BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 206 Jueves 30 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 60256
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
8793 Resolución de 5 de abril de 2020, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la 
registradora mercantil de Ciudad Real a practicar el depósito de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2017 de una entidad.
En el recurso interpuesto por doña R. M. F. P., en su calidad de Administradora única 
de la entidad Rosa&Candelaria, S.L., contra la negativa de la registradora Mercantil de 
Ciudad Real, doña María Montaña Zorita Carrero, a practicar el depósito de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2017 de la citada entidad.
Hechos
I
Por doña R.M.F.P., administradora única de la mercantil Rosa&Candelaria, S.L. fue 
solicitada el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 de la citada 
entidad.
II
El día 26 de febrero de 2020 se presentaron para su depósito las cuentas de la 
sociedad mencionada correspondientes al ejercicio 2017. Que dichas cuentas fueron 
calificadas con la siguiente nota: «1.  La sociedad debe depositar el informe de auditoría 
ya que consta inscrito el nombramiento de auditor voluntario por la inscripción 10.ª 
Habiéndose solicitado a su vez el nombramiento de auditor con base al art. 265 de LSC. 
El objetivo de la auditoría según ha manifestado la Dirección General de los Registros y 
del Notariado es obtener una opinión técnica, expresada de forma clara y precisa sobre 
las cuentas de la sociedad y según el informe de auditoría que se acompaña no se 
expresa  opinión  sobre  las  cuentas  porque  no  se  ha  podido  obtener  evidencia  de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de 
auditoría  sobre  cuentas  anuales.  Expresándose  además  que  «dado  que  no  hemos 
comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para emitir una opinión sobre las cuentas 
anuales adjuntas». La Dirección General de los Registros y del Notariado admite el 
depósito cuando del informe puede deducirse una información clara sobre el estado 
patrimonial  de  la  sociedad,  señalando  que  debe  admitirse  a  pesar  de  la  opinión 
desfavorable si no se contiene la información de un incumplimiento cualificado o de que 
resulta Imposible conocer el estado de las cuentas anuales, siendo esto último lo que 
sucede en este caso, en que ni siquiera se han comenzado los trabajos de auditoría. 
Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 10 de octubre 
de 2018. Por otra parte, la Resolución de 23 de febrero de 2013 señala que no cabe 
equiparar la emisión del informe con la denegación por falta de medios o falta de pago». 
2.  No están depositadas las cuentas de los ejercicios 2017 al 2018 por lo que la hoja 
registral se encuentra cerrada (art. 378 del RRM). Que el punto primero de la nota es  e.e
reiteración de la nota de defectos de fecha 27 de junio de 2019 ante la presentación de  b
estas mismas cuentas. 93ww
Zori(ta… C) aCrrieurdoa.d Real, a 26 de febrero de 2020. La registradora. Fdo. María Montaña  OE-A-2020-87able en https://
III
Doña R.M.F.P., administradora única de la mercantil Rosa&Candelaria, S.L. interpuso 
recurso, alegando:
«Primero.  Se deniega el depósito de cuentas de 2017, debido a que no se expresa 
opinión sobre las cuentas porque «no se ha podido obtener evidencia de auditoria que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría 
sobre cuentas anuales» y «dado que no hemos comenzado el trabajo carecemos de 
evidencia para emitir una opinión sobre las cuentas adjuntas».
Entiende  esta  parte  que  las  dos  frases  entrecomilladas  de  su  «notificación  de 
calificación», se debían haber transcrito completas para no desvirtuar su contenido, por 
ello la transcribimos en su totalidad: «En base a lo establecido por la legislación vigente, 
y respuestas a consultas del ICAC, en estos casos el auditor debe emitir un informe de 
auditoría  con  los  resultados  de  los  trabajos  realizados  hasta  el  momento  del 
conocimiento de la insuficiencia de la auditada para atender el pago de honorarios. Dado 
que no hemos comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para emitir una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas. Excepto por la cuestión descrita en la sección 
Fundamento de la denegación de opinión, hemos determinado que no existen otros 
riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe».
Segundo.  De las cuentas anuales de 2.014, 2015, 2016, ha sido emitido el informe 
de auditoría con «Opinión denegada», es decir igual al informe de 2017 y sin embargo 
han sido inscritas las cuentas.
Tercero.  Con fecha 16 de julio de 2018, fue presentado en ese Registro Mercantil, 
Recurso «para ante la Dirección General de Registros y del Notariado (Lo adjuntamos 
como documento n.º 1) sobre las cuentas de 2014 y 2016. Recurso que al comprobarse 
que teníamos razón no fue hecho seguir a la citada Dirección General de Registros y del 
Notariado.
Cuarto.  Que con fecha 18 de Julio de 2.018 se nos comunica «Que presentado por 
correo certificado, dentro del plazo estipulado en resolución de 5 de mayo de 2.018, el 
informe de Auditoría correspondiente a las cuentas anuales de 2017 de la Sociedad 
Rosa&Candelaria, S.L., expedido dicho informe en Valdepeñas el 4 de Julio de 2.018, 
por don V. R. C., en representación de la Entidad Auditora Audit Process, S.L. Por tanto, 
queda cerrado el expediente 15/2018 de nombramiento de Auditor de Cuentas». Como 
documento n.º 2 se adjunta dicha comunicación.
Quinto.  Que con fecha 23 de Julio de 2018, se nos comunica lo siguiente: «M.ª 
Montaña  Zorita  Carrero,  Registrador  Mercantil  de  Ciudad  Real,  ante  el  recurso 
presentado  por  doña  R.  F.  P.  con  D.N./.  (…)  como  administradora  de  la  sociedad 
Rosa&Candelaria, S.L. contra la nota de calificación de los depósitos de cuentas de los 
ejercicios 2014 y 2016 le comunica que una vez examinada la documentación existente: 
depósitos  presentados,  informes  de  auditores  y  notas  de  calificación  expedidas  he 
resuelto  modificar  la  calificación  efectuada  respecto  de  los  ejercicios  señalados 
procediendo al depósito de las cuentas presentadas.
Lo que le comunico de conformidad con el art. 327 L.H.» Como documento n.º 3 se 
adjunta la citada comunicación.
Sexto.  Que considera esta parte que el Registro no puede aplicar una doctrina 
distinta de la de seguir sus propios actos y en el caso que nos ocupa, la Auditoria de las 
cuentas anuales de 2014, 2015 y 2016 fue formulada con opinión denegada, al igual que  e
la de 2.017, en todos los casos únicamente por la falta de liquidez de la sociedad para el  bo
pago de honorarios, pero con la disposición plenamente favorable de la administradora a  93ww
colaSbéopratirm eon.  la Qeumeis eiósnta d pea lart eA ucdointosridíae.ra que las resoluciones de la DGRN citadas para
esol brerech aauzdoi tdoere lsa sd icsutienntotas sd neo l osso nd easpiglincaabdloess  pao er setle R ceagsios.t rLoa M perirmcaenratil .d Lea e sllaesg upnodraq upeo rtrqautea 
no se aporta el informe legalmente previsto admitido por el ICAC. En el caso que nos
ocupa el Auditor es el inscrito en el Registro Mercantil y el informe emitido se ajusta al 
modelo legalmente previsto por el ICAC. Se acompañan como documento n.º 4, 5 y 6 
dichas resoluciones y modelos y se puede comprobar que el utilizado es el previsto en la 
página 42.
Octavo.  Que respecto al deber de colaboración de la Administradora se indica 
perfectamente en el informe: «No obstante, dado que existe una clara voluntad por parte 
de la administradora de colaboración y de ofrecer una clara transparencia en la gestión, 
ha puesto a nuestra disposición todos los libros y documentos contables para efectuar 
nuestro trabajo. Adicionalmente nos ha comunicado que ella misma estaría dispuesta a 
efectuar de su cuenta particular el 50% del pago de nuestros honorarios, si el otro 50% 
fuese atendido por el socio que ha solicitado el informe de auditoría. En este sentido, 
hemos verificado la carta de la Administradora remitida a su socio transmitiéndole su 
decisión, sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe de auditoría no hemos 
tenido ninguna noticia afirmativa de parte del citado socio. En base a lo establecido por 
la legislación vigente, y respuestas a consultas del ICAC, en estos casos el auditor debe 
emitir un informe de auditoría con los resultados de los trabajos realizados hasta el 
momento del conocimiento de la insuficiencia de la auditada para atender el pago de 
honorarios. Dado que no hemos comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para 
emitir una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas».
Noveno.  Que  como  consecuencia  de  todo  lo  anterior,  las  cuentas  deben  ser 
admitidas.
Por lo expuesto:
Al Registro Mercantil suplico: Que tenga por recibido este escrito, lo admita a trámite, 
y en su virtud, practique el asiento suspendido, depositando las cuentas de 2017.»
IV
Con fecha 5 de marzo de 2020, la registradora emitió informe y elevó el expediente a 
este Centro Directivo.
Fundamentos de Derecho
Vistos, los artículos 269 y 275 de la Ley de Sociedades de Capital; Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de enero de 2014, 20 de 
octubre de 2015, 18 de abril de 2016, 15 y 21 de junio, 14 de septiembre y 19 de 
diciembre de 2017, 28 de febrero, 23 de abril y 27 de julio de 2018 y 21 de marzo 
de 2019.
1.  El presente expediente tiene por objeto el recurso interpuesto por doña R. M. F. 
P., en su calidad de Administradora única de la entidad Rosa&Candelaria, S.L., contra la 
negativa  de  la  registradora  Mercantil  de  Ciudad  Real,  doña  María  Montaña  Zorita 
Carrero, a practicar el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 de la 
citada entidad.
La registradora señala como defecto, resumidamente: «La sociedad debe depositar 
el informe de auditoría ya que consta inscrito el nombramiento de auditor voluntario por 
la inscripción 10.ª Habiéndose solicitado a su vez el nombramiento de auditor con base 
al art 265 de LSC. …según el informe de auditoría que se acompaña no se expresa  s
opinión sobre las cuentas porque no se ha podido obtener evidencia de auditoría que  e.
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría  w.
sobre cuentas anuales, expresándose además que "dado que no hemos comenzado el  93ww
tardajbuanjtoa,s »c.arecemos de evidencia para emitir una opinión sobre las cuentas anuales
manLifaie rsetcau rqrueen te« emna nbiafisees taa,  rleos uemstiadbalmeceidnote  pqoure  l«ae nle egli sinlafocirómne  vdigee anuted,it oyr íare asppouretasdtaos  sae   BOE-A-cable e
consultas del ICAC, en estos casos el auditor debe emitir un informe de auditoría con los 
resultados  de  los  trabajos  realizados  hasta  el  momento  del  conocimiento  de  la 
insuficiencia de la auditada para atender el pago de honorarios. Dado que no hemos 
comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para emitir una opinión sobre las cuentas 
anuales adjuntas. Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la 
denegación  de  opinión,  hemos  determinado  que  no  existen  otros  riesgos  más 
significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 
Segundo. Las cuentas anuales de 2.014, 2015, 2016, ha sido emitido el informe de 
auditoría con «Opinión denegada», es decir igual al informe de 2017 y sin embargo han 
sido inscritas las cuentas…Octavo. Se indica perfectamente en el informe: «No obstante, 
dado que existe una clara voluntad por parte de la administradora de colaboración y de 
ofrecer una clara transparencia en la gestión, ha puesto a nuestra disposición todos los 
libros y documentos contables para efectuar nuestro trabajo. Adicionalmente nos ha 
comunicado que ella misma estaría dispuesta a efectuar de su cuenta particular el 50% 
del pago de nuestros honorarios, si el otro 50% fuese atendido por el socio que ha 
solicitado el informe de auditoría. En este sentido, hemos verificado la carta de la 
Administradora remitida a su socio transmitiéndole su decisión, sin embargo, a la fecha 
de emisión del presente informe de auditoría no hemos tenido ninguna noticia afirmativa 
de  parte  del  citado  socio.  En  base  a  lo  establecido  por  la  legislación  vigente,  y 
respuestas a consultas del ICAC, en estos casos el auditor debe emitir un informe de 
auditoría  con  los  resultados  de  los  trabajos  realizados  hasta  el  momento  del 
conocimiento de la insuficiencia de la auditada para atender el pago de honorarios. Dado 
que no hemos comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para emitir una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas.»
2.  La cuestión relativa a cuál deba ser la valoración jurídica que del informe de 
auditoría haya de realizar el registrador Mercantil a la hora de calificar si procede o no el 
depósito de las cuentas anuales a que aquél se refiere ha sido abordada en gran número 
de ocasiones por este Centro Directivo.
Esta Dirección General ha afirmado reiteradamente que el objetivo perseguido por la 
Ley de Sociedades de Capital y demás legislación citada en los «Vistos», cuando sea 
preciso que las cuentas estén auditadas, se encamina a obtener mediante informe de 
auditor, una opinión técnica, expresada de forma clara y precisa sobre las cuentas de la 
sociedad.
Los artículos 4 a 6 del Real Decreto 1517/2011 (que desarrollaban lo dispuesto en 
los artículos 1, 2 y 3 del texto refundido de la anterior Ley de Auditoría de 2011), 
establecen expresamente que la auditoría de las cuentas anuales consistirá en revisar y 
verificar éstas a los efectos de dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y, en su caso, de 
los flujos de efectivo de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo.
En el mismo sentido, la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
en sus artículos 1 y 4, viene a disponer que «se entenderá por auditoría de cuentas la 
actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de 
otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco 
normativo  de  información  financiera  que  resulte  de  aplicación,  siempre  que  dicha 
actividad  tenga  por  objeto  la  emisión  de  un  informe  sobre  la  fiabilidad  de  dichos 
documentos que pueda tener efectos frente a terceros». e.
Por su parte nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de 8 de febrero de 2013, afirma  w.b
lo siguiente: «El principio contable true and fair view (imagen fiel), por el que se exige  93ww
qleucetu rloas  peusetdaad oosb cteonnetarsbele su ndae  rseípnrteesseisn tsaecaiónn  ceoxrraeccttao sd ey  lfaia bslietusa, cdióen  meocdoon óqmuiec ac odne  slua 
icnocmorppaoñríaad oy  adle ld ecruercshoo d eco smuusn intaergioo cpioosr,  lrae cCougaidrtoa  eDni relac tiCvao m7p8a/6n6ie0s/ CAEcEt  ddee l 1C94o8n,s efujoe, 
de  25  de  julio  de  1978  (LCEur  1978,  266),  relativa  a  las  cuentas  anuales  de
determinadas formas de sociedad, y a nuestro derecho nacional por la Ley 19/1989, 
de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas 
de la comunidad Económica Europea (CEE) en materia de Sociedades, que dio nueva 
redacción al artículo 34.2 del Código de Comercio, a cuyo tenor «las cuentas anuales 
deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones 
legales», y al artículo 102.2 de la Ley de 17 de julio de 1951 (RCL 1951, 811, 945) sobre 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, según el cual «[e]stos documentos 
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), que forman una unidad, deben ser 
redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la sociedad, de conformidad con esta Ley y con lo previsto en el 
Código de Comercio».
3.  Desde el punto de vista del Registro Mercantil y a los efectos de decidir si las 
cuentas  de  una  sociedad  determinada  pueden  o  no  ser  objeto  de  depósito,  es 
competencia del registrador Mercantil y de esta Dirección General en vía de recurso 
determinar el valor de dicho informe a los efectos de practicar operaciones en el Registro 
Mercantil. En este sentido, para determinar si procede el depósito de cuentas de una 
sociedad obligada a auditarse, es preciso analizar si con el informe aportado se cumple o 
no con la finalidad prevista por la legislación de sociedades y si con él se respetan 
debidamente los derechos del socio cuando se ha instado su realización.
En este contexto, el artículo 5 de la vigente Ley de Auditoría de Cuentas distingue 
adecuadamente los supuestos en que el auditor ha llevado a cabo su tarea (artículo 5.1), 
de aquellos otros en que no ha sido así (artículo 5.2).
En el primer caso, el informe de auditoría contendrá, en su caso, manifestación 
explícita  de  las  reservas  o  salvedades  detectadas  en  el  desarrollo  del  trabajo  de 
auditoría, así como de cualquier aspecto que, no constituyendo una reserva o salvedad, 
el auditor deba o considere necesario destacar en el informe, a fin de enfatizarlas. Por 
ello, la opinión técnica del auditor habrá de manifestar, sin ambages, su valoración sobre 
si las cuentas anuales de un determinado ejercicio expresan dichos extremos en el 
ejercicio finalizado en fecha cierta, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación.
Ello conduce a que puedan ser expresados cuatro tipos de opiniones técnicas: 
favorable,  con  salvedades,  desfavorable  y  denegada,  conforme  al  apartado  e)  del 
referido artículo 5.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas.
No hay cuestión cuando el informe contiene una opinión favorable o favorable con 
salvedades pues ambos supuestos implican la afirmación del auditor de que el informe 
que suscribe conlleva que las cuentas analizadas expresan la imagen fiel del patrimonio 
social, de su situación financiera y, en su caso, del resultado de las operaciones y de los 
flujos de efectivo (artículos 5 de la Ley de Auditoría de Cuentas, 34 del Código de 
Comercio y 6.1 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1517/2011).
La  cuestión  compleja  se  presenta  cuando  el  auditor  emite  opinión  denegada  u 
opinión desfavorable pues se trata entonces de evaluar si como consecuencia de la 
opinión técnica las cuentas deben o no ser objeto de depósito.
4.  Por lo que a la opinión denegada se refiere, la doctrina de esta Dirección General 
de los Registros y del Notariado ha venido afirmando la improcedencia del depósito de 
cuentas.
Dicha  doctrina,  hoy  superada  como  se  verá,  entiende  que  la  Ley  piensa  e
exclusivamente en un informe de auditoría que dé satisfacción al derecho a conocer el  bo
estado de las cuentas, es decir, un informe de una auditoría realizada, o sea, que haya  93ww
spieturmacitiiódno  fcinoamnpcrioebraa r ys id lea sl ocsu ernetsausl taadnousa ledse  olfar escoecni elad aimd a(gviedn.  fRieel sdoelul cpioantreims odneio ,2 d8e  dlae 
daeg o2s0to1 3d ey  21 9d9e8 j,u 1li6o  ddee  2a0b1ri5l d, ee n2t0re0 3o,t r5a sd)e. mayo de 2004, 29 de enero y 5 de septiembre
Frente a esta doctrina se ha ido imponiendo la más reciente que, flexibilizando el 
análisis anterior, afirma la posibilidad de proceder al depósito al que el informe con 
opinión denegada se refiere.
Así, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 10 de 
enero de 2014 admitió el depósito de cuentas con un informe de auditoría en el que no 
se expresaba una opinión sobre las cuentas anuales debido al efecto muy significativo 
de las incertidumbres observadas por el auditor, entendiendo que la falta del depósito de 
las cuentas desvirtuaría su finalidad y sustraería a los socios y a los terceros una 
información mercantil relevante.
No debe admitirse el depósito de cuentas cuando los motivos que impiden al auditor 
expresar su opinión, pueda ser imputada a la actitud de la propia sociedad, por haberse 
comprometido la objetividad o independencia del auditor o por no haberse realizado por 
la sociedad la entrega de la documentación relevante correspondiente que permita al 
auditor llevar a cabo sus trabajos (artículos 3.2 de la Ley anterior, hoy 5.2 de la vigente 
Ley  22/2015,  de  20  de  julio,  de  Auditoría  de  Cuentas,  y  7.2  del  Reglamento  que 
desarrollaba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011; vid. Resoluciones de 28 de agosto de 1998 y 17 de mayo 
de 2001), pues en estos casos la admisión del depósito de cuentas implicaría una 
frustración de la finalidad de la Ley, así como de los derechos de los socios que instaron 
la auditoría y de los terceros, en su caso.
Por otra parte, como se dijo en la Resolución de 11 de marzo de 2014 «(…) es 
forzoso reconocer que no toda opinión denegada tiene porqué implicar necesariamente 
el rechazo del depósito de cuentas. La conclusión anterior conlleva determinar en qué 
supuestos un informe de auditor con opinión denegada por existencia de reservas o 
salvedades es hábil a los efectos del depósito de cuentas. No se trata de una cuestión 
sencilla ciertamente dada la parquedad y ambigüedad con que se pronuncian las normas 
aplicables. Hay que partir en cualquier caso de que la finalidad de la norma es dar 
satisfacción al interés de socios y terceros o de un socio minoritario en que se nombre 
«un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio (artículos 263.1 y 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital)». 
Será por tanto este baremo el que ha de servir de guía para determinar si el informe 
aportado cumple o no con dicha finalidad. Al respecto tiene declarado esta Dirección 
General que el informe no puede servir de soporte al depósito de cuentas cuando del 
mismo  no  pueda  deducirse  racionalmente  ninguna  información  clara,  al  limitarse  a 
expresar la ausencia de opinión sobre los extremos auditados (vid. Resoluciones en los 
«Vistos»). A contrario, cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información 
clara sobre el estado patrimonial de la sociedad no debe ser objeto de rechazo aun 
cuando el auditor, por cuestiones técnicas, no emita opinión. Este criterio obliga a 
realizar  un  análisis  del  informe  del  auditor  presentado  junto  con  las  cuentas  y, 
especialmente, de las salvedades que en el mismo se realizan a fin de concluirse, con 
independencia del hecho de que impidan formular al auditor una opinión de acuerdo a 
las normas técnicas de actuación, las mismas impiden o frustran el interés del socio a la 
revisión de las cuentas anuales y de los eventuales terceros, de modo que solamente 
cuando así ocurra deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil».
Corolario de esta doctrina más reciente es la afirmación de que la denegación del 
depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un 
carácter restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información 
a quienes tienen derecho a conocer el contenido de las cuentas y en tales casos la  s
decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés concreto, como  oe.
será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al  w.
registrador Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando  93ww
inforImguaacli ócno nasl iaduedraitcoiró.n merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando
del informe del auditor resulte la imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o
terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad (vid. Resoluciones de 30 de 
marzo y 21 de junio de 2017).
La gran trascendencia que para la sociedad conlleva el cierre de la hoja por falta de 
depósito aconseja extremar la prudencia y limitar los casos de denegación de depósito a 
aquellos  en  que  del  informe  del  auditor  resulte  la  afirmación  de  existencia  de 
incumplimiento del deber de colaboración (artículo 6 de la Ley de Auditoría), de modo 
que haya impedido al auditor la elaboración de su informe o la emisión de opinión 
(Resolución de 30 de marzo de 2017); supuesto al que hay que asimilar aquellos en los 
que resulte la afirmación del auditor sobre la imposibilidad de conocer el contenido de las 
cuentas sociales.
En ambos supuestos resulta clara la frustración del interés perseguido por la Ley de 
que se lleve a cabo la «revisión y verificación de las cuentas anuales», a que se refiere el 
artículo 1 de la Ley de Auditoría a fin de emitir un informe «sobre la fiabilidad de dichos 
documentos que pueda tener efectos frente a terceros».
5.  A similares conclusiones debe llegarse en relación con el supuesto de informe de 
auditoría con opinión desfavorable.
De modo similar al supuesto de opinión denegada, la doctrina de esta Dirección ha 
evolucionado desde una posición restrictiva a otra más flexible y respetuosa con la 
realidad de las cosas.
Así, si en la Resolución de 1 de agosto de 2014 esta Dirección General entendió que 
la expresión de una opinión desfavorable implicaba una frustración de la finalidad de la 
Ley así como de los derechos de los socios que instaron la auditoría y de los terceros, en 
su caso, en la posterior Resolución de 20 de octubre de 2015, se acogió la misma línea 
argumental expuesta en relación a la opinión denegada afirmando: «Denegar el depósito 
de las cuentas anuales con un informe de auditoría desfavorable, que como el del 
presente caso contiene información detallada y cuantificada sobre los extremos que lleva 
a emitir dicha opinión, significaría no dar publicidad a una información relevante para 
socios y terceros que es una de las finalidades básicas del depósito de cuentas en el 
Registro Mercantil, determinando al mismo tiempo un cierre registral por falta de depósito 
de las cuentas con las importantes consecuencias que ello conlleva. El artículo 281 de la 
ley  de  sociedades  de  Capital  determina  que  «cualquier  persona  podrá  obtener 
información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados», entre cuyos 
documentos debe entenderse incluido el informe de auditoría».
En definitiva y por los mismos motivos expuestos, debe procederse al depósito de las 
cuentas objeto del informe de auditoría con opinión desfavorable si del mismo resulta el 
análisis llevado a cabo de las cuentas en términos tales que implique la toma de postura 
del auditor «sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a 
terceros».
Aunque la opinión sea desfavorable si el informe no contiene la afirmación de un 
incumplimiento cualificado del deber de colaboración o de que resulta imposible conocer 
el estado de las cuentas anuales no debe rechazarse su depósito (vid. Resoluciones 
de 2 de enero de 2017).
Si las cuentas anuales han permitido al auditor la emisión de su opinión y el resultado 
es que las cuentas no son fiables se cumple la finalidad establecida en el artículo 1 de la 
Ley de Auditoría sin perjuicio de las consecuencias que la emisión del informe con 
opinión desfavorable pueda tener para la aprobación de las cuentas (artículo 272.2 de la 
Ley de Sociedades de Capital), o la valoración que eventuales terceros hagan de su 
contenido. e.
Es cierto que, como han recogido distintas Resoluciones de este Centro Directivo, la  w.b
conculcación del principio de imagen fiel no es una cuestión meramente formal, sino que  93ww
dtael tehremchinoa, nstee gdúen l ala n Suleidnatedn dceia l odse la cTuriebrudnoasl  qSuuep raepmruoe bdaen 2 l0a sd ceu menatrazso a dneu a2le0s0 9c,u «a(n…do)  neos 
fsoer mhaunla dfoarsm udlaed om coodno c lafroidrmada lmo ennot em uceosrtrreacnt ola  iym angoe n efixeils, taaunn qiurree geusltaérnid raeddeasc taedna s eol 
procedimiento para su adopción. Se trata de acuerdos nulos por razones de fondo y, 
concretamente, por tratarse de acuerdos contrarios a la Ley».
Aceptado lo anterior, como no puede ser de otra forma, es preciso tener en cuenta 
que también ha afirmado esta Dirección General (por todas, Resolución de 21 de junio 
de 2017), que el registrador no controla la exactitud de las cuentas anuales de la 
sociedad ni supervisa la actuación de los auditores.
El  informe  de  verificación  es  un  informe  pericial  llevado  a  cabo  por  el  técnico 
señalado por la Ley que es quien lleva a cabo la tarea de supervisión de las cuentas 
anuales de la sociedad y en cuyo contenido basa su actuación el registrador Mercantil, 
pero sin que de ello resulte ni una valoración de las cuentas anuales (que ha sido llevada 
a cabo por el auditor), ni una revisión de la actuación del auditor (que no es objeto de 
discusión). Como afirma nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de septiembre 
de 2002 el informe del auditor es la prueba pericial utilizada por el juez para formar su 
opinión.
No es en el limitado espacio del procedimiento de depósito de las cuentas ni en el de 
su eventual recurso donde puede llevarse a cabo un análisis del contenido de las 
cuentas anuales que permita afirmar la conculcación de las normas que determinan su 
formulación. Ha de ser en el procedimiento plenario que corresponda y con la aportación 
de las pruebas periciales que se estimen oportunas donde deba ventilarse semejante 
cuestión.
6.  Consta en el expediente que «…Dado que no hemos comenzado el trabajo (sic. 
Por no haber sido pagados los honorarios), carecemos de evidencia para emitir una 
opinión sobre las cuentas anuales adjuntas. Excepto por la cuestión descrita en la 
sección Fundamento de la denegación de opinión, hemos determinado que no existen 
otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe… No obstante, dado que existe una clara voluntad por parte de la 
administradora de colaboración y de ofrecer una clara transparencia en la gestión, ha 
puesto a nuestra disposición todos los libros y documentos contables para efectuar 
nuestro trabajo. Adicionalmente nos ha comunicado que ella misma estaría dispuesta a 
efectuar de su cuenta particular el 50% del pago de nuestros honorarios, si el otro 50% 
fuese atendido por el socio que ha solicitado el informe de auditoría. En este sentido, 
hemos verificado la carta de la Administradora remitida a su socio transmitiéndole su 
decisión, sin embargo, a la fecha de emisión del presente informe de auditoría no hemos 
tenido ninguna noticia afirmativa de parte del citado socio. En base a lo establecido por 
la legislación vigente, y respuestas a consultas del ICAC, en estos casos el auditor debe 
emitir un informe de auditoría con los resultados de los trabajos realizados hasta el 
momento del conocimiento de la insuficiencia de la auditada para atender el pago de 
honorarios. Dado que no hemos comenzado el trabajo, carecemos de evidencia para 
emitir una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas».
Habiendo  sido  designado  auditor  voluntario,  constando  dicha  circunstancia  por 
inscripción en el folio de la sociedad, habiéndose solicitado a su vez el nombramiento de 
auditor con base al art 265 de LSC, y no acompañándose para su oportuno depósito, el 
correspondiente informe de verificación no procede que el registrador Mercantil lleve a 
cabo el depósito de cuentas solicitado (vid. «Vistos»). La situación registral al tiempo de 
llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor 
nombrado  e  inscrito  por  lo  que,  de  conformidad  con  la  continua  doctrina  de  esta 
Dirección General, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se 
acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor  e.
nombrado e inscrito en el Registro Mercantil.» w.b
Atendiendo  a  las  circunstancias  de  hecho  y  a  los  Fundamentos  de  Derecho  93ww
edxep cuaelisfitcoasc, ieósnt.a Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda
ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el
inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las 
normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de 
la Ley Hipotecaria.
Madrid, 5 de abril de 2020.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
Sofía Puente Santiago.