BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 97 Viernes 23 de abril de 2021 Sec. TC.   Pág. 47430
SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6597 Sala Primera. Sentencia 51/2021, de 15 de marzo de 2021. Recurso de 
amparo  2950-2018.  Promovido  por  don  A.M.Z.,  respecto  de  la  sanción 
impuesta por la Secretaría de Estado de Justicia y la sentencia de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
que confirmó su legalidad. Vulneración de los derechos a la igualdad y no 
discriminación  por  razón  de  discapacidad,  a  un  proceso  con  todas  las 
garantías,  a  la  presunción  de  inocencia  y  a  la  legalidad  sancionadora 
(principio de culpabilidad): resoluciones que no toman adecuadamente en 
consideración la discapacidad aducida ni la petición de ajustes razonables en 
el puesto de trabajo.
ECLI:ES:TC:2021:51
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan 
José  González  Rivas,  presidente;  los  magistrados  don  Andrés  Ollero  Tassara,  don 
Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-
Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 2950-2018, promovido a instancias de don A.M.Z., 
representado por el procurador de los tribunales don Manuel de Benito Oteo y asistido 
por el letrado don Isaac Salama Salama, contra la resolución de la Secretaría de Estado 
de Justicia (por delegación del ministro de Justicia) de 8 de junio de 2016 y contra la 
sentencia  núm.  2686/2017  dictada  en  la  apelación  (derechos  fundamentales)  núm. 
2-2017  por  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional el 22 de junio de 2017. Ha sido parte el abogado del Estado en 
representación de la administración del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha 
sido ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.
I. Antecedentes
1.  Mediante escrito presentando en el registro general de este tribunal el 25 de 
mayo de 2018, el procurador de los tribunales don Manuel de Benito Oteo, actuando en 
nombre  y  representación  de  don  A.M.Z.,  interpuso  recurso  de  amparo  contra  las 
resoluciones indicadas en el encabezamiento.
2.  Los hechos en los que se funda el presente recurso de amparo son, en síntesis, 
los siguientes: es
a)  Mediante resolución de 8 de junio de 2016, la secretaria de Estado de Justicia  w.
impuso al recurrente, en su condición de letrado de la administración de justicia, la  97ww
fsaaltnac imónu yd eg ruanv ea ñdoe  y« iunnc udmíap ldimei esnutsop erenisteiórand doe d eem lapsle ofu yn csiouneeldso  inphoer rlean cteosm aisl iópnu edseto u dnea 
tsreacbraejtoa roio fsu njucdioicniaelse se)n, cyo dmee «nrdeatrdaasso»,  l(aa rdt.e 1sa5t4e.n7c dióenl  Ro eegl lianmcuemntpol imOiregnátnoi croe itdeeral dcouse rdpeo  ldaes   BOE-A-cable e
funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas» [art. 468 bis.1 h) 
de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)].
b)  El expediente se inició con motivo de una inspección ordinaria realizada los 
días 2 y 6 de junio de 2013 por la unidad inspectora tercera del Consejo General del 
Poder  Judicial  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  núm.  2  de  Haro 
(información previa 142-2013), en el que el recurrente había tomado posesión como 
secretario judicial mes y medio antes. En el informe de la unidad, de 15 de julio de 2013, 
se  ponía  de  relieve  que  la  situación  del  juzgado  era  «muy  satisfactoria»,  y  como 
«propuesta externa» se proponía que «por el secretario de gobierno se procediera a un 
seguimiento individualizado sobre el letrado de la administración de justicia para valorar 
su idoneidad y capacidad para el cargo», consignándose una serie de deficiencias que 
se atribuían a don A.M.Z.
c)  El secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja elaboró un 
primer informe de seguimiento el 25 de octubre de 2013, en el que reconocía haber 
indicios objetivos de incumplimiento de sus funciones, pero advertía que no parecía 
tratarse  de  un  caso  de  indisciplina,  sino  de  falta  de  preparación  suficiente  o  de 
competencia, actitud y aptitud para ejercer como secretario judicial. Por esta razón se 
inició procedimiento de jubilación por incapacidad permanente del ahora recurrente en 
amparo. Sin embargo, por resolución de 31 de marzo de 2014, y a la vista del informe 
del equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
el gerente territorial del Ministerio de Justicia en La Rioja concluyó que no procedía la 
jubilación por incapacidad permanente para el servicio de don A.M.Z. porque «el citado 
funcionario no está afectado por lesión o proceso patológico, estabilizado e irreversible o 
de  incierta  reversibilidad,  que  le  imposibilite  totalmente  para  las  funciones  que 
desempeña en su puesto de trabajo».
d)  En este contexto, el 24 de junio de 2014 el secretario de gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja acordó un seguimiento de la situación del juzgado. 
Mediante informe de 19 de mayo de 2015 propuso que se iniciase la vía disciplinaria, al 
advertirse deficiencias en la llevanza informática de la cuenta de consignaciones del 
juzgado  y  del  sistema  integrado  de  registros  administrativos  al  servicio  de  la 
administración de justicia. En el curso de la inspección, que concluye con un informe final 
fechado el 24 de junio de 2015, se aprecian los siguientes hechos como motivos para la 
apertura del expediente disciplinario, que finalmente se recogen como hechos probados 
en la resolución recurrida:
«A.  Desconoce la necesidad de visionar los juicios mientras se celebran […].
B.  Reiterada negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de la función de 
velar  por  la  exactitud  de  la  información  transmitida  a  los  registros  centrales  que 
conforman el sistema integrado de registros al servicio de la administración de justicia 
[…].
C.  Reiterada negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de la función de 
responder por el debido depósito de las cantidades, valores, consignaciones y fianzas, 
siguiendo instrucciones que al efecto se dicten […].
D.  Incumplimiento de forma reiterada de la obligación de organización, gestión, 
inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales y dirección técnico 
procesal del personal integrante de su oficina judicial […]».
En el citado informe final, que avalaba el uso de la vía disciplinaria, se afirma que 
«[s]i conforme al equipo de valoración de incapacidades don A.M.Z., está totalmente  e
posibilitado para las funciones que desempeña en su puesto de trabajo, de las posibles  bo
irregularidades detectadas por la inspección del CGPJ, sería responsable directo don  97ww
[A.Me.)Z .]»E l( peáxgp.e 4d)i.ente disciplinario se incoa formalmente por acuerdo del secretario de
gaofirbmiear n–oa dpealr tTardibou cnuaal rStou–p eqruioer  «dhea J suisdtoic diae sdcea Lrtaa dRaio ljaa  pdoes 8ib idlied ajudl iod ed eq u2e0 1la5s,  deins feuln qcuioen sees 
detectadas se deban a razones médicas», y se plantea la posible comisión de una falta
muy grave del art. 154.7, así como de una falta grave del art. 155.10, ambos del 
Reglamento Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales.
Tras  haber  omitido  notificar  al  ahora  recurrente  el  acuerdo  de  incoación  del 
procedimiento disciplinario –lo que se tradujo en una primera nulidad de actuaciones–, la 
instructora tomó declaración el 4 de agosto de 2015 a cuatro testigos anónimos, que 
testificaron sin intervención alguna ni del letrado representante de don A.M.Z. ni de este 
mismo,  quedando  consignada  su  identidad  individual  en  «sobre  aparte  de  carácter 
reservado»  (testigos  secretos)  al  que  el  expedientado  no  tuvo  acceso.  Además,  la 
instructora admitió también la declaración de un testigo espontáneo de cargo sin dar 
intervención en ella ni al expedientado ni a su representante letrado (testigo-sorpresa).
En la contestación al pliego de cargos formulado el 2 de septiembre de 2015 el 
recurrente reveló sufrir síndrome de Asperger (información que se había reservado hasta 
ese momento alegando que lo consideraba perteneciente al ámbito de su intimidad), y 
aportó informe psiquiátrico con tal diagnóstico del doctor que venía tratándole desde el 
año  2002;  propuso  que  la  instructora  acordara  una  diligencia  de  reconocimiento 
psiquiátrico  para  confirmarlo,  ofrecimiento  que  no  fue  aceptado;  alegó  una  posible 
discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE) en la actuación administrativa 
dirigida a apartarle del servicio, así como el derecho a «ajustes razonables» en su 
puesto de trabajo, conforme a las normas que regulan los derechos de las personas 
discapacitadas; y denunció la vulneración de su derecho a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia (por la práctica de la testifical anónima y la del 
testigo-sorpresa).
f)  La propuesta de resolución se formuló el 13 de noviembre de 2015, solicitando la 
imposición de una multa de 1000 € por la infracción grave del art. 155.10 del Reglamento 
Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales y una sanción de suspensión de dieciocho 
meses o de traslado forzoso por la infracción muy grave del art. 154.7 del mismo 
reglamento. El recurrente presentó sus alegaciones argumentando la falta de valoración 
de las alegaciones y pruebas de descargo, al entender que, de habérsele permitido 
acreditar debidamente su discapacidad, los hechos que determinan las infracciones 
impugnadas no serían sino manifestaciones de la discapacidad que sufre y que dificulta 
el desempeño de su trabajo. En este trámite el ahora recurrente en amparo invocó el 
derecho protector de las personas discapacitadas, y la obligación de la Administración 
General del Estado de adoptar medidas de ajuste razonable compensadoras de su 
discapacidad,  pidiendo  expresamente  la  satisfacción  del  correlativo  derecho  del 
expedientado.  Exponiendo  que  simultáneamente  se  estaba  desarrollando  un 
procedimiento  administrativo  de  reconocimiento  de  discapacidad,  tras  solicitar  el 
sobreseimiento del procedimiento administrativo sancionador o su suspensión hasta que 
el de reconocimiento de la discapacidad fuera firme, dio cuenta a la administración de la 
resolución de 10 de febrero de 2016 del Gobierno de La Rioja reconociéndole un 
«trastorno del desarrollo de etiología no filiada», con una discapacidad del 10 por 100.
g)  Mediante  resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Justicia  de  8  de  junio 
de 2016, por delegación del ministro, se le impuso la sanción disciplinaria de suspensión 
de empleo y sueldo de un año y un día por la comisión de una falta muy grave tipificada 
en el art. 154.7 del Reglamento Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales y en el 
art. 468 bis.1 h) LOPJ.
En la resolución, como respuesta a las alegaciones del letrado de la administración 
de justicia relacionadas con su discapacidad se afirma que «si conforme al equipo de 
valoración de incapacidades don [A.M.Z.], está totalmente posibilitado para las funciones  s
que desempeña en su puesto de trabajo, de las irregularidades detectadas por el servicio  oe.
de inspección del CGPJ y posteriormente por el seguimiento del secretario de gobierno  w.
del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sería responsable directo don [A.M.Z.]», de  97ww
mméoddioc aqsu, en od ceasbcea rtsaindoo  cqounec lu«irl aq urea zeóln i ndspee clacsio ndaisdfou nincciounmeps liód edle  infosrpmeac crieointeardaod as ecaonn 
dlaesc lfaurnac ioqnuees  dineh elare nintesstr uac csiuó nc adrgeosa crroomllaod ale trhaad oq duee dlaad aod mdeinmisotrsatrcaiódno  duen aju srteicitiear»a.d Ya   BOE-A-cable e
negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento sus obligaciones, y que «[a]unque 
se ha podido comprobar una importante corrección de las disfunciones detectadas», 
destaca que para ello fue necesario darle traslado de diversos informes de seguimiento y 
de la inspección de la que fue objeto.
Por lo que hace a los efectos concretos de la sanción, y teniendo en cuenta que el 
recurrente en amparo ya no prestaba servicios en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. 2 de Haro, como las sanciones superiores a seis meses comportan la 
pérdida  de  destino  (art.  70.2  del  Reglamento  Orgánico  del  cuerpo  de  secretarios 
judiciales), la ejecución de la sanción a partir del 6 de noviembre de 2017 supuso la 
pérdida de su último destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Torrelaguna  (Orden  JUS/459/2018,  de  23  de  abril),  en  donde  alegaba  estar  bien 
integrado.
h)  Contra la resolución sancionadora, la representación procesal del demandante 
de amparo promovió recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial 
de protección de los derechos fundamentales, denunciando discriminación por causa de 
discapacidad no incapacitante (art. 14 CE); vulneración del derecho fundamental a la 
integridad  moral  (art.  15  CE);  lesión  del  derecho  a  mantenerse  sin  perturbaciones 
ilegítimas en el desempeño de su función como letrado de la administración de justicia 
(art. 23.2 CE); violación del derecho a la prueba pertinente para su defensa y al proceso 
con todas las garantías y a la defensa (art. 24.2 CE) y vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
En la demanda se argumenta que, al sufrir síndrome de Asperger, como resulta de la 
pericial que aporta y de la resolución de 10 de febrero de 2016 del Gobierno de La Rioja 
que le reconoce un trastorno del desarrollo de etiología no filiada, con una discapacidad 
del 10 por 100, tenía derecho a beneficiarse de medidas de ajuste razonable a su puesto 
de trabajo, pese a lo cual, la administración de justicia le incoó un expediente de 
jubilación por incapacidad que, una vez fracasado, fue seguido de un procedimiento 
sancionador en el que se le causó indefensión. La demanda solicita la anulación de la 
resolución recurrida, con reposición, en su caso, a tenor de la violación de derecho 
fundamental apreciada de las actuaciones, al momento en cada supuesto pertinente. 
Ejercita también pretensión de plena jurisdicción, reclamando que se reconozcan con su 
íntegro contenido constitucional los derechos fundamentales lesionados.
i)  El recurso fue estimado parcialmente por sentencia 134/2016 del Juzgado Central 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 6, de 11 de noviembre de 2016.
En relación con la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los 
arts. 14, 15 y 23.2 CE, el juzgado razona que no existen indicios de que la actuación 
administrativa impugnada sea discriminatoria por causa de discapacidad, ni que esté 
afectada de desviación de poder por atentar contra la integridad moral del recurrente o 
lesionar el derecho al ejercicio de la función. El juzgado rechaza que pueda considerarse 
como indicio el hecho de que el expediente sancionador se iniciara tras haberse seguido 
un procedimiento de jubilación por incapacidad permanente que concluyó declarando 
que no procedía la jubilación por tal motivo, por no estar afectado por enfermedad o 
patología alguna que le impidiese el ejercicio de su profesión habitual. Destaca en 
particular que la administración no conocía que el recurrente sufriera alguna enfermedad 
incapacitante, ya que el demandante –que había ocupado antes otros dos destinos sin 
que en ellos conste que hubiese tenido problemas derivados del ejercicio de su función– 
no lo había puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia, ni había reclamado la 
adecuación de su puesto de trabajo o la adopción de medidas compensatorias, si  s
procedieren, a las exigencia derivadas de la enfermedad que padece. Constata, además,  oe.
que el reconocimiento de discapacidad leve del recurrente es de 16 de febrero de 2016,  w.
sin  que  constase  que  dicha  resolución  hubiera  sido  recurrida  por  el  demandante.  97ww
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LLeeyg isglaetniveora 1l /d2e0 1d3e, rdeec h2o9s  ddee  nloavsi epmebrsreo,n apso r ceoln q udeis csaep aapcirduaedb ay  edl ete xstuo  irnecfluunsdióidno  sdoec ilaal   BOE-A-cable e
excluye que la regla de la inversión de la carga de la prueba sea de aplicación a los 
procesos penales o a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones 
sancionadoras. Por otra parte, del examen de la prueba pericial médica aportada por el 
recurrente el juzgado concluye que, más allá de establecer el diagnóstico de síndrome 
de Asperger y su evolución, no aporta dato alguno relevante, ni indicio que permita tener 
por acreditado que el recurrente ha sido objeto de acoso y de discriminación por razón 
de discapacidad.
En relación con los derechos reconocidos en el art. 24.2 CE, el juzgado estima que la 
toma de declaraciones a testigos anónimos vulneró el derecho del recurrente a un 
proceso con todas las garantías, a la defensa y a la prueba (art. 24.2 CE), puesto que el 
expedientado,  al  desconocer  que  iban  a  realizarse  y  la  identidad  de  quienes  las 
prestaron, no pudo intervenir en su práctica ni contradecirlas con plenitud de medios de 
defensa. Considera que esos testimonios fueron relevantes en el dictado de la resolución 
impugnada y que la reserva de la identidad de los testigos se mantuvo sin fundamento 
solvente,  ni  apoyo  legal  expreso.  Por  último,  la  sentencia  desestima  la  alegada 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la legalidad 
sancionadora, ya que se ha practicado una actividad probatoria suficiente a efectos de 
tener por salvaguardado el derecho a la presunción de inocencia.
El fallo declara que la sanción es disconforme a derecho, anulándola y ordenando 
retrotraer las actuaciones a la propuesta de resolución, para su formulación «sin hacer 
mención ni tener en cuenta» las declaraciones testificales vulneradoras del art. 24.2 CE, 
«ni  siquiera  para  corroborar  el  resultado  de  otras  pruebas  legalmente  obtenidas, 
siguiendo después el curso del expediente hasta dictar la resolución que en Derecho 
proceda».
j)  Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al tiempo que proseguían las 
actuaciones administrativas.
Así, de un lado la administración dictó nueva propuesta de resolución eliminando la 
referencia a los testimonios anulados, pero manteniendo idéntica sanción por resolución 
del  Ministerio  de  Justicia  de  23  de  marzo  de  2017,  confirmada  por  resolución  del 
Ministerio de Justicia de 18 de septiembre de 2017. Contra ambas se interpuso recurso 
contencioso-administrativo, que fue suspendido por el Juzgado Central núm. 5, a la 
espera de lo que resultara de la impugnación de la primera resolución sancionadora.
En paralelo, la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de junio de 2017 desestima el recurso de 
apelación del recurrente estimando el del abogado del Estado. La resolución declara que 
no ha habido lesión de los derechos fundamentales de don A.M.Z., porque la sanción 
impuesta podía mantenerse con la sola prueba documental de cargo que existía, siendo 
la testifical anónima meramente corroboradora de esta, por lo que no procede anular las 
actuaciones  y  retrotraer  el  expediente,  sino  simplemente  prescindir  de  esa  prueba 
confirmando la resolución.
En cuanto a la discapacidad, considera que un procedimiento disciplinario no es el 
cauce adecuado para pedir las medidas de ajuste reclamadas al amparo de la Ley 
general  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  rechaza  la  tesis  de  la 
discriminación por discapacidad. Considera que  dicho motivo se asienta sobre una 
norma que no puede aplicarse al apelante por razones subjetivas, ya que el artículo 4 de 
la Ley general de derechos de las personas con discapacidad define el ámbito subjetivo 
de  la  ley  considerando  persona  discapacitada  a  la  que  tenga  una  discapacidad  s
reconocida de más del 33 por 100, en tanto que la discapacidad reconocida por el  oe.
órgano competente de la comunidad de La Rioja al apelante es del 10 por 100, lo que le  w.
excluye de la posibilidad de ser acreedor de las medidas contempladas en la norma.  97ww
Adedcelmaráasc,i ósne gy úcna leifli cRaceiaóln  Ddeecl rgertoa d1o9 d7e1 /1m9i9n9u,s vdaelí ap,r oucnead idmisiecanptoa cpidaarad  elel vree c(oennotrcei m1i eyn t2o4, 
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adaptación. La sentencia añade que al incoarse el procedimiento disciplinario no se tenía 
conocimiento de la discapacidad del recurrente por lo que no pudo haber discriminación 
por razón de esa circunstancia, y que este tampoco acredita que durante el seguimiento 
y las actuaciones disciplinarias hubiera caído en crisis o limitación especial. Por último, 
concluye que los incumplimientos son ajenos a las habilidades de relación social del 
recurrente, y destaca que no se ha alegado ni probado que esta carencia de habilidades 
sociales  haya  tenido  manifestaciones  específicas  en  los  anteriores  destinos  del 
interesado, o que haya precisado medidas de apoyo complementario.
k)  Finalmente,  la  representación  procesal  del  recurrente  planteó  recurso  de 
casación que fue inadmitido a trámite por providencia de 26 de abril de 2018 de la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que 
considera que la controversia es fundamentalmente fáctica, sin que quepa identificar en 
el escrito de preparación cuestión jurídica a interpretar con alcance general que conecte 
con la razón de decidir de la sentencia.
3.  El recurso de amparo se dirige frente a la resolución la secretaria de Estado de 
Justicia (por delegación del señor ministro de Justicia) de 8 de junio de 2016, mediante la 
que se impone al recurrente la sanción disciplinaria en cuestión, y, subsidiariamente, 
frente a la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional el 22 de junio de 2017, dictada en apelación, por 
la que se desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo del recurrente 
confirmando  la  resolución  impugnada.  La  demanda  plantea  las  siguientes  quejas 
constitucionales: en primer lugar, atribuye a la resolución sancionadora de 8 de junio 
de 2016 (i) violación del derecho a no sufrir discriminación por razón de discapacidad 
(art. 14 CE); (ii) violación de los derechos al proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por la utilización de los testigos anónimos y un 
testigo-sorpresa;  y  (iii)  violación  del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  por  la 
motivación  insuficiente  de  la  resolución  sancionadora  en  lo  que  se  refiere  a  las 
alegaciones de descargo del expedientado. Por lo que se refiere a la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 22 de junio de 2017, que estima el recurso de apelación del 
abogado del Estado, le atribuye también violación del derecho a no ser discriminado 
(art. 14 CE) y a los derechos al proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE).
a)  Respecto de la violación del derecho del recurrente a no ser discriminado por 
causa de discapacidad, protegido por el art. 14 CE, la demanda invoca la doctrina 
constitucional sobre el régimen protector de las personas discapacitadas frente a la 
discriminación que recoge la STC 3/2018, y cuestiona el silencio o negativa de la 
administración en relación con el panorama indiciario de discriminación que a su juicio 
revelan los hechos expuestos. Entiende que la resolución sancionadora se limita a 
considerar las disfunciones en la llevanza o dirección de la oficina judicial haciendo 
abstracción de que pueden ser manifestación de la discapacidad del recurrente, que se 
manifiesta en contextos de tensión y estrés. Afirma que la graduación de la discapacidad 
del actor en un 10 por 100 puede ser engañosa y que, tal como advierte el capítulo 16 
del anexo 1.A del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, las discapacidades 
psiquiátricas graduadas leves pueden perturbar la actividad laboral si hay aumento de 
«estrés psicosocial o descompensación», como expresamente afirma que ocurre con 
don A.M.Z., el informe psiquiátrico aportado por el recurrente.
Considera que existe un panorama indiciario de discriminación y que las alegaciones  e
del recurrente contra la resolución sancionadora no prosperaron por una incorrecta  bo
aplicación  del  artículo  77  de  la  Ley  general  de  derechos  de  las  personas  con  97ww
ddiisscciappliancairdioasd)  qpuoer  arpiglieca ceinó nt oddeo lsa  ldoosc tprirnoac ecdoinmsiteitnutcoios naald mreilnaitsivtraa taiv olass  (dtaismcrbimiéinn aecnio nleoss 
pErlo hpibaindoarsa pmoar  eli nadrtic. i1a4ri oC Ed (ec ond cisitcar,i menin apcairótinc,u laqr,u dee  lpao SnTdCría 3 1/d2e0 14m, adnei f2ie4s dtoe  feqburee rol)a. 
administración percibía la existencia de una posible discapacidad, vendría dado por: la
incoación y fracaso del procedimiento de jubilación por incapacidad de don A.M.Z.; el 
cambio de criterio de la administración al no prosperar la jubilación por incapacidad, 
pasando  a  tratarse  como  una  cuestión  disciplinaria,  excluyendo  la  aplicación  de  la 
legislación  sobre  derechos  de  los  discapacitados;  la  secuencia  de  seguimientos  e 
inspecciones entre diciembre de 2014 y mayo de 2015, en las que hubo un solo intento 
de formación (en relación con la llevanza de las cuentas de consignaciones y el sistema 
integrado de registros administrativos al servicio de la administración de justicia) que 
compensó en parte las dificultades que experimentaba el recurrente en estos aspectos, 
de  forma  que  en  la  propia  resolución  sancionadora  se  reconoce  «una  importante 
corrección de las disfunciones detectadas» (fundamento 7); la solicitud de medidas de 
ajuste razonable en las alegaciones a la propuesta de resolución sancionadora, sobre la 
que  esta  no  se  pronuncia.  Considera  la  demanda  que  la  administración  ignoró  la 
Convención  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  su  protocolo 
facultativo,  ambos  de  13  de  diciembre  de  2006,  ratificados  por  España  el  23  de 
noviembre de 2007), el derecho de la Unión Europea (la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo  y  la  ocupación)  y  la  legislación  interna  sobre  derechos  de  las  personas 
discapacitadas. La demanda denuncia que ninguna de las sentencias de instancia entra 
a estudiar y valorar el panorama indiciario de la discriminación, ni examinando uno por 
uno  los  indicios  ni  apreciándolos  conjuntamente,  y  ello  fundamentalmente  por  no 
interpretar y aplicar correctamente el art. 77 de la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad.
Por  lo  que  se  refiere  a  la  vulneración  de  este  derecho  específicamente  por  la 
sentencia de 22 de junio de 2017, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, la demanda conecta la invocación del art. 14 CE 
con los artículos 4 (apartados 1 y 2), 63 y 64.2 de la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad, argumentando que el rechazo de la sentencia a que el 
apelante haya podido ser discriminado por discapacidad por considerar que queda fuera 
del «ámbito subjetivo» de dicha ley incurre en una interpretación contra legem de sus 
disposiciones. La audiencia considera como discapacitados únicamente a quienes se 
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 conforme al 
art. 4.2 de la ley; sin embargo, obvia que el art. 4.1 de la misma establece que: «Son 
personas  con  discapacidad  aquellas  que  presentan  deficiencias  físicas,  mentales, 
intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás», en línea con el art. 1 de la Convención de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). El art. 4.2 de la ley añade a dicha definición general que 
«[a]demás de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100». Por tanto, no se excluye del 
ámbito de aplicación de dicha ley a las personas que puedan cumplir la definición del 
art.  4.1  y  ser  «personas  con  discapacidad»  aunque  carezcan  de  reconocimiento 
administrativo de su grado de discapacidad o lo tengan reconocido en porcentaje menor. 
Conclusión que considera avalada por el art. 63 de la ley, que dispone que «se vulnera el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en 
el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan […] 
incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así 
como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas». Así  s
como por el apartado 2 del art. 64 según el cual «[l]as medidas de defensa, de arbitraje y  oe.
de carácter judicial, contempladas en esta ley serán de aplicación a las situaciones  w.
previstas en el artículo 63, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial  97ww
addem  ilnai strsaitcuiaocnieósn  púdbel icadsis cvaeplaarcáind apdo r oe vidtaer  csuua lqturaienrs fiotorrmiead adde.  diEsncr imtoindaoc iócna sqou,e  llaess 
afecte o pueda afectar».
b)  En relación con la violación del derecho al proceso con todas las garantías y a la 
presunción  de  inocencia  (art.  24.2  CE),  la  demanda  alega  que  la  resolución 
administrativa sancionadora en cuestión se asienta en pruebas testificales de cargo (los 
testigos  anónimos  y  el  testigo  sorpresa)  que  violan  los  derechos  fundamentales  al 
procedimiento con todas las garantías, y a la presunción de inocencia, conforme a la 
doctrina constitucional que recoge la STC 75/2013, de 8 de abril, FJ 5, y a la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos allí citada.
Funda la violación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en una 
motivación  insuficiente  de  la  resolución  sancionadora,  que  conduzca  a  un 
convencimiento sobre la culpabilidad del responsable «más allá de toda duda razonable» 
(STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3). Alega que la administración se ha abstenido 
de dar una respuesta suficiente y razonable a los argumentos motivando la existencia de 
una  discriminación  por  discapacidad  lesiva  del  art.  14  CE,  así  como  a  las  demás 
violaciones de derechos fundamentales invocadas con fundamento en el art. 24.2 CE 
y 25.1 CE, incluida la violación relativa a los testigos anónimos y testigo sorpresa, sobre 
la que la resolución sancionadora no dice absolutamente nada. Ni siquiera menciona la 
prueba  pericial  psiquiátrica  aportada  y  el  acto  administrativo  de  reconocimiento  de 
discapacidad, de modo que la resolución sancionadora no satisface el estándar de 
motivación que impone el derecho fundamental a la presunción de inocencia por la 
inexistente o insuficiente valoración de alegaciones y pruebas de descargo que se basan 
en la violación de derechos fundamentales que no ha sido reparada en la vía judicial 
previa al amparo.
Por su parte, la sentencia desestimatoria del recurso de apelación del recurrente en 
amparo vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), en relación con la doctrina constitucional que prohíbe utilizar el 
proceso contencioso-administrativo para remediar las posibles lesiones de garantías 
constitucionales  causadas  por  la  administración  en  el  ejercicio  de  su  potestad 
sancionadora. Según la demanda, cuando la sentencia afirma que la prueba documental 
de  cargo  bastaba  para  justificar  la  sanción  trivializa  la  vulneración  de  derechos 
fundamentales en que se incurrió en vía administrativa por el empleo de testigos de 
cargo anónimos o sorpresivos, hasta el punto de hacerla inocua para la administración 
que lesionó tales derechos, al tiempo que participa indebidamente en el ejercicio de una 
potestad represiva, cooperando en la represión disciplinaria en vez de controlarla. Así, la 
sentencia  sana  las  vulneraciones  de  derechos  fundamentales  incurridos  en  la  vía 
administrativa contra el criterio mantenido por la jurisprudencia constitucional (con cita de 
las SSTC 59/2004, de 19 de abril, FJ 4; 35/2006, de 13 de febrero, FJ 4, y 145/2011, 
de 26 de septiembre, FJ 5).
Finalmente,  se  alega  la  lesión  por  parte  de  la  sentencia  de  apelación,  de  los 
derechos al proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia al considerar 
que ha realizado una interpretación errónea del art. 11.1 LOPJ cuando preserva la 
validez de la resolución sancionadora. La demanda argumenta que el art. 11.1 LOPJ 
debió aplicarse en combinación con el art. 62.1 a) de la Ley de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC) que declara 
nulos los actos administrativos que lesionen los derechos fundamentales susceptibles de 
amparo  constitucional  (art.  53.2  CE).  De  modo  que,  puesto  que  la  resolución 
sancionadora se fundamenta en una prueba de cargo testifical que viola el art. 24.2 CE, 
la consecuencia debió ser la declaración de nulidad de pleno derecho de la actuación.
4.  Por providencia de 15 de octubre de 2018, la Sección Segunda de este tribunal,  bo
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre en el  97ww
mTriisbmunoa lu Cnao nsetsitpueccioianla lt r(aLsOceTnCd)e] npcoiarq uceo n«sptliatunctieoan auln  [aprrto. bl5e0m.1a  doe a fleac tLae ay  uOnrag áfanciceata  ddeel 
FunJ  2d ear)e]»c.ho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009,
En aplicación de lo previsto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
para que en el plazo de diez días remitiese certificación o fotocopia adverada de las 
actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 6040-2017, así como a la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 a fin de que, en igual plazo, 
remitiesen  certificación  o  fotocopia  adverada  de  las  actuaciones  correspondientes 
respectivamente al rollo de apelación núm. 2-2017 y procedimiento especial para la 
protección de derechos fundamentales núm. 2-2016; debiendo previamente emplazarse, 
para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso 
de  amparo,  a  quienes  hubieran  sido  parte  en  el  procedimiento,  excepto  la  parte 
recurrente en amparo. Se notificó también esta resolución a la abogacía del Estado, en 
representación  de  la  administración  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  pudiera 
comparecer en el presente proceso constitucional, con traslado asimismo y a dichos 
efectos de copia de la demanda presentada.
5.  Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2019 se acordó tener por 
personado  y  parte  al  abogado  del  Estado  en  nombre  y  representación  de  la 
administración del Estado, y con arreglo al art. 52 LOTC, conceder al Ministerio Fiscal y a 
las  partes  personadas  plazo  común  de  veinte  días  para  que,  con  vista  de  las 
actuaciones, formulasen alegaciones.
6.  El  30  de  diciembre  de  2018  tuvo  entrara  en  este  tribunal  el  escrito  de 
alegaciones del recurrente en amparo, en las que tras dar por reproducida la demanda, 
pone en conocimiento del tribunal hechos sobrevenidos que considera relevantes en la 
resolución  de  este  asunto,  y  añade  algunas  consideraciones  complementarias  en 
relación con la influencia del Derecho internacional y de la Unión en este asunto.
Informa, en primer lugar, que el 11 de octubre de 2018, con efectos a partir del 3 de 
marzo de 2018, quedó resuelto el procedimiento de revisión del grado de discapacidad 
instando por el recurrente don A.M.Z., reconociéndosele un grado total de discapacidad 
del treinta y cuatro por ciento (34 por 100). Comunicada esta circunstancia al órgano 
competente de la secretaría general de la administración de justicia el 23 de octubre 
de 2018, para que constara en su expediente personal, solicitó que se le reconociera su 
derecho al ajuste razonable. El escrito alega que no puede discernirse en qué medida la 
nueva graduación es consecuencia de la pérdida de un entorno rehabilitador y de 
socialización resultante de la sanción disciplinaria o se limita a corregir el insuficiente 
grado previamente reconocido a don A.M.Z. en el informe de 10 de febrero de 2016. 
Finalmente, argumenta que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
materia  de  discriminación,  así  como  los  tratados  y  acuerdos  internacionales,  y  el 
Derecho derivado de la Unión Europea son criterios hermenéuticos del sentido y alcance 
de los derechos y libertades que la Constitución reconoce (STC 61/2013, de 14 de 
marzo, FJ 5), refiriéndose, entre otras, a la STJUE de 9 de marzo de 2017, C-406/15, 
asunto  Petya  Milkova  c.  Izpalnitelen  direktor  na  Agentsiata  za  privatizatsia  i 
sledprivatizatsionen kontrol.
7.  Con fecha de 3 de enero de 2019 tuvo entrada en el tribunal el escrito de 
alegaciones  del  abogado  del  Estado,  interesando  la  inadmisión  del  recurso  o, 
subsidiariamente, su desestimación.
Alega esta parte que el recurso de amparo plantea en realidad una cuestión de  s
legalidad ordinaria, de subsunción de los hechos en la norma legal aplicable y de  oe.
admisión de medios de prueba por el tribunal de instancia que ya ha sido resuelta por la  w.
jiunrsitsaCdnioccnciasió ipdnae rroaar  dtqrinauatear ira nd,o es  iocnbo tnqecunueer rrp euu nelaad  ann ueuectvieliasz iarderassdeo  luedcle i róevnca.ulorrsaor  dnein agmúnp adreor eccohmoo  fuunndaa umlteenritoarl   2021-6597n https://ww
porque no hay discriminación (art. 14 CE), en tanto que la discapacidad que padece el
recurrente no le impide cometer infracciones; y porque no se ha desconocido ni dejado
de tener en cuenta la incapacidad del funcionario recurrente en vía contenciosa, aunque 
no se haya apreciado como eximente de su actuación infractora, por considerar que el 
grado en que la padece no era razón para ello. Por otro lado, y en lo relativo al art. 24 
CE, entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional que no aprecia la insuficiencia 
de la prueba practicada, resuelve la pretensión de fondo sobre la base de la legalidad 
ordinaria aplicable al supuesto de hecho, considerando la sanción disciplinaria impuesta 
por la administración conforme a derecho y coherente con los hechos acreditados, 
declarando que la invalidez de la prueba indebidamente obtenida no supera el límite de 
sí misma en aplicación del art. 11 LOPJ, de tal modo que no cabe invocar el art. 24 CE 
en lo que a una supuesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva se refiere.
8.  El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal tuvo entrada en el Tribunal el 11 de 
enero de 2019 interesando la estimación del recurso.
a)  Tras exponer los antecedentes del caso y analizar el objeto de la demanda, el 
fiscal constata que el recurso se formula tanto por el cauce del art. 43 LOTC como por el 
del art. 44 LOTC y señala que, tratándose de un recurso mixto, se plantea el examen 
prioritario de las lesiones atribuidas a la actividad administrativa, de cuyo resultado 
dependerá el análisis de las quiebras de constitucionalidad que se proclaman de la 
resolución jurisdiccional impugnada, conforme a la doctrina constitucional en la que se 
destaca el carácter autónomo y preferente que en tales procesos ofrece la pretensión 
deducida por el cauce del art. 43 LOTC (por todas, STC 156/2009, de 29 de junio, FJ 3).
b)  Por  lo  que  hace  a  la  denuncia  de  la  vulneración  del  derecho  a  no  ser 
discriminado por razón de la discapacidad (art. 14 CE), el fiscal razona que no es 
aplicable a este caso la doctrina constitucional que invoca la demanda, recogida en la 
STC 31/2014, de 25 de marzo, en relación con la existencia de un «panorama indiciario 
de discriminación» por discapacidad en la imposición de la sanción disciplinaria en 
cuestión. Pone de manifiesto que en el caso de la STC 31/2014 se aborda el supuesto 
del cese de una trabajadora del Centro Nacional de Inteligencia en el que se apreció la 
existencia de un panorama indiciario de discriminación suficiente, que no fue desvirtuado 
por parte de la administración mediante la acreditación de que dicho cese obedeció a 
razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio, dando lugar a 
la declaración de nulidad tanto de la resolución administrativa como de las resoluciones 
judiciales subsiguientes. Sin embargo, considera que el supuesto que da lugar al actual 
recurso de amparo presenta una serie de peculiaridades que impiden la aplicación de 
dicha  doctrina:  se  ha  considerado  acreditado  en  el  seno  de  un  procedimiento 
administrativo  sancionador  que  el  demandante  de  amparo  incurrió  en  actuaciones 
previamente definidas por la norma como constitutivas de una infracción disciplinaria y 
que, siendo responsable de los mismos, merecía ser sancionado en los términos que 
constan en la resolución de fecha 8 de junio de 2016.
c)  Recuerda  a  continuación  que  en  el  ámbito  del  derecho  administrativo 
sancionador –y, por tanto, también en el ámbito disciplinario– está proscrito en nuestro 
ordenamiento el régimen de responsabilidad objetiva (con cita de la STC 76/1990, de 14 
de abril, y del art. 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público). De modo que la exigencia de la necesaria concurrencia de una responsabilidad 
subjetiva en el infractor ha de implicar que deban ser tomadas en consideración todas 
aquellas patologías que pudieran disminuir o, incluso, excluir la responsabilidad subjetiva 
del  infractor.  En  consecuencia,  su  presencia  debe  considerarse  para  valorar  si  el 
presunto  infractor  fue  responsable,  en  cualquiera  de  los  grados  imaginables,  de  la  e
conducta sancionable «a título de dolo o culpa». Esto justifica, a su juicio, que el  bo
apartado 2 del art. 77 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad  97ww
esaxcnecpiotnúaed oraa s dloes l o ecsotanbtelencciidoos oe-na deml ianpisatrrtaatdivoo s1  enin rteelrapcuieósnt ocso n laco cnatrrag a dree slao lupcruioenbeas, 
speagrtúen a eclt ocruaa sl e« pdaerdau azcqau elallo esx ipsrtoecnecsiao sd eju irnisddiciciocsio nfuanledsa deons  qduee  ddisec rlaims inaalecgióanc iopnoer sm doeti vlao 
de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de
una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad». De modo que la discapacidad opera en 
estos casos en la esfera de la «culpabilidad», cuestión que debe ser ajena a todo tipo de 
presunciones,  mientras  que  en  el  resto  de  los  procesos  jurisdiccionales  no  existe 
inconveniente alguno en que rijan reglas presuntivas, como las que se establecen en el 
artículo 77.1 de la citada ley.
Considera el fiscal que por estas razones no puede compartir la tesis de la parte 
demandante de amparo conforme a la cual rige a fortiori y plenamente la llamada 
inversión de la carga de la prueba que establece el art. 77.1 de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad cuando se alegan indicios o sospechas de 
discriminación  por  discapacidad  en  los  procedimientos  administrativos  «por  simple 
aplicación  de  la  conocida  doctrina  constitucional  establecida  en  relación  con  las 
discriminaciones  prohibidas  por  el  artículo  14  CE»,  pues  ni  atiende  a  la  distinta 
naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores respecto del resto de los 
expedientes administrativos ni sería congruente con las disposiciones del artículo 77.1 
y 2 de la ley. En consecuencia, el fiscal concluye que la queja relativa a la vulneración 
por  la  administración  del  derecho  a  la  no  discriminación  (art.  14  CE)  debe  ser 
desestimada, ya que la única línea argumental de la demanda en relación con este 
primer motivo de amparo frente a la resolución sancionadora se fundamenta en que el 
interesado  acreditó  durante  la  tramitación  del  expediente  disciplinario  un  panorama 
indiciario suficiente de discriminación, y que este no fue desvirtuado por parte de la 
administración  mediante  la  acreditación  de  que  la  imposición  de  la  sanción  había 
obedecido a razones objetivas y ajenas por completo a cualquier ánimo discriminatorio.
d)  Prosigue  su  escrito  examinando  la  vulneración  del  mismo  derecho  que  se 
atribuye a la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con los artículos 4.1 y 2, 63 y 64.2 de 
la  Ley  general  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad.  Considera  que  las 
alegaciones  de  la  demanda  en  este  punto  tampoco  pueden  prosperar  porque  la 
sentencia de la Audiencia Nacional motiva su resolución examinando, en primer lugar, el 
acuerdo de los servicios sociales del Gobierno de La Rioja de 10 de febrero de 2016, de 
reconocimiento al interesado de una discapacidad total del 10 por 100 por «trastorno del 
desarrollo de etiología no filiada», y su valoración de conformidad con el contenido del 
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía, concluyendo que la discapacidad 
reconocida comporta por definición la posibilidad de realizar una vida autónoma y una 
actividad laboral normalizada, y que los informes periciales de parte no permiten llegar a 
las consecuencias que extrae el recurrente, sin que pueda extraerse que la referida 
sentencia de la Audiencia Nacional contenga una interpretación contra legem de la 
normativa  aplicable,  y  sin  que  haya  producido  un  efecto  discriminatorio  para  el 
recurrente.
e)  En cuanto a los demás motivos de amparo, el fiscal considera que deben ser 
estimados.  Recuerda  que  tanto  la  sentencia  dictada  por  el  Juzgado  Central  de  lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  6  como  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional 
consideraron nulas las pruebas de los testigos anónimos y del testigo sorpresa por no 
haberse dado intervención en ellas al interesado. Por lo tanto, en la práctica de tales 
diligencias probatorias en el curso del expediente disciplinario se vulneró el derecho del 
demandante  de  amparo  a  un  proceso  con  todas  las  garantías  (artículo  24.2  CE), 
vulneración que se extendió a la propia resolución sancionadora, en tanto en cuanto esta  s
se fundó también en esas declaraciones. Siendo evidente para el fiscal que la resolución  oe.
sancionadora valoró las indicadas pruebas testificales y se basó en ellas para entender  w.
acreditada la conducta sancionada, concluye que la indicada resolución sancionadora  97ww
rdeilsigueltnóc ivaisc iapdroab paotor rilaas ,a ulesseinocniaan ddoe  dpearreticchipoasc isóuns cdeepl tiinbtleerse sdaed oa mepna rlao  pcoráncsttiictuac dioen atal l(eesl 
ldoe qreuceh ao  sau u vne pzr doecetesrom cinoan,  tcoodna sa rlraesg gloa raal natríta. s6 y2 .e1l  ad)e LrePcCh,o l aa  nlau lpidreasdu dnec ipólne ndoe  dineorecechnoci ad)e,   BOE-A-cable e
la resolución sancionadora. Y como la sentencia de la Audiencia Nacional no reparó 
tales  vulneraciones,  dicha  sentencia  habría  infringido  también  iguales  derechos 
fundamentales del recurrente.
9.  Por providencia de 11 de marzo de 2021, se señaló para deliberación y votación 
de la presente sentencia el día 15 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1.  Objeto del recurso de amparo.
El presente recurso de amparo se dirige contra la resolución de la secretaria de 
Estado de Justicia de 8 de junio de 2016, mediante la que se impuso al demandante de 
amparo la sanción disciplinaria de un año y un día de suspensión de empleo y sueldo por 
la comisión de una falta muy grave en aplicación de los arts. 154.7 del Reglamento 
Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales y 468 bis.1 h) LOPJ, así como contra la 
sentencia de 22 de junio de 2017 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  que  declaró  la  resolución  administrativa 
impugnada conforme a derecho.
La demanda denuncia que la administración ha vulnerado: a) el derecho a no sufrir 
discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE), al no haber dado respuesta al 
panorama  indiciario  de  discriminación  por  tal  motivo  y  limitarse  a  considerar  las 
disfunciones en la llevanza o dirección de la oficina judicial en la que el recurrente ejercía 
las funciones de letrado de la administración de justicia, haciendo abstracción de que 
pudieran ser manifestaciones de la discapacidad alegada; b) el derecho a un proceso 
con todas las garantías (art. 24.2 CE) por la utilización de testigos anónimos y de un 
testigo-sorpresa  en  el  marco  del  procedimiento  disciplinario;  y  c)  el  derecho  a  la 
presunción de inocencia del (art. 24.2 CE) por la motivación insuficiente de la resolución 
sancionadora en lo que se refiere a las alegaciones de descargo del expedientado. Por 
lo  que  se  refiere  a  la  sentencia  dictada  por  la  Sección  Tercera  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional,  de  22  de  junio  de  2017,  la 
demanda de amparo le atribuye la vulneración de los mismos derechos fundamentales 
por los motivos que se detallan en los antecedentes.
El abogado del Estado y el ministerio público coinciden en negar que se haya 
producido vulneración del principio de igualdad, pero discrepan en cuanto a la existencia 
de las vulneraciones del art. 24.2 CE denunciadas. El abogado del Estado interesa en 
primer término la inadmisión de la demanda por entender que plantea cuestiones de 
legalidad ordinaria y, en su defecto, la desestimación, por no concurrir lesión de derechos 
fundamentales alguna. El Ministerio Fiscal, por su parte, sostiene que se otorgue el 
amparo por apreciar que la resolución sancionadora objeto de este recurso vulneró el 
derecho fundamental del recurrente a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 
CE) y a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE).
2.  Consideraciones previas.
Antes de entrar al fondo de las pretensiones deducidas en el recurso de amparo 
resulta preciso abordar las siguientes cuestiones:
a)  La excepción de admisibilidad opuesta por el abogado del Estado debe ser 
rechazada. Una vez admitida a trámite la demanda de amparo, la sentencia solo puede  e
acordar la inadmisión del recurso cuando se aprecie posteriormente la concurrencia de  bo
uno de los motivos del art. 50.1 LOTC. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre  97ww
cquuaen sdeo  laol eqguae  efas ltlaan  csaorne nrceiqau diseit ocso not eenxiidgoe nccoianss teitxutcriíonnsaelc adse la  alsau pnrteot e–nys iaóln ,s ecru aensdtao  lloa 
dcueesestsiótimn adceió nf odnedl ore cpularsnote (aedna e–s, tes us enatnidáolis, iSs TCco 1n1d/u1c9i9rá6 , bdiee n2 9a d el ae neesrotim, FaJc i1ó)n.  o  a  la
b)  La presente sentencia no incluye la identificación completa del recurrente, cuyo 
expediente administrativo, así como las resoluciones judiciales impugnadas contienen 
datos personales de salud y relativos a su situación personal, a fin de preservar su 
intimidad. Esta decisión responde a las potestades atribuidas a este tribunal por el 
art. 86.3 LOTC y el Acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015, en materia de protección 
de  datos  de  carácter  personal  en  el  ámbito  de  la  publicación  y  difusión  de  sus 
resoluciones jurisdiccionales [en el mismo sentido, SSTC 132/2016, de 18 de julio, FJ 1 
c); 31/2017, de 27 de febrero, FJ 1 c), y 85/2017, de 3 de julio, FJ 1]. Atendemos de este 
modo, asimismo, a la solicitud del recurrente, contenida en la demanda, que solicitaba 
que su identificación se realizara a través de iniciales elegidas aleatoriamente.
c)  Por  lo  que  se  refiere  a  la  naturaleza  de  esta  demanda,  ha  de  entenderse 
formulada por el cauce del art. 43 LOTC. La demanda se dirige formalmente frente a la 
resolución administrativa que impone la sanción disciplinaria al recurrente y frente a la 
sentencia dictada en el procedimiento contencioso de derechos fundamentales por la 
Audiencia Nacional que declara en apelación que dicha sanción es conforme a derecho. 
Atribuye a ambas la vulneración de los mismos derechos fundamentales del recurrente: 
el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad del art. 14 CE; y los 
derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia del 
art. 24.2 CE. Pero de su lectura atenta se infiere que tales lesiones se imputan en primer 
término, de modo inmediato y directo, a la actuación administrativa del Ministerio de 
Justicia. El reproche que se dirige contra la sentencia judicial no es autónomo, sino que 
radica en el hecho de no haber reparado las lesiones que la demanda imputa en origen a 
la administración al rechazar las alegaciones del recurrente frente a la misma. En este 
tipo de supuestos el tribunal ha venido destacando «el carácter instrumental que tiene la 
vía previa al amparo constitucional en relación con el acto que produjo la vulneración del 
derecho, en tanto que ‘las decisiones producidas en esta vía judicial no han de ser objeto 
de impugnación por la sola razón de no haber estimado la pretensión deducida por el 
recurrente. Estas decisiones desestimatorias no alteran la situación jurídica creada por el 
acto de la administración presuntamente lesivo de un derecho fundamental y no son, por 
tanto, en sí mismas causa de lesión. Otra interpretación llevaría a entender, en definitiva, 
que no hay más actos u omisiones atacables en vía de amparo constitucional que los 
actos u omisiones de los órganos judiciales’ (STC 6/1981, de 6 de marzo, FJ 2)» 
(ATC 51/2010, de 6 de mayo, FJ 1, y STC 75/2019, de 22 de mayo, entre otras muchas).
La  circunstancia  de  que  exista  una  sentencia  de  instancia  total  o  parcialmente 
estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante (como 
ocurre en este caso con la sentencia del juzgado), no conlleva que las lesiones de los 
derechos fundamentales que se alegan puedan imputarse de forma autónoma a la 
sentencia dictada en el marco de un ulterior recurso que resuelva en sentido contrario a 
las alegaciones del recurrente (en este caso, la sentencia de la Audiencia Nacional). Tal 
y como se declara en la STC 28/2014, de 24 de febrero, FJ 2, «la lesión del derecho 
fundamental no desaparece o aparece a lo largo de la vía previa ante la jurisdicción 
ordinaria dependiendo de los distintos pronunciamientos que se vayan sucediendo, sino 
que, con ocasión de la resolución que pone fin a esta vía, quedará reparada o no, en 
cuyo caso el demandante encuentra expedito el acceso ante esta sede (ATC 51/2010, 
de 6 de mayo, FJ 6)». Cabe advertir, por lo demás, que este recurso de amparo se 
presentó dentro del plazo establecido en el art. 43.2 LOTC.
Por otra parte, y en cuanto a «la realidad de los hechos» que se plantean en este 
recurso, tal y como recuerda la STC 56/2019, de 16 de mayo, FJ 3, «cuando este  s
tribunal conoce de la presunta vulneración de un derecho fundamental por parte de una  oe.
autoridad administrativa, en el cauce del art. 43 LOTC, no resultan de aplicación los  w.
límites que establece el art. 44.1 b) LOTC» (STC 93/1992, de 11 de junio, FJ 4). Dicho de  97ww
oatdrmo inmisotdraoc: ióenn,  eesstete t riabsuunnatlo n, oe ens tláo  vcinocnucleardnoie pnoter  laas  vlaaslo rvauclnioenreasc ifoáncetisc aast rriebauliidzaads aas  elan 
leas tjeu riscdaiscoc ióhna no rdqiuneadriaad»o.  Caocmreod istaed oesx po–nmee dmiaánst ea mepl liaemxpeendtiee netne  loasd mainntiesctreadtievnot eys , leans   BOE-A-cable e
actuaciones llevadas a cabo– una serie de hechos y acciones de la administración que el 
recurrente presenta como constitutivos de un panorama indiciario de discriminación por 
razón de discapacidad que imputa a la actuación de la administración.
3.  Vulneración del art. 14 CE: doctrina constitucional en materia de discriminación 
por razón de discapacidad y reparto de la carga de la prueba.
El recurrente alega que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminado por razón 
de  discapacidad  en  los  términos  que  ha  reconocido  la  doctrina  constitucional  (con 
especial referencia a la STC 3/2018, de 22 de enero, FJ 5). Considera, asimismo, que la 
administración no ha dado respuesta al panorama indiciario de discriminación que a su 
juicio revelan los hechos que preceden a la imposición de la medida sancionadora, 
conforme exige la doctrina constitucional en relación con las discriminaciones prohibidas 
por el art. 14 CE (en particular, en la STC 31/2014, de 24 de febrero). Para dar respuesta 
a  esta  alegación  hay  que  partir  de  la  doctrina  constitucional  existente  sobre 
discriminación por razón de discapacidad y sobre el reparto de la carga de la prueba.
a)  La doctrina constitucional sobre discriminación por razón de discapacidad.
La discapacidad constituye una circunstancia personal que el artículo 14 CE protege 
contra cualquier forma de discriminación (tal y como recuerda la STC 3/2018, de 22 de 
enero, con cita, entre otras, de la STC 269/1994, de 3 de octubre). Las medidas que se 
instrumentan  para  procurar  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  integración  social  y 
profesional de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas de acción positiva, 
tienen  una  estrecha  conexión  con  el  mandato  contenido  en  el  artículo  9.2  CE  y, 
específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE que, sin reconocer derechos 
fundamentales, ordena a los poderes públicos realizar una política de integración de las 
personas  con  discapacidades  físicas,  sensoriales  y  psíquicas,  que  les  ampare 
«especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos» (entre otras, las SSTC 10/2014, de 27 de enero, FJ 4, y 18/2017, de 2 de 
febrero, FJ 3).
La aplicación de la cláusula del artículo 10.2 CE conlleva que, en este tipo de casos, 
el tribunal otorgue especial relevancia exegética a la Convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada el 23 
de noviembre de 2007, y cuya entrada en vigor para España se produjo el 3 de mayo 
de 2008. La Convención protege en su artículo 1 a quienes «tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás». Y proscribe en su artículo 2 la «discriminación por motivo 
de discapacidad», ante «cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación 
de ajustes razonables»; señalando el artículo 5.3 que los Estados parte «adoptarán 
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables».
La  STC  3/2018,  de  22  de  enero,  destaca  que  «según  el  Convenio  existe 
discriminación por razón de la discapacidad tanto si se acredita un propósito de causar 
perjuicio a la persona por el mero hecho de ser discapacitada, como si se constata que 
se ha producido un resultado (el «efecto», en palabras del art. 2) debido a la acción de  e.
un  responsable,  que  causa  la  ‘distinción,  exclusión  o  restricción’  de  alguno  de  los  w.
derechos  de  quien  es  discapacitado,  sin  que  tenga  que  concurrir  la  afectación  de  97ww
cnoinngfiuenrea  oat rqau iceirnc utinesntea nac ias up ecrasrognoa le. l Deev itaalrlí ,e lsaa sim bpaorrrtearnacsi ar eqsutreic tlaiv apsr,o pdiea  eCmonpvleeanrc ilóons 
a‘adjuasptteasc iroanzeosn anbelceess’ aqruiaes e yv iatedne ceul aredsausl taqduoe  dnios cimrimpoinnagtoarnio u, neas tcoa ergsa,  ‘ldaess mproodpiofirccaiocinoandeas  oy   BOE-A-cable e
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales’ (art. 2)» (STC 3/2018, de 22 de enero, 
FJ 5).
El modelo de protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad, 
previsto en la Convención de la ONU, tiene reflejo en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Respecto de esta 
disposición,  el  tribunal  ha  subrayado  que  «a  partir  de  una  definición  similar  de  la 
discapacidad en el artículo 4 (aunque emplea el término ‘previsiblemente permanente’, 
en vez de ‘a largo plazo’ de la Convención, y reconoce en todo caso como tal, a la que 
haya sido reconocida en un ‘grado igual o superior al 33 por 100 […]’), se consagra 
también el principio de no discriminación por razón de la discapacidad [art. 3 a)], sea 
directa como indirecta [art. 2 c) y d)], así como la exigencia a las autoridades para la 
adopción de ‘los ajustes razonables’ que se requieran [arts. 2 m) y 66]» [STC 3/2018, 
FJ 5 c)]. Ajustes que se definen como «las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la 
accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos» [art. 2 m)].
El  tribunal  también  ha  observado  que,  en  el  marco  del  Convenio  europeo  de 
derechos humanos (CEDH), el Tribunal de Estrasburgo ha declarado que el principio de 
no  discriminación  consagrado  en  el  artículo  14  CEDH  se  refiere  también  a  los 
discapacitados, a través de la cláusula final de dicho precepto, incluyéndolos dentro de 
los grupos que considera como «particularmente vulnerables» (entre otras, SSTEDH 
de 30 de abril de 2009, asunto Glor c. Suiza, § 80, de 22 de marzo de 2016, asunto 
Guberina c. Croacia, §73, y de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, § 73). 
A tal efecto, reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad como fuente para la interpretación de las garantías del 
Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de 1950 (STEDH de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, 
cit., §74), tomando también de la Convención la exigencia a los Estados parte para que 
adopten  los  «ajustes  razonables»  (que  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos 
denomina «acomodo razonable») que resulten necesarios para evitar la discriminación 
(STEDH de 23 de febrero de 2016, asunto Çam c. Turquía, § 65 y 69).
En relación con el Derecho de la Unión Europea, la STC 3/2008, FJ 5, recuerda que 
el art. 21 de la Carta de derechos fundamentales incluye la discapacidad como uno de 
los factores expresos de protección contra discriminaciones, mientras que el artículo 26 
«reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas» a beneficiarse de 
medidas para su integración. Por su parte, la Decisión 2010/48/CE, del Consejo, de 26 
de noviembre de 2009, ha integrado la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en el ordenamiento de la Unión. Como 
resultado,  el  propio  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  viene  utilizando  la 
Convención ONU de 2006 como fuente interpretativa de la Directiva 2000/78/CE, en 
particular en lo relativo al derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad en 
el  trabajo  [en  este  sentido  SSTJUE  de  11  de  abril  de  2013,  C-335/11  y  C-337/11 
acumulados, asunto HK Danmark y otros, § 37 a 41, 47 y 93; de 18 de marzo de 2014,  s
Gran  Sala,  C-363/12,  asunto  Z.  c.  A  Government  department  and  the  Board  of  oe.
management of a community school, § 76 y 77; de 18 de diciembre de 2014, C-354/13,  w.
asunto Fag og Arbejde (FOA) c. Kommunernes Landsforening (KL), § 53, 54, 64 y 65;  97ww
doetr o1s ,d e§  d4ic2i ema b4re5 , dye  2d0e1 69,  Cde-3 9m5a/1r5zo,  adseu nt2o0 1M7o, haCm-4e0d6 /D15a,o uaidsiu nc.t oB oPoetteysa  PMluislk, oSv.aL . cy. 
Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, § 36].
Por lo que se refiere al derecho a los «ajustes razonables» necesarios para evitar 
situaciones de discriminación, el Tribunal Constitucional ha abordado esta cuestión en 
los ámbitos de la educación, de la tutela judicial y del acceso a la asistencia o servicios 
sociales en los siguientes términos: (i) En relación con el derecho a la educación la 
STC 10/2014, de 27 de enero, estableció que la administración educativa debe tender a 
la escolarización inclusiva de las personas discapacitadas y, tan solo cuando los ajustes 
que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables, podrá 
disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial, debiendo 
en  este  último  caso,  por  respeto  a  los  derechos  fundamentales  y  bienes  jurídicos 
afectados, exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción y considerado 
inviable la integración del menor discapacitado en un centro ordinario (FJ 4). (ii) En 
relación con la salvaguarda del derecho de defensa del presunto discapacitado psíquico 
durante la instrucción penal, la STC 77/2014, de 22 de mayo, declaró que «la existencia 
de  indicios  de  que  dicho  acusado  pueda  sufrir  trastornos  mentales  que  limiten  su 
capacidad de comprensión y, por tanto, de la relevancia de las consecuencias legales de 
su incomparecencia, impone a los órganos judiciales un deber positivo de desarrollar la 
actividad necesaria para despejar cualquier duda al respecto» (FJ 2). (iii) Finalmente, en 
la STC 3/2018 el tribunal estimó el amparo a favor de una persona, con discapacidad 
psíquica severa, a la que por ser mayor de sesenta años se había denegado la inclusión 
en un programa de atención individualizada en un centro de asistencia para personas 
con discapacidad, prescindiendo de toda valoración médica sobre su estado y sus 
necesidades de tratamiento especializado, declarando en este caso que «la exigencia de 
‘ajustes  razonables’  […]  pasaba  justamente  por  asegurar  la  prestación  del  servicio 
asistencial adaptado a sus necesidades de discapacidad; reconociendo la administración 
en el requerimiento efectuado por este tribunal, que dispone de centros para ello»; en un 
caso, además, en el que el aplicador primario de la norma disponía de posibilidades para 
no incurrir en un resultado discriminatorio.
b)  La doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba y su 
aplicación a la administración.
Tal y como declara con carácter general la STC 104/2014, de 23 de junio, FJ 7, «[l]a 
necesidad de garantizar que los derechos fundamentales no sean desconocidos bajo la 
cobertura formal del ejercicio de derechos y facultades reconocidos por las normas, pasa 
por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de 
desvelar la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad solo aparente del acto 
litigioso. […] Dificultades de acreditación como las indicadas, decíamos, han llevado a 
este tribunal a elaborar su doctrina sobre la prueba indiciaria, dirigida a favorecer que se 
desvelen las razones latentes de actos que puedan enmascarar una lesión de derechos 
fundamentales». Precisa también que «[n]o constituye un indicio, sin embargo, la mera 
alegación de la vulneración constitucional, ni una retórica invocación del factor protegido, 
sino un hecho o conjunto de hechos que permita deducir la posibilidad de la lesión. Solo 
una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la 
carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la 
pretendida vulneración, indiciariamente probada, así como que tenían entidad suficiente 
para justificar la decisión adoptada al margen del derecho fundamental alegado. En otro 
caso, el incumplimiento de ese deber probatorio de la parte demandada –que como se 
ha expuesto no supone una inversión de la carga de la prueba, pues nace solo una vez 
que  la  parte  demandante  ha  aportado  indicios  de  la  vulneración  que  denuncia–  e
trasciende  el  ámbito  puramente  procesal  y  determina,  en  última  instancia,  que  los  bo
indicios aportados desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho  97ww
fundSaemgeúnnt ael sstuas tdaonctitvrion aq uceo hnasytiatu sciidoon ainl vcoucaanddoo»  e(Fl Jr e7c).urrente alega una discriminación
pdreo h2i4b iddea  fpeobrr eerlo ,a rFt.J  134– ,C aEp o–retann dloos  intédrimcioinso sra qciuoen arelecso gdee,  deisnctrreim ointraacsió, nla,  cSoTrrCe s3p1o/n2d0e1 4a, 
la empleadora la obligación de rebatirlos justificando que su actuación fue absolutamente
ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 17/2007, de 12 de 
febrero, FJ 4, y 173/2013, de 10 de octubre, FJ 6, entre otras). Pero, incluso si dicha 
intencionalidad discriminatoria no existe, corresponde también al empleador probar que 
la vulneración que se le atribuye no represente objetivamente actos contrarios a la 
prohibición de discriminación (en este sentido, STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 4). 
Esta doctrina se aplica a la discriminación por razón de discapacidad, en tanto que el 
art. 14 CE proscribe todo acto que tenga tanto el propósito como el efecto de lesionar el 
derecho  a  la  igualdad  de  trato  de  las  personas  que  la  padecen.  De  manera  que 
corresponde al empleador, también cuando es una administración, acreditar que sus 
decisiones o actos fueron legítimos y carentes del móvil o efecto discriminatorio que se 
les imputa.
La STC 31/2014, de 24 de febrero, establece además que «para que se produzca 
ese desplazamiento al demandado del onus probandi no basta simplemente con que el 
actor tache la medida de discriminatoria, sino que, además, ha de acreditar la existencia 
de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de su 
alegato (SSTC 136/1996, de 23 de julio, FJ 6, y 48/2002, de 25 de junio, FJ 5)» (FJ 3). 
De modo que si quien invoca la aplicación de la regla de la prueba indiciaria desarrolla 
una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la 
existencia de discriminación, recaerá sobre la parte demandada «la carga de probar la 
existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a 
todo  propósito  lesivo  del  derecho  fundamental  la  decisión  o  práctica  empresarial 
cuestionada,  único  medio  de  destruir  la  apariencia  lesiva  creada  por  tales  indicios 
(STC 2/2009, de 12 de enero, FJ 3)»(STC 31/2014, FJ 3).
Esta doctrina es aplicable en el seno de las relaciones de los empleados públicos y la 
administración como pone de relieve la STC 31/2014, en la que el tribunal declaró que 
opera en supuestos de decisiones discrecionales de una administración como puede ser 
el cese en un puesto de libre designación, cuando tales decisiones son contrarias a los 
derechos fundamentales (STC 98/2003, de 2 de junio, FJ 2), pues «la correlativa libertad 
de cese [que está implícita en la de libre nombramiento] es una libre facultad que, en el 
plano de la constitucionalidad, también queda limitada por el respeto a los derechos 
fundamentales» (SSTC 17/1996, de 7 de febrero, FJ 4, y 202/1997, de 25 de noviembre, 
FJ  6).  Doctrina  que  opera  también  en  el  ámbito  de  cualquier  actuación  de  la 
administración  ya  sea  discrecional  o  reglada,  como  es  el  caso  de  la  adopción  de 
resoluciones  disciplinarias  o  sancionadoras,  como  es  ahora  el  caso,  conforme  se 
examina en el fundamento jurídico 5.
4.  El derecho a no ser discriminado por motivo de discapacidad y los «ajustes 
razonables» en el ámbito del empleo, con especial referencia a la discapacidad mental.
La  adopción  de  los  «ajustes  razonables»  en  el  empleo  desempeña  un  papel 
fundamental a la hora de combatir la discriminación por razón de discapacidad prohibida 
por el art. 14 CE.
Dichos  ajustes  se  integran  en  el  derecho  a  la  igualdad  de  trato  y  a  la  no 
discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  allí  donde  sean  necesarios  para 
garantizar el ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos en el ámbito laboral 
[en este sentido se manifiesta la Observación general núm. 6 (2018) sobre la igualdad y 
la no discriminación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD/C/GC/6)]. Son esenciales, asimismo, para dar cumplimiento a los mandatos que 
los arts. 9.2 y 49 CE imponen a todos los poderes públicos. e
El empleo es, de hecho, una de las esferas en las que la discriminación por motivos  bo
de discapacidad ha sido «tan preeminente como persistente» (Observación general núm.  97ww
C5 uslotubrrael elass  dpee rsNoancaiso nceosn  dUisncidaapsa,c id1a9d9 4d,e l pCáorrmafitoé  d2e0 )D. eLreac hroesle Evacnocnióam  diceo s,lo Sso caiajulestse sy 
erajezrocnicaibol eds ec osmuos  hdeerrraemchieonst ae pna riag ugaalrdaandt izdaer  ac loans dpiceirosnoensa sh cao ns didisoc aspuabcriadyaadd ae l gpoocr e loa 
Convención de la ONU, que incluye en su art. 2 como forma de discriminación por
motivos de discapacidad la «denegación de ajustes razonables»; por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos que se ha hecho eco de tal disposición en su sentencia de 30 de 
enero de 2018, asunto Enver Şahin c. Turquía, declarando expresamente, en el marco 
de la aplicación del art. 14 CEDH, que «la discriminación por razón de discapacidad 
comprende todas las formas de discriminación, incluyendo la denegación de acomodo 
razonable» (§ 60); y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que interpreta el 
art. 2.2 b) de la Directiva 2000/78/CE en el sentido de que el despido por «causas 
objetivas» de un trabajador con discapacidad, debido a que este cumple los criterios de 
selección generales tomados en consideración para determinar a las personas que van a 
ser despedidas –como presentar una productividad inferior a un determinado nivel, una 
menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado índice de 
absentismo–, constituye una discriminación indirecta por motivos de discapacidad, «a no 
ser que el empresario haya realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes 
razonables, en el sentido del artículo 5 de la misma Directiva, a fin de garantizar la 
observancia  del  principio  de  igualdad  de  trato  en  relación  con  las  personas  con 
discapacidades» (STJUE de 11 de septiembre de 2019, asunto DW, C-397/18, § 75).
La Ley general de los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia 
con el art. 14 CE, regula en su art. 35 las garantías del derecho al trabajo, precisando los 
distintos  tipos  de  discriminación  y  las  consecuencias  que  tiene,  en  los  casos  de 
discriminación  indirecta,  la  no  adopción  de  medidas  adecuadas  para  eliminar  las 
desventajas que suponga una disposición, cláusula, pacto o decisión aparentemente 
neutros. Por otra parte, según su art. 63 «se vulnera el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, 
por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o 
indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de 
accesibilidad  y  de  realizar  ajustes  razonables,  así  como  el  incumplimiento  de  las 
medidas de acción positiva legalmente establecidas».
En el ámbito del empleo público, en particular, el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el estatuto básico del empleado público, recoge 
en su art. 59.2 la obligación de cada administración pública de adoptar «las adaptaciones 
y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado 
dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las 
personas con discapacidad».
Teniendo en cuenta el contexto expuesto, actualmente puede llegar a concluirse que 
el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad que consagra el art. 14 CE 
comprende  el  derecho  a  los  ajustes  razonables,  que  no  impongan  una  carga 
desproporcionada o indebida, que son necesarios para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. El 
incumplimiento  de  la  obligación  por  parte  del  empleador  de  adoptar  los  ajustes 
razonables priva de legitimidad la adopción de medidas como el despido o la adopción 
de medidas disciplinarias motivadas en posibles insuficiencias en el desempeño de sus 
funciones por incurrir en discriminación. Aunque tales medidas puedan estar fundadas, 
en principio, en razones objetivas y aparentemente neutras relacionadas con dicho 
desempeño, incurren en discriminación si no se ha garantizado antes la observancia del 
principio de igualdad de trato de las personas discapacitadas mediante los debidos 
ajustes.
Cuando una persona solicita en su empleo ajustes razonables por razón de su 
discapacidad su petición debe ser objeto de consideración desde el momento en que se  s
solicite y se acredite –conforme a la normativa aplicable– el alcance de la discapacidad.  oe.
La  respuesta  del  empleador  debe  ser  expresa  y  estar  debidamente  motivada;  en  w.
particular cuando deniegue los ajustes solicitados por considerarlos desproporcionados o  97ww
ijnudsteifbicidaocsió, ny aq uqeu evu dlnee lroa  cdoicnhtroa rdioe riencchuorr.irá en una denegación tácita carente de la debida
por Leal  colengsistalatadcoiró ne dne  qeul e4 u ndae  pelar soLneay  tiegneen eurnaal  «ddei scdaepreacchidoasd »d een  leals s epnetirdsoo naassu mcidoon   BOE-A-cable e
discapacidad, y la determinación de su alcance, precede lógicamente a la consideración 
y adopción de las medidas necesarias para cumplir con la obligación de proceder a los 
ajustes razonables. Sin embargo, hay que precisar que la obligación de realizar dichos 
ajustes  no  se  limita  únicamente  a  aquellos  casos  en  que  se  soliciten  expresa  y 
formalmente por el afectado; alcanza también a los supuestos en que, aun cuando no se 
haya procedido a su petición formal por la persona que sufre discapacidad, quien deba 
garantizar su derecho a no ser discriminado tenga conocimiento de dicha discapacidad. 
En  esta  línea,  la  observación  general  núm.  6  (2018)  sobre  la  igualdad  y  la  no 
discriminación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Convención de la ONU puntualiza que «la obligación de proporcionar ajustes razonables 
no se limita a situaciones en que una persona con discapacidad haya pedido un ajuste o 
en que se pueda demostrar que el garante de los derechos en cuestión era consciente 
de  que  esa  persona  tenía  una  discapacidad.  También  se  aplica  cuando  el  posible 
garante de los derechos debería haberse dado cuenta de que la persona en cuestión 
tenía una discapacidad que tal vez obligara a realizar ajustes para que esta pudiera 
superar obstáculos al ejercicio de sus derechos» (CRPD/C/GC/6, párrafo 24 in fine; en la 
misma dirección, véanse las conclusiones de la abogada general Eleanor Sharpston, 
de 19 de octubre de 2017, en el asunto Carlos Enrique Ruiz Conejero, C-270/16, 
puntos 39 y 41). En estos últimos casos, ciertamente, el cumplimiento de la obligación de 
proceder a ajustes razonables puede verse obstaculizado o impedido por la falta de 
datos relevantes facilitados por el empleado o empleada, en cuyo caso, y hasta que no 
tenga la información necesaria, tan solo estará en manos del empleador informarle de 
este derecho. Sin embargo, tan pronto como se constate la discapacidad, el empleador 
deberá cumplir con su obligación de garantizar la igualdad de trato y la no discriminación 
de  las  personas  con  discapacidad  a  través  de  los  ajustes  razonables  que  sean 
necesarios y factibles.
El  cumplimiento  de  esta  obligación  responde,  además,  a  una  triple  exigencia 
constitucional cuando quien emplea es la administración pública, dado que por una parte 
debe velar por el respeto del derecho fundamental consagrado en el art. 14 CE y, por 
otra, sobre la misma recaen directamente los mandatos de los arts. 9.2 y 49 CE.
En el caso particular de las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, 
intelectuales o cognitivas, no se puede ignorar que los prejuicios y la discriminación que 
han sufrido secularmente quienes la padecen, constituyen importantes barreras a la hora 
de informar de esta forma de discapacidad en el lugar de trabajo. Barreras a las que, en 
algunos casos, puede sumarse la autopercepción que de la discapacidad pueda tener la 
persona afectada. Se trata de formas de discapacidad menos conocidas y comprendidas 
que las discapacidades físicas, y que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y 
estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables a la 
discriminación. Razón por la que la recomendación sobre la política integrada de salud 
mental, competencias y empleo adoptada por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 14 de diciembre de 2015, a la que se ha 
adherido España, plantea la necesidad de que las autoridades tomen medidas para 
hacer frente a esta realidad. Una realidad que puede dificultar el ejercicio del derecho a 
que se efectúen ajustes razonables en el empleo, esencial para garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades de las personas con discapacidad mental. Por consiguiente, en 
estos  casos  es  particularmente  importante  que  el  empleador  adopte  los  ajustes 
razonables que sean necesarios y adecuados para garantizar su igualdad de trato y no 
discriminación tan pronto como tenga conocimiento de tal discapacidad; y, en todo caso,  s
antes de emprender cualquier acción que pueda ir en menoscabo del empleo y trabajo  oe.
de una persona que la sufre, como lo es en todo caso el despido, la jubilación, o la  w.
imposición de medidas disciplinarias. 97ww
una Edni stocadpoa ccaidsaod,  taenl  permonptleoa cdoomr od eubne t ratebnaejard oern  o cturaebnataja ddoerbai daacmreednittee  lalo es xiosbtesntácciau ldoes 
eraszpoencaífbicleoss  ecno ne ll opsu eqsuteo  edset et raseb aejon fpreanrata  gya rcaunmtipzalirr  cao qnu sieun o lbal ipgaadceiócne  deel  eajdeorcpitcaior  adjeu sstuess   BOE-A-cable e
derechos en el ámbito del empleo en igualdad de condiciones que las demás personas. 
Asimismo, por respeto a los derechos fundamentales y bienes jurídicos afectados, debe 
exteriorizar  debidamente  la  motivación  de  la  decisión  adoptada,  en  particular  si  se 
aprecia la improcedencia o imposibilidad de los ajustes solicitados. En caso contrario, la 
adopción de medidas como el despido o la imposición de una sanción de carácter 
disciplinario, que estén relacionadas con dificultades en el desempeño de sus funciones 
que puedan ser solventadas mediante ajustes razonables, incurrirán en discriminación 
prohibida  por  el  art.  14  CE  aun  cuando  estén  basadas  en  razones  objetivas 
aparentemente neutras.
5.  Vulneración  de  los  arts.  24.2  CE  y  25  CE:  doctrina  constitucional  sobre  el 
principio de culpabilidad y el derecho a la presunción de inocencia.
Este tribunal ha declarado que la Constitución consagra sin duda el principio de 
culpabilidad como principio estructural básico tanto del Derecho penal como del Derecho 
administrativo sancionador [por todas las SSTC 76/1990, de 26 de abril, FFJJ 4 y 5; 
246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2, y 86/2017, de 4 de julio, FJ 5 e)], vinculándolo con 
los arts. 10, 24 y 25 CE (por todas, STC 14/2021, de 28 de enero, FJ 5 y jurisprudencia 
allí citada).
Si bien nuestra doctrina no ha identificado un solo modo de entender el principio de 
culpabilidad, sí ha excluido una comprensión del mismo que permita admitir la existencia 
de un derecho penal «de autor» que determine las penas en atención a la personalidad 
del reo y no según la culpabilidad de este en la comisión de los hechos (por todas, 
STC 150/1991, de 4 de julio, FJ 4). Ello supone que no resulta constitucionalmente 
legítimo tampoco un «derecho sancionador que determina las penas en atención al mero 
resultado  y  sin  atender  a  la  conducta  diligente  del  presunto  sujeto  responsable 
[STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 4 A)]» (STC 14/2021, de 28 de enero, FJ 5).
El principio de culpabilidad, tal y como se entiende en la jurisprudencia constitucional, 
proscribe la responsabilidad sin culpa, exigiendo no solo la autoría de la acción o de la 
omisión sancionables, sino también la necesidad de determinar la presencia de dolo o 
imprudencia. Tal y como se sintetiza en la STC 14/2021, de 28 de enero: «‘Al principio de 
culpabilidad  se  anuda  asimismo  la  proscripción  de  la  responsabilidad  sin  culpa  o 
responsabilidad objetiva en el ámbito del ius puniendi, lo que, además de exigir la 
presencia de dolo o imprudencia, conlleva también la necesidad de determinar la autoría 
de  la  acción  o  de  la  omisión  sancionable  (SSTC  120/1994,  de  25  de  abril,  FJ  2; 
103/1995, de 3 de julio, FJ 3, y 57/2010, de 10 de octubre, FJ 9; ATC 237/2012, de 11 de 
diciembre, FJ 3), así como el principio de la responsabilidad personal por hechos propios 
y no ajenos –principio de la personalidad de la pena o sanción– [SSTC 131/1987, de 20 
de julio, FJ 6; 219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 5; 
246/1991, de 19 de diciembre, FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996, de 28 
de mayo, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ 5; 125/2001, de 4 de junio, FJ 6, y 60/2010, 
de 7 de octubre, FJ 4]’. (STC 185/2014, de 6 de noviembre, FJ 3)» (FJ 5).
En suma, el principio de culpabilidad exige que «la responsabilidad penal surja por la 
realización de un hecho antijurídico doloso imputable a una persona concreta por haber 
quedado así acreditado ‘más allá de toda duda razonable’ [SSTC 81/1998, de 2 de abril, 
FJ 3; 145/2005, de 6 de junio, FJ 5 a), y 141/2006, de 8 de mayo, FJ 3]. Como ha dicho 
este tribunal, el principio de culpabilidad es el elemento ‘que marca la frontera de la 
vindicta con la justicia’ (STC 133/1995, de 25 de septiembre, FJ 2; y en el mismo sentido, 
SSTC 102/1994, de 11 de abril, FJ 3; 34/1996, de 11 de marzo, FJ 3, y ATC 43/1996,  e
de 26 de febrero, FJ 2)» (STC 57/2010, de 4 de octubre, FJ 9). bo
Ha de insistirse, por último, en relación con el principio de culpabilidad, que, en el  97ww
iámmpboistoic idóenl  dDee rseacnhcoio andems ipnoisr treal tmivoe rosa rnecsiuolntaaddoo ry,  esiln p aritnecnipdieor  dae l ac ucolpnadbuilcidtaa dd il«igeexnctluey»e d elal 
presEunn tcou saunjteot oa lr edsepreocnhsoa bale la [ SpTreCs u7n6c/1ió9n9 0d,e d ien o2c6e ndcei aa b(arirl,t .F 2J4 4.2 A C)]E.), que puede plantear
estrechos  vínculos  con  el  principio  de  culpabilidad,  la  doctrina  de  este  tribunal  ha
reconocido que tal derecho es uno de los principios cardinales del Derecho sancionador 
contemporáneo y es consciente de la importancia garantista del mismo, al que considera 
«la principal manifestación constitucional de la especial necesidad de proteger a la 
persona frente a una reacción estatal sancionadora injustificada» (SSTC 141/2006, de 8 
de mayo, FJ 3, y 201/2012, de 12 de noviembre, FJ 4). Como regla, se configura como 
derecho a no sufrir una sanción a menos que la culpabilidad haya quedado establecida 
más allá de toda duda razonable.
En el fundamento jurídico 3 de la STC 185/2014, de 6 de noviembre, se sintetiza el 
contenido del derecho a la presunción de inocencia, poniéndolo claramente en conexión 
con el respeto al principio de culpabilidad, cuando se establece que «como regla de 
tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así 
declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 de junio, FJ 5) y, 
como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho 
del  acusado  a  no  sufrir  una  condena  a  menos  que  la  culpabilidad  haya  quedado 
establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, últimamente, STC 78/2013, 
de 8 de abril, FJ 2). El art. 24.2 CE significa que se presume que los ciudadanos no son 
autores de hechos o conductas tipificadas como delito y que la prueba de la autoría y la 
prueba de la concurrencia de los elementos de tipo delictivo corresponden a quienes, en 
el  correspondiente  proceso  penal,  asumen  la  condición  de  parte  acusadora 
(STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3). Como regla presuntiva supone que ‘el acusado 
llega al juicio como inocente y solo puede salir de él como culpable si su primitiva 
condición  es  desvirtuada  plenamente  a  partir  de  las  pruebas  aportadas  por  las 
acusaciones’ (SSTC 124/2001, de 4 de junio, FJ 9, y 145/2005, FJ 5). La presunción de 
inocencia es, por tanto, una presunción iuris tantum de ausencia de culpabilidad ‘que 
determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier 
persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que 
así se declare en sentencia condenatoria’ (STC 107/1983, de 29 de noviembre, FJ 2)».
6.  Análisis de la pretensión de amparo: apreciación de las lesiones alegadas.
Tal y como se expone de forma detallada en los antecedentes, en el caso concreto 
que da lugar a este recurso de amparo el recurrente reveló padecer síndrome de 
Asperger en el curso del procedimiento disciplinario, y argumentó como defensa ante la 
administración que las deficiencias que se le imputaban en el ejercicio de sus funciones 
se debían a que su discapacidad dificultaba su desempeño, solicitando por ello ajustes 
conforme a la normativa ya expuesta.
Hay que advertir en este punto que queda fuera del ámbito de esta sentencia 
cualquier consideración general sobre la naturaleza del síndrome de Asperger, o sobre el 
grado o supuestos en que puede llegar a limitar de manera significativa la capacidad de 
quien lo padece. Baste aquí con recordar que recientemente la Organización Mundial de 
la Salud ha incluido el síndrome de Asperger en la categoría de «trastornos del espectro 
del  autismo»  (clasificación  internacional  de  enfermedades,  CIE-11,  2018),  y  que 
conforme a la Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medidas integrales 
y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista, las manifestaciones de 
esos trastornos «varían mucho en cuanto a las combinaciones y la gravedad de los 
síntomas», y que las personas que los sufren pueden encontrar «barreras para participar 
en  condiciones  de  igualdad  en  la  sociedad»  y  ser,  en  definitiva,  víctimas  de 
discriminación por razón de discapacidad (WHA67.8, 19-24 de mayo de 2014, pág. 13).
Partiendo de que en este caso estamos, por tanto, ante un trastorno que puede  e
derivar en discapacidad mental, corresponde al tribunal analizar si, tal y como se recoge  bo
en el canon expuesto en los fundamentos precedentes, esa discapacidad debió provocar  97ww
terna blaaj oa, dym siin disetr laac ifóanlt,a  yd en aoj ulost ehsiz pou, duon dae srievraiers ed ela  aimjupsotessib irlaidzaodn adbel ecsu mepnl imeli epnutoe sdtoe  ldaes 
coobnligseaccuioennecsia lsa bsoer acleosn tqeuseta nd eesne necla dperensóe nlat ea preecrtuurrsao  ddeel  eaxmpepdaireon. teE nd isccoinpelinxiaórnio  ccouny alos 
anterior, deberá determinarse si estas circunstancias (la ausencia de ajustes razonables
de la que podría haber derivado una imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones) 
influyen en la observancia del principio de culpabilidad, en la medida en que puedan 
haber hecho imposible respetar una conducta diligente por parte del recurrente en 
amparo. Excluyéndose la imposición de sanciones por el mero resultado, y sin atender a 
si  la  conducta  fue  o  no  diligente,  es  decir,  excluyéndose  la  culpabilidad  en  estos 
supuestos,  la  imposición  de  la  sanción  no  solo  habría  vulnerado  el  principio  de 
culpabilidad ex art. 25.1 CE, sino también el derecho a la presunción de inocencia 
(art. 24.2 CE), que no puede decaer por la imposición de una condena a no ser que la 
culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable.
El recurrente expone en la demanda que en el marco del procedimiento disciplinario 
–en  el  pliego  de  descargo  y  en  las  alegaciones  a  la  propuesta  de  resolución 
sancionadora–,  aportó  un  panorama  indiciario  de  discriminación  por  discapacidad, 
sustentado en una actividad alegatoria precisa, concreta y basada en hechos probados, 
pese a lo cual la administración se abstuvo de dar una respuesta suficiente y razonable a 
los indicios aportados, tal y como exige la doctrina constitucional sobre el reparto de la 
carga de la prueba ya expuesta en el fundamento jurídico 3 b). Afirma que la resolución 
sancionadora se limitó a considerar las disfunciones en la llevanza o dirección de la 
oficina  judicial,  haciendo  abstracción  de  que  pudieran  ser  manifestaciones  de  la 
discapacidad que sufre por padecer síndrome de Asperger, partiendo del sofisma de que 
al  no  ser  declarado  como  «totalmente  incapacitado»  por  el  informe  del  equipo  de 
valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), está 
«totalmente posibilitado» para las funciones que desempeña en su puesto de trabajo.
Pues  bien,  teniendo  en  cuenta  la  doctrina  contenida  en  los  fundamentos 
precedentes, es posible estimar las pretensiones deducidas en la demanda de amparo.
a)  La ausencia de respuesta suficiente y razonable a las alegaciones del recurrente 
en el pliego de descargo, relacionadas con los indicios de estar sufriendo discriminación 
por razón de su situación personal, supone en este caso, tal y como aprecia el Ministerio 
Fiscal, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), al influir 
de manera directa sobre la aplicación del principio de culpabilidad (art. 25.1 CE). Si bien 
la administración ha acreditado suficientemente la concurrencia del elemento objetivo del 
tipo de la infracción que se le imputa al recurrente mediante los diversos informes y actas 
de inspección emitidos, no cabe apreciar lo mismo en relación con el elemento subjetivo 
de la infracción: el recurrente aportó informe psiquiátrico, y propuso a la administración la 
práctica de prueba de descargo que esta acordó no practicar. Sí utilizó, por el contrario, 
declaración de testigos anónimos, vulnerando el derecho a un proceso con todas las 
garantías, conforme a nuestra consolidada doctrina (por todas, véase la STC 75/2013, 
de 8 de abril, FJ 5).
Posteriormente, el recurrente aportó certificado administrativo acreditando en aquel 
momento una discapacidad, ciertamente menor. Sin embargo, la administración dio por 
acreditada la existencia de negligencia en los términos ya expuestos sin dar respuesta 
expresa a las alegaciones que ponían en cuestión la plena concurrencia del elemento 
subjetivo de la culpabilidad por razón de la discapacidad aducida, ni valorar la prueba de 
descargo que el recurrente ofrecía.
En este caso, además, la administración pudo advertir tempranamente indicios de 
que  don  A.M.Z.  experimentaba  dificultades  particulares  que  menoscababan  su 
capacidad  para  desempeñar  correctamente  sus  funciones  como  letrado  de  la 
administración  de  justicia  (como  las  asociadas  al  uso  de  nuevos  instrumentos  o 
tecnologías  o  de  índole  relacional).  De  hecho,  la  afirmación  de  la  resolución  e.
sancionadora según la cual «se ha podido comprobar una importante corrección de las  w.b
disfunciones detectadas» (fundamento jurídico 9), pero destacando que para ello fue  97ww
ninescpeescacriióon  dayr  streagsulaimdoie natlo  le–treand o cudyeo  lam aadrmcoin itsutrvaoc iólung adre  ajulgstuicniaa  daec clioósn  inpfuonrmtueasl  ddee 
irnesgtirsutcrocsió na dsmobinries tlraa tlilveovsa nazl as deerv ilcai oc udeen tlaa  daed mcoinnissitgrancaicóino ndees  jyu sdteicl iasi,s tceommao  instee gproandeo  ddee 
manifiesto en el expediente administrativo–, arroja dudas sobre si la adopción de ciertos
ajustes razonables no podría haber solventado o al menos mitigado las dificultades que 
experimentaba el recurrente en relación con estos aspectos técnicos. La administración 
debió llegar, en definitiva, a un convencimiento sobre la culpabilidad del responsable 
«más allá de toda duda razonable» (en este sentido, véase, STC 185/2014, de 6 de 
noviembre,  FJ  3),  valorando  la  prueba  de  descargo  aportada,  y  explicando 
suficientemente su aceptación o rechazo (conforme exige también la STC 74/2007, 
de  16  de  abril,  FJ  3).  Al  no  hacerlo,  y  proceder  en  los  términos  expuestos,  la 
administración vulneró también el derecho a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como el principio de culpabilidad (art. 25.1 
CE), pues no se llegaron a valorar todos los elementos necesarios para calificar como no 
diligente la conducta del recurrente en amparo. La consecuencia de todo ello fue la 
imposición de una sanción por el mero resultado producido.
b)  La falta de valoración de todos los elementos presentes en el supuesto de hecho 
tiene su origen en la inadecuada inversión de la carga de la prueba, que debería haberse 
realizado  desde  el  momento  en  que  el  recurrente  invocó  indicios  suficientes  de 
discriminación.
La doctrina de la inversión de la carga de la prueba, en los términos expuestos en el 
fundamento jurídico 3 b), opera en el ámbito de cualquier actuación de la administración 
ya sea en ejercicio de potestades discrecionales o regladas, como es el caso de la 
adopción de resoluciones disciplinarias o sancionadoras.
En este caso, la excepción a la inversión de la carga de la prueba para los procesos 
penales o sancionadores contencioso-administrativos, prevista en el art. 77.2 de la Ley 
general  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  ha  de  ser  objeto  de  una 
interpretación estricta y conforme a la doctrina constitucional arriba expuesta, de manera 
que no es aplicable en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario o 
sancionador en detrimento de las personas con discapacidad que acrediten la existencia 
de  indicios  que  generen  una  razonable  sospecha,  apariencia  o  presunción  de 
discriminación.  Dicha  excepción,  prevista  únicamente  para  los  procesos  judiciales 
penales o contencioso-administrativos sancionadores, está vinculada a la preservación 
del  derecho  a  la  presunción  de  inocencia  cuando  los  poderes  públicos  ejercen  su 
potestad punitiva o sancionadora frente a conductas a las que se impute o atribuya 
discriminación por razón de discapacidad (como las tipificadas en el título III de la citada 
ley).
Supuestos en los que, en efecto, los tribunales y las administraciones deben actuar 
siempre con pleno respeto al derecho de defensa y a la presunción de inocencia, y en 
los que les compete en todo caso probar que, junto a los elementos objetivos del ilícito 
concurren también los elementos subjetivos determinantes de la culpabilidad de aquel al 
que se le imputa la infracción en cuestión. Ello sin perjuicio de que, conforme a la 
doctrina general de este tribunal sobre la prueba indiciaria, «el derecho a la presunción 
de inocencia se destruye cuando un tribunal independiente, imparcial y establecido por la 
Ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las 
garantías al cual se aporte una suficiente prueba de cargo sin que a ello se oponga que 
la  convicción  del  órgano  sancionador  se  logre  a  través  de  la  denominada  prueba 
indiciaria» (STC 135/2008, de 26 de mayo, y las allí citadas). En definitiva, el apartado 2 
del art. 77 de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad no puede 
interpretarse en el sentido de que impide el reparto de la carga de la prueba, conforme a 
la  doctrina  constitucional  expuesta,  cuando  se  alega  un  panorama  indiciario  de 
discriminación  por  discapacidad  que  genere  una  razonable  sospecha,  apariencia  o  s
presunción a favor de dicho alegato frente a una administración que actúa en ejercicio de  oe.
su potestad disciplinaria o sancionadora. w.
c)  En  este  caso,  el  recurrente  desarrolló,  ya  en  el  marco  del  procedimiento  97ww
aednm toinrnisot raa tilvao e xdiisstceipnlciniaa rdioe,  inudniac ioasc tdiveid daidsc arilmeginaatociróian  spuofri criaeznótenm deen dteis cparepcaicsiad ayd  csoonbcrree tlaa 
baadsmein diset rlaocsi óhne clah ocsa rpgrao bdaed odse sdveirstcuraitro esn e enl  lmosa arcnote dcee ddeicnhteos p. rDocee mdiamnieernat oq uceu arleqcuaieíar  deund laa   BOE-A-cable e
fundada sobre la existencia de discriminación. Carga que compete en primer término a la 
administración y que no puede ser suplida a posteriori en el marco de los procedimientos 
judiciales ulteriores en línea con la argumentación de la abogacía del Estado.
En la contestación al pliego de cargos formulado el 2 de septiembre de 2015 el 
recurrente alegó sufrir síndrome de Asperger (información que se había reservado, 
según alega, por considerarla perteneciente a su intimidad). Aportó entonces informe del 
psiquiatra que venía tratándole desde el año 2002 con tal diagnóstico, y accedió a 
someterse a un reconocimiento por psiquiatra designado por la administración para 
confirmarlo (ofrecimiento que fue rechazado por la instructora del procedimiento). Invocó, 
asimismo, el derecho a ajustes razonables en su puesto de trabajo para solventar las 
dificultades que experimentaba. Por otra parte, argumentó también que los servicios y 
órganos de la administración de justicia que intervinieron en este procedimiento eran 
conscientes de que tenía algún tipo de discapacidad, afirmación que el recurrente infería 
de los siguientes hechos que constan en el expediente administrativo en los términos 
detallados en los antecedentes: (i) las manifestaciones del secretario de gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y de las inspectoras en las que se vierten dudas 
sobre su capacidad y aptitud para llevar a cabo las funciones que le competente como 
letrado  de  la  administración  de  justicia;  (ii)  la  iniciación  de  oficio  a  propuesta  del 
secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja del procedimiento 
para jubilarle por incapacidad permanente, que no prosperó por emitir el equipo de 
valoración  de  incapacidades  del  (INSS)  un  informe  negativo;  (iii)  la  incoación  a 
continuación  de  un  procedimiento  disciplinario,  tratando  como  una  cuestión  de 
indisciplina  lo  que  antes  se  dudaba  que  lo  fuera,  en  cuyo  seno  solicitó  ajustes 
razonables, y en el que denunció la falta de valoración de las alegaciones y pruebas de 
descargo, así como la falta de consideración de su solicitud de ajustes razonables.
En la demanda de amparo pone de manifiesto que, posteriormente, antes de que 
recayese resolución definitiva, dio cuenta a la administración de la resolución de 10 de 
febrero de 2016 del Gobierno de La Rioja reconociéndole un «trastorno del desarrollo de 
etiología no filiada», con una discapacidad del 10 por 100. Y que en la resolución 
sancionadora se afirma que «se ha podido comprobar una importante corrección de las 
disfunciones detectadas», pero que para ello fue necesario dar traslado al letrado de la 
administración de justicia de los informes de inspección y seguimiento (constando en una 
de las actas de inspección una acción puntual de instrucción al recurrente sobre la 
llevanza  de  la  cuenta  de  consignaciones  y  del  sistema  integrado  de  registros 
administrativos al servicio de la administración de justicia), lo que la demanda considera 
también como un indicio de que era posible proceder a ajustes razonables para solventar 
las dificultades que experimentaba el recurrente en estos aspectos técnicos.
d)  Ante ello la administración estaba obligada a aportar una prueba precisa y 
suficiente  de  que  la  sanción  del  demandante  de  amparo  tuvo  causas  reales 
absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales. Sin 
embargo, frente a las alegaciones de don A.M.Z. en el procedimiento disciplinario, la 
respuesta que dio la administración fue la de considerar acreditada la concurrencia de 
negligencia como elemento subjetivo de la infracción. Negligencia que se fundamenta en 
el informe del equipo de valoración de incapacidades del INSS sobre cuya base se 
descarta «que la razón de las disfunciones del inspeccionado sea médica», concluyendo 
que «el inspeccionado incumplió de forma reiterada con las funciones inherentes a su 
cargo como letrado de la administración de justicia». Cabe recordar que dicho informe 
declaraba, en el marco concreto de un procedimiento de oficio para su jubilación por  s
incapacidad, que el recurrente no se veía afectado «por una lesión o proceso patológico,  oe.
estabilizado e irreversible o de incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para  w.
las funciones que desempeña». De esta conclusión («no está afectado por lesión o  97ww
cporoncfoersmo ep aatol lóegqicuoip o[…  d] eq uvea lleo riamcpióons ibdileit ei ntoctaaplmaceindtaed»e)s,  lad oand m[iAn.isMtr.aZc.]i óne sitnáf ietroet aqlmuee n«tsei 
pirroesgibuillaitariddaod epsa rdae tleacst adfuansc ipoonre es l sqeurev icdioe sdeem ipnespñeac ceiónn  sdue l pCuGesPtJo  yd peo sttrearbioarjmo,e ndtee  plaosr   BOE-A-cable e
el seguimiento del secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 
sería responsable directo don [A.M.Z.]» (fundamento de Derecho 2). Y concluye, a 
continuación, que en la instrucción del expediente ha quedado probada una reiterada 
negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones, constitutiva de 
falta disciplinaria tipificada en el artículo 154.7 del Reglamento Orgánico del cuerpo de 
secretarios judiciales.
Tal motivación no da una respuesta al panorama indiciario aportado por el recurrente 
que pueda considerarse razonable o suficiente. No es razonable porque parte de una 
premisa falsa, y no es suficiente porque no da una respuesta expresa a la cuestión de la 
discapacidad alegada:
(i)  La resolución de la administración parte de la premisa de que el informe emitido 
en el curso de un proceso de jubilación del recurrente iniciado de oficio, descarta 
totalmente  que  las  deficiencias  en  el  desempeño  de  sus  funciones  «tengan  origen 
médico». Es más, fundamenta en el informe del equipo de valoración de incapacidades 
una  afirmación  que  no  tiene  base  en  el  mismo:  que  don  A.M.Z.  «está  totalmente 
posibilitado para las funciones que desempeña en su puesto de trabajo». Como alega el 
recurrente, de este argumento sofista se infiere que él sería «responsable directo» de las 
irregularidades  detectadas  y,  por  tanto,  que  concurre  negligencia  como  elemento 
subjetivo del tipo infractor. Pero tal argumento es irrazonable porque la administración 
deriva la negligencia del recurrente de la afirmación de que está «totalmente posibilitado 
para las funciones que desempeña», conclusión que no se sustentan en el tenor literal 
del informe en el que se apoya la administración. El hecho de que una persona no esté 
totalmente imposibilitada para ejercer una actividad profesional, que es lo que afirma el 
informe del equipo de valoración de incapacidades, no es óbice para que experimente 
obstáculos o barreras en el ejercicio de la misma debido a una discapacidad.
(ii)  La  motivación  de  la  administración  es  insuficiente  porque  no  responde 
expresamente,  ni  en  el  marco  del  procedimiento  disciplinario  ni  en  la  resolución 
sancionadora, a las alegaciones de discapacidad por padecer síndrome de Asperger, ni 
a la petición de ajustes razonables que el recurrente solicita por considerarlos necesarios 
para eliminar de las barreras que experimenta y garantizar su desempeño en la vida 
profesional  en  igualdad  de  condiciones  con  los  demás  trabajadores.  Sin  embargo, 
conforme a la doctrina arriba expuesta, una vez el recurrente aporta un panorama 
indiciario  suficiente,  corresponderá  a  la  administración  dar  respuesta  expresa  y 
adecuadamente fundada a dicho alegato, desvirtuando en su caso la pertinencia o 
necesidad de ajustes razonables, y justificando que la actuación respondía a razones 
objetivas, ajenas a cualquier ánimo o resultado discriminatorio. En todo caso, y por 
respeto a los derechos fundamentales y bienes jurídicos afectados, en este caso la 
administración debió exteriorizar de forma fundada los motivos por los que rechazó los 
alegatos de discriminación del recurrente y la petición de ajustes razonables, y por los 
que decidió seguir adelante con el procedimiento disciplinario.
Hemos de recordar, una vez más, que la administración pública ha de actuar siempre 
con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE), sin asomo de 
arbitrariedad (art. 9.3 CE), por lo que tiene la obligación de acreditar la regularidad de 
sus actos cuando por parte de sus empleados se haya ofrecido un principio de prueba 
indicativo de una posible vulneración de un derecho fundamental (STC 111/2003, de 16 
de junio, FJ 5). Es evidente que es la propia administración quien, en este caso, podía y 
debía  desvirtuar  la  afirmación  del  recurrente  de  amparo,  acreditando  que  tuvo  en  e
consideración la discapacidad y el derecho a los ajustes razonables que invocó el  bo
recurrente y su correlativa obligación, y que la resolución adoptada obedeció a razones  97ww
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7.  Conclusión: otorgamiento del amparo.
Las  consideraciones  hasta  aquí  expuestas  conducen  a  apreciar  que  se  han 
vulnerado tanto el derecho del recurrente a la igualdad de trato y no discriminación por 
razón de discapacidad (art. 14 CE), como sus derechos a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), así como al principio de legalidad 
penal en su vertiente del principio de culpabilidad (art. 25.1 CE), lo que determina la 
estimación  del  recurso  de  amparo,  y,  consiguientemente,  la  declaración  de  nulidad 
radical de la resolución administrativa sancionadora dictada por la secretaria de Estado 
de Justicia, por delegación del Ministro de Justicia, con fecha 8 de junio de 2016, e, 
igualmente, de las resoluciones judiciales confirmatorias de aquella que no repararon los 
derechos fundamentales concernidos, todo ello con la consiguiente reposición del actor 
en la situación en que se encontraba antes de la imposición de la sanción, instando a la 
administración a que adopte las medidas de ajuste razonable a las que se refiere el 
fundamento jurídico 4 de esta resolución.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por don A.M.Z., y, en su virtud:
1.º  Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a la igualdad de trato y 
no discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE), y los derechos a un proceso 
con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y el principio de 
culpabilidad (art. 25.1 CE).
2.º  Reestablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 
resolución de la secretaria de Estado de justicia (por delegación del ministro de Justicia) 
de 8 de junio de 2016; de la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo núm. 6 en el recurso núm. 134-2016 (derechos fundamentales), con fecha 
de 11 de noviembre de 2016; y de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de junio de 2017, dictada en 
el recurso de apelación (derechos fundamentales) núm. 2-2017.
3.º  Ordenar la reposición del actor a la situación en que se encontraba antes de la 
imposición de la sanción, sin perjuicio de los derechos adquiridos por el recurrente en el 
momento actual, para que la administración adopte las medidas oportunas teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el fundamento jurídico 4.
Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a quince de marzo de dos mil veintiuno.–Juan José González 
Rivas.–Andrés  Ollero  Tassara.–Santiago  Martínez-Vares  García.–Alfredo  Montoya 
Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y 
rubricado.