BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Viernes 16 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 88760
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
12362 Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y 
contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en 
nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con el anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La  actual  situación  de  riesgo  sanitario  a  consecuencia  de  la  COVID-19,  como 
acreditan la evidencia científica y los datos epidemiológicos actuales, determina que se 
tengan que utilizar, en la lucha contra la pandemia, todos los instrumentos legales 
necesarios que el ordenamiento jurídico prevé.
El Real decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19,  estableció  una  serie  de  medidas  y  pautas  generales  de  prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria.
Por otra parte, la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en 
materia de salud pública, establece en el artículo primero que «con el objeto de proteger 
la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las 
diferentes administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, 
adoptar  las  medidas  previstas  en  la  presente  Ley,  cuando  ello  lo  exijan  razones 
sanitarias de urgencia o necesidad».
También  la  Ley  14/1986,  de  25  de  abril,  general  de  sanidad  determina  en  el 
artículo 26.1 que «en caso de que exista o se sospeche razonablemente de la existencia 
de  un  riesgo  inminente  y  extraordinario  para  la  salud,  las  autoridades  sanitarias 
adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes».
En Cataluña, la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, define esta como el 
conjunto organizado de actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad mediante 
la movilización de recursos humanos y materiales para proteger y promover la salud de 
las personas, prevenir la enfermedad y cuidar de la vigilancia de la salud pública, y en el 
artículo 55 establece que la autoridad sanitaria, por medio de los órganos competentes, 
puede intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la 
población y prevenir la enfermedad.
También la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña permite 
sancionar los incumplimientos de las instrucciones y de las medidas de prevención y de 
seguridad  establecidas  por  las  autoridades  competentes  en  el  marco  del  Plan  de 
actuación del PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles 
emergentes con potencial alto riesgo, mientras este permanezca activado. e.
El artículo 5 del Decreto 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la  w.
emergencia  sanitaria  provocada  por  la  COVID-19  y  de  inicio  de  la  etapa  de  la  362ww
rInetaenruiodr,a ceinó ns ue nc oenl dteicriróitno rdioe  daeu tCoaritdaaludñeas  fiancteugltraa nat elas  cdoenl sCeojemrait éd ed eS aDluirde cyc eiól nc odnesl ePjelarno  ddee 
actuación del PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles
emergentes con potencial alto riesgo, a que adopten las resoluciones necesarias para 
hacer efectivas las medidas que tienen que regir la nueva etapa que se inicia.
En virtud de esta habilitación, y en el marco de la legislación sanitaria y de protección 
civil  mencionada,  se  han  adoptado  resoluciones  que  contienen  medidas  generales 
preventivas de carácter personal y social y medidas con determinadas restricciones 
aplicables a la movilidad de las personas y al ejercicio de actividades.
Con este conjunto de medidas, disposiciones, resoluciones y actos administrativos se 
imponen obligaciones para los ciudadanos y ciudadanas en beneficio del conjunto de la 
sociedad y, consecuentemente, su incumplimiento tiene que ser objeto de sanción.
El régimen sancionador existente hasta ahora se encuentra disperso en diferentes 
textos  legales,  atendiendo  al  bien  jurídico  a  proteger  y  la  conducta  concretamente 
exigible y, a pesar de estar regulado de forma completa en cada una de las normas, 
dispone de un carácter general que, si no impide, dificulta el conocimiento ciudadano de 
aquellas conductas u omisiones reprobables justificadamente desde un punto de vista 
jurídico. Esta dispersión normativa también dificulta la actividad de la Administración que 
se presenta compleja en el momento de encajar la conducta concreta en el tipo infractor 
punible, y que tiene que asegurar que su actuación no pueda incurrir en non bis in idem.
Así, encontramos conductas tipificadas como infracciones en la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, general de sanidad; en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública; en la 
Ley 18/2009, de salud pública; en el Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria; en 
la Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que 
pueden  generar  dependencia;  en  la  legislación  laboral  al  amparo  del  Decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
infracciones y sanciones en el orden social, y en determinadas ordenanzas municipales 
dictadas en ejercicio de las potestades reglamentarias de los entes locales de Cataluña.
En  consecuencia,  estos  distintos  regímenes  sancionadores  particularizan 
determinados comportamientos que pueden ser sancionables, incluso simultáneamente, 
ante incumplimientos de obligaciones impuestas por diferentes normas dictadas para 
prevenir la pandemia de la COVID-19.
Por esta razón, a efectos de mejorar la seguridad jurídica, con este Decreto ley se 
clarifica y se detalla el régimen de infracciones y sanciones en materia relativa al 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, a la vez que se establecen los órganos 
sancionadores con esta finalidad. Este régimen sancionador, en razón del principio de 
especialidad, tendría que prevalecer sobre otros regímenes establecidos, sin perjuicio de 
que pueda resultar de aplicación el régimen general de infracciones y sanciones en 
materia sanitaria o de otro tipo previstas en el ordenamiento vigente, en la medida en 
que las conductas concretas encajen más esmeradamente en un tipo más específico de 
lo que se introduce con esta regulación.
La tipología de infracciones y sanciones introducidas, tal como indica la disposición 
transitoria única, no se aplicará a los hechos producidos con anterioridad a su entrada en 
vigor, excepción hecha de que el régimen sancionador establecido en este Decreto ley 
tenga que operar retroactivamente por el hecho de constituir norma más favorable.
Tal como se ha expuesto, el establecimiento y concreción de un régimen sancionador 
ordenado y agrupado en una norma es lo que constituye el objeto del presente Decreto ley.
Por otra parte, es del todo necesario y urgente, para poder afrontar la evolución de la 
pandemia y los brotes que están surgiendo a lo largo del territorio, llevar a cabo la  s
modificación  normativa  que  tiene  que  permitir  que  las  funciones  del  Servicio  de  oe.
Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (SUVEC) puedan ser desarrolladas  w.
por personal sanitario multidisciplinar y no exclusivamente por médicos y profesionales  362ww
ddee  1e5n fdeerm seerpíati.e Lmab dreis, ppoosri ceiló qnu fein sael  pcrriemae lraa  Rdeedl  Ddeec Vreigtoil alenyc iam Eodpiifdiceam eiol lDógeiccrae tyo  s2e0 3re/2g0u1la5n, 
los  sistemas  de  notificación  de  enfermedades  de  declaración  obligatoria  y  brotes
epidémicos, con esta finalidad, llevando a cabo una revisión del modelo de vigilancia 
epidemiológica en línea con otros modelos estatales y europeos.
En  relación  con  la  concurrencia  del  presupuesto  de  extraordinaria  y  urgente 
necesidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que se exige no sólo la presentación 
explícita y razonada de los motivos que han servido de base para su aprobación, lo que 
se ha denominado situación de urgencia, sino también la existencia de una necesaria 
conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada.
De  acuerdo  con  el  artículo  38  de  la  Ley  13/2008,  del  5  de  noviembre,  de  la 
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, ante la necesidad extraordinaria y urgente 
que puede suscitar la situación sanitaria actual, el Gobierno puede dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto ley.
En uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de 
Cataluña,  a  propuesta  de  la  consejera  de  Salud  y  con  la  deliberación  previa  del 
Gobierno, decreto:
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.
1.  Es  objeto  de  este  Decreto  ley  el  establecimiento  del  régimen  sancionador 
aplicable  a  las  infracciones  cometidas  por  el  incumplimiento  de  las  medidas  ya 
establecidas y las que adopten las administraciones competentes para hacer frente a la 
situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
2.  El ámbito de aplicación de este Decreto ley es el territorio de Cataluña.
Artículo 2.  Actividad de inspección y control.
Corresponde  a  los  ayuntamientos  de  Cataluña  y  a  la  Administración  de  la 
Generalidad de Cataluña, en el ámbito de sus competencias, las funciones de vigilancia, 
inspección y control de lo que prevé este Decreto ley.
Artículo 3.  Infracciones.
Son infracciones tipificadas en este Decreto ley las acciones o las omisiones que 
vulneren lo que establecen las disposiciones, las resoluciones y los actos adoptados por 
las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 objeto de publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en 
el  boletín  oficial  correspondiente.  Las  infracciones  son  objeto  de  las  sanciones 
administrativas correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro 
orden que concurra.
Artículo 4.  Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 5.
1.  Constituyen infracciones leves las siguientes actuaciones:
a)  El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o el uso inadecuado 
de esta, en los términos establecidos por las autoridades competentes.
b)  El  incumplimiento  del  horario  de  apertura  y  cierre  de  establecimientos  y  s
actividades  establecido  por  las  autoridades  competentes,  cuando  este  produzca  un  oe.
riesgo o daño leve para la salud de la población. w.
c)  El  incumplimiento  de  los  planes  sectoriales  específicos  y  protocolos  362ww
roiergsagnoi zoa dtivaoñso  laepvreo bpaadrao sla  psoarlu dla sd ea luat oproidbaladceiósn .competentes, cuando este produzca un
d)  El incumplimiento de la elaboración de los protocolos o planes de contingencia 
en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya establecido esta 
exigencia por las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño leve 
para la salud de la población.
e)  El incumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas por las 
autoridades competentes, para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacio 
abierto o cerrado, público o privado, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la 
salud de la población.
f)  El incumplimiento de las limitaciones de concentración de personas en reuniones 
y o encuentros tanto en el ámbito privado como el público, en los términos acordados por 
las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud 
de la población.
g)  El incumplimiento de la distancia física interpersonal de seguridad, en lugares 
públicos o privados, abiertos o cerrados, en los términos acordados por las autoridades 
competentes, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud de la población.
h)  El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público o de 
actividades públicas de las medidas de limitación en la organización y el ejercicio de la 
actividad, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud de la población.
i)  El incumplimiento por parte de las personas titulares de las diferentes actividades 
de establecimiento de medidas organizativas que garanticen una atención preferente de 
las personas vulnerables, o que por sus características personales no puedan usar la 
mascarilla, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades competentes, 
cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud de la población.
j)  El incumplimiento de las medidas de llevar a cabo registros de datos y sistemas 
de control de número de personas, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la 
salud de la población.
k)  El incumplimiento del deber de información a los trabajadores y trabajadoras y a 
las personas clientes y usuarias de la actividad de los protocolos establecidos para la 
prevención de la COVID-19, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud 
de la población.
l)  El  incumplimiento  del  deber  de  aislamiento  domiciliario  acordado  por  las 
autoridades competentes por parte de personas que, no habiendo dado positivo de 
COVID-19,  sean  contactos  estrechos  de  una  persona  que  constituya  un  caso 
confirmado.
m)  El incumplimiento de una orden general de confinamiento decretado.
n)  El consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública y en el resto de 
espacios  abiertos  al  público  que  no  dispongan  de  la  correspondiente  licencia  de 
actividad.
o)  Cualquier otro incumplimiento de las medidas, órdenes, resoluciones y actos 
adoptados  por  las  autoridades  competentes  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria 
provocada por la COVID-19, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud 
de la población.
2.  A los efectos de este artículo se considera que se produce un riesgo o daño leve 
para la salud de la población cuando el incumplimiento suponga un riesgo de contagio 
para un máximo de 15 personas.
Artículo 6.
1.  Constituyen infracciones graves las siguientes actuaciones: bo
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b)  El  incumplimiento  del  horario  de  apertura  y  cierre  de  establecimientos  y 
actividades  establecido  por  las  autoridades  competentes,  cuando  este  produzca  un 
riesgo o daño grave para la salud de la población.
c)  La celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de 
actividad o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, 
en espacios públicos o privados, en el que se produzcan aglomeraciones que impidan o 
dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención y produzcan un riesgo o daño 
grave para la salud de la población.
d)  El  incumplimiento  de  los  planes  sectoriales  específicos  y  protocolos 
organizativos aprobados por las autoridades competentes, cuando este produzca un 
riesgo o daño grave para la salud de la población.
e)  El incumplimiento de la elaboración de los protocolos o planes de contingencia 
en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya establecido esta 
exigencia por las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño 
grave para la salud de la población.
f)  El incumplimiento de las medidas de higiene y prevención adoptadas por las 
autoridades competentes, por cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacio 
abierto o cerrado, público o privado, cuando este produzca un riesgo o daño grave para 
la salud de la población.
g)  El incumplimiento de las limitaciones de concentración de personas en reuniones 
y o encuentros tanto en el ámbito privado como el público, en los términos acordados por 
las autoridades competentes, cuando este produzca un riesgo o daño grave para la 
salud de la población.
h)  El  incumplimiento  por  parte  de  las  personas  titulares  de  las  diferentes 
actividades de establecimiento de medidas organizativas que garanticen una atención 
preferente de las personas vulnerables, o que por sus características personales no 
puedan usar la mascarilla, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades 
competentes,  cuando  este  produzca  un  riesgo  o  daño  grave  para  la  salud  de  la 
población.
i)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan estado expresamente prohibidas o suspendidas por las medidas acordadas por 
las autoridades competentes, o que no hayan estado expresamente autorizadas por 
estas en los supuestos en que así sea exigible.
j)  El incumplimiento de las medidas de llevar a cabo registros de datos y sistemas 
de control de número de personas, cuando este produzca un riesgo o daño grave para la 
salud de la población.
k)  El incumplimiento del deber de información a los trabajadores y trabajadoras y a 
las personas clientes y usuarias de la actividad de los protocolos establecidos para la 
prevención de la COVID-19, cuando este produzca un riesgo o daño leve para la salud 
de la población.
l)  El  incumplimiento  del  deber  de  aislamiento  domiciliario  acordado  por  las 
autoridades competentes por parte de personas que hayan dado positivo de COVID-19.
m)  El incumplimiento reiterado del deber de aislamiento domiciliario acordado por 
las autoridades competentes por parte de personas que, no habiendo dado positivo de 
COVID-19,  sean  contactos  estrechos  de  una  persona  que  constituya  un  caso 
confirmado.
n)  El incumplimiento reiterado de una orden general de confinamiento decretado.
o)  No comunicar a la autoridad competente los casos de sospecha o diagnóstico de  s
la enfermedad o de un hecho relevante cuya declaración resulte obligatoria. oe.
p)  Incumplir las medidas cautelares o definitivas establecidas de acuerdo con este  w.
Decreto ley y las disposiciones, órdenes y resoluciones que concuerdan. 362ww
qr))   NDeifgicaursltea r oo  riemspisetdirisr ela a t aprreoap odrec iionnspaer clac ióinnf opromr aacciócinó nre uq uoemriisdiaó np.or las autoridades
cdoomcupmeteennttaecsió no  fsaulssa .agentes, o a colaborar, o proporcionarles información inexacta o  BOE-A-cable e
s)  Reincidir en la comisión de infracciones leves, si un año antes de su comisión la 
persona  responsable  de  esta  ha  sido  sancionada  en  esta  materia  mediante  una 
resolución firme por una infracción tipificada como leve.
t)  Cualquier otro incumplimiento de las medidas, órdenes, resoluciones y actos 
adoptados para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, cuando 
este produzca un riesgo o daño grave para la salud de la población.
2.  A los efectos de este artículo se considera que se produce un riesgo o daño 
grave para la salud de la población cuando el incumplimiento suponga un riesgo de 
contagio para un número superior a 15 personas y hasta 150 personas.
Artículo 7.
1.  Constituyen infracciones muy graves las siguientes actuaciones:
a)  El incumplimiento de los límites de aforo, en espacios cerrados o al aire libre, 
establecidos por las autoridades competentes para los diferentes establecimientos o 
actividades, como medidas de contención de la COVID-19, cuando este produzca un 
riesgo o daño muy grave para la salud de la población.
b)  La celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de 
actividades o actos permanentes o esporádicos, sean de carácter privado o abierto al 
público, en espacios públicos o privados, en que se produzcan aglomeraciones que 
impidan o dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención y produzcan un 
riesgo o daño muy grave para la salud de la población.
c)  La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan estado expresamente prohibidas o suspendidas por las medidas acordadas por 
las autoridades competentes, o que no hayan estado expresamente autorizadas por 
estas en los casos en que sea exigible, cuando se produzca un riesgo o daño muy grave 
para la salud de la población.
d)  Reincidir en la comisión de infracciones graves, si un año antes de su comisión 
la persona responsable de esta ha sido sancionada en esta materia mediante una 
resolución firme por una infracción tipificada como grave.
e)  El incumplimiento de las medidas de higiene y prevención adoptadas por las 
autoridades competentes, por cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacio 
abierto o cerrado, público o privado, cuando este produzca un riesgo o daño muy grave 
para la salud de la población.
f)  El incumplimiento de las medidas de llevar a cabo registros de datos y sistemas 
de control de número de personas, cuando este produzca un riesgo o daño muy grave 
para la salud de la población.
g)  El incumplimiento del deber de información a los trabajadores y trabajadoras y a 
las personas clientes y usuarias de la actividad de los protocolos establecidos para la 
prevención de la COVID-19, cuando este produzca un riesgo o daño muy grave para la 
salud de la población.
h)  El incumplimiento reiterado del deber de aislamiento domiciliario acordado por 
las  autoridades  competentes  por  parte  de  personas  que  hayan  dado  positivo  de 
COVID-19.
i)  El incumplimiento reiterado de los protocolos, planes o instrucciones recibidas por 
las autoridades competentes.
j)  El incumplimiento de las medidas, órdenes, resoluciones y actos adoptados para  s
hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, cuando este produzca un  oe.
riesgo o daño muy grave para la salud de la población. 362www.
grav2e.  pAar alo sla e fseacltuods  ddee  elas tep oabrtlíaccuiólon  sceu caonndsoid eelr ai nqcuuem speli mprioednutoc es uupno rniegsag ou no  driaeñsog om duey 
contagio para un número superior a 150 personas.
Artículo 8.  Sanciones.
1.  Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multa de hasta 3.000 euros. 
La infracción leve prevista en el artículo 5 a) tiene que ser sancionada con multa de 100 
euros y la infracción leve prevista en el artículo 5 n) tiene que ser sancionada con multa 
de 500 euros a 3.000 euros.
2.  Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multa de 3.001 a 60.000 
euros  y  se  pueden  acordar  también  como  sanciones  accesorias  las  siguientes:  la 
suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de seis meses; la 
clausura  del  local  o  establecimiento  por  un  periodo  máximo  de  seis  meses,  o  la 
inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y actividades 
recreativas por un periodo máximo de seis meses.
3.  Las  infracciones  muy  graves  pueden  ser  sancionadas  con  multa  de  60.001 
a 600.000 euros y se pueden acordar también como sanciones accesorias las siguientes: la 
clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de cinco años; la suspensión o 
prohibición de la actividad hasta cinco años, o la inhabilitación para la organización o 
promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas hasta cinco años.
Artículo 9.  Gradación de las sanciones.
Una vez calificadas las infracciones según la tipificación que hace esta Decreto ley, 
se tiene que imponer la sanción en grado mínimo, medio o máximo, de acuerdo con los 
criterios siguientes:
a)  La negligencia y la intencionalidad del sujeto infractor.
b)  La cuantía del eventual beneficio obtenido.
c)  La gravedad de la alteración sanitaria y social producida.
d)  El incumplimiento de los requerimientos o las advertencias previos por cualquier 
medio.
f)  El número de afectados.
g)  La duración de los riesgos.
h)  La existencia de reiteración o reincidencia.
Artículo 10.  Concurrencia de sanciones.
Lo previsto en este Decreto-ley no excluye la posibilidad de la aplicación, cuando 
resulte necesaria según el caso concreto, del régimen sancionador previsto en otras 
normas, sin que en ningún caso se puedan sancionar los hechos que hayan sido 
sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de 
sujeto, hecho y fundamento.
Artículo 11.  Responsabilidad.
1.  Son sujetos responsables las personas físicas y jurídicas que incurran en las 
acciones u omisiones tipificadas por este título como infracciones en este Decreto ley.
2.  Cuando la persona infractora sea menor de edad, son responsables subsidiarios 
los padres, tutores o guardadores legales.
Artículo 12.  Prescripción de las infracciones y las sanciones.
Las infracciones y las sanciones establecidas en este Decreto ley prescriben en los  oe.
plazos y en los términos fijados en el artículo 75 de la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de  w.
Asartlíucdu lpoú 1b3li.c a.Procedimiento sancionador. 2020-12362n https://ww
1.  El  procedimiento  sancionador  relativo  a  las  infracciones  cometidas  por
vulneración de lo establecido en este Decreto ley se tiene que ajustar a las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de régimen jurídico y procedimiento administrativo 
para el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
2.  El plazo para dictar y notificar la resolución de un expediente sancionador es de 
nueve meses.
Artículo 14.  Competencia para sancionar.
1.  El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos competentes 
de la Administración de la Generalidad de acuerdo con la distribución siguiente:
a)  El Gobierno, para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones 
muy graves con una multa superior a 450.000 euros.
b)  El consejero o consejera del departamento competente en materia de salud, 
para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves hasta una 
multa de 450.000 euros.
c)  El  secretario  o  secretaria  de  Salud  Pública,  para  imponer  las  sanciones 
correspondientes a infracciones graves con una multa superior a 10.000 euros.
d)  Las personas titulares de las subdirecciones regionales de la Secretaría de 
Salud  Pública,  en  el  ámbito  territorial  respectivo,  para  imponer  las  sanciones 
correspondientes  a  las  infracciones  leves  y  las  sanciones  correspondientes  a 
infracciones graves con una multa de hasta 10.000 euros.
2.  Los órganos competentes para sancionar las infracciones graves y muy graves 
serán competentes para imponer sanciones accesorias.
3.  Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1 de este artículo, se puede delegar 
la competencia sancionadora por la comisión de infracciones leves a los ayuntamientos 
de Cataluña que lo soliciten, de acuerdo con la normativa de régimen local vigente, 
mediante resolución del consejero o consejera del departamento competente en materia 
de salud, que tiene que ser publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
4.  Corresponde a cualquiera de los órganos competentes para sancionar la facultad 
de incoar el procedimiento sancionador.
Artículo  15.  Competencias  sancionadoras  de  la  Agencia  de  Salud  Pública  de 
Barcelona.
1.  En ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley 22/1998, de 30 de 
diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de 
salud pública y la Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña 
y de modificación de la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, corresponde a 
la Agencia de Salud Pública de Barcelona:
a)  La incoación, la tramitación y la resolución de los expedientes sancionadores por 
la comisión de las infracciones leves y graves.
b)  La incoación y la tramitación de los expedientes sancionadores por la comisión 
de las infracciones muy graves, los cuales serán trasladados para su resolución al 
órgano de la Administración de la Generalitat competente en razón de la cuantía.
2.  La  capacidad  para  sancionar  infracciones  graves  comporta  la  de  imponer 
sanciones accesorias y la de proponer sanciones por la comisión de infracciones muy 
graves, la de proponer sanciones accesorias. s
Artículo 16.  Competencias sancionadoras del Consejo General de Arán. 362www.
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Ley 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de modificación de 
la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, corresponde al Consejo General de Arán:
a)  La incoación, la tramitación y la resolución de los expedientes sancionadores por 
la comisión de las infracciones leves y graves.
b)  La incoación y la tramitación de los expedientes sancionadores por la comisión 
de las infracciones muy graves, los cuales serán trasladados para su resolución al 
órgano de la Administración de la Generalitat competente en razón de la cuantía.
2.  La  capacidad  para  sancionar  infracciones  graves  comporta  la  de  imponer 
sanciones accesorias y la de proponer sanciones por la comisión de infracciones muy 
graves, la de proponer sanciones accesorias.
Artículo 17.  Medidas cautelares.
Si, como consecuencia de las actividades de vigilancia y control, se comprueba que 
hay riesgo para la salud individual o colectiva o se observa el incumplimiento grave o 
muy grave de las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19, las personas titulares de los órganos con la condición de 
autoridad sanitaria del Departamento de Salud, de la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona y del Consejo General de Arán, los alcaldes y las alcaldesas o, si procede, 
sus  agentes,  tienen  que  adoptar  las  medidas  cautelares  a  que  hace  referencia  el 
artículo 63 de la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la misma Ley.
El incumplimiento de las medidas cautelares podrá dar lugar a la imposición de 
multas coercitivas, de acuerdo con lo que establece el artículo 65 de la Ley 18/2009, 
del 22 de octubre, de salud pública.
Disposición  adicional.  Órganos  sancionadores  de  la  Agencia  de  Salud  Pública  de 
Cataluña.
Una vez entre en vigor el decreto de aprobación de los estatutos de la Agencia de 
Salud Pública de Cataluña, las referencias que este Decreto ley hace al secretario o 
secretaria de Salud Pública y a las personas titulares de las sub-direcciones regionales 
de la Secretaría de Salud Pública se tienen que entender que se hacen al director o 
directora de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y a las personas titulares de las 
direcciones de los servicios regionales.
Disposición transitoria.
1.  Los procedimientos sancionadores incoados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Decreto ley se tienen que seguir tramitando y resolver de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento de la comisión de los hechos o actuaciones, a menos 
que el régimen establecido en el Decreto ley constituya norma más favorable, tanto con 
respecto a la tipificación de la infracción como a las posibles sanciones a imponer y a los 
plazos respectivos de prescripción.
2.  Los  procedimientos  sancionadores  pendientes  de  incoación  por  hechos  o 
actuaciones anteriores a la entrada en vigor de este Decreto ley se tienen que tramitar y 
resolver de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la comisión de los 
hechos o actuaciones, con excepción de las previsiones sobre la competencia para  e
sancionar, siendo de aplicación a los procedimientos mencionados las determinaciones  bo
de los artículos 14 a 16 de este Decreto ley. Asimismo, también les es de aplicación el  362ww
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Disposición final primera.
Modificación del Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea la Red 
de Vigilancia Epidemiológica y se regulan los sistemas de notificación de enfermedades 
de declaración obligatoria y brotes epidémicos.
1.  Se  modifica  el  apartado  1  del  artículo  18  del  Decreto  203/2015,  de  15  de 
septiembre, por el que se crea la Red de Vigilancia Epidemiológica y se regulan los 
sistemas  de  notificación  de  enfermedades  de  declaración  obligatoria  y  brotes 
epidémicos, que queda redactado de la siguiente manera:
«18.1  El Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña 
funciona mediante un servicio de guardias que se asignan, según un sistema de 
rotación,  al  personal sanitario  adscrito a los  diferentes servicios de vigilancia 
epidemiológica intervinientes.»
2.  El artículo 18.1 de Decreto 203/2015, de 15 de septiembre, por el que se crea la 
Red  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  se  regulan  los  sistemas  de  notificación  de 
enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos en la redacción contenida 
en el apartado anterior mantiene su rango normativo reglamentario.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor y efectos.
Este Decreto-ley entra en vigor el día siguiente a su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este 
Decreto ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los que 
corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 4 de agosto de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, 
Joaquim Torra i Pla.–La Consejera de Salud, Alba Vergés i Bosch.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8195, de 6 de agosto de 2020. 
Convalidado por Resolución 910/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» número 8226, de 16 de septiembre de 2020)