BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Martes 9 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 138457
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
18363 Sala Segunda. Sentencia 160/2021, de 4 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 3884-2017. Promovido por don Pedro David Delso Sanz en relación 
con las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia  de  Aragón  y  un  juzgado  de  ese  mismo  orden  jurisdiccional  de 
Zaragoza, en procedimiento por despido. Supuesta vulneración del derecho a 
la protección de los datos de carácter personal: utilización de la grabación de 
conversaciones  telefónicas  mantenidas  con  los  clientes  como  medio  de 
acreditación del incumplimiento grave de las obligaciones laborales.
ECLI:ES:TC:2021:160
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3884-2017, promovido por don Pedro David Delso 
Sanz contra el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2017, 
por  el  que  se  inadmite  el  recurso  de  casación  para  la  unificación  de  doctrina 
núm. 3016-2016 interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón núm. 379/2016, de 27 de mayo de 2016, por la que se 
desestima el recurso de suplicación núm. 357-2016 interpuesto contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza núm. 276/2015, de 9 de junio de 2015, 
pronunciada en el procedimiento sobre despido núm. 635-2014. Ha comparecido la 
entidad Telefónica de España, SAU Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente 
el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.
I. Antecedentes
1.  Don Pedro David Delso Sanz, representado por la procuradora de los tribunales 
doña Miriam Rodríguez Crespo, bajo la dirección de la letrada doña Elena García García, 
interpuso  demanda  de  amparo  contra  las  resoluciones  que  se  citan  en  el 
encabezamiento de esta sentencia mediante escrito registrado en el tribunal el 20 de 
julio de 2017.
2.  El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a)  La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza núm. 276/2015, de 9  e.e
de junio de 2015, pronunciada en el procedimiento sobre despido núm. 635-2014, acordó  b
estimar el recurso interpuesto por el demandante de amparo en cuanto a la declaración  363ww
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despido el 6 de junio de 2014 por la comisión de una falta muy grave del artículo 212 i) y
j) de la normativa laboral, en relación con el artículo 54.2 b) y d) de la Ley del estatuto de 
los  trabajadores  (LET).  El  despido  fue  justificado  por  la  empresa  en  que  durante 
diferentes días de los meses de marzo y abril de 2014 y hasta en un total de ocho 
ocasiones «se ha podido constatar una deficiente atención y una dilación injustificada en 
la  resolución  de  los  problemas  que  le  plateaban,  sin  seguir  los  procedimientos 
establecidos  para  encauzar  las  incidencias,  incluso  en  algunos  casos  facilitándoles 
información errónea». El demandante de amparo fue advertido en varias ocasiones de la 
incorrección de su proceder, dándose las indicaciones para una actuación adecuada. 
También se declara probado que: (i) todos los asesores telefónicos conocen, desde al 
menos 2003, que sus conversaciones con los clientes son grabadas y que entre las 
obligaciones  de  la  coordinadora  del  servicio  está  proceder  a  las  escuchas  de  las 
conversaciones de los asesores comerciales con los clientes al objeto de comprobar 
como desarrollan su trabajo; y (ii) la empresa firmó el 18 de noviembre de 2003 con la 
representación de los trabajadores un documento de desarrollo de compromisos en que, 
en relación con la monitorización de las llamadas de los asesores, «la dirección de la 
empresa  manifiesta  que  la  finalidad  del  proyecto  es  la  identificación  de  carencias 
formativas para la prestación de los servicios de atención y ventas, que permita la 
elaboración de planes individuales de formación y mejora de competencias capaces de 
superar las referidas carencias […] asumiendo la empresa el compromiso de que la 
monitorización  no  tendrá  en  ningún  caso  como  objetivo  su  utilización  como  un 
mecanismo disciplinario».
La sentencia, frente a la invocación del artículo 18.4 CE para justificar la nulidad del 
despido  por  haber  incumplido  la  empresa  el  acuerdo  de  que  la  grabación  de  las 
conversaciones  nunca  tendría  una  finalidad  disciplinaria,  argumenta  que  (i)  la 
monitorización  de  las  llamadas  resulta  una  medida  proporcionada  dentro  de  las 
facultades de control empresarial de la que tienen perfecto conocimiento los asesores 
comerciales y (ii) «que el texto de lo acordado no excluye en modo alguno que la 
empresa  no  pueda  utilizar  tales  grabaciones  como  forma  de  comprobación  del 
cumplimiento de la prestación de trabajo por parte de los asesores, ya que precisamente 
se pacta que la finalidad es la identificación de carencias formativas para elaborar planes 
individuales de formación. Esta es la finalidad de la monitorización, pero ello no excluye 
que la empresa pueda utilizar este soporte como medio de prueba en caso de constatar, 
no ya un defecto de formación en el trabajador sino un incumplimiento grave de sus 
deberes laborales. De seguir con la tesis de parte actora, si un asesor tuviera un 
comportamiento despectivo (insultos o amenazas a un cliente) y el cliente no llegara a 
tramitar una reclamación a la compañía demandada, la empresa quedaría inerme frente 
a este comportamiento del asesor, aunque fuera descubierta esta actuación. La empresa 
puede ejercer el poder disciplinario sobre trabajadores cuya única herramienta de trabajo 
es la comunicación telefónica. De no aceptar este control, con las limitaciones verificadas 
ya por el Tribunal Supremo en la sentencia reseñada, se impediría el ejercicio del 
derecho de control empresarial, pues en otro caso, los asesores quedarían inmunes a tal 
control sobre la forma concreta en que desarrollan su labor con los clientes, únicos 
interlocutores de los asesores. No hay, por lo tanto, vulneración de los actos propios, ni 
transgresión  de  la  buena  fe  contractual  en  la  empresa  demandada»  (fundamento 
jurídico 4).
En todo caso, la sentencia consideró el despido improcedente al valorar que, en el 
contexto general de las circunstancias en que el demandante de amparo desarrollaba su 
actividad, el contenido de las grabaciones no constataba un incumplimiento muy grave  s
de las obligaciones laborales que justificara el despido del demandante y no cualquier  oe.
otra medida disciplinaria menos gravosa. w.
b)  El demandante de amparo y la empresa interpusieron recurso de suplicación que  363ww
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Ambos recursos fueron desestimados por sentencia núm. 379/2016, de 27 de mayo 
de 2016. En lo que se refiere a la invocación del artículo 18.4 CE la desestimación se 
fundamenta, con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la STC 39/2016, de 3 
de marzo, en que las grabaciones tal como son efectuadas por la empresa no lesionan el 
derecho invocado y que el compromiso asumido por la empresa «en ningún caso puede 
traducirse en la inmunidad de los asesores frente al control empresarial de la actividad 
laboral que desempeñan, siempre que se realice en condiciones de respeto a su esfera 
íntima inatacable» (fundamento jurídico 4).
c)  El demandante de amparo interpuso recurso de casación para la unificación de 
doctrina, tramitado con el núm. 3016-2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
siendo inadmitido por auto de 18 de mayo de 2017 por falta de contradicción.
3.  El demandante solicita que se estime el recurso de amparo por vulneración del 
derecho a la protección de datos personales (artículo 18.4 CE) declarándose la nulidad 
del auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina con 
retroacción de actuaciones a dicho pronunciamiento para que se dicte otro respetuoso 
con ese derecho. La invocación del artículo 18.4 CE la fundamenta, con cita en la 
STC 29/2013, de 11 de febrero, en el incumplimiento del compromiso suscrito con la 
empresa, en el que se descartaba que la monitorización de las grabaciones de las 
conversaciones de los asesores con los clientes pudiera ser utilizada como mecanismo 
disciplinario.  También  afirma  que  la  medida  adoptada  por  la  empresa  carece  de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al entender que existen instrumentos menos 
invasivos para alcanzar el mismo objetivo.
El  recurrente  afirma  que  la  demanda  de  amparo  tiene  especial  transcendencia 
constitucional, conforme a lo establecido en la STC 155/2009, de 25 de junio, ya que le 
permitiría aclarar la doctrina contenida en la STC 29/2013 con el fin de (i) concretar la 
amplitud del derecho a la intimidad personal a que se refiere el artículo 18.4 CE en el 
puesto de trabajo, dadas las nuevas realidades sociales y el incremento de la vigilancia y 
control al través de medios informáticos y digitales y (ii) el efecto sobre este derecho del 
incumplimiento  empresarial  del  compromiso  de  no  usar  las  grabaciones  con  fines 
disciplinarios.
4.  La Sección Tercera del tribunal, por providencia de 19 de marzo de 2018, acordó 
la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una especial 
trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta 
de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  Tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)]; y, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 LOTC, 
requerir  atentamente  de  los  órganos  judiciales  la  remisión  de  las  actuaciones  y  el 
emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la 
recurrente, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el citado proceso 
de amparo.
5.  La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del tribunal, por diligencia de 
ordenación de 23 de mayo de 2018, acordó tener por personada a la empresa Telefónica 
de España, SAU, representada por la procuradora de los tribunales doña María del 
Carmen Ortiz Cornago, bajo la dirección de la letrada doña María José Rubio Reina, y 
dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo 
común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6.  El  Ministerio  Fiscal,  por  escrito  registrado  el  13  de  junio  de  2018,  formuló  e.
alegaciones interesando la desestimación del recurso de amparo. w.
El Ministerio Fiscal concreta que el objeto del recurso es exclusivamente dilucidar «el  363ww
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dimanante del contrato del contrato de trabajo por medio de la ‘monitorización’ de las 
conversaciones habidas, o de modo más claro de la renuncia empresarial a la utilización 
con fines disciplinarios».
El Ministerio Fiscal afirma, atendiendo al relato de hechos probados en la vía judicial 
y a la concreta fundamentación de las resoluciones impugnadas en relación con el 
ejercicio  del  poder  disciplinario  empresarial  sobre  los  trabajadores  cuya  única 
herramienta  de  trabajo  es  la  comunicación  telefónica,  que  «ambas  sentencias  han 
analizado el compromiso asumido por la empresa a que la demanda se refiere, han 
partido  de  la  forma  en  que  se  lleva  a  cabo  la  grabación  de  las  conversaciones 
telefónicas, intensidad, contenido, afectación del derecho a la intimidad, así como de los 
poderes y dirección y control empresarial, y han llegado a la conclusión, de la posibilidad 
de  hacer  uso  disciplinario  de  las  grabaciones,  conclusión  que  no  puede  estimarse 
inmotivada,  arbitraria,  o  irrazonable,  ni  indebidamente  restrictiva  de  los  derechos 
fundamentales a presencia del trabajador ahora demandante».
7.  La parte comparecida, por escrito registrado el 21 de junio de 2018, formuló 
alegaciones solicitando la desestimación del recurso de amparo, argumentando que el 
demandante de amparo utiliza este recurso como una nueva instancia judicial y que la 
cuestión relativa a la eventual afectación de las grabaciones telefónicas al derecho a la 
intimidad en el contexto de estas concretas relaciones laborales ya ha sido abordado en 
distintos procedimientos e instancias siempre con resultado desestimatorio.
8.  El  demandante  de  amparo,  por  escrito  de  26  de  junio  de  2018,  formuló 
alegaciones reiterando la argumentación expuesta en su demanda.
9.  Por providencia de 30 de septiembre de 2021, se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 4 de octubre del mismo año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  El objeto del recurso.
El objeto de este recurso es determinar si las decisiones judiciales de confirmar la 
improcedencia, pero no la nulidad, del despido del recurrente con fundamento en los 
incumplimientos laborales puestos de manifiesto mediante las grabaciones sonoras del 
desarrollo  de  su  labor  como  asesor  comercial  para  una  compañía  de  telefonía  ha 
vulnerado su derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 18.4 CE) 
por haberse incumplido el compromiso de la empresa con la representación de los 
trabajadores  de  que  esas  grabaciones,  que  eran  conocidas  y  consentidas  por  los 
asesores comerciales, no tendrían «en ningún caso como objetivo su utilización como un 
mecanismo disciplinario».
2.  La especial transcendencia constitucional de la demanda.
La presente demanda de amparo, como ya se indicó en la providencia de admisión, 
tiene especial transcendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una 
faceta  de  un  derecho  fundamental  sobre  el  que  no  hay  doctrina  de  este  tribunal 
[STC 155/2009, FJ 2 a)].
La jurisprudencia constitucional ha abordado la relevancia de grabaciones sonoras 
sobre los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones laborales, pero solo lo  s
ha hecho desde la perspectiva del derecho a la intimidad (artículo 18.1 CE) y no desde la  o
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empresarial  de  grabación  de  imágenes  mientras  desarrollan  su  actividad  laboral
vinculado a la circunstancia de que hubiera un conocimiento del hecho mismo de la
grabación (STC 39/2016, de 3 de marzo). La singularidad del presente recurso, que le 
dota de carácter novedoso, es que si bien los trabajadores –en este caso asesores 
comerciales  de  una  compañía  de  telefonía–  eran  conocedores  del  hecho  de  la 
grabación, tenían un compromiso expreso de la empresa de que en ningún caso tendrían 
como objetivo su utilización como un mecanismo disciplinario. Por tanto, la trascendencia 
constitucional del asunto consiste en determinar la relevancia que para la configuración 
del derecho a la protección de datos del carácter personal (artículo 18.4 CE) tienen las 
condiciones pactadas entre las partes respecto del uso de los datos de carácter personal 
obtenidos mediante estas grabaciones.
3.  La jurisprudencia constitucional sobre la afectación del derecho a la protección 
de datos de carácter personal (artículo 18.4 CE) de las grabaciones a los trabajadores.
a)  La  jurisprudencia  constitucional,  en  la  citada  39/2016,  ha  establecido,  en 
desarrollo de la jurisprudencia sentada en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, los 
siguientes elementos relevantes en cuanto a la afectación en el derecho a la protección 
de datos de carácter personal de las grabaciones a los trabajadores por parte de la 
empresa empleadora:
(i)  Las grabaciones en un soporte físico que facilitan la identidad de una persona 
constituyen un  dato  de carácter personal que queda  integrado en la cobertura del 
artículo 18.4 CE, ya que el derecho fundamental amplía la garantía constitucional a todos 
aquellos datos que identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan 
servir para la confección de su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier 
otra índole) o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya 
una amenaza para el individuo (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6).
(ii)  El  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal 
(artículo 18.4 CE) persigue garantizar un poder de control sobre los datos personales de 
la persona afectada, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y 
lesivo para la dignidad y derecho del afectado. «Pero ese poder de disposición sobre los 
propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se 
poseen por terceros, quiénes los poseen, y con qué fin» (STC 292/2000, de 30 de 
noviembre, FJ 6). De modo tal que es parte conformadora de este derecho fundamental 
«la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué 
uso los está sometiendo» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6). Este derecho a la 
información opera también cuando existe habilitación legal para recabar los datos sin 
necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es la necesidad o no de 
autorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el 
propósito del tratamiento.
(iii)  En su proyección a las relaciones  laborales, si bien  el consentimiento del 
trabajador para la obtención de datos «se entiende implícito en la relación negocial, 
siempre  que  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  sea  necesario  para  el 
mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes» (STC 39/2016, 
FJ 3); el deber de información sigue existiendo, ya que forma parte del contenido 
esencial  del  derecho  a  la  protección  de  datos,  en  los  términos  establecidos  en  la 
STC 39/2016, FJ 3.
b)  La jurisprudencia del Tribunal Europeo Derechos Humanos también ha incidido 
en  la  relevancia  del  deber  de  información  tanto  sobre  la  existencia  misma  de  la 
grabación como sobre los usos y fines de su obtención y tratamiento. Así, en la STEDH  e.
de 17 de octubre de 2019, caso López Ribalda y otros c. España, siguiendo lo ya  w.
establecido en la STEDH de 5 de septiembre de 2017, caso Bărbulescu c. Rumanía, la  363ww
qGuraen  laS avlaid, eroevcitgifiilcaanncdiao  neol  crinitfeorriom asedgau iddeo  elans  laz oSnTaEsD dHe  dcea 9ja ,d ea netnee rloa  dceo n2s0t1a8ta, cdióenc ladrea 
ppéorrd iodbajse tqou ep rpootedgíaenr  alatr ibaucitrivsied aad h uermtopsr,e rseasruialtló  ys erre ucnuae rmdae dqiduae ,p rao pfoinr cidoen agdaar aqnuteiz atern ílaa   BOE-A-cable e
proporcionalidad de las medidas de grabación en el lugar de trabajo –en aquel caso de 
imágenes–, los tribunales nacionales deben tener en cuenta, entre otros aspectos, (i) si 
se  ha  notificado  al  empleado  la  posibilidad  de  que  se  adopten  estas  medidas  de 
vigilancia y su aplicación efectiva; (ii) si el empleador ha dado razones legítimas para 
justificar la vigilancia y el alcance de la misma; (iii) la utilización por el empleador de los 
resultados de la vigilancia y si esos resultados se han utilizado para lograr el objetivo 
declarado  de  la  medida;  y  (iv)  si  se  han  proporcionado  al  empleado  las  medidas 
apropiadas, que pueden consistir en el suministro de información a los empleados 
interesados o a los representantes del personal en cuanto a la instalación y el alcance de 
la vigilancia, la declaración de esa medida a un órgano independiente o la posibilidad de 
presentar una denuncia (§ 116).
4.  Aplicación de la jurisprudencia constitucional al supuesto enjuiciado.
a)  En el presente caso, tal como ha quedado acreditado en las actuaciones, se 
pone de manifiesto como hechos no controvertidos por las partes y declarados en las 
sentencias judiciales impugnadas los siguientes:
(i)  Los  asesores  comerciales  telefónicos  eran  conocedores  de  que  sus 
conversaciones con los clientes eran grabadas y de que entre las obligaciones de la 
coordinación del servicio estaba proceder a las escuchas de las conversaciones al objeto 
de comprobar cómo desarrollan su trabajo. De hecho, el recurrente fue advertido en 
diversas  ocasiones  sobre  la  inadecuación  de  su  proceder  con  fundamento  en  las 
grabaciones realizadas.
(ii)  La  empresa  había  firmado  con  la  representación  de  los  trabajadores  un 
documento de desarrollo de compromisos en que, en relación con la monitorización de 
las llamadas de los asesores, «la dirección de la empresa manifiesta que la finalidad del 
proyecto es la identificación de carencias formativas para la prestación de los servicios 
de atención y ventas, que permita la elaboración de planes individuales de formación y 
mejora de competencias capaces de superar las referidas carencias […] asumiendo la 
empresa  el  compromiso  de  que  la  monitorización  no  tendrá  en  ningún  caso  como 
objetivo su utilización como un mecanismo disciplinario».
(iii)  El recurrente, asesor comercial telefónico de una compañía de telefonía, fue 
despedido por la comisión de una falta muy grave con fundamento en que durante 
diferentes días de los meses de marzo y abril de 2014 y hasta en un total de ocho 
ocasiones se había constatado una deficiente atención y una dilación injustificada en la 
resolución de los problemas que le plateaban los clientes, sin seguir los procedimientos 
establecidos  para  encauzar  las  incidencias,  incluso  en  algunos  casos  facilitándoles 
información errónea. El demandante de amparo, con fundamento en el contenido de 
esas grabaciones, fue advertido en varias ocasiones de la incorrección de su proceder, 
dándose las indicaciones para una actuación adecuada, a pesar de la cual se mantuvo 
en su actitud.
(iv)  En  vía  judicial  se  consideró  que  no  existió  nulidad  del  despedido  por 
vulneración del artículo 18.4 CE, aunque sí improcedencia ante la falta de constatación 
de un incumplimiento muy grave, con el argumento de que (i) la monitorización de las 
llamadas era una medida proporcionada dentro de las facultades de control empresarial 
de la que tienen perfecto conocimiento los asesores comerciales y (ii) lo acordado entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores no excluye la utilización de las 
grabaciones como forma de comprobación del cumplimiento de la prestación de trabajo  s
por parte de los asesores y, por tanto, el incumplimiento grave de sus deberes laborales  oe.
que puedan llevar al ejercicio del poder disciplinario de la empresa. 363www.
Fiscba)l  eEn ne sattee npcrióonce ad imloi eenxtpou deest oa,m dpea rcoo, ndfoerbmei dcaodn cclounir sleo  qinuteer ensoa dsoe  phoar  veul lnMeirnaisdtoe raiol 
recurrente su derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 18.4 CE).
El objeto de controversia en este recurso no es ni la posibilidad legal de que el 
empleador adopte estas medidas de vigilancia laboral ni que en virtud de estas pudiera 
llegar a ejercerse el poder disciplinario empresarial. El problema constitucional que se 
plantea, desde la perspectiva del derecho a la protección de datos de carácter personal 
(artículo 18.4 CE), queda limitado a determinar la afectación que sobre este derecho 
tiene  el  supuesto  incumplimiento  del  empleador  de  su  compromiso  con  los 
representantes de los trabajadores de que la medida de observación y grabación del 
desarrollo laboral de esta categoría profesional «no tendrá en ningún caso como objetivo 
su utilización como un mecanismo disciplinario».
El Tribunal constata que el empleador dio estricto cumplimiento a las exigencias de 
información previa respecto de la posibilidad y efectiva existencia de las observaciones y 
grabaciones de las conversaciones telefónicas, de las que el recurrente no ha negado en 
ningún  momento  ser  conocedor;  también  constata,  respecto  de  una  cuestión  que 
tampoco ha sido negada por la empleadora compareciente en este recurso de amparo, 
que su compromiso expreso es que esta injerencia en el derecho a la protección de 
datos de carácter personal de sus asesores comerciales, entre los que se encontraba el 
recurrente, no tendría en ningún caso como objeto su uso para fines disciplinarios.
Asimismo, el tribunal destaca como singularidad relevante en este caso, tomando en 
consideración la declaración de hechos probados, que las grabaciones fueron utilizadas 
en primera instancia con los fines de calidad de servicio y formativos a los que se 
comprometió la empleadora con la representación de los trabajadores, habida cuenta de 
que,  con  fundamento  en  la  monitorización  sonora  de  su  desempeño  laboral,  el 
demandante de amparo fue advertido en varias ocasiones de la incorrección de su 
proceder –fines de calidad de servicio–, dándose las indicaciones para una actuación 
adecuada  –fines  formativos–.  La  persistencia  en  el  mantenimiento  de  una  actitud 
renuente del demandante de amparo al cumplimiento de las indicaciones aportadas por 
la  empleadora  en  el  ejercicio  de  su  dirección  empresarial  para  el  más  correcto 
cumplimiento de los deberes contractuales en favor también de los clientes, usuarios y 
consumidores de la prestación de asesoramiento fue la que posteriormente determinó el 
ejercicio de acciones disciplinarias y el despido del demandante de amparo.
Atendido que en el caso examinado las grabaciones se han utilizado inicialmente 
para  la  actividad  formativa  y  de  detección  de  deficiencias,  el  aspecto  nuclear  del 
presente recurso se circunscribe a determinar si la interpretación de la cláusula pactada 
con los representantes de los trabajadores admite que la constatada voluntad renuente 
del demandado a asumir las indicaciones empresariales pueda ser considerada como un 
comportamiento  susceptible  de  ser  sancionado.  La  determinación  de  esta  cuestión 
corresponde a los órganos judiciales, pero es ajena al contenido del artículo 18.4 CE.
Por tanto, el tribunal debe concluir que no se ha vulnerado el derecho a la protección 
de datos (artículo 18.4 CE) invocado por el demandante de amparo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Pedro David Delso Sanz. e.e
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 363www.
JuanD aAdnat oenni oM aXdiorild ,R aí ocsu.a–tProe ddreo  oJcotusbér eG doen dzoásle zm-Til rveeviinjatinuon oS.–áEnncchaerzn.a–cAiónnto Rniooc aN Tarrívaáse.–z
Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.