BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Miércoles 25 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 104660
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
14917 Resolución  de  12  de  noviembre  de  2020,  de  la  Dirección  General  de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa 
del registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4 a inscribir la adjudicación de 
la nuda propiedad de determinado bien inmueble que consta en sentencia de 
divorcio.
En el recurso interpuesto por doña F.A.R. contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Sabadell número 4, don José María Pérez Visus, a inscribir la adjudicación 
de la nuda propiedad de determinado bien inmueble que consta en sentencia de divorcio.
Hechos
I
Por sentencia dictada el 1 de diciembre de 2010 en el procedimiento de divorcio 
contencioso 634/2010 se dictó el siguiente fallo:
«Acuerdo  aprobar  el  acuerdo  manifestado  por  las  partes  y,  en  consecuencia, 
decretar el divorcio de los cónyuges R.C.B. y F.A.R. y establecer como efectos del mismo 
los siguientes:
(…) El uso del que venía constituyendo el domicilio familiar, sito en (…), se atribuye a 
F. A. R., siendo la propiedad de la misma correspondiente a ambos ex cónyuges». 
R.C.B. adjudica a F. A. R., que la acepta, la nuda propiedad de la vivienda sita en (…), 
correspondiendo a R.C.B. el usufructo sobe la misma.
R.C.B. abonará a F. A. R., en concepto de pensión compensatoria, la mitad de la 
pensión de jubilación correspondiente al mismo, tanto de la pensión mensual como de 
las pagas extraordinarias que le correspondan.»
II
El dos de julio del dos mil veinte, se presentó en el citado Registro de la Propiedad 
testimonio de dicha sentencia expedido el 20 de diciembre de 2010 por la Letrada de la 
Administración de Justicia del referido Juzgado, y fue objeto de la siguiente calificación:
«Registre de la Propietat de Sabadell 4
(…) Referencia: Entrada 3655. Asiento 1182, libro Diario: 85.
Asunto: Notificación de calificación negativa.
Datos documento:
Autoridad: Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Sabadell.
Fecha: 20/12/2010.
Procedimiento divorcio contencioso, n.º: 634/2010. s
José María Pérez Visus, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de bienes Muebles  oe.
de España, Registrador titular del Registro de la Propiedad número Cuatro de Sabadell: 917www.
notifDiceo  coqnufeo rmeli daddo ccuomn elonsto a rptírceusloesn t1a9d ob ish ya  3s2i2d od ec laal iLfiecay dHoi ponteegcaatriviaa m(Leenyt e2 4/y2 0s0e1 ),h lae 
(d…en),e gya dcoo nlasi gaudijeundtiec arceiósenr vaa F .a  Af.a Rvo.,r  ddee  laR .nCu.dBa.,  pdroepl iuesduafdru dceto l as ofibnrcea  lrae gmisitsrmal a6, 4p3o5r  deel   BOE-A-cable e
defecto insubsanable, de que al tener dicha finca naturaleza privativa del propio señor 
C.B., habiendo sido adquirida por título de herencia testada, la transmisión de todo o 
parte de dicha finca precisa necesariamente de otorgamiento de escritura pública, no 
siendo título hábil para su transmisión el convenio o acuerdo establecido en separación o 
divorcio, aun cuando el mismo haya sido aprobado por la autoridad judicial, existiendo 
una causa negocial distinta de la propia de la liquidación del patrimonio conyugal.
Sin perjuicio de lo anterior se aprecia:
– Es necesario acreditar que la sentencia presentada ha sido inscrita previamente en 
el Registro Civil correspondiente.
– Es necesario indicar los números de identificación fiscal/ documento nacional de 
identidad de R.C.B. y F. A. R., al objeto de proceder a su debida identificación con el/los 
titular/es registral/es de la finca embargada, así como dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 254 de la Ley hipotecaria y 51 de su Reglamento de ejecución.
En base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
Hechos:
Primero: Presentado por A. R., F., el día 02/07/2020, al que le ha correspondido el 
número de entrada 3655, y el asiento número 1182, del tomo 85 del Libro Diario, 
testimonio librado el 20 de diciembre de 2010 por A. T. V., secretaria Judicial del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Sabadell, de una sentencia dictada el 1 de diciembre 
de 2020 en el procedimiento de Divorcio contencioso 634/2010.
Segundo: No consta que dicha sentencia haya sido inscrita en el Registro Civil 
Correspondiente. No se indican los DNI/NIF de los antiguos consortes.
Tercero: Mediante la sentencia cuyo testimonio se ha presentado se aprueba el 
acuerdo manifestado por las partes decretándose el divorcio de los cónyuges y se 
establece entre los efectos del mismo que don R.C. adjudica a F. A. la nuda propiedad 
de la vivienda sita en (…), correspondiendo al señor R.C. el usufructo sobre la misma. 
Asimismo resulta de la propia sentencia, que el señor C. abonará a la señora A. en 
concepto de pensión compensatoria la mitad de la pensión de jubilación.
Cuarto: Examinados los antecedentes del Registro, resulta que la finca sita en (…) es 
la finca registral 6435, la cual consta inscrita a favor del señor R.C.B., con carácter 
privativo por haberla adquirido por herencia.
Quinto: No consta que la adjudicación realizada lo sea por razón de compensación 
económica por razón de trabajo, regulado en el artículo 41 del Codi de Familia.
Fundamentos de derecho:
En cuanto a la denegación:
Primero:  Dispone  el  artículo  76  del  Codi  de  Familia  de  Catalunya,  llei  9/1998, 
aplicable al presente caso (la llei 25/2010 del libro segundo del Codi Civil de Catalunya, 
entro en vigor el 1 de enero de 2.011), que en los casos de nulidad del matrimonio, 
divorcio o de separación judicial, se ha de regular, entre otros aspectos, la liquidación del 
régimen económico matrimonial y la división de los bienes comunes de acuerdo con el 
artículo 43, el cual dispone que en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad 
de  los  matrimonios  sujetos  al  régimen  de  separación  de  bienes,  cualquiera  de  los 
cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa común respecto  s
de los que tengan en proindiviso. (En el mismo sentido el artículo 233-2 y 232-12 del  oe.
Codi Civil de Catalunya) Por tanto, de la legislación expuesta sólo prevé la acción de  w.
división de cosa común en el procedimiento de divorcio para los bienes que pertenezcan  917ww
eaxl pmuaetsritmo,o nlaio ,f insucaje troe gails rtéragli m6e4n3 5d es ósleop aprearcteiónne cdee  baile ensepso, seon  pcoroni ncdaivriáscot.e Tr apl rcivoamtiov os,e p hoar 
tpaonrt oe,ll on,o n eox sisete p uunead es iitnucaluciiór ne nd ee lp prrooincdeisvois doe d dei vuonr cbiioe.n adquirido durante el matrimonio y,  BOE-A-cable e
Dispone el artículo 41 del codi de familia que el cónyuge que sin retribución o con 
retribución insuficiente ha trabajado para la cada o para el otro cónyuge, tiene derecho a 
percibir de éste una compensación económica, en el caso de que se haya generado, por 
este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un 
enriquecimiento injusto, dicha compensación se ha de satisfacer en metálico, salvo 
acuerdo entre las partes o si la autorización judicial, por causa justificada, autoriza el 
pago con bienes del cónyuge obligado.
No consta en el presente caso que la adjudicación realizada lo sea en aplicación a lo 
prevenido en dicho artículo 41, sino, por el contrario, consta que dicha compensación se 
efectúa mediante el pago de la mitad de la pensión de jubilación del esposo.
En definitiva, se trata de una causa negocial distinta, ajena a la liquidación del 
patrimonio del matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, 
unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, deben 
resolverse, según doctrina que se expone en el fundamento segundo, a favor de la 
exigencia de escritura para la formalización de un negocio de esta naturaleza.
Segundo: La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas en resolución 
de 7 de octubre de 2011, publicado en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6000, martes 8 de noviembre de 2011, en su fundamento de Derecho 2, dice: 
«De acuerdo con el artículo 76.e del Código de familia, el convenio de separación o de 
divorcio tiene que contener las normas relativas a la liquidación, si es el caso, del 
régimen matrimonial, y la división de los bienes comunes. Evidentemente, en un régimen 
de separación de bienes sólo se puede proceder a la división de los bienes comunes. No 
hay lugar para tratar de las fincas o bienes que sólo son de uno de los esposos, por 
mucho que se hayan adquirido durante el matrimonio, a menos que se trate de la 
atribución del uso de la vivienda familiar o de otras compensaciones. En cambio, hay 
lugar, evidentemente, para proceder a la división de los bienes que pertenecen a los 
esposos en comunidad ordinaria, incluso si contienen el pacto de supervivencia, sin 
ninguna distinción por razón del momento de la adquisición».
En  definitiva,  la  diferente  causa  negocial,  ajena  a  la  liquidación  del  patrimonio 
proindiviso entre los cónyuges, y las exigencias derivadas del principio de titulación 
auténtica, unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, 
según doctrina reiterada, deben resolverse a favor de la exigencia de escritura para la 
formalización de un negocio de esta naturaleza.
En cuanto a la inscripción de la sentencia en el Registro Civil:
Primero:  Dispone  el  artículo  18  de  la  Ley  Hipotecaria,  que  los  Registradores 
calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la  legalidad  de  las  formas  extrínsecas  de  los 
documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se  solicite  la  inscripción,  así  como  la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.
Segundo: Dispone el artículo 100 del Reglamento Hipotecario que la calificación por 
los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la 
competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento 
o  juicio  en  que  se  hubiere  dictado,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.
Tercero: Establece el párrafo sexto del artículo 266 del Reglamento del Registro Civil 
que en las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las capitulaciones y 
demás hechos que afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y  e
folio en que consta inscrito o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por  bo
certificación, por el Libro de Familia o por la nota a que se refiere el párrafo anterior y de  917ww
no aCcureadrtitoa:r sDeis, psoen seu sepl eanrtdíceurálo  la7 7in dsec rliap cLióeny  pdoerl  dReefgeicsttoro s uCbivsial nqaubel ea.l margen también de
rlae sionlsuccriiopnceiósn  juddeilc imalaetsri my odneiom páosd rháe chhaocse rqsuee i nmdiocdaicfiiqóune nd ee lla  réegxiimsteenn cieac odneó mloisc op adceto sla, 
sociedad conyugal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1322 del Código Civil, en
ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha de dicha 
indicación. El artículo 1333 del Código Civil dispone: En toda inscripción de matrimonio 
en el Registro Civil se hará mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales 
que, se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás 
hechos  que  modifiquen  el  régimen  económico  del  matrimonio.  Si  aquéllas  o  éstos 
afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a 
los efectos previstos en la Ley Hipotecaria.
Quinto: Establece el artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en las 
sentencias  sobre  estado  civil,  matrimonio,  filiación,  paternidad,  maternidad  e 
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a 
todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.
Sexto: De todo ello se desprende que la previa inscripción en el Registro Civil de 
cualesquiera  circunstancias  y  hechos  relativos  al  estado  civil  de  las  personas  que 
afecten a la titularidad de derechos inscritos o a la legitimación de los otorgantes es 
imprescindible para lograr la inscripción en el Registro de la Propiedad. Y ello porque la 
inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación (art. 2 
LRC), sino también de oponibilidad frente a terceros (art. 1218 CC, en combinación con 
el art. 222.3 LEC), eficacia esta última que conduce al rechazo de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad sin la previa inscripción en el Registro Civil, pues ello podría 
desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una colisión entre la 
inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad 
nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 32 LH).
Séptimo:  Es  doctrina  reiterada  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del 
Notariado, que para que una escritura de capitulaciones matrimoniales pueda ser inscrita 
en el Registro de la Propiedad, ha de estar previamente inscrita en el Registro Civil, por 
exigirlo así el art. 266 del Reglamento del Registro Civil. (Resolución de 28 de abril 
de 2.005). Y recuerda el centro directivo que no basta con que se haya promovido la 
inscripción (por ej., mediante la remisión al Registro Civil de la sentencia por el Juzgado 
que  la  dictó),  pues,  dado  que  la  inscripción  en  el  Registro  Civil  no  es  un  trámite 
automático, sino un acto que va precedido de una labor de calificación que tiende a 
verificar la realidad y legalidad del hecho inscribible (art. 27 LRC), parece absurdo que el 
mero trámite de haberse solicitado la inscripción equivalga a una prueba plena de la 
realidad y legalidad del hecho inscribible. (Resolución de 28 de octubre de 2014).
En cuanto a la necesidad de expresar el DNI /NIF de los consortes:
Primero: El documento nacional de identidad es único para cada persona (art 9 de la 
Ley de Seguridad ciudadana) de modo que no pueden existir dos personas con el mismo 
DNI, y si pueden existir, y de hecho existen, dos o más personas con el mismo nombre y 
apellidos. Por ello es necesario indicar el DNI de la parte demandada al objeto de 
comprobar que la identidad del demandado coincide con la del titular registral por lo que 
resulte de los asientos del Registro. Segundo: Por exigencias de los artículos 20, 34 y 38 
de  la  Ley  Hipotecaria  y  demás  concordantes,  y  en  definitiva  el  artículo  24  de  la 
Constitución Española, ya que, caso de ser personas distintas el demandado y el titular 
registral, de practicarse la anotación, conduciría a la indefensión del titular registral.
Concretamente el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, dispone: Para inscribir o anotar 
títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y 
demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado 
el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos  e
referidos. En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la  bo
que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción  917ww
dsoislpicoitnaedra, .n..i. .c..u aNlqou ipeor dortár at opmreavrisstea  aenno ltaa cLieóyn,  sdie e ld teitmulaanr dreag, isetmrabl aersg op eors opnroah dibisictiinótna  ddee 
paoqdureáll at ocmonatrrsae  laa ncoutaalc isóen  hdae  deirmigbidaor geol  pprroecveednitmivioe noto d. eE np rloohsi bpircoiócne ddime iednistopso ncerrim dinea lloess 
bienes,  como  medida  cautelar,  cuando  a  juicio  del  juez  o  tribunal  existan  indicios
racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar 
así en el mandamiento.
Tercero: Dispone el artículo 72 de la Ley hipotecaria que las anotaciones preventivas 
contendrán las circunstancias que se exigen para las inscripciones en cuanto resulten de 
los títulos o documentos presentados para exigir las mismas anotaciones. Igualmente, el 
artículo 166 del Reglamento Hipotecario dispone que las anotaciones preventivas se 
practicarán en la misma forma que las inscripciones y contendrán las circunstancias 
determinadas en general para éstas.
Sobre  las  circunstancias  de  las  inscripciones,  estas  están  determinadas  en  el 
artículo 9 de la Ley hipotecaria y en el 51 de su Reglamento, en concreto en la regla 
novena de este último, entre las circunstancias que han de constar en el asiento registral 
está el DNI.
Cuarto: Dispone el artículo 254 de la Ley Hipotecaria: No se practicará ninguna 
inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o contratos por los 
que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con 
trascendencia  tributaria,  cuando  no  consten  en  aquellos  todos  los  números  de 
identificación fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en 
cuya representación actúen.
Quinto: Es doctrina de la Dirección general de los Registros y del Notariado en 
resolución de 21 de abril de 2.010: "Al resultar del mandamiento calificado que el 
procedimiento se sigue contra persona determinada, ha de identificarse ésta a través de 
su N. I. F. Debe tenerse en cuenta que en el mandamiento sólo se refleja el N. I. F. del 
titular registral y no el de la heredera contra la que se sigue la ejecución. Con carácter 
general la legislación hipotecaria exige la identificación de la persona de quien proceden 
los bienes (en este caso el heredero del titular registral) a través del documento nacional 
de identidad (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.9 Reglamento Hipotecario), pero 
además específicamente el artículo 254 de la Ley Hipotecaria establece –incluyendo los 
gravámenes– la necesidad de que consten los números de identificación fiscal de los 
que intervengan en los títulos inscribibles (entendiendo la inscripción en sentido amplio y 
por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino también de 
las anotaciones preventivas)".
Asimismo en resolución de 17.07.11 (BOE de 22.10.2011), en sus fundamentos de 
derecho dice: «Como ya señalara la Resolución de 21 de abril de 2010, con carácter 
general la legislación hipotecaria exige la identificación de la persona de quien proceden 
los bienes (en este caso el heredero del titular registral) a través del documento nacional 
de identidad (cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.9 Reglamento Hipotecario), pero 
además específicamente el artículo 254 de la Ley Hipotecaria establece –incluyendo los 
gravámenes– la necesidad de que consten los números de identificación fiscal de los 
que intervengan en los títulos inscribibles (entendiendo la inscripción en sentido amplio y 
por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino también de 
las anotaciones preventivas). Por lo tanto, atendiendo tanto a la literalidad del propio 
artículo como a su finalidad –prevención del fraude fiscal– la constancia del número de 
identificación fiscal del demandante se hace precisa en los mandamientos en virtud de 
los cuales haya de practicarse algún asiento en el Registro de la Propiedad. Por tanto, se 
trata de una circunstancia que se debe reflejar en la inscripción y consecuentemente con 
ello el registrador, dentro de las competencias que le corresponden para calificar los 
documentos judiciales, puede apreciar como un requisito o formalidad dicha falta en los  e.
términos de los artículos 9, 18, 72 y 75 de la Ley Hipotecaria y 51, 98 y 166 de su  w.b
Reglamento. 917ww
CDooncutrma eensttoas c qaulifeic saec iaócno smep paoñdarná:  ((……))
SEal Rbaedgeisllt,r avdeoinrt iddeó sla d Per ojupliioe ddaedl .año dos mil veinte.
Fdo. José María Pérez Visus.
Asiento 1182, Diario: 85.
Firma electrónica. (…).»
III
Por escrito que entró en el citado Registro de la Propiedad el 14 de agosto de 2020, 
doña F.A.R. interpuso recurso contra la anterior calificación en los siguientes términos:
«(…) La decisión del Registrador se fundamenta en el hecho que teniendo el bien 
cuya adjudicación se efectuó, en sentencia de divorcio en favor de la Sra. A., naturaleza 
privativa, habiendo sido adquirido en su día por herencia por D. R.C.B., entendiéndose 
su causa negocial distinta de la liquidación del patrimonio conyugal, se considera no es 
hábil para la transmisión del bien el acuerdo establecido en sentencia, entendiéndose 
que la transmisión de la finca precisa de escritura pública, y se califica dicho defecto de 
insubsanable.
Serán sin embargo subsanables el defecto de la falta de presentación Registro Civil, 
la cual ha sido solicitado y justificación de los números de los respectivos documentos 
nacionales de identidad.
Segundo.  La resolución niega la posibilidad de inscripción del título por el cual 
adquirió mi representada la nuda propiedad, según consta en sentencia que homologa el 
acuerdo alcanzado en sede judicial dentro del procedimiento en el amito de familiar, y en 
el seno del procedimiento contencioso Divorcio 634/2010 seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia n.° 8 de Sabadell, cuya sentencia consta aportada.
Pues bien, dicho proceso contencioso se transformó a mutuo acuerdo sin proceder a 
confeccionar y suscribir convenio regulador, sino que dicho acuerdo se alcanzó en sala, 
se  explicó  por  las  respectivas  representaciones  letradas  y  fue  homologado  por  el 
Juzgador en los términos que constan en la sentencia, sin que se solicitara aclaración de 
sentencia por cuanto se consideró suficiente la redacción dada por sentencia.
La realidad es que la "adjudicación de la nuda propiedad" conforme consta recogido 
en el título judicial, fue negocio jurídico alcanzado por las partes con una única voluntad 
negocial, constituir contraprestación o forma de pago de la compensación económica por 
razón del trabajo acordada, así como la fijación de pensión compensatoria por más que 
no se concretó suficientemente en sentencia. No obstante, sí recoge en la sentencia 
dentro  de  los  acuerdos  alcanzados  para  el  pago  de  pensión  compensatoria  por 
desequilibrio económico. Lo cierto es que la adjudicación de la nuda propiedad sirvió 
como forma de pago tanto de la pensión compensatoria por desequilibrio económico que 
fijó sin límite temporal, como también como forma de compensación dé la compensación 
económica por los años, dedicados al cuidado de la familia, y por razón del trabajo, 
motivo por el cual se adjudicaba la nuda propiedad de la finca, descontado el usufructo 
que se atribuía y se reservaba el Sr. C.
Tercero.  Establece la propia resolución-calificación negativa que:
"… Hecho Quinto: No consta que la adjudicación realizada lo sea por razón de 
compensación económica por razón de trabajo, regulado en el artículo 41 del Codi de 
Familia …:"
Fundamentos de derecho:
Primero:  Dispone  el  artículo  76  del  Codi  de  Familia  de  Catalunya, 
llei 9/1998,aplicable, al presente caso (la llei 25/2010 del libro segundo del Codi Civil de  e.
Catalunya, entro en vigor el 1 de enero de 2.011), que en los casos de nulidad del  w.b
matrimonio, divorcio o de separación judicial, se ha de regular, entre otros aspectos, la  917ww
aliqcuuiedradcoió cno nd eel lr éagrtiímcuelno  e4c3o, neólm ciucaol  mdiastpriomnoen iqaul ey  elan  dloivsi spiórno cdeéd imlosie nbtioesn edse  csoempuanraecsi ódne, 
cduivaolqrcuioie roa  dneu lliodsa dc ódney ugloess  mpuaetrdime oenjeiorcse rs usijmetuolstá nael armégeinmtee nla  daec csióenp adrea cdiióvnis iódne  dbeie cnoessa, 
común respecto de los que tengan en proindiviso. (En el mismo sentido el artículo 233-2 
y 232-12 del Codi Civil de Catalunya).
Por tanto, de la legislación expuesta sólo prevé la acción de división de cosa común 
en el procedimiento de divorcio para los bienes que pertenezcan al matrimonio, sujeto al 
régimen de separación de bienes, en proindiviso. Tal como se ha expuesto, la finca 
registral 6435 sólo pertenece al esposo... con carácter privativo, por tanto, no existe una 
situación de proindiviso de un bien adquirido durante el matrimonio y, por ello, no se 
puede incluir en el proceso de divorcio.
Dispone el artículo 41 del codi de familia que el cónyuge que sin retribución o con 
retribución insuficiente ha trabajado para la casa o para el otro cónyuge, tiene derecho a 
percibir de éste una compensación económica, en el caso de que se haya generado, por 
este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un 
enriquecimiento injusto, dicha compensación se ha de satisfacer en metálico, salvo 
acuerdo entre las partes o si la autorización judicial, por causa justificada, autoriza el 
pago con bienes del cónyuge obligado.
No consta en el presente caso que la adjudicación realizada lo sea en aplicación a lo 
prevenido en dicho artículo 41, sino, por el contrario, consta que dicha compensación se 
efectúa mediante el pago de la mitad de la. pensión de jubilación del esposo.
En definitiva, se trata de una causa negocial distinta, ajena a la liquidación del 
patrimonio del matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, 
unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, deben 
resolverse, según doctrina que se expone en el fundamento segundo, a favor de la 
exigencia de escritura para la formalización de un negocio de esta naturaleza.
Segundo: La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas en resolución 
de 7 de octubre de 2011, publicado en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 6000, martes 8 de noviembre de 2011, En su fundamento de Derecho 2, dice: 
"De acuerdo con el artículo 76.e del Código de familia, el convenio de separación o de 
divorcio tiene que contener las normas relativas a la liquidación, si es el caso, del 
régimen matrimonial, y la división de los bienes comunes. Evidentemente, en un régimen 
de separación de bienes sólo se puede proceder a la división de los bienes comunes No 
hay jugar para tratar de las tincas o bienes que solo son de uno de los esposos, por 
mucho que se hayan adquirido durante: el matrimonio, a menos que se trate de la 
atribución del uso de la vivienda familiar o de otras compensaciones. En cambio, hay 
lugar, evidentemente, para proceder a la división de los bienes que pertenecen a los 
esposos en comunidad ordinaria, incluso si contienen el pacto de supervivencia, sin 
ninguna distinción por razón del momento de la adquisición En definitiva, la diferente 
causa negocial, ajena a la liquidación del patrimonio proindiviso entre los cónyuges, y las 
exigencias  derivadas  del  principio  de  titulación  auténtica,  unidas  a  la  limitación  de 
contenido que puede abarcar el convenio regulador, según doctrina reiterada, deben 
resolverse a favor de la exigencia de escritura para la formalización de un negocio de 
esta naturaleza…".
En el presente supuesto, siendo el régimen económico la separación de bienes, nos 
encontramos frente a un pago de pensión mediante adjudicación de bien del obligado, 
siendo  conforme  se  reconoce  implícitamente  en  la  propia  resolución  que,  en  ese 
supuesto  procedería  la  inscripción,  siempre  y  cuando  subsanados  los  defectos  de 
inscripción en Reg. Civil y acreditación DNI.
En este sentido exponer que artículo 41 que establecía y regulaba el derogado 
código de familia aplicable en la fecha en que tiene lugar el pacto, Compensación  e.
económica per razón de trabajo. w.b
retri1b.u ciEónn  olo cso nca usnoas  rdeetr ibseupciaórna ciniósnu fjiucideincitael,,  hdaiv torracbioa jaod on uplaidraad, ,l ae lc acsóan you gpea raq ueel , ostrino 
sceó nhyauygae  gtieenneer addeore, cphoor  eas rteec miboirt idvoe,  éusntea  usintuaa ccoiómnp deen sdaecsióignu aelcdoandó emnictrae,  eeln p caatrsimo odnei oq udee 
los dos que implique un enriquecimiento injusto.
2.  La compensación se satisfará en metálico, salvo acuerdo entre las partes o si la 
autoridad  judicial  por  causa  justificada  autoriza  el  pan  o  con  bienes  del  cónyuge 
obligado.
3.  El derecho a esta compensación es compatible con los demás derechos de 
carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiado, y debe ser tenido en 
cuenta para la fijación de estos otros derechos.
Nada  imposibilitaba  por  tanto  el  pago  acordado  mediante  un  bien  del  obligado 
conforme así se estableció.
En cuanto al resto de efectos de necesaria regulación en el proceso de familia, en 
aplicación del art. 76 del Codi de familia que regía en el momento en que tuvo lugar el 
divorcio, se establece la necesidad de regular en materia de la familia: La atribución del 
uso de la vivienda familiar. La pensión compensatoria o los alimentos, que, en su caso, 
corresponda  satisfacer  a  uno  de  los  cónyuges  en  favor  del  otro.  La  forma,  si 
corresponde, que los cónyuges siguen contribuyendo a los gastos familiares. Las normas 
para la actualización de los alimentos y de la pensión compensatoria y, en su caso, las 
garantías para asegurar su cobro. La liquidación, en su caso, del régimen matrimonial y 
la división de los bienes comunes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.
Téngase presente que además del pago establecido en concepto de compensación 
económica prevista en el art. 41, siendo aquella entonces la voluntad de ambas partes, 
se determinó una pensión compensatoria sin límite de tiempo. La adjudicación de la 
nuda propiedad de la finca registral cuya inscripción se solicita servía como forma de 
pago de los acuerdos alcanzados entre las partes también en relación a la pensión 
compensatoria, que conforme prevé el actual código civil de Cataluña, libro segundo, que 
sustituye anterior código de familia que era de aplicación, también en sus art. 232-5 
y 232-8 / i –sic- 233-12 en relación a la regulación y posibles formas de pago tanto de la 
compensación económica por razón de trabajo y pensión compensatoria, se determina la 
posibilidad de pago mediante bienes del obligado.
Establece la resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 
registrador de la propiedad de Felanitx n.° 2, por la que se suspende la inscripción de un 
convenio regulador de los efectos de un divorcio:
"Vistos los artículos 2, 3 y 18 de la Ley Hipotecaria; 90, 103, 630,633,1261 y 1280 del 
Código Civil; 100 del Reglamento Hipotecario; la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 
de julio de 2014, y las Resoluciones de la Dirección General, de los Registros y del 
Notariado de 22 de abril de 2002, 5 de agosto de 2011, 11 de abril y 8 de mayo de 2012, 
19 de junio de 2015 y 4 de mayo y 26 de julio de 2016.
1.  Es  objeto  de  este  recurso  resolver  acerca  de  la  posibilidad  de  inscribir  un 
convenio regulador de los efectos del divorcio entre unos esposos, dentro del cual se 
contiene una estipulación consistente en la donación de una vivienda en cotitularidad de 
ambos –sin ser ésta la vivienda habitual de la familia– en favor de su hija mayor de edad. 
La citada hija, tal y como resulta de las cláusulas tercera y sexta del convenio vive de 
manera independiente de ellos. La donación se hace libre de cargas o deudas y no 
consta la intervención de la hija en el convenio, ni tampoco se aporta aceptación del 
negocio gratuito verificado en su favor.
2.  Tal y como ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones este 
Centro Directivo, perfilando una doctrina consolidada en materia del ámbito de aplicación  s
del  convenio  regulador  como  documento  susceptible  de  acceso  al  Registro  de  la  oe.
eebPssireottrinppiceuietsalad  pcaraidoivl  nuaenctisoav no vdtseee nzcb uiedaanopn  rdoalobipte aoerdyallaool r  jsupdedue idlce iineaa rlrmaétí lceo, unbplteoeed ,r emyecoli et miréd inasedm lu oonsC,ae ós  dcid abiegui eosen as C ntmaoiv  aidflt,oer irbmmseuoa snc  eilaañdl  iirsclsipqoeoun sidcdirecae icotmainó,ae nntsa e dlr eaoy     2020-14917n https://www.
como resulta de los negocios relativos al uso o titularidad de la vivienda habitual o la
necesaria y completa liquidación del régimen económico del matrimonio.
En caso de donaciones de bienes inmuebles, la regla general que condiciona su 
validez se recoge en el artículo 633 del Código Civil, que impone su otorgamiento en 
escritura pública notarial como requisito "ad solemnitatem" de validez de la misma, así 
como su constancia en el mismo título formal la aceptación de la misma, ya sea en la 
misma escritura o en otra posterior separada.
Este rigor formalista, sin embargo, se ha dulcificado en los casos de donaciones o 
negocios complejos de carácter familiar contenidos en convenios reguladores, cuya 
debida autorización en el convenio regulador obedece a una causa matrimonial concreta. 
Así se ha pronunciado este Centro Directivo en Resoluciones como la de 8 de mayo 
de 2012, al señalar: "En cuanto a la primera de las cuestiones, como ha afirmado 
anteriormente este Centro Directivo, es cierto que la donación de bienes inmuebles 
presupone escritura pública como requisito formal para su existencia y validez (cfr. 
artículo 633 del Código Civil), pero no es este el caso debatido, toda vez que: a) ni es 
cierto que la cesión considerada se hace sin contraprestación (el otro cónyuge se 
compromete al pago del crédito hipotecario que lo grava, obligación de la que queda 
liberado el cedente), ni puede ignorarse que en las cesiones de la vivienda familiar que 
un cónyuge realiza en los convenios reguladores de la separación o el divorcio, en favor 
del otro cónyuge o de los hijos comunes, tiene una decisiva relevancia la necesidad de 
atender la situación creada por la crisis matrimonial; b) uno de los aspectos que por 
expresa previsión legal ha de abordarse en el convenio regulador es el relativo a la 
vivienda  familiar,  como  ha  tenido  ocasión  de  afirmar  recientemente  esta  Dirección 
General en Resolución, de 11 de abril de 2012, y obedece la exigencia legal de esta 
previsión a la protección, básicamente, del interés de los hijos (cfr. artículo 96 del Código 
Civil); por lo que en modo alguno puede afirmarse que sea extraño al contenido genuino 
de dicho convenio el que uno de los cónyuges ceda su parte de vivienda a favor de los 
hijos del matrimonio, sin que pueda alegarse que el artículo 90.e) del Código Civil exige 
únicamente la previsión sobre el uso; pues, por una parte, y como literalmente señala el 
inciso inicial de dicho artículo, las especificación es recogidas en el artículo citado 
constituyen el contenido «mínimo» del convenio y, por otra, no hay razón para, excluir 
aquellas disposiciones relativas al uso de la vivienda que se articulen por vía de cesión 
de la propiedad, y entender incluida sólo las que se instrumentalicen por el cauce de la 
constitución de un derecho real dé goce; c) las previsiones adoptadas en un convenio 
regulador de la consecuencia de la separación o divorcio, que constituyan el contenido 
propio de dicho convenio por incidir sobre los aspectos que la crisis familiar hace 
necesario abordar, produce plenos efectos jurídicos una vez aprobados judicialmente: 
(cfr. artículo 90 del Código Civil); d) si bien la calificación del registrador se extiende 
también  a  la  causa  del  negocio  formalizado  en  el  convenio  regulador,  para  esta 
calificación debe tenerse en cuenta que.la unidad y recíproca interdependencia de las 
distintas  previsiones  que  integran  estos  convenios  impiden  considerar  la  cesión  de 
propiedad  que  en  el  presente  supuesto,  se.  formaliza  aisladamente  del  resto  de 
estipulaciones del mismo (en el presente caso, afirmación del carácter de vivienda 
familiar, asunción de la carga hipotecaria que la grava, regulación de la obligación de 
satisfacer el derecho de alimentos de los hijos...). Por tanto, del contenido del convenio 
regulador objeto de este recurso no resulta que el padre esté efectuando una simple 
donación  a  favor  de  los  hijos,  sino  que  realizan  los  cónyuges  un  negocio  jurídico 
complejo, de carácter familiar y oneroso".
Para que pudiera tener acceso al Registro de la Propiedad, debe tratarse de un 
negocio  diferente  a  una  donación  pura  y  simple,  acercándose  más  a  un  acto  de  s
naturaleza familiar y matrimonial, de carácter complejo, y cuya finalidad se entronca con  oe.
el cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 90 del Código Civil...» Es uno de  w.
los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad  917ww
gqouzea, np or" elarg eas poemcinael str"a sdcee nldae npcreias udnec eiófenc tdoes  deexraivcatidtuods  dye  lvoasl idaesize nyto ss ed ehl aRlelagnis tbroa j(oq ulea 
rsiagluvraogsuaa srdeilae cjucrióisnd idcec iolonsa lt í-tualrotísc uinlossc r1ib yib l3e8s ;d seo lma eLteidyo Hs iap olate ccaalriifaic-a),c eiósntá d feuln rdeagdisot reand ourn, ay   BOE-A-cable e
así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia de 
documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros 
regístrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su 
Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al caso ahora debatido.
En ningún caso se conculca en el presente supuesto dichos principios por cuanto, ha 
sido sentado por doctrina pacífica que sólo son inscribibles aquellos actos que, conforme 
al artículo 90 del Código Civil, constituyen el llamado contenido típico del convenio 
regulador,  fuera  de  los  cuales,  y  sin  afectar  a  la  validez  y  eficacia  de  los  actos 
consignados en un documento que no pierde el carácter de convenio privado objeto de 
aprobación judicial, su acceso a. los libros del Registro requiere su formalización en los 
títulos establecidos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, es decir el documento público 
notarial, al tratarse de un acto voluntario y consciente celebrado por los interesados, 
fuera de una contienda o controversia entre los mismos.
En el presente supuesto, es evidente que el juzgador de familia, cuando homologó y 
recogió en sentencia el acuerdo alcanzado entre partes, está resolviendo sobre las 
materias o contenido típico del convenio regulador y efectos contenidos en el art. 76 del 
anterior  codi  de  familia,  resolviendo  sobré:  el  uso  de  la  que  fue  vivienda  familiar, 
compensación económica por razón del trabajo acordada, con forma de pago atribución -
adjudicación nuda propiedad y pensión compensatoria vitalicia que se ve a su vez 
garantizada por la adjudicación de la de a nuda propiedad cuya inscripción procede 
efectuar a nuestro juicio.
Tercero.  D. R.C.B., falleció el día 11-12-19.
Cuarto.  Resuelto  el  recurso  presentado  sobre  la  falta  no  subsanable  que 
imposibilita  actualmente  la  inscripción,  se  procederá  a  la  subsanación  relativa  a  la 
inscripción de la sentencia ante el R Civil conforme ha sido solicitado y es preceptivo 
realizar de oficio por el Tribunal sentenciador de conformidad con lo dispuesto 755 LEC, 
así como la subsanación relativa a la acreditación y presentación DNI.
La Resolución de 28 de abril de 2005 de la DGRN advierte que, para inscribir en el 
Registro  de  la  Propiedad  el  convenio  de  separación  judicial  y  la  liquidación  de  la 
sociedad conyugal, se precisa la previa inscripción de la separación en el Registro Civil, 
al  decir:  el  artículo  266  del  Reglamento  del  Registro  Civil  en  desarrollo  de  los 
artículos 1333 CC y… exige en su párrafo sexto que en las inscripciones que en 
cualquier otro Registro - y, por tanto, en el de la Propiedad- produzcan los hechos que 
afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en 
el Registro Civil, teniendo la falta de los mismos el carácter de defecto subsanable.
Recuerda la Resolución de la DGRN de 3 de octubre de 2018 que no procede 
practicar anotación por defecto subsanable cuando se halla pendiente de resolución un 
recurso interpuesto contra la calificación, puesto que, dado el régimen específico de 
prórroga del asiento de presentación derivado de la interposición del recurso, carece de 
sentido dicha anotación, sin perjuicio de que una vez finalizado este pueda el interesado 
subsanar el defecto o bien solicitar –ahora si– la anotación preventiva por defecto 
subsanable. Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la Propiedad de Belmonte a inscribir una escritura de compraventa.
El artículo 159 del Reglamento Notarial, en su redacción vigente, tras prescribir que 
«las circunstancias relativas al estado de cada compareciente se expresarán diciendo si 
es soltero, casado, separado judicialmente, viudo o divorciado», establece, de manera 
que no deja lugar a dudas, que «las circunstancias a que se refiere este artículo se harán  e.
constar por el notario por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes».  w.b
En  concordancia,  con  dicha  norma,  el  artículo  51.  9.ª  del  Reglamento  Hipotecario  917ww
ddiivsoprocniaed oq»u,e y  dsóelboe reáx igfeig uhraacre r« csoi neslt ars uejle rtoé giemse ns oelcteornoó, mcicaos amdaot,r imvioundioa,l  ys eepl anroamdob reo; 
ainpseclrliipdcoisó ny  edso mcaicsilaiod ad eyl  ecló naycutog eo  sic olan trpaetors oqnuae  as ec uinysoc rfiabvao ra fheact ad ea  plorasc tdicearresceh olas 
presentes  o  futuros  de  la  sociedad  conyugal.  Por  ello,  esta  Dirección  General  ha 
acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación.
Fundamentos de derecho:
Primero.  Se interpone recurso gubernativo el cual tiene su base en los arts. 19, 
19bis, 66 y 260.3 LH. Su regulación contenida en los arts. 112 y ss. del RH. Tras las 
ST 22 de mayo de 2000 y de 31 de diciembre de 2001 exigía una reforma legal, lo que 
tuvo lugar con la LMFAOS 27 Dic 2001 que introdujo un Tít. XIV en la LH, bajo la rúbrica 
«Recursos contra la calificación» que comprende los arts.322 a 329, que derogan los 
preceptos reglamentarios en cuanto se opongan a la regulación legal.
El art. 66 cuyos incisos 1.º y 3.º dicen: "(…)".
Y el primer párrafo del artículo 324 de la Ley Hipotecaria.
"(…)".
Según la reiterada doctrina de la Dirección General, siguiendo la STS 22 de mayo 
de 2000, (Res. 16-7-15 o 8-1-16, entre muchas otras), el recurso contra la calificación 
registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores 
a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (cf. artículos 66 y 324 de la Ley 
Hipotecaria) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o 
no ajustada a Derecho y resulta constreñido tanto por la documentación presentada 
como por el contenido de la calificación negativa del Registrador. No tiene por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la 
validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos regístrales, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales.
Segundo.  En cuanto al procedimiento: El recurso se presenta ante el Registro que 
calificó o en cualesquiera de las formas que ahora regula el art. 16 de la Ley. 39/2015, 
de 1 de octubre, del; Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones 
Públicas, siendo competente para su resolución la Dirección General de Registros.
Artículo 322 de la Ley Hipotecaria "(…)".
Tercero.  Legitimación activa: Artículo 325 de la Ley Hipotecaría.
"(…)".
También, según la DG, puede interponer recurso gubernativo quien tenga interés 
para inscribir un documento posterior.
Resol. 21 de Julio de 2003.
Cuarto.  Artículo 326 de la Ley Hipotecaria.
"(…)"
De acuerdo con la doctrina de la DG - Res. de 25-5-2015: también puede ser objeto 
del recurso la negativa a la práctica del asiento de presentación, pues se trata de una 
calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo recurso que 
puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto 
en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
Quinto.  Tramitación. e
Artículo 327 de la Ley Hipotecaria. 917www.
"(…)".
públSiceax tore. gisLtara lD isreec caiópnro xGimenae, radle s(RdeS Se l2 7p uyn to2 9-d1e0 -2v0is0ta1 ) menattieerniadle,  aq ulea  laju raiscdtiivcicdióand 
voluntaria, si bien formalmente no es actividad jurisdiccional (pues el Registrador está
fuera de la organización judicial), y, en todo caso, es una actividad distinta de las 
propiamente administrativas pues se rige por normas civiles y no está sujeta al recurso 
Contencioso-Administrativo.
Excepcionalmente el TS ha admitido el recurso Contencioso-Administrativo contra las 
resoluciones  en  las  que  se  ventilen  cuestiones  administrativas,  como  son  las 
urbanísticas (STS 15-2-2000).Entiende esta parte que podrá ser discutido por tanto el 
fondo de la cuestión en cuanto al tipo de negocio jurídico que se llevó a cabo, y que esta 
parte defiende como oneroso o contraprestación y abono de la pensión compensatoria y 
compensación económica por razón del trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir 
la resolución en su caso ante la jurisdicción civil de conformidad con lo dispuesto en 
Sentencia n° 762/2014 de TS, Sala 1.ª, de lo Civil, 14 de Enero de 2015 dicta como 
doctrina jurisprudencial que la demanda contra la calificación del registrador formulada 
en  juicio  verbal  directo  debe  dirigirse  contra  el  registrador  responsable  de  dicha 
calificación.
Derecho sustantivo:
I.  Acuerdo alcanzado entre las partes en relación al abono de la compensación 
económica por razón de trabajo y/o pensión compensatoria:
Pacta  sunt  servanda,  incluso  los  atípicos,  en  relación  a  los  negocios  jurídicos 
realizados por ambos cónyuges en su día:
Cuando los cónyuges pactaron unas determinadas condiciones en relación con la 
compensación económica y pensión compensatoria, no procede su extinción aun cuando 
posteriormente se alteren incluso sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta, 
incluso aunque desaparezca el desequilibrio. Así, dice la STS de 20 de abril de 2012:
Independientemente de la denominación que las partes hayan establecido para el 
derecho pactado en el convenio regulador... debe partirse en la presente argumentación 
de dos elementos que concurren en este derecho, reiterados en sentencias de esta Sala:
1.  La pensión compensatoria es un derecho disponible por la parte a quien pueda 
afectar. Rige el principio de la autonomía de la voluntad tanto en su reclamación, de 
modo que puede renunciarse, como en su propia configuración.
2.  Los  cónyuges  pueden  pactar  lo  que  consideren  más  conveniente  sobre  la 
regulación de las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la separación. 
La STS 2011, 217, de 31 de marzo, confirma esta doctrina, recogiendo sentencias de 
esta Sala que ya habían admitido esta validez, a partir de la trascendental sentencia de 2 
de abril de 1997. El convenio es, por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia 
que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto 
pactos típicos como atípicos (STS 2011, 758, de 4 de noviembre).
Si hay régimen de separación: dice la DGRN que «del mismo modo, este Centro 
Directivo  ha  manifestado  reiteradamente  que  resulta  admisible  la  inscripción  de  la 
adjudicación  que  mediante  convenio  regulador  se  realice  respecto  de  los  bienes 
adquiridos vigente el régimen de separación de bienes, pues aunque dicho régimen está 
basado en la comunidad romana, esto no autoriza a identificar ambas regulaciones. Esta 
diferenciación resulta, en nuestro ordenamiento jurídico, del hecho de que el régimen 
económico matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre cónyuges, así 
como de la afectación de los bienes al sostenimiento de las cargas del matrimonio, de 
las  especialidades  en  la  gestión  de  los  bienes  de  un  cónyuge  por  el  otro,  de  la  e.e
presunción de donación en caso de concurso de un cónyuge y de las limitaciones que  b
para disponer se derivan del destino a vivienda habitual de un inmueble». 917ww
– Pero si no hay verdadera liquidación, sí estamos ante un negocio independiente, 
con significación propia y distinta de la del convenio regulador –aunque formalmente 
inserto en él–: se exigirá escritura pública. Dice la DGRN:
"Las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de 
liquidación, constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general 
de escritura pública para su formalización. En definitiva la diferente causa negocial, ajena 
a la liquidación del patrimonio ganancial, y las exigencias derivadas del principio de 
titulación auténtica, unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio 
regulador, según doctrina reiterada, deben resolverse a favor de la exigencia de escritura 
para la formalización de un negocio de esta naturaleza".
Insiste en el tema la resolución de la DGRN de 5 de agosto de 2.011 en un caso de 
convenio en Cataluña, pero con doctrina general aplicable al decir que en el convenio 
«se incluyen bienes en copropiedad –respecto de los cuales ningún problema plantea la 
inscripción  del  convenio–  pero  también  un  bien  adquirido  por  el  marido  antes  del 
matrimonio que se adjudica en proindiviso a la mujer y a los hijos. Por tanto, al no haber 
bien común que dividir dicha adjudicación representa un negocio adicional, con su propia 
causa, que debería documentarse en escritura pública.
La resolución de la DGRN de 3 de septiembre de 2.011 advierte sobre el intento de 
aprovechar  el  convenio  para  hacer  atribuciones  que  exceden  de  una  verdadera 
liquidación de la sociedad de gananciales.
Señala la Resolución de la DGRN de 13 de marzo de 2015 que un convenio 
regulador de una separación por mutuo acuerdo, elaborado por los cónyuges y aprobado 
posteriormente por la autoridad judicial, NO puede incluir una aportación de bienes 
privativos  a  la  sociedad  de  gananciales,  para  proceder  a  posterior  i  y  de  manera 
inmediata a su adjudicación a uno de sus integrantes en pleno dominio; la razón: se trata 
de un desplazamiento patrimonial ajeno a su propia naturaleza y finalidad, que deberá 
hacerse fuera de dicho convenio, es decir, en escritura pública notarial.
Ahora bien, toda esta doctrina ha de ser matizada a la luz de las nuevas resoluciones 
de la DGRN cuando se trate de la adjudicación de la vivienda familiar;
Así: la resolución de la DGRN de 7 de julio de 2012: en un convenio de divorcio, 
aprobado judicialmente, se adjudica a un cónyuge una finca que era propiedad de ambos 
cónyuges  en  proindiviso  y  partes  iguales,  abonando  al  otro  cónyuge  la  cantidad..., 
dándose la circunstancia de que la finca en cuestión es la vivienda familiar; ante el 
problema de si hace falta o no escritura concreta, la DGRN indica que no hace falta 
escritura, ya que el bien objeto de adjudicación tiene la especial característica de tratarse 
de la vivienda familiar, lo que permite considerar la existencia, junto a la causa onerosa 
que resulta del convenio, una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial 
objeto del convenio. De no tener la finca el carácter de vivienda familiar la solución 
debería ser, entendemos, distinta, como resulta de las anteriores resoluciones citadas. 
Nuevamente trata el tema la resolución de la DGR N de 5 de septiembre de 201 2; 
insiste la DGRN en que uno de los aspectos que por expresa previsión legal ha de 
regularse en los supuestos de nulidad, separación o divorcio del matrimonio, es el 
relativo a la vivienda familiar, por lo que no hay razón para excluir la posibilidad de que el 
convenio regulador incluya la adjudicación de la vivienda familiar, que es uno de los 
aspectos que afecta al interés más necesitado de protección en la situación de crisis 
familiar planteada y que no es dañosa para los hijos ni gravemente perjudicial para uno 
de los cónyuge, por ello, la liquidación de la comunidad surgida sobre la vivienda habitual 
de los cónyuges, cualquiera que sea la forma de copropiedad existente, entra claramente  e.
dentro del objeto natural del convenio regulador, por lo que, en los términos vistos, es  w.b
suficiente el correspondiente testimonio de la sentencia aprobatoria del convenio para su  917ww
einxspcrreipscaimóne,n tsein e nn eecle csoidnavde ndioe.  Elan  elas cmritiusrmaa  plúínbeliac al,a  sRaelvsoo luqcuióen  édseta ,la  sDe GhRaNya d ep a1c9ta ddeo 
dicieSminb reem dbea 2rg0o1,3 .la Resolución de la DGRN de 23 de noviembre de 2015 admite el
convenio  aprobado  judicialmente  en  el  que  el  marido  aporta  a  la  sociedad  de
gananciales  la  vivienda  familiar  y  un  aparcamiento  situado  en  el  mismo  inmueble, 
privativos y que seguidamente se adjudican a la esposa; la DGRN admite la inscripción 
del aparcamiento, dado el carácter complementario a la vivienda que puede atribuirse a 
la plaza de garaje. Se repite la argumentación en la Resolución de la DGRN de 13 de 
octubre de 2016, es decir, no puede entenderse que las transmisiones adicionales de 
bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro, acordadas en el marco de un 
convenio de separación y liquidación de la sociedad conyugal, tengan como causa 
exclusiva la propia liquidación del consorcio; por ello el convenio no es directamente 
inscribible, exigiéndose escritura pública.
En general, fuera del supuesto de vivienda familia:
a)  Si se trata de otros bienes privativos de uno solo de los cónyuges, no basta el 
convenio regulador para adjudicar a un cónyuge bienes privativos del otro (Resolución 
de la DGRN de 9 de marzo de 2013).
b)  Si se trata de bienes privativos de ambos cónyuges igualmente la Resolución de 
la DGRN de 26 de junio de 2013, no admite la inscripción de la extinción de comunidad 
de bienes adquiridos antes del matrimonio, que no sean la vivienda familiar (así, entre 
otras, Resolución de la DGRN de 4 de mayo de 2016, la Resolución de la DGRN de 26 
de julio de 2016, Resolución de la DGRN del 11 de diciembre de 2019, Resolución de la 
DGRN de 11 de diciembre de 2019 0 den8 de enero de 2020).
Y se reitera y reitera:
– La  Resolución  de  la  DGRN  de  8  de  septiembre  de  2017  insiste  que  no  es 
directamente inscribible la adjudicación de un bien adquirido por ambos esposos antes 
del matrimonio sin ser la vivienda familiar ni acreditarse su financiación a cargo de la 
sociedad conyugal, criterio que sigue la Resolución de la DGRN de 11 de junio de 2018 o 
la Resolución de 14 de febrero de 20 i9 o la Resolución de 22 de mayo de 2019 que una 
vez  más  tienen  que  afirmar  que  la  adjudicación  de  un  bien  inmueble  objeto  de 
comunidad ordinaria adquirido antes del matrimonio, de carácter privativo., es un negocio 
ajeno al contenido típico del convenio regulador por lo que para su \ inscripción en el 
Registro de la Propiedad es necesaria la. oportuna escritura, pública o, en su, defecto, la 
sentencia firme dictada por juez competente en el procedimiento que corresponda.
– La Resolución de la DGRN de 24 de abril de 2018 señala que un convenio en el 
que se asume únicamente el compromiso de transmitir la propiedad, no es inscribible en 
el Registro de la Propiedad, por cuanto no se ha operado la mutación jurídico real 
inmobiliaria, siendo así que, en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con el artículo 2 
de la Ley Hipotecaria, se inscriben los títulos por los que se transmite la propiedad, pero 
no los meros compromisos de transmisión.
Otra cuestión es la que trata la Resolución de la DGRN de 16 de mayo de 2018: en 
un caso en que se pretende mezclar en el convenio bienes de distinta naturaleza, 
ganancial y privativa, afirma la DG que nada impide que en el convenio regulador de los 
efectos de la crisis matrimonial se liquide todo el haber de los esposos, aun cuando 
incluya bienes sujetos a diferentes regímenes matrimoniales, pero ello debe llevarse a 
cabo identificando la naturaleza, carácter y, en su caso, cuota de participación de los 
bienes inventariados, de modo que el haber resultante de cada cónyuge se ajuste a su 
participación en el haber conyugal conjunto. Pero, como señala la Resolución de la 
DGRN de 21 de mayo de 2.018 el convenio regulador tiene la virtualidad de servir de 
título apto para llevar a cabo la rectificación del Registro respecto del carácter privativo  e.
de una finca adjudicada. En cualquier caso, esta parte alega y fundamenta su recurso  w.
esta parte en el hecho que encontrándonos ante un negocio, jurídico llevado a cabo en el  917ww
sceonmoo  dfoerl mprao cdeed pimagieon ttaon dtoe  dfaem lail iac odmivpoercnisoa, ceiónn e el cqouneó lmasic paa crotemso p paectnasrioónn  lcao amdpjuedniscaatcoiórina 
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manera implícita, sin que se realice liquidación de bienes ni fuera preciso otorgar una 
escritura concreta, siendo la sentencia título suficiente para la traslación del dominio, por 
cuanto la voluntad de las partes, tal como ha sido reiteradamente expuesto no fue otra 
que compensar el desequilibrio económico y así se recogió en el título judicial aun 
cuando no de manera explícita. La inadmisibilidad de la inscripción, y desestimación del 
recurso  generaría  graves  perjuicios  irreparables,  en  tanto  le  fue  atribuida  la  nuda 
propiedad  en  contraprestación  por  la  compensación  económica  y/o  pensión 
compensatoria estipulada en su día entre las partes.
En su virtud, a la Dirección General de Registros y del notariado solicito:
Que presentado el presente recurso gubernativo ante el órgano competente se sirva 
admitirlo y teniendo por interpuesto y admitido el recurso gubernativo contra calificación 
registral notificada en fecha 22 de julio de 2020, por el Registro de la Propiedad n.° 4 de 
Sabadell ante el que se presenta el recurso, y en base a lo manifestado se estime lo 
solicitado procediéndose mediante la práctica de la inscripción en los términos que 
establezca, o bien que se podrá practicar la misma subsanadas las faltas que fueren 
necesarias.
Otrosí  Primero  digo:  Que  se  acompaña  al  presente  recurso  los  siguientes 
documentos:
1.º  Copia del DNI solicitante.
2.°  Certificado de defunción de D. R.C.B.
3.°  Testimonio Sentencia a de divorcio.
4.º  Copia  de  la  calificación  negativa  cuya  rectificación  se  solicita  mediante  la 
interposición del presente recurso gubernativo.
Es justicia que pido en Sabadell, a 4 de agosto de 2020. Fdo. Francisca Antonell 
Ribatallada.»
IV
El 30 de septiembre de 2020, la registradora de la propiedad elevó el expediente a 
este Centro Directivo. En su preceptivo informe afirma que, habiendo sido requerida la 
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, para que 
aportase  en  original  o  testimonio  el  documento  calificado,  lo  aportó  el  día  9  de 
septiembre. Asimismo, en dicho informe hace constar que, conforme al párrafo quinto del 
artículo 327 de la Ley Hipotecaria, se remitió, por correo certificado, copia del recurso al 
Juzgado que tuvo entrada en el mismo el 16 de septiembre, sin que se haya recibido 
ninguna alegación por parte de éste.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 90, 91, 95, 96, 97, 103, 400, 609, 1205, 1216, 1218, 1255, 1262, 
1279, 1280, 1323, 1344, 1387 y 1404 del Código Civil; 43 y 76 del Codi de Familia de 
Catalunya, (Llei 9/1998, aplicable al presente caso pues los artículos 233-2 y 232-12 del 
Codi Civil de Catalunya, libro II, entraron en vigor el 1 de enero de 2.011); 2, 3, 9, 18, 19, 
19 bis, 20, 21 y 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; 703 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; 33, 34, 51 y 100 del Reglamento Hipotecario; la Resolución de 7 de octubre 
de  2011  de  la  Dirección  General  de  Derecho  y  de  Entidades  Jurídicas;  y  las 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de febrero,  es
9 y 10 de marzo y 31 de octubre de 1988; 6 de marzo de 1997; 16 de octubre y 18 de  o
3nedd1oniec ve i2edireo0mem 0 yb9mb r3;er ae0 2rd  2zdyeo  e 3d,2  1e105  90dm 92ed8a, e m,r2  z2ja0ou1y ,nd  od1ieo e6y  f   ye3dd b iecd2r iee9ejur  mjonud ibneodri  eoeyo    2cdd20teeu20  b 214dr09,ee 092  69dd1,,ie   c2d6 ie2e2 dm  0dme0be a8mr fer;ez a bo1drrz 4eeyo   r2 d2oy0e5  y1 8  d0m 1de,3 ae 5 oy d oocedtc  eutynu b oabr1vegr8ie oed  smddetoee b2   r2d0en0e0 od0 5v2e1,i e0 ,22 m15101 b 0,dd r79eee,      OE-A-2020-14917able en https://www.
y 11 de abril, 7 de julio, 15 de octubre y 5 de diciembre de 2012; 9 de marzo, 11 de mayo,
26 de junio y 19 de diciembre de 2013, y 8 de mayo, 2, 4 y 26 de junio, 1 y 26 de julio, 4 
de agosto, 4, 6 y 29 de septiembre,16 de octubre y 12 de noviembre de 2014, 27 de 
febrero y 19 y 30 de junio de 2015, 4 de mayo, 19 y 24 de octubre de 2016 y 11 de enero 
y 11 de octubre de 2017, 23 de abril y 16 de mayo de 2018, 14 de febrero, 16 y 22 de 
mayo y 2 y 31 de octubre de 2019; y las Resoluciones de esta Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de septiembre de 2020.
1.  Debe decidirse en el presente expediente si es o no inscribible un testimonio de 
sentencia dictada en procedimiento de divorcio cuyo fallo tiene el siguiente contenido: 
«Fallo. Acuerdo aprobar el acuerdo manifestado por las partes y, en consecuencia, 
decretar el divorcio de los cónyuges R.C.B. y F.A.R. y establecer como efectos del mismo 
los siguientes:
«(…) El uso del que venía constituyendo el domicilio familiar, sito en (…), se atribuye 
a F. A. R., siendo la propiedad de la misma correspondiente a ambos ex cónyuges».
R.C.B. adjudica a F. A. R., que la acepta, la nuda propiedad de la vivienda sita en 
(…), correspondiendo a R.C.B. el usufructo sobe la misma.
R.C.B. abonará a F. A. R., en concepto de pensión compensatoria, la mitad de la 
pensión de jubilación correspondiente al mismo, tanto de la pensión mensual como de 
las pagas extraordinarias que le correspondan».
El registrador expresa tres defectos impeditivos de la inscripción solicitada, de los 
cuales únicamente se impugna el consistente en que no consta que la adjudicación 
cuestionada ser realice en aplicación de lo prevenido en el artículo 41 del Codi de 
Familia, pues se indica en la sentencia que dicha compensación se efectúa mediante el 
pago de la mitad de la pensión de jubilación del esposo, por lo que, al tratarse de una 
causa negocial distinta, ajena a la liquidación del patrimonio del matrimonio, y dadas las 
exigencias  derivadas  del  principio  de  titulación  auténtica,  unidas  a  la  limitación  de 
contenido  que  puede  abarcar  el  convenio  regulador,  se  exige  escritura  para  la 
formalización de un negocio de esta naturaleza. La recurrente sostiene que se trata de 
un negocio jurídico llevado a cabo en el seno del procedimiento de divorcio, en el que las 
partes pactaron la adjudicación del bien perteneciente al esposo en su día, como forma 
de pago tanto de la compensación económica como de pensión compensatoria fijada sin 
limitación temporal, por lo que cabría la inscripción, en tanto que en la propia calificación 
negativa así se admite de manera implícita; sin que se realice liquidación de bienes ni 
sea preciso otorgar una escritura concreta, siendo la sentencia título suficiente para la 
traslación del dominio, por cuanto la voluntad de las partes no fue otra que compensar el 
desequilibrio económico y así se recogió en el título judicial, aun cuando no de manera 
explícita. Añade, también, que la inadmisibilidad de la inscripción, y desestimación del 
recurso  generaría  graves  perjuicios  irreparables,  en  tanto  le  fue  atribuida  la  nuda 
propiedad  en  contraprestación  por  la  compensación  económica  yo  pensión 
compensatoria estipulada en su día entre las partes.
2.  Debe recordarse, aunque sea de manera somera, cuál es la línea doctrinal 
seguida por este Centro Directivo a la hora de analizar el valor formal y material del 
convenio regulador como título inscribible en el Registro de la Propiedad. A modo de 
resumen de dicha doctrina, la Resolución de 11 de octubre de 2017 puso de relieve que 
«el convenio regulador como negocio jurídico –tanto en su vertiente material como 
formal– propio y específico, goza de una aptitud privilegiada a los efectos de permitir su 
acceso a los libros del Registro. Si bien no deja de ser un acuerdo privado, la preceptiva  s
aprobación judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y  oe.
dsnPieoogfrruim nieeiatlnlilov,t o,ec ssloa,  m dlsieqoielu  Cmpiduópaddrcieieigó roqna u  Cdpeierv elli aldr,s éiec gascitmrlaásbeuelns edu ceeleac nsloa  n udlóineqm lum iimcdaoairs-ccmmoió aovnt á rnidlmioed olo enr pxéiacagleri mayd  aeepnnnro   edgdceeuo ncsnieruó raa mcsl ioidceneontl-te mohnsaai dbtrroeeim grt iícospotnircmiaaolúle »nys.     2020-14917n https://www.
del matrimonio es materia típica y propia del convenio, al igual que aquellos actos
relativos a la vivienda familiar. Y es que el convenio regulador, otorgado directamente por
los interesados sin intervención en su redacción de un funcionario competente, al no 
constituir  un  documento  público  propiamente,  no  puede  exceder  de  ese  contenido 
tasado, por lo que en caso de extralimitarse (y sin influir en la validez y eficacia del acto 
de que se trate, naturalmente, siempre y cuando concurran los requisitos previstos en el 
artículo  1261  del  Código  Civil)  deberán  los  interesados  otorgar  la  escritura  pública 
correspondiente.
3.  En el presente caso, tal y como se ha reseñado anteriormente, los términos de la 
sentencia aportada al Registro son inequívocos, sin que se constate en la misma lo 
indicado por la recurrente en el sentido de que «le fue atribuida la nuda propiedad en 
contraprestación por la compensación económica y/o pensión compensatoria estipulada 
en su día entre las partes». Por tal razón, procede confirmar íntegramente la calificación 
en el extremo en que ha sido recurrida, toda vez que la adjudicación a la esposa de un 
bien privativo (adquirido por su esposo a título de herencia en 1991) rebasa, de manera 
clara y evidente, la viabilidad del testimonio aportado de la resolución judicial para 
provocar «per se» la inscripción pretendida, pues dicha adjudicación, sin más, es un acto 
a título gratuito, con lo que ello implica y conlleva en el orden material y formal.
Debe recordarse que el artículo 41 del entonces vigente Codi de Familia y respecto 
de la compensación a que alude el recurrente en su escrito establecía lo siguiente:
«Compensación económica por razón de trabajo.
1.  En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin 
retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el otro 
cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en caso de que 
se haya generado, por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de 
los dos que implique un enriquecimiento injusto.
2.  La compensación debe satisfacerse en metálico, salvo acuerdo entre las partes o 
si la autoridad judicial, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del cónyuge 
obligado. El pago debe tener efecto en un plazo máximo de tres años, con devengo de 
interés legal desde el reconocimiento, caso en el que puede acordarse judicialmente la 
constitución de garantías a favor del cónyuge acreedor».
Ahora bien, nada habilita para aplicar al presente caso del apartado número 2 del 
artículo transcrito.
4.  A mayor abundamiento, y en esta línea, la Resolución de 7 de octubre de 2011 
de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, citada por el registrador en 
la calificación, puso de relieve que, de acuerdo con el artículo 76.e) del Código de 
familia, el convenio de separación o de divorcio debe contener las normas relativas a la 
liquidación, si es el caso, del régimen matrimonial, y la división de los bienes comunes; y 
que, evidentemente, en un régimen de separación de bienes sólo se puede proceder a la 
división de los bienes comunes. No hay lugar para tratar de las fincas o bienes que sólo 
son de uno de los esposos, por mucho que se hayan adquirido durante el matrimonio, a 
menos  que  se  trate  de  la  atribución  del  uso  de  la  vivienda  familiar  o  de  otras 
compensaciones. En cambio, hay lugar, evidentemente, para proceder a la división de 
los bienes que pertenecen a los esposos en comunidad ordinaria, incluso si contienen el 
pacto de supervivencia, sin ninguna distinción por razón del momento de la adquisición. 
Añádase a lo anterior que, actualmente, el Código Civil Catalán en su artículo 233-2 y 
respecto de las medidas definitivas propuestas por convenio regulador, incluye en su 
apartado 5 que éste también debe contener, si procede: «d). La liquidación del régimen  s
económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa». oe.
lqcoousne ct 5eló.an n iyddPuaifoge erer enscn ,o ltayen   slncaiogastuu aeise xarnei gtcneeue,n rgcreoiidsac asipa,  dller,ee narsaijpvemaendecatan oast e  dd laeae  clll aiepq rruptianirddecaaitpec iinoyód  ndia dejdau e stialtt audpdljaauatcdr iiióamcn aod caneióuironet é,cp nhertooinc   ailena,l d  usiavnefiiisndromtai dsaeo cna itdó rleean     2020-14917n https://www.
limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, deben resolverse a
favor  de  la  exigencia  de  escritura  para  la  formalización  de  un  negocio  como  el
consignado en la resolución judicial; esto es, que para que la adjudicación recogida en la 
sentencia  accediera  al  Registro  tendrían  que  cumplirse  los  requisitos  de  titulación 
auténtica (escritura pública) exigidos tanto por la regulación de la forma de los negocios 
jurídicos –escritura pública en este caso-, como por la legislación hipotecaria.
Y es que en este expediente no se cuestiona la fuerza vinculante de un hipotético 
acuerdo, sino el modo de formalizarlo para que pueda causar inscripción, pues el Código 
Civil no exige para la donación de inmuebles cualquier documento público, sino uno 
específico, la escritura pública, siendo más que evidente que el legislador del Código no 
era en absoluto desconocedor del significado del término por él empleado.
6.  Por lo demás, el registrador ha de atenerse en su calificación a los asientos del 
Registro y al título presentado, que recoge lo que más arriba se ha transcrito y no otra 
cosa; sin que tenga cobertura la afirmación de la recurrente en el sentido de que la 
voluntad  de  las  partes  fue  compensar  el  desequilibrio  económico  mediante  la 
adjudicación objeto de la calificación que motiva este recurso, y que así se recogió en el 
título judicial aun no de manera explícita (pues nada de eso consta ni se dice en la 
sentencia), por más que la recurrente incida en la tesis de un peculiar negocio jurídico 
familiar. Negocios éstos que, se califiquen o no de complejos -como aquí se pretende- y 
aunque se digan celebrados en el curso, o con ocasión, de procesos matrimoniales, en 
principio  no  implicarían  más  que  la  expresión  de  un  motivo  que  no  alteraría  su 
naturaleza, ni excluiría el ánimo de liberalidad a favor de los beneficiarios, que no otra es 
la causa de una donación.
Como se ha afirmado acertadamente y respecto de adjudicaciones pactadas en 
supuestos de crisis matrimonial, para no considerarlas verdaderas donaciones (con las 
exigencias formales «ad solemnitatem» que ello conlleva) no bastaría con una genérica 
referencia al hecho de haberse realizado en el curso de un procedimiento matrimonial o 
de liquidación de régimen económico; o que constituya un negocio complejo, pues para 
ello  debería  expresarse,  con  claridad,  qué  compensaciones  se  han  otorgado  los 
cónyuges a fin de proporcionar a la atribución una causa distinta de la liberalidad; algo 
que, en este caso, y a la vista de los términos de la sentencia antes transcritos, es 
indudable que no existe. Ello, además, sin olvidar que, desde el punto de vista registral, 
es siempre obligado exigir la expresión de la causa como requisito para la inscripción, tal 
y como este Centro Directivo ha proclamado reiteradamente; y en el presente caso no se 
recoge en la sentencia sino una adjudicación gratuita sin más aditamentos.
En  consecuencia,  esta  Dirección  General  ha  acordado  desestimar  el  recurso 
interpuesto y confirmar la nota de calificación del registrador en los términos que resultan 
de los anteriores pronunciamientos.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda 
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el 
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 12 de noviembre de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, Sofía Puente Santiago.