BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Miércoles 8 de julio de 2020 Sec. I.   Pág. 48776
I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
7441 Decreto-ley  10/2020,  de  22  de  mayo,  de  medidas  urgentes  para  la 
reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio 
destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para 
afrontar los efectos negativos de la COVID-19.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional,  ya  que  su  propagación  internacional  supone  un  riesgo  para  la  salud 
pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo 
de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. El 
citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad competente a 
efectos  del  estado  de  alarma  será  el  Gobierno  y,  en  sus  respectivas  áreas  de 
responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del 
citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la 
legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que 
estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad. A esta medida, le 
han seguido una cascada de iniciativas adoptadas por las distintas Administraciones, que 
intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación 
por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la 
situación.
Así, en Extremadura se han dictado ya medidas en los ámbitos sanitario, educativo, 
comercial, de los servicios sociales, de subvenciones, de la función pública, de los 
servicios públicos básicos y para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19.
La disciplina urbanística surgió como tal en el siglo XIX para reducir o controlar las 
enfermedades infecciosas que asolaban a la población durante la Revolución Industrial. 
Las  primeras  leyes  urbanísticas  fueron  las  higiénicas  o  sanitarias.  Se  legisló  para 
aumentar el tamaño de las viviendas, aspectos como la ventilación o que tuviesen la 
necesaria iluminación, surgieron gracias al miedo a la pandemia, a la tuberculosis y a 
otras enfermedades similares. Las enfermedades y los avances en el diseño de las 
ciudades han ido históricamente de la mano. A inicios del siglo XX, las arquitectas y los 
arquitectos tomaron más ideas de personal médico y de enfermería que de la teoría de la 
arquitectura.
El personal experto a nivel internacional señala que los efectos económicos de la 
pandemia del COVID-19 pueden provocar la mayor caída del PIB mundial desde la 2a 
Guerra Mundial. Por tanto, el escenario nos sitúa de nuevo como víctimas de una crisis 
global que nos afecta muy especialmente como país castigando de nuevo nuestro  s
sistema económico y productivo. e.
El parón en la actividad provocado por las medidas tomadas para frenar los efectos  w.
de  la  pandemia  tendrán  un  impacto  sin  precedentes  en  el  tejido  económico  de  41ww
Erexgtrióenm caodmuroa ,l ain acgidriiceunldtuor ae ny  mgaanyaodr eor íma,e lnao arg grroainddou esntr isae yc tmoraeyso tramne inmtep olar taconntesstr upcacraió ne,s teal 
turismo y el comercio entre otros, y que nos sitúan en una casilla de salida desconocida
en la historia reciente y nos obliga a reiniciar una actividad que estaba dejando atrás, no 
sin esfuerzos, la gran crisis del 2008.
Nuestro sistema democrático debe salir reforzado en esta situación de absoluta 
excepcionalidad. El sólido ordenamiento jurídico e institucional que nos hemos dado los 
españoles nos ofrece herramientas legales eficaces, capaces de dar una respuesta 
urgente y necesaria a la crisis causada por el coronavirus. Es, por tanto, una obligación 
ética  y  política  de  las  Administraciones  Públicas  adoptar  con  eficacia  todas  las 
decisiones que la situación exige. Ante este panorama de crisis social y económica, 
debemos reaccionar con una contundencia similar a la magnitud de los retos a los que 
nos enfrentamos. Una coyuntura tan desfavorable como la que se avecina requiere el 
empleo de todas las herramientas disponibles que permitan a la Administración combatir 
con la máxima eficacia el enorme reto de reactivar una red económica súbitamente 
interrumpida, de restablecer las conexiones perdidas o crear unas nuevas, de estimular 
los canales para que los flujos económicos vuelvan a circular sin resistencias.
Es importante reseñar que, en este caso, el tiempo es un factor clave. Cuanto más 
tiempo se encuentre paralizada la economía, mayores serán los daños infringidos al 
tejido productivo, mayor será la magnitud de la caída, más estructurales serán los 
problemas y más difícil será la recuperación, causando más sufrimiento a la ciudadanía. 
Por  ello,  la  Administración  Pública  está  obligada  a  adoptar  medidas  para  que  la 
reactivación  sea  lo  más  rápida  posible.  En  situaciones  excepcionales,  los  cambios 
normativos deben hacer uso de todos los instrumentos de los que se nos dota en nuestro 
ordenamiento jurídico para otorgar la máxima celeridad en la implantación efectiva de las 
medidas. La necesaria y urgente necesidad de articular las medidas que se proponen 
mediante un Decreto-Ley está completamente justificada en este sentido.
Los costes de oportunidad derivados de la dilación de las medidas pueden ser 
enormes, por lo cual se debe procurar evitar toda la burocracia innecesaria y generar un 
cambio  del  paradigma  de  control:  descentralización  de  trámites,  eliminar  controles 
innecesarios, flexibilizando los controles ex-ante. La rápida aplicación de las medidas es 
uno de los principales elementos para el logro de la eficacia de las mismas.
El  artículo  148.1  regla  3.ª  de  la  Constitución  establece  que  las  comunidades 
autónomas pueden asumir competencias en materias como la ordenación del territorio y 
el  urbanismo.  En  ejecución  de  dicha  habilitación  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en su artículo 9.1, regla 31, declara que es 
competencia  exclusiva  el  «Urbanismo  y  vivienda.  Normas  de  calidad  e  innovación 
tecnológica en la edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional».
Este  es  el  ámbito  jurídico-material  en  el  que  se  desenvuelve  la  presente  Ley, 
además,  del  marco  normativo  que,  invocando  diversos  títulos  competenciales,  ha 
emanado de la legislación estatal. Entre estas leyes merecen especial mención el Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana, o disposiciones como la Ley 21/2013, de 9 
de  diciembre,  de  Evaluación  Ambiental,  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre  de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público en los que lo 
rural constituye la mayor parte de nuestro territorio.
Y se lleva a cabo con base en las competencias determinadas por el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por la 
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que, en su artículo 9.1.7 establece la competencia  s
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de fomento del desarrollo económico y  oe.
social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica  w.
nacional. 41ww
y  urEbna neíls atiñcao  2s0o1s8te sneib alep rodbeó  ELxEtrYe m11a/d2u0r1a8, , ldae  L2O1 TdUe Sd,i cipeomr blrae , mdea yoorrdíae ndaeci ólno st ergrrituoproiasl 
lpeayr laqmuee ndtiabruiojasb dae u lan aA seasmtrabtleegai ad ed eE xdtreesmarardoullora  syo sstine noibploes ipcaiórna  dees tnai nrgeugnióon .d eE setlalo sle. yU nsea   BOE-A-cable e
aprobó con el objetivo claro de dinamizar nuestro tejido económico sin dejar atrás los 
valores  ambientales  y  patrimoniales  que  nos  hacen  una  región  única,  sostenible  y 
ejemplo de la cohesión social.
Como consecuencia de lo anterior es por lo que este texto que ahora se aborda no 
se aparta de esta proyección consensuada de futuro, sino todo lo contrario, acelera sus 
previsiones para que sean materializadas y puestas en práctica de forma inmediata y 
con el menor coste posible, atendiendo a la falta de medios de los ayuntamientos para 
innovar sus planes adaptados a la ley. Es por ello que lo que se pretende no será tanto 
un decreto ley con nuevas medidas, sino con modificaciones en el articulado de la 
LOTUS que propicien la aplicación directa de los preceptos que se proyectaban diferidos 
en el tiempo a la adaptación del planeamiento por parte de los municipios. Con esta 
finalidad, también, se revisa el régimen transitorio de la propia Ley, propiciándose, 
además, la inmediata aplicación de algunas de las importantes medidas de reactivación 
que  se  incorporan  en  el  presente  Decreto-ley  a  los  procedimientos  iniciados  con 
posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  LOTUS,  como  es  el  supuesto  de  la 
consideración como autorizables de los usos hasta ahora no prohibidos expresamente 
por el planeamiento en suelo no urbanizable.
De este modo, los Planes Territoriales y sus modificaciones en tramitación, en el 
momento de entrada en vigor de la LOTUS, dispondrán un plazo de dos años para 
adaptarse a la misma.
Así  mismo,  se  modifica  de  la  disposición  transitoria  segunda,  que  establece  el 
régimen urbanístico del suelo de los municipios con planes e instrumentos de ordenación 
urbanística vigentes en el momento de entrada en vigor de esta ley.
En Extremadura llevamos años trabajando en la mitigación de los efectos del cambio 
climático y la adaptación de las infraestructuras de las ciudades y pueblos para hacer 
frente a estos cambios y a la lucha contra la despoblación que tanto afecta a nuestra 
región. La aparición de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad 
de acelerar estas medidas y adaptar y diseñar las ciudades y pueblos, los espacios 
donde habitamos con el objetivo prioritario de asegurar la salud y la calidad de vida de la 
población para los escenarios futuros, en este sentido Extremadura se presenta como 
una región que ofrece oportunidades para el asentamiento en el medio rural donde se ha 
visto menor incidencia del virus y con las adecuadas condiciones para el retorno de los 
que se fueron y que ahora con el teletrabajo pueden volver y así luchar contra la 
despoblación que planeaba sobre nuestra comunidad.
La  aprobación  y  entrada  en  vigor  de  la  LOTUS,  ha  supuesto  un  cambio  sin 
precedentes  en  el  sistema  urbanístico  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura,  ya  que  en  dicho  texto  legal  por  una  parte  se  abordan  cuestiones 
novedosas,  pero  también  el  régimen  de  transitoriedad  previsto  legalmente  obliga  a 
practicar  con  carácter  inmediato  ciertas  reglas  que  convienen  sean  desarrolladas 
reglamentariamente con carácter urgente.
Por  todo  ello,  y  con  el  objetivo  de  dinamizar  al  máximo  la  economía  regional 
posibilitando la implantación ágil de los distintos usos de suelo, sin perder la seguridad 
jurídica y el imprescindible orden que ha de establecer el urbanismo, se plantean las 
modificaciones de este texto. Es indispensable disponer de las herramientas jurídicas y 
urbanísticas adecuadas para acelerar la inversión económica, el desarrollo de nuevos 
proyectos,  los  preceptivos  permisos  de  las  diferentes  administraciones  y  que  sean 
capaces de aprovechar los recursos naturales. En resumen, instrumentos ágiles que 
sean capaces de dar respuesta a las especiales necesidades que surgen de la crisis que  s
nos ha sobrevenido. Tales medidas no tienen espera. oe.
Extremadura cuenta con una superficie territorial de 41.634 km2, de los cuales tan  w.
secóanlntorte id elaol d 2u d reb% as nusope ey r eflionc icreuu edranislt pryao  ana ibsnluter  ovppeaizzr aau dsnoua   urpesogori  órlanac  siuoornsbatael nnyii zbealqecu.i óiElnibs. r apEdosor   edlolelgocr iarq,n udteeo nl aeeslm  emoqseu dilgiibdrraaions    2020-7441n https://ww
irán encaminadas a agilizar y acelerar los permisos para la implantación de actividades,
sobre todo en el suelo rural y para la reactivación económica. Estas medidas consisten, 
esquemáticamente, en:
– Mediante  una  modificación  de  carácter  técnico,  se  permite  flexibilizar  la 
implantación  de  usos  en  edificios,  facilitando  el  ejercicio  en  ellos  de  todo  tipo  de 
actividades y profesiones. Modificando el artículo 5.
– Eliminar, para los nuevos desarrollos de usos industriales o terciarios en el suelo 
urbanizable, los condicionantes establecidos en cuanto a estándares mínimos de los que 
debe gozar el núcleo de población para poder clasificar nuevo suelo como urbanizable, 
facilitando con ello nuevos desarrollos industriales o terciarios en el suelo urbanizable. 
Modificación del artículo 12.
– Considerar a las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización y a las 
Normas  Técnicas  de  Planeamiento  como  instrumentos  no  ya  de  desarrollo  del 
planeamiento, sino como instrumentos que contribuyen a la ordenación urbanística o les 
sirven  de  complemento,  trascendiendo  así  de  innecesarios  aspectos  formales  que 
dificultan la gestión. Modificación del artículo 44.
– Aclarar el ámbito de las competencias entre municipios y la comunidad autónoma 
en el caso de las autorizaciones en suelo rústico, para así agilizar y acortar los trámites y 
plazos, con unas reglas claras para su correcta aplicación, modificando los artículos 67, 
68 y 69 de la LOTUS.
Al  tiempo  que  se  eximen  las  actividades  agropecuarias,  cinegéticas,  forestales, 
piscícolas o análogas, todas ellas vinculadas a la naturaleza del terreno, del requisito de 
obtener calificación rústica, en todo caso y circunstancia. Esta medida contribuirá a 
facilitar, especialmente, el tejido productivo y económico del medio rural.
– Se flexibiliza la exigencia de parcela mínima para el uso terciario de estaciones de 
servicio y del uso agropecuario que podrán autorizarse con una menor superficie de 
suelo vinculada, en coherencia con la que suelen precisar este tipo de actividades. 
Modificación del artículo 70.3.
– Evitando esta limitación, se otorga mayor flexibilidad de actuación a los municipios, 
al tiempo que se evita la obligatoria sucesión de trámites y se logra un ahorro en los 
plazos requeridos.
– Esta  flexibilidad  permitirá  rescatar  ágilmente  del  régimen  de  actuaciones 
disconformes a numerosos asentamientos irregulares, principalmente en torno a los 
grandes núcleos de población, incorporando los edificios que lo constituyen al mercado 
normal de transacciones inmobiliarias y permitiendo, una vez regularizados, las obras de 
mantenimiento  y,  en  su  caso  ampliación,  que  requiere  habitualmente  cualquier 
edificación, con la consiguiente activación del sector de la construcción. Modificación del 
artículo 71.3.
– Incentivar las actuaciones de dotación dotándolas del mismo aprovechamiento 
subjetivo que en el caso de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y en 
coherencia con los mínimos que establece la ley estatal. Modificación del artículo 77 de 
la LOTUS.
– Se propone reducir el plazo máximo para el procedimiento de otorgamiento de 
licencia de primera ocupación o utilización estableciendo un régimen de silencio positivo 
que, sin duda, incentivará a los ayuntamientos a agilizar la concesión de este tipo de 
licencias, permitiendo, en otro caso, que accedan sin trabas los inmuebles al mercado, 
pudiendo ser objeto de garantía hipotecaria, compraventa, etc. Modificación artículo 152.
– No recibirán el tratamiento de actuaciones disconformes y se considerarán con 
licencia  a  todos  los  efectos  las  actividades  que,  manteniendo  su  uso,  se  hubieran  e.
implantado con anterioridad al año 1975. Por lo que podrán cambiar su uso, ejecutar  w.b
obras  de  consolidación,  adaptación,  etc,  que  les  permitan  continuar  con  su  41ww
sfuoncciaiol.n Aadmicieiónnto d ee fuencati vnou.e vMae ddiisdpao saicdioópnt aaddaic iopnoar l usun dérecliemvaa.ncia  práctica,  económica  y
med–ia nFtoem lae notabrli gaqcuieó n lodse  dmoutanrisceip, ioesn  paldaqzuoi,e draen u nu npala nr eggeunlearcaiól nm uenfiicciiepnatl,e  qudee l pesrumeiltoa, 
establecer las bases para los futuros desarrollos o para las actividades en suelo rústico. 
Adición de una nueva disposición adicional duodécima.
– Ampliar el plazo dado por la LOTUS para la aprobación definitiva de los planes 
territoriales  y  sus  modificaciones  en  vigor,  puesto  que  la  propia  tramitación  tanto 
ambiental como sectorial hacen imposible la finalización del expediente en 1 año, se 
hace necesario la ampliación a 2 años de las modificaciones de los planes territoriales. 
Esta medida evita dilapidar el esfuerzo económico y administrativo empleado en su 
redacción y tramitación, permitiendo la aplicación de sus determinaciones en el menor 
plazo posible. Modificación de la disposición transitoria primera de la LOTUS.
– Por el mismo motivo que el anterior, se modifica la disposición transitoria cuarta 
para dar moratoria de 2 años más para la finalización de los planes generales y se 
introduce la obligación de que todos los planes se adapten a la ley en un periodo máximo 
de 6 años desde la entrada en vigor de la ley. Las circunstancias económicas para la 
contratación de equipos redactores, exposición pública y de participación pudieran hacer 
concluir el plazo para su adaptación.
– Establecer un precepto para la aplicación directa del régimen urbanístico de las 
distintas clases desuelo previsto en la Ley 11/2018 a los municipios con planes vigentes 
y no adaptados a la misma, de modo que se puedan desplegar en ellos, de manera 
inmediata, sus determinaciones, ya que introducen importantes novedades que deben 
contribuir al desarrollo de los municipios, en especial de aquellos de menor tamaño, 
donde la Ley puede aplicarse sin grandes contradicciones con los planes vigentes. 
Modificación de la disposición transitoria segunda.
También regula esta disposición transitoria el régimen de las modificaciones de los 
planes vigentes de modo que no se merme su operatividad hasta su adaptación a la Ley, 
evitando la parálisis de la actividad urbanística que conllevaría la tramitación de multitud 
de revisiones o adaptaciones, siempre excesivamente extensas en el tiempo.
– Aplicación  directa  e  inmediata  del  régimen  previsto  en  la  Ley  11/2018  para  la 
concesión de la calificación rústica en los municipios con planes vigentes antes de la 
entrada en vigor de la misma, dando unas reglas precisas para ello. Esto permite que 
la  LOTUS  despliegue  todas  sus  novedades  inmediatamente  para  este  tipo  de 
autorizaciones, básicas para el establecimiento de actividades en el suelo rústico de la 
comunidad autónoma, sin esperar a la adaptación de los planes a su régimen. Modificación 
de la disposición transitoria sexta de la LOTUS.
No parece baladí que la mayoría de las modificaciones se establecen en el contexto 
del suelo rústico, cabe recordar alguno de los principios generales que establecía la 
exposición de motivos de la LOTUS:
«En cuanto al suelo rústico, de modo tradicional la normativa urbanística reconoce al 
suelo rústico la naturaleza agropecuaria, forestal y cinegética, siendo esta afirmación una 
aproximación insuficiente centrada en los aprovechamientos monetizables que a corto o 
medio  plazo  generan  altos  rendimientos.  Se  obvian  así  otros  aprovechamientos 
vinculados al territorio y compatibles con sus valores que generan riqueza colectiva a 
largo  plazo:  montes  de  utilidad  pública,  paisajes  de  interés,  patrimonio  cultural  y 
etnográfico, arquitectura popular, entornos de alta calidad para el esparcimiento y la 
práctica deportiva, turismo vinculado al medio natural o la formación e investigación 
ligada a la naturaleza, la agroindustria o las energías renovables, todos ellos encuentran 
en suelo rústico un soporte idóneo.
La articulación y análisis territorial debe comprender el ecosistema que incluye a las  e
personas, donde surgen intrincadas tramas relacionales superpuestas. El tratamiento de  bo
los usos y actividades no puede reducirse a una simple clasificación de usos permitidos,  41ww
icnotemnpsaidtiabdle s,o  prdoehnibsiiddaods  pduee s seus  aupnl icmaocidóenl o croígnisdiod eqrauned on o locos ntdeimfeprelan teels  ajpuasitsea jeens  lay 
ecosLias teLmeya sp qlaunet efoar mpaonr  Etaxntrtoe meal druertao. de superar la estricta consideración de usos y
actividades propias de la "naturaleza tradicional" del suelo rústico ya que la diversidad de
nuestra región puede y debe comprender un catálogo mucho más amplio de usos 
propios que permitan el mantenimiento del medio natural y la población vinculada a la 
tierra…
En este sentido, la Ley enfrenta la realidad e innova al reconocer los denominados 
asentamientos en suelo rústico de naturaleza residencial o productiva. La Ley promueve 
herramientas que permitan controlar y corregir los impactos ambientales, paisajísticos y 
socioeconómicos de los asentamientos mediante su ordenación y adecuación voluntaria 
a las medidas en cada caso establecidas, regulando las compensaciones necesarias 
para  mitigar  los  efectos  negativos  que  los  asentamientos  surgidos  al  margen  del 
planeamiento han originado en su entorno...»
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las iniciativas para el uso 
del suelo por determinadas actividades novedosas como energías renovables, turismo 
rural, economía verde y circular, formación y desarrollo, encuentran frecuentemente 
dificultades de tramitación relacionadas con el control administrativo de su implantación. 
Los  instrumentos  de  planeamiento  de  gran  parte  de  los  municipios  extremeños  se 
elaboran y aprueban en un momento histórico anterior a la irrupción de estos nuevos 
usos.  De  este  modo,  en  su  regulación  del  suelo  no  urbanizable  no  se  pudieron 
contemplar  y  anticipar.  Esta  ausencia  regulatoria,  en  conjunción  con  la  aplicación 
práctica  del  contenido  de  la  Ley  15/2001  del  suelo  y  ordenación  territorial  de 
Extremadura, tuvo como efecto la automática y no pretendida prohibición en gran parte 
de  los  suelos  no  urbanizables  protegidos  de  Extremadura.  Obstáculo  que  se  ha 
superado mediante reiteradas modificaciones de los planeamientos municipales, siempre 
que el resto de legislación lo permitiera. La innovación legal pretendida, tiene como 
finalidad  corregir  las  consecuencias  indeseadas  de  la  genérica  falta  de  regulación 
urbanística de determinados usos no contemplados en el planeamiento aprobado con 
anterioridad a su irrupción actual, evitando las modificaciones aludidas y logrando una 
notoria simplificación de los trámites.
El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, faculta a la Junta 
de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones 
legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad 
de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de 
recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y contener la situación 
en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, además, es necesario una 
rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que 
permite una actuación de urgencia es el Decreto-Ley, figura a la que se recurre, en 
cuanto  las  circunstancias  en  las  que  se  adoptan  y  que  han  sido  enunciadas 
anteriormente  vienen  a  justificar  la  extraordinaria  y  urgente  necesidad  de  que  las 
medidas aquí previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran 
esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía 
serían demasiado gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las 
mismas.
Por tanto, en el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la 
situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación 
sanitaria, que requiere la adopción con urgencia de medidas que palien, en la medida de 
lo posible, la situación creada y que no puedan aplazarse, incluso mediante la utilización 
de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente 
norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa  e.
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (por todas, STC 61/2018, de 7 de  w.b
junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las  41ww
SdeS T8C d e3 1m/2a0y1o1,,  edne  l1o7 r edlea tmivoa razo «, sFitJu a4c; i1o3n7e/s2 0co11n,c rdeet a1s4 d dee  losse potibejmetbivroes,  FgJu b6e, ryn a1m00e/n2t0a1le2s, 
pqluaez op omrá rsa zborenvees  qduifeíc eilel sre qduee prirdeov epro rr elaq uviíear anno rumnaal  oa cpcoiórn e ln porromcaetdivima ieinnmtoe ddiea tuar geenn cuian 
para la tramitación parlamentaria de las leyes»).
La Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible 
de Extremadura, fue pionera al introducir entre sus criterios de ordenación sostenibles la 
perspectiva de género. Por lo tanto, este Decreto-Ley, al igual que la LOTUS, se integra, 
con carácter general, en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres  y  en  particular  en  los  mandatos  de  la 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura. En concreto, con especial incidencia en la Ley Autonómica y 
en  sus  artículos  3  «Principios  generales»,  5  «Disposiciones  generales»,  6  «De  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura», 21 «De transversalidad de 
género», 22 «Desarrollo del principio de interseccionalidad», y del 27 «Lenguaje no 
sexista».
Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El Decreto-
Ley acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al 
principio de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, y 
teniendo en cuenta la propia naturaleza de las medidas adoptadas este decreto-ley no 
impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
Por  tanto,  se  hace  necesario  eliminar  trámites  burocráticos  innecesarios  que 
dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la 
economía y en el mercado laboral, y actuar como palanca del desarrollo, generación de 
riqueza  y  atracción  de  talento,  teniendo  en  cuenta  como  pilares  fundamentales  la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y la lucha contra la despoblación. Tenemos 
que asegurarnos que tras el levantamiento del estado de alarma, a la vez que tanta 
gente  está  trabajando  en  el  cuidado  de  la  salud  de  las  personas,  tenemos  que 
encargarnos  de  trabajar  en  la  salud  de  la  economía  favoreciendo  la  agilidad  y  la 
inversión empresarial en un momento de necesidad y urgencia.
Por otra parte, con la finalidad de unificar en un mismo centro directivo todas las 
políticas públicas relacionadas con la materia de vivienda, se procede a adscribir el 
Fondo  de  Garantía  en  Eficiencia  Energética  de  Vivienda  de  Extremadura,  creado 
mediante la disposición adicional quinta de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción 
y acceso a la vivienda de Extremadura, a la consejería competente en materia de 
vivienda.
La  adecuación  del  texto  legal  al  realidad  mencionada,  mediante  la  asignación 
competencial que se propone, supone una mejora de la eficacia administrativa y una 
más eficiente gestión de recursos públicos, lo que tendrá su reflejo en el tejido productivo 
al que afecta dicha actividad administrativa, que se verá beneficiado por la unificación 
propuesta.
En este decreto ley se incluye por último una modificación técnica de la LEGIO (Ley 
extremeña Grandes Instalaciones de Ocio) para posibilitar su aplicación efectiva en 
materia  de  las  fianzas  del  promotor  motivado,  necesario  su  ajuste  urgente  por  las 
restricciones sobrevenidas habidas en el mercado financiero mundial a causa de la 
pandemia que hacen más difícil la obtención de garantías financieras, lo cual no impide 
obtener dichas garantías por otros instrumentos legales admitidos en el tráfico mercantil.
II es
El decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en  w.
tres artículos. El primer artículo modifica los artículos de 5, 12, 44, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  41ww
7re7d ayc c1i5ó2n,  ala sla  dsisepxotas icyi osnee sa ñtraadnesnit odrioass  npuriemvearsa , dsisepgousnicdiao nye sc uaadritcaio, nsael edsa  uunndaé cnimueav ay 
adduiocdioéncaiml qau idneta  ldae  LlaO TLUeyS ,1 1e/2l 0a1r9tí,c udleo  1d1o dse  mabordili,f icdae  perl oampoacritóand oy  a2c cdees ola a  dlais pviovsieicniódna   BOE-A-cable e
de Extremadura, y el artículo tres que modifica la letra g) del párrafo segundo del 
artículo 2 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio.
En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta 
Primera  y  Consejera  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  y  de  la  Consejera  de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 22 de mayo de 2020, dispongo:
Artículo 1.  Modificación de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura.
Se modifican los siguientes artículos de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura y se añaden y modifican 
disposiciones, en los términos siguientes:
1.  Se modifica el punto 3 de la letra c) del apartado 4 del artículo 5, que queda con 
la siguiente redacción:
«3)  Uso  compatible:  uso  permitido  cuya  implantación  viene  determinada 
como demanda del uso característico y en una proporcionada relación con éste, o 
que los instrumentos de ordenación o desarrollo admiten como complemento al 
uso mayoritario.»
2.  Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 12, que queda con la siguiente 
redacción:
«a)  Los estándares mínimos son los valores por debajo de los cuales no 
pueden preverse nuevos desarrollos residenciales en suelo urbanizable. El titular 
de la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Extremadura, mediante resolución motivada, podrá eximir del cumplimiento del 
estándar de densidad de vivienda.»
3.  Se modifica el apartado 3 y se añade de un nuevo apartado 4 al artículo 44, que 
queda con la siguiente redacción:
«3.  Los instrumentos de desarrollo del planeamiento general cuyo objeto es 
establecer o modificar determinaciones de ordenación detallada, conforme a su 
objeto son:
a)  Planes Parciales.
b)  Estudios de Detalle.
4.  Contribuyen a la ordenación urbanística y, en su caso, la complementan, 
los siguientes instrumentos:
a)  Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.
b)  Normas Técnicas de Planeamiento.»
4.  Se modifican el enunciado de los apartados 3 y 5 y la letra a) del artículo 67, que 
queda con la siguiente redacción: e
«3.  Se consideran usos vinculados los siguientes: w.
confao)r mLea  ae xpllao tacniaótnu raalgerzoap ecduealr iat,e rfroerneos,t al,r ecainlizeagnédtioca , opbirsacsíc, olae doif icaancáiolongeas,, 
construcciones o instalaciones sujetas a control urbanístico por exceder el alcance
limitado de los actos ordinarios que caracterizan los usos naturales, excluyendo la 
actividad de transformación de productos.
b)  Residencial  autónomo  vinculado  a  explotación  agrícola,  ganadera, 
silvícola,  cinegética  y  análogas,  que  proporcionalmente  se  requiera  para  su 
desarrollo y cuya permanencia queda vinculada al mantenimiento efectivo de la 
explotación servida.
5.  Se  consideran  usos  autorizables,  aquellos  usos  distintos  de  los  usos 
naturales  y  los  usos  vinculados  del  suelo,  cuando  el  planeamiento  no  los 
catalogue expresamente como permitidos o prohibidos, y, en cualquier caso:
a)  Los recogidos en los apartados 4. a), b), c) y d) anteriores sobre usos 
permitidos, cuando requieran autorización ambiental o comunicación ambiental 
autonómica, cuando afecten a más de un término municipal, cuando se ubiquen 
en  un  municipio  sin  planeamiento  o  cuando  éste  no  regule  intensidades  y 
condiciones de implantación.»
5.  Se modifica el apartado 3 y se suprime el apartado 4 del artículo 68, que queda 
con la siguiente redacción:
«3.  Los usos permitidos y los usos autorizables, están sujetos a control 
municipal mediante el procedimiento de licencia o comunicación que corresponda 
en cada caso, previa obtención de la calificación rústica.»
6.  Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 69 que queda con la siguiente 
redacción:
«3.  La competencia para otorgar la calificación rústica corresponde a los 
Municipios cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)  Que la actividad se desarrolle sobre suelo no categorizado como suelo 
rústico protegido, ni como suelo rústico restringido.
b)  Que  el  uso  esté  regulado  en  el  planeamiento  vigente,  con  sus 
correspondientes parámetros de intensidad y condiciones de implantación.
c)  Que la actuación no esté sujeta a Autorización Ambiental Integrada o 
Unificada, a Comunicación Ambiental Autonómica, o a Evaluación de Impacto 
Ambiental, tanto ordinaria como simplificada.
d)  Que el municipio sea un núcleo de relevancia territorial o que, siendo un 
núcleo  de  base  del  sistema  territorial  forme  parte  de  una  asociación  o 
mancomunidad  de  municipios  con  Oficina  Técnica  Urbanística,  que  deberá 
evacuar los informes procedentes.
4.  La competencia para otorgar la calificación rústica corresponde a la Junta 
de Extremadura en los siguientes casos:
a)  Sobre suelo rústico protegido o restringido.
b)  En ausencia de planeamiento, o cuando el planeamiento existente no 
regule el uso pretendido, con sus correspondientes parámetros de intensidad y 
condiciones de implantación.
c)  Cuando la actuación esté sujeta a Autorización Ambiental Integrada o 
Unificada o a Comunicación Ambiental Autonómica, o a Evaluación de Impacto  e
Ambiental, tanto ordinaria como simplificada. bo
d)  En núcleos de base del sistema territorial, que no estuviesen integrados  41ww
eUnrb aeun)n ísatC icuaaa,s noqdcuoiea  lceainó im ns up loac anstmaoc,a iódnneco bdmeerulí aun siedova aadcf eucdatere  l oasm m iunánfsoic rdimpeie oussn  p trcéoorcmne idneOon fmtiecusinn.aic ipTaél.c»nica  OE-A-2020-74able en https://
7.  Se modifica el apartado 3 del artículo 70, que queda con la siguiente redacción:
«3.  La  superficie  mínima  de  suelo  que  sirva  de  soporte  físico  a  las 
edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  de  nueva  planta  será  de  1,5 
hectáreas, salvo que el planeamiento territorial establezca otra distinta.
En el caso de rehabilitación de edificaciones, construcciones o instalaciones 
tradicionales con antigüedad no inferior a 30 años en el momento de entrada en 
vigor de esta ley, situadas en parcelas inferiores a 1,5 hectáreas, se considera 
bastante la parcela preexistente siempre que no haya sido dividida en los 5 años 
inmediatamente anteriores.
En  los  casos  de  ampliación,  renovación  o  mejora  de  actividades 
agroindustriales, así como las actividades destinadas a economía verde y circular 
que deban tener su implantación en suelo rústico, situadas en parcelas inferiores 
a 1,5 hectáreas, se considera capaz la parcela preexistente, siempre que no haya 
sido dividida en los 5 años inmediatamente anteriores. Este tipo de instalaciones 
podrán  contar  con  ocupaciones  superiores  a  las  genéricamente  permitidas 
siempre que se justifique debidamente.
Además,  en  los  usos  dotacionales,  productivos,  agropecuario  y  terciarios 
destinados  a  alojamientos  turísticos  o  estaciones  de  servicio,  previo  informe 
favorable de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio, podrá disminuirse la superficie mínima exigible, aunque ello suponga 
unos parámetros de ocupación o densidad superior a los establecidos en los 
indicadores de sostenibilidad territorial.»
8.  Se modifica el apartado 3 del artículo 71, que queda con la siguiente redacción:
«3.  Los  Planes  Generales  Municipales  delimitarán  en  sectores  los 
asentamientos irregulares de su ámbito para su regularizar, ordenándolos, los que 
consideren viables, y para propiciar la extinción de los que motivadamente juzguen 
inviables, mediante el establecimiento de medidas a tal fin. A estos efectos se 
consideran  asentamientos  irregulares  los  generados  por  actos  carentes  de 
legitimación, sobre los que no cabe la actuación disciplinaria de restauración.»
9.  Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 77, que queda con la siguiente 
redacción:
«c)  En  sectores  que  tengan  por  objeto  la  rehabilitación,  renovación  o 
regeneración  urbana  y  en  las  actuaciones  de  dotación:  la  suma  del 
aprovechamiento preexistente más el 95 % del incremento de aprovechamiento.»
10.  Se añaden dos nuevos puntos 3 y 4 al artículo 152 con la siguiente redacción:
«3.  El  transcurso  del  plazo  máximo  de  un  mes  para  resolver  desde  la 
presentación de la solicitud de licencia de primera ocupación o utilización, sin 
notificación  de  resolución  alguna,  determinará  el  otorgamiento  de  la  licencia 
interesada por silencio administrativo positivo, excepto en aquellos casos en los 
que se hubiera condicionado la licencia de obra a la ejecución simultánea de obras 
de  urbanización  y  resulte  necesaria  la  previa  comprobación  municipal  de  su 
cumplimiento, supuesto en el que el silencio administrativo será negativo.
4.  No será exigible la licencia de primera ocupación o utilización respecto de  s
aquellas obras o actividades sometidas a comunicación previa de acuerdo con el  oe.
régimen de control posterior previsto en la ley.» w.
11.  Se añade una nueva disposición adicional undécima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional undécima.  Edificaciones anteriores a la ley 19/1975, de 2 
de mayo, de reforma de la ley del suelo y ordenación urbana.
Las instalaciones, construcciones y edificaciones en suelo rústico, construidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de 
Reforma  de  la  Ley  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  que  no  posean  licencia 
urbanística municipal para su ubicación en esta clase de suelo, se asimilarán en 
su régimen a las edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en 
dicha  fecha,  sigan  manteniendo  en  la  actualidad  el  uso  y  las  características 
tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la citada Ley y no se encuentren en 
situación legal de ruina urbanística.
Se  exceptúan  de  este  régimen  aquellas  instalaciones,  construcciones  y 
edificaciones que afecten a bienes catalogados o declarados de interés cultural o 
que se hayan ejecutado sobre bienes de dominio público.»
12.  Se  añade  una  nueva  disposición  adicional  duodécima  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición adicional duodécima.  Municipios sin planeamiento.
1.  Los municipios carentes de planeamiento general a la entrada en vigor de 
esta ley, deberán, en el plazo máximo de cuatro años, someter a la aprobación 
definitiva de la consejería competente en materia urbanismo y ordenación del 
territorio de Extremadura un Plan General Municipal Estructural.
2.  En los Municipios que carezcan de planeamiento se aplicarán cuantas 
determinaciones se contienen en esta ley y cuantas otras imponga la legislación 
sectorial.»
13.  Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria primera que queda con la 
siguiente redacción:
«2.  Los  Planes  Territoriales  y  sus  modificaciones  en  tramitación  en  el 
momento de entrada en vigor de esta ley podrán adaptarse plenamente a la 
misma antes de su aprobación. En caso contrario, se les seguirá aplicando la 
Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  del  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de 
Extremadura tanto en lo referente al procedimiento de aprobación como en cuanto 
a las normas sustantivas que les sean de aplicación, siempre que su aprobación 
definitiva se produzca dentro del plazo de dos años desde la vigencia de la misma. 
En cualquier caso, transcurridos cuatro años desde su entrada en vigor deberán 
haberse adaptado a sus disposiciones.»
14.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  segunda  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  transitoria  segunda.  Régimen  urbanístico  del  suelo  de  los 
municipios con planes e instrumentos de ordenación urbanística vigentes en el 
momento de entrada en vigor de esta ley.
1.  El régimen urbanístico del suelo establecido en la presente ley se aplicará  e.
según la siguiente regla general: w.
seráa d) e Eapnl icloasc imónu neilc riépgioims ecno nd epl osbulealcoió pnr einvifsetroio er na e 1l 0T.í0tu0l0o  IhIIa dbeit alan tLeesy .de derecho
derebc)h oE, ns elo as pmlicuanriác ipcioons  ccoanrá cptoebr lagceiónne raigl ueall  oré gsuimpeenri odr eal  1su0e.0lo0 0p hreavbisittaon teens  dseu 
planeamiento. En particular, serán de aplicación las prescripciones referentes al
suelo rústico contenidas en el mismo en cuanto no se opongan al régimen previsto 
en la sección 2.ª del Capítulo 1 del Título III de la Ley.
2.  La aplicación del régimen urbanístico del suelo de esta ley tendrá las 
siguientes particularidades:
a)  Se  considerarán  equivalentes  el  suelo  urbano  consolidado  y  no 
consolidado al suelo urbano; el suelo urbanizable y el suelo apto para urbanizar al 
suelo  urbanizable;  el  suelo  no  urbanizable  al  suelo  rústico;  y  el  suelo  no 
urbanizable protegido al suelo rústico protegido.
b)  En  suelo  rústico,  aquellos  usos  no  prohibidos  expresamente  por  el 
planeamiento,  mediante  su  identificación  nominal  concreta  o  mediante  su 
adscripción a uno de los grupos o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, se 
considerarán  autorizables  conforme  al  régimen  previsto  en  el  artículo  67, 
dependiendo su autorización, en última instancia, de que quede acreditada su 
compatibilidad  con  la  conservación  de  las  características  ambientales, 
edafológicas o los valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo 
que  tenga  entre  sus  funciones  la  protección  de  los  valores  que  indujeron  la 
inclusión del suelo en una concreta categoría.
c)  Se  considerará  que  el  planeamiento  no  regula  las  intensidades  y 
condiciones de implantación de un uso, en los términos a que se refiere en el 
punto 5 del artículo 67, cuando no contemple la intensidad, entendida como la 
regulación  precisa  y  objetiva  que  cuantifique  el  aprovechamiento  máximo 
materializadle para el uso pretendido mediante parámetros absolutos, o relativos a 
la  superficie  de  suelo  vinculada;  o  la  implantación,  con  parámetros  como  la 
regulación  de  distancias  mínimas  a  linderos  de  los  elementos  edificados, 
construidos o instalados.
d)  Las disposiciones previstas en el punto 3 del artículo 65, referentes al 
riesgo de formación de nuevo tejido urbano, desplazarán a la regulación sobre el 
riesgo de formación de núcleo de población que figure en el planeamiento.
e)  Lo dispuesto en el artículo 66 se entenderá de aplicación en cuanto el 
planeamiento no lo hubiera regulado de forma diferente.
f)  Se  considerará  como  superficie  mínima  necesaria  para  otorgar  la 
calificación rústica, la prevista en el planeamiento urbanístico, siempre que no sea 
inferior al mínimo establecido por el artículo 70.3 de esta ley, o al que en su 
desarrollo pudiera prever el planeamiento territorial. Los supuestos especiales 
establecidos en el artículo 70.3 se aplicarán en sus propios términos.
3.  Podrán  tramitarse  y  aprobarse  modificaciones  puntuales  de  los 
instrumentos de planeamiento general y de desarrollo, aprobados antes de la 
entrada en vigor de esta ley, sin necesidad de su adaptación, de acuerdo con el 
siguiente régimen:
a)  Podrá modificarse el planeamiento general y el planeamiento de desarrollo 
aprobado bajo la vigencia de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y 
ordenación territorial de Extremadura, siempre que la ordenación prevista para el 
ámbito objeto de la modificación:
1.º)  No suponga una quiebra del principio de igualdad en cuanto a derechos 
y deberes en la ejecución el planeamiento dentro del ámbito de referencia para el  e.e
reparto de beneficios y cargas. b
2.º)  Resulte compatible con la ordenación estructural del planeamiento en  41ww
evisgtorur,c tsuinra pl.erjuicio de que la modificación pueda requerir ajustes en la ordenación
3.º)  No impida el cumplimiento de los objetivos del planeamiento en vigor.
b)  Podrá  modificarse  el  Planeamiento  General  y  el  Planeamiento  de 
Desarrollo aprobado conforme al régimen jurídico anterior a la Ley 15/2001, de 14 
de diciembre, durante el plazo de cuatro años a contar desde la entrada en vigor 
de ésta norma en las mismas condiciones previstas en el apartado precedente.
Transcurrido  dicho  plazo  solo  podrán  ser  objeto  de  modificación  para  la 
clasificación o calificación de terrenos para uso dotacional o productivo.
c)  Podrán  modificarse  también  los  Proyectos  de  Delimitación  de  Suelo 
Urbano, en las condiciones del apartado a) y en los términos de la Disposición 
adicional cuarta, durante el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor 
de esta norma. Transcurrido dicho plazo no podrán ser objeto de modificación, 
debiendo  aprobarse  un  instrumento  de  planeamiento  general  conforme  a  la 
presente ley.
d)  El procedimiento para estas modificaciones será el previsto en esta ley, si 
bien  en  su  tramitación  no  será  exigible  la  distinción  documental  entre  PGM 
estructural y detallado, prevista en el artículo 46, pudiendo tramitarse como un 
único documento, que mantendrá su estructura propia, refundiendo el contenido 
de la modificación con el instrumento vigente.
e)  La  aprobación  definitiva  de  las  determinaciones  modificadas  de 
ordenación estructural del planeamiento general corresponderá a la Comunidad 
Autónoma y las de carácter detallado al municipio. A estos efectos se entenderá 
por determinaciones de ordenación estructural y detallada las relacionadas en el 
artículo 45 de esta ley. Cuando no sea posible deslindar las determinaciones de 
una y otra naturaleza, la competencia corresponderá a la Comunidad Autónoma.
f)  La  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  los  instrumentos  de 
planeamiento de desarrollo corresponderá al municipio.»
15.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  cuarta,  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición transitoria cuarta.  Planes e instrumentos de ordenación urbanística 
en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley.
Los  instrumentos  de  planeamiento  y  desarrollo  urbanísticos  aprobados 
inicialmente a la entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de 
acuerdo con las normas de procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, siempre que se 
aprueben definitivamente en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor, en 
cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen previsto en la disposición 
transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes de su vigencia.»
16.  Se  modifica  la  disposición  transitoria  sexta  que  queda  con  la  siguiente 
redacción:
«Disposición  transitoria  sexta.  Calificaciones  urbanísticas  y  calificaciones 
rústicas.
Los  procedimientos  de  calificación  urbanística  sobre  suelo  no  urbanizable 
iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por los trámites 
previstos en la Ley 15/2001 de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura y serán resueltos de conformidad con las normas sustantivas  e.
previstas en la misma. w.b
Las calificaciones rústicas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor  41ww
ldae m eisstma aL.e»y se regirán por las normas sustantivas y de procedimiento previstas en
Artículo 2.  Modificación de la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la 
vivienda de Extremadura.
Se modifica la Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de 
Extremadura, en los términos siguientes:
1.  Se  modifica  el  apartado  2  de  la  disposición  adicional  quinta,  que  queda 
redactado como sigue:
«2.  El  Fondo  de  Garantía  en  Eficiencia  Energética  de  Vivienda  de 
Extremadura estará adscrito a la consejería competente en materia de vivienda, a 
través de la dirección general competente a la que corresponderá, sin perjuicio de 
lo establecido en el punto 6, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones del fondo.»
2.  Se  modifica  el  apartado  6  de  la  disposición  adicional  quinta,  que  queda 
redactado como sigue:
«6.  La  suscripción  del  acuerdo  de  financiación  con  la  entidad  gestora 
designada, previa autorización del Consejo de Gobierno, corresponderá, de forma 
conjunta, a las personas titulares de las consejerías competentes en materia de 
hacienda y vivienda.»
Artículo 3.  Modificación de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes 
instalaciones de ocio (LEGIO).
La letra g) del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 7/2018, de 2 de agosto, 
extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO), queda redactada de la siguiente 
forma:
«g)  Solvencia  financiera  de  la  entidad  promotora  solicitante  mediante  la 
constitución de garantía financiera provisional o garantía hipotecaria o pignoraticia 
de bienes adecuados y suficientes en favor de la Junta de Extremadura, por valor 
igual o superior a 10 millones de euros.»
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o 
contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley.
Disposición final primera.  Habilitación normativa.
Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas 
titulares de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, cada 
uno en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Diario Oficial 
de Extremadura». s
Mérida, 22 de mayo de 2020.–El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo  b
Fernández Vara.–La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración  41ww
Púb(RlPiceusabo,lil cuPacdiilóoan re  dnBe e l2al 5n« DdcEeioax -jrtuiMrone imOoo rafdiacdeilua e2rla s0d» 2eL 0n Ei,úm xdmteoree nlramoe  Aa1sds1.ua2rm,a sb»ul enpaúle mdmeee rEnotx o9t,r9 ed,m ed ae2d 52u 5dr aed, e jpu munbiaoliy cdoae dd 2ae0  e22n00 2)e0l .« CDoianrvioa lOidfaicdioa l pdoer   BOE-A-2020-74cable en https://