BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Lunes 6 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 47996
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
7343 Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica  y  Fe  Pública,  en  el  recurso  interpuesto  contra  la  negativa  del 
registrador de la propiedad de Alicante n.º 4 a inscribir una escritura de 
partición de herencia otorgada en Francia.
En el recurso interpuesto por don A. M. M. R. contra la negativa del registrador de la 
Propiedad de Alicante número 4, don Constancio Villaplana García, a inscribir una 
escritura de partición de herencia otorgada en Ambares (Gironde, Francia).
Hechos
I
Mediante escritura autorizada en Ambares (Gironde, Francia) por el notario don 
Romain Illhe, se procedió a la partición hereditaria de los bienes relictos, en Francia y 
España, por el causante, don J. C. T.
II
Presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Alicante número 4, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación:
«Nota de calificación desfavorable
Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por la Ley 24/2001 de 27 de 
diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario: El Registrador de la Propiedad 
que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado por don A. M. M. 
R., a las 10:00 horas del día 23/10/2019, asiento número 825, del diario 99, número de 
entrada 5196 que corresponde al documento otorgado por el Notario de Ambares don 
Romain Illhe, con el número 13106/2014 de su protocolo, de fecha 18/08/2014, ha 
resuelto no practicar los asientos solicitados sobre la base de lo siguiente:
Hechos.
Se  presenta,  redactada  en  lengua  francesa,  debidamente  apostillada  y  con 
traducción jurada al español, copia auténtica de escritura de partición de la herencia de 
D.  J.  C.  T.,  de  nacionalidad  francesa,  fallecido  el  19  de  marzo  de  2013,  escritura 
autorizada el 18 de agosto de 2014 por el notario don Romain Illhe, con residencia en 
Ambares (Gironde).
Se dice en la escritura que la delación sucesoria se produce en virtud de testamento 
ológrafo que ha sido objeto de un proceso verbal, acta, de depósito autorizada por el 
notario don Romain Illhe, el 18 de agosto de 2014.
Intervienen: como heredera, no compareciente y debidamente representada por D.ª 
F. M. S. E. K., la madre del causante D.ª S. P., de nacionalidad francesa; y, como 
legatario, D. A. M. R., compareciente, y nacido y residente en España. e.
El notario identifica a los comparecientes, pero no emite juicio de capacidad de los  w.b
mismos. 43ww
escrSiteu raa cdoem ppaarñtiaci ópno dr ef ohteorceonpciaia ,a eustecnrittioc afidrma apdoor  eenl  Anloictaarniote  feral n2c4é dse  ajuuntoiori zdaen t2e0 1d4e  elan 
el quSee  Da.cªo Sm. pPa. ñaap oddoecruam ae lnat oS raac. rKe.ditativo de la liquidación del Impuesto de Sucesiones
español.
Fundamentos de Derecho.
I.  Dispone el art. 1 del Reglamento UE 650/2012, del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de  4  de  julio  de  2012,  relativo  a  la  competencia,  la  ley  aplicable,  el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 
certificado  sucesorio  europeo,  lo  siguiente:  “Ámbito  de  aplicación.  1.  El  presente 
Reglamento  se  aplicará  a  las  sucesiones  por  causa  de  muerte.  (...).  2.  Quedarán 
excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: (...) I) cualquier inscripción 
de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos 
legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de 
inscripción de tales derechos en el mismo”. Dispone el art. 58 de la Ley 29/2015, de 30 
de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, que “el procedimiento 
registral”, los requisitos legales y los efectos de los asientos registrales se someterán, en 
todo caso a las normas del Derecho español”. A la vista de esta normativa, declaró la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 26-7-2016 que 
“los requisitos y práctica de los asientos, como el conjunto de la actividad registral, es 
competencia exclusiva del Estado en el que radique el inmueble”.
Ello significa que, con independencia de cuál sea la ley sustantiva aplicable a la 
sucesión de una persona (en el presente caso, la ley francesa, art. 9.1 del Código Civil 
español), los requisitos registrales para obtener la inscripción de la sucesión en el 
Registro de la Propiedad español serán los establecidos por la ley española, que, como 
principio básico exige que la documentación presentada a Registro sea auténtica (es 
decir, autorizada por funcionario público y en original, no en fotocopia; conforme al art. 3 
de la Ley Hipotecaria) y, si dicha documentación es extranjera, que esté apostillada 
(art. 36 del Reglamento Hipotecaria) y con su correspondiente traducción al español 
(art. 37 del Reglamento Hipotecario).
II.  Establece la disposición adicional tercera de la Ley 15/2015, de Jurisdicción 
Voluntaria,  que  para  que  un  documento  no  judicial  otorgado  en  el  extranjero  sea 
inscribible en el Registro de la Propiedad será preciso, aparte otros requisitos, que haya 
sido autorizado por notario o funcionario público competente con arreglo a la legislación 
del Estado de que se trate, y que dicho notario o funcionario haya intervenido en la 
confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñen 
las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más 
próximos efectos en el país de origen. Dispone por su parte el art. 60 de la Ley 29/2015, 
de cooperación jurídica internacional en materia civil, que “los documentos públicos 
extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en los registros públicos españoles si 
cumplen los requisitos establecidos en la legislación específica aplicable y siempre que 
la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando 
funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la matera 
de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen”.
Según el art. 14 de la Ley Hipotecaria, la condición de herederos podrá acreditarse, 
entre otros documentos, mediante testamento, acta notarial de declaración de herederos 
o certificado sucesorio europeo previsto en el Reglamento UE 650/2012.
En fin, salvo en los casos excepcionales legalmente admitidos, los documentos a 
inscribir en el Registro habrán de ser públicos (art. 3 de la Ley Hipotecaria), que además 
habrán de presentarse en original, no en fotocopia (resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 8-1‑2002, 2-3-2004, 17-12-2014 y 25-5-2015), y, 
tratándose de documentos extranjeros, debidamente legalizados o apostillados (art. 36  e.
del Reglamento Hipotecario). w.b
III.  Tiene  declarado  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  43ww
(lare sLoelyu cdioen eEsn djueic 1ia9m-2ie-2n0to0 4C yiv 2il6, -q2u-2e0 0q8u)i,e sno berne  Elas bpaasñea  daele lgoa d iuspnuae lsetyo  eenx teral najret.r a2 8d1e bdee 
dperol bRarelag,l apmrueenbtoa  qHuiep optueecadreio e, feecst uadresceir ,p oinr faolrgmuen od dee  nloost amrioe dioo sc pórnesvuisl toess peanñ eoll , arot . d3e6 
diplomático, cónsul o funcionario extranjero competente; teniendo en cuenta que (tal y
como declaró la propia Dirección General de los Registros y del Notariado en sus 
resoluciones de 20-1-2011, 15-2-2016, 17-5-2017 y 5-3-2018, así como el Juzgado de la 
Instancia n.º 31 de Madrid en su sentencia de 14-2-2012, y la Audiencia Provincial de 
Madrid en la de 23-4-2012, sentencias ambas dictadas en juicios verbales planteados 
directamente contra calificación registral negativa) el informe no puede limitarse a una 
mera reproducción de los textos legales afectantes al asunto, sino que el informante ha 
de hacer una interpretación del sentido y alcance de dichos textos legales, en relación 
con la cuestión concreta que se trata de acreditar. Recalcó en fin la Dirección General en 
su  resolución  de  28-10-2015  que  esta  doctrina  no  se  ha  visto  alterada  por  la 
Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil.
IV.  Según el art. 1280.5.º del Código Civil, deberán constar en escritura pública los 
poderes que tengan por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura 
pública.
V.  Resulta del art. 254 de la Ley Hipotecaria, para poder inscribir en el Registro una 
sucesión hereditaria es necesario acreditar el Número de Identificación de Extranjero 
(NIE) asignado por las autoridades españolas a los herederos.
VI.  Aplicadas todas las anteriores consideraciones al presente caso resulta que, 
para poder inscribir la partición de la herencia de D. J. C. T., será preciso:
– acreditar que, con arreglo al Derecho francés, el hecho de que, en una escritura de 
partición de herencia, el notario no haga declaración específica de capacidad de los 
intervinientes no priva al documento por él autorizado de su condición de escritura 
pública. Esta acreditación puede realizarse mediante el informe previsto en el art. 36 del 
Reglamento Hipotecario, en los términos anteriormente reseñados.
– aportar el acta notarial de 18 de agosto de 2014, de protocolización del testamento 
ológrafo del causante de la herencia.
– acreditar el fallecimiento del causante.
– acreditar que, con arreglo al Derecho francés, el testamento ológrafo del causante 
es el que ha de regir su sucesión. Esta acreditación puede realizarse mediante el informe 
previsto  en  el  art.  36  del  Reglamento  Hipotecario,  en  los  términos  anteriormente 
reseñados.
– aportar escritura de poder de la Sra. P. a la Sra. K.
– aportar el NIE de la Sra. P.
– aportar el NIE (o DNI, si fuera de nacionalidad española) del Sr. M.
Y en consecuencia se procede a la suspensión de los asientos solicitados del 
documento mencionado.
Contra esta calificación (…)
Alicante, seis de noviembre del año dos mil diecinueve El Registrador (firma ilegible) 
Fdo.: Constancio Villaplana García.»
III
Contra la anterior nota de calificación, don A. M. M. R. interpuso recurso el día 9 de 
diciembre de 2019 en el que alegaba los siguientes fundamentos jurídicos:
El documento notarial de partición hereditaria contiene mención expresa al poder que 
otorgó doña S. P. a doña F. M. S. E. K. en Alicante y su traducción, indicando que el  e
documento que doña S. P. no se encuentra presente pero está representada por doña F.  bo
M. S. E. K. conforme a documento adjuntado. Se acompaña al recurso traducción de su  43ww
pFrroatnocciao.li zEal cdióonc uemne nlato  edsec priaturtriac iócna lriefipcaroddau. ceF ueel  tebsatsatmanetnet op oalróag rianfsoc. rHibair  dleo sb absiteanre cso meno 
parcotato dceo lidzeaccliaórna.c iAódnj udnet ah earel dreecrousrs yo  scuo tpraiad udcecl ióanc.t aE ld tee sftaalmleecnimtoie onltóog. raAfdoj usnotbar ea el lr qeucuer ssoe 
solicita informe bastó para inscribir un bien inmueble en Francia. A doña S. P. no se le
adjudica bien alguno en España, por lo que entiende que no hace falta el Número de 
Identidad de Extranjero. Adjunta copia de su Número de Identificación Fiscal.
IV
El día 16 de diciembre de 2019, el registrador de la Propiedad de Alicante número 4 
emitió informe y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado. En dicho informe destacaba que, por economía procesal, se admitía como 
recurso de los contemplados en los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria el 
denominado por el recurrente «recurso de reposición». Asimismo, señalaba la aplicación 
del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en la admisión del recurso presentado en el 
siguiente día hábil a la expiración del plazo.
Fundamentos de Derecho
Vistos  los  artículos  30  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 83 del Reglamento (UE) n.º 
650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; 9.8, 10.1 y 10.11 del Código 
Civil;  14  y  254.2  de  la  Ley  Hipotecaria;  36  y  76  del  Reglamento  Hipotecario;  la 
disposición  adicional  tercera  de  la  Ley  15/2015,  de  2  de  julio,  de  la  Jurisdicción 
Voluntaria; 56, 57 y 60 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional  en  materia  civil,  y  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado de 11 de junio de 1999, 4 de septiembre de 2007, 25 de marzo 
de 2010, 15 de octubre de 2015, 15 de febrero y 26 de julio de 2016 y 7 de septiembre 
de 2018, entre otras,
1.  Se pretende la inscripción de un documento, otorgado ante notario francés, de 
partición  de  herencia  entre  la  madre  del  difunto,  legitimaria  y  heredera  legal,  y  el 
legatario universal de los bienes.
El causante, según indica el documento calificado, falleció antes del 17 de agosto 
de 2015, por lo que la sucesión se rige por su ley nacional, que es la francesa.
2.  El registrador observa diversos defectos que impiden la inscripción todos ellos de 
carácter subsanable. Para su subsanación, como bien indica éste y reiterada doctrina de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, el escrito de recurso no es el 
cauce adecuado.
3.  El primer defecto se refiere a la prueba del hecho según el cual, con arreglo al 
Derecho  francés,  en  una  escritura  de  partición  de  herencia,  si  el  notario  no  hace 
declaración  específica  de  la  capacidad  de  los  intervinientes,  no  queda  privado  el 
documento por él autorizado de su condición de escritura pública.
El defecto debe ser apreciado. Con independencia de la fecha del fallecimiento del 
causante, ya sea antes o después de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, 
deberá ser observada la equivalencia formal y material entre el documento notarial 
otorgado fuera de España y el otorgado por notario español.
Esa equivalencia ha de suponer que el documento refleja adecuadamente los juicios 
de identificación, capacidad y suficiencia de la representación, este último, en su caso,  e.e
de los otorgantes. No es exigible sin embargo que tales juicios se realicen en idéntica  b
forma a la exigida para el documento español, siendo suficiente una certificación o  43ww
daepcliclaarbalcei ósne an oetaqruiaivla ole lnat eo.b Asesrí vfaunec iinad dicea cduoa, lhqaucieer  motáras  fdoerm vae iqnutee  asñeogsú np olar  llae yR eexstoraluncjeiórna 
yd etr 1a1s  dlae  pjuronfiuon ddea  1r9e9fo9r,m cao nd ere 2la0c1ió5n p aule jdueic imo adnet ecnaeprasceid caodn n aodtaarpiatal ceinó ne la D eesrteac hnoo ramleamtiváan. 
Por ello, como afirma el registrador en la calificación impugnada, debe acreditarse
conforme al artículo 36 del Reglamento Hipotecario que, con arreglo al Derecho francés, 
el  hecho  de  que,  en  una  escritura  de  partición  de  herencia,  el  notario  no  haga 
declaración específica de capacidad de los intervinientes no priva al documento por él 
autorizado de su condición de documento público notarial, a fin de que pueda permitir a 
la autoridad española realizar el juicio de equivalencia, previsto en la Ley 29/2015.
4.  En efecto, claramente indica el artículo 60 de la Ley 29/2015, de cooperación 
jurídica internacional en materia civil, que la equivalencia tiene lugar sólo si se cumplen 
los  requisitos  establecidos  en  la  legislación  específica  aplicable  y  siempre  que  la 
autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando 
funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia 
de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen.
En relación con el Registro de la Propiedad tanto conforme al artículo 2.2, letra l) -no 
aplicable por la fecha de fallecimiento del testador-, como en base a la Ley 29/2015, 
artículo  58,  queda  reservada  a  la  legislación  nacional  la  fijación  de  los  requisitos 
materiales y formales de los títulos inscribibles dentro de los requisitos legales para la 
práctica de los asientos así los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de 
tales derechos en el mismo.
El  procedimiento  registral  es  competencia  exclusiva  de  la  ley  española,  cuyas 
normas son de aplicación preferente, conforme establece la letra f) de la disposición 
adicional primera de la Ley 29/2015, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en 
dicha ley: «Las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, así como del Código de 
Comercio y del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento  del  Registro  Mercantil,  reguladoras  de  la  inscripción  de  documentos 
extranjeros en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley».
5.  Por tanto, el Derecho español puede establecer los requisitos que considere 
adecuados para la inscripción en forma compatible con el Derecho europeo. Así fue 
señalado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2017, C -342/2015, 
Piringer, que recuerda la compatibilidad del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea con la normativa de un Estado miembro al establecer requisitos 
necesarios en la constitución o transferencia de derecho reales inmobiliarios. Entre estos 
requisitos esta la equivalencia formal y material del documento notarial extranjero con el 
otorgado ante notario español.
Sin  embargo,  el  artículo  710  del  Código  Civil  francés  -que  se  mantiene,  sin 
derogación formal, tras la entrada en aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012- dice 
en su párrafo primero que «para dar lugar a las formalidades de publicidad inmobiliaria-, 
todo acto o derecho debe resultar de un acto recibido en forma auténtica por un notario 
ejerciente en Francia, de una decisión judicial o de un documento auténtico expedido por 
una autoridad administrativa».
6.  La  subsanación,  aun  referida  a  los  aspectos  instrumentales  del  documento 
extranjero y no en este caso a la ley aplicable, que no se discute en la calificación, puede 
hacerse como señala el registrador mediante informe de notario o cónsul español, o de 
diplomático, cónsul o funcionario extranjero competente; teniendo en cuenta que éste no 
puede limitarse a una mera reproducción de los textos legales afectantes al asunto, sino 
que el informante ha de hacer una interpretación del sentido y alcance de dichos textos 
legales, en relación con la cuestión concreta que se trata de acreditar. Doctrina que, 
ciertamente, la Resolución de 28 de octubre de 2015, recuerda que no se ha visto 
alterada por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil. s
7.  Un segundo defecto, es la falta de aportación del acta notarial de 18 de agosto  oe.
de 2014, de protocolización del testamento ológrafo del causante de la herencia. w.
No  se  discute  la  validez  de  tal  disposición  «mortis  causa»  en  cuanto  es  una  43ww
mLao dHaaliydaa dd eco 5n odceid ao cetnu barem bdoes  1E9s6t1a d(ossin,  srieesnedrov alo sa lgduonsa p aarl tirceipsapnetcetos )e yn  terla Ctáonndvoesnei ou dnea 
sucesión abierta con anterioridad al Reglamento (UE) n.º 650/2012 (vid. artículo 75.2).
Sin  embargo,  constituyendo  en  España  la  adveración  y  protocolización  del 
testamento ológrafo un expediente desjudicializado ligado a los actos de jurisdicción 
voluntaria -la competencia es exclusivamente notarial-, es de aplicación la disposición 
adicional tercera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, relativa a 
la inscripción en los Registros públicos de documentos públicos extranjeros.
Este precepto señala en su párrafo in fine que el régimen jurídico contemplado en el 
presente artículo para las resoluciones dictadas por autoridades no judiciales extranjeras 
será aplicable a las resoluciones pronunciadas por órganos judiciales extranjeros en 
materias cuya competencia corresponda, según esta ley, al conocimiento de autoridades 
españolas no judiciales.
La disposición adicional tercera de la Ley 15/2015 es aplicable, por tanto, por razón 
de  especialidad,  a  este  concreto  documento  notarial,  protocolización  de  testamento 
ológrafo, cumulativamente con el artículo 60 de la Ley 29/2015, que conduce asimismo 
al principio de equivalencia funcional, que una vez presentado en el Registro de la 
Propiedad, será valorada por el registrador.
8.  Careciendo la Ley 15/2015 de una disposición transitoria especifica en relación a 
los documentos extranjeros, se estará a lo prevenido en la disposición transitoria única 
de la Ley 29/2015, de 30 de junio, que habrá de entenderse aplicable en relación a la 
presentación de documentos en los registros.
Conforme a esta norma, el Título V de la ley (donde se sitúa el artículo 60) se 
aplicará  a  las  demandas  de  exequátur  que  se  presenten  ante  los  órganos 
jurisdiccionales  españoles  (entendiéndose  aplicable  en  caso  de  reconocimiento 
incidental ante el registrador y ejecución por la inscripción) con posterioridad a la entrada 
en vigor de la ley, con independencia de la fecha en que se hubiese dictado la resolución 
extranjera.
Por ello ha de confirmarse el defecto junto al que indica que impide la inscripción la 
falta de acreditación o prueba de que, con arreglo al Derecho francés, el testamento 
ológrafo del causante es el que ha de regir su sucesión.
Esta  prueba  puede  realizarse,  como  indica  el  registrador,  mediante  el  informe 
previsto en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, en los términos anteriormente 
reseñados.
9.  Tampoco ha sido acreditado documentalmente el fallecimiento del causante. 
Obviamente es el primer requisito para la inscripción de la adjudicación hereditaria. Para 
ello se puede recurrir alternativamente a la expedición de certificación por funcionario 
habilitado  apostillada  y  traducida;  al  sistema  previsto  en  el  Convenio  de  Viena 
(Instrumento de ratificación de 30 de enero de 1980, del Convenio número 16 de la 
Comisión Internacional del Estado Civil sobre expedición de certificaciones plurilingües 
de las actas del Registro Civil, hecho en Viena el 8 de septiembre de 1976) del que son 
parte España y Francia, o bien si la certificación es expedida con posterioridad al 16 de 
febrero de 2019, al Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos 
simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la 
Unión  Europea  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (UE)  n.º  1024/2012, 
acompañando impreso estándar multilingüe (artículo 8).
Siendo  necesario  en  todo  caso  la  presentación  del  certificado  emitido  por  el 
Ministerio de Justica español (artículo 76 del Reglamento Hipotecario).
Tratándose  de  sucesión  abierta  antes  del  17  de  agosto  de  2015,  es  asimismo 
relevante que documento notarial de partición alude, a la consulta que ha hecho el  s
notario al fichero central notarial de últimas voluntades del que resulta la inexistencia de  oe.
otra disposición de última voluntad en Francia. w.
10.  Impide la inscripción, asimismo, el defecto observado según el cual no se ha  43ww
aporStaed hoa ecsec raitluusraió dne e pno edle tri tduelo d coañlaif icSa. dPo.  aa  duonñ ad oFc. uMm. eSn.t oE .d Ke. apoderamiento en que se
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mediar sometimiento expreso, que no consta en el documento, se rige por la ley del país 
en donde se ejerciten las facultades conferidas.
Siendo aplicable el artículo 1280.5 del Código Civil español, deberán constar en 
escritura pública los poderes que tengan por objeto un acto redactado o que deba 
redactarse en escritura pública.
Por lo tanto, debe acreditarse el otorgamiento de ésta o bien la ratificación de lo 
actuado con igual forma.
11.  Finalmente se señala un doble defecto de carácter fiscal relativo a la ausencia 
de presentación de los documentos acreditativos del Número de Identidad de Extranjero 
(o D.N.I. -N.I.F. vigente- si fuera español) del adquirente de los bienes en España y de la 
legitimaria, heredera legal, que no adquiere bien alguno en nuestro país.
Siendo indudable la necesidad de su aportación tratándose del legatario de los 
bienes inmuebles en España, mayores dudas suscita la necesidad de su aportación en el 
caso  de  la  legataria  que  nada  recibe  en  nuestro  país,  dándose  por  pagada  en  el 
documento calificado con efectivo metálico, procedente de cuentas bancarias en Francia 
y del pago del legatario, cuyo N.I.F. o N.I.E. debe ser aportado.
12.  Una interpretación lógica y finalista del artículo 254 de la Ley Hipotecaria - 
evitar el fraude que pueda afectar a los bienes inmuebles y a sus rentas, controlando el 
verdadero titular de los mismos- conduciría a la hermenéutica restrictiva del precepto 
según la cual la información fiscal exigible se limita a quien acepte una sucesión en 
España de bienes objeto de inscripción, careciendo de sentido la importante carga 
adicional de la obtención de N.I.E. a quien nada adquiere en España, siempre que quede 
acreditado el flujo de pagos el documento calificado.
Por ello, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado ha 
matizado esta obligación.
La Resolución de 13 de diciembre de 2010, no exige el N.I.E. de los legatarios de 
bienes muebles de escaso valor -haciendo hincapié en la desproporción de la solicitud-.
Sin embargo, la posterior Resolución de 15 de octubre de 2015, señaló que: «si el 
legislador hubiera querido limitar tal obligación, al menos en el ámbito del Registro de la 
Propiedad, a los supuestos de transmisión o adquisición de derechos sobre bienes 
inmuebles  lo  hubiera  hecho  así  dando  al  artículo  254  de  la  Ley  Hipotecaria  una 
redacción distinta de la que figura en los demás textos legales citados».
La referencia se realiza al artículo 29 de la Ley General Tributaria -que establece 
entre las obligaciones formales a cargo de los obligados tributarios, deudores o no del 
tributo, la obligación de solicitar y utilizar el Número de Identificación Fiscal en sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria-, obligación que se desarrolla en 
el Real Decreto 1065/2007, artículo 27.2.c) frente al artículos 254 de la Ley Hipotecaria 
(como  el  artículo  23  de  la  Ley  del  Notariado  y  el  artículo  156.5.ª  del  Reglamento 
Notarial).
No existiendo diferencia apreciable entre ambos supuestos, mientras no exista una 
base legal para modificar la doctrina de este Centro Directivo, debe confirmarse la 
obligatoriedad de su constancia en el documento notarial, siendo su omisión un defecto 
subsanable.
Su subsanación exigirá, por tanto, bien el otorgamiento de escritura complementaria 
por el notario autorizante del título calificado, o bien escritura pública en España, pues 
como recuerda la Resolución de 13 de octubre de 2015, en relación con la falta de 
constancia de N.I.E. de obligados siendo defecto subsanable, la constancia en escritura 
pública debe ser exigida, aunque el documento haya sido otorgado fuera de España. s
Esto es así, en cuanto la ley del lugar de situación del inmueble («lex rei sitae»),  oe.
conduce a la aplicación de la ley española respecto de los requisitos exigibles para  w.
producir  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  español,  conforme  a  los  43ww
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uno de ellos, según ha quedado señalado.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación impugnada.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 6 de marzo de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.