BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Jueves 25 de noviembre de 2021 Sec. TC.   Pág. 145193
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19508 Sala Segunda. Sentencia 179/2021, de 25 de octubre de 2021. Recurso de 
amparo 3200-2020. Promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., respecto del 
auto dictado por un juzgado de lo mercantil de Pontevedra en pieza de 
nulidad de juicio ordinario en defensa de la competencia. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento indebidamente 
practicado  en  la  persona  de  un  procurador  designado  por  la  mercantil 
demandada para su representación en otros procesos (STC 47/2019).
ECLI:ES:TC:2021:179
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña 
Encarnación Roca Trías, presidenta, y los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo 
Enríquez Sancho, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 3200-2020, promovido por la sociedad Iveco, S.p.A., 
representada por el procurador de los tribunales don Victorio Venturini Medina y con la 
asistencia del letrado don Faustino Cordón Moreno, contra el auto núm. 18/2020, de 3 de 
marzo de 2020, dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, en la pieza 
de nulidad núm. 89-2019-1 (con origen en el procedimiento ordinario núm. 89-2019). Ha 
comparecido la mercantil Kartin, S.L., representada por la procuradora doña Aurora 
Alonso Méndez y con la asistencia del letrado don Juan Ramón Camacho Vázquez. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca 
Trías.
I. Antecedentes
1.  Por escrito registrado en este tribunal el día 15 de julio de 2020, la mercantil 
Iveco, S.p.A., representada por el procurador de los tribunales don Victorio Venturini 
Medina y con la asistencia del letrado don Faustino Cordón Moreno, interpuso recurso de 
amparo contra la resolución a la que se hace referencia en el encabezamiento, dictada 
por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, alegando la vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en sus vertientes de 
derecho de acceso al proceso y a una resolución motivada y fundada en Derecho.
2.  Los hechos relevantes que se desprenden de la demanda de amparo y de las 
actuaciones que la acompañan, son las siguientes: es
a)  Por la entidad Kartin, S.L., se interpuso demanda de juicio ordinario en defensa  w.
de la competencia contra Iveco, S.p.A., en reclamación de los daños derivados de  508ww
aJuctzivgiaddaod edse  inlofr aMcteorrcaasn tdile nl údmer.e cl hdoe  dPeo cnotemvpeedtrean, ciniac,o cáunydoo sceo neol cpimroiecnetdoim cioernretos poornddinióa riaol 
núm. 89-2019.
b)  En  dicha  demanda  se  identificaba  como  domicilio  social  de  la  entidad 
demandada el de la vía Puglia, 35, 10156, Turín (Italia). Asimismo, se indicaba el 
domicilio de la filial de la demandada en España, sito en la Avenida de Aragón, 402, 
28022 Madrid (España).
c)  Admitida a trámite la demanda por decreto del letrado de la administración de 
justicia de 25 de abril de 2019, se acordó dar traslado de la misma, así como de la 
documentación que la acompañaba, a la parte demandada, si bien el emplazamiento no 
se efectúo en su domicilio social, tal y como constaba en la propia demanda, sino que se 
llevó a cabo a través de un procurador, don Francisco Abajo Abril, que había sido 
designado por Iveco para su representación procesal en otro procedimiento distinto 
(ordinario  núm.  42-2018),  que  se  seguía  en  el  mismo  juzgado  y  respecto  del  que 
constaba que ostentaba un «poder genérico para pleitos», otorgado en su favor por la 
mercantil.
d)  Con fecha 30 de abril de 2019, el mencionado procurador presentó un escrito 
ante el juzgado en el que ponía de manifiesto que, de conformidad con lo establecido en 
el art 155.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC), el primer emplazamiento 
a la entidad Iveco, en su condición de demandada, debía realizarse en su domicilio 
social,  indicado  en  la  demanda;  y  que,  no  estando  autorizado  para  recibir 
emplazamientos en su nombre, no podía aceptar la notificación que se le había hecho, 
procediendo a devolver la documentación recibida con el emplazamiento.
e)  Por  providencia  de  6  de  mayo  de  2019,  el  juez  de  lo  mercantil  tuvo  por 
emplazada a Iveco, en la persona del procurador don Francisco Abajo Abril, al constar 
en un poder aportado por el mismo en otros procedimientos seguidos contra la mercantil 
que está habilitado para recibir emplazamientos.
f)  Mediante nuevo escrito, que fue presentado el 14 de mayo de 2019, dicho 
procurador reiteró su rechazo a aceptar el emplazamiento de Iveco, S.p.A., que fue 
respondido mediante diligencia de ordenación, de 21 de mayo de 2019, remitiéndose el 
letrado de la administración de justicia a lo acordado en la providencia de 6 de mayo.
g)  No habiendo comparecido Iveco para contestar la demanda, por diligencia de 
ordenación, de fecha 10 de junio de 2019, fue declarada en rebeldía, continuando la 
tramitación del procedimiento hasta la sentencia con la sola intervención de la parte 
demandante. En esa diligencia de ordenación se indicaba también que, por ser conocido 
el domicilio de la parte demandada, resultaba procedente la notificación de la resolución 
por correo certificado con acuse de recibo, según lo previsto en el art. 497.1 LEC. 
Ninguna actuación se recoge en las actuaciones sobre esa comunicación personal de la 
sentencia.
h)  Consta la notificación de la anterior resolución en la persona procurador don 
Francisco Abajo Abril, quien presentó nuevo escrito el 17 de junio de 2019, reiterando, 
como ya se advirtió en los anteriores, fechados el 30 de abril y el 13 de mayo de ese 
mismo año, su «absoluto rechazo a aceptar notificaciones dirigidas a Iveco, S.p.A.», 
pues no había sido autorizado por la mercantil para actuar en su representación. Por 
consiguiente,  se  suplicaba  al  juzgado  que  la  diligencia  de  ordenación  de  10  de 
junio 2019 y las resoluciones precedentes se notificaran a la demandada en su propio 
domicilio.
i)  El  juzgado  respondió  a  dicho  escrito  mediante  providencia  de  18  de  junio 
de 2019, remitiéndose a lo acordado en la diligencia de ordenación de 10 de junio 
de 2019.
j)  Habiéndosele  notificado  la  resolución  precedente,  don  Francisco  Abajo  Abril  s
presentó un nuevo escrito, fechado el 10 de julio de 2019, en el que se denunciaba la  oe.
infracción de lo previsto en los arts. 155 y 497.1 LEC, instando al juzgado a que  w.
procediera a emplazar a Iveco, en su domicilio. Este escrito se acompañaba de copia de  508ww
aucnoar ddóil,i g«eennci au nd ep roorcdeedniamciieónnt od eclo mn iscmircou njusztagnacdioa,s  died é2n1ti cdaes» j uyn ioa ndtee  2la0 1d9e,n duonncidae  dseel 
mnoismmbore p rodceu raIvdeocro a, l «tennoe er stapro rfa cnuolt adeofe pcaturaa daoc epetla r elam npolatzifaicmacieiónnto d ed leal  dedmemanadnad»a deon,   BOE-A-cable e
emplazándose  a  la  mercantil  demandada  por  medio  de  correo  certificado,  «en  los 
términos del art. 8 y concordantes del reglamento 1393/2007». Además, se adjuntó copia 
de la STC 47/2019, de 8 de abril, entre otra documentación.
k)  Vistas  las  manifestaciones  contenidas  en  el  escrito  precedente  y  mediante 
diligencia de ordenación de 12 de julio de 2019, el letrado de la administración de justicia 
se remitió a lo acordado en la resolución dictada el 10 de junio de 2019.
l)  El día 2 de septiembre de 2019, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra 
dictó sentencia estimando parcialmente la demanda interpuesta por la entidad Kartin 
contra Iveco, condenando a la demandada al abono de cierta cantidad de dinero en 
concepto de indemnización por los daños causados, más los intereses correspondientes.
En la resolución se expone que, al inicio de la audiencia previa, a la que solo asistió 
la parte demandante, se ofreció a esta última, literalmente, «la posibilidad excepcional de 
que pudiese solicitar un nuevo emplazamiento de la demandada a través de correo 
certificado en su domicilio social, lo cual rechazó, señalando que el emplazamiento a 
través de persona facultada debía producir plenos efectos».
A continuación, en el titulado fundamento jurídico «preliminar» de la sentencia se 
afirma  que,  aunque  la  parte  demandante  propuso  inicialmente  que  Iveco  fuera 
emplazada en la dirección de su filial en España, Iveco España, S.L., se optó por llevar a 
cabo  dicho  emplazamiento  por  «una  vía  más  directa  y  segura»,  consistente  en  la 
comunicación a través del procurador don Francisco Abajo Abril, comportamiento que se 
justificaba al haber sido habilitado dicho procurador por la propia demandada para recibir 
en  España  «todo  tipo  de  emplazamientos  en  su  nombre»,  mediante  un  poder  de 
representación otorgado ante un notario de Turín el día 7 de mayo de 2018. Según se 
asevera,  y  toda  vez  que  en  el  mencionado  poder  se  afirma  que  los  procuradores 
designados en el mismo están autorizados a «chiedere e ricevere notifiche, citazioni e 
comunicazioni»  (traducido  como  «solicitar  y  recibir  notificaciones,  citaciones  y 
emplazamientos»),  tal  habilitación  comprendería  «la  facultad  de  recibir  el  primer 
emplazamiento al inicio de un proceso, es decir, el emplazamiento para contestar la 
demanda». Y se sigue en el mismo fundamento jurídico: «[p]or este motivo, se ha 
considerado que el procurador en cuestión es persona plenamente facultada para recibir 
el emplazamiento de la demandada para contestar la demanda interpuesta contra ella, 
no ya como representante procesal, sino como representante legal, como resulta del 
poder señalado». De ahí que no se consideran infringidas las normas relativas a los 
actos de comunicación, en particular, el art. 155 LEC, como tampoco que se hubiera 
causado indefensión a la parte demandada, «cuando la comunicación ha sido recibida 
por persona habilitada para ello por la demandada, reiteramos, con lo que el contenido 
del acto comunicado ha de considerarse conocido ya por la misma».
m)  La sentencia fue notificada al procurador don Francisco Abajo Abril, quien, como 
en anteriores ocasiones, se opuso a ello por escrito, fechado el 5 de septiembre de 2019, 
al no estar autorizado para recibir notificaciones ni a representar a Iveco, S.p.A., en el 
procedimiento; siendo respondido por el juzgado, mediante diligencia de ordenación 
de  12  de  septiembre  de  2019,  considerando  procedente  «tener  por  notificada  la 
sentencia dictada en este procedimiento, al constar facultado para recibir notificaciones 
en nombre de la demandada».
n)  La firmeza de la sentencia fue declarada por el letrado de la administración de 
justicia, mediante diligencia de ordenación de 8 de octubre de 2019.
ñ) Habiendo sido notificada la resolución precedente en la persona del procurador 
don Francisco Abajo Abril, este, una vez más, rechazó la notificación por escrito de 15 de  s
octubre  de  2019,  que  fue  respondida  por  el  juzgado,  con  fecha  18  de  octubre,  oe.
remitiéndose a lo acordado en la referida diligencia de ordenación de 8 de octubre, «al  w.
constar facultado para recibir notificaciones en nombre de la demandada». 508ww
frenote)  a EIvne ceoje, cSu.cpi.óAn.,  dmea snednatnednoc ieal,  jluaz geandtiod adde sKpaarctihna, rS e.Lje.c, upcrieósne pnotór  aduetmo,a fnedcah aedjeoc eult i1va3 
jdues tnicoiavi edmicbtróe  ddee c2r0e1to9 . sEol bdríea  1la7s d em deicdiiedmasb ree jedceu 2ti0v1a9s,  eclo lnectrraedtaos d ep rloac aeddmeninteisstr apcaióran  dlea   BOE-A-cable e
efectividad de la orden general de ejecución, así como cédula de requerimiento dirigida a 
la mercantil ejecutada para que designara bienes y derechos suficientes al objeto de 
cubrir la cuantía de la ejecución.
p)  El 8 de enero de 2020, se notificó a Iveco, S.p.A., por correo en su domicilio 
social, sito en la vía Puglia, 35, 10156 Turín (Italia), la siguiente documentación: la cédula 
de  requerimiento  y  el  decreto  de  17  de  diciembre  de  2019;  el  auto  despachando 
ejecución, de 13 de noviembre de 2019; la demanda ejecutiva presentada por Kartin, 
S.L.; y la sentencia de 2 de septiembre, objeto de ejecución.
q)  Personada en los autos la mercantil Iveco, S.p.A., presentó escrito, con fecha 
de 4 de febrero de 2020, promoviendo incidente excepcional de nulidad de actuaciones. 
Alegaba la vulneración del art. 24.l CE, así como de lo establecido en los arts. 155.1, 
166.l y 497 LEC y de la doctrina constitucional aplicable (con cita expresa de las 
SSTC 268/2000, de 13 de noviembre; 110/2008, de 22 de septiembre, y 181/2015, de 7 
de septiembre), derivado del incorrecto emplazamiento de la demandada, al no haberse 
llevado a cabo en su domicilio social, que obraba en las actuaciones, sino en la persona 
de  un  procurador  designado  por  la  demandada  para  su  representación  en  otros 
procesos. Se denuncia que tal situación impidió que se constituyera adecuadamente la 
relación jurídica procesal, causándole indefensión. Culminaba su escrito solicitando que 
se declarase la nulidad de todo lo actuado, desde el instante en que se debió llevar a 
efecto su válido emplazamiento.
r)  Por  auto  de  3  de  marzo  de  2020,  el  Juzgado  de  lo  Mercantil  núm.  1  de 
Pontevedra desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones promovida por Iveco. Así, 
reproduciendo la argumentación contenida en la sentencia de 2 de septiembre de 2019, 
justifica el emplazamiento realizado en la persona del procurador don Francisco Abajo 
Abril en el hecho de encontrarse este facultado para recibir toda clase de «notificaciones, 
citaciones y emplazamientos», incluida «la facultad de recibir el primer emplazamiento al 
inicio de un proceso, es decir, el emplazamiento para contestar a la demanda», según 
poder general otorgado por la demandada Iveco, S.p.A., el 17 de mayo de 2018, ante el 
notario turinés, que estaba incorporado a otros procedimientos en los que era parte la 
mercantil. Por tales razones, asevera, «al existir suficientes garantías, relativas a que las 
comunicaciones efectuadas a través del representante legal de Iveco han de haber 
llegado a conocimiento de esa entidad, no podemos considerar que se haya podido 
causar indefensión alguna, por lo que no hay motivo real para acordar la nulidad de 
actuaciones».
El  órgano  judicial  finaliza  su  exposición  sugiriendo  un  desplazamiento  de  la 
responsabilidad por los perjuicios causados a Iveco hacia el aludido procurador o hacia 
la propia mercantil. Así, sostiene que «[s]i realmente Iveco no llegó a tener verdadero 
conocimiento del proceso, solo a su representante podrá achacar responsabilidad, por 
no haberle dado traslado de las actuaciones que se le iban comunicando. Otra cosa será 
que Iveco haya optado por mantenerse en rebeldía como estrategia procesal, con la 
intención de acudir posteriormente a un incidente de este tipo».
3.  Iveco, S.p.A., atribuye al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra la 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en sus 
vertientes de derecho de acceso a la jurisdicción y a obtener una resolución motivada y 
fundada en derecho.
En  cuanto  a  la  primera  lesión,  la  denuncia  se  proyecta  sobre  las  actuaciones 
anteriores al auto impugnado, cuestionadas en el incidente de nulidad, y se deriva del 
hecho de haber sido emplazado a través de un procurador, que si bien había actuado en  e.
representación de Iveco en otros procedimientos, no ostentaba tal representación en el  w.b
presente, en lugar de efectuar ese emplazamiento personalmente en su domicilio social,  508ww
cqoume pcoorntasmtaibean toe nla a muteorsc,a nctoilm aoh oprrae sreccriubrer elnat eL enyo  tduev oe ncojunicoicaimmiieennttoo  dceivli lp. rAoc eradíizm ideen teos ye, 
ipnoter rceosnessi,g huaiebniéten,d noos et udvicot alad oo pseonrttuennicdiaad,  cdoen  pfeecrshoan 2a rdsee  seenp tlaie mcaburesa d ep a2r0a1 d9e, feenn dseern tsiduos 
parcialmente estimatorio de las pretensiones formuladas por la demandante.
La segunda de las vulneraciones se atribuye directamente al auto de 3 de marzo 
de 2020, por cuanto esta resolución no habría proporcionado una explicación razonable 
y jurídicamente fundada de su conducta, al haberse apartado de lo previsto en las 
normas procesales que regulan el primer emplazamiento del demandado. En sus propias 
palabras, «prescinde del art. 155.1 LEC y no invoca ninguna norma alternativa que 
pudiera  justificar  –siquiera  prima  facie–  el  sistema  de  emplazamiento  utilizado», 
limitándose a transcribir el fundamento preliminar de la sentencia de 2 de septiembre 
de 2019.
La mercantil recurrente, Iveco, S.p.A., solicita que se declare la nulidad del auto 
impugnado y de cuantas actuaciones se llevaron a cabo en el procedimiento desde el 
momento en que se realizó su emplazamiento.
4.  Por providencia de 19 de abril de 2021, la Sección Tercera de este tribunal 
acordó admitir a trámite el recurso de amparo, al apreciar que concurría en el mismo una 
especial  trascendencia  constitucional  [art.  50.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 
Constitucional (LOTC)], como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber 
incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este 
tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].
En la misma resolución se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Pontevedra, a fin de que remitiera certificación o fotocopia adverada 
de las actuaciones correspondientes al procedimiento ordinario núm. 89-2010, con su 
posterior ejecución; y al objeto de que procediera a emplazar a quienes hubieran sido 
parte  en  el  proceso  del  que  trae  causa  el  presente  recurso,  para  que  pudieran 
comparecer en estas actuaciones, si así lo deseaban, excepto a la parte recurrente en 
amparo.
5.  El día 2 de mayo de 2021 se personó en las actuaciones la procuradora doña 
Aurora Alonso Méndez en nombre y representación de la entidad Kartin, S.L.
6.  Por diligencia de ordenación de 11 de mayo de 2021, la secretaria de justicia de 
la Sala Segunda de este tribunal, acordó tener por personada en el procedimiento a la 
procuradora doña Aurora Alonso Méndez en nombre y representación de Kartin, S.L.; así 
como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio 
Fiscal,  para  que  presentaran  las  alegaciones  que  estimaran  pertinentes,  conforme 
determina el art. 52.1 LOTC.
7.  El 11 de junio de 2021, la entidad recurrente, Iveco, S.p.A., formuló alegaciones, 
reiterando su denuncia relativa a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva 
cometida por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, al haber sido emplazado 
en la persona de un procurador que, aunque había ostentado la representación de esta 
parte  en  otros  procedimientos,  no  había  recibido  dicho  encargo  en  el  presente, 
infringiendo  tanto  preceptos  legales  imperativos  (arts.  155.1  y  28.4  LEC),  como  la 
doctrina constitucional aplicable. Igualmente denunciaba la ausencia de motivación y la 
exposición de las razones jurídicas que llevaron al órgano judicial a apartarse de lo 
previsto en aquellas normas procesales y de dicha doctrina constitucional.
8.  El  día  14  de  junio  de  2021,  la  mercantil  Kartin,  S.L.,  representada  por  la 
procuradora citada y bajo la asistencia letrada de don Juan Ramón Camacho Vázquez, 
presentó alegaciones, negando que se hubiera producido la indefensión denunciada, 
pues  la  entidad  recurrente  habría  tenido  conocimiento,  en  todo  momento,  de  la  e.e
existencia de la demanda y del procedimiento incoado. A decir de esa parte, así se  b
desprendería de un conjunto de circunstancias, tales como las siguientes: en primer  508ww
leumgaprr,e sqause  efasbtari cdaenmteasn ddae  ecsa ubneaz ams átsr aecnto ruans ;c oennt exsteog ucnodnote, ncpioors os ucso nptroas Iibveilicdoa dye so trdaes 
adseifsetnesnac,i ad (aedna E lsap aeñnati,d laad f irdmea l aG óemmepzre Ascae by oe yl  Pproemstbigoi)o;  edne t elorcse rbou,f eptoers l aq nuaet ulera lperzeas tdaenl 
poder de representación que ostentaba el procurador don Francisco Abajo Abril y su
habitual intervención en nombre y representación de Iveco en otros asuntos similares; y, 
finalmente e íntimamente relacionada con la anterior, por la imposibilidad de que dicho 
procurador no pusiera en conocimiento de la demandada alguna de las resoluciones que 
le  fueron  notificadas.  Por  consiguiente,  defiende  esta  entidad,  la  notificación  de  la 
demanda fue efectiva y se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento 
civil y el Reglamento (UE) 1393/2007, por lo que solicita la desestimación íntegra de las 
pretensiones de la recurrente.
9.  El Ministerio Fiscal formuló alegaciones por escrito, de 18 de junio de 2021, en 
sentido favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Tras compendiar los acontecimientos procesales que consideró de interés al caso y 
concretar los aspectos más relevantes de la pretensión de la mercantil demandante, 
señala  que  el  objeto  del  presente  recurso  consiste  en  dilucidar  si  el  defectuoso 
emplazamiento de la demandada, Iveco, S.p.A., por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Pontevedra  en  el  procedimiento  ordinario  núm.  89-2019,  impidió  que  conociera  su 
existencia y el acceso al mismo para ejercitar su derecho de defensa, materia esta sobre 
la que se proyecta una amplia y consolidada doctrina constitucional relativa a los actos 
de comunicación procesal.
La particularidad del presente caso reside en que el emplazamiento de la entidad 
demandada no se realizó personalmente, en su propio domicilio, que constaba en los 
autos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 155.1 y 2 LEC y la doctrina constitucional 
que lo interpreta, sino en la persona del procurador designado por la demandada como 
representante procesal en otros procedimientos, con arreglo a un poder otorgado por la 
demandada e incorporado en esos otros procesos, de los que también conocía el 
Juzgado de lo Mercantil núm. l de Pontevedra.
Partiendo de las circunstancias relatadas, el fiscal estima que dicha interpretación 
«no puede ser considerada como racional, ni desde el punto de vista de la literalidad de 
lo establecido por este precepto [el art. 155 LEC], ni desde el punto de vista de la propia 
lógica de la intervención procesal de las partes». Y así concluye que la recurrente no 
tuvo conocimiento de la existencia del proceso hasta que se notificó en su domicilio 
social la demanda ejecutiva, sin que esa situación de indefensión pueda imputarse a una 
falta de diligencia de la demandada, ni se haya acreditado el conocimiento extraprocesal 
de las actuaciones, con lo que entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
del recurrente, en su vertiente como derecho de acceso al proceso.
Otro tanto se sigue, en opinión del Ministerio Fiscal, de la vulneración directa y 
autónoma  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  como  derecho  a  obtener  una 
resolución motivada y fundada en derecho, por el auto resolutorio del incidente de 
nulidad, pues no da una respuesta fundada en derecho a la principal cuestión que se le 
plantea en el incidente excepcional de nulidad de actuaciones; esto es, cuál sea la razón 
jurídica que justifica apartarse de lo establecido en las normas procesales reguladoras 
del  primer  emplazamiento  del  demandado  y  de  la  doctrina  constitucional  que  las 
interpreta.
El fiscal también censura la argumentación de que se sirve la resolución recurrida 
para rechazar que se hubiera causado una indefensión material a Iveco, por cuanto «no 
solo no supera el marco de la mera conjetura o suposición irrelevante», sino que «la 
posibilidad  de  que  la  entidad  demandada  hubiera  recibido  el  contenido  del  acto 
comunicado al procurador, estaba abiertamente contradicha por la constancia en los 
autos  de  los  escritos  presentados  por  el  procurador  al  que  se  había  notificado  el 
emplazamiento y la posterior declaración de rebeldía, que había rechazado recibir esa  e.
notificación en representación de la demandada, advirtiendo que no había recibido el  w.b
mandato de Iveco para recibir emplazamientos en su nombre y solicitaba que se la citase  508ww
en el domicilio de la misma que figuraba en la demanda presentada».
del p1r0e.s ePntoer  rpercouvrisdoe necl idaí ad e2 5fe dcehla m 2i1sm doe  mocetsu byr ea ñdoe. 2021 se señaló para votación y fallo
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
El presente recurso tiene por objeto el auto núm. 18/2020, de 3 de marzo de 2020, 
dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, en la pieza de nulidad 
núm. 89-2019-1 (con origen en el procedimiento ordinario núm. 89-2019).
La mercantil demandante de amparo, Iveco, S.p.A., atribuye al juzgado la vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en sus vertientes 
como derecho de acceso a la jurisdicción y a obtener una resolución motivada y fundada 
en Derecho.
Según dice la recurrente, la primera lesión se produjo a raíz de haber sido notificada 
del primer emplazamiento en el procedimiento ordinario núm. 89-2019 a través de un 
procurador, que no ostentaba la representación de la recurrente en los presentes autos, 
y no personalmente, en su domicilio social, con arreglo a las prescripciones legales (arts. 
155.1 y 28.4 LEC), circunstancias que resultaron determinantes del desconocimiento de 
las actuaciones incoadas, con lo que no pudo defender sus intereses. La segunda tiene 
como fundamento el hecho de no haber proporcionado una explicación jurídicamente 
fundada  que  justificara  el  incumplimiento  de  las  normas  procesales  que  regulan  el 
mencionado primer emplazamiento.
La entidad demandante en instancia, Kartin, S.L., niega que se haya producido la 
indefensión denunciada, pues la mercantil recurrente en amparo conoció de la existencia 
del procedimiento en todo momento.
El fiscal entiende que se ha producido la infracción del derecho a la tutela judicial 
efectiva  y  solicita  la  estimación  del  recurso  de  amparo,  coincide  con  la  mercantil 
recurrente en que el comportamiento seguido por el juzgado tuvo como consecuencia 
directa que Iveco, S.p.A., ignorara la existencia del procedimiento, sin que la indefensión 
causada  fuera  imputable  a  su  falta  de  diligencia  o  se  acreditara  un  conocimiento 
extraprocesal de las actuaciones a lo que se suma que el órgano jurisdiccional no brindó 
en el auto impugnado una explicación razonable de dicha conducta.
2.  Doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y los actos de 
comunicación procesal, en particular, acerca del primer emplazamiento del demandado.
Este tribunal dispone de una consolidada doctrina en la que hace hincapié en el 
deber  de  los  órganos  jurisdiccionales  de  observar  una  especial  diligencia  en  la 
realización de los actos de comunicación procesal, de acuerdo con las normas que 
regulan su práctica. En particular, de ese modo se manifiesta cuando se trata del primer 
acto de notificación del proceso al demandado, que aún no se encuentra personado en 
las actuaciones, al objeto de garantizar la correcta constitución de la relación jurídica 
procesal y posibilitar el efectivo acceso al proceso para ejercitar su derecho de defensa.
En esta materia, resulta especialmente representativa la STC 47/2019, de 8 de abril, 
donde,  recordando  la  precedente  STC  6/2019,  de  8  de  abril  (ambas  resoluciones 
reiteradamente citadas, como ocurrió recientemente en las SSTC 142/2021, de 12 de 
junio, FJ 2; 116/2021, de 31 de mayo, FJ 2; 115/2021, de 31 de mayo, FJ 2, o 103/2021, 
de 10 de mayo, FJ único), el tribunal sienta las bases según las cuales la regla que 
establece la notificación por medios telemáticos a las personas jurídicas en la dirección 
electrónica habilitada a tales efectos cede cuando se trata del primer emplazamiento, 
que siempre deberá realizarse de manera personal, en su domicilio, con entrega de los 
documentos en papel, de conformidad con el art. 155 LEC. e.
En el fundamento jurídico tercero de la STC 47/2019 en relación con la relevancia  w.
constitucional de la correcta realización de los actos de comunicación procesal y su  508ww
cvoinmcuol aycaió nse c ohna beíla d edreescthaoca ad ola  etunt elala  SjuTdCic ia3l2 e/2fe0c1t9iv, ad sei n2 i8n ddeefe fnesbiórenr o(a, r«t.p 2e4s.a1  CsoEb)r,e q uloes, 
ójurrgídaincoas p jruodciecsiaalel sy  qlau ere usnpao ninscaobrilriedcatda  doe d evefelacrtu poosra  laco cnosrtrietucctaió nc odnes teitsutcai ópnu eddee  las erre claacuiósan   BOE-A-cable e
de indefensión lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Solo si la constitución de la 
litis tiene lugar en los términos debidos es posible garantizar el derecho a la defensa de 
quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la inexcusable 
observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído. 
De ahí la especial relevancia de los actos de comunicación del órgano judicial con las 
partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede 
ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario 
instrumento  que  facilita  la  defensa  en  el  proceso  de  los  derechos  e  intereses 
cuestionados; de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre 
la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión 
que vulnera el derecho de defensa (entre otras muchas, SSTC 115/1988, de 10 de junio, 
FJ 1; 195/1990, de 29 de noviembre, FJ 3; 326/1993, de 8 de noviembre, FJ 3; 77/1997, 
de 21 de abril, FJ 2; 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2000, de 16 de mayo, 
FJ 5; 61/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, y 169/2014, 
de 22 de octubre )».
También con remisión a los precedentes jurisprudenciales, en el mismo fundamento 
jurídico expusimos que la falta o deficiente realización del acto de comunicación procesal 
coloca al interesado en una situación de indefensión vulneradora de su derecho a la 
tutela judicial efectiva, ««salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la 
propia  conducta  del  afectado  por  haberse  situado  voluntaria  o  negligentemente  al 
margen  del  proceso,  pese  a  tener  conocimiento  por  otros  medios  distintos  de  su 
existencia, si bien es necesario recordar que la posible negligencia, descuido o impericia 
imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada 
inaudita parte, que excluiría la relevancia constitucional de la queja, "no puede fundarse 
sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse 
fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo 
presumido,  es  justamente,  el  desconocimiento  del  proceso  si  así  se  alega"» 
(STC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3)».
En esa misma sentencia, recordábamos que nuestra intervención en dicha materia 
se circunscribe a verificar un control externo sobre la razonabilidad de las decisiones 
jurisdiccionales  que  aplican  las  normas  reguladoras  de  los  actos  de  comunicación 
procesal. Pues bien, en el caso enjuiciado se concluye que el juzgado había errado al 
soslayar  determinados  preceptos  estrechamente  vinculados  con  los  actos  de 
comunicación, tales como el art. 155.1 y 2 y 273.4 LEC, sosteniendo: «[s]in perder de 
vista que […] a este tribunal solo le compete efectuar un control meramente externo a la 
hora de enjuiciar si una resolución judicial está fundada en Derecho, en relación con el 
supuesto  que  ahora  nos  ocupa  debemos  afirmar  que  el  hecho  de  no  tomar  en 
consideración los preceptos citados (arts. 155.1 y 2 y 273.4 LEC) empece de por sí la 
razonabilidad del auto impugnado en este recurso, habida cuenta de la relevancia que 
presentan esas normas respecto del presente caso. Por otro lado, debemos añadir que 
este tribunal ya sostuvo, en el fundamento jurídico 4 de la ya citada STC 6/2019, que a 
modo de excepción y conforme a lo previsto en los arts. 155.1 LEC y 53.1 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción social (LJS), no procede efectuar por medios electrónicos la 
citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento, pues 
esos actos deben realizarse por remisión a su domicilio. El criterio sintetizado en la 
sentencia objeto de cita –que es diametralmente opuesto al que sustenta la juzgadora a 
quo– se extrae sin dificultad de la intelección conjunta de los arts. 53.1 y 56.1 LJS 
y 155.1 y 2 LEC. Y corrobora lo expuesto, la obligación que impone el segundo párrafo  s
del art. 273.4 LEC, consistente en tener que presentar en soporte de papel las copias de  oe.
los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica que den lugar al  w.
primer  emplazamiento,  citación  o  requerimiento  del  demandado.  La  finalidad  que  508ww
draecmioannadlmadeon tlea ss ceo piniafise rper edsee netasdea sm eann dpaatpoe ln»o ( FeJs 4 )o.tra que la de trasladar al referido
olvidPaorr l at rdaotacrtsrien ad ceo unnte nciadsao e np reólx fiumnod aaml eenntjou icjuiaríddoic oe nte recsetrao  cdaeu lsaa S, TtaCm 1p1o0c/o2 0s0e8 , pduee d2e2   BOE-A-cable e
de septiembre, en la que se desecha que la habilitación otorgada por la parte a un 
procurador para un determinado proceso pueda extenderse de oficio a otro en el que aún 
no se encuentra personada dicha parte. Allí, se pretendió extender tal habilitación, 
concedida para un proceso declarativo al proceso ejecutivo posterior, declarando este 
tribunal que «[e]n efecto, las resoluciones judiciales recurridas, partiendo de la idea de 
que el proceso de ejecución es un apéndice o continuación del proceso declarativo 
previo, consideraron que el acto de comunicación de la demanda ejecutiva al procurador 
que había tenido el ejecutado en el previo proceso declarativo era conforme a derecho 
en aplicación de lo dispuesto en el art. 28 LEC. Este precepto, en el que el juez basó 
principalmente  su  decisión,  dispone  que  "mientras  se  halle  vigente  el  poder,  el 
procurador oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones 
de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso de 
asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma 
fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir 
que se entiendan con este". Es decir, se trata de una norma que, al igual que el art. 153 
LEC, prevé la realización de los actos de comunicación judicial con las partes a través de 
su  Procurador,  pero  partiendo  de  la  premisa  de  la  existencia  de  un  poder  de 
representación vigente y de la necesidad de comunicar actos judiciales que se producen 
en el curso de un proceso, circunstancias que no concurrieron en el caso de autos».
Y añadimos: «[c]iertamente, en el presente supuesto, se trataba de un proceso 
nuevo y autónomo del de separación, en el que era preciso, conforme exige el art. 553.2 
LEC, realizar la diligencia de notificación de la demanda ejecutiva a la persona del 
ejecutado  para  que  pudiese  personarse  a  través  del  abogado  y  procurador  de  su 
elección y, formular, de este modo, su escrito de oposición a la demanda ejecutiva. Sin 
embargo el juez no cumplió con lo preceptuado en esa norma, impidiendo que la parte 
ejecutada se personase en la ejecución para oponerse a la pretensión de la ejecutante».
Razón por la cual el tribunal concluyó que «en el caso de autos el órgano judicial no 
cumplió con el deber de velar por los derechos de defensa de las partes en el seno del 
proceso a través de una correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico-
procesal, lo que ha de conducir al otorgamiento del amparo por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al haberse cercenado el derecho del recurrente 
a oponerse a la demanda ejecutiva formulada en su contra».
3.  Aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.
Para  dar  adecuada  respuesta  a  las  vulneraciones  denunciadas  por  la  entidad 
recurrente, esto es, el derecho de acceso a la jurisdicción y la obligada motivación de las 
resoluciones judiciales, es necesario analizarlas individualmente, pues si bien es obvio 
que se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, lo cierto es que en caso de que 
alguna de ellas fuera estimada por este tribunal, no sería necesario continuar con el 
análisis de la sucesiva.
Comenzado con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, debemos verificar, 
en primer término, la legitimidad de la decisión del juzgado de proceder a emplazar a la 
demandada, dándole conocimiento de la existencia del proceso, no en su domicilio 
social, que figuraba perfectamente identificado en la demanda, sino en la persona de un 
procurador  habilitado  para  intervenir  en  representación  de  la  demandada  en  otros 
procedimientos tramitados ante el mismo juzgado. Tal decisión se adopta al tratarse, 
según  se  sostiene,  de  «una  vía  más  directa  y  segura»  para  proceder  al  primer  e
emplazamiento del demandado. bo
La cuestión, en definitiva, radica en valorar si dicha afirmación está justificada y, en  508ww
ecol ncsuemcpuleimncieian,t ola d ceo lnadsu tcatrae adse lq óureg atineon eju erinscdoicmcieonndaal dhaas ,s iedno  csounficcrieentote, mlae dnete « dvielilgaer npteo r elan 
clitoisrr eticetnae c loungsatri tuecni ólons d teé rlma irneolasc dióenb jiudroísd iceas  pprooscibelsea lg»a, rpaunetisz a«r[ se]lo dloe rsei clah oc oan slati tduecfieónns dae d lea 
quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en particular, la inexcusable
observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído» 
(STC 47/2019, FJ 3). No obstante, son varias las razones en contra de tal conclusión.
La Sala no comparte dicha motivación. Las razones son claras: en primer lugar el 
hecho de que don Francisco Abajo Abril haya actuado como representante procesal de 
la recurrente en otras ocasiones, por sí mismo, no aporta ninguna seguridad de que 
Iveco, S.p.A., conociera de la existencia del proceso.
Por otro lado, el juzgado afirma que el poder habilitante del procurador emitido por el 
notario  italiano,  con  fecha  de  17  de  mayo  de  2018,  a  diferencia  de  los  poderes 
españoles, alcanza también al primer emplazamiento, ya que autoriza a los sujetos 
designados a «chiedere e ricevere notifiche, citazioni e comunicazioni» (traducido como 
«solicitar  y  recibir  notificaciones,  citaciones  y  emplazamientos»).  Sin  embargo,  el 
fundamento meramente literal de semejante interpretación no resulta aceptable si se 
tiene en cuenta que este tribunal ya se ha manifestado en sentido contrario a permitir 
que la habilitación al procurador otorgada en un proceso sea extensible, por la propia 
iniciativa del órgano jurisdiccional, a otro en el que aún no se ha personado la parte 
representada (STC 110/2008, FJ 3).
En  segundo  término,  como  también  advierte  el  fiscal,  el  juzgado  no  ofrece 
explicación  alguna  a  ciertos  interrogantes  que  planean  sobre  el  aludido  poder  de 
representación a favor de don Francisco Abajo Abril en la causa enjuiciada. Entre dichas 
cuestiones incontestadas se encuentra la razón por la que deba considerarse habilitado 
ese procurador y no cualquiera de los otros seis que aparecen identificados en el 
mencionado poder, teniendo en cuenta que el órgano judicial no ostenta facultad legal 
alguna para reemplazar a la parte demandada en su decisión de encomendar, en cada 
caso, su representación procesal al procurador que estime conveniente. Igualmente, se 
omite toda reflexión acerca de la vigencia del poder y la posibilidad de que estuviera ya 
revocado.
Hay que subrayar que el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra, sostiene 
que la referencia contenida en el apartado 1 del art. 155 LEC, relativa a que el primer 
emplazamiento o citación al demandado deba hacerse en el domicilio de los litigantes, 
comprende la posibilidad de que el acto de comunicación se efectúe en la persona de un 
procurador, cuando estuviera habilitado mediante poder general de la naturaleza del 
otorgado ante un notario de la ciudad de Turín.
Sin embargo, según el propio precepto mencionado y desde la propia lógica de la 
intervención de las partes en el proceso, no podemos compartir semejante opinión, 
porque tal interpretación del art. 155.1 LEC, llevaría indefectiblemente a la inaplicación 
del  mandato  contenido  en  ella,  que  dispone  que  cuando  «se  trate  del  primer 
emplazamiento  o  citación  al  demandado,  los  actos  de  comunicación  se  harán  por 
remisión al domicilio de los litigantes». Se trata, pues, de una conclusión inaceptable 
pues socava su vigencia sin que se aprecien motivos para ello.
Por lo demás, conviene tener presente que, con respecto a la intervención de las 
partes en el proceso, la lógica procesal impone que no sea posible la designación válida 
de un procurador que ostente la representación del litigante en una determinada causa 
hasta que la parte conozca de la existencia del propio litigio, y esto último debe hacerse 
de acuerdo con el mecanismo previsto en la ley, en el precepto comentado, y no a la 
inversa.
Finalmente, en cuanto a la asunción de la representación por el procurador, no se 
produce hasta «la aceptación del poder» por el beneficiario, en las condiciones previstas 
en el art. 26 LEC, y esto último no se produjo en el presente asunto, como se desprende  s
del comportamiento del propio procurador. Así, hay que señalar que el Juzgado de lo  oe.
Mercantil núm. 1 de Pontevedra desatendió las reiteradas protestas formuladas por el  w.
procurador, su rechazo a aceptar las notificaciones en nombre de Iveco por no haber  508ww
eresceib sideon tiedlo e. nPcearrog toa mdeb iélan  deesm caienrdtoa,d qau ep aerna  erel pcoremspeonrtatarmla ieennt oe sdteols j uazugtaodso y s esu d ireureogno d eons 
ceimrcpulnasztaamncieiansto q eune  laav paelarnso unnaa d cella aralu dfaidltoa  pdreo ccuornavdicocr iócno meon  «svuí ad emcáissi ódni redcet ap ryo cseedgeurr aa»l   BOE-A-cable e
para garantizar el conocimiento del proceso por el demandado; lo que, a la postre, 
refuerzan la irracionalidad de dicha decisión. La primera, es la propuesta formulada en la 
audiencia previa a la parte demandante de que, con carácter excepcional, «pudiese 
solicitar un nuevo emplazamiento de la demandada a través de correo certificado en su 
domicilio social». La segunda, más definitiva, la posterior línea de actuación seguida por 
el juzgado con ocasión de la presentación de la demanda ejecutiva, que junto con al auto 
despachando ejecución y otros documentos, fueron notificados en el domicilio social de 
Iveco, S.p.A, en Turín.
La ignorancia del recurrente sobre la existencia del proceso no puede atribuirse a 
una  actitud  negligente;  tampoco  se  ha  demostrado  que  tuviera  un  conocimiento 
extraprocesal de la causa, comportamientos estos que, como ya se ha destacado, «no 
puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que 
debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de 
indefensión, pues lo presumido, es justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega» (STC 47/2019, FJ 3). Precisamente, el juzgado ha ofrecido solo meras conjeturas 
al respecto, basadas en que el procurador que recibió las sucesivas comunicaciones 
había sido habilitado a tales efectos por la recurrente, un fundamento insuficiente, en 
especial,  vista  la  actitud  de  dicho  procurador  y  su  rechazo  de  cada  una  de  las 
notificaciones efectuadas en su persona. La misma valoración merecen los argumentos 
alegados  por  la  mercantil  Kartin,  S.L.,  basados  en  el  contexto  litigioso  en  que  se 
encontraba  implicada  la  demandada  o  sus  posibilidades  de  defensa.  Dichas 
circunstancias, en modo alguno acreditan el conocimiento de la presente demanda, ni de 
cualquier otra futura.
Habida  cuenta  de  todo  lo  anterior,  se  debe  concluir  que,  con  su  injustificada 
conducta, el juzgado vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la 
entidad recurrente quien, al desconocer la existencia del proceso incoado contra ella, no 
pudo personarse como demandada y ejercitar su derecho de defensa, siendo declarada 
en  rebeldía  y  habiendo  continuado  el  proceso  hasta  su  terminación  con  la  única 
intervención de la parte demandante, en claro perjuicio de los intereses de la recurrente 
en amparo.
Todo  ello  debe  conducir  a  anular  el  emplazamiento  de  la  demandada  y  las 
posteriores actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento principal y en el posterior 
procedimiento  ejecutivo,  sin  necesidad  de  un  posterior  análisis  de  la  denunciada 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en su 
vertiente como derecho a una resolución motivada y fundada en Derecho.
Por lo expuesto procede estimar el presente recurso de amparo, con la consiguiente 
declaración de nulidad del auto de 3 de marzo de 2020, dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Pontevedra, así como de todas las actuaciones seguidas en el 
procedimiento ordinario núm. 89-2019 y ulterior procedimiento de ejecución, desde el 
momento anterior al primer emplazamiento de la ahora Iveco, S.p.A., al que retrotraerán 
las actuaciones, a fin de que, en congruencia con lo interesado en el incidente de nulidad 
de  actuaciones,  el  órgano  judicial  resuelva  de  manera  respetuosa  con  el  derecho 
fundamental vulnerado.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, s
Ha decidido 508www.
Estimar el recurso de amparo interpuesto por Iveco, S.p.A., y, en su virtud:
amp1a.rºo  aD leac tluatrealra  qjuudeic ihaal  esfeidcoti vvau slnine rianddoe feenl sdióenre.cho fundamental del demandante de
2.º  Restablecerlo en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto 
núm. 18/2020, de 3 de marzo,  dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Pontevedra en el procedimiento ordinario núm. 89-2019.
3.º  Retrotraer  las  actuaciones  al  momento  inmediatamente  anterior  al  primer 
emplazamiento de la demandada en dicho procedimiento, para que el órgano judicial 
dicte una nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.–Encarnación Roca 
Trías.–Juan  Antonio  Xiol  Ríos.–Pedro  José  González-Trevijano  Sánchez.–Antonio 
Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.