  base  consolidada  o 
subconsolidada con sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos para dar 
cumplimiento a la normativa de ordenación y disciplina, en particular, a las reglas 
establecidas en los artículos 46 a 54 de este real decreto. A tal efecto, deberán:
a)  Contar con una estructura organizativa adecuada a la naturaleza de sus 
actividades  y  con  líneas  de  responsabilidad  bien  definidas,  transparentes  y 
coherentes.
b)  Disponer  de  una  función  de  auditoría  interna  que  vele  por  el  buen 
funcionamiento de los sistemas de información y control interno.
c)  Contar  con  una  unidad  que  desempeñe  la  función  de  cumplimiento 
normativo.  Esta  función  deberá  tener  carácter  integral,  comprendiendo,  entre 
otras, las obligaciones que al respecto resulten de la prestación de servicios de 
inversión, así como las establecidas por la normativa de prevención del blanqueo 
de capitales.»
«4.  Las filiales de entidades de crédito españolas situadas en Estados no 
miembros  de  la  Unión  Europea  y  aquéllas  situadas  en  centros  financieros 
extraterritoriales,  deberán  contar  también  con  sistemas,  estrategias, 
procedimientos y mecanismos equivalentes salvo que la legislación del país donde 
esté situada la filial lo prohíba.
Las  filiales  a  las  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberán  cumplir  sus 
requisitos sectoriales de forma individual en todo caso.»
Catorce.  Se modifican las letras a) y b) del artículo 45.1., que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«a)  En base consolidada, con arreglo al ámbito de aplicación y a los métodos 
de consolidación prudencial previstos en la parte primera, título II, capítulo 2, 
secciones 2 y 3 del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de 26 de junio, por las 
entidades de crédito matrices.
b)  En base individual por todas las entidades de crédito excepto aquellas que 
sean:
1.º  Filiales de otra sociedad establecida en España,
2.º  Empresas matrices o,
3.º  Entidades  afiliadas  de  forma  permanente  a  un  organismo  central  de 
conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
En todo caso, cualquier entidad de crédito que no pertenezca a un grupo o 
subgrupo consolidable sujeto a la supervisión del Banco de España o que esté  e.
excluida del ámbito de aplicación de la consolidación prudencial de conformidad  w.b
con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, estará  286ww
oinbdliigviadduaa l.a»  llevar  a  cabo  el  proceso  de  autoevaluación  de  capital  en  base
Quince.  Se modifica el artículo 51, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 51.  Riesgo de tipos de interés derivado de actividades ajenas a la 
cartera de negociación.
1.  Las entidades implantarán sistemas internos o, en su lugar, utilizarán el 
método  estándar  o  el  método  estándar  simplificado  previsto  para  entidades 
pequeñas y no complejas, con el fin de identificar, evaluar, gestionar y reducir los 
riesgos derivados de posibles variaciones de los tipos de interés que incidan tanto 
en  el  valor  económico  del  patrimonio  neto  como  en  los  ingresos  netos  por 
intereses procedentes de las actividades ajenas a la cartera de negociación.
2.  Las entidades implantarán sistemas para evaluar y controlar los riesgos 
derivados de posibles variaciones de los diferenciales crediticios que incidan tanto 
en  el  valor  económico  del  patrimonio  neto  como  en  los  ingresos  netos  por 
intereses procedentes de las actividades ajenas a la cartera de negociación de la 
entidad.
3.  El Banco de España podrá exigir a una entidad que utilice el método 
estándar cuando los sistemas internos que haya implantado para evaluar los 
riesgos contemplados en el apartado 1 no sean satisfactorios.
4.  El Banco de España podrá exigir a una entidad pequeña y no compleja, 
definida de conformidad con el artículo 4.1.145 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, que utilice el método estándar cuando considere que el método 
estándar simplificado no es adecuado para medir el riesgo de tipo de interés 
derivado de las actividades ajenas a la cartera de negociación de dicha entidad.»
Dieciséis.  Se modifica el párrafo primero del artículo 52.1, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«1.  Las  entidades  aplicarán  políticas  y  procedimientos  de  evaluación  y 
gestión de las exposiciones al riesgo operacional, incluidos el riesgo de modelo y 
los riesgos derivados de la delegación de la prestación de servicios o del ejercicio 
de funciones de las entidades de crédito en un tercero, y de cobertura de los 
riesgos de eventos poco frecuentes pero muy graves.»
Diecisiete.  Se modifica el último párrafo del artículo 57.1, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación si el déficit de recursos 
propios es inferior al requisito combinado de colchones de capital o, en su caso, al 
requerimiento de colchón de ratio de apalancamiento a los que esté sujeta. En 
estos dos casos, se aplicará lo establecido en el artículo 75.»
Dieciocho.  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 58, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«1.  Las  entidades  de  crédito,  de  conformidad  con  el  artículo  43  de  la 
Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  deberán  cumplir  en  todo  momento  el  requisito 
combinado de colchones de capital, entendido como el total del capital de nivel 1 
ordinario necesario para cumplir con la obligación de disponer de un colchón de 
conservación de capital, y, si procede: s
a)  Un colchón de capital anticíclico específico de cada entidad. w.b
b)  Un colchón para las entidades de importancia sistémica mundial. 286ww
cd))   UUnn  ccoollcchhóónn  pcaornatr oat rraiess geonsti dsaisdteésm diceo sim.portancia sistémica.
Las entidades de crédito, de conformidad con el artículo 43 y la disposición
adicional  decimosexta  de  la  Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  deberán  cumplir,
asimismo,  con  los  colchones  de  capital  establecidos  por  el  Banco  Central 
Europeo.»
«2.  Los colchones de capital se determinarán como un porcentaje del importe 
de las exposiciones al riesgo de la entidad que correspondan para cada colchón, 
calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, 
de 26 de junio, con las precisiones que, en su caso, pudiera establecer el Banco 
de España.»
Diecinueve.  Se modifica el párrafo segundo del artículo 60.6, que pasa a tener el 
siguiente tenor literal:
«El Banco de España establecerá criterios para fijar porcentajes conforme a lo 
dispuesto  en  las  letras  a)  y  b),  y  para  reconocer  los  establecidos  por  las 
autoridades designadas de otros Estados  no  miembros de la Unión Europea 
conforme a la letra c).»
Veinte.  Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 61, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«2.  El Banco de España evaluará la intensidad del riesgo sistémico cíclico y 
la idoneidad del porcentaje del colchón anticíclico para las exposiciones crediticias 
en España con carácter trimestral y fijará o ajustará el porcentaje de colchón 
anticíclico, si fuera necesario. Al hacerlo, tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  La pauta de colchón calculada de conformidad con el apartado 1.
b)  Las recomendaciones y orientaciones vigentes emitidas, en su caso, por la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre la fijación de los porcentajes de los 
colchones anticíclicos.
c)  Cualesquiera  otras  variables  que  el  Banco  de  España  considere 
pertinentes.»
«4.  El Banco de España determinará la información mínima que deberá ser 
publicada trimestralmente en su sitio web.»
Veintiuno.  Se modifica el artículo 62, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 62.  Identificación de entidades de importancia sistémica mundial.
1.  El  Banco  de  España  identificará,  conforme  al  artículo  46  de  la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, a aquellas entidades que, en base consolidada, sean 
Entidades de Importancia Sistémica Mundial (en adelante EISM) a efectos del 
cálculo del colchón para EISM.
Podrán ser identificadas como EISM:
a)  Un grupo encabezado por una entidad de crédito matriz de la Unión 
Europea (UE), una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad 
financiera mixta de cartera matriz de la UE.
b)  Una entidad de crédito que no sea filial de una entidad de crédito matriz de 
la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad 
financiera de cartera matriz de la UE.
2.  El Banco de España determinará el método de identificación de las EISM  oe.
basándose en las distintas categorías en las que se encuentre la entidad conforme  w.
accau taloen gtdoifiircsíaapsbu leersset.oc ibeirná ne l idaértníctiucalo  p4o6n.2d edraec ilóan  Ley y s1e0 /m20e1d4ir,á nd em 2e6d iadnet eju niniod.i cDadicohraess   2021-18286n https://ww
El método elaborado por el Banco de España permitirá la designación o no 
como EISM de la entidad evaluada y su clasificación en una subcategoría tal como 
se describe en el artículo 46.2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
2 bis.  El Banco de España determinará el método adicional de identificación 
de las EISM que se podrá utilizar teniendo en cuenta las categorías establecidas 
en el artículo 46.2 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio. Dichas categorías 
recibirán idéntica ponderación y se medirán mediante indicadores cuantificables.
En todo caso, para las categorías previstas en el artículo 46.2 bis.a), b), c) y d) 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, los indicadores cuantificables serán los mismos 
que los empleados en el método de identificación de las EISM previsto en el 
apartado 2.
El método adicional de identificación de EISM arrojará una puntuación general 
adicional para cada entidad evaluada
3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y aplicando las 
subcategorías y límites que se establezca en desarrollo del apartado 2, el Banco 
de España podrá, en el ejercicio de una supervisión prudente:
a)  Reclasificar una EISM de una subcategoría inferior en una subcategoría 
superior.
b)  Clasificar  una  entidad  en  el  sentido  del  apartado  1,  cuya  puntuación 
general sea inferior al límite establecido para la subcategoría inferior en dicha 
subcategoría o en otra superior, y así designarla como EISM.
c)  Teniendo en cuenta la existencia del Mecanismo Único de Resolución, a 
partir de la puntuación general adicional a la que se refiere el artículo 46.2 bis de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, y el apartado 2 bis de este artículo, reclasificar una 
EISM de una subcategoría superior en una subcategoría inferior.»
Veintidós.  Se modifica apartado 1 del artículo 63, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«1.  El  Banco  de  España  identificará,  conforme  al  artículo  46  de  la 
Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  a  aquellas  entidades  que,  en  base  individual, 
subconsolidada o consolidada, sean Otras Entidades de Importancia Sistémica (en 
adelante OEIS) a efectos del cálculo del colchón para OEIS.
Las OEIS podrán ser bien una entidad de crédito, bien un grupo encabezado 
por una entidad matriz de la UE o de un Estado miembro, una sociedad financiera 
de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro, o una sociedad financiera 
mixta de cartera matriz de la UE o de un Estado miembro.»
Veintitrés.  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 64, que pasan a tener el 
siguiente tenor literal:
«2.  Antes de definir o redefinir un colchón para OEIS, el Banco de España lo 
notificará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico un mes antes de la publicación 
de  la  decisión  a  que  se  refiere  el  párrafo  primero  del  artículo  46.5  de  la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, o, en su caso, tres meses antes de la publicación de 
la decisión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46.5 de la citada ley. En 
la notificación se describirán pormenorizadamente los elementos siguientes:
a)  Los motivos por los que se considera que el colchón para OEIS puede ser  es
eficaz y proporcionado para reducir el riesgo. o
b)  Una evaluación del probable impacto positivo o negativo del colchón para  286ww
OEIcS)  enE el lp morecrecnatdaoje ú dneic coo slcohbóren  lpaa braa sOeE dISe  lqau ien fsoerm daecsieóan  edxei glair .que se disponga.
de 236.  deS ijnu npieor,j uciucaion ddoe  ulon ad isOpEuIeSs tsoe ae nu nloas  failiratílc buileons  d4e6 .5u nya  4E7I SdMe  loa  dLee yu 1n0a/ 2O0E1I4S,   BOE-A-cable e
que sea bien una entidad, bien un grupo encabezado por una entidad matriz de la 
Unión  Europea  y  esté  obligada  a  mantener  un  colchón  para  OEIS  en  base 
consolidada, el colchón aplicable de forma individual o en base subconsolidada 
para la OEIS no excederá del menor de los porcentajes siguientes:
a)  La suma del mayor de los porcentajes de colchón para EISM u OEIS 
aplicable al grupo en base consolidada y el 1 por ciento del importe total de 
exposición al riesgo, calculado de acuerdo con el artículo 92.3 del Reglamento 
(UE) n.° 575/2013, de 26 de junio; y,
b)  El 3% del importe total de exposición al riesgo calculado de acuerdo con el 
artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o el porcentaje 
cuya aplicación al grupo en base consolidada haya autorizado la Comisión con 
arreglo al párrafo tercero del artículo 46.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Veinticuatro.  Se modifica el artículo 66, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 66.  Obligaciones de notificación y publicidad del Banco de España en 
relación con las EISM y las OEIS.
El Banco de España notificará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico los 
nombres de las EISM y OEIS y las correspondientes subcategorías en las que se 
han  clasificado  las  primeras.  En  la  notificación  constarán  los  motivos 
fundamentados por los que se ha ejercido o no el criterio de supervisión con 
arreglo a las letras a), b) y c) del artículo 62.3. El Banco de España hará pública la 
subcategoría en la que se ha clasificado cada EISM.
Cada año, el Banco de España revisará la identificación de las EISM y OEIS y 
la clasificación por subcategorías de las primeras, e informará de sus resultados a 
la entidad de importancia sistémica afectada, así como a la Junta Europea de 
Riesgo  Sistémico,  haciendo  asimismo  públicos  tanto  la  lista  actualizada  de 
entidades de importancia sistémica identificadas, como la subcategoría en la que 
se ha clasificado a cada una de las EISM identificadas.»
Veinticinco.  Se modifica el artículo 67, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 67.  Fijación del colchón contra riesgos sistémicos.
1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, el Banco de España podrá exigir a todas las entidades o a uno o más 
subconjuntos de las mismas, para todas las exposiciones o para un subconjunto 
de las mismas, la constitución de un colchón contra riesgos sistémicos de capital 
de nivel 1 ordinario con el fin de prevenir y paliar los riesgos macroprudenciales o 
sistémicos que no estén cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de 
junio, ni por los colchones previstos en los artículos 45 y 46 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, no pudiendo servir para afrontar los riesgos cubiertos por éstos. 
Dicho colchón se calculará de conformidad con el método que determine el Banco 
de España mediante circular y basado en las exposiciones a las que se aplica este 
colchón, de acuerdo con el apartado 3, sobre una base individual, consolidada o 
subconsolidada con arreglo a la parte primera, título II, del Reglamento (UE) n.° 
575/2013, de 26 de junio.
2.  El colchón se fijará por escalones de ajuste gradual o acelerado de 0,5  e
puntos  porcentuales  o  múltiplos  de  estos,  pudiendo  establecerse  requisitos  bo
diferentes para diferentes subconjuntos de entidades y de exposiciones, conforme  286ww
a lo que determine el Banco de España.
3.  El colchón contra riesgos sistémicos podrá aplicarse a:
a)  Todas las exposiciones ubicadas en España;
b)  Las siguientes exposiciones sectoriales ubicadas en España:
1.º  Todas las exposiciones minoristas frente a personas físicas que estén 
garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales,
2.º  Todas  las  exposiciones  frente  a  personas  jurídicas  que  estén 
garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales,
3.º  Todas las exposiciones frente a personas jurídicas con exclusión de las 
especificadas en el numeral 2.º,
4.º  Todas las exposiciones frente a personas físicas con exclusión de las 
especificadas en el numeral 1.º;
c)  Todas las exposiciones ubicadas en otros Estados miembros, a reserva de 
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 68.1 y en el artículo 68.6;
d)  Las  exposiciones  sectoriales,  enumeradas  en  la  letra  b)  del  presente 
apartado,  ubicadas  en  otros  Estados  miembros  únicamente  para  permitir  el 
reconocimiento de un porcentaje de colchón establecido por otro Estado miembro;
e)  Exposiciones ubicadas en terceros países;
f)  Subconjuntos de las categorías de exposición indicadas en la letra b).
4.  Cuando el Banco de España exija el mantenimiento de un colchón contra 
riesgos sistémicos, se atendrá a lo siguiente:
a)  El  colchón  contra  riesgos  sistémicos  no  deberá  suponer  perjuicios 
desproporcionados  para  el  conjunto  o  partes  del  sistema  financiero  de  otros 
Estados miembros o de la Unión Europea en su conjunto, de modo que se forme o 
se cree un obstáculo al funcionamiento del mercado interior.
b)  El colchón contra riesgos sistémicos exigido será revisado al menos cada 
dos años.
c)  El colchón contra riesgos sistémicos no deberá utilizarse para afrontar 
riesgos  cubiertos  por  los  colchones  previstos  en  los  artículos  45  y  46  de  la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.
5.  De conformidad con lo previsto en la disposición adicional única del Real 
Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas 
macroprudenciales, cuando el Banco de España prevea adoptar herramientas de 
carácter macroprudencial, deberá comunicarlo a la autoridad macroprudencial en 
la forma allí establecida. Las mismas reglas se aplicarán en los supuestos de 
recalibración o de desactivación de tales herramientas.»
Veintiséis.  Se modifica el artículo 68, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo  68.  Procedimiento  de  definición  o  redefinición  del  colchón  contra 
riesgos sistémicos.
1.  El Banco de España notificará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico la 
decisión de definir o redefinir uno o más porcentajes de colchón contra riesgos 
sistémicos antes de su publicación de conformidad con el artículo 71.
Cuando la entidad a la que sean aplicables uno o más porcentajes de colchón  e.e
contra riesgos sistémicos sea una filial cuya empresa matriz esté establecida en  w.b
otro Estado miembro, lo comunicará también a las autoridades de dicho Estado  286ww
miemAsbirmo.ismo, en caso de que el Banco de España decidiera fijar el colchón contra
crioelscghoósn  sdisetbéemráic ofisja rpsaer aa ll ams isemxpoo sniicvieoln peasr au btiocdaadsa sla esn e oxtproossi cEiosntaedso su bmiciaedmabsr oesn,  leal 
Unión Europea, a menos que el colchón se fije para reconocer el porcentaje de
colchón contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro de conformidad 
con el artículo 72.
2.  Tales  notificaciones  establecerán  los  siguientes  elementos  de  manera 
pormenorizada:
a)  Los riesgos macroprudenciales o sistémicos existentes en España;
b)  Los motivos por los cuales la magnitud de los riesgos macroprudenciales o 
sistémicos  supone  una  amenaza  para  la  estabilidad  del  sistema  financiero  a 
escala nacional que justifica el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos;
c)  La razón por la que se considera que el colchón contra riesgos sistémicos 
es eficaz y proporcionado para reducir el riesgo;
d)  Una evaluación de la probable repercusión positiva o negativa del colchón 
contra riesgos sistémicos en el mercado interior sobre la base de la información de 
que se disponga;
e)  El porcentaje o porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos que el 
Banco de España tenga intención de imponer y las exposiciones a las que se 
aplican  dichos  porcentajes  y  las  entidades  que  estarán  sujetas  a  dichos 
porcentajes.
f)  Cuando el porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos se aplique a 
todas las exposiciones, la razón por la que la autoridad considera que el colchón 
contra riesgos sistémicos no duplica el funcionamiento del colchón para OEIS 
previsto en el artículo 46 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
3.  En caso de que la decisión de fijar el porcentaje de colchón contra riesgos 
sistémicos dé lugar a una disminución o la ausencia de cambio del porcentaje 
definido previamente, el Banco de España deberá cumplir únicamente lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2.
4.  El Banco de España notificará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
con, al menos, un mes de antelación a la publicación de la decisión de definir o 
redefinir  uno  o  más  porcentajes  de  colchón  contra  riesgos  sistémicos  de 
conformidad con el artículo 71, cuando dicha decisión, en cualquier conjunto o 
subconjunto de exposiciones a que se refiere el artículo 67.3, sometidos a uno o 
varios  colchones  contra  riesgos  sistémicos,  no  dé  lugar  a  un  porcentaje 
combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior al 3% para cualquiera de 
dichas exposiciones.
A efectos del presente apartado, el reconocimiento del porcentaje de colchón 
contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro de conformidad con el 
artículo 72, no se contabilizará a efectos del límite del 3%.
5.  El Banco de España solicitará, en la notificación presentada a la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico de conformidad con los apartados 1 y 2, el dictamen 
de la Comisión Europea cuando la decisión de definir o redefinir uno o más 
porcentajes  de  colchón  contra  riesgos  sistémicos,  en  cualquier  conjunto  o 
subconjunto de exposiciones a que se refiere el artículo 67.3, sometidos a uno o 
varios colchones contra riesgos sistémicos, dé lugar a un porcentaje combinado 
de colchón contra riesgos sistémicos superior al 3% y de hasta el 5% para 
cualquiera de dichas exposiciones.
Cuando el dictamen de la Comisión Europea fuere negativo, el Banco de 
España bien acatará el dictamen, bien expondrá las razones por las que no lo 
hace. e
Cuando una entidad a la que sean aplicables uno o más porcentajes de  bo
colchón  contra  el  riesgo  sistémico  sea  una  filial  cuya  empresa  matriz  esté  286ww
reesctaobmleecniddaac ióenn  doetr ol a ECstoamdois iómn ieEmubrorop,e ae l y Bdaen cloa   dJuen tEa spEauñroap esao licdieta rRá ieusngao 
SistéEmn icloo  qeune l ar ensoptieficctaac iaóln p párrerasfeon taandtae rdioer ,c counafonrdmoi dlaasd  caounto lroidsa adpeasr tdaed olas  1fi liya l2 .y la
matriz no se pongan de acuerdo sobre el porcentaje o los porcentajes de colchón
contra  riesgos  sistémicos  aplicables  a  dicha  entidad  y  en  el  caso  de  una 
recomendación negativa tanto de la Comisión Europea como de la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico, el Banco de España podrá remitir el asunto a la Autoridad 
Bancaria  Europea,  debiendo  solicitar  su  asistencia  de  conformidad  con  el 
artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, y 
quedando en suspenso la decisión de fijar el colchón contra riesgos sistémicos 
para esas exposiciones hasta que ésta se haya pronunciado.
6.  El Banco de España, sin perjuicio de la notificación a la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico de conformidad con los apartados 1 y 2, solicitará la autorización 
de la Comisión Europea antes de aplicar la decisión de definir o redefinir uno o 
más porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos, en cualquier conjunto o 
subconjunto de exposiciones a que se refiere el artículo 67.3, sometidos a uno o 
varios colchones contra riesgos sistémicos, cuando  dé lugar a un porcentaje 
combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior al 5% para cualquiera de 
dichas exposiciones. El Banco de España esperará a que la Comisión le autorice a 
aplicar la medida propuesta antes de adoptar el colchón.»
Veintisiete.  El artículo 69 queda sin contenido.
Veintiocho.  El artículo 70 queda sin contenido.
Veintinueve.  Se modifica el artículo 71, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 71.  Publicidad de los colchones contra riesgos sistémicos.
El Banco de España anunciará la definición o redefinición de uno o más 
porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos mediante publicación en una 
página web adecuada. El anuncio incluirá, al menos, la siguiente información:
a)  El porcentaje o porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos.
b)  Las entidades a las que se aplica el porcentaje o porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos.
c)  las exposiciones a las que se aplica el porcentaje o porcentajes de colchón 
contra riesgos sistémicos.
d)  Una  justificación  de  la  definición  o  redefinición  del  porcentaje  o 
porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos.
e)  La fecha a partir de la cual las entidades deben aplicar la definición o 
redefinición del colchón contra riesgos sistémicos que se haya fijado o modificado.
f)  Los nombres de los países donde estén ubicadas las exposiciones a las 
que se aplica el colchón contra riesgos sistémicos.
Cuando la publicación de la información a que se refiere la letra d) pudiera 
hacer peligrar la estabilidad del sistema financiero, dicha información no se incluirá 
en la publicación.»
Treinta.  Se modifica el artículo 72, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo  72.  Reconocimiento  del  porcentaje  de  colchón  contra  riesgos 
sistémicos.
1.  El Banco de España podrá reconocer el porcentaje de colchón contra 
riesgos  sistémicos  fijado  por  una  autoridad  competente  o  designada  de  otro  s
Estado miembro y aplicar ese porcentaje a las entidades autorizadas en España  o
rpmieaiesragm2 o.eb sxr opCs oiussetaiécnnmi odniolcoe o essl q  ufBuibjeaaic dnaocrdeo aps sodp reee  clnaEt a esa lp uEaatos ñrtaailda darsoe d c meocnnoietomimdzpacbedartoe e esnql  tuepae ou ofrti cjodeere indzstiaiacgdhjneaoa s ddp eaoe  rcdncoee ln cEothatsrójpoena . Eñcsaot natddroea    2021-18286n https://www.
conformidad  con  el  apartado  1,  lo  notificará  a  la  Junta  Europea  de  Riesgo
Sistémico.
3.  Al  decidir  si  reconoce  o  no  un  porcentaje  de  colchón  contra  riesgos 
sistémicos de conformidad con el apartado 1, el Banco de España tendrá en 
cuenta la información presentada por el Estado miembro que fije el porcentaje de 
colchón contra riesgos sistémicos de conformidad con su legislación nacional que 
transponga el artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, 
apartados 9 y 13.
4.  Cuando el Banco de España reconozca un porcentaje de colchón contra 
riesgos sistémicos para entidades autorizadas en España, ese colchón contra 
riesgos sistémicos podrá ser cumulativo con el colchón contra riesgos sistémicos 
aplicado con arreglo al artículo 47 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y a los 
artículos 67 y 68, siempre que los colchones cubran riesgos diferentes. Cuando 
los colchones cubran el mismo riesgo, sólo se aplicará el colchón más elevado.
5.  Cuando el Banco de España fije un colchón contra riesgos sistémicos de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y con los 
artículos 67 y 68, podrá solicitar a la Junta Europea de Riesgo Sistémico que dirija 
una recomendación, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010, 
a uno o varios de los Estados miembros que puedan reconocer el porcentaje de 
colchón contra riesgos sistémicos.»
Treinta y uno.  Se modifica el apartado 1 y las letras a) y d) del apartado 2 del 
artículo 73, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio,  las  entidades  de  crédito  que  no  cumplan  el  requisito  combinado  de 
colchones de capital deberán calcular el importe máximo distribuible (en adelante 
IMD) conforme a lo que se establece en el apartado 2.»
«a)  Beneficios intermedios del ejercicio.»
«d)  Un  factor  multiplicador  en  función  del  capital  de  nivel  1  ordinario, 
mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir el requisito de recursos 
propios previsto en el artículo 92.1.a), b) y c) del Reglamento (UE) n.° 575/2013, 
de 26 de junio, y, si ha lugar, el requisito de fondos adicionales exigido por el 
Banco de España con arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
para  hacer  frente  a  riesgos  distintos  del  riesgo  de  apalancamiento  excesivo 
conforme a los siguientes criterios:
1.°  Cuando el capital de nivel 1 ordinario se sitúe en el primer cuartil (es decir, el 
más bajo) del requisito combinado de colchones de capital el factor será 0;
2.°  cuando el capital de nivel 1 ordinario se sitúe en el segundo cuartil del 
requisito combinado de colchones de capital, el factor será 0,2;
3.°  cuando el capital de nivel 1 ordinario se sitúe en el tercer cuartil del 
requisito combinado de colchones de capital, el factor será 0,4;
4.°  cuando el capital de nivel 1 ordinario se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, 
el más alto) del requisito combinado de colchones de capital, el factor será 0,6.
Los  límites  inferior  y  superior  de  cada  cuartil  del  requisito  combinado  de 
colchón se calcularán del siguiente modo:
Límite inferior del cuartil = Requisito combinado de colchones de capital / 4 × (Qn –1)
Límite superior del cuartil = Requisito combinado de colchones de capital / 4 × Qn bo
Qn indica el número ordinal del cuartil correspondiente.» 2021-18286n https://ww
Treinta y dos.  Se crea un nuevo artículo 73 bis con el siguiente contenido:
«Artículo 73 bis.  Cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el ratio 
de apalancamiento.
1.  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  apartado  2  del  artículo  48  ter  de  la 
Ley  10/2014,  de  26  de  junio,  las  entidades  de  crédito  que  no  cumplan  los 
requisitos de colchón de ratio de apalancamiento, deberán calcular el importe 
máximo distribuible relacionado con la ratio de apalancamiento (en adelante, A-
IMD) conforme a lo que se establece en el apartado 2.
2.  Las entidades calcularán el A-IMD conforme a lo que especifique el Banco 
de España y, en todo caso, a partir de los siguientes elementos:
a)  Beneficios intermedios del ejercicio;
b)  Beneficios al cierre del ejercicio;
c)  Importes  que  habrían  de  pagarse  en  concepto  de  impuestos  de 
conservarse los elementos especificados en las letras a) y b);
d)  Un factor multiplicador en función del capital de nivel 1, mantenido por la 
entidad, que no se utilice para cumplir el requisito de recursos propios previsto en 
el artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.° 575/2013, de 26 de junio, ni, si ha 
lugar, el requisito de fondos propios adicionales exigido por el Banco de España 
con arreglo al artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, para hacer frente 
a un riesgo de apalancamiento excesivo que no esté suficientemente cubierto por 
el artículo 92.1.d) del citado Reglamento, conforme a los siguientes criterios:
1.°  Cuando el capital de nivel 1 se sitúe en el primer cuartil (es decir, el más 
bajo) del requisito de colchón de ratio de apalancamiento el factor será 0;
2.°  Cuando el capital de nivel 1 se sitúe en el segundo cuartil del requisito de 
colchón de ratio de apalancamiento, el factor será 0,2;
3.°  Cuando el capital de nivel 1 se sitúe en el tercer cuartil del requisito de 
colchón de ratio de apalancamiento, el factor será 0,4;
4.°  Cuando el capital de nivel 1 se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, el más 
alto) del requisito de colchón de ratio de apalancamiento, el factor será 0,6.
Los límites inferior y superior de cada cuartil de los requisitos de colchón de 
ratio de apalancamiento se calcularán del siguiente modo:
Límite inferior del cuartil = Requisito de colchón de ratio de apalancamiento / 4 × (Qn–1)
Límite superior del cuartil = Requisito de colchón de ratio de apalancamiento / 4 × Qn
Qn indica el número ordinal del cuartil correspondiente.
3.  Las entidades dispondrán de mecanismos para garantizar que el importe 
de beneficios distribuible y el A-IMD se calculen con exactitud y habrán de poder 
demostrar esa exactitud al Banco de España cuando así se les solicite.»
Treinta y tres.  Se modifica el título del artículo 74, que pasa a tener el siguiente 
tenor literal:
«Artículo 74.  Obligaciones en caso de incumplimiento del requisito combinado de 
colchón.»
Treinta y cuatro.  Se crea un nuevo artículo 74 bis con el siguiente contenido:
«Artículo  74  bis.  Obligaciones  en  caso  de  incumplimiento  del  requisito  de 
colchón de ratio de apalancamiento.
Cuando  una  entidad  no  cumpla  el  requisito  de  colchón  de  ratio  de 
apalancamiento y se proponga distribuir la totalidad o parte de sus beneficios 
distribuibles  o  emprender  alguna  de  las  actuaciones  contempladas  en  el 
artículo 48 ter.2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, lo notificará a la autoridad 
competente y proporcionará la siguiente información:
a)  El importe de capital de nivel 1 mantenido por la entidad, subdividido como 
sigue:
1.°  Capital de nivel 1 ordinario.
2.°  Capital de nivel 1 adicional.
b)  El importe de sus beneficios intermedios y al cierre del ejercicio.
c)  El IMD calculado según lo previsto en el artículo 73.
d)  El  importe  de  beneficios  distribuibles  que  se  propone  asignar  a  lo 
siguiente:
1.°  Pagos de dividendos.
2.°  Compra de acciones propias u otros instrumentos de capital de nivel 1 
ordinario.
3.°  Pagos vinculados a instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
4.°  Pago  de  una  remuneración  variable  o  beneficios  discrecionales  de 
pensión, ya sea como resultado de la asunción de una nueva obligación de pago o 
de una obligación de pago asumida en un momento en que la entidad no se atenía 
a los requisitos combinados de colchón.
e)  El A-IMD calculado de conformidad con artículo 73 bis.»
Treinta y cinco.  Se modifica el artículo 75, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
cuando una entidad de crédito no cumpla los requisitos combinados de colchón o, 
en su caso, los requisitos de colchón de ratio de apalancamiento a los que esté 
sujeta, elaborará un plan de conservación del capital y lo presentará al Banco de 
España en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que 
compruebe su incumplimiento de dichos requisitos, a no ser que el Banco de 
España autorice un plazo mayor de hasta diez días. Dicho plan, habrá de tener el 
contenido siguiente:
a)  Estimaciones de ingresos y gastos y una previsión de balance. s
b)  Medidas encaminadas a incrementar las ratios de capital de la entidad. oe.
c)  Un  plan  y  un  calendario  de  aumento  de  los  recursos  propios  con  el  w.
objetivo de cumplir plenamente los requisitos combinados de colchón y, si ha lugar,  286ww
el redq)u isCitou adlees cqoulciehróan o dtreo sra dtiaot odse  qaupea lealn Bcaamncieon dtoe. España juzgue necesarios para
ljluenviaor. »a cabo la evaluación prevista por el artículo 49.2 de la Ley 10/2014, de 26 de  BOE-A-cable e
Treinta y seis.  Se modifica el artículo 76, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 76.  Contenido de la revisión y evaluación supervisoras.
1.  De acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y, 
teniendo en cuenta los criterios técnicos contemplados en el artículo 77, el Banco 
de  España  someterá  a  revisión  los  sistemas,  estrategias,  procedimientos  y 
mecanismos aplicados por las entidades a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la normativa de solvencia, y evaluará:
a)  Los riesgos a los cuales las entidades y sus grupos consolidables están o 
podrían estar expuestas.
b)  Los  riesgos  que  se  hayan  puesto  de  manifiesto  en  las  pruebas  de 
resistencia.
A partir de esta revisión y evaluación, el Banco de España determinará si los 
sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos empleados por las entidades 
y los fondos propios y la liquidez mantenidos por ellas garantizan una gestión y 
cobertura sólida de sus riesgos.
2.  El Banco de España establecerá la frecuencia e intensidad de la revisión y 
evaluación  contemplada  en  el  apartado  1,  teniendo  en  cuenta  la  magnitud, 
importancia sistémica, naturaleza, dimensión y complejidad de las actividades de 
la entidad de que se trate, así como el principio de proporcionalidad. La revisión y 
evaluación  se  actualizarán,  al  menos,  con  periodicidad  anual  en  el  caso  de 
entidades a las que se aplique el programa de examen supervisor contemplado en 
el artículo 55.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Al llevar a cabo la revisión y evaluación a que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo, el Banco de España aplicará el principio de proporcionalidad de 
conformidad  con  los  criterios  publicados  con  arreglo  al  artículo  80.1.a)  de  la 
Ley 10/2014, de 26 de junio.
3.  El Banco de España podrá adaptar las metodologías para la aplicación de 
la revisión y evaluación supervisora establecida en el apartado 1 y podrá incluir en 
dichas metodologías criterios de referencia orientados al riesgo e indicadores 
cuantitativos, con el fin de tener en cuenta a las entidades que, a juicio del Banco 
de España, tengan un perfil de riesgo similar por, entre otros motivos:
a)  La afinidad de sus modelos de negocio;
b)  La localización geográfica de sus exposiciones; o
c)  La  naturaleza  y  magnitud  de  los  riesgos  a  los  que  se  encuentran 
expuestas o que podrían presentar para el sistema financiero.
En todo caso, las metodologías adaptadas deberán permitir tener debidamente 
en cuenta los riesgos específicos a los que pueda estar expuesta cada entidad y 
no incidirán en la especificidad para cada entidad de las medidas impuestas de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
El Banco de España notificará a la Autoridad Bancaria Europea la decisión de 
utilizar  metodologías  adaptadas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este 
apartado.
4.  El  Banco  de  España  informará  a  la  Autoridad  Bancaria  Europea  del 
funcionamiento de su proceso de revisión y evaluación supervisora, así como de la  e.e
metodología empleada para hacer uso de las facultades supervisoras previstas en  b
el título III de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y en el capítulo IV de este título  286ww
psileamntperaer  quune r ieels gporo cseisstéom diceo r edvei scióonn fmorumeisdtared  qcoune  euln aa rteícnutildoa d2 3d ed ecl réRdeitgola pmoednrítao 
(UE5) .n .°C 1u0a9n3d/2o0 a1 0r,a díze  d2e4  udnea n roevviiesmióbnr,e e dne p 2a0rt1ic0u.lar la evaluación de los sistemas
de gobierno corporativo, del modelo de negocio o de las actividades de una
entidad, el Banco de España tenga indicios razonables para suponer que, en 
relación con esa entidad, se están realizando o intentando realizar o se han 
realizado  o  intentado  realizar  operaciones  de  blanqueo  de  capitales  o  de 
financiación del terrorismo o que se ha incrementado de forma material el riesgo 
de que esto ocurra, deberá notificarlo inmediatamente a la Autoridad Bancaria 
Europea y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias.
Asimismo, en el caso de que se prevea un posible aumento del riesgo de que 
se efectúen operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, 
el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias deberán cooperar y notificar 
inmediatamente  a  la  Autoridad  Bancaria  Europea  su  evaluación  conjunta.  El 
Banco de España adoptará las medidas que estime pertinentes de conformidad 
con la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Treinta y siete.  Se elimina la letra j) del artículo 77.1.
Treinta y ocho.  Se modifica el artículo 81, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
«Artículo 81.  Supervisión de los grupos consolidables.
1.  De conformidad con el artículo 57 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
corresponderá al Banco de España la supervisión en base consolidada de los 
siguientes grupos consolidables de entidades de crédito:
a)  Aquéllos en los que la empresa matriz sea una entidad de crédito matriz 
de un Estado miembro o una entidad de crédito matriz de la UE y el Banco de 
España sea responsable de la supervisión en base individual de dicha entidad de 
crédito.
b)  Aquellos en los que la empresa matriz sea una empresa de servicios de 
inversión matriz de un Estado miembro o una empresa de servicios de inversión 
matriz de la UE, y una de sus filiales sea una entidad de crédito cuya supervisión 
en base individual corresponda al Banco de España.
En el caso de que haya varias entidades de crédito, corresponderá igualmente 
la supervisión en base consolidada al Banco de España si la entidad de crédito 
establecida en España cuenta con el balance más elevado.
c)  Aquéllos en los que la empresa matriz sea una sociedad financiera de 
cartera matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE 
o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE cuando tenga una 
única entidad de crédito filial supervisada en base individual por el Banco de 
España.
d)  Aquéllos en los que el grupo cuente con dos o más filiales que sean 
entidades de crédito o empresas de servicios de inversión filiales autorizadas en la 
Unión Europea y en los que la empresa matriz sea una sociedad financiera de 
cartera matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera mixta de cartera 
matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE 
o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE cuando:
1.º  Solamente exista una entidad de crédito dentro del grupo y el Banco de 
España sea responsable de la supervisión en base individual. e.
2.º  Existan dos o más filiales que sean entidades de crédito y el Banco de  w.b
España sea responsable de la supervisión en base individual de la entidad de  286ww
crédito con el total de balance más elevado.
artíceu)l o 1L8o.s6  og druepl oasrt ícduelot e1r8m.3in addeol Rs egcloammoe ntoc o(UnsEo)l ind.aºb 5le7s5 /2e0n1 3, adpel ic2a6c dióen j undioe,l 
cuando el Banco de España sea responsable de la supervisión en base individual 
de la entidad de crédito con el total de balance más elevado.
f)  Los  sistemas  institucionales  de  protección  previstos  en  la  disposición 
adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Como excepción a lo dispuesto en los apartados b), d).2.º y e), cuando el 
Banco de España supervise en base individual a más de una entidad de crédito 
dentro de un grupo, le corresponderá la supervisión en base consolidada cuando 
la suma del total de sus balances sea superior a la suma del total de los balances 
de  las  entidades  de  crédito  del  grupo  supervisadas  en  base  individual  por 
cualquier otra autoridad competente.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1.a), b), c), d) y e), el Banco de 
España, de común acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores o 
con las autoridades de otros Estados miembros de la Unión Europea responsables 
de la supervisión en base individual de las entidades de crédito o empresas de 
servicios  de  inversión  de  un  grupo,  podrá  dejar  de  aplicar  los  criterios 
contemplados en dichas letras cuando la aplicación de los criterios mencionados 
en dichos apartados resulte inadecuada habida cuenta de las entidades de crédito 
o empresas de servicios de inversión de que se trate y de la importancia relativa 
de sus actividades en los Estados miembros pertinentes, o de la necesidad de 
garantizar la continuidad de la supervisión en base consolidada por parte de la 
misma autoridad competente.
En los casos contemplados en el párrafo anterior, la sociedad financiera de 
cartera matriz de la UE, la sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, la 
entidad de crédito matriz de la UE, la empresa de servicios de inversión matriz de 
la UE, o la entidad de crédito o empresa de servicios de inversión con el balance 
más elevado del grupo, según corresponda, tendrá derecho a ser oída por el 
Banco de España antes de que las autoridades competentes adopten la decisión.
El Banco de España notificará sin demora a la Comisión Europea y a la 
Autoridad Bancaria Europea, todo acuerdo adoptado de conformidad con este 
apartado.»
Treinta y nueve.  Se modifica el artículo 82.1, que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«1.  A reserva de lo dispuesto en el título I, capítulo II bis de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras 
mixtas de cartera se incluirán en la supervisión consolidada.»
Cuarenta.  Se  modifican  la  letra  e  y  se  introduce  una  nueva  letra  f)  en  el 
artículo 86.3, con el siguiente contenido:
«e)  Las  autoridades  competentes  de  terceros  países  con  sujeción  a 
requisitos  de  confidencialidad  que  sean  equivalentes,  a  juicio  de  todas  las 
autoridades competentes, a los estipulados en el artículo 82 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio.
f)  Las autoridades competentes del Estado miembro en que esté establecida 
una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera.»
Cuarenta y uno.  Se modifica el artículo 90, que pasa a tener el siguiente tenor  es
literal: o
«Arteícsupleoc ífic9o0s.  enD efucnisciioónne dse  lacso ennjutindtaadse s.sobre  requerimientos  prudenciales  2021-18286n https://ww
Ley 11. 0/2E0n1 4e, l dem 2a6rc od e djuen iola,  ecl oBlaabnocroa cdióen E  sepsatañbal,e cciudaon deon  seeal  eal rtsíucupleor vi6s2o r edne   BOE-A-cable e
base  consolidada  de  un  grupo  o  la  autoridad  competente  responsable  de  la 
supervisión de las filiales en España de una entidad de crédito matriz de la UE, de 
una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera 
mixta de cartera matriz de la UE, procurará alcanzar, con todos sus medios, una 
decisión  consensuada  con  las  demás  autoridades  supervisoras  de  la  Unión 
Europea pertinentes sobre las materias enumeradas en los apartados a), b) y c) 
del artículo 65.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
2.  Las decisiones conjuntas a que refiere el apartado 1 se adoptarán:
a)  A efectos del apartado 1.a) del artículo 65 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en 
base  consolidada,  a  las  demás  autoridades  competentes  pertinentes,  de  un 
informe que incluya la evaluación de riesgos del grupo, de conformidad con el 
artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
b)  A efectos del apartado 1.b) del artículo 65 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en 
base  consolidada,  a  las  demás  autoridades  competentes  pertinentes,  de  un 
informe que incluya la evaluación del perfil de riesgo de liquidez del grupo, de 
conformidad con los artículos 53 de este real decreto y 42 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio.
c)  A efectos del apartado 1.c) del artículo 65 de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, en un plazo de cuatro meses a partir de la presentación por el supervisor en 
base consolidada de un informe que incluya la evaluación de los riesgos del grupo 
de entidades de conformidad con el artículo 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio.
Las  decisiones  conjuntas  a  las  que  se  hace  referencia  en  el  apartado  1 
tomarán debidamente en consideración la evaluación de riesgos de las filiales 
realizada por las autoridades pertinentes con arreglo a los artículos 41, 51, 52, 53, 
69 y 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
3.  Las decisiones conjuntas a las que se refiere el artículo 65.1.a) y b) de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, se expondrán en un documento que contenga la 
decisión  plenamente  motivada  y  que  el  Banco  de  España,  cuando  sea  el 
supervisor en base consolidada, remitirá a la entidad de crédito matriz de la UE.
En caso de desacuerdo, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las 
demás autoridades competentes afectadas, el Banco de España, antes de adoptar 
la  decisión  a  que  se  refiere  el  apartado  siguiente,  consultará  a  la  Autoridad 
Bancaria Europea. El resultado de la consulta no le vinculará.
4.  En  ausencia  de  la  referida  decisión  conjunta  entre  las  autoridades 
competentes en los plazos a que se refiere el apartado 2.a), b) y c), el Banco de 
España, cuando ejerza de supervisor en base consolidada, adoptará la decisión 
en base consolidada respecto a la aplicación de los artículos 41, 42, 51, 52, 53, 
68.2.a) y 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y del artículo 53 de este real 
decreto, sobre una base consolidada, tras tomar debidamente en consideración la 
evaluación de riesgo de las filiales realizada por las autoridades competentes 
pertinentes y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria 
Europea, explicando toda variación significativa respecto del dictamen recibido de 
la misma.
Si al final de los plazos a que se refiere el apartado 2.a), b) y c) alguna de las  e
autoridades  competentes  interesadas  ha  remitido  el  asunto  a  la  Autoridad  bo
Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.°  286ww
r1e0s9o3lu/2c0ió1n0 , yd ee s2p4e radreá  nlao vdieemcibsrióen  dqeu e2 0l1a0 ,A  eult oBridaandc o Bdaen cEarsiap añEau roappelaaz apruáe dsau 
aredsooplvtaerr ád ec ocno nafrorermgliod aad l ac odne ceisl iaórntí cduel ola 1 A9u.3to dried addic Bhoa nrceagrliaam Eeunrtoop. ePao. sLtoesri oprlmazeonst ea, 
los que se refiere el apartado 2 serán considerados períodos de conciliación en el 
sentido del artículo 19 del citado reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea una vez finalizado el 
periodo de cuatro meses ni tras haberse adoptado una decisión conjunta.
5.  Igualmente, en ausencia de la referida decisión conjunta a que se refiere el 
apartado 1, el Banco de España, como responsable de la supervisión de las filiales 
en España de una entidad de crédito matriz de la UE o de una sociedad financiera 
de cartera de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, 
tomará una decisión en base individual o subconsolidada sobre la aplicación de 
los artículos 41, 42, 51, 52, 53, 68.2.a) y 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
y del artículo 53 de este real decreto, tras tomar debidamente en consideración las 
observaciones y las reservas manifestadas por el supervisor en base consolidada 
y, en su caso, el resultado de la consulta a la Autoridad Bancaria Europea, 
explicando toda variación significativa respecto del dictamen recibido de la misma.
Si al final del período de cuatro meses alguna de las autoridades competentes 
implicadas ha remitido el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad 
con  el  artículo  19  del  Reglamento  (UE)  n.°  1093/2010,  de  24  de  noviembre 
de 2010, el Banco de España aplazará su resolución y esperará la decisión que la 
Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de 
dicho  reglamento.  Posteriormente,  resolverá  con  arreglo  a  la  decisión  de  la 
Autoridad Bancaria Europea. Los plazos a que se refiere el apartado 2 serán 
considerados períodos de conciliación en el sentido del artículo 19 del citado 
reglamento.
El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea una vez finalizado el 
periodo de cuatro meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta.
6.  Las decisiones a que se refieren los apartados 4 y 5 se expondrán en un 
documento  que  contenga  las  decisiones  plenamente  motivadas  y  tendrán  en 
cuenta la evaluación de riesgo, las observaciones y las reservas manifestadas por 
las demás autoridades competentes a lo largo de los períodos a que se refiere el 
apartado 2.
El  Banco  de  España,  cuando  ejerza  de  supervisor  en  base  consolidada, 
remitirá el documento a todas las autoridades competentes afectadas, a la entidad 
de crédito, matriz de la UE y a las entidades de crédito filiales afectadas.
7.  Las decisiones conjuntas a que se refiere el apartado 1 y las decisiones de 
los supervisores en base consolidada de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, que afecten a entidades de crédito establecidas en España que sean 
filiales de los grupos consolidados a que se refieran tales decisiones, tendrán 
idénticos efectos legales que las decisiones adoptadas por el Banco de España.
8.  Las decisiones conjuntas a que se refiere el apartado 1 y las decisiones 
adoptadas a falta de una decisión conjunta de conformidad con los apartados 4 y 5 
serán actualizadas cada año o, en circunstancias excepcionales, cuando una 
autoridad competente responsable de la supervisión de filiales de una entidad de 
crédito matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de 
una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE presenten al supervisor 
en base consolidada una solicitud por escrito completamente razonada de que se 
actualice la decisión sobre la aplicación de los artículos 42, 68.2.a) y 69 bis de la 
Ley 10/2014, de 26 de junio, y del artículo 53 de este real decreto. En el segundo 
caso, podrán encargarse de la actualización de modo bilateral el supervisor en  s
base consolidada y la autoridad competente que haya presentado la solicitud.» oe.
Cuarenta y dos.  Se crea un nuevo artículo 90 bis, con el siguiente contenido:
«Artículo 90 bis.  Decisiones conjuntas sobre sociedades financieras de cartera y 
sociedades financieras mixtas de cartera.
1.  Cuando el Banco de España sea el supervisor en base consolidada o 
cuando  se  trate  de  una  sociedad  financiera  de  cartera  o  de  una  sociedad 
financiera  mixta  de  cartera  establecida  en  España  perteneciente  a  un  grupo 
consolidable de entidades de crédito que no esté sujeto a la supervisión en base 
consolidada del Banco de España, éste trabajará en estrecha consulta con las 
demás  autoridades  supervisoras  de  la  Unión  Europea  pertinentes  sobre  los 
asuntos a los que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.
De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 65.2 de la Ley 10/2014, de 26 
de  junio,  para  la  adopción  de  una  decisión  que  recaiga  sobre  sociedades 
financieras mixtas de cartera, se precisará el acuerdo del coordinador designado 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión 
de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector 
financiero.
Para adoptar las decisiones a las que se refiere este apartado, cuando el 
Banco de España sea el supervisor en base consolidada elaborará una evaluación 
sobre las mismas, y comunicará esa evaluación a la autoridad competente del 
Estado miembro en que esté establecida la sociedad concernida.
2.  Cuando el Banco de España no sea el supervisor en base consolidada, 
procurará alcanzar una decisión conjunta en un plazo de dos meses a contar 
desde la fecha de recepción de la evaluación realizada por el supervisor en base 
consolidada.
3.  Cuando el Banco de España sea el supervisor en base consolidada se 
encargará de comunicar a la sociedad financiera de cartera o a la sociedad 
financiera mixta de cartera concernida las decisiones conjuntas previstas en el 
apartado 1, que deberán estar debidamente documentadas y fundamentadas.
4.  En caso de desacuerdo, el Banco de España se abstendrá de adoptar una 
decisión y remitirá el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con 
el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. El Banco de España tomará una 
decisión conjunta junto con el resto de las autoridades competentes afectadas con 
arreglo a la decisión que haya tomado la Autoridad Bancaria Europea. El asunto 
no  se  remitirá  a  la  Autoridad  Bancaria  Europea  una  vez  finalizado  el  plazo 
establecido en el apartado 2 ni tras haberse adoptado una decisión conjunta.
Cuando, en virtud del segundo párrafo del apartado 1, se precise el acuerdo 
del coordinador, el desacuerdo se remitirá, según proceda, a la Autoridad Bancaria 
Europea  o  a  la  Autoridad  Europea  de  Seguros  y  Pensiones  de  Jubilación. 
Cualquier decisión adoptada de conformidad con este párrafo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones previstas en la Ley 5/2005, de 22 de abril, y en la 
Ley  20/2015,  de  14  de  julio,  de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
5.  En el caso de las sociedades financieras mixtas de cartera cuando el 
Banco de España, no sea, además el coordinador establecido de conformidad con 
el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, se precisará 
el acuerdo del coordinador para adoptar las decisiones o decisiones conjuntas a  e.
que se refieren los artículos 15 bis.1, 15 ter y 15 sexies, según proceda. Asimismo,  w.b
cuando se precise el acuerdo del coordinador, el desacuerdo se remitirá, según  286ww
pPreoncseidoan,e sa  ldae A Juutobriliadcaidó nB. aCnucaarlqiau iEeur rdoepceias ióon a  alad oAputatodraid adde  Ecuornofoprema iddaed S ceognu reosst ey 
adpea 2r2ta ddeo  asber eil,n yte ennd elará L seiyn  2p0e/r2ju0i1c5io,  ddee  1la4s  doeb jluigliaoc.»iones previstas en la Ley 5/2005,
Cuarenta y tres.  Se modifica el artículo 92.1.c), que pasa a tener el siguiente tenor 
literal:
«c)  Los criterios y metodología seguidos por el Banco de España para revisar 
los  acuerdos,  estrategias,  procedimientos  y  mecanismos  aplicados  por  las 
entidades y sus grupos a fin de dar cumplimiento a la normativa de solvencia y 
evaluar los riesgos a los que las mismas están o podrían estar expuestas. En 
particular,  se  publicarán  los  criterios  para  la  aplicación  del  principio  de 
proporcionalidad a los que se refiere el artículo 76.2.»
Cuarenta y cuatro.  Se crea un nuevo capítulo V dentro del título III con el siguiente 
contenido:
«CAPÍTULO V
Medidas de supervisión prudencial
Artículo 94.  Requerimiento sobre recursos propios adicionales.
1.  En virtud del artículo 69.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, el Banco de 
España impondrá un requerimiento de recursos propios adicionales a una entidad 
concreta cuando esta entidad esté expuesta a riesgos o elementos de riesgo no 
cubiertos  o  no  suficientemente  cubiertos  por  los  requerimientos  de  recursos 
propios establecidos en las partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de 26 de junio.
2.  El Banco de España determinará el requerimiento a que se refiere el 
apartado anterior con base en las siguientes reglas:
a)  Se considerará que los riesgos o elementos de riesgo no están cubiertos o 
no suficientemente cubiertos sólo si los importes, los tipos y la distribución del 
capital  que  el  Banco  de  España  considere  adecuados  son  superiores  a  los 
requisitos de fondos propios conforme a las partes tercera, cuarta y séptima del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
b)  La evaluación sobre si los importes, tipos y distribución del capital de una 
entidad concreta son adecuados la realizará el Banco de España, teniendo en 
cuenta la revisión supervisora que haya llevado a cabo sobre la autoevaluación del 
capital  interno  realizada  por  las  entidades  conforme  al  artículo  41.1  de  la 
Ley 10/2014, de 26 de junio;
c)  La evaluación sobre si los importes, tipos y distribución del capital de una 
entidad  concreta  se  consideran  adecuados  la  realizará  el  Banco  de  España 
atendiendo al perfil de riesgo de dicha entidad y en particular en relación a los 
siguientes riesgos:
1.º  Los  riesgos  o  elementos  de  riesgo  específicos  de  la  entidad 
expresamente excluidos o no contemplados expresamente por los requisitos de 
fondos  propios  establecidos  en  las  partes  tercera,  cuarta  y  séptima  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
2.º  Los riesgos o elementos de riesgo específicos de la entidad susceptibles 
de subestimarse a pesar de cumplirse los requisitos aplicables establecidos en las 
partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio. e
elcounsbt ididera)ire tdos gscL,ooa ns oe c vroean tloaue  alseecemsió tceénonn nst oosssibdu refedicr eaise ni n rlaotieedssm egimceounp atoecdro otnecsssu si,bd etieei phrraotaodsrsá oy  se p dxoiscsril tgurnlisobiifsuvic acaimróetineqv noudtsiees il t cqocousane p  dirteaneslo  pd feoeecn studoténo anas     2021-18286n https://www.
propios establecidos en las partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento (UE)
n.º 575/2013, de 26 de junio. Bc
El riesgo de tipo de interés derivado de posiciones ajenas a la cartera de 
negociación podrá considerarse significativo al menos en los casos indicados en el 
artículo 68 bis.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, a no ser que, de conformidad 
con el artículo 68 bis.2 de la misma ley, el Banco de España, al efectuar la revisión 
y evaluación, llegue a la conclusión de que la gestión por parte de las entidades 
del riesgo de tipo de interés derivado de actividades ajenas a la cartera de 
negociación es adecuada y que la entidad no está excesivamente expuesta a 
riesgo  de  tipos  de  interés  derivado  de  actividades  ajenas  a  la  cartera  de 
negociación.
e)  En la medida en que los riesgos o elementos de riesgo estén sujetos a 
acuerdos transitorios o a disposiciones sobre derechos adquiridos reconocidos 
establecidos en la Ley 10/2014, de 26 de junio, o en el Reglamento (UE) n.º 
575/2013, de 26 de junio, no se considerarán como riesgos o elementos de tales 
riesgos  susceptibles  de  subestimarse  a  pesar  de  cumplirse  los  requisitos 
aplicables establecidos en las partes tercera, cuarta y séptima del Reglamento 
(UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
f)  Cuando  se  requieran  fondos  propios  adicionales  para  abordar  riesgos 
distintos del riesgo de apalancamiento excesivo no suficientemente cubierto por el 
artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, el nivel de 
fondos  propios  adicionales  requeridos  será  la  diferencia  entre  el  capital 
considerado adecuado y los requisitos de fondos propios pertinentes establecidos 
en las partes tercera y cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
g)  Cuando se requieran fondos propios adicionales para abordar el riesgo de 
apalancamiento excesivo no suficientemente cubierto por el artículo 92.1.d) del 
Reglamento  (UE)  n.º  575/2013,  de  26  de  junio,  el  nivel  de  fondos  propios 
adicionales requeridos será la diferencia entre el capital considerado adecuado y 
los requisitos de fondos propios pertinentes establecidos en las partes tercera y 
séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio.
3.  Los fondos propios que se utilicen para cumplir el requisito de fondos 
propios adicionales a que se refiere el artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, que imponga el Banco de España para atender los riesgos distintos del 
riesgo de apalancamiento excesivo no se utilizarán para cumplir ninguno de los 
siguientes elementos:
a)  Requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92.1.a), b) y c) del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
b)  Los requisitos combinados de colchón;
c)  La  orientación  sobre  fondos  propios  adicionales  a  que  se  refiere  el 
artículo 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, cuando dicha orientación aborde 
riesgos distintos al riesgo de apalancamiento excesivo.
4.  Los fondos propios que se utilicen para cumplir el requisito de fondos 
propios adicionales a que se refiere el artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, que imponga el Banco de España para afrontar el riesgo de apalancamiento 
excesivo no suficientemente cubierto por el artículo 92.1.d) del Reglamento (UE) 
n.º  575/2013,  de  26  de  junio,  no  se  utilizarán  para  cumplir  ninguno  de  los 
siguientes elementos:
a)  El  requisito  de  fondos  propios  establecido  en  el  artículo  92.1.d)  del  e.
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio; w.
b)  El requisito de colchón de ratio de apalancamiento a que se refiere el  286ww
artíccu)l o L9a2 .1o briiesn dtaecl iRóne glsaomberen tofo (nUdEo)s n .pº r5o7p5io/2s0 1a3d,i cdioen 2a6le dse  aju nqiou;e  se  refiere  el
laorstí criuelsog 6o9s  bdies  adpea llaa nLceaym 1ie0n/2to0 1e4x,c dees iv2o6. de junio, cuando dicha orientación aborde  BOE-A-cable e
5.  El Banco de España justificará debidamente por escrito a cada entidad la 
decisión de imponer un requisito de fondos propios adicionales a que se refiere el 
artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, mediante una exposición clara 
de  la  evaluación  completa  de  los  elementos  mencionados  en  los  anteriores 
apartados. Esa justificación incluirá, en el caso mencionado en el artículo 69.e) de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, una declaración específica de las razones por las 
cuales ya no se considera suficiente la imposición de una orientación sobre fondos 
propios adicionales.
6.  El  nivel de  fondos  propios adicionales  requeridos a  que se refiere el 
artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, se cumplirá al menos en un 75% 
con  instrumentos  de  capital  de  nivel  1  de  los  que  al  menos  el  75%  sean 
instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.
El  nivel  de  fondos  propios  adicionales  requeridos  a  que  se  refiere  el 
artículo 68.2.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, para abordar el riesgo de 
apalancamiento excesivo, se cumplirá con capital de nivel 1.
No obstante, lo dispuesto en los párrafos primero y segundo, el Banco de 
España podrá exigir una proporción superior del capital de nivel 1 o del capital de 
nivel 1 ordinario. Esta potestad la ejercerá el Banco de España cuando sea 
necesario y habida cuenta de las circunstancias específicas de la entidad.
Artículo 95.  Orientación sobre recursos propios adicionales.
1.  La orientación sobre fondos propios adicionales no podrá cubrir los riesgos 
que afronte el requisito de fondos propios adicionales establecido de conformidad 
con el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y del artículo 94 de este real 
decreto, salvo en la medida en que cubra aspectos de dichos riesgos aún no 
cubiertos en virtud de dicho requisito.
2.  Los fondos propios que se utilicen para mantener la orientación sobre 
fondos  propios  adicionales  comunicada  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el 
artículo 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y que tengan por objeto hacer 
frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, no se utilizarán 
para cumplir ninguno de los siguientes requisitos:
a)  Los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92.1.a), b) y c) 
del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
b)  El  requisito  de  fondos  propios  adicionales  impuesto  por  el  Banco  de 
España  para  hacer  frente  a  riesgos  distintos  del  riesgo  de  apalancamiento 
excesivo de conformidad con el artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y el 
requisito combinado de colchones de capital establecido en el artículo 43 de la 
misma ley.
3.  Los fondos propios que se utilicen para mantener la orientación sobre 
fondos  propios  adicionales  comunicada  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el 
artículo 69 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, con el fin de hacer frente a un riesgo 
de apalancamiento excesivo, no se utilizarán para cumplir con ninguno de los 
siguientes elementos:
a)  El  requisito  de  fondos  propios  establecido  en  el  artículo  92.1.d)  del 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio;
b)  El  requisito  de  fondos  propios  adicionales  impuesto  por  el  Banco  de  s
España para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo, de conformidad  oe.
acortníc ceu)ll  oa rE9t2ílc .ru1el oqb ui6sis 9di tedole  Rd laee  gLcleaoymlc 1he0ón/nt2o 0 d(1eU4 E,la )d  nera. º2t i65o 7 dd5ee/ 2 jua0np1ia3ol,.a dnec a2m6 ideen tjou naio q.»ue se refiere el  2021-18286n https://www.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/878 del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  20  de  mayo  de  2019,  y  parcialmente  la 
Directiva  2019/2034,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  noviembre 
de 2019.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín  Oficial  del  Estado»,  a  excepción  de  la  modificación  del  artículo  57.1,  la 
introducción de los nuevos artículos 73 bis y 74 bis y la modificación del artículo 75 del 
Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
Dado en Madrid, el 8 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA