BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216 Martes 11 de agosto de 2020 Sec. III.   Pág. 68107
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
9516 Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado, por la que se 
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la 
realización  de  las  pruebas  de  acceso  a  la  profesión  de  abogacía  y 
procuraduría en lengua cooficial.
Con fecha 14 de julio de 2020 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de 
Justicia y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la 
realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogacía y procuraduría en la 
lengua cooficial.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 30 de julio de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero Miguel.
ANEXO
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Administración General de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la realización de las pruebas de acceso 
a la profesión de abogacía y procuraduría en la lengua cooficial
Madrid, 14 de julio de 2020.
REUNIDOS
El Ministro de Justicia, señor don Juan Carlos Campo Moreno, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros 
del  Gobierno,  y  en  uso  de  las  competencias  que  le  corresponden  en  virtud  del 
artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Consejera de Trabajo y Justicia, señora doña María Jesús Carmen San José 
López, en virtud del artículo 16 y la disposición adicional décima del Decreto 24/2016, 
de 26 de noviembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la 
Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  y  de  determinación  de 
funciones  y  áreas  de  actuación  de  los  mismo,  así  como  del  artículo  único  del 
Decreto 36/2016, de 26 de noviembre, de nombramiento de la Consejera de Trabajo y 
Justicia.
Las  partes  se  reconocen  mutuamente  plena  capacidad  de  actuar  en  la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de colaboración y, 
a tal fin,
MANIFIESTAN
Primero. e
El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de  w.
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colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que
prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución 
garantiza a la ciudadanía.
Segundo.
Conforme al apartado primero del artículo 3 de la Constitución Española el castellano 
es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el derecho y el deber de 
conocer y usar. Asimismo, en el apartado segundo se establece «que las demás lenguas 
serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos».
El Estatuto de Autonomía de País Vasco (artículo 6) reconoce en su territorio, el 
carácter oficial de su lengua, el euskera, que junto al castellano, el ciudadano tiene el 
derecho de conocer y usar.
Tercero.
Las Comunidades Autónomas, con lenguas cooficiales en nuestro territorio, vienen 
mostrando su interés en la realización de la prueba en la lengua cooficial propia.
Asimismo,  la  Administración  General  del  Estado  viene  realizando  un  importante 
esfuerzo de impulso del uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la organización y 
funcionamiento administrativo; y se quiere seguir en esta línea en esta evaluación para el 
ejercicio de las profesiones de abogacía y de procuraduría, la cual posibilita el ejercicio de 
una profesión privada y no el acceso a un puesto o cargo dentro de las Administraciones 
Públicas.
Por todo ello se considera necesario instrumentalizar un mecanismo que asegure la 
realización de la prueba de acceso a las profesiones de abogacía y de procuraduría en 
las lenguas cooficiales dentro de su respectivo ámbito y al tiempo, se asegure el respeto 
a principios esenciales, inherentes a dicha evaluación: que la prueba tenga carácter 
único e idéntico para todo el territorio español, la confidencialidad del contenido del 
examen durante todo el proceso, así como la calidad de la traducción.
Cuarto.
Precisamente, para avalar la tutela de estos principios se ha estimado conveniente 
proceder a la firma de este convenio, en el que queden claramente delimitadas las 
obligaciones por cada una de las partes.
En su virtud, suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.  Objeto y compromisos de las partes.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ministerio de Justicia para facultar que la 
prueba de acceso al ejercicio de las profesiones de abogacía y procuraduría pueda 
hacerse, indistintamente, en castellano o en euskera, en función de la libre decisión del 
aspirante, en los términos que se fijen en las normas establecidas en la convocatoria.
Sobre  la  base  de  dicho  objeto,  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  se 
compromete  a  garantizar  que  los  servicios  de  traducción  dependientes  de  dicha  e.e
Administración realicen la traducción de la prueba al euskera, guardando la debida  b
confidencialidad del contenido de dicha prueba. A tal objeto, la traducción se realizará en  16ww
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prueba, así como a facilitar a los aspirantes, que realicen el examen en dicha Comunidad
Autónoma, las plantillas en lengua cooficial el día de la realización de la prueba de 
acceso.
Segunda.  Condiciones y requisitos generales del examen.
En todo caso, el desarrollo del examen de acceso a las profesiones de abogacía y de 
procuraduría queda sujeto a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones  de  abogacía  y  de  procuraduría  de  los  Tribunales;  al  Reglamento  de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por las Órdenes 
Ministeriales que regulen las convocatorias respectivas para las pruebas de evaluación 
de aptitud profesional, o por la normativa estatal que sustituya o complemente a las 
anteriores.
Tercera.  Financiación.
El  presente  convenio  no  conlleva  obligaciones  financieras  o  contraprestación 
económica entre las partes.
Cuarta.  Comisión de seguimiento y control.
Para  el  adecuado  seguimiento,  coordinación,  control  e  interpretación  de  lo 
establecido en el presente convenio, se creará una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por cuatro miembros designados, dos por el Ministerio de Justicia y dos por la 
Comunidad del País Vasco. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo 
proponga cualquiera de las partes.
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a)  Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio.
b)  Impulsar  la  adopción  de  las  medidas  y  acciones  necesarias  para  el  mejor 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
c)  Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas.
La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones 
y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público respecto al 
funcionamiento de los órganos colegiados.
La  Comisión  será  presidida  de  forma  rotatoria  y  anualmente  por  uno  de  los 
representantes  en  la  Comisión  de  cada  uno  de  los  firmantes,  comenzando  por  el 
representante del Ministerio de Justicia de mayor rango.
Quinta.  Efectos del convenio.
El presente Convenio de colaboración tendrá efectos de cuatro años naturales a 
partir  de  su  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  en  los  términos  del 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
una  vez  inscrito  en  el  registro  electrónico  estatal  de  órganos  e  instrumentos  de 
cooperación del sector público estatal, y será prorrogable a su término por igual periodo 
mediante adenda expresa, que deberá formalizarse con un mes de antelación a la 
expiración del Convenio.
Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa  s
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración. oe.
Sexta.  Modificación del convenio. 16ww
El presente convenio podrá ser objeto de revisión y modificación, por acuerdo mutuo
de las partes, mediante la firma de la correspondiente adenda.
Séptima.  Causas de extinción.
El  presente  convenio  se  extingue  por  el  cumplimiento  de  las  actuaciones  que 
constituye su objeto o por incurrir en las siguientes causas de resolución:
a)  El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  convenio  sin  haberse  acordado  la 
prórroga del mismo.
b)  El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento  para  que  cumpla  en  un  determinado  plazo  con  las  obligaciones  o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento paritaria y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d)  Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este convenio o en 
la ley.
En el supuesto de resolución del Convenio y en el caso de existir actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán 
acordar  la  continuación  y  finalización  de  las  mismas,  estableciendo  un  plazo 
improrrogable para su finalización.
Octava.  Naturaleza del convenio y resolución de controversias.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y 
Control prevista en la cláusula cuarta. Una vez agotada esa vía, el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Novena.  Transparencia.
Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b. de la Ley 19/2013 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, el presente Convenio 
será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España.
Décima.  Protección de datos de carácter personal.
Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la 
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  s
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como  oe.
consecuencia del desarrollo del presente Convenio. A tal fin cumplirán lo previsto en la  w.
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vigencia. Ambas partes consienten que los datos personales derivados del contenido del
presente Convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de cada una de ellas  Bc
con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los 
términos  establecidos  legalmente  mediante  comunicación  al  domicilio  social  de  la 
respectiva entidad.
Y,  de  conformidad  con  cuanto  antecede,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  que 
legalmente  corresponden  a  cada  uno  de  los  firmantes,  obligando  con  ello  a  las 
Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en 
el lugar y fecha señalados al principio.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo 
Moreno.–La Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, María Jesús Carmen San José López.