BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 113 Jueves 23 de abril de 2020 Sec. III.   Pág. 29771
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
4596 Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/
205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de 
aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con arreglo 
a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y la 
Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios 
para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de 
residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de 
ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.
I
El artículo 5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
dispone  que  mediante  una  orden  ministerial  se  pueden  establecer  los  criterios 
específicos que deben cumplir determinados residuos que hayan sido sometidos a una 
operación  de  valorización,  incluido  el  reciclado,  para  que  puedan  dejar  de  ser 
considerados como residuos.
En  aplicación  del  citado  artículo,  el  extinto  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, en ausencia de una normativa comunitaria, elaboró y 
publicó en 2018, la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen 
los  criterios  para  determinar  cuándo  el  aceite  usado  procesado  procedente  del 
tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y la Orden 
APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para 
su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio.
El objetivo fundamental de la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, es regular los 
criterios que determinan cuándo el aceite usado tratado procedente del tratamiento de 
aceites usados, usado como combustible en cualquier instalación deja de ser residuo 
con arreglo a la Ley, asegurando la protección de la salud humana y del medio ambiente.
Por su parte, el objetivo fundamental de la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, 
es  regular  los  criterios  que  determinan  cuándo  el  fuel  recuperado  procedente  del 
tratamiento  de  residuos  MARPOL  tipo  C  que  es  destinado  para  ese  mismo  uso 
(combustible  en  buques)  deja  de  ser  residuo  con  arreglo  a  la  Ley,  asegurando  la 
protección de la salud humana y del medio ambiente.
Ambas órdenes establecen requisitos relativos a los residuos admisibles y a los 
tratamientos  exigidos  que  incluyen  tratamientos  del  residuo  orientados  a  distintos 
objetivos: reducir el contenido en agua, reducir el contenido en sedimentos y reducir el 
contenido en metales pesados, así como los requisitos a cumplir por el combustible  e.
recuperado y los valores límite de contaminantes que no deben ser superados. Los  w.b
criterios de fin de condición de residuo regulados en ambas órdenes serán válidos para  96ww
todoA esli mteirsrmitoor,i ol adse ló Erdsetandeos. puntualizaban que tanto el fuel recuperado como el aceite
cuosnatdinou atrraíatand os ieqnudeo  nroe sciduumopsl,i erdaenb iecnodno  logse srteioqnuaisrsiteo s ceosntfaobrmleeci doasl  reéng imlaesn  mjuisrmídaicso, 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de forma que si se destinan a instalaciones
para su valorización energética, estas instalaciones deberán cumplir lo establecido en el 
capítulo IV del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el 
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, con el fin de asegurar la protección ambiental 
que proporciona esta normativa.
II
En la disposición transitoria única de sendas órdenes se preveían dos plazos de 
adaptación  para  las  instalaciones  de  tratamiento  de  este  tipo  de  residuos.  Las 
instalaciones y las personas físicas o jurídicas que quisieran obtener fuel recuperado o 
aceite usado tratado conforme a dichas órdenes disponían por un lado, de cuatro meses 
para solicitar a la administración autonómica competente la revisión de su autorización 
sobre operaciones de tratamiento de residuos, indicando su intención de aplicar los 
criterios de fin de la condición de residuo establecidos y para solicitar la revisión de la 
autorización ambiental integrada, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación.
Por otro lado, sendas disposiciones determinaban otro plazo de veinticuatro meses 
desde la entrada en vigor de las órdenes, a partir del cual sólo se podía comercializar 
como producto los combustibles obtenidos a partir de esos dos tipos de residuos que 
cumplan con todo lo establecido en la orden correspondiente.
Transcurridos los cuatro meses correspondientes al primero de los plazos, en los que 
se debía comunicar a las autoridades autonómicas por parte de las instalaciones su 
interés  en  acogerse  a  lo  dispuesto  en  ambas  órdenes,  la  gran  mayoría  de  las 
instalaciones afectadas llevaron a cabo su solicitud de revisión. Es preciso puntualizar 
que  estas  plantas  están  sometidas  a  la  autorización  conforme  al  Real  Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
No obstante, una vez transcurrido el plazo establecido de veinticuatro meses desde 
la entrada en vigor de ambas órdenes ministeriales, se ha constatado que algunas 
instalaciones  aún  están  a  la  espera  de  que  se  resuelvan  las  revisiones  de  sus 
autorizaciones  ambientales  integradas  por  parte  de  las  autoridades  autonómicas 
competentes.
En este contexto, no deja de ser perentoria la entrada en vigor de las exigencias 
recogidas en las órdenes ministeriales, en la medida en que establecen necesarios 
estándares ambientales para los combustibles obtenidos a partir de aceites usados y 
residuos MARPOL tipo C. Pero las consecuencias socioeconómicas negativas derivadas 
de  no  disponer  de  la  preceptiva  autorización  a  tiempo  no  puede  recaer  en  los 
operadores,  que  no  pueden  verse  privados  de  poder  comercializar  este  tipo  de 
combustibles, a causa de una demora en la resolución de los expedientes de aprobación 
de las autorizaciones ambientales integradas.
Por ello, dado que hay que tener en cuenta que, una vez que se conceda la 
autorización ambiental, es necesario un margen de tiempo adicional para acometer las 
obras o modificaciones preceptivas en las instalaciones, se ha apreciado la necesidad de 
establecer, con carácter excepcional, un plazo de tiempo adicional, limitado a doce 
meses  y  de  carácter  improrrogable,  para  permitir  llevar  a  cabo  dichas  obras  o 
modificaciones.
III oe.
En  consecuencia,  esta  orden  modifica  las  órdenes  ministeriales  APM/205/2018,  96ww
adme p2l2ia dceió nfe bdreel rpol ayz Ao PpMar/2a0 l6a/ 2a0d1a8p,t adcei ó2n2  ddee  lfaesb rinesrota, lcaocnio neel sú nqicuoe  oqbujiestiievroa nd eo bptreenveerr  ufuneal 
rpelaczuop edrea d3o6  mo easceesit ee nu lsuagdaor  dtreal tpaldaoz oc oinnicfoiarmlmee nat ed picrheavsis tóor ddeen 2e4s ,m qeusee sd.ispondrán de un
Esta orden se adecua a los principios de buena regulación, conforme a lo previsto en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con los principios de necesidad y eficacia, la orden se fundamenta 
en la adecuada protección del medio ambiente ya que fomenta la adecuada gestión de 
los residuos objeto de la misma.
Esta norma cumple con el principio de proporcionalidad, ya que regula los aspectos 
imprescindibles para el fin que persigue, que es el de determinar qué tipo de residuos 
han de seguir qué tipo de tratamientos y han de cumplir qué tipo de especificaciones 
para poder permitir que vuelvan a ser introducidos en el ciclo productivo, como producto 
y no como residuo.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico nacional y comunitario, y permite aclarar la condición de 
producto de esos aceites usados y esos residuos MARPOL tipo C, cuando hayan sido 
tratados adecuadamente y cumplan lo establecido en su orden de fin de condición de 
residuo correspondiente. Esto supone un marco normativo estable, predecible, integrado 
y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de los sectores.
También se adecua a los principios de transparencia y eficiencia, puesto que se han 
seguido escrupulosamente todos los trámites de información y audiencia públicas y 
contribuye a la eficiencia en la Administración.
La norma ha sido sometida al trámite de información pública y a consulta de las 
entidades representativas de los sectores afectados, ha sido remitida a la Comisión de 
coordinación en materia de residuos para su consulta a las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, en aplicación de las 
previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, dispongo:
Artículo primero.  Modificación de la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que 
se  establecen  los  criterios  para  determinar  cuándo  el  aceite  usado  procesado 
procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de 
ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados.
El apartado 2 de la disposición transitoria única de la Orden APM/205/2018, de 22 de 
febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado 
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible 
deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, queda redactado en los siguientes términos:
«2.  A los treinta y seis meses de la entrada en vigor de esta orden, sólo se 
podrá comercializar como producto el aceite usado procesado para su uso como 
combustible que cumpla lo establecido en esta orden. Este plazo se reducirá a 
cuatro meses desde la entrada en vigor de la orden, en los casos en que no se 
haya procedido a solicitar la revisión de la autorización.
Este plazo se reducirá a veinticuatro meses desde la entrada en vigor de esta  e
orden, en aquellos casos en los que los gestores de aceites usados que, aun  bo
habiendo presentado su solicitud de revisión de la autorización en el plazo citado  96ww
dscsuooe ml isccuouitnlauicitddri.toa»u ddm  eqasuueets ól,ne noso mh haau ybari eecsroapmne curtenivsicapa odnyod  ifdodoricm haaa ll omsae urnettoqeru ildeaar iadmu iteocnortindosasi ddd eecr oesm ubpdseeatseninsattciedi óadn e  dsluea    OE-A-2020-45able en https://
Artículo segundo.  Modificación de la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que 
se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del 
tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como combustible en buques 
deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.
El apartado 2 de la disposición transitoria única de la Orden APM/206/2018, de 22 de 
febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado 
procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como combustible 
en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, queda redactado en los siguientes términos:
«2.  A los treinta y seis meses de la entrada en vigor de esta orden, sólo se 
podrá  comercializar  como  producto  el  fuel  recuperado  para  su  uso  como 
combustible en buques que cumpla lo establecido en esta orden. Este plazo se 
reducirá a cuatro meses desde la entrada en vigor de la orden, en los casos en 
que no se haya procedido a solicitar la revisión de la autorización.
Este plazo se reducirá a veinticuatro meses desde la entrada en vigor de esta 
orden, en aquellos casos en los que los gestores de estos residuos que, aun 
habiendo presentado su solicitud de revisión de la autorización en el plazo citado 
de cuatro meses, no hubieran respondido a los requerimientos de subsanación de 
su solicitud que les haya comunicado formalmente la autoridad competente de la 
comunidad  autónoma  respectiva  y  dicha  autoridad  considere  desistida  su 
solicitud.»
Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Madrid, 20 de abril de 2020.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez.